La violencia contra las mujeres está presente en todos los ámbitos geográficos y sociales; todas las mujeres son víctimas potenciales por el mero hecho de ser mujeres, independientemente de su nivel económico o educativo. La violencia de género, además de un atentado contra la dignidad e integridad psicológica, moral y física de quienes la sufren, representa la máxima manifestación de la desigualdad entre mujeres y hombres y sigue siendo, aun hoy, la principal causa de muerte violenta en la población femenina. Este libro recoge las contribuciones de investigadoras e investigadores, de ámbitos muy diversos, al análisis de las distintas formas de violencia de género. Se abordan aquí aspectos legales, psicológicos, sociales o económicos, muchas veces ignorados, pero que es necesario conocer para dar respuesta adecuada, prevenir y concienciar sobre un fenómeno que tiene múltiples y profundas ramificaciones. Este libro aborda las consecuencias psicológicas y económicas que sufren las víctimas y que, por supuesto, afectan también a sus hijas e hijos; analiza si el marco legal actual es suficiente para su protección; incide en cómo se infiltra la violencia a través de las redes sociales; señala la necesaria colaboración de distintos ámbitos para que la asistencia a las víctimas sea más efectiva, y concluye con varios ejemplos prácticos que ponen de manifiesto la importancia de llevar al ámbito educativo (en este caso, al universitario) un enfoque integral de género.

Ana Jesús López Díaz

Violencias de género. Persistencia y nuevas formas

ePub r1.0

Titivillus 24.09.2020

Ana Jesús López Díaz, 2019

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

INTRODUCCIÓN

La violencia contra las mujeres está presente en todos los ámbitos geográficos y sociales; todas las mujeres somos víctimas potenciales por el mero hecho de ser mujeres, independientemente del nivel económico o educativo. La violencia de género supone un atentado contra nuestra dignidad e integridad psicológica, moral y física; representa la máxima manifestación de la desigualdad entre mujeres y hombres y sigue siendo, aun hoy, la principal causa de muerte violenta en las mujeres.

Tal y como se señala en el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, en España, actualmente, nos encontramos en un momento crucial para construir una sociedad libre de violencia sobre las mujeres. En nuestro país se han alcanzado resultados positivos a lo largo de los últimos años; pero a pesar de los avances legales, las mujeres seguimos siendo controladas, amenazadas, agredidas y asesinadas; además de víctimas de nuevas formas de violencia surgidas al compás de los cambios producidos por la globalización, como la trata con fines de explotación sexual, la cosificación del cuerpo o las nuevas formas asociadas al uso internet y de las redes sociales.

Precisamente, en el marco del Pacto de Estado, como una de las acciones realizadas al amparo del I Convenio de Colaboración entre la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciós Públicas e Xusticia de la Xunta de Galicia y la Universidade da Coruña se encuadra este monográfico que, bajo el título Violencias de género: persistencia y nuevas formas, recoge las contribuciones de investigadoras e investigadores de ámbitos muy diversos, en su mayoría pertenecientes a las tres universidades gallegas, al análisis de las distintas formas de violencia contra las mujeres. Se abordan aquí algunos aspectos legales, psicológicos y sociales o económicos, muchas veces ignorados, pero que es necesario tener en cuenta para dar respuesta adecuada, prevenir y concienciar sobre el fenómeno de la violencia de género. En este sentido, y siguiendo ese enfoque transversal que se promueve desde el Pacto de Estado, se ha incluido en este monográfico un bloque dedicado a la formación con perspectiva de género en el ámbito universitario, aspecto este frecuentemente «olvidado» cuando se trata la violencia contra las mujeres; a pesar de las exigencias legales al respecto. La universidad, como motor de la sociedad, tiene la responsabilidad de formar profesionales con sensibilidad de género, comprometidos con la igualdad entre mujeres y hombres y con la erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres.

Se inicia esta monografía con dos enfoques muy diferentes; en primer lugar, una reflexión desde el plano filosófico en la que Teresa Portas Pérez, a través de la teoría política de Hannah Arendt, hilvana una reflexión acerca de la violencia de género como violencia estructural y, más allá de ello, la violencia personal ejercida sobre las mujeres como un intento de destrucción de la unicidad e identidad de la persona; lo cual supone su inserción en el plano ontológico de la violencia. A continuación María Teresa Gallo Rivera, Elena Mañas Alcón, Luis Felipe Rivera Galicia y Rubén Garrido Yserte analizan los efectos de la violencia de género en la esfera laboral o productiva de las mujeres víctimas —tanto si realizan actividad laboral remunerada como no remunerada— así como de las personas de su entorno, como base para determinar cuáles son los costes que soportan las propias víctimas, pero también sus familiares y amigos, el sector público y los empleadores, como consecuencia de esa violencia infligida.

En la lucha contra la violencia de género, es esencial contar con un marco legislativo adecuado que articule los mecanismos necesarios para una protección efectiva de las víctimas. Almudena Valiño Ces reflexiona sobre las medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia de género, destacando el papel de la orden de protección como instrumento legal que contiene medidas de protección y seguridad de naturaleza penal y civil, así como mecanismos de asistencia y protección social a favor de la víctima. Sin embargo, tal como señala María Macías Jara en su análisis del caso de La Manada, la perspectiva de género o principio feminista, intrínseco al Estado democrático de derecho, continúa, en gran medida, ausente en la aplicación de la legalidad e interpretación judicial sobre la violencia de género.

La violencia de género es un fenómeno estructural que no solo persiste, sino que en los últimos años han ido apareciendo nuevas formas asociadas al uso de internet y las redes sociales como formas de relacionarse. Así, Clara Chacón Castaño aborda el caso de la difusión de imágenes y vídeos de contenido sexual no consentido, sexting, y la importancia de la intervención jurídica para proteger los derechos que resultan conculcados con esta práctica. Por otra parte, Julia Ammerman Yebra analiza, desde una óptica feminista, el binomio mujer-imagen en los delitos de sexting y la publicidad; poniéndolo en relación con los derechos de la personalidad protegidos por el ordenamiento jurídico. Pero las nuevas tecnologías ofrecen también nuevas posibilidades de visibilización de sensibilidades y prácticas alternativas desde los movimientos feministas, como el #MeToo, concepto creado en 2006 e iniciado de forma viral como hashtag en las redes sociales en 2017. El desarrollo y el impacto de este fenómeno como mecanismo de denuncia de las agresiones sexuales y el acoso sexual cometidos por el productor de cine estadounidense Harvey Weinstein es analizado desde la óptica feminista por María Curros Espiño.

La asistencia y asesoramiento a las mujeres que sufren violencia de género implica la aparición de programas de atención a necesidades que entrelazan los ámbitos sociosanitarios, administrativos, residenciales y educativos. Dentro del estudio de la formalización arquitectónica de los centros de acogida para víctimas de violencia de género, Selina Ugarte Fidalgo, Paula Vázquez García, Isora Pérez Rodríguez, María Carreiro Otero y Cándido López González se centran en las unidades residenciales de transición, fijando una serie de características que han de tenerse en cuenta para el desarrollo del proyecto arquitectónico. Por otra parte, a través de las historias de vida de un grupo de mujeres que conviven en una casa de acogida en Alicante, María del Carmen Vera Esteban y María Cristina Cardona Moltó realizan una aproximación a los procesos de recuperación emocional y valoración de las víctimas del apoyo profesional recibido. Uno de los aspectos clave para salir del círculo de la violencia pasa por el empoderamiento de las mujeres. Diana Morela Escobar Arias analiza la trayectoria y empoderamiento de las mujeres que ejercen un liderazgo comunitario en el municipio de Yumbo (Colombia), un contexto de violencia sociopolítica. El liderazgo y la participación comunitaria aparecen como un elemento fundamental en los procesos de empoderamiento.

Pero, además, cuando hablamos de violencia sobre las mujeres, no podemos olvidarnos de sus hijas e hijos, víctimas a su vez, que requieren atención especial para su recuperación. En este sentido los centros educativos han de jugar un papel muy importante trabajando la educación emocional. Lucía Casal de la Fuente, Melchora Isabel Pardo de Guevara, Ángela Sánchez Castro, Sara Vilas Queiruga y Andreina Idimar Villanueva Nunes exploran el campo teórico de la cuestión, desde la definición de violencia contra las mujeres hasta las consecuencias que pueden llegar a vivenciar las y los menores que la sufren directa o indirectamente, para dar paso a la ejemplificación de los contextos donde podrían implementarse nuevas propuestas didácticas para la educación emocional de este colectivo vulnerable. Con este estudio, además, se da entrada al importante papel que juega el ámbito educativo, no solo en cuanto a intervención con las víctimas, sino también, y de forma muy significativa, en cuanto a prevención y sensibilización contra la violencia de género.

La prevención y sensibilización contra la violencia de género pasa, necesariamente, por la aplicación del enfoque de género en todos los ámbitos educativos, incluyendo, por supuesto, el ámbito universitario y muy especialmente aquellas titulaciones en las que se forman las futuras maestras y maestros. Mª Alicia Arias Rodríguez, Ana Sánchez-Bello y Juan José Lorenzo-Castiñeiras realizan una revisión de las competencias y los contenidos de las asignaturas que se imparten en el Grado de Educación Social de la Universidade da Coruña y proponen un protocolo para orientar al profesorado en la incorporación e implementación de la perspectiva de género en las disciplinas que imparten. Además, la necesidad de visibilizar los logros de las mujeres, especialmente en disciplinas fuertemente masculinizadas como las STEM, para crear referentes y empoderar a las jóvenes estudiantes, se aborda en la contribución de María A. Lorenzo Rial, Francisco Javier Álvarez Lires, Azucena Arias Correa, Tamara Amorín de Abreu y José Francisco Serrallé Marzoa que, centrándose en el ámbito de la oceanografía, presentan casos de éxito que incorporan a una experiencia didáctica llevada a cabo en las aulas del Grado en Educación Primaria de la Universidade de Vigo, con el objetivo de integrar la educación científica para la sostenibilidad y la perspectiva de género.

Finalmente, como bien señala Eva Aguayo Lorenzo en la contribución que cierra este monográfico, en el ámbito universitario, incorporar dentro del desarrollo curricular la perspectiva de género va más allá de desarrollar actividades para mujeres y usar cierto tipo de lenguaje. Se debe incorporar, además, un enfoque teórico transformador, elaborar estrategias y diseñar medidas para promover la igualdad entre mujeres y hombres. En este sentido, el papel de las unidades de igualdad de las universidades, aunque generalmente escasas de personal y medios, es fundamental en el desarrollo de iniciativas y buenas prácticas para avanzar en la integración de la perspectiva de género en la docencia. Como coordinadora de la Oficina de Igualdade de Xénero de la Universidade de Santiago de Compostela, Eva Aguayo nos presenta algunas de las más exitosas que han llevado a cabo en su universidad, merecedoras, entre otras, de distinciones del European Institute for Gender Equality (EIGE).

Ana Jesús López Díaz

PRIMERA PARTE

VIOLENCIAS

CAPÍTULO 1

VIOLENCIA DE GÉNERO COMO CRIMEN ONTOLÓGICO

Teresa Portas Pérez

LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA AGENDA POLÍTICA

Uno de los grandes logros de la teoría feminista reside en el esfuerzo llevado a cabo por redefinir la violencia contra las mujeres, por el mero hecho de serlo, como un fenómeno estructural cuyas causas profundas están íntimamente relacionadas con el tipo de organización de nuestras sociedades. Problematizar y denunciar un tipo de violencia que —hasta hace no demasiado tiempo— estaba plenamente legitimada en nuestras sociedades constituyó un objetivo fundamental de la teoría y de la praxis feminista. El famoso eslogan de los setenta «lo personal es político» señalaba la necesidad de desmantelar los límites de la tradicional división entre lo público y lo privado, desvelando con ello las relaciones de subordinación entre hombres y mujeres y, en consecuencia, ampliando radicalmente la agenda del debate público. Se trata de un momento especialmente creativo en el que las feministas toman la palabra y trasladan las experiencias de un movimiento en pleno apogeo reivindicativo al plano teórico, confeccionando para ello todo un entramado conceptual específico. En este contexto se elabora el concepto de patriarcado, se llevan a cabo análisis acerca del poder desde el punto de vista del género y de cómo este atraviesa las relaciones tradicionalmente encerradas en el ámbito «privado». Un examen especialmente perspicaz acerca de cómo la violencia funciona como instrumento para la perpetuación del sistema patriarcal lo elabora Kate Millet en su obra Política sexual, donde apunta a la relevancia que esta posee como «instrumento de intimidación constante» (Millet, 1975: 58), identificando asimismo la invisibilización de una problemática común, compartida; esto es: política.

LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO INSUFICIENTE

Desde un nivel estructural, la violencia de género contempla un perfil que solo puede ser analizado en relación con el marco patriarcal de asimetrías que funciona como telón de fondo de las desiguales relaciones entre hombres y mujeres. Ni que decir tiene que el término patriarcado no remite a la reunión específica de aquellos hombres que con el ánimo de causar estragos en la personalidad de sus víctimas ejercen sobre ellas diversos tipos de violencias y maltratos constatables, sino que consiste en «el instrumento que preserva un orden de relaciones basado en la explotación de las mujeres» (Izquierdo, 2007: 223). Por tanto, el señalar como causa de la violencia de género (entendida en sentido absolutamente restringido como maltrato físico) a la acción llevada a cabo por determinados varones perturbados significa evitar hacer el intento de dar una explicación de calado real que finalmente implique a la sociedad en su conjunto y a las estructuras de poder, que es donde en definitiva reside la raíz última de la discriminación por razón de sexo.

Con ánimo de detectar las incoherencias que subyacen al tratamiento legal y político de la violencia de género, bastará con que comencemos por diagnosticar la enorme distancia que separa el texto legal de las medidas que se aplican en los casos específicos de maltrato. En el Preámbulo I a la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, de 28 de diciembre de 2004, encontramos un claro diagnóstico de carácter estructural en lo que se refiere a la violencia de género. En dicha Ley queda reflejado de un modo explícito que, lejos de constituir un problema que afecte exclusivamente al ámbito privado, el maltrato es el símbolo visible de una discriminación que encuentra en la sociedad su raíz última.

El hecho de que la violencia física contra las mujeres adquiera un valor de símbolo pone de manifiesto que en la mayoría de las ocasiones no se las considera sujetos de derecho y no se respeta su libertad ni su capacidad de decisión. Ahora bien, en la medida en que las iniciativas atajan exclusivamente las agresiones sufridas por las mujeres, la Ley se puede convertir en un brazo más del poder patriarcal, ya que, al tratar de sofocar el símbolo de la discriminación, el maltrato físico, el indicador más incómodo en lo mediático, puede favorecer una lectura reduccionista que contemple en la desaparición del maltrato el fin de la discriminación por razón de sexo. Entonces, la Ley no solo es insuficiente a todas luces, sino que «si esta medida no va acompañada de cambios estructurales, su consecuencia social es hacer invisible la desigualdad de las mujeres sin que por ello desaparezca […] la Ley va orientada a los síntomas, no protege contra la violencia atacando sus causas, sino que se centra en sus consecuencias, protege del símbolo, no de lo que este simboliza» (Izquierdo, 2007: 2).

REPENSANDO LA VIOLENCIA DE GÉNERODESDE LA TEORÍA POLÍTICA ARENDTIANA

Con el objeto de esbozar el horizonte posible desde el cual podamos abordar la cuestión estructural de la violencia específicamente humana y, en último término, su manifestación en las relaciones intergenéricas, nos proponemos aquí contribuir al debate actual mediante una somera lectura de ciertos conceptos de la teoría política de Hannah Arendt[1]. Haremos hincapié de manera especial en el concepto que en ella se fragua de violencia, con la finalidad de hilvanar una reflexión acerca de la violencia de género como violencia estructural y, más allá de ello, la violencia personal ejercida sobre las mujeres como un intento de destrucción de la unicidad e identidad de la persona, lo cual supone la inserción en el plano ontológico de la violencia.

La categoría preeminente en la teoría política arendtiana es la categoría de acción, que refiere a la dimensión del hacer humano no mediatizada por las necesidades biológicas ni por el artificio humano. Esta categoría se sustenta en el hecho fundamental de la pluralidad humana, de la diferencia; y es la condición indispensable de toda vida política. Para una verdadera comprensión de la naturaleza de la acción hemos de desentrañar las relaciones en las que esta se halla vinculada a ciertas nociones capitales. En primer lugar, la acción inaugura el espacio de libertad consustancial a lo político. La irrupción de la novedad, como acto esencialmente político, encuentra su condición de posibilidad en la libertad. Dicho acto, en cuanto novedoso y sustentado en la pluralidad, se sustrae a la posibilidad de toda previsión y, una vez inaugurado, resulta irreversible.

La acción en Arendt es, por tanto, el resultado de la capacidad inherente al ser humano para, mediante la decisión libre, introducir una novedad radical en el mundo[2]. Lo inevitable, que tiene como paradigma el proceso natural (generación y corrupción) absolutamente determinado en su necesidad, se opone directamente a la espontaneidad propia de la acción libre y autodeterminada que el inicio de una decisión humana introduce en el mundo.

La conexión que Arendt establece entre las nociones de libertad, acción y natalidad choca directamente con las explicaciones que se han venido dando como una respuesta predeterminada, como una mera reacción comportamental a determinados estímulos tanto internos (pulsiones) como externos (históricos y sociales). Del mismo modo, y principalmente en lo que atañe a los conceptos de libertad y acción, la respuesta arendtiana se sitúa también en directa oposición a las soluciones aportadas desde la tradición metafísica. Desde esta última, resulta imposible dar cuenta de la espontaneidad y novedad absoluta que para Arendt constituyen el germen de la libertad humana. El precio que la concepción arendtiana de la libertad debe pagar, riesgo del que por otra parte toda la tradición de la teoría política ha pretendido escapar, es la osadía inherente al actuar novedoso y libre, de la imprevisibilidad e irrevocabilidad de la acción humana como tal.

Partiendo de la irreductible pluralidad humana de deseos y acciones se enfrenta Arendt con una nueva noción de esfera pública; se trata del lugar que posibilita la visibilización y el reconocimiento que se produce en las relaciones intersubjetivas, sin llegar a eliminar las diferencias existentes. La auténtica política solo tiene lugar desde el mantenimiento de la diferencia que, como un intervalo, separa y une a la vez a los seres humanos. Ahora bien, el mundo común, y el aparecer en él de las individualidades, exige necesariamente la manifestación de una posición propia. Es el esfuerzo conjunto y continuado por evitar la disolución de tal mundo, el «estar juntos» en lo público, el único fundamento abierto que no busca un fin externo, sino «estar en común» por sí mismo.

La acción, el inicio en el ámbito de la vida política sería, pues, un segundo nacimiento. Así, el ámbito político deviene el espacio de aparición del quién de cada cual, espacio sustentado por la pluralidad humana que, mediante el diálogo, el discurso y la palabra proporciona las condiciones por las que las personas pueden actuar y, por tanto, comenzar a definirse a través de sus acciones. De este modo, Arendt concibe la política como un fin en sí mismo frente a la concepción tradicional de la política como mera técnica, gestión o administración (lógica medios-fines).

Lo que estas reflexiones supusieron en el marco del feminismo conlleva la oportunidad de reconfigurar un espacio comunitario donde el fundamento último no recaiga en una especie de esencia constituyente, sostenida sobre la certeza de una identidad estable. Lo que hay, por tanto, de político en la comunidad surge a partir del hecho radical de la diferencia.

Cabe destacar la relación en la que se hallan los conceptos, antagónicos en Arendt, de poder y violencia. Allí donde no cabe la decisión concertada desde la pluralidad —es decir, donde el poder se ha diluido— aparece la violencia como último recurso para mantener la dominación. Tradicionalmente estos conceptos no solo no eran antagónicos, sino que se hallaban en íntima dependencia: la violencia era un recurso habitual del poderoso.

La violencia es muda: consiste en la privación del lenguaje, en la total ausencia de palabras, de modo que si el quién de cada cual se gana mediante la acción en el lenguaje, el fenómeno de la violencia desdibuja, destruye la identidad, el quién de cada cual, por tanto, la pluralidad es condición indispensable del hecho político. Solo mediante la acción y la palabra, cuya base se halla en la pluralidad de lo humano, resulta posible la adquisición de un lugar propio en el mundo, de una voz que nos singularice propiamente como un alguien. El reconocimiento de alguien como un ser verdaderamente humano se halla en estricta dependencia con la posesión por su parte de un estatus político constatado. Tener un lugar en el mundo, ser un alguien, funciona como condición de posibilidad de la ciudadanía que nos permite hablar y actuar.

Conviene interrogarse acerca de la especificidad de la violencia humana: esta no reside en la vinculación al ámbito de la necesidad, sino más bien al ámbito de la decisión (libertad). Es, pues, la inseguridad producida por la libertad ajena lo que activa los mecanismos de deseo que persiguen la eliminación de la misma. Esto implica la negación del estatuto humano de las víctimas, tratando con ello de convertir en irrelevantes sus existencias. Siguiendo a Fina Birulés, diremos que «la violencia humana es fruto de la voluntad de controlar el cuerpo o los desplazamientos de la víctima, de la voluntad de que nada altere o interfiera en la supuesta soberanía, invulnerabilidad y completitud del sujeto, como si este reaccionara agresivamente cuando, en sus relaciones y conflictos con los demás, entrevé su propia vulnerabilidad y dependencia o cuando en su entorno alguien se singulariza o interrumpe una dinámica de forma inesperada» (Birulés, 2007: 19).

Para contextualizar con mayor precisión el asunto que aquí se trata, no deberemos obviar el marco arendtiano de nuestras reflexiones y la clarificación conceptual a la que ello nos obliga. La cuestión de la libertad humana, en lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales no puede ser abarcada desde los diagnósticos clásicos que centran el debate en términos de pulsiones, conductas y, en general, causas-efectos meramente circunstanciales y mecánicos.

Cuando hablábamos de la acción humana, decíamos que, en tanto introducción de lo novedoso en el mundo, sus consecuencias, en último término, resultan tan imprevisibles como irreversibles. Pues bien, esto se encuentra en relación con la consustancial fragilidad de la política, a saber, que toda decisión resulta invariablemente, y por mucho que se sepa de los factores implicados en la misma, irreductible a conocimiento; es decir: que la política es un espacio vedado a las seguridades y determinaciones previas propias del cálculo de medios-fines. Dicho esto, el intento de eliminación de todo elemento espontáneo en la acción humana, de todo aquello que escapa a nuestro control, significa ejercer una resistencia tal que conlleve la supresión de la libertad ínsita a la acción y al discurso en pos de una descualificación de lo personal operada en las individualidades particulares.

Resulta incluso peligroso, por tanto, recurrir a términos cuasinaturales, términos de lo dado, en el intento de abordar una explicación mínimamente responsable del fenómeno de la violencia. No nos bastan los recursos biológicos y ambientales; esta es precisamente la clase de interpretación insuficiente que trataremos de evitar. Necesitamos enmarcar nuestro análisis en el espacio político, desde el que se debe tratar la violencia. Este es el lugar cultural, simbólico y lingüístico que se escapa a todo intento de fundamentación natural o espontáneo.

En cuanto a la opinión dominante respecto a la violencia hacia el cuerpo de las mujeres, desde los medios de comunicación, a pesar de las recomendaciones desde los estudios de género en el tratamiento informativo de estas noticias, se encuentra orientada más a la creación de una alarma social irreflexiva (es decir, a un condicionamiento de las conductas dirigiéndolas al enfrentamiento directo), que al ejercicio consciente y responsable de un pacto necesariamente deliberativo. El sentimiento que habitualmente se pretende despertar en el público apunta hacia la hostilidad personal e irreflexiva para con el maltratador, promoviendo en ocasiones medidas del todo injustificables en un sistema que se pretende democrático (suspensión de la presunción de inocencia, suspensión de garantías constitucionales…). Al enfocar el problema del maltrato centrándose exclusivamente en la figura del agresor, no solo se obvian los condicionamientos estructurales ya mencionados, sino que se contribuye a la creación de una imagen de las mujeres como seres desvalidos necesitados de protección y, en definitiva, subordinados.

El verdadero germen que funciona como condición de posibilidad de los malos tratos en el ámbito familiar no debemos buscarlo, por tanto, en meros factores individuales y psicológicos que atañen exclusivamente al agresor; la raíz de esta clase de violencia se encuentra en la propia configuración tradicional de la familia, aspecto —este sí— del que no se habla y cuya presencia en los medios resulta sencillamente inexistente. La propia Constitución de 1978 fundamenta la estructura familiar tradicional manteniendo a las mujeres mayoritariamente en una posición de cuidado, subalterno, frente a los cabezas de familia. Así, mientras se afianza el patriarcado con el aval a determinadas relaciones de dependencia interfamiliar, se pretende hipócritamente atajar el ejercicio de violencia sobre las mujeres, quienes permanecen vinculadas al rol de cuidadoras de la sociedad y de sus miembros.

Desde esta dimensión estructural —dimensión política donde las haya— tenemos la oportunidad de, volviendo a los planteamientos arendtianos, recapitular con el ánimo de esclarecer las relaciones que puedan establecerse entre lo estructural (político), la posibilidad de la realización del ser de cada cual y, en consecuencia, la dimensión ontológica que atañe al ser de la persona, que, en el ámbito de la violencia de género, constituye el aspecto donde la irreversibilidad del daño infligido se pone de manifiesto.

Siguiendo esta relación de ideas no hacemos más que establecer el vínculo ya transitado por Arendt cuando señala el ámbito del espacio público-político como el topos de la pluralidad en el cual se inaugura la posibilidad de autodespliegue de las singularidades en su quién personal e intransferible, lo que eminentemente integra dentro del ámbito político, como condición de posibilidad, el plano —ahora sí— ontológico en el que se mueve la consistencia (el ser) del ser humano.

Sin olvidar, por supuesto, la cuestión del sufrimiento infligido a aquellas mujeres que son víctimas de maltrato psíquico o físico formularemos, a grandes rasgos, lo que aquí se halla en juego respecto a la naturaleza humana como tal en el plano ontológico.

Impulsado por un sentimiento de vulnerabilidad, donde lo que se vulnera es la capacidad del varón de llegar a controlar, en definitiva, las decisiones y movimientos (la libertad) de aquella mujer a la que se pretende subyugar (presupuesto que, como ya dijimos, viene avalado desde y por una estructura de poder que sitúa en su cúspide la figura simbólica del pater familias), el agresor despliega su violencia sobre la otra persona —en principio— de modo instrumental, a saber, con el ánimo de poder gestionar el miedo y sus efectos en beneficio propio: el mantenimiento del control.

En la medida en que dicho razonamiento se mantiene dentro de una lógica medios-fines (lo que debo hacer para obtener los resultados deseados), puede llegar a ser comprendido —que no compartido— el sentido interno de tal abominación. No obstante, aquí se sitúa la frontera donde irrumpe lo verdaderamente inhóspito, lo incomprensible, del maltrato. Una vez se ha logrado la absoluta anulación, el anonadamiento de la persona objeto de abusos, cuando ya no existe ni un solo resquicio de la oposición que en principio impulsó el comienzo del maltrato (violencia ordinaria) nos adentramos en el ámbito de un terror que ya no funciona como medio estratégico, que ya no tiene su sentido en la mera utilidad que de él se deriva. Ahora la víctima, paralizada y aterrorizada, lleva consigo la inercia que la mantiene subordinada y en absoluta dependencia de su agresor (Cavarero, 2009).

En cierto modo, la utilidad que en un principio perseguía el maltrato, paradójicamente, establecía unos límites dentro de los cuales las diversas formas de abuso podían ser encajadas. Sin embargo, cuando se sobrepasa en el último estadio del maltrato la barrera que el principio de utilidad imponía, lo que ahora opera como fundamento de las acciones es un «todo es posible» a partir del cual se da comienzo a la reducción de la humanidad de la persona a «elemento superfluo» con el que cabe hacer lo que sea.

CONCLUSIONES

Apoyándonos en las reflexiones arendtianas, originalmente dirigidas a dar cuenta de las consecuencias del horror de despersonalización totalitario, el horror que el maltrato ha conseguido introyectar en la persona maltratada persigue deshacer la unicidad propia que diferencia al individuo, la identidad inherente a su personalidad única e irrepetible. Lo que el crimen que se inscribe en la piel de una mujer tiene de irreparable no es tanto las heridas físicas por él producidas como el destructivo ataque a la materia ontológica que sobre ella tiene lugar hasta convertirla en un ser superfluo, donde su absoluta espontaneidad e irrepetibilidad quedan aniquiladas hasta la desarticulación total de la unicidad personal que, esta sí, constituye el crimen ontológico primario.

Al eliminar la personalidad, lo que se obtiene, en consecuencia, es la muerte de la persona; no una muerte en sentido biológico, sino una primera muerte derivada del hurto de la espontaneidad y voluntad propias, que antecede en gran medida —y puede hacerlo durante largo tiempo— a una segunda muerte que no hace más que poner fin último a lo que desde tiempo atrás era una no vida.

La responsabilidad que la filosofía (en sentido amplio como orden del pensamiento) pueda tener en la configuración del sistema (patriarcal) que opera tras la ideología propia de un maltratador nos remite a las reflexiones que sobre esta cuestión (aún como violencia en sentido general) encontramos en Arendt, cuando dice que en la filosofía moderna puede ser rastreado un inaudito ataque a la dignidad ontológica del individuo en favor de la absolutización del uno.

En su persecución de la esencia del hombre, la filosofía ha resultado el baluarte de la descualificación y consiguiente pérdida de lo particular concreto. En su agudo análisis de la pérdida de la unicidad, Arendt insistió en lo que esta deriva ha supuesto para la burocratización de la vida y la muerte. Más allá de esto, las consecuencias específicas sobre la vida de las mujeres, que en términos de víctimas nunca han sido cuantificadas (probablemente por incuantificables), muestran su rostro más evidente en unos asesinatos a los que la sociedad, por desconocimiento o ausencia de voluntad, no parece pretender poner fin. Mientras perdure un modo de pensar y actuar que configura unas estructuras de poder que mantienen a las mujeres invariablemente vinculadas al ámbito doméstico, el final de dichas muertes no es posible y el sacrificio permanente de personas libres y autodeterminadas seguirá tratándose como un tema meramente policial.

BIBLIOGRAFÍA

ARENDT, H. (2005): La condición humana, Paidós, Barcelona.

— (2008): Sobre la violencia, Alianza, Madrid.

BIRULÉS, F. (1992): Filosofía y género. Identidades femeninas, Pamiela, Barcelona.

— (2007a): Una herencia sin testamento: Hannah Arendt, Herder, Barcelona.

— (2007b): «Reflexiones sobre vulnerabilidad y violencia», en Mª Dolors Molas Font (ed.), Violencia deliberada. Las raíces de la violencia patriarcal, Icaria, Barcelona, 17-26.

CAVARERO, A. (2009): Horrorismo. Nombrando la violencia contemporánea. Anthropos, Barcelona.

FORTI, S. (2001): Vida del espíritu y tiempo de la polis. Hannah Arendt entre filosofía y política, Cátedra, Madrid.

IZQUIERDO, M. J. (2007): «Estructura y acción en la violencia de género», en Mª Dolors Molas Font (ed.), Violencia deliberada. Las raíces de la violencia patriarcal, Icaria, Barcelona, 223-234.

CAPÍTULO 2

LA PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SUS CONSECUENCIAS LABORALES Y/O PRODUCTIVAS:UNA VALORACIÓN DE SUS COSTES PARA ESPAÑA[3]

María Teresa Gallo Rivera, Elena Mañas Alcón,Luis Felipe Rivera Galicia y Rubén Garrido Yserte

INTRODUCCIÓN

El propósito de este trabajo es analizar el alcance de los efectos de la violencia de género (VG) sobre la esfera laboral o productiva de las mujeres víctimas y las personas de su entorno más cercano, como base para determinar y cuantificar cuáles son los costes que soportan las propias víctimas, pero también sus familiares y amigos, el sector público y los empleadores —en definitiva, la sociedad en general— como consecuencia de esa violencia infligida (Vara-Horna, 2013, 2014, 2015a, 2015b, 2016; Walby y Olive, 2014; Camarasa i Casals, 2009; Martínez Martín et al., 2004; Duvvury et al., 2013; Access Economics, 2004; Walby, 2004; Zhang et al., 2012; Nectoux et al., 2010). En algunos trabajos estos costes se identifican como «pérdidas de producto» (por ejemplo, en Dubourg et al., 2005 y Walby y Olive, 2014).

Pese a ser una dimensión menos conocida, la VG ocasiona importantes impactos en la esfera productiva de las mujeres, de los agresores, de los familiares y de los amigos, generando costes económicos para todos ellos, pero también para las empresas, el sector público y el tercer sector. Dichos costes derivan de las múltiples huellas que va dejando, en forma de menor participación laboral femenina, de ausencias, retrasos y distracciones en el puesto de trabajo, de mayores riesgos de accidentes en el trabajo, de pérdidas de empleo y necesidad de rotación del personal, de mayores necesidades de prestaciones sociales y de desempleo, de medidas activas de empleo y de programas de orientación y reinserción sociolaboral, entre otras.

Las principales preguntas de investigación a responder son las siguientes:

¿Qué tipo de impactos y costes genera la VG sobre la esfera laboral o productiva? ¿Sobre quiénes recaen dichos costes?

¿Sobre quiénes recaen los mayores costes de la VG? ¿Sobre las mujeres víctimas que realizan trabajos remunerados o sobre aquellas que no realizan trabajos remunerados?

¿A cuánto resulta equivalente el coste de la VG en la esfera laboral o productiva en términos de pérdida de productividad? ¿Cuántos días de clases, de trabajo doméstico no remunerado, de cuidados de hijos menores, de trámites relacionados con el cuidado de la salud y de cuestiones legales, de bajas laborales, etc. se pierden debido a la VG?

A continuación, en el apartado de antecedentes y revisión de la literatura se identifican los canales a través de los cuales la VG repercute en el itinerario laboral o productivo de las mujeres víctimas de VG y cómo dichas repercusiones generan impactos negativos en distintos frentes y agentes económicos. El apartado de metodología describe la opción metodológica seleccionada y los datos utilizados en su estimación. En el apartado de resultados se analizan los costes que generan estos impactos desde la perspectiva laboral aplicando la metodología elegida. Por último, el apartado de conclusiones resume los principales resultados y limitaciones de las estimaciones realizadas.

ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

Los impactos de la VG en el ámbito laboral o productivo de la víctima, así como de otros agentes que se vinculan a la misma, son muy amplios y de naturaleza diversa. Tomando en consideración la literatura especializada, los más analizados son los efectos sobre el empleo, en términos de puntualidad, absentismo, productividad, bajas laborales, cambios y pérdidas de empleo y periodos de paro como consecuencia de los problemas físicos y/o psicológicos, el estado emocional, el cambio de residencia por parte de la víctima, las amenazas y obstáculos por parte del agresor, etc. ocasionados por la VG.

Son pocos los estudios que abordan, también, las pérdidas de las oportunidades profesionales y sobre la educación o sobrecualificación en el puesto de trabajo de las mujeres víctimas de VG; estas, debido a cambios de residencia, por ejemplo, terminan aceptando puestos de trabajo para los cuales se requiere una cualificación inferior a la que poseen. Otros aspectos menos atendidos en estos estudios son los costes derivados de la mayor incidencia de desempleo y de inactividad por la VG sufrida. También las dificultades de acceso a la educación y a la formación continua o abandono de las mismas; los costes de servicios de orientación, programas formativos, etc. para favorecer la inserción laboral en el caso de las víctimas en situación de desempleo; los costes derivados de los servicios domésticos no prestados por las víctimas de VG cuya actividad consiste en realizar trabajos domésticos no remunerados y los costes de los servicios de cuidados de hijos no prestados por las mujeres víctimas de VG que viven con menores de 18 años (Access Economics, 2004; Martínez Martín et al., 2004; Zhang et al., 2012; Camarasa i Casals, 2009)[4].

Por otra parte, los programas de actuación en los centros de trabajo para trabajadoras(es) afectadas(os) por la VG, así como las acciones y políticas de prevención en las organizaciones también forman parte de los costes en que incurren los empleadores y que comienzan a ser cada vez más considerados (Reeves y O’Leary-Kelly, 2007: 8 y ss.; Zhang et al., 2012: 50 y ss.; Walby, 2004: 88 y ss.)[5].

Las partidas en las que se pueden clasificar los principales efectos y costes económicos de la VG desde la perspectiva laboral o productiva, para los que posteriormente se propone su cuantificación, se pueden organizar en dos grandes grupos: los que tienen relación con la situación de inactividad y desempleo, por un lado; y los que tienen relación con la situación de empleo, por otro.

Las partidas que tienen que ver con la situación de inactividad y desempleo son cuatro:

Aumento de las tasas de inactividad y de desempleo femeninos debido a la VG.

Dificultad de acceso y permanencia de la educación y la formación debido a la VG.

Dificultad para la prestación de servicios domésticos debido a la VG.

Dificultad para el cuidado de hijos menores debido a la VG.

Las partidas que tienen que ver con la situación de empleo son las seis siguientes:

Penalizaciones salariales por las ausencias laborales para asistir a médicos y a procedimientos legales debidos a la VG.

Prestaciones pagadas por incapacidad laboral por las lesiones físicas y el deterioro de la salud mental debido a la VG.

Pérdidas de producción causadas por las ausencias laborales por las lesiones físicas y el deterioro de la salud mental debido a la VG.

Disminución de la productividad por retrasos y distracciones laborales a causa de la VG.

Gestiones administrativas de los empleadores por las ausencias laborales provocadas por la VG.

Pérdidas de empleo debido a la VG.

Esta estructura permite atribuir determinados tipos de costes según los agentes sobre los cuales recaen (víctima, familia o amigos, empleadores, sector público, etc.) y es la que se emplea en la cuantificación de dichos costes del apartado de resultados.

METODOLOGÍA

Para la estimación de los costes que genera la VG desde la perspectiva laboral, se desarrolla la metodología propuesta por Zhang et al. (2012) para Canadá, que parte de la identificación de dos colectivos de mujeres víctimas de VG en función de su situación laboral: primero, inactivas y desempleadas; y segundo, empleadas. Para cada colectivo se analizan las distintas vías a través de las que la VG puede repercutir en las propias víctimas y en su desempeño o el de otras personas allegadas, tal como se ha descrito anteriormente, a partir de las partidas en las que se clasifican los efectos y costes de la VG en la esfera laboral o productiva.

