Sangre, sudor y paz

Lorenzo Silva, Manuel Sánchez y Gonzalo Araluce

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© Lorenzo Silva, Manuel Sánchez y Gonzalo Araluce, 2017

Primera edición en libro electrónico octubre de 2017

Conversión a libro electrónico: El Taller del Llibre, S.L.

SINOPSIS

Este no es un libro neutral y tampoco lo es el relato que contiene.

Su asunto, el nacimiento, auge, caída y extinción forzada de uno de los grupos terroristas más letales y persistentes del último siglo en Europa Occidental, está narrado desde un lado de la grieta que su actuación provocó en el seno de las sociedades vasca y española: en particular, desde el lado de quienes lo combatieron y finalmente lo redujeron a la más absoluta inoperancia. Esta es, por tanto, la historia de la lucha contra ETA tal y como la vivieron los guardias civiles y sus familias: el colectivo más golpeado por la acción de la banda —con más de doscientos muertos y muchos centenares de heridos—, y también aquel que acabó demostrando un compromiso mayor en su neutralización y liquidación.

A partir de la memoria acumulada por aquellos que asumieron, a lo largo de medio siglo largo, el desafío de acallar las armas de quienes empezaron luchando contra una dictadura y acabaron desestabilizando la democracia, este libro tiene como ambición contribuir a la inexcusable derrota literaria del terror y construir la memoria debida de una historia crucial para entender la España contemporánea. Una historia, además, de éxito, el de un Estado, sus ciudadanos, sus leyes y sus instituciones frente a un reto endiablado y por momentos tan angustioso como desesperante. La historia, en fin, de un logro policial sin parangón en nuestro entorno, conseguido a partir del sudor y la sangre que en las coyunturas adversas forman parte del precio de la paz.

Va a desaparecer un hombre:

todo está ahí. Si rehúsa partir,

minuto a minuto, acaso va a salvarnos.

A fin de cuentas es a nosotros

a quienes defiende defendiéndose.

JEAN CASSOU,

Retrato de Unamuno

PRÓLOGO

Este no es un libro neutral, tampoco lo es el relato que contiene. Su asunto, el nacimiento, auge, caída y extinción forzada de uno de los grupos terroristas más letales y persistentes del último siglo en Europa occidental, está narrado desde un lado de la grieta que su actuación provocó en el seno de las sociedades vasca y española: en particular, desde el lado de quienes lo combatieron y finalmente lo redujeron, no sin esfuerzo ni quebranto, a la más absoluta inoperancia. Es un relato, pues, de parte, y sus autores, en el afán de proponer desde la lealtad al lector el pacto narrativo, así hemos de hacerlo constar.

La parcialidad del relato viene marcada, de entrada, por el perfil de los autores. Para disipar dudas, los tres desistimos de cualquier equidistancia, entre otras razones porque nuestra condición nos la veda: un guardia civil con larga trayectoria en la lucha contra ETA, un periodista que conoció en su propia familia los estragos de la organización armada y un escritor que vivió su infancia y adolescencia en una colonia militar convertida en objetivo de alguno de sus comandos, y que a la vuelta de los años, accidentes de la vida, fue distinguido con el nombramiento de guardia civil honorario, que aceptó y lleva con orgullo.

Esta es la historia de la lucha contra ETA tal y como la vivieron los guardias civiles y sus familias: el colectivo de la sociedad española más golpeado por la acción de la banda —con más de doscientos muertos y muchos centenares de heridos y afectados por secuelas físicas o psicológicas—, y también, y en absoluto puede considerarse una coincidencia, aquel que acabó demostrando un compromiso mayor en su neutralización y liquidación. Hemos partido de la memoria viva y documental acumulada por aquellos que asumieron, a lo largo de medio siglo largo, el desafío de acallar las armas de quienes empezaron luchando contra una dictadura y acabaron desestabilizando la democracia; y también por aquellos que por ser guardias, o serlo sus familiares, hubieron de afrontar el duro destino de convertirse en víctimas de la intimidación y la barbarie asesina. Nuestra fuente primordial son los hombres y mujeres del cuerpo que se enfrentaron a la amenaza etarra y que dieron su testimonio, ya fuera personal o reflejado en los informes y diligencias elaborados en estos años, tras incontables horas de investigación, seguimiento y análisis de los movimientos de los terroristas. En este sentido, este libro puede considerarse una suerte de epítome de otro más amplio, Historia de un desafío, publicado simultáneamente en esta misma editorial, con la firma de Manuel Sánchez y Manuela Simón, y que constituye la recopilación exhaustiva de todos esos testimonios y experiencias.

La razón de ser de este epítome, en cuya elaboración hemos intervenido, además de Manuel Sánchez, Gonzalo Araluce y Lorenzo Silva, es poner a disposición del lector general, no especializado, un resumen de la historia que permita apreciarla en su conjunto pero sin escatimar los matices indispensables. Por ello, y por la complejidad de la materia, no es un resumen breve. Se trata de condensar y reducir a lo esencial el atestado completo y prolijo de una labor policial ingente, que se contiene en el libro antes citado y que resultará de mayor interés —un interés excepcional, por otra parte— para quienes comparten la preocupación, profesional o no, por la cultura de seguridad y defensa; en especial en lo que atañe a los mecanismos de respuesta policial frente a las estrategias y las tácticas terroristas, materia esta en la que los guardias civiles, empujados por las crudas circunstancias, acabaron completando un auténtico doctorado.

Desde ese afán informativo y divulgativo, que trata de aunar la síntesis con la comprensión más profunda posible del fenómeno etarra y su dinámica, creemos que el hecho de que este relato esté sostenido desde un lado de la historia no menoscaba su valor. Es en la certeza de estar aportando una pieza significativa y valiosa para la construcción de la crónica histórica de esta página de la España contemporánea —que habrán de cuajar otros, integrando todos los materiales disponibles— como nos planteamos la tarea de dar forma a este libro.

Y es que una narración, sobre todo si lo declara y no trata de ocultarlo, puede ser de parte y ser pertinente, incluso necesaria, para levantar acta cabal, justa y superadora de los hechos. La parcialidad de quienes escribimos este libro no nos impone faltar a la verdad y menos aún maquillarla: hemos procurado en todo momento acercarnos a la realidad de lo acontecido, tal y como lo registró y atestigua la memoria colectiva de los guardias civiles, sin dejar de señalar las zonas de sombra o impericia, que las hubo en abundancia, ni sobrevaluar los aciertos y los méritos, que fueron tantos y tan extraordinarios que sería vano y prescindible empeño tratar de enfatizarlos. Antes bien, esa parcialidad nos ha exigido un plus de objetividad y rigor, ya que un error en los hechos importantes podría desprestigiar todo el empeño. La materia prima de este relato es el monumental bagaje de información e inteligencia del fenómeno etarra acumulado por quienes quizá mejor llegaron a conocer los entresijos de la banda; en muchos aspectos, incluso mejor y con una perspectiva más amplia y completa que los propios terroristas. Un material cuya trascendencia, pese a corresponder a una de las partes y estar impregnado de su ineludible toma de posición, no se le escapa a cualquier observador despierto. Como es lógico, lo que no hallará aquí el lector es el encarnizamiento con los yerros de los guardias civiles y con el Estado de derecho al que servían o la sistemática reticencia frente a sus logros que caracterizan la narrativa de quienes estaban en el otro lado de la confrontación. Ese material forma parte de su discurso y su relato; ahí es donde puede hallarse con profusión y cada cual pesará lo uno y lo otro en su balanza y será al final el tiempo el que dirima quién se mantuvo más cerca de la verdad.

Hemos escrito este libro con una certeza adicional: la de estar contribuyendo a la construcción de la memoria debida de una historia tan apasionante como crucial para entender la España contemporánea; una historia además de éxito, de un Estado, sus ciudadanos, sus leyes y sus instituciones frente a un reto endiablado y por momentos tan angustioso como desesperante. La historia, en fin, de un logro policial sin parangón en nuestro entorno, que queda como referente mundial en la lucha antiterrorista y que fue obra de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado (todos ellos, desde la Policía Nacional hasta los Mossos d’Esquadra o la Ertzaintza, pasando por numerosas policías locales, y sin olvidar al Centro Nacional de Inteligencia, asestaron golpes de mayor o menor envergadura a los intereses de la banda armada); pero en el que tuvo una importancia medular, y a la postre decisiva, la entrega de los hombres y mujeres de la Guardia Civil.

La honestidad, la ecuanimidad y la lealtad al lector imponen sin embargo un relato que, como podrá apreciarse, dista de ser triunfalista y glorioso sin interrupción. En la lucha antiterrorista se cometieron errores, en ocasiones graves y profundamente contraproducentes para los intereses del Estado y de la ciudadanía sometida al chantaje del terror; y providenciales para los etarras, que recibieron no pocos balones de oxígeno en momentos en los que perdían pie o las fuerzas les fallaban. A esos errores no fue ajena la Guardia Civil, y la historia que aquí se cuenta es, también, la de cómo, desde la desorientación y torpeza con que reaccionó la dictadura franquista ante los primeros embates de ETA, pasando por las zozobras y los tropiezos severos de los primeros gobiernos democráticos —con los que ETA alcanzó la cúspide de su pujanza, de su poder de intimidación de la sociedad vasca y de su capacidad de poner contra las cuerdas al Estado—, se acabó llegando, tras muchas horas de trabajo paciente, un copioso sacrificio personal y no pocas bajas, a una situación en la que las fuerzas de seguridad, y singularmente la Guardia Civil, iban muy por delante de los terroristas. Al final se alcanzó un nivel de operatividad y de conocimiento de la organización que le hizo inviable seguir actuando y la forzó a admitir la realidad irreversible de su aniquilación por el Estado de derecho. Este triunfo fue posible gracias al desarrollo de una inteligencia profunda de la amenaza que se trataba de conjurar y de unos procedimientos de trabajo a largo plazo que permitían incrementarla y rentabilizarla en lugar de malgastarla en operaciones de corto aliento. Sin olvidar nunca las horas de trabajo y el riesgo; el sudor y la sangre que en las coyunturas adversas forman parte del precio de la paz.

El deseo de mostrar con la mayor claridad posible ese proceso, desde la indigencia policial hasta la sofisticación y la eficacia capaces de anular la voluntad terrorista, marca la división temporal de los cincuenta y muchos años de lucha contra ETA en cinco periodos diferenciados, que se corresponden con las cinco partes de este libro. A lo largo de ellas tratamos de dar cuenta de cómo los guardias civiles, fieles a su deber de servicio a la ciudadanía y de sacrificio por su seguridad, pasaron de ser el blanco en movimiento al que los terroristas disparaban a placer a ser la sombra que los acechaba hasta desmoronar su siniestra industria de extorsión y manipulación de las sociedades vasca y española.

No se oculta en este relato, ni se deja de reconocer, la aportación que la sociedad civil, en todos sus estamentos, desde los ciudadanos de a pie hasta sus representantes institucionales, realizó para liberarse del yugo y del lastre que había anidado en su seno. En estas páginas se da cuenta puntual de todas las iniciativas, tanto políticas como legislativas o ciudadanas, que fueron útiles, y en muchas ocasiones determinantes, en el proceso de erosión del entramado de la organización terrorista. Es de justicia recordarlas, y lo último que se necesita en este momento de superación del mal son los excesos de protagonismo propio o la mezquindad en el reconocimiento de la contribución ajena. Sin embargo, y guiados por el afán de verdad, corresponde constatar también que no todos pusieron el mismo empeño en librar a sus conciudadanos de la losa sórdida y opresiva que representaba ETA, no todos fueron igualmente efectivos y, en fin, no todos se dejaron las mismas plumas en la consecución de una paz que ahora tiene muchos progenitores sobrevenidos, oportunistas o simplemente falaces. Y algo hay que no admite discusión y que los hechos acreditan de sobra: nadie pagó un precio más alto, a nadie odiaron y temieron más los que querían imponer con las balas y las bombas su agenda que a los guardias civiles. Por algo sería.

Por otra parte, para la gran familia que forman los guardias civiles era importante dejar constancia del valor de su esfuerzo y su dedicación, tantas veces incomprendidos incluso entre los más allegados. Muchos familiares e hijos de guardias civiles asesinados podrán saber ahora cómo y por qué murieron los suyos. Seguirán llorando igual, pero con la reparación moral y la satisfacción personal de saber que las de sus seres queridos no fueron muertes inútiles: tuvieron un sentido y un renglón en la historia de España, cuya reivindicación contribuye a la inexcusable derrota literaria del terror. Ya no serán números: serán nombres, vidas rescatadas del olvido y colocadas en su justo lugar.

Salamanca-Breslavia-Illescas, 2 de julio de 2017

PRIMERA PARTE

A LA SOMBRA DE FRANCO

DESDE EL NACIMIENTO DE ETA HASTA LA LLEGADA DE LA DEMOCRACIA

(1958 – 1977)

1

CÓMO Y POR QUÉ APARECE ETA. EL ASESINATO DEL GUARDIA CIVIL PARDINES

«¡Quietos, asesinos, quietos ahí!» El camionero Fermín Garcés se encaraba así con quienes, apenas unos segundos antes, habían descerrajado cinco disparos contra el guardia civil José Antonio Pardines Arcay, que yacía en el suelo en medio de un charco de sangre. Eran las cinco y media de la tarde y el ataque había tenido lugar en la carretera N-I, a la altura de la localidad guipuzcoana de Villabona. Los pistoleros, dos jóvenes vascos, acababan de cometer el primer homicidio de una ETA aún incipiente. Iñaki Sarasketa y Txabi Etxebarrieta, los autores del atentado, apuntaron con su arma a Fermín. Le quedó claro: o se apartaba de su camino, o abrirían fuego contra él.

La fecha del 7 de junio de 1968 está grabada a fuego en la memoria colectiva de la Guardia Civil. Los hechos que sucedieron aquel día marcaron el transcurso de las décadas venideras. Por entonces, lejos de la eficacia que acabaría alcanzando la lucha del cuerpo contra ETA, los agentes se encontraban sin apenas herramientas ni formación para combatir a los terroristas, y mucho menos tenían una conciencia clara de lo que ya se apuntaba en el horizonte. La clandestina organización armada, por el contrario, extendía sus bases entre estudiantes vascos que abanderaban la oposición al régimen franquista. Los dos activistas que habían asesinado a Pardines formaban parte de ese entorno. Sarasketa dirigía la organización en Guipúzcoa, a pesar de tener solo diecinueve años, mientras que Etxebarrieta, de veintitrés, era un líder significado, había dirigido la V Asamblea, era economista y dedicaba sus ratos libres a la poesía. Algunos de sus correligionarios ya habían perpetrado atentados menores contra lugares simbólicos.

ETA contaba por entonces con una mínima estructura y unos objetivos relativamente concretos. Sus fundadores formaban parte de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco y estudiaban en la Universidad de Deusto. Su descontento por lo que consideraban la pasividad de ese partido en la defensa de las señas de identidad vascas les llevó a debatir y estudiar las diversas cuestiones que habían servido históricamente de soporte a la ideología nacionalista. En el curso 1951-52, este puñado de estudiantes creó Ekin, un grupo que se citaba semanalmente para hablar de literatura, filosofía, economía e historia del nacionalismo. El fruto de sus debates se recogía en una revista con el mismo nombre bajo el que se reunían. El modelo no tardó en ser copiado en San Sebastián. El esqueleto de lo que pronto se convertiría en ETA se fortaleció con rapidez, hasta el punto de aspirar a absorber a Euzko Gaztedi Indarra (EGI), las juventudes reconocidas por el PNV dentro de su organigrama. El movimiento, no obstante, requería la aprobación del Gobierno vasco en el exilio. El 31 de julio de 1959, nueve años antes del asesinato del guardia civil Pardines, los promotores de esta escisión remitieron a la dirección del PNV el manifiesto fundacional de ETA, aunque alguno de sus fundadores fija el nacimiento a finales del año anterior.

Sarasketa y Etxebarrieta se habían integrado en esa estructura, que heredaba de la Guerra Civil y la inmediata posguerra un arraigado sentimiento de venganza contra las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales. Ese resentimiento era uno de los elementos que sostenían la determinación de ambos terroristas, a quienes no les tembló el pulso para matar al agente Pardines. Sarasketa, en una versión que parece más próxima a sus propósitos de exculpación moral que a la realidad, describiría tres décadas más tarde, en un reportaje publicado en el diario El Mundo en 1998, aquella jornada como un «día aciago»:

Supongo que [Pardines] se dio cuenta de que la matrícula era falsa. Por lo menos, sospechó. Nos pidió la documentación y dio la vuelta al coche para comprobar si coincidía con los números del motor. Txabi me dijo: «Si lo descubre, le mato». «No hace falta», contesté yo, «lo desarmamos y nos vamos». «No, si lo descubre le mato». Salimos del coche. El guardia civil nos daba la espalda, de cuclillas mirando el motor en la parte de detrás. Sin volverse empezó a hablar: «Esto no coincide...». Txabi sacó la pistola y le disparó en ese momento. Cayó boca arriba. Txabi volvió a dispararle tres o cuatro tiros más en el pecho. Había tomado centraminas [anfetamina estimulante] y quizá eso influyó.

Pero esta versión no encaja exactamente con los documentos de los que dispone la Guardia Civil, fruto de su investigación de los hechos. De las cinco balas que impactaron contra Pardines, tres eran del calibre 9 mm, correspondiente al arma que llevaba Etxebarrieta; las otras dos balas eran de un calibre inferior, de 7,65 mm, idéntico al de la pistola que portaba Sarasketa. De acuerdo con el atestado, los agentes se encontraron a Pardines «con la pistola reglamentaria en su funda abrochada y la documentación del vehículo inspeccionado en su mano derecha». El relato recogido en la sentencia del consejo de guerra del 27 de junio de 1968 se detiene, por su parte, en la actitud que Pardines mostraba en aquel examen rutinario de las matrículas del vehículo en el que viajaban Sarasketa y Etxebarrieta, un Seat 850 Coupé de color blanco:

Cuando el guardia, completamente ajeno a toda idea de peligro, tenía la atención puesta en el examen de la documentación del coche y tal vez en la confrontación del número de la misma con el del motor, ambos paisanos dispararon sus pistolas contra él.

El camionero Fermín Garcés, que venía desde Francia con una carga de madera, presenció el crimen. Con una mano, agarró a Sarasketa por el hombro, pero lo soltó tras ser encañonado por el terrorista. Etxebarrieta tiró al suelo la moto de Pardines y, ya junto a su compañero, huyeron a bordo de su coche en dirección a Villabona. Así describe el camionero Garcés los acontecimientos que se sucedieron a continuación:

Al guardia civil le habían disparado cuatro o cinco tiros una vez caído en el suelo, y sangraba por la boca. Inmediatamente me dirijo a los ocupantes de un segundo vehículo que estaba detrás de mi camión, y les digo que se den la vuelta porque acaban de matar a un guardia civil, y que avisen al otro guardia que había al principio de las obras, a un kilómetro más o menos de distancia, cosa que hacen. Después les digo a los ocupantes de un tercer vehículo que tenemos que perseguir a los asesinos, que han huido en dirección a Tolosa, a ver si conseguimos darles alcance para ver su matrícula, iniciando la persecución a toda velocidad, pero no logramos alcanzarles. A un kilómetro más o menos de distancia había una empresa papelera y paramos allí para poder llamar por teléfono y avisar de lo que había ocurrido. Se lo dije a los de la papelera y desde allí llamaron a la Guardia Civil, creo que al cuartel de Tolosa.

Al otro extremo de las obras que vigilaba Pardines se encontraba su compañero Félix de Diego. El agente montó en su motocicleta e inmediatamente se trasladó hasta el lugar del atentado. Tras comprobar la muerte de Pardines, avisó a la Jefatura de la Comandancia. Actuar con rapidez era fundamental para dar caza a los terroristas. Aquel despliegue pondría a prueba la capacidad de una Guardia Civil apenas especializada en su lucha contra ETA. La Benemérita había sido sometida un año antes a la reorganización de sus despliegues territoriales, con el traslado de sus principales sedes de la zona norte a Vitoria, Pamplona y Burgos. Los agentes empezaban a asumir también, aunque aún de manera insuficiente, cambios en materia de información. Su estrategia contra los maquis tras la Guerra Civil, exitosa frente a un enemigo aislado y situado en el medio rural, principalmente, había quedado por completo obsoleta para hacer frente a este desafío terrorista, mucho más imbricado en la sociedad, y que comenzaba a representar una de las principales amenazas para el Estado en el País Vasco y Navarra, aunque entonces nadie fuera plenamente consciente de ello.

El operativo montado para capturar a los asesinos de Pardines apenas difería del que se podría haber desplegado ante cualquier otro delincuente. Los agentes activaron dispositivos de búsqueda en las principales carreteras de las inmediaciones, con la esperanza de que los terroristas huyeran a través de alguna de ellas. El Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC) apenas era un embrión de lo que llegaría a ser más tarde y la cruda verdad era que los guardias civiles no disponían de más información acerca de los criminales que la descripción que los testigos habían ofrecido esa misma tarde.

Iñaki Sarasketa y Txabi Etxebarrieta no tuvieron demasiados problemas para encontrar un lugar en el que refugiarse tras cometer el crimen. Determinados sectores de la sociedad vasca, no necesariamente nacionalistas, coincidían con la premisa justificativa que vendía ETA para su lucha contra el franquismo. La red de colaboradores de la organización contaba con presencia en la zona del atentado y los dos terroristas acordaron llamar a la puerta de uno de ellos, en Tolosa. Eduardo Osa se encontró con los dos etarras, que le pidieron, desencajados, que «los sacara de allí». Le explicaron lo que había sucedido y cómo habían abandonado su Seat 850 cerca del pueblo. Sin duda, conocían que la Guardia Civil habría desplegado un operativo de búsqueda y que ya debían de tener en sus manos una descripción de su aspecto físico. Además, los agentes no tardarían en descubrir la presencia del vehículo, fácilmente reconocible. Sarasketa y Etxebarrieta necesitaban salir de la zona y tenía que ser cuanto antes.

El Seat 850 fue localizado a las 19.00, una hora y media después de que los dos terroristas mataran a Pardines, junto al restaurante Benta Haundi, en el barrio de Olarrain, próximo a Tolosa. Los guardias civiles Manuel Flores y Domingo Rodríguez, de la Agrupación de Tráfico, habían recibido órdenes terminantes de sus superiores: debían dar el alto a todo coche que les infundiera sospechas y tratar de descubrir a quienes habían asesinado a su compañero. La pareja de agentes no tardó en interceptar un vehículo Seat de color limón. A bordo viajaban los dos etarras y su colaborador. «De la misma manera que las centraminas le habían puesto eufórico, dos horas después le hundieron en un ataque de pánico», detalla Sarasketa en la misma entrevista publicada en El Mundo. «Recuerdo que el guardia civil que registraba a Txabi lanzó un rugido», afirma el terrorista, definiendo la escena como «típica del oeste, de las de a ver quién tira primero». Según su testimonio, el agente apretó antes el gatillo e hirió mortalmente a Etxebarrieta mientras él se escapaba. Pero la causa sumarísima apunta a un cruce de disparos en el que el mismo Sarasketa vació el cargador de su arma. Así, según obra en la misma causa, quedó patente cuanto se incautó:

Se produjo un fuerte forcejeo al intentar empuñar Francisco Etxebarrieta su pistola, seguido de un tiroteo en el que participó este último, muerto al ser alcanzado, Ignacio Sarasketa y los componentes de la pareja. Se han recogido, en el lugar del suceso, vainas de los dos calibres ya expresados y otras de 9 mm corto, correspondientes a las armas de los guardias.

Etxebarrieta fue trasladado a un hospital cercano, donde falleció poco después. Eduardo Osa fue detenido, mientras que Sarasketa logró escapar campo a través. «Detuve un coche, amenacé al conductor y le obligué a que me llevara en dirección a Régil, cerca de Zarauz», cuenta el terrorista. El hombre que conducía el coche —inconvenientes o ventajas, según se mire, de operar en un entorno como aquel— resultó ser un pariente lejano. Sarasketa pensó en deshacerse del arma, pero el conductor, para asegurar su propia inocencia, le convenció de que era mejor que la guardase: «Si nos detenían, parecería más real que le estaba obligando». Una vez en Régil, y como había ocurrido en Tolosa, al terrorista no le fue difícil hallar un lugar en el que ocultarse. De nuevo se encontró con la simpatía que parte del pueblo profesaba hacia ETA, erigida a la sazón como estandarte antifranquista y defensora de las tradiciones y la lengua vascas.

Llegué al pueblo por la noche y pregunté por el cura. Le conté que me buscaban y me escondieron. Pasé allí toda la noche, muerto de frío. Primero en el púlpito y después en el confesionario. Por la mañana me descubrió el sacristán. Entraron también unas mujeres y me acerqué para no asustarlas. Les pregunté a qué hora empezaba la primera misa, cosas así… El sacristán aprovechó y salió. Yo detrás. Ya estaba la iglesia rodeada.

Una vez detenido, los agentes trasladaron a Sarasketa a Tolosa para identificar el cadáver de su compañero Etxebarrieta, y a Villabona, escenario del crimen, para reconstruir los hechos. Después fue conducido a la Comandancia de San Sebastián para el interrogatorio y la instrucción de las diligencias. Allí se encontraba el camionero Fermín Garcés. Lo que había vivido el día anterior —con la imagen de José Antonio Pardines muerto todavía en la retina— le condujo a tomar una decisión que cambiaría el resto de sus días:

Me llevaron a la Comandancia de San Sebastián, en Ondarreta, y allí el jefe de la misma me dijo que tenía que bajar a los calabozos para identificar a Ignacio Sarasketa, para ver si lo reconocía como el autor del asesinato de Pardines, y si lo reconocía, debía decirlo. Me bajaron y allí lo vi, era él y así lo dije, pero recuerdo que tenía mal aspecto; el teniente coronel me dijo que llevaba dos o tres días sin dormir y en los que apenas había comido, no tenía ganas. Después me dijeron que tendría que testificar en el consejo de guerra, pero al final no tuve que hacerlo, me explicaron que por mi seguridad. Me ofrecieron una gratificación en metálico, una medalla y un camión, pero yo no quería nada. Aunque parezca un contrasentido, y así me lo han repetido infinidad de veces, fue entonces cuando decidí ingresar en la Guardia Civil; el contacto que en aquellos días tuve con el cuerpo me hizo tomar la decisión definitiva: quería ser como ellos, quería ser guardia civil y así se lo hice saber a los jefes de la Comandancia de San Sebastián. Aceleraron los trámites y el 1 de septiembre ingresé en el cuerpo, en el que he permanecido hasta el día de mi retiro. En 1987, casi veinte años después de los hechos, me concedieron la cruz con distintivo rojo de la Orden del Mérito del cuerpo de la Guardia Civil.

Iñaki Sarasketa fue juzgado una semana después en un consejo de guerra que se celebró en el cuartel del Ejército de Tierra de San Sebastián. En un primer momento se le condenó a 58 años de prisión, pero la sentencia fue anulada por un defecto de forma. En un segundo procedimiento, el terrorista fue condenado a pena de muerte y al pago de una indemnización de un millón de pesetas (aproximadamente 6.000 euros) a la familia de Pardines. La pena capital, no obstante, le fue conmutada por treinta años de cárcel, de los que cumplió nueve; tras la amnistía general de 1977 se exilió en Noruega.

Etxebarrieta fue erigido como héroe en el entorno abertzale y se le presentó ante la comunidad internacional como mártir del franquismo, el primero de ETA, y ejemplo de la lucha contra el régimen. El periódico Gara, en el cuarenta aniversario de los sucesos, lo calificó como «un chaval de 23 años» y un «líder nato» que, «pese a su temprana muerte», ya mandaba en ETA.

Los restos de José Antonio Pardines fueron enterrados en la localidad coruñesa de Malpica, donde había nacido. Al funeral asistió su padre, también guardia civil, y sus hermanos. La familia aún recuerda la sacudida que supuso la muerte de José Antonio.

José Antonio Pardines Arcay tenía 25 años y era gallego de Malpica, en La Coruña. Hijo y nieto de guardias civiles. A su padre Antonio le dijeron que su hijo había caído en acto de servicio. «Ni sabíamos lo que era ETA entonces, ¿qué íbamos a saber…? Un mes después asesinaron a Melitón Manzanas y yo pensé: “¿Toño ha sido el primero, por qué no también el último?”. Pero no… Fuera de mi casa no he vuelto a hablar de esto con nadie desde hace treinta años. Y ahora me cuesta tanto…»

Su padre, Antonio, solo sabe que su hijo dio el alto a alguien y se imagina que le dispararon desde el coche y le remataron después en el suelo. «Y es lo que más me duele, ese tiro de gracia. Fue todo una mala casualidad. Si no le hubiera tocado a él, habría sido a su compañero. Le gustaba el cuerpo, pero también influyó que en esa época no podían estudiar todos los hijos. Y él quería trabajar, tener un poco de dinero… Su primer destino fue en Asturias y estaba bien. Podía haberse quedado allí, pero le vino el empeño de ingresar en Tráfico. Por la moto nada más; le encantaban… Igual que el fútbol. Mire, aquí está en esta foto con la dichosa moto… Y después, ya en San Sebastián, conoció a una chica, tenían pensado casarse.» Su novia se llamaba Emilia y era vasca. Viajó hasta Malpica cuando enterraron a José Antonio el 10 de junio de 1968. Lo recogen los periódicos de la época, que destacaban «la masiva asistencia», «la presencia de un importantísimo número de autoridades» y se ceñían a la «muerte en acto de servicio». Casi ninguna referencia a ETA. «Lógico», dice el periodista Martínez Sevilla, enviado especial de El Correo Gallego y de TVE entonces. «Estaba muy claro que nombrar a ETA no resultaba conveniente. Teníamos mucho cuidado y, si se fija, en la mayoría de los periódicos se recurrió a la información de agencias.» El pueblo entero acudió, pero como se acudía a la muerte de cualquier vecino. En Malpica se dedicó una calle a Pardines. «La calle del guardia civil. ¿No le mataron en el País Vasco o algo así?», preguntan los vecinos.

A Antonio Pardines padre le queda, 30 años después, un miedo irracional al terrorismo. Tenía tres hijos y ahora solo tiene uno. El segundo murió hace unos años. El tercero, Manuel, es alcalde del Partido Popular en Malpica: «Mi padre perdió a su mujer con 30 años, a su hermano en la Guerra Civil; después, a sus dos hijos. No me tiene más que a mí. Ya no es como antes, que no se sabía nada… Cada vez que oía que algún político del PP había muerto… Yo no, no tengo miedo. Me parece absurdo. Hay una cosa que me anima: desde lo de mi hermano leo los periódicos con mucha atención cada vez que se publica algo sobre ETA. Nunca he vuelto a ver el nombre de Iñaki Sarasketa. Quiero pensar que, de alguna manera, se dio cuenta ya entonces de todo este sinsentido… Lo último que supe de él fue que le habían detenido al día siguiente y que le habían conmutado la pena de muerte».

La Guardia Civil rindió a José Antonio Pardines su particular homenaje en septiembre de 2015, cuando detuvo a los etarras David Pla e Iratxe Sorzabal. Ambos constituían la última cúpula de una ETA que ya agonizaba. El operativo, que supuso la escenificación de la derrota definitiva de la banda por parte de la policía, recibió el nombre de Operación Pardines.

Pero ¿qué había ocurrido en esa región del norte de España para que jóvenes con una cierta formación estuvieran dispuestos a matar y morir en defensa de los derechos del País Vasco y de su pueblo? La respuesta no puede ser sencilla, ni única. En un escenario mundial donde se estaban produciendo cambios importantes en materia económica, política, social y cultural, y con ejemplos idealizados de países que alcanzaban su plena independencia por vías pacíficas pero también revolucionarias, encarnadas por figuras míticas como Fidel Castro y Ernesto Che Guevara (abatido en Bolivia ocho meses antes que Pardines), no pocos vascos observaban con inquietud los cambios que se producían en su entorno, y sentían la amenaza real de perder sus raíces y su idiosincrasia.

El régimen de Franco intentó revitalizar la economía española creando un polo de desarrollo industrial en el País Vasco y atrayendo a él mano de obra de otras zonas más desfavorecidas de España. Una naciente conciencia obrera, una necesidad cada vez mayor de justicia social, el paulatino alejamiento de los gobernantes de la nueva sociedad y, para decirlo todo, la notoria torpeza de las autoridades a la hora de encarar las peculiaridades de la cultura vasca, infundieron el miedo y la desconfianza en los sectores más nacionalistas, a la vez que animaban a los más jóvenes, a los menos conservadores, a hacer algo para cambiar la situación en que vivían, y detener el que consideraban deterioro irremediable de su patria. Por otra parte, la burguesía vasca se beneficiaba de los frutos incipientes del desarrollo económico y tenía en el Partido Nacionalista Vasco (PNV) su mayor referente político, aunque este se hallaba sumido como organización en la inactividad y el conformismo y era por tanto incapaz de ilusionar y liderar a esa parte de la sociedad ávida de cambiar la deriva de los últimos años.

Los jóvenes universitarios de Deusto nacidos en hogares burgueses y nacionalistas no se resignan al fatalismo ni a la inacción de sus padres. Impulsados por las corrientes ideológicas europeas, debaten sobre cómo fomentar y cultivar sus señas de identidad, sorteando al régimen de Franco y rebelándose frente a la línea tradicional de sus antecesores. Quieren tener identidad propia, pero por otra parte necesitan el reconocimiento de sus mayores, del propio PNV. La difícil convivencia de ambas «familias» nacionalistas lleva a la creación en 1959 de ETA, Euskadi Ta Askatasuna, o lo que es lo mismo, Patria y Libertad. Se definen en su primer documento como un movimiento apolítico y aconfesional que apuesta por la democracia y por la autodeterminación, y con total disposición para colaborar con el Gobierno vasco en el exilio. Nacen en plena época franquista con la comprensión de amplios sectores de la sociedad vasca, y orientan su actividad hacia la defensa de los derechos ciudadanos y la capacidad para decidir el destino de la patria vasca. Su marbete antifranquista les brinda apoyos de todo tipo, además de militantes y legitimidad. Asumen el papel de protagonistas de la resistencia activa vasca frente a Franco, aunque, como se verá años más tarde, su verdadero objetivo será alcanzar la independencia para Euskal Herria (concepto amplio de la patria vasca que engloba las tres provincias de Euskadi, Navarra y tres regiones del sudoeste francés).

De las palabras y razonamientos se pasa pronto a los hechos: en ese mismo año 1959 estallan las primeras y rudimentarias bombas, y las acciones propagandísticas que vienen acompañadas de su emblema, el hacha y la serpiente. Según sus creadores, la primera representa la fuerza y la segunda, la inteligencia, pero con el tiempo se llegará a la identificación de una con la lucha militar y la otra con la lucha política, interpretación sostenida en 2010 por un comisario francés en el juicio contra el dirigente de ETA Mikel Antza (y desmentida por este). Ha nacido una organización militar con objetivos políticos, según las propias palabras de sus militantes, un grupo terrorista que rebasará el medio siglo de vida. ETA se aprovechó de su carácter antifranquista y de las propias debilidades del régimen. Las autoridades reaccionaron ciegamente ante las primeras acciones del grupo, sin inteligencia alguna, optando por la vía gruesa de las detenciones masivas y la aplicación de estados de excepción tan inútiles como desatinados. Echaron así más gasolina al fuego. Además, los recursos de los que por aquel entonces disponía el Gobierno no eran los adecuados para afrontar el reto que acababa de surgir en el País Vasco; se trataba de un problema nuevo y complejo, al que se oponía un sistema viejo y oxidado. La Guardia Civil se encontraba aún en peor situación que la Policía, algo más curtida en enfrentarse a actividades político-sociales ilegales por tener encomendada esa misión específica. Ambos cuerpos policiales estaban desplegados en el País Vasco y eran, a la postre, los únicos instrumentos con los que el Gobierno pretendía sofocar los brotes de insurrección. La empresa tenía un punto débil: la carencia de información real sobre el problema, y la falta de conciencia de que era imprescindible contar con datos y testimonios precisos para afrontar con éxito un desafío de ese calado.

La Guardia Civil, algunos de cuyos oficiales leales a la República habían dirigido unidades importantes del Euzko Gudarostea (Ejército Vasco) en sus combates contra el avance de las tropas de Franco, estaba ampliamente repartida por el País Vasco y Navarra, con más de 40 acuartelamientos. En muchos recónditos lugares de esa parte de España venía a ser la única presencia real y efectiva del Estado. No hay que olvidar que el hecho de que la mayoría de la fuerza de la Guardia Civil no se sumase al levantamiento del 18 de julio del 36, con los graves problemas táctico-militares que ello les supuso a los generales sublevados contra la República, con especial incidencia en Madrid y Barcelona, hizo que Franco nunca se fiase del todo del instituto armado, por lo que permitió en los años siguientes solamente un modelo de cuerpo con una mínima preparación, medios escasos y salarios y condiciones de vida miserables. Tras la Guerra Civil, el único objetivo de las fuerzas de seguridad era garantizar el orden público.

A partir de 1941 se pone en marcha dentro del cuerpo un embrionario Servicio de Información, orientado en principio a «la previsión y represión de cualquier movimiento subversivo». Sin embargo, la falta de mentalidad real para esa labor queda patente al contemplarse que para llevar a cabo esas tareas el vestir de paisano fuera algo excepcional, por lo que había que solicitar autorización escrita para cada caso, y establecerse como regla que la intervención como consecuencia de esos servicios de investigación se debía llevar a cabo por fuerza uniformada. Cuando comienza la actividad de ETA, los guardias civiles tienen como única experiencia lejanamente parecida el haberse enfrentado con éxito al maquis: el bandolerismo (en la terminología del régimen; la guerrilla, desde el punto de vista de los propios maquis), presente sobre todo en el medio rural, que a cargo de restos del ejército republicano, con predominio de elementos comunistas y el apoyo de familiares y simpatizantes, trató de continuar la lucha contra el régimen de Franco una vez acabada la Guerra Civil. Aquí sí se utilizó la información para combatir el fenómeno con éxito. Pero ambas amenazas no eran comparables: el maquis y ETA tenían pocas cosas en común; y una Guardia Civil mermada, poco preparada y exhausta tardaría bastantes años en poder hacer frente a la segunda. A partir de principios de los años sesenta, el Servicio de Información fue creciendo y mentalizándose frente a las nuevas amenazas, pero lo hacía de manera demasiado lenta para poder anticiparse a ellas.

Al régimen de Franco y a las fuerzas de seguridad les sorprendió la aparición de ETA. No supieron hacerle frente y emplearon métodos de guerra para tiempos de paz. Una mínima amenaza, como era la banda terrorista en su nacimiento, desbordó la capacidad de las fuerzas de orden público. De ellas, la que más carencias tenía entonces era la Guardia Civil. Pasado con holgura el siglo desde su fundación en 1844, con el objeto de tratar de erradicar, entre otras calamidades, el bandolerismo endémico que asolaba los caminos españoles e impedía el desarrollo económico del país, los guardias civiles, tras arrostrar incontables fatigas, volvían a tener por delante un difícil reto al que enfrentarse.

2

ETA VA GANANDO FUERZA SIN QUE NADA SE LE OPONGA

La bomba estalla pasados unos minutos de las siete de la tarde. La donostiarra estación de Amara queda sumida en el caos. Varias personas resultan heridas, y una niña de 22 meses, Begoña Urroz, muere abrasada por la deflagración. El atentado encaja, como uno más, en la cadena de explosiones que los autores han planeado para el mes de junio de 1960 y que en este caso tiene unas fatales consecuencias, probablemente no queridas. El Ministerio de Gobernación acusa a «elementos extranjeros en cooperación con separatistas y comunistas españoles» de haber perpetrado los ataques. Y las miradas apuntan hacia una ETA primeriza, que ya absorbe la dialéctica marxista-maoísta, pero que todavía no ha emprendido mayores acciones que algunos pequeños sabotajes con la doble intención de darse a conocer y postularse como fuerza de apoyo al obrero oprimido en un entorno de creciente conflictividad laboral. Los testimonios atribuyen a ETA la explosión de la estación de Amara en la que muere Begoña. Una versión que se ha sostenido durante décadas, y que ha sido asumida por buena parte de la escena política y social. El vicario general de la diócesis de Guipúzcoa, José Antonio Pagola Elorza, lo describe en su libro La ética para la paz. Los obispos del País Vasco, 1962-1992: «En realidad, parece ser que la primera víctima de una acción terrorista de ETA fue la niña de 22 meses Begoña Urroz Ibarrola, muerta el 27 de junio de 1960, al hacer explosión un artefacto colocado en la estación de Amara (San Sebastián)».

Pero hay otros datos que apuntan al Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL), una banda terrorista compuesta por ciudadanos españoles y portugueses de ideología comunista y anarquista que tenían por objetivo luchar contra Franco y Salazar. José Fernández Vázquez, más conocido como Jorge de Sotomayor, es uno de los miembros más destacados de la organización. En su libro Yo robé el Santa María, publicado en Venezuela en 1972, describe qué ocurrió en aquellos episodios en los que encontró la muerte la niña Begoña Urroz, a pesar de confundir la estación de Amara con la de Bilbao:

En el verano de 1960, menos de un año después de la Operación Madrid, el DRIL lleva a cabo varias acciones de sabotaje de mayor alcance: se incendian varias estaciones de ferrocarril en distintas capitales de provincias, así como el tren expreso Madrid-Barcelona. Pero la de mayor resonancia fue la operación de incendio de la estación de Bilbao por causa de la muerte de una niña de dos años, que jugaba lejos de su madre, cuando la bomba incendiaria hizo explosión. De todos los sabotajes fue la única víctima inocente. El DRIL no tuvo ninguna baja: ni muerto ni detenido.

La versión relatada por Jorge de Sotomayor es la misma que años después se asume en el seno de ETA. Entre la documentación incautada a José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, tras su detención en 1992, figura un documento en el que se atribuye al DRIL la concatenación de explosiones en diferentes estaciones que tuvo lugar en junio de 1960; entre ellas, la que acabó con la vida de Begoña Urroz.

Los vecinos de Vizcaya habían comenzado a acostumbrarse a las acciones de los primeros militantes de ETA a partir de ese verano de 1959. Tras atacar símbolos franquistas en Algorta, Baracaldo y Sestao, y hacer algunas pintadas en la basílica de Begoña, los miembros de la organización clandestina reciben en San Sebastián a Franco —que llega a bordo de su barco Azor— con decenas de ikurriñas, bandera prohibida entonces, pegadas a corchos arrojados a la bahía de La Concha. Son acciones cargadas de simbolismo, con la intención de causar solo daños materiales o efectos propagandísticos, sin herir a nadie. Pero a finales de ese año, ETA da un salto cualitativo en su modo de actuar. Algunos de sus miembros —que no reivindican los atentados porque parte de la organización no los respalda— colocan varios artefactos explosivos contra objetivos concretos: la redacción del diario Alerta en Santander, la del periódico El Hierro en Bilbao, la sede del Gobierno Civil en Vitoria, la bilbaína comisaría de Policía de Indautxu y la consigna de equipajes de la estación de ferrocarril, también en Bilbao. Las fuerzas de seguridad atribuyen infundadamente esas acciones a EGI, las juventudes del PNV, ya que todavía no tienen en cuenta a ETA.

Para ilustrar el carácter de aquella ETA inicial, he aquí un relato que refleja sus primeros pasos. Los movimientos de sus militantes son torpes; sus pretensiones logísticas y tácticas, intrascendentes:

Etxabe no conocía San Sebastián y paseando frente a la playa buscaba un muro donde poder aplicar la brocha; encontró uno hermoso en la entrada del barrio del Antiguo. Aplicó la brocha y de repente notó el cañón de una pistola en su nuca; estaba pintando el muro del cuartel de la Guardia Civil de Zumalacárregui, en el barrio del Antiguo. Etxabe se dio la vuelta arrojando el bote de pintura al guardia civil, manchándole el uniforme y emprendiendo la huida. Sonaron varios disparos de los compañeros del embadurnado centinela, mientras los de Mondragón se echaban hacia el monte en dirección a Aiete. Nuevamente su desconocimiento de la ciudad les jugará una mala pasada. A las seis de la mañana fueron detenidos junto al Palacio de la Cumbre, residencia de Franco durante su estancia en esa capital. El palacio está en el corazón del barrio de Aiete, y la Policía Armada que custodiaba el recinto los consideró sospechosos a esas horas en la oscuridad. Juzgados y condenados, serán los primeros militantes de ETA detenidos mientras realizaban una acción.

Las fuerzas de seguridad del Estado sostienen su lucha contra la actividad de ETA a partir de un reglamento anticuado. La Ley contra el Bandidaje y Terrorismo puesta en marcha en septiembre de 1960 está dirigida a todos aquellos que «difundan noticias falsas o tendenciosas con el fin de causar trastornos de orden público, conflictos internacionales o desprestigio del Estado, sus instituciones, Gobierno, Ejército o Autoridades». Con esta ambigüedad y con unos servicios de información apenas desarrollados, los cuerpos policiales hacen frente a una organización que va sumando adeptos y fuerzas en una sociedad a la que está consiguiendo movilizar a su favor. Julen Madariaga es uno de los cabecillas de la organización. La Policía aspira a detenerlo en un dispositivo desplegado en septiembre de 1961 en las inmediaciones de Bilbao. Pero la falta de herramientas y la escasez de datos fiables propician un suceso que divide al pueblo vasco: los agentes se confunden de coche y abren fuego contra los ocupantes de otro vehículo, que no se había detenido al darles orden de hacerlo. Un empresario muere en el episodio. La crónica del diario ABC relata lo sucedido:

Trágico error. En el día de ayer a las 20.30 horas, fuerzas del Orden Público que se encontraban alertas para una misión de vigilancia que tenía por objeto la detención de un coche de determinadas características, invitaron a detenerse en las inmediaciones del lugar conocido como Bolueta, próximo a Bilbao, a un coche de características similares al esperado. Parece ser que la orden de parada del vehículo no fue entendida por el conductor, y al no ser cumplimentada inmediatamente, la fuerza pública hizo varios disparos sobre el citado coche, a consecuencia de los cuales resultaron con heridas muy graves don Javier Batarrita Elexpuru, natural de Bilbao, y don José Antonio Martín-Ballesteros y Martínez, natural de Calatayud (Zaragoza), don Fernando Lariscoitia Minenza, tercer ocupante del vehículo, resultó ileso; todos ellos personas de reconocida solvencia en los medios comerciales de Bilbao. Los dos heridos fueron trasladados rápidamente en un coche de la Policía al Hospital General de Bilbao donde el señor Batarrita falleció acto seguido.

Este acontecimiento sirve a ETA para comenzar a delinear su estrategia de acción-represión-acción: un movimiento de la banda terrorista propicia la descarga de violencia indiscriminada por parte del régimen, dividiendo al pueblo vasco entre patriotas y traidores. Con esa brecha abierta, los etarras encuentran mayor apoyo para vender su causa, acometer sus planes y realizar nuevos atentados. Y vuelta a empezar para seguir con esa espiral.

En julio de 1961, un comando de ETA intenta hacer descarrilar un tren cargado de excombatientes de la Guerra Civil que acuden a San Sebastián para celebrar los 25 años de la victoria del bando nacional. Uno de los etarras que pretendían provocar el accidente narra los acontecimientos de aquella jornada:

Habíamos calculado la velocidad del tren en una curva a la entrada de Amara y al lado de un terraplén. Si descarrilaba, todo lo más que iba a hacer era apoyarse en el terraplén. Era la mentalidad de no matar a nadie… la mentalidad de niños de coro, de angelitos que no quieren hacer daño, pese a que todos los que iban dentro —hay que recordarlo— eran excombatientes que venían a celebrar el 25 aniversario de la toma militar de San Sebastián.

En respuesta, las autoridades detienen a una treintena de militantes de ETA, que son juzgados en consejo de guerra. Siete de ellos resultan condenados a penas de entre cinco y veinte años de prisión; otros escapan al extranjero, dando inicio a un fenómeno crucial que marcará y definirá la existencia de la banda armada: el llamado «exilio», en realidad el aprovechamiento como santuario y retaguardia del territorio en cuestión, por lo general el País Vasco francés.

El escenario que marcaría en las décadas siguientes el devenir social y político del País Vasco —y del resto de España— comienza a dibujarse. La abadía benedictina de Bellocq, al sur de Francia, acoge en 1962 la celebración de la I Asamblea de la banda terrorista. Julen Madariaga, Benito del Valle, Javier Imaz Garay y José Luis Álvarez Emparantza colegian el encuentro, en el que se firma su particular Declaración de Principios. Los 20.000 ejemplares que se difunden de este documento instan al uso de la violencia para alcanzar la independencia de las «regiones históricas de Álava, Guipúzcoa, Navarra, Vizcaya, Lapurdi, Benabarre y Zuberoa», y para ello, según declaran, «se deberán emplear los medios más adecuados que cada circunstancia histórica dicte». Se abre la puerta a superar las trabas iniciales en el uso de la violencia, y emplear cualquier medio que venga justificado por ese fin. Los fundadores de la organización llaman a la democratización de la cultura, declaran el euskera como única lengua y fijan una cuota económica a todos los militantes para sufragar los gastos de su organización. Además, marcan un calendario de actuación dividido en cuatro bienios: 1962-1963, propaganda y captación de militantes; 1964-1965, propaganda y formación de activistas; 1966-1967, recaudación de fondos, provisión de armamento y dispositivo terrorista; 1968-1969, desarrollo de la guerra de guerrillas, hasta conseguir el asalto al poder. Todos los movimientos quedarán plasmados en dos revistas: Argira, solo para militantes de ETA, y Zutik! de mayor difusión.

La estrategia definida en este encuentro se somete a revisión un año después, en la localidad francesa de Capbreton. Los militantes de ETA, apenas una veintena presentes, redactan en su II Asamblea Insurrección en Euskadi, basada en la enseñanza de los movimientos anticolonialistas de Argelia y Cuba. La revolución que describen se basa en la consecución de una serie de objetivos: administrativos (eliminación física de empleados públicos y de toda persona que desempeñe un cargo oficial), materiales (voladuras y sabotajes de infraestructuras) y contra los órganos del poder civil, militar y judicial. Pero la realidad demuestra el abismo que hay entre esos objetivos y la actividad que realmente llevan a cabo sus militantes. Sus acciones se limitan a pequeños gestos, como la toma de la redacción de Radio Tolosa, interrumpiendo la lectura del rosario, para leer uno de sus comunicados. A pesar de estos movimientos, todavía inocentes para lo que llegará a ser ETA, el Estado comienza a ver con preocupación este germen revolucionario y constituye en diciembre de 1963 el Tribunal de Orden Público, que persigue «aquellos delitos cometidos en todo el territorio nacional, cuya singularidad sea subvertir, en mayor o menor gravedad, los principios básicos del Estado o sembrar la zozobra en la conciencia nacional».

ETA, no obstante, sigue adelante con su estrategia, que va perfilando en las siguientes asambleas. En la III, celebrada en Bayona en 1964, se crea la figura del liberado, militante dedicado en exclusividad a la organización. En la IV, que tiene lugar en 1965 en la casa de ejercicios espirituales de los jesuitas en Loyola, se distinguen las cuatro ramas de su estructura: Militar, Información, Oficina Política y las Organizaciones Paralelas de Apoyo. En la V, entre 1966 y 1967, los cincuenta militantes que asisten adoptan el modelo revolucionario chino y asumen la política marxista maoísta. A medida que se fraguan estas decisiones se hacen más patentes las diferencias entre quienes apuestan por las vías políticas y aquellos que ponen el acento en la lucha armada. En total, ETA cuenta con unos doscientos militantes, cuatro o cinco vehículos entre coches y motos, y tres viejas multicopistas. Ante la necesidad de financiarse, la cúpula decide atracar bancos (el primero en septiembre de 1965) y suprimir las cuotas a los miembros de la banda. También comienzan a cometer secuestros con fines económicos, tal y como constatan las investigaciones de la Guardia Civil:

Sobre las 21.30 horas del 21 de abril de 1967, cuando el director de la sucursal del Banco Guipuzcoano de Villabona, José Pablo Echeverría Ugalde, se encontraba en su domicilio sito en la parte superior de la citada entidad bancaria, acompañado de su esposa María Victoria Galarza Ayastuy, y al abrir la puerta ante varias llamadas consecutivas al timbre de la misma, fueron secuestrados por cuatro individuos armados, los cuales, tras reducir a su esposa, conminaron al señor Echeverría bajo la amenaza de las armas a que tomase las llaves de la entidad, obligándolo a dirigirse a la misma y abrir la caja fuerte de donde se apoderan de 1.077.300 pesetas. […] Una vez conocido el hecho en la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa, se inician las gestiones conducentes a su esclarecimiento, siendo identificados fotográficamente por el matrimonio secuestrado, como presuntos autores del mismo, los miembros de ETA Juan José Echave Orobengoa y José María Eguren Menchaca.

Los atracos y los secuestros suponen la principal vía de financiación de ETA en esos inicios. Pero la estrategia de la organización también pasa por acometer acciones que provoquen el mayor eco mediático: necesita publicidad para ganar credibilidad de cara a su entorno. El 5 de mayo de 1967, un grupo de militantes trata de sabotear la Vuelta Ciclista a España a su paso por la carretera que une San Sebastián con Pasajes, sembrando el asfalto de tachuelas. ETA reivindica la acción con un comunicado que envía a diferentes medios de comunicación:

Nos es grato informarle que dicho sabotaje fue planeado y realizado por nuestros comandos de acción, lo cual le comunicamos ahora al no haber tenido tiempo de pintar las siglas. Fueron efectivamente tachuelas y aceite de camión los materiales usados. Es inútil que busquen a los culpables, pues son de otras provincias hermanas.

Para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que apenas disponen de medios para afrontar los primeros envites de la banda terrorista, es difícil perseguir a los autores de estas acciones. Pero ya en esos momentos, desde el seno de ETA, se comienza a percibir a la Guardia Civil como el principal enemigo para sus propósitos. «Aunque ustedes no lo crean, nosotros comprendemos perfectamente su situación y su forma de actuar. Sabemos que en la mayoría de los casos no están aquí por su voluntad», escribe la cúpula de la organización en una carta dirigida en 1967 al conjunto del instituto armado. En ella, advierten a los agentes de las «consecuencias» que tiene oponerse a la «lucha de los patriotas vascos»: «Se autocondenan a vivir en ese mundo odiados y despreciados por el pueblo», describe el documento, que insta a los miembros de la Guardia Civil a abandonar sus puestos y su trabajo. «El pueblo vasco olvidará su condición anterior y le dará trabajo y amigos —prosigue la carta—, y si es soltero alternará con las chicas como todo chico normal, se liberará de una serie de cargas emocionales, preocupaciones y complejos.» Este primer aviso, con un tono casi amistoso, deriva en advertencias más violentas, como la campaña de colocación de explosivos en los cuarteles de la Guardia Civil que se desarrolla ese mismo año (inaugura la lista el vizcaíno cuartel de Sondica en abril de 1968), y que será el inicio de una estrategia contra los guardias civiles y sus familias que ya nunca se detendrá. Los agentes que residen o prestan servicio en estos cuarteles se convierten, de forma improvisada y obligada, en los primeros «técnicos» desactivadores de explosivos. Un terrorista de aquella época describe estos episodios:

ETA empezó a colocar cargas en las ventanas de los cuarteles, en aquellos momentos tenían muy poca vigilancia, pero se colocaban cargas simbólicas: destrozaban la ventana, no causaban heridos. ¿Era lo que se buscaba? Sí. Por una parte demostrar que ETA tenía capacidad para volar un cuartel, porque es el mismo riesgo el ir a colocar 200 g que 20 kg y el hacer una avería gorda en la cual haya víctimas. Y, sin embargo, nosotros lo que queríamos era ir educando, haciendo pedagogía, educando al pueblo y, al mismo tiempo, que el pueblo fuese asimilando la necesidad de la lucha armada.

Esa «pedagogía» a la que hace referencia el miembro de ETA tiene sus fundamentos, entre otros pilares, en el odio creciente hacia cualquier cuerpo de seguridad del Estado. De ahí que los etarras Txabi Etxebarrieta e Ignacio Sarasketa reaccionen como lo hacen cuando el guardia civil José Antonio Pardines les da el alto en la Nacional I, a la altura de Villabona. Los terroristas lo asesinan cuando está a punto de descubrirlos. Tras tratar de escapar de la Benemérita, como ya se contó, Sarasketa resulta detenido y Etxebarrieta muere tras un tiroteo con agentes del cuerpo; fue el primer etarra que mató y también el primero que murió. Había dirigido la V Asamblea de ETA, y a partir de ese instante se convierte en el primer mártir del nacionalismo vasco radical. Los miembros de la organización reclaman su particular venganza ante la muerte de uno de sus líderes. La banda terrorista alcanza con esta acción el grado de madurez que marcará toda su trayectoria, orientada especialmente al asesinato. El foco de su ira se centra ya en la Guardia Civil, como deja patente en la carta que en julio de 1968 dirige a las mujeres de los agentes destinados en el País Vasco:

Señora: Vd. habrá podido observar cómo lo que nosotros habíamos predicho se ha realizado, el guardia civil señor Pardines ha muerto. Vd. sabrá bien en qué circunstancias. Pero para que no crea que nuestra lucha es precisamente contra usted, le vamos a exponer de nuevo el papel que realiza su marido y sus colegas en nuestra Patria, Euskadi. […] Son los que directamente participan en la represión, los que practican detenciones, efectúan interrogatorios, torturan, golpean al Pueblo en las manifestaciones, etc. Por ello nosotros nos vemos obligados a eliminarlos de alguna forma. Nuestra obligación como vascos es luchar contra los enemigos de nuestra Patria, en este caso el Estado Español que les utiliza a Vds. como marionetas al servicio de los intereses de una clase dominante. Créame que no merece la pena vivir angustiada por servir los intereses de unos capitalistas o unos jefazos que viven en la opulencia. No merece la pena correr el riesgo de morir como Pardines. Estamos dispuestos a todo, no tenemos miedo a la muerte porque sabemos que luchamos por una causa justa. Nada nos detendrá hasta que consigamos la independencia de la Patria. Ruego, Sra., reflexione y relea el contenido de esta carta, enséñesela a su marido y tomen la decisión de salirse del cuerpo o marchar a España, solo así podrán librarse de vivir sin la continua angustia de que pueda perecer su marido en un atentado.

Las muertes de Pardines y Etxebarrieta marcaron un antes y un después en la historia que más temprano que tarde tenía que llegar: el salto a la mayoría de edad terrorista, al asesinato. La campaña de hostigamiento de ETA hacia los cuerpos de seguridad del Estado no tarda en cobrarse una nueva víctima. En esta ocasión, los terroristas fijan su atención sobre Melitón Manzanas González, inspector jefe de la Brigada Político-Social de San Sebastián. Tres etarras, entre ellos Javier Izco de la Iglesia —identificado por la esposa de Melitón Manzanas—, cometen el primer asesinato premeditado de la banda, en agosto de 1968 en Irún (Guipúzcoa): tras dispararle en seis ocasiones con una pistola del calibre 7,65 de fabricación checoslovaca, los terroristas rematan a su víctima en el suelo. La operación recibe el nombre de Sagarra (manzana en euskera) en referencia al apellido del asesinado, y ETA lo reivindica en un comunicado en el que habla del «importante paso adelante» en su «lucha revolucionaria»: «Ya no podemos retroceder y seguiremos adelante por la única forma de lucha que hoy nos es posible». Considera que la sociedad está ya madura para abrir ese frente, el del terrorismo puro y duro: ahí nace realmente ETA como grupo terrorista.

El crimen tiene unas consecuencias que la dirección etarra ha previsto con acierto. La atolondrada respuesta del régimen lo indispone con la sociedad vasca. Se decretan tres meses de «estado de excepción» en Guipúzcoa, en los que se detienen a cientos de personas acusadas de connivencia con ETA. También se efectúan infinidad de registros. Aunque queda descabezada y tarda meses en realizar nuevos atentados, la organización, que no puede salir más reforzada tras sus primeros asesinatos, comienza a preocupar de veras. Atrás deja diez años de terrorismo de baja lesividad, cuenta con más de quinientos militantes en sus filas, un mito y mártir al que venerar, y una sociedad que interioriza la necesidad del uso del terrorismo. El PNV, desde el exilio, deja de ser el referente para los nacionalistas vascos, mientras que la organización armada comienza, con decisión, a estructurarse en todas sus ramificaciones: los detenidos forman a partir de entonces el llamado frente de makos —o carcelario— y los 150 vascos exiliados en Francia se reúnen bajo la asociación Anai Artea.

La lista de gudaris —término que puede traducirse como «soldado», y que en el mundo abertzale cobra tintes heroicos— no tarda en ampliarse. En abril de 1969, Joaquín Artajo Garro y Alberto Azurmendi Arana, naturales de Pamplona y miembros de las juventudes del PNV, mueren en la carretera navarra del valle de Ulzama al estallar un artefacto que estaban manipulando. Pretendían llevar a cabo varios sabotajes con motivo de la celebración de la fiesta del Aberri Eguna (Día de la Patria). Las pesquisas de la Guardia Civil, que localiza la oficina en la que los jóvenes habían alquilado un coche, conducen a la desarticulación del comando del que formaban parte. Este tipo de accidentes pone en alerta a la cúpula de ETA, que aspira a que sus militantes conozcan a la perfección el uso de armas y explosivos. El servicio militar obligatorio, que en ocasiones supone un problema para los planes de la organización terrorista —sus miembros tenían que interrumpir su actividad para cumplirlo—, también supone un cierto beneficio para sus intereses. Así se aprecia en algunos de los documentos de la época:

Declaraciones realizadas en abril de 1976 por Iván Altuna Arana, ante la Guardia Civil, tras ser detenido por realizar actividades a favor de ETA. Formaba un comando armado con otros cuatro terroristas, y a la pregunta del instructor de las diligencias para que manifieste el motivo de no haber participado dicho comando en ningún atentado después de dos años de funcionamiento, dice que: Argala y Txomin le ordenaron que era mejor esperar a que todos los componentes del comando hubieran cumplido el servicio militar, y de esta forma ya entenderían bien el manejo de las armas.

La disciplina que por distintas vías van adquiriendo los terroristas les permite esquivar en múltiples ocasiones la acción de las fuerzas de seguridad del Estado. Miguel Etxebarria Iztueta, Makagüen, logra eludir a la Policía tras la irrupción de los agentes en su piso de Bilbao. Varios de sus correligionarios son detenidos, pero Etxebarria, herido por dos disparos, salta a la calle y detiene un taxi. El conductor, Fermín Monasterio, recibe la orden de viajar hasta Burgos, pero al percatarse de que el viajero está herido se niega a proseguir con el trayecto. El terrorista le dispara cuatro tiros a bocajarro y lo arroja malherido a la altura de Arrigorriaga. Monasterio, la tercera víctima de ETA, pierde la vida en el hospital de Basurto el 9 de abril de 1969. Los terroristas suben así un nuevo peldaño, con el que lanzan un contundente mensaje a la sociedad: no dudarán en matar a cualquiera que se interponga en su camino. Makagüen logra escapar. Treinta años después, en 1998, es detenido en la localidad mexicana de San Luis Potosí. La Audiencia Nacional lo condena a ocho años de prisión por fabricación de explosivos, pero se libra del asesinato por haberlo cometido antes de la amnistía de 1977. La operación policial que desencadena la huida de Makagüen forma parte de la ofensiva realizada por el régimen contra ETA, que conduce a la detención de sus principales dirigentes, y concluye con unas cifras muy abultadas: se detiene a 434 personas, se encarcela a 189, se deporta a 75 y 38 huyen al exilio, especialmente a Bayona, París, Lovaina y Bruselas. La organización etarra sufre una crisis importante y se sitúa en uno de sus momentos más bajos.

Los acontecimientos relacionados con la banda terrorista se habían precipitado en los meses anteriores y la celebración de la VI Asamblea, en agosto de 1970, está marcada por la crispación y la escisión de varios grupúsculos de militantes. Esa debilidad estructural encuentra su contrapunto en el refugio y afecto que buena parte de la sociedad vasca prodiga hacia sus miembros, erigidos como adalides contrastados de la lucha contra el franquismo; un régimen que aplica toda su fuerza contra la nueva amenaza terrorista y que no cuenta, ni remotamente, con las herramientas necesarias —ya sean policiales o jurídicas— para combatirla. La incompetente represión del régimen colocará a ETA como la personificación de la lucha antifranquista, inclinando a la población vasca de su lado. De acuerdo con la legislación a la sazón vigente, «los delitos de terrorismo y bandidaje constituyen las más graves especies delictivas de toda situación de posguerra y por tanto requieren especiales medidas de represión, cuya gravedad corresponde a los crímenes que trata de combatir». El texto había sido elaborado en 1943 y bautizado con el nombre de Decreto sobre Rebelión Militar, Bandidaje y Terrorismo. Y la aplicación de esa norma de posguerra marca el consejo de guerra de Burgos, en diciembre de 1970. Las 16 personas juzgadas por el tribunal militar de Burgos son dirigentes y miembros de ETA detenidos en los meses anteriores. La comunidad internacional asiste a un proceso en el que seis de los acusados son condenados a pena de muerte, una noticia que coincide con un nuevo estado de excepción en Guipúzcoa y la detención de unas doscientas personas.

De forma paralela a lo que ocurre en Burgos, un comando de ETA protagoniza un golpe propagandístico de gran efecto, con el secuestro del cónsul honorario alemán en San Sebastián, Eugen Beihl-Schäffer, el 1 de diciembre. Los etarras lo liberan en su país natal el día de Navidad, antes de que se conozca la sentencia del consejo de guerra, jugando con habilidad el «papel de bueno» y atrayendo así la atención de la prensa europea hacia lo que estaba ocurriendo en España. Los informes sobre el proceso relatan el transcurso de los acontecimientos:

El anuncio de la liberación del cónsul, 23 días después de su secuestro, fue hecho por Telesforo Monzón (presidente de Anai Artea) quien confirmó que el motivo del secuestro era salvar la vida de los miembros de ETA juzgados en Burgos, y atraer la atención del mundo sobre «la existencia de nuestro pueblo y sobre la inquebrantable voluntad de lucha por su liberación integral: independencia nacional, reunificación del sur con el norte de Euskadi, y la instauración de un moderno Estado vasco democrático, euskaldún y socialista». […] El cónsul fue liberado en Wiesbaden (Alemania), entregado a dos reporteros de la televisión de aquel país con los que ETA había contactado. Manifestó la víctima que cada tres o cuatro días le habían cambiado de ubicación, y que los secuestradores tenían entre ellos discrepancias de criterios y discusiones frecuentes, llegando por ello a temer por su vida.

ETA también aprovecha la estancia de algunos de sus militantes en el exilio para difundir y presentar el juicio de Burgos ante la opinión pública internacional como un juicio a la totalidad del País Vasco, tachando la actitud del Estado español de dictatorial, colonialista y opresora. Su mensaje se resume en una confrontación directa entre la dictadura de Franco y las democracias libres de Europa, encarnadas de manera emblemática por el pueblo vasco.

Aunque Franco termina por conmutar las penas de muerte por cadenas perpetuas, ETA consigue reorganizarse, en un momento en que estaba prácticamente aniquilada. La organización terrorista pasa, gracias a su inteligente gestión del proceso contra sus militantes, a ser el principal estandarte de la lucha contra el régimen, no solo en el País Vasco sino también a ojos de la comunidad internacional. Los restos del colectivo etarra se enfrentan a la necesidad de reinventarse y renovar su estructura, diezmada tras las múltiples detenciones de los años anteriores. La cúpula admite sus mayores fracasos: que los efectos de la buscada represión del régimen no hayan alcanzado a todo el pueblo vasco y la falta de apoyo unánime entre las clases trabajadoras. Para ganarse de manera real y efectiva al mundo obrero, ETA decide tomar partido en los conflictos laborales del País Vasco y Navarra. Y lo hace con dos hechos muy similares que les reportan un gran rédito entre los trabajadores y la sociedad vasca, justo el revulsivo que necesitaba. El 19 de enero de 1972 secuestran al industrial Lorenzo Zabala en Abadiano (Vizcaya), tras dos meses de huelga en su empresa. ETA, a través de un comunicado, exige la readmisión de los trabajadores despedidos, pago completo del jornal de los días en paro, aumento salarial y derecho a la existencia de un comité que pueda participar en la gestión de la compañía. Bajo la amenaza de matar a Zabala, la empresa acepta todas las condiciones de los terroristas, que liberan al industrial tras retenerlo durante tres días. Justo un año después, el 16 de enero de 1973, otro comando de ETA realiza la misma operación en Pamplona, esta vez sobre la figura del industrial Felipe Huarte. Además de las exigencias que había planteado con Zabala, los terroristas piden 50 millones de pesetas para su propia financiación. Huarte será liberado tras diez días de cautiverio y el cumplimiento de las peticiones de los secuestradores.

Los fondos adquiridos tras los secuestros y los atracos a los bancos permiten a la dirección de la banda planificar una nueva oleada de atentados con artefactos explosivos. Por primera vez deciden perpetrar sus acciones en Navarra, colocando bombas en la Comandancia de la Guardia Civil, en el monumento al general Sanjurjo y en la sede del Gobierno Civil, todos ellos en Pamplona. Según las diligencias abiertas por la Benemérita, uno de los terroristas, cercado por los agentes, opta por quitarse la vida; se convertiría así en el primero de la lista de miembros de ETA que van a preferir morir antes que ser detenidos:

Sobre las 3.45 horas del día 7 de marzo de 1972 se produce una explosión en el monolito dedicado al duque de Ahumada, fundador de la Guardia Civil, situado en la zona ajardinada existente delante de la fachada principal de la Comandancia de la Guardia Civil de Pamplona (Navarra). A consecuencia de la explosión el monumento quedó destruido, resultando tres guardias civiles heridos leves y daños materiales por rotura de cristales. En las inmediaciones se encontró un segundo artefacto explosivo que no se accionó, siendo desactivado por un artificiero del Parque de Artillería Militar de Pamplona. De las investigaciones que se inician tras el atentado encaminadas a determinar la autoría y detención de los autores, se supo que un individuo había alquilado un vehículo marca Mini Morris en una agencia de Pamplona con documentación a nombre de Francisco Cruz María Garmendia Larrañaga, dando un domicilio falso en Navarra, y que dicho vehículo pudiera estar relacionado con el atentado efectuado el día 7 en Pamplona.

El atestado de la Guardia Civil prosigue con el encuentro entre una patrulla del instituto armado y el comando terrorista:

En la mañana del 16 de marzo de 1972, tres miembros de la Guardia Civil del Puesto de Irurita (Navarra) se encuentran realizando un servicio de control de carreteras en la local de Berroeta a Irurita, en el lugar conocido como Cruce de Ciga, cuando observaron la aproximación de un vehículo marca Mini Morris ocupado por tres individuos. Una vez detenido el vehículo se les solicitan los documentos personales. Entregaron un DNI (que posteriormente se ha podido determinar como falso) y, cuando estaba siendo examinado por la pareja, los tres ocupantes, tras pronunciar la frase «en movimiento», saltaron del coche esgrimiendo cada uno un arma (una metralleta y dos pistolas) y comenzando a disparar contra los guardias civiles, que respondieron a la agresión con las suyas, no registrándose más consecuencias que una herida en una pierna de uno de los agresores, los cuales dejaron el vehículo abandonado con sus enseres y armamento, huyendo e internándose en los montes próximos perseguidos por los guardias. Sobre las 11.30 horas del día 17, otra patrulla del cuerpo que se encontraba de servicio de vigilancia con este motivo en la Balsa de las Ranas, muy próxima a la frontera francesa, observó la presencia de un individuo que coincidía con la descripción de uno de los agresores, instándole reiteradamente a arrojar el arma que portaba y a que se entregara. Sin embargo, el individuo se escondió tras unas rocas y seguidamente se disparó un tiro con su pistola causándose la muerte instantánea; fue identificado como Juan Bautista Goicoechea Elorriaga.

La violencia de ETA aumenta en los años 72 y 73, superando con creces a los anteriores: la dinámica en la que se había embarcado llevaba irremediablemente a ello. Una nueva generación de terroristas, aupados tras la última Asamblea y el juicio de Burgos, había optado ya por el militarismo más puro. La VI Asamblea, finalizada en 1974, hace desaparecer finalmente el Frente Obrero, reduciendo el debate a las llamadas «lucha política y lucha militar».

Francia empieza entonces a tomar posición frente al fenómeno etarra. El Gobierno galo se inquieta ante la espiral de violencia de los terroristas vascos, que ya tienen en territorio francés su retaguardia. Intenta expulsar a algunos, pero retrocede y desiste ante las acusaciones de colaboracionismo con el todavía vigente régimen del general Franco. La actitud titubeante de Francia se prolongará aún durante un par de décadas tras la desaparición del dictador. Y ello, pese a ser el escenario de un crimen atroz en marzo de 1973: el secuestro de tres trabajadores gallegos, confundidos con guardias civiles, que habían pasado a Francia a ver películas prohibidas en España. Fueron asesinados por miembros de ETA, después de torturarlos. Nunca aparecieron sus cuerpos. A esa partida de terroristas endurecidos habría que enfrentarse a partir de entonces.

3

TRAS CARRERO BLANCO, LOS GUARDIAS CIVILES SON EL BLANCO PREFERIDO

El reloj de José Miguel Beñarán marcaba las 9.36 de la mañana. Era el 20 de diciembre de 1973, y el terrorista, conocido con el sobrenombre de Argala —«el flaco», en euskera— tenía el dedo puesto en el detonador. Tras un largo año de preparativos, en sus manos estaba sacudir el curso de la historia de España. A su objetivo lo habían bautizado con el apodo de Ogro. La bomba estaba colocada en el punto idóneo, en los extremos del túnel en forma de T que Argala y sus compañeros, los demás integrantes del comando Txikia, habían cavado bajo la madrileña calle de Claudio Coello. Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno español, estaba a punto de morir asesinado. ETA lanzaba así, a lo grande, su nueva estrategia para desestabilizar al régimen, aprovechando las facilidades de una urbe como Madrid para que los terroristas pasasen inadvertidos.

Las declaraciones de los miembros del comando Txikia describen minuciosamente los preparativos. El acercamiento entre los dirigentes de ETA y los del Partido Comunista de España fue el germen del atentado, y los apoyos logísticos de organizaciones entonces clandestinas, vitales para culminar con éxito sus planes. Estas organizaciones fueron las que facilitaron en 1972 los informes sobre las rutinas que seguía Carrero Blanco: todas las mañanas, poco antes de las nueve de la mañana, abandonaba su casa en la calle Hermanos Bécquer para ir a misa en la iglesia de los jesuitas, ubicada entre las calles Serrano, Claudio Coello, Diego de León y Maldonado. El plan inicial era el secuestro, tal y como ya se había hecho con el cónsul alemán en San Sebastián, Eugen Beihl-Schäffer, y el industrial Lorenzo Zabala. Con el almirante Carrero Blanco —quien en 1972 ostentaba la vicepresidencia del Gobierno— en su poder sería más fácil exigir la liberación de un centenar y medio de presos políticos, todos los encarcelados con condenas superiores a los diez años de cárcel. Los relatos de los terroristas y las diligencias policiales reflejan las intenciones de los etarras:

Después de varias jornadas de seguimiento, el comando desplazado a Madrid observó que el arresto del vicepresidente del Gobierno español no ofrecía obstáculos insalvables. En un mes el informe para el secuestro de Luis Carrero Blanco estaba terminado. En marzo de 1973 solo faltaba retocar algunos aspectos de la infraestructura en Madrid, y determinar el lugar donde sería escondido el Ogro.

Cuando ya estaba todo planeado, hubo dos percances imprevistos que echaron a perder la operación. El local en el que tenían previsto retener a Carrero Blanco fue asaltado por dos ladrones; ETA había alquilado el espacio con documentación falsa y los terroristas abandonaron el refugio para no levantar sospechas. Además, el almirante había sido nombrado presidente del Gobierno en junio de 1973, lo que alteró sus costumbres habituales y reforzó su protección policial. La información recopilada en el último medio año era, no obstante, demasiado valiosa como para desestimarla. Los integrantes del comando Txikia asistieron a la primera parte de la VI Asamblea que ETA celebró en Itxassou, al sur de Francia, y después regresaron a Madrid. Fue entonces cuando los dirigentes de la organización les dieron la orden, que fue recibida así por el comando:

Al poco tiempo la Dirección de ETA comunicaba a los integrantes del comando Txikia que si no existían condiciones para el arresto del Presidente del Gobierno español se desistiese en el proyecto, y se confeccionase otro nuevo pensando en la ejecución del almirante. A todos nos dolía tener que abandonar aquella posibilidad de liberar a tantos militantes. Pero habíamos hecho todo por conseguirlo y se veía que no era posible; tal y como estaba la vigilancia hubiera sido una locura. Renunciamos pues definitivamente, y nos pesó, lo repito, nos pesó mucho que conste, y nos dispusimos a trabajar en la Operación Ogro pero con vistas a la ejecución. Claro que esta vez no partíamos de cero.

La explosión fue el medio elegido por los terroristas. El 15 de noviembre alquilaron un sótano a la altura del número 104 de la calle Claudio Coello y excavaron pacientemente el túnel donde colocarían la carga. El 17 de diciembre, el comando Txikia, en un alarde de profesionalidad, realizó un simulacro completo de cómo llevarían a cabo el atentado. Las interferencias que las luces de los semáforos provocaban en el dispositivo eléctrico de la detonación y la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos Henry Kissinger obligaron a posponer los planes hasta el 20 de diciembre. Es entonces cuando nos encontramos a Argala con el dedo en el detonador. Sus compañeros, Francisco Javier Larreategui, Atxulo, y Jesús Zugarramurdi Huici, Kiskur, disfrazados de electricistas, han estacionado un vehículo en doble fila para estorbar el paso de la comitiva oficial y se han colocado en los puntos acordados. Uno de ellos relató de este modo el asesinato del entonces presidente del Gobierno, tras asistir a su última misa:

Vi los dos coches que venían, el suyo (un Dodge Dart) y el de escolta. En la calle Juan Bravo tuvo que esperar a que pasara algún coche que iba en dirección a Serrano. Allí paró, pasó el coche, venía suave, suave, y cuando llegó a Maldonado estaba pasando una señora con una niña, cruzando esa calle. Allí volvió a parar. Llegó a la altura del coche nuestro y yo le dije al compañero: «¡Ahora!». No vi el coche, pero vi que subía el suelo. Hizo un ruido sordo... Primero hubo un instante, cuando este (Argala) apretó, en que parecía que no pasaba nada, unas décimas de segundo que son como años. Hizo un ruido, buuummm, pero muy suave, y de pronto vi que todo el suelo se abría, subía, y una nube negra que llegaba hasta los tejados. Empezamos a gritar: «¡Gas, gas!».

El coche de Carrero Blanco saltó una altura superior a los cinco pisos y cayó en el patio interior de la Casa Profesa de los Jesuitas, contigua a la iglesia. En la calle se abrió un cráter de grandes dimensiones. Los terroristas lograron escapar y ETA reivindicó el atentado, inicialmente atribuido a una explosión de gas. La banda terrorista, en una demostración de fuerza, acreditó sus capacidades y su intención de golpear al mismo corazón del Estado. La imagen del atentado, que les sirvió para dejar patentes su atrevimiento y su determinación, dio la vuelta al mundo. El 26 de diciembre, ETA celebró una conferencia de prensa en Burdeos para hacer creer a las autoridades que los autores del crimen ya habían cruzado la frontera. Este hecho no ocurriría realmente hasta finales de enero de 1974, cuando Eva Forest —miembro del PCE que había colaborado con los etarras en la logística de la Operación Ogro— ayudó a Argala y sus compañeros de comando a llegar hasta Hendaya vía lancha motora desde Fuenterrabía.

El magnicidio era ya un hecho consumado, pero desde las filas del PNV aún se negaban a aceptar que ETA, a pesar de las reivindicaciones, estuviera detrás del atentado. Jesús María de Leizaola, presidente del Gobierno vasco en el exilio y máxima autoridad de los jeltzales, consideró que una acción así era «impropia del hombre vasco». Además, Leizaola no estaba al tanto de los planes de Argala y sus compañeros, por lo que se negaba a reconocerlos. Aquella voluntariosa interpretación del PNV no hizo otra cosa que demostrar la mayoría de edad de ETA, que actuaba de manera autónoma y sin informar a quienes hasta hacía unos años habían sido sus padres ideológicos, la jerarquía del PNV.

El asesinato del almirante Carrero Blanco hizo temblar los cimientos del aparato institucional de Franco, que a los pocos días nombró a Carlos Arias Navarro presidente del Gobierno. En amplios sectores de la oposición política se generaron debates en torno al atentado. No faltaron quienes aplaudieron la desaparición del ideólogo del franquismo en la sombra, el encargado de gestionar la transición tras la muerte de Franco. Para ETA, la Operación Ogro supuso un éxito en el terreno de la estrategia y la propaganda, pero los terroristas no lograron uno de los objetivos perseguidos con la acción: la represión indiscriminada del Estado.

Surgían ya entonces voces que abogaban por poner fin a la existencia de ETA a través de una amnistía general, pero ¿estaba ETA dispuesta a desaparecer? Aunque el tiempo ha dado la respuesta a esta pregunta, a mediados de los años setenta era un planteamiento que se extendía tanto en España como entre la comunidad internacional, liderada por una Francia que no facilitaba la extradición de los miembros de ETA, a los que consideraba exiliados políticos. En el seno de la organización terrorista, mientras tanto, se planteaba otro debate: cómo asestar el próximo gran golpe al Estado tras el asesinato de Carrero Blanco.

Desde el punto de vista del mundo abertzale radical, la Guardia Civil representaba el brazo mejor armado del régimen. Y por eso ETA dirigió aún más sus energías contra el instituto armado. El atentado que tres etarras perpetraron el 3 de abril de 1974 era toda una declaración de intenciones. Los miembros del comando, tras llegar a Fuenterrabía en barco desde Francia, asesinaron a su objetivo en Azpeitia. El cabo Gregorio Posadas Zurrón fue la primera víctima de ETA que formaba parte del Servicio de Información de la Benemérita. Los asesinos, tras cometer el crimen, huyeron en motocicleta y después se escondieron en Francia, que ya funcionaba como retaguardia segura para los terroristas. El de 1974 sería un año duro para los guardias civiles. Tras el asesinato del cabo Posadas no tardarían en sumarse otros nombres, como el del guardia civil Manuel Pérez Vázquez. El 3 de junio de 1974 detuvo a tres jóvenes que resultaron ser miembros de ETA; uno de ellos, Miguel Ángel Apalategui Ayerbe, Apala, le disparó mientras otro de sus compañeros le enseñaba la documentación. Poco después, en septiembre, moriría otro agente, Martín Durán Grande, en un tiroteo. El relato de la Guardia Civil detalla el hecho, que tuvo lugar en Bilbao:

El 10 septiembre de 1974, varios miembros de ETA se introducían en España desde Francia a través del río Bidasoa, siendo sorprendidos por agentes de la Guardia Civil cerca de la Isla de los Faisanes. Al ser descubiertos abrieron fuego y se escondieron en un monte, donde pudo ser detenido uno de ellos. Con la información que obtuvieron tras la detención del etarra se localizó un piso en la calle Doctor Areilza de Bilbao, que la Guardia Civil sospechaba que podría estar siendo utilizado por otros miembros de ETA. En la mañana del día siguiente efectivos policiales entraron en el piso y detuvieron a la etarra María Dolores González Cataraín, alias Yoyes. Poco después, mientras los agentes registraban la vivienda, llegaron otros dos miembros de la banda terrorista. Uno de ellos, José Antonio Inchaustegui Elizondo, fue detenido, mientras que el otro, Juan José Urcelay Imaz, emprendió la huida seguido por el guardia civil Martín Durán Grande. El etarra, en su fuga, disparó contra el agente, que recibió dos disparos, uno en el vientre y otro en la pierna izquierda. Martín Durán Grande, pese a estar gravemente herido, prosiguió la persecución de Urcelay Imaz, desplomándose en el suelo ya en la calle, y falleciendo con posterioridad. Horas más tarde, la Guardia Civil localizó otro piso de la banda en el barrio de Zorroza de Bilbao, donde sospechaban que se había escondido el presunto autor de los disparos que hirieron a Martín Durán. Cuando intentaron detenerlo se entabló otro tiroteo en el que el miembro de ETA Urcelay Imaz resultó muerto. Además, un segundo etarra y otros dos guardias civiles resultaron heridos de diversa consideración.

Un mes después, en San Sebastián, tuvo lugar otro suceso similar. El sargento Jerónimo Vera García —que iba acompañado del guardia civil Tránsito Jubete Roja— murió tras ser alcanzado en un tiroteo con el etarra Ignacio Iparraguirre Aseguinolaza, Iporra. Este último también murió días después, tras resultar herido en el episodio. En estas situaciones se visualizaba otro hecho dramático que contribuía, y no poco, al desánimo y desesperación de los agentes destinados en «el Norte»: el contraste entre los multitudinarios y grandiosos entierros de etarras muertos y los desangelados y fríos de los guardias civiles asesinados, donde además se castigaba con la soledad y abandono a las familias, casi siempre de origen humilde. En diciembre, esta vez en Mondragón, fueron asesinados los guardias civiles Luis Santos Hernández y Argimiro García Estévez.

Las seis muertes de guardias civiles que tuvieron lugar en 1974 a manos de ETA no fueron fortuitas. Eran el reflejo de la escasa preparación y los pocos e ineficaces medios de los que disponía el instituto armado en su lucha contra el terrorismo. Además, los agentes destinados en el País Vasco y Navarra ya sufrían el aislamiento del entorno social. Las relaciones con él eran escasas y sus familiares tenían que ocultar su condición de mujeres o hijos de guardias civiles. Se sufría una absoluta marginación que era más extrema cuanto más pequeño era el pueblo que albergaba al cuartel. Un giro radical, respecto de la época no tan lejana en la que el País Vasco era un destino incluso disputado entre los guardias civiles, que en una sociedad con buen nivel de vida y baja delincuencia buscaban, en no pocos casos, un destino tranquilo para pasar los últimos años de servicio previos a la jubilación. Un capitán retirado del cuerpo recuerda, en cambio, cómo era su vida en uno de estos destinos en los años setenta:

A partir de los años 1973-1974 la amenaza se percibe ya claramente, y empieza la procesión de guardias civiles asesinados por ETA en el Hospital Militar de Vitoria, en la calle comandante Izarduy. Los muertos llegaban desde la Comandancia de Vizcaya y Guipúzcoa principalmente. En muchos casos llegaban oficialmente heridos, para así evitar el trámite del levantamiento del cadáver en el lugar del atentado y la posterior autopsia. Se trataba de un proceso casi mecánico: traían al hospital el cadáver del guardia civil, certificaban su muerte, era amortajado y, casi sin darse cuenta, la familia se encontraba de regreso a su tierra con su ser querido metido en un féretro para enterrarlo a toda prisa. Imperaba el «¡rápido, rápido!» para pasar página cuanto antes, casi avergonzándose, y volver a la rutina esperando el siguiente asesinato. El sentimiento que tienen hoy los guardias civiles de aquella época es de absoluta tristeza al recordar el abandono al que el mismo cuerpo sometía a sus miembros fallecidos y sus familias. Daba la sensación de que las instituciones sintieran vergüenza, o deseo de ocultación de aquellos dramas. Eran los años en los que se oía aquello de «algo habrá hecho» cuando un guardia civil era asesinado, y en los que se asumía con naturalidad el chascarrillo de que el guardia civil era el río más largo de España, porque nacía en Úbeda y moría en el País Vasco.

Este rosario de muertes de guardias civiles fortalecía a la banda terrorista, convencida de que el instituto armado era la herramienta esencial de la represión del franquismo. En el entorno radical abertzale se percibía cada uno de estos crímenes como un paso más en la lucha contra el régimen. Pero en la cúpula de ETA comenzaban a aflorar las primeras fracturas, que terminaron por estallar con los acontecimientos que tuvieron lugar en septiembre de 1974.

Tras el asesinato de Carrero Blanco, la sociedad asistía a la caída de otros gobiernos y juntas militares, como en Portugal —con su Revolución de los Claveles— y en Grecia; fenómeno este que ni se daba ni se esperaba en España, con un Franco ya anciano pero que continuaba rigiendo la escena política con mano firme desde El Pardo. ETA se propuso entonces atraer de nuevo la atención de la comunidad internacional. Tras desestimar la posibilidad de secuestrar a algún miembro ligado a los estamentos políticos y sociales más elevados —los etarras ven frustrados sus planes sobre Luis Gómez-Acebo, duque de Badajoz y cuñado del entonces príncipe Juan Carlos, así como el plan para secuestrar al conde de Barcelona, don Juan de Borbón, en Cannes—, el foco se coloca de nuevo sobre las fuerzas de seguridad del Estado, cuyos miembros son mucho más accesibles. El escenario elegido para golpear es la cafetería Rolando, en la madrileña calle del Correo, junto a la Dirección General de Seguridad, entonces situada en la antigua Casa de Correos de la Puerta del Sol, hoy sede de la Comunidad de Madrid. El objetivo de la acción era el de acabar con el mayor número de policías, ya que muchos de ellos solían acudir a este establecimiento. El comando que llevó a cabo el atentado lo hizo con información deficiente, sin tener en cuenta todas las circunstancias, y el resultado fue muy distinto al planeado inicialmente: doce personas, ninguna de ellas policía, murieron en la explosión, y más de setenta resultaron heridas (entre ellas un inspector de policía, que se convertiría en la víctima mortal número trece de esta acción al fallecer en 1977 como consecuencia de las secuelas de las lesiones que le causó la bomba).

Ocho personas fueron detenidas, la mayoría de ellas vinculadas al mundo de la cultura. Entre ellas, Lidia Falcón, Alfonso Sastre y Eva Forest, la militante comunista que había ayudado a Argala y sus compañeros de comando a llevar a cabo la Operación Ogro. El fracaso del golpe abrió un cisma en ETA; en la Asamblea convocada tras el atentado y celebrada en Hasparren (Francia) se decide, tras fuertes discusiones, no reivindicar el atentado. Se produjo entonces una fractura interna de la que la banda nunca logró recuperarse. A partir de ese momento, quedaba por un lado la rama militar, ETA (m), minoritaria y más radical, que asumía la «lucha armada» como la principal vía para alcanzar sus objetivos; de acuerdo con sus términos, la organización debía reivindicar y asumir el atentado de la cafetería Rolando «con todas sus consecuencias». Por otro lado, se dibujó la rama político-militar, ETA (pm), que priorizaba la lucha política pero sin renunciar a la violencia y se negaba a reconocer la responsabilidad del golpe de Madrid; en su opinión, la desdichada chapuza de la cafetería Rolando suponía «un descrédito para la línea que había llevado la organización hasta ese momento» y, por tanto, se debía ocultar la paternidad de ETA.

ETA (m), que será la que perdure hasta el final del terrorismo vasco, pondrá en marcha una compleja estructura según la cual la organización terrorista será el brazo armado, mientras que otras nuevas organizaciones abertzales participarán en el juego político. Tras estos asesinatos, ETA realiza una redefinición de sus líneas estratégicas, introduciendo un cambio cualitativo importante en relación a quiénes serán objeto de la actividad terrorista. Sus objetivos dejan de ser partícipes de conflictos sociales o laborales, así como también aquellos a los que consideran «antivascos» o «antirrevolucionarios»; sus esfuerzos se centrarán, mayoritariamente, en las fuerzas de seguridad y en su aislamiento.

Sobre la reivindicación del atentado de la cafetería Rolando, ETA emitió finalmente un ambiguo comunicado en el que, si bien no reconocía expresamente su autoría, dejaba entrever su responsabilidad en la explosión:

La cafetería era un lugar frecuentado por agentes y altos mandos de la Dirección General de Seguridad. […] Constituía un importante centro de contacto y conexión entre la policía y sus redes de confidentes, colaboracionistas y soplones. […] No todo es perfecto y limpio en el combate. La Revolución tiene también actos duros, trágicos. La explosión de Madrid, independientemente de quién o quiénes sean sus responsables, constituye el prólogo de un futuro con el que deberíamos encararnos en un plazo no muy lejano.

El atentado, además de la división interna de ETA, tuvo otra consecuencia directa: el surgimiento de grupúsculos violentos a los que les unía su hartazgo por «ver tantos crímenes impunes» de los terroristas, tal y como esgrimieron en sus cartas de presentación. A lo largo de su recorrido adoptaron diferentes nombres, en muchas ocasiones de forma simultánea: Batallón Vasco Español (BVE), Alianza Apostólica Anticomunista (AAA), Antiterrorismo ETA (ATE), Acción Nacional Española (ANE), Grupos Armados Españoles (GAE), Guerrilleros de Cristo Rey, Comandos Antimarxistas o simplemente «incontrolados», término con que se aludía, entre otros, a miembros de las fuerzas de seguridad que actuaban por su cuenta. «Emplearemos contra ellos las armas que ellos utilizan para matar inocentes», sostenían. Prácticamente desaparecieron en 1982.

Varios familiares de destacados miembros de ETA resultaron muertos por la acción de estos grupos o grupúsculos; el primero de ellos fue Ignacio Etxabe Orobengoa, hermano de dos dirigentes de ETA exiliados en Francia. Se especuló entonces, y también años después, sobre la creación de esos grupos por parte de los servicios de inteligencia del Estado (entonces SECED: Servicio Central de Documentación), sin hallarse nunca ninguna prueba concluyente para adjudicar esa paternidad. El hecho cierto es que la mayoría de los atentados que se produjeron durante esa época contra los etarras, sus familiares o los simpatizantes no fueron esclarecidos por la justicia, al igual que tampoco la mayor parte de los atentados de ETA coetáneos.

Además de todos estos grupúsculos, las fuerzas de seguridad del Estado constataban —y sufrían— el nacimiento de otras organizaciones que, inspiradas en otros escenarios mundiales y en la propia ETA, aspiraban a imponer sus ideas políticas a través de la violencia. El Partido Comunista, tras haber desistido de la lucha armada contra el régimen décadas atrás, a la vista de la fallida experiencia del maquis, se lanzó a la calle protagonizando algunos enfrentamientos callejeros con la Policía Armada; un agente murió en los altercados de mayo de 1973. Ese mismo año nació el FRAP, Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, constituido en noviembre de 1973. Once de sus miembros fueron detenidos tras una oleada de asesinatos a policías, juzgados en un consejo de guerra en Burgos, y tres de ellos, condenados a muerte. De nuevo, la reacción ofuscada de un régimen que ya agonizaba. El mundo entero, con voces tan caracterizadas para Franco como la del papa Pablo VI, se pronunció contra la decisión y pidió que se revisaran las condenas. Los tres miembros del FRAP, no obstante, fueron ejecutados el 27 de septiembre de 1975 junto a otros dos terroristas de ETA. Tres años después desaparecía por completo aquel grupo terrorista.

Los Grupos Revolucionarios Antifascistas 1.º de Octubre, los GRAPO, asesinaron en octubre a cuatro agentes de la Policía Armada; según afirmaron, en represalia por los fusilamientos de Burgos. Su actividad se prolongará durante los años posteriores, aunque sus últimas y más cualificadas cúpulas dirigentes serán neutralizadas en operaciones policiales llevadas a cabo por la Guardia Civil en Francia en los años 2000 y 2002, lo que los privará de su capacidad operativa.

Todas esas siglas convivían en violenta barahúnda durante los últimos días de vida del general Francisco Franco. Su agonía se prolongó durante semanas, hasta que el 20 de noviembre de 1975 se hizo oficial su defunción. Con su muerte se sellaban casi cuarenta años de régimen autoritario y se abrían demasiadas incógnitas. El modelo político que adoptaría finalmente España y con qué espíritu se asumiría la inevitable transición resumían la mayoría de ellas.

El Gobierno de Arias Navarro, primero de la monarquía de Juan Carlos I, emprendió tras la muerte del dictador algunas reformas, aunque con un propósito esencialmente continuista del franquismo. La opinión pública, cuyas expectativas hacia la nueva época eran muy superiores, quedó decepcionada y, acosado por una enorme presión social, el presidente optó por dimitir meses después de la muerte de Franco. Tras numerosas negociaciones, Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, consiguió que se incluyese como candidato en las ternas a Adolfo Suárez, quien asumió la presidencia del Gobierno en julio de 1976. Este nombramiento fue mal visto por la oposición, que consideraba a Suárez poco capacitado para ejercer ese papel, además de haber sido secretario general del Movimiento, el partido único de la dictadura, en el periodo 1975-1976. Suárez constituyó un Gobierno de rostros poco conocidos, con el general Manuel Gutiérrez Mellado como vicepresidente. Este ejecutivo concedió una amnistía que liberó a unos cuatrocientos presos políticos. Suárez, además, impulsó la ley de Reforma Política, derogatoria de las leyes fundamentales de Franco, y aprobó la legalización del Partido Comunista. Las primeras elecciones generales quedaron fijadas para junio de 1977.

ETA era testigo de todo este proceso desde la cautela. En el ideario de la banda se sostenía que, para la consecución plena de sus objetivos, la Transición, lejos del modelo que se estaba adoptando, debía ser rupturista. Entre 1975 y 1976 ajusta su maniobra y define una serie de estrategias para dinamitar el proceso reformista que se avecina. La rama militar de ETA se estructurará como un movimiento completamente clandestino. Al mismo tiempo surge un entramado político y social que le servirá de cantera y altavoz, y en el que bajo el patrocinio de la propia ETA y de la coordinadora KAS (Koordinadora Abertzale Sozialista) se integrarán o crearán en lo sucesivo organizaciones políticas (Herri Batasuna, o HB), juveniles (Jarrai) y sindicales (LAB). Desde la cúpula de la organización se empieza a observar que la derrota del Estado va a resultar imposible, por lo que se asume la estrategia de la negociación. Las propuestas de la banda terrorista se recogen en la Alternativa KAS: integración de Navarra en el País Vasco, salida de las fuerzas de orden público y el Ejército de Euskal Herria, la autodeterminación y la mejora de condiciones de vida de la clase obrera.

En esos años, ETA, a través de sus distintos comandos operativos, orquesta una campaña dirigida sobre todo contra los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, aunque también acaba con la vida de varios civiles: un abogado de Basauri (Vizcaya), Luis Carlos Albo, y el diputado provincial de Vizcaya y alcalde de Galdácano, Víctor Legorburu. Durante la primavera, de 1975 se produce una serie de acontecimientos con los que ETA incrementa su lista de víctimas. En abril de 1975 asesinó a un agente de Policía; en mayo, en Guernica (Vizcaya), al guardia civil Andrés Segovia Peralta; y el mismo día en que se encontraba instalada la capilla ardiente, un comando mató a otro inspector de Policía. Las investigaciones derivadas del crimen contra el guardia civil originaron una operación en la que el teniente del cuerpo Domingo Sánchez Muñoz fue abatido por los terroristas. En junio, el agente de la Benemérita Mariano Román Madroñal es asesinado en el tren Bilbao-San Sebastián y un compañero resulta herido. A toda esta convulsión que marcó el transcurso del año hay que sumar las numerosas detenciones que la Policía y la Guardia Civil realizaron en el verano de 1975: una veintena de miembros de ETA (pm) fueron arrestados y tres terroristas resultaron muertos en enfrentamientos con los cuerpos policiales. La colaboración de un infiltrado en ETA, Mikel Lejarza, Lobo, fue decisiva para desmantelar estos comandos.

Mikel Lejarza fue captado a finales de 1973 para infiltrarse en la banda terrorista ETA; se trataba de un joven vasco que hablaba el euskera y además se movía en los ambientes abertzales. A lo largo de 1974 transcurre el tiempo de preparación y acercamiento a ETA, hasta que en los primeros meses de 1975 contacta con Javier Zarrabeitia, Fanfa (en aquella época jefe del comité ejecutivo de ETA), que es quien le presenta a José Ignacio Zuloaga Etxebeste, Smith, jefe de ETA en la zona de Vizcaya. La infiltración de Lobo desde la perspectiva del tiempo fue una gran operación. La ingenuidad de ETA, que no podía concebir que un vasco, uno de los suyos, le traicionara permitió que Lobo, «un chico vasco conocido», pudiera llegar hasta la cocina de un grupo terrorista.

El diseño y la aproximación de la primera fase fueron perfectamente concebidos y ejecutados; todo comenzó de forma rápida y Mikel Lejarza empezó a pasar información a través de dispositivos seguros y contrastados a los agentes de la lucha antiterrorista. La detención de Javier Zarrabeitia supone que delate en un interrogatorio la pertenencia de Mikel Lejarza a ETA, y ello provoca que huya a Francia (el objetivo deseado por sus responsables policiales), ahí es donde da uno de los pasos trascendentales en la labor de infiltración reuniéndose en San Juan de Luz con Iñaki Pérez Beotegui, Wilson, y algunos otros, y donde le informan de que a partir de ese momento pasaría a formar parte de unos comandos especiales. El gran golpe en el diseño de la operación fue la creación de la cobertura que mantuvo Mikel Lejarza, insistiendo en que gracias a su trabajo de decorador tenía muchos contactos con arquitectos en diferentes zonas de España como Madrid y Barcelona, y que estos contactos se podían aprovechar para los fines de ETA. Esto le permitió que el siguiente paso fuera el nombramiento por parte de ETA como responsable de infraestructura en esas ciudades.

En julio de 1975, Lobo es enviado a Madrid, donde prepara varios pisos y coches facilitados por el SECED; en estos pisos se ocultaron destacados dirigentes de ETA, con lo cual todos sus movimientos fueron controlados. A finales de julio, para financiar la operación de la fuga de la cárcel de Segovia, los miembros de ETA que se encontraban en Barcelona atracaron un banco en el que, tras un tiroteo, resultó muerto un policía y detenidos los miembros de ETA Wilson y Juan Paredes Manot, Txiki. Justo al día siguiente en Madrid, cuando Mikel Lejarza, acompañado de tres miembros de ETA, se dirigía a comprar una multicopista para preparar carnés falsificados, ocurrió un incidente con la Policía en pleno centro de Madrid, que acabó con la muerte de un terrorista y la detención de los otros dos, consiguiendo huir Lobo. Tras estas detenciones, y gracias a las informaciones aportadas por él, se suceden diversas detenciones en Barcelona y Madrid, pero el golpe más importante se desarrollará en Galicia, donde se desarticula toda la infraestructura de ETA tras intervenciones en Lugo, La Coruña, Ferrol y Santiago de Compostela el 12 de agosto; varios miembros de ETA son detenidos y uno resulta muerto. A partir de ese momento, los dirigentes de ETA empiezan a dudar de la verdadera identidad de Lobo y en Madrid algunos dirigentes de la banda como Iñaki Múgica Arregui, Ezkerra le someten a un duro interrogatorio. Lobo informa a sus jefes del SECED de dicho suceso y estos deciden actuar: en la madrugada del 18 al 19 de septiembre, las fuerzas antiterroristas entran en acción y detienen en Madrid y Barcelona a destacados terroristas. De esta forma, la cúpula de ETA sufriría un duro golpe, de sus diez integrantes, siete fueron detenidos. Además, se detuvo en el País Vasco y resto de España a otros 158 miembros de ETA, de los cuales tres resultaron muertos. Poco tiempo después, en el sur de Francia, aparecerían numerosos carteles y fotos de Mikel Lejarza / Lobo acusándole de haber traicionado al Pueblo Vasco y poniendo precio a su cabeza.

Las informaciones que Mikel Lejarza facilitó sobre la estructura de ETA fueron especialmente útiles para desarticular y descabezar la organización. Pero si algo aprendió el infiltrado durante todo el tiempo que permaneció integrado en las filas de la banda terrorista fue la estrategia que desde su interior se había diseñado para favorecer su supervivencia: cada uno de sus comandos funcionaba de forma estanca, sin apenas información de quiénes componían y cómo operaban otros grupos. Las órdenes siempre se distribuían de arriba hacia abajo, con una cadena de mando que reproducía el modelo de otras organizaciones clandestinas internacionales. Entre las órdenes que dio la cúpula de la banda y que fueron asumidas por cada uno de los terroristas figuraba la de atentar con la ikurriña. Esta bandera, diseñada por Luis Arana —hermano de Sabino Arana, fundador del PNV—, no tardó en ser asumida por ETA, que la empleaba como reclamo y ariete en su lucha contra el franquismo. La reacción del Estado ante cualquier ikurriña siempre era la misma, su retirada inmediata al representar un símbolo ilegal. Y a la dirección de la banda terrorista, que conocía este automatismo, se le ocurrió la artimaña de emplear la bandera como un arma, en su sentido más literal. El 5 de octubre de 1975, una dotación de la Guardia Civil acudió al Santuario de Aránzazu a retirar una ikurriña que había sido desplegada la noche anterior. Los agentes tomaron las medidas de precaución necesarias y encontraron, adherido a la bandera, un paquete lleno de arena. En su camino de regreso a Mondragón, y a apenas un kilómetro de distancia del santuario, un comando de ETA accionó un artefacto explosivo instalado en un talud. Los agentes Esteban Maldonado, Jesús Pascual y Juan Moreno murieron en el acto. Sus cuerpos quedaron totalmente destrozados. Los otros dos agentes resultaron gravemente heridos, aunque salvaron la vida. El atentado, el más cruento que ETA había realizado hasta el momento contra la Guardia Civil, abrió el camino de innumerables acciones con un procedimiento similar.

El año 1976 arrancó también con un reguero de sangre verde. El 17 de enero, el guardia Manuel Vergara murió al estallar otro artefacto adherido a una ikurriña que trataba de retirar en el túnel que une las localidades de Ordicia y Beasain. Dos meses más tarde, el agente Miguel Gordo fue asesinado al intentar quitar otra bandera en Baracaldo; en esta ocasión, los terroristas enchufaron un cable de alta tensión y la víctima murió electrocutada. Poco después, en mayo de ese mismo año, el cabo Antonio de Frutos resultó afectado de lleno por una explosión cuando volvía al cuartel de Legazpia para informar de la aparición de otra ikurriña en un embalse próximo. Los atentados con banderas se convirtieron en costumbre y procedimiento recurrente para ETA. Con ellos no solo conseguían asesinar, sino que ponían un mayor énfasis en su mensaje propagandístico: los guardias civiles eran asesinados porque trataban de retirar algo que para ellos suponía un símbolo de libertad, algo sagrado. La sociedad vasca, sobre todo en ciertos enclaves, se revolvía contra las actuaciones de los agentes del instituto armado, tal y como ocurrió en la localidad alavesa de Aramayona:

El día 4 de enero de 1977 fue explosionado por artificieros de la Guardia Civil un artefacto explosivo colocado junto a una ikurriña de grandes dimensiones en la cruz ubicada en un monte del término municipal de Aramayona (Álava). De la bandera instalada en la cruz pendían cables conectados a dos paquetes. […] Ante la imposibilidad de desactivar la carga sin riesgo para los artificieros, se procedió a explosionarla ocasionando la destrucción de la base de la cruz, siendo derribada la misma. Esta cruz había sido construida en 1935, durante la República y, respetada durante la Guerra Civil, tenía un gran valor sentimental entre los habitantes de Aramayona. Este hecho dio lugar a que, al día siguiente, unas seiscientas personas, encabezadas por su alcalde, se manifestaran frente al cuartel, profiriendo insultos contra la fuerza, degenerando más tarde en intento de asalto al inmueble. La plantilla del puesto era de un sargento, un cabo y 6 guardias civiles, y en aquel día el guardia civil Pedro Chaparro Virón recuerda que había sido reforzada con otros 15 componentes del Núcleo de Reserva de Vitoria, en previsión de incidentes. A primera hora de la tarde vieron acercarse a la multitud, y en principio pensaron en soltar a los perros, cosa que no hicieron ya que eran peligrosos, sobre todo uno de ellos que se tiraba a morder las partes blandas. Cuando estaban debatiendo cómo hacer frente a aquella situación, el guardia de Puertas, al ver que los manifestantes pretendían entrar por la fuerza al cuartel, efectuó un disparo al aire con su fusil CETME, siendo secundado por disparos intimidatorios de otros compañeros, y consiguiendo de este modo disuadir a los asaltantes.

Al día siguiente se celebró un pleno municipal, con el salón del ayuntamiento abarrotado de vecinos, en el que se tomó el acuerdo de «condenar el hecho vandálico de la voladura de la cruz de Tellamendi, sin precedentes en la historia de Aramayona». Asimismo, el alcalde mostró su propósito de realizar las obras precisas para dejar reconstruido el monumento en las mismas condiciones en que se encontraba anteriormente. […] Apenas dos semanas después del suceso era legalizada la ikurriña. Todo lo ocurrido acentuó la ya de por sí difícil situación que vivían los guardias civiles del puesto de Aramayona. La marginación que sufrían, especialmente a raíz del suceso narrado, es descrita con todo detalle por el teniente coronel Francisco Reig García, jefe de la Comandancia, en el informe que elevó a la superioridad, con fecha 27 de septiembre de 1977, solicitando la supresión del puesto. Finalmente, fue cerrado mediante telegrama de 27 de abril de 1978. A las 11.00 horas del día 3 de mayo de 1978, el capitán Antonio Campos hizo entrega del inmueble y las llaves del mismo precisamente a su alcalde, que tanto había contribuido a incrementar la tensión entre la población y la Guardia Civil.

Muchos años después, Mario Onaindía, uno de los primeros miembros de ETA, que además estuvo enjuiciado en el sumario de Burgos, llegará a afirmar que si alguna vez los vascos conocen la paz «será en buena medida gracias a la Guardia Civil, porque este cuerpo no ha respondido con el “ojo por ojo, y diente por diente” a los atentados terroristas, y porque ha hecho gala de una disciplina heroica, no pocas veces entre la incomprensión de aquellos a quienes defendía precisamente». Los hechos de Aramayona son uno de los primeros ejemplos.

Los guardias civiles que salvaguardaban las fronteras del País Vasco y Navarra con Francia desempeñaban su labor con esa dificultad añadida, la de una población local que en muchos casos se rebelaba contra su presencia. La presión era asfixiante y su día a día estaba marcado por el aislamiento social que ya se imponía sobre los miembros de la Benemérita y sus familias. Pero el despliegue en estas zonas era uno de los pilares de la lucha contra el terrorismo, tal y como quedó reflejado en los acontecimientos del 5 de abril de 1976, con la fuga de 29 presos de la prisión provincial de Segovia. Los reclusos lograron salir de la prisión en apenas media hora, tras una planificación que les había llevado meses. Lo hicieron a través del túnel que habían cavado en los aseos del patio principal, que conducían directamente al alcantarillado. A la salida de este, un comando de ETA, encabezado por Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros, recogió a los presos, todos ellos con penas que iban desde los veinte hasta los treinta años, repartieron entre los fugados 600.000 pesetas, 6 metralletas Stein y 8 pistolas, y los trasladaron a bordo de un camión cargado de madera, en un doble fondo, a una granja ubicada entre las localidades navarras de El Espinal y Burguete, punto que alcanzaron a las 23.30 de la noche. Allí debían encontrarse con otros dos miembros de ETA que tenían que ayudarles a pasar la frontera, pero estos últimos nunca acudieron a la cita. Pasada la una de la madrugada, ya del día 6 de abril, los fugados emprendieron a pie el camino hacia Francia. A los quince minutos se toparon con una patrulla de la Guardia Civil en vigilancia de fronteras, que les dio el alto. Acto seguido se produjo un tiroteo, en el que resultó herido un miembro de ETA, y que provocó la desbandada de todo el grupo. Durante las horas posteriores se desplegaron varias dotaciones del cuerpo por la zona, lo que dio lugar a diversas escaramuzas con los fugados. En una de ellas resultó malherido el independentista catalán Oriol Solé, quien moriría horas después. Durante el mismo día 6 fueron detenidos la mayoría de los presos; muchos de ellos, agotados y desmoralizados por el fracaso del plan, se entregaron por su propia voluntad. Entre el 7 y el 8 de abril fueron prendidos otros tres miembros de ETA. En total, 25 de los 29 presos fugados de Segovia fueron detenidos, además de tres de los cuatro integrantes de su comando liberador.

Los agentes recuperaron prácticamente todo el dinero que los terroristas habían entregado a los reclusos, además de la mayoría de las armas empleadas en la evasión. En las fotografías del operativo se pueden ver los zapatos que los reos emplearon en su fuga, agujereados y desgastados, así como los bocadillos de sardinas y las mantas que los agentes repartieron entre los detenidos. Fracasaba así, por segunda vez, el intento de ETA para liberar a sus presos, tras la imposibilidad de secuestrar a Carrero Blanco y canjearlo por todos los terroristas encarcelados. Nunca volvería a emprender una fuga a gran escala tras el descalabro de este intento, conseguido gracias a los guardias civiles del Pirineo navarro, donde no era la primera vez que se producían incidentes armados: medio siglo atrás, ya les había tocado vérselas con activistas anarquistas, tanto o más resueltos que los etarras, que trataban de cruzar por la frontera navarrofrancesa.

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DE ANTIFRANQUISTA A INDEPENDENTISTA

ETA quiso dejar claras sus intenciones desde el primer momento. La muerte de Franco, las débiles reformas impulsadas por Arias Navarro y los preparativos de Adolfo Suárez para las elecciones generales de 1977 no eran suficientes, ni mucho menos, para dar por cumplidos sus objetivos; pero la nueva situación la obligó a recalibrar sus argumentos. A la banda terrorista ya no le valía erigirse como estandarte contra el régimen, ya desaparecido, y alzó una nueva bandera: la de la independencia de Euskal Herria. Un propósito diferente, pero la misma forma de actuar. El asesinato como medio para alcanzar sus fines y hacer oír su voz en medio del bullicio de las primeras fases de la Transición.

La posibilidad de la instauración de un régimen democrático en España se hacía cada vez más patente y ETA debatía cuál sería su papel en el nuevo escenario político. La VII Asamblea celebrada por la organización —en septiembre de 1976, en la localidad francesa de Saint Palais— estuvo marcada por el mal ambiente entre el centenar de militantes que asistieron al encuentro. Sí hubo un punto en común: la creación de un partido político abertzale impulsado desde ETA (pm) y la separación de su actividad política y la armada, pero siempre supeditando la primera a la segunda.

El Gobierno de Adolfo Suárez, por su parte, tendió los puentes para tratar de integrar a ETA y a su base social en el nuevo escenario político de esa nueva España. En noviembre de 1976 se celebra en Ginebra una reunión entre un militar de los servicios de inteligencia españoles y responsables de ETA. Un mes después se celebra un segundo contacto, esta vez con representantes de las dos ramas de la banda terrorista. ETA (pm) fue receptiva a las propuestas de reformas políticas planteadas por Suárez, pero no así ETA (m), que se ratificó en la necesidad de mantener la violencia para la consecución de sus objetivos. Y ese argumento quedó plasmado en hechos, es decir, en nuevos asesinatos.

Un conductor de autobuses en Deba, un guarda jurado en Hernani, tres taxistas en Usúrbil, Legutiano y Guetaria, un mecánico en Cizúrquil, un inspector de autobuses en Lezo, un obrero en Placencia, un jefe local del Movimiento en Basauri y un policía municipal de Irún son asesinados entre los años 75 y 77 bajo la vaga e inconcreta acusación de ser colaboradores del régimen o de las fuerzas de seguridad. En noviembre de 1975, ETA dinamitó el duelo oficial impuesto tras la muerte de Franco con el asesinato del alcalde más joven de Guipúzcoa, Antonio Echeverría Albisu, en su casa de Oyarzun, y en la misma provincia perpetró su atentado más sangriento hasta esa fecha —4 de octubre de 1976— al asesinar al presidente de la Diputación, Juan María Araluce Villar, a su chófer y a los tres policías que le prestaban servicio de protección. Un año después, el 8 de octubre de 1977, fue asesinado el presidente de la Diputación de Vizcaya, Augusto Unceta Barrenechea, en un crimen muy similar al de Araluce, en el que también murieron los dos guardias civiles que le protegían, Antonio Hernández y Ángel Rivera.

Los guardias Hernández y Rivera no fueron los únicos miembros del cuerpo asesinados durante esos meses por ETA, pues seguía centrando sus esfuerzos en golpear al instituto armado y minar con ello la moral de sus integrantes. Constantino Gómez perdió la vida el 13 de marzo de 1977 tras ser atacado por dos individuos con escopetas repetidoras cuando regresaba a su puesto de Mondragón en compañía de otros agentes. Ese mismo año, el sargento Antonio Galán se topó en la sucursal del Banco Hispano Americano de Tolosa con varios atracadores que resultaron ser miembros de ETA. Uno de ellos iba disfrazado de guardia civil. Tras un intercambio de disparos, Galán resultó herido y fue rematado en el suelo.

Para sostener esta actividad, la banda terrorista necesitaba una fuente de ingresos superior a la que le proporcionaban los atracos. La respuesta a esa necesidad la encuentran en los secuestros, fundamentalmente de industriales del País Vasco. El 18 de marzo de 1976, un comando bereziak —«especial», en euskera— secuestró a la salida de su empresa a Ángel Berazadi, director de la fábrica de máquinas de coser Sigma. Los secuestradores pidieron doscientos millones de pesetas para su liberación, en unas negociaciones en las que tuvo participación destacada el dirigente del PNV Xabier Arzalluz. Tras retenerlo durante veinte días, Miguel Ángel Apalategui Ayerbe, Apala, ordena el asesinato del industrial, el primero de un secuestrado.

En mayo de 1977, veinte días antes de la celebración de las primeras elecciones democráticas, otro comando de ETA secuestró en Guecho al empresario Javier de Ybarra y Bergé. Los captores pidieron esta vez mil millones de pesetas y la familia movilizó a sus amistades para reunir la mayor cantidad de dinero posible. Pero los cincuenta millones obtenidos no bastaron y los terroristas mataron a su secuestrado. El cuerpo de Ybarra fue hallado con un disparo en la cabeza el 22 de junio en el Alto de Barazar, en Vizcaya; estaba metido en una bolsa de plástico enganchada a un clavo, con los brazos atados y los ojos vendados. Durante el cautiverio perdió 22 kilos y su estado higiénico era deplorable. Todos estos detalles se ocultaron entonces a la opinión pública con el fin de no promover el rencor contra la banda terrorista en la incipiente democracia española. Una parte importante de ETA (pm) se opuso al crimen, rompió sus lazos con la organización y dirigió sus pasos hacia Euskadiko Ezkerra, su partido recién creado.

Al mismo tiempo, ETA fijó su atención en la central nuclear de Lemóniz, en construcción desde 1972. El proyecto pretendía cubrir, a través de la autosuficiencia que la producción de la central podía proporcionar, el consumo eléctrico de la región, que crecía industrialmente pero con un notorio déficit en cuanto al abastecimiento energético. Las obras se encontraron con la abierta oposición de grupos ecologistas, vecinales y políticos. La organización terrorista, tras analizar el caso, ve en esta causa la posibilidad de recabar el apoyo de la mayoría de la sociedad vasca, a la vez que sostiene sus postulados propagandísticos: la defensa de la tierra vasca ante el inversor capitalista. Encontrará aquí un filón que le reportará una gran victoria popular, y simpatías de múltiples sectores de la sociedad vasca.

ETA conjugó todos estos movimientos violentos con la asistencia a diferentes encuentros con nacionalistas vascos, en los que los etarras trataban de definir la posición que asumirían ante el nuevo juego democrático. La nueva coyuntura exigía el planteamiento de unas nuevas normas y la banda terrorista diversifica sus campos de lucha: el institucional, hueco que ETA llenará con Herri Batasuna; el sindical, que será cubierto por el sindicato LAB; el campo de los partidos políticos, ocupado por HASI y Euskadiko Ezkerra (EE), y el de las asociaciones, que será invadido por Abertzale Sozialisten Komiteak/Comités Patrióticos Socialistas (ASK). Pero no contempla ningún cambio en lo fundamental, la utilización del terrorismo; ETA afirma que «inició la lucha armada porque Euskadi estaba oprimido, y tras las elecciones seguía igual de oprimido».

La dirección de la banda estaba convencida de que la nueva coyuntura política le era favorable, que bastaba una «correlación idónea de fuerzas» para intentar la ruptura sin ofrecer nada a cambio. Esa fue la postura que los dirigentes etarras defendieron en Txiberta, localidad francesa próxima a Biarritz, en la que se reunieron representantes de todas las fuerzas nacionalistas vascas entre abril y mayo de 1977. Telesforo Monzón, antiguo miembro del gobierno vasco que combatió contra Franco, fue el promotor de las conversaciones. A esta cumbre asistieron desde ETA hasta el PNV y en ella se resumieron los principios que debía defender un hipotético bloque nacionalista en el escenario democrático, condensados en un planteamiento fundamental: un País Vasco con Navarra que pudiera caminar hacia la independencia, ejerciendo su derecho a la autodeterminación. Aunque las diferencias entre los participantes eran abismales —el PNV apostaba por participar en las inminentes elecciones generales mientras que ETA (m) rechazaba de plano esta posibilidad—, Txiberta fue la base de una petición conjunta de liberación de todos los «presos políticos» y para que se propiciara la posibilidad del retorno de los exiliados antes de iniciarse la campaña electoral. El documento fue remitido por carta al presidente del Gobierno, Adolfo Suárez; de acuerdo con el testimonio de algunos de los asistentes a la cumbre, Suárez era partidario de la amnistía total, aunque no podía promulgarla por el momento. Al menos, hasta la celebración de los comicios. La dirección de ETA (m) fue terminante en sus intervenciones en la reunión de Txiberta: no solo no participarían en las urnas, sino que el 15 de mayo de 1977 arrancarían una nueva ofensiva terrorista con el objetivo de dinamitar la campaña electoral. Los terroristas cumplieron a rajatabla con aquella advertencia.

Un mes antes de las primeras elecciones democráticas, sembraron todo el País Vasco y Navarra de artefactos explosivos. Los colocaron en los vehículos de unos inspectores de la Brigada Político-Social en Baracaldo (Vizcaya), en Pamplona (Navarra) y en Éibar (Guipúzcoa); otro contra el cuartel de la Guardia Civil de Tudela (Navarra); lanzaron granadas de mano contra la Policía en Pamplona; hicieron estallar un artefacto explosivo contra el suministro eléctrico en Madrid; varios contra las centrales de Telefónica en Rentería (Guipúzcoa), Sopelana y Barrica (Vizcaya); también contra farmacias en Gallarta (Vizcaya) y en Pamplona (Navarra); contra un estanco en Éibar (Guipúzcoa) y una pizzería en San Sebastián (Guipúzcoa) acusando a ambos propietarios de chivatos; contra las vías férreas Madrid-Irún en los alrededores de Vitoria (Álava), Rentería, Éibar y Villabona en Guipúzcoa; contra varios monumentos considerados fascistas tanto en San Sebastián como en Pamplona; contra colegios electorales en Navarra; y numerosos artefactos contra repetidores de TVE en las tres provincias vascas. Además de todos estos sabotajes y atentados, durante las semanas previas y posteriores a las elecciones, ETA siguió poniendo cadáveres encima de la mesa: el reseñado asesinato del empresario Ybarra y el de un policía.

Los servicios de información de la Guardia Civil asistían impotentes a esta escalada de violencia, con la que además tenían que lidiar con mínimos recursos, al concurrir con las intensas revueltas sociales que se sucedían en el País Vasco y Navarra. El movimiento obrero era el protagonista de la mayoría de ellas. En marzo de 1976, Vitoria fue el escenario de las protestas de mayor envergadura tras la muerte de Franco, en un episodio en el que cinco personas murieron por disparos de la Policía. Los documentos internos de la Benemérita recuerdan aquellos sucesos:

El día 3 de marzo se convoca por tercera vez en lo que va de año una huelga general en Vitoria. Paran las máquinas de ochenta empresas, los estudiantes salen a la calle, y el cierre de bares y comercios es total. La ciudad queda paralizada, y la Policía Armada ocupa la ciudad. A las tres de la tarde, los accesos a Vitoria quedan bloqueados por los controles de la Guardia Civil.

Para las cinco de la tarde estaba convocada una asamblea general informativa en la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga, lugar donde se acostumbraba a realizar las reuniones de las Comisiones Representativas de las empresas en lucha, para informar de los acontecimientos novedosos. El templo está abarrotado y en el exterior se concentran miles de personas. La Policía ordena desalojar la iglesia, pero la multitud congregada se niega. En ese momento lanzan gases lacrimógenos y material antidisturbios al interior, por lo que, presos del pánico y la asfixia, los allí congregados comienzan a salir huyendo, empujando a los que se encuentran concentrados en el exterior hacia las posiciones tomadas por la Policía. Se produce lanzamiento de piedras contra la Policía, que responde con fuego real. Tres trabajadores caen muertos por los impactos de bala y alrededor de ciento cincuenta personas resultan heridas, algunas gravísimas. Dos más morirían en los siguientes días.

El caos se apodera de la ciudad: se derriban farolas, semáforos, señales de tráfico, se hacen barricadas, los obreros lanzan cócteles molotov contra las sedes de los sindicatos verticales y la Comisaría del Gobierno Civil. Ante la gravedad de los sucesos, las necesidades informativas del Mando determinan que se ordene a los guardias civiles del SIGC desplazarse al cuarto de socorro a confirmar la muerte de los tres fallecidos el día 3. Según cuenta un testigo, al salir la multitud les acosa pero logran evitar el linchamiento. Nuevamente, al pasar por la avenida Gasteiz fueron rodeados por los manifestantes, teniendo que salir a toda prisa por la acera de la citada avenida con el Simca 1000 que llevaban (vehículo particular de uno de los componentes del SIGC). Como consecuencia de estos hechos, el guardia civil tuvo que cambiar de coche por su cuenta, por temor a ser reconocido.

El capitán de la Guardia Civil Germán Suárez, uno de los guardias movilizados ante las protestas de Vitoria, recuerda el transcurso de aquellas jornadas. El servicio de Información de la capital alavesa contaba con un cabo y un guardia que se encargaban de las labores burocráticas y otros ocho agentes que hacían el trabajo de calle, con el apoyo de un único vehículo, un Dyane 6 blanco:

Vinieron guardias civiles concentrados del Tercio Móvil de Logroño y tal era el caos que en el pasillo de la segunda planta, de unos tres metros de ancho y que daba acceso a los pabellones, había que ir saltando porque se encontraba repleto de colchones, lugar destinado al descanso de los agentes concentrados. Allí dormían hacinados, mezclados con las ratas que subían por las tuberías desde el riachuelo subterráneo que pasaba bajo la Comandancia. Un guardia civil, que vivía con su familia en un piso de Vitoria, recuerda que, después de llevar unos días concentrado, se quedó sin ropa interior y tuvo que pedir permiso al teniente para poder desplazarse a su casa y poder cambiarse. Otros no tuvieron tanta suerte.

En cierta ocasión un sargento oyó por radioteléfono que una patrulla de tráfico se encontraba cercada por trabajadores descontrolados en los aledaños de la fábrica Michelin, por lo que el suboficial, junto a un grupo de voluntarios, subió al microbús adjudicado a la Comandancia y, sin permiso alguno para ello, se dirigieron al lugar, donde disolvieron con tiros al aire al grupo de trabajadores que en ese momento acosaban a la patrulla. Este hecho no tuvo más repercusión que la mera anécdota. […]

ETA aprovechó muy bien la indignación social durante la crisis laboral reinante en ese momento, y el malestar ciudadano contra las instituciones. Desde ese momento, la popularidad de la que gozaban las fuerzas del orden público se vio drásticamente reducida. A día de hoy, la instrumentalización de aquellos incidentes por parte de la izquierda abertzale es evidente y se pone de manifiesto cada año en los actos conmemorativos que se siguen celebrando en la capital vasca.

Con este trasfondo violento, y por ser las primeras que se iban a celebrar en cuatro décadas en España, el resultado de aquellas elecciones generales era una incógnita. Los grupos ligados a ETA (m) boicotearon los comicios, negándose en redondo a participar en el proceso electoral. Este fue su mensaje: «Llamamos al pueblo vasco, y en especial a su clase obrera, a abstenerse activamente ante las elecciones mientras exista un solo preso en las cárceles fascistas». Para el Senado, como consecuencia del fracaso de las conversaciones de Txiberta a fin de crear un «frente nacionalista», el PNV, el PSOE y Euskal Sozialistak Elkartzeko Indarra (ESEI) se presentaron en una candidatura conjunta en las cuatro provincias (Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra), formando el denominado «Frente Autonómico». A pesar de los numerosos llamamientos de la izquierda abertzale, la abstención fue muy pobre, al igual que los resultados de Euskadiko Ezkerra. Fruto de este resultado será la rebelión de los denominados comandos bereziak, que se escinden de ETA político-militar y pasan a engrosar las filas de la ETA más intransigente, la militar, a finales de septiembre de 1977.

A nivel estatal, el gran vencedor de los comicios fue Adolfo Suárez, gracias a los 165 diputados que obtuvo su partido, la Unión de Centro Democrático (UCD). El PSOE de Felipe González se convirtió en la segunda fuerza, con 118 escaños, seguido del PCE de Santiago Carrillo y la Alianza Popular de Manuel Fraga, con 20 y 16 representantes cada uno. Con estos resultados y la autoridad de haber sido elegido presidente del Gobierno en las urnas, Adolfo Suárez comenzó a realizar todos los movimientos que no había podido efectuar hasta el momento. Entre ellos, la negociación de la amnistía con ETA y su entorno.

De acuerdo con los planteamientos de Suárez, la importancia de la amnistía —la primera ley aprobada por las nuevas Cortes— era sobre todo simbólica: sellar y materializar la reconciliación entre las dos Españas, partidas por la Guerra Civil de 1936-1939, y hacer un borrón y cuenta nueva de tal forma que, a partir de aquel momento, no tuviera ya sentido ni cabida la violencia terrorista, que se autoexcluiría así del juego democrático. El presidente del Gobierno contaba con varios antecedentes próximos en materia de amnistía de presos. El 25 de noviembre de 1975, con motivo de la coronación de Juan Carlos I, se promulgó un indulto que benefició a personas encarceladas por delitos de raíz política: la mayoría fueron excarcelados y a los demás se les redujo la condena. El 30 de julio de 1976 se decretó otra amnistía, que excluía los delitos encuadrados en la denominación de terrorismo. La lucha por el indulto había acabado en casi toda España, pero se mantenía en Euskadi, ya que la mayoría de los presos que quedaban estaban vinculados a ETA. En los meses posteriores, y justo antes de la celebración de las elecciones generales de 1977, se sucedieron las manifestaciones —a menudo violentas, con el resultado de la muerte de algunos de los asistentes en enfrentamientos con la Policía— para reclamar la amnistía total. Las Gestoras Pro Amnistía, surgidas de forma progresiva en Guipúzcoa, Navarra, Álava y Vizcaya, son las que alientan estas movilizaciones. Están dinamizadas, sobre todo, por partidos y organizaciones de la izquierda nacionalista vasca, y con su impulso se organiza la llamada Marcha por la Libertad, que recorre el País Vasco y Navarra con cuatro columnas que parten desde Zarauz, Guernica, Salvatierra y Lodosa. Suárez, aún sin haber sido elegido en las urnas, cede a la presión y en marzo aprueba un decreto mediante el cual se otorga la libertad a 74 personas. El 20 de mayo, además, el Consejo de Ministros aprueba una fórmula de indulto con extrañamiento: los seis condenados a muerte en el proceso de Burgos y otros presos relacionados con ETA con acusaciones de delitos de sangre se marchan a Bélgica, Suiza, Dinamarca, Holanda y Noruega.

Pero las reglas del juego cambiaron a partir de junio de 1977. Adolfo Suárez, con la legitimidad de haber sido elegido en las urnas, tuvo vía libre para negociar con la oposición un proyecto de ley de amnistía que, según pactaron, debía tener el apoyo unánime del Parlamento. Xabier Arzalluz, portavoz del Grupo Vasco, defendió en septiembre la moción que pedía el indulto:

Para nosotros la amnistía no es un acto que atañe a la justicia o a la equidad, atañe a la política, atañe a la solución de una situación difícil en la que de alguna manera hay que cortar un nudo gordiano; es simplemente un olvido, como decía el preámbulo de nuestro Proyecto de Ley, una amnistía de todos y para todos… Señores, la amnistía no es solo sacar presos de las cárceles, o que los exiliados puedan volver con tranquilidad, sin medios y sin miedo a represalias a sus hogares, sino que vayamos profundizando en esta democratización, establecer libres cauces de expresión y asociación. Fundamentalmente esto es completar la amnistía, esto y otras cosas es ir creando una sociedad democrática, nuestro sentido aquí es hacernos eco de las preocupaciones y de los problemas de nuestros pueblos, de nuestra sociedad, llegar a un acuerdo con todos los intercambios y comprensiones que haga falta y en la medida en que dejemos intereses de partido a los que tan proclives son un determinado tipo de democracias iremos creando una auténtica amnistía, la auténtica convivencia.

