Al movimiento 15-M, con el cual colaboré, que se rebeló frente al dogma neoliberal que ha causado tanto daño a las clases populares de este país, denunciando las falsedades provistas por la estructura de poder, presentadas como «conocimiento económico científico».

INTRODUCCIÓN

Desde el año 2007 hasta hoy, varios hechos han estado ocurriendo a los dos lados del Atlántico Norte que han afectado muy negativamente al bienestar de la mayoría de las poblaciones que viven en Norteamérica y en la Unión Europea, y muy en especial en los países de la Eurozona, con particular intensidad en los países de su periferia como España, Grecia, Portugal e Irlanda. Han sido las crisis económicas y financieras, conocidas como la Gran Recesión, que para millones de ciudadanos de estos países han sido parecidas a lo que ocurrió a principios del siglo XX y que se conoce como la Gran Depresión. Nunca antes, desde aquella época y en tiempos de paz, la calidad de vida de la gente se había deteriorado de una manera tan acentuada como durante este último periodo. Esas crisis económicas y financieras han determinado unos problemas sociales sin precedentes que, como era predecible, han generado unos problemas políticos de gran calado y profundidad que han cuestionado la legitimidad de las instituciones llamadas representativas, apareciendo movimientos político-sociales de protesta que exigen cambios profundos en los sistemas que se autodefinen como democráticos y de los que la realidad presente ha mostrado la extensión de sus límites y claras insuficiencias.

Estas crisis, aunque se iniciaron en el año 2007, en realidad se fueron incubando desde hacía tiempo, concretamente desde principios de los años ochenta, con el desarrollo de las políticas iniciadas por el presidente Reagan en EE.UU. y la señora Thatcher en el Reino Unido, expandidas luego a gran número de países europeos, así como a instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Internacional del Comercio, entre otras, y más tarde, solidificadas en la manera como se estableció el euro y su gobernanza.

Como es lógico, se ha escrito muchísimo intentando explicar la Gran Recesión. La mayoría de los analistas han sido economistas que, independientemente de la sensibilidad y tradición a la cual pertenezcan (y la mayoría de los que aparecen en los grandes medios de información españoles son de clara ideología neoliberal), han presentado la Gran Recesión como un hecho económico. Ello se debe, en gran parte, a la división del conocimiento académico en disciplinas –economía, ciencias políticas, sociología, etc.–, según la cual les toca a los economistas explicar lo que se consideran temas económicos. Pero la realidad en sí no es disciplinaria. No se puede entender la Gran Recesión aplicando sólo el conocimiento económico. No estoy minusvalorando la importancia de este conocimiento, lo que estoy diciendo –y algunos lo hemos estado diciendo desde mucho antes de que lo dijera Piketty– es que este conocimiento es dramáticamente insuficiente. Para entender una realidad económica hay que comprender el contexto político que lo determina. En realidad, y como mostraré y documentaré en este libro, la Gran Recesión es predominantemente un hecho político. Su génesis, desarrollo y eclosión fue primordialmente resultado de los cambios en la estructura de poder del mundo occidental, realizados a través del Estado, consecuencia de un conflicto muy marcado entre el mundo del capital –que había estado perdiendo poder durante el periodo post-Segunda Guerra Mundial (1945-1979), durante el periodo conocido como «época dorada del capitalismo»– y el mundo del trabajo. El objetivo de la llamada Revolución Neoliberal era ni más ni menos que debilitar al mundo del trabajo hasta tal punto que, como habían predicho Karl Marx, John Maynard Keynes y Michal Kalecki, llegó a crear un grave problema de demanda que ha causado la gran crisis. De ahí la importancia de entender cómo el poder –poder de clase, de género, de raza y de nación– se genera y reproduce, tema que se analiza también en este libro.

Una instancia y espacio donde ese poder se reproduce es en los medios de información, que son también de persuasión. Tal poder explica la promoción de la sabiduría convencional, que no es otra que la que sirve a los intereses de la estructura del poder. De ahí que un análisis de la Gran Recesión deba incluir –como intento hacer en el libro– las explicaciones que la cultura económica neoliberal dominante da para justificar esas políticas que están causando un enorme dolor a la población, y muy en especial a las clases populares. En realidad, parte de estas explicaciones económicas tienen como objetivo ocultar las causas y consecuencias de esas crisis. De ahí el tema del libro, las causas reales, ignoradas u ocultadas de las crisis económicas y financieras actuales, y sus consecuencias políticas.

El libro tiene siete capítulos. El primero va directamente al grano: las causas políticas de la Gran Recesión, mostrando cómo el crecimiento de las desigualdades, acompañado de un gran aumento de las rentas del capital y de una dramática reducción de las rentas del trabajo, está detrás de las crisis económicas y financieras, contrastando tal explicación con la promovida por aquella sabiduría convencional para mostrar su error o falsedad.

El segundo capítulo documenta el ataque (no puede llamarse de otra manera) a la Europa social, cuestionando las explicaciones (que suenan más como intentos de justificación) de los establishments políticos y mediáticos del porqué de este ataque, presentando otras explicaciones y propuestas. En este capítulo se da especial atención a temas como la crisis de la socialdemocracia europea, la situación y oportunidades creadas por el gobierno Syriza en Grecia, la alemanización de Europa y el Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y la UE y sus consecuencias para Europa.

El tercer capítulo analiza los supuestos ideológicos sobre los que se sustenta el neoliberalismo –la ideología promovida por el mundo del capital–, mostrando sus errores y señalando a la vez las consecuencias económicas, sociales y políticas de la aplicación de las políticas neoliberales, así como su impacto en la pobreza a nivel mundial. Es en este capítulo donde se analizan críticamente el argumento de que la crisis es resultado de los derroches y extravagancias del gasto público que debe corregirse «apretándonos el cinturón» y otros argumentos que se repiten constantemente en los mayores foros políticos y mediáticos. También señala la falta de evidencia de que el sistema actual de distribución de poder se base en el mérito de los que tienen mayor poder en la sociedad, documentando los orígenes de las desigualdades, que son, por cierto, fáciles de ver: el poder diferente que tienen las distintas clases, géneros y nacionalidades sobre el Estado.

El cuarto capítulo presenta alternativas a las políticas que se están desarrollando, con especial énfasis en las que deben revertir el enorme diferencial de poder que tiene la población según su clase social y género, acentuando la importancia de aplicar políticas redistributivas.

El quinto capítulo es una exposición de la tesis de Piketty, acentuando los puntos de acuerdo, pero también los de desacuerdo, basados en que, a pesar de su crítica muy acertada del conocimiento económico dominante, no trata, sin embargo, el porqué de que las desigualdades hayan crecido tanto. Prueba empíricamente que han crecido, pero no explica por qué, y ello debido a que no se puede entender el crecimiento de las desigualdades centrándose sólo en el mundo del capital, como hace Piketty. Hay que entender también el mundo del trabajo, puesto que parte del crecimiento del primero se debe al decrecimiento del segundo.

El sexto capítulo trata de las consecuencias del neoliberalismo en EE.UU. He vivido y trabajado en ese país durante más de cincuenta años y creo conocerlo bien. Aprovecho para corregir muchas de las interpretaciones muy deficientes que se hacen de aquella realidad, tomando el caso, por ejemplo, del presidente Reagan, que se presenta como el gran liberal cuando en realidad fue el presidente que aumentó más el gasto público en tiempo de paz, y subió más los impuestos. En contra de lo que se está informando, el gobierno federal es muy poco liberal. Es uno de los Estados más intervencionistas. Y ello explica, por cierto, por qué han salido de la crisis más rápidamente que Europa.

El séptimo capítulo analiza el origen de la agitación social y nacional, consecuencia de que el tema social y el nacional –ambos entrelazados– no se resolviera durante el proceso de la transición –presentada erróneamente como modélica por los establishments políticos y mediáticos del país– de la dictadura a la democracia, consecuencia del enorme desequilibrio de fuerzas que hubo en aquel proceso, entre los herederos de los golpistas de 1936, que controlaban el aparato del Estado, y la mayoría de los medios de información y persuasión, por un lado, y los herederos de las fuerzas democráticas que perdieron la llamada Guerra Civil, por el otro, que acababan de salir de la cárcel, de dejar la clandestinidad y/o de volver del exilio. Este desequilibrio creó una democracia sumamente limitada, con un bienestar muy insuficiente, y con un Estado que continuó sin reconocer la plurinacionalidad de España, plurinacionalidad que había sido una demanda de la mayoría de las izquierdas españolas, y que las derechas nunca aceptaron, imponiendo su visión de España a quienes tenían otra visión más rica, justa y democrática, en la que la unidad se basaría en la voluntad y no en la fuerza garantizada por el Ejército, como figura en la Constitución. Las realidades descritas en este capítulo explican la agitación social y nacional que hoy existe en España, y que ha dado origen a nuevos movimientos que podrían ser el germen de una nueva España dentro de una nueva Europa.

Los capítulos intentan ser autosuficientes, es decir, que puedan leerse separadamente, lo cual implica que el lector puede que detecte un poco de repetición, que espero sea mínima. El texto está basado en artículos que ya han sido publicados, y se han puesto al día cuando contenían datos. El estilo es deliberadamente accesible para popularizar el conocimiento económico y político, que se presenta frecuentemente en una narrativa que dificulta innecesariamente la comprensión de los textos científicos. Considero un deber del científico ser comprensible para la mayoría de la ciudadanía, y espero haberlo conseguido.

AGRADECIMIENTOS

No puedo en este libro dejar de dar las gracias a muchas personas cuyo estímulo intelectual me ha ayudado a publicar las ideas expresadas en él. El hecho de que viva en dos continentes hace que tenga que citarlos en dos grupos diferentes. En EE.UU. doy gracias a mis buenos amigos David Harvey, antes en la Universidad John Hopkins y ahora en la CUNY; a John Schmitt, Mark Weisbrott y Dean Baker, del Center for Economic and Policy Research de Washington; a Jeff Faux, fundador del Economic Policy Institute, también de Washington, y finalmente a mis estudiantes de Hopkins, que siempre me estimularon con sus preguntas, sencillas y complejas a la vez, y con especial estima a Juan Cruz, que me ayudó mientras preparaba el libro.

Al otro lado del Atlántico (escribo ahora en Barcelona), doy las gracias a mi buen amigo y compañero de escritura Juan Torres, una de las mentes económicas más claras de España y Europa, con quien siempre ha sido un gran placer trabajar en varios libros, y más recientemente en la preparación, a petición de Podemos, de lo que ha pasado a llamarse el programa económico de dicho partido, que es en realidad un documento que propone las líneas estratégicas de un programa económico de un gobierno progresista en España. La enorme hostilidad que ha creado tal documento en los foros de los establishments políticos, económicos, financieros y mediáticos, parece indicar que íbamos por el buen camino. No por casualidad subrayamos en el documento que los grandes problemas económicos de España eran y son políticos, y que todos ellos requieren un cambio profundo de las instituciones que se autodefinen como democráticas, y que lo son muy poco. No es de extrañar que a los representantes de las estructuras de poder les desagradaran nuestras propuestas, que inevitablemente reducirían sus privilegios.

Debo también agradecer los comentarios y amistad de mis colegas del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales y del Programa de Políticas Públicas y Sociales de la UPF, así como del centro JHU-UPF Public Policy Center, que dirijo en Barcelona. Son tantos que prefiero no citarlos para no correr el riesgo de olvidarme de alguno. Pero sí que debo citar a Mònica Clua, profesora del Departamento y del Centro, con la cual he tenido la oportunidad de hablar y discutir ampliamente los temas del libro, lo mismo que con Juan Benach, también del Departamento y del Centro. Asimismo, debo dar las gracias a mis ayudantes de investigación Coral Ruano, Pol Carrión y Donna Ramirez, que me han ayudado muchísimo en la recopilación de datos, y a mi secretaria Victoria Guiu por haber transcrito el texto en sus múltiples versiones.

Y a esta lista debo añadir también una nota personal. Una vez más debo señalar que sin la ayuda de mi familia, y en especial de mi esposa Anneli y de mi hijo Pablo, no podría hacer todo lo que hago. También debo agradecer la amistad ofrecida, en momentos difíciles, de tantos compañeros y compañeras con los que comparto tanto, y entre ellos debo señalar a Marina Subirats y a Tony Hilbert, así como a aquellos con los que compartí la aventura de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC), como Jordi Vilardell y Jordi Serrano. También doy las gracias a los compañeros y compañeras del Procés Constituent, en especial a mis estimados Arcadi Oliveras y Teresa Forcades, que me pidieron que les ayudara a fundar el Procés Constituent, y eso hice con gran orgullo y satisfacción, ayudarles a fundar un proyecto ilusionante de cambiar el mundo que nos rodea, que necesita de mucho mucho cambio. Doy las gracias al movimiento 15-M, que inició una etapa de rebelión frente a las enormes insuficiencias del Estado español, fruto de una transición de la dictadura a la democracia que fue, en contra de lo que afirma la sabiduría convencional del país, profundamente inmodélica. Tales insuficiencias aparecieron con toda crudeza en la respuesta de este Estado a la profunda crisis económica y financiera que el país ha sufrido desde el año 2007 y en la cual continuamos estancados. Las políticas de austeridad seguidas por el establishment político-mediático, que dañaron enormemente a la democracia española y su Estado del bienestar (de ahí deriva el título del libro: Ataque a la democracia y al bienestar), fueron justificadas por el pensamiento económico dominante, puesto al servicio del establishment económico y financiero que domina al político y mediático, con el argumento de que no había otras alternativas posibles, y ello a pesar de que la evidencia científica disponible (que Juan Torres, Alberto Garzón y yo mostramos en el libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España) señalaba lo contrario. De ahí mi profunda alegría y agradecimiento a que el movimiento de los indignados, el 15-M, en una de sus primeras manifestaciones en la Puerta del Sol en Madrid, enarbolara ese libro (como aparece en la portada de éste) denunciando la falsedad de ese argumento. Este libro continúa en esa línea de denuncia de tanta falsedad, y ello explica su subtítulo, «Crítica del pensamiento económico dominante».

Agradezco también la petición de ayuda hecha por Podemos, que se originó en su principio en el movimiento 15-M, pasando de la protesta a la propuesta. Me alegra que, como indiqué antes, junto con el profesor Juan Torres pudiéramos ayudarles en el desarrollo de sus propuestas económicas. A lo largo de mi larga vida académica he intentado ayudar a todas las fuerzas progresistas que me han pedido ayuda y consejo. Y los últimos que me lo han pedido han sido estos movimientos político-sociales que, creo, están contribuyendo a una nueva realidad, más justa y más democrática. Así lo espero y deseo.

Barcelona, 15 de abril de 2015

I. LAS CAUSAS DE LAS CRISIS FINANCIERAS, ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS

1. NO SE PUEDE ENTENDER LA ECONOMÍA SIN COMPRENDER EL CONTEXTO POLÍTICO-SOCIAL QUE LA DETERMINA

Una percepción generalizada entre analistas de economía (sean economistas o estudiosos de otras disciplinas) consiste en asumir que el objetivo más importante del comportamiento del mundo empresarial en la esfera privada es optimizar los beneficios empresariales. La acumulación de capital (es decir, la absorción de los beneficios generados en la producción de bienes y servicios y en las inversiones financieras) se presenta como único objetivo al que supeditar toda actividad empresarial.

Sin duda hay un importante elemento de verdad en esta lectura de la motivación del mundo empresarial. Pero no es toda la verdad. En realidad, tenemos evidencia empírica de que esta explicación es insuficiente, pues frecuentemente el empresario no apoya intervenciones públicas que incluso le generarían más beneficios. Así, hoy vemos que la gran patronal (en aquellos sectores productores de bienes y servicios) está apoyando políticas de austeridad (recortes de gasto público y salarios) que afectan negativamente a sus beneficios, pues dichas medidas de austeridad reducen la demanda de bienes y servicios que esas grandes empresas producen. En realidad, en Europa puede verse que muchos países con salarios elevados y un gran gasto público social, distribuido universalmente (como los países escandinavos en el norte de Europa), con menores desigualdades, tienen también mayor demanda y actividad económica que aquellos, como en el sur de Europa, donde los salarios son más bajos y los Estados del bienestar más reducidos. En otras palabras, países menos desiguales, como los escandinavos, tienen mayor eficiencia económica que países muy desiguales, como son los países del sur de Europa. ¿Por qué entonces la gran patronal de los países del sur se opone a medidas públicas encaminadas a reducir las desigualdades que podrían incrementar la demanda de sus productos, y con ello sus beneficios?

No es difícil encontrar la respuesta. La gran patronal desea sobre todo mantener su poder en relación con los agentes de los cuales derivan sus bienes y servicios, muy especialmente los del mundo del trabajo y de otros segmentos de la población. El poder (es decir, la capacidad en términos relacionales de tener mayor poder de decisión que otros) es su mayor objetivo. En realidad, la acumulación de beneficios es un medio para alcanzar tal fin. De ahí su enorme deseo de influir, cuando no controlar, en los mecanismos de decisión no sólo privados, como los medios de información y persuasión, sino también en los públicos, como las instituciones representativas y los aparatos del Estado.

Y ahí está uno de los mayores defectos del conocimiento económico: que en sus modelos clásicos no toma en cuenta en absoluto esta relación de poder. Asigna erróneamente al mercado este poder de decisión, ignorando la enorme importancia que tiene para entender la economía el conflicto político-cultural-ideológico que configura ese mercado. Un ejemplo claro de la insensibilidad hacia el contexto político del fenómeno económico y financiero es el trabajo de los economistas galardonados con el Premio Nobel de Economía de 2013 (Eugene F. Fama y Lars Peter Hansen), que desarrollaron modelos interpretativos del comportamiento de los mercados financieros que ignoraban completamente el hecho básico y elemental de que el impacto político sobre tales mercados es lo que determina su comportamiento. Hay una evidencia abrumadora al respecto. La supuesta desconfianza de los mercados financieros hacia los bonos públicos de los Estados periféricos de la Eurozona, incluyendo España, se diluyó rápidamente con la declaración del presidente del Banco Central Europeo, el señor Mario Draghi, de que haría todo lo posible para salvar el euro. Explicar el comportamiento de aquellos mercados basándose en un modelo de equilibrio, como generalmente hace la economía neoclásica, es de una ingenuidad por desgracia recurrente en el pensamiento económico dominante de orientación liberal, el más extendido hoy en los foros donde se reproduce y promueve la sabiduría convencional del país.

Como bien dijo John Kenneth Galbraith, uno de los economistas más agudos que EE.UU. haya tenido, en su famosa lección inaugural de la Asociación Estadounidense de Economía (AEA), «la mayor debilidad de la teoría económica neoclásica es que, al eliminar el poder del foco de análisis, ha despolitizado el conocimiento económico, distanciándolo del mundo real» (citado en «Pursuing Profits – or Power?» de James K. Boyce, Dollars and Sense, julioagosto de 2013, p. 8). Y ahí está la causa del gran fracaso del conocimiento económico de hoy: que no predijo la crisis actual, la más profunda desde la Gran Depresión. En realidad, los únicos que la predijeron fueron economistas a los que se define como heterodoxos –como Dean Baker, del Center for Economic and Policy Research de Washington, y Jeff Faux, el fundador del Economic Policy Institute, también de Washington–, que centraron sus análisis en la relación entre el poder financiero económico y el Estado federal de EE.UU. Otro ejemplo es Thomas Palley, que centró el origen de la crisis en el crecimiento de las desigualdades en la distribución de la renta resultado del conflicto capital-trabajo, con gran dominio del primero (tema que será ampliamente tratado en este libro). Estos autores son prácticamente desconocidos en España, lo cual no es de extrañar dada la enorme influencia del capital financiero sobre los medios generadores de opinión y consiguiente falta de diversidad en tales medios.

2. LAS CAUSAS POLÍTICAS DE LA GRAN RECESIÓN

En el análisis de la gran crisis actual, conocida como Gran Recesión, dos han sido las causas consideradas responsables de esta situación que ha afectado muy negativamente al bienestar de las clases populares. Una, sobre la que sí se ha escrito bastante, es el crecimiento del capital financiero, es decir, de instituciones como la banca, las compañías de seguros y otras cuyo negocio se basa en manejar dinero. La otra causa, relacionada con la anterior, es la desregulación de este capital financiero, y muy en especial del sector bancario, que ha creado lo que correctamente se ha definido como «capitalismo de casino» (es decir, basado en la especulación). Esta desregulación es consecuencia de una cultura desreguladora que ha afectado también a otras actividades económicas, como el comercio. De ello también se ha hablado extensamente.

Ahora bien, de lo que no se ha hablado tanto es precisamente de lo que hay detrás del crecimiento del capital financiero (lo que se ha llamado financiarización de la economía) y de su deriva especulativa. Esta ignorada, desconocida o incluso ocultada causa es ni más ni menos que el enorme crecimiento de las desigualdades de renta en la mayoría de los países a los que se define como países avanzados económicamente (básicamente los de la OCDE, el club de los países más ricos del mundo). Este crecimiento de las desigualdades se ha presentado como consecuencia de cambios tecnológicos. Así, la misma OCDE, en el informe «Divided We Stand. Why Inequality Keeps Rising» de 2011, que generó gran interés y debate, defendía que entre las causas más importantes del aumento de las desigualdades estaba el cambio tecnológico que afectaba en gran medida a la productividad dentro del mundo del trabajo y a la distribución de las rentas generadas por ese cambio. Sin embargo, tal como demuestra el estudio publicado por el Center for Economic and Policy Research, de Washington, titulado «Missing the Story: The OECD’s Analysis of Inequality», y elaborado por David Rosnick y Dean Baker (que criticó extensamente el estudio de la OCDE mostrando serias limitaciones en la conceptualización y metodología del mismo), este enorme crecimiento de las desigualdades de los países de la OCDE no ha ocurrido entre la mayoría de la población (el 90 %) cuyos ingresos derivan de la renta del trabajo, sino entre una minoría muy reducida de la población (el 1 %) cuyos ingresos derivan de las rentas del capital y, muy especialmente, del capital financiero (0,2 % de la población) y todos los demás. El crecimiento de las rentas de esta minoría ha sido geométrico, es decir, explosivo. El documento muestra que esto ha ocurrido también en España, donde el mayor crecimiento de las rentas lo ha experimentado ese mismo 1 % (y de forma especial el 0,12 %) de la población. Empleando un lenguaje corriente se puede decir que los superricos se han forrado. Y ello se debe principalmente a causas políticas, es decir, al enorme poder del capital (es decir, a los propietarios y gestores de las grandes empresas financieras y transnacionales, productoras de bienes y servicios) sobre el Estado. Los indicadores de ello son muchos. David Rosnick y Dean Baker señalan que un factor determinante de esta enorme concentración de las rentas es, entre muchos otros, las políticas fiscales llevadas a cabo por los Estados que sistemáticamente han favorecido de forma exagerada a las rentas del capital y a las rentas superiores a costa de las rentas de la mayoría de la ciudadanía. Basta con comparar los niveles de imposición de las rentas superiores en los años cincuenta en EE.UU., por ejemplo, con los niveles de ahora. La diferencia es enorme.

Y puesto que voy a hablar mucho en este libro de «desigualdades en la distribución de las rentas de un país», siento la necesidad de indicar que las rentas (el dinero que la gente recibe) pueden proceder del trabajo (predominantemente a través de los salarios) o de la propiedad de capital (es decir, propiedades como por ejemplo las acciones, que generan rentas). El intento de este libro es mostrar y documentar que la distribución de las rentas es el factor determinante para entender la evolución económica (y también política) de un país, incluyendo las crisis financieras y económicas que hemos estado viviendo y sufriendo.

3. LA EVOLUCIÓN DEL CONFLICTO CAPITAL-TRABAJO Y SU IMPACTO EN EL GRAN AUMENTO DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES

Marx llevaba bastante razón

El enorme crecimiento de las desigualdades de renta está estrechamente ligado al conflicto capital-trabajo, lo que solía llamarse «lucha de clases». Una posible razón de que se haya prestado poca atención a este conflicto como causante de la crisis es la importancia dada a la crisis financiera como supuesta causa única de la recesión. Eso ha desviado a los analistas de la Gran Recesión del contexto económico y político que determinó y configuró la crisis financiera, así como la económica, la social y la política. En realidad, no se puede analizar ninguna de ellas, ni cómo se relacionan, sin referirse al conflicto capital-trabajo. Como bien dijo Karl Marx (un autor que no tiene buena prensa en este país): «La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases.» Ni que decir tiene que las clases sociales han ido variando desde que los grandes fundadores del análisis sociológico (desde Karl Marx a Max Weber) las definieron y analizaron por primera vez (para un excelente análisis de estructura de clases, véase la obra de Marina Subirats Barcelona: de la necesidad a la libertad. Las clases sociales en los albores del siglo XXI, 2012). Estas categorías siguen vigentes para explicar la realidad que nos rodea. Y las crisis actuales son un claro ejemplo de ello.

Durante el periodo que siguió a la Segunda Guerra Mundial, el conflicto existente entre los que obtienen sus rentas de la propiedad de capital y los que lo hacen a través de su trabajo se apaciguó gracias a un pacto –el pacto social– entre los dos adversarios, entre el mundo del trabajo y el mundo del capital, en virtud del cual el primero aceptaba el principio de propiedad privada de los medios de producción a cambio de aumentos salariales –proporcionales al aumento de la productividad– y del establecimiento del Estado del bienestar. Este pacto determinó que los salarios, incluyendo el salario social (con aumento de la protección social basada en el desarrollo de los servicios públicos y transferencias públicas del Estado del bienestar) evolucionaran con el aumento de la productividad. Como consecuencia, las rentas del trabajo subieron considerablemente, alcanzando su máximo (a ambos lados del Atlántico Norte) en la década de 1970 (la participación de los salarios, en términos de compensación por empleado, en EE.UU. fue del 70 % del PIB; en los países que más tarde formarían la UE-15, este porcentaje era el 72,9 %; en Alemania, un 70,4 %; en Francia, un 74,3 %; en Italia, un 72,2 %; en el Reino Unido, un 74,3 %, y en España, un 72,4 %).¹

A finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, este pacto social se rompió como consecuencia de la rebelión del capital ante los avances del mundo del trabajo. La respuesta del capital fue el desarrollo de una cultura económica nueva basada en el liberalismo, pero con una mayor agresividad. Es lo que llamamos el neoliberalismo, cuyo objetivo era y continúa siendo recuperar el terreno perdido mediante el debilitamiento del mundo del trabajo.² A partir de entonces, el crecimiento de la productividad no se tradujo tanto en un incremento de las rentas del trabajo, como en un aumento de las rentas del capital. Esto tiene varias explicaciones. Una que aparece frecuentemente en los medios liberales y conservadores atribuye tales cambios a los avances tecnológicos. La introducción del ordenador y de Internet, por ejemplo, ha aumentado enormemente la productividad. Pero esos cambios tecnológicos en los puestos de trabajo sólo explican el aumento de la productividad, pero no la mala distribución de la riqueza creada y su concentración en los beneficios de los propietarios y gestores del capital. Otros atribuyen esta concentración a la globalización, con la consiguiente exportación de puestos de trabajo a otros países que tienen salarios más bajos. La transferencia del proceso de producción a China (por ejemplo) ha reducido enormemente los salarios de los países capitalistas desarrollados. Pero este argumento olvida que la globalización no es la causa, sino la consecuencia del debilitamiento del mundo del trabajo en estos países. Después de todo, países altamente globalizados –como los países escandinavos, cuyas exportaciones e importaciones representan porcentajes elevadísimos del PIB– continúan teniendo salarios altos. La globalización, pues, no explica por sí sola el descenso de los salarios. La causa última, raramente citada en los medios, es el debilitamiento político del mundo del trabajo y, como consecuencia, de sus rentas.

Cómo han ido variando las rentas del trabajo y las rentas del capital

Efectivamente, la respuesta del capital, mediante el desarrollo de políticas neoliberales (que constituían un ataque frontal a la población trabajadora), ha sido muy exitosa: las rentas del trabajo descendieron en la gran mayoría de los países citados anteriormente. En EE.UU. pasaron a representar en 2012 el 63,6 % del PIB; en los países de la UE-15, el 66,5 %; en Alemania, el 65,2 %; en Francia, el 68,2 %; en Italia, el 64,4 %; en el Reino Unido, el 72,7 %, y en España, el 58,4 %. España, junto con Grecia, Italia e Irlanda, fueron de los países en los que el porcentaje de las rentas del trabajo sobre el PIB era más bajo y en los que más decreció (Eckhard Hein, «Finance-dominated Capitalism and Income Distribution. Implications for an ‘Agenda of Shared Prosperity’»). El descenso de las rentas del trabajo durante el periodo 1981-2012 fue de un 5,5 % en EE.UU., un 6,9 % en la UE-15, un 5,4 % en Alemania, un 8,5 % en Francia, un 7,1 % en Italia, un 1,9 % en el Reino Unido y un 14,6 % en España, siendo este último país el que sufrió una mayor caída.¹

Fuente: ECFIN, European Commission, Statistical Annex, Table 32, Fall 2011.

Concretamente en el caso de España, según datos de la Contabilidad Nacional, las rentas del capital, por primera vez en el periodo democrático, llegaron a alcanzar unos niveles mayores que las rentas del trabajo. Es decir, sus porcentajes sobre la renta nacional bruta fueron mayores que las rentas del trabajo. En una línea similar, en EE.UU. el salario ha ido disminuyendo desde los años ochenta. En este país, el 1 % de las familias (households) tenía el 37 % de toda la riqueza del país en 2006-2007. Pero lo que es incluso más importante es que durante el periodo 1977-2007 (el periodo en el que se aplicaron las políticas neoliberales), este 1 % consiguió el 57 % de toda la renta creada en dicho periodo. En realidad, tal concentración alcanzó su máximo desarrollo durante el gobierno Bush, entre 2002 y 2006, cuando este 1 % recibió nada menos que el 78 % de toda la renta creada en ese periodo. No se veía tal concentración desde la década de 1920. Cabe destacar que según información de la agencia tributaria del gobierno federal de EE.UU., las 400 personas más ricas de EE.UU. pagan sólo un 17 % de su renta en impuestos, y ello como consecuencia de que la mayoría de los ingresos de los superricos proceden de las rentas del capital. En plena invasión de Irak, cuando la atención mediática se centraba en el conflicto bélico, el presidente Bush aprobó una ley que redujo enormemente los impuestos sobre el capital. Nunca los superricos han pagado menos impuestos que ahora. Y muchos Estados compiten entre ellos a fin de atraer capitales a su país. Al mismo tiempo, el 40 % de renta inferior vio cómo su parte de la renta total descendía a sólo un 12 %. Esto se traduce en una gran influencia de los superricos en la vida política de los países, como se vio en una sentencia de la Corte Suprema de EE.UU. que eliminaba los límites de donaciones a las campañas electorales, con aportación monetaria a los candidatos políticos. Esta situación está destruyendo la democracia. El caso de Estados Unidos no es único. En realidad, es representativo de lo que ha estado ocurriendo en la mayoría de los países de la OCDE, el grupo de países más ricos del mundo.

¿Y de dónde procede tanta riqueza? La respuesta es fácil. Viene sobre todo de las rentas del capital, y muy especialmente del capital financiero. En 1997, antes de que se iniciara la crisis de 1999 (en Asia, América Latina y Rusia), el valor de las transacciones financieras era 15 veces superior al valor del PIB mundial. En 2008 era 70 veces superior. De las cincuenta mayores empresas del mercado mundial, todas excepto una son financieras.

Otro de los efectos de las políticas neoliberales ha sido la «creciente proletarización de la población», predicha por Karl Marx, realidad que queda reflejada en las progresivas similitudes que las condiciones de trabajo de los empleados de cuello blanco (las clases medias) tienen con las condiciones de trabajo de las clases trabajadoras. Su pérdida de autonomía, su deterioro laboral, su descenso salarial, los acercan más y más a las condiciones de la clase trabajadora. El famoso declive de las actualmente llamadas «clases medias» estaba escrito en aquellas predicciones.

Las desigualdades no son sólo consecuencia sino también causa de la Gran Recesión

Las políticas neoliberales mencionadas en la sección anterior fueron iniciadas en 1979 en el Reino Unido por la primera ministra Margaret Thatcher, que promovió lo que dio en llamarse la «guerra contra los mineros» (quienes lideraban el movimiento laborista británico en sus demandas de reformar el capitalismo británico). En EE.UU. esas políticas se iniciaron en 1980 con la llegada al gobierno del presidente Ronald Reagan, el ídolo de los economistas neoliberales que declaró la guerra a los sindicatos, despidiendo a todos los controladores aéreos, y mostrando así al mundo empresarial que se había abierto la veda. Esta estrategia ha resultado exitosa, pues el porcentaje de población sindicada en EE.UU. ha disminuido notablemente. Hoy el número de trabajadores sindicados representa sólo un 11,3 % de toda la población activa (a pesar de que el porcentaje de población a la que le gustaría sindicarse, si pudiera, ha ido en aumento), y ello debido a las enormes dificultades que el mundo empresarial pone a que sus trabajadores puedan sindicarse. El temor al despido (debido a la gran desregulación existente en el mercado laboral de EE.UU.) es una de las mayores causas de esta disminución de la tasa de sindicación. Hoy EE.UU. es el país de la OCDE con menor número de días perdidos por conflictos laborales, consecuencia del temor de los trabajadores a perder su puesto de trabajo (que conlleva, por cierto, la pérdida de su cobertura sanitaria, como describiré más adelante en el capítulo VI, sección 3).

Las políticas neoliberales también fueron aceptadas como «inevitables y necesarias» por el gobierno socialista de François Mitterrand en Francia en 1983, tras convencerse de que su programa de clara orientación keynesiana (con el cual había sido elegido en 1980) no podía aplicarse debido a la europeización y globalización de la economía. Ésta era la postura de la corriente dominante dentro de la socialdemocracia europea conocida como «Tercera Vía» (en España, esta postura fue compartida a partir de 1982 por los gobiernos socialistas de Felipe González).

La aplicación de estas políticas neoliberales, definidas como «socioliberales», caracterizaron a partir de entonces las políticas de los gobiernos socialdemócratas en la UE. Todas ellas tenían como objetivo facilitar la integración de las economías de los países de la UE en el mundo globalizado, aumentando su competitividad a base de estimular las exportaciones a costa de la reducción de la demanda doméstica, reduciendo los salarios. Una consecuencia de estas políticas fue que el aumento de la productividad no repercutió en un aumento salarial, sino en un aumento de las rentas del capital.

Para alcanzar este objetivo, el desempleo fue un componente clave para disciplinar al mundo del trabajo, debilitando, entre otros, a los sindicatos. La estrategia consiste en atemorizar a toda la población trabajadora, temerosa de perder su empleo. Este aumento del miedo provoca un gran deterioro de las condiciones de trabajo (el número de trabajadores que reconocen estar trabajando bajo condiciones estresantes ha aumentado en EE.UU. y en todos los países de la UE), un aumento de la precariedad y un descenso de los beneficios sociales. En todos estos países, el desempleo aumentó enormemente. Pasó de un 4,8 % en EE.UU. en 1970, a un 9,6 % en 2010. En los países de la UE-15 pasó de un 2,2 % a un 9,6 %; en Alemania, de un 0,6 % a un 7,1 %; en Francia, de un 1,8 % a un 9,8 %; en Italia, de un 4,9 % a un 8,4 %; en el Reino Unido, de un 1,7 % a un 7,8 %, y en España, de un 2,4 % a un 20,1 %. De estos países, España es el que ha sufrido un aumento de desempleo más pronunciado.¹

Esta polarización de las rentas, con gran crecimiento de las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo, es el origen de las crisis económicas y financieras. La disminución de las rentas del trabajo creó un gran problema de escasez de demanda privada. El «descubrimiento» de la relación entre bajada de la demanda y crisis económica se atribuye generalmente al famoso economista Keynes, y ello no es del todo cierto. En realidad, le sorprenderá al lector saber que fue Karl Marx –quien, como dije al principio del capítulo, tiene muy mala prensa en España– el primero en señalarlo al explicar en su libro más conocido, El capital, que la acumulación de capital, a costa del trabajo, llevaría a las crisis del capitalismo. Pero, más que Karl Marx, quien elaboró esta teoría fue uno de sus seguidores, Michal Kalecki, el cual a su vez influyó a dos de los mejores economistas de nuestro tiempo, Joan Robinson y mi buen amigo Paul Sweezy, ninguno de los cuales, por cierto, recibió ningún Premio Nobel de Economía. En cambio, los Premios Nobel de Economía (financiados por la banca escandinava) se han otorgado a ultraliberales como Robert Lucas, quien escribió que analizar temas de distribución de la renta era dañino y peligroso («una de las tendencias perniciosas y dañinas en el conocimiento económico... en realidad, venenosa para tal conocimiento, es el estudio de temas de distribución», The Industrial Revolution: Past and Future). Ni que decir tiene que Lucas era un economista muy próximo al capital, que no quería ni quiere oír nada sobre redistribución de las rentas. Autores como Lucas y otros economistas neoliberales siguen gozando de muy buena prensa en España no sólo en círculos académicos sino incluso en prensa generalista. Muchos de los gurús mediáticos españoles son discípulos de este economista. El sesgo tan neoliberal de la comisión que concedía el Premio Nobel creó una protesta general que explica, junto con la dimisión del presidente de dicha comisión, la elección de economistas de orientación keynesiana como merecedores de dicha distinción. Nunca, sin embargo, se ha otorgado el premio a economistas heterodoxos, pertenecientes a sensibilidades críticas del capitalismo, como los que hemos citado anteriormente.

4. POR QUÉ HA APARECIDO LA GRAN RECESIÓN AHORA Y NO ANTES. EN OTRAS PALABRAS, POR QUÉ SE HA RETRASADO SU APARICIÓN

El problema de la demanda. Keynes llevaba también razón, pero Kalecki todavía más. La demanda doméstica es también una categoría política

Que este descenso de las rentas del trabajo no se tradujera en descenso marcado de la demanda se debió primordialmente a varios hechos. Uno de ellos fue la reunificación alemana en 1990 y el enorme gasto público que la acompañó (a fin de incorporar el Este de Alemania al Oeste y facilitar la expansión de la Alemania Occidental en la Oriental), que se financió principalmente a base de aumentar el déficit público, pasando de un superávit del 0,1 % del PIB en 1989, a tener déficit cada año desde entonces y hasta alcanzar un 3,4 % en 1996. Alemania siguió, pues, una política de estímulo a través del gasto público, que (como resultado de su tamaño y centralidad) benefició a toda la economía europea, dentro de la cual la alemana tenía y sigue teniendo un peso central.¹

El segundo hecho fue el enorme endeudamiento de la población. En este sentido, Juan Torres, en un excelente artículo titulado «La guerra mundial de la deuda» (Público, 24 de marzo de 2013), señalaba que el mayor problema existente hoy en el mundo referente al crecimiento de la deuda no es la deuda pública, como constantemente subrayan la mayoría de los medios de información, sino la deuda privada, la cual ha alcanzado unos niveles inasumibles en la práctica totalidad de países a ambos lados del Atlántico Norte. Según el Banco Internacional de Pagos (BIP), la deuda total privada de los países de la Eurozona es de 15,7 billones de euros, casi el doble de la riqueza de dichos países medida por su PIB (8,7 billones de euros). Otro tanto ocurre en EE.UU., donde la deuda privada asciende a 24,98 billones de dólares, una cifra muy superior a su PIB, que es de 16 billones de euros. Y lo que es también alarmante, como subraya Juan Torres, es su elevado crecimiento. Según el BIP, la deuda privada en la Eurozona se ha duplicado en los últimos nueve años, y lo mismo ha ocurrido con la deuda privada de EE.UU., que también se ha doblado en nueve años. Otro dato de gran importancia es que la deuda de los hogares, históricamente mucho más baja que la deuda empresarial, se ha incrementado mucho más rápidamente que esta última. Esto explica el gran crecimiento de la banca. El endeudamiento tan tremendo de las familias españolas, así como de las medianas y pequeñas empresas (que son las que crean más empleo en España), se debe precisamente a la disminución de las rentas del trabajo. Desde los años ochenta hay una relación inversa entre la disminución de las rentas del trabajo en un país y el crecimiento de la banca. A mayor disminución de las primeras, mayor crecimiento de la segunda (ni que decir tiene que otros factores intervienen también, como la mayor o menor disponibilidad de crédito; pero esto último no explica por sí solo el enorme crecimiento del endeudamiento). Los créditos baratos concedidos por el sistema bancario retrasaron el impacto que el descenso de las rentas del trabajo tuvo en la reducción de la demanda. En Europa, este endeudamiento fue favorecido por la creación del euro, que tuvo como consecuencia la tendencia a hacer confluir los intereses de los países de la Eurozona con los de Alemania. La sustitución del marco alemán y de todas las monedas de la Eurozona por el euro resultó en una «alemanización» de los intereses monetarios. España es un claro ejemplo. El precio del crédito nunca había sido tan bajo, lo que facilitaba el enorme endeudamiento de las familias (y empresas) españolas, pasando así desapercibida la enorme pérdida de poder adquisitivo de la población trabajadora.

Por qué la banca y la actividad especulativa crecieron tanto

Por otra parte, la gran acumulación de capital explica el aumento de las actividades especulativas, incluyendo la aparición de las burbujas, de las cuales las inmobiliarias fueron las más comunes, aunque no las únicas. La así llamada «rentabilidad del capital» era mucho más elevada en el sector especulativo que en el productivo, el cual estaba algo estancado como resultado de la disminución de la demanda, y ello a pesar del flujo de crédito. El crecimiento del capital financiero fue característico de este periodo a ambos lados del Atlántico Norte, y resultaba del endeudamiento y de las actividades especulativas. Este crecimiento se basaba, en parte, en la necesidad de endeudarse debida al continuo descenso del crecimiento anual de los salarios en todos estos países, una situación especialmente acentuada en los países de la UE-15 (los más ricos de la UE). Así, este crecimiento anual medio en los países de la Eurozona descendió de un 3,5 % en el periodo 1991-2000 a un 2,4 % en el periodo 2001-2010; en Alemania, de un 3,2 % a un 1,1 %, y en España, de un 4,9 % a un 3,6 %.¹

Ahora bien, toda burbuja, por definición, estalla. Y cuando estalla, la banca se hunde o paraliza, el crédito desaparece y la economía se colapsa, pues sin crédito, la demanda también se hunde, ya que los salarios, cada vez más bajos, no pueden mantenerla. Y ahí surge la Gran Recesión. La enorme concentración de la riqueza ha creado la Gran Recesión, de la misma manera que antes, a principios del siglo XX, creó la Gran Depresión.