En definitiva, se determina cómo los episodios violentos impactan en todos estos ámbitos midiendo el número equivalente de días perdidos por las víctimas o sus familiares y allegados. La estimación del coste total de la VG con esta aproximación se obtiene multiplicando el número total de días equivalentes perdidos por la ganancia salarial media diaria. Se han tenido en cuenta tanto los costes que recaen en la víctima como en los familiares y allegados, el sector público y los empleadores[6].

Puesto que la variable mediadora de estos impactos más importante es el estado de salud de las víctimas, se han realizado diferentes aproximaciones para valorarlo a partir de la explotación de la Macroencuesta de 2015, dado que no es posible inferir directamente el número de días de hospitalización, recuperación y tiempo fuera del trabajo por la violencia sufrida. En concreto, se han considerado tres posibles opciones, que dan como resultado tres grupos de población de mujeres víctimas de VG sobre los que aplicar los costes. La opción A es la que da lugar a la estimación de costes más conservadora y la opción C, a la estimación más amplia. La opción C, la menos restrictiva, tiene en cuenta a las víctimas de violencia física y/o sexual según grado de severidad de la violencia (severa o moderada). El colectivo asciende a 542 899 mujeres. La opción intermedia, la opción B, considera si la mujer víctima de algún tipo de VG[7] (al igual que la no víctima) presenta alguna dolencia, lesión o enfermedad que limita su actividad diaria (pregunta 3 de la Macroencuesta de 2015); dicho colectivo asciende a 687 871 mujeres. Sin embargo, esta opción no permite inferir qué proporción de dichas dolencias, lesiones o enfermedades se han producido como consecuencia directa de la VG, pues cualquier mujer (víctima o no víctima) puede sufrir dolencias, lesiones, enfermedades atribuibles a otras causas ajenas a la VG. Por último, la opción A considera al colectivo más acotado de víctimas de VG; se trata de las víctimas de violencia física y/o sexual que presentan dolencias, lesiones o enfermedades que limitan su actividad diaria. Dicho colectivo representa un total de 170 756 mujeres. La opción A se elige como la más conveniente por basarse en supuestos más conservadores, al considerar en su definición a un grupo más acotado de víctimas de VG, en comparación con las opciones B y C, y ofrece un claro mínimo o suelo de los costes de la VG en el ámbito laboral o productivo[8].

RESULTADOS

Los resultados de las estimaciones se presentan en la tabla 1 y figura 1. En cualquier caso, deben tenerse en cuenta las limitaciones de los cálculos realizados. Tal como se aprecia, se obtienen importes de 354 750 624 euros (opción A), 710 882 100 euros (opción B) y 796 623 357 euros (opción C) (tabla 1).

Tabla 1

Los costes de la VG desde la perspectiva laboral o productiva según categorías analizadas en España, en euros y porcentajes,año 2016 (opciones A, B y C)

Costes de la VG desde la perspectiva laboral

Estimación A

%

Estimación B

%

Estimación C

%

Aumento de inactividad y desempleo femeninos

221 060 911

62,3

221 060 911

31,1

221 060 911

27,7

Dificultad en educación y formación

207 297

0,1

704 102

0,1

2 091 377

0,3

Dificultad en trabajos domésticos no remunerados

8 339 304

2,4

42 853 520

6,0

17 696 051

2,2

Dificultad en cuidadode hijos

6 323 347

1,8

11 397 834

1,6

26 518 150

3,3

Penalizaciones salariales por ausencias para médicos y asuntos legales

26 336 347

7,4

106 772 276

15,0

99 901 426

12,5

Bajas laborales por lesiones

26 332 812

7,4

104 166 322

14,7

172 012 356

21,6

Bajas laborales por salud mental

36 021 246

10,2

128 800 638

18,1

190 060 764

23,9

Pérdidas de producciónpor ausencias

2 992 995

0,8

11 182 414

1,6

17 379 510

2,2

Disminución de productividad

11 616 902

3,3

55 464 983

7,8

11 616 902

1,5

Gestiones administrativas empleadores

4 736 370

1,3

17 696 006

2,5

27 502 818

3,5

Prestaciones por pérdidasde empleo

10 783 093

3,0

10 783 093

1,5

10 783 093

1,4

Total

354 750 624

100

710 882 100

100

796 623 357

100

Fuente: Elaboración propia.

Las opciones B y C, dado que se basan en un colectivo similar, resultan bastante aproximadas. Mientras que la opción A, que considera a un grupo de víctimas más reducido, ofrece resultados en términos de costes económicos más conservadores. Por lo tanto, cabe anotar que esta aproximación metodológica resulta significativamente sensible al colectivo considerado en el cálculo de los costes.

Por tipo de agentes que soportan los costes (figura 1), en la opción A se obtiene que las víctimas soportan el mayor coste, seguida de los empleadores (el orden de los agentes se invierte en la opción B y C). En tercer lugar tenemos el sector público, seguido del coste soportado por familiares y amigos.

Figura 1

Los costes de la VG desde la perspectiva laboral o productiva, según agentes que los soportan, en porcentaje, año 2016

Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES

Los costes que genera la VG sobre la esfera laboral o productiva se sitúan dentro de un amplio rango de valores que van desde los 354,75 millones de euros (la estimación más conservadora posible) a los 796,62 millones de euros (la estimación más elevada). Dichos importes suponen entre el 0,03 % y 0,07 % del PIB y entre 7,64 y 17,15 euros por persona y año, respectivamente.

Considerando la estimación más conservadora, los costes estimados resultan equivalentes a la pérdida de productividad de 14 164 mujeres trabajando a tiempo completo con productividad cero durante todo el año[9]. En términos de porcentajes, los mayores costes se generan por el aumento de la inactividad femenina, seguido por los efectos de la VG en términos de salud mental —y como consecuencia en el desempeño laboral— por los efectos de las lesiones físicas y por las penalizaciones en el salario por la realización de trámites médicos y legales.

A partir de esta estimación, se encuentra que se pierden 40 112 días de clases, 509 115 días de trabajo no remunerados, 616 311 días de cuidados de hijos e hijas menores, 644 981 días fuera del trabajo formal para atender trámites relacionados con el cuidado de la salud y con cuestiones legales y 763 016 días fuera del trabajo por bajas laborales por lesiones físicas y mentales, con las consecuentes pérdidas de producción y costes por gestiones administrativas de los empleadores.

BIBLIOGRAFÍA

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ZHANG, T. et al. (2012): An Estimation of the Economic Impact of Spousal Violence in Canada, 2009, Department of Justice, Canadá.

CAPÍTULO 3

ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO

Almudena Valiño Ces

LA ORDEN DE PROTECCIÓN

ASPECTOS GENERALES

La figura de la orden de protección se introduce en nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica. En concreto, se lleva a cabo mediante el art. 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal[10], el cual prevé un procedimiento sencillo, que permite obtener la orden de forma rápida, toda vez que no se puede hablar de protección real a la víctima si no se consigue con la máxima celeridad. Si bien este precepto de la LECrim, en su apartado 1, se refiere a víctimas de violencia doméstica, lo cierto es que el art. 62 de la Ley Orgánica 1/2004[11], de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, amplía expresamente su aplicación a las víctimas de violencia de género. De manera que la Ley 27/2003, junto con la LO 1/2004, han apostado por reforzar la coordinación entre la jurisdicción civil y penal, lo que se plasma en la atribución de la competencia mixta al Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

El Consejo General del Poder Judicial califica la orden de protección como una resolución judicial que, en los supuestos en los que existan indicios fundados de la comisión de delitos o faltas de violencia doméstica y exista una situación objetiva de riesgo para la víctima, ordena su protección mediante la adopción de medidas cautelares civiles y/o penales, además de activar las medidas de asistencia y protección social necesarias, por remisión de la orden de protección a los Puntos de Coordinación de las Comunidades Autónomas. En consecuencia, la orden de protección es una resolución dictada por el/la juez/a en la que se adoptan medidas de protección y seguridad, de naturaleza civil y penal, con el objetivo de proteger a las personas víctimas de la violencia de género y/o doméstica cuando exista una situación objetiva de riesgo[12].

Por otro lado, de conformidad con la exposición de motivos de la Ley 27/2003, la institución de la orden de protección de las víctimas de violencia de género nace con la vocación de unificar los diferentes instrumentos de amparo y tutela de las posibles víctimas de la violencia de género. Se trata, por tanto, de que a través de un rápido y sencillo procedimiento judicial, tramitado, generalmente, ante un juzgado de instrucción, la víctima consiga una protección integral que concentre de forma coordinada una acción cautelar de naturaleza civil y penal. A este respecto, Del Pozo Pérez (2006) señala que nos encontramos ante un mecanismo de articulación y coordinación de diversas medidas cautelares y protectoras de la víctima, de naturaleza penal, así como de las medidas provisionales civiles, que ya existían en nuestro ordenamiento jurídico, a las que se ha unido en la misma institución una vertiente asistencial y de tutela social que pretende lograr un estatuto de protección integral de las posibles víctimas de la violencia de género, por lo que goza de una compleja naturaleza en función de las concretas medidas que se adopten en cada orden, con el denominador común de tener como objetivo primordial la seguridad y tutela de aquella mujer que sufre esta violencia.

CONTENIDO DE LA ORDEN DE PROTECCIÓN: TIPOS DE MEDIDAS

Tal y como venimos de referir, la orden de protección confiere a la víctima un estatuto integral de protección, que comprenderá las medidas cautelares de orden civil y penal contempladas en el propio precepto y aquellas otras medidas de asistencia y protección social necesarias que prevé el ordenamiento jurídico. Por tanto, esta figura constituye un título judicial que le otorga a aquella una serie de derechos de distinta naturaleza que pueden hacerse valer ante cualquier autoridad y Administración pública.

MEDIDAS DE CARÁCTER PENAL

El apartado 6 del art. 544 ter de la LECrim contempla la posibilidad de adoptar cualesquiera medidas cautelares previstas en la legislación procesal criminal, debiendo atenderse a la proporcionalidad de la situación y a su necesidad. Así, de este apartado se infiere que con la Ley 27/2003 no se introducen nuevas medidas de carácter penal, sino que se remite a las que ya existen en nuestro ordenamiento jurídico. Simplemente se requiere que su objetivo principal sea la protección integral e inmediata de la víctima por encontrarse ante una situación de riesgo (De Hoyos Sancho, 2009).

Cuando aludimos a las medidas penales nos estamos refiriendo a las privativas de libertad (prisión provisional); a la orden de alejamiento; a la prohibición de comunicación; a la prohibición de volver al lugar del delito o residencia de la víctima; o a la retirada de armas u otros objetos peligrosos. En el caso de que efectivamente el juez de instrucción adopte medidas cautelares de este carácter penal, en lo relativo a sus requisitos, vigencia y contenido se regirán por lo estipulado en la LECrim. Todas estas medidas son independientes unas de otras, por lo que podrán ser acordadas de forma acumulada o por separado.

En primer lugar, la prisión provisional o libertad bajo fianza, acompañada o no de alguna de las medidas recogidas en el art. 544 bis de la LECrim. Esta medida tiene por finalidad evitar el riesgo de reiteración delictiva de los actos de violencia, de conformidad con lo previsto en el art. 503.1.3º.c) de la LECrim, sin que en este caso sea aplicable el límite penológico determinado en el apartado 1.º del mismo (Sospedra Navas, 2004: 221). De conformidad con este último precepto, esta medida solo se adoptará ante hechos que revistan el carácter de delito y se hará solo a instancia de parte, nunca de oficio. Se trata de una medida excepcional, de modo que únicamente se adoptará cuando no concurra ninguna otra medida que pueda dar protección a la víctima. Y, además, su duración se limitará en el tiempo, en virtud de lo dispuesto en el art. 504 de la misma norma. En segundo lugar, la orden de alejamiento, es decir, la prohibición de aproximación. En este caso, es necesario concretar en la resolución los lugares a los que no puede acercarse el imputado, por ejemplo, el domicilio de la víctima, su lugar de trabajo y todos aquellos espacios donde se la pretenda proteger. Lo cierto es que en la práctica respecto a estos últimos lugares se suele describir con el añadido «y todos aquellos que la víctima habitualmente frecuenta», bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal. De igual modo, y a fin de garantizar el cumplimiento de la referida medida, podrá acordarse el uso de tecnología adecuada para verificar el inmediato cumplimiento. En tercer lugar, la prohibición de comunicación, la cual consiste en la suspensión judicial de todo tipo de comunicación con la persona o personas indicadas en la orden de protección. Y al igual que la anterior, todo ello bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal. En cuarto lugar, la prohibición de residencia o salida del domicilio del inculpado, así como la prohibición de volver al mismo, respecto a aquel domicilio en el que hubiera estado conviviendo o tenga su núcleo la unidad familiar. Además, con carácter excepcional, el juez puede autorizar que la persona protegida concierte, con una agencia o sociedad pública, el arrendamiento de viviendas, la permuta del uso atribuido de la vivienda familiar de la que sea copropietaria por el uso de otra vivienda, por el tiempo y condiciones establecidos judicialmente. Por último, la retirada de armas u otros objetos peligrosos. En este caso, existe la obligación de depositarlas en los términos determinados en la normativa vigente al respecto.

Habida cuenta de lo acabado de exponer, cabe resaltar que los sujetos protegidos en las mencionadas medidas no tienen que limitarse exclusivamente a la víctima. En efecto, el art. 544 ter. 1 de la LECrim legitima pasivamente a todas las personas contempladas en el art. 173.2 del CP relacionadas con el imputado y respecto de las que se aprecie una situación de riesgo. Por ello, una misma orden de protección puede alcanzar a otras personas diferentes a la víctima directa de los hechos investigados, por ejemplo, hijo, padres o hermanos que convivan con el agresor.

Finalmente, en el supuesto de que el agresor incumpla alguna de estas medidas, se convocará judicialmente al inculpado a la audiencia de art. 505 de la LECrim, a fin de determinar la prisión provisional en los términos del art. 503 de la LECrim o de otra medida cautelar que limite aún más su libertad personal, teniendo en cuenta el efectivo incumplimiento, los motivos del mismo, la gravedad del supuesto y las circunstancias del caso, sin perjuicio de las responsabilidades que del mismo pudieran resultar (Martin Agraz, 2011: 74).

MEDIDAS DE CARÁCTER CIVIL

Como la orden de protección aúna las medidas civiles y las penales, las civiles pueden interesarse en la misma solicitud o modelo protocolizado por la víctima, o su representante legal, o bien por el Ministerio Fiscal cuando existan hijos menores o personas con capacidad judicialmente modificada, con el requisito previo necesario de que estas medidas no hayan sido previamente acordadas por un órgano del orden jurisdiccional civil. Y ello porque en este caso no será posible solicitar las mismas en la orden de protección, salvo que por las circunstancias del hecho denunciado sea necesario proteger de manera urgente a las citadas personas, en cuyo caso se adoptarán dichas medidas por vía del art. 158 del Código Civil y se remitirá testimonio al juzgado de lo civil que esté conociendo del asunto. Asimismo, se introduce como novedad la potestad del juzgador de adoptar algún tipo de medida civil, en el caso de que existan menores o personas con capacidad judicialmente modificada que convivan con la víctima o dependan de ella, porque en ese supuesto el juez deberá pronunciarse en todo caso, incluso de oficio, acerca de la pertinencia de la adopción de las referidas medidas.

En cuanto a las medidas de naturaleza civil, su regulación se encuentra en el apartado 7 del mencionado art. 544 ter. Estas medidas pueden consistir en la atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar; determinar el régimen de guarda y custodia, visitas, comunicación y estancia con los menores o personas con la capacidad judicialmente modificada; determinar el régimen de prestación de alimentos; así como cualquier disposición que se considere oportuna a fin de apartarles de un peligro o de evitarles perjuicios.

En primer lugar, la atribución del uso de la vivienda familiar se regirá por lo previsto en el art. 103.2 del Código Civil y se limitará a la vivienda y ajuar familiar, dejando fuera otras residencias. En caso de que la mujer víctima decidiese marcharse de la vivienda y refugiarse en una casa de acogida o en el domicilio de familiares o amigos, esto nunca podrá considerarse como una renuncia tácita al uso del domicilio y propiciar la omisión de pronunciamiento en la resolución judicial (Gonzalo Rodríguez, 2010). En segundo lugar, la determinación del régimen de guarda y custodia, visitas, comunicación y estancia con los menores o personas con la capacidad judicialmente modificada. Se encuentra regulado en el art. 103.1 del Código Civil, aun cuando debe guardar cierta lógica con las demás medidas que integran la orden de protección. Las medidas que se acuerden deben tener como finalidad última el interés superior del menor, a la sazón, el mantenimiento de su integridad física y mental, por lo que se exigirá valorar en cada caso los elementos concretos, máxime cuando los hijos de las mujeres maltratadas también son víctimas de violencia de género. En tercer lugar, la determinación de la prestación de alimentos se encuentra regulada en el art. 103.3 del Código Civil y no ofrece ninguna singularidad respecto a las prestaciones de alimentos que se solicitan y acuerdan en los supuestos fuera de violencia de género. Finalmente, cualquier disposición que se considere oportuna a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios.

Todas estas medidas civiles tienen una vigencia temporal de 30 días, lo que implica que, si dentro de ese plazo fuese incoado a instancia de la víctima o de su representante legal un proceso de familia ante la jurisdicción civil, las medidas adoptadas permanecerán en vigor durante los 30 días siguientes a la presentación de la demanda. En este plazo, las medidas deberán ser ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto por el Juzgado de Primera Instancia, o el Juzgado de Violencia sobre la Mujer en su caso, que resulte competente, teniendo en cuenta que el juez civil no será el mismo juez que dicta la orden penal si se dan los requisitos previstos en el art. 87 ter. 3 de la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Por último, cabe destacar que los pronunciamientos sobre las medidas provisionales civiles acordadas en la orden de protección no son susceptibles de recurso, como sí lo son los pronunciamientos penales, ya sea en reforma o en apelación, al estar sujetos al régimen general de recursos de la LECrim. En el caso de las medidas civiles, estas deberán discutirse ante el juez civil competente, como se desprende de la interpretación sistemática de los arts. 217 y 766 de la LECrim, en relación con el art. 771 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (Sospedra Navas, 2004: 222).

MEDIDAS DE CARÁCTER ASISTENCIAL Y PROTECCIÓN SOCIAL

Las medidas sociales, a diferencia de las anteriores, no son adoptadas por el órgano jurisdiccional competente, sino que son concedidas por el Estado, las comunidades autónomas y/o las corporaciones locales. En concreto, las medidas de asistencia y protección social a las cuales la víctima puede acceder son las que a continuación se relacionan.

En primer lugar, la Renta Activa de Inserción. Esta constituye una ayuda económica que se reconoce a las personas desempleadas incluidas en el llamado Programa de Renta Activa de Inserción, por el cual se llevan a cabo actuaciones dirigidas a aumentar las oportunidades de inserción en el mercado de trabajo[13]. De igual modo, en ella se incluye una ayuda de pago único, de cuantía equivalente al importe de tres meses de la renta activa de inserción, para el supuesto en que la mujer se hubiese visto forzada a cambiar de residencia por sus circunstancias de violencia de género en los 12 meses anteriores a la solicitud de admisión al programa o durante su permanencia en este. Ayuda que será gestionada por los Servicios Públicos de Empleo. En segundo lugar, la ayuda económica del art. 27 de la LO 1/2004, gestionada por los órganos correspondientes de las comunidades autónomas. Esta ayuda económica se abona en un único pago, y su importe —calculado en función de un número de mensualidades de subsidio por desempleo correspondiente— depende de si la mujer tiene o no familiares a su cargo y de si la propia mujer y/o los familiares a su cargo tienen reconocido un grado de discapacidad. Asimismo, es compatible con las ayudas previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. En tercer lugar, el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores. En cuarto lugar, derechos laborales y de Seguridad Social, reconocidos a las mujeres víctimas en los arts. 21 y siguientes de la LO 1/2004. Estos derechos van a depender del régimen laboral en el que se encuentren, es decir, si son trabajadoras por cuenta ajena, por cuenta propia o si se trata de funcionarias públicas[14]. Por último, la solicitud de autorización de residencia por circunstancias excepcionales[15], en caso de encontrarnos ante víctimas extranjeras, que solo será concedida cuando recaiga la sentencia condenatoria, y la solicitud de autorización de residencia independiente de los familiares reagrupados.

Habida cuenta de lo expuesto, consideramos que se trata de un elenco de medidas que, aun cuando no son directamente concedidas por el juez, posibilitan que la víctima acceda a ellas, logrando una situación de protección integral —junto con las penales y civiles previamente concedidas—, que le permitan un real y efectivo alejamiento del agresor.

CONCLUSIÓN

La violencia doméstica y de género constituye un problema grave de la sociedad actual, así como el ataque más flagrante contra los derechos fundamentales. Por ello, y partiendo de esta premisa, parece más que justificado que el legislador español haya introducido en nuestro ordenamiento jurídico la orden de protección, es decir, un instrumento a través del cual, por medio de una única solicitud, la víctima de cualquier tipo de violencia puede acceder a un sistema integral de protección.

Efectivamente, desde su creación, la orden de protección ha venido sufriendo un incremento en cuanto al número de supuestos en los que se otorga, así como en el número de órdenes de protección inscritas en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género, creado a efectos de poner en conocimiento de las autoridades con competencias en esta materia las efectivas órdenes de protección otorgadas judicialmente. Por ello, parece que nos encontramos ante un avance en esta materia respecto a la visualización del problema, toda vez que las víctimas logran identificarlo y deciden denunciarlo, confiando en la protección que se les puede ofrecer. No obstante, las cosas no están resultando tan fáciles, en tanto la realidad demuestra la necesidad de una mayor colaboración de las administraciones, instituciones y organismos al servicio del Estado, puesto que de ellos dependen en muchas ocasiones las víctimas. En consecuencia, el papel de todos estos organismos es fundamental en la lucha contra esta lacra social tan presente en nuestra sociedad, papel a desempeñar que en nuestra legislación se contempla como clave y en el cual el legislador ha hecho énfasis a la hora de combatir este problema.

BIBLIOGRAFÍA

DE HOYOS SANCHO, M. (coord.) (2009): Tutela jurisdiccional frente a la violencia de género. Aspectos procesales, civiles, penales y laborales, Lex Nova, Madrid.

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VALIÑO CES, A. (2019): «Análisis en torno a la situación irregular de la mujer inmigrante víctima de violencia de género y la autorización de residencia temporal y trabajo», en A. Figueruelo Burrieza y M. Del Pozo Pérez (dirs.) y P. Ramos Fernández (coord.), Retos actuales para la erradicación de la desigualdad y la violencia de género, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 301-319.

CAPÍTULO 4

LA AUSENCIA DEL PRINCIPIO FEMINISTA EN LA APLICACIÓN DE LA LEGALIDAD E INTERPRETACIÓN JUDICIAL SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

UN APUNTE CONSTITUCIONALISTA CON BASE EN EL CASO DE LA MANADA

María Macías Jara

LA CIUDADANÍA INVISIBILIZADA Y EL PRINCIPIO FEMINISTA COMO CATEGORÍA DE ANÁLISIS JURÍDICO

El pacto social por el que se construyen los estados y por el que la comunidad ejerce la soberanía a través de la voluntad general y del interés común excluyó a más de la mitad de la humanidad[16]. En la actualidad, a pesar de la consolidación de los contemporáneos estados democráticos de derecho, las mujeres seguimos asistiendo a la concesión de derechos subjetivos. Aparentemente superada la lucha por el reconocimiento de derechos sobre el papel, aún en la lucha incesante por la igualdad real en diferentes ámbitos y niveles, las mujeres seguimos sufriendo una suerte de ciudadanía limitada o supeditada, esta vez, a una interpretación judicial que eventualmente considere o no aplicar el resto del ordenamiento jurídico para, en verdad, volver a asistir a otra excusa, otra reinvención del machismo disfrazada y pretendidamente legitimada de legalidad.

Al parecer, el estándar conceptual internacional y nacional que supone la violencia contra las mujeres y la anulación de la libertad y, por supuesto, de la igualdad no se incluye en el tipo legal existente de «violación». Las mujeres siguen siendo parte de esa ciudadanía invisibilizada por la que se sigue decidiendo, que sufre la violencia, si no por el agresor, por la incapacidad del poder público (en este caso, el judicial) de interpretar el ordenamiento jurídico con la perspectiva global y estructural que merecen las sociedades democráticas avanzadas, sustentadas en un principio esencial del Estado democrático y social de derecho, como es el principio feminista o la conocida perspectiva de género. Sin embargo, hemos asistido como sociedad y como juristas a dos pronunciamientos que, en idéntico sentido, han concluido algo como que la violencia no es violencia, en el conocido caso de La Manada. Se trata de la Sentencia n.º 000038/2018 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial[17] de Navarra, de 20 de abril de 2018, y de la Sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia[18] de Navarra n.º 8/2018, de 30 de noviembre, que resuelve el recurso de apelación n.º 7/18.

No es posible ni se pretende aquí realizar un estudio exhaustivo sobre los hechos y argumentos de las sentencias de referencia (por otro lado, de sobra conocidos), ni es objeto de este trabajo realizar un análisis desde la dogmática penal ni, desde luego, una crítica genérica a la judicatura; sino únicamente se trata de aportar algunos apuntes para reflexionar sobre el tratamiento de algunos conceptos utilizados bajo el paraguas del principio constitucional de legalidad recogido en el art. 9 de la Constitución Española para determinar la inexistencia de violencia en las conductas enjuiciadas. A partir de aquí, se quiere poner de relieve, desde la óptica de los derechos fundamentales afectados por la violencia contra las mujeres, la igualdad y la libertad, algunos escollos en algún aspecto de la interpretación judicial de este caso en concreto. Escollos que, a mi juicio, han dañado gravemente los avances en la lucha por la igualdad y la libertad efectivas de las mujeres como ciudadanas plenas y de los hombres como sujetos responsables del Estado de derecho.

Reconocida la igualdad jurídica de hombres y mujeres en los ordenamientos constitucionales contemporáneos, la preocupación se ha trasladado al plano de la realidad, hacia las estructuras sociales que han pervivido durante siglos bajo la denominada figura del patriarcado o dominación masculina (Valcárcel, 1997). Esta necesidad de explicar que las desigualdades entre hombres y mujeres son más profundas, complejas y difíciles de eliminar que la mera distinción entre sexos, lleva a replantearse la cuestión en otros términos y a motivar la aparición de la expresión «género» y otras afines, como «igualdad de género», «perspectiva de género», «transversalidad» o gender mainstreaming. Todas ellas implican estrategias encaminadas a romper con la división entre el espacio público y el privado e integrar sistemáticamente la dimensión del género de las personas tanto en la elaboración de normas como en todas las etapas de ejecución de políticas públicas y de prácticas privadas y, quizás, en menor medida, en la aplicación de la norma, con el objetivo de acrecentar la igualdad real de mujeres y hombres.

El trasfondo del concepto de género viene ya de algunos siglos atrás, cuando François Poullain de la Barre advirtiera, en el año 1673, que «la subordinación de las mujeres no tenía su origen en la naturaleza, sino en la sociedad y que la diferencia no es fundamento de la desigualdad» (Poullain de la Barre, 1673). Y Mary Wollstonecraft, cuando declaró, en 1792, que «la sujeción de las mujeres no era el resultado de una naturaleza inferior a la masculina, sino de perjuicios y tradiciones que se remontaban a la noche de los tiempos» (Wollstonecraft, 1977). Aun en los estados democráticos contemporáneos, es latente la desigualdad de hombres y mujeres basada en la diferencia social entre el género femenino y el género masculino, así como en la perpetuación de estereotipos y la asignación de roles construidos socialmente consolidando la desigualdad[19].

En la erradicación de esta discriminación, es trascendental el significado del género como categoría de análisis jurídico. Su observancia por los poderes públicos en todas sus acciones, interpretación y aplicación judicial, disposiciones normativas y políticas públicas, hará posible la efectividad de la igualdad. Inicialmente, se hizo referencia a la expresión «sexo» para referirse a las desigualdades sociales y a las diferencias de trato injustificadas entre hombres y mujeres. De hecho, como es sabido, el contenido del art. 14 CE, tras reconocer la igualdad ante la ley, establece una prohibición de discriminación en razón de determinadas circunstancias especialmente odiosas por su naturaleza intrínseca al ser humano, entre ellas, el sexo. No obstante, hace ya varias décadas, viene siendo frecuente observar en los estudios sobre igualdad un uso específico del término género[20].

Es interesante detenerse un instante a recordar la trascendencia de este concepto y su integración normativa. Particularmente, a partir de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Pekín, en 1995, en el seno de la ONU, tomó especial trascendencia el concepto de «transversalidad». Este supuso adoptar por los gobiernos una visión global y homogénea de todas las áreas de interés incluidas en la Plataforma de Acción. Se pretendió reafirmar la idea de que los derechos de las mujeres en igualdad con los derechos de los hombres son una cuestión de interés y beneficio general, materializándose a través de los necesarios cambios sociales estructurales en aras de la inclusión de ambos en cualquier ámbito, esfera, espacio y nivel de actuación[21].

Por ello, el término género encierra un concepto motivador de cambio al tiempo que pretende buscar el factor social que produce la pervivencia de la desigualdad y de todas las circunstancias discriminatorias que se desprenden de la pertenencia al género desde la perspectiva sociopolítica y jurídica. Observar esa realidad con un prisma de género supone considerar las diferencias sociales entre hombres y mujeres que han sido aprendidas y aprehendidas generación tras generación, que cambian con el paso del tiempo y que presentan muchas variaciones inter e intraculturales en base al desempeño de ciertos roles o papeles estereotipados[22]. En este sentido, el universo es dual, formado por hombres y por mujeres, cuya diferenciación sexual no implica per se superioridad de un sexo sobre otro, pero incluye el derecho de todos los seres humanos a ser diferentes sin que ello conlleve, desde luego, un elemento legitimador de una desigualdad injustificada[23]. Esa visión caleidoscópica de la igualdad desde el principio feminista es la que va a servir de eje vertebrador para que los hombres y las mujeres conjuntamente puedan liderar el cambio capaz de crear un lugar común y de transmitir a los poderes públicos un mensaje de conciencia real hacia la necesidad de cumplir con la igualdad como un beneficio para toda la sociedad, un principio estructuralmente intrínseco al Estado y una premisa derivada del propio compromiso con el Estado social y democrático de derecho, proclamado en el art. 1.1 CE[24].

EL CONCEPTO DE VIOLENCIA EN EL MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL Y NACIONALCOMO LÍMITE Y REFERENCIA PARA LA ACTUACIÓN DEL ESTADO

En el contexto internacional, el concepto de violencia contra las mujeres lleva tiempo perfilándose. La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (CEDAW) de 1993[25] la definió, en sus artículos 1 y 2, como «todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada». También se incluye en la definición el abuso sexual, entendido como la práctica de relaciones sexuales forzadas o bajo amenaza o constreñida a realizarse con terceros y, asimismo, la violencia psicológica que implica la intimidación y el tormento hacia la víctima, conllevando múltiples manifestaciones, que paraliza sus acciones y la capacidad de actuar impidiéndolas salir de su situación. Es este estado de subordinación psicológica particularmente dañina por discriminatoria, el que ha de proyectar un concepto diferente de violencia cuando esta es ejercida contra las mujeres, por serlo. De ahí que haya surgido el término violencia de género. El género aquí, como categoría de análisis jurídico, no conlleva una connotación neutra en su significado. No es posible hablar de violencia de género, como se ha pretendido por algunas formaciones políticas, desde una óptica neutra o bidireccional. La violencia de género lo es porque se perpetúa contra las mujeres por el hecho de serlo, concurriendo el hecho discriminatorio proscrito en el artículo 14 CE.

En este sentido, es interesante observar cómo la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada en Belem do Pará, Brasil, el 9 junio de 1994, en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos[26], introdujo, además, en la definición de violencia la que «basada en su género cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado[27]». Por lo tanto, es esencial entender que lo que se ha acuñado por violencia de género no comprende cualquier violencia bidireccional; es decir, de mujer a hombre o de hombre a mujer o intrafamiliar, sino, únicamente, la que se ejerce contra la mujer y en base a su género, esto es, al conjunto de características que, al margen o sumadas al sexo biológico, hacen que, de manera sistemática, las mujeres estén, respecto de los hombres, socialmente infrarrepresentadas, subordinadas o infravaloradas. La ONU, en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, de 1995[28], celebrada en Pekín, reconoció que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz y viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Especialmente interesante resulta mencionar la definición en sentido amplio que ofrece de la violencia, como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.

La CEDAW de 1979, ratificada por España y publicada en el BOE número 69, de 21 de marzo de 1984, prohíbe la discriminación contra la mujer en todas sus formas y exalta que la violencia de género, incluyendo los asesinatos, secuestros, desapariciones y las situaciones de violencia en las relaciones de afectividad e intrafamiliar, «no se trata de casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades» y que estas situaciones de violencia están fundadas «en una cultura de violencia y discriminación basada en el género[29]».

La Unión Europea lleva, asimismo, décadas luchando contra la violencia de género con los conocidos programas Daphne, entre otras acciones, pero en este momento es preciso destacar el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011. Ratificado por España y en vigor desde el 1 de agosto de 2014[30]. El denominado Convenio de Estambul, al hacer hincapié en la ausencia de consentimiento como base de la discriminación y de la violencia, también recoge en su artículo 3 el concepto de violencia, entendiendo por tal «una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y se designarán todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada». Y, «por “violencia contra la mujer por razones de género” se entenderá toda violencia contra una mujer porque es una mujer o que afecte a las mujeres de manera desproporcionada». Entre las diferentes recomendaciones realizadas a los estados, el artículo 36: «Violencia sexual, incluida la violación», alude en el punto 1 a la necesidad de «tipificar como delito la violencia sexual cuando se cometa intencionadamente: a) La penetración vaginal, anal u oral no consentida, con carácter sexual, del cuerpo de otra persona con cualquier parte del cuerpo o con un objeto; b) Los demás actos de carácter sexual no consentidos sobre otra persona; c) El hecho de obligar a otra persona a prestarse a actos de carácter sexual no consentidos con un tercero» y aclara en el punto 2 que «el consentimiento debe prestarse voluntariamente como manifestación del libre arbitrio de la persona considerado en el contexto de las condiciones circundantes».

En España, la compleja problemática de la violencia contra las mujeres ha intentado erradicarse legislativamente, primero, a través de un modelo generalista, centrado en el ámbito doméstico y en todos sus componentes, continuando con la ampliación del sujeto pasivo del delito de maltrato a cualquier persona que se hallase en una situación de debilidad o mera subordinación en el entorno familiar. Desde que se rechazara en el año 2002 una norma integral de violencia hasta su aprobación en el año 2004, la elaboración de la Ley no ha sido una tarea consensuada, especialmente en el aspecto de diferenciar la violencia de género de la violencia intrafamiliar, a fin de erradicar la violencia ejercida contra las mujeres conculcando derechos fundamentales reconocidos en la CE, como la vida, la libertad, la igualdad y la no discriminación. Hasta la vigente Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género[31] no ha existido un concepto de referencia unívoco de violencia contra las mujeres. A pesar del objeto limitado de la LOVG, los conceptos que se acuñan para el marco de la violencia de género son también vinculantes para los aplicadores del derecho. En este sentido, se trata de dar protección a las mujeres contra la violencia, como cualquier violencia física, psicológica, sexual, amenazas, coacciones o privación de libertad, de los hombres contra las mujeres, en este caso, entre los que haya existido o existe una relación conyugal o de afectividad, basada en subyugar la posición física, emocional y social de la mujer al hombre por su misma condición femenina; esto es, por la asociación de la mujer a determinados patrones, estereotipos y conductas sociales que minusvaloran su status fuera y dentro del ámbito familiar o de la relación de afectividad.

Pero es que, además, debían conocer los tribunales ordinarios que ya el Tribunal Constitucional español se pronunció sobre estos conceptos en la STC 59/2008, de 14 de mayo de 2008, en la que señaló en los antecedentes y luego en el FJ 9 y ss., lo que se destaca:

[…] bajo el epígrafe «la agravación y el abuso de superioridad», se analizan las dos restantes hipótesis de fundamento de la agravación, ya mencionadas. En principio, la situación de especial vulnerabilidad de la víctima puede entenderse que genera, paralelamente, una situación de superioridad en el agresor. Pero, en las agravantes así definidas (por ejemplo, en sede de delitos sexuales en el art. 180.3 CP) no se exige necesariamente la nota de abuso de la situación de vulnerabilidad, bastando con que el sujeto conozca esa situación. En cambio, la nota subjetiva entra en la definición del abuso de superioridad, exigiendo la jurisprudencia que concurra: una situación objetiva de poder físico o anímico del agresor sobre su víctima que determine un desequilibrio de fuerzas favorable al primero; el abuso o consciente aprovechamiento de ese desequilibrio por parte del agresor para la mejor y más impune realización del delito; y, por último, la accesoriedad del exceso de fuerzas en la realización del delito de que se trate, de manera que no deba entenderse implícito, ya por estar incluido como un elemento del tipo, ya por ser la única forma de poder consumarlo. La característica común es la desproporción de fuerzas que debilita las posibilidades de defensa de la víctima. El abuso de superioridad construido a partir de la posición dominante del hombre sobre la mujer, en abstracto, además de reprobable en sí mismo desde el punto de vista de la igualdad, en cuanto elevaría una observación sociológica a la categoría de presupuesto jurídico de agravación en el caso concreto, se reconduciría a la hipótesis ya expuesta de interpretación de la norma como medida antidiscriminatoria.

No obstante, a pesar del alcance limitado, el concepto que subyace a la violencia es claro y ha de tenerse en cuenta por los aplicadores del derecho porque la LOVG también es ley y su necesaria aplicación e interpretación, desde el principio feminista y el Estado de derecho, se adecúa perfectamente al principio de legalidad.