A última hora de la noche del 6 de octubre de 1977, cuando apenas quedaban unos minutos para que expirase la fecha límite para presentar el proyecto legal, el Gobierno y la oposición parlamentaria llegaron a un acuerdo sobre la amnistía. El texto recogía la mayoría de las pretensiones de la oposición excepto el indulto militar, que afectaba a los miembros de la ya desaparecida Unión Militar Demócratica (UMD); de haberlo hecho, el Ejecutivo se hubiera puesto en contra a muy influyentes estamentos del ámbito castrense, aún anclados en la mentalidad franquista. El 14 de octubre —tan solo una semana después del asesinato del presidente de la diputación de Vizcaya, Augusto Unceta, y los dos guardias civiles que cumplían la misión de escolta—, una amplia mayoría de los diputados y senadores votaron a favor de la amnistía. Solo hubo dos votos en contra. La mayoría de las 24 abstenciones llegaron desde Alianza Popular. Las cárceles se vaciaron y los presos de ETA quedaron en libertad.

Para la dirección de la banda terrorista, que aún sostenía los argumentos que ya había expuesto en una entrevista concedida en marzo de 1977, el acuerdo de indulto resultaba insuficiente:

Significa el reconocimiento por el Gobierno de que el franquismo ha sido un régimen criminal, y que los presos y exiliados son hombres que han luchado por la justicia y la libertad de Euskadi. Para que la amnistía sea tal, en Euskadi son precisas tres condiciones:

La libertad de todos los presos políticos y el derecho de todos los exiliados a retornar a sus hogares.

La promulgación de una normativa jurídica democrática que impida que nadie pueda volver a ser encarcelado por su actividad política.

La disolución de la Guardia Civil, Policía Armada, y Cuerpo General de Policía, y su sustitución por cuerpos de defensa ciudadana dependientes únicamente de un Gobierno Vasco, como único modo de terminar con la actividad de los grupos antidemocráticos, y proteger la vida de los presos y exiliados una vez en sus hogares, y de posibilitar una convivencia pacífica.

La prensa abertzale, representada principalmente por el diario Egin, también criticó el texto, que consideró como un chantaje del Gobierno. A su juicio, el Ejecutivo convertía «un acto de justicia en una baza política administrada bajo presión». La movilización social que se produjo entonces en las calles del País Vasco y Navarra —respaldada casi siempre por las Gestoras Pro Amnistía— y el constante goteo de presos que iban abandonando las cárceles dieron a ETA una sensación de victoria y de fortalecimiento. Un mes después de aprobarse el indulto total, el 26 de noviembre de 1977, uno de sus comandos acribilló a balazos en Pamplona al comandante de la Policía Joaquín Imaz Martínez, que murió al instante. Tan solo unas horas después, la banda terrorista reivindicó el asesinato mediante una llamada a varios medios de comunicación:

Su odio antivasco y antiobrero ha recibido la exacta respuesta que la justicia popular del pueblo vasco reserva a todos aquellos que pretenden oponerse a las justas aspiraciones de los trabajadores vascos.

Acuciado por las circunstancias, Adolfo Suárez gestionó la amnistía de manera lenta, inhábil y vacilante, con notoria falta de estrategia y astucia y cediendo siempre ante la presión, lo que reforzó a ETA de cara a «la calle». La consecución de la amnistía hizo creer a ETA, y a gran parte de la sociedad vasca, que mediante las movilizaciones y la presión social también se podría alcanzar la libertad, como sinónimo de independencia, lo que marcaría el escenario social de los años sucesivos. La tardanza de los gobernantes en ofrecer una imagen de cambio y fin del franquismo los colocó en una posición de debilidad, con un tinte de continuismo opuesto a los anhelos de una sociedad espoleada por ETA.

La nueva democracia española, como representante legítima de la ciudadanía, le perdonó a ETA todos sus crímenes en aras de la convivencia pacífica, pero fue la propia ETA la que salió reforzada y vencedora de ese trato. Se vaciaron las cárceles, pero en los años siguientes se llenarían los cementerios.

SEGUNDA PARTE

SANGRE PARA AHOGAR A LA DEMOCRACIA

DESDE EL INICIO DE LA DEMOCRACIA HASTA LA TREGUA DE ARGEL

(1977 – 1989)

5

ETA SE REFUERZA CON LA AMNISTÍA Y PLANTA CARA A LA CONSTITUCIÓN

«Seguiré luchando por la libertad nacional y social de mi país hasta conseguir una Euskadi independiente y socialista.» La declaración de intenciones de Francisco Aldanondo, Ondarru, el último de los presos de ETA en abandonar la cárcel tras la amnistía general de 1977, resumía en buena medida el sentir colectivo de los terroristas que salían de presidio. Ondarru abandonó las filas de ETA (pm), pero no tardó en integrarse en los llamados Comandos Autónomos Anticapitalistas. Durante dos años, y hasta su muerte en un tiroteo con la Guardia Civil, organizó varios atentados; entre ellos, el asesinato del exbrigada de la Guardia Civil, y jefe de la Policía Municipal de Pasajes, Juan Jiménez Gómez.

La instauración de la democracia había cambiado las reglas del juego, y ETA, tras abandonar la bandera de la lucha contra el régimen, tomó decididamente la de la independencia de Euskal Herria. Con todo, la dirección de la banda asumió que no podía derrotar al Estado, por lo que replanteó sus objetivos. La nueva estrategia adoptada fue la del llamado «empate técnico», que pasaba por igualar sus fuerzas con las de los cuerpos policiales y acabar la partida con el Estado en tablas. O en otros términos: acumular todos los muertos posibles encima de la mesa para afrontar una hipotética «negociación política» con ventaja. Los terroristas de esos días en poco o nada se parecían ya a los fundadores de la banda; habían pasado veinte años. La supuesta negociación, más que moverse en los dos sentidos, era unidireccional: ETA planteaba la Alternativa KAS (pliego de condiciones mínimas) y el Estado debía aceptarla sin ninguna modificación. El comité ejecutivo de ETA, a cambio, ofrecía una tregua, término que proponen por primera vez en febrero de 1978 a través de la revista Zutik!

ETA anuncia que los puntos de la Alternativa KAS constituyen las bases mínimas para un alto el fuego. Mientras estos objetivos no se logren, continuaremos luchando en la medida de nuestras posibilidades.

Mientras tanto, en el escenario político, las fuerzas abertzales ligadas al entorno de ETA planteaban una y otra vez la necesidad de una negociación para que la banda terrorista desistiera de su lucha armada. Comienza entonces a habituarse la sociedad vasca a un curioso (y desconcertante) doble lenguaje: mientras se mata y extorsiona, se lanzan mensajes de negociación, paz y democracia. En el frente obrero actuaba el sindicato LAB, y en el juvenil lo hacía Jarrai. Se trataba de hacer omnipresentes entre la población vasca las directrices abertzales, cuyas organizaciones se apoyaban y retroalimentaban entre sí. El resultado perseguido era que el Estado se viera acosado por tal cantidad de acciones de distinta naturaleza, y en tantos frentes de lucha diferentes y simultáneos, que terminara sintiéndose impotente para responder y tuviera que sentarse a hablar.

Los militantes de ETA asumieron rápidamente el concepto de la «acumulación de fuerzas» y potenciaron su campaña de violencia para dañar al Estado en su columna vertebral, identificada con lo que denominaban los «cuerpos represivos» —Guardia Civil y Policía— y los «poderes fácticos» —Fuerzas Armadas y grandes fortunas—. Pero, más allá de estos objetivos prioritarios, dirigieron sus ataques contra el poder económico, los bienes de capital francés y los funcionarios de prisiones, además de abanderar e intensificar la lucha en otras reivindicaciones sociales, como las relativas a la central nuclear de Lemóniz. Las obras de este proyecto, a unos treinta kilómetros de Bilbao, se habían encontrado con la oposición de agrupaciones vecinales y ecologistas. La dirección de ETA vio la oportunidad de canalizar en su favor la lucha antinuclear y decidió actuar contra la construcción de la central. En marzo de 1978 y en junio de 1979, comandos terroristas lograron introducir artefactos explosivos en su interior, matando a tres obreros y provocando grandes daños materiales. Después serían asesinados el ingeniero jefe, José María Ryan, y quince meses después el nuevo ingeniero jefe que le sustituyó, Ángel Pascual Mújica. Por otra parte, un niño de diez años resultaba herido grave al propinar una patada a una mochila-bomba dejada en los exteriores de las oficinas de Iberduero, compañía promotora del proyecto. También murió un terrorista por disparos del destacamento de la Guardia Civil que protegía la central (la custodia y protección de las obras correría finalmente a su cargo). La paralización definitiva de las obras, en octubre de 1982, supuso un gran éxito para ETA y para la izquierda abertzale. De acuerdo con el discurso sostenido por sus partidarios, lo de Lemóniz vino a legitimar el uso de la violencia para imponer la solución a un conflicto social. El terrorismo se convirtió, a ojos de una parte del pueblo vasco, en un instrumento útil.

Por su parte, HB inicia su particular campaña de acumulación de efectivos en el escenario electoral. Su participación se ceñirá exclusivamente al ámbito municipal, nunca en administraciones de nivel superior; de hacerlo, reconocería las instituciones promovidas por la reforma política. KAS, igualmente, controla el frente de masas: desarrolla los argumentos necesarios para concienciar a los ciudadanos y transformarlos en militantes de ETA o de su entorno.

Este grado de movilización contrasta con la organización que entonces tenía la Guardia Civil, institución que sufría prácticamente un atentado diario. Uno de los agentes que componían los servicios de información del cuerpo recuerda los escasos medios con los que contaban para combatir al hacha y la serpiente de ETA a finales de los años setenta. En Navarra, el equipo antiterrorista estaba compuesto por un sargento, dos cabos y cinco guardias civiles:

Tan solo disponíamos de cuatro vehículos: un Ford Escort (la joya de la corona), un Seat 1430 con el chasis descuadrado por algún accidente anterior, un Talbot de las patrullas pintado en blanco y medio camuflado, y un Citroën Visa. Las transmisiones no existieron hasta mucho después. […] El método de trabajo normal era: entrada a las nueve horas hasta la hora de comer, y por la tarde, de cuatro y media o cinco hasta las diez de la noche, pero este horario nunca se respetaba por los atentados que sufríamos. […] El funcionamiento era tipo puesto de la Guardia Civil, es decir, algún confidente te comentaba algo y hacia ahí se dirigían las investigaciones. Se iba en parejas y cada una tenía varios objetivos encargándose de controlarles. El hacer más de 24 horas seguidas era una cosa normal. Recuerdo la primera vez que empezamos a vigilar un camión en Lesaka (NA-2929-K) que, supuestamente, tenía que recoger y transportar a miembros de ETA hasta su destino: llevábamos buscándolo semanas y lo localizamos un día sobre las siete de la tarde; pues bien, me mandaron vigilarlo y desde la oficina me desplacé a Lesaka, donde debía estar hasta que llegara el relevo. Esa noche, dentro del coche y a una distancia prudente, no había forma de conseguir una postura cómoda. El relevo llegó sobre las once del mediodía, regresamos a la base y allí, sin tiempo para nada, tuve que coger otro coche y desplazarme hasta Estella, donde debía declarar en un juicio por una denuncia de un individuo en relación con otra investigación anterior. […] Respecto a la colaboración ofrecida por Francia en aquella época, hay que significar que se reducía a las relaciones estrictamente personales, donde gracias a la mutua formación policial y comprensión de los franceses hacia nuestro trabajo nos facilitaban en alguna ocasión datos policiales de interés.

Los guardias civiles que estaban destinados en Guipúzcoa también recuerdan las carencias de aquella época, especialmente en la lucha contra ETA. Así lo relata el cabo Álex:

La estructura era mucho más sencilla que la actual, y había mucha menos gente. Uno de los tenientes mandaba el Grupo Antiterrorista y el otro se ocupaba del resto de los quehaceres del Servicio de Información. En total, no seríamos más de treinta o cuarenta, oficiales incluidos. Los Grupos Antiterroristas se constituían de forma funcional, sobre la marcha, en razón del servicio a realizar, un cabo y tres o cuatro guardias. La caracterización se reducía a llevar barba, el pelo muy largo y vestir de forma desaliñada. En ocasiones, y contraviniendo todas las normas al respecto, los propios miembros del Servicio de Información desactivábamos los artefactos adosados a las torretas de Iberduero, porque a lo mejor los equipos del GEDEX estaban desactivando un artefacto en otro lugar y no podían acudir. Era muy sencillo: localizabas el cable y con sumo cuidado lo ibas siguiendo hasta el artefacto. Tirabas y sacabas el detonador, y ¡ya está!

En Vizcaya, la situación no era mucho más favorable para los guardias civiles. El capitán Luis relata cómo era su día a día en el Servicio de Información:

El trabajo de los grupos operativos se basaba principalmente en el seguimiento permanente en turnos de mañana, tarde y noche de los objetivos sospechosos de pertenecer a la banda terrorista. Era como se dice un trabajo continuo con el fin de controlar todos sus movimientos, conductas, contactos, vinculaciones, empleando para ello incluso recursos propios, particulares de los agentes, para intentar conocer todos sus movimientos. En algunas ocasiones se emplearon domicilios propios, particulares del personal del Servicio de Información. […] La seguridad de todos los compañeros era una preocupación constante. Periódicamente se realizaban contravigilancias en los domicilios de muchos compañeros para evitar que sufrieran atentados. Todos nos preocupábamos por la seguridad de todos, pero era imposible evitar los atentados […] Los propios padres enseñábamos a nuestras mujeres y nuestros hijos a no coger la correspondencia de los buzones, a no entrar en los vehículos hasta después de hacerlo nosotros, incluso después de circular solos unos cuantos metros.

Sentencia este guardia civil que se hubieran podido evitar muchas muertes de haber dotado a los agentes de mejores medios, como vehículos blindados o chalecos antibala. Todavía más difícil lo tenían los agentes destinados en Álava:

Sobre el año 1979, el Servicio de Información de Álava contaba con un capitán, un sargento encargado de la oficina de la plana mayor, dos cabos y ocho guardias civiles. Todos se ocupaban de todo, pero tenían completamente prohibido tocar temas relacionados con investigaciones sobre terrorismo, de estos menesteres solo se ocupaba la Policía. […] En cuanto al método de trabajo, en el día a día, no había horarios, cada equipo se dirigía a su zona de trabajo cuando creía conveniente, se hacían contravigilancias de acuartelamientos, se prestaba atención a los caseríos, vehículos y domicilios de los colaboradores de ETA, y de todo lo que se movía alrededor de los etarras huidos. Todas las semanas cada grupo entregaba un informe al capitán jefe del Servicio de Información de todo el trabajo realizado en su respectiva zona.

Durante aquellos años casi ningún guardia civil quería ir destinado voluntariamente al País Vasco y Navarra, y se optó por imponerlo como destino forzoso. Se decidió, con buen criterio, que había que impartir a esos agentes un curso de ambientación. El primer lugar elegido para impartir esa formación indispensable fue el Centro de Adiestramientos Especiales (CAE) en El Escorial (Madrid), y posteriormente, un acuartelamiento del cuerpo situado en un alto a la entrada de Fuenterrabía (Guipúzcoa), lo que se conoció en su tiempo como Ikastola. Durante un mes de formación, en régimen de internado, los recién destinados recibían adiestramiento en armamento, controles de carretera, protección de cuarteles, medidas de seguridad y autoprotección, conocimiento de ETA y análisis de sus atentados y ambientación social. De esta manera afrontaban con menos tensión y más normalidad, en lo que cabía, su nuevo destino.

Esta era la correlación de las fuerzas de las que disponían, por un lado, ETA y su entorno, que abarcaban todos los frentes posibles en la sociedad vasca; y por el otro, la Guardia Civil, que como fuerza de seguridad desplegada en todo el territorio debía actuar como punta de lanza contra el terrorismo y era, por otra parte, el principal objetivo de la organización armada, pero no podía hacer más que improvisar tras cada movimiento de sus comandos. Arrancaba así el trienio negro, entre los años 1978 y 1980; cuando el río de sangre vertido por los terroristas fluyó con el mayor número de víctimas mortales de su historia.

ETA tenía sus planes perfectamente definidos. En diciembre de 1977 robó 1.200 kilos de goma-2 en las localidades de Gallarta y Galdácano. Sus filas se habían visto engrosadas con todos aquellos presos que tras la amnistía se reintegraron a sus comandos operativos. «No podrá existir un alto el fuego hasta que no sea reconocida la Alternativa KAS, ya que solo entonces el pueblo vasco alcanzará la verdadera libertad», era el lema en el que la dirección de la banda mezclaba sus amenazas con su propuesta de paz; una tesis que todavía consideraba insuficiente una parte de la organización, que decidió escindirse —con el beneplácito del resto— en los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA).

En los tres primeros meses de 1978, comandos etarras ametrallaron los acuartelamientos de la Guardia Civil de Galdácano, Ondárroa, Portugalete, Deva, Rentería y Herrera. También sufrieron el ataque de los terroristas varias dotaciones del cuerpo, que fueron alcanzadas por explosiones a su paso por Urretxu, Ordicia y Oyarzun. ETA quería dejar bien claras sus intenciones respecto al instituto armado, y al tiempo que atacaba a sus agentes en activo —en ninguno de los atentados anteriores hubo, sin embargo, víctimas mortales—, también lo hacía sobre aquellos que ya habían pasado al retiro. Los miembros jubilados de las fuerzas de seguridad eran un blanco singularmente fácil para los terroristas. Eran personas de avanzada edad, conocidas en la localidad por su pasado público y sin posibilidades de autodefensa. No tardó en caer la primera víctima mortal de ETA que reunía esas condiciones especialmente ventajosas para sus asesinos. Fue el 10 de marzo de 1978. Según se describe en el atestado policial:

Entre las 13.30 y las 14.00 horas, cuando D. José Acedo Panizo (56 años), sargento de la Guardia Civil en situación de retirado, y en esa fecha trabajando como jefe del Servicio de Seguridad de la factoría Aplicaciones Técnicas del Caucho S.A. sita en Aduna (Guipúzcoa), se hallaba en la citada empresa, se acercó un individuo al que al llegar a su altura le preguntó qué deseaba, contestando el individuo «vengo a matarte», y sacando una pistola de la cintura comenzó a disparar sobre el citado sargento, alcanzándole seis proyectiles, cayendo la víctima al suelo.

La escalada de violencia se tradujo en una avalancha de atentados sin precedentes. En el Parlamento se fraguaba la futura Constitución, pero ETA quiso dejar constancia de que su agenda solo pasaba por el tiro y la bomba. De nada sirvió que el País Vasco se constituyera como una autonomía en febrero de 1978 (los parlamentarios navarros se negaron a que Navarra formara parte de esa nueva Comunidad y crearon la suya propia). Tampoco quisieron los etarras escuchar las ofertas que les llegaban desde el Gobierno de Adolfo Suárez: plantaron a su ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, en un encuentro que tenían previsto celebrar en Ginebra. ETA no quería la democracia: en vez de reconocerla, optó por intentar derrotarla. El único interés de su dirección era demostrar sus capacidades, que eran muchas: tras la amnistía general, la banda contaba con unos cuatrocientos militantes activos y unos cincuenta comandos operativos, muchos de ellos adiestrados en suelo argelino o libanés. Partiendo de la información proporcionada por José Ignacio Aramayo, Satorra, integrado en la rama político-militar, sabemos cómo fueron estos entrenamientos.

Hacia finales de noviembre de 1976 o principios de 1977, Satorra, en unión de Pedro Múgica Garmendia, Martín Otaño Labaca y José María Lara Fernández, Txepe, toman el avión. En Argel les estaba esperando Sabino Achalandabaso Barandica en unión de oficiales de la policía argelina y en un coche oficial les trasladaron a un campo de adiestramiento de la policía, donde les alojaron. Unos días más tarde llegan al campamento Javier Arín Bastarrica, Juan Miguel Arregui Echave, Juan María Olano Olano y José Luis Echegaray Gastearena; posteriormente llegan Ángel Gurmindo Lizarraga, Poli, Golfo, Biser, Puskas y Gotzón. Una vez todos en el campamento, les dieron uniformes militares, armamento (pistola y metralleta) y una moto que tendrían asignada. El responsable de la expedición era José Luis Echegaray Gastearena, mientras que las relaciones con las autoridades argelinas las llevaba Sabino Achalandabaso Barandica. El cursillo duró aproximadamente un mes y medio, recibieron instrucción de kárate, conducción de moto, colocación de explosivos de diversos tipos y prácticas de tiro.

Hacia mediados de diciembre de 1979, José Agustín Achega Aguirre; Jesús Javier Urquijo Muruaga, el Chino; José Aulestia Urrutia; Jacinto Lastra Casal, el Niño; José María Iza Unamuno, Manolo, y Francisco Javier Garicano Vera, el Rabino, partieron hacia Beirut. En el aeropuerto les estaba esperando un palestino de la OLP, que en un coche les trasladó al sur del Líbano, en donde fueron instalados y les dieron uniformes militares. El responsable era José Aulestia Urrutia, mientras que el Rabino llevaba las relaciones con los palestinos, si bien una vez instalados no volvieron a verle más. El día siguiente de la llegada al campamento de Al-Fatah comenzó el curso de adiestramiento militar: montaje y desmontaje de armamento, defensa personal con arma, prácticas de tiro. Durante la llegada de los activistas de ETA (pm) al campamento, estos hacían guardias nocturnas con un kaláshnikov con el que andaban todo el día. Permanecieron en este campamento por espacio de 15 días, al término de los cuales les llevaron a un segundo campamento en el propio Beirut: ejercicio y fondo físico, karate, manejo de bazucas y morteros de fabricación rusa, explosivos, granadas de mano. También hacían dos horas de pista americana con fuego real y a veces les hacían caminar sobre campos minados con pequeños explosivos.

El trío compuesto por Ignacio Aracama, Macario; Ángel Iturbe, Ikula, y José Manuel Aristimuño, Pana —nombres que en un futuro serían históricos por su sangrienta actividad—, constituía uno de los comandos mejor formados de la banda terrorista. En los primeros días de marzo, y en una demostración de fuerza, abrieron fuego contra una patrulla de la Policía en Vitoria: tres agentes murieron y dos más resultaron heridos de gravedad.

Las informaciones sobre los atentados comenzaban a inundar los medios de comunicación. Las portadas de los periódicos se hacían una y otra vez eco de los ataques que la banda perpetraba, principalmente, en el País Vasco, con la Benemérita como objetivo preferente. Los agentes Juan Marcos González y Miguel Íñigo Blanco murieron en las inmediaciones del cementerio de Polloe de San Sebastián tras ser ametrallados por un comando de ETA. El guardia civil Manuel López fue asesinado en Pamplona al estallar un artefacto explosivo a su paso. Aunque se detuvo a tres presuntos terroristas a los que se imputó la acción, Carlos Catalán, Miguel Cabodevilla y Alberto Biurrun, resultaron absueltos por falta de pruebas. El subteniente Juan Eseverri Chavarri fue apuñalado en la capital navarra por un grupo de radicales, y perdió la vida poco después a causa de las heridas recibidas en el curso de la agresión. Atentados dirigidos una y otra vez contra la Guardia Civil, a los que había que añadir los ya habituales ataques contra cuarteles. Esa primavera les tocó a los de la provincia de Vizcaya: Portugalete, Baracaldo, Sestao, Durango y Galdácano. Pero por entonces ETA ya había extendido el foco a otras «fuerzas represoras», como el Ejército. El 21 de julio son asesinados en Madrid los dos primeros miembros de las Fuerzas Armadas: el general Juan Sánchez Ramos y el teniente coronel José Antonio Pérez Rodríguez. Ese día se aprobaba en el Congreso el proyecto de texto de la Constitución; la intención de ETA es evidente: desestabilizar al Estado golpeando en la capital. La portada que el diario Egin publicó el 30 de agosto de 1978 es un fiel reflejo de los acontecimientos que día a día tenían lugar en el norte de España, que vivía bajo una campaña de hostigamiento permanente por parte de los etarras:

Milis, polimilis y autónomos reivindican los últimos atentados en Vitoria, Irún y Mondragón, respectivamente. A última hora de la tarde de ayer se recibieron en la redacción de Egin las reivindicaciones de los últimos atentados realizados en Guipúzcoa y Álava. El de ETA (m) fue facilitado por la Agencia Euskadi Press, el de los Autónomos por medio de un comunicado depositado en un bar, y el de ETA (pm) por medio de una llamada telefónica en la que adelantaba una reivindicación escrita para hoy.

La sociedad vasca tardaría años en comprender que no solo estaban en peligro los guardias civiles y sus familiares. Todo el mundo estaba indefenso ante el terror de ETA, que acreditaba su capacidad para la intimidación colectiva hasta hacer del miedo un arma que podría usar a su conveniencia. Pero eran los guardias los que sufrían el grueso y lo peor de sus acciones. Muy pocos se atrevían a interactuar con los agentes por el miedo a quedar señalados por el entorno abertzale. Los guardias, en muchas ocasiones, morían solos, sin que nadie se aproximara a socorrerlos; lo más urgente era pasar página. Así lo recuerda la hija mayor de Anselmo Durán, ametrallado por un comando etarra:

Mi hermano Luis, de 13 años, vio cómo disparaban a mi padre y cómo caía al suelo. Vino a avisarnos inmediatamente. Salimos corriendo y cuando llegamos abajo había un tumulto a su alrededor. Tras el atentado, mi padre quedó tendido en el suelo a escasos metros del cuartel de Elgoibar.

La situación era dantesca. En la bodeguilla que había frente al puente donde asesinaron a mi padre las personas, si se las puede llamar así, salían a la puerta a brindar gritando «por fin ha caído aquí uno, bien, el primero que ha caído, ya era hora». El sargento, ante esa situación, mandó traer un Land Rover de la Guardia Civil para recoger a mi padre y salir de allí lo antes posible. El sargento y yo le recogimos del suelo, estaba como roto, creo que mi padre ya estaba muerto, le introdujimos en la parte trasera del Land Rover y lo trasladamos al hospital, pero ya era demasiado tarde. Para colmo, en el hospital nos trataron de forma despectiva: pedí que me dejaran llamar por teléfono para avisar al resto de mi familia, la que vivía en Zarauz, y me dijeron que no estaba permitido realizar llamadas. Estaba claro: yo era hija de un guardia civil, no de un terrorista. Me pedían que me comportase y que esperara fuera, era una situación irreal, como si de una película de ficción se tratase. A las 8.00 horas del día siguiente se hizo un acto en el edificio de la Gobernación y se sacó el féretro de mi padre por la puerta de atrás, ni siquiera una misa. Nos montaron en el autobús casi a escondidas, querían que nos marchásemos de allí cuanto antes.

Mi familia está muy disgustada con la actuación tanto del Estado como de la Guardia Civil en la investigación relativa al asesinato de mi padre. Además, mi madre tardó diecisiete o dieciocho meses en cobrar la primera paga de viudedad, teniendo seis hijos que dependían de ella en la época del atentado, con edades comprendidas entre los tres y los diecinueve años de edad. Tuvimos que desalojar el pabellón enseguida y marcharnos de Guipúzcoa. Mi madre tuvo que ponerse a trabajar en el colegio de huérfanos del cuerpo Juncarejo, en Valdemoro. Años después, mi hermana pequeña ingresaría en el mismo colegio. Otro de mis hermanos, Luis, lo hizo en el colegio de huérfanos del cuerpo Marqués de Vallejo en Madrid. Después ingresaría en la Guardia Civil en 1986. En la Nochebuena del año siguiente, estando destinado en la localidad madrileña de Galapagar, cuando se encontraba de servicio, su vehículo oficial fue embestido por otro vehículo, conducido por un individuo en estado de embriaguez, falleciendo como consecuencia del accidente.

Mi hermano Luis, que en el momento del asesinato de mi padre tenía trece años de edad, se pasó toda la noche del atentado en el cuartel de la Guardia Civil de Elgoibar, viendo fotografías de terroristas, llegando a identificar a uno o dos, uno de ellos el autor material de los disparos. Sin embargo, ni en la Guardia Civil ni en el sumario constan tales investigaciones. Casi cuarenta años después el asesinato de mi padre y las supuestas investigaciones, los autores del mismo siguen siendo un misterio.

Los movimientos de la dirección de ETA no eran gratuitos ni casuales. Su campaña de hostigamiento se fue recrudeciendo a medida que se acercaba una fecha clave: el referéndum para la ratificación de la Constitución española, que se celebraría el 6 de diciembre de 1978. Tampoco fue ninguna coincidencia que la mayoría de sus objetivos fueran guardias civiles. Desde agosto y hasta finales de año, quince agentes fueron asesinados, la mayoría de ellos acribillados a balazos: Aurelio Salgueiro en Mondragón, José Zafra y Lorenzo Soto en San Sebastián, Anselmo Durán en Elgoibar, Ramón Quintero en Lizartza, Ángel Pacheco en Marquina, Mariano Criado en Tolosa, Heliodoro Arriaga en Villabona, Manuel León en Oñate, Alberto Villena en Lequeitio; Luciano Mata, Andrés Silveiro y Luis Gancedo en Guecho, José Rodríguez y Lucio Revilla en Ezquioga. Al mismo tiempo, decenas de guardias salvaron la vida en el último momento, bien porque el artefacto explosivo no estalló o porque los planes de los terroristas se truncaron por su propia actuación o por cualquier otra incidencia.

ETA era ya consciente de que con los atentados en Madrid alcanzaba mucha más repercusión que con los de cualquier otro punto de la geografía nacional, y actuará de manera recurrente en la capital hasta el fin de sus días. Jaime Mateu Istúriz tiene vivo el recuerdo de cómo mataron a su padre, José Francisco, en noviembre de 1978. Su hermano, Ignacio, miembro de los Grupos Antiterroristas Rurales (GAR) de la Guardia Civil, también sería asesinado por ETA años después.

Al fallecer su padre, Jaime tenía 21 años y su hermano Ignacio, familiarmente llamado Nacho, contaba con 19 años. Eran siete hermanos, el más pequeño tenía 12 años en aquel momento. Su padre, José Francisco Mateu Cánoves, ostentaba el cargo de magistrado suplente del Tribunal Supremo, y había sido el último presidente del Tribunal de Orden Público (TOP), cargo que dejó de ejercer de forma automática al ser disuelto dicho tribunal por el entonces presidente del Gobierno Adolfo Suárez. El cargo de presidente del TOP estaba inexorablemente vinculado al franquismo, y muchos de los que hasta entonces habían sido sus amigos olvidaron a la familia tras el atentado. Ser miembro del tribunal no solo le había costado la vida, sino que además parecía justificar el cruel asesinato y abocaba a su familia al olvido de los que en otro tiempo fueron amigos y compañeros. Nadie quería significarse ni en público ni en privado con el antiguo régimen.

El día del asesinato, Jaime regresaba de la universidad. Al ver un tumulto en las inmediaciones de su domicilio, preguntó al portero de la finca qué había ocurrido y este le respondió que su padre estaba bien; en ese momento se dio cuenta de que su padre había sido asesinado. Era una posibilidad con la que habitualmente convivían, ya que su padre tenía asumido que podía ser asesinado por ETA y así se lo hizo saber a sus hijos en muchas ocasiones. Disponía de varios seguros de vida: «Uno vale más muerto que vivo», les había dicho en muchas ocasiones.

Cuando fue asesinado su padre, su hermano, Ignacio Mateu, era aspirante a ingresar en la Academia Militar de Zaragoza; le avisaron de que su padre había sufrido un atentado y viajó en tren, solo con su pena. Jaime se lamenta de que nadie se dignase acompañar a su hermano en coche en esas terribles circunstancias. Su madre quedó destrozada, tenía 52 años, una casa en alquiler, siete hijos, todos estudiantes a los que sacar adelante; los compañeros de su padre, siente Jaime, no estuvieron a la altura de las circunstancias.

Ocho años después, ETA acababa con la vida de Nacho, un joven oficial de 27 años, apenas tres años después de su salida de la Academia Especial de la Guardia Civil, a la que había accedido tras una gracia especial solicitada al Rey, ya que había obtenido plaza para el Ejército de Tierra. Esta gracia le permitió el cambio de arma a la Guardia Civil, sobre todo porque él quería luchar contra los terroristas que acabaron con la vida de su padre. El teniente Ignacio Mateu ingresó en el GAR, unidad dedicada principalmente a la lucha antiterrorista. Destinado a la Compañía del GAR de Guipúzcoa, su trayectoria profesional sería corta: fallecía en julio del 1986 como consecuencia de una bomba trampa en los alrededores del cuartel de Arechavaleta en Guipúzcoa, junto a su compañero, el guardia civil Adrián Dionisio González Revilla, cuyas familias aún mantienen relación desde el atentado que les costó la vida a ambos.

Jaime relata lo duros que fueron ambos atentados para la familia, cuyos miembros lo han soportado «de pie y hacia delante», pero que para quien más dolorosa ha sido la pérdida, indudablemente, fue para su madre, que nunca se recuperó del golpe del asesinato de su hijo. «Nunca se está preparado para asimilar la muerte de un hijo», dice Jaime.

El infortunio de esta familia continuó: años después, su vivienda se vería gravemente afectada por otro atentado de ETA ocurrido en Madrid. Posteriormente, en el año 2009, el despacho profesional de Jaime en Burgos también quedaba destrozado tras el atentado perpetrado por ETA contra el cuartel de la Guardia Civil, en el que solo quedó en pie una foto de él junto al Rey.

Respecto al apoyo recibido tras ambos atentados, Jaime destaca la solidaridad y afecto de la Guardia Civil, frente a la indiferencia mostrada por la magistratura y la mayoría de los políticos, que no quisieron posicionarse en aquel momento junto a lo que su padre representaba.

Las fuerzas de seguridad respondieron a la ofensiva de ETA con los escasos recursos de que disponían. El ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, había apostado por poner el acento en la lucha contra el terrorismo en la Policía Armada —que ese año pasaría a ser la Policía Nacional—, en detrimento de la Guardia Civil, con un carácter militar que no consideraba idóneo para los primeros años de la democracia. Martín Villa, consciente de la desmoralización de las fuerzas de seguridad, principal objetivo de unos terroristas reforzados tras la amnistía, escribió una carta personalizada a cada uno de sus miembros:

Quisiera, al enviarle este folleto, titulado Datos y cifras 75/78, hacerle llegar, con mi saludo, mi agradecimiento por cuanto Ud. y sus compañeros han realizado en estos años por salvaguardar el orden público y mantener una imagen clara y honesta de España. Nosotros, ustedes mejor que nadie, y yo también en cierta medida, sabemos de las dificultades de este periodo de transición decidido por la voluntad mayoritaria del pueblo español. Desde fuera resulta más fácil, aunque no por ello menos injusto, criticar una labor, resaltar unas deficiencias y subrayar unas omisiones. […] Los datos de este folleto son sin duda el mejor homenaje a los cuerpos de seguridad del Estado. Todos ustedes han sabido cumplir con su deber como eficaces trabajadores y profesionales de ese bien superior que es la seguridad. Su capacidad y su sentido de la responsabilidad son acreedores del máximo respeto por parte de todos. Pueden estar satisfechos, como lo está el Gobierno, de su trabajo en estos tres años. El que Uds. hayan sido capaces de entender las nuevas y difíciles circunstancias, manteniendo el más alto nivel de disciplina y sentido del deber ha hecho posible, y en muy gran medida, la transición a una democracia en paz civil. Mi reconocimiento como español y mi gratitud como ministro por todo ello.

La Guardia Civil, en un ejercicio de adaptación a la realidad hostil que enfrenta, decidirá en 1978 crear una unidad especial de intervención para el ámbito rural, que será el germen de la Unidad Antiterrorista Rural (UAR), un grupo de élite especialmente dedicado a combatir el terrorismo. Su primera función es la de actuar como fuerza de control del territorio, en sustitución de las patrullas ordinarias de los acuartelamientos a las que el acoso terrorista impide desempeñar sus funciones habituales. Con el paso de los años, y a medida que sus integrantes adquieran la especialización necesaria, centrarán sus esfuerzos en tres objetivos: dificultar los movimientos de los terroristas, realizar servicios preventivos que eviten los atentados y apoyar el trabajo de los servicios de información. Su función será determinante en el devenir de la lucha antiterrorista.

En tanto el Estado no terminaba de poner a punto una fuerza antiterrorista a la altura de las circunstancias, y aprovechando el amplio margen de iniciativa que con ello se le dejaba, ETA seguía desarrollando su ofensiva, a la que en 1978 bautizó con el nombre de «movimiento definitivo para combatir el referéndum (de la Constitución)». La expresión acuñada se repetía como una letanía en sus comunicados y en las reivindicaciones de los asesinatos. La organización terrorista se había negado a participar en la Transición política, pero estaba empeñada en que sus protagonistas resbalasen en un charco de sangre y perdieran así el equilibrio. Con la intención de desestabilizar la consulta, un comando asesinó en la víspera del 6 de diciembre en San Sebastián a dos miembros del Cuerpo General de Policía y un policía municipal. Los votantes acudieron a las urnas con el sonido de la marcha fúnebre de fondo, aunque pocos lo escuchaban. En el País Vasco, donde el PNV pidió la abstención, el mensaje de ETA y de las formaciones abertzales caló en buena medida: el 35 % del censo electoral respaldó la Carta Magna, muy por debajo del 59 % que la había refrendado en el conjunto de España.

Las publicaciones internas de ETA analizaron el escenario que se les abría tras la aprobación de la Constitución, e instaron a continuar con la «lucha armada» contra las instituciones. También hicieron balance de la actividad de 1978, en la que sus comandos asesinaron a 72 personas y desarrollaron la campaña contra la central nuclear de Lemóniz. En esas revistas, además, se rindió tributo a los miembros de la banda que habían perdido la vida a lo largo del año; el último de ellos, José Miguel Beñarán Ordeñana, Argala, la cabeza más visible y capacitada de un comité ejecutivo compuesto por ocho responsables, por quien pasaba buena parte de las aspiraciones del sector más duro de la organización terrorista. Argala, el autor material del asesinato de Carrero Blanco, murió el 21 de diciembre en la localidad francesa de Anglet al explotar una bomba lapa que el Batallón Vasco Español había instalado en los bajos de su coche. Una acción de represalia que, como todas las de su especie, poco aportó a la derrota de una organización que en años sucesivos continuaría fortaleciéndose.

6

ELECCIONES Y MÁS MUERTOS

A las 14.15 horas del día 5 de enero, el guardia civil don Ciriaco Sanz García, con destino en Llodio (Álava), cuando se dirigía a su domicilio, al llegar a la altura del n.º 22 de la c/ José Matías, fue tiroteado por dos individuos desde un vehículo en marcha, dándose a la fuga con dirección a Areta (Álava). El guardia civil fue alcanzado por tres disparos (región glútea, miembro inferior derecho y mano derecha). Fue atendido en el Cuarto de Socorro de Llodio y trasladado a la Residencia de la Seguridad Social de Cruces-Baracaldo (Vizcaya), donde evoluciona favorablemente. El vehículo con el que se cometió el atentado corresponde a un taxi que fue requerido por dos jóvenes para que les trasladara a Llodio. Al llegar al cruce de Marquijana intimidaron al taxista con una pistola, manifestándole que pertenecían a ETA y que necesitaban el vehículo, obligándole a detener el vehículo, apeándose del mismo, y a punta de pistola se dirigieron a un monte próximo y le ataron a un árbol, dejándole 2.000 pesetas por los gastos que le ocasionaran, advirtiéndole que en el caso de que se desatara no saliera del monte hasta las 15.00 horas. El taxista se soltó a los quince minutos, permaneciendo en el monte hasta la hora que le habían dicho, dirigiéndose posteriormente al Puesto de Amurrio, donde presentó denuncia sobre las 15.20 horas.

Ciriaco Sanz, a pesar de esa primera evolución favorable, no tardó en morir por complicaciones en sus heridas. Era el 5 de enero de 1979 y parecía que ETA se había propuesto superar la cifra de 72 asesinatos que había alcanzado el año anterior. Estaba más fuerte que nunca, sumaba muchos terroristas en sus filas y contaba con la experiencia acumulada de los innumerables atentados realizados. Tras la aprobación de la Constitución, la democracia seguía asentando poco a poco sus bases. Adolfo Suárez, cumpliendo con lo prometido, disolvió las Cortes y convocó nuevas elecciones generales para el 1 de marzo. La incipiente estabilidad política contrariaba a la dirección de ETA, que pretendía torpedear las nuevas instituciones del Estado, y para hacerlo utilizó su herramienta usual: el asesinato. Los comandos terroristas tiñeron de sangre las primeras fechas de 1979. El 2 de enero, Domingo Iturbe, Txomin, responsable del aparato militar de ETA, ordenó al comando Argala el asesinato del gobernador militar de Madrid, el general Ortín Gil. El objetivo había sido escogido «por su graduación y para golpear al Ejército español». Los pistoleros cumplieron las órdenes a la perfección. El funeral del militar derivó en disturbios y el Rey llamó «a la disciplina» a las Fuerzas Armadas en el discurso que pronunció en la Pascua militar.

ETA sabía que golpeaba donde más le escocía a la democracia apenas naciente. Si alguien tenía entonces poder para desestabilizar al Estado eran el Ejército y los cuerpos policiales, todavía con muchos jefes que habían desarrollado toda su trayectoria al abrigo del régimen franquista. La Guardia Civil seguía siendo, dentro de ese colectivo, el objetivo prioritario de los terroristas: el 6 de enero de 1979 mataron al agente Antonio Ramírez y a su novia cuando regresaban de bailar; el día 13, a Miguel García, Francisco Mota y Francisco Gómez-Gómez. En sus reivindicaciones, ETA señaló que los atentados «debían servir de aviso para todos los enemigos de Euskadi y personalmente a sus familiares».

La sensación de vulnerabilidad imperaba entre los miembros del cuerpo destinados en el País Vasco y Navarra. Apenas tenían medios para combatir a aquellos que habían dibujado una diana sobre su espalda. Las desarticulaciones de los comandos eran casi siempre fortuitas, y no fruto de una investigación por parte de los servicios de información. Los crímenes de ETA dinamitaban cualquier atisbo de paz y señalaban machaconamente a las estructuras gubernamentales y policiales. Aún en enero, los terroristas asesinaron al exalcalde de la localidad navarra de Echarri Aranaz, a un militante de UCD, a varios supuestos confidentes y al guardia civil Esteban Sáez. Para cerrar el mes, un comando etarra mató en Irún a un hombre mayor —sentado en silla de ruedas y aquejado de un cáncer terminal de riñón— al que acusaron de «txibato de la Guardia Civil». Los criminales desconocían que su víctima era en verdad Félix de Diego González, miembro retirado del cuerpo y compañero de pareja del guardia Pardines, la primera persona asesinada por ETA en su historia, una década atrás; un hombre cuya muerte le robaban por poco a la enfermedad que lo consumía para redondear, con una simetría macabra, aquella primera acción homicida.

En las conversaciones entre los guardias civiles destinados en el País Vasco y Navarra comenzaba a ser habitual la expresión de «síndrome del Norte», con la que intentaban definir la angustia que les provocaba la sensación de aislamiento y de permanente peligro, lo que realmente se aproximaba mucho al síndrome de estrés postraumático, en tanto que en los casos más graves perduraba aún después de estar el agente destinado en las provincias vascas y Navarra. Las noticias diarias iban minando su estado de ánimo: el asesinato del guardia José Díaz en Andoain, el de César Pinilla en Murguía y el de Benito Arroyo en Deva en las tres primeras semanas de febrero ahogaron en sangre verde los exiguos avances en la lucha contra el terrorismo. Tres mil nuevos policías habían sido destinados al País Vasco, pero el potencial de ETA continuaba intacto. La desarticulación del comando Ulia-Mutriku y las escasas detenciones apenas provocaron leves rasguños en la estructura de la banda terrorista. Por su parte, la Guardia Civil detendría ese año a varios miembros de los comandos Kioto y Bermeo en Vizcaya, y a una parte de los del grupo Urola en Guipúzcoa. Los arrestos los realizaban miembros del Servicio de Información con apoyo de la Sección de Reserva de la Comandancia e integrantes de la demarcación correspondiente.

En marzo de 1979 se celebraron las segundas elecciones generales, en las que Adolfo Suárez y la UCD obtuvieron una amplia mayoría, con el PSOE como segunda fuerza y alternativa de poder. En el País Vasco, Herri Batasuna dobló en votos a Euskadiko Ezkerra y con sus tres escaños se convirtió en tercera fuerza por detrás del PSE-PSOE, con cinco escaños. El PNV obtuvo siete diputados. La dirección de la organización terrorista percibió que, a pesar de sus crímenes, la aspiración de la sociedad española —y también del País Vasco— era la de celebrar unos comicios pacíficos, con unos resultados electorales que deberían cimentar la primera legislatura de cuatro años de la historia de la democracia. Por eso, además de proseguir con su hostigamiento a sus objetivos habituales, siempre con la Guardia Civil en la línea de fuego —en abril y mayo la banda asesinó a los guardias Juan Batista, Juan Antonio Díaz, José Maestre y Antonio Peña—, los terroristas asumieron que debían golpear en el corazón que sostenía el latido de la estructura del Estado: su economía y su imagen internacional. En esa campaña, ETA (pm) fijó su atención en los principales destinos turísticos, en los que colocó infinidad de artefactos explosivos: Marbella, Benidorm, Málaga, Peñíscola, Castellón, Torremolinos, Gerona, Sitges, Alicante y Salou. Algunos turistas extranjeros resultaron heridos leves.

Pero donde la rama político-militar de ETA golpeó con más determinación fue en la capital. El 29 de julio, en apenas 14 minutos, los terroristas detonaron varias bombas que habían colocado en el aeropuerto de Barajas (13.01 horas), en la estación de Chamartín (13.11 horas) y en la de Atocha (13.15 horas). Las deflagraciones tuvieron un aviso previo con tan escaso margen que la evacuación fue imposible, lo que causó la mayor masacre que jamás había perpetrado ETA (pm). Siete personas murieron y 113 resultaron heridas. Entre los fallecidos, un guardia civil retirado, Juan Luna.

Ese mismo día, en Pasajes, otro comando de la rama militar de ETA ametralló el cuartel del instituto armado, un atentado en el que murieron el brigada Moisés Cordero y el guardia Antonio Pastor. Olvido Valle, viuda de este último, recibió la noticia del crimen de madrugada:

A las 1.00 horas de la madrugada llamaron a mi puerta dos guardias civiles de Información para decirme que Antonio había sido ametrallado y que, a pesar de haber sido trasladado al hospital, no se pudo hacer nada por su vida, falleciendo a los 24 años de edad. Solo sé que entró de servicio esa noche a las 22.00 horas, y veinte minutos después había sido asesinado. Me quedé viuda con 22 años y una hija pequeña. De no ser por la ayuda de mis padres durante unos meses no hubiéramos podido salir adelante, porque ni siquiera sabíamos cómo arreglar el papeleo para percibir la pensión.

Estuve un año entero yendo al cementerio todos los días, después comencé a ir solo los fines de semana porque me resultaba demasiado doloroso. Llevaba a mi hija conmigo, que al ver tanta tristeza un día me dijo: «Mami, este sitio no me gusta». A partir de ese día cambié el cementerio por el parque y los juegos. De la tristeza a mi hija se le caía el pelo, la llevé al médico, que me confirmó que mi hija estaba deprimida. Las Navidades eran muy tristes, me sentía muy sola y tenía que hacer de padre y de madre. Quitaba las noticias para no ver los atentados, cada vez que oía algo sobre la reinserción sentía mucha rabia e impotencia. Porque si los terroristas no cumplían con sus penas, entonces las penas más duras las hemos cumplido las víctimas. Ni siquiera podía decir que mi marido había sido asesinado por ser guardia civil.

Después de 37 años, vivo en Palencia, tengo nietos y soy feliz, pero no soy capaz de explicarles cómo murió su abuelo. Me pesa tanto esta mochila que llevo a la espalda que me siento triste y cansada.

La letanía de lamentos de Olvido Valle resume la existencia de las familias de los guardias civiles que por entonces estaban destinados en el País Vasco y Navarra. El propósito marcado por los terroristas comenzaba a ser un hecho: la presión sobre los cuerpos policiales, más que agobiarlos, debía sumirlos en una atmósfera irrespirable. Y el método de actuación pasaba por someterlos a una lluvia de abatimiento incesante, hacer sentir a los agentes que la vida en sus destinos vascos iba a ser lo más parecido al infierno. A su alrededor, la sociedad se mostraba totalmente indiferente, ajena a sus penalidades. Así cuenta cómo se enfrentaba la presión uno de los que vivieron aquella situación asfixiante:

Los guardias civiles vivíamos encerrados dentro de los cuarteles, era un micromundo donde había de todo: miedo, solidaridad, abandono, compañerismo, precariedad, ingenio, angustia y valentía. Todos los que allí vivían formaban una gran familia unida por un objetivo común: la supervivencia. Es difícil imaginar la angustia que se reflejaba en las caras de los que salían de patrulla, y la alegría contenida de las esposas e hijos cuando veían el regreso de los vehículos. Muchas veces los niños esperaban en la puerta del cuartel la llegada de la comitiva, puesto que siempre se desplazaban por lo menos dos vehículos para protegerse mutuamente. El compañerismo era la energía que hacía posible y pasable esa vida acosada por todo lo que la rodeaba. Cuanto más pequeño y aislado era el acuartelamiento, más piña hacían los guardias y sus familias. Se vivían imágenes no muy distintas a las de los fuertes de los vaqueros dentro del territorio comanche. Los atentados y guardias civiles asesinados en cualquier lugar se sentían profundamente en el interior de todos los cuarteles; ese día no había sonrisas, solo dolor y abatimiento. Los guardias civiles llegaron espontáneamente al convencimiento de que resistir e «ir a por ellos» eran las únicas opciones. Y en ello volcaron todas sus energías, cada uno desde su destino y todo su tiempo disponible. Vencer para no dejarse matar fue el objetivo, algo más que un simple trabajo; se trataba de la supervivencia del guardia civil y su familia. Sin lugar a dudas, esta actitud mantenida a lo largo de muchos años ha sido uno de los elementos que con mayor fuerza ha influido en la derrota de ETA a manos de la Guardia Civil. El cuartel como corazón y motor de los guardias civiles del País Vasco.

Los asesinatos de los guardias Juan José Tauste en Éibar y de Antonio Nieves en Sondica formaban parte de esta estrategia de acoso y desmoralización; los ametrallamientos y los ataques con granadas a las casas cuartel, también. Cualquier movimiento despertaba la atención de los agentes que vivían las veinticuatro horas del día en una tensión permanente, lo que provocaba en ocasiones el fuego amigo entre guardias civiles y policías:

El hecho tuvo lugar sobre las 2.30 horas de la madrugada del 29 de septiembre en San Sebastián (Guipúzcoa), cuando los guardias civiles Luciano Alonso Alonso y Andrés Fernández Almodóvar, realizando servicio de protección de la Jefatura de la Comandancia, se encontraban en el interior de un turismo propiedad de uno de sus compañeros, estacionado en una calle perpendicular a la fachada de la referida Comandancia dominando visualmente la misma de forma clara. Observaron por el espejo retrovisor a tres individuos que se aproximaban al vehículo que ellos ocupaban, y que en principio creyeron se trataba de unos viandantes; al continuar observándolos se apercibieron de que dos de ellos esgrimían sendas armas, ante lo cual, convencidos de que se trataba de un comando terrorista y dada la proximidad a la que se encontraban, hicieron uso de sus armas a la vez que les daban el alto. Los desconocidos, lejos de detenerse, emprendieron la huida. Por su parte, los guardias civiles que se encontraban en la Comandancia, alertados por los disparos, salieron de la misma disparando asimismo hacia el lugar por donde huían los tres individuos. Lamentablemente pudo comprobarse después que los individuos sospechosos eran los inspectores del cuerpo Superior de Policía (CSP) Santos Sampedro, que resultó muerto en el acto, y Carlos Martínez, herido de gravedad.

En el escenario político, mientras tanto, se ratificaron los estatutos de autonomía catalán y vasco. En el segundo caso, los acuerdos fueron mucho más arduos. Asuntos como los derechos históricos, el concierto económico o la adhesión de Navarra supusieron un largo bloqueo. El PNV asumió que el estatuto no era el ideal, pero optó por defender los pactos alcanzados. El documento fue aprobado con el 53 % de los votos, en una consulta que contó con un 40 % de abstención. Para ETA y sus votantes, la norma que iba a regir la vida de los vascos menospreciaba sus orígenes, los equiparaba a los catalanes, y seguían «bajo el dominio español». Justificaba y aumentaba su radicalidad, sus asesinatos.

Antes de que el rey Juan Carlos I sancionara el Estatuto de Guernica, ETA tuvo tiempo de asesinar en Portugalete al guardia civil Manuel Fuentes y en Azpeitia a los agentes Pedro Sánchez, Ángel García y Antonio Ales. Este último crimen tuvo como escenario el bar Ízaro. Cuatro jóvenes se les aproximaron por la espalda, dispararon varias veces y remataron a sus víctimas en el suelo. La esposa del agente asesinado Pedro Sánchez, embarazada de cuatro meses, salió a la calle a pedir auxilio y se encontró momentos más tarde con dos dotaciones del instituto armado, que nada pudieron hacer para detener a los criminales. Ninguno de los testigos quiso colaborar con la investigación ni proporcionar descripción alguna de los terroristas. Tantos atentados consiguieron adormecer, o quizá el verbo apropiado sea otro, los sentimientos de los ciudadanos. Una gran parte de la población vasca cerró los ojos, bajó las persianas de sus casas y se convirtió en cómplice con su silencio. Nunca, o muy pocas veces a lo largo de la historia de España, un colectivo se sintió tan extraño, desdeñado y maltratado, ni una sociedad supo resultar tan concienzudamente excluyente.

La declaración de Jesús María Reparaz Lizarraga, uno de los miembros del comando Sakana, desarticulado por aquellos días por la Guardia Civil, refleja la verdadera fijación que tenían los terroristas por atentar contra los agentes del instituto armado. El comando cayó tras un intento frustrado de asesinato contra los guardias destinados en la casa cuartel de Lecumberri (Navarra).

El día 23 de septiembre de 1979 deciden por tercera vez hacer la acción, para lo que se reúne el comando completo en el bar Arizalde de Echarri Aranaz. Haciendo uso de los dos vehículos Mini Morris, se dirigen a la carretera de Madoz, recogen dos pistolas del agujero y se marchan hacia el alto de Madoz, donde se queda Ángel Erdocia con el Mini Morris rojo y el resto del comando marcha hacia la carretera de San Miguel de Aralar, y una vez sobrepasado el pueblo de Baraibar a unos tres kilómetros del mismo, observan un R-12 en cuyo interior se hallan un hombre y una mujer, dejan el Mini Morris un poco retirado del lugar donde hallaba el R-12 y se dirigen al mismo con el rostro cubierto por pasamontañas, el dicente, Vicente Nazabal y Huici Mendiola, quedando Juan Nazabal en el Mini Morris. Amenazan a los ocupantes de R-12 y les conminan a que abandonen el vehículo y les atan a dos árboles, diciéndoles que en caso de soltarse no denuncien el secuestro antes de las nueve y media de la noche. Los tres componentes del comando recogen el R-12 y, precedidos por el Mini Morris de Juan Nazabal, se dirigen hacia el alto de Madoz, donde esperaba Ángel Erdocia; una vez los cinco juntos, recogen tres ametralladoras, una granada de mano y una escopeta repetidora y se las distribuyen. Esperan en el lugar a que anochezca y entre tanto practican un corto ejercicio de tiro para comprobar el buen funcionamiento de las armas. Sobre las 20.30 horas el dicente, Ángel Erdocia, y Huici Mendiola montan en los asientos traseros del R-12 y los hermanos Nazabal en los delanteros y se dirigen a Lecumberri, realizan dos pasadas por delante del cuartel comprobando que estaban todas las ventanas cerradas y solo se hallaba abierta la puerta principal, por lo que hallándose en el cruce de la carretera de Leiza dan la vuelta y se dirigen hacia el cuartel, siguiendo dirección Pamplona, con la intención de estacionar el vehículo y ametrallar las ventanas y lanzar la granada, pero al observar un vehículo Land Rover del cuerpo que venía de la carretera de Leiza y se dirigía al cuartel y viendo que aparcaba en la puerta, decidieron ametrallar el citado vehículo e iniciaron la acción de inmediato, disparando sus armas los tres ocupantes del asiento trasero y Vicente Nazabal lanzó la granada, todo ello dirigido simultáneamente contra el vehículo y la casa cuartel, dándose inmediatamente a la fuga. El atentado era repelido por los agentes ya que los impactos de bala rompieron la luna.

A la Guardia Civil no le quedó más remedio que hacer acopio de fuerzas para combatir el terrorismo. No bastaba con defenderse de los ataques, sino que debía llevar la iniciativa, detener a los etarras antes de que perpetrasen sus atentados y no después. Se adoptaron diferentes medidas que, además de tener como fin la protección de la sociedad, con arreglo al mandato legal, suponían para los guardias civiles una vía de supervivencia. ETA había conseguido ser dueño y señor del territorio, y la Benemérita se planteó acabar con su omnipotencia: había que recuperar la libertad de movimientos —las patrullas apenas se dejaban ver por temor a los frecuentes atentados— y la reconquista física del terreno perdido. Para ello, había que dotar al cuerpo de más herramientas que los precarios servicios de información de los que por entonces se disponía.

La cruel escalada terrorista del 1978 había dado lugar a la creación de lo que sería el embrión de la Unidad Antiterrorista Rural (UAR) en el seno de la Comandancia Móvil de Logroño, seleccionando a un primer grupo de guardias civiles. En enero de 1979, estos agentes se desplazaron a Jaca para comenzar un periodo de instrucción en técnicas de guerrilla en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales. Los altos niveles alcanzados impulsaron el aumento de plantilla hasta formar un Grupo con tres compañías, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra (en 1984 se crearía una cuarta en Álava y dos secciones especiales para vigilancia de la frontera navarra). Los primeros cuarenta miembros ya formados de la UAR adiestraron al futuro Grupo Antiterrorista Rural (GAR). Sus integrantes readaptaron su concepto de combate de guerrillas a la lucha contra el terrorismo. La actuación del GAR tuvo efectos inmediatos contra la amenaza de ETA, tanto en el terreno psicológico como en el de la eficacia policial. Además de elevar la moral de los agentes destinados en las provincias vascas y Navarra y de sembrar el miedo entre los etarras, sus unidades se enfrentaban a misiones cruciales para la recuperación del territorio: se dificultan en gran medida los movimientos de los terroristas con la realización de controles y coberturas de fronteras; se apoya la acción de los servicios de información; y se realizan servicios preventivos que evitarán atentados, protegiendo instalaciones propias y dando seguridad a los itinerarios habituales de las patrullas del cuerpo.

Al mismo tiempo y de forma complementaria, la Guardia Civil potencia su servicio de desactivación de explosivos, literalmente desbordado por la actividad terrorista. Los primeros agentes formados —un total de 374 jefes, oficiales, suboficiales, cabos y guardias— habían adquirido sus conocimientos en cursos impartidos por el Ministerio del Ejército entre 1974 y 1976. Pero estas primeras promociones demostraron pronto sus carencias. La formación era mínima y no se les suministraba información práctica y real sobre los artefactos empleados por ETA. Los primeros Equipos de Especialistas de Explosivos (EDEX) con dedicación exclusiva se formaron a finales de 1976. Su formación teórica, no obstante, era bastante escasa, por lo que en 1980 se convoca el primer curso de Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX) de la Guardia Civil, en el que se imparten a los especialistas los conocimientos adecuados para perfeccionar sus habilidades de cara a la amenaza efectiva existente.

Las bases políticas del Gobierno de Adolfo Suárez se iban deteriorando lentamente y todos se cebaban en su debilidad. La dirección de ETA era consciente de ello y también de los movimientos que se estaban fraguando en el seno de la Guardia Civil, encaminados a neutralizar su «lucha armada». Las órdenes en los primeros meses de 1980 eran terminantes e inequívocas: provocar el mayor número posible de víctimas y, a ser posible, entre los miembros del instituto armado. El 8 de enero, un comando terrorista lanzó varias granadas contra el helipuerto del Palacio de la Moncloa, mientras que en Alsasua (Navarra) asesinaban a balazos al guardia retirado Sebastián Arroyo. Una semana después, en Elorrio (Vizcaya), otro comando mató al agente Francisco Moya.

Los acontecimientos se precipitaron el primer día del mes de febrero, la misma jornada en la que Adolfo Suárez, a través de su ministro del Interior, Antonio Ibáñez, nombraba al general Sáenz de Santamaría como delegado del Gobierno en el País Vasco, con la intención declarada de frenar con mano firme la ofensiva terrorista. Ese día, a primera hora de la mañana, un comando de ETA atacó en Ispáster (Vizcaya) a un convoy de la Guardia Civil. La acción se saldó con el asesinato de seis agentes: José Antonio Pérez, José Gómez Trillo, José Gómez Martiñán, Alfredo Díez, Antonio Martín y Victorino Villamor:

A las 7.40 horas partió de la fábrica de armas sita en Marquina (Vizcaya) un convoy compuesto por el Land Rover de la Guardia Civil, otro de la empresa Esperanza ocupado por dos guardas jurados, y un último Land Rover también del cuerpo. […] Sobre las 8.15 horas, cuando el convoy circulaba a la altura del km 53 de la carretera BI-V-1249, los dos Land Rover de la Guardia Civil fueron objeto de un atentado mediante disparos de armas automáticas, de una escopeta de caza y de granadas de mano tipo ETA. Tras el atentado, los vehículos de la Guardia Civil quedaron separados entre sí unos 130 metros. Los miembros de ETA se encontraban apostados en el monte, entre la maleza. […] Los seis guardias civiles resultaron muertos sin conseguir salir de los vehículos oficiales, excepto el guardia civil Díez Marcos, que logró abrir la puerta posterior del Land Rover que ocupaba el último lugar del convoy, cayéndose seguidamente al suelo donde quedó muerto, tendido boca arriba.

Una vez terminado un primer ametrallamiento, los guardas jurados de la empresa Esperanza fueron obligados a salir del vehículo en el que viajaban y empujados hacia una pendiente situada frente al monte desde donde procedían los disparos, oyendo una serie de explosiones y posteriormente ráfagas continuadas de armas automáticas así como varios disparos tiro a tiro, por lo que se presume que los guardias civiles fueron rematados. También oyeron arrancar el Land Rover en el que ellos habían viajado y alejarse del lugar. Este vehículo, con todo el material que transportaba, fue recuperado a las 10.40 horas del mismo día, a unos 600 metros de lugar del atentado y próximo a la carretera. Los miembros de ETA huyeron con armas de los agentes asesinados.

A unos 4 km, aproximadamente, del lugar del atentado fue hallado el turismo Simca 1200 matrícula BI-7029-L que según testigos, fue abandonado por un individuo alto, de complexión normal, pelo corto oscuro, con bigote arreglado y vestido con un anorak, y que había sido sustraído en Bilbao (Vizcaya) el 30 de enero de 1980, en circunstancias normales. En el asiento trasero de este vehículo se halló el cadáver de un individuo que portaba chaleco antibala y vestía pantalón vaquero, presentando un gran orificio en el estómago y vientre, con salida de intestinos, faltándole además la mano izquierda. Este individuo fue identificado como el miembro de ETA Gregorio Olabarría Bengoa, quien habría fallecido al estallar la granada que manipulaba.

Sobre las 8.30 horas del mismo día, dos individuos jóvenes que viajaban en un Seat 127 color verde oscuro, uno de ellos con graves heridas pues llevaba la cara totalmente ensangrentada, solicitaron asistencia médica a D.ª Purificación Chilonis en el caserío Erdico, sito en el término municipal de Ea. No obstante, los individuos decidieron no esperar a la llegada de un médico debido a la gravedad del herido, por lo que abandonaron el caserío dejando en el mismo un chaleco antibalas y un cargador de fusil FAL sin munición. El individuo con heridas graves resultó ser Francisco Javier Gorrochategui Agote, miembro de ETA que apareció muerto al día siguiente en la puerta del cementerio de Ermua (Vizcaya).

Los miembros de ETA habían preparado concienzudamente el lugar desde donde cometerían el atentado, puesto que se hallaron varios apostaderos con ramas de árboles para camuflarse.

«Asesinados seis guardias civiles, el más grave atentado contra las Fuerzas del Orden», informaban los periódicos de la época. Estos titulares venían acompañados de fotos explícitas de los cadáveres de los agentes, que sacudieron la conciencia colectiva de la Guardia Civil. La reacción ante el crimen de Ea-Ispáster iba a ser firme e inmediata. El atentado precipitó el despliegue del GAR en el País Vasco, antes de que sus integrantes finalizasen su periodo de formación.

El avance de ETA proseguía imparable y los asesinatos de los primeros meses de 1980 anunciaban el año más sangriento de su historia. Tan solo hubo un pequeño respiro en el mes de marzo, con motivo de la celebración de las primeras elecciones al Parlamento vasco. Las dos ramas de la banda terrorista, la militar y la político-militar, se abstuvieron de asesinar durante toda la campaña, a fin de no perjudicar a las formaciones políticas por las que pedían el voto, Herri Batasuna y Euskadiko Ezkerra, respectivamente. La fragilidad de aquella falsa paz no tardó en estallar. A finales de marzo, la sociedad vasca se despertaba con la noticia de que un niño de 13 años, José María Piris, había perdido la vida al recibir el golpe que los terroristas buscaban asestar a un guardia civil de Azcoitia. Fue el primer niño asesinado por ETA. La novia del agente no dio importancia a una bolsa de basura colocada junto a su vehículo y se marchó. La bomba que contenía en su interior estalló cuando el niño, acompañado de un amigo, manipuló el paquete. La madre del niño asesinado, en «Crónica» de El Mundo de fecha 11 de agosto de 2002, señalaba que «aquel pobre muchacho guardia civil, al que solo conocíamos de vista, vino a nuestra casa a pedirnos perdón».

Los terroristas fallaron en su intento de asesinar al guardia civil de Azcoitia, pero alcanzaron su objetivo días después en Orio, al matar a Francisco Pascual; en Irún, con los agentes Luis Martos, José Torralba y Rufino Muñoz —este último tras un tiroteo en el autobús en el que viajaba y en el que resultó herido un agente de Policía—; en Goizueta, con Francisco Ruiz y Francisco Puig; y en Azpeitia, con Justino Quindós. Pero ETA quería dar un golpe brutal sobre la mesa como el de Ea-Ispáster, advertir a la Guardia Civil que en el tablero vasco ellos eran los que mandaban y que todos los esfuerzos que pudieran llevar a cabo sus agentes eran en vano. Así, a mediados de julio, un nutrido comando terrorista se estableció a ambos lados de la carretera que conduce a Aia (Guipúzcoa), donde una patrulla de la Benemérita relevó a sus compañeros. Los etarras asaltaron el convoy y abrieron fuego con sus Cetmes y metralletas. Dos guardias civiles, Antonio Gómez y Aurelio Navío, así como dos militantes de ETA, murieron en el tiroteo. La dirección de la banda, insatisfecha con el resultado del atentado, ordenó atacar a las afueras de Logroño a tres autobuses del cuerpo que trasladaban a los guardias en periodo de entrenamiento y formación. Para ello, los terroristas colocaron diez cargas explosivas que hicieron estallar de forma simultánea. La deflagración alcanzó de lleno al teniente Francisco López, que murió en el atentado. Otros treinta agentes resultaron heridos. Uno de los miembros del comando etarra, Isidro Etxabe, recordó así aquel episodio:

El 20 de julio de 1980, Arregui e Izaguirre compraron en Logroño dos palas para practicar unos agujeros donde colocar los explosivos. Hacia las 23.00 horas de ese día, los miembros del comando se trasladaron en un Simca 1200 alquilado hasta el lugar elegido para cometer el atentado, un montículo existente en la confluencia de una carretera que conducía a una cantera próxima y otra carretera que bajaba a la autopista. Una vez en ese lugar, hicieron diez agujeros en donde colocaron cargas explosivas tipo hornillo, todas ellas con tornillería como metralla. Una vez colocadas las cargas explosivas, las conectaron en paralelo a una batería, y esta, a su vez, a un receptor de señales de radio. Sobre las 4.30 horas volvieron a Logroño. Sobre las 7.00 horas del día 22, los miembros del comando se dirigieron al punto elegido para activar las cargas explosivas, un punto elevado en la carretera de Villamediana desde el que divisaban el lugar por donde pasaría el convoy de la Guardia Civil, a unos quinientos metros de distancia. Al llegar el convoy al lugar escogido, Izaguirre activó el radio mando, produciéndose la explosión de las cargas.

Uno de los hijos del teniente Francisco López, asesinado en este atentado, ingresó años después en el cuerpo. En su memoria tiene grabados a fuego los acontecimientos que se sucedieron el día en el que perdió a su padre, y que una vez más vienen a dejar patente la muy mejorable atención que por aquellos tiempos recibían, por parte del Estado, las víctimas de la acción de los terroristas:

Tenía siete años y vivíamos en un pabellón del cuartel de la Academia de Sabadell, donde mi padre era profesor. Había salido a una especie de viaje o comisión junto con sus alumnos «por el norte». En casa estábamos en ese momento mi madre, mis dos hermanos y yo. Estaba jugando en mi cuarto cuando alguien llamó a la puerta y mi madre fue a abrir. Recuerdo todavía el grito seguido de los sollozos. Me asusté y fui a ver lo que ocurría. En la cocina se encontraban varios de los vecinos, creo que sobre todo mujeres, tratando de consolar y sujetar a mi madre, que no se tenía en pie. De ahí fui recorriendo el pasillo del pabellón, y desde la puerta del salón vi cómo mi hermano lloraba amargamente sentado en el sillón con la cabeza echada hacia atrás mientras algunos vecinos más le consolaban. Mi hermano tendría unos quince años. En el recorrido por mi casa, de las conversaciones que escuchaba, me enteré de lo que había sucedido: mi padre había sido asesinado en un atentado. Antes había oído hablar de ETA, pero es desde entonces cuando asocio esas siglas a su significado. A mi hermana pequeña la perdí de vista entre tanta gente, imagino que algún vecino estaría cuidando de ella. Me llamaba la atención que, curiosamente, nadie viniera a consolarme a mí. Supongo que fue porque no estaba llorando o porque bastante trabajo tenían con mi madre y mi hermano. Recuerdo que una vecina me mandó a hacer un recado a la tienda de alimentación que había en la calle del cuartel. Luego comprendí que lo hacía con la buena voluntad de que no presenciara más el sufrimiento de mi madre y hermano, y para que quizá así, con suerte, no me enterara de lo sucedido. Era tarde porque ya era consciente de lo que había ocurrido y tenía grabadas las imágenes de ambos y sus sollozos. Más tarde me di cuenta de lo necesario que hubiera sido que alguien también se hubiera hecho cargo de mí, e incluso, de hablarme de lo sucedido para comenzar en ese mismo momento el duelo.

Cuando bajé al patio del cuartel y salí por el portal recuerdo cómo mis amigos se pararon y me miraban, comentando algunos el suceso en voz baja. Ninguno habló conmigo. Agaché la cabeza y salí a hacer los recados. Me sentía avergonzado. Ya no recuerdo más. Los días siguientes que coincidieron con el traslado del cadáver y el funeral me enviaron, según me explicaron más adelante, con la familia de un capitán amigo, y a mi hermana pequeña a casa de unos tíos, pero de esa estancia no conservo ni un solo recuerdo.

Por lo visto no podíamos continuar viviendo allí, teníamos que dejar el pabellón. Yo eso no lo entendía, en aquel momento me pareció una injusticia: ¿qué tenía que ver que mataran a mi padre con que tuviéramos que irnos de nuestra casa? ¿Qué culpa teníamos nosotros? Mi madre siempre ha comentado que el teniente coronel jefe de la Academia le dijo que no tuviéramos prisa, que podíamos quedarnos allí el tiempo que hiciera falta. La mayor parte de la atención que recibió mi familia en ese momento provino de la Guardia Civil, o esa es la sensación que siempre hemos tenido toda mi familia. Al final nos mudamos a un piso que estaba a un kilómetro de allí, pero seguí manteniendo a todos mis amigos de la Academia, donde iba a jugar después del colegio todos los días.

Los militantes de ETA comenzaron por aquel entonces a basar su estrategia en el empleo de explosivos. Les otorgaba una mayor seguridad para perpetrar sus atentados, un mayor poder destructivo y representaba una baza de desmoralización mayor para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tres días después del suceso de Logroño, un comando terrorista robó en la localidad cántabra de Soto de la Marina siete toneladas de goma-2, apuntando así sus intenciones para los próximos meses. Con todo, el consejero de Interior del Gobierno vasco, Luis María Retolaza, trató de minimizar el impacto del terrorismo en la Comunidad: «ETA no es un problema primordial para el Gobierno vasco, lo primordial es lograr las cotas políticas que están en el Estatuto (de Guernica)».

Casi como si de una respuesta a estas declaraciones se tratara, los terroristas planificaron una nueva escalada de violencia en las semanas posteriores, en las que once guardias civiles fueron asesinados en tres atentados a manos de diferentes comandos: Miguel Hernández, Alfonso Martínez, Mariano González y Antonio García fueron ametrallados mientras comían en un bar de Marquina (Vizcaya); José Luis Vázquez, Avelino Palma y Ángel Prado recibieron el impacto de varias balas en Salvatierra (Álava) cuando prestaban servicio en una competición ciclista durante las fiestas patronales de la localidad; Arturo López, Ángel Retamar, Julio Castillejo y Modesto García perdieron la vida en un bar de Zarauz (Guipúzcoa). Juan María Tapia Irujo, miembro activo de ETA, explicó después cómo sus correligionarios perpetraron el crimen:

Los miembros del comando sustraen dos vehículos a punta de pistola, dirigiéndose hasta Zarauz. Cuando comprueban que los miembros de la Guardia Civil entran en el bar, se dirigen hasta la entrada del mismo, penetrando en su interior Miguel Antonio Goicoechea Elorriaga, Txapela; Pedro María Leguina Aurre, Kepatxu, y José Luis Eciolaza Galán, Diente Puto, mientras que Ángel María Tellería Uriarte, Koldo; José Javier Zabaleta Elosegui, Baldo, y José Antonio Olaizola Achucarro, Antxon, se quedan en el exterior apoyando al resto del comando. Los tres miembros de ETA que entraron en el bar sacaron de las mochilas que portaban los subfusiles y, al grito de «Gora ETA militarra», dispararon contra los agentes, emprendiendo acto seguido la huida.

De los terroristas ya se sabía lo que se podía esperar, pero las reacciones de la población eran algunas veces igual de inhumanas, y no menos crueles:

Normalidad tras el asesinato de tres guardias civiles: se reanudaron las fiestas de Salvatierra. El Gobernador Civil de Álava autorizó al mediodía de ayer la reanudación de las fiestas patronales de la localidad alavesa de Salvatierra, tras haberlo solicitado por escrito la totalidad de los concejales del ayuntamiento y 150 vecinos más. Las fiestas habían sido suspendidas el sábado último por decisión gubernativa. En el escrito también se solicitaba la puesta en libertad de los seis detenidos después del atentado.

Para cerrar el año e incrementar la leyenda negra de la Comandancia de Guipúzcoa, los terroristas asesinaron al guardia Juan García León en las inmediaciones de la fábrica de armas Star de Éibar y al agente Aurelio Prieto en un tiroteo en Tolosa. El de 1980 fue el año en que ETA asesinó a un mayor número de personas en toda su historia, 97, treinta de ellas, guardias civiles. Estas cifras supondrían un nuevo motivo para agudizar la crisis que padecía el débil Gobierno de Suárez: el proceso autonómico que se había puesto en marcha bajo su impulso político no había frenado ni el independentismo ni el terrorismo.

La rama político-militar de ETA se propuso ahondar en esta crisis. Tras amenazar a los miembros de UCD, sus militantes trataron de perpetrar un golpe con el que aspiraban a ocupar las portadas de todos los periódicos: el asalto al cuartel que el Ejército tenía en Berga, en el Prepirineo catalán. Los documentos internos de la Guardia Civil relatan lo sucedido el 11 de noviembre de ese año:

La dirección de ETA (pm) había planteado la necesidad de dar un golpe que fuera espectacular y al mismo tiempo sirviera para dotar a la infraestructura armada de material de guerra de mayor entidad que las pistolas y subfusiles usados hasta el momento. […] El hecho de que José María Salegui Urbieta hubiese realizado el servicio militar en el acuartelamiento de Cazadores de Montaña de Berga, y aportase información vital, sirvió para decidir dicho acuartelamiento como el objetivo seleccionado. […] Ante la complejidad de la acción planeada se dispuso que participaran trece individuos, integrados en cuatro comandos de ETA (pm), uno venido de Francia, dos radicados en España —Barcelona y Galicia— y otro formado por catalanes del Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans. […] A partir del 11 de noviembre, los seleccionados para asaltar el acuartelamiento llevaron a cabo una frenética actividad; entre los preparativos se encontraba la construcción de un zulo para depositar las armas, la compra de material de vestuario militar, el robo de vehículos y la vigilancia de movimientos y relevos del personal de servicio en el acuartelamiento de Berga. Con todos los elementos a disposición del grupo asaltante, planificaron la acción de la siguiente forma: dos integrantes del comando, haciéndose pasar por una pareja de novios, tenían que interceptar en un camino a las 23.30 horas a los dos soldados de retén, reducirlos y apropiarse de sus uniformes; otros dos miembros del comando se vestirían con los uniformes robados y continuarían realizando el servicio de retén, siendo estos los encargados de sorprender y reducir al centinela de la puerta falsa, para a continuación acceder al interior del recinto […]. Posteriormente, y con las llaves en su poder, buscarían las armas y las cargarían en el Land Rover (robado) estacionado en la puerta de la Compañía. Después irían a la Sala de Armas para apoderarse de armamento pesado. Algunas de las armas serían destinadas a grupos armados separatistas catalanes y con el resto ETA pretendía forzar una negociación con el Gobierno bajo la amenaza de armar a todos los hombres posibles para tomar un pueblo y declarar la República Socialista en el País Vasco.

Como estaba planificado, redujeron a los soldados del retén y neutralizaron al centinela de la puerta falsa, pero en el momento de acceder al recinto militar se encontraron con la Guardia formada para realizar el relevo, mientras que un centinela de guardia los descubrió y dio la alarma. […] El asalto al cuartel de Berga, que debió ser una de las acciones más espectaculares de la banda terrorista, acabó convertido en una huida precipitada y en una auténtica caza al hombre por parte de la Guardia Civil por los montes y masías de la Cataluña interior, que finalizó con la detención de la mayoría de los autores del asalto y la recuperación de todas las armas, uniformes y vehículos robados. Estas detenciones propiciaron, a su vez, la detención de numerosas personas que facilitaron alojamiento y transporte, quedando prácticamente desarticuladas las diferentes células de apoyo de que ETA disponía en Cataluña.

Por una vez, la organización había calculado mal sus fuerzas —además de planificar de forma manifiestamente mejorable la acción, en lo tocante a la hora del ataque— y ello facilitó el éxito policial. La actuación durante este periodo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado —que en Guipúzcoa desarticularon los comandos Izarra, Adarra, Urbasa y Andoain, y en Navarra los grupos Beriain, Alsasua, Xefe Sarasola y Neskas, entre otros— supondría una leve merma en el potencial de la banda terrorista, pero no bastaría para dañar su capacidad real de atacar al Estado. La organización armada proseguía con su actividad sin que nada ni nadie lo remediasen, al mismo tiempo que desde la extrema derecha se azuzaban viejos fantasmas del franquismo y se acusaba al Gobierno de Suárez de tener la mano demasiado blanda frente a las embestidas de ETA. Un Gobierno y un presidente cuya dimisión ya se adivinaba en el horizonte.

7

REACCIÓN DEL ESTADO: CARA Y CRUZ

Llegó la prueba de fuego. ETA había presionado lo suficiente para dinamitar una de las columnas sobre las que se sostenía la incipiente democracia. La tenaz campaña de hostigamiento sobre cuerpos policiales y militares y la consiguiente inestabilidad política —Adolfo Suárez presentó su dimisión al Rey el 29 de enero— facilitaron la excusa deseada a los golpistas, que el 23 de febrero tomaron el Congreso bajo las órdenes del teniente coronel Antonio Tejero.

La incertidumbre sacudía el escenario y hacía temblar los cimientos del nuevo régimen. Aunque fallido, el intento de golpe de Estado sirvió para comprender hasta qué punto seguían vivos los viejos fantasmas del pasado. Los actores políticos apostaron por unir fuerzas en torno a Juan Carlos I. Los disparos en la Cámara quizá fueran el examen que tenía que pasar la democracia para alcanzar la mayoría de edad y afrontar su futuro con garantía de no volver atrás. El fracaso y la detención de Tejero, por otra parte, eran el mejor exorcismo de los demonios involucionistas que pudieran perdurar en el seno de la Benemérita.

Desde la dirección de la banda terrorista también se analizó un porvenir que por momentos había dado la sensación de tambalearse. La rama político-militar había secuestrado a tres diplomáticos en las vísperas del 23-F: el cónsul de Austria y el de El Salvador en Bilbao, y el de Uruguay en Pamplona. El esperpéntico asalto a la sede de la soberanía encabezado por el teniente coronel Tejero obligó a sus integrantes a replantearse su existencia: de acuerdo con su lógica, el uso del terrorismo, lejos de defender los intereses del pueblo vasco, había dado argumentos a los golpistas. Los polimilis tenían una representación política, de la mano del Partido para la Revolución Vasca (EIA) y Euskadiko Ezkerra (EE), con un diputado —Francisco Letamendia— y un senador —Juan María Bandrés—. Hacía tiempo que EE había ido tomando progresivamente decisiones independientes de las de ETA (pm). Cuatro días después del 23-F, esta emitió un comunicado en el que decretaba una tregua. En un encuentro posterior se evidenció el cisma interno: el 25 % de sus integrantes quería un «alto el fuego» definitivo, frente al 75 % que apostaba por volver a la actividad terrorista. Los primeros se autodisolverían en 1982 tras negociaciones con el ministro Rosón; los segundos se integraron en la rama militar de ETA bajo el nombre de los milikis. Un pequeño grupo conocido con el nombre de ETA (pm) VIII Asamblea continuó en pie hasta 1986, cuando fueron detenidos la mayoría de sus dirigentes.

Por su parte, ETA (m) dejó claras sus intenciones, que no eran otras que volcar toda su fuerza en tratar de derrumbar con violencia las instituciones estatales para implantar su modelo de sociedad «de izquierdas» en el País Vasco y Navarra. Aprovechó el 23-F a su favor justificando así su actividad frente al Estado que mostraba su verdadera cara. Emplearon una excusa que siempre les acompañaría: ellos solo respondían a la violencia que el Estado empleaba. Lo demostraron en marzo de 1981, el día en el que se enterraban en Vergara (Guipúzcoa) los restos de Telesforo Monzón, fundador de la asociación Anai Artea en apoyo a los refugiados de ETA en Francia y de Herri Batasuna. Durante esos días, los comandos terroristas colocaron bombas en los cuarteles de la Guardia Civil que se estaban construyendo en Algorta y Estella, asesinaron a militares retirados y trataron de hacerlo con un agente de la Benemérita en Pamplona. Por otra parte, el etarra Mario Álvarez perdió la vida en Barrica (Vizcaya) mientras manipulaba un artefacto explosivo. Paradojas de la vida, era hijo de un guardia civil.

Pero si algo había advertido la rama militar de ETA a raíz del 23-F era el poder de la información. No bastaba con lanzar sus propios eslóganes y consignas, sino que había que eliminar a aquellos que propugnaban y trataban de hacer efectiva la libertad que ellos trataban de asfixiar. Gerardo Huezo, periodista de La Gaceta del Norte, sufrió un atentado en el que casi pierde la vida el 4 de abril de 1981. Su hijo, hoy guardia civil, rememora aquella jornada:

Era sábado, nos encontrábamos en casa desayunando. Era un día normal de no ser porque estaba con nosotros nuestro hermano mayor, guardia civil que se encontraba destinado en el Servicio de Información de Guipúzcoa. No era habitual verle, menos en casa. Sonó el teléfono y el sosiego del desayuno en familia se convirtió en sobresalto. ¡Papá ha tenido un atentado, pero está bien! Dos encapuchados habían penetrado en la sede del diario La Gaceta del Norte situada en pleno centro de la capital vizcaína, al llegar al departamento de administración y publicidad del periódico se acercaron a él; este, al advertir su presencia, corrió sus cincuenta y… pesados años escaleras arriba; los terroristas dispararon sus armas, que atravesaron las cristaleras de la puerta, mi padre cayó escaleras abajo. Los terroristas, convencidos de haber cumplido su objetivo, huyeron del lugar.

Lo contó infinidad de veces, siempre convencido de ello; al final, muchos terminamos persuadidos de que fue así: no se cayó, fue nuestra madre, que había muerto pocos años antes, quien le empujó por las escaleras, salvándole de una de las balas que le rozó la cabeza. […] Esa misma mañana reunió a sus cuatro hijos y a su única hermana viva, había que celebrarlo en torno a una mesa. […]. El restaurante elegido fue El Balcón de Bizkaia, bar nacionalista, lugar donde por aquel entonces te señalaban con el dedo. Pero ese era el sitio donde mi padre quería comer, el mensaje era claro: «¡Aquí estoy comiendo con mis hijos, vivo!»…

La Guardia Civil de Bilbao detendría cinco meses después del atentado a los terroristas. Integraban el comando Donibane, y uno de ellos, Víctor Tejedor Bilbao, era vecino nuestro, apenas vivía cinco portales más lejos. Años después y encontrándose en libertad condicional en espera de juicio, mi padre se lo encontró en un bar del barrio, y no dudó en decirle al camarero: «Cóbrame el vino de Víctor». El barman le advirtió a este: «Tienes el vino pagado, lo ha pagado Gerardo». Volvió la cabeza y vio a mi padre sonreír. Salió del bar sin beber la consumición.

Los zarpazos de ETA abrían heridas en una sociedad ya inmersa en la psicosis, y que había optado por ignorar lo que pasaba para seguir viviendo su vida. La pregunta, más que el quién —los objetivos de los terroristas casi siempre eran representantes de las fuerzas de seguridad del Estado— era el cuándo. El comando Argala, uno de los más sanguinarios de la historia de la banda, disparaba las estadísticas de los atentados, que hablaban de un muerto cada sesenta horas. Los integrantes de la banda trataron de asesinar con una bomba lapa en Madrid al teniente general Valenzuela, en un atentado en el que murieron sus tres acompañantes. Un grupo de guardias civiles siguió entonces una pista que ubicaba a los presuntos criminales en Almería. La documentación del instituto armado refleja la desastrosa e imperdonable actuación de los agentes, juzgados luego, y condenados por homicidio, en virtud de una sentencia tan severa como merecida:

Según la versión oficial, la muerte de estas tres personas se debió a un enfrentamiento armado entre la Guardia Civil y tres terroristas. Los detenidos, según la misma versión, estaban armados e indocumentados y eran conducidos a Madrid. Intentaron agredir al conductor, la Guardia Civil se vio obligada a disparar a las ruedas de los vehículos donde iban esposados. En realidad los proyectiles encontrados en los cuerpos de los fallecidos fueron disparados después de muertos. Tras haber sido torturados en un cuartel abandonado se dieron cuenta de que no eran los terroristas, y vaciaron varios cargadores de munición para que pareciese un tiroteo. Posteriormente, rociaron los cuerpos con gasolina y los calcinaron.

El terror provocado a conciencia por la organización terrorista desencadenaba así acciones injustificables por parte de los agentes del cuerpo, blanco predilecto de ETA. El llamado «caso Almería» representa cómo afloraba la paranoia entre algunos de ellos. Y la banda terrorista, que sentía a su rival contra las cuerdas, continuó golpeando una y otra vez. Las primeras bajas del cuerpo de ese año 1981 se produjeron en Vizcaya; el teniente coronel Luis Cadarso, y el guardia Joaquín Gorgón, ambos retirados, y otra pareja de jóvenes agentes, José Olalla y Manuel Sánchez, que fueron alcanzados por la explosión de un artefacto mientras circulaban por Lemona. El 5 de julio le llegó el turno al guardia Luis Miranda, ametrallado en Oyarzun (Guipúzcoa); el 17 de octubre, con un procedimiento similar, fue asesinado en Santurce (Vizcaya) el agente Santiago González.

El número de atentados que los terroristas perpetraron en 1981 descendió respecto al año anterior, al igual que la cifra de víctimas mortales, que disminuyó considerablemente, de 97 a 31. Esta deriva estuvo marcada, en buena medida, por la acción de policías y guardias civiles, que se iban sacudiendo poco a poco el miedo que les atenazaba y asestaban los primeros golpes eficaces contra ETA. Los primeros desarticularon los comandos Treviño, Gamboa, Iruña, Txeski, Sadar, Makuli e Itxaso; los segundos detuvieron a los integrantes de Iruña-Artapalo, Orbara, Iraultza, Iharra, Igueldo, Urko, Muru, Donibane y Éibar-Urko; este último era autor de una larga lista de atentados, entre ellos, el asesinato de cuatro guardias civiles el año anterior en un bar de Marquina (Vizcaya).

La dirección de la banda, todavía fuerte a pesar de las operaciones policiales, vio caer a algunos de sus grupos más activos y mejor adiestrados para esparcir la muerte y el terror. El talde (grupo) desarticulado por la Policía en Vitoria representaba este extremo. En el operativo resultó muerto el miembro liberado de ETA José Manuel Aristimuño Mendizábal, Pana, y neutralizados todo el comando y su red de colaboradores. Ese grupo era responsable de una decena de asesinatos, habían recibido un cursillo de adiestramiento de armas y explosivos en Yemen del Sur (campamento del Frente de Liberación de Palestina) y tenían una extensa lista de atentados previstos. Entre ellos, el envenenamiento de las aguas del depósito que abastecía el cuartel de la Guardia Civil de Olazagutía.

Esa capacidad operativa de los cuerpos policiales se pondría a prueba en 1982, año en el que España atraería la atención de la comunidad internacional con la celebración del Mundial de fútbol. ETA identificó la oportunidad para dejarse ver ante el mundo y forzó su maquinaria para golpear al Estado.

Uno de los escenarios en los que se concretaron sus planes ofensivos fue, una vez más, la central nuclear de Lemóniz: nada más arrancar el año, los terroristas demostraron sus intenciones poniendo varias bombas en torretas de Iberduero; después, tomando como ejemplo el asesinato de José María Ryan en 1981, acabaron con la vida de otro ingeniero responsable de las obras, Ángel Pascual. «Las condiciones en que estamos viviendo en los últimos años nos han conducido a una situación familiar, personal y profesional insoportable», argumentaron los trabajadores implicados en el proyecto en una carta dirigida al presidente de Iberduero, hastiados por el desgaste al que les había sometido la banda terrorista. Las obras se paralizaron y, pese a algún tibio intento, nunca llegaron a reanudarse. ETA se anotaba de este modo una gran victoria ante el pueblo vasco.

Los acontecimientos respaldaban así las tesis de unos terroristas envalentonados, que veían cómo alcanzaban sus metas. No muy lejos de Lemóniz, en Ondárroa, un comando asesinó a un policía municipal a finales de enero. Días después, en Zarauz (Guipúzcoa), ETA dejaba inválido a un teniente de navío de la Comandancia de Marina. Esta actividad febril se sustentaba gracias a la extorsión y a los secuestros, como el del industrial José Lipperheide, retenido durante un mes y liberado previo pago de un importante rescate. Así, la dirección de ETA pudo sostener la presión que ejercía de forma permanente sobre los objetivos que se había propuesto suprimir. Con la Guardia Civil a la cabeza, como ya era costumbre. Las declaraciones de los integrantes del comando Donosti explican cómo se dividieron en dos grupos el 16 de febrero para asesinar en Oyarzun (Guipúzcoa) al guardia José Fragoso y en San Sebastián al agente retirado Benjamín Fernández, ambos de un disparo en la cabeza. El mismo comando, un mes después y en Rentería (Guipúzcoa), mató a otro miembro del cuerpo, Modesto Martín. Pablo Fernández fue acribillado a balazos a las puertas del cuartel de Ondárroa (Vizcaya). Juan García perdió la vida en Burguete (Navarra) al estallar una bomba instalada en los bajos de su coche; un crimen que quedó enterrado por la celebración del Mundial de fútbol. En Pasajes (Guipúzcoa), los terroristas probaron un nuevo método de asesinato: al atardecer, un tirador armado de un rifle Winchester del calibre 270, con mira telescópica, alcanzó en la cabeza al guardia José Luis Fernández Pernas. La forma ventajista en la que el asesino ejecutó su crimen minó la moral de los agentes destinados en el País Vasco y Navarra, que se veían indefensos ante la amenaza de ETA. En un intento de protegerse de los tiradores, la Guardia Civil adoptó algunas medidas:

Tras el atentado terrorista mediante un rifle con mira telescópica cuyo disparo alcanzó en la cabeza al guardia civil Fernández Pernas, ocasionándole la muerte, el teniente coronel jefe de la Comandancia de Guipúzcoa gestiona del Regimiento de Infantería Sicilia, de guarnición en San Sebastián, la cesión de una partida de cascos de guerra, del anticuado modelo Z-42, para que los centinelas de la Guardia de Prevención del acuartelamiento de Intxaurrondo presten su servicio provistos de los mismos. Al final, una visita del Director General, el entonces general de división José Luis Aramburu Topete, se salda con la prohibición de la utilización de los cascos y el arresto del teniente coronel artífice de la idea.

En la misma línea de autoprotección cabría citar también la iniciativa llevada a cabo durante los años 1983-84, cuando se ordenó que durante las horas nocturnas los centinelas usasen el gorro cuartelero en lugar del sombrero de charol, a fin de evitar posibles reflejos delatores y su inconfundible silueta.

Aquellos movimientos de ETA trataban de desestabilizar el país, en un nuevo momento de incertidumbre política. Tras la celebración del Mundial de fútbol, el presidente Calvo-Sotelo anunció el adelanto de las elecciones generales, que se celebrarían el 28 de octubre de ese mismo año. Felipe González alcanzó una gran mayoría absoluta, con los 202 diputados que sumó el PSOE; Alianza Popular se erigió como la segunda fuerza, pasando de los diez escaños a 107. Entre ambos se repartieron los votos de una UCD que se desplomó, con la pérdida de 157 representantes. Herri Batasuna, por su parte, proclamó: «El voto a HB es el voto a ETA, que juega un papel importante en la izquierda abertzale».

A lo largo del año, además, se dieron algunos pasos que perfilarían la democracia que hoy conocemos: se cerró el mapa autonómico, se eliminó el águila de San Juan de la bandera nacional y, tras el referéndum prometido en campaña por González, se formalizó el ingreso en la OTAN. Pero para ETA el Estado continuaba anclado en el franquismo. O al menos así quería creerlo para justificar su actividad. Los terroristas prosiguieron con su campaña de colocación de artefactos explosivos contra objetivos concretos: los artificieros Vicente Gómez y Miguel Garrido murieron tras estallar una bomba que trataban de desactivar en una sucursal bancaria de Munguía (Vizcaya). El comando Donosti asesinó en Rentería a tres policías e hirió a dos más en una emboscada mortal; días después mataron en Irún (Guipúzcoa) al capitán retirado de la Guardia Civil José Jiménez. Igualmente prosiguieron con su campaña de ametrallamiento de cuarteles, que en Leiza (Navarra) se cobró la vida del ciudadano Gregorio Hernández Corchete. Este último era natural de Tolosa, localidad en la que semanas después ETA asesinó al guardia civil Juan Ramón Joya. No muy lejos, en Irún, fueron acribillados a balazos los también guardias civiles Juan Manuel García y Manuel López, que prestaban servicio en la estación de RENFE.

Además, los comandos terroristas aprovecharon la visita del papa Juan Pablo II para dar el golpe de efecto que no habían logrado durante la celebración del Mundial: la dirección terrorista envió a Madrid a sus hombres más cualificados, los integrantes del todavía desconocido comando Argala. Los enviados tenían como misión acabar con la vida del general Lago Román, jefe de la División Acorazada Brunete del Ejército. El 4 de noviembre, tras recibir información detallada, dos terroristas ametrallaron desde una motocicleta en marcha al militar, que viajaba en Madrid a bordo de su vehículo. Mataron al general e hirieron de gravedad al soldado conductor. La ejecución del jefe que mandaba la unidad operativa más importante del Ejército suponía un revés nada insignificante para un Gobierno que aún no había tomado posesión y que tenía el desafío de erradicar de las filas militares la infección golpista. Un mes después, en uno de sus primeros actos como presidente del Gobierno, Felipe González visitó la División Acorazada, instante que inmortalizó una muy comentada fotografía.

Pero no todos los sucesos de 1982 supusieron un revés para las fuerzas de seguridad del Estado y un éxito para ETA. La banda hubo de enfrentarse a lo largo de ese año a varios contratiempos de cierta consideración. La Policía, que llevaba el peso de la lucha antiterrorista, desarticuló a lo largo del año, entre otros, los comandos Txindoki, Gorka, Mugarra, Lau Haizeta, Ho Chi Minh, Axpe, Ixulin, Aritza o Iparraguirre. La Benemérita, a la que todavía no se le había dado el protagonismo que después tendría en la campaña contra ETA, detuvo a los miembros de los comandos Zubiri, Andartza, Azketa, Roque, y al Electrónico; este último mantenía contactos con la banda terrorista alemana Baader-Meinhof, con la que intercambiaba conocimientos sobre la fabricación de artefactos. Además, en la víspera de Nochevieja, el instituto armado asestó un duro golpe a los terroristas, que mantenían secuestrado desde hacía seis semanas al empresario guipuzcoano Saturnino Orbegozo. Un informe describe cómo la Policía recibió el soplo de dónde se encontraba retenido:

Un confidente informó a la Policía en San Sebastián el día 29 de diciembre sobre el lugar donde se encontraba secuestrado el señor Orbegozo […]. Que en la mañana del día 30 del mismo mes se enteró por la radio de dicha liberación y pensó había sido a consecuencia de su información, circunstancia que lo llevó nuevamente a presentarse en dicha comisaría para reclamar la recompensa por dicha información y le contestaron que la liberación del señor Orbegozo se había producido por la Guardia Civil de Santesteban y totalmente ajena a su confidencia.

Otro documento relata cómo la Guardia Civil tuvo conocimiento del lugar en el que se podía encontrar Orbegozo:

En el puesto se personó un paisano diciendo que en una borda muy próxima al barrio de Arce, término municipal de Donamaría, había observado la presencia de algunos jóvenes un tanto sospechosos a la vez que decía haber oído toser a un señor de edad avanzada y que sospechaba pudiera tratarse del señor Orbegozo.

Las diligencias abiertas tras la operación consignan lo siguiente:

Sobre las 11.30 horas del 30 de diciembre de 1982, una patrulla de la Guardia Civil del Puesto de Santesteban (Navarra) compuesta por un sargento y seis guardias civiles se acercaba a la borda Otabro en un monte próximo a Donamaría (Navarra); oyeron un ligero ruido en el interior de la misma, por lo que observaron por la cerradura de la puerta de acceso al interior. Así vieron la existencia de utensilios de cocina y, en una mesa, restos de comida; a la vista de ello la fuerza acordona el caserío y el sargento llama repetidas veces a la puerta sin obtener respuesta alguna, por lo que opta por introducirse en el interior de la borda por el único sitio viable en esos momentos, el tejado. Una vez en el interior, oyen una voz diciendo «No disparen, tenemos al señor Orbegozo», resultando que en el interior de la borda se hallaban efectivamente Saturnino Orbegozo y otros dos individuos jóvenes que se entregaron a la fuerza actuante anunciando que eran miembros de la organización terrorista ETA (pm) VIII Asamblea y que tenían armas en el interior de la borda. Se procedió a la incautación de dos pistolas Browning y al reconocimiento de la borda, donde existía un zulo en la parte destinada a dormitorio, y donde al parecer había permanecido secuestrado el señor Orbegozo. Se detuvo a los miembros de ETA (pm), VIII Asamblea, Ignacio Odriozola Sustaeta y Gregorio Manso Martija.

Esta sería una de las últimas acciones de ETA (pm), que en 1982 había comenzado a fraguar su autodisolución. El 30 de septiembre, diez de sus dirigentes anunciaron a cara descubierta el abandono de las armas: no se arrepintieron de sus crímenes, pero el Gobierno, deseoso de acabar con uno de los frentes contra los que combatía, puso en libertad bajo fianza a los presos pendientes de juicio y después se les concedió el sobreseimiento de sus causas o la absolución. A los encarcelados se les llevó ante la Audiencia Nacional, donde los fiscales retiraban los cargos. Se miró a otra parte hasta el punto de que, en la comparecencia de dos dirigentes regresados del exilio, el juez les preguntó si admitían los hechos que se les atribuían. Ante la ausencia en ese momento de su abogado, e ignorantes del protocolo, los dirigentes de ETA (pm) admitieron los hechos. El juez se dirigió a la taquígrafa y le dijo: «Ponga que han dicho que no».

De forma paralela a esas negociaciones, el entonces lehendakari del Gobierno vasco, Carlos Garaikoetxea, propuso la formación de un diálogo entre PSOE, PNV y HB bajo el nombre de Mesa por la Paz. El equipo de Felipe González aceptó sentarse en esta mesa, siempre que se cumpliera una condición: que no se sobrepasasen ni la Constitución ni el Estatuto de Autonomía. ETA ya había conseguido implantar su teoría del «empate infinito», en la que terroristas y Estado no eran capaces de doblegarse unos a otros y, por tanto, no quedaba más remedio que una negociación. Esa ecuación estaba plenamente extendida y asumida en la práctica por toda la sociedad, los gobernantes y las mismas fuerzas de seguridad. Pero la dirección de la banda no contemplaba otra salida que la Alternativa KAS, como paso obligado y previo a cualquier conversación.

El nuevo Gobierno de González contaba con la legitimidad de los millones de votos que tenía detrás y la fuerza ideológica de no haber estado atado al pasado franquista. Demostrada su voluntad de dialogar, aunque el gesto acabara en fracaso, el Ejecutivo se sentía autorizado para acabar con ETA por cualquier vía, ya fuese legal o no; una ETA que, aunque ya sabía que no iba a poder derrotar al Estado, creía firmemente que el Estado tampoco podría acabar con ella, y lo apostaba todo a la negociación como la única baza válida.

El primero de los planteamientos de cierta envergadura fue el Plan ZEN (Zona Especial Norte). El ministro Barrionuevo, bajo la recomendación del general Cassinello, de la Guardia Civil, dispuso la maquinaria de seguridad del Estado con el objetivo de acorralar a ETA, afrontando la batalla desde los ámbitos policial, social, psicológico, legal y político. Todo ello con previsiones a corto y medio plazo. El documento, de 365 páginas mecanografiadas, y presentado en febrero de 1983, contemplaba varios aspectos: conocer la financiación de los terroristas, aislarlos de la sociedad, adaptar las leyes para combatirlos y crear la figura legal del terrorista arrepentido. En el escenario policial se promovió la coordinación entre los que combatían a ETA, una mayor formación de los agentes participantes y medios materiales adecuados a esas misiones. Todo ello para obtener información sobre los terroristas e implementar la acción psicológica dirigida a todos los actores implicados en la contienda. Ese plan llevó aparejada una gran partida económica para su ejecución, más de 14.000 millones de pesetas de la época. Sorprendió a sus autores la furibunda oposición de los nacionalistas vascos. Estos, en síntesis, venían a denunciarlo como una suerte de estado de excepción que, unido a las medidas especiales derivadas de la llamada ley Antiterrorista de 1979, determinaba facultades policiales exorbitantes. La legislación antiterrorista, finalmente derogada tras su anulación parcial por el Tribunal Constitucional en 1987 y subsumida en la legislación común, tuvo una eficacia cuestionable; pero en aquel año 1983, el enfoque estratégico conjunto que suponía el ZEN reforzó claramente la lucha contra ETA.

El plan ZEN incidió de forma directa en la moral de los cuerpos policiales destinados en el País Vasco y Navarra, que con hiriente frecuencia veían caer a sus compañeros a causa de los ataques de ETA sin capacidad ni medios de respuesta. En lo que llevaban de año, los integrantes del comando Donosti ya habían ametrallado y arrojado granadas contra dos coches de la Guardia Civil que llegaban al cuartel de Villafranca de Ordicia. El agente Miguel Mateo perdió la vida en el acto, mientras que dos de sus compañeros resultaron heridos. Poco después, miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas dispararon a los guardias Fidel Lázaro y Antonio Conejo en la oficina de Correos de Pamplona. Los autores del crimen lo reivindicaron al día siguiente:

Por más que los partidos reformistas se empeñen en hacernos creer que la democracia está asentada por medio del juego parlamentario, aquí sigue habiendo una contradicción clara: buenas palabras, muchas promesas, pero cada día más parados y más policía. Para nosotros, los CAA, la salida no está en el juego parlamentario ni en las instituciones burguesas, sino en la práctica diaria de la democracia directa en las asambleas de fábrica, escuelas, barrios, pueblos, etc., por medio de la autoorganización y la acción directa.

Los terroristas habían recibido la orden de incrementar el número de atentados, una ofensiva que se tradujo en ataques casi diarios. En uno de ellos, en Pasajes de San Juan, falleció el guardia Juan Maldonado. Pero esta proyección de fuerza obligaba a los etarras a exponerse más y más para efectuar sus acciones. Los cuerpos policiales, que comenzaban a reforzarse tras la puesta en marcha del Plan ZEN, culminaron con éxito algunas de sus pesquisas. Una vez desarticulado el comando Gorrotxategi se descubrió una carta manuscrita de la histórica Carmen Guisasola dirigida a un hombre de peso dentro de la banda, Francisco Múgica. En ella, la etarra describía cómo habían estado a punto de asesinar en Marquina al teniente coronel Llull Catalá, jefe de la Comandancia de Vizcaya:

Hola, Artapalo: Os vamos a contar lo ocurrido en la acción de Trabakua. La acción iba dirigida contra el teniente coronel de la Guardia Civil y su chófer, que circulaban en un 1430 negro. Este se nos había escapado ya varias veces. ¡Era nuestro gran sueño! Cuando colocamos el petardo hace cuatro meses teníamos un sitio con muy buena visibilidad, pero al crecer la maleza y las hojas esta se redujo, por lo que optamos por hacer la acción de la siguiente forma: uno en el dispositivo y el otro con el coche por la carretera da la señal de que vienen. El compañero que realizó la acción equivocó el techo negro del Talbot con el 1430.

El teniente coronel Llull Catalá se había convertido en uno de los principales objetivos de ETA al aplicar con éxito algunas de las claves que marcarían la lucha antiterrorista. Sus compañeros lo describen como un hombre de carácter sereno y pacífico, y pionero en muchos sentidos. De acuerdo con sus órdenes, los guardias civiles debían ganarse el aprecio de la población y evitar cualquier actuación que pudiera acarrear alguna mala fama al cuerpo. Además, dejó en las manos de los especialistas del Servicio de Información y los GAR toda la actividad relacionada con el terrorismo. Él mismo se aplicó sus normas y acompañó a sus subordinados a algunas de las operaciones que suponían un mayor riesgo, como la desactivación de artefactos explosivos.

A partir del año 1983, la Guardia Civil comenzó a ganar peso en la lucha contra ETA a pasos agigantados. Por entonces se iniciaron los trámites para enviar a un jefe del cuerpo a París para que hiciera de enlace con las autoridades francesas. Los asesinatos continuaban con la misma frecuencia —los agentes Enrique Rúa y Rafael Gil fueron asesinados a tiros en julio en Guetaria—, pero en ese verano se desarrolló un episodio que nadie esperaba y que puso a prueba la capacidad de respuesta de los miembros del instituto armado.

Las peores inundaciones que se recuerdan en el País Vasco tuvieron el epicentro en el municipio alavés de Llodio. En la riada murieron 34 personas, otras cinco resultaron desaparecidas y se registraron daños económicos enormes. La Guardia Civil pagó su intervención con la pérdida de cuatro de sus hombres. El hoy capitán Pedraza vivió en primera persona aquel suceso:

Sobre las 18.00 horas del día 26 de agosto de 1983 recibí un comunicado en el que se decía que todo el personal disponible se preparara para ir a prestar servicios a la localidad de Llodio (Álava). […] Era el mes de agosto y por ello un mes en el que el personal aprovecha para irse de permiso, motivo por el cual se disponía de pocos efectivos para la misión que se nos encomendaba. […] En un primer momento la fuerza se dirigió al embalse de Uribarri Gamboa, donde se recogieron unas barcas que se cargaron en el camión, y posteriormente se dirigió hacia la localidad de Llodio; durante el camino llovía fuertemente, teniendo que parar en varias ocasiones ya que la carretera se encontraba cortada por la caída de árboles sobre la calzada, procediéndose a su retirada para poder continuar la marcha. […] Poco antes de llegar al acuartelamiento de Llodio observaron a un vehículo parado con tres personas que al ver que estaba todo inundado nos pidieron ayuda y nos preguntaron qué podrían hacer, decidiéndose en aquellos momentos que una chica que se encontraba entre ellos se pasara al vehículo oficial para llevarla al acuartelamiento, quedándose el vehículo particular donde estaba a la espera de que las aguas bajaran para poder continuar su viaje. Ya muy cerca del acuartelamiento, estando todo inundado, llegó un momento en que el conductor decía que los mandos del vehículo no le respondían, al mismo tiempo que por la parte derecha venía gran cantidad de agua, subiendo el nivel de las mismas, haciendo que nuestro vehículo, que iba ocupado por siete personas, volcara de lado. Por la puerta delantera que no quedaba cubierta por las aguas conseguimos los siete ponernos encima del vehículo, al mismo tiempo que el teniente pedía a voces auxilio. Eran sobre las 5.00 horas de la madrugada y allí no había nadie, y la chica que habíamos recogido poco antes me preguntaba «qué había que hacer en un caso así si no se sabía nadar», a lo que yo recuerdo que le contesté que en un caso así no vale de nada saber nadar, solo hay que tener suerte y agarrarse a lo que se pueda.

En esos momentos vino una tromba violenta de agua que arrastró al vehículo, y yo, que estaba encima de la parte trasera del mismo, salí despedido; fui el primero al que se llevó el agua, perdiendo el contacto con mis compañeros. Cuando me di cuenta, me encontraba sumergido sin poder salir al exterior, tocando con las manos un techo. Fue entonces cuando pensé que de allí no saldría con vida, pasé unos momentos malos por falta de respiración hasta que las aguas me sacaron de allí, volviendo a recobrar la esperanza, arrastrándome la corriente hasta que sin saber cómo me agarré a un poste que me encontré, poniéndome de espaldas a la corriente para que no me llevara, y permaneciendo allí con el agua hasta el cuello hasta que se hizo de día. Estando en esta situación oí voces, al parecer de un compañero, y le contesté, pero no nos podíamos ver ni nos entendíamos por el ruido de las aguas, ni sabíamos dónde estábamos cada uno, ni quiénes éramos. Fue al hacerse de día cuando intenté y conseguí escalar por el poste que al parecer era el pilar de un almacén, subiendo a una terraza. Fue entonces cuando vi al compañero que daba aquellas voces, se trataba del guardia segundo conductor del vehículo, Lorenzo García Amaro; se encontraba en dicha terraza con dos miembros de la Cruz Roja, que habían tenido la misma suerte que nosotros. Allí permanecimos un buen rato hasta que vino un helicóptero del cuerpo y nos colgamos con los brazos en los patines del mismo, elevándose el aparato y trasladándose junto al acuartelamiento de Llodio. […]

Estando en el cuartel en compañía del guardia Lorenzo nos enteramos de que habían rescatado al guardia civil Javier Sotodosos unos vecinos que le habían tirado unas sábanas desde su vivienda, cuando estaba a punto de morir ahogado; se desconocía la suerte que podían haber tenido el resto de los compañeros. A continuación nos trasladaron en una furgoneta del cuerpo que se dedicaba a llevar gente que lo necesitaba a distintos puntos, tomando entonces conciencia de la gravedad de la situación creada por las inundaciones, viajando de esta manera en la parte trasera de la furgoneta hasta que llegamos a la Comandancia de Vitoria. Posteriormente nos enteramos de que el teniente Alejo García García y los guardias segundos Miguel Salgado Peña, Luis Postigo Cabello y Pedro Narbona Bustamante, así como la chica que se había subido al vehículo oficial con nosotros, habían fallecido, intentando salvar la vida a otros ciudadanos vascos.

El ministro del Interior, José Barrionuevo, inspirado por la dedicación y el sacrificio de aquella actuación, y por la eficacia que la Guardia Civil empezaba a demostrar en la lucha antiterrorista, destacó las virtudes que había descubierto en el cuerpo, que muy pronto pasaría a ser la punta de lanza contra ETA:

Son un cuerpo muy disciplinado y con gente muy sacrificada. El inconveniente es que también es un cuerpo muy cerrado en sí mismo, relativamente impermeable a las cuestiones externas, apegado a fórmulas tradicionales, aunque esto también tiene grandes ventajas. Creo sinceramente que la Guardia Civil es el gran descubrimiento del Gobierno socialista. Sí, no puedo negar que tengo debilidad por él. Es un cuerpo que se está profesionalizando mucho, en el que hay gente muy preparada. Todos los oficiales de la Guardia Civil que se encuentran en el País Vasco son voluntarios, y la mitad de sus números, mientras que el porcentaje de voluntarios de la Policía Nacional o del Cuerpo Superior es muy bajo.

En ese contexto, y cuando aún resonaban los ecos del primer debate del Estado de la Nación, ETA (pm) se propuso poner a prueba las capacidades del Gobierno. Tras secuestrar el 5 de octubre en Bilbao al capitán de farmacia Alberto Martín Barrios, amenazaron con matarlo en pocos días si no se suspendía el juicio contra los miembros de la banda detenidos por el frustrado asalto al cuartel del Ejército de Berga (Barcelona) y se difundía un comunicado en TVE. El Ministerio del Interior se propuso retener a un miembro cualificado de ETA en Francia para canjearlo por el secuestrado, pero los cuatro policías enviados fueron prendidos por las autoridades galas en Hendaya. Los terroristas cumplieron con su amenaza el 19 de octubre. El cadáver del capitán de farmacia fue localizado en Galdácano (Vizcaya) con un disparo en la cabeza. El movimiento de los terroristas, en términos tácticos, supuso un rotundo desacierto: provocó un gran rechazo social, sin conseguir el objetivo que se habían propuesto.

Durante aquel secuestro, y de forma complementaria a lo que hacían sus compañeros de la rama político-militar, ETA (m) disparó su nivel de actividad. El 13 de octubre asesinaron en Rentería al guardia civil Ángel Flores; al día siguiente, a un médico de la prisión de El Puerto de Santa María; 24 horas más tarde hicieron explotar un artefacto en las inmediaciones de Oñate (Guipúzcoa) al paso de un convoy de la Benemérita, con el resultado de un guardia muerto, José Reyes Corchado. Desde ahí y hasta final de año los terroristas se cebaron con la Guardia Civil, atacando a sus miembros en Burgos, Bilbao, Lecumberri (Navarra), Deusto (Vizcaya), Zarauz (Guipúzcoa) y el Alto de Huici (Navarra). Este último ataque sería descrito por el guardia civil José Jurado, que lo sufrió en su propia piel, y que resultó herido, al igual que sus compañeros:

Hacia las 15.15 horas de ayer regresaba de la localidad de Lecumberri, donde había acompañado a su comandante del puesto accidental, para recoger al guardia civil Rafael González Rivero, también perteneciente a este puesto. Cuando llegaron al Alto de Huici súbitamente notaron que se rompían los cristales del Land Rover y que una granada impactaba contra la carrocería del mismo, justo en la parte trasera, la ocupada por el dicente; siendo la parte delantera ocupada por los otros dos compañeros y, conductor del vehículo, el propio cabo. Al notar los disparos que en gran cantidad tocaban al vehículo y todos ellos provenientes del lado izquierdo, en el sentido de la marcha, el vehículo fue acelerado rápidamente, con lo que se consiguió salir de la zona enfilada por las armas que disparaban, pero rápidamente el cabo perdió el control del mismo, seguramente debido a que ya había sido alcanzado por un disparo en el cuello, con lo que el Land Rover avanzó unos 80 metros desde el lugar del primer disparo y comenzó a dirigirse hacia el lado izquierdo saliendo de la calzada.

Los guardias civiles destinados en la región comenzaban a actuar de acuerdo con los puntos estipulados en el Plan ZEN; la mentalidad estaba cambiando. Acabar con el terrorismo se había convertido para entonces en una de las obsesiones del Gobierno de Felipe González, fuera como fuese. Los medios con los que se le combate llegan desde dos frentes: el legal, con las medidas legislativas excepcionales en la lucha contra ETA, y por vías subrepticias y al margen de la ley. Nacen así los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL):

A la vista de los crecientes homicidios, extorsiones y secuestros por parte de la organización terrorista ETA en el territorio español, pero programados y dirigidos en territorio francés, hemos decidido acabar con esta situación. Cada asesinato por parte de los terroristas tendrá la respuesta necesaria: ni una sola víctima quedará sin respuesta. Manifestamos nuestra idea de atacar los intereses franceses en Europa, ya que su Gobierno es responsable de permitir actuar a los terroristas en su territorio impunemente.

Los GAL se dieron a conocer ante la opinión pública con este comunicado, que fue emitido a través de la emisora de Radio Popular de San Sebastián. Los miembros de la organización explicaron los motivos de su existencia la misma jornada, el 15 de diciembre de 1983, en la que liberaban al ciudadano francés Segundo Marey —al que confundieron con un etarra— tras tenerlo diez días retenido. La Policía francesa encontró a Marey en las inmediaciones de la frontera con una nota en su bolsillo: «Vous aurez bientôt des nouvelles du GAL» («Pronto tendréis noticias del GAL»). El secuestro del ciudadano francés no fue el primero que perpetraron estos grupos, cuyas acciones presentaban similitudes con las realizadas por organizaciones como el Batallón Vasco Español. Dos meses antes habían capturado a los miembros de ETA José Lasa e Ignacio Zabala en Bayona. Nadie sabría nada de ellos hasta años más tarde.

Los GAL cumplieron su amenaza contra ETA. Un atentado de los segundos se correspondía con un ataque de los primeros, con procedimientos idénticos a los de la banda terrorista. El 19 de diciembre de 1983 mataron al camarero del café Kaietania de Bayona, Juan Ramón Oñaederra, Kattu; el establecimiento era frecuentado por miembros y simpatizantes de ETA. El día 28 del mismo mes resultó gravemente herido en San Juan de Luz Miguel Goicoechea, Txapela, que murió en el hospital el 2 de enero de 1984. Eran dos terroristas de ETA con un sangriento historial a sus espaldas. En total, los GAL realizaron 38 atentados en los que murieron 27 personas; además de dirigentes, activistas, colaboradores y simpatizantes de ETA, asesinaron a ocho ciudadanos franceses que nada tenían que ver con la banda terrorista. El Gobierno galo asumió que al sur de su país se estaba desarrollando algo parecido a una guerra de guerrillas, con dos facciones enfrentadas. Los propios comandos etarras pusieron en marcha una estrategia de patrullas para proteger a sus dirigentes. La inacción de los años anteriores ya no era una opción y las autoridades francesas dieron el paso para combatir el terrorismo. El Senado del país vecino señaló en la primavera de 1984 que «los refugiados vascos son percibidos a partir de ahora como un elemento de perturbación». Los entonces abogados de ETA, Christiane Fando y Denis Langlois, señalaron que «los GAL fueron la respuesta que España encontró para implicar a los franceses en el conflicto vasco-español». Los primeros miembros de esta organización criminal detenidos en Francia reconocían al inspector de Policía José Amedo como la persona que los reclutó. A raíz de estos testimonios, la Audiencia Nacional puso en marcha la investigación judicial que más tarde se conocería como el caso Amedo. Las investigaciones propiciaron la condena, en 1991, de 108 años de prisión para los policías José Amedo y Míchel Domínguez. De acuerdo con la sentencia, actuaron al margen del Estado. Pero al cabo de tres años, en octubre de 1994, deciden romper su silencio y declarar de nuevo ante el juez Baltasar Garzón, implicando a varios mandos policiales y a los responsables políticos. Se sucedieron las detenciones de casi todos los implicados, llegando a ser condenados a diez años de cárcel en julio de 1998 el exministro José Barrionuevo y el que fue su secretario de Estado, Rafael Vera.

A medida que se avanzaba en la investigación sobre los GAL, más argumentos encontraba ETA para sostener su actividad. El entramado del grupo salpicó de lleno a las fuerzas de seguridad del Estado. Diversos informes apuntan a varias ramificaciones: el GAL caqui, constituido a partir de militares; el azul, formado por policías y mercenarios; y el verde, compuesto por guardias civiles. Atendiendo a estos últimos, el escenario principal se traslada hasta la casa cuartel de Intxaurrondo. Diez años después de la desaparición de Lasa y Zabala, un comisario de la Policía Judicial de Alicante, Jesús García García, siguiendo indicaciones recibidas de terceros, acierta a relacionar los restos humanos de dos cadáveres que habían sido hallados en un paraje natural de Busot (Alicante) con unas declaraciones sobre cal viva que había realizado el miembro del GAL José Amedo. Se puso en contacto con la Audiencia Nacional, el caso se reactivó y los restos humanos fueron identificados: eran los dos terroristas desaparecidos. El general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, el comandante Ángel Vaquero, el sargento Enrique Dorado y el cabo Felipe Bayo ingresaron en la prisión militar de Alcalá de Henares como autores del secuestro, torturas y asesinato a tiros de Lasa y Zabala. Fueron condenados en el año 2000 por la Audiencia Nacional, tras un juicio en el que falleció de un infarto, mientras declaraba como testigo, el comisario García García. La Audiencia impuso a los acusados penas que oscilaban entre 67 y 71 años de prisión, y que fueron incrementadas en cuatro años, a petición de las familias de las víctimas, por la sentencia firme que dictó el Tribunal Supremo al año siguiente. Igual suerte corrió el exgobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga. El Tribunal Constitucional desestimó, por siete votos a cinco, el recurso de amparo interpuesto por el exgeneral Enrique Rodríguez Galindo y los otros cuatro condenados.

El hecho cierto es que los GAL sacudieron la situación que en los años ochenta se vivía en el sur de Francia, obligando a sus gobernantes a actuar. El Ejecutivo galo comenzó con las primeras deportaciones de miembros de ETA, ya fuera a España, República Dominicana, Panamá, Venezuela o Togo. La banda terrorista, en respuesta, anunció una campaña contra los intereses franceses. En las primeras semanas de 1984 —las mismas en las que uno de sus comandos asesinaba en Madrid al teniente general del Ejército Quintana Lacaci, un blanco nada casual, si se tiene en cuenta su decidida intervención en defensa de la Constitución frente a los golpistas del 23-F, cuando era capitán general de Madrid—, la dirección de ETA ordenó actuar contra los camiones de matrícula gala y contra los comercios vinculados de un modo u otro con el país vecino. Esa campaña no conseguiría el objetivo propuesto por los terroristas, que no era otro que obligar al Gobierno francés a ablandar su postura hacia sus compañeros residentes al otro lado de la frontera; desde entonces, París mostraría una firme voluntad de colaborar con España. En cualquier caso, la repetición de los objetivos franceses que eran atacados por miembros de ETA activó la respuesta de los servicios de información de la Guardia Civil, que lograron neutralizar varios comandos.

Las elecciones al Parlamento vasco que se celebraron en febrero apenas cambiaron el escenario político. El PNV revalidó su victoria y HB se mantuvo en el número habitual de votos. Los comicios estuvieron marcados por el asesinato del senador socialista Enrique Casas a manos de los Comandos Autónomos Anticapitalistas. Al mismo tiempo, la rama militar de ETA seguía centrando su atención en la Guardia Civil: el 21 de abril asesinaron en Bilbao al agente Antonio Velasco y, un mes después, en Pamplona, al capitán Luis Ollo. Uno de sus asesinos, Juan José Legorburu —integrado en el comando Nafarroa— declararía lo siguiente sobre este crimen:

Empezamos a pensar en la posibilidad de atentar contra el capitán Ollo, de quien teníamos información del «otro lado» desde hacía tiempo. Comenzamos a verificar la información pero no conseguimos establecer las horas de entrada y salida a su domicilio, por lo que decidimos colocar explosivo en su vehículo. Preparo el explosivo con imanes, y por dos o tres veces vamos a colocarlo al coche de Ollo […], decidimos dejarlo por no salir más veces, como medida de seguridad. Les entregamos posteriormente el artefacto preparado por mí a los laguntzailes [colaboradores] y les damos la información sobre Ollo, y les dijimos que lo tenían que hacer ellos. A los pocos días, por la prensa, nos enteramos del atentado.

El procedimiento utilizado contra el capitán fue muy similar al que acabó con la vida del guardia Ángel Zapatero un mes después en San Sebastián. Los compañeros de la víctima, un día más tarde, asestaron a la banda uno de los golpes más dolorosos que había sufrido hasta entonces. En lo que iba de año se habían desarticulado los comandos Tontorramendi, Buruntza, Gautxori y Lapiedra, entre otros. Pero ninguno de ellos se parecía al Donosti, el que acumulaba más crímenes a sus espaldas. Sus integrantes fueron localizados en Hernani y abrieron fuego contra los guardias civiles, en un tiroteo que se prolongó durante más de seis horas. Los terroristas Agustín Arregui y Juan Luis Lecuona murieron en el episodio; su jefe, Jesús María Zabarte, también conocido por su crueldad como el Carnicero de Mondragón, fue detenido. A consecuencia de esta desarticulación cayeron otros tres comandos de apoyo y fueron detenidas 24 personas. El relato de los guardias civiles refleja con detalle el transcurso de la operación:

Sobre las 3.30 horas, estando al frente de la fuerza el comandante Galindo, este llama a la puerta del piso 3-D de la calle Navarra núm. 16 de Hernani al grito de «¡Guardia Civil, abran la puerta!». Dentro se oyen ligeros ruidos y pasos amortiguados, pero nadie abre. Pasados unos segundos, la fuerza decide desencajar la puerta para acceder al interior. En el pasillo esperan una pareja, hombre y mujer, con un niño, completamente aterrorizados. Eran los dueños de la casa, Pedro Miner Aldabalde y María Fermina Villanueva Labayen. Mientras eran sacados del piso, componentes del SIGC avanzaban por el pasillo desde el cual se observaban tres puertas, la primera y la tercera abiertas y la segunda cerrada. Estas puertas daban a su vez a otras habitaciones. Al fondo se adivinaban un salón comedor y un cuarto de baño. El guardia civil Antonio Aguayo, seguido por otros compañeros, llegó a la primera habitación y vio que estaba vacía. La segunda, que seguía con la puerta cerrada, fue rebasada por dicho guardia civil para apoyar desde la tercera habitación, que tenía la puerta abierta, la actuación de sus compañeros, momento en el cual recibió varias ráfagas de arma automática quedando gravemente herido. Una bala le inutilizó el codo derecho, otra le atravesó el chaleco antibalas impactando en su abdomen y otra el muslo izquierdo. Como pudo saltó hacia delante, y reptando llegó hasta el salón donde se encerró quedando aislado del resto del dispositivo. Los demás guardias civiles retrocedieron hacia el exterior de la vivienda mientras el fuego cruzado crecía. Todo sucedió tan deprisa que los dueños del piso, junto con el niño, acababan de salir. No obstante la mujer gritaba desde la puerta: «¡Mis niños, mis niños!». Todo había ocurrido en escasos segundos, la mujer estaba clavada junto a la puerta de la vivienda con los brazos extendidos, momento en el cual la segunda puerta se abrió y quedaron perfilados otro niño de unos ocho años junto a una niña menor que él: ambos estaban cogidos fuertemente de la mano, estremeciéndose violentamente a cada ráfaga de disparos que sacudía la casa a menos de un metro de sus posiciones. La situación era infernal, dos niños petrificados en medio de un violento tiroteo y, al fondo, un guardia civil herido que necesitaba auxilio. Dos guardias civiles crecidos ante el peligro penetraron en la zona de muerte, y se lanzaron enardecidos a por los niños, a quienes sacaron de allí como un relámpago. La madre de los mismos los recibió en la puerta de la casa con un fuerte abrazo.

El guardia civil Antonio Aguayo, que se encontraba aislado en el salón ungió sus dedos en su propia sangre y escribió en la pared «I love GC» para que pudiera ser visto e identificado desde el edificio de enfrente, posteriormente arrancó las cortinas del salón, las unió con fuertes nudos, las sacó por una ventana y se descolgó sin miedo desde un tercer piso hacia la calle con un brazo inutilizado, que a la postre le produciría una incapacidad permanente para el servicio. Mientras descendía por la ventana, los guardias civiles que se encontraban en el exterior cubrían su descenso disparando hacia el interior de la vivienda, ya que los terroristas intentaron abatirlo durante el descolgamiento.

El fuego cruzado era incesante, la fuerza disparaba desde un tejado de la casa de enfrente y desde la puerta de la vivienda, no dejando moverse a los terroristas. La fuerza decidió acceder al interior penetrando en una de las habitaciones, desde la cual abrían fuego cuatro hombres que se desplegaron en abanico formando un semicírculo mientras disparaban. Allí un terrorista golpeaba con la culata de un fusil el cristal de un espejo que tapaba un habitáculo oculto, estaba rendido y rodeado. Se encontraba semidesnudo, vestido únicamente con un calzoncillo. Fue esposado. A su lado había una bolsa de viaje que contenía un subfusil Uzi, una pistola Browning, abundante munición para ambas armas, varias granadas de mano y un par de kilos de explosivo goma-2. El detenido era Jesús María Zabarte Arregui.

—¿Es usted el que manda en el comando? —le preguntó el comandante Galindo.

—Quizá yo pueda hacer que se entreguen. Déjeme que hable —respondió el terrorista.

El terrorista se identificó a gritos ante sus compañeros y les mandó parar el fuego:

—Kattu, Txuría, soy yo. No hay salida, está todo rodeado. Dejad las armas y venid conmigo.

Ellos contestaron con un montón de blasfemias:

—¿Pero qué estás pidiendo, cabrón, hijo de puta? Que vengan a buscarnos esos txakurras si tienen cojones…

—Pero Kattu, que del mako [cárcel] se sale pero…

No pudo terminar la frase, pues el fuego ametrallador tronó de nuevo.

Zabarte fue llevado a los calabozos de la Comandancia de San Sebastián; los otros dos terroristas seguían atrincherados en el piso, no quisieron deponer las armas. El comandante Galindo mandó traer más munición desde la Comandancia pues la que poseía la fuerza estaba a punto de acabarse. Finalmente, después de varias horas, fue lanzada una granada de fusil que acabó con la resistencia. Estallaron las municiones y las granadas que tenían los etarras y se inició un fuerte incendio en el edificio; varios pisos no pudieron ser desalojados y el comandante Galindo mandó a los bomberos extinguirlo. Todavía no se sabía si los miembros de ETA habían sucumbido. Entraron los hombres de Información y del GAR a las plantas superiores y comenzó la evacuación. Al cabo de unos minutos el teniente jefe de la línea de Andoain salía por la puerta del edificio con una anciana enferma en brazos. La evacuación había terminado. Los terroristas yacían muertos.

Se detuvo a los dueños del piso por facilitar infraestructura al comando Donosti de ETA (m), mientras que sus tres hijos fueron llevados a casa del comandante Galindo en la Comandancia de Intxaurrondo, donde su esposa los acogió y asistió hasta el día siguiente, cuando unos familiares de los pequeños se hicieron cargo de ellos. Uno de los niños, Imanol Miner Villanueva, se integraría años después como miembro legal en el comando Gaua y, tras el asesinato de un ertzaina en Hernani (Guipúzcoa) y la posterior desarticulación del comando en 2001, logró huir a Francia. Poco después regresó a España como miembro liberado del comando Madrid y fue detenido por la Guardia Civil en 2002. Su hermano pequeño, Elías Miner Villanueva, fue quien dejó su vehículo particular al comando para llevar a cabo el asesinato del ertzaina.