Cómo el establishment conservador-liberal interpretó la crisis financiera

Sin embargo, los establishments financieros y políticos de la Unión Europea creyeron que la crisis financiera se debía a la caída del banco estadounidense Lehman Brothers y se limitaría al sector bancario de EE.UU. Thomas Palley cita al que era ministro de Finanzas alemán, el socialista Peer Steinbrück (candidato del SPD a la Cancillería en las últimas elecciones al Parlamento alemán), que profetizó que aquello –resultado de las debilidades del sistema financiero estadounidense– significaría el fin del estatus de EE.UU. como gran poder financiero. Este hundimiento del dólar, según él, beneficiaría al euro.

La gran ironía de estas predicciones es que quien al final salvó a la banca alemana fue el Federal Reserve Board (Consejo de Gobierno de la Reserva Federal). El modelo alemán basado en la exportación hizo a la banca alemana enormemente vulnerable al contagio. Los bancos alemanes estaban masivamente intoxicados con los productos especulativos (subprimes) de la banca estadounidense. Grandes bancos (como el Sachsen LB, el IKB Deutsche Industriebank, el Deutsche Bank, el Commerzbank, el Dresdner Bank o el Hypo Real Estate) y cajas (como BayernLB, WestLB y DZ Bank) entraron en el periodo 2007-2009 en una enorme crisis de solvencia, teniendo que ser todos rescatados, muchos de ellos, por cierto, con la ayuda de la Reserva Federal de EE.UU.

La orientación económica, basada en la exportación (algo típico del modelo liberal), había contagiado profundamente al capital financiero alemán, como resultado de sus inversiones financieras tanto en la banca estadounidense (llena de productos tóxicos) como en los bancos de los países periféricos llamados PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y España –Spain en inglés–) y más tarde GIPSI (con la incorporación de Italia), llenos de actividades especulativas de tipo inmobiliario. En realidad la crisis financiera alemana y europea era incluso peor que la estadounidense, y cuando la enorme burbuja especulativa estalló (al paralizarse la banca alemana), apareció en toda su crudeza el enorme problema del endeudamiento causado por la reducción de la demanda provocada por la bajada de la renta del trabajo.

Por qué la crisis fue incluso peor en la Eurozona que en EE.UU.

Una de las causas de que la crisis fuera peor en la Eurozona que en EE.UU. es la arquitectura del sistema de gobierno del euro, resultado del dominio que ejerce el capital financiero en su gobernanza. Este sistema de gobierno es producto de un diseño liberal basado, en parte, en la diferencia de comportamientos entre el Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal (el Banco Central Estadounidense) y, en parte, en el distinto tipo de modelo exportador de EE.UU. y de la Eurozona (multipolar en EE.UU. y centrado en la propia Eurozona en el caso europeo).

El BCE no es un banco central. La Reserva Federal sí lo es. El BCE no ha prestado dinero a los Estados y no los ha protegido frente a la especulación de los mercados financieros durante la mayoría de los años de su mandato. De ahí que los Estados periféricos como España estén tan desprotegidos y hayan pagado durante años unos intereses claramente abusivos que han dado pie a la enorme burbuja de la deuda pública de estos países. Esto no ocurre en EE.UU. La Reserva Federal protege al Estado norteamericano. California tuvo una deuda pública tan preocupante como la griega, pero esto no significó una situación asfixiante para su economía, como sí ocurrió en Grecia.

A la luz de estos datos es absurdo que se acuse a los países periféricos de haber provocado la crisis con su falta de disciplina fiscal, como han dicho los mayores portavoces del pensamiento neoliberal de la Eurozona. Las cuentas públicas de España e Irlanda tuvieron superávit durante todo el periodo 2005-2007. Estos dos países eran los discípulos predilectos de la escuela neoliberal, dirigida por la Comisión Europea, siendo el ministro Pedro Solbes, que había sido comisario de Asuntos Económicos de la UE, el arquitecto de tal ortodoxia. En realidad, Alemania, durante el periodo 2002-2007, tuvo déficits públicos mayores que la supuestamente indisciplinada España.

No fue una inexistente falta de disciplina de estos países, sino la ausencia de apoyo de un Banco Central lo que causó el crecimiento de los intereses de sus deudas públicas, provistas por los bancos alemanes, entre otros, que se beneficiaron de la elevada prima de riesgo. El fin último de los recortes del gasto público, incluyendo el gasto público social, es pagar los intereses a la banca alemana, entre otros. El enorme sacrificio de los países GIPSI (Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia) no tiene nada que ver con la explicación que se da en los medios y otros foros de difusión del pensamiento neoliberal, según la cual los recortes se deben a la necesidad de corregir los excesos de dichos países. En realidad, los recortes se deben a la necesidad de pagar a los bancos privados que controlan el BCE, y éste, en lugar de proteger a los Estados, los debilita para que tengan que pagar mayores cantidades en intereses a la banca. La evidencia de ello es abrumadora. El famoso rescate a la banca española ha sido, en realidad, el rescate a la banca europea, incluyendo la alemana, que tenía invertidos más de 200.000 millones de euros en activos financieros españoles.

5. OTRAS EXPLICACIONES QUE DA LA SABIDURÍA CONVENCIONAL SOBRE LAS CAUSAS DE LA CRISIS (ADEMÁS DEL SUPUESTO DESPILFARRO DE LOS PAÍSES PERIFÉRICOS)

La supuesta falta de competitividad y los hipertrofiados salarios altos

Otra versión de la explicación anterior es el argumento de que el problema de la Eurozona es el diferencial de competitividad, con alta competitividad en el centro –Alemania y Países Bajos– y reducida competitividad en el sur –GIPSI–. Este diferencial explica que los primeros tengan balanzas de comercio exterior positivas (exportan más que importan), mientras que los segundos las tengan negativas (es decir, importan más de lo que exportan). De ahí que la solución pase por un mayor crecimiento de la competitividad de los segundos. Y la mejor manera es bajar los salarios (lo que se llama «devaluación doméstica»).

Esta propuesta de bajar los salarios para incrementar la competitividad viene apoyada por una avalancha ideológica, procedente de los mayores centros de reflexión próximos a la banca privada y a la gran patronal (como Fedea, financiada por grandes bancos y grandes empresas), que están presionando en este sentido. Éste es también el mensaje que promueven el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y, cómo no, el Banco Central Europeo y el Banco de España. Como era de esperar, dicho mensaje es reproducido por los mayores medios de información del país, tanto públicos como privados, tanto orales como escritos.

Y como también era de esperar, se reproduce en círculos económicos próximos a la socialdemocracia, aun cuando su presentación y narrativa tienden a variar. En estos círculos el mensaje que se transmite es que hay que ser valiente y atreverse a hacer las reformas que el canciller socialdemócrata Schröder hizo en Alemania con la Agenda 2010, que permitieron a la economía alemana salir de su crisis a partir del aumento de sus exportaciones. En la órbita socialdemócrata, el economista que más ha enfatizado este mensaje es el profesor Josep Oliver, aunque no ha sido el único. En realidad, muchos economistas próximos a la socialdemocracia lo piensan aunque no se atreven a decirlo.

He escrito crítica y extensamente sobre las reformas que Schröder realizó en contra del parecer de su ministro de Economía y Finanzas, el señor Oskar Lafontaine, quien (frente a la postura de Schröder, que quería basar la recuperación de la economía alemana en el crecimiento de las exportaciones) proponía basar dicha recuperación en el aumento de la demanda doméstica. Perdió Lafontaine y ganó Schröder, quien hizo unas reformas encaminadas a reducir los salarios, diluir la protección social y debilitar a los sindicatos. Las consecuencias en el bienestar de las clases populares fue devastadora. Una cifra recoge esta situación: alrededor de la mitad de los hogares alemanes no pagan impuestos sobre la renta por ser demasiado pobres. El mercado de trabajo alemán está claramente deteriorado (hay que ver en ello, por cierto, la causa del crecimiento de la ultraderecha xenófoba en Alemania). Y esto es lo que se está proponiendo para España, con el agravante (enormemente importante) de que los sindicatos españoles son más débiles que los sindicatos alemanes, y como consecuencia no hay en España un sistema de cogestión de las empresas como el que ha jugado un papel determinante en el bajo desempleo alemán, resultado de la distribución y reducción del tiempo del trabajo en lugar del despido.

Fedea (el instituto de reflexión económica financiado por el Gran Capital) y los que sostienen la necesidad de bajar los salarios para aumentar la competitividad de la economía española y aumentar las exportaciones asumen que para que el consumidor alemán compre, por ejemplo, más vino o aceite españoles, hay que bajar el precio de estos productos a base de reducir los salarios de los trabajadores que los producen. Veamos la evidencia que apoya esta tesis.

En primer lugar, el hecho de que haya habido una bajada de consumo de vino y aceite españoles en Alemania podría deberse a que ha bajado el poder adquisitivo de la población alemana, resultado, por ejemplo, de la reducción de los salarios alemanes en relación con su productividad. En este aspecto, el incremento de las exportaciones a base de una reducción de las rentas del trabajo (las mayores determinantes de la demanda), que ha ocurrido también en Alemania, explicaría esta reducción del consumo de aceite y vino españoles. En esta situación, el nivel salarial español no tendría nada que ver con el descenso de las exportaciones de esos productos, sino con la falta de demanda por parte de las clases populares alemanas resultado de sus bajos salarios.

Pero existe otro factor ignorado en la tesis de que los salarios altos son el problema y hay que bajarlos. El precio de un producto depende de muchos otros factores, además de los salarios. Depende, por ejemplo, de la productividad del capital, y no sólo de la productividad del trabajo. Y depende también de las rentas del capital, incluyendo los beneficios. Pues bien, Fedea y compañía no consideran ninguno de estos factores. ¿Por qué no proponen que, en lugar de bajar los salarios para disminuir los precios, se reduzcan los beneficios de las grandes empresas vinícolas y aceituneras? ¿O por qué no proponen aumentar la productividad del capital, favoreciendo las inversiones que incrementen la productividad de este sector? En realidad, la baja productividad del sector agrícola se basa en la superabundancia de mano de obra, como ilustra el hecho de que por cada puesto de trabajo hay veinte aspirantes a ocuparlo, la mayoría inmigrantes. Si el empresario tuviera dificultades para encontrar trabajadores, entonces aumentaría su inversión y mecanización de la vendimia, incrementándose así su productividad. Los salarios bajos favorecen la persistencia de una economía de baja productividad. Basar la economía, como Fedea y compañía proponen, en salarios bajos es condenar a España a una economía de baja productividad. Y éste ha sido el drama del sur de Europa. Los países del norte de Europa tienen una gran productividad y eficiencia económica como consecuencia de que no se permitieran salarios bajos (situación que está cambiando en Suecia por las políticas neoliberales del gobierno conservador-liberal sueco).

Esto me lleva al punto central que explica por qué existe baja productividad y baja competitividad en España, y que no tiene nada (repito, nada) que ver con el nivel salarial. En realidad, los salarios bajos contribuyen a esta baja productividad y no al revés, como constantemente se dice. Repito, no es que la baja productividad sea la causa de los salarios bajos, sino lo contrario: son los salarios bajos los que causan la baja productividad.

El error y/o falacia de las reformas laborales: la bajada de salarios como la manera de salir de la crisis

La supuesta baja productividad de la economía española se basa en la estructura productiva del país, una situación que se reproduce en todos los países mediterráneos y que se debe a la estructura de sus poderes financieros y económicos. Cuando se desagrega la economía española en sus diferentes componentes, puede verse que, estandarizando por sector, si comparamos la productividad española con la alemana, la comparación resulta favorable a España (sí, comparándola con Alemania). Bela Galgoczi publicó un excelente artículo en el Social Policy Journal (7 de junio de 2013) titulado «European Social Model or European Stability Mechanism», que compara la productividad laboral, los costes de producción y la contribución salarial a estos costes, y la productividad ajustada al salario (apparent labour productivity, average personnel costs y wage adjusted productivity), y muestra cómo en el sector manufacturero (el sector de salarios más elevados dentro de la fuerza laboral) en España la productividad y los costes salariales no difieren en gran medida de los alemanes en el mismo sector, concluyendo que «no existe un problema de falta de competitividad en los costes salariales en la producción de la manufactura». El problema es que este sector representa sólo una pequeña parte de la economía, y que son los sectores de baja productividad, como la construcción, los que dominan la economía. De nuevo, esta situación tiene muy poco que ver (en realidad nada) con los salarios y mucho que ver con las políticas estatales claramente dominadas por las instituciones (especialmente financieras) que ahora financian Fedea y piden que bajen los salarios. Estas políticas estatales promovidas también por las mismas instituciones europeas (la Comisión Europea y el Banco Central Europeo) y por los mismos gobiernos (como el alemán) que están pidiendo que se bajen los salarios. Se necesita osadía (la gente normal y corriente lo llamaría «cara dura») para que estas instituciones culpabilicen ahora de la crisis a los supuestos elevados salarios de los trabajadores españoles. En realidad, comparándolos con el promedio de la Eurozona, los salarios españoles son de los más bajos de la UE-15.

Así pues, la explicación de que la causa de la crisis es el diferencial de competitividad dentro de la UE, y que la solución pasa por aumentar la competitividad de los países del sur de Europa mediante una bajada de salarios, tiene escasa credibilidad. En primer lugar, ni Irlanda ni Italia tenían balanzas comerciales negativas cuando la crisis se inició. Es más, el crecimiento del componente negativo de la balanza de pagos en los países GIPSI se debió fundamentalmente al aumento de las importaciones, resultado del endeudamiento, no del descenso de la productividad o competitividad. Y ahora la mejora de su balanza comercial se debe a su escasa demanda. En ambos casos, poco que ver con cambios en la competitividad. En realidad, la productividad laboral estandarizada por actividad económica no es sustancialmente diferente en España que en Alemania. El problema, pues, no puede explicarse por un diferencial de competitividad, sino por un diferencial de demanda, acentuado a nivel europeo por un problema estructural, resultado del descenso de las rentas del trabajo. El motor de la economía de la Eurozona se basa en el modelo exportador alemán, cuyo éxito se debe a la moderación salarial alemana (con salarios muy por debajo de lo que les corresponde por el nivel de productividad), a la imposibilidad de los países periféricos de reducir el precio de su moneda (beneficiando a Alemania con ello), a la enorme movilidad de capitales de la periferia al centro y al dominio de las instituciones financieras alemanas, a través de su enorme influencia sobre el BCE, que no actúa como un Banco Central. Ver la balanza de pagos entre Alemania y la periferia como resultado de una diferencia de productividad es profundamente erróneo.

6. QUIÉN DOMINA LA GOBERNANZA DE LA EUROZONA: LA ALIANZA POLÍTICA CONSERVADORA LIBERAL (Y SOCIOLIBERAL) AL SERVICIO DEL GRAN CAPITAL (HEGEMONIZADO POR EL CAPITAL FINANCIERO)

Están consiguiendo lo que siempre desearon: el debilitamiento del mundo del trabajo

En realidad, Alemania debería actuar como motor de estímulo de la economía no mediante el aumento de sus exportaciones (basadas en salarios bajos), sino mediante un crecimiento de su demanda doméstica, incrementando sus salarios y su escasa protección social. El trabajador alemán tiene más en común con los trabajadores de los países GIPSI que con su establishment financiero y exportador. Y en los países periféricos deberían seguirse también políticas de estímulo, revirtiendo las políticas de austeridad que están contribuyendo a la recesión, además de al malestar de las clases populares. A estas políticas se oponen los agentes del capital, pues éstos veían reducidos sus ingresos. Y es que se puede concluir que quienes más se oponen a las políticas redistributivas son las clases más pudientes, cuyos ingresos derivan de la propiedad del capital. Aplicando políticas redistributivas, las clases pudientes serían las que perderían más recursos y verían su distancia social, política y cultural con la mayoría de la ciudadanía disminuida como consecuencia de la reducción de las desigualdades. Y esto es lo que quieren evitar por todos los medios.

Hoy, hay una alianza de las clases dominantes en la Eurozona dirigida por la clase dominante alemana (es decir, los establishments financieros y exportadores alemanes, cuya expresión política más directa era el gobierno de la coalición cristianodemócrata liberal, presidido por la señora Merkel, y continuado, con algunos cambios, por la coalición cristianodemócrata y socialdemócrata). En la práctica, esta alianza domina las instituciones de la Eurozona, especialmente el Banco Central Europeo (un mero instrumento de este establishment) y, en menor grado, el Consejo Europeo y la Comisión Europea. Los establishments alemanes se han aliado con los establishments (clase dominante) de cada uno de los países de la Eurozona. La alianza del gobierno alemán con el gobierno español es un claro ejemplo de ello. Las políticas de desmantelamiento del Estado del bienestar (desde el abaratamiento de los salarios al debilitamiento de la protección social) es el objetivo de esta alianza de establishments (clases dominantes), que siempre han deseado el debilitamiento del mundo del trabajo a fin de aumentar las rentas del capital.

Una estrategia para el mantenimiento de su dominio es evitar que se establezcan las bases de una alianza de las clases dominadas en los países de la Eurozona. El proyecto neoliberal, que es la expresión ideológico-política de esta alianza de establishments europeos (es decir, de sus clases dominantes), requiere que no haya alianzas de clases dominadas (las clases populares de tales países, formadas por las clases trabajadoras –que existen, aunque ya no se utilice este término para definirlas– y las clases medias). De ahí que los instrumentos de estos establishments (sea el BCE, sean los centros de creación y reproducción de la ideología neoliberal, como Fedea en España) produzcan constantemente documentos con el objetivo de intentar eliminar la posibilidad de que se establezcan dichas alianzas enfrentando a países dentro de la Eurozona, imposibilitando la alianza de las clases dominadas. Una manera de conseguirlo es estimular el racismo, el chovinismo y cualquier ideología que divida a las clases populares.

Hay que recuperar categorías olvidadas o marginadas, como clase social y poder de clase, para entender la respuesta de la estructura de poder: los establishments financieros, económicos, políticos y mediáticos (lo que antes se llamaba clase dominante)

Evitar la alianza de las clases populares es un objetivo constante de los establishments de la Eurozona. De ahí que estimulen ideologías que las dividen. Un ejemplo es la publicación por parte del BCE de un documento (The Eurosystem Household Finance and Consumption Survey. Statistical Series, BCE, 4 de febrero de 2013) que intenta mostrar que las clases populares alemanas (que, según sostiene el documento, están subsidiando a los trabajadores griegos, españoles, portugueses e italianos) son más pobres que las clases populares de los países supuestamente subsidiados. Ni que decir tiene que este informe ha sido inmediatamente promovido en todos los lugares en los que el pensamiento neoliberal (la sabiduría convencional) se produce y reproduce. El diario del establishment alemán, Der Spiegel, por ejemplo, publicó en su portada una imagen que resume el mensaje que este establishment quiere dar. Se ve a un griego tomando el sol montado en el típico asno griego, y éste lleva unas alforjas llenas de euros. Lo que le falta a la imagen para completar el mensaje que aparece en sus páginas es un dibujo de un obrero alemán enviándole euros como «ayuda».

En su intento por mostrar que Alemania y, por lo tanto, su población, es en realidad más pobre que los otros países de la Eurozona (sí, ha leído bien, el informe dice textualmente lo que yo escribo aquí), presenta el nivel de riqueza promedio de la población tomando como indicador la propiedad inmobiliaria. Y puesto que en Alemania, como en la mayoría de los países del norte y centro de Europa, el alquiler es más común que la propiedad, concluye que los alemanes son más pobres porque tienen menos propiedades, así de sencillo. El estudio, basado en una encuesta a 62.000 hogares en quince de los diecisiete países de la Eurozona, subraya que el promedio de los alemanes tiene sólo un tercio de la riqueza de la de los españoles, la mitad de la de los griegos y sólo una quinta parte de la de los chipriotas. El mensaje que transmite el informe (en muchos casos, explícitamente) es que es injusto que los alemanes estén «ayudando» a los españoles, griegos, chipriotas y otros. El problema de este «estudio» es, como acabo de señalar, que manipula los datos en extremo. Veámoslo.

El estudio utiliza como medida cuantitativa el promedio. Pero una persona se puede ahogar en un río con una profundidad media de sólo medio palmo. El río puede estar casi seco en algunos tramos, y en otros puede tener un caudal de dos metros de profundidad, que es donde uno puede ahogarse. Por lo tanto, hay que analizar la variabilidad de profundidades (o de propiedades inmobiliarias). Y es ahí donde aparecen las olvidadas «clases sociales». Cuando analizamos la propiedad inmobiliaria por clase social, vemos que en Alemania, como bien han documentado Paul de Grauwe y Yuemei Ji en su artículo en el Social Europe Journal (16 de abril de 2013) titulado «Are Germans Really Poorer than Spaniards, Italians and Greeks?», la propiedad inmobiliaria se concentra en las rentas superiores (es decir, en los miembros del establishment alemán y clases afines, como la clase media de rentas superiores), cuyos niveles de propiedad inmobiliaria son igual de elevados o más que los de los establishments europeos (para un excelente análisis de este estudio en España, véase el artículo de Juan Torres «Más trampas del BCE para cubrir a Merkel», Público, 17 de abril de 2013).

La falsedad de los estereotipos, muchos creados por la banca y por el BCE

Pero todavía más importante es que cuando se incluyen –como debe hacerse– otras formas de propiedad, como acciones bancarias, bonos y otros instrumentos que generan renta, entonces la propiedad se concentra todavía más. El nivel promedio de este tipo de propiedad es mayor incluso en Alemania, junto con Holanda, que en otros países de la Eurozona. El establishment alemán tiene un enorme volumen de propiedades, resultado de su sobredimensionado capital financiero y exportador, del cual la mayoría de los trabajadores alemanes apenas se ha beneficiado. El mayor incremento de la productividad en Alemania ha ido a enriquecer las rentas del capital más que las rentas del trabajo, situación que se repite en todos los países de la Eurozona y que muestra que los trabajadores alemanes tienen más intereses económicos en común con los trabajadores españoles, griegos e italianos, que con su propio establishment financiero y exportador. Las economías basadas en las exportaciones tienen bajo consumo doméstico, grandes desigualdades y escaso poder adquisitivo de las clases populares.

Pero hay otra dimensión que el informe del BCE ignora y, sin embargo, es de enorme importancia: la forma de propiedad. En realidad, la categoría de propietario de vivienda incluye, en los mal llamados países con mayor peso de vivienda en propiedad (como los del sur de la UE), a los hogares endeudados hasta la médula mediante hipotecas. Gran número de personas supuestamente propietarias, no lo son, pues la propiedad reside en los bancos que prestaron la hipoteca. Y ahí está el grave problema. Estos países son los que tienen mayor endeudamiento privado, endeudamiento que alcanza niveles asfixiantes en las clases populares de renta baja y que, en general, pertenecen a la clase trabajadora no cualificada con salarios bajos. Dicho endeudamiento es una de las características del mercado laboral y de la economía española, y beneficia al capital financiero (incluido, por cierto, el alemán, que prestó gran cantidad de dinero a la banca española para que pudiera invertir especulativamente en el sector inmobiliario). La estrategia política de las fuerzas conservadoras y liberales en España (es decir, del establishment español) ha sido incentivar la propiedad inmobiliaria, es decir, el endeudamiento, lo cual, además de añadir rigideces al mercado laboral (que raramente se citan, pues todo el debate sobre esta rigidez se atribuye erróneamente a la dificultad, que no existe en realidad, de despedir al trabajador), limita el poder adquisitivo de la población, reduciendo la demanda y su efecto de estímulo de la economía. Así se muestra, una vez más, que las desigualdades de rentas son causa muy importante de la ineficiencia económica. Y esto el lector lo leerá pocas veces en los medios de información de mayor difusión.

Por qué el dogma neoliberal se reproduce

Todos los datos muestran que las políticas de austeridad, que promueven recortes del gasto público (incluyendo el gasto público social) y la reducción de los salarios –la llamada devaluación doméstica–, han sido un fracaso y han creado un enorme daño a la mayoría de las clases populares. La pregunta que debemos hacernos es: si la evidencia de su fracaso es tan robusta, ¿por qué continúan imponiéndose a las poblaciones de los países de la Eurozona? Una respuesta podría ser que quienes diseñaron tales políticas son gente incompetente. Es cierto que un gran número de asesores de las autoridades que aplican esas políticas de austeridad son claramente incompetentes. Las predicciones de recuperación de las economías de la Eurozona son un ejemplo de ello. Mark Weisbrot, del Center for Economic and Policy Research (CEPR), ha documentado el cálculo erróneo de tales predicciones por parte del FMI, del BCE y de la Comisión Europea. En el caso de Grecia, estas predicciones harían reír si no fuera porque las políticas con que se asocian han tenido consecuencias trágicas (los suicidios en Grecia crecieron un 40 % en un año, según The Lancet).

Ahora bien, el problema es mucho mayor que la incompetencia. Es un problema de fe en un dogma, el dogma neoliberal, que rige esas instituciones y se reproduce debido a que sirve a intereses muy específicos, intereses de clase (sí, de clase social), tanto financiera como empresarial. Estas clases han diseñado un sistema de gobernanza de la Eurozona que lleva inevitablemente a unos resultados que coinciden con su objetivo, y éste no es otro que cambiar Europa, convirtiendo la Europa social en la Europa liberal. En realidad, dicho objetivo aparece claramente en las declaraciones del señor Draghi al Wall Street Journal (24 de febrero de 2012), donde afirma que la Europa social está desapareciendo y pone a España como ejemplo. Dice además que en España, con una tasa de desempleo juvenil superior al 50 %, ya no existe protección social universal (el gobierno del PP ha anulado la universalidad del sistema nacional de salud, de manera que las personas de más de 26 años no tienen garantizada la cobertura sanitaria a no ser que hayan cotizado a la Seguridad Social). Esto es lo que pretenden, y lo están consiguiendo.

II. EL ATAQUE A LA EUROPA SOCIAL

1. EL TSUNAMI ANTISOCIAL EN EUROPA

Es evidente que las políticas públicas neoliberales (que incluyen la desregulación de los mercados laborales y financieros, la reducción de los salarios, la reducción e incluso eliminación de la protección social y la privatización de las transferencias y servicios públicos del Estado del bienestar) llevadas a cabo por gobiernos conservadores, cristianodemócratas, liberales y socioliberales (incluyendo un gran número de gobiernos socialdemócratas), han llevado a la Unión Europea y a la Eurozona al desastre económico y social. Estas políticas, promocionadas e impuestas por el eje Bruselas (la Comisión Europea), Berlín (la coalición presidida por la canciller Angela Merkel) y Frankfurt (el Banco Central Europeo), conocido irónicamente como «el eje del rigor», han dañado y continúan dañando enormemente el bienestar de las poblaciones europeas y han arruinando las economías, además de desmantelar los Estados de bienestar de cada país, debilitando la Europa social. La evidencia que lo respalda es robusta y convincente.

Un informe a cargo de Cáritas, la organización católica, titulado La crisis europea y su coste humano, analiza la situación social de Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia y documenta cómo los recortes de gasto público han afectado muy negativamente a los grupos de ingresos más bajos de las clases populares, aumentando su malestar y desempleo (de forma especial entre los jóvenes). El informe documenta también el crecimiento de las tasas de suicidio, de pobreza, de exclusión social, de estrés social y del número de personas sin hogar. Como subraya este informe, la crisis ha afectado a los grupos más vulnerables, que han tenido menos responsabilidad en el inicio y desarrollo de la crisis, precisamente en países como España con menor protección social y menor desarrollo del Estado del bienestar. Entre los servicios públicos más afectados, el informe de Cáritas menciona los servicios sanitarios públicos, cuya calidad se ha deteriorado, dificultando el acceso a la atención sanitaria de los grupos más vulnerables. De ahí que el informe concluya que «lo que está ocurriendo es profundamente injusto».

Este estudio confirma otros más académicos, como el conocido trabajo de David Stuckler y Sanjay Basu titulado The Body Economic: Why Austerity Kills, que calculó que más de 10.000 suicidios se deben a las consecuencias de los recortes en Europa (y en EE.UU.). Las revistas médicas Lancet y British Medical Journal también han alertado del impacto negativo de las políticas de austeridad en la salud y bienestar de las poblaciones. Todos los estudios académicos creíbles sobre este tema apoyan las conclusiones de Cáritas.

Otros estudios han documentado también el impacto negativo que el desempleo y la bajada generalizada de salarios tiene sobre la población, responsables además del crecimiento de la pobreza y de la exclusión social. Así, para la Organización Internacional del Trabajo (ILO), estas políticas han provocado que el desempleo haya crecido hasta 116 millones de personas en la Unión Europea (lo que representa una tasa de desempleo de un 24 %). La ILO informa de que, como resultado de dichas políticas, el año pasado existían 800.000 niños más en situación de pobreza que cinco años atrás. Asimismo, la ILO explica que, si se sigue por este camino, Europa tendrá pronto entre 15 y 20 millones más de pobres que ahora. Incluso el Employment Committee del Parlamento Europeo publicó otro informe en el que acusaba a la Troika (el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea) y a los ministros de Economía y Finanzas de la UE de estar creando un tsunami antisocial. Una conclusión semejante apareció en otro informe del comisario de Asuntos Sociales de la propia Comisión, que subrayaba que este desastre social está perjudicando al desarrollo económico de la UE.

2. POR QUÉ ESTAS POLÍTICAS SIGUEN APLICÁNDOSE Y QUIÉNES LAS APLICAN

Una respuesta creíble que se ha dado a esta pregunta es que los órganos de decisión de la Unión Europea –el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo– están controlados por personajes de ideología neoliberal que tienen una visión ajena y distante de la realidad. Los documentos de estas instituciones rebosan optimismo, subrayando que las políticas de austeridad están teniendo un impacto muy favorable en el desarrollo económico y en la recuperación de los países que las están desarrollando, incluidos los países periféricos de la Eurozona. Uno de los portavoces del «eje del rigor» fue el conocido liberal Olli Rehn, comisario europeo para Asuntos Económicos y Monetarios hasta julio de 2014, miembro del grupo liberal europeo al cual pertenecen los partidos liberales españoles Convergència Democràtica de Catalunya, Ciudadanos y UPyD, que han estado promoviendo y aplicando estas políticas con el apoyo del grupo conservador, al que pertenecen el PP y Unió Democràtica y que comulgan con el credo liberal. Esta ideología domina también el Banco Central Europeo, el gobierno de Merkel en Alemania, el gobierno de Rajoy en España, y el gobierno de Mas en Cataluña. Todos sus documentos presentan una Europa que no existe, irreal, y señalan erróneamente que las políticas de austeridad están funcionando y, por lo tanto, que Europa ya está fuera de la crisis.

El argumento de que la persistencia de estas políticas (que han dado un resultado tan negativo) se debe al dominio ideológico de neoliberalismo es válido, pero requiere responder a otra pregunta: ¿por qué la ideología dominante es la neoliberal? Y la respuesta es clara: esta ideología sirve a los intereses financieros y económicos que dominan la UE. En realidad, dichos intereses, a través de esos partidos políticos, han impuesto (con toda opacidad y sin transparencia) unas reglas (como el pacto fiscal que en la práctica prohíbe a los Estados tener déficit) que no se pueden cambiar, y condenan a la UE a seguir aplicando estas políticas que causan un daño enorme a las clases populares.

Ante esta situación, hace falta una movilización general frente al «eje del rigor» que exija su desaparición por estar compuesto de organismos antidemocráticos e ilegales. Soy consciente de que tal propuesta será inmediatamente desechada como utópica e irrealizable, percepción que promueve la estructura de poder siempre que la cuestionan. En realidad, un número creciente de asociaciones europeas denuncian la violación sistemática de las leyes aprobadas por el Parlamento Europeo y por los Parlamentos nacionales por parte del «eje del rigor». La aprobación del pacto fiscal se hizo en varios países, incluida España, con gran opacidad, nocturnidad y alevosía. Y todo ello a espaldas del propio Parlamento Europeo. Varios sindicatos europeos han denunciado las constantes violaciones de la Carta Social Europea. Y el Consejo de Europa ha documentado la frecuente violación de los derechos humanos que está ocurriendo en la UE, que es consecuencia de las políticas impuestas por el «eje del rigor». Esta rebelión, que indudablemente se extenderá a lo largo del territorio europeo, debería incluir actos de desobediencia civil con el objetivo de exigir la democratización de las instituciones europeas, sin excluir la posibilidad para los Estados miembros de separarse de la Unión Europea, en solitario o colectivamente, si los cambios no son factibles. La situación social en Europa, y en particular en los países periféricos, es intolerable.

3. LAS JUSTIFICACIONES NEOLIBERALES A TALES POLÍTICAS

Hoy el conocimiento económico dominante está en crisis. Prueba de ello ha sido la rebelión de los estudiantes de economía de algunas de las universidades más conocidas de EE.UU. y de Europa, que han protestado por el carácter claramente ideológico de lo que se les enseña bajo la apariencia de conocimiento científico, y por la escasa diversidad que existe en los departamentos de Economía de las universidades más conocidas y prestigiosas, que presentan una limitadísima oferta de sensibilidades. De ahí que estos estudiantes rebeldes se definieran a sí mismos como economistas heterodoxos para hacer explícito su rechazo a la ortodoxia económica.

Los estudiantes llevaban toda la razón. La ortodoxia económica (de clara orientación neoliberal) debería estar hoy enormemente desacreditada debido al fracaso de las políticas neoliberales. El hecho de que no lo esté se debe a las enormes cajas de resonancia que la ortodoxia tiene a su disposición gracias al gran capital, es decir, el mundo de las grandes corporaciones, predominantemente, pero no exclusivamente, financieras. Hay miles de ejemplos. Veámoslos.

Estos últimos años de crisis se ha perjudicado a las clases populares con una serie de medidas políticas (recortes de salarios y gastos sociales, con disminución de derechos sociales y laborales) bajo los argumentos de que:

1. Hay que salvar el euro, dando a entender que el euro está en peligro de muerte y que para salvarlo hay que hacer sacrificios (siempre por parte de las clases populares). En realidad, tal como explico en otra parte del libro, el euro nunca ha estado en peligro. Repito, nunca. Lo que ocurre es que se ha insistido en que estaba en peligro para justificar políticas sumamente impopulares, presentándolo como el símbolo de Europa. Pero lo cierto es que el euro gozaba y goza de una gran fortaleza que, por cierto, está dañando a la economía productiva por su elevado (claramente excesivo) valor. (Esto lo escribí antes de que, por fin, el BCE adoptara las medidas necesarias para devaluar el euro.)

2. El Estado español y sus gobiernos autonómicos se están gastando más de lo que el país tiene. Esta cantinela se reproduce constantemente, pues se aduce un gasto público supuestamente excesivo como la causa del desastre conocido como Gran Recesión (que debería llamarse, en España, la Gran Depresión). La ortodoxia económica no deja de repetir que gastamos demasiado en un Estado del bienestar supuestamente ultrageneroso que el país no puede pagar. De las muchas falsedades que se dicen, ésta es de las más frecuentes. Y es también de las más fáciles de rebatir. Vean los datos y lo entenderán. Cuando empezó la crisis en 2007, el Estado español tenía superávit en sus cuentas. No tenía déficit. Es absurdo que se diga que el déficit fue la causa de la crisis. Fue al revés, el déficit aumentó debido a la crisis. Es más, los datos muestran también que España, incluyendo Cataluña, se gastan mucho menos en su Estado del bienestar de lo que deberían gastarse por el nivel de riqueza que tienen. España no es pobre. Al inicio de la crisis, su PIB per cápita era el 94 % del promedio de los 15 países más ricos de la Unión Europea (la UE-15). En cambio, su gasto público social por habitante era solo el 74 % del gasto público social promedio de la UE-15. Si hubiera sido del 94 %, España se habría gastado 66.000 millones de euros más. Este dinero existe en España, pero el Estado no lo recauda. Y ahí está el problema. España es rica, pero su Estado (incluyendo su Estado del bienestar) es pobre porque no recauda suficiente. ¿Por qué?

3. Los impuestos son demasiado altos y la gente está harta de pagarlos. De manera deliberada se habla de impuestos en general, sin especificar de qué impuestos se habla ni quién los paga. Veamos los datos. Por raro que parezca, las personas en España que trabajan con nómina ya pagan unos impuestos semejantes a los que paga de promedio el ciudadano con nómina en los países de la UE-15. Algo menos, pero tampoco mucho menos. En cambio, los superricos, cuyas rentas derivan sobre todo del capital (es decir, de instrumentos que generan renta), pagan mucho menos de lo que paga de promedio el superrico de los países de la UE-15. Aquí le dirán enseguida que las rentas que ingresan estos superricos ya se gravan a unos niveles incluso superiores al promedio de la UE-15. Se lo dirán mil veces. Este argumento confunde el capital con las rentas derivadas del capital (que son categorías distintas). En realidad, los dos (el capital y las rentas derivadas del capital) están sujetos a un gravamen real más bajo que el del promedio de la UE-15, pues una cosa es lo que el fisco requiere y otra es lo que el superrico paga, tanto legal como ilegalmente. A nivel legal, el número de deducciones es enorme, de manera que lo que el superrico paga al final es mucho menos que lo que nominalmente debería pagar por su nivel de renta. Y si consideramos las vías ilegales, entonces el nivel es incluso mucho más bajo. El 70 % del fraude fiscal (80.000 millones de euros) en España lo cometen las grandes fortunas, la banca y las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año. La pobreza del Estado se debe a la falta de voluntad política para enfrentarse con los poderosos. En realidad, no es tanto falta de voluntad, sino que los gobiernos son meros instrumentos de estos grupos financieros y empresariales y de las clases más pudientes, como ocurre hoy en España con el partido del gobierno. El Partido Popular es su claro instrumento.

4. Los países periféricos de la Eurozona pueden ser expulsados del euro. Para reforzar esta idea se recuerda que el gobierno alemán consideró expulsar a Grecia del euro. Así sugiere que hay que portarse bien (es decir, hay que hacer los deberes y sacrificarse para evitar la expulsión del euro). Este argumento ignora deliberadamente que la banca alemana llegó a tener 700.000 millones de euros invertidos en los países de la periferia europea (200.000 en España), que perderían y difícilmente recuperarían si estos países dejaran el euro. Su salida significaría el colapso de la banca alemana. La explicación es muy sencilla. Si usted debe 100.000 euros y no puede pagarlos, tiene un problema grave. Pero si debe 200.000 millones de euros a la banca y no puede o no quiere pagarlos, quien tiene un problema grave es la banca. En realidad, es sorprendente que los gobiernos de los países periféricos no hayan utilizado esta amenaza de irse del euro como táctica negociadora. Creerse que Alemania estaría contentísima con esta salida es desconocer el grado de dependencia que la banca alemana tiene hacia estos países. Es más, el supuesto éxito de Alemania en su balanza de pagos se basa en la balanza de pagos negativa que tienen los países del sur. La bonanza que los establishments industrial y financiero alemanes están experimentando se debe al deterioro de la situación en la periferia. Hasta hace muy poco los intereses que debía pagar una pequeña empresa española eran dos veces más altos que los que pagaba su homóloga en Alemania. Que esto ocurra se debe a las decisiones tomadas por el gobierno alemán en contra de la europeización de la deuda pública y el mantenimiento del Banco Central Europeo como un lobby de la banca (primordialmente de la banca alemana).

5. El problema de la UE y de la Eurozona es la falta de liderazgo, no existe una autoridad fuerte que las dirija. Esta cantinela de moda proviene de las posturas tecnocráticas, que siempre claman mano dura y puño fuerte para resolver los problemas. Quienes sostienen esto parecen no entender nada de lo que pasa en la UE. Y todavía menos de lo que pasa en la Eurozona. Lo cierto es que a ésta última Alemania la gobierna con mano dura, y el gobierno alemán es, a su vez, el instrumento del capital financiero alemán y su poder industrial. Utiliza como satélites a los partidos conservadores (a los que pertenecen el PP y Unió) y liberales (a los que pertenece Convergència Democràtica de Catalunya y Ciudadanos), con la ayuda de los socioliberales, bien representados en grandes sectores de la socialdemocracia europea. Hoy, en las grandes decisiones, este gobierno es el que manda en la UE. Decir que no hay liderazgo es negar la realidad o ignorarla. El hecho de que este liderazgo sea tan exitoso se debe a que cuenta con la alianza de las élites económicas y financieras de cada país, que se benefician de tales políticas. Los economistas más ortodoxos (que son los más serviles al capital) son los que más defienden al gobierno alemán y sus políticas neoliberales.

4. QUÉ ES LO QUE EN REALIDAD INTENTAN CONSEGUIR TALES POLÍTICAS

Como hemos explicado en los capítulos anteriores, lo que estamos viendo en este periodo histórico es el dominio casi absoluto del capital (hegemonizado por el capital financiero) sobre el proceso de establecimiento de la UE, el cual se realiza a costa del mundo del trabajo. En consecuencia, y como he mostrado anteriormente, en muchos de los países de la UE las rentas del capital han subido como porcentaje del PIB, mientras que las rentas del trabajo han bajado, y ello debido a las políticas públicas impuestas a las poblaciones por los Estados, claramente influidos por los instrumentos y partidos del capital (en los cuales incluyo a la mayoría de los partidos socialdemócratas). En todos los países de la UE, las instituciones bancarias y aseguradoras, así como la gran patronal, han sido las máximas valedoras de estas creencias neoliberales. Y a través de la enorme influencia que ejercen, tanto en el mundo académico como mediático, han configurado la sabiduría convencional en el área de conocimiento de la economía, que, a fuerza de repetirse (sin posibilidades de ser cuestionada), se ha convertido en el dogma citado anteriormente.

