Queimada Ediciones

C/ Julian Camarillo, 7

28017-Madrid

CORREO E: queimadaediciones@gmail.com

WEB: www.queimadaedicones.es

Diseño: Sancho Ruiz Somalo

Corrección y Maquetación: Queimada

Fotografia de Portada: Olmo Calvo

Fotografía de interiores:

Olmo Calvo, David Fernández y Alvaro Minguito

ISBN: 978-84-85735-69-3

Paul Krugman, Premio Nobel de Economía en 2008:

Lo más exasperante de esta tragedia es que era totalmente innecesaria. Hace un siglo, cualquier economista —de hecho, cual-

quier estudiante universitario que hubiese leído el libro de texto Economía, de Paul Samuelson— les podría haber dicho que la austeridad frente a una depresión era una idea muy mala. Pero los que elaboran las políticas, los expertos y, siento decirlo, muchos economistas, decidieron, en gran parte por razones políticas, olvidar lo que solían saber. Y millones de trabajadores están pagando el precio de su amnesia deliberada.

(Krugman, P., El desastre de la austeridad. El País, 31/01/2012.

COMENTARIO EDITORIAL

La idea de encargar un libro sobre la burbuja inmobiliaria en España, su estallido, las consecuencias que ha tenido para una gran parte de la población, las formas adoptadas por las clases populares afectadas para combatir sus consecuencias, y la forma en la que los principales responsables están eludiendo sus responsabilidades, tanto económicas como penales, surgió como reacción a una de las frases más oídas durante los últimos años y, como se comprobará más adelante, más falsas e injustas con la que nunca unos dirigentes políticos y económicos se han permitido insultar la inteligencia de «sus» ciudadanos: «la culpa de la crisis inmobiliaria la tenéis vosotros por haber pretendido vivir por encima de vuestras posibilidades».

Naturalmente, tanto la creación de la burbuja, como su estallido y las consecuencias de éste, tienen unas raíces y un origen muy concreto y que implica a la Banca, sobre todo a la más facilmente manejable por los políticos, las Cajas de Ahorros, los propios políticos y los constructores, una auténtica maraña de relaciones que ha permitido, con el enriquecimiento de todos los implicados, el mayor expolio económico producido en España en contra de la clase media y los trabajadores en general, incluyendo autónomos y pequeños empresarios.

El análisis de todo esto, del origen y consolidación de la burbuja y los entramados creados para sostenerla y engañar a los ciudadanos, junto con sus consecuencias, es el objetivo de este libro en su primera fase, puesto que la segunda está dedicada a las luchas y resistencias ante la situación y las actividades que diversas organizaciones han llevado a cabo, sobre todo, pero no solo, la PAH, para luchar contra esta lacra, mientras la tercera parte, lo que intenta es plantear alternativas, algunas ya en marcha, que permitan superar el círculo vicioso formado por el paro, los deshaucios y la exclusión social de los afectados, como se verá, un porcentaje nada desdeñable de la población española.

Naturalmente podíamos haber encargado el libro a un solo autor, pero nos parecía que podíamos ofrecer una mayor riqueza de planteamientos y experiencias si se lo encargábamos a diferentes autores. Una vez más, contamos con Jose Luis Carretero, esta vez no solo para preparar «su» parte del texto, sino también para coordinar al resto de los autores e intentar que el libro mantuviera una línea de estilo más o menos similar, labor que creemos ha conseguido sobradamente.

Como en el libro incluimos una reseña de cada uno de los autores que incluye su experiencia profesional, su participación en las luchas sociales y otros datos personales que explican muy bien por qué han sido elegidos para esta labor, no voy a extenderme aquí en este tema.

Pero sí quiero dedicar estas páginas preliminares del libro a comentar un factor sin el cuál el «lavado de cerebro» realizado por la clase dirigente sobre muchos de nuestros compatriotas no habría sido posible o, al menos, habría sido mucho más dificultoso: el papel jugado por la mayor parte de la prensa y otros medios de comunicación, y, sobre todo, algunos perodistas que no merecen ese nombre y que por prebendas, ventajas, sobres o, simplemente, connivencia con el poder, han puesto gustosos todas sus capacidades al servicio de una mentira que, repetida una y mil veces, ha llegado a cuajar en parte de la población que acepta resignada su supuesta parte de responsabilidad en una estafa pergeñada contra ellos mismos.

En primer lugar, como refrendo de nuestra teoría, vaya uno de los múltiples ejemplos que podríamos presentar, la publicación del Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Valladolid en 2012, llamada MITOS:

«.."Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, por lo que ahora toca apretarse el cinturón”…, a estas alturas de la película no resulta novedoso escuchar dicha expresión en boca de numerosos políticos, economistas, y periodistas, entre otros, en distintos medios de comunicación.»

Y como ejemplo de este papel de los medios en la propagación de esta mentira repetida una y otra vez, algunos testimonios recogidos de manifestaciones provenientes de un amplio espectro ideológico en los medios de comunicación..., si es que de verdad pensamos que existen grandes diferencias entre ellos:

Juan Luis Cebrián Presidente de El País:

«...El presidente de EL PAÍS, Juan Luis Cebrián, ha anunciado al Comité Intercentros que el próximo martes se formalizará el inicio de un Expediente de Regulación de Empleo que incluirá despidos, prejubilaciones y reducción salarial. Cebrián, que percibió 13 millones de euros en 2011, ha dicho que este "proceso doloroso" es ineludible porque "no podemos seguir viviendo tan bien"...».

(eldiario.es, 5-10-2012).

Dossier Empresarial (11 de enero del 2015)

«...El problema es cuando estamos gastando mucho más, pero que mucho más, de lo que tenemos y, peor todavía, preveemos tener. Es el “carpe diem” pero a lo bestia, sin contemplaciones y sin miramientos para las generaciones futuras. Pues exactamente ésto es lo que ha estado haciendo España, como país, durante un decenio: vivir por encima de sus posibilidades sin ningún tipo de pudor. Todos, no sólo el Estado, sino, y sobre todo, el sector privado...»

Francisco Marhuenda director de La Razón (02-07-2012, larazón.es):

«...Hoy somos conscientes de las debilidades estructurales de nuestra economía a la vez que hemos asumido que se ha vivido muy por encima de nuestras posibilidades...».

Basten estos ejemplos como refrendo de lo que hemos dicho. Podríamos poner muchos más, pero este no es un libro que pretenda apoyar las teorías que han sustentado la mayoría de los periodistas y medios que han colaborado con el sistema, que incluye al propio Gobierno y a todas las estructuras de poder que se relacionan con él.

Podríamos dar muchos nombres de periodistas y medios que han prestado su apoyo y colaboración a esta infame campaña, pero no merece la pena, están en la mente de todos y todos los hemos escuchado alguna vez.

Entre ellos, destacan incluso algunos con un pasado de colaboración indiscutible e indiscutida con el PSOE y que ahora se han convertido en adalides, no solo de las políticas, sino también de la ideología furiosamente neoliberal que ha ganado la batalla ideológica dentro del Partido Popular, muchos de cuyos seguidores son genuínos representantes de la derecha neonazi, esa que dicen que aquí no existe.

En los últimos tiempo, además, han proliferado personajes que, nadie ha explicado con claridad cómo, han conseguido crear prácticamente de la nada auténticos emporios de medios de comunicación que se dedican a destilar su bilis contra los derechos más elementales de los ciudadanos, todos los días, desde los púlpitos de las televisiones y las emisoras de radio

Sí sabemos que muchos de ellos han conseguido esas cuotas de poder que da la posesión de medios de comunicación apoyándose en leyes del propio PSOE y en la distribución de frecuencias a sus amigos políticos.

Desde estos púlpitos, bajo la falsa forma de los llamados debates, donde siempre se lleva a algún invitado de izquierdas para ofrecer algún viso de objetividad, se siembra permanentemente el mensaje de la culpa de los propios ciudadanos, de su responsabilidad en los problemas que los políticos con los que dichos medios colaboran no solo no saben, sino que no quieren, ni les interesa, intentar solucionar.

Por supuesto, la mayoría de estos programas, y la mayoría de estas cadenas y grupos empresariales, han tenido que ir cerrando a lo largo de los últimos años, en primer lugar por la mala calidad de sus emisiones, y en segundo lugar por la falta de credibilidad que, finalmente, han demostrado ante la mayoría de los ciudadanos.

Pero es muy dificil que los mensajes no lleguen a las conciencias individuales y, en el mejor de los casos, creen dudas en las personas de buena fe, cuando no directamente sensaciones de culpabilidad. Es muy dificil resistir el bombardeo constante y permanente de una ideafuerza repetida hasta la saciedad por la mayoría de los elementos que, se supone, tendrían la obligación de trasmitir a los ciudadanos una información objetiva y real y dar la palabra a las diferentes interpretaciones que sobre un problema determinado, como es el caso de la actual crisis, sus causas y sus posibles soluciones, se puedan ofrecer.

De hecho, en estos momentos, ¡cuantos no se están arrepintiendo de haber dado cabida en sus emisiones a los representantes de Podemos!, un partido que, en su inicio, recibió todo el apoyo de la mayoría de estos grupos de extrema derecha, en un intento de utilizarlos como un ariete frente a la izquierda tradicional además de intentar ridiculizar las teorías alternativas que algunos de sus miembros planteaban como opción política en un primer momento.

No es casualidad que los nervios cundan ante las perspectivas de los resultados de las elecciones europeas, lo de las elecciones griegas y las predicciones de las encuestas sobre intención de voto en nuestro país. Pero no hemos escrito este libro para hablar de Podemos, el futuro dirá si han sido el huevo de la serpiente de aquellos a quien más asusta una alternativa política de este tipo.

Estábamos hablando de la prensa y del papel que ha jugado en todo el proceso de culpabilización de los ciudadanos respecto a las consecuencias de la crisis, y para cerrar este comentario, queremos recoger un artículo publicado en la edición del País Vasco del diario El País, que no responde a la línea oficial ambigüa mantenida por el periódico, sino a la opinión de un colaborador habitual del mismo, Josu Montalbán, que en un artículo publicado el 20 de julio de este año, recoge mejor de lo que podríamos hacer nosotros la línea argumental que nos ha llevado a publicar este libro:

«Lo diga quien lo diga, yo no estoy de acuerdo con esa frase repetida incansablemente de que "hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”. No estoy de acuerdo porque no encuentro ninguna justificación para admitirla, pero además, no ha habido aún nadie que me haya ofrecido una explicación razonable y convincente.

Sin embargo, los responsables institucionales y los líderes políticos no paran de repetir la frasecita de marras para justificar la ineficacia con que los gobiernos y los políticos, en su gran mayoría, están abordando la solución de la crisis. Peor aún, su atrevimiento llega a tanto que incluso culpabilizan a todos por igual de lo ocurrido, de modo que la crisis, según ellos, ha sido consecuencia de que todos, absolutamente todos, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Nadie nos fija de antemano cuáles son nuestras posibilidades, pero en cuanto decidimos qué hacer con nuestras vidas, cómo emplear nuestro dinero, siempre aparece un impernente que nos imputa errores y responsabilidades. En realidad se trata de una frase hecha, de esas que tanto valen para un roto como para un descosido. Sirve para justificar todo pero no abre las puertas a ninguna solución. Eso sí, nos sume en una melancolía profunda porque, al fin, echa a nuestras espaldas no solo los sufrimientos propios sino también los ajenos.

Dependiendo de dónde proceda la frase es perversa y dañina. Quien la utiliza, o lo hace por salir del trance de su propia incomprensión de cuanto acontece, o lo hace para repartir cargas y responsabilidades que tiene asumidas. Se acusa de vivir por encima de sus posibilidades a quien compró una vivienda, sobrevalorada por el vendedor o la inmobiliaria, para lo cual tuvo que acudir a solicitar un crédito a una entidad financiera, conchabada con el vendedor, que tasó la vivienda a la ligera, pensando más en su lucro y en el de los constructores y promotores, y cargando al prestatario con una deuda por bastante tiempo.

Por otra parte, conforme ha quedado comprobado, el prestatario confiado en su prestamista, ha venido sufriendo abusos en sus contratos en forma de preferentes y cláusulas suelo integradas en la letra pequeña de los documentos contractuales. Pues bien, al final ha resultado que estas personas “han vivido por encima de sus posibilidades”.

Verdaderamente la frase se anula en el propio significado de las palabras que contiene, porque nadie puede vivir más allá de lo que alcanza con los medios de que dispone. Cuando alguien se ha endeudado, generalmente lo ha hecho en la medida que ha podido, conforme a las garantías que pudiera ofrecer para avalar un crédito, y siempre esas garantías han sido fijadas por el poderoso en base a sus condiciones familiares, económicas y laborales.

Por tanto, nadie ha hecho nada que no fuera posible, conforme a las reglas y cánones de cada momento. Resulta sobrecogedor, por ejemplo, que un desahuciado de su vivienda deba sentirse culpable de su situación de dificultad y penuria. Es discutible que se le pueda achacar alguna responsabilidad, pero es injusto y repugnante convertirle en culpable. ¿Culpable? ¿De qué? ¿De que no se cumpla el mandato constitucional que aboga por garantizar una vivienda digna a todos los españoles?

Culpabilizar de la crisis por igual a todos los ciudadanos es caer en la infamia más vergonzosa hacia los humildes que, por serlo, tienen diezmadas sus "posibilidades". Cabe culpabilizar, sin duda, a tantos defraudadores de la Hacienda Pública, esquivos de sus obligaciones y evasores de impuestos en paraísos fiscales. Esos sí que viven no solo por encima de sus posibilidades (que son más elevadas que la media), sino al margen de sus obligaciones.

La frase de marras ha resultado ser tan socorrida que tanto está sirviendo para culpabilizar a las personas como para hacerlo con los Gobiernos u otros grupos humanos. El lehendakari Urkullu también ha afirmado recientemente que Euskadi ha vivido por encima de sus posibilidades porque "no es posible vivir con las prestaciones de los países nórdicos y con políticas fiscales de los países del sur". Admitida esta reflexión última, resulta incontestable que no han sido los ciudadanos, uno por uno, los que han abusado y han vivido por encima de sus posibilidades, sino solo quienes se han enriquecido a mansalva aprovechándose del sistema.

Porque el sistema ha esquilmado a los más humildes ofreciéndoles pequeños "bienestares", y no cargando con impuestos suficientes a los poderosos, poniendo en riesgo el Estado de bienestar e incluso el sistema en que se ha venido soportando».

Esperamos que esta combinación de revisión histórica, puesta al día y análisis de alternativas que hoy publicamos, os parezca de interés y os sirva, como nos ha servido a nosotros, para conseguir una mejor visión conjunta del problema.

Salud.

INTRODUCCIÓN

José Luis Carretero Miramar

Crisis, desahucios, pobreza. Todas esas palabras se nos han vuelto familiares. Todos esos conceptos martillean nuestras conciencias desde el reflejo de la pantalla televisiva o desde la cruel realidad de los barrios en que vivimos. La gente está siendo desahuciada de sus casas, está siendo empujada a la más brutal exclusión social, a la miseria, a tener que recurrir a los bancos de alimentos. No toda la gente, por supuesto. También hay quien vive mucho mejor que antes. Y eso que antes ya vivía en el lujo y la opulencia.

Es la España de las tarjetas black y del turrón del año pasado, entregado a Cáritas para que algunas personas puedan comer algo. Es la España de quienes se corrompen entre cacerías y buen vino de borgoña y de quienes tienen que buscarse la vida en una casa ocupada, aún con varios niños que alimentar, pinchando la luz por no poder pagarla.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuál ha sido nuestra culpa o nuestro pecado? Los medios nos martillean con la febril letanía de que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, “hemos comprado a crédito lo que no podíamos pagar”. De verdad ¿Todos y todas lo hicimos? ¿Quién lo hizo, realmente? ¿No será más bien que unos están viviendo por encima de las posibilidades de otros? ¿Qué la clase trabajadora y las clases populares han pagado, continúan pagando y se pretende que paguen eternamente, el festín de las élites?

Para desentrañar esas dudas se ha escrito este libro. Es un texto colectivo en el que han intervenido muchas personas: activistas, periodistas, militantes sociales, profesores...

Tenemos entre nosotros a Juan Carlos Barba, animador del Colectivo Burbuja y conductor de su programa radial Economía Directa, especialista en la maraña económica del presente y del pasado inmediato. También tenemos a Gladys Martínez, Héctor Rojo y Eduardo Pérez, periodistas del quincenal Diagonal, un periódico ampliamente conectado con los movimientos sociales en general y con la lucha contra los desahucios en concreto. Son activistas, firmes conocedores del mundo económico y del drama de los desahucios. Nos acompaña Leticia González, aktivista y artista, militante de la PAH y de las corralas de la ciudad de Málaga. La voz de los sin voz que en este texto toman, también, la palabra. Contamos con Endika Alabort, economista, sindicalista, académico, un erudito en lo que se refiere a las biografías de los que mandan en este país. Y está el que escribe estas líneas, aficionado a juntar palabras para tratar de explicar lo que pasa a quienes tienen todo el poder, pero no lo saben, a quienes producen toda la riqueza, pero no la disfrutan, a los que sólo obtienen a crédito y pagando un precio impagable lo que ellos mismos construyeron con sus manos, sus mentes y la palpitación de sus alegrías y tristezas.

Este no es un documento académico aunque, desde luego, no huye del rigor, sino que lo busca. Tampoco es una colección de escritos sin intención alguna. Pretende ser una tentativa solvente de poner negro sobre blanco la maraña que nos ha llevado a este presente de devastación, pero también de hacerlo de una manera accesible. Queremos que todo el mundo pueda leerlo, debatirlo, confrontarlo, hacerlo suyo. Queremos que los lectores nos manden airadas cartas de repulsa y postales de felicitación. Pero, sobre todo, queremos ayudar a que quienes sufren lo más duro de la crisis sean también capaces de entender por qué, y de reflexionar sobre sus propias reacciones frente al gran monto de dolor social infligido por la actual fase del proceso de acumulación capitalista y por un régimen político hispano en plena deriva hacia su transformación.

Vamos a narrarles la historia de la mayor burbuja inmobiliaria que ha sufrido nuestro país, y de las luchas sociales que se han desatado cuando se ha pretendido que la gigantesca fiesta del ladrillo la paguen los más débiles. Habrá que tener en cuenta la ligazón entre el mundo político y la expansión del negocio inmobiliario. En este país se realizaron múltiples modificaciones legales, por parte de los poderes públicos, para facilitarlo, desde el favorecimiento fiscal de la compra de vivienda en propiedad hasta cuestiones relativas al registro de los contratos hipotecarios.

Es más, como ejemplo de ello, basta afirmar que el Estado Español ha acumulado en los últimos años varias condenas del sistema judicial europeo por haber imposibilitado la defensa de los deudores hipotecarios en el procedimiento de ejecución, inhabilitando toda posibilidad de alegar, con efectos suspensivos, la existencia de cláusulas abusivas en los contratos acordados con las entidades financieras.

Estamos hablando de un país con una legislación tan tendente a favorecer los intereses de constructores, promotores e inmobiliarias, que la dicción del artículo 105 de la Ley Hipotecaria no deja lugar a dudas:

«La hipoteca podrá constituirse en garantía de toda clase de obligaciones y no alterará la responsabilidad personal ilimitada del deudor que establece el artículo 1911 del Código Civil».

Como veremos, cambiar esta realidad, haciendo posible la dación en pago, se ha convertido en una de las claves esenciales del movimiento antidesahucios, Las consecuencias sociales de lo indicado en el artículo 105, ante la inexistencia de un procedimiento de insolvencia personal que permita un nuevo comienzo a los deudores, como ocurre en la gran mayoría de países de nuestro entorno, han consistido en la emergencia de situaciones de pobreza, en las que tras entregar la vivienda familiar, por no poder hacer frente a los pagos de la hipoteca, el deudor (muchas veces miembro de una familia con todos sus miembros en el paro), sigue debiendo enormes cantidades de dinero, dado el desplome de los precios de la vivienda, agravado, a estos efectos, por la legislación aprobada en estos años respecto a la subasta judicial del bien hipotecado.

Dejemos hablar, sobre los efectos de toda esta barahúnda legislativa, que incluía un procedimiento ejecutivo hipotecario sin posibilidades reales de defensa por parte del deudor, creada para favorecer el negocio inmobiliario, a un profesional jurídico: el abogado Diego De Las Barreras, letrado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca del madrileño barrio de Vallecas:

«El procedimiento de ejecución hipotecaria es un procedimiento muy sumario, muy inquisitorial. Yo al principio de la crisis trabajaba en las oficinas judiciales, que es donde te viene la gente para una primera asesoría y para tramitar la solicitud de justicia gratuita. Es un procedimiento demasiado rápido en el que prácticamente, como oposición a una ejecución hipotecaria, lo único que valía era la excepción de pago, o la excepción de pago parcial, o cuestionar la liquidación del préstamo, con lo cual prácticamente no dejaba casi opciones de defensa. De hecho, incluso a nosotros, no por escrito, pero si verbalmente, dentro de los Servicios de Orientación Jurídica, nos daban instrucciones de que ni siquiera tramitáramos las solicitudes de justicia gratuita de la gente. Para tramitar, por ejemplo, una solicitud de justicia gratuita la persona tiene que acreditar la insuficiencia de recursos, para eso te dan un plazo de diez días. Tú, cuando te llega la demanda de ejecución tienes un plazo de diez días para responder, con lo cual, si vas a pedir abogado de oficio te tienen que suspender ese plazo, porque en diez días no te da tiempo a recopilar la información con los documentos que acrediten la insuficiencia de recursos.

Y había juzgados que no suspendían el plazo. Es decir, que tú les mandabas desde una oficina de la Comunidad de Madrid un papel diciendo “que se paralice el plazo para contestar porque esta persona ha solicitado abogado de oficio”, y el juzgado lo tiraba al agua, no le daba la virtualidad que debería tener el derecho de asistencia jurídica gratuita.

No hay opciones de defensa, prácticamente”.

Esta rigorista regulación, transformada y complementada a lo largo de varias décadas para facilitar el negocio inmobiliario, contrasta con la actitud de los poderes públicos con respecto a los Bancos y Cajas españoles, que han sido reiteradamente rescatados, en muchos casos, con dinero público. El mismo dinero de los contribuyentes que, llegado el caso, va a responder del uso de la línea de crédito concedida en su momento por la Unión Europea para sanear las Cajas nacionalizadas para evitar su quiebra, como la madrileña Bankia. Como afirma el Informe del Defensor del Pueblo español titulado Crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo, de 2012:

«Las entidades de crédito se benefician de privilegios no reconocidos legalmente. Como empresas, ante su insolvencia están obligadas a solicitar el concurso de acreedores y en su lugar acuden a las ayudas públicas para superar su situación. Estas ayudas desbordan las previsiones legales (…) Estas ayudas son contrarias al principio de igualdad constitucional, puesto que evitan el concurso, ya que, para responder de sus deudas, los bancos no sólo cuentan con su patrimonio, sino que cuentan con las ayudas públicas (…) Son privilegios que se admiten como un mal necesario, constituyen medidas excepcionales que se justifican por el carácter especial de la actividad bancaria. Pero sólo implican ayudas para una de las partes de la relación sin que los beneficios se extiendan a la otra».

Esta situación, en el marco de la mayor crisis socioeconómico vivida por el sistema global desde 1929, y que ha impactado especialmente en el Estado Español, dará la lugar a la emergencia de numerosas luchas sociales y tentativas de auto-organización de la sociedad civil. La más conocida de ellas será, precisamente, la plataforma erigida por los deudores hipotecarios para tratar de evitar los miles de desahucios que, desde 2007, se van multiplicando por toda la geografía española.

Los desahucios y la lucha contra los desahucios. Los febriles movimientos de capitales y las titulizaciones de las hipotecas; y los brazos entrelazados de la gente que se para ante la puerta de un inmueble para resistir una carga policial, para intentar sostener la vida. De todo se hablará en estas páginas. También presentaremos alternativas, soluciones, propuestas. Y los mismos protagonistas de las luchas nos narrarán sus luces y sus sombras.

Como escribió el genial Mario Benedetti: «(...) cantamos porque llueve sobre el surco/ y somos militantes de la vida (...)». Seguimos cantando, es decir, seguimos escribiendo. Mejor o peor (eso les corresponde juzgarlo a ustedes), pero tratamos de construir herramientas para abrir el futuro a otro tipo de días y de primaveras. A otro tipo de sociedad, construida con la alegría de los más. De los que construyen las casas, pero no pueden pagarlas, o sólo pueden hacerlo al precio de una servidumbre por deudas cada vez más extendida.

LA GRAN BURBUJA ESPAÑOLA

Juan Carlos Barba Carretero

Corre el año 2006. Juan Pérez es licenciado en Económicas, interino desde hace dos años en una administración pública local, de 30 años, y con un sueldo anual de 15.000 euros. A pesar de que lleva opositando varios años no ha conseguido aún plaza en propiedad, aunque confía en que lo logrará. Lleva siete largos años de noviazgo con Teresa Rodríguez, licenciada en derecho, de 30 años también y empleada como secretaria de un directivo en una gran empresa del sector de la hostelería. Para Teresa es su tercer empleo y aunque con gran precariedad siempre ha ido mejorando. Actualmente gana 13.000 euros anuales. Teresa y Juan han conseguido ahorrar una pequeña cantidad de dinero, aunque menos de lo que quisieran, ya que hace dos años ―desde que Juan empezó su trabajo en la administración pública― que viven juntos de alquiler en un pequeño piso en la periferia de Madrid y los gastos son muy grandes, ya que los precios han subido de forma drástica desde hace unos años. Realmente mucho más que sus sueldos, y eso que ellos han ido mejorando. Pero no importa, las cosas pintan muy bien. Al fin y al cabo lo repiten sin cesar en la televisión. Todo el mundo lo dice. A Teresa tanto su madre como su futura suegra ―ya que tienen el proyecto de casarse― no paran de decirle que tienen que sentar la cabeza de una vez y comprarse un piso, ya que alquilar es tirar el dinero. “Aunque los pisos estén caros solo cuesta al principio, luego se pagan solos”, es la frase más repetida. La mayor parte de sus amigos ya se han casado y tienen su piso. Finalmente tanto Teresa como Juan ceden y deciden comprarse un piso. Cuando comienzan a preguntar por su barrio se dan cuenta de lo escandalosos que son los precios. A Teresa y a Juan les gustaría tener un par de niños, y los costes de una compra son tan altos que tienen que pensar en que conservarán el piso varios años, por mucho que se revalorice. Por tanto miran pisos de tres dormitorios. Pero se encuentran con la sorpresa de que, a pesar de que el barrio donde viven es modesto ―Carabanchel―, no hay forma de encontrar un piso que no se caiga a trozos por menos de 300.000 euros. Eso son 11 años de ingresos de los dos. Pero a pesar de ello acuden al banco, llevándose la increíble sorpresa de que no solo no les echan con cajas destempladas ante semejante pretensión, sino que les ofrecen todo tipo de facilidades para comprar su coqueto piso de 87 m2 en una promoción recién terminada construida en los antiguos terrenos recalificados de una fábrica. Y eso a pesar de que apenas tienen ahorros más que para pagar los gastos del notario y el IVA. Finalmente les queda una cuota mensual de 1.364 euros, el sueldo íntegro de Juan en 420 “cómodos” plazos: nada menos que 35 años: justo el año en que se jubilarán. Bueno, no importa, al fin y al cabo Juan sacará su plaza en propiedad casi seguro este año y a Teresa la ascenderán también muy pronto. El piso pronto valdrá 400 o 500.000 euros, por lo que en el peor de los casos lo venderán y ganarán un buen pico. Seguro que todo irá bien si lo dicen continuamente en la televisión.

Lo que Juan y Teresa no saben es que todo lo que les han dicho es mentira y que sus expectativas se han construido sobre un monumental engaño que tiene como finalidad que los 200.000 euros que supone la repercusión del valor del suelo en el precio de su vivienda acaben en el bolsillo de algunos políticos corruptos y de unos constructores igual de corruptos. Apenas unos meses después la mentira se derrumbará y comenzará la peor pesadilla de sus vidas. Teresa será despedida en un ERE de su empresa por la caída de las ventas (aunque los directivos al parecer siguen ganando lo mismo o más). Juan seguirá trabajando hasta 2011, pero no sacará su plaza al congelarse las oposiciones y será también despedido en los recortes de empleo público ordenados a miles de kilómetros de distancia. Finalmente les embargarán su piso y tendrán que irse a vivir, separados, a casa de sus respectivos padres, que por fortuna aún mantienen sus pensiones de jubilación. La única niña que llegarán a tener después de su boda en 2007 vivirá con Teresa en casa de sus padres, compartiendo su pequeño dormitorio, y Juan solo la verá un rato por las tardes al salir del colegio o cuando queden los tres en el parque público donde la niña, ajena a la situación, jugará alegremente con otros niños. Los padres de Teresa, muy tradicionales, considerarán a Juan un fracasado y les desagradará profundamente verle por su casa, algo que Juan percibirá, por lo que, sintiéndose culpable sin poder evitarlo, se resignará a la situación.

Esta pareja hipotética que hemos descrito es un ejemplo, y no de los peores, de lo que están viviendo millones de ciudadanos de nuestro país desde que en el verano de 2007 comenzara a estallar la burbuja inmobiliaria española, uno de los mayores disparates económicos que jamás hayan ocurrido en país alguno, y que destaca incluso en medio de una época de disparates como la que nos ha tocado vivir.

Cuando hablamos de la burbuja inmobiliaria española, cualquiera que la haya vivido, sea de la ideología que sea, convendrá en el brutal aumento de precios que se vio en la primera década de este siglo y también, cómo no, en la enorme actividad que tuvo el sector de la construcción en esos años. Pero aquí acaban los acuerdos. Sobre su origen, sus causas, las razones por las que se mantuvo tanto tiempo o incluso su tamaño hay un radical desacuerdo. Y no digamos ya en la valoración de las consecuencias. En estas páginas trataremos de introducir un poco de racionalidad en el debate e incluso especularemos sobre los puntos oscuros que aún persisten, a pesar de que mientras escribimos estas páginas se cumplen ya siete años de su estallido.

Lo primero que debemos aclarar cuando hablamos de un problema como este es del tamaño del problema. ¿Cuánto aumentaron los precios? ¿Es mucho o poco comparado con otros casos? ¿Cómo fue de grande la burbuja?

Sorprende cuando comparamos la burbuja española con la de otros estados es su gigantesco tamaño, solo superado por la burbuja de un pequeño país europeo, Irlanda. Si acudimos a la conocida publicación británica The Economist, podemos comprobarlo, como se ve en el Gráfico1. (ver página 201)

La precios del inmobiliario aumentaron mucho más incluso que en Japón en la primera fase de la burbuja (1985-1991), lo cual no dejará de sorprender a muchas personas. Pero no solo eso, sino que si tras el estallido de la burbuja en Japón, que sucedió unos meses antes, ya nunca han vuelto a aumentar los precios, en nuestro caso solo bajaron levemente durante unos años para después retomar la senda ascendente de una forma absolutamente desbocada coincidiendo con el inicio de la segunda legislatura de Aznar, hasta duplicarse de nuevo. En total los precios, respecto a 1984, se multiplicaron en términos reales por cuatro, mientras que en su punto álgido en Japón lo hicieron por 1,8 (respecto a 1976) y en EEUU por 2 entre 1997 y 2006.

En un mercado bien regulado como el alemán podemos comprobar la estabilidad de los precios, que se basa en el control del banco central del crédito hipotecario y en una regulación del suelo que dificulta mucho la actuación de los especuladores y de los corruptos.

Otra cosa que llama la atención es que a pesar de la bajada vista en los escandalosos precios de nuestro mercado inmobiliario, la burbuja aún se halla a menos de la mitad de camino para completar su corrección, por más que digan las voces interesadas que ésta ya ha terminado. Estas voces interesadas lo que quieren, evidentemente, es que retornen los buenos tiempos ―buenos para ellos, se entiende― y volver a ganar dinero de forma desaforada.

Pero no solo es importante el aumento de los precios, que se pudo dar localmente y en la misma escala en otros países como ocurrió en el caso de las burbujas parisina o londinense, sino el enorme volumen implicado, sin parangón en casi ningún sitio excepto, como hemos dicho, en Irlanda, o más recientemente en China. Recordemos cómo presumía Aznar de que aquí se construían más pisos que entre Alemania y Francia juntas, países mucho más ricos que nosotros y que suman más de tres veces nuestra población. Aznar, en estas declaraciones, nos recordaba a algunos a un alcohólico presumiendo de que bebe mucho más whisky que todos sus vecinos juntos.

Y lo peor es que si los chinos han construido mucho más de lo necesario, para ello han malempleando su propio dinero, pero los gobiernos del PP y del PSOE permitieron y fomentaron que se hiciera con dinero ajeno. Un saqueo sin parangón alguno, por su volumen, a cualquier otro que se haya dado en nuestra historia y que se puede cifrar, si nos atenemos a las plusvalías generadas por el suelo urbanizado en estos años en más de 500.000 millones de euros. Este dinero permanece en su mayor parte en los pasivos de las familias españolas (739.000 millones) o bien ya ha sido pagado. Otra parte permanece como impagados en los balances de los bancos (mientras escribimos esto son 184.000 millones), otra sigue refinanciada aunque posiblemente no se pague tampoco nunca (probablemente otros 90.000 millones) y otra más conforma los famosos y tan odiados por la ciudadanía rescates bancarios (unos 100.000 millones hasta la fecha). Si bien una parte importante de todas estas mareantes cifras ―más o menos la mitad― fue el coste de la construcción, el resto fueron las mencionadas plusvalías del suelo, que fue la razón fundamental para que la burbuja alcanzara tal dimensión, como explicaremos más adelante.

El Origen

No se puede comprender nuestra burbuja inmobiliaria sin entender cómo se gestó y organizó la transición española, con la cooptación de los partidos políticos principales por los centros de poder internacionales y la construcción de un sistema político de apariencia democrática pero en que la ciudadanía solo podía votar unas listas cerradas elaboradas por las cúpulas de unos partidos cuyo funcionamiento interno real era cualquier cosa menos democrático. Los medios de comunicación se encontraban controlados en su inmensa mayoría por poderes que apoyaban de forma activa este sistema político, de forma que la población se hallaba casi totalmente huérfana del alimento básico para una democracia representativa, que es el libre flujo de la información. En estas condiciones, con una población aterrorizada por el fantasma del caos, la violencia y la involución a la dictadura o la guerra, no es de extrañar que se aceptara una constitución escrita para proteger y preservar el equilibrio de poder franquista.

Si las cesiones del dictador a los EEUU habían sido escandalosas, tras su muerte, los nuevos dirigentes alcanzaron cotas de sumisión a los intereses foráneos que directamente se pueden calificar de abyectas, abriendo las fronteras a los productos extranjeros cuando nuestra industria estaba en una situación de extrema debilidad, abandonando toda política industrial y arruinando en pocos años sectores enteros de nuestra economía como fueron la pesca, la siderurgia, la industria naval y casi cualquier industria que pudiera ser competencia de las transnacionales de otras potencias. Una crisis bancaria de dimensiones descomunales mantenía continuamente contra las cuerdas al sector financiero y a los sectores productivos sin acceso a una financiación a unos tipos razonables ―una razón más de que no pudieran competir con el exterior―, y los gobiernos se sucedían uno tras otro sin ser capaces, si es que acaso lo intentaban seriamente, de dar una solución a esta.

Las escasas resistencias a las exigencias de Washington en el contexto de la Guerra Fría, como fueron las de Adolfo Suárez respecto a la entrada en la OTAN, se saldaron inmediatamente después de la ascensión de Reagan al poder con la fulminante, y poco explicada, dimisión de éste. Calvo Sotelo aprobó ipso facto la entrada de España en la OTAN, y Felipe González, en uno de los más vergonzantes cambios de chaqueta que se puedan recordar, lo refrendó y, con el acta de defunción de buena parte de nuestra industria bajo el brazo, firmó una humillante y ruinosa adhesión de España a la CEE, aceptando casi sin negociar todas las imposiciones que se les pudieron ocurrir a Alemania y Francia.

En estas condiciones, con un país arruinado, una industria arrasada y unos niveles de paro del 21,5% (desde el 4% de 10 años antes), impensables en cualquier otro país europeo, es cuando se gestó uno de los episodios menos estudiados de nuestra historia moderna, que no es otro que nuestra primera burbuja inmobiliaria. Como se puede ver en la Figura 1, los precios reales de la vivienda eran en esos momentos ligeramente más bajos que en 1975, y realmente no habían variado mucho, descontando la inflación, en casi 25 años. Pero todo cambió de repente. Los precios empezaron a subir de una forma desbocada y en un rally fulminante se multiplicaron en términos reales por 2,2 en algo menos de seis años (1985-1991). Fue una burbuja especulativa en la que muchos grandes patrimonios se refugiaron en el ladrillo ante la ausencia de oportunidades de inversión generada por las políticas aplicadas por los gobiernos sucesivos, cuyas motivaciones últimas desconocemos pero cuyas consecuencias son perfectamente conocidas: una economía desequilibrada, con un sector productivo débil y sin prácticamente apoyo estatal.

Tras el estallido parcial de la burbuja, el paro volvió a subir hasta el 24%, se produjo una masiva fuga de capitales debido a la pérdida de valor galopante de la peseta, y se desencadenó una nueva crisis financiera que se contuvo con la estrategia que los anglosajones conocen como extend and pretend. Les salió bien, y probablemente mucho mejor de lo que ellos mismos esperaban. Tras unos pocos años la suerte se alió con nuestra oligarquía por obra y gracia de los intereses de una Europa ansiosa por incluirnos en el precipitado y mal diseñado proyecto del euro. Ello provocó una brutal bajada de los tipos de interés, que unido al retorno de los capitales evadidos ocasionó una rápida subida de los precios, ya que una vez más las oportunidades de inversión en sectores productivos eran tan escasas que el inmobiliario se convirtió en la válvula de escape de los inversores y especuladores de todo pelaje. A ello se añadieron fuertes flujos financieros procedentes del exterior a partir de 1999. Si en 1992 debíamos al exterior 70.000 millones de euros, de los cuales además 2/3 eran inversión directa y por lo tanto capaz de generar ingresos, en 1997 esta cifra había aumentado ya a 130.000 millones, mientras que el porcentaje de inversión directa se reducía al 43%. Al acabar la segunda legislatura de Aznar la cifra se había multiplicado casi por tres hasta llegar a los 370.000 millones, mientras que la inversión directa ya solo era el 23% del total de la deuda externa. Esta inmensa cantidad de dinero se canalizó a través de la banca ―de hecho era la banca quien lo conseguía― para llegar a promotores y compradores finales. El consumo de cemento se había multiplicado por dos y los precios habían aumentado casi un 70% en términos reales.

Pero lo peor estaba aún por llegar. Tras la victoria de Zapatero, y actuando en dirección opuesta a la que pregonaba en su campaña electoral, se apretó aún más el acelerador. La deuda externa neta aumentó en solo cinco años 613.000 millones más, hasta rozar el billón de euros a finales de 2009. Mientras, la inversión directa disminuyó hasta un ridículo 4,6%. La producción de cemento y los precios de la vivienda habían conseguido aumentar otro 25%.

Ya solo entraba dinero caliente, especulativo, que se dirigía hacia un sector inmobiliario borracho de sí mismo. Pero aun así el esquema Ponzi en que se había transformado toda la economía del país ya no se pudo sostener y estalló en la segunda mitad de 2007, cuando ya dejó de entrar dinero suficiente como para alimentar la fiebre especulativa. Era el principio del fin, y el comienzo de uno de los mayores desastres que ha sufrido una economía en tiempos de paz, equivalente en casi todos sus parámetros (paro, caída de la producción industrial, caída del comercio) a la Gran Depresión en los EEUU. En la Gran Depresión, desde 1929 a 1933 (punto más bajo de la misma), el consumo de bienes no duraderos cayó un 29%, es decir, 3 puntos menos que en España en el período 2007-2012. En cuanto al consumo de bienes duraderos, éste descendió un 55%, nada menos que 17 puntos menos que los vistos en España actualmente entre 2007 y 2012. El paro también ha llegado a superar al de EEUU en esa época en unos dos puntos porcentuales.

Los grandes protagonistas de la burbuja, los que aportaron el combustible para que pudiera ponerse en marcha, fueron sin duda los bancos y cajas de ahorro. Si el incremento anual de su balance fue siempre inferior a 150.000 millones de euros hasta 2002, a partir de esa fecha perdieron cualquier tipo de mesura y salieron de forma masiva al exterior a pedir dinero prestado. De este modo en el paroxismo de la burbuja (2007) incrementaron su balance en 651.000 millones de euros solo durante ese año, en buena medida pedido a la banca e inversores extranjeros. Este, y no otro, fue el motor de todo lo demás. Fue la gasolina que alimentó el motor de la construcción, que sin ello se hubiera parado, como al fin y a la postre sucedió.

La banca española aprendió igualmente a utilizar los modernos instrumentos financieros que permitían titulizar las hipotecas en forma de bonos y cédulas, que se empaquetaban y se calificaban por parte de alguna de las grandes agencias de calificación como triple A ―la mejor calificación para los inversores―. De esta forma volvían a conseguir financiación para alimentar el monstruo en que se había convertido el sector de la construcción.

Se perdió totalmente la mesura en cuanto a evaluación de riesgos. Unos directivos absolutamente borrachos de avaricia, y que ya solo pensaban en sus bonus o en la expansión del negocio a costa de lo que fuera, concedían los créditos saltándose todas las reglas de prudencia del negocio bancario. Si tradicionalmente era necesario tener ahorrado previamente un 30% del coste de la vivienda para poder comprarla, en los peores momentos de la burbuja (2005-2007) daban con la mayor de las alegrías los préstamos, concediendo el 100% del valor de la operación, más el 10% de los gastos e incluso presionaban a los compradores para que pidieran aún más para amueblar la vivienda o cambiar el automóvil. Cualquier estrategia era válida si se trataba de aumentar la cifra de negocio.

Otra pieza necesaria para que esta desbocada maquinaria siguiera funcionando eran las tasadoras, que valoraban los inmuebles muchas veces a precios por encima de los de mercado, presionados igualmente por la banca. Total, si se suponía que iban a valer eso realmente al año siguiente, qué más daba. Y de hecho les salió bien durante bastantes años. TINSA, la mayor empresa de tasación, era propiedad de 35 cajas de ahorros, y su operativa habitual era tasar por encima de los precios reales de mercado para favorecer el que se concedieran los préstamos. Esto ocurría tanto con el comprador final como con el promotor que, la mayoría de las veces sin apenas capital propio pero sí con buenas relaciones y pocos escrúpulos, obtenía créditos millonarios.

El cuarto elemento imprescindible fue el regulador. El Banco de España (BdE) jugó un papel clave en el mantenimiento de la burbuja, pese a los avisos reiterados de los inspectores de la propia entidad de que el camino emprendido solo podía llevar al desastre. En el BdE se conocían perfectamente las prácticas de extremo riesgo en que estaba incurriendo la banca, como no podía ser de otra forma y demuestran los informes internos, pero se inhibieron totalmente del problema y no tomaron medida alguna para cortar de raíz la burbuja. Es evidente que había algún tipo de interés ajeno a la racionalidad económica que provocó esta actitud.

En carta enviada por la AIECA (Asociación de Inspectores de Entidades de Crédito del Banca de España) a la directora del Gabinete de Pedro Solbes (Ministro de Economía y Hacienda) el 26 de mayo de 2006, estos denunciaban la aterradora situación en que se encontraba el sistema financiero español, a pesar de las alabanzas a la fortaleza de nuestra economía que salían continuamente de boca del gobernador Caruana, el ministro Solbes y del mismo presidente Zapatero. Los inspectores destacaban la frágil situación del mercado inmobiliario y el riesgo evidente de consecuencias graves para la población y el sistema financiero en caso de corrección desordenada, así como la gran dependencia de la financiación exterior y la pasividad del supervisor, Caruana, para exigir un control de riesgos a las entidades financieras. Es decir, que se sabía perfectamente lo que podía ocurrir y no se hizo nada. Nos podemos imaginar la gravedad de la situación para que los inspectores se decidieran a puentear a su superior jerárquico y acudir directamente al ministerio de Economía. Por supuesto, no sirvió para nada. Evidentemente Caruana no actuaba de forma autónoma y el ministro Solbes no era sino una pieza más de la maquinaria necesaria para organizar el saqueo masivo de la población.

Durante estos años el tradicionalmente hipertrofiado sector de la construcción español reaccionó con una extrema agilidad, aumentando su tamaño de una forma exponencial. El consumo de cemento, que se había mantenido desde 1970 entre 1,3 y 2,4 millones de Tm/mes, a partir de 1997 empezó a aumentar de forma desmesurada, llegando a 4,6 millones de Tm/mes en 2006 y 2007. El número de afiliados en el sector de la construcción pasó de 1,7 millones al empezar 2001 a 2,6 millones acabando 2007. Y no solo eso, sino que multitud de actividades fueron creciendo a su alrededor, empezando por la misma banca, siguiendo por los servicios inmobiliarios y terminando por la industria asociada a la construcción. Eso por no hablar de los efectos indirectos que este dinero fresco que inyectaba la banca tenía sobre toda la economía. El número de empleos creados en los servicios creció 3,5 millones entre 2001 y 2008 y el de empleados públicos lo hizo en 0,7 millones, gracias a la bonanza transitoria que para las arcas públicas suponían los impuestos recaudados tanto por la enorme actividad constructiva como por el incremento general de la actividad económica.

A la vez que todo esto sucedía las cuentas exteriores de nuestra economía se iban deteriorando cada vez más, llegando el saldo de la balanza por cuenta corriente en enero de 2008 a unos increíbles 12.220 millones de euros en negativo, lo que equivalía al 14% del PIB de ese mes, una de las cifras más altas que se hayan dado nunca en ninguna economía del mundo, y posiblemente la más alta para una economía del tamaño de la española en tiempos de paz. Esto multiplicaba por 22 veces el saldo negativo del mismo mes de 1996. Esta pésima evolución provocó que la deuda exterior neta aumentara desde 150.000 millones antes de comenzar la burbuja (lo que era lógico para un receptor neto de inversión extranjera como nosotros) hasta casi el billón de euros en 2009. Esto es lo que vemos en el Gráfico 2.(ver páginas202)

Pero si bien todos los actores anteriores (banca, calificadoras, tasadoras y Banco de España) fueron necesarios para que se perpetrara el que, como veremos, ha sido y sigue siendo uno de los mayores saqueos de la historia moderna de una población por parte de una minoría, es evidente que sin la colaboración activa del poder político nada de esto hubiera sido posible. ¿Por qué ningún gobierno apercibió al gobernador del BdE para que cumpliera con sus obligaciones? ¿Por qué se negó sistemáticamente la existencia de la burbuja? Preguntas sin respuesta sobre las que trataremos de arrojar luz.

Como en las novelas de misterio, cuando se trata de buscar un culpable, lo mejor es seguir el rastro del dinero. Como hemos visto, la banca fue uno de los grandes beneficiados de la burbuja, no solo por la elevación estratosférica de su beneficio (se multiplicó por siete entre 1996 y 2008 según el propio Banco de España) sino porque pasaron de ser pequeños banqueros periféricos a aspirar a jugar en la primera división del sistema financiero mundial, comprando bancos en Latinoamérica y hasta en la cuna del capitalismo, el Reino Unido.