El desmantelamiento del comando Donosti ponía de manifiesto que la Guardia Civil comenzaba a perder el miedo a actuar y a salir de los cuarteles. Eran las detenciones más importantes realizadas por la Guardia Civil contra ETA hasta aquel momento, y fueron protagonizadas por los agentes de Información de la Comandancia de San Sebastián, que ya se empezaba a erigir en la punta de lanza de la lucha contra la banda terrorista. La valiosa información obtenida tras la desarticulación de ese grupo sirvió para mejorar aún más la acción de esos agentes, y actuar de manera más eficaz en el futuro. El trabajo de los servicios de información permitía a los agentes controlar los puntos que eran más frecuentados por los terroristas. El procedimiento habitual cuando se producía un encuentro era que, tras darles el alto, los etarras desenfundaban sus pistolas y se producía un tiroteo. Eso fue lo que ocurrió en las inmediaciones de Oyarzun (Guipúzcoa), en un episodio en el que resultaron heridos tres guardias civiles y muerto el miembro de ETA Eduardo Irízar, y en el que quedó desarticulado el comando Aizkora; o en Lasarte, donde murió Pablo Gude Pego, de los CAA, al ser descubierto junto a una compañera tras colocar un artefacto en un concesionario de Citroën. En las mismas semanas, varias patrullas de la Guardia Civil sufren el ataque de los terroristas: en Portugalete (Vizcaya) asesinan de un disparo en la nuca al agente Antonio Torrón. Poco después, en Elburgo (Álava), otros tres guardias —José Luis Veiga, Agustín Pascual y Victoriano Collado— mueren al estallar un artefacto colocado por los terroristas.

En 1983 y 1984, ETA asesinó a 41 y 33 personas respectivamente, un descenso significativo respecto al pico histórico de las 97 de 1980. Los cambios introducidos en la lucha antiterrorista propiciaron en buena medida esta tendencia. En el seno de la Guardia Civil, los servicios de información del País Vasco y Navarra actuaban de manera cada vez más eficaz, y ya operaban la Unidad de Servicios Especiales (USE) y el denominado Grupo Operativo del Servicio de Información (GOSI), dedicados en exclusiva a combatir a ETA. Estas unidades —compuestas por un puñado de efectivos primero y reforzadas significativamente después— serían el primer baluarte del instituto armado ante el terrorismo. Aproximadamente mil voluntarios se presentaban en las convocatorias de vacantes, de apenas una o dos plazas para cada uno de los equipos. Con el paso de los años y tras la incorporación del Grupo Técnico de la Guardia Civil, el GOSI terminaría constituyendo el Grupo de Apoyo Operativo (GAO), que junto a la USE, el GAR y la Unidad Especial de Intervención (UEI) formaría la punta de lanza del instituto armado en la lucha contra el terrorismo. Sus integrantes combatían las diferentes amenazas, desde el terrorismo internacional hasta el GRAPO, pasando por los independentismos radicales gallego y catalán. Y, por supuesto, ETA. Estas unidades serán la clave del miedo visceral que los comandos de la banda terrorista acabarán teniendo a la Guardia Civil, algo que a mediados de los ochenta ya comenzaba a vislumbrarse.

8

DEMASIADO PROTAGONISMO PARA LA GUARDIA CIVIL

Había que poner más muertos sobre la mesa. Los rumores sobre una posible negociación eran cada vez más fuertes y ETA quería engrosar su historial de sangre para iniciar ventajosamente el diálogo con el Gobierno. De acuerdo con las ya conocidas tesis que defendían los dirigentes de ETA, si el Estado no podía derrotar a la banda y esta no podía derrumbar las estructuras del primero, ambos se encontraban en una situación de «empate técnico», ante la que no quedaba más solución que una salida política negociada. Los líderes de la organización habían esbozado un concepto que en los últimos meses se había convertido en objetivo prioritario: la «acumulación de fuerzas», fuerzas como sinónimo de cadáveres. No solo importaba la cifra de atentados mortales; las víctimas debían ser, ante todo, militares y guardias civiles. Todos esos nombres a los que se les iba a arrebatar la vida constituían la principal baza para que ETA se mostrase firme en un hipotético diálogo con el Ejecutivo liderado por Felipe González. El entorno radical abertzale, al mismo tiempo, cargaba contra el PNV, que tras una fuerte crisis interna —que había terminado con la sustitución de Carlos Garaikoetxea por José Antonio Ardanza en la presidencia del Gobierno vasco— había llegado a un pacto con el PSOE para que los nacionalistas, debilitados por las disensiones, siguieran al frente de Ajuria Enea. Pensaron los socialistas que era preferible un nacionalismo moderado al radical y violento ya existente, y quizá también que los primeros podrían reconvertir a los segundos; o de paso, evitaban lo que habría sido peor: que el nacionalismo moderado se uniera a los violentos. Pero a partir de aquí se inicia una escalada de asesinatos que solo va a detenerse, temporalmente, cuando ETA y Gobierno se sienten a dialogar.

Para sostener todos estos planes hacía falta un respaldo económico. Los terroristas consideraron, entre otros, al empresario Ángel Urteaga como una fuente de financiación. A mediados de enero de 1985, tres individuos lo secuestraron en Asteasu (Guipúzcoa) y lo mantuvieron retenido durante 37 días. Su liberación, previo pago de doscientos millones de pesetas, abrió la puerta a ETA para financiar las actividades. El 7 de marzo asesina a Carlos Díaz de Arcocha, teniente coronel del Ejército que por entonces ejercía de jefe con grado de superintendente de la Ertzaintza. Los terroristas lo asesinaron por su condición de militar y no por su cargo en la Policía Autónoma Vasca, tal y como demostraron en su reivindicación: «Es una acción más dentro de la ofensiva que sostenemos contra el ejército de ocupación, cualquier otra interpretación es errónea».

Los ataques contra el mundo castrense tenían una carga suplementaria de simbolismo en el mundo abertzale. El 12 de junio, fecha en la que España concluía el proceso negociador del ingreso en la Comunidad Económica Europea (CEE) con la firma del tratado de adhesión, cuatro personas fueron asesinadas en tres atentados diferentes: un coronel jurídico del Ejército y su chófer fueron tiroteados en Madrid, un policía perdió la vida en la misma ciudad al estallar una bomba colocada bajo su vehículo y un brigada de la Armada murió de un disparo en Portugalete (Vizcaya).

En lo que iba de año, los comandos de ETA habían continuado su campaña de violencia contra los intereses económicos franceses, especialmente con los tiroteos y explosiones perpetrados contra camiones del país vecino. También habían asesinado a seis policías nacionales en cinco atentados y atacado a agentes de la Guardia Civil en diferentes ubicaciones de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y Navarra. La primera víctima del cuerpo en 1985 fue Eugenio Recio. El etarra Félix Ignacio Esparza, liberado del comando Vizcaya, le descerrajó un tiro en la nuca cuando se dirigía desde su domicilio al bilbaíno cuartel de La Salve, donde prestaba servicio. La respuesta de la Guardia Civil llegó pronto, en forma de detenciones. Hacía un mes que el Servicio de Información de Guipúzcoa había descubierto varios números de teléfono escritos en el papel que envolvía un artefacto explosivo hallado en un vagón de tren en Beasain. Tres días después del asesinato del guardia Recio y tras las investigaciones pertinentes, los agentes detienen en varias localidades de esa provincia a los componentes y colaboradores del comando Axio-Zorrotza. Dos de ellos son miembros de la Ertzaintza, etarras infiltrados en el cuerpo policial vasco. Marcos Vizcaya, entonces portavoz en el Congreso del PNV, trató de exculpar a la Policía Autonómica y señaló a otras instituciones, como la propia Guardia Civil, como sospechosas de albergar también a otros terroristas infiltrados. Afirmación nunca probada.

Los miembros de la Comandancia de Guipúzcoa que habían desarticulado el comando Axio-Zorrotza no tuvieron tiempo para celebraciones. Al mes siguiente de la operación, más concretamente el 9 de julio, dos de sus agentes, Juan Merino y Antonio Jesús Trujillo, fueron acribillados a balazos en el interior de su coche mientras prestaban servicio vestidos de paisano en la delegación de Hacienda de San Sebastián. Ese mismo día, los Comandos Autónomos Anticapitalistas secuestraron en las inmediaciones del santuario de Loyola (Guipúzcoa) al industrial Ángel Carasusan Madrazo. Las pesquisas del Servicio de Información permitieron la liberación del retenido pocos días después en la localidad guipuzcoana de Lezo. En el operativo fueron detenidos todos los miembros del comando, el último que quedaba en activo de esta escisión de ETA. Los protagonistas de la Guardia Civil detallan la vuelta a la vida de Carasusan:

El Servicio de Información, con dedicación plena, trabaja en dos líneas de investigación muy importantes: una de ETA (m) facilitada por una fuente situada al otro lado de la frontera a la que llamaré Arantxa, y otra de los CAA, proporcionada por el ya citado colaborador en el secuestro de Guibert, al que llamaré Patxi y que me informó que en la tarde del día siguiente, 12, y en el bar Barandiarán, en pleno Boulevard de San Sebastián, un francés se entrevistaría con un miembro del comando secuestrador. En la terraza exterior tomaban unos refrescos tres jóvenes que eran del Servicio de Información. Había otro grupo que paseaba a pocos metros, y todos con los nervios tensos a la espera de una señal mía… Entró una mujer en la cafetería que llevaba una revista Interviú doblada bajo el brazo, de unos treinta años; vestía pantalones vaqueros y un pañuelo negro anudado con poca gracia en el pelo. Se acercó a la barra y llamó al camarero. El francés que se hallaba a escasos metros se dirigió hacia ella… Quince minutos más tarde abandonaban el bar, ella se encaminaba hacia el pequeño puerto pesquero de San Sebastián, desanduvo el camino y tomó un autobús en una parada no muy lejana de la cafetería en que había tenido la cita. La condujo a Lezo, en cuya estación descendió, y se dirigió a pie a un edificio de ocho alturas, donde entró. […]

A primeras horas de la mañana del 14, dos supuestos enfermeros bajaban de una ambulancia estacionada frente al portal del edificio de Lezo. Habían sido alertados para prestar auxilio ante una urgencia sanitaria a una anciana que vivía en el último piso. En el camino hasta el imaginario piso de la anciana pudieron comprobar la consistencia y el tipo de puerta del piso objetivo. Los enfermeros no eran otros que dos expertos de la UEI, la unidad especializada en intervenciones de alto riesgo y dificultad. La vigilancia estática había detectado que durante la noche solo se producía la llegada del camión de la basura, hecho que ocurría a las 2.30 horas. Teníamos cubiertas todas las necesidades de información, incluso el momento idóneo. Había llegado la hora de actuar. Fuerzas del GAR cubrirían todas las posibles vías de escape, a la vez que proporcionaban seguridad a los otros dos grupos: la UEI, cuya misión era la entrada en la vivienda, liberación de Carasusan de encontrarse en la misma y la anulación del comando secuestrador; y el Servicio de Información, cuyo cometido era hacerse cargo de los miembros del comando y del secuestrado, explotar el éxito de la operación y practicar todas las diligencias posteriores y judiciales que el caso requiriese. A las 2.10 de la madrugada del 15 empezó la acción. A una señal del jefe la puerta fue derribada limpiamente con un certero golpe. Uno tras otro fueron entrando los hombres, con una vestimenta que les hacía parecer de otro mundo… En ese tiempo (siete segundos) fueron anulados y esposados los tres terroristas.

Los golpes policiales infligidos en estos meses a los comandos terroristas no alteraban el objetivo marcado por la dirección de ETA a principios de año, el de añadir más muertos de cara a una hipotética negociación. El libro Euskadi ETA Askatasuna, editado por la editorial Txalaparta y muy próximo a las tesis de la banda, explica los métodos que emplearon sus integrantes para alcanzar sus fines: «La primera de las novedades fue la de la utilización de coches cargados de goma-2 y destinados a ser explosionados cuando el objetivo elegido se encontrase en sus cercanías. La segunda novedad en el aspecto militar fue la concentración de operaciones de envergadura en la capital española con el convencimiento de que allí los efectos de los ataques y sabotajes tenían una repercusión superior a la que alcanzaban en Euskal Herria». Se da luz verde a una campaña de acoso acelerado para avanzar hacia la negociación en el menor tiempo posible.

La banda terrorista no tarda en poner en marcha sus planes. Tras los asesinatos de los guardias civiles Fernando Amor y José Expósito —el primero en Luyando mientras trataba de desactivar un explosivo y el segundo en Elgoibar (Guipúzcoa) tras recibir un disparo—, el comando Madrid de ETA colocó un coche bomba en la capital que hizo estallar al paso de un microbús del instituto armado. En el atentado, realizado a las siete de la mañana del 9 de septiembre, falleció un ciudadano estadounidense y dieciséis agentes resultaron heridos. Enrique González, uno de los supervivientes, explica lo que sintió ese día:

Llegué a mi unidad, me puse el uniforme y subí al autobús. Hice risas con los compañeros. Unos más habladores, medio dormidos los que habían alargado la velada... Empezaba la ruta de todos los días a las mismas embajadas, el mismo recorrido, a la misma hora, que si no va uno va otro, pero siempre lo mismo. Habíamos dicho que hacíamos algo muy peligroso, pero respondían que se tomaban medidas. ¿Y qué medidas? Si hoy no pasas por la derecha ya pasarás mañana, y si no al otro... y te cazaré. Mi destino era la embajada soviética, en Carbonero y Sol. Era una mañana normal, un servicio normal.

Veinticuatro guardias civiles en un autobús desde la Dirección General del instituto armado, en la calle de Guzmán el Bueno hacia la de Serrano. Cuántas veces se había reclamado hacer el trayecto en metro, en vez de ser dianas andantes. De paisano hasta la embajada, y una vez allí ponernos de uniforme. Pero nos ponían la excusa de que la pareja tenía que salir con la hoja de servicio firmada. Era la mentalidad de entonces. Y luego el afán de que no nos escondiésemos. El teniente coronel decía que había que dejarse ver.

Pasan diez minutos de las siete de la mañana de un día más. Y llegamos rápidamente a República Argentina, sin tráfico a esas horas. Paramos en el primer semáforo, en rojo. Aparece un tipo corriendo delante del autobús. Alguien comenta que vaya horas para correr y que eso no podía ser bueno. Yo iba en la parte de atrás, asiento central. En rojo el semáforo siguiente, pero el conductor decide no parar al ver un coche aparcado que no debía estar. Si para, no salimos vivos ninguno. Faltaban 200 metros para llegar a mi destino. Un estruendo. El autobús vuela. Abro los ojos. Todo amarillo. Un instante. Luego todo oscuro. Me vi entre los asientos de delante. No sé cómo llegué. Esa aureola amarilla no sé si eran llamas o un fogonazo... no sé. Perdí la consciencia. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me levanté. Creo que estaba solo, pero no lo sé seguro. Oía: «¡Salid, salid, salid!». Tras los gritos, disparos. Fui consciente entonces de que nos habían cazado y que era un atentado. El hombre que corría, Eugene Kenneth Brown, un norteamericano, saltó por los aires.

Los autores del atentado, miembros del comando Madrid, regresaron a Francia para explicar el episodio a su responsable, Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros, que había sustituido a Juan Lorenzo Lasa, Txikierdi, al frente del aparato militar. Potros ordenó continuar con la campaña de hostigamiento sobre los cuerpos policiales, una orden que se encargó de cumplir el comando Donosti: en dos días consecutivos de noviembre, 25 y 26, asesinaron en Pasajes al guardia civil Isidoro Díez y a su compañero José Herrero en Lasarte. La respuesta del instituto armado al crimen de Lasarte fue la detención de varios sospechosos de estar integrados en las filas de ETA. Entre ellos, el joven navarro Mikel Zabalza, acusado de colaborar con los terroristas. Al ser conducido a descubrir un zulo de la banda terrorista en Endarlaza (Navarra), junto al río Bidasoa, huyó sin dejar rastro. Su cuerpo apareció veinte días después, generando en torno a este hecho un sinfín de acusaciones contra la Guardia Civil. Se inició una investigación judicial que duró cerca de quince años para concluir que no hubo ninguna intervención sospechosa de los guardias civiles en ese fallecimiento.

ETA cerró 1985 con una lista de 37 víctimas mortales, incluyendo los nombres de otros tres guardias civiles asesinados el último mes del año: Mario Leal, superviviente a un atentado en Mondragón (Guipúzcoa) un año antes y asesinado en la misma localidad en el interior de su coche; el general retirado Juan Atarés, acribillado a balazos en Pamplona por los integrantes del comando Nafarroa en la víspera de Nochebuena; y el guardia también retirado Alejandro Sáenz, al que los terroristas mataron el mismo día en el que se iba a jubilar como jefe de seguridad de la factoría Michelin de Lasarte (Guipúzcoa). Y para seguir hostigando a los agentes, la izquierda abertzale pone en marcha por aquel entonces dos iniciativas con los siguientes lemas: «Hemen torturatzen da» y «Alde Hemendik» («Aquí se tortura» y «Que se vayan», en euskera). La segunda todavía sigue activa a la fecha de dar a la imprenta este libro.

A la terrorista María Mercedes Galdós, Bittori, responsable del asesinato del general Atarés, no le quedaba mucho más recorrido en el seno de la banda terrorista. El comando Nafarroa, del que formaba parte, sería desarticulado en marzo de 1986. Ese año ya había caído el comando Pakito, después de que sus tres integrantes muriesen en un tiroteo con la Guardia Civil tras ametrallar un camión francés en Pasajes (Guipúzcoa). Los participantes en la operación recuerdan algunos detalles del juicio:

Después tuvimos que declarar en el juzgado de San Sebastián. Querían procesarnos. Nuestro abogado era Argote y el de la acusación particular, Íñigo Iruin. Iruin me preguntó por los disparos al coche, y al no haberle convencido mi primera respuesta, dijo: «O sea, en resumidas cuentas, usted va por ahí, le entran ganas de disparar, y dispara», a lo que yo respondí: «No, yo voy por ahí y me entran ganas de disparar muchas veces, pero me las aguanto». El juez y el fiscal esbozaron una sonrisa.

ETA, por su parte, había asesinado en Madrid al vicealmirante Cristóbal Colón y a su chófer el día antes de la celebración del referéndum sobre la pertenencia a la OTAN —en el que venció el «sí» con un 56,85 % de los votos—. Pero la desarticulación del comando Nafarroa fue de vital importancia, un duro golpe para los planes de la banda terrorista en la Comunidad Foral. Sus integrantes habían perpetrado la mayoría de los atentados y asesinatos que habían tenido lugar en Navarra en los últimos años. La detención de casi todos ellos —Juan María Lizarralde, alias Heavy, consiguió huir a Francia— fue posible tras un tiroteo que tuvo como escenario el corazón de Pamplona:

Sobre las 18.00 horas del 25 de marzo de 1986, un cabo del cuerpo perteneciente a la Unidad de Servicios Especiales, que se encontraba en labores de vigilancia sobre Fermín Eliceche Ezcurra, por ser esta una de las personas sospechosas de estar vinculadas al comando de liberados ubicado en Navarra, observa cómo dicho individuo había contactado en el bar Jaiama de Pamplona con dos jóvenes, hombre y mujer, reconociendo con casi toda seguridad a la miembro liberada de ETA María Mercedes Galdós Arsuaga. […] Con el dispositivo ya al completo se observa cómo los tres individuos se desplazan a las inmediaciones de la Residencia Sanitaria Virgen del Camino, donde permanecen en actitud de espera durante un corto espacio de tiempo, para trasladarse nuevamente en el vehículo de Fermín, un Citroën GSA, hasta la calle Sangüesa número 27, entrando en una lonja-bajera también de su propiedad, local que desde hacía meses era vigilado por la Guardia Civil. Tras unos minutos, los tres individuos vuelven a salir, en esta ocasión de manera escalonada y en sospechosa actitud de recelo. (...) Los tres se dirigen a pie hasta la avenida de Baja Navarra y plaza de las Merindades. Dada la proximidad de la Delegación del Gobierno, en cuya puerta se hallan de vigilancia y seguridad miembros uniformados de las fuerzas de seguridad del Estado, y ante la fundada sospecha de la inminencia de un atentado contra dichos agentes, se ordena la detención de la presunta pareja terrorista. Sobre las 20.15 horas, y al grito de «Alto a la Guardia Civil», son interceptados ambos individuos, los cuales inicialmente intentaron huir y hacer uso de sus armas, llegando a producirse un enfrentamiento con disparos a consecuencia del cual resultaron heridos ambos terroristas, siendo finalmente reducidos. Acababan de ser detenidos María Mercedes Galdós Arsuaga, Bittori, y Juan José Legorburu Gerediaga, Txato.

Pese al severo revés de la desarticulación del comando Nafarroa, ETA no quería mostrar ningún síntoma de debilidad. José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, y Francisco Múgica Garmendia, Pakito, habían mantenido varios encuentros con enviados del PNV en el sur de Francia para expresarles sus opiniones sobre una posible negociación con el Gobierno; los nacionalistas, poco después, contactaron con los dirigentes de HB para poner en común todas las ideas. Ante estos movimientos, la dirección de la banda decidió dar un golpe de efecto: querían, como de costumbre, mostrarse fuertes y que el Gobierno, en caso de abrirse una vía de diálogo, no tuviese más remedio que aceptar sus condiciones.

Los elementos que daban forma a la matanza que estaban a punto de cometer no eran casuales: el lugar, Madrid, representaba el centralismo del Estado contra el que se proclamaban combatientes; su objetivo, una patrulla de la Guardia Civil, representaba el brazo que comenzaba a estrangular los propósitos de ETA mediante la desarticulación de sus comandos; el arma elegida, el coche bomba, marcaría una forma sangrienta de actuar para los terroristas. Los integrantes del comando Madrid —compuesto por Irene Idoia López Riaño, alias la Tigresa, Juan Manuel Soares Gamboa, Iñaki de Juana Chaos, Antonio Troitiño Arranz, Inés del Río Prada y Esteban Esteban Nieto— colocaron el coche bomba en el cruce de las calles Juan Bravo y Príncipe de Vergara. En el interior del vehículo, un Seat 124 con matrículas falsas, habían colocado un artefacto compuesto por 25 kilos de explosivo y unos 50 kilos de metralla. Era la primera vez que ETA utilizaba para elaborar sus bombas el amonal, una mezcla explosiva no demasiado potente pero de fácil fabricación casera. Los terroristas detonaron la carga a las 7.20 de la mañana del 25 de abril de 1986, al paso de un Land Rover de la Guardia Civil ocupado por un cabo, siete guardias civiles y un guardia auxiliar que acudían a prestar servicio a la embajada de Estados Unidos. La explosión acabó con la vida del cabo primero Juan Mateo y los guardias civiles Alberto Amancio, Juan Catón, Vicente Javier Domínguez y Juan Carlos González. Sus compañeros, así como varios viandantes, resultaron heridos de diferente consideración. Los miembros del comando enviaron una valoración del atentado a Santi Potros, que le sería incautada a este tras su detención, al año siguiente. En el documento manuscrito, con algunos croquis y dibujos sobre el suceso, los terroristas advertían de cómo se debía usar el amonal desde entonces y en adelante:

La fotografía del coche que os mandamos corresponde a un BMW que iba delante del Land Rover, os la mandamos para que os deis cuenta de hasta dónde extendió el fuego la explosión, tras la cual el Land Rover siguió quemándose. Este efecto incendiario creemos que es debido al nuevo explosivo, ya que antes, con la goma, no lo habíamos visto. Insistimos sobre el fogonazo que produjo la explosión, diciendo que el edificio situado al lado de donde estaba aparcado nuestro coche es de 6 plantas y aun así toda esta altura fue superada por la llamarada que se produjo. Respecto a la anchura de la llamarada, esta la podríamos valorar en unos 30 metros aproximadamente.

Todos estos atentados se articulaban en torno a las hipotéticas negociaciones que comenzaban por entonces a gestarse. El Gobierno de Felipe González, que reeditó su mayoría absoluta en las elecciones generales de junio de 1986, quería un fin para ETA similar al que se había producido con su rama político-militar. Pero la idea de un diálogo, que para el Ejecutivo suponía el principio del final de la banda terrorista, no servía, de momento, más que para envalentonar a la organización que seguía sumando más muertos a su lista.

Cinco días antes de los comicios fueron asesinados en Madrid tres militares: el teniente coronel Carlos Besteiro, el comandante Ricardo Sáenz de Ynestrillas y el soldado Francisco Casillas. Los comandos etarras también mataron en Guipúzcoa a varios guardias civiles: Antonio Ramos fue tiroteado en Mondragón, Francisco Muriel fue atacado junto a varios compañeros que resultaron heridos en Zarauz y los guardias civiles Ignacio Mateu y Adrián Dionisio González perdieron la vida al estallarles una bomba trampa en Arechavaleta, en el lugar desde el que un comando había atentado contra la casa cuartel. José Ángel García Vázquez, compañero de estos últimos, recuerda los momentos inmediatamente posteriores a la explosión:

Se produce una fuerte explosión, serían cerca de las nueve de la mañana. Tiro al suelo los trozos de pilas que tenía en la mano y rápidamente subo por el camino gritando «¡Mi teniente, mi teniente!», encontrándolo en medio de la polvareda y la caída de piedras y tierra, tendido en el suelo, quejándose fuertemente de dolor, pues tenía arrancadas las dos piernas por encima de la rodilla y el codo del brazo izquierdo, estando el antebrazo unido por un trozo de carne. Instintivamente me tiré de rodillas y me saqué la camisa que llevaba puesta la cual rompí en trozos y empecé a hacer torniquetes. El sargento Vacas que vino detrás intentó hacer lo mismo con un pañuelo, pero le temblaban tanto las manos que no podía hacer el nudo; con el pañuelo y la camisa conseguí hacer tres torniquetes en las dos piernas y en el brazo entre un fuerte olor a carne quemada, no se veía salir sangre de los miembros pero en el suelo cada vez había más, mientras el teniente pedía que le evacuaran. Después de hacer los torniquetes lo cogí en brazos, su cuerpo era como de goma, se desparramaba por todos lados por efecto de la explosión, y lo bajé en brazos hasta la carretera. Me metí en un coche, delante iban dos guardias civiles del GAR de Vitoria, detrás el teniente Mateu, tendido en el asiento trasero, y yo, de rodillas sujetándolo para evitar que se cayera, y a la vez, vigilando la sangre porque cada vez había más en el asiento y el suelo del vehículo, y nos fuimos a toda prisa con los prioritarios y la sirena encendidos hasta llegar al hospital de Mondragón. Durante el camino empezó a rezar el Padrenuestro en voz alta y yo hacía lo mismo, mientras él pedía que no le dijeran nada a su madre y que avisaran a un cura para que le diera la extremaunción. Una vez allí, fuimos atendidos por un médico (...), nos dijo que lo trasladarían a Vitoria. Llegando, el teniente Mateu empezó a cerrar los ojos, yo le decía que parpadeara, que parpadeara, pero dejó de hacerlo...

Mientras se enterraba a los últimos guardias civiles asesinados se producían los preparativos de las luego llamadas conversaciones de Argel. ETA venía preparándose desde hacía tiempo, añadiendo cadáveres a los ya acumulados en su trayectoria. El Gobierno, entre tanto, asumía diferentes resultados para el encuentro; el más optimista, una disolución similar a la de ETA (pm) tras hacer algunas concesiones a la banda. El 12 de julio, el abogado Jorge Argote viajó con el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, a Argelia, donde se encontraron con el dirigente etarra Domingo Iturbe. Este impuso una serie de condiciones iniciales —su manera de demostrar que las negociaciones iban a ser duras—, como la necesidad de trasladar a Argel a Eugenio Etxebeste, Antxon, para que le acompañara en los encuentros que tendrían lugar. Los primeros contactos, tibios, no supusieron un cese de la violencia. La dirección de la banda quería dejar clara la firmeza con la que eran capaces de actuar y por eso dio la orden de actuar a sus militantes más cualificados para asestar el golpe. La fecha elegida fue el 14 de julio de 1986; al día siguiente de la deportación a Gabón por el Gobierno francés del máximo dirigente de ETA (m), Domingo Iturbe, Txomin, y el día antes de la constitución de las nuevas Cortes Generales. El comando asesino actuaba perfectamente coordinado con su aparato político.

Los terroristas del comando Madrid, los mismos que habían matado tres meses atrás a cinco guardias civiles en la calle Juan Bravo de la capital, dirigieron de nuevo el ataque contra el instituto armado. Todo fue muy similar. Hicieron estallar un coche cargado de explosivos al paso de un autobús del cuerpo en la madrileña plaza de la República Dominicana. En esta ocasión mataron a doce guardias: Jesús María Freixes, Carmelo Bella, José Calvo, Miguel Ángel Cornejo, Antonio Lancharro, José Joaquín García, Andrés José Fernández, Jesús Jiménez, Santiago Iglesias, Javier Esteban, Ángel de la Higuera y José Ignacio Calvo. Los otros 45 ocupantes del autobús también resultaron heridos, así como siete civiles. Javier Gómez Segura, comandante de la Guardia Civil, jefe del gabinete de Psicología de la Agrupación de Tráfico en su último destino, era uno de los agentes recién salidos de la Academia que viajaban a bordo del autobús:

Todos los días hacían el mismo recorrido y a la misma hora. […] El día del atentado se montaron todos en el autobús, la mayoría de los guardias civiles del curso de motoristas de tráfico iban dormidos, ya que era lunes y el fin de semana unos habían estado en sus localidades de residencia fuera de Madrid, y otros habían estado de fiesta en la capital. Javier se encontraba sentado en la mitad del autobús, un poco hacia atrás, y con la cabeza apoyada en el cristal, ya que estaba dormido. De repente oyó un estruendo, siendo su primera sensación que se trataba de un accidente, que un vehículo los había embestido. Su reacción fue despertarse y mirar a su alrededor: lo primero que vio fue a un compañero sentado con la oreja colgando y deformado, es en esos momentos cuando se ve uno en una situación como si el tiempo se parase, y se encontrase en una nube y en un silencio total. Todo se ve blanco. Lo primero que oyó, tras esa sensación, fueron unos gemidos en la parte trasera del autobús, no podía precisar si había cadáveres o no. Sale del autobús a través de las ventanillas y se dirige a unos árboles en el centro de la glorieta, con la cara ensangrentada, refugiándose allí en cuclillas. Oye disparos, y un compañero lo encuentra en el jardín, lo saca de allí, para un vehículo y se van juntos al hospital La Paz. Accede al hospital con el casco de motorista de tráfico y con la pistola, ya que tenían la consigna de ir a todos lados sin perderlos de vista.

Una vez en el hospital, un enfermero le pregunta cómo está. Le indica que él mismo se haga las primeras curas en un baño con unas gasas y un bote de agua oxigenada. Javier tiene multitud de heridas pequeñas en toda la cara, producidas por la rotura de los cristales. Se mete en el baño y se hace las primeras curas. En ese momento de soledad y de paz, como él dice, es cuando es consciente de todo lo que ha pasado. Siente vergüenza, se siente cobarde y siente también asco por no haber hecho nada tras la explosión, por no haber sacado a los compañeros del autobús. Un facultativo le pregunta si está en disposición de identificar a dos cadáveres ubicados al final de un pasillo del hospital, respondiendo Javier que sí. Identifica sin problema a Jesús María Freixes Montes, ya que era el gracioso del autobús y el ligón del curso, no tenía grandes heridas pero la cabeza la tenía deforme como un balón de fútbol que se ha desinflado. El otro cadáver lo identifica como el del Boticario porque era como lo conocían, no pudiendo dar más datos, ya que no sabía su nombre ni apellidos.

Con posterioridad le ingresan en el hospital y le dicen que tiene que permanecer por sus heridas un mínimo de 72 horas. Permanece en la habitación con otras cinco personas, cuatro guardias civiles y el quiosquero que también resultó herido por la explosión. Veinticuatro horas después del atentado reciben la primera visita, la de un teniente que les reprocha: «¡Bueno, vaya caras!». Les dice que no deben hablar con periodistas: «Ahora que sois los niños bonitos cualquiera os suspende».

[…]

Tras el atentado no hubo apoyo de las autoridades ni a los heridos ni a las víctimas. Javier sintió durante mucho tiempo una sensación extraña hacia la Guardia Civil por no haber hecho su labor. Deberían haber cambiado itinerarios y horarios, sabiendo lo que había, y después del atentado tampoco supo el cuerpo materializar una agenda psicosocial, apoyo completo a víctimas, heridos y familiares, dejándoles en muchos casos en el abandono. «De las autoridades institucionales es mejor ni hablar porque me encabrono.»

La estrategia diseñada por ETA para presionar al Gobierno se mantenía intacta, e incluso reforzada, tras el «éxito» del atentado de la plaza de la República Dominicana. Su siguiente objetivo fue el gobernador militar de Guipúzcoa, el general Rafael Garrido Gil, que pereció en San Sebastián junto a su mujer, Daniela Velasco de Vidaurrieta, y su hijo de 16 años, Daniel Garrido Velasco, al estallar una bomba que los terroristas colocaron en su coche en marcha. Y poco después, tres días antes de la designación de Barcelona como sede de los Juegos Olímpicos de 1992, los terroristas mataron en esta ciudad a un agente de Policía con un coche bomba. Además, ETA quiso exhibir la dureza con la que trataba a aquellos que se alejaban de su ideario, incluso a aquellos que habían formado parte de la banda: Dolores González Cataraín, Yoyes, antigua dirigente y reinsertada tras su paso por prisión, fue asesinada por Antonio López Ruiz, Kubati, acusada de traidora y de colaboradora del ministro Barrionuevo.

En este contexto, la Ertzaintza afrontó su primera operación de envergadura contra ETA. El 2 de noviembre, varios de sus agentes localizaron en un monte próximo a Barabar (Álava) una cueva donde podía estar escondido el empresario Lucio Aguinagalde, secuestrado por ETA quince días antes. En la atípica y algo improvisada operación de rescate resultó muerto Genaro García Andoain, alto responsable de ese cuerpo y destacado miembro del PNV que había participado en negociaciones secretas con ETA unos meses antes; se detuvo a dos terroristas, un tercero logró escapar y se liberó al empresario.

Mientras se producían estos acontecimientos, se ultimaban los detalles de una operación que por primera vez lograría golpear al núcleo directivo de la banda terrorista. Desde la Secretaría de Estado de Seguridad, en colaboración con los servicios secretos norteamericanos, se puso en el mercado negro un misil del modelo SAM-7 al que le habían instalado un radiotransmisor y que acabó en manos de ETA. El seguimiento de la señal que el transmisor emitía llevó a los investigadores hasta la misma frontera de Francia y España, concretamente a una fábrica de muebles vinculada a las estructuras de ETA en Francia, la empresa Sokoa. Se esperó durante días a que el misil fuera entregado a los miembros del comando Madrid, que eran los que contaban con más objetivos y de mayor envergadura. Pero la entrega no se producía y la potencia de la señal iba disminuyendo día a día. Había llegado el momento de actuar. El 5 de noviembre de 1986, la Guardia Civil y la Policía francesa registraron la fábrica de muebles. La primera observación no ofreció pistas concluyentes y tampoco se encontró ningún arma. Pero en el lugar hubo algo que despertó las sospechas de un agente galo: en una de las instalaciones había tornillos de distinta antigüedad. Tras su retirada se halló un zulo que contenía el mayor arsenal intervenido a ETA hasta la fecha, explosivos y documentación. La Operación Sokoa, en la que se detuvo a seis terroristas, ofreció las claves para comprender el aparato financiero de la banda y la estructura de buena parte de sus comandos.

En el año 1986 la Guardia Civil ocupó casi todo el protagonismo en la lucha contra ETA. La banda terrorista todavía iba a matar en Oyarzun (Guipúzcoa) a un agente más de la Benemérita, José Peña, el día de Nochebuena. Con él, el número de guardias asesinados a lo largo del año ascendió a 24, más de la mitad de las 44 víctimas que habían perdido la vida en manos de los comandos etarras. La mayoría de esos asesinatos fueron responsabilidad del comando Madrid, autores de los atentados contra la Guardia Civil de la plaza de la República Dominicana y de la calle Juan Bravo, ambos en la capital. Los principales integrantes del grupo, entre ellos Antonio Troitiño e Iñaki de Juana, fueron detenidos por la Policía el 16 de enero de 1987; Idoia López Riaño logró escapar. En cualquier caso, los agentes del cuerpo destinados en la capital respiraban gracias a aquel golpe infligido a ETA por sus compañeros. Incomprensiblemente, no se aplicaron en Madrid las medidas de autoprotección y seguridad experimentadas con éxito en el País Vasco, lo que dio muchas facilidades a los terroristas. Demasiados guardias civiles fueron así asesinados: nunca debió ocurrir porque acaso se habría podido evitar.

La Operación Sokoa y la desarticulación del comando Madrid frustraron en buena medida los planes de la organización armada para seguir presionando al Ejecutivo, pero a pesar de esta merma de sus recursos y de su potencial ofensivo los terroristas no quisieron dar ninguna muestra de debilidad. Para maquillar el impacto, la dirección ordenó a sus comandos que prosiguieran con su campaña de violencia: «Es mejor utilizar una furgoneta bomba, ya que la carga se puede poner a una mayor altura y así alcanzar directamente a los ocupantes del autobús», recomendó el dirigente Francisco Múgica, Pakito, a los terroristas que habían hecho estallar a principios de año un coche bomba al paso de un autobús de la Academia General Militar en Zaragoza. En el atentado murieron el comandante Manuel Ribera y el conductor Ángel Ramos, y resultaron heridos 25 militares, catorce ciudadanos y un guardia civil.

Pero la presión sobre ETA por fin comenzaba a surtir efecto, en la medida en que los cuerpos policiales desarrollaban medidas mejor estudiadas y orientadas para combatir a los terroristas. El instituto armado implantó las Centrales Operativas de Servicio (COS) en todas las comandancias de España, lo que permitió agilizar la presencia de las patrullas cuando se las requería. Mientras tanto, eran cada vez más frecuentes las expulsiones de miembros de la banda desde Francia y la entrega de otros a las autoridades españolas. Ante este acoso, ETA se revolvía con la capacidad letal que la caracterizaba, casi siempre mediante el uso del coche bomba: así actuó el comando Barcelona el 11 de marzo para asesinar en la capital catalana al guardia civil Antonio González y herir de gravedad a otros cinco miembros del cuerpo y a catorce transeúntes. Dos meses después, el 17 de mayo, otro comando hizo estallar en Madrid tres coches bomba de forma casi simultánea contra el Cuartel General de la Armada, el Cuartel General del Aire y la Dirección General de la Guardia Civil. Una mujer de 79 años murió en la última de estas tres explosiones. Esta cadena de atentados se produjo 25 días antes de las elecciones al Parlamento Europeo —en las que Herri Batasuna presentó como candidatos al abogado Txema Montero y al etarra José Manuel Pagoaga, Peixoto, huido a Francia— y las municipales. HB obtuvo sus mejores resultados electorales hasta entonces, lo que condujo a ETA a creer que se fortalecía ante las negociaciones que ya se iban fraguando en la sombra.

La campaña de atentados con coche bomba sirvió a los terroristas como perfeccionamiento de esta técnica de cara al atentado más mortal de su historia. El 19 de junio, a las 16.08 horas, el comando Barcelona hizo estallar un artefacto colocado en un vehículo que habían estacionado en el aparcamiento subterráneo del centro comercial Hipercor de la Ciudad Condal. La deflagración de la carga, compuesta por 27 kilos de amonal y 200 litros de líquidos incendiarios y escamas de jabón y pegamento, produjo efectos similares al napalm. Las temperaturas alcanzaron los 3.000 grados. La sentencia 49/1989 concluyó que el atentado «estaba inspirado en el material utilizado en la guerra»:

Varias personas resultaron atrozmente quemadas y mutiladas, sin posibilidad alguna de escapar ante la oscuridad producida por el humo negro y los materiales incendiarios adheridos a su cuerpo […], sin posibilidad alguna de desprenderse de ellos ni apagarlos, ya que su autocombustión se ocasionó sin necesidad de utilizar el oxígeno ambiente.

Quince personas perdieron la vida aquel día, quemadas o asfixiadas, y otras seis morirían en los días posteriores; cuatro de ellos eran niños. ETA había realizado varios avisos de la colocación de una bomba en el centro comercial 35 minutos antes de que se produjera la explosión. La revisión del espacio corrió a cargo, principalmente, de la seguridad privada del centro. Al no apreciar nada sospechoso, se decidió no evacuarlo. La banda terrorista, en la reivindicación del atentado, advertía del «grave error» cometido; HB también criticó el episodio, pero sin llegar a condenarlo y desplazando la responsabilidad a la empresa propietaria del centro y a las autoridades por no desalojarlo, pese a haber sido avisados «con una hora de antelación», lo que habría provocado «una tragedia evitable con objeto de utilizarla propagandísticamente». A estas manifestaciones se adhirió la organización independentista catalana La Crida —en cuya dirección se integraba Jordi Sànchez, que a la vuelta de los años se convertiría en cabeza de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), impulsora del proceso secesionista de Cataluña—. La justicia terminó declarando la responsabilidad patrimonial del Estado por «pasividad y conducta omisiva» (otra cosa es la responsabilidad penal, por completo atribuible a quienes colocaron la bomba). Paradójicamente, y aunque el tiempo demostraría que el de Hipercor fue un error estratégico de grandes proporciones para ETA, estos golpes suponían para la banda un importante rédito ante la futura negociación. En cuanto a los integrantes del comando Barcelona, Domingo Troitiño, Josefa Ernaga y José Luis Gallastegi, acabarían siendo detenidos por la Policía el 5 de septiembre de ese mismo año.

Además de esta operación, ETA sufrió otro descalabro el mismo verano, cuando los guardias civiles de Intxaurrondo detuvieron en Guipúzcoa a los integrantes del comando Donosti, que junto al Barcelona y al Madrid constituían los grupos más preparados para matar con los que contaba la banda terrorista. La operación fue la respuesta del cuerpo al asesinato en Oñate de los miembros del GAR Antonio López y Pedro Galmares. Las diligencias de la Guardia Civil reflejan cómo se produjeron las detenciones, en un tiroteo en el que resultó muerta la etarra Lucía Urigoitia:

Se recibe llamada en el SIGC de Guipúzcoa en la que una mujer que no se identifica solicita entrevistarse con miembros del Servicio para aportar de forma voluntaria ciertas informaciones sobre los posibles autores de la acción terrorista realizada ese mismo día contra el Gobierno Militar de San Sebastián. Concertada una entrevista con la citada, manifiesta, entre otros extremos, que el vehículo Renault R-5, de color gris metalizado, matrícula SS-4971-X, utilizado para el lanzamiento de granadas contra el edificio del Gobierno Militar, lo vio salir de un garaje sito en el paseo Zubiaurre número 39 de esta capital. Para contrastar la veracidad de los hechos se montan los correspondientes servicios de vigilancia en torno al garaje citado, observando cómo unos individuos salen del mismo y depositan en el exterior unas bolsas de basura, las cuales una vez reconocidas resultaron contener pruebas formales del atentado contra el Gobierno Militar de San Sebastián y restos de embalaje de siete ollas a presión que, dado el modus operandi de la banda terrorista ETA, podrían indicar que estos planeaban alguna acción terrorista.

A la vista de los indicios previos se ordena que se inicien las gestiones conducentes a la desarticulación del comando, y para ello, en la noche del día 22 de julio, y dada la peligrosidad de los individuos a detener, por miembros de la Unidad Especial de Intervención (UEI) de la Guardia Civil, apoyados por otras Unidades uniformadas del cuerpo y miembros del SIGC, se procede a la detención de los miembros liberados de ETA Ignacio Erro Zazu y Estanislao Echaburu Solabarrieta. A las 0.30 horas del día 23 de julio se procede a la entrada y registro del piso 5.º D sito en la calle Rentería n.º 3 de la localidad de Pasajes de San Pedro (Guipúzcoa). La fuerza actuante fue recibida con disparos provenientes del interior del domicilio citado, entablándose el subsiguiente tiroteo en el que una mujer, que posteriormente fue identificada como la miembro liberada de ETA Lucía Urigoitia Ajuria, dispara contra un miembro de la UEI el cual resulta alcanzado por un impacto en el chaleco antibalas que le protegía, respondiendo a la agresión y resultando muerta dicha activista.

La desarticulación de este comando fue posible en gran medida gracias a los avances técnicos con los que empezaban a contar los miembros del Servicio de Información de la Guardia Civil. El agente Carlos Cerro, perteneciente al GOSI, que fotografió a los etarras Ignacio Erro Zazu y Lucía Urigoitia para poder identificarlos cotejando imágenes, recuerda aquel episodio:

Realicé la foto con una cámara Robot de cuerda, camuflada en una carpeta, utilizada como medio de fotografía encubierto. Los miembros liberados de ETA Lucía Urigoitia Ajuria e Ignacio Erro Zazu acababan de dejar la bajera en la que ocultaban una furgoneta cargada de explosivos en el barrio de Intxaurrondo de San Sebastián y se dirigían a una parada de autobús para volver a su domicilio. Iban caminando por una calle muy estrecha pegada a un muro por la que solo cabían dos personas, de manera que tuve que esperarles en una esquina y hacerles lo que denominaban «el paso torero», es decir, girarme hacia ellos con la carpeta apoyada en la cadera formando un ángulo recto, «tirando de oído» porque lógicamente era imposible apuntar. Realicé muchísimas fotos, las primeras desde muy lejos hasta que los tuve encima. De hecho, Ignacio Erro al cruzarse conmigo me hizo un gesto de desagrado ya que apenas podíamos pasar, incluso me desplazó un poco con el hombro, aun así, continué disparando mi cámara. Fue la última fotografía de Lucía Urigoitia, ya que horas después fallecería a consecuencia de un enfrentamiento con miembros de la Guardia Civil cuando procedían a detenerla.

El intercambio de golpes entre ETA y el instituto armado siguió hasta final de año. Los comandos terroristas realizaron varios atentados contra cuarteles del cuerpo; en uno de ellos, en Guernica, murieron el cabo Federico Carro y el guardia Manuel Ávila. En Bilbao, además, fue tiroteado y muerto el subteniente del cuerpo Cristóbal Martín Luengo en las proximidades de su domicilio. Su familia oyó desde su casa el disparo que acabó con su vida:

Yo tenía dieciocho años y estaba echando la siesta, mi madre esperaba a mi padre para comer, hacía mucho calor. A las tres menos cuarto, mi padre hizo sonar el claxon de su coche mientras se dirigía al garaje, calle abajo. De repente se oyó un disparo, no me sorprendió porque cerca había un campo de tiro; en un primer momento no le di importancia, hasta que oí gritar a mi madre y a mi hermana de veinte años. «Hay un hombre caído en la calle… parece papá.» Ambas bajaron corriendo la escalera, mientras yo saltaba de la cama y llamaba al 091: «Por favor manden una ambulancia, han disparado a mi padre». No me había asomado a la ventana pero lo sabía. Bajé yo también corriendo; cuando llegué acababan de taparle con una manta, un reguero impresionante de sangre roja corría cuesta abajo hacia una alcantarilla cercana, la gente se amontonaba alrededor, mi madre gritó entre sollozos: «¿Y Eduardo?, vete a por él, no le dejes salir de casa, que no se entere». Mi hermano tenía cinco años y era inseparable de mi padre.

Horas más tarde llegó mi madre y me dijo: «Marisa, papá ha muerto». Quise ir a verle, pero mi hermana me decía: «Mejor que no lo hayas visto, Marisa, la sensación de verlo en el hospital de Basurto, en una camilla, tapado y con los pies al aire, como en las películas, ha sido horrible y al ir a darle un beso estaba frío, quédate con el recuerdo de él». Después una misa en el barrio. Un avión militar nos trasladó desde Bilbao a nosotros y a algunos jefes al aeropuerto de Matacán en Salamanca, desde allí casi ochenta kilómetros más de tortuoso viaje hasta el pueblo de mi padre. En el viaje de vuelta en coche hacia Salamanca, un jefe de papá me preguntó: «¿Y tú qué quieres ser?». Yo le respondí: «Guardia civil». Llorando, mi madre me dijo: «Hija, guardia civil no, por favor». Ya en Bilbao, un terrible miedo nos invadió por la noche cuando nos quedamos solos mamá, mis hermanos y yo. La vida nos cambió, destrozaron mi familia, nunca volvimos a ser los mismos. Tardé un mes en volver al instituto, dejé exámenes colgados. No nos atrevíamos a salir, nos daba miedo. La gente nos señalaba por la calle, oíamos murmurar, las víctimas en aquellos años estábamos mal vistas. Mis tías ocultaban que mi padre había sido asesinado. Una de ellas, llorando, le dijo a mi madre: «¡Ay! Mercedes, tuve que decir que Cristóbal se había matado en un accidente de coche». Desde mi ventana podía ver la marca enorme del reguero de sangre de mi padre en el suelo. Tardamos cinco meses en poder abandonar Bilbao.

El 1 de septiembre de 1988 me incorporé a la Academia de la Guardia Civil en Baeza (Jaén), como alumna de la 94.ª Promoción, la primera de mujeres. Ese día pensé más que nunca en él, en lo orgulloso que se sentiría si estuviese allí. Recuerdo los días previos al atentado en que papá vino con un recorte de periódico y me dijo: «Marisa, Roldán va a crear la Guardia Civil femenina». Era una ilusión que compartíamos los dos.

Toda esta concatenación de atentados, esta demostración de fuerza de cara a las negociaciones, con la consiguiente hiperactividad traducida en múltiples movimientos de sus militantes, tenía una deriva negativa y peligrosa para los planes de la dirección de ETA. Las pistas que habían ido dejando los miembros de los comandos Madrid, Barcelona y Donosti sirvieron para su desarticulación. Del mismo modo, los movimientos que efectuaban los jefes de la banda tampoco pasaban inadvertidos. Ni siquiera en Francia, donde poco quedaba ya del santuario de terroristas que había sido en años anteriores. A finales de septiembre de ese año 1987, la Policía gala detuvo a uno de los principales cabecillas de la organización, Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros, y horas más tarde a otro destacado miembro de la banda, José Ignacio Picabea. El comisario de la Policía Nacional Francesa que dirigió la operación narra los acontecimientos:

Teníamos información sobre una casa sospechosa en Anglet, la ocupada por la familia Guimon, donde ocurrían cosas raras: alguien de la casa salía a observar la calle, se abría el garaje de donde salía un coche rápidamente, la misma maniobra se producía al llegar el coche y ocultarlo con celeridad cerrando la puerta. En una investigación posterior contra colaboradores de Iparretarrak [el grupúsculo terrorista que operaba en el País Vasco francés] apareció nuevamente la dirección de la familia Guimon en documentos intervenidos. Se vigiló la casa y se llegó a la conclusión de que había alguna persona oculta en ese domicilio; junto a la Gendarmería decidimos proceder a la entrada y registro para salir de dudas sobre la identidad del mismo. Los gendarmes, con la ayuda de perros, rodearon la casa y procedieron al registro; en un primer momento no se encontró a nadie, aunque sí se descubrieron documentos operativos de ETA y una gran cantidad de dinero (60/70 millones de pesetas). Convencidos de que tenía que haber alguien oculto (barajamos la hipótesis de que hubiese algún zulo en la vivienda) se volvió a registrar la casa, dependencia por dependencia; al llegar a una habitación, una de las hijas del matrimonio (años después sería detenida por pertenecer activamente a ETA) me dijo que ya había sido registrada, lo que me dio la corazonada de que ahí podía haber alguien. Debajo de la cama encontramos a un individuo con la pistola en la mano pero paralizado por el miedo. Rápidamente lo identificamos como Santi Potros, y ya todos respiramos relajados. La ingente cantidad de papeles encontrados se fue analizando sin demora, y aquellos que tenían más interés operativo fueron comunicados a la Guardia Civil y a la Policía para su inmediata explotación. La suerte se alió con nosotros.

Esos «documentos operativos de ETA», los más interesantes y productivos en la historia de la lucha antiterrorista, no eran otra cosa que información sobre los comandos de ETA, acompañada de referencias de objetivos, colaboradores y planes de zulos. Los datos de los que gracias a ellos dispuso la Guardia Civil fueron estudiados a conciencia por los miembros de los servicios de información, durante una investigación que iba a prolongarse durante semanas —en las que fue asesinado el agente Antonio Mateo en Ordicia (Guipúzcoa)— compensando la falta de personal y de medios con horas de dedicación. En los últimos días de noviembre culminó con éxito una de las operaciones más destacadas de la Guardia Civil en Guipúzcoa, la desarticulación del comando Goiherri-Costa y la detención de su líder, José Antonio López Ruiz, Kubati.

Debido a los atentados de los últimos años en la zona de influencia de la comarca guipuzcoana del Goiherri, y de los recientes asesinatos de la exmiembro de ETA María Dolores González Cataraín, Yoyes, y sobre todo del cabo primero Antonio Mateo Melero, se incrementan las operaciones del SIGC en la zona, llegando a identificar a unos individuos vinculados con el comando de ETA denominado Goiherri-Costa.

A través de la intervención telefónica efectuada a uno de estos laguntzailes [colaboradores] identificados, se tiene conocimiento de que un tal Joseba volverá a llamar a este laguntzaile el día 25 de noviembre a las 13.00 horas. Por otro lado se sabe que Joseba no tiene teléfono en su piso y que llama siempre desde cabinas telefónicas públicas. En base a estas dos premisas, y ante la peligrosidad del citado comando terrorista, se lleva a cabo una operación policial compleja y sin precedentes: controlar simultáneamente las más de mil cabinas telefónicas de la provincia de Guipúzcoa. Para poder llevar a cabo semejante despliegue se asignan parejas de agentes a cada cabina empleando para ello al SIGC, GAR, UEI, Núcleo de Reserva de San Sebastián, etc. Se «tiró» de todo guardia civil disponible para la operación. Se asignaron los sitios más probables a los especialistas del SIGC, GAR y UEI, y los menos probables al resto de unidades. Más de una cabina estaba «casualmente» estropeada ese día.

Montado el dispositivo, en la hora y fecha señaladas, y en una cabina de la localidad de Tolosa, es detenido por miembros del SIGC y de la UEI José Antonio López Ruiz, Kubati, en el preciso instante en que efectuaba la llamada previamente convenida a su laguntzaile y que era esperada y escuchada por los agentes. Las mil cabinas habían dado su fruto; y ello dio origen a una cascada de detenciones que llevó a la desarticulación del comando terrorista. Catorce detenidos, abundante armamento y material incautado, diez pisos francos, un buzón y una cárcel del pueblo usados por la banda terrorista, decenas de atentados esclarecidos y, lo más importante, se consigue prevenir otra decena de atentados que el comando terrorista tenía planeados y en marcha.

El cabo B., de la Guardia Civil, recuerda las conversaciones que sostuvo con Kubati mientras estuvo detenido en dependencias de la Benemérita:

Creo que Kubati sentía una admiración secreta e inconfesable por la Guardia Civil. En una ocasión, y cuando abro el calabozo para darle la cena —y los yogures que siempre nos pedía—, me dice: «¿Sabes?, he estado toda la tarde pensando y qué razón tenía quien os bautizó con el nombre de txakurras [perros], pues desde luego no hay sabuesos como vosotros, como la Guardia Civil; si encontráis la menor pista no os dais por satisfechos hasta no haberla explotado al límite». Días más tarde, en otra ocasión, y mientras lo traslado hasta el botiquín para el diario reconocimiento médico que el forense de la Audiencia Nacional practicaba a todos los detenidos, vuelve a decirme: «Yo soy gudari [soldado] porque he nacido en Euskadi, pero si hubiese nacido en Badajoz, me habría hecho guardia civil, porque vosotros sois los auténticos gudaris de España…».

El Servicio de Información de la Comandancia de Guipúzcoa empezaba a marcar un estilo de trabajo desconocido hasta entonces. Con una mentalidad ambiciosa, apurando siempre hasta el límite en las investigaciones, se intentaba obtener el máximo de información para terminar la operación en curso y, sin quemarla toda, poder empezar así la siguiente. Se iniciaba aquí una cantera de agentes antiterroristas, cuyo modelo se aplicó en el resto de unidades del cuerpo, con un método de trabajo eficaz apoyado en la inteligencia en el tratamiento de la información, que tendría continuidad y perfeccionamiento hasta los últimos días de ETA. Sería uno de los factores clave en la victoria final.

9

EL FRACASO DE LAS PRIMERAS CONVERSACIONES

Emilio, a sus nueve años, consiguió salir por su propio pie de entre los escombros, pero en un minuto perdió a su padre, a su madre y a su hermana, su familia. Todo lo que tenía en este mundo desapareció un 11 de diciembre de 1987:

Mi familia y yo vivíamos en el segundo piso, al lado de las gemelas; curiosamente nos habíamos cambiado recientemente porque el sargento que ocupaba este piso se había marchado a vivir a la calle (este sargento era muy amigo de mi padre y trató de convencerlo para que nos fuésemos también fuera del cuartel). La habitación de mi hermana era colindante con la de las niñas gemelas, quizás yo me salvé porque mi dormitorio quedaba más a la derecha, el vehículo de los terroristas fue colocado debajo de las ventanas del dormitorio de mis padres y de mi hermana.

Sobre mí cayó uno de los tabiques del dormitorio, aun así logré salir de entre los escombros, totalmente aturdido me sacudí el polvo y me limpié la cara, creo que sangré de algún rasguño que me hice en la cabeza. En un momento, sin saber cómo, me encontraba sobre una tapia viendo todo el horror a mi alrededor. Un policía se sobresaltó cuando me vio solo en aquella montaña de cascotes que en cualquier momento podía derrumbarse. Más tarde llegaron compañeros de mi padre y bomberos y me bajaron. Deambulé un rato, buscando a mis padres y a mi hermana. Estoy convencido de que oí la voz de mi hermana… Después a mis abuelos les comentaron que era imposible que yo hubiera oído esa voz porque probablemente murió en el acto por cómo la encontraron: quemada y desfigurada. Quizás el sonido de cualquier otro niño, ante la ansiedad que tenía por encontrar vivo a alguien de mi familia, hiciera que confundiese la voz. Inmediatamente, a pesar de mi negativa a abandonar el lugar, me sacaron de allí. Lo mejor hubiera sido que yo también hubiera muerto. Actualmente te sigues preguntando por qué ellos, hubiera preferido morir yo en vez de cualquiera de ellos. Tengo lagunas, no recuerdo nada del día anterior al atentado.

Me llevaron en primer lugar a la Comandancia, luego al hospital. Durante el trayecto en el asiento trasero recuerdo que me acompañaba otro señor con la cabeza llena de sangre y una toalla a su alrededor. En el hospital me curaron los rasguños de la cabeza, los cortes que tenía en los pies y me hicieron una radiografía del cuello porque sentía dolor. Luego un amigo de mi padre me llevó a su casa, me facilitó ropa de sus hijos y más tarde me recogieron mis tíos paternos. A las 12.00 horas me enteré por la tele de lo que había pasado, de que se trataba de un atentado de ETA, y oí los nombres de mi padre y de mi madre como personas fallecidas, sin embargo nunca oí el de mi hermana, eso me hizo albergar la esperanza de que ella estuviera viva; durante muchos días después todavía pensaba que ella aparecería. Sentí rabia e impotencia, y la pagué con mis tíos y mi abuelo porque ellos sabían que habían fallecido todos y me habían ocultado la verdad.

De mi hermana Rocío recuerdo las peleas que tenía con ella, propias de la edad; también me acuerdo de Silvia, de siete años de edad, hija del matrimonio Pino, mantengo todavía contacto con los dos hermanos de Silvia que sobrevivieron, además de coincidir también en el colegio de huérfanos con ellos. Las gemelas de tres años de edad eran el juguete del cuartel y muchos días cenaban en mi casa porque a mi madre le gustaban mucho los niños.

Emilio Capilla era uno de los niños que vivían en la casa cuartel de Zaragoza. Fue el único superviviente de su familia. En otros casos fueron los padres los que perdieron a sus hijos. Las gemelas a las que se refiere Emilio son Míriam y Esther, de 3 años de edad. Su padre era el guardia civil Juan José Barrera, que sufría el segundo atentado desde que empezó su trayectoria en el cuerpo:

Míriam y Esther eran gemelas, idénticas como dos gotas de agua, solo las diferenciaba que una de ellas tenía un lunar en una pierna. En muchas ocasiones las niñas, que dormían en dos camas colocadas en L en la habitación, jugaban a cambiarse de cama volviéndonos locos a mí y a Rosa porque no sabíamos quién era quién, riéndose las dos cuando nos confundían. Eran muy pillas y al mismo tiempo eran los juguetes del cuartel, todo el mundo se paraba y jugaba con ellas. Las niñas iban a la guardería. Mi esposa, en esos ratos libres, trabajaba cosiendo bolsas de deporte.

Sobre las seis y pico de la mañana explota el coche bomba. Rosa y yo estábamos durmiendo. La explosión destruye toda mi vivienda. Quedamos Rosa y yo enterrados en los escombros. Salvamos la vida gracias a un armario que hizo de parapeto de la onda expansiva. Fui consciente en todo momento de lo que había pasado y también de que las dos niñas y mi cuñado habían muerto. Lo tenía clarísimo, más que nada porque era TEDAX. Durante los cuarenta y cinco minutos que estuve enterrado en los escombros permanecí consciente y, a pesar de estar enterrados, Rosa y yo hablábamos. Oíamos a la gente correr, voces, gritos… Tras localizarnos el guardia civil Atanasio y los bomberos, nos sacaron a mí y a Rosa. Pregunté por mis niñas y me dijeron que estaban intentando localizarlas. Yo tenía magulladuras varias y astillas de madera clavadas en las piernas, como también mi esposa. De mi casa no quedó nada. Trasladaron a Rosa a un hospital civil de Zaragoza y a mí en un vehículo de policía al Hospital Militar, donde me hicieron las primeras curas y un pequeño reconocimiento que fue incompleto. Allí me dijeron ya lo de mis niñas Míriam y Esther y que tenía que reconocerlas. Estaban con las caras completamente desfiguradas, irreconocibles.

Tras darme de alta en el hospital de una manera apresurada —en el funeral me sangró un oído al estornudar—, se hicieron los preparativos para la capilla ardiente, que fue en la Capitanía General de Zaragoza. El funeral multitudinario se celebró en la Basílica del Pilar. Durante la celebración del funeral hubo incidentes con los periodistas acreditados. Tuve que echarlos de la Basílica. Después del acto religioso en el exterior, los periodistas nos tiraron mecheros y piedras en señal de repulsa por haberlos expulsado. Tras finalizar los actos, nos embarcaron a todos en un avión militar con los féretros, en nuestro caso el destino fue Jaén donde dimos sepultura en Torredonjimeno, a Míriam y Esther de tres años y medio en la más estricta intimidad familiar. […]

Durante un año estuvimos residiendo en la vivienda de un encargado de una de las tiendas del Corte Inglés de Zaragoza; no nos faltó de nada. No disponíamos de fotografías de Míriam y Esther, ya que nuestra vivienda desapareció completamente. Un fotógrafo en Zaragoza nos localizó y nos facilitó una composición ampliada de las dos niñas, gracias a un reportaje que hicimos meses antes del atentado en la tienda propiedad de este retratista. Hoy en día esa fotografía preside el salón de mi casa en Valdemoro (Madrid).

Durante el año 1988 y 1989 quisieron trasladarme a la prisión de Daroca. En esa prisión estaban recluidos en aquellos años la mayoría de los presos de ETA. Durante mucho tiempo por mi mente pasó la idea, junto con otros compañeros, de organizar un grupo de eliminación para ir aniquilando sistemáticamente a los etarras que pudiéramos localizar. Incluso había pensado ya en divorciarme, darle todo lo que tenía a mi mujer. Al final no lo hice pensando en ella, que ya bastante sufrimiento le había tocado vivir con lo sucedido y no se merecía que yo la rematase.

Ya en el año 1989, un mando de los GEDEX me rescató de la incomprensible situación en la que me encontraba, y me preguntó si quería continuar, yo dije que por supuesto y me destinaron al Servicio Central de Desactivación de Explosivos en Valdemoro (Madrid). Aquí tuvimos a nuestra hija Sara, y dos años más tarde nació Lorena. A mis hijas les había dicho que era bombero, creían que la foto de Míriam y Esther del salón eran ellas dos. Un día, jugando las dos en casa ya con nueve años una y la otra con siete, debajo de una de las camas encontraron documentos y cartas donde se mencionaba a Míriam y Esther. Fue entonces cuando decidimos contarles la verdad. Sara se lo tomó con bastante entereza, a Lorena la encontramos en varias ocasiones llorando a escondidas.

A lo largo de su relato, Juan José Barrera habla de un compañero, Atanasio Ruiz, que le ayudó a salir de entre los cascotes, y de su esposa Lucía García:

Sobre las 6.10 horas de la mañana, cuando dormían en su casa, oyeron —o más bien sintieron— la explosión del coche bomba que habían puesto segundos antes los miembros de ETA. Lucía se encuentra en una cama rota, debajo de un armario y con heridas graves en la columna vertebral que le han hecho perder doce centímetros de altura. Empujó el armario hacia un lado, salió de la cama, rompió la puerta del cuarto de sus hijas a empujones —lo que le costó la fractura de cuatro costillas— y vio que sus hijas no estaban muertas, solamente una máquina de escribir había caído sobre la almohada a dos centímetros de la cabeza de su pequeña.

El mundo se paró y la realidad empezó a arrastrarla, cogió a sus hijas en su burbuja de madre y las bajó a lo que antes había sido el patio. Arrastrando su columna y sus costillas volvió a subir de nuevo, en esta ocasión acompañada de su hermano. Entre los escombros recogió a todos los niños que iba encontrando por las destrozadas escaleras, y siendo la madre de todos, se los llevó a casa de su hermano, que vivía muy cerca de lo que fue el cuartel.

Tras el shock, Atanasio reaccionó ante los gritos de las personas que pedían ayuda, pero no comprendió. Reaccionó con el instinto de vestirse y bajar inmediatamente al patio y empezar convulsivamente a desescombrar, a buscar personas debajo de las piedras pretendiendo levantar todos los escombros a la vez, intentando juntar y recomponer las toneladas de cascotes que tapaban lo que antes eran las personas con las que él había convivido. Levantó muros y encontró niñas muertas, y ellas le ayudaron a seguir levantando piedras y rescatar a seis personas más. Llegaron luces y buena gente tras esas luces, y Atanasio con muñones y dientes tras levantar piedras encontró al matrimonio Barrera Alcaraz; el padre preguntaba por sus hijas y le escupía al destino pidiendo que le dejaran y que buscaran a sus hijas detrás de los escombros. Siguió desescombrando y encontró cadáveres: al guardia civil Emilio Capilla, a su esposa María Dolores Franco y su hija Rocío de 12 años de edad. Y pasaron siglos y Atanasio cavó y llegó a la tumba del sargento José Julián Pino y su esposa, María del Carmen Fernández, y en la última palada de cordura, desenterró a la hija de ambos, Silvia, de siete años. ¿Qué se puede sentir con una niña destrozada de siete años en los brazos? Es absurdo intentar comprenderlo, su testimonio nos muestra el abismo.

Atanasio dice que si tu hijo muere por una enfermedad o un accidente siempre puedes confiar en una razón que Dios te pueda ofrecer, pero cuando Henri Parot te arranca a un hijo, no te deja ni el último consuelo de un porqué divino e incomprensible. Desde detrás de sus ojos, dice que una muerte es el final de una vida, pero morir en un atentado es un atajo absurdo e inasumible que te introduce en una locura de impotencia.

Lucía cuenta que ya no duerme; vigila. La radio de noche es su compañera, pero no le importa porque mientras vigile no volverá a ocurrir nada malo. Su hija menor, llamada también Lucía, como su madre, se sigue despertando de noche sobresaltada, pero aun así con la luz asume el miedo. Las noches son muy oscuras pero el día le da valor. Sin embargo, su hija mayor, Fátima, niega que ese día existiera, no puede mirar al pasado.

Actualmente, Lucía, la esposa de Atanasio, apenas puede andar. Se sirve de unas muletas para poder caminar. Sufre dolores permanentes que la dejan destrozada.

La sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional detalla cómo perpetraron los terroristas el atentado:

En días anteriores llegaron a Zaragoza los cuatro miembros del comando Argala (Henri Parot, Jean-Pierre Parot, Jacques Esnal y Frédéric Haramboure) a bordo de dos vehículos (el Renault 11 propiedad de Henri Parot y el Ford Escort perteneciente a otro de los miembros del comando), dirigiéndose a la zona industrial de Zaragoza donde recogieron el Renault 18 y el Peugeot 205, conforme a las instrucciones recibidas y empleando las llaves que les fueron entregadas en una cita orgánica mantenida en Francia. Seguidamente se desplazaron a un lugar que le había sido indicado mediante un croquis: una arboleda junto al río donde, en unos bidones enterrados en el suelo, recogieron 250 kg de amonal y tres botellas de acero debidamente seccionadas, que se encontraban camufladas entre los árboles y en las que debían introducir el explosivo, lo que de inmediato hicieron, colocando una de las botellas en el maletero y dos en los asientos traseros, disponiendo el cordón detonante en las mismas conforme a las instrucciones recibidas y preparando el sistema de iniciación con detonadores pirotécnicos. Concluida esta tarea, uno de los miembros del comando emprendió el regreso a Francia por vía férrea hasta Barcelona, y los otros tres miembros procedieron a trasladar sus vehículos (Renault 11 y Ford Escort) y estacionarlos en el lugar convenido para, una vez cometida la acción, huir.

Sobre las 6.00 horas del 11 de diciembre llegó el Renault 18 conducido por Parot, acompañado de Jacques Esnal, al acuartelamiento de la Guardia Civil sito en la avenida de Cataluña de Zaragoza, y tras dejarlo en el lugar elegido, próximo a la puerta principal y bajo un túnel, accionaron el dispositivo de iniciación, abandonando de inmediato el vehículo ante la sorprendida mirada de uno de los guardias civiles de vigilancia, y tras breve carrera se introdujeron en el vehículo Peugeot 205 parado en las proximidades con el motor en marcha, que les había precedido, conducido por otro de los miembros del comando que aguardaba su llegada y, tras subir al mismo y sin cerrar una de las puertas, emprendió veloz carrera hasta el lugar donde se encontraba el Renault 11, en donde Parot se bajó y conduciendo su propio vehículo regresó a Francia, y el resto de los miembros del comando lo hicieron de variada forma. Transcurridos breves instantes desde que fuera accionado el dispositivo de iniciación, el artefacto hizo explosión y con él todo el contenido del coche-bomba.

En el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza perdieron la vida once personas: el sargento primero José Julián Pino, su esposa María del Carmen Fernández y la hija de ambos, Silvia Pino, de siete años; el cabo José Ballarín y su hija Silvia Ballarín, de 6 años; el guardia civil Emilio Capilla, su esposa María Dolores Franco y la hija de ambos, Rocío Capilla, de doce años; las hermanas mellizas Míriam y Esther Barrera, de tres años, y el tío de estas, el civil Pedro Ángel Alcaraz, de diecisiete años. También resultaron heridas de distinta consideración otras sesenta y cinco personas más.

Los partidos políticos con representación en el Parlamento firmaban el 5 de noviembre de 1987 el llamado «Acuerdo de Madrid» contra el terrorismo, en el que señalaban: «Emplazamos a ETA, de modo formal, para que abandone definitivamente las armas y acepte las vías que el sistema democrático arbitre para superar las consecuencias sociales y políticas de la violencia». Mientras eso ocurría, el Gobierno socialista de Felipe González, a través de su delegado en el País Vasco, Julen Elgorriaga, mantenía conversaciones en Argel con el dirigente de ETA Eugenio Etxebeste, Antxon. Era el momento propicio para que los terroristas se cargaran de fuerza. José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera; Joseba Arregui, Fiti, y Francisco Múgica Garmendia, Pakito, formaban parte del comité ejecutivo de ETA, y entre todos ellos dieron el visto bueno al atentado. El propósito del golpe era doble: por un lado, responder a las desarticulaciones de los comandos Barcelona, Madrid, Goiherri-Costa y Donosti que se habían producido a lo largo de 1987; por otro, poner más muertos sobre la mesa de cara a las negociaciones con el Gobierno. La carta pastoral de los obispos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria del día posterior de la masacre de Zaragoza refleja la postura que imperaba entre el clero vasco:

El deterioro social es percibido agudamente como falta de seguridad. Inseguridad ante el derecho a la vida y a la propia libertad; inseguridad ante los abusos de la acción represiva de la fuerzas policiales; inseguridad ante la delincuencia callejera. A nadie se puede negar el derecho de hacer políticamente rentables los éxitos alcanzados por sus actuaciones. […] La autodeterminación, que debe ser afirmada como derecho propio de cada pueblo, necesita de la norma objetiva que la determine en cada momento histórico. […] Por otra parte, tampoco parece tener sentido hablar de negociación sin buscar la solución por medio de concesiones mutuamente otorgadas. La negociación, por su misma naturaleza, implica un precio, sin él carecería de sentido.

El mismo día del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, cuando aún los periódicos digerían la tragedia, un comando de ETA acribilló a balazos en Placencia de las Armas (Guipúzcoa) al sargento de la Guardia Civil José Luis Gómez Solís. ETA reivindicó ambos movimientos. Y dos días después, el Gobierno envió a Argel al Secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, para que negociase con la banda terrorista. Las muertes no fueron inútiles: los terroristas les sacaron partido. ETA había perdido dirigentes y sobre todo comandos muy importantes, pero había logrado rentabilizar su actividad.

Mientras ETA y Gobierno se sentaban en la misma mesa, cinco partidos políticos —PNV, PSOE, AP, CDS y EA— firmaban el 12 de enero de 1988 el Pacto de Ajuria Enea, también conocido con el nombre de «Acuerdo para la Normalización y Pacificación de Euskadi». En el documento se recogían las bases para condenar la violencia, no conceder a ETA la legitimidad para atribuirse representación popular, la convicción de que cualquier negociación debía tener como interlocutores a los respectivos gobiernos democráticos y un llamamiento a la paz. Con este pacto, los partidos políticos que participaban en el escenario vasco restaban credibilidad y legitimidad a la banda terrorista y como representante política a Herri Batasuna, que acusó el golpe, sobre todo en los primeros años, por el aislamiento político que este acuerdo implicaba. Los intereses políticos de unos y otros fueron desvaneciendo con el paso del tiempo la fuerza de este pacto, condenándolo a una muerte lenta.

La organización terrorista, con el propósito de añadir todavía más presión a las negociaciones —y también para obtener fondos económicos para su actividad— secuestró el 24 de febrero al industrial Emiliano Revilla, que permaneció retenido durante ocho meses. Los captores formaban parte de un comando desplazado a Madrid que contó con la colaboración de militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Chile. Los documentos de la Guardia Civil reflejan cómo transcurrió el secuestro:

A finales de enero llegó a Madrid el comando etarra formado por José Luis Urrusolo Sistiaga, Antonio Gabiola Goyogana y María, presuntamente María del Rosario Delgado Iriondo. Se alojaron en el piso de Villaverde, y durante siete noches comprobaron los datos que les habían pasado los miembros del MIR. Una vez que se aseguraron de que la información era válida y de que el empresario no tenía escolta, el 24 de febrero consumaron el secuestro con el apoyo del grupo chileno, que había puesto a disposición de ETA la casa en la que habían construido un zulo en la calle Belisana para ocultar al industrial.

El reparto del rescate conseguido a cambio de la liberación de Emiliano Revilla, calculado entre 1.000 y 1.200 millones de pesetas, enfrentó a los dos grupos: ETA, que había cobrado el botín, y el MIR que había realizado la parte principal del trabajo, la recogida de toda la información, los seguimientos y hasta la construcción del escondite donde el empresario había sido mantenido privado de libertad. ETA no quiso pagar lo acordado a sus socios, se quedó con su parte del botín y regateó el diezmo del MIR, lo que provocó que los chilenos rompieran unos acuerdos de cooperación terrorista que tenían ya más de diez años de antigüedad.

Tras las últimas desarticulaciones, y con la firme convicción de que terminaría cobrando el rescate por el industrial Revilla, la banda terrorista comenzó a estructurar nuevos comandos para que siguieran con su actividad en los primeros meses de 1988. El grupo Araba se reconstituyó con integrantes de otros comandos de Guipúzcoa y su primer objetivo fue el guardia civil Pedro Ballesteros, al que asesinaron en Durango (Vizcaya). El mismo destino corrieron un general retirado del Ejército, dos policías nacionales y dos empresarios, que perdieron la vida a manos de diferentes comandos. Esta actividad se alternaba con otras operaciones policiales que culminaron con éxito. La Guardia Civil logró detener a los miembros de los grupos Bikote, Berria —uno de cuyos integrantes perdió la vida al lanzarse por una ventana tratando de eludir su detención— y Txarito. Los miembros de las unidades de investigación del cuerpo ya habían asumido la lucha antiterrorista como misión vital, un modo de vida en vez de un simple trabajo. Estrategia, inteligencia, medios y sobre todo una dedicación sobrehumana iban anotando éxitos en la lucha contra la organización armada. Este último operativo fue posible gracias a la entrega de los agentes del Servicio de Información que durante meses se volcaron en el caso. Ángela, la mujer de uno de estos agentes, explica cómo era su día a día:

Nunca sabía sus horas de salida y, mucho menos, de regreso. La comida fría tantas veces en el horno, y nuestros hijos sin ver a su padre por largos periodos de tiempo; regresaba cuando ya estaban acostados y salía de servicio antes de que se levantasen. Cuando di a luz a mi hijo Rubén, en mayo de 1988, se complicó el parto y me hicieron una cesárea. Estuve ingresada una semana. Mi marido, de vez en cuando, acudía a visitarme al hospital. Miraba con envidia a aquellas mujeres que, acompañadas de sus maridos, compartían conmigo las habitaciones en la planta de maternidad. El Servicio de Información estaba trabajando en una operación para detener a los miembros de un comando. Con posterioridad supe que se llamaba Txarito. A mi vecina Pili, la mujer del sargento Doblas, compañero de Rafa en el mismo grupo del Servicio de Información, le habían regalado un cachorro, era una perrita. No se le ocurrió mejor nombre para esta que el de Txarito.

Fue en ese mismo momento, poco después de la desarticulación de estos comandos, cuando la Guardia Civil abrió las puertas a la mujer. «En los sistemas de selección no podrán existir más diferencias que las derivadas de las distintas condiciones físicas que, en su caso, puedan considerarse en el cuadro de condiciones exigibles para el ingreso», rezaba la publicación de la convocatoria en el BOE. De las 2.187 primeras aspirantes que se presentaron a ella, 198 superaron las pruebas, y tras un curso escolar de periodo de formación se integraron en las diferentes unidades a las que se las destinó. Diez guardias civiles femeninas fueron destinadas inicialmente a los servicios de información. La excepción —no era común que a ellos se incorporaran guardias recién salidos de la academia— fue motivada por la necesidad imperiosa de contar con mujeres en esos grupos. Las agentes de los servicios de información podían actuar en ciertos escenarios hostiles del País Vasco sin levantar las sospechas que hasta entonces habían despertado algunos de sus compañeros.

Si la Guardia Civil se reforzaba con nuevas promociones de agentes, ETA lo hacía con la formación de nuevos comandos. Desde Francia llegó un renovado Nafarroa, que se instaló en la Comunidad Foral. El 21 de agosto, sus integrantes asesinaron en la localidad de Estella y mediante coche bomba a los guardias Antonio Fernández y José Ferri. Poco después harían lo mismo, pero en Pamplona, con el agente Julio Gangoso. Los cuarteles de Cintruénigo, Algorta, Galdácano y Alsasua, así como diferentes patrullas de Arakaldo, Vergara y Orozco, también sufrieron los ataques de la organización terrorista, aunque sin víctimas mortales. En Legazpia (Guipúzcoa) fue asesinado un agente de la Ertzaintza. Si todos estos golpes despertaban una continua sensación de hostigamiento, ETA también se guardaba algunas bazas para provocar un mayor caos y confusión; casi siempre, para variar, con la Guardia Civil como objetivo. Así, el 22 de noviembre, un comando terrorista —compuesto por los franceses Henri Parot, Jean Parot, Jacques Esnal y Frédéric Haramboure, los mismos que atentaron contra la casa cuartel de Zaragoza— hizo estallar a las 23.55 un coche bomba cargado con 100 kilos de explosivos contra la Dirección General del instituto armado. La deflagración acabó con la vida de Jaime Bilbao, trabajador de Radio Televisión Española, y con la del niño de dos años Luis Delgado. Los padres del niño, en una entrevista publicada por el diario El País en enero de 1996, explicaban lo que les supuso la pérdida de su hijo:

La noche del 22 de noviembre de 1988, quien esto escribe volvía a casa en compañía de su mujer y su hijo, Luis, de dos años y medio de edad. Al pasar nuestro coche junto a la Dirección General de la Guardia Civil, una furgoneta-bomba activada por unos ciudadanos franceses, miembros de la banda terrorista ETA, hacía explosión. La deflagración nos cogió de lleno. En ese punto mi vida ya no volvería a ser lo que fue. Mi hijo resultó muerto. Mi mujer, embarazada de cuatro meses, entró en estado de coma. Hoy día, más de siete años después, aún no se ha recuperado de las lesiones que el atentado le produjo y ya es seguro que no podrá volver a ejercer su profesión. Yo mismo resulté gravemente herido. Soy médico, mi mujer es, mejor sería decir era, enfermera. Teníamos un hijo pequeño. Estábamos esperando otro. Nos gustaba nuestro trabajo. Teníamos una vida feliz. Pero todo eso pertenece al pasado.

No había pasado ni mes y medio de aquel atentado cuando ETA anunció el inicio de una tregua, fruto de las negociaciones que, tras meses de tanteo entre el Estado y la dirección de la banda, arrancaban en Argel: «ETA reitera la oferta ya expresada de acometer la única salida viable y razonable al contencioso: la negociación política con el Estado español sobre los ritmos y mecanismos de aplicación de la Alternativa táctica KAS, así como la concesión, por primera vez en su historia, de una tregua de 15 días», indicó la organización a través de un comunicado publicado el 8 de enero. A pesar de este alto el fuego, tres días después la policía francesa detenía en Bayona a José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, uno de los principales dirigentes de la banda, y a su estrecha colaboradora Elena María Beloki Resa.

El 14 de enero de 1989 arrancaron formalmente las negociaciones. El ministro de Interior, José Luis Corcuera, acompañado de Rafael Vera, Juan Manuel Eguiagaray, Agustín Valladolid —portavoz del Ministerio del Interior—, los comisarios de Policía Manuel Ballesteros y Pedro Martínez y el general de la Guardia Civil Juan Gemar Rojas, viajaron a Argel para reunirse con las autoridades locales. El mensaje que les transmitieron a los argelinos era que estaban dispuestos a hacer un esfuerzo por poner fin a la violencia; en caso de que las negociaciones fracasaran, Argelia debía expulsar a los militantes de ETA. Tras esta reunión, Vera y Eguiagaray abrirán una vía de comunicación con los representantes de la banda Eugenio Etxebeste, Antxon; Ignacio Aracama, Macario, y Belén González Peñalba, Carmen. El encuentro, una primera toma de contacto, fue satisfactorio para ambas partes. En Argel aterrizaron Íñigo Iruin y Rafael Díez Usabiaga con el cartel de asesores técnicos de ETA. Ellos escriben el comunicado que el 23 de enero publicará el diario Egin, en el que anuncian la prórroga de la tregua por dos meses. Rafael Vera, Eguiagaray, Ballesteros y Pedro Martínez regresan de nuevo a Argelia el 25 de enero y concretan una nueva entrevista para el 14 de febrero.

En paralelo, los cuerpos policiales pusieron en marcha la Operación Mensajeros, que recayó especialmente sobre los hombros de la Guardia Civil. Obtener información de las intenciones, tiempos y estrategias de la otra parte era el objetivo perseguido. Los informes del instituto armado detallan la naturaleza del dispositivo:

Intentar obtener información de la delegación negociadora etarra era misión imposible por la falta de colaboración argelina en ese sentido; no iban a traicionar a aquellos terroristas con los que compartían mucho desde hacía años. Se conocía que esa delegación tenía asesoramiento externo en manos de figuras de peso de la izquierda abertzale; se identificó a las siguientes personas que participaban en ese grupo asesor en la sombra: el secretario general de LAB, Rafael Díez Usabiaga; el abogado de HB, Íñigo Iruin Sanz; y los dirigentes y miembros de HB, Tasio Erkizia, José Luis Elcoro Unamuno, Txema Montero e Iñaki Aldecoa. También se mantuvo control no tan férreo sobre Luis Núñez Astrain y Ramón Uranga Zurutuza, por su trabajo en el diario Egin.

Durante el desarrollo de esta operación se observó que Josu Muguruza Guarrochena era el asesor de los asesores en la sombra, y el enlace entre los asesores y la banda terrorista ETA. Estos serían los objetivos a vigilar antes y durante las negociaciones para obtener información relevante que, en manos de la comisión negociadora del Gobierno, permitiera obtener ventaja durante las conversaciones. Los objetivos se repartieron entre Policía Nacional, Guardia Civil y el entonces CESID. Cada cuerpo tenía sus objetivos y diariamente reportaba la información obtenida; por supuesto esos objetivos tenían intervenidas judicialmente sus conversaciones.

Esta operación consistió, principalmente, en mantener informado al Gobierno sobre los movimientos de los asesores y sus viajes, dándole de antemano datos de sus viajes a Argelia (días antes de las reuniones, días concretos de las mismas con el Gobierno y días posteriores). En los momentos decisivos y finales de las conversaciones se obtuvo información relevante que permitió al Gobierno adelantar pasos conociendo la estrategia terrorista, en este caso la Guardia Civil avanzó al Gobierno que la Mesa de Argel se iba a romper mucho antes de que se produjera la ruptura oficial, lo que no evitó el fracaso final.

Entre los meses de enero y marzo, los representantes del Gobierno y ETA se sentaron cinco veces en la llamada Mesa de Argel. Según una entrevista a Eugenio Etxebeste, Antxon, publicada en el diario Egin —el redactor jefe de la publicación, Luis Núñez Astrain, participó en uno de los encuentros—, el diálogo se asentó en tres fases: contactos preliminares, conversaciones políticas y negociación política. El 23 de marzo se llegó a un acuerdo para iniciar esa negociación de carácter político y para que ambas partes emitieran un comunicado consensuado —con dos versiones diferentes, una para el Gobierno y otra para ETA— en el que explicasen la situación de las negociaciones. El ministro del Interior se reunió con los líderes de todos los partidos políticos para informar y recabar apoyos. La banda terrorista decretó una prórroga de la tregua de otros tres meses, hasta el 24 de junio.

Pero las conversaciones no llegaron a buen puerto: ETA exigió que los dirigentes José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera; Juan Lorenzo Santiago Lasa Michelena, Txikierdi, e Isidro María Garalde Bedialauneta, Mamarru, todos ellos encarcelados en Francia, se incorporasen a la mesa; el Ejecutivo no negó esta posibilidad, pero tampoco se comprometió a aceptarla, y solo apuntó que estudiaría las vías legales para conseguirlo. Además, la banda terrorista pidió que se constituyera en Argel una mesa complementaria de la que únicamente formasen parte representantes del PSOE y de HB; esta última condición fue rechazada de plano.

Tras un cruce de varios comunicados, en los que ETA trataba de chantajear con amenazas de nuevos asesinatos y el Ejecutivo apuntaba que seguiría adelante con las expulsiones y detenciones, terminaron por romperse las negociaciones. «El Gobierno no cumple», sentenció la banda terrorista antes de declarar, el 4 de abril, otra vez «abiertos todos sus frentes». El ministro Corcuera corroboró la declaración de los terroristas: «Se ha dado por finalizada una etapa de diálogo para encontrar una vía que evite la violencia y, por tanto, el Gobierno actuará con todos los mecanismos a su alcance, sean propios o de colaboración internacional, para aislar a la violencia y que desaparezca definitivamente de nuestro suelo».

En el seno de ETA, a pesar de culpar de cara al exterior al Estado de la ruptura de las conversaciones, surgió el reproche de haber ido a las mismas sin la preparación suficiente para afrontarlas. Pero la Mesa de Argel despertó en la banda terrorista y su entorno la esperanza de una solución, una ilusión negociadora que alimentaría su moral y espíritu de lucha. Una creencia que acompañaría a ETA a lo largo de su historia: la negociación con el Gobierno de España como objetivo siempre presente y sinónimo de victoria. Tras estos encuentros, la banda terrorista creó una nueva figura en su estructura, el llamado «subaparato de interlocución», con Eugenio Etxebeste, Antxon, como máximo representante, que estaba integrado en el aparato político y que tenía como objetivo mantener las aspiraciones negociadoras de los terroristas.

El fracaso de esta negociación, forzada por los terroristas con matanzas de guardias civiles y sus familiares, abría la puerta a la estrategia para conseguir la siguiente. Y entre una y otra, más asesinatos. Los muertos eran para ETA la llave que abría la puerta, más o menos cerrada, del Gobierno de turno.

TERCERA PARTE

LA GUARDIA CIVIL, LA VISITA INESPERADA

DESDE LA TREGUA DE ARGEL A LA DE ESTELLA/LIZARRA

(1989 – 1998)

10

CAEN DOS COMANDOS EN UNA MISMA JUGADA

Un hombre y una mujer dispararon contra el agente cuando se encontraba esperando su turno para atravesar la ría de Bilbao en el puente Colgante; estaba destinado en la oficina del Puesto de Especialistas Fiscales del puerto de Santurce. Los terroristas huyeron en un Renault 11 que previamente habían robado dejando a su conductor atado en el monte. El sargento recibió el impacto de cuatro balas y, aunque llegó al hospital vivo, no se pudo hacer nada por salvar su vida. José Calvo de la Hoz, de 51 años, había nacido en Joarilla de las Matas (León), y residía en Vizcaya desde 1981, cuando fue destinado al Servicio Fiscal de la Guardia Civil de Santurce. Al llegar a Bilbao ascendió a sargento. Estaba casado y tenía tres hijos con edades comprendidas entre los nueve y los veinte años. Herri Batasuna culpó al Gobierno y reiteraba con sarcasmo que no se descartaba la reanudación de los contactos.

La documentación de la Guardia Civil detalla cómo se produjo el primer asesinato de ETA tras la ruptura de la tregua y de las negociaciones de Argel. El objetivo escogido por los terroristas en el atentado que perpetraron el 12 de abril de 1989 fue un sargento de la Guardia Civil. La dirección de la banda no tardó en azuzar los fantasmas del terror para demostrar de lo que seguía siendo capaz y trasladar al Gobierno la responsabilidad de no haber alcanzado un acuerdo. Una semana antes, ETA había declarado «abiertos todos sus frentes de lucha» hasta que el Gobierno no reconsiderara oficialmente su postura, lo que en realidad significaba que los terroristas volverían a matar si no se cedía a sus demandas. Volvía el terrorismo a España tras apenas tres meses de respiro.

Las desarticulaciones de los comandos más sanguinarios de la organización la habían dejado sin sus principales bazas para matar, por lo que sus militantes tuvieron que ingeniar nuevas técnicas. La campaña de atentados mediante paquetes bomba permitía a los terroristas lanzar un mensaje claro a objetivos concretos: Barrionuevo y Julen Elgorriaga en el ámbito político; policías y militares, como fuerzas «opresoras»; y funcionarios de diferentes centros penitenciarios por las políticas de dispersión de internos etarras, que habían arrancado ese año y que mantenían a los casi quinientos presos de la banda repartidos en sesenta centros diferentes. La madre de un empleado de la prisión de Granada murió al estallar un falso libro que había recibido su hijo. Además intentaron asesinar, sin éxito, a dos guardias civiles en el muelle de Pasajes (Guipúzcoa). Pero la fuerza operativa de ETA no era la misma tras las caídas de los comandos Barcelona, Donosti, Madrid y Goiherri-Costa. A estas bajas, la banda terrorista sumaría las detenciones en Francia de José Ramón López de Abechuco, Patxuko, encargado de alojar a los miembros o colaboradores de ETA que pasaban a Francia huyendo de la persecución policial, y de otros tres de sus integrantes. La colaboración con Francia se extiende también entonces al ámbito judicial: se empiezan a cumplimentar comisiones rogatorias a demanda de jueces españoles, que también reciben autorización de la justicia gala para interrogar a terroristas de ETA encarcelados en el país vecino. Se abre así un nuevo y productivo frente.

La Guardia Civil, por su parte, prepara una ofensiva de envergadura contra la estructura de ETA: 1989 es el año en el que pasa de defenderse de forma más o menos reactiva de los golpes terroristas a llevar la iniciativa contra la organización armada. El 12 de abril detuvo a tres de los cuatro miembros del comando de información Goikogane. Vicente Barrenechea, uno de sus integrantes, que sería detenido años más tarde en México gracias a la información de la Guardia Civil, detalló al instituto armado cómo fue captado por la banda:

En Semana Santa del 86 viajo a Bayona (Francia) acompañando a mi hermana y a mi cuñado Xabi Gauna. Allí visitamos el domicilio de la pareja formada por Ángel María Tellería Uriarte, Gotzón, y Josune Arana Bado. En el transcurso de la visita, Gotzón me propone la integración en ETA, poniéndome en contacto con un tal Antonio que resulta ser Alberto Aldana Barrena, siendo a partir de ese momento mi responsable. Me propone que forme un talde de información que actuaría en la zona del valle de Ayala, Vitoria y algunas zonas concretas de Vizcaya. Para formar el comando me dice que capte a personas conocidas mías de Llodio, y me da un plazo de quince días para que vuelva a Francia con una fotografía de cada uno de los captados y con un nombre determinado para el comando. Me indica la ubicación de un zulo en la playa de San Juan de Luz. […] Las misiones que teníamos encomendadas eran pasar información de los cuarteles de la Guardia Civil. En julio de 1986 pasamos también informaciones sobre militares, policías y guardias civiles de Vitoria. Nuestra misión también consistía en conseguir copias de DNI originales. Aprovechando mi trabajo de profesor en el euskaltegi pasé más de doscientas fotocopias, la selección que hacía era que no fueran demasiado jóvenes y con apellidos castellanos (evitaba apellidos vascos). Pasé el nombre de cuatro personas para que fueran captadas por la organización.

La noche del 12 de abril dormí en casa, por la mañana marché al euskaltegi y en el recorrido me enteré de las detenciones de mis compañeros de comando y asistí a clase. […] Pasé a Francia como lo había hecho siempre. Después me recogen y trasladan a Anglet, y me ponen en contacto con José Javier Zabaleta Elosegui, Baldo, y Jesús Arcauz Arana, Josu de Mondragón […]. Tras conocer a diferentes dirigentes de ETA y vivir en distintos puntos de Francia, finalmente, en febrero de 1991, Iñaki Lemona me traslada a París, y después a Luxemburgo, desde donde partí hacia México.

Cuatro días después, la Guardia Civil volvió a interferir en los planes de ETA al desarticular el comando Éibar, integrado por los liberados Juan Carlos Balerdi, Juankar, Fermín Urdiain y Jesús María Ciganda. En su currículum criminal figuraban diez asesinatos en cinco años de actividad. La Unidad Especial de Intervención del cuerpo entró en la madrugada del 16 de abril en el domicilio en el que se alojaban, en la calle Ibaiondo de Ondárroa (Vizcaya). En la vivienda encontraron gran cantidad de explosivos, armas y documentación. Los agentes del instituto armado los habían tenido controlados durante más de cien días con la única restricción de no poner en peligro los potenciales objetivos del grupo, conociendo sus actividades y planes operativos, y fotografiando a todos sus componentes y contactos. El control se alargó durante más de tres meses por la situación de tregua, que no recomendaba su detención para no alterar el rumbo de las negociaciones. Todo un reto operativo que nunca se había realizado antes. En una ocasión, los agentes supieron las intenciones que tenían los terroristas de regresar a Francia. Los investigadores conocían que lo iban a hacer a bordo de un camión. Para evitar su marcha sin apercibirlos de la vigilancia a la que se les sometía y proseguir con el operativo, todavía sin tener luz verde para su detención, ya que las conversaciones continuaban, la Guardia Civil desplegó varios controles policiales en las carreteras con el fin de desatar el caos circulatorio en el País Vasco, resultado que se consiguió a costa de la comprensible irritación de los demás conductores, que ignoraban las razones de aquel desbarajuste. El propósito de aquella medida era que el vehículo que tenía que llevarlos llegase tarde a la cita, como finalmente ocurrió, frustrando el traslado a Francia. Además, la vigilancia del punto de encuentro acordado permitió identificar al camión.

Los miembros del instituto armado tenían estos datos tan precisos gracias a un infiltrado. Luis Casares Pardo, uno de los colaboradores del comando, se había hartado de vivir con los terroristas y de que estos, según creyó saber, paliasen el aburrimiento del encierro a costa de sus familiares. A principios de año se ofreció como informador a cambio de dinero. La relación entre Casares y la Guardia Civil, harto ilustrativa sobre las miserias de la actividad clandestina y sobre cómo quienes la persiguen pueden llegar a obtener información vital acerca de ella, se prolongó durante años.

El dispositivo de control desplegado sobre el comando Éibar proporcionó a los guardias civiles valiosas claves con las que no contaban hasta entonces: cómo contactaban los etarras con sus colaboradores, cómo se movían y la forma que tenían de interactuar entre sí. Finalmente se dio luz verde a su desarticulación pocos días después de la ruptura de las negociaciones en Argel.

Como respuesta a estos operativos, los comandos en activo que conservaba la banda perpetraron dos atentados con coche bomba que acabaron con la vida de cinco policías. Acto seguido, la dirección de la banda ordenó un parón con motivo de las elecciones que tendrían lugar el 15 de junio: «Ojo con las ekintzas [acciones] que puedan levantar polémica, no hacer víctimas inocentes porque junio está a la vuelta de la esquina y las europeas nos interesan», advirtió la cúpula en un documento que remitió a sus militantes. Después de los comicios, en los que HB no obtuvo los resultados esperados, la dirección mandó reanudar la actividad. Las casas cuartel de Pamplona, Orozco y Ondárroa (ambos en Vizcaya) y Deva (Guipúzcoa) sufrieron ataques de ETA. Pero donde sus militantes fijaron el punto de mira fue en la de Llodio (Álava): conseguir provocar una masacre como la que había tenido lugar en Zaragoza se había convertido en un objetivo estratégico, con el propósito de obligar al Gobierno a sentarse de nuevo en una mesa de negociación. Era, después de todo, un recurso que ya les había funcionado. Dispuestos a asestar el golpe, los terroristas del comando Araba compraron una furgoneta —no la robaron para no despertar sospechas en los vigilantes del acuartelamiento— y le practicaron un agujero en el suelo. La estacionaron a unos 300 metros del cuartel, justo encima de una alcantarilla. Con la colaboración de un empleado de la red de alcantarillado, y reproduciendo a su manera la antigua técnica militar de las minas para expugnar fortalezas, trasladaron los 500 kilos de explosivos desde el interior del vehículo hasta los cimientos del cuartel. Ningún comando etarra había utilizado hasta entonces tal cantidad de material explosivo. La explosión alcanzó de lleno su objetivo, derrumbando parte del edificio. Milagrosamente, ninguna de las nueve esposas y ninguno de los ocho hijos de los cincuenta guardias destinados en Llodio que residían en la casa cuartel sufrieron daños aquel 26 de junio de 1989.

Pero los miembros del Servicio de Información lograron obtener pistas tras el atentado contra sus compañeros. Una carta redactada por el comando Araba, e incautada en Francia, detallaba que los etarras habían comprado un vehículo de segunda mano por 960.000 pesetas. El otro indicio procedía del estudio y análisis de los restos de la rodadura de un vehículo utilizado en otro atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Llodio el 14 de marzo de 1988. Analizándolas, los agentes determinaron que el neumático debía ser un Dunlop SP6, muy probablemente utilizado en un Renault 11. Los investigadores centraron sus pesquisas en dar con un coche de estas características y rastrearon la zona de actuación del comando; o lo que es lo mismo, media Vizcaya, media Álava y parte de Guipúzcoa. Todas las noches, decenas de guardias civiles salían en busca de ese tipo de coche y esa marca de neumático por las calles. Finalmente se localizó un vehículo de estas características en la pequeña localidad de Menagaray (Álava). El propietario del vehículo era José Ángel Viguri Camino, colaborador de la banda. Pero cuando los agentes dieron con él, acababa de dejar de prestar sus servicios a ETA. La Guardia Civil, no obstante, no lo sabría hasta mucho más tarde. Durante meses, miembros del cuerpo siguieron los pasos del propietario del coche y vigilaron su domicilio, echando mano de ingenio para poder hacerlo en una zona rural sin despertar sospechas. Se apostaron en un monte cercano. Los informes relatan las vicisitudes a las que hicieron frente durante esta vigilancia, que se desempeñaba las veinticuatro horas del día:

En una ocasión, mientras los guardias civiles permanecían desarrollando su función en el monte, en una noche de tormenta, un hombre que andaba buscando a su padre se acercó a preguntarles y se extrañó de la presencia de personas jóvenes en el citado monte, a pesar de que se le explicó que se trataba de un grupo de personas dependientes del padre Benito, que trabajaban en la desintoxicación de drogadictos. El hombre no se quedó muy convencido. El mando de la Guardia Civil responsable de la operación se vistió de cura y fue a visitar a esta persona para explicárselo. Se quedaron tan convencidos que la esposa de ese hombre le pidió al cura que la confesara. La noticia de que en el monte había un grupo de personas que ayudaban a drogadictos corrió como la pólvora por todo el valle, todos los días por la radio se mandaban mensajes de «ánimo para los chavales del Perigaña» (nombre del monte).

Mientras se desarrollaba este peculiar operativo de vigilancia se sucedieron varios acontecimientos relacionados con la escalada de violencia que ETA había puesto en marcha. Durante el mes de julio, miembros de la banda asesinaron en Madrid a varios militares. También intentaron matar, sin éxito, a alguno de los guardias civiles destinados en la Comandancia de Pamplona, arrojando tres granadas contra el edificio. El 2 de agosto hicieron estallar un artefacto al paso de un vehículo del cuerpo en la carretera entre Pamplona y San Sebastián, en un atentado en el que resultaron heridos dos de sus ocupantes. Uno de los agentes, Víctor Núñez Vega, declaró cómo se había producido el ataque:

En la mañana de hoy, cuando estaba conduciendo el vehículo oficial por la carretera N-130, tras haber pasado el alto de Azpíroz, oí un fuerte zumbido y observé que el vehículo quedaba sin control, dando varias vueltas sobre su eje. […] Tras parar el vehículo, mi compañero Antonio me dijo que había sido un atentado y que saliera rápidamente del coche, que nos iban a rematar, por lo que saqué la pistola y me dirigí al talud existente en el margen derecha de la calzada, donde quedé agazapado junto a mi compañero hasta que se disipó una gran polvareda existente. Tras eso, mi compañero me dijo que uno del comando corría monte arriba, y observé cómo Antonio efectuaba unos disparos hacia ese lado, por lo que realicé dos o quizás tres hacia el mismo lugar. Posteriormente hablamos para saber qué lesiones teníamos y al ver que no eran de gravedad me indicó que tendríamos que regular el tráfico interrumpido hasta que nos vinieran a auxiliar.

Poco después de este atentado, el 21 de agosto de 1989, se produjo la primera toma de contacto entre los miembros del cuerpo con los tres integrantes del comando Araba —Manuel Urionabarrenechea Betanzos, Manu; Juan Manuel Oyarbide Aramburu, Txiribita, y Juan Carlos Arruti Azpitarte, Paterra—, quienes concentraban muchos de los esfuerzos de todo el Servicio de Información, principalmente el de Álava. El encuentro tuvo lugar en forma de tiroteo. El brigada Ávila relata el suceso:

Sobre las 19.30 horas nos encontrábamos de servicio circulando en vehículo camuflado por la calle Cercas Bajas de Vitoria cuando de repente me pareció ver a pie a Manu y a Paterra; es más, me pareció que Manu llevaba puesto un peluquín. Inmediatamente se lo comenté al compañero y dimos la vuelta. Dejamos el coche estacionado en la plaza Landázuri y, adoptando una actitud normal en la calle, cogiendo unos vasos desechables que encontramos, nos pusimos a beber como las personas que andaban por allí al objeto de poder encontrarlos de nuevo y así disipar las dudas que teníamos. Volvimos a verlos, pero al cruzar perpendicularmente la plaza seguíamos sin estar seguros de que fueran ellos, así que decidimos hacerles un seguimiento a pie. El que pensábamos que era Paterra cruzó la calle y se quedó en la farmacia que hace esquina con la plaza Lovaina, abandonando instantes después el lugar por la calle Sancho el Sabio; el supuesto Manu entró en la cafetería Café y Menta. Tras plantearnos varias posibilidades de actuación decidimos que lo mejor sería entrar al local para determinar, de una vez por todas, la identidad de los supuestos etarras. Entramos, él estaba al fondo de la barra con otro individuo, y nosotros nos quedamos en una zona intermedia comprobando que efectivamente era Manu. En ese momento sale del local con el otro individuo, desconocido en esos momentos, y en pocos segundos decidimos que había que identificarlos en la calle. Mi compañero me daría protección mientras yo identificaba al etarra y al individuo que lo acompañaba, puesto que a Paterra lo perdimos de vista.

Salimos del local y en el semáforo de la calle Magdalena, estando ellos de espaldas a mí, saqué la tarjeta profesional, y a un metro y medio de distancia, pistola en mano, les dije: «¡Guardia Civil, identifíquense!». En ese momento Manu se dio la vuelta y, sacando un arma, comenzó a disparar mientras se ponía al individuo que lo acompañaba como escudo. Yo me desplacé unos dos metros a la derecha, disparando a bulto y alcanzando al individuo desconocido. En ese momento, Teodoro Julián Mariscal, que así se llamaba el individuo, laguntzaile del comando, cayó al suelo, y comenzó un fuego cruzado a través de la calle Luis Heinz y los jardines del Obispo Fernández de Piérola. Manu intentó robar dos vehículos sin conseguirlo, a la vez que seguía disparando. A la tercera pudo hacerse con un coche en la gasolinera del parque de la Florida y emprendió la huida. Recuerdo que una vez finalizó el tiroteo, habiendo utilizado dos cargadores, solo me quedaban dos cartuchos, uno en la recámara del arma y otro en el cargador. Regresé al punto donde cayó herido el colaborador etarra para asistir en lo posible al herido, pero sobre todo para saber de mi compañero. En ese mismo lugar recogí mi cartera con la tarjeta identificativa y mis zapatos, ya que en el instante que salté por encima del herido para seguir a Manu los perdí.

En un documento intervenido a ETA y escrito por el propio Paterra se aclara cuáles fueron los movimientos del terrorista en el operativo:

Cuando comenzaron los disparos, yo me había separado para ir a comprar unos cigarrillos al estanco, fui hacia la avenida y me metí en una casa con la pipa. Estuve hasta la noche. Luego Manu nos contó cómo sucedió el tiroteo y cómo consiguió escapar tras robar un vehículo Austin Victoria. Después dejó el vehículo abandonado en Lasarte de Vitoria y anduvo por el monte hasta el viernes a la noche.

Los movimientos del comando Araba se habían convertido en una obsesión para los miembros del Servicio de Información de la Guardia Civil. Sus integrantes eran de largo los más cualificados de ETA para matar y siempre lo habían hecho sin dejar más pistas que aquella huella del neumático de Llodio. Entre 1984 y 1989 habían realizado 38 atentados en los que murieron quince personas y protagonizado tres enfrentamientos armados, dos con la Guardia Civil y uno con la Policía. Los agentes del instituto armado por fin dieron con ellos gracias a una de las vías de investigación que habían dejado abiertas tras la desarticulación del comando Éibar. Dejar flecos de información de un comando abiertos y sin «quemar» para gracias a ellos poder llegar más adelante a otros era ya una práctica habitual entre los agentes antiterroristas de la Guardia Civil.

El Servicio de Información de Guipúzcoa tenía la sospecha de que José Antonio Múgica, el camionero que iba a ayudar a cruzar la frontera a los integrantes del Éibar, volvería a prestar servicios a la organización terrorista, por lo que decidieron, en lugar de practicar su detención, controlar en adelante sus movimientos. Lo hicieron gracias a un emisor que instalaron en el vehículo. Tras el tiroteo en Vitoria, los agentes estaban convencidos de que los miembros del comando Araba querrían cruzar la frontera y quitarse de en medio durante un tiempo, y por eso estrecharon la observación en torno al conductor del camión:

Tras una intensa vigilancia realizada por los especialistas en seguimientos del Grupo V de la Unidad de Servicios Especiales (USE) durante todo el verano de 1989, el día 16 de septiembre, sábado, José Antonio Múgica Huici accedió a su camión en Pasajes (Guipúzcoa) y tomó la Nacional I en dirección a Francia. Días antes había tenido un desplazamiento sospechoso a San Juan de Luz (Francia), posiblemente para recibir instrucciones de su responsable. Cuando el camión llegó a Vitoria, fuera de toda lógica, tomó la carretera N-240 y llegó hasta Durango. Los agentes se percataron de que se trataba de un trayecto un tanto extraño pues, aunque el destino de la carga hubiera sido alguna de aquellas poblaciones, lo natural, tanto por tiempo como por costes, hubiera sido ir desde San Sebastián por la autopista A-8. A la altura del kilómetro 29, en lo que se conoce como el alto de Barazar, hay una gasolinera y un pequeño bar; el camionero detuvo su camión, caía la tarde, eran aproximadamente las 18.00 horas. Tras estacionar en el descampado que había detrás del Hostal Restaurante Barazar, descendió y, tras comprobar las lonas y las cuerdas que sujetaban la carga, se dirigió hacia el bar. Inmediatamente detrás se observó la entrada de dos individuos al establecimiento.

En ese momento, el jefe de equipo, Patxi, dio la orden de que entraran también los agentes Txabi y Manoli (son los indicativos que los identifican). Nada más acceder al local, la pareja de guardias civiles se hallaron de frente con tres individuos de pie apoyados en la barra. Nada más verlos, la agente Manoli reconoció de inmediato a Paterra, ya que el color de sus ojos azules era llamativo y destacaba sobre su piel y su aspecto moreno. Ella (la agente Manoli) se fue al baño a comunicarlo por transmisiones, ya que en el bar no podía hacerlo porque la hubieran oído. En el interior del baño informó al resto de sus compañeros y a su jefe de equipo la novedad. Se quedaron atónitos, el jefe de equipo no se lo podía creer, todas sus palabras eran: «Manoli, ¿estás segura? Pero ¿estás totalmente segura?». Y ella afirmaba rotundamente que sí, que tenían que seguirles cuando se marcharan, que uno de ellos era fijo Paterra.

El comandante de la Guardia Civil Antonio Sánchez, entonces sargento de la Unidad Especial de Intervención que protagonizó la acción contra el comando, rememora el transcurso de la operación. Tras subirse y ocultarse los terroristas en el camión, el conductor emprendió el camino hacia Francia. Los agentes le dieron el alto en el peaje de Irún, justo antes de atravesar la frontera:

Yo fui el encargado de dar el alto al vehículo, y en ese momento me había colocado junto a la cabina en una situación estratégicamente privilegiada desde donde controlaba todos los movimientos de mis hombres y de todos los posibles ocupantes del camión. El problema fue cuando observé que otro de los integrantes del grupo de seguimiento se acercaba al camión. En ese momento uno de los terroristas había lanzado una granada. Vi cómo el artefacto iba en dirección hacia el joven, por lo que no dudé en salir corriendo y tirarme hacia él para intentar protegerle. Ahí fue cuando me alcanzó en la cabeza una esquirla procedente de la detonación de la granada y quedé a una distancia suficiente para que su explosión no fuera letal ni para mí ni para aquel joven. En ese momento no sentí nada; una vez finalizado el enfrentamiento, uno de mis compañeros se acercó y me dijo que estaba lleno de sangre. Los médicos me dijeron que tenía un trozo de hueso del cráneo incrustado en el cerebro.

Mi obsesión era que ninguno de los terroristas se escapase. Ordené a dos integrantes de mi célula que subiesen a la parte superior del remolque del camión. Allí, entre los troncos y la cabina, había un espacio oculto utilizado por los terroristas como habitáculo. Los terroristas rajaron la lona y comenzaron a disparar. Mis hombres intentaron repeler la agresión. Uno de los terroristas, creo que era Manu, lanzó la primera granada desde su escondite en el interior del camión, que fue la que produjo la esquirla que me alcanzó en la cabeza. Los disparos no dejaban de oírse. En el momento en que Manu fue a lanzar la segunda granada, uno de los miembros de la UEI que estaba encima del camión, sin ninguna protección, disparó sobre él provocando que la granada se le cayera de la mano y explosionase sobre su propio cuerpo. Dos de los terroristas, Paterra y Manolo González, salieron con las manos en alto. Los otros dos habían muerto: uno, al que le había explotado la granada, y el otro tras recibir varios impactos de bala. Lo que más me preocupaba era cómo las personas salían de sus vehículos en el peaje y se apoyaban sobre ellos para ver lo que estaba pasando, como si del rodaje de una película se tratase. A pesar de las órdenes y gritos que les lanzábamos para que se resguardasen, la gente no era consciente de que aquello era real. Fue un milagro que no hubiera más muertos ni más heridos.

Uno de los integrantes del comando Araba, Paterra, aporta su versión de los acontecimientos:

A las seis menos veinte nos escondimos en el monte. A las seis y media bajamos a la taberna Txiribita y yo, a buscar a Manolo González. Manolo nos dijo que estaba mosqueado con una pareja chico-chica, y nos metimos en la taberna. Luego estuvimos otra vez en el monte. A las siete entramos en el camión y nos dirigimos hacia la muga [frontera]. Pasaba el tiempo y, como no pasaba nada, nos tranquilizamos un poco. Hacia las diez el camión se detuvo en el peaje, a continuación comenzamos a oír ruidos y el motor se paró. Manu y yo íbamos echados en la parte de arriba del camión, bajo el toldo; Txiribita y Manolo González, en la parte de abajo. Enseguida nos dimos cuenta de que eran txakurras, Txiri y Manolo subieron a la parte de arriba. Oímos cómo amenazaban al chófer y comenzaban a quitar el toldo.

Txiri estaba delante de mí, Manu a mi derecha y Manolo creo que estaba al lado de Manu, un poco más adelantado. Para cuando comenzaron a quitar el toldo comenzamos a disparar y los txakurras también. Se subieron encima del camión, nos disparaban desde la parte de atrás, por la espalda. El tiroteo fue largo y acabó con una explosión, pensé que Txiri había tirado una granada. Se hizo un momento de silencio, llamé a Manu, y no respondió; llamé a Txiri y tampoco me respondió. Y enseguida, de nuevo otra carga de disparos de la hostia. Por tercera vez otra carga y me metieron dos tiros en la bota. Me di cuenta de que estaba debajo de un tablón que se pone para sujetar el toldo y por eso no me daban. Comenzaron a gritar que saliera y, a decir verdad, no tuve valor para seguir tirando. Me rendí, agujereé el toldo y salí al exterior.

Los comandos más letales de ETA habían caído en los últimos meses. Con la información derivada de las desarticulaciones, los cuerpos policiales detuvieron a decenas de personas integradas y relacionadas con la banda, con lo que debilitaron sensiblemente su aparato militar, de finanzas y de mugas. La experiencia adquirida iba dando poco a poco sus frutos, y los movimientos de la organización estaban cada vez más controlados.

Pero todavía era imposible pensar en una derrota policial de ETA: desde septiembre y hasta final de año, los comandos que aún mantenía activos la banda terrorista asesinaron a otras seis personas y secuestraron en Pamplona al industrial Adolfo Villoslada. En octubre, además, se celebraron elecciones generales en las que Felipe González obtuvo una nueva mayoría absoluta para el PSOE, en un escenario en el que irrumpía con fuerza el Partido Popular de José María Aznar. La sesión constitutiva del Congreso, no obstante, fue suspendida por el asesinato, a manos de dos individuos que serían posteriormente detenidos, del dirigente de HB José Muguruza, que acababa de salir elegido diputado por Vizcaya, en un atentado en el que resultó herido otro miembro de la Mesa Nacional de la formación, Iñaki Esnaola. Los grupos radicales próximos a ETA provocaron disturbios en todo el País Vasco y Navarra en señal de protesta.

Mientras tanto, las autoridades francesas colaboraban con los cuerpos policiales españoles en la lucha contra ETA. El 1 de diciembre, la policía gala descubrió en los trasteros de un edificio de la localidad de Anglet un importante arsenal de armas y multitud de documentos relacionados con la estructura de la organización. En el operativo fue detenido el responsable del aparato de mugas, Miguel Ángel Zarrabe, Migueltxo. Tras una ardua investigación de la documentación, la Guardia Civil encontró varias agendas. En ellas se reflejaba la entrega de explosivos por parte de estos jefes terroristas a los autores materiales, integrados en el comando Araba, a fin de atentar contra la casa cuartel de Llodio. Por ello fueron más tarde condenados. La colaboración de las autoridades francesas tuvo sus frutos no solo en el plano policial, sino también en el judicial. A finales de año se celebró en París la apertura de un juicio contra 56 personas acusadas de pertenecer o colaborar con ETA. Era la primera vez que por una causa se procesaba a un número tan elevado de activistas; entre los inculpados se encontraban miembros de la cúpula dirigente de ETA: Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros; José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera; José Luis Arrieta, Azkoiti; Eloy Uriarte, Señor Robles, y Juan Lorenzo Lasa Michelena, Txikierdi.

En España, el Gobierno continuó desarrollando la política de dispersión de los presos de ETA, al objeto de favorecer la reinserción y, sobre todo, impedir el control férreo que la dirección de la banda terrorista ejercía sobre los reclusos. Se buscaba propiciar su arrepentimiento y debilitar a ETA. A final de año, los terroristas estaban repartidos en noventa prisiones. Desde entonces, el reagrupamiento de los presos de ETA se convertirá en reivindicación permanente.

11

TAMPOCO 1990 SERÁ EL AÑO DE ETA

San Sebastián, 13 de marzo de 1990. Ángel Jesús Mota sostenía en sus brazos a su hija de pocos meses. Su mujer observaba la escena cuando se les aproximó Francisco Javier Balerdi, militante y empleado del grupo municipal de HB en la capital guipuzcoana, y también uno de los pistoleros de ETA. Sin mediar palabra, el terrorista disparó contra el padre de familia. Las balas impactaron en la cabeza de la víctima. Los servicios sanitarios certificaron su muerte.

Este frío asesinato formaba parte de la campaña que la dirección de ETA había lanzado sobre los funcionarios de prisiones. Ángel Jesús Mota era uno de ellos. El colectivo vivía amenazado por la banda terrorista, que empleaba la violencia contra los funcionarios de los centros penitenciarios para protestar contra las políticas de dispersión. El llamado «frente de makos» —los miembros de la banda encarcelados— se dividía en dos grupos: los que tenían delitos de sangre, que asumían mayoritariamente las directrices de la organización, y los que no, asesorados por los abogados más moderados de HB. Acercar a los presos de ETA a las prisiones del País Vasco y Navarra era una de las principales aspiraciones de la banda, que buscaba además a toda costa sentarse con el Gobierno para iniciar una nueva negociación, en términos similares a los que habían marcado la mesa de Argel. La cúpula se había fijado una línea en el horizonte, que era el año 1992, en el que se celebrarían los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla. España tenía que mostrarse al mundo como un país democrático, moderno y seguro; el futuro de la nación a corto y medio plazo dependía de la imagen que reflejaran esos dos escaparates mundiales. Creía ETA que el Ejecutivo sería más susceptible de asumir sus condiciones en pos de una tregua o de una salida negociada a las exigencias etarras; pensaban que no se arriesgaría a celebrar esos eventos mundiales con la amenaza real del terrorismo. Y el modo que tenían para forzar a las instituciones a sentarse a dialogar era verter más sangre, con métodos cada vez más perfeccionados.

El 30 de enero de 1990 ya habían asesinado en Galdácano (Vizcaya) a un agente de Policía mediante el uso de una bicicleta bomba. En esos días también quisieron matar a un guardia civil en Abanto Ciérvana (Vizcaya), pero los artificieros desactivaron la carga que habían instalado en los bajos de su vehículo. De forma paralela, la campaña de hostigamiento mediante paquetes bomba se mantenía en marcha, lo que les permitía atacar a objetivos con nombres y apellidos sin correr mayores riesgos: el presidente de la Audiencia Nacional sufrió la amputación de las dos manos al estallar uno de estos artefactos, y una funcionaria de Correos resultó malherida al detonar otro paquete dirigido contra un funcionario de prisiones. También recibieron paquetes similares el exministro del Interior José Barrionuevo y el fiscal de la Audiencia Nacional Eduardo Fungairiño, aunque en ambos casos fueron neutralizados.

ETA lograba sostener económicamente su actividad gracias a la extorsión y a los secuestros, como el del empresario Adolfo Villoslada, liberado el 16 de febrero tras permanecer 85 días secuestrado. El dinero obtenido pagaba el sueldo de los terroristas liberados, las infraestructuras, las bombas y las balas. Como las que acabaron con la vida de un teniente de navío de San Sebastián o con la del guardia civil Benjamín Quintano, en Pasajes (Guipúzcoa), el 4 de abril.

La hipótesis que manejaba la dirección de la banda no era descabellada. El Gobierno contemplaba la posibilidad de retomar las negociaciones. En marzo de 1990, un emisario gubernamental viaja a Santo Domingo para entrevistarse con uno de los líderes de ETA, Eugenio Etxebeste, Antxon, a quien se le había confiado la exploración de cualquier vía de diálogo. La respuesta de la organización era invariable: habría una tregua si Madrid cumplía con los acuerdos de Argel. Se repiten esos encuentros discretos en abril, junio y diciembre.

El resultado: los terroristas de ETA seguían presionando contra sus objetivos prioritarios, entre los que se encontraba en un puesto privilegiado la Guardia Civil. Los integrantes del comando Vizcaya atentaron contra el acuartelamiento de Amorebieta, arrojando mediante mortero una granada Jotake, de fabricación propia de ETA. El artefacto cayó en el patio sin hacer explosión. Poco después, y mediante el mismo método, los terroristas atacaron el destacamento del instituto armado en Lecumberri (Navarra). La explosión de las seis granadas Jotake y las tres Mecar —contra carros blindados— hirió a varios agentes. Los miembros del comando instalaron una bomba trampa en las inmediaciones del mortero, que estalló al paso del perro detector de explosivos del cuerpo; el animal murió salvando vidas y un guardia resultó herido.

Como medida de presión, ETA publicó un comunicado en el que afirmaba que mantendría abiertos todos sus «frentes de lucha». Dejaron claras sus intenciones cuando trataron de atentar contra la Jefatura de Policía de Sevilla y con el envío de un paquete bomba a la sede de la Expo 92, también en la capital andaluza; campañas estas que se compaginaban con otros escenarios y objetivos sobre los que la banda volcaba su potencial de violencia, como era el caso de la construcción de la autovía del Leizarán: «Actuaremos con firmeza contra todos aquellos responsables técnicos y financieros vinculados con el desarrollo de las obras de la autovía Irurzun-Andoain, todo el que continúe en dichas labores será objetivo directo de nuestra organización». Como ya había ocurrido con la central de Lemóniz, ETA trató de ganarse a la población local enarbolando la bandera del ecologismo contra el Estado. Aunque en esta ocasión no lograría la paralización de las obras, al menos sí se apuntó el tanto de variar el trazado.

La estructura de comandos con la que seguía contando la banda la capacitaba para mantener abiertas todas sus posibilidades de sembrar el terror. Los taldes actuaban de forma independiente, aunque siempre de forma coordinada por la dirección, y en pocas ocasiones conocían a otros miembros de la banda o a otros grupos integrados en la misma. Este organigrama de compartimentos estancos evitaba que, tras una desarticulación, cayeran también otras células terroristas. Entre todos esos grupos había uno que había logrado pasar especialmente inadvertido, incluso en el seno de la banda: era su gran secreto, su baza oculta. El comando itinerante, también conocido como Argala, había sido creado en 1978 por el dirigente Domingo Iturbe, Txomin. Su segundo jefe fue Txikierdi, después Azkoiti y, desde 1986, Francisco Múgica, Pakito. Solo los jefes de ETA conocían su existencia. En su historial contaba con la friolera de 41 asesinatos. A diferencia de lo que ocurría con los otros comandos más efectivos y emblemáticos de la banda —como los recientemente desarticulados Barcelona, Madrid, Goiherri-Costa o Araba—, sus integrantes eran todos ellos ciudadanos franceses, lo que evitaba las sospechas de las autoridades españolas. Los terroristas, tras perpetrar sus atentados, regresaban a Francia y se reincorporaban a sus actividades cotidianas. Los desplazamientos los hacían con vehículos propios, alguno de ellos con habitáculos camuflados para ocultar armas y explosivos, y cada componente disponía de cuatro o cinco identidades falsas, con las que se registraban en hoteles de tres y cuatro estrellas. Funcionaba como ningún comando lo había hecho antes. Tenían una frecuencia de atentados de uno o dos por año. Sabían que ahí radicaba su éxito: en el secreto y en no abusar de su suerte. Pero la campaña de presión que ETA había dibujado sobre 1992 los había obligado a incrementar su actividad y a exponerse más ante los cuerpos policiales. El 2 de abril de 1990, en un control de la Guardia Civil en la localidad sevillana de Santiponce, se precipitaron los acontecimientos que conducirían a su desarticulación. Los agentes Adolfo López y Luis Novalio, desplegados entonces en el dispositivo, relatan hoy lo que sucedió aquella jornada:

La táctica de la Guardia Civil en aquella época era montar varios controles al día de corta duración en diferentes carreteras: se hacían de una forma muy rápida, de ahí que al vehículo lanzadera de los terroristas no le diera tiempo a avisar a Henri Parot de que tenía delante a la Guardia Civil. A los tres minutos de establecerlo, accede un Renault de color rojo, un vehículo viejo pero recién pintado, con matrícula M-1075-FF. El sargento Joaquín Infantes Torralba, actualmente fallecido, tuvo la iniciativa de parar el vehículo, pero el Renault siguió avanzando, sorteando las primeras bandas rugosas del control. Luego se apartó al lado derecho del arcén como si fuera a parar, pero no lo hizo; al revés, aceleró consiguiendo así también sortear los primeros tetrápodos punzantes (pinchos) y, cuando ya se encontraba al final del dispositivo policial, el guardia Novalio tiró de los segundos. El vehículo pinchó tres ruedas. Los dos agentes que estaban situados al final del control, Adolfo y José María, arrancaron su Land Rover y emprendieron la persecución logrando situarse en paralelo al vehículo objetivo; es en ese momento cuando el conductor comienza a disparar su pistola hasta agotar todos los cartuchos de su arma. Novalio y Gallardo, que estaban en el centro del despliegue, iniciaron su marcha hasta el final del mismo para auxiliar a sus compañeros. Novalio pudo repeler la agresión, pero Adolfo no, ya que al lado del vehículo objetivo se encontraban ciudadanos a pie trabajando. Una vez que el conductor del vehículo huido había vaciado su cargador, Adolfo pudo reducirle tirándole contra el suelo y con la ayuda de Novalio pudieron ponerle los grilletes. Pero ya no opuso resistencia, simplemente decía: «No me peguéis, no me matéis, que me rindo». El detenido, Henri Parot, hablaba en francés y decía que era de ETA. Quería meterse en la boca algo, no sabemos si era una pastilla o algún papel.

Adolfo López, uno de los agentes que relata la historia, fue herido en el tiroteo:

Le pedí al cabo de Santiponce que mirase qué me pasaba en la espalda que me quemaba mucho. Me dijo que tenía sangre y que me levantase la ropa. Yo no era consciente de que me habían dado. Me trasladaron al Hospital de Camas, donde me hicieron las primeras curas, y me fui para casa. Llegué con la metralleta en una mano y la chaqueta en la otra. A mi mujer le conté que me había peleado con uno y me había revolcado, nos sentamos en el sofá y nos pusimos a llorar. Después vino toda mi familia, se habían enterado por televisión.

A raíz de la investigación de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la Guardia Civil se pudo determinar que Henri Parot tenía dos compañeros en el comando, Jacques Esnal y Frédéric Haramboure, que tras huir fueron detenidos en Francia junto a otras quince personas acusadas de colaborar con ellos. La información necesaria al efecto llegó a la policía francesa a través de los guardias civiles.

Para las autoridades españolas fue el momento de pedirle cuentas a Francia a nivel político y diplomático. Que ciudadanos franceses llevaran años matando en España sin que Francia se enterase era un hecho grave, máxime cuando la colaboración francesa durante ese periodo había sido casi inexistente. Los servicios policiales galos solicitaron entonces su presencia en España para coordinar las pesquisas. Tras aceptarse la ayuda, dos agentes del país vecino se integraron en la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid. Los miembros del cuerpo facilitaron a los franceses la historia, composición, actividades, infraestructura y planes de los miembros del comando Argala. Toda esta información era fruto del trabajo de varios agentes del instituto armado desplegados en el País Vasco francés de forma encubierta, alguno con doble nacionalidad y llevando una doble vida; una explicación que hoy se puede hacer pública, pero que entonces era imposible por razones operativas y de seguridad personal. El guardia civil infiltrado Heavy explica cómo era su trabajo en el sur de Francia:

Vicente Celaya (miembro de ETA refugiado en Francia) me dijo un día que no me significara en actividades en favor de ETA, que dejara de acudir a las manifestaciones y reuniones, que pasara totalmente desapercibido, y que en breve alguien vendría a hablar conmigo de temas serios. Se lo comuniqué a mi teniente como indicio de que mi infiltración en ETA (la finalidad buscada) podía ir por buen camino. Al cabo de unas semanas vino a verme a mi lugar de trabajo Celaya junto a dos jóvenes, Txistor Haramboure y Jacques Esnal, a los que conocía de algún encuentro casual en bares de Bayona. No pude atenderles y pospuse la charla. Celaya me dijo al día siguiente que «estos son buenos», y que pasarían otro día. A los pocos días Parot fue detenido en Sevilla, y Txistor y Esnal en Francia. La más que posible colaboración de un agente infiltrado de la Guardia Civil en el comando itinerante quedaba frustrada. A pesar de hacer las cosas bien, y estar en el sitio bueno, el factor suerte es importante, y aquí no estuvo de nuestro lado.

La desarticulación del comando Argala condujo al entendimiento entre la Guardia Civil y los Renseignements Généraux (el nombre de entonces del servicio de información interior francés), que hasta ahí solo tenían como interlocutor a la Policía española. Desde entonces, ambos cuerpos —la Benemérita y los agentes franceses— estrecharon lazos y comenzaron a planificar y poner en marcha una estrategia conjunta en la lucha contra ETA que les permitiese llegar al corazón de la banda terrorista. Así se haría durante las siguientes décadas. Días después de la detención de los terroristas franceses integrados en ETA fue detenido, también en el país vecino, el dirigente Isidro Garalde, Mamarru.

La organización terrorista respondió al golpe con otro atentado: el asesinato de tres civiles y de dos militares retirados en Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra. Pero los planes de la banda se verían frustrados con una nueva desarticulación, la del comando Nafarroa, que llevaba años operando en la Comunidad Foral sin levantar sospechas sobre sus movimientos. Los hechos tuvieron lugar el 25 de junio en un paraje conocido con el nombre de la Foz de Lumbier; un desfiladero entre rocas por el que corre el río Irati y que era frecuentado por turistas y bañistas, especialmente en esa época del año. El sargento de la Guardia Civil José Luis Hervás y el cabo José Domínguez Píriz patrullaban a bordo de su vehículo cuando en la orilla observaron a un hombre portando unas bolsas que les infundieron sospechas: en las últimas semanas se habían producido algunos robos a los visitantes de la Foz y los agentes controlaban la seguridad de la zona. Sin saberlo, el sargento se aproximó al miembro de ETA Juan María Lizarralde. Él y sus compañeros de comando llevaban semanas en el paraje, dedicados a recoger información sobre las patrullas del instituto armado para atentar contra ellos. Al pedirle que se identificara, el etarra abrió sin más fuego con su pistola. José Luis Hervás cayó muerto y su compañero, Domínguez Píriz, resultó herido mientras pedía ayuda por radio. Los refuerzos solicitados no tardaron en llegar y en acordonar la Foz, con lo que impidieron la huida de los terroristas. Juan María Lizarralde, Susana Arregui y Germán Rubenach, al saberse acorralados, optaron por suicidarse disparándose entre sí. Rubenach fue el último de los tres que quedó con vida, pero falló en su disparo de gracia y durante horas permaneció tendido, oculto por la maleza y sin que nadie pudiera verlo. El guardia civil que lo encontró horas más tarde, arrastrándose por el suelo, dio parte de lo sucedido, hablando de los miembros de su dotación en tercera persona:

Que sobre las 20.45 horas del día del atentado patrullaba dirección Lumbier […] viendo en la ladera entre unos matorrales a un individuo que trataba de ocultarse. Tenía la cara deformada y cubierta de sangre. Se le dio el alto reglamentario, indicándole que se desplazara en dirección al vehículo mientras lo tenía encañonado con la pistola reglamentaria y más teniendo en cuenta que desobedecía las órdenes de que subiera, intentando ocultarse entre la maleza. En un momento determinado se hizo totalmente visible, viendo el manifestante que portaba una pistola en el lado izquierdo del bañador y que emprendía la marcha en dirección a la fuerza, sin que en ningún momento obedeciera las órdenes de levantar los brazos. Hacía movimientos extraños, en un principio daba la impresión de que quería coger el arma, pero lo que hizo fue intentar tapársela con la camiseta. Fue reducido, momento en que intentó torpemente coger nuevamente la pistola. Se le quitó el arma procediendo a efectuar un cacheo, comprobando que no llevaba nada más.