Pero existe otro objetivo de las políticas públicas neoliberales, además del de debilitar el mundo del trabajo. Estas políticas pretenden ofrecer posibilidades de acumulación de capital (es decir, inversiones altamente rentables) en las áreas sociales. El desmantelamiento del Estado del bienestar, mediante medidas como la privatización y comercialización de las pensiones, así como la privatización y comercialización de otros servicios públicos fundamentales (especialmente sanidad, educación, vivienda, servicios sociales, servicios domiciliarios, escuelas de infancia, programas antipobreza y exclusión social, entre otros), es la «nueva frontera» para la realización de beneficios del capital financiero (bancos, compañías de seguros, hedge funds y otros). En España, por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud está siendo desmantelado, siendo sustituido por el aseguramiento sanitario privado y por la gestión privada por parte de instituciones financiadas por entidades financieras de alto riesgo como los hedge funds. Y contribuirá a ello el Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y la Unión Europea, que forzará la privatización de los sistemas nacionales de salud, convirtiéndolos –como ocurre en EE.UU.– en sistemas de aseguramiento privado (véase el capítulo VI, sección 3: el modelo sanitario neoliberal).

Tenemos que ser conscientes de que también formó parte de la «nueva frontera» anterior la privatización de la deuda pública detallada en otros apartados del libro, facilitada por el sistema de gobierno del euro (dirigido por el Banco Central Europeo). La mayor parte de la deuda pública era y sigue siendo propiedad de la banca. Esta situación se ha hecho a costa del erario público, pues el pago de los intereses de la deuda pública constituye ya el tercer ítem en el presupuesto del Estado español, después de la Seguridad Social y las transferencias a otras administraciones públicas. Esta situación ha determinado una burbuja de la deuda pública que al estallar tendrá más consecuencias graves para el sistema bancario. Y la banca privada es consciente de ello. De ahí el cambio de rumbo de la banca hacia terrenos más estables y predecibles, como la privatización de las transferencias y de los servicios públicos del Estado del bienestar. Por cierto, otra área ya promovida por el Fondo Monetario Internacional es la inversión en áreas de respuesta a la crisis climática. Es lo que podríamos llamar la comercialización de las necesidades humanas.

5. LAS RESPUESTAS POLÍTICAS A ESTA AVALANCHA IDEOLÓGICA

Las respuestas varían según la orientación política del proponente. La mayoría de los partidos de izquierda y de los movimientos sociales progresistas, como los sindicatos, apoyan la existencia de la UE (prácticamente en todos los países) y del euro (que goza de un apoyo mayoritario, aunque menor que lo anterior). Esta observación, sin embargo, debe matizarse, pues dicho apoyo o rechazo varía mucho según la clase social. En general, las clases trabajadoras apoyan a la UE y el euro en menor grado que las clases medias y la burguesía. Y en varios países hay una oposición activa. Baste recordar que la Constitución europea fue rechazada por el 79 % de la clase trabajadora en Francia, el 68 % en Holanda, el 64 % en Irlanda. Y expresaron su disconformidad el 69 % en Alemania, el 72 % en Dinamarca y el 74 % en Suecia, aunque no votaron en un referéndum. No se hizo una encuesta semejante en otros países.

Es interesante señalar, sin embargo, que la mayoría de los partidos de izquierda de la Eurozona apoyan la continuidad tanto en la UE como en el euro, con el argumento de que, independientemente del mérito o demérito de haberse integrado, el coste de dejar el euro sería enorme. Para estos partidos y movimientos (de estos últimos, los más importantes son los sindicatos, reunidos en una confederación europea), la propuesta es el «cambio en la dirección» para establecer unos Estados Unidos de Europa con una estructura federal. Ello requeriría una transformación muy profunda de las instituciones de gobernanza de la UE y de la Eurozona a la que se resistiría fuertemente el capital financiero y productivo de cada país, los cuales prefieren la continuidad del sistema actual.

La estructura política, económica y financiera que existe en la UE y en la Eurozona es muy semejante a la que el Tea Party (la ultraderecha) está proponiendo en EE.UU. Es decir, un Estado sin gobierno central. Es un sistema escasamente democrático, en el que el capital domina claramente la gobernanza del euro. Por eso el capital financiero, cuyo máximo órgano es el BCE, se opondría totalmente a ese cambio hacia un Estado federal de la Unión Europea. La situación actual es inmejorable para ese capital financiero, pues es el que controla la gobernanza del euro y del sistema financiero. También se opondría a esta evolución hacia un Estado federal el capital no financiero, pues la actual situación de negociación colectiva altamente descentralizada, que facilita la competitividad laboral entre países, facilitando a su vez la movilidad de personas y capitales, da un enorme poder al capital a costa del mundo del trabajo. Y también se opondrían las clases dominantes, pues la democratización de la Unión Europea implicaría una disminución de sus privilegios.

6. ¿PUEDE CAMBIAR EUROPA? EL FUTURO DE LA UE

El problema de la credibilidad de los partidos gobernantes

Para las fuerzas progresistas de España, Europa siempre fue el punto de referencia en su lucha constante para alcanzar la democracia y el bienestar social. Esto ocurrió también en otros países del sur de Europa (como Grecia y Portugal) que vivieron largos periodos de su historia sometidos a dictaduras ultraconservadoras y que siempre soñaron con convertirse en países europeos, integrándose en la comunidad de naciones, más tarde convirtiéndose en componentes de la Unión Europea. En realidad su deseo era pasar a ser miembros del núcleo central (del core, como se llama en inglés) de la UE, unidos por el uso de la misma moneda, el euro.

Este deseo de entrar a formar parte de Europa explica la insistencia en permanecer en ella, aun cuando esto suponga unos enormes costes tanto en su escasamente subdesarrollado Estado del bienestar como en sus instituciones democráticas. Nunca antes durante el periodo democrático estos países habían sido sometidos a políticas tan dañinas de austeridad del gasto público (incluyendo de gasto público social) y de deterioro de sus mercados de trabajo como ahora, políticas públicas, todas ellas, que se han impuesto en cada uno de estos países sin que hubiera ningún mandato popular. Estas políticas, impuestas por los partidos gobernantes en los países miembros de la Unión Europea, no estaban en los programas electorales de estos partidos en el momento de ser elegidos para gobernar. En todos ellos, la diferencia entre lo prometido y lo realizado es casi de ciento ochenta grados. El caso del gobierno de Rajoy en España es un ejemplo de lo ocurrido en estos países.

Y estas políticas han sido impuestas no sólo por los gobiernos de estos países, sino también por las instituciones gobernantes de la Unión Europea, en particular por la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, con el beneplácito del Consejo Europeo. De esta manera, y como consecuencia de ello, el sueño europeo se ha convertido en una pesadilla. El establecimiento de la UE y del euro lo hicieron fuerzas conservadoras y liberales, en plena euforia neoliberal, con la hegemonía del capital financiero alemán, que tuvo un peso decisivo en el diseño del euro y de su gobierno. Que este diseño haya tenido un impacto muy negativo en los Estados del bienestar y en los mercados laborales no se debe a que sus diseñadores estuvieran equivocados. En realidad, fue un diseño altamente exitoso y que tenía como objetivo precisamente cargarse los Estados del bienestar de los países miembros, y debilitar al mundo del trabajo. Y así lo dijeron en más de una ocasión. Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, lo dijo muy claro hace sólo dos años, cuando, tal y como he indicado en el capítulo anterior, en una entrevista al Wall Street Journal (la voz del capital financiero estadounidense, y uno de los periódicos más reaccionarios de EE.UU.) reconoció que la Europa social había terminado y no era sostenible. Y durante todos estos años en que ha existido el euro, los Estados del bienestar y la calidad de vida de las clases populares han ido descendiendo. Y la gran pérdida de apoyo popular de la socialdemocracia en Europa se ha producido precisamente porque se la ha visto como cómplice de este proyecto. Desde Blair a Schröder, pasando por Jospin y Zapatero, todos estos gobiernos han visto reducciones de los Estados del bienestar y el deterioro de sus mercados de trabajo como resultado de la imposición de políticas neoliberales.

La crisis de la socialdemocracia europea

Los partidos de la socialdemocracia, agrupados en el grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, sugirieron que, en preparación de la última contienda electoral europea, querían dar un giro significativo a la construcción de la Unión Europea, incluida la Eurozona, para ir hacia una Europa federal, es decir, unos Estados Unidos de Europa que recuperen las identidades sociales y democráticas europeas que las fuerzas conservadoras y liberales han violado y debilitado enormemente. Su énfasis en la esfera política fue un cambio estratégico importante, ya iniciado por las izquierdas europeas, y que ha profundizado el gobierno Syriza en Grecia. Este giro, que tuvo lugar predominantemente con el gobierno Syriza, consiguió romper con el determinismo económico y financiero que predomina en los círculos financieros, económicos, políticos y mediáticos europeos, que constantemente atribuyen las políticas públicas responsables del deterioro social y democrático europeo a necesidades financieras y económicas (teóricamente para salvar el euro, que, por cierto, nunca estuvo en peligro de desaparecer), ocultando las causas políticas de este desastre. Es bueno, pues, que el debate cambiara y se centrara en la responsabilidad que la política ha tenido en el establecimiento de aquellas políticas públicas, rompiendo así con aquel nefasto eslogan que decía «No hay alternativas». La evidencia ha mostrado que sí había alternativas (como Juan Torres, Alberto Garzón y yo documentamos en nuestro libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España).

Es positivo, pues, que se denuncie a los partidos políticos que hoy dominan la gobernanza de las instituciones europeas. Y entre ellos merecen especial mención los partidos pertenecientes a la familia política conservadora (el Partido Popular Europeo), a la que pertenecen los partidos democratacristianos de la señora Merkel en Alemania, del señor Rajoy en España y del señor Duran en Cataluña. Todos estos partidos comparten los mismos valores y la misma fidelidad a las políticas de austeridad causantes también del deterioro del mercado laboral. Estos partidos han estado gobernando con la ayuda inestimable de los partidos agrupados en el Partido de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, que constituyen la rama más dura y neoliberal de las alianzas gubernamentales con los partidos cristianodemócratas, tal como demuestra uno de ellos, Convergència Democràtica de Catalunya, CDC, dirigido por el señor Mas. Estos partidos liberales son correligionarios del partido liberal que gobernó en coalición con el de la señora Merkel durante el periodo 2009-2013.

Son estos partidos los que tienen la mayor responsabilidad en el ataque a la Europa social, y sería un error de las izquierdas no denunciarlos y responsabilizarlos de la crisis actual. Los gobiernos de Rajoy y de Mas son responsables de la crisis actual en la Unión Europea, por mucho que continúen repitiendo que no había otra alternativa.

El mayor problema de la socialdemocracia en la UE es que su denuncia de los partidos cristianodemócratas y liberales pierde credibilidad, pues fueron políticos y gobiernos socialdemócratas los que iniciaron estas políticas, acentuando también en sus políticas el mensaje de que no había alternativas, cuando en realidad sí las había. Y ahí está el meollo del problema. La socialdemocracia está ahora haciendo propuestas de políticas públicas que fueron ignoradas y siguen siéndolo cuando estos personajes y partidos han gobernado. No se puede olvidar que el comisario encargado de la política económica y monetaria de la UE era un «socialista», Pedro Solbes, que se convirtió en el máximo guardián de la ortodoxia neoliberal durante su mandato en la Comisión. E incluso otro «socialista», Joaquín Almunia, fue otro de los mayores guardianes de la ortodoxia neoliberal en contra del intervencionismo del Estado, favoreciendo la privatización de lo público en la línea más dogmática del credo neoliberal. Ningún partido socialdemócrata criticó a estos personajes. Hoy la Comisión Europea, aun cuando está dominada por políticos conservadores y liberales, tiene también socialdemócratas que siguen las mismas directrices, sin que se vea una distinción.

Pero supongamos que el señor Martin Schulz, candidato de la socialdemocracia europea a la presidencia del Parlamento, hubiera ganado las elecciones para ser presidente de la Comisión Europea (lo cual, sin lugar a dudas, hubiera significado un considerable avance frente al liberal José Manuel Durão Barroso, por entonces presidente de la Comisión Europea). Así y todo, hubiera sido más que dudoso que hubiera podido cambiar la Comisión, pues los miembros de este órgano son propuestos por los gobiernos de la UE, la mayoría de los cuales son de derechas. (El señor Schulz, debido a un pacto con los partidos conservadores y liberales, alterna la presidencia del Parlamento con un liberal-conservador.)

Pero la cosa es incluso peor, pues aun suponiendo que la Comisión fuera de izquierdas, poco podría hacer, pues tiene que aplicar el Tratado de Lisboa, que es la Biblia neoliberal que marca la pauta y que no puede cambiarse. Y ahí está el meollo de la cuestión que explica mi escepticismo acerca de que el sistema de gobierno y los tratados que rigen la UE permitirían alcanzar un sistema federal, de carácter social y democrático. En realidad las coordenadas del poder están muy bien diseñadas. Los diseñadores de la UE y de su moneda lo hicieron muy bien. Y es imposible cambiar este sistema que está desmontando la Europa social.

Hoy, una de las opciones políticas que está canalizando más el enfado de las clases populares, especialmente de la clase trabajadora, es la ultraderecha, tal como estamos viendo en varios países. El caso de Francia es claro. El Frente Nacional, dirigido por Le Pen, fue el que utilizó durante la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo un discurso movilizador de la clase trabajadora, presentándose a sí mismo, sin ninguna inhibición, como el mejor instrumento para defender los intereses de la clase trabajadora en la lucha de clases frente a la oligarquía nacional, que había traicionado a la patria vendiéndose a la Troika. Es el nacionalsocialismo, que históricamente tuvo una base obrera y ahora la recupera tras la complicidad de las izquierdas tradicionales (y muy en especial de la socialdemocracia) con la imposición de políticas que dañan los intereses de las clases trabajadoras a costa de incrementar los beneficios del capital. En este discurso, la lucha de clases y la identidad nacional son lo mismo, utilizando la bandera y la defensa de la identidad y de la patria para incitar a la movilización. Ha sido una mezcla ideológica imbatible. Era lógico y predecible que el fascismo ocupara el vacío creado por el socialismo y el comunismo. En las últimas elecciones europeas, Le Pen consiguió el apoyo del 30 % de los jóvenes y del 43 % de los trabajadores franceses.

7. EL PELIGRO DEL NUEVO NAZISMO A NIVEL EUROPEO

El justificado enfado de las clases populares hacia los partidos de izquierdas gobernantes y su atracción hacia el fascismo y el nazismo

El internacionalismo de las izquierdas en su compromiso con Europa se está mostrando impotente frente al nacionalismo del nacionalsocialismo. Por otra parte, la identificación de las izquierdas con la defensa de los inmigrantes es su punto vulnerable, pues parecen no ser conscientes de que los que pagan los costes de la integración de los inmigrantes en un país son los miembros de la clase trabajadora. Ni que decir tiene que la inmigración enriquece a un país. Ahora bien, los costes inevitables que implica su integración, que benefician a toda la sociedad, no pueden ser pagados por aquellos más vulnerables que absorben el coste. Las izquierdas gobernantes, por lo general, no han sido sensibles a este punto. Añádase a ello que su internacionalismo, con su alianza con los otros pueblos de Europa, carece de credibilidad debido a su complicidad con el mundo del capital. El distanciamiento de los partidos de izquierda gobernantes (y muy en especial de la socialdemocracia) respecto a la clase trabajadora ha sido el origen de su deterioro electoral.

La historia a veces se repite. Los enormes costes que han significado para Europa el nazismo y el fascismo

Para entender la crisis existente en la Unión Europea hay que comprender lo ocurrido en los años treinta en Europa, y cómo ambas crisis han afectado a la relación de Alemania –el centro del sistema económico europeo– con la periferia, centrándonos en este apartado en Grecia, y con algunas notas también acerca de la relación de Alemania con España en ambos periodos históricos.

En Alemania, la primera crisis, generada en parte por la enorme deuda pública acumulada, resultado de las exigencias de los países vencedores de la Primera Guerra Mundial de que este país pagara las reparaciones por los daños infligidos a los países enemigos durante el conflicto bélico, determinó la elección de un gobierno nazi liderado por Hitler. La enorme austeridad en el gasto público, con los grandes recortes realizados con el objetivo de pagar la deuda, y las reformas del mercado laboral que contribuyeron al crecimiento del desempleo generado por esos recortes, causaron un rechazo de la población hacia los partidos que impusieron tales medidas y llevaron a la primera elección de un gobierno nazi en Europa. Hay que recordar que el nazismo alcanzó el poder en Alemania por la vía democrática debido a su atractivo electoral (y también a la división de las izquierdas, concretamente entre el Partido Socialdemócrata y el Partido Comunista).

El nazismo sacó a Alemania de la crisis económica mediante la militarización de su economía (keynesianismo militar) y al expolio de los países periféricos, incluyendo Grecia. La ocupación de Grecia (1941-1945) fue de las más brutales que hayan existido en Europa. Aquel periodo se caracterizó por un sinfín de atrocidades. Pueblos y ciudades fueron testigos de aquellas brutalidades. Mousiotitsa (153 hombres, mujeres y niños), Kommeno (317 hombres, mujeres y niños, donde incluso 30 niños de menos de un año fueron asesinados y 38 personas fueron quemadas vivas en su casa), Kondomari (60 asesinados), Kardanos (más de 180), Distomo (214 muertos), y así una larga lista. Más de 460 poblaciones fueron destruidas y más de 130.000 civiles fueron asesinados, además de más de 60.000 judíos que representaban la mayoría de la población judía en Grecia. El sacrificio humano fue enorme. Y la represión estaba encaminada a sostener una gran explotación y latrocinio. En realidad, el Tercer Reich robó el equivalente en moneda alemana de 475 millones de marcos, que significaría en moneda actual 95.000 millones de euros. Ante esta situación, ¿cómo puede pedirse a las clases populares, que fueron las que sufrieron en mayor medida la represión, que olviden esa etapa de su vida? (véase Conn Hallinan, «Greece: Memory and Debt», Znet Magazine, 18 de marzo de 2015).

Y lo que es importante subrayar es que los responsables de tanta brutalidad, los militares que dirigieron los asesinatos, el expolio y el latrocinio, recibieron sanciones menores en Alemania, muy por debajo de lo que la población griega exigía. El general Hubert Lanz, que dirigió una de las divisiones responsables de tales atropellos, pasó sólo tres años en prisión, llegando luego a ser asesor en temas de seguridad del Partido Liberal alemán. La tolerancia, cuando no complicidad, de los gobiernos occidentales (que ayudaron más tarde a las derechas griegas –que anteriormente habían colaborado con el nazismo– a derrotar a las milicias antinazis en lo que se llamó la Guerra Civil) con los dirigentes nazis es también conocida y recordada. Los gobiernos occidentales, que se presentaban y autodefinían como democráticos, ayudaron, como también pasó en España, a que se mantuvieran las mismas estructuras oligárquicas que han mantenido a Grecia en la pobreza y en la miseria durante tantos años. En la Alemania Oriental (bajo la ocupación soviética), sin embargo, los militares nazis sufrieron penas mayores. El general Karl von Le Suire (el carnicero de Kalavrita) fue capturado por la Unión Soviética y murió en un campo de concentración en 1954, y el general Friedrich Wilhelm Müller (que ordenó las masacres de Viannos) fue ejecutado por los propios griegos en 1947.

El gobierno alemán nunca ha aceptado la demanda del gobierno griego de pagarle 677.000 millones de euros para compensar todos los daños causados en su ocupación devolviendo, además, los recursos –incluido el dinero del Banco Central griego– que robaron las tropas alemanas. Sólo en 1960 el gobierno alemán pagó 115 millones de marcos alemanes, una cantidad insignificante a la luz del daño causado. Durante el periodo en que Alemania estaba dividida, la postura del gobierno alemán era que no podía hablarse de pago por reparaciones hasta que Alemania no estuviera de nuevo unida. Y cuando esto ocurrió (en 1990), el argumento fue que ya habían pasado muchos años, y que ya se le habían pagado a Grecia los 115 millones de marcos alemanes. ¿Cómo puede pedírsele al pueblo griego que se olvide de su enorme sacrificio y de los recursos que le robaron?

Ver las demandas de reparaciones que hizo el gobierno de Syriza como mera táctica de negociación con el gobierno alemán en la renovación del segundo rescate (aprobado por el gobierno anterior) es trivializar el significado de la ocupación nazi en Grecia y el enorme sufrimiento y pobreza que ésta impuso al pueblo griego. El gobierno de Syriza ha sido el primer gobierno progresista y de izquierdas claramente representante de las clases que sufrieron más la represión nazi, y es de justicia que una de las primeras reivindicaciones sea recuperar la memoria histórica de los vencidos y exigir reparaciones. Ver esa reivindicación como mera táctica de negociación con Alemania, como han hecho los mayores medios de comunicación españoles, es desconocer la historia de Grecia y de Europa, lo cual, por cierto, es muy común en esos medios.

Es importante destacar también, además de la enorme insensibilidad del gobierno alemán hacia ese sufrimiento, el contraste entre cómo se resolvía el gran problema de la deuda pública que el gobierno alemán debía a los aliados después de la Segunda Guerra Mundial, y lo que el gobierno alemán ha intentado imponer al gobierno griego en el pago de su deuda a los bancos alemanes (entre otros) que prestaron dinero a Grecia (para muchos proyectos, proporcionándoles grandes beneficios, sin beneficiar en nada o en muy poco a las clases populares griegas). Los aliados en 1953 (en el Tratado de Londres) le perdonaron al Estado alemán el 50 % de la deuda, condicionando además su pago a la existencia de un crecimiento económico que facilitara ese pago, precisamente la misma petición del gobierno de Syriza. El gobierno alemán se ha opuesto duramente a que se tratara a Grecia como se les trató a ellos en su momento. Syriza pedía las mismas condiciones, y fue el gobierno alemán el que dirigió la oposición a que tal propuesta fuera siquiera considerada. ¿Cómo se le puede pedir al pueblo griego que no mire al pasado para resolver el futuro? Esta petición tiene dimensiones de cinismo. Las declaraciones del portavoz de la canciller Merkel sobre que «Grecia debería concentrarse en temas actuales, mirando al futuro» son de una enorme insensibilidad, no exenta de cinismo. La señora Merkel ha ignorado u ocultado que gran parte de los problemas existentes en Grecia proceden de lo que ocurrió en el pasado.

La petición de la señora Merkel es semejante a la petición de las derechas españolas, dirigidas por el señor Rajoy (gran aliado de la señora Merkel), herederas de los que vencieron la mal llamada Guerra Civil (pues fue un golpe de Estado que venció como consecuencia de la ayuda militar del gobierno nazi alemán e impuso una de las dictaduras más brutales que hayan existido en Europa), pidiendo a las víctimas de aquel genocidio que se olvidaran del pasado y miraran sólo al futuro. Se ha intentado por todos los medios hacerle olvidar al pueblo español que en España hubo un golpe militar dirigido por el Ejército y por el Partido Fascista (junto con la Iglesia), que inició cuarenta años de una enorme represión (España es, después de Camboya, uno de los países con un mayor porcentaje de personas asesinadas y desaparecidas por motivos políticos), imponiendo un enorme subdesarrollo económico, social y cultural. Y debería olvidarse que la victoria del golpe militar nunca hubiera existido sin la ayuda de la Alemania nazi. El gobierno nazi jugó un papel clave en garantizar la superioridad militar de los golpistas españoles. Y fueron las estructuras de poder dominantes del Estado español las que –como he mostrado en mis escritoshan sido responsables de la enorme pobreza de éste, de su carácter eminentemente represivo, con escasa conciencia social, y muy poco redistributivo, altamente corrupto y poco sensible a su plurinacionalidad (véase mi libro El subdesarrollo social de España: causas y consecuencias). Un ejemplo claro de esto es que España y Grecia tienen el mayor número de policías y agentes del orden por cada 10.000 habitantes, y el menor número de adultos trabajando en su Estado del bienestar, las mayores tasas de fraude fiscal y corrupción, y el gasto público social más bajo.

No obstante, hay que saludar y aplaudir el apoyo de la izquierda alemana que, en representación de la clase trabajadora alemana (cuyas condiciones se han deteriorado considerablemente con las medidas adoptadas de los gobiernos Schröder y Merkel), aprobó la petición del gobierno de Syriza de que el gobierno alemán pague al gobierno griego las reparaciones debidas a este pueblo. Este signo de solidaridad es el mejor indicador de la posibilidad de establecer alianzas transnacionales, impidiendo y dificultando que el establishment alemán pueda utilizar tópicos casi racistas (como que los pensionistas alemanes están pagando las vacaciones de los trabajadores griegos que, además, son vagos) que reproducen los medios de mayor difusión alemanes. Hay que evitar presentar el conflicto actual como el conflicto entre el pueblo alemán por un lado, y el español y el griego por otro. Verlo y presentarlo de esta manera es dificultar enormemente la necesaria alianza para construir otra Europa. El conflicto se halla entre las minorías financieras, económicas, políticas y mediáticas que dominan y gobiernan la gran mayoría de los países de la Eurozona por un lado, y las clases populares de esos países por el otro, y está dañando el bienestar y calidad de vida de todos. El elevado nivel de deterioro del mercado de trabajo alemán es un claro ejemplo de ello. El «éxito exportador alemán» (del que se ha hablado en el capítulo I, sección 6, primer apartado), como bien ha documentado Oskar Lafontaine (que fue en su día ministro de Finanzas del gobierno Schröder), se basa precisamente en unos salarios que están muy por debajo de lo que deberían, forzando una situación de competitividad entre los países de la Eurozona para que bajen los salarios. Mientras tanto, se le dice al trabajador alemán que el problema se debe al obrero griego, que es poco disciplinado en su trabajo. Y así, los medios del establishment alemán, con una narrativa incluso racista, como durante el nazismo, ofenden diariamente al obrero griego (y al alemán). De ahí la urgencia de que, como señalé en el capítulo anterior, se redescubran en los análisis políticos categorías de análisis olvidadas desde hace bastante tiempo (como la existencia de clases y de conflicto entre ellas) que permitan establecer alianzas transnacionales de las clases populares para impedir que se utilicen narrativas orientadas a dividirlas.

8. ¿EL INICIO DE UNA NUEVA EUROPA?

La hostilidad del establishment europeo hacia Syriza

La imagen mediática que se ha estado proyectando a la población respecto a lo que pasa y pasará en Grecia es que un partido de la extrema izquierda ha sido elegido en ese país, y que llevará a cabo políticas extremistas que abocarán al desastre económico y financiero, forzando su expulsión del euro. Hoy hay muchísimos artículos en los medios de información que presentan esta visión de lo que está ocurriendo en Grecia.

Es interesante subrayar que esta interpretación de la realidad griega, así como los términos que se utilizan (como tachar al partido Syriza de extremista), proceden de un establishment político-mediático, tanto europeo como español, que ha ido aplicando políticas de recortes del gasto público y reformas laborales encaminadas a reducir los salarios que han causado un enorme dolor y sacrificio a la población, especialmente a las clases populares, generando una de las recesiones económicas más profundas que Europa haya conocido desde principios del siglo XX. En realidad, en Grecia, más que recesión, ha habido una Gran Depresión, peor que la que sufrió EE.UU. a principios del mismo siglo. Su PIB ha descendido nada menos que un 25 %, y sus indicadores económicos y fiscales (desde su elevadísimo paro hasta el aumento de los suicidios) han sido desastrosos (y no hay otra manera de definirlo).

A los partidos políticos que han estado imponiendo tales políticas públicas (conocidas como políticas de austeridad), que carecían de mandato popular (pues no estaban en sus ofertas electorales), se les define como partidos «razonables», «moderados», que están aplicando lo que el conocimiento económico y financiero (al cual se refieren como científico, llamándole ciencias económicas) les dicta. Un ejemplo es el programa de TV3, la televisión pública catalana, conocido como «Clases de Economía» (Classes d’Economia), donde el economista más mediático y promovido por el gobierno de Mas y sus medios de información y persuasión difunde por toda Cataluña el ideario neoliberal con el argumento de que está enseñando ciencias económicas, insistiendo, todavía hoy, en que la enorme recesión que está viviendo la Eurozona no tiene nada que ver con un grave problema de falta de demanda (originada por las políticas de austeridad), sino con la excesiva intervención del Estado, que dificulta las inversiones.

A este discurso no se lo considera extremista. Y tampoco se definen como extremistas los trabajos promovidos por Fedea, institución de investigación económica financiada por la banca privada y por las mayores empresas del Ibex 35, y a la que se presenta como fuente de información científica, lógica, razonable, moderada y, naturalmente, carente de extremismos. Todas ellas enfatizan la necesidad de aplicar tales políticas neoliberales.

Y cuando aparece una fuerza política, Syriza, que quiere parar estas políticas y revertirlas, se la llama «extremista de ultraizquierda». Como bien señalaba el profesor Paul Krugman en un artículo publicado en el New York Times (26 de enero de 2015), el hecho de que se califiquen las propuestas que está haciendo Syriza (que, como indica Krugman, son de claro corte socialdemócrata, antes de que los partidos socialdemócratas dejaran de serlo) de medidas extremistas (también se define así al partido), dice mucho de la enorme derechización de la cultura económica y política del país, siendo ello un indicador de hasta qué punto la cultura política y económica en los establishments políticos, mediáticos y económicos se ha ido desplazando hacia posturas auténticamente extremistas, carentes de toda validez científica, imbuidas de y sostenidas por una ideología ultraliberal. Como indicaba el profesor Paul Krugman, lo que hemos visto es el dominio del ultraliberalismo, la ideología más extremista que existe en el conocimiento económico, financiada por los intereses financieros que dominan el establishment político y mediático europeo, y que alcanza su máxima expresión en España.

Tal y como se ha visto con detalle en el segundo apartado, hoy, en base a la evidencia científica acumulada durante estos años del enorme daño que estas políticas han supuesto para las poblaciones de los países sometidos a ellas, se puede concluir que se trata de políticas profundamente erróneas que no pueden presentarse como avaladas científicamente, y que responden a los intereses particulares (y muy en especial a los intereses financieros) en lugar de a los intereses generales. Siguiendo el principio tan repetido de que las políticas públicas que favorecen a los intereses de la gran banca y de las grandes corporaciones son también las que mejor benefician a las clases populares, se han aplicado estas intervenciones estatales, que han incrementado enormemente las desigualdades, dañando el bienestar y calidad de la mayoría de las clases populares. La evidencia de ello es abrumadora.

Qué propone Syriza

Un análisis detallado de las propuestas económicas del partido Syriza muestra claramente que lo que está sugiriendo es desarrollar políticas redistributivas con un aumento del gasto público (enfatizando la inversión social) y con un incremento de los salarios y de los asalariados, a fin de estimular la demanda doméstica paralizada por las políticas de austeridad. Todo ello financiado con medidas fiscales que incrementen la progresividad fiscal y corrijan el abusivo fraude fiscal. Y como es lógico, renegociar una deuda que es artificialmente alta debido al sistema financiero desarrollado en la Eurozona, centrado en el Banco Central Europeo, que, en lugar de ser un banco central (que proteja a los Estados frente a la especulación financiera comprando deuda pública), es un lobby de la banca. Este sistema es profundamente injusto, y debe cambiarse. Cualquier analista de la realidad económica de Grecia que no esté imbuido del dogma neoliberal, puede ver que estas políticas son las intervenciones que Grecia necesita. Y a estas políticas –de claro corte socialdemócrata– el establishment económico, financiero, político y mediático europeo las llama políticas «extremistas». Esto muestra el grado de derechización de las culturas políticas y mediáticas dominantes.

Algo parecido ocurrió con el documento que el profesor Juan Torres y yo preparamos, a petición del nuevo partido Podemos, con propuestas que este partido, en caso de que gobernara, debería aplicar para salir de la crisis. La misma agresividad apareció en los círculos financieros y económicos y en los medios de información y persuasión próximos a estos intereses. Y, como era de esperar, el presidente del mayor lobby de la banca alemana, el banco central alemán Bundesbank, lo definió como un documento peligrosísimo que destruiría la economía española, mensaje reproducido en los mayores foros económicos del país, incluido el diario El País.

El desastre al que las políticas neoliberales han llevado no sólo a los países periféricos, sino a un número creciente de países de la Eurozona, ha generado numerosas protestas y desacuerdos con dichas políticas. En realidad, el rechazo a las políticas de austeridad ha aparecido incluso en círculos que las habían promovido con anterioridad, como el FMI. Y la respuesta inicial de los partidos gobernantes en Francia e Italia a la victoria de Syriza y a sus propuestas no ha sido de rechazo, sino de simpatía. Hoy el gobierno Merkel y su mayor aliado, el gobierno Rajoy, están claramente a la defensiva. Su dogma se está desmoronando. La derrota de su otro gran aliado, el partido conservador y neoliberal griego Nueva Democracia, ha significado un paso muy amenazador para ellos, pues abre toda una serie de posibilidades que debilitarán su postura. Incluso la famosa y justa demanda de reestructuración de la deuda griega es más que posible, puesto que la mayor parte de la deuda está en manos de instituciones oficiales (y no de los llamados mercados financieros), que tienen capacidad de decisión y responsabilidad en cuanto al precio de dicha deuda.

El enorme impacto negativo de las políticas impuestas por la Troika

Grecia ha visto crecer la deuda pública muy rápidamente, pasando de representar cerca del 100 % del PIB cuando se inició la Gran Recesión, al 174 % en el año 2014. Hubo una ligera bajada en 2012 debido a la reestructuración de la deuda acordada entre los acreedores y el gobierno griego, pero en 2013 continuó creciendo hasta llegar a los niveles actuales.

Ahora bien, es importante cuando analizamos la situación de la deuda pública de un Estado considerar no sólo el tamaño de la deuda, sino también el coste que representa para el Estado pagarla y quién es el propietario de la misma. Si miramos cada uno de estos datos veremos que, aun cuando el tamaño de la deuda pública ha aumentado, el volumen de los intereses que el Estado griego paga por ella han ido, en realidad, bajando: de un 7 % del PIB en 2011, al 4,3 % del PIB en 2014. Esta cifra es, por cierto, inferior a la de Bélgica e Italia (que es aproximadamente del 5 o 6 % del PIB). España, con una deuda pública menor que la griega (alrededor de un 100 % del PIB), destina el 3,5 % del PIB al pago de intereses de la deuda (algo menos que Grecia), lo cual no deja de ser sorprendente, pues lo que cuesta al Estado español pagar por los intereses de la deuda es sólo ligeramente inferior a lo que le cuesta a Grecia cuando, de hecho, España tiene un porcentaje mucho menor de deuda pública que Grecia. ¿Cómo es esto posible?

La respuesta a esta pregunta es que los propietarios de la deuda pública griega han dejado de ser los bancos privados (sobre todo alemanes y franceses, aunque también españoles), y ésta ahora está en manos del Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y los Estados de la Eurozona, incluyendo a España (a través del llamado Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, FEEF). Hoy la mayor parte de la deuda pública griega la tienen instituciones públicas, a saber: el FEEF (formado por 17 países de la UE, entre ellos España, un 60 %), el Fondo Monetario Internacional (un 10 %) y el Banco Central Europeo (un 6 %). En España, sin embargo, según datos del Tesoro Público, la mayor parte de la deuda pública es de compradores extranjeros (48 %). El resto lo tienen los bancos españoles (30 %), compañías de seguros privados (7 %), planes de pensiones privados (7 %) y la Seguridad Social (8 %).

En Grecia este cambio de privado a público ha significado una transformación en la evolución de la deuda. Las condiciones de pago acordadas habrían sido mucho más difíciles de alcanzar si las negociaciones de la reestructuración de la deuda hubieran sido sobre todo con bancos privados. No fue así. La negociación fue con la Troika. En dichas negociaciones se permitió una rebaja de los intereses, una extensión de los vencimientos de la deuda pública y una entrega de los beneficios directamente al gobierno griego sin retenerlo el BCE. Estos cambios explican la caída del coste de pagar los intereses de la deuda.

Estos cambios se pudieron realizar a costa de que la propiedad de la deuda pública pasara de manos privadas a públicas mediante la compra por parte del BCE, del FMI y de los Estados europeos de los bonos públicos que tenían los bancos privados. Esta compra de deuda pública generó también un aumento del tamaño de la deuda y respondió a la necesidad de rescatar a los bancos privados (alemanes, franceses y españoles entre otros), que estaban llenos de deuda pública. De ahí que, cuando parecía que el Estado griego se iba a hundir, la Troika intervino para evitar el daño a la banca privada, comprándole deuda pública y facilitando el pago de la deuda por parte del Estado griego. Como bien dijo el director adjunto del Financial Times, el señor Martin Wolf, los fondos de la Troika en su compras de deuda pública a los bancos privados no eran «para ayudar a Grecia, sino para ayudar al sector financiero privado a que abandonara Grecia» (entrevista en el diario ARA, 1 de enero de 2015).

Las consecuencias nefastas de la supuesta «ayuda al pueblo griego»

La raíz del enorme problema de la deuda pública era y es el sistema bancario europeo y las normas de gobierno del Banco Central Europeo. Es un latrocinio y parasitarismo de lo público por lo privado, y lo llaman «rescate de Grecia», cuando es un rescate al sistema financiero privado europeo, que incluye desde los bancos privados griegos al resto de los bancos europeos.

La compra de los bonos públicos por parte de la Troika fue un enorme rescate de la banca privada a unos precios exuberantes. Ésta es la causa del continuo crecimiento de la deuda pública griega. Por lo tanto, los propietarios de la deuda han pasado de ser bancos privados a instituciones públicas, pues la compra del primero ha sido por parte de los segundos. En otras palabras, para evitar las pérdidas de los bancos europeos, entre otros, el Estado español ha terminado comprando bonos griegos por valor de más de 30.000 millones de euros a través del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera.

Los economistas «catastrofistas» no dijeron nada sobre este latrocinio. En su lugar intentaron asustar a los españoles diciendo que si Syriza ganaba las elecciones, su gobierno no pagaría la deuda al Estado español, de modo que cada ciudadano perdería 300 euros, cifra que los catastrofistas calcularon dividiendo el total de la deuda pública que el Estado español posee entre el número de españoles. En este cálculo hubo una gran manipulación, pues existe el dato clave que he citado, oculto (o puede que desconocido por los catastrofistas), de que el dinero prestado al Estado griego por parte del Estado español era, en realidad, parte del pago en los famosos rescates de los bancos periféricos de la Eurozona (en el caso de Grecia servía para que el Estado pudiera pagar a los bancos privados, que eran los mayores propietarios de la deuda pública). De ahí que hoy la deuda griega sea deuda pública adquirida en gran parte para que el Estado griego pudiera pagar a los bancos privados. Lo que no se decía es que los 300 euros (en realidad 600) que el ciudadano español ha prestado al Estado griego han sido para pagar a los bancos extranjeros, incluidos los españoles, que tenían enormes cantidades de deuda pública griega. Los «paganos» han sido las clases populares griegas, que han tenido que sufrir enormes recortes de gasto público para pagar los intereses de la deuda pública, y también los ciudadanos de otros países; recortes para pagar a los bancos extranjeros (muy en especial alemanes, pero también franceses y españoles). Y estos catastrofistas han intentado enfrentar a los ciudadanos españoles con los ciudadanos griegos diciendo que si el Estado griego no pagaba la deuda, el ciudadano español perdería 300 euros.

En realidad, todo este entramado es para beneficio y gloria de la banca privada. Todo, repito, todo podría haberse ahorrado si el Banco Central Europeo hubiera sido un banco central en lugar de un lobby de la banca, sobre todo alemana. La hipertrofia de la deuda pública griega se debe esencialmente a que el BCE no ha ayudado a los Estados (como hubiera hecho cualquier banco central) protegiéndolos frente a la especulación de los mercados financieros, comprándoles deuda pública. Parece que, por fin, el BCE lo va a hacer, aunque no directamente sino indirectamente comprando deuda pública a los bancos privados en el mercado secundario. ¿Por qué ha tardado tanto? Pues porque a los bancos la situación les ha ido requetebién. Y a los Estados periféricos y a las clases populares les ha ido requetemal.

En consecuencia, es lógico que un nuevo gobierno griego pidiese una auditoría para saber cómo, cuándo y quién ha generado tal deuda, una auditoría, por cierto, que las normativas de la UE y del Parlamento Europeo no sólo permiten sino que ahora también exigen. Según estas normativas, la auditoría se exige cuando debe hacerse una reestructuración de la deuda. La Troika fue precisamente la que incumplió tal norma en la última reestructuración de la deuda, pues una auditoría hubiera mostrado la ilegalidad de las condiciones que la Troika ha impuesto a Grecia. Era justo y necesario que hubiera una demanda de auditoría de la deuda junto con la renegociación de la deuda. Incluso el que fue director de la reestructuración de la deuda griega en 2012, Charles Dallara, lo admite. Sus declaraciones fueron, de hecho, favorables a la propuesta de Syriza. Pero todo esto no apareció en los medios, que estaban movilizados para atemorizar a la población tanto en Grecia como en España. En realidad, la Troika no podría poner las condiciones que impuso a Grecia, pues, como ha señalado Éric Toussaint, sus condiciones violan tanto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como su Carta Social, incluida la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

Una última observación. El énfasis en la deuda ha distraído la atención de los medios de comunicación que no han dado suficiente visibilidad a otros responsables del crecimiento de la deuda, tales como el enorme dominio del Estado por una estructura oligárquica que ha llevado a Grecia a la ruina, tal como expliqué en un artículo (véase «Qué pasa en Grecia (y en España)», Público, 14 de enero de 2015). La deuda no puede entenderse sin la complicidad de esta estructura de poder con los intereses financieros extranjeros, una situación parecida a la que ocurre en España.

9. LA OTRA ALTERNATIVA: LA ALEMANIZACIÓN DE EUROPA

El supuesto modelo de reformas alemán. Las reformas Hertz

Una postura ampliamente compartida en los círculos económicos de mayor prominencia en la Unión Europea es que para salir de la Gran Recesión hay que adoptar medidas parecidas a las que los gobiernos alemanes han estado aplicando (a partir de las reformas iniciadas por el canciller Schröder y continuadas por los gobiernos dirigidos por la señora Merkel) en su país. La extensión de esta postura se debe a la gran influencia que el gobierno alemán tiene en las instituciones que gobiernan la Unión Europea, así como en los países miembros.