REFLEXIONES AL CASO Y CONCLUSIONES.¿SIN VIOLENCIA NI INTIMIDACIÓN?

El caso conocido por La Manada tiene lugar, como es sabido, en la noche de Sanfermines, de 2016, cuando cinco varones atentan contra la libertad —también la sexual— de una mujer de 18 años. Los hechos, de sobra conocidos, expuestos en las sentencias de referencia y en la realidad mediática, produjeron una de las movilizaciones más importantes de la historia de nuestra democracia, al establecer la calificación jurídica de abusos sexuales continuados en lugar de la de violación, por no apreciar en los hechos ni violencia ni intimidación. ¿Sin violencia ni intimidación?

La CE, al proclamar el valor superior de la libertad, está consagrando, en palabras de nuestro Tribunal Constitucional, el reconocimiento «de la autonomía del individuo para elegir entre las diversas opciones vitales que se le presenten, de acuerdo con sus propios intereses y preferencias[32]». Sin embargo, a mi parecer, es difícil establecer una libertad, en todas sus formulaciones que no conlleve o a la que no le preceda la igualdad, ambos, valores interconectados y radicados en valores universales[33], así como en la idea de dignidad. Esta libertad y, también, esta igualdad, se presentan, por lo tanto, como objetivos a perseguir pero, también, como trascendentales puntos de partida y, especialmente, como límites necesarios para propiciar un cambio de paradigma hacia un pacto que amplíe la protección de los derechos y dote a los aplicadores del derecho de la ductilidad necesaria para albergar en sus interpretaciones el sistema de garantías contenido en las normas, capaces de hacer efectivos los derechos fundamentales de todas las personas, hombres y mujeres.

Se podría considerar que la clave en el caso gira en torno a, por un lado, la figura del consentimiento y, por otro lado, en la incertidumbre acerca de considerar que en los hechos concurriesen los requisitos de violencia e intimidación presentes en el tipo penal de violación. Claro, el problema es que no se parte de la premisa principal; esto es, si los hechos se hubieran dado en un contexto de igualdad, la autonomía y la libertad jugarían un papel importante, pero el problema es que, en estas relaciones, las partes no se hallan en planos de igualdad, sino de subordinación de una a la otra. A mi entender, he aquí la clave, pues la libertad sin igualdad no es libertad. Como se ha puesto de manifiesto en el trabajo, una muestra, quizás, la más cruel, de la violencia de género es aquella en la que un sujeto somete y subyuga al otro a realizar sus deseos en un plano de desigualdad. Además de constituir una actividad impropia de las actuales sociedades democráticas, se presenta como una vulneración de los más esenciales derechos de las mujeres a la igualdad, a su vida digna, a su integridad física y moral, a la intimidad personal y el libre desarrollo de su salud y su sexualidad y, en conexión con ello, contra su dignidad y la autodeterminación de su personalidad.

La violencia contra las mujeres en violación de su libertad sexual no tiene que ver con el sexo biológico ni, en buena parte, con la violencia física, aunque, frecuente y, a menudo, brutalmente, esta tenga lugar, cuestión que no tienen en consideración los magistrados/as en ambas sentencias, sino que la agresión contra la libertad sexual tiene que ver con el poder, tiene que ver con la situación de subordinación que, por ser mujer, la hace sujeto de uso y disfrute, de violencia, marginación y cultura sexista arraigada en los cánones de la sociedad patriarcal que se ve reflejada en las vergonzosas palabras del magistrado que emitió un voto particular, minimizando la violencia y legitimando la cosificación de la mujer bajo una pretendida situación de «jolgorio». Parece que los derechos de ciudadanía universal que nuestra sociedad democrática promueve están vedados para las mujeres.

Resulta una incongruencia jurídica, que vislumbra el desconocimiento del sistema normativo sobre los derechos fundamentales en el contexto de la violencia de género, considerar como hecho probado que no existió consentimiento al tiempo que no apreciar violencia e intimidación. Por supuesto, las leyes penales siempre pueden mejorarse y perfilarse para que el rango interpretativo por los aplicadores del derecho tenga una cabida inferior, pero no es culpa de la ley, sino de la incapacidad, en este caso, de los aplicadores del derecho para interpretar el ordenamiento jurídico en su conjunto con observancia del principio feminista, pues… ¿qué mayor violencia existe que la ausencia de libertad y de consciencia para elegir y consentir en dignidad? La libertad implica disponer de un abanico de opciones suficientes para satisfacer las propias necesidades desde la autoestima y la dignidad. No se trata, en absoluto, de anteponer argumentos moralistas en torno al sexo. Se trata de exponer que la sexualidad forma parte de la autodeterminación de la persona que quiere vivirla y no, así, de quien tiene el deseo de reducirla, mediante la cosificación de las personas y la perpetuación de estereotipos. De este modo, esta libertad en el contexto del desarrollo de la sexualidad creo que ha de implicar un consenso, un acuerdo en igualdad que la haga efectiva. Es ahí donde reside la libertad, en la confluencia del deseo personal, no del deseo de otro.

Sin embargo, parece que los tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que han confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial consideraron que hay una «sutil línea divisoria entre la intimidación y el prevalimiento —dicen— difícilmente perceptible, pues la víctima en este último en alguna medida también se siente intimidada». Parten, por lo tanto, de la consciencia de los agresores de que existe una relación de superioridad que conlleva una intimidación impropia, pero no consideran los magistrados que pueda la víctima estar intimidada, ya que —señalan— la intimidación supondría el empleo de cualquier forma de coacción, amedrentamiento o amenaza, que compele a ceder a los propósitos lascivos del agente ante el anuncio de un mal grave, racionalmente creíble e inminente, con capacidad por ello de afectar los resortes defensivos de la víctima, cuya capacidad volitiva es perturbada. Piensan los magistrados que una persona rodeada, en un lugar cerrado, de otras cinco personas de capacidad muscular, fuerza superior y mayor edad, que la desnudan, se mofan, graban en vídeo e infringen penetraciones múltiples anales, vaginales y bucales, agarrándola por el cuello, pelo, cadera y otras partes del cuerpo, según hechos probados, no representa para la persona afectada ni un amedrantamiento ni una cesión de su persona a propósitos lascivos ni un riesgo vital ni afecta en absoluto a su capacidad de defensa ni de reacción y, por supuesto, no limita ni perturba la capacidad de manifestar su voluntad. Y es por esta duda tan objetiva y apegada al principio de legalidad que la Sala apela, finalmente, al principio in dubio pro reo. Me avergüenza como jurista leer que los magistrados se empeñan, además, en ejemplificar lo que no se considera violencia al enunciar: «La violencia, que no se plantea en los recursos del Ministerio Fiscal y de la víctima, está expresamente excluida en el relato de hechos» y «no identifica ningún acto expreso de fuerza por los acusados para conseguir sus propósitos». Dicen los magistrados: «El hecho de sujetar la cabeza durante una felación, sin más datos, no puede equiparase a la violencia típica del delito de agresión sexual». ¿Sin más datos? ¿Violencia típica? Y, empleando los términos de la sentencia, tener al mismo tiempo la cabeza sujeta, la boca sujeta por un pene y la pelvis sujeta por una penetración anal u otra vaginal al tiempo, ¿le parecerá a sus señorías más datos y más «violencia típica»?

Continuaron apreciando que no hubo escena premeditada y que por ello no puede apreciarse «dolo específico de la amenaza o intimidación, siquiera fuera ambiental […]». ¿Quieren decir los magistrados que no hay dolo específico, además del de conducir a una persona a un habitáculo y aislarla para atentar contra su libertad? ¿Y qué más dolo necesitan los magistrados? Además, concluyen que «el abuso no parece haberse obtenido doblegando a la víctima por la fuerza física o el constreñimiento de un mal inminente y grave que los acusados hubieran manifestado». Porque, claro, quintuplicar en fuerza y número y penetrar a la víctima vaginal, anal y bucalmente anulando su libertad y cualquiera de los derechos fundamentales de sobra mencionados, ¿no es doblegar? Ni ¿constreñir? Ni ¿forzar físicamente? Los magistrados considero que juzgan con una absoluta ausencia de perspectiva legal completa que incluya la perspectiva feminista, de igualdad y de libertad real y efectiva propias de nuestro Estado democrático de derecho.

Parece que, en todo caso, no ha habido unanimidad en el TSJ, ya que dos de los cinco magistrados formularon un voto particular en el que abogaron por condenar a los procesados a 14 años y 3 meses por un delito continuado de agresión sexual, al apreciar la existencia de intimidación en los hechos considerados probados. Este punto es interesante porque se aparta la argumentación de la anterior que exponía la existencia del consentimiento viciado. Dice, sin embargo, el voto particular que «no estamos en presencia de una situación de consentimiento de la víctima, viciado por la actuación intimidatoria de los acusados, sino que ante todo ello la denunciante reaccionó de un modo intuitivo». A su entender, hubo intimidación y esta «revistió un carácter particularmente degradante o vejatorio, a la vista de la forma en la que fueron realizados los actos» y, además, en el caso concurre la agravación aplicable cuando los hechos se cometen por la actuación conjunta de dos o más personas. Por fin, apuntan los magistrados del voto particular un elemento esencial en el caso, como es la violencia ambiental. En la observación de los detalles, los magistrados cruzan la «tenue línea» entre abuso y agresión sexual, al entender que el tamaño del habitáculo de «muy reducidas dimensiones» y una sola salida, que propició la «encerrona» y la «atmósfera coactiva», son cuestiones «reveladoras […] para mantener que los hechos tuvieron lugar mediante intimidación ambiental para vencer la voluntad de la víctima».

Una pena que el voto particular no se haya terminado de pronunciar sobre la violencia a pesar de haber determinado que la actuación y los estímulos que percibió la víctima, prosigue el voto particular, le provocaron «embotamiento, desconexión y disociación con la realidad». Entienden que la víctima se encuentra «totalmente sometida», pues la actitud y el número de los agresores, cinco de «consistencia más fuerte que manifiestan el decidido propósito de abusar del cuerpo ajeno», hacen que no sea necesaria la utilización de «ningún arma o instrumento material amenazante». Los magistrados sostienen que «hay elementos subjetivos y objetivos necesarios y precisos» para la intimidación de carácter «degradante o vejatorio», que «aumenta cuando los condenados abandonan a la víctima en el habitáculo, tirada en el suelo y medio desnuda y le sustraen el móvil para incomunicarla». Existe «menosprecio y humillación superior al que tiene lugar en toda violación», con conductas que no eran necesarias para lograr su objetivo principal.

Probadas la manifiesta superioridad y la conciencia de su posición de dominio de los atacantes, la sentencia enfatiza que «la constatación de no haber expresado o manifestado la víctima su oposición a la relación sexual […] no puede ser percibida como un asentimiento». En otras palabras, parafraseando las pancartas de apoyo a la víctima: si no dice «sí» no es necesariamente «no», pero el silencio tampoco significa «sí». Un dato extremadamente relevante a mi juicio, pues para consentir en libertad no es necesario decir «no». Es necesario que nadie, ninguna persona ni ningún poder del Estado, pueda interpretar que la falta expresa de consentimiento puede ser la aquiescencia cuando están en juego derechos fundamentales y, en particular, la libertad en igualdad. De otro modo, en el momento en el que se violenta la libertad individual ante los deseos del otro, hace tiempo que, en la intención del que va a imponer esos deseos, dejó de existir la posición de igualdad de la víctima.

El Gobierno de Navarra, personado como acusación particular, ha presentado recientemente un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Está, por lo tanto, por ver si el Tribunal Supremo ofrece la perspectiva que un caso de esta naturaleza exige e incorpora el principio feminista de la interpretación y aplicación del derecho. Como ha apuntado Susana Gisbert, fiscala de la sección de Violencia de Género, y portavoz de la Fiscalía de Valencia, en su libro Balanza de género, la justicia carente de perspectiva de género que maltrata con sus decisiones a las víctimas.

Este tipo de pronunciamientos en nada coadyuvan, además, a que los mismos varones puedan luchar contra la percepción social que existe de la masculinidad y de lo que es exigible al género masculino. Es preciso realizar un cambio de paradigma que incluya ese pacto de mujeres y hombres que modifique las estructuras patriarcales, también actoras del Estado, y se piense en crear una masculinidad al margen de la idea de esa visión obsoleta pero presente que muestra a los hombres como meros buscadores de deseos sin compromiso, sin razón y sin emociones es un estigma dañino para los hombres y para las mujeres. Este hombre es, además, un ciudadano de un Estado democrático y de derecho, vinculado, por lo tanto, a su ordenamiento jurídico con derechos y deberes como ciudadano y, por consiguiente, responsable de las conductas que conculquen derechos fundamentales, en este caso, de las mujeres.

El marco internacional ha de suponer un límite al legislador y, en general, a los poderes públicos para erradicar las situaciones vulneradoras de derechos desde un espacio que ofrezca seguridad jurídica y legalidad suficiente, que recoja las situaciones fácticas ilícitas y ofrezca soluciones realistas y sensatas que aborden el problema, incluyendo, entre las medidas, la educación, siendo la violencia contra las mujeres un tema tan poliédrico y complejo que afecta a los derechos fundamentales de más de la mitad de la humanidad.

Ellas y solo ellas sufren, por todo ello, una cosificación que las desplaza de ser ciudadanas plenas y las subsume en una discriminación múltiple socialmente estigmatizante y de difícil escape, lo que representa para la víctima un efecto devastador en su capacidad de respuesta inicial y posterior al trauma, sometiéndose a menudo a una revictimización provocada por la incapacidad del sistema de dar respuesta fiable a la violación de derechos. La persona no es objeto ni mercancía, incluida su sexualidad, porque la cosificación de las mujeres hace a las sociedades y a las democracias menos sostenibles, porque desciende el nivel de capacidad del Estado de salvaguardar y garantizar derechos humanos, no solo conforme a su propio ordenamiento, sino ante el marco internacional que le vincula.

Como se ha señalado, la violencia de género y, en general, cualquier acto de violencia que se ejerce contra las mujeres y las niñas constituye una vulneración de sus derechos humanos más elementales, así como de valores superiores constitucionales esenciales para el pleno desarrollo de la personalidad, de la dignidad humana y de la libertad individual en igualdad.

Creo que estamos en un momento inseguro para la igualdad de mujeres y hombres, produciendo resultados insuficientes, inestables y ficticios que han propiciado, sin embargo, la aparición de los llamados neomachismos o micromachismos que no son más que la reinvención de viejas mercancías disfrazadas de novedad pero que, en verdad, no por sutiles se alejan del machismo y del patriarcado de siempre. Así las cosas, la igualdad y la igualdad de género permanecerán como una tarea inacabada, porque ¿qué igualdad sin libertad?

Seguiremos intentando construir una democracia en la que los derechos humanos consigan dejar de ser concesiones para ser realidades, un Estado de derecho en el que los aplicadores del ordenamiento jurídico sean capaces de advertirlo en toda su dimensión desde la responsabilidad, incluyendo todos los principios inherentes al mismo, interpretando desde la transversalidad, pues los poderes públicos no ejercen sus funciones en un Estado neutro, sino en un Estado social y democrático de derecho al que están vinculados. La omisión o la interpretación restrictiva o parcial de las normas y principios jurídicos aplicables al caso no es un «no hacer» en sentido neutro, sino un «no hacer aquello a lo que se estaba constitucionalmente obligado», pues los poderes públicos son responsables, mediante su actuación, de la consecución de los ideales que encierran los derechos y, por lo tanto, de dar virtualidad a los valores que los amparan. Es imprescindible estar alertas y ser sensibles y permeables a las nuevas perspectivas que, como la feminista o de género, consigan penetrar en las estructuras de la sociedad y de los poderes del Estado, dotando al ordenamiento jurídico de la apertura precisa y a la Constitución y las leyes de la ductilidad necesaria para albergar la calidad de la democracia, la seguridad del Imperio de la ley y la eficacia de la socialidad del Estado.

BIBLIOGRAFÍA

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WOLLSTONECRAFT, M. (1977): Vindicación de los derechos de la mujer, Debate, Madrid.

CAPÍTULO 5

EL SEXTING NO CONSENTIDO COMO FORMADE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.ABORDAJE JURÍDICO EN COLOMBIA Y ESPAÑA

Clara Chacón Castaño

La palabra sexting proviene de la fusión de los anglicismos sex y texting —referido este último al envío de SMS—, por lo que es la forma de expresar una nueva práctica muy extendida en la actualidad que consiste en el envío de mensajes de contenido sexual. El observatorio de la seguridad de la información define el sexting como aquella actividad consistente en la difusión o publicación de contenidos de naturaleza sexual, principalmente imágenes y vídeos, que han sido producidos y protagonizados por el propio remitente, utilizando para ello el teléfono móvil u otro dispositivo de carácter electrónico. La imagen o vídeo ha sido tomado de forma voluntaria por su autor, que lo envía también a otras personas de forma voluntaria por la relación de confianza que existe entre ellas. Dicha relación se quiebra cuando el receptor o receptores lo reenvían a otras personas, pudiendo visualizarse en poco tiempo (Zocavilca, 2017).

Con el auge de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, cada vez se hace más frecuente esta práctica como forma de compartir intimidad en las relaciones, lo que conlleva riesgos que afectan tanto a menores de edad como a adultos cuando se quebranta la confianza y se despliegan comportamientos abusivos de divulgación de imágenes o vídeos sin el consentimiento de la mujer y con el claro propósito de desprestigiarla o de obtener un provecho económico bajo amenazas.

De igual manera, se presenta también lo que se conoce como la «porno-venganza» en internet, consistente en la difusión de fotos o vídeos de carácter íntimo-sexual por exparejas despechadas, normalmente junto a comentarios injuriosos. Esta constituye una manifestación del poder, controlando las relaciones que mantiene y obligándola, en algunos casos, a prescindir de sus redes sociales, circunstancia que genera una nueva violencia que antes se ejercía por otros medios menos sofisticados.

El objetivo de esta violencia y de estos comportamientos abusivos es crear un entorno hostil en internet para las mujeres con el fin de avergonzarlas, intimidarlas, degradarlas, menospreciarlas y, en última instancia, silenciarlas; provocando daños psicológicos y vulneración de sus derechos a la intimidad, la honra y el buen nombre[34].

Varias y sistemáticas son las formas de violencia contra la mujer, a saber física, psicológica, sexual o laboral, y en cualquier ámbito que se piense. La legislación colombiana, particularmente la Ley 1257 de 2008, «por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres» en el art. 2 señala:

Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado.

Por daño psicológico se entiende la consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal (art. 3 Ley 1257, de 2008).

Hoy por hoy se habla considerablemente al respecto; y no es para menos, dada la concepción que se ha tenido de la mujer a lo largo de la historia y que, en palabras de la Corte Constitucional Colombiana, se considera «un grupo social históricamente discriminado» (Sentencia C-881/14).

Indiscutiblemente se ha avanzado en materia de legislación y de políticas públicas sin que ello ocurra de la misma manera a nivel cultural, dada la persistencia de estereotipos en el imaginario colectivo de la sociedad y que cobran fuerza con el uso indebido de las tecnologías, especialmente en redes sociales.

¿Cuál ha sido la respuesta del Derecho para sancionar estos comportamientos abusivos de difusión de imágenes íntimas sin el consentimiento de la mujer, con el ánimo de desprestigiarla?

En el caso de España, el art. 197 del Código Penal[35] consagraba inicialmente en el numeral 1:

El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

Posteriormente, con el famoso caso Olvido Hormigos en el que una exconcejala del PSOE envió voluntariamente a una persona con la que mantenía una relación un vídeo con alta carga de contenido sexual explícito que había grabado ella misma con su móvil, siendo el vídeo posteriormente reenviado y difundido a terceros sin consentimiento de aquella, llegando a hacerse viral; se dio origen a la reforma del CP español en el art. 197 (Pérez, 2018).

A través de la Ley Orgánica 1/2015 se agregó el numeral 7 y quedó redactado de la siguiente manera:

7. Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona.

Lo anterior, dada la impunidad de la cuestión, por no encontrarse una adecuación típica de la conducta por el hecho de haber mediado el consentimiento de la persona al enviar del vídeo —quedando fuera del alcance del tipo penal—, surgiere la necesidad de adaptarlo a la nueva realidad e introducir la respectiva reforma en la legislación (por cierto, merecidamente aplaudida).

Desafortunadamente no sucede lo mismo en el caso de Colombia, puesto que en la actualidad no existe una regulación legal que penalice dicha conducta de manera específica.

En el art. 220 del CP colombiano se consagra el delito de injuria, que sanciona con prisión y multa al que haga a otra persona imputaciones deshonrosas y aumenta la pena cuando la conducta se cometiere utilizando cualquier medio de comunicación social u otro de divulgación colectiva, o en reunión pública, sin que ello pueda ubicarse en la difusión no consentida de imágenes íntimas por no estar de esta manera tipificado (sexting).

Sí está establecido como fundamental el derecho a la intimidad, para garantizar a las personas una esfera de privacidad en su vida personal y familiar, que comprende la protección frente a la divulgación no autorizada de los asuntos que conciernen a ese ámbito de privacidad y, por vía jurisprudencial, se ha conceptuado que constituye una vulneración a este derecho la divulgación de hechos privados, en la cual incurre quien presenta al público una información cierta, veraz, pero no susceptible de ser compartida; es decir, perteneciente al círculo íntimo de cada quien (Sentencia C-881/14).

El mecanismo de protección es la acción de tutela, que en todo caso deja a discreción del juez constitucional la orden de protección a que hubiere lugar sin que dicha conducta sea penalizable por no encontrar adecuación del tipo penal, lo que evidencia un vacío legal que deja al agresor indemne y por el contrario a la mujer afectada, lesionada gravemente en su intimidad.

En ese orden de ideas debo decir que en España se ha avanzado, mayormente en materia legislativa, al penalizarse dicha práctica no consentida de envío de imágenes íntimas. Sin embargo, los frecuentes acontecimientos revelan que persisten estereotipos con el propósito de ofender, condicionar e insultar, entre otros, que se sumergen en una violencia más difícil de percibir por la ausencia de evidencias físicas, pero sí que palpable en la psiquis de la mujer y el consecuente menoscabo psicológico.

CONCLUSIONES

La lucha de la violencia contra la mujer no es una tarea acabada —o al menos no en este siglo— ya que, si bien se ha avanzado en su tratamiento con medidas legislativa y estatales, ante el auge de la tecnología y proliferación de redes sociales adopta una nueva forma que vulnera los derechos a la intimidad, honor y propia imagen.

Con la difusión no consentida de imágenes íntimas se socava la autonomía de la mujer que puede producir graves ofensas a la intimidad, dignidad, honor y honra.

La peligrosidad del sexting es la facilidad con que las imágenes de contenido sexual pueden ser difundidas sin el consentimiento de la mujer a un número indeterminado de personas, que implica una pérdida de control sobre las mismas que, con fines de difamar, denigrar y humillar, termina por configurarse en una clara violencia en su contra.

Si bien es cierto que tanto mujeres como hombres y personas LGTBI pueden ser objeto de violencia y comportamientos abusivos en internet, no menos es cierto que, en lo que a las mujeres atañe, estos suelen ser de naturaleza sexista o misógina e incluyen referencias explícitas a su cuerpo, lo que las ubica en un plano de mayor vulnerabilidad.

La vulneración a los derechos a la intimidad, honra e imagen de una mujer con el despliegue de comportamientos abusivos de difusión no consentida de sus imágenes o vídeos, aun cuando esta los haya suministrado, constituye una forma de violencia en su contra que merece más que un reproche social para combatirla.

BIBLIOGRAFÍA

CÓDIGO PENAL COLOMBIANO, Ley 599, de 2000.

CÓDIGO PENAL ESPAÑOL, Ley Orgánica 10/1995.

CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA, Sentencia C-881/14, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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PÉREZ CONCHILLO, E. (2018): Intimidad y difusión de sexting no consentido, Tirant lo Blanch, Valencia.

CAPÍTULO 6

MUJER E IMAGEN EN CLAVE DE GÉNERO

Julia Ammerman Yebra

INTRODUCCIÓN

En 1889, en un artículo de The New York Times, se describía a los fotógrafos amateurs como «jóvenes caballeros de las cámaras» que salían con «pequeñas cajas color teja sobre sus hombros» para capturar imágenes de «chicas guapas». En caso de que la mujer se opusiese a la captura de su imagen, el joven caballero «podría esforzarse por conseguir la toma cuando ella se despistase[36]». En los anuncios de aquella época de la conocida marca Kodak se reforzaba la idea de masculinidad de los fotógrafos mostrando a hombres cazando o viajando, a menudo mediante analogías entre los disparos de un arma y los de una cámara (Lake, 2016: 33-34). Otra empresa fotográfica, Folmer & Schwing, anunciaba una nueva patente de cámaras «detectivescas» —en las que la imagen tomada correspondía a los sujetos situados en el ángulo derecho a donde aparentemente apuntaba la cámara y no al frente, como sería de suponer—, con la representación de un fotógrafo (hombre) y dos mujeres situadas en el ángulo dichoso, que no se percataban de que estaban siendo fotografiadas[37].

Desde entonces y hasta hoy, imagen y mujer siguen siendo dos conceptos que aparecen íntimamente relacionados, tanto por lo íntimo o estrecho de su relación de amor-odio (pues no siempre la imagen de la mujer se usará con fines legítimos), como por su conexión con la intimidad de la mujer cuya imagen se capta[38]. La perspectiva de género se convierte, pues, en fundamental en nuestro estudio. Uno de los ámbitos en el que más se utilizan las imágenes de las mujeres de forma indiscriminada es el de la publicidad, siendo ellas las que mayoritariamente ceden su cuerpo para «representar» productos. Otro sector en el que son las mujeres las que más frecuentemente sufren violaciones de su imagen pública es en el denominado delito de sexting, conducta por la que una persona difunde imágenes íntimas de otra sin su consentimiento. En estos casos, si bien la captura de la imagen puede haber sido con consentimiento de la víctima de sexting, no lo es su posterior divulgación. Y un tercer ámbito en el que encontramos diferencias según estemos ante representaciones gráficas de hombres o de mujeres es el del derecho a la propia imagen, protegido por el art. 18.1 de la Constitución Española[39], pues mientras que ellos alegarán principalmente intromisiones relacionadas con su actividad profesional y con afectación a su reputación u honor, ellas tendrán que hacer frente en muchas más ocasiones a intromisiones en su vida privada o a usos inconsentidos de su imagen como objeto de reclamo sexual.

La imagen de la mujer en la publicidad y el fenómeno del sexting han sido estudiados por abundante doctrina y, además, son ámbitos en los que se ha legislado siendo conscientes de los sesgos de género, intentando proteger a las víctimas de prácticas abusivas y atentatorias contra su dignidad aunque, como veremos, no siempre se alcanzan los niveles de protección deseados. En cambio, la atención ha sido menor, por no decir nula, en el tratamiento diferenciado del derecho a la propia imagen según estemos ante hombres o mujeres, por lo que en ese apartado nos apoyaremos en la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional[40] y del Tribunal Supremo[41] relativa al art. 18.1 CE, en especial desde promulgada la Ley Orgánica[42] 1/1982 de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, hasta nuestros días.

LA PROTECCIÓN DE LA IMAGEN DE LA MUJEREN LA PUBLICIDAD

Las mujeres no son solo un objetivo de impacto prioritario de la publicidad (pues se estima que el 80 por ciento de las compras son realizadas por mujeres), sino también un personaje de publicidad, en donde es ella la que en muchas ocasiones cede su cuerpo para la connotación de los productos, vayan estos o no dedicados a ellas (Serna Meroño, 2011: 1045).

El texto original de la Ley General de Publicidad, de 1988, ya establecía en su art. 3 a) que se consideraría ilícita la publicidad que atentase contra la dignidad de la persona o vulnerase los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente en lo que se refiere a la infancia, la juventud y la mujer. Con motivo de la aprobación de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se modificó el precepto mencionado precisándose las dos hipótesis por las que se puede considerar la publicidad contraria a la dignidad de la mujer: por un lado, cuando se la cosifique y, por otro, cuando se la asocie a comportamientos estereotipados de género que vulneren los principios de nuestro ordenamiento[43]. Además del control que ejercen los tribunales, también se encargan del cumplimiento de esta normativa, entre otros, el Observatorio de la Imagen de las Mujeres[44] y el sistema de Autocontrol sobre comunicación comercial[45], el cual dispone de un Jurado de la Publicidad encargado de resolver controversias[46].

Gracias a todos estos sistemas de supervisión de la publicidad se han prohibido, por ejemplo, campañas como la de una conocida aerolínea que, con el fin de vender billetes de avión, mostraba la foto de una mujer en bikini en postura sensual con el eslogan «Tarifas al rojo vivo. ¡Y la tripulación!» (que además enlazaba a un calendario con imágenes similares), publicidad declarada por la sentencia de la audiencia provincial (SAP) de Málaga 894/2016 como vejatoria y discriminatoria hacia la mujer por el uso de su imagen en actitudes provocativas y de reclamo sexual[47]. En otros casos ha sido el Jurado de Autocontrol el que ha impuesto la retirada de determinados anuncios en los que había una desconexión absoluta entre la imagen femenina representada y el producto promocionado (por ejemplo en el caso Media Markt o en el caso Air Berlin[48]). No obstante, el Jurado ha desestimado casos similares (véanse los casos Magnum y Noa Cacharel[49]) en los que se consideró que la mujer aparecía de forma armoniosa y artística, con un rol activo y guardando relación con el argumento publicitario, justificando los desnudos femeninos bajo el criterio del buen gusto. Si bien estas desestimaciones entendemos que se encuentran, como poco, en el límite de lo permitido por la legislación mencionada (en especial tras la promulgación de la LO 3/2007), más dudas ofrecen aquellas en las que el Jurado no vio discriminación aun asociándose a la mujer con roles estereotipados, como sucedió en los casos Colhogar o Allianz[50], dándose a entender en el primero de ellos que la vida de una mujer de 28 años está vacía si no logra contraer matrimonio y construir una familia, y en el segundo lo ridículo que puede ser que una mujer de avanzada edad saque el carnet de conducir. El Jurado los justifica por su marcado carácter irreal y humorístico, pero lo cierto es que conllevan un trasfondo de discriminación que las recluye al ámbito privado y doméstico como algo natural. Como bien ha expresado la doctrina feminista, quizás el Jurado olvidó que hoy la libertad de expresión del anunciante y la clave humorística del consumidor medio, «fácil y burda con las mujeres», tiene sus límites en la CE y la LO 1/2007, que promueven que se eduque a los ciudadanos en un humor inteligente que no discrimine (Pérez Marín, 2011: 1013).

IMÁGENES ÍNTIMAS DE MUJERESY DELITO DE SEXTING

Si en los casos de publicidad ilícita por sexista, o por lo menos de dudosa licitud, la imagen de la mujer se utiliza para mostrar estereotipos de género o como objeto de reclamo sexual —no importando tanto quién sea en concreto la mujer del anuncio, sino lo que representa—, en el sexting la perspectiva que debemos adoptar es diferente: las divulgaciones de imágenes de mujeres afectarán gravemente a la intimidad de cada una de ellas, pues fueron imágenes tomadas con consentimiento de la víctima para un uso privado, que tienen contenido sexual y que posteriormente se divulgaron sin consentimiento, normalmente por venganza o como modo de extorsión. La prevalencia de las conductas de sexting que tienen como víctimas a las mujeres está constatada por estudios en los que se señala que prácticamente el doble de los chicos que de las chicas han colgado en internet una foto de su pareja de carácter sexual (el 2,5 por ciento de los hombres frente al 1,3 por ciento de las mujeres)[51].

Esta conducta se tipificó en el CP mediante la LO 1/2015, que introdujo el apartado 7 del art. 197 CP[52] y que acabó con la impunidad que reinaba con anterioridad a la reforma, en la que solo se penaba si las imágenes habían sido obtenidas sin consentimiento de la víctima. Además, ahora también se castigará a quien reciba imágenes de otra persona y las difunda, sin tener por qué haber participado en su toma. No obstante, sigue habiendo una importante conducta que no entraría dentro del delito de sexting y que sería que la imagen fuese tomada por la propia víctima y después enviada a otras personas que la difunden sin su consentimiento. Siendo criticable la opción del legislador no tipificando este supuesto entendemos que, por la vía civil, sí entrarían en juego las acciones de la LO 1/1982 por la intromisión ilegítima que ha sufrido la víctima en sus derechos de la personalidad[53].

Por otro lado, el delito de sexting exige que las imágenes se obtengan en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros. Cabe preguntarse qué pasaría, entonces, si se obtienen con varias personas presentes en ese momento y luego se difunden a terceros sin autorización de la víctima. La doctrina con la que concordamos ve absurdo que el legislador entienda que no se está vulnerando la intimidad por encontrarse presentes ya en el momento de la fotografía o grabación más personas, pues las víctimas tienen el mismo derecho a obtener protección ante una divulgación no consentida de estas imágenes tanto si se toman en presencia de terceros como si no (Magro Servet, 2019: 5).

Si bien las sentencias que por ahora encontramos relativas al delito de sexting son pocas[54], consideramos que debe concederse una indemnización en concepto de daño moral a la víctima. Así lo viene entendiendo ya el TS en delitos similares de chantaje sexual[55], por considerarlo un «sufrimiento indemnizable» que además no es preciso que se concrete en daños psicológicos en las víctimas, sino que «pueden surgir de la mera significación espiritual que tiene el delito para la víctima y de la necesidad de integrarlo en su experiencia vital[56]». De hecho, sería de aplicación la doctrina de in re ipsa loquitur («la cosa habla por sí misma»), que estima existente la realidad del daño por resultar evidente, por ser consecuencia lógica e indefectible del comportamiento enjuiciado[57], algo que sin duda sucede en el sexting, pues la afectación a la dignidad de la mujer que ve divulgadas imágenes íntimas suyas, sin su consentimiento, es clara.

MUJER Y DERECHO A LA PROPIA IMAGEN

Al igual que sucede con el delito de sexting, en el que no se entiende un análisis que ignore la perspectiva de género (máxime cuando se ha tipificado una agravante del delito en relación con la violencia de género), el estudio de los casos que contemplan vulneraciones del derecho a la propia imagen protegido por el art. 18.1 CE también debe hacerse desde este prisma. Tomando como punto de partida 1982, por haberse promulgado en mayo de ese año la LO 1/1982, hemos realizado un barrido por las Sentencias del TC y de la Sala Primera del TS desde entonces y hasta hoy, dictadas en materia de derechos de imagen, así como derechos de honor e intimidad cuando estos guardan relación con aquel. Si bien el estudio requeriría de mucha más meticulosidad, tiempo y espacio en donde exponer las conclusiones que se pudiesen alcanzar, grosso modo podemos adelantar que fueron casi medio centenar las sentencias que versaban sobre divulgaciones no consentidas de imágenes de mujeres[58]. De ellas, la mitad se correspondía a imágenes en las que se apreciaban partes íntimas de su cuerpo por haber sido tomadas en playas o en lugares privados, e incluso algunas con un componente puramente erótico o relacionando falsamente a la mujer fotografiada con un concepto peyorativo de prostitución[59]. En cambio, solo hemos encontrado cinco sentencias en las que se condenan vulneraciones del derecho a la propia imagen de hombres en bañador o mostrando partes íntimas de su cuerpo[60], y solo dos en las que se ve violado este derecho por haberse tomado las fotografías en lugar privado (concretamente un hospital y urbanización privada) o por haber modificado la imagen de un ciclista profesional. En este último caso, cabe remarcar que si bien se trataba de imágenes del deportista en las que se superponían distintos maillots groseros, vejatorios y menospreciativos, la reclamación fue tratada como vulneración del derecho al honor, pero no a la propia imagen[61]. No obstante, en un caso similar[62], pero cuya protagonista era una tenista cuya imagen se trucó para mostrarla desnuda cuando en realidad no lo estaba, el tribunal consideró vulnerados los derechos a la intimidad y a la propia imagen de la tenista, pero no su honor, cuestión que nos parece criticable por cuanto también se está menoscabando su fama y atentando contra su propia estimación, como sucede en el caso anterior.

Por lo tanto, y aun siendo prudentes en nuestras conclusiones, que en todo caso son provisionales a la espera de profundizar más en el tema, sí apreciamos cómo son las mujeres las que en muchas más ocasiones deben hacer frente a intromisiones en su vida privada o a usos de su imagen con una carga sexual, erótica o de consumo —al igual que sucedía en el ámbito publicitario—, cosa que sucede en mucha menor medida con las imágenes de los hombres, que en lo que se refiere a derechos de la personalidad alegarán fundamentalmente vulneraciones de su honor o reputación, es decir, a cuestiones que tienen que ver con su vida profesional o su estima social, pero no tanto a su intimidad o imagen. Por ello, debemos empezar a replantearnos la manera de enfocar los derechos de la personalidad, en especial el derecho a la propia imagen, teniendo en cuenta estos sesgos de género, como ya sucede en el ámbito comparado, en donde hay estudios que constatan que las cuestiones que tienen que ver con la privacidad de las personas no son neutrales, pues mientras que los hombres se preocuparán más por controlar la información divulgada sobre su persona, las mujeres tendrán que protegerse en mayor medida de violaciones a su imagen, a su integridad y, en definitiva, a su dignidad como mujeres (Lake, 2019).

BIBLIOGRAFÍA

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CAPÍTULO 7

FEMINISMO Y ACTIVISMO HASHTAG:EL ALCANCE E IMPACTO DEL MOVIMIENTO #METOO

María Curros Espiño

INTRODUCCIÓN

Esta investigación, de tipo teórica-científica, tiene como objetivo principal analizar el origen y el desarrollo del movimiento #MeToo y el estudio de su impacto, tanto en redes sociales como a nivel social. Así se denomina el movimiento iniciado de forma viral como hashtag en las redes sociales en octubre de 2017 para denunciar la agresión y el acoso sexual, a raíz de las acusaciones de abuso sexual contra el productor de cine y ejecutivo estadounidense Harvey Weinstein.

Centrándonos en el ciberfeminismo y en el activismo en redes y social se aborda la importancia de este movimiento y por qué ha supuesto un cambio tanto en el feminismo como el ámbito laboral, judicial y social.