Los agentes permanecieron en la zona durante toda la noche, sin poder hacer rastreos por la falta de luz y lo complicado del terreno. Con los primeros rayos del día siguiente descubrieron los cadáveres de los otros dos terroristas:

Sobre las 7.15 horas procedieron a efectuar una batida por la zona, extremando siempre las medidas de seguridad […]. Sobre las 8.45 horas, cuando iba avanzando, le llamó la atención algo rojo que flotaba en la orilla del río, por lo que inmediatamente adoptó una posición de alerta. Al fijarse con más detalle apreció que era un cuerpo humano que tenía la cabeza dentro del agua. Se trataba del cuerpo de un hombre, percatándose también de que poco más arriba, ya en tierra, estaba el cuerpo de una mujer, que se encontraba boca arriba, llamándole la atención cómo tenía entrecruzadas las piernas.

La desarticulación del comando Nafarroa trajo consigo una oleada de protestas desde las posiciones y medios de la izquierda abertzale, espoleadas además por las declaraciones del lehendakari Ardanza, quien afirmó desconfiar de la versión oficial. Las autopsias de los cadáveres, no obstante, respaldaban el relato efectuado por la Guardia Civil. El terrorista que sobrevivió, Germán Rubenach, narró ante la juez y en el hospital una versión de los hechos muy similar a la del instituto armado: «Lizarralde se suicidó y Rubenach disparó a Susana Arregui porque no se atrevía a hacerlo sola, para después dispararse a sí mismo». Más tarde, el abogado del terrorista, José Miguel Gorostiza, pidió que se impugnaran las declaraciones al considerar que su defendido padecía un trastorno transitorio. Rubenach terminaría ofreciendo una nueva versión, a la que se aferró la izquierda abertzale —recogida en el libro La Foz de Lumbier, editado por la editorial Txalaparta, próxima a las tesis de ETA—, en la que insistía en un asesinato de los etarras por parte de los guardias civiles en venganza por la muerte del sargento Hervás. Fruto de las investigaciones posteriores, el instituto armado detuvo a los miembros de los comandos Germán, Ribera y Larraun y a gran parte de la infraestructura de apoyo en las localidades de Pamplona, Ansoain, Areso y Madoz. En el operativo se incautaron armas, explosivos y documentación; igualmente se descubrió el zulo en el que los terroristas tuvieron secuestrados durante 85 días al industrial Adolfo Villoslada.

Mientras tanto, la colaboración entre las autoridades francesas y la Guardia Civil comenzaba a dar sus frutos. Una investigación conjunta permitió la detención del dirigente etarra José Javier Zabaleta Elosegui, Waldo o Baldo, jefe de los comandos legales de la banda. El terrorista fue arrestado el 23 de septiembre de 1990 en la localidad de Biarritz, cuando salía de su casa en compañía de su novia. Tras el registro de su vivienda se encontraron datos sobre los objetivos de la organización, la mayoría de ellos emplazamientos del instituto armado. El entonces teniente coronel Rodríguez Galindo narraría así el transcurso de la operación, que posteriormente conduciría a la detención de otras nueve personas acusadas de pertenecer a la infraestructura de ETA:

Con los datos proporcionados por una fuente sobre la identidad de una joven francesa en cuya casa solía pasar alguna noche José Javier Zabaleta, Waldo, encontramos su domicilio en Francia. En más de una ocasión lo habíamos localizado y también lo habíamos perdido. Su vigilancia nos había permitido controlarlo varias veces junto a otro hombre importante de ETA: Jesús Arcauz Arana, Josu de Mondragón. La última semana de agosto habíamos controlado a Josu y a Waldo juntos, no en balde compartían responsabilidades en el aparato militar. No fue posible continuar el control sobre ellos, pero el día 22 de septiembre localizamos de nuevo a Zabaleta. Se dirigía a un domicilio de Biarritz que ya conocíamos. Se me comunicaron todas las circunstancias, desplazamiento y entrada en aquel edificio. Deduje que se proponía pasar la noche allí, por lo que, sin pérdida de tiempo, se activó la operación que conduciría a su detención. A pesar de que el día se acababa, había tiempo de movilizar a la policía francesa, acostumbrada ya a estas llamadas de urgencia. Durante las horas que siguieron se estudiaron con los agentes galos el edificio (en cuya octava planta se escondía Zabaleta), las vías de escape, carreteras y calles que habría que cubrir y hora de la intervención. Se decidió intervenir, de acuerdo con la legislación del país vecino, a las seis de la mañana. La Policía Judicial, con un grupo operativo de intervención, el RAID, había tomado posiciones. Nuestros hombres se encontraban integrados en el dispositivo como observadores.

Waldo era un hueso duro de roer. Algo debió de observar o algo llamó su atención, pues, antes de que amaneciese, salió del piso en el que había pernoctado sin encender ni una sola luz, ni siquiera la de la escalera. Bajó por ella silenciosamente, sin utilizar el ascensor, hasta acceder al portal y, pegado a la fachada y aprovechando las zonas de sombras que las escasas farolas dejaban, subió a un vehículo que estaba estacionado a pocos metros. Lo puso en marcha sin que nadie se apercibiera de ello. Faltaban escasos minutos para las seis de la mañana. El coche era un Renault 5 de color negro muy conocido por los hombres de la Guardia Civil que allí se encontraban, ya que en más de una ocasión lo habían seguido durante centenares de kilómetros. Uno de ellos lo observó de manera totalmente fortuita. Sin pérdida de tiempo avisó a los de la Policía Judicial, que intentaron detenerlo sin éxito. Se inició entonces una frenética y corta persecución que terminó cuando el fugitivo perdió el control de su vehículo y se estrelló contra un árbol y, posteriormente, contra un semáforo. En muy pocos segundos los agentes del RAID lo habían sacado del coche, un poco aturdido por el golpe. Portaba una pistola Browning de 9 milímetros Parabellum. Acababa de producirse la captura de uno de los hombres más importantes de ETA. Casi tanto como Domingo Iturbe o Eugenio Etxebeste y bastante más que Potros o Ternera. Las caras de los franceses y los españoles mostraban un júbilo que no podían disimular. Abrazos y felicitaciones salpicaban la escena en cuyo centro se hallaba aquel individuo, imposibilitado de huir ni de dar cursillos de armas o explosivos, ni más órdenes a los comandos antes de pasar a España.

Tras este golpe, la dirección de ETA no tardó en relevar a Waldo, sustituyéndolo por la terrorista Carmen Guisasola, con varios delitos de sangre en su haber después de haber estado años integrada en el comando Vizcaya junto a Julián Achurra, Pototo. La cúpula de la banda consideraba que Guisasola —que obsesionaba a los servicios de información de la Guardia Civil en esa provincia vasca— ya estaba quemada para seguir operando en un comando, por lo que aprovecharon su experiencia para encuadrarla en las estructuras directivas. La terrorista no duró más que unas pocas semanas en el cargo: el 17 de noviembre de 1990 fue detenida de forma casual junto a otros dos terroristas en Francia.

Pero ETA mantenía intacta su capacidad de atentar, especialmente a través de sus comandos Vizcaya y Donosti. La banda terrorista estructuró en torno a ellos una campaña de verano, coincidiendo con la visita de millones de turistas extranjeros, para dar repercusión internacional a sus reivindicaciones. La Expo y los Juegos Olímpicos, así como la celebración del V Centenario del Descubrimiento y la presidencia española de la Comunidad Económica Europea, ya se atisbaban en el horizonte, faltaban apenas dos años, y los terroristas buscaban que el Estado les ofreciese un cheque en blanco —o en su defecto, lo bastante jugoso— para que abandonasen la violencia, aunque fuera temporalmente y solo durante la celebración de esos eventos. Varias bombas estallaron en vías ferroviarias, obligando a alterar los horarios de los trenes. En Zarauz (Guipúzcoa), el cuartel de la Guardia Civil sufrió varios impactos de granada. En Cartagena, los terroristas intentaron una masacre contra el cuerpo, haciendo estallar un coche bomba cargado con ochenta kilos de explosivos frente a la casa cuartel, en la que vivían 110 familias: ocho personas resultaron heridas. Un atentado similar fue frustrado en Las Pesués (Cantabria) gracias a la intervención de los artificieros. También reivindicaron dos ataques en Holanda, que no tenían otro fin que atraer la mirada de la comunidad internacional. ETA afinaba su maquinaria de matar. Prueba de ello fue el atentado que el comando Vizcaya perpetró en el muelle de Ripa, de Bilbao, en el que murieron el guardia civil José Manuel Alba y un viandante, como queda reflejado en las diligencias del instituto armado:

Eran las seis de la mañana. El guardia civil asesinado acababa de hacer el relevo cuando un coche bomba que contenía sesenta kilogramos de amonal, sin conductor, fue impulsado por la rampa que daba acceso al muelle de Uribitarte. José Manuel Alba Morales estaba casado y su mujer esperaba la llegada de su primer hijo. Llevaba destinado en la Compañía de Especialistas Fiscales de Bilbao tres meses. Su compañero en la garita sufrió heridas de consideración. Más graves fueron las recibidas por el civil Luis Sánchez García, que se encontraba en la zona tratando de poner en marcha su turismo averiado, maniobra en la que le estaban ayudando dos trabajadores del Servicio de Ordenación de Tráfico. La explosión del vehículo le alcanzó de lleno, muriendo en el acto.

Los terroristas emplearon el mismo método para atentar contra la casa cuartel de Sant Carles de la Ràpita (Tarragona). En esta ocasión, el vehículo sin conductor y cargado de explosivos chocó contra otro coche situado a su derecha. Un agente resultó herido como consecuencia de la explosión. En esta campaña de ataques contra el cuerpo, ETA trató también de asesinar a un guardia en Algorta (Vizcaya) con un artefacto escondido en un carrito de la compra —la deflagración le produjo heridas de gravedad, pero salvó la vida—; al teniente coronel Rodríguez Galindo, jefe de la Comandancia de Guipúzcoa, al que le enviaron un paquete bomba que fue descubierto y neutralizado; y a dos miembros del instituto armado en San Sebastián mediante el uso de una moto bomba. Del mismo modo, los comandos terroristas arrojaron varias granadas contra los cuarteles vizcaínos de Amorebieta y Balmaseda, y el de Deva (Guipúzcoa). Los artificieros, además, desactivaron un coche bomba en las inmediaciones del acuartelamiento de Durango. Muchos atentados pero, por suerte, pocas víctimas entre los guardias civiles y sus familias. La Policía, no obstante, pagó un alto precio en los últimos meses de 1990, tras sufrir varios zarpazos de la banda. Nueve agentes perdieron la vida tras atentados con bombas en los enclaves vizcaínos de Amorebieta y Santurce, y en Sabadell. Este último —el más efectivo de todos, con el asesinato de seis miembros del cuerpo— supuso la huida del comando Barcelona a Francia por miedo a ser descubierto. Dejó tras de sí varios vehículos cargados con armas y explosivos que serían encontrados por ciudadanos y vigilados durante semanas por los guardias civiles de manera infructuosa.

Con esta ola de atentados sobre la mesa, el País Vasco celebró sus cuartas elecciones autonómicas de octubre de 1990. El PNV logró mantener su fuerza parlamentaria en unos comicios en los que EE se desplomó. HB perdió parte de sus apoyos debido, sobre todo, a los atentados indiscriminados como el de Hipercor, que dañaban la imagen de toda la izquierda abertzale. La masacre, en la que murieron 21 personas, provocó de hecho una fuerte crisis interna en el partido político que representaba los intereses de la banda terrorista. La organización además estaba aislada tras los pactos de Madrid y Ajuria Enea, en los que todas las fuerzas democráticas rechazaban el uso de la violencia con fines políticos. HB no era la única rama vinculada a la estructura de ETA que estaba sumida en una reestructuración. En realidad, todo el complejo radical abertzale atravesaba un proceso similar.

El fracaso de las negociaciones de Argel había abierto un proceso de reflexión que condujo a la conclusión de que ETA estaba estancada en los planos militar y político y que la inexistencia de una lucha de masas eficaz lastraba sus propósitos. En respuesta, la dirección planteó la reorganización de la izquierda abertzale para que fuese más activa, en un proceso al que se bautizó con el nombre de Berrikuntza («Renovación») y que afectó principalmente a la rama KAS. El objetivo final era la desestabilización completa del Estado de cara a la hipotética y siempre perseguida negociación. El proyecto planteado sobre el papel distó mucho de la realidad que se materializaría en los años posteriores. Para compensar la falta de actividad por parte de KAS y de HB, ETA potenció sus esfuerzos operativos no solo en España, sino también en diferentes países europeos, donde cometió varios atentados. Con la perspectiva del tiempo, algunos de sus dirigentes criticaron este giro, que calificaron como «espejismo de capacidad operativa». ETA engrasaba la maquinaria con la vista puesta en los acontecimientos previstos para 1992: lo acontecido en 1990 no auguraba que ETA pudiera conseguir sus objetivos, pero lo que ocurriría en el año 1991 iba a ser determinante para el fracaso de su estrategia; la Guardia Civil sería la causante del descalabro etarra y de la frustración de su plan, tan ilusorio como cruel.

12

1991: SE ACABA EL TIEMPO

En la memoria de José Gálvez Barragán se agolpan los recuerdos del 29 de mayo de 1991: la puerta metálica del cuartel de Vic por la que apareció el coche cargado de explosivos, un Renault 11 de color blanco con la dirección bloqueada y sin conductor al volante; los gritos de los niños que, sobresaltados, huían del patio central; el estruendo de la deflagración. En el lugar del crimen, donde murieron nueve personas —cinco de ellos, niños— ahora hay un aparcamiento. Todavía quedan algunos restos del muro que rodeaba el edificio del instituto armado. Una placa semioculta por pintadas independentistas recuerda a «todas las víctimas del terrorismo». Es la primera ocasión en la que el guardia civil Gálvez regresa al lugar que sacudió el curso de su vida. Él es el protagonista de una foto que se ha convertido en icono de la barbarie terrorista. En la imagen se le ve con el rostro ensangrentado, llevando en sus brazos a una niña malherida. «No recibí ningún tipo de ayuda, ni siquiera psicológica», recuerda el agente. Con detalle y cautela va narrando los acontecimientos de aquella jornada:

El día del atentado me encontraba de servicio en el interior del cuartel con otro compañero realizando tareas burocráticas. En el momento del atentado estaba sentado en mi oficina; oí a niños gritar. «Coño, ¿qué pasa?», me pregunté. Oí un ruido enorme y pensé que se estaban tirando petardos. De repente todo estaba oscuro y me encontré debajo de la mesa. Un compañero me llamaba: «¡Barragán!». No era consciente de lo que había pasado. Bajé por las escaleras que accedían al patio. En ese trayecto encontré a Isabel, de siete años, una de las niñas que estaba jugando en el patio. Le quité unos cascotes que tenía encima. Su cara estaba ensangrentada y nada más cogerla en brazos me di cuenta de que una de las piernas estaba sin carne, le faltaba parte de una de las extremidades inferiores. Años más tarde le tuvieron que amputar la pierna. Creo que fue en ese momento cuando un periodista me realizó una fotografía. En el exterior del acuartelamiento entregué a la niña a los servicios de emergencia. Regresé y ya había cámaras por todas partes. Estuve un rato sin saber qué hacer. Salí andando y me trasladaron al hospital. Tenía la cabeza llena de cristales y algunas heridas leves, me pasé varias horas entre curas y revisiones médicas. Mi esposa y mi hijo se desplazaron al cuartel. Cuando llegaron le dijeron a ella que se fuera, que su marido estaba bien. Desde un edificio de Telefónica nos dejaron llamar a nuestros familiares.

La niña a la que rescaté reside actualmente en Vic, y trabaja en una dependencia del Ayuntamiento. También recuerdo a un compañero que, unos minutos antes de la explosión del coche bomba, salió del cuartel en el vehículo con su hija Estefanía para hacer unas gestiones en el pueblo y no le pilló el atentado. Y a un sargento de Tráfico, que se había marchado una semana antes de permiso urgente a Andalucía por el fallecimiento de su suegro y que volvió antes de tiempo por la falta de personal; su hijo fue uno de los niños que murieron bajo los escombros.

Tras el atentado me fui a mi ciudad natal, Sevilla, unos diez días. Regresé a Vic, pero los primeros días no teníamos nada. Ni oficina, ni vehículos, ni ropa… Fuimos a Madrid a recoger uniformes y vehículos del cuerpo. Las motos y los vehículos los guardamos en un local prestado de un transportista. La gente de Vic nos ayudó y dio cobijo a los heridos que se quedaron en la calle, sin vivienda. Por parte del alcalde, nada. Si soy sincero, yo no recibí ninguna ayuda, ni psicológica, ni nada. Lo único que hicieron fue pagarme mi vehículo, que quedó destrozado. Continué trabajando hasta que en 1999, durante un servicio de motorista, un vehículo me embistió en Vic causándome graves heridas que me obligaron a retirarme.

La organización terrorista acumulaba muertos para demostrar su capacidad ofensiva. Pretendía repetir el «éxito» obtenido como consecuencia de la masacre del cuartel de Zaragoza, que forzó al Gobierno a aceptar sentarse en las negociaciones de Argel. Con el atentado de la casa cuartel de Vic, con los terroristas Joan Carles Monteagudo, Juan Félix Erezuma y Juan José Zubieta como brazos ejecutores, añadió diez nombres más a su baza negociadora: el guardia civil Juan Salas y su madre política Maudilia Duque; el guardia civil Juan Chincoa y su esposa Nuria Ribó; los hijos de los guardias, Rosa María Muñoz de quince años, María Pilar Quesada de ocho años, Ana Cristina Porras de diez, Francisco Cipriano Díaz de diecisiete, y Vanesa Ruiz Lara de once años; esta última, hija de un vecino del cuartel. El décimo, el guardia civil en reserva activa Rafael Mayo, murió atropellado por una ambulancia mientras socorría a las víctimas.

Poco tiempo después, los vecinos de Vic se manifestaron porque no querían un cuartel nuevo en la población. El Ayuntamiento de la ciudad, por unanimidad, elevó la petición al Ministerio del Interior.

El terrorista Juan José Zubieta declararía más tarde cómo perpetraron el atentado:

Sobre las 6.00 horas de la mañana, Erezuma sale del chalet con el Renault 11 ya preparado como coche kamikaze; Monteagudo y yo con la furgoneta Citroën C-15, matrícula de Barcelona. En un descampado de Montañola me quedé custodiando el Renault 11 preparado como coche bomba, marchando Monteagudo y Erezuma en la furgoneta a Vic a robar un coche que serviría para huir, llegando al cabo de un rato con otro Renault 11 robado. En este lugar cambiamos las matrículas al coche robado. Nos dirigimos a Vic, Monteagudo y yo con el Renault 11 robado y Erezuma en el Renault 11 preparado como coche bomba. Por la mañana observamos cómo abrían la puerta del patio del cuartel para cerrarla posteriormente, y ante la proximidad de un colegio optamos por posponer el ataque para más tarde. Sobre las 19.00 horas decidimos realizarlo, yo esperaba con el Renault 11 robado para la huida, mientras que Erezuma conducía el coche bomba, y Monteagudo lo activó al observar que la puerta del patio se encontraba abierta. Regresamos a donde teníamos aparcada la furgoneta, abandonando allí el coche robado y nos dirigimos al chalet de Lliçà d’Amunt.

Mientras la familia de la Guardia Civil lloraba, los miembros del Servicio de Información ya trabajaban para encontrar a los autores.

ETA, en su reivindicación, dijo: «Qué duda cabe de que tanto las vidas de nuestros militantes como la de los guardias civiles y familiares muertos podrían haber sido salvadas si el Gobierno del PSOE hubiera tenido la altura y la valentía mínima como para acceder a una política de gestos mutuos que prefiguren el reinicio de las conversaciones políticas». Tampoco escondió su intención de repetir un diálogo similar al que tuvo lugar en Argel: «Euskadi Ta Askatasuna no pretende, pues, forzar nada que no haya intentado y anunciado con anterioridad: el inicio de un proceso negociador». Aunque cada vez le quedaba menos tiempo para chantajear al Gobierno, el 92 estaba cada vez más cerca. Los encuentros secretos de 1990 y los acercamientos de Rafael Vera en los meses previos al atentado de Vic habían animado a los terroristas a seguir con su estrategia.

A principios de año, la dirección de ETA, encabezada por Txelis, Pakito y Fiti, envió un comando a la zona de Cataluña y Levante con el acreditado terrorista José Luis Urrusolo Sistiaga, Joseba, al frente. Su misión era la de complementar los atentados que perpetrasen sus compañeros integrados en el grupo Barcelona, desplegados desde hacía varios meses en la ciudad. La banda terrorista dejó clara su intención de subir un peldaño en su escalada de violencia desde los primeros días de 1991. El 2 de enero asesinó en San Sebastián al gobernador militar de Guipúzcoa en funciones, el coronel Luis García Lozano. Ese mismo mes, un comando trató de matar en la misma ciudad a un agente de la Guardia Civil, mientras que en Bilbao asesinaban a balazos al guardia civil retirado Francisco Díaz de Cerio en el barrio de Ocharcoaga. Su hijo David dice que aquella fecha, el 31 de enero, «se quedó grabada para siempre» en su familia:

A las siete y media de la mañana sonó el timbre de la puerta de mi casa. Mi ama abrió. Un capitán de Información de la Guardia Civil era el triste mensajero: acababan de matar a mi padre. Después de descargar mi ira en forma de puñetazos contra la pared, empiezan las preguntas. Mi padre trabajaba leyendo contadores para la empresa Iberduero desde hacía diez años, pero había cometido un delito sin derecho a reinserción: había sido guardia civil durante seis años. Yo entonces tenía diecisiete años, mi hermana quince, y apenas recordábamos imágenes de mi padre como guardia civil. En el escaso tiempo en que ejerció tuvo que pasar por dos atentados contra miembros del cuerpo.

En el funeral de mi padre fue mi ama quien puso las reglas. Mi padre no hubiera querido un funeral manipulado, como otros a los que había asistido. No quisimos una ceremonia oficial, no tenía sentido, hacía diez años que ya no ejercía. Los guardias que acudieron lo hicieron en calidad de amigos. La única representación que se aceptó fue la de la empresa para la que en ese momento trabajaba. La Guardia Civil no tuvo más incidencia en nuestra vida, no recibimos más abrazos del cuerpo. En alguna ocasión me pasó por la cabeza ingresar, pero mi ama prefirió que lo intentara en Iberduero, donde ahora estoy, gracias a las gestiones que hizo Daniel Vega, Gobernador Civil en Vizcaya por entonces. Mis primeros años fueron muy difíciles. Me faltaba un referente, empecé a fumar hachís. Mi rabia la descargaba si había oportunidad. Después de cuatro años trabajando en la central térmica de Santurce me destinaron a Cartagena. Salir de Bilbao ayudó a tranquilizarme, fue una liberación, podía hablar con libertad. Pero ni la distancia mitiga el dolor; no olvidas. Supimos que el juez Bermúdez recibía visitas en la Audiencia Nacional de víctimas del terrorismo y acudí con mi madre. Buscábamos justicia, como antes habíamos buscado consuelo en la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), y en ambos sitios solo encontramos desencanto.

Un subdelegado de la empresa Ferrovial fue el siguiente de la lista. Con este atentado, perpetrado en Valencia el 4 de marzo, ETA trataba de presionar para paralizar las obras de la autovía del Leizarán, una causa para ganar adeptos bajo argumentos ecologistas. Doce días después, un comando etarra hizo explotar una bomba oculta en una nevera de cámping encadenada a una farola de San Sebastián. La deflagración alcanzó de lleno a un coche particular en cuyo interior viajaban varios guardias civiles que regresaban a Intxaurrondo tras comer en un bar cercano. El agente Luis Aragó falleció a causa de las heridas.

La cúpula de la organización ya había definido una estrategia, anteriormente contrastada, que tenía como objetivo primordial provocar una masacre entre las filas del instituto armado. Antes de llevar a cabo el sangriento atentado de la casa cuartel de Vic lo intentaron con el de la localidad de Murguía (Vizcaya), donde arrojaron varias granadas, y con los de Torremolinos (Málaga) y Casalarreina (La Rioja), mediante el uso de sendos coches bomba. A lo largo de 1991 ETA utilizaría un total de diecisiete coches bomba, trece de ellos fuera del País Vasco y Navarra, más que nunca. Donde estuvo más cerca de conseguir sus propósitos fue en el municipio navarro de Los Arcos: allí hicieron estallar dos artefactos que provocaron el derrumbe de parte del edificio. Cuatro agentes y siete paisanos resultaron heridos. La declaración del teniente José Peñafiel, recogida en los atestados, refleja el nerviosismo que se produjo aquella madrugada, cuando a las 4.45 horas se oyó el estruendo:

El teniente fue violentamente despertado por una explosión que lanzó las paredes de la habitación sobre el lecho, lo que le ocasionó pequeñas erosiones y heridas. Considera que podían haber resultado muertos los dos (el teniente y su esposa). Toda la habitación estaba llena de polvo y humo, imperando un olor muy característico y muy fuerte, el dejado por el explosivo. […] Ya calmada su esposa, y viendo que no tenía heridas de gravedad, como oía disparos provenientes de la parte superior del cuartel, tomando su arma reglamentaria salió al exterior, donde fue informado por el guardia de servicio de Puertas de que ya había alertado al COS (Centro Operativo de Servicios) de la Comandancia; se dispuso entonces que parte del personal, con las debidas precauciones, permaneciese en alerta por si se producía otra agresión, mientras que los restantes ayudarían a las mujeres y niños para ubicarlos en el sótano y que así estuvieran protegidos.

En las semanas posteriores, ETA siguió dejando pistas —hoy evidentes— de que acumulaba fuerzas para dar un golpe de envergadura contra la Guardia Civil, como lo sería finalmente el atentado de la casa cuartel de Vic. Pero antes de esta acción, diferentes comandos asesinaron a los agentes Francisco Robles, en Pasajes (Guipúzcoa), y Francisco Álvarez, en Ortuella (Vizcaya). A medida que se desarrollaban estos acontecimientos, ETA también sufrió algunos contratiempos que erosionaron su capacidad operativa. En enero, la Ertzaintza detuvo a dos miembros del comando Vizcaya, mientras que la Guardia Civil desarticuló el Oronaz en Guipúzcoa. La misma suerte corrieron en febrero los grupos Goiherri-Costa, a manos de la Policía, y Éibar, por parte del instituto armado. Este último golpe a ETA fue posible gracias a un operativo desplegado de forma conjunta en las localidades guipuzcoanas de Éibar y Vergara, donde fueron detenidos los terroristas liberados Íñigo Acaiturri y María Eugenia Gracia. No tuvieron tiempo de perpetrar ningún atentado.

Mientras tanto, en Francia, la policía francesa detenía el 19 de marzo a uno de los dirigentes de la banda, Jesús Arcauz Arana, Josu de Mondragón, quien había ascendido puestos en la rama militar de la organización tras el impacto que las últimas desarticulaciones habían tenido en la cúpula. En la operación, desplegada con apoyo de la Guardia Civil, fueron arrestadas otras dieciséis personas, españoles y franceses, colaboradores todos ellos de ETA. La documentación incautada sirvió para comprender muchos de los detalles de la coordinación de los aparatos militar, logístico y de mugas. Bajo las órdenes de Josu de Mondragón estaba el comando Barcelona, cuyos integrantes —Juan José Zubieta, Joan Carles Monteagudo y Juan Félix Erezuma— hicieron estallar el coche bomba contra la casa cuartel de Vic. Los autores del atentado no lograron huir del escenario del crimen sin dejar pistas. Tras el atentado, un paisano dio la clave para iniciar las pesquisas, tal y como queda reflejado en el atestado:

Un miembro de la Policía de Cataluña recibió orden sobre las 20.45 horas de dirigirse a la N-152, a la entrada de Vic, a esperar el vehículo oficial del presidente de la Generalitat de Cataluña, lo cual efectuó. Mientras se encontraba esperando a la autoridad se le acercó un hombre, con aspecto de payés, el cual le comunicó que durante la mañana de ese mismo día había observado la presencia de dos vehículos sospechosos en la zona conocida como Montañola, correspondiente a dicho término municipal. Que igualmente le comunicó la matrícula de los mismos, una Citroën C-15 matrícula B-3996-HB con cortinas en los laterales y con una franja de color negro en la parte baja de los laterales, y un Renault 11 matrícula B-9283-GP. Que había tres o cuatro personas junto a los vehículos, una de ellas con un pasamontañas. Una vez tomados estos datos, a los pocos minutos pasó el presidente y procedió a darle escolta hasta el lugar del atentado, y previa comunicación a un superior suyo, este le ordenó que informara urgentemente de esa noticia a la Guardia Civil, poniendo todo esto en conocimiento verbal del Sr. teniente jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Manresa sobre las 21.30 horas.

Tras seguir el rastro de los vehículos, la Guardia Civil se presentó a las 2.45 de la madrugada en el domicilio del propietario de la C-15, en el que se encontraban tres personas: María Pilar Ferreiro, Jordi Mas y Denis Mark. Ante la incoherencia de sus explicaciones, los agentes los detienen. A las 8.00 horas, Jordi Mas declara que María Pilar, su compañera sentimental, le había pedido que alquilaran una casa en la próxima localidad de Lliçà d’Amunt para dar infraestructura al comando Barcelona. Los agentes del instituto armado llegaron hasta la dirección señalada, una zona residencial poco transitada. Dos miembros del Servicio de Información, un hombre y una mujer vestidos de paisano, reconocen las inmediaciones haciéndose pasar por una pareja que pasea de la mano; ven a los terroristas en el interior del chalet. Sin llamar la atención, los guardias desplegados por la urbanización vigilan discretamente el chalet objetivo y sus accesos y aguardan hasta la llegada de sus compañeros de la Unidad Especial de Intervención de Madrid. La crónica escrita por el diario El País recoge la versión del propietario de un bar próximo que fue testigo de los acontecimientos:

Sobre las 13.00 horas se sentaron tres personas en una mesa y pidieron algo de comer. Les sirvió unos bocadillos, cervezas y café. Luego pidieron un dominó pero no jugaban. No hacían más que mirar. «Yo me barruntaba algo porque alguno tenía una pinta rara. Pero antes hubiera pensado que eran de ETA que guardias civiles», asegura el propietario. Ven juntos el telediario. Ven juntos las fotografías de los más buscados. Ven juntos cómo otras tres personas entran y piden café. Y ahí empieza todo. Sonaron unos disparos y salieron todos corriendo con la pistola en la mano. El dueño salió detrás, pero ya no llegó a tiempo de ver nada. «Es que no dura nada. Nada. Ta, ta, ta, ta y listo.»

La entrada en la vivienda se produjo a las 15.00 horas. Un miembro de la Unidad Especial de Intervención que intervino en la desarticulación explica cómo se produjo el tiroteo en el que perdieron la vida dos de los terroristas:

Una vez situado el dispositivo de entrada, se observó la presencia de una persona junto a la furgoneta C-15 vinculada al atentado del día anterior, por lo que tras gritarle «¡Alto a la Guardia Civil!» uno de los equipos se dirigió para proceder a su detención hacia el individuo, quien opuso resistencia. Simultáneamente los moradores de la vivienda realizaban disparos con armas de fuego desde el interior. Intenté repeler la agresión con mi arma reglamentaria. Inmediatamente se pudo observar en el interior de la vivienda a un individuo, posteriormente identificado como Erezuma, que empuñaba un arma, el cual encañonó a la fuerza que intentaba proceder a su detención, viéndome obligado a ordenar a mis hombres abrir fuego contra el individuo que pretendía dispararnos, quien resultó herido, siendo necesario reducirlo contundentemente dado que aun herido pretendía hacer uso de su arma, hasta que fue definitivamente inmovilizado, despojándole del arma que portaba.

Las reacciones no se hicieron esperar. Jon Idígoras, representante de HB, alabó el recorrido de los dos terroristas fallecidos en la desarticulación del comando: «Monteagudo y Erezuma habían convertido sus vidas en permanente entrega a la causa de la paz y la libertad». El diputado de ERC Josep Lluís Carod-Rovira escribió una carta a ETA publicada en el diario Avui pidiendo que no atentaran más en Cataluña: «Ahora solo me atrevo a pediros que cuando queráis atentar contra España os situéis previamente en el mapa». Monseñor Setién, obispo de San Sebastián, instó a la Guardia Civil a «evitar siempre que muertes así —en referencia a los dos etarras— sean el resultado de una precipitada voluntad de acabar con los presuntos autores de los atentados». El féretro de Erezuma fue recibido con honores en Guernica, su localidad natal. Juan José Zubieta, juzgado en 1993 por el atentado de Vic, declaró que no valoraron el hecho de que hubiera niños porque, según sus propias palabras «no es nuestro problema que los guardias civiles los utilicen como escudo». En total fue condenado a más de 1.800 años de prisión; abandonó la cárcel al cumplir 23. Algún medio de comunicación tituló como «Crimen y castigo» lo ocurrido en esos dos días de mayo de 1991, en clara alusión al atentado y a la muerte de los autores.

La explosión de la casa cuartel de Vic tuvo lugar en las vísperas del juicio del caso GAL, en el que serían condenados los policías José Amedo y Míchel Domínguez. En el transcurso de la vista, que se prolongó durante casi todo el mes de junio, ETA asesinó a nueve personas más en otros tantos puntos de España. Entre ellos, el guardia civil Ricardo Couso Río, tiroteado en el valle de Trápaga (Vizcaya) mientras esperaba la salida del colegio de su hijo, también llamado Ricardo, de nueve años entonces y hoy miembro del cuerpo, que fue testigo directo del atentado:

Cuando era pequeño, en mi familia siempre hubo dos tipos de vida, aunque yo no me di cuenta hasta mucho más tarde: la que vivíamos fuera de casa, condicionada por la situación social y política que se vivía en ese momento en el País Vasco; y la vida que nos consiguieron regalar mis padres a pesar de ello. Una vida normal en la que ellos, mi hermana y yo éramos felices gracias a su enorme esfuerzo. En medio de aquella vida, que por aquel entonces me parecía perfecta y normal, crecíamos alegres. Mi madre, que era más desconfiada que mi padre (para quien todo el mundo era bueno), le decía que tuviera cuidado, y él, siempre con cariño, le decía: «Nena, te preocupas demasiado, ves fantasmas donde no los hay. ¿Qué me va a pasar a mí?». Mi madre siempre nos decía que no comentásemos con nadie que mi padre era guardia civil. Teníamos que decir que era funcionario. Pero yo me sentía orgulloso de mi familia y de mi padre, y estoy seguro de que alguna vez, probablemente impulsado por esta admiración, llegué a comentarlo con alguien. No es que recuerde ningún caso en concreto, pero durante años me ha acompañado esta sensación y un amplio sentimiento de culpa por ello.

El 13 de junio de 1991 era un día normal, era jueves, hacía muy buen día y estábamos a punto de finalizar el curso y nos íbamos de vacaciones a Galicia con nuestra familia, pero con el pensamiento de que pronto nos iríamos definitivamente lejos de aquel pueblo. Mi padre por fin podría realizar su noble profesión como uno más, con normalidad y cerca de su casa, en su tierra. Mi madre y mi padre se alternaban para llevarnos a mi hermana y a mí al colegio. Por la tarde terminábamos las clases a las cinco. Yo siempre que salía del colegio competía con unos compañeros de clase, Alejandro y Aritz, a ver quién llegaba antes a la puerta de salida del recinto del colegio, donde nos esperaban nuestros padres. Ese día Álex no vino a clase, por lo tanto Aritz y yo no competimos y bajamos andando hasta la entrada donde nos despedimos, eso hizo que me retrasase un poco, quizás lo suficiente, en llegar hasta el coche en el que me esperaba mi padre, un poco más adelante de la puerta del colegio. Mi hermana había salido antes, así que me subí al coche, le di un beso a mi padre y empecé a hablar de las vacaciones y le pregunté cuándo nos íbamos. En el mismo momento que me iba a responder vi pasar un coche blanco (que más tarde supe que era un taxi) a gran velocidad, deteniéndose de golpe unos metros más adelante de nuestro coche. Los alrededores del colegio estaban llenos de gente, como todos los días. Del coche blanco se bajaron tres hombres. Uno de ellos efectuó uno o dos disparos al aire, supongo que para apartar a la gente o para crear el caos, mientras otro hombre del que jamás olvido ni olvidaré su rostro, sacó un arma y apuntó al coche. Todo fue tan rápido que ni siquiera a mi padre le dio tiempo a advertirme ni a protegerme. Oí varios disparos, cerré los ojos y cuando los abrí, vi cómo ese hombre se daba la vuelta y se subía al coche del que había bajado. Miré a mi padre, estaba todo ensangrentado, apenas respiraba y vi como poco a poco se le cerraron los ojos.

No sé cuánto tiempo pasé en el interior del coche, supongo que unos minutos que fueron eternos, supongo que lo suficientemente largos para que a un niño de apenas nueve años se le quedase esa imagen grabada en su cabeza el resto de sus días. Lo que pasó después terminó por reventar la burbuja en la que había vivido hasta entonces. Aún hoy en día no sé por qué actué de esa forma, y sin duda me arrepiento, porque incluso hoy me siento culpable por haberlo abandonado. Miré a mi alrededor, el coche estaba rodeado de gente mirando como si de un espectáculo se tratase, pero nadie tuvo la decencia ni la mínima humanidad de ayudar a mi padre, que se moría, o a mí, que no lograba entender nada, estaba desorientado y con la mente en blanco. Abrí la puerta del coche y me arrastré por el suelo hasta conseguir salir del mogollón de gente que nos rodeaba. Todo sin que nadie me prestase ni la más mínima atención. Llegué hasta un banco y me senté mirando al coche en el que estaba mi padre, con la mente perdida, y empecé a llorar, a gritar, y a hacerme muchas preguntas sin que nadie me contestase, hasta que no pude más y me tumbé en ese mismo banco, pasando desapercibido, hasta que me vio un compañero de mi padre, una persona a la que guardaré siempre un gran cariño a pesar de no recordar quién fue, simplemente por ser el único que tuvo la decencia de sacarme de allí. Perdí el conocimiento. Lo que antes era felicidad, luz, sonrisas, esperanza, ilusión y ganas de vivir, en apenas siete segundos se tornó en tristeza, oscuridad, llanto y silencio, mucho silencio, silencio que incluso hoy me acompaña.

La primera vez que volví a hablar de lo que ocurrió ese día fue el día 26 de mayo de 2006, fecha en la que declaré como testigo en un juicio contra Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi, en la Audiencia Nacional. Aun así tampoco tuve la oportunidad de hablar con claridad, ya que el trato vejatorio y degradante al que fui expuesto en esa Sala de lo Penal me lo impidió. Ese día comprendí que no existía ni existirá justicia para las víctimas. No entenderé jamás cómo en una democracia se pueden permitir comportamientos como los que tuve que aguantar en esa sala: las risas de las abogadas de ETA mientras declaraba, como si les estuviese haciendo mucha gracia el relato de cómo habían asesinado a mi padre, y hasta del propio asesino que llegó a encarárseme.

El asesinato del guardia civil Ricardo Couso era una prueba más de que ETA no iba a cejar en su empeño de seguir asesinando a miembros de los diferentes cuerpos policiales, a la vez que arrancaba una nueva campaña de atentados en verano en diferentes destinos turísticos. A finales de junio, un comando terrorista logró introducir un paquete bomba en una cárcel de Sevilla; la bomba provocó la muerte de un funcionario, dos reclusos y un ciudadano. Se titulaban como errores, pero escondían tantas tragedias como vidas se segaban. Días más tarde, tres policías pierden la vida en Madrid al estallar un coche bomba que trataban de desactivar. Poco después, en Guecho (Vizcaya), dos guardias civiles recibieron el impacto de una explosión mientras circulaban a bordo del coche de uno de ellos. El agente Carlos Pérez falleció al instante; su compañero Francisco Aguilera, retirado por las heridas sufridas, recuerda lo sucedido:

Salimos a la calle y al final de esta hay un stop donde paramos. En unos segundos siento un estruendo y mi coche volando por los aires envuelto en llamas y cubierto de humo. Una vez aterrizado en el suelo y sin perder el conocimiento veo a mi compañero ensangrentado, intento sacarlo del vehículo sin conseguirlo, ya que mi mano derecha también estaba destrozada. Consigo salir yo a duras penas a través de la ventanilla porque las puertas no abrían, estaban encajadas. Entonces es cuando te das cuenta de lo ocurrido, nos habían puesto un coche bomba en el stop de esa calle activándolo al paso de mi vehículo. Al venir la onda expansiva por la derecha, la metralla es absorbida casi en su totalidad por mi compañero, que muere en el acto, y yo solo la recibo en la mano al llevarla colocada en el volante. En el caso de ir solo hubiera sido yo el fallecido, gracias a él estoy con vida contándolo.

ETA lo seguía dejando claro. Su firme propósito era atentar contra las casas cuarteles y dependencias de la Guardia Civil. «Son un objetivo militar, independientemente de que residan en ellas mujeres y niños», escribió la banda terrorista en cartas que dirigieron a agentes destinados en el País Vasco. Siguiendo esta premisa, el destacamento del cuerpo de Petronor en Somorrostro sufrió la explosión de un camión bomba, que dejó heridos a cinco agentes y un civil. El instituto armado, a lo largo del año, cerraría en la Comunidad Autónoma 19 cuarteles, fruto del paulatino despliegue de la Ertzaintza. La Policía Autónoma Vasca también sufriría algunos golpes de ETA: el 29 de agosto de 1991 murió un agente en un tiroteo con un comando etarra, en el que también murió el militante Juan María Ormazábal, Turko, mientras que su compañero resultó herido.

En esas fechas, en una amplia operación coordinada, la Guardia Civil había ido desarticulando varios comandos de ETA, dos armados y otro de información, que actuaban dirigidos por el Donosti, cuyos miembros, sin embargo, no aparecían ni eran localizados en los domicilios que se habían registrado en el curso de la operación. El 17 de agosto, no obstante, se dio con su paradero. El escenario fue la casa Tolar Etxea, en el barrio donostiarra de Amara. Agentes del GAR accedieron a la vivienda a las 10.30 horas, encontrándose los disparos de los terroristas como respuesta. El cabo José Luis Riesco recibió el impacto de una bala que le atravesó el cuello y sus dos pulmones y que le dejó parapléjico. Dos miembros del cuerpo, tras entrevistarle, trasladan sus impresiones:

En el grupo de entrada, José Luis ocupaba el segundo lugar tras un compañero que era el encargado de abrir la puerta con una maza. Una vez realizada la apertura, este compañero se apartó, siendo José Luis el primero en franquear la puerta, situándose en el lado izquierdo del pasillo mientras reducía silueta, pensando en mil cosas a la vez, sin sentir nada, solo actuando. Recuerda ver los disparos a través de su casco, y notar el impacto de uno de ellos sobre su cuello; no perdió el conocimiento, pero en un instante sus piernas desaparecieron y tardó unos segundos en asimilar la nueva realidad en la que se encontraba: estaba boca abajo, le dolía el cuello, no podía respirar y sus piernas ni las sentía, la sangre salía de su boca mientras encharcaba sus pulmones, no sabía nada del resto de sus hombres, no sabía qué pasaba, no podía mover su cuerpo, el casco era una pared entre él y la realidad que le rodeaba, no podía distinguir si los ruidos eran disparos o granadas, se ahogaba en su sangre, no veía sus piernas, ni a sus compañeros, creía que seguía vivo, su cerebro no entendía la nueva realidad. Tras un tiempo que se le hizo eterno sintió como sus compañeros le arrastraban hacia fuera del piso y vio sus piernas, aunque seguía sin sentirlas. Agradeció a Dios la mentira piadosa que le ofrecía en ese momento en el que creyó volver a tener piernas.

El sargento Txutxi, del Servicio de Información de Intxaurrondo, recuerda que en ese momento los terroristas arrojaron una granada que no llegó a explotar:

Alguien grita: «¡Cuidado, han lanzado una granada!». Nos parapetamos y, efectivamente, una granada de mano de color verde cae al lado del cuerpo del miembro del GAR herido, pero afortunadamente no explosiona. Se responde al fuego enemigo violentamente mientras se le consigue sacar de allí. Recupero su subfusil HK, y tras parapetarme junto a un muro continúo abriendo fuego —ahora de fusil— hacia el interior de la casa, de la que siguen partiendo disparos hacia el exterior. Acuden más miembros del cuerpo y sigue el tiroteo. Observo al capitán del SIGC, mi capitán, Diego Bravo, sangrando por un ojo y por una mano, pidiendo a gritos una ambulancia. Finalmente aparece una célula de la UEI que se hace cargo de la intervención, lanzan granadas lacrimógenas, los miembros del comando contestan con insultos y más disparos... Sale la dueña de la casa, María Eugenia Muñagorri. Finalmente la UEI asalta la casa previo lanzamiento de varias granadas paralizantes, y en pocos segundos el enfrentamiento ha finalizado.

Tras el asalto a la vivienda, la Guardia Civil encontró muertos a los tres terroristas que la ocupaban: Juan Ignacio Ormaechea, Martín; José Joaquín Leunda, Jon, y Francisco Itziar, Viejo. En el piso se intervino gran cantidad de explosivos, munición y armas; este comando llevaba actuando desde diciembre de 1988.

La dirección de ETA, en respuesta a esta desarticulación, puso en marcha una nueva tanda de atentados. Un comando hizo explotar un coche bomba contra un destacamento del instituto armado en Logroño, un ataque en el que resultó herido un empleado de la autopista. Días más tarde asesinaron mediante el mismo procedimiento a dos agentes de la Policía local de Muchamiel (Alicante) y al guardia civil retirado Francisco Cebrián, que trabajaba como gruista. En Argamasilla de Alba (Ciudad Real), otro exagente resultó herido al estallarle un paquete bomba dirigido a su hijo, también miembro del cuerpo.

En la mañana del 23 de octubre, los terroristas José Luis Urrusolo Sistiaga e Idoia López Riaño viajaban por Zaragoza a bordo de su vehículo cargado de explosivos —un Opel Corsa— cuando éste dejó de funcionar. Los terroristas pidieron ayuda a un vecino para mover el coche. Este, cuando se aproximó, advirtió que el Corsa tenía unas placas de matrícula que coincidían con las de su turismo particular. Al pedirles explicaciones sobre este asombroso hecho, José Luis Urrusolo e Idoia López se dieron a la fuga a pie.

Por aquel entonces, pese a esta hiperactividad, el aparato militar de ETA estaba muy debilitado. De acuerdo con los informes que manejaba la Guardia Civil, los terroristas no tenían ningún comando en activo en el País Vasco y Navarra, circunstancia que nunca se había producido antes. En consecuencia, la cúpula de la organización se propuso demostrar que todavía tenía capacidad para realizar atentados de envergadura. El escenario elegido fue Madrid, donde el 17 de octubre estallaron tres bombas de forma consecutiva. La primera bomba mató a un teniente del Ejército e hirió a una niña; la segunda causó heridas muy graves a una funcionaria de una comisaría y a su hija de 12 años, Irene Villa; la tercera malhirió a un comandante del Ejército y a su hermana. Tras este golpe, la banda terrorista puso nuevamente el foco sobre la Guardia Civil: pretendían así vengarse de quienes más les golpeaban, de quienes les habían empujado contra las cuerdas e iban anulando su capacidad operativa. Los agentes Eduardo Sobrino y Juan Carlos Trujillo, que cenaban en un bar en el barrio donostiarra de Eguía, fueron los primeros en pagar la eficacia de sus compañeros. En la puerta del establecimiento se encontraron 26 casquillos del calibre 9 mm Parabellum. Nada se pudo hacer para salvar sus vidas. Almudena e Ignacio, hermanos de Juan Carlos Trujillo, tuvieron noticias del atentado por la televisión:

Nos avisaron por teléfono sobre las doce de la noche y nos comunicaron que Juan Carlos había sufrido un atentado terrorista. No nos dieron detalles de su estado; en televisión daban la noticia en directo, pero seguíamos sin saber si estaba vivo. Una patrulla de la Policía Municipal llegó a casa y nos dieron el pésame, comprendimos que había muerto. Después nos llamarían desde Intxaurrondo para confirmárnoslo. Con posterioridad, llegó a casa un coche oficial de la Comandancia de Santander para trasladar a nuestros desolados padres esa misma noche a San Sebastián. Seis de los hermanos también se desplazaron en sus vehículos particulares. Fue un golpe terrible para nuestros padres, nunca se recuperaron; mi madre enfermó y desde entonces nunca recuperó la salud.

Días más tarde, los miembros del comando Vizcaya atentaron en Erandio contra otro agente del cuerpo. La sentencia dictada años después por la Audiencia nacional resume así los hechos:

Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi, y Javier Martínez Izaguirre, los autores, fueron hasta las inmediaciones del domicilio del guardia civil Antonio Moreno Chica en Erandio (Vizcaya). Gadafi forzó la puerta delantera derecha del vehículo para colocar el artefacto. El guardia civil se disponía a ir en coche a llevar a sus dos hijos mellizos a la piscina, primero miró los bajos del mismo para cerciorarse de que no había ninguna bomba adosada, luego subió a sus hijos a la parte trasera y, seguidamente, se montó en él.

El guardia civil Antonio Moreno, que estuvo incapacitado 852 días por culpa de las heridas y quien nunca volvió al cuerpo por las secuelas que le dejó aquel atentado, reflexionaba así en el documental Trece entre mil de Iñaki Arteta:

Al abrir la parte de atrás del coche saqué a Álex, que estaba bien, lo malo fue cuando fui a sacar a Fabio, que lo tuve que coger a trozos. No sabes cómo sujetarlo porque se te cae por todos los sitios. Al reventar la bomba me rompió los tímpanos. No oía nada, no sabía lo que estaba pasando. Lo primero que piensas es por qué a mi hijo y no a mí, si en teoría el malo de la película diríamos que soy yo, por ser guardia civil. Lo que más te lo recuerda es que hay un hermano que es mellizo, y cuando le ves siempre notas que hay alguien que te falta. Aquí es imposible olvidar porque hay un hermano que va creciendo, va haciendo cosas, se va desarrollando y ves que ahí tenía que haber otra persona, y no está. Pero para nosotros no ha llegado a morir jamás, sigue estando ahí. Una persona solo muere cuando se la olvida.

Arantxa, la madre de los niños, recuerda hoy cómo se tambalearon sus vidas tras el atentado:

Tras el atentado, Álex, el hermano mellizo de Fabio, perdió el habla durante cuatro meses, no era capaz de articular palabra, estuvo mudo durante ese largo tiempo y recuperó el habla un día que le enseñamos una foto de su hermano, siendo sus primeras palabras: «El tato tiene pupa, tiene sangre». Fabio y Álex, a pesar de ser mellizos, eran totalmente diferentes, Fabio era muy activo y Álex era más tranquilo; meses después del atentado, como si de un milagro se tratase, Álex pareció tomar la personalidad de Fabio y se volvió un niño inquieto y travieso. Mi marido necesitó ayuda y tuvo que pasar por un psiquiatra en el hospital militar de Burgos.

Álex, hermano mellizo de Fabio, aporta su testimonio:

No tengo recuerdos de ese día, solo tenía dos años. No siento odio, afortunadamente mi madre ha conseguido criarme en un ambiente sin odio ni rencor. Me sentaría sin ningún tipo de problema a hablar con ellos, para que me expliquen por qué realizaron esa acción tan cruel, qué les movió para cometer semejante barbaridad.

Marco, el mayor de los hermanos, tenía diez años cuando ocurrió el atentado:

En el colegio fui rechazado, me aislé y fui a mi aire. Mi madre no me dejó hacer la mili, a pesar de que me gustaba mucho el ejército. Tampoco quiso que fuese guardia civil, y buscó diferentes argucias para evitarlo. Poco a poco lo vas asumiendo, intentas vivir. Abrí un bar en Erandio, pero el negocio fracasó por ser yo quien era. Ahora nos cruzamos con borrokas y agachan la cabeza, no te miran a los ojos.

Los mismos asesinos que acabaron con la vida del niño Fabio, Juan Carlos Iglesias, Gadafi, y Javier Martínez, integrados en el comando Vizcaya, asesinaron dos semanas más tarde al sargento de la Guardia Civil Pedro Carbonero. Los terroristas le dispararon dos veces por la espalda cuando paseaba en compañía de su pareja por la localidad de Galdácano, y lo remataron con otra bala en la cabeza cuando ya se encontraba tendido en el suelo.

Mientras sucedía todo esto, los actores implicados en unas posibles negociaciones daban pasos para sentarse a negociar. ETA terminó el año asesinando a dos policías en Barcelona, pero HB achacaba todos los atentados a «quienes tienen la responsabilidad de estar prolongando el conflicto» —en referencia al Estado—. El Gobierno, a través de Rafael Vera y Luis Roldán, proseguía sus contactos con la banda, que ponía, por su parte, condiciones para volver a las conversaciones interrumpidas. Esa posibilidad alentaba a ETA y a sus ejecutores.

13

EL MOMENTO MÁS DELICADO DE SU EXISTENCIA

La pista había llegado al interceptar tres folios de papel muy fino escondidos en el interior de una de las asas de un bolso de Juan Carlos Balerdi, miembro del comando Éibar encarcelado en la prisión Ocaña-1. Los guardias civiles fotografiaron los escritos, los colocaron en la posición original y devolvieron el bulto al llamado en clave Eduardo, confidente del instituto armado, para que, a través de su esposa, el envío llegase a su destinatario sin despertar sospechas de que hubiese sido manipulado. Los folios contenían un plan de fuga que Balerdi quería hacer llegar a la cúpula de la organización terrorista.

A principios de ese año, en 1992, y acercándose cada vez más la celebración de los Juegos Olímpicos y de la Expo de Sevilla, ETA se había propuesto lanzar una ofensiva total y definitiva contra el Gobierno para obligarle a sentarse a negociar sabiendo que el tiempo se le acababa; la misma que Herri Batasuna articulaba en el escenario político. En las primeras semanas de enero mataron a cinco personas, con el omnipresente etarra Joseba Urrusolo Sistiaga como principal ejecutor. Después fueron asesinados cinco militares y un funcionario al estallar un coche bomba en Madrid. También el guardia civil José San Martín, cuando los terroristas Juan Carlos Iglesias, Gadafi, y Javier Martínez le dispararon dos veces por la espalda en Algorta (Vizcaya) al grito de «¡Gora ETA!». Fernando, hijo de la víctima, describe el ambiente en el que vivía su familia:

Esa triste mañana del 25 de febrero, el teléfono de casa de mis padres no dejaba de comunicar. Puse la radio y oí que había habido un atentado terrorista en Algorta, y unos minutos después, cuando empezó el telediario, oí que acababan de asesinar a mi padre. Todo el que haya vivido en el País Vasco por entonces tendrá presente para siempre cómo era la vida para los guardias civiles y sus familias. La infancia, que debería ser una de las etapas más bonitas de nuestras vidas, allí era dificilísima. Por hacer un símil, estábamos como los judíos en la Alemania nazi, donde el yugo nacionalista en connivencia con los terroristas tenía sometida a una sociedad que perdió su libertad, en favor de la cobardía y el miedo que desgraciadamente impusieron los terroristas. Con estos parámetros no es muy difícil imaginarse cómo transcurrió mi infancia. Siempre teniendo que ingeniármelas para no poner en peligro la vida de mi padre. Qué triste, ¿verdad? Y qué les voy a contar del «Algo habrá hecho», frase lapidaria y cruel de muchísimos cobardes. Pero no fueron los únicos. Desgraciadamente cuando sufres un atentado te das cuenta de por qué clase de gente estás rodeado. Veías cómo quien en su día te saludaba alegremente se hacía el despistado o no quería saber nada de ti por miedo a que le relacionaran contigo. Esa era la doble victimización que debíamos aguantar.

El mismo mes en el que fue asesinado el guardia José San Martín, los terroristas colocaron dos coches bomba, uno en Santander y otro frente a la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia; en este último murió un policía. La dirección de ETA presionaba a sus comandos para que siguieran atentando, aunque ello supusiera exponerlos a un mayor riesgo, ante la presión policial. Y el instituto armado seguía siendo uno de sus objetivos prioritarios: el 18 de marzo, en Lliçà d’Amunt (Barcelona), el mismo escenario en el que la Benemérita había acabado con el comando que había llevado a cabo el atentado contra la casa cuartel de Vic, los terroristas del grupo Ekaitz hicieron estallar otro artefacto oculto en un vehículo. El guardia Enrique Martínez, integrado en el equipo GEDEX, murió en la deflagración. Fue un atentado encaminado a vengar la muerte de los autores de la masacre de Vic: mismo lugar y mismos actores, los guardias civiles.

Pero la temeridad con la que operaban los miembros de ETA dejaba un rastro de pistas que aprovechaban los cuerpos policiales para asestar golpes a la banda. En enero, la Guardia Civil había detenido a los miembros del comando Lakio-Leizarán —después de que los etarras María Isabel Beláustegui y Mario Artola tratasen de escapar, abriéndose paso a disparos, de una vivienda de Hernani (Guipúzcoa)— y a los del Vizcaya. En el segundo operativo fueron detenidos los liberados Juan Ramón Rojo y Kepa Urra, así como una treintena de personas que les proporcionaban apoyo o que también cometían atentados en su nombre. Además fueron incautados 120 kilos de explosivos y numerosas armas. Entre el material encontrado figuraban recortes del asesinato en 1991 del niño Fabio Moreno, hijo de dos años de un guardia civil, y una carta escrita por la dirección de ETA: «La vida de nuestros luchadores vale cien veces más que la de un hijo de un txakurra; no debemos modificar nuestros procedimientos porque el enemigo utilice cobardemente a sus hijos para protegerse». Pero estos atentados comenzaban a despertar la conciencia colectiva del País Vasco contra el terror impuesto por la banda. El 2 de febrero, cien mil personas se manifestaron en Bilbao convocadas por la Coordinadora Gesto por la Paz bajo el lema «Ya es hora de vivir en paz». Asistieron representantes de todos los partidos políticos, salvo los de Herri Batasuna. Los abertzales optaron por manifestarse una semana más tarde en la misma ciudad, bajo los gritos a favor de ETA y la amnistía, reunidos con otro eslogan: «La paz es posible». Estos gestos, unidos a las operaciones policiales contra la banda en la que se descubría a algunos miembros de HB implicados en los movimientos de los terroristas, propiciaron que se alzasen las primeras voces que pedían la ilegalización del partido.

Pero los permanentes rumores sobre una posible negociación entre ETA y el Gobierno daban aire al entorno abertzale, convencido de la posibilidad de conseguir compensaciones políticas a cambio del cese de la violencia sembrada por los comandos terroristas. Los esfuerzos de la Guardia Civil, no obstante, pretendían que la dirección etarra se quedase sin argumentos para tratar de forzar un diálogo con la Moncloa; un trabajo que se traducía en nuevas desarticulaciones, como la del comando Mugarri el 19 de marzo de 1992. Los agentes de Información llevaban un par semanas buscando a este grupo después de la localización en San Sebastián de una placa falsa de Policía con la foto de uno de los miembros de la banda, Luis Ángel Galarza. Los investigadores habían activado un dispositivo que dio con la localización de los tres terroristas que constituían el comando. Galarza e Iñaki Rekarte —que a sus 21 años ya era un asesino múltiple— fueron sorprendidos y detenidos en una sala de juegos del barrio bilbaíno de Deusto mientras jugaban al ping-pong. Los etarras, que habían ido hasta este lugar para encontrarse con la exnovia de Galarza —los largos y pacientes seguimientos a esta llevaron a los guardias civiles hasta los terroristas—, portaban armas en el momento de su detención. La tercera integrante del Mugarri, Dolores López Resina, se escapó de un piso en Santander minutos antes de la llegada de la Guardia Civil: su comida todavía estaba caliente en el plato. En el operativo fueron detenidas otras siete personas por ofrecerles apoyo, entre ellas un sacerdote. El grupo era el primero y único asentado en Cantabria, donde no se registró ningún atentado en los siguientes cinco años. La desarticulación permitió esclarecer tres asesinatos en Santander y otro en Guipúzcoa.

Pero el golpe que puso por primera vez en sus más de treinta años de historia contra las cuerdas a ETA, el que los miembros del Servicio de Información de la Guardia Civil no imaginaban en sus momentos de mayor optimismo, estaba a punto de llegar. Todo a partir de los tres folios que los agentes habían encontrado ocultos en el asa de la bolsa de Juan Carlos Balerdi. De acuerdo con el contenido de su escrito, el terrorista había planeado una fuga con otros presos. Entre las anotaciones había nombres y propuestas de citas, con fechas y lugares concretos. La magnitud del plan sugería que a ellas asistiría algún miembro destacado de la banda. Por aquí empezaría la Guardia Civil su investigación.

El primer encuentro tuvo lugar en la localidad francesa de Guéthary. A ella acudió en bicicleta Francisco José Rollán, un vecino de Rentería de 27 años, pero nadie más. Una semana más tarde, Rollán regresó al mismo lugar, esta vez con el cuello cubierto por un pañuelo negro: esa era la señal descrita en la carta para ser reconocido por su interlocutor. La Guardia Civil seguía ya sus pasos con discreción cuando en el escenario aparecieron dos individuos a bordo de un Renault 19 blanco. Uno de ellos era José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, máximo responsable del aparato político de ETA. Durante tres horas hablaron del plan de fuga, que requería el despliegue de un helicóptero. También intercambiaron algunas fotografías para la confección de documentación falsa. Rollán organizó la constitución de un comando junto con su hermano y un amigo, Anselmo Olano, cuyo único objetivo era acometer el plan de fuga de la cárcel Ocaña-1. Días más tarde, Txelis le entregó a Rollán un millón de pesetas para la compra de material y gastos de viaje. El conductor fue posteriormente identificado como Philippe Lassalle-Astis; el seguimiento de sus pasos sería definitivo para articular el golpe más importante recibido por ETA en toda su historia.

La Guardia Civil tenía controlados a Txelis y su entorno, pero dejaba actuar al jefe de la banda para conocer sus movimientos y tratar de dar con otros dirigentes etarras. Se podía llegar por primera vez a toda la cúpula de ETA, y había que intentarlo. Del mismo modo se seguía a Rollán y a los demás miembros del comando Askatu las veinticuatro horas del día. Cuando llegaron a Madrid, los equipos operativos cogieron su control: constantemente los individuos que formaban el comando parecían estar realizando marchas y contramarchas; de forma aleatoria y en una de esas contramarchas tomaron un tren de cercanías. Es fácil imaginar lo que implicaba ir por las calles de Madrid a la misma velocidad que un tren de cercanías al que nada detenía; el caos y la velocidad eran tremendos y muchas veces el peligro estaba demasiado cerca. En una de esas contramarchas, el equipo encargado del seguimiento perdió el control de sus objetivos. La desilusión de los agentes fue absoluta. La agente Manoli cuenta cómo lograron volver a encontrar a los terroristas en una ciudad como Madrid:

En ese momento me acordé de una frase no sé si de alguna película o comentario de mi juventud: «Todos los catetos, cuando visitan Madrid, van a la plaza Mayor». En mi fe absoluta de que iba a encontrarlos, se lo dije a mi jefe de equipo, Berni, quien me miró, sonrió y me contestó: «Bueno, como hay que cenar, nos vamos a los bares de la plaza Mayor». Allí llegamos, buscamos un bar, pedimos unos bocadillos y yo me fui afuera. De repente el corazón se me salió por la boca, no supe los segundos y estallé de alegría como al que le toca el mayor premio de su vida. En ese momento, los tres miembros del comando Askatu estaban entrando en la plaza Mayor, en una fría noche de invierno. Volvimos a retomar el control de los objetivos.

Tras este episodio, Txelis se reunió de nuevo con Rollán en Francia para entregarle dos pistolas, cuatro cargadores y dos cajas de munición. El líder del comando Askatu activó el plan de fuga de la cárcel Ocaña-1. A bordo de una furgoneta alquilada y acompañado de su hermano, el 27 de febrero viajó a Bilbao para gestionar la obtención del helicóptero que debía sacar a los terroristas de la cárcel. En un momento dado se dieron cuenta de que los seguían y optaron por cancelar sus planes y regresar a Rentería (Guipúzcoa). Txelis y Rollán valoraron la situación en otra cita que tuvo lugar en una playa francesa. Los agentes del Servicio de Información de Intxaurrondo, al tanto del encuentro, instalaron un equipo de transmisión en un punto concreto del paraje para intentar grabar su conversación. Cuatro esposas de miembros del cuerpo, junto con sus hijos, se situaron en espacios estratégicos para obligar al dirigente etarra y al otro militante de ETA a caminar hasta el punto en el que se había colocado el micrófono de circunstancias. La operación fue un éxito, si bien al desmontar el despliegue los agentes olvidaron uno de los dispositivos. El hijo de un gendarme lo localizó en la arena y el teniente coronel Galindo, que había ideado el plan, tuvo que pedir disculpas y dar explicaciones al subprefecto francés: la Guardia Civil no podía actuar en territorio francés así como lo había hecho, «por libre».

Txelis ya se había convertido en una obsesión para los agentes, que conocían sus gestos al milímetro. Se sabía que el jefe de ETA frecuentaba un piso en Bayona que utilizaba como oficina y un caserío llamado Txantxagorria, en el pueblo francés de Arcangues. También se conocía que a veces pernoctaba en el hotel Pyrénées, cerca de Bayona: dos agentes del cuerpo, un hombre y una mujer, se alojaban con cierta periodicidad en el mismo lugar haciéndose pasar por un matrimonio. La sargento Pepo recuerda cómo una vez estuvieron a punto de ser descubiertos:

Casi siempre llevábamos la comida desde España; los bocadillos franceses son incomibles y caros. En un receso y fuera de zona, el cabo Txantxi se sienta en un banco para comer el reglamentario bocadillo de tortilla de patatas que le había preparado su mujer. A nadie se le habría ocurrido antes: fuimos reconocidos como españoles por el bocadillo de tortilla. Los franceses que pasaban lo miraban con fruición. Algunos hasta se paraban a nuestro lado y llegaron a preguntarnos dónde habíamos comprado el bocadillo. ¡Estos gabachos! Menudo aprieto, ninguno de los dos sabíamos francés, a lo sumo el que se aprende en el bachillerato. Simulamos ser una pareja de sordomudos para no tener que entablar ningún tipo de conversación.

Era cuestión de tiempo que Txelis se reuniese con Francisco Múgica, Pakito, o Joseba Arregui, Fiti. Entre los tres constituían el colectivo Artapalo. O lo que es lo mismo, la cúpula de ETA. La Guardia Civil proporcionó a la policía francesa las coordenadas del caserío Txantxagorria, donde creían que se celebraría el encuentro. La policía francesa, a los pocos días, remitió al instituto armado varias fotos aéreas de la edificación. Todo estaba dispuesto para el operativo contra la dirección de la organización armada. El 29 de marzo de 1992, Philippe Lasalle, Tintín, salió de su domicilio con un Peugeot 309, estacionó su vehículo en la carretera que une Hendaya con Bayona, a la altura del término municipal de Anglet, y se encontró con otros dos coches. Uno de los pasajeros se subió al coche de Lasalle. El guardia civil que estaba haciendo el seguimiento sospechó que se podía tratar de Pakito, uno de los tres jefes de ETA:

Philippe Lasalle inmovilizó el coche y accedió a su interior una persona de ojos azules y pelo liso. Mi corazón me decía que aquel individuo era alguien muy importante, tenía una mirada impactante. Lo primero que se me vino a la mente es que podría tratarse de Pakito. Cuando se lo comenté a mi sargento no se lo podía creer, me pedía que le diera un tanto por ciento y le dije que un 66 % fijo. Este se lo comunicó al teniente y así sucesivamente hasta que llegó al teniente coronel Galindo.

La comitiva compuesta por los tres coches —con el supuesto Pakito a bordo— emprendió el camino hacia un caserío conocido con el nombre de Xilocan, propiedad del ciudadano francés Mathieu Tuya. Txelis había pasado ahí la noche anteriormente. El hombre de ojos azules y pelo liso y otro individuo entraron en la vivienda. Los tres vehículos abandonaron el lugar en dirección a Bayona. Eran las dos de la tarde. La Guardia Civil tenía serias sospechas de que aquella podía ser la reunión que tanto tiempo llevaba esperando. Los miembros del cuerpo y los agentes de la Policía francesa —a través de su sección de intervención especial, RAID— cercaban el caserío Xilocan. A las 18.30 de la tarde, tras estudiar todas las posibilidades del plan, se dio la orden de intervención.

En un primer momento se pidió con un megáfono a los ocupantes del caserío que salieran por su propio pie. Ante la falta de respuesta, los agentes del RAID, con respaldo de la Guardia Civil, asaltaron la vivienda. «¡Police, police…!», gritó el hombre con pelo canoso y bigote con el que se encontraron. Llevaba una placa falsa de la Policía francesa, pero resultó ser Joseba Arregui, Fiti, uno de los tres dirigentes de ETA y responsable del aparato logístico de la banda. Fue reducido y detenido. Los agentes galos registraron el caserío, sin hallar a nadie más en su interior. Los miembros de la Guardia Civil, testigos de la operación, les instaron a que se efectuara una segunda inspección. Esta vez, los efectivos del RAID, acompañados de dos capitanes del Instituto armado, descubrieron a dos hombres en la planta superior del caserío: estaban arrojando documentos rasgados al inodoro. Los policías franceses inmovilizaron a los individuos y uno de los guardias civiles rescató del retrete los trozos de papel: «Esto puede servir para salvar vidas», comentaría más tarde. Estos dos hombres no eran otros que Txelis y Pakito, los otros dos jefes de ETA. En las horas posteriores fueron detenidos los que hacían las funciones de chóferes de los tres dirigentes etarras.

La desarticulación supuso el ocaso definitivo de la época en la que ETA contaba con sólidas infraestructuras; habría un antes y un después de Bidart. La banda terrorista ya no era intocable y sus militantes estaban acorralados por la presión policial llevada a cabo desde hacía mucho tiempo en España y ahora también en Francia. El éxito la operación abrió las puertas de las fronteras para la Guardia Civil, que comenzó a operar en el país vecino como lo hacía en el propio. La documentación incautada sirvió a los cuerpos policiales para comprender la estructura interna de ETA, desde su sistema financiero hasta la organización de sus comandos, pasando por los planes destinados a organizaciones afines, como Jarrai. La información valió, asimismo, para detener a muchos integrantes de la organización, entre ellos Iñaki Bilbao y Gil Cervera, quienes se postulaban para dirigir la banda tras la caída de Fiti, Txelis y Pakito. Cada vez eran más evidentes los signos de cansancio y la lucha armada era más cuestionada desde ciertos sectores de ETA, especialmente en su colectivo de presos. La detención de la cúpula fue un golpe moral tremendo para todos los miembros de ETA; ninguno se lo esperaba. Caía un mito. ETA se precipitaba en la etapa de mayor debilidad de su historia.

La banda terrorista había fracasado estrepitosamente en su intento de poner al Estado de rodillas y obligarle a sentarse en la mesa en un año tan significativo como 1992. Por otra parte, la balanza comenzaba a equilibrarse a favor de los cuerpos policiales, que a partir de entonces llevaron la iniciativa en la lucha antiterrorista. ETA abrió una investigación interna que se prolongó durante ocho meses con el fin de determinar las causas del golpe sufrido. Las hipótesis que barajaron, sin llegar a determinar si alguna de ellas era la correcta, eran básicamente dos: que se hubiera intervenido alguna comunicación en la prisión, o que los agentes siguieran a los integrantes del grupo Askatu en alguna de sus reuniones en Francia y que, a través de ellos, se llegara a la cúpula.

La verdad sobre el operativo no se conocería hasta dos décadas después. El verdadero nombre de Eduardo, el confidente de la Guardia Civil que había llevado a los agentes la bolsa en cuya asa estaban los folios plegados, era Luis Casares Pardo. Este hombre era uno de los informadores más destacados con los que contaba el teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo. Se trataba del mismo que había advertido en 1989 al instituto armado que en su casa se alojaban los integrantes del comando Éibar. Lo había hecho cansado de que los terroristas, según creyó saber, abusasen de su confianza y de la de sus familiares. Desde entonces había mantenido en secreto sus relaciones con la Benemérita. Murió en 1995 en Bayona, víctima de un cáncer. Gestoras Pro Amnistía financió y organizó su funeral, en el que se recibió una corona de flores con la leyenda «Tus amigos no te olvidan», enviada por los guardias civiles de Intxaurrondo. Su nombre forma parte del bosque de los gudaris, escenario en el collado de Aritxulegi en el que la izquierda abertzale ha brindado homenaje a los miembros de ETA —y estrechos colaboradores de la banda— muertos por diversas circunstancias.

El golpe de Bidart redujo muy sustancialmente la capacidad operativa de la banda terrorista. En los tres primeros meses de 1992 asesinó a 19 personas; tras la caída de la cúpula y hasta fin de año hubo siete víctimas mortales. Además, la información incautada sirvió a los cuerpos policiales para infligir nuevos golpes contra ETA y su entorno. La Guardia Civil encontraba documentación que le servía para conocer hasta qué punto la banda terrorista contaba con el apoyo o la connivencia de ciertos sectores sociales. El 12 de mayo, en el registro del despacho y del domicilio del secretario general del sindicato LAB en San Sebastián, Rafael Díez Usabiaga, los agentes del instituto armado encontraron un documento redactado por HB, dirigido a ETA, en el que narraban las conclusiones a las que habían llegado tras un encuentro con dos dirigentes de PNV: JA y GA, iniciales de Javier (Xabier) Arzalluz y Gorka Aguirre.

Es falso que estemos impulsando a la Ertzaintza contra ETA. De hecho es más bien lo contrario, que la estamos frenando. Posiblemente la Ertzaintza tenga datos sobre más de un comando (alguno en Gipuzkoa) y no ha procedido. Lo que ocurre es que a veces no le queda más remedio. No creemos que sea bueno que ETA sea derrotada, no lo queremos y no sería bueno para Euskal Herria... Nosotros no hemos pedido esta entrevista, pero eso no quiere decir que no nos parezca totalmente necesario abrir el diálogo PNV-ETA. No conozco ningún pueblo que haya alcanzado su liberación sin que unos arreen y otros discutan. Unos sacuden el árbol, pero sin romperlo, para que caigan las nueces, y otros las recogen para repartirlas.

Las operaciones contra ETA se sucedían, incluso en aquellos escenarios en los que los terroristas se movían hasta entonces con impunidad. El 15 de mayo, la Policía española y la uruguaya detuvieron a 28 personas en Montevideo: era la primera vez que se atacaba a la banda terrorista en Sudamérica. Un mes más tarde, ETA recibió otro golpe, esta vez en Navarra. La desarticulación del reconstituido comando Nafarroa y de toda su infraestructura dejaba a la banda terrorista sin un grupo de liberados en la Comunidad Foral. Además, este era el primer comando que se había asentado en este territorio tras el enfrentamiento de la Foz de Lumbier, en 1990. La operación, efectuada por la Guardia Civil, se produjo cuando los terroristas aún trataban de conseguir la infraestructura necesaria para sostener la actividad del comando.

Los agentes activaron el dispositivo en la madrugada del 16 de junio de 1992, el mismo día en el que los etarras tenían previsto atentar contra varios miembros de las fuerzas de seguridad. Los guardias habían recibido la información de que los terroristas se alojaban en el primer piso, puerta derecha, del número 16 de la calle San Blas, en el municipio de Burlada. Tras asaltar la vivienda y comprobar que en su interior no había ningún sospechoso, los agentes registraron la casa que se encontraba al otro lado del rellano. En una de las habitaciones se encontraron con la ventana abierta y con diverso armamento en un armario. En el patio interior del edificio tropezaron con un individuo que trataba de escapar y al que redujeron, pero también hallaron evidencias de que otras dos personas habían logrado huir. En las horas posteriores, la Guardia Civil localizó en el barrio pamplonés de Ermitagaña dos coches relacionados con los terroristas. Los agentes controlaron los vehículos durante los dos días posteriores, sin que nadie se aproximara a ellos. Finalmente se peinó la zona y se decidió que dieciocho equipos del instituto armado registraran de forma simultánea otros tantos bloques de viviendas. En el dispositivo participaron además miembros del Grupo Rural de Seguridad, que componían un segundo círculo para evitar cualquier intento de fuga, un helicóptero de la Benemérita y agentes de la Policía Municipal. Los terroristas, identificados con los nombres de Santiago Díez y Javier Goldaraz, fueron localizados y arrestados en el cuarto de máquinas de los ascensores instalado en la azotea de uno de los edificios. Uno de los agentes que dio con los terroristas y que bajó con ellos por las escaleras recuerda cómo los detenidos trataron de escapar:

En el momento en que inician la bajada desde el ático y al traspasar el estrecho quicio de la puerta, el detenido (Santiago Díez) intentó apoderarse con un movimiento brusco del arma de uno de los agentes que lo trasladaba sujeto por un brazo, reaccionando inmediatamente dichos agentes, lo que provocó una caída. Rodaron juntos por las escaleras en un constante forcejeo, el cual finalizó en el rellano de la planta séptima, logrando finalmente reducir al terrorista. Mientras tanto, los agentes que controlaban a Javier Goldaraz lo requirieron para marcar dónde estaba el habitáculo del que habían salido. En el momento de franquear la puerta de entrada al cuarto de ascensores, el detenido empujó a uno de los agentes para intentar zafarse del control de los mismos. Ante el temor de que pudiera apoderarse de algún arma y hacer uso de la misma contra los agentes, estos se lanzaron sobre él, registrándose un intenso y contundente forcejeo en el interior del habitáculo. En la zona a la que quería llegar el terrorista fue localizada una pistola marca Browning.

A ETA, menoscabada una y otra vez en su capacidad operativa, no le quedó más remedio que anunciar el 11 de julio una tregua de dos meses, buscando así el protagonismo que no había conseguido con las bombas, y algo de tiempo y oxígeno para encajar la operación de Bidart. El alto el fuego se sostenía en dos argumentos: por un lado, el acercamiento mantenido entre PNV y HB; por otro, su debilidad operativa y el debate interno sobre la necesidad de la lucha armada. De acuerdo con un documento interno redactado por Eugenio Etxebeste, Antxon, las detenciones «revisten el componente de una toma de posición política del Estado francés y de una decisión firme para poner punto final al tema». La banda terrorista abrió durante este periodo de debate su llamada «fase de resistencia», dedicada específicamente a sobrevivir y reorganizarse. La violencia, no obstante, no se extinguió: los cachorros de ETA tomaron el testigo y perpetraron numerosos atentados bajo la bandera de la denominada kale borroka, o lucha callejera, basada principalmente en la realización de acciones vandálicas.

Esta tregua coincidió con la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, que meses atrás constituía uno de los objetivos principales contra los que la organización se había propuesto atentar. Con todo, ETA no cumplió sus propios plazos y el 17 de agosto, tan solo ocho días después de la clausura de los Juegos, asesinó en Oyarzun (Guipúzcoa) a los guardias civiles José Manuel Fernández y Juan Manuel Martínez, tiroteados en el aparcamiento de un centro comercial. En septiembre, los comandos terroristas asesinaron a tres personas y en noviembre, mediante coche bomba, al subteniente músico de la Guardia Civil Miguel Miranda, en un atentado perpetrado en Madrid.

Cada uno de estos atentados exigía un esfuerzo enorme a una ETA diezmada tras las últimas desarticulaciones. Desde la caída de Bidart hasta mayo de 1993, las víctimas de la banda alcanzaron mínimos históricos. Las fuerzas de seguridad no tenían demasiado claro quién mandaba en la organización durante este periodo de tiempo. Además, una nueva intervención permitiría arrebatar a los terroristas parte de su arsenal. Tras la detención en el sur de Francia de Pedro María Gorospe, Txato, y gracias a la información por él facilitada, se descubrió en Bidart una fábrica de armas que llevaba funcionando desde 1986, instalada en una casa subterránea de doscientos metros cuadrados. Según las estimaciones de Txato, en este espacio se fabricaron unos quinientos subfusiles Uzi; una parte de ellos se vendía en el mercado negro, proporcionando a la banda una vía de financiación que hasta entonces desconocían los cuerpos policiales.

Poco después, en junio de 1993, ETA sufrió un nuevo golpe a su infraestructura, esta vez en el cementerio de Basauri (Vizcaya). Un exrecluso de la banda que trabajaba en el camposanto ocultaba en cajas de cartón de leche francesa veinte kilos de amerital —era la primera vez que los terroristas recurrían a este tipo de material explosivo— y otros 90 kilos de amonal, todos ellos destinados al aprovisionamiento de un nuevo comando Vizcaya. El hallazgo llegó gracias al despliegue de la Operación Carro, que, si bien no culminó con la detención de todos los miembros de ETA a los que se tenía controlados, sirvió para estrechar los lazos entre la Guardia Civil y el servicio policial francés de Renseignements Généraux. Duró casi dos años y permitió conocer al detalle los mecanismos y personas implicados en los pasos de frontera de comandos y de material explosivo, aprovechando toda esa información en investigaciones posteriores. Estos episodios llevaron a ETA a emitir el 4 de abril de 1993 en el diario Gara un comunicado en el que calificaba de asfixiante la presencia de la Guardia Civil:

Para nuestro pueblo, tantos y tantos recuerdos dolorosos nos traen la Guardia Civil y las otras fuerzas policiales, que mientras no se vayan de Euskal Herria será imposible el gozar de la paz. En esta larga década, el descubrimiento del PSOE ha sido la Guardia Civil, si como hasta ahora siguen ligados a su descubrimiento, ya es hora que se den cuenta de que no hacen más que alargar el conflicto.

La fragilidad en la que estaba sumida llevó a ETA y a su entorno a un periodo de reflexión en el que analizaron las medidas que podían llevar a cabo para obligar al Gobierno a una salida política a la situación del País Vasco, a la vista del fracaso de sus planes para el año 1992. Tal y como había hecho en años anteriores, la izquierda abertzale optó por una «acumulación de fuerzas» que posibilitase la negociación. Para esa estrategia negociadora utilizó varios frentes: las estructuras propias de HB en la lucha institucional, las estructuras dirigentes del Bloque KAS, y la infiltración en los movimientos sociales y populares. El uso de la violencia no era exclusivo de ETA; dos tipos de grupos se integraban dentro del complejo. Los primeros actuaban en masa ante determinadas fechas o acontecimientos y sostenían algaradas callejeras durante las manifestaciones. Los segundos tenían estructuras de comandos y acataban las órdenes de alguien superior en la jerarquía; eran la kale borroka, el terrorismo callejero o de baja intensidad. Estos grupos, que constituían la cantera de ETA, ocupaban los huecos que los terroristas no podían cubrir dada su debilidad.

Durante el primer semestre de 1993, ETA cometió cuatro asesinatos, una cifra muy inferior a las que se venían registrando desde años atrás. Por entonces la banda solo contaba con dos comandos, el Donosti y el Madrid. Las víctimas fueron un empresario, un funcionario de prisiones, un supuesto traficante de drogas y el guardia civil Emilio Castillo, muerto el 18 de marzo:

Ese día, el guardia Emilio Castillo, al finalizar su servicio, cogió su coche y se ofreció a llevar a algún compañero al cuartel de Intxaurrondo, donde tenía fijada su residencia. Uno de ellos, Victoriano Álvarez, accedió y se montó con él. Ambos emprendieron la marcha sobre las 14.00 horas. Cuando se encontraban parados ante el semáforo en rojo que regulaba el tráfico de la confluencia de la avenida de Ategorrieta con el boulevard de Intxaurrondo de San Sebastián (Guipúzcoa), se aproximaron dos individuos armados con pistolas, efectuando uno de ellos seis disparos contra los ocupantes del turismo, resultando muerto el guardia Castillo y herido el otro agente. La víctima era de Ciudad Real, estaba casado y era padre de una niña de dos años. Victoriano estuvo en recuperación 1.081 días y quedó incapacitado para el servicio de forma permanente.

En junio de 1993 se celebraron elecciones generales, en las que el PSOE se impuso por mayoría simple ante el PP. Los últimos golpes policiales habían dejado a la banda en situación muy precaria y los rumores sobre una posible negociación se habían intensificado en las últimas semanas. Ignacio Miguel Gracia Arregui, Iñaki de Rentería; José Luis Mitxelena Berasarte, Orlegi; Félix Alberto López de la Calle Gauna, Mobutu, y Mikel Albisu, Mikel Antza, que ocuparon la dirección de ETA tras la desarticulación de Bidart, quisieron zanjar todas las especulaciones promoviendo un golpe espectacular. El 21 de junio, los terroristas hicieron estallar en Madrid un Opel Corsa cargado con 40 kilos de amonal al paso de una furgoneta del Ejército. Seis militares y un civil perdieron la vida en el atentado. Apenas dos semanas más tarde, el 5 de julio, secuestraron al empresario Julio Iglesias Zamora, lo que levantó un rechazo social como nunca antes se había producido. El Ayuntamiento de San Sebastián distribuyó 25.000 lazos azules para pedir la liberación del empresario. La Guardia Civil rastreó el monte Adarra, ubicado entre las localidades guipuzcoanas de Hernani y Andoain, y el límite fronterizo de Navarra. Pese a los medios empleados, no se consiguió localizar el lugar en el que se tenía secuestrado a Iglesias, aunque sí dos zulos para el depósito de armas y una «cárcel del pueblo» (espacio destinado a los cautiverios con fines económicos). Finalmente, el 29 de octubre, tras el supuesto pago de quinientos millones de pesetas, ETA liberó a Iglesias en las proximidades de Éibar, a unos cincuenta kilómetros del monte Adarra. Los secuestros constituían para ETA una de sus principales fuentes de financiación, pero no la única. El llamado «impuesto revolucionario» le servía para extorsionar a empresarios y obtener su dinero mediante amenazas. Esta estructura quedó debilitada en agosto tras una operación desarrollada entre la Policía Autónoma Vasca y la francesa, con la detención de Carlos Almorza, Pedrito de Andoain, y la de José Dorronsoro Malaxecheverría, uno de los dirigentes de la recién reconstituida cúpula de ETA.

El siguiente atentado mortal perpetrado por la organización armada tendría como objetivo a un guardia civil retirado, el subteniente Juvenal Villafañe, de 78 años, al ir a coger su coche estacionado en una calle de Andoain (Guipúzcoa). La deflagración de la bomba lapa le causó heridas a las que no pudo sobrevivir. Su hija, Blanca, relata lo que supuso este atentado para ella y su familia:

ETA ha marcado mi vida, la ha condicionado, la ha transformado, la ha retorcido, siento que mi sangre y la de mi familia, nuestros sentimientos, nuestros sueños, nuestro día a día, nuestras risas, nuestras lágrimas… ETA siempre ha estado presente. Me siento cordero y el silencio es lo que más duele. Vivir con la espada de Damocles de una posibilidad, que en el fondo condiciona todo… ¡Qué fatalismo, maldito determinismo! ¿Por qué a mí?

En octubre, los terroristas optaron por tirar de pistola para acabar con la vida de su siguiente víctima, un general de Sanidad del Ejército del Aire, Dionisio Herrero Albiñana, al que acribillaron a balazos en Madrid. Su conductor, Alberto Pasamontes, un soldado de 23 años, resultó malherido. Por primera vez, los asesinos actuaron en la capital con la cabeza encapuchada. Semanas más tarde fue asesinado en Bilbao el sargento de la Policía Autónoma Vasca Joseba Goicoechea, quien había creado la primera unidad antiterrorista de este cuerpo, aunque se encontraba inhabilitado por escuchas ilegales al ex lehendakari Carlos Garaikoetxea; el agente era además militante del PNV. Los nacionalistas responsabilizaron del atentado a la Koordinadora Abertzale Socialista (KAS), a Herri Batasuna y al diario Egin. Desde sectores abertzales, por su parte, se le recriminó al PNV su supuesta subordinación al Estado. Monseñor Setién, en el funeral de la víctima, consideró que este ataque había sido un «atentado contra el pueblo vasco». Los nacionalistas cargaron contra el asesinato de Joseba Goicoechea del mismo modo que contra las muertes, en el mismo día, de dos detenidos por su supuesta colaboración con ETA: Miren Gurutze Yanci, que falleció de un infarto en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Tres Cantos en Madrid, donde estaba custodiada; y Javier Galparsoro Golmayo, que tras debatirse entre la vida y la muerte como consecuencia de las lesiones que sufrió en la cabeza, al tratar de huir de la Jefatura de Policía de Bilbao saltando por la ventana de un segundo piso, finalmente terminaría falleciendo en el Hospital de Basurto. Aquellas muertes incrementaron el clima de tensión y violencia que se vivía en el País Vasco. El lehendakari José Antonio Ardanza calificaba los hechos de «gravísimos» y pedía su «inmediato esclarecimiento». Por otro lado, el presidente del PNV, Xabier Arzalluz, comentaba que «resultaba muy sospechoso que ambos hechos se hubieran producido el mismo día».

De forma paralela, y en un ambiente que seguía siendo todavía de desmoralización y pesimismo, en el seno de la banda se debatía sobre el futuro del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV). En el mes de noviembre se publicaba en los medios de comunicación una carta atribuida al destacado dirigente de la banda terrorista José Luis Álvarez, Txelis, detenido en la desarticulación de Bidart, en la que afirmaba la falta de sentido de la lucha armada y la necesidad de entrar en vías políticas para la solución del problema vasco. Otros antiguos dirigentes e ideólogos de la banda, como Arrieta Zubimendi, Azkoiti; Eugenio Etxebeste, Antxon, y José Luis Urrusolo, Joseba, ya habían llegado a conclusiones similares. ETA acababa este 1993 con los índices más bajos de actividad de los últimos 20 años; la presión policial y sobre todo el golpe de Bidart eran la causa directa de aquella sensible rebaja en su capacidad de acción. Esas debilidades, con todo, eran suplidas por la impetuosa estrategia de radicalización puesta en marcha por las organizaciones del entorno, que se tradujo en agitación popular, intimidación social, ataques al nacionalismo llamado moderado y todo tipo de agresiones contra cargos electos no nacionalistas. Por su parte, la Guardia Civil llevaba claramente la iniciativa de la lucha contra ETA, una banda terrorista muy golpeada y desorientada que sintió por primera vez en su historia que podía ser derrotada; que el Estado, con la Benemérita como decidida punta de lanza, podía ganarle la partida que ya duraba casi 35 años.

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SECUESTROS PARA DESESTABILIZAR

A comienzos de 1994, ETA comienza a reorganizarse de manera cautelosa tras el golpe de Bidart. Aumentará la seguridad de sus comandos en detrimento de la eficacia: menos atentados pero más seguros para sus autores. Estaba obligada a ello aunque era un proceso novedoso para los terroristas, nunca antes toda su cúpula había sido desarticulada. José Javier Arizcuren, alias Kantauri; María Soledad Iparraguirre, Anboto; Julián Atxurra, Pototo; Félix Alberto López de la Calle, Mobutu; Ignacio Gracia, Iñaki de Rentería; José Luis Mitxelena, Orlegi; y Mikel Albisu, Mikel Antza, constituían el núcleo más experimentado de una banda en la que comenzaban a oírse las primeras voces críticas. «Si hay que reconocer que la lucha armada es perjudicial para nuestros objetivos, pues se reconoce y punto», escribió en una carta José Antonio López Ruiz, Kubati, el autor del asesinato de la exetarra Yoyes.

Pero también había otras voces, principalmente desde el frente de prisiones, que pedían más asesinatos. Y si eran en Madrid e importantes por el número de víctimas, mejor. Todo dependía de qué línea creyera el preso de turno que le podría facilitar antes la libertad. Pero la nueva cúpula de ETA había adoptado una estrategia más precavida, con movimientos controlados y asesinatos selectivos, como el que perpetraron el 7 de febrero en Barcelona contra un coronel del Ejército, Leopoldo García Campos, al que mataron a tiros. O el del 4 de abril, cuando el guardia civil Fernando Jiménez perdió la vida en Bilbao al estallar un artefacto explosivo adosado a los bajos de su vehículo. Asimismo, el 28 de abril, los miembros del comando Vizcaya descerrajaron varios disparos a bocajarro en el Valle de Trapagarán (Vizcaya) contra el agente de la Benemérita Benigno Villalobos, quien perdió la vida en el acto, mientras que en Madrid, con coche bomba, mataron a un general del Ejército, Francisco Veguillas, director de Política de Defensa, y a otras dos personas. A menudo, estos ataques contra objetivos concretos también se cobraban la vida de civiles: el atentado con granadas contra el Gobierno militar de Barcelona provocó la muerte de un viandante y otras once personas resultaron heridas.

Entre tanto, la actividad contraterrorista de la Guardia Civil seguía dando sus frutos: en junio, el instituto armado detuvo a 24 personas, gracias a un operativo que condujo a la desarticulación del comando Kiruli, la detención de la infraestructura del comando Goiherri y del aparato de mugas. A estos golpes policiales hay que sumar el que se produjo en noviembre, cuando un comando terrorista fue descubierto en la localidad vizcaína de Larrabezúa por un sargento del Ejército al que pretendía asesinar en un semáforo. En su huida, el comando se topó con un control de la Ertzaintza. Ángel María Irazabalbeitia murió en el tiroteo con los agentes de la Policía Autónoma Vasca, y sus compañeros de comando, María Lourdes Churruca y José Luis Martín Carmona, Koldo, fueron detenidos. Prácticamente en las mismas fechas también fue arrestado en Toulon, al sur de Francia, uno de los principales dirigentes de la banda, Félix Alberto López de la Calle, Mobutu. La operación fue posible tras el seguimiento que le realizó el Servicio de Información de la Guardia Civil. Uno de los agentes que participaron en el operativo recuerda cómo dieron con su paradero:

Rojo 30 (los equipos Rojo eran grupos operativos del SIGC de Guipúzcoa) a través de la fuente denominada Eduardo tuvo conocimiento de que un individuo de Bilbao iba a mantener una cita en Francia. Los integrantes de Rojo 30 nos desplazamos ese día al lugar de la cita y observamos cómo en la misma aparece un individuo que identificamos como José Olabarrieta (responsable en Francia). Tras finalizar la misma dejamos al bilbaíno y tomamos el control del nuevo individuo al que denominamos Quesero. Tras la cita se desplaza hasta la plaza Gambetta de Burdeos, donde se reúne con otro individuo al que denominamos Ballena; este último individuo acude a la cita con su vehículo francés particular, identificándolo así. El equipo se divide: Quesero se queda en un hotel y a la mañana siguiente se abandona su control por seguridad; Ballena nos lleva hasta un domicilio de Hendaya. Después de un tiempo de vigilancia sobre este objetivo, observamos que un lunes cada quince días acude a citas en Burdeos o en París: todo parecía indicar que pertenecía al aparato de captación de ETA, sobre todo por las numerosas citas que tenía siempre con personas nuevas.

Se vigilan permanentemente los lugares frecuentados por Quesero en Burdeos. Rojo 40 le detecta en una cita con Pilar Mondragón, jefa del aparato de falsificación, nuevamente en la plaza Gambetta. Juntos entran en un hotel Ibis del centro de la ciudad. Al día siguiente viajan en tren hasta Libourne, y luego hasta París; comenzaba así el seguimiento más largo realizado por nuestro grupo, sin capacidad para hacer relevo con otros grupos. En el interior del tren viajábamos los integrantes de Rojo 30 y Rojo 40, en total diecisiete personas, además de otro componente que iba paralelamente por carretera en un Ford Orión cargado con los equipajes del resto de los operativos. En París, los terroristas se alojaron en otro hotel Ibis próximo a la torre Eiffel. Tampoco supimos exactamente a qué fueron allí. Al día siguiente retoman el viaje otra vez en tren, en esta ocasión con dirección al sur, hacia Toulon; el equipo operativo le sigue, una parte se apea en San Rafael (una estación antes) para alquilar vehículos y motos, llegar hasta Toulon antes que los objetivos, y tener recursos para continuar su seguimiento. Son acompañados discretamente hasta otro hotel.

El 16 de noviembre, justo un día antes de producirse la detención, Quesero y Pilar Mondragón se citan en una cafetería del centro de Toulon con la pareja compuesta por Purificación Gómez Gorrochategui y Jesús María Altable Echarte, acompañados de un tercer individuo que por sus características físicas guardaba gran parecido con Félix Alberto López de la Calle Gauna, Mobutu. La actitud que mantiene durante la charla lo confirma: es el jefe, Mobutu. Tras finalizar esta cita, los objetivos se separan en varios grupos, pero se vuelven a encontrar en un mismo domicilio de Toulon: mis compañeros no solo consiguieron el número del portal, sino que también detectaron el piso exacto en el que se habían introducido. Se había llegado al objetivo deseado tras cientos de kilómetros de seguimiento. Llamamos a nuestros contactos de la Policía francesa, e informamos que «siguiendo a un objetivo hemos llegado a Toulon»; lo dan por bueno y a las pocas horas montan un dispositivo sobre la vivienda. Purificación salió a comprar el pan, siendo detenida portando un arma, hecho que dio pie a la inmediata entrada y registro de la vivienda donde fueron detenidos los otros cuatro terroristas. Para esa fase de explotación de la operación fueron enviados desde San Sebastián tres agentes, uno de ellos encargado de las relaciones institucionales con Francia, Tito, que fue el que tenía que tratar con Marion, jefe de la Policía Judicial en París, y pedirle que nos dejase ver la documentación incautada, porque de esa forma podría salvarse la vida de algunos españoles. El comisario le respondió en francés: «Je m’en fout de tous les morts espagnols» («Me dan igual los muertos españoles»).

Finalmente, la Benemérita tuvo acceso algún tiempo después a la documentación intervenida a Mobutu —quien llevaba la dirección y formación de los comandos de liberados— gracias a una comisión rogatoria. Entre ese material se encontró información suficiente para desarticular al comando Nafarroa 94, con la detención de Sebastián Prieto, Aritz Arnaiz e Ignacio Cañas, además de otros trece miembros legales de ETA.

A pesar de acabar 1994 con el mínimo histórico de asesinados por ETA desde la llegada de la democracia —la cifra fue de diecisiete víctimas, que se explica porque ETA seguía aún bajo los efectos del desmantelamiento de la cúpula—, la organización terrorista tenía casi culminada su reestructuración interna y definida su nueva estrategia, que pasaba por la socialización del sufrimiento con la elección de objetivos muy concretos, representantes de cualquier nivel de los partidos políticos por ellos denominados «españolistas». Así pretendían presionar a la sociedad española en general y al Gobierno en particular. La ponencia Oldartzen de la organización planteaba a los comandos terroristas la necesidad de extender sus atentados contra la clase política y periodistas. «Si se golpea a un eslabón bajo de la cadena política, la propia cadena magnifica el golpe y llega a atemorizar a toda la cadena», rezaba un documento interno de la banda. Esta nueva línea de actuación quedó inaugurada y certificada en enero de 1995, cuando un grupo de terroristas asesinó en el bar La Cepa del casco antiguo de San Sebastián al presidente del Partido Popular de Guipúzcoa, Gregorio Ordóñez, mientras almorzaba con su secretaria personal, María San Gil. Con esta nueva estrategia, ETA busca la seguridad de sus escasos pero valiosos comandos. Realiza así pocas acciones terroristas, una media de 3 o 4 al mes, pero generalizando el terror para que alcance a todos y atemorice a la clase política; un objetivo que llega con la iniciativa de todos los frentes de los que disponen la banda terrorista y la izquierda abertzale. Pretenden silenciar a los no nacionalistas y a todos sus críticos. Durante 1994 y 1995, la izquierda abertzale, con agresividad e iniciativa, recupera su protagonismo perdido frente al Estado, siempre bajo la dirección de ETA. Mientras tanto, los terroristas callejeros potencian la kale borroka. Se reactivan todos los frentes para desafiar al Estado. El entorno de ETA ha de suplir la debilidad de la banda para seguir trasmitiendo la imagen de fortaleza y poder.

Esta colaboración entre la izquierda abertzale y ETA era ya evidente para la Guardia Civil. Lo que resultó más llamativo fue la conexión que los terroristas mantenían con ciertos grupos independentistas catalanes; relación que quedó patente con la detención de los activistas que pretendían reconstruir el comando Barcelona. Rosario Ezquerra era la encargada de llevar a cabo esta labor tras la detención, en 1994, de Felipe San Epifanio, Pipe, líder del anterior grupo instalado en la Ciudad Condal. Para esta misión, Rosario Ezquerra contaba con varios cómplices integrados en el Partido Comunista de España (internacional), con una demostrada vinculación pasada y presente de varios de sus militantes con ETA. El buen olfato y el seguimiento permanente que realizó el Servicio de Información del cuerpo permitieron su neutralización. Los agentes antiterroristas de la zona de Cataluña habían desarrollado unos órganos de análisis altamente cualificados y con elevadas capacidades operativas. Su actuación durante años erradicó la presencia de comandos de ETA en esa comunidad.

Pero ETA seguía en marcha con su estrategia de socialización del sufrimiento con asesinatos selectivos, sin importar mucho el tiempo que transcurría entre cada uno de ellos y el siguiente: el 10 de abril, tras tres meses sin matar, un comando asesinó en San Sebastián de un tiro en la nuca a un brigada del Ejército de Tierra, Mariano de Juan Santamaría. Y cuatro días más tarde, los terroristas trataron de dar un golpe de efecto en Madrid, con José María Aznar —entonces jefe de la oposición— como objetivo. Los autores del atentado emularon a aquellos que veintidós años atrás asesinaron al almirante Luis Carrero Blanco, haciendo estallar un artefacto explosivo al paso del coche en el que viajaba el político, en la confluencia de las calles José Silva y Arturo Soria. La deflagración provocó el derrumbe de un edificio y acabó con la vida de una mujer de 73 años que quedó sepultada bajo los escombros. El coche del líder del Partido Popular quedó gravemente dañado por la onda expansiva, pero al ser blindado evitó daños mayores a sus ocupantes; los terroristas sortearon los sistemas defensivos del vehículo activando el explosivo mediante un cable de 300 metros y no por ondas como era lo habitual. El intento de asesinato de Aznar eclipsó un episodio que tuvo lugar ese mismo día a kilómetros de distancia, en la localidad navarra de Vera de Bidasoa. Aquella mañana, un policía nacional perdió la vida al estallar un artefacto explosivo colocado por los terroristas en el cuartel abandonado de la Guardia Civil de Endarlaza. El verdadero objetivo de los etarras era el de atentar contra alguna de las patrullas del instituto armado que frecuentaban la zona. Con estos atentados, ETA demostraba que seguía rehaciéndose lentamente pero con paso firme tras el golpe sufrido en Bidart.

El miedo a su desaparición los había obligado a extremar las precauciones, e incluso a sospechar de sus propios compañeros. Mikel Albisu, más conocido como Mikel Antza y responsable por aquella época del aparato político de la banda, era uno de los que habían dado la instrucción de tomar todas las medidas posibles para evitar el control de la Guardia Civil. Todo ello sin saber que uno de sus hombres de confianza, Joseph, era en realidad un miembro infiltrado de la Benemérita. Mikel Antza descubrió la verdadera identidad del agente en 1995, tras varios meses a su lado. El diario Egin apuntó directamente al «topo» infiltrado en ETA: «La organización desvela un serio intento de infiltración en sus filas protagonizado por un miembro de las fuerzas armadas españolas que apareció en Bayona en 1989», señalaba el periódico de corte abertzale. Junto a la información, un retrato de Joseph, el agente. Esta actuación, larga y minuciosa, no llegó hasta el punto deseado, que era acabar con toda la cúpula etarra, si bien obtuvo un volumen de información que sirvió para marcar las pautas de la lucha antiterrorista durante las siguientes dos décadas.

José Anido, Joseph, explica cómo llegó hasta Antza y cómo fueron los años que permaneció a su lado:

Aunque soy español, había vivido en Estrasburgo (Francia) toda mi vida. Vine a España poco antes de ingresar en la Academia de la Guardia Civil de Baeza. Hablaba español mal y con fuerte acento francés. Miembros de la Unidad de Servicios Especiales (USE) me hicieron una entrevista en la misma academia y me ficharon; buscaban precisamente alguien con mi perfil. Me dijeron que me prepararían para infiltrarme en ETA, que sería largo, difícil y muy peligroso; acepté el reto porque me atraía la aventura y quería ser útil para luchar contra el terrorismo. No tenía miedo en ese momento.

Entre noviembre de 1990 y mayo de 1991 fui instruido por miembros de la USE para lo que sería mi misión: infiltrarme en una banda terrorista de las más paranoicas que había en ese sentido. Durante este curso tuve que pasar diversas pruebas duras, llegué a ser detenido por otros guardias civiles desconocedores de mi condición, y que pensaban que yo era un colaborador de ETA. En mayo de 1991, mis jefes consideraron que ya estaba preparado y me marché al sur de Francia con una nueva identidad. Empecé introduciéndome en los ambientes light relacionados con Iparretarrak (IK), donde yo era un insumiso y un borroka más, fumaba porros, escuchaba reggae, lo que exigía mi cobertura, la que habíamos preparado minuciosamente durante meses, y que se había convertido en mi nueva vida. Me inscribí en un curso de euskera en la Gau Eskola de Bayona (escuela de euskera para adultos), que me sirvió para conectar con gente del entorno de ETA. El curso era impartido por Aitor Rentería Maleta, Joseba Garay e Iñaki Bilbao, en esos momentos muy conocidos en el ambiente etarra y que me sirvieron de puente hacia ese mundo. En la Gau Eskola terminaría ejerciendo de tesorero y ayudando en la cocina. Allí pude ver alguna entrega de notas entre personas relacionadas con ETA. Otras veces participé en alguna celebración festiva tras un atentado sangriento de guardias civiles. Me costaba mucho disimular en esos casos. Comían marisco, bebían y consumían drogas; yo, metido en mi papel, lo celebraba con ellos.

Poco a poco fui ganándome la confianza de los que me rodeaban, hasta que en 1994 recibí una nota con una cita para recoger a una persona. Se lo comuniqué a mi jefe por el método seguro que teníamos para enlazar. Para evitarme sustos y nervios nunca me decían qué hacían los equipos operativos con la información que yo iba facilitando; era la mejor manera para que yo siguiera teniendo la misma actitud que siempre. Se trataba del miembro de ETA Zorion Zamacola Ibaibarriaga; era mi primer contacto directo con la banda terrorista, con la ETA clandestina a la que mucho tiempo atrás yo me propuse llegar. Cuatro años habíamos tardado en alcanzar el primer objetivo de la operación. Me dijo que era tesorero de ETA y me preguntó si podía alojarse en mi casa. Accedí, aunque procuré mostrarme dubitativo y temeroso, tal y como me habían aleccionado. Cuando me pedían algún tipo de colaboración, mi estrategia era no mostrarme excesivamente dispuesto a ello. Accedía, sí, pero procuraba no parecer deseoso de ayudarlos para que no desconfiasen de mí.

Zorion pasó en mi casa de Bayona dos meses, era receloso y suspicaz. Dormía de día y no hacía ningún ruido para que los vecinos no notasen que alguien se ocultaba en mi casa cuando yo trabajaba, ni siquiera utilizaba la cisterna del W.C. Yo me encargaba de comprarle zapatillas, ropa interior, todo lo que le hacía falta. Llegué a tener miedo de soñar en voz alta y ser descubierto por él; esa era mi gran obsesión, hablar en sueños. Era un individuo peligroso. Se habían instalado micrófonos en mi casa desde el principio, para obtener toda la información posible pero también por mi seguridad. Yo le trasladaba a donde me pedía en mi vehículo. Le recogía en la puerta de la casa, mantenía muchas medidas de seguridad y le llevaba en muchas ocasiones a Pau o a Burdeos, donde mantenía citas con otros miembros de ETA; otras veces iba a ver a su familia, con los que quedaba en un área de servicio de la autopista. Siempre rompía en pedazos las cartas que recibía o documentos escritos por él, los metía en una bolsa de plástico y me lo entregaba para que la tirase a la basura justo antes de que pasase el camión de recogida mientras él lo observaba discretamente desde la ventana. La primera vez nos sorprendió; luego procuré que todas las bolsas de basura que había en casa fuesen iguales, del mismo comercio. Ocultaba una en un recoveco que me prepararon en la escalera de bajada y le daba el cambiazo cuando me pedía que la tirase; algún otro compañero de apoyo sería el encargado de recuperarla durante la noche y de dejarme otra para el día siguiente. De este modo obtuvimos mucha información sobre sus actividades. Cuando me pedía que entregase una carta a otro miembro de la banda terrorista, me la entregaba en un sobre cerrado y procedía a abrirla junto a otro agente de la USE/UCE-1 en un lugar seguro, fotografiarla y volver a cerrarla de manera que su destinatario no notase que había sido manipulada. Pasé miedo con este individuo. Mucho miedo.

A los dos meses me dijo que ya no me iba a necesitar más, pasaría al servicio del jefe del aparato político de ETA, Mikel Albisu Iriarte, Mikel Antza; era un ascenso por mi valía personal y por lo eficaz que era consiguiendo todo lo que me pedían. Antza era todo lo contrario a Zorion, un hombre culto y con estudios universitarios, pero que ordenaba asesinatos y presumía de ello delante de mí. Me enseñaba euskera y abogaba por una salida política, aunque defendía a ultranza la actividad de ETA. Yo fingía pensar al contrario, me mostraba partidario de la lucha armada sin límites y apoyaba todo lo que hacía ETA. Me dediqué a trasladarle con mi coche de la misma manera que hacía con Zorion y hacer los recados que me mandaba, llevar notas y dar consignas a gente. La calidad de la información que obtenía era ahora mucho mayor. Conocer gran parte de lo que pensaba, hacía o decía el jefe de ETA era lo máximo a lo que podíamos aspirar.

Un mes después, como hacía semanalmente, llamé a mi familia, que seguía residiendo en Estrasburgo y que no sabía nada de mis actividades profesionales. Mi padre me contó que hacía unos días había estado en casa un amigo mío que pasaba por allí y había subido a saludarles; que estuvo un rato en la casa y de repente se puso muy nervioso y dijo que se tenía que marchar. Cuando me dio su descripción se me heló la sangre. Era sin duda alguna Zorion Zamacola. Inmediatamente supuse que había visto la fotografía de mi jura de bandera, vestido de guardia civil, que mis padres tenían encima de la cómoda del salón. Me habían descubierto. Nunca sabré por qué Zorion fue a ver a mi familia, tal vez para buscar otra fuente de apoyo a la banda terrorista (otra casa donde cobijarse en caso de apuros) o tal vez porque desconfiaba de mí. Lo que sí tengo seguro es que la visión de la foto de mi jura de bandera fue lo que motivó que se marchara corriendo, seguramente para avisar a Antza lo antes posible de lo que acababa de descubrir. Avisé a mi jefe, que activó inmediatamente el plan de seguridad previsto. Fui a mi vivienda de Bayona y recogí lo que pude. Al salir observé un vehículo que me vigilaba; eran ellos. Creo que no estoy muerto porque detectaron la seguridad que me daba mi Unidad y no tuvieron ocasión de hacerlo. Cogí un avión con destino a Bruselas. En mayo de 1995, Egin publicaba mi fotografía en su primera página con una condena de muerte por ETA. Tuve que contarles a mis padres toda la verdad: hasta ese momento desconocían que estaba infiltrado. La Unidad de Servicios Especiales se encargó de sacar a mis padres de Francia y traerlos a España. Para ellos fue un gran golpe, temieron por mi vida, y la suya cambió bruscamente, ya que tuvieron que salir de su casa, dejar su trabajo y en definitiva cambiar de país cuando no pensaban hacerlo. A pesar de todo, nunca me he arrepentido de haber realizado ese trabajo, únicamente me pesa el no haber podido mantener más tiempo mi cobertura y haber obtenido más información.

Pese al descubrimiento, puramente casual, de esta sensacional e inquietante infiltración de la Guardia Civil en sus filas, ETA se veía cada vez más fuerte y confiaba en su nueva estrategia, que juzgaba la única posible. El cambio de política —«acciones cualitativas, pocas pero bien hechas»— ya daba sus frutos. Ataques contra objetivos concretos, que no siempre se traducían en asesinatos: el 8 de mayo, un comando terrorista secuestró al industrial José María Aldaya, quien permanecería en cautiverio durante 341 días con fines exclusivamente económicos. El entorno abertzale, no obstante, y en un nuevo ejercicio de su peculiar lenguaje basado en la retórica invertida, no desperdició la ocasión de cargar contra los «asesinos del lazo azul», en referencia a aquellos que se manifestaban con este símbolo pidiendo la liberación del secuestrado. Además del secuestro, ETA arrancó su habitual campaña de verano en el Mediterráneo, con atentados contra hoteles, hipermercados y sucursales bancarias de Tarragona, Valencia y Castellón, fundamentalmente. En la localidad riojana de Arnedo trataron de perpetrar una matanza contra la Guardia Civil al detonar cincuenta kilos de amosal contra la casa cuartel, en la que dormían unas quince familias de agentes: las medidas de autoprotección y los obstáculos instalados para impedir el aparcamiento de coches en las inmediaciones evitaron que el edificio sufriera daños mayores, aunque la deflagración sí deterioró setenta viviendas y una treintena de vehículos. Asimismo, durante esas semanas, tres artefactos explotaron en los puestos de la Benemérita de Dancharinea y Lizuniaga, ambas en Navarra.

Pero ETA aspiraba a dar el golpe que provocase la mayor conmoción posible. Para sacudir a la sociedad española y atraer la mirada de la comunidad internacional no bastaba con intentar una masacre: había que apuntar a las más altas esferas. Y las aspiraciones de la banda se dirigieron a asesinar al Jefe de Estado: el rey Juan Carlos I. Fue en agosto de 1995, cuatro meses más tarde del atentado fallido contra Aznar. La banda había necesitado dos años para llegar a Palma de Mallorca y preparar el atentado. El método escogido para el crimen era disparar con un rifle de precisión con mira telescópica desde un piso que los terroristas habían alquilado al lado del puerto deportivo y próximo al palacio de Marivent, donde pasaba sus vacaciones la Familia Real. La operación fue abortada el 9 de agosto por la Policía. ETA afirmaría mediante un comunicado remitido al diario Egin que el comando pudo disparar en dos ocasiones contra el Rey: en ambas ocasiones no dispararon, explicaban, por «complicaciones técnicas». El intento de regicidio generó en sus inicios severas discrepancias entre Policía y Guardia Civil. Ambos cuerpos mantenían en el sur de Francia investigaciones sobre los mismos objetivos, José Rego Vidal y su hijo Iñaki, los detenidos con posterioridad en Palma en compañía de otro miembro liberado. Finalmente, el Ministerio del Interior decidió que la Policía continuase con las investigaciones.

De forma paralela a estas investigaciones, la Guardia Civil centraba sus capacidades al sur de Francia en el responsable de los taldes de reserva —terroristas que vivían clandestinamente en el país vecino dispuestos a asumir las órdenes de la banda—. El operativo, en coordinación con la policía francesa, permitió la detención de Fermín Sánchez Agurruza, Fermintxo, jefe de esta área de ETA, y de otros cinco militantes de la organización. El comisario francés Eric H. explica cómo fue el dispositivo:

Desde hacía meses se vigilaba estrechamente a Marie Cristine Urxu, residente en el sur de Francia, por estar sentimentalmente ligada al miembro de ETA Zabala Muguira, Esmeril, que vivía en la clandestinidad pero que mantenía con ella contactos puntuales. Ambos tenían un hijo en común y la fecha del cumpleaños de la criatura podía ser un momento de encuentro entre el padre y la madre. La intervención telefónica no ofrecía información de calidad, aunque repasando las llamadas había muchas de ellas que no eran descolgadas por Urxu a pesar de encontrarse en casa. Prestamos especial atención al número de timbres que sonaban y llegamos a la conclusión de que entre ellos existía un código prefijado. El análisis del intercambio de llamadas nos llevó a un número de teléfono ubicado en la localidad de Theix, en la Bretaña francesa. Pasé el número a mis colegas de allí a quienes estos temas de etarras les motivaban poco. Periódicamente les preguntaba por este asunto, encontrando siempre como respuesta que solo había conversaciones entre bretones e irlandeses.

En uno de los viajes a esa zona, otro miembro de RG (Renseignements Généraux) experto en asuntos de ETA quiso revisar las llamadas y cuál no fue su sorpresa cuando escuchó las conversaciones y oyó que lo que los colegas policiales bretones identificaban cómo irlandés en realidad era euskera. La operación tomaba otro cariz. Se estableció un dispositivo conjunto de vigilancia sobre ese y otros domicilios vinculados, formado por guardias civiles y policías franceses, y rápidamente se fotografió e identificó a numerosos miembros de ETA. Se trataba de una estructura de taldes de reserva, y por lo tanto eran etarras activos que esperaban su hora para pasar a España a matar. La actividad operativa no fue muy dificultosa y se decidieron las detenciones cuando se tenía localizado al mayor número de terroristas. Las detenciones fueron efectuadas por la unidad de intervención de élite de la Policía francesa, el RAID, dada la peligrosidad acreditada de alguno de los terroristas; estaban presentes varios guardias civiles en la detención y los registros.

Para concluir 1995, el año en que fracasaron dos grandes proyectos criminales que podían haber cambiado de manera muy sustancial la vida política española (el asesinato del Rey y el del jefe de la oposición), ETA proyectó una nueva campaña de atentados en diferentes puntos de España. El más mortífero tuvo lugar en Madrid el 11 de diciembre, con la explosión de un coche bomba al paso de una furgoneta de la Armada: seis de los nueve funcionarios que viajaban a bordo perdieron la vida y 44 personas resultaron heridas. En Valencia, un artefacto explosivo estalló en los lavabos de la sexta planta de los grandes almacenes de El Corte Inglés y alcanzó de lleno a una mujer, Josefina Corresa Huerta, que murió por las heridas. En León, una bomba lapa mató a un comandante de Artillería, Luciano Cortizo Alonso, y malhirió a su hija de dieciocho años. A esta escalada de violencia había que sumar la que protagonizaban los miembros de la kale borroka. Este fue el año en el que José Antonio Ardanza había sido reelegido lehendakari y en el que el juez Garzón reactivó el sumario de los GAL, encarcelando a sus principales responsables: Barrionuevo, Vera y Amedo, entre otros. Respecto de la Guardia Civil, ninguno de sus miembros fue asesinado en aquellos doce meses por ETA, y el general Enrique Rodríguez Galindo cedió durante aquel año el mando de la Comandancia de Guipúzcoa al teniente coronel José Ignacio Laguna, aunque el cambio de mayor envergadura dentro del cuerpo llegó con la reorganización del Servicio de Información. En octubre se reestructuró la Jefatura, con la Unidad Central Especial-1 (UCE-I), que integraba a la denominada Unidad de Servicios Especiales (USE), y por otro lado, el Grupo de Apoyo Operativo (GAO). UCE-1 dirigiría a partir de entonces todas las investigaciónes de la Guardia Civil contra ETA.

Estas capacidades se pondrían a prueba durante los meses posteriores, en los que la organización terrorista planteó a las fuerzas de seguridad del Estado algunos de los mayores desafíos de su historia. Desde el 8 de mayo de 1995 tenía secuestrado el empresario José María Aldaya. La banda exigía para su liberación el acercamiento de los presos de ETA a cárceles vascas. En los primeros meses del año, además, asesinaron en San Sebastián a Fernando Múgica Herzog, histórico militante del PSOE y uno de los impulsores de la iniciativa de la dispersión de los presos. Estos dos crímenes formaban parte de la campaña de extorsión diseñada por la cúpula de ETA para tratar de acabar con esta política; una campaña que tuvo uno de sus máximos exponentes en el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que tuvo lugar el 17 de enero de 1996. Por primera vez en su historia, ETA asumía el esfuerzo operativo de mantener dos secuestros al mismo tiempo: un potente chantaje que además podía debilitar a un Gobierno, el último de Felipe González, que se encontraba ya muy tocado por varios escándalos de corrupción y el caso GAL. Los terroristas asaltaron a Ortega Lara en el garaje de su casa de Burgos cuando volvía de su trabajo en la cárcel de Logroño. Utilizaron un camión para trasladarlo hasta la localidad guipuzcoana de Mondragón, donde habían habilitado un zulo en una nave industrial denominada Jalgi CB. En la parte trasera del camión llevaban una máquina pesada que simulaba ser un compresor y ocultaba un habitáculo donde introdujeron al funcionario de prisiones. Los terroristas llegaron a pasar por un control rutinario de la Guardia Civil sin que los agentes sospechasen que había una persona oculta en el interior del armatoste. El chantaje de ETA dio, en cierta medida, sus frutos: entre 1996 y 1997, el Gobierno, ya en manos del Partido Popular, acercó a 43 presos de la banda terrorista a cárceles del País Vasco o próximas como gesto que facilitara la liberación del funcionario.

El secuestro de Ortega Lara —que la izquierda abertzale denominaba «arresto»— prácticamente coincidió en fechas con el asesinato del consejero de Estado y expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, en su propio despacho de la Universidad Autónoma de Madrid. Estos dos acontecimientos sacudieron las semanas previas a la celebración de las elecciones generales, en las que Herri Batasuna descartó hacer una campaña electoral al uso y centró sus esfuerzos en la celebración de foros de encuentro, donde presentaba su «Alternativa Democrática». El documento, en claro apoyo a los movimientos de ETA, abogaba por lanzar una ofensiva total también desde las instituciones para favorecer la desestabilización del Gobierno. La Guardia Civil elaboró un informe sobre la difusión del vídeo de esta «Alternativa Democrática» y, por primera vez, un magistrado del Tribunal Supremo citó en calidad de imputados y como presuntos autores de un delito de colaboración con banda armada a todos los miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna. Los miembros del brazo institucional de ETA, siguiendo las mismas directrices que imperaban en la banda, anunciaron su postura de no comparecer ante el Tribunal.

Tras la celebración de las elecciones, el líder del PP, José María Aznar, alcanzó la presidencia del Gobierno el 5 de mayo de 1996, con Jaime Mayor Oreja como ministro del Interior. No descartaba un diálogo con ETA, anunció en su primera alocución pública, lo que obtuvo el apoyo del PNV, aunque para los terroristas este tipo de gestos reflejaba siempre debilidad. El premio Nobel argentino Adolfo Pérez Esquivel llevaba meses llamando a la puerta del Gobierno para abrir una nueva vía negociadora con ETA, oferta que fue sistemáticamente rechazada. Los etarras, en su estrategia de chantaje, declararon una tregua el 23 de junio. Se trataba de la primera vez que lo hacían sin pedir nada a cambio. Aquel movimiento era su maniobra para agitar la escena política y provocar una nueva crisis en el pacto de Ajuria Enea. Además buscaban cargarse de argumentos para acusar al nuevo Gobierno de inmovilista. El alto el fuego duró una semana. Una tregua corta para no levantar excesivas esperanzas de paz entre los suyos y para evitar el efecto negativo de la consiguiente frustración al romperse y volver a los asesinatos.

En este contexto de agitación, la banda terrorista perdería a uno de sus activos más valiosos en una operación liderada por la Policía Autónoma Vasca. Un comunicante anónimo telefoneó a la Ertzaintza advirtiendo que dos individuos sospechosos —uno de ellos con características físicas muy similares al etarra Valentín Lasarte— se encontraban en las cercanías de Oyarzun (Guipúzcoa). La pista era cierta y los agentes detuvieron al terrorista y a su compañera de comando, Idoia Arrieta Izaguirre. Lasarte había sido el autor del asesinato de Fernando Múgica, dentro de la nueva estrategia de perpetrar crímenes selectivos. Según las estadísticas, 1996 era el año con menos víctimas mortales en un cuarto de siglo (y ninguna era guardia civil). Quizá para ocultar esta baja cifra, la cúpula de la organización planeó una masacre contra un autobús militar con destino a la base de Cerro Muriano, a quince kilómetros de Córdoba. Los terroristas estacionaron dos vehículos en lugares estratégicos, con doscientos kilos de amosal en su interior. Un fallo en el mando a distancia evitó la deflagración. Sin embargo, la explosión de una carga oculta en un contenedor de basura acabó con la vida del sargento Miguel Ángel Ayllón, quien esperaba en la parada para subirse a este autobús. A los asesinatos del sargento del Ejército, de Ordóñez, Múgica y Tomás y Valiente, en lo que quedaba de año faltaría sumar otras dos víctimas mortales: el miembro de la Policía Autónoma Vasca Ramón Doral —al que mataron para presionar a las esferas nacionalistas no abertzales— y el empresario Isidro Usabiaga Esnaola, acusado de colaborar con la Ertzaintza en el desmantelamiento de una red de cobro del llamado impuesto revolucionario.

A lo largo del año, y pese a no provocar entre las filas beneméritas víctimas mortales, ETA insistió en su campaña de hostigamiento contra la Guardia Civil. En abril lanzó granadas contra el cuartel guipuzcoano de Intxaurrondo, atentado que se repetiría en diciembre, y en julio contra el de Ordicia. En el barrio bilbaíno de Deusto fue tiroteada una garita: los dos guardias civiles, que resultaron ilesos, repelieron la agresión con sus armas reglamentarias. También serían atacados en Navarra los cuarteles de Urdax, Olite, Ochagavía, Puente la Reina y Yesa, todos ellos mediante granadas. En este último escenario, las explosiones provocaron cuantiosos daños materiales en el edificio e hirieron a una niña de dos años. En noviembre, un coche bomba estalló en las inmediaciones del acuartelamiento de Buñuel, también en la Comunidad Foral.

En los meses restantes de 1996, la Guardia Civil desarticuló al comando Atxarre de información de ETA en una operación en Bilbao. Los terroristas empleaban la sección de contactos del diario Egin para, mediante mensajes ocultos, comunicarse entre sí. «Iparla: no hace falta que vengas más a visitarme, de hecho no me encontrarías. No sé si iré contigo de vacaciones este verano, prefiero estar una temporada tranquilo y sin planes, luego, al final, igual me animo. Atxarre.» Este era uno de los mensajes que emplearon los etarras y que sirvió a los agentes para obtener datos cruciales para su desarticulación. Los integrantes del comando también empleaban buzones escondidos en terreno boscoso para intercambiar mensajes: la Guardia Civil controlaba uno de ellos en las inmediaciones del campus de la Universidad del País Vasco en Lejona, del que obtuvo información valiosa sobre comandos terroristas. La Ertzaintza, alertada por un vecino y desconociendo el dispositivo del instituto armado, desenterró el buzón y acabó con esta fuente de investigación. En julio, en otra operación paralela, se detuvo a uno de los jefes de ETA, Julián Achurra Egurola, Pototo, responsable del aparato logístico. Las pesquisas arrancaron al localizar en el sur de Francia a Daniel Derguy, francés y lugarteniente de Pototo, y huido desde que se descubrió su identidad en una autocaravana cargada de explosivos en España. Se localizó el coche que utilizaba y se le puso una baliza de seguimiento. El oficial de la Guardia Civil al mando del dispositivo cuenta así el periplo que se siguió:

Estuvimos mucho tiempo esperando en los alrededores del Hotel Maeva de la Porte de La Villette de París. Éramos una quincena de guardias civiles, disimulados por los bares y comercios de los alrededores, y los policías franceses, que habitualmente nos acompañaban. Los miembros de ETA alojados en el hotel salían de vez en cuando a echar un vistazo por los alrededores. Un policía francés hizo una gestión abierta con los recepcionistas sin contar con la anuencia de su responsable; esa torpeza trajo consecuencias que se conocerían tiempo después. Los etarras recibieron una comunicación anónima avisándoles de la presencia policial. Poco tiempo después, los terroristas salieron de uno en uno, haciendo contravigilancias entre ellos, marchas y contramarchas, hasta que los tres (Pototo, Derguy y Laurence Schlecht) cogieron el vehículo que ya estaba balizado. En aquel entonces, las balizas emitían unos pitidos que vía radio se recogían en varios vehículos que iban jalonando los itinerarios. Siempre había que estar más o menos cerca del vehículo. El vehículo emprendió la marcha cogiendo rápidamente el Periférico de París, donde lo perdimos por la gran dificultad del intenso tráfico rodado. Se enviaron vehículos con receptores a las carreteras más posibles de salida de París, localizando el vehículo en dirección sur. Se empleó también un helicóptero francés. Comenzamos un seguimiento de más de mil kilómetros, con mucho tráfico, paradas y muchos nervios. Burdeos y Pau fueron lugares que se sospechaba iban a ser el posible destino de Pototo, pero dejó esta última ciudad empezando entonces a dar vueltas, contramarchas y un sinfín de maniobras para despistar a unos posibles seguidores a los que en ningún momento llegó a ver. Era la prueba inequívoca de que nos acercábamos a su guarida. Finalmente entró en una granja aislada y escondió rápidamente el coche en el garaje. La sorpresa fue mayúscula: a tan solo cinco kilómetros de esa finca había otra vivienda, otra casa aislada, la del oficial de enlace del cuerpo de la Guardia Civil (y su familia) ante la Unidad de Coordinación de la Lucha Antiterrorista, con sede en Pau.

La operación fue la más significativa contra ETA desde la desarticulación de Bidart, en 1992, y fue la primera vez que el Centro Superior de Información para la Defensa (CESID) colaboraba con la Guardia Civil en la lucha contra las estructuras operativas de la banda terrorista de manera notable y determinante. Con estas detenciones, la banda terrorista se quedaba con una cúpula maltrecha, con Ignacio Gracia, Iñaki de Rentería, como responsable del aparato militar, y Mikel Albisu, Mikel Antza, del político. Los datos obtenidos permitieron conocer en profundidad el funcionamiento del aparato logístico de ETA, que estaba subdividido en las secciones de falsificación, fabricación, adquisición de material y zulos, y que tenía unos gastos cercanos a los diecisiete millones de pesetas al año. Por estas fechas, los terroristas trabajaban en desencriptar las transmisiones de las policías francesas y españolas que actuaban en territorio galo. Tanto Achurra como Derguy achacarían su detención a una filtración interna. La detención de Pototo supuso para ETA otro duro descalabro. Aclarar cómo llegó la Guardia Civil al jefe etarra se convirtió en una obsesión para la organización; siete años después aún seguía tratando de averiguar cómo había podido suceder. Los datos obtenidos en esta operación sirvieron, igualmente, para desarticular algunos de los comandos más importantes de la banda. El 23 de julio, la Guardia Civil detuvo a los integrantes del Galicia, que planeaban un atentado de forma inminente y entre cuya lista de objetivos figuraba el entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga. Desarticularlo antes de atentar fue un éxito notable, que daba la medida de cómo las investigaciones iban adelantándose a los terroristas.

Poco después, en Hernani (Guipúzcoa), la Guardia Civil protagonizó un nuevo golpe contra ETA al detener a dos miembros del comando Sugoi, ambos redactores del diario Egin. Y semanas más tarde, esta vez en Burdeos, la Policía francesa y el instituto armado detenían al responsable del aparato de cursillos de ETA, Juan María Insausti Múgica, Karpov, y a su compañera sentimental María Nieves Sánchez del Arco, que a su vez era hija de un agente de la Benemérita de Salamanca. Entre la documentación intervenida se halló una carta escrita por Karpov en la que detallaba el funcionamiento interno de la banda:

Pensando que el 24 entrábamos en la casa, preguntamos a ver si era posible ver a la familia en Navidades o no, y se nos dijo que no. Argumento para decir eso: no se podía salir de casa y en la organización nadie veía a la familia. ¡Es una auténtica majadería! En la organización el que tiene oportunidad ve a la familia o se le da la oportunidad. Pienso que en la organización estamos personas y que las personas, para estar bien, tenemos algunas necesidades. No olvidar que cuando entramos en esta organización traemos todo nuestro entorno. Que nosotros los necesitamos como ellos nos necesitan a nosotros, y que tenemos que poner los medios para verlos y si no podemos verlos, para justificarlo, decimos que se pone en peligro la seguridad. ¿Cuántas citas se hacen sin las más mínimas normas de seguridad? Pero eso no se cuestiona. Se cuestiona el estar con la familia porque no es provechoso para la organización. En el otro lado dejé a la familia, los amigos, el entorno, como todos. Dejé todo porque no aceptaba el modelo de vida que se le imponía a nuestro pueblo, la policía, etc. Quería y quiero la libertad. Cuál no es mi sorpresa por que me estén ocurriendo las mismas cosas que me ocurrían allí; veo una imposición y esto último me crea más problemas en mi interior, porque allí la imposición es del Gobierno español (el enemigo) y aquí la imposición es de una gente que está en la Dirección.