La evidencia que se aporta para apoyar la ejemplaridad del modelo alemán es lo ocurrido en Alemania en la primera década del siglo XXI, que se atribuye a la aplicación de las medidas conocidas como las reformas Hertz. Se subraya que Alemania pasó de ser el «sick man of Europe» (el enfermo de Europa) a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000 (con una tasa de crecimiento económico de sólo un 1,2 % del PIB por año y un desempleo del 11 %), a convertirse en la estrella y en la referencia de Europa, con un desempleo del 7,7 % en 2010 –habiéndose reducido de 5 millones en 2005 a 3 millones en 2008–. Y lo que se considera más exitoso es que durante la Gran Recesión (2008-2009), y a pesar del gran declive de su PIB, el desempleo apenas varió, en contraste con la gran mayoría de los países de la Unión Europea. Esto se interpreta como resultado de la desregulación del mercado de trabajo y la reducción salarial que caracterizaron a las reformas Hertz realizadas durante los gobiernos de Schröder y más tarde de Merkel, reformas encaminadas a incrementar la competitividad de su economía. Alemania se presenta así como el gran éxito que tiene que ser emulado por todos los demás países de la UE.

Alemania, la cuarta potencia económica mundial, atribuye su éxito al elevado nivel de competitividad, que le garantiza unas elevadas exportaciones (el 7,7 % de todas las exportaciones del mundo) basadas en su alta productividad, resultado, en gran parte –según los defensores del modelo alemán–, de su moderación salarial en relación con el nivel de productividad del país, que es la manera amable de definir el estancamiento, cuando no descenso, salarial. De esta lectura del milagro alemán se concluye la necesidad de lo que se llama la devaluación doméstica, que es, en otras palabras, la necesidad de bajar los salarios para aumentar la productividad, tal como han hecho los alemanes, y poder así competir con Alemania y salir de la crisis. Hasta aquí el dogma, que, como todo dogma, se reproduce a base de fe en lugar de evidencia científica.

Hay ya numerosos estudios que muestran la falta de credibilidad de esta postura, estudios, por lo visto, desconocidos en nuestro país, donde el dogma ha alcanzado mayor intensidad, debido, en gran parte, a la gran derechización de los medios de información y persuasión. Veamos los datos (un artículo especialmente interesante es el de Christian Dustmann, Bernd Fitzenberger, Uta Schönberg y Alexandra Spitz-Oener «From Sick Man of Europe to Economic Superstar: Germany’s Resurgent Economy», Journal of Economic Perspectives, vol. 28, n.º 1, invierno de 2014, pp. 167-188, del cual extraigo la mayoría de los datos).

Comencemos por aclarar que el sistema de gobernanza alemán –las reglas, conductas y comportamientos de los agentes sociales, es decir, empresarios y sindicatos– es muy pero que muy diferente del español. Los sindicatos son mucho mucho más fuertes y los trabajadores tienen mucho más poder de decisión en el gobierno de las empresas que en España (y en la gran mayoría de los países de la UE). El sistema de cogestión –en el que los trabajadores participan en la gestión de las empresas– es un modelo prácticamente desconocido en España (excepto en las empresas del sector cooperativista), enérgicamente discutido por la gran patronal. En Alemania, el 92 % de todos los empleados en empresas que tienen más de 50 trabajadores están integrados en sistemas de cogestión, es decir, los representantes directos de los trabajadores participan en la gestión de las empresas (el 18 % de las empresas con un número de empleados menor de 50 tienen también cogestión). Esta situación sitúa a la clase trabajadora en una posición de gran influencia en las empresas, y es clave para entender el bajo desempleo de Alemania, pues presionaron para que en lugar de despidos (la típica solución en España) hubiera una redistribución de las horas trabajadas, de manera que cada trabajador trabajara menos horas para así mantener los mismos puestos de trabajo. Esta elevada (forzosa) colaboración entre empresario y trabajador explica también la muy inferior conflictividad laboral. En Alemania se pierden al año sólo cinco días por cada 1.000 trabajadores debidos a huelgas y otros conflictos, comparados con los 32 días en EE.UU., los 30 días en el Reino Unido, los 73 en Francia, los 158 en Italia y los 164 en Canadá. Esta situación de colaboración y cogestión es impensable en España. Ni que decir tiene que cuando en España se habla de alemanizar el mercado de trabajo, se piensa única y exclusivamente en reducir salarios, y no en aplicar la cogestión.

Lo que me lleva a la segunda aclaración: en contra de lo que se dice o escribe, los salarios en el sector exportador, el supuesto eje del modelo alemán, no han disminuido ni permanecido estables. Todo lo contrario, han subido. Ahora bien, lo han hecho menos de lo que hubieran podido hacerlo teniendo en cuenta el aumento de la productividad, lo cual explica que los costes laborales unitarios (los unit labor costs) hayan permanecido casi constantes. El punto que debe discutirse, pues, es por qué han crecido tanto la productividad y la competitividad alemanas, en términos absolutos y en términos comparados con otros países tanto de dentro de la Eurozona (Francia, Italia o España) como de fuera (EE.UU.). Y la respuesta tiene muy pero que muy poco que ver con las famosas reformas Hertz.

Las causas reales de la reactivación económica

De nuevo, veamos los datos. Y para ello hay que remontarse al inicio de la nueva y unida Alemania, y al establecimiento del euro. Primero la unidad de Alemania, uno de los fenómenos políticos y económicos más importantes de la historia europea reciente. La caída del Muro de Berlín significó un cambio muy importante en las relaciones laborales de Alemania, pues permitió la entrada en el mercado laboral de un número ingente de trabajadores altamente formados (los regímenes comunistas del este de Europa, incluida la Alemania del Este, habían priorizado la formación profesional) y con salarios mucho más bajos que los existentes en la Alemania Occidental. Es más, la caída del Muro de Berlín coincidió con la disgregación de la Unión Soviética y la apertura al oeste, en particular a Alemania. Esto significó la expansión del comercio alemán al este y la expansión de la producción también al este. La manufactura, por ejemplo, se expandió al este, con la subcontratación de partes de la maquinaria producida en el oeste a países del este de Europa. En este sentido, la caída de la Unión Soviética significó una gran bonanza para la economía alemana. De esta manera se transformó la manufactura alemana, de modo que el centro de la manufactura permaneció en Alemania (con elevados salarios) pero partes de la producción se trasladaron al este de Europa. Esta deslocalización y descentralización ha jugado un papel clave en el supuesto «milagro alemán» (el 21 % de la manufactura alemana se hace en países del este de Europa). La deslocalización no ha tenido un impacto enorme en el centro de la manufactura (aun cuando ha sido responsable de lo que se define como moderación, es decir, de un crecimiento salarial menor del que correspondería por el crecimiento de la productividad), pero sí que lo ha hecho en la industria subalterna y dependiente de la manufacturera (empresas más pequeñas que producen partes para la manufactura), donde el descenso salarial ha sido masivo y ha afectado a todos los sectores de la economía, creando un sector de salarios muy bajos (minijobs), que abarca casi una tercera parte de la fuerza laboral, donde las condiciones de trabajo se han deteriorado enormemente. De ahí la propuesta del Partido Socialdemócrata alemán de establecer un salario mínimo para parar este descenso salarial tan pronunciado.

Estos hechos explican la enorme polarización del mercado de trabajo alemán, con un considerable deterioro de las condiciones de vida y trabajo de un sector muy importante de la población. Otra consecuencia de esta deslocalización ha sido el debilitamiento de los sindicatos, máximo objetivo de las reformas Hertz, permitiendo y facilitando la descentralización de los convenios colectivos, en la que la negociación se centra menos a nivel nacional y en el sector económico, y más en las propias empresas a través de la cogestión. Es ahí donde los límites de la cogestión aparecen, pues el peso negociador del mundo del trabajo, aunque pactado, tiene menos capacidad de influencia.

La exportación a España de este sistema implica la descentralización de los convenios colectivos, con un enorme debilitamiento de los sindicatos, sin que este debilitamiento sea compensado por los sistemas de cogestión que siguen existiendo en Alemania. Es más, el debilitamiento de los sindicatos implica una total ausencia de protección para todos los trabajadores, tanto los que están integrados en los sistemas de cogestión como los que no.

A modo de conclusión, se puede decir que Alemania debe parte de su éxito exportador a su ventaja competitiva. La alemanización de la Unión Europea ha supuesto la polarización de Europa, estableciéndose una ventaja diferencial centro-periferia que es imposible sortear. De ahí que los que están recomendando que se siga el modelo alemán están, en realidad, contribuyendo a mejorar la situación de la economía alemana a costa de la economía de los demás.

El capital financiero alemán: el gran beneficiario de la crisis. Quiénes son los banqueros y los bancos alemanes: el caso del Deutsche Bank

Uno de los ejemplos más claros de la continuidad del poder financiero tras sucesivos cambios políticos sustanciales en Europa y en España es el caso del Deutsche Bank, uno de los seis bancos más importantes del mundo y uno de los más influyentes en Europa. Su sede está al lado del Banco Central Alemán (el Bundesbank), que, a su vez, está al lado del Banco Central Europeo, el eje del sistema financiero europeo. Mírese como se mire, el Deutsche Bank ha jugado un papel clave en la generación de la Gran Recesión en la Eurozona, incluida España. Es por lo tanto importante conocer sus orígenes y su historia, que adquiere especial relevancia durante el periodo de gobierno del nazismo en Alemania.

El Deutsche Bank fue el banco personal de Hitler y jugó un papel clave en el desarrollo de las políticas nazis, de las cuales se benefició considerablemente. En parte, su gran riqueza derivó de la confiscación de propiedades, tanto alemanas como extranjeras, que el Estado nazi alemán realizó durante su expansión en el resto de Europa. Esta realidad, ocultada durante mucho tiempo, está siendo documentada en juicios que las víctimas (muchas de ellas judías) están ganando en su intento de recuperar sus propiedades. Con la colaboración de la Gestapo y de las SS, el Deutsche Bank ingresó en sus arcas dinero, joyas, cuadros y otras propiedades de las poblaciones víctimas del nazismo, que incluían, además de a judíos, a otros grupos étnicos y políticos (como comunistas, socialistas y anarquistas) que el nazismo deseaba eliminar en los territorios conquistados. Es sorprendente que no haya sido hasta hace relativamente poco cuando se ha documentado este enorme latrocinio. El caso más conocido es el del Congreso Mundial Judío, que ha reclamado, en un juzgado de Nueva York, la compensación para las víctimas judías. Entre estas víctimas están las poblaciones gaseadas en los campos de exterminio de Auschwitz, campos, por cierto, también financiados por el propio Deutsche Bank (John Schmitt, «Deutsche Bank Linked to Auschwitz Funding», The New York Times, 5 de febrero de 1999). A estas denuncias han seguido otras que también han llevado al Deutsche Bank a los tribunales para recuperar los fondos y/o lograr una compensación para las víctimas.

En España, este banco apoyó tanto el golpe militar del general Franco como las ayudas militares del gobierno nazi a España, obteniendo generosos beneficios de esta financiación. En realidad, la historia del nazismo no puede explicarse sin entender cómo se financió. Y ahí es donde el Deutsche Bank jugó un papel central. A medida que los archivos del Deutsche Bank se van abriendo, se descubre (medio siglo más tarde) el papel central que jugó dicho banco en el impulso del nazismo y de sus aliados, el fascismo italiano y el español. En España no ha habido ningún intento de recuperar el dinero robado a españoles, judíos o republicanos, expropiados por el nazismo o el fascismo, a diferencia de lo que ha ocurrido en la propia Alemania, en los países del este de Europa y en Italia. La complicidad de las autoridades españolas en este olvido histórico es otra prueba de la baja calidad de la democracia española.

El Deutsche Bank, que fue dividido en varios componentes después de la Segunda Guerra Mundial, apareció de nuevo, unido y con gran esplendor, y comenzó a expandirse rápidamente por Europa y por EE.UU., adquiriendo otros bancos con prácticas consideradas inapropiadas incluso por prensa financiera como el Wall Street Journal, lo cual, considerando la enorme tolerancia de este rotativo hacia comportamientos claramente deshonestos, cuando no criminales, de la banca, es digno de subrayarse. El Deutsche Bank, por ejemplo, jugó un papel clave en el escándalo de Enron cuando esa compañía ocultó enormes pérdidas que causaron la miseria de millones de ciudadanos estadounidenses. El Deutsche Bank fue también uno de los bancos que más promocionó hipotecas basura en EE.UU. (y probablemente en España), claramente a sabiendas de las consecuencias tan negativas que tendría para la población afectada. En realidad, el Comité del Senado de EE.UU. que analizó las causas de la crisis financiera iniciada en 2007, señaló al Deutsche Bank como uno de los bancos que contribuyó más a generar, mediante prácticas especulativas, la burbuja inmobiliaria en aquel país y su explosión, creando la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión de principios del siglo XX. No ha habido un estudio semejante en el Senado o en la Cámara baja española. Si lo hubiera habido, el Deutsche Bank habría salido también muy mal parado. Este banco tiene invertidos 12.000 millones de euros en España, la mayoría en inversiones especulativas (18.000 millones en Italia), y es también una de las instituciones financieras con más responsabilidad en la crisis financiera de España.

El estallido de la burbuja inmobiliaria en EE.UU. creó una situación de pánico, pues el Deutsche Bank creyó que podría afectar a sus intereses. De ahí que paralizara cualquier transacción con otros países, incluyendo España, lo que determinó el estallido de la burbuja inmobiliaria. Ahora bien, el Deutsche Bank quiere recuperar su dinero en España. Y de ahí que, a través de su influencia en el gobierno y en el Parlamento alemán, estas instituciones aprobaran un préstamo de 100.000 millones de euros para que el Estado español rescatara a la banca, incluyendo al Deutsche Bank. Y uno de los objetivos de los recortes es pagar al Deutsche Bank, entre otros bancos.

El Deutsche Bank está esparcido por todo el mundo, financiando algunas de las mayores violaciones de los derechos humanos que han ocurrido en estos últimos años. Ha financiado, por ejemplo, la empresa minera AngloGold Ashanti y sus fuerzas mercenarias (FNI), responsables de crímenes contra la humanidad en la República del Congo. En Sudán, el banco ha financiado a varias empresas petrolíferas responsables de los horrores de Darfur. En Indonesia, ha financiado a la empresa minera de oro y cobre Freeport-McMoRan, conocida por haber destruido regiones enteras del país contaminando sus ríos y manantiales, y por ser, además, una de las mayores accionistas de empresas productoras de bombas atómicas y uranio.

La Eurozona está en la tercera recesión. Pero a la banca, la situación le está yendo muy bien. Y el Deutsche Bank no es una excepción. Según la BBC, los beneficios en 2014 subieron un 87 %, con unas ganancias de 3.200 millones de euros. Aun así, han despedido a 6.400 empleados. Como dijo Reinhard Bütikofer, dirigente del partido de Los Verdes alemanes, «es incomprensible para mí que el Deutsche Bank, uno de los bancos con más beneficios, actúe tan cínicamente destruyendo puestos de trabajo, contribuyendo al elevado desempleo de Alemania». Conociendo su historia no tendría que ser tan incomprensible. Así se comportan los que en la práctica han gobernado y continúan gobernando hoy en Europa.

10. EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO

¿Por qué aparece ahora el acuerdo de libre comercio entre EE.UU. y la UE?

Hoy, como consecuencia de las políticas de austeridad promovidas durante la Gran Recesión por parte de las instituciones europeas –el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (influenciadas todas ellas por el gobierno de la canciller Merkel en Alemania, así como por el Fondo Monetario Internacional)–, la Eurozona está en una situación más que preocupante. Inmersa en una deflación (consecuencia también de las políticas de austeridad), ha alcanzado un desempleo del 12 %, cifra muy elevada para la mayoría de los países de la UE-15 (el grupo de países más ricos de la UE).

Frente a esta situación de recesión, analizada en los apartados anteriores del libro, hay dos posibles soluciones. Como ya hemos comentado, una sería revertir la austeridad, iniciando unas políticas de estímulo económico y crecimiento de la demanda doméstica (mediante el incremento de los salarios y del gasto público). Pero esta alternativa fue desechada, y en su lugar se promovió estimular la economía a través de las exportaciones. Éste ha sido el pensamiento dominante en el establishment financiero a ambos lados del Atlántico Norte y, debido a su desmesurada influencia, en las instituciones políticas. Según este pensamiento, el aumento de las exportaciones será lo que traerá la recuperación económica. Y es así como aparece en el Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y la UE. El aumento del comercio era y es la propuesta neoliberal para salir de la crisis. De ahí surge el énfasis en la necesidad de aumentar la competitividad, lo que para el establishment europeo significa, hablando en plata, bajar los salarios, diluir la protección social y eliminar las intervenciones públicas que se han desarrollado para proteger a la ciudadanía, bien como trabajadores, como consumidores o como residentes expuestos a sustancias nocivas en sus barrios y hogares. Éste es el objetivo del Tratado de Libre Comercio, que, de hecho, tiene muy poco que ver con el libre comercio. En realidad, los aranceles y otros factores que pueden dificultar la movilidad del comercio entre los países a ambos lados del Atlántico Norte, prácticamente han desaparecido.

No es, pues, el libre comercio lo que motiva el establecimiento de los tratados que llevan tal nombre. El objetivo de estos tratados –como ha ocurrido con el tratado entre Canadá, EE.UU. y México, el NAFTA– ha sido desmantelar estas regulaciones e intervenciones –en las áreas de protección del trabajador, consumidor y/o residente–, algo que el mundo empresarial ha intentado, sin conseguirlo, dentro de cada país.

La nueva estrategia es establecer un nivel de autoridad por encima de los Estados que pueda imponerles el deseo de las grandes empresas transnacionales. Y ahí está la raíz del problema. Todos estos tratados tienen como máxima autoridad a un tribunal supranacional que tiene potestad sobre los Estados (tribunal que, por cierto, está bajo la influencia de las grandes empresas transnacionales más influyentes sobre los Estados de mayor peso económico mundial), forzándolos a debilitar o eliminar aquellas medidas y leyes que protegen a la ciudadanía. De esta manera, una empresa privada puede llevar a un Estado ante ese tribunal supranacional con el argumento de que cierta regulación o ley le discrimina y dificulta el desarrollo de su actividad económica.

Pero existe otra razón para oponerse a tales tratados además del desmantelamiento de la legislación laboral, ambiental y de defensa del consumidor. Y es que el debilitamiento del mundo del trabajo que deriva de las medidas previstas en estos tratados conlleva una disminución de los salarios y del gasto público social, con lo cual la demanda doméstica baja todavía más, causando así la ralentización del crecimiento económico (que puede suponer un descenso anual del crecimiento del PIB de hasta dos puntos). Y es ahí donde la supuesta solución neoliberal se convierte también en auténtico problema económico. Y esto apenas lo verá en los medios.

Según el discurso oficial de los promotores del Tratado de Libre Comercio, es necesario reforzar la relación comercial a ambos lados del Atlántico Norte, reforzando así la relación entre los dos continentes. No debería, en sí, ser un proyecto contraproducente para el bienestar de las poblaciones. En principio, parece un tratado conveniente, e incluso necesario, ya que podría estimular la actividad económica. Ahora bien, éste no es el propósito de tales tratados, por mucho que sus promotores lo presenten de esta manera. Hoy en día nada impide el intercambio comercial. Los aranceles, como he indicado antes, ya casi no existen. Estos tratados tienen poco de libre y de comercio. El verdadero objetivo es incrementar el poder de las grandes empresas transnacionales a costa de las pequeñas empresas y, sobre todo, a costa de los estándares y normas establecidas para proteger la salud, la calidad de vida y el bienestar de las poblaciones.

Lo llaman tratado de «libre comercio», pero no lo es

El problema está, pues, en que la aplicación de dicho tratado es consecuencia del enorme poder que los grandes conglomerados económicos y financieros tienen sobre el Estado federal de EE.UU. y sobre los Estados miembros de la Unión Europea. Basta con examinar otros tratados parecidos para ver quién se ha beneficiado de ellos y quién ha salido perjudicado.

El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz escribió un artículo en el New York Times (31 de enero de 2015) con el elocuente título «No negocien con nuestra salud» («Don’t Trade Away our Health»), en el que detallaba cómo la industria farmacéutica, una de las más poderosas en EE.UU. (y en Europa), estaba, en realidad, escribiendo las reglas del nuevo Tratado de Libre Comercio (TransPacific Partnership, TPP) que regularía el intercambio internacional de fármacos entre los países miembros del Acuerdo Estratégico Transpacífico. El objetivo de dicha industria es crear sistemas de propiedad monopolística (en conflicto, por cierto, con el libre comercio) que imposibiliten medidas que rompan con tal monopolio. Y la manera de conseguirlo es dar a la industria el poder de fijar el precio de los productos farmacéuticos mediante el establecimiento de patentes, por un lado, e imposibilitando el desarrollo, venta y distribución de productos genéricos, no sujetos a patentes, por otro. Tener una patente quiere decir que la industria que ha producido el fármaco patentado tiene pleno control de la producción y distribución del producto durante un largo periodo de tiempo, lo que permite ponerle al fármaco el precio que quiera. El caso más conocido es la producción de la medicina que cura la hepatitis C, cuyo precio en EE.UU. es nada menos que de 84.000 dólares por paciente, mientras que en la India, una versión genérica (no patentada) del fármaco se vende por menos de un 1 % de ese precio.

La intención del Tratado de Libre Comercio, desde el punto de vista de la industria farmacéutica controlada por las grandes empresas estadounidenses y europeas, es dificultar al máximo la introducción de los productos genéricos no patentados. Y lo están consiguiendo. Como Stiglitz menciona, las normas del TPP en el comercio de medicamentos las están dictando las grandes empresas farmacéuticas que, en la práctica, controlan la agencia federal de EE.UU. encargada de regular el comercio internacional de fármacos. Estas empresas utilizan la gran influencia comercial y diplomática del gobierno federal de EE.UU. para aplicar estas normas a los once países del área del Pacífico que forman parte del tratado, donde la venta de fármacos genéricos ha alcanzado niveles alarmantes para las grandes empresas. Otro tanto ocurre en EE.UU., donde los genéricos, para muchos productos farmacéuticos, representan ya el 86 % de todas las ventas de fármacos, lo que ha significado un ahorro para el gobierno federal de nada menos que 100.000 millones de dólares.

De ahí la movilización de las grandes empresas farmacéuticas para revertir este proceso, utilizando como argumento la necesidad de aumentar el comercio, cuando, en realidad, la aplicación de sus propuestas es precisamente lo opuesto a lo que indican. La justificación de permitir comportamientos monopolísticos se basa en la necesidad de las farmacéuticas de recuperar el dinero supuestamente invertido en el descubrimiento y producción del nuevo fármaco. Varias investigaciones académicas, creíbles y rigurosas, han demostrado que este argumento es falso, pues la mayor parte de lo que definen como producción son, de hecho, gastos de marketing y promoción. En realidad, gran parte del conocimiento científico sobre el cual se producen los nuevos fármacos procede de universidades y centros de investigación como los famosos Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health), que son financiados públicamente, lo cual explica que un número creciente de economistas, como Dean Baker, codirector del Center for Economic and Policy Research de Washington, proponga acabar con las patentes, asignando a las autoridades públicas la tarea de producir fármacos, lo cual resultaría más económico para los Estados, pues se librarían de tener que pagar unos precios tan altos.

Una última observación. La única defensa que la ciudadanía tiene es hacer valer su influencia sobre las instituciones democráticas que, al menos en teoría, representan sus intereses, para exigir plena transparencia en la preparación de esos tratados, rompiendo con una opacidad que intenta ocultar el maridaje y complicidad de los intereses particulares de lobbies económicos con las agencias reguladoras públicas cautivas de tales intereses.

III. LAS CONSECUENCIAS DEL NEOLIBERALISMO

1. CONSECUENCIAS ECONÓMICAS

Ataque al mundo del trabajo

Es imposible entender lo que ocurre en la Eurozona utilizando los mismos esquemas intelectuales que controlan el pensamiento dominante, tanto en las derechas como en amplios sectores de las izquierdas. Un ejemplo de ello es creer que las políticas de austeridad (que consisten en el desmantelamiento de los servicios y transferencias públicos –desde la sanidad, la educación o los servicios sociales entre otros, a la reducción de las pensiones) son resultado de la imposición de Alemania a los demás países, y muy en particular, a los países periféricos de la Eurozona. Ver los países como unidades de acción, sin considerar las clases sociales dentro de ellos, es un profundo error, un error que constantemente se reproduce. Es lógico y previsible que los grupos económicos y financieros dominantes y los estamentos políticos y mediáticos influyentes (que monopolizan los símbolos del país) quieran que la población así lo vea, es decir, pretenden representar a la totalidad del país.

Sus intereses, sin embargo, entran en constante contradicción con los intereses de las clases populares de cada país. Un ejemplo palpable de ello es que las políticas de austeridad del gobierno alemán han afectado no sólo a las clases populares de los países periféricos de la Eurozona (España, Grecia, Portugal e Irlanda), sino también a las mismas clases populares alemanas, en particular a su clase trabajadora, tal y como expliqué en el capítulo anterior. En realidad, la clase trabajadora alemana ha visto un menor crecimiento de sus salarios, y ha perdido poder adquisitivo, con el consiguiente descenso de las rentas del trabajo a costa del aumento de las rentas del capital.

Y también es evidente el efecto inverso. Las políticas de austeridad que en Alemania benefician a los grupos financieros y empresariales dominantes, también benefician a las clases dominantes de los países periféricos, incluida España. Hoy estamos viendo en España y en los demás países del sur (Grecia, Portugal e Irlanda) 1) una reducción muy marcada de los gastos públicos, especialmente del gasto público social; 2) unos recortes enormes de empleo público; 3) una privatización de transferencias y servicios públicos, y 4) un ataque a los sindicatos y a los convenios colectivos, todas ellas políticas públicas que las fuerzas conservadoras de corte neoliberal siempre han deseado. El escaso crecimiento de los salarios es un resultado de ello.

En su momento, Europa, con todas sus limitaciones, fue el punto de referencia internacional para las fuerzas progresistas que aspiraban a alcanzar un elevado nivel de bienestar social a través de la vía democrática. Esta identificación de Europa con el Estado del bienestar y la democracia era su marca. España y otros países del sur de Europa, todos sometidos por dictaduras fascistas o fascistoides, fueron destino de fuerzas antifascistas que luchaban para conseguir libertad, justicia social y bienestar. Europa era el sueño al que aspirábamos.

Pues bien, este sueño se ha convertido en una enorme pesadilla. Y la gran mayoría de la población española expresa ya, a través de las encuestas, que ésta no es la Europa que deseaba ni había soñado. Hoy pertenecer a Europa significa resignarse a aceptar enormes sacrificios: el desmantelamiento del ya escasamente financiado Estado del bienestar, la reducción de los salarios y de la protección social, y la enorme destrucción de empleo (en España y Grecia, los países con mayor desempleo, el paro ha alcanzado cifras nunca vistas antes, de más del 50 % entre los jóvenes).

El ataque al «modelo social europeo» ha requerido una serie de cambios que debilitarán los instrumentos que tradicionalmente han defendido los intereses de las clases populares, incluyendo sindicatos, movimientos sociales y partidos de izquierda. Así, el establishment neoliberal que controla la Unión Europea y su gobierno (el Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y la Corte Suprema Europea, entre otros) ha ido imponiendo toda una serie de medidas con las que exitosamente ha conseguido estos objetivos. Veamos algunas de estas medidas:

1. Los dictámenes de la Corte Suprema Europea (EU Court of Justice) en los casos Laval, Rütter y Luxemburgo, que anularon o mermaron considerablemente el derecho de huelga.

2. Las recomendaciones de la Troika que debilitan significativamente los convenios colectivos, tanto en el sector privado como en el público.

3. La imposición, también de la Troika, de condiciones de los famosos rescates (para facilitar el pago de las deudas públicas a los bancos responsables de las crisis financieras) que conllevan el desmantelamiento de los servicios públicos, con gran destrucción de empleo en esos sectores.

4. La imposición, también de la Troika, de reformas de los mercados laborales, que tienen como objetivo el aumento del desempleo y la reducción de los salarios y de la protección social, con el fin de debilitar al mundo del trabajo.

5. La aprobación por parte del establishment neoliberal europeo (que gobierna la Eurozona) de toda una batería de tratados y acuerdos (el Pacto por el Euro Plus, también llamado «Competitiveness Pact» y el Pacto Fiscal) con el objetivo de reducir a su mínima expresión el poder de la población (especialmente de la población trabajadora) de oponerse al desmantelamiento del modelo social. Todos estos pactos han sido aprobados sin que se le ofreciera a la población la posibilidad de participar o debatir las medidas draconianas que tales pactos o tratados prevén en contra del Estado del bienestar en sus países. En realidad, el ataque al modelo social requiere también la reducción, cuando no eliminación, de la democracia en estos países. La eliminación del modelo social requiere diluir, y casi eliminar, la democracia en la Unión Europea. La única instancia democrática en el espacio europeo es el Parlamento Europeo, que ha jugado un papel marginal en el diseño y aprobación de esos tratados. Y, a nivel de cada Estado, dichas medidas –como en el caso de España– han sido aprobadas por élites muy poco representativas de la mayoría del electorado, al cual se ha mantenido marginado.

Debe analizarse, pues, el resultado de las políticas públicas implementadas por los gobiernos miembros de la UE y de la Eurozona, como España, bajo la presión de la Troika (el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo).

El austericidio

Veamos primero los indicadores económicos. El dato más llamativo es el descenso de la riqueza en la gran mayoría de los países de la UE-15, en particular en los países periféricos de la Eurozona, conocidos como PIGS, que incluyen a España. España experimentó un descenso de nada menos que alrededor del 7 % del PIB durante el periodo 2008-2013. Es decir, en 2013 España era un 7 % más pobre que en 2008. Este descenso ocurrió a pesar de que las exportaciones continuaron creciendo (sobre todo en el sector de las manufacturas modernas y de la industria de servicios, donde los salarios son, en general, más altos que en otros sectores de la economía española). En realidad los salarios en España descendieron notablemente, y con ello la demanda doméstica y las importaciones. Este descenso de la demanda de importaciones es precisamente una de las principales causas de que el saldo negativo de la balanza de pagos por cuenta corriente (la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios) se redujera notablemente, pasando de una situación de déficit (algo más de un -4 % del PIB) en 2010 a una de superávit (casi del 2 %) en 2013. Es importante subrayar que España fue uno de los países de la Eurozona en los que la devaluación doméstica fue más acentuada, lográndose a costa de la reducción de los salarios. Por otra parte, y en contra de lo que se dice en los medios de información económica de mayor difusión, la reducción de los salarios tuvo poco impacto en el aumento de las exportaciones. En realidad, el precio de los productos exportados no varió significativamente. Dicha bajada parece que sólo repercutió en un aumento de los beneficios empresariales, pero no en un cambio significativo de las exportaciones.

Este hecho debe subrayarse, porque toda la justificación que se ha dado para bajar los salarios en España era, como he señalado en el capítulo anterior, que así aumentaría la competitividad y, en consecuencia, las exportaciones, que serían las que sacarían a España de la crisis. Pues bien, España continúa sumida en la crisis, y aunque las exportaciones han subido, el descenso del saldo negativo de la balanza de pagos por cuenta corriente ha sido consecuencia en gran parte del descenso tan marcado de las importaciones y del consumo interno. La medida de bajar salarios ha sido, pues, un fracaso y, en realidad, una excusa para aumentar los beneficios empresariales, que era el objetivo –nunca explícito– de dicha política. Como bien señala el informe Benchmarking Working Europe 2014 (de donde saco la mayoría de los datos de este apartado), «la bajada de salarios parece haber llevado solamente a mayores beneficios empresariales» (p. 17). En realidad, otro tanto ocurrió y continúa ocurriendo en Alemania, donde los precios de los productos exportados no han cambiado un ápice durante todos estos años. El precio no ha sido la variable determinante del tamaño de las exportaciones. No tiene, pues, sentido que se insista en bajar los salarios para que bajen los precios y nos hagamos más competitivos, cuando el precio no es el factor determinante de las exportaciones. En realidad, si hubiera existido un interés real en aumentar la competitividad, los famosos «rescates», en lugar de ser a la banca habrían sido a la economía productiva, y se habrían desplegado políticas de desarrollo industrial, o de aumento (en lugar de reducción) de los salarios como medidas para estimular una mayor inversión en infraestructura que aumentara la competitividad. Resulta obsceno que, por ejemplo, el señor Almunia, cuando era comisario de Competitividad de la UE, favoreciera el rescate a la banca y se opusiera al rescate de los astilleros.

Pero, además de errónea, la aplicación de estas políticas de austeridad y bajada de salarios es sumamente dañina, pues reduce la capacidad de demanda de la ciudadanía, produciendo un descenso muy marcado de la actividad económica, nada menos que de aproximadamente un 7 % del PIB en el caso español. De ahí que a estas políticas se las haya definido como un «austericidio».

El crecimiento del déficit público y la deuda pública

El descenso de los salarios y de la población ocupada ha creado un problema que las familias han intentado resolver endeudándose. Y ahí es donde interviene la banca, que se beneficia de la necesidad que tiene la población de endeudarse. Y la facilidad de acceso al crédito en España, consecuencia del euro y de la inversión masiva del capital financiero europeo, especialmente del alemán, significó un enorme crecimiento del endeudamiento (y por lo tanto, del sector financiero).

Esta situación llevó, como he explicado en el capítulo anterior, al enorme endeudamiento privado, que determinó, a su vez, el gran crecimiento de la deuda pública. La segunda está muy condicionada por el primero. El lector se preguntará: ¿por qué? La respuesta es fácil. Para responder a esta situación hay que entender cómo se inició la crisis financiera, lo que ocurrió cuando uno de los mayores bancos del mundo se hundió. Este banco, el Lehman Brothers, estaba interconectado con muchísimos otros, sobre todo con bancos alemanes. Éstos entraron en pánico, pues se dieron cuenta de que estaban contaminados con productos tóxicos financieros (es decir, productos que no se podrían recuperar nunca y que, por lo tanto, se convertirían en enormes pérdidas). Esto explica que la banca alemana, que estaba metida hasta los tuétanos en España (200.000 millones en inversiones), entrara en pánico, dejara de dar crédito a España y exigiera la inmediata devolución del dinero.

Ante esta situación, la respuesta de los Estados fue –incluyendo el español– prestar o dar millones y millones de euros a la banca, lo que significó que el dinero público acudiera en rescate de los bancos españoles (y extranjeros). En consecuencia, el propio Estado se tuvo que endeudar para ayudar a la banca. Y es así como la deuda privada se transformó en deuda pública. Otra causa del endeudamiento público fue que algunos Estados tuvieron que aumentar sus gastos (como el de desempleo) y aumentar sus inversiones públicas para estimular la economía, y una tercera causa del endeudamiento fue que los ingresos del Estado descendieron como consecuencia del descenso de la actividad económica.

Pero la causa principal del crecimiento de la deuda, a la que raramente se alude, fueron los elevados intereses que los Estados tuvieron que pagar a los bancos para que éstos les prestaran dinero. Y estos intereses se debían a que los Estados habían dejado de tener bancos centrales que les prestaran dinero (a intereses bajos, comprando deuda pública). El Banco Central Europeo, que es un lobby de la banca, prestaba dinero a intereses muy bajos no al Estado, sino a los bancos, y con este dinero los bancos compraban deuda pública a unos intereses mucho más altos. De ahí que gran parte de las deudas públicas sean propiedad de la banca privada, es decir, de bancos que alcanzan unos niveles de rentabilidad abusiva y obscena, al no tener los Estados mecanismos de defensa frente a las especulaciones de los mercados financieros. El caso más obvio es Grecia, que en octubre de 2013 estaba pagando unos intereses del 8,74 % en los bonos a 10 años.

Por las razones citadas, las deudas públicas y los déficits públicos han ido subiendo y subiendo. Y para reducirlos se exigen recortes de gasto público en los servicios del Estado del bienestar, tales como sanidad, educación, servicios domiciliarios, vivienda social y otros. Estos recortes perjudican enormemente el bienestar social y la calidad de vida de las clases populares. Y se preguntará usted: ¿por qué es tan malo que crezca el déficit público? Quienes reproducen la sabiduría convencional le responderán que la causa de que haya que reducir el déficit público es que su crecimiento determina el crecimiento de la deuda pública, que es lo que el Estado tiene que pagar (sobre todo a la banca, que tiene algo más de la mitad de la deuda pública de España) por haber pedido prestado dinero a la banca para cubrir el agujero creado por el déficit público. Por lo tanto, la deuda pública (una carga para las generaciones venideras, que tendrán que pagarla) no puede seguir creciendo, debe reducirse recortando el déficit público, lo que para ellos quiere decir recortar, recortar y recortar el Estado del bienestar, hasta el punto de acabar con él, que es lo que está ocurriendo en España.

El problema de esta postura es que los datos (que la sabiduría convencional oculta o ignora) muestran precisamente lo contrario. Los recortes son enormes (los más grandes del periodo democrático), y en cambio la deuda pública no deja de crecer. Obsérvese lo que pasa en España, por ejemplo, con la sanidad pública, uno de los servicios públicos más importantes y mejor valorados por la población. El gasto público sanitario como porcentaje del PIB se redujo alrededor de un 3,5 % en el periodo 20092011 (cuando debería haber crecido un 7,7 % durante el mismo periodo para llegar al gasto promedio de los países con un desarrollo económico parecido al nuestro). Al mismo tiempo, España ha sido uno de los países que ha recortado más, pasando su déficit público de un 11,1 % del PIB en 2009 a un 6,62 % del PIB en 2013; en cambio, la deuda pública no ha bajado, sino que ha seguido aumentando, pasando del 36 % del PIB en 2007 al 86 % en 2012. Una consecuencia de esta deuda tan elevada y del intento de reducirla son los recortes, incluyendo recortes en gasto e inversión públicos. En España, Irlanda y Grecia la inversión pública fija ha descendido más de un 50 %. Es necesario mostrar la hipocresía del pensamiento neoliberal, que utiliza el argumento de que hay que reducir la deuda pública para no cargar y penalizar a nuestros hijos y nietos, que tendrán que pagarla, y a la vez exige recortes en la inversión, como por ejemplo en educación e infraestructura física, que beneficia sobre todo a las futuras generaciones.

¿Cómo puede ser?, se preguntará usted. Pues la respuesta es fácil de ver. El descenso del gasto público implica una disminución de la demanda pública y con ello el crecimiento y la actividad económica, con lo cual el Estado recibe menos ingresos por vía de impuestos y tasas. Y al recibir menos impuestos, el Estado debe endeudarse más, por lo que la deuda pública continúa creciendo. Ni que decir tiene que el hecho de que un estímulo del gasto público sea mayor o menor depende del tipo de gasto. Pero se está recortando en los servicios públicos del Estado del bienestar, que son los que crean más empleo y están entre los que estimulan más la economía. Permítame que me detenga en este punto de enorme importancia.

Cuando el Estado (tanto central como autonómico y local) aumenta el gasto público, aumenta la demanda de productos y servicios, y con ello el estímulo económico. Cuando baja, disminuye la demanda y desciende el crecimiento económico, con lo cual el Estado recibe menos fondos. Es lo que en terminología macroeconómica se conoce como el efecto multiplicador del gasto público. La inversión y el gasto públicos facilitan la actividad económica, algo que los economistas neoliberales niegan (los mismos economistas que difunden sus ideas a través de la gran mayoría de los medios de información y persuasión más influyentes del país), y ello a pesar de la enorme evidencia publicada en la literatura científica (véase mi libro Neoliberalismo y Estado del Bienestar, Ariel Económica, 1997).

Los recortes: la supuesta necesidad de «tener que apretarse el cinturón»

La misma sabiduría convencional dice también que la crisis se debe a que hemos estado gastando demasiado, muy por encima de nuestras posibilidades. De ahí la necesidad de apretarse el cinturón (que quiere decir recortar, recortar y recortar el gasto público). Por regla general, esta postura se acompaña del dicho de que el Estado tiene que comportarse como las familias, es decir, «en ningún momento se puede gastar más de lo que se ingresa». El presidente Rajoy y la señora Merkel han repetido esta frase miles de veces.

Esta frase tiene un componente de hipocresía y otro de falsedad. Déjeme que le explique el porqué de cada uno. Yo no sé cómo usted, lector, compró su coche. Pero yo, como la gran mayoría de los españoles, compro el coche a plazos, es decir, a crédito. Todas las familias se han endeudado, y así funciona su presupuesto familiar. Pagamos nuestras deudas a medida que vamos ingresando recursos que, para la mayoría de los españoles, proceden del trabajo. Y de ahí viene el problema actual. No es que la gente haya gastado por encima de sus posibilidades, sino que sus ingresos y sus condiciones de trabajo han ido deteriorándose cada vez más, sin que la población sea responsable de ello. En realidad, los responsables son los mismos que le dicen que hay que recortar los servicios públicos del Estado del bienestar y bajar los salarios. Y ahora tienen la osadía (por decirlo de una manera amable) de echarnos la culpa a usted y a mí, porque hemos estado gastando más y más. Yo no sé usted, pero le garantizo que la mayoría de las familias no han estado comprando y amasando bienes como locos. Todo lo contrario.

La misma hipocresía existe en el argumento de que el Estado ha gastado demasiado. Fíjese usted, lector, que el Estado español ha estado gastando no mucho más, sino mucho menos de lo que han gastado otros países con un nivel de desarrollo económico similar. Antes de la crisis, el gasto público representaba sólo el 39 % del PIB, cuando el promedio de la UE-15 era de un 46 % del PIB. Ya entonces, el Estado debería haber invertido como mínimo 66.000 millones de euros más en gasto público social para lo que le correspondía por su nivel de riqueza. No es cierto que las familias o el Estado hayan gastado más de lo que debían. Y a pesar de ello, le seguirán diciendo que la culpa la tiene la mayoría de la población que ha gastado demasiado y ahora tiene que apretarse el cinturón.