Pero el volumen de dinero implicado en la formación de la burbuja nos hace llegar a la conclusión de que hubo necesariamente muchos más beneficiados además de la banca. Si los precios se multiplicaron por dos en este período en términos reales y el total de crédito implicado para el sector rondó los 1,5 billones de euros, podemos deducir, sin temor a equivocarnos demasiado, que aproximadamente la tercera parte de ese montante acabó o acabará en los bolsillos equivocados. Como vemos una cifra muy superior al del incremento del beneficio de la banca en el período achacable a la burbuja, que se puede estimar en unos 100.000 millones de euros, una cantidad abultadísima en todo caso, pero que solo constituye una quinta parte del total.

Para entender dónde ha ido el resto del dinero hay que repasar cómo funcionó el sector durante el período de la burbuja. Básicamente las cosas se articulaban de la siguiente manera: en primer lugar los políticos locales, muy relacionados en general con las constructoras de la zona (a veces grandes y a veces no tanto) estaban puntualmente informados de la escasez de suelo edificable en el municipio cuando esta situación ocurría o se preveía que podía ocurrir de forma próxima. Se ponía entonces en marcha un nuevo plan urbanístico que implicaba la conversión de suelo rústico en suelo urbano, con las enormes plusvalías que ello implicaba (y que finalmente acababa pagando el comprador final). Este plan urbanístico en general se diseñaba no de acuerdo a las necesidades reales del municipio sino incluyendo los terrenos que facilitarían más las operaciones que describiremos a continuación, y que son la clave de todo el entramado de corrupción que rodeó el inmobiliario y cuyo único fin fue el enriquecimiento ilícito y obsceno de una pequeña minoría del país a costa de la mayoría. La práctica habitual consistía no en comprar los terrenos que se iban a urbanizar sino en proponer al propietario del terreno, en caso de que no fuera alguien metido en el “negocio”, la firma de una opción de compra a un precio superior al del terreno rústico pero muy inferior al que tendría finalmente el terreno urbano. Si el propietario se negaba a firmar se le hacía ver amablemente los peligros de que el plan se modificara por alguna razón ―siempre muy lógica― excluyendo precisamente sus parcelas. Pocos se negaban a firmar, y los que lo hacían finalmente solían ver cómo sus parcelas rústicas quedaban rodeadas de suelo urbano y sin ningún tipo de revalorización, sino todo lo contrario.

Tras la aprobación del plan, lo que solía suceder poco después del fin de todas las negociaciones con los propietarios, se cerraban las operaciones y el suelo luego era revendido (o incluso muchas veces las propias opciones), con beneficios del 90 o 95% (es decir, multiplicando por 10 a 20 los precios pagados) a las promotoras que finalmente se encargarían de la urbanización de los terrenos y la construcción de las viviendas. El negocio era redondo y solía incluir grandes montantes de dinero negro. Las cuentas en paraísos fiscales eran habituales en las grandes operaciones, y en el resto los maletines llenos de billetes de 500 euros cambiaban de manos con una alegría impresionante y terminaban en manos de los concejales, alcaldes e intermediarios o “conseguidores”, que solían ser personas muy conocedoras de cada zona. En nuestra opinión el grueso del dinero que cambió de bolsillos indebidamente en la burbuja siguió esta vía. Mucho se blanqueó siguiendo las prácticas habituales (negocios ruinosos que de repente eran comprados por la mujer o el hermano de un concejal y empezaban a dar beneficios astronómicos, por ejemplo) y el resto terminó en paraísos fiscales, generalmente en cuentas opacas utilizando sociedades pantalla, algunas de las cuales están comenzando a salir a la luz. La punta del iceberg, desde luego.

Pero el robo masivo de esa minoría no acaba aquí, ya que encontraron otro nicho de corrupción inacabable en la obra pública, que también estuvo sometida a una burbuja desmesurada. La sobrelicitación ascendió a casi 200.000 millones a lo largo de la primera década del siglo, de la que los políticos y concesionarias corruptos obtuvieron un beneficio difícil de evaluar con precisión. La enorme afición de los políticos a la obra pública tiene, está claro, su razón de ser fundamental en el gran negocio ilícito asociado a la gestión del suelo y de la obra pública. Todos ganaban..., excepto los ciudadanos.

Recordemos extraños casos como los de Valdeluz, un proyecto faraónico para construir una nueva ciudad de 30.000 habitantes en mitad del páramo de Guadalajara (término municipal de Yebes) y que fue anunciado tras conocerse que la estación de AVE de Madrid-Barcelona iba a ubicarse allí. Se relacionó a la familia de la política del PP madrileño Esperanza Aguirre con esta trama. Hubo también innumerables rumores en una línea similar durante las sucesivas ampliaciones del metro de Madrid, en que se relacionaba a políticos del PP madrileño con la decisión de ubicar las estaciones en lugares estratégicos para beneficiar a personas concretas en la revalorización de los terrenos.

No nos equivocaremos mucho si estimamos en una tercera parte de ese importe de 200.000 millones la magnitud del dinero desviado, a la vista de lo que se va conociendo de los casos de corrupción que van aflorando, y además hay que contar el daño social generado al inmovilizar unos preciosos recursos de capital en obras totalmente innecesarias. Baste ver algunos ejemplos emblemáticos como el soterramiento de la M-30 en Madrid (10.406 millones incluyendo intereses cuando el presupuesto inicial era 1.700 millones), el AVE Madrid-Barcelona (8.977 millones), la variante de Pajares (3.200 millones, de momento), la Terminal 4 de Barajas (6.200 millones), la línea 9 del metro de Barcelona (6.000 millones), la Expo de Zaragoza de 2008 (2.250 millones), la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (1.282 millones)..., la lista es absolutamente interminable, y el derroche llegó a todos los rincones de nuestra geografía, con rotondas inútiles, jardines tropicales en mitad de la estepa, palacios de congresos en medio de la nada o polideportivos en pueblos donde apenas había más que jubilados. Todo fuera por el maletín pasado de forma furtiva en una gasolinera de autopista en medio de la noche o por la cuenta de siete dígitos en un paraíso fiscal.

Pero los entramados de corrupción no acaban aquí, ya que existe también la cuestión de los avales firmados a proyectos privados como las autopistas (que nos han costado 4.500 millones hasta 2014 ) o los proyectos público-privados como la M-45 de Madrid o los nuevos hospitales de esa Comunidad que no entraban en presupuesto pero que suponen una losa brutal de deuda sobre las espaldas de las generaciones futuras. ¿Cómo es posible que se firmaran estos contratos leoninos que solo beneficiaban a las grandes empresas? Es absolutamente inconcebible que se firmaran contratos como los de las autopistas, que implicaban que si las cosas iban bien los beneficios eran para las gestoras de las autopistas y si iban mal pagaba el contribuyente..., a menos que hubiera algún interés por medio.

De forma poco sorprendente los proyectos público-privados han encontrado su mejor nicho europeo en nuestro país, algo silenciado en el debate público pero que es ampliamente sabido en las consultoras internacionales, que lógicamente lo difunden entre sus posibles clientes de las grandes empresas de infraestructuras. No hay evaluaciones oficiales del montante total de estos proyectos, pero con seguridad son varias decenas de miles de millones, dado que el gasto en años concretos, como 2011, ha superado los 3.000 millones de euros. Según el que tal vez sea único estudio independiente realizado hasta la fecha, el de Salvador Peiró y Ricard Meneu, el gasto es ligeramente mayor en estos hospitales de gestión privada que en los de gestión pública, con lo que el mantra de la eficiencia de lo privado frente a lo público con que se vende este modelo de gestión se viene abajo y surgen las preguntas sobre las auténticas razones para que los políticos se decanten por este tipo de gestión.

Podemos preguntarnos cómo se pudo llegar a esta situación que ha traído la ruina y grandes dosis de sufrimiento humano a buena parte de la población. Puede caerse en la tentación de que todo era un plan maquiavélico, pero lo más probable es que no fuera así. La corrupción urbanística relacionada con el suelo existe en España desde que, durante la dictadura franquista, se promulgara la primera ley del Suelo de 1956, hecha de forma evidente con la intención de que los grandes propietarios de suelo urbano se enriquecieran. Seguramente lo que ocurrió es que sencillamente la podredumbre del régimen franquista, perpetuada durante la salida en falso que supuso la transición, se la fueron encontrando los que se iban incorporando al sistema y la fueran adoptando como modo de vida y expandiéndola todo lo que podían con el fin de maximizar su beneficio. Muchos colaboraban y el resto consentían, callaban y cerraban los ojos. Por eso resulta tan enternecedoramente ingenua la carta de los inspectores del Banco de España al ministro. El sistema entero estaba corrupto, porque la corrupción era su modus vivendi, y por tanto la carta no podía acabar más que en un sitio, el olvido. Y lamentablemente así seguimos, como se ha podido comprobar en el reciente proceso de privatización de la sanidad madrileña, por poner un ejemplo, cuya gestión adopta, para enriquecerse, una empresa, Capio, que se parapeta tras sociedades instrumentales en paraísos fiscales (Islas Caimán) y de la que hay fundadas sospechas de que es manejada en última instancia por gente muy próxima al PP madrileño, los mismos que impulsan entregarle la gestión del jugoso negocio de la sanidad.

Se plantea también la importante cuestión de por qué se permitió a países como España tamaño endeudamiento durante la primera década del siglo XXI. Aunque no está aún totalmente claro, lo que sí que sabemos es que, según el Banco de Pagos Internacional, en 1993 el montante de lo que debían los bancos del resto del mundo a los bancos alemanes era 446.000 millones de dólares. En 2000 ascendía a 975.000 millones, mientras que en 2005 eran ya 2,1 billones y en 2007 nada menos que 3,5 billones. Un proceso similar siguieron los bancos franceses, suizos, holandeses, estadounidenses y sobre todo ingleses. El total de los activos financieros creados de la nada en el período 20002007 y prestados a terceros países llegó, en esos países, incluyendo sus paraísos fiscales como las Islas Caimán, a más de 16 billones de dólares, dinero que no fue obviamente fruto de un ahorro inexistente, ya que en su conjunto sus balanzas por cuenta corriente eran deficitarias. Es lo que se conoció como la financiarización de la economía, un proceso de creación masiva de dinero por parte de los bancos comerciales de algunos países ricos que se llevó a cabo mediante los instrumentos de titulización de activos, algo que se hizo de forma masiva por los bancos de estos países, cuya laxa normativa les permitía sacarse del balance los activos titulizados y seguir con el proceso de creación de dinero, llegando a apalancamientos de 30:1 o más. Surge la pregunta de por qué la banca de unos países hizo esto y en la de otros los balances aumentaron de forma mucho más modesta. La respuesta, en el caso español, la tenemos en la regulación del BdE que impedía a los bancos españoles sacar de balance los activos titulizados (bonos y cédulas hipotecarias, sobre todo). ¿Por qué se hizo así? Desconocemos la respuesta. Aunque resulta altamente sospechoso que este proceso de creación masiva de dinero se llevara a cabo en los países más poderosos del mundo de forma casi simultánea. Si no se trata de un robo a escala planetaria es lo más parecido que pueda imaginarse. Lo que sí que sabemos es que los intereses de esos préstamos de un dinero artificialmente creado son bien reales, salen de las rentas del trabajo de los países deudores, y están sirviendo para enriquecer al gran sistema financiero internacional a costa del sudor y sufrimiento de las poblaciones de los países que cometieron el error de endeudarse de forma masiva como el nuestro. Sabemos que aunque el dinero prestado sea “falso” (en el sentido de que no es fruto del ahorro sino inflacionario), el cobro de los préstamos se exigirá igualmente utilizando todos los medios a su alcance, como tuvo oportunidad el Reino Unido de demostrar a la pequeña Islandia cuando la población se negó a convertirse en esclava de por vida de los bancos ingleses. Este proceso, descrito sucintamente, es una suerte de colonialismo financiero moderno por el que las élites de los países poderosos extorsionan a las poblaciones de los países menos afortunados, en un gigantesco proceso de trasvase ilegítimo de rentas. Un efecto secundario de una globalización asimétrica pensada por y para los intereses de las grandes fortunas internacionales, que al fin y al cabo son también quienes controlan en su mayor parte los centros políticos de decisión en las grandes potencias. Ante semejantes resultados no resulta extraño que el aumento de la riqueza entre los millonarios del mundo haya sido tan brutal en las tres últimas décadas.

Pero si indignante es el saqueo masivo a que se ha sometido a la ciudadanía, también lo es la gestión de la crisis que se ha realizado. Escuchando al entonces presidente Zapatero a partir de 2004 podemos ver cómo se pasó por varias fases a cual más kafkiana. En primer lugar se negó la propia existencia de una burbuja. Simplemente éramos más ricos, nuestros pisos (quien lo tenía) valían mucho más, y por tanto debía estar contento. Todos ganábamos (¡oh, milagro!), todos felices. Quien quería comprar piso que no se preocupara, que en unos años valdría el doble. ¿Quiere un piso? Aquí tiene el préstamo. ¿No tiene la entrada? Sin problema, le damos el 100%. ¿Que tampoco tiene para los gastos? Pues el 110%, y también para los muebles, el coche, y para que no pongan pegas en riesgos hablamos con nuestro amigo de la tasadora y que lo tase un 30% más alto, total, si en unos meses va a valer eso... Como Juan y Teresa, nuestros amigos ficticios del ejemplo que abría este capítulo, millones de personas creyeron el discurso dominante y cometieron, en la mayor parte de los casos, el peor error de sus vidas, al embarcarse en enormes deudas a plazos larguísimos.

Cuando en 2007 empezaron a saltar todas las alarmas al iniciarse la crisis subprime en agosto con la quiebra de Blackstone en los EEUU, se decía que sin problemas, todos tranquilos, «vamos a tener un aterrizaje suave», «la industria va a tomar el relevo» y «que aquí no hay crisis».

Todos los indicadores adelantados como las encuestas de gerentes de compras o la confianza del consumidor empezaron a hundirse en el verano de 2007 mientras el Gobierno miraba para otro lado como si no fuera con ellos. Y hubo que esperar nada menos que hasta julio de 2008, cuando el paro ya había subido en más de 400.000 personas, para que el presidente se dignara a mencionar la palabra crisis. Inmediatamente se empezó a echar la culpa al entorno internacional (“la crisis viene de fuera”) y de forma orwelliana Solbes, tan solo dos meses después de que se mencionara por primera vez que había crisis, declaraba que «ellos nunca lo habían negado».

Por supuesto siempre se ha negado la auténtica gravedad de la crisis y se han menospreciado sistemáticamente las consecuencias sobre la parte más vulnerable de la sociedad. Hay indicios muy importantes de que se ha utilizado de forma masiva la mentira estadística, como sugieren las incongruencias de los diferentes datos económicos que se publican desde 2008. Los medios de comunicación se han prestado servilmente a este juego, salvo contadas y honrosas excepciones, y ha tenido que ser la ciudadanía la que en las redes sociales y en las calles se organice para denunciar y luchar contra una gestión de la crisis pensada casi exclusivamente para salvaguardar los intereses de los más poderosos.

Las consecuencias

Las consecuencias de toda esta locura en que entró la economía y la posterior gestión del estallido de la burbuja, además de la ruina y la miseria de millones de personas, supone una hipoteca para nuestro futuro nefasta, ya que los pagos netos debidos a esta deuda externa (balanza de rentas) se multiplicaron por cinco entre 1996 y 2007 y actualmente, y pese a la escasa rentabilidad de la deuda, supone el 3% del PIB, y eso gracias a los ridículos tipos de interés que se pagan. Esto es equivalente a más de la mitad del gasto en sanidad o educación y más o menos la cuarta parte del gasto en pensiones, lo que nos da una idea de la magnitud del problema. Y hablamos de un dinero que hay que desembolsar todos los años solo para pagar los intereses de la deuda y los rendimientos de las inversiones extranjeras, muchas de ellas puramente especulativas.

Esta carga supone una merma en el gasto en consumo público y privado que se puede estimar anualmente en el entorno del 10% del PIB¹. Si bien estas inversiones han supuesto una contribución a la renta nacional, es ilusorio pensar que pudieran compensar ni remotamente semejante rémora, dada la existencia de un inmenso stock de vivienda vacía², valorado en unos 350.000 millones de euros, que solo supone gastos para la sociedad, y una buena parte de las infraestructuras realizadas más bien por interés político o por corruptelas que por interés social. Si añadimos la edificación comercial e industrial vacía es muy posible que al menos la mitad de la deuda externa esté inmovilizada en inmuebles que tienen un aporte negativo a la renta nacional. El resto sí que tiene un aporte positivo de más o menos el 3 al 5% de su valor, y no estaremos muy lejos de la realidad si compensando aportaciones positivas y negativas la aportación neta de toda la burbuja inmobiliaria a la renta nacional, ésta se sitúa sobre el 3% del PIB, frente a un 10% de aportación negativa que ocasiona la deuda.

Para ponernos en contexto podemos comparar la factura debida a la deuda, consecuencia de la burbuja, con la factura energética, y nos daremos cuenta de que son cifras similares, ya que en 2013 el déficit energético fue el 4% del PIB. O con el gasto en I+D, que fue en 2013 un 1,3% del PIB. Si hubiéramos gastado en I+D lo invertido en la burbuja ahora estaríamos hablando de una economía totalmente distinta. O visto de otra forma, si gastáramos en I+D lo que sale todos los años al exterior en concepto de rentas e intereses seríamos una de las grandes potencias tecnológicas del mundo..., aunque soñar es gratis, ya que nuestra oligarquía, codiciosa como todas pero mucho más miope y obtusa, jamás sería capaz de comprender ni aprovechar las ventajas de los avances tecnológicos para los procesos productivos.

La problemática de la deuda es inmensa, ya que una vez que un país está metido en la trampa de la deuda externa entra en lo que se llama “efecto bola de nieve”, es decir, que si la economía no es capaz de generar un superávit por cuenta corriente que compense el servicio de la deuda y a la vez mantener el PIB nominal, de forma inevitable la deuda y el servicio de esta irán aumentando hasta provocar una crisis en la balanza de pagos ―en el caso de países con soberanía monetaria― o una crisis de deuda soberana ―en el caso de no tenerla como nos pasa a nosotros. Esto es lo que ocurrió hasta que, a finales de 2011, el BCE, con la inmensa potencia exportadora que es Alemania detrás, respaldara de facto las emisiones españolas y con ello cortara la crisis de deuda soberana de raíz.

Como demostraron los gobiernos del PSOE a partir de 2008 y del PP en su primer año, el primero forzado por los mercados y el segundo de forma voluntaria (emulando brevemente al nefasto canciller alemán de los años 30 del siglo XX Heinrich Brüning), la reducción del déficit por cuenta corriente provoca automáticamente un brusco aumento del desempleo, que es lo que vemos en el Gráfico 3 (ver página 203). Únicamente durante unos pocos años, coincidiendo con el último año de gobierno del PSOE de Felipe González y los tres primeros de la primera legislatura del PP de Aznar, pareció perderse esta relación, pero fue debido al efecto transitorio de la fortísima devaluación que había sufrido la divisa española (un 23% en total). Sin embargo, pasado este efecto, las reducciones del paro siempre conllevaron aumentos del déficit por cuenta corriente y por tanto de la deuda externa, y después del estallido de la crisis las reducciones de este déficit se saldaban con brutales aumentos del desempleo por la destrucción masiva de la demanda que causaba la falta de financiación exterior (2008-2011) o los recortes voluntarios en el gasto público (2012). Gráfico 3 página 203.

En el peor momento para el desempleo de esta crisis (principios de 2013), el paro rozaba el 27%. El coste de conseguir un superávit por cuenta corriente del 1,4% del PIB ―insuficiente para estabilizar la deuda externa― había sido la destrucción de 735.000 empleos y el aumento de casi tres puntos en la tasa de paro. Cuando el PP cambió su política deflacionaria, que sin duda hubiera llevado a un destino parecido a Rajoy que el que tuvo Brüning en la Alemania de los 30, la economía ni siquiera se había estabilizado, ya que por ejemplo las tasas de descenso en la actividad económica, medidas por los indicadores de servicios, construcción e industria, rondaban el 7%. Es decir, que de haber continuado esa política no cabe duda de que se hubiera conseguido estabilizar la deuda externa al lograr un superávit por cuenta corriente en el entorno de ese 3%, pero a un coste social inmenso, pues nos habríamos encontrado con un paro seguramente superior al 30% y sin posibilidad alguna ni margen de maniobra para hacer políticas de estímulo de la demanda.

Tras el abandono casi total de las políticas deflacionarias por parte del PP, hecho de forma silenciosa y mientras se mantenía el mismo discurso de forma oficial, rápidamente nos encontramos otra vez con un incremento drástico del déficit exterior, que si bien ha conseguido reducir levemente el paro en 2,5 puntos porcentuales, ha sido a costa de convertir el superávit mencionado del 1,4% en un déficit que en 2014 rondará el 1,5% del PIB, volviendo de este modo insostenible, de nuevo, la situación de la elevadísima deuda externa. Una bomba de relojería que estallará tarde o temprano provocando una nueva crisis de deuda soberana, dado que no es de prever que el BCE respalde eternamente las emisiones de deuda españolas.

Estamos, pues, y debido básicamente a la herencia de la burbuja inmobiliaria, en un callejón sin salida a nivel macroeconómico, que se traduce en unos elevadísimos niveles de paro que solo sería posible reducir en el marco actual con mejoras drásticas en la capacidad productiva. Algo que no se está haciendo y que la propia situación de la deuda y las dificultades presupuestarias que ocasiona hace cada vez más difícil de implementar aunque hubiera voluntad política para ello.

Otra consecuencia dramática de la crisis provocada por el estallido de la burbuja es la reducción del presupuesto para protección de la infancia. En una época en la que las elevadísimas tasas de paro hacen que haya muchos más niños cuya situación familiar ―uno o ambos progenitores en paro, deudas― se encuentren en una situación de pobreza, con problemas de malnutrición a la orden del día. En gasto en protección familiar ocupamos un penoso puesto en el contexto europeo. Según Eurostat, en 2011 (últimos datos publicados cuando se escriben estas líneas), el gasto era un 44% de la media de la UE-15, un 39% del francés, un 29% del alemán y un 17% del danés. Es muy probable, además, que la situación haya empeorado desde entonces, ya que es cuando se ha aplicado el grueso de los recortes. Se ven claramente las prioridades de los gestores de esta crisis. No es de extrañar, por tanto, que según UNICEF, el estado español sea el tercer país rico con más niños en situación de pobreza, nada menos que un 36,3%. Los 270 euros per cápita que gastó en 2011 nuestro país en protección a las familias supusieron un desembolso para las arcas públicas de 12.420 millones. Comparemos esto con las cifras que dimos antes de rescates a los bancos, o con las invertidas en faraónicos proyectos de inútiles infraestructuras o instalaciones públicas. Es ampliamente reconocido entre los estudiosos del desarrollo y de la igualdad que la inversión en protección a la infancia es lo mejor que se puede hacer para reducir la desigualdad social y fomentar el desarrollo económico, sobre todo en la primera década de la vida. Es más, una escasa protección a la infancia como la que padecemos ocasionará muchos más gastos en protección social en el futuro, ya que los niños criados en la pobreza tienen un riesgo mucho mayor de continuar en esa situación en la edad adulta. Es lo que se conoce como la ecuación de Heckman, en honor al premio Nobel de Economía de 2000, que lo demostró como se puede ver en el Gráfico 4 (ver página 204). Y sin embargo vemos cómo estos hechos se ignoran sistemáticamente por nuestros gestores. Posiblemente la razón real es que se opongan a reducir la desigualdad o el desarrollo, si ello puede perjudicar su privilegiada posición, además del hecho de que los niños sencillamente no votan y los padres y madres de las familias con escasos recursos apenas tienen voz ni capacidad para presionar a nivel político, ya que la resolución de sus problemas cotidianos les absorbe casi toda su energía.

Las consecuencias a nivel humano del estallido de la burbuja desde luego no se detienen en el aumento intolerable y alarmante de la pobreza infantil. Podemos destacar el aumento del paro de larga duración, que se multiplicó por seis entre 2008 y 2012 según el INE. El paro de larga duración es muy conocido entre los estudiosos del tema que tiene unas consecuencias devastadoras sobre la salud física y psíquica de las personas, y a pesar de ello no se ha establecido ningún tipo de programa eficaz para luchar contra ello, fuera de impartir unos cursos de formación que finalmente hemos podido saber que simplemente eran un nicho más de corrupción para los de siempre. En palabras de Thomas Cottle, de la Universidad de Boston, «el desempleo de larga duración tiene efectos devastadores a nivel físico, psicológico y espiritual». En 2014 había alrededor de tres millones de personas en esta situación. La magnitud se refleja en el Gráfico 4 (ver página 204)

También resulta muy significativo que los sucesivos gobiernos hayan actuado como meros colaboradores, muchas veces entusiastas, de los dictados de los organismos internacionales. Eso nos hace ver la sumisión absoluta de nuestras élites a sus homólogos de las grandes potencias, y el desprecio total que muestran ante el sufrimiento de la población a la que deberían proteger y por cuyos intereses deberían velar. No menos significativa es la hipocresía de la oligarquía internacional, que impone a los países del Sur de Europa políticas que implican sacrificios a sus habitantes que jamás se atreverían a imponer en sus respectivos países. Presumen de su mejor situación cuando ya hemos visto que esto se debe en su mayor parte a los recursos obtenidos gracias a una globalización financiera asimétrica que permite esa transferencia masiva de rentas de la mayor parte de los países hacia las grandes potencias que dominan el FMI, el Banco Mundial y la OMC.

Los desahucios ha sido también uno de los dramas humanos que se ha incrementado de forma exponencial durante la crisis, multiplicándose al menos por cinco. El número exacto no es conocido, pero según las PAH (Plataformas de Afectados por la Hipoteca) se acercaría ya a 200.000. En este caso solo la acción decidida de la ciudadanía organizada en torno a las PAH logró que se diera cobertura mediática a este enorme problema, aunque en la mayor parte de los casos esta tuvo un sesgo claro de apoyo a las medidas de la banca y a la represión policial, muchas veces utilizando una violencia desproporcionada contra los ciudadanos que trataban de impedir los desahucios. Aunque el éxito de las PAH en sus iniciativas por modificar las leyes ha sido casi nulo, sí que al menos han conseguido que este problema sea ampliamente conocido y que muchos desahucios se hayan paralizado o pospuesto.

Muy relacionado con este problema está el de las ejecuciones hipotecarias. Estas han aumentado también de forma drástica desde que comenzó la crisis. A finales de 2012 superaban las 250.000 y había casi otras tantas aún sin tramitar. Recordemos que, según las leyes españolas, una ejecución hipotecaria convierte durante 20 años (lo que en la práctica equivale a decir de por vida en la mayor parte de los casos) a quien la sufre en un zombie financiero: no podrá tener una nómina digna, pues le será embargada, no podrá pedir un crédito, no podrá tener una tarjeta de crédito, ni un contrato de servicios eléctricos, gas o teléfono... Se verá abocado a sobrevivir en la periferia del sistema, con trabajos en negro, sin poder cotizar a la Seguridad Social, con lo cual tampoco disfrutará de una pensión en su vejez. Una vez más los gobernantes han hecho caso omiso de estos centenares de miles de dramas humanos y solo se han preocupado de proteger los intereses de la banca. ¿No hubiera tenido mucho más sentido rescatar al medio millón de personas en riesgo de ejecución que a la banca? ¿No hubiera hecho eso igualmente descender las insoportables tasas de morosidad del sistema financiero con unos resultados para la sociedad infinitamente mejores? Pero en ningún momento se ha planteado más que en círculos ciudadanos semejante posibilidad, algo a lo que se ha hecho obviamente oídos sordos desde los sucesivos gobiernos.

Las acciones de las PAH han provocado también la reacción violenta y represiva del Gobierno, que ante la nueva estrategia de los escraches públicos a los políticos optaron por criminalizar esta forma de protesta que amenazaba con hacer imposible el día a día de los políticos responsables de no poner coto a las inhumanas acciones de los bancos respecto a los hipotecados en mora.

La represión violenta no ha terminado ni mucho menos aquí. Durante estos años hemos asistido a acciones desproporcionadas de las fuerzas policiales, que se han saldado con centenares de heridos o a espectáculos dantescos más propios de regímenes dictatoriales como manifestaciones totalmente pacíficas en las que había más presencia policial que manifestantes.

Las multas astronómicas a gentes casi sin medios económicos por participar en protestas o incluso simples reuniones en la vía pública han sido la tónica general durante estos años y los juicios por acciones hasta ahora vistas como normales, como participar en piquetes informativos pacíficos, se han convertido en habituales. Como los casos de Urzi y Telle, dos jóvenes condenados a 2 años y medio de cárcel por unas supuestas pintadas realizadas durante la huelga del 29 de marzo de 2012. En esta misma fecha se detuvo en Cuenca a otros dos jóvenes que se enfrentan en el momento de la redacción de este texto (octubre de 2014) a una posible condena de siete años de cárcel por un supuesto delito de atentado a la autoridad, sobre el que hay muchas dudas dadas las numerosas contradicciones en que incurrieron los testigos de la acusación durante el juicio. Y estos son solo unos pocos ejemplos de la multitud de casos que se están dando.

Mientras escribimos estas líneas nos encontramos a la espera de que se apruebe y entre en vigor la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, una ley de corte claramente dictatorial que supondrá un recorte drástico de los derechos de los ciudadanos en materia de libertad de expresión y de reunión y que a todas luces está dirigida contra las protestas ciudadanas organizadas. La deriva autoritaria del régimen se hace, de este modo, cada vez más peligrosa.

Se han visto también proliferar las acciones amorales y muchas veces directamente ilegales de la banca, como sucedió con lo acaecido con el escándalo de las participaciones preferentes, una de las mayores estafas financieras de la Historia, que se ha estimado en unos 30.000 millones de euros. Los bancos y cajas, sometidos a un notable estrés financiero y muchas veces en riesgo de quiebra, optaron por utilizar la red de oficinas para captar a ahorradores con escasa o nula formación en productos financieros complejos para vendérselos haciéndoles creer que se trataba de productos tan seguros como un depósito bancario o un bono del Tesoro pero con mucha mejor rentabilidad. La mayor parte han visto cómo sus ahorros desaparecían en su casi totalidad. A pesar de ello todavía hoy ―finales de 2014― ni un solo responsable ha pisado la cárcel.

Las pequeñas empresas también han sufrido con dureza la crisis. Muchas de ellas, que no eran en verdad empresas sino que realmente encubrían una situación de autoempleo, han quebrado y dejado a sus propietarios en la ruina y sin trabajo. Según el INE la cifra a finales de 2012 llegaba casi al 10% de las que existían antes de comenzar la crisis. Ni que decir tiene que los gobernantes en ningún momento se han acordado de ellas, al contrario que con las grandes, que han recibido apoyo en numerosas ocasiones, tanto por parte del Estado como de una banca que las refinanciaba una y otra vez a pesar de que se encontraban en situación de quiebra técnica. Esto ocurría bien por presiones políticas, bien porque los bancos no estaban en condiciones de soportar un impago de esas dimensiones. Los ejemplos de estas políticas discriminatorias hacia las grandes empresas son innumerables: 230 millones al CF Valencia, 1.000 millones a Esther Koplowitz, 1.400 millones a Abengoa, 3.700 millones a El Corte Inglés, 930 millones a Comsa Emte, 2.500 millones a Celsa, 1.480 millones a Cementos Portland, 300 millones a Leche Pascual..., cantidades mareantes a empresas que obtuvieron y obtienen este trato privilegiado cuando el resto de la sociedad lo estaba y está pasando peor que mal.

A nivel demográfico el estallido de la burbuja también ha sido devastador. Muchos centenares de miles de personas han tenido que abandonar el país ante la ausencia de oportunidades y buscarse, la mayor parte de las veces en pésimas condiciones, la vida en otros países. Una buena parte de los ciudadanos de otros países que acudieron engañados con la promesa de un nuevo Eldorado a trabajar aquí han tenido que regresar, en la mayor parte de los casos sin un céntimo, a sus países de origen. Las cifras exactas no son conocidas por la pésima metodología que existe para evaluar los flujos de población, pero en 2012, Comisiones Obreras estimó el número de extranjeros que habían abandonado el país en casi 1,6 millones. Ahora con seguridad serán muchos más. Multitud de dramas humanos y sueños rotos por la avaricia sin límites de unos pocos.

Una cantidad intolerable de jóvenes y profesionales españoles han tenido que emigrar. La mayor parte de ellos forma parte de la gente más cualificada de la que disponíamos. ¿Cómo se puede evaluar esta pérdida de capital humano? Muy difícilmente, pero no cabe duda de que se trata de una pérdida irreparable. ¿Cómo podremos sustituir a los miles de profesionales si realmente tenemos la posibilidad, algún día, de fomentar la creación de un sistema productivo moderno? Una vez más nuestros gobernantes han cerrado los ojos a este problema y no han hecho nada para atajarlo. Se desconoce igualmente el número exacto, pero según la Fundación Alternativas a finales de 2013 este número podía llegar a las 700.000 personas.

A riesgo de ser malpensados es posible que la oligarquía patria, siempre tan miope, realmente vea esta diáspora como una bendición para ellos, ya que alivia la presión que sufren en las calles, algo de lo que hablaremos a continuación.

Un problema con el que las élites gobernantes no contaban ha sido el de la contestación masiva de la ciudadanía en las calles, algo a lo que no tuvieron que enfrentarse en anteriores crisis, como fueron las de 1976-1984 y la de 1990-1994, ambas causadas por su nefasta gestión política. Aunque la lucha contra el pésimo funcionamiento de nuestra democracia representativa siempre existió con más o menos pujanza desde la salida en falso de la dictadura, estuvo restringida a una pequeña parte de la población y fuera de la luz pública. El tratamiento que se le dio en los medios siempre fue extremadamente sesgado, calificando a los integrantes de estos movimientos como izquierdistas radicales cuando no de cosas peores. Su sorpresa fue mayúscula cuando el 15 de mayo de 2011, y como reacción ante la violencia policial injustificada, los ciudadanos tomaron las plazas y calles del país de forma masiva reclamando una democracia auténtica y, desde luego, una gestión radicalmente distinta de la crisis. Posiblemente sea el fenómeno de las redes sociales el que haya actuado como catalizador para romper el matrix informativo en el que se había mantenido a la población desde la Guerra Civil, ya que el férreo control de los medios en el que en buena medida basaba su estabilidad la dictadura franquista, no fue roto durante la Transición. El sesgo de percepción que se conseguía de este modo generar en la población era suficiente como para mantener la estabilidad del régimen de 1978.

La importancia de unos medios auténticamente plurales y democráticos rara vez es valorada en su justa medida como soporte vital de la democracia. A pesar de la importancia que siempre se le ha dado al “cuarto poder”, los trabajos experimentales para evaluar su influencia real en la opinión pública son relativamente escasos. Cabe mencionar el clásico de Iyengar y Kinder (1987)³ en que podían observar cambios en actitudes políticas muy significativos (en el entorno de los 10 puntos porcentuales), más que suficiente para producir un sesgo decisivo que desequilibre la balanza. Más importante aún es el hecho de que la importancia percibida de los problemas sociales puede variar, según estos mismos autores, más de 40 puntos porcentuales según la cobertura mediática que se les dé.

Como han demostrado recientemente autores como Acemoglu⁴ o Golub y Jackson (2009)⁵ la robustez intrínseca de los sistemas democráticos para encontrar soluciones óptimas a los problemas sociales se debilita en gran medida si la información en el seno social deja de fluir con libertad o bien los grupos “disidentes” a que nos hemos referido, y cuyas opiniones han resultado tener mucha repercusión social cuando se les ha dado ocasión de ser conocidas, quedan aislados del resto de la sociedad.

La manipulación informativa y sobre todo el sacar fuera del foco informativo determinados problemas es algo generalizado en todo el mundo por parte de las élites dominantes, como han hallado Kiatpongsan y Norton (2014)⁶, pero España ocupa uno de los peores puestos en un tema crítico para los más poderosos como es la distorsión de la percepción por parte de la población de la dimensión real del problema de la desigualdad. Esto lo vemos en el Gráfico 5 (ver página 205), en que se comprueba que si bien nuestros ciudadanos son, entre los numerosos países estudiados, de los que toleran menos la desigualdad salarial entre grandes directivos y los trabajadores normales, tienen una percepción sumamente distante entre la situación real (127:1) y la que creen que existe de verdad (8,5:1), cuando en realidad desearían una diferencia de 3:1. Desde luego es todo un éxito de la manipulación de la realidad de la que estaría orgulloso el mismísimo Miniver orwelliano.

Pero la difusión en el uso de las redes sociales, que continúa a día de hoy imparable, ha hecho que el control de la información entre la parte de la población que las usa, sobre todo jóvenes y ahora también personas de edad media, se rompa. Por sus propias características la información en la Red es muy complicada y cara de controlar, y esos controles son en todo caso mucho menos eficaces que en el caso de los medios de comunicación tradicionales. Ello ha hecho que juicios sobre la realidad que vivimos que antes eran patrimonio, como hemos dicho, de círculos restringidos de la población, se extiendan de forma masiva sobre todo entre las franjas de población de menos de 50 años. Aunque el fenómeno del 15-M tuvo una eficacia limitada, ya que nuestros gobernantes adoptaron una estrategia que oscilaba entre la represión controlada, la manipulación informativa y el absoluto desprecio por las demandas de las gentes que ocupaban las plazas, en absoluto se puede decir que haya fracasado. Si en un principio algunos confiaban en que las masivas manifestaciones harían que el régimen se reformara a sí mismo para atender mejor las demandas de los más débiles, pronto quedó meridianamente claro que eso no iba a ocurrir. Cuando la ciudadanía fue abandonando plazas y calles es de suponer que la satisfacción de las élites debió ser infinita, pero lo que no sabían es que se trataba de una batalla perdida pero que la lucha no había hecho más que comenzar. La población se fue reorganizando y durante el año 2013 y 2014 muchos llegaron a la conclusión de que sólo mediante la victoria política en las urnas sería posible reformar el sistema político. Mientras se escriben estas líneas nos encontramos con el hecho de que una formación política que se muchos ven como heredera del 15-M ―Podemos― está terminando su proceso de organización interna después de que, de una forma totalmente imprevista, fuera capaz de obtener cinco eurodiputados y más de 1,2 millones de votos en las elecciones al parlamento europeo de mayo de 2014 en una campaña llevada a cabo sin medios económicos de ningún tipo.

Actualmente las encuestas la sitúan en el segundo puesto en intención de voto y no cesan de crecer al abrigo de un mensaje que tiene unos pilares muy sencillos como son el gobierno para la mayoría y la recuperación de la soberanía. De una forma sorprendente, incluso se ve cómo votantes de la derecha, damnificados también por las brutales políticas llevadas a cabo por su gobierno desde 2012, manifiestan cada vez en mayor número su intención de votar a esta novedosa formación política. Solo el tiempo nos dirá si esta nueva vía tendrá o no éxito, pero no cabe duda de que a día de hoy han conseguido aterrorizar al régimen.

¿HACIA LA CONSTITUCIÓN DEL RÉGIMEN DE LA DEUDA?

José Luis Carretero Miramar

La brutal tormenta del Capital financiero arrastró consigo los sueños rotos de la sociedad del ladrillo. Lo hemos visto: los desahucios, las privatizaciones, las reformas laborales, las colas ante los bancos de alimentos. El gran desbarajuste social que nos ha empujado a formas de vida que creíamos exclusivas de otros sitios, de otras formaciones sociales. La pobreza, el Tercer Mundo, ahora, se afinca en la misma Malasaña, en las ruidosas calles de Lavapiés o del Raval, entre los olores magmáticos y las luces brillantes de la gran ciudad europea, y ya no estamos hablando sólo de inmigrantes irregulares o de excluidos extraños, desvencijados, alcoholizados y huraños, producto de circunstancias especiales e irrepetibles. De excepciones dolorosas, pero ajenas a nuestra experiencia vital previsible. Ahora podemos ser cualquiera.

El ladrillo se nos cayó encima y nos quedó sólo un gran poso de deuda y miseria. Un poso pegajoso y brutal, del que no se puede salir tan fácilmente: ¿Cómo escapar a un régimen que se transforma aceleradamente en una gran maquinaria de empobrecimiento? ¿Cómo cambiarlo todo para que no haya más desahucios, para que no haya más pobreza, para que los artífices de la deuda asuman sus responsabilidades? Sí, pero ellos, los que de verdad inflaron la burbuja, y no las gentes trabajadoras que, con la mejor de sus voluntades, trataron de obtener un bien imprescindible para la vida (la vivienda) de la única manera que un mercado manipulado por intereses venales les permitía.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Nos lo ha explicado Juan Carlos Barba, pero no estará de más que hagamos una pequeña recapitulación, iluminando lo que conecta a las grandes mutaciones sociales, de ámbito global y sistémico (el mundo de los números, de las transacciones entre bolsas, de los flujos hipnóticos de moneda virtual y poder real), con lo que le ha pasado a usted con su hipoteca, con los cambios que ve en su vida cotidiana, con los comedores escolares abiertos en verano.

El caso es que hubo un tiempo en que todo parecía ir bien. No tanto en este país, no tanto en todo el mundo. Pero sí en la Europa desarrollada y orgullosa de su victoria (un tanto facilitada por las intervenciones rusa y americana) sobre el fascismo. De 1945 a 1975 transcurrieron los años de mayor avance productivo de la Historia de la Humanidad. Por algo los llamaron “los treinta gloriosos”.

El modelo económico europeo de esa época, edificado muy probablemente como reacción a la competencia del sistema alternativo que se levantaba en los países del llamado socialismo real, y a la presión de las clases trabajadoras de Occidente, cuyas organizaciones habían resultado decisivas para la derrota de Hitler, se basaba en un gran compromiso entre clases, articulado en torno a la negociación colectiva, el contrapoder sindical y el derecho al y del trabajo como clave de la ciudadanía, que permitió levantar una serie de servicios públicos de acceso universal (el llamado Estado de Bienestar) y estabilizar un conjunto de garantías cívicas y políticas (los Derechos Humanos y la democracia parlamentaria).

Por supuesto, los obreros seguían siendo obreros, y las fábricas continuaban siendo propiedad de quienes lo habían sido siempre, pero el producto social estaba un poco mejor repartido, y los trabajadores podían consumir, podían comprar las mismas mercancías que, atados a la cadena de producción de la gran factoría, ellos mismos producían. Eso aceleró el crecimiento, hizo nacer la llamada sociedad de consumo, donde la publicidad y la moda se volvieron cada vez más importantes para obtener ventas en un mercado tendencialmente saturado, y espoleó, en la Periferia del sistema global excluida de todo ello, los procesos revolucionarios y de descolonización que, sobre la base de la idea del desarrollo, pretendían repetir el modelo de éxito de la Europa universalista, laica y basada en la intervención estatal.

Pero todo tiene un final, sobre todo en el seno de un modo de producción inestable y tremendamente dinámico como es el capitalismo. Esencialmente, la creciente productividad no se correspondía con una transformación social correlativa que permitiera absorber y valorizar el incesante crecimiento. El exceso de capacidad se combinaba con una emergente presión por parte de un proletariado levantisco y con ambiciones globales en el entorno creado por los hechos de 1968 en París, pero también en México, Praga o Vietnam. Los mercados estaban saturados y la venta de las mercancías, en el marco de la distribución de las rentas de entonces, se convirtió en problemática, al tiempo que el encarecimiento repentino del precio del petróleo (primer atisbo de la naciente crisis ecológica global) generaba una crisis con dos grandes episodios en 1973 y 1979.

De hecho, la tasa de beneficio de las principales economías capitalistas entró en un largo declive a partir de los últimos años de la década de 1960. La caída se cebó especialmente en el sector industrial, que había sido el motor del crecimiento anterior. Como ejemplo, baste decir que las tasas de beneficio de los sectores industriales estadounidense, japonés y alemán descendieron entre un 55% y un 35 % en la década de 1970, respecto de la 1960.

Al tiempo, en el marco de crecientes luchas sociales, era difícil recuperar el beneficio empujando directamente a la pérdida de poder de los asalariados. Es más, durante toda la década de 1970 resultó imposible conseguir la elevación de la parte del excedente social destinado a los beneficios del capital sobre la de los salarios. La disminución relativa de los mismos que las patronales lograron obtener gracias a la amenaza de un desempleo creciente, durante la depresión de 19731975, fue rápidamente remontada en casi todos los países de Europa Occidental. El nuevo ciclo de luchas de 1976-1979 volvió a indicar claramente las dificultades para asimilar las reivindicaciones obreras. De hecho, la radicalidad de episodios como el de las luchas autónomas de 1976-1977 en España, el invierno “caliente” inglés de 1978-1979 o el denominado 77 italiano, se expresó de una forma que superaba ampliamente la cuestión de la distribución de la renta en el seno del sistema, para poner en cuestión el sistema mismo.

Sin embargo, las fuerzas del Capital terminaron por recomponerse y reconducir la situación, mediante el recurso a todo un nuevo marco de políticas denominado neoliberalismo, basado en la implementación de tres tipos de estrategias esenciales que consiguieron provocar la desarticulación de la potencia obrera, pero no iniciar un nuevo ciclo de acumulación comparable al de los “treinta gloriosos”. De hecho, el crecimiento económico de las principales economías durante el quinquenio 1985-1990 fue inferior al de la década de 1970 y, durante los ochenta y noventa las tasas de beneficio de los sectores industriales de los países desarrollados fueron poco mejores que en los años más duros de la crisis precedente.

Tres estrategias esenciales.

Así, la implementación de las tres estrategias esenciales del modelo neoliberal se aceleró y profundizó, al hilo de la articulación de un espacio sin fronteras para los capitales, en un proceso que se denominó como “globalización de la economía”. Pero expliquemos ya cuáles eran esas tres estrategias neoliberales que fueron profundizándose en esas décadas, y que no han dejado de implementarse continuamente y con intensidad creciente hasta el día de hoy:

La primera era la presión inmisericorde sobre el mundo del trabajo y su transformación acelerada para debilitar el contrapoder obrero y segmentar la fuerza laboral, como forma de conseguir un aumento directo de la tasa de beneficios. El pistoletazo de salida, a nivel mítico, lo dio la derrota de los mineros británicos, a manos del gobierno de Margaret Thatcher en 1984-1985, pero la dinámica esencial la constituyó la llamada descentralización productiva, favorecida por el desarrollo de las nuevas telecomunicaciones y de la globalización, que permitían descomponer las unidades empresariales y favorecer procesos de subcontratación, deslocalizaciones, formas de trabajo precario y zonas grises, arrebatadas al Derecho del Trabajo (como el trabajo en formación, el migrante, el para-subordinado, o el recurso a los falsos autónomos). Una fuerza de trabajo segmentada en distintas empresas, o incluso países, dentro de una misma cadena de valor, o con distintos tipos de contrato y relación, laboral o no, con la unidad productiva, era incapaz de actuar concertadamente y hacer frente a conglomerados transnacionales, grupos empresariales constituidos mediante mecanismos de ingeniería jurídica, o cadenas de subcontratación que, pese a haberse descentralizado, no dejaban de tener un centro de autoridad unitario.

La segunda fue el recurso masivo a las privatizaciones. Lo que el geógrafo británico David Harvey ha llamado la «acumulación por desposesión». La idea estaba clara: introducir en el ámbito del mercado, de la producción de plusvalor, actividades sociales que anteriormente tenían formas de gestión y propiedad colectiva más o menos imperfectas, y que por ello constituían bienes comunes o de acceso común de las poblaciones. Estos procesos de privatización, además, permitieron generar flujos enormes de dinero en dirección a las actividades especulativas de la nueva economía financiarizada, como en el caso de la promoción pública de los Fondos de Pensiones privados, previa liberalización o degradación de la previsión social estatal.