Aquí hay gente de todos los pueblos; cada uno en su pueblo era muy majo, luchador, y aquí con miedo a estar parados, con miedo al qué dirán, se convierten en totalmente sumisos. Cuando la gente habla tranquilamente, cuando no están los responsables por medio, se habla de todo, pero cuando viene la gente de la Dirección es el silencio el que prevalece, la sumisión. Vivimos totalmente a la defensiva, sobre todo la gente que puede ser crítica. En este ambiente hay grandes calentamientos de cabeza. La mayoría de los que estamos aquí hemos visto y oído muchas cosas, pero hemos callado para no hacer daño a la organización.

Aparte de estas detenciones, ETA sufrió otro grave revés el 26 de noviembre. La Policía francesa detuvo en un control rutinario en Cambo-les-Bains al dirigente Juan Luis Aguirre Lete, Isuntza, quien compartía responsabilidades en el aparato militar con José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri. Junto con Isuntza fue detenida su compañera Petra Elser, de nacionalidad alemana, que había colaborado con ETA en el comando Madrid. Entre la documentación intervenida figuraban datos de los etarras Jesús María Puy, Igor Angulo, Juan Ramón Carasatorre y Kepa Zubizarreta. Tras activar las diferentes líneas de investigación y gracias a la colaboración ciudadana, la Guardia Civil detuvo en Pamplona a Zubizarreta y Angulo, que componían el comando Nafarroa 96. Nunca antes se había incautado una cantidad de armamento en esta comunidad como la que se les requisó a los detenidos. Sus órdenes eran las de atentar en fechas próximas.

En el año 1996, la Audiencia Nacional decretó el ingreso en prisión del entonces general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo y de otros miembros del cuerpo por su vinculación con actividades del GAL. Este ingreso en prisión, al margen de los delitos que se les imputaban y en el plano estrictamente personal, vino a suponer un jarro de agua fría para los guardias civiles que luchaban contra ETA, principalmente en la Comandancia de Guipúzcoa, ya que allí habían estado destinados durante muchos años los encarcelados.

En los últimos meses del año hubo llamamientos del PNV para que el Gobierno negociase con ETA para salvar la vida de Ortega Lara, mientras la Iglesia vasca se ofrecía nuevamente para mediar entre las partes, en uno de los episodios que despertaba más indignación en la conciencia colectiva de los españoles. Según unos y otros, era el diálogo con quienes practicaban la extorsión y el asesinato, sin privarse de cometer este indiscriminadamente, la vía para la pacificación. El tiempo y los desvelos de los guardias civiles se ocuparían de desmentirlo.

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DOS NOMBRES PARA LA HISTORIA: ORTEGA LARA Y MIGUEL ÁNGEL BLANCO

ETA había cometido cinco asesinatos en 1996. Pocos, en comparación con años anteriores. Así, en el inicio de 1997 y ante los rumores de posibles contactos con el Gobierno, la banda dio órdenes a sus comandos de golpear rápido y con fuerza a sus objetivos: una vez más había que poner cadáveres sobre la mesa para que el Estado se viese obligado a aceptar sus condiciones. Y los pistoleros de la organización cumplieron la orden. El 8 de enero asesinaron a tiros en Madrid a un teniente coronel del Ejército, Jesús Agustín Cuesta Abril. El 31 del mismo mes mataron a un vendedor de bicicletas en San Sebastián. El 10 de febrero, los terroristas hicieron explotar un coche cargado con 50 kilos de amonal en la carretera de Armilla, en Granada. Alcanzó de lleno a una furgoneta del Ejército del Aire, y un peluquero de la base aérea, Domingo Puente Marín, murió víctima de las heridas. Siete horas después, el magistrado de la sala de lo Social del Tribunal Supremo Rafael Martínez Emperador cayó muerto tras recibir un disparo en la nuca en Madrid. A lo largo de los meses siguientes, ETA acabó con la vida de un empresario, dos policías y de Francisco Javier Gómez Elósegui, psicólogo de la prisión de Martutene, en San Sebastián. La banda aún no había recuperado su capacidad operativa tras el golpe sufrido en Bidart en 1992, pero sus asesinos medían y dosificaban sus golpes con precisión.

El Gobierno de José María Aznar se encontró con una escalada de violencia inusitada, que no tardó en tener sus consecuencias en el plano político. Mientras el PP apostaba por ilegalizar a HB, el PNV emplazó al Ejecutivo a negociar con ETA. Esta tensión derivó en la ruptura del pacto de Ajuria Enea vigente desde hacía ya nueve años, y en el que todas las fuerzas democráticas —a excepción de los abertzales— apostaban por la unión frente al terrorismo. Todos estos movimientos coincidieron con la citación de los integrantes de la Mesa Nacional de Herri Batasuna para comparecer por la emisión en 1996 de un vídeo editado por ETA en sus espacios electorales televisivos. Los informes elaborados por la Guardia Civil detallaban los vínculos entre la organización terrorista y su brazo político. Todos los procesados serían condenados a siete años de prisión por un delito de colaboración con banda armada, aunque solo cumplirían veinte meses tras una sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba las penas. El vídeo también fue el recurso empleado por el Ministerio del Interior para mostrar al mundo las atrocidades de ETA, y modificar así las creencias de algunos gobiernos europeos que la tomaban —con una mezcla de candor e ignorancia— por un movimiento de liberación. La «pedagogía traumática» funcionó: las imágenes, tan duras como reales, reflejaban la crueldad empleada por los terroristas. Muchos cambiaron entonces su percepción sobre ETA.

El acercamiento del PNV a las tesis abertzales —o su ruptura con los partidos constitucionalistas— se hacían palpables ante determinados acontecimientos, como el enfrentamiento entre agentes de la Guardia Civil y de la Ertzaintza a finales de febrero en el barrio bilbaíno de Deusto. Unos y otros, tras la explosión de un coche bomba, se tomaron por miembros de ETA y se produjo un tiroteo en la avenida Lehendakari Aguirre. Se recogieron 46 casquillos. Resultaron heridos dos guardias civiles, uno de ellos con ocho disparos, y también un ertzaina. Xabier Arzalluz (PNV) y Carlos Garaikoetxea (EA) cargaron contra la Benemérita por su presencia en el País Vasco. Carmelo Landa, de HB, también criticó a la Policía Autónoma Vasca. Pero iba a ser precisamente la Guardia Civil la que evitaría el inminente asesinato que ETA planeaba sobre el consejero de Interior vasco, Juan María Atutxa, del PNV.

La operación para desarticular al comando Vizcaya arrancó con el asesinato en mayo de un agente del cuerpo, José Manuel García Fernández. Un terrorista entró arma en mano en un restaurante de la localidad vizcaína de Ciérvana: «¡Al suelo!», gritó. Rápidamente se acercó al guardia, que estaba en la barra con su mujer, y le disparó en la nuca. El etarra escapó a bordo de un Renault 19 en el que le esperaba un compañero de comando. Un testigo anotó la matrícula del vehículo y proporcionó así una información vital a los cuerpos policiales. Poco después, en el marco de un dispositivo de búsqueda, un agente del equipo de Policía Judicial de la Comandancia observó un Renault 19 en las inmediaciones del campo de fútbol de San Mamés, en Bilbao, cuya matrícula se correspondía con la del vehículo conducido por los terroristas que habían perpetrado el atentado. Enseguida se identifica a los usuarios del Renault como miembros del comando asesino. Un agente que participó recuerda lo sucedido:

Mi equipo estaba en la oficina ultimando un informe operativo. Hubiera sido un día más de no ser por una llamada que alertaba que había habido un atentado en Ciérvana. Salimos todos a la carrera. Cuando llegamos al bar El Puerto ya sabíamos que se trataba de un compañero. Había gente en los restaurantes cercanos. Esa noche, mientras cenaban, observaban la distracción, como si hubieran llevado el espectáculo a su mesa, pero sin que afectara a su hambre ni a su sed. Al entrar al restaurante sobrecogía la imagen del compañero: permanecía sentado en el taburete y con la cabeza apoyada en la barra. Gracias al relato de varios testigos se centra la búsqueda en un marinero que declararía que se encontraba en el bar y que observó la entrada del asesino. Tras el crimen, el marinero tuvo el arrojo de salir tras él y confirmar que el vehículo era un Renault 19 sin maletero. Se introdujo en el bar, se acercó al dueño y le pidió papel y un bolígrafo. Anotó la matrícula en un taco de post-it. El propietario del bar manifestó que por miedo había tirado a la basura el papel, que no apareció. Analizamos el taco restante donde se había realizado la anotación. Utilizando cambios en el ángulo de luz y pasando un lapicero con poca presión se reveló la matrícula, BI-7756-BG. Ya teníamos una pista para llegar al comando.

El operativo para detener a los terroristas no fue sencillo, tal y como revela uno de los agentes del Grupo de Apoyo Operativo (GAO) de la Guardia Civil:

En la noche del 23 al 24 de septiembre, tras una intensa tarde de seguimiento en la que los dos componentes del comando recorren el centro de Bilbao, se observa cómo sobre las diez de la noche acceden a un pub situado en la calle Amistad. Pasado un tiempo salen. Se decide que el equipo de la UEI desplazado a Bilbao intervenga en el momento en que estos tomen el vehículo ya conocido, Renault 19, estacionado en la misma calle.

Salvador Gaztelumendi y José Miguel Bustinza, Iván, trataron de usar sus armas al ver a los miembros de la Unidad de Intervención bajar frente a ellos de una furgoneta. Los agentes repelieron la agresión y los dos terroristas resultaron muertos. Un guardia civil también cayó herido. La operación contra el comando Vizcaya se saldó con la detención de doce personas en las localidades de Bilbao, Basauri y Galdácano, y el hallazgo de un piso y un garaje en el que almacenaban armas. Los agentes intervinieron 63 kilos de amonal, dos fusiles, seis pistolas, dos subfusiles, granadas y otros materiales para preparar atentados. El grupo terrorista llevaba nueve meses en funcionamiento. El etarra José Miguel Bustinza se había sumado a sus filas tras regresar desde Cabo Verde, donde estaba deportado. Su historia ejemplificaba la nueva política de ETA de volver a reclutar a asesinos experimentados que se mantenían ocultos y en reserva en terceros países para reponerse de las últimas desarticulaciones. El desarrollo de este plan de regreso de etarras —conocido con el nombre de EH/Euskal Herria— se sostenía en buena medida en nombres como el de Juan Luis Aguirre Lete, responsable de los comandos de ETA detenido en noviembre de 1996. Entre sus pertenencias, el etarra tenía una lista con anotaciones manuscritas con las cantidades de dinero que se les entregaba a los pistoleros de la banda. En una de esas notas figuraban tres letras (BOL) y una suma excepcionalmente alta para un comando o terrorista al uso: cinco millones de pesetas. El dato llamó la atención de los agentes del Servicio de Información. Esas tres letras se repetían en un documento intervenido a Julián Achurra Egurola, Pototo, en el que figuraban entregas de dinero, todas ellas en francos, menos dos que eran en pesetas, las de «BOL» y «Goiherri». También entre los documentos intervenidos a Aguirre Lete se hallaba una autocrítica del terrorista Daniel Derguy, en la que detallaba un encuentro: «Cita a las 12 horas en Playa Tarnos con BOL (Ortega). Le entrego instrucciones + dinero». Era solo una hipótesis, pero la más deseada; las sospechas se dirigieron inmediatamente hacia el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, secuestrado desde enero de 1996, y cuyo nombre marcaría en 1997 uno de los hitos de la historia de ETA y de la lucha antiterrorista.

Los agentes del cuerpo elaboraron una lista de posibles coincidencias para las letras «BOL», tanto por nombres, apellidos, alias, lugares o empresas. La que les resultó más interesante fue la de Jesús María Uribecheverría Bolinaga porque se acumulaban ya muchos indicios sobre su persona que lo hacían especialmente sospechoso. El Servicio de Información de Guipúzcoa inició la bautizada como Operación Pulpo, centrada en este terrorista y los que se fueron identificando como sus compañeros de correrías: Xabier Ugarte Villar, José Luis Eróstegui Bidauren y José Miguel Gaztelu Ochandorena. Sus movimientos condujeron a la nave de la empresa Jalgi, en el municipio guipuzcoano de Mondragón. Allí se vio a los sospechosos realizando compras, tales como botes de legumbres, congelados, huevos o fiambre, e introduciéndolas en el taller; todos los días entraban con una barra de pan. En las bolsas de basura que tiraban se hallaron restos de comida. También se los observó portando un tubo de aireación en espacios cerrados y salir sin él. Los movimientos se repetían con frecuencia y la presencia de un perro no justificaba las entradas diarias. La convicción de que Ortega Lara estaba allí dio paso a la explotación judicial de la operación.

A las 1.30 horas del 1 de julio de 1997 llegó la noticia de la liberación del empresario Cosme Delclaux Zubiría en la localidad vizcaína de Elorrio. Se había barajado la hipótesis de que Delclaux y Ortega Lara estuvieran secuestrados en el mismo lugar. Los operativos encargados de la vigilancia permanente de la nave de Mondragón aseguraban en todo momento que de aquella nave no había salido Delclaux esa tarde noche. A las 4.00 horas de la mañana del día 1 de julio de 1997 se procedió a la detención, entrada y registro en los domicilios de Xabier Ugarte Villar, José Luis Eróstegui Bidauren, José Miguel Gaztelu Ochandorena y Jesús María Uribecheverría Bolinaga; a este último se le trasladó a la nave de Mondragón. Uno de los autores de este libro, entonces capitán, relata lo que allí ocurrió:

Se decidió explotar la operación aprovechando que se encontraba de guardia el juez Garzón; era conocida su propensión a implicarse en operaciones mirando más hacia el resultado final y facilitando la labor de los investigadores, respetando siempre las leyes. La comisión estaba compuesta por el juez Garzón, el fiscal, la secretaria judicial y el forense; llegaron al final de la tarde desde Madrid y entre la cena fría y la planificación de la explotación con los investigadores se hizo tiempo hasta desplazarse a la zona de actuación. Llevaba yo a los cuatro en mi coche; conocedor de todos los detalles de la investigación, mi misión era acompañarlos en todo momento.

Se optó por detener a los cuatro componentes del comando simultáneamente, cuando se diesen las mejores condiciones operativas, y trasladar a uno de ellos (Bolinaga) hasta la nave para estar presente en el registro. En una zona próxima a la nave de Mondragón se instaló el puesto de mando en un autobús acondicionado para ello; allí estaban los responsables de la Comandancia, del GAR y la UEI más la comisión judicial. Llegó la noticia de la liberación de Cosme Delclaux, que fue un pequeño jarro de agua fría ya que había una mínima posibilidad de que ambos secuestrados estuviesen juntos, y consecuentemente sembraba una pequeña duda sobre la nave, ya que nadie había salido de allí desde hacía días sin controlar. Pero los datos objetivos que nos habían llevado hasta allí continuaban inalterables.

Tras producirse las detenciones, Bolinaga fue traído ante el juez; preguntado por los hechos que se le imputaban, negó todo con rotundidad. Se inicia el asalto a la nave por parte de personal de la UEI; el juez quería entrar justo detrás de los agentes sin esperar a recibir el «limpio» de rigor cuando el lugar estuviese asegurado, y tuve que frenarlo todo lo posible. Sale de la nave el comandante de la UEI, y ante mi sorpresa dice: «Señoría, aquí no hay nadie». Intervine inmediatamente matizando sus palabras: «No se ve a nadie; no es lo mismo; buscamos un zulo, y son muy difíciles de encontrar». Entramos todos dentro, la nave era inmensa, con máquinas por todos los sitios, hierros, camión, trastos, un caos… Bolinaga también entró, se fijaba en todo y en todos, pero negaba los hechos imputados. Mencionaba al perro como único ser vivo. El juez Garzón ordenó recluirlo custodiado en una de las oficinas mientras se practicaba el registro. Entraron muchos guardias civiles en la nave, todos los que estaban por allí, y empezó una búsqueda anárquica, cada uno por su lado, sin orden ni concierto. De vez en cuando el juez nos hacía llevar al detenido a su presencia, ordenaba al forense que le reconociera (por si algo le había ocurrido en ese tiempo) y le volvía a preguntar a Bolinaga; la respuesta de este era siempre la misma: «Os equivocáis». Y Garzón, visiblemente contrariado, volvía a ordenar: «Llévenselo otro rato». En una pequeña cocina había restos de haber cocinado y de comida de esa misma noche. Intercambié estas palabras con un compañero: «Aquí hay vida; está aquí, seguro; esto no es normal».

Pero pasaban los minutos y las horas y no aparecía Ortega Lara. El jefe de la Comandancia de Guipúzcoa, teniente coronel Laguna, había perdido también la esperanza: «Qué mala suerte, y con la que hemos liado…». La respuesta no podía ser otra: «Jefe, tiene que estar aquí, entramos con unos presupuestos y ninguno se ha desvirtuado, lo único que pasa es que no lo encontramos porque los zulos de ETA no se encuentran, salvo que estés seguro de que están, entonces hay que buscar bien hasta dar con ellos». Garzón también tiró la toalla, se acercó a un grupo de oficiales y me dijo: «Capitán, vamos a acabar el registro; han trabajado bien pero no ha podido ser. Cerramos y nosotros nos vamos a Bilbao, que tengo que tomar manifestación a Delclaux». La respuesta tampoco podía ser otra distinta a la anterior: «Señoría, seguimos estando convencidos de que está aquí, vamos a hacer los cosas bien, sacamos a todo el personal, distribuimos la nave por sectores y procedemos con orden al registro minucioso; en un zulo que se abre todos los días hay que buscar rendijas, y es lo que vamos a hacer, aunque estemos dos días. Si le parece, contacte con el juzgado de aquí y que se desplace un secretario judicial para estar presente en el registro».

El juez tuvo que ver nuestra determinación ya que se alejó del grupo, no sé si para hacer la gestión o para darnos más tiempo en la búsqueda. Casualmente, al cabo de un rato corto se levantó un murmullo en una parte de la nave, gritos nerviosos, nos acercamos allí todos y vimos cómo unos agentes intentaban levantar un cilindro incrustado en el suelo que formaba parte de una máquina extraña. Estaba claro que se movía hacia arriba y que aquello no tenía lógica. Garzón ordena traer a Bolinaga. Presente en el lugar, no se derrumba, pero sentencia: «Ahí está Ortega Lara». Entonces le pregunto: «¿Hay alguien más, alguno vigilándole?». «Nadie», responde.

Nos indica cómo abrir eléctricamente el cilindro-ascensor, que no responde al haber sido forzado. Se emplea un artilugio mecánico y se sube hasta mitad de recorrido para poder entrar contorsionándose. Se elige a un hombre de la UEI delgado y no muy alto para entrar al zulo; al cabo de unos interminables minutos asoma Ortega Lara: su primera reacción instintiva al ver tantas caras mirándole es volver a meter la cabeza hacia dentro.

El zulo estaba compuesto por tres habitáculos. En el primero había un bidón de plástico grande de color azul donde los terroristas tenían depositadas cuatro pistolas y dinero. Tras un panel escondían diverso material para preparar artefactos. En el siguiente espacio, los secuestradores habían instalado un dispositivo preparado para dar luz a su cautivo, un altavoz y un sistema para remover el aire. En el tercer habitáculo se encontraba el secuestrado. Cuando el guardia civil entró dentro del habitáculo de 7,5 metros cuadrados y apenas 1,80 de altura máxima, el secuestrado imploró que le mataran de una vez: creía que hablaba con los etarras.

Vemos asomar a un náufrago por su aspecto, nada que ver con la imagen que todos teníamos memorizada. Se eleva un clamor de voces de alegría desbordada, acallado espontáneamente por la impresión de aquella imagen demacrada. Lo sacamos con sumo cuidado, nos sorprende su delgadez y fragilidad. El juez le bombardea con una retahíla de términos jurídicos del procedimiento judicial; Ortega Lara le mira sin entender, no articula palabra. Lo trasladamos hasta una camilla, lo introducimos en una ambulancia del cuerpo (se había previsto hasta el último detalle pensando en el éxito de la operación) y se lo traslada al Hospital de San Sebastián para evaluar su estado; lo acompaña un comandante de Intxaurrondo. Abrazos entre todos los allí presentes, euforia desbordada.

La comitiva judicial siguió con sus planes de tomar manifestación a Delclaux; ya de buena mañana los conduje hasta el cuartel de Éibar para desayunar y desde allí otro vehículo los trasladaría a Bilbao. En el bar del cuartel, como en todos los cuarteles de España, había satisfacción. Quizás ese fue uno de los mejores cafés de nuestras vidas. Regresé solo a Intxaurrondo siendo consciente poco a poco del enorme valor de la operación que la Guardia Civil acababa de realizar; no solo se había salvado una vida; estratégicamente era una de las grandes victorias del Estado contra ETA.

El secuestro de Ortega Lara fue el más largo de la historia de la banda terrorista ETA: un total de 532 días entre 1996 y 1997. Junto al zulo transcurría un riachuelo y la humedad se colaba en el habitáculo. El cautivo fue alimentado con verduras y frutas, y perdió más de 23 kilos, masa muscular y densidad ósea. Estaba llegando ya al límite de su aguante y ya tenía fecha para suicidarse; la liberación lo impidió. Los terroristas guardaban varias jeringuillas y sedantes, e instrucciones para entender el texto en clave que la dirección de ETA debía insertar en los anuncios del diario Egin para ordenar la puesta en libertad o el asesinato de Ortega Lara: «Txoria askatu» (dejad libre al pájaro) o «Txoria bota» (tirad/disparad al pájaro). El secuestrado todavía hoy es incapaz de dormir sin dejar abierta una rendija de la ventana para que entre algo de luz.

El comando de liberados legales que secuestró a Ortega Lara —no se conocía su pertenencia a ETA—, reunido bajo el nombre de Goiherri, era responsable del cautiverio de Julio Iglesias Zamora y del asesinato de cinco guardias civiles. La liberación del funcionario de prisiones supuso una victoria mayúscula para el Gobierno frente al terror de ETA. Esa mañana, cuando se dio a conocer la noticia, España y los españoles fueron mucho más libres. Por la sociedad española se extendió un sentimiento de satisfacción, incluso de euforia. Llovieron las felicitaciones para la Guardia Civil, todos los partidos políticos aplaudieron, salvo el PNV, que también en esta ocasión encontró algún pero. La liberación, además, supuso una inyección de moral para los agentes de la Guardia Civil de Intxaurrondo, tras ver cómo algunos de sus compañeros habían sido encausados por los GAL. Pero uno de los dirigentes de Herri Batasuna, Floren Aoiz, advirtió de que aquella felicidad podía ser efímera: «Después de la borrachera puede venir la resaca». Y enseguida se escribió un nuevo nombre que sacudiría la conciencia colectiva de la sociedad española: el de Miguel Ángel Blanco.

Nueve días después de la liberación, la dirección de ETA ordenó el secuestro del concejal. La humillación y derrota sufrida con el abrupto final del secuestro de Ortega Lara exigía una represalia feroz e inmediata. Los terroristas capturaron al concejal del PP a las nueve de la mañana a la salida de la vivienda en la que vivía con sus padres, en la localidad vizcaína de Ermua, cuando iba a trabajar a una consultoría en Éibar. Luego lanzaron su ultimátum: «Será asesinado si el Gobierno no accede a acercar presos de ETA al País Vasco». El plazo era de cuarenta y ocho horas. Miguel Ángel Blanco ya había sido condenado a muerte; el acercamiento era una excusa para disfrazar la venganza por la liberación de Ortega Lara. La amenaza hizo que Ertzaintza, Policía Nacional y Guardia Civil coordinasen sus movimientos como nunca lo habían hecho hasta entonces. La sociedad también respondió: Bilbao acogió la mayor manifestación contra el terrorismo, con réplicas en toda España. Las imposiciones de una banda terrorista anclada en un tiempo ya ido y superado chocaban de manera frontal, por primera vez, contra las aspiraciones de los ciudadanos. Se rebelaron los que hasta entonces callaban. La sociedad vasca iba a despertar bruscamente, tras décadas de mirar para otro lado.

Nada sirvió para persuadir a los etarras de reconsiderar su amenaza. Cincuenta minutos después de que acabara el plazo impuesto por ETA, los terroristas dispararon dos veces al concejal en la nuca. Un cazador lo encontró malherido y avisó a las autoridades. Ocurrió en las inmediaciones de Lasarte-Oria. Miguel Ángel Blanco agonizó durante dieciocho horas. El sargento Justo de la Guardia Civil fue el primero en llegar, en compañía de otro agente:

A mí y a un compañero nos tocó barrer la zona de Lasarte, nos repartimos un camino sí y otro no. De repente nos dicen por transmisiones que un cazador ha visto a un hombre en el suelo; estábamos al lado y nos acercamos; era Miguel Ángel Blanco; lo encontramos agonizando, acababan de dispararle, lo hicieron con un revólver calibre 22, por eso no lo oímos. Inmediatamente se presentó una ambulancia y la Ertzaintza; a partir de ese momento permanecimos en el segundo cordón para interrumpir lo menos posible. La ambulancia lo trasladó hasta el hospital, pero ya entró en coma; no pudieron hacer nada por su vida.

Los terroristas Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, e Irantzu Gallastegi, Amaia, fueron juzgados y condenados por el asesinato, pero no su compañero de comando José Luis Gueresta Múgica, quien se suicidó.

El asesinato desató la mayor reacción contra ETA de la historia. El repentino cambio en la sociedad vasca inquietó al PNV, que temía perder su hegemonía como gestor de la vida de los vascos y que el rechazo popular se extendiera a su partido. La hipótesis de una ETA derrotada, que se veía factible en aquellos días de indignación colectiva, trastocaba profundamente el sistema de equilibrios políticos en el País Vasco. Herri Batasuna guardó un silencio cómplice.

Ajena a todo, la banda terrorista continuaba a lo suyo. Su primera víctima mortal tras el concejal de Ermua fue en Basauri (Vizcaya): un policía que murió al estallar una bomba lapa. Después, en Bilbao, tres terroristas tirotearon a un ertzaina que sospechó de sus movimientos. Preparaban un atentado contra el Museo Guggenheim, que iba a ser inaugurado cinco días después por el rey Juan Carlos I. El agente murió y uno de los etarras fue detenido. En agosto, ETA apuntó de nuevo sus armas contra la Guardia Civil. Fue una ofensiva en toda regla: una bomba estalló en el cuartel de Sallent de Gállego (Huesca), provocando daños materiales; el de Zumalacárregui, en San Sebastián, fue ametrallado; en Comillas (Cantabria) los artificieros del cuerpo neutralizaron tres granadas de carga hueca que no llegaron a estallar. Las mismas escenas se repitieron en septiembre: los terroristas dispusieron doce granadas anticarro que estaban dirigidas contra la Comandancia de Granada, pero un fallo en el mecanismo frustró sus planes; en San Sebastián hicieron explotar un coche bomba al paso de un vehículo del cuerpo, a unos 150 metros del circuito por el que discurría una competición ciclista internacional, hiriendo a tres agentes.

De forma paralela avanzaba también la lucha contraterrorista, gracias al trabajo de los guardias civiles. En noviembre fue detenido en el Alto de Urquiola (Vizcaya) el terrorista José Antonio Hernández Velasco, que llevaba en su coche los elementos necesarios para construir artefactos explosivos. Sus dos compañeros, Aitor Bores e Ignacio Crispín Garcés, se dieron a la fuga. La Benemérita los detuvo meses después. Los tres componían el comando Araba. En Madrid se localizó un piso desocupado en el que se detectaron huellas de los etarras Juan Antonio Olarra Guridi, Ainhoa Múgica Goñi, Idoia Martínez García, Jon Bienzobas Arreche, Rufino Arriaga Arruabarrena y Francisco Javier Gallaga Ruiz. La información hallada en la vivienda sirvió para esclarecer algunos atentados cometidos en la capital. También se encontró una lista de objetivos contra los que atentar. Mientras, en Francia, caía una de las figuras más complejas dentro del mundo de ETA. José Luis Urrusolo Sistiaga llevaba militando en ETA desde 1977 y su capacidad para asesinar había quedado más que demostrada. Pero su rebeldía y el enfrentamiento con algunos compañeros le habían impedido ocupar algún puesto destacado en la organización. La Policía gala lo detuvo en Burdeos después de que el terrorista quisiera zafarse de un control rutinario.

Pero si algo demostraron los guardias civiles en 1997 fue su plena capacidad de actuación en Francia, cuando ya las autoridades del país vecino les permitían libertad de movimientos, trabajando conjuntamente con su servicio de información. En noviembre se detuvo a doce miembros de ETA en distintas ciudades por toda la geografía gala. Y días después se planificó otra operación en Orléans en la que se arrestó a otros cuatro etarras: María Jesús Arriaga Arruabarrena, José Javier Irastorza González, Rufino Arriaga Arruabarrena y Jorge Martínez Ahedo. Esta investigación supuso un desgaste extraordinario para el cuerpo, que llevaba meses siguiendo a varios militantes de la banda. Para los agentes que llevaron las pesquisas no es difícil recordar los pormenores de la Operación Lola, que explotó en varios momentos:

Una de las muchas informaciones obtenidas de la operación de infiltración del guardia civil Joseph permitió a la Unidad Central Especial n.º 1 de la Guardia Civil tener conocimiento de que José Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri o Josetxo, entonces jefe del aparato militar de ETA, utiliza para sus desplazamientos un Renault 19 blanco y matrícula 7865JN33. Va acompañado de una mujer, Concepción Iglesias Álvarez, Conchita (que se hace llamar Marie Claire) y de un niño de corta edad que seguramente es hijo de ambos; residen ocasionalmente en una casa situada en las proximidades del lago de Lacanau, en el Departamento 33, zona de Burdeos. Esa información es lo suficientemente buena y concreta como para empezar un despliegue en la zona con el fin de detectar a esos objetivos.

El 3 de septiembre de 1996 se detecta el vehículo en la localidad de Arcachon conducido por Conchita. Cuando sale de la citada localidad circula en dirección Lacanau de Mios, conducido por Kantauri; se inicia un seguimiento que lleva hasta una parcela de la casa denominada Les Pontriques, en la carretera de Testarouch en Lacanau de Mios. Se trata de una parcela bastante grande, con una gran casa de amplias cristaleras situada a una treintena de metros de la puerta de entrada, y con otra dependencia tipo chalet de madera en semicírculo situada a una veintena de metros a la izquierda de la casa. Hay que destacar la presencia delante de la casa de ocas que reaccionan ruidosamente a cualquier movimiento. Al otro lado de la carretera se encuentran unos terrenos arbolados que pueden servir como puesto de vigilancia. Por la extrema dificultad del lugar se mantiene vigilancia esporádica sobre la vivienda. No se vuelven a detectar aquí.

El 19 de octubre se observa a los objetivos, quienes, tras mantener una cita a las 12.00 en Arcachon, toman el vehículo conocido y se dirigen a un domicilio desconocido hasta entonces en La Carreyre, de Lacanau-Océan. La zona es bastante extensa, boscosa. La casa tiene unos ochenta metros cuadrados con una parcela de unos 790 metros cuadrados. Hay que tomar muchas precauciones cuando se camina hacia la casa, porque hay perros en las cercanías. Tras las primeras investigaciones y vigilancias efectuadas se concluye que este es el domicilio principal de Kantauri y su familia; reúne muy buenas condiciones de seguridad para ellos, y les sirve de base de operaciones desde donde se ausentan para sus actividades orgánicas durante semanas, regresando siempre. Desde ese momento, este domicilio se convertirá en el objetivo número 1 de la Guardia Civil, se dan los pasos necesarios con mucha cautela para seguir a los objetivos, observar y escuchar todo lo que allí ocurra; en abril de 1997 se alcanza el pleno rendimiento de la operación. Para comprender la magnitud de las actividades operativas que allí se desarrollan nunca habrá menos de 40 guardias civiles de manera permanente en la zona, y una decena de policías franceses de Renseignements Généraux (RG), distribuidos en grupos de seguimientos, vigilancias y explotación de medios técnicos. Se codifican los objetivos: Kantauri será Lola; Conchita será Lolita y el niño será Lolo.

Se identifican otros dos domicilios de colaboradores donde Kantauri y su familia pernoctan, además de hoteles de las localidades que frecuentan; esos colaboradores también les sirven para múltiples actividades (enlaces, compras, seguridad, etc.). A las citas con otros terroristas siempre acude en un primer momento Kantauri mientras Conchita hace labores de contravigilancia y seguridad con su hijo pequeño. En agosto de 1997 cambian de vehículo y son vistos con un Citroën ZX gris de un colaborador; se consigue instalar un dispositivo técnico de seguimiento al vehículo el primer día en que es detectado. A finales de 1997 abandonan la casa de Lacanau. Este nuevo vehículo nos llevará a su nuevo domicilio, en Montagut, alquilado por un colaborador, que realizará también funciones de conductor para la pareja y dará seguridad a algunas de las citas que mantuvo la misma.

El 4 de octubre de 1997, un individuo —podría tratarse de José Luis Mitxelena Berasarte, Orlegi— permaneció en el domicilio de Kantauri y Conchita hasta el día siguiente, cuando fue recogido por otro colaborador francés identificado en Dax. A lo largo del mes de octubre 1997 la intervención telefónica sobre la casa de Montagut confirma que piensan cambiar de domicilio. La localidad de Dax es un punto recurrente de las actividades orgánicas de Kantauri; por ese motivo en noviembre 1997 se estableció un dispositivo policial fijo sobre Dax con la finalidad de trabajar de manera estática la citada localidad y conseguir datos operativos sobre los contactos que mantuvieran Kantauri o Conchita. También se alquiló un estudio desde el que se podían observar los puntos de cita. En esas Navidades, quizás tras algún encuentro familiar con alguien llegado desde España, Kantauri abandona casa y coche. Hay que retomar su búsqueda partiendo desde los numerosos hilos que se tienen tras meses de control de sus actividades.

El 19 de enero de 1998, Lorentza Beyrie (uno de los contactos habituales de Kantauri que es seguido por los guardias civiles) aparca su Citroën BX en Le Bouscat (distrito de Burdeos), rue Sadi Carnot a la altura del n.º 20. Después se detecta el vehículo en movimiento; conduce Lorentza y en su interior, en el asiento delantero Kantauri, y en el trasero Conchita con el niño pequeño. Se dirigen el centro comercial Auchan Lac donde pasan la tarde de compras. Cogen el vehículo y vuelven a aparcar en la rue Sadi Carnot a la altura del n.º 20, abren el maletero y meten las cosas en el portal n.º 18 de esa misma calle, suben la escalera y se enciende la luz del primer piso. Queda así localizado el nuevo domicilio de Kantauri. Llevan residiendo desde el 2 enero, alquilado con el nombre ficticio de Joëlle Emond. Se retoma nuevamente el control de sus actividades. El 26 de enero de 1998, a las 19.30 horas, Kantauri está en la parada del autobús. A las 20.00 Conchita saca mucha basura. A las 23.05 llega un Ford Fiesta blanco (no se pudo tomar la matrícula por falta de luz), estaciona frente al portal n.º 18 de la calle Sadi Carnot y recoge a Conchita y al niño, además de varios bultos. Se pierden los objetivos de la Operación Lola. Algo había ocurrido para que huyeran los objetivos. Y efectivamente algo sorprendente se había producido: la cadena Telecinco acababa de anunciar en el telediario que la «Guardia Civil vigilaba en Francia a Kantauri». Se había producido una filtración interesada que ayudaba a ETA, y que nunca nadie explicó. Kantauri será detenido en 1999, Conchita en 2000. Durante todo el tiempo en el que se mantuvo la Operación Lola, son innumerables las citas que mantuvieron tanto Kantauri como Conchita. Todas las citas las preparan de forma minuciosa. Antes de las citas, Conchita se suele separar de Kantauri y da vueltas por los alrededores de una forma muy natural con el cochecito del niño. Tras las citas con objetivos desconocidos, los dispositivos de seguimiento se dividían: unos continuaban con Kantauri, que era el objetivo preferente, y otros con el objetivo nuevo, que podía irse a la otra punta de Francia. El asunto se complicaba cuando Kantauri tenía varias citas el mismo día, ya que siempre se intentaba seguir a todo aquel que se juntaba con él. En varias ocasiones, el seguimiento del nuevo contacto contaba solo con la presencia de uno o dos guardias civiles.

Entre esas citas figuran nombres como Juan Cruz Sarasola Michelena, José Ramón Naveiro Gómez, Iñaki de Rentería, Olarra Guridi, Idoia Martínez o Mikel Antza. En definitiva, los pesos pesados de la banda. Los datos obtenidos en las pesquisas sirven a la Guardia Civil para dibujar una radiografía detallada de algunos de los estamentos de la organización.

De la inicial Operación Lola se abrieron muchas otras, denominadas por los investigadores como Abuelo, Maite, Helena, María, Arantxa, Mejicana, Salva, Manta, Tortilla, Natillas, o Bañera. Además de todo lo observado se obtuvo información de altísima calidad sobre el estado general de la banda terrorista y de muchos de sus aparatos y militantes.

Tras el desliz cometido por alguien y aireado por los medios de comunicación, la Guardia Civil y la Policía francesa no tienen otro remedio que actuar sin más demora. Kantauri y Conchita habían escapado, pero los agentes detuvieron a algunos de sus más estrechos colaboradores: Idoia Martínez, José Ramón Naveiro y Roberto Murguiondo en La Rochelle. María Jesús Arriaga, José Javier Irastorza, Rufino Arriaga y Jorge Martínez Ahedo en Orleans.

La respuesta de ETA a las detenciones, de nuevo, llega en forma de asesinato. Y sigue la directriz de presionar a la clase política. La elección de la víctima, el concejal del PP en Irún (Guipúzcoa) José Luis Caso Cortines, no fue casual:

Sobre las 22.15 horas José Luis Caso entró en el bar Tranche de la localidad de Irún, bar que frecuentaba todos los días desde hacía veinte años debido a la cercanía con su domicilio. Cuando llevaba unos treinta minutos, un individuo se acercó a la víctima y apoyó su pistola en su cabeza efectuándole un único disparo. Seguidamente huyó del local amenazando a los presentes. La huida por parte del miembro de ETA fue pausada, mientras advertía a los testigos que no le siguiera nadie o le pasaría lo mismo.

Esta presión tuvo sus consecuencias: los principales partidos políticos mostraron que no había entre ellos grietas ni fisuras contra el terror de ETA. Las imágenes catárticas de la liberación de Ortega Lara y el desasosiego con el que se vivieron las 48 horas de secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco sacudieron los últimos prejuicios que existían en la lucha antiterrorista. Algo podía empezar a cambiar en la sociedad vasca, se advertían los primeros síntomas, y quizá podían alterarse referentes hasta entonces sólidos. El PNV vio peligrar su estatus y movió ficha: optó por distinguir entre nacionalistas y no nacionalistas —en lugar de violentos o no violentos—, en un sorprendente discurso que lo aproximó a las tesis de HB y ETA y lo llevó a alejarse del espíritu del pacto de Ajuria Enea. El panorama político en el País Vasco iba a dar un giro radical.

16

EL PNV SE VA CON ETA. TREGUA. FRACASO. Y VUELVE EL TERROR

«Lo importante es darle a los políticos del PP.» El mensaje escrito por José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri, responsable de los comandos ilegales de ETA, caló hondo entre los pistoleros de la banda. Y la escena que presenciaron los vecinos de Zarauz (Guipúzcoa) a principios de enero de 1998 reflejaba esa situación: los terroristas habían asesinado al concejal del PP en la localidad, José Ignacio Iruretagoyena, un hombre que había renunciado a llevar escolta. No creía que fuera a caer víctima de un atentado en la tierra en la que nació y creció. Una de las primeras personas en llegar al lugar para presentar sus condolencias fue Manuel Zamarreño Villoria, concejal del mismo partido en Rentería, y que había sustituido a su compañero José Luis Caso tras ser asesinado a finales de 1997. A Zamarreño también le quedaban meses de vida. Una bomba escondida en una motocicleta lo mató en junio. Su hijo Jon ocuparía su cargo en el consistorio.

La seguridad de los concejales abrió un debate en las esferas políticas. El Gobierno vasco no quería dejar (tampoco el PNV) que ninguna institución que no fuera la Ertzaintza brindase seguridad a los ediles, aunque finalmente tuvo que ceder parte de estas competencias —ante la falta de medios humanos para afrontar la tarea— a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.

Pero su integridad no solo estaba en riesgo en el País Vasco. El 30 de enero, los terroristas José Luis Barrios y Mikel Azurmendi, miembros del comando Andalucía, asesinaron a balazos en Sevilla al concejal del PP Alberto Jiménez-Becerril y a su esposa, Ascensión García. El matrimonio tenía tres hijos, de cuatro, siete y ocho años. Era el primer edil del PP al que ETA mataba fuera del País Vasco. Y el 6 de mayo, en Pamplona, fue un concejal de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Tomás Caballero, el que cayó abatido a tiros a pocos metros de su portal. Tras este crimen, el etarra Iñaki de Juana Chaos, preso en la cárcel de Melilla, solicitó por escrito «una botella de champán francés, una tarta y un kilo de langostinos» para «celebrar la jubilación forzosa del franquista antivasco».

Esta ola de atentados, unida a la indignación que despertó el asesinato de Miguel Ángel Blanco, propició el nacimiento del Foro de Ermua, un espacio en el que intelectuales y ciudadanos no nacionalistas clamaban por la paz y expresaban con firmeza y sin tapujos su rechazo al terrorismo. Con el paso de los meses, fue ganando peso y su voz contaba con más autoridad. Por fin se organizaban ciudadanos vascos, con varios referentes de renombre a la cabeza, para alzar su voz denunciando lo que ocurría en el País Vasco: tanto el terrorismo de unos nacionalistas fanáticos y radicales como la calculada ambigüedad de otros que se presentaban como moderados. Se rompía la espiral de silencio y complicidad instalada durante décadas. Desde las filas del PNV se miró con preocupación un movimiento que podía achicarle los espacios al nacionalismo vasco. Xabier Arzalluz hizo patente esta irritación al acusar al foro de estar dominado por «la derecha del PP»; tendrían que reaccionar ante la rebelión popular que había nacido desde el asesinato de Miguel Ángel Blanco y que se condensaba en una actitud de inconformismo y hartazgo hacia el nacionalismo.

ETA, mientras tanto, combinaba los atentados contra la clase política con los golpes a objetivos tradicionales. Y la Guardia Civil estaba siempre en el primer lugar de esa lista. El 8 de mayo, los terroristas acabaron en Vitoria con la vida del subteniente retirado Alfonso Parado Ulloa, el primer asesinato en la provincia en nueve años. Los autores del atentado fueron tres componentes del comando Basurde, todos ellos vecinos de Vitoria. Disparó Igor Martínez de Osaba Arregui. Daba cobertura al autor del disparo Alicia Sáez de la Cuesta Martínez de San Vicente, cuyos padres eran conocidos del subteniente Parada. Esperaba en el coche para la huida José María Novoa Arróniz. El crimen propició un debate en la sociedad vasca, otro indicio de esa naciente insurrección.

El lehendakari José Antonio Ardanza lo condenó, pero no asistió a la manifestación que se celebró en Vitoria al día siguiente y en la que participaron 35.000 personas. Además, el Ayuntamiento le dedicaría dos años después al subteniente una plaza y un monolito a pocos metros del lugar en el que fue asesinado. La Guardia Civil empezaba a ser reconocida por la ciudadanía del País Vasco, pero no por sus principales instituciones. En apenas seis meses, la Benemérita detuvo a los integrantes de los comandos Araba y Andalucía, dos de los más importantes. Para el consejero vasco de Interior, Juan María Atutxa, los golpes policiales eran «de enorme importancia, pero no justifican la continuidad de la Guardia Civil en el País Vasco: pese a la importancia que tiene que se retire de la circulación a personajes de esta naturaleza que no respetan algo tan elemental como la vida, la detención de un comando no es razón para esgrimir la continuidad de la Guardia Civil, salvo en el área que le corresponde por el Estatuto». Pero el peso de la lucha antiterrorista lo seguía llevando el instituto armado, gracias a investigaciones —como la que condujo a la desarticulación del comando Araba— que poco a poco iban minando la capacidad operativa de ETA.

Por investigaciones minuciosas y un enorme trabajo operativo se consigue saber los teléfonos móviles que estaban empleando los miembros del comando. Localizarlos físicamente también fue complicado, ya que la compañía telefónica en aquella época solo facilitaba como ubicación de los mismos una zona amplia del centro de Vitoria.

A finales de 1997 es detenido en un control del GAR el colaborador/laguntzaile de ETA José Antonio Hernández Velasco, Txusko, cuando iba acompañado de los liberados del comando Araba Ignacio Crispín Garcés Beitia y Aitor Bores Gutiérrez, que lograron huir del control. En el vehículo se encontró un teléfono móvil propiedad de los liberados que recibió una llamada de otro terminal móvil que en esos momentos portaba el o los individuos que hacían de lanzadera, unas llaves, y una agenda atribuida a Crispín en la que se encuentra una anotación numérica, 8051644, correspondiente al número telefónico 4461508 (número invertido). Se inicia una investigación sobre esos teléfonos y las llamadas efectuadas por los mismos. Entre los números fijos marcados aparecen llamadas a objetivos de los terroristas: políticos, como por ejemplo Fernando Visa Landa, contra el que atentarán en enero de 1998, y dos policías. El resto de los teléfonos fijos marcados eran de pisos de alquiler o infraestructura. Uno de los titulares de estos teléfonos aparece en distintas guías telefónicas donde le figuran otros teléfonos en otras localidades. Se averigua que a esta persona le figuran dos pisos alquilados en Vitoria, siendo una primera planta en los dos casos. De los datos recabados y entrevistas mantenidas se llega a la conclusión de que esa persona se dedica al negocio de chicas de alterne o de relax, y a la hora de alquilar pisos siempre quería primeras plantas por ser más idóneos para el negocio. Se someten a control exhaustivo este y otros teléfonos marcados o utilizados por los terroristas. Se procede a mantener sobre estas escuchas el siguiente dispositivo: un turno de personal encargado de escuchar durante las veinticuatro horas del día, y un dispositivo permanente de retén realizado por un grupo operativo, a fin de poder reaccionar con el menor tiempo posible ante una llamada que pueda dar datos sobre la ubicación de los miembros del comando.

Los liberados del comando Araba no dan señales de vida, ninguno de los teléfonos móviles intervenidos hasta el momento se activan. Hasta que el 7 de marzo dejan de estar mudos. Llaman a la estación de Ferrocarriles Vascos de Amorebieta (Vizcaya) y piden horarios para Éibar, a todas las horas en punto. El 12 de marzo a las 10,58 se activa un teléfono en la avenida Gasteiz. Grupos operativos cubren las zonas de Pintores, Ariznavarra y desde avenida Gasteiz hasta Zona Centro y Casco Viejo. Por la tarde los dos números de los liberados se activan en la Avenida Gasteiz. A las 18.22, llaman al teléfono del local de relax y establecen una cita en la calle La Paz, 29.

Grupos del Servicio de Información cubren la calle La Paz, 29, pero no fue visto el liberado. El 16 de marzo llaman a una tienda para recoger unos efectos comprados y se monta un dispositivo sobre el establecimiento. El liberado de ETA Aitor Bores Gutiérrez recoge la compra, tras su seguimiento entra en el portal n.º 16 de la calle Sancho El Sabio, por lo que queda confirmado que los liberados de ETA disponen de infraestructura en el citado inmueble. A partir de este momento se realiza control las 24 horas sobre el citado portal.

El 17 de marzo a las 10.20, los terroristas se llaman entre ellos:

02: ¿Sí?

84: A ver, dónde andas.

02: Estoy por aquí por... en Pintor Vera Fajardo... estoy dando unas vueltas, por si acaso. ¿Dónde estás tú?

84: Estoy en casa ya. Ya ha pasado un cuarto de hora o veinte minutos.

02: Yo, ya... es que yo he estado buscando tu teléfono y no he podido llamarte.

84: Pues anda al loro, ¿eh?

02: Sí, sí.

84: Si no hay... [Se corta.]

Este día Aitor Bores Gutiérrez salió de calle Sancho el Sabio andando, seguido por la Guardia Civil. Al poco rato de esta llamada, en la calle Pintor Vera Fajardo, Aitor Bores se cruza sin intercambiar palabra, solo la mirada, como medida de seguridad, con Ignacio Crispín Garcés Beitia. Se juntan los dos al cabo de un rato, dirigiéndose al portal n.º 12 de la calle Pintor Vera Fajardo, observando el lugar: en este portal vivía la dirigente de Unidad Alavesa, Enriqueta Benito. Regresan los dos a Sancho el Sabio n.º 16. En relación con Ignacio Crispín Garcés no se observó su salida del portal porque su apariencia no correspondía con la descripción que se disponía de él. Es identificado al cruzarse y juntarse con Aitor Bores. Se había cortado el pelo y quitado la barba.

El día 19 de marzo 1998, a las 4.45 es desarticulado el comando Araba; agentes de la Unidad Especial de Intervención asaltan por sorpresa la vivienda y detienen a los dos liberados en el piso de la c/ Sancho el Sabio de Vitoria (Álava).

Apenas un día más tarde, en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, fueron detenidos los terroristas franceses David Claude Gramont y Jean Joseph Esnal, cuando viajaban a bordo de una autocaravana con 240 kilos de explosivos. Se los iban a entregar a los integrantes del comando Andalucía, Mikel Azurmendi, Ankas, María Teresa Pedrosa, Maituni, y José Luis Barrios, Txetxu. Todos ellos fueron arrestados a la mañana siguiente en la capital hispalense por la Guardia Civil. Llevaban dos años operando por toda Andalucía.

Miembros de la UCE-I junto con integrantes del Grupo Operativo (GAO) inician una serie de operaciones en Francia y Andalucía con la finalidad de obtener pistas que permitiesen la localización y desarticulación del comando Andalucía de ETA. Se habían dedicado muchos esfuerzos a localizar al comando que actuaba en esa comunidad en vista de su especial virulencia. Se controlaban los transportes públicos. A través de las cámaras de videovigilancia de la estación de tren de Santa Justa se localizó a unos individuos sospechosos que ocupaban una vivienda alquilada a escasos metros. Iban perfectamente caracterizados, se parecían muy poco a las imágenes que de ellos se tenían en los archivos. Al final fueron físicamente localizados muy pocos días antes de la detención. Ubicados los posibles terroristas se plantea la cuestión de detenerlos inmediatamente o esperar, asegurando las veinticuatro horas del día su vigilancia para que no realizaran ningún atentado, hasta localizar toda su infraestructura y contactos con enlaces enviados desde Francia. Se opta una vez más por la vía ambiciosa y se emplea en ello a todo el personal disponible de la Jefatura del Servicio de Información. El objetivo perseguido es necesario para asestar en el futuro golpes importantes a las estructuras operativas de ETA, pero difícil y peligroso. No hay margen de error.

El dispositivo operativo y técnico dispuesto alrededor de la vivienda ocupada por los posibles terroristas en la calle José Laguillo de Sevilla permitió conocer sus actividades para los próximos días, siendo lo más importante la recepción de una partida importante de explosivos enviados por el aparato logístico de ETA. Descubrir a los colaboradores de ETA que realizaban habitualmente esas tareas podía suponer la desarticulación de más comandos en el futuro, incluso llegar hasta las bases de retaguardia en Francia.

El día 20 los terroristas afincados en Sevilla esperan la llegada del material. Se averigua que el punto de intercambio será una gasolinera próxima a Sevilla, en la ruta lógica de llegada desde el norte. Los agentes del Servicio de Información vigilan varias estaciones de servicio de manera discreta, a la vez que siguen a los terroristas del comando hasta la localidad de Alcalá de Guadaíra. Allí se detecta cómo estacionan dos vehículos en un aparcamiento para camiones, situado en las inmediaciones de una gasolinera. A las 21.00 horas se observa la cita entre el conductor de una furgoneta Renault Exprés (alquilada ese día por uno de los liberados) y el conductor de una autocaravana; trasladan bolsas desde la autocaravana a la furgoneta, mientras el conductor de esta espera en el bar observando la escena por seguridad. En esos momentos, en las proximidades del área de servicio, un hombre y una mujer (los liberados) esperan en el interior de un vehículo Ford Orión dando seguridad al trasvase. Poco después el Cuerpo Nacional de Policía es alertado por un trabajador de la gasolinera al detectar movimientos extraños, pensando que se podía tratar de un asunto de tráfico de drogas; inmediatamente una patrulla acudió al lugar e identificó a los individuos que se hallaban descargando la autocaravana, observando que se trataba de material explosivo y armamento, por lo que procedieron a la detención de ambos.

El conductor de la Renault Exprés observa la detención desde la cafetería, dando aviso por teléfono móvil a los ocupantes del Ford Orión que huyen en dirección a Sevilla, mientras él se marcha de la zona a pie. Los miembros de la Guardia Civil continúan la vigilancia sobre el Ford que, pese a las maniobras para detectar cualquier presencia policial, estaciona en una calle próxima a la estación de ferrocarril de Santa Justa, observando cómo entran por separado, adoptando medidas de contravigilancia, en el número 6 de la calle José Laguillo, en el que media hora después hará entrada el tercer individuo. Ya no hay razón para esperar más. A las 6.30 horas del 21 de marzo la Unidad Especial de Intervención irrumpe en la casa y procede a la detención de los miembros del comando de liberados Andalucía, Mikel Azurmendi Peñagaricano, José Luis Barrios Martín y María Teresa Pedrosa Barrenechea. Por su parte, la Policía había detenido previamente a los ciudadanos franceses que transportaban los explosivos para el comando, Jean Joseph Esnal y David Claude Christian Gramont, que posteriormente fueron entregados a la Guardia Civil siguiendo órdenes del secretario de Estado de Seguridad, para completar correcta y lógicamente la instrucción de las diligencias.

Un sentimiento de alivio se extendió por la capital sevillana, especialmente al conocer que los agentes del instituto armado se habían hecho con 590 kilos de explosivos y otros 350 de amonal, cuatro subfusiles, un fusil con mira telescópica, cuatro pistolas, un revólver, diversa documentación falsa, temporizadores y abundante munición. Los terroristas dormían armados, con una bala siempre en la recámara de sus pistolas, que no tuvieron tiempo de alcanzar en el momento del asalto a la vivienda. Confesaron su participación en numerosos atentados, facilitaron datos operativos de gran valor y la información obtenida, además, condujo a nuevas desarticulaciones de comandos.

Las detenciones se produjeron a raíz de las investigaciones sobre el comando Andalucía, y concretamente de las manifestaciones de José Luis Barrios Martín, antiguo colaborador del comando Nafarroa 94. Los tres detenidos constituyeron en 1995 el comando legal Buru Gogor y realizaron un cursillo de armas y explosivos. A principios de 1996 construyen un zulo en la zona de Oricain, en las proximidades de Pamplona. Reciben consignas por parte de ETA de atentar contra el Tour de Francia a su paso por Navarra, así como contra intereses franceses en la Comunidad Foral de Navarra. En el verano de 1996 dejaron de actuar ante el temor a ser descubiertos por la Guardia Civil.

A esta desarticulación se sumó la del comando Donosti, cuando sus integrantes —Sebastián Lasa, Alfonso Sebastián, Jesús María Lombide y María Cristina Gete— se disponían a lanzar granadas contra las viviendas militares de Loyola (Guipúzcoa). Días más tarde fueron arrestados en Fuenterrabía los miembros de otro talde, encargado de cruzar la frontera franco-española a bordo de barcas de pescadores. Y poco después, en Guernica, la Ertzaintza detuvo a los integrantes del nuevo comando Vizcaya tras un tiroteo: un agente resultó herido y la terrorista Ignacia Ceberio murió alcanzada por las balas. «Morir por Euskadi, matar por España», resumió el diario Egin en su edición del día siguiente.

Los mensajes que abanderaba este periódico estaban sustentados en la estrecha relación que mantenía con el entorno de ETA, lo que propició su cierre en junio de 1998 en una operación de la Policía Nacional dirigida por el juez Baltasar Garzón. El magistrado decidió la intervención de la empresa editora, del propio diario y de una emisora filial denominada Egin Irratia, además de la suspensión de sus actividades por su posible integración en el aparato de finanzas de ETA. Finalmente, a últimos de julio de 1999, se declaraba el cierre definitivo de este diario. Los documentos que lo relacionaban con la banda terrorista procedían de la desarticulación de la cúpula de ETA en Bidart el 29 de marzo de 1992 por parte de la Guardia Civil. También fueron claves las reuniones de Teresa Toda, subdirectora del diario, y Xabier Salutregi, redactor jefe, con el dirigente de ETA José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, todas ellas filmadas por el instituto armado. Un día más tarde del cierre de Egin, sus redactores publicaron un nuevo periódico con la misma tipografía y diseño, esta vez bajo el nombre de Euskadi Información. En unos meses sería sustituido por el diario Gara. A partir de este momento se inicia un camino sin retorno en el que la mayoría de las organizaciones de la izquierda abertzale serán ilegalizadas con el tiempo: KAS, Jarrai-Haika-Segi, GGAA-Askatasuna y su brazo institucional Herri Batasuna y todas las formaciones sucesoras como EH/Batasuna, ANV o PCTV.

La clausura del diario Egin desató una virulenta campaña de terrorismo callejero, un fenómeno que alcanzaba su mayor índice de actividad de toda su historia. Con esta agitación, ETA y su entorno lograban un sentimiento de violencia permanente sin que los comandos terroristas se expusieran al peligro de ser descubiertos. En Baracaldo, un grupo de más de cien encapuchados perfectamente organizados se enfrentaron contra agentes de la Ertzaintza. Un agente de la policía tuvo que disparar su arma al aire al verse rodeado por los agresores, quienes, además, atacaron una ambulancia, quemaron una sucursal bancaria y provocaron destrozos en otras entidades. Casi de forma paralela, una decena de radicales atacaba las viviendas de la Guardia Civil de la localidad vizcaína de Guecho. Los radicales lanzaron desde la parte de atrás del cuartel nueve botellas incendiarias. Herri Batasuna no condenó estos episodios. Nunca lo hacía. Al contrario, apoyó de forma explícita a los radicales. Otras situaciones fueron más incomprensibles, como el gesto del alcalde socialista de Lezo, Mikel Arrizabalaga, que adelantó más de dos millones de pesetas a las familias de tres jóvenes acusados de quemar un autobús para que pudieran pagar sus fianzas. El presidente del Gobierno, José María Aznar, prometió que ETA y «la basura» de HB acabarían en la cárcel. Desde esta formación, la advertencia de Aznar fue interpretada como «una declaración de guerra», según su portavoz Joseba Permach.

En este contexto, la izquierda abertzale empieza a trazar un escenario en el que, bajo la premisa de distinguir entre nacionalistas y no nacionalistas, se embarca en la empresa de tratar de seducir al PNV para hacer frente conjunto contra la presión del Gobierno. Un pacto secreto daría paso a una tregua. Los primeros contactos entre ambas partes se concretaron en enero de 1998. Dos representantes de ETA y un miembro del PNV se reunieron en Bruselas. Las citas se repitieron en Bélgica otras dos veces ese mismo verano. Además, la banda terrorista se encontró con EA e IU, mientras que el PNV lo hizo con HB. Las conversaciones sentaron las bases para que el 12 de septiembre se presentase el Pacto de Estella/Lizarra —con vocación de imitar las líneas maestras del Foro de Irlanda—, acompañado de un alto el fuego de ETA. Los partidos nacionalistas se comprometieron a dar pasos para crear una institución única y soberana en todo el País Vasco, incluyendo la zona francesa. Además, se establecía un punto de partida común: el problema del terrorismo era de un «conflicto político» que debía solucionarse con una «resolución política». Esta nueva situación fue posible después de que el PNV abandonase el bando de los partidos constitucionales, alineándose con tesis que encajaban mejor en el argumentario de la izquierda abertzale y de ETA. No se buscaba ya la negociación, sino romper el sistema autonómico y construir una política de hechos consumados hacia la independencia, ignorando la parte no nacionalista del espectro político; todo, bajo la excusa de buscar la paz.

ETA cumplía su parte del acuerdo, exigencia del PNV dentro de ese plan, y el 16 de septiembre «concedía» la paz, anunciando que dejaría de matar dos días después. En una declaración de ocho puntos, precedida de un extenso prólogo, la banda terrorista anunció en la cadena inglesa BBC la suspensión indefinida de los atentados al considerar que existían oportunidades únicas para caminar hacia la independencia del País Vasco: «Nos limitaremos únicamente a las tareas habituales de suministro, mantenimiento de las estructuras y al derecho de defensa». Y advertía de la posibilidad de revocación de la tregua indefinida, condicionándola a acontecimientos futuros.

Aquellos pactos circunscritos al mundo abertzale dieron amplio rédito electoral a HB, que el 25 de octubre se presentó a las elecciones autonómicas bajo la marca electoral Euskal Herritarrok (EH). Aglutinaba sectores comprometidos de la Iglesia, sindicalistas, simpatizantes y portavoces de movimientos sociales, grupos marginales, representantes de la cultura vasca y del mundo universitario, todos ellos cercanos a las tesis abertzales. También sumó a algunos históricos como el exdirigente de HASI Txomin Ziluaga, así como algunos exmiembros de la Mesa Nacional de HB como María Socorro Mateo González, Txoli, o los abogados Patxi Zabaleta e Íñigo Iruin. Fueron unas elecciones atípicas, los programas electorales quedaron más bien al margen y se polarizó el voto entre los seguidores del Pacto de Estella y los del Estatuto/Constitución. Las fuerzas nacionalistas obtuvieron un 60 % de los votos y Juan José Ibarretxe (PNV) fue elegido lehendakari con los apoyos de EH y EA. La fecha fijada para el Pacto de Estella y consecuente anuncio de paz se escogió para obtener estos excelentes resultados electorales. Eran las primeras elecciones sin actividad de ETA.

Pese al alto el fuego, la violencia no se extinguió en el País Vasco y Navarra. Las acciones terroristas fueron sustituidas por la presión social. Los cachorros de ETA, vinculados a organizaciones juveniles como Jarrai, tomaron el testigo y agitaron las calles con su kale borroka. La lucha callejera ya había comenzado a organizarse una década atrás. Según los documentos incautados en el golpe de Bidart a la cúpula de la organización, los grupos de apoyo a ETA estarían integrados en las estructuras de KAS para «garantizar una acción desestabilizadora al margen de la de los comandos armados, actuando con regularidad y contra objetivos selectos». De este modo, la banda terrorista estructuró la violencia en tres frentes: la violencia X, compuesta por grupos afines al Movimiento de Liberación Nacional Vasco que actuaban de forma autónoma y sin organización, especialmente en manifestaciones o actos concretos; los grupos Y, con estructuras similares a las de ETA y con objetivos bien definidos; y los Z, que eran los comandos terroristas de la banda. Con esta diferenciación, KAS consiguió crear una cantera para formar a futuros terroristas y evitar que algunas acciones de menor entidad fuesen cometidas por los comandos de ETA, que a partir de entonces se expondrían menos y podrían dedicarse plenamente a atentados de cierta envergadura. Los terroristas callejeros perpetraron acciones que entre 1989 y 1992 supusieron unos daños estimados en 4.000 millones de pesetas, más que los que habían provocado los atentados de ETA. A partir de 1993, se decidió dar una estructura más organizada a este frente de lucha. Los informes incautados al dirigente José María Dorronsoro Malaxecheverría tras su detención en Francia detallaban algunos errores que había que corregir:

No se cuidan las medidas de seguridad, se conocen entre ellos, se saben nombres que no se deberían saber y, cuando hay caídas, cae un montón de gente y Jarrai siempre se lleva la mierda. Se dan cortocircuitos con la organización, sobre todo en lo relativo a la captación de integrantes para los grupos de apoyo. El sabotaje no tiene que ser una dinámica sin interrupción, sino una respuesta a los ataques del enemigo. El sabotaje tendría un lugar en el seno de las siguientes situaciones: huelgas de hambre en las cárceles, detenciones masivas, cuando caen muertos militantes de ETA, huelgas generales, jornadas de lucha… La mayoría de la gente que anda hasta ahora en la kale borroka no es válida, pues está bastante quemada. Hay que cambiar la línea de captación. Impartir cursillos para confeccionar artefactos explosivos con los medios disponibles (gas, pólvora, gasolina…).

Había, en definitiva, que profesionalizar esa actividad. Y es a partir de entonces cuando la kale borroka comienza a estructurarse como una lucha organizada y paralela a la de ETA. Si en 1994 se cometieron 295 sabotajes, la cifra aumentó a 721 en 1995, hasta alcanzar su máximo (1.357) en 1996. En el año 1997 hubo 1.172 acciones violentas. El alto el fuego anunciado por los terroristas en septiembre de 1998 desorientó en un primer momento a los integrantes de Jarrai, que no sabían si debían proseguir o cesar su actividad. Un comunicado difundido por la dirección de la organización les despejó las dudas: la presión debía continuar, con más motivo y razón ahora que no había tiros ni bombas.

Ante la nueva situación esperanzadora gracias al acuerdo de Lizarra/Estella, y a la tregua indefinida marcada por la organización armada vasca Euskadi Ta Askatasuna, la kale borroka dejará de actuar contra numerosos objetivos ya marcados hasta el día de hoy. Solamente serán atacados intereses españoles y franceses afincados en Euskal Herria como: Correos, Telefónica... así como también contra las fuerzas de seguridad españolas y francesas (txakurras, pikoletos...). Esto seguirá sucediendo mientras el Estado español y el francés sigan negando a Euskal Herria los derechos que como pueblo le corresponden.

Entre tanto, el Gobierno movía ficha ante la tregua anunciada por ETA. José María Aznar estaba en Perú cuando los terroristas leyeron el comunicado. «Es una buena noticia», se limitó a afirmar. Algunos actores destacados, como monseñor Setién, obispo de San Sebastián, tenían «razones fundadas para pensar que es definitiva». La tregua, que significaba la ausencia de más muertes, fue acogida con esperanza e ilusión por toda la sociedad. Como gesto de buena voluntad, el Congreso aprueba —con el respaldo de PP y PSOE— el acercamiento de algunos presos de Ceuta y Melilla a centros penitenciarios de la Península. Y en noviembre, el Ejecutivo da luz verde a establecer contactos como continuación del alto el fuego con el fin de «acreditar que la organización está en posición de adoptar de forma inmediata un cese definitivo de la violencia».

El primer y único encuentro tuvo lugar en Zúrich (Suiza) el 19 de mayo de 1999 y duró dos horas y media. Por parte de ETA asistieron Mikel Albisu Iriarte, Mikel Antza —que fue quien llevó todo el peso de la reunión—, y Belén González Peñalba, Carmen, veterana de las conversaciones de Argel y que hacía funciones de secretaria tomando nota de todo lo que allí se decía. Hay fuentes que también apuntan la presencia en la zona de Vicente Goicoechea Barandiarán, Willy. Aznar envió a Javier Zarzalejos, entonces secretario general de la Presidencia del Gobierno, Ricardo Martí Fluxá, secretario de Estado de Seguridad, y Pedro Arriola, asesor del presidente del Gobierno. También estuvo presente el que posteriormente fue obispo de San Sebastián, y que entonces lo era de Zamora, monseñor Juan María Uriarte, quien había actuado como intermediario, acompañado por otro miembro del clero. En su acta los etarras afirman que detectaron dispositivos de vigilancia policial en torno a la reunión. Ningún guardia civil participó en ellos. El diálogo se desarrolló en español, aunque los miembros de ETA se comunicaban entre ellos en euskera. La delegación gubernamental empleó un lenguaje muy cuidado que no molestara a la organización armada y dejó claro desde el primer momento que no cabía una negociación política, que no estaban dispuestos a aceptar demandas clásicas de ETA como la autodeterminación. Los terroristas tampoco querían negociar: solo admitían que el Gobierno aceptase la autodeterminación y la territorialidad y respetase lo que decidieran los vascos. Hubo desconfianza en toda la reunión y se acordó difundir el propio hecho de mantenerla, pero de la lectura de lo que allí se dijo queda clara una sola idea: se hablaban lenguajes muy distintos y totalmente incompatibles. Con todo, se acordó celebrar un segundo encuentro que nunca llegó a producirse. José María Aznar informó a la sociedad el 7 de junio del encuentro que el Gobierno había mantenido con ETA, aunque no entró en más detalles. Dos meses más tarde, los terroristas anulaban la segunda cita acordada, con la detención del etarra Jokin Etxeberria Lagisquet por parte de la Policía francesa como excusa: actuaba como enlace entre la dirección de la banda y el obispo de Zamora, monseñor Uriarte, para intercambiar mensajes entre las partes negociadoras.

La ausencia de atentados durante aquel año no significó, no obstante, que no existiese una presión social sobre objetivos concretos. En diciembre de 1998, ETA acusó a los medios de comunicación de provocar e intoxicar con sus informaciones: «La pérdida de ciertos privilegios para una casta de periodistas-txakurras que se nutren de las informaciones y de las arcas del Ministerio del Interior puede hacer que más de uno se sienta tentado a sabotear el alto el fuego con tal de seguir en la brecha». La presión contra los trabajadores del gremio se hizo más patente, con la difusión de fotografías de algunos de ellos y protestas ante las puertas de los medios de comunicación. Las amenazas se pusieron en negro sobre blanco en un comunicado publicado en el diario Gara: «Euskal Herria no olvidará esos nombres ni perdonará». Un grupo terrorista siempre necesita, más aún durante un proceso de tregua y negociación, disponer a su favor del arma de la información y la comunicación. Con esta campaña de amenazas, ETA pretende que la prensa no afín no actúe demasiado en su perjuicio.

La Guardia Civil tampoco se cruzó de brazos durante los meses de tregua. Llevaba el peso de la lucha antiterrorista antes de que la banda decretase su alto el fuego y también lo hizo cuando la dirección de la banda anunció la ruptura de la tregua. Se tenía ya plenamente asumido que investigar a ETA en Francia era el camino para acabar con la banda terrorista. Allí se ocultaba la cúpula de la organización, y a través de ella se podía llegar a todos sus brazos armados, los comandos que operaban en España. El objetivo del instituto armado era provocar un efecto dominó, colocando bien las fichas, empujarlas y que fueran cayendo unas detrás de otras, pero siempre guardando algunas para la siguiente partida. Un esfuerzo que se conseguía con el sacrificio personal de los agentes, que redoblaban su actividad para ejercer un mayor control sobre los terroristas. Solo así se pudo golpear a la banda donde más le dolía. En el convencimiento de que había más posibilidades de volver al terrorismo que de alcanzar la paz, siguieron desempeñándose contra ETA durante su alto el fuego.

En mayo de 1998, gracias a los datos facilitados por Joseph, el guardia civil infiltrado en ETA, los agentes llegaron hasta Zorion Zamacola Ibaibarriaga, uno de los máximos responsables del aparato político. Se le localizó en París y, tras seguir sus pasos, se detectó una cita con Jokin Etxeberria Lagisquet, otro miembro destacado en la estructura etarra. Muy cerca se descubrió a Mercedes Chivite Berango, que hacía labores de contravigilancia. Arrancaba la Operación Torre, coordinada entre la Benemérita y la Policía francesa, en la que se detectó y se centró en diversos domicilios una importante infraestructura de los aparatos político y logístico de la organización. En total se identificaron cuatro viviendas en París, dos en Colombes, una en Levallois Perret y otra en Le Bourguet. También se detectó a los etarras Peio Esquisabel Urtuzaga, Iván Apaolaza Sancho, José Ignacio Herrán Bilbao, Mikel Zubimendi Berastegui, Jesús María Zabala Muguira, Rosario Delgado Iriondo, José Luis Campo Barandiarán, Gracia Morcillo Torres y Asier Quintana Zorrozua. Todo ello fue posible con el trabajo de agentes como Jorge, del Grupo de Apoyo Operativo (GAO) de la Guardia Civil:

Era domingo en París, un día caluroso de una tarde del mes de julio, nadie podía imaginarse cómo y dónde acabaría el control de actividades que nos disponíamos a cubrir. Los analistas nos habían advertido de la llegada a la capital de Francia de alguien importante. Contábamos con una descripción muy actualizada y sabíamos que debería continuar viaje hacia algún punto desconocido. Un miembro del dispositivo advirtió por transmisiones de la presencia de un individuo que pudiera corresponder con el objetivo. Se trataba de una persona de mediana edad, con una camiseta del Che Guevara y una gran mochila a la espalda, en compañía de dos niñas de cuatro y seis años de edad, aproximadamente. Tras el desconcierto inicial por tan peculiar compañía, y al corroborar que correspondía con la descripción de la persona esperada, iniciamos nuestro seguimiento. Nos llevó hasta el andén número 14 de Gare du Nord, desde donde tenía prevista su salida, poco después de las 17.00 horas, un tren con destino a la ciudad de Colonia (Alemania). La consigna fue tan clara como sencilla: hay que controlarlo hasta que se obtenga algún dato que permita, a los analistas, identificarlo posteriormente. Había que darse prisa y no hubo tiempo para comprar los billetes en ventanilla, no quedaba más remedio que hacerlo en el tren (algo que nos ocurría muy a menudo). El recorrido nos llevó a Bélgica, donde realizó breves paradas en Mons, Bruselas y Lieja. Posteriormente, ya en Alemania, se detuvo unos minutos en Aachen, debía llegar a Colonia sobre las 21.00 horas. Hasta ese momento el viaje fue tranquilo pero entonces teníamos que conseguir marcos alemanes con rapidez. Un poco de ingenio, y algo de latin lover resolvieron el problema. Ya en Colonia nuestro objetivo y sus dos acompañantes descendieron del ferrocarril y subieron a un nuevo tren con destino a Copenhague (Dinamarca) poco antes de que este se pusiera en marcha a las 21.30 h. Tuvimos el tiempo justo de sacar algo de dinero en un cajero, al menos para pagar los billetes de los próximos trayectos. Comenzamos a atravesar las ciudades alemanas de Hamburgo, Neumünster y Flensburg, y ya en Dinamarca el tren fue efectuando paradas en diferentes estaciones, en las cuales rezábamos porque fuera nuestro destino; nos habíamos dado cuenta que no llevábamos pasaporte y estábamos al filo de salir de la Unión Europea. El tren continuaba y fue parando en Fredericia y Odense hasta que poco antes de las 8.40 h, paró en la estación Central de København (Copenhague). Durante el viaje nos distribuimos a lo largo del tren para controlar todas las paradas ante una posible bajada de los objetivos. A todo esto, nuestro único sistema de comunicación con nuestra unidad acaba de morir: se le había acabado la batería a nuestro teléfono móvil. Una vez fuera de la estación, un autobús de línea regular los llevó hasta las proximidades del ferry que hace el trayecto Copenhague-Malmö (Suecia). Esta vez, al no tener aún monedas danesas, tuvimos que tirar de picaresca española y colarnos. O, al menos intentarlo. Al final tuvimos que convencer al conductor para que se apiadase de unos jóvenes turistas que acababan de llegar a Copenhague. Nuestros temores resurgían: «¿Vamos a continuar viaje hasta Suecia?». Pero no, la parada era para que una de las niñas se quedara en compañía de una mujer, posiblemente su madre. Aprovechamos el desayuno de los objetivos para buscar coronas danesas. Tras esta parada, el objetivo con la otra niña se trasladaron en coche (ya teníamos un dato) hasta lo que parecía ser su domicilio ubicado en el barrio de Bronshoj (Copenhague). Nosotros les acompañamos gracias a la complicidad de un taxista, que no hablaba otro idioma que el danés, con el que nos entendimos por medio de signos. Con las limitaciones del inglés comprendió que queríamos dar una fiesta a nuestro amigo que iba delante y no podía vernos llegar. Acabábamos de cruzar media Europa, recorriendo más de mil kilómetros en aproximadamente veinticuatro horas, y con la misión cumplida. Con unas coronas danesas llamamos desde una cabina a base, donde lógicamente estaban expectantes, para comunicar: «Estamos bien, hemos llegado a Dinamarca y hemos encerrado al objetivo en un domicilio». Teníamos identificado al objetivo, Mikel Zubimendi, habíamos conseguido también fotografía del contacto con la mujer, y lo más importante, una casa dónde había entrado; para un equipo operativo esa era su misión más completa. Un buen día y un buen trabajo.

Los movimientos de los terroristas durante esos meses demostraban la validez de la tregua que habían anunciado, pero por su frenética actividad no parecía que se estuviesen preparando para la paz. Viajaban a menudo al sur de Francia, especialmente a Pau, Toulouse, Dax o Burdeos. También tenían contactos telefónicos con compañeros asentados en Holanda, Reino Unido, Bélgica, Austria, Italia, México, Venezuela, República Dominicana, Cuba, islas Mauricio, Suiza, Noruega, Dinamarca y, por supuesto, España.

La Operación Torre de la Guardia Civil permitió detectar el 21 de noviembre de ese 1998 a uno de los jefes de ETA, Ignacio Miguel Gracia Arregui, más conocido como Iñaki de Rentería. Los agentes, en colaboración con la Policía francesa, lo localizaron en un domicilio de París en el que pernoctó. A la mañana siguiente, el terrorista se dirigió a la estación de Montparnasse tomando un tren a Burdeos. Un agente del instituto armado lo siguió en el mismo vagón, mientras sus compañeros lo hacían en carretera en paralelo al convoy de alta velocidad. Estos últimos, pese a la velocidad del tren, llegaron cinco minutos antes a la estación de Burdeos. Allí aguardaba Asier Oyarzábal Chapartegui, Gazte, quien percibió la presencia de unos jóvenes —los guardias civiles de incógnito— que habían llegado con tanta prisa al andén tras unos recorrer unos quinientos kilómetros de autovía a toda velocidad. Gazte, con inusual sangre fría, recogió a Iñaki de Rentería y juntos se marcharon a bordo de una furgoneta. Hicieron varias maniobras de despiste y los guardias desistieron de realizar el seguimiento: despertar las inquietudes de los terroristas suponía poner en riesgo los pisos que hasta entonces se tenían controlados en París. Pero los miembros de ETA optaron por la seguridad máxima, avisaron a todo su entorno y abandonaron todas sus infraestructuras. Se había quemado la operación y habría que volver a empezar partiendo de alguno de los hilos que siempre se dejaban activos para estas vicisitudes.

Para efectuar las vigilancias se alquilaron nuevas bases operativas desde donde poder realizar el control de los objetivos. En ocasiones, los dispositivos eran mixtos, compuestos por agentes de la Guardia Civil y de la Policía francesa. Ambos cuerpos policiales conocieron la metodología del otro: los agentes del instituto armado quedaron impresionados con las múltiples posibilidades que les ofrecía en el trabajo a pie de calle la legislación francesa, que permitía recabar información de crucial importancia de una forma prácticamente instantánea; los franceses, por su parte, se asombraron del potencial humano de la Guardia Civil y no comprendían el exiguo apoyo de la legislación española a su labor. La Benemérita advirtió durante el transcurso de la Operación Torre que necesitaba puntos de vigilancia cercanos a las viviendas de los terroristas (estar mucho tiempo observando desde la calle producía un gran desgaste y acarreaba falta de eficacia) y una base en retaguardia para la logística propia en la que instalar al personal de análisis y elaboración, centro de mando avanzado y un punto de destino de lo que iban aportando los medios técnicos.

Ya en Francia, la primera base con la que contó la Guardia Civil recibió el nombre de Monumento, en un apartamento ubicado en Bayona. Solían ocuparla dos agentes de la UCE-1 por espacio de una semana. En una ocasión, un incendio en una de las plantas obligó a los guardias, bajo autorización de sus superiores, a abandonar la vivienda con el material más sensible y a controlar los movimientos de los bomberos. Después, en la misma ciudad, se adquirió una casa de tres plantas, ajardinada y con garaje, a la que se denominó Palacio. Una pareja de agentes de la UCE-1, que se hicieron pasar por matrimonio y con la coartada de elaborar una guía de casas rurales, alquilaron la vivienda. Desde allí se coordinaron algunas de las principales operaciones antiterroristas en el país vecino. Unos diez o doce agentes permanecían encerrados en ella a cal y canto, para no levantar sospechas en el barrio. Hacían de este trabajo un modo de vida: para ellos, las veinticuatro horas del día giraban en torno a la lucha contra ETA:

En la casa había siempre un mismo coche con matrículas francesas con el que se recogía al personal entrante, previa cita en un punto seguro establecido. Accedíamos al interior de la vivienda por el garaje para no ser vistos por los vecinos, al igual que los salientes. En cada relevo veníamos con toda la compra hecha para subsistir la semana de trabajo, durante la cual no veíamos ni la calle ni casi la luz. Durante el trabajo en Francia nuestra vida familiar y personal quedaba en un segundo plano, pasábamos a llevar la vida que nos marcaban los terroristas: ellos hacían su vida, nosotros la observábamos y analizábamos. El desarrollo operativo, es decir, el trabajo de los agentes, también tiene su punto humano, la convivencia. Para la convivencia son necesarios valores como responsabilidad, honestidad, alegría, respeto, tolerancia, confianza en el compañero... En algunos casos esta convivencia terminó en boda entre compañeros.

La explotación de una de las vías de investigación de la Operación Torre permitió a la Guardia Civil dar con uno de sus principales objetivos, José Javier Arizcuren, Kantauri. Según se ha contado anteriormente, los agentes de la Benemérita ya lo habían tenido controlado en 1997, pero la cadena de televisión Telecinco informó del dispositivo y el máximo responsable del aparato militar de ETA desapareció del radar de los investigadores. Con trabajo y tesón volvía a cruzarse en el camino de los guardias civiles. El teniente coronel Alejandro Hernández Mosquera, hoy director de Seguridad de Presidencia del Gobierno, recuerda cómo se recuperó el rastro de Kantauri el 8 de marzo de 1999:

Ese lunes, nuestros objetivos se estaban moviendo más de la cuenta, manteniendo encuentros con diversas personas desconocidas hasta entonces, según los agentes que realizaban las vigilancias. Tras todas las citas mantenidas durante el día, nuestros objetivos se fueron, junto a cuatro de los nuevos aparecidos, a cenar a un restaurante del barrio de la Bastilla en París. Decidí acercarme a la zona para que el responsable de las vigilancias me informara detalladamente de todo lo ocurrido. Una vez allí, y mientras estaba conociendo los detalles operativos de primera mano, se produjo la salida de los objetivos del restaurante; opté por esperarlos en una calle cercana y cruzarme al paso para ver si podía reconocer a alguno de los cuatro nuevos objetivos y poder así recomponer el puzle de ese intenso día de citas. Mi experiencia como oficial en la UCE-1 del Servicio de Información me había permitido ver y conocer muchas caras y nombres de miembros de la banda terrorista ETA. Y fue allí donde lo reconocí; la persona con la que me crucé no era otra que uno de los mayores asesinos de la banda. Allí estaba él, con su simpatía natural y su sonrisa casi permanente. Era José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri, quien durante años era, ni más ni menos, el jefe del aparato militar de ETA y responsable de los comandos de la banda. La excitación del momento no me permitió reconocer a sus nuevos acompañantes, dos hombres y una mujer. A partir de ese momento activé todas las alarmas, informando de lo que acababa de ver a Madrid y a la enlace responsable francesa. Las órdenes que recibí fueron tajantes: vigilarlos estrechamente sin perderlos hasta alojarlos en un domicilio y proceder a la detención. Su eficaz seguimiento permitió determinar que se estaban alojando en el hotel Printannia, en el número 17 del boulevard du Temple de la capital gala. Allí se quedaron alojados cuatro de los seis objetivos. Los dos conocidos volvieron a su casa donde ya llevaban meses sometidos a la vigilancia estrecha del personal del Servicio de Información de la Guardia Civil y de la Policía francesa (RG). A partir de ese momento se activó la maquinaria de la detención. Se establece un dispositivo de vigilancia y detención por parte de la Policía Judicial (PJ) junto con RG. A nosotros, guardias civiles que habíamos desarrollado gran parte de la operación, se nos invita a retirarnos a nuestros hoteles si bien tienen la amabilidad de permitirme a mí que me quede como observador. Pero decido que nadie se vaya a dormir y que se haga un segundo cerco de vigilancia alrededor del hotel por si se requería nuestra ayuda.

El operativo de la detención se plantea muy fácil: en cada uno de los dos lados de la salida del hotel habrá un grupo de policías esperando. Dentro, en una habitación en el piso de abajo de los objetivos, se quedaría un número importante de policías quienes saldrían detrás de ellos una vez que una agente femenina de la Policía francesa, que iba a hacer de recepcionista, comunicara por transmisiones la salida de los mismos del hotel. Sobre el papel todo era muy correcto y de fácil ejecución, pero la realidad siempre nos demuestra que todo se puede complicar. En un primer momento me quedé con el grueso de la PJ que estaba en el hotel esperando el aviso de salida. No pude aguantar ni diez minutos, no me convencía el despliegue adoptado; salí a la calle y esperé allí para poder ver desde primera línea cómo se producían las detenciones. Allí me encontré con un viejo amigo, un comisario de RG que se encontraba casualmente en París.

Y llegó la hora. Los cuatro objetivos se levantaron, desayunaron y empezaron los problemas. La agente de Policía francesa que se había transformado en conserje del hotel me llamó por teléfono para indicarme que nos habíamos equivocado, que había visto perfectamente a los tres objetivos hombres y que ninguno de ellos era Kantauri. El cansancio de una noche sin dormir pudo hacer mella en su errónea percepción; la convencí para seguir con el plan, con la seguridad total de que yo no me equivocaba. Estaba esperando en una parada de autobuses, justo delante del hotel, cuando de repente vi salir a Kantauri junto con otro de los objetivos. Ya solo quedaba ver salir al Séptimo de Caballería detrás y presenciar la detención. Pero no salía nadie. En ese momento le dije a mi amigo, el comisario francés, que me iba detrás de ellos, que no podíamos permitir que se perdieran. Avisé a mi equipo de vigilancia, aquel que había situado por si acaso, para que estuviera atento por si había que realizar un nuevo seguimiento. Cuando llevábamos andados unos doscientos metros salieron del hotel en tropel varios de los agentes de la Policía Judicial, pero lo hicieron hacia el lado contrario. Todos menos uno, un policía de gran envergadura y fuerte complexión. Vino corriendo hacia donde yo estaba y al verme haciéndole señas entendió que los objetivos eran los dos hombres que iban andando justo delante de mí y que estaban a punto de cruzar una calle. Me indicó por gestos que iba a detenerlos y que contaba con mi ayuda. Levantó el brazo y gritó con todas sus fuerzas: «¡Taxi!». Kantauri y su acompañante se pararon en seco, se dieron la vuelta al oír los gritos y se le quedaron mirando mientras él pasaba corriendo entre ellos, con el brazo aún levantado en típico gesto de estar avisando un taxi. Y ahí mismo se dio la vuelta. Con el factor sorpresa y sus dos grandes brazos rodeó a ambos objetivos haciéndoles tambalear. Yo me ocupé de Kantauri y él del otro hombre, que resultó ser Mikel Zubimendi. En ese momento, varios de los guardias civiles del segundo cerco de vigilancia se unieron a nosotros y entre todos redujimos a ambos terroristas. ¡Pero todavía quedaban dos más por detener! Si salían del hotel y veían lo que estaba ocurriendo en la calle probablemente se irían corriendo hacia otro lado y podríamos perderlos. Decidimos meter a los ya detenidos en un portal próximo. Ahí recibí una llamada que me anunciaba que los otros dos objetivos estaban saliendo en ese mismo momento del hotel y no quedaba nadie de PJ a quien prevenir. Volví sobre mis pasos y me crucé con ellos, eran Irantzu Gallastegi [coautora material del asesinato de Miguel Ángel Blanco] y Jesús María Puy Lecumberri; pude ver detrás que venía corriendo un comisario del operativo de RG a quien también había prevenido la policía-conserje. Nos miramos y nos marcamos cada uno un objetivo, para él sería Puy Lecumberri, para mí Irantzu. Y sin pensarlo más nos echamos encima de ambos y los redujimos. Y nuevamente aparecieron los guardias civiles que estaban en segunda línea. Minutos después llegaron los agentes de la Policía Judicial y se hicieron cargo de ellos para proceder a su detención oficial, a su identificación y al registro posterior.

El golpe fue aplaudido desde la mayoría de los sectores políticos y sociales. Sin embargo, todavía se alzaban algunas voces que criticaban el papel de la Guardia Civil por «actuar como brazo armado de los frentes español y francés». «Es un momento grave y crítico por el ataque al futuro de Euskal Herria», sentenció un contrariado Arnaldo Otegi, portavoz de EH, quien calificó a los detenidos como «patriotas vascos». Junto a esos «patriotas» había dos individuos a los que la Guardia Civil nunca había visto antes. Se trataba de un hombre y una mujer que un día antes de la detención de Kantauri habían sido detectados en la misma operación. Con el tiempo quedaría comprobado que eran integrantes del IRA irlandés, con el que ETA mantenía una estrecha relación.

Los dos irlandeses forman parte de lo que ETA denomina en clave gorriak o gorris, suministradores de armas para la organización terrorista vasca. Estos irlandeses actúan como representantes oficiales del IRA. Apenas unos meses antes, los gorris habían revendido a ETA dos misiles de fabricación rusa que había comprado el IRA mientras mantenía conversaciones de paz con el Gobierno británico. ETA pagó por los misiles 500.000 dólares. Los gorris llevan años trabajando para ETA, facilitando contactos con traficantes de armas y vendiendo los excedentes del IRA. Una vez en el Hotel Printannia, hasta las 20.30, Zubimendi, Arizcuren y los Gorris repasan las relaciones comerciales, suministro de armas y explosivos, precios y el dinero que ETA les ha adelantado. Los irlandeses relatan las entregas y arreglan cuentas. El saldo es favorable a ETA, así que queda pendiente si les devuelven el dinero adelantado o si les entregan más armas, acordando una nueva cita para dentro de cuatro meses. Mientras tanto, Irantzu Gallastegi, Puy Lecumberri y Herrán permanecen hablando de viejas historias.

El hombre, James Monaghan, miembro del IRA desde los años 60, fue detenido en 1971 y condenado a tres años de cárcel. En 2001 fue detenido en Colombia, país en el que se encontraba adiestrando a las FARC. El IRA había firmado los acuerdos de paz en 1998 y sus miembros seguían manteniendo contacto con otros grupos terroristas. James Monaghan fue condenado en Colombia a 17 años de prisión, pero para entonces, aprovechando que previamente había sido puesto en libertad provisional, se dio a la fuga. En septiembre de 2008, después de que el miembro de ETA Iñaki de Juana Chaos se trasladara a Irlanda, una vez puesto en libertad en España, ETA echó mano de su viejo conocido para que ayudara a De Juana Chaos, pues este facilitó a la embajada española en Dublín una dirección de contacto que resultó ser la vivienda de Monaghan. La mujer, que se hace llamar Jennifer, identificada como Mary Evelyn Glenholmes, también es una veterana del IRA. Las autoridades irlandesas la detuvieron en 1984 y la sometieron a un proceso de extradición ya que fue reclamada por la Justicia de Londres. Un magistrado irlandés, alegando errores formales, denegó la entrega. Unos años más tarde, Jennifer fue enviada a Cuba donde permaneció entre 1990 y 1995 como representante del IRA ante las autoridades de La Habana.

El mismo día de la detención de Kantauri, la Policía neutralizó en San Sebastián al comando Donosti, que había aprovechado el alto el fuego para recomponerse. Los terroristas contaban con cuantiosa información sobre los trayectos y horarios del autobús escolar que transportaba a los hijos de los guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo. Un par de días más tarde, el instituto armado detuvo en Cizúrquil (Guipúzcoa) al etarra Miguel Ángel Egibar, integrado en la estructura de relaciones internacionales de la banda, Xaki, previamente denominada KHK y después KEA: «La Benemérita es un verdadero poder fáctico. Si no es porque tiene instituciones como la Guardia Civil, el poder judicial no tiene fuerza para con Euskal Herria», llegó a anotar Egibar en un documento.

Dos realidades avanzan en paralelo. La cara pública, donde ETA, Gobierno y la sociedad en su conjunto manifiestan su creencia en un posible final de la violencia, dentro de un clima de optimismo comedido, y la cara oculta que muestra a unos terroristas que siguen reclutando y adiestrando a nuevos incorporados, continúan recuperando a veteranos escondidos en países de Sudamérica, que extorsionan como siempre a los empresarios y que aparte de haber dejado momentáneamente de matar y poner bombas en nada han cambiado. Se trata de una tregua trampa. El Estado tampoco confía en un final feliz, recibe información puntual de las actividades de ETA, sobre todo de lo que obtiene en Francia la Guardia Civil, y trabaja para actuar con contundencia si la situación cambia. Son días en los que se habla mucho de paz, pero preparando la guerra.

CUARTA PARTE

EL ESTADO Y LA GUARDIA CIVIL RESUELVEN EL PARTIDO

DESDE LA TREGUA DE ESTELLA/LIZARRA A LA TREGUA DE THIERRY

(1998 - 2006)

17

INTERCAMBIO DE GOLPES

Los terroristas habían renunciado temporalmente a asesinar, pero ello no les impedía seguir llevando la voz cantante y marcando los ritmos, principalmente de aquellos que se habían embarcado en la aventura del Pacto de Estella. En sus comunicados, cuyo origen estaba recogido en los acuerdos secretos con el PNV, ETA insistía en la necesidad de crear «una institución única y soberana que acoja en su seno a Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Nafarroa, Nafarroa Beherea y Zuberoa», una suerte de contrapoder de las instituciones oficiales. «Euskadi Ta Askatasuna toma el compromiso público de promoverla y protegerla, en el proceso de creación de esa suprema institución, y aplaudir toda acción que pretenda superar las actuales divisiones institucionales y estatales.» Una petición que comenzó a tomar forma en febrero de 1999, cuando 666 (ni uno más, ni uno menos) cargos electos del PNV, EA y HB, así como de los nacionalistas vasco-franceses, se reunieron en Pamplona bajo el título de «Asamblea de Representantes municipales de Euskal Herria». La izquierda abertzale pretendía que este encuentro supusiera «el germen de un Parlamento vasco» que, en un primer momento, no tendría fuerza jurídica, pero cuyas decisiones serían vinculantes para los municipios asociados en la línea de una apuesta de soberanía. Coincidiendo con el primer aniversario de la tregua, el 18 de septiembre de 1999, se celebró en Bilbao la segunda Asamblea de Representantes, con una participación de 1.778 ediles y en la que escenificaron la creación de «la primera institución nacional vasca», bajo el nombre de «Euskal Herriko Udal eta Udal Hautetsien Biltzarra-Udalbiltza», que fracasaría cuando ETA volvió al terrorismo.

En junio de 1999 se celebraron elecciones municipales y europeas; la izquierda abertzale, por medio de su plataforma Euskal Herritarrok (EH), obtuvo los mejores resultados de su historia. En cambio, el resto de los partidos del Pacto de Estella obtuvieron peores resultados de los previstos, principalmente el PNV, que perdió muchos votos en favor de EH. El PP y PSOE obtuvieron un buen resultado electoral. El bloque nacionalista empezaba a resquebrajarse: había beneficiados y perjudicados; unos rentabilizaban la pacificación temporal pero otros salían muy desfavorecidos. El PNV, que además de firmar el Pacto había suscrito un pacto de legislatura con EH, no supo ver los peligros del nuevo camino iniciado, no entendió a su electorado ni tampoco los deseos reales de una sociedad vasca que no se había creído los efectos benéficos del Pacto. ETA aseguraría en un Zutabe de 2002 que, tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, sus contactos con el PNV fueron más fáciles que nunca. Esa receptividad se pagaba ahora. Se creó una gran tensión en el interior del partido, hasta decidir apearse disimuladamente de aquel tren con el menor coste posible, y sin reconocer el yerro.

ETA se aprovechaba de la debilidad de los políticos nacionalistas y de su error de cálculo, pero percibía claramente que había llegado al límite de su capacidad. No por ello cesó en sus exigencias para avanzar hacia la independencia. Los terroristas iban a dinamitar el pacto de Estella al imponer a los partidos nacionalistas unas condiciones inasumibles, como la celebración de elecciones en toda Euskal Herria y la formación de un parlamento que redactase una Constitución para el nuevo Estado, que ni PNV ni EA estaban dispuestos a aceptar ya. Hubo una reunión secreta de alto nivel entre ETA y PNV sin un resultado que permitiera recomponer sus relaciones. Los reproches y diferencias empezaron a ser públicos. Era la antesala de la vuelta al terrorismo. ETA retomaba las armas, más fuerte y unida de lo que lo estaba antes del alto el fuego. Había aprovechado el tiempo para reorganizarse, especialmente en el aparato logístico. Y demostró su capacidad ofensiva con una ola de atentados que superó todas las previsiones, incluso las de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El 28 de noviembre de 1999 fue la fecha elegida por ETA para anunciar la ruptura de la tregua y la reactivación de las acciones armadas a partir del 3 de diciembre. Culpaba de ello principalmente a las fuerzas nacionalistas que «cambiaron el contenido de lo firmado» en el acuerdo secreto. Se volvía a repetir la historia: ETA se mantiene firme en sus demandas, sin ceder nada, y son los de enfrente los que no pueden cumplir lo prometido inicialmente.

Con el fin de la tregua también cayó la máscara que encubría la supuesta inactividad de ETA. La banda terrorista rentabilizó esos 14 meses de tregua; había dejado de matar pero no se había quedado quieta. Muy al contrario. Su estructura, debilitada por los últimos golpes policiales, se recompuso para alcanzar una capacidad operativa similar a la de los años de plomo, en la década de 1980. En total, unos cincuenta comandos retomaron las armas, como si el fin del alto el fuego supusiera el pistoletazo de salida en una carrera frenética por sumar muertos, aunque un tercio de ellos fue anulado antes de empezar a actuar. Una vez más, habían utilizado el alto el fuego como un instrumento de lucha.

La Guardia Civil frustró el primer atentado de la campaña que ETA pretendía poner en marcha en diciembre de 1999 al desarticular un comando que quería hacer llegar a Madrid dos furgonetas cargadas con casi 2.000 kilos de explosivos. Las conducían los etarras José María Novoa, Alicia Lucía Sáez de la Cuesta e Igor Martínez de Osaba, todos ellos integrados en el comando Basurde. La intención era entregársela a sus compañeros del talde Buruhauste, quienes habían planeado colocar las cargas en los sótanos de la torre Picasso, uno de los rascacielos emblemáticos de la ciudad. Los agentes que participaron en el dispositivo calificaron aquel convoy como la «caravana de la muerte».

Antonio Rojas, jefe de pareja junto a Manuel, decide iniciar el servicio en el kilómetro 208 de la N-II (Madrid-La Junquera), donde la noche anterior había ardido un camión, con la intención de inspeccionar las tareas de limpieza del arcén. A las 15.30 horas, la pareja se hallaba en la mediana de la nacional dirección Zaragoza, cuando Manuel observa circulando en dirección a Madrid dos furgonetas a las que les costaba subir el tramo de pendiente debido a su pesada carga y repara en el detalle de que no llevan los correspondientes distintivos de la tarjeta de transporte. Se lo hace saber a su compañero y le pide permiso para cambiar de sentido y emprender la marcha, para ello quita las cadenas situadas en la mediana y efectúa el cambio de sentido, dando alcance a la última de ellas, mientras su compañero se queda en la mediana.

«Cojo mi moto y emprendo el seguimiento de las furgonetas hasta un lugar donde pudiera pararlas sin peligro, solo puedo parar una. La detengo en el kilómetro 204, a cuatro de donde se encuentra mi compañero, debajo de un puente, en la salida de la localidad de Contamina. Me bajo de la moto y me dirijo al conductor y único ocupante: “Buenas tardes, por favor ¿me deja ver su documentación y la del vehículo?”. A lo que me contesta: “Solo llevo la mía”. Mirando la guantera el conductor me dijo que no se la habían dado, relatando una premeditada justificación. Le pregunté si transportaba alguna mercancía. Me dijo que iba vacío y le pedí que abriera la puerta trasera. El conductor hizo ademán de abrir, indicándome que estaba estropeada. Insistiendo le dije que abriese la puerta lateral derecha y volvió a indicarme que estaba estropeada. Le pedí la llave y abrí sin problema. En el habitáculo de la carga había un cajón de madera anclado al suelo de la furgoneta. Procedí a subirme y abrí una trampilla que había en la parte superior del cajón que se hallaba cerrada con un pequeño cerrojillo. Dentro había una caja de caudales de color verde con las llaves puestas. Abrí la caja y me quedé de piedra cuando vi el mecanismo de un artefacto explosivo. En el interior de la caja se hallaba el dispositivo de iniciación del artefacto explosivo compuesto por un reloj digital, manipulado y preparado con clavijas para facilitar la conexión de un detonador eléctrico y otro mecánico, actuando como seguro para evitar la explosión al ser manipulado por los terroristas.»

Era el 20 de diciembre de 1999 y agentes de la UCE-1 se hicieron cargo del detenido. Dos días después se localizó la otra furgoneta cargada también de explosivos, en el aparcamiento del restaurante Los Conductores, en el kilómetro 205 de la Nacional II. Los vehículos fueron desactivados por especialistas del GEDEX de la Guardia Civil. A las pocas semanas, la Policía detuvo a uno de los integrantes del grupo Vizcaya cuando preparaba un atentado contra una patrulla del cuerpo.

Finalmente ETA consigue materializar su amenaza. El método elegido en esta ocasión por la banda terrorista para demostrar su determinación de asesinar fue, como tantas otras veces, el del coche bomba. El 21 de enero de 2000, un artefacto colocado en un vehículo estalló en Madrid, alcanzando de pleno al teniente coronel del Ejército Pedro Antonio Blanco. Los etarras detonaron los 20 kilos de dinamita desde un coche estacionado en las inmediaciones, con el que huyeron. Un mes después, el 22 de febrero, los miembros del comando Ituren asesinaron al secretario general del PSE-EE de Álava, Fernando Buesa, y a su escolta, el ertzaina Jorge Díez Elorza. Los terroristas emplearon 25 kilos de explosivos que hicieron estallar en el cruce de las calles Juan Ibáñez Santo Domingo con Nieves Cano, en Vitoria. La furgoneta que contenía la carga había sido robada un año antes, durante la tregua. Estos atentados propiciaron la ruptura del acuerdo electoral que PNV y EH mantenían en el Parlamento vasco.

La maquinaria de ETA acosaba desde todos los frentes. Además de la actuación de sus comandos terroristas, los grupos callejeros siguieron hostigando a sus objetivos. Apenas habían pasado unos minutos desde que las campanadas saludaron el año 2000 cuando un grupo de radicales asedió con medio centenar de cócteles molotov a los residentes de la casa cuartel de la Guardia Civil en Galdácano (Vizcaya). Un agente tuvo que ser atendido por quemaduras en el cuello y en una oreja en el Hospital de Cruces-Baracaldo. La misma acción se repitió el 6 de enero, esta vez en los cuarteles de Durango, Algorta y Sopelana. Poco después le llegó el turno al de Deusto, en Bilbao, coincidiendo con la celebración de las fiestas del barrio. De este modo, ETA y su entorno presionaban sobre aquellos que representaban el mayor riesgo para sus aspiraciones.

La colaboración con la Policía francesa se iba perfeccionando y permitió dar nuevos y significativos golpes a ETA. En febrero del año 2000, agentes de Renseignements Généraux (RG) detuvieron en la localidad gala de Tarnos a Concepción Iglesias Álvarez, Conchita, que tenía un hijo con Kantauri y que estaba a esas alturas integrada en las altas esferas de la banda, y a Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi, uno de los pistoleros más activos, con 15 asesinatos a sus espaldas. Así lo recuerda el comisario Eric H.:

Un grupo de agentes de RG que estaba trabajando sobre otro objetivo paró para comer al mediodía en el McDonald’s de Tarnos. Uno reconoció a Conchita Iglesias en el interior del establecimiento junto a su hijo pequeño por haber sido objetivo en el despliegue que se mantuvo activo conjuntamente con la Guardia Civil. Los policías se desplegaron, unos dentro y otros fuera, y me llamaron a Bayona para contar lo sucedido y solicitando refuerzos que se pusieron en marcha rápidamente. Al rato vieron cómo Conchita se juntaba dentro del local con un hombre al que rápidamente identificaron como Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi, que no había cambiado mucho respecto a las fotografías que se tenían. Era un día de mucha lluvia y pronto llegaron los refuerzos desde Bayona, incluido algún guardia civil de incógnito. Parecía lógico pensar que hubieran llegado en dos vehículos. En el parking de McDonald’s identificamos un posible coche perteneciente a los etarras y esperamos a ver qué ocurría. Los policías que se habían quedado en el interior nos avisan de que sale Gadafi. Se dirige hacia el coche y varios agentes salen corriendo hacia él, pistola en mano; tuvo tiempo de correr unos metros hasta ser placado, cayendo sobre los charcos de abundante agua que había en la zona. Interceptado el más peligroso, me dirigí al interior del local y me acerqué a la etarra. La llamé por su nombre y le dije que recogiera al pequeño Julen (estaba entretenido en los juegos para niños) informándole de que estaba detenida. Ni estaba armada ni opuso resistencia.

En el momento de su detención, el terrorista portaba una pistola Sig Sauer y documentación falsa, incluida una tarjeta profesional de la Guardia Civil. Entre el material intervenido en las pesquisas posteriores, además de explosivos y material electrónico, se encontró una carta que la etarra Nagore Múgica Álvarez, encarcelada en Francia en 1996, le había enviado a su pareja, Gadafi. En ella, sin tapujos, hablaba de la dirección de ETA como de la «Inquisición»:

Luego Yolanda [Molina Ugarte], la abogada, ha venido y me ha contado por encima lo de la carta [la respuesta de la organización]. No trajo la carta consigo pero me ha dicho que nos/me han echado una bronca terrible. Parece ser que dicen que si no hago GG [gose greba, «huelga de hambre» en euskera], por lo menos tomar parte en la lucha por la solidaridad. Pero ese tío/a, quien lo haya escrito, es un ¡cabrón! y se lo dices de mi parte. Pero ¿sabes? No me tengo que justificar ante nadie. ¿Pero qué es esto? ¿La Inquisición? Pero sobre todo que esa persona se entere que yo no me tengo por qué justificar, ni ante él o ella, ni ante nadie, y que no venga dando lecciones. Que además si te descuidas el que lo ha escrito quizás no haya hecho ni un ayuno o quizás no conozca el mako, solo de oídas. Mira, Juankar [Juan Carlos Iglesias Chouzas], tengo un mosqueo de la hostia; mi abogada me ha dicho que pase de todo, que no haga la GG, que además no vale para nada. También me ha dicho que no merece la pena contestar porque al final hacen lo que quieren, pero a ese Petete listillo/a le repites de mi parte lo que te he dicho, y le preguntas si ha respondido a todo el mundo que ha escrito diciendo que no está de acuerdo con la GG.

La presión sobre ETA y su entorno comenzaba a sentirse en todos los frentes. La lucha policial asfixiaba el aparato militar de la organización, mientras que en el plano judicial se empezaba a acorralar a los grupos, como el juvenil Segi, que actuaban en coordinación con la banda. En el plano político, el PP —que había vuelto a ganar las elecciones, con mayoría absoluta— y el PSOE alcanzaban a finales del año 2000 el «Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo», con el que abandonaban cualquier confrontación partidista para acabar con ETA. La dirección de la banda trató de sacudirse esta presión como mejor sabía hacerlo. Es difícil encontrar antecedentes a la escalada de violencia que se produjo a lo largo de aquel año. El modus operandi preferido por los terroristas era similar al de los atentados, en enero y en febrero, que acabaron con la vida del teniente coronel del Ejército Pedro Antonio Blanco, el secretario general del PSE-EE de Álava, Fernando Buesa, y su escolta, Jorge Díez: el coche bomba. A él recurrieron nuevamente el 6 de marzo. Los terroristas colocaron un vehículo cargado con cuarenta kilos de explosivos y de metralla metálica a la altura del número 73 del paseo de Zarategi, en San Sebastián. La deflagración alcanzó de lleno a una patrulla de la Guardia Civil que realizaba labores de vigilancia por los exteriores del cuartel de Intxaurrondo. El agente Santiago Guerrero resultó herido, pero fue su compañera Eva María Pintado la que se llevó la peor parte:

Sobre las 21.30 llamé a mi madre para decirle que todo estaba bien y que ya casi finalizábamos el servicio. Cinco minutos más tarde, cuando circulábamos por una rotonda, vi a una pareja que me llamó la atención, me resultó un tanto extraña. Cuando nos acercamos hacia ellos, ella empezó a besar al chico, pero sin dejar de mirar y controlar nuestro vehículo. Hoy, 16 años después, estoy convencida de que fueron los que accionaron el mando a distancia cuando pasamos a la altura del vehículo bomba. De pronto oímos una explosión, pero no te das cuenta de si te está ocurriendo a ti. No perdí el conocimiento, pero hubo unos segundos que no logro recordar qué paso. Solo me vi volando y, de repente, pegada al suelo. No sentí dolor, solo un golpe seco. Vi el resplandor y a unos cincuenta metros el vehículo en el que yo circulaba echando humo. Era una bola de fuego, había trozos por todas partes. No podía levantarme. En lo primero que pensé fue en mi madre. Ruido de hierros, olor a humo, todo a tu alrededor quemado. Pero en segundos se me vino a la mente la pareja que se estaba besando sin dejar de controlarnos. A pesar de estar gravemente herida, de tener mi cuerpo quemado, de tener un CETME clavado en mi pierna y de estar ciega, mi mente no se rindió. No era un trozo de carne vencida, era una guardia civil, y quería levantarme e ir hacia la pareja que se besaba y detenerla. Y mis abuelos y mi padre me daban su fuerza y me empujaban porque así se es en la Guardia Civil, y yo nací para serlo. Pegada al suelo sin poderme levantar se acercó una chica hacia mí y pensé: «Ahora me remata». Puse la mano en mi pistola, que curiosamente no se había desprendido de mi cuerpo. El cetme se me había quedado pegado a la pierna derecha hasta el muslo, tres costillas rotas… Ella, al ver mi reacción, me dijo: «Tranquila, te voy ayudar, soy de la Cruz Roja». Todo mi empeño era saber si podía mover mis piernas, si tenía brazos, intenté despegarme del suelo, pregunté por mi compañero y me dijeron que estaba bien. Después llegaron los de Información, me introdujeron en la camilla de la ambulancia y me llevaron al Hospital de Nuestra Señora de Aránzazu. Allí estaban todos los medios de comunicación. Pedí que me taparan la cara para que mi madre, si veía las noticias, no me reconociera. Yo pensaba que me iba a morir. Cuando entré en el box ya estaban mi sargento y el teniente Tuda, pero ellos no me reconocieron ya que tenía todo el pelo quemado, la cara llena de heridas y quemaduras por todo mi cuerpo.

Todavía hoy me despierto a medianoche, oigo la explosión y mi cuerpo se incorpora inmediatamente. Mi psiquiatra me dice que eso es normal, que es una reacción de la mente. Gracias a Dios no me han quedado secuelas físicas, exceptuando el talón que me impide correr, pero sí psíquicas que me temo arrastraré toda mi vida. Mi madre me contó que ella y mi hermana en el hospital pidieron algo a las enfermeras. Además de denegárselo, cuando se dieron la vuelta comentaron entre ambas: «Estas son la hermana y la madre de la txakurra». La explosión me dolió, pero descubrir lo que podía llegar a ser el ser humano a través de estas dos enfermeras, me destrozó. La pareja de asesinos de ETA apretó el mando del coche bomba a distancia, sin mirarnos a la cara. Pero las enfermeras me veían en la cama sufrir por las quemaduras. Veían mi carne abierta, sabían cómo me llamaba, veían mi cara destrozada, mi dolor, conocían a mis padres y sobre ellos se vengaban. Yo quería ver cada día a las enfermeras, mirarlas con el miedo y el morbo de quien ve la maldad, quería ser judía en el campo de exterminio, quería comprender y asomarme con miedo y asco a la suciedad del alma del ser humano.

Tengo mi uniforme colgado en el armario, siento algo extraño, me da miedo pero es parte de mí, no puedo dejarlo, parece que si lo conservo siempre seré guardia civil, es mi identidad, y aunque perdí la piel no perdí mi uniforme, pertenezco a la Guardia Civil.

Al mismo tiempo, ETA ponía su punto de mira en los medios de comunicación con el objetivo de influir en sus mensajes, que en esta coyuntura eran más importantes que nunca. En marzo de 2000, los terroristas enviaron una caja de puros que contenía un artefacto explosivo al periodista Carlos Herrera, quien sospechó del paquete y lo entregó a los servicios de seguridad. Poco después, en mayo, asesinaron al articulista de El Mundo José Luis López de Lacalle, uno de los fundadores del Foro de Ermua. Los integrantes del comando Totto le descerrajaron cuatro disparos en las inmediaciones de su domicilio de la calle Ondarreta, en Andoain. Estos mismos terroristas colocaron el 16 de julio un coche bomba cargado con treinta kilos de explosivos junto al cuartel de la Guardia Civil en Ágreda (Soria); la deflagración hirió a la mujer de uno de los agentes. El miembro de ETA José Luis Barrios Martín, en las declaraciones judiciales que efectuó tras el intento de atentado contra la Comandancia de la Guardia Civil de Granada en septiembre de 1998, asumía las muertes de niños y mujeres en atentados porque no eran «ni civiles ni inocentes». Y después les llegó el turno a dos concejales del PP. En Durango, los terroristas asesinaron con un disparo en la cabeza a Jesús María Pedrosa Urquiza; en Málaga, José María Martín Carpena murió al recibir seis impactos de bala. Su mujer y su hija adolescente fueron testigos del crimen. También lo intentaron con sendos coches bomba con la familia Delclaux-Zubiría, a la que acusaban de no abonar los pagos pendientes acordados por la liberación de Cosme Delclaux, y con una senadora y representante del PP en las Juntas Generales de Vizcaya; ambos atentados se produjeron en Guecho. En Madrid estalló otro vehículo cargado con explosivos en la calle del Carmen, junto al metro de Callao, en una acción con la que buscaban espectacularidad y una demostración de fuerza, y que tenía como objetivo una compañía de capital francés, la FNAC. Los atentados se sucedían con una rapidez alarmante. El exgobernador civil en Guipúzcoa, Juan María Jáuregui, fue asesinado en Tolosa; los cuatro integrantes del comando Vizcaya murieron en Bilbao al estallar una bomba que transportaban en su coche; el empresario José María Korta, considerado afín al PNV («uno de los nuestros» lloraron desde ese partido), murió al estallar una bomba oculta en su coche, en la localidad guipuzcoana de Zumaya; el subteniente del Ejército Francisco Casanova fue asesinado de tres disparos en la cabeza cuando llegaba a su casa en Berriozar (Navarra).

La Benemérita no salió indemne de esta ola de ataques. Los guardias civiles Irene Fernández Perera y José Ángel de Jesús Encinas murieron en Sallent de Gállego (Huesca) víctimas de la explosión de una bomba lapa colocada en los bajos de un coche patrulla. María Ángeles, madre de la agente fallecida, explica que su hija «fue única para todo, hasta para morir»: fue la primera y única mujer del instituto armado asesinada por ETA en su larga historia de muerte.

A las 6.15 de la mañana me llaman y me dicen: «Véngase para Huesca que su hija ha tenido un accidente». Pregunté inmediatamente en qué hospital estaba y me dijeron que no, que no estaba en ningún hospital. En ese momento supe que Irene estaba muerta. De camino hacia Huesca para supuestamente ver a alguien que ya ha dejado de existir paramos en San Vicente de la Barquera. Allí nos estaba esperando, para abrirnos camino, una patrulla de tráfico. Al ver a un chico guardia civil me abalancé sobre él en un intento desesperado de imaginar el cuerpo de Irene en ese uniforme que tenía a mi lado. Pero no era ella. Cuando llegué al cuartel de Sallent de Gállego me encontré a su mejor amiga y compañera, Rosi, de rodillas, junto a lo que quedaba de Irene. Una vez que comenté a mis familiares todas las esquelas que deseaba poner y dónde celebrar la misa del funeral me desmayé automáticamente.

Todos los 20 de agosto, como si de un peregrinaje se tratara, me desplazo hasta Huesca acompañada de familiares y amigos. A las seis de la mañana bajamos al cuartel a ponerle flores en el lugar en el que Irene fue asesinada. Irene se me fue en un momento, pero si algo me pesa fue no poder donar sus órganos, como tantas veces ella me había pedido; no sé tampoco si hubiera podido hacerlo por el estado en el que quedó su cuerpo. Ahora me sentiría feliz si alguna persona pudiera llevar su corazón, sus ojos; quedaría algo de ella. Era una chica feliz y lo transmitía realizando su trabajo; lo único que me queda es que murió haciendo lo que ella deseaba.

Pepe y Prado, los padres de José Ángel de Jesús, recibieron una llamada parecida a la que atendió María Ángeles:

El día del atentado, un compañero de José Ángel, comandante de puesto accidental, nos llamó por teléfono a las 6.20 horas de la mañana comunicándonos que José había sufrido un atentado. Nada más recibir la noticia me dio un síncope y me llevaron al hospital acompañado de mi mujer. Allí nos dieron toda clase de drogas para calmarnos y tranquilizarnos. Tras realizarme un electro, un vehículo de la Guardia Civil nos recogió y nos trasladó hasta Huesca. El camino se hizo interminable. Cuando llegamos era demasiado tarde, mi hijo había fallecido dos horas después del atentado. No nos dio tiempo a despedirnos de él. El director general de la Guardia Civil en aquella época, Santiago López Valdivieso, no nos dejaba verle. Yo le dije que no nos podía prohibir ver a nuestro hijo. Intercedió por nosotros el ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, y pudimos ver a nuestro José Ángel. Pero ya estaba muerto.

Por si todavía no había quedado claro su mensaje intimidatorio, ETA demostró durante aquel mes de agosto sus intenciones de aumentar su lista de víctimas mortales con el asesinato de una quinta persona en apenas cuatro semanas. Los terroristas accedieron a una tienda de golosinas en la localidad guipuzcoana de Zumárraga y efectuaron 14 disparos contra su propietario, Manuel Indiano, quien también era concejal del PP en el Ayuntamiento. El objetivo ya no es solo el Estado: es la propia sociedad vasca, o al menos una parte de ella.

Pero la dirección de ETA no era capaz de imaginar el gran golpe que la Guardia Civil planeaba contra ella. Se daba la circunstancia de que algunos miembros de la cúpula llevaban tiempo bajo estrecha vigilancia. El seguimiento comenzó a fraguarse a finales de 1998. La Operación Torre, en la que se controlaba a algunos dirigentes etarras, se vino abajo de pronto. La mayoría de los objetivos desapareció del radar del instituto armado y los agentes centraron sus esfuerzos en el entorno familiar de María del Rosario Delgado Iriondo, alias Agurtzane. Tras los datos obtenidos en una intervención telefónica, la Guardia Civil supo de los planes de la etarra para reunirse, el 12 de diciembre de 1998, con su familia en un centro comercial de Anglet, en Francia. Los agentes acuden a la cita, pero no consiguen avanzar más en sus investigaciones. Un año después, y también con las Navidades como motivo de una reunión familiar, el 21 de diciembre de 1999, Agurtzane volvió a llamar para fijar otro encuentro, esta vez en la mercería Charlotte, en Biarritz. Y de nuevo se desplegaron los guardias para lograr nueva información sobre la terrorista. Se produce el encuentro, Agurtzane y su familia se dirigen a un domicilio ubicado en la Avenue Carnot. Al cabo de un rato, Juan Ángel Ochoantesana, Ehun, también miembro de ETA, lleva a la etarra ya sola a otra casa, en la rue du Sergent Capmas, en Bayona. Sus pasos eran seguidos muy de cerca por el Servicio de Información.

Cuando los objetivos nos ofrecieron la oportunidad, colocamos un sistema de escucha en la vivienda que ocupaban y alquilamos una casa próxima para recibir una buena señal. La casa que servirá de base parecía un estudio de televisión, un montón de cables por el suelo, en el salón monitores que recogen las imágenes de las cámaras de vigilancia colocadas sobre el domicilio y calles adyacentes, así como varios ordenadores para trabajar; en el sótano, los medios de escucha.

Es entonces cuando arranca la Operación Casino. Se estableció un dispositivo de vigilancia sobre la casa de Bayona y pronto se averigua que en ella reside también José Luis Turrillas Aranceta. Con el paso de los días se observa la presencia de otros miembros de ETA: Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi, Ibon Elorrieta Sanz, Ibon Gogeaskoetxea Arronategui y Tomás Elgorriaga Kunze. También el arrendador de la casa, que daba cobertura al grupo, el ciudadano francés Pierre Etchemendy. Todos ellos constituían el aparato de falsificación de ETA. Se empieza a obtener información valiosa.

El día 19 de marzo del año 2000, Ignacio Gracia Arregui, también conocido como Iñaki de Rentería —y considerado el número uno de la organización—, accede a la casa con una mochila y una barra de pan. Esta visita confirma la importancia de la estructura que se vigilaba. El 15 de mayo, Iñaki de Rentería visita de nuevo la vivienda, donde celebra un encuentro con otros miembros de la organización. En la reunión, explica a Turrillas que será el encargado de los aparatos de falsificación y electrónica de ETA, aparte de las tareas propias de responsable del aparato de logística. Esto supone una desagradable sorpresa para Rosario Delgado, que esperaba que ese ascenso fuera para ella. Iñaki de Rentería le explicará a Turrillas que el departamento de electrónica cuenta con dos casas: una propiedad de Christine Urxu en la que reside Jesús María Zabala Muguira, y la otra en Sare habitada por Ignacio Pedro Santesteban Goicoechea, Einstein, e Ibon Elorrieta Sanz, Eneko. El departamento de adquisición está en París, compuesto por José Luis Campo Barandiarán e Inocencio Soria Valderrama. La Guardia Civil escucha cómo trabajan, los medios técnicos de los que disponen y los que necesitan, a qué miembros de ETA les hacen documentaciones falsas, lo tratado en las citas con Iñaki de Rentería, las críticas a su responsable y las miserias de la organización. Son días largos, eternos, de escuchar, analizar, atar cabos y avanzar en el conocimiento de los entresijos de ETA. En este momento, la Guardia Civil abre dos nuevas operaciones. A la Casino, centrada en la etarra Rosario Delgado, se sumarán la Montecarlo, sobre Iñaki de Rentería, y la Eurovisión, sobre la mano derecha de este, Asier Oyarzábal Chapartegui, Gazte.

A mediados de septiembre del año 2000, Gazte descubre en su vehículo un sistema de seguimiento. Y enseguida alerta a sus compañeros. Los agentes de la Guardia Civil se vieron obligados a intervenir. En la tarde del 15 de septiembre y en colaboración con la Policía francesa detenían en Bidart (Francia) al jefe del aparato de logística de ETA, Iñaki de Rentería, y a su compañera sentimental, Fabienne Tapia. Era el dirigente en activo más veterano, lo que hacía más importante aún su neutralización. Un día más tarde fueron arrestados José Luis Turrillas y su compañera Danielle Unhassobizcay, además de Jesús María Zabala Muguira y su compañera Marie Christine Urxu; y en Sare (Francia) se produjo la detención de Ignacio Pedro Santesteban Goicoechea, Einstein, Ángel Picabea, Atxuri, y su compañera Teresa Tellechea. Dos días más tarde, también en Bayona, fue detenida María del Rosario Delgado Iriondo, así como la familia propietaria de la casa en la que se alojaba.

Con esta operación, el aparato de logística sufrió un duro golpe, pero no tan completo como tenía previsto la Guardia Civil. Otra de las varias viviendas vigiladas se hallaba en Saint Paul de Dax, donde se habían dejado ver los miembros de ETA Ángel Picabea Ugalde, Zigor Garro Pérez y Tomás Elgorriaga Kunze. Los dos últimos escaparon tras cargar diverso material en una furgoneta; una huida que se produjo por proceder a las detenciones escalonadamente en días consecutivos, en vez de efectuarlas todas de forma sincronizada. Las desavenencias internas francesas entre la Policía Judicial y los Servicios de Información (Renseignements Généraux) impidieron el éxito total de la operación. Los medios de prensa criticaron la actuación del comisario Marion, de la unidad antiterrorista de la Policía Judicial, quien se negó a acometer los arrestos al mismo tiempo. También lo hicieron sus colegas de los Servicios de Información franceses y españoles. Asier Oyarzábal, Gazte, lugarteniente de Iñaki de Rentería, consiguió eludir igualmente el cerco policial. La operación, no obstante, y a pesar de estas desafortunadas disfunciones, permitió el acceso a documentos que sustentaron buena parte de las investigaciones de la Guardia Civil durante los años venideros, así como información para acabar de comprender la estructura interna de ETA, armamento y material sensible para utilizar en atentados.

Tras el golpe llegó la reacción esperable y esperada en una organización terrorista: un zarpazo que acabaría con más vidas, en un intento de demostrar que su capacidad operativa no se había visto mermada. El 21 de septiembre, dos integrantes del comando de liberados Gaztelugatxe abordaron a José Luis Casado, concejal del PP en el Ayuntamiento de Sant Adrià del Besòs (Barcelona) y le descerrajaron un tiro en la nuca. Poco después, el 9 de octubre, los miembros del comando Erraia mataron en Granada al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero. Y una semana más tarde, en Sevilla, los mismos terroristas asesinaron en Sevilla al coronel médico Antonio Emilio Muñoz. Los autores del crimen, Jon Igor Solana y Harriet Iragi, fueron detenidos inmediatamente después del atentado gracias a la descripción de algunos testigos. Entre los planes que se les frustraron figuraba la voladura de un ferry que cubría la ruta entre Valencia e Ibiza. Con todo, la dirección de la banda seguía azuzando a sus comandos para cometer nuevos atentados. El 22 de octubre fue asesinado en Vitoria Máximo Casado Carrera, jefe de servicio de la prisión vitoriana de Nanclares de la Oca; el 30 de octubre y en Madrid, el comando Buruhauste mató con coche bomba al magistrado del Tribunal Supremo (Sala de lo Militar) y general de la Armada José Francisco Querol, a su escolta y a su chófer, además de al conductor de un autobús urbano que no pudo reponerse de sus heridas. La deflagración hirió a unas 65 personas y afectó a unas quinientas viviendas y cuarenta coches. En las semanas posteriores, la Policía detuvo a varios terroristas en Madrid, Vizcaya y Pamplona. En esta última, el etarra Ignacio Beaumont se disponía a atentar contra el exconcejal de UPN Miguel Ángel Ruiz Langarica; su cómplice, Jorge Olaiz, logró escapar de los agentes.

ETA volvió a demostrar su fijación contra la Guardia Civil. Durante el año 2000 se produjeron cuatro atentados: contra el cuartel de Ágreda, el de Irún y dos contra el de Intxaurrondo. Este último lugar fue el escenario de un ataque con una granada Mecar que impactó a unos cincuenta metros del acuartelamiento. La explosión de un artefacto que no llegó a salir del lanzagranadas hirió a seis guardias, tres ertzainas y dos policías.

Cuando llegamos al lugar de los hechos ya se encontraban allí miembros de la Ertzaintza. Inmediatamente surgen los celos profesionales y les indicamos que el hecho no es de su competencia, que ha sido un atentado contra la Guardia Civil. Que deben abandonar el lugar y que nosotros nos hacemos cargo. Lo hacemos tras ellos asegurarnos que el lugar estaba limpio y que la segunda granada ya estaba desactivada. Iniciamos la inspección ocular mientras el GAR acordona la zona, al tiempo que llega también el GEDEX.

Nos acercamos a las «lanzaderas» de las granadas, observando que una de estas había fallado, no había salido. Sebastián Molina, Smol, prepara su cámara fotográfica para fotografiar la «lanzadera» y la granada que no había salido, cuando, de repente, se produce una fuerte explosión… La onda expansiva nos arroja al suelo mientras una nube de humo sube al cielo y las piedras y tierra proyectadas caen sobre nosotros. Me incorporo tambaleante y aturdido, no oigo nada, tengo un penetrante y agudo pitido en los oídos. Cuando por fin reacciono, trato de ubicar a los compañeros, pienso que los han matado. Smol está tumbado en el suelo, en las inmediaciones del lugar donde estaba la «lanzadera» que pretendía fotografiar y que ha explotado. Tiene la ropa desgarrada, el cuerpo ensangrentado y la cara llena de tierra y barro. Mientras le ayuda, un compañero le grita: «Smol, respira, respira…». Tras aspirar una gran bocanada de aire, contesta con su peculiar estilo: «¡Gilipollas, no ves que estoy respirando!». Tranquilo, ¡ese es Smol! Dice que le duele la pierna derecha, la tiene destrozada. Le ocultamos la aparente gravedad de sus heridas…

Uno de los ertzainas (más tarde supimos que se llamaba Iñaki) tiene la cara llena de sangre, una piedra de regular tamaño incrustada en un ojo y una mancha de sangre en el bajo vientre. La explosión le había destrozado los órganos genitales con amputación traumática del pene y de un testículo…Todos los miembros del GEDEX han resultado heridos de distinta gravedad, nos hemos quedado sin equipo de desactivación de explosivos pero en apenas una hora llega desde Logroño el sargento Valderrama (había sido miembro del GEDEX y del SIGC de Guipúzcoa) mientras el cabo Morata, que inicialmente había sido evacuado al Hospital Nuestra Señora de Aránzazu y después de haber recibido las primeras curas, regresa en taxi al lugar de los hechos… Al final, la sangre mezclada de los heridos de los tres cuerpos policiales nos hermana y nos coordina mejor que cualquier acuerdo de la Junta de Seguridad. No hay lugar para las dudas competenciales o los celos profesionales: el enemigo es ETA.

En Alsasua (Navarra) colocaron un artefacto en la sede de Correos que debía activarse por sensores infrarrojos, dirigida a los agentes del GEDEX que acudiesen a desactivarlo. En Vitoria atentaron con una bomba contra la casa de un agente sin que nadie resultase herido. Pero los terroristas se proponían, aún más, continuar desestabilizando el escenario político. Y sabían que la manera más eficaz de hacerlo era atentar contra sus representantes. El 21 de noviembre de 2000 asesinan en el aparcamiento de su domicilio de Barcelona al exministro socialista Ernest Lluch, un defensor a ultranza del diálogo con los terroristas, lo que desata un movimiento mediático urgiendo al presidente a Aznar a negociar con ETA. Y el 14 de diciembre, en Viladecavalls (cerca de la capital catalana), matan al concejal del PP Francisco Cano. Para terminar el año, los mismos terroristas asesinan el 20 de diciembre al policía local de la Ciudad Condal Juan Miguel Gervilla. El agente murió de un disparo al tratar de neutralizar a los etarras, a los que había descubierto a bordo de un coche cargado de explosivos con el que habían tratado de atentar contra el periodista Luis del Olmo.

En 2000, ETA acabó perpetrando 70 atentados, con un balance de 23 víctimas mortales y 104 heridos. Hace falta remontarse hasta 1992 para encontrar datos de semejante magnitud. Este año, la Guardia Civil detuvo solo a una persona en España; la mayor actividad de la lucha antiterrorista se llevó a cabo en Francia, lo que minimizó de forma importante la actividad de la banda en nuestro país. En este contexto se hizo pública la sentencia que condenaba al hasta entonces general Galindo a 71 años de cárcel, así como a varios agentes más que ingresaron en prisión. Todos ellos perdieron su condición de guardia civil.

ETA, tras aprovechar la tregua para rearmarse, había puesto en marcha una escalada de terror sin precedentes. Fueron tiempos de tensión, nervios, desmoralización y pesimismo generalizado. Los terroristas habían conseguido que sus asesinatos se volvieran contra el Gobierno por no avenirse a negociar con los propios asesinos. Habían logrado sembrar dudas sobre la efectividad policial. La desunión de las fuerzas políticas era patente, mientras aumentaba la crispación social. Y ahora le tocaba al Estado reaccionar desde todos los frentes y dar los primeros pasos para terminar asfixiando a los terroristas y a su cúpula. O ceder ante ella. Pero la determinación del Estado era sólida, y condujo a medidas que abrirían la puerta al inicio del fin de ETA, basadas en tres ejes: eficacia policial y judicial, consenso político y social y cooperación internacional.