La supuesta necesidad de salvar el euro

También se escucha la cantinela de que «estos recortes son necesarios para salvar el euro», algo que se reproduce constantemente. Ahora bien, en contra de lo que constantemente se anuncia, el euro nunca ha estado en peligro. Ni existe tampoco la más mínima posibilidad de que algunos países periféricos (los PIGS, que incluyen a España) de la Eurozona sean expulsados del euro. En realidad, uno de los muchos problemas que tienen estos países es que el euro está demasiado fuerte y sano. Su cotización ha estado siempre por encima de la del dólar y su fortaleza da problemas a las economías de los países periféricos de la Eurozona. Y otro problema es que el capital financiero alemán les ha prestado, con intereses elevados, 700.000 millones de euros, y ahora quiere que los países periféricos los devuelvan. Si alguno de ellos dejara el euro, la banca alemana podría hundirse. Esta banca (cuya influencia es enorme) no quiere ni oír hablar de que los países deudores se vayan del euro. Les aseguro que es lo último que desean. Que se diga que en España hay que reducir el tiempo de visita al médico todavía más para salvar el euro (cuando se quiere decir «salvar a la banca alemana y devolverle el dinero» que prestó consiguiendo enormes beneficios) es absurdo.

Mírese como se mire, es obvio que las políticas de austeridad y bajada de salarios han sido un enorme fracaso, pues no sólo no han facilitado la recuperación, sino que la han empeorado. Los casos de Grecia, España, Portugal e Irlanda son ejemplos claros. En cualquier caso, las políticas de austeridad sí que sirven a los intereses de la minoría de propietarios y gestores del capital, es decir, de la propiedad que genera rentas, que desean que se bajen los salarios, que la clase trabajadora esté atemorizada (de ahí la función del desempleo, alentado en el caso español por las sucesivas reformas laborales como herramienta para forzar a los sindicatos y a los trabajadores a aceptar rebajas salariales que en otras circunstancias no aceptarían) y que pierda los derechos laborales y sociales. Y se están reduciendo los servicios públicos como parte de esta estrategia. También es un factor importante la privatización de los servicios públicos, que es consecuencia de los recortes, y que permite la entrada del gran capital (y muy en particular del capital financiero-banca y de las compañías de seguros) en estos sectores, aumentando sus ganancias. Usted habrá leído cómo en España las compañías privadas de seguros sanitarios se están expandiendo como nunca antes lo habían hecho. Y muchas de las empresas financieras de alto riesgo (es decir, altamente especulativas) hoy controlan grandes instituciones sanitarias del país gracias a las políticas privatizadoras y de recortes que los gobiernos están realizando, justificándolo todo con la farsa (y créanme que no hay otra manera de decirlo) de que tienen que hacerlo para reducir el déficit público y la deuda pública. El caso de Cataluña es de libro. Los enormes recortes en sanidad pública están beneficiando a la sanidad privada, de la cual era máximo representante el que hoy es conseller de Sanitat (que fue el mayor representante de la sanidad privada antes de ocupar su cargo actual), gestor y promotor de esos recortes. El Grupo Godó –La Vanguardia– se está beneficiando de la privatización de la televisión y radio públicas de la Generalitat, con la que tiene una estrecha vinculación, incluso financiera. El gobierno de Mas ha dado prioridad a este grupo mediático. Y así un largo etcétera.

2. CONSECUENCIAS SOCIALES

El deterioro del mundo laboral: precariedad y salarios bajos

España es uno de los países con menos gente empleada y, por si fuera poco, es uno de los que ha perdido más empleo (junto con Grecia). En total, entre el segundo cuatrimestre de 2008 y el de 2013, hubo un descenso de once puntos porcentuales en la tasa de empleo, con un mayor crecimiento de la tasa de desempleo, siendo España el país (junto con Grecia) que ha visto el mayor crecimiento de su tasa de desempleo. Desde el segundo cuatrimestre de 2008 al de 2013, España vio crecer en dieciséis puntos porcentuales la tasa de desempleo (llegó a superar el 26 %).

Pero la cosa es incluso peor de lo que dicen estas cifras, pues no solo el número de trabajadores en activo ha bajado, sino que también el número de horas trabajadas ha bajado (en ocasiones, incluso más rápidamente), lo que significa que el número de horas trabajadas por trabajador ha bajado, y esto puede ser una medida voluntaria o acertada para retener trabajadores en el puesto de trabajo (como ocurrió durante este periodo 2008-2013 en Alemania, Hungría y Suecia, aunque en Alemania había pasado ya antes, durante el periodo 2004-2008 de las reformas Hertz). Pero en España se debió fundamentalmente al descenso de contratos fijos y al aumento de contratos temporales. En realidad, España es el país donde el número de trabajos fijos ha descendido más rápidamente. Pero otro indicador negativo es la elevada duración del desempleo, especialmente entre los jóvenes, a los que les cuesta mucho entrar en el mercado de trabajo y mantenerse en él.

Estos datos ponen también en entredicho otro dogma neoliberal, que atribuye el elevado desempleo a las supuestas rigideces del mercado laboral, con un porcentaje «excesivo» de contratos fijos. Pues bien, esta categoría ha descendido de forma espectacular, y ello no ha servido para que aumente la creación de empleo.

El creciente malestar de la población y el deterioro de la calidad de vida. El crecimiento de las desigualdades

La revista estadounidense de negocios Forbes publica información periódica sobre los superricos del mundo, considerando como tales a aquellas personas que ingresan más de 50.000 millones de dólares al año. El Institute for Policy Studies de Washington y la revista económica Dollars and Sense han publicado una reseña basada en los datos de Forbes que da una imagen certera de la distribución de los superricos (Robin Broad y John Cavanagh, «The Rise of the Global Billionaires», enero-febrero de 2014). Y lo que se observa de manera muy clara es el cambio desde los años noventa en la distribución de los superricos. Desde después de la Segunda Guerra Mundial, los superricos se concentraban en EE.UU., Europa Occidental y Japón. La situación actual, sin embargo, es muy diferente. EE.UU. continúa siendo el país con mayor número de superricos (442), un número que en proporción sobre el total de superricos del mundo no ha variado a lo largo de los últimos años. Estos 442 representan alrededor del 31 % de todos los superricos del mundo. Ahora bien, donde ha habido un cambio enorme ha sido en la República de China (122) y en Rusia (110), que pasaron de no tener ninguno a ocupar el segundo y tercer lugar de la clasificación de países por número de superricos. Alemania es el cuarto país (58), seguido de India (55), Brasil (46), Turquía (43), Hong Kong (39) y el Reino Unido (38). Estos datos muestran el número de superricos, pero no el nivel de riqueza que alcanzan. Observando estos datos, vemos que el individuo más rico del mundo, el señor Carlos Slim (73.000 millones), vive en México (un país con mucha pobreza), seguido de Bill Gates en EE.UU. y Amancio Ortega en España (57.000 millones), uno de los países con mayor tasa de desempleo y de pobreza de la OCDE.

El significado de estas cifras va más allá de los números señalados, pues que existan superricos quiere decir que la riqueza está muy concentrada, ya que cuando hay superricos –la cúspide de la pirámide– tiene que haber también ricos y casi ricos. En otras palabras, es un indicador de que aquel país tiene una enorme concentración de riqueza y, por lo tanto, grandes desigualdades.

El segundo significado de la existencia de superricos es que también hay muchos superpobres. En realidad, desigualdad quiere decir, en la mayoría de los casos, gran pobreza. Los primeros –los superricos– no se pueden explicar sin los segundos –los superpobres–. Es decir, los primeros gozan de enormes riquezas precisamente porque los no ricos tienen menos riqueza. La riqueza de los primeros ha sido extraída de los segundos. Soy consciente de que esta idea choca con la sabiduría convencional que asume que la desigualdad es una cosa y la pobreza otra. La evidencia, sin embargo, de que son dos caras de la misma moneda es clara. Si analizamos, por ejemplo, la distribución de las rentas de un país, podemos ver que éstas derivan o bien de la propiedad (es decir, de la riqueza, o sea, de la posesión de recursos que generan renta) o bien del trabajo. Pues bien, la gran división social es la que hay entre el grupo de propietarios y gestores de las mayores cantidades de propiedad y el de los que trabajan para poder vivir. Estos últimos son, por cierto, los productores de la riqueza, de cuya distribución depende su grado de concentración. Cuando la renta generada por esta producción va predominantemente a los rentistas del capital, es cuando nos encontramos con el gran número de superricos, los cuales han copado esta abundante riqueza debido a que han expropiado la riqueza y la renta derivada del mundo del trabajo. No es casualidad que aquellos países en los que hay más superricos sean también aquellos en los que hay más pobres y superpobres. Hay que subrayar que esta imagen que queda definida con el concepto de explotación se aplica a la mayor parte de la actividad económica y explica el diferencial de crecimiento entre las rentas del capital y las rentas del trabajo. Esta observación debe matizarse, sin embargo, en las rentas derivadas de la especulación, actividad preferencial del capital financiero, aunque también se aplica a este capital, pues la inversión especulativa deriva, en su origen, del capital inversor de las rentas del trabajo (véase mi discusión del libro de Thomas Piketty en el capítulo V).

3. CONSECUENCIAS POLÍTICAS

El deterioro de la democracia: la formación de las castas

Esta enorme concentración de las rentas y de la riqueza dificulta e imposibilita el desarrollo democrático de un país, pues los sectores ricos y superricos de la población ejercen una enorme influencia, o incluso podría decirse control, sobre los aparatos de sus Estados y sus ramas ejecutivas, legislativas y judiciales. Es más, estos grupos y sectores desarrollan sus propias redes, asociaciones y conferencias (a las que se incorporan dirigentes políticos de todas las orientaciones), y promueven sus ideologías, que cohesionan y defienden sus intereses al presentarlos como los únicos aceptables o respetables, y sus políticas (que favorecen sus intereses) como las únicas posibles.

Las alianzas de estas élites juegan un papel clave en las realidades políticas. La alianza entre superricos y ricos, por un lado, y los políticos conservadores y liberales (a quienes se suman cada vez más personajes de la socialdemocracia), por el otro, es una constante en los sistemas políticos, fuente de continua corrupción. Hay múltiples ejemplos de ello. La influencia de la familia que gobierna un sistema casi feudal, Qatar, en las instituciones políticas europeas no es menor. El presidente Nicolas Sarkozy dio generosas ventajas fiscales a los intereses de dicha familia, que le subvencionó las campañas electorales y siguió apoyando sus actividades tras abandonar el Elíseo. Tony Blair es uno de los asesores mejor pagados de J. P. Morgan (y es frecuentemente invitado por fundaciones y grupos de reflexión para dar lecciones sobre el futuro de la socialdemocracia). Y el señor Giuliano Amato, un asesor bien pagado del Deutsche Bank, fue propuesto, en su día, como presidente de Italia por el Partido Democrático de la Izquierda italiana. En España la lista de presidentes, ministros y autoridades políticas de los partidos mayoritarios en comités de dirección de grandes empresas (Endesa, Telefónica, Repsol, etc.) es enorme. No es casualidad que el precio de la electricidad y de las llamadas telefónicas, así como el del petróleo, sean de los más caros de la UE. Esta complicidad entre los grupos financieros y económicos y la clase política dominante es característica de estos tiempos. La inmunidad de la banca, con sus conocidos paraísos fiscales, se basa precisamente en esta complicidad, que queda reflejada en el término «casta» utilizado por Pablo Iglesias, dirigente del nuevo partido Podemos.

Ni que decir tiene que hay muchos políticos que no forman parte de este engranaje de complicidades. Pero las élites gobernantes sí que están plenamente asociadas a intereses fácticos que configuran en gran medida sus políticas públicas. De ahí que la gran mayoría de estos superricos y ricos no pague impuestos, o pague muchos menos en términos proporcionales que el ciudadano normal y corriente, y lo hace incluso con la ley en la mano, sin recurrir a ilegalidades (sin excluir, de todos modos, estas prácticas, que están también generalizadas).

De hecho, uno de los argumentos más utilizados para no aumentar los impuestos de las personas con mayores rentas es que al hacerlo se desincentivan el ahorro y la inversión productiva de tal ahorro, una inversión productiva que crea empleo. Este argumento se reproduce constantemente, una y otra vez, en la mayoría de los medios de información y persuasión del país, subrayando que no hay que penalizar a los productores de riqueza y puestos de trabajo.

La falsedad de la supuesta meritocracia. ¿Dónde está el mérito?

El problema con este argumento es que, por mucho que se repita, no hay evidencia que lo avale. Un estudio reciente de una empresa de análisis de mercados (Market Watch) analizó recientemente qué hacen los superricos con su dinero («Where the Rich are Keeping their Money»). Y aunque no es fácil encontrar esta información, algo sí que se pudo ver. Pues bien, la enorme cantidad de dinero que tienen los superricos no se invierte en lo que se llama economía productiva, es decir, donde se producen puestos de trabajo. El 90 % estaba en compra y venta de propiedad inmobiliaria, en bonos del Estado, en cuentas personales y en otras actividades de uso personal o especulativas. Sólo un 1 % se invertía en la creación de nuevas empresas que produjeran empleo. Otros estudios han llegado a conclusiones semejantes. La encuesta Mendelsohn Affluent Survey arroja un porcentaje sólo ligeramente superior, un 2 %. En realidad, en un sorprendente momento de franqueza del medio más cercano al mundo financiero, el Wall Street Journal, este medio admitió que el impacto positivo para las rentas superiores que supuso el gran recorte de impuestos para los superricos aprobado por la administración Bush «condujo al peor periodo de creación de empleo en la reciente historia del país» (citado en «Three Big Lies of the Super-Rich», de Paul Buchheit).

De estos datos debería deducirse que una mejor manera de crear empleo hubiera sido que el Estado gravara a los superricos y con este dinero creara puestos de trabajo, propuesta que, a pesar de ser razonable y justa, nunca se verá en los medios de información y persuasión más importantes del país, que transmiten la idea de que hay que mimar a los superricos para que no se vayan a otros lugares.

La farsa del capitalismo popular y del supuesto emprendimiento de los superricos

Otro argumento que también se reproduce constantemente en la cultura neoliberal, ampliamente dominante en los medios de información y persuasión de mayor difusión, es la necesidad de estimular la creatividad individual empresarial, enfatizando la gran importancia que tal esfuerzo individual ha tenido en el progreso de un país. Constantemente se cita a grandes emprendedores, como Bill Gates, para señalar la importancia de la creatividad empresarial individual. Paul Buchheit señala, sin embargo, que la historia real difiere considerablemente de la imagen idealizada del emprendedor. Bill Gates adaptó con gran oportunismo el conocimiento generado por muchos ingenieros que le precedieron, copiando a otros expertos, sin que estos otros nombres aparezcan en su biografía. Lo que se considera una hazaña individual fue una producción de conocimiento colectivo, que en otro tipo de sociedad se hubiera reconocido y presentado como un esfuerzo de equipo y no como personal. La historia del mundo empresarial está llena de casos como éste. Lo que se presenta como una iniciativa individual empresarial se basa en realidad en un esfuerzo colectivo, utilizado, manipulado (y a veces explotado) sólo por un individuo cuyo conocimiento deriva y/o está expropiado de otros. Buchheit también se refiere al caso del supuesto inventor del teléfono, Alexander Graham Bell, quien recibe todos los honores, cuando muchas otras personas habían contribuido y sabían cómo inventar el teléfono, pero no tenían el dinero para poder patentarlo antes que Bell.

Otro argumento que se ha estado promoviendo en defensa del sistema económico actual es que hoy estamos viviendo en la época del capitalismo popular, como consecuencia de que la mayoría de la ciudadanía tiene acciones en la Bolsa. En este argumento se asume que todo el mundo sigue con gran interés los vaivenes de la Bolsa, porque les afecta personalmente. Cuando la Bolsa se dispara se nos dice que todos nos beneficiamos.

De nuevo, la evidencia cuestiona tal argumento. La propiedad de las acciones está enormemente concentrada. Así, por ejemplo, en EE.UU., sólo el 10 % de los propietarios de acciones tiene más del 80 % de todas ellas. La gran mayoría de los accionistas tiene un número muy inferior de acciones. Es más, los grandes cambios de la Bolsa afectan primordialmente al 5 % de los accionistas que ganan más de 500.000 euros al año. Al resto, tales variaciones les afectan mucho menos. Y últimamente, las reformas fiscales han beneficiado enormemente a estos grupos minoritarios. En general, pagan en impuestos sólo el 15 % de su renta derivada de la propiedad de las acciones, lo que ha facilitado que en sólo seis años (2001-2007) doblaran sus ingresos. Mientras, el trabajador promedio (que cobra 34.500 dólares al año) paga en impuestos un 32 %. Una consecuencia de esto es que las desigualdades de renta se han disparado.

Todo ello lleva a otro argumento que los neoliberales sostienen: que aquellos que están en la cúspide del poder –los superricos– están ahí porque son mejores que los demás. El mérito es lo que los ha llevado a donde están (véase mi artículo «El fin de la mal llamada meritocracia», publicado en El Plural, 28 de julio de 2012, y colgado en mi blog www.vnavarro.org). Pues bien, la evidencia no avala tal postura. En realidad, la evidencia científica muestra que los superricos son gente menos ética, menos solidaria y menos considerada hacia otras personas, y más inclinada a sostener comportamientos incívicos que la mayoría de la ciudadanía. En lugar de la imagen que se promueve, de que las élites tienen mayor calidad y valor humano, la evidencia muestra claramente lo contrario.

En un artículo en Scientific American, Daisy Grewal cita los trabajos de dos psicólogos, Paul Piff y Dacher Keltner, que muestran que los superricos tienen comportamientos menos solidarios, menos compasivos, más egoístas y más propensos a saltarse las normas y reglas que las clases populares. Las clases populares han desarrollado unas culturas de solidaridad que no existen entre las élites ricas y superricas (Daisy Grewal, «How Wealth Reduces Compassion», Scientific American, 10 de abril de 2012).

Una conclusión semejante se encuentra en un artículo publicado por la Asociación para la Psicología Científica (Press Release, 8 de febrero de 2012) que señala la cultura egocéntrica existente entre las personas de rentas superiores y su menor capacidad emotiva hacia otras personas con necesidad de apoyo o solidaridad. La famosa expresión «nobleza obliga», que sugiere que los de arriba sienten la necesidad de cuidar de los otros, ya no significa nada (si es que alguna vez significó algo). Es cierto que hay personas muy ricas que ejercen de mecenas, pero son siempre excepciones. A conclusiones parecidas han llegado estudiosos de la cultura empresarial, como la famosa Bloomberg Newsletter. Esta revista ha publicado los hallazgos del citado Paul Piff, de la Universidad de California, aparecidos también en la Academia de Ciencias de EE.UU., que muestran cómo los ricos y superricos obedecen menos las normas de tráfico y las normas de conducta aprobadas por la sociedad, son más egoístas y piensan menos en otras personas, son menos capaces de expresar solidaridad o compasión y se saltan otros tipos de leyes con mayor frecuencia. Por cierto, estos comportamientos poco solidarios aparecen también con mayor frecuencia entre estudiantes de Economía y Empresariales en EE.UU., quienes creen que el egoísmo y el egocentrismo son atributos favorables para la eficiencia económica. Esta constatación ha motivado una demanda de cursos de ética y comportamiento cívico en las facultades de Economía. Sería interesante que estudios y análisis de esta naturaleza se hicieran también en España, pero hasta ahora no se han hecho. Teniendo en cuenta el enorme fraude fiscal de los superricos y su continua oposición a reformas que favorezcan el bienestar social de la ciudadanía y, en especial, de las clases populares, es casi seguro que los superricos españoles están entre los menos solidarios y más incívicos comparados con los superricos de otros países de nivel de desarrollo económico parecido.

El crecimiento de la concentración de la riqueza y el aumento de la pobreza

En la mayoría de los países PIGS las desigualdades han crecido. España es uno de los países en el que las desigualdades han crecido más entre 2008 y 2012. Es importante subrayar que este crecimiento de las desigualdades es resultado, por un lado, del decrecimiento de los salarios y de la población ocupada, y, por el otro, del gran crecimiento de las rentas del capital. El primer factor, el descenso de las rentas del trabajo, es también la causa de que España haya sido uno de los países con mayor endeudamiento de las clases populares. Como he indicado en las secciones anteriores, ha sido el crecimiento de estas desigualdades lo que ha causado las crisis económicas (falta de demanda) y financieras (endeudamiento excesivo de la población), una causa que casi nunca aparece en los medios de comunicación. España es también uno de los países con mayor pobreza (casi un 30 % de la población) y con mayor crecimiento de la pobreza. España es, al mismo tiempo, uno de los países con menor gasto público social por habitante, por debajo de la media de la UE-27 y muy por debajo de la de la UE-17. Es también uno de los países en que más gasto público en protección social se realiza a través de programas en los que se requiere prueba de necesidad (means-tested), a diferencia de los programas universales que se destinan a toda la población. Son, pues, programas más asistenciales que universales. España es también uno de los países de la UE-27 con un menor impacto redistributivo del Estado, es decir, que la intervención del Estado es menos eficaz en reducir la pobreza canalizando fondos de las rentas superiores a las inferiores. También tiene uno de los salarios mínimos más bajos de la UE-17. Se me dirá (ya se me ha dicho), que el hecho de que el tercer superrico del mundo sea español no tiene nada que ver con el elevado porcentaje de pobreza y/o el alto nivel de desempleo. Esta postura ignora que el Estado que facilita que haya superricos es el mismo que favorece los salarios bajos, la política fiscal regresiva, el escaso desarrollo del Estado del bienestar y la limitadísima capacidad redistributiva del Estado. Hay, pues, una relación directa entre los primeros y los segundos, por mucho que este hecho evidente se intente ocultar.

La agresividad antisindical del Estado y de los medios de información

El gran deterioro del mercado laboral y del bienestar de la población se debe al cambio de correlación de fuerzas en la relación capital-trabajo, a favor del primero a costa del segundo. La sindicación, una expresión de la fuerza del mundo del trabajo, ha disminuido en casi toda la Unión Europea, de manera que ha pasado de abarcar casi el 50 % de la fuerza laboral en 1991 a cubrir sólo un tercio. Durante la crisis ha continuado este descenso, aun cuando en algunos países como Francia e Italia, el descenso se ha revertido, alcanzándose en Italia el mayor porcentaje de fuerza laboral sindicada desde 1986. En España ha aumentado ligeramente el porcentaje de afiliación sindical, aunque ello se debe a que el número de personas trabajando ha disminuido más rápidamente que el número de personas sindicadas. En realidad, España es uno de los países de la UE-27 con un menor porcentaje de afiliación sindical (sobre un 15 %, comparado con un 69 % en la mayoría de los países escandinavos). Hay que señalar que el poder de negociación de los sindicatos no se mide por el porcentaje de población sindicada, pues más importante que este porcentaje es el de población cubierta por los convenios colectivos. Y en España este porcentaje es elevado. Ahora bien, un factor de debilidad sindical en el sur de Europa es su división según distintas sensibilidades políticas (que se reproduce en el arco parlamentario). Ello explica, en parte, que aun cuando la resistencia de la clase trabajadora frente a las políticas de austeridad y de reducción de la protección social ha sido muy contundente (España es uno de los países que ha tenido mayor número de huelgas y un mayor seguimiento de éstas), el impacto legislativo ha sido menor, como consecuencia de la debilidad de los instrumentos políticos próximos a los sindicatos, divididos y en una situación supeditada al enorme dominio del capital (y muy en especial del capital financiero) sobre las instituciones representativas y sobre los medios de comunicación, que alcanza cifras extremas en España, Grecia y Portugal. Un indicador, entre muchos otros, de este dominio es que los organismos oficiales han dejado de publicar datos sobre el número de huelgas y el porcentaje de trabajadores que participan en ellas. Otro dato es la narrativa mediática hegemónica, que incluso ha sustituido términos como «clase trabajadora» (término y concepto que casi ha desaparecido de los medios) por el de «clases medias», tal como ya ha ocurrido en EE.UU. (véase mi artículo «La americanización de la Unión Europea», Público, 25 de febrero de 2014).

Es importante señalar, sin embargo, que, a pesar del enorme dominio del capital en las instituciones representativas y mediáticas en estos países, muy acentuada en los países periféricos de la Eurozona como Portugal, Grecia y España, que han pasado por dictaduras fascistas o fascistoides, hay en todos estos países grandes movilizaciones, incluidas huelgas generales y/o movimientos masivos populares de protesta, con la participación activa de los sindicatos, que representan un claro rechazo a las políticas de austeridad y la exigencia de políticas alternativas. Así, sólo en el periodo de dos años, 2010-2012, ha habido 36 huelgas generales en once de los diecisiete países más desarrollados económicamente de la Unión Europea, la mayoría en los países periféricos de la Eurozona.

La pérdida de legitimidad del Estado

El deterioro del mercado de trabajo ha significado un aumento muy notable de la sensación de inseguridad y estrés entre la población trabajadora y entre la población en general, así como un aumento muy marcado del deterioro de las condiciones laborales, al que acompañan un incremento de la mortalidad y morbilidad (cantidad de personas consideradas enfermas en un espacio y tiempo determinado) entre la población trabajadora. Hoy, en la Unión Europea, cada 3,5 minutos muere una persona debido a accidentes o enfermedades laborales.

Otra consecuencia es la percepción generalizada entre las clases populares de que su capacidad de incidencia e influencia sobre las instituciones que afectan más directamente a su vida y bienestar (como los puestos de trabajo y las instituciones de representación política) es bajísima. Existe una alienación generalizada (que afecta a personas de todas las orientaciones políticas) hacia las instituciones de los establishments políticos, mediáticos, financieros y económicos, que consideran poco sensibles a sus preocupaciones y necesidades. Este desapego se está convirtiendo en un rechazo cada vez más activo y movilizador, que augura una etapa de grandes tensiones. La situación, aunque afecta a toda la UE, es incluso más palpable en los países periféricos. La alianza entre el poder financiero-económico y el poder político es el eje del descrédito de las instituciones llamadas democráticas que tiene su origen (causa y consecuencia) en las enormes desigualdades. La excesiva proximidad entre la clase política dominante y las clases sociales dominantes (las élites financieras y empresariales y los sectores afines de rentas superiores) se muestra con toda claridad en la distancia existente entre las élites gobernantes y sus políticas públicas, por un lado, y las clases populares, que constituyen la mayoría de la población, por el otro. Éstas desean políticas distintas y opuestas a las que las élites están promoviendo e implementando. Existen múltiples ejemplos de ello. Según varias encuestas recientes, la mayoría de las poblaciones de EE. UU. y Europa consideran que 1) las rentas del capital deberían gravarse en la misma proporción que las rentas del trabajo, sin que ello haya sido aceptado por los gobiernos; 2) la fiscalidad debería ser progresiva, de manera que los superricos y ricos pagaran (de verdad, no sólo nominalmente) en impuestos más que el ciudadano normal y corriente de acuerdo con la diferencia de rentas y propiedad entre los superricos y ricos y el ciudadano normal y corriente; 3) se deberían eliminar los paraísos fiscales; 4) se debería establecer un máximo de riqueza y de nivel de rentas, como mecanismo de reducción de las desigualdades; 5) se deberían reducir las desigualdades que el 78 % de los ciudadanos como promedio de la UE consideran excesivas; 6) se debería eliminar la influencia del dinero en las campañas políticas y en la solvencia de los partidos políticos; 7) se deberían romper los vínculos entre instituciones financieras y empresariales y el mundo político; 8) un político no debería poder trabajar en el sector que regulaba o vigilaba en la administración pública en los primeros cinco años después de dejar el cargo; 9) el Estado debería intervenir en el sector financiero para garantizar la disponibilidad del crédito a familias, individuos y pequeñas y medianas empresas; 10) debería haber un salario mínimo que permitiera una vida decente y que se incrementase según el aumento de los precios; 11) se deberían garantizar los servicios públicos del Estado del bienestar, evitando su privatización; y así un largo etcétera. Ninguna de estas políticas se está llevando a cabo en estos países. Y a nivel macroeconómico, la mayoría de la ciudadanía desea el fin de las políticas de austeridad y unas políticas de expansión encaminadas a crear pleno empleo. El hecho de que cada uno de estos puntos no se realice se debe a la excesiva influencia que los grupos que concentran las rentas y la riqueza tienen sobre el Estado.

La pérdida de confianza hacia la casta política

Otra de las consecuencias de la enorme crisis financiera y económica que estamos experimentando es la pérdida de confianza en las élites gobernantes, sean financieras, económicas, mediáticas o políticas. La confianza mutua que un sistema político democrático requiere entre el establishment –las instituciones que gobiernan las distintas actividades financieras, económicas, mediáticas y políticas del país–, por un lado, y las clases populares, por el otro, se está perdiendo rápidamente. La gente normal y corriente, que solía creer que «los que mandan» son mejores, tienen más información y están más capacitados para tomar decisiones, ya no cree en ello. Cada vez más gente cuestiona que las élites ocupen ese lugar de la sociedad gracias a sus méritos. Según la última encuesta de valores realizada por la Pew Foundation, la mayoría de las poblaciones de los países en recesión, incluidos los de la Eurozona, no confían en las élites gobernantes. Y ello explica que estas élites estén perdiendo no sólo la confianza sino su legitimidad para «mandar», sea en el sector que sea.

Esto tiene muchas consecuencias fácilmente evidenciables. Pero una de las más importantes es que, además del esquema político derecha-izquierda, hay que trazar otra línea divisoria entre los de arriba y los de abajo, que constituyen la gran mayoría de la población. Esta mayoría percibe que el ascenso social no lo determina el mérito, sino las conexiones y relaciones interpersonales determinadas en gran parte por el origen social del individuo, definido por clase social y género. En realidad, la evidente incompetencia de los de arriba (tanto en los sectores financieros como en los políticos), como se deduce de su continuo y persistente intento de seguir las políticas de austeridad que han conducido a estos países al desastre, muestra que el mérito tiene poco que ver con que estén donde están. Las conexiones y redes de intereses (que los sociólogos llaman «capital social» y la gente normal y corriente «contactos» y «enchufes») que les permiten trepar, explica que estén arriba. Ésta es la percepción generalizada.

Y hacia las otras castas: la financiera, la económica y la mediática

Es lógico, pues, que la gran mayoría de la ciudadanía cuestione el sistema que permite a las élites existir, permanecer y reproducirse, sin ninguna justificación o responsabilidad frente a los demás (lo que en inglés se llama accountability). La meritocracia aparece como la ideología que las élites promueven en los medios que controlan para justificar su poder. La pérdida de credibilidad de esta ideología es clara y enorme. Según la citada encuesta Pew, la gran mayoría de la población no cree que las élites gobernantes sean «mejores» que la gente normal y corriente. En realidad, comienza a ocurrir lo contrario: aumenta el porcentaje de personas que piensan que la gente de arriba es más corrupta que la gente normal y corriente. Se han enriquecido no gracias a sus méritos, sino a sus contactos y conexiones (repito, el llamado capital social).

Esta toma de conciencia lleva a una situación que tiene un enorme potencial explosivo, pues el mayor grado de conocimiento y mayor exigencia que ello conlleva, conduce a una situación en que la falta de credibilidad de la ideología meritocrática provoca el deseo de cambiarla o eliminarla. Y de ahí surgen los movimientos contestatarios: de descubrir que los poderosos defienden no los intereses generales de la población sino sus intereses particulares, y carecen de legitimidad para estar donde están y tener el poder que tienen.

En cualquier caso, la respuesta a la bajada de salarios y al desempleo debería ser más política que económica. Es precisa una movilización política contra el desempleo, la precariedad y los salarios bajos. Puesto que la mayoría de la ciudadanía obtiene sus ingresos del trabajo, el movimiento social en EE.UU. de los low-paid workers ha sido enormemente popular (de lo cual tampoco se ha informado a la ciudadanía en España), y ha forzado a la patronal a ceder ante sus demandas e incrementar sus salarios. Ello determinó que los sindicatos del país (AFL-CIO) tomaran nota y en su último congreso en Los Ángeles concluyeran que el futuro de los sindicatos dependería de sus alianzas con los movimientos sociales, y establecieran un abanico (rainbow) popular de carácter reformista que (consecuencia del gran debilitamiento de las izquierdas políticas en EE.UU.) pueda convertirse en una especie de Solidarność a la americana. Hoy existe una gran agitación social en EE.UU. (desconocida en España) que ofrece un gran potencial para el futuro en aquel país.

Frente a la alianza de las clases dominantes, pues, se requiere una alianza de las clases dominadas (que son la mayoría de la población). Es positiva, en este sentido, la movilización de la Confederación Europea de Sindicatos, que promueve políticas contrarias a las políticas de austeridad, a las cuales se han adherido los sindicatos alemanes.

En el capítulo anterior he documentado, entre otros temas, el gran deterioro de la Europa y de la España social ocurrido en los años de crisis desde 2008 hasta hoy, como consecuencia de la aplicación de políticas neoliberales impuestas a la población por la gran mayoría de los gobiernos de los países miembros de la UE y de la Eurozona, con el beneplácito y apoyo del Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, asistidos por el Fondo Monetario Internacional. Es lógico, por lo tanto, que la Europa gobernada por estos establishments esté perdiendo el atractivo que tuvo, y que exista una movilización generalizada en contra de ella. El interrogante es si otra Europa es posible, y si ello es alcanzable a través de las instituciones gubernamentales existentes. La evidencia lo pone en duda.

4. LA EXTENSIÓN DE LA POBREZA A NIVEL MUNDIAL

La explotación del mundo del trabajo a nivel internacional

La concentración de las riquezas va aparejada con la expansión de la pobreza, que crece a nivel internacional. Un ejemplo es el caso del país más pobre del mundo, Bangladesh. Este país nos ayuda a ilustrar la alianza entre las élites citadas anteriormente y los efectos que de ella se derivan. Este país es sumamente rico. Su tierra, extremadamente fértil, puede producir suficiente alimento para satisfacer las necesidades de una población veinte veces superior a la actual. Y a pesar de ello la mayoría de la población, especialmente la que vive en las zonas rurales (82 %, la mayoría), está malnutrida, con amplios sectores experimentando hambre. En realidad, Bangladesh es considerado, junto con Haití, el país más pobre del mundo, lo que significa que es el país con mayor porcentaje de población pobre, a pesar de que los datos muestran que Bangladesh (así como Haití) tiene recursos para salir de la pobreza. Un estudio (véanse «Cólera en Haití», El Plural, 16 de diciembre de 2012, y «Continúa el escándalo del cólera en Haití» Público, 27 de febrero de 2013) muestra claramente que la causa de la pobreza no es, pues, la falta de recursos, sino el control de dichos recursos. El 16 % de los terratenientes controlan el 60 % de toda la tierra, que cultivan para producir alimento que se exporta a los países llamados «desarrollados». Esta casta de terratenientes se alía y está al servicio de compañías agropecuarias extranjeras que dirigen la explotación de la tierra (es decir, lo que se produce, cómo se produce y cómo se distribuye).

Esta estructura productiva está protegida por un sistema político que teóricamente se define como democrático y representativo: tiene incluso pluralidad de partidos políticos y elecciones parlamentarias. Este sistema, sin embargo, está influido enormemente por el bloque de poder financiero, económico y político constituido por los grandes terratenientes del sector agrícola, que son los que en realidad gobiernan ese país. Esta enorme concentración de la propiedad de la tierra crea una enorme pobreza. Y la mayor parte del alimento producido se consume fuera del país.

Esta oligarquía agrícola está aliada con otros intereses domésticos ligados también a las grandes compañías extranjeras que realizan su producción en Bangladesh a unos costes laborales bajísimos. La población pobrísima expulsada del campo acepta salarios misérrimos, pues no hay otros disponibles. Esta estructura económico-política dictamina que la gran mayoría de la población trabajadora esté totalmente desprotegida, lo que ocurre en todos los sectores productivos de la economía, incluyendo el textil. Este sector está controlado por las grandes compañías textiles que hoy dominan el mercado internacional, tales como Benetton, H&M o Mango, entre muchas otras, y una larga lista de cadenas internacionales de distribución y comercio, como El Corte Inglés. Todas estas empresas están en Bangladesh por el bajísimo coste de los salarios de los trabajadores (21 céntimos por hora), que trabajan en unas condiciones miserables en fábricas carentes de los más mínimos requisitos de seguridad. Desde 2005 han muerto más de setecientos trabajadores en incendios de fábricas. El más reciente fue el de la fábrica textil de Tazreen, ocurrido el 24 de noviembre de 2012, tal como explica David Bacon en su artículo «Bangladesh Disaster: Who Pays the Real Price for your Shirt?», The Progressive (26 de abril de 2013). En aquel incendio murieron ciento doce trabajadores, un número elevadísimo para un accidente de esta naturaleza. Y la causa fueron las pésimas condiciones en las que se encuentran las fábricas. Ninguna tiene salidas de emergencia (en realidad todas las puertas están cerradas con llave para evitar la salida de los trabajadores, excepto en las horas de entrada y salida) y no disponen de extintores.

En la desgracia ocurrida hace un año y medio en Rana Plaza (a 29 kilómetros de Dhaka), donde perecieron más de mil trabajadores, el edificio se vino abajo debido a las muchas y amplias grietas en paredes y tejados que los trabajadores llevaban tiempo denunciando. El propietario del edificio, el señor Sohel Rana, que es, por cierto, uno de los dirigentes del partido gobernante Awami League, ignoró todos los avisos de los trabajadores. Pocos días después del derrumbamiento de la fábrica, 20.000 trabajadores de fábricas cercanas se manifestaron en protesta. La estructura de poder que gobierna Bangladesh es plenamente consciente de que está sentada sobre un volcán, lo cual ocurre en la mayoría de los países mal llamados pobres. De ahí la enorme represión que existe en estos países. La policía inmediatamente se movilizó para frenar y cortar la posibilidad de que el volcán entrara en erupción.

Pero existe otra forma de represión –que apenas ha salido en los medios– dirigida por las grandes corporaciones textiles extranjeras que, aliadas con las élites del país, configuran las intervenciones públicas que sostienen un sistema basado en una enorme explotación. Me refiero a la gran industria certificadora (con un capital de 80.000 millones de dólares) que trabaja para estas compañías textiles, incluidas las españolas. Estas compañías protegen a las compañías explotadoras, defendiéndolas legal y mediáticamente, minimizando y trivializando el daño y la participación de las mismas en la contratación de aquellas fábricas. Detrás de cada corporación (sea textil o no) existen compañías de certificación que intentan minimizar los costes (incluyendo los costes mediáticos de imagen) que estos desastres suponen para las compañías.

Los países llamados pobres son, en realidad, muy ricos

Y lo que ocurre en cada país, ocurre a nivel internacional también. De esta situación se deducen varias conclusiones:

1. No hay países pobres. En realidad, algunos de los países llamados pobres tienen gran cantidad de superricos. El argumento de que la riqueza que se acumula en la cúspide se filtra hacia todos los otros estamentos de la sociedad no se ajusta a la realidad.

2. La pobreza no se debe a la falta de recursos de un país, sino al control de estos recursos por parte de los superricos del país, que siempre están aliados con los superricos de otros países. Es lo que mi amigo Jeff Faux, fundador del Economic Policy Institute, llamó en su momento «la alianza de clases de los poderosos en el mundo».

3. Es denunciable que en España, donde uno de cada tres niños está en riesgo de pobreza, exista un grado de concentración de la riqueza tan elevado, que se podría resolver fácilmente redistribuyendo los recursos hoy en propiedad de los superricos.

4. Esta pobreza se basa en la falta de control de la propiedad de los superricos, que éstos utilizan para su propio enriquecimiento en lugar de para mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población.

5. El incremento de las desigualdades se debe principalmente a factores políticos y, especialmente, al enorme poder que los superricos tienen sobre los Estados, que son los que están imponiendo políticas públicas que los favorecen.

6. El enorme desprestigio de la Unión Europea y de los gobiernos de sus países miembros se debe precisamente a este hecho: la enorme influencia de los superricos (bien sea de la banca o de la gran patronal) sobre los políticos.

Eliminar las causas reales de la pobreza tiene muy mala prensa en los establishments mediáticos

A nivel más global, y como última observación, se debería destacar que la manera como se ha desarrollado la globalización en el mundo, bajo un criterio neoliberal, no ha beneficiado al mundo subdesarrollado ni al desarrollado. Esta globalización tiene que revertirse, desglobalizando la economía internacional, creando regiones (como el Mercosur) integradas económicamente de parecido nivel de desarrollo, evitando la reducción de salarios como medida competitiva (la típica solución liberal), tema del que he escrito extensamente (véanse mis dos libros en Ariel Económica, Globalización económica, poder político y Estado del bienestar y Neoliberalismo y Estado del Bienestar). En el caso de los países en desarrollo, y para evitar los efectos perniciosos de la globalización neoliberal, varias son las medidas que podrían tomarse. En primer lugar, para evitar el consumo fruto de la explotación que afecta a las poblaciones de estos países, cabría:

1. Denunciar la situación para que la movilización ciudadana en los países importadores boicotee los productos procedentes de lugares donde exista empleo en condiciones que deberían considerarse inaceptables. Las empresas que utilizan estos productos están entre las más rentables hoy, pero los beneficios se consiguen a base de una enorme explotación. Varias cadenas de televisión de los países nórdicos han dejado de ofrecer espacio de promoción a estas industrias, como las textiles que trabajan en Bangladesh. En Suecia, por ejemplo, ha ocurrido con H&M, industria textil sueca.

2. Establecer normas en el comercio internacional para que las condiciones salariales y laborales, así como los derechos humanos, como el de sindicarse, sean respetados y se consideren condiciones indispensables para permitir el comercio.

Estas intervenciones son las que ahora se están explorando para paliar la enorme explotación de los países mal llamados pobres. Son medidas bienintencionadas y merecen aplicarse. Pero hay que ser conscientes de que son claramente insuficientes, pues la raíz del problema, insisto, es la enorme mala distribución de poder que existe en estos países, donde existen unas minorías enormemente poderosas que se han aliado con grandes corporaciones (mal llamadas multinacionales, pues están todas ellas basadas en un Estado-nación, el cual las protege en sus intervenciones públicas).

Lo que debería ocurrir es una enorme redistribución de los recursos de los que tales países ya disponen, de manera que la demanda doméstica fuera el motor de la economía, en lugar de las exportaciones, que sólo benefician a sectores muy limitados de la población. El caso de China muestra las grandes limitaciones de una economía orientada a las exportaciones. El llamado «milagro económico» chino se basa en una enorme opresión de las clases populares, con un claro ataque a su bienestar social, como muestra el aumento de mortalidad infantil en las áreas rurales donde vive la mayoría de la población.