Y la tercera, finalmente, es la que más nos interesa: la llamada financiarización de la economía, que constituyó una tremenda expansión del ámbito de las actividades financieras y del poder de los llamados capitalistas en dinero. Es decir, de aquellos que no necesitan producir nada tangible para reproducir de forma ampliada su capital, sino que lo hacen directamente mediante el recurso a determinadas actividades que permiten evitar el trayecto clásico de acumulación (dinero-producción de mercancías-venta de las mercancías para obtener más dinero), para sustituirlo por otro más rápido (dinero-más dinero), favoreciendo la actividad especulativa. Se trataba de generar un nuevo campo económico que transformase radicalmente la naturaleza de las actividades financieras previas (centradas en la distribución del ahorro hacia las actividades productivas), en una dinámica especulativa sin más finalidad que generar rentas desligadas de la economía real. Dado que producir tornillos (por ejemplo) no daba los suficientes beneficios, se dirigía el ahorro a un sistema de apuestas y seguros sobre las apuestas, sin base material que lo sustentase.

La desregulación de los movimientos financieros asociada a la globalización permitió la emergencia de un mercado global de capitales. Como afirman Isidro López y Emmanuel Rodríguez, en su magnífico libro Fin de ciclo. Financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano (1959-2010) (Traficantes de Sueños, 2010):

«Entre 1975 y 1990 las operaciones financieras privadas se multiplicaron por 10. Los grandes centros de negocios de estos valores fueron las Bolsas de Nueva York y Londres, si bien el incremento de la negociación financiera fue tan amplio y generalizado que el desarrollo de plazas financieras de relevancia internacional (como Tokio, Frankfurt o Hong Kong) se repartió por casi todas las regiones económicas del planeta».

De hecho, las propias empresas industriales, que eran incapaces de generar un proceso de crecimiento equivalente al de los treinta gloriosos, se apuntaron también al gran casino financiero que se estaba gestando. Desde fines de los 70 las grandes empresas transnacionales empezaron a emitir todo tipo de activos financieros (bonos, obligaciones, etc.) y a orientar su negocio al aumento del valor en Bolsa de sus acciones. De hecho, cuando hace escasamente tres años, el gigante industrial estadounidense General Motors fue nacionalizado para evitar su quiebra inminente, pudo verse que la mayor parte de sus actividades ya no consistían en la fabricación de automóviles, sino en la especulación financiera.

Sin embargo, la pura actividad bolsística, la especulación con divisas y tipos de cambio o la emisión de obligaciones no fue suficiente. El ingenio financiero, una vez desatado, produjo su propia revolución. Una revolución innovadora que consistió, precisamente, en la introducción de la financiarización en el ámbito de las propias economías domésticas. En la de usted y en la mía. Y aquí es donde, si el amable lector o lectora ha hecho el esfuerzo de seguirme, empezaremos a ver como se conecta todo este mundo de las altas negociaciones monetarias y la crisis sistémica con su hipoteca, su desahucio, o su crédito al consumo.

La financiarización de las economías domésticas.

¿Cómo podía ser posible que al tiempo que se reducían los salarios reales y la participación de las remuneraciones de los trabajadores en el total de la renta, la sociedad de consumo no colapsase, sino que, además, se desarrollase a todo tren? ¿Cómo podíamos ganar cada vez menos y comprar cada vez más, evitando así el estallido de la crisis sistémica que, siempre a las puertas desde los setenta, amagaba de vez en cuando con reaparecer?

La respuesta estaba en lo financiero, y en las políticas públicas y legislativas que permitieron su expansión por todo el cuerpo social y su conversión en el centro de la vida económica de las últimas décadas. Concretamente, hay una respuesta clara: el crédito.

De 1995 a 2007 la deuda de los hogares españoles se multiplicó por tres. La deuda de las familias lo hizo en un 200 % en siete años, y la de las empresas en un 186 %. La solución financiera estaba en marcha, pero, de hecho, tenía dos pilares: la deuda hipotecaria y su colateral (lo que la garantiza), es decir, el crédito y la subida del precio de la vivienda.

Eso explica la expansión desaforada del crédito y, también, las políticas públicas encaminadas directamente a revalorizar el precio de las viviendas en España. Lo inmobiliario y lo financiero se retroalimentaban mutuamente, tratando de impedir que la realidad se hiciese visible, que el fallo esencial y subyacente del proceso de acumulación del capital (la siempre incompleta recuperación, a nivel global, de la tasa de beneficios de las actividades productivas) generase la brutal crisis de sobreproducción que llevaba décadas conjurándose.

La subida del precio de la vivienda (el inflado de la burbuja inmobiliaria) se interpreta por los agentes financieros como un indicador de riqueza que, a su vez, permite aumentar el crédito a las familias propietarias, y hacer que estas consuman. Este mecanismo, retroalimentado por las políticas públicas, y denominado por algunos, como Isidro López y Emmanuel Rodríguez, «keynesianismo del precio de activos», ha sido central en el marco del proceso de acumulación del capital de las últimas décadas, pero, al tiempo, ha ido profundizando los desequilibrios que habrían de conducir a la brutal crisis que empezó en el año 2007.

Así se explican políticas legislativas tan increíbles como que, por ejemplo, en plena cima de la burbuja inmobiliaria española se modificase el artículo 12 de la Ley Hipotecaria para que los registradores de la propiedad inscribiesen directamente, sin poder calificarlas de abusivas, todas las cláusulas de los contratos hipotecarios concertados por entidades de crédito. Los bancos, en definitiva, podían inscribir (con las ventajas que ello comporta, a efectos procesales y jurídicos) sus contratos de hipoteca, incluyendo también las cláusulas manifiestamente ilegales y que hubieran podido ser calificadas de tales por los propios registradores. Interpretación que fue avalada inmediatamente por la Dirección General de los Registros y el Notariado, que no varió de criterio hasta que el problema social desatado y el conflicto con la normativa comunitaria se volvieron evidentes. Lo que Paul Krugman llamaría «la ciénaga hipotecaria» en un famoso artículo en el New York Times, era una política, también, de Estado, que permitía enriquecerse a los actores principales de una economía dopada con el crédito.

¿Tesis de radicales antisistema? Atendamos a Miguel Pasquau, magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, explicando lo sucedido en un libro jurídico reciente Desahucios y ejecuciones hipotecarias. Un drama social y un problema legal. Varios autores, (Tirant lo Blanch, 2014):

«En los días de vino y rosas, anteayer, fue el crédito, concebido como un producto, quien buscó a su presa, al deudor. Fue un tiempo en el que la pulsión de los márgenes de beneficio dispuso un nuevo territorio de conquista del capital, que fue el endeudamiento hasta el límite, con la sencilla finalidad de vender hoy lo que sólo podía comprarse con el dinero de mañana y de pasado mañana: ahí están las políticas comerciales agresivas de obtener clientela mediante el crédito hipotecario y productos derivados, para nutrir un mercado secundario en el que se jugaron muchas fortunas, y que a su vez era tributaria de una política general de estímulo de adquisición de la vivienda, con deducción fiscal incluida».

Y es que lo ocurrido se puede narrar así:

«El deudor quedó convertido en la terminal de un sistema que necesita su endeudamiento para intensificar y alargar márgenes de beneficio y acumulación de capital, así como para generalizar mercados secundarios especulativos sin los que nada se entiende. Igual que el consumidor es el término extremo del proceso de producción, el deudor hipotecario, adquirente de una vivienda o de un local comercial lo ha sido del sistema financiero, y de un sistema financiero sin fronteras».

El efecto riqueza del crédito, gracias al que las familias podían endeudarse y continuar con su consumo, pretendía ocultar, sin embargo, su contracara: el pasivo (lo que debían) de las familias españolas alcanzaba niveles estratosféricos. Entre 1995 y 2007 había aumentado de 188.000 millones de euros a 933.000, cerca de cinco veces más. El 95 % de dicho montante correspondía a préstamos concedidos por instituciones financieras, en su mayoría hipotecas sobre viviendas. Entre 1997 y 2005, de hecho, se compraron y vendieron cerca de nueve millones de viviendas en el Estado Español.

En 1995, la deuda alcanzaba el 62,5 % de la renta disponible de las familias, en 2008 había sobrepasado largamente el 130 %. El riesgo de impago se estaba haciendo insostenible.

Para gestionar dichos riesgos la ingeniería financiera había desarrollado innovaciones técnicas de calado, como la titulización de las hipotecas o la puesta en marcha de sociedades de inversión colectiva en activos inmobiliarios.

La titulización consistía en formar paquetes, por parte de las entidades financieras, con hipotecas con distinto riesgo asociado, y negociarlas en mercados secundarios (con otros actores como Fondos de Inversión, sociedades de inversión inmobiliaria, etc.). Se suponía que el riesgo disminuía, porque en el paquete iban buenas hipotecas, que iban a cobrarse seguro, medianas y malas (las famosas hipotecas subprime), por lo que se indicaba (con farragosas ecuaciones matemáticas como justificación) que era casi imposible que el negocio fallase. Para mayor seguridad se concertaban también seguros sobre los paquetes con entidades dedicadas a ello, en ocasiones, como en Estados Unidos, entidades públicas que luego se hundirían al desatarse la crisis y los impagos.

Como afirma el Observatorio Metropolitano en el libro que ya hemos citado: «la titulización ha abierto una vía de comunicación directa entre el casino financiero global y los hogares endeudados». Concretando, respecto a España:

«La titulización ha tenido también una importancia capital en la financiación de la expansión del crédito durante el ciclo expansivo 1995-2007 (…) los datos de titulizaciones en España han estado por encima de los registrados en otros países europeos. En 2007, España era el segundo país europeo en número de emisiones brutas de activos titulizados, con un 15 % del total europeo, sólo superado por el ultrafinanciarizado Reino Unido que acapara el 51 % de dicho mercado. En términos absolutos las cifras son también mareantes, en sólo seis años (2000-2006) el valor de las emisiones brutas de activos titulizados pasaron de 8.000 millones de euros a 100.000 millones».

Al final, y visto en la dirección contraria a la habitual, sería perfectamente posible que la degradación provocada de los sistemas de previsión públicos (proceso de desposesión de lo común) convenciese al buen ciudadano de clase media para que invirtiese el dinero obtenido por la revalorización de sus propiedades inmobiliarias en un Fondo de Pensiones que, tras cobrarse su oportuna comisión, lo dedicase a comprar hipotecas titulizadas de un banco que, tras detraer las cantidades necesarias para obtener sus estratosféricos beneficios, prestase a su vez el dinero a un atribulado ciudadano de clase trabajadora para que éste se comprara su casa y empujase al alza los precios de la vivienda. Con el añadido de que, paralelamente, tanto Fondo como Banco presionaban a los poderes públicos para que flexibilizasen el mercado de trabajo, lo que empujaba a la baja los salarios del ciudadano de clase media y del de clase trabajadora, que aún no eran conscientes de lo que ello significaba porque obtenían crédito barato para irse de vacaciones o comprarse el coche.

Crisis, impagos y ejecuciones hipotecarias.

Todo este andamiaje, cuya creatividad no negaremos, es lo que estalla por los aires y se derrumba al desatarse la crisis de las subprime en Estados Unidos en el año 2007. Los impagos de hipotecas por parte de ciudadanos sobreendeudados, cuyos salarios habían ido disminuyendo al tiempo que sus deudas se multiplicaban, arrastran consigo a las entidades financieras, a las aseguradoras y a los propios precios de las viviendas, lo que empuja a nuevas rondas de impagos. Las entidades financieras, «demasiado grandes para caer» según los gobiernos, tienen que ser salvadas, de una manera u otra, con dinero público, provocando el endeudamiento acelerado de los Estados, puestos a los pies de los especuladores. Ese dinero, por otra parte, se detrae de los gastos sociales, al tiempo que, para destinar lo obtenido al pago de la deuda, se desarrolla una nueva ronda de privatizaciones que se expresa en más despidos y nuevos impagos.

La crisis se transmite a la economía real, por la vía del fin del crédito barato para las empresas, las quiebras, los despidos y las bajadas de salarios. Y cuando usted se quiere dar cuenta, se encuentra que tiene concertada una hipoteca por un precio estratosférico (es decir, que tiene una deuda estratosférica) en lo más alto de la burbuja, pero que tiene que pagarla en un momento en el que el paro y las rebajas de salarios (si mantiene su puesto de trabajo) le acechan por todas partes, y además tiene que pagar por servicios públicos que antes eran gratuitos. Para mayor iniquidad, las modificaciones introducidas en las leyes hipotecarias y procesales en los años de la burbuja para favorecer la expansión del crédito y la actividad de los bancos se convierten en cepos brutales que le impiden defenderse, denunciar como abusivas las cláusulas de su contrato, o hacer frente a formas usurarias de cálculo de los intereses del proceso ejecutivo y a exigencias de vencimiento anticipado del total debido. Todo ello en un contexto legislativo que, como pretendía ser especialmente amigable para el desarrollo de esta particular vía de acumulación, no le permite ni tan siquiera lo que otras legislaciones sí admiten, es decir, la dación en pago de la vivienda hipotecada.

Hemos cerrado el círculo para encontrarnos, décadas después y en mucha peor situación para una clase obrera infinitamente más debilitada, en las fauces de la crisis que consiguió conjurarse en los setenta.

Así pues, los impagos se desatan, y con ellos las ejecuciones hipotecarias y los desahucios. La gente ya no puede pagar. En 2013, solamente, los desahucios o lanzamientos recibidos por los Tribunales Superiores de Justicia ascendieron a 11.673 en la Comunidad de Madrid y a 65.182 en el conjunto de España, sumando entre 2008 y 2013 los 60.707 y 309.460 lanzamientos recibidos, respectivamente. Cifras que no dan fe, sin embargo, de la gran cantidad de desahucios que se han realizado sin que el procedimiento judicial llegase al TSJ, o por el simple abandono de las familias que, sin asesoramiento, pensaron que no había nada que hacer.

Desahucios, paro, desmantelamiento de las prestaciones sociales… Hablamos de pobreza. Como narra Elías Crende en el periódico Público, según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, si en 2007, el 27,3 % de los hogares entrevistados tenían dificultad o mucha dificultad para llegar a fin de mes, la cifra aumentó al 32,6 % en 2012 y al 36,6 % en 2013. Al mismo tiempo, el porcentaje de hogares que han tenido retrasos en el pago de gastos relativos a la vivienda habitual (hipoteca, alquiler, comunidad, suministros, etc.) en los últimos 12 meses, ascendió desde el 5,6 % de 2007 al 8,4 % de 2012, y al 9,2% de 2013. De hecho, la Tasa de Riesgo de Pobreza o Exclusión Social del Estado Español en 2007 era del 23,3 % de los hogares, pero alcanzó la cifra del 28,2 % en 2012.

No nos quedemos sólo con las frías cifras: cada punto porcentual en estas estadísticas es un auténtico drama humano para personas de carne y hueso, de amores y abrazos. Es una tragedia con culpables y causas que pone en cuestión el diseño de la arquitectura misma de nuestra sociedad.

El régimen de la deuda.

¿Y cuál es la solución que pasa a implementarse, al llegar la crisis, por parte de nuestros responsables políticos y empresariales? Simplemente, continuar el proceso, profundizar las mismas tres estrategias (desposesión de lo público, flexibilización laboral y financiarización, sí y hasta donde se puede) que han llevado a este gran desbarajuste.

Ya en los años setenta hubo científicos sociales que adelantaron que la salida neoliberal a la crisis era falsa y conducía a un callejón sin salida. Gente como Immanuel Wallerstein, André Gunder Frank o Samir Amin. Hablaban y hablan de que nos encontramos ante un capitalismo senil, atenazado por contradicciones insolubles, embarcado en un proceso de degradación que impone una radical mutación social para las próximas décadas. Ante un sistema que nos va a empujar a bifurcaciones cada vez más caóticas e incontrolables, siempre y cuando las poblaciones no le pongan remedio y procedan a someter y disciplinar la economía. La crisis ecológica, la económica, la cultural, todo ello, nos empuja a un cambio fundamental en la manera como está organizado el mundo, para los tiempos venideros.

Pero ese cambio no tiene por qué ser un camino de rosas. Lo cierto es que las grandes finanzas y los enormes capitales están intentando realizarlo ya, en la dirección que a ellas les interesa, y no hacia donde marcan las necesidades del conjunto de la población. En los ocho años que llevamos de crisis muchas cosas han cambiado radicalmente: enormes dimensiones de lo común ha sido privatizadas, el trabajo ha sido convertido en una experiencia mucho más desregulada, individualizada y servil, el dinero se mueve con una velocidad cada vez más fulgurante, atravesando fronteras y continentes.

La burbuja financiera global, sin embargo, aún no ha terminado de implosionar. Gigantescas infraestructuras y colosales desarrollos inmobiliarios se acumulan en los lugares de generación de las nuevas burbujas (China, Londres…), intentando atraer la inversión de los capitales internacionales hasta el siguiente estallido, transformando las ciudades y las políticas públicas para convertirlas en más amigables y funcionales a los procesos de valorización de los activos inmobiliarios. Burbujas que se suceden y que dejan tras de sí un rastro de deuda, pobreza y devastación social. De desahucios, embargos, y trabajo abaratado.

Porque tras la sociedad de propietarios, que prometía la vulgata neoliberal, tras el rutilante espejismo de las viviendas en propiedad y del consumo de masas, venía escondida y adjunta la sociedad de la deuda, la de las refinanciaciones, los lanzamientos, las empresas de cobro de morosos, los pleitos de ejecución hipotecaria en los que una legislación transformada impide la defensa del deudor e impone una desigualdad de armas tal, que hasta los inmuebles ya no se valoran al precio al que las propias entidades de crédito los tasaron.

La deuda, pues, se ha convertido en el centro de una arquitectura social transformada. Realmente, ya estaba aquí desde hace tiempo, pero ahora empezamos a ver sus más tétricas manifestaciones. Si una sociedad del crecimiento y la acumulación de capital continuada es difícilmente viable a medio plazo ante la crisis ecológica y económica que nos atenaza, ¿es pensable utilizar la deuda como un mecanismo de mutación de la sociedad del Capital en otro tipo de sociedad de clases, pero estacionario y verde? ¿Puede la deuda funcionar como un gozne que transforme clases en castas, lo capitalista en lo tributario? Si la deuda se hereda, si la deuda traspasa el ámbito de lo personal y son naciones enteras las que deben, si se debe más allá de la devolución de lo que garantizó el préstamo, si se debe en cantidades siempre crecientes e impagables y no hay posibilidad de discutir el negocio subyacente, ¿no es eso una nueva forma de servidumbre cuyo origen puede desdibujarse con el paso de las generaciones, pero cuyas cadenas son terriblemente reales?

Quizás estamos divagando. A esto algunos, como Carlo Vercellone, lo llaman «el devenir renta de la ganancia», y hablan del consiguiente «agotamiento de la fuerza progresiva del capital y el carácter cada vez más parasitario» del mismo.

Lo que sí es evidente son los brutales efectos de la deuda en nuestra sociedad, a día de hoy. Los efectos, incluso, en la subjetividad de las personas que pueblan nuestro mundo. La deuda nos cambia. El régimen de la deuda nos transforma, hasta en lo más íntimo de nuestras personalidades.

¿De qué estamos hablando? El sociólogo italiano Maurizio Lazzarato pone sobre la mesa, en su libro La fábrica del hombre endeudado. Ensayo sobre la condición neoliberal, las modificaciones de la subjetividad impuestas por el régimen de la deuda, que se constituye a nuestro alrededor:

En primer lugar, afirma la íntima modificación producida en «el obrar y la confianza en la lógica de la deuda». El obrar libre y consciente presupone una cierta confianza, ya que «para que la potencia de obrar pueda desplegarse es necesario creer (tener confianza) en el “presente vivo”, el presente como posible, es decir, en el mundo y en las nuevas posibilidades de vida que encierra». Porque, al fin y al cabo, «La potencia de obrar está subordinada a una afirmación existencial, a un “sí” que expresa un autoposicionamiento. Presupone la esperanza y la confianza que anticipan aquello que todavía no ha llegado, que hacen posible lo imposible».

¿Qué posibilidades de creación del futuro, de elección, caben sin embargo bajo la bota de la deuda? La deuda, en sí misma, es una máquina predispuesta para sujetar el futuro, para atarlo, para destruir la confianza posible en un futuro alternativo. Como indica Lazzarato, «son esas posibilidades y bifurcaciones imprevisibles las que la deuda se esfuerza por neutralizar».

En el mundo de la deuda el futuro consiste únicamente en pagarla, aún si, como les sucede a numerosos hipotecados en nuestro país, el capital prestado ya ha sido amortizado sobradamente, o el bien indicado como garantía (la vivienda, en el caso de la hipoteca) ya ha sido entregado. Caben los intereses moratorios, los gastos, el vencimiento anticipado, la continuidad asfixiante del futuro predeterminado por la deuda. Caben los planes de ajuste, las condiciones de refinanciación, las obligaciones a futuro del endeudado.

Pero esta cadena sobre el futuro de la deuda, no impone responsabilidad alguna concomitante para el acreedor sobre la situación resultante. Junto al tema de la confianza, Lazzarato nos presenta la otra cara del régimen neoliberal: la idea de la culpa del deudor respecto a su propia situación, en un marco de libertades económicas individuales:

«Si la lógica neoliberal recae a la vez, e indistintamente sobre la economía y la subjetividad, sobre el “trabajo” y el “trabajo sobre sí mismo”, reduce este último a una exhortación a ser uno su propio patrón, en el sentido de “hacerse cargo” de los costos y los riesgos que la empresa y el Estado externalizan sobre la sociedad. La promesa de lo que “el trabajo sobre sí mismo” debía de aportar al trabajo en términos de emancipación (goce, realización, reconocimiento, experimentación de formas de vida, movilidad, etc.) se ha invertido, para transformarse en el imperativo para hacer propios los riesgos que ni las empresas ni el Estado quieren asumir. Al congelar los salarios (a través de la deflación salarial) y reducir drásticamente las erogaciones sociales, las políticas neoliberales contemporáneas producen un capital humano o un “empresario de sí mismo” más o menos endeudado y más o menos pobre, pero de un modo u otro siempre precario».

El hombre y la mujer endeudados, empresarios de sí mismos en la sociedad de la sana competencia individual, son culpables de su propia situación, producto de sus decisiones pasadas, que ahogan toda posibilidad de determinación consciente de su futuro. Sus proyectos abortados para el mañana (pues su mañana está predeterminado por la deuda) son el resultado de malas decisiones autónomas llevadas a cabo por mónadas libres con intereses esencialmente económicos.

Cada uno ha elegido, parece decirnos el Capital en un improbable giro existencialista. Y algunos hicieron la mala elección de deber dinero. Nada se nos dice, sin embargo, de otras elecciones, en cuyo contexto se produjo la del deudor: la elección de los poderes públicos, dedicados al fomento de la vivienda en propiedad y no del alquiler accesible para los ciudadanos mediante mecanismos como las deducciones fiscales a la compra de viviendas, o incapaces de limitar en forma alguna (más bien todo lo contrario) el rosario de cláusulas abusivas (cláusulas suelo, de vencimiento anticipado, etc.) que adornaban los contratos de adhesión redactados por las entidades financieras. Tampoco se nos dice nada de la elección libre y consciente por la que los bancos decidieron prestar con intereses muchas veces cercanos a lo usurario a quienes sabían que no les iban a pagar (¿si se han estado cobrando altos intereses por riesgo, no es de recibo, luego, asumir ese riesgo cuando el mismo se actualiza y no hacérselo pagar a los contribuyentes?). Ni de la elección por la que constructores y promotores decidieron, también, endeudarse, a sabiendas de que los mecanismos mercantiles de limitación de responsabilidad y su cercanía a las entidades financieras (que a ellos si les han admitido la dación en pago) harían que el pagano fuera la clase trabajadora, que es quien principalmente abona el grueso de los impuestos en nuestro país.

Los acreedores, por tanto, deberían hacer frente también a sus responsabilidades, así como unas élites políticas demasiado solícitas con los intereses inmobiliarios. Si, en nuestro nombre, se han realizado políticas públicas dedicadas a la promoción y al crecimiento del negocio del ladrillo, alguna responsabilidad tendrán también sus autores.

¿Políticas públicas? Ya en el año 2004, un informe de la asociación ADICAE denominado El sobreendeudamiento de los consumidores, estudiando el tema del crédito al consumo, daba cuenta de los riesgos de la política de financiarización doméstica extendida en toda Europa. Centrándose en la vivienda, el texto nos hacía partícipes de la dimensión de la «especificidad española»: en un contexto global de crecimiento inmisericorde de los ámbitos financieros y de su penetración en el mundo de las economías domésticas, el crédito concedido para la compra de viviendas creció en España un 20 % durante 2003, frente al 7 % de media en la Unión Europea. Uno de cada cinco euros suscritos en la UE ese año en operaciones hipotecarias en términos de PIB correspondía al Estado español.

Por aquel entonces, la Unión Europea, tan preocupada ahora del pago puntual de las obligaciones del Reino de España publicaba (en 2005) el Libro Verde - El crédito hipotecario en la UE en el que la Comisión Europea «presta atención al hecho de que los mecanismos tradicionales de recurso judicial pueden ser largos y costosos para la mayor parte de los consumidores» y, después de preguntarse si debería, por tanto, «imponer a los estados miembros la obligación de medios alternativos de recurso en el ámbito hipotecario», termina no imponiendo absolutamente nada, pese a que «acoge con satisfacción» las opiniones sobre ello.

Así pues, cláusulas suelo, de vencimiento anticipado, intereses moratorios usurarios, imposibilidad de la dación en pago, un procedimiento de ejecución hipotecaria que no permitía alegar (y que dicha alegación suspendiese el lanzamiento), la existencia de cláusulas abusivas en los contratos, inscripción registral de dichas cláusulas, políticas de infraestructuras destinadas a elevar el precio de los pisos, fomento público de la vivienda en propiedad frente al alquiler…Toda la creatividad del conjunto del sistema jurídico, político y económico de nuestro país parecía volcada en favorecer el negocio inmobiliario.

Nos lo cuenta Mercedes, activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca del madrileño barrio de Vallecas, en una entrevista concedida, en un mes de agosto con un calor plomizo, al autor de este texto:

«Y no solamente las cláusulas abusivas. Y las barbaridades que se han ido haciendo. Tenemos muchos casos de los avalistas, y personas que han perdido la vivienda por ser avalistas de otras personas que ni se conocen. Y he sido testigo de encuentros donde: yo soy avalista tuya, tú eres avalista mía, y yo ni te conozco, ni sé dónde estás, ni quien eres, ni donde está tu vivienda. Y, entonces, este tipo de acciones fueron implementadas por la Banca, pero aprobadas por el Gobierno, que no tiene un sistema de supervisión claro y definido, que hace la vista gorda porque hay otros intereses por ahí, que los tenemos nosotros bien claros y definidos.”

¿Culpables? ¿Aprovechados que vivieron por encima de sus posibilidades? Dejemos responder a Mercedes:

«Pues mira, sí que es verdad que muchos de nosotros llegamos con esa paranoia, y nos sentimos responsables en muchos casos de no haber sido capaces de sostener una vivienda, pero dentro de la PAH, y no solamente de la PAH, sino de los grupos que tienen dentro de sus funciones apoyar y recibir a las personas en estas situaciones, donde hay un montón, o un abanico, de traumas, culpabilidades, cargos de conciencia, a través de la información y muchas veces a través de trabajo personalizado nos hacen ver…, te digo nos hacen, porque todas las que estamos aquí, todas, hemos caído en ello, y todas las personas que están llegando vienen con esas circunstancias. Pero, afortunadamente, entre nosotras, entre el apoyo y la información que se recibe, descubres muchas veces las cosas más profundas, e incluso con ayuda más especializada, nos damos cuenta de que no somos culpables ni responsables de lo que está pasando, de ninguna manera».

La acción colectiva como elemento terapéutico, la resistencia del común al despojo del régimen de la deuda como recentramiento y reencantamiento de la vida. De la vida arrasada por esa «Cosa escandalosa» que trata de meterlo todo en su vórtice de devastación, como muy probablemente diría la economista feminista Amaia Pérez Orozco.

Pero, claro, la acción colectiva inaugura, también nuevos giros estratégicos de quienes hincharon la burbuja pero, parece ser, no tienen ninguna responsabilidad al respecto. Dejemos que continúe la suave voz de Mercedes:

«Mira, a partir de la visibilización, porque ha sido a partir de ello, y de haber nosotras, la ciudadanía, de haber tomado el toro por los cuernos, la Banca en general ha implementado un sinfín de estrategias, como la no titularización de las propiedades que recuperamos».

Estrategias para no asumir las propias responsabilidades, ¿o es que sólo las tiene la ciudadanía de a pie?, de las que ha sido testigo el autor de este texto, como otorgar, en cumplimiento de la ley, un alquiler social a una persona en situación de exclusión económica en una vivienda que necesita de una reforma para su habitabilidad, o externalizar departamentos y crear sociedades pantalla, supuestamente independientes, pero con todo tipo de vínculos con las entidades de crédito, que se dediquen a mediar con las Plataformas de Afectados.

Volvamos a la palabra de Mercedes, que es la palabra de quien sufre los resultados de todo esto. Aunque vamos a censurarla, ustedes sabrán adivinar donde, para evitarle una fácil demanda a nuestros queridos editores:

«Hemos constatado que es falso, que la externalización es una estrategia más, a nivel público, para que ellos no se responsabilicen, y siendo simplemente ellos los clientes de ese departamento o de esas empresas, Por lo tanto, esa tercera empresa involucrada no puede dar datos por confidencialidad… Se han montado todo un parapeto para seguir lavándose las manos, y aun así han tenido la cara dura de sacar en estos días que B específicamente decía, bueno, sí, somos unos hijos de puta, y perdona la palabra, ¿y qué? No somos una ONG. O sea, que al que tengamos que desahuciar los desahuciamos, al que tengamos que denegarle un alquiler social, le negamos el alquiler social. Porque desde la Obra Social lo que se lucha, luego en la recuperación, es el alquiler social en función de las posibilidades de cada una de las familias. Algunas están en mejores condiciones, aunque no pudieron pagar la cuota que se les asignó en la hipoteca. Otras personas están con una posición económica inferior, y no es posible, o no es válida la unificación, que eso también lo han planteado, de un alquiler social para todas las familias y para todas las condiciones. Entonces, no te extrañe que dentro de dos meses se inventen otra estrategia y la idea es esa. Por ejemplo, la Sareb (el llamado Banco malo), es una entidad fantasma donde nadie sabe quién es quién, y se ha hecho necesario un trabajo de investigación no solamente riguroso y serio, sino de tiempo y de haber involucrado a muchas personas para ver quien es quien, pero resulta que cuando detectas quien es la presidenta, o la directora, de tal departamento, inmediatamente la cambian y así sucesivamente. Es un juego del gato y el ratón.”

Así, las múltiples responsabilidades de los deudores contrastan con el salvataje público de las entidades financieras, y la dación en pago para promotores y constructoras con el abandono absoluto y la miseria para las familias afectadas. Extraño reparto de responsabilidades, el que tiende a hacer recaer el peso del problema sobre quienes menos poder y conocimiento tuvieron en su proceso de gestación.

¿Existen alternativas a la irrupción de este brutal régimen de la deuda? ¿Existen posibilidades para otro tipo de política de vivienda y para otra economía completa que ponga a las personas como centro de las decisiones, y no a la acumulación sin fin de plusvalor en que el capitalismo consiste?

Vamos a ello.

SIN PRESIÓN SOCIAL, TAMPOCO HAY DATOS

Héctor Rojo Letón

«Ese es el origen de mi presencia en la PAH: El tratar a esas personas como cifras y sus casas como excusas para la especulación. Esa falta de respeto y humanidad que supone me enerva, me cabrea, me irrita y me da ánimos para seguir adelante". Así se pronuncia Elisa Rapado (integrante de Stop Desahucios León) ante la consideración generalizada de tratar los problemas de vivienda como una cuestión económica en lugar de social. Ante esta misma cuestión, Rafael Carmona de Stop Desahucios 15M Córdoba responde así: “Es más cómodo conocer cifras que ver la cara del sufrimiento de las familias, la realidad es muy tozuda, y nosotros solo vemos sufrimiento de cientos de familias de nuestra ciudad y provincia, que malviven, con miedos, inseguridad, con hambre, con frio, sin agua, es un problema social muy serio».

Y ese es uno de los grandes retos que nos planteamos a la hora de preparar este texto. Cómo analizar los datos sin perder la perspectiva de que detrás de cada cifra existen una o varias personas, que los datos son solo una forma de acumular y simplificar historias. Pese a todo ello, y como en las próximas páginas las historias de personas afectadas por las hipotecas serán protagonistas, en esta ocasión trataremos de mapear gracias a datos, estadísticas y cifras, como miles de personas han visto en los últimos años como les echan de su vivienda o sufren lo indecible para poder pagar el último recibo del alquiler o de la hipoteca. O cuántas personas están afectadas por cláusulas abusivas en sus hipotecas, y han estado durante años pagando cuotas superiores a las que debían o cuántas dejan de pagar las facturas del agua o la luz.

Una tarea de mapeo tradicionalmente compleja por la falta de registros históricos y la ausencia de contabilidad de los datos disponibles, pero que gracias a la presión social de los últimos años resulta algo más asequible. Según Silvia Pérez, integrante de PAH La Safor, una muestra de esta presión social se debe a «la labor pedagógica hecha desde los equipos de comunicación de diversas PAH y al papel de medios de comunicación alternativos, que han demostrado que otro periodismo no sólo es posible, sino que es necesario». Otra muestra de presión es la cada vez mayor exigencia de transparencia a las instituciones, tanto públicas como privadas y no solo para que ofrezcan información, si no para que la forma en que la ofrecen sea accesible.

«Sin analizar cifras corremos el riesgo de quedarnos en la anécdotas o en los casos que nos son más cercanos, perdiendo de vista las dinámicas sociales de largo alcance... Y esto podría llevarnos a un mero sensacionalismo o a un “humanismo de buen rollo” que se desentienda de las claves políticas de lo que está ocurriendo, y de las alternativas posibles», explica Walter Actis, del colectivo Ioé y corresponsable del Barómetro Social de España. Y esa es la sensación que a veces se ofrece en los mass media cuando introducen estos relatos en las páginas de sucesos o cuando se retrata a sus protagonistas con un primer plano de su sufrimiento. «De ver la vida como recepcionista en un cinco estrellas a hacer cola como receptora de cuatro panes. De pasar las primaveras entre Berkeley y Seattle a afrontar este invierno de Cerdanyola. De soñar con aquella vivienda a tener pesadillas con tus dos desahucios», así describían en las páginas de El Mundo la vida de Mayte Salcedo tras su tercer desahucio⁷.

Bajo esta premisa entramos en el frío análisis de los datos, esperando aportar a través de estos la panorámica necesaria para entender la envergadura de esta compleja realidad. Entre 2007 y el primer semestre de 2014, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, se han acumulado casi 570.000 ejecuciones hipotecarias (EH, a partir de ahora). Concretamente en el segundo trimestre de 2014 se han iniciado 21.178 EH, un 4,2% más que en el mismo período de 2013. Una evolución de las ejecuciones que podemos ver gracias al Gráfico 6.(ver en página 206)

En el segundo trimestre de 2014, se produjeron 18.749 desahucios según las mismas estadísticas del CGPJ, un 3,7% más que en el mismo periodo del año anterior. Y eso que desde noviembre de 2012 existía una moratoria de dos años aprobada por PP y UPyD. Convalidado el decreto que paraliza dos años los desahucios y beneficia a unas 120.000 familias, titulaba en el momento de su aprobación rtve.es⁸. Esta moratoria, según datos de la PAH, solo ha permitido suspender «el 8% de las 120.682 órdenes de desahucio de los últimos dos años» y la catalogan como «insuficiente»9 y habría «dejado a sus “beneficiarios” en una situación peor a la que se encontraban antes», ya que los bancos no han dejado de sumar los intereses de demora.

Al finalizar esta moratoria, la PAH denunciaba «a día de hoy siguen desconociendo qué va ocurrir la próxima semana cuando venza la fecha de suspensión de sus desahucios». Desde el Ministerio de Economía se limitaban a afirmar que la moratoria era firme hasta mayo de 2015, pero las primeras personas que se beneficiaron de ella desconocían que iba a pasar, ya que los autos judiciales que firmaron estaban fechados días después de la aprobación de la moratoria en noviembre de 2012.

Una maraña de datos

A pesar de estas informaciones «no existen estudios serios sobre las consecuencias sociales de los desahucios, precisamente a causa de la política de recortes, que también afecta a la investigación social, especialmente la que se interesa por la situación de las clases sociales menos favorecidas», denuncia Actis, lo que dificulta la posibilidad de conocer el número de personas afectadas por desahucios, por cortes de agua, por pobreza energética o por las consecuencias que se generarán en el futuro.

Hasta hace relativamente poco tiempo, no se contabilizaban de una forma centralizada los desahucios. Entre 2007 y 2011 los datos que conocíamos eran proporcionados en exclusiva por los Servicios Comunes de Actos de Comunicación y Ejecución. Una información incompleta hasta para el propio Consejo General del Poder Judicial, que después ha preferido tomar los datos de los juzgados de primera instancia. Según Servicios Comunes, en 2012 se habrían ejecutado 46.408 desahucios, una cifra que se eleva hasta los 101.034 si nos fijamos en los datos ofrecidos por los juzgados de primera instancia.

«No recoger datos estadísticos de calidad es una decisión política que contribuye a invisibilizar los problemas», denunciaba la PAH en otoño de 2014 al conocer las últimas cifras del INE sobre esta materia. Por ejemplo, en los datos del INE sobre Ejecuciones Hipotecarias no encontramos datos sociológicos sobre el perfil de las personas afectadas o si, por ejemplo, hay menores entre ellas.

Para combatir la falta de datos en diciembre de 2013 el Observatorio DESC y la PAH presentaron Emergencia habitacional en el Estado español: La crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde una perspectiva de derechos humanos. Según se calcula en este informe, se produjeron 94.825 desahucios en 2011, 81.747 en 2010, 59.632 en 2009 y 49.848 en 2008. Sumados, entre 2008 y 2011 se hubieran producido 286.052 desalojos. Actualmente ambas organizaciones realizan una encuesta sobre el impacto en la salud y en la infancia del procedimiento de ejecución hipotecaria, que pretende también superar la escasa información de esta situación. Unos datos muy diferentes a los que ofrece para esos mismo años los Servicios Comunes de Actos de Comunicación y Ejecución: Gráfico 7 (ver página 207).

Emergencia habitacional en el Estado español

«Paliar la ausencia de datos oficiales sobre el perfil de las personas afectadas por procedimientos de ejecución hipotecaria y de la actitud de las diferentes entidades financieras ante esta problemática». Este es el propósito de uno de los dos grandes bloques en que se divide el documento Emergencia Habitacional en el Estado español, donde se exponen los resultados de 11.561 encuestas realizadas a personas afectadas. Una realidad que los propios editores prefieren que no se extrapole al resto de la sociedad, ya que solo han participado personas relacionadas con la PAH y el cuestionario se ha distribuido exclusivamente por internet y solo se podía encontrar en castellano.

Destacaremos algunas informaciones relevantes, pero el informe al completo lo podéis consultar íntegro en la red¹⁰. En primer lugar, según el resultado de estas encuestas, la mayoría de las personas habían contratado sus hipotecas entre 2005 y 2007 y el 59% de las entidades financieras que habían puesto en marcha los procesos de ejecución hipotecaria entre 2011 y 2012 fueron BBVA, Bankia, Santander y Caixa Bank.

El 85% de las personas afectadas solo disponen de la vivienda hipotecada y el 10%, a su vez, son avalistas de otras hipotecas. Por otro lado, un tercio de los encuestados disponen de una segunda hipoteca sobre la misma vivienda y un 8% de las personas afectadas tenían contratada una hipoteca puente (un tipo de préstamo que permite el cambio de vivienda por otra sin tener que vender con prisas la actual), que mayoritariamente tenían el objetivo de acabar accediendo a una vivienda digna.

Dentro del apartado del perfil sociológico de las personas afectadas se destaca que el principal motivo por el que se deja de pagar las hipotecas es la pérdida de empleo. Algo que se refleja en otros estudios, lo que no es de extrañar en un país con una media en los últimos años de entre 5 y 6 millones de personas sin contratos laborales. Pero, como veíamos antes, no solo la pérdida de empleo es el motivo para dejar de pagar la hipoteca, un 32% de las personas afectadas relacionaba las dificultades con una subida de la cuota hipotecaria y un 21% con la contratación de otras deudas. Por otro lado, la encuesta también refleja que los dos colectivos más damnificados serían personas desempleadas sin prestación (25%) y personas con trabajo remunerado indefinido (25% para desahuciados, 15% para aquellos con orden de ejecución).

Otros datos sobre este aspecto que encontramos son que el 82% de quienes se han visto afectados por procedimientos de ejecución hipotecaria han nacido en el Estado español, el 60% poseen estudios secundarios o un grado de formación profesional y el 24% estudios universitarios.

La investigación concluye con los «impactos en términos de salud y de satisfacción de otras necesidades básicas y la relación con las administraciones públicas». Junto a los problemas para hacer frente al pago de la vivienda, existen muchos otros para poder acceder a necesidad básicas para la vida. La mayor dificultad de las encuestadas se concentraban en el pago de la ropa (70%) y de los suministros del hogar (65%). Por otro lado, algo más de un 50% sufren problemas para poder asumir los gastos escolares y en un porcentaje similar, en torno al 45%, se sitúan quienes tienen muchas o bastantes dificultades para acceder a los alimentos que precisan. Además, para cuatro de cada diez personas encuestadas el hacer frente a las cuotas de la hipoteca les imposibilitaba acceder a alimentos adecuados, pagar los suministros del hogar y el vestido.

Por último también destacan que solo el 10% declara recibir prestación o ayuda de la administración (al margen de un posible subsidio de desempleo), lo que puede ser especialmente grave para las familias desahuciadas, de las que el 70% tienen a su cargo a dos o más menores y el 50% tienen también a su cargo, al menos, a una persona mayor. También la encuesta nos deja el resultado de que casi el 70% no acuden a la administración pública para buscar ayuda. Y de las que acuden a estos servicios, solo un 27% consideran que les ha sido de utilidad.

Una maraña de datos (cont.)

Meses antes de la publicación de Emergencia habitacional, Ada Colau y Adrià Alemany ya denunciaban en 2007 – 2012 (Retrospectiva sobre desahucios y ejecuciones hipotecarias en España, estadísticas oficiales e indicadores) la necesidad de «construir un indicador que tenga en cuenta la población. Así, medir los desahucios ejecutados en las distintas CCAA por cada mil hogares/año, nos dará una imagen más fiel sobre el impacto de los desahucios en el tejido social».

Con el fin de superar esta carencia, aportamos un gráfico que recoge el número de desahucios por Comunidad Autónoma en 2013 y otro donde se relativizan por cada mil hogares: Gráfico 8. (ver página 208)

Comparando ambos gráficos encontramos conclusiones muy diferentes. Si tomamos datos absolutos vemos a Cataluña, Comunitat Valenciana, Andalucía o Madrid como las CCAA más destacadas, la gráfica relativa en proporción al número de hogares totales, sitúa en cabeza a Baleares, Cataluña, Canarias y Comunitat Valenciana. Gráfico 9. (ver páginas 209)

Si seguimos profundizando en estos datos para tratar de dilucidar cuántas viviendas de las desahuciadas eran consideradas habituales, sólo podemos encontrar resupuestas a partir del año 2013. Es en ese año cuando el Banco de España (BE) por primera vez publica datos sobre los procedimientos judiciales hipotecarios que afectan a viviendas. Para ello, en 2012, realizó una encuesta a las entidades bancarias que controlan la mayor parte de los créditos hipotecarios, donde «se arrojan datos hasta entonces desconocidos sobre el tipo de vivienda», como relatan las profesoras universitarias Gala Cano y Miren Etxezarreta en La crisis de los desahucios en España: Respuestas institucionales y ciudadanas.

En mayo de 2014, el BE volvía a publicar cifras sobre estos procedimientos, pero «a diferencia de la primera información publicada en mayo de 2013 (referida al ejercicio 2012), los datos ya no proceden de una encuesta, sino que son aportados por las entidades en cumplimiento de la Circular del BE 1/2013, de 24 de mayo», según reconocían en la propia nota en la que presentaban dichas informaciones¹¹. Además, en esta ocasión se reflejan los datos de todas las entidades de depósito, aunque se olvidan de los pisos en manos de fondos buitre. Lo más destacado es quizás conocer que de las 49.694 viviendas entregadas en 2013 a los bancos por impago, el 78,40% eran viviendas habituales. Una cifra que no se encuentra entre las principales conclusiones de la nota informativa del BE. También se registra el número de daciones en pago, que asciende a 16.173.

Otra forma de conocer qué viviendas habituales están afectadas por Ejecuciones Hipotecarias es mirar al INE. De nuevo, el volumen de las fuentes disponibles es bastante limitado. Hasta 2014 no ofrecían el servicio de Información sobre Ejecuciones Hipotecarias, que justificaban como una «respuesta a la demanda social de conocer la cuantía y evolución de las ejecuciones hipotecarias». Según este informe, realizado en colaboración con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España (CORPME) y de la Dirección General del Catastro, las EH sobre viviendas habituales fueron 9.611 en el segundo trimestre de 2014, un 1,5% más que en el mismo periodo de 2013.

La letra pequeña de las hipotecas

Si hasta ahora hemos repasado con dificultad las diferentes estadísticas y cifras que existen sobre los desahucios, saber si las hipotecas tenían clausulas abusivas según la actual legislación es mucho más complicado todavía. En marzo de 2013, el Tribunal de Justicia de la UE fallaba que la Ley Hipotecaria española incumplía la norma europea (Directiva 93/13/CEE), ya que un juzgado no podía suspender cautelarmente una ejecución hipotecaria y examinar entonces si existiesen cláusulas abusivas en ese contrato. Ante este panorama nos resulta complicado establecer el número de personas que han sufrido un incremento ilegal de su hipoteca por diferentes claúsulas y qué consecuencias ha tenido este incremento. En esta ocasión nos centraremos solo en las cláusulas suelo, el Euribor y el IRPH, aunque sabemos que existen otras muchas claúsulas puestas en cuestión¹². El camino, de momento, para adentrarnos en esta situación, es fijarnos en las últimas sentencias judiciales que la atestiguan.

En mayo de 2013, el Tribunal Supremo declaraba nulas las cláusulas suelo que hubieran sido incluidas en los contratos hipotecarios con poca transparencia. Las cláusulas suelo se conforman como una condición legal que marca el interes mínimo a pagar en las cuotas de una hipoteca. Debido a esta sentencia del Supremo, se retiraron este tipo de cláusulas en al menos unos 400.000 contratos del BBVA, unos 90.000 de Novagalicia Banco (NGC) y más de 100.000 de Cajamar. Tras esta sentencia del Supremo, según informaba la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC), «más de 619.000 familias ven rebajada en un 30% aproximadamente las cuotas de sus préstamos hipotecarios, lo que supone para una hipoteca media un ahorro de unos 200 euros mensuales».