Tras la primera parte, de fundamentación teórica, se aborda el ciberfeminismo y el cambio en la forma de actuación actual del feminismo, sobre todo haciendo especial hincapié en las redes sociales y en los movimientos que han surgido a partir de ellas hasta llegar al asunto principal de la investigación: el #MeToo. Utilizando la metodología del análisis de diversas noticias y tuits en redes sociales se pretende contextualizar este movimiento, su origen y su razón y, sobre todo, analizar el impacto que ha tenido y el que podrá llegar a tener a largo plazo. Este estudio ha supuesto un desafío al tratarse de un tema sobre el que se genera constantemente nueva información.

CIBERFEMINISMO Y ACTIVISMO FEMINISTA:UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA

Desde las obras pioneras de Simone de Beauvoir o Betty Friedan y en general del feminismo considerado tradicional, que siguen resonando e inspirando a muchas mujeres, parece evidente que el discurso se ha transformado y adaptado a un mundo crecientemente globalizado donde las redes sociales forman parte fundamental de la vida cotidiana y de casi todos los debates, incluidos los que tienen como eje los derechos femeninos. El punto de encuentro de las mujeres es ahora el ciberespacio, un vehículo totalmente diferente a las anteriores olas.

De la necesidad de las mujeres de conquistar la red —un espacio dominado por hombres—, nace el ciberfeminismo, que tiene su raíz en un documento elaborado por Donna Haraway en el año 1987, denominado A Cyborg Manifesto: Science, Technology and Socialist-Feminism in the Late 20th Century (García, 2007).

Haraway propone la aceptación por parte de las mujeres de una nueva identidad —definida como cyborg, que es en realidad mitad máquina, mitad humano— como paradigma de la lucha contra la informática de la dominación. Se puede definir de forma que «a finales del siglo XX —nuestra era, un tiempo mítico— todos somos quimeras, híbridos teorizados y fabricados de máquina y organismo; en unas palabras: somos cyborgs. El cyborg es nuestra ontología, nos otorga nuestra política» (Haraway, 1991: 254).

Basándose en un enfoque teórico, el ciberfeminismo ha evolucionado y se ha manifestado de diferentes formas a lo largo de los últimos años, pasando del enfoque más radical de Haraway y otras feministas como Sadie Plant y Sandy Stone a otro enfoque más moderado, convirtiéndose así en un elemento fundamental en el feminismo. Es uno de los fenómenos políticos contemporáneos que mejor ha dibujado la relación entre las mujeres e internet. Según Zafra se trata de «un fenómeno que se refiere igualmente a la acción creativa y a la acción política de la mujer en la red, un fenómeno desde el que, ingeniosamente, se han planteado cuestiones críticas y deconstructivas sobre las promesas y amenazas que se ciernen para las mujeres en el ciberspacio» (Zafra, 2004: 69).

En el ciberfeminismo social aparece como prioritaria la educación tecnológica de las mujeres. Las plataformas sociales facilitan la información y participación de los individuos, lo que propicia que asuman un papel más activo y dinámico en el ámbito social y político. Las más populares son Facebook y Twitter (entre otras).

En concreto, esta forma de activismo mediante redes sociales se conoce como activismo hashtag; se trata de un término acuñado por los medios de comunicación que se refiere al uso de hashtags de Twitter usando el símbolo de almohadilla «#», gracias a la cual una palabra o frase se hace viral pudiendo ser comentada por miles de personas desde todas partes del mundo (The New York Times, 2012).

Desde entonces, el término se ha usado para referirse al uso de hashtags en múltiples plataformas de medios sociales para planificar marchas y protestas, compartir historias, conectar comunidades y, en última instancia, impulsar el cambio social: concretamente el activismo feminista que trabaja para sensibilizar, proteger e impulsar los derechos del colectivo femenino dentro de cualquier ámbito de la sociedad.

Pero sin duda, el movimiento que ha marcado un antes y un después tanto en las redes sociales como en el feminismo ha sido el movimiento #MeToo, un movimiento empezado a través del uso del hashtag y que ha acabado teniendo un impacto significativo en la sociedad estadounidense, en el ámbito social, político y corporativo, y que se ha extendido por el resto de países.

El MOVIMIENTO #METOO: CÓMO LAS MUJERES PERDIERON EL MIEDO[63]

El 5 de octubre de 2017 el periódico estadounidense The New York Times destapó el amplio historial de abusos sexuales de Harvey Weinstein y encendió la llama del movimiento #MeToo, iniciado mediante un hashtag en redes sociales que fue solo el comienzo de lo que se convertiría en un auténtico fenómeno social sin precedentes.

Lo que comenzó con un hashtag viralizado gracias a la campaña de la actriz Alyssa Milano en Twitter acabaría por cambiar el mundo de Hollywood, logrando extenderse a otros ámbitos, y rompería con el silencio de miles de mujeres que habían estado calladas por miedo hasta ese momento. Muchas feministas datan este movimiento como el comienzo de la cuarta ola del feminismo.

ORIGEN Y CONTEXTO

El nacimiento del concepto del Me Too se remonta a 2006 y fue acuñado por la activista Tarana Burke, quien creó en 2006 Just Be Inc, una organización juvenil que apoya a las supervivientes de la violencia sexual machista bajo el lema Me Too (Público, 2018).

La actriz Alyssa Milano rescató el concepto en octubre de 2017 tras la publicación en The New York Times de las acusaciones de abuso sexual por parte de doce mujeres al productor ejecutivo Harvey Weinstein. Su intención era mostrar al mundo el alcance e impacto global del acoso sexual.

Figura 1

Captura del tuit de Alyssa Milano

Fuente: Twitter.

Alcance e impacto del movimiento

La publicación del tuit por parte de Alyssa Milano obtuvo un total de 200 000 respuestas, ya en el mismo día convirtiéndose en trending topic mundial. En Facebook, el hashtag fue utilizado por más de cuatro millones de personas en doce millones de publicaciones en las primeras 24 horas. Durante los días posteriores el hashtag se viralizó en 85 países (Eryeys, 2017). En España concretamente se utilizó el hashtag #YoTambién, en el que participaron actrices y otras caras conocidas del país.

En octubre de 2018 el Centro de Investigación Pew realizó un análisis estadístico para conocer el impacto en cifras de este movimiento en redes sociales: en total ha sido tuiteado más de 19 millones de veces en el último año (Infobae, 2018).

El movimiento se convirtió en una auténtica revolución en las redes sociales. Con el paso de los días, fue saliendo de las redes sociales y exponiéndose al mundo entero dando paso a manifestaciones bajo el lema de Me Too para protestar contra el acoso y abuso sexual.

La revista Time, en su edición de diciembre 2017, nombró Personas del Año a celebridades como Ashley Judd, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Taylor Swift, Megyn Kelly, la congresista de California Jackie Speier y, además, a todas las mujeres que han denunciado casos de acoso sexual por parte de hombres poderosos: «Por darle una voz a los secretos a voces, por cambiar las redes de rumores a las redes sociales, por forzarnos a aceptar que pasan cosas inaceptables, quienes rompieron el silencio son la Persona del Año 2017», fue el argumento de los editores para su decisión (Time, 2017).

Después de la publicación surge Time’s Up, la nueva campaña que ya ha sido secundada por 300 mujeres de la industria, anunciada también en The New York Times, cuyo principal objetivo era ayudar a las mujeres que habían sufrido algún tipo de acoso sexual.

Bajo el enorme paraguas que se abrió tras la publicación del hashtag, enseguida las historias de las mujeres se extendieron por Twitter y otras redes sociales, principal objetivo que se perseguía. Algunas contaban sus terribles experiencias de acoso y abuso sexual y expresaban su alivio de poder hablar en público, mientras otras deseaban poder tener algún día la fuerza necesaria para poder compartir su historia. Las redes mostraron un maravilloso ejemplo de sororidad entre mujeres.

Un movimiento tan polémico en un lugar como Hollywood se ha convertido en el blanco para muchos detractores, que acusan a las mujeres de utilizar sus acusaciones como una caza de brujas. Muchas celebridades empezaron a criticar el #MeToo públicamente al ver que el movimiento podía causarles un problema y destruir su imagen o sus carreras.

Personalidades como Sean Penn, Javier Bardem, Linsday Lohan o Pamela Anderson fueron algunas de las más críticas con el movimiento, también en un acto por defender al productor Harvey Weinstein aseguran que no había cometido ningún delito, por lo que se puede apreciar la complicidad que existe en la industria con respecto al acoso y todas sus vertientes. Angela Lansbury afirma que «las mujeres atractivas han de asumir algunas veces la culpa del acoso sexual» (ABC, 2017), lo que nos hace plantearnos cómo de asumidos están los abusos sexuales, hasta al punto de considerarlos algo habitual; tanto, que incluso las propias mujeres los defienden y culpan de ello a su propio género (y las que no aceptan esa culpa son criticadas por ellas, fruto de una sociedad patriarcal).

El #MeToo ha dividido el feminismo en dos vertientes y la principal duda de muchas reputadas feministas es si se ha cruzado la delgada línea entre el acoso sexual o misconduct (mala conducta sexual). «Si la pregunta es si #MeToo ha ido demasiado lejos o se ha quedado corto, la respuesta es sí a ambas», escribió la académica Laura Kipnis (El País, 2018), que habla de la necesaria diferenciación entre el movimiento base de denuncia y la reacción institucional de empleadores que tratan de salvar la cara.

El movimiento #MeToo nació con el propósito de visibilizar y denunciar; nació para provocar, para acabar con las apariencias en un mundo ficticio. Muchas personas poderosas vieron peligrar su trabajo y su prestigio, por lo que enseguida intentaron echar abajo el movimiento o restarle importancia.

CONCLUSIONES

El #MeToo ha supuesto una revolución en todos los sentidos y ha sido la muestra real del impacto que tienen las redes sociales en nuestra vida y en la sociedad. Nos ha mostrado el poder que realmente tienen las mujeres. Este movimiento ha supuesto el punto de inflexión para hablar del feminismo 4.0 o la cuarta ola y se une a los nuevos tipos de movilización social que ya se han experimentado anteriormente —como el 15-M— gracias al poder de las redes sociales, aprovechando su estructura comunicativa.

Esta vez las mujeres no solo han provocado una movilización social en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad, sino que han utilizado el poder de comunicación para compartir experiencias, escuchar y mostrar apoyo las unas a las otras.

Aquel «yo también» utilizaba el poder de la empatía para expulsar de la sociedad a una interminable lacra: el miedo de la víctima a denunciar por temor a la humillación pública y privada. Ahí radica el profundo cambio social que se ha producido gracias al #MeToo: que la conocida presunción de inocencia del acusado deje de convertirse en escarnio y presunción de culpabilidad para la mujer denunciante.

Este tema, como se ha comprobado anteriormente, ha originado multitud de opiniones, desde las que apoyan al movimiento hasta las más drásticas que insinúan que el acoso sexual es culpa de las propias mujeres. El sensacionalismo consiste en distorsionar la realidad, colocando el acento no en lo importante, sino en aspectos secundarios que pueden despertar más emociones. Lo importante es que los delitos de violación y los abusos sexuales quedan, sin embargo, impunes en buena parte del mundo, bien porque no se denuncian, bien porque el sistema legal no les concede la atención necesaria

Consideramos que el #MeToo y las asociaciones surgidas a partir de él —especialmente el #TimesUp, conociendo su nivel de repercusión— deberían ofrecer los recursos y las posibilidades necesarias para ayudar a hacer frente al acoso sexual; utilizar su plataforma para dar voz a quien, por ser mujer y nacer en una determinada parte del mundo, no puede denunciar el acoso que sufre. Lo fundamental es también dejar de culpabilizar a la víctima, desterrar la idea de que el acoso sexual es culpa de las mujeres y que ellas lo provocan de alguna manera. Hacer consciente a la sociedad de que el acoso y el abuso sexual se encuentran en todas partes mientras se amenaza su libertad y poder de decisión.

BIBLIOGRAFÍA

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LANSBURY, A. (2017): «Las mujeres atractivas han de asumir algunas veces la culpa del acoso sexual», ABC, 28 de noviembre (disponible en: https://www.abc.es/estilo/gente/abci-angela-lansbury-mujeres-atractivas-asumir-algunas-veces-culpa-acoso-sexual-201711281656_noticia.hdtml).

STEPHANIE ZACHAREK, S.; DOCKTERMAN, E. Y SWEETLAND EDWARDS, H. (2017): «Person of the Year 2017: The Silence Breakers», Time, 18 de diciembre (disponible en: http://time.com/time-person-of-the-year-2017-silence-breakers/).

ZAFRA, R. (2004): Habitar en (punto) net: estudios sobre mujer, educación e Internet, Servicio de publicaciones de la Universidad de Córdoba.

CAPÍTULO 8

UNIDADES RESIDENCIALES EN LOS CENTROS DE ACOGIDA PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Selina Ugarte Fidalgo, Paula Vázquez García, Isora Pérez Rodríguez, María Carreiro Otero y Cándido López González

UNAS ACOTACIONES INICIALES

«Cuando os pido que ganéis dinero y tengáis una habitación propia, os estoy pidiendo que viváis en presencia de la realidad: una vida —parece— vigorizante, tanto si puede ser comunicada como si no» (Wolf, 1929).

Las políticas de igualdad abarcan un amplio espectro de objetivos y actividades. Entre otras, la asistencia y asesoramiento a las mujeres y, concretamente, a aquellas que sufren la violencia de género. Este hecho implica la aparición de diferentes programas de necesidades que entrelazan requerimientos sociosanitarios, administrativos y residenciales, un reto al que los arquitectos han de responder a través de propuestas arquitectónicas coherentes y rigurosas. Con este motivo, en la Escuela de Arquitectura de la Universidade da Coruña, durante el curso académico 2017-2018, uno de los talleres de proyectos de fin de máster (PFM) propone como tema de trabajo un centro de acogida para víctimas de violencia de género.

Estos centros comienzan a implementarse en los países anglosajones en la década de los setenta bajo distintos tipos, según su categoría. Dobash y Russell (1980: 76) categorizan los refugios de esa época en cuatro tipos, según sean los gestores: filantrópicos, organizativos y burocráticos, terapéuticos y activistas. El primero de ellos, el Chiswick Women’s Aid, participa de todas las categorías. Se construye en 1972 y constituye un referente al ser un centro abierto, de autogestión, con apoyo de personal tanto laboral como voluntario.

Pese a ello, no son edificios que se incorporen en el elenco de equipamientos urbanos, ni tampoco programas que se incorporen en las materias de proyectos arquitectónicos en las escuelas de arquitectura. De hecho, aún a finales de los años noventa, algunos autores planteaban que «se podrían crear nuevas formas de convivencia, separada durante parte del tiempo y conjunta para determinados fines» (Booth, Darke y Yeandle, 1998).

Pero el maltrato a las mujeres es por desgracia un hecho global y, por tanto, también la necesidad de procurarles espacio para su recuperación, como el centro construido en 2015 en Tanzania o el ejecutado en 2018 en México[64].

Este tipo de centros son escasos en España, con excepciones como la Casa Malva de Gijón (Asturias) de 2007 (Nadal et al., 2017: 70) o la Casa de la Mujer y el Menor[65] en Badajoz, de 2010. El PFM plantea un programa funcional similar al del centro asturiano, o «recurso», en palabras de Tania Merelas (2017). Y en ambos coincide el perfil de usuaria al que va dirigido: no existe un único tipo de mujer maltratada. Por ello, la respuesta espacial ha de ser capaz de adaptarse a todas las usuarias y a sus circunstancias personales y familiares.

Entre el edificio asturiano y las propuestas del PFM, ubicadas en A Coruña, existe una clara diferencia en el entorno urbano circundante. El primero se emplaza en un polígono residencial de la periferia urbana desarrollada en la última década del siglo XX, con equipamientos urbanos suficientes. Las segundas, por su parte, ocupan un solar en la zona de Cuatro Caminos: un ámbito con alta densidad de población, dotada con centros docentes, sanitarios, socioculturales y administrativos; con áreas comerciales y tiendas de proximidad; bien comunicada por medio del transporte público con el resto del área urbana y cercana a la estación de autobuses y a la ferroviaria. Todo ello de evidente utilidad para la vida en común y autónoma de las mujeres residentes en él. Por otro lado, y con el fin de potenciar la integración del centro en el barrio, el programa se completa con la incorporación de una serie de locales para ser usados por la asociación de vecinos del barrio.

La parcela objeto del proyecto se encuentra frente a dos calles: Santa Lucía y Fernández Latorre. El considerable desnivel entre ambas refuerza las diferencias en sus condicionantes. Si la calle Santa Lucía se identifica por ser muy visible desde la vía principal de acceso a la ciudad, la avenida Alfonso Molina, Fernández Latorre se caracteriza por ser una calle tradicional, muy presente en la historia de la ciudad.

Conceptualmente, el proyecto pretende ofrecer espacios de protección tanto para las residentes en el centro víctimas del maltrato como a los familiares a su cargo. También configurar los espacios necesarios para un tratamiento integral, en el que participan desde educadoras sociales a terapeutas y psicólogas[66]. Los requerimientos establecidos consideran su organización en tres áreas. Una, destinada a los espacios dedicados a las actividades de tratamiento y asesoramiento; la segunda, con los servicios de uso común —ludoteca, cocina y comedor colectivo, aulas y talleres…—, y, la tercera, con los espacios de uso residencial autónomo. Estos se organizan en diferentes unidades residenciales, en función del tipo de atención requerida y del tiempo de estancia permitido: 6 de corta estancia, para una estadía máxima de un mes; 12 de larga estancia, para ser habitadas hasta seis meses, y entre 12 y 15 unidades de transición para un tiempo de permanencia que no supere los dos años. Estas unidades de transición se distinguen por disponer de total autonomía con respecto al resto del centro; una independencia funcional que las convierte en un elemento representativo, sobre el que se centrará este texto.

El objetivo marcado se encamina a definir el conjunto de aspectos que, desde la arquitectura, contribuyen a formalizar los espacios de vida autónoma ligados al centro. Para ello, se analizarán tres de las soluciones propuestas para las unidades residenciales de transición en los PFM, describiendo y valorando sus características comunes. Cada una de las propuestas aborda el diseño de estas piezas habitacionales de manera específica. La aproximación a ellas se realiza considerando unos determinados indicadores técnicos[67] y proyectuales[68].

LOS INDICADORES

El centro de acogida para víctimas de violencia de género se considera una infraestructura de la vida cotidiana[69]. Con su presencia física busca poner de manifiesto el problema, sin pretender ocultarlo. Como tal infraestructura, las unidades residenciales de transición constituyen el eslabón final para la reincorporación de las mujeres a la vida diaria. De ahí el interés de su análisis arquitectónico que se realizará, como se ha indicado, aplicando diez indicadores. No son los únicos posibles, pero sí los que permiten enfrentarse con los aspectos que configuran sus características espaciales. Cinco indicadores técnicos y cinco proyectuales definidos a continuación.

INDICADORES TÉCNICOS

Acceso: determina la relación de la unidad residencial tanto con su entorno urbano como con su propio contexto en el centro de acogida.

Dimensión: mide la magnitud de superficie en metros cuadrados.

Instalaciones: establecen la ubicación de los equipamientos técnicos, cocina, baño y lavandería.

Materiales: fijan los distintos acabados atendiendo a la impresión que estos evocan en la usuaria, calidez, positividad, alegría…

Mobiliario: precisa el conjunto de muebles que dan servicio a las unidades residenciales. El mobiliario define y transforma las distintas estancias. L. Kahn[70] introduce el término room referido a aquellos espacios cuya forma y luz sugieren un uso apropiado de la misma. Debe ser la usuaria quien elija cómo habitar su propio hogar. Se trata de evocar, no restringir, el uso de los espacios. En los casos de estudio se atiende al mobiliario esencial, es decir, a los muebles necesarios para que el espacio dado se convierta en un hogar.

INDICADORES PROYECTUALES

Autonomía: asigna la vinculación y funcionamiento de una unidad singular con relación al centro de acogida.

Combinabilidad: precisa la capacidad de prolongación o ampliación de la unidad.

Flexibilidad: describe la temporalidad, los usos y la transformación de los elementos habitacionales. L. Kahn señala la conveniencia de preocuparse por encontrar un sentido de lo proyectado en el tiempo. También sugiere que la casa no ha de ser proyectada para un grupo concreto de personas, pues puede ser habitada por más gente. Según Hetnes Feira, colaborador de L. Kahn, el arquitecto «lo cuestionaba todo y de ahí surgía la preocupación por ver cómo un arquitecto hace una casa o una habitación y cuál era la motivación para hacerlo. Para mí, la motivación era el pequeño grupo de personas que vivirían en la casa» (Galván Desvaux, 2012).

Jerarquía: define la organización de espacios según un criterio de mayor o menor importancia o relevancia.

Zonificación espacial interior: deslinda tanto la organización como la forma de agrupación de los espacios en una negación de la zonificación de uso día/noche[71].

El conjunto de indicadores constituye la herramienta para el análisis pormenorizado de las unidades residenciales de transición. Las propuestas objeto de interés que responden a dicho tipo se clasifican en tres: la habitación singular, la pieza lineal y la estancia corredor.

LOS TRES TIPOS DE UNIDADES RESIDENCIALESDE LARGA ESTANCIA

CASO 1: LA HABITACIÓN SINGULAR

Esta unidad residencial, organizada en torno a una corrala, constituye una entidad en sí misma. Pretende proporcionar a las usuarias espacios fácilmente personalizables, que se sientan en su hogar. Las unidades proyectadas son todas distintas, sin tabiquerías, con un mueble principal que aloja los elementos húmedos y de almacenaje (figura 1). Un sistema flexible de mobiliario común permite a las habitantes distribuir la casa a su parecer, fomentando su autonomía e independencia. A continuación, veamos las propiedades que los indicadores arriba definidos le asignan a este primer caso de estudio.

Figura 1

La habitación singular: planta

Imagen: Isora Pérez.

Figura 2

La habitación singular: mobiliario fijo y móvil

Imagen: Isora Pérez.

INDICADORES TÉCNICOS

Acceso. Este se sitúa en las corralas comunitarias con el fin de fomentar el sentimiento de comunidad. Su posición en el interior del patio, relegando la relación con la calle, sugiere un elemento al resguardo de miradas, le dota de una notable privacidad.

Dimensión. Se trabaja con dimensiones mínimas: la unidad para dos personas ocupa 35 m². Se confía la validez de la solución a la planta abierta, sin tabiquería, y a la versatilidad del mobiliario.

Instalaciones. Situadas dentro del mueble principal, todas ellas se disponen ocultas, salvo la calefacción y la iluminación. Estas dos últimas, a la vista, se dotan de un carácter decorativo.

Materiales. La búsqueda de fácil mantenimiento y limpieza lleva al empleo de unos acabados continuos, minimizando las juntas.

Mobiliario. Un equipamiento esencial cubre todas las necesidades básicas. Se diseña un mueble empotrado que acoge la cocina, lavandería, aseo y ducha; mientras que otro mueble, móvil, contiene la cama, zonas de almacenaje textil y mesa (figura 2). Además se dispone de sofás, mesas, sillas y vegetación interior.

INDICADORES PROYECTUALES

Autonomía. El funcionamiento de la unidad es totalmente independiente de los servicios del centro. Las dimensiones mínimas, que constriñen la superficie dedicada a cada tarea, buscan fomentar el uso de los espacios comunes y las relaciones entre las usuarias.

Combinabilidad. La rigidez estructural con la que se organizan las unidades residenciales no permite agrupaciones ni maclas.

Flexibilidad. Internamente, la carencia de tabiquería, junto con la presencia de equipamiento doméstico móvil, proporciona una notable versatilidad funcional.

Jerarquía. El diseño no establece un orden espacial jerárquico. Las cortinas y biombos previstos proporcionan una ligera compartimentación, para aquellas usuarias que así lo deseen.

Zonificación espacial interior. La libre disposición del mobiliario provoca que no exista una zonificación predeterminada. La tópica relación día/noche no se considera en este caso.

CASO 2: LA PIEZA LINEAL

Los volúmenes del centro se disponen de manera independiente con los núcleos de comunicaciones exteriores como puntos de conexión entre ellos. En estos lugares se ubican pequeñas zonas de estar comunitarias, desde las que se accede a las diferentes unidades residenciales, como espacios de mediación entre la vía pública y el patio interior.

Las unidades residenciales se organizan según una malla cuadrada en la que los espacios servidores ocupan la parte central mientras que los servidos ocupan las fachadas, prescindiendo de una disposición jerárquica (figura 3). Las estancias, de dimensiones mínimas, se amplían a través de la presencia de tabiques móviles. En ellas el mobiliario se considera un elemento tanto de servicio como de compartimentación.

Figura 3

La pieza lineal: planta

Imagen: Paula Vázquez.

Figura 4

La pieza lineal: amueblamiento

Imagen: Paula Vázquez.

INDICADORES TÉCNICOS

Acceso. Ubicado en los espacios de recreo de uso común, su relación visual con la vía pública y el patio interior fomenta el vínculo de las usuarias con el entorno. Se considera que «los espacios intermedios surgen como aquellos espacios que están al otro lado de la puerta de la vivienda y que no son la calle o la plaza dominada por los vehículos. Son lugares dentro del tejido de una unidad vecinal que, no siendo la vivienda, son espacios de tránsito o de encuentro de peatones, cubiertos o descubiertos, pero abiertos al aire libre y comunitarios» (Bofill, 2005).

Dimensión. La unidad residencial tipo ocupa 45 m². La movilidad de la tabiquería genera estancias de dimensiones varias en función del uso al que se sometan.

Instalaciones. Agrupadas y ocultas, se organizan en torno a un único espacio situado entre la cocina y el baño.

Materiales. El necesario confort y la imprescindible tranquilidad se traducen en la elección de materiales cálidos y neutros: madera en suelo y mobiliario y el uso del color blanco en las paredes.

Mobiliario. Un módulo equipa los distintos espacios de la vivienda. En él se integran todas las necesidades de uso: almacenaje, camas plegables, elementos de estudio con mesa de trabajo…, alojando los paneles de división entre las distintas estancias.

INDICADORES PROYECTUALES

Autonomía. La independencia funcional caracteriza a la unidad habitacional; sin embargo, sus dimensiones mínimas fomentan el uso de los servicios comunes del centro.

Combinabilidad. La organización permite una macla entre las unidades que conforman un bloque con un tabique común de separación.

Flexibilidad. Los tabiques móviles permiten regular las dimensiones de las estancias, cuyo uso se define a través del mobiliario, lo que les otorga una notable versatilidad.

Jerarquía. La organización de los distintos espacios ignora cualquier orden jerárquico.

Zonificación espacial interior. Los espacios se agrupan en servidos y servidores[72]. La zonificación de las unidades se desvincula de las franjas horarias de uso (figura 4).

CASO 3: LA ESTANCIA CORREDOR

Todo el centro se organiza en torno a un patio central ajardinado en el que se localizan las entradas a las unidades residenciales. Estas se relacionan a través de corredores exteriores, con terrazas que les proporcionan amplitud así como aperturas visuales a la ciudad.

Las unidades se organizan en dos niveles, con una separación entre ambos de 60 cm. Esta diferencia permite disponer en el nivel inferior un espacio polivalente con un uso definido mediante el mobiliario básico, mientras que en el nivel superior se ubican el acceso y las zonas húmedas de servicio (figura 5). Se identifican por su flexibilidad, con tabiques móviles que, partiendo de una unidad mínima para dos personas, permiten ampliarla y alojar un máximo de seis ocupantes.

Figura 5

La estancia corredor: los dos niveles con el vacío para ocultar y almacenar

Imagen: Selina Ugarte.

INDICADORES TÉCNICOS

Acceso. Este se realiza a través de un corredor exterior vinculado con el patio privado. El corredor relaciona las unidades con espacios de uso común, que funcionan como una ampliación y se abren a la ciudad.

Dimensión. La unidad residencial tipo posee 29 m². La ubicación variable del mobiliario y el doble nivel generan una percepción de amplitud espacial: la ilusión óptica de disponer de un espacio visual considerable en un escaso espacio físico.

Instalaciones. Discurren por la fachada hacia el corredor de acceso, en relación directa con la banda de servicios del nivel superior de la unidad. En el interior se plantea una iluminación a través de carriles que permite a cada usuaria adecuarla a sus necesidades.

Materiales. La elección de madera en las paredes y suelos busca crear la sensación de calidez. Asimismo, se busca luminosidad con las piezas cerámicas blancas en las zonas húmedas.

Mobiliario. Se realiza el diseño de unos elementos básicos cuyas combinaciones variables generen espacios diversos. Las camas y las mesillas se almacenan y ocultan en el vacío entre los dos niveles. Y en el nivel superior, la encimera de la cocina está ideada para camuflar una parte de sus elementos, permitiendo a esta pieza configurarse como una isla si fuese necesario.

INDICADORES PROYECTUALES

Autonomía. Las unidades se establecen como piezas autosuficientes, aunque con sus dimensiones mínimas se pretende fomentar el uso de los servicios comunes del centro.

Combinabilidad. Esta característica es el fundamento del diseño de la unidad. El modelo base puede modificar su capacidad desde dos hasta seis personas mediante tabiques móviles (figura 6).

Flexibilidad. El mobiliario y su disposición a lo largo del día transforman el uso del espacio.

Jerarquía. El espacio es una unidad: se fragmenta a voluntad de la usuaria. No se considera necesario establecer un orden jerárquico.

Zonificación espacial interior. Una rígida disposición organiza la vivienda: las áreas húmedas, espacios sirvientes, se sitúan en el nivel superior y las zonas secas, espacios servidores, en el nivel inferior.

Figura 6

La estancia corredor: planta

Imagen: Selina Ugarte.

CONCLUSIONES

La inequívoca imagen de estas tres propuestas destinadas a un centro de acogida para víctimas de violencia de género las dota tanto de identidad como de pertenencia a un lugar. Los tres casos presentados apuestan por una visibilización del edificio, tratándolo como un elemento icónico en el paisaje urbano. Un hito arquitectónico que pretende hacer visible un problema social. En todos ellos, el análisis de uno de sus elementos más significativos, las unidades residenciales de transición, permite fijar una serie de características que han de tenerse en cuenta para el desarrollo del proyecto arquitectónico.

Unas cualidades que se reconocen en los siguientes rasgos comunes. En primer lugar, en relación con los indicadores técnicos: en el acceso, con la disposición de piezas que dimensionalmente superen la funcionalidad mínima para incorporar espacios tanto de relación como de mediación; en la dimensión, con una escueta superficie habitable en las piezas autónomas que combinen una cierta independencia con una necesaria utilización de los espacios comunes; en las instalaciones, con una disposición agrupada de fácil mantenimiento; en los materiales, con una elección que fomente la calidez y el confort térmico, y en el mobiliario, con un diseño que favorezca la flexibilidad del uso, adaptable a las distintas usuarias y sus necesidades.

En segundo lugar, en relación con los indicadores proyectuales: en la autonomía, con la capacidad de habitar de modo independiente pero la posibilidad de «encontrarse» con otras usuarias; en la combinabilidad, con la innecesaria ampliación de la unidad tipo, solamente uno de los casos la contempla; en la flexibilidad, con la búsqueda de espacios versátiles; en la jerarquía, relegando esta y buscando más un orden propio y singular diverso, self-made woman; en la zonificación espacial interior, con una disposición agrupada de las áreas húmedas.

Todos estos rasgos comunes se aúnan en el indiscutible objetivo social de ofrecer protección y seguridad a las mujeres, evitando coartar su libertad. En una imprescindible búsqueda de propuestas que, otorgando autonomía a las usuarias, favorezca la relación entre ellas y la ciudad y, por lo tanto, facilite su recuperación. Y siempre teniendo presente que «las mujeres personalizan los espacios que habitan, tanto en la unidad residencial como en el espacio común asociado a dicha unidad» (Booth, Darke y Yeandle, 1998).

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WOLF, V. [1929]: Una habitación propia, Seix Barral, Barcelona.

CAPÍTULO 9

RECUPERACIÓN EMOCIONAL DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DURANTE SU PASOPOR UNA CASA DE ACOGIDA

María del Carmen Vera Esteban y María Cristina Cardona Moltó

La violencia machista sigue siendo un problema generalizado a nivel mundial que deteriora la salud de las mujeres; rompe con la estructura familiar; y perpetúa la desigualdad entre ambos sexos. Según el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (2018), la violencia es la fórmula utilizada por los hombres para someter a las mujeres y de esta forma perpetuar su dominio sobre ellas y mantener sus privilegios en el hogar, lo cual ocasiona graves daños a las mujeres y a sus hijas/hijos. Para paliar el daño físico y psicológico y como recurso de protección y recuperación hacia las mujeres maltratadas y sus menores se les ofrece la posibilidad de alojarse en casas de Acogida, reguladas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que recoge los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales, sanitarios y penales reconocidos a las mujeres víctimas con derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. El acceso a las casas es uno de los recursos que se contempla, existiendo diversas medidas y recursos disponibles para mujeres, españolas o migrantes, en situación de riesgo y/o exclusión social a los que pueden acceder dependiendo de cuáles sean sus necesidades. Concretamente, en la Comunidad Valenciana los recursos establecidos para luchar contra la violencia machista se articulan a través de la Ley 7/2012 Integral contra la Violencia sobre la Mujer, de 23 de noviembre, de la Generalitat Valenciana.

COMPARTIENDO LAS VOCES DE UN GRUPODE MUJERES SUPERVIVIENTESA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Este estudio nos introduce en las historias de vida de un grupo de mujeres maltratadas que conviven en una casa de acogida de la ciudad de Alicante a la que han acudido para salvaguardar su vida y la de sus hijas/os. La finalidad del estudio es acercarnos al colectivo de mujeres maltratadas alojadas en la casa de Alicante para averiguar en qué estado llegaron a esta y cómo su paso por la misma les ha ayudado a mejorar su situación según sus propias narraciones. Para ello, se formulan los siguientes objetivos que guían nuestro estudio.

Describir las historias de vida de las mujeres víctimas de maltrato que acuden a una casa de acogida.

Revelar cómo llegan a la casa de acogida las mujeres maltratadas y cuáles son sus expectativas.

Conocer cómo afecta el tránsito por la casa de acogida a las mujeres maltratadas

El medio para llegar a ellas es un taller de danza contemporánea en el que se facilita principalmente la comunicación a través de la expresión emocional, la liberación de tensión, el conocimiento corporal y el contacto físico como vía de recuperación emocional, aceptación personal y acercamiento social. De acuerdo con Leventhal (1980), la danza favorece el desarrollo emocional y la afectividad restaurando la comunicación con el medio y con otras personas, tanto de forma verbal como a través de la expresión corporal, el ritmo, el movimiento y la música. El trabajo pretende dar a conocer los resultados de la investigación realizada, de enfoque cualitativo, utilizando un estudio de casos de modalidad múltiple en el que participan un grupo de mujeres maltratadas que residen en una casa de acogida.

MÉTODO

CONTEXTO Y PARTICIPANTES

La casa de acogida de Alicante es el lugar donde se llevó a cabo este estudio durante seis meses, desde septiembre de 2018 hasta febrero de 2019. En esta casa las profesionales trabajan colaborativamente para cubrir las necesidades de las mujeres acogidas ofreciéndoles un trato individualizado; intervención social y educativa; adquisición de hábitos personales, maternales y de mejora de la relación con sus hijas/hijos; apoyo psicológico y actividades terapéuticas; intervención y acompañamiento sanitario; asesoramiento jurídico; inserción laboral y formación.

Las participantes fueron un grupo de 15 mujeres maltratadas que convivían en una misma casa de acogida. El 100 % eran de origen extranjero y su procedencia era diversa: América del Sur, América Central, Europa del Este, Norte de África y Asia Oriental. Su edad oscilaba entre los 18 y 42 años, con una media de 31 años (DT = 8,44). El 46 % convive en la casa con un hijo/hija menor; una de las mujeres con sus dos hijas. En contraposición, el 54 % residen solas en la casa, aunque un 26 % de ellas tienen hijas/os que viven con familiares o en un centro de menores. El 75 % de las participantes ha sufrido maltrato físico y psicológico y casi el 25 % de ellas dan fe de que sus hijos también han sido maltratados directamente. Inicialmente llegan a la casa con el objetivo de sentirse protegidas, lejos del maltrato, y con la intención de comenzar una vida nueva.

Tabla 1

Mujeres maltratadas residentes con sus hijas/hijosen la casa de acogida

Participante

Nombre

País de origen

Edad

Hijas/hijos en la casa de acogida

Caso 1

Bonia

Senegal

33

1

Caso 2

Mary

Georgia

30

2

Caso 3

Danna

Ecuador

42

0

Caso 4

Katia

Ucrania

26

1

Caso 5

Jolette

Venezuela

27

0

Caso 6

Zazil

Etiopía

32

0

Caso 7

Silvín

Honduras

42

0

Caso 8

Cristiane

Venezuela

22

0

Caso 9

Malina

Rumanía

31

1

Caso 10

Lucía

Argentina

26

1

Caso 11

Maisa

Marruecos

31

1

Caso 12

Tabatha

Colombia

18

1

Caso 13

Maylín

China

51

0

Caso 14

Solana

Colombia

32

0

Caso 15

Lucielé

Cuba

25

0

Fuente: Elaboración propia.

INSTRUMENTO

Diario de campo donde se registran notas descriptivas y reflexivas sobre las participantes en cada sesión realizada dentro del taller de danza contemporánea. Guion de entrevista semiestructurada a las profesionales de la casa de acogida, quienes aportan información sobre las participantes. Cámara de vídeo con la que se graban algunas de las acciones.

PROCEDIMIENTO

Se contactó con la casa de acogida a través de la Dirección Territorial de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración de Territorio de la provincia de Alicante, a la que se informó de la pretensión del estudio y se presentó la solicitud pertinente. Conseguida la autorización de acceso, se realizó el primer contacto telefónico con la directora de la casa de acogida y, posteriormente, una primera entrevista con ella y otra con la psicóloga y la trabajadora social de la casa, quienes aportaron información sobre las participantes y sugirieron pautas a tener en cuenta para contactar adecuadamente con las residentes. Por último, se acordó la fecha de entrada a campo, que se llevó a cabo en cinco momentos: 1) contacto con la casa de acogida; 2) entrevista a la directora y a las profesionales de la casa de acogida; 3) acceso a campo para primeras tomas de contacto con las participantes; 4) realización de sesiones de danza contemporánea con las participantes y registro en el diario de campo sobre la experiencia durante las sesiones y 5) análisis y valoración de los registros.