El modelo basado en las exportaciones –que es el modelo neoliberal– se ha probado ya en América Latina, África y Asia, y ha sido un fracaso. Sobre el papel parece un gran éxito, pues el PIB crece de una manera muy marcada (tanto como crece el sector exportador) y, como consecuencia, el PIB per cápita promedio crece también muy significativamente. Pero los promedios no incluyen información sobre la distribución. En todos estos países ha habido una gran absorción de la riqueza por parte de unas minorías que controlan el poder político a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población.

La evidencia científica que lo avala es abrumadora. Los únicos países que han salido de la pobreza han sido aquellos que han llevado a cabo medidas redistributivas para aumentar el poder adquisitivo de la población, convirtiendo la demanda doméstica en el mayor motor de la economía.

Y ahí está la raíz del problema que se evita que aparezca en los mayores medios de información. Si el gobierno de un país mal llamado pobre tomara estas medidas redistributivas, provocaría inmediatamente una enorme hostilidad de los centros de poder de los países llamados desarrollados, y ello debido, en parte, al enorme poder que las compañías ligadas a la exportación tienen sobre los Estados de estas transnacionales (repito, mal llamadas multinacionales), y también en parte al poder de las clases más adineradas de los países desarrollados, que se solidarizan con las clases adineradas de los países mal llamados pobres. Ambos entran en pánico cuando oyen hablar de experiencias exitosas de redistribución de recursos, que perciben (correctamente) contrarias a sus intereses. Pero de esto, usted, lector, no leerá nada en los diarios ni lo verá en la televisión.

IV. ALTERNATIVAS A LAS MEDIDAS PARA COMBATIR LA CRISIS

1. ¿RECUPERACIÓN DESPUÉS DE TRES RECESIONES EN CINCO AÑOS?

No hay duda de que cuando se escriba la historia de la Unión Europea y de la Eurozona, los historiadores se preguntarán cómo una religión laica –el neoliberalismopudo perpetuarse a pesar de que toda la evidencia empírica acumulada mostraba no sólo que estaba equivocada, sino también que dicha religión causaba un enorme perjuicio a las clases populares de los países de la Unión. La religión laica se ha promovido y se sigue promoviendo con un espíritu apostólico a base de una fe impermeable a la evidencia científica, que señala claramente su enorme falsedad. Hoy, esta fe, reproducida por la mayoría de los medios de comunicación, anuncia que España y la Eurozona se están recuperando, cuando, en realidad, estamos sentando las bases para otra recesión. Veamos los datos.

Desde que, en el año 2007, empezó la Gran Recesión (que para muchos países ha sido peor que la Gran Depresión), ha habido en la Eurozona nada menos que dos recesiones, consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales. La primera ocurrió en el periodo 2008-2009. Fue seguida de una ligerísima recuperación (con un crecimiento económico en la Eurozona de sólo un 0,5 % del PIB) en el periodo 2009-2010, para caer de nuevo en otra recesión que duró dieciocho meses y que anuló el escasísimo crecimiento que había ocurrido en la etapa anterior. En 2012 se inició otra timidísima recuperación, con un crecimiento de sólo el 0,2 % del PIB, y que de nuevo se revirtió, iniciando una tercera recesión (el PIB de la Eurozona cayó un 0,2 %), y alcanzando por tanto tres recesiones en cinco años. ¡Todo un récord! En realidad, la economía de la Eurozona nunca se ha recuperado desde el bajón de 2007, cuando se inició la Gran Recesión. Las pequeñísimas recuperaciones han sido, más que nada, saltitos desde el fondo del abismo.

Es importante subrayar que la tercera recesión, a diferencia de las otras anteriores, se inició y estuvo focalizada en los países centrales de la Eurozona: Alemania, Francia e Italia. Las dos anteriores se habían centrado en los países periféricos: Grecia, Portugal, España e Irlanda. En cierta manera, esta tercera recesión fue la culminación de la Gran Recesión, que, finalmente, ha alcanzado también de lleno al centro y eje de la Eurozona. El PIB de los tres países centrales suma 8,8 trillones de euros, que es el tamaño de la economía de China. Y, puesto que la economía de Alemania (que representa un tercio del PIB de la Eurozona) depende en gran medida de las exportaciones (que representan un 56 % de su economía), este bajón de la economía del centro de la Eurozona contribuyó a un bajón de la economía mundial.

Los hechos políticos que han ocurrido en el continente europeo, de los cuales el conflicto de Ucrania ha sido de gran importancia, han favorecido, aunque no causado, la tercera recesión. El golpe de Estado ocurrido en ese país en 2013, con el apoyo de los gobiernos de la Unión Europea y de EE.UU., inició una situación de conflicto, reactivando la Guerra Fría, que ya está teniendo un coste económico considerable (véanse mis artículos sobre Ucrania: «Lo que continúa ocultándose en la cobertura mediática de Ucrania», «Cómo el establishment estadounidense quiere presentar mediáticamente lo que ocurre en Ucrania», «El silenciado movimiento de tropas estadounidenses cerca de Ucrania», «Las falsedades de los mayores medios españoles en su cobertura de Ucrania», «Lo que no se está diciendo sobre Ucrania», «Lo que no se está diciendo sobre Ucrania. Parte II» y «¿Qué está pasando en Ucrania? Su relevancia para la Eurozona»). Pero la causa principal de la tercera recesión son las políticas neoliberales basadas en la austeridad (los infames recortes y el desmantelamiento del Estado del bienestar, la bajada de salarios y el crecimiento del desempleo), que están destrozando el bienestar de las clases populares.

Estas políticas se llevan a cabo para beneficio y gloria de lo que antes se llamaba el capital (hegemonizado por el capital financiero), que ahora se llama 1 %. Hoy, el establishment europeo, representado por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Consejo Europeo y el gobierno alemán y sus aliados, como el gobierno de Rajoy, está llevando a cabo estas políticas de forma inflexible, respondiendo ante cualquier problema con la predecible respuesta de que si no se sale de la crisis es porque hay que aplicar sus recetas incluso con mayor fuerza y contundencia, llevando a la ruina a las clases populares. Tres recesiones en cinco años es el resultado. Últimamente se ha notado un ligero movimiento económico consecuencia del cambio de las políticas monetarias del BCE, que ha inyectado masivamente liquidez en los mercados financieros y ha forzado una devaluación del euro que, junto al descenso del precio del petróleo, ha estimulado ligeramente el crecimiento económico, lo cual se ha utilizado por el gobierno Rajoy para presentarlo como un éxito de sus políticas de austeridad.

Y el gran drama es que las izquierdas gobernantes han aceptado y continúan aceptando el dogma neoliberal, simplemente en versión light. No hay más que ver las propuestas económicas de los principales partidos socialdemócratas en la oposición, incluyendo al PSOE (cuyo nuevo secretario general, Pedro Sánchez, enfatizó en su entrevista a El País de agosto de 2014 como punto central de su programa económico mejorar la competitividad europea y española), para darse cuenta de que suponen un cambio sustancial. Suelen argumentar que las suyas son las únicas posibles, acusando de utópicas, demagógicas y descalificativos parecidos a las únicas políticas alternativas que permitirían romper con esta serie de recesiones. La experiencia histórica muestra que para salir de esta recesión crónica (que, repito, alcanza dimensiones de depresión en muchos países) es necesario un giro de 180º de las políticas que se están aplicando.

2. SÍ HAY ALTERNATIVAS A LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD

Si, por ejemplo, nos centramos en uno de los mayores problemas –el endeudamiento de las familias y de las grandes y pequeñas empresas–, la solución es fácil de ver. Los Estados tienen que garantizar el crédito tomando una serie de medidas, desde cambiar la gobernanza del euro y del BCE, estableciendo el crecimiento económico como objetivo, hasta aumentar el poder adquisitivo de las clases populares con un aumento muy significativo del gasto público, incluido el gasto en infraestructuras no sólo físicas sino también sociales del país, facilitando el alcance de la felicidad (sí, ha leído bien, felicidad) como objetivo del nuevo modelo económico social y no la acumulación de beneficios del capital. Y, tal y como se ha dicho anteriormente, nada de esto ocurrirá sin una profunda democratización de las instituciones que representan la voluntad y la soberanía popular.

El gran error de muchas izquierdas radicales ha sido limitarse a la agitación sin intervenir en la lucha dentro del Estado. De ahí que estas izquierdas deban estar en la calle y en las instituciones, exigiendo cambios radicales (es decir, que lleguen al fondo del problema de concentración del poder) a los que las estructuras y castas de poder se opondrán por todos los medios. Las clases populares podrán alcanzar lo que desean si se movilizan. El problema principal existente en España no es que la población no sea consciente de las enormes limitaciones de la democracia española, sino que no cree que pueda cambiarse. Pero la historia demuestra que sí se puede. En contra del relato que las estructuras de poder han establecido, la transición de la dictadura a la democracia fue consecuencia de la enorme movilización popular, liderada por el movimiento obrero. Fue esta movilización la que terminó con la dictadura. Y estas movilizaciones pueden también forzar el cambio ahora, democratizando auténticamente el país (como se explica con más detalle en el capítulo VII).

3. DESARROLLAR ALTERNATIVAS REQUIERE UNA SEGUNDA TRANSICIÓN: DE UNA DEMOCRACIA MUY LIMITADA CON UN BIENESTAR MUY INSUFICIENTE A UNA DEMOCRACIA REAL BASADA EN UNA CALIDAD DE VIDA MUY SUPERIOR A LA ACTUAL. LOS RECURSOS EXISTEN, LO QUE OCURRE ES QUE ESTÁN MUY MAL DISTRIBUIDOS PRECISAMENTE POR LA FALTA DE DEMOCRACIA

La exigencia de una democracia real, tanto representativa como directa

La transición de la dictadura a la democracia se hizo en términos muy favorables a las derechas, que controlaban los aparatos de Estado y la gran mayoría de los medios de información, de lo que resultó una democracia enormemente limitada, con un bienestar insuficiente. Y estas limitaciones se vieron con toda claridad durante la Gran Recesión. De ahí que apareciera el Movimiento de los Indignados, o 15-M, que se oponía al determinismo económico y político implícito en la justificación de las políticas de austeridad que señalaban que no había alternativas. El trabajo que hicimos Juan Torres, su discípulo entonces Alberto Garzón y yo, titulado Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España, mostró de forma clara y didáctica que sí había alternativas. Analizando el presupuesto del Estado se podía ver que en lugar de congelar las pensiones (como hizo el presidente Zapatero) se podría haber revertido la bajada de impuestos de propiedad, consiguiendo incluso más dinero, o en lugar de cortar 6.000 millones de euros a la sanidad pública (como ha hecho el presidente Rajoy) se podría haber revertido la bajada del impuesto de sociedades de las grandes fortunas que facturan más de 150 millones de euros al año y representan menos del 0,12 % de todas las empresas del país, consiguiendo casi la misma cantidad. No es casualidad que en la primera manifestación del 15-M en la Plaza del Sol, sus portavoces mostraran copias de nuestro libro a los medios de comunicación que cubrían el evento y a la policía que intentaba controlarlos. Y para conseguir que se apliquen estas alternativas se requiere una democratización masiva y real del Estado en todos sus niveles y en todos sus componentes. De ahí que haya aparecido ahora, y no antes, la exigencia de una democracia real, que tiene como objetivo la participación de la ciudadanía en el gobierno de la sociedad, tanto en las instituciones políticas como en las económicas, financieras y mediáticas.

Esta demanda, centrada de momento en la esfera política, de exigir democracia, es una demanda auténticamente revolucionaria, es decir, que se enfrenta directamente a las estructuras de poder, cuestionando su permanencia y existencia. Hoy, exigir que cada ciudadano tenga el mismo poder de decisión y de gobernar el país, a través de formas de participación directa (como referéndums basados en el derecho a decidir) e indirecta (a través de la vía representativa), es una demanda auténticamente revolucionaria en España. Ya no se trata de la nacionalización de los medios de producción, sino de exigir que exista una democracia real. Esto hace que cunda el pánico en los establishments de estos países, como muestra muy claramente el caso de España. Como explicaré con mayor detalle en la sección 5 del capítulo VII, la transición de la dictadura a la democracia se centró en dar mayor poder de decisión sobre todo a las élites gobernantes de los partidos políticos, los cuales canalizaron la única democracia posible, que era la democracia indirecta o representativa, en la que la ciudadanía escoge (a través de un sistema escasamente proporcional, sesgado hacia las fuerzas conservadoras) unos partidos (con escasísima democracia interna) con aparatos que se autorreproducen y se aferran por todos los medios a su sillón y a sus privilegios. Así se crearon las castas, centradas sobre todo, aunque no sólo, en los partidos mayoritarios del país. Esta estructura domina además de la rama legislativa y ejecutiva del Estado, todas las ramas y aparatos del Estado. Sus relaciones con el poder financiero y económico son de interdependencia y complicidad, lo que determina una serie de políticas públicas neoliberales que no tienen ningún mandato popular, pues no estaban en sus programas electorales. Una consecuencia de esta complicidad es la excesiva corrupción.

La aparición de nuevos movimientos político-sociales

Era, por lo tanto, lógica y predecible la inminente aparición de un movimiento político con la cultura y dinámica del 15-M como Podemos, que este movimiento se convirtiera, en poco tiempo, en la opción preferida por grandes sectores de la población, hartos e insatisfechos con la situación actual, transformándose en la primera o segunda fuerza política del país. Ni que decir tiene que la casta política y el establishment financiero (según el banquero Emilio Botín, el mayor peligro para su supervivencia era Podemos y lo que él llamaba el «problema catalán»), económico y mediático del país se movilizaron enseguida, con toda la agresividad, vulgaridad y estridencia que caracteriza a las derechas españolistas. La derecha española, situada en la ultraderecha en el panorama político europeo, carece de cultura democrática, puesto que es la heredera de la derecha del régimen anterior. Su grado de corrupción (que ha contaminado a otros partidos) es una continuación del que ya existía en el Estado dictatorial. Lo que es lamentable es que la nueva dirección del PSOE haya adoptado su voz, refiriéndose a Podemos como «populista», «demagógico», «utópico», etc. (véase mi artículo «¿Qué es populismo?», Público, 13 de noviembre de 2013).

El mayor reto de estos nuevos movimientos radicales que exigen democracia real y de los nuevos partidos políticos es el de organizarse sin reproducir los defectos de las organizaciones políticas actuales, estableciendo un sistema de participación en el que sea la ciudadanía la que decida directamente (el derecho a decidir, a través de formas de democracia directa, hoy prácticamente inexistentes en España), relacionándolo con la de democracia indirecta, es decir, la democracia donde el ciudadano delega a su representante la toma de decisiones. Una fuerza política debería ser el espejo del tipo de sociedad que desea. De ahí el enorme daño que causan los partidos políticos actuales al no reflejar en su interior el tipo de sociedad que la ciudadanía desea. Lo que hoy estamos viendo es una oposición a la profesionalización de la política.

Las medidas con que los partidos actuales intentan responder a esta exigencia de mayor democracia son muy insuficientes. La introducción de primarias en los partidos políticos, de listas abiertas y de otras reformas, son medidas necesarias, pero enormemente insuficientes, pues no tocan otros elementos como la financiación privada de los partidos, fuente constante de enorme corrupción. Aún más preocupante es la falta de atención –olvido, cuando no ocultación– al desarrollo de formas de participación directa o democracia directa. Hoy el derecho a decidir debería tener protagonismo a nivel central, autonómico y local. Pero ni siquiera se habla de ello. Es vergonzoso, y define a la Marca España, que no se permita siquiera que el pueblo catalán sea consultado. Muchos años de mi exilio los pasé en EE.UU., y en ese país el referéndum vinculante es una práctica común a nivel estatal (equivalente a las autonomías) y local, y además, por cierto, existe el derecho a separarse del Estado federal, como ocurre con el Estado de Texas, que tiene el derecho a la secesión si así lo deseara.

La revolución democrática tiene que intervenir en la falta de pluralidad de los medios, hoy enormemente influidos por la banca como consecuencia de su endeudamiento. Pero esta democracia debe ser no sólo política y mediática, sino también económica y social. Estas dos dimensiones de la democracia, inexistentes en España, deberían incluir: un sistema de cogestión de las empresas, existente, por ejemplo, en Alemania (ésta es una de las causas de su bajo desempleo, al potenciar la distribución del tiempo del trabajo en lugar del despido); el sistema público de crédito; la eliminación de la especulación financiera; la extensión de los servicios públicos del Estado del bienestar, con una democratización de sus sistemas de decisión y gestión; la democratización del sistema educativo y de formación; la corrección de las desigualdades, con medidas redistributivas que dificulten el establecimiento de una casta económica y financiera; la eliminación de la discriminación por clase social, género, raza, lugar de origen o edad. Esta democratización debería también afectar a las instituciones que reciben fondos públicos, como la Iglesia y el Ejército; y debería suponer también la democratización de los barrios, con un mayor poder de decisión territorial por parte de las organizaciones sociales y civiles (que deberían poder participar mediante medidas de democracia directa); la utilización masiva de referéndums vinculantes a todos los niveles del Estado, y así un largo etcétera. Ésta es la nueva revolución (exigiendo democracia) que caracterizará el siglo XXI en España.

Alcanzar estas medidas requerirá todo tipo de medidas de presión, incluyendo la desobediencia civil. Hoy EE.UU. no tendría un presidente negro si no hubiera habido una mujer negra que se opuso a la ley que la obligaba a sentarse en la parte de atrás del autobús. Y los sindicatos no existirían si no hubieran desobedecido las leyes antisindicales. La jornada laboral no se limitaría a ocho horas si los obreros de Chicago no hubieran desobedecido las leyes. En realidad, la desobediencia civil es el motor de la democracia. Frente a ello habrá una enorme represión, no sólo política sino también económica. La mayor medida represiva hoy en España es el desempleo y la bajada de los salarios, pues atemorizan a la mayoría de la población, que es la que trabaja.

Pero he vivido suficientes años y en suficientes países para garantizar a la gente joven (de todas las edades) que si la mayoría de la población se moviliza puede alcanzar esta democracia. He vivido en muchísimos países para poder atestiguar que si la población explotada se moviliza (y hoy la población explotada, por habérsele privado de la democracia, es la mayoría) puede alcanzar lo que desea.

4. LOS CAMBIOS QUE EL PAÍS NECESITA

Quisiera enfatizar que los cambios más urgentes y necesarios en España son los cambios políticos, sin los cuales es muy posible que los cambios que Juan Torres y yo sugerimos no puedan ocurrir en España. La democratización radical de España es una condición para que haya cambio, democratización que debe ocurrir en las instituciones políticas y mediáticas, hoy enormemente limitadas. Las tan cacareadas libertades de participación y de expresión apenas existen en España.

Esta democratización permitiría la democratización de la economía, condición indispensable para solucionar los problemas de esa naturaleza. De ahí que tituláramos el documento Democratizar la economía para salir de la crisis mejorando la equidad, el bienestar y la calidad de vida.

Remito al lector a las propuestas hechas en el documento en el que se detallan los cambios que Juan Torres y yo sugerimos. Aquí me centro en algunas de las más de 320 recomendaciones que han creado mayor interés o recelo.

5. ALGUNAS PROPUESTAS ECONÓMICAS

Por qué se necesita una banca pública

Una de las propuestas que Juan Torres y yo hicimos en nuestro documento Democratizar la economía para salir de la crisis mejorando la equidad, el bienestar y la calidad de vida. Una propuesta de debate para solucionar los problemas de la economía española (escrito a petición de Podemos, que lo ha distribuido bajo el título de Un proyecto económico para la gente), que creó un gran revuelo y hostilidad por parte de los medios de comunicación próximos a la banca privada, fue la de ampliar el sector público de la banca. España es hoy uno de los países de la Unión Europea de los Quince (UE-15, el grupo de países más ricos de la UE) que tiene menos banca pública, y no es casualidad que sea también uno de los países de dicha comunidad donde las familias, así como las pequeñas y medianas empresas, tienen más dificultades para conseguir crédito, es decir, para poder conseguir dinero prestado. España, además, es uno de los países de la UE-15 donde hemos visto un mayor número de burbujas (basadas, por definición, en inversiones especulativas por parte de la banca privada) y una mayor inestabilidad financiera. Y España es también uno de los países de la UE-15 donde la banca privada tiene mayor influencia sobre los medios de comunicación y sobre las instituciones políticas llamadas representativas. Todos los medios de información y todos los partidos políticos están profundamente endeudados y, por lo tanto, todos dependen de los favores de la banca. La hostilidad (no hay otra manera de llamarlo) que nuestro documento ha suscitado se explica en parte por este hecho.

Banca pública es aquella que es propiedad de una autoridad pública, lo cual no quiere decir que esta autoridad sea propietaria del 100 % de la banca, sino que tenga un porcentaje suficiente que le permita el control de esa institución. La gran mayoría de los países del mundo tienen sistemas bancarios predominantemente públicos, siendo Alemania uno de los países de la UE-15 que tiene un sistema bancario público más extenso. En este país hay una red pública bancaria que consiste en once bancos regionales, Landesbanken, cada uno de los cuales está conectado con miles de cajas de ahorro de propiedad municipal. Según consta en su reglamento, estos bancos tienen como objetivo servir a los intereses públicos en lugar de optimizar los beneficios privados. Esta red juega un papel clave y central en el desarrollo económico alemán. Si a esta red le sumamos los bancos hipotecarios públicos, resulta que la mayoría de los activos bancarios en Alemania son públicos. Existen también cooperativas de crédito, que son públicas sin ser estatales (centrales, regionales o municipales), también desempeñan una función social. Todas estas redes e instituciones de carácter público son fundamentales para explicar el éxito industrial alemán, basado en la oferta de crédito a las pequeñas y medianas industrias (que son el centro de la actividad industrial en aquel país), y éste, a su vez, basado en el principio de que las pequeñas y medianas empresas deben tener el mismo acceso al crédito que las grandes empresas.

El caso alemán no es único. Francia es otro país con un gran sector público bancario. También es interesante señalar que cuando en un país de la Unión Europea la situación financiera es inestable y los ahorradores perciben el peligro de perder sus ahorros, los trasladan a la banca pública, como ha ocurrido estos últimos años de crisis en la mayoría de los países europeos. El caso más estudiado es el del Reino Unido. Al analizar el flujo de depósitos durante la crisis bancaria, se vio un flujo intenso y rápido de depósitos al Northern Rock, que en aquel momento era el mayor banco público británico. Situaciones parecidas han ocurrido en otros países europeos.

En realidad, en momentos de crisis, históricamente los Estados han tomado el control de todo el sistema bancario, tanto público como privado, para salvarlo. El caso más notable y conocido ocurrió durante la Gran Depresión en los años treinta, a principios del siglo XX, en EE.UU., cuando la administración del que se considera todavía hoy el presidente más popular de la historia de los EE. UU., Franklin D. Roosevelt, tomó el control de todo el sistema bancario mediante la famosa ley conocida como Emergency Banking Act de 1933. Otro tanto ocurrió en Suecia en el año 1992, cuando el gobierno nacionalizó todos los bancos insolventes por motivos de urgencia, anteponiendo los intereses generales a los de los accionistas de esos bancos. Estas intervenciones públicas fueron mucho más eficaces como intento de reactivar el sistema bancario, que los famosos rescates bancarios, a ambos lados del Atlántico Norte (en EE.UU. y en la UE), acometidos por los Estados durante la Gran Recesión, y que han representado una enorme ayuda a la banca privada sin que, con ello, se haya reactivado el crédito. La banca española ha recibido unos 130.000 millones de euros (sin contar el dinero recibido por el Banco Central Europeo), sin que ello haya repercutido en facilitar el acceso al crédito.

Es lógico que la banca pública sea mejor que la privada, pues esta última tiene como objetivo (muy legítimo) optimizar los intereses de los banqueros y de los accionistas. Ahora bien, no puede asumirse que los intereses de banqueros (los españoles se cuentan entre los mejor retribuidos en la UE-15) y accionistas sean los mismos que los de la mayoría de los ahorradores o del Estado. En muchísimas ocasiones, los intereses no sólo no coinciden, sino que son contrapuestos. Por ejemplo, las actividades especulativas de la banca privada pueden ser más rentables que las inversiones en la economía productiva (donde se producen bienes y servicios). Pero, por definición, tales actividades se basan en la existencia de riesgo. De ahí que sean más inseguras. Y pueden llevar a un desastre (como ha ocurrido en España) del que resulten perjudicados los ahorradores.

Los banqueros, sin embargo, raramente salen tan perjudicados cuando ocurren estas crisis, pues tienen contratos que los protegen. Un ejemplo de ello es que las retribuciones a los banqueros hayan continuado subiendo a pesar de la enorme crisis bancaria de estos últimos años. Y eso es parte del problema. Cuando hay riesgo y las cosas van mal, es el ciudadano normal y corriente el que sale peor parado, como ahorrador y como persona que paga impuestos, pues los famosos rescates se hacen a base de dinero público. Por cierto, uno de los poquísimos Estados de EE.UU. que no ha tenido problemas durante la Gran Recesión ha sido el Estado de Dakota del Norte, el único que tiene un banco público. Ello ha contribuido a que el PIB del Estado haya crecido, desde el año 2000, un 56 %; la renta per cápita, un 43 %; los salarios, un 34 %, y el presupuesto estatal ha tenido un superávit de 1.300 millones de dólares. Una característica de ese banco público es que todas las inversiones y préstamos los hace dentro del Estado.

En España, la banca privada ha alcanzado un nivel de influencia mediática y política sin precedentes en la UE-15, debido al enorme endeudamiento de las instituciones mediáticas y políticas, causado, como he indicado en otro artículo (véase «El crecimiento de las desigualdades como causa de la crisis», Público, 4 de diciembre de 2014), por la bajada de salarios y la escasa capacidad y voluntad recaudatoria del Estado.

Y en el área académica, la banca privada financia los mayores centros de investigación económica y financiera, así como fundaciones, como Fedea, que reproducen una ideología económica que beneficia a la banca. No es casualidad que la mayor agresividad hacia el documento que el profesor Juan Torres y yo preparamos haya venido de las principales revistas económicas del país, todas ellas muy próximas a la banca. Las autoridades políticas, bajo la influencia de la banca privada, privatizaron las cajas de ahorro en base a las dificultades que muchas de ellas tuvieron a raíz de la explosión de la burbuja inmobiliaria. Se consideró que tales dificultades se debían al carácter público de esas instituciones, pero se ignoró que había también cajas, como La Caixa, que no tuvieron esas dificultades, y sin embargo fueron también privatizadas y convertidas en bancos privados. ¿Por qué? Es más, el hecho de que las cajas de ahorro sean exitosas en algunos países y no lo sean en otros no se debe a la genética de los habitantes del país, sino a las instituciones que las rigen, regulan y gestionan, todas ellas creadas en contextos políticos diferentes. Lo que se requeriría es cambiar este contexto político y las reglas que lo rigen, en lugar de privatizar las cajas.

Estas notas deberían ayudar a entender que España no puede continuar con la situación anterior. Es necesario 1)  expandir el sector bancario público, manteniendo en este sector aquellos bancos que han recibido máxima ayuda pública, 2) asegurarse de que todo el sistema bancario, incluyendo el privado, sea considerado un servicio público, lo cual no quiere decir que se nacionalice toda la banca, sino que la banca privada tenga que funcionar dentro de unos parámetros y con unos objetivos que sirvan al bien común. Los taxis son privados, pero tienen una función pública en el sistema de transporte de un país. La autorización para que puedan ejercer su función está supeditada a que se comprometan a realizar una función pública. Lo mismo debería ocurrir con los bancos privados. De ahí que el profesor Juan Torres y yo propusiéramos un cambio en la Constitución española que establezca la banca, incluyendo la privada, como un servicio público, con una función de servicio a la ciudadanía, y eso incluía la oferta de crédito. Esta propuesta fue maliciosamente interpretada como una medida extrema encaminada a nacionalizar toda la banca, algo que nosotros no apoyamos. Pero sí creemos que el sector bancario debe hacer un cambio profundo y ponerse al servicio de la población.

La reducción del tiempo de trabajo

Es sorprendente que en España no se haya prestado apenas atención mediática a una medida que ha sido debatida ampliamente en varios países europeos. Nuestra propuesta se propone avivar este debate. El tiempo de trabajo ha sido siempre una variable definida políticamente, un indicador del poder político y social del mundo del trabajo. Fueron los sindicatos estadounidenses los primeros que, a finales del siglo XIX, lograron que se aceptaran ocho horas al día como jornada laboral, bajo el principio de que el trabajador, como ciudadano, tenía que «trabajar ocho horas, dormir y descansar otras ocho, y disponer de otras ocho para hacer aquello que deseara». Estas ocho horas laborales tenían que permitirle conseguir los ingresos con los cuales sostener a su familia, de cuyo cuidado se encargaría su esposa.

Es interesante constatar que durante más de un siglo esta norma, generalizada a todo el mundo (el 1.º de mayo se celebra la fiesta en homenaje a los trabajadores estadounidenses que murieron en defensa de aquella conquista social), ha permanecido sin cambios, y ello a pesar del enorme crecimiento de la productividad. John Maynard Keynes creía que en 2030 el aumento de la productividad habría permitido bajar las horas de trabajo a quince horas a la semana. El incremento de la productividad ha sido incluso mayor y, sin embargo, las ocho horas laborales diarias continúan siendo la norma general en la mayoría de los países con economías avanzadas.

El otro tema del tiempo de trabajo es, además de las horas al día, los días a la semana. Y la reducción de las semanas a cinco días laborales fue fruto de las conquistas sociales que tuvieron lugar después de la Segunda Guerra Mundial, como resultado de la gran fuerza que adquirió el mundo del trabajo en el periodo llamado «la época dorada del capitalismo», en base a un pacto entre el mundo del capital y el mundo del trabajo. Se acordaron cuarenta horas de trabajo por semana (8×5). El excelente artículo de Steffen Lehndorff «It’s a Long Way from Norms to Normality: the 35-Hour Week in France», publicado en Industrial and Labor Relations Review, 2014, vol. 67, n.º 3, pp. 838-863, detalla la lucha que, liderada por los sindicatos, ocurrió en la Europa Occidental para alcanzar la semana laboral de cuarenta horas.

Pero las demandas sindicales no pararon en las cuarenta horas. El mundo del trabajo no podía aceptar que el enorme crecimiento de la productividad no repercutiera en una reducción del tiempo de trabajo. Se añadía a esta demanda (por regla general expresada en momentos de expansión económica) otra que aparecía con toda intensidad precisamente en momentos opuestos a los anteriores, es decir, en ocasiones de recesión y ralentización económica, cuando la actividad económica disminuía y el empresariado subrayaba que había necesidad de reducir los puestos de trabajo. La alternativa que proponía el mundo del trabajo era evitar la destrucción de empleo reduciendo el tiempo de trabajo de cada trabajador. Dicha demanda de salvar estos puestos de trabajo en momentos de recesión, reduciendo el tiempo de trabajo para todos, coincidía con la demanda, en momentos de expansión económica, de la necesidad de crear más puestos de trabajo. Y fue así como surgió la propuesta de reducir el tiempo de trabajo de cuarenta a treinta y cinco horas a la semana. Había necesidad de crear y mantener nuevos puestos de trabajo, puesto que se asumía correctamente que, a menos horas de trabajo por cada trabajador, más puestos de trabajo.

Había dos maneras de reducir el tiempo de trabajo. Una fue mediante los convenios colectivos entre la patronal y los sindicatos. Como podía esperarse, la jornada semanal de treinta y cinco horas apareció en aquellos sectores donde los sindicatos eran más fuertes, como ocurrió en Alemania, donde el sindicato del metal, el más poderoso del país, consiguió (a través de su participación en la gestión de las empresas bajo el sistema de cogestión) la reducción del tiempo de trabajo, una de las medidas que ha explicado su bajo desempleo incluso en tiempos de recesión. El problema con esta vía –a través de los convenios colectivos– es que sólo se benefician aquellos que están cubiertos por dichos convenios. Ahora bien, el Estado alemán ha apoyado esta medida ayudando a mantener el nivel salarial en momentos de reducción del trabajo, de manera que el trabajador –que en otro país estaría desempleado, requiriendo una aportación pública mayor por desempleo– trabaja menos horas, pero no ve disminuido su salario en la misma proporción que se reducen sus horas de trabajo. Otras medidas también han facilitado la disminución del desempleo a base de redistribuir el tiempo de trabajo (reduciendo el número de horas trabajadas) mediante la prolongación de vacaciones, permisos de paternidad y maternidad, y otras, lo cual explica que el promedio de horas trabajadas en Alemania al año por trabajador sea de 1.388, uno de los tiempos de trabajo más bajos de la OCDE (400 horas menos que en EE.UU.). Su tasa de desempleo es del 5 %, una de las más bajas de la UE-15. Dean Baker ha calculado que si el tiempo de trabajo por trabajador en EE.UU. fuera el mismo que en Alemania, se producirían veinte millones más de puestos de trabajo (véase Dean Baker, «The Paid Vacation Route to Full Employment», Truthout, 1 de diciembre de 2014).

La otra vía fue la legislativa, tal como ocurrió en Francia bajo el gobierno socialista y en un periodo de gran crecimiento económico (de un 3,5 % anual en el periodo 1997-2001). Como consecuencia, la creación de empleo aumentó, sobre todo en aquellas empresas que aplicaron más estrictamente las medidas desarrolladas en el marco conocido como «estrategia Aubry I» (en tales empresas, el empleo aumentó un 7 %). Pero lo que es incluso más importante es que tres de cada cinco trabajadores indicaron que su calidad de vida y bienestar había aumentado considerablemente. Este porcentaje fue incluso mayor entre las mujeres trabajadoras, con niños a cargo. Y se consideró que la mayor beneficiaria de la medida fue la familia.

El Estado ayudó a las empresas a través de varias intervenciones públicas y medidas fiscales para que el descenso del número de horas semanales no implicara una reducción salarial. Y lo que también es digno de mención es que la productividad aumentó. Las empresas muy pequeñas fueron excluidas de tener que seguir esta nueva normativa. Ni que decir tiene que dicha medida, tanto en Francia como en Alemania, ha tenido sus detractores, procedentes en su mayoría de las patronales, que constantemente han intentado revertirla. Su popularidad, sin embargo, ha imposibilitado hasta ahora que ello ocurra.

La reducción del tiempo de trabajo que Juan Torres y yo propusimos va acompañada de otra propuesta para desincentivar el tiempo parcial involuntario que ha aumentado en los últimos años en España, otro indicador de la debilidad del mundo del trabajo de este país. Y en el polo opuesto debería prohibirse también el amplio uso de horas extraordinarias ilegales. La transformación de estas horas extras ilegales en puestos de trabajo a tiempo completo alcanzaría unos 273.000 puestos de trabajo.

Éramos conscientes de que las propuestas que hicimos iban a despertar una gran hostilidad, y muy en especial en las revistas y/o páginas económicas de los mayores medios de información y persuasión que, una vez más, insistieron en que la economía española no podría absorber tal tipo de cambios. Este tipo de argumento muestra el excesivo poder que las fuerzas conservadoras tienen en los círculos mediáticos y políticos del país, configurando la sabiduría convencional y, con ello, los límites de lo que se considera racional, lógico y respetable. Pero la evidencia científica muestra claramente que las políticas derivadas de dicha sabiduría convencional han llevado al desastre que estamos viviendo. Creer que la economía española puede basarse en unos salarios bajos y en un elevado desempleo es condenar a España a una situación de claro malestar para la mayoría de la ciudadanía. Y a esto lo llaman «racional, lógico y respetable».

La corrección de las desigualdades: el desarrollo de políticas de pleno empleo

La reducción de las desigualdades tendría que estar en el centro de las políticas económicas y sociales de los gobiernos de los países en crisis. Y una de las medidas más eficaces para reducir las desigualdades es llevar a cabo políticas de pleno empleo.

El pleno empleo empodera al mundo del trabajo, permitiendo que aumente su seguridad y su nivel de exigencias. A menor desempleo, mayor es el nivel salarial. En EE.UU., por ejemplo, una disminución de la tasa de desempleo de un 1 % se traduce en un incremento de los salarios de los trabajadores de menor renta (las dos decilas inferiores) de un 12,4 %.

Una de las medidas más eficaces para alcanzar el pleno empleo son las inversiones públicas en infraestructura social y física del país. Así, si en España, en lugar de tener a una persona adulta de cada diez trabajando en los servicios públicos del Estado del bienestar (como educación, sanidad, escuelas de infancia, servicios asistenciales y otros), tuviéramos a una de cada cuatro (como ocurre en Suecia), se crearían seis millones de puestos de trabajo, con lo cual se eliminaría el paro. Otra área en la que hay una gran necesidad de inversión son los temas de mantenimiento y ahorro de energía, como los sistemas de distribución eléctrica y las intervenciones encaminadas a la descontaminación. Todo ello crearía empleo, a la vez que se ahorrarían recursos. La administración Obama creó en el año 2009, con su estímulo de gasto, de dos a tres millones de puestos de trabajo en algunos de esos servicios, que mejoraron la situación económica del país (aunque el estímulo no fue suficiente, pues se necesitaban de diez a doce millones).

También se ha propuesto, como medida para incentivar el crecimiento de la demanda, la reducción de impuestos. Ésta es la medida preferida por los gobiernos conservadores y liberales, como el actual gobierno de Rajoy, y su eficacia depende primordialmente del tipo de impuestos que se reduzcan y a qué grupo social afecte dicha reducción. Cuando las rebajas de impuestos afectan sobre todo a las rentas superiores y a las rentas del capital, tal como ha ocurrido con las rebajas de impuestos del gobierno español, la medida pierde efectividad, pues, por regla general, los grupos sociales que se benefician con esas reducciones de impuestos son los grupos más pudientes, los cuales no dedican ese dinero extra tanto al consumo como lo harían otros sectores de la población, menos afectados por dichas reducciones de impuestos.

La capacidad de endeudarse en términos razonables juega también un papel determinante en el estímulo de la demanda. El comportamiento especulativo de la banca es uno de los mayores obstáculos para la garantía del crédito, función que tradicionalmente había realizado la banca pero que, como consecuencia de su desregulación, ha dejado de realizar, por lo que ha perdido su razón social de ser. De ahí la importancia de establecer instituciones públicas que garanticen el crédito, y de gravar las actividades especulativas del sector financiero. Así pues, la continuidad del actual sistema financiero, cuyo objetivo principal es incrementar sus rentas a base de especulación, no sirve al propósito de facilitar el crédito, la demanda y la producción de empleo. Las políticas del gobierno de Rajoy (y del gobierno anterior) en cuanto a mantener el sistema financiero actual son un obstáculo para alcanzar políticas de pleno empleo.

Estas medidas jugarían un papel importante en la disminución de las desigualdades y en la recuperación económica, pero ninguna de ellas está siendo considerada por los gobernantes en España (excepto la reducción de impuestos).

La urgente necesidad de crear empleo

Uno de los hechos que ha impactado más negativamente en el bienestar y la calidad de vida de los españoles ha sido el gran deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores, resultado, en parte, de distintas intervenciones públicas, como las masivas reformas laborales llevadas a cabo por el gobierno del PSOE primero y por el gobierno del PP más tarde, siempre con el apoyo de Convergència i Unió, la derecha catalana que estos últimos años ha desarrollado las mismas políticas públicas en Cataluña. El objetivo teórico de estas reformas era flexibilizar el mercado de trabajo a fin de crear empleo y reducir el desempleo. Dicho objetivo, sin embargo, carecía de credibilidad desde el principio, puesto que podía fácilmente predecirse que destruiría empleo en lugar de crearlo (como ya adelantamos varios analistas). Y los datos, por desgracia, nos han dado la razón.

Si analizamos primero los datos del Eurostat (la Oficina Europea de Estadística), comparando España con el promedio de la Unión Europea de los Quince (UE-15), que es el grupo de países de mayor desarrollo económico de la UE, entre los cuales está España, veremos que los datos muestran claramente el fracaso de las políticas en la creación de empleo. En realidad, las características del mercado de trabajo muestran un muy marcado descenso de la población ocupada, es decir, de la población que trabaja, lo que es importante subrayar, pues España (incluida Cataluña) ya era un país con baja ocupación. En España y en Cataluña se crean pocos puestos de trabajo. En 2012, por ejemplo, el porcentaje de la población adulta trabajando (de 15 a 64 años) en España y en Cataluña era del 55,4 % y el 59,5 % respectivamente (comparados con el 65,2 % de promedio de la UE-15 y el 73,8 % en Suecia). Estos bajos porcentajes han ido disminuyendo con las sucesivas reformas laborales, desde que la crisis se inició en 2007 (en ese momento los porcentajes eran 65,6 % y 71 % respectivamente). Este bajón en España ha sido más acentuado entre hombres (del 76,2 % en 2007 al 60,2 % en 2012), que entre mujeres (del 54,7 % al 50,6 % durante el mismo periodo), aunque el porcentaje de mujeres ocupadas en el mercado de trabajo ha sido siempre menor (50,6 %) que el de hombres (60,2 %).

Esto refleja la gran destrucción y la escasa creación de puestos de trabajo, consecuencia, en gran parte, de las mencionadas reformas laborales. Es importante señalar que en otros países con mercados laborales altamente regulados, como Suecia, la tasa de ocupación (73,8 %) es mucho más alta que la de España (55,4 %), y ha bajado mucho menos que en España (de 74,2 % en 2007 a 73,8 % en 2012) durante los años de la crisis. Una consecuencia de esta situación es que el desempleo ha crecido mucho más rápidamente en España (del 8,3 % en 2007 al 25 % en 2012) que en Suecia (del 6,1 % al 8 %), pues hay muchos menos puestos de trabajo disponibles en España que en Suecia, sobre todo para los jóvenes (15-24 años, 53,2 %).

Estos datos cuestionan el argumento preferido por autores neoliberales, que constantemente se refieren a una supuesta rigidez del mercado de trabajo (es decir, a excesivas dificultades de los empresarios para despedir a sus trabajadores) en España, hablando de la excesiva seguridad de los insiders, los que tienen contrato fijo, frente a los outsiders, que tienen contratos temporales. En realidad, España es uno de los países que tienen un porcentaje menor de contratos fijos, siendo a la vez uno de los países que tiene menos gente trabajando y con mayor desempleo. Las tesis del profesor Juan José Dolado, máximo exponente de esta teoría, así como las de los economistas de Fedea, no son sostenibles en base a los datos. Si las regulaciones del mercado de trabajo son el problema, ¿cómo es que algunos de los países más regulados tienen mayor ocupación y menos desempleo?