El fallo judicial no tenía efectos retroactivos, por lo que no obliga a devolver lo cobrado de más, aunque NGC sí anunció su intención de devolver 39 millones de euros. Así que a las personas afectadas no les ha quedado otra que iniciar nuevos procesos judiciales, y son sentencias posteriores de audiencias provinciales y juzgados de primera instancia las que han provocado la devolución de estas cantidades.

Para la gestión de las reclamaciones por las cláusulas suelo, el Banco de España ha adjudicado a la consultora Deloitte este servicio, que costará 825.964 euros, más IVA, ya que al parecer el Banco de España no puede encargarse directamente de este tipo de reclamaciones que ascendieron a 16.432 en 2013. Llama la atención que sea Deloitte la elegida, ya que durante años ha sido la gran responsable de auditar las cuentas de numerosos entidades financieras españolas. Incluso meses después de esta concesión era sancionada por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (institución dependiente del Ministerio de Economía) con 12 millones de euros, por no ser objetiva cuando avaló la salida a Bolsa de Bankia en 2011¹³.

La opacidad de los contratos hipotecarios no se limita a las cláusula suelo. Otro de los indicadores en cuestión es el Euribor, cuyo uso ha denunciado la Operación Euribor, ya que «si una hipoteca está o ha estado referenciada al euribor, sin duda le afecta la manipulación». Este trabajo se vio ratificado en diciembre de 2013 cuando se hacía público que la Comisión Europea había multado con 1.710 millones de euros por la manipulación de los tipos de interés interbancarios Euríbor, Líbor y Tíbor¹⁴ a Deutsche Bank, Societé Générale, Royal Bank of Scotland (RBS), JPMorgan, Citigroup y el bróker RP Martin. También estaban entre las entidades manipuladoras Barclays (multada con 1.170 millones) y UBS (con 347 millones), quienes ya habían pagado hacía meses su sanción de forma rebajada, gracias a su colaboración con la Comisión. Para Operación Euribor¹⁵, aunque se alegraban por la declaración oficial del fraude del Euribor, las multas suponían «una cortina de humo. Las conversaciones filtradas, supuestamente de las personas que amañaban el dato que enviaba a cada banco son sospechosamente parecidas a las del caso Libor». Y se preguntaban: «¿Cómo es que no se identifica a estas personas? ¿Cómo es que no se les detiene, juzga y condena por perpetrar semejante estafa? ¿Cómo es posible que se perdonen las multas a los chivatos? Si yo cometo un delito con más gente y confieso, ¿me perdonan la pena?». Y eso que el propio vicepresidente de la Comisión y responsable de la Competencia, Joaquín Almunia (PSOE), reconocía: «Es la infracción más grave que se puede imaginar en cuanto a política de competencia se refiere, ya que es un cártel, que afecta a miles y miles de usuarios».

El último índice cuestionado que entraremos a analizar es el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH). Un porcentaje utilizado para actualizar las hipotecas con tipos de interés variable y que desapareció por ley en noviembre de 2013, salvo el IRPH Entidades. «Este índice, que se calcula como una media de los tipos de interés que aplican los bancos, es opaco, no es auditable, y no refleja la situación actual del mercado», según explicaban desde la PAH en septiembre de 2014 cuando uno de sus integrantes conseguía que el Banco Sabadell cediera «a las presiones de la plataforma y bajara el interés de la hipoteca, sin modificar otras cláusulas, por el Euribor +1». Además la PAH resaltaba entonces que el IRPH, «al ser un índice que está a valores muy superiores al Euribor, ha provocado desahucios y ha causado que miles de familias se endeuden mucho más de lo que estaban en un principio». Semanas después quedó visto para sentencia otro proceso judicial que agrupaba 30 demandas interpuestas contra Kutxabank por integrantes de IRPH Stop Gipuzkoa¹⁶ ya que, a pesar de la desaparición del IRPH, esta entidad bancaria les seguía obligando a pagar unos 300 euros de más al mes.

¿Una vida por encima de nuestras posibilidades?

No es una crisis, es una estafa ha sido uno de los lemas que más se han repetido en movilizaciones sociales desde el 15M. Y situaciones como las de las claúsulas abusivas llenan de argumentos este grito. Pero a la vez, estamos acostumbrados a escuchar el mantra neoliberal de que quien tiene dificultades sociales es porque se lo ha buscado o que quien manda son las reglas del mercado, que las leyes de la oferta y de la demanda se encargan de regularlo todo. Y, por supuesto, no nos podemos olvidar de esa idea de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades durante muchos años.

«Si se hacen viviendas muy caras, y no hubiera demanda o poder adquisitivo, no se venderían. Usted ponga en el mercado un producto caro: no se vende». Tirar de hemeroteca y recordar estas palabras del entonces ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos en 2002 nos puede ayudar a entender muchas cosas de las que hoy sufrimos. Ciertamente muchas de las viviendas se vendieron, otra cuestión es si se han pagado y a costa de qué, o cuál es el precio que la sociedad en su conjunto está a día de hoy pagando por ello. Estas declaraciones de Cascos (investigado por si se beneficiaba o no de los supuestos sobresueldos del Partido Popular) fueron su respuesta a los datos facilitados por Tasaciones Inmobiliarias, que cifraban en un 14,24% el aumento del precio de la vivienda nueva entre septiembre de 2001 y el mismo mes de 2002.

La escalada del precio de la vivienda no se detuvo entonces y ahora podemos visibilizar las consecuencias de la burbuja inmobiliaria. Según datos del VII Informe sobre exclusión y desarrollo social (2014) de la Fundación Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (FOESSA), en 2007 el 4,5% de las personas encuestadas se encontraban por debajo del umbral de la pobreza extrema debido a unos gastos excesivos de vivienda, esta cifra se incrementó hasta el 7,6% en 2009 y llegó al 11,1% en 2013, más del doble de lo que era cuatro años antes. Es más, a mediados de noviembre de 2014, el Centro de Acogida Assís denunciaba la muerte de 473 personas sin hogar en España entre 2006 y 2012. De ellas, un 27% al ser víctima de agresiones, un 8% por hipotermia y un 14% sufrió un accidente con el fuego con el que pretendía protegerse del frío.

Pero el ex ministro todavía fue más allá y se felicitaba por el interés en el sector inmobiliario. «Otras sociedades —agregó—, el ahorro lo llevan a los fondos de inversión. Los españoles queremos bienes inmuebles». Pasaba por alto en estas afirmaciones aspectos sustanciales como las consecuencias que pudieran tener para miles de personas que otras tomaran como una simple inversión un bien básico para la vida o que su Gobierno no desarrollara una política social de vivienda efectiva, como tampoco lo hizo el siguiente Gobierno del PSOE (20042012). En el segundo trimestre de 2014, el 63,4% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas, habían sido firmadas entre 2005 y 2008.

En esos años, ya era el PSOE de Zapatero quien estaba instalado en la Moncloa, y junto a la creación del Ministerio de Vivienda, hoy nos quedan en el recuerdo la propuesta de la creación de pisos de protección oficial de menos de 30 metros cuadrados de la ministra Trujillo o la aprobación del desahucio express en los alquileres cuando este Ministerio estaba encabezado por Chacón.

La situación hoy, por más previsible que pudiera ser ya a inicios del siglo XXI, no ha mejorado demasiado, sino que más bien se ha agudizado. Para Walter Actis, la exclusión social no solo se incrementado, si no que se presenta con nuevas características. “La primera diferencia es un empobrecimiento general de la sociedad, puesto que ha descendido el nivel de renta medio, o mediano, del conjunto de la población (precisamente eso permite que la tasa de pobreza no crezca desmesuradamente)”. Una situación que se agrava, especialmente, en hogares sustentados por mujeres menores de 35¹⁷. El último informe de FOASSA refleja que entre 2007 y 2013, el porcentaje de hogares encabezados por una mujer crece 6,7 puntos porcentuales (desde el 26,5% hasta el 33,2%), que suelen cobrar menos y sufrir mayor precariedad en sus trabajos asalariados que los hombres. Además de un mayor porcentaje de doble jornada, de trabajo dentro y fuera de casa. Según describía en 2009 María Ángeles Duran en La Contabilidad del Tiempo, si en el Estado español se convirtieran en empleos a jornada completa las horas dedicadas a trabajo no remunerado, sería necesario crear un mínimo de 26,4 millones de empleos.

Otros sectores que se ven afectados severamente por la exclusión social son las personas migrantes, tanto los que llegaron a España hace años, como los miles de jóvenes que también han abandonado el país recientemente. Además, en un 44% de los casos de jóvenes que se habían independizado, los gastos excesivos de la vivienda les mantienen en una situación de pobreza severa según el estudio de FOASSA. En los últimos años, no solo se están yendo miles de jóvenes del país, sino que quienes llegaron hacen años también piensan en retornar a sus lugares de origen. «El paro unido a las escasas perspectivas de reinserción en el mercado laboral es un hecho fundamental. Sin embargo si no se percibe que se ha modificado positivamente la situación del lugar de partida hay reticencias a la hora de tomar la decisión de retornar», como concluyen en Emigración de retorno y crisis en España, Aurora García Ballesteros, Beatriz Cristina Jiménez Blasco y María Milagros Mayoral Peñas.

Sin garantía para los recursos básicos

En todos estos últimos años se ha incrementado también el número de personas que cada vez tienen más problemas para pagar la comida, para conseguir la ropa necesaria para vestirse, para pagar las facturas de la luz, del agua, del gas... Y a la exposición de esta situación queremos dedicar la última parte del capítulo. Una vivienda digna no se limita a tener un techo donde vivir, pero el no tenerla o perderla causa graves consecuencias.

La demanda del suministro de los recursos básicos para toda la población es una de las proclamas incluidas en las reivindicaciones por el derecho a una vivienda digna, como especificó el Movimiento Andaluz por la Vivienda en noviembre de 2013, al añadir la prohibición a las empresas suministradoras de que puedan cortar agua, luz y gas a las viviendas habituales a sus principales demandas (prohibición de los desahucios de viviendas habituales; prohibición de las sanciones a quienes recurran a la ocupación de viviendas vacías; habilitación del stock de viviendas vacías para dar solución a las carencias).

Según datos del informe de FOESSA, sólo el 34% de los españoles vive con todas sus necesidades cubiertas. Una situación que se agrava para las mujeres. «En España, por ejemplo, el porcentaje de mujeres que se encontraba en riesgo de pobreza después de transferencias sociales se ha elevado desde un 20,9% en 2007 hasta un 22,4% en 2011», según la catedrática de historia Lina Gálvez, lo que reafirma la tesis de la economista feminista Amaia Pérez Orozco de que aunque “se insiste en los efectos de la crisis sobre el empleo y se reitera que, si bien en un comienzo pudo golpear más duramente a los hombres, la dinámica posterior así como el peor punto de partida hacen que podamos afirmar sin género de dudas que la crisis tiene un mayor impacto sobre las mujeres”.

Las dificultades para pagar facturas del agua, de la luz, del gas..., no sólo afectan a personas desempleadas, si no que cada vez es más frecuente que personas con empleo no puedan acarrear con sus gastos. «La segunda diferencia de la actual exclusión social según Actis, es que antes de la crisis la mayoría de pobres eran personas económicamente inactivas (ancianos y menores de edad). En cambio, en el ciclo de crisis ha aumentado de forma significativa el número de trabajadores pobres (ocupados cuyos ingresos están por debajo de la línea de pobreza), mientras que ha descendido el porcentaje de ancianos pobres (puesto que las pensiones han mantenido mejor su nivel de ingresos que los salarios)». «En el año 2013, el 20,7% de quienes trabajan y el 46,6% de quienes se encuentran buscando empleo tienen complicaciones a la hora de asumir dichos gastos para el mantenimiento de la vivienda», como recoge el VII Informe de la Fundación FOESSA.

En 2012, el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejaba que un 9,2% de los hogares tiene retrasos en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, electricidad, comunidad,...). Según la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS), en 2013, unos 970.000 hogares en España han sufrido avisos de corte de suministro de agua como se deduce de una encuesta realizada entre 100.000 contadores de agua¹⁸.

«Según cálculos basados en microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), el porcentaje de hogares con gastos de energía desproporcionados (más del 10% de los ingresos anuales) alcanzó en 2012 casi el 17% (12% en 2010), lo que equivale a algo más de 7 millones de personas (5 millones en 2010) y por tanto un incremento del 40% en dos años», como se recoge en Pobreza Energética en España (2014) de la Asociación de Ciencias Ambientales. Así, 1,4 millones de viviendas sufrieron un corte de luz por impago en 2012, frente a los 600.000 cortes que se registraron en 2006, según datos publicados por El País. Mientras, en 2013, solo Iberdrola reconoce haber cortado la luz temporalmente 578.628 veces a clientes residenciales. Entre 2007 y 2013, Facua - Consumidores en Acción ha denunciado que los recibos de la luz medios han pasado de 48,59 euros al mes a 79,17 euros al mes, lo que puede tener drásticas consecuencias si no se puede pagar la factura. Según el informe Cambio climático 2014. Mitigación del cambio climático elaborado por el Grupo de Trabajo III del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, la pobreza energética mata hasta a 10.000 personas en España cada año.

Como señalábamos al comienzo del capítulo, detrás de los fríos datos hay personas, y detrás de cada persona afectada por las hipotecas y por la actual situación económica hay muchas historias y muy diferentes. La mayoría totalmente anónimas para la sociedad, otras están marcadas por el empoderamiento gracias a la lucha y reivindicación que desde hace años se viven en torno a la problemática de la vivienda. Pero, también, historias que están atravesadas de una u otra forma por todos estos componentes y en las que nos fijamos en las siguientes páginas.

LOS EXCLUIDOS DEL DERECHO A LA VIVIENDA: DE LA CULPABILIDAD A LA

LUCHA COLECTIVA

Gladys Martínez López

Cuando Lamine Numke dejó de pagar su hipoteca a finales del año 2008, hacía meses que había perdido su trabajo como obrero de la construcción, y las cuotas de su hipoteca habían pasado de los iniciales 750 euros mensuales en 2005 a los 1.485 euros. En el año 2004, Lamine empezó a contactar con inmobiliarias para alquilar una vivienda. Originario de Mali, llevaba tres años viviendo en España y ansiaba reencontrarse con su esposa, pero uno de los requisitos para la reagrupación familiar era que al menos tuviera un contrato de alquiler a su nombre. Así llegó hasta la inmobiliaria SoloPiso, donde pronto lo convencieron de las ventajas que tendría una vivienda en propiedad: «Por menos dinero que un alquiler —le dijeron— en unos años tendrás vivienda propia». En aquella época el alquiler de una casa de 60 metros cuadrados y dos habitaciones en los barrios periféricos de Madrid superaba los 900 euros, «y te pedían un mes de entrada, dos para la inmobiliaria y tres de fianza»; con una hipoteca pagaría 700 y el dinero se invertía en su propiedad. Todo parecía perfecto, como constataban los anuncios televisivos que cantaban las delicias de las hipotecas bancarias. Además, mientras que para un alquiler Lamine necesitaba un aval bancario que nunca obtendría, si optaba por una hipoteca todo eran facilidades. La inmobiliaria lo arreglaría todo, tenía pisos que ofrecer y bancos con los que trabajaba. Así, apareció la casa, en Usera, uno de los distritos con menor renta per cápita de Madrid, y apareció la entidad bancaria que le abriría las puertas de su nueva vida, CajaMadrid. Lamine no tenía un contrato fijo y ganaba unos 800 euros mensuales, pero eso no parecía ser un problema si conseguía tres avalistas en vez de dos. Y si le faltaba uno, la propia inmobiliaria se lo conseguiría. Tres amigos hicieron de avalistas, o eso pensaron al principio. Uno de ellos acabó figurando como copropietario de una quinta parte de la vivienda, cosa que ni él ni Lamine supieron hasta después de haber firmado, cuando recibieron los papeles de la hipoteca. Igual que en el caso de los avales cruzados, «muchos particulares que suscribieron este tipo de hipoteca no eran conscientes de las condiciones hasta el momento mismo de firmar ante notario, y muchos otros se dieron cuenta una vez inmersos en el proceso de ejecución hipotecaria»¹⁹. «Cuando entré en la sala, el notario leía muy rápido, y sólo decía firma aquí, firma aquí, firma aquí…», recuerda Lamine. Y firmó, como varios cientos de miles de personas más en aquellos años del boom. Luego, como narra Adrià Alemany, economista y uno de los fundadores de la PAH de Barcelona, «vino la cantinela de que era un contrato libre entre las partes y que los únicos responsables eran los hipotecados, puesto que nadie les había puesto una pistola en el pecho para que firmaran. Pero tratar de iguales a los desiguales y equiparar la necesidad de las familias de acceder a una vivienda a través de una hipoteca con el lucrativo negocio de los créditos hipotecarios de unas entidades financieras provistas de un ejército de economistas, abogados y técnicos analistas a sueldo era un insulto a la inteligencia»²⁰.

Además, el hecho de que el 80% de las viviendas sean en propiedad en España, una cifra muy por encima de la media europea, no es casual. Según el informe El impacto de la crisis en la relación entre vivienda y salud ²¹, «la predominancia de este tipo de tenencia ha sido fruto del constante apoyo a la propiedad en detrimento del alquiler y de otras formas de tenencia. Así, el instrumento principal de la política de vivienda en España han sido las deducciones fiscales a la compra (que suponen dos terceras partes del presupuesto público en vivienda, en comparación con el 25% en la UE). Por el contrario, el apoyo al régimen de alquiler ha sido mínimo y regresivo, como demuestran la Ley Boyer de 1985, que suprimió la prórroga forzosa en los contratos de alquiler, la supresión de la desgravación fiscal de las rentas de alquiler en 1998 y la reciente Ley 4/2013 que reduce de cinco a tres años el contrato de alquiler y agiliza los desahucios tras un mes de impago». Los autores de este informe añaden que «las características del parque de vivienda en España se deben a que históricamente se ha venido utilizando el mercado de la construcción como motor de crecimiento económico del país y la vivienda como bien especulativo (el precio de la vivienda en España aumentó un 196% entre los años 1997 y 2007) en lugar de ser considerada un bien de primera necesidad», unas políticas que han sido explicadas de manera detallada en el libro Vidas hipotecadas, de los activistas de la PAH Ada Colau y Adrià Alemany²².

Pero en aquel entonces todo parecía ir bien, y Lamine pudo pagar durante tres años, tres años en los que, de los 231.700 euros de hipoteca que había recibido, pagó 37.000, pero de ellos sólo 6.000 eran capital, el resto todo intereses, así es que el día que, sin soluciones razonables por parte del banco, tomó la decisión de no pagar ninguna cuota más, algo que habría sido incompatible con cosas básicas como la alimentación de él y su esposa, su deuda con el banco era casi la misma que al principio, y tres meses después, con los intereses de demora, ascendía a 234.719 euros…, y subiendo. «Me sentía culpable y responsable, pensaba que era yo quien lo había hecho todo mal», cuenta Lamine. Desde luego, no ayudaban las llamadas que recibía. «Te mandan cartas, te amenazan, te machacan todo lo que pueden, tienen operadores que te llaman a cualquier hora del día o de la noche para presionarte, para decirte que si no pagas te vas a ver en la calle, te machacan constantemente», explica. Recientemente, la PAH de Puertollano denunciaba la presión ejercida por los bancos sobre los afectados que no pueden hacer frente a los pagos. «Cuando un cliente deja de pagar su hipoteca recibe llamadas o cartas del banco reclamándole la deuda una y otra vez, aun en el caso de que se hayan iniciado negociaciones. Esta insistencia es percibida por los afectados por la hipoteca como acoso, dada la posición de fuerza del banco con el deudor (…). Denunciamos públicamente estas prácticas de cobro. Tanto si son realizadas por el propio banco, como si son vendidos a los gestores de la desgracia ajena, llamadas empresas de cobros de impagados o morosos»²³, explicaban en una misiva. Y esta presión no es sufrida exclusivamente por los afectados por la hipoteca. La PAH de Torrevieja también ha denunciado que «los propietarios de inmuebles se hacen con los servicios de personas que amenazan e intimidan durante meses a las familias que no pueden pagar el alquiler de sus viviendas para que las dejen, al margen de las resoluciones judiciales»²⁴. Del mismo modo, muchas familias que se hallan ocupando una vivienda de entidad bancaria, por carecer de alternativa habitacional, relatan constantes visitas de la policía como una medida de presión extrajudicial para que abandonen sus hogares.

En cualquier caso, los problemas de vivienda que afectan a cientos de miles de familias y que se traducen en el riesgo de perder el techo bajo el que se cobijan, se reflejan en muchos de los afectados a nivel psicológico.

Las consecuencias psicológicas

Los afectados «llegan con respuestas emocionales de mucha intensidad, como la rabia, el miedo, la incertidumbre de lo que va a pasar, y otras respuestas también desadaptativas, no tanto por la intensidad, sino por lo que implican, como la vergüenza o la culpa. Este tipo de cosas crea un clima donde es difícil sobrevivir o proyectarse en el futuro», explica Ernolando Parra, de la organización Psicólogos Sin Fronteras. Esto les ocurrió a Jesús y Puri, que participan en la Plataforma Stop Desahucios de Córdoba, y que, al cerrar su negocio familiar y verse ahogados por los pagos, tuvieron que elegir entre «comer o pagar, y decidimos comer, sobre todo que comieran nuestros hijos». Jesús y Puri cuentan que «el problema nos afectó a nivel personal, como si nos estuvieran quitando todas nuestras ilusiones. Especialmente pensábamos en nuestros hijos, pero por mucho que lo intentas es como un fantasma que está ahí. Noches sin dormir, cambios de humor, miedo a salir a la calle, con la sensación de que llevas un cartel en la frente diciendo moroso. Tenías miedo incluso de tomarte un café, pánico de que llamaran a la puerta. No sé cómo será el infierno, pero estamos convencidos de que es algo parecido a esto. Te sientes fracasado, hundido y se te pasan mil cosas por la cabeza, por supuesto ninguna buena. Este tipo de problemas o te separan o te unen».

Según explica Parra, “la culpa tiene una parte que viene del discurso oficial, que es un discurso neoliberal que dice que quien tiene dificultades sociales es porque se lo ha ganado, y si no sale de ello es porque también se lo ha ganado, porque no sabe encontrar la solución para salir adelante, pero nosotros entendemos que las dificultades sociales son manifestaciones sobre algunas personas de una estructura social que hace aguas”.

Los autores del informe Crisis económica y salud mental. Informe SESPAS 2014 ²⁵ compararon, a través del estudio IMPACT, la prevalencia de trastornos mentales en atención primaria antes y durante la crisis económica. Éste revela que entre 2006 y 2010 se produjo un aumento significativo de varios trastornos mentales, como los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de ansiedad, los trastornos somatomorfos y el abuso de alcohol. «Existe un riesgo del 3,1% de padecer depresión atribuido al desempleo», según las conclusiones de este informe, que también evaluó un riesgo mayor para el trastorno depresivo, asociado con las dificultades del pago de las hipotecas: «Una vez corregida la muestra por los riesgos de desempleo apareció un riesgo adicional, estadísticamente significativo, de padecer dicho trastorno asociado a las dificultades para pagar la hipoteca, que representó un 11% de riesgo adicional en la población general».

A menor escala, pero con resultados muy significativos, en septiembre de 2014 la Facultad de Psicología de Granada y la Escuela Andaluza de Salud Pública, en colaboración con Stop Desahucios Granada, publicaban el informe Estado de salud de la población afectada por un proceso de desahucio ²⁶, donde se concluye que a pesar de que existe una escasa literatura científica internacional sobre el impacto de los procesos de desahucio en la salud de las personas afectadas, la que existe al respecto «sugiere que el proceso de desahucio puede durar varios años, comenzando con un cambio de situación personal, que suele ser la pérdida del empleo. La exposición a esta situación de manera continuada, y a lo largo de varios años, puede producir diferentes efectos en la salud y en diferente grado, tanto a corto como a largo plazo». De los resultados de esta encuesta se deduce que el 44,9% de la población en proceso de desahucio sufre algún trastorno mental, frente al 8,7% de la población andaluza general. Igualmente, un 65,2% de la población en proceso de desahucio presenta un diagnóstico de insomnio. Además, el 88,2% presenta un trastorno de ansiedad, el 91’2% muestra niveles severos de depresión y el 68,24% presenta todas las características del síndrome de estrés postraumático, siendo las mujeres las que muestran los niveles más elevados en los tres tipos de trastorno. Según explicó la doctora Umbelina Robles en la presentación del informe, la valoración extrapola «resultados terribles. Desde luego esperábamos encontrar ansiedad, depresión, estrés…, pero no a los niveles tan dramáticos con los que nos hemos topado. Niveles de 90% y más en prácticamente todos los afectados. Tan sólo un 5% muestran niveles bajos de estas patologías, lo cual demuestra el gravísimo impacto del desahucio en la salud mental del que lo padece»²⁷.

Otra encuesta realizada a 11.000 personas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Observatorio DESC y publicada en su informe Emergencia habitacional en el Estado español: la crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde una perspectiva de derechos humanos ²⁸ recoge que un 87% de las personas afectadas sufren altos y constantes niveles de ansiedad provocados por sus problemas de hipoteca. A esto se suman las dificultades para hacer frente al pago de ropa (70%), los suministros de hogar (65%), los gastos escolares (más del 50%) y los alimentos (45%).

Muchos afectados han tenido que recurrir a la beneficencia para comer, como fue el caso de Lamine, que mientras estuvo en paro recibía alimentos de una parroquia de su barrio, sobre todo después de que su mujer diera a luz y los ingresos se mostraran claramente insuficientes para hacer frente a cualquier tipo de gasto. En un estudio realizado por Cáritas Diocesana de Barcelona con personas que vivían en una vivienda inadecuada o tenían dificultades para hacer frente a los pagos, se añadía que cuatro de cada cinco familias estaban preocupadas por no poder comer lo suficiente debido a la falta de dinero. El 78,4% de estas familias tenían menores a cargo²⁹. Según los últimos datos, casi 2,2 millones de personas recibieron ayuda alimentaria del programa de distribución de alimentos del Ministerio de Agricultura a través de diversas entidades de reparto o comedores sociales en 2013³⁰ , 131.092 más que el año anterior, 373.360 más que en 2011³¹. A raíz del 15M, en muchos barrios y pueblos se ha intentado hacer frente a la emergencia humanitaria y para ello se han creado tanto bancos de alimentos autogestionados como tiendas gratis de ropa en las que son las propias personas con dificultades, vecinos y activistas los que se organizan para conseguir bienes de primera necesidad. Muchos de los afectados, además, ante la imposibilidad de pagar, se ven obligados a pinchar la luz y otros suministros básicos para tener unas condiciones de habitabilidad mínimas en sus viviendas, sean ocupadas o en proceso de desahucio.

María, una trabajadora social de Madrid que no puede dar su verdadero nombre, explica que «el que no haya ingresos económicos para poder hacer frente a la vivienda, a la comida, a los pagos de luz, a los pagos de agua, de gas, a las comunidades de propietarios… esto desestructura muchísimo a las familias. Se dan relaciones familiares conflictivas de pareja, muchas separaciones, y también problemas en los niños, que son los mayores afectados en estas situaciones. En ellos vemos conductas disruptivas, de no aceptar normas, de estar provocando en el colegio situaciones complicadas…». María, que participa en el foro ServSocial³², añade que ha atendido a familias que en un curso escolar han recorrido cinco domicilios, «el niño ha cambiado cinco veces de habitación, y muchas veces no tienen espacio para los estudios, sin libros porque no los pueden comprar, y esto provoca fracaso escolar, que después es muy difícil de remontar…». En el caso de las familias con las que ha trabajado Cáritas Diocesana Barcelona, más de dos de cada cinco niños de familias afectadas presentan una mala salud mental, frente a un 5% de los menores en el conjunto de la ciudad de Barcelona³³. En general, María añade que «una situación de crisis que se prolonga a lo largo del tiempo ya no es algo puntual. Un parado de larga duración termina en exclusión, y volver a la inclusión es muy complicado. Es muy fácil salir y muy muy difícil entrar».

Suicidios

El 9 de noviembre de 2012, Amaia Egaña, vecina de Barakaldo (Vizcaya) y exconcejal en el Ayuntamiento, se lanzaba al vacío desde el balcón de su vivienda después de abrir la puerta a la comisión judicial que acudía a desahuciarla a ella y a su familia. No era ni el primero ni sería el último caso de suicidio relacionado con una ejecución hipotecaria, pero tras las protestas sociales y el revuelo mediático causado por esta última muerte, el Gobierno aceleró su Real Decreto-Ley 27/2012, de Medidas Urgentes para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios, una medida que fue denunciada inmediatamente por las PAH por ser claramente insuficiente y no ir a la raíz del problema. Dos años después, la PAH ha constatado que esta moratoria sobre algunos desahucios ha dejado fuera al 92% de los afectados. Paradójicamente, Egaña se encontraba entre ese 92% que no habría podido acogerse a la moratoria del Gobierno.

Aunque de momento los expertos no se atreven a establecer una relación directa entre desahucios y suicidios, o crisis y suicidios, ya que, según explican, las causas de un suicidio siempre son múltiples y en muchos casos están ligados a un trastorno mental, los últimos años han estado jalonados por suicidios de algunas personas en trámite de desahucio que han hecho saltar las alarmas. «Es muy difícil encontrar una relación directa. Pero hay mucha evidencia de que todo lo que está relacionado con la crisis económica y la pérdida de la vivienda, la pérdida del empleo, genera situaciones de mayor riesgo de la posibilidad de suicidio», explica Ernolando Parra. Aunque se necesitarán estudios a largo plazo para determinar si el aumento de los suicidios (11% más en 2012) está relacionado con la crisis económica, «la cuestión es que se registran numerosos casos de depresiones demoledoras que afectan a personas en procesos de desahucio, que no se curan simplemente con medicamentos o antidepresivos. En algunos casos, la depresión termina en suicidio. En otros, son las distintas formas de apoyo mutuo las que permiten salir adelante»³⁴, según explica Eva Filguera, coautora del corto documental Los que se quedan, que se propone arrojar luz sobre el deterioro de la salud mental en España y la vinculación entre crisis y suicidios, de la mano de expertos y científicos. «La PAH no sólo ha servido para parar desahucios. La PAH ha servido también para salvar vidas», explicaba José Coy, uno de los protagonistas del corto, en una presentación del mismo en Madrid, y son muchos los afectados que declaran haber experimentado el valor terapéutico de su participación en estos grupos, a través del apoyo mutuo, el contacto con personas en su misma situación y la lucha colectiva. Para Ernolando Parra, «un suicido es una situación compleja, y el apoyo social, el que tú te sientas parte de un grupo y percibas que hay personas que pueden ayudarte es un factor de protección para personas que en un momento determinado piensan en suicidarse».

De la salud mental a la física

Pero la situación de vulnerabilidad de las familias con dificultades para pagar su vivienda, en proceso de expulsión o después de haber sufrido un desahucio, no sólo se traduce en diversos tipos de trastorno mental, sino que a menudo los problemas psicológicos se acaban somatizando y derivando en enfermedades físicas. Según el informe realizado en colaboración con Stop Desahucios Granada³⁵, el 67% de las personas inmersas en un procedimiento de desahucio considera que tiene una salud deficiente, frente al 19,7% de la población general andaluza. Además, un 41% de la población en proceso de desahucio tiene alguno de los principales factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, como hipertensión y colesterol, frente a un 24% de la población andaluza. En cuanto a la presencia de una enfermedad crónica, un 86,3% de la población en proceso de desahucio padece alguna, frente al 49,6% de la población andaluza, según este informe.

Ana, que se encuentra junto con sus dos hijos menores ocupando una vivienda en Madrid, explica que, a raíz de sus problemas de vivienda, que comenzaron cuando no pudo hacer frente al alquiler de una residencia ni de una habitación y que culminaron con la ocupación, «estuve casi un año muy mal, con un virus en la garganta, no podía comer ni beber y tenía 40 de fiebre, mi cuerpo ya no reaccionaba a los antibióticos y me tuvieron que operar. A los diez días tuve una hemorragia y estuve muy grave. Cuando salí del hospital no podía tomar nada, todo lo vomitaba. Una psiquiatra me vio y me dijo que era de los nervios, del estrés». Ana y sus hijos han recibido constantes visitas de la policía, algunas de ellas aporreando la puerta a altas horas de la noche. La situación, dice, no sólo la afecta a ella. Uno de sus hijos ha desarrollado una enfermedad en la piel, «y el doctor me ha dicho que es la consecuencia del estrés que tiene. Algunos niños sueltan el estrés y otros lo tragan, y eso se visibiliza de distintas maneras».

El empoderamiento

Lamine descubrió el Grupo de Vivienda de la Asamblea Popular de Usera en el verano de 2011, después de haber aplazado por vía judicial el primer lanzamiento de su vivienda. Después de que el movimiento 15M en Madrid desmantelara la acampada de la Puerta del Sol en junio y se crearan asambleas en cada uno de los barrios, junto a la PAH fueron naciendo diversos grupos y asambleas de vivienda en las que hacer frente a la sangría de desahucios y trabajar la problemática de la vivienda desde lo local y desde lo barrial. A partir de entonces, cientos de PAH han ido surgiendo en todo el territorio para luchar por un derecho a la vivienda que, a pesar de figurar en el artículo 47 de la Constitución y en el 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sigue siendo vulnerado por instituciones y tribunales. Seguían todos ellos la estela de trabajo de las PAH con más trayectoria, como la de Barcelona, que llevaba luchando contra los desahucios desde 2009, o la de Murcia, que nació un año después.

Pero el efecto de las PAH y grupos de vivienda no sólo ha sido la detención de expulsiones de cientos de familias a través de los Stop Desahucios o de acciones continuadas frente a las sucursales bancarias o ante los tribunales, sino que en ellas se ha gestado el empoderamiento de numerosas personas afectadas. Según el psicólogo Ernolando Parra, sentimientos como la culpa o la vergüenza desaparecen con relativa rapidez cuando los afectados comienzan a participar en estos grupos. «Participar en este tipo de grupos es salutogénico, genera salud en las personas. La solución pasa vía una toma de conciencia o con el contacto con personas en las mismas condiciones. Es un espacio donde determinadas emociones las puedes gestionar, expresar, van a ser entendidas, y tienes un grupo de personas afín que te puede comprender y que puede compartir lo que está pasando, y eso por si solo genera salud».

Según este profesional de Psicólogos Sin Fronteras, es necesario tener en cuenta que la sintomatología con la que nos encontramos es la punta del iceberg. «Tenemos otros aspectos que no se ven tanto. Uno es que cuando estás en esa situación, de miedo, ansiedad o vergüenza intensa, no estás en la mejor de las posiciones como para tomar decisiones, resolver los problemas que te van surgiendo cada día. Cuando las personas están en una plataforma están en mejores condiciones emocionales para resolver y además manejan más información en todo lo relativo a hacer frente a la presión judicial, económica, de no poder pagar la hipoteca o el alquiler, y tienen un apoyo social». A lo largo de estos años de trabajo, en las PAH, donde las asesorías son colectivas, los afectados no sólo han encontrado apoyo, sino que se han ido formando sobre todo lo relativo al procedimiento en que se hallan inmersos, implicándose no sólo en su propio caso, sino también en los de los demás, aprendiendo la legislación y las distintas vías para oponerse a un desahucio, ideando estrategias de negociación y presión sobre los bancos, acudiendo a Servicios Sociales para pedir informes sociales que avalen su situación de vulnerabilidad, aprendiendo a utilizar todos los recursos disponibles, tanto a nivel burocrático como de lucha en la calle. En el plano de la ayuda psicólógica, además del apoyo colectivo que se da en las asambleas y a través de las relaciones personales y de afinidad dentro de las plataformas, la organización Psicólogos Sin Fronteras trabaja en colaboración con diversas PAH y grupos de vivienda de barrios, para dar asistencia de manera voluntaria a aquellos afectados que lo necesiten.

Parra añade otro punto más que considera fundamental, y es el de la construcción de la identidad: «Cuando nos hemos socializado en los últimos años pensando que teníamos que tener un buen coche, cambiar de casa y tener otra mejor, compararnos con los demás dando un valor monetario a nuestra vida, nos hemos instalando en unas condiciones que han quebrado completamente. Nos encontramos con personas en las que la pérdida de la casa no es una pérdida material, es una pérdida de identidad y la pérdida de un proyecto de vida que estaba vinculado al desarrollo familiar en esa casa. Ante eso es importante generar una identidad alternativa, y en estos grupos de autoapoyo tomas conciencia de que eres una persona que resiste, que se empodera, que eres capaz de ayudar a otras personas, que eres parte de un grupo, tomas conciencia de que el problema que tú tienes no es individual, sino social, en el que tú estás inmerso».

Lamine es consciente de su propio proceso de empoderamiento. Desde la primera visita al banco, en la que prevalecía el sentimiento de culpa o vergüenza, hasta la reivindicación y el activismo. Cuando entró a formar parte del Grupo de Vivienda de Usera y, poco después, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, «fue un cambio enorme. Me sentí aliviado, ya no me sentía solo. Nos encontramos con gente que nos escuchaba, con amigos, compañeros, vecinos que nos entendían. Encontré gente que tiene el mismo problema que yo, casos de muchos bancos, gente con casos peores, como señores mayores que tenían su piso pagado, peseta a peseta, hacía años, y después de avalar a sus hijos iban a perder su casa. Fue un impacto tremendo, y encontraba que mi caso era menor».

La respuesta es similar en todas las entrevistas. Jesús y Puri, de Stop Desahucios Córdoba, explican que «llegas allí con miedo, vergüenza, y sales con ganas de luchar y ves un futuro diferente al que veías sólo una hora antes, ves que no estás solo y que hay muchas familias con tu problema, y sobre todo hay una frase que me dijeron que se me ha quedado grabada: “Tu problema es nuestro problema”, y te das cuenta la cantidad de personas dispuestas a luchar por otras de forma desinteresada. Y esa frase la cumplen, te sientes apoyado, respaldado y con ganas de continuar. Al integrarte en la plataforma de forma activa tú mismo haces tuya esa frase, porque esas personas se convierten en tu segunda familia».

Según el informe realizado en Granada³⁶, un 97’6% de las personas a las que encuestaron solicitó ayuda a plataformas de Stop Desahucios, y un 87% lo recibió. El porcentaje de personas muy satisfechas con la ayuda recibida en este caso es de un 91%.

Paradójicamente, o quizá precisamente por eso, al menos en el caso de Madrid, muchos grupos de vivienda están recibiendo casos de afectados derivados por los propios trabajadores de Servicios Sociales. María apunta que «se ha intentado orientar a la red informal que hay, porque desde Servicios Sociales municipales no hay posibilidad de dar respuesta a una familia. Hay ayudas económicas, pero todas son de emergencia social, por ejemplo, de un mes para pagar el alquiler, ayudas muy puntuales, pero no hay alternativas habitacionales». Esta trabajadora explica que hace dos años el Ayuntamiento de Madrid lanzó el Programa de Vivienda Solidaria para personas que hubieran sido desahuciadas. «Ofrecen una vivienda, que es pública, de la Empresa Municipal de la Vivienda, de la que previamente han desalojado a otras familias por impago. Pero, además, se da la paradoja de que a las posibles familias candidatas a estas viviendas se les exigen unos ingresos mínimos, de unos 800 euros para una familia de cuatro miembros, así es que las familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción, cuyo máximo es de 532,51 euros, que perciben esta renta porque están en situación de vulnerabilidad total, no pueden acceder a estas viviendas porque no cumplen el requisito económico». A esto se suman las políticas antisociales llevadas a cabo tanto desde la Empresa Municipal de la Vivienda como desde el Instituto de Vivienda de Madrid, que, a pesar de su función teóricamente social y de apoyo a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, están ejecutando numerosos desahucios (unos 40 al día en 2012, según datos de la PAH), a la par que venden miles de viviendas de su parque público a fondos buitre y sociedades de inversión como Goldman Sachs o Lazora³⁷. Por la venta de 3.000 de estas viviendas declaró como imputada en septiembre de 2014, por presunta prevaricación y malversación de fondos, la directora general del Ivima. En relación a este caso, la propia Defensora del Pueblo denunció que «ante situaciones coyunturales de necesidad de los ciudadanos, la respuesta de la Administración no puede ser el dejar a los ciudadanos en desamparo, sino adoptar una posición activa para atender esas situaciones». Sin embargo, no sólo se está produciendo un permanente achicamiento del parque público de vivienda en Madrid, sino que es prácticamente inexistente en todo el Estado: «Un parque público que a día de hoy no llega ni siquiera al 1% del parque total construido, y que en un contexto de crisis como el actual habría permitido vivir de alquiler a miles de familias»³⁸. Según explican los grupos de vivienda, los desahucios de vivienda social son incluso más graves que los de los bancos, ya que las negociaciones son a menudo mucho más difíciles que con las entidades financieras, algo que es más sangrante si se tiene en cuenta que afecta a colectivos extremadamente vulnerables, y además muchos procedimientos de ejecución se producen cuando las familias acumulan deudas muy bajas, a partir de los mil euros. A todo esto se suman desahucios a menudo brutales, con participación de los antidisturbios, debido a que los entes públicos de vivienda rara vez se avienen a negociar, independientemente de lo desesperado del caso.

El papel que están teniendo las instituciones a todos los niveles ante esta situación de emergencia habitacional es, cuando menos, de dejadez. Berta Lago, también miembro de ServSocial, explica que «lo que no hay ahora es una política más o menos integral que esté permitiendo que tú hagas un diagnóstico de una situación, y faltan herramientas y recursos que te permitan hacer el planteamiento global. Los únicos recursos que se ofrecen son beneficencia, aunque lo queramos llamar solidaridad», y añade que «hay un montón de viviendas vacías que darían cobertura a todas las personas sin vivienda, pero hay una falta de interés de las instituciones».

A pesar de la lucha constante de las PAH y grupos de vivienda, las personas que se acercan a pedir ayuda e integrarse en estos grupos sigue siendo minoritaria. A pesar de la presencia policial en algunos desahucios, la PAH ha logrado parar en estos años más de 1.100 expulsiones. Sin embargo, tan sólo en 2013 se ejecutaron 67.189 lanzamientos, de los que 38,4% se debieron a ejecuciones hipotecarias y el 56,8% al lanzamiento de viviendas en alquiler según la Ley de Arrendamientos Urbanos. Sin embargo, la mayoría de los afectados siguen entregando la vivienda sin acudir a un grupo de Stop Desahucios que pueda ayudarlos a encarar la situación y luchar por su vivienda. Muchos de ellos recurren a sus redes de apoyo familiar. Según explica María, de ServSocial, «la consecuencia de la crisis económica y de vivienda ha atacado a un colectivo muy vulnerable. Quien tiene una red familiar de apoyo ha podido ser acogida por familiares, por padres, etc., pero la población inmigrante no tiene aquí familia, o la que tiene está en una situación igual o peor, con lo cual es imposible acogerles». Además, añade, «la red social, cuando las cosas van bien, funciona, pero ahora la red social cada vez está más débil».

Ocupación, reapropiación, liberación.

Una de las consecuencias es que muchas de estas familias se han visto obligadas a ocupar una casa perteneciente a un banco como única alternativa para poder seguir viviendo bajo un techo. Ana, que contactó con el grupo de Usera, el mismo en el que participa Lamine, en 2012, empezó a ocupar después de que sus ingresos se agotaran y se viera en la imposibilidad de seguir haciendo frente a un alquiler. En el momento de ocupar la vivienda en la que había estado viviendo anteriormente con su expareja y sus dos hijos, y que había sido objeto de un procedimiento de ejecución hipotecaria, «no me dio miedo porque no sabía lo que era. Yo sólo pensaba que no tenía dónde ir. Me faltaba un mes para terminar el paro. Luego empecé a pensar las consecuencias, no sabía si esto conllevaba cárcel y el mayor miedo era que me quitaran a mis hijos». Tras unos primeros días de mucha precariedad, sin luz y sin mobiliario, fue consiguiendo muebles por el barrio, y los vecinos la ayudaron con cosas básicas como platos y tenedores... Hoy paga la comunidad y el agua a través de la limpieza de la escalera, y se siente una vecina más. Después de empezar a trabajar con el grupo de Usera y con otros en el vecino barrio de Carabanchel, además de en la Asamblea de Vivienda de Madrid, que reúne a todas las asambleas de barrio y PAH que luchan por el derecho a la vivienda, «yo no soy la misma persona que antes. Ahora ya no tengo miedo. Voy a defender con uñas y dientes mi vivienda. No me van a dejar en la calle, y si me dejan en la calle entraré en otra casa. Sé lo que es el delito de usurpación, pero para mí el delito es quedarte en la calle». Ana explica que las personas que ocupan trabajan conjuntamente con los afectados por la hipoteca: «Estamos luchando por la misma causa, que es un techo, y nos sentimos orgullosos y fuertes», y añade que «nosotros, porque somos muchos los que estamos luchando, no entramos para vivir por la cara, pedimos un alquiler social, que sea un porcentaje de nuestros ingresos, porque creo que es un derecho tener una casa con tus hijos, y no me gusta tener que mirar por la ventana cada vez que llaman a la puerta». Cuando Ana llegó al grupo de vivienda de su barrio, era el primer caso que aparecía de ocupación, entre muchos casos de hipoteca, por lo que tanto ella como sus compañeros tuvieron que hacer un esfuerzo de formación y aprendizaje colectivo. Después, un goteo de nuevos casos se fue sumando al suyo. En los últimos dos años, los distintos grupos y PAH han constatado un aumento vertiginoso de las personas que acuden a ellos habiendo ocupado una vivienda o con la necesidad de hacerlo. Si antes predominaban los afectados por la hipoteca, con el paso de los años y el aumento de los desahucios, los números han llegado a invertirse en algunos casos, y muchos de ellos son personas que, sin haber tenido una hipoteca, no podían hacer frente al alquiler de sus viviendas a un precio de mercado, como muestran las últimas estadísticas de desahucios. María, de ServSocial, también ha constatado este hecho: «Antes cuando había una familia que desahuciaban, entrábamos en crisis. Ahora está totalmente normalizado, y la ocupación también. Cuando la familia no tiene ninguna otra opción llegan a la opción de la ocupación. Hace cuatro años era muy raro que llegara a Servicios Sociales gente que estaba ocupando una vivienda. Ahora no sólo es normal, sino que además la gente lo cuenta ya con normalidad».

Ahora los grupos de vivienda y PAH no sólo negocian daciones, alquileres y paralización de desahucios con los bancos, sino alquileres sociales para familias que se encuentran ocupando una vivienda de entidad bancaria y, aunque con más reticencias por parte de los bancos que en los casos de hipotecados, también se están consiguiendo.

Además, ante la inacción de las instituciones, ya en septiembre de 2011 la PAH lanzó la Obra Social PAH³⁹, una campaña de recuperación de edificios de entidades financieras por parte de los afectados para poder entablar negociaciones colectivas que lleven a una solución habitacional aceptable para estas familias, «de manera que en aquellos casos en que las concentraciones ciudadanas no consigan paralizar los desalojos, la PAH apoyará y dará cobertura a las familias para que no se queden en la calle». El objetivo, explicado por la propia PAH, es triple: recuperar la función social de una vivienda vacía para garantizar que la familia no quede en la calle; agudizar la presión sobre las entidades financieras para que acepten la dación en pago, y forzar a las administraciones públicas a que adopten de una vez por todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a una vivienda. Las PAH que dieron impulso a la campaña de Obra Social fueron las de Cataluña, pero posteriormente se sumaron otras PAH y asambleas de vivienda en todo el Estado, que han logrado el realojo por esta vía de 1.180 personas. En Andalucía, esta solución colectiva se ha dado a través de la recuperación de corralas por parte de familias sin solución habitacional, apoyadas a menudo por grupos de Stop Desahucios y el movimiento del 15M, igual que ha ocurrido en Madrid.