HISTORIAS DE VIDA DE MUJERES MALTRATADAS QUE ACUDEN A LA CASA

Las narrativas siguientes de las mujeres maltratadas son algunos de los ejemplos recogidos que reflejan la labilidad emocional, las creencias y las experiencias vividas por las participantes del estudio. Igualmente, narran sus percepciones sobre el apoyo recibido dentro de la casa, tanto por las profesionales que allí trabajan como por las compañeras que conviven en el centro y también sobre el taller de danza contemporánea recibido.

Cuando estaba con mi pareja llegué a sentirme muy triste, sin esperanza, muy mal e incluso fea, aunque siempre tuve claro que era él el que no estaba bien y que se equivocaba en las cosas que me decía (Cristiane).

Yo no soy feliz porque tengo muchos problemas. En mi primer matrimonio tenía de todo y no era feliz y en mi segundo matrimonio no tenía de nada y tampoco he sido feliz (Lucielé).

El estado de salud de las participantes es diverso. Algunas sufren patologías relacionadas con el maltrato recibido. También la percepción de su estado emocional y de su situación es variopinta en ellas.

Siento una sensación por dentro desagradable, con los ojos cerrados me mareo. Me siento débil y mareada, como si mis rodillas me fallasen. Ahora no me veo capaz de poder hacer lo que hacen las demás y me siento triste también por mi debilidad… He llorado mucho y no quiero llorar más (Thabata).

Tengo la mandíbula desplazada por un golpe que me dio mi padre cuando era pequeña y también tengo la mordida cruzada y los dientes completamente desplazados de su sitio. Todavía me duele al masticar algunas cosas (Solana).

Mi pareja me trataba con mucho cariño y con extremo cuidado y eso me encantaba. Recuerdo la primera vez que me ridiculizó delante de su mejor amigo, yo me acababa de arreglar y en cuanto me vio me dijo que parecía un loro y se fue. Me lo dijo de una forma muy fea. A partir de ese día hubo muchos más desprecios, agresiones verbales y maltrato psicológico, siempre sin ningún motivo. Llegué a pensar que estaba enfermo y quise ayudarle tratando de que fuéramos los dos a un psicólogo, cosa que nunca aceptó. Nuestra relación duró casi dos años; fue un calvario absoluto y cuando sentí que mi vida corría peligro lo dejé, desaparecí un buen día que vi la oportunidad y no me llevé nada más que lo puesto, la documentación y un poco de dinero… Al día siguiente sentí como si me hubiera quitado un gran peso de encima, fue una sensación muy liberadora (Cristiane).

Algunas de las mujeres sienten cierta aversión al tacto debido a que les recuerda a algún acontecimiento traumático vivido con el maltratador: en las actividades propuestas para introducir el contacto y el uso de la mirada, como componentes para la mejora de las relaciones sociales, las respuestas de las participantes son diversas. Otras mujeres tampoco se muestran capaces de mantener la mirada dirigida a los ojos de sus compañeras participantes durante unos segundos y se manifiestan reservadas ante su cercanía corporal.

He sentido una sensación muy extraña al notar que varias manos me tocaban a la vez. Al principio no me ha gustado, me he puesto en tensión pero me he dado cuenta y he conseguido aguantar y después me he relajado un poco, así que creo que no me ha venido mal (Solana).

Me ha gustado mucho sentirme así, tocada, y de vez en cuando está muy bien que la toquen a una (comienza a reír mientras su estado emocional se manifiesta en su cara y su cuerpo relajados) (Danna).

Desde que estoy aquí no he sentido una zona tan grande en contacto con mi espalda. Antes dormía en contacto con la espalda de mi pareja. Pensé de repente que él estaba aquí y me agobié. Después he conseguido controlar mi angustia y seguir con la actividad. La verdad es que ahora me siento mucho mejor, porque he podido controlar mi temor en ese momento y continuar (Zazil).

La idea que tienen de sí mismas, cómo se perciben, cuáles son sus capacidades a la hora de solucionar problemas sobre aspectos de sus vidas, cuál es su situación actual y sus deseos son algunos de los aspectos reflejados en los testimonios siguientes:

Quiero ser como era antes. Quiero pensar por mí, decidir por mí y reírme cuando yo lo necesite. Con mi segundo marido he estado privada absolutamente de todo y dejé de ser yo misma, pasé a sentirme totalmente anulada y siempre con conflictos. Quiero recuperar lo que he perdido, pero necesito solucionar mis problemas para ser feliz (Luceilé).

Él me decía que mi nombre era vergonzoso y también me hacía sentir fea. He llegado a sentirme muy fea, como que no valía nada. Yo lo idolatraba, lo veía un hombre muy inteligente que sabía lo que yo necesitaba. Cuando lo conocí me dijo que yo tenía una necesidad muy grande de cariño y que se notaba que antes nadie había sabido dármelo. Al principio se portaba muy bien conmigo y se ganó mi confianza, pero después de poco tiempo, cuando supo cuál era mi situación en España y que no tenía amigos porque hacía poco tiempo que estaba en el país, empezó a aprovecharse de mí. Me amenazaba con denunciarme a la policía para que me expulsaran del país si no hacía lo que él quería… porque yo no tenía los papeles en regla. Me propuso que me fuera con otros hombres para sacarles el dinero y yo lo intenté, pero no pude hacerlo, no sirvo para eso. Todo eso me producía enorme tristeza, me sentía sin energía. Al final todo acabó porque me echó de la casa de mala manera (Silvín).

No me gusta sonreír porque me miro al espejo y me veo muy fea. Cuando me operen la boca me sentiré mejor y me hace mucha ilusión. Creo que voy a estar mucho más guapa. La verdad es que me siento muy agradecida por lo que van a hacer por mí (Solana).

He dedicado mucho tiempo a mis estudios y a mi trabajo y he descuidado por completo mi físico (Josibis).

LLEGADA A LA CASA DE ACOGIDA

Las mujeres maltratadas acceden a las casas de acogida en la Comunidad Valenciana a través de las gestiones de la Red de Centros Mujer 24 Horas, bajo la supervisión de la Dirección General de Familia y Mujer y de las direcciones territoriales correspondientes de la Comunidad. En esta casa se les ofrece atención integral especializada a las mujeres víctimas de violencia machista y sus hijas/hijos menores que las acompañan. Ingresan habiendo sido dependientes económicamente de su expareja o acceden habiendo perdido el trabajo, por lo que esta es una de sus mayores preocupaciones.

Las participantes poseen diferentes niveles educativos y culturales, hecho que afecta directamente a las posibilidades de encontrar un trabajo y a que este sea mejor o peor remunerado. Según el estudio realizado por Vives Cases, Álvarez Dardet, Gil González et al. (2009), con un total de 599 mujeres migrantes y víctimas de violencia machista solo un 28,3 % poseía estudios universitarios; un 39,2 % poseía estudios secundarios, y no tenían estudios o solo tenían estudios primarios el 32,5 % de las evaluadas.

Estoy esperando la homologación de mi titulación superior y en cuanto la tenga ya podré buscar trabajo. Espero poder resolver todo el papeleo durante este año y después encontrar trabajo y traer a mi hijo. Tengo una amiga de la familia en España que nos alquila una habitación muy económica (Jolette).

Muchas de estas supervivientes llegan con serios problemas emocionales. Algunas padecen graves problemas psicológicos, sufren de un alto grado de ansiedad y depresión, o temen por sus vidas. La reexperimentación de los acontecimientos traumáticos es algo común en ellas al activar de forma inconsciente sus pensamientos.

«No quiero que me toquéis, no me gusta y ya he hecho bastante con participar tocando al resto de compañeras; ya no quiero participar más». A Lucía le resulta desagradable y le supone un gran esfuerzo ser tocada por otras personas. «Me siento presionada y por eso he respondido así… no puedo continuar porque me siento mal». Reexperimenta episodios de imágenes o pensamientos que le recuerdan a acontecimientos violentos, le producen malestar general y la bloquean.

En algunos casos desarrollan otras enfermedades derivadas de la situación de maltrato, la cual tiende a empeorar. En el caso de Luceilé, ella reexperimenta y somatiza el suceso al contarlo, manifestándose en su cuerpo mediante palidez, sudoración y mareo, inhabilitándola para continuar con lo que está haciendo.

Hoy me encuentro mejor, aunque tengo un poco de sueño porque tomo pastillas para la depresión. Las tomo desde hace cuatro años, cuando conocí a mi marido… Yo no tengo hijos. Tengo displasia de ovarios. Hace dos años me quedé embarazada, lo supe a los tres meses y a los pocos días de saberlo mi ex me empujó fuertemente, me di con el pico de una mesa y perdí al bebé. Estuve unas tres semanas en cama con mucho dolor, sangré mucho. Mi pareja no quiso llevarme al médico y tampoco me dejaba salir. Él solo quiso que fuéramos cuando ya apenas sangraba. Delante del médico no pude hablar del embarazo, no pude contar nada porque él estaba conmigo (Luceilé).

Otras mujeres llegan padeciendo el síndrome de la mujer maltratada y mostrando alteraciones psíquicas como el Trastorno de Estrés Postraumático, entendido como la «aparición de síntomas característicos que sigue a la exposición a un acontecimiento estresante y extremadamente traumático en el que el individuo se ve envuelto en hechos que representan un peligro para su vida o cualquier otra amenaza para su integridad física» (Pastor Bravo, 2015: 210). Según la misma autora (2015), las mujeres que han sufrido repetidamente la violencia machista a lo largo del tiempo desarrollan un estado de alerta permanente que deteriora su autoestima, genera depresión y sentimiento de culpabilidad. Algunas de ellas han sufrido una relación anterior de violencia machista con otra persona, incluso en ciertos casos han sufrido abuso sexual dentro de su núcleo familiar durante la niñez.

Antes nunca pensaba en mis emociones, nunca quería ver cómo me sentía… Cuando era una niña y luego más mayor, cuando me sentía mal porque abusaba de mí, intentaba no sentir, pensaba que estaba en otro lugar, como si no estuviera allí. Luego me sentía mal y siempre estaba enferma. Ahora soy más consciente de que necesito escucharme y atenderme a mí misma sin huir de lo que me pase porque tengo miedo. Tengo que conocerme mejor, descubrir cosas, permitirme sentir mis emociones y cuidarme también (Bonia).

En algún caso han llegado a la casa de acogida en situación de indigencia extrema, por lo que sufren todo tipo de carencias y se sienten incapaces. En general, estas mujeres carecen de iniciativa para realizar ciertas actividades de la vida cotidiana y comportarse de forma asertiva. Según Mestre, Tur y Samper (2008), cuanto mayor sea el periodo de maltrato, mayor irritabilidad e incapacidad mostrarán para abordar sus problemas. Como consecuencia de su estado emocional muestran incapacidad también para interactuar con sus hijos, trasmitirles una disciplina o motivarlos. Al no encontrarse bien, las madres muestran dejadez, deficiencias en la relación con sus hijas/hijos y esto genera situaciones conflictivas durante la convivencia. Llegan a perder el apego entre madres e hijas/hijos y las relaciones entre ellos están tan viciadas por los años de sufrimiento que es necesario romper con la dinámica mediante apoyo psicológico y educativo. De acuerdo con Echeburúa (2004), el sufrimiento de las mujeres les ha hecho perder su identidad y ante la pérdida aparece el duelo, que puede manifestarse en forma de síntomas somáticos (pérdida de apetito, insomnio, síntomas hipocondríacos, etc.) y psicológicos (pena y dolor, fundamentalmente).

Mi hija me domina porque no he sabido poner límites; ahora lo sé, lo reconozco, y también que tengo miedo de quedarme sola. Sinceramente, me gustaría cambiar eso y tener una relación mejor con mi hija, pero no es fácil… No sé muy bien cómo hacer las cosas para arreglarlo con ella (Danna).

Muchos de los menores llegan sin escolarizar, se muestran rebeldes y pueden manifestar conductas agresivas. Otros menores han presenciado malos tratos o los han vivido en su propia persona.

Mi hija ha sufrido mucho y ha presenciado la violencia de su padre conmigo. Ahora no se despega de mí, tampoco quiere relacionarse con otras personas. Está demasiado retraída… Estoy intentando que se despegue un poco de mí, para que sea más independiente… Lo estamos intentando (Malina).

Por lo tanto, los problemas de las mujeres que acceden a la casa son de todo tipo y principalmente emocionales, de ausencia de empleo y dependencia económica. Por lo general, sus necesidades se pueden abordar mediante apoyo psicológico, de reinserción sociolaboral, sanitario y educativo.

EXPECTATIVAS DE LAS MUJERES MALTRATADASEN LA CASA DE ACOGIDA

Las mujeres, aunque no en su mayoría, llegan con una idea confusa de lo que se les va a ofrecer en una casa de acogida. De acuerdo con Rebollo y Bravo (2005), la falta de información o la información confusa e incluso la mala coordinación entre los profesionales por los que pasan las mujeres antes de entrar en las casas de acogida hacen que tengan una idea distorsionada de lo que van a encontrar o de lo que puedan lograr cuando ya son alojadas. Creen que van a conseguir prestaciones económicas, un trabajo, un piso o una guardería para sus hijas/hijos, pero esto no es así, por lo que pueden sentirse engañadas. Ellas llegan al centro para cuidar de sí mismas y de sus menores, para reflexionar sobre lo que les ha ocurrido y planificar lo que deben hacer con el fin de mejorar su situación, siempre con ayuda de las profesionales. Son ellas las que han de dirigir sus vidas, además de encontrar trabajo y vivienda.

Al entrar en la casa se establecen objetivos individualizados, con orientación profesional, los cuales se deben ir cumpliendo a lo largo de su estancia. Además, deben tener en cuenta la temporalidad del alojamiento. Ante las falsas creencias debidas a la información errónea recibida sobre las casas de acogida, las mujeres encuentran cierta dificultad para aprovechar los recursos que se les ofrecen, pensando que no cumplen con sus expectativas, y les lleva un tiempo reorganizarse y ser conscientes de su realidad. Desde el informe de identificación elaborado por la Asociación pro Derechos Humanos Argituz (2015) se concluyó que las expectativas más comunes de las mujeres maltratadas básicamente eran 1) vivir con sus hijas/hijos en un lugar seguro protegidos del maltratador; 2) ser apoyadas a nivel económico y conseguir una vivienda; 3) mayor apoyo social; 4) protección dentro y fuera de la casa de acogida y mayor vigilancia sobre el agresor; 5) regulación de la situación de las personas emigrantes, y 6) recibir un trato humano.

INFLUENCIA DEL TRÁNSITO POR LA CASA DE ACOGIDASOBRE LAS MUJERES MALTRATADAS

La permanencia en la casa de acogida en todos los casos es temporal. Según las mujeres evaluadas por Mestre, Tur y Samper (2008), aquellas personas que permanecen alojadas durante más tiempo reducen sus niveles de ansiedad; en cambio, en lo que se refiere a la conducta de implicación y de trabajo manifiestan menos interés en esforzarse y tener éxito. La reducción de su ansiedad se debe, principalmente, a que se sienten protegidas, tienen cubiertas sus necesidades básicas y las de sus hijas/hijos y por ello se relajan. También, tras haber vivido durante mucho tiempo un gran desgaste emocional, su energía y su capacidad de resolución son mínimas. Conforme pasan los meses, gracias al apoyo de la trabajadora social, la psicóloga y las educadoras, van consiguiendo resolver algunos de sus problemas. Los niveles de estrés comienzan a aumentar cuando advierten que pronto acaba su tiempo de permanencia, especialmente en los casos que no han conseguido solucionar sus problemas de acceso al trabajo, a la vivienda o al reconocimiento de las ayudas sociales económicas.

«Yo estar deprimida, tengo que dejar casa semana que viene y no tengo trabajo, no tengo casa donde dormir. No sé qué voy a hacer». Maisa, por ejemplo, no ha conseguido crear una rutina que pueda cumplir por sí misma, no es capaz de planificar, tampoco es puntual y además es demasiado tranquila en todo lo que hace. No ha conseguido la prórroga de permanencia en la casa.

De acuerdo con Mestre, Tur y Samper (2008), durante el periodo de permanencia en las casas de acogida en torno al 15 % de las mujeres consigue un trabajo. Tras la crisis económica sufrida en España, el conseguir un trabajo se convirtió en una misión muy difícil para ellas. En la actualidad, en la mayoría de casos y teniendo en cuenta las limitaciones del idioma y de su escasa formación, siguen accediendo, en un porcentaje similar, a trabajos precarios y mal remunerados.

En las situaciones de maltrato el apoyo social y familiar conforma un factor de protección y de resiliencia que influye positivamente en las personas maltratadas y evita el aislamiento social de las mujeres.

Yo ahora me he dado cuenta de que no necesito a otra persona para hacer ciertas cosas y eso me hace sentir bien, ahora sé que soy capaz de hacerlo yo sola. Necesito conocer personas nuevas y estoy animada para ello. Ahora me toca empezar de cero en otra ciudad y romper con mi pasado (Malina).

Conforme a Mestre, Tur y Samper (2008), el apoyo emocional y el trato humano ofrecido a las mujeres es lo mejor valorado por ellas. Al sentirse apoyadas en su paso por este trance y tras recibir atención psicológica individualizada manifiestan índices más elevados de autoestima, mayor capacidad para enfrentar su situación y abordar los problemas. La convivencia en la casa con otras mujeres no siempre es respetuosa y cercana y surgen problemas de convivencia por diversos motivos. Los horarios y la disciplina son dos aspectos difíciles de gestionar para ellas, les genera estrés debido a la falta de costumbre por haber vivido una vida caótica donde no existía organización.

Katia afirma: «No me interesa lo que hacen aquí. Varias veces a la semana querer hacer maletas, ir, porque aquí demasiadas normas… No estoy bien aquí, no me adaptar». Tal como ella confirma, tiene problemas de adaptación y tampoco intenta llevarse bien con todas las demás, incluso amenaza a otra de las participantes.

Algunas consiguen aprender a gestionar su tiempo, las tareas de la vida cotidiana, la familia, etc. y son capaces de mantener un orden al abandonar la casa de acogida. Otras no lo consiguen, aunque sí mejoran en ello durante el tiempo que permanecen en la casa.

Cuando llegas a la casa es muy difícil la convivencia porque todo son normas y venimos de unas situaciones muy difíciles; y te encuentras con esto y entonces parece que te vas a volver loca de estar aquí dentro. Te sientes encerrada, y si antes de entrar en la casa pensabas que ibas a estar mejor, luego te das cuenta de que no es como pensabas. Es muy difícil también la convivencia con las personas que van llegando o que ya están dentro, cada una con sus problemas, con las que a veces no puedes comunicarte porque hablan otros idiomas o porque no quieren relacionarse… Yo me he sentido muy apoyada por algunas compañeras y también por las trabajadoras de la casa (Mailín).

Al tener que seguir las normas impuestas por el equipo directivo y por las profesionales de las casas referentes a los horarios, la disciplina o los hábitos de vida saludable, muchas adquieren una rutina que les ayuda en su compromiso con la crianza, por lo que comienza a mejorar la relación entre madre e hijos/as.

Como apoyo a las ayudas que reciben las mujeres por parte de la psicóloga y educadoras, en estrecha relación con estas profesionales y atendiendo a sus recomendaciones se propone el taller de danza, cuyo propósito es facilitar la recuperación emocional de las mujeres maltratadas. Su duración es de tres meses y su periodicidad de dos sesiones semanales, cada una de hora y media. Las actividades prácticas diseñadas para estas sesiones tiene en cuenta las carencias que presentan las mujeres, les permiten relacionarse entre ellas e introducen los siguientes contenidos en el taller: el conocimiento corporal y sus posibilidades de movimiento; la gestión de la respiración; la toma de conciencia corporal y la aceptación del propio cuerpo tal y como es; la alineación corporal; la observación y reconocimiento del estado corporal y mental; la atención guiada y la concentración; la atención dirigida hacia cuerpo-mente y hacia el entorno cercano; el conocimiento y uso del espacio propio, el espacio cercano y el espacio compartido; la visualización guiada, el reconocimiento de las emociones y sus manifestaciones en el cuerpo; la canalización de la expresión de las emociones; la exploración de la liberación emocional y del estado de alegría que produce la práctica de la danza; la modulación de la energía, y la introducción a la improvisación guiada.

Durante las sesiones se combinan las metodologías investigativa y reproductiva en un ambiente de confianza y abierto a las opiniones de todas las mujeres. Se plantean actividades que facilitan la relación entre ellas con la intención de desarrollar una mente respetuosa, abierta y social. En cada sesión se ofrece un tiempo para la reflexión, a modo de feedback, en donde cada participante incorpora los comentarios constructivos recibidos por parte del grupo. Se facilita la expresión y escenificación de situaciones en las que aparece el chantaje emocional, con el objetivo de aprender a detectarlo para evitar la debilitación de la autoestima. Se practican técnicas de visualización y respiración para aprender a gestionar y controlar estados de nerviosismo y pensamientos negativos, reconduciéndolos hacia estados de calma y pensamientos positivos. Igualmente, se promueven los valores de reflexión, indagación, colaboración, igualdad y la no-discriminación. Algunas percepciones de las participantes sobre el taller de danza contemporánea dentro de la casa quedan reflejadas en sus testimonios:

Este taller me ha hecho sentir bien y recordar cuando bailaba. Sé que bailar me ayudaría a sentirme mejor y a ponerme en forma, me sentiría más ágil y más guapa. Estoy convencida de que cuando pueda asistir a clases de baile me voy a encontrar mejor, como cuando era más joven, que practicaba normalmente deporte y bailaba. Me gusta bailar, me siento bien cuando bailo (Josibis).

Josibis ha expresado su deseo de continuar bailando en cuanto consiga legalizar su titulación superior y reordenar su vida.

Silvín afirma: «Me gustaría ser una experta en esto» (se muestra entusiasmada refiriéndose al baile que está aprendiendo por imitación). Me ha impresionado la energía que tienes para moverte… «Me gustaría ser una experta. He sentido que mi cuerpo podía moverse libre, como yo quería, y me he divertido mucho por un momento. Me ha hecho sentir muy bien bailar… Me he dejado llevar, he conseguido olvidarme de mis problemas». Su cuerpo se muestra relajado y su cara expresa gran felicidad al decir estas palabras.

Con el taller de danza he empezado a poder expresar mis emociones. Para mí ha sido una buena oportunidad poder expresarme así… He podido liberarme y expresar mis emociones, observar cómo me encuentro, expresar lo que quería decir que no dije. Siento que me he liberado emocionalmente. A nosotras nos gustaría poder seguir con el taller… Nos está viniendo muy bien para desconectar, olvidarnos de nuestras penas… Nosotras ya lo dijimos… «¿podrías hablar con dirección para que continuemos con el taller de danza por unos meses más?, a lo mejor, si tú hablas con ellas, nos dicen que sí» (Solana).

De hecho, Solana comunica que quiere continuar bailando cuando salga de la casa de acogida porque le ayuda a sentirse mejor.

Rebollo y Bravo (2005) confirman que tras su paso por la casa de acogida las mujeres en su mayoría hacen una valoración positiva del apoyo recibido.

En la casa de acogida, gracias al apoyo psicológico que he recibido, he aprendido a prestar atención a mis emociones y a tratar de comprender lo que me pasa (Bonia).

Gracias a que estoy aquí he podido hablar con la psicóloga y también con otras que están aquí igual que yo. He empezado a entender todo lo que he vivido con mis parejas y a reconocer que no confío mucho en mí misma. Pensaba que un hombre me ayudaría, pero no ha sido así y esto ya no se va a repetir. Sé que tengo que ser más fuerte y confiar más en mí (Silvín).

Aquí me han ayudado mucho, me han facilitado lo que necesitaba y puedo empezar de cero, además sé que mi vida va a mejorar. A veces me siento insegura… creo que no confío mucho en mí misma (Cristiane).

Cuando vine me sentía débil, en todo mi cuerpo… No tenía energía para poder moverme con libertad, tenía mareos y mi aspecto… era… no era saludable. La estancia en la casa me ha permitido recuperarme, aunque soy consciente de mi enfermedad y de que no me recuperaré del todo, pero por lo menos el tiempo que me quede lo pasaré mejor que antes. Mi hija es lo que más me preocupa y el poder pasar más tiempo con ella cuando salga de aquí (Danna).

El paso por las casas de acogida no siempre es garantía de éxito para ellas. En el lado opuesto están aquellas que no logran la aceptación de su situación porque no siempre es asumible para ellas. Algunas mujeres vuelven con el maltratador e incluso en algún caso abandonan la casa sin previo aviso.

CONCLUSIONES

Las historias de vida de las mujeres maltratadas confirman el estado de salud deteriorado de este colectivo, el deseo de cambio en general y de no ser lo que son ahora, la dificultad para resolver ciertos problemas, la autoviolación de su propia voluntad, un autoconcepto deteriorado, sentimientos de infelicidad, tristeza y desesperanza; apenas se da el contacto físico con otras personas, hay carencia y querencia de contacto físico, la reexperimentación de sensaciones extrañas al sentirse tocadas, mayormente sus cuerpos se muestran descuidados y en algunos casos abandonados.

La entrada en la casa se realiza con un grado alto de estrés, con cierta confusión y expectativas a veces erróneas. Acceden con diversas patologías, en una situación precaria. Se evidencia una escasa formación generalizada. Se produce un reencuentro consigo mismas y con sus hijos/as. Son más conscientes de su situación y de sus emociones. Muestran cierta resistencia a las normas e incluso actitudes desafiantes en algún caso. Sufren un alto grado de desajuste emocional y cierto desapego y dejadez con respecto a sus hijos/as, aunque no en todos los casos. Se da una relajación generalizada pasadas las primeras semanas. Al tratarse de mujeres migrantes, muchas llegan sin su documentación porque les ha sido sustraída por los maltratadores para evitar que les abandonaran.

La influencia del apoyo de todos los servicios recibidos en la casa de acogida es notable. En casi todos los casos las mujeres salen fortalecidas tras su paso por la casa y la mayoría comunican su agradecimiento a las trabajadoras. Son más conscientes de lo que quieren en su vida y de lo que deben rechazar. Algunas no consiguen una motivación suficiente, tampoco con ayuda, o no logran entrar en la dinámica de la rutina diaria. Muchas averiguan lo que les motiva a seguir adelante y luchan por ello. Se da un reconocimiento de sus capacidades y debilidades y también saben en qué deben mejorar. Son más conscientes de su situación, de que tienen una oportunidad para empezar casi desde cero con sus hijos/as y de que poseen nuevas estrategias para afrontar el día a día a pesar de su dura realidad. Hay un deseo generalizado de permanecer activas realizando actividades que les gustan (como la danza), por lo que se aprecia una mayor motivación por cuidarse más y sentirse bien. Sufren estrés antes de abandonar la casa. Normalmente, al salir lo hacen esperanzadas, con mayor responsabilidad y casi siempre visiblemente más recuperadas. Desde ese momento ellas aspiran a una mayor libertad y paz mental junto a sus hijos/as y a encontrar una nueva vida.

BIBLIOGRAFÍA

ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS ARGITUZ (2015): Informe de identificación de necesidades y obstáculos encontrados por las mujeres víctimas de violencia de género del área rural de Bizkaia en el acceso efectivo a los servicios y prestaciones de apoyo, atención y justicia, Diputación Foral de Bizkaia y de la Asociación Argituz, Bilbao.

ECHEBURÚA, E. (2004): Superar un trauma: el tratamiento de las víctimas de sucesos violentos, Pirámide, Madrid.

INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (2018): Denuncias por discriminación por razón de género (disponible en: http://institutoasturianodelamujer.com/iam/servicios-2/denuncias-por-discriminacion-por-razon-de-genero/).

LEY ORGÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, Boletín Oficial del Estado, 313, de 29 de diciembre.

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PASTOR BRAVO, M. (2015): Psiquiatría forense, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante.

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VICENTA MESTRE, M.; TUR, A. M. y SAMPER, P. (2008): Impacto psicosocial de la violencia de género en las mujeres y sus hijos e hijas: un estudio empírico en la Comunidad Valenciana, Guada Impresores, Valencia.

VIVES CASES, C. et al. (2009): «Perfil sociodemográfico de las mujeres afectadas por violencia del compañero íntimo en España», Gaceta Sanitaria, 23 (5), pp. 410-414.

CAPÍTULO 10

LA VOZ DE LAS MUJERES EN CONTEXTOS DE VIOLENCIA SOCIOPOLÍTICA

Diana Morela Escobar Arias

INTRODUCCIÓN

La violencia en Colombia a raíz del conflicto armado ha sido una problemática estructural e histórica para el país. Definiremos como «violencia sociopolítica» aquella que

se utiliza como recurso (de negocio o de poder) obedeciendo a un cálculo racional y consciente de costo-beneficio, en la cual median capital, tecnología, infraestructura e información. Es generada por actores que persiguen fines políticos, relacionados con la distribución del poder factual o formal, en el ámbito de lo público […] así las diferentes modalidades de esta violencia son: homicidios, masacres, reclutamientos forzados, desplazamientos, desapariciones, torturas y toma de rehenes. (Cubides, 1998: 19).

Esta violencia ha sido explicada por aspectos estructurales relacionados con «la inequidad y la exclusión política, económica y cultural, las dinámicas internacionales y nacionales» (Corporación Vínculos, 2009: 16). Es decir, la desigualdad e injusticia social se va incrementando a raíz de las diversas condiciones estructurales de la sociedad colombiana tales como el modelo neoliberal de desarrollo, el sistema patriarcal, la modernidad excluyente, la debilidad del estado, la crisis institucional y la proliferación del narcotráfico y el conflicto armado (Blair, 1999). Esto incide en los diferentes ámbitos de la vida de los colombianos/as y con más preocupación en las comunidades urbanomarginales.

De los 47.600 000 habitantes que tiene Colombia (50,7 % mujeres y 49,2 % hombres) —según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2014)—, la población joven menor de 28 años corresponde aproximadamente al 50 % y la menor de 18 años se sitúa en el 32 %; y, en términos de vulneración de derechos, los niños, niñas y mujeres siguen encabezando la lista.

La problemática de la violencia genera impactos a nivel individual que van a repercutir en la vida social y comunitaria. Es por ello que de cara a los diálogos de paz que acordó el gobierno desde el año 2016, se hace necesario plantear alternativas de solución con todos los/as actores implicados y en los diferentes escenarios comunitarios que inciden significativamente en el proceso educativo de los niños y niñas. En este sentido se plantea la metodología del estudio, la presentación de los hallazgos y algunas reflexiones a las que se llegó.

METODOLOGÍA

Esta investigación fue de tipo descriptivo-exploratoria y pretendió, a través del diseño de un cuestionario con preguntas abiertas y dicotómicas, un acercamiento a un contexto local como lo es el municipio de Yumbo (Colombia), con la intención de conocer la percepción de las mujeres líderes comunitarias sobre las realidades educativas de los niños y niñas en contextos donde se evidencia la violencia sociopolítica. Para lograr tal objetivo se contó con la participación de varios actores/as: un grupo de expertos para validar el cuestionario, las mujeres líderes participantes y un equipo de apoyo para recoger la información. Previo a la aplicación de los cuestionarios, se firmó con las mujeres participantes y el grupo de apoyo un consentimiento informado sobre la voluntad de participar en la investigación y que los resultados de la misma tendrían intenciones puramente académicas.

El cuestionario se dividió en tres bloques de preguntas:

Datos generales, formación educativa y liderazgo de las mujeres líderes: perfil.

Percepciones sobre la educación de la niñez en contextos de violencia sociopolítica.

Acciones realizadas (por actores de gubernamentales y no gubernamentales) y propuestas (desde ellas como líderes) para contribuir a la educación de la niñez en estos contextos.

El cuestionario se validó con cuatro profesionales del área de las Ciencias Sociales, trabajadoras sociales de Colombia (profesional de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali, profesional de desarrollo social de Visión Mundial y gestora social de la Fundación Nacional Batuta) y una educadora social (Universidade Santiago de Compostela) que desde su experiencia lograron hacer aportes significativos para la construcción y aplicación final de la encuesta.

El tipo de muestreo fue estratégico, pues se contaba con avances en su identificación ya que durante los años 2013 al 2015, como parte del personal colaborador de la organización no gubernamental Visión Mundial, se logró realizar un proceso formativo de voluntariado con 39 mujeres líderes comunitarias que consistía en la capacitación de líderes con enfoque de derechos humanos para que promovieran el bienestar en sus comunidades.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las mujeres líderes que se implicaron en el estudio corresponden a los barrios de Panorama (47,3 %), seguido de San Jorge (42,1 %) y, por último, las Américas (10,5 %). Los tres se encuentran en la Comuna 1, en sectores que se han construido por invasiones y asentamientos en suelos urbanos, que en las últimas cinco décadas se ha ido consolidado e incorporando lentamente en la formalidad y al perímetro de la ciudad, pero manteniendo déficits urbanísticos y de servicios especialmente en sus zonas más altas, así como deficientes condiciones de habitabilidad y calidad de vida para sus residentes (Alianza Empresarial de Yumbo, 2015).

Frente a esto se evidencia el arraigo e identificación con su territorio de las mujeres líderes encuestadas, pues el 84,21 % señala que lleva más de 15 años viviendo en la Comuna 1 y los años de liderazgo oscilan entre 5 y 15. Este dato resulta significativo porque, en este contexto caracterizado por las dinámicas de violencia, lo habitual es que las personas y sus familias emigren a otras ciudades. Guzmán (2014) refiere que los desplazamientos a causa del conflicto armado no solo se dan de lo rural a lo urbano —como en las «olas de violencia» en la década de los años cincuenta—, sino que los grupos armados van instalándose paulatinamente en las ciudades. Hablamos, entonces, de desplazamiento intraurbano, afectando principalmente a las mujeres e hijos que se ven amenazados, obligándolos a cambiar de domicilio en las mismas ciudades.

Por otro lado, de las 19 mujeres que participaron en el estudio, el 73,7 % son mayores de 31 años y, por ello, entendemos que sería necesario fortalecer en los barrios analizados el liderazgo joven, incrementando la participación de la juventud en los procesos comunitarios. También sería conveniente un análisis de los posibles relevos generacionales del liderazgo femenino, pues la mayor parte de la población (63 %) de estos barrios se sitúa entre los 10 y los 35 años (Alianza Empresarial de Yumbo, 2015).

En lo referido al nivel educativo de las mujeres líderes comunitarias de esta investigación, se observa que un 21 % posee estudios entre primaria y secundaria; el 63 %, bachillerato; 15,8 % técnicos y que hayan realizado estudios a nivel universitario, ninguna. Estos datos nos llevan a ratificar el desafío de promover el acceso de las mujeres a la educación en todos sus niveles, pues resulta notorio que la mayoría son bachilleres y algunas técnicas, pero ninguna ha realizado estudios universitarios.

Desde la perspectiva de las mujeres que participaron en el estudio se señala que la inseguridad que a raíz del conflicto se presenta en esta localidad está vulnerando el derecho a la educación de los niños y niñas, dificultando o impidiendo que puedan acceder libremente a los distintos escenarios de la comunidad. En términos de frecuencia, los hechos de violencia mencionados que experimentan en los barrios son:

Asesinatos de personas por particulares o autores no identificados (89,5 %).

Control del territorio por grupos al margen de la ley que impiden el libre desplazamiento en la comunidad (85,5 %).

Amenazas a personas o familias por grupos al margen de la ley (79,5 %).

Enfrentamientos entre la policía y grupos al margen de la ley (68,5 %).

Teniendo en cuenta esto, las mujeres señalaron que los lugares más inseguros para los niños y niñas son las calles (42,2 %), seguido de las escuelas (39,5 %) y los parques (18,3 %). Afirman que los niños y niñas tienen miedo y pierden el interés en ir a la escuela porque en medio de ellas se realizan inesperadamente enfrentamientos entre grupos al margen de la ley y debido al «riesgo que corren los menores, los padres prefieren dejarlos encerrados. Teniendo en cuenta que los padres se desplazan a su trabajo, no los mandan a la escuela y esto que hace que, en muchos casos, los niños deserten de ella» (encuesta n.º 13).

El contexto de violencia es una secuencia de degradación para la vida y el bienestar de los niños y niñas de esta comunidad, pues han «caído» o se han visto «atrapados» como actores/as reproductores de violencia, como lo expresa la líder con el siguiente caso:

Uno ve muchos casos donde los niños se ven afectados por esta violencia. En el momento he conocido a un joven que ya no está estudiando, de pronto no fue tanto lo que le afectó de niño, sino en su adolescencia empezó a vivir porque comenzó a ver la violencia que hay en el barrio y lo llevó a salirse de estudiar y a incorporarse a una pandilla, a presenciar la muerte de uno de sus amigos y, la verdad, en este momento el joven ya no estudia y está en la calle, entonces es una situación bastante triste porque son niños que uno conoció desde muy pequeños y no se espera que todos caigan en eso (entrevista n.º 1).

La falta de atención de la administración local a las necesidades de esta comuna fue reiterada por las mujeres líderes comunitarias, lo cual ha hecho que la comunidad se movilice y se organice para gestionar la garantía de sus derechos, «los entes oficiales no hacen nada por la comunidad. Si uno no reclama o si no uno no va y habla a la administración, no hay nada, no se acuerdan de que el barrio existe; eso lo hace a uno moverse y decir “bueno, vamos a trabajar por tal cosa o por otra”» (entrevista n.º 2).

De ahí la importancia, entonces, de que en estos contextos se sigan promoviendo el empoderamiento y liderazgo de la mujer, reconociendo y trabajando conjuntamente con las que ya se encuentran en los diferentes barrios, reforzando la cohesión social para las futuras acciones comunitarias. Además, como señalan Montaño (2003) y León (1999), el empoderamiento en las mujeres es clave como estrategia contra la pobreza, pues esta genera mayores vulnerabilidades y exclusiones entre las mujeres y sus familias; así que es necesario «potenciar» las capacidades ya existentes entre las personas o los grupos sociales.