El problema no es la supuesta (e inexistente) rigidez del mercado de trabajo, sino la escasa actividad económica y producción de empleo. Si miramos el porcentaje de la población ocupada en tiempos normales (no en crisis), vemos que el porcentaje de hombres trabajando es más cercano al promedio de la UE-15 (74,1 % en la UE-15 frente al 73,5 % de España). Es ahí donde, por cierto, se concentran los contratos fijos. Su deterioro muestra que ello no impide que la ocupación haya bajado más rápidamente en el caso de los hombres que en el de las mujeres. Donde hay menos personas ocupadas es entre las mujeres, con un porcentaje menor (60,1 % en la UE-15 frente al 54,9 % de España). Y ahí reside una de las causas de que haya poca gente (y menos mujeres) trabajando, realidad que continúa siendo ignorada por una cultura económica machista que no es capaz de ver lo que los datos muestran de una manera evidente. Hay que facilitar la integración de la mujer en el mercado de trabajo mediante una red de servicios, tales como escuelas de infancia y servicios domiciliarios que permitan compaginar las tareas familiares con las tareas profesionales, además de cambiar la actitud del hombre para que se sienta corresponsable de las tareas familiares. De ahí salió el famoso cuarto pilar del bienestar que yo sugerí al gobierno socialista, y que hizo más tarde fortuna, aun cuando se recortó para limitarse a los servicios de dependencia.

Estas medidas representan una gran inversión para promover empleo, pues la integración de la mujer genera la necesidad de crear nuevos puestos de trabajo (para realizar las tareas que la mujer realiza en el hogar cuando es ama de casa). Y esta incorporación, como la de cualquier nuevo trabajador, crea la necesidad de otros trabajadores, pues al aumentar el consumo aumenta también la actividad económica. Y es ahí donde hay que buscar las raíces del problema: el escaso desarrollo de los servicios públicos del Estado del bienestar, como sanidad, etc., servicios sociales, vivienda social, servicios que la mentalidad machista de la cultura económica ve como mero consumo, cuando en realidad son una enorme y beneficiosa inversión, pues crean empleo. Si España, en lugar de tener sólo una persona adulta por cada diez trabajando en estos servicios, tuviera alrededor de una por cada cuatro, como en el caso de Suecia, tendríamos unos 3,5 millones más de puestos de trabajo, anulando una parte muy importante del desempleo. Ahí está el problema.

Ahora bien, para que este aumento del número de trabajadores tenga incluso mayor impacto y efecto estimulante en la economía, hay que reducir la gran diferencia salarial entre mujeres y hombres. En relación con las políticas actuales de la juventud, es obvio que fracasan en cuanto a facilitar la inserción del joven en el mercado laboral, y deberían hacer mayor hincapié en la educación universitaria que en la formación profesional, que se considera destinada a jóvenes «sin la calidad intelectual para ser universitarios», una percepción clasista que daña no sólo a la juventud, sino a toda la sociedad. La mezcla de clasismo (discriminación de clase social) y machismo (discriminación de la mujer) conduce a políticas públicas ineficaces y contrarias al bienestar de la mayoría de la población.

De ahí la necesidad de cambios profundos (casi de 180 grados) respecto a las políticas que se están realizando hoy en las Cortes Españolas y en el Parlament de Catalunya. Todo esto no ocurrirá a no ser que se refuercen los sindicatos, y se dé además una gran agitación social. En realidad, el objetivo de las reformas laborales ha sido debilitar a los sindicatos y bajar los salarios, retrasando considerablemente el estímulo económico y dañando la calidad de vida de la mayoría de la ciudadanía. Mientras tanto, las derechas españolas y catalanas (cuyas políticas están causando el enorme deterioro del mercado de trabajo) agitan las banderas, intentando sustituir el tema social por el tema nacional.

V. EL PORQUÉ DE LAS DESIGUALDADES. CRÍTICA DEL LIBRO DE THOMAS PIKETTY «CAPITAL IN THE TWENTY-FIRST CENTURY»

1. EL PORQUÉ DEL MITO PIKETTY: LOS PUNTOS DE ACUERDO

La publicación de la traducción al inglés del libro de Thomas Piketty, profesor de Economía Política en la Universidad de París (escrito originalmente en francés hace un año), ha sido todo un fenómeno. Hacía treinta años que un libro de economía no creaba tanto interés a ambos lados del Atlántico Norte, llegando incluso a ser un bestseller en la lista del New York Times. Escrito de una manera amena, el libro explica y documenta la enorme concentración de la riqueza, es decir, de la propiedad de capital, que ha existido durante estos últimos treinta años, alcanzando niveles prácticamente sin precedentes. Con una narrativa fácilmente accesible, explica con detalle las características de esta concentración en los países capitalistas más ricos, y da abundante información sobre la evolución de las distintas formas de propiedad, señalando que el nivel de concentración de esta riqueza, así como el nivel de la riqueza, han alcanzado tales dimensiones que garantizan su propia reproducción pasando de padres a hijos, y así se ha establecido una nueva oligarquía sostenida por los poderes del Estado, que aseguran su continuidad en el escenario económico, político y social de cada país.

Su enorme éxito se debe a varios factores. Uno de ellos es que el nivel de tolerancia popular hacia la existencia de las desigualdades ha sobrepasado el límite. En los países de la Unión Europea, por ejemplo, el porcentaje de población que considera las desigualdades demasiado elevadas es de un 78 %, un porcentaje sorprendentemente parecido al de EE.UU. (72 %). Tal y como se ha visto en el segundo apartado de la sección 3 del capítulo III, la gente está harta de los superricos. Y lo peor para los superricos es que la gente no cree que la jerarquía social se base en la meritocracia. Es decir, la gente no se cree que los superricos merezcan ser superricos, pues no están donde están debido al mérito (es decir, debido a que se lo hayan ganado), sino a toda una serie de circunstancias que no tienen nada que ver con su mérito, entre ellas el haber nacido ya superrico.

Otro de los factores es que la gran cantidad de evidencia científica presentada en el libro le da una credibilidad y un rigor que han puesto al pensamiento neoliberal a la defensiva, ya en sí muy tocado por el gran fracaso que la aplicación de las políticas públicas basadas en este pensamiento, que es una de las principales causas de la Gran Recesión.

Uno de los postulados característicos del dogma neoliberal, destruido por el libro de Piketty, es el que sostiene que el capitalismo, sin ningún tipo de regulación pública, no lleva a una mayor concentración de la riqueza. Ha sido y continúa siendo parte del dogma neoliberal creer que el capitalismo, abandonado a su propia lógica, sin ningún tipo de intervención pública, se regula a sí mismo y reduce las desigualdades. Los datos de Piketty desmontan claramente este componente del dogma. Ha sido sólo en momentos históricos de gran intervencionismo público (el periodo 1932-1980) cuando las desigualdades de riqueza y de renta han disminuido.

Otro de los postulados del dogma neoliberal, que los datos presentados por Piketty también destruye, es el que sostiene que las políticas neoliberales (que sistemáticamente favorecen a las rentas altas y a la propiedad del capital) son necesarias para estimular el crecimiento económico y la creación de riqueza. Piketty muestra cómo la tasa de crecimiento económico fue mucho más elevada cuando la carga fiscal al capital y los impuestos a las rentas superiores fueron más elevados (durante el periodo 1932-1980) que después (en el periodo 1980-2008), cuando los impuestos al capital y a las rentas superiores fueron mucho (pero que mucho) más bajos que en el periodo anterior.

No es sorprendente, pues, que, junto a la alabanza casi unánime por parte de autores y creadores de opinión progresista (entre ellos, el premio Nobel de Economía, Paul Krugman), haya habido ataques furibundos de los portavoces de los superricos, como el Wall Street Journal (el instrumento del capital financiero en EE.UU.), que lo han definido como un «panfleto comunista». Como podía esperarse, algunos gurús neoliberales, con o sin chaqueta llamativa, también se han sumado a las críticas con mayor o menor estridencia. Dejo en manos del autor responder (en caso de que elija hacerlo) a esas críticas, fáciles de hacer, por el escaso valor argumentativo y poca densidad intelectual que tienen.

Pero el hecho de que sea un libro de un enorme interés (lo aconsejo y también lo utilizo en mi docencia) no excluye la necesidad de hacerle una crítica, no tanto por lo que dice, sino por lo que no dice. En realidad, lo que no dice limita la comprensión y, por lo tanto, la utilidad del libro.

2. LOS PUNTOS DE DESACUERDO CON PIKETTY: ÉSTE TENÍA QUE HABER LEÍDO «EL CAPITAL»

Una fórmula matemática define un síntoma, no la causa de las desigualdades

A aquellos que trabajamos en instituciones académicas a ambos lados del Atlántico Norte –EE.UU. y Europa Occidental–, nos resulta especialmente interesante su crítica a las instituciones académicas estadounidenses, que en las áreas de economía muestran una gran insensibilidad hacia el contexto político que condiciona el fenómeno económico. El énfasis metodológico que domina la producción de dicho conocimiento en aquel país oculta la falta de una visión más completa y acertada de la realidad económica. Esta crítica podría hacerse a todas las ciencias sociales, y no sólo a la economía.

Pero como varios autores argumentamos (véase mi artículo «No se puede entender el mundo del capital sin entender el mundo del trabajo», Público, 11 de julio de 2014, y también el de David Harvey «Afterthoughts on Piketty’s Capital in the Twenty-First Century», Challenge, octubre de 2014), Piketty parece caer en el mismo error cuando sintetiza todo su trabajo en una fórmula matemática en la que muestra que la rentabilidad del capital (r) es siempre mayor que la tasa de crecimiento de la economía (g). Según él, esta realidad, definida en esta fórmula, es la que ha causado la enorme concentración de la riqueza en el 1 % de la población (tanto a nivel global como en la mayoría de los países capitalistas desarrollados). Esto lo ha denunciado el movimiento Occupy Wall Street, inspirado, a su vez, por el movimiento español del 15-M.

Dicha fórmula matemática, sin embargo, describe pero no explica esta realidad. Como bien señala David Harvey, por qué el capital se está concentrando es la pregunta clave. No basta con escribir que la concentración se debe a que la rentabilidad del capital crece más rápido que el crecimiento de la economía. Lo que hay que explicar es por qué ocurre. Y ahí es donde el contexto político resulta determinante.

El problema del libro es que parece no percibir que no se puede entender el mundo del capital sin entender el mundo del trabajo, y sin entender la relación entre ambos. Ahí está el punto débil del libro (por cierto, hay también otras críticas, más bien de carácter metodológico –como la de la definición del capital–, que han hecho autores como James Galbraith, a las que no voy a hacer referencia. Mi crítica no es metodológica, sino conceptual y empírica).

El periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial (1945-1980) se caracterizó por un pacto social entre el mundo empresarial (propietario y gestor del capital) y el mundo del trabajo y sus instrumentos políticos y sindicales. Este pacto dio lugar a que las rentas del trabajo (como porcentaje de las rentas totales) alcanzaran unos niveles elevados (entre el 70 y el 75 %) de la renta nacional en la mayoría de los países a ambos lados del Atlántico Norte (EE.UU. y Europa Occidental). Asimismo, durante este periodo las políticas fiscales fueron claramente progresivas, con un elevado gravamen en las rentas derivadas de la propiedad del capital. Fue en esta época también cuando el Estado del bienestar se estableció y expandió. Esta expansión estuvo directamente relacionada con la fuerza del mundo del trabajo; a mayor poder de este último, mayor extensión del Estado del bienestar, siendo los países escandinavos (donde el mundo del trabajo alcanzó más fuerza) el mayor exponente de esta situación.

Este pacto social se rompió, como ya hemos visto anteriormente, con la elección como presidente de EE.UU. de Ronald Reagan (el gran gurú de los neoliberales) y de la señora Thatcher como primera ministra del Reino Unido. El objetivo de ambos era recuperar el poder del capital a costa del debilitamiento del mundo del trabajo. Alan Budd, consejero económico de la señora Thatcher, lo dijo claramente: las medidas neoliberales tomadas por el gobierno Thatcher «tenían como objetivo aumentar el desempleo, lo cual era muy importante y deseable, a fin de reducir la fuerza de la clase trabajadora... Lo que hicimos era lo que Karl Marx definió como crisis del capitalismo, que consiste en expandir el desempleo (reserve army), lo que permite la bajada de salarios y el aumento de la rentabilidad del capital a partir de entonces» (The Observer, 21 de junio de 1992). Ésta fue la causa de que las desigualdades crecieran enormemente. La diferencia entre lo que ingresaba un trabajador promedio y el director delegado de las grandes empresas ha pasado de ser de 30 a 1 en 1970 a 300 a 1 ahora. Estaba claro que, como bien dijo Warren Buffett, «seguro que hay una guerra de clases (class war) en este país. Y mi clase, los ricos, son los que la están haciendo y ganando diariamente» (The New York Times, 26 de noviembre de 2006). El punto débil de Piketty es que no hace referencia a este contexto político. Analiza la evolución del capital sin analizar su relación con el mundo del trabajo.

Donde la relación entre el mundo del capital y el del trabajo es más directa es en el capital productivo. Los beneficios del capital (ya sean los que obtienen los accionistas de las empresas o bien sus gerentes y directores) dependen, entre otros factores, de los costes de producción, entre los cuales los salarios juegan un papel importante. Ahí está uno de los silencios del libro de Thomas Piketty. El elevado crecimiento del capital (vía beneficios empresariales) está directamente relacionado con el estancamiento y descenso de los salarios. En realidad, en los últimos treinta años, como porcentaje de la renta nacional, las rentas del capital han ido creciendo, mientras que las rentas del trabajo han ido descendiendo. Y esto no es mera coincidencia. Las primeras han subido a costa de que las segundas han ido descendiendo. Es lo que Karl Marx llamó, con razón, explotación de clase, explotación que existe, aunque usted, lector, no la descubrirá leyendo los medios de información y persuasión de mayor difusión. En realidad, esta explotación ha alcanzado niveles récord, que se han ido acentuando durante la crisis. Durante el periodo 1993-2000 (gobierno de Clinton), el 45 % de la riqueza creada en EE.UU. fue a parar al 1 % de la población, un porcentaje que subió durante el periodo 2001-2008 (gobierno de Bush) al 65 %, alcanzando el 95 % desde entonces (gobierno de Obama) (véase «The Origins of Inequity», de Jack Rasmus, en CounterPunch, 13 de mayo de 2014).

No se puede entender el capital sin comprender cómo se relaciona éste con el mundo del trabajo

Thomas Piketty hace un buen trabajo al documentar la distribución de esta riqueza. Una parte va hacia los instrumentos del capital como, por ejemplo, las acciones, o hacia instrumentos especulativos como los derivados, y así un largo etcétera. Como Thomas Piketty señala, hoy existe claramente un exceso de capital y, para complicarlo más, está demasiado concentrado. Ahora bien, otra parte de la riqueza que se está creando va a parar a los salarios y compensaciones de los gerentes del capital, salarios y compensaciones que no tienen ninguna relación con su productividad, pues la mayoría controla los consejos de dirección de las instituciones que dirigen, asignándose retribuciones elevadísimas, incluso cuando las empresas tienen pérdidas. El caso más claro es el de la banca, incluyendo la española. Hemos visto compensaciones obscenamente altas a consejeros de entidades bancarias en dificultades (Banco Sabadell, Catalunya Caixa, etc.).

Esto es importante, por varias razones. Una de ellas es que estos salarios y compensaciones elevadísimos desdibujan y hacen confusos los datos sobre la situación de los salarios en general, pues son tan altos que, cuando se suman a todos los salarios, elevan el valor promedio de manera notable. Si no se tiene en cuenta estos salarios de los ejecutivos y gestores de las empresas financieras y productivas, entonces el estancamiento y descenso salarial es incluso más marcado de lo que señalan las estadísticas que toman los promedios de crecimiento salarial.

La silenciada y oculta explotación

Resumiendo, los beneficios del capital derivan de la actividad financiera de carácter especulativo, una actividad que ha ido creciendo espectacularmente, como resultado, en parte, de la baja rentabilidad de la inversión productiva (en comparación con la actividad especulativa), y también de la desregulación del capital financiero. La otra fuente de beneficios empresariales ha sido la actividad productiva, es decir, la producción de bienes y servicios que se consumen en la sociedad. El crecimiento desorbitado del primero ha sido la mayor causa de inestabilidad financiera. Este crecimiento, por cierto, no tiene ningún objetivo social y, se mire como se mire, es intrínsecamente negativo.

En cuanto al segundo –el sector de la economía productiva–, el crecimiento de estos beneficios no se ha basado en el aumento de las ventas ni en la subida de los precios, sino en la enorme reducción de los costes de producción, especialmente del precio del trabajo, es decir, de los salarios. Hay abundante evidencia que apoya esta lectura del crecimiento de la rentabilidad en el sector productivo, situación que ha alcanzado ahora sus mayores niveles. Es ahí donde el término explotación define mejor que cualquier otro lo que está ocurriendo, término que Thomas Piketty ni siquiera menciona. Ya indiqué en otro artículo, «La explotación social como principal causa del crecimiento de las desigualdades», Público, 1 de mayo de 2014, que el crecimiento de la productividad ha repercutido en el aumento de los beneficios empresariales a costa de los salarios (según el cálculo de Lawrence Mishel y Kar-Fai Gee, entre 1973 y 2011 la productividad por trabajador en EE.UU. creció un 80,4 %, mientras que el salario por hora promedio sólo creció un 4 %. Otro tanto ocurrió en la Eurozona).

¿Qué debería hacerse? Por qué sus soluciones son insuficientes

De este análisis se concluye que las recomendaciones que Thomas Piketty hace en la última parte de su libro son insuficientes. Thomas Piketty cree que la solución al enorme crecimiento de las desigualdades es gravar el capital a nivel internacional, impidiendo que se concentre de este modo. El hecho de que proponga un impuesto mundial sobre el capital ha generado escepticismo acerca de que, con las coordenadas de poder existentes en el mundo, tal cosa sea factible. No me distancio de esta propuesta. Ahora bien, a nivel estatal, sí que creo necesario y factible que las rentas del capital se graven, al menos, al mismo nivel que las rentas del trabajo, una propuesta realizada periódicamente por las izquierdas y raramente ejecutada.

Pero la reducción de las desigualdades necesita no sólo la bajada de lo alto, sino también la subida de lo bajo. Es decir, no sólo hace falta gravar el capital (y las rentas superiores, que Thomas Piketty apenas cita) e incluso el control público de este capital (que Thomas Piketty tampoco cita), mediante la nacionalización o regulación, sino que también es necesario incrementar las rentas del trabajo, algo que Thomas Piketty tampoco menciona. Estos silencios y su omisión del contexto político que define este conflicto capital-trabajo son puntos débiles del libro, que limitan la comprensión de lo que ocurre.

Éstos son, pues, los límites del enfoque de Thomas Piketty. Varios autores hemos subrayado que en la base de la crisis actual está el conflicto capital-trabajo, enfatizando que el capital ha estado ganando la lucha de clases diariamente, creando la crisis financiera, económica y social que se conoce como Gran Recesión (véase mi artículo «Capital-trabajo: el origen de la crisis actual», Le Monde Diplomatique, julio de 2013). Pues bien, la solución pasa por revertir esta lucha de manera que los que ahora ganan, pierdan, y los que ahora pierden, ganen. Pero sobre el tema político Thomas Piketty no dice nada, lo cual es sorprendente, puesto que en la introducción del libro hace una crítica excelente del conocimiento económico que se enseña en la academia de EE.UU. (y yo diría que también en Europa), vacío y desnudo del contexto político y social que lo determina. Los llamados problemas económicos son, en realidad, problemas políticos, y por mucho que se intente silenciar, la lucha de clases sigue siendo, como bien dijo Karl Marx, el motor de la historia. Cómo tiene lugar esta lucha de clases, y a través de qué instrumentos, es el mayor reto del análisis de la realidad que persigue el fin de cambiarla. Thomas Piketty ha dado un paso en esta dirección pero sus silencios deberían subsanarse para poder entender, mejor incluso, cómo se desarrolla la lucha hoy a ambos lados del Atlántico.

VI. LAS CONSECUENCIAS DEL NEOLIBERALISMO EN ESTADOS UNIDOS

1. LA REALIDAD ECONÓMICA ESTADOUNIDENSE. EL CRECIMIENTO DE LAS DESIGUALDADES Y SUS CAUSAS

No hay plena conciencia en los círculos progresistas de nuestro país de que lo que está pasando en Europa es la «americanización de este continente», resultado de la generalización de políticas públicas de claro corte neoliberal que los gobiernos europeos están imponiendo a sus poblaciones siguiendo el mandato de la Troika. Europa Occidental era percibida internacionalmente como la Europa social y la Europa democrática, toda una referencia para las fuerzas progresistas que deseaban desarrollar el Estado del bienestar a través de procesos democráticos. Esta visión había tenido siempre un componente de idealización; sin embargo, había también un componente realista, sobre todo cuando se contrastaba con la experiencia en EE.UU., donde el capitalismo se manifiesta con toda su crudeza, donde la protección social es escasa y la democracia sumamente limitada. Pues bien, lo que está ocurriendo en esta Europa social y democrática es la pérdida de su identidad y peculiaridad, de su dimensión social y su compromiso democrático.

Veamos en primer lugar qué está ocurriendo en EE.UU. Hoy EE.UU. es el caso considerado más exitoso de crecimiento económico entre los países desarrollados. Este país ha estado creciendo desde 2009 a unos niveles mucho más elevados que los de la Unión Europea, y ha alcanzado una tasa de crecimiento de un 4,1 % en los últimos seis meses (véase Colin Jenkins, «The Great Recession. Six Years Later», Z Magazine, pp. 26-30).

Este elevado crecimiento económico ha ido acompañado también de una exuberancia de la Bolsa (medida por el Dow Jones Industrial Average), que ha alcanzado niveles de valoración nunca conocidos en sus 128 años de historia. Y por si esto fuera poco, los elevados beneficios empresariales han hecho que reconozca este periodo como «la época dorada de los beneficios empresariales» (the golden age of corporate profits). Estos beneficios empresariales nunca habían alcanzado, como proporción de la renta nacional, un porcentaje mayor desde 1950. Todos estos indicadores podrían significar que la economía va viento en popa.

Y confirmando esta percepción de mejora de la economía podemos ver que la tasa de desempleo, que había alcanzado una cifra alarmante para EE.UU. en el año 2009 (10 %), ha ido descendiendo, pasando al 9 % en el 2011 y, más tarde, en septiembre de 2014, bajando a un 6 %. Gran parte de este descenso del desempleo se ha debido a la elevada producción de empleo –227.000 puestos de trabajo cada mes de media en 2014–, la tasa más elevada desde la década de 1990. La evolución de todos estos indicadores parecería apuntar a una salida clara y contundente de la Gran Recesión y a una recuperación de la economía estadounidense. Esta conclusión es inevitable cuando se toman estos indicadores como señales de éxito.

Y lo que aparece más rápidamente es la enorme concentración de las rentas y riquezas en un grupo muy, pero que muy pequeño de la población (cuyas rentas derivan de la propiedad del capital), a costa del empobrecimiento de todos los demás, es decir, de la mayoría de la población, que obtiene sus rentas del trabajo. Los indicadores son los siguientes:

1. El 1 % de la población recibió el 95 % de todo el crecimiento de las rentas generado durante el periodo 2009-2012.

2. El 60 % de los puestos de trabajo que han desaparecido durante la Gran Recesión eran buenos puestos de trabajo, es decir, bien pagados, mientras que el 59 % de los nuevos puestos de trabajo son puestos de trabajo con salarios bajos. Es decir, los puestos de trabajo con salarios bajos (y muy bajos) están sustituyendo a los puestos de trabajo medianamente bien pagados. En 2020 se calcula que casi la mitad de los puestos de trabajo tendrán salarios bajos o muy bajos.

3. Los beneficios de las grandes corporaciones han alcanzado niveles récord. Las financieras han sido las más beneficiadas.

4. Las rentas del capital han subido, como porcentaje del PIB, como nunca antes habían hecho, mientras que las rentas del trabajo han bajado a porcentajes nunca vistos. La distancia entre lo que ganan los ejecutivos de las mayores empresas que cotizan en Bolsa y el salario medio del país ha ido creciendo paulatinamente desde los años ochenta, acentuándose durante la llamada recuperación en la Gran Recesión (pasó de ser en EE.UU. 46 veces superior al salario medio en 1983, a 331 veces en el año 2012). Este crecimiento diferencial de la renta y, por lo tanto, de las desigualdades sociales, se debe al exuberante crecimiento de las rentas superiores, y también a la reducción muy marcada del nivel salarial de los trabajadores. En manufactura –el sector mejor pagado–, el salario medio pasó de 61.637 dólares en 2008, a 47.171 en 2014. Y este descenso, ha ocurrido en todos los sectores de actividad económica. Mientras tanto, el crecimiento anual de los beneficios empresariales ha sido de un 20,1 % desde 2008, y el poder adquisitivo del conjunto de las familias trabajadoras ha subido sólo un 1,4 % por año desde entonces. Pero la situación es incluso peor, pues no sólo los salarios han descendido, sino que también el número y porcentaje de la población asalariada han disminuido. A principios de la crisis, el 80 % de la población de 25 a 54 años tenía trabajo. Hoy sólo el 75 % lo tiene. Y esta pérdida de puestos de trabajo ha ido acompañada de la ya citada disminución de los salarios, de manera que a mayor destrucción de puestos de trabajo, la disminución salarial (alcanzándose incluso reducciones salariales de un 23 %).

5. Según los expertos más respetados en el estudio de rentas en EE.UU., Thomas Piketty y Emmanuel Saez, durante los últimos treinta años (desde el gobierno de Reagan) el porcentaje de las rentas que ha ido al 1 % más rico de EE.UU. se ha doblado (y el que ha ido al 0,1 % se ha triplicado).

6. Esta concentración de las rentas procedentes del capital en manos de un sector muy minoritario de la población se ha traducido en un crecimiento muy notable de su influencia política y mediática, y en políticas públicas que le han beneficiado enormemente. Las áreas de especial influencia han sido las políticas fiscales y las de desregulación del capital, consiguiendo una gran desregulación en el manejo y utilización de este capital.

7. A este descenso masivo de las rentas derivadas del trabajo contribuye la estabilidad y descenso del salario mínimo.

8. En EE.UU., la relación entre lo que se llama Corporate America (el 1 % de la población) y la clase política ha alcanzado niveles de complicidad nunca vistos. Esto ha hecho que la corrupción haya dejado de verse como tal. En realidad, la compra de políticos por parte de empresas financieras, industriales o de servicios es legal, y no se considera corrupción. De esta manera, uno de los sistemas políticos más corruptos de la OCDE aparece como uno de los menos corruptos, pues la compra de políticos no es ilegal y es una práctica común y generalizada en EE.UU.

Una de las razones que explica que el crecimiento de la economía estadounidense no se traduzca en una mejora de la situación social es la manera como se ha estimulado la economía para salir de la crisis. A principios del siglo XX, el gobierno de Roosevelt emprendió un ambicioso plan de estímulo de la economía con la intención de salir de la Gran Depresión. Éste consistía en un enorme crecimiento del gasto público, invirtiendo en la infraestructura física y social del país (aquel gobierno fue precisamente el que estableció el Estado del bienestar en EE.UU., lo que explicó, por cierto, su gran popularidad), y en facilitar el incremento de los salarios a través de una serie de políticas públicas que incluyeron desde facilitar y estimular la sindicación de los trabajadores a exigir salarios altos para las compañías que hicieran contratos con el Estado. Todas estas medidas tuvieron un impacto directo, estimulando la demanda doméstica y, por lo tanto, el crecimiento económico. En base a esta experiencia, las dos líneas estratégicas necesarias para estimular la economía son una intervención pública en el sector financiero para garantizar el crédito, y un aumento de la demanda doméstica a través del aumento del gasto público y de los salarios. Esta vía es, en general, redistributiva, pues incrementa las rentas de aquellos cuyos ingresos derivan del trabajo, que son la mayoría.

Tras la Gran Recesión, ya en el siglo XXI se ha iniciado una expansión del gasto público en EE.UU. a base de aumentar las inversiones (incluidas las áreas sociales), o bien mediante la reducción de impuestos (esto último mucho menos efectivo a la hora de estimular la economía que el aumento de las inversiones públicas). De ahí que el crecimiento económico haya sido mayor en EE.UU. que en la Eurozona. Ahora bien, el hecho de que en EE.UU. el gobierno de Obama no haya seguido las políticas del New Deal del presidente Roosevelt explica que el mayor crecimiento económico no haya repercutido en una mejora salarial. El sector que más se ha beneficiado de este estímulo, basado en el aumento del dinero, ha sido el sector bancario, cuyas rentas se han disparado exponencialmente, agravando, con ello, las desigualdades de renta en EE.UU. Paradójicamente, las desigualdades han crecido más durante el mandato del presidente Obama (que ha subrayado que el mayor problema de EE.UU. es el enorme crecimiento de las desigualdades) que durante otros mandatos presidenciales.

Ésta es la situación en EE.UU., donde el dominio del capital es casi absoluto, y la Unión Europea comienza a parecerse especialmente en los países del sur de Europa (incluida España), donde las fuerzas progresistas son muy débiles y están constantemente divididas.

2. EL CONTEXTO POLÍTICO DE TAL CRECIMIENTO. CÓMO SE EXPRESA EL PODER DE CLASE Y EL PODER DE RAZA

A raíz del cincuenta aniversario de la Marcha de Washington, en la que el reverendo Martin Luther King dio su famoso discurso «Tengo un sueño» (I Have a Dream), se han escrito muchos reportajes, tanto en EE.UU. como en España, sobre aquella marcha y sobre Martin Luther King, refiriéndose a este último como una figura inspiradora que, actuando en nombre de la conciencia de la nación estadounidense, exigió a aquella sociedad el fin de la discriminación contra la población negra, de origen africano. Es difícil ver u oír aquel discurso sin conectar con su causa.

Ahora bien, esta imagen inspiracional de Martin Luther King se ha construido a costa de olvidar y hacer olvidar a otro Martin Luther King, el Martin Luther King real, que veía esta discriminación como el resultado de unas relaciones de poder basadas en una explotación, no sólo de raza, sino también de clase social. Se ha silenciado que Martin Luther King (en adelante MLK) fue un socialista que, sin lugar a dudas, hubiera sido muy crítico con las sucesivas políticas, tanto domésticas como internacionales, llevadas a cabo durante todos estos años por los gobiernos federales, incluyendo al gobierno de Obama.

MLK estuvo en contra de la guerra del Vietnam, como hubiera estado en contra de las guerras de Irak y Afganistán, y no sólo por su pacifismo, sino también por su antimilitarismo y antiimperialismo. Definió al gobierno de EE.UU. como «el máximo agente de violencia hoy en el mundo... que gasta más en instrumentos de muerte y destrucción que en programas sociales vitales para las clases populares del país». Era profundamente anticapitalista, como consta en su discurso de que «deberíamos denunciar a aquellos que se resisten a perder los privilegios y placeres que acompañan a los beneficios de sus inversiones, extrayendo su riqueza a través de la explotación».

En 1967 condenó con toda contundencia a los tres diablos que –a su parecer– «caracterizaban al sistema de poder estadounidense, a saber, el racismo, la explotación económica y el militarismo», subrayando que «las mismas fuerzas que consiguen enormes beneficios a través de las guerras son las responsables de la enorme pobreza en nuestro país» (todas estas notas proceden del excelente artículo de Michael Parenti «I Have a Dream, a Blurred Vision», 29 de agosto de 2013).

Y su último discurso, en apoyo de las reivindicaciones de los trabajadores de los servicios de limpieza que estaban en huelga, concluyó con la famosa frase de que «la lucha central en EE.UU. es la lucha de clases». Dos semanas más tarde fue asesinado, sin que nunca se hayan aclarado las responsabilidades. Un fugitivo de la cárcel de Missouri, James Earl Ray, fue acusado de asesinarlo. Lo detuvieron en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, con bastante dinero encima. Nunca se aclaró quién le dio ese dinero.

MLK fue la conciencia de EE.UU. Exigió que no se discriminara a los negros, petición con un fuerte contenido moral a la cual era difícil oponerse. Otra cosa muy distinta y amenazante para la estructura de poder era subrayar que el origen de la pobreza y discriminación (que incluye también a amplios sectores de la clase trabajadora blanca, además de la negra, pues la mayoría de los pobres en EE.UU. son blancos) requiere un cambio revolucionario (por muy no violento que sea) de las estructuras capitalistas de aquel país. Y la elección del presidente Obama prueba, precisamente, que el diagnóstico de MLK era correcto. Hoy el presidente de EE.UU. es un afroamericano, lo cual, sin duda, es un gran adelanto. Pero la pobreza entre negros (y entre blancos) en EE.UU. no ha cambiado desde entonces.

De ahí la enorme hostilidad del establishment estadounidense, del que la Policía Federal, el FBI, era un elemento clave, y la dirigía una de las figuras más nefastas de la historia de EE.UU., J. Edgar Hoover (definido por el famoso periodista Russell Baker, del New York Times, como un «tirano patético»), que había intentado convencer al fiscal general del Estado federal, Robert Kennedy, «de que el cerebro de los negros era un veinticinco por ciento más pequeño que el de los blancos». Era cercano políticamente a Strom Thurmond, senador segregacionista de Carolina del Sur, e intentó por todos los medios desacreditar al movimiento antisegregacionista y a sus dirigentes, muchos de los cuales eran socialistas y comunistas. En realidad, fueron los sindicatos, y de forma especial, el sindicato del automóvil, el UAW (United Automobile Workers), los que financiaron en gran parte la marcha. Y a la izquierda de MLK en la marcha estaba Walter Reuther, su secretario general, socialista y blanco. Una tercera parte del cuarto de millón que acudió a la marcha de Washington eran blancos, gran número de ellos sindicalistas y miembros de partidos de izquierda. El eslogan de la marcha era «Libertad, justicia y trabajo» y el organizador de la marcha, Asa Philip Randolph, era el sindicalista afroamericano más conocido en EE.UU., dirigente del sindicato ferroviario (Paul Le Blanc, «Revolutionary Road, Partial Victory. The March on Washington for Jobs and Freedom», Monthly Review, septiembre de 2013).

Cuando el presidente Kennedy, a instancias de Hoover, jefe del FBI, puso como condición para que él apoyara la marcha que los radicales dejaran de liderarla, MLK se negó. La presión de la calle era tal que el presidente Kennedy decidió a última hora apoyar la marcha, recibiendo a MLK en la Casa Blanca. Y el obispo católico de Washington, Patrick O’Boyle, amenazó con no participar en ella a no ser que los discursos (que se habían repartido con antelación) se moderaran.

En 1986, el día del nacimiento de MLK fue declarado fiesta nacional. Pero al convertir a MLK en un icono se ha reciclado deliberadamente su mensaje y figura para transformarlo en una persona modélica, en la conciencia del país, alguien que luchó a favor de los derechos civiles de la población afroamericana (haciendo especial hincapié en su derecho a voto), olvidándose deliberadamente del MLK real, que pidió un cambio profundo no sólo en las relaciones de raza sino también de clase social. De esto último ni se habla.

Yo tuve la oportunidad de vivir una situación parecida durante mi participación en la campaña electoral del reverendo Jesse Jackson (que estaba con MLK cuando fue asesinado), en las primarias a las elecciones del candidato presidencial del Partido Demócrata. En respuesta a su invitación, fui senior advisor (asesor especial) en su campaña de 1984, y más tarde en la de 1988. En 1984, en contra de mis consejos, se presentó como la voz de la minoría negra, exigiendo su incorporación a la sociedad americana. En aquella campaña, el establishment liberal estadounidense (cuyo mayor portavoz era y es el New York Times) escribió un editorial enormemente positivo acerca de su candidatura. La razón de que yo desaconsejara esta estrategia, sin embargo, era fácil de entender. Un representante de los intereses de una minoría difícilmente podría alcanzar el apoyo mayoritario de la población votante. Presentarse como el candidato de una minoría defendiendo primordialmente los intereses de tal minoría, no era la mejor manera de ganar el apoyo de esa mayoría, necesario para ser presidente de los EE.UU.

En 1988, sin embargo, no se presentó como la conciencia de EE.UU. o la voz de los negros, sino como la voz de la clase trabajadora de EE.UU. Y cuando los medios le preguntaron cómo él –negro– obtendría el voto del trabajador blanco, contestó: «Haciéndole ver que tiene más en común con un obrero negro, por ser obrero, que con su patrón (boss) porque sea blanco.» Cuando se suman todos los colores (negro, blanco, amarillo, gris, etc.), la clase trabajadora de EE.UU. es la mayoría de la población. En un discurso de clase, movilizó a las bases del Partido Demócrata (que están más a la izquierda que su dirección) y consiguió el 40 % de los delegados en el congreso del Partido Demócrata. Nunca antes, ni después, las izquierdas en EE.UU. habían tenido tanto poder desde los años cincuenta. Y el New York Times escribió un editorial muy negativo diciendo que Jesse Jackson, en caso de ser elegido, destruiría EE.UU., es decir, su EE.UU.

La lección es clara. La estructura de poder obtiene su enorme influencia de su poder de clase (así como de género y raza). No permite que se toque ese poder, y para ello diluye las legítimas protestas contra la discriminación de género y raza reciclándolas, incluyendo elementos de tales grupos discriminados dentro de la estructura de poder para poder adaptarlos a la estructura social dominante. Existe hoy un presidente afroamericano y una clase media negra que no existían antes, lo cual es motivo de celebración. Pero el estándar de vida de la mayoría de los negros y de los blancos (pertenecientes a la clase trabajadora) no ha mejorado en este periodo.

3. EL MODELO SANITARIO NEOLIBERAL

Si bien es cierto que EE.UU. tiene algunos centros sanitarios excelentes, la financiación y organización del sistema sanitario están entre los peores. Y es el modelo sanitario de las fuerzas políticas liberales. Es un sistema de financiación esencialmente privado, gestionado por las compañías de seguros. En el entusiasmo por tal modelo se ignoran varios hechos.

1. Los costos administrativos consumen nada menos que el 31 % de todo el gasto sanitario. Es el sistema sanitario con mayor burocracia (privada) y más engorroso.

2. La insolvencia para pagar las facturas médicas causa el 60 % de todas las bancarrotas familiares. El 39 % de pacientes terminales declaran que están preocupados, o muy preocupados, por si ellos o sus familiares podrán pagar sus facturas.

3. Cerca de 45.000 personas mueren cada año por falta de cobertura sanitaria. Las personas que no están aseguradas retrasan la visita al médico por no saber si podrán pagar al hospital o a las compañías de seguros. Y cuando van al médico, ya están muy enfermos. Y en muchos centros sanitarios no se les atiende.

4. El estímulo e incentivo para la privatización de la sanidad, que se hace desgravando las pólizas a las compañías de seguros (los liberales están presionando para que también se haga en España) representa unos costes públicos elevadísimos, pues la desgravación implica un subsidio público. Cuando se añade a este subsidio el gasto público sanitario, entonces resulta que el 60 % de la financiación sanitaria está pagada con impuestos. Ningún otro país tiene un gasto público sanitario per cápita (estandarizado por capacidad de compra) tan alto como EE.UU. Es un sistema carísimo que genera un enorme gasto privado y público que representa un 17 % del PIB, el más alto del mundo.

5. Los indicadores de salud, sin embargo, son preocupantes. Su mortalidad infantil, por ejemplo, es de las más altas de los países de la OCDE, el grupo de países más ricos del mundo. Algo parecido ocurre en cuanto a la incidencia de enfermedades prevenibles.

6. El 20 % del gasto sanitario consiste en el pago directo del paciente al médico o al hospital, uno de los más altos del mundo.

7. El sector sanitario con afán de lucro es el sector que tiene gran presencia en las casas de convalecencia, hospitales de agudos y casas de maternidad. Su calidad es menor que la de los centros privados sin afán de lucro y que la de los centros públicos, cuando ésta se analiza por intervención médica y quirúrgica estandarizada por diagnóstico y por tipo de paciente.

8. Las innovaciones tecnológicas –como la digitalización de los historiales clínicos– que se promovieron como forma de ahorro económico no han tenido ningún impacto en la reducción de costes. Sus méritos no parecen basarse en argumentos de eficiencia económica, sino de calidad de atención.

9. EE.UU. es el país de la OCDE que tiene un mayor porcentaje de población insatisfecha con la financiación y gestión de la sanidad, con un 32 % de la población que desearía una renovación total del sistema.

10. Una de las mayores causas de insatisfacción, además del coste elevadísimo de la atención sanitaria, es la imposibilidad de elegir al proveedor de servicios. En realidad, para la mayoría de la población, quien elige a los proveedores sanitarios es el empresario del puesto de trabajo –que es quien contrata prestaciones con las compañías de seguros y elige a los proveedores (médicos y centros sanitarios) que atenderán a los empleados y trabajadores.

11. La variabilidad del aseguramiento es enorme, pues depende de que el empresario quiera o se le fuerce (como consecuencia de la presión sindical) a cubrir a los empleados de la empresa a través de convenios colectivos, que en EE.UU. están muy descentralizados. En sectores con sindicatos fuertes (como en la manufactura), la cobertura puede ser bastante extensa (aunque nunca tan completa como en España). Para la mayoría de los puestos de trabajo donde los sindicatos son muy débiles o inexistentes, la cobertura es muy pobre o no existe.

12. Cuando a una persona la despiden del puesto de trabajo, esta persona pierde no sólo su salario, sino también su cobertura sanitaria. Esta situación explica el enorme temor del trabajador al despido, teniendo un gran impacto disciplinario sobre el mundo del trabajo. EE.UU. es el país con menor número de días de trabajo perdidos por huelgas. Este dato se explica por el temor de los trabajadores a ser despedidos y perder no sólo su salario, sino también la cobertura para él y para su familia.

13. Cuando estuve trabajando en la Casa Blanca con el grupo de trabajo presidido por la señora Clinton, que tenía como objetivo hacer una reforma a fin de universalizar la atención sanitaria, pude ver que los grandes opositores a las reformas eran, además de las compañías de seguros, los empresarios de las grandes compañías, pues éstos tenían miedo a perder el control casi absoluto que tienen sobre sus empleados.