Mercedes, que habita junto con su familia una vivienda del edificio Callejo 13, recuperado el 7 de abril de 2014 por la plataforma de afectados del distrito madrileño de Vallecas, PAH Vallekas, explica que «esta posición de la PAH y la Obra Social la apoyo desde el convencimiento, no sólo por el interés inmediato. Desde un punto de vista personal, además, te fortalece, porque no te encuentras sola». Mercedes ya conocía desde hace años la situación de las familias afectadas, pero desde el otro lado: «Al principio los desahucios eran para personas sin recursos, y yo, como educadora social, recibía a familias en esta situación. Dos años después me ha tocado». Le acabó tocando, como a tantas familias, después de ver cómo el trabajo escaseaba cada vez más a la vez que su marido perdía su empleo.

Mercedes habla desde el convencimiento: «Las PAH y la Obra Social han hecho muchas acciones para visibilizar la catástrofe que ha provocado la banca y visibilizar el dinero utilizado para recuperar esos bancos o crear uno nuevo, la Sareb [Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, conocida como Banco Malo], donde están los productos tóxicos de esos bancos que han deteriorado el sistema de bienestar...». Callejo 13, donde residen cuatro familias, pertenecía a Bankia, recuperada con 22.000 millones de dinero público, pero recientemente ha pasado a manos de la Sareb, uno de los objetivos principales de la campaña Obra Social, lo que, según Mercedes, a pesar de que «seguimos denunciando este tipo de acuerdo», les da un respiro después de haber estado al borde del desahucio y «un margen de acción para la lucha política».

La reflexión de esta educadora social va más allá: «Yo no vengo de una hipoteca, pero vengo de un sistema que se ha ido deteriorando progresivamente de manera acelerada, donde no hay empleo ni posibilidades de devengar un mínimo de ingresos para mantener a tu familia». Y, añade, «hay miles de familias sin vivienda, y miles de viviendas vacías, y muchas de ellas son de la banca, así es que consideramos que esas viviendas son nuestras porque se ha recuperado a la banca con nuestro dinero. Aun así, ellos se niegan a negociar, a establecer ciertas pautas mínimas para cubrir algo que es constitucional, que es el derecho a la vivienda. Bajo esas premisas no queda otra, tanto a nivel de organización como a nivel de familias, de tomar la decisión de participar en la recuperación no sólo de mi vivienda, sino también en la de otras familias o personas que están sin vivienda por la situación económica, como consecuencia de toda esta catástrofe bancaria. Por eso participamos de forma conjunta y colectiva en la Obra Social, es un trabajo de continuo apoyo entre familias y personas».

Además, al empoderamiento y toma de conciencia se suma la autoorganización y trabajo colectivo. En Callejo 13, según explica Mercedes, se organizan, junto con los otros dos edificios recuperados por PAH Vallekas el mismo día en el distrito, por comisiones, por grupos, de suministros de mobiliario, de suministros estructurales... «La Obra Social va más allá de abrir una puerta e instalarte, es un trabajo más cooperativo», señala. Para los participantes en las recuperaciones de edificios a través de la Obra Social PAH es importante, además, la fuerza de la negociación colectiva: «Como Obra Social queremos intentar negociar como grupo, con unos criterios más claros, que sean asequibles, que no nos pongan un listón altísimo, porque es como si estuvieses solicitando una hipoteca con unos requisitos mínimos, y si estamos aquí es porque esos requisitos no los cumplimos», explica Mercedes.

Un ejemplo de lucha colectiva es el llevado a cabo por las cinco mujeres, todas con hijos a cargo, y dos abuelas, que recuperaron, con el apoyo de la Asamblea de Vivienda Centro, un edificio en el barrio de Malasaña, también en Madrid, en abril de 2014. Lo llamaron La Leona. Según explica Duña, una de sus habitantes, «no teníamos recursos. Solicitamos vivienda por muchos lados, al Ivima, al Ayuntamiento, a Cáritas…», pero, como añade Maggie, otra de sus moradoras, «es más probable que te toque el sorteo de Navidad que una vivienda». Muchas de ellas vecinas del barrio, llevaban años viendo este edificio, de una inmobiliaria, vacío. Sin alternativa habitacional, decidieron dar el paso: «Nos unimos a la Asamblea de Vivienda Centro y decidimos hacerlo. En la asamblea nos ayudaron a desarrollar el proyecto, pero fuimos nosotras las que lo llevamos a cabo». Ahora, siguen luchando por un alquiler social de manera colectiva y apoyadas, no sólo por los colectivos de vivienda, sino, explican, también por sus vecinos.

Como añade Mercedes, de PAH Vallekas, «cuando uno hace una recuperación no es el final de nada, es el inicio de una nueva lucha, defender, negociar, y eso lo estás haciendo con el respaldo de un equipo, de un grupo de personas y colaboradores. Hay personas que te orientan, pero quienes abrimos y recuperamos somos las familias, un trabajo en conjunto, con el apoyo de otras personas que ya tienen esa experiencia».

Hasta ahora, la lucha colectiva a través de la Obra Social ha logrado también algunas victorias, como, entre otros, el de las 11 familias de PAH Terrassa que tras ocupar un edificio de Caixa Catalunya lograron su realojo, en mayo de 2013, en viviendas a través de un alquiler social, o el último, conseguido por los habitantes del edificio recuperado La Manuela (Madrid), participantes en la Asamblea de Vivienda Centro, que conseguían en septiembre de 2014 un alquiler social con La Caixa para las 19 familias residentes en el edificio. Además, la función de la Obra Social se ha visto avalada a otros niveles, como en octubre de 2013, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminaba la paralización de urgencia del desalojo del Bloc Salt mientras las autoridades no garantizaran una solución habitacional para los 22 adultos y 21 niños que residían en este edificio recuperado a través de PAH Girona y perteneciente a la Sareb. De lo contrario, se estaría vulnerando el derecho a la vivienda, un derecho que, teniendo en cuenta los miles de desahucios que se han producido y se siguen produciendo en España sin alternativa habitacional, está siendo violado por autoridades e instituciones.

La lucha continúa

Llegado el día del desahucio de Lamine y su familia, el 18 de enero de 2012, la presencia de 200 activistas ante su puerta y de un puñado detrás de ella no pudo impedir el lanzamiento de la vivienda. Desde muy temprano en la madrugada, al menos ocho furgones de antidisturbios rodearon por completo el edificio y facilitaron la entrada de la comisión judicial. «Fue el peor día de mi vida», explica Lamine, que tenía entonces un niño de dos años y medio y una niña de seis meses, pero la cuestión humanitaria fue rechazada por la comisión. Además, mientras que otros países disponen de una «moratoria de invierno», que impide desahuciar a familias en periodo invernal, ésta no se aplica en España en ningún caso. Lamine, que había conseguido recientemente un trabajo, alquiló con mucho esfuerzo una vivienda que se tragaba más del 50% de sus ingresos. Perdida la vivienda hipotecada, perdido el elemento negociador con el banco, parecía que no había nada más que hacer. Sin embargo, éste no es el fin de la historia.

Tampoco es el fin de la historia para Jesús y Puri, que han firmado recientemente un alquiler social en Córdoba por dos años prorrogable a tres. «Tal vez no sea una solución definitiva, pero al menos puedes dormir por la noche sin miedo a que amanezca y llamen a la puerta. Y a seguir luchando por nosotros y por todas las familias afectadas por esta estafa de los bancos a la que quieren llamar crisis».

Ni para Ana, que va a reclamar un alquiler social de la vivienda que ocupa junto con sus dos hijos. Ni para Mercedes, de Callejo 13, o las leonas y los habitantes de tantos otros edificios recuperados, que luchan por alquileres y el derecho a un techo que les permita vivir sin sobresaltos. Un mes después del desahucio, Lamine y su grupo idearon la campaña Obra Social Abrantes 80, por el nombre de la calle y el número en que se encuentra la sucursal de Bankia que le concedió la hipoteca. Durante dos semanas, este grupo, junto con el de Stop Desahucios Carabanchel, el distrito vecino en que se encuentra la sucursal, y con el apoyo de otras asambleas, lanzó una campaña de llamadas telefónicas para pedir alquiler social y la condonación de la deuda, además de una recogida de firmas permanente a las puertas de la entidad que comenzó a dañar su imagen. Con 2.000 firmas de los vecinos, muchos de ellos con cuentas en esa sucursal, el banco decidió conceder un alquiler asequible a Lamine, algo que no sólo le supuso un respiro económico, sino que también considera una importante victoria. Hoy, sigue luchando por obtener la condonación de la deuda. «Después del 18 de enero de 2012, sigo estando atado a esta vivienda». Lamine acentuó su activismo y durante meses fue el coordinador de los afectados de Usera en la PAH, y participó, entre otras luchas y campañas, en la acampada que tuvo lugar ante la sede central de Bankia desde septiembre de 2012 y que duró 109 días. No obtuvo una respuesta favorable ante su demanda de condonación de la deuda. Bankia puso la vivienda de Lamine en venta por 130.240 euros y consiguió venderla a un particular en enero de 2014, «y yo sigo estando atado, tengo una deuda perpetua, una deuda que tengo a mi espalda. Sigo preocupado hasta hoy. No me lo están reclamando porque no tienen forma de cobrarlo, pero sí me tienen en el punto de mira y cuando tengan la mínima oportunidad me lo quitarán». Lamine sigue solicitando periódicamente en su sucursal la condonación de la deuda que lo ata a la que ya no es su vivienda. Tiene claro que esto no se ha acabado. Una de sus denuncias principales es que la legislación hipotecaria no haya sufrido más que pequeñas modificaciones insustanciales, hasta tal punto que en dos ocasiones ha sido declarada ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por vulnerar los derechos de los deudores. Lamine, como los miles de afectados organizados en PAH y grupos de vivienda, reclaman una modificación sustancial, la propuesta por la PAH a través de una Iniciativa Legislativa Popular avalada por un millón y medio de firmas pero rechazada por el Gobierno. Una iniciativa que, para acabar con la sangría de vidas destrozadas, propone la paralización de los desahucios, la dación en pago y el alquiler social. Mientras eso no se produzca, la lucha seguirá siendo caso a caso, puerta a puerta, edificio a edificio, banco a banco, institución a institución, pero siempre colectiva. Aunque éste, Lamine también lo tiene claro, no es el final de la historia.

DESAHUCIOS, LANZAMIENTOS,

¿HAY ALTERNATIVAS?

José Luis Carretero Miramar

La burbuja inmobiliaria, tal y como hemos visto a lo largo de este libro, ha acabado por derivar en una tremenda tormenta para las bolsas de valores pero, también, en un enorme drama humano. Desahucios, pobreza y exclusión social son los resultados de lo que algunos han calificado como una gigantesca estafa, pero que ha sido diseñada, al fin y al cabo, con los mismos fundamentos esenciales que permiten la precaria supervivencia de un sistema capitalista volcado sobre lo financiero y fuera de control.

La «financiarización de las economías domésticas» de la que hablábamos en un capítulo anterior se ha resuelto para muchas familias de nuestro país en la pérdida de la vivienda, en la miseria económica y en un montante de deuda que, aun siendo impagable, sigue siendo arrastrado de manera inmisericorde después del lanzamiento.

¿Cabe la posibilidad de encontrar alternativas a este desbarajuste? ¿Se hace igual en todas partes esto de los desahucios y las hipotecas? ¿Hay una solución viable e inmediata para los dramas más graves y urgentes generados por la burbuja? ¿Es pensable una política de vivienda distinta, que favorezca a las mayorías sociales? ¿Puede hacerse algo para frenar la emergencia de ese «régimen de la deuda» que amenaza con engullir la riqueza y las condiciones de vida del conjunto de la población? Estas son las preguntas que vamos a intentar contestar, aún de manera tentativa, en las siguientes páginas.

Antes, el autor de estas líneas debe de aclarar algo: invitado a redactar esta parte del libro, la tentación de orientarla hacia el propio lucimiento hizo pronto su aparición. Uno puede quedar como un tipo original, especialmente listo, presentado alternativas que nadie conoce. Y sin duda las hay, el mundo es muy grande. Uno puede pensar que ha dado con la varita mágica, con el Santo Grial que a nadie se le había ocurrido (aunque realmente lo haya encontrado buceando en una extraña página web extranjera) para evitar los desahucios, garantizar una vivienda a todos y cada uno de los habitantes de nuestro país, y fomentar y extender la más límpida felicidad entre las gentes. No es así como ha sido orientado este capítulo.

Citaba John Gerassi, en su libro Conversaciones con Sartre, una sabia frase del genial filósofo francés: «el papel de los intelectuales consiste en esclarecer los problemas y dar a conocer las batallas, pero no en definirlas. Es el pueblo quien elige las batallas». Por ello, este capítulo no va a dedicarse a narrar cualquier alternativa pensable sobre el tema de la vivienda (y menos las más originales o epatantes), ni va a ser un catálogo de experiencias originales y sorprendentes (aunque algunas también presentaremos), sino una indicación y clarificación de las alternativas reales, concretas, que hoy, aquí y ahora, han sido puestas encima de la mesa por los movimientos sociales y por los sectores profesionales e intelectuales concernidos por el problema de la vivienda en nuestro mundo cultural. Serán gentes de carne y hueso, con sus prácticas y sus discursos efectivos, quienes determinen el contenido de unas alternativas que tienen que ser abrazadas por la sociedad para que realmente signifiquen algo.

Pero empecemos por el principio. Ya hemos visto, a lo largo de este libro, cómo funciona el mundo inmobiliario español. Cuáles son las reglas básicas que lo conforman. En qué consiste un contrato hipotecario y qué pasa cuando se dejan de pagar las mensualidades. Pero, ¿ocurre en todas partes lo mismo? ¿Qué pasa con la dación en pago fuera de nuestras fronteras? ¿Existe la posibilidad, en países de nuestro entorno de un nuevo comienzo, tras el que las deudas acumuladas desaparezcan, en los casos de acumulación insostenible de las mismas? Empecemos por verlo.

La ejecución hipotecaria y las experiencias de rehabilitación de deudas en los países de la Unión Europea y Estados Unidos.

Empezaremos por indicar que, efectivamente, no todas las legislaciones nacionales son iguales. Algunas muestran evidentes diferencias con la nuestra. Para detenernos sobre ellas vamos a estudiar dos aspectos distintos: las ejecuciones hipotecarias en el extranjero (y, más marcadamente, sus diferencias con la española), y las concretas experiencias que se han dado respecto al tratamiento del sobreendeudamiento con mecanismos de rehabilitación de deudores y con el llamado fresh start, en la Unión Europea.

Las primeras diferencias, respecto a lo que nos atañe, las encontramos en lo referente al período anterior a la ejecución hipotecaria, existiendo en diversos países medidas concretas encaminadas a evitar el proceso de desahucio, supervisadas por la autoridad judicial.

Así, son habituales los Códigos de Conducta que regulan procesos de renegociación de la deuda previos a la ejecución, como se ha hecho recientemente en España, imponiendo en muchos casos períodos de impago previo para que se pueda instar el desahucio, períodos muy superiores a los tres meses que marca la legislación española. Así, en Irlanda, por ejemplo, la ejecución no se puede instar ante el juzgado hasta 12 meses después de iniciado el proceso de renegociación de la deuda, y en Italia deben existir al menos 7 impagos.

La legislación inglesa, a través de la FSA (Financial Supervision Authority) parte del principio de que la desposesión de la vivienda es el último recurso, y otorga a la autoridad judicial capacidad para comprobar que se han agotado todas las otras alternativas. Todo acuerdo entre deudor y acreedor es susceptible de control judicial. En Escocia sucede algo semejante. De hecho, el juez puede acordar suspender la possesion action (la acción del acreedor para instar el desahucio) por un tiempo determinado o con unas condiciones concretas. Para ello debe valorar cosas como la naturaleza y razón del impago, las posibilidades del deudor de volver a normalizar los pagos en un tiempo prudencial, las acciones que ha tomado el acreedor para facilitar el pago al deudor o, sobre todo, las posibilidades que tiene el residente en la vivienda (que puede ser el deudor u otra persona) de encontrar una alternativa de alojamiento razonable.

En Francia, el juez encargado del desalojo puede aplazar la deuda por un período de hasta dos años, y con ella, también la ejecución.

En Dinamarca, en el caso de que la casa sea la vivienda habitual del deudor se toman medidas extraordinarias: se realiza una audiencia judicial a ambas partes, dando aviso a servicios sociales, y se le da al deudor un plazo de un mes para que venda la vivienda por sí mismo o plantee otra posibilidad de evitar la subasta.

En Alemania el juez puede posponer la subasta durante un plazo de seis meses, si el deudor acredita que así se puede evitar. Además, en 2008 se amplió el plazo de impago necesario para instar la ejecución, y se estableció que este plazo es irrenunciable para el deudor, siendo nula cualquier cláusula del contrato hipotecario en la que se establezca lo contrario.

Pero, ¿qué pasa cuando el desahucio se ha llevado a efecto? ¿Cómo se valora la vivienda a efectos de la subasta judicial? ¿Qué ocurre con lo debido hasta entonces? ¿Hay dación en pago? Iremos indicando algunos ejemplos concretos.

Sabemos que la valoración de la vivienda subastada a efectos de pago de la deuda ha dado muchos quebraderos de cabeza en España, generando situaciones enormemente injustas, al valorarse un inmueble que fue tasado en cantidades astronómicas por las propias entidades financieras, muchas veces en el momento más alto de la burbuja, por los exiguos resultados de la subasta judicial en plena crisis, con algún límite que ha ido cambiando estos últimos años ante la presión social. ¿Es así en todas partes?

Especialmente interesante es lo que ocurre en los países nórdicos:

En Suecia el inmueble se valora de manera previa, independiente y pública por una agencia estatal que se encarga de todos los procesos de ejecución (Kronofogdemindigheten) o por un experto independiente. Además, los que van a pujar por la casa pueden visitarla.

En Finlandia se otorga un gran grado de libertad al juez para efectuar la valoración. Solo se indica que el precio de adjudicación no puede ser inferior al precio medio de los inmuebles de la misma área.

En Dinamarca la valoración se inicia por un informe realizado en colaboración por el Consejo General de Abogados, el Consejo General de los Agentes de la Propiedad y el Registro de la Propiedad. Se prevé la posibilidad de consultar a un perito inmobiliario a instancia de parte para que se pronuncie sobre el valor real de la vivienda.

En Alemania el valor del inmueble se fija directamente por decisión judicial y en el Reino Unido la valoración no es única, sino que se repite todas las veces que sea necesaria, normalmente cada 3 ó 4 meses, y se encarga a inspectores cualificados o agentes de la propiedad inmobiliaria. En el Reino Unido, de hecho, es común que el acreedor adquiera la propiedad del inmueble mediante el proceso de ejecución y mantenga al deudor como arrendatario aplicando el pago del alquiler a satisfacer la deuda remanente, previa solicitud de autorización.

La deuda remanente, la que queda después de devolver el bien hipotecado, ¿Qué se hace con ella? ¿Existe la dación en pago, la desaparición de la deuda con la entrega de la casa, en el resto de países de la Unión Europea?

Lo cierto es que en puridad no (la dicción de la mayoría de las leyes nacionales es que se sigue debiendo el remanente no pagado), pero el resultado final de hecho de muchas medidas legislativas es parecido. De una u otra manera la deuda desaparece en numerosas ocasiones.

Así, la legalidad portuguesa establece un procedimiento de concurso para las personas físicas cuya sentencia puede dictaminar un período de purga de 5 años, transcurrido el cual, si el deudor ha cumplido con sus obligaciones, el juez puede declarar extinguidas todas las deudas.

En Francia hay dos procedimientos distintos: el de sobreendeudamiento de los particulares (surendettement des particuliers) y el de restablecimiento personal (rétablissement personnel). El primero se desarrolla ante una comisión mediadora con ánimo de establecer un plan de pagos, pudiendo solicitarse al juez la suspensión de la ejecución o condonar parte de la deuda considerando el grado de negligencia o imprudencia del acreedor al conceder el crédito. El segundo procede a liquidar todo el patrimonio del deudor, que puede obtener una remisión judicial de las deudas tras dicha liquidación.

En el ordenamiento jurídico alemán se prevé la condonación de la deuda para los deudores de buena fe. Hay que seguir tres fases: un intento de acuerdo extrajudicial de pagos, un acuerdo impuesto por el juez, o la liquidación del patrimonio. Tras ellas, el deudor de buena fe no ha de pagar el remanente si ha cumplido durante un determinado plazo (2, 4 ó 6 años, según los casos) con las obligaciones impuestas por el juez. Este derecho solo se puede usar una vez cada 10 años.

En los Estados Unidos (salgámonos por un momento de la Unión Europea, para observar la realidad del gigante económico e hipotecario americano), la regulación de este tipo contratos es establecida por cada Estado. Allí, las hipotecas pueden ser Recourse y Non recourse. En la primera, tras el impago, el acreedor puede dirigirse contra cualquier bien del deudor (no hay dación en pago). En la segunda es al revés, con la entrega de la vivienda se entiende saldada la totalidad de la deuda. Lo cierto es que, pese a lo que se suele decir habitualmente, solo en 11 estados la hipoteca es declarada por la legislación como Non Recourse. Pero también es verdad que la declaración como Recourse de la gran mayoría de los otros estados es puramente nominal. En la práctica resulta casi inviable, en dichos estados, y pese a ser la hipoteca Recourse, reclamar el resto de la deuda, dada la existencia de multitud de limitaciones procesales para cobrarla cuando se ha pagado parcialmente con el inmueble hipotecado. De hecho, es muy común que las entidades de crédito acepten, llegado el momento del desahucio, la llamada friendly foreclosure (ejecución amigable) por la que el deudor no se opone al lanzamiento, ahorrando al acreedor el juicio, pero a cambio de dejar de tener que pagar el remanente.

Además, en los Estados Unidos existe una regulación federal y específica para las situaciones de insolvencia de los particulares. Esta regulación indica dos posibles procedimientos: por un lado uno de liquidación, en el que el trustee (administrador-fiduciario) vende los bienes del deudor, a excepción de los considerados inembargables, y distribuye lo ganado entre los acreedores; por el otro lado, un procedimiento destinado a las personas con ingresos recurrentes (como una nómina) en el que el deudor mantiene la propiedad de sus bienes, pero se establece un plan de pagos por un máximo de 5 años. En ambos procedimientos, finalmente, se produce la remisión de las deudas que siguieran vivas tras la venta de los bienes, con la excepción de los préstamos por estudios, los impuestos y las obligaciones derivadas del matrimonio. Una vez usado este derecho no puede volver a utilizarse hasta trascurridos 8 años. El mero inicio de cualquiera de estos procedimientos a solicitud del deudor paraliza todas las acciones de desahucio. Se trata de lo que la doctrina llama el «fresh start», es decir, la posibilidad de volver a empezar sin deudas, una vez que se ha hecho lo posible por pagarlas.

¿Existe este tipo de procedimientos en los países de la Unión Europea? Lo cierto es que sí, el fresh start funciona, de maneras muy diversas, en muchas de las legislaciones nacionales de nuestro continente. Es por eso que se suele decir que la normativa española, donde no hay nada semejante, es especialmente dura con el hipotecado.

Suele hablarse, en Europa, de dos modelos esenciales de fresh start o rehabilitación de deudas, uno de origen anglosajón, existente en legislaciones como la irlandesa o la británica, y muy parecido a lo que hemos narrado respecto a Estados Unidos; y otro de corte continental, presente en países como Alemania, Francia, Italia o Bélgica.

El modelo anglosajón se funda en la idea de no estigmatizar al deudor, permitiéndole recuperarse y volver a utilizar el crédito en la vida económica.

El modelo continental, está más basado en lo que se conoce como rehabilitación de deudas, y está centrado en la idea de la existencia de una falta o negligencia por parte del deudor al que se le debe de ayudar para superar su error mediante el cumplimiento, de una manera u otra, de sus obligaciones con el acreedor. Normalmente consiste en la determinación de un plan de pagos con la participación de asesores entre los que se contarán los de las asociaciones de consumidores. Aquí, la condonación de la deuda no suele ser automática, sino que vendrá tras un período de prueba en el que se vayan cumpliendo los pagos estipulados.Veamos ejemplos de ambos:

En Francia, el consumidor sobreendeudado de buena fe, y respecto a obligaciones no profesionales, puede dirigirse al Banco de Francia, donde una Comisión de Sobreendeudamiento (Comission de Surendettement) procede a reestructurar la deuda.

La Comisión, compuesta por seis miembros representantes de distintos organismos del Estado, así como de las entidades de crédito y las asociaciones de consumidores, elabora un inventario de los bienes y derechos del deudor y prepara un Plan de Reembolso, que deben aprobar los acreedores. Si los acreedores no aprueban la propuesta, la Comisión puede decidir, a petición del deudor, conceder períodos de carencia de pago (no superiores a ocho años), imputar pagos al capital del préstamo antes que a los intereses, realizar moratorias en el pago de la deuda, o proceder a la condonación total o parcial de la misma, una vez liquidados los bienes del deudor.

La idea expresada por la legislación francesa es que es preferible un consumidor económicamente activo que un individuo que termina por quedarse al margen de la sociedad.

En Bélgica, el deudor no comerciante propone a sus acreedores un plan de regulación amistosa del pago bajo control del juez. De no llegarse a un acuerdo, el juez puede intervenir e imponer un plan de regulación específico, en el que se puede acordar la remisión de los intereses moratorios y las indemnizaciones y gastos, nombrando un mediador de deudas. Iniciado ese procedimiento se suspenden automáticamente el correr de los intereses y las ejecuciones y desahucios. Si no se puede dar cumplimiento al plan, y el deudor lo ha respetado dentro de lo posible, el juez puede acordar la condonación total o parcial de la deuda.

En Alemania el deudor puede intentar llegar a un acuerdo previo al procedimiento de insolvencia con el acreedor o acreedores. Para asesorarle, existen organismos que lo hacen de forma gratuita. Si no se llega a un acuerdo se traslada la cuestión al juez, que prepara un plan de liquidación de bienes. Si el plan de tampoco obtiene la aquiescencia de al menos la mitad de los acreedores que supongan, al mismo tiempo, la mitad de la deuda, se nombra un responsable o fiduciario (treuhänder) que elabora la lista de deudas y prepara el patrimonio para su venta. La condonación de deudas necesita petición expresa del deudor, y que en el mismo concurra buena fe, así como que haya dado información veraz. En el caso concreto de los créditos hipotecarios, para poder ejecutar el bien, se debe esperar a un incumplimiento relevante que tiene que ser, al menos, del 10 % del capital adeudado.

Además de todo ello, en Alemania no se puede desalojar una vivienda hasta que no quede patente que no va quedar vacía, así como también se considera nulo el clausulado de un préstamo hipotecario que haga que los avalistas tengan que responder con su vivienda habitual.

En el Reino Unido (modelo anglosajón) la insolvencia personal se regula por el sistema del fresh start o discharge, consistente en que si con el patrimonio total del deudor no se ha podido pagar la deuda, el juez puede acordar condonarla, siempre que sea evidente que no existe manera de que el deudor pueda hacer frente a sus pagos.

La idea central es que ambas partes asumen responsabilidades a la hora de realizar el contrato hipotecario. Por ello se establecen mecanismos como la posible ampliación del plazo de amortización del préstamo con reducción de la cuota mensual o la modificación del tipo de interés, junto al establecimiento de períodos de carencia de intereses durante dos años, con garantía de que el Estado pagará el 80 % de los mismos si pasados cuatro años el consumidor no puede hacer frente a dichos intereses.

Así, hemos terminado este somero repaso a las legislaciones de nuestro entorno que, como vemos, son en su mayoría más garantistas para el consumidor endeudado que la nuestra. El inflado de la burbuja hipotecaria española se produjo, en gran medida, mediante la conformación de un ordenamiento jurídico amigable en grado sumo con los intereses de las entidades financieras, haciendo que el resultado final del sobreendeudamiento en la mayoría de los países (la condonación de la deuda impagable, de una u otra manera, cuando ya se ha entregado la vivienda) no exista como alternativa real en el Derecho español actual. Aquí, se sigue debiendo de manera permanente, haciendo que el ciudadano endeudado opte entre trabajar para el banco o engrosar, en muchos casos, la economía sumergida y la exclusión social.

¿Qué alternativas inmediatas, para ahora, para parar desde ya los desahucios, están sobre la mesa en nuestro país? Pasemos, en este momento, a describirlas.

Las alternativas de urgencia para el día de hoy.

En primer lugar hablaremos de alternativas legislativas básicas, presentadas por el mundo universitario y por las asociaciones de consumidores, para detenernos después en la medida esencial que ha puesto sobre la mesa la Plataforma de Afectados por la Hipoteca como sostén irrenunciable, urgente e imprescindible para que el drama humano de los desahucios pueda detenerse o, cuando menos, limitar sus más tétricos efectos: la dación en pago.

Las asociaciones de consumidores se centran en la necesaria introducción en nuestra legislación de un sistema de rehabilitación de deudas como los que hemos visto en los países de nuestro entorno. Un procedimiento de insolvencia personal para particulares que permita la condonación final del remanente que no puede pagarse tras la venta del patrimonio del deudor que, advirtámoslo, pues esto marca gran parte de la diferencia de esta posición con respecto a la de la PAH, está constituido por la casa hipotecada, pero también por el resto de sus bienes muebles o inmuebles.

Así, ADICAE propone un procedimiento concursal específicamente destinado a consumidores basado en el sistema de segunda oportunidad.

Este procedimiento se inicia por una negociación previa para la que el juez nombraría un asesor consumerista (especialista en Derecho del Consumo) que fijaría el activo y el pasivo y aconsejaría al consumidor. Aprobado un acuerdo, las deudas serían condonadas en la parte no contemplada.

Si no se llega a un acuerdo, se iniciaría el proceso judicial, suspendiendo toda ejecución y proceso de desahucio que se haya empezado. El juzgado podrá aprobar un plan de pagos aun contra el criterio de los acreedores o abrir una fase de liquidación en la que no permitirá que se embarguen las cantidades indispensables para la alimentación y subsistencia del deudor. Finalizada la venta de los bienes del deudor, la deuda remanente no podrá ser reclamada en ejecuciones de ninguna clase. Si se vende la vivienda hipotecada que sea residencia familiar, su importe, a efectos de la liquidación de la deuda, será el de salida de la subasta.

Concluido el concurso no podrán darse ulteriores reclamaciones.

Para indicarlo con las palabras de Francisco García Perulles, abogado del Departamento de Servicios Jurídicos de ADICAE, en su artículo «La legislación de protección del deudor hipotecario en la Unión Europea», inserto en el libro Desahucios y ejecuciones hipotecarias. Un drama social y un problema legal (2014), editado por Tirant Lo Blanch:

«Este debe de ser el camino, no hay otras vías para solucionar los problemas de los deudores hipotecarios, personas consumidoras que no han dejado de pagar porque prefieran comer, sino porque no disponen de recursos para hacer frente a sus obligaciones en todos los casos por haber caído en la ruina del desempleo de larga duración, la eventualidad en el empleo o el agotamiento de sus ahorros previos.

No es posible considerar en la Europa de hoy la existencia de un Estado que pueda continuar resistiéndose a primar el interés de las personas consumidoras sobre el de la solvencia de las entidades de crédito. No se trata de una ecuación de factores de igual calibre.

Las personas consumidoras que han visto sus créditos fallidos no son las exclusivas responsables de haber vivido por encima de sus posibilidades, como el poder nos ha querido vender.»

¿Hay más gente proponiendo soluciones inmediatas, que solo implican cambios legislativos urgentes, para tratar de frenar el drama de los desahucios y garantizar el derecho a la vivienda de todos los ciudadanos y ciudadanas?

Hay mucha más gente. Por ejemplo, unos 90 alumnos de la Universidad de Córdoba, asesorados por sus profesores, han presentado públicamente, en el año 2013, un total de 11 medidas que consideran imprescindibles para acabar con los desahucios, tras meses de trabajo de documentación y debate. Las medidas, que han concitado el interés de gran parte de la sociedad, incluyendo al Defensor del Pueblo Andaluz y a varios grupos parlamentarios del Congreso, son las siguientes:

Respecto a la fase de constitución de la hipoteca:

1. ― Limitación de la responsabilidad del deudor al valor de la vivienda hipotecada. Es decir, la famosa «dación en pago», de la que hablaremos un poco más antes de acabar este apartado.

2. ― Control previo de las cláusulas abusivas. Se trataría de cumplir, realmente, lo que viene exigiendo la legislación europea al respecto, lo que ha motivado ya varias condenas de España por parte de organismos judiciales europeos.

3. ― Extrapolar al resto de comunidades las oficinas autonómicas de asesoramiento y mediación hipotecaria que ya tiene Andalucía, incluyendo entre sus competencias una tasación gratuita del inmueble, como organismo independiente.

Respecto de la fase de riesgo de insolvencia:

4. ― Un procedimiento de concurso para particulares de buena fe. Piden que, en su seno, se apliquen a los deudores hipotecarios, respecto de la vivienda habitual de las personas físicas, algunos de los beneficios que ya se aplican en la Ley Concursal a las sociedades de capital. Por ejemplo, la suspensión del desahucio instado el concurso, o el establecimiento de un sistema de rehabilitación de deudas como los que ya hemos narrado.

5. ― Un «Banco Malo» para las personas. La Sareb compró los activos tóxicos de las entidades de crédito para salvar a los bancos, pagándolo todos los contribuyentes (incluso los hipotecados). ¿Por qué no se pueden comprar las hipotecas (activos tóxicos de la ciudadanía) para rescatar a las personas?

6. ― Fondo de garantía hipotecaria, que se haga cargo de la depreciación del bien hipotecado, directamente o mediante la constitución de un seguro. Su misión sería parecida a la del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), pero para hacer efectivo el derecho a la vivienda.

7. ― Condonación moratoria. Proponen que, en función del tiempo que se haya pagado por parte de deudor de buena fe en dificultades, se calcule una rebaja de la cuantía de la hipoteca, y también se reduzcan los meses por pagar.

Respecto de la pérdida de la vivienda:

8. ― Desaparición de la posibilidad de efectuar el desahucio por parte de los notarios. Solo deberían hacerlo las instancias puramente judiciales.

9. ― Posibilidad de suspensión, acordada por el juez, de los desahucios, por motivos humanitarios (por ejemplo, en época invernal, como sucede en la mayor parte del Norte de Europa). La suspensión durará hasta que la Administración encuentre una alternativa habitacional digna para los afectados.

10. ― Garantía de la función social de la vivienda deshabitada. En casos concretos, se debería permitir la ocupación de viviendas vacías por parte de personas desahuciadas de buena fe en situación de exclusión social y urgencia.

11. ― Amnistía fiscal para los desahuciados, con exenciones y modificación de la regulación de las plusvalías para el deudor hipotecario, respecto de vivienda habitual, y de buena fe.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, por supuesto, también ha presentado alternativas. De hecho, como se ha visto en otro apartado de este texto, presentó una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), ante el Parlamento, que fue admitida a trámite, y después rechazada para aprobar una versión muy descafeinada e insuficiente, por parte de los diputados.

Las propuestas de la PAH parten de tres medidas esenciales a tomar con enorme urgencia: la dación en pago, una moratoria para los desahucios, y la puesta en marcha de un parque de viviendas en alquiler social para los ciudadanos y ciudadanas que están pagando la crisis inmobiliaria en sus propias carnes.

Lo que propone la Plataforma es la dación en pago retroactiva, esto es, que no solo se aplique a las hipotecas firmadas con posterioridad a la modificación normativa que la apruebe, sino también a las anteriores, beneficiando a todas las personas afectadas por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Esta reivindicación constituye, para la PAH una «propuesta de mínimos».

De hecho, según varias encuestas, esta propuesta es compartida por más del 80 % de la población, gracias a las movilizaciones y acciones reivindicativas de la Plataforma, que la han popularizado. Ha recibido apoyos de entidades y colectivos de todo tipo, desde movimientos sociales o sindicatos, hasta cientos de ayuntamientos, la Federación Española de Municipios y Provincias y Parlamentos autonómicos, colegios de abogados, asociaciones de jueces y magistrados, y defensores del pueblo.

Sin embargo, y como ya hemos indicado, la propuesta de la PAH ha sido expresamente rechazada por el Parlamento español, que ha preferido aplicar la dación en pago tan solo en supuestos muy concretos, en los que la situación de exclusión social de las personas desahuciadas es tan palmaria, y al tiempo se dispone de tantas pruebas de la misma, que resulta de todo punto imposible de negar; o en los que los propios bancos y cajas la aceptan de manera voluntaria.

Ada Colau y Adriá Alemany, en su libro Vidas hipotecadas. De la burbuja inmobiliaria al derecho a la vivienda, editado por segunda vez en mayo de 2013 por Cuadrilátero de Libros, cifraban el coste de la dación en pago retroactiva en 8.125 millones de euros, y afirmaban que esa era:

«Una cantidad que, sin ser menospreciable, representa un 52 % de los beneficios que obtuvieron —los Bancos y Cajas— durante el ejercicio 2009, casi la mitad de los resultados obtenidos en 2010, y mucho menos significativa si la comparamos con el total de ayudas que, en concepto de avales, compra de activos tóxicos e inyecciones de liquidez a tipos de interés subvencionados, han percibido esas mismas entidades.»

La cifra indicada provendría de restarle a los 32.500 millones de euros de morosidad hipotecaria estimada (en el total de saldo vivo, en España, de 650.000 millones en préstamos hipotecarios, se podría afirmar la existencia de alrededor de un 5 % de morosidad real, tirando por lo alto), 24.375 millones de euros de depreciación de las viviendas hipotecadas (a razón de un 25 % de media) en el mercado libre desde 2007, año cumbre de la burbuja hipotecaria. Posteriores aumentos en la depreciación del precio libre de las viviendas podrían quedar absorbidos por el hecho de que no todas ellas fueron compradas en 2007, sino en momentos anteriores del ciclo en los que el precio pagado por ellas fue inferior.

Estas cifras documentan algo que debería parecer una obviedad: el fundamento últimos de los problemas que han sufrido los balances de la entidades financieras de nuestro país, no han provenido, principalmente, del impago de las hipotecas firmadas por los particulares, sino de las deudas acumuladas por empresas inmobiliarias, constructoras y promotoras que, ellas sí, han obtenido, sin embargo, la remisión de sus deudas con la entrega de las promociones o el suelo a los bancos y cajas, en la expectativa de que las mismas fueran rescatadas por todos los contribuyentes.

Y es que la dación en pago retroactiva es una medida difícilmente criticable, desde una perspectiva de justicia social básica. El artículo 47 de la Constitución afirma el derecho de los ciudadanos a la vivienda y, ya lo hemos visto, este ha sido un mandato que los poderes públicos no solo no han obedecido en los últimos años, sino que, ellos mismos, han acumulado enormes modificaciones legislativas encaminadas a favorecer los intereses de bancos, constructoras e inmobiliarias, en directo perjuicio de las personas que intentaban acceder a un bien de primera necesidad. Quizás (júzguelo el propio lector), ha llegado el momento de establecer algún tipo de compensación, o siquiera de simple límite, frente a una dinámica especulativa en torno a la vivienda, que ha llevado al conjunto de la economía nacional al colapso, y a muchos ciudadanos a situaciones de exclusión social y pobreza innegables.

La permisividad de la legislación con las cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios y con todo tipo de corruptelas (los avalistas cruzados, etc) asociadas a los mismos, así como el conjunto de un ordenamiento jurídico orientado a favorecer los intereses de las entidades financieras e inmobiliarias, nos deberían servir de elemento de juicio suficiente para entender que, lo que han encarado, en muchos casos, los ciudadanos y ciudadanas que firmaban una hipoteca, no ha sido un simple acuerdo de voluntades entre partes equiparables que deba cumplirse en sus propios términos, sino una auténtica estafa planificada y diseñada para someterles a una perpetua servidumbre por deudas.

Como dijimos, la dación en pago retroactiva ha sido rechazada por el Parlamento español. Pero la PAH no se ha rendido por ello: el pasado 10 de julio se presentó en el Parlamento de Cataluña una Iniciativa Legislativa Popular de Medidas Urgentes para hacer frente a la Emergencia Habitacional y la Pobreza Energética promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Observatori DESC y la Alianza contra la Pobreza Energética.

Esta ILP exige modificaciones legales urgentes en Cataluña para hacer frente a la emergencia habitacional y garantizar el derecho a la vivienda digna y una segunda oportunidad. Recoge, en concreto, medidas contra el sobreendeudamiento, los desahucios y los cortes de suministros básicos como:

— Mecanismos que otorguen una segunda oportunidad a las familias sobreendeudadas con gastos vinculados a la vivienda habitual.

— Alquiler social para las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentren en riesgo de desahucio, cuando el propietario sea una entidad financiera o un gran tenedor de viviendas.

— El realojo garantizado en casos de desahucios de personas en situación de vulnerabilidad, cuando el propietario no sea una entidad financiera ni un gran tenedor de vivienda.

— Alquiler forzoso de los pisos vacíos propiedad de entidades financieras y grandes tenedores de viviendas.

— Acceso garantizado a suministros básicos de agua y luz, poniendo fin a los cortes indiscriminados en los hogares vulnerables.

Ahora, la Plataforma debe recoger las 50.000 firmas que necesita para que la Iniciativa sea estudiada en el Parlamento catalán.

Como vemos, las reivindicaciones de la PAH están claras, y remiten a una forma distinta de tratar el problema de las hipotecas, basada más en formas de alquiler social que permitan garantizar el derecho constitucional a la vivienda, incluso para las personas en peores situaciones socioeconómicas. Si, al fin y al cabo, en nuestra sociedad siguen existiendo clases distintas, con accesos diferenciados a bienes de primera necesidad, la única legitimación plausible, a los ojos de la población, para un «Estado Social y democrático», como dice ser el nuestro, debería ser, precisamente su capacidad para remover y compensar este tipo de circunstancias, garantizando un bienestar mínimo y el acceso a una vida con dignidad para todos los ciudadanos. Justo lo contrario de lo que está sucediendo, en estos momentos, en la sociedad española.

Hacia otra política de vivienda.

Como hemos visto, las alternativas de los afectados no solo remiten a la solución inmediata de sus problemas más acuciantes. Lo que reclama la PAH y, en puridad, el resto de movimientos sociales implicados con las luchas de base de las víctimas de la burbuja inmobiliaria es, ni más ni menos, que una política de vivienda radicalmente diferente.

En definitiva, lo que se plantea es que los poderes públicos deberían virar de manera profunda sus medidas normativas de apoyo a las entidades financieras y a los tiburones inmobiliarios, y emprender un auténtico «Plan de Solidaridad y Apoyo Mutuo de las Clases Populares» destinado a salvar y rescatar a las familias devastadas por la crisis, así como a garantizar derechos constitucionales básicos para la vida como el derecho al acceso a una vivienda digna para todos los ciudadanos y ciudadanas. Se trataría de afirmar la vida, y sus necesidades, frente al culto al plusvalor y a la acumulación privada de la riqueza que anima nuestra sociedad mercantil.

En el marco de una política de ese tipo, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca inserta la reivindicación del alquiler social, proponiendo medidas estructurales como la reconversión del parque hipotecario de personas insolventes en un parque público de arrendamiento con límites sociales. Esto podría hacerse de distintas maneras, según explican Ada Colau y Adriá Alemany en su libro Vidas Hipotecadas:

1. ― Condicionar las ayudas públicas que perciben, han percibido y, probablemente, seguirán percibiendo, bancos y cajas a que alquilen las viviendas en proceso de ejecución hipotecaria a las familias que las habitaban por una renta que en ningún caso supere el 30 % de los ingresos que percibe la unidad familiar.

2. ― Expropiar el usufructo (el derecho al uso y a los frutos) de las viviendas que proceden de ejecuciones por, al menos, cinco años, para alquilárselas a las familias desalojadas, por una renta no superior al 30 % de sus ingresos totales.

3. ― Expropiar las viviendas ejecutadas en poder de los bancos por el mismo precio que se están adjudicando en subasta. De hecho, esto ya lo ha hecho, con todas las matizaciones que se quiera, la SAREB, que podría dedicar su parque de vivienda vacía a crear una plataforma de alquileres sociales para toda la población, en vez de vender las promociones a fondos de inversión que tratan de continuar especulando con ellos.

La construcción de este parque público de vivienda social, de fácil acceso para los ciudadanos y para las clases populares, se podría favorecer con medidas como las siguientes:

— Incorporación de las viviendas vacías, transcurrido un determinado período de tiempo, al parque público o, en todo caso, modificación de la legislación fiscal para gravar más acusadamente las viviendas vacías que no cumplan con función social alguna, algo perfectamente compatible con la actual arquitectura constitucional. Creación de un registro de viviendas desocupadas.

— Despenalización de la ocupación de inmuebles vacíos por parte de desempleados y personas en situación de exclusión social y precariedad vital (recordemos que la usurpación de inmuebles no ha sido siempre delito). Obligación de acordar un alquiler social con dichos ocupantes, cuando la vivienda pertenezca a la banca rescatada o a grandes tenedores de viviendas.

— Acceso preferente al parque público de alquiler a determinados colectivos con especiales necesidades, como los ciudadanos sin techo o en exclusión social, los jóvenes o las familias monoparentales.

— Conformación de mecanismos democráticos y basados en la idea de la autogestión y de la participación directa por parte de los afectados, para la gestión del parque público de vivienda, así como en el caso de los alquileres sociales, de manera que no pueda quedar a merced de los intereses de las entidades financieras o las veleidades de los partidos políticos.

— Entender los suministros básicos de agua, luz y calefacción, como derechos básicos inalienables para evitar la llamada pobreza energética, que deben ser garantizados de manera colectiva al conjunto de la ciudadanía.

— Las viviendas públicas, y las protegidas, no deben poder ser vendidas a sociedades mercantiles privadas, ni a fondos de titulización o fondos buitre, como está pasando en Madrid, con efectos de precarización de su tenencia por parte de los ciudadanos.

— Se debe fomentar el acceso a la vivienda desde el cooperativismo y otras formas alternativas de tenencia, de las que daremos algún ejemplo posteriormente, como modelos en transición a la conformación de otro tipo de economía, más centrada en la autogestión, lo local y lo social y ambientalmente sostenible, controlando que las lagunas legales no sean utilizadas por constructoras piratas para hacer pasar por construcción y tenencia cooperativa lo que realmente no lo es.

Por supuesto, todo esto son medidas que deberían ser llevadas a cabo por los poderes públicos. Está por ver que vaya a ser así. La ILP presentada por la PAH al Parlamento español fue rechazada. En su lugar, se tomaron medidas descafeinadas que solo actúan ante los casos más graves y que, paradójicamente, pueden conseguir un abanico de documentación más enorme.

Sin embargo, no por eso el movimiento de defensa de los deudores hipotecarios se ha quedado quieto. Mientras se reclama el alquiler social, se hace lo necesario para forzar a las entidades financieras y a los poderes públicos a admitirlo. Y, en ese camino, se experimenta con nuevas formas de tenencia colectiva y de autoorganización y autogestión ciudadana. Es la llamada «Campaña de Obra Social de la PAH», una campaña de ocupaciones de pisos vacíos de las entidades financieras que proceden a los desahucios, para convertirlos en viviendas de personas en situación de exclusión social que reclaman que se les conceda, de manera colectiva y cooperativa, o de manera individual, un alquiler social sobre los mismos.