18

REACCIÓN DEL ESTADO

El asesinato del exministro socialista Ernest Lluch culminaba un año de hartazgo para la sociedad española. ETA no había matado en 1999, al principio por la tregua y luego por la acción policial cuando rompió el alto el fuego. Pero la dirección de la banda había ordenado a sus comandos que pisaran el acelerador en 2000. Para muchos, ese hastío empujaba a la tentación de ceder ante las pretensiones de la organización; en suma: de rendirse. Pero la determinación tomada por el Gobierno fue la de enfrentarse con todos los medios al órdago terrorista: desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hasta la justicia.

ETA se había propuesto arrancar 2001 como terminó el año anterior. Se encontraba fuerte y con la moral muy alta. Los integrantes del comando Gaua asesinaron en San Sebastián, el 26 de enero y mediante bomba lapa, al cocinero de la Comandancia de Marina, Ramón Díaz García. La organización se cobraba su primera víctima mortal del año, aunque en Barcelona ya lo había intentado algunos días antes, mediante un plan de atentado que terminó por convertirse en un duro golpe contra sus intereses. Era el 11 de enero. Los terroristas José Ignacio Cruchaga y Lierni Armendáriz viajaban a bordo de su coche por las calles de la capital catalana cargados con una olla a presión con quince kilos de dinamita. Su objetivo era hacerla estallar ante el edificio de Correos. Agentes de la Guardia Urbana repararon en el vehículo y, al ver que la placa posterior de la matrícula estaba semicaída, decidieron pararlo. «Somos guardias civiles», dijeron entonces los etarras, al tiempo que enseñaban unas placas de identificación del cuerpo. Pero un movimiento sospechoso alertó a los verdaderos agentes, que desenfundaron sus pistolas. «Somos de ETA, no disparen, llevamos explosivo», reconocieron los terroristas. Los proyectos de la banda en la Ciudad Condal se vieron frustrados con la desarticulación del comando Barcelona. Un tercer integrante del talde, Fernando García Jodrá, logró escapar a Francia. En agosto regresaría para tratar de recomponerlo, pero él y sus cómplices —Unai López de Ocáriz y Nerea Bengoa— fueron detenidos por la Guardia Civil de Barcelona antes de perpetrar ningún atentado:

El lunes 20 de agosto de 2001 se detectó a un individuo cuyas características físicas coincidían con las del miembro liberado de ETA García Jodrá, circulando en un Renault Clio de color blanco matrícula de Madrid, que pertenecía a un objetivo que se encontraba bajo vigilancia desde hacía meses, en las inmediaciones de la calle Villarroel de Barcelona. El individuo conducía con guantes en el mes de agosto, lo que llamó poderosamente la atención de los guardias civiles que integraban el operativo. Al día siguiente, agentes operativos consiguen identificar fotográficamente a García Jodrá saliendo del portal número 30 de la calle Villarroel junto a Unai López de Ocáriz. Posteriormente también a Nerea Bengoa, la tercera integrante del comando. Las detenciones se produjeron en la madrugada del viernes 24 de agosto de 2001. El arresto no estuvo exento de imprevistos y de momentos de tensión que pudieron derivar en un fatal desenlace, ya que la vivienda en la que el comando había establecido su centro de operaciones era en realidad la unión interior de dos apartamentos, por lo que los planos con los que se contaba no eran coincidentes con todas las habitaciones realmente existentes. Por ello, cuando los agentes de la UEI entraron en la vivienda, la puerta de entrada ocultó la de una habitación donde se encontraba el miembro de ETA Unai López, consiguiendo detener rápidamente a Fernando García y a Nerea Bengoa, pero no al primero, al que no se localizó. Llegados a ese momento, el jefe del dispositivo de detención de la UEI incrementó verbalmente la presión sobre el terrorista oculto con la finalidad de que declinara su resistencia a ser detenido, provocando que este finalmente señalara a gritos el lugar donde se encontraba. Unai López fue detenido acto seguido. Para llevar a cabo las actividades terroristas en Cataluña, los tres miembros liberados de ETA contaron con el apoyo de numerosos miembros legales, todos ellos, a excepción de Pedro Álvarez, nacidos en esa Comunidad Autónoma, y pertenecientes al movimiento okupa de la capital catalana y los grupos independentistas más radicales.

Fueron detenidos varios colaboradores que brindaban labores de apoyo e información a los integrantes del comando. En varios domicilios se encontraron 250 kilos de dinamita, cuatro pistolas y un subfusil. La intención del comando era atentar contra la cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea que se celebraría a la vuelta de pocos meses. Además, la información brindada por los terroristas sirvió para esclarecer algunos asesinatos, como el del exministro Ernest Lluch, el del guardia urbano Juan Miguel Gervilla y el del concejal del PP José Luis Casado, así como la fijación por asesinar —lo intentaron sin éxito hasta en ocho ocasiones— al periodista Luis del Olmo. La desarticulación del nuevo comando Barcelona propició una cadena de detenciones en Cataluña, Álava, Vizcaya, Málaga y Palencia.

ETA perdía a uno de sus equipos más operativos, que con el comando Madrid constituía su principal baza para provocar el ansiado ruido mediático. Este otro talde tampoco tardaría en caer gracias a la colaboración ciudadana.

Sobre las 9.10 horas se produce la explosión en la calle Cardenal Silíceo de Madrid. La deflagración no alcanzó al coche oficial en el que viajaba D. Juan Junquera González, Secretario General de Política Científica del Ministerio de Ciencia y Tecnología; él resultó herido leve y un centenar de personas heridas de diversa consideración, seis de ellas de carácter grave. Un vecino que estaba en las inmediaciones sospecha de dos personas que se encontraban en el lugar del atentado y ve como estas, tras la explosión, se introducen en un Ford Escort. Decide seguirlas en su vehículo alertando a su vez con su teléfono móvil a la Policía. Informa de que habían abandonado el Ford Escort en la calle Baterías, donde una patrulla policial identifica a dos sospechosos. El vecino que había efectuado la persecución del Ford Escort informa que las personas que estaban siendo identificadas no son los sospechosos, pues estos se habían dirigido a la calle Francisco Luján. Es aquí donde la Policía localiza, esta vez sí, a los dos terroristas que se alejaban apresuradamente, continuando la persecución por diferentes calles hasta que procedieron a su inmovilización. Cada uno de ellos llevaba una pistola. El Ford Escort había sido previamente abandonado en un descampado de la zona con un kilogramo de dinamita para que hiciera explosión a las 12.05 horas, siendo desactivado.

Los detenidos eran los terroristas Aitor García, Óscar, y la exconcejal de HB Ana Belén Egües, Dolores. Sus compañeros Juan Luis Rubenach, Txurdo, Manex Zubiaga, José, y Lexuri Gallastegi, Nuria, lograron escapar. Pero el comando Madrid quedaba desarticulado. Contaban con una potente infraestructura de pisos en la capital y con otro en Salamanca que utilizaban como base de operaciones, aprovechando la existencia de una gran población estudiantil flotante para pasar inadvertidos y sufrir menor presión policial. Desde la capital charra se desplazaban a Madrid utilizando los transportes públicos para atentar.

La eficacia policial diezmaba con regularidad las filas de los terroristas, pero no evitaba que otros miembros de ETA siguieran matando. El comando Buruntza se propuso atentar en San Sebastián contra un concejal del PSE-EE de Ordicia (Guipúzcoa) el 22 de febrero, poniendo un coche bomba junto a la estación de ferrocarril. La deflagración provocó algunas heridas al edil, pero alcanzó de lleno y mató a dos trabajadores de la empresa Electra. Al día siguiente, la Ertzaintza detuvo precisamente en Ordicia a Íñigo Gudiri Lasa, miembro del comando Totto, tras participar en la voladura de un centro de internamiento de menores en Zumárraga. Fruto de esta operación, la Guardia Civil arrestó en Guipúzcoa y Navarra a otras 13 personas sospechosas de integrar o colaborar con el talde. La Benemérita ya estaba tras la pista de algunos de ellos, implicados en un atentado en una discoteca de Deva (Guipúzcoa). Además, la información obtenida permitió la desactivación de un artefacto explosivo que llevaba oculto tres meses —sin llegar a estallar— en una vivienda de Cintruénigo (Navarra), en la que tiempo atrás había vivido un agente del instituto armado.

Las detenciones volvieron a poner a la Ertzaintza en el punto de mira de ETA, por la sola razón de haber osado actuar contra algunos de los suyos. Dos semanas más tarde, un ciudadano llamó a la Policía Autónoma Vasca para alertar de que un grupo de radicales estaba levantando una barricada con contenedores y un coche cruzado en mitad de una calle de Hernani (Guipúzcoa). Cuando los agentes llegaron, los terroristas hicieron explotar alevosamente la carga que habían colocado en el vehículo; uno de los agentes, Iñaki Totorika, murió, y el otro resultó malherido. Cuatro meses después, los integrantes del comando Buruntza asesinaron a disparos a Mikel Uribe, también ertzaina, jefe de la Unidad de Inspección en Guipúzcoa y miembro del sindicato nacionalista ELA, en la localidad guipuzcoana de Leaburu. En agosto, la Ertzaintza desarticuló el talde que perpetró este crimen. Lo componían Francisco Javier Macazaga, Txema, Juan Ibon Fernández, Súsper, Ainhoa García, Laia, y Santiago Vicente, Mikel. También colaboraban Luis María Carrasco, Luze, e Ibon Echezarreta, Potxolo. Del Buruntza dependían los comandos Gaua, Ontza y uno más especializado en robar coches. Los terroristas se responsabilizaron de casi todos los atentados registrados en Guipúzcoa desde julio de 2000 a julio de 2001. Y de nuevo llegó la reacción de ETA contra la Policía Autónoma Vasca. El 20 de noviembre hirieron a dos agentes que trataban de retirar en el parque Etxebarria de Bilbao una pancarta —en la que se podía leer «Policía asesina. ETA, mátalos»— a la que habían adosado una bomba. Tres días más tarde acribillaron a balazos a dos ertzainas que regulaban el tráfico en un cruce de la carretera N-1, en la localidad guipuzcoana de Beasain. Ambos, Ana Isabel Arostegi y Francisco Javier Mijangos, resultaron muertos. ETA demostraba su fuerza y su capacidad de elegir a sus víctimas, actuando, por venganza, contra quienes siempre tuvo reparos en atacar.

La dirección de ETA contaba con un potente arsenal de explosivos tras el robo de 1.600 kilos de dinamita en una fábrica de Grenoble (Francia). Este material, junto al que ya tenían, nutrió atentados con coches bomba como el de Roses (Gerona) contra un hotel, en el que murió el mosso d’esquadra Santos Santamaría. También lo intentaron con el mismo método en Gandía (Valencia) y en los aeropuertos de Málaga y Madrid: las cargas no estallaron por problemas en el mecanismo o por la intervención de los cuerpos policiales. También se registraron explosiones junto a un edificio de Logroño y en Torrevieja (Alicante); esta última provocó la muerte de la terrorista Olaia Castresana, que estaba manipulando el artefacto explosivo con el que planeaba atentar. Su novio, Anartz Oyarzábal, se dio a la fuga. El fallecimiento provocó una oleada de violencia callejera en el País Vasco y Navarra, y la izquierda abertzale ensalzó a la terrorista como una heroína. «Es una patriota y compañera», sentenció Arnaldo Otegi.

Además de la utilización intensiva de explosivos, los pistoleros de ETA seguían empleando otros medios menos espectaculares para consumar sus crímenes. El 20 de marzo, los terroristas del comando Ontza asesinaron de un disparo en la cabeza al teniente de alcalde del Ayuntamiento guipuzcoano de Lasarte-Oria, el concejal socialista Froilán Elespe, cuando tomaba un vino en un bar próximo a su domicilio.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad seguían castigando a la banda terrorista, en una lucha permanente orientada a intentar contener la escalada de violencia que se había producido tras la ruptura del alto el fuego, a finales de 1999. Se vivía un intenso y dramático intercambio de golpes. Javier García Gaztelu, Txapote, era el responsable de los comandos de ETA, y por tanto de azuzar a los asesinos para que cometieran más crímenes. El 22 de febrero de 2001, mientras estaba en una cafetería de la playa de Anglet, un policía francés lo reconoció y pidió refuerzos para arrestarle. La operación se llevó a término sin mayores complicaciones. Pero una detención como esta, aun siendo importante, no debilitaba en exceso a la banda, puesto que no afectó a la infraestructura de Txapote y su nombre podía ser reemplazado con facilidad. Lo mismo se puede decir de Zorion Zamacola, viejo conocido de la Guardia Civil, al ser uno de los terroristas con el que Joseph, agente infiltrado, mantuvo un trato más directo. Zamacola fue detenido junto a su compañero de comando Lander Echevarria en una operación conjunta entre la Policía española y la francesa; llegaron a él tras las detenciones de varios miembros de la organización juvenil Haika. La detención de Zorion Zamacola supuso para la Guardia Civil una importante y grave paralización de varias operaciones desarrolladas en suelo francés y español, ya que como consecuencia del seguimiento estrecho de Zamacola obtenían de forma periódica información valiosa sobre las estructuras de ETA. Al mismo tiempo que se producían estas detenciones, la Benemérita tenía en marcha la Operación Sabio, que no tardaría en explotar. El 23 de marzo, los agentes apresaron en Hendaya (Francia) a José Luis Mitxelena Berasarte, María y Orlegi, jefe del aparato de mugas que había logrado escapar de otro operativo del cuerpo en 1993. Con él fue detenida su compañera Begoña Madariaga. Y a las pocas horas, otras siete personas en Navarra y Guipúzcoa, todas ellas implicadas en el paso de material y de personas en la frontera franco-española. Los agentes llevaban ya años vigilando esporádicamente a Orlegi, preocupados por la posibilidad de que la atracción que despertaba entre amigas y familiares de su compañera sentimental, que le visitaban clandestinamente de vez en cuando, acabara suponiendo una falta de discreción que diese al traste con toda la operación.

En los días posteriores, la Guardia Civil desarticuló en Galicia el comando Zapaburu, al detener a Alicia Sáez de la Cuesta, que preparaba con su compañera de comando Nerea Garaizar —bajo la cobertura de estudiantes universitarias— la puesta en marcha en la región de un talde que tenía previsto atentar en fechas próximas contra el presidente de la Xunta, Manuel Fraga Iribarne. También se capturó a Eider Pérez, vecina de Rentería, y a Aitor Olaizola, de Irún; ambos constituían el comando Sugoi, relacionado con varios crímenes y con la entrega de material a otros miembros de la banda, como las furgonetas cargadas de explosivos que fueron interceptadas a finales de 1999 camino de Madrid o el vehículo bomba con el que se pretendía hundir el ferry que unía Valencia con Ibiza.

En este contexto se apuraban los plazos para la celebración de las elecciones autonómicas vascas que estaban convocadas para el 13 de mayo. Habitualmente ETA trataba de forzar un resultado electoral a favor de HB con la emisión de algún comunicado, pero en esta ocasión puso más muertos sobre la mesa a pesar de que HB le había pedido pública y expresamente lo contrario; la respuesta a ese requerimiento fue clara: «La participación en las urnas no deja de ser un instrumento subordinado a la lucha armada». Además del asesinato del concejal socialista Froilán Elespe, los terroristas mataron al presidente del PP en Aragón, Manuel Giménez Abad, cuando iba al campo de fútbol del Real Zaragoza en compañía de su hijo, una semana antes de las votaciones. Los resultados obtenidos por los abertzales en los comicios se tradujeron en un descalabro sin precedentes: a pesar del aumento de los votantes —hubo un 80 % de participación—, EH obtuvo 142.784 votos, unos 80.000 menos que en la anterior cita electoral, con pérdida de la mitad de sus escaños. La mayoría optó por Juan José Ibarretxe, que obtuvo para el PNV unos resultados que excedían todas las previsiones y volvió a ser nombrado lehendakari. Desde el seno de EH se atribuyó esta pérdida de apoyos al proceso de reestructuración que estaba viviendo, que dio lugar al nacimiento de la marca Batasuna a finales de junio de 2001, y que en vez de aglutinar dividió a los simpatizantes; el partido resultante salió más débil. En realidad se los castigaba sobre todo por la actividad de ETA, y su pública proximidad. También sufrió varias escisiones, como la corriente crítica Aralar —dirigida por el abogado navarro Patxi Zabaleta, miembro fundador y exdirigente de HB y EH—, Acción Nacionalista Vasca o la francesa Abertzaleen Batasuna. Euskal Herritarrok ya había roto los lazos previamente con otros partidos como Zutik o Batzarre, con los que había formado coalición. La victoria del PNV le empujará a radicalizarse y a buscar la independencia por su cuenta.

ETA no iba a tardar más que dos días en ofrecer su particular valoración de las elecciones, dejando malherido a un periodista en Zarauz con el envío de un paquete bomba. A continuación desencadenó una oleada de asesinatos: mató al director financiero del Diario Vasco en San Sebastián, a un militar en Madrid, a un policía también en la capital, a un concejal de UPN en Leiza (Navarra) y al ertzaina antes citado en Leaburu. Todo ello en apenas dos meses. La banda terrorista culminó esta escalada de atentados en Guecho (Vizcaya), matando al juez de la Audiencia Provincial de Vizcaya, José María Lidón, primer y único magistrado asesinado en el País Vasco: ya no eran solo los políticos los que se veían forzados a llevar escolta; también habría que ponérsela a los jueces. En apenas medio año, el número de personas en el País Vasco protegidas por fuerzas de seguridad o por vigilantes privados pasó de doscientas a ochocientas. Al atacar a personas de muchos colectivos distintos y geográficamente dispersos, ETA transmitía más sensación de poder y alarma social entre la ciudadanía.

En circunstancias más extrañas llegó el fallecimiento de una mujer de 62 años en San Sebastián. Era la limpiadora de un bar de la parte vieja de la ciudad, y en uno de los baños del establecimiento encontró un coche radiocontrol que nadie reclamó, por lo que decidió regalárselo a sus sobrinos. Cuando la empleada y cuatro familiares —entre ellos, dos niños— manipulaban el coche, se produjo la explosión de una pequeña carga oculta en el juguete; un trozo de plástico seccionó la carótida de la mujer, que murió víctima de la herida. Otro fragmento impactó en los ojos de uno de los niños, provocándole pérdida de masa encefálica. El siniestro artefacto había sido abandonado en el local por jóvenes de Segi que acudían a una manifestación que finalmente fue cancelada; estos hablaron de «guerra sucia del Estado». Al final nadie reconoció la autoría.

El Estado, obligado a contrarrestar la ofensiva de ETA, propone en agosto la creación de órganos especializados de coordinación impulsados por el secretario de Estado en aquella época, Pedro Morenés Eulate, y el viceconsejero de Interior Vasco, Mikel Lejarza. Estos órganos los integraban responsables de los servicios de información de la Policía, la Guardia Civil y la Ertzaintza, que se reunían trimestralmente, después de cada atentado terrorista y de las operaciones policiales contra ETA. Fue la Guardia Civil la encargada de dar el golpe más decisivo a la banda tras la creación de estos órganos de coordinación. Y lo hizo en Francia, en colaboración con el Servicio de Información francés. Los agentes llevaban meses siguiendo la pista de Lorentza Guimon y Dolores López Resina, quienes compraban material electrónico en una tienda de Pau. El seguimiento de las dos etarras durante meses, con sumo esfuerzo por parte del personal policial, condujo a otros miembros de la organización como Oihane Errazquin, Zapa, Didier Aguirre o Alberto María Ilundáin. Y también a Asier Oyarzábal Chapartegui, alias Gazte, el que había sido lugarteniente de Iñaki de Rentería y que ocupaba el puesto más alto en el aparato de logística de ETA desde hacía menos de un año. Finalmente, el 23 de septiembre de 2001, la Guardia Civil, en colaboración con la Policía francesa, detuvo a Didier Aguirre y Alberto María Ilundáin en una gasolinera de Saint Etienne. Y media hora después, en un domicilio de Dax, a Asier Oyarzábal, Oihane Errazquin y Dolores López Resina. Se les incautaron unos dos millones y medio de francos franceses, quince millones y medio de pesetas, 100.000 francos belgas, veinte bolsas con material para elaborar artefactos explosivos, tres pistolas, dos escopetas, varios subfusiles, vehículos robados y documentación interna de ETA. Asier Oyarzábal, Gazte, se preguntaba en su autocrítica de dónde había llegado aquella caída, con unas palabras muy elocuentes que revelan la psicosis en que viven ya los etarras respecto de la posibilidad de tener a la Guardia Civil tras sus pasos:

La casa en la que nos detienen la alquila Sua. Nosotros entramos el 18 de agosto y está alquilada hasta el 29 de septiembre. A principios de septiembre se paga la segunda parte del alquiler. Yo creo que desde el momento en que se alquila la casa ya está bajo control, o en el mejor de los casos desde el momento en que se paga la segunda parte. La casa está muy bien controlada, seguramente cámaras, micros… Siempre hemos ido a todas las citas dos personas, uno haciendo la seguridad del primero. No hemos sospechado nada. Mirábamos los coches regularmente, tanto con el detector como visualmente… el día de la detención por ejemplo. El viernes y el sábado también miramos, en las dos ocasiones con el detector y el sábado visualmente, incluso bajo el motor. De todas maneras estamos como siempre, como hace un año. ¿Hasta dónde han llegado, dónde están? La mierda de siempre.

Las desarticulaciones se sucedían una tras otra. La maquinaria de terror puesta en marcha por ETA dejaba un rastro que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lograban seguir, en ocasiones haciendo frente a extremas dificultades. La Policía detenía en octubre a Roberto Lebrero y Luis Mariñelarena, miembros del comando Aranba, en una operación efectuada en Placencia de las Armas (Guipúzcoa); también fueron detenidas otras seis personas que brindaban apoyo a este talde, entre ellos un concejal de EH en Azcoitia. Y a finales de noviembre, la Guardia Civil tuvo que emplearse a fondo para detener a otros dos integrantes de la organización armada, tal y como explica el oficial que dirigió la desarticulación del comando Kroma:

En el mes de noviembre de 2001 se estaba trabajando sobre el aparato de cursillos de ETA, en la Operación Lago. Una de las líneas de trabajo que se adoptó en Francia fue establecer dispositivos de vigilancia en Dax durante los fines de semana, de viernes a domingo, con el fin de tratar de identificar los posibles miembros legales que eran recogidos allí por el aparato militar para hacer los cursillos de formación. Los legales suelen desplazarse desde España hasta Francia en vehículos propios o prestados; era la pauta que ETA les marcaba. El último fin de semana llamaron especialmente la atención dos vehículos: se trataba de dos Seat modelo Ibiza matrícula de Vizcaya que estaban aparcados en Orthez, bastante alejados el uno del otro. Tras efectuar intensas gestiones se encontró una conexión entre sus titulares: ambos residían en Lequeitio, en la misma calle y número de casa. Lo razonable fue entonces pensar que los ocupantes de ambos vehículos se conocían y que habían acudido juntos a Orthez. Pero, si eran amigos, ¿por qué habían aparcado tan alejados el uno del otro? ¿Cuánto tiempo llevaban allí aparcados? Se decidió volver a reconocer Orthez, para constatar que a mediodía del lunes los Ibizas ya no estaban allí. El equipo se colocó en los puntos de paso natural por carretera desde Francia por Guipúzcoa e inició la espera. El trabajo dio sus frutos, de modo que sobre las tres de la tarde, a la altura del tristemente famoso bar Faisán, se detectó circulando a los dos Ibizas entrando en España por el Puente de Behobia y en dirección a Irún. Uno de ellos iba en cabeza, ocupado por una única mujer. El otro le seguía a distancia ocupado por tres varones. La hipótesis que se barajó de inmediato fue que se estaba presenciando en directo el paso de muga (frontera) de un comando de liberados de ETA.

Los vehículos llegaron hasta la estación de tren de Irún. Dos de los varones del segundo Ibiza se bajaron del coche y tras despedirse de ambos conductores, tomaron el tren de cercanías hasta San Sebastián. Allí tomaron un taxi hasta la estación de autobús de larga distancia y compraron un billete. ¿Cuál sería el destino del comando? Tras hacer gestiones operativas in situ se supo que su destino era Pamplona. Quizá un nuevo comando Nafarroa. El equipo operativo siguió al autobús, al tiempo que dos agentes se subieron también a él hasta la capital navarra. A la llegada a Pamplona, ya de noche, los liberados tomaron otro autobús urbano y de nuevo otros agentes se subieron con ellos. El resto del equipo continuó detrás. En una parada, los liberados se bajaron del autobús y volvieron a subir, una medida de contravigilancia. En la siguiente parada, en el barrio de San Jorge, los liberados se bajaron y continuaron andando. Al cabo de un rato, los terroristas sacaron sus pistolas e iniciaron una huida a la carrera: habían detectado el seguimiento de un equipo ya exhausto y en precario que tras una jornada agotadora los había seguido desde la frontera. Se inició una persecución y un tiroteo entre los liberados y los guardias civiles. Uno de los liberados se detuvo y se entregó, no sin antes arrojar al suelo su pistola marca HS, siendo detenido. Se trataba de Jorge Olaiz Rodríguez. El año anterior había huido tras ser detectado el día que tenía planeado asesinar al exconcejal de UPN Miguel Ángel Ruiz Langarica. El otro, que se identificó posteriormente como Íñigo Vallejo Franco, continuó su huida y obligó a punta de pistola a detenerse un coche, un Peugeot 205, subiendo a él y poniéndose al volante con la mujer secuestrada en el asiento del copiloto. Para no poner en peligro a la chica, los guardias cejaron en la persecución. El liberado condujo el coche hasta la localidad de Etxarren, a unos veinte kilómetros de Pamplona, donde abandonó el vehículo y a su aterrorizada propietaria.

El comando Kroma, el nuevo Nafarroa, quedó desarticulado antes de llegar a cometer ningún atentado. Sin embargo, a los agentes de la Guardia Civil, que montaron un fuerte dispositivo en las inmediaciones de Etxarren, se les quedó el sabor amargo de la huida de Íñigo Vallejo. Este logró escapar a Francia, donde acabaría siendo detenido dos años más tarde.

En todo 2001, la banda terrorista había logrado cometer 59 atentados, con un balance de quince víctimas mortales; ninguna de ellas guardia civil. La lucha policial —se detuvo a doscientas personas a lo largo del año, la cifra más alta desde 1988— había frenado las aspiraciones de la banda terrorista. Durante 1999 hubo sesenta detenidos y 134 en 2000. Y la lucha del Estado desde todos los frentes legales asfixiaría aún más sus movimientos en los años venideros.

Mientras tanto, ETA y todo su complejo sociopolítico asistían al aislamiento al que se veían sometidos desde diferentes ángulos, algunos imprevistos y muy novedosos. El apoyo del presidente José María Aznar a su homólogo estadounidense George W. Bush en su guerra contra el terrorismo —Al Qaeda había derribado las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001— tuvo contrapartidas: el Departamento de Estado norteamericano incluyó a algunos etarras en su lista negra de hombres más buscados y a los pocos meses se emitiría desde Washington una orden en la que se añadía a la banda y a su entramado (HB/EH, Batasuna, Jarrai, Haika, Segi y Gestoras Pro Amnistía) a su lista de organizaciones terroristas. También se incluirían en la lista europea de idéntica finalidad. La contradicción de que Batasuna figurase en estos listados y en España siguiera desarrollando su papel político potenció el debate sobre su ilegalización. La principal consecuencia de esta medida sería el fin de los aforamientos, que permitiría juzgar de forma más eficaz a sus miembros relacionados con actividades terroristas. Además se ponía fin a las subvenciones que el Estado debía satisfacer, y que obligaban a complicados procedimientos para impedir que ese dinero público terminara en las arcas del complejo formado por ETA.

El Consejo de Ministros aprobó en 2002 el borrador de la nueva Ley Orgánica de Partidos Políticos, que contemplaba «la prohibición de aquellos partidos que den apoyo expreso o tácito al terrorismo, y la ilegalización de los que vulneren los derechos fundamentales y democráticos, o propicien el odio y la violencia». Batasuna se sintió señalada y respondió con el cierre de sus cuentas corrientes y el traslado de fondos a cuentas particulares. En Navarra cambiaron su nombre a Abertzales Sozialistas de Navarra, y en el País Vasco a Abertzales Sozialistas de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba. El texto legislativo finalmente se aprobó en junio de 2002. Los obispos vascos, en una pastoral titulada «Preparar la paz», mostraban su preocupación por esta ley, defendían la existencia de un conflicto previo a la existencia de ETA y mezclaban en el mensaje las torturas y malos tratos.

La Ley de Partidos no perseguía ideas sino conductas, aquellas que atacaran directamente a la democracia y a las libertades. Con esta ley en la mano, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decretó en un auto del 26 de agosto la suspensión de «todas las actividades de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna», además del cierre de sus «sedes, locales, establecimientos y cualesquiera otros centros». Agentes de la Policía y de la Guardia Civil comenzaron a cumplir la resolución judicial esa misma noche; la Ertzaintza se sumó a la labor al día siguiente. De forma paralela se puso en marcha el procedimiento para ilegalizar Batasuna. El acontecimiento que lo precipitó fue el atentado con coche bomba contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante), el 4 de agosto de 2002, que costó la vida a la hija de un agente y a un transeúnte. «Este suceso es un exponente claro de la situación de conflicto en Euskal Herria», proclamó el portavoz de EH en el Parlamento vasco. Arnaldo Otegi, igualmente, cargó las culpas al presidente del Gobierno, José María Aznar, a quien consideró «responsable en primera persona de lo que está ocurriendo en estos momentos y de lo que puede ocurrir en el futuro». Poco antes se había establecido la responsabilidad civil solidaria de Batasuna por los daños ocasionados por la organización radical Segi, que sumaban 24,3 millones de euros. Todas sus cuentas quedaron embargadas. Las organizaciones de apoyo a ETA, por fin, quedaban expuestas como tales. El cerco judicial a esas asociaciones se cerraba cada vez más, siempre con la crítica y oposición del PNV. Un informe elaborado por la jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil en colaboración con las Comandancias del País Vasco serviría como base para vincular las actividades de HB/EH/Batasuna con las de la banda terrorista. Así fue como el Tribunal Supremo decretó su ilegalidad el 27 de marzo de 2003.

Pese al aparatoso victimismo en el que se sumió la izquierda abertzale —«No tenemos futuro democrático dentro del Estado español»— y a la reacción contraria a la ilegalización por parte de los partidos políticos que formaban el Gobierno autonómico vasco (PNV, EA e IU), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo concluiría en 2009 que España no violó la libertad de reunión y asociación de Batasuna, sino que su disolución era, muy al contrario, una «necesidad social imperiosa». Semejante varapalo pilló de sorpresa al mundo abertzale, pero no fue el único revés europeo que le tocaría encajar: el Consejo de Europa ya había dictaminado en julio de 2002 que los presos por terrorismo podían recibir un tratamiento específico más estricto y había respaldado la política de dispersión penitenciaria para los reclusos de ETA.

El trabajo de décadas de la Guardia Civil sirvió también para la elaboración de un informe titulado «Implicación de José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea en la acción terrorista contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza», con el que la fiscalía del Tribunal Supremo pedía el procesamiento del dirigente de ETA Josu Ternera. El miembro de ETA era diputado de EH desde 1998, y había pasado de ser el máximo dirigente de la banda armada a miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco gracias a los votos del PNV. Ternera no acudió nunca a la citación del Tribunal y desde entonces tiene esa cuenta pendiente con la Justicia.

Pese a todos estos trabajos de despacho, para la Guardia Civil era necesario seguir presionando donde los terroristas eran más fuertes, en Francia, y para ello había que seguir desplegando fuerzas en el país vecino. Por entonces estaba en marcha la Operación Pegamento, en la que el etarra Zigor Garro era el objetivo principal. Los agentes tenían constancia de que los terroristas acudían con frecuencia a la papelería Talbot, en Burdeos, para conseguir material destinado a la falsificación de documentos. Se vigilaba discretamente el establecimiento. Garro llegó al local el 22 de enero y encargó una docena de espráis especiales; pasó a recogerlos el 1 de febrero y se marchó a bordo de un Volkswagen Polo gris hasta Lormont. Allí se le perdió la pista y los agentes no lograron encontrarlo de nuevo. Algo parecido ocurrió con la Operación Sofía, que había arrancado en diciembre de 2001. Los agentes de RG recibieron el soplo del alquiler sospechoso de un garaje en Toulouse. Las investigaciones, en colaboración con la Guardia Civil, determinaron que la identidad bajo la que se había producido el acuerdo —Paloma Morán— era falsa, y se montó un dispositivo en los alrededores. Así, en enero de 2002, se detectó un Renault Clio conducido por Abelardo Castillo, Leo. A través de él se consiguió dar con la pareja compuesta por Asier Quintana, Mario, y Gracia Morcillo, Kristel, y también con algunos pesos pesados de la banda, como Mikel Albisu, Mikel Antza, Eneko Gogeaskoetxea, Ernest, o Francisco Javier López Peña, Thierry. Pero la mala fortuna hizo que la operación se precipitase al vacío. El 16 de enero, Abelardo Castillo salió con su coche y presenció un accidente. Los que lo habían sufrido eran agentes del Servicio de Información que le vigilaban. Algo en el suceso levantó sus sospechas y alertó a sus compañeros. Se deshizo del coche y abandonaron los domicilios.

La Guardia Civil se había quedado sin ninguna prueba física o un hilo del que tirar. Pero recordaban las caras de los terroristas y arrancaron una nueva operación de búsqueda, casi a la desesperada. Los agentes se lanzaron a las principales estaciones de tren francesas buscando algún rostro conocido. No era habitual que los miembros del instituto armado trabajasen de este modo, pero haber tenido tan de cerca a sus objetivos alentó su labor; esfuerzos que, con un poco de suerte, dieron sus frutos. Seis días después, los agentes se toparon con Abelardo Castillo y con Thierry en Toulouse. Se los consiguió ubicar en un apartamento. La Guardia Civil alquiló una vivienda próxima en la que analizaba todos los datos obtenidos en los seguimientos. También se ubicó a Asier Quintana y Gracia Morcillo. Pero Abelardo Castillo estaba muy concienciado de la posibilidad de estar siendo controlado y, en un encuentro con Thierry en la localidad de Marmande, buscó y encontró un sistema de seguimiento colocado en el coche. Inmediatamente avisó a Quintana y Morcillo; esta estaba embarazada y apenas podía cargar bultos, así que la pareja, con su hija en brazos, se esfumó con lo puesto. Tardarían años en volver a localizarlos.

No todas las pesquisas en torno a ETA en Francia resultaron infructuosas a principios de 2002. El 25 de enero es localizada la casa de cursillos que la banda terrorista tenía ubicada en Serres Castet. El impago del alquiler propició la intervención de la Policía francesa, que se encontró allí con uno de los enclaves más significativos que la banda tenía en el país vecino. Los terroristas Juan Ramón Carasatorre, José Ramón Lete, Lorentza Beyrie y Miren Aintzane Orcolaga, detenidos en diciembre de 2001 por la policía francesa, eran los inquilinos habituales de la vivienda. Una vez detenidos no pudieron efectuar los pagos correspondientes a las mensualidades. En el interior de la casa, utilizada para adiestrar en el uso de armas y explosivos a los miembros recién incorporados a ETA, se localizaron troqueladoras de placas de matrícula, armas, más de mil kilos de explosivos, tubos lanzagranadas y material electrónico.

ETA quiso matar desde los primeros días de 2002. El 12 de enero hizo estallar en el centro financiero de Bilbao un artefacto que hirió a dos personas; cinco días después se desactivan tres paquetes bombas dirigidos a dos periodistas y al vicepresidente del Grupo Correo, Enrique de Ybarra. El 19 de febrero una bomba lapa malhirió en Sestao (Guipúzcoa) al presidente de las juventudes del PSE-EE, Eduardo Madina; y el 28 estalló una carga oculta en un carrito de la compra en Portugalete, por cuya acción resultaron heridos la edil socialista Esther Cabezudo, su escolta y otras tres personas. El primer asesinato del año quedó consumado finalmente el 21 de marzo. Un terrorista del comando Bakartxo descerrajó tres tiros en la cabeza al concejal del PSE-EE en Orio (Guipúzcoa), Juan Priede, cuando estaba tomando un café en un bar. El Partido Socialista de Euskadi, tras sufrir tres atentados en apenas un mes sobre sus representantes, afrontaba el encuentro en el que se elegiría a Patxi López como nuevo secretario general. Fruto de ese clima de tensión se produjo un enfrentamiento en las calles de San Sebastián entre el escolta privado de una concejal socialista y un grupo de guardias civiles de incógnito que trataban de resolver un atraco; el primero tomó a los segundos por miembros de ETA y se desencadenó un desgraciado tiroteo. El escolta murió y uno de los agentes resultó herido grave.

Tras el atentado contra Priede, el grupo de Información de la Comandancia de Guipuzcoa abre varias vías de investigación sobre individuos susceptibles de prestar apoyo y cobijo a los miembros de ETA. Esta era una práctica habitual en los servicios de información de la Guardia Civil. Todos los agentes se ponían en marcha inmediatamente después de un atentado, intensificando la vigilancia sobre aquellos que consideraban posibles colaboradores. Alguna vez acompañaba a los guardias la fortuna y uno de estos individuos llevaba al comando: este fue uno de esos casos, que ponía de manifiesto que las investigaciones de los guardias civiles de Guipúzcoa ya solían ir bastante bien encaminadas.

Entre los individuos a investigar se hallaba un vecino de la localidad guipuzcoana de Ibarra, Ekaitz Aramendi Urteaga. Apenas cinco horas después del asesinato de Priede, los agentes detectan la entrada en el inmueble en el que está situada la vivienda de Aramendi de dos individuos en bicicleta que les resultan sospechosos, por lo que realizan diversas gestiones para tratar de determinar sus identidades y corroborar si residen o no en el edificio. El día 24 los agentes confirman que no son vecinos del bloque, por lo que piden autorización judicial para efectuar una entrada y registro en la vivienda de Ekaitz Aramendi.

En la madrugada se lleva a cabo la entrada y registro en la vivienda. Hallan, entre otros efectos, una pistola Browning FN GP 35, calibre 9 milímetros parabellum, por lo que detienen a Ekaitz Aramendi, que manifiesta espontáneamente a los guardias civiles que la pistola no es suya, sino que pertenece a los ilegales del comando Bakartxo (los dos individuos que habían entrado en el inmueble con las bicicletas) que han abandonado su casa en la tarde del día anterior.

Los agentes amplían las vigilancias sobre otros objetivos susceptibles de prestar infraestructura a los miembros del comando. Una de esas personas es Miren Uxoa Olaya Espinal. El día 25 de marzo, mientras miembros del Servicio de Información controlan el portal de su vivienda en el número 8 de la calle Virgen del Carmen del barrio de Egia de San Sebastián, ven salir a uno de los que entraron con la bicicleta en el piso de Ibarra, por lo que le detienen inmediatamente. A pesar de la activa resistencia que opuso, evitaron que sacara el arma que portaba. Se trataba del liberado de ETA Unai Bilbao Solaeche, Ander.

Inmediatamente después los agentes acceden a la vivienda con la sospecha de que en el interior podía haber más miembros de ETA, y encuentran a un hombre y una mujer, a los que identificaron como el miembro de ETA Ignacio Javier Bilbao Goikoetxea, alias Batxu, y la moradora de la vivienda, Miren Uxoa Olaya Espinal. Ambos quedan detenidos. Seguían directrices de uno de los dirigentes de la banda, Juan Antonio Olarra Guridi, Jon, quien les había ordenado atentar en Guipúzcoa, sobre todo contra miembros del PP, del PSOE y de la Policía Autónoma Vasca, así como golpear contra los ya tradicionales objetivos, los guardias civiles y sus cuarteles. La detención en el mismo operativo del colaborador del comando Gregorio Escudero Balerdi aportó detalles muy significativos del asesinato de Miguel Ángel Blanco. El crimen se atribuía al comando Donosti, compuesto en esas fechas por García Gaztelu, Txapote, Irantzu Gallastegi y José Luis Gueresta. Pero Escudero Balerdi concretó más: «Txapote fue quien disparó contra el edil, mientras Gueresta le sujetaba e Irantzu les esperaba al volante de un vehículo». Entre la documentación incautada al comando Bakartxo figuraba una carta que el aparato militar de ETA había dirigido a sus integrantes:

¡Aupa, Bakartxo! ¿Qué tal andáis? A ver si es así y tenemos noticias vuestras cuanto antes, que lo necesitamos. De todas formas empezad correctamente y cuidad el más mínimo detalle, no olvidéis que tenemos que dar caña a tope, pero que para eso es imprescindible no caer, ¿eh? Ya hemos recibido suficiente. Nos tenéis a vuestra disposición para mandar lo que necesitéis, por lo tanto, gastar sin miedo que volveremos a enviar, je, je, je. […] Bueno, Bakartxo, de momento esto es todo, aquí quedamos a la espera de vuestras noticias. ¡A ver si son buenas! ¡Pues vuestras buenas noticias son nuestra fuerza! ¡Dad caña sin miedo! Pero sobre todo cuidaos mucho. ¡Cada uno de vosotros vale mucho más que toda España! ¡Por supuesto que sí!

En su autocrítica tras la detención, Iñaki Bilbao se lamentaba del alcance de la operación liderada por la Guardia Civil contra su comando en términos que señalan la desmoralización que empieza a cundir entre los etarras:

En cuanto a la caída, está claro que habíamos hecho mal las cosas, ya que excepto tres compañeros, todos hemos caído. Y esto no es todo. No se ha salvado nada, nos han cogido todas las informaciones, armas, casas, etc. Pues sí, ha sido una putada para la Organización ya que ahora habrá que empezar otra vez de cero y yo me hago responsable y me preocupa profundamente. Lo siento mucho ya que personalmente mi detención no me importa en absoluto […] Creía que yo iba a soportar una situación como esa […], pero me he dado cuenta de que soy una mierda, no me siento bien en absoluto conmigo mismo, es vergonzoso. Lo siento mucho, de corazón.

La operación que terminó con el comando Bakartxo casi coincidió en el tiempo con la desarticulación del Ekaitza. Esta tuvo lugar un mes antes, en Navarra. La Guardia Civil sabía a través de los documentos incautados a Txapote, detenido en Francia en febrero de 2001, de la existencia de un grupo coordinado en la Comunidad Foral. Sus integrantes, promocionados de la cantera de Jarrai en 1997, ya habían acabado con las vidas del concejal de UPN Tomás Caballero y del militar Francisco Casanova. Las sospechas de que iban a cometer un nuevo atentado de forma inminente obligaron a la Guardia Civil a actuar; fueron detenidos los hermanos Miguel Javier e Ibai Ayensa Laborda, así como sus compañeros Francisco Ruiz Romero y Alberto Viedma Morillas. Se les intervino un subfusil Mat, tres pistolas Browning, munición de procedencia checa, una escopeta y una bomba lapa. Los miembros del comando también quisieron matar a dos militantes de UPN, Evelio Gil y José Carlos Pérez Lapazarán.

ETA respondió a todos estos golpes recurriendo nuevamente al coche bomba, con la explosión de dos vehículos, ambos en Madrid, colocados por el comando Txirrita. El primero estalló en abril con quince de kilos de cloratita cerca del paseo de la Castellana, a la altura de la calle Manuel Caldeiro, provocando daños materiales; el segundo lo hizo en mayo con veinte kilos de dinamita en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu, horas antes de disputarse el partido entre el Real Madrid y el Barcelona. Causó una veintena de heridos. ETA repitió el mismo modus operandi para atentar contra la Universidad de Navarra, en Pamplona. El vehículo, estacionado en un aparcamiento del recinto educativo, estalló con veinte kilos de explosivos en su interior. Una llamada al diario Gara había alertado de la deflagración media hora antes de que se produjera y los cuerpos policiales evacuaron el espacio, lo que evitó daños personales. Varios coches bomba más estallaron en junio coincidiendo con la cumbre celebrada por los dirigentes de los países de la Unión Europea en Sevilla: seis personas resultaron heridas con la explosión registrada en el hotel Las Pirámides de Fuengirola (Málaga); en Marbella estalló otro vehículo estacionado junto al hotel Sultán, sin alcanzar a ningún viandante; en Zaragoza, en el aparcamiento de El Corte Inglés, explotó otro coche, hiriendo a dos personas; otras siete tuvieron que ser atendidas en Santander por un atentado de características similares; y un último ataque en el hotel Tamisa Golf de Mijas (Málaga) provocó algunos daños materiales. Los terroristas del comando Ezkaurre tenían previsto seguir el mismo procedimiento para atentar contra la Ertzaintza. Primero lo intentaron en el barrio bilbaíno de Zamacola y después en Ciérvana (Vizcaya). En ambos casos, los agentes localizaron las furgonetas bomba y desactivaron las cargas.

Pese a esta oleada de atentados con coches bomba, la capacidad de ETA comenzaba a verse mermada por las continuas operaciones de los cuerpos policiales contra todas sus estructuras. El 6 de mayo de 2002, su aparato de mugas sufrió un duro revés, después de la detención por parte de la Guardia Civil de los etarras José Ramón Revilla y Miren Agurtzane Uriarte, en una operación que se desarrolló en las localidades de Lequeitio y Bilbao; la banda terrorista los utilizaba —según su autocrítica— para «mover gente en pequeñas distancias, a pueblos cercanos, y para recoger algo y trasladarlo a otro sitio». Prácticamente en las mismas fechas, la Guardia Civil recibe una información muy valiosa: una ciudadana había observado a tres individuos cambiando las matrículas de un Renault Clio en Madrid. Los agentes del cuerpo iniciaron la búsqueda de un vehículo con las mismas características. El 14 de mayo, a las tres de la madrugada, el Servicio de Información de la Comandancia de Madrid lo localizó en el barrio de Vallecas. Al mediodía llegaron dos individuos al coche. Se trata de Mikel Guillermo San Argimiro e Imanol Miner. Ambos iban armados con sendas pistolas y tenían previsto perpetrar un atentado con bomba lapa ese mismo día. Integraban el comando Txirrita, autor de numerosos atentados en la capital, en Andalucía y en la costa valenciana. En el momento de la detención, el tercer integrante del comando, Balbino Sáenz, estaba moviendo otro vehículo; escapó al advertir la ausencia de sus compañeros.

En este operativo policial, ya con las primeras luces del día, los guardias civiles utilizaron como cobertura las obras que se estaban desarrollando en un edificio enfrente, y con la complicidad del jefe de obra se mimetizaron con el entorno como profesionales de la construcción. Fueron horas de tensión, de observación sobre el entorno por si se detectaba a los posibles terroristas cuando trataran de aproximarse al vehículo. Horas de nervios templados, sin observar nada anómalo, nadie extraño, ningún dispositivo de vigilancia, nadie que adoptara contramedidas de seguridad, nada. A última hora de la mañana, desde la Secretaría de Estado de Seguridad se ordenó retirar el dispositivo a la Guardia Civil, al parecer porque la Policía tenía controlado el vehículo. Por supuesto, la disciplina, la responsabilidad y el acatamiento de la orden recibida pudo ante la sensación de evidente desilusión por el contenido de esta orden. Pero justo cuando se iba a trasladar la referida orden al responsable del operativo en la zona, dos hombres se dispusieron a entrar en el vehículo vigilado y los agentes del Grupo de Información de la Guardia Civil que se encontraban de vigilancia se abalanzaron sobre ellos reduciéndoles a pesar de que iban armados e hicieron ademán de hacer uso de las pistolas que portaban.

El talde tenía un listado de más de un millar de objetivos contra los que atentar, pero solo en una treintena de casos había información elaborada. Las comunicaciones internas transitaban en soportes informáticos, y los archivos iban protegidos mediante encriptación con el sistema PGP, infalible e imposible de desencriptar. La intervención de la Guardia Civil en la operación causó gran malestar en la Policía. Preguntado sobre la descoordinación, el delegado del Gobierno reconoció que practicó la detención «el cuerpo que estaba más cerca» y admitió «un exceso de celo por parte de los dos cuerpos». Uno de los terroristas, Mikel San Argimiro, explicó en su autocrítica que la detención les llegó de forma inesperada:

14 de mayo, martes, 8 de la mañana, salimos de casa Balbino [Balbino Sáenz Olarra] y yo. Imanol [Imanol Miner Villanueva] se queda en la cama ya que está algo enfermo. Durante toda la mañana los dos hacemos nuestras vigilancias y a las 12 del mediodía quedamos en un parque de Vallecas los tres. Nuestro objetivo era llevar a cabo una acción [mediante lapa], y para ello solamente necesitábamos un coche. Entonces había que cambiar de sitio los otros dos coches. Teníamos al lado un coche, y decidimos que Balbino lo moviera. En ese coche había una olla de dinamita [28 kg] pero completamente descojonada, ya que estaba preparada para otra acción. Imanol y yo fuimos a mover otro coche y quedamos los tres diez minutos más tarde, en el tercer vehículo. Imanol y yo, al llegar a nuestro coche no vimos nada raro y nos metimos. Cuando me estaba sentando se sentó también Imanol y luego, un segundo más tarde, me di cuenta de que estábamos rodeados. Yo vi al lado de Imanol dos pistolas, otra pistola más rompiendo el cristal trasero y sentí un golpe en mi cabeza con el cañón de la pistola, gritos de «¡Guardia Civil!» y ni siquiera pudimos echar mano a nuestras pistolas, pensé en medio segundo en sacar mi pistola, pero fue completamente imposible. Nos sacaron del coche cogiéndonos por las americanas y de ahí al suelo entre los coches. Me tumbaron en el suelo, se pusieron dos sobre mí y me esposaron. Ya no vi más a Imanol.

Imanol Miner conocía de cerca de la Guardia Civil. En 1984, siendo un niño, sus padres —Pedro Miner y María Fermina Villanueva— habían sido detenidos por albergar en su casa de Hernani a los miembros del comando Donosti. Como se ha dicho, el entonces comandante Galindo lo acogió a él y a sus dos hermanos en su casa, en la Comandancia de Intxaurrondo, donde su mujer los atendió hasta que sus familiares se hicieron cargo de ellos.

Si bien la desarticulación de los comandos evitaba atentados en España, era sin embargo en Francia, en su retaguardia, donde los golpes policiales tenían mayores consecuencias sobre la estructura de ETA. La Guardia Civil tenía vigilada una vivienda en la localidad de Rivière-Saas-et-Gourby desde el año 2000, tras una visita de Ignacio Gracia Arregui, Iñaki de Rentería. Los movimientos en torno a la casa hacían suponer que en ella se encontraba uno de los grandes zulos en los que ETA almacenaba su material. Tras la detención de Iñaki de Rentería, los agentes esperaban que su relevo en la banda, Asier Oyarzábal, Gazte, visitara la vivienda tarde o temprano. Tras meses de vigilancia, el nuevo jefe del aparato logístico se presentó en el punto señalado. Estuvo allí durante hora y media, como primera toma de contacto y adoptando grandes medidas de seguridad por si la casa estuviese controlada. No detectó nada extraño. Dos semanas más tarde regresó y pernoctó en la vivienda. En los meses posteriores, y hasta su detención en septiembre de 2001, Gazte regresaría hasta en ocho ocasiones. La explotación de la operación se hizo por la Policía Judicial francesa de manera sorpresiva, sin contar con la Guardia Civil ni RG, aprovechando la información facilitada por un policía francés «tránsfuga» que acababa de llegar a ese cuerpo procedente de RG. Detuvieron a toda la familia que habitaba en la vivienda: el matrimonio compuesto por Fidel Erbina y Concepción Zubillaga, y sus hijas Amaia y Miren. Los agentes encontraron en el interior del zulo —espacio al que los terroristas conocían con el nombre codificado de Txernobil por sus dimensiones— 500 kilos de dinamita, 57 fusiles, 79 subfusiles, 3 pistolas, 33 lanzagranadas, granadas, 5.000 detonadores eléctricos, munición y piezas para construir armas y explosivos. La documentación incautada demostraba que los miembros de ETA también utilizaban Txernobil como caja para guardar dinero:

Junio 1999: 131.000 francos.

Junio 1999: 152.000 francos (para Gazte)

Diciembre 1999: 300.000 francos (para Otsagi de Aparato Militar)

Diciembre de 1999: 198.500 francos (Para Goros, alias de Iñaki de Rentería)

Diciembre de 1999: 30.000 francos (para Reserva)

Agosto de 2000: 10.000.000 pts. (para cambiar).

Otras localidades francesas fueron testigo de operaciones policiales que mermaban las filas terroristas. Fueron estas las mejores operaciones desarrolladas en Francia por la Policía española, en colaboración con sus homólogos franceses. En Agen, cerca de Toulouse, fueron detenidos los encargados de la captación de nuevos militantes, Agustín Figal y Fernando Bert; en Burdeos, los responsables del aparato militar, Juan Antonio Olarra Guridi, Jon, y Ainhoa Múgica, Olga, además de una colaboradora francesa; en Bagneres de Luchon, Óscar Celarain y Andoni Otegi, integrantes del comando itinerante Argala, uno de los más activos. Entre la documentación de los últimos se encontró información para resolver algunos crímenes recientes de la banda, como el atentado contra la casa cuartel de Santa Pola (Alicante) o el asesinato del concejal José Javier Múgica en Leiza (Navarra), entre otros. Ibon Fernández Iradi, Súsper, se hizo cargo del aparato militar tras la detención de Olarra Guridi. Súsper tampoco tardaría en caer: un operativo permitió su captura, en diciembre de 2002, en la localidad de Bayona, y el hallazgo de varios pisos fundamentales en el entramado de ETA. Un desdichado error de los agentes de custodia, no obstante, propició la huida del jefe de ETA de la comisaría de esa localidad francesa. Lo encerraron en una celda común, destinada a borrachos y delincuentes habituales, y Súsper no tardó en escapar a través del tragaluz, de lo que no se percataron sus captores hasta seis horas después.

Entretanto, la permanente presión a los miembros de ETA en Francia no hacía que bajase la actividad del cuerpo en España. Largas jornadas de seguimiento y vigilancia hacían que los guardias civiles conocieran al milímetro el modo en el que se movían, vestían y actuaban los terroristas. El capitán Alfonso habla de un «sexto sentido» que a esas alturas los alertaba y les servía para identificar un ademán sospechoso en un viandante que, para cualquiera, pasaría totalmente inadvertido:

El 28 de septiembre, después de comer, sobre las cuatro de la tarde, un equipo comunica la descripción de una chica en actitud expectante y vigilante en las inmediaciones del campo de fútbol de Matigotxotegi (próximo a Intxaurrondo). Les ordeno que permanezcan vigilantes y que yo mismo, que me encuentro en las proximidades, procederé a su identificación. Mientras conduzco para dirigirme al lugar recuerdo que ahí habían tenido lugar algunas citas de miembros de la banda terrorista y que, para identificarse entre sí, utilizan clásicas contraseñas como un periódico debajo del brazo, un pañuelo al cuello, o un CD. Llego al punto, veo a la sospechosa e instintivamente cojo un CD de Extremoduro que tenía en la guantera. La chica también me ve, lleva gafas de sol. Mira mi CD y creo adivinar una media sonrisa en su cara. Con gesto despreocupado me dirijo hacia ella. Con todas las prevenciones necesarias, me identifico como guardia civil a la vez que le solicito su documentación. Veo la sorpresa en su cara, trata de huir y se lleva la mano al bolso que porta colgado en bandolera. Arrojo el CD al suelo, forcejeamos, le aplico una llave y la derribo. Con el apoyo de algunos de los otros miembros del SIGC la esposamos. Hallamos una pistola Sig-Sauer en su bolso. Un compañero le coloca los grilletes y en un coche se la llevan para Intxaurrondo. Recojo del suelo mi CD de Extremoduro. Está roto. Yo tengo un golpe y un arañazo en el codo. Pero a todo esto, ¿qué pasa conmigo? ¿Dónde están todos? Se habían llevado mi coche olvidándose de mí. Al final tengo que llamar para que venga alguien a recogerme.

La detenida por aquel fan de Extremoduro (una cobertura de fortuna tras la que la etarra no sospechó ni remotamente a un guardia civil) era Oihana Baquedano Maidagán, liberada integrada en el comando Zelatun que actuaba en Guipúzcoa y Vizcaya. A través de ella se llegó a miembros de otros taldes de apoyo, que también fueron detenidos, y al esclarecimiento de varios atentados, como el asesinato del concejal del PSE-EE Froilán Elespe en Lasarte-Oria.

Todos estos operativos ponían de manifiesto que la Guardia Civil era la que cada vez más llevaba el peso de la lucha contra ETA, la que lograba frenar sus acciones en territorio español y hacía tambalearse su retaguardia en Francia. Las autocríticas de los terroristas al ser detenidos ponían de manifiesto la fijación que tenían hacia el instituto armado. Se preguntaban de forma recurrente cómo y por qué habían llegado hasta ellos. Y aunque sus objetivos prioritarios por aquellos días eran principalmente mediáticos —concejales o cargos públicos— la dirección de la banda no podía olvidar a aquellos que comenzaban a dejarlos sin aire para respirar. Poco les importaba llevarse de por medio la vida de niños si así conseguían sacudir los cimientos del instituto armado. Eso fue lo que acabó sucediendo un domingo, el 4 de agosto de 2002, en Santa Pola (Alicante). «Un día normal», recuerda el guardia civil Bautista Martínez.

Mi mujer se fue a trabajar. Yo vestí a mi niña, Silvia, que tenía seis años. Desayunamos juntos y estuvimos en casa jugando hasta la hora de comer, cuando nos fuimos al restaurante donde trabajaba mi esposa. Después, a la piscina esperando a que la mamá terminase. Me llamó mi cuñado diciéndome que se le había estropeado el ordenador y le dije que no se preocupase, que íbamos a casa y lo intentábamos arreglar. Sobre las seis y media de la tarde me llamaron para decirme que había habido un robo en Crevillente, se había prendido fuego en una nave. Nos fuimos hacia el lugar el sargento y yo con el coche oficial y dejé a la niña con mi mujer. Justo cuando estaba junto la nave en llamas me llamó otro compañero diciéndome que había habido una explosión en el cuartel de Santa Pola. Cogimos el vehículo y nos fuimos hacia allá. Por el camino iba llamando a casa y no me lo cogía nadie, llamaba al móvil de mi mujer y tampoco. En ese momento mi compañero consiguió hablar con su esposa, pero yo no, ya comencé a visualizar lo peor.

Llegamos al cuartel. Era todo un caos. Descendí del vehículo y fui corriendo hacia lo que quedaba del pabellón donde vivía, pero no me dejaban pasar. Un compañero me cogió, me dijo que me subiese al coche y que íbamos para el hospital de Elche. Nada más subirme, no recuerdo cómo, me quitó la pistola. Cuando llegué, vi a mi mujer y me dijo: «La nena, la nena, ¡tiene todo el costado destrozado!».

Toñi, la madre de Silvia, recuerda:

En el momento de la explosión, mi hermano, mi cuñada y su hijo de tres años estaban sentados en el sofá de la salita; mi hija y yo estábamos frente a la ventana que se encontraba abierta. Silvia y su primo habían estado jugando primero en el patio del cuartel con las bicicletas y subieron al pabellón, nuestra casa, poco antes de la explosión. Silvia había puesto música y estaba enseñando a bailar a su primito. Mientras la música sonaba, mi hija bailaba y su primo reía, ajenos a cualquier peligro, hasta que dos individuos que creían que tenían derecho a poner un coche bomba en la pared de la habitación en la que nos encontrábamos activaron cincuenta kilos de explosivos rodeados de varios kilos más de tornillos cuyo objetivo era destrozar personas.

Tras la explosión, me abalancé sobre los escombros buscando a mi niña, abriéndome paso entre ellos con lo único que tenía: mis manos. Todavía recuerdo la sensación de pisar cristales. Oí a Silvia que musitaba: «mamá, mamá», pero no podía sacarla de allí y me quedé en el suelo junto a ella, no quería separarme por nada del mundo, el cordón umbilical nos había unido de nuevo. Hasta que un compañero de mi marido trató de convencerme de que debía salir de la vivienda por si había una segunda explosión; me negué, permanecí con ella hasta que lograron sacarnos. Descendí con Silvia entre mis brazos, escaleras abajo, con una sensación extraña; estaba pisando cristales, era consciente de que se clavaban en mis pies, pero no me dolían, solo tenía aliento para gritar: «hijos de puta, habéis matado a mi hija».

Pero Silvia aún tenía un hilo de vida, entré con ella en la ambulancia. El médico que iba con nosotras le pedía al conductor que acelerase, que la niña estaba entrando en parada cardiorrespiratoria. Yo ya sabía que mi pequeña iba a morir, y mientras ella me apretaba la mano yo comencé a cantarle su nana preferida. Le recé también al oído, le tomé la manita y le dije: «Hija, vete tranquila, busca la luz y no tengas miedo».

Cuando murió, nos dejaron verla unos minutos para despedirnos de ella. Mi marido no se sentía capaz de pasar a verla y yo le pedí que lo hiciera, porque después se iba arrepentir para siempre. Estuvimos junto a ella unos minutos. Nos despedimos hasta que de nuevo el destino nos vuelva a juntar en el cielo. El momento de la despedida es terrible, está permanentemente en nuestra mente, nos quedará grabado para toda la vida.

Silvia llegó ya muerta al hospital. Su padre lamenta que nadie le explicase a su hija por qué tenía que morir. «El valor de su vida era de 178.000 euros», explica el agente; la indemnización que recibió por el atentado. «Esa cantidad me ha rajado el alma.» Porque Bautista ahora ve el valor de las cosas en función de esa cifra. Su casa vale más que su hija, pero su coche vale menos. Los observadores que no han sufrido este tipo de tragedias pueden comparar las indemnizaciones concedidas a víctimas de atentados. Tras la habitual insolvencia de los terroristas, el Estado hace frente al pago. Unos pocos cientos de miles de euros ha sido la cantidad usual concedida a las víctimas; solo se salen del guión dos casos: el juez Lidón, asesinado en Bilbao, cuyos familiares recibieron un millón de euros, y el político Eduardo Madina, que percibió tres millones como indemnización por la amputación traumática de una pierna y daños conexos.

Andoni Otegi y Óscar Celarain, integrantes del comando Argala, fueron los autores del atentado. La explosión del coche bomba, cargado con cien kilos de dinamita y metralla, se produjo a las 20.30, junto a una fachada que debieron de vigilar antes de la acción y en la que podía verse tendida ropa infantil, sin que eso los disuadiera de llevar a cabo sus designios. Cecilio Gallego, un hombre jubilado que esperaba en la parada del autobús, también murió en el atentado, y otras 56 personas resultaron heridas. Los daños materiales fueron cuantiosos y algunos pisos de la casa cuartel quedaron reducidos a escombros. Los agentes que vivían en el acuartelamiento pusieron de manifiesto que el edificio carecía de las más elementales medidas de seguridad. Un informe interno cuantificaba el total de las viviendas entonces disponibles en el cuerpo en 34.800, de las que solo el 52% se consideraban en buen estado de habitabilidad.

También quedó gravemente dañada la casa cuartel de Urdax, en Navarra, tras el ataque con cinco granadas Jotake. Ocurrió el 12 de octubre de 2002, día de la Virgen del Pilar y patrona de la Guardia Civil; las familias que habitaban en el inmueble tenían previstos varios actos festivos. Con el susto y agradecidos por que no hubiera ningún herido, celebraron la jornada. Ese mismo día, unas trescientas personas se reunían en la parroquia de la localidad navarra de Leiza para recordar al cabo de la Guardia Civil Juan Carlos Beiro, asesinado por ETA unos días antes, el 24 de septiembre. Los terroristas colocaron una pancarta en un talud en la que se podía leer «Guardia Civil, muere aquí». Activaron la carga explosiva a distancia cuando el agente se aproximaba para inspeccionarla. La deflagración alcanzó de lleno a Beiro, malhirió al sargento que le acompañaba y también provocó heridas a otros tres agentes.

Cuando llegamos tomamos todas las medidas de seguridad, previendo que pudiera tratarse de una bomba-trampa. Dije que no se acercase nadie. Rodeamos el lugar y no observamos nada anormal a excepción de la pancarta. Pero justo al lado estaba escondida la bomba que fue activada a distancia por algún terrorista cuando nosotros nos aproximamos a la zona. Fue un cúmulo de malas circunstancias, aunque la masacre podía haber sido mucho peor ya que el artefacto estaba compuesto por quince kilogramos de explosivos y muchísima metralla, cantidad suficiente para habernos asesinado a todos si hubiéramos estado un poco más cerca. Los miembros de ETA accionaron la bomba en el momento en que observaron que el cabo Beiro y yo estábamos más cerca de la pancarta; el resto de los agentes se encontraban más alejados del lugar.

El cabo murió por las heridas provocadas por los cartuchos de su pistola, que reventaron en su cuerpo por el calor de la onda expansiva. El atentado era la «venganza» de ETA, de acuerdo con su peculiar idiosincrasia, por la muerte de dos de sus integrantes, Egoitz Gurrutxaga y Hodei Galarraga, al estallar una carga que transportaban en el barrio bilbaíno de Basurto.

Pero ETA y la mala suerte siguieron causando estragos entre la Guardia Civil. El 17 de diciembre, en la carretera A-6, en el término madrileño de Collado Villalba, los agentes Antonio Molina Martín y Juan Aguilar Osuna detuvieron un coche que les había despertado sospechas por la actitud de sus ocupantes. El terrorista Jesús María Etxeberria advirtió a su compañero Gotzon Aramburu que no iba a dejarse coger. Sin dudarlo, abrió fuego contra los guardias, y su compañero lo imitó con su arma. Hirieron de gravedad a Antonio Molina Martín en el abdomen y a Juan Aguilar en el antebrazo derecho. Los agentes se parapetaron tras su coche oficial, repeliendo la agresión. Aramburu resultó herido en el cuello y el pecho. César Silos, un guardia civil que circulaba en ese momento por la autovía, paró su vehículo, detuvo al terrorista y socorrió a sus compañeros.

Yo estaba destinado en la Agrupación de Tráfico de Villalba, pero de vacaciones en ese momento. Al incorporarme a la A-6, la circulación se detuvo bruscamente y di un fuerte frenazo. Pensé que era un accidente, pero mi mujer vio en el carril derecho que un guardia civil, pistola en mano, y un individuo armado se apuntaban con sus respectivas pistolas: «¡Se están disparando, César!». Me apeé del vehículo y le pedí a mi esposa que se ocultase bajo el vehículo para que estuviese a salvo. Salí corriendo y me encontré con mi amigo Molina caminando por la calzada, pistola en mano, herido en el vientre y en una pierna. Sangraba y apenas podía caminar. Fui rápidamente a socorrerle y le tumbé sobre el firme. Aun así algunos vehículos trataban de esquivarnos y continuar por la carretera. Di un golpe en el capó de uno de ellos y les ordené que se detuvieran, que parasen inmediatamente. Le pregunté qué había pasado, y vi al otro compañero y al agresor amagando con dispararse uno a otro. En aquel momento no imaginaba que se trataba de un comando de ETA, pensé que se trataba de dos delincuentes.

Mi mujer me había seguido, se detuvo a coger un paraguas del maletero y vino corriendo a dármelo, ya que yo iba desarmado. Volví a pedirle que se metiese bajo el coche, pero de nuevo no me hizo caso. El individuo intentó por dos veces dispararme en la cabeza, tenía el arma encasquillada. Se la quité y le dije: «¿Qué has hecho, desgraciado?». El terrorista estaba herido de bala en el cuello y en el pecho. Aun así intentaba huir. Le pedí a mi esposa que me acercase los grilletes de Juan Aguilar mientras inmovilizaba al terrorista. Lloraba y me pedía que le dejase morir. Me acerqué luego a Juan Aguilar, el otro compañero. Estaba herido en un brazo y aunque intentaba montar su arma con la pierna, le era imposible. Tenía el brazo completamente inutilizado. Se encontraba apoyado en el quitamiedos del arcén. En un primer momento, desconcertado por todo lo ocurrido, me confundió con uno de los agresores e incluso me apuntó con su arma; yo le dije: «¡Soy Silos, de Tráfico!». Avisé por la emisora del vehículo oficial de lo que había ocurrido. Volví a ver cómo estaba Molina. Tenía sueño. Intenté animarle y evitar que perdiese tanta sangre. Un camionero se bajó de su vehículo y me dio un cinturón con el que hice presión en el brazo de Juan Aguilar para que no se desangrase. Tardaron muy poco tiempo en llegar las ambulancias. En ese tiempo, mi mujer y yo hicimos lo posible por atender a los heridos. Desgraciadamente, mi amigo Molina murió desangrado en el suelo, en nuestros brazos.

El otro terrorista, Jesús María Etxeberria, saltó la mediana de la autovía, detuvo un coche a punta de pistola y escapó en dirección a La Coruña. Liberó a la ocupante del vehículo veinte kilómetros más adelante. Se detuvo en Valladolid, donde tomó un taxi hasta Burgos. Después se fue en tren a Vitoria y, desde allí, viajó hasta San Sebastián en otro taxi. La Policía le detuvo en la estación de autobuses a las diez de la noche. El comando itinerante Egoitz eta Hodei quedaba desarticulado. Agentes del GEDEX hicieron estallar el coche en el que viajaban los terroristas y que había quedado en el arcén. En su interior había varias cargas explosivas con las que pretendían atentar contra varios centros comerciales de Madrid el 31 de diciembre, en la última tarde de 2002; planes que los guardias civiles Antonio Molina y Juan Aguilar frustraron pagando un alto precio.

19

OPERACIÓN SANTUARIO: EL GOLPE DEFINITIVO A ETA

No sabemos qué hostias pasa, pero así no podemos seguir. Caídas cada semana. Desde que se rompió el alto el fuego, siete compañeros muertos. ¡Y cómo! Y nosotros sin muertos. Esto viene de arriba y lo tendréis que arreglar, ver qué hilos tienen cogidos los txakurras y romperlos.

Los miembros de ETA afrontaban a comienzos de 2003 su primera «Asamblea postal» —en lugar de los tradicionales encuentros físicos que a menudo conducían a escisiones internas—, un debate ideado por Mikel Antza en el que se ponían sobre la mesa las últimas desarticulaciones de la banda y su futuro, en función del escenario político que se dibujaba en el País Vasco. Una gran parte de la militancia había forzado ese debate ante la deriva negativa de su actividad en los últimos meses, una vez pasada la euforia de los atentados realizados con éxito tras la ruptura de la tregua. La constante y creciente eficacia policial hacía que la banda terrorista viviera en un permanente debate y restructuración interna. La revista Zutabe, editada por la organización, recogía en su número 100 algunas de las conclusiones a las que se había llegado tras meses de discusión y que en mayo de 2003 serían presentadas por tres encapuchados ante los medios de comunicación. La primera y fundamental es que la mayoría de los miembros de ETA, en libertad o encarcelados, continuaba apoyando firmemente el uso del terrorismo para alcanzar sus fines. Y consideraban que la izquierda abertzale, contra la que cargaban duramente, había «impuesto el derrotismo y la resignación» fruto de una «crisis desde el desastre electoral de mayo de 2001».

También hacían autocrítica de la situación en la que se encontraban: «El año 2002, en lo que respecta a las ekintzas, ha sido un año malo […]. España y Francia no reconocen los derechos de Euskal Herria y continúan oprimiendo a nuestro pueblo. En consecuencia, la necesidad de luchar para alcanzar la libertad está fuera de toda discusión». ETA, además, se planteaba la posibilidad de instalarse de manera más estable en diversos países europeos —algo de lo que también advertía Europol—, como Alemania, Italia, Portugal, Holanda y Bélgica. También estudiaba si comenzar a perpetrar sus atentados al norte de los Pirineos. En Francia ya se habían registrado enfrentamientos con la Policía gala en 2001, pero la dirección se apresuró a atribuirlo a un encuentro involuntario y fortuito: no querían abrir otro frente que no fueran capaces de cubrir. No obstante, los documentos intervenidos a Ibon Fernández Iradi, Súsper, ponían de manifiesto que los comandos tenían información para atentar contra la juez francesa Laurence Le Vert, azote de ETA en el país vecino. Los terroristas nunca se acabaron de decidir a cruzar una barrera que supondría su desaparición por la vía rápida; ni siquiera con Le Vert, su enemigo más odiado en Francia.

La lucha antiterrorista se libraba ya desde todos los frentes y la presión judicial se traducía en continuos operativos contra todo el entramado de la banda. En febrero de 2003, el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo acusó al periódico Egunkaria de «crear una estructura informativa en euskera, controlada por ETA, para facilitar el amparo y la difusión del ideario terrorista y de los valores e intereses etarras, con el apoyo del idioma euskera o vasco como cobertura cultural». Un informe de la Guardia Civil detallaba la vinculación entre diferentes sociedades y ETA a través del paraíso fiscal de las Antillas Holandesas. Diez personas fueron detenidas, pero en abril de 2010 la Audiencia Nacional absolvería a los encausados. También se puso fin en febrero de 2003 a Askatasuna, sucesora de Gestoras Pro Amnistía, tras cinco años de operaciones contra organizaciones del entorno de ETA. Pero el golpe judicial más doloroso llegó, como ya se ha dicho, el 27 de marzo. El Tribunal Supremo, finalmente, decidía ilegalizar con la Ley de Partidos en la mano a Herri Batasuna/Euskal Herritarrok/Batasuna y todas sus marcas por su apoyo tácito a la actividad de ETA; el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ratificó aquella resolución en 2009. Xabier Arzalluz, uno de los principales dirigentes del PNV, brindó su «apoyo moral» a los abertzales, y desde el Gobierno vasco se instó al Ejecutivo de José María Aznar a «no confundir justicia con venganza».

Del mismo modo se pusieron al margen de la ley organizaciones como las juveniles Jarrai/Segi, la estructura internacional Xaki, Gestoras Pro Amnistía, el diario Egin, Ekin (antiguo KAS) y la asociación de electos municipales Udalbiltza. La izquierda abertzale contraatacó con la presentación en Pamplona de una nueva estructura denominada Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB), en un acto al que asistieron dirigentes destacados como Arnaldo Otegi, Joseba Permach, Antton Morcillo o Pernando Barrena. También se crearon un sinfín de agrupaciones electorales municipalistas para llenar el vacío que había dejado en los Ayuntamientos del País Vasco y de Navarra la ilegalización de HB, EH y Batasuna. La fiscalía del Tribunal Supremo y la Abogacía del Estado requirieron a la Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil un informe para determinar la vinculación de estas marcas blancas abertzales con la histórica Batasuna. Los agentes lo presentaron en cinco días, el tiempo entre la publicación de las candidaturas en los Boletines Oficiales y la proclamación definitiva. El 3 de mayo, el Tribunal Supremo anuló por unanimidad 241 de las 249 candidaturas investigadas. AuB y las agrupaciones municipales presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero la sala ratificó la sentencia del Supremo. Como consecuencia de todas estas resoluciones, la izquierda abertzale estaba contra las cuerdas. Y ETA aprovechará esa debilidad para controlarla a través de un nuevo espacio de dirección conocido con el nombre de Bateragune.

En este escenario de agitación irrumpe el lehendakari Juan José Ibarretxe con un plan para iniciar la transferencia de todas las competencias al País Vasco. De acuerdo con el documento, bautizado con el nombre de «Estatuto de la Comunidad Libre Asociada de Euskadi», a lo largo de 2003 se abordarían los plazos sobre una posible autodeterminación y la incorporación a su territorio, en un futuro, de Navarra y del País Vasco francés. El Parlamento vasco había aprobado el plan y lo había trasladado al Estado para iniciar un proceso de negociación (por llamarlo de algún modo): o se aceptaba una reforma a fondo de la Constitución, a fin de darle encaje a ese nuevo estatuto, o el proyecto saldría adelante con todas sus consecuencias. Los partidos nacionales se opusieron a un plan que no era más que la evolución de los pactos de Estella alcanzados años atrás. En las elecciones municipales de 25 de mayo, la coalición PNV-EA y en menor medida IU-EB fueron las vencedoras, lo que dio más fuerza a Ibarretxe para presentar su documento. Cuando la Sala Especial del Tribunal Supremo, el 3 de junio, dio un ultimátum al Parlamento vasco para que la mesa de la cámara disolviera al grupo de Sozialista Abertzaleak (SA), integrado por los parlamentarios de la ilegalizada Batasuna, el PNV volverá a insistir en que no se respeta la palabra de Euskal Herria. ETA se había posicionado inicialmente en contra del Plan Ibarretxe, por obedecer este solo a los intereses del PNV, aunque no dejó de apuntarse el tanto, al afirmar que la «eficacia de las armas» les había hecho dar este paso a los nacionalistas. Pero a medida que se iba acercando la fecha oficial de presentación del documento —que tendría lugar el 25 de octubre de 2003—, la banda terrorista modificó su valoración con la intención de obtener réditos del proyecto de «construcción nacional» planteado por el lehendakari. Que los nacionalistas se pusieran enfrente del Estado y lo desafiaran nunca podía ser del todo malo. El grupo parlamentario de la izquierda abertzale, mientras tanto, se debatía sobre si apoyar o rechazar el texto. Finalmente, el 30 de diciembre de 2004, el plan Ibarretxe salió adelante con el voto a favor de tres diputados de Sozialista Abertzaleak, Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Jon Salaberria. Así, con los apoyos del Gobierno vasco tripartito —compuesto por el PNV, EA e IU-EB—, se alcanzó la mayoría absoluta.

Los informes elaborados por el instituto armado, por otra parte, en sus décadas de experiencia contra la banda terrorista, ofrecían a los jueces y a las autoridades jurídicas el tejido sobre el que articular sus resoluciones. El Servicio de Información era muy consciente de que ETA se estructuraba desde la retaguardia, con Francia como enclave estratégico, aunque sus actividades en el país vecino cada vez eran menos seguras gracias a la creciente coordinación de los cuerpos policiales. El día 10 de enero, la Policía francesa detuvo en un control de carretera instalado en Dax a tres miembros del departamento del cobro del impuesto revolucionario de ETA: circulaban con 72.000 euros y tres armas cortas. Una semana más tarde, la Policía local de Bourges capturó a otros dos etarras cuando se disponían a robar una furgoneta. Y en Estialescq fueron arrestados otros dos miembros de la banda que habían constituido el comando legal Haitza; entre la documentación intervenida figuraba la propuesta de un militante de ETA sobre la estrategia ofensiva y de presión económica que debía efectuar la banda.

La presión económica en una guerra de liberación: sabotajes económicos, impuesto revolucionario, presión económica dirigida a los políticos; inversores extranjeros; turismo; residencias; puertos; puertos deportivos, complejos turísticos; estaciones de esquí; restaurantes de lujo; tiendas de lujo, etc. […]. ETA tiene que ser la gangrena de España. Si no cortan con Euskal Herria, morirán. Para cumplir con la estrategia es necesario tener un número fijo y exclusivo de comandos (en cada provincia vasca, uno, y en Madrid y Barcelona, un par sería ideal). En cuanto al material, habría que aumentar la producción de explosivo, por lo menos al año 2.000 kilos de kaskabarro o amonal, 4.000 kilos de nagolita, 4.000 kilos de dinamita si se puede, bombonas de gas y gasolina para aumentar la potencia del explosivo. Sobre el gas hay un trabajo interesante (mezcla de acetileno-oxígeno-gasolina). En algunos objetivos, sobre todo almacenes, hace más daño el explosivo inflamable que el explosivo normal.

También aparece un acta de una reunión de la dirección de ETA en la que figura el «recuento de personal», a fecha de noviembre de 2002:

Otsagi (Aparato Militar): 271

Lohi (Aparato Logística): 61

Harrera (Aparato Acogida): 21

Nasa (Aparato Internacional): 38

Gezi (impuesto) + Tesorería: 24

H-Pol (H-Político): 2

Pol (Aparato Político): 47

Hanes (Aparato Relaciones y Negociación): 6

(h) Alboka (Cárceles): 47

Bahitutak (presos): 514

TOTAL: 1.031

Los recuentos de las fuerzas eran habituales en ETA, en un momento en el que los «accidentes» de sus militantes eran cada vez más frecuentes: muchos eran detenidos de forma que «parecía» casual o por errores pueriles. Desde la dirección se instó a potenciar las medidas de seguridad para dificultar la labor policial. Cada mes se editaba un panfleto —Argi ibili (Andad atentos, en euskera)— con consejos para sus comandos. Querían evitar percances como el sufrido el 14 de septiembre de 2003, cuando el terrorista Arkaitz Otazua moría tras una emboscada fallida a la Ertzaintza en el puerto de Herrera (Álava) y el posterior tiroteo con los agentes. La decadencia de ETA también se reflejaba en la menor capacidad técnica de sus militantes. En Francia fue detenido el etarra Xangarín Recondo, huido tras la desarticulación del comando Donosti en marzo de 2002, al presentarse en una farmacia de Mur de Barez con una herida de bala en la pierna. Es difícil saber si sus heridas se habían producido en un tiroteo o si su intención era abandonar la banda terrorista sin dar la imagen de desertor.

El primer asesinato de ETA en 2003 tuvo al jefe de la Policía Municipal de Andoain y militante del PSE-EE Joseba Pagazaurtundúa como víctima. «Cada día veo más cerca mi fin a manos de ETA», llegó a escribir al consejero de Interior Javier Balza pocos meses antes de ser asesinado, aunque el Gobierno vasco siempre negó esta correspondencia. El 8 de febrero, un individuo se le acercó en el interior del bar Daytona de Andoain y le disparó cuatro veces; las heridas le provocaron lesiones de gravedad a las que no pudo sobrevivir. El alcalde del municipio, de la izquierda abertzale, no consideró necesario condenar el atentado contra su jefe de Policía local; el PNV-EA disculpó y respaldó al primer edil al negarse a promover una moción de censura. El terrorista Gurutz Aguirresarobe Pagola fue detenido junto a su novia en 2010 y condenado por el asesinato de Pagazaurtundúa.

El 30 de mayo, dos policías que habían prestado servicio facilitando la renovación del DNI a los ciudadanos de la localidad navarra de Sangüesa murieron al estallar el artefacto que un comando de ETA había colocado en los bajos de su vehículo; un tercer agente resultó herido. Para Arnaldo Otegi, la responsabilidad del atentado recaía sobre el Gobierno español por «traer las personas y las armas para hacer la guerra» en el País Vasco.

Y de nuevo, con la llegada del verano, ETA puso en marcha su campaña clásica contra los intereses turísticos. Dos bombas estallaron en hoteles de Alicante, con el resultado de cinco personas heridas, y Benidorm, alcanzando a cinco policías. El 27 de julio en el aparcamiento del aeropuerto de Parayas, en Santander, hizo explosión un coche bomba causando importantes daños materiales. En la vía férrea Zaragoza-Alsasua estalló otro artefacto causando destrozos en las vías. Los terroristas siguieron empleando este método a lo largo del año, y en la víspera de Navidad, el 24 de diciembre, la Policía localizó dos bombas preparadas para que estallaran en la estación madrileña de Chamartín. Los terroristas Garikoitz Arruarte y Gorka Loran fueron detenidos en San Sebastián y en Hernani (Guipúzcoa); su misión era la de colocar dos maletas con 25 kilos de explosivos y un temporizador en el tren Intercity Irún-Madrid. El primero fue detenido antes de hacerlo; el segundo, después de soltar su mortal mercancía. El Intercity fue detenido en la estación de Burgos y se desactivó la carga. Dos días después, el 26, se inutilizó otra bomba compuesta por dos kilogramos de dinamita en la línea férrea Zaragoza-Caspe-Barcelona, en el término de Semper de Calanda (Teruel).

ETA no atentó contra la Guardia Civil en 2003, un hecho que podía calificarse como histórico. La juventud e inexperiencia de los terroristas que ahora se incorporaban a sus filas hacía que prefiriesen apuntar a objetivos más sencillos, provistos de menor seguridad e inferior posibilidad de respuesta policial. En total, a lo largo del año, perpetraron 23 atentados, catorce de ellos por motivos económicos, con un resultado de tres víctimas mortales: el jefe de la Policía local de Andoain (Guipúzcoa) y los dos policías nacionales de Sangüesa (Navarra). También intentaron asesinar a los militares del acuartelamiento de la localidad navarra de Aizoain arrojando contra el emplazamiento dos tipos de granadas no habituales, copia de las utilizadas por las FARC e IRA. Al escapar, los terroristas dejaron abandonada la furgoneta en la que habían instalado el lanzagranadas, cargada con veinte kilos de amonal que no llegaron a explotar.

La escasa capacidad operativa de ETA —en comparación con años anteriores— denotaba que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado comenzaban a llevar la iniciativa, lo que les permitía anticiparse reiteradamente a sus movimientos. En México fueron detenidos seis etarras y tres ciudadanos mexicanos en una operación contra la estructura financiera de la banda; en Mauleon (Francia), la Policía francesa arrestó a José Domingo Aizpurúa, Pitxas de Usúrbil, quien había pasado a la clandestinidad tras salir de la cárcel en España en 1998; en Berriozar (Navarra) la Policía detuvo a los integrantes del comando Irumberri —el nuevo Nafarroa— con información para atentar contra casas cuartel de la Guardia Civil, políticos del PP y del PSOE, jueces y magistrados. Pero las pesquisas eran más eficaces cuando los servicios de información del instituto armado y de la Policía francesa (RG) unían sus fuerzas. Ambos cuerpos seguían a miembros de ETA en el país vecino, estudiaban sus movimientos y encontraban pistas para abrir nuevas vías de investigación. Así se consiguió llegar, en julio de 2003, a una estructura crucial en el organigrama de la organización.

Después de años de trabajar permanentemente en Francia, en cualquier lugar de ese país, y de hacerlo codo con codo con RG, los guardias civiles conocían perfectamente los movimientos y las costumbres de los terroristas: cómo se desplazaban por las carreteras de Francia, qué coches utilizaban y cómo los sustraían, cómo y dónde alquilaban las viviendas, dónde compraban la comida… En definitiva, cómo vivían las veinticuatro horas del día. El objetivo deseado siempre era ambicioso. Nunca nos conformamos con lo que ya teníamos. Intentar saber todo (lo que hablaban, a dónde iban, lo que hacían y con quién se juntaban) era la meta que siempre se buscaba y no pocas veces se conseguía. La Operación Texas es un buen ejemplo.

El 16 de mayo de 2003 aparece en la localidad francesa de Tonneins un vehículo Citroën Berlingo de color verde con matrículas falsas. Según un vecino, dicho vehículo fue abandonado sobre las 7.30 horas del día 12 a unos 100 metros de una gasolinera en la que repostaron, pero se equivocaron de combustible, lo que provocó el fallo del motor. Dicho vecino, al ver a los dos ocupantes con problemas, les preguntó si necesitaban ayuda. Ellos contestaron que si podían dejar allí el vehículo, a lo que él asintió. La Berlingo repostó junto con otra furgoneta de color blanco (Berlingo o Kangoo). Se encuentran dos individuos de unos 20 o 30 años y se van los cuatro en esta segunda furgoneta. Las investigaciones sobre este hecho llevaron a los equipos conjuntos de análisis GC/RG a determinar que los ocupantes de la Berlingo eran miembros de ETA, viviendo en la clandestinidad, y en alguna ciudad no muy alejada de la gasolinera. Comienza el trabajo, los guardias civiles toman el terreno.

El 7 de junio, 18 días después de iniciar la búsqueda, a las 15.22 horas, es detectada por la Guardia Civil una Renault Kangoo sospechosa con dos ocupantes. A las 15.46 estacionan en el aparcamiento del centro comercial Leclerc de Coutras, se apean los dos ocupantes y entran en el supermercado. A las 16.46 se los observa junto al tablón de anuncios del citado centro comercial tomando nota del tercer anuncio de la derecha de la fila superior, el cual señala uno de ellos con el dedo, tratándose de un anuncio para alquilar una casa. Salen del supermercado e inician la marcha con la Renault Kangoo. A las 19.06 se pierde el control sobre la Kangoo cuando circulaba dirección St Vincent de Connezac. Se identifica formalmente a uno de ellos como José Cándido Sagarzazu Gómez. El esfuerzo había dado sus primeros frutos.

El dispositivo ya los veía a diario, era cuestión de tiempo que se los pudiera seguir hasta su domicilio. El día 13 se detecta la Renault Kangoo circulando por Cours St Georges, reposta en una gasolinera y accede al n.º 187 de la Rue Michel Grandoy de Périgueux. La Guardia Civil monta un dispositivo de vigilancia conjunto con RG sobre el domicilio. El día 18 se identifica finalmente a los ocupantes de la vivienda: Cándido Sagarzazu Gómez, Juan Miguel Illarramendi y Claude Recart. El día 20, a las seis de la mañana, cargan la furgoneta y se marchan. Los días posteriores no habrá movimientos en el domicilio de Périgueux, da la sensación que han abandonado la casa. Pero hay elementos de investigación suficientes para volver a encontrarlos. Con más paciencia y horas de calle.

El día 25 telefonean a varios particulares, interesándose por casas tipo chalet con garaje de las localidades de Périgueux, Agen y Cahors; se montan dispositivos sobre las citadas localidades para detectar a los miembros de ETA. El día 1 de julio, sobre las 19.42 horas, un agente de la Guardia Civil que acababa de comprar unos planos en el Carrefour de Cahors, cree reconocer a José Cándido Sagarzazu y Claude Recart. Tras muchas horas de calle se llega a la casa de Cahors que utilizan, en Chemin de la Combes d’Arnis n.º 239. Empieza la vigilancia sobre la misma, veinticuatro horas al día. Se vigilan todos sus movimientos y se llega a saber en todo momento lo que hablan y sus planes terroristas. También que tenían varias plantas de marihuana y fumaban porros con asiduidad.

El día 6 de julio por la mañana, el anterior inquilino pasa a recoger sus cosas del garaje. Los miembros de ETA lo sabían, pero se quedaron dormidos. El hombre entró en el garaje (aún tenía las llaves), recogió sus cosas y se marchó. Los terroristas se muestran muy preocupados por lo que pudo ver y valoran la posibilidad de marcharse. Avergonzados de lo sucedido, se lo cuentan a Esparza Luri (responsable del aparato de logística): deben ir pensando en dejar la casa que ocupan, les ordena.

El volumen de información que se obtiene es muy importante, tanto en cantidad como en calidad, y permite tener un conocimiento casi completo del aparato logístico. Los analistas trabajan a destajo ante el caudal de datos que ofrece múltiples oportunidades para iniciar otras líneas de investigación. Siguiendo con la elección de la mejor estrategia para hacer daño a ETA, la dirección conjunta de la operación (GC/RG) decide quitar de la circulación a este grupo, no sin antes haber afianzado otras líneas de investigación potencialmente más rentables. El 30 de julio, a las 6.00 horas, el grupo de Intervención de la Policía Nacional francesa procede a la detención de Claude Recart, Kattu, José Cándido Sagarzazu Gómez, Arrano, y Juan Miguel Illarramendi Zabaleta, Txitxa. En el interior de la casa, así como en el garaje, se descubrió abundante documentación, dos pistolas, un revólver, un subfusil, dos escopetas, munición de diversos calibres, una granada, dos cartas bomba, un pequeño taller de trabajo, un coche con matrícula falsa, 448 kilogramos de clorato sódico, varias barras de aluminio para fabricar polvo de aluminio, documentación falsa (española, francesa y de otros países europeos), cinco cajas conteniendo cada una de ellas una decena de placas de matrícula vírgenes, nueve juegos de placas falsas y una troqueladora. Los tres detenidos iban armados. En el vehículo utilizado por los miembros de ETA detenidos, había un fusil ametrallador y una escopeta. Los terroristas tenían también una gata con gatitos: los guardias civiles se encargaron de buscarles un hogar.

No era frecuente que un ciudadano francés como Claude Recart estuviese integrado hasta tal punto en un comando de ETA tan activo. En 1999, la banda terrorista propuso a su homóloga francesa Iparretarrak (IK) la fusión de ambas organizaciones. Los segundos se negaron y ETA apostó por fichar a los militantes de IK más radicalizados. Recart era uno de ellos. La Operación Texas desarrollada en Cahors fue una mina para los servicios de información franceses (RG) y de la Guardia Civil. Tanto, que ambos cuerpos estaban al límite de su capacidad de trabajo. Fruto de los datos obtenidos se puso en marcha la Operación Oeste.

A finales del mes de septiembre se llega a un grupo de cuatro edificaciones denominado Moulin de Berguefare, en el término municipal de Espiens. El lugar está totalmente rodeado de árboles que dificultan la visión de la vivienda. Parece una antigua granja y sus cuatro edificaciones están repartidas de dos en dos, a ambos lados del camino que atraviesa el terreno. La del lado izquierdo parece ser la habitada, utilizando la de la parte derecha como lugar de estacionamiento del vehículo. Ha sido alquilada el 1 de septiembre por un ciudadano francés que aportó documentación falsa y explicó al arrendatario que pretendía instalarse como programador informático. En los días posteriores se identifica a los terroristas Juan Cruz Maiza Artola —quien a menudo pasea a la hija pequeña de Esparza Luri— y a José Ceberio Ayerbe, así como dos vehículos que utilizan con frecuencia. Los miembros de ETA tienen dos perros que ladran por cualquier motivo.

Tras mes y medio de intenso y duro trabajo (vigilar una casa en medio del monte las veinticuatro horas del día resulta muy complicado), el 14 de noviembre, a las 13.00 horas, sale Esparza Luri de la casa. Lleva una mochila y un bolso de viaje. A partir de este día ya no volverá a ser visto y además Maiza Artola tampoco aparece. La operación está estratégicamente en vía muerta. Se toma la decisión de cerrar esta investigación al haberse agotado la información que de ella se podía obtener y orientar el trabajo hacia otra vía más rentable, deteniendo a los etarras residentes. El 16 de noviembre, en Espiens (Francia), localidad a treinta kilómetros de Agen, son detenidos Igor Letona Viteri, Lakots/Yakots, y Miguel Uzcudun Lizaur. En la vivienda se intervinieron seis pistolas, una granada de mano, un fusil de asalto, un subfusil, un ordenador, elementos para la fabricación de explosivos, una troqueladora francesa y una caja con matrices de placas de matrícula, diversa documentación y un vehículo robado.

A estas detenciones había que sumar otras que comprometían al aparato militar de ETA, con participación de la Policía española. El fugado Ibon Fernández, Súsper, fue capturado el 4 de diciembre en la localidad francesa de Mont de Marsan junto a sus subordinados Patxi Abad y Garazi Aldana. En Pau, también en el país vecino, la Policía gala detuvo a cuatro importantes dirigentes de esta estructura militar, entre los que destacaba Gorka Palacios, posible sucesor de Súsper. Eran operaciones que, ciertamente, frenaban los movimientos de la organización, pero que no le causaban un gran daño por no profundizar en su conocimiento ni en el desmantelamiento de estructuras operativas. Por aquellas fechas, los cuadros medios del aparato militar de ETA se rebelaron por la crisis en la que estaba sumida la banda: Garikoitz Aspiazu, Txeroki, Mikel Karrera, Ata, Joseba Segurola, Aparra, Idoia Mendizábal, Ilargi, Miren Itsaso Zaldúa, Sahatsa, y otro apodado Otxando criticaron por escrito a sus jefes. Todos tenían en común que se habían incorporado a ETA alrededor de 1998 y lamentaban que los nuevos militantes procediesen de ámbitos sociales en los que se consumía hachís y se trapicheaba. Ata fue el más duro de todos, acusando a los jefes del aparato militar de «planificar las ekintzas a la ligera» y arremetiendo contra Mikel Antza, responsable del aparato político: «Hay una gran distancia entre la dirección y los comandos. No se tienen en cuenta los criterios de los comandos». Esta división interna fue el prólogo del que iba a ser el año más duro para ETA, como ya apuntaban múltiples indicios a principios de 2004.

La izquierda abertzale estaba rota, sumida en una depresión de difícil recuperación tras la ruptura de la tregua de ETA, el consiguiente fracaso electoral y las ilegalizaciones. ETA trataba de reactivarla moviendo los hilos a través de su aparato político. La documentación interna de la organización revelaba que era su dirección la que controlaba el recién creado Foro de Debate Nacional (FDN), encargado de la creación, finalmente materializada en julio de 2004, de una «Comisión para la resolución del conflicto». Se trataba de un acuerdo nacionalista similar al Pacto de Estella, que alguno describió como «la pista de aterrizaje para que ETA deje las armas». Eran bienvenidos todos los partidos políticos que quisiesen encontrar una solución al problema vasco. Pero solo el PNV participó en alguna reunión, sin ninguna conclusión significativa. Mientras tanto, Batasuna presentó en el Velódromo de Anoeta su particular propuesta de paz, conocida como la «Propuesta de Anoeta», con Arnaldo Otegi como principal valedor y con el objetivo de contrarrestar el Plan Ibarretxe. En ella se quería implicar, primero, a los agentes políticos, sociales y sindicales de Euskal Herria, y después, en una negociación entre iguales, a ETA y al Gobierno español.

El entorno abertzale se preparaba para la celebración de las elecciones al Parlamento europeo; una cita a la que no quería faltar y para la que dispuso la creación de una nueva marca electoral bajo el nombre de Herritarren Zerrenda (HZ) [Lista de Ciudadanos, en euskera], negando cualquier vinculación con el entorno de ETA. En sus listas, presentadas en el Palacio Miramar de San Sebastián, se incluyó a 53 ciudadanos de las provincias vascas y Navarra, y 20 del País Vasco francés, con un historial alejado del mundo terrorista. Pero un nuevo informe elaborado por el Servicio de Información de la Guardia Civil —bajo encargo de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General de Estado y de la Abogacía General del Estado— demostraba una vez más la relación de esta formación con la ilegalizada HB/EH/Batasuna. Algo similar ocurriría en las elecciones autonómicas vascas con Aukera Guztiak, a la que no se le permitió presentarse tras el estudio de otro informe elaborado por el instituto armado. El que sí lo consiguió fue el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK), quizá coincidiendo con las negociaciones secretas que mantenían el Gobierno y ETA en ese momento.

La banda terrorista se había propuesto influir en el mapa político a lo largo de 2004. Las últimas detenciones enturbiaban su futuro y los atentados perpetrados el 11-M avivarían el clamor social contra el terrorismo. Y lo consiguió en enero con la reunión que mantuvo en Perpiñán (Francia) con representantes del Gobierno catalán, entonces bajo la presidencia del socialista Pasqual Maragall: por un lado, Josu Ternera y Mikel Antza; por el otro, Josep Lluís Carod-Rovira. Del encuentro surgió una tregua exclusivamente para Cataluña a cambio de que hiciera una declaración por el derecho de autodeterminación de los «pueblos del Estado». El resto de los partidos criticaron este pacto y acusaron al Ejecutivo catalán, presidido por el socialista Pasqual Maragall, de quebrantar el Pacto Antiterrorista para sus propios intereses; el lehendakari Ibarretxe fue más lejos, llegando a calificarlo de nauseabundo e inmoral. Faltaba poco para las elecciones generales de 2004 y ETA había conseguido revolucionar el escenario político. Para dar su golpe de gracia solo le faltaba perpetrar un gran atentado mediático. Madrid era, como de costumbre, el lugar idóneo para llamar la atención. Los terroristas Gorka Vidal e Irkus Badillo serían los encargados de trasladar a la capital una furgoneta cargada con 536 kilos de explosivo el 29 de febrero de 2004. Viajarían en dos coches, para que el primero hiciera de lanzadera. Pero el mal tiempo en la ruta propició un accidente del primer vehículo, en el que viajaba Irkus Badillo, quien resultó herido. Así que los dos montaron en la furgoneta. Pero al cabo de un tiempo, Badillo le pidió a su cómplice que le dejara en la carretera y siguiera su camino. Casualmente, la Guardia Civil lo recogió malherido y lo trasladó a un hospital en Poveda de la Sierra, cerca de Molina de Segura. Gorka Vidal, por su parte, fue detenido en el término municipal de Cañaveras (Cuenca). A los guardias civiles Israel Neira y Aurelio Bellot les llamó la atención que, con una meteorología tan adversa, la furgoneta circulase por un lugar tan poco transitado:

Aurelio le solicita la documentación al conductor, quien alega no llevarla. También le pregunta a dónde se dirige y tampoco es capaz de dar una respuesta coherente. El agente observa que el testigo de la gasolina está encendido, marcando que se encuentra circulando con escaso combustible. Le comenta que la gasolinera más cercana se halla a más de cien kilómetros, por lo que probablemente no llegará hasta allí. Ante tales inconsistencias verbales e incoherencia por parte del conductor, se le pide que baje de la furgoneta. En ese momento me acerco a la furgoneta y le pregunto qué lleva en la parte trasera. De una manera un tanto extraña me responde que lleva cosas. Le pido que abra la puerta trasera: accede y sube, él primero y yo después. A simple vista y teniendo en cuenta la oscuridad de la noche, la furgoneta parece estar vacía. Únicamente pegada a la parte de la cabina hay un arcón metálico de grandes dimensiones, que está vacío. En ese momento se derrumba y nos dice: «Me habéis pillado, soy miembro de ETA, llevo seiscientos kilogramos de explosivo». Nos quedamos aún más sorprendidos, ya que en el interior de la furgoneta no había ni rastro de explosivo: lo llevaba oculto en un doble fondo bajo el suelo de la furgoneta.

Tras la declaración, los agentes procedieron a la detención de su compañero Badillo en el centro clínico de Poveda de la Sierra. Más tarde fue detenido en Álava el tercer integrante del comando Gaztelu, Beñat Barrondo. Con estos antecedentes inmediatos se registró la cadena de atentados a primera hora de la mañana del 11 de marzo en Madrid. Las últimas operaciones antiterroristas en la capital —así como la documentación incautada a la dirección de ETA— ponían de manifiesto que querían perpetrar un ataque mayúsculo en la ciudad. Pero aquel golpe excedía cualquier hipótesis o planteamiento:

Poco después de las explosiones, y como era norma cuando tenía lugar un atentado en Madrid, se celebra una reunión en el Estado Mayor de la Dirección General de la Guardia Civil con representantes de todas las unidades potencialmente implicadas. El oficial representante del Servicio de Información cuestiona la autoría ante la sorpresa y reprobación de todos los presentes: «No me huele a ETA», fue su afirmación.

El ruido de las bombas de Madrid llega a todos los rincones del mundo, también al sur de Francia. En alguna casa poco visible, el jefe del aparato logístico de ETA, Esparza Luri, y su compañera, escuchan las noticias que la televisión francesa emite en directo, tras anular el resto de los programas previstos. No salen de su asombro y observan las imágenes de Madrid, más con ojos de espectador que de profesional del terror. Unos guardias civiles de la UCE-1 de la Guardia Civil que trabajan en la explotación de la Operación Trípode prestan mucha atención a todo lo que ocurre en el interior de la vivienda, prevenidos de que cualquier reacción del jefe etarra tiene que ser inmediatamente comunicada:

Desde las 8.09 horas los miembros de ETA siguen las noticias sobre el atentado de Madrid en la radio y televisión, también sintonizan un scanner. Comentan el atentado: les ha sorprendido. No tienen claro que ellos actúen de esa forma. Colocar una bomba en un lugar público, sin previo aviso, no encaja con el modus operandi de la banda terrorista. Se oyen las noticias de fondo mientras se produce una conversación entre el dirigente de ETA y la miembro de la banda terrorista Bihotz Cornago, Leitza.

BIHOTZ: ¿Eso es posible?

ESPARZA: ¿Sin aviso? No.

BIHOTZ: Hombre, es que a ver quién tiene cojones de decir ahora que sí, que ha habido una llamada y han pasado…

ESPARZA: Pero que seamos nosotros… es posible [inaudible] se les ha ido la olla y se les ha ocurrido [inaudible] una movida de estas.

ESPARZA: [inaudible] no han sido ellos.

BIHOTZ: [inaudible] lo están diciendo todos y eso sería una cagada. En la tele dicen que un grupo islámico ha reivindicado el atentado. Están todos echándonos la culpa a nosotros y ahora dicen que todavía hay que confirmarlo [es un comentario referente a la reivindicación por parte de grupos islámicos].

A las 10.51 se oye en la televisión a un dirigente del PNV decir que los datos apuntan a que los autores hayan sido personas de origen vasco. Esparza Luri dice a renglón seguido que habrán sido de Al Qaeda.

Después de mantenerse atentos a las noticias de la radio y de la televisión, tanto por canales franceses como españoles, los miembros de ETA se muestran sorprendidos por la magnitud del atentado en Madrid: no saben si es obra de ETA o no. Les extraña que ETA actúe así, sin aviso previo. No hacen demasiados comentarios sobre el tema. Se limitan a repetir las noticias que oyen en los medios de comunicación. En un momento determinado, Esparza Luri balbucea finalmente: «Esto han tenido que ser los moros». Es mediodía del día 11. Para quienes le escuchan, está claro: si el jefe de la logística de ETA, de los explosivos, que también es miembro de la dirección de la banda, dice esto, hay una cosa segura: ETA no ha sido. Las novedades se transmiten en tiempo y forma.

El atentado dejó un balance inicial de 190 muertos en el mayor atentado islamista jamás perpetrado en Europa. El rechazo de la sociedad se plasmó en manifestaciones multitudinarias. ETA, desbordada y empequeñecida por una violencia tan ingente como ella nunca podría desatar, quedó en shock, sin saber qué hacer. Acababa de perder en tan solo una mañana el protagonismo que tenía desde hacía décadas, al verse minimizada su fuerza ante el poder asesino de un grupo desconocido y aparentemente poco o nada estructurado. Tardaría poco en emitir un comunicado en el que se desligaba de lo sucedido. Hicieron la siguiente valoración interna: «Si cometemos un acto así, quedaríamos todavía más aislados de lo que ya estamos». Tres días después de la tragedia se celebraron las elecciones generales en las que el socialista José Luis Rodríguez Zapatero obtuvo los escaños suficientes para ser designado nuevo presidente del Gobierno, frente a las aspiraciones del PP de Mariano Rajoy. Como consecuencia de los atentados de Atocha se crea el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA), un organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad constituido de forma permanente por dieciocho policías, dieciocho miembros de la Guardia Civil y cinco del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El objetivo era recibir información, procesarla y coordinar los datos que tenían los cuerpos policiales. ETA quedó paralizada durante semanas, también para distanciarse de las consecuencias del atentado. La consternación de la sociedad por el terror de Atocha obligó a la dirección a no precipitar ningún movimiento y a revisar cuidadosamente su estrategia. Sabía que en caso de atacar se encontraría con la respuesta más contundente de la población y de los diferentes agentes sociales y políticos. Además está acorralada, tras los últimos golpes policiales a sus estructuras. Las estimaciones apuntan a que el aparato militar lo constituían 210 terroristas en 2002, de los que algo más de 70 estarían integrados en comandos y unos 140 brindaban su apoyo (infraestructura, información, captación o cursillos). En poco tiempo, fruto de las operaciones policiales, las estimaciones de los terroristas que engrosan las filas quedan obsoletas. Y todo está dispuesto para que ETA sufra su golpe más duro en décadas a manos de la Guardia Civil.

Desde hacía varios meses, un dispositivo conjunto de Guardia Civil y RG seguía los pasos de los objetivos Félix Ignacio Esparza Luri, Ana, Juan Cruz Maiza Artola, Dagoki, y Bihotz Cornago Arnáez, Leitza. Nos habíamos marcado el objetivo de llegar a todas las estructuras físicas y grupos operativos del aparato logístico. El objetivo era muy ambicioso pero alcanzable. El 1 de marzo de 2004 se trasladan a un piso en St. Paul Les Dax que dispone de garaje, alquilado por Esparza Luri con documentación falsa. Aquí será finalmente detenido un mes después ya que sobre el mismo se montó un gran despliegue en el que se veía y oía todo lo que hacían y decían. El día 6 de marzo, Esparza Luri mantiene una cita al mediodía con Félix Alberto López de la Calle Gauna, Mobutu. El día 10, Esparza Luri tiene una cita en Osserain. Acude a la misma en un Peugeot 309, propiedad del francés Pierre Serbielle. El día 13, Esparza Luri mantiene una cita en Bennesse con el ocupante de un Peugeot 206 que lleva matrículas dobladas, nuevamente Mobutu. Este mismo día 13, sobre las 19.00 horas, Esparza Luri mantiene una cita con Jean Marie Saint Pée. Por la tarde se observa a Bihotz Cornago paseando a la hija pequeña de Esparza Luri. Jean Marie Saint Pée, agricultor y pastor, con domicilio en el caserío/maison Lakoa en Saint Michel, localidad próxima a Saint Jean Pied de Port, era por fin descubierto por los guardias civiles.

Durante el desarrollo de varias operaciones cuyos objetivos principales eran Ignacio Gracia Arregui, Iñaki de Rentería (detenido en Francia en el año 2000) y Asier Oyarzábal Chapartegui, Gazte (detenido en Francia en el 2001), la Guardia Civil observó varias estancias de los objetivos en Saint Jean Pied de Port, que indicaban que la organización disponía de una casa importante por la zona. Tras el estudio de las documentaciones incautadas a Iñaki de Rentería y Asier Oyarzábal se determinó la existencia de una casa denominada Basati, sita en Francia. Basati recibía todos los meses 3.000 francos para vivir, que se correspondería con la asignación de dos militantes de ETA, no justificando ni pago de alquiler de casa, ni gastos de desplazamiento, ni extraordinarios, por lo que se trataba de una casa legal en Francia. La aparición de Jean Marie Saint Pée y el hecho de que viviera en Saint Michel, próximo a Saint Jean Pied de Port, llevaron a la Guardia Civil a determinar que estábamos ante Basati, una de las infraestructuras más importantes en la historia de ETA; se montó un dispositivo de vigilancia permanente sobre la casa Lakoa en Saint Michel.

El 17 por la tarde, Esparza Luri (acompañado de la niña) acude a recoger a Bihotz Cornago, que se encuentra acompañada de Mobutu y Mercedes Chivite Berango. A las 19.43 horas todos entran en el piso de St. Paul Les Dax. La Guardia Civil obtiene la información de que López de La Calle Gauna y Mercedes Chivite disponen de un Peugeot 206, localizándolo por los alrededores; se quedaron en el piso de St. Paul Les Dax hasta el día 19. Durante dos días, la Guardia Civil asistirá en diferido a una reunión de miembros de ETA con la más alta responsabilidad en el aparato de logística. El volumen de información que se acumula en esta investigación empieza a desbordar la capacidad de análisis y gestión de las unidades de investigación del Servicio de Información. Entre las funciones de López de la Calle y Chivite, aparte de adquirir armas y munición, está el cambiar euros a cualquier otro tipo de moneda, y son también además los coordinadores del departamento de falsificación.

La reunión de los responsables desvela asuntos internos de la propia banda terrorista: la incomodidad por los atentados islamistas en países europeos que aumentan la presencia policial y militar, las reclamaciones de los militantes ocultos en Francia para poder ver a sus familiares varias veces al año, las salidas de ocio permitidas a estos, las reprimendas y felicitaciones que reciben de la dirección, etc. El día 19, a las 6.40 horas, sale del domicilio de St. Paul Les Dax Esparza Luri, que acompaña a Mobutu y Mercedes Chivite hasta donde estos tenían el coche aparcado. El seguimiento sobre el Peugeot 206 lleva a los agentes de la Guardia Civil al domicilio de Mobutu y Mercedes Chivite, que será vigilado permanentemente hasta su detención.

El día 20, Esparza Luri sale de casa por la mañana, da muchas vueltas por motivos de seguridad, y por la tarde recoge a Maiza Artola, que ha salido de la casa zulo de Saint Pierre d’Irube. Le lleva al parking del frontón de la localidad de Olhete, donde es recogido por Pedro María Alcantarilla Mozota, que le lleva a su caserío en Urrugne. Maiza Artola entra y Esparza Luri regresa al domicilio de St. Paul Les Dax. El día 24, Esparza Luri sale para estar unos días fuera, hasta el 27. Es recogido por López de La Calle Gauna. Posteriormente los dos recogerán a Peio Esquisabel Urtuzaga. A las 22.37 horas del día 27, Esparza Luri regresa al domicilio con López de la Calle Gauna, quedándose este último a dormir. La información que se sigue obteniendo es de una calidad que coloca a la Guardia Civil en unos niveles de obtención de inteligencia insuperables; el ejemplo siguiente lo demuestra:

López de la Calle Gauna pregunta a Esparza Luri si va a haber tregua.

Esparza Luri: Ni tregua, ni hostias. En un principio observar, a ver qué ocurre, a ver cuál es el ritmo. Todo el mundo piensa que vamos a dar una tregua. La organización iba a sacar una declaración que es un proceso abierto, tenía que haber salido en diciembre, pero con las detenciones se atrasó. Ahora está el Debate Nacional (Nazio Eztabaida) y para no mezclar el Debate Nacional con la Declaración se llevará a cabo el Debate Nacional y a continuación se sacará la Declaración. En el Aberri Eguna (Día de la Patria Vasca) diremos lo que vamos a hacer.

Es en este momento, y por razones de estrategia operativa, en el que los investigadores de la Guardia Civil y RG deciden explotar la operación y efectuar las detenciones. Esparza Luri es detenido el 2 de abril, también Félix Alberto López de la Calle Gauna, Mobutu, y su compañera sentimental, María Mercedes Chivite Berango, Sara, así como una pareja que los alojaba, compuesta por un ciudadano estadounidense y una danesa. En los días consecutivos se arrestó a otras cinco personas por brindar apoyo logístico a los terroristas. Los agentes de la UCE-1 de la Guardia Civil los seguían desde hacía mucho tiempo:

Los miembros de ETA en el piso de Saint Paul Les Dax daban la sensación de ser una familia: Esparza Luri con su hija fruto de su relación con Lorentza Guimon. Bihotz Cornago hacía las veces de esposa y madre, además de correo entre distintos miembros del aparato, y Maiza Artola (con responsabilidad en los zulos de ETA) hacía las funciones de abuelo. El día de la detención de Esparza Luri se tomó la decisión de hacerlo cuando saliera de casa por la mañana. La Policía francesa se desplegó para tal fin desde las seis. Un agente de la Guardia Civil enganchado a los medios técnicos sería el encargado de dar la señal y comunicárselo a los franceses. El problema era que el sonido de la puerta de entrada a la vivienda al abrirse o cerrarse resultaba lejano y poco nítido, así que había que afinar mucho el oído. Esparza Luri se levanta a las siete de la mañana, anda por la casa y atiende a la niña: «Te voy a poner guapa, que vamos a salir; venga que nos vamos, nos vamos a la calle». Pasa el tiempo y no termina de salir. Reina el nerviosismo, todos pendientes del guardia civil y este sin inmutarse. Los teléfonos empiezan a sonar, echan chispas. Y la pregunta era: «¿Sale o no sale?». El ambiente no hace mella en el agente, está tranquilo. De repente levanta la mano, todos le miran fijamente. Son las nueve de la mañana: «Ha cogido las llaves, va a salir». Al poco rato llega la noticia de que Esparza Luri ha sido detenido.

Finalmente se localizó un taller de fabricación de armas en el interior de la granja Lakoa, en la localidad de Saint Michel. Su dueño, el francés, Jean Marie Saint Pée, y el terrorista José Ceberio Ayerbe fueron detenidos. Los miembros de ETA conocían esta casa con el nombre de Basati, que funcionaba como taller y fábrica de armamento desde 1990. Los etarras Ibon Elorrieta Sanz y Luis Enrique Garate Galarza ocupaban habitualmente esta vivienda, pero ambos habían sido capturados en un control del servicio de aduanas francesas dos meses antes con abundante material. El almacén de Basati constituía el principal enclave en el que ETA guardaba su armamento. En él se localizaron seiscientos kilogramos de clorato sódico, 1.850 detonadores, 130 kilogramos de mezclas de polvos explosivos, 23 kilogramos de polvo de aluminio y siete kilogramos de pólvora de escamas, 29 paquetes de Tolita (marca comercial del TNT) de doscientos gramos cada uno, novecientos metros de cordón detonante, más de cien granadas, seis Jotake desprovistas de carga activa, once espoletas de cabeza de lanzagranadas de tipo Jotake, un mortero artesanal, diez fusiles, una quincena de pistolas y revólveres, una carabina marca Winchester, una escopeta con cañones recortados, un lanzacohetes tipo RPG-7, un escudo de protección para tubo lanzagranadas, varios scanners, varias cajas con material electrónico diverso y una maleta con abundante munición.

Detenidos ya los responsables del aparato logístico de ETA, se decide ir desmantelando el resto de las estructuras operativas relacionadas. El 16 de abril fueron detenidos en Châtellerault (Francia) Inocencio Soria Valderrama, Mandrake, José Luis Campo Barandiarán, Atila, e Íñigo Elícegui Erviti, Ioritz. Los dos primeros integraban un grupo terrorista denominado Los Dinos (de Dinosaurios, por tratarse de veteranos de edad muy superior a la media) y dedicado a la adquisición de material. El tercero, ingeniero de formación, era el responsable del departamento electrónico de ETA, una pieza clave para la banda. En la vivienda unifamiliar de dos plantas en el que estaba situado el taller de electrónica, en Châtellerault, se halló material electrónico, mandos a distancia, teléfonos móviles manipulados para servir de activadores, inhibidores de ondas, explosivos y documentación falsa. También fueron hallados artefactos ya montados y preparados en mochilas y bolsas. Con este golpe, ETA perdía a sus militantes más instruidos para la fabricación de artefactos, y de muy difícil reemplazo.

Las detenciones se sucedían a buen ritmo. En ocasiones eran fruto de una larga investigación; otras resultaban de «encuentros fortuitos». En los meses posteriores, ETA perdió a un puñado significativo de militantes y colaboradores en Francia y Bélgica. Mientras tanto, en España, los papeles intervenidos tras la detención de Ibon Fernández Iradi, Súsper, seguían ofreciendo información vital en la lucha antiterrorista. En octubre de 2004, la Guardia Civil desmanteló toda una estructura de apoyo a ETA en Vizcaya. La Policía, por su parte, detuvo al comando Arkaitz, compuesto por Josune Oña y Asier Mardones, así como a la abogada Atxarte Salvador y a su compañero sentimental, Aritz López.

La Benemérita empleó toda esta información para dar forma a la que venía acumulando desde hace años. Y, así, el 3 de octubre de 2004 y en colaboración con la Policía francesa (RG), se puso en marcha la Operación Santuario, seguramente la más significativa en la historia de la lucha contra ETA. El golpe logró, literalmente, descabezar a la serpiente. La dirección de la banda cayó en bloque y apenas había un reemplazo de calidad para constituir una nueva dirección; ninguno de sus sucesores alcanzaría ya la influencia y autoridad de los anteriores. Francia calificó la operación como «la mayor que se haya hecho nunca contra ETA». El número uno de ETA, Mikel Albisu Iriarte, Mikel Antza, y su pareja sentimental y miembro del comité ejecutivo Soledad Iparraguirre Guenechea, Anboto, fueron detenidos en la localidad francesa de Salies de Bearn, en una macrooperación que bajo el nombre de Santuario englobaba las operaciones Roca, Arsenal, Santiago, Lima, Oxbow, Actor y Kursaal. En total, los cuerpos policiales arrestaron a veintiuna personas entre España y Francia y desmantelaron seis depósitos clandestinos repletos de explosivos, armamento (incluidos dos misiles tierra-aire) e ingente documentación. ETA acaba de perder, en un solo día, la cabeza y el grueso de las armas. Cuatro años de trabajo y vigilancia constante a los responsables de esta estructura vital para ETA, buscando localizar los grandes zulos logísticos de la banda y proceder a su desmantelamiento, finalizaban ahora con éxito. El desglose de las operaciones ofrece una radiografía de la estructura con la que ETA contaba en el momento en el que su cúpula fue desarticulada.

La casa Soubre, en la localidad francesa de Salies de Bearn, fue el escenario en el que se desencadenó la Operación Lima, en la que se detuvo a Mikel Antza y a Anboto —que vivían con su hijo de siete años— y a los ciudadanos franceses propietarios de la vivienda. La Operación Roca se centró en una vivienda unifamiliar de Saint Pierre d’Irube. Una persona fue detenida. En el interior de la vivienda se encontró un archivo con decenas de grabaciones de audio y vídeo de algunos de los militantes más destacados de toda la historia de la organización. Era la fonoteca y videoteca de ETA. La casa Sagardiencia, en Briscous, ocupaba el foco de la Operación Actor. En ella vivía un matrimonio compuesto por un español y una ciudadana francesa, que custodiaban un zulo de 25 metros cuadrados con granadas, material explosivo, pistolas, munición y fusiles. La Operación Oxbow culminó con la detención de un hombre de origen francés que ocultaba en su casa de Ayherre un zulo con cuantioso material explosivo y armamento. La Operación Kursaal se centró en una casa aislada de Urrugne. Dos personas fueron detenidas. En su vivienda guardaban material explosivo, granadas y lanzagranadas.

A la casa de la Operación Kursaal nos lleva Iñaki de Rentería en dos ocasiones. Tras su detención supimos que a esta casa la denominaban «Satorra». Su sucesor, Gazte, no aparecerá por esta casa hasta transcurrido un año, en que lo hará en una ocasión por espacio de un día. Maiza Artola tardará en aparecer por esta casa dos años. En agosto de 2003 colocamos también medios técnicos sofisticados y nos enteramos de que la casa había sido comprada con dinero de ETA. En noviembre de 2003 aparece Maiza Artola y permanece ocho días. Volverá en otras dos ocasiones más en las que estuvo seis y ocho días. El comentario del matrimonio —Alcantarilla y Lourdes— al conocer a Maiza Artola fue: «Este es un payaso. Los otros dos, Iñaki de Rentería y Gazte, sí transmitían».

La captura de Mikel Antza desencadenó una cascada de detenciones en España; entre otros, del histórico José Luis Beotegui Ibáñez de Opacua, quien reconoció su relación con el aparato de extorsión financiera de la banda:

Por orden de la organización terrorista me encargué del envío de seis cartas de extorsión a otros tantos empresarios del País Vasco (dos de ellos del sector del transporte, y los otros cuatro con importantes negocios de hostelería en Guipúzcoa: Arzak, Subijana, Arguiñano y Berasategui). En el caso de los restauradores Arzak y Subijana, no solo me limité al envío de las cartas de extorsión sino que participé directamente en el cobro del impuesto revolucionario, siendo yo el que primeramente les establecí una cita en Francia con vistas a negociar las condiciones del pago. Además fui el encargado de recepcionar la cuota anual a pagar por los dos hosteleros y hacerla llegar a la organización. A las tres semanas se me presentó en mi casa Juan Mari Arzak, el cual era familia política. Me solicitó que le preparase una cita con la organización terrorista para negociar el pago del impuesto revolucionario, de él y del también cocinero Subijana. El dicente escribió una nota y se la dio a su responsable. A las dos semanas Arzak le comentó que había recibido una nota para mantener una cita, Arzak fue a la cita y le comentó que de los doce millones de pesetas que le habían pedido a Arzak y Subijana habían negociado pagar seis millones de una vez cada uno y posteriormente un millón cada uno al año. El dinero anual de Arzak y Subijana, un millón de pesetas cada uno, se lo entregaban al dicente, el cual lo entregaba a su vez al responsable.

La Operación Santuario marcó un antes y un después para ETA, que ya nunca volverá a tener la misma capacidad. Las detenciones son tan numerosas y de tal envergadura que la organización, pese a contar con pistoleros y seguir matando, se convertirá en una organización terrorista sin alma, sacudida por las peleas internas y por las corruptelas que ponían en peligro, incluso, su viabilidad económica. El material incautado pudo alcanzar el 80 % de las existencias de la banda. Las cifras del recuento total (que tardó muchos días) dan idea del golpe infligido: 1.150 kg de explosivo, 330 granadas de varios tipos, 180 subfusiles, 139 pistolas, 62 fusiles de asalto, otras 44 armas cortas, 135.000 cartuchos, más de 10.000 detonadores, 10.000 metros de cordón detonante, y un largo etcétera. ETA acababa de perder su pasado, su presente, su futuro, su fuerza y su capacidad de supervivencia.

20

REBELIÓN, DESMORALIZACIÓN, TREGUA Y CONVERSACIONES

Euskal Herria (Fecha)

Señor X:

E.T.A., organización revolucionaria socialista por la liberación de Euskal Herria, teniendo en cuenta la mentira y el robo que hiciste en Y ha decidido acudir a ti.

Euskadi Ta Askatasuna quiere darte a conocer lo siguiente:

Que todos los hechos mencionados anteriormente son graves y que la organización se hace responsable a partir de este momento de la solución de este asunto. Mediante esta carta, y si bien todos los intentos para buscar una solución han demostrado con claridad cuál es tu actitud, querríamos ofrecerte una última oportunidad antes de considerarte como enemigo de Euskal Herria. Para ello Euskadi Ta Askatasuna te ofrece dos opciones para la solución de esta situación: la firma del pacto que te ofrecemos o que te vayas de Euskal Herria. Junto con esta carta te hacemos llegar un contrato, en el que se te especifica cómo y en qué plazo, guardando la debida discreción, deberás devolver los XX € robados a XX organización local. Además de llevar con total discreción las gestiones, no deberás poner nuestra relación en conocimiento de ningún tipo de servicio policial, ya sabes que la colaboración con los txakurras acarrea graves consecuencias. Al mismo tiempo, en ese pacto se te concretará en qué momento y en qué condiciones pedirás perdón, tanto a la organización local como a toda la izquierda abertzale de una forma pública. Por otra parte, el no cumplir con el acuerdo firmado con nosotros, o comunicárselo a la txakurrada, daría pie a Euskadi Ta Askatasuna a llevar a cabo las medidas que en tu contra decidiese. Sin más que añadir y pensando que estarás de acuerdo y cumplirás con la cláusula del acuerdo nos despedimos.

La dirección de ETA enviaba las cartas a aquellos militantes y miembros de la izquierda abertzale que habían desviado dinero para sus propios fines. La corrupción se había convertido en un mal endémico en una banda terrorista que cada vez se agrietaba más, según atestiguaban los documentos intervenidos a Mikel Antza tras su detención; una brecha por la que se perdieron unos 900.000 euros, en unos presupuestos anuales que rondaban los dos millones. La organización se implicó para poner fin a este agujero financiero en el Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Para ello, envió a transmisores para que les hicieran llegar el mensaje directamente a los ustelak (podridos, en euskera):

La presión ejercida por las organizaciones de la izquierda abertzale no ha dado sus frutos, sería conveniente que la organización (ETA) tome cartas en el asunto. Se le ofrecería devolver el dinero robado y pedir disculpas públicamente a la organización a la que ha robado o su destierro. La carta-compromiso contendría unas cláusulas, formas de pago, plazos… Firmaría un acuerdo/pacto. Si no fuese así, él y sus bienes pasarían a ser objetivo de la organización. También se pondría en marcha una campaña de desprestigio en su localidad: pintadas, pancartas, carteles, todo en nombre de la organización; inclusión de fotos, nombre y otros datos en el Zutabe (revista de ETA); atentado terrorista ante un caso de gravedad.

El aparato de información de ETA se encargaba de reunir los datos sobre aquellos ustelak que habían desviado fondos de organizaciones próximas a la banda:

Esteban Sein Zapirain. Este militante de Gestoras Pro Amnistía ha robado tanto que le enviaba dinero a su cuñado preso como de Gestoras durante doce años. La decisión que adopta ETA es tratar de conseguir información más concreta para saber cuánto ha robado.

Si ETA no obtenía respuesta, el asunto pasaba a manos de su aparato militar. Los ustelak, además de devolver el dinero robado, tenían que pedir perdón por sus actos:

Sein Zapirain, Esteban, nacido el 19/08/1954 en Oiartzun, quiere manifestar lo siguiente a todos aquellos ciudadanos que se dedican a la defensa de Euskal Herria:

Quiero manifestar que no he respetado la lucha por la liberación de Euskal Herria y que he defraudado tanto a compañeros de la lucha como al mismo pueblo. Durante todos estos años, siendo militante de Gestoras Pro Amnistía, reconozco haber robado. Lo hecho no tiene justificación. No puedo justificar el robo a la lucha a favor del pueblo y en consecuencia a aquellos que han caído presos. Me hago responsable de los resultados negativos que mi comportamiento inadmisible ha tenido en la lucha por la defensa de Euskal Herria. Mencionar que quiero pedir perdón a esta Organización y a todos aquellos que se dedican a la defensa de Euskal Herria.

La corrupción se extendía a prácticamente todas las estructuras próximas a ETA:

Xabier Cervera López. Se le acusa de robar más de 7 millones de pesetas. Ha robado a la aseguradora Aski, desviándolo a otra compañía de seguros. A raíz de unas diligencias de la Audiencia Nacional, cambió las cuentas corrientes, pero se le olvidó cambiar una cuenta corriente y Garzón la embargó.

Santiago Díez González, Miren Bittore Eiguren Goenaga y María Dolores Eiguren Goenaga. Robaron dinero a AEK durante 2-3 años. Miren Bittore, aprovechando que era tesorera nacional de AEK, robó 18 millones de pesetas. Desviaba el dinero de AEK a las cuentas de su hermana y su cuñado. AEK ha probado que lo robado son 15 millones, pero esta organización está convencida de que fue más dinero.

Iñaki Ruiz Alfranca. Lleva una vida muy ajetreada y comienza a robar poco a poco (alterne nocturno, copas, cenas…). Lo que se ha podido contabilizar son 17 millones de pesetas, pero eso no quiere decir que no pueda ser más.

Se suceden así las informaciones de posibles desvíos, con nombres, apellidos y datos de sus autores:

Elena Martínez: roba dinero a los familiares de Carlos Íñigo Blasco, militante de ETA. Dani Matis: se trata de un ciudadano suizo al que ETA le dio 40 millones de pesetas para hacer algunas cosas y se fue seguramente a la República Dominicana. Vicente Enekotegi Ruiz de Azua: ha robado dinero a la IA. Xabier Nafarrete Zurbano: el dinero se lo robó a Gestoras Pro Amnistía.

A ETA se le dibujaba otro escenario desalentador. Las últimas desarticulaciones habían diezmado su capacidad operativa y descabezado su dirección. Ahora, además, había que sumar las disputas internas y las voces críticas de históricos de la banda: «La lucha armada hoy no sirve». Francisco Múgica Garmendia, Pakito, Iñaki Bilbao Beascoechea, Iñaki de Lemona, Carlos Almorza Arrieta, Pedrito de Andoain, e Ignacio Aracama Mendía, Macario, todos ellos presos, admitían la derrota policial sin posibilidad de revertir la situación y pedían el abandono de las armas: «Nunca en la historia de esta organización hemos estado tan mal». Ponían el dedo en la llaga al afirmar que no se podía «practicar la lucha armada a base de comunicados»: se difundieron nueve durante el año. La respuesta de ETA fue expulsarlos de la organización, lo que hasta cierto punto podían sentir como un alivio, al dejarles vía libre para negociar salidas personales.

A lo largo de 2004, los comandos terroristas perpetraron 33 atentados, ninguno de ellos con víctimas mortales. La Guardia Civil sufrió un único ataque, el 22 de diciembre en la casa cuartel de Luna (Zaragoza), al estallar un artefacto compuesto por dos kilos de amonal; nadie resultó herido. La mayoría de los movimientos de ETA se centraron en los intereses financieros y en la extorsión a través del impuesto revolucionario sobre empresarios, cocineros, futbolistas, artistas y, en definitiva, cualquier vasco con un cierto estatus económico. Los terroristas optaron en este año por atentar con artefactos explosivos; así minimizaban el riesgo de posibles detenciones en un momento de máxima debilidad para la banda. En el puente de la Constitución estallaron cinco cargas en servicios de bares y gasolineras de carreteras madrileñas y en zonas céntricas de Ávila, León, Málaga, Alicante, Valladolid, Ciudad Real y Santillana del Mar (Cantabria); en estos dos últimos atentados resultaron heridas tres y diez personas, respectivamente.