14. La reforma sanitaria del gobierno de Obama (Obama Care) prohibió que una compañía de seguros sanitarios deje de asegurar a un empleado cuando éste deja de trabajar en una empresa en la que estaba asegurado. Esta reforma, sin embargo, no regula el precio de la póliza, con lo cual ésta puede alcanzar niveles prohibitivos para el empleado al dejar éste la empresa.

15. Para las personas con enfermedades crónicas que no trabajan o no tienen cobertura, es dificilísimo conseguir aseguramiento.

16. Las compañías de seguros, así como las grandes compañías, son las mayores financiadoras de las campañas electorales de los miembros de los Comités del Congreso de EE.UU. que deciden sobre temas de financiación del sistema sanitario. De ahí que, como la propia señora Clinton subrayó, en EE.UU., a no ser que se haga una reforma del sistema electoral (que está privatizado), nunca habrá una reforma sanitaria orientada a universalizar el derecho de acceso a los servicios sanitarios.

17. El 68 % de la población estadounidense cree (acertadamente) que el Congreso de EE.UU. no les representa a ellos, sino a los intereses de la Corporate America.

5. ¿NACIONALCRISTIANISMO EN EE.UU.? EL CASO DEL TEA PARTY

Existe la percepción generalizada en los mayores medios de información españoles de que el Tea Party en EE.UU. es un movimiento social de orientación libertaria que surgió en respuesta a lo que amplios sectores de la población estadounidense percibían como un aumento del intervencionismo del Estado federal en EE.UU. bajo la presidencia de Barack Obama. El corresponsal Antonio Caño de El País en EE.UU. fue uno de los promotores de esta visión, también promovida por el mismo movimiento y por los medios conservadores y ultraliberales que simpatizan con él.

La realidad, sin embargo, es bien distinta. Tanto sus orígenes como sus actividades actuales señalan otro tipo de movimiento, que tiene por objetivo defender los intereses económicos y financieros de grupos empresariales concretos (que incluyen desde empresas tabacaleras a compañías de seguros, banca y empresas petrolíferas). Es un movimiento cuya base social es clase media de renta alta y sectores de las clases pudientes que creen que sus impuestos van a sostener a las minorías pobres del país. Está extraordinariamente bien financiado, con gran riqueza de medios procedentes de grupos financieros y económicos que gozan de grandes recursos políticos y mediáticos. Su poder político deriva del control que ejercen sobre el sistema electoral a través de la redefinición de los distritos electorales que diseñan las cámaras legislativas de los Estados controladas por el Partido Republicano, favoreciendo la elección de políticos ultraliberales, de nula sensibilidad democrática.

Sus miembros tienen características comunes con el nacionalcatolicismo español. Se consideran parte de una patria escogida por Dios, defienden un nacionalismo extremo que tiene la misión de salvar a EE.UU. de «ideologías antiamericanas», liberándolo del gobierno federal controlado ahora por un anticristo. El 62 % de los miembros del Tea Party (según Public Policy Polling) cree que el presidente Obama quiere instaurar el socialismo en EE.UU.; el 42 % creen que el presidente Obama es musulmán y quiere imponer la ley musulmana en el sistema judicial americano; el 21 % creen que el gobierno federal está matando a gente para estimular el miedo a las armas (sí, ha leído bien) y un largo etcétera de obvias falsedades, trasmitidas por un enorme sistema de adoctrinamiento, semejante a tener veinte Losantos –en prime time– por todo el territorio estadounidense: Rush Limbaugh, Glenn Beck, Michael Savage y la Fox News. La cantidad de dinero que estos aparatos tienen a su disposición es enorme. Es el movimiento de ultraderecha norteamericana más cercano al fascismo europeo, aun cuando tiene características propias que lo distinguen.

Su eficacia se debe también a su profundo sentido de la militancia y a su activa participación en el proceso electoral. Puesto que la abstención es enorme en las elecciones al Congreso (una de las instituciones más desprestigiadas de EE.UU.), un grupo muy minoritario, como el Tea Party, puede ganar las elecciones fácilmente. En las de 2012 sólo el 30 % del electorado votó (en las elecciones presidenciales, que coinciden con las del Congreso, lo hizo el 52 %), con lo cual, un grupo muy movilizado pudo acabar (con un 16 % del voto) controlando las ramas legislativas del Estado y del Congreso. Están muy movilizados, pues tienen ese fanatismo religioso que sostiene su convencimiento de que están luchando contra el anticristo, siendo altamente manipulables por los grupos económicos que los financian. A su fanatismo se añade una enorme ignorancia, pues creen, por ejemplo, que la parálisis del gobierno federal y su insolvencia para pagar la deuda mejorarán la economía estadounidense. De ahí que su control del Congreso a través del Partido Republicano represente una amenaza para el sistema económico de EE.UU., incluso para el sistema económico mundial. La cuestión de la deuda pública es un ejemplo de ello, pues están intentando chantajear al presidente Obama a fin de acabar con las reformas sanitarias del gobierno demócrata y las pensiones públicas de aquel país.

5. LA SOVIETIZACIÓN DE EE.UU.

No sé si usted, lector, ha leído la novela Doctor Zhivago, del novelista ruso Borís Pasternak, o visto la película basada en esta novela.

Cuando se publicó en ruso, inmediatamente fue prohibida en aquel país por la censura del Estado soviético, pues la novela era una protesta frente al carácter totalitario de aquel régimen, que invadía todas las dimensiones del ser humano, sin permitir un espacio propio, personal, con intimidad y respeto a la persona. Los que vivimos la dictadura totalitaria, fascista, que existió en nuestro país, conocemos y compartimos aquella protesta y denuncia que hizo Pasternak. La dictadura fascista española permitía muy pocos espacios de libertad individual y de decisión personal. Todo estaba normativizado y sancionado, desde la lengua (en Cataluña el idioma catalán fue reprimido) hasta el sexo.

Con un acto que le honró, el Partido Comunista Italiano, PCI, una de las fuerzas de izquierda más poderosas de Europa, apoyó la publicación, en italiano, del libro de Pasternak. Una editorial próxima al PCI, la editorial Feltrinelli, lo publicó, a pesar de la enorme presión de la Unión Soviética para que no lo hiciera. Esta historia es conocida, aunque no en España, pues la censura fascista no podía admitir que los comunistas italianos hicieran nada bueno. Y es más, la protesta de Pasternak iba dirigida a todos los sistemas y dictaduras totalitarios, entre los cuales la dictadura española no tenía nada que envidiar a la soviética. De ahí que en España esta historia, entre muchas otras, no se conociera, y sigue sin conocerse.

Es muy interesante lo que ha pasado en EE.UU. La desclasificación de los archivos de la agencia de inteligencia del gobierno federal de EE.UU., la CIA, documenta una parte desconocida de esta historia, que delata lo que fue la Guerra Fría y la enorme importancia que jugó la lucha ideológica en aquel conflicto. Paralelamente a lo que estaba ocurriendo en Italia, bajo el liderazgo del PCI, había una campaña internacional, dirigida por la CIA (campaña que no estaba relacionada con la del PCI), de utilización de ese libro, todavía muy desconocido en el mundo occidental, para intentar movilizar a la población que vivía en la Unión Soviética frente al comportamiento tan intrusivo del Estado en la esfera privada de los ciudadanos, desacreditando, a su vez, a aquel régimen. La CIA tradujo el libro al ruso, lo publicó sin citar la fuente ni la editorial real, y lo distribuyó. Es más, movilizó apoyos internacionales para el hasta entonces desconocido escritor ruso Borís Pasternak, haciendo que su nombre sonara en los círculos literarios y políticos occidentales, y presionando también al Comité del Nobel para que se le otorgara el Premio Nobel de Literatura, que finalmente consiguió.

Lo que es muy interesante de esos documentos desclasificados es leer la justificación que da la CIA para haber llevado a cabo dicha campaña. En uno de los documentos, el jefe de la división soviética de la CIA describe, en julio de 1958, por qué esa campaña de apoyo y promoción de Borís Pasternak es necesaria, subrayando que «el mensaje humanista de Pasternak [es] que toda persona tiene derecho a una vida privada». Considera que la vigilancia del Estado que llega a romper la intimidad es algo que debe combatirse. Lo que hace esta justificación, que utiliza la CIA, interesante y sumamente valiosa, y aplicable a nuestros días es que, como señala Paul Craig Roberts (que fue funcionario público del gobierno federal antes de ser periodista) en su excelente artículo «How the CIA Turned ‘Dr. Zhivago’ Into a Weapon», CounterPunch (9 de abril de 2014), del cual extraigo gran parte de los datos que utilizo en este apartado, esa argumentación es hoy incluso más válida en EE.UU. de lo que lo era en la Unión Soviética. Las prácticas de vigilancia del Estado sobre el ciudadano normal y corriente a través de la agencia de seguridad del gobierno federal de EE.UU. (la National Security Agency, NSA) son mucho más invasivas que las que desarrolló el Estado soviético. Según Paul Craig Roberts, la NSA recoge y guarda todo el correo, todas las transacciones con la tarjeta de crédito, todas las conversaciones telefónicas, cada búsqueda de Internet y otras informaciones de cada uno de los ciudadanos de EE.UU., de lo que se concluye que cualquier ciudadano soviético tenía mucha más privacidad que un ciudadano y residente hoy en EE.UU. Y añade Paul Craig Roberts que la sanción del Estado soviético a aquellos que denunciaban y documentaban la violación de derechos humanos, como el mismo Pasternak, era mucho menos severa que la que el gobierno federal de EE.UU. ha impuesto a Bradley Manning, Julian Assange y Edward Snowden. Y, mientras tanto, los liberales, grandes valedores, en teoría, de la libertad, continúan tomando a la sociedad estadounidense y al Estado de EE.UU. como referentes, como guardianes de los derechos humanos y de la libertad. ¿Qué autoridad moral tiene el gobierno federal de EE.UU. para presentarse hoy como el gran defensor de la intimidad y de la dignidad personal, entre otros derechos humanos?

6. HAY ALTERNATIVAS EN EE.UU.

El mundo intelectual, cultural y político de EE.UU. es profundamente conservador, y ello como resultado de la enorme influencia de lo que en aquel país se llama la Corporate Class (es decir, los propietarios y gestores de esas grandes empresas o corporaciones) sobre las instituciones generadoras de valores y percepciones, que incluyen los medios y los centros educativos –desde la escuela a las universidades–. De ahí que la mera utilización de términos como «socialismo» genere inmediatamente rechazo en esos medios y foros influidos por la Corporate Class.

Esto no siempre fue así. En realidad, el socialismo tuvo gran influencia en periodos anteriores. Charles Dana, uno de los consejeros más cercanos al presidente Lincoln (más tarde, viceministro de Defensa en su gobierno) llegó a decir que «ahora todo el mundo, más o menos, es socialista» (citado en John Nichols, «Is Paul Ryan Making Americans More Favorably Inclined Towards Socialism?», Political Affairs, 4 de diciembre de 2012). La influencia del socialismo europeo en el propio Lincoln fue considerable (véase «Lo que la película Lincoln no dice sobre Lincoln» en www.vnavarro.org, 17 de enero de 2013).

Ahora bien, la crisis actual está radicalizando a la ciudadanía. Y de la misma manera que el discurso, narrativa e intervenciones del establishment madrileño están en Cataluña estimulando el independentismo, el discurso radical reaccionario del Tea Party (que constantemente se refiere al presidente Obama como socialista) está aumentando las simpatías de la población hacia el socialismo. La definición por parte del Tea Party de cualquier garantía de derechos laborales y sociales como socialismo está generando un interés, cuando no apoyo, hacia el socialismo. Así, en las encuestas Gallup de 2010, el 53 % de los encuestados que se definen como miembros del Partido Demócrata o próximos a ese partido, advirtieron que tenían una imagen positiva del socialismo (frente a un 17 % de los republicanos). Y estos porcentajes han aumentado, no sólo entre los votantes y simpatizantes demócratas, sino también entre toda la población. Tal simpatía es mayor entre las bases del Partido Demócrata que entre las cúspides de ese partido, las cuales están claramente instrumentalizadas por la Corporate Class.

El apoyo al socialismo entre la población en general subió de un 36 % en 2010 a un 39 % en 2012. Entre los que se definen como progresistas (las otras categorías son moderados y conservadores), el apoyo al socialismo subió a un 61 %. Incluso entre los conservadores, uno de cada cinco declaraba simpatizar con el socialismo.

Estos datos no deberían interpretarse como los indicios de un cambio en la cultura política de aquel país. El enorme y asfixiante control de los medios de información por los intereses financieros y económicos que gobiernan las distintas ramas del Estado federal, y el escasamente democrático proceso electoral, imposibilitan un cambio profundo de las instituciones políticas de EE.UU. Dicho esto, es interesante notar que, junto a la gran alienación de la ciudadanía hacia las instituciones representativas en EE.UU., existe el germen de un interés en buscar alternativas.

VII. EL IMPACTO DE LA CRISIS EN ESPAÑA: LA AGITACIÓN SOCIAL Y NACIONAL

1. LOS ORÍGENES HISTÓRICOS DE TAL AGITACIÓN

Hoy España vive un momento histórico de gran agitación social. Los movimientos de protesta que salieron a la calle en defensa de los derechos de las clases populares están teniendo un gran impacto en la vida del país. Nunca desde el inicio de la democracia se vio tanta gente (en su gran mayoría procedente de las clases populares, es decir, de las clases trabajadoras y de las clases medias) en la calle protestando por las políticas impuestas por unos gobiernos que no tienen mandato popular (pues esas políticas no estaban en sus programas electorales) para realizarlas. Tales políticas son un ataque frontal –con sus recortes de derechos laborales y sociales– al Estado del bienestar en España. Existe hoy un sentimiento generalizado de hartazgo hacia los establishments políticos y mediáticos que han estado gobernando este país y que han perdido toda la legitimidad (los primeros) y credibilidad (los segundos) debido a su aprobación y promoción de tales políticas.

El grado de desaprobación de estas políticas es enorme, la impopularidad de la clase política gobernante es elevadísima y el desapego hacia las instituciones mal llamadas representativas es generalizado. Nunca antes, desde que se estableció la democracia en España, esas instituciones habían sido tan cuestionadas. Y este cuestionamiento deriva de una percepción ampliamente compartida entre las clases populares de que estas instituciones llamadas representativas no están en realidad representando sus intereses. La distancia entre lo que la población desea y lo que sus representantes en las Cortes Generales aprueban ha alcanzado unas dimensiones más que preocupantes. De ahí que la protesta de los gobernados frente a los gobernantes surja de un compromiso profundamente democrático. La mayoría de la población cree que las instituciones representativas no son ni suficientemente representativas ni democráticas. Y la evidencia que avala esta preocupación es sólida. La agitación social ha sido la respuesta diaria a esta situación.

Un análisis no idealizado de nuestra historia señala claramente las raíces de estos problemas sociales y también, por cierto, nacionales. Uno de esos acontecimientos importantes ocurrió en los años treinta. Durante la Segunda República hubo un intento serio de hacer las reformas sociales y del carácter del Estado español para iniciar las transformaciones profundas que España requería. El obrero catalán Salvador Seguí, el Noi del Sucre (uno de los dirigentes de la clase trabajadora del siglo XX [1886-1923] más conocidos en la historia del movimiento catalán), en un discurso en Madrid dijo claramente que hacía falta una redefinición de España tanto en lo social como en lo nacional. Aunque tímidamente, la Segunda República había iniciado reformas en este sentido. El golpe fascista de 1936 tenía como objetivo, precisamente, parar y revertir estas reformas, y lo hizo con una brutalidad sin precedentes en la historia de Europa de entonces. Incluso los agentes de represión nazis alemanes se sorprendieron de tanta crueldad. Era la reacción de los poderes económicos, financieros, religiosos y militares, que siempre han dominado la historia de España, para no perder sus privilegios. Fue una lucha de clases, realizada esencialmente por la burguesía en contra de la clase obrera, encaminada a eliminar físicamente a toda voz crítica y a sembrar el miedo (que, por cierto, todavía continúa) entre las clases populares.

Pero, además de una guerra de clases, fue una lucha para eliminar las naciones catalana y vasca, realidad que no se reconoce todavía hoy. El sueño de aquel régimen era eliminar esas naciones. Esto no se conoce, ni entiende ni, todavía menos, se siente, en muchas partes de España. La de Franco fue una dictadura sobre todo de clase, pero también de nación. En Cataluña, la burguesía, incluida la nacionalista, apoyó el golpe fascista, tal como el Noi del Sucre había profetizado, y la clase burguesa catalana, incluyendo la nacionalista –no olvidaremos nunca a Cambó–, se benefició de la dictadura. Los sectores realmente dañados por la dictadura fueron las clases populares. De ahí que las izquierdas catalanas, especialmente el PSUC, siempre conjugaron su lucha por la justicia social con la de defender y recuperar la identidad catalana.

2. LA TRANSICIÓN INMODÉLICA: DEMOCRACIA LIMITADA E INCOMPLETA Y BIENESTAR INSUFICIENTE

El segundo momento histórico que tiene una enorme importancia para entender lo que pasa hoy en España fue la Transición, que se hizo en condiciones muy favorables a la Nomenclatura del Estado dictatorial y de las fuerzas conservadoras que controlaban, además del Estado, los instrumentos de formación ideológica, desde las escuelas y universidades a los medios de mayor difusión. Las izquierdas, sin embargo, que lideraron a las fuerzas democráticas, acababan de salir de la cárcel, de la clandestinidad o del exilio. No era una situación en absoluto equilibrada. Era profundamente desigual. Y pese a que la dictadura terminó como resultado de una enorme agitación social (España vio en aquel periodo el mayor número de huelgas existente en Europa), esta agitación liderada por el movimiento obrero no tuvo la suficiente fuerza como para romper con el Estado anterior. Su dimensión política –los partidos políticos de izquierda– tenía muy poco poder.

Fue, pues, una transición que reflejaba un enorme desequilibrio de fuerzas y, como consecuencia, la democracia que la transición estableció es una democracia enormemente sesgada e insuficiente. La democracia española es de muy baja calidad, constantemente gestionada y vigilada por los poderes financieros y económicos, que marcan las pautas de comportamiento de las instituciones llamadas representativas y definen lo que es aceptable o no en el discurso oficial del país, determinando las políticas públicas de los partidos políticos que gobiernan. Indicadores de esta baja calidad hay muchísimos. El servilismo de los medios de información hacia la Monarquía y la Corona; la falta de diversidad ideológica en los medios, con una clara discriminación hacia los autores críticos con el sistema de poder (de clase y de género) existente en el país, con la práctica ausencia de medios de comunicación de izquierdas; el sistema electoral, que produce unas instituciones escasamente representativas; la escasa capacidad redistributiva del Estado; su gran regresividad y el elevado fraude fiscal; su limitadísima dimensión social, con una subfinanciación de las transferencias (como las pensiones) y servicios (como sanidad y educación) públicos del Estado del bienestar; su elevada y masiva corrupción; la práctica inexistencia de formas de participación democrática directa, como referéndums; y la escasa democratización de los partidos, capturados por aparatos que se eternizan, transformando la política en un politiqueo entre élites partidistas. Todos estos hechos, y otros, muestran el enorme déficit democrático que hay en España, y que se debe a que, en contra de lo que afirma la sabiduría convencional del país, no hubo nada modélico en aquella transición. En realidad, fue profundamente inmodélica.

Como consecuencia del desequilibrio de fuerzas, no hubo una ruptura con el Estado anterior, sino una apertura de aquel Estado para integrar esencialmente al PSOE dentro de él, gracias a un sistema electoral que favorecía el bipartidismo. La ausencia de ruptura quedó plasmada en el enorme dominio que las derechas posfranquistas continuaron teniendo en el aparato del Estado. La mayoría de las élites de las distintas ramas del Estado eran personajes profundamente conservadores, cuando no nostálgicos del régimen anterior. Desde el sistema judicial hasta las instituciones paraestatales como las Reales Academias, había un dominio por parte de las derechas ultranacionalistas españolas de todos estos aparatos, los cuales fueron abriéndose para recibir y captar a individuos pertenecientes a las izquierdas mayoritarias gobernantes, estableciendo un Estado bipartidista bajo el dominio político y la hegemonía ideológica conservadores. Una característica de este dominio era la ideología que el aparato del Estado transmitía, denominando utopía irrealizable, fantasiosa, demagógica o cualquier epíteto peyorativo (de los muchos que las derechas utilizan en su narrativa vulgar y profundamente agresiva) cualquier política pública alternativa (fuera económica o social) que cuestionara la sabiduría convencional promovida en los mayores medios de información y persuasión al servicio de los intereses económicos y financieros que tutelaban dicho Estado. La continuidad de la estructura de poder dentro del Estado y de sus comportamientos ha sido arrolladora. Un síntoma de ello es la permanencia de la corrupción y su gran extensión.

3. EL ATAQUE FRONTAL DEL ESTADO CENTRAL A LA ESPAÑA SOCIAL

El tercer momento histórico ha sido el desmantelamiento del Estado del bienestar en España que hemos estado viendo estos años de crisis a base de recortes del gasto público social, que han sido de los más marcados en la Unión Europea de los Quince, el grupo de países de la Unión Europea (UE) que más se parecen a España en cuanto a nivel de desarrollo económico. Estos recortes incluyen el gasto en sanidad, en educación (desde escuelas de infancia a centros universitarios), en servicios sociales, en servicios domiciliarios, en vivienda social, en prevención de la exclusión social, en ayudas a las familias y en programas de integración de los inmigrantes, entre otros. Los recortes empobrecen todavía más estos servicios públicos del Estado del bienestar español, uno de los más subfinanciados de la UE-15. El gasto público social español por habitante ha sido y es de los más bajos de la UE-15. Algo parecido ocurre con las transferencias públicas del Estado del bienestar, como pensiones y ayudas a las familias y a las personas pobres y más vulnerables de la sociedad, ahora que las necesidades de estos grupos son mayores como consecuencia de las crisis económica y financiera, lo que se conoce en la literatura económica como la Gran Recesión.

El empobrecimiento del sector público explica su creciente privatización, con el consiguiente aumento del gasto privado en pensiones y en los servicios citados anteriormente, entre los cuales, los servicios sanitarios están entre los más afectados. España es uno de los países de la UE-15 que tiene uno de los gastos públicos sanitarios más bajos y uno de los gastos privados sanitarios más altos. Una consecuencia de ello es que España tiene una sanidad muy polarizada por clase social: el 30 % de renta superior del país (burguesía, pequeña burguesía y clases medias profesionales de renta alta) utiliza la sanidad privada, y el 70 % restante (clase trabajadora y clases medias de renta media y baja) utiliza la sanidad pública. Esta polarización social es profundamente ineficaz y sumamente preocupante, pues, aun cuando la sanidad privada es mejor que la pública en componentes básicos de gran importancia como la comodidad, las listas de espera y el trato personal (una cama por habitación), la pública es mucho mejor en calidad profesional e infraestructura técnica y científica, como atestiguan muchos estudios realizados. En realidad, la sanidad privada transfiere a los pacientes graves a la pública, parasitándola constantemente. Debería ser obvio que lo que España necesita es un sistema público multiclasista y universal que tenga las comodidades (patient friendliness) que tiene la privada, con la calidad que tiene la pública. Pero ello requiere un gasto público mucho mayor, que es precisamente lo contrario de lo que viene ocurriendo. Los recortes desde el inicio de la recesión están acentuando más y más la polarización por clase social de la sanidad en España.

Esta polarización se da en todos los servicios públicos del Estado del bienestar y es consecuencia del enorme dominio que las fuerzas conservadoras y liberales (en realidad neoliberales), que representan al 30 % de renta superior del país, han tenido y siguen teniendo sobre el Estado español, tal como demostré en mi libro El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias (2006). Ni que decir tiene que la socialdemocracia (el PSOE) intentó corregir el enorme déficit social. Pero la subfinanciación heredada de la dictadura era tan marcada que España seguía a la cola de la Europa social cuando el Partido Socialista terminó su mandato. Más tarde, en sus últimos dos años, que fueron los dos primeros años de la crisis, el gobierno del PSOE contribuyó al empobrecimiento del Estado del bienestar español cuando su sensibilidad socialdemócrata fue sustituida por la sensibilidad socioliberal, iniciándose las políticas de recortes y austeridad, que han continuado con mayor intensidad durante el gobierno del Partido Popular. Hoy el dominio de tales fuerzas en las instituciones políticas y mediáticas del establishment español es casi absoluto. El número de partidos pertenecientes a las familias cristianodemócratas conservadoras (PP, Unió Democrática de Catalunya) y liberales (CDC, UPyD, Ciudadanos) en España es considerable, y con sus homólogos europeos han estado defendiendo políticas neoliberales a nivel de Europa, de España y de las comunidades autónomas donde gobiernan. Tales partidos coinciden en las políticas económicas y sociales responsables del enorme deterioro social de España y que afectan sobre todo a la calidad de vida y bienestar de las clases populares, la gran mayoría de la población española.

Las políticas de recortes aparecen no sólo en los presupuestos del Estado central (tal y como aparece en los presupuestos presentados por el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro en 2014, en los cuales el gasto público sanitario descendió, a la vez que el militar ascendió nada menos que un 58 %), sino, y principalmente, en las políticas fiscales que imponen distintos grados de reducción del déficit público según el nivel de gobierno (central, autonómico o local). Hoy existe una gran descentralización del gasto público social (excepto en pensiones), siendo las comunidades autónomas las responsables de gestionar ese gasto (es decir la sanidad, la educación y otros servicios públicos). Dicha descentralización del gasto no quiere decir, sin embargo, como constantemente se asume, que el Estado esté muy descentralizado. En realidad, el Estado central continúa siendo la principal fuente de recepción de ingresos, que controla de una manera muy centralizada, con un criterio muy arbitrario y opaco en su distribución (determinado en gran medida por la intensidad de las presiones políticas y clientelares). Esto puede verse claramente en su decisión de distribuir la reducción del déficit público del Estado según el nivel de gobierno. Así, durante el periodo 2010-2013, fueron las comunidades autónomas (encargadas de gestionar la mayor parte del gasto público social) las que hicieron el 56 % de toda la reducción del déficit público de todo el Estado. Los ayuntamientos (también encargados de gestionar componentes del Estado del bienestar, como los servicios sociales) contribuyeron a la reducción en un 31,6 %, mientras que el Estado central sólo asumió el 12,4 %. En otras palabras, las comunidades autónomas y los ayuntamientos realizaron el 87 % de todos los recortes de gasto público, y puesto que la mayor parte de su gasto es gasto público social, resulta que los servicios del Estado del bienestar fueron de los que sufrieron más estos recortes de gasto público, y todo ello para satisfacer el mandato que impuso el Estado central para alcanzar el límite de déficit fiscal deseado y aprobado por él mismo. La España social es, pues, la que está pagando la reducción del déficit público, haciéndolo en unas proporciones totalmente desmesuradas. Estamos, pues, viendo cómo un gobierno central, de un partido (el PP) que representa un porcentaje muy menor de todo el electorado (en las últimas elecciones legislativas, el voto por el PP fue el 32 % sobre la totalidad del electorado, porcentaje que ha disminuido a un 17 % en junio de este año, porcentajes que se calculan sobre la totalidad de las personas que pueden votar, y no sólo entre los votantes o aquellos que expresan su intención de votar) controla y domina todo el Estado (no sólo la rama ejecutiva, sino también la legislativa y el aparato judicial del Estado), imponiendo unas políticas públicas que se están cargando el Estado del bienestar.

El lector se preguntará: ¿por qué ocurre esto? La respuesta es sencilla, pese a que el lector no la encontrará en los medios de mayor difusión del país, controlados por el 30 % de renta superior del país (el sector de la población que utiliza los servicios sanitarios privados y lleva a sus hijos a las escuelas privadas que reciben un generoso subsidio del Estado llamado concierto). Este sector (el 30 %) es el que domina la vida política y mediática del país. Los recortes del Estado del bienestar no les afectan, pues éste es utilizado sobre todo por las clases populares, cuyo peso en la vida política y mediática del país es muy reducido. La clase trabajadora y las clases medias de renta media y baja constituyen el 70 % restante de la población, hecho que deliberadamente se oculta cuando se separa a los españoles en ricos, clases medias y pobres. Poniendo a la mayoría de la población en la categoría de «clase media» se asume y presenta (de una manera manipulada) que las clases medias, con una gran visibilidad en los medios (y un nivel de renta superior al de las clases populares), son la mayoría de la población. Esta fabricación ideológica queda grabada en piedra cuando incluso algunos dirigentes presentan al partido socialdemócrata, el PSOE, como el partido de las clases medias, definición que se está convirtiendo en una realidad que lo distancia, sin embargo, de la mayoría de las clases populares.

La gran mayoría de la clase dirigente de este partido son personas universitarias de clase media de renta alta, que asumen que la mayor parte de la población pertenece a su clase. Sería impensable que hoy el PSOE estuviera dirigido, por ejemplo, por un sindicalista, como ocurre en el Partido Socialdemócrata sueco. De una manera muy creciente las clases populares se están distanciando de este partido. No es de extrañar, por lo tanto, que el enfado de las clases populares por estos recortes de su Estado del bienestar se canalice hacia los dos partidos mayoritarios que han configurado todas las ramas del Estado, un enfado que se traduce en un rechazo al Estado central (la gran mayoría de la población española, según la mayoría de las encuestas, no se siente representada por ese Estado, en porcentajes que son incluso mayores en Cataluña, pues el Estado responsable de los recortes es el mismo Estado que niega su propia plurinacionalidad). Parece obvio que el establishment español todavía no ha entendido qué pasa en España. Ahora bien, las movilizaciones a los dos lados del Ebro la están cambiando.

4. PODER DE CLASE: EL SISTEMA EDUCATIVO EN ESPAÑA

Es imposible entender qué ocurre en España sin entender el enorme dominio que la burguesía, pequeña burguesía y clases medias profesionales de renta alta han tenido y continúan teniendo sobre los aparatos del Estado, influencia que está alcanzando su máxima expresión durante el gobierno Rajoy, el gobierno que España ha tenido durante el periodo democrático que ha sido más sensible a los intereses de estas clases sociales.

Esto explica la gran pobreza de los servicios públicos del Estado del bienestar, tales como la educación. El Estado español gastó en educación en 2010 sólo un 4,2 % de su PIB, una cifra mucho más baja que el promedio de la UE-15 (5,2 %), y mucho mucho más bajo que Suecia (7 %), uno de los países de la UE donde la clase trabajadora y las clases medias de renta media y baja tienen mayor influencia sobre el Estado. El gasto educativo por alumno (en todas las categorías de estudios) en España es de los más bajos de la UE-15.

Las consecuencias de esta pobreza del gasto educativo son muchas. Y la más llamativa es la polarización, por clase social, del sistema educativo. Desde las escuelas de infancia (mal llamadas guarderías) hasta la enseñanza primaria y secundaria, las clases pudientes llevan a sus hijos a las escuelas privadas (cuyo gasto por alumno es más elevado que las públicas, con un subsidio público muy importante, llamado concierto), y las clases populares (las clases medias de renta media y baja y la clase trabajadora) llevan a sus hijos a la escuela pública. Muchas de las privadas están gestionadas por la Iglesia católica, que institucionalmente ha sido siempre cercana a los intereses de las clases más pudientes.

Durante gran parte del periodo democrático, el número de horas lectivas era mayor en las escuelas europeas que en las escuelas públicas españolas. Así, en la enseñanza secundaria, las horas lectivas por año en las escuelas públicas españolas eran 559, frente a 678 horas de promedio en las escuelas de la UE-15. Sumando el déficit anual, el estudiante español iba a la escuela secundaria un año menos que el estudiante europeo. No es casualidad que el conocimiento en comprensión de lectura, de matemáticas y de lenguas de un graduado español de la escuela secundaria fuera semejante al de un estudiante europeo de un año menos (datos de PISA, 2003). Tal diferencial de conocimientos no ha disminuido. En realidad, ha aumentado (PISA, 2012). Y lo que es también interesante subrayar es que los estudiantes de la privada tampoco están mejor que el promedio de los estudiantes de la escuela pública europea (de la UE-15). En realidad, están peor.

La evidencia empírica es clara y contundente para quien lo quiera ver. Los sistemas educativos polarizados por clase social, con una dicotomía público-privado, son peores en calidad educativa que los sistemas públicos mayoritarios. En España, el 34 % de los estudiantes van a la privada, y el 66 % a la pública. En comparación, en Suecia y Finlandia (esta última es considerada la mejor de Europa) la distribución de porcentajes es 7 % frente a 93 % respectivamente. Ésta es una de las mayores causas de la baja calidad educativa en España, resultado del enorme poder de las clases más pudientes (burguesía, pequeña burguesía y clase media profesional de renta alta) sobre el Estado a través de sus instrumentos políticos (los partidos conservadores y liberales) y mediáticos (la gran mayoría de los medios de información, tanto públicos como privados), que en su egoísmo –defensa a ultranza de sus intereses inmediatos– están dañando al país, y también, paradójicamente, a la educación de sus hijos, aun cuando consiguen lo que más quieren, es decir, mantener la distancia social (creando ciudadanos de primera –sus hijos– y de segunda –todos los demás–) reproduciendo las desigualdades dentro de la ciudadanía, manteniendo sus privilegios.

Representa, por cierto, una gran incoherencia que esas fuerzas conservadoras y liberales, y sus partidos políticos, como el PP, que se presentan como las «fuerzas patrióticas», que constantemente hablan de patria o nación enarbolando la bandera, apliquen a la vez políticas públicas en educación que descohesionan a la patria. De ahí que debiera ser una tarea a realizar por las fuerzas progresistas desenmascarar la utilización tan abusiva y oportunista de los «superpatriotas» de las banderas, pues en realidad están defendiendo sus intereses de clase. Su visión de España es una visión clasista que daña a la España real. Cada uno de los elementos de la reforma Wert favorece a su visión clasista, en contra de la España real, la España social y la España plurinacional. Es una reforma reaccionaria que dañará a las clases populares –la mayoría de la ciudadanía en España.

5. LAS NUEVAS GENERACIONES Y LOS NUEVOS MOVIMIENTOS POLÍTICO-SOCIALES

Las nuevas generaciones cuestionan la escasa democracia existente en España. Su deseo no es sólo dejar atrás la dictadura, como habían intentado las generaciones anteriores, sino crear una democracia mucho más desarrollada, lo que requiere una ruptura, una transformación profunda de las estructuras del Estado heredado de la dictadura, todavía controlado por las fuerzas conservadoras, las cuales dificultan la realización de ese deseo. Ni que decir tiene que hubo en el periodo posterior a la Transición cambios significativos y notables que afectaron positivamente al bienestar de la población, estableciéndose el Estado del bienestar, que incluyó, por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud. Pero el dominio conservador explica que la sanidad continuara muy poco financiada, con un gasto muy inferior a lo que le correspondería a España por su nivel de riqueza. El PIB per cápita español es el 94 % del PIB per cápita promedio de la UE-15. En cambio, el gasto público sanitario per cápita es sólo el 72 % del gasto público sanitario per cápita del promedio de la UE-15.

La mayor conciencia acerca de las insuficiencias del Estado (y sobre todo del Estado del bienestar) ha ido de la mano de una mayor conciencia de que el Estado no representa los intereses de la población, sino los intereses financieros y empresariales entrelazados con el Estado. Esta alianza apareció en toda su crudeza cuando se inició la crisis, respondiendo el Estado a tal crisis con medidas no incluidas en las ofertas electorales de los partidos gobernantes. Éste fue el origen del 15-M, que con sus eslóganes definió bien la naturaleza del problema. «No nos representan», «No hay pan para tanto chorizo», «Lo llaman democracia y no lo es» y un largo etcétera. Según varias encuestas, la mayoría de la población pronto se identificó con este movimiento, llamado de los indignados, coincidiendo en su denuncia del estado de las cosas en el país. Estas encuestas (como Metroscopia) señalan que porcentajes tan elevados como el 74 % de la población indican que la «clase política» no les representa, y un porcentaje semejante sostiene que la corrupción es una lacra de las instituciones políticas.

La madurez de dicho movimiento ha sido la causa de que aparecieran movimientos político-sociales como Podemos, cuyo eslogan es una llamada a la movilización y a la acción, con plena conciencia del poder de la población cuando se moviliza. Esta movilización exige una segunda transición, que consiste en la plena realización de la democracia en España, que pasa no sólo por un cambio profundo de la vía representativa (incluyendo de los partidos políticos), sino también por una introducción y expansión de la democracia con el establecimiento en todos los niveles del Estado (central, autonómico y local) de formas de democracia directa, incluyendo referéndums, que sean la expresión de lo que se ha venido a llamar derecho a decidir. Este derecho tiene que basarse en el derecho a elegir, con plena representación de todas las orientaciones políticas dentro de un abanico mediático plural y auténticamente democrático, pues la democracia no funciona si no existe tal pluralidad. Y hay muy poca pluralidad mediática en Cataluña y en España actualmente.

La exigencia de democracia real es incompatible con las elevadas desigualdades de riqueza existentes en el país, entre las mayores de la UE-15. El abusivo poder de la banca, por ejemplo, sobre los partidos y sobre los medios limita, vicia y corrompe a la democracia actual. Como también la corrompe la complicidad de las élites financieras y empresariales con los partidos políticos, principal causa de la corrupción en el país. Y es ahí donde las reformas políticas se deberían realizar. Esta corrupción es intrínseca a la naturaleza del Estado heredado de la dictadura, pues es el Estado mismo el que protege estos intereses financieros y económicos a costa de los intereses generales. Las políticas neoliberales de austeridad y las reformas laborales regresivas impuestas por el Estado a la población son un indicador de ello. Todo esto explica que en España, quien no está indignado es porque no conoce bien qué ha estado ocurriendo en este país. De ahí que al 15-M lo siga Podemos, que intentó canalizar esta indignación. Y como era de esperar, la respuesta del establishment ha sido definirlo como un movimiento utópico, con propuestas «irrealizables», «fantasiosas» y otros insultos, cuando, en realidad, la mayoría de las propuestas son muy razonables y de sentido común. Es una señal del deterioro del sistema llamado democrático en España que el sentido común se haya convertido en una fuerza amenazante para la continuidad del sistema político y mediático actual. La aparición de Podemos ha radicalizado a otros partidos políticos y movimientos sociales que han tenido un impacto multiplicador, pudiéndose establecer amplias alianzas a favor de un cambio de profundidad democrática en todas las áreas de actividades política, mediática, económica y social.

El producto final de la transición, desde la Constitución a las leyes electorales, refleja también el desequilibrio de fuerzas. Es profundamente erróneo, por lo tanto, mantener el respeto a la Constitución que detecto en amplios sectores, incluso de las izquierdas. Tal Constitución tiene un escasísimo contenido social y participativo. Y no reconoce (por mucho que se diga) la plurinacionalidad de España. No permite una plena participación de la ciudadanía en la gobernanza del país, ni permite tampoco el derecho a la autodeterminación de las naciones catalana y vasca. Hoy los referéndums de todo tipo (a nivel autonómico y local) ni existen ni se los espera. Y la legítima demanda de Cataluña de autodeterminación ha causado una gran hostilidad (como era predecible) en el establishment español (centrado en Madrid). Las izquierdas en Cataluña y en España (incluyendo, por cierto, al PSOE) siempre reconocieron el derecho de autodeterminación de Cataluña. ¿Dónde está hoy esa izquierda? Hoy existe una necesidad de establecer a lo largo de España, y de sus pueblos y naciones, el derecho a decidir, en todas las esferas del quehacer diario, incluyendo las áreas económicas, sociales, culturales y mediáticas. La demanda más revolucionaria en este país no es la nacionalización de los medios de producción, sino el establecimiento de una democracia real con plena participación de la ciudadanía en su gobernanza, a través de formas de democracia directa además de democracia representativa, con cambios profundos en esta última. Ni que decir tiene que esta urgencia será negada por todos los medios por la estructura de poder del país, que lucha para defender sus intereses particulares a costa de los intereses generales de la mayoría de la población.

Ahora bien, la evidencia acumulada históricamente muestra que los mayores cambios ocurridos en este país han sido siempre resultado de grandes movilizaciones populares. Como diría Gramsci, es el fin de un periodo (y muchos dirán, con razón, de un régimen iniciado en 1978) y el inicio de otro todavía por perfilar. Y ello no hubiera ocurrido sin las espléndidas movilizaciones en las calles en rechazo a unas políticas públicas que carecían de mandato popular, impuestas por un Estado que no consideran suyo. Y este Estado está entrando en pánico, respondiendo con una enorme represión, incluyendo represión económica. El elevado desempleo es una medida represora que intenta disciplinar al mundo del trabajo. Y, a través de sus medios de información y persuasión, continúa insistiendo en que no hay alternativas posibles, cuando es obvio que sí las hay. A esta explicación se le añade el intento de externalizar las responsabilidades diciendo que no son ellos sino Frankfurt (el BCE), Bruselas (la Comisión Europea y el Consejo Europeo), y en Cataluña, el establishment político y mediático catalán añade Madrid, sede del Estado español. Pero como este libro muestra y documenta, estos establishments están conectados y aliados para mantener el actual sistema de poder que está dañando enormemente el bienestar y calidad de vida de las clases populares de los países de la Eurozona, incluida España. Tengo la esperanza de que este libro ayude a desmitificar y desmantelar el enorme edificio ideológico que justifica tanta explotación y tanto daño.

1. ECFIN. European Commission, Statistical Annex, Table 32, Autumn 2011.

2. Breve historia del neoliberalismo, David Harvey, 2007.

1. ECFIN, European Commission. Statistical Annex, Table 32, Autumn 2012.

1. ECFIN, European Commission, Statistical Annex, Autumn 2011.

1. Para profundizar en éste y otros puntos citados en esta sección se aconseja la lectura del excelente artículo «Europe’s crisis without end. The consequences of neoliberalism run amok», de Thomas I. Palley –una de las mentes económicas más claras de EE.UU. y más desconocidas en Europa–, en IMK Working Paper, marzo de 2013, n.º 111.

1. Thomas I. Palley, op. cit.

Edición en formato digital: julio de 2015

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