Dejemos que sea Mercedes, activista de la PAH del barrio obrero madrileño de Vallecas, quien nos explique en que consiste la Obra Social. Le hicimos una entrevista este verano en el local de La Villana, un centro social donde se reúne la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras iniciativas autónomas. Es una persona pausada, inteligente, con una amplia experiencia en el activismo de base que, pese al calor reinante, no tuvo óbice en explicarnos las interioridades de un colectivo que, en ese preciso instante, tenía ocupados tres bloques de viviendas en el barrio:

— La Obra Social, cuéntame un poquito.

— En Vallecas se organiza con la intención de recuperar viviendas para personas que la hayan perdido, que no la hayan perdido pero tienen situaciones difíciles de vivienda y no tengan ningún recurso económico, ni siquiera apoyo familiar como para mantener…, digo personas, porque no solamente reivindicamos los derechos de las familias, sino de las personas: a nivel personal, profesionales, no profesionales, jóvenes, no jóvenes, que hoy día están sin trabajo y no cuentan con un apoyo o con una vivienda donde estar. Te hablo de jóvenes de 20 años que no tienen a nadie en la vida, salvo nosotros, de personas mayores, de 50, de 45 años que también han perdido su trabajo, su familia, su vivienda, y tampoco tienen donde ir, y nosotros les abrimos un poco, les apoyamos…, entonces, la función, el objetivo fundamental, primordial, de la Obra Social es recuperar esas viviendas que consideramos nuestras, porque ya han sido sostenidas y han sido pagadas con el dinero nuestro, ¿verdad?, y que en este momento están vacías.

— ¿Por qué las consideráis vuestras?

— Porque la recuperación, el rescate de los Bancos ha sido con el dinero de todos y cada uno de los ciudadanos que vivimos en España, los que cotizamos, los que aportamos. En muchas ocasiones ya no estamos aportando porque hemos perdido el trabajo, pero en otras ocasiones ese dinero, pues ya está aportado, es un dinero que ya está allí, y serán 33.000, si mal no recuerdo, porque hoy en día son tantas las cuentas y tantos los números que se cruzan, millones de euros que se han invertido para rescatar a los bancos. Aunque se dice que no existe rescate, pero literalmente ha sido un rescate para esos bancos. Entonces, ese dinero nos pertenece. Si ese dinero se hubiese utilizado para los servicios mínimos de mantenimiento de las familias, para recuperación, o incluso para apoyar a las personas que hemos perdido las viviendas, pues yo creo que no hubiese sido necesario un plan como el de la Obra Social.

— ¿Y cómo se organiza la Obra Social?

— Y entonces, a todas estas personas, donde hay deuda, pero con las circunstancias que vengan, que tengan una necesidad de vivienda, pues, se les acoge en este plan, en este plan civil, donde se trata de dar solución a su situación de emergencia habitacional. ¿De qué forma? Hay dos maneras: la manera individual, cuando la urgencia impera en las circunstancias, que hay desahucio inminente, no se ha podido parar, y todo eso. Y entonces se hace una recuperación individual: dónde se ubica. Para eso hay un pequeño equipo de trabajo que los va ubicando en algunas viviendas solas, aisladas. Y las recuperamos y hacemos el apoyo, no solamente de asesoría, porque hay un paso previo, ¿no?, lo que es la asesoría jurídica, el tema emocional, todas las circunstancias legales en que se van a encontrar. Todo eso se hace. Y aun cuando sea muy urgente se hace un trabajo previo. Se certifica y se verifica que la vivienda cumple unas condiciones como para ser recuperada. Esas condiciones pueden ser que esté deshabitada durante muchos años, que se haya confirmado la titularidad de esa vivienda de uno de los bancos a los cuales hemos prestado el dinero, y que no sea privada, que no sea de un tercero o que no tenga la titularidad una persona particular. Esa es una de las condiciones. Y luego, pues se estudia y se valora la forma y la estrategia de recuperarla y se hace la recuperación. Esas recuperaciones individuales siempre vienen, aunque a título familiar, siempre vienen avaladas por la PAH y con todo el respaldo jurídico y todo el respaldo emocional, porque hay permanencias de la misma, hay que hacer un trabajo de difusión, hay un trabajo de legitimación en la medida en que se pueda de ese derecho que es el derecho a la recuperación, en la medida que la familia con hijos, después de un desahucio, tenga una vivienda.

Y la otra forma es la colectiva, donde como ya sabes hemos hecho nosotros algunas recuperaciones colectivas, y la última fue simultánea, fueron tres viviendas juntas. La visibilización de cara al público es que se trató de tres, aunque una ya estaba recuperada previamente. Entonces, ese también es un trabajo arduo, un trabajo de meses, de identificación del bloque, de identificación de la titularidad, de la estrategia, del ganarse al vecino, de que si hay vigilancia también ganársela. Porque hay estrategias.

— ¿Y cómo son las relaciones con los vecinos normalmente?

— Pues mira, cuando saben cuál es la causa, entonces están totalmente a favor nuestro, Siempre tomamos precauciones a nivel, digamos, legal, pero siempre hay el apoyo. Nos dan las llaves del portal, a veces nos indican cual es el espacio más débil, a veces son muy duros y no nos abren la puerta o llaman a la policía. Hay muchas circunstancias. Pero a nivel de vecinos siempre la apoyan, y luego cuando ya está recuperada y saben cuál es la causa, nos brindan apoyo, nos brindan apoyo de agua, de luz, todo eso.

— ¿Las casas tienen una asamblea propia?

— Sí, sí. Tenemos esa asamblea. O sea, tal cual como una vecindad institucional. Tenemos un acta, un acta de constitución de comunidad de vecinos. Tenemos una cuota para pagar, ¿verdad?, simbólica, porque no podemos tener derramas, pero sí. Entonces, a través de esas sesiones lo hemos ampliado y lo hemos constituido como un espacio también para conocernos, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿En qué te puedo ayudar? Yo conozco una tal… Entonces, ya es algo más íntimo, más cercano y más directo. Más allá de la asamblea y de la información general que podemos adquirir en la asamblea. Pero ya más a tipo familiar, personal, de todo.

Se trata, pues, de un proceso de autoorganización social, de empoderamiento colectivo. Lejos de «mendigar» (como se ha dicho en ocasiones por algunos medios comerciales) ayudas y subvenciones, lejos de «no querer pagar porque sí» (como se ha dicho en otros casos), los activistas del movimiento por el derecho a la vivienda, también ensayan nuevas formas de solucionar el problema de la vivienda, y de ejercer sus derechos democráticos.

Desde el cooperativismo, desde el apoyo mutuo, manteniendo el centro en la asamblea y en la decisión colectiva, personas que antes no se conocían de nada, que vienen de mundos culturales enormemente dispares, que han tenido trayectorias vitales muy diferenciadas, construyen finalmente un espacio común de aprendizaje mutuo y cooperación, que les permite defender sus derechos y hacer frente con éxito a las embestidas brutales de quienes tienen la acumulación de Capital como único eje de sus vidas.

Es, pues, posible una política de vivienda radicalmente distinta, centrada en las necesidades vitales de las personas, capaz de ejercer la solidaridad más cercana con quienes menos tienen, capaz de construir espacios colectivos de decisión y de hacer participar, empoderarse y aprender cómo gestionar de manera autónoma los propios problemas, a las grandes masas de la población que sufren directamente los mayores embates de la crisis global.

Hay ejemplos de esa política de vivienda alternativa, entendida no solo como conjunto de medidas de los poderes públicos, sino también como iniciativa directa de los propios afectados. Citaremos solo algunos, pero no hay duda de que la experimentación social autogestionaria y ambientalmente sostenible es cada vez más común.

Podemos hablar, por ejemplo, de la política de vivienda en Marinaleda, la localidad sevillana de cerca de 3.000 habitantes donde, desde el año 1979, gobierna el carismático alcalde del Sindicato Andaluz de los Trabajadores (SAT) Juan Manuel Sánchez Gordillo.

En Marinaleda no solo hay cooperativas, y fincas colectivizadas, sino también una política de vivienda propia, consistente en la cesión gratuita de suelo previamente municipalizado a las personas que van a proceder a autoconstruirse su casa. El ayuntamiento pone el suelo, los materiales y varios albañiles, así como el proyecto técnico visado por los arquitectos. Y los autoconstructores, constituidos en asamblea, proceden a trabajar en el levantamiento de su hogar, pagando posteriormente un alquiler social por el mismo decidido por la propia asamblea, y del que se le deduce el jornal devengado en retribución del tiempo de trabajo dedicado por el auto-constructor a levantar el edificio.

La mayoría de las más de 350 viviendas construidas con este original (y autogestionario) sistema, tienen 3 habitaciones, cuarto de baño y un patio de cerca de 100 metros cuadrados.

Se trata de una alternativa que se quiere global y que ha hecho frente de manera decidida al despoblamiento endémico del mundo rural y a la brutal desigualdad generada por el inequitativo (cuando menos) reparto de tierras dominante en el Sur de la Península.

Hay más alternativas que, precisamente, no tienen al Estado y sus políticas como centro. Pensemos sobre una de ellas:

Una borda es una construcción tradicional de piedra que sirve como almacén y lugar de recogimiento del ganado. También es el nombre que ha recibido una cooperativa de vivienda de reciente creación de Barcelona.

Formada por unas cincuenta personas, esta cooperativa se va a dedicar a construir un edificio de unas 30 viviendas para mediados de 2017, en un espacio cedido por el ayuntamiento de Barcelona para la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) en el barrio de La Bordeta.

Se trata de una cooperativa en régimen de cesión de uso inspirada en los modelos Andel y FUCVAM —que funcionan desde hace tiempo y de manera consolidada en Dinamarca y Uruguay, respectivamente— . En una cesión de uso, la propiedad de la vivienda es de la cooperativa y no de los habitantes de las casas (los y las socias de la cooperativa). Asimismo, la toma de decisiones sobre todo lo que afecta al día a día (desde las formas de la convivencia hasta las cuestiones energéticas, pasando por la arquitectura de los espacios comunes) se realiza en la asamblea general, convertida en su principal órgano decisorio.

Como nos indican las mismas personas que lo impulsan:

«La Borda supone una propuesta innovadora en la ciudad de Barcelona en la medida en que lleva a cabo una forma de acceso legal a la vivienda no especulativa y tiene una fuerte base comunitaria: el proyecto de La Borda está vinculado a Can Batlló, es decir, forma parte de un proyecto político más amplio de contrapoder local y de organización de base de larga trayectoria.

Con estos elementos se puede dibujar una ruptura respecto al imaginario previo de la vivienda que complementaría la propuesta de otros agentes como Sostre Cívic: una fundación que investiga, desarrolla y promueve el modelo Andel en Catalunya, pero sin partir de la dimensión barrial y metropolitana de las luchas.

Se podría decir que La Borda es una promotora autoorganizada de vivienda. Una promotora que, además de llevar a cabo el propio proyecto, a la larga quiere poner en común el know how para extender el modelo a otras promotoras cooperativas. En el camino en el que nos encontramos ahora, surgen muchas cuestiones nuevas que, para ser resueltas, no tienen un referente al que dirigirse.

Más allá del grupo humano que la forma, La Borda será posible gracias a las posibilidades que permite el Mercado Social y Solidario. La colaboración con cooperativas como Coop57, La Ciutat Invisible, el Col•lectiu Ronda o LaCol es parte de la solución a cuestiones económicas, jurídicas y arquitectónicas del presente o del futuro inmediato del proyecto.»

Así pues, una política distinta de vivienda es posible, pero no nos engañemos, no podrá solucionar los problemas de fondo si no viene acompañada de una política económica general también distinta a la actual.

Una política económica diferente. Hacia una transición civilizatoria.

Es cierto, para que una política de respeto del derecho a la vivienda sea factible, para que las gentes puedan acceder a ese bien de primera necesidad y al tiempo autoorganizar sus vidas de forma democrática, tienen que cambiar muchas cosas.

Cosas, por poner simples ejemplos, pues no podemos hacer interminable este capítulo, como la conformación de un régimen fiscal apropiado que gravara el suelo en lugar de la vivienda, operando sobre las rentas de la tierra; o como la intervención pública y social sobre el monto de la deuda existente, que asfixia a nuestra sociedad, por la vía de la auditoría de la misma, con la correspondiente quita, también para las familias; o como la estructuración de un mínimo de recursos para toda la ciudadanía que garantizase la desaparición de las bolsas de exclusión social existentes, por la vía de la configuración de una Renta Básica de ciudadanía o de un mecanismo de Trabajo Garantizado para todos.

La idea de gravar las rentas del suelo, para fundamentar un sistema fiscal más equitativo que el actual, basado en las rentas del trabajo, proviene del economista inglés del siglo XIX Henry George, y ha sido defendida en los últimos años, como medida contra la crisis, por Joseph Stiglitz, quien habla de la llamada «generalización del principio de Henry George», por la que «uno debe gravar aquellos factores cuya oferta es inelástica, dado que ello nunca afectará a la oferta». Se trata de que, en el marco de la conformación de una estructura de impuestos mucho más justa en la que se ponga en marcha, también, una tasa sobre las transacciones financieras internacionales ( la llamada «Tasa Tobin»), el Estado consiga los recursos necesarios para operar programas de redistribución de la riqueza y, por tanto, para financiar el resto de medidas de que vamos a hablar, obteniéndolos de los propietarios de los medios de producción esenciales, y no de la clase trabajadora, como ocurre en la actualidad. Ello permitiría contener la especulación inmobiliaria, al tiempo que facilitaría ir poniendo sobre la mesa una solución general al problema de la vivienda: la colectivización del suelo y de los inmuebles y su control social y democrático por las poblaciones.

Sin embargo, a un nivel más inmediato, uno de los problemas esenciales que encaramos en la actualidad, y que dificulta la movilización de los recursos sociales en dirección a solventar las necesidades apremiantes de las clases populares, es el impagable y gigantesco monto de deuda acumulada por los organismos públicos y por las familias.

Lo explicábamos en un capítulo anterior: el capitalismo ha funcionado las últimas décadas basándose en el crédito y en la financiarización de la economía. Ese es el origen de la deuda. Los poderes públicos, la clase empresarial ligada al ladrillo, las entidades financieras, los inversores internacionales, todos ellos han confluido en sus actividades y políticas, tomando las medidas necesarias para inflar la burbuja. Y ahora que ha estallado no quieren perder ni un euro de lo que prestaron, incluso desean multiplicarlo, contra toda racionalidad.

El pago de esa deuda (la pública, pero también la de los deudores hipotecarios que se han quedado sin trabajo y en situación de exclusión social, o que firmaron contratos con cláusulas ilegales y abusivas) es la que, según afirma el artículo 135 de la Constitución, convenientemente reformado en 2011 y la misma interpretación generalizada de la Ley Hipotecaria, debe tener prioridad absoluta sobre cualquier otra necesidad ciudadana, incluso las más perentorias o imprescindibles para el sostenimiento de la vida, como los gastos sanitarios.

Pero frente a esas tesis cabe presentar otras. Cabe realizar, como se afirma desde medios jurídicos, una auditoría ciudadana de la deuda, que permita averiguar cuáles de las deudas que se supone que tenemos, son realmente legales y legítimas, y proceder a no pagar las que no lo son.

Recordemos, a este respecto, como ha sido conformado el gigantesco montante de deuda hipotecaria de las familias españolas. Mediante prácticas bancarias muchas veces ilegales y fraudulentas como los avales cruzados o el préstamo de cantidades muy por encima de lo razonable, con el uso de cláusulas abusivas que se permitía inscribir en el Registro de la Propiedad bajo el paraguas de una legalidad confeccionada ad hoc por redes políticas, afincadas en la Administración Pública, que (ahora está quedando incluso judicialmente claro) estaban en franca connivencia, expresada en prácticas de corrupción directamente ilegales y perfectamente probadas en muchos casos (subrayémoslo) con constructoras, inmobiliarias, entidades financieras, etc. ¿Existe un ejemplo más claro de deuda ilegítima?

Y, pese a ello, esa deuda ya ha sido pagada por todos los ciudadanos en la forma de rescate bancario, avales a las entidades financieras en dificultades, dación en pago de hecho para promotores urbanísticos y constructoras, y tarjetas opacas y fiestas y cacerías para los responsables públicos siervos del ladrillo.

Los ciudadanos, en definitiva, tienen el derecho de auditar colectivamente las deudas subsistentes, para ver cuáles de ellas son legítimas, para desentrañar quienes son responsables de las ilegalidades que se hayan podido cometer, y para no tener que volver a pagar, una y otra vez (y ya hemos explicado quienes pagan la mayoría de los impuestos aquí), las mismas deudas.

Además, en un contexto de crisis y explosión de la pobreza, la colectividad debería de garantizar a todos los ciudadanos y ciudadanas un mínimo vital para cubrir sus necesidades más perentorias. Ello en la forma, ya lo hemos dicho, de alquiler social de las viviendas vacías que no están cumpliendo función alguna. Pero también en dinero, que permita sobrevivir a todos y a cada uno en condiciones de una mínima dignidad y evitar la exclusión social. Esto hay quien lo ha llamado la Renta Básica Universal, y hay varios modelos para hacerlo: desde la denominada «Renta Básica de los Iguales», accesible sin condiciones previas para toda la población, hasta los modelos de «trabajo garantizado», como el que plantea, en un artículo reciente, el economista Eduardo Garzón Espinosa:

«Mucho mejor que otorgarle un ingreso fijo a todos los ciudadanos es otorgarle el derecho a trabajar si así lo desean (si no lo desean o no pueden, entonces que reciban un ingreso básico, de menor cuantía que en el caso de trabajar). El Estado podría financiar y planificar este Trabajo Garantizado a través de programas concretos, aunque en última instancia podrían ser las organizaciones no gubernamentales, las cooperativas o cualquier otro tipo de organización las que gestionaran las actividades en cuestión debido a que son las que tienen experiencia sobre el terreno. La remuneración del trabajo debería ser fija por número de horas; por ejemplo, 10 euros la hora. De esta forma se establecería un ancla de precios para evitar tensiones inflacionistas. Al mismo tiempo, se lograría que ninguna persona trabajase en el sector privado por menos de 10 euros la hora, ya que de ser así siempre podrían abandonar su trabajo para formar parte del programa de TG.»

Este tema, por supuesto, exige un análisis de mucha mayor profundidad al que hemos hecho en este final de capítulo. Baste lo aquí indicado como simple presentación de un marco de propuestas amplio y en permanente evolución.

Así pues, muchas cosas tienen que cambiar para que el derecho a la vivienda se haga realidad en nuestro mundo social. Una política económica enteramente diferente tiene que ser implementada. Una vía poco transitada tiene que probarse, abriendo cauces a lo mejor de la creatividad de los expertos y de las grandes masas de la población. De hecho, tenemos que iniciar (la situación lo exige de manera cada vez más perentoria) un auténtico y decidido proceso de transición hacia un modelo social enteramente transformado, donde los derechos de la población sean ejercidos de manera directa por los propios afectados. Donde la democracia no sea solo una ilusoria consigna en los programas electorales, sino una vivencia afianzada en las vidas cotidianas de las gentes.

Esa nueva senda de desarrollo (de un desarrollo totalmente distinto, que viene referido a necesidades humanas diferentes de las que promueve nuestra inicua sociedad mercantil) comporta elementos crecientes de autogestión y colectivización de la vida económica, y de reinvención de una vía de autoorganización social tendente a la democracia directa, el asambleísmo y a un nuevo socialismo libertario y federalista, entendido como la construcción de una sociedad donde la libertad individual sea realmente posible desde la base material de la propiedad colectiva de los elementos imprescindibles para el ejercicio de la vida ciudadana. La colectivización del parque existente de viviendas vacías y propiedad de los grandes tenedores y especuladores del suelo, y su gestión social y autogestionaria por los propios afectados, son las marcas de salida de una solución a largo plazo para el problema de la vivienda que sufren principalmente las clases populares.

Lo que tenemos es la pobreza, la miseria, los desahucios, el régimen de la deuda. No dirán que no hay alternativas. Repasad estas páginas: hemos presentado unas cuantas. Una nueva lógica social se alimenta de las consignas gritadas por las gentes de la PAH, del sudor de los que resisten los desalojos, de las lágrimas y la tensión de quienes afirman el día en la creciente oscuridad. Una nueva lógica social, los sueños y pasiones del común de los ciudadanos, de los y las que no tienen nada más que sus manos y su anhelante ansiedad, para construir una nueva sociedad. Ellos y ellas laboran hoy para edificar las esperanzas del futuro.

LA REVUELTA DE LOS QUE NO QUIEREN

MOVERSE DE CASA

Eduardo Pérez

La gota que se convirtió en tsunami

El 3 de noviembre de 2010 cayó una gota que posteriormente se convertiría en tsunami. La gota cayó en La Bisbal del Penedès y el tsunami abarcaría todo el país.

Ese día, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) detenía el desahucio de Lluís Martí, vecino de esta localidad tarraconense. Martí había visto mermados sus ingresos desde hacía dos años debido a la crisis económica, y Catalunya Caixa se adjudicó la vivienda por la que se había hipotecado. Al conocer la fecha de su desahucio, Martí acudió a la reunión de la plataforma en Barcelona a plantear su problema. El día señalado, «vinieron 30 o 40 personas de la plataforma y vecinos, y se paró el primer desahucio de la PAH», relataba Martí a Eldiario.es.

La PAH había nacido en la capital catalana aproximadamente un año antes. Sus fundadores fueron un grupo reducido de personas procedentes del movimiento V de Vivienda, que había participado en 2006-2007 en las movilizaciones barcelonesas en defensa de la vivienda digna. Este núcleo fundador apostó por reconducir el movimiento hacia los problemas hipotecarios y los desalojos, ya en 2009 extendidos como una epidemia por los barrios obreros de todo el Estado.

«El hilo verde»

Al ser la vivienda una de las principales necesidades y, por lo tanto, uno de los principales gastos de los trabajadores y trabajadoras, lógicamente ésta no era la primera vez que asaltaba la primera línea de las luchas sociales. Si los activistas de la PAH usan el color verde en su indumentaria como rasgo definitorio, se podría hablar entonces de un hilo verde que enlazaría las luchas por el derecho a la vivienda a lo largo de la historia.

Estas luchas siempre destacan en momentos de fuerte agitación política. Es el caso de las huelgas de inquilinos en el primer tercio del siglo XX. Tuvieron lugar en diferentes zonas del país, pero precisamente Barcelona tuvo un papel relevante en ellas. Ocasionalmente se había recurrido a ellas, pero fue tras la proclamación de la II República en 1931 cuando se desató una huelga de alquileres en el área metropolitana de Barcelona, coordinada por un organismo ad hoc del anarcosindicalismo, la Comisión de Defensa Económica. Reclamaba una rebaja general de los alquileres, que suponían alrededor de un tercio de los salarios, en un 40%. Algunos cálculos apuntan a 100.000 huelguistas en el verano de ese año. Ese tipo de huelga tenía gran aceptación porque tenía un beneficio económico directo sobre los hogares que dejaban de hacer los pagos. También eran comunes otras prácticas hoy en día resucitadas, como la paralización de desahucios o, también, las manifestaciones espontáneas alrededor de los hogares de los caseros, los escraches de la época.

Es tras el periodo franquista cuando se vuelve a dar una fuerte movilización en el terreno de la vivienda. Es en el tardofranquismo y el primer posfranquismo cuando se generalizan las luchas vecinales. Éstas incluyeron ocasionalmente las huelgas de alquileres pero en general se centraron en la mejora del barrio en diferentes aspectos. La construcción de vivienda pública accesible para los trabajadores en las periferias urbanas fue una de las demandas más extendidas.

…y llegó el 15M

La PAH barcelonesa fue replicándose a otras localidades. Murcia, segunda plataforma en nacer, lo hacía el 25 de mayo de 2010. Sin embargo, la lucha por la vivienda no adquirió carácter masivo hasta que no llegó el 15 de mayo de 2011. Una manifestación en decenas de ciudades con el lema «Democracia real ya. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros» dio pie a una acampada en la madrileña Puerta del Sol esa misma noche. La policía nacional enviada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la desalojó, y la represión tuvo el efecto contrario: al día siguiente la acampada retornó con mucha más fuerza, y al cabo de unos días el movimiento se había extendido a las plazas principales de casi todas las ciudades de importancia.

En las siguientes semanas y meses, el espíritu de revuelta se contagió entre amplios sectores de la sociedad, en un movimiento que, según las encuestas, suscitaba un apoyo casi total de la población.

El 15M fue un movimiento que apuntaba sobre todo a lo simbólico. Fueron muchas las reivindicaciones y propuestas planteadas en su interior, pero no se puede decir que tuviera un programa o reclamación concreta, y menos todavía un modelo de sociedad que proponer, alternativo al capitalista. El sentimiento generalizado era de hastío, indignación y rechazo hacia un régimen político al que se negaba el nombre democracia y hacia un sistema económico que lo dominaba, y la práctica común era la desobediencia civil en forma de ocupación de los espacios públicos, sin recurrir al uso de la fuerza física frente a la policía o la propiedad privada.

Pero el 15M también necesitaba aterrizar, llegar a las luchas concretas. ¿Y qué mejor pista de aterrizaje que la incipiente lucha por la vivienda? Especialmente los Stop Desahucios, es decir, la paralización de la aplicación unas leyes percibidas como manifiestamente injustas mediante las concentraciones sin autorización gubernamental frente a los hogares con aviso de desahucio, sentaban como un guante a la revuelta en marcha.

Lo explicaba Amador Fernández-Savater en un artículo en Eldiario.es con el título de Fuerza y poder. Reimaginar la revolución: “Creo que si cincuenta personas son capaces de parar un desahucio es porque (en alguna medida) ya se ha parado antes. Es decir, porque el 15M, entendido como un nuevo clima social y no como organización o estructura, ha redefinido la realidad. Lo que antes no se veía (el mismo hecho de que haya desahucios) ahora se ve. Lo que antes se veía (normalizado) como una «ejecución rutinaria por impago de hipoteca», ahora nos resulta algo intolerable. Lo que se nos presentaba como inevitable, ahora aparece como algo contingente. El clima 15M pone en crisis, en los términos del análisis de Gramsci, las instituciones de la sociedad civil asociadas al Estado: policías que rechazan acudir a los desahucios, jueces que aprovechan cualquier resquicio legal para favorecer a los desahuciados, periodistas y medios de comunicación que empatizan y amplifican sus mensajes, etc. En definitiva, cincuenta personas, en conexión directa con el clima 15M, tanto en el qué (por lo que luchan) como en el cómo (las formas de luchar), no sólo son cincuenta personas. Están acompañadas por millones, invisibles. Es lo que el filósofo Alain Badiou llama una «minoría mayoritaria». Un agente del cambio: capaz de contagiarlo porque él mismo está contaminado”.

Esta minoría mayoritaria se disparó, por ejemplo, en Madrid. Allí ya existía la PAH, creada con vínculos con Izquierda Unida (IU), pero el primer desahucio paralizado no llegó hasta el 15 de junio de 2011, justo un mes después del estallido quincemayista. Esa mañana, 300 personas se agolpaban frente al portal de la vivienda de Anwar, un libanés desempleado de 55 años que llevaba dos años sin pagar su hipoteca. Así mismo, esa acción se ponía de manifiesto el que sería un tema conflictivo dentro de la PAH: la relación con los partidos políticos. Cayo Lara, coordinador federal de IU, recibió improperios y un cubo de agua mientras se dirigía a la prensa presente en la convocatoria.

Con el 15M, las plataformas empezaron a brotar como setas en todos los rincones del Estado español al calor de las comisiones de vivienda de las acampadas y de las asambleas de barrios. Para Ada Colau, una de las fundadoras de la PAH de Barcelona y que fue hasta 2014 el rostro más visible del movimiento, el 15M «vino a decir que juntos podemos cambiar las cosas, no tienes por qué sufrir en soledad tus problemas, no es una vergüenza lo que te está pasando. Fue tan importante el imaginario como la red de solidaridad. El 15-M pasó a movilizar a miles de personas. El 15-M amplificó la lucha y cuanto más se extiende una lucha más se legitima. Las asambleas de barrio en este tema son vitales. Puntualmente nos podemos desplazar para parar un desahucio, pero como es una cosa tan dramáticamente cotidiana, las redes tienen que ser lo más próximas posible, para que esto funcione de forma estable y sostenible. El 15-M ha sido clave en este sentido».

Según señala la misma Colau y su pareja y también fundador de la PAH, Adrià Alemany, esta expansión se tenía en mente previamente. En su libro Vidas hipotecadas comentan: «La PAH nació en Barcelona, pero lo hizo con la idea clara de multiplicarse por todo el territorio. Desde el principio trabajó por la descentralización y la expansión del movimiento.

Desde las asambleas abiertas, pasando por el tipo de asesoramiento que practica, la socialización de las herramientas y los conocimientos que acumula, los recursos de la web, la presencia en las redes sociales, la dinamización de una ágora virtual que permite a personas de todo el Estado ponerse en contacto e intercambiar experiencias, hasta las alianzas estratégicas que forja, todos los elementos habían sido dispuestos y diseñados para facilitar la reproducción de la PAH.

Sin ningún tipo de duda, uno de los grandes éxitos del movimiento, desde el punto de vista estratégico, ha sido esta vocación y esta capacidad de reproducirse. La suma de todas las PAH locales forma un movimiento mucho más potente que la simple suma aritmética de las partes. Una maquinaria que no duerme y que está en actividad constante».

La experiencia de PAH Safor, según nos señala una de sus participantes, Silvia Pérez, periodista de 34 años, ilustra esta exitosa confluencia: “Antes de que surgiera la Assemblea 15M Safor-Valldigna no existía la PAH en mi comarca. Tanto el 15M como la PAH han ido de la mano, desde sus inicios, creando sinergias y reforzando luchas. No puedo hablar de qué supuso el 15M para la PAH Safor sin hablar de qué supuso esta última para el 15M. La existencia de ambos movimientos ha sido, en nuestro caso, pareja y se ha ido retroalimentando, así como compartiendo, con esfuerzos y medios. El apoyo mutuo entre ambas ha sido paralelo y horizontal”.

Granada fue otro de los muchos ejemplos. “Tras las acampadas del 15M se constituyó el Grupo Stop Desahucios 15M, el cual fue impulsado por diversas personas que habían estado participando en las acampadas. El grupo en poco tiempo se pone en funcionamiento en las calles y tras las primeras presiones en los bancos llegan los primeros acuerdos. Tras ello el grupo va creciendo y creciendo hasta nuestros días”, indica Ana Guardia, miembro del movimiento local.

De hecho, esta confluencia fue la que hizo que no en todos los lugares el movimiento adoptara nombres diferentes al de Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Por este motivo, en muchas localidades la marca es Stop Desahucios y, por ejemplo en Madrid, abundan las Comisiones de Vivienda, al surgir en ambos caso como grupos de trabajo de las asambleas generales del 15M o de sus asambleas de barrio. Sin embargo, el uso variado de estas marcas no indica un patrón de diferencias organizativas o políticas entre ellas.

¿Qué pide la PAH?

Desde 2009, la PAH barcelonesa venía reclamando distintas medidas, explicitadas en cinco puntos. Por un lado, se demandaba «parar«los desahucios», garantizando “que ninguna persona se quede en situación de desamparo habitacional», así como «regular la dación en pago», para que, al igual que ocurre en otros países, el desahucio no vaya acompañado de una deuda de decenas de miles de euros de la familia hipotecada con el banco que les prestó el dinero. Así mismo, se planteaba la «conversión del parque de viviendas hipotecadas de primera residencia en parque público de alquiler social». De acuerdo con esta medida, el Estado compraría las viviendas con los precios reales y los antiguos propietarios pasarían a ser inquilinos de vivienda protegida.

El cuarto punto proponía la «realización de una auditoría social sobre el funcionamiento del mercado hipotecario», al considerarlo «un gran fraude» en el que se deberían establecer las responsabilidades de empresas, bancos y Estado. Como colofón, la quinta medida afirmaba la necesidad de poner las bases «para que el acceso a una vivienda adecuada no vuelva a ser jamás un negocio para unos pocos y una esclavitud para las familias trabajadoras». En el caso del mercado hipotecario, la PAH pedía «establecer por ley que el pago de la cuota mensual hipotecaria en ningún caso sea superior al 30% de los ingresos de la persona o unidad familiar, a un plazo máximo de 20 años».

Llega la ILP

En marzo de 2011, la PAH, acompañada por varias organizaciones sociales, había presentado el texto de una Iniciativa Legislativa Popular, una figura de participación ciudadana en el sistema político poco utilizada dado que aunque se cumpla el número de firmas necesario el Parlamento español no está obligado a aprobar las medidas ni a convocar ningún tipo de referéndum, ni siquiera a tramitar la iniciativa.

En la ILP la PAH se centraba en dos medidas, calificadas como «de mínimos» por parte de la plataforma: la dación en pago con carácter retroactivo para todos los deudores hipotecarios, y la paralización de los desahucios por hipoteca en viviendas habituales, con derecho por parte de los habitantes a acceder a un alquiler durante cinco años cuyo importe no superara el 30% de sus ingresos.

Como decíamos, la propuesta se registró en marzo, pero el proceso se dilató por obra de la Mesa del Congreso. Ésta, compuesta por Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Convergencia i Unió y PNV, la fue bloqueando para que la recogida de firmas no se produjera antes de las elecciones generales de ese año. La Junta Electoral Central no la permitió hasta más de un año después, en abril de 2012. A partir de entonces, la PAH se volcó en el trabajo de recogida de firmas. Para Elisa Rapado, pianista de 36 años que participa en la PAH de León, «la campaña de la ILP permitió que las reivindicaciones de las PAHs saltasen a la calle, estuvieran en boca de todos y no pudieran salir de la agenda política ni ser silenciadas». Coincide con ella Rafael Carmona, jubilado de 63 años que milita en la plataforma 15M Stop Desahucios Córdoba: «La campaña supuso una salida a la calle importantísima, nos permitió que la ciudadanía nos viese casi todos los días, nos hicimos muchos más visibles. Esto permitió que muchas familias que estaban sufriendo los procedimientos de ejecución hipotecaria, los ataques de las entidades financieras, nos vieran y se enteraran de dónde podían localizarnos, sabían dónde buscarnos a partir de ese momento. Fue un punto muy importante de inflexión del movimiento por la vivienda digna en nuestra ciudad y comunidad».

1.402.845 firmas entregadas el 5 de febrero de 2013 fueron el resultado del trabajo de calle, y mediático, de la plataforma. Casi el triple del medio millón exigido por la ley, lo que el movimiento presentó como clara muestra del fuerte apoyo social que recibían sus reivindicaciones. Los desahucios y la lucha contra los mismos llevaban tiempo asaltando la primera plana informativa, lo que facilitó que prácticamente todos los grupos parlamentarios anunciaran su respaldo a la iniciativa. Respaldo que valía para poco, ya que la mayoría absoluta del PP era la única clave para vislumbrar qué recorrido podía tener la propuesta, ya no si era aprobada y con qué modificaciones, sino simplemente para saber si sería admitida a trámite.

El Partido Popular había avanzado que no lo sería. Sin embargo, a última hora, en lo que la PAH consideró un resultado de la presión popular, cambió de opinión: las propuestas contenidas en la ILP serían tramitadas y llevadas para el debate y votación del Parlamento español.

El partido en el Gobierno había dado marcha atrás respecto a la tramitación de las reivindicaciones, pero en absoluto respecto a su aprobación, a la cual se negaba. En este contexto, durante la primavera de 2013 la PAH lanzó su campaña de escraches, término popularizado por la organización argentina HIJOS para señalar a los genocidas de la dictadura, generalmente ante sus residencias particulares. El movimiento por la vivienda realizó poco más de una decena de estas acciones en diferentes ciudades. Pese a que los escraches se desarrollaron en un ambiente prácticamente de etiqueta, sin ningún tipo de ataque físico a los políticos, el Gobierno reaccionó con fuertes despliegues policiales y demandas judiciales, y las empresas de comunicación afines acompañaron con críticas virulentas hacia el movimiento. Incluso la prensa menos vinculada al Gobierno puso en cuestión la nueva táctica de la plataforma, poniendo de relieve hasta qué punto llega la cancha que se puede dar a los movimientos populares.

La presión resultó insuficiente para forzar a la mayoría parlamentaria a aprobar las medidas que contenía la ILP. No obstante, el movimiento por la vivienda sí consiguió, en ese momento y ya anteriormente, medidas legales (en sus palabras, «completamente insuficientes») que no han atajado los efectos más graves del problema pero sí han funcionado como paliativos. Es el caso de la moratoria de desahucios, muy restringida a determinado tipo de familias, o «códigos de buenas prácticas» de cumplimiento voluntario por parte de las entidades bancarias, pero sí que han resultado útiles para el movimiento de cara a presionar y negociar en una larga lista de casos concretos y, de esta forma, impedir o aplazar la pérdida de la vivienda o al menos evitar que ésta conllevara también el mantenimiento de enormes deudas. El alcance de las reformas legales, efectivamente, ha sido muy limitado, tanto que hasta los tribunales europeos han aclarado en dos ocasiones que las leyes españoles no están acorde a las normativas comunitarias en lo que se refiere a la protección necesaria para los deudores hipotecarios.

Por otra parte, el rechazo del Parlamento a aceptar unas reivindicaciones de mínimos sirvió para poner en evidencia la escasa viabilidad de los cauces legales para obtener cambios incluso de carácter humanitario. Pérez reflexiona al respecto: «Creo que [la campaña de la ILP] supuso un empoderamiento ciudadano sin precedentes (al menos, hasta donde mi memoria alcanza) que evidenció cuán falsa es la etiqueta democracia en un sistema en el que cumplir los procedimientos, en ocasiones como la que nos ocupa, es sólo una manera larga de morir aplastada por los mecanismos de poder. Quedó, también, evidenciado que legalidad y legitimidad no pueden siempre ir parejas, que cuando la injusticia ha prendido como sostén del sistema, sus caminos son perversos y quienes los crearon no lo hicieron para que los recorriéramos hasta llegar a alguna parte».

La repercusión a nivel legal del movimiento por la vivienda también alcanzó el ámbito autonómico.

En el nivel municipal, muchos ayuntamientos han emitido declaraciones en contra de los desalojos, aunque este tipo de declaraciones suelen ser simbólicas debido a las escasas competencias municipales en este ámbito. Sí ha habido medidas legislativas de mayor alcance a nivel autonómico, especialmente en las comunidades autónomas donde el Partido Popular no ha contado con la mayoría absoluta y, por lo tanto, los partidos en el poder veían una oportunidad para distanciarse del Gobierno de Mariano Rajoy ante la opinión pública.

Por ejemplo, en abril de 2013, cuando el Parlamento español ignoraba las reivindicaciones, el Gobierno andaluz, compuesto por PSOE e IU, aprobaba un decreto-ley relacionado con la vivienda. Estos partidos reaccionaban así a la demanda, planteada pocas semanas antes, del Movimiento Andaluz por el Derecho a la Vivienda, el cual exigía la paralización de todos los desahucios (incluidos los de alquiler) y la habilitación de las viviendas vacías para dar solución al problema en este territorio. Las demandas fueron ignoradas por la Junta de Andalucía, cuyo decreto se limitaba a dar una moratoria a los desahucios hipotecarios con ciertas condiciones (ligeramente más amplias que las exigidas por el Gobierno central) y, lo más novedoso, a sancionar económicamente a entidades que tuvieran viviendas sin uso. A petición del Gobierno español, el Tribunal Constitucional suspendería la norma. Lo mismo ocurriría en noviembre de 2013 con la normativa navarra, similar a la andaluza.

Tomar la vivienda por asalto

Emma Goldman escribió a principios del siglo XX: «Pedid trabajo. Si no os lo dan, pedid pan, y si no os dan ni pan ni trabajo, coged el pan». En esta filosofía se inscribe la campaña de la PAH de la Obra Social, parodia del nombre usado por La Caixa para sus acciones de caridad. La Obra Social consiste en la recuperación, por medio de la ocupación ilegal, de viviendas vacías por parte de personas sin hogar. Para la PAH, «el objetivo es triple: primero, recuperar la función social de una vivienda vacía para garantizar que la familia no quede en la calle. Segundo, agudizar la presión sobre las entidades financieras para que acepten la dación en pago. Y tercero, forzar a las administraciones públicas a que adopten de una vez por todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a una vivienda». Esta táctica entroncaba de forma natural con el fracaso de la ILP, como señalaba Pau Llonch, de la PAH de Sabadell, a Diagonal: «Nos quedan las dos líneas de trabajo de desobediencia que ya hemos empezado: el Stop Desahucios por un lado, y por otro lado insistir en lo que no hemos conseguido por la vía legislativa: liberar los bloques y las viviendas vacías».

La recuperación de edificios vacíos ha existido siempre en el Estado español, con dos versiones. Por un lado, la creación de centros sociales a manos principalmente de jóvenes de izquierda, la conocida como okupación y, por el otro, la recuperación —individual o colectiva— de inmuebles por parte de personas sin hogar, pero sin darle a los hechos sentido público, político.

La Obra Social la PAH ha sido determinante en popularizar la ocupación ilegal de viviendas. En febrero de 2014 la PAH afirmaba que más de mil personas residían ya en 16 inmuebles recuperados por el movimiento. Esta cifra no incluía a las corralas.

Al igual que ocurre con las diferentes marcas (PAH, Stop Desahucios, etc.) como explicábamos anteriormente, la recuperación colectiva de viviendas tampoco se encuadra únicamente en la Obra Social. En Andalucía, junto con Catalunya y Madrid el territorio donde más se ha generalizado este tipo de práctica, desde un principio se usó el nombre de «corralas». La pionera, y la más grande, con 36 familias realojadas, fue la Corrala Utopía, constituida en un edificio propiedad de Ibercaja. La Utopía se convertiría en el buque insignia de las corralas andaluzas desde su inauguración en mayo de 2012.

Dos ex vecinas de la corrala nos cuentan su experiencia. María Yanés narra: «Yo entré al segundo día de la ocupación, la corrala llevaba unos meses gestándose a través del punto de información de vivienda del 15M de Macarena. Un grupo de afectados de la Macarena se empezaron a reunir, primero eran más un grupo de apoyo mutuo. Se iban ayudando en los diferentes casos con los caseros o yendo a las oficinas de los bancos que les iban a desahuciar. Al final vieron que estaban todas con un pie en la calle, sabían que estaba el edificio vacío en el barrio y decidieron ocuparlo. En un principio, en realidad yo fui como ayuda porque eran 12 familias en un edificio con 36 viviendas y había mucha gente intentando entrar por las bravas, a la fuerza. Entonces me llamó una compañera del 15M para ayudar en las guardias y en los turnos de tareas que había que hacer y entonces me quedé. Esa misma semana también dejaba mi habitación porque ya no la podía seguir pagando y me quedé allí».

Lourdes Amador, por su parte, explica: «Cuando surgió la Corrala Utopía me acerqué y comprobé que había mucha gente que quería. Y lo que se decidió con toda esa gente, que estaba intentando entrar, era formar otras corralas. Y ya es cuando yo empecé a formar parte del movimiento de las corralas ya que también estaba teniendo problemas con mi casero. Yo estuve en la corrala Alegría, que fue muy breve, 21 días. Eran vecinos pero también necesitaban un toque activista para poder organizarse, aunque con la misma necesidad que el resto. Además la gente no estaba muy sensibilizada porque yo era una mujer sola. Entienden más lo que son las necesidades de una familia. Después llegó mi desalojo y fui pasando por casa de amigos, padres, pero ya no podía estar en más sofás hasta que María me llamó porque había una vivienda vacía en la Corrala. Y allí estuve casi un año de los dos que estuvieron ellas».

La ocupación no está tampoco exclusivamente vinculada a la PAH y a los grupos surgidos del 15M. En Gran Canaria, durante 2013 la Asamblea de Inquilinos y Desahuciados impulsada por la Federación Anarquista de la isla ocupó 55 viviendas. En septiembre de 2014, este mismo sector presentaba la comunidad La Esperanza, donde residen más de 200 personas.

Éxitos y problemas

Más allá del éxito inmediato que supone dar alojamiento a personas sin acceso a la vivienda, en general la ocupación se entiende también como una táctica para lograr el reconocimiento jurídico de propietarios y Estado a hacer efectivo, legalmente hablando, el derecho a la vivienda de las familias ocupantes, ya sea en las viviendas recuperadas o en otros lugares.

Un hito en este sentido fue la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en relación con el Bloc Salt (Girona). En octubre de 2013, a escasas horas de que el bloque recuperado por PAH Girona, en el que residían decenas de familias, fuese desalojado, el tribunal de Estrasburgo paralizó el desalojo, planteando que para que éste pudiese llevarse a cabo, la Generalitat debería primero ofrecer una alternativa habitacional a sus habitantes. La historia se repitió en Sevilla cinco meses después, cuando el TEDH repitió su dictamen, esta vez en el contexto de la orden de desalojo para la Corrala Utopía. Esta sentencia facilitó que posteriormente los vecinos y vecinas de la corrala fueran realojadas por la Junta de Andalucía.

En septiembre de 2014 se alcanzó un logro todavía más importante. La Sareb —conocida como el Banco Malo— aceptaba un convenio con la Generalitat mediante el cual un bloque ocupado por PAH Sabadell era cedido, de forma que sus ocupantes podrían regularizar su situación. La importancia de esta noticia consiste en que se iba más allá de los realojos individuales y se regularizaba una situación surgida de la desobediencia civil.

Sin embargo, no todo el camino ha sido de color de rosa, al margen de los evidentes problemas de convivencia que fácilmente surgen en cualquier comunidad, y más todavía cuando la pobreza y la represión arrecian. Varios edificios ocupados han sido desalojados por la fuerza policial o por propia decisión de los habitantes para no enfrentarse a más problemas de los que ya tenían.

Internamente también ha habido enfrentamientos. En el caso del Bloc Salt, un mes después de la sentencia europea, las PAH de Catalunya manifestaban que «es imposible trabajar de forma coordinada y consensuar la estrategia de la lucha entre todo el movimiento», concretamente por las divergencias con PAH Girona al rechazar esta plataforma la oferta de realojos con alquileres sociales que presumiblemente había realizado la administración. En diciembre, la Generalitat desalojaba el bloque ocupado.

Las tensiones generadas por la situación de la Corrala Utopía sevillana también acabaron en explosión. Los vecinos de la Corrala se dividieron: una parte se desvinculó de la Intercomisión de Vivienda del 15M local, acercándose a los altos funcionarios de la Junta, de IU, aceptando que la solución vendría de este estamento, mientras que la otra apostaba más por una estrategia de movilización. En abril de 2014 se produjo el desahucio de la corrala, lo que dio lugar a días de fuerte tensión con acusaciones cruzadas entre la Junta y el Ayuntamiento local (del PP), que finalmente se resolvieron con el realojo de las familias, tal como había señalado el tribunal europeo. Pero los problemas internos continuaron incluso con enfrentamientos públicos por cuestiones monetarias, dando al traste con el trabajo conjunto que realizaba la Intercomisión de Vivienda sevillana, que hasta entonces trataba de coordinar todo el movimiento.

Más allá del derecho a un techo digno

Según ha ido avanzando el movimiento, éste ha ido tomando una visión más integral del derecho a la vivienda, yendo más allá de la mera necesidad de vivir entre cuatro paredes y un techo. El tema estrella en este sentido ha sido la pobreza energética, entendida como la dificultad de la población trabajadora para disponer de suministros básicos (luz, agua, gas) y acabar con los cortes de los mismos por parte del oligopolio sectorial. De forma similar que con las recuperaciones de viviendas, Catalunya y Andalucía han estado a la vanguardia de la reivindicación.