CONCLUSIONES

Las mujeres líderes comunitarias deben reconocerse como un recurso potencial que tiene la Comuna 1 del municipio de Yumbo, pues se logró evidenciar su alto nivel de pertenencia, interés y empoderamiento en realizar aportes desde su experiencia para el bienestar de su comunidad. Las situaciones de violencia sociopolítica, desde la mirada de las líderes, está afectando a la educación de los niños y niñas vulnerando su derecho a la educación, pues la escuela, la calle y los parques son escenarios inseguros para su libre desarrollo.

La violencia social y política es un tema que debe ser tenido en cuenta en los procesos de empoderamiento de las mujeres en Colombia, pues se evidencia como una amenaza. La estabilidad del liderazgo de las mujeres en el municipio revela el compromiso por parte de estas en hacerle frente a las situaciones que se viven en la comunidad y, por ende, su participación sería un gran aporte en las negociaciones de paz y los procesos de toma de decisiones en el postconflicto, pues por su trayectoria tienen una visión de lo local que sería de gran ayuda en los análisis holísticos de las problemáticas que vive el país.

La identificación de «actor/as clave» en la comunidad es una de las tareas fundamentales de los/as profesionales que trabajan en lo social para dar cabida a programas de desarrollo comunitario, pues como plantea Montero (2006) son un recurso para identificar las necesidades sentidas en la comunidad y realizar acciones de transformación con la participación activa de ellos.

En este sentido, el gobierno colombiano, a las puertas de un proceso de paz, debe reconocer en sus posibles tomas de decisiones la educación de la niñez como uno de los ejes principales a tener en cuenta y que los hechos de violencia sociopolítica han afectado a sus vidas de diferente manera en cada comunidad. Por ello es importante identificar como recurso valioso en la comunidad el rol de los diversos actores/as —como las mujeres líderes que presentamos en este estudio—, dado que tienen el interés, el conocimiento y la motivación para realizar aportes significativos en la construcción de estrategias para la promoción de la paz y la lucha en contra de las desigualdades sociales.

BIBLIOGRAFÍA

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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE) (2014): Informe poblacional (disponible en: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion).

LEÓN, M. (1997): Poder y empoderamiento de las mujeres, Tercer Mundo, Bogotá.

MONTAÑO, S. (2003): Políticas para el empoderamiento de las mujeres como estrategia de lucha contra la pobreza. Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe: en busca de un nuevo paradigma, CEPAL, Santiago de Chile.

CAPÍTULO 11

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL:PONGÁMOSLE FIN PARA TENER UN PRINCIPIO.NUESTRAS EMOCIONES TAMBIÉN IMPORTAN

Lucía Casal de la Fuente, Melchora Isabel Pardo de Guevara,Ángela Sánchez Castro, Sara Vilas Queiruga y Andreina Idimar Villanueva Nunes

INTRODUCCIÓN

La inquietud que suscita la situación de vulnerabilidad fruto de la desigualdad y violencia de género que se vive en muchos hogares crea la necesidad de idear propuestas didácticas desde la escuela, centradas en el impacto positivo de quien la sufre, en especial lxs niñxs. En lugar de constituir un pilar fundamental, la familia puede llegar a convertirse en un fondo incierto sobre el que es complicado comenzar a crecer como persona. Estxs menores viven la violencia como algo habitual en su entorno más próximo, lo que influye fuertemente en sus relaciones sociales posteriores y en su formación humana, en particular a lo que actitudes y valores se refiere. Si cada vez se hace más evidente la necesidad de trabajar la educación emocional, con estxs niñxs gana todavía más relevancia, dada su situación de vulnerabilidad.

Existen variadas propuestas didácticas para abordar la violencia de género, pero rara vez se focalizan en hijxs de mujeres maltratadas. Por este motivo hemos decidido crear un recurso a modo de propuesta didáctica con el objetivo de favorecer la educación emocional de lxs menores que se ven afectadxs por la violencia de género en sus hogares. Para ello, hemos partido de los principios básicos de la inclusión educativa (Booth, Ainscow y Kingston, 2006) con el fin de crear un material útil como medida preventiva en cualquier escuela o como taller para instituciones dedicadas al trabajo con mujeres que sufren violencia de género y su contexto. Con esta batería de actividades pretendemos promover la igualdad desde la edad temprana, crear un clima de afecto y seguridad donde el alumnado sea capaz de reconocer y expresar sus sentimientos, facilitar el desarrollo de emociones positivas y fomentar las relaciones sanas.

ENTRANDO EN MATERIA

El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE, 2019) define género como «grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico». Atención especial requiere el matiz sociocultural que se le atribuye, el cual lleva implícito la jerarquización de las características que se relacionan con cada género, de tal modo que a las que se definen como masculinas se le ha atribuido tradicionalmente mayor valor. Y precisamente la raíz de la violencia de género está estrechamente relacionada con esta jerarquización de roles, los cuales sitúan la masculinidad (y todo lo que socialmente conlleva) por encima de las características propiamente femeninas. Esta asimetría de poder tan arraigada en nuestra sociedad respalda e incluso silencia muchas de las situaciones de discriminación por cuestiones de género en el ámbito familiar, social, laboral y cultural. En esta ocasión nos centraremos en la violencia que surge en el contexto familiar fruto de esta desigualdad.

La violencia de género es un tipo de violencia física y psicológica ejercida contra una persona en razón de su sexo o género y de las expectativas sobre el rol que esta deba cumplir en una sociedad o cultura. La ONU (1996: 51) propuso en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer la definición sobre la expresión «violencia contra la mujer», refiriéndose al acto de violencia basado en el género «que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada» (p. 51). Esta violencia presenta numerosas actitudes que se gradúan desde la discriminación y menosprecio hasta la agresión física, psicológica, sexual, verbal e incluso el asesinato. Se manifiesta en diversos ámbitos de la vida social y política, entre los que destaca la propia familia, la escuela, el Estado o la Iglesia. Echando un ojo a los datos del portal estadístico de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, es escalofriante observar que en los últimos 13 años han sido asesinadas 992 mujeres en el territorio español. De esas, 639 convivían con sus parejas, 349 vivían separadas, no constando datos de cuatro de ellas. Como consecuencia 242 niñxs se quedaron huérfanxs, de lxs cuales 143 convivían con el agresor, 95 no lo hacían y no se dispuso de datos sobre lxs últimxs. Sería una aberración quedarnos solamente con los números obviando hechos como que, en muchos de estos asesinatos, lxs menores son testigos indefensxs de ellos, además de todas las escenas violentas que presencian e irremediablemente transigen diariamente. Además, es muy frecuente que sufran agresiones físicas, verbales y psicológicas, llegando a ser asesinadxs a manos de sus padres o parejas sentimentales de sus madres. Siguiendo el portal estadístico anteriormente citado, solamente a partir del año 2019 se está empezando a recoger el sexo de lxs menorxs asesinadxs, constando 27 menores muertxs en el periodo 2013-2018. No obstante, estas cifras no debieran desviar nuestra atención, existiendo también víctimas desde el anonimato y el silencio.

A lo largo de estas últimas décadas se han realizado numerosas investigaciones con foco en las consecuencias de la violencia sobre las mujeres, pero no es hasta hace unos años cuando el epicentro se inclina en los efectos que causa en lxs hijxs. En hogares donde la violencia de género actúa son reiterados los comportamientos abusivos por parte del maltratador hacia su pareja y otras actitudes violentas como abuso emocional, acoso, amenazas o agresiones físicas y psíquicas. Uno de los primeros estudios que se llevó a cabo respecto a las consecuencias de la violencia de género en menores es el de Jaffe, Wilson y Wolfe (1986, en Cuesta y Monreal, 2012). En él se aseguró que entre el 25 y 70 % de lxs niñxs expuestxs a este tipo de violencia presentan problemas clínicos de conducta, poniendo de manifiesto la relación que existe entre el conflicto de la pareja y los problemas de conducta de lxs hijxs que viven esta situación. El problema se enraíza más cuando descubrimos que las mujeres maltratadas suelen ver en sus hijxs un motivo para continuar soportando la violencia, pues creen que de la unión familiar depende el sustento material y económico. Sin embargo, la violencia no lleva sino a profundizar las consecuencias dramáticas en el futuro de lxs niñxs, condicionando sus vidas. En ocasiones lxs pequeñxs son utilizados como medio para crear miedo y sumisión en el entorno familiar obedeciendo a dos finalidades por parte del agresor: por un lado, la utilización como medio de retención y control sobre la madre y, por otro, la intención de tortura para crear desconcierto e incertidumbre. Estas vivencias a lo largo de la infancia condicionarán la adquisición de identidad personal y, tanto a corto como a largo plazo, su desarrollo. Una de las competencias que se verá más gravemente afectada será la social, pues las interacciones en el entorno familiar están presididas por el poder que le confiere al padre la violencia que ejerce contra la mujer y lxs hijxs.

Algunas de las consecuencias que se presentan con más frecuencia en estxs niñxs son (Cuesta y Monreal, 2012): problemas de adaptación psicosocial (mostrando miedo a las conductas de rechazo y acometedoras) y de crecimiento (con trastornos del sueño y de la alimentación); síntomas de estrés postraumático (ansiedad y depresión); conductas regresivas y parentalización de lxs niñxs; trastornos del aprendizaje (derivando en problemas escolares, acompañados de baja atención y concentración); agresividad (percibiéndola y aplicándola como elemento aceptable); conductas antisociales y delictivas, ira y hostilidad (usándolas para cubrir sus necesidades), y alteración del desarrollo afectivo e internalización de roles violentos o de género equivocados, pues crecen entendiendo la violencia como una pauta normal de relación. El vídeo de SanFer (2009) ilustra perfectamente la interiorización de estas conductas.

Los datos, cada vez más inquietantes, nos hacen reflexionar sobre la necesidad de dar respuesta a esta problemática, necesitándose medidas específicas para afrontar un fenómeno cuya dimensión lo ha convertido en un motivo justificado de alarma social. Entre ellos destacan los problemas conductuales, por lo que creemos que es conveniente trabajar, en especial, los aspectos más relacionados con la autoestima, el autocontrol, las emociones y las relaciones interpersonales. Con nuestra propuesta tratamos de trabajar algunos de estos aspectos, a favor de la minimización de los efectos negativos en la medida de lo posible. En resumen, lxs niñxs expuestxs a este tipo de violencia se convierten en víctimas invisibles de la tragedia y, aunque muchas veces la violencia sea entendida como un problema que afecta solo a la pareja, es importante ayudarles a dar un sentido a esos acontecimientos y reencuadrar todos los sentimientos que de ahí parten. Reconocer a lxs niñxs como víctimas y asumir la relevancia de esta fatalidad son dos puntos clave que justifican la realización de nuestra propuesta didáctica. Como docentes pretendemos dar respuesta a una realidad social con un alcance cada vez mayor. Es por ello que no se puede apartar la mirada de esta problemática, que debe ser abordada desde dos perspectivas. En primer lugar se necesitan políticas y leyes que incorporen medidas orientadas a promover la igualdad y equidad de género, centradas en los derechos de las víctimas y que reconozcan tanto a las mujeres como a lxs niñxs como sujetos de derecho; incluyendo, en segundo lugar, la creación de recursos para la prevención, la atención y la erradicación de la violencia. Nuestra propuesta surge para dar respuesta a esto último: la atención a las víctimas desde el mundo educativo. En el marco de la educación inclusiva la situamos en el área comunitaria, pues aborda un problema de nuestro entorno social.

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA

La propuesta didáctica que planteamos está pensada para ser implementada en alguna de las diversas instituciones o centros destinados a la atención de mujeres víctimas de violencia de género, así como de aquellas personas de su entorno que se puedan ver afectadas por esta situación, en especial lxs hijxs. Pensamos que se trata de un lugar idóneo, pues sus necesidades se adaptan a los objetivos que pretendemos trabajar.

En Santiago de Compostela, base de nuestra facultad, existen al menos dos organizaciones que trabajan con este colectivo. El primero de ellos es Vagalume, un programa vinculado a Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela y a las Hermanas Oblatas. Especializadxs en apoyar a mujeres que viven en contextos de prostitución o son víctimas de la trata con fines de explotación sexual, también cuentan con un proyecto psicoeducativo y familiar en el que consideramos que podría tener cabida nuestra propuesta. Concibiendo a la familia como núcleo básico de la vida social, incluyen programas de prevención y de intervención con pequeñxs que están en situación de riesgo. Pretenden mantener y fortalecer la convivencia de lxs niñxs con su familia e intervenir para cambiar las circunstancias de riesgo y desarrollar actividades y proyectos psicoeducativos para la infancia y adolescencia con el fin de fortalecer y mejorar su desarrollo y favorecer su integración socioeducativa. Cuenta también con un espacio terapéutico de apoyo emocional donde lxs menores pueden expresar sus emociones de forma segura y aprenden a conocerse, aceptarse, respetarse y resolver sus dificultades en un ambiente facilitador. Dan también cabida a talleres que ayudan a encaminar el fracaso escolar, los problemas de comportamiento, de relación social o falta de motivación. El segundo de estos equipamientos es el Centro de Recuperación Integral (CRI) para mujeres víctimas de violencia de género, una iniciativa de la Secretaría Xeral de Igualdade. Su ámbito de actuación incluye tanto a las mujeres víctimas de violencia de género como a las personas dependientes o al cargo de estas mujeres, especialmente lxs hijxs menores. El centro desarrolla un modelo de atención integral en el que se coordinan servicios, recursos y medidas de carácter social, laboral y económico. Sus propuestas de intervención con menores se dividen en cinco áreas: de género, terapéutica (emocional y competencial), psicoeducativa, formativa-ocupacional y de seguridad (física y virtual).

Creemos que nuestra propuesta tendría cabida también en cualquier institución que trabaje con niñxs en riesgo de exclusión social, o mismo en un centro escolar ordinario, como respuesta a una necesidad puntual o incluso como medida preventiva o sensibilizadora. En este sentido, es importante ser conscientes de que no todos lxs menores que viven esta situación de violencia de género en sus hogares se benefician de iniciativas como Vagalume o el CRI. Cuanto más se difundan iniciativas de este tipo, mayor será el número de personas a las que se pueda llegar.

OBJETIVOS Y CONTENIDOSDE LA PROPUESTA DIDÁCTICA

Los objetivos generales se dirigen a mejorar la gestión emocional, desarrollar habilidades para generar emociones positivas y controlar las negativas, y favorecer la participación social de niñxs víctimas de violencia de género. Los específicos son transmitir mensajes positivos a través de cuentos; reconocer las emociones propias y ajenas; incentivar la expresión de sentimientos, distinguir entre emociones positivas y negativas; desarrollar actitudes empáticas; favorecer el contacto positivo y la relación entre iguales, y potenciar la cooperación y el trabajo en equipo. Los contenidos a trabajar se centran en competencias y habilidades alrededor de la comprensión y expresión oral, el lenguaje escrito y oral, la igualdad de género, la identificación y expresión de sentimientos, la empatía, la discriminación de las emociones, la psicomotricidad (equilibrio y coordinación corporal), la expresión corporal, la atención, la socialización con iguales, las conductas prosociales y la colaboración y cooperación grupal.

ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA

Las actividades propuestas están dirigidas, en general, a la infancia. Por lo tanto, el destinatariado puede ser cualquier grupo de niñxs por lo que, evidentemente, convendría realizar las debidas adaptaciones en función de las posibilidades del grupo objetivo. La duración también es modificable, especialmente para las actividades 1 y 2, cuya periodicidad recomendada es una vez por semana con el fin de mantener la motivación y el interés. En cuanto a los recursos, es de destacar que en todas las actividades haría falta al menos una persona adulta, en calidad de moderadora, y un espacio donde realizar las actividades.

ACTIVIDAD 1. CREACIÓN DE UN ESPACIO DE CUENTOS

Justificación. La lectura de cuentos consigue que lxs niños se sientan identificadxs con lxs personajes, encuentren significado a los roles y valores, mejoren el reconocimiento de las emociones, la empatía, la resolución pacífica de problemas, el comportamiento o el desarrollo de su identidad. Son un recurso óptimo para la promoción de la lectoescritura y su disposición ininterrumpida a lxs pequeñxs permite el contacto continuo y dar continuidad a esta actividad. A las ventajas del contenido que se transmita se les suman los beneficios de la propia lectura, siendo capaces de crear por sí mismos un clima de entretenimiento y relajación, favoreciendo el desarrollo social y del lenguaje, mejorando la creatividad y siendo útiles para transmitir valores.

Descripción. Se trata de hacer una recopilación de cuentos relacionados con la educación emocional, creando un espacio de cuentacuentos o lectura. Existen diferentes alternativas para llevar a cabo esta actividad. Una de las más apropiadas consiste en la disposición típica en asamblea, en la que se irá introduciendo cada cuento. Una persona lo leerá en alto y, a su fin, se estimula la libre expresión de ideas sobre lo que se ha escuchado: lo que el cuento les ha transmitido, personajes con lxs que nos identificamos, situaciones de la vida real con las que se relacionan, etc. Algunas preguntas para motivar la participación pueden ser: ¿Cómo creéis que se sentía cuando…? ¿Cómo podemos saber si alguien se siente…? ¿En qué situaciones os sentís…? ¿Alguna vez os habéis sentido como…? Esto nos permite vincularlo con otras actividades como juegos digitales con personajes, actividades plásticas o incluso con el Emocionario, la actividad que se muestra a continuación. Esta recopilación de cuentos supondrá una fuente de recursos a la que podremos recurrir más adelante.

Recursos. Algunos cuentos que podrían formar parte de la recopilación son: El monstruo de las emociones (Anna Llenas, 2012), Rosa Caramelo (Adela Turin, 2012), Madrechillona (Jutta Bauer, 2017), Ni un besito a la fuerza (Marion Mebes, 1994), El niño y la bestia (Marcus Sauermann, 2013), El niño gris (Lluis Barré, 2006), Arturo y Clementina (Adela Turin, 1994), La cenicienta que no quería comer perdices (Nunila López y Myriam Cameros, 2009) o Cada familia, a su aire (Beatrice Boutignon, 2016). Se recomienda que el espacio sea acogedor, equipado con una alfombra, cojines e incluso algún sofá. Además, se deben considerar las condiciones lumínicas y de sonido que permita la escucha activa, sin distracciones.

Duración. 30 minutos (condicionados a la duración del cuento y de las intervenciones).

ACTIVIDAD 2. EMOCIONARIO

Justificación. Una de las problemáticas fundamentales de las personas que sufren violencia es la dificultad para reconocer las emociones y distinguir las positivas de las negativas, pues se han educado en un entorno excesivamente pobre en este sentido. Ofrecerles patrones de actuación a lxs niñxs facilita que ellxs mismxs puedan poner nombre a aquello que sienten, creando una idea progresiva de los valores presentes en su día a día y siendo, poco a poco, conscientes de ellos. De esta forma se va creando un ambiente seguro en el que expresar los sentimientos no sea algo incómodo. Crear un diccionario de emociones permite que se interiorice lo anterior y conocer más y mejor la realidad de cada niñx desde sus propios ojos.

Descripción. Para introducir cada emoción o sentimiento se plantean diferentes situaciones por medio de imágenes o vídeos[73], para que se identifique y etiquete lo que transmiten. Sobre cada una de las impresiones se plantea una conversación alrededor de temas como si nos gusta o no, quién nos lo hace sentir, cuándo lo sentimos o lo hacemos sentir, a quién, etc. Luego se cubre una ficha con el nombre de la emoción, se asocia a un color y se realiza un dibujo o pequeño texto sobre una situación en la que lxs niñxs se hayan sentido así. Según se van reuniendo fichas se encuadernan con anillas, para permitir su añadidura. La idea es que cada vez que experimenten una nueva emoción cada niñx pueda recogerla en su emocionario.

Recursos. Se precisa de un modelo-base de ficha y copias de él, lápices de colores, imágenes impresas o software y hardware que permitan proyectar los vídeos y las imágenes. Podemos valernos del libro Emocionario: di lo que sientes, de Cristina Núñez y Rafael Romero (3.ª ed., 2016). Para la primera parte de esta actividad se recomienda tener en cuenta las indicaciones espaciales de la Actividad 1, y para la segunda parte se necesitaría de sillas y mesas, aunque opinamos que debemos permitir que lxs niñxs decidan dónde y cómo cubrir sus fichas.

Duración. 30 minutos con una única emoción protagonista por sesión.

ACTIVIDAD 3. JUEGO «PILLA-PILLA, BESOS Y ABRAZOS»

Justificación. Aprovechando el gusto por el «pilla-pilla» tradicional, presentamos una adaptación con potencial para ayudar a perder el miedo o la vergüenza por el contacto físico, asumir las muestras de cariño como actitudes positivas y sentirse queridxs, al mismo tiempo que se demuestra cariño. Además, esta actividad permite el movimiento, favorece la relación con lxs iguales, la integración social y el compañerismo.

Descripción. El grupo se distribuye en un espacio amplio. En torno al 20 % de lxs participantes pillan y el resto deben tratar de no ser pilladxs. Si son alcanzadxs deben pararse hasta que alguien lxs salve. La peculiaridad es que se debe pillar dando un abrazo, mientras que para salvar es necesario dar un beso o una caricia.

Recursos. Es necesario un espacio amplio llano y sin obstáculos, donde se pueda correr.

Duración. El juego acaba cuando todxs son pilladxs o después de un tiempo que quien supervise sabrá detectar. A más edad, más se puede alargar el juego cambiando los roles.

ACTIVIDAD 4. CREACIÓN AUDIOVISUAL «BESOS QUE CURAN»

Justificación. Además de ser una actividad que fomenta la cooperación y el trabajo en equipo, la hemos elegido con base en una actividad que ya conocíamos, pues su esencia nos parece valiosa para visibilizar al colectivo. Esta actividad será entonces la parte más visible del proyecto, con la que se pretende transferir la idea de que cuando se aborda la violencia hacia la mujer no suele hacerse referencia sus hijxs. Sugerimos la canción Un beso redondo (de la cantante Conchita, 2015), pues la letra se asocia con la temática de nuestro proyecto, siendo una buena actividad-broche. Esos besos que son capaces de curar de los que habla Conchita en su canción podrían ser las muestras de cariño de sus hijxs que, en múltiples ocasiones, son el motor que ayuda a seguir a sus madres en una situación tan complicada como la que viven. Queremos reivindicar con esta canción la ternura, la fuerza y el valor que la infancia es capaz de transmitir a lxs adultxs.

Descripción. Se le dará al alumnado material diverso a través del cual tratará de expresar lo que son los besos, para luego materializarlo en un papel continuo que servirá de fondo para la grabación. A partir de ahí, se guionizaría el planning del vídeo: orden de aparición del alumnado, agrupamientos, objetos/materiales con que interactuar, expresión corporal, posibilidad de que aparezcan otras personas de la comunidad educativa (familias, educadorxs, docentes, etc.). Grabado y editado, se publicaría en redes sociales acompañado del siguiente mensaje: «Somos un grupo de educadoras infantiles que hemos creado un proyecto cuyo objetivo es reforzar la educación emocional en niñxs que sufren directa o indirectamente violencia de género en sus propios hogares. Aquí os dejamos el enlace en el que podéis encontrar toda la información y un montón de besos guerreros que pueden ganar cualquier batalla. Agradecemos difusión[74]».

Recursos. Sería óptimo contar con alguna persona adulta más, sobre todo para la edición del vídeo. Es indispensable disponer de dispositivos para grabar (cámara fotográfica o de vídeo, teléfono móvil, tablet, etc.), ordenador con software para la edición del vídeo, papel continuo, tijeras, pegamento, pinturas de colores y todo tipo de material sencillo como telas, envases, cartulinas, botellas, etc. La actividad puede llevarse a cabo en cualquier lugar en el que haya una pared donde poner el mural de fondo y se disponga del espacio necesario para que lxs niñxs participen a gusto y se les pueda grabar desde una distancia adecuada.

Duración. Siete sesiones de aproximadamente 40 minutos. En la primera se presenta la actividad y se idean y representan besos a través de diferentes materiales; en la segunda se organiza el mural y se comienza el guion; en la tercera se termina el guion, se organizan los grupos y las apariciones; la cuarta se invertiría en una primera familiarización con la grabación a modo de ensayo, y la quinta se usaría básicamente para grabar. Dependiendo de la edad del alumnado, este podría involucrarse en mayor o menor medida en la edición del vídeo, al que se le dedicaría una sexta sesión de una hora de duración, aproximadamente. Se contempla una última sesión para proyectar el vídeo y hacer una asamblea final en la que reflexionar y evaluar el trabajo realizado. Esta podría finalizar con el vídeo de la canción instrumental V. G. que la cantante argentina Susana Rapoport compuso con motivo de esta temática.

Es importante no perder de vista en esta secuencia de actividades que, en realidad, lo más interesante de la primera y la segunda es su continuidad en el tiempo, no debiendo ser entendidas como puntuales. La relación entre ambas es otro aspecto a no descuidar: lo propio sería poder relacionar las emociones que vayan apareciendo en los cuentos de la actividad 1, trabajándolas a través de lo propuesto en la actividad 2. Metodológicamente estimamos muy necesaria la estimulación creativa del alumnado, dándole voz a la hora de configurar las actividades (por ejemplo, en la actividad 3, proponiendo otras alternativas de pillar o salvar).

EVALUACIÓN

Toda propuesta didáctica debe ser evaluada, incluso antes de ser implementada. Cuando lxs profesionales de la educación planificamos y diseñamos nuestras actividades ya estamos evaluando, pues al trabajar en equipo nuestras ideas se retroalimentan y perfeccionan con las aportaciones individuales. Nuestra propuesta de evaluación tendría como mínimo un carácter procesual y final. La estrategia fundamental para la evaluación procesual sería la observación, recogiendo en un diario anotaciones que nos sirvieran para, más adelante, generar conclusiones orientadas a la mejora del planteamiento de las actividades. Para la evaluación final hemos elaborado una batería de ítems con base en la publicación de Booth, Ainscow y Kingston (2006), en la lógica de la perspectiva inclusiva que prima en nuestras actividades. Esta tiene diferentes apartados: valores y política, actividades (incluyendo planificación y recursos) y grupo humano que actúa (alumnado, profesionales y familia). En ella se recogen aspectos que se deben valorar con «sí» o «no», siempre con posibilidad de escribir observaciones de forma cualitativa que permitan concretar más los ítems, permitiendo valorar las cuestiones básicas de la propuesta. Está pensada para ser cubierta por personal docente, pero creemos fundamental escuchar las voces de todas las personas involucradas, lo cual se podría gestionar a través de entrevistas o grupos de discusión. Otro punto que resulta de provecho para la evaluación de propuestas es exponerlas en comunidades de aprendizaje y grupos de pares. Nosotras lo hemos hecho con nuestras compañeras de facultad.

CONCLUSIONES

Desde nuestro punto de vista, trabajar este tema, tanto en las aulas de centros ordinarios como en otras instituciones, nos permite educar en valores muy necesarios en nuestra sociedad actual, que en numerosos casos no son inculcados desde los hogares, pudiendo generar un vacío que más tarde puede costar llenar. Como docentes, este trabajo nos hizo reflexionar principalmente sobre dos aspectos: por un lado, la violencia de género, un tema cada vez más presente —y también más mediático— que silencia a sus víctimas más vulnerables. Por otro, hemos recapacitado sobre la importancia del trabajo emocional con niñxs en sus primeras etapas educativas, pues se trata de la base para la formación de adultxs capaces de vivir en paz con la sociedad y con ellxs mismxs; trabajo que no solo se canaliza de manera introspectiva y en un único ámbito, sino a través de diferentes puntos de vista, mediante la expresión lingüística, física y comprensiva de las emociones. Aunque nuestra trayectoria se encuadra en la educación formal, creemos que desde este campo educativo se debe incidir, cada vez más, sobre la importancia del desarrollo emocional, sobre la violencia de género, las consecuencias que atañen en su entorno y sobre nuestras posibilidades interventoras. La formación y la innovación desde la equidad se hacen muy necesarias, aunque también es atractivo trabajar sobre lo ya existente, como puede ser darle una vuelta a los juegos tradicionales. Tal es el ejemplo del clásico «pilla-pilla», pero con un enfoque diferente. Esto no es únicamente una oportunidad de aprendizaje para nosotras como maestras, para aplicar la curiosidad y el coraje que nuestra profesión reclama, sino también con respecto a nuestro alumnado: mostrar que es posible realizar actividades sugestivas con material cotidiano ecológicamente respetuoso y transmitirles que el statu quo de las cosas se puede cambiar es la mayor ventana que les podemos abrir.

BIBLIOGRAFÍA

BOOTH, T.; AINSCOW, M. y KINGSTON, D. (2006): Index para la Inclusión. Desarrollo del juego, el aprendizaje y la participación en la Educación Infantil, CSIE, Bristol (disponible en: https://i.gal/oCucD [consultado: 20 de abril de 2019]).

CUESTA, J. y MONREAL, M. C. (2012): «Hijos e hijas víctimas de la violencia de género: importancia de una intervención directa», III Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres. Justicia y Seguridad. Nuevos Retos.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (1996): Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (disponible en: https://i.gal/Ak455 [consultado: 21 de abril de 2019]).

SANFER, R. (2009): Anuncio violencia de género (archivo de vídeo, Asociación Proyecto San Fermín) (disponible en: https://i.gal/V5Hc7 [consultado: 15 de abril de 2019]).

SEGUNDA PARTE

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA DOCENCIA

CAPÍTULO 12

ELEMENTOS INTEGRADORES DE LA PERSPECTIVADE GÉNERO EN LAS GUÍAS DOCENTES DEL GRADOEN EDUCACIÓN SOCIAL

Mª Alicia Arias-Rodríguez, Ana Sánchez-Belloy Juan José Lorenzo-Castiñeiras

Incluir la perspectiva de género, en cualquier nivel educativo, es hacer referencia tanto a un factor innovador como a un factor de cambio. Como dice Ángeles Rebollo (2013), la educación debe ser garantía de justicia y cohesión social, por eso la equidad de género debe ser un indicador de calidad de los sistemas educativos. Por lo tanto, esta inclusión origina cambios, desde la organización escolar y contenidos curriculares hasta los recursos educativos, la formación del profesorado, etc. (Subirats, 1998, citado en Rodríguez, 2006).

No hay que olvidar que la perspectiva de género en el sistema educativo, por un lado, implica un conjunto de características psicológicas, sociales y culturales asignadas a las personas; por otro, un imperativo legal a partir de la aprobación de la Ley Orgánica[75] 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres; la LO 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la LO 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; y la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Un imperativo legal que se acentúa con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), al dar prioridad al principio de igualdad entre hombres y mujeres, así como a la construcción de relaciones simétricas entre ambos géneros, la prevención de cualquier tipo de violencia y cualquier discriminación hacia las mujeres (Ventura, 2008). Igualmente, la Constitución Europea, la Constitución Española de 1978 (art. 14), diversas leyes de igualdad aprobadas tanto a nivel nacional como desde las diferentes comunidades autónomas o la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) (2002) acentúan la necesidad de incluir la perspectiva de género.

Una de las figuras clave del sistema universitario es el profesorado que en la actualidad, al igual que en el resto de ámbitos educativos, no está formado en competencias de género ni en estrategias docentes orientadas a que el alumnado trabaje de forma concreta o transversal los contenidos de género.

CURRÍCULUM, PERPECTIVA DE GÉNEROY UNIVERSIDAD: GUÍAS DOCENTES

La integración de la perspectiva de género en la actividad docente es una prioridad, tanto para instituciones de ámbito nacional como autonómico, pero incluso para todas las universidades tanto públicas como privadas, tal y como se recoge en los diferentes planes de igualdad de estas instituciones educativas. Concretamente, el I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad de A Coruña (2013-2017) insta, entre sus medidas, a la introducción de la perspectiva de género en la actividad docente, a la elaboración de una guía dirigida al profesorado que oriente y facilite la integración de la perspectiva de género en las materias (a través de las guías docentes), así como en la oferta de posgrado (Stimpson, 1998, citado en Universidad de Vigo, 2014).

Estas guías docentes —denominadas incluso planes docentes— son documentos asociados a cada materia de las diversas titulaciones de la universidad española, sustituyendo a los denominados programas. Su implantación es resultado del EEES, como consecuencia de la Declaración de Bolonia de 1999. En todas las guías docentes, a pesar de no haber un consenso en el formato, aparecen aspectos como (Zabalza, 2007 citado en Rebollo, Ángeles, 2013): datos descriptivos del curso; sentido de este curso en el plan de formación para la convergencia; objetivos-competencias que se pretenden alcanzar; contenidos del curso; indicaciones metodológicos y atribución de carga ECTS; indicaciones sobre la evaluación, y recursos y bibliografía. Si a estos elementos señalados se les quiere incorporar la perspectiva de género en la docencia universitaria (Universidad de Vigo, 2014), hay que hacer referencia a prejuicios sexistas y estereotipos de género; tratamiento de la diversidad; espacio de igualdad; androcentrismo; discurso inclusivo; competencias de género e igualdad, y tutorías igualitarias.

METODOLOGÍA

Los objetivos que se persiguen con este trabajo son:

Identificar si las guías docentes de las asignaturas de Educación Social incorporan, dentro de las competencias y contenidos, el principio de igualdad de oportunidades.

Diseñar un protocolo que permita, de una forma sencilla, incorporar la perspectiva de género en el proceso de diseño de cualquier guía docente y que sirva para detectar posibles deficiencias respecto a la inclusión de la perspectiva de género en ellas.

El enfoque que se utiliza para ello es el descriptivo-explicativo, a través de una metodología cualitativa, tomando como elementos de análisis las competencias y los contenidos que hacen mención a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Particularmente, las categorías de análisis que se utilizan son los términos género, sexo, igualdad, coeducación, diversidad y discriminación. La elección de estas categorías de análisis es consecuencia de diversas referencias especializadas sobre el tema (Rebollar, 2013; Porto; Mosteiro y Castro, 2018 citados en Rebollo-Catalán; Ruíz-Pinto y Vega-Caro 2018).

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO

Las unidades de análisis fueron las guías docentes contempladas en cada una de las diferentes asignaturas que componen la titulación de Educación Social, con 198 créditos obligatorios (incluidas prácticum y Trabajo Fin de Grado, en adelante TFG) y 78 optativos. Se han revisado 41 asignaturas (donde 28 son obligatorias y 13 optativas, ambas de 6 créditos, a excepción del prácticum y del TFG). Con respecto a la asignatura prácticum, en Educación Social tiene diseñados dos periodos: uno se desarrolla en el 2.º cuatrimestre del 3.er curso (12 créditos) y el otro en el 1.er cuatrimestre del 4.º curso (30 créditos).

INSTRUMENTO

La recogida de información de este trabajo se realizó a través de un análisis de contenido en las guías docentes, donde las unidades de contexto son bases de sentido localizables dentro de los documentos y constituyen el marco interpretativo sobresaliente de las unidades de análisis. Dichas unidades se definen en el criterio textual, es decir, si se hace en relación a alguna característica sintáctica, semántica o pragmática del entorno de las unidades de análisis o extratextual (Fernández, 2002). Se elaboró para ello una plantilla ad hoc donde se realizó el vaciado de las guías docentes. A través de esta plantilla se intenta plasmar la ausencia o presencia en las competencias y en los contenidos de las palabras clave identificadas. Estos conceptos fueron seleccionados por ser compatibles y estar estrechamente relacionados con la perspectiva de género. Dichos conceptos son género, sexo, igualdad, discriminación, coeducación y diversidad de género.

ANÁLISIS DE DATOS

Las competencias vinculadas a la titulación de Educación Social analizadas son 13 básicas y generales, 6 transversales y 21 específicas, observando que solo existe una competencia específica CA8, Detectar factores de vulnerabilidad, de exclusión y de discriminación social que dificulten la inclusión social, escolar y laboral de personas y colectivos y una competencia básica CB4, Diseñar e impulsar espacios socioeducativos en contextos de diversidad atendiendo a la igualdad de género, a la equidad y respecto a los derechos humanos, favoreciendo el empoderamiento de las personas y colectivos ubicados en situaciones de desventaja social.

Al revisar la memoria de la titulación, la competencia básica (CB4) aparece asociada a 10 asignaturas obligatorias[76] y en 6 asignaturas optativas[77]. Incluso hay materias que marcan dicha competencia y que no están en esa memoria de titulación (pero sí al revisar las guías docentes del curso académico 2018-2019)[78].

En la memoria de la titulación, la competencia específica (CA8) aparece asociada a 12 asignaturas obligatorias[79] y a 5 optativas[80]. Hay materias que marcan dicha competencia pero no están en esa memoria (pero sí al revisar las guías docentes del curso académico 2018-2019)[81]. Además, existen dos asignaturas que en la memoria de la titulación no tienen marcada ninguna de las dos competencias (CA8 y CB4) y al revisar las guías docentes el profesorado tampoco las indican (Psicología Social y Tecnología de la Información y Comunicación).

Con respecto a los contenidos de las asignaturas en la titulación de Educación Social, solo 16 de 35 planifican temas o subtemas relacionados con la perspectiva de género. Cabe resaltar la asignatura Tecnología de la Información y Comunicación, que no marca las competencias con perspectiva de género pero establece contenidos de dicha perspectiva. Otro aspecto a destacar es que todos los contenidos analizados son trabajados en la titulación; es decir, a través de temas o subtemas se planifican contenidos de los conceptos género, sexo, igualdad, discriminación, diversidad de género y coeducación.