La banda terrorista trabajaba a marchas forzadas; eficacia policial y determinación política la empujaban irremediablemente hacia su final. En las conversaciones secretas iniciadas con el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero comenzaba a fraguarse la idea de un nuevo alto el fuego salvador como paso previo a una salida satisfactoria. «Yo sé que el Gobierno y ETA están hablando, pero no negociando», apuntaría el histórico dirigente del PNV Xabier Arzalluz el 6 de septiembre de 2004. ETA, por su parte, abrió las puertas a estos encuentros el 28 de octubre: «Es hora de intentar nuevas vías sin explorar». Las bases de la negociación las dibujaría el brazo político de la banda, Batasuna, en su Propuesta de Anoeta, presentada por Arnaldo Otegi: una consulta popular sobre la autodeterminación y establecer dos mesas de negociación, las de los partidos políticos de Euskal Herria con el Gobierno, y la de ETA con los Ejecutivos español y francés. Los rumores cada vez más sonoros sobre unas hipotéticas negociaciones centraban la actualidad en una banda terrorista que tampoco llegó a asesinar en 2005. De hecho, ETA no disparó un solo tiro —los atentados que cometió fueron mediante artefactos explosivos—, aunque la desarticulación del comando Adur, con instrucciones para asesinar a un agente policial con un fusil de larga distancia, contribuyó a este feliz destino. Los ataques con coche bomba arrojaron un balance de 95 personas heridas a lo largo del año. Todavía se oía de vez en cuando el estruendo de las explosiones, pero por primera vez en décadas, a finales de 2005 el terrorismo ya no era el principal problema de los vascos, según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Ese año arrancó con varias noticias que llegaban desde la Audiencia Nacional: por un lado, al exgeneral Enrique Rodríguez Galindo se le concedía el tercer grado por motivos de salud; por otro, a finales de enero España entregaba por primera vez a Francia a un terrorista para ser juzgado allí. Y el 11 de febrero, con base en la documentación incautada a Mikel Antza, se ordenó la detención de un monje benedictino y el registro de parte de su monasterio en la localidad guipuzcoana de Lazcano, donde acumulaba documentos enviados por ETA para su archivo. «Lo que hoy es terrorismo, mañana será historia», alegó astutamente el monje con afán exculpatorio, aunque no llegó a ser detenido por su avanzada edad. «Ya, pero hoy es terrorismo», fue la respuesta de los agentes.

La primera operación policial importante se desarrolló sobre un comando asentado en Basauri (Guipúzcoa) que venía con prisas por cometer atentados. El 12 de febrero, la Guardia Civil detuvo a Javier Pérez Aldunate, miembro liberado que integraba un talde con dos compañeros no fichados por los cuerpos policiales. Tenían la orden de atentar contra los actos en recuerdo de los asesinatos de Miguel Ángel Blanco, Fernando Buesa y Gregorio Ordóñez. Aldunate, además, había intentado recopilar en primavera información sobre las rutinas del rey Juan Carlos I en Mallorca para posteriormente atentar contra él, tal y como confesó al instituto armado:

Txeroki me encarga la misión de pasar a España, y una vez en territorio español, dirigirme hasta Palma de Mallorca para recopilar información con el objeto de atentar contra el Rey. Lo haría utilizando un rifle, ejerciendo de francotirador. Acordamos que una persona se pondría en contacto conmigo en Mallorca para entregarme el arma. Cuando llego a Palma me alojo en un hotel de la calle 31 de Diciembre, no recuerdo el nombre. El recepcionista me facilita una dirección de una amiga para alquilar una habitación de una casa, donde finalmente me acomodo, conviviendo en el mismo piso con dos chicas. En Palma me dedico a recopilar información para llevar a cabo la acción que me han encargado: lugares que frecuenta el Rey, las zonas del puerto deportivo y los paseos marítimos cerca de la catedral. A la cita para recibir el rifle acudo todos los días al punto fijado previamente, pero no aparece nadie. Txeroki me dijo que el contacto no pudo venir. Todo se pospone para más adelante.

Pasaban los meses y no llegaban atentados. Garikoitz Aspiazu, Txeroki, el nuevo jefe militar de ETA, pedía a sus comandos actuar con urgencia: «No sabemos por qué no habéis realizado ninguna ekintza una vez ya ha transcurrido el tiempo, pues quedamos en que si no cogíais nada gordo les daríais a los uniformados, y teniendo en cuenta la situación política, las hostias que nos han dado, y que íbamos a hacer un año sin tirar a nadie, una ekintza vendría mejor que bien. Teniendo en cuenta que el hecho de que fuera uniformado tendría mucha importancia, más aún cuando el enemigo se estaba regocijando una y otra vez en la debilidad de la organización y cuando la confianza de nuestra gente estaba en crisis». El dirigente apremiaba a los pistoleros ante los rumores de una posible negociación: «No hay nada y tenemos que poner muertos sobre la mesa cuanto antes. Siendo esto así, vuestra planificación será de mes y medio, más o menos, y en ese periodo de tiempo tendréis que poner patas arriba a un enemigo uniformado (da lo mismo qué uniforme y dónde). En esa situación quedará de la hostia y nos dará mucha fuerza».

El aparato militar de ETA tenía como cometido matar como demostración de fuerza para la negociación, mientras que el aparato político invitaba al diálogo. El Gobierno parece que tiende la mano, pero existe la duda de quién ejercía el poder en ese momento en el seno de la banda terrorista. Hay quien manifiesta: «Vamos a dialogar, pero ¿con quién? Los hemos detenido a todos». Los dos dirigentes más carismáticos eran José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, y Garikoitz Aspiazu, Txeroki. Pero surge la incógnita de si ambos abogaban por lo mismo y de si el segundo, con una breve y poco meritoria trayectoria en la organización, nada comparable a los que le precedieron en el cargo, tenía la autoridad suficiente para tomar decisiones de calado.

Las primeras pistas sobre las conversaciones y una futura tregua las obtendría la Guardia Civil tras las detenciones en Francia de Mikel Albisu Iriarte, Mikel Antza, y Soledad Iparraguirre Guenechea, Anboto, a finales de 2004. Antza era el dirigente más veterano y el máximo ideólogo de la banda tras la caída de su cúpula en Bidart, en 1992; durante doce años dirigió la estrategia política. Pese a su captura, ETA siguió durante años los caminos que él mismo había ideado. Entre los documentos hallados en su piso de Francia en un soporte digital figura un diseño del calendario previsto de la negociación, planificando los pasos a dar por parte de todos los agentes implicados en la misma. A continuación se reproducen algunos de los datos más importantes:

2004: Abrir la intermediación ETA-Gobierno. Contactos con Francia.

2005: Alto el fuego temporal por parte de ETA. Acercamiento de los presos / Legalización / Sumario 18/98 en España. Abrir la intermediación con Partido Socialista francés y acercamiento de presos en Francia.

Entre 2006 y 2008: alto el fuego indefinido de ETA.

2006: España reconoce la autodeterminación. Francia no es impedimento.

2007: Presos a la calle en España y Francia [al lado las palabras «multa» y «refugiados»].

2008: Francia reconoce la autodeterminación.

2009: Órgano común Euskadi-Navarra.

2011: Órgano común Hegoalde-Iparralde.

2012: Reparación histórica y consulta Euskal Herria.

De acuerdo con informaciones publicadas en el diario Gara en 2007, ETA había remitido al presidente Zapatero una carta en agosto de 2004 donde ya le proponía establecer contactos para «solucionar el conflicto». A Mikel Antza le sustituyó al frente del aparato político Francisco Javier López Peña, Thierry, lo que supuso un bajón considerable en la calidad de la dirección de la banda. Tuvo el tiempo justo de asumir sus nuevas responsabilidades para poner en marcha las conversaciones con el Gobierno. Tan solo nueve meses después de la detención de Antza se producían las primeras reuniones secretas entre ETA y Gobierno, aunque oficialmente se iniciaron tras el anuncio de la tregua el 22 de marzo de 2006 y terminaron el 5 de junio de 2007. Thierry, a través de un secretario, tomó nota de todos estos movimientos; anotaciones a las que se bautizó con el nombre de Actas de ETA y que fueron incautadas tras su detención.

ETA publicó un comunicado el 15 de enero de 2005 en el que condicionaba la solución del supuesto conflicto y el cese de la violencia a la puesta en marcha de un proceso de diálogo asentado en la Propuesta de Anoeta presentada por Batasuna. Y para recordar que conserva la capacidad de seguir asesinando, tres días después hace estallar un coche bomba en la localidad vizcaína de Guecho, aunque sin causar víctimas mortales. El presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, se muestra dispuesto a dialogar siempre que cese «el ruido de las bombas y las pistolas». Las partes van clarificando sus posiciones y preparándose para iniciar las conversaciones con seriedad.

Pero Txeroki, dentro de la estrategia negociadora puesta en marcha por la organización, seguía apretando a los suyos para perpetrar nuevos atentados. Y estos cumplen con las órdenes de su jefe. El 9 de febrero estalló un coche bomba en el Campo de las Naciones de Madrid, horas antes de que el rey Juan Carlos I inaugurase la feria artística ARCO, hiriendo a 43 personas. A primeros de abril, ETA miente con descaro al decir en una entrevista que no hay en marcha ninguna iniciativa negociadora: Arnaldo Otegi, pocos días después, confirma que siempre ha mantenido reuniones extraoficiales con militantes del PSE-EE. El socialista Jesús Eguiguren esperaría al alto el fuego de ETA de marzo de 2006 para confirmarlo. De acuerdo con las actas de las reuniones de la dirección de ETA, los primeros contactos Batasuna-PSOE (con el nombre en clave de gorrinos para referirse a los segundos) tuvieron lugar en el año 2001, llegando ambas partes a afirmar en 2002 la existencia de un «conflicto político» en el País Vasco. El 22 de abril de 2005, seis encapuchados roban en una fábrica de Saint Benoît (Francia) 4 toneladas de clorato sódico, componente fundamental para fabricar explosivos. Así siguen presionando al Gobierno para sentarse a negociar.

En su primer debate del Estado de la Nación como presidente, Zapatero anticipó que pediría el respaldo del Congreso para dialogar con ETA si esta dejaba las armas: «Si hay una posibilidad, por mínima que sea, la voy a aprovechar». El Congreso de los Diputados daba el visto bueno a posibles contactos con ETA el 17 de mayo: «Si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, […] apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia». Pero los representantes de ETA y del Gobierno ya estaban por entonces sentados a una mesa, discutiendo el procedimiento de las futuras conversaciones. La Policía francesa detuvo a Ramón Sagarzazu Gaztelumendi, Txango o Lohitzun, el 23 de mayo. Al etarra le fue intervenido un pendrive con un documento firmado en el que detallaba un encuentro con un representante del Gobierno español el 16 de mayo: tuvo lugar en un restaurante y en él se discutió la lengua en la que se iban a desarrollar las conversaciones y el lugar. A la cita también acudió, en condición de mediador, un miembro del Centro Henri Dunant de Suiza. Este organismo podría haberse sumado a las negociaciones a petición del Gobierno noruego, al que ETA había recurrido años atrás para que intercediese con el Ejecutivo español en la resolución del «conflicto vasco». El centro suizo ya se había reunido anteriormente con Juan José Ibarretxe y con miembros de ETA para analizar cómo se podría llegar al fin de la violencia.

Dos días más tarde de la detención de Ramón Sagarzazu, Txango, ETA hace explotar un coche bomba en la confluencia de las calles madrileñas de Rufino González y Alcalá, causando grandes desperfectos materiales y heridas de diversa consideración a medio centenar de personas. Los terroristas vuelven a actuar el 10 de junio con dos granadas Mecar contra el aeropuerto de Zaragoza. Eran sus particulares medidas de presión, que alternaban con mensajes como el del 19 de junio, en el que anunciaban que no atentarían contra «cargos electos de los partidos políticos de España». Las conversaciones no encontraron el respaldo unánime de la sociedad española: «Por ellos, por todos: negociación, en mi nombre, ¡No!», fue el mensaje que abrió una manifestación multitudinaria por las calles de Madrid. ETA mostraba fortaleza, el Gobierno respondía con tibieza: «Si continúan los atentados, no habrá proceso de paz».

Ambas partes se reúnen de forma muy breve a mediados de junio. A finales de mes vuelven a sentarse, esta vez con más tiempo, Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera —en la clandestinidad desde el año 2003—, el etarra Jon Yurrebaso, quien solo tomaba notas, Jesús Eguiguren como representante interlocutor del Estado, otro del Centro de Intermediación suizo Henri Dunant, y un traductor. Se puede resumir como una reunión preparatoria de las posteriores conversaciones oficiales. En esta primera ronda de contactos técnicos se produjeron once reuniones de varias horas en 23 días. La última, el día 14 de julio. Josu Ternera manifestó que si se publicaban datos concretos, reconocerían los contactos. Eguiguren pidió a ETA que, en su comunicado oficial, diera muestras de tener voluntad de ir hacia un alto el fuego definitivo. La réplica del representante terrorista fue que conforme avanzaran los acuerdos, ETA avanzaría hacia el cese definitivo de sus actividades. Eguiguren quiso hacer extensible la tregua a la kale borroka, pero, para Ternera, la banda terrorista «no podía hacerse responsable de eso». Se trataron asuntos como las garantías secretas necesarias para iniciar las conversaciones: no habría detenciones en Francia ni en España, se legalizarían todos los partidos políticos y habría un «control de las fuerzas armadas». Se acordó que las actas se confeccionarían por parte del Centro de Intermediación, con su interpretación de los hechos, y que serían secretas, existiendo una sola copia que se guardaría en un banco. Las partes las leerían y ratificarían previamente. Los representantes de ETA y del Gobierno tomarían sus notas con sus interpretaciones.

La negociación se debía concretar en dos mesas, una entre ETA y Gobierno donde se tratarían las consecuencias del conflicto (desmilitarización, presos, refugiados y víctimas) y otra formada por los partidos políticos, en la que «se materializarían los derechos de Euskal Herria». El emisario del Gobierno lo admitió sin ninguna matización. Finalmente, ambas partes acordaron las declaraciones que realizarían el presidente del Gobierno y la banda terrorista. Todo el encuentro se desarrolló, según las actas de la banda armada, en castellano.

Pese a estos encuentros, y en paralelo, ETA siguió con su estrategia de presión al Gobierno. El 27 de mayo hicieron estallar una carga explosiva en el Valle de los Caídos, en Madrid, y el 25 de junio un coche bomba junto al estadio de la Peineta, en el barrio madrileño de San Blas, en un intento de boicotear la elección de la capital como sede de los Juegos Olímpicos —finalmente exitoso, podría interpretarse, al dar pie a una malévola pregunta de Alberto de Mónaco en la reunión del COI que acabó adjudicando en julio de ese mismo año los juegos a Londres— y también para tantear la solidez de las conversaciones y la determinación y capacidad de resistencia del Gobierno. También explotan bombas en las localidades vizcaínas de Amorebieta y Guernica, y en las toledanas de Maqueda y Camuñas. El 24 de septiembre hace explosión una furgoneta bomba colocada en el polígono industrial de Vicolozano, a cinco kilómetros de Ávila.

La segunda ronda de contactos tuvo lugar a mediados de octubre de 2005, también en Suiza, bajo iniciativa del Gobierno español. Fue otra reunión técnica con un solo representante por cada parte, Josu Ternera y Eguiguren, en la que se siguió con las discusiones para la preparación de las conversaciones oficiales. Al mismo tiempo que se celebraba esta ronda de contactos se tuvo conocimiento de nuevos atentados de ETA: cuatro artefactos estallaron en las puertas de los Juzgados de Paz de localidades de las tres provincias vascas y Navarra (Ordicia, Valmaseda, Amurrio, Guernica y Berriozar). Pero Eguiguren, siempre según las actas de la organización armada, tranquilizó a Ternera: «A pesar de que la aparición pública de ETA no se encuentre dentro de los parámetros, el presidente del Gobierno tiene la voluntad de seguir adelante».

La tercera ronda de contactos se celebró a primeros de noviembre de 2005 en un hotel a las afueras de Oslo (Noruega). Se mantuvieron ocho reuniones, la última de ellas el 10 de noviembre, y se ratificaron los acuerdos previos alcanzados en las conversaciones anteriormente celebradas. De acuerdo con las actas de ETA, el único representante del Gobierno español seguía siendo Jesús Eguiguren. Por parte del Centro de Intermediación suizo asistieron cinco personas, ninguna de ellas presentes en las citas anteriores. Ambas partes ratificaron compromisos, algunos de ellos imposibles de cumplir, que se tendrían que haber materializado una vez decretada la tregua. La banda terrorista, de una lista de catorce peticiones por parte del Gobierno, solo se comprometió a no realizar atentados contra «personas, bienes de propiedad pública o privada», no llevar a cabo la extorsión mediante el impuesto revolucionario y a no realizar «acciones de abastecimiento de armas y explosivos y/o material para su fabricación», pero con una coletilla tramposa: «salvo las necesarias para el mantenimiento de la organización». Por su parte, Eguiguren se comprometió a disminuir de forma «palpable» la presencia policial en el País Vasco y Navarra, a que desaparecieran las «presiones policiales» contra las actividades políticas de la izquierda abertzale, a que Batasuna y otras organizaciones afines desarrollasen con normalidad actividades políticas y a que no hubiera detenciones de Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Autónoma Vasca, y Policía francesa, salvo contra actividades delictivas como robos, atracos u homicidios. También se pactó la existencia de una Comisión de Verificación sobre los acuerdos alcanzados. Estaría formada por «individuos de alta entereza, imparcialidad y competencia, identificados por el Centro suizo Henri Dunant y admitidos por las partes». Serían hasta un máximo de cuatro personas —uno de ellos haría de portavoz—, y expertos en las áreas de los acuerdos alcanzados.

A finales del mes de noviembre, ETA remitió cartas a varias embajadas de países europeos y organismos internacionales solicitando su mediación en la «resolución del conflicto vasco». Las actas de la banda terrorista detallan con una llamativa arrogancia, dada su precariedad operativa, que una de las partes negociadoras, en referencia al Gobierno español, estaba en una situación de inferioridad respecto a la otra. Todo quedaba listo para iniciar las conversaciones oficiales, una vez que las partes hicieran las declaraciones oficiales pactadas: ETA hizo público en marzo de 2006 el comunicado de alto el fuego; en cuanto a la declaración institucional del presidente del Gobierno, llegó en junio.

Durante estas primeras conversaciones, la maquinaria antiterrorista tampoco se queda de brazos cruzados y ETA recibe nuevos golpes a sus estructuras. La Guardia Civil había desarticulado el 11 de febrero de 2005 en la localidad vizcaína de Basauri al nuevo comando Vizcaya, denominado Adur; y en marzo, en un control rutinario del GAR, detuvo a dos personas relacionadas con la publicación y distribución de las revistas Zutabe y Zuzen, editadas por ETA. Los agentes del cuerpo también detuvieron a tres terroristas en Navarra y Vizcaya. Mientras, la Policía hacía lo mismo con los taldes Sugar —en una operación en Valencia el 17 de febrero— y el nuevo Donosti, bautizado como Amaiur, el 25 de marzo. Del mismo modo, la Policía francesa avisaba de que su territorio no era zona segura para los etarras al detener en Caussade, el 28 de abril, a Peio Eskisabel Urtuzaga, Xerpa —considerado jefe del aparato internacional de ETA—, y a José Manuel Ugartemendía Isasa, Manu. Un mes más tarde capturaron en la localidad de Lannemezan al lugarteniente de Txeroki, Joseba Segurola Querejeta, alias Aparra, a Miren Itxaso Zaldúa Iriberri, y a otros tres terroristas en el municipio de Le Cap d’Agde, situada a unos cincuenta kilómetros de Montpellier. A estas detenciones habría que sumar las de Jon Joseba Troitiño Ciria y Zuhaitz Errasti Goiti, vinculados con el aparato militar, el 28 de julio en Brive-la-Gaillarde, y las de otros dos miembros de la banda en Grenoble.

La debilidad estructural de ETA era notoria. Los comandos, cada vez más escasos, contaban con menos material y preparación para los atentados. Las discusiones internas, además, alimentaban la fragmentación del discurso de la banda. La dirección quería mantener, como siempre había hecho, la cohesión y la unidad, especialmente entre el colectivo de presos, donde la desmoralización era más evidente. Y este era el terreno de acción del colectivo de abogados vinculados a la organización; un frente de lucha vital que en clave interna se conocía con el nombre de Adidas y que resultaría de fundamental influencia en su trayectoria. Eran ellos quienes, a través del aparato de makos, controlaban el EPPK (Euskal Presoen Politiko Kolektiboa, «Colectivo de Presos Políticos Vascos», en euskera). El etarra Miguel Ángel Egibar Mitxelena, detenido en 1999, admitió el papel crucial que desempeñaban los letrados:

Las funciones que cumple para la izquierda abertzale el colectivo de abogados es la asistencia jurídica a los presos, detenidos, deportados y confinados, fundamentalmente de la banda terrorista ETA, así como la relación orgánica del colectivo de presos, que es la transmisión de comunicaciones de ETA hacia los presos y viceversa, la difusión de información política para el debate entre los presos y la canalización de sus aportaciones hacia otras estructuras de la izquierda abertzale o la elaboración de informes individualizados sobre algunos presos, en concreto respecto de los cuales la organización ETA requiere algún tipo de información especial. Y, sobre todo, recabar de los detenidos las cartas autocríticas en las que detallan cómo han sido detenidos, de qué han informado a las fuerzas de seguridad, qué han declarado ante el juez, etc. El colectivo de abogados se puede definir como un instrumento más que también actúa bajo las directrices que emanan de la dirección política que ejerce ETA. Sus integrantes son: en Vizcaya, Carmen Galdeano, Jone Goirizelaia, Iñaki Goyoaga y Arantxa Zulueta; en Álava, José María Matanzas; en Guipúzcoa, Aitor Ibero, Ainhoa Baglietto, Íñigo Iruin, Álvaro Reizabal y Miguel Castells; en Navarra, Txemi Gorostiza; en Iparralde, Yolanda Molina Ugarte, Jon Emparantza y una tal Itziar. En el pasado también formaron parte de este colectivo Claire Freyssinet, Christiane Fando, Iñaki Esnaola y José María Elosúa.

El aparato de makos, también conocido con el nombre de (h) Alboka, era el encargado de transmitir los mensajes entre la dirección de ETA y su colectivo de presos; una estructura dependiente del aparato político que desempeñaba su función desde España bajo una aparente legalidad desde siempre. Este organismo representaba a entidades como Askatasuna (sucesora de la ilegalizada Gestoras Pro Amnistía), Etxerat (colectivo de familiares y amigos de presos), TAT (Grupo contra la Tortura), Behatoki (observatorio de los derechos humanos de Euskal Herria) y el propio colectivo de abogados. La Guardia Civil dio los primeros pasos decididos para acabar con esta hueste de letrados en 2005, detallando en un informe remitido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional la estructura orgánica de este departamento, su funcionamiento, relaciones y dependencias, así como las identidades de personas que las integraban. Con la actividad de estos abogados, ETA se aseguró que sus presos se mantuvieran siempre bajo su disciplina y que nunca fueran —ni ellos ni sus familiares— una voz discordante que cuestionara las acciones o decisiones de la banda.

El año 2006 arrancó con la detención en Francia, con colaboración de la Guardia Civil, de los terroristas Asier Quintana Zorrozua y Gracia Morcillo Torres, integrados en el aparato internacional de la banda.

La Policía francesa, tras meses de búsqueda con la información exacta que la Guardia Civil les había proporcionado fruto del análisis de documentos intervenidos en anteriores operaciones sobre esa pareja, detecta dos niñas escolarizadas con las identidades de Maddi y Libe Morcillo Torres en un colegio de Poitiers; los apellidos de ambas niñas coincidían con los de la miembro de ETA Gracia Morcillo Torres, Kristel. El seguimiento los llevará a su domicilio, justo enfrente del centro escolar. La familia compuesta por los miembros de ETA y sus dos hijas se traslada a una vivienda de Saintes, donde nuevamente la Guardia Civil y la Policía francesa mantendrán la vigilancia durante un par de meses más hasta que son detenidos. Llevan una vida normal, se descarta que, a corto plazo, estos miembros de ETA puedan aportar información o contactos de interés, y se decide su detención al tener cuentas pendientes con la justicia española y francesa.

Entre tanto, la agitación que se vivía en el seno de la banda y en sus estructuras advertía de la inminencia de un acontecimiento de máxima relevancia en la historia de ETA. Las negociaciones con el Gobierno, mejor o peor, iban avanzando. Y la posibilidad de que terminara decretándose un alto el fuego «indefinido y permanente» —Eguiguren había pedido en los encuentros que se encajase el segundo adjetivo— era cada vez más plausible. La Guardia Civil, por su experiencia anterior, sabía que esto solo podía significar una cosa: una escalada de violencia en un intento de coaccionar al Ejecutivo para colocarse en una posición de fuerza y que aceptase todas sus exigencias. En los tres primeros meses de 2006, hasta el 22 de marzo, fecha en la que anunció la tregua, ETA realizó dieciséis atentados entre Zaragoza, Huesca, Álava, Vizcaya, Navarra, Guipúzcoa, Cantabria y Burgos, el doble de ataques que en el mismo periodo de tiempo del año anterior. Además, la kale borroka complementó su actividad, trasladando su violencia a las calles del País Vasco y Navarra. En vísperas del comunicado del alto el fuego, militantes de ETA robaron en Francia varias máquinas para falsificar matrículas y una furgoneta. La Policía gala, además, localizó dos granjas llenas de material explosivo y armamento que el aparato logístico pretendía entregar al aparato militar.

Los gestos del Gobierno también fueron patentes en el ámbito judicial. En los primeros días de febrero de 2006, el Ministerio Fiscal relevó de su cargo, alegando «incumplimientos», al fiscal jefe de la Audiencia Nacional Eduardo Fungairiño, conocido por su reiterada postura de firmeza frente a la banda terrorista; su lugar lo ocuparía Javier Zaragoza. El fiscal Fungairiño aludió a razones estrictamente personales y se incorporó a la Fiscalía del Tribunal Supremo. Consecuentemente, la fiscalía apoyó el recurso del miembro de ETA Henri Parot para lograr su excarcelación. Para ETA, la derogación de la doctrina Parot y minimizar los perjuicios de los sumarios pendientes en la Audiencia Nacional eran asuntos críticos para el resultado final de las negociaciones. Solo el juez Fernando Grande-Marlaska alteró los planes al sustituir al juez Garzón como juez del Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional. El magistrado prorrogó dos años la suspensión de actividades de Batasuna y suspendió un acto propagandístico de esa formación que se celebraría en Baracaldo; ordenó el cierre de las herriko tabernas y encarceló a miembros de Batasuna ante la oposición pública del Fiscal General. La posterior reincorporación del juez titular de ese juzgado, Baltasar Garzón, tras un periodo de excedencia, supondría el cese de Grande-Marlaska, allanando nuevamente el camino al Gobierno.

El 22 de marzo de 2006 se produce finalmente la declaración de ETA. Ainhoa Ozaeta Mendicute, la única mujer que entonces formaba parte de la dirección de la banda, fue la encargada de leerla. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, respaldado por la Unión Europea, avisó de que se iniciaba un camino duro, largo y difícil. Pronto cambiaría a su ministro del Interior, José Antonio Alonso, por un experto negociador, Alfredo Pérez Rubalcaba. Porque ETA no iba a abandonar sus pretensiones, a las que iba a supeditar el transcurso de la tregua: el establecimiento de un nuevo marco político donde se contemplasen la autodeterminación y la territorialidad. Los acuerdos alcanzados en las conversaciones previas a la tregua conllevaban varios compromisos que nunca se llegaron a cumplir —que, por otra parte, tampoco un Estado democrático y de derecho podía aceptar—. Por un lado, ETA continuó extorsionando a través del impuesto revolucionario, por más que Zapatero tratase de retrotraer las cartas a fechas previas a la tregua, aunque el matasellos indicase lo contrario; por el otro, los cuerpos policiales siguieron deteniendo a miembros de la banda. El Gobierno, en un intento de dar credibilidad al cese anunciado por ETA, encargó a los cuerpos de seguridad «informes de verificación» sobre su actividad. Las conclusiones, algunas de ellas «maquilladas» por el mando político de la Policía y de la Guardia Civil, avalaban el cese completo de actividades de ETA en España y la ralentización en Francia, dando por cumplidos así los compromisos adquiridos por la organización. A partir del 21 de mayo de 2006 se detiene el proceso de verificación, confiando plenamente en la palabra de ETA. Se pide y obtiene el apoyo del Congreso para negociar.

El tablero de juego ya estaba dispuesto sobre la mesa. Y la siguiente partida de las negociaciones, la cuarta, se celebraría los días 22 y 23 de junio de 2006 en Suiza, a petición de ETA. El exministro socialista Javier Moscoso acompañó en esta ocasión a Jesús Eguiguren. Al otro lado de la mesa estaban, como era costumbre, Josu Ternera y Jon Yurrebaso. En medio, cinco mediadores del centro Henri Dunant. El encuentro se celebró en un clima de tensión. «Tras las declaraciones se abre la válvula y sobre lo que hasta entonces era ultrasecreto, medios cercanos y no cercanos al partido y al Gobierno dan rienda suelta a todo tipo de filtraciones», acusó la banda terrorista. Se refería a las filtraciones a El País y a las declaraciones del presidente Zapatero a Catalunya Ràdio: «Hablaré con ETA de su disolución y del futuro de sus integrantes». También criticaban las últimas detenciones. La actitud del Estado era, resumían, «saboteadora». Frente a estos reproches, los representantes del Gobierno se excusaban: no contaban con los ataques del PP, la prensa y las asociaciones de víctimas, y no eran capaces de frenar la actividad de la Guardia Civil y de algunos jueces. Y reprochaban a la banda la actividad de la kale borroka y la extorsión a través del impuesto revolucionario: «El ministro tiene un montón de cartas que no ha hecho públicas; sabiendo que se pide dinero, decimos que no consta que se pide».

«Si en las detenciones los jueces no están en el ámbito del Gobierno, ¿por qué firmasteis los acuerdos?», preguntó incisivamente Josu Ternera, según consta en las actas de la organización armada. «Mantenéis un tipo de discurso durante decenas de reuniones con Batasuna, y otro diferente en las declaraciones públicas que hacéis y en vuestras actitudes en cuanto a los pasos a dar. Si en algún momento teníamos la esperanza de que el Gobierno cumpliese con lo pactado, esta no ha tardado en desaparecer», esgrimió el jefe terrorista. Eguiguren y Moscoso replicaron: «Estamos trabajando, y lo haremos, para que en septiembre u octubre Batasuna sea legal». Y sobre las detenciones: «No sé qué deciros, es algo que viene de hace dos años y que viene del juez; es un accidente importante y cuando lo oí, me irrité y entiendo que vosotros también estéis irritados. Lo hemos intentado, pero no hemos conseguido pararlo». Se estaba refiriendo a lo sucedido dos días antes: el 20 de junio, el juez Marlaska había procedido a la explotación de una operación cuyas investigaciones venían de años atrás y que desmantelaba una red de extorsión y financiación de ETA, la Operación Faisán.

En el curso de esta operación se pondría de manifiesto la presunta colaboración para recaudar dinero destinado a ETA de un personaje relevante del PNV, Gorka Aguirre, que sería imputado. En este mismo procedimiento también fue llamado a testificar Xabier Arzalluz. La reincorporación del juez Garzón tras una excedencia descabalgó del juzgado al juez Marlaska, primer instructor del caso, dando un giro total a la gestión de la causa. Se sumó a la lista la detención de Ibon Meñika Orue-Etxebarría en un control antiterrorista en la localidad vizcaína de Marquina. Los Grupos de Acción Rápida (GAR) lo apresaron cuando portaba 90 bonos de ETA por valor de 60 euros cada uno y colgantes con el anagrama de la banda. Estos objetos y bonos suponían para la organización un medio para obtener ingresos y mantener viva su presencia en la sociedad. Eguiguren respondería a Ternera: «Se les ha comunicado a Policía, Guardia Civil, Ertzaintza y Policía francesa que no hagan detenciones, y ha sido muy difícil hacerlo, sabiendo que la Guardia Civil solo obedece al duque de Ahumada, pues esas órdenes no se pueden dar por escrito. Frantxineta (Francia) no ha sido fácil teniendo en cuenta la relación de Nicolás Sarkozy con el PP. No es voluntad del Gobierno practicar detenciones, es decir, tirar piedras a su tejado». «Nos parece kafkiano que aquí y ahora aún no tengamos garantías de seguridad», apuntaron los terroristas, pidiendo un número de teléfono al que llamar en caso de incidente, que les garantizase la inmediata puesta en libertad. El proceso estaba al borde del fracaso; el presidente Zapatero tuvo que anunciar antes de plazo que se abría oficialmente el diálogo con ETA, el 29 de junio de 2006.

En otro plano, la sociedad española se indignó al ver en sus televisiones cómo los etarras Javier García Gaztelu, Txapote, y su compañera Irantzu Gallastegi, Amaia, se mofaban y despreciaban a Miguel Ángel Blanco en el juicio por el secuestro y asesinato del concejal, lo que dificultaba aún más las conversaciones. Y el escenario político se rompió cuando el PP abrió una brecha con el Ejecutivo de Zapatero tras la reunión mantenida por el Partido Socialista de Euskadi, con Patxi López y Rodolfo Ares a la cabeza, y Batasuna, con Arnaldo Otegi.

El alto el fuego no significaba la inactividad en ETA. En junio, julio y agosto, el comando Elurra realizó tres entregas de material a comandos asentados en Vizcaya y Navarra. Además, Mikel Garikoitz Aspiazu, Txeroki, impartió un cursillo de adiestramiento en Francia a cuatro militantes de la organización y les desveló que estaban aprovechando la tregua para instruirse y reorganizarse. Mientras tanto, la violencia la ejercían los cachorros de ETA a través de la kale borroka: la presión popular demandada por la dirección de la banda terrorista.

De forma paralela a las conversaciones, la Audiencia Nacional acogía la celebración de la vista del sumario 18/98, el más complejo de los que se hayan llevado nunca contra el entramado de ETA y la izquierda abertzale. Había medio centenar de procesados, todos ellos representados por algunos de los abogados más influyentes ligados a la banda terrorista: Íñigo Iruin Sanz, Jone Goirizelaia Ordorica, Arantza Zulueta Amuchástegui, Carlos Trenor Dicenta, Kepa Landa Fernández, Álvaro Reizabal, José María Elosúa, Ainhoa Baglietto, Aitor Íbero; algunos de ellos estaban imputados y figuraban en los informes de la Guardia Civil. Los peritos del instituto armado, en su descripción de la historia de ETA y su relación con el entramado de la izquierda abertzale, respondieron a infinidad de preguntas de estos letrados, del tribunal y de la fiscalía; interrogatorios en situaciones de máxima tensión a la vista de los procesados.

Durante el desarrollo del juicio oral se vivieron situaciones rocambolescas, como cuando nos preguntaron por el atentado del 11-M. Pretendían desprestigiar el trabajo realizado por la Guardia Civil en sus informes. Por parte de los letrados de las defensas fueron múltiples las protestas formales, peticiones de nulidad, recusaciones del Tribunal, de peritos, impugnaciones de la documental por vías diversas, de las audiciones de conversaciones telefónicas y sus transcripciones, con continuas denuncias de vulneraciones de derechos fundamentales. […] A lo largo de la vista oral, repetidamente se dijo que algunos de los acusados sufrieron terribles torturas físicas y/o psicológicas. Sobre este tema incidieron las defensas, y mucho, en el interrogatorio a los agentes policiales en el transcurso de la prueba pericial conjunta, produciéndose en ese momento procesal incidentes como el protagonizado por Egibar Mitxelena, acusado que, al concluir la pericial de la Guardia Civil y cuando aún estos se encontraban en la Sala, levantándose de su asiento y dirigiendo sus pasos hacia los estrados del Tribunal manifestó que quería tener un careo con algunos de los agentes que acababan de deponer, que le habían torturado. Cuando se le ordenó que volviera al sitio que en ese momento le correspondía, al asiento de los acusados, gran parte de sus compañeros de banquillo, levantándose de forma inmediata, comenzaron a proferir gritos de «¡Torturadores!».

La instrucción del sumario, encuadernado en 500 tomos, comprendía más de 100.000 folios e incluía 103 informes policiales. La fase oral del juicio se desarrolló desde noviembre de 2005 hasta marzo de 2007. La sentencia, que contaba con más de mil folios, fue histórica: 47 de las 52 personas procesadas fueron condenadas a un total de 525 años de prisión. La izquierda abertzale cifró en más de seis millones de euros el coste que le supuso el citado juicio.

Los acontecimientos que tenían lugar en la Audiencia Nacional fueron un tema recurrente en la quinta ronda de conversaciones entre representantes del Gobierno y ETA, celebrada en Lausana (Suiza) los días 26, 27 y 28 de septiembre. Al exministro Javier Moscoso y a Jesús Eguiguren los acompañó el profesor y letrado José Manuel Gómez Benítez, quien tiempo después ocuparía una plaza como vocal del Consejo General del Poder Judicial. Según las actas elaboradas por la organización, se expresó en estos términos:

Soy abogado y conozco bien la Audiencia Nacional. Tenéis muy buenos abogados, como yo o mejores. Marlaska se puede considerar un accidente, como la kale borroka. Garzón mantiene dos líneas de comunicación, una con el Gobierno y la otra con Batasuna. En esta última, él sitúa de antemano los límites de los actos, llamamientos o de la actividad que fuere para que Batasuna pueda gestionar los mismos. No ha habido detenciones operativas policiales (fuera de las realizadas por Marlaska). Todavía es posible que se produzcan detenciones a partir de dosieres abiertos. Podemos intentar minimizarlo desde la Fiscalía, pero no nos podemos comprometer de una manera rotunda. Estamos hablando también con la juez antiterrorista francesa Laurence Le Vert.

Los mediadores del centro suizo Henri Dunant admiten que las conversaciones se encuentran en un punto «crítico y congelado». ETA, por su parte, endurece el tono con la incorporación del jefe Francisco Javier López Peña, Thierry, que junto con Ternera y Yurrebaso exige la derogación de la doctrina Parot y la puesta en libertad del preso Iñaki de Juana Chaos, detenido en 1987 y condenado a casi 3.000 años de cárcel por 25 asesinatos: «Sería un muerto sobre la mesa», señalaron los terroristas. Porque De Juana había empezado el 7 de agosto de 2006 una huelga de hambre que duró 63 días exigiendo que no se le aplicase la doctrina Parot para quedar así en libertad. Los representantes del Gobierno respondieron: «Iñaki de Juana: resolveremos el tema rápidamente hablando con la familia. Doctrina Parot: esperamos que el Tribunal Constitucional lo declare inconstitucional; en este sentido ya estamos hablando con los componentes del mismo». Se cruzaron los reproches. Unos cargaban contra las detenciones y los procesos judiciales abiertos, otros por la participación de miembros de ETA en el Gudari Eguna celebrado en Aritxulegi y la lectura de un comunicado que prometía «continuar con la lucha armada hasta conseguir la independencia». El encuentro terminó con una advertencia de la banda terrorista: «Iñaki de Juana, libertad. Los siete presos de ETA enfermos, libertad. Quitar la doctrina Parot. Presos políticos vascos, a Euskal Herria. Cumplir lo acordado en su totalidad. […] Si no lo tenéis claro, esto se ha acabado». Ternera hizo un análisis más político: «Vosotros estáis planeando la resolución del conflicto desde el punto de vista electoral, en clave de rentabilidad». Los representantes del Gobierno, tras hablar por teléfono «con Madrid», respondieron: «Lo de Iñaki y los presos enfermos se puede hacer en un plazo corto». Las conclusiones que anotó ETA reflejaban importantes avances en sus peticiones y ninguno por parte de las del Gobierno:

La reunión ha servido para marcar claramente la posición de la organización, y para añadir otro elemento más a la presión que ha estado haciendo en su generalidad la izquierda abertzale en las últimas semanas. Cuantificaremos y veremos los resultados de la reunión atendiendo a los pasos prácticos que realice el Gobierno español.

Un mes después de estos encuentros, la prensa se hacía eco del robo de un comando de ETA en una armería francesa de la localidad de Vauvert, con un botín de 201 revólveres, 145 pistolas y unos 60.000 cartuchos. «Presión hecha para influir dándole fuerza de cara a la negociación», se encontró en documentos incautados meses después a Thierry. Ponía así máxima presión al Gobierno, cuya única salida, más bien a la desesperada, fue dudar públicamente de que los terroristas vascos fueran los autores del asalto. Mientras, Iñaki de Juana Chaos inicia una nueva huelga de hambre tras ser condenado el 6 de noviembre de 2006 por un delito de amenazas terroristas a doce años de cárcel. El 12 de diciembre empieza a ser alimentado en contra de su voluntad. Una fotografía publicada por el diario británico The Times el 6 de febrero de 2007 mostraba al etarra en la cama con una pérdida de peso considerable y, a los pocos días, el Tribunal Supremo reducía su condena de doce a tres años a petición de la fiscalía; cumpliría la pena el 2 de agosto de 2008, fecha en que salió del centro penitenciario de Aranjuez. Cuatro días después, la Audiencia Nacional abre una nueva investigación por un supuesto delito de enaltecimiento del terrorismo. Pero ya era tarde para encontrar a De Juana, que había huido a Irlanda. Allí declaró en los juzgados de Belfast y permaneció en libertad condicional a la espera de que se resolviera la orden de detención emitida por las autoridades españolas. El 25 de marzo de 2010 desapareció. Y tanto la investigación de la Guardia Civil como reportajes periodísticos apuntaron a su nueva vida en Venezuela.

A la sexta reunión entre ETA y el Gobierno asistió solo un representante de cada una de las partes. Se celebró el 27 de octubre de 2006 en Suiza, según recogen las actas de la banda terrorista. Por primera vez no asistió Jesús Eguiguren; lo hizo Gómez Benítez en representación del Estado. Se trató de una negociación técnica, sin abordar temas en profundidad, para clarificar las posturas de cada uno. Se cruzaron los reproches y no se avanzó en ningún sentido, aunque se reiteró la voluntad de todos de continuar con el proceso y de celebrar un nuevo encuentro. Entre esta cita y la siguiente, ETA comenzó sus preparativos para atentar contra la Terminal 4 del aeropuerto madrileño de Barajas. Ya lo había anunciado veladamente en un comunicado emitido a primeros de noviembre: «El proceso se romperá si el Gobierno no cumple sus compromisos».

La séptima cita se celebró entre el 11 y el 15 de diciembre de 2006 en Noruega. El ministro de Exteriores del país anfitrión (Jonas Gahr Støre) saludó a ambas delegaciones, representadas por tres personas cada una de ellas, y abandonó el encuentro tras una breve conversación a solas con ambas partes. No acudió Josu Ternera, sustituido en esta ocasión por Igor Suberbiola, a quien se relacionaba dentro de ETA con el ala más intransigente, la de Thierry. Los representantes de ETA acusaron al Gobierno de incumplir en su globalidad con la declaración del presidente: Iñaki de Juana Chaos, la libertad de los presos enfermos y la derogación de la doctrina Parot. Prácticamente se volvió al principio de las conversaciones, debatiendo sobre cambiar la Ley de Partidos o legalizar Batasuna. La banda terrorista, por su parte, entregó un documento exigiendo un acuerdo político entre los partidos vascos para la superación del conflicto. El Gobierno de España responde con otro documento con claves para legalizar Batasuna, flexibilizar la situación de los presos y de la izquierda abertzale, la promulgación de una nueva Ley de Partidos y de la composición de una comisión internacional que verifique el cumplimiento de los acuerdos. Sobre la cuestión navarra, el exministro Moscoso aduce que a la Comunidad Foral «hay que seducirla, hay que ir de una manera suave, no se puede hacer de otra manera». En conclusión, no hubo avances y se fijó una nueva reunión para finales del mes de enero de 2007. Las conversaciones se encontraban completamente bloqueadas.

En su particular perspectiva, ETA llegó a la conclusión de que tenía que mostrar su capacidad de sembrar el terror para forzar al Gobierno a negociar de veras y de una vez por todas. Tenía que hacer una demostración de fuerza pero sin romper la baraja, para que fuera la sociedad la que presionase al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para buscar un «acuerdo de paz definitivo». El 30 de diciembre de 2006 estalló una furgoneta bomba estacionada en el aparcamiento de la Terminal 4 de Barajas. Dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana, Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, murieron en la explosión.

Thierry, el histriónico jefe de ETA, actuaba pensando que tenía bajo su mando la misma fuerza que sus antecesores en esas tareas negociadoras. Estaba muy alejado de la realidad. Ese error de cálculo le llevaría a perder la posibilidad de conseguir que la banda tuviera un final digno. El Gobierno, por su parte, se embarcó en la negociación con el cálculo de que ETA se conformaría con poco, habida cuenta de su debilidad extrema. También calculó mal: tenía enfrente a una partida de individuos ya instalados en la demencia y la irracionalidad.

QUINTA PARTE

UN FINAL JUSTO

DESDE LA TREGUA DE THIERRY

HASTA LA DECLARACIÓN DEL CESE DEFINITIVO

(2006 - 2011)

HECHOS DE RELEVANCIA ACAECIDOS HASTA 2017

21

UN ÓRDAGO CON POCA LEY

El joven, natural de la localidad guipuzcoana de Oñate, preparaba la cena en el interior de su furgoneta Renault Traffic de color granate, acondicionada para comer y dormir en su interior. Eran las 21.00 horas del miércoles 27 de diciembre de 2006. Tenía previsto pasar unos días haciendo esquí de fondo en la estación de esquí de Luz Ardiden, en el Pirineo francés, donde estaba estacionado el vehículo. En ese momento lo abordan tres hombres encapuchados y armados. Lo tumban boca abajo y le colocan unos grilletes y una capucha: «Somos de ETA». Lo montan en otro coche y se lo llevan a un lugar desconocido, donde permanecerá retenido con los ojos cubiertos durante tres días, para evitar que denuncie el robo de su furgoneta. El día 30, a las 9.40 horas, recobra la libertad. Le quitan los grilletes y la capucha. Le dejan con un pequeño aparato de radio y le ordenan empezar a andar a partir de las 11.00 horas. Su pesadilla ha acabado. Mientras espera, oye a través de las ondas que se ha producido un atentado en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Hila los acontecimientos e inmediatamente relaciona el robo de su vehículo con la explosión. ETA ha decidido tensar con ella la cuerda de las negociaciones con el Gobierno.

Los etarras Ignacio Iruretagoyena y Oihan Barandalla fueron los encargados de colocar la carga explosiva en el interior de la furgoneta. La dirección ordena a unos navarros naturales de Lesaka que la trasladen a Madrid: constituían el comando Elurra y, según revelaría más tarde Txeroki, habían dado «buenos resultados en acciones muy valientes». Los preparativos del atentado habían arrancado en octubre de 2006, antes de que se celebrase en Suiza la sexta reunión entre representantes del Gobierno y ETA, y los terroristas encargados de llevarlo a cabo tuvieron tiempo para ensayar sus planes en el mismo lugar en el que se produciría el golpe, en el aparcamiento de la Terminal 4 del aeropuerto. Luego repasaron y afinaron todos los detalles de la acción con Txeroki y su lugarteniente, Aranibar Almandoz, en el monte navarro de Autza. Nada debía fallar, el atentado era trascendental desde el punto de vista estratégico.

El 29 de diciembre, el comando terrorista se reúne con Aranibar en el caserío Venta Baztán, en la localidad pirenaico-navarra de Eugi. Allí recogen la furgoneta y emprenden el camino hacia Madrid. Llevan las yemas de los dedos cubiertas de pegamento para no dejar huellas. Un miembro del comando que viaja a bordo de una motocicleta hace de lanzadera hasta mitad de camino, donde lo releva otro compañero con un coche. Kilómetros antes de llegar a la Terminal 4, Mattin Sarasola se camufla con gorra, peluca y mascarilla, detiene la furgoneta y conecta el temporizador: 9.00 horas del 30 de diciembre. A las 18.51 horas accede a la segunda planta del aparcamiento de Barajas. Aparece fingiendo una cojera con unas muletas para despistar en las posteriores pesquisas; entra en el aeropuerto. Al rato, como si acabara de bajar de un avión, sale del recinto y monta en un taxi que le aleja unos quince kilómetros hasta las inmediaciones de los estudios de Antena 3. Allí se deshace de su caracterización, coge otro taxi y se reúne con sus compañeros. Cumplen el guión ensayado. Todos juntos regresan a su casa a las cinco de la madrugada. Para despistar, y casi sin dormir, se trasladan a San Sebastián, donde una hora antes de la explosión alertarán por teléfono de la colocación de la furgoneta bomba.

Las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado desalojan el recinto de forma precipitada y sin tiempo material para comprobar que no quedaba nadie. La explosión se produce a la hora señalada, a las 9. Dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana, Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, que dormitan en el interior de su vehículo, dentro del parking, no se enteran de los avisos. No tienen escapatoria. Son las dos primeras víctimas mortales tras el alto el fuego decretado por ETA el 22 de marzo de ese mismo año. El paisaje resultante es desolador, tanto en el aeropuerto como en las conversaciones ETA-Gobierno.

Pocos días después del atentado llega a dependencias de la Guardia Civil la grabación de la llamada en la que los terroristas advertían de la colocación de la bomba.

Varios oficiales de Elaboración de la Unidad Central Especial número 1 escuchaban la grabación mediante unos altavoces en su despacho. En esos momentos llegó el capitán Ord, con más de 20 años en la lucha contra ETA a sus espaldas: «Esa voz la conozco yo», dijo. El capitán se acercó a su ordenador y puso la grabación donde un terrorista comunicaba a la central de la Asociación de Ayuda en Carretera (DYA) de Guipúzcoa la colocación de una furgoneta bomba junto a la discoteca La Nuba en Urdax (Navarra), el 14 de febrero de 2006. La voz era idéntica. Tras la sorpresa y las primeras reacciones de los compañeros, se mandó la grabación al Servicio de Criminalística de la Dirección General del cuerpo. Los especialistas en acústica certificaron mediante un informe pericial que se trataba del mismo sujeto.

El 10 de enero de 2007 ETA hace público un comunicado en el que asume la responsabilidad del atentado e insiste en la vigencia del alto el fuego. «Una acción militar en respuesta a los incumplimientos del Gobierno», fue su definición de lo acontecido. En otras palabras, el atentado del comando Elurra que había costado la vida de dos personas no era más que un movimiento táctico para tensar las negociaciones con el Gobierno. Presionaba donde y como más dolía: gran explosión en la capital de España, clave para el sector turístico, con daños económicos astronómicos, y con dos muertes añadidas. Habían pasado nueve meses y ocho días desde que ETA anunció la tregua. La comunidad internacional y la sociedad española albergaban la esperanza de que la organización nunca volviese a tomar las armas. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero resumió esa ilusión en una frase que pronunció en la víspera del atentado de Barajas: «Dentro de un año estaremos mejor que hoy». El dirigente abertzale Arnaldo Otegi se apresuró a decir horas después del atentado: «El proceso no está roto». El lehendakari Juan José Ibarretxe se manifestó en la misma línea, argumentando que el atentado no rompía el anhelo de alcanzar un acuerdo de paz. El líder de la oposición, Mariano Rajoy, pidió que se rompiesen todas las negociaciones, mientras que el presidente Zapatero cayó en el error de calificar el suceso como un «trágico accidente». El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue más contundente y anunció que el diálogo estaba liquidado.

A los expertos en lucha antiterrorista les vino a la memoria lo que sucedió tras la ruptura de la tregua de 1998, cuando una ETA rearmada durante el alto el fuego volvió a asesinar con una frecuencia inesperada. Una semana después del atentado de Barajas, un comando de ETA abandonó de forma precipitada un zulo en la zona de Atxondo (Vizcaya) con casi doscientos kilogramos de explosivos. Varios días después, la Policía francesa detuvo a los terroristas Garikoitz Echeverría y Asier Larrinaga en la localidad de Ascain. Y el 25 de enero, en un control rutinario de documentación, la Policía capturó en la estación de Portbou a Iker Aguirre Bernadal, quien llegaba a España en tren desde Francia: según sus declaraciones, tenía órdenes de Txeroki de recabar información para realizar atentados en Benidorm y en la zona de Valencia, con vistas a la celebración de la Copa América. Mintió sobre sus verdaderos propósitos: se le encontraron notas manuscritas, las que tomó durante su cursillo de formación, con múltiples anotaciones sobre fabricación y colocación de artefactos explosivos.

En el plano judicial, el Tribunal Supremo ordenó el 19 de enero «la disolución de las organizaciones juveniles Jarrai-Haika-Segi, como asociaciones ilícitas constitutivas de banda, organización o grupo terrorista», en una sentencia que muchos interpretaron como el fin de las concesiones a ETA en el marco de las negociaciones. Pero no fue así. «Reitero mis palabras de acabar con el terrorismo», indicó Zapatero en los primeros días de febrero. «El proceso, a pesar de sus dificultades y momentos de crisis, es el único camino que puede conducirnos a un escenario de paz estable y definitivo», añadió la banda terrorista en un comunicado posterior, ofreciendo su disposición a retomar el diálogo. Las posturas del Ejecutivo quedaron claras cuando el 12 de febrero el Tribunal Supremo rebaja la pena de doce a tres años a De Juana Chaos a solicitud de la fiscalía, y también cuando este mismo órgano retiró la petición inicial de quince meses de cárcel contra Arnaldo Otegi por enaltecimiento del terrorismo durante el homenaje a la terrorista Olaia Castresana, muerta al estallar una bomba que manipulaba en 2001. La Audiencia Nacional cargó contra esta decisión: «Existía prueba de cargo directa, objetiva, suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia y que podría constituir un delito de enaltecimiento terrorista».

A pesar de estos gestos, las negociaciones y el alto el fuego pendían de un hilo. ETA seguía moviéndose. Y también los cuerpos policiales. El 28 de marzo de 2007, la Policía francesa detuvo en las afueras de Périgueux, al suroeste del país, a los etarras Jon Yurrebaso Atutxa y Pedro María Suárez Ugarte, Kepa, tras intentar eludir un control rutinario. Estaban implicados de forma directa en las conversaciones con el Gobierno. Viajaban armados en un vehículo robado. Los terroristas se identificaron como miembros de ETA integrados en el equipo de negociación e indicaron a los agentes que llamaran a unos números de teléfono franceses donde certificarían esta circunstancia: según explicaron, serían inmediatamente puestos en libertad en cumplimiento de lo acordado en las primeras reuniones técnicas con los representantes del Ejecutivo de Zapatero. La llamada nunca se realizó y Jon Yurrebaso y Kepa fueron trasladados a dependencias policiales. Los abogados relacionados con el entramado de ETA sustentaron la defensa de los dos terroristas en los acuerdos que habían pactado en estas reuniones. Enfrente tenían a la juez antiterrorista francesa Laurence Le Vert:

Este caso es especial, es político. Usted sabe de qué tema se trata. Consulte con sus superiores jerárquicos, ministros de Justicia y de Interior franceses. Consulte con el Gobierno español y el Gobierno francés, que deben certificar el papel que jugaba Jon Yurrebaso en el proceso y la mesa de negociación: deben solicitar la puesta en libertad de Jon y de Kepa. Kepa Suárez formaba también parte del equipo de interlocución y debe ser puesto en libertad junto a Jon.

La juez Laurence Le Vert interrogó con minuciosidad a Yurrebaso. La postura del detenido la resumen sus letrados en las misivas que se intercambiaron:

Jon no respondió a la mayoría de las preguntas y desde el principio le dijo que hablaría sobre su papel en la mesa de negociación, sobre el papel de Kepa en el equipo negociador como miembro del mismo y sobre las garantías acordadas con el Gobierno español. Que lo que se hablaba en la mesa de negociación era secreto y que él no iba a dar datos sobre eso y tampoco iba a dar información sobre su organización. Jon comentó que él era representante de la organización, que eso lo podía consultar y confirmar hablando con el Gobierno español y que el Gobierno francés también conocía eso. Que era un tema con mucha connotación política. Por eso el caso merecía un contraste con el Ministerio de Interior y Justicia. En el proceso de negociación se dan algunas garantías que tienen que estar respaldadas por el Gobierno español y una parte de esas garantías es también el Gobierno francés, por lo menos eso es lo que dice el Gobierno español. Ante una hipotética y casual detención tanto en el Estado francés como en el español, yo como miembro de la representación tendría que dar unos números de teléfono. Y yo, y quien vaya conmigo, tendríamos que quedar libres. Esas son las garantías ordenadas en la mesa por el Gobierno español. El Gobierno español nos da esos teléfonos tanto españoles como franceses para arreglar la situación en caso de que ocurra algo. El proceso de negociación está vivo y las garantías también.

Ninguno de estos argumentos sirvió para su puesta en libertad. El equipo negociador del Gobierno había ofrecido en las conversaciones unas garantías que no podía cumplir, aunque es posible que en el momento de darlas sí creyera en ellas: los números de teléfono correspondían a altos responsables policiales españoles y franceses. Esta detención dejaba herido de muerte el proceso de negociación, que ya estaba por entonces prácticamente sentenciado.

El 28 de marzo, el mismo día en el que fueron detenidos Kepa y Yurrebaso en Francia, la Guardia Civil desarticuló en Guipúzcoa el comando Urederra. Junto al terrorista José Ángel Lerín Sánchez, Jaxinto, cabecilla del grupo, fueron detenidos Arkaitz Agote Cillero, uno de los etarras más activos entre 2005 y 2006, y otras ocho personas. Los agentes hallaron gran cantidad de armas, explosivos, temporizadores e informaciones sobre políticos, empresarios y otros objetivos contra los que atentar. Lerín contaba con la confianza de Txeroki, había entrado en España en mayo de 2006, en plena tregua, recibiendo decenas de kilos de explosivos, con la misión de hacer acopio de información y esperar órdenes. Tenía instrucciones concretas de no atentar contra miembros del PSOE, y, en ningún caso, sobre miembros del PNV, Izquierda Unida, Eusko Alkartasuna y Aralar; aunque sí se le marcan como objetivos permitidos a Maite Pagazaurtundúa y a Fernando Savater. Se confirma así lo evidente: los etarras volverían a asesinar.

Ante la sospecha de la Guardia Civil de que Juan Carlos Herrador Pouso pudiera estar desarrollando alguna actividad a favor de ETA, se inicia un dispositivo sobre su entorno, su novia Lorea Irigoyen Arbizu, y sobre su domicilio en Andoain (Guipúzcoa). A lo largo de las investigaciones se detecta la presencia de un individuo que entra con llaves propias en el domicilio de Juan Carlos Herrador. Este individuo es identificado como el miembro liberado de ETA José Ángel Lerín Sánchez, Jaxinto, por lo que se intensifica el control. También se observa entrar en el domicilio de Andoain en varias ocasiones a una mujer que es identificada como Itziar Aguirre Castellanos, pernoctando en el mismo. Esta mujer tiene su domicilio habitual en Araia (Álava), donde vive con su pareja Endika Zincunegui Zubizarreta. También en diversas ocasiones Endika acude al domicilio de Andoain, llegando a coincidir en una de las ocasiones con el liberado de ETA José Ángel Lerín en el interior del domicilio.

En el transcurso del trabajo operativo se observa cómo el miembro liberado José Ángel Lerín entra en un piso situado en Hernani (Guipúzcoa), domicilio habitual de la pareja formada por Íñigo Orue Magarzo y Oihana Santolaria del Campo. Lerín será visto otras veces en dicha vivienda, coincidiendo de forma simultánea con la pareja. Posteriormente se identifica a Arkaitz Agote Cillero. El 24 de marzo de 2007, José Ángel Lerín, acompañado de otro individuo, al que se identificará como el miembro liberado de ETA Ekaitz Aguirre Goñi, se dirigen al macizo de Aizkorri, pernoctando en el refugio de San Adrián. Al día siguiente, Lerín se traslada a una vivienda ubicada en Igueldo, propiedad de Iñaki Imaz Munduate. Los agentes consideran probable que José Ángel Lerín y Ekaitz Aguirre hayan podido detectar el dispositivo de vigilancia, dada la actitud y movimientos observados. Ante el evidente riesgo de fuga, se centran las investigaciones sobre los domicilios y personas relacionadas con Lerín. El miércoles 28 de marzo de 2007 se detecta a las 12.15 horas su salida del domicilio de Andoain, procediéndose a su detención. Portaba documentación falsa, pistola con cartucho en recámara, un manojo de cinco llaves y diversos efectos.

Como consecuencia de esta operación, el instituto armado localizó una bajera en San Sebastián en la que se imprimían los ejemplares de la revista Zutabe, editada por ETA; era un golpe muy significativo contra el aparato de propaganda de la organización —también denominado Zabalkunde—, diseñado, según la organización, para contrarrestar «la manipulación informativa de que es objeto nuestro pueblo». «El Zutabe no es el boletín interno de ETA, es la revista de ETA con proyección a la calle, la cual está dirigida tanto a los militantes de ETA como a la militancia de la izquierda abertzale y a la ciudadanía vasca. La revista se reparte y difunde en la calle. Es un instrumento que los ciudadanos vascos tienen para estar informados de las lecturas y las reflexiones de ETA», detallaría la banda en uno de sus documentos.

Quizá los terroristas no fueran conscientes de su potencial real, ni tampoco del de los cuerpos de seguridad que tenían enfrente. El deterioro de la banda era galopante y evidente. Sus integrantes, tras las citas que mantenían con sus compañeros, solían dormir en sus propios coches o en el monte para evitar que los cuerpos policiales pusieran el foco sobre las viviendas que componían la infraestructura de ETA. Se trataba de cortes de seguridad entre un encuentro y otro para dificultar el trabajo operativo de seguimiento.

Los movimientos que se registraban en torno a las negociaciones seguían tensando las relaciones entre el PSOE y el PP: la actuación de la Fiscalía, la situación de Iñaki de Juana Chaos o la ilegalización de candidaturas eran algunos de los caballos de batalla entre ambas formaciones. El debate también se trasladó al ámbito judicial. El juez Garzón, uno de los principales artífices de la lucha contra el entramado de la banda terrorista, cambió entonces su discurso: «No se puede probar que la izquierda abertzale esté sujeta a ETA», manifestó, abriendo así la puerta a sortear la Ley de Partidos. Al mismo tiempo, dentro de Batasuna comenzaba a apreciarse una escisión entre aquellos que apostaban por alejarse ligeramente de la organización terrorista y los que defendían apoyarla de forma incondicional.

Las cartas estaban puestas sobre la mesa para la celebración de la octava ronda de encuentros entre ETA y Gobierno, la primera tras el atentado de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas. El encuentro se celebró entre los días 30 y 31 de marzo de 2007, en Suiza. El Ejecutivo español pidió al suizo, a petición de los interlocutores etarras, que se garantizara la libertad de movimientos para estos en territorio helvético. José Manuel Gómez Benítez fue el único representante del Gobierno español que acudió a la cita. Expresó su voluntad de «retomar el diálogo», pero recriminó a los etarras los movimientos de los comandos terroristas, dirigidos a planificar atentados. «La militancia sigue trabajando, aunque sin orden de matar, como lo siguen haciendo los aparatos del Estado», respondió Francisco Javier López Peña, Thierry. El jefe de ETA exigió la inmediata liberación de los dos detenidos en Francia en su condición de negociadores y por lo tanto «sujetos a inmunidad». «Hemos hecho todo lo posible para su puesta en libertad cuando pasen delante del juez», le aseguró, según ETA, Gómez Benítez. Fue una reunión que se consumió casi entera en reproches. No se acordó nada, salvo la celebración de una siguiente reunión. La negociación, más que estar en punto muerto, daba pasos hacia atrás. Ambas partes consideraban que a aquellas alturas las opciones de alcanzar un acuerdo eran realmente ínfimas. Llevaban meses ganando solo tiempo, aunque cada uno con un fin distinto. Los informes policiales, como el publicado por Europol en abril de 2007, apuntaban a que ETA estaba aprovechando el alto el fuego para reconstruir sus capacidades. Sus comandos solo esperaban una orden para volver a utilizar las armas.

ETA siempre mantuvo una estructura encargada de mantener «en espera» a los miembros pendientes de asignarles un cometido concreto, bien porque acababan de huir de la justicia y llegaban nuevos o, una vez habían desarrollado un periodo de atentados, porque estaban pendientes de que se les ordenase otra «campaña». Esta estructura se venía denominando «Harrera» o «Taldes de Reserva». Históricamente se asentaban en Francia, pero la presión policial los obligó a dispersarse por toda Europa. En ese tiempo descansaban, se formaban, acopiaban información de interés o adquirían componentes electrónicos y cualquier otro material de difícil obtención que les encargasen. Uno de esos taldes de reserva estaba constituido en la localidad británica de Sheffield. La Guardia Civil y la Policía británica detuvieron a sus miembros a finales de abril de 2007.

La Operación Kent es el resultado de la integración de datos que se han ido obteniendo de las distintas operaciones desarrolladas por la Guardia Civil en territorio francés sobre la reserva asentada en el Reino Unido. El fruto fue la localización de Íñigo María Albisu Hernández, que se encontraba trabajando en Sheffield, en el restaurante Fish Bar, especializado en comida rápida. Tras la localización de Íñigo María se ubica su domicilio. Las vigilancias determinan que no vive solo, le acompañan Zigor Ruiz Jaso y Ana Isabel López Monge. Zigor trabaja en el restaurante italiano Cassanova, también de la localidad de Sheffield. Íñigo Albisu, en el momento de su detención, le dijo a un agente inglés: «Yo no soy español, soy vasco, es verdad. Soy etarra, lucho por mi país y vosotros estáis de parte del enemigo». Durante el trabajo operativo se constató que los objetivos se encontraban recopilando datos sobre medios de transporte a través de los cuales abandonar el país por distintas vías. Esta es la primera operación contra ETA de la Guardia Civil en el Reino Unido, donde se desarrolló un trabajo de investigación y operativo sobre el terreno muy importante.

La novena y última ronda de conversaciones se celebró a mediados de mayo de 2007 en Suiza. Acudieron los representantes habituales de ETA, del Gobierno y del Centro de Intermediación suizo. A ellos se sumaron cinco observadores internacionales, de Inglaterra, Irlanda y Noruega, en calidad de testigos, y dos representantes de la izquierda abertzale y dos del PSOE; un formato nuevo en un intento desesperado de conseguir algún avance en una negociación que para entonces estaba totalmente encallada. El representante del Gobierno planteó la postura del Ejecutivo nada más sentarse en la mesa de negociación:

El objetivo final del proceso no es la rendición de ETA, tampoco es la independencia de Euskal Herria, ni el Estatuto único. El objetivo final es que la izquierda abertzale y ETA puedan defender su proyecto político en igualdad de condiciones y que ETA desaparezca porque existen esas vías políticas. Finalmente, desaparición de presos y exiliados. Porque ya no existen causas de que los haya.

Propuso a continuación continuar la negociación en secreto, haciendo concesiones agónicas sobre el único asunto en el que tenía capacidad real: los presos de ETA.

Para Thierry, estos términos suponían una ofensa, «una declaración de guerra, no un proceso de paz: ¿qué es lo que propone el Gobierno sin poner ofertas concretas sobre la mesa? Vale ya de dilaciones y que el Gobierno concrete sus propuestas». Al término de la reunión, ETA anunció a los representantes del Centro de Intermediación suizo y al resto de los observadores que no volvería a reunirse con el Gobierno español. Pidió que fuesen ellos los que les hicieran llegar por escrito las propuestas del Ejecutivo, siempre que fuesen «sustanciales». También planteó un nuevo calendario que solo se cumpliría si Batasuna y PSE-EE alcanzaban un acuerdo político. Nunca se llegó a celebrar la décima ronda de conversaciones. Lo que sí llegaron, y bien pronto, fueron los ajustes de cuentas. Dos días después de la última reunión, el periódico Gara publicó una información que detallaba veinticinco encuentros entre el PSOE y Batasuna antes del alto el fuego, con una periodicidad bimestral. El diario fechaba esas reuniones a partir de 1999, cuando nació el embrión del proceso, y de forma ininterrumpida desde 2001, con una aceleración a partir de 2004, cuando el PSOE asumió el Gobierno. También se explicaba que ya en 2002 ambas partes fijan un compromiso de partida que define el «conflicto» como «político» y subraya la voluntad mutua de llegar a un acuerdo resolutivo. Al día siguiente, el entonces vicesecretario general del PSOE y después ministro de Fomento, José Blanco López, negó las informaciones; el presidente Zapatero las calificó de dislate.

En mayo de 2007 se celebraron las elecciones municipales. La izquierda abertzale presentó un sinfín de agrupaciones bajo la marca «Abertzale Sozialistak», todas ellas anuladas por el Tribunal Supremo. Pero estas formaciones, en realidad, actuaban como señuelo ante las entidades judiciales. Su verdadera apuesta electoral, que sí fue finalmente autorizada a participar en los comicios, era Acción Nacionalista Vasca (ANV). No faltaron las lecturas políticas que veían en este gesto judicial un movimiento a la desesperada encaminado a salvar la inevitable ruptura de las conversaciones entre el Gobierno y ETA. La Guardia Civil, a requerimiento de los tribunales, intentó demostrar que ETA, Batasuna y el partido ANV compartían objetivos, y que esta última actuaba como un mero instrumento de la banda terrorista. Cuando agentes del cuerpo fueron a un domicilio de la localidad navarra de Aizarotz para detener a un presunto colaborador del comando Urederra, se encontraron con Gorka Murillo, responsable político de Batasuna en la región, que arrojaba un pendrive desde la ventana de un piso superior. La memoria extraíble contenía información sobre las estrategias de Batasuna para concurrir a las elecciones: acudir con el nuevo partido Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), con las agrupaciones de electores con la denominación específica de cada circunscripción seguida de la expresión genérica «Abertzale Sozialistak», o con ANV como tercera opción. Esta se hizo con la alcaldía en la mayoría de los municipios en los que previamente había gobernado Euskal Herritarrok. El PNV venció con claridad en los comicios, pero fue el PSE-EE el que consiguió un mayor aumento de fuerza electoral.

El 5 de junio de 2007, una vez pasadas las elecciones municipales para no perjudicar a los suyos, la banda terrorista asumía el fracaso del proceso negociador mediante un comunicado público y anunciaba la ruptura del «alto el fuego permanente», actuando en todos los frentes: «Reafirmamos nuestra decisión de defender por las armas a este pueblo al que agreden con las armas». ETA regresaba así a la violencia, si es que alguna vez se había ido, con más fuerza que antes de la tregua. A partir de ese momento el conjunto de la izquierda abertzale incrementará también su actividad en todos los campos. Todos con la intención de forzar un nuevo proceso de negociación. La kale borroka se recrudece y muere un ciudadano por inhalación de humo después de que los terroristas callejeros prendieran fuego a una sucursal bancaria situada bajo su domicilio.

Durante el mes de junio se sucedieron las detenciones de varios miembros de ETA que se habían trasladado al extranjero con la intención de regresar cuando la organización se lo indicase. Los datos aportados por la Guardia Civil y el CNI propiciaron el arresto, en Canadá, de Víctor Tejedor Bilbao e Iván Apaolaza Sancho, Braulio, y en México de Antonio Azpiazu Alcelay. A ETA se le iban borrando las antiguas fronteras de la impunidad. Los cuerpos policiales demostraron a la banda, además, que seguían llevando la iniciativa en la lucha antiterrorista que ya habían acreditado sobradamente antes de decretarse la tregua. El 2 de julio, agentes de la Policía francesa (Renseignements Généraux) y la Guardia Civil detuvieron en Saint Jean Le Vieux, cerca de Saint Jean Pied de Port, a José Antonio Aranibar Almandoz, Basurde, Ekaitz Aguirre Goñi y Aingeru Cardaño Reoyo, a los que se les intervino una furgoneta Citroën Berlingo con 165 kilogramos de explosivo, tres pistolas, dos bombonas de gas, un fusil de asalto G-3 y un detector-emisor de ondas. Su objetivo era atentar contra un cuartel de la Guardia Civil en Navarra de forma inminente. También se localizó la agenda de Aranibar Almandoz, lugarteniente de Txeroki, en la que figuraba información privilegiada sobre el aparato militar de ETA.

ETA siempre ha intentado mantener dentro de su estructura militar una serie de comandos especiales cuya misión es la de llevar a cabo acciones específicas. Ante la declaración del alto el fuego permanente decretado por ETA, la Guardia Civil, en colaboración con las fuerzas policiales francesas, incrementó las investigaciones relacionadas con la detección de actividades encaminadas a la comisión de atentados, sobre todo en el ámbito de actuación de los comandos especiales asentados en territorio francés. Se conoció el hallazgo en las proximidades de la frontera con Navarra de unas bombonas de gas manipuladas para la fabricación de un artefacto explosivo. Se establecieron una serie de servicios de vigilancia con la Policía francesa encaminados a detectar determinados movimientos en la frontera franco-española próxima a Navarra para localizar a las personas relacionadas con el material encontrado. En la mañana del 2 de julio de 2007 se localizó una furgoneta Citroën Berlingo blanca, con placas francesas dobladas. La Policía francesa procedió a la interceptación del vehículo y la detención de los tres ocupantes.

A estas detenciones habría que sumar las de otros cinco componentes de ETA en dos operativos de la Policía francesa, en las localidades de Bagnères de Bigorre y Saint Thibault des Vignes. Y el 10 de julio, la Policía detuvo a otro terrorista recién llegado de Francia en la estación de autobuses de Santander al serle requerida la documentación. Mientras, en Ayamonte (Huelva), la Guardia Civil localizó un coche cargado con unos 130 kilogramos de material para fabricar explosivo y elementos para montar artefactos, entre ellos un emisor para activar un coche bomba a distancia. El vehículo, un Ford Focus, estaba abandonado cerca de un control conjunto del instituto armado y de la Guardia Nacional Republicana portuguesa. En su interior se encontraron las huellas del terrorista Ander Múgica Andonegi. Este miembro de ETA sería detenido poco tiempo después, el 1 de septiembre de 2007, en la localidad de Cahors, en una operación conjunta entre la Guardia Civil y la Policía francesa y fatídica para las aspiraciones del aparato militar de la organización. Junto a Múgica fueron capturados Luis Ignacio Iruretagoyena, el máximo experto de ETA en la fabricación de bombas, Oihan Barandalla, responsable de la logística en el departamento militar, y Alaitz Aramendi Jaunarena. Barandalla estaba implicado en varios robos de material susceptible de ser utilizado en atentados; Iruretagoyena, que había adquirido sus conocimientos en el manejo de explosivos tras su paso por la guerrilla salvadoreña y sandinista, era quien había preparado los artefactos del atentado del aeropuerto de Barajas. En la vivienda se encontró un laboratorio para la elaboración de cargas explosivas, así como un coche bomba listo para ser utilizado y otros artefactos. Se incautaron armas, granadas, explosivos y artefactos preparados para realizar atentados similares.

El estudio de la documentación perteneciente a Aranibar aceleró enormemente la investigación que se llevaba a cabo, pues permitió interpretar un gran volumen de información y dotó de sentido a numerosos datos que hasta entonces no parecían demasiado importantes pero que resultaron ser fundamentales. Quizá uno de los más relevantes fue la existencia de un vehículo Peugeot 406 gris con matrícula francesa doblada. Ni siquiera una vez localizado el vehículo se pudo mantener una vigilancia de forma continuada, debido a las extremas medidas de seguridad que tomaban sus usuarios, que con actitud vigilante obligaban a los agentes de la Guardia Civil a extremar las medidas de precaución para evitar ser detectados. Su control permitió llegar hasta un domicilio en Cahors. El dispositivo se mantuvo durante las veinticuatro horas del día. La vigilancia no era fácil por las continuas medidas de seguridad que tomaban, observando desde las ventanas del domicilio cuando alguno de ellos salía a pie o a bordo del Peugeot 406. Tras el trabajo operativo, que requiere en muchas ocasiones situarse junto a los terroristas en medios de transporte público, centros comerciales o bares, y tras las posteriores gestiones realizadas por los analistas, se consigue identificarlos: Luis Ignacio Iruretagoyena Lanz, Oihan Barandalla Goñi, Ander Múgica Andonegi y Alaitz Aramendi Jaunarena.

Además de este golpe, ETA sufriría otro que dejaría bajo mínimos a su ya exiguo aparato logístico. El 26 de julio de 2007 la Policía francesa, en colaboración con la española, detuvo en la localidad de Rodez a los miembros de ETA Juan Cruz Maiza Artola, Iker Iparraguirre Galarraga y Galder Bihotz Cornago Arnáez. Ya habían sido controlados anteriormente por la Guardia Civil, en el transcurso de la operación que culminó en abril del año 2004 con la detención de uno de los jefes de ETA, Félix Ignacio Esparza Luri en Saint Paul les Dax. Maiza, Iparraguirre y Cornago representaban los restos de un departamento que no se había conseguido reconstituir tras las últimas detenciones.

ETA quiso atentar desde el mismo momento en el que anunció el alto el fuego, pero no lo conseguía por la acción de las fuerzas policiales. Sus dirigentes se desquiciaban: no eran capaces de cumplir sus amenazas y, por tanto, perdían toda su fuerza y buena parte de su credibilidad, y con ello su capacidad de intimidación. Amenazaron a los familiares de los empresarios vascos si no les pagaban el impuesto revolucionario, colocaron pequeños artefactos en el transcurso del Tour de Francia que no lograron alterar la competición, azuzaron a sus comandos más activos… pero no llegaban los atentados de envergadura. Fue entonces cuando la dirección de la banda ordenó atentar de nuevo contra uno de sus objetivos tradicionales, aquel que siempre estaba ahí: la Guardia Civil. El 24 de agosto de 2007, los terroristas del comando Vizcaya Arkaitz Goikoetxea Basabe y Jurdan Martitegi Lizaso estacionaron una Citroën C-15 cargada con entre ochenta y cien kilos de material explosivo junto al cuartel del instituto armado en Durango (Vizcaya) y huyeron a Bilbao a bordo de un Seat Ibiza con matrícula portuguesa. La deflagración provocó cuantiosos daños materiales en las viviendas próximas y en las de la Benemérita, pero sin causar heridos. Unos 150 de los 26.000 vecinos de la localidad se manifestaron contra un atentado que ANV se negó, como era habitual en la izquierda abertzale, a condenar. Un par de días después, dos terroristas detonaron una furgoneta cargada con ochenta kilos de explosivos en un descampado de Les Coves de Vinromà (Castellón) al creerse descubiertos por una pareja de la Guardia Civil, Francisco y José Manuel:

Sobre las 23.00 horas recibimos un aviso de la Central Operativa de Servicios (COS) comunicándonos que un ciudadano había realizado una llamada telefónica al 062 porque había observado una furgoneta tipo caravana estacionada en medio de un descampado. Quedamos para entrevistarnos con él en un cruce y después de acompañarnos al acceso del camino que debíamos tomar, nos despedimos de él; tomamos ese sendero y vimos la furgoneta. Se hallaba estacionada junto a un transformador y a unos 10 metros de unos montículos de estiércol. Cogimos las linternas e inspeccionamos el vehículo: estaba totalmente cerrado y no había ninguna señal de haber sido forzadas las cerraduras. Miramos por las ventanas y solo pudimos ver que estaba muy cargada, pero solo se observaban bultos tapados con mantas. En el exterior tenía un portabicicletas con varias bicis colgadas: todo parecía indicar que era de unos campistas. No había nadie en los alrededores y participamos la novedad a la Central. Al no existir indicios de acto delictivo alguno nos demandaron que continuáramos con nuestro servicio, y así lo hicimos finalizando el mismo con total normalidad. Al día siguiente por la tarde nos avisaron de que la furgoneta había hecho explosión, por lo que fuimos hacia allí para que nos tomaran manifestación por los hechos de la pasada noche. Allí se encontraban ya miembros del GEDEX y compañeros de la UCE-1. Nos explicaron que gracias a esa inspección rutinaria se había evitado un atentado de consecuencias imprevisibles ya que los terroristas, creyendo que los habíamos detectado, decidieron interrumpir su marcha y explosionar el vehículo.

El objetivo de esa furgoneta bomba —se sabría tras la futura desarticulación del comando Elurra— era atentar contra el complejo Marina d’Or, en Oropesa del Mar (Castellón). Igor Portu, Joseba Iturbide y Mattin Sarasola habían planificado el ataque bajo las órdenes directas de Mikel Garikoitz Aspiazu, Txeroki. Los dos primeros decidieron pasar la noche a unos kilómetros de Oropesa del Mar. Cuando Mattin fue a reunirse con sus dos compañeros, recibió una llamada en la que le comunicaron la presencia policial. Mattin decidió entonces regresar a Lesaka (Navarra) e Igor y Joseba, que se encontraban en la furgoneta, pasaron la noche en el monte. Al día siguiente hicieron explotar la furgoneta para no dejar huellas identificativas y abandonaron el lugar.

Por otro lado, el comando Otazua se propuso cumplir con las aspiraciones de la dirección de perpetrar un atentado de envergadura. El 2 de septiembre colocaron un coche cargado de explosivos —que fue desactivado sin mayores consecuencias— junto a la delegación del Ministerio de Defensa en Logroño. En su interior se encontraron huellas de Aitzol Iriondo Yarza. Y el 9 de octubre colocaron un artefacto en el Renault Mégane asignado al servicio de protección de un edil socialista: la explosión provocaría heridas graves al escolta. El comando Vizcaya se sumó a esta carrera por efectuar el primer golpe significativo de ETA tras la tregua. El 11 de noviembre colocaron una carga explosiva como señuelo en el exterior del Palacio de Justicia del municipio vizcaíno de Guecho; artificieros de la Ertzaintza lo desactivaron tras recibir una llamada telefónica alertando de la presencia de la bomba. Los agentes atendieron a la prensa en las inmediaciones del recinto. Horas más tarde se encontró una segunda carga que no estalló por un fallo en el temporizador en el mismo lugar en el que habían estado los periodistas. El artefacto estalló posteriormente en dependencias de la Policía Autónoma Vasca, hiriendo a uno de sus miembros. No faltaría mucho para que ETA consiguiese su objetivo: volver a asesinar para demostrar su fuerza tras el alto el fuego. Sería en la localidad francesa de Capbreton, y las víctimas, como si de una fatídica señal se tratara, dos guardias civiles desarmados.

22

DOS PUÑALADAS EN EL CORAZÓN

En la mañana del 1 de diciembre de 2007 íbamos a realizar un despliegue en la zona de Capbreton para detectar la presencia de un objetivo terrorista y paralelamente la búsqueda de un vehículo utilizado por otro miembro de ETA. La hora prevista para iniciar el despliegue era las 9.00 horas, pero como estaba lloviendo pedí permiso al capitán para realizarlo un poco más tarde. No había nadie por las calles y nuestra presencia podría llamar la atención. El capitán me autorizó a establecerlo a las 9.30 horas. Raúl llevaba dos años y medio en el GAO y, como un gesto de premio por lo bien que estaba realizando su trabajo, decidí ponerle como jefe de pareja acompañado de su gran amigo Fernando. Cuando estábamos activando todos los puntos, mi capitán me llamó por teléfono y me dijo que había habido un tiroteo, que localizase a todo el mundo.

Mikel Kabikoitz Karrera Sarobe, Asier Bengoa y Saioa Sánchez debieron de percibir algo sospechoso en los dos jóvenes que apuraban su desayuno en una mesa próxima a la que ellos ocupaban, en la Cafétéria des Ecureuils de Capbreton. Sabían que Francia había dejado de ser un territorio seguro para su actividad como miembros de ETA y que la Guardia Civil se movía con regularidad y facilidad por la zona. Y aquellos dos españoles podían ser el enemigo pisándoles los talones. Raúl Centeno Bayón y Fernando Trapero Blázquez, efectivamente, eran miembros del Grupo de Apoyo Operativo (GAO) del instituto armado y realizaban labores de información en el sur de Francia. Pero en ningún momento habían advertido la presencia de aquellos terroristas; todavía no habían empezado a trabajar. Tras pagar su cuenta, se montaron en su coche oficial camuflado. Los tres etarras los siguieron y empuñaron sus pistolas. Los sorprendieron, amenazaron e interrogaron. Algunas personas próximas oyeron gritos. Los criminales examinaron el vehículo y encontraron en el maletero material policial y las identidades de los agentes. Y les dispararon en la cabeza. Los guardias no estaban armados. El jefe del equipo, Juan, prosigue su relato:

Cuando llegué cerca del lugar que tenían asignado Raúl y Fernando observé que estaba todo lleno de policías. Vi a Raúl tirado con el cuerpo fuera del coche y varios disparos en la cabeza. Estaba irreconocible. Lo identifiqué porque llevaba la misma ropa del día anterior. Estaba tan decididamente convencido de nuestra invulnerabilidad frente a los etarras que asumí que habían sido los policías franceses los que le habían disparado. Les grité: «¡Os habéis equivocado!».

Raúl Centeno había muerto al instante. Fernando Trapero, malherido, fue trasladado a un hospital próximo. Su jefe de equipo lo acompañaba:

Más o menos a la hora apareció el alcalde de San Sebastián del PSE, Odón Elorza. Casualmente se encontraba en Bayona y había oído la noticia. Nos dijo: «No es cosa de los vascos, no tengáis animadversión». Toda mi preocupación era que no quería ver a Fernando muerto, no quería matarlo, porque aún vivía. Tal vez, como en las películas, los milagros existían. Yo era su jefe. Tenía ganas de llorar mucho, gritar y vomitar.

Dos agentes se trasladaron desde Madrid hasta la localidad avilesa de El Tiemblo para recoger a los padres de Fernando Trapero, que se debatía entre la vida y la muerte. Otros fueron a por los padres de Raúl.

Cuando llegaron a recoger a los padres de Fernando, estos ya lo sabían: lo habían oído a través del telediario. Estrella, la madre, se puso a vomitar y se desmayó. Es muy difícil asimilar en unos minutos que tu hijo ha sido herido de muerte.

El oficial Patxi, del GAO, también acompañó a los padres de Fernando Trapero durante los cuatro días que permanecieron en el hospital:

Cúpula tras cúpula, comando tras comando, detenido tras detenido, siempre habíamos salido vencedores, siempre el precio pagado fue el esfuerzo, trabajo y sacrificio, nunca nuestra sangre, pero ese día descubrimos que también éramos humanos.

Estaba en casa, me avisan. Me dirigí a la base aérea militar de Torrejón de Ardoz, donde se encontraban las familias de Raúl y Fernando, era lo que me habían ordenado, acompañarlos; también me sentía en la obligación. Tomamos un avión militar Falcon. Fue el viaje más triste de mi vida, interminable. No sabíamos qué decir y había un silencio absoluto. Incertidumbre, desolación. No te atreves a mirar a nadie a los ojos. En Francia llovía. La tarde era nublada y fría, oscura. Las únicas directrices que traía de Madrid eran las de permanecer con Fernando, aún vivo, en el hospital. Por Raúl no podíamos hacer ya nada, solo podíamos apoyar a sus padres. Su madre no paraba de llorar; su padre permanecía mudo. Salieron en un vuelo desde Burdeos hacia España con el féretro de su hijo acompañados de algunos de los nuestros.

El personal del Hospital Côte Basque de Bayona se volcó con nosotros. El cuerpo inerte de Fernando se encontraba en un box de la UCI y, a pesar de las restricciones lógicas para la entrada de familiares, se facilitó la visita de sus padres, que se abalanzaron y abrazaron a él. Los acompañé desde el primer momento. Su padre, un veterano guardia civil, mantenía el tipo como podía. Nunca olvidaré el desconsuelo de Estrella, su madre, que acariciaba la cara y las manos de su hijo. Le hablaba. Le miraba con gran devoción. Veía en ella a mi madre, a todas las madres. Nunca perdieron la esperanza de que ese hilo de vida le devolviera a su hijo. Yo siempre estaba con ella, la abrazaba, la consolaba dentro de lo posible. A veces yo no podía evitar llorar, lo hacía a escondidas, intentando mantener la serenidad ante ellos. En ese momento, cuando veía el cuerpo de Fernando, con la cabeza vendada, entubado… veía a mi hijo. Solo podíamos acompañarlos. Los médicos franceses no podían decretar la muerte cerebral de Fernando porque la máquina que le mantenía con vida indicaba una leve actividad. Pero yo había visto la radiografía. Su cerebro parecía una papilla.

Fernando no sobrevivió a sus heridas. El oficial siguió haciendo de mediador entre la familia y las autoridades que visitaron el hospital. Entre ellos, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el expresidente del PNV, Josu Jon Imaz.

El día 5 nos comunicaron a los padres, a su hermana y a mí que el cerebro de Fernando no tenía vida, que las funciones cerebrales habían desaparecido. Fernando había fallecido. Una vez decretada la muerte, el equipo médico me pidió que hablase con la familia para solicitarles la donación de los órganos. Hablaron unos momentos entre ellos y en un acto de enorme generosidad accedieron. Siete personas, entre ellas un niño pequeño, llevan en estos momentos una parte de Fernando.

Tras la autopsia le vestimos como a él le hubiera gustado, con su uniforme de guardia civil.

Otro agente llamado también Fernando era el encargado, por su veteranía, de tutelar a Raúl y a Fernando en el GAO. Compartía habitación con ambos.

Me encargué de recoger todos sus efectos personales. Sentía un inmenso dolor y rabia por no haberles podido transmitir algo que les hubiera salvado la vida. Los dos tenían unas inmensas ganas de vivir y disfrutar. Fernando era más idealista y Raúl más pragmático. También era muy dormilón, siempre le tenía que despertar. Esa mañana le dije: «Eres lo más feo que veo siempre al levantarme». Esas palabras las recordaré toda mi vida.

Mientras tanto, los acontecimientos se precipitaban fuera del hospital. Inmediatamente después del crimen, los terroristas huyeron del escenario en un Peugeot 307. Tras circular durante unos cien kilómetros hacia el norte, abandonaron el coche con un kilo de explosivos y un temporizador para incendiarlo y destruir pruebas. A punta de pistola se apoderaron de otro Peugeot 307. A su propietaria la encerraron en el maletero y después la dejaron atada a un árbol. Alcanzaron la localidad de Leognan, donde abandonaron el vehículo. Los veinte kilómetros que les restaban hasta Burdeos los hicieron, muy probablemente, en transporte público. El responsable del grupo, Karrera Sarobe, Ata, se fue por su lado, y Asier Bengoa, Pagadi, y Saioa Sánchez, Ihintza, por otro. La pareja prosiguió con su huida, atravesando Francia de oeste a este con notoria torpeza y dejando por el camino varias pistas. Robaron un coche e intentaron robar otro, pero el propietario se lo impidió. Tuvieron un accidente, hicieron autostop y cogieron autobuses y taxis. Ella se cortó el pelo y se lo tiñó de rubia a morena y él se recortó la perilla para cambiar de aspecto. La Gendarmería siguió su rastro y los detuvo cuatro días después del atentado, el tiempo que esperó el guardia civil Fernando Trapero para morir.

Como siempre ocurre en los accidentes, y este en gran parte lo fue, confluyen en un momento y lugar unas circunstancias que por sí solas no tendrían consecuencias desgraciadas. Dos guardias civiles, que aún no estaban operativos, coincidieron con tres terroristas, ellos sí en alerta, que creyéndose rodeados actuaron de manera suicida debido a su personalidad impulsiva y a la deriva ya terminal y desnortada de la banda terrorista. El resultado fue trágico.

Los padres de Raúl Centeno y Fernando Trapero recibieron sendas medallas de oro de la Guardia Civil, concedidas a título póstumo a sus hijos. También fueron condecorados los 26 policías y gendarmes franceses que consiguieron detener a los dos etarras. El crimen precipitó la creación de un equipo conjunto de investigación permanente entre Francia y España contra ETA, oficializando lo que ya se venía practicando desde hacía años. ETA calificó el suceso como un «enfrentamiento armado», aunque los dos guardias no portaban arma alguna. Acción Nacionalista Vasca (ANV), la nueva marca electoral que aglutinaba a la izquierda abertzale tras las ilegalizaciones de Batasuna y Euskal Herritarrok, no se desmarcó de los atentados de la banda terrorista.

Centeno y Trapero fueron las dos únicas víctimas mortales de ETA en 2007, un año que concluiría con atentados contra la comisaría de la Ertzaintza en Zarauz (Guipúzcoa), los Juzgados de Paz de Sestao y la Casa del Pueblo de Balmaseda (ambos en Vizcaya). La Guardia Civil también detuvo al terrorista Gorka Lupiáñez Mintegi en Bérriz. Veterano en la lucha callejera de Jarrai, Lupiáñez se integró en ETA en Francia. En el momento de la detención llevaba un revólver y documentación falsa. Su misión era establecer en España una estructura de reparto de armas a los comandos terroristas, una especie de servicio a domicilio para correr menos riesgos. Además, terminaba para ETA un año en el que se había abierto un cisma en su cúpula entre Francisco Javier López Peña, Thierry, y Mikel Garikoitz Aspiazu, Txeroki. La organización, a través de un proceso asambleario, debatió su futuro tras las negociaciones fallidas con el Gobierno y las continuas operaciones policiales, sobre todo de la Guardia Civil. La controversia se trasladó también a la izquierda abertzale, en una reflexión sobre cómo debía adaptarse a las conclusiones que pudiera alcanzar la banda terrorista. La crisis interna era ya un hecho en todas las estructuras; se empieza a hablar en voz baja de «iniciar un proceso democrático en ausencia de violencia». La dirección de ETA se ve cada vez más arrinconada. Los últimos golpes policiales han mermado su capacidad y las discrepancias entre sus dirigentes alcanzan sus máximos. Karrera Sarobe, Ata, implicado en el asesinato de los guardias civiles en Capbreton, dirige una carta a sus compañeros en enero de 2008 titulada «Es hora de hablar claro». En ella carga contra la facción dirigida por Thierry:

No es ningún secreto la falta de cohesión existente en la Dirección, la incapacidad para elaborar líneas comunes. Llevamos una temporada de año y medio con el bloqueo por arriba, el bloqueo por abajo, y antes otro tanto o más. Hemos sido incapaces, algunos de mala fe y otros porque no hemos tenido el valor suficiente para acabar con esta situación. Eso sí, es hora de ajustar cuentas, es hora de poner a cada uno en su sitio. Pido la dimisión de Ainhoa Ozaeta, Kuraia, por incompetente, pues mientras ha sido responsable del dinero ha apretado tanto el cinturón a la organización que ha llegado casi a ahogarla. Ha creado una obsesión de tal magnitud que los militantes, en su buena voluntad de ahorrar cuatro duros miserables, han llegado a cometer fallos de seguridad muy gordos. En los últimos años se ha puesto de moda no tener ni idea de un tema concreto y coordinarlo al mismo tiempo.

Las acusaciones contra Kuraia también incidían en su carácter: «No ha utilizado consigo misma ni la más mínima parte de la severidad que ha empleado con otros militantes». Y también la calificaba de cruel por no haber tenido ningún escrúpulo y la acusaba de hacer juego sucio «a los militantes que le han plantado cara». También cargaba Ata contra Thierry, el sustituto de Josu Ternera en las negociaciones con el Gobierno, a quien describía sin tapujos: «Un total incompetente en las funciones que ha desarrollado». Lamentaba entre otras cosas que no hablase euskera y que ni siquiera se hubiese esforzado en aprenderlo:

Mientras ha estado como representante de la organización se ha pensado que él era la organización. Sin ninguna vergüenza, en algún caso dando la espalda a decisiones que habían sido tomadas pocas semanas antes en la Dirección, ha expuesto sus tesis ante los representantes del Estado español. Es de los que crecen aplastando a otros. Por su culpa, el español es el idioma que prevalece. Esto ocurre también en el Zuba (comité ejecutivo de ETA) donde a veces llegamos a preguntarnos a nosotros mismos a ver dónde hostias estamos.

El asesino de Capbreton (acción esta de la que parecía sacar sus galones) envió una nueva carta en marzo de 2008, aún más contundente que la anterior:

La amplia mayoría de los que estamos luchando en las estructuras clandestinas de Euskadi Ta Askatasuna, todos los militantes del aparato militar y del logístico, entre ellos algunos miembros del comité ejecutivo, denunciamos: la Organización adolece de una Dirección efectiva. Nos encontramos en una situación de colapso total. Como consecuencia de los golpes del enemigo, el grupo que aglutinaba de forma equilibrada a los diferentes departamentos y puntos de vista se ha desconfigurado. Las decisiones tomadas últimamente así como el modo de hacerlo carecen de legitimidad y no son admisibles entre otras cosas porque, valiéndose del desequilibrio en el reparto de votos, un pequeño número de militantes ha tomado importantes decisiones en contra del criterio de la mayoría.

Los miembros del aparato militar y logístico respaldaron las críticas de Ata y acordaron anular el comité ejecutivo, anunciando «la suspensión de militancia de aquellos que nos han llevado a la actual situación y no han mostrado voluntad alguna de superar la crisis: Francisco Javier López, Ainhoa Ozaeta e Igor Suberbiola». También crearon un equipo de crisis para ponerse al frente de ETA y un comité de conflictos para juzgar a los tres dirigentes suspendidos. Estos, por su parte, acusaron a los miembros sublevados de la organización «de pretender llevarnos a la escisión» y, en un gesto similar al que ellos mismos habían sufrido, decidieron «congelar la militancia de Txeroki y Ata por impulsar la división». En el comité ejecutivo de ETA las fuerzas, en resumen, están tres a dos. Nadie decide. Todos mandan. Por primera vez en su historia, la cúpula de ETA está rota. Es la prueba de que el final está irremediablemente cercano.

Además de estos conflictos internos, ETA sufría los incesantes golpes policiales. Y cada uno suponía también un golpe moral a sus aspiraciones. Para sus militantes no fue fácil digerir la detención, el 6 de enero de 2008, de los miembros del comando Elurra, quizá el más cualificado en ese momento, responsable del atentado de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Los agentes del GAR que patrullaban por las inmediaciones de Mondragón (Guipúzcoa) observaron a dos jóvenes con mochilas que se disponían a subir a una furgoneta. Reaccionaron con nerviosismo al observar a los guardias civiles, que les pidieron su identificación y que mostraran el contenido de sus bolsas. Los dos individuos arrojaron los macutos y trataron de escapar, pero cuatro agentes los inmovilizaron. Se trataba de Igor Portu y Mattin Sarasola, y en sus mochilas llevaban dos revólveres que acababan de recoger del monte. La información obtenida sirvió para detener, apenas un mes más tarde y en San Juan de Luz, a los otros dos integrantes del comando, Joseba Iturbide y Mikel San Sebastián, junto al también etarra José Antonio Martínez Mur, en un operativo desplegado en Francia entre agentes de la Unidad de Intervención de la Policía francesa, la Guardia Civil y el CNI. También se encontraron dos zulos en Lesaka (Navarra) y Nocito (Huesca) en los que acumulaban el material necesario para atentar.

Tras la detención de los integrantes del comando, el Juzgado de Instrucción de San Sebastián abrió una investigación por las lesiones que presentaba Igor Portu, que había sido hospitalizado tras sufrir la fractura de una costilla. Los propios familiares de Portu manifestaron que no presentaba signos externos de estar herido durante el registro de su piso realizado hacia las 2.30 horas de la madrugada. Sarasola declaró en la Audiencia Nacional que no se produjeron malos tratos. El forense recogió en el parte médico la existencia de lesiones «compatibles con una maniobra de detención violenta». Finalmente los dos terroristas, siguiendo las consignas de la banda, denunciaron haber sufrido torturas por parte de los guardias civiles que efectuaron su detención. El 30 de diciembre de 2010, la Audiencia Provincial de Guipúzcoa dictó una sentencia en la que se condenaba a los cuatro guardias civiles que materializaron la detención. No fue por torturas con la intención de obtener alguna confesión respecto de su actividad terrorista, ni para la localización de efectos o material incriminatorio para los acusados y tampoco para la implicación de otros cómplices o colaboradores; se trataría del empleo de la fuerza para lograr la detención de dos etarras, que el juez interpretó como excesiva y como castigo por su condición de terroristas. El sargento Casas se encontraba al mando de la patrulla del GAR que detuvo a los miembros del comando Elurra:

El juicio se desarrolló en un entorno de máxima tensión y todos los imputados, seguros de nuestra inocencia, dejábamos traslucir nuestra preocupación por las elevadas penas que solicitaba la acusación; penas que, en algunos casos, como en el mío propio, conllevaban el ingreso en prisión y la consecuente expulsión del cuerpo. Recibimos el máximo apoyo posible del Ministerio del Interior y de todos nuestros mandos, con la presencia física de muchos de ellos. Un equipo de caracterización nos maquillaba todos los días antes de trasladarnos a la Audiencia de San Sebastián a fin de dificultar nuestro reconocimiento por el público asistente a la vista oral.

Los guardias recurrieron la sentencia condenatoria ante el Tribunal Supremo, que terminó absolviéndolos de todos los delitos que se les imputaban un año después. La sala cargó contra la Audiencia de Guipúzcoa por emitir una condena basada en «pruebas débiles y poco rigurosas». Los terroristas habían denunciado a los agentes siguiendo las directrices que regían la actividad de ETA. Se trataba de un eje más en su lucha desde sus orígenes. Un documento interno de 1982 redactado por los polimilis negaba la realidad de las torturas:

Actitud del militante ante su detención: según las informaciones más fidedignas, y a pesar de que se siga diciendo lo contrario, el uso de la tortura contra los militantes vascos detenidos no es sistemático y ni tan siquiera frecuente.

Otro escrito incautado en 1998 tras la desarticulación del comando Araba invitaba a los terroristas a denunciar torturas siempre que fuesen detenidos:

Debe ser siempre una norma de todo militante que lucha por Euskal Herria, no excluyendo ningún caso. Denunciad a cuantos más txakurras podáis, aquí la imaginación no tiene límites y podéis desarrollarla sin miedo, nunca os van a represaliar por una denuncia falsa. Está comprobado que por las denuncias, aunque no acaben en condena, en ellos cunde la desesperación y además se retroalimenta nuestra campaña; mostrar la represión de la legislación antiterrorista, impropia de lo que denominan el Estado de derecho, que legitima la tortura.

Los propios Igor Portu y Mattin Sarasola tenían en su poder un documento que daba las instrucciones que debían seguir si eran detenidos: «Todo lo declarado en dependencias policiales es mentira. Son declaraciones hechas bajo tortura», era la frase que tenían que pronunciar ante el juez en el caso de haber dado información. La propia dirección de la banda orquestaba estas campañas, como lo demuestra el hecho de que a Thierry se le interviniera el informe médico forense realizado a Portu en el hospital, aunque la misma Audiencia de San Sebastián se negó a investigar cómo había llegado hasta la cúpula de ETA el documento judicial. Más tarde se intervendría un pendrive al propio jefe Txeroki que detallaría las claves de la denuncia contra los agentes imputados en alguno de sus archivos (la justicia francesa certificó la autenticidad):

Las torturas falsas sufridas por Igor en manos del enemigo están en buen camino... esta es la estrategia que hay que seguir ante las caídas, siempre. Visto el buen resultado que estamos obteniendo y el daño que le causamos al enemigo, es muy importante que los militantes interioricen bien en la eskola la importancia que tiene el tener preparada la cantada, igual que hacía el talde de Igor; preparadla juntos y repetidla. Siempre hay que denunciar torturas, y nunca ratificarse ante el juez.

Además de las propias consignas de la banda, el hecho de alegar torturas y así «haber cantado» exculpa al terrorista detenido ante sus compañeros delatados, sus jefes que confiaban en él, su familia, sus amistades del pueblo; se justifica y acalla su sentimiento de culpabilidad. ¿Tortura generalizada o denuncias sistemáticas? Un apunte para llegar a una respuesta se encuentra en las estadísticas: el Gobierno vasco recopiló datos y entre 1960 y 2013 hubo 3.587 denuncias ante la justicia por presuntos malos tratos; los juzgados y tribunales las investigaron y se procesó a no pocos agentes denunciados. Tan solo veinte causas acabaron en condenas. Una de ellas, la relativa a las torturas denunciadas en 1992 por el integrante del comando Vizcaya Kepa Urra, acabó llegando al Tribunal de Estrasburgo, tras el indulto de los guardias civiles condenados por los hechos (a una pena de un año de prisión). El Tribunal falló que el Estado español no había perseguido en este caso de manera efectiva la conducta ilícita, y es una interpretación no solo legítima, sino autorizada. Pero para ponerla en contexto, quizá convendría añadir que el Estado español, además de indultar a estos servidores públicos —sin antecedentes previos, con una trayectoria profesional posterior que no da pie a cuestionar la medida y condenados por infligir a Urra lesiones leves de las que no tardó en curarse— también ha amnistiado y concedido beneficios penitenciarios, a lo largo de este medio siglo, a decenas de terroristas que fueron condenados, en algún caso, como autores de múltiples asesinatos.

ETA respondió a las detenciones de Portu y Sarasola como mejor sabía hacerlo. El 23 de febrero, un comando colocó una bomba junto a un repetidor del monte Arnótegui, en Bilbao, dispuesta con un sensor de movimientos; el artefacto estalló con la acción de un robot desactivador, provocando daños materiales. Y el 7 de marzo de 2008, en plena campaña electoral y a dos días de que José Luis Rodríguez Zapatero volviese a ganar las elecciones y renovar así su mandato como presidente del Gobierno, perpetraron su primer atentado mortal tras la ruptura de la tregua. Su víctima fue el exconcejal del PSE-EE en Mondragón (Guipúzcoa) Isaías Carrasco Miguel. Acababa de sentarse en su coche tras salir de su vivienda cuando un terrorista, a cara descubierta pero provisto de barba postiza, le descerrajó cinco tiros. El cuerpo del herido, que había renunciado a llevar escolta, quedó tendido en el suelo, donde fue atendido por la dotación de una ambulancia que lo trasladó al Hospital de Mondragón. Allí fallecería una hora después. La izquierda abertzale, que gobernaba a la sazón en el ayuntamiento de la localidad guipuzcoana bajo las siglas de conveniencia de ANV, se negó a condenar el atentado. El PNV hizo inviable una moción de censura.

Días después, el 21 de marzo, ETA ataca la casa cuartel de Calahorra (La Rioja). Los terroristas robaron un coche a una pareja de montañeros que permanecieron secuestrados hasta el momento del atentado. En el vehículo cargaron setenta kilos de explosivos y lo estacionaron junto al acuartelamiento. La zona había sido desalojada después de que los bomberos de Calahorra y la Asociación de Ayuda en Carretera de Vizcaya recibieran sendas llamadas en nombre de ETA. La explosión provocó contusiones a un agente, heridas leves a otras cuatro personas y daños en 350 viviendas, 100 locales y 51 vehículos. Los terroristas lo volvieron a intentar el 14 de mayo, esta vez contra la casa cuartel de Legutiano (Álava). Y en esta ocasión sí que lograron el resultado que se habían propuesto. En la vivienda residían entonces 29 personas, entre ellas cinco niños y una adolescente. Arkaitz Goikoetxea y Jurdan Martitegi llegaron a bordo de un Peugeot 306 y una furgoneta Berlingo con más de cien kilogramos de explosivos. Uno de ellos aparcó la furgoneta a cinco metros de la fachada y antes de bajarse del vehículo activó el temporizador del explosivo. Los dos escaparon en el Peugeot. El guardia civil Juan Manuel Piñuel, que había regresado horas antes de Málaga, observó la maniobra y salió del acuartelamiento para examinar rápidamente la furgoneta. Enseguida entró en el cuarto de puertas y telefoneó a la Comandancia de Vitoria: «Acaban de estacionar una…». A las 3.01 se cortó la llamada. A su mujer, María Victoria, que estaba en Málaga, la llamaron a las 4.40:

Me llamaron a las cuatro de la madrugada para darme la noticia. Me preguntaron si era la esposa de Manuel Piñuel, y lo primero que pregunté es qué le había pasado a mi marido; entonces me dijeron que había sido un atentado y que había muerto.

No voy a hablar de cómo era mi marido, ni de cómo me sentí y me siento desde que le asesinaron. Simplemente decir que es una pena que existan cobardes de esa envergadura, fanáticos de pacotilla que no sirven ni para ser kamikazes o inmolarse. En cualquier guerra lo primero que se respeta es la población civil, y sobre todo los niños; en una guerra los dos bandos tienen ocasión de matar y defenderse. En este caso se valen de una democracia para imponer una dictadura, sin dar el más mínimo atisbo de oportunidad para que su objetivo se defienda.

Ya han transcurrido más de siete años desde que asesinaron a mi marido y aún sigo sintiendo ese vacío que no se puede llenar. Cada vez le echo más de menos, pues cada día su ausencia se hace más evidente. Ya no va a volver, tengo que hacerme a la idea y aunque sigue viviendo en mi corazón, no tengo su presencia palpable. Todavía me pregunto qué han conseguido con todo esto esos verdugos de inocentes. Espero que no tengan que convertirse en viudas o viudos ni ver a sus hijos huérfanos, como los nuestros.

Otros dos agentes y dos mujeres resultaron heridos por la explosión, que destrozó literalmente el acuartelamiento. Las reacciones y homenajes fueron unánimes y al más alto nivel institucional. El PNV, en respuesta a estas movilizaciones, unió sus votos con los del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK) y Aralar para aprobar una resolución parlamentaria en la que se acusaba al Gobierno de España de «amparar sistemáticamente y sin excepción» a la Guardia Civil ante las denuncias de torturas y malos tratos.

La respuesta del instituto armado frente a semejante imputación solo podía ser una, y llegó con la detención de algunos de los miembros más destacados de la cúpula de ETA. Estallaba así la Operación Disney. Uno de los guardias civiles desplegados recuerda los pasos que siguieron para llegar a los terroristas:

Se mantenía el control operativo sobre Javier Arruabarrena Carlos y Oihana Garmendia Marín desde principios de 2008, pues se tenía conocimiento que esta pareja mantenía contactos esporádicos con algunos de los componentes de la dirección de ETA. El 6 de abril, Arruabarrena mantiene una cita con Igor Suberbiola Zumalde y Jon Salaberria Sansinenea en una hamburguesería de la localidad de Dax. El 14 de abril son detectados, en Dax, Suberbiola y Salaberria; Jon en el McDonald’s e Igor por la zona del mercado y plaza de toros. Jon mantiene una cita con otro miembro de ETA que sería objeto de otra investigación posterior. Tras varias horas de charla Jon es recogido por Igor Suberbiola en un Ford Focus robado con placas dobladas, perdiéndose su control a cuarenta kilómetros de Burdeos.

Los agentes de UCE-1 montan un despliegue sobre Burdeos para tratar de localizar el Ford Focus y a los terroristas conocidos. El 8 de mayo, el dispositivo de búsqueda del Ford Focus detecta a Oihana Garmendia Marín y Javier Arruabarrena Carlos, manteniendo una cita con Igor Suberbiola Zumalde en Talence (Burdeos), en la cafetería Ed Wood. No se pueden controlar totalmente las actividades de Igor por las grandes medidas de seguridad que adopta en sus desplazamientos. El dispositivo continúa sobre Burdeos y el 12 de mayo, a las 10.30 horas aproximadamente, una pareja de agentes de UCE-1 se fija en un Focus (mismo modelo y color que el buscado, pero con matrícula diferente) aparcado muy cerca de la plaza de la Liberación. En su interior había una chaqueta de la marca North Face, bastante común en España pero poco vista en Francia. Se investiga al propietario correspondiente a la placa de matrícula que portaba y se llega a la conclusión que se trata de un vehículo robado. Habíamos localizado el Ford Focus que buscábamos. Nos desplegamos por la zona. En las inmediaciones, dos guardias civiles se cruzan con Oihana Garmendia, Javier Arruabarrena e Igor Suberbiola (incluso uno de los agentes llega a chocar ligeramente con Igor, iban por la misma estrecha acera, no se podían retirar). Los tres terroristas entran en la cafetería Ed Wood. Los pasos de Igor Suberbiola conducen a Francisco Javier López Peña y a Ainhoa Ozaeta. El 18 de mayo se observa a López Peña y Ainhoa Ozaeta mantener una cita en la iglesia que hay cercana al paseo marítimo de Arcachon con un individuo de aspecto cuidado. Se identifica como José Antonio Barandiarán Ezama, exalcalde de Andoain (Guipúzcoa) por Herri Batasuna, que sería detenido el 21 de mayo de 2008. El día 20, tras seis días de trabajo muy intenso, se tiene conocimiento de que hay periodistas en España que conocen la operación que se está llevando a cabo en Burdeos. Se ha perdido la libertad para actuar de manera meditada, hay peligro de que todo se vaya al traste. Se decide detener a los terroristas sin más dilación; se produce el asalto policial a la vivienda por parte de un grupo de Intervención de la Policía francesa, con presencia de guardias civiles en calidad de observadores.

En el momento de la detención, la mayor parte de la cúpula de ETA se encontraba reunida (tres responsables de un total de cinco), con los ordenadores abiertos y papeles encima de la mesa. A López Peña, Thierry, que llevaba dos décadas en la banda terrorista, se le situaba como el número uno de la organización, más por supervivencia a lo largo de esos años que por contar con unos méritos «profesionales» propios. Con él lideraban el aparato político Igor Suberbiola Zumalde y Ainhoa Ozaeta Mendicute, también detenidos, como Jon Salaberria Sansinenea, en el operativo. Se incautaron cuatro pistolas y abundante documentación, la más importante en muchos años; parte de ella revelaría el cisma que había en la cúpula. Txeroki y Ata, los principales detractores de los detenidos, tuvieron vía libre para colocar a uno de los suyos, Aitor Elizarán, al frente del aparato político de una banda maltrecha por los golpes policiales, controlando así todas las estructuras para evitar guerras internas. Estos nuevos últimos jefes de ETA tenían poco margen de maniobra, eran esclavos de sus propias palabras. Después de sus bravatas, les tocaba demostrar su capacidad para liderar la banda terrorista. A aquellas alturas su única salida era matar, o intentarlo. Pero la copiosa documentación intervenida permitió a la Guardia Civil mantener la iniciativa en la lucha antiterrorista. Primeramente se detuvo en Orio (Guipúzcoa) a dos empresarias que habían pagado el impuesto revolucionario de forma voluntaria. Y después se centraron los esfuerzos en el comando Vizcaya, uno de los más activos de la organización.

A raíz del atentado realizado con una furgoneta-bomba contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Durango (Vizcaya) el 24 de agosto de 2007, y ya que las primeras investigaciones apuntaban a los miembros liberados de ETA, Arkaitz Goikoetxea Basabe (en paradero desconocido desde mayo de 2005) y Jurdan Martitegi Lizaso (desde finales de 2006) como sus autores materiales, el trabajo del Servicio de Información de la Guardia Civil, y en mayor medida del Grupo de Información de la Comandancia de Vizcaya, se centró prioritariamente en localizarlos. Se consigue detectar a Arkaitz el 14 de junio de 2008 saliendo del portal de un bloque de viviendas en la localidad riojana de Ezcaray; en dicho bloque se encontraba una segunda vivienda propiedad de los padres de Íñigo Gutiérrez Carrillo (quien resultaría ser uno de los miembros legales del comando de ETA y que estaba bajo sospecha). Íñigo se había desplazado ese mismo día hasta Ezcaray en el vehículo de su madre. Se le vio entrando con comida en la vivienda de sus padres y abandonando posteriormente la población de Ezcaray. Sobre las 21.45 horas se detecta saliendo del mismo portal a Arkaitz portando un monopatín. Dos días después, el 16 de junio de 2008, también en Ezcaray, el Grupo de Apoyo Operativo (GAO) de la Jefatura de Información detecta un Volkswagen Golf blanco conducido por Maialen Zuazo Aurrecoechea (quien resultaría ser también miembro legal del comando de ETA) recogiendo a una persona que lleva consigo un monopatín, pudiendo tratarse de Arkaitz Goikoetxea, en las proximidades de la urbanización en la que los padres de Íñigo Gutiérrez tienen su segunda vivienda. El 14 de julio de 2008, Maialen y su amiga Ana Isabel Prieto regresaron de un viaje de ocio en Cuba. A la mañana siguiente, Maialen salió de su vivienda pasadas las 10.00 horas. Se montó en un Volkswagen Golf negro de su hermana. Se tenían indicios bastante sólidos que apuntaban a que Maialen podría dirigirse al encuentro de algún miembro liberado de ETA, y más concretamente con Arkaitz Goikoetxea, pero la densa circulación de vehículos hizo que se le perdiera la pista.

Los guardias civiles no desisten. El relato del informe policial detalla cómo mantienen, tenaces, su empeño para controlar al objetivo sin alertarlo:

A las dos horas, poco antes de las 12.30, los guardias civiles encontraron el Golf negro estacionado en el parking de la playa de la localidad vizcaína de Barrika, enfrente del bar Golfo Norte, sin ocupantes en su interior. Alrededor de las 13.15 horas, uno de los guardias civiles del dispositivo, que en ese momento está junto a las escaleras que dan acceso a la playa de Barrika tomando el sol, ve a una chica acompañada por Arkaitz Goikoetxea Basabe, a quien reconoce sin ningún género de dudas. Arkaitz le pasa el brazo por encima del hombro, al menos tres veces a modo de amistad y confianza, hasta que llegan al Golf. Antes de subirse al vehículo, Arkaitz observa durante un tiempo el entorno. A bordo del vehículo efectuaron varias maniobras de seguridad y se les perdió la pista. Se consigue volver a detectar el Golf minutos antes de las 19.00 horas, estacionado sin ocupantes en el arcén de la carretera BI-3152 que une las localidades de Baquio y Arminza. Es una cala que accede a la playa, observando más coches estacionados junto al Golf. Se decide esperar la salida del vehículo para comprobar sus ocupantes y continuar con el seguimiento, declinando la opción de hacer una búsqueda de ambos en la playa por seguridad. Media hora después del hallazgo del Golf negro, este inicia el movimiento en dirección Arminza (Vizcaya), comprobando que lo conduce Maialen con Arkaitz de copiloto. Circulan por Arminza para dirigirse hacia Gorliz (Vizcaya), donde tampoco se puede mantener el seguimiento del vehículo por seguridad. Sobre las 21.30 horas se consigue detectar el Golf negro circulando por la localidad de Gorliz, con Maialen y Arkaitz a bordo del mismo. Desde ese lugar se retoma el seguimiento del vehículo hasta Bilbao.

En esta ciudad se pierde de nuevo el control del vehículo por seguridad y se recupera sobre las 22.00 horas parado en doble fila a la altura del número 23 de la calle Masustegui (lugar cercano al portal de la vivienda de Maialen), con Maialen y Arkaitz en su interior. Ambos descienden del vehículo; parece claro que como medida de seguridad no querían estacionar en la misma calle Iturribide. Maialen accede al portal de su vivienda once minutos más tarde, seguramente tras numerosas medidas de contravigilancia, dejando la puerta del portal abierta para que un par de minutos más tarde entre en el mismo Arkaitz, que lo hace con la capucha de la sudadera que vestía puesta y mirando para todos lados antes de acceder al portal.

El 22 de julio de 2008 fueron detenidos casi todos los componentes del comando Vizcaya. Concretamente, Maialen Zuazo, Ana Isabel Prieto y Arkaitz Goikoetxea, en el piso de la calle Iturribide de Bilbao.

El comando Vizcaya, también conocido con el nombre de Askatasun Haizea (Viento de libertad), era responsable de dos tercios de los atentados cometidos tras la ruptura de la tregua de 2007. Un activo de primer orden, si no el mayor, para esta ETA disminuida. Arkaitz Goikoetxea contaba con varias tarjetas profesionales de la Guardia Civil con diferentes identidades. Además fueron detenidos ocho individuos más y se produjo la incautación de abundante material propio de la actividad terrorista. Los miembros del talde, especialmente Arkaitz, eran singularmente dinámicos tratando de captar nuevos militantes para ETA.

Al final te ha llegado el día, ha llegado el momento de desarrollarte en el nivel más alto. Como hablamos las últimas veces, tu situación es muy grave y nadie puede asegurarte que mañana mismo no entren a buscarte. Los responsables han decidido tu captación, la Organización tiene grandes necesidades en la estructura y ha decidido situarte ahí a ti.

Arkaitz Goikoetxea le escribió esta carta a su amigo Aitor Cotano Sinde, detenido en Nigrán (Pontevedra). En la misiva, el terrorista le indicaba que, «sin miedo y sin vergüenza, pero con una gran discreción», intentara reclutar para ETA a diez o quince personas, con criterio abierto: «Gente quemada, limpia, chollos... es igual, hay trabajo para todos». Atrás quedaban los tiempos en los que solo se aceptaba a gente limpia, sin antecedentes, que ni siquiera asistiera a manifestaciones. Asier Borrero Toribio, otro amigo de Goikoetxea, consiguió escapar a la detención. En su coche se encontró una carta que le había escrito a su padre:

Es cuestión de tiempo que vengan a por mí […]. Por eso mismo prefiero no seguir con esta farsa y dedicarme a la lucha clandestina. Sé perfectamente adónde voy y lo que supone este compromiso y quiero que sepas que no me va a faltar nada.

La declaración de los miembros del comando condujo a la Guardia Civil a algunos de los principales zulos que ETA tenía en España. Arkaitz Goikoetxea fue trasladado desde Madrid en helicóptero para que mostrara un lugar en la proximidad de Manzanares, camino de Pazuengos (La Rioja), en el que se escondían 110 kilogramos de explosivo y placas de matrículas portuguesas: los terroristas tenían pensado buscar refugio en territorio luso para actuar desde allí. Entre el abundante material terrorista incautado se halló un maletín con medicamentos para adormecer o tratar a la futura víctima de un secuestro. Goikoetxea declaró que planificaron secuestrar a Benjamín Atutxa, edil socialista de Éibar y, al igual que a Miguel Ángel Blanco, ejecutarlo después.

ETA concluyó 2008, un año fatal para sus intereses, con ataques que, más que indicar fortaleza, demostraban su extenuación. Su particular campaña de verano se limitó a colocar artefactos de poca carga en Laredo, Noja, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos y Málaga. En las provincias vascas estallaron otras cargas que provocaron escasos daños materiales. Trataron de dar varios golpes de efecto, siempre mediante el uso de artefactos explosivos, pero ninguno provocó ni una víctima mortal. En Basauri trataron de asesinar a un policía nacional, pero la bomba lapa adherida a su coche no estalló. También lo intentaron en la Universidad de Navarra con un coche bomba: 33 personas fueron atendidas en diferentes centros hospitalarios. Los terroristas utilizaron el mismo método para atentar contra un cuartel de la Ertzaintza en Ondárroa —la deflagración de la carga, compuesta por cien kilos de explosivos, hirió a diez personas— y las oficinas principales de Caja Vital en Vitoria, provocando solo daños materiales. Los asesinos alcanzaron al fin su objetivo el 22 de septiembre. El blanco elegido por el comando Otazua fue un edificio militar en la localidad cántabra de Santoña. Una llamada a la DYA de San Sebastián alertó de la colocación del vehículo bomba con media hora de antelación. Pese al desalojo de la zona, la deflagración alcanzó de lleno al brigada del Ejército Luis Conde, que pasaba allí unos días de vacaciones con su mujer. Otras seis personas resultaron heridas.

La organización Ekin gestionaba las sinergias entre ETA y las varias estructuras abertzales, principalmente con la kale borroka, que llevaba el terror allí donde no llegaban los comandos terroristas. Los documentos incautados por la Guardia Civil tras la detención de siete personas en Navarra ponían de manifiesto el funcionamiento del entramado. En los registros se encontró diversa documentación sobre las ilegalizadas Gestoras Pro Amnistía, Batasuna y Segi; esta última seguía activa y dinamizaba la actividad de la lucha callejera. Entre tanto, el Tribunal Supremo ilegalizaba las formaciones políticas Acción Nacionalista Vasca (ANV) y Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) por considerar que avalaban las tesis de ETA. «Estos gestos no favorecen la lucha antiterrorista», se lamentó el consejero del Interior del Gobierno Vasco, Javier Balza, del PNV.

Pero el foco de la lucha antiterrorista continuaba colocado en Francia. Los etarras Ugaitz Astiz Arangoa y Mikel Olza Puñal, integrados en el comando Urederra, fueron detenidos cuando iban en bicicleta, armados y con documentos de identidad españoles falsificados. Posiblemente trataban de cruzar la frontera a España. El país vecino había dejado de ser santuario para los etarras: todo estaba listo para dar el penúltimo golpe de gracia a la cúpula de la organización.

23

LE TOCA EL TURNO A TXEROKI

Lunes, 17 de noviembre de 2008. Cauterets (Francia). Los miembros de la Guardia Civil desplegados en la zona conocían la importancia de la operación. El objetivo era el principal responsable del aparato militar de ETA. Mikel Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, era por aquellos días la figura más carismática en el seno de la banda. Él instigaba a los comandos para golpear, asesinar y aterrorizar. Llevaban semanas siguiéndolo con el apoyo del CNI y de los servicios de información franceses. Si acertaban con su objetivo, se derrumbaría uno de los últimos pilares sobre los que se sostenía una organización ya moribunda.

La colaboración que se venía desarrollando desde hacía más de veinticinco años entre el instituto armado y el servicio de Renseignements Généraux (RG) francés había dado pie a la mejor arma en la lucha antiterrorista, al permitir atacar a ETA en la vanguardia de sus estructuras. Pero el Gobierno galo había decidido la fusión del RG con el Servicio de Inteligencia Interior (DST), bajo una megaestructura conocida como Dirección Central de Información Interior (DCRI). Se mezclaron dos sensibilidades: la ya consolidada confianza entre los miembros de RG y la Guardia Civil con la desconfianza natural de los provenientes de la DST hacia todo lo extranjero, que hacía necesario un periodo de adaptación. La operación contra Txeroki ponía a prueba esas nuevas relaciones policiales.

Los agentes habían localizado al terrorista semanas atrás en la zona fronteriza franco-española. Según las pesquisas, Txeroki utilizaba un Peugeot 207 blanco. Los guardias lo hallaron en la localidad de Lourdes con matrículas falsas. El número uno del aparato militar de ETA apareció poco después acompañado de su compañera sentimental y también miembro de la banda, Leire López Zurutuza. Los dos conocían perfectamente las maniobras que tenían que respetar para evitar el seguimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y las aplicaban, tal y como recuerda uno de los hombres desplegados:

Tras ponerse en marcha, realizó varios movimientos bastante extraños, lo que normalmente son medidas de seguridad para detectar si están siendo sometidos a vigilancia policial. Igualmente se observó cómo los ocupantes aparcaban, se bajaban del coche y se separaban, yéndose cada uno por su lado para al cabo de unos minutos volver a juntarse. Estas medidas de seguridad obligaban a los agentes de la Guardia Civil a extremar las medidas para evitar ser detectados. El vehículo ocupado por Garikoitz Aspiazu, Txeroki, y Leire López emprendió la marcha en dirección a la localidad francesa de Cauterets. Aparcaron el vehículo en una de las calles de la citada localidad francesa, e iniciaron por separado un recorrido a pie, llegando ambos a introducirse en varias ocasiones en diferentes comercios y establecimientos. Tras realizar varias contramarchas se pudo observar a Leire López entrando en el portal número 16 de la rue Richelieu de Cauterets. Txeroki, mostrando también una actitud vigilante, hace su entrada en el mismo portal diez minutos más tarde.

Cauterets era un pueblo pirenaico, conocido por sus pistas de esquí, que por esas fechas estaba casi vacío. Los agentes tenían la difícil tarea de localizar la vivienda exacta en la que se alojaban los terroristas. El edificio tenía dos plantas, con una distribución anárquica debido a las continuas remodelaciones para obtener más apartamentos de alquiler. No se podía asegurar con exactitud cuál era la vivienda ocupada por los etarras, aun después de consultar los planos, y no había margen de error con este peligroso y experimentado objetivo. Pero era imprescindible actuar rápido para proceder a su detención:

Quedaba el último cartucho para obtener ese dato vital que asegurase el éxito de la operación. Los propietarios del edificio eran una pareja de sexagenarios, que también regentaba un bar en la localidad. Seguramente el apartamento alquilado por los etarras había estado allí anunciado al público. No se sabía si los etarras y los propietarios se conocían, pero había que correr el riesgo ante la inminente entrada de la Unidad de Intervención de la Policía francesa. Txeroki y Leire probablemente estarían cenando, se acostaban pronto ya que solían madrugar. El responsable del dispositivo del DCRI y el de la Guardia Civil deciden abordar a los propietarios del apartamento. El momento iba a ser crítico al ser impredecible la reacción de la pareja; gritos o salir a la carrera podían complicar mucho la operación. Al llegar andando la pareja, tras cerrar su bar, al punto elegido para alcanzarlos, todavía lejos de la casa vigilada, un vehículo camuflado se cruza en su camino, bajan dos policías franceses (hombre y mujer, para dar una imagen más tranquilizadora) que se identifican discretamente e introducen al matrimonio en el coche donde espera el responsable del dispositivo de la Guardia Civil. Se viven momentos de tensión y nervios ya que la pareja desconfía de la identidad de los agentes. Se tarda un buen rato hasta que se tranquilizan y admiten estar en presencia de agentes de la autoridad. Se les pregunta sobre los alquileres e inquilinos, de manera imprecisa para detectar el grado de afinidad, hasta que finalmente se obtiene toda la información necesaria, así como una copia de las llaves para facilitar el trabajo del grupo de asalto.

Los agentes acertaron con su objetivo. Los miembros del RAID francés y de la Guardia Civil —muchos de ellos compañeros de Raúl Centeno y Fernando Trapero, asesinados en Capbreton— se encontraron a Garikoitz Aspiazu Rubina en calzoncillos mientras dormía junto a Leire López Zurutuza. En el apartamento se encontró dinero, documentación operativa de la banda, hachís, mapas y una peluca que empleaba Txeroki. El responsable del aparato militar de ETA había iniciado su singladura en el mundo terrorista en el año 2000, ya curtido como uno de los principales miembros de la kale borroka de Bilbao. Se incorporó al comando Olaia —vinculado con el asesinato del juez José María Lidón y el atentado contra el líder de las juventudes socialistas de Euskadi, Eduardo Madina— y se marchó a Francia. Escaló varios puestos en la jerarquía de la organización hasta ser el líder de sus comandos. Las cada vez más frecuentes detenciones le habían obligado a captar a militantes menos preparados y con un bagaje intelectual más bien deficiente. Su concienzudo trabajo de adiestramiento permitió hacer de ellos algunos de los pistoleros más activos de los que disponía la banda. Sin embargo, no faltaban los miembros de ETA que le achacaban el descenso en el número de atentados de los últimos años. Aportó estabilidad al aparato militar durante cinco años, pero bajo su mandato el balance mortal fue «pobre»: tan solo siete personas asesinadas; en un periodo de tiempo no mucho mayor, Kantauri había logrado elevar sus cifras a 66 víctimas mortales.

Tras la detención de su enésimo jefe militar, la banda terrorista, o lo poco que ya quedaba de ella, tenía que evaluar daños: cuánto tiempo había sido vigilado Txeroki, y hasta dónde había conseguido llegar la Guardia Civil con aquellas vigilancias. Tanto la moral como la actividad terrorista quedaban muy tocadas con este tipo de detenciones, que cada vez acercaban más al final de ETA.

Su lugarteniente, Aitzol Iriondo Yarza, Gurbitz, tampoco tardaría en caer. El trabajo entre la Guardia Civil, el CNI y la DCRI francesa condujo a su detención el 8 de diciembre de 2008. Aún no habían dado las seis de la tarde cuando localizaron un Skoda Fabia en la localidad de Gerde, muy próxima a Bagnères de Bigorre. Les llamó la atención por el hecho de llevar una matrícula española. El vehículo pertenecía a Oihana Lecanda Pérez, exnovia de Aitor Artetxe Rodríguez, recientemente huido tras la desarticulación del comando Vizcaya en el verano de 2008. El coche, tras parar en la iglesia del pueblo, se marchó, dejando a Artetxe. Este aguardó con una palmera de chocolate en la mano. Era la señal convenida para una cita con otros miembros de ETA. Al rato llegó un Peugeot 307 con matrícula francesa. Sus dos ocupantes, Aitzol Iriondo Yarza y Eneko Zarrabeitia Salterain, saludaron a Artetxe. Los agentes franceses decidieron entonces intervenir. Los terroristas no opusieron resistencia. Solo Iriondo hizo ademán de coger su pistola, pero depuso su actitud al verse encañonado por uno de los policías. Se orinó en los pantalones.

Mientras tanto, el Skoda viaja en dirección a España acompañado de otro turismo. Una patrulla del GAR de la Guardia Civil les da el alto en Irún. Sus ocupantes, Amets Ladislao, Javier Gutiérrez e Ibai Egurrola, fueron detenidos. Fruto de sus declaraciones también se capturó en Vizcaya a María Mercedes Alcocer y María Isabel Prieto. Oihana Lecanda, exnovia de Aitor Artetxe, eludió el control policial, pero se entregaría después en la Audiencia Nacional. Aitzol Iriondo había seguido un camino similar al de su predecesor: tras su paso destacado por la kale borroka se incorporó al comando Ontza y, más tarde, al Zelatun. Huido en Francia se incorporó a la estructura del aparato militar, donde comenzó a impartir cursos de uso de armas y explosivos a los nuevos miembros de la organización. Iriondo fue condenado, entre otros delitos, por su implicación en el atentado con coche bomba contra el cuartel de Legutiano donde murió un guardia civil y en el ataque contra la delegación del Ministerio Defensa en Logroño. A Eneko Zarrabeitia se le hizo responsable de la colocación de un coche bomba en Santander, mientras que a Artetxe se le acusó de participar en los atentados con coche bomba contra el cuartel de la Guardia Civil de Durango y contra el Club Marítimo de Guecho. La detención de Aitzol Iriondo dejó a ETA sin relevo de Txeroki al frente del aparato militar. Menos de un mes entre ambas detenciones significaba que los investigadores tenían un control muy profundo de ese aparato de la banda terrorista; el que asumiera la dirección del mismo tenía una primera tarea urgente: evaluar daños, desechar coches y casas utilizados, poner en cuarentena a los colaboradores existentes, anular citas previstas, etcétera. Entre tanto, la maquinaria terrorista en Francia se volvía a paralizar.

A todas estas detenciones, ETA tendría que sumar antes de terminar el año un nuevo revés: la desarticulación del comando Urruti por la Guardia Civil, en un despliegue entre las localidades de Pasajes de San Pedro y San Sebastián (Guipúzcoa). Arkaitz Landaberea Torremocha, June Villarubia Michelena, Julen Etxaniz García y Saioa Urbistazu Arrieta —el grupo estaba constituido por dos parejas sentimentales— tenían información para atentar contra un bar al que solían acudir agentes de la Policía Autónoma Vasca y contra dos guardias civiles, de quienes tenían sus direcciones, matrículas y rutinas: una de las terroristas, Saioa Urbistazu, era profesora en el colegio al que iban los hijos de los dos miembros del instituto armado. Para el agente Gonzalo, destinado en el Núcleo de Servicios de Guipúzcoa, no fue fácil asimilar aquella información:

A principios del mes de diciembre de 2008 soy requerido por dos compañeros del Servicio de Información. Yo no me encontraba en las mejores condiciones, puesto que hacía dos meses había sido operado del corazón. Me notificaron que entre la documentación incautada al dirigente de la banda terrorista ETA Francisco Javier López Peña, Thierry, detenido unos meses antes en Francia, figuraba una información bastante detallada sobre mi persona. Y lo que es peor, sobre mi esposa y mi hija de once años, en la que se incluía la descripción física de la niña. En un segundo revivo las imágenes de los atentados, los muertos, los heridos, las capillas ardientes en el Gobierno Civil y los funerales en la Sagrada Familia, los tiros y las bombas, el amonal y la goma-2, los niños hijos de guardias civiles asesinados, la casa cuartel de Zaragoza y la casa cuartel de Vic. Nunca puedes asumir que el objetivo de ese atentado pueda ser tu propia familia, tu mujer o tu hija. Apenas unos días después, los compañeros del Servicio de Información realizaron unas detenciones. Eran los autores de las informaciones sobre mí y mi familia. Siento entonces orgullo de mis compañeros, pero mi preocupación no disminuye. Sé que aunque se haya detenido al comando autor de la información, mis datos y los de mi familia están en poder de la banda terrorista.

El agente Juan, del Servicio de Información de Guipúzcoa, investigó los movimientos de la profesora y etarra en el colegio en el que impartía clase:

Saioa Urbistazu recopilaba las informaciones de los hijos de los guardias civiles aprovechando su trabajo como profesora de infantil en el colegio Presentación de María. Un día les pidió a los niños que dibujasen las profesiones de sus padres. Los hijos de ambos guardias civiles los dibujaron vestidos como tales, con tricornio y el uniforme reglamentario. Una vez finalizada la clase acompañó a los niños a la salida del colegio y conoció a los padres para iniciar su seguimiento y conocer los vehículos que utilizaban.

Junto con otro compañero nos desplazamos al colegio para contrastar esta información con la dirección del centro. Queríamos saber cuánto tiempo llevaba trabajando allí Saioa, cómo había conseguido el trabajo y cualquier otra información que nos pudiera aportar. La monja directora se negó a darnos cualquier dato.

La serpiente terrorista se agitó ante los últimos golpes. Su intención era atacar pronto y dar como fuera una imagen de fortaleza tras la detención de Txeroki. Y lo logró el 3 de diciembre, recurriendo a un objetivo «fácil». Ese día, a las 10 de la mañana, dos terroristas secuestraron a un montañero en la zona de Deva (Guipúzcoa) y le sustrajeron el coche. Con él se marcharon a Azpeitia, donde se encontraba su objetivo. Aguardaron en el aparcamiento del restaurante Kiruri y cuando vieron al empresario Ignacio Uría Mendizábal —dueño de la empresa Altuna y Uría, implicada en la construcción del Tren de Alta Velocidad— le descerrajaron varios disparos. Los servicios sanitarios solo pudieron certificar su muerte. Los asesinos huyeron a bordo del coche que habían robado. El atentado fue reivindicado por ETA en un comunicado remitido al diario Gara:

El 3 de diciembre, en Azpeitia, fue ejecutado Ignacio Uría Mendizábal, responsable de las empresas Altuna y Uría, Asfaltos Urretxu y Hormigones Ekarri, por la responsabilidad asumida en las obras del tren de alta velocidad impuesto a Euskal Herria y por negarse a pagar el impuesto revolucionario a ETA.

Los terroristas pretendían con este asesinato influir en todo el empresariado involucrado en la construcción de esa línea ferroviaria, en el PNV como responsable del Gobierno vasco —garante de la seguridad necesaria para afirmar la continuidad del proyecto—, y enfriar la euforia del Gobierno de la nación tras los últimos giros exitosos de la lucha antiterrorista.

ETA también se movió en clave interna. Su principal necesidad era taponar las fugas en un barco que hacía aguas, especialmente en su frente de cárceles. La dirección introdujo de forma clandestina en las prisiones —en las que por aquel entonces se contaban 710 presos etarras, repartidos en Francia y España— un boletín bajo el nombre de Ekia. Con él pretendían lanzar un mensaje de cohesión e incidir en su postura de fuerza: Txelis y Kepa Picabea ya habían sido expulsados de la organización por su rebeldía, y cualquiera que expresara una opinión contraria podía seguir sus pasos.

La banda lanzó otro mensaje: quienes no seguían sus recomendaciones, automáticamente se convertían en sus enemigos. Por eso atentaron contra la sede de la radiotelevisión vasca, la EITB, en Bilbao el 31 de diciembre de 2008. Acusaban al ente mediático de desfigurar la imagen de la izquierda abertzale, «maquillar» los golpes de la Ertzaintza y no emplear el término «preso político». Los servicios de limpieza recogieron ochenta toneladas de escombros tras la deflagración, que no produjo daños humanos. Terminaba así un año en el que la Guardia Civil volvió a ser el colectivo más castigado por los atentados de ETA, pero en el que también esta les devolvió el golpe a fuerza de detenciones de terroristas muy importantes: el 90 % de la dirección y dos comandos de los más activos e insustituibles.

La izquierda abertzale tenía que mostrar una imagen de unidad ante las inminentes elecciones al Parlamento vasco que se celebrarían en marzo de 2009. Presentaron dos candidaturas: Democracia 3 Millones (D3M), en referencia al número total de habitantes de los territorios de Euskal Herria, y Askatasuna. El Tribunal Supremo anuló ambas listas por considerarlas herederas de Batasuna y el Constitucional ratificó la sentencia el 13 de febrero. Para los abertzales ya empezaba a ser demasiado incómodo seguir viajando de la mano de ETA: se quedaban otros cuatro años fuera de las instituciones. Solo tenían dos caminos: o desmarcarse de los asesinos, o desaparecer. Por eso, a principios de 2009, Rafael Díez Usabiaga, Arnaldo Otegi e Íñigo Iruin presentaron la alternativa Errotu, que proponía poner en marcha una estrategia eficaz de la lucha política frente a la lucha armada. En ella se reconocía a ETA y lo que había conseguido a través de su acción violenta, pero se afirmaba que el futuro lo representaba la izquierda abertzale; la violencia dejará de ser básica para ser opcional. Se bajaban discretamente del tren en el que llevaban años subidos al convencerse de que había entrado en una vía muerta. Y Arnaldo Otegi, de forma oportunista, reniega de su pasado y se transforma en el líder que afianzaría ese relevo: «La izquierda abertzale tiene que estar presente en las elecciones municipales de 2011 y, para ello, ETA tiene que poner fin al terrorismo», indicó. La izquierda abertzale más radical asumía un futuro sin ETA, de la que había nacido décadas atrás. También pidió que se retomasen las negociaciones entre el Estado y los terroristas en el punto en el que se habían roto.

La banda terrorista ya no impone como lo hacía años atrás y, por primera vez, no le queda más remedio que seguir el camino que abre la izquierda abertzale. Antes de tirar definitivamente la toalla, ETA presenta en una entrevista a finales de mayo la creación del Bloque Independentista, como la unión de todo aquel que esté dispuesto a secundar su estrategia bajo su propio liderazgo y el de Batasuna. Pero la realidad reflejaba una organización que, aun con capacidad para matar, se deslizaba hacia el abismo de su extinción. Apenas existen militantes con experiencia para formar una nueva cúpula y su aparato logístico está por completo asfixiado. Surge el debate de su reestructuración y de su inmediato futuro. Muy atrás quedan los tiempos en los que ETA pretendía ganar al Estado, también aquellos en los que se conformaba con el empate; ahora ya solo lucha por garantizarse la supervivencia, preservar mínimamente sus estructuras y soslayar la presión policial. Busca, según advirtieron dos terroristas en una entrevista en el diario Gara, «una nueva estrategia política y armada: el Gobierno está vendiendo ya la piel del oso y con alguna borrachera represiva de por medio a raíz de ciertas detenciones. Pero llegarán las resacas y otra vez el problema, y su gravedad se situará en el centro de la agenda política. Antes de lo que creemos, les oiremos hablar otra vez de diálogo, de paz». Insisten, como una suerte de mantra retórico, en que «la vía policial es estéril»; pero saben que no.

Europa escuchaba el mensaje del que era prácticamente el último grupo terrorista en su territorio. Por aquellos días, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo respaldaba a España al considerar correcta la ilegalización de Batasuna por unanimidad: «Deberían haberlo hecho antes. La ilegalización […] respondía a una necesidad social imperiosa, en defensa de la democracia frente a la violencia». El 1 de marzo se celebraron unas elecciones autonómicas vascas sin ningún partido que representase el brazo político de ETA. Juan José Ibarretxe logró la victoria para el PNV con 30 escaños, pero las fuerzas nacionalistas no sumaron los votos suficientes para obtener la mayoría. Entre ellas figuraba la corriente Aralar, una izquierda abertzale de ideario comunista que primaba las ideas por encima de la lucha armada, tantas veces defendida por Batasuna. Sus 60.000 votos no fueron determinantes, pero sí sumaron un escaño que abría la puerta a una renovación ideológica. Así fue como el socialista Patxi López, con el apoyo del PP, se convirtió en el primer lehendakari no nacionalista de la historia del País Vasco.

Llegados a este punto, la izquierda abertzale, si la situación no cambia radicalmente, no tiene futuro ni casi presente; desalojada de las instituciones, pierde influencia por días. Un ingenioso lema acuñado por el ministro Rubalcaba los acaba por convencer: «O bombas, o votos». Se tienen que alejar claramente de una ETA que además tiene que dejar de asesinar.

El escenario ha cambiado tras años con un mismo decorado. Se dan pasos impensables unos años atrás: en el mes de febrero, una sentencia del Tribunal Supremo impone que la bandera nacional ondee en la fachada del Parlamento vasco; en abril, un juzgado ordena retirar las placas alusivas a terroristas fallecidos colocadas en lugares públicos de varias localidades vizcaínas; además, el Tribunal Supremo declara nulo el protocolo de la Universidad del País Vasco que daba un discriminatorio trato de favor a los presos de ETA; y en mayo el Tribunal Supremo ratifica que la enseña nacional debe ondear en todos los edificios de la Administración vasca. La democracia le estaba ganando el pulso a ETA. Y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ensalzó el trabajo de la Guardia Civil en esta lucha, en detrimento de una Policía que, a su juicio, solo atendía a las peticiones del juez instructor de la Audiencia Nacional encargado de la investigación del entramado político de la banda, Baltasar Garzón: «Hago esta distinción porque cuando presentamos la ilegalización de ANV y el PCTV, y cuando hemos presentado la impugnación de Askatasuna y D3M, tuvimos que fundarnos en los informes de la Guardia Civil porque la Policía no atiende las indicaciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo, tan solo las del juez instructor». Los sindicatos policiales condenaron la «irresponsabilidad» y «extrema gravedad» de las declaraciones del Fiscal General y presentaron una querella conjunta por injurias y calumnias contra Conde-Pumpido.

La banda terrorista, por su parte, cometía atentados «de mantenimiento»; ataques de bajo riesgo, sin exponerse sus militantes a ser detenidos y con el único fin de demostrar que seguían ahí. En Lazcano (Guipúzcoa) hicieron explotar una bomba contra la sede del PSE, detonaron otra en el chalé de un empresario en Amorebieta (Vizcaya), y sendos artefactos contra repetidores en montes de Hernani (Guipúzcoa) y Guriezo (Cantabria). En estos últimos casos prepararon una carga de refuerzo dispuesta a estallar cuando llegasen los artificieros de los cuerpos policiales. No hubo daños personales. De mayor envergadura, principalmente mediática, sería el atentado perpetrado en el Campo de las Naciones de Madrid el 9 de febrero de 2009. Los terroristas hicieron explotar una furgoneta bomba en respuesta a la anulación de las candidaturas de Askatasuna y D3M para las elecciones vascas. La carga estaba dirigida contra el edificio de la constructora Ferrovial Agromán, implicada en la construcción del Tren de Alta Velocidad; ETA pretendía abanderar la lucha contra este proyecto como había hecho en el pasado con la central nuclear de Lemóniz —que recordemos que quedó paralizada— y la autovía del Leizarán —que cambió su trazado— y de este modo ganarse la simpatía de los sectores sociales que lo rechazaban.

ETA buscaba así apoyos en un momento de crisis total. Sus estructuras se debilitaban y la máxima prioridad pasaba por no sufrir más bajas en sus filas; un propósito que, pese a las precauciones tomadas, estaba lejos de cumplirse. El terrorista Alexander Akarregi fue detenido a finales de febrero en la localidad francesa de Compayre cuando iba a robar un vehículo. Los cuerpos policiales también detuvieron, en abril, a Ekaitz Sirvent Auzmendi; el etarra trató de usar su pistola, pero fue reducido por los agentes. Días más tarde arrestaron a Itxaso Legorburu Madinabeitia en Mézières-en-Brenne, en las inmediaciones de una fábrica de armas que rondaba junto a un cómplice; cuando los policías trataron de identificarlos, huyeron a bordo de su vehículo y se estrellaron instantes después en un desnivel. El hombre que acompañaba a Itxaso Legorburu consiguió escapar. La documentación incautada por la Guardia Civil en los domicilios guipuzcoano y alavés de la terrorista permitió conocer con más detalle los movimientos que ETA realizaba en Venezuela:

En una de las viviendas relacionadas con Itxaso Legorburu se encontró un registro y una declaración de Aduanas de Venezuela, y un billete de pasajeros de la empresa de autobuses Expresos Los Llanos de Caracas. Se confirma que Itxaso Legorburu viajó a Venezuela el 1 de agosto de 2008. Tras la desarticulación del comando legal Imanol en septiembre de 2010, se supo que los dos miembros del comando realizaron un cursillo en ese país, y la cantidad que les dio Ata fue de 2.000 euros. El conocimiento de planes de ETA para realizar cursos en Venezuela está basado en la documentación intervenida en mayo de 2008 a Francisco Javier López Peña, Thierry. En un documento del aparato financiero de ETA se dice textualmente: ESA (denominación del aparato militar): curso de formación en Urano (clave para designar Venezuela): 2.000 euros (viaje, comida) + 2.000 euros trompeta [término codificado]. La estancia de Itxaso Legorburu en Venezuela muy probablemente fue para realizar un cursillo de adiestramiento.

Las detenciones se sucedieron una detrás de otra en las semanas posteriores. La Policía Judicial francesa, en colaboración con la española, arrestó al miembro del comando Vizcaya Jurdan Martitegi, encargado del adiestramiento de nuevos miembros de la banda. Con él se encontraban otros dos etarras. La investigación condujo a la captura de otras seis personas en Vitoria. A Ibai Mateo y Oihana Mardarás los detuvieron cuando huían a Francia a bordo de un coche robado, y también a Zuhaitz Errasti tras sufrir una avería en su vehículo, en el que llevaba material para fabricar explosivos, un revólver y varias matrículas falsas. Mientras, Ibai Sueskun aparecía en una granja próxima a la frontera pirenaica con España con una herida de bala en una mano, según explicó, de un disparo fortuito; los agentes sospecharon, como en alguna otra ocasión similar —comenzaba a tratarse de una salida recurrente en la ETA terminal— de una entrega encubierta, autolesionándose para evitar exponerse al destierro del resto de sus compañeros terroristas. Más significativa fue la detención de Iker Esparza Ortega, integrado en el aparato político de la banda, no tanto por su relevancia dentro de ETA como por las circunstancias en las que se produjo el arresto. Ocurrió a las 4.30 de la madrugada, cerca de los Campos Elíseos de París. Dos agentes policiales advirtieron los movimientos de un coche cuyo conductor viajaba bajo claros signos de embriaguez. Al tratar de detenerlo, el hombre escapó hasta la calle Marbeuf. Abandonó el coche y corrió pistola en mano hasta chocar contra la puerta de una discoteca. El portero del local colaboró en su detención. Entre sus efectos se halló un carné de identificación profesional de la Guardia Civil con datos del agente Raúl Centeno Bayón, uno de los dos guardias civiles asesinados en Capbreton, y la fotografía del etarra detenido. Era la viva encarnación del desguace en el que se había convertido ETA.

ETA respondió a estas caídas matando. Lo necesitaba con urgencia, también como macabra forma de dar la bienvenida al primer lehendakari socialista del País Vasco. Fue el 19 de junio de 2009, cuando se cumplían 22 años del atentado de Hipercor en Barcelona. La víctima fue el inspector de la Policía Nacional Eduardo Antonio Puelles García, destinado en la Brigada de Información. Ocurrió en la localidad vizcaína de Arrigorriaga, al estallar la bomba adherida a los bajos del vehículo del agente, a las nueve de la mañana. La explosión provocó un incendio en cinco coches próximos, y podría haber sido de mayor envergadura si hubiera afectado a los depósitos de una gasolinera próxima. La Guardia Civil detendría dos años después a los autores, que reconocerían ante el juez ser los responsables del asesinato.

Los terroristas se habían propuesto celebrar su medio siglo de existencia asestando un golpe de envergadura. No les bastaba con el asesinato de Puelles. Los ertzainas tuvieron que trabajar contrarreloj para desactivar una carga colocada junto a la Casa del Pueblo de Durango (Vizcaya), alertados por un vecino que sospechó del movimiento de los etarras. Días después, el 29 de julio, el escenario del terror se trasladó a Burgos. Una furgoneta bomba estalló junto a la casa cuartel de la Guardia Civil, situada entre la calle Jerez y la avenida Cantabria, y en la que vivían 120 personas; 41 de ellas, niños. La deflagración reventó el edificio e hirió a 64 inquilinos. Muchos se preguntaban, impresionados por las enormes proporciones de la explosión, cómo nadie había muerto. En el pavimento quedó un cráter de siete metros. Íñigo Gutiérrez, colaborador legal del comando Vizcaya, había recopilado la información para perpetrar el atentado. En la furgoneta había setecientos kilogramos de amonal con un sistema de activación mediante temporizador. El vehículo era una Mercedes Vito. Los terroristas camuflaron su color verde original bajo una capa de pintura blanca para que coincidiese fielmente con una furgoneta igual que aparcaba de manera habitual en la explanada próxima al cuartel, y que era conocida por los guardias civiles que hacían regularmente la vigilancia exterior del recinto. Dos años después la Guardia Civil terminaría deteniendo a los autores del ataque, a los que se penó con la mayor condena impuesta a unos terroristas en España por una acción terrorista: 3.840 años de prisión a cada uno de los tres integrantes del comando Otazua por este atentado. El ataque contra la casa cuartel de Burgos fue el último de ETA contra este tipo de viviendas; una fijación que durante tres décadas dejó un balance de 89 atentados, 33 muertos y casi trescientos heridos.

ETA agonizaba. Y en el que ya era su penúltimo estertor, volvió a atacar al enemigo que estaba extendiendo su acta de defunción. El 30 de julio de 2009, un día después de atentar contra el acuartelamiento de Burgos, mató en Palmanova, en el término municipal de Calvià (Mallorca), a los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada García y Diego Salvá Lezaun, ambos menores de treinta años, los últimos guardias civiles que serían asesinados por ETA. Carlos se acababa de incorporar al cuerpo. También Diego celebraba su reintegración a la Guardia Civil tras rozar la muerte en una carretera de Mallorca por un gravísimo accidente de moto que le había dejado en coma varias semanas. La bomba lapa contenía entre tres y cuatro kilos de explosivos. Los dos agentes asesinados viajaron con la bomba bajo el coche oficial a primera hora de la mañana, pero el artefacto no explotó porque el temporizador del seguro lo impedía. En cambio, cuando regresaron, a las 14.15 horas, el seguro ya no funcionaba y el artefacto estalló al poner en marcha el coche. Horas más tarde, artificieros localizaron una segunda carga adherida a otro coche. El entonces sargento Fidel Román, jefe del equipo GEDEX de Seguridad de la Casa Real, participó en el operativo para su desactivación. En su memoria aún resuenan los ecos de aquella jornada:

Mi equipo, integrado por cuatro guardias civiles, estaba ese día de descanso. Nada más oír por televisión que había habido un atentado, me dirigí al Palacio de Marivent, donde me junté con el resto del equipo. Al igual que yo, se habían desplazado de forma voluntaria para echar una mano en lo que pudiéramos ser útiles. Cogimos un coche y nos fuimos a Palmanova, allí me encontré con una escena que jamás te gustaría encontrarte pero que era real, dramática y dantesca. Siempre recordaré el olor a explosivo y a carne humana quemada, que te penetra hasta lo más hondo de tu alma. Lo que quedaba del cuerpo de Diego estaba colgado de un árbol. El otro compañero, Carlos, se encontraba a diez metros, muy hinchado porque le había reventado la onda expansiva. Con el tiempo me he dado cuenta de que puedo pasar horas recordando el más mínimo detalle de aquella imagen, es como si hubiese guardado una fotografía en mi mente. No sé si es la imaginación o realmente es la memoria la que rellena hasta el más mínimo hueco. Cuando ves un trozo de cuerpo, vestido con tu uniforme, el cerebro te grita que es un ser humano, que ama, sueña y tiene ilusiones, que puedes ser tú. Esa grotesca caricatura es el envoltorio de todo lo que eres. Realmente ves la vida, el terrorismo y el servicio a los demás de forma diferente, porque ahora sabes lo que estás ofreciendo a tus compañeros y a la sociedad por tu esfuerzo. La auténtica recompensa de un TEDAX es evitar volver a ver en qué se convierte un ser humano tras cuatro kilogramos de explosivos usados por un asesino. Espero que mis compañeros me perdonen pero ellos me enseñaron a tener miedo a morir por una explosión, que no solo te mata, sino que hace que pierdas tu cuerpo de ser humano. A veces pienso que los terroristas tienen suerte de ir únicamente a la cárcel. Creo que sería más duro si cada día los sentaran una hora delante de la fotografía que yo recuerdo.

Todo estaba lleno de ambulancias. Cuando miras el coche explosionado vuelves a hacer el esfuerzo de intentar imaginar, de poner de nuevo a tus compañeros dentro del armazón de hierro de tal forma que no tuvieran daños. Pero es imposible, es un reto mental que no tiene solución. Ese amasijo metálico es incompatible con la vida de quienes fueron sus ocupantes. Al llegar hablamos con el sargento del GEDEX de Palma de Mallorca: «¿Qué te hace falta? ¿Qué zona no está limpia?», le pregunté. Me pidió que barriésemos la zona por si había otro explosivo. Qué importante es el entrenamiento, te hace actuar sin pensar. Tu cerebro y tus sentidos pueden estar atascados, pero el entrenamiento de mil mañanas te guía y no necesitas pensar. Llegamos al antiguo cuartel y el cabo que había allí me dio las llaves de un vehículo oficial, un Nissan Patrol que se encontraba estacionado a unos diez metros. Acordonamos la zona. Era una zona limpia donde pudimos trabajar sin ninguna presión ya que todos los medios de comunicación se encontraban en el lugar del atentado. Evacuamos todos los hoteles que se encontraban en un radio de unos doscientos metros y nos acercamos dentro de los límites de seguridad con los perros. Pasaron al lado del vehículo sin detectar nada, sobre todo porque el olor a explosivo llegaba desde el otro punto donde había explosionado el vehículo y todo se distorsionaba. Pero uno de los perros, Ajax, hizo un extraño, como si hubiera explosivo. Con la mosca detrás de la oreja me acerqué un poco más al Nissan y desde la acera observé un paquete negro; efectivamente se trataba de una bomba lapa. Dimos otra vuelta con los perros para confirmarlo. Uno de ellos se sentó, que es lo que suelen hacer los perros cuando detectan explosivo. Hice una foto de la bomba lapa adosada en los bajos del Nissan, confirmamos que efectivamente se trataba de un artefacto explosivo y llamamos a otro grupo del GEDEX, especializado en desactivación. Los encargados de hacerlo fueron el sargento Rico y Domingo, del cuartel de Tres Cantos (Madrid), mediante una explosión controlada.

El padre de Carlos Sáenz de Tejada García se enteró de la noticia por uno de sus sobrinos:

Carlos era un gran guardia civil, aunque su vida estudiantil fue un poco peculiar. Probó de todo, módulos de electricidad, chapa y pintura y luego soldado profesional, hasta que dio con la profesión que le encantaba. A pesar de ser un gran deportista le costó superar las pruebas de natación porque tenía mucho miedo al agua, pero al final lo logró y accedió al cuerpo. Tan solo hacía diez días que había tomado posesión como guardia civil.

Conocimos la noticia por la llamada de uno de nuestros sobrinos. Nos comentó que había un atentado en Mallorca. Rápidamente conectamos la televisión: ¡Atentado en Calvià! Es ahí donde está destinado Carlos. En ese momento te llenas de incertidumbre, de nervios, pavor, coges el móvil y empiezas a llamarle, esperando que lo coja, que te diga que no está de servicio, que no ha sido él… ¿Por qué va a ser él habiendo más guardias civiles? Pero no responde. Mi esposa, Esther, estaba llamando a los padres de un amigo de Carlos destinado en Palma para ver qué sabían. Le decían que no era nuestro hijo porque era un tal Enrique. A continuación entré en internet para ver qué había. También llamé a la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, donde después de identificarme estuvieron pasándome de despacho en despacho y nadie se atrevía a contarme nada. Yo seguía en el móvil, que una vez se cortaba, otra comunicaba. Hasta que de repente el teléfono de Carlos deja de comunicar y una voz me pregunta: ¿es usted su padre? En ese momento comienzas a afrontar la realidad. Habíamos perdido a nuestro hijo a manos de unos asesinos. Nos abrazamos llorando, de dolor, de rabia, de impotencia…

Vivíamos en Burgos. Al poco tiempo llegaron a casa Cristina, mi hija pequeña, y su marido, que estaban en el Club Deportivo Militar. A partir de ahí la casa se llenó, toda la familia, los amigos, algunos vecinos, el teléfono sonando sin parar… Patricia, mi hija mayor, su marido y su hijo, venían de viaje de sus vacaciones y se enteraron a sesenta kilómetros de Burgos. Estaban llamando reiteradamente a los móviles y tuvimos que decírselo. Después entras en una especie de shock, de vorágine, de nube. No sabíamos cómo había sido, cómo podía estar el cuerpo de Carlos, porque no sabes cómo vas a ir a recogerlo, qué vuelo hay, dónde te quedarás… La Guardia Civil lo tenía todo preparado. Nos recogieron en dos coches y nos llevaron al aeropuerto, donde ya nos esperaba mi hermana, para coger el avión hacia Palma de Mallorca. Allí nos estaban esperando dos psicólogos, los «Manolos», que con un cariño infinito fueron de una gran ayuda y un apoyo inestimable durante el tiempo que estuvimos en la isla: su presencia apenas se notó, pero estaban ahí. También sus compañeros de la Guardia Civil, que nos trasladaron al hotel. Es entonces, en la habitación, en la más absoluta soledad, cuando te recuperas un poco del bloqueo mental y empiezas a darte cuenta de lo que ha pasado; comienzan a surgir las mil preguntas que se agolpan en la cabeza. ¿Por qué a Carlos? ¿Por qué a nosotros? ¿Qué hemos hecho? Y las dudas que te planteas como creyente y practicante: ¿Existe Dios? ¿Cómo ha permitido la muerte de Carlos y Diego con toda la vida por delante? ¿Por qué permite vivir a sus asesinos? Y la posterior pelea con y contra mi Dios.

El testimonio del padre del guardia civil asesinado da cuenta de cómo, ante la tragedia, los familiares de los agentes, al menos, no padecen la soledad de otras épocas:

El día siguiente fue fuerte, muy fuerte. Nos recogieron en el hotel y nos llevaron a la capilla ardiente que estaba ubicada en el Palacio de la Almudaina, al lado de la catedral, donde posteriormente se celebraría el funeral de Estado. Allí estuvimos rezando y llorando, en la intimidad, junto a los féretros de Carlos y Diego, las dos familias. Después entraron las infantas, que habían estado esperando fuera, respetando nuestra privacidad, y el obispo castrense de la Guardia Civil, para rezar un responso. También el presidente del Gobierno, el ministro del Interior, el teniente general de la Guardia Civil y un sinfín de autoridades. También todo el pueblo llano, la gente de a pie. Eso fue lo más impactante. ¡Cómo había calado entre la gente de Palma el atentado! El corto trayecto entre la capilla ardiente y la catedral resultó impresionante y durísimo. Oíamos a la gente vitorear a la Guardia Civil, aplaudir el paso de los féretros que llevaban a hombros sus compañeros. Veíamos a mandos de la Guardia Civil llorando como niños. En el funeral de Estado ya estaban los Príncipes de Asturias, fue oficiado por los obispos de Mallorca y el Castrense. A la salida se repitieron las muestras de cariño y afecto de todo el pueblo de Mallorca.

A primera hora de la tarde recogimos el cuerpo de nuestro hijo, lo trasladamos a Burgos en un avión militar y aterrizamos en Villafría, donde nos esperaba toda la familia y los amigos de nuestro hijo. La llegada al tanatorio fue más dura todavía, porque aquí le ponías nombre y cara a los apretones de mano y a los abrazos. Al día siguiente celebramos el funeral y posterior entierro con mi hijo a hombros de sus amigos, arropados por la familia, nuestros amigos, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento, la Guardia Civil, Delegación del Gobierno, y todos los burgaleses; fue un día muy intenso. Unos días después todo el pueblo de Burgos nos acompañó en la misa funeral que el arzobispo de Burgos celebró en la catedral en memoria de Carlos.

Cada vez eran más numerosas en ETA y en su entorno las voces que pedían el cese de la violencia. Txema Matanzas, histórico abogado de presos de la organización y condenado a diez años de prisión por su pertenencia a Ekin, cargaría contra la cúpula de la banda por «estar alejados de la realidad tras la ruptura de la tregua» y sostener un «discurso delirante en los últimos años». Txema Montero, letrado integrado en las filas de Herri Batasuna, constataría sin ambages que «la Guardia Civil ha sido el instrumento más efectivo en la lucha contra ETA». Pero la banda, obcecada en sus propósitos, apostó por una reestructuración ínfima y por seguir con la «lucha armada concreta, selectiva y eficaz», según su propia descripción. Su cúpula, desnortada, joven e inexperta a raíz de los últimos golpes policiales, no supo interpretar las críticas de los veteranos de la organización; optó por una agonía que todavía se prolongaría varios años.

24

ACTA DE DEFUNCIÓN DE ETA

ETA afrontaba la necesidad de reestructurar sus restos, aunque sin saber muy bien para hacer qué. Poco quedaba de aquella organización terrorista que había puesto en jaque al Estado. Ya no tenía capacidad para exigir una negociación, aunque algunas voces internas la contemplaban aún y pedían, ya, una «salida digna» a una situación insostenible. Los recientes asesinatos de los guardias civiles Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada representaban en julio de 2009 un anacronismo que la sociedad no estaba dispuesta a tolerar. Para la izquierda abertzale tampoco resultaba ventajoso ni deseable, como antes, viajar de la mano de la banda. ETA estaba bajo mínimos y sufría su calvario en cada golpe policial, que la acercaba cada vez más al desenlace final de su historia.

Javier Arruabarrena y Oihana Garmendia no pudieron cumplir la orden perentoria y principal que les había trasladado la dirección: ningún miembro de la banda podía caer detenido en un momento tan crítico. Ambos estaban integrados en el aparato de información. La Policía francesa los detuvo en Charenton-le-Pont, al sureste de París, a partir de las investigaciones de la Guardia Civil. Ninguno de los dos sospechaba que sus pasos habían guiado al instituto armado hasta otros miembros de la organización. Francisco Javier López Peña, Thierry, Jon Salaberria, Ainhoa Ozaeta e Igor Suberbiola fueron algunos de sus compañeros capturados gracias a su seguimiento. También caerían en febrero de 2012 Juan Ignacio Otaño e Iñaki Iguerategui, encargados de la recaudación del impuesto revolucionario. Los guardias civiles implicados en la vigilancia de Arruabarrena y Garmendia obtuvieron datos suficientes para abrir varias vías de investigación, como lo fue la Operación Verano Azul:

En mayo de 2008, en la localidad francesa de Biarritz, Javier Arruabarrena y Oihana Garmendia mantuvieron una cita con Julen Etxaniz y Arkaitz Landaberea (dos legales españoles). Javier y Oihana acudieron con un Citroën C-3. Él fue a pie hacia la zona del Monumento a los Caídos, con una cámara de fotos al cuello en plan turista y una mochila a la espalda. Ella se quedó sentada en un banco de la explanada de Puerto Viejo de Biarritz junto a un puestecillo de helados haciéndole una contravigilancia perfecta. Los guardias civiles de UCE-1 y GAO controlaban toda la zona y a todos los objetivos sin que ninguno de ellos detectase nada extraño. Sobre las 12.05 horas, Javier y Oihana se juntaron y se fueron al restaurante Santa María, donde se tomaron una consumición en la terraza. Ella no paraba de fumar. Prácticamente no se dirigieron la palabra. Sobre las 12.30 se observó a dos individuos de aspecto borroka, medio montañero, por la zona del Monumento a los Caídos. Por su forma de vestir no pintaban mucho por allí, ya que todo el mundo iba con bermudas o con ropa de pasear. Javier y Oihana pagaron su consumición y se dirigieron a la zona de la Roca de la Virgen, donde había varias personas en el mirador, entre otras los dos borrokas. Javier y Oihana se sentaron en una parte del mirador. Al poco rato se levantaron y se volvieron a sentar, esta vez a pocos metros de los dos sospechosos. Sin llegar a dirigirse la palabra, Javier y Oihana se levantaron, cruzaron nuevamente la pasarela, atravesaron la explanada de la Vierge y entraron en el restaurante Equinoxe. Los dos borrokas siguieron sus pasos, mirando para atrás todo el trayecto y mirando todo lo que había alrededor. Los cuatro comieron juntos. Al salir del restaurante se separaron andando en direcciones distintas.

El operativo permitió la desarticulación del comando Urruti en diciembre de 2008, con la detención de Julen Etxaniz y Arkaitz Landaberea —los dos borrokas de Biarritz— y sus parejas sentimentales. Javier Arruabarrena y Oihana Garmendia también condujeron a los agentes de forma inconsciente hasta uno de los últimos dirigentes de la organización:

El 24 de agosto de 2008, Javier y Oihana mantuvieron una cita en Biarritz con un individuo que posteriormente será identificado como David Pla Martín, dando lugar a la apertura de la Operación Acuario. David Pla se integrará con posterioridad en la estructura (h) Alboka de ETA, llegando a ostentar la máxima responsabilidad en el aparato político. Será detenido en Francia el 22 de septiembre de 2015 junto a Iratxe Sorzábal, ambos integrantes de la última cúpula directiva de ETA.

Todos los movimientos de Javier Arruabarrena y Oihana Garmendia se desarrollaban en Francia:

El 29 de abril de 2009 controlamos una cita en Toulouse entre Mikel Karrera Sarobe, Ata, y Javier Arruabarrena. También por los alrededores de la cita, realizando labores de contravigilancia, se encontraba Asier Borrero Toribio. Al terminar la cita, Javier Arruabarrena monta en el TGV (Tren de Alta Velocidad) que va a París. Nos montamos acompañados de un policía francés, pues no teníamos billete. Cuando pasa el revisor se arregla el asunto del billete y nos confirma que Javier va a París. En el tren vamos cinco agentes. Javier llega a París, coge el metro, se baja cuatro paradas después y toma un taxi. El taxista le llevó a la calle Maréchal Lattre de Tassigny, entre los números 22 y 28 de la localidad de Charenton le Pont, en la periferia de París. Ya en mayo de 2009 se ve entrar a Javier Arruabarrena en el número 5 de esa calle. En este domicilio también es vista Oihana Garmendia Marín. El 7 de mayo de 2009, Javier Arruabarrena y Oihana Garmendia se reúnen con la abogada de presos de ETA Yolanda Molina Ugarte en un restaurante en París. Salen tras una hora y media y, tras recorrer varios bares y cafeterías se separaron a las 22.15 horas. Un equipo operativo se hizo cargo de Yolanda y viajó con ella en tren hasta Bayona, donde recogió un Golf azul; se comprobó que residía en la rue Jules Labat 38 de Bayona. Finalmente, el 25 de junio se decide conjuntamente con el Servicio policial francés de DCRI detener a Javier y Oihana, que ejercían responsabilidad en la estructura de información dependiente del aparato militar de ETA, dejando nuevamente abiertos otros hilos de investigación que en un futuro muy próximo nos darían nuevos éxitos.

Esos éxitos se traducían infaliblemente en más detenciones, como las de Asier Borrero, Iurgi Garitagoitia e Itziar Plaza, integrados en el aparato militar, que habían sido objeto de largas vigilancias por los guardias civiles:

La operación se inicia en Semana Santa de 2009 con el control del vehículo Citroën C-4 negro que utiliza el miembro de ETA Asier Borrero Toribio, Urruña. El 15 de abril de 2009 aparece el Citroën estacionado en la rue Víctor Bart de Versalles. A las 20.18 horas vemos a Mikel Karrera Sarobe, Ata, y a Asier Borrero Toribio acompañados de otro individuo que lleva una gran mochila de montaña y una maleta trolley pequeña. Se aproximan al Citroën, introducen el equipaje y se marchan junto a Iurgi Mendinueta Mintegi. Con posterioridad y de forma sucesiva fueron apareciendo más objetivos hasta un total de siete. El 26 de abril se observa a Asier Borrero Toribio con una mujer que será identificada como Itziar Plaza Fernández. Tres días más tarde es controlada una cita en Toulouse en la que aparece Javier Arruabarrena Carlos, junto con Mikel Karrera, a la vez que se observa a Asier Borrero hacer una contravigilancia a los dos primeros.

Observamos que la cita no se desarrolla en términos amistosos. Javier y Mikel gesticulan mucho, da la sensación que están discutiendo. Hasta el 24 de mayo se observan varias citas entre los objetivos Asier Borrero e Itziar Plaza. La Guardia Civil tiene conocimiento de que Asier Borrero e Itziar Plaza reciben la orden de abandonar Toulouse. El 3 de junio ambos abandonan sus respectivos domicilios. El 8 de junio de 2009 se tiene conocimiento de que el Citroën C-4 sufre un accidente, y de que sus ocupantes roban otro vehículo manteniendo un enfrentamiento con la Gendarmería que los había localizado. Este tiroteo obligará a la Guardia Civil a replantear la operación para tratar de recuperar a los objetivos de la misma. Finalmente, tres de los objetivos de esta operación serán detenidos de manera imprevista el 4 de julio por la Policía francesa: Asier Borrero, Itziar Plaza e Iurgi Garitagoitia. Fueron reconocidos por un policía francés a la salida de un restaurante de comida rápida. Durante el desarrollo de esta operación fueron localizados varios zulos en los que se establecieron controles de vigilancia por personal de la Guardia Civil y Policía francesa. Uno de los zulos estaba situado en la localidad de Chadrat, frente al cementerio; se trataba de un pequeño depósito que contenía una caja con dinero. Al mismo acceden en varias ocasiones diferentes miembros de ETA a los que se intenta seguir tras la visita.

La infraestructura de la organización estaba diezmada. La manera de ocultar sus armas y explosivos también se adaptó a criterios de mayor seguridad. Sus zulos no eran como los de años atrás; ahora optaban por garajes que empleaban de forma temporal o recurrían a agujeros en el monte en el que escondían el material, en pequeñas cantidades. La Guardia Civil y la Policía francesa vigilaron estos zulos y detectaron, en el mes de agosto de 2009, la presencia de Mikel Karrera Sarobe, Ata, responsable del aparato militar, Iurgi Mendinueta Mintegi, Aitor, y Joanes Larretxea Mendiola, Harri. Los dos últimos desempeñaban labores de responsabilidad en la logística del aparato militar, figuraban en las listas de más buscados, y fueron arrestados el 11 de octubre en las proximidades de uno de los zulos que acababan de manipular. En otras ocasiones se optaba por desmantelar los zulos si no se observaba a ningún miembro de la organización durante un prudente plazo de tiempo. Eso fue lo que ocurrió el 13 de septiembre de 2009, cuando las autoridades francesas intervinieron el zulo situado en una zona boscosa en la localidad francesa de Pindères, en cuyo interior se hallaron ochenta litros de nitrometano, cuarenta litros de nitrato de amonio, dos dispositivos electrónicos preparados para confeccionar bombas lapa, 20 temporizadores, 58 detonadores y cuatro kilogramos de pentrita. También se incautó armamento —un subfusil Uzi, cinco revólveres y siete pistolas— y un gran número de placas de matrícula sin troquelar.

Las detenciones se producían en cascada y los terroristas se sabían acorralados. Alberto Machaín, Aitzol Etxaburu y Andoni Sarasola, integrados en el aparato logístico, fueron detenidos tras una investigación de las Policías francesa y española. También se localizó en Madrid, en el término municipal de Cercedilla, un zulo con una pistola y material explosivo. Y en octubre se conseguiría derrumbar a través de la Operación Katea uno de los últimos pilares sobre los que se sostenía la estructura de ETA:

Esta operación tiene su origen en una noticia que recibe la Policía francesa sobre el alquiler de un apartamento en la localidad de La Rochelle, en agosto de 2009, a nombre de una persona con pasaporte italiano, Giovanni Abbate. Este individuo, para hacer efectivo el alquiler, aportó cuatro nóminas y un contrato de trabajo falso en el que figuraba como empleado de la compañía aérea española Iberia. La Guardia Civil y la Policía francesa confirman que puede tratarse de documentación falsa utilizada por ETA. Los agentes controlan la vivienda y el vehículo que utiliza, un Volkswagen Golf que se halla estacionado en el garaje de la casa. Se identifica al individuo como el miembro de ETA Aitor Elizarán Aguilar. Se decide incrementar la calidad de la vigilancia sobre el domicilio colocando medios técnicos de audio en la cocina. El día 23 de septiembre Elizarán se desplaza a la estación de Saintes, donde recoge a una mujer para llevarla al apartamento; es identificada por los agentes como Oihana San Vicente Sáez de Ceraín, también miembro cualificado de ETA. El 14 de octubre se observa cómo los terroristas estacionan su vehículo frente a la puerta de la vivienda, poco antes de las 7.00 horas de la mañana, y lo cargan apresuradamente. El sonido del audio deja de emitir señal con un corte brusco, después de oír cómo manipulan el mobiliario de la cocina; ambos se marchan de manera nerviosa. Esa misma noche los agentes entran en la vivienda; los terroristas habían localizado los medios técnicos tras una avería doméstica. Aitor Elizarán y Oihana San Vicente habían huido dejando una nota con cierta sorna dirigida a los policías, justo cuando la operación comenzaba a ser muy rentable. Los terroristas dejaron su vehículo abandonado en Niort para evitar ser seguidos. Pasaron una semana durmiendo en el monte pero igualmente vigilados las veinticuatro horas del día; la Guardia Civil no dejaba nada al azar, y articulaba mecanismos para no perder nunca el rastro de los dos etarras. Se desplazaron a Carnac, municipio de la costa atlántica francesa situado al noroeste de La Rochelle. Estacionaron un vehículo Audi A3, robado en Carnac un día después de la huida del apartamento de La Rochelle, y accedieron a un portal de la rue Douet n.º 7. El día 19 sobre las 12.00 horas los miembros de ETA salen de su domicilio y cuando acceden al Audi son bloqueados por dos vehículos de la Policía francesa que proceden a su detención.

Aitor Elizarán Aguilar y Oihana San Vicente habían ascendido rápidamente en el organigrama de ETA tras las sucesivas detenciones de los responsables de la organización. Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki, le había encargado a Elizarán la dirección del aparato político después de que, en 2008, su enfrentamiento con Francisco Javier López Peña, Thierry, pusiera a la banda terrorista a las puertas de una escisión. Entre los efectos que les fueron incautados a Aitor Elizarán y Oihana San Vicente se encontraron boinas, capuchas, jerséis con escudo y un mantel de mesa con el emblema de Euskal Herria, que era el que empleaban en los vídeos y entrevistas de miembros de ETA. Esa puesta en escena se encuentra hoy en los pasillos de la Jefatura de Información de la Guardia Civil.

Precisamente la documentación incautada a Thierry seguía proporcionando réditos a la Guardia Civil. Gracias a estos papeles se dedujeron los vínculos del abogado Joseba Agudo Mancisidor con ETA, para la que, según se interpretó, operaba como enlace con sus miembros huidos en otros países. Detenido en Hendaya bajo esta imputación, fue absuelto por falta de pruebas por la Audiencia Nacional, pese a constar su asesoramiento a etarras huidos. Pero lo que más llamó la atención de los agentes fue la descripción de un plan de fuga de presos de la cárcel de Huelva que debía llevarse a cabo por medio de un helicóptero:

La Jefatura de Información, UCE-1, inició una investigación con el fin de determinar e identificar a todas las partes integrantes e intervinientes en este plan de fuga. Uno de los presos que pretendía fugarse de la prisión de Huelva era Jorge García Sertucha, Patas, condenado por el intento de asesinato del Rey en Palma de Mallorca. Los miembros liberados que iban a propiciar la fuga desde el exterior de la cárcel eran los del comando Vizcaya (denominado Askatasun Haizea): Jurdan Martitegi Lizaso y Arkaitz Goikoetxea Basabe. En un principio, el plan de fuga estaba previsto realizarlo en el verano de 2007. Como Igor Solana, compañero de fuga de García Sertucha, renuncia en última instancia a fugarse de la prisión por motivos personales —su compañera sentimental se había quedado embarazada—, la dirección de ETA suspende el plan de fuga y lo retrasa hasta el verano de 2008. A raíz de la desarticulación del comando Askatasun Haizea, en julio de 2008, la Guardia Civil evita la reactivación para ese mismo verano del proyecto de fuga de la prisión de Huelva, pero consideró necesario identificar al resto del entramado que iba a participar en ese plan.

Asier Borrero Toribio había viajado varias a veces a Huelva, donde tiene varios familiares. Gozaba de la coartada perfecta y de infraestructura: se llegó a la conclusión de que podría ser uno de los miembros legales que participaría en el plan de fuga. Se realizó un amplio estudio tanto en Portugal como en Andalucía de los posibles helipuertos donde ETA llevaría a cabo el secuestro del piloto. Se analizó la ubicación de los mismos, tiempos de vuelo, sin llegar a concluir nada determinante. Por otro lado, se estuvo investigando al entorno de Jorge García Sertucha con la finalidad de poder determinar qué tipo de actividad podían realizar dentro del proyecto de fuga. Se observó que Ana Paz Cinos Juanes, compañera sentimental de García Sertucha, aprovechaba las normas especiales de las comunicaciones en prisión para introducir y sacar notas. Las que Ana Paz sacaba de prisión se las daba al abogado Ignacio Goyoaga. El letrado también le entregaba notas procedentes de ETA para que las introdujera en prisión. También se vio a Ana Paz con Juana Orta González, conocida por su ideología independentista y apoyo a los familiares de presos de ETA, detectando en alguna ocasión el intercambio de algún papel o sobre. En el registro del despacho profesional del abogado Goyoaga se encontró documentación relativa a una carta de extorsión (impuesto revolucionario) dirigida a un empresario, reclamando la cantidad de 120.000 euros. Hay que destacar que se trata de contestaciones del extorsionado a la organización terrorista ETA.

Jorge García Sertucha y Jon Igor Solana Matarrán, ya en la cárcel, y Arkaitz Goikoetxea, que debía coordinar el plan desde el exterior, fueron acusados de esta tentativa. Su plan pasaba por alquilar un helicóptero y secuestrar a su piloto para acceder al patio del centro penitenciario y rescatar mediante cuerdas a los dos presos de ETA. También fue detenido el abogado de la izquierda abertzale Ignacio Goyoaga Llano, entre otros. La Audiencia Nacional juzgó a todos ellos en septiembre de 2012: fueron finalmente absueltos al considerarse que el plan de fuga no había pasado de una «mera ideación». No era la primera vez que la organización había ideado una operación de características similares. En 1990 se formó un comando para liberar con un helicóptero a De Juana Chaos y a otros cuatro presos; lo mismo ocurrió en 1992, con Henri Parot y Kubati. Sus planes fueron abortados en todas las ocasiones.

Ninguna de las estructuras de ETA era ya inmune a la presión de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. Tampoco Segi, su organización juvenil. El 24 de noviembre, una operación conjunta entre la Guardia Civil y la Policía dio el golpe de gracia a su financiación y organigrama. Detuvieron a 34 personas y realizaron 92 registros. Entre los materiales incautados se encontraron bombonas de camping-gas, gasolina, ácido, guantes, recipientes y manuales para la elaboración de artefactos explosivos e incendiarios, además de dinero en sobres y anotaciones manuscritas con placas de matrícula. La cantera de ETA, convertida en muleta de la organización, tenía como misión «generalizar el terror social» dentro de su «estrategia de hostigamiento», tal y como reflejó en un auto el juez Fernando Grande-Marlaska. La había cumplido durante décadas bajo las marcas de Jarrai y Haika para después convertirse en Segi. Todas ellas fueron declaradas como «organizaciones terroristas» por el Tribunal Supremo en 2007. La izquierda abertzale clamó contra esta declaración, en un momento en el que comenzaba a agitar la maquinaria para escribir su propio relato de la historia: pedían el acercamiento de presos, considerados como víctimas de la presión del Estado, proliferaban los actos en homenaje a terroristas de ETA condenados por sus crímenes. Jugaban con los límites de la justicia y cargaban contra la actuación de los cuerpos policiales: «En Euskal Herria todo el mundo lo sabe: aquí se tortura, todos los cuerpos policiales y represivos utilizan la tortura sistemáticamente contra los independentistas vascos», apuntó la alcaldesa de la localidad guipuzcoana de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, de ANV, en un mitin en el que pidió, literalmente, un «chaparrón de aplausos» para Igor Portu y Mattin Sarasola, los autores del atentado de Barajas de 2006 en el que murieron dos personas, la más conspicua de las proezas atribuibles a los así jaleados.

El PNV, mientras, presentaba una proposición en las Juntas Generales para que se impidiera la presencia en el interior del salón de plenos de la Casa de Juntas de Guernica de representantes uniformados de los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como del personal de las fuerzas armadas: «Nadie puede ignorar el profundo carácter simbólico que la Cámara situada en la Casa de Juntas de Guernica tiene, íntimamente ligado a la defensa de la paz, y la condena del militarismo y la guerra, carácter este con el que difícilmente puede casar la presencia de uniformados ocupando el espacio parlamentario», esgrimió la portavoz jeltzale, Aizbea Atela, después de la sesión en la que el lehendakari Patxi López juró su cargo; un acto al que asistieron como invitados mandos de la Guardia Civil, del Cuerpo Nacional de Policía, del Ejército y de la Ertzaintza.

ETA tuvo mayor presencia mediática por sus mensajes que por sus atentados en 2009. En uno de ellos, remitido al diario Gara, denunciaba la desaparición del militante de la banda terrorista y expreso Jon Anza, quien debía haber acudido a una cita con los terroristas en Toulouse, pero nunca llegó al lugar indicado. Insinuaban inicialmente, aunque luego ya acusaban directamente, a la policía española de estar detrás de esa desaparición.

Por otra parte, la fractura entre la izquierda abertzale y ETA era cada vez más profunda. Tenían, en definitiva, la razón más común para las disensiones entre humanos: un conflicto de intereses. Las elecciones al Parlamento europeo de junio de 2009 separaron aún más sus posturas. La dirección de la banda prefería una coalición con Eusko Alkartasuna-EA, con quienes había mantenido varias reuniones. Pero Batasuna optó por impulsar una lista encabezada por el dramaturgo Alfonso Sastre, con el aval de grupos minoritarios radicales de fuera del País Vasco, bajo el nombre de Iniciativa Internacionalista-Solidaridad entre los Pueblos, que obtuvo un pobre resultado. ETA comenzaba a sospechar que los dirigentes de Batasuna querían mandar y ocupar la dirección política: «Nos irrita enormemente que se siga debatiendo sobre un modelo de proceso que no es compartido por la Organización. Los diseños profundos y concretos del Proceso Democrático los concreta ETA, y ETA con la responsabilidad de la izquierda abertzale, todo lo demás pueden ser diseños de los Procesos Democráticos sin ETA, no los de ETA […] La izquierda abertzale, sus responsables y estructuras no se tienen que meter en los altos niveles de definición del Proceso Democrático, no les corresponde a ellos y, además, no es la prioridad en este momento», detallaba la dirección de la banda en una elocuente misiva. Y en esas discusiones llega a formular la pregunta clave en ese conflicto: «¿Dónde se toman las decisiones? ¿Hay alguien desarrollando la línea fuera de la Dirección?».

Algunos militantes de Batasuna comprendieron que ETA había sido derrotada e impulsaron el relevo desde la herramienta política creada por la propia ETA, apostando de manera firme por las vías políticas y desmarcándose de la violencia, como consecuencia de los continuos golpes policiales asestados a la organización terrorista. Pero esas corrientes eran aún minoritarias. Arnaldo Otegi y la dirección de Batasuna habían lanzado el proceso Bateragune (Punto de encuentro) que aspiraba a redefinir el papel de la formación política dentro del entramado de la izquierda abertzale. Se reunían en la sede del sindicato LAB en San Sebastián, siempre tratando de evitar cualquier seguimiento policial. Lo mismo pretendía Otegi cuando viajaba a Francia, donde los investigadores sospechaban que podía reunirse con responsables de la banda terrorista para acordar el futuro de ambos. Los movimientos indujeron a la detención, el 13 de octubre, de los principales dirigentes abertzales bajo la acusación de intentar reconstruir Batasuna. Joseba Egibar, del PNV, lamentó la operación y cargó contra quienes «no querían que ETA desapareciese», en referencia al Gobierno español y a los cuerpos policiales. La desarticulación del Bateragune dejó a ETA y a Ekin sin el único instrumento del que a esas alturas se servían para ejercer la dirección de la izquierda abertzale, además de provocar caos, confusión y descoordinación entre las direcciones de ambas organizaciones. Entre los documentos que estaban elaborando se detallaba la necesidad, adaptando a los nuevos tiempos su jerga ya bien conocida, de acumular «fuerzas político-sociales» para abrir un proceso de negociación con el Estado. La diferencia esencial entre ambos, el documento de Batasuna y el de ETA, radicaba en que el propuesto por la formación abertzale descartaba el empleo de la lucha armada —o al menos no la citaba— por considerar que su vigencia perjudicaba la acumulación de fuerzas en torno a su proyecto político-social, mientras que la propuesta de la banda terrorista mantenía su vigencia como instrumento determinante. ETA no logró imponerse y el documento aceptado por las bases de la izquierda abertzale fue el de Batasuna. Esta decisión venía a certificar que los terroristas ya no estaban en la vanguardia del Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Solo la «lucha de masas, institucional e ideológica» era un instrumento válido. La izquierda abertzale asumía la responsabilidad de dirigir el «proceso de liberación».

ETA hacía aguas en todos los frentes. La descomposición absoluta e irreversible era un hecho real. En 2009 realizó quince atentados, la mitad que en 2008, asesinando a tres personas; dos de ellos eran guardias civiles. Y 2010 había de ser un año fatal para sus intereses. La Guardia Civil detuvo el 8 de enero en Lizartza (Guipúzcoa) a Pedro María Olano Zabala, enlace entre el aparato logístico de la banda y los comandos operativos. Zabala ya había sido condenado a dos años de cárcel por amenazar de muerte a la alcaldesa de esa misma localidad, Regina Otaola, del PP. Declaró al Servicio de Información que en 2001, junto a sus compañeros de comando ahora huidos, había transportado un lanzamisiles destinado a atentar contra el entonces presidente del Gobierno José María Aznar; un propósito frustrado hasta en tres ocasiones por un fallo en la maquinaria. Un día más tarde, la Policía francesa y la Guardia Civil detuvieron en Chadrat a Iñaki Iribarren Galbete y Eider Uruburu Zabaleta cuando acudían a uno de los numerosos zulos en los que ETA había dispersado su material y armamento. La Operación Ardoa concluyó tras meses de vigilancia:

El inicio de esta investigación se remonta a la primavera de 2009, tras la localización de un zulo en Chadrat con motivo de una operación anterior. Fue vigilado con medios técnicos y en ocasiones con apostaderos mixtos (español-francés), primero de forma discontinua debido al desarrollo de otras operaciones y de forma permanente desde el 17 de septiembre de 2009. Se montó un observatorio en una casa de la localidad de Chadrat. Aunque llamarlo casa era decir mucho, ya que estaba llena de cascotes y escombros, en plena reforma. Allí se situaban dos agentes de UCE-1 que se encargaban de vigilar el camino. También se disponía de un coche con varios guardias civiles que se encargaban de comunicar todas las incidencias del exterior al puesto de mando y de transmitir las órdenes o incidencias.

El dispositivo se iniciaba invariablemente a las 6.45 horas de la mañana. Cada mañana a primera hora se comprobaba la marca puesta en el zulo. El plan de detención consistía en que, en el momento en que se viese llegar a los terroristas desde la casa, se avisase al equipo de intervención francés (el RAID) por radio. Estos debían acercarse y, en cuanto los terroristas estuvieran montados en el coche, procederían a su detención. Por este motivo no se podían dar falsas alarmas. Había que estar muy seguros. El 9 de noviembre se compró material técnico de alta montaña para los guardias civiles para hacer los apostaderos. A mediados de diciembre de 2009 las temperaturas habían bajado drásticamente. Se acumula la nieve, que dificulta la visión desde los apostaderos. Era terrible el intenso frío propio del centro de Francia que sufrían los agentes a la intemperie en turnos de 12 horas. Sus terminales móviles se congelaban, quedando incomunicados. Se mantuvo el dispositivo durante todas las Navidades. El día 9 de enero de 2010, sobre las 9.30 horas de la mañana, se observa a un individuo bajando a pie desde el pueblo, deteniéndose un segundo junto al apostadero, continuando por el camino que va al zulo, para darse la vuelta y regresar al pueblo. Sobre las 21.40 horas, un Ford Focus cruza Chadrat, pero por culpa de la nieve se va a la cuneta quedando una rueda en el aire. Nevaba mucho y la carretera era impracticable sin cadenas. Baja una persona del Ford Focus dirigiéndose al zulo. Otra se queda en el coche para intentar sacarlo de la cuneta.

Un agente desde el apostadero comunica que ha visto a alguien meterse entre unos árboles cercanos. Por las cámaras no se observa ningún vehículo. Se comunica a uno de los coches volantes que lo verifique. Cuando se iba a avisar al RAID por si había que actuar, estos comunican que hay un vehículo accidentado entre el cementerio y el acceso al pueblo; el ocupante es español y dice ser policía. Los agentes del RAID se dan cuenta de que el individuo no habla nada y si lo hace es en español, insistiendo en que es policía. Detienen al sospechoso. A continuación, el RAID va a buscar a la persona que se ha metido en el monte en dirección al zulo. Es una mujer y la detienen. Será identificada desde el primer momento como Eider Uruburu Zabaleta. Los agentes proceden al levantamiento del zulo, confirmando que Eider lo había abierto. Dentro había anotado: Amets 2010-1-IX, 2.000 euros cogidos; quedan en el zulo 1.000 euros. En el vehículo en el que viajaban, un Ford Focus robado y con la matrícula doblada, había un revolver S&W, unos 600 euros, numerosa documentación falsa de sus dos ocupantes —incluidas tarjetas de identidad profesional de la Guardia Civil—, matrículas francesas, sacos de dormir, mochilas con ropa, material para el robo de vehículos y unos pendrives. El falso policía es identificado como el miembro de ETA Iñaki Iribarren Galbete.

La detención provocó un profundo desaliento entre las filas de la organización; no tanto por el peso de los detenidos dentro de la estructura, sino por las condiciones en las que se había producido su apresamiento. Los zulos estaban controlados, como también lo estaban, y cada vez más, sus pasos. Nada era seguro. El acorralamiento al que se veían sometidos era asfixiante. Y sus propósitos se veían truncados en cada encuentro con la Guardia Civil. Una pareja del cuerpo, de patrulla en Bermillo de Sayago, un recóndito pueblo zamorano próximo a la frontera con Portugal, detiene el 9 de febrero a dos terroristas que tenían como propósito abastecer y extender la base logística de ETA hasta Portugal. Era un servicio habitual. Sobre las 21.10 horas observan una furgoneta detenida con las luces de avería en el stop de un cruce; el conductor se hallaba con la luz interior encendida mirando un mapa. Al ver a los agentes tiró el mapa y prosiguió la marcha en dirección a Fermoselle (Portugal). Un vehículo francés, a esas horas de la noche, no era normal. Fueron tras él.

La furgoneta se detiene en Bermillo de Sayago. Se le pide al conductor la documentación. Explica que está perdido y que viene de Madrid a llevar material de construcción a Zamora. Se fijan en que otro vehículo gris/azul oscuro merodea, también con matrícula francesa, conducido por una joven de pelo corto rubio y con gafas. Notan que el carnet de conducir no es original, sino una falsificación con la firma en tinta verde, el sello con una forma irregular y la cartulina rosa. Le piden entonces el carnet de identidad, y a primera vista les parece legal, aunque carecen de luz ultravioleta para verificarlo. Piden cotejar los datos al COS (Central Operativa de Servicios), que informa de que el individuo carece de antecedentes y que la furgoneta no se encuentra sustraída. Su apariencia es normal, va bien vestido con un polo de marca Lacoste y no tiene perfil de delincuente. Acceden al interior de la furgoneta, y allí la primera impresión es que se trata de un chatarrero. Hay bidones de combustible y varias bolsas cerradas. Uno de los agentes descubre una que contiene numerosas placas de matrícula y una troqueladora, por lo que le pide a su compañero que se asome.

En ese justo instante el individuo aprovecha para empujar y desestabilizar al agente que hasta entonces le vigilaba de cerca, al que hace caer al interior del vehículo. Cierra la puerta trasera de la furgoneta y huye. Los agentes, que en ese momento desconocen aún que es un terrorista, deciden no utilizar sus armas. El etarra se lleva el vehículo oficial. Finalmente los guardias civiles consiguen salir de la furgoneta e informan a la central que activa todas las patrullas de servicio en la zona. El individuo llegaría hasta Fermoselle, donde detuvo el vehículo oficial sustraído. Se hizo pasar por guardia civil ante un paisano al que intentó robarle el coche; este no se creyó la versión del terrorista, le dio un golpe en el hombro con una barra extensible y escapó. El miembro de ETA atravesó Fermoselle en dirección a Portugal seguido por la patrulla de esta localidad, que ya lo había localizado. El COS alertó de los acontecimientos a la GNR (Guardia Nacional Republicana) portuguesa, según los protocolos de vecindad y mutuo apoyo establecidos: un individuo sospechoso corría hacia su frontera y cabía la posibilidad de que una mujer rubia estuviese realizando las labores de lanzadera a bordo de otro vehículo. Ambos fueron detenidos por las fuerzas de seguridad portuguesas a cuarenta kilómetros de la frontera, e identificados como Garikoitz García Arrieta e Iratxe Yáñez Ortiz de Barrón.

ETA planeaba asentarse en Portugal de manera estable y sus propósitos estaban muy adelantados. Habían alquilado una casa en Aldea de Casal de Avarela, localidad próxima a Óvidos, que utilizaban para producir explosivo. Tenían almacenados cientos de kilogramos, un verdadero arsenal. Solo les faltaba recibir los componentes electrónicos necesarios; los que transportaban a bordo de la furgoneta intervenida. Los TEDAX también hallaron en el vehículo diez kilogramos de pentrita, bidones para enterrar y construir zulos, material para fabricar bombas, una pistola, un revólver, dos máquinas troqueladoras, placas de matrícula francesas sin troquelar y un fusil de precisión con mira telescópica destinado a cometer un atentado contra el lehendakari Patxi López y el consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares. También se les intervino documentación sobre varios zulos y papeles que demostraban sus viajes a Venezuela. Los datos obtenidos sirvieron para detener a dos hermanos integrados en ETA, Andoni y Luis María Cengotitabengoa Fernández. Los terroristas habían arrendado el chalet hacía dos meses, el 1 de noviembre de 2009. Para ello, Andoni Cengotitabengoa y su cómplice Oier Gómez tomaron todo tipo de precauciones: alquilaron el inmueble a un ciudadano angoleño residente en Londres a través de una inmobiliaria. Utilizaron un documento de identidad español falso, de un vecino de 32 años de la localidad madrileña de Getafe que no tenía ningún tipo de antecedentes. La vivienda se había convertido en poco tiempo en un laboratorio para la construcción de bombas. Era un asentamiento desde el que pretendían dar sus golpes en España sin que nadie se esperase ese proceder de ETA. Una vez perdida la sorpresa, Portugal dejaría de ser una opción válida para la banda terrorista. Descentralizar estructuras, por seguridad y para cambiar el modus operandi que las fuerzas de seguridad conocían a la perfección, era uno de los últimos recursos que les quedaban para tratar de prolongar su actividad. Con este nuevo fracaso a manos de una pareja de guardias civiles, su acta de defunción estaba cada vez más cerca de rellenarse por completo.

La Ertzaintza desarticuló el 26 de enero al comando Tontor, en una operación sobre las localidades de Ondárroa, Deva y Motrico que culminó con la detención de sus cinco miembros. El talde ocultaba en un zulo abundante cantidad de componentes para fabricar explosivos. A uno de los detenidos, además, se le incautaron 39 bolsas con cocaína y dos bolsas con marihuana listas para ser vendidas. La droga, ya sea para consumo propio o para traficar con ella, se ha convertido en un elemento habitual de las incautaciones a lo que queda de la banda: cada vez se encuentra en manos de los etarras detenidos más droga y menos armas. Dos semanas después, un control rutinario de los GAR en el término municipal de Cizúrquil (Guipúzcoa) condujo a la captura de Ibai Beobide, encargado de coordinar a varios comandos terroristas que actuaban en esa provincia. También había formado parte, meses atrás, del comando Basakatu. Un experimentado miembro liberado era la opción elegida para minimizar riesgos para los comandos y dirigirlos mejor sin necesitar continuos desplazamientos a Francia. Viajaba en bicicleta y portaba una pistola Smith & Wesson, documentación falsa, varios mapas, un pendrive y dinero en efectivo. La comparecencia de los miembros del GAR refleja como trató de autolesionarse:

Que sobre las 14.00 horas del día de hoy se observó a un ciclista que portaba una mochila de grandes dimensiones y que iba vestido con ropa de montaña, resultando dicho atuendo sospechoso por lo que se procede a su identificación. En su zona lumbar se observa un bulto, por lo que se le realiza un palpado de seguridad por parte del manifestante, encontrándole una pistola dentro de una funda interior de extracción rápida, municionada con un cartucho en recámara. El sujeto inició una maniobra para tratar de coger el arma, por lo que se tuvo que proceder a la detención del mismo, resistiéndose este y teniendo que ser reducido en el suelo, produciéndose una pequeña herida en el mentón. El detenido dijo que su verdadero nombre era Ibai Beobide Arza y que pertenece a la banda terrorista ETA. Sobre las 14.20 horas se decide trasladar al detenido al acuartelamiento de Intxaurrondo (Guipúzcoa). Al querer introducirlo en el vehículo oficial, hace un movimiento de gran violencia con la cabeza y golpea con ella la puerta trasera derecha del vehículo policial blindado. Al ver esta reacción se le intenta inmovilizar totalmente para que no se autolesione más. Se le introduce rápidamente en la parte trasera del vehículo donde en otro movimiento violento consigue golpear con su cabeza una estructura metálica que se encuentra entre el respaldo de los dos asientos delanteros. Vista la actitud del detenido se le inmoviliza totalmente y se decide trasladarlo a un centro médico en San Sebastián para la valoración de la herida y su curación. Durante el reconocimiento médico el detenido sigue comportándose con gran agresividad y se precipita contra una pileta de agua que se encontraba en la sala de curas, produciéndose otra herida en la cabeza que a su vez es tratada en el centro médico. Todo esto fue observado por el personal sanitario que estaba atendiendo al herido, diciéndoles que quería producirse las heridas para quedar ingresado en el hospital. Una vez curado, se le traslada a las dependencias policiales del cuartel de Intxaurrondo, continuando en todo momento el detenido con su actitud violenta e intentando autolesionarse. Manifiesta en varias ocasiones: «Os quiero mandar a la cárcel y me voy a romper la cabeza cuando pueda con cualquier esquina para conseguirlo».

Su detención fue crucial para iniciar varios operativos contra la organización. La información obtenida condujo a la Guardia Civil hasta José Agustín Camacho, Miren Josune Balda, Euri Albizu y Juan María Maizcurrena. Dos días más tarde, en un control establecido por los Mossos d’Esquadra entre las localidades gerundenses de Molló y Camprodón, se detuvo a los ocupantes de una furgoneta: Jon Rosales y Adur Aristegui, vinculados a Ibai Beobide. Trataban de huir a Francia. El 24 de febrero fueron descubiertos dos zulos en una zona boscosa en el término municipal de Hernani (Guipúzcoa) y otros tres en el monte Gorbea, en la provincia de Vizcaya. Aquel mes de febrero, funesto para los planes de ETA, también fue detenido Faustino Marcos Álvarez por la Policía en Portbou (Gerona). Llegaba a España en un tren procedente de Montpellier (Francia). Estaba encuadrado en el aparato logístico de la banda y según dijo su misión era la creación de una infraestructura en Cataluña. Mientras tanto, la Guardia Civil pisaba los talones en Francia a tres miembros destacados de la organización:

Por diferentes investigaciones realizadas por la Guardia Civil, con información añadida por el CNI, se había llegado a la conclusión de que en ese momento Ibon Gogeaskoetxea Arronategi era el responsable de los cursillos de armas y explosivos impartidos a los nuevos miembros de ETA. A partir de ahí se establecieron diferentes dispositivos dirigidos a detectar su infraestructura; para ello fue necesario controlar a numerosas personas sospechosas, vigilar sus desplazamientos, realizar largas esperas en los domicilios y analizar e integrar toda la información obtenida. El trabajo permitió acotar dos zonas operativas de trabajo, Rennes (Departamento 35) y Vannes (Departamento 56), por lo que se determinó establecer un amplio dispositivo conjunto con presencia de agentes de la Guardia Civil (UCE-1 y GAO) y de la Policía francesa (DCRI) en las citadas localidades. Transcurrido un tiempo sin obtener ningún resultado positivo, se tuvo conocimiento de que dos miembros destacados del aparato militar podrían estar utilizando un Peugeot 307 SW. El dispositivo permitió localizar, accediendo a la localidad de Rennes, un Peugeot 307 SW con placas francesas con un doblado perfecto que podía pertenecer al buscado. Se obtiene una fotografía, identificando los analistas a Beñat Aguinagalde Ugartemendia, miembro de ETA que habría participado en los asesinatos del concejal del PSE de Mondragón Isaías Carrasco y del empresario vasco Ignacio Uría. La totalidad de los efectivos de UCE-1 y GAO se dedicaron en exclusividad a esta operación, siendo necesario desplazar hasta el norte de Francia a todo el personal disponible. Tras varias semanas de ardua búsqueda, se localizó el Peugeot 307 en un estacionamiento público de la localidad de Tours. A partir de este momento se estableció un dispositivo de control del vehículo al objeto de tratar de identificar a otros posibles usuarios del mismo, así como ubicar el domicilio que estuvieran ocupando. Beñat Aguinagalde y un individuo desconocido recogieron el vehículo días más tarde. No se pudo mantener un control directo y continuado debido a las medidas de seguridad que tomaban, con numerosas contramarchas y actitudes vigilantes que obligaban a los agentes a extremar medidas para evitar ser detectados. Se obtuvo fotografía del individuo, al que se identificó como Ibon Gogeaskoetxea Arronategi, responsable del aparato de cursillos.

El control operativo lleva la investigación a la localidad de Falaise. Se vuelve a localizar el Peugeot 307 en un parking de un centro comercial, esta vez con otras placas de matrícula diferentes a las que se conocían. Los agentes ubican dentro del centro comercial a Beñat Aguinagalde, realizando una compra exclusivamente de comida y productos de primera necesidad. Por parte de los analistas de UCE-1 se interpretó que por la cantidad comprada por Beñat, este no vivía solo. Se localiza un domicilio en el que residía, una casa rural en la localidad de Cahan. A partir de este momento, todo el esfuerzo operativo se centró en el control del vehículo Peugeot 307 y la casa rural que estaba en una zona de campo dedicada a la ganadería y aislada de centros urbanos, lo que dificultaba el control operativo sobre la misma. Un día, el Peugeot 307 ocupado por Beñat Aguinagalde e Ibon Gogeaskoetxea se desplazó hasta un centro comercial cercano, mientras que en el interior de la casa rural se observaron movimientos de una tercera persona desconocida, que fue identificada posteriormente como José Lorenzo Ayestarán Legorburu, Fanecas. Las gestiones de DCRI determinaron que la casa rural se había alquilado para una semana. Dada la relevancia de los objetivos, los meses de intenso y fructífero trabajo, y la posibilidad de que al abandonar la vivienda como medida de seguridad seguramente se desharían del vehículo, se decide establecer un dispositivo de detención la noche anterior a la fecha fijada para abandonar la casa rural, a pesar de no tener identificado al tercer ocupante de la vivienda. La madrugada del 28 de febrero, agentes de la Subdirección Antiterrorista (SDAT) de la Policía Judicial francesa y de la Brigada de Intervención (BRI) de Rouen y Caen, con la información aportada por la Guardia Civil y la DCRI, procedieron a la detención de los tres miembros de ETA ocupantes de la casa rural.

Ibon Gogeaskoetxea Arronategi y los militantes cualificados Beñat Aguinagalde Ugartemendía y José Lorenzo Ayestarán Legorburu, Fanecas, un veterano reclamado por diez asesinatos, fueron detenidos en esta localidad de Normandía el 28 de febrero de 2010. Realizaban tareas de adiestramiento de nuevos etarras y se habían alejado lo máximo posible de la frontera con España para eludir los controles policiales. Ibon era uno de los últimos líderes en activo.

Del desarrollo de esta operación —bautizada con el nombre de NBA— se alcanzaron varias conclusiones sobre el exiguo organigrama de ETA: Iratxe Sorzábal había cobrado relevancia en la banda terrorista, tenía mando y lo ejercía. Karrera Sarobe, Ata, se encargaba de la planificación de los atentados terroristas y de ordenar su posterior ejecución. Pero era una estructura agotada tras los últimos descalabros. «ETA lleva los dos peores meses de su historia», sentenció el ministro del Interior. El control sobre los terroristas no daba tregua y las detenciones se producían en cascada. Los próximos en caer serían los hermanos Jesús María y Juan Carlos Besance Zugasti, integrados en el comando Imanol. Txari fue uno de los agentes de la Guardia Civil implicados en el operativo:

Todo había comenzado en febrero de 2010 con la detención de Ibai Beobide, que en su acta de manifestación declaraba, entre otros extremos, que realizaba labores de dinamización de un comando legal armado denominado Imanol, compuesto por Xabier Atristain Gorosabel, Golfo, y otro individuo de Villabona al que conocía con el alias de Fenómeno, del que dijo textualmente: Mide alrededor de 1,70 metros, moreno, de pelo negro y abultado. También comentó que guardaba en una lonja de la localidad de Villabona un coche robado unos ocho años atrás modelo Renault Mégane y unos cincuenta kilogramos de amonal, detonadores, pentrita y cordón explosivo, no aportando ningún otro dato que nos pudiera llevar a su identificación.

La detención de Ibai Beobide provoca la huida de otros miembros del complejo Donosti como Ekhiñe Eizaguirre, Kepa Arcauz, Jone Lozano, Eider Zurriarain y el propio Atristain. Este último, para sorpresa nuestra, se entregó el 6 de marzo a la Policía francesa, convencido de que la declaración de Ibai Beobide no sería prueba suficiente para incriminarle. Estaba en lo cierto. Tras ser extraditado a España, es puesto en libertad condicional por la Audiencia Nacional quince días después. A la vista de lo ocurrido con Atristain y teniendo en cuenta que Fenómeno ni tan siquiera se hallaba identificado, y que las acusaciones que pesaban contra él eran las mismas que contra Atristain, se baraja la posibilidad de que pudiese encontrarse en España y no hubiese huido, por lo que se retoman las pesquisas que pudieran llevarnos a su identificación. Para ello se inicia la búsqueda de un varón de Villabona cuya descripción física se aproxime a la facilitada por Ibai Beobide, con una edad similar a la de Atristain que pudiera ser su compañero de comando y que a la vez fuera propietario o usuario de alguna lonja o garaje en la citada localidad donde pudiese ocultar el Renault 19. Paralelamente se investigan las vinculaciones y relaciones de todos los miembros de ETA de Villabona en prisión, cruzando los datos obtenidos con los inicialmente seleccionados en base a los escasos datos aportados por Ibai Beobide, llamándome la atención, entre otros, Juan Carlos Besance Zugasti, el cual se adecuaba al perfil.

Tras el estudio de su teléfono móvil se observa que ha realizado llamadas al trabajo de Atristain. Además le constan varias visitas en distintas prisiones de España y Francia al miembro de ETA Óscar Celarain Ortiz, también vecino de Villabona. A pesar de las reticencias iniciales de algunos compañeros, que no ven clara la identificación, se le incluye como objetivo relacionado en la Operación Bicicleta (cuyo objetivo principal era Xabier Atristain). No ocurrió nada digno de mención hasta el mediodía del 28 de septiembre de 2010. El grupo operativo encargado de las vigilancias observa a Xabier Atristain reunirse con Juan Carlos Besance en el hipermercado Super-Amara de Urnieta-Hernani. A partir de los indicios manifestados por Ibai Beobide, se realizó un estudio de las lonjas de Villabona y de sus propietarios, destacando entre todos ellos dos hermanos: Jesús María y Juan Carlos Besance. Concretamente, Jesús María tenía una lonja en la zona de Aldube y Juan Carlos otra en la calle Arroa. Se establece un control sobre ellos, observando que realizan una vida normal; la lonja de la zona de Aldube es utilizada por Juan Carlos. La otra no tiene movimiento. Llegamos a la conclusión de que uno de los dos, en este caso Juan Carlos, era Fenómeno. Al día siguiente, 29 de septiembre, se detiene a Xabier Atristain, a Juan Carlos Besance, Fenómeno, y a su hermano Jesús María; se realizan los oportunos registros domiciliarios, se halla el Renault 19 en el garaje propiedad de Besance y se incauta una pistola y abundante material para la confección de artefactos explosivos, entre el que destacan 85 kilogramos de nitrato amónico, quince de polvo de aluminio, uno de pentrita y el cordón detonante, dando finalmente por desarticulado el comando legal armado Imanol.

Juan Carlos Besance había formado parte hasta septiembre de 2002 de un comando caracterizado por su alto nivel de actividad y responsable, entre otros, del atentado contra la casa cuartel de Santa Pola (Alicante), en el que murió la niña de siete años Silvia Martínez. Sus declaraciones, junto con las de Atristain, volvieron a colocar a Venezuela como escenario en el que los etarras operaban con impunidad. Ambos se habían entrenado en el país por aquellos días gobernado aún por Hugo Chávez. El entonces jefe militar Ata, ante la imposibilidad de hacer prácticas de tiro y explosivos en Francia, les organiza y les costea el cursillo en Venezuela, apoyándose en los miembros de ETA allí residentes. El programa de adiestramiento se celebró en agosto de 2008 (simulando un viaje de vacaciones estivales); los terroristas se desplazaron por separado y recibieron en varios campos la formación necesaria para realizar todo tipo de atentados. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acusó al Gobierno venezolano de «cooperar» con ETA y con las FARC en un procedimiento en el que se juzgaba a integrantes de ambas organizaciones. El magistrado detallaba las conexiones: terroristas vascos habían viajado en reiteradas ocasiones a América del Sur para impartir cursillos a la guerrilla colombiana, y allí intercambiaban formación, armamento y experiencias. La información que lo acreditaba procedía de los ordenadores incautados al líder de las FARC, Raúl Reyes, quien resultó muerto tras un enfrentamiento con las fuerzas especiales de Colombia en la frontera con Ecuador, y de varios individuos desmovilizados de la narcoguerrilla colombiana. A ETA no le había quedado más remedio que saltar el océano para tratar de mantener con vida sus estructuras de formación y de adiestramiento terrorista. España ya no era un lugar seguro. Tampoco Francia. Venezuela todavía les servía, aunque la distancia era un impedimento serio. Se encontraban sin capacidad operativa y sus últimos líderes no tardarían en ser detenidos. Ni siquiera la izquierda abertzale apoyaba de forma unánime la causa terrorista. Eran las últimas sacudidas de una organización en estado agónico.

25

ÚLTIMO ASESINATO, ÚLTIMO JEFE DETENIDO

No tenían por qué hacerlo así, pero buscaban como fuera un golpe de efecto. Una exhibición de fuerza que rebatiera la sensación, ya generalizada entre la población vasca y española, de inoperancia y falta de capacidad. El robo había sido planificado para alcanzar espectacularidad y pasar página tras la cascada de detenciones. Entre ocho y diez miembros de ETA asaltaron el 10 de marzo de 2010 un concesionario ubicado al norte de París, entre las localidades de Dammarie-les-Lys y Villiers-en Biére. El último jefe cualificado, Mikel Karrera Sarobe, Ata, autor del frío asesinato de los guardias civiles de Capbreton, encabezaba personalmente la operación. Quería hacer ver a los suyos su implicación, insuflarles algo de moral cuando más la necesitaban. Maniataron a los empleados del local y se llevaron media docena de vehículos. Al cabo de unos minutos, una patrulla de la Policía francesa encontró en un camino vecinal a unos individuos que les infundieron sospechas. Estaban manipulando unos coches, pero los agentes no sabían nada del robo. Tras arrestar a algunos de ellos, se vieron sorprendidos por los ocupantes de otro vehículo que acudía al rescate de sus compañeros detenidos. Se inició un tiroteo. El brigadier Jean-Serge Nérin fue alcanzado en el tórax. Todos los terroristas, salvo Joseba Fernández Aspúruz, El Guindi, lograron darse a la fuga. El agente murió a las pocas horas. Aquella era la primera vez que ETA acababa con la vida de un miembro de las fuerzas policiales francesas. También fue la última víctima mortal de la organización.

Aquella acción, extravagante desde cualquier punto de vista, y que a la postre no tenía más razón de ser que tratar de demostrar la ilusoria capacidad operativa de ETA contra un objetivo indefenso, se convirtió en un desastre absoluto. Un terrorista había sido detenido y los demás, entre ellos Mikel Karrera, fueron identificados; algún día no muy lejano alguno sería detenido, juzgado y condenado a cadena perpetua. Además habían cometido el error de matar un agente francés. Los terroristas siempre tuvieron claro que si era difícil mantener un enfrentamiento con España, mucho más difícil sería abrir el segundo frente al norte de los Pirineos. París siempre podía poner más medios en la lucha contra ETA si sus actuaciones pasaban a ser un problema de seguridad interno francés. Pese a todo, no faltaban las voces en el seno de la organización que pedían atentar en territorio galo: «Para ser pedagógicos no tenemos por qué empezar poco a poco, yo aprovecharía la posibilidad y daría un buen golpe, el más duro que jamás hayamos cometido», consideraba uno de los partidarios de abrir este frente. La banda terrorista nunca se había atrevido a dar el paso.

La versión que facilitaron del hecho los terroristas difería mucho de los acontecimientos narrados. En un comunicado remitido al periódico Gara, acusaron a los agentes franceses de secuestrar a cuatro miembros de ETA en un bosque de la localidad de Dammarie les Lys. Una vez neutralizados, «un policía disparó dos veces hacia un militante que estaba en el suelo y sin armas». Según su rocambolesco relato, el gendarme no tiró a dar, pero su disparo alertó a otros etarras que estaban en las inmediaciones: «Con la intención de evitar cualquier enfrentamiento, hicieron una clara advertencia a los policías franceses: que tiraran las armas y se marcharan de allí», detallaba el comunicado. «Así comenzó el enfrentamiento con quienes anteriormente habían realizado los dos disparos apuntando con las armas a los gudaris. Los militantes de ETA efectuaron en total nueve disparos. Los policías franceses, bastantes más.» También lanzaban una advertencia a la ciudadanía francesa y a sus representantes, a los que les pedía que hiciesen «una profunda reflexión» en torno «a dónde les quiere llevar la borrachera represiva del Gobierno español». Y recordaban el nombre de Jon Anza, un histórico miembro de la banda que había pasado la mitad de su vida entre rejas y que con poco más de 40 años, en abril de 2009 y aquejado de un cáncer, desapareció camino de Toulouse sin dejar rastro:

Tras un mes desaparecido, la esperanza de que Jon esté con vida se diluye. Tomados en cuenta los antecedentes cercanos y los datos después de la desaparición de Jon, no tenemos ninguna duda de que existe un colaboracionismo entre la Policía de España y la de Francia, como en épocas del GAL. Cuando Sarkozy dice que está pensando día y noche acabar con ETA, y Rubalcaba que ETA habrá desaparecido para el año 2016, ¿de qué están hablando en realidad? Teniendo en cuenta los datos y antecedentes cercanos, tras la desaparición de Jon, no tenemos ninguna duda de que existen trapos sucios en Francia y España. Que los estrategas del terrorismo, [Michèle] Alliot-Marie y Rubalcaba, respondan: ¿Dónde está Jon? ¿Qué habéis hecho con Jon? Mediante esta nota quisiéramos antes que nada hacer llegar a su familia y amigos nuestra solidaridad más sentida. Al mismo tiempo, llamamos a los ciudadanos vascos a que denuncien la desaparición de Jon. ¡Guerra sucia, doctrina del PSOE! España y Francia asesinas.

Se ponía en marcha la maquinaria propagandística en un tema de fácil reclamo para cubrir el vacío y la decadencia de ETA. Desde el diario Gara extendían y decoraban con nuevos elementos su versión de los hechos:

El secuestro del militante de ETA habría dado paso a interrogatorios ilegales en cuyo transcurso falleció. […] Habría sido interceptado por agentes de un cuerpo policial español en el trayecto ferroviario. Tras hacerle descender del mismo, el militante donostiarra habría sido secuestrado por los policías y, acto seguido, sometido a interrogatorios ilegales, en cuyo transcurso falleció. […] Un cuerpo policial español habría enterrado a Jon Anza en suelo francés.

La investigación de la Fiscalía francesa dictaminó otro relato más verosímil y coherente. Según los datos obtenidos, Jon Anza había partido de Bayona el 18 de abril y se había alojado en el hotel Le Clocher de Rodez, de Toulouse. Presentaba claros síntomas de estar enfermo. El terrorista fue encontrado inconsciente, en parada cardiorrespiratoria, la noche del 29 de abril de 2009 en pleno centro urbano de la ciudad. Tenía aspecto de vagabundo e iba indocumentado. Se le trasladó al Hospital Purpan, donde falleció pocos días después sin haber recobrado el conocimiento. Al no poder determinarse su identidad, se le trasladó a la morgue donde permaneció hasta su identificación casi un año después. Su muerte se debió a causas naturales, y tuvo lugar como consecuencia del tumor cerebral que padecía, del que había sido operado por segunda vez un mes antes de su desaparición. El examen forense descartaba cualquier tipo de lesiones, fracturas o hemorragias internas. Se cree que el día en el que se le encontró estuvo con los miembros de ETA con los que se habría citado en Toulouse y que, al no poder prestarle la ayuda necesaria por su mal estado de salud sin descubrirse, lo abandonaron en una de las vías más concurridas de la ciudad con la intención de que fuera hallado para recibir atención médica. Solo así se explica la rápida publicación de un comunicado que delataba a Jon Anza como militante de la organización.

La izquierda abertzale mantuvo su relato, en el que acusaba a la Guardia Civil de «torturar y matar» al terrorista. El abogado Jon Emparantza fue condenado por la Audiencia Nacional a pagar una multa como autor de un delito de injurias contra el instituto armado. Emparantza era uno de los letrados que asistían habitualmente a los miembros de la organización, y ellos eran quienes ostentaban casi todo el poder de decisión a principios de 2010, la línea dura que aún resistía en el seno de lo que quedaba de la organización. Transmitían la información entre la dirección y los miembros detenidos. Dibujaban, incluso, la estrategia que debía seguir ETA en sus horas más bajas. El propio Emparantza, junto a Arantza Zulueta, Iker Sarriegi y Naia Zurriarain, entre otros, fueron detenidos el 14 de abril por su integración en la estructura (h) Alboka, heredera del aparato de makos de la banda. La Guardia Civil llevaba meses siguiendo sus pasos, y comenzó a desarrollar una compleja y elaborada operación con la finalidad de recopilar la mayor cantidad de indicios y pruebas que pudieran servir para demostrar que gran parte de los abogados utilizados habitualmente por la banda terrorista ETA eran integrantes de la misma. La letrada Arantza Zulueta representaba la figura más radical de un entramado que funcionaba con perfecta coordinación, tal y como revelan sus documentos internos:

Esta estructura nacía para mejorar la comunicación del frente carcelario teniendo en cuenta la seguridad. Los abogados (bertsolaris, en clave) están recogiendo las notas de la organización y llevándolas a las cárceles, pero pasa mucho tiempo y por eso se quiere cambiar el sistema de entrega. Lo mismo si salen notas de las cárceles que si las cogen los abogados. Dice que con el nuevo sistema los abogados hacen llegar las notas en la misma semana. Los abogados no son formados por camaradas. Recalcan que no hay que poner en riesgo la seguridad. La red no tiene por qué ser simétrica. Plantean una red asimétrica; tendrá un camino hacia dentro y otro hacia fuera. En el camino interno, diez camaradas de Obasa (plan-red integral para la distribución de notas del frente carcelario, al servicio de la organización) repartirán las notas. En el exterior, los que sacan fuera las notas se las llevarán a los abogados que ofrecen cierto apoyo a la red y para los presos no cambia nada. En las sedes de los abogados, uno de ellos se responsabilizará una vez a la semana de reunir todas las notas que han llegado y dárselas a un único abogado. Uno de ellos, que trabaja en la sede central —el más adecuado sería Gabai (Iker Sarriegi Etxabe)—, recogerá cada semana todas las notas que han reunido los responsables del resto de las sedes y se las dará al responsable del KT (grupo de coordinadores) que está en la misma sede.

La Guardia Civil detuvo a once personas vinculadas con este entramado. En los despachos de los abogados se encontró información fundamental para vincularlos con la organización terrorista. En uno de los despachos se encontraron varias memorias USB ocultas por todos los rincones del local: en el pliegue de las cortinas, en el hueco de las persianas o en el interior de máquinas dispensadoras de jabón, aspiradoras, o incluso secadores de manos. Los agentes se hicieron con mensajes y cartas procedentes de la dirección de ETA o enviadas a la cúpula etarra; en ellas se sugería atentar, entre otros, contra el presidente del PNV, Íñigo Urkullu, o contra el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. También se localizaron unas fichas correspondientes a cada uno de los presos terroristas que los abogados rellenaban. De acuerdo con la información obtenida en la operación, ETA había encargado a Arantza Zulueta «realizar los informes sobre el edificio de la Audiencia Nacional, dirigidos a facilitar la comisión de un atentado». Nadie mejor que ella que, como letrada, la frecuentaba semanalmente, con gran libertad de movimientos. Su misión, además, se extendía a la captación de nuevos terroristas. Al abogado Iker Sarriegi, por su parte, se le intervino un acta de una reunión del comité ejecutivo de ETA, lo que hizo sospechar de su alto nivel de implicación con la organización terrorista. Estos abogados no solo eran la correa de transmisión entre ETA y sus presos. Aprovechándose de su labor de defensa jurídica, también eran auténticos comisarios políticos que sometían a un férreo control a los encarcelados: mantenían una ficha personal de cada uno donde anotaban su estado anímico, evolución, comentarios, implicación con la banda, posición sobre la lucha armada, vida personal, etc. La dirección de ETA recibía puntualmente esa información con el objetivo último de tener perfectamente controlado al colectivo de presos.

Desactivar la estructura (h) Alboka fue una de las operaciones estratégicas más importantes desarrolladas por la Guardia Civil. Estaba muy asentada en el tiempo, gozaba de estabilidad en sus miembros, estos seguían las consignas de la línea más dura de la dirección y demostraban una gran versatilidad, actuando en varios frentes. Por último, tenía un relevo casi imposible.

Mikel Karrera Sarobe, Ata, era por aquel entonces el máximo responsable militar de la banda. No le había quedado más remedio que ordenar un parón técnico a sus subordinados. Estaban exentos de la obligación de atentar, pero debían extremar las precauciones para evitar ser detenidos. Aspiraba a la recomposición de unas estructuras ya muy maltrechas, a fin de aumentar la seguridad y actuar con más eficacia; también necesitaba tiempo para controlar o por lo menos negociar con lo que había sido su brazo político, una vez roto el idilio, engrasado con sangre, que habían vivido durante décadas. Además, todavía seguían con tareas de reclutamiento, de adiestramiento, de acopio logístico y, por supuesto, la extorsión a los empresarios, que no se detuvo en ningún momento. Pero lo hacían casi por inercia, sin ninguna seguridad sobre su futuro más inmediato. Lo que Ata no era capaz de sospechar es que él mismo sería el primero que infringiría su norma de no ser apresado. Bayona fue el escenario del operativo que, el 20 de mayo de 2010, condujo a su detención y a la de sus compañeros Arkaitz Aguirregabiria del Barrio y Maite Aranalde Ijurco, además del colaborador legal Benoît Aramendi Picabea. Su captura requirió la coordinación de la Policía francesa, el Centro Nacional de Inteligencia y la Guardia Civil:

La UCE-1, con el apoyo del CNI en diferentes labores operativas y de análisis, y en colaboración con la Dirección Central de Información Interior francesa (DCRI), abrió una línea de investigación al objeto de localizar y detener a Ata. Se establecieron diferentes dispositivos dirigidos a detectar la infraestructura del aparato militar en Francia. Durante el operativo fueron controladas numerosas personas sospechosas y vigiladas en sus desplazamientos. A principios de 2010, Ata comete un error que es aprovechado por la Guardia Civil y la Policía francesa para tratar de dar con su paradero. La furgoneta interceptada por una patrulla del cuerpo en Bermillo de Sayago (Zamora) en enero de 2010 permitió saber que el alquiler se había efectuado en Francia con un DNI falso cuya foto era la de Karrera Sarobe. El mismo DNI había servido para abrir una cuenta corriente en una entidad bancaria de Mâcon (Borgoña) en noviembre de 2009 y para alquilar una habitación en la localidad de Saint Albain (Francia). La tarjeta Visa con la que se hace el depósito de garantía para el alquiler de los vehículos era legal. La investigación se centró en el rastreo de todas las operaciones que pudieran haberse hecho tanto con la cuenta como a través de la tarjeta. Se rastrearon todos los cajeros de los que se había extraído dinero hasta que se descubrió uno, en una localidad de Mâcon, que tenía sistema de grabación de imágenes. Así se obtuvo una fotografía del dirigente de ETA el 7 de enero de 2010, el día en que se alquila la furgoneta; a pesar de estar caracterizado para ocultar su fisonomía, se le identifica: es Ata. La propietaria de la vivienda en la que alquila una habitación también lo reconoce fotográficamente. Había pagado un mes por adelantado y, aunque estaba ultimando detalles para ocuparla, nunca llegó a usarla. La propietaria lo vio en una ocasión, acompañado de otro individuo, al volante de un vehículo matriculado en el departamento 92. Para realizar ambos alquileres (habitación y vehículos) facilitó el mismo número de teléfono. También se conoce el hecho de que con la misma tarjeta Visa se realizan dos operaciones bancarias el 8 de enero en Lyon.

Fueron los primeros datos consistentes para acotar una zona de Francia donde buscar a Karrera Sarobe. Se inicia entonces un dispositivo de búsqueda y localización en el perímetro comprendido entre las localidades de Lyon, Clermont-Ferrand y Dijon, al objeto de detectar su infraestructura así como los vehículos que pudiera estar utilizando. A la Jefatura de Información y CNI llegaron nuevas informaciones, en principio difusas y poco precisas, pero sin duda útiles. Estas informaciones consistían en que Ata podría estar entre Las Landas y el sur de Francia, por lo que la búsqueda se centró también en esta zona. El dispositivo comprendía todas las localidades desde Hendaya hasta Arcachon. Se cubrieron puntos donde habitualmente ETA solía mantener citas orgánicas: zonas residenciales, zonas de monte de paso mediante apostaderos… Poco a poco fueron llegando más datos y cada vez más concretos. Tras el análisis de estas informaciones, la búsqueda se centró en el sur de Francia, desde la frontera guipuzcoana hasta la localidad de Bayona. Se obtuvo la información de que Karrera Sarobe podía alojarse en la casa de un miembro legal de alguna de las localidades de esta zona. Se realizó un estudio de personas residentes en la zona que encajaran con ese perfil. Se obtuvo una gran cantidad de candidatos tanto españoles (ya que muchos poseen domicilio con garaje en territorio francés) como franceses. Tras una minuciosa criba se realizó un control operativo sobre los candidatos más susceptibles de dicha colaboración. Estos candidatos serían controlados las veinticuatro horas del día, ya que la fecha y la hora exacta de la entrada a la casa era desconocida. Además, se establecieron dispositivos estáticos permanentes de vigilancia en las localidades de Hendaya, Urrugne, San Juan de Luz, Bidart, Biarritz, Anglet y Bayona.

La captura del último jefe militar caracterizado de ETA no iba a ser, sin embargo, una labor rápida ni sencilla:

El seguimiento operativo de los sospechosos y los dispositivos estáticos en las localidades mencionadas se mantuvieron durante varios meses, lo que conllevó un gran despliegue de medios humanos y materiales por parte de todos los Servicios y Unidades que intervinieron en la operación. Fruto de esas vigilancias se observó el 17 de mayo de 2010 que uno de los objetivos, Benoît Aramendi, realizó un movimiento poco habitual en su rutina. Salió de su domicilio de Urrugne sobre las 4.15 horas de la madrugada y con el vehículo se dirigió a Biarritz para posteriormente desviarse hacia Cambo Les Bains. Debido a que las condiciones para realizar el seguimiento no eran las más adecuadas, y con la premisa de preservar la seguridad de la operación, se abandonó en esos instantes el seguimiento, siendo conscientes de que si este movimiento respondía a la posible recogida de Ata para introducirlo en casa, el dispositivo estático sobre el domicilio de Benoît y los dispositivos estáticos desplegados en las distintas localidades confirmarían este hecho. Sobre las 5.20 horas, a la entrada de Bayona, es detectado Benoît Aramendi en su vehículo junto a tres personas más, dos hombres y una mujer. Todos ellos se dirigieron a una zona residencial donde se introdujo en un garaje subterráneo de un bloque de pisos de la calle Sergent Marcel Duhau de Bayona. Las diversas investigaciones posteriores sobre el inmueble permitieron localizar la vivienda exacta y en la madrugada del 20 de mayo se procedió a la entrada en el domicilio. La Policía francesa detuvo a dos hombres y una mujer. Uno de ellos era Mikel Karrera Sarobe, Ata, jefe del aparato militar; el otro, Arkaitz Aguirregabiria del Barrio, número dos del mismo aparato y relacionado directamente con el asesinato del policía francés cometido en marzo de 2010; la mujer resultó ser Maite Aranalde Ijurco; las detenciones se habían producido durante una reunión que estaban manteniendo los miembros de la dirección.

Ata era el máximo jefe de ETA tras las caídas en noviembre y diciembre de 2008 de Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki, y Aitzol Iriondo Yarza, Gurbitz. Hombre duro en el seno de la banda, estaba implicado, como ya se contó, en el asesinato de los dos guardias civiles en Capbreton y del policía francés Nérin, por los que fue condenado por el Tribunal de Apelación de París a la pena de cadena perpetua con 22 años de cumplimiento mínimo. Su detención supuso la sexta ocasión en que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado detenían a un miembro muy destacado de la dirección etarra en menos de dos años. Por su parte, Maite Aranalde se había dado a la fuga tras permanecer en libertad bajo fianza, con un pasado vinculado con varios comandos terroristas; Benoît Aramendi era un viejo conocido para la Guardia Civil por sus actividades en las organizaciones del entorno de ETA, Segi y los comités de apoyo a presos; Arkaitz Aguirregabiria era el lugarteniente de Ata. Acababa de ser detenido el último jefe con cierto carisma y apenas capacidad para dirigir a una banda terrorista reducida a la más ínfima expresión pero todavía con una posibilidad residual de matar. El caos y el pánico más absolutos se apodera de los pocos terroristas en activo que integran las estructuras. El final de ETA es un hecho casi consumado.

A la banda terrorista se le hacía complicado resumir sus intenciones, como lo hizo en el comunicado emitido el 5 de septiembre de 2010 en la cadena británica BBC, cuando apenas tenía fuerza o capacidad. Evitará las palabras «tregua» y «alto el fuego», aunque este sea, no cabe ya otro, el objetivo inminente:

ETA hace saber que ya hace algunos meses tomó la decisión de no llevar a cabo acciones armadas ofensivas. ETA quiere reiterar el llamamiento a actuar con responsabilidad a los agentes políticos, sociales y sindicales vascos. Para llegar al escenario de un proceso democrático resulta imprescindible dar pasos firmes como pueblo. Resulta necesario fijar el proceso para dar la palabra al pueblo. Porque será cuando los derechos del pueblo vasco sean reconocidos y garantizados cuando se abra la puerta de la verdadera solución al conflicto.

Dos semanas más tarde transmitió otro mensaje en el que planteaba las condiciones para sentarse a negociar con el Gobierno. Principalmente, la salida de los presos de las cárceles; un gesto hacia ellos, más que una demanda real y creíble. Ninguno de estos comunicados satisfizo a la izquierda abertzale, que ya reclamaba un «alto el fuego unilateral, permanente y bajo verificación internacional». Definitivamente le habían perdido el respeto, y también el miedo, a ETA. Caminar de su mano se les hacía una carga demasiado embarazosa. Y muy cara, puesto que ponía en juego su participación en cualquier escenario electoral. Las fuerzas nacionalistas, en respuesta al movimiento de la banda armada, insinuaron que las fuerzas de seguridad debían suavizar la presión contra la organización, para propiciar las condiciones necesarias para acabar con el terrorismo. Ya todos iban tomando posiciones en la inminente foto del final de ETA.

Ese cruce de declaraciones coincidió con la primera operación que la Guardia Civil efectuó sobre la dirección nacional de Ekin, el ala más dura del entorno legal de ETA. Nueve personas fueron detenidas en el País Vasco, Navarra, Cantabria y Aragón, encargadas de «dirigir e instrumentalizar a la izquierda abertzale». La operación se produjo gracias al documento Txinaurri Gorriak (Hormigas Rojas) incautado al terrorista Ibon Gogeaskoetxea, detenido meses atrás. En el texto se incidía en que Ekin, apoyado en la actividad de ETA, «retomase las riendas de la izquierda abertzale»; se trataba, en definitiva, de la columna vertebral de su acción política. Su desarticulación limitó al mínimo la capacidad de la banda de movilizar a la sociedad, y de recuperar el mando sobre las organizaciones de su entorno. Junto a este operativo, la Guardia Civil y el CNI ofrecieron la información necesaria a las autoridades británicas para la detención de Fermín Vila Mitxelena, asentado en Belfast, Irlanda del Norte. Llevaba una vida en apariencia normal y trabajaba como cocinero en el restaurante La Boca, pero al mismo tiempo realizaba labores de logística e infraestructura de acogida a diferentes miembros huidos de ETA. El terrorista mantenía contactos con diversas ramas del extinto IRA. Anteriormente había estado integrado en el comando Madrid, con el que participó en el atentado en la calle Corazón de María de la capital que dejó 94 heridos. Por ello sería condenado a una pena de 51 años de prisión.

ETA se afanaba por respirar. Quizá por eso cometieron dos robos en Francia, para recordar que, aunque apenas sin fuerzas, seguían con vida y que no se los podía menospreciar ni ignorar. Por un lado, asaltaron un almacén informático, en el que sustrajeron 6.000 tarjetas y varias impresoras especiales, presumiblemente para falsificar documentos; por otro, se hicieron con una troqueladora de matrículas y varias placas vírgenes en un taller de coches. Estas actuaciones ya no inquietaban a las fuerzas de seguridad. Producían más sorpresa y estupor que temor a un regreso al terrorismo. Sabían que ETA ya no podía levantarse, que tenía escrito su epitafio. A esas alturas del derribo, los pistoleros que seguían sueltos solo aspiraban a conseguir una salida digna a su situación y a la de los cientos de presos que todavía permanecían entre rejas.

26

LA GUARDIA CIVIL APLICA LA LEY HASTA EL FINAL

La existencia de ETA se sostenía apenas sobre un fino alambre. Corría el año 2011 y las últimas operaciones policiales habían puesto a la organización terrorista al borde de la nada, después de medio siglo de existencia, en otros tiempos pujante, y un reguero de cientos de muertos, secuestros y extorsiones. Mikel Karrera, el último dirigente carismático de la banda, había caído meses atrás. Los abogados relacionados con su entramado, los gudaris con toga que aglutinaban a sus militantes y diseñaban las líneas maestras de su estrategia, también estaban entre rejas. La cúpula etarra ni siquiera encontraba el apoyo mayoritario de la izquierda abertzale, cuyos gestos se reducían a pedir el acercamiento de los presos. Eran las últimas boqueadas de ETA. Solo podía anunciar, el 10 de enero, un «alto el fuego permanente, general y verificable». La tregua fue unilateral porque la banda había fracasado en su intento de negociar con el Gobierno. Ya no pide nada a cambio, ni siquiera sentarse a hablar. Tras más de quinientos días sin atentados, no tiene fuerza ni siquiera para mendigar.

Los restos de la antigua Batasuna celebraron la noticia con euforia. Llevaban tiempo exigiéndola y esperándola ya que les permitiría volver a hacer política. La plataforma política Sortu se presentó ante la sociedad el 9 de febrero, en un acto multitudinario celebrado en Bilbao. Se definían como «algo nuevo que nace de la ruptura del pasado y que reniega de la violencia». Entre los participantes en el acto estaba Eugenio Etxebeste, Antxon, quien años atrás había ocupado puestos de responsabilidad en el aparato político de ETA. También los históricos dirigentes de HB Rufino Etxeberría e Íñigo Iruin. La Guardia Civil elaboró un informe que fue remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo en el que se encuadraba al nuevo partido como un instrumento de Batasuna al servicio de ETA. El Supremo prohibiría la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior en marzo de 2011, pero el Constitucional, con un solo voto de diferencia, amparó a la formación abertzale en junio de 2012.

En medio de todo este proceso, con la incógnita de si se le permitiría a Sortu presentarse a las elecciones, la izquierda abertzale presentó una nueva marca electoral, Bildu, una coalición de Eusko Alkartasuna (EA), Alternatiba e Independientes con el apoyo de Araba Bai. El instituto armado elaboró un nuevo informe en el que concluía que «ETA y Batasuna habían planificado una estrategia de acumulación de fuerzas dentro del marco del denominado Proceso Democrático (ProDem)», según constaba en un documento que se le incautó a la abogada Arantza Zulueta. También se presentaron actas de reuniones entre EA y la dirección de la banda terrorista. De nuevo, el Supremo anuló las listas, que después serían convalidadas por el Constitucional. Bildu se presentó así a las elecciones al Parlamento de Navarra, a las elecciones a las Juntas Generales del País Vasco y a las elecciones municipales que tuvieron lugar en 2011. El resultado de estas elecciones demostró que, sin ETA, a la rama política le iba mucho mejor, irrumpiendo con fuerza y siendo el virtual triunfador (275.000 votos). Aunque el PNV ganó en las elecciones, perdió influencia; Bildu obtuvo mayor poder político que nunca, llegando a gobernar nada menos que la Diputación Provincial de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de San Sebastián. Conseguían en poco tiempo, con la política, más que con cincuenta años de asesinatos.

Mientras tanto, los cuerpos policiales seguían golpeando las estructuras de ETA. La Guardia Civil detuvo en enero a la pareja compuesta por Iraitz Gesalaga e Itxaso Urtiaga. El primero, capturado en la localidad vascofrancesa de Ciboure, era un experto informático encargado de desarrollar programas de codificación para proteger archivos y documentación interna de la banda terrorista, un individuo muy valioso para ETA. Se llegó hasta él gracias a la documentación intervenida a Francisco Javier López Peña, Thierry, en mayo de 2008. A la segunda, arrestada en Zarauz, se le incautó información sobre los viajes que ambos habían realizado a Venezuela; Iraitz se desplazó para formar en encriptación informática al responsable de ETA en aquel país y en sistemas de radio a miembros de las FARC. Los lazos entre los terroristas vascos y la guerrilla colombiana quedaban de nuevo patentes. El movimiento pro amnistía convocó una manifestación de repulsa por las detenciones. Guardia Civil y Policía Nacional unieron sus fuerzas para detener, el 18 de enero, a diez personas —nueve en Navarra y una en Vitoria— implicadas en el intento de recomponer el entramado Ekin desarticulado cuatro meses antes. Su objetivo era relanzar la ilegalizada Askatasuna, el colectivo de apoyo a los presos etarras. Los informes del instituto armado describen a los miembros de Ekin como «verdaderos comisarios políticos que todavía velan por la ortodoxia de la línea marcada por ETA».

Todos ellos fueron condenados en 2016 a dos años de prisión por un delito de pertenencia a organización terrorista, pero no entraron en la cárcel por haber cumplido ya este tiempo entre rejas como medida preventiva. Algunos de ellos llegaron a un acuerdo con la Fiscalía para reducir sus penas a cambio de firmar su «compromiso con la renuncia a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia, queriendo que este reconocimiento contribuya a la reparación de las víctimas del terrorismo por el daño y sufrimiento que se les ha causado». Reconocían por escrito su vinculación con ETA.

A la banda terrorista no le quedaban más recursos para hacer ruido que sus comunicados. En marzo criticaron a los Gobiernos español y francés: «La única violencia existente hoy en Euskal Herria es la que generan los propios Estados». A los pocos días, dos miembros de la banda protagonizarían un tiroteo en Francia contra agentes galos, en el que resultó herido uno de estos últimos. El resto de las noticias relacionadas con la banda llegaban en forma de golpes policiales. Como el del 1 de marzo, cuando la Guardia Civil desarticuló en Vizcaya al comando Otazua, que llevaba más de cinco años actuando, una eternidad para lo habitual en comandos legales. «De todo lo que le quedaba a ETA, era lo más importante», reveló el ministro Rubalcaba. Fueron detenidos Daniel Pastor, Txirula, Íñigo Zapirain, Aritza, Beatriz Etxebarria, Kot, y la compañera de Daniel, Lorena López, que fue puesta en libertad bajo fianza y posteriormente absuelta por la Audiencia Nacional en 2013. En la operación desarrollada en Bilbao y Galdácano fue descubierto un arsenal compuesto por unos doscientos kilogramos de material para fabricar explosivos, un subfusil MAT con dos cargadores, una pistola Browning también con dos cargadores y un revólver Smith & Wesson, además de varios tupper para la confección de bombas lapa, algunas de ellas ya prácticamente preparadas y listas para ser colocadas bajo el coche de alguna víctima. Los agentes que participaron en la desarticulación recuerdan al comando por la discreción de sus movimientos:

En noviembre de 2008 fue detenido Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki. El análisis de la documentación intervenida aportaba datos de la existencia de un comando en Vizcaya. Dirigimos los esfuerzos sobre aquellas personas que, teniendo en cuenta las características y localización geográfica de los atentados sin esclarecer, de su propia personalidad y proximidad a los sectores más radicales del entorno proetarra, pudieran formar parte de ETA. El periodo de aparente inactividad terrorista —el último atentado en España fue en verano de 2009— dificultó la investigación, pero el análisis y elaboración de las operaciones e investigaciones desarrolladas en Francia permitieron integrar datos que apuntaron a la identificación de Daniel Pastor Alonso, con domicilio en el Barrio de Aperribai n.º 4 de Galdácano (Vizcaya), como uno de los posibles miembros legales de los que ETA disponía en esta provincia, propiciando la apertura de la Operación Abeto.

Durante el trabajo operativo se observó una actitud claramente recelosa y en exceso vigilante por parte de Pastor; sobre todo cuando accedía al trastero que poseía en los sótanos del inmueble en el que residía. El 27 de enero de 2011, Pastor contacta en el parque Larreagaburu en Bilbao con una pareja, a la que se identificó como Íñigo Zapirain y Beatriz Etxebarria, ambos con domicilio en la calle Fika n.º 1 de Bilbao. Todos ellos, tanto a la llegada como a su partida, adoptaban evidentes medidas de seguridad, observando con atención el entorno. Daniel Pastor, por ejemplo, antes de llegar al parque realizó dos paradas sin justificación aparente que solo podían responder a propiciar ser rebasado por los vehículos que le seguían. Hasta esta fecha no se había constatado relación alguna entre ellos. Íñigo Zapirain había sido detenido en 1998 por kale borroka. Beatriz Etxebarria había estado trabajando en la herriko taberna de la bilbaína calle Ronda. Un nuevo contacto entre los tres (Daniel, Íñigo y Beatriz), en similares circunstancias y en el mismo parque, tuvo lugar el 14 de febrero. El hecho de que se relacionasen entre sí únicamente en momentos puntuales y adoptando medidas de seguridad reforzaba la hipótesis de que ambos contactos respondían a citas orgánicas.

Durante la operación se pudo comprobar que al domicilio de Daniel Pastor accedía asiduamente su compañera sentimental, Lorena López Díez, residiendo en el mismo hasta que se trasladó a la calle Ollerías Bajas n.º 6. En la madrugada del 1 de marzo de 2011, la UEI, con apoyo del GAR, procedió a la detención de Íñigo Zapirain, Beatriz Etxebarria, Daniel Pastor y Lorena López. El comando recibió cinco entregas de material (las tres últimas se correspondían con cada una de las acciones llevadas a cabo mediante la utilización de coche bomba) y mantuvieron tres citas orgánicas en Francia con el responsable del aparato militar, Mikel Karrera, en las que recibieron órdenes para la comisión de atentados y la recopilación de información.

Tras su detención, los miembros del comando Otazua confesaron ser los autores materiales de 16 atentados cometidos en los últimos años, entre ellos los asesinatos del brigada Luis Conde en Santoña (Cantabria) y el del inspector de la Policía Eduardo Puelles. También admitieron su implicación en el ataque contra la casa cuartel de Burgos en 2009; por este atentado acabarían siendo condenados con la mayor pena impuesta a un miembro de ETA. Entre sus objetivos, además, figuraba atentar contra las torres Kio, en Madrid, o contra el lehendakari socialista Patxi López; este último plan se vio frustrado cuando la Guardia Civil incautó en la localidad zamorana de Bermillo de Sayago una furgoneta cargada de explosivos y un fusil de francotirador Mosin Nagant de fabricación rusa, arma con la que pretendían disparar contra el político. No era la primera ocasión en la que los terroristas pretendían utilizar un francotirador para llevar a cabo sus crímenes. Ya lo habían logrado en los años ochenta al matar a un policía en Santuchu y a un guardia civil en Puerto de Pasajes. También esbozaron planes similares, siempre frustrados o simplemente inalcanzables, contra el entonces director de la Guardia Civil, Luis Roldán, el consejero de Interior vasco, Juan María Atutxa, e incluso contra el rey Juan Carlos I.

El 12 de abril, en Legorreta (Guipúzcoa), fueron arrestados los hermanos José Aitor e Igor Esnaola Dorronsoro por su implicación en el aparato logístico de ETA, aunque el segundo sería puesto en libertad días después. Quedaba desarticulado el comando Erreka, que gestionaba un gran depósito y laboratorio de explosivos en su caserío. También coordinaba los movimientos de siete zulos, tres en Guipúzcoa y cuatro en Navarra. La Guardia Civil se hizo con unos 1.600 kilogramos de material explosivo, detonadores y diversa documentación entre la que figuran algunos Zutabe, la revista interna de ETA. Esta operación supuso la mayor incautación de material explosivo realizada nunca en España. El segundo miembro del comando Erreka, Andoni Goikoetxea, consiguió escapar, aunque que sería detenido dos años más tarde en Brive-la-Gaillarde (Francia). La Benemérita detuvo días después a un colaborador del talde, Lander Etxeberria. Los agentes bautizaron la operación con el nombre de Geografía:

El hallazgo de un documento al abogado de la izquierda abertzale Jon Emparantza proporciona una pista clave para llegar al mayor arsenal de ETA en España. Las pesquisas comenzaron el 14 de abril de 2010. Ese día la Guardia Civil detuvo a tres abogados de ETA y a ocho personas más en una redada contra el aparato (h) Alboka. Se intervino un documento perfectamente empaquetado y envuelto en papel plastificado, cuya traducción es la siguiente:

«Aupa, Lohi, ¿Qué tal estáis? Esperamos que estéis bien. Las caídas de la semana anterior a la cita nos crearon confusión. En el momento de la cita notamos movimientos muy raros y consideramos que había que tomar medidas, por lo tanto no nos presentamos en el lugar. Poned otra cita o quedamos a la espera de vuestra respuesta. Ánimo y un fuerte abrazo para todos. RK».

Tras el hallazgo de la nota orgánica firmada por RK comenzó un análisis minucioso de todas las referencias documentales de las que disponía la Jefatura de Información de la Guardia Civil sobre estas siglas. Cuando se detiene a José Antonio Aranibar Almandoz, el 2 de julio de 2007, aparecen en su agenda anotaciones relativas a ERK (fonéticamente Erreka). En julio de 2009, cuando se detuvo a Itziar Plaza Fernández, Asier Borrero Toribio e Iurgi Garitagoitia Salegui, se les intervino una agenda en la que nuevamente volvían a aparecer anotaciones como Erkbl. Las siglas Erk hacían referencia a Erreka y bl a biltegi, que significa almacén o depósito. En la documentación incautada al jefe del aparato militar Ibon Fernández Iradi, Súsper, tras su detención en el año 2002, es donde se hallan más referencias a Erreka. En una de ellas Súsper codifica la identidad de una persona relacionada con Erreka. El sistema que utiliza para codificar a esta persona es a través de referencias a acciones y nombres de colaboradores legales conocidos por él de su etapa como miembro liberado de ETA.

Tras un laborioso trabajo de investigación, la Guardia Civil concluyó que en el comando Erreka colaboraría en el año 2002 una persona cuyo nombre sería Luis y su apellido Iruretagoyena, nacido o vecino de la zona de Ibarra (Guipúzcoa). A esta persona se le identifica con toda probabilidad como Luis Ignacio Iruretagoyena Lanz, detenido junto a otros tres miembros de ETA en Cahors (Francia) el 1 de septiembre de 2007 (operación de Guardia Civil y Policía francesa). En otra de ellas, Súsper da la pista más importante, ya que codifica a otro miembro del comando Erreka. En este caso, la referencia es la siguiente:

Pueblo: Río del pueblo de Txili (Río LEA) + cuatro últimas letras del talde de Serapio (BEHORBURU), o segundo apellido de Historiketas (Francisco Javier García GAZTELU). [Conclusión: el pueblo es Leaburu-Gaztelu.]

Nombre: Leta Viejo? [Iñaki o Ignacio, se deduce por otras descodificaciones que Leta Viejo corresponde a este nombre. Lo pone al final con interrogante, no está seguro del nombre. Conclusión: Iñaki o Ignacio?]

Apellido: Dos letras del apellido de Skin de Kuttunherri (Alain ESPADAS Aguinaco) + dos letras del Herrialde de Jaione (NAVARRA) + tercera letra del nombre de Culebra (IBON Fernández Iradi) + dos letras de Kuttunherri (LASARTE). [Conclusión: Esnaola.]

Teniendo en cuenta todas las anotaciones, se concluye que existe otra persona que reside en Leaburu-Gaztelu, cuyo nombre pudiera ser Iñaki o Ignacio —el propio autor de la nota duda— y se apellida Esnaola. El autor de la nota también escribe que esta persona pudiera tener algún defecto físico producto de un accidente laboral con una máquina o herramienta. Por otro lado, la nota incautada en la mesa del despacho del letrado Jon Emparantza Aguirre estaba fechada en marzo de 2010. En ella se hacía mención a «las caídas que hubo la semana anterior», por lo que es muy probable que se refiera a la detención de Pedro María Olano Zabala el 8 de enero de 2010. Durante el operativo sobre Pedro María Olano, antes de su detención, este y José Aitor Esnaola mantuvieron conversaciones relativas al deporte rural vasco, ya que Esnaola era el presidente de la Federación de Deportes Populares. La Guardia Civil, uniendo todos los cabos, llega a la conclusión que el miembro del comando Erreka que aparece codificado en la documentación de Súsper podría ser José Aitor Esnaola Dorronsoro, y que dispondría de un almacén o depósito de material.

En el mes de agosto de 2010 se abre la Operación Geografía e inicia el control operativo sobre José Aitor Esnaola Dorronsoro. Se pudo apreciar que tenía una cicatriz en un brazo y parecía que le faltaban uno o dos dedos. Realizadas diversas gestiones se averiguó que figuraba como pensionista de la Seguridad Social desde el mes de marzo del año 2003 como consecuencia de un accidente laboral que le ocasionó una lesión en su brazo izquierdo. Los guardias civiles se disponen a controlar sus movimientos.

El 18 de septiembre de 2010, tomando muchas medidas de seguridad, se observa a uno de los vehículos objetivos de la operación, una furgoneta Citroën Berlingo conducida por José Aitor Esnaola, que se dirige hacia Francia. Accede a la localidad de Gan, estaciona su vehículo en las inmediaciones de la plaza y se apea del mismo. A las 12.45 horas, con una botella de Coca-Cola en la mano, se dirige hacia la iglesia donde mantiene una cita con Xabier Goyenetxea Iragorri, alias Bilore. Ambos caminan juntos hablando amistosamente hasta un vehículo estacionado en las inmediaciones, un Renault Clio gris, en el que se encuentra el miembro de ETA José Ignacio Reta de Frutos. Los tres se montan en el Renault abandonando la localidad de Gan. Por motivos de seguridad se deja el control físico sobre los mismos. El vehículo en el que se habían marchado regresa de nuevo al poco tiempo. Allí los agentes de la UCE-1 observan algo muy curioso: tras charlar unos minutos los tres y despedirse, Xabier Goyenetxea retira una sábana del asiento trasero y limpia las puertas y las zonas que pudiera haber tocado Aitor Esnaola. Deposita en un contenedor la sábana, que fue recuperada por los agentes que integraban el dispositivo. A las 16.55 horas José Aitor Esnaola toma su vehículo y regresa a España dirigiéndose directamente a su domicilio.

Además de gestionar el mayor zulo que ETA tenía en España, los integrantes del comando se dedicaban a recabar información para los atentados que otros comandos perpetraban, como hicieron de cara al asesinato del jefe de la Unidad Disciplinaria de la Ertzaintza y jefe de la Comisaría de Irún, Mikel Uribe, en julio de 2001. Con ese gran depósito pretendían establecer un nodo logístico en España sin tener que pasar la frontera con explosivos cada vez que los comandos lo necesitaran; fabricar, almacenar y distribuir con más seguridad. Otro gran proyecto estratégico que se le venía abajo a la organización armada.

Los agentes de la Guardia Civil localizaron en los días posteriores otros tres zulos en el monte Jara, situado geográficamente entre las localidades de Saint Etienne de Baigorry y Saint Jean de Pied de Port, con material explosivo, cordón detonante, dos subfusiles de asalto, munición, un temporizador y 20.000 dólares en metálico en su interior. Se tenía la sospecha de que la abogada Arantza Zulueta, quien fue nuevamente detenida, pretendía hacer llegar los datos de estas ubicaciones, suministrados por un recluso de ETA, hasta la dirección de la banda. En el bolso de la letrada se encontró una memoria informática con instrucciones que le había transmitido la cúpula para crear una estructura bajo el nombre de Amarauna (tela de araña), con el fin de controlar a todos los simpatizantes de la organización en los territorios correspondientes a Euskal Herria, una red de información a todos los niveles.

El anuncio del alto el fuego, teniendo en cuenta la experiencia de las treguas trampa anteriores, no había influido en modo alguno en el ánimo de los cuerpos policiales, que seguían arrinconando a ETA y sus estructuras. Itziar Moreno, Oier Gómez y Jone Lozano fueron detenidos al sur de Francia. También los terroristas Alejandro Zobarán, Xarla, Mikel Oroz, Peru, Iván Sáez de Jáuregui y Urko Labaka. A Iñaki Domínguez Atxalandabaso lo arrestaron en la localidad de Modane, junto a la frontera franco-italiana, cuando viajaba a bordo de un tren procedente de Milán con una maleta cargada de material para confeccionar artefactos explosivos. El dirigente de Segi en Navarra Oier Ardanaz cayó en manos de la Policía francesa tras robar un coche en la Borgoña francesa. Y Eneko Gogeaskoetxea Arronategi, histórico dirigente de ETA, fue capturado en Cambridge (Reino Unido), donde parecía llevar una vida normal —llegó a formar parte de la directiva de un club de squash— junto con su mujer y sus hijos, todos ellos bajo documentación falsa francesa. Del mismo modo, en Irún, la Guardia Civil detuvo una vez más al antiguo jefe Ignacio Gracia Arregui, Iñaki de Rentería, tras hallar nuevas pruebas que para los investigadores lo vinculaban con el secuestro de José Antonio Ortega Lara: una carta manuscrita en la que daba órdenes a los miembros del comando Goiherri sobre cómo gestionar el cautiverio. Finalmente, la Audiencia Nacional terminó absolviéndolo.

ETA se diluía y apenas le quedaban activos dignos de mención. Guardaba sus armas como símbolo de una derrota que no admitía. Ni siquiera era capaz de seguir con su campaña de extorsión sobre los empresarios vascos y navarros. Incluso los presos etarras —sin la influencia del colectivo de abogados, recién desarticulado— firmaron un comunicado público en el que se comprometían a «avanzar en el proceso democrático, dentro del Acuerdo de Guernica y según sus contenidos». De acuerdo con las cifras que manejaba Interior, ETA contaba entonces con unos cien militantes activos en libertad frente a los setecientos distribuidos en cárceles de seis países: España, Francia, Reino Unido, México, Portugal e Irlanda. Sus inquietudes fueron expuestas en la Conferencia de Paz de San Sebastián, celebrada en el Palacio de Aiete el 17 de octubre, que concluía con una declaración de cinco puntos en la que representantes internacionales instaban a la organización terrorista a un cese definitivo de la violencia. También se invitaba a los Estados español y francés a reunirse con los terroristas para iniciar conversaciones y tratar «las consecuencias del conflicto».

Se estaba asistiendo a una representación, pactada de antemano, donde unos pedían y el otro concedía lo demandado. A la dirección terrorista no le quedaba otra opción que escenificar una salida digna, rodeándose al efecto de un equipo de verificadores internacionales liderados por el abogado sudafricano Brian Currin. El comunicado definitivo llegaría tres días después de la conferencia: ETA anunciaba el cese definitivo de su actividad armada el 20 de octubre de 2011. Ponía así fin a 53 años de barbarie y locura criminal. En el mismo texto realizaba un llamamiento para abrir un «diálogo directo» con España y Francia. El comunicado, escueto, iba acompañado de un vídeo donde aparecían tres terroristas encapuchados. Un hombre intervenía en castellano; una mujer lo hacía en euskera. La primera parte del discurso estaba dedicada a glosar su lucha y a homenajear a sus militantes. La segunda se correspondía con una declaración de intenciones donde la banda terrorista exponía su ofrecimiento a los Estados. Una escenificación para disimular la derrota absoluta de ETA.

El 11 de noviembre, ETA hizo público otro comunicado: «No hemos ganado pero la lucha no ha sido en balde, Euskal Herria continúa viva y tiene abierta la posibilidad de ganar», esgrimen los terroristas, al mismo tiempo que proponen la creación de una «mesa de negociación política» entre partidos donde la banda terrorista no estará, ya que se coloca en una futura «negociación» con el Gobierno sobre la situación de sus presos, el regreso de los huidos de la justicia y la hipotética retirada de las fuerzas de seguridad del País Vasco. La izquierda abertzale se atribuye por esta vía, convenientemente prefabricada, el éxito del fin de ETA. Y su discurso le sirve para auparse como segunda fuerza con más representación en el País Vasco y la tercera en Navarra en las elecciones generales que se celebran el 20 de noviembre de 2011. Amaiur, la nueva marca de la izquierda abertzale, en coalición con EA, Aralar y Alternatiba, obtendrá 333.628 votos, 7 diputados y 3 senadores. Pese a todo, ETA no anuncia su disolución ni la entrega de armas. Se guarda esa baza para negociar el acercamiento de presos y el retorno de los terroristas huidos. Busca una mesa de negociación y se va a encontrar por enésima vez con la actuación de los cuerpos policiales, que siguen aplicándose a desmantelar los restos de su cadáver. En enero de 2012, la Guardia Civil, junto con la Dirección Central de Inteligencia Interior (DCRI) y la Dirección Central de la Policía Judicial (SDAT) francesas, desarrolló una operación contra miembros de ETA en la estación de tren de Joigny (Francia):

Una de las líneas de investigación adoptadas en el pasado reciente, como consecuencia de los cambios de proceder de los militantes de ETA, consistía en estudiar y analizar rutas y puntos específicos de paso utilizados por los miembros de ETA en sus desplazamientos por territorio francés, y en concreto, la utilización del transporte público. En las inmediaciones de la estación de ferrocarril de París-Bercy, en la capital francesa, uno de los agentes de la Guardia Civil desplegados identifica a un posible miembro de ETA, por lo que se replantea el dispositivo con la finalidad de realizar un control operativo sobre esta persona. Durante el seguimiento muestra una actitud vigilante en su recorrido por varias calles cercanas a la estación. Una vez identificada esta persona, se continúa con el operativo con el fin de detectar cualquier actividad orgánica con relación a ETA y al mismo tiempo se trata de detectar una posible contravigilancia.

El control operativo sigue desarrollándose en calles y avenidas adyacentes a la estación de ferrocarril de París-Bercy, por lo que se refuerza el grupo en el interior de la estación. Jon Etxeberria Oiarbide accede con la intención inequívoca de viajar, se replantea nuevamente el despliegue con el fin de introducir agentes en el tren y el resto en paralelo por carretera acompañando al convoy en su trayecto, cubriendo las estaciones de parada para detectar la bajada del objetivo, así como cualquier posible contravigilancia. El objetivo coge el tren que cubre la línea París-Auxerre. A lo largo del trayecto son controladas progresivamente todas las estaciones, hasta llegar a la estación de la localidad de Joigny, donde los agentes de la Guardia Civil desplegados en las inmediaciones localizan un Citroën C15 ocupado por dos varones; solicitados datos del vehículo, se comprueba que lleva placas dobladas, por lo que se fija el control sobre estos individuos y el vehículo. Finalmente son identificados como Rubén Rivero Campo e Íñigo Sancho Marcos.

Jon Etxeberria se dispone a abandonar el tren, momento en el que es detenido por agentes franceses, circunstancia observada por los otros dos individuos. Inician la