En Catalunya la voz cantante la ha llevado la Aliança contra la Pobresa Energètica, en la que participan diversas organizaciones pero las PAH catalanas llevan el peso. De esta forma, los suministros básicos han entrado en la agenda política, motivando diversos debates y medidas que, hasta el momento en que se escriben estas líneas, distaban apenas de suponer paliativos para casos extremos. En el sur del país, desde el verano de 2013 el Movimiento Andaluz por la Vivienda reclama a la Junta, junto a sus ya enunciadas reivindicaciones respecto a la emergencia habitacional, que decrete la prohibición de los cortes de suministros básicos en las viviendas andaluzas. El propio vicepresidente de la Junta de Andalucía salió desde un principio al paso de la campaña anunciando medidas que no llegarían y que serían olvidadas con la pérdida de fuelle del movimiento a principios de 2014.

A nivel local, las organizaciones por la vivienda digna suelen colaborar también con organizaciones situadas en otros frentes. Guardia, de Granada, indica: «Tenemos que intentar coordinarnos y trabajar mejor con los colectivos y movimientos con los que compartimos de forma solidaria la lucha. Tenemos relación y trabajo conjunto con la plataforma de desempleados de Granada, de hecho muchos de los compañeros de Stop Desahucios participan directamente en ella. Tenemos relación con la Asamblea Interprofesional, donde hacemos un trabajo de apoyo mutuo y solidario con los trabajadores en conflictos laborales, puesto que tras el despido y los recortes salariales, llega el desahucio». Desde Córdoba, Carmona señala que la plataforma cuenta con un banco autogestionado de alimentos que, con el apoyo de asociaciones de vecinos y comerciantes, ayuda a las familias involucradas que lo necesitan.

El movimiento desde dentro

Es de Perogrullo señalar que la Plataforma de Afectados por las Hipotecas está formada principalmente por afectados por las hipotecas. Sin embargo, no es toda la verdad. De hecho, no se suelen hacer distinciones con las personas con problemas de alquiler o sin hogar a la hora de aceptárseles como miembros de pleno derecho del colectivo. La diferenciación viene a la hora de abordar el problema, como señala Pérez, de PAH Safor: «Sí, también trabajamos con personas afectadas por desahucios de alquiler, aunque son un número muy reducido, en proporción a los desahucios por hipoteca. Son casos que requieren un abordaje diferente, puesto que los desahucios por alquiler tienen otra parte afectada, que no suelen ser bancos, sino personas físicas, cuya situación también debe ser tenida en cuenta, a la hora de emprender acciones y negociaciones. La estrategia de comunicación también es, en este sentido, distinta».

Es decir, son muy escasos, prácticamente inexistentes los casos en los que se ha gestionado un problema de desahucio de un inquilino de forma similar a los hipotecados con los bancos (o a los inquilinos de vivienda pública): el movimiento no suele emprender acciones de denuncia contra propietarios individuales, y la negociación, cuando la hay, se suele limitar al intento de aplazar el desahucio mientras se busca el realojo de las personas desahuciadas. Puede haber varias causas. Por un lado, los desahuciados hipotecarios recurren en muchos casos al alquiler de su vivienda para poder seguir afrontando las cuotas mensuales, por lo que se siente mayor empatía —en principio— por los caseros individuales que por las entidades bancarias. Por otro lado, el movimiento es consciente de que parte de su éxito reside en haber identificado un enemigo impersonal, con escaso aprecio por parte de la sociedad, como son los bancos y el Estado, y el enfrentamiento con propietarios que en muchos casos también son pueblo podría tener costes políticos. Por último, tanto por la menor actividad del movimiento en este frente como la propia situación de los inquilinos, que al no haber desembolsado tanto dinero como los hipotecados y tener más fácil el escape individual al no quedarse con una deuda a cuestas, ha resultado en la menor participación de este sector de afectados, que en estos años además era una minoría de la población. En todo caso, a nivel de recuperación de viviendas, los desahuciados de alquiler han tenido una presencia más importante.

Por lo tanto, el perfil mayoritario de los participantes es el de personas hipotecadas de más de 30 años, y en general próximos a los 40 o 50, con una destacable igualdad de género: es común que las mujeres hagan en esta lucha de cabezas de familia. Son, generalmente, trabajadores asalariados o autónomos que se hipotecaron en plena burbuja inmobiliaria, a mediados de los 2000. A partir de 2007 sufrieron la crisis de acumulación capitalista llegada al Estado español, y perdieron su puesto de trabajo y, en consecuencia, la merma de ingresos comenzó a hacer graves estragos en su capacidad para afrontar los pagos de las cuotas. Es una historia común la de la familia cuya hipoteca devora primero sus prestaciones por desempleo y a continuación sus ahorros y ayudas familiares. Tampoco es difícil encontrar casos de pequeños empresarios proletarizados cuyo negocio quebró y las deudas empresariales acabaron llevándose por delante en primer lugar la empresa y en segundo la vivienda.

Apartidismo, gratuidad, no violencia

Estos tres principios son los que definen el espíritu del movimiento por la vivienda, y fueron aprobados en junio de 2011, durante la explosión de plataformas en todo el Estado a rebufo del 15M. En cuanto al apartidismo, se afirma que «la PAH es una asociación apartidista. Queremos evitar el uso electoral que quieren hacer algunos partidos políticos de esta problemática. Por lo tanto, ningún portavoz de la PAH puede ser miembro de un partido político ni ninguna PAH participará en actos electorales ni apoyará públicamente a ningún partido». La norma no ha evitado que surjan problemas en este aspecto, sobre todo en relación a las portavocías, con diversas plataformas locales infringiendo lo expuesto de forma puntual o permanente.

La gratuidad, con el lema «no se cobra, no se paga», también ha sido uno de los rasgos fundamentales. Este funcionamiento ha facilitado la participación interna. A diferencia de otras organizaciones en las que militantes profesionales tienen un peso muy superior al resto en la toma de decisiones, en la PAH la inexistencia de esta figura ha impedido que se produzca una desconexión profunda entre la militancia más constante y la más laxa. Al no cobrar en términos monetarios, se ha fomentado la idea de que la manera de los afectados de devolver el apoyo recibido sea precisamente dando apoyo a otros compañeros y compañeras, lo que ha generado un círculo virtuoso que ha permitido el crecimiento del movimiento. Por supuesto, la gratuidad tiene consecuencias menos positivas. Es, por ejemplo, difícil de cuantificar el número de personas involucradas en las plataformas. Así mismo, resulta difícil asumir gastos como el mantenimiento de un local, lo que el movimiento ha paliado recurriendo a sedes de otras organizaciones o edificios de la administración local o autonómica.

En cuanto a la no violencia, es un principio que ha sido seguido al 100% en todo el territorio. La huida del enfrentamiento físico con las fuerzas policiales ha permitido aumentar la simpatía por el movimiento y detener muchos desahucios a pesar de la clara superioridad que tendría el bando desahuciador en el terreno del choque cuerpo a cuerpo. Además, se ha evitado una mayor criminalización que con toda seguridad se hubiera dado si se hubieran utilizado otros métodos de defensa. En el debe de esta táctica, en el caso de los desalojos que sí se han efectuado por vía policial, está el que la mera desobediencia civil no ha servido. Cabe la duda de si un mayor grado de conflicto podría haber sido más efectivo.

El asamblearismo por bandera

¿Cómo funciona el movimiento por dentro? La estructura, a pesar de no estar muy desarrollada a niveles superiores al local, es muy sencilla y muy similar independientemente de la ciudad o pueblo del que hablemos. El rasgo más definitorio es el asamblearismo. La base del funcionamiento son las asambleas, que suelen tener periodicidad semanal. Se trata de reuniones de carácter eminentemente práctico. Generalmente, los nuevos participantes se presentan y plantean su problema particular. A continuación, se pone en marcha el denominado «asesoramiento colectivo», en el que los demás miembros aconsejan y solicitan más información a la persona afectada, y lo habitual es que uno o varios compañeros queden encargados de hacer «acompañamiento» a la hora de estudiar más a fondo el caso, acompañarles al banco a negociar, etc. El papel de esos militantes varía según la plataforma: en algunas prima claramente el asesoramiento colectivo, mientras que en otras, los acompañantes tienen mucho más peso a la hora de tratar los casos e influir en su desenlace (los afectados por lo general no conocen los entresijos de las negociaciones y en ocasiones se pueden dejar llevar por las opiniones de gente con más experiencia). Posteriormente se exponen las novedades de casos más antiguos, y se tratan temas más globales.

Al margen de las asambleas, suelen existir diversos grupos de trabajo, formados por un número reducido de personas, que dan continuidad a diferentes áreas de la organización: comunicación, formación, acción… Al igual que ocurre con quienes asesoran a las personas afectadas, el poder e independencia de los grupos de trabajo depende de la estructura organizativa existente en cada lugar.

Las militantes a quienes hemos consultado coinciden en señalar como principales problemas: primero, la falta de formación de muchos integrantes de las plataformas, y segundo, el personalismo que surge en ocasiones en militantes destacados. Ambos obstáculos están interrelacionados y adquieren relevancia si tenemos en cuenta que hablamos de organizaciones muy jóvenes, con sólo dos o tres años de existencia, y que en este período han experimentado un crecimiento espectacular. Para la leonesa Rapado, «entre lo difícil está, sobre todo, ser consciente de que ninguno somos necesarios individualmente en el grupo y nuestros logros no son nuestros, sino de todos: el personalismo es a veces inevitable en PAHs en las provincias, pero es uno de los enemigos más claros».

En la misma línea incide Guardia, de Granada: «No tener una estructura organizada para vertebrar este crecimiento es un elemento que nos impide sacar más partido de la fuerza que tenemos. También el crecimiento desigual de las asambleas en términos de participación e implicación, debido a muchos elementos débiles del movimiento, impide que exista un reparto del trabajo y de la responsabilidad. A estos elementos a trabajar se suman en muchas ocasiones los problemas internos del propio movimiento que van desde la toma de decisiones a prácticas caciquiles de algunos líderes».

Un artículo de la Oficina de Vivienda de Madrid a mediados de 2014, titulado Lucha por la vivienda y lucha de clases: afectadas somos todas, incidía en este aspecto: «Contradictoriamente a este modelo [el asambleario] hay algunos colectivos y espacios (pocos) con una mirada diferente de la lucha por la vivienda contra los desahucios. Espacios en los que la toma de decisiones no está, probablemente, en la asamblea sino en “equipos de cooordinación” o en dirigentes de larga trayectoria y reconocido prestigio. Abogados y abogadas, poseedores del conocimiento técnico, pasan a definir las estrategias de negociación y de resistencia. Él o la afectada, lógicamente en un momento de brutal vulnerabilidad, se apoya al 100% en su abogad’ (el que sabe, el que tiene un conocimiento superior)».

Pérez hace hincapié también en la falta de implicación que ha observado: «La mayor parte de las personas afectadas no se ha implicado en la lucha contra los desahucios, más allá de la resolución de sus respectivos casos particulares. Siempre hemos sido conscientes de que la militancia del grueso de personas afectadas terminaba allá donde su situación quedaba resuelta, independientemente de lo conseguido (salvo algunas excepciones). Pese a los intentos de dinamización, las llamadas a la solidaridad y al apoyo mutuo, podemos concluir que, en este sentido, el resultado no ha sido tan positivo como hubiéramos deseado». Ahora bien, Pérez matiza que «cuando se ha llamado a la gente a paralizar un desahucio o a realizar una acción de protesta, la respuesta ha sido siempre muy positiva».

En los niveles superiores al local, el nivel de organización es más débil. A nivel autonómico, no abundan las coordinaciones de tipo permanente y, cuando existen, suelen funcionar sólo para campañas concretas. La excepción más destacada es seguramente Catalunya, posiblemente debido a la mayor trayectoria de varias PAH del territorio. Se cuenta con un documento de líneas rojas definitorias del movimiento y abundan los encuentros a nivel autonómico, lo cual les ha permitido una unidad de acción mayor de lo habitual. A nivel estatal, cada pocos meses se realiza un encuentro, y funciona también una lista de correos electrónicos que sobre todo funciona de cara a compartir experiencias y asesoramiento. También existen varias comisiones de trabajo. Sin embargo, no hay un método de funcionamiento claro. Para corregir este problema, se ha barajado imitar la experiencia catalana, aunque a la hora de escribir estas líneas aún no se había llegado a ninguna conclusión.

Mirando hacia delante

El movimiento por la vivienda enfrenta un futuro incierto. Entra dentro de lo posible que los resultados electorales en 2015 supongan la aceptación de al menos una parte de las medidas de mínimos planteadas en la Iniciativa Legislativa Popular, o como mínimo de una moratoria para los desahucios hipotecarios, medida que ya ha estado vigente en otros países similares, como Grecia. Este hipotético escenario supondría sin duda un éxito para los esfuerzos del movimiento en estos años, pero también plantearía dudas. Precisamente los desalojos de afectados por las hipotecas han sido el problema principal sobre el que se ha sustentado el trabajo y el impacto social de las plataformas. Su finalización o paralización eliminaría una de las consecuencias más graves del problema de la vivienda en España, pero el problema de fondo, un mercado inmobiliario extremadamente asfixiante para la inmensa mayoría de los trabajadores, podría seguir en pie. En este caso, ¿cuáles serían los nuevos objetivos del movimiento, de haberlos? ¿Y qué táctica podría servir para mantener la atención general respecto a esos objetivos?

Las voces que nos han acompañado a lo largo de este capítulo no precisan demasiado. En lo que sí coinciden es que ahí no acaba la lucha por la vivienda, y en todo caso contemplan esta pelea dentro de un marco general. Carmona, de Córdoba, tiene claro que «el movimiento por la vivienda digna no se acaba con la aplicación de la ILP, por desgracia no es así. Seguiremos luchando por la defensa de los derechos humanos, modificación de la Constitución para que incluya el derecho de uso de la vivienda como obligación del Estado, como única garantía para que podamos llegar a una sociedad sin familias ni personas sin casa, lo que incluye la garantía de los suministros básicos (luz, gas y agua)». Para Guardia, los derechos «van más allá de la vivienda, como es el derecho al trabajo, a no ser explotado por otros, a decidir qué se produce en un país y para qué o quién. Derecho a los servicios mínimos de luz, agua, derechos a la sanidad, la educación...». Pérez señala que «el sistema es el que es y trae consigo desigualdades. En este contexto, las PAH’s deberían continuar dando asesoramiento, protección y apoyo, humanizando, acompañando y, sobre todo, empoderando a los sectores más desfavorecidos en relación con su derecho a una vivienda digna». Rapado es contundente: «Cualquier movimiento de lucha social tiene sentido siempre que existan opresores y oprimidos, aunque no sea en el campo de la vivienda».

CORRALA

Leticia González Peinado.

Definición de la RAE: 1. En Madrid especialmente, casa de vecindad antigua constituida por viviendas de reducidas dimensiones a las que se accede por puertas situadas en galerías o corredores que dan a un gran patio interior.

Definición andaluza: 2. Edificio abandonado durante años, propiedad de bancos o grandes rentas, recuperado por una liga de inquilinas en situación de emergencia habitacional para hacer uso de él como vivienda. La arquitectura normalmente no corresponde a la de la corrala tradicional, pero sí el carácter comunitario. El fenómeno nace en Sevilla.

A pesar de que la RAE (los que construyen los diccionarios también tienen ideología ¿verdad?) diga que es típico de Madrid, sin embargo el fenómeno corrala, se reapropia más bien de la idea los corralones. Un corralón, es un tipo de alojamiento tradicional que se puede encontrar en algunos barrios de la ciudad española de Málaga y prácticamente en toda Andalucía.

Algunos ejemplos de corralones más emblemáticos pueden encontrarse en las barriadas de La Trinidad y El Perchel de Málaga. Estas viviendas están asociadas a la marginalidad y el bajo nivel adquisitivo, En el pasado también se asociaban a bajas condiciones higiénicas y a la falta de intimidad, debido a la baja calidad de sus construcciones y sus reducidas dimensiones.

Antecedentes y contexto

Andalucía, como el resto del Estado, sufre las consecuencias de esta estafa financiera en colaboración institucional. Pero más acuciante. Con más desempleo, más precariedad. Más miseria.

En Andalucía, como en el resto de lo que llaman España, la situación es de verdadera emergencia social. Miles de personas normalizadas son arrojadas de ese sistema del que formaban parte, en el que creían y del que se pensaban imprescindibles. Son expulsadas también de sus casas, de sus puestos de trabajo, de sus iniciativas de emprendimiento, de la posibilidad de costearse los estudios públicos, de la posibilidad de incorporarse a la vida laboral y, por tanto, a la vida, incluyendo a las que ya tenían los requeridos títulos universitarios.

Una dolorosísima caída del guindo, que lleva por fin a parte de la población a señalar el aumento de la acumulación de los bancos y los mercados mientras la población se desangra, la ilegitimidad de la legalidad vigente, en general, y en materia hipotecaria y en todos los aspectos de la vivienda, en especial. La complicidad del gobierno y las instituciones. El descrédito en la clase política. La ausencia de soberanía, delegada totalmente en Europa. La farsa que son los Estados. El espejismo de la democracia. La corrupción. La Deudocracia, y un largo etcétera.

Y es en ese contexto que se fragua el 15M, y con él, el volver a las calles, olvidadas por muchas durante más de 20 años. Desconocidas para las más jóvenes. Y a las plazas, y a la política del día a día. Y a la desprofesionalización de la política. Y al cuestionamiento de la autoridad. Y se desbordan los movimientos y las mareas y las plataformas ciudadanas. Y conceptos como resistencia pacífica, acción directa no violenta, desobediencia civil, después de décadas, vuelven a estar en el imaginario y en las prácticas colectivas, de la mano de iniciativas como la Plataforma de Ahorcadas por la Hipoteca al grito de ¡Stop desahucios!. Un grito que se tinta de sangre, convertido en aullido de lamento. Y no son suicidios, son asesinatos del genocidio financiero, y ¡Si tocan a una nos tocan a todas!, y ¡No más sangre! No más sangre por dinero… Sólo en este momento de cambio de visión, del cuestionamiento del binomio legalidad-legitimidad, de la credibilidad y el apoyo social que pesa sobre la PAH y los movimientos por la vivienda , sólo en este contexto, se puede entender el fenómeno de los realojos ciudadanos y de las Corralas en Andalucía.

Los realojos ciudadanos, ya sea obra social de la PAH, ya sean Corralas, es la okupación del siglo XXI, donde las protagonistas no son las klásicas, o no sólo. Por protagonistas clásicas de la okupación entiendo aktivistas de las luchas por la vivienda, anticapitalistas que señalaban y denunciaban el abandono de viviendas vacías en los centros de las ciudades mientras depredaban nuestros recursos naturales a base de cemento y ladrillo. Que el boom de aquí, era la depresión, la destrucción y la crisis de un montón de allís. El movimiento de la okupación, el ideologizado. Que hacían de el cubrir sus necesidades una herramienta de lucha. Las otras protagonistas de la okupación klásica, en la sombra, las de siempre. Las que siempre han estado en crisis. Las que ya nacieron en crisis. Las excluídas de los Booms, y las primeras machacadas y soterradas durante las crisis generalizadas. Las de los Másters en supervivencia. Las expertas en el inframundo, los barrios olvidados. «Las que están así porque quieren, porque trabajo hay», decían de ellas las voces de algunas de las que, sin saberlo, también iban a ser expulsadas. Las en exclusión sin riesgo, ese lobo de orejas puntiagudas que sirve al sistema para tener al resto de las ovejas bien atadas y en el redil. Ese porcentaje de población que hay que mantener arrastrada, para poder tener al resto al menos arrodillada. Ese ejemplo de lo que no queremos ser, de, en lo que no queremos caer.

Pero eso no pasa si sigues los pasos…

Ya pasó…

Las nuevas protagonistas son gente normalizada. La gente que tenía empleo, casa en hipoteca, coche pagado a tokateja o a plazos. Familias. Las que habían seguido los pasos. Las que necesitan de las chusmonas, de las punkis y de las hippies ideologizadas para buscarse la vida, para hacer un curso acelerado de desprogramación en la pérdida de respeto a la legalidad injusta, para desoír el sentimiento de culpa, de fracaso, y de autoinmolación. Para evitar más suicidios. Y las kinkis y las aktivistas se ven también beneficiadas en la colaboración con las personas más normalizadas, para contar con una mayor legitimidad de la mayoría social, ya que la masa se reconoce en ellas, por lo que empatiza más que cuando las más visibles eran otras, y eso se traduce en un mayor apoyo. Y de esta simbiosis, de este resolver las necesidades individuales de manera colectiva, de esta pequeña ruptura del individualismo, de este encuentro con la otra, que es diferente a mí, que se da en el 15M y se canaliza en movimientos como la PAH y Stop Desahucios, y la Intercomisión de Vivienda y los Puntos de Información de Vivienda (PIVES), en el caso de Sevilla, surgen las Corralas.

Las Corralas son la forma particular que adopta la okupación siglo XXI en el territorio andaluz, dado el contexto y características específicas de aquí.

Andalucía

En Andalucía, comienza el fenómeno en Sevilla, donde llega a haber más de 10 corralas sólo en la capital. Como un reguero de pólvora se extiende a otras provincias, ciudades, pueblos y barrios.

La Utopía es la primera corrala mediática y definida como tal. Es la que populariza el fenómeno y la que goza de mayor apoyo social. También es la que mantiene más contacto y más directo, quizá, con miembros del equipo de gobierno de la Junta. En Andalucía, donde comparten el gobierno nuestras amigas con nuestras antiguas amigas, parecía que eso iba a suponer algún cambio. Y más de uno piensa: son amables y no nos miran mal, y nos ayudan a que nuestros enemigos nos tengan que recibir en sus espacios institucionales y hacer el esfuerzo de tratarnos como si fuéramos personas y no las delincuentes que somos. Y eso, aunque parezca que no, es un gran cambio, al menos en las úlceras de muchas, y de cara a la sociedad. Y sobre todo: salimos en la tele todo el rato.

Además nuestras amigas se esfuerzan mucho por legislar a nuestro favor. En serio. Sólo que al hacerlo, se olvidan de nosotras. Es la historia del decreto, y posteriormente ley, en función social de la vivienda de la Junta de Andalucía, que supone hablar de multas a los bancos por viviendas vacías, ¡e incluso de expropiación! Pero con un montón de requisitos y condiciones que otra vez nos excluyen a las excluídas. A aquéllas cuyos procesos de realojo acompañan, y de cuyas asambleas participan en ocasiones. Y colorín colorado, el decreto se congeló en Madrid, por el Tribunal Constitucional, y allí sigue, y seguirá «… Y si España fuera un donut…» cantaban Los Mártires del Compas. Siempre ha existido la expropiación en función social de la vivienda. No se trata tanto de crear herramientas nuevas, sino de ser valiente para aplicar las que ya hay, las que siempre han existido. De estar a la altura de la calle, aunque eso suponga evidenciar la farsa de las autonomías, y/o perder la butaca, si la butaca realmente no sirve. Es decir, verdadera voluntad política, por parte de las que dicen acompañarnos. Y desobediencia llevada también a las instituciones.

En la práctica, la función de la Junta en el proceso de los realojos ciudadanos ha sido de acompañamiento y mediación. Pero…,¿¿¿se puede acaso mediar en el corazón de la bestia???

Antecedentes y contexto en Málaga

En Málaga, como en tantos lugares, el 15M sirvió, entre otras cosas, para tejer redes entre personas y movimientos sociales. Y para recordar, a los colectivos y organizaciones más veteranas, la necesidad de relacionarse entre sí. Se había despertado la conciencia colectiva y se respondía activamente a las diferentes convocatorias de diferentes grupos, y se interiorizaban, y las asumíamos como propias. Y de ese modo, se asumían, por la gente que en su momento había compartido plaza durante más de 40 días seguidos, las convocatorias de paralizaciones de desahucios de la que por entonces empezaba a ser la PAH de Málaga. A fuerza de paralizar desahucios en diferentes barrios y pueblos de Málaga, la mayoría en zonas muy humildes y deprimidas, y de visibilizar el si se puede, de resistir y desobedecer, se llegó a la Palma Palmilla, un barrio olvidado, pero con mucha historia.

La Palma-Palmilla es una barriada de más de 40.000 habitantes en un trocito pequeño de ciudad, junto al monte. Un porcentaje muy amplio del vecindario es migrante y de población gitana. Es un barrio paupérrimo, con un problema enorme de deterioro de las viviendas (habitadas), y de todo tipo de instalaciones y de limpieza, mordido por el imperativo de cumplir su función de mercado de las drogas para la evasión de la mayoría de población. En este barrio, además de haber desembarcado asociaciones fantasmas que cobran subvenciones sin apenas actividad, también hay diferentes iniciativas de resistencia de la gente del barrio: La Casa de la Buena Vida, el colegio del 26 de Febrero; donde se llevan a cabo reparto de alimentos, actividades para niñxs (de apoyo escolar, de inglés, meriendas, lucha contra el absentismo escolar, gimnasio y boxeo, comunidad terapeútica, tercer grado, etc…)

Un barrio con muuuchos desahucios. Y una de esas familias que iban a ser desahuciadas, contactó con la PAH, y se puso en marcha el engranaje de Stop Desahucios. Y se paró el desahucio al son del sí se puede. Y se paró un poquito la depredación que nos asola, y se rompió un trocito, un poquito de capitalismo. A golpe de un soplo de hipercomunitarismo espontáneo. Hubo mucha más participación que en otros barrios. Las vecinas bajaban de todas partes y superaban en número a las activistas (algo no muy habitual por aquellos entonces). Gente de todos los colores y religiones se convertía en protagonista de la resistencia vecinal, y coreaban todos los lemas, e inventaban propios: «Vecinos, goleores, bajad de los balcones!». El colofón, una gran paella a cargo de la Asociación por la Integración de la Comunidad Gitana Palma-Palmilla. Y se cocinó algo más que una paella. Diferentes colectivos sociales, sindicatos y las fuerzas vivas del barrio se aliaron en una iniciativa conjunta, Er Banco Güeno: un comedor social autogestionado okupando una sucursal de Unicaja que llevaba abandonada más de 7 años, y que ya había sido protagonista de luchas vecinales. Y el verbo se hizo carne durante la huelga general del 14N.

En Er Banco Güeno, aparte del comedor social, se llevaban a cabo diferentes iniciativas. Una de ellas, la Oficina Prekaria, donde se presta servicio jurídico gratuito y se intenta enlazar y derivar a los diferentes movimientos sociales. De aquí surge la relación continua con gentes en situación de verdadera emergencia habitacional y con todo tipo de problemas, muchos en el ámbito de la vivienda: suministros, empadronamiento, etcétera…Fueron muy relevantes las luchas vecinales por el derecho al agua, por ejemplo. Recapitulando, la confluencia de factores que dieron lugar al movimiento de las corralas en Málaga, fueron :

— La relación de viejos y nuevos movimientos sociales con las gentes más excluídas a través de Er Banco Güeno/Oficina Prekaria. 15M-PAH/Stop desahucios.

— Las relaciones surgidas a raíz de las movilizaciones antidesahucios en Málaga provincia y capital.

— Y la influencia de la situación que se estaba viviendo en Sevilla en todo el entorno de la vivienda, y en especial, las Corralas (dos compañeras de la PAH Málaga viajaron a Sevilla a un encuentro y a una acción/manifestación y quedaron impresionadas)

Y todo ello entendido dentro del contexto general y estatal anteriormente descrito.

Experiencia en Málaga

En mi opinión el quid del fenómeno de las corralas consiste en que gentes diferentes entre sí, que algunas se conocen y otras no, se junten y cooperen para resolver sus necesidades mínimas conjuntamente, resolver las necesidades individuales de manera colectiva. Y el hecho de que ese cubrir las necesidades básicas de gente sin nada, sea en sí mismo algo subversivo y antisistémico y de confrontación con el poder. Porque el sistema y el poder no contemplan, y no quieren, que todo el mundo tenga lo mínimo, lo incuestionable. Y es importante hacer de ese cubrir lo mínimo, una lucha coordinada con otras luchas, engranada en una estrategia más general.

Otro aspecto destacable de esta forma concreta de la lucha por la vivienda, las corralas, es el hecho de colocar en el centro el ámbito del hogar, de lo doméstico, de lo que normalmente no se habla, no se ve, y carece de interés. Lo que se da por hecho, sin saber ni importar muy bien quién lo hace. El sustento diario de la vida. El ámbito al que históricamente(y de rabiosa actualidad) han quedado relegadas las mujeres, de repente tiene todo el foco, y con él, ellas. Nosotras. Las cuidadoras. La casa, la vivienda, el hogar, es a su vez el espacio social, el espacio de reivindicación y de lucha. El punto de fuga mediático. Y la revolución, en este caso, es la del día a día. Al negarse a las personas lo más básico ( un techo, un refugio, un lugar donde descansar, donde preparar alimentos, donde compartir la vida, donde amar, donde lavarse, donde abrigarse…), la lucha es el cómo dar respuesta a todo ese hacer cotidiano y articularse con otras para tener fuerza, para ser oídas.

Y las mujeres, en este caso, ya no quedan relegadas fuera del espacio de lucha, porque el espacio de lucha es su ámbito.

Grupos

En Málaga, a la hora de la creación de los grupos de realojo, nos encontramos que el perfil de gente que estaba dispuesta a tomar la iniciativa, no era el tipo de gente que se acercaba a la PAH. Las personas que habían sido propietarias de viviendas, a quien se les había generado la ilusión de que lo eran, mejor dicho, aunque se encontraran en situaciones extremas, no eran capaces todavía de dar ese paso. Las que sí que estaban dispuestas eran más bien la gente que provenía de barrios como la Palma-Palmilla, Los Asperones, Cruz Verde, El Cao. Gente que no tenía nada, que nunca había tenido nada, y que poco tenía que perder. Y así surgió el primer grupo de realojo. Personas que provenían de la comunidad terapéutica de la Buena Vida; una madre con sus hij@s que habían sido desahuciadas de una vivienda en alquiler y vivían hacinadas con la abuela de la familia; una parejita joven con una niña recién, recién nacida, en la que por problemas familiares, el padre dormía en un coche Smart. Otra familia de 4 personas que vivían todas en una habitación en casa de los suegros. Otra pareja que venía del mundo de la okupación de toda la vida. Una madre que estaba durmiendo en la calle mientras sus hijos dormían en casa del abuelo. Un hombre que estaba viviendo en un garaje. Una compañera de Stop Desahucios y Zambra/Baladre, que llevaba un tiempo de sofá en sofá. Otra persona que vivía con todas sus cosas en un coche… Así hasta completar las 13 viviendas que conformaban el inmueble de calle Ventura Rodríguez 17, que llevaba varios años abandonado y en situación de deterioro, propiedad de Bankinter una de las grandes rentas del estado español, en el malagueño barrio de la Trinidad. Lo que fue la Corrala de la Buena Ventura.

En lo alto del edificio, la terraza y dos semiáticos, muy abuhadrillados y sin terminar, donde se cocinaron numerosas asambleas, encuentros con otros grupos, madrugadas infinitas de convocatorias por internet, reflexiones y elaboración de textos, reuniones de nuevos grupos de realojo, donde se informaba a gente con diferentes problemas, y alguna que otra celebración… Donde se encaramaron los últimos tres compañeros en ser desalojados del edificio el día 3 de octubre del 2013, el día del desahucio de la Corrala Buena Ventura. A partir de la Buena Ventura, surgieron otras: La Esperanza, Las Luchadoras, La Suerte, La Fortaleza; mucho más tarde, La Guevara, y Malasaña. Y otros bloques que se habían okupado con anterioridad a la Buena Ventura pero sin intención expresa de visibilizar la lucha por la vivienda, sino para cubrir una necesidad extrema. Se trata de lo que más tarde fue el Barco, y Brokante en Torremolinos, y que al calor del movimiento generado desde el surgimiento de la Buena Ventura, se incorporaron, de alguna manera, a la lucha.

Quiero decir también, que en la experiencia corralera en Málaga, en sus inicios (inicio 2013), no era posible aplicar protocolos de realojo o diseños de grupo, ni nada demasiado preestablecido. Eran las personas con más necesidad las que tomaban la iniciativa y recurrían a nosotras, los movimientos sociales, en busca de apoyo y asesoramiento. Excepto en la experiencia de la Buena Ventura, en la que se dio un híbrido entre ambas cosas y sí hubo diseño y trabajo previo. Que hubo que ir adaptando a las volubles circunstancias. Había una estrategia con visión global, pero se hacía imposible un proyecto o un diseño cerrado. No obstante, intentábamos que, si las características del bloque o el número de viviendas lo permitían, hubiera siempre una zona comunitaria. Y que hubiera, al menos, una vivienda de gente más aktivista facilitaba mucho la relación y la coordinación. Vimos que los grupos que mejor funcionaban eran los mixtos. Es decir, mezclar gente que provenía del mundillo de los movimientos sociales con necesidades habitacionales, con las personas o familias con niñ@s, con urgencia de vivienda y más ajenas hasta el momento a los movimientos. De este modo, aunque las diferencias a veces eran complicadas, se daba un equilibrio interesante.

Asamblea Intercorralas

Cuando ya habían surgido varias de estas corralas, y gracias también a la aportación de una compañera de Corriente Roja, que estaba en relación con la experiencia de Sevilla, se vio la necesidad de coordinarnos entre las diferentes corralas. De este modo surgió la Asamblea Intercorralas, en la primavera del 2013.

La conformaban:

— Parte del grupo de trabajo Stop Desahucios de las PAH, que fue quien trabajó el tema de los realojos ciudadanos, y posteriormente funcionaron como grupo, en relación con la PAH, pero independiente.

— Equipo técnico de la Oficina Prekaria de Er Banco Güeno.

— Las gentes de las corralas, las vecinas, las realojadas.

— Gentes de diferentes movimientos sociales, organizaciones y colectivos. Exepto fascistas y policías, eso sí.

— Todo el mundo que quisiera participar, aportar, opinar. Nos reunimos en un lugar abierto.

Hay que decir que no todos los bloques participaron o participan de la Asamblea Intercorralas.

Por ejemplo, La Comunidad de la Esperanza. Y actualmente, de la Corrala Bloke Malasaña hay un sector que participa y otro que no.

Dificultades

Choque cultural : ellas, las primas y nosotras las jipis.

La gente que veníamos de los movimientos sociales encontramos mucha dificultad a la hora de articularnos con gente que venía de entornos muy conservadores en algunos aspectos, que no estaba acostumbrada a organizarse asambleariamente, ni a la participación, ni a la continuidad en la movilización, ni de percibir su caso particular dentro de un contexto más global, con poca conciencia colectiva, con dificultad para mirar por los intereses de las otras, es decir, de todas. Era jodido romper con el individualismo, se dieron muchos episodios de autoritarismo y se hacía muy complicado convivir con la normalización de situaciones de desigualdad y machismo súper aceptadas. Y un largo etcétera… La participación también ha sido algo muy irregular. A veces había más gente apoyando que personas implicadas.

Voces de gentes de las corralas. Principalmente activistas:

«(…) De las activistas no han cogido un deseo claro o una creencia en un mundo nuevo. Solo la acción directa para aplicarla a sus necesidades, para poder integrarse. Elllas quieren integrarse en el sistema que las rechaza(…) Que todo es mentira lo saben, lo que no hay es la práctica o la creencia de luchar por un mundo nuevo, por unos valores nuevos. No se puede cambiar nada si no cambia todo(…)».

«(…) Si quieren perdurar(en las corralas) necesitan organizarse de manera asamblearia. Relacionarse con los movimientos sociales, informar al barrio. Pero como quieren integrarse, hay un choque entre las formas de hacer de las activistas hacia lo social con el individualismo sistémico(…)».

«(…) El salto espiritual hacia lo social, no se da».

«(…) La gente lucha puntualmente para conseguir algunas cosas pero realmente no hay una continuidad… La gente no lucha por un cambio de sistema sino por integrarse».

¡Y nosotras, que por supuesto no estábamos libres de ningún :! Y en ocasiones, nos creíamos profetas, y queríamos predicar sin el ejemplo. Como si estuviéramos libres de ese autoritarismo, de ese machismo, de ese individualismo, de esa falta de horizontalidad, de esos egos y de ese querer imponernos, aunque en otro nivel o de otras formas… Por su parte, se daba también un choque cultural al relacionarse en el día a día:

«con gente rara, con pintas raras y costumbres raras. Que colgaban carteles por todas partes. Que querían todo el rato hacer manifestaciones y que apoyáramos a gente aunque luego no nos apoyara a nosotros».

Otras dificultades que se dan, que se dieron en las corralas son las que se dan en la vida. Las que se dan en los movimientos sociales. El gran temazo: el grupo humano. La incapacidad de gestionar los conflictos.

«Los males de las corralas son los que se dan en todas las partes del mundo. Los problemas de los que formamos parte. Y eso se da sea el espacio okupado o no».

Cosas positivas/ Potencialidades

El remezcle de gente que en otras circunstancias no se juntaría. El juntarse con la otra a pesar de las diferencias. Y crear una relación muy cercana, y compartir vida, y en la relación la contaminación. La desfragmentación de las casillas en las que nos tiene sumidas el capitalismo a las de abajo. Parias del mundo, uníos.

Desde la exclusión, si no se trabaja el apoyo mutuo y la cooperación, se produce la depredación.

Voces de gentes de las corralas. Principalmente activistas (cont.).

«Era muy chulo ver cómo gente que nunca ha tenido voz, eran de repente las protagonistas de momentos clave de transformación social».

«La excepcionalidad de que gente que nunca lo ha hecho, luche».

«La fuerza del rollo corralero, es la acción directa, las ganas de cambiar en la práctica la situación. La capacidad de ponerse en marcha».

«La fuerza está cuando se reivindica el derecho a la vivienda de una forma coherente y más general».

«Es muy rotundo, cae por su propio peso que los espacios que los bancos mantienen vacíos hay que habitarlos. Es algo que todo el mundo puede entender. Pero es un sector pequeñito quien lo lleva a la práctica».

«No es odio por la autoridad, es capacidad, de esta gente, de tomar lo que en justicia les pertenece».

Momento presente

Revisando el panorama actual, creo que estamos en un momento en el que no hay garantías, pero sí cierta estabilidad. Se han dado algunos avances hacia la regularización, o al menos hacia la normalización: Nos hemos empadronado en las casas que habitamos, Las Luchadoras están llevando a cabo un proceso de negociación que no parece muy engañoso, entre su banco y la Junta. Y la mayoría no tenemos denuncias, y hasta el momento no hay nuevas fechas de desalojo.

La participación en la asamblea es irregular y cambiante, pero hay gente que se mantiene constante. Nos reunimos en la Plaza de la Goleta todos los miércoles desde hace más de año y medio. Hoy, Idaira, ¡la bebita que llegó casi recién nacida a la Buena Ventura cumple dos años! En los últimos tiempos, hemos estado más pendientes de la lucha por el empadronamiento. En Málaga capital se consiguió y ahora estamos con el proceso para que se reconozca también el derecho en el ayuntamiento de Torremolinos, ya que la Corrala Brokante está sin luz y sin agua. La prioridad es el empadronamiento para que puedan contratar suministros con tasas sociales. También estamos atentas al proceso de negociación de Las Luchadoras. No hay que fiarse. Desalojaron la Buena Ventura, pero les costó. El desahucio de la Buena Ventura supuso un antes y un después en la Asamblea Intercorralas.

Como reflexión del proceso de la Corrala de la Buena Ventura, destaco (entre todos los momentos destacables, para que sirva más adelante) cómo nos debilitamos durante el proceso de negociación y cómo desarticularon nuestra resistencia y nuestra lucha. Se creó desunión y mucha confusión de cara al exterior. Era el reflejo de lo que pasaba dentro. Supeditamos nuestro calendario de tareas y acción al ritmo que ellos marcaban en la negociación. En mi opinión, fue ahí cuando perdimos el palacio, y en parte, esa asamblea de vecinas.

Otra reflexión que quiero aportar gira entorno a la incapacidad de gestionar los conflictos de manera colectiva. Muchas veces no es la policía, ni la banca, ni las instituciones, si no brechas en el grupo humano, las que anulan e inmovilizan algunos de los proyectos más ilusionantes y con más capacidad. Como es el caso de una de las experiencias más interesantes que se había dado en el entorno de la asamblea intercorralas. La Fortaleza cayó. Sin resistencia. Nunca hubo mucho proceso. Y lo mismo ocurrió con El Barco, donde el contacto y el proceso de lucha se habían visto muy mermados al desaparecer las dos personas más activas. Brokante estuvo bastante tiempo inoperativa debido a problemas también de grupo, y ahora ha resurgido con mucha iniciativa. Como se ha comentado, vamos a por el empadronamiento y los suministros.

A día de hoy, haciendo un análisis creo que la asamblea intercorralas es un espacio de encuentro, de relación, y de información. Muchas personas podemos hacer uso de una vivienda, y estamos consiguiendo que situaciones como la nuestra no estén tan demonizadas por la opinión pública. Sin embargo, creo que no hemos conseguido crear comunidad, ni relaciones que vayan realmente en la lógica anticapitalista.

Mirada hacia adelante

Hasta ahora hemos estado más en la urgencia, y urgencias sigue habiendo. Pero creo que hemos de aprovechar esta aparente calma, para fortalecernos, crear redes, afianzar y seguir apoyando y potenciando nuevos procesos. Y volver a visibilizar. Y volver a tener presencia en las calles. Es más que necesario ponernos de una vez manos a la obra para trabajar en todas esas carencias que nunca tenemos la capacidad de abordar.

Aunque sí creo que se ha dado un proceso de empoderamiento, hemos de trabajar hacia la horizontalidad, la corresponsabilidad y el reparto de tareas. Mejorar la participación. Encontrar espacios donde profundizar y desarrollar los temas que estamos llevando a cabo. Disminuir los personalismos y las figuras imprescindibles. El utilitarismo. En ir más allá de las luchas puntuales y definir una estrategia más amplia. En darle continuidad a las campañas. En el trasvase de información sobre los temas que estamos trabajando. Y en una mayor conciencia grupal, entre nosotras, y con otros grupos.

Otra cuestión que debemos replantearnos es el tema de la represión, especialmente si entra en vigor la ley mordaza. En estos momentos varias compañeras tienen procesos abiertos como consecuencia de ejercer el derecho a la vivienda: Estamos preparando la campaña de apoyo a los compañeros que fueron represaliados durante el desahucio de la Buena Ventura, a los que le piden 9 meses de prisión; tienen juicio también Las Luchadoras por usurpación; arresto domiciliario otra compañera por otro momento del proceso de la Buena Ventura; un montaje policial a otros dos compañeros como consecuencia de la recuperación de Malasaña, y un largo etcétera. Nos cuesta entender la antirepresión de una manera unitaria y la importancia de desarrollar estrategias antirepresivas conjuntas, entre nosotras y con otras. Y de aplicar las que ya hemos desarrollado. Son tiempos de regresar a lo comunitario. De abandonar el individualismo. De organizarnos desde la exclusión y crear herramientas que nos permitan ser autónomas.

En tiempos de recrudecimiento de la miseria, el fascismo y la represión; en tiempos de nuevos tratados de libre comercio que supondrán más precariedad, si cabe, ( y de eso siempre cabe más) y más estratos sociales ; si no somos capaces de desarrollar dinámicas de apoyo mutuo entre las de más abajo, de generar redes para sostenernos colectivamente, nos acabaremos depredando entre nosotras mismas, facilitando la tarea a los del monopolio de la violencia…

«Solas, a ninguna parte…

Juntas a cualquier lugar».

Momentos , Cronología , Campañas

Momentos asamblea intercorralas:

1. Previos: Barco, Brokante 2013.

2. Okupación Buena Ventura (enero/febrero).

3. Okupación Las Luchadoras.

4. Okupación Esperanza.

5. Okupación Suerte. En contacto con otros grupos, surge el deseo/necesidad de coordinarse

6. Acampada Ayunta-miente ―momento relación con otros grupos y gentes nuevas que se incorporan por primera vez a los movimientos sociales (julio-agosto)

7. Okupación fortaleza

8. Rehabilitación Décimo Cielo

9. Desahucio Buena Ventura (octubre)

10. Continuación rehabilitación Décimo Cielo

11. Okupación Guevara/Desahucio Barco (noviembre/diciembre) 2014.

12. Okupación Malasaña/ Desahucio Fortaleza (enero/febrero)

13. Basauri- Participación en jornadas de feminismo y movimientos sociales (marzo)

14. Crisis de grupo en asamblea intercorralas/ Relevo en el Décimo Cielo ―Incorporación de compañeros africanos.

15. Ambiente decaído en asamblea intercorralas….

16. Centralidad proceso luchadoras

17. Centralidad empadronamiento

18. A partir de ahí, resurrección Brokante- solucionados los problemas de grupo humano, se suman a la lucha de la reivindicación del empadronamiento que ha habido en Málaga, para llevarlo a Torremolinos, para poder conseguir suministros. Están bastante activas.

Cierto renacimiento intercorralero

Campañas Interesantes

― Okupación Buena Ventura: Mucho movimiento y mucho apoyo de movimientos sociales.

― Paralización primera fecha de desahucio buena ventura 9abril. Firmas solicitando suspensión del lanzamiento y cesión en uso. Recogida de firmas por el barrio. Comunicado de adhesiones de colectivos. Asamblea de colectivos en una plaza del brrio. Asamblea del Bloke Krítico de Málaga en la Buena Ventura. Tokes a diferentes oficinas de Bankinter. 2 Abril: Asamblea de colectivos en la terraza y mani hacia Bankinter. Después edificio galaxia.

Escritos al defensor del pueblo. Reuniones con la Junta de Andalucía. Cédula de habitabilidad. Silencio del ayuntamiento.

― Moción en el pleno del ayuntamiente: 3junio. Esperanza, luchadoras, Buena Ventura. El barco se une sin estar incluída en la moción, pero toma voz. Se aprueba poner a nuestro servicio todos los recursos municipales disponibles y se reconoce el derecho a la vivienda de las familias que habitan estas corralas.

Varias movilizaciones con intercorralas alrededor de estas fechas. La del pleno, potente. Unidad.

― En julio, se lleva a pleno la Corrala La Suerte. Se acepta la moción.

― Empadronamiento. Se empieza a exigir el empadronamiento. Servicios sociales visitan algunas de las viviendas en Buena Ventura y comprueban que residen allí, pero no empadronan.

― Declaraciones de las luchadoras en los juzgados con concentración y apoyo(varias)

― Lucha por los suministros Buena Ventura - Acampada Ayunta-miente. Se logran los suministros. Se denuncia al ayuntamiento y a algún concejal por daños en la salud pública, debido a los problemas de saneamiento en la Buena Ventura debido al corte de suministros… Se toma mucha fuerza. La relacionamos con la campaña Gobierno Dimisión, y otras campañas durante el verano. Relación y fraternidad con l@s trabajadoras del puerto, con un encierro y posterior huelga de hambre. Importante relación con grupos juveniles que, algunos, se incorporaban a los movimientos sociales por primera vez… En ese contexto, post acampada, se okupa La Fortaleza.

En la acampada se toma fuerza y se propone continuar hasta conseguir viviendas. Ahí, por primera vez se consigue una reunión con el alcalde, una vez solucionados los suministros y desalojada la acampada(violentísimamente). Y ahí empieza el eje del mal.