Tabla 1

Análisis de conceptos en las asignaturas de la titulaciónde Educación Social

Asignaturas

Conceptos de análisis

Psicología social (1.er curso, 1.er cuatrimestre y 6 créditos)

Género e Igualdad

Sociología (1.er curso, 1.er cuatrimestre y 6 créditos)

Sexo, Género y Diversidad de género

Tecnología de la información y la comunicación social(1.er curso, 2.º cuatrimestre y 6 créditos)

Género

Género, igualdad y educación (1.er curso, 2.º cuatrimestrey 6 créditos)

Género, Igualdad y Coeducación

Servicios sociales y bienestar social (2.º curso,

1.er cuatrimestre y 6 créditos)

Género

Dinámicas de comunicación y colaboración en la acción social (2.º curso, 2.º cuatrimestre y 6 créditos)

Género e Igualdad

Educación de menores en desprotección y conflicto social(2.º curso, 2.º cuatrimestre y 6 créditos)

Género

Acción socioeducativas con minorías y colectivos vulnerables (3.er curso, 1.er cuatrimestre y 6 créditos)

Discriminación e Igualdad

Orientación ocupacional (3.er curso, 1.er cuatrimestrey 6 créditos)

Discriminación, Género e Igualdad

Antropología de la educación (3.er curso, 2.º cuatrimestre,6 créditos y optativa)

Género e Igualdad

Sociología de la educación (3.er curso, 2.º cuatrimestre,6 créditos y optativa)

Género e Igualdad

Orientación y políticas de empleo (3.er curso,2.º cuatrimestre, 6 créditos y optativa)

Discriminación

Psicología comunitaria (4.º curso, 1.er cuatrimestre,6 créditos y optativa)

Diversidad de género

Cuestiones filosóficas del mundo contemporáneo (4.º curso, 1.er cuatrimestre, 6 créditos y optativa)

Género

Educación y medios de comunicación social (4.º curso,1.er cuatrimestre, 6 créditos y optativa)

Igualdad

Educación para la paz, resolución de conflictos y ciudadanía (4.º curso, 1.er cuatrimestre, 6 créditos y optativa)

Discriminación, Género e Igualdad

Fuente: Elaboración propia.

En esta titulación existe una asignatura obligatoria en primer curso (Género, Igualdad y Educación) que, además de trabajar en temas y subtemas los conceptos de género, igualdad, sexo, discriminación, diversidad de género y coeducación, diseñó contenidos de conceptos como segregación, conciliación, estereotipos de género, roles de género, lenguaje inclusivo y violencia contra la mujer (véase la tabla 2); llevando a una titulación con una visión muy amplia de los conceptos de perspectiva de género. Además, es una titulación que en su Prácticum I y II contempla un espacio específico de centros que trabajan temas de perspectiva de género y esto va más allá cuando a través de las líneas de investigación (temáticas) de su TFG (véase la tabla 2) se facilita al alumnado que profundice en conceptos en línea con la igualdad de oportunidades.

Tabla 2

Análisis de conceptos en Género, igualdad y educacióny TFG de la titulación de Educación Social

Género, igualdad y educación (1.er curso, 2.º cuatrimestre y 6 créditos)

Tema: El concepto de género en las ciencias sociales

Subtema: Precisiones terminológicas previas: diversidad, diferencia, igualdad, desigualdad sexo, género

Subtema: Patriarcado, androcentrismo, misoginia…

Subtema: Feminismo como marco teórico, como movimiento social y político

Tema: Instituciones socializadoras/educadoras y mandatos de género

Subtema: Mandatos de género como contenidos culturales

Subtema: El papel de los estereotipos en la configuración de las identidades

Subtema: Principales sexismos implantados en instituciones/servicios o programas de acción socioeducativa. Elementos de análisis lenguaje, estructura, cargos, normativa, organización de espacios, relaciones, contenidos, expectativas…

Subtemas: Ámbitos a problematizar: lenguaje, ocio y tiempo libre, medios, deporte, videojuegos, revistas, familias, socialización profesional, política

Tema: La violencia de género

Subtema: Agresividad, poder, violencia: precisiones terminológicas

Subtema: Mitos de la violencia de género.

Subtema: Masculinidades, feminidades y violencia

Subtema: La educación en la ley integral de medidas de protección contra la violencia de género

Subtema: Sobre de la construcción del amor, el poder y los ciudadanos

Tema: La coeducación: el compromiso colectivo de educar para la igualdad

Subtema: La coeducación como proyecto feminista

Subtema: Principales sexismos implantados en instituciones/servicios o programas de acción socioeducativa. Elementos de análisis: lenguaje estructura, cargos, normativa, organización de espacios, relaciones, contenidos, expectativas…

Subtemas: De la escuela mixta a la coeducación. El papel de género en la construcción del éxito y del fracaso escolar

TRABAJO FIN DE GRADO (4.º CURSO, 2.º CUATRIMESTRE Y 6 CRÉDITOS)

Temáticas:

Nuevas tecnologías, educación y género

Planes de igualdad

Análisis de recursos para la orientación ocupacional y para la inserción laboral. Integración del enfoque de género en la orientación ocupacional o en las políticas de empleo

El empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia de género

La no violencia ante la violencia en la sociedad (bullying/acoso, violencia de género, glorificación de la violencia en los videojuegos, en el cine, etc.)

Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES

La reforma de los planes de estudios dentro del marco del Proceso de Bolonia (1999) contempla el principio de igualdad como prioritario, reconociendo la necesidad de incorporar institucionalmente la perspectiva de género para dar respuesta a los perfiles profesionales derivados de las políticas de igualdad (Radl, Porto, Gómez y Mosteiro, 2012).

A pesar de que las universidades, concretamente la Universidade da Coruña, tienen un claro compromiso para trabajar desde la perspectiva de género, la actividad docente no materializa dicho compromiso. El análisis de las guías docentes de la titulación de Educación Social pone de manifiesto que se incorpora de una manera superficial, sin aludir a cómo se lleva a cabo en la práctica la incorporación de la perspectiva de género.

Para impulsar cambios en los planes de estudios y, más concretamente, en las guías docentes, que respondan a las exigencias legales y a los retos de la sociedad actual, diseñamos un protocolo para que cada docente pueda conocer y facilitar la incorporación de la perspectiva de género. Dicho protocolo presenta dos apartados:

Identificación de realidad de las guías docentes. Para ello se elaboró una ficha en donde se presentan todos aquellos conceptos que configuran la perspectiva de género y se solicita al profesorado que revise y vaya anotando la ausencia o presencia de dichos conceptos en cada una de las partes de las guías docentes. Las partes que estructuró la Universidade da Coruña son: datos de la asignatura (dentro la descripción general); competencias del título; resultados de aprendizaje; contenidos; planificación; metodologías; atención personalizada; evaluación; fuentes de información y recomendaciones. Los conceptos son género, mujer, hombre, sexo, igualdad, poder, igualdad de oportunidades, segregación, conciliación, coeducación, alumnos/as, derechos sexuales, estereotipos, estereotipos de género, estereotipos sociales, roles, roles de género, feminismo, roles culturales, identidad, roles sociales, política de género, equidad, desigualdad, desigualdad de género, discriminación, discriminación por sexo, discriminación por género, educación no sexista, educación sexista, femenino, masculino, política de igualdad, lenguajes sexista y lenguaje inclusivo.

En un segundo apartado se indican una serie de áreas, que comprenden indicadores que le permitirán conocer a cada docente qué nivel de perspectiva de género posee su guía. Presentamos las siete áreas que agrupan los 96 indicadores (que nos limitamos a ejemplificar en el presente trabajo, por su extensión):

Prejuicios sexistas y los estereotipos de género (27 ítems): Frecuencia con que en clase me dirijo a las estudiantes o frecuencia con que en clase me dirijo a las estudiantes.

Comportamientos en el aula (27 ítems): Frecuencia con que presento a cultura de la igualdad.

Androcentrismo (19 ítems): Frecuencia con la que utilizo lenguaje inclusivo en mi discurso.

Discurso (12 ítems): Frecuencia con que corrijo a los/las estudiantes cuando emplean un falso genérico masculino.

Competencias (3 ítems): Incluir en los contenidos alguna referencia a la igualdad.

Tutorías (3 ítems): Naturalizo los roles de género en las tutorías.

Diversidad (5 ítems): Frecuencia con la que realizo comentarios sobre la orientación sexual sin importarme los/las receptores.

BIBLIOGRAFÍA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE) (2007): Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6115 [consultado: 28 de abril de 2019]).

FERNÁNDEZ, F. (2002): «El análisis de contenido como ayuda metodológica para la investigación», Ciencias Sociales, n.º 96, pp. 35-53 (disponible en: https://www.revistacienciassociales.ucr.ac.cr/images/revistas/RCS96/03.pdf [consultado: 28 de abril de 2019]).

I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad de A Coruña (2013-2017) (disponible en: https://www.udc.es/es/centros_departamentos_servizos/servizos_xerais/oficina_igualdade_xenero/[consultado: 28 de abril de 2019]).

PORTO, A. M.; MOSTEIRO, M. J. y CASTRO, M. D. (2018): «La perspectiva de género en los planes de estudio de grados universitarios en Educación de Galicia», en Á. Rebollo-Catalán, E. Ruíz-Pinto y L. Vega-Caro, La Universidad en Clave de Género, Octaedro, Barcelona, pp. 68-89.

RADL, R.; PORTO, A. M.; GÓMEZ, B. y MOSTEIRO, M. J. (2012): «Aspectos organizativos y curriculares del prácticum del Máster en Educación, Género e Igualdad de la Universidad de Santiago de Compostela», Revista de Innovación Educativa, 22, pp. 177-186 (disponible en: http://www.usc.es/revistas/index.php/ie/article/view/746 [consultado: 28 de abril de 2019]).

REBOLLAR, E. M. (2013): El género en los planes de estudio de los grados de educación en las universidades públicas españolas, Tesis Doctoral, Barcelona, Universidad Autónoma Barcelona (disponible en: https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/129102/emrs1de1.pdf;sequence=1 [consultado: 28 de abril de 2019]).

REBOLLO, Á. (2013): «La innovación educativa con perspectiva de género. Retos y desafíos para el profesorado», Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, vol. 17, n.º 3, pp. 3-8 (disponible en: https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/43551/INNOVACI%C3 %93N%20EDUCATIVA%20CON%20PERSPECTIVA%20DE%20G%C3 %89NERO.pdf?sequence=1&isAllowed=y [consultado: 28 de abril de 2019]).

SUBIRATS, M. (1998): «La educación de las mujeres: de la marginalidad a la coeducación», en C. Rodríguez, Género y currículum, Akal, Madrid, pp. 229-255.

UNIVERSIDAD DE VIGO (2014): Guía de apoio para introducir a perspectiva de xénero na docencia da Universidade de Vigo (disponible en: https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/sites/default/uvigo/DOCUMENTOS/igualdade/Guxa_para_a_introducixn_da_perspectiva_de_xxnero_na_docencia.pdf [consultado: 28 de abril de 2019]).

VENTURA, A. (2008): «Normativa sobre estudios de género y Universidad», Feminimo/s, n.º 12, pp. 155-184 (disponible en: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/11654/1/Feminismos_12_06.pdf [consultado: 28 de abril de 2019]).

CAPÍTULO 13

OCEANÓGRAFAS: SALIENDO DEL PROFUNDOY DESCONOCIDO OCÉANO

María A. Lorenzo Rial, Francisco Javier Álvarez Lires, Azucena Arias Correa, Tamara Amorín de Abreuy José Francisco Serrallé Marzoa

IGUALDAD DE GÉNERO Y DISCIPLINAS STEMEN LA AGENDA 2030

El informe de ONU Mujeres (2018) afirma que lograr la igualdad de género es imprescindible para avanzar en el desarrollo sostenible[82] y para cumplir la Agenda 2030. Conviene recordar que la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el DS en 2015, que contiene 17 objetivos (ODS) referidos a aspectos ambientales, sociales y económicos en interacción, de los que destacaremos los siguientes: 4. Educación de calidad; 5. Igualdad de género; 9. Industria e innovación y 14. Vida submarina. Su directora, Phumzile Mlambo-Ngcuka, afirma que existe una fuerte amenaza a los derechos de las mujeres y que las políticas de austeridad y del miedo son algunas de ellas; alerta de problemas gravísimos como la violencia de género, las menores oportunidades educativas de las niñas o la fenda salarial de género. También se ocupa de subrayar dificultades de las investigaciones en género tales como la falta de datos desglosados y concordantes por sexo y la falla de indicadores de evaluación. En este sentido, la ocultación y desconsideración de las aportaciones de las mujeres es una forma de violencia simbólica —o no tan simbólica—, pues tiene efectos en su autoestima y en sus logros.

Por su parte, UNESCO (2015, 2019) remarca la necesidad de contar con el talento de las mujeres, cuya inclusión mejora los resultados para toda la comunidad implicada, y la importancia de que estas accedan, permanezcan y avancen en los estudios de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) para caminar hacia el DS. Se pone de relieve con datos incontestables la escasez de mujeres en muchas carreras del ámbito científico-tecnológico (algo bien sabido), pero destaca un aspecto especialmente interesante: no se trata solo de hacer que las chicas elijan carreras STEM, sino de examinar los obstáculos que tienen que superar antes de entrar, una vez que entran y después, hasta llegar a ejercer con éxito una profesión en ese campo, consideraciones que coinciden con las de Álvarez-Lires (2012); American Association of University Women (2010, 2015) y Huyer (2015). Estos informes e investigaciones concluyen que los factores más relevantes en la «desidentificación» de las mujeres con este ámbito proceden de la «amenaza del estereotipo» social, familiar y educativo (Flore y Witchers, 2015), de la diferente manera de juzgar a mujeres y a hombres y de la falta de mentorías para adolescentes y mujeres. También subrayan la escasez de materiales didácticos que aborden la igualdad en las materias STEM que no se limiten a mostrar vida y obra de mujeres notables (sin negar la importancia de este aspecto), sino que ofrezcan alternativas de inserción de la igualdad en las intervenciones educativas en todos los niveles. Los informes consultados coinciden en la valoración de la enorme importancia de la educación en STEM porque las disciplinas implicadas en este ámbito han traído progreso en muchos aspectos de la vida tales como salud, agricultura, infraestructura y energías renovables (ODS 9) y concluyen que la educación es clave para preparar al colectivo estudiantil para el mundo laboral a través de carreras STEM, que tendrán alta demanda en el futuro inmediato (UNESCO, 2019).

Entre los objetivos de DS, el ODS 14 Vida submarina aborda la necesidad de proteger los océanos y de mitigar los efectos negativos de la acción humana sobre ellos. En este sentido, la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI-UNESCO, 2016) puso de relieve el valor de las ciencias oceanográficas para la comprensión del clima, los recursos vivos y su disponibilidad; los peligros que acechan al océano; las tormentas, los ciclones, los tsunamis y los sistemas que alertan de ellos; la contaminación marina y sus efectos; los cambios que tienen lugar en el océano (acidificación, aumento del nivel del mar, calentamiento y sus consecuencias), condiciones de las costas, erosión y el modo de adaptarse a todo ello y mitigarlo; la absorción de CO2 por el océano y sus repercusiones. Lo que sucede en el océano tiene repercusiones en el sistema terrestre, pues existe una interacción Tierra-océano. Por lo tanto, resultan de extraordinaria importancia las aportaciones de las ciencias oceanográficas y, en consecuencia, la presencia de las mujeres en ellas.

Por otra parte, Cava, Schoedinger, Strang y Tuddenham (2005) subrayan la necesidad de un proceso de alfabetización oceánica a fin de comprender la influencia que los océanos tienen en las personas y la que, por consiguiente, estas tienen en ellos. De esta manera, será posible comprender mejor las causas y consecuencias de los problemas ambientales marinos. Fauville, Strang, Cannady y Chen (2018), citando a estos mismos autores, comentan que una persona alfabetizada en el océano es alguien que comprende los principios esenciales y las ideas fundamentales de su funcionamiento, es capaz de comunicar aspectos sobre él de manera significativa, y de informar y responsabilizarse de decisiones relacionadas con el océano y sus recursos.

En contraposición con esta necesidad, se detecta la escasa presencia —o más bien ausencia— de conocimientos sobre mares y océanos en los currículos oficiales de las materias científicas de todos los niveles educativos. Esta ausencia se asocia con la falta de comprensión que tiene la población, en general, de los océanos y de lo que en ellos sucede (Guest, Lotze y Wallace, 2015).

OCEANÓGRAFAS: TRANSFORMARLAS INSTITUCIONES FRENTE A CORREGIRA LAS MUJERES

Si los océanos son invisibles, esta invisibilidad es doble para las mujeres que trabajan en los oficios del mar, pero también para las investigadoras. Las mujeres comenzaron a unirse a las expediciones oceanográficas en Estados Unidos alrededor de 1960, coincidiendo con los movimientos feministas modernos en el mundo industrializado. La representación femenina en la investigación académica aumentó desde entonces, pero la proporción de mujeres en altos cargos en la oceanografía continúa estando desequilibrada a favor de los hombres, a pesar de que las mujeres constituyen aproximadamente la mitad de la matrícula de estudiantes de oceanografía durante la última década. Hoy, las mujeres solo representan el 30 por ciento del personal investigador del mundo y este porcentaje desciende a medida que se avanza en los niveles de toma de decisión. La oceanografía no es una excepción.

En cuanto a las ciencias marinas y a la investigación del océano, la oceanografía necesita, además, de la biología y de la química, de la física, de la ecología, de la geoquímica, de la geología, de la geofísica, de las matemáticas, de la informática, de la electrónica, de la instrumentación marina y de otras disciplinas en las investigaciones en el medio marino. Las mujeres que persiguen tales carreras profesionales (excepto en el caso de la biología y de la química) aún son poco habituales. Las investigaciones realizadas demuestran que algunas barreras que explican esta situación de escasez de mujeres en posiciones de liderazgo en STEM son el resultado de falta de redes, mentorías y personal valedor para ellas. Otras barreras resultan de la interacción en los propios centros de trabajo, como los supuestos implícitos (estereotipos) sobre quién hace la ciencia y la tecnología. Otro tipo de barreras es institucional o producto de un sistema diseñado para hombres con familias (mujeres) que apoyan su vida personal y profesional, a costa de dobles y triples jornadas. A todo ello hay que sumar los estereotipos sociales, que consideran que determinadas profesiones —sobre todo en el campo de la tecnología y de las ingenierías— no son propias de mujeres. Las soluciones propuestas por la investigación abordan una o más de estas causas con intervenciones específicas que apuntan a su origen (UNESCO, 2019).

Para eliminar las barreras individuales, los talleres de desarrollo profesional ayudan a hacer explícitos aspectos tales como la influencia de los estereotipos implícitos o la falta de apoyos. Para las interactivas, el aprendizaje sobre el prejuicio sexista implícito (amenaza del estereotipo) puede reducir su impacto. Para las institucionales, la revisión de la política y el establecimiento de reformas a fin de facilitar la carrera de las mujeres, de manera que el cuidado familiar no recaiga en ellas en exclusiva. Es preciso incluir mentes excelentes en este ámbito, lo que implica contar con el talento femenino, para lo cual se debe transformar la institución, no solucionar los supuestos problemas de las mujeres. Aun así, el cambio es lento e incluso los mejores programas tardarán una década o más en producir beneficios (National Science Foundation, 2019).

INICIATIVAS DE ÉXITO

Por lo que respecta a la oceanografía, se examinaron algunas iniciativas de éxito para la inclusión y el avance de mujeres en esta ciencia. Un programa consolidado es el Advancing Women in Oceanography: How NSF’s ADVANCE Program Promotes Gender Equity in Academia, da National Science Foundation (NSF) de Estados Unidos, que acumula doce años de funcionamiento. En 2019 presentó datos que demostraron el avance en el clima departamental e institucional, así como en la contratación, retención y promoción de mujeres excelentes en STEM. Pero la propia NSF reconoce que requiere tiempo formular y promulgar políticas, así como atención continua y esfuerzo para difundir las políticas en el campus, para educar a la institución en la existencia de estas políticas y apoyarla para desarrollar prácticas que permitan a las personas usarlas sin estigma. Requiere tiempo convencer al profesorado de que hay que establecer modificaciones en la manera de hacer las cosas, proporcionar mecanismos modelo para promulgar el cambio y desarrollar sistemas de apoyo y responsabilidad para observarlo.

Un punto fuerte de este programa ADVANCE es la asociación entre profesionales de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática con colegas de ciencias sociales y del comportamiento, porque en las instituciones se dan interacciones organizativas y, en definitiva, humanas. La educación superior está experimentando un cambio: la informática es esencial en la investigación, por lo que la financiación debe aumentar. Se precisan nuevos mecanismos para recopilar información a partir de datos masivos (big data). Se sugiere que el tipo de trabajo debe cambiar, pues en la academia la mayoría de valores puede estar sufriendo un cambio radical. Otro conjunto de factores se refiere a la manera en que la gente joven obtiene sus primeros puestos de trabajo, de qué forma personas excelentes pasan de un postdoctorado a contratos sin ninguna expectativa de un trabajo permanente.

Otra referencia obligada es la de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de UNESCO (COI-UNESCO, 2016), que se compromete a integrar la perspectiva de género en sus actividades y proyectos. En particular, tiene como objetivo promover la igualdad de representación de hombres y mujeres dentro de la comunidad de ciencias marinas para asegurar que ambos disfruten del mismo status y tengan igualdad de oportunidades, de manera que se cumpla el respeto por los derechos humanos y por las potencialidades de cada persona. Prescindir del talento femenino es una grave irresponsabilidad. Apoya y promociona los logros de las científicas y hace difusión de ellos, para que niñas y adolescentes se identifiquen con ellas.

RESCATAR OCEANÓGRAFASDEL PROCELOSO OCÉANO

Este trabajo se enmarca en la Educación para la Sostenibilidad oceánica con perspectiva de género y trata la importancia de los océanos y las amenazas que los acechan (Álvarez-Lires, Álvarez-Lires y Lorenzo Rial, 2019), a partir de medidas propuestas por la Comisión Europea (2016):

Sin la inmensa capacidad del océano para absorber calor y el CO₂, los impactos serían mucho más severos que ahora […]. Debemos redoblar esfuerzos para hacer que los océanos sean más resistentes al cambio climático y a la acidificación. La atmósfera retiene solo el 1 por ciento del exceso de calor de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que el océano elimina más del 90 por ciento. La conservación y el uso sustentable de los océanos, mares y sus recursos es esencial para el DS. Sus contribuciones a la erradicación de la pobreza, a la seguridad alimentaria, a la creación de medios de vida sustentables y al trabajo decente, indican que la protección de la biodiversidad y del medio ambiente marino se deben tener en cuenta al abordar los impactos del cambio climático.

Para mostrar la presencia de mujeres en la sostenibilidad oceánica, se rescataron cuatro oceanógrafas pioneras con el objetivo de que el alumnado del Grado en Educación Primaria pudiera investigar sobre sus aportaciones, vida personal, profesional y obstáculos que tuvieron que superar. Se facilitaron textos de las científicas, fotografías, bibliografía, webgrafía y documentación diversa sobre los océanos. Se presentó una fotografía de cada una de las científicas acompañada de una frase y comenzaron la investigación sobre su vida y aportaciones, que finalizó con la elaboración de una biografía en la que se identificaron mecanismos de exclusión.

Tabla 1

Cuatro oceanógrafas pioneras

Josefina Castellví

(1935-)

En los hielos de la Antártida está escrita la vida del planeta.

Silvia Earle

(1935-)

Sin océano, no hay vida. Sin azul, no hay verde. Sin océano, no existiríamos.

Ángeles Alvariño

(1916-2005)

Escoge la profesión que amas, trabaja duro y con entusiasmo, y observa y ama a la Madre Naturaleza.

Aida Fernández Ríos

(1947-2015)

La ciencia es una tarea estimulante que ayuda a superar etapas difíciles.

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, el alumnado mostró satisfacción con sus producciones (biografías y póster), valoró la consecución de los objetivos propuestos y la necesidad de continuar su formación.

CONCLUSIONES

Respecto a las iniciativas de éxito examinadas, cabría decir que el programa ADVANCE ha servido para mostrar lo que se ha de cambiar en la academia a fin de que la situación sea más equitativa. Las ciencias oceánicas saldrán beneficiadas si el trabajo se entiende como empresa social que acoge lo mejor y lo más brillante. La investigación ADVANCE revela que las barreras para las mujeres tienen diversos orígenes; así, las estrategias para abordar una barrera dada deberían estar diseñadas de acuerdo con sus causas (SNF, 2019). Para incluir mentes excelentes en la empresa STEM es necesario transformar la institución, no «corregir a las mujeres». Además, esa transformación debe estar bien planificada (UNESCO, 2019).

Por lo que se refiere a las medidas de acción afirmativa de la COI-UNESCO, se muestra que a menudo son necesarias medidas específicas para compensar las desventajas históricas y sociales que impiden a las mujeres conseguir la igualdad, por lo que se han de tener en cuenta semejanzas y diferencias entre mujeres y hombres —así como sus diferentes papeles—, a la hora de diseñar programas de intervención. La COI-UNESCO espera animar a las chicas a seguir carreras STEM, y en particular en las ciencias del océano, a través de la promoción y difusión de los logros de las mujeres científicas.

En cuanto a la experiencia de Educación para la Sustentabilidad oceánica efectuada, se llevó a cabo una puesta en común final, en la que se puso de manifiesto lo siguiente:

La importancia de desarrollar un pensamiento crítico en el profesorado en formación inicial

Las dificultades que tuvieron que superar las científicas estudiadas y su afán de superación. En el caso de Alvariño se sabe, por su correspondencia, de su papel en defensa de los derechos de las mujeres y de la discriminación que padeció en La Jolla.

La necesidad de formarse en:

El saber de las mujeres que contribuyeron y contribuyen a la sostenibilidad del mar (oficios e investigación). Es decir, conocer aportaciones de pioneras y de mujeres actuales.

El conocimiento y la integración de los ODS de la Agenda 2030 en futuras propuestas didácticas.

La relación entre la educación científica, las ciencias marinas, el DS y la perspectiva de género.

Las características de los océanos, las amenazas del cambio climático y de la acidificación oceánica.

BIBLIOGRAFÍA

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— (2015): Solving the Equation: The Variables for Women’s Success in Engineering and Computing, American Association of University Women, Washington DC.

ÁLVAREZ-LIRES, F. J. (2012): Psicología, género y educación en la elección de estudios de ingeniería, Tesis doctoral, Universidad de Valladolid, Valladolid.

ÁLVAREZ-LIRES, M.; ÁLVAREZ-LIRES, F. J. y LORENZO-RIAL, M. A. (2019): «Recursos didácticos», Sustentabilidade en feminino (disponible en: www.marenfeminino.campusdomar.gal [consultado: 22/04/2019]).

CAVA, F.; SCHOEDINGER, S.; STRANG, C. y TUDDENHAM, P. (2005): Science content and standards for ocean literacy: A report on ocean literacy (disponible en DOI:10.13140/RG.2.2.12126.84804).

COMISIÓN OCEANOGRÁFICA INTERGUBERNAMENTAL UNESCO (2016): ¿Por qué un enfoque intergubernamental colaborativo es necesario para comprender y gestionar el océano? (disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246085_spa. [consultado: 22 de abril de 2019]).

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FAUVILLE, G.; STRANG, C.; CANNADY, M. y YING-FANG, C. (2018): «Development of the International Ocean Literacy Survey: measuring knowledge across the world», Environmental Education Research (disponible en DOI: 10.1080/13504622.2018.14 40381).

FLORE, P. y WICHERTS, J. (2015): «Does stereotype threat influence performance of girls in stereotyped domains? A meta-analysis», Journal of School Psychology, n.º 53, pp. 25-44.

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CAPÍTULO 14

FOMENTANDO LA PERSPECTIVA DE GÉNEROEN LA DOCENCIA DE LA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Eva Aguayo

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la adaptación de las titulaciones universitarias al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) no solo ha implicado la orientación hacia nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, sino que representa la oportunidad de no postergar la incorporación de forma transversal de la perspectiva de género en las distintas disciplinas, porque dado su interés y sus implicaciones sociales, es esencial avanzar en una formación basada en competencias que combine la adquisición de conocimientos y destrezas con la formación en actitudes y valores como la igualdad de género.

Las universidades —como transmisoras no solo de conocimientos, sino también de valores— tienen un compromiso social con la consecución de la igualdad de género, siendo los planes de igualdad una herramienta fundamental para la implementación de políticas públicas de igualdad en el ámbito universitario. Las unidades (oficinas) de igualdad[83] de las universidades españolas juegan un papel fundamental en la elaboración y coordinación de la puesta en marcha de este tipo de planes. La dotación de personal y presupuestaria a las unidades de igualdad son factores determinantes de su labor de coordinación del correspondiente plan de igualdad, y el grado de compromiso de los órganos responsables de cada acción es esencial para la ejecución del mismo.

La apuesta de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) por la defensa de la igualdad de género se consolidó con la aprobación, en Consejo de Gobierno del 16 de diciembre del 2013, del II Plan Estratéxico de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes (PEIOMH). Entre las novedades de este II PEIOMH, cabe señalar la creación de un área específica de «formación, docencia e investigación». Esta área se centra en la promoción de la integración de la perspectiva de género, reconociendo su papel como reformulación de los distintos campos de conocimiento y como ámbito de innovación docente e investigadora.

Tras un recorrido por las principales normativas favorables a la incorporación del enfoque de género en la educación superior española y reflexionar sobre su importancia, nos centramos en las acciones promovidas desde la Oficina de Igualdade de Xénero de la USC para el fomento de la integración de la perspectiva de género en la docencia. Actuaciones que van desde la convocatoria de premios y la celebración de la Xornada Universitaria Galega en Xénero (junto a las otras dos universidades gallegas) a la propuesta de acciones formativas en género dirigidas al personal docente e investigador.

MARCO NORMATIVO

En el ámbito del Estado español, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, el art. 4 en su apdo. 1.º establece: «El sistema educativo español incluirá entre sus fines la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia» y en su apdo. 7.º que «las universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de forma transversal».

En 2007, se aprueba la LO 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que en su art. 25 (relativo a la igualdad en el ámbito de la educación superior) indica que «las administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres» y «promoverán la inclusión en los planes de estudio en que proceda la enseñanza en materia de igualdad entre mujeres y hombres».

La normativa universitaria española también se pronuncia respecto de la igualdad entre mujeres y hombres. Así, en el preámbulo de la LO 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la LO 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, indica que la universidad debe ser «transmisora esencial de valores ante el reto de la sociedad actual para alcanzar una sociedad tolerante e igualitaria, en la que se respeten los derechos y libertades fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres».

Asimismo, la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en su disposición adicional decimotercera indica que «la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica promoverán la incorporación de la perspectiva de género como una categoría transversal en la investigación y la tecnología, de manera que su relevancia sea considerada en todos los aspectos del proceso, desde la definición de las prioridades de la investigación científico-técnica, los problemas de investigación, los marcos teóricos y explicativos, los métodos, la recogida e interpretación de datos, las conclusiones, las aplicaciones y desarrollos tecnológicos y las propuestas para estudios futuros».

En Galicia, el marco normativo para la igualdad se anticipa a la legislación estatal, con la aprobación el año 2004 de la Lei Galega 7/2004, do 16 de xullo, para a igualdade de mulleres e homes, que ha sido refundida en el Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposición legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. En el art. 20, relativo a las cuestiones de género en la educación superior, se establece que «la Xunta de Galicia fomentará, sin vulnerar el régimen de autonomía universitaria, la docencia y el estudio y la investigación de las cuestiones de género en el ámbito de la educación superior».

GÉNERO Y DOCENCIA UNIVERSITARIA

El balance de los años de implantación del EEES pone de relieve la persistencia de la senda hegemónica de una docencia universitaria que sigue sin valorar de forma suficiente la importancia de la perspectiva de género (Fabra, 2007; Pérez-Sedeño, 2008; Menéndez, 2013; Rodríguez Jaume et al., 2013; Bas et al., 2014; Vizcarra, 2015; Verge y Cabruja, 2017); así como los insuficientes avances en el necesario abandono de la denominada «guetización» del género, que limita este enfoque a materias específicas (Bosch y Ferrer, 2013; Asián et al., 2015; Alonso y Lombardo, 2016); y en la reducción de la brecha en la presencia del enfoque de género entre investigación y docencia universitaria.

A pesar del marco normativo, tanto estatal como autonómico, propicio a la integración de la perspectiva de género en el ámbito universitario, se constata que no es garantía de una inclusión efectiva (Saldaña, 2011; Donoso-Vázquez y Velasco, 2013; Aguayo et al., 2017; Rebollo et al., 2018).

Entre las causas de que este marco normativo favorable no se haya traducido en importantes cambios a nivel curricular en el ámbito universitario se señalan el no establecimiento de criterios, directrices o pautas específicas para la inclusión de la perspectiva de género (Verge et al., 2017); la falta de formación del profesorado en materia de género (Anguita, 2011; García Pérez et al, 2011; Rebollo, 2013); así como la falta de modelos a seguir (Donoso et al., 2014).

En este contexto, las unidades (oficinas) de igualdad de género de las universidades tienen un papel fundamental para la promoción de cursos de formación en materia de género para su profesorado, de la elaboración de materiales didácticos no androcéntricos, del uso de un lenguaje inclusivo y de la creación de referentes mediante la visibilización de las buenas prácticas implementadas en la integración de la perspectiva de género en la docencia universitaria, como la destacable colección de Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere (Xarxa Vives d’Universitats, 2018). Asimismo, la importancia de la colaboración entre unidades a través de redes como la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria (RUIGEU) de las universidades públicas españolas.

PREMIOS A LA INTRODUCCIÓNDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA USC

Desde el 2010, la USC convoca estos premios con el objetivo de poner en valor la docencia y la producción científica con perspectiva de género de su personal docente e investigador. Esta convocatoria se corresponde con la acción 2.12 del II PEIOMH, que da continuidad a la estrategia del I PEIOMH (2009-2013) para la promoción de la perspectiva de género en los contenidos de formación, enseñanza y de la investigación de nuestra universidad y avanzar en la consideración de esta perspectiva de forma transversal en cualquier actividad de carácter científico o académico, como criterio de calidad. Se contemplan dos modalidades:

Premios a experiencias docentes que incluyan perspectiva de género: el contenido debe tratar sobre una experiencia educativa innovadora relativa a la inclusión de la perspectiva de género en la docencia, realizada en el ámbito de la USC en los últimos tres años. La experiencia tendrá que incidir en la mejora de la enseñanza y del aprendizaje en la universidad (elaboración de materiales, aplicación de nuevas tecnologías, innovaciones en las prácticas y en los programas, acción tutorial, etc.) y se tendrá en cuenta que sea susceptible de ser trasladada a otros contextos de enseñanza superior. Entre los objetivos del concurso están impulsar la perspectiva de género en el ámbito de la docencia donde aún no está implantada y promover la incorporación de las herramientas conceptuales y los contenidos transformadores de género en todos los ámbitos.

Premios para investigaciones con perspectiva de género: se premian aquellos trabajos de investigación desarrollados en los últimos tres años en cualquier ámbito del conocimiento que incluyan la perspectiva de género en el planteamiento de hipótesis, diseño y proyecto, metodología e implementación de la investigación, así como en la publicación de resultados obtenidos.

Estos premios han tenido un impacto significativo en el personal docente e investigador de la USC, con 330 participantes que han presentado más de 100 propuestas, principalmente en la modalidad de investigación.

Tabla 1

Participación. Premios a la introducción de la perspectiva de géneroen la USC, 2010-2018

Participantes

Propuestas

Mujeres

Hombres

Total

Modalidad investigación

198

62

260

87

Modalidad docencia

62

8

70

34

Total

260

70

330

121

Fuente: Oficina de Igualdade de Xénero, USC.

Los resultados son coherentes con la existencia de un número significativo de grupos de investigación expertos en temáticas de género en nuestra universidad y su contribución al éxito de la convocatoria de estos premios. Otra de las iniciativas, desarrolladas por la Oficina de Igualdade de Xénero, fue el diseño y publicación de un catálogo de estos grupos de investigación para hacerlos más visibles.

Sin embargo, la menor participación en la modalidad docencia de los Premios a la Introducción de la Perspectiva de Género (34 de las 121 propuestas recibidas a lo largo de las 9 primeras ediciones) confirman la incorporación todavía parcial de esta perspectiva, que indicaba la actualización del diagnóstico (OIX, 2012). Aunque existen materias y estudios de postgrado específicos de temática de género (como el Máster en Educación, Género e Igualdad de la USC), la mayoría de las disciplinas de las titulaciones siguen sin incluir en sus programas y guías docentes ninguna referencia a la perspectiva de género.

A lo largo de las distintas ediciones anuales, los trabajos premiados abarcan un amplio abanico de diferentes áreas como la astronomía, ciencias políticas, economía, medicina, comunicación, psicología y geografía, entre otras.

Cabe destacar, que esta iniciativa de Premios á introdución da perspectiva de xénero na docencia e na investigación fue elegida por el European Institute for Gender Equality (EIGE) como una de las diez mejores buenas prácticas de promoción de la igualdad de género en las universidades y centros de investigación de entre más de cincuenta de toda la Unión Europea. Las nueve restantes son iniciativas de Dinamarca, Austria, Suecia, Lituania, Bélgica, Alemania, Portugal y Reino Unido. Esta selección se llevó a cabo en el marco de un proyecto del EIGE y la Dirección General de la Comisión Europea para la Investigación y la Innovación, centrado en la integración de la igualdad de género en las universidades e instituciones de investigación europeas y desarrollado, a lo largo de casi dos años, en varias fases: localización de iniciativas de estímulo y promoción de la igualdad de género, identificación de buenas prácticas y su inclusión en una herramienta en línea (Gear tool)[84] para apoyar a organizaciones investigadoras (como las universidades) en la creación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de igualdad de género.

XORNADA UNIVERSITARIA GALEGA EN XÉNERO

Desde el 2013, las unidades de igualdad de las tres universidades gallegas (Universidade da Coruña, USC y Universidade de Vigo) organizan de la Xornada Universitaria Galega en Xénero (XUGeX). Esta iniciativa conjunta trata de crear un punto de encuentro e intercambio del personal docente investigador para visibilizar las investigaciones en género y promover la creación de redes de colaboración. Esta actividad da respuesta a la acción 2.10 del II PEIOMH de la USC: «Estímulo para la formación de equipos interdisciplinares y redes de trabajo en temáticas de género».

Tras una primera etapa de recorrido por las tres universidades gallegas, centrada en la investigación en género, en el 2016 comenzó una segunda etapa de reflexión sobre la extensión de la incorporación de la perspectiva de género en la docencia universitaria. Como se recoge en las actas de la jornada (Aguayo et al., 2016), esta cuarta edición de la XUGeX permitió hacer balance del camino recorrido, de los grandes retos pendientes, así como compartir algunos de los logros en la integración del enfoque de género en disciplinas de diversos campos como la economía, la filología, las ciencias de la educación, la física, la química o la astronomía. Varias de las comunicaciones presentadas se corresponden con las experiencias docentes ganadoras en diversas ediciones de los Premios a la Introducción de la Perspectiva de Género de la USC.

En cada una de seis ediciones de la XUGeX se superó el número de 100 participantes, con un porcentaje de participación femenina por encima del 80 % en todos los años y un total de 223 trabajos presentados (58, correspondientes a la cuarta edición y a áreas temáticas específicas de la quinta y la sexta edición, centradas en la perspectiva de género en la docencia universitaria).

FORMACIÓN EN GÉNERO DIRIGIDAAL PROFESORADO DE LA USC

En 2007, el primer Diagnóstico sobre a Igualdade na USC pone de relieve el carácter discreto de la incorporación de la perspectiva de género en la investigación y la docencia. La actualización de este diagnóstico (OIX-USC, 2012) muestra, además de la mención especial al máster de Educación, Género e Igualdad, ciertos avances en la consideración de la perspectiva de género en la docencia de la USC, con su inclusión en algunas materias de 23 de las 48 titulaciones de grados ofertadas y en 10 de los 76 másteres oficiales. Su mayor presencia se da en las áreas de humanidades y ciencias jurídicas y sociales.

Estos resultados indican que siguen siendo muy necesarios los esfuerzos para promover la formación en género dirigida al cuerpo docente. Así, y dando continuidad al objetivo del I PEIOMH de promoción de la perspectiva de género en los contenidos de formación y enseñanza, la acción 2.2. del II PEIOMH se define como la Oferta de Acciones Formativas en Género dentro del Programa de Formación Innovación Docente.

El diseño e implementación de este itinerario formativo tienen como objetivo ofrecer al profesorado herramientas teóricas y prácticas, así como estrategias y actividades que permitan trabajar los contenidos docentes con una perspectiva de género. Como se recoge en la siguiente tabla, todos los cursos ofertados por la Oficina de Igualdade de Xénero han obtenido muy buenos resultados de evaluación, con una media superior a 4 (sobre 5 puntos) en todos los casos.

Tabla 2

Resultados. Evaluación de la satisfacción globalcon las acciones formativas

Lingua e estudos de xénero na docencia universitaria

4,50

Educación Superior e Xénero. Aspectos diversos

4,43

Así falan eles, así falan elas. A interacción de xénero na docencia universitaria

4,57

Criterios de uso dunha linguaxe non sexista na universidade

4,79

Docencia universitaria nunha sociedade plural: a perspectiva de xénero

4,10

Aplicación da perspectiva de xénero na docencia universitaria

4,33

Fuente: Área de Calidad de USC. Encuestas de evaluación de cursos OIX en el PFID (Campus de Santiago).

* Nota: la escala de valoración va desde 1 (muy insatisfecho/a) hasta 5 (muy satisfecho/a).

El curso Aplicación de la Perspectiva de Género en la Docencia Universitaria, coordinado por el Instituto de Ciencias da Educación y la Oficina de Igualdade de Xénero de la USC, abordó objetivos como conocer estrategias que permitan trabajar los contenidos docentes con una perspectiva de género, contando entre su profesorado con las autoras de algunas de las experiencias docentes ganadoras de los Premios a la Introducción de la Perspectiva de Género de la USC en la modalidad de docencia. Esto dio la oportunidad de compartir estas experiencias y la posibilidad de incorporar esta perspectiva en distintas disciplinas con los ejemplos de las iniciativas en materias dispares como astronomía (Ling et al., 2015), la ciencia política (Lois y Alonso, 2014) o la econometría (Aguayo et al., 2011) en nuestra universidad.

Los resultados de su evaluación ponen de manifiesto la buena acogida. La adecuación de la metodología empleada es el aspecto más valorado (4,76 sobre 5), seguido de la utilidad de la parte práctica para la aplicación de los contenidos teóricos (puntuación de 4,71). Siguiendo un enfoque teórico-práctico, el curso se desarrolló en clases presenciales con un carácter participativo, complementado con la disposición de un aula en el campus virtual para poner a disposición del alumnado la documentación necesaria para el trabajo de los contenidos del curso, para tutorías de atención a sus consultas y la entrega de la actividad práctica propuesta de inclusión de la perspectiva de género en la guía docente o en una actividad de alguna de sus materias.

CONCLUSIONES

El balance de las nueve ediciones de los premios a la introducción de la perspectiva de género en la USC revela que el número de trabajos presentados en la modalidad de docencia es mucho menor que en la de investigación. Estos resultados concuerdan con las preocupantes evidencias de una escasa inclusión de la perspectiva de género en los contenidos, objetivos, competencias genéricas o específicas de la mayoría de las disciplinas en las universidades españolas, a pesar de los avances en un marco legislativo propicio.

En este contexto, cobran especial relevancia todas las iniciativas que se puedan promover desde las unidades de igualdad universitarias y sus sinergias: la promoción de cursos de formación en materia de género dirigidos al profesorado, de la elaboración de materiales didácticos no androcéntricos, del uso de un lenguaje inclusivo y de la creación de referentes mediante la difusión de las buenas prácticas implementadas en la integración de la perspectiva de género en la docencia universitaria.

En el caso de la USC, cabe destacar la visibilización tanto de los trabajos ganadores de la modalidad investigación de los premios en las tres primeras ediciones de la Xornada Universitaria Galega como de las experiencias ganadoras en la modalidad docencia expuestas en la cuarta edición de esta jornada, centrada en la perspectiva de género en la docencia universitaria.

Las sinergias entre las iniciativas, implementadas para fomentar la incorporación de la perspectiva de género en su docencia en la USC, se han completado con la difusión de trabajos premiados en la modalidad docencia en los talleres de formación en innovación docente del PDI, promovidos por la Oficina de Igualdade de Xénero, contribuyendo a llevar a la práctica las estrategias que permitan trabajar los contenidos docentes con una perspectiva de género.

Dada la importancia del enfoque de género como transformador de la tradición curricular basada en un asimétrico modelo género-poder y como aportación de una mirada crítica hacia las discriminaciones (que conlleva una visión más integral de la formación), no debemos olvidar nuestro papel fundamental no solo en la transmisión de conocimientos, sino también de valores como criterio de calidad universitaria.

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SOBRE LAS AUTORAS

TERESA PORTAS PÉREZ

Licenciada en Filosofía por la Universidade de Santiago de Compostela, máster en Estudios de Género por la Universidade de Vigo e investigadora en Teoría Feminista. Su tesis doctoral se centra en la recepción del pensamiento político de Hannah Arendt en la teoría feminista contemporánea.

MARÍA TERESA GALLO RIVERA

Profesora titular interina de Economía Aplicada del Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de Alcalá de Henares y subdirectora del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social y de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Alcalá de Henares.

RUBÉN GARRIDO YSERTE

Profesor titular de Economía Aplicada del Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de Alcalá de Henares, director del Área de Análisis Territorial y Urbano del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social e investigador de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Alcalá de Henares.

ELENA MAÑAS ALCÓN

Profesora titular de Economía Aplicada del Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de Alcalá de Henares, directora del Área de Responsabilidad Social Corporativa del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social y directora de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Alcalá de Henares.

LUIS FELIPE RIVERA GALICIA

Profesor titular de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa del Departamento de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares e investigador del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social y de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Alcalá de Henares.

ALMUDENA VALIÑO CES

Doctora en Derecho, profesora de Derecho Procesal de la Universidade de Santiago de Compostela, máster en Mediación y máster Oficial en Derecho Privado. Es además ponente en múltiples cursos y jornadas, coordinadora de numerosas actividades científicas y autora de más de sesenta publicaciones.

MARÍA MACÍAS JARA

Profesora doctora de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá de Henares, especialista en derechos humanos y teoría del Estado, en particular: igualdad de género y representación política, violencia contra las mujeres, garantía de los derechos sociales o libertad de información, entre otros, temas publicados en múltiples obras colectivas.

CLARA MILENA CHACÓN CASTAÑO

Investigadora predoctoral del Departamento de Derecho Público, Área de Filosofía del Derecho, de la Universidade de Santiago de Compostela. Centra su investigación en la comparativa entre la legislación y jurisprudencia colombiana y española en el marco de la violencia de género.

JULIA AMMERMAN YEBRA

Investigadora predoctoral de Derecho Civil de la Universidade de Santiago de Compostela. Miembro del grupo de investigación De Conflictu Legum, centra su investigación en derecho de la persona, derecho de daños y derecho y género.

MARÍA CURROS ESPIÑO

Graduada en Educación Infantil por la Universidade de Santiago de Compostela en 2017, máster en Igualdad, Género y Educación e investigadora predoctoral en sociología, centrándose en el ámbito de la violencia de género.

MARÍA CARREIRO OTERO

Doctora en Arquitectura, profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidade da Coruña, desarrolla su investigación en el Grupo de Arquitectura y Urbanismo Sostenible (GAUS) de esta universidad.

CÁNDIDO LÓPEZ

Doctor en Arquitectura, profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidade da Coruña, desarrolla su investigación en el Grupo de Arquitectura y Urbanismo Sostenible (GAUS) de esta universidad.

ISORA PÉREZ RODRÍGUEZ

Arquitecta, investigadora predoctoral del Grupo de Arquitectura y Urbanismo Sostenible (GAUS) de la Universidade da Coruña.

SELINA UGARTE FIDALGO

Arquitecta, investigadora predoctoral del Grupo de Arquitectura y Urbanismo Sostenible (GAUS) de la Universidade da Coruña.

PAULA VÁZQUEZ GARCÍA

Arquitecta, investigadora predoctoral del Grupo de Arquitectura y Urbanismo Sostenible (GAUS) de la Universidade da Coruña.

MARÍA CRISTINA CARDONA MOLTÓ

Catedrática de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación en el Instituto Universitario de Investigación en Estudios de Género de la Universidad de Alicante. La educación para la igualdad de género en la formación del profesorado y el diseño y validación de instrumentos para medir su alcance son sus intereses investigadores.

MARÍA DEL CARMEN VERA ESTEBAN

Titulada superior en pedagogía de la danza y estudiante de doctorado en el grupo Diversidad, Educación y Género de la Universidad de Alicante. Su interés investigador se centra en analizar el impacto de la danza contemporánea en la mejora del bienestar psicológico en mujeres víctimas de violencia machista.

DIANA MORELA ESCOBAR ARIAS

Trabajadora Social, investigadora predoctoral en educación y estudios de la mujer dentro del Grupo de Investigación en Pedagoxía Social e Educación Ambiental (SEPA-interea) de la Universidade de Santiago de Compostela.

LUCÍA CASAL DE LA FUENTE

Psicopedagoga e investigadora del Departamento de Pedagogía y Didáctica de la Universidade de Santiago de Compostela. Investiga en educación vocal, innovación y equidad educativa.

MELCHORA PARDO DE GUEVARA SAINZ

Estudia Educación Infantil en la Universidade de Santiago de Compostela. Con experiencia laboral en campamentos deportivos; la psicología del desarrollo y la perspectiva de género en las aulas de infantil están entre sus temas de interés académico.

ÁNGELA SÁNCHEZ CASTRO

Graduada en Educación Infantil por la Universidade de Santiago de Compostela. Sus intereses académicos son la educación feminista en las aulas de Educación Infantil y la perspectiva de género, junto con la educación emocional y la psicología en la etapa de 3-6 años.

SARA VILAS QUEIRUGA

Graduada en Educación Infantil por la Universidade de Santiago de Compostela. Sus intereses se centran en la educación feminista, la educación emocional y el desarrollo integral de las personas.

ANDREINA IDIMAR VILLANUEVA NUNES

Graduada en Educación Infantil por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidade de Santiago de Compostela.

JUANJO LORENZO CASTIÑEIRAS

Doctor en Ciencias de la Educación, licenciado en Sociología y trabajador de Arabías Sociedad Cooperativa Galega. Sus líneas de investigación son ocio, tiempo libre y adolescencia, educación del ocio, ocio y calidad de vida, tiempos educativos y tiempos sociales, desarrollo comunitario y ruralidad.

Mª ALICIA RODRÍGUEZ ARIAS

Profesora de la Universidade da Coruña en el Departamento Didácticas Específicas y Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación. Sus líneas de investigación son discriminación de género en el contexto del empleo, desarrollo social y educativo y las nuevas tecnologías y el género.

ANA SÁNCHEZ BELLO

Profesora de la Universidade da Coruña en el Departamento de Pedagogía y Didáctica de la Facultad de Ciencias de la Educación. Sus líneas de investigación son el papel de las mujeres en la ciencia, la política educativa, la igualdad de género y la escolarización en género

FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ LIRES

Doctor en Psicología por la Universidad de Valladolid, profesor del Departamento de Psicología Evolutiva y Educación de la Universidade de Vigo.

TAMARA AMORÍN DE ABREU

Graduada en Educación Infantil, máster en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas y profesora invitada del Área de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidade de Vigo.

AZUCENA ARIAS CORREA

Profesora asociada en el Área de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidade de Vigo, maestra, licenciada en Ciencias de la Educación y en Psicología y doctora por la Universidade de Vigo.

MARÍA ASUNCIÓN LORENZO RIAL

Doctora por la Universidade de Vigo, graduada en Educación Primaria, máster en Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y profesora de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidade de Vigo.

JOSÉ FRANCISCO SERRALLÉ MARZOA

Doctor por la Universidade de Vigo. Catedrático de Física y Química de Enseñanza Secundaria, profesor de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidade de Vigo.

EVA AGUAYO LORENZO

Profesora contratada doctora del Departamento de Economía Cuantitativa de la Universidade de Santiago de Compostela, coordinadora de la Oficina de Igualdad de Xénero de la misma universidad desde 2012 y miembro del Centro Interdisciplinario de Investigacións Feministas e de Estudos de Xénero (CIFEX).

Ana Jesús López Díaz es doctora en Física por la Universidade de Santiago de Compostela. Profesora titular de universidad en el Área de Ingeniería Mecánica de la Universidade da Coruña (UDC). Desde 2012, directora de la Oficina para la Igualdad de Género de la UDC, responsable de la elaboración de los dos primeros planes de igualdad de esta universidad. Socia fundadora en 2015 de la Asociación de Mulleres Investigadoras e Tecnólogas en Galicia, AMIT-Gal, nodo gallego de la asociación AMIT, que actualmente preside. Desde 2018, vicepresidenta del Grupo Especializado Mujeres en Física de la Real Sociedad Española de Física.

NOTAS

[1] Conviene recordar que Hannah Arendt nunca se definió como feminista. Sin embargo, determinadas claves de su pensamiento resultan sumamente fértiles para los debates feministas actuales. <<

[2] Arendt recurre al concepto de natalidad para ejemplificar el carácter fundante del primer comienzo en el ámbito de la biografía humana, en contraposición al acento que sobre la muerte ponía la filosofía de la existencia y, en general, la tradición metafísica occidental. <<

[3] Este trabajo proviene de los resultados obtenidos del proyecto «El impacto de la violencia de género en España: una valoración de sus costes en 2016» impulsado y financiado por la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género en España, Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, y realizado por el Instituto Universitario de Análisis Económico y Social y la cátedra de Responsabilidad Social Corporativa, ambos de la Universidad de Alcalá. <<

[4] En Durán-Heras (2012) se reconoce que las mujeres prestadoras de servicios domésticos en su hogar son en realidad mujeres activas, aunque no cobren, dado que trabajo no tiene por qué ser sinónimo de empleo formal o remunerado. Los trabajos domésticos tienen un valor económico, pues, aunque no tenga lugar una transacción monetaria, contribuyen al aumento del bienestar al igual que cualquier bien o servicio provisto por el mercado. Por lo tanto, cuando dichos servicios no pueden prestarse, se incurre en un coste. Así, si una víctima está incapacitada por VG, puede verse obligada a solicitar a un familiar o amigo que complete temporalmente las tareas del hogar (incurriéndose en un coste de oportunidad) o contratar temporalmente a un(a) trabajador(a) doméstico(a) (incurriendo en un coste directo y tangible). <<

[5] Las empresas reconocen cada vez más el impacto sobre los resultados empresariales de la VG que sufren sus trabajadoras o ejercen sus trabajadores, de modo que se involucran en la realización de programas y actuaciones para prevenir la VG. Véanse, por ejemplo, las actuaciones del Corporate Alliance to end Partner Violence (CAEPV) de Estados Unidos y el Corporate Alliance Against Domestic Violence (CAADV) de Reino Unido (citados en Vara-Horna, 2015c: 94 y ss). En España este ámbito ha sido menos atendido, pudiéndose encontrar en los últimos años iniciativas como la de la Red de Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género, que promueve desde 2012 la actual Secretaría de Estado de Igualdad a través de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género y el Instituto de la Mujer y el Proyecto Europeo Carve «Companies Against Gender Violence», que plantea abordar la VG de manera global en el lugar de trabajo. <<

[6] Para aplicar este método se ha utilizado la información de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer realizada en 2015 (en adelante, Macroencuesta 2015) y todas aquellas fuentes de información secundarias que se han considerado relevantes para la cuantificación de las partidas de este itinerario; entre ellas la Encuesta de Población Activa (EPA), la Encuesta de Estructura Salarial (EES), la Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010 (todas ellas del Instituto Nacional de Estadística [INE]) y varias estadísticas procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal, el Portal Estadístico de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, Cruz Roja Española y el Observatorio del Sistema Universitario. <<

[7] Desde el punto de vista operativo, se considera que una mujer es víctima de algún tipo de VG si sufre al menos uno de entre los siguientes tipos de violencia: sexual, física, económica, psicológica de control o psicológica emocional (Mañas et al., 2019). <<

[8] Al efectuar los cálculos en las opciones A y B, se considera que el número de días que la actividad de las víctimas de VG se ha visto afectada (inasistencia a clases, trabajo doméstico no remunerado o cuidado de hijos menores, ambos no prestados o prestados en condiciones inadecuadas, ausencias laborales, etc.) es equivalente a 15 en el caso de aquellas que han sufrido lesiones físicas y/o sexuales que han limitado gravemente su actividad diaria, y a 5 en caso de aquellas cuyas lesiones no les han limitado gravemente su actividad diaria. En la opción C, se asume que el número de días que la actividad de las víctimas de VG se ha visto afectada es equivalente a 15 en caso de que la violencia física y/o sexual sufrida sea severa, y a 5 en caso de que la violencia sufrida sea moderada. <<

[9] Se ha efectuado el cálculo tomando como referencia el coste total obtenido y la ganancia salarial percibida por las mujeres según la EES realizada por el INE en 2016. <<

[10] En adelante, LECrim. La regulación de este precepto ofrece un estatuto integral, que «constituye un derecho de la víctima, que el juez debe aplicar no solo en los delitos, sino también, y esto es muy importante, en las faltas, nada más conocer la denuncia y oír a las partes, por supuesto, en el plazo entre 24 y 72 horas. Activará de forma inmediata, en una misma resolución judicial, medidas cautelares de naturaleza penal y civil, con el fin de evitar ese desamparo que se venía produciendo con las víctimas y dar respuesta a esa situación de riesgo». <<

[11] En adelante, LO 1/2004. <<

[12] Para apreciar esta situación objetiva de riesgo de la víctima se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes elementos: la gravedad del hecho cometido, el estado de salud de la víctima, la reiteración de los hechos, la existencia de condenas anteriores o de procedimientos penales en trámite por delitos relacionados con la violencia de género en los que la víctima sea la misma u otra mujer, el quebrantamiento de medidas cautelares y la comisión de los hechos en el domicilio común, dado que el hogar es el lugar donde las mujeres corren mayor riesgo de experimentar violencia. <<

[13] La cuantía de la renta activa de inserción es del 80 % del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual vigente en cada momento (véase Renta Activa de Inserción Protección por desempleo, abril de 2019 [disponible en https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/…/folleto_rai.pdf, p. 10]). <<

[14] Por un lado, a las trabajadoras por cuenta ajena, el mencionado art. 21 reconoce el derecho: a la reducción de jornada, con la proporcional reducción de salario; a la reordenación del tiempo de trabajo; a la movilidad geográfica y cambio de centro de trabajo; a la suspensión o extinción del contrato de trabajo o la determinadas ausencias o impuntualidades justificadas. Por otro lado, a las trabajadoras por cuenta propia, solamente se le reconoce el derecho a la suspensión de la obligación de cotizar a la Seguridad Social durante un periodo de seis meses si debiera paralizar su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, considerándose ese periodo como de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social. Y por último, a las funcionarias, cuyos derechos se prevén de manera específica entre los arts. 24 y 26 de la LO 1/2004, donde se les reconocen unos derechos semejantes a los de las trabajadoras por cuenta ajena, incluyendo en lugar de los derechos a la suspensión o extinción voluntaria del contrato, el de excedencia. <<

[15] Para profundizar en este tema, véase Valiño Ces (2019). <<

[16] Parece ser que las mujeres no se organizaron para propiciar cambios y realizar reivindicaciones en su beneficio hasta el siglo XVIII. Pateman (1995: 70-71), a propósito de la obra de Hobbes (1987). <<

[17] En adelante, AP. <<

[18] En adelante, TSJ. <<

[19] Temas como la prostitución, la violencia, el contrato parcial, el salario inferior por un mismo trabajo, el acoso, la dirección empresarial o la dirección política han sido cuestiones que han tenido y tienen que sufrir las mujeres por razón de su género —que no de su sexo— en virtud de lo que Barrère Unzueta llamó subordinación social y jerarquización del estatus social (Barrère Unzueta, 1997: 152-153). <<

[20] Por su carácter pionero y conciso puede tomarse como ejemplo Stöller (1968). <<

[21] El término género ya comenzó a utilizarse en la esfera internacional diez años antes, en la III Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre las Mujeres, celebrada en Nairobi, en 1985. <<

[22] En este sentido, el estereotipo se entiende como la idea o el conjunto de prácticas o el reparto de tareas y de funciones que se construyen históricamente por la sociedad predeterminando los comportamientos y las actitudes que se esperan del hombre o de la mujer. Revista Femenino Plural, Instituto Aragonés de la Mujer, n.º 55 (2003: 3). Igualmente, en «Guía para la evaluación del impacto en función del género», Aequalitas, n.º 15, julio-diciembre (2004: 19). <<

[23] En este aspecto, suele defenderse la «mixcitud del Universo» y el «derecho a la diferencia» de manera que «decir que los hombres y las mujeres son iguales no significa que sean idénticos: el principio de igualdad no excluye el reconocimiento de la diferencia» (AGACINSKI, 1998). <<

[24] Normativamente se ha incorporado la perspectiva de género, así como la evaluación de impacto de género en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (arts. 15 y 1, respectivamente) pero no tanto en la aplicación e interpretación judicial. <<

[25] https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx (consultado: 28 de marzo de 2019). <<

[26] http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html; http://www.nodo50.org/mujeresred/v-doc_oficiales.htm (consultado: 28 de marzo de 2019). <<

[27] En el concepto de «género» —que no de sexo— se apoya, a su vez, la noción de estereotipo o la de rol, entendidas como las ideas o el conjunto de prácticas o el reparto de tareas y de funciones que se construyen por la sociedad, predeterminando los comportamientos y las actitudes que se esperan del hombre o de la mujer y resultando una relación de subordinación de esta respecto de aquel (Macías Jara, 2004: 362-368). <<

[28] http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women (consultado: 28 de marzo de 2019). <<

[29] Cuando se observan cifras globales recientes, no es posible negar hablar de violencia y eliminar la perspectiva feminista en su concepto, observancia y tratamiento en las acciones del Estado. Se estima que de las 87 000 mujeres que fueron asesinadas globalmente en el 2017, unos 15 millones de mujeres adolescentes (de entre 15 y 19 años) de todo el mundo han sido obligadas a mantener relaciones sexuales forzadas (coito u otras prácticas sexuales forzadas) en algún momento de sus vidas. De ellas, 9 millones fueron víctimas de estas prácticas durante el año pasado (disponible en: http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against- women/facts-and-figures [consultado: 28 de marzo 2019]). <<

[30] Disponible en https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5947 (consultado: 28 de febrero de 2019). <<

[31] En adelante, LOVG <<

[32] Por todas, STC 132/1989, de 18 de julio, FJ 6. <<

[33] Sobre esta idea, véase Macías Jara (2011). <<

[34] Disponible en: https://www.amnesty.org/es/latest/research/2018/12/rights-today-2018-violence-against-women-online/ <<

[35] En adelante, CP. <<

[36] Artículo publicado en la edición de The New York Times de 15 de junio de 1889, en su página 8, y recogido por Lake (2016: 34). <<

[37] Anuncio de Folmer & Schwing Deceptive Angle Camera («cámara de ángulo engañoso»), de 1904, recogido por Rothman (2018: 14), reproducido por cortesía de The George Eastman Museum. <<

[38] La RAE recoge como segunda acepción de íntimo «dicho de una amistad muy estrecha» y como cuarta acepción «perteneciente o relativo a la intimidad, o que se hace en la intimidad». <<

[39] En adelante, CE. <<

[40] En adelante, TC. <<

[41] En adelante, TS. <<

[42] En adelante, LO. <<

[43] Otras leyes que contemplan previsiones similares son la LO 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que en su art. 41 considera ilícita la publicidad que comporte conducta discriminatoria de acuerdo con la citada LO 3/2007; o el art. 4.2 de la Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual, que establece que «la comunicación audiovisual nunca podrá incitar al odio o a la discriminación por razón de género […]», debiendo respetar la dignidad humana «con especial atención a la erradicación de conductas desfavorecedoras de situaciones de desigualdad de las mujeres». Esta misma ley prohíbe en su art. 18.1 «toda publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio». <<

[44] En 1994 se creó el entonces llamado «Observatorio de la Publicidad Sexista» para dar cumplimiento a los compromisos legales, tanto europeos como nacionales, de fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de las mujeres. El último resumen de datos publicado es el del 2017, en el que se muestran las campañas publicitarias que han recibido más quejas relacionadas con vulneraciones de la imagen de la mujer, así como los requerimientos, reclamaciones y otras actuaciones que ha realizado dicho organismo. Entre las primeras se aprecian imágenes que representan a las mujeres como «seres excesivamente excitables y carentes de autocontrol de sus emociones» o que responsabilizan a la mujer de la «posible violencia sexual que pudieran sufrir por estar bajo los efectos del alcohol» (esta última correspondiente a una campaña del Ministerio de Sanidad en la que se mostraba la imagen de una joven, junto con unos datos sobre consumo de alcohol por menores, y el texto «tras su consumo, se constata un mayor número de relaciones sexuales sin protección o no consentidas», campaña que tuvo que ser retirada de inmediato ante la enorme crítica que generó). El documento se puede consultar en el siguiente enlace: http://www.inmujer.gob.es/observatorios/observImg/informes/docs/informe_2017.pdf <<

[45] Asociación sin ánimo de lucro compuesta por anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación, etc., que se han vinculado de manera voluntaria y que deben acatar las resoluciones del tribunal de autocontrol. <<

[46] Además, en los últimos años se han creado organismos en las CCAA. En Galicia tenemos una comisión asesora de publicidad no sexista, que depende del Observatorio Gallego contra la Violencia de Género; y, en Andalucía, el Observatorio Andaluz de la Publicidad no Sexista es muy activo en redes sociales denunciando campañas publicitarias sexistas. <<

[47] Sentencia de la Audiencia Provincial (SAP) de Málaga, secc. 6.ª, núm. 894/2016, de 22 de diciembre (AC 2017/235). <<

[48] El anuncio de Media Markt contenía la imagen de dos mujeres con camisetas ceñidas y el lema «Verás las mejores delanteras del mundo», por lo que el Jurado consideró que no había una justificación legítima para vincular la promoción de productos de imagen y sonido con los pechos de las mujeres (RJAP de 7 de junio de 2006). En el caso Air Berlin se utilizaban las nalgas femeninas para la oferta de vuelos, no encontrando tampoco el Jurado justificación alguna a esta relación entre imagen y producto (RJAP de 20 de junio de 2006). Para un mayor análisis de estos casos véase Pérez Marín (2011: 1010). <<

[49] En el caso Noa Cacharel una joven, desnuda y simulando ser una sirena, saca del agua un perfume (RJAP de 31 de enero de 2007); en el caso Magnum, el rostro y hombros de una mujer aparecía bañado en chocolate, con la boca abierta, con clara connotación erótica, y con el texto «Nuevos chocolates Magnum. ¿Esperabas otro helado?» (RJAP de 15 de diciembre de 2005). Para un mayor análisis de estos casos véase Pérez Marín, 2011: 1010-1011. <<

[50] Los anuncios de Colhogar citados mostraban clichés estereotipados sobre mujeres solteras: «Clara, 28 años, la acaba de dejar su quinto novio»; o suegras: «Roberto, 39 años, no aguanta más a su suegra» (RJAP de 17 de julio de 2008). El caso Allianz versó sobre un anuncio en el que se ridiculizaba a una suegra que estrenaba el carnet de conducir y avanzaba a trompicones con el coche del yerno (RJAP de 10 de mayo de 2006). Para un mayor análisis de estos casos véase Pérez Marín (2011: 1012). <<

[51] «Confianza y seguridad de las mujeres en la Red», Guía del Instituto de la Mujer, 2014, pp. 11-13. Otras investigaciones muestran que son preferentemente ellas quienes sufren acoso sexual y violación de su imagen pública a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Así lo expresan Romo Avilés y Sánchez González (2018: 26-28). <<

[52] Se prevé la conducta del sexting, con su correspondiente agravante, en el art. 197.7 CP: «Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona. La pena se impondrá en su mitad superior cuando los hechos hubieran sido cometidos por el cónyuge o por persona que esté o haya estado unida a él por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia; la víctima fuera menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o los hechos se hubieran cometido con una finalidad lucrativa». <<

[53] Así lo entiende la SAP de Granada (secc. 1.ª), 351/2014 de 5 junio (JUR 2014/ 258699), FJ 1.º. <<

[54] Encontramos referencias al delito en especial en la jurisprudencia menor: SAP de Madrid (secc. 6.ª), 412/2017, de 23 de junio (ARP 2017/947), SAP de Barcelona (secc. 6.ª), 302/2017, de 24 de abril (ARP 2017/700), SAP de Madrid (secc. 27.ª), 515/2018, de 19 de julio (JUR 2018/220871). <<

[55] Los conocidos como sextorsión, en los que el cibercriminal coacciona a la víctima con contenidos (fotos y vídeos en su gran mayoría), que ha obtenido ilícitamente de su ordenador, para que tenga relaciones sexuales con alguien, o le envíe vídeos o imágenes pornográficas. <<

[56] FJ 3.º de la STS (Sala de lo Penal), 377/2018 de 23 julio (RJ 2018\3750). <<

[57] Entre otras, aparece la doctrina de in re ipsa loquitur en las SSTS (Sala de lo Civil), 19 junio 2000 (RJ 2000/5291) y 12 de junio de 2007 (RJ 2007/5658). <<

[58] Concretamente hemos encontrado 43 sentencias en las que se estima vulnerado el derecho a la propia imagen de mujeres: STS de 3 de noviembre de 1988 (RJ 1988/8408); STS 780/1993 (RJ 1993/6458); STS 234/1996 (RJ 1996/2371); STS 432/2000 (RJ 2000/2673); STS 367/2002 (RJ 2002/5108); STS 1116/2002 (RJ 2002/10274); STS 608/2004 (RJ 2004/3628); STS 628/2004 (RJ 2004/4316); STS 784/2004 (RJ 2004/4341); STS 735/2004 (RJ 2004/5462); STS 1020/2004 (RJ 2004/5907); STS 185/2006 (RJ 2006/1579); STC 84/2006 (RTC 2006/84); STS 539/2007 (RJ 2007/2325); STS 754/2008 (RJ 2008/4495); STS 789/2008 (RJ 2008/4628); STS 1050/2008 (RJ 2008/6054); STS 1106/2008 (RJ 2009/1268); STS 163/2009 (RJ 2009/1638); STS 388/2009 (RJ 2009/3385); STS 400/2009 (RJ 2009/3392); STC 23/2010 (RTC 2010/23); 442/2010 (RJ 2010/8002); STS 125/2011 (RJ 2011/2484); STS 278/2011 (RJ 2011/5713); STS 471/2011 (RJ 2011/4632); STS 586/2011 (RJ 2011/6138); STS 583/2011 (RJ 2011/6299); STS 592/2011 (RJ 2011/7380); STS 311/2012 (RJ 2012/5136); STS 441/2012 (RJ 2012/8355); STS 518/2012 (RJ 2013/2264); STS 799/2013 (RJ 2014/357); STS 11/2014 (RJ 2014/14); STC 19/2014 (RTC 2014/19); STS 42/2014 (RJ 2014/845); STS 219/2014 (RJ 2014/ 3301); STS 435/2014 (RJ 2014/4428); STS 166/2015 (RJ 2015/1145); STS 266/2016 (RJ 2016/2094); STS 538/2016 (RJ 2016/4713); STS 547/2016 (RJ 2016/4438); STS 746/2016 (RJ 2016/5997). <<

[59] De las sentencias referidas en la nota anterior, 22 de ellas se refieren a imágenes en donde la mujer aparece en top-less o desnuda. La STS 799/2013 (RJ 2014/357) relaciona la imagen de una mujer con negocios de prostitución. <<

[60] Véanse las STS 494/2002 (RJ 2002/7253); STS 1042/2004 (RJ 2004/6700); STS 166/2011 (RJ 2011/2770); STS 499/2014 (RJ 2014/5045); STS 355/2015 (RJ 2015/2544); <<

[61] STS 405/2014 (RJ 2014/4412) y STS 486/2014 (RJ 2014/4604), respectivamente. <<

[62] STS 592/2011 (RJ 2011/7380). También encontramos fotomontajes en los que el rosto de una mujer se une a un cuerpo desnudo, sin revelar que estamos ante una imagen falsa, en las sentencias STS 185/2006 (RJ 2006/1579); STS 586/2011 (RJ 2011/6138) y STS 592/2011 (RJ 2011/7380). <<

[63] Utilizamos el título del artículo de Pablo Ximénez de Sandoval: «#MeToo, año 1: cómo las mujeres perdieron el miedo», El País, 5 de octubre de 2018. <<

[64] En Tanzania, la casa albergue KWIECO construida en 2015 por Hollmén Reuter Sandman Architects. En México, un refugio del estudio Arquitectos González Pérez que fue finalista en los premios Obra del Año 2018. <<

[65] De la arquitecta Beatriz Cáceres. <<

[66] Las responsables de la Casa Malva nos hicieron partícipes de la necesidad de que el personal de estos centros con los que las mujeres deban mantener una relación directa sean mujeres. <<

[67] Indicadores técnicos: serie de instrumentos ligados a la construcción formal del espacio. <<

[68] Indicadores proyectuales: conjunto de aspectos vinculados al orden espacial. <<

[69] Inés Sánchez de Madariaga (2004) define así a aquellas dotaciones necesarias para poder afrontar las actividades habituales. <<

[70] Louis Kahn (1901-1974), arquitecto estadounidense considerado uno de los maestros de la arquitectura del siglo XX. <<

[71] Zonificación día/noche: Alexander Klein establece la división funcional en zonas de día y de noche, según el uso de las estancias de una vivienda. Así, el uso diurno se vincula con salón, comedor y cocina y el nocturno con los dormitorios. <<

[72] Espacios servidos y servidores: tal y como afirmaba Kahn, los distintos elementos arquitectónicos tienen relaciones, y para componer un espacio, es necesario analizarlas. Existen dos tipos de espacios: servidos y servidores. Los primeros, son el motivo por el cual se construye y que acogen las funciones principales. Los segundos complementan a los primeros. <<

[73] Ejemplos de imágenes y vídeos para trabajar: amor, odio, vergüenza, egoísmo, alegría, tristeza, culpa, satisfacción, envidia/celos, admiración. <<

[74] En la línea de los discursos actuales sobre documentación pedagógica y la importancia de visibilizar prácticas y compartirlas, creemos que sería de gran utilidad que este vídeo enlazase a algún espacio —como un blog— donde se pudiese saber más sobre el transcurso de las actividades, bien a través de fotografías, vídeos o textos —a modo de viñeta narrativa—. <<

[75] En adelante, LO. <<

[76] Sociología, Psicología del desarrollo, Educación multicultural, Intervención Psicológica en las discapacidades. Género, igualdad y educación, Servicios sociales y bienestar social, Educación de personas adultas y mayores, Educación de menores en desprotección y conflicto social, Intervención en contextos familiares de riesgo, Recursos y estrategias para la intervención en el tiempo libre y el Trabajo Fin de Grado. <<

[77] Sociología de la educación, Psicología comunitaria, Educación para la paz, resolución de conflictos y la ciudadanía, Dinamización de espacios de proximidad y participación social, Cuestiones filosóficas del mundo contemporáneo y Antropología de la educación. <<

[78] Educación permanente, Teoría de la educación, Métodos de investigación, Orientación ocupacional, Psicogerontología, Técnicas de recogida y análisis de la información y Educación y medios de comunicación. <<

[79] (Sociología, Acción socioeducativa con minorías y colectivos vulnerables, Educación multicultural, Intervención Psicológica en las discapacidades. Género, igualdad y educación, Servicios sociales y bienestar social, Cuestiones filosóficas del mundo contemporáneo, Educación de menores en desprotección y conflicto social, Orientación ocupacional, Prácticum I, Prácticum II y el Trabajo Fin de Grado. <<

[80] Sociología de la educación, Psicología comunitaria, Educación para la paz, resolución de conflictos y la ciudadanía, Evaluación y diagnóstico de necesidades socioeducativas y Antropología de la educación. <<

[81] Diseño y desarrollo de la acción socioeducativa, Historia de la educación, Métodos de investigación, Dinámica de comunicación y colaboración en la acción social, Desarrollo y prevención de conductas adictivas, Técnicas de recogida y análisis de la información y Administración local y acción cultural y educativa. <<

[82] En adelante, DS. <<

[83] Creadas en cumplimiento del mandato establecido en la modificación de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, aprobada en 2007. La USC fue una de las universidades pioneras creando la Oficina de Igualdade de Xénero en 2016, anticipándose al mandato legal. <<

[84] http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gear <<