Varias reuniones de negociación, en el que fuimos escogiendo nuestro propio fin. Bankinter no se dignó a sentarse a negociar. Alcalde y gente de servicios sociales, concejales de IU, y la junta de Andalucía, tejieron las redes de la traición. Y nosotras, torpes moscas atraídas por la miel que había en la telaraña, caímos una por una en sus artimañas. Ante los pocos ojos conscientes de algunas…

― Vista 15 Julio. Rueda de prensa en buena ventura. Movilización en los juzgados. Algo sin precendentes. Se nos permite personarnos en el procedimiento hipotecario como terceras. Debido a los recursos que se llevaron a cabo para lograr la suspensión del primer lanzamiento.

― Campaña desahucio Buena Ventura SOS 3 octubre. Descrédito por negociaciones y los falsos acuerdos que llegaban a la prensa. Mucha confusión: Rueda de prensa contradictoria. Asamblea Bloke Crítico en Buena Ventura. Nuevo comunicado de apoyos. Mani por el barrio el día 2 octubre. Día 3 octubre desahucio.

― Denuncia a la Junta y al Ayuntamiente por vulneración de los derechos de los menores. Movilización.

Adhesiones a esa denuncia

Solicitud de medidas cautelares para incluir el empadronamiento en la denuncia por la vulneración de los derechos de los menores. Casi un año después hemos conseguido empadronarnos. Se acabó rechazando lo del padrón a nivel judicial, pero sirvió para presionar al ayuntamiento, que sacó en julio la solicitud excepcional.

― Campaña agua, no al tarifazo - tasas sociales, kien no tiene no paga. Asamblea por el agua.

― Empadronamiento(trayectoria en el tiempo)…..

― Recogida alimentos supermercados. Iniciativa de Malasaña, seguida por Las Luchadoras…

TODAS SOMOS CULPABLES

Endika Alabort Amundarain

«Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades». Esta puede ser la frase más repetida por políticos, empresarios y banqueros desde 2007, en sustitución del «España va bien», que desde finales de los años ’90 se había convertido en el eslogan del gobierno neoliberal de turno. A partir del verano del 2007 se acabó el sueño de ser clase media para la gran mayoría de la sociedad, llegó la crisis y en los medios de comunicación empezaron a aparecer expertos en mercados, crisis, bolsa y construcción.

Entre las estrategias que se han usado para dar una visión de lo que ha ocurrido, una muy potente ha sido muy sencilla: hacer pensar que la economía funciona como lo hace una familia. Entra una cantidad determinada de dinero, y sale otra tanta. De esta manera, obviamos cuestiones y conceptos muy complejos teniendo la sensación de entender cómo funciona una economía global, interrelacionada, donde los centros de decisión están concentrados en pocos puntos y el capital financiero es el que acaba decidiendo que proceso productivo, servicio o producto financiero especulativo se financia o no, situándose este tipo de decisiones muy lejos de las personas a las que les afectan. Esto es algo que está bastante lejos de parecerse a cómo funciona una familia.

Algo parecido sucede con el todas hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ya que nos pone a las trabajadoras, inmigrantes, jóvenes precarias, pensionistas…, al mismo nivel que los grandes empresarios, especuladores y defraudadores varios. La realidad es que las decisiones que nos han llevado a la actual situación de desempleo generalizado y precariedad, peores condiciones laborales, endeudamiento de las instituciones públicas y recortes en los servicios básicos no las hemos tomado nosotras, sino una minoría de la sociedad que controla la economía y el Estado. Los promotores de la burbuja inmobiliaria no fuimos las personas corrientes, currelas, amas de casa y trabajadores autónomos, sino esta minoría, que fomentó y construyó un sistema legal que daba vía libre a la especulación.

Quienes son los que realmente manejan la economía.

Conocer el quién es quién de la élite económica exige conocer quienes están detrás del 1% de la sociedad que controla más del 10% de la economía. El resto somos ese 99% que ni decidimos ni importamos cuando hablamos de economía general.

Si tomamos el Mercado Continuo español, esto es, las empresas que cotizan en Bolsa en el Estado, estaríamos hablando del 80,5% de la riqueza de todo el país en 2006. Y ese 80,5% de la riqueza era controlado por 1.125 hombres y 76 mujeres: el 0,0035% de toda la población⁴⁰. En 2013 eran 123 mujeres y 1.117 hombres. Pero además ese 0,003% está directamente relacionado entre sí, ya sea con vínculos familiares de diferente grado, o compartiendo accionariado en diferentes empresas y fondos de inversión. Y como no, es esta élite económica la que marca a los diferentes gobiernos la agenda de acciones que han de hacer, ya que el poder económico conlleva poder político. Un ejemplo es la puerta giratoria que significa la política para una gran cantidad de políticos profesionales, pasando de ostentar altos cargos en la política, a altos cargos en empresas controladas por esta élite.

Además el control de los grandes grupos de comunicación está en sus manos⁴¹, lo que hace que ese poder económico marque una línea sobre lo que se debate o no en los medios de comunicación. Esa es una de las razones fundamentales por la que no se hable en los grandes medios de comunicación cuestiones que tocan directamente a la élite económica.

¿Qué paso con…?

Dentro de esa élite económica que antes hemos mencionado, hay actores realmente de peso y otros que serían, en lenguaje común, unos segundones. En los siguientes párrafos vamos a analizar a varios personajes de esa élite, entre los que encontraremos banqueros, dueños de constructoras, empresarios relacionados con la política de primera mano…, en fin, responsables directos e indirectos de la burbuja inmobiliaria, la crisis y los desahucios. Analizamos unos pocos, pero son solo un ejemplo de la élite del poder económico en el Estado español.

Florentino Pérez.

Nacido en Madrid en 1947, estudió ingeniería de caminos, tiene una de las grandes fortunas del Estado y es más conocido mediáticamente por su faceta de presidente del Real Madrid que por empresario. Siempre ha vendido una imagen de empresario hecho a sí mismo, pese a que hasta esta última época haya estado apoyado por la Banca March mediante la Corporación Financiera Alba y los financieros Alberto Alcocer y Alberto Cortina.

Comenzó como concejal en el primer ayuntamiento «democrático» de Madrid con la UCD de Adolfo Suárez en 1979 y ocupó después diversos cargos ministeriales. Hasta fue secretario general del Partido Reformista Democrático en la década de los 80, que fracasó y se disolvió tras dos años de existencia. En el mismo partido estuvieron Antonio Garrigues Walker, del despacho de abogados Garrigues, Rafael Arias-Salgado, ministro con Aznar y Pilar del Castillo, también ministra con el mismo presidente. Parece que tras ese fracaso, aprendió que se puede influir en el poder político mediante el poder económico.

En 1983 llegó al sector de la construcción, gastando la friolera de una peseta por acción para sacar de la quiebra a Construcciones Padrós. Ésta fue la primera piedra del poderoso entramado empresarial que ha construido, ACS, que abarca desde la construcción hasta la energía, pasando por las infraestructuras. Se convirtió en la principal contratista durante los gobiernos de Felipe González, creando en los 90 lo que sería la actual ACS. Pactó con Emilio Botín la compra de Dragados, otra empresa de la construcción, y más tarde volvió a pactar con Botín la compra de la energética Fenosa.

Ha sido uno de los grandes beneficiarios del boom de la construcción, ya que gran parte de las obras de grandes infraestructuras eran y son llevadas a cabo por sus empresas. Pero la otra faceta es la gestión de los servicios públicos externalizados con las empresas Urbaser (dedicada a prestar toda clase de servicios medioambientales) y Clece (servicios sociales, de limpieza, mantenimiento o jardinería, entre otros), lo que le convierte en uno de los grandes beneficiados de las externalizaciones y privatizaciones del sector público, fomentadas por las políticas de recortes. Por último, es uno de los que está detrás de las explotaciones de fracking en el Estado, como se ha podido comprobar en el caso del almacén de gas Castor en el mar Mediterráneo.

Fernando Martín

Nacido en 1947, es como Florentino Pérez ex político de la UCD y ex presidente del Real Madrid. Ha sido uno de los grandes propietarios de suelo en Madrid a través de su sociedad Martinsa, que se unió a Fadesa en 2007, creando una de las mayores inmobiliarias de Europa. Además fue uno de los grandes accionistas de otra constructora, Sacyr, entre 2004 y 2005. Su gran negocio fueron las viviendas de protección oficial y la reventa de suelo a ACS y FCC.

Al inicio de la crisis, en 2008, declaró la empresa en concurso de acreedores porque se había sobreendeudado en 7.000 millones de euros, dejando a miles de familias endeudadas y sin vivienda construida, además de que Bankia, la Caixa y el Banco Popular eran los prestamistas de sus empresas. En el caso de BFA-Bankia se están investigando los préstamos por tener «indicios de actuaciones irregulares». Para cualquier empresa pequeña, entrar en concurso significaría su desaparición del mapa (y de sus propietarios) para siempre, pero no para alguien tan bien conectado que, aún estando en concurso de acreedores, tenía un sueldo de 2,6 millones en 2009. Actualmente Fernando Martín está planificando el desarrollo de su negocio por Latinoamérica.

Esther Koplowitz

Nacida en 1950, está en el selecto club de las más ricas del planeta, además de ser marquesa. Heredó de su padre Construcciones y Contratas, lo que actualmente es FCC. Durante las décadas de los 70 y 80, junto a los financieros Alberto Cortina y Alberto Alcocer (nietos de Alberto Alcocer, alcalde franquista de Madrid entre 1939 y 1946), fue otra de las empresas ligadas a la construcción de grandes infraestructuras para el Estado, y como ACS, beneficiada de las externalizaciones y privatizaciones del sector público. Actualmente son las grandes entidades financieras (BBVA, Bankia) las que financian al grupo empresarial.

Rafael del Pino

Rafael del Pino (el padre) fundó Ferrovial en 1952 como suministradora de material ferroviario para RENFE, y durante los años cincuenta comenzó progresivamente su expansión internacional, que extiende en los años sesenta al sector de las autopistas, el de la construcción y el inmobiliario. Rafael del Pino hijo, es sobrino de Calvo Sotelo, primo de Mercedes Cabrera, ministra de Educación con Rodríguez Zapatero y de dos Secretarios de Estado durante la presidencia de Aznar. Su familia ha sido una de las impulsores del Instituto de la Empresa Familiar, del Círculo de Empresarios y de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), a la vez que su padre fue presidente de Seopan (patronal que agrupa a las principales constructoras), todas ellas diferentes herramientas de la patronal.

Es una de las empresas beneficiadas por las concesiones de autopistas y los peajes en la sombra, esto es, el aseguramiento por parte de la administración de unos ingresos mínimos a la empresa. Además, es dueño de Cespa, empresa relacionada con los servicios de jardinería y basuras municipales y comarcales, entre otros.

José Manuel Entrecanales Domecq

Nacido en Madrid en 1963, es el presidente actual de Acciona y lo fue de la eléctrica Endesa entre 2007 y 2009. Es licenciado en Económicas por la Universidad Complutense y comenzó su carrera profesional en Merrill Lynch en Londres y Nueva York. Se incorporó en 1991 a Acciona (de su familia), donde fue director de desarrollo corporativo y director económico financiero. Hay que recordar que su familia está relacionada con la de Primo de Rivera, y que fueron consejeros del BBVA y están ligados a la Fundación del Museo Guggenheim de Bilbao, entre otras actividades.

Durante los últimos años ha vendido la imagen, apoyada por una importantísima campaña publicitaria, de que es una empresa comprometida con el medio ambiente. Todo ello aunque Acciona siga siendo una de las mayores empresas del sector de la construcción en España, con la destrucción del medio ambiente que supone, y la política inversora en Latinoamérica sea devastadora para la naturaleza. Entrecanales no se centra sólo en el sector energético, sino que, está inmersa en el sector de la construcción civil y residencial, servicios logísticos y aeroportuarios, servicios urbanos y del medio ambiente (incluyendo el agua), sin olvidar el sector financiero, alimentario y de las comunicaciones.

La empresa que hoy día es Acciona fue muy activa en la posguerra, trabajando para el régimen franquista⁴². En plena Guerra Civil, el Ayuntamiento de Sevilla encargó a la empresa Entrecanales y Távora la construcción de un canal, para lo que levantó un campo de concentración donde se utilizó mano de obra cautiva (presos antifranquistas).

Antoni Brufau

Brufau nace en 1948. Su carrera profesional en el mundo de los negocios comienza en el grupo Arthur Andersen, auditora norteamericana que cerró en 2002 por su implicación en el caso Enron, un fraude empresarial multimillonario. Desde esos inicios, el poder y situación ventajosa de Brufau no ha hecho más que crecer, teniendo cargos de alta dirección en las empresas y multinacionales más importantes del Estado. La trayectoria de Brufau sigue en La Caixa, llegando a ser Director General en el año 1999. Desde el año 2004 es presidente ejecutivo de Repsol-YPF y entre 1997 y 2004, fue presidente del grupo Gas Natural. Fue puesto por La Caixa al frente de Repsol, lo que suscitó la oposición del BBVA, por lo que dejó su puesto de Director General de La Caixa a cambio de dirigir la empresa energética más importante del Estado. Brufau fracasó dos veces en el intento de promover un grupo energético catalán alrededor de Gas Natural con las OPAS fallidas sobre Iberdrola y Endesa. Brufau ha sido miembro también del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio y presidente del Círculo de Economía de Barcelona, además de haber presidido el parque temático Port Aventura.

Joan March Delgado

Presidente y CEO (director ejecutivo) de la Banca March junto a su hermano, pertenece a la tercera generación de una familia vinculada a Mallorca y al sector financiero. Su abuelo, Juan March Ordinas se enriqueció mediante el contrabando y la venta de armas a Alemania y Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial. Fue uno de los mayores impulsores económicos del golpe de Estado de 1936 y financió incluso el viaje del Dragon Rapide que llevó a Franco de Canarias a Marruecos para el levantamiento militar.

Tras heredar de su padre el banco fundado en 1926, la titularidad se la reparten él y su hermano, aunque el 30% del capital sea de sus hermanas. El valor del banco es difícil de calcular porque la entidad no cotiza en bolsa. Además de la Banca March, la familia controla la Corporación Financiera Alba, estando bajo el control de Joan el 11,17% de forma directa. El 67,4 % de esta sociedad está en su poder, bien de forma directa o a través de su banco. La Corporación tiene participaciones en ACS, Acerinox, Prosegur, Indra, Iberdrola, EbroFoods, Ros Roca, Pepe Jeans, además de tener multitud de activos inmobiliarios como oficinas, pabellones industriales, suelo para especular… Y ahora está intentando quedarse con parte de AENA en su proceso de privatización.

Gerardo Díaz Ferrán

Gerardo Díaz Ferran, ex patrón de patrones, ha sido una de las grandes fortunas del Estado. Antes de su caída y condena a prisión, fue presidente y consejero delegado de numerosas empresas, entre las que destacaban Viajes Marsans, Trapsa y Autobuses Urbanos del Sur. Comenzó en 1967 junto a su socio y amigo Gonzalo Pascual Arias fundando la empresa Trapsa, dedicada al transporte urbano en diferentes zonas de Madrid. En aquellos años del franquismo, igual que hoy día, las licencias públicas se concedían a dedo, fruto de los contactos, favores y presiones entre empresarios y políticos. Poco a poco, a base de contactos, creó empresas, participó en otras y adquirió algunas nuevas, casi siempre relacionadas en general con el turismo y el transporte.

Su ascenso al mundo de la organización patronal, vino dada a través de la Confederación Empresarial Independiente de Madrid (CEIM). Fue elegido vicepresidente en 1998 y presidente el 19 de junio de 2002. A finales del mismo año, es elegido presidente de la patronal del transporte de viajeros por carretera Asintra. Y entre 2007 y 2010 fue el jefe de la patronal CEOE.

Uno de los primeros escándalos en los que se vio inmerso fue el de Aerolíneas Argentinas, cuando se supo que la empresa de Díaz Ferrán desvió fondos que le inyectó el gobierno de José María Aznar a través de la empresa pública SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales) para reflotar la compañía aérea. Se calcula que desvió 329 millones de dólares. Su empresa Air Comet cerró en 2009 y el caso por el que entró en la cárcel fue el del Grupo Marsans, por vaciamiento patrimonial y apropiación indebida de fondos de clientes.

Miguel Blesa

Nacido en 1947, tuvo que dejar la presidencia de Caja Madrid por dictado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Un «caído» en el fuego cruzado de la batalla por el poder entre Gallardón y Aguirre. Desde joven supo rodearse de gente clave. Coincidió con Aznar en 1977, cuando preparaban sus oposiciones. Ahí empezó su despegue profesional. De mayo de 1979 a febrero de 1981 fue nombrado secretario del Gabinete Técnico del Ministerio de Hacienda, pasando posteriormente a ejercer el cargo de jefe del Servicio de Tributos de las Comunidades Autónomas (1981-1983). Después vino la subdirección general de Estudios y Coordinación del ministerio de Economía y Hacienda y el trabajo en el bufete «Blesa, Colmenar y Guío», especializada en asesoramiento en materia de impuestos.

El gran momento de su vida vino cuando el Consejo de Administración de Caja Madrid le nombró presidente ejecutivo en 1996, decisión en la que no se puede olvidar el inestimable apoyo que tuvo de su viejo amigo José María Aznar. Fue reelegido hasta 2010. Es uno de los mayores responsables de que la Caja entrara a toda potencia en el negocio inmobiliario, lo que consiguió hacer crecer a la Caja a un ritmo espectacular, pero ahora se está viendo el tipo de gestión irresponsable que llevó a cabo.

Las investigaciones judiciales comenzaron en 2013 por posibles irregularidades durante su gestión en Caja Madrid, particularmente por la concesión de créditos al Grupo Marsans, perteneciente a Gerardo Díaz Ferrán, por la compra del City National Bank of Florida en 2008 y por la venta de acciones preferentes, por lo que pasó una noche en prisión. En 2014 fue nuevamente investigado por el posible uso, entre 2003 y 2012, de tarjetas de crédito empresariales opacas para gastos personales por parte de los consejeros y directivos de Caja Madrid, con las que habrían gastado 436.700 euros.

Ana Patricia Botín.

Hija del magnate bancario Emilio Botín y la vasca Paloma O`Shea, controla en la actualidad el entramado bancario del Grupo Santander. Comenzó a trabajar para la familia en 1988, y dirigió el fondo de capital riesgo Suala, con el que hacía inversiones para especular con empresas en problemas, entre otras actividades. A este fondo no le fue nada bien. Presidió Banesto desde el 2002 , y cuando murió su padre, todo el grupo.

Su abuelo Emilio elogiaba públicamente la política económica del franquismo; su padre se centró en el negocio bancario dejando de lado las empresas industriales o de servicios. El papel que jugó en el caso del escándalo del caso Banesto, que le permitió quedarse con el banco que Ana Patricia presidió, aun no está claro; ejemplos de esto son el indulto de Alfredo Saénz por el PSOE y el «caso Botín», que demostró que tenía millones de euros en Suiza sin declarar y que se cerró tras la adopción por el Supremo de la llamada «doctrina Botín».

Ana Patricia tiene en su mano la llave de las deudas de los grandes partidos políticos, tal como hizo su antecesor en el cargo al refinanciar la deuda que el PSOE tenía con el banco.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez

Este economista nacido en 1945 y conocido en los medios de comunicación como MAFO, fue gobernador del Banco de España entre 2006 y 2012. Se le considera encuadrado en el ala más neoliberal de PSOE. Desde la llegada al poder de González empezó a copar puestos importantes, como la Secretaría de Estado de Economía y Comercio. Desde entonces, ha sido director Ejecutivo del FMI y, en 1992, presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, donde su papel quedó claro al intentar liberalizar los horarios del sector comercial.

Desde los 90 ha sido columnista en El País, donde se reafirmó aún más a favor de la toma de medidas neoliberales. Su última etapa profesional está ligada a Rodríguez Zapatero. Éste le nombró en 2004 Secretario de Estado de Hacienda, y en 2006 pasó a ser gobernador del Banco de España, en pleno boom inmobiliario. Desde este puesto, además de no prever la crisis y tomar medidas tardías, lo único que ha defendido es que la crisis recaiga sobre los más débiles, no sobre sus responsables. Un ejemplo de esto ha sido su sueldo: llevaba años predicando que los sueldos debían bajar, mientras el suyo era blindado, y sólo debido a la presión mediática lo bajó de 200.000 euros al año a 160.000. Hasta el momento no ha sido imputado por su responsabilidad al no haber fiscalizado la salida a mercado de las preferentes, ni las quiebras y escándalos en las Cajas de Ahorros.

Marcelino Oreja Arburua

Nacido en 1969, proviene de una familia cuyas generaciones son tristemente conocidas. Es hijo de Marcelino Oreja Aguirre, diputado entre 1979 y 1984, eurodiputado entre 1989 y 1993 y Ministro de Asuntos Exteriores entre 1976 y 1980, además de ser el primer marqués de Oreja. Tiene por primo al eurodiputado, hasta 2014, que añora la «extraordinaria placidez» del franquismo, Jaime Mayor Oreja. Su abuelo, Marcelino Oreja Elosegi, en octubre de 1934 fue llevado a la Casa del Pueblo en Arrasate y ajusticiado por un tribunal popular. Además está emparentado con los aristócratas Gómez-Acebo y los Lladó, de la Banca Urquijo. Todos fueron participantes de los gobiernos franquistas y populares. Oreja Arburua es ingeniero industrial por el ICAI y máster por el IESE. Fue Director General internacional de Aldeasa, y de Garrigues & Andersen, Patentes y Marcas, antes de ser elegido diputado del Parlamento Europeo, del que fue miembro entre 2002 y 2004.

Cuando llegó Rajoy al Gobierno, lo colocaron en FEVE, pero su paso fue breve. Si se trataba de colocar a un ex eurodiputado del PP, hijo de un histórico de la UCD como Marcelino Oreja Aguirre, FEVE no era el mejor lugar, ya que está en proceso de privatización. Por eso lo volvieron a colocar en Enagás, el gestor de la red de gas en el que el Estado mantiene una participación del 5% a través de la SEPI. El nombramiento vino «a propuesta» del presidente de la empresa, Antonio Llardén, inventándose un nuevo puesto para la ocasión.

José María Aznar Jr.

El hijo mayor de José María Aznar, nacido en 1978, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) y en 2000 (con 22 años) se incorporó como consultor asociado a Boston Consulting Group en su oficina de Madrid. Un año más tarde se trasladó a la sede de Nueva York. Esta consultoría es una de las más grandes firmas de consultoría a nivel mundial.

Entre 2002 y 2009 trabajó para el fondo de inversión SLS Management y a su regreso a España se ha dedicado a la asesoría en la gestión de patrimonios. Además desde 2010 colabora con el diario La Razón. Es socio del fondo buitre norteamericano Cerberus a través de su consultora Promotora Plataforma, que obtuvo el contrato para gestionar todos los activos inmobiliarios de Bankia, externalizando 457 empleos de su división inmobiliaria. El hombre fuerte de Promotora Plataforma es Juan Manuel Hoyos Martínez de Irujo, que fue uno de los principales asesores económicos de José María Aznar en su etapa de Presidente del Gobierno, aunque sin ocupar un cargo orgánico, a la vez que durante los 90 fue el responsable en España de la consultora McKinsey. Además Hoyos fue compañero de clase de Aznar en el colegio de El Pilar, como lo fue Juan Villalonga, al que Aznar nombró presidente de Telefónica.

Josu Jon Imaz

Josu Jon Imaz San Miguel (1963) ha seguido el camino de multitud de políticos españoles, pasando de la política a empresas energéticas, como Felipe Gonzalez, Ángel Acebes, Jose María Aznar, Josep Borrel, Rodolfo Martín Villa, Pedro Solves, Juan María Atutxa...

Estudió Ciencias Químicas, fue Eurodiputado entre 1994 y 1999, Consejero de Industria, Comercio y Turismo y Portavoz del Gobierno Vasco entre 1999 y 2003, hasta que llegó a la presidencia del PNV, desde 2004 hasta 2008. Dejó la política y fue fichado por una filial de Repsol. En 2011 fue elegido presidente de la Asociación Española de Operadores Petrolíferos y en 2014 fue nombrado Consejero Delegado de Repsol.

Poder económico, Administración y puertas giratorias.

La élite que controla el poder económico, el 80% de la riqueza, está altamente interconectada entre sí; las grandes empresas comparten accionariado, y mediante fondos de inversiones, SICAVs, entidades financieras…, unos pocos cientos de personas son las que deciden qué se hace, dónde y cómo. Son estas empresas las que controlan la contratación de las diferentes administraciones y las grandes beneficiadas por las privatizaciones y externalizaciones de los servicios públicos, ACS y FCC son dos claros ejemplos.

Y las puertas giratorias, donde un político pasa de defender lo público a intereses privados, hacen que su paso por lo público quede bajo sospecha. Es así como se pueden entender las diferentes regulaciones del sector energético, siempre a favor de la patronal energética; los rescates bancarios y la negación a tratar el problema de la vivienda y los desahucios; las privatizaciones de hospitales y las megaconstrucciones de infraestructuras innecesarias.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Por José Luis Carretero Miramar

Hemos visto a lo largo de este texto como se ha desarrollado el drama de la vulneración del derecho a la vivienda en nuestro país en las últimas décadas. Hemos recorrido los devastados territorios de la emergencia de la mayor burbuja inmobiliaria de nuestra historia, las espeluznantes imágenes de las urbanizaciones abandonadas y de los esqueletos de los edificios que nunca se podrán vender. Los autores nos han narrado, con todo lujo de detalles, cual es la situación de las miles de personas atrapadas en los márgenes de un sistema que se derrumba cuando todo parecía ir mejor. Hemos conocido el lado oscuro de la prosperidad y las razones de la debacle. Nos han propuesto, también, alternativas reales, de menor a mayor radicalidad, que podrían constituir el armazón de una solución operativa para miles de familias y de una política global de vivienda enteramente diferente. Hemos vivido las luchas y las resistencias de quienes afirman su dignidad frente a la apisonadora de la crisis y de las necesidades del gran Capital. Nos han sido presentados, por último, muchos de los más ilustres causantes de la burbuja que dio inicio al derrumbe, de los que nos empujaron a la cima de la montaña desde la que nos precipitamos al abismo de la precariedad y los desahucios.

En este recorrido hemos tratado de confrontar, de una vez por todas, varios conceptos centrales del discurso de los poderosos sobre el tema de la vivienda y los desalojos. El principal de ellos es la idea de la culpabilidad de las víctimas, de las personas que, arrastradas por el vértigo creciente del consumismo y la precariedad (fenómenos paralelos que sólo podían convivir en base a la expansión irracional del crédito fomentada por las entidades financieras, las constructoras e inmobiliarias, y los poderes públicos), cometieron el error de creerse los cantos de sirena de quienes se estaban llenando los bolsillos en la seguridad de que, en el caso de hacer malos negocios, seríamos el conjunto de los ciudadanos quienes limpiaríamos sus balances, como así ha ocurrido.

Para entender lo que ha pasado, no estaría de más leer estas palabras del magistrado y catedrático de Derecho Civil Miguel Pasquau Liaño, en el libro Desahucios y ejecuciones hipotecarias de la editorial Tirant Lo Blanch:

«Nuestra generación de juristas se ha formado, quizás sin saberlo, en el contexto del favor creditoris y en la lógica de la protección del crédito. Piénsenlo. Hemos aprendido como los conceptos del Código Civil se reinterpretaron a mitad del siglo XX para torcer algunas cautelas al servicio del deudor con la finalidad de fomentar el crédito. Y a finales del siglo XX, decididamente, para preparar un terreno de juego propicio para el mercado de capitales (…) La LEC 2000 puso los medios ejecutivos al servicio de la íntegra satisfacción del crédito, y el deudor de buena fe no es sino una víctima colateral que en realidad ni “existía”, porque no aparece ninguna referencia a su situación patrimonial, a las causas —culpables o no— de su insolvencia, a sus posibilidades de rehabilitación: la ley procesal sólo contempla una deuda líquida, exigible y ejecutable, considerada en sí misma, recortada y extirpada de la realidad en la que se ha producido. En un contexto de crecimiento y de concentración de capital ello tiene su lógica. No fue por olvido, no fue un error de omisión, sino una opción política.»

Una opción política preñada de sufrimiento para los sectores más vulnerables de la sociedad, una opción política consciente que ha de iluminarnos un aspecto esencial de este drama: mientras los que se llenaron los bolsillos y cambiaron la legislación para poder hacerlo afirman su inocencia («son cosas de los negocios que no podíamos prever») para que, entre todos y todas, salvemos sus empresas «demasiado grandes para caer», las personas que trabajaban, que vivían vidas honradas y domésticas, que se levantaban todos los días temprano en la mañana en los barrios populares, son las auténticas culpables, las que deben pagar el precio de la crisis con su sufrimiento, su dolor y su desesperación. Seamos serios: si alguna culpa nos atañe a todos, es la de no haber terminado antes con todo esto derribando el edificio de corrupción y latrocinio que estaba detrás del brillante decorado del régimen.

Y ese es otro de los grandes conceptos con los que nos bombardean los poderosos que debemos confrontar: el de la pasividad. Nada puede hacerse. Esto no tiene solución. Es una triste realidad ante la que hay que reaccionar dejando espacio a la beneficencia privada y a la presuntamente profunda humanidad de los directores de las sucursales bancarias.

Hemos visto que no es así, que la gente se revuelve, que lucha por lo suyo, que erige alternativas edificadas con la mixtura casi mágica de la solidaridad y la cooperación, de la iniciativa popular y la construcción de espacios comunes, frente al vértigo inmisericorde de los desahucios, las detenciones de activistas y, muchas veces, la miseria más atroz.

Las alternativas son simples, están al alcance de nuestra sociedad. Podrían implementarse con voluntad política y un mínimo de racionalidad por parte de los poderes públicos. Pero son peligrosas para los poderosos, para los que se han aprovechado de la burbuja, porque en el fondo remiten a elementos centrales del actual régimen de acumulación del Capital y a la arquitectura política que nos rodea, en plena caída libre tras las luchas sociales de los últimos años.

Lo cierto es que es un asunto de democracia: de determinación colectiva e igualitaria, de para que deben usarse los recursos comunes, cuáles deben ser dichos recursos, cómo se puede regular, limitar, disciplinar o abolir, la posibilidad de que los ricos y poderosos acumulen poder y riquezas empobreciendo y precarizando las vidas de los más.

La Obra Social de la PAH, la resistencia a los desahucios, las luchas continuas de las gentes de esa misma Plataforma, de Stop Desahucios, de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y el Capitalismo, de los Grupos y Oficinas de Vivienda de las Asambleas Populares del 15-M, de las asociaciones de vecinos, muestran la voluntad de resistir y de erigir alternativas de un pueblo que se construye a sí mismo mientras coopera y sufre, mientras participa en decir y hacer el mundo de otra forma. Ese el auténtico proceso constituyente que ha de interesarnos: el del contrapoder popular, el de las iniciativas ciudadanas, el de los barrios y pueblos reencontrándose consigo mismos, y reencantándose por el camino.

Frente a la imagen de esas luchas, de esas resistencias, muchas veces desesperadas al tiempo que creativas, es normal que recordemos el verso de Cavafis:

«Honor a todos esos que en su vida/

Termópilas marcaron y las guardan».

Un honor que, como dice el poema, no disminuye sino aumenta si se prevé que Efialtes (el traidor de la batalla) puede aparecer al final y provocar una momentánea derrota.

Hay que recordar que es en este contexto de crisis y devastación, en el que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), puede preciarse de haber paralizado, a fecha de 22 de octubre de 2014, mediante la presión popular, 1135 desahucios, y de haber realojado en el marco de su campaña de Obra Social a 1180 personas.

Es sólo un inicio, la marca que insinúa una posibilidad: la de la actuación directa de los ciudadanos para resolver sus problemas, la de una democracia participativa y profunda basada en la conciencia de las clases populares.

Las plataformas y oficinas de vivienda, tejidas con los mimbres de la organización asamblearia y de base, y con estructuras enraizadas en los territorios locales, han sabido entrar en su momento en una virtuosa comunión con las maneras y las dinámicas del Movimiento 15M, manteniendo su pluralidad ideológica constitutiva y la centralidad de determinadas prácticas específicas (como la resistencia pacífica a los desahucios o la ocupación de inmuebles vacíos, propiedad de la Banca) que, desde una perspectiva pragmática, pero al tiempo rupturista, han permitido la expansión social de su imaginario entre los grupos concernidos por el problema de la vivienda y el conjunto de la ciudadanía.

Quienes escribimos estas líneas hemos sido testigos de asambleas en las que personas de muy diversa extracción cultural e ideológica trataban de hallar soluciones a un problema común y de índole social, desde el recurso a sus habilidades propias y a los actores y agentes locales, movilizando sus capacidades y creciendo, en un proceso de empoderamiento popular indudable.

Esa es la base de una sociedad recuperada por los más, y de una solución compartida y cooperativa al problema de la vivienda: que nunca abandonemos a los vividores y aprovechados de toda laya la gestión y la defensa de los intereses comunes. Que afirmemos lo común (ese mundo real de cooperación que, en los intersticios de nuestra sociedad, está creciendo en este instante) frente a los devastadores abismos a los que nos empuja el proceso de acumulación del Capital.

En eso siguen muchas y muchos. Y ahí nos encontraremos.

Creando el espacio de un encontrarse que abra nuevas posibilidades para los deseos y las fuerzas laboriosas de los ciudadanos agrupados en torno a objetivos colectivos.

BIOGRAFIAS AUTORES

José Luis Carretero Miramar (@joselecarretero).

Profesor, escritor y enamorado del pensamiento crítico. Autor de varios libros de ensayo y narrativa, entre los que se cuenta, en esta misma editorial La autogestión viva. Proyectos y experiencias de la otra economía al calor de la crisis (2013). Habitual de varios medios de comunicación alternativos como Diagonal, Trasversales o Colectivo Burbuja. Es miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (ICEA) y ha participado activamente en los movimientos sociales madrileños como activista y como abogado.

Juan Carlos Barba Carretero.(@juancarlosbarba)

Es periodista económico y político por vocación y ha sido cofundador del Colectivo Burbuja, medio de comunicación comunitario sin ánimo de lucro, activo desde 2010. Su prioridad ha sido intentar aportar su grano de arena a la ingente tarea de lograr suplir las carencias y manipulaciones de los medios de manipulación masivos, sin las cuales no hubiera sido posible montar la burbuja inmobiliaria.

Héctor Rojo Letón (@HRojoLeton).

Periodista que ha formado parte de proyectos comunicativos participativos como Diagonal, 98lab o Andalucía Diversa. Por otro lado, ha trabajado para otros medios de comunicación locales, nacionales e internacionales, así como en proyectos docentes de la UNIA o de las universidades públicas madrileñas.

Gladys Martínez López.

Es miembro del colectivo editor del periódico Diagonal, en el que actualmente también se encarga de la co-coordinación de la sección Global. Ha participado durante tres años en el Grupo de Vivienda de Usera, que nació en este distrito madrileño al calor del 15-M y sigue en marcha en la actualidad.

Eduardo Pérez.

Madrileño residente en Granada. Licenciado en periodismo y actualmente obrero de lo que sea, como tantas otras personas de esta clase social. Forma parte del colectivo editor del periódico Diagonal, para el que escribe ocasionalmente, y del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión. Participa, desde 2012, en el movimiento por la vivienda, concretamente en el grupo Stop Desahucios 15M Granada. Comprometido con la transición desde la dictadura del Estado capitalista a la democracia.

Leticia González Peinado.

Procedencia manchega, oriunda d’Alacant (on es va criar i recriar) y residente en Málaga.

Estudió en su momento Bellas Artes (Altea, Torino, Pontevedra), y complementó su formación en el ámbito del audiovisual y la iluminación escénica.

Profesión: Técnica cualificada en sobrevivencia colektiva. Aktiva aktivista aktora de las bellas artes (en minúscula) sociales. Eterna desempleada, nunca parada.

Experiencia «laboral»:

― Dio sus primeros pasos en el entorno ecologista y grupos de recolector@s y en los movimientos de transición.

― Al llegar a Málaga quedó fuertemente marcada por la Asamblea Ciudadana por la SuperViVencia de los Baños del Karmen, el Zimbiogrupo y la Universidad Placentaria. Hasta el momento, nunca ha podido ni querido desprenderse de esa huella. En este marco eminentemente transversal participó de las luchas anti CIEs.

― Como tantas, tuvo el placer de enfermar gravemente de 15M. Se declara no curada.

― Más tarde participó en la PAH y en la Casa Comestible

― Actualmente, disfruta y forma parte de Zambra y Baladre, muerde la realidad de la Asamblea Intercorralas, se revoluciona ante la alarma de Stop Desahucios, merodea por el Huerto Dignidad, no acaba de despegarse de la Casa Comestible, y se sigue reconociendo en la ACSBK

― La perita en dulce dentro de los grupos de acción social de los que participa, el grupo de artivismo K-Reaktivas.

― Manifiesta interés en profundizar en el teatro, desde el teatro y con el teatro, como herramienta de transformación social.

Endika Alabort Amundarain.

Nació, le criaron y sigue viviendo en la comarca de Uribe Kosta, en la costa de Euskal Herria. Su militancia se ha centrado en el ámbito sindical y, poco a poco,participado en más luchas. Estudió economía y se especializació en desarrollo local y economía social, pero no es hasta entrar en el Instituto de Ciencias Económicas y Autogestión cuando aprende algo de economía de verdad. Empieza su vida profesional (como muchas licenciadas en economía), en el mundo financiero, pero por suerte dura poco tiempo y puede dedicarse a cuestiones no tan destructivas para la sociedad. De ahí, el salto a la consultoría y a la formación, tanto universitaria como ocupacional. Actualmente su vida profesional se centra en la Consultoría Primero de Mayo, como economista.

Los derechos de autor de esta obra serán cedidos a los fondos de la PAH en Vallekas por expreso deseo de los autores que se han puesto de acuerdo en cederlos a esta organización. Los derechos de autor en Queimada Ediciones suponen el 15% del precio del libro.

Queimada Ediciones cederá

a la PAH de Vallekas

el 25% de los beneficios

de esta edición

Gráfico 1. Aumento de los precios en términos reales de la vivienda residencial en Alemania, Japón, España y EEUU. Fuente: The Economist.

Gráfico 2. Deuda exterior neta (NIIP) de la economía española. Fuente: Banco de España

Gráfico 3. Relación entre el déficit por cuenta corriente y el desempleo en los últimos 18 años..

Gráfico 4. Relación entre la inversión en capital humano y el retorno que esta inversión devuelve a la sociedad. Fuente: La ecuación de Heckman www. heckmanequation.org(19/8/2013) Gráfico 5. Brecha entre las desigualdades reales, percibidas y deseadas en distintos países.

Gráfico 5. Brecha entre las desigualdades reales, percibidas y deseadas en distintos países.

Gráfico 6. Ejecuciones hipotecarias .

Gráfico 7. Comparación de desahucios.

Gráfico 8. Desahucios por Comunidades autónomas. (elaboración propia gracias a RA W; fuente: CGPJ) W; fuente: CGPJ e INE) Gráfico 9. Desahucios por Comunidades autónomas. (elaboración propia gracias a RA

Olmo Calvo

... y los brazos entrelazados de la gente que se para

ante la puerta de un inmueble para resistir una carga policial,

para intentar sostener la vida ...

Olmo Calvo

David Fernández

Olmo Calvo

Olmo Calvo

Olmo Calvo

Olmo Calvo

Olmo Calvo

Álvaro Minguito

Olmo Calvo

Olmo Calvo

Olmo Calvo

Olmo Calvo

Olmo Calvo

Olmo Calvo

Álvaro Minguito

Olmo Calvo

Olmo Calvo

Notas

1. Aplicando una propensión marginal a importar de 0,3.

2. 13,7% en 2011 según el INE. http://www.ine.es/prensa/np775.pdf.

3. Shanto Iyengar, Donald R. Kinder. News That Matters: Television and American Opinion (1987).

4. Daron Acemoglu , Munther A. Dahleh, Ilan Lobel y Asuman Ozdaglar. Bayesian Learning in Social Networks (2008).

5. Benjamin Golub y Matthew O. Jackson. Naïve Learning in Social Networks and the Wisdom of Crowds (2009).

6. Sorapop Kiatpongsan y Michael I. Norton. How Much (More) Should CEOs Make? A Universal Desire for More Equal Pay (2014).

7. El tercer desahucio de Mayte en www.elmundo.es. Consultado el 16 de noviembre de 2014.

8. http://www.rtve.es/noticias/20121129/guindos-banca-comprometido-6000pisos-para-fondo-social-viviendas-alquiler/578901.shtml Consultado el 15 de noviembre de 2014.

9. De esta paralización se podían beneficiar: familias numerosas; unidades familiares monoparentales con dos hijos a cargo; unidades familiares de las que forme parte un menor de tres años; unidades familiares en las que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma temporal o permanente; unidades familiares en las que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado la prestación; y, por último, víctimas de violencia de género, si la vivienda objeto del desahucio es la habitual. Para ello debían cumplir uno de los siguientes requisitos económicos: Que la unidad familiar cuente con unos ingresos inferiores o iguales a tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), es decir algo menos de 1.600 euros al mes; que la familia haya sufrido una alteración significativa de la carga hipotecaria (al menos 1,5 veces) en los últimos cuatro años; y, por último, que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos de la unidad familiar.

10. http://afectadosporlahipoteca.com/wp-content/uploads/2013/12/2013Emergencia-Habitacional_Estado_Espanyoldef.pdf

11. http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Briefing_notes/es/notabe190514.pdf

12. Os recomendamos la lectura de 2014, año clave para acabar con los abusos bancarios, en Canarias Ahora (http://www.eldiario.es/canariasahora/semaal/abusos_bancarios-clausula_suelo-clausula_de_demora-hipotecasbancos_0_226777388.html)

13. Economía sanciona a Deloitte con 12 millones por su papel en Bankia en www.elmundo.es. Consultado el 18 de noviembre de 2014.

14. Los índices Libor y Tibor afectan especialmente al mercado anglosajón y japonés.

15. Operación Euribor ha creado «modelos para que cualquier persona pueda utilizarlos en caso de iniciar un procedimiento [judicial]» mediante la oposición a una ejecución hipotecaria o para iniciar una demanda en juicio declarativo para impugnar los intereses. A ambos se puede acceder libremente desde su página web: http://opeuribor.es

16. Al cierre de la edición del libro solo se había hecho público 17 sentencias de las 30 demandas. En todas ellas, se ha dictaminado que la aplicación del IRPH por parte de Kutxabank es contraria a la normativa vigente.

17. «Distribución de la Renta y Mercado de Trabajo en la OCDE» en Políticas de bienestar y desempleo (III Simposio sobre igualdad y Distribución de la Renta y la Riqueza) Maravall Herrero, José María (coord.): Editorial Antonio Machado, 1999.

18. Un millón de hogares tuvo problemas en 2013 para pagar el agua en www.lamarea.com. Consultado el 19 de noviembre de 2014.

19. Colau, A. y Alemany, A., Vidas hipotecadas. De la burbuja inmobiliaria al derecho a la vivienda, Cuadrilátero de Libros, Barcelona, 2012.

20. Alemany, A., Análisis sobre el impacto de las ejecuciones hipotecarias en el Estado español, febrero de 2011. Disponible en: http://www.quenotehipotequenlavida.org/wp-content/uploads/2011/03/an%C3%A1lisis-sobre-el-impacto-de-las-ejecuciones-hipotecarias-en-el-estado-espac.pdf.

21. Novoa, A. M., Bosch, J., Díaz, F., Malmusi, D., Darnell, M., Trilla, C., “Informe SESPAS. El impacto de la crisis en la relación entre vivienda y salud. Políticas de buenas prácticas para reducir las desigualdades en salud asociadas con las condiciones de vivienda”, en Gaceta Sanitaria, vol. 28, núm. S1, junio de 2014. Disponible en: http://gacetasanitaria.org/es/el-impacto-crisis-relacion-entre/articulo/S0213911114000818/

22. Colau, A., y Alemany, A., Vidas hipotecadas…, op. cit.

23 .http://imasinformacion.es/not/7965/la-plataforma-de-afectados-por-la-hipoteca-denuncian-en-una-carta-la-presion-bancaria/

24 . www.diarioinformacion.com/vega-baja/2014/11/18/plataforma-antidesahucios-denuncia-acoso-victimas/1568408.html

25 . Gili, M., García Campayo, J. y Roca, M., “Crisis económica y salud mental. Informe SESPAS 2014”, en Gaceta Sanitaria, vol. 28, núm. S1, junio de 2014. Disponible en: http://gacetasanitaria.org/es/crisis-economica-salud-mental-informe/articulo/S0213911114000454/

26. VV.AA., Estado de salud de la población afectada por un proceso de desahucio. Disponible en: https://granadastopdesahucios.files.wordpress.com/2014/10/resumen-ejecutivo-desahucios-final-240914b.pdf

27 . https://granadastopdesahucios.wordpress.com/2014/09/05/

28. Valiño, V. (coord.), Emergencia habitacional en el Estado español: la crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde una perspectiva de derechos humanos, diciembre de 2013. Disponible en: http://afectadosporlahipoteca.com/wp-content/uploads/2013/12/2013-Emergencia-Habitacional_Estado_ Espanyoldef.pdf

29 .Cáritas Diocesana de Barcelona. Llar, habitatge i salut. Acció i prevenció residencial. Com viuen les persones ateses per Càritas Diocesana de Barcelona. Cáritas Diocesana de Barcelona, 2013. Disponible en: http://www.caritasbcn.org/sites/default/files/INFORME%20HABITATGE_2013_DEF_RD.pdf

30. http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/publicaciones/p_desarrollo_de_politicas_tcm7-347425.pdf.

31. http://www.elmundo.es/economia/2014/09/08/53c69b71268e3e1a0e8b4582 .html

32. http://www.foroservsocialmadrid.org/

33. Cáritas Diocesana de Barcelona, op. cit.

34. https://www.diagonalperiodico.net/global/24344-tabu-desahucios-y-suicidios.html

35. VV.AA., Estado de salud…, op. cit.

36. VV.AA., Estado de salud…, op. cit.

37. https://www.diagonalperiodico.net/global/ivima-y-emvs-pelotazo-la-vivienda-social-madrid.html

38. Colau, A. y Alemany, A., Vidas hipotecadas. De la burbuja inmobiliaria al derecho a la vivienda, Cuadrilátero de Libros, Barcelona, 2012.

39. El nombre de Obra Social PAH hace referencia de manera crítica e irónica a la Obra Social de las Cajas de Ahorros, calificada por ellas mismas como «la actividad de las cajas de ahorros encargada de evitar la exclusión financiera y de fomentar el desarrollo económico y el progreso social». Sin embargo, explican las PAH, mientras las verdaderas políticas de las instituciones financieras son los desahucios que condenan a miles de familias a la exclusión, es la acción colectiva de las PAH la que «rescata a personas» y lleva a cabo la «obra social» a través de la recuperación de edificios.

40. Santos Castroviejo, I. (2008). Una aproximación a la red social de la élite del poder económico en España. Ponencia presentada en las XI Jornadas de Economía Crítica, Bilbao.

41. Serrano, P (2010) Traficantes de información. La historia oculta de los grupos de comunicación españoles. Ed. Akal, Madrid.

42. http://www.lamarea.com/2014/11/20/franquismo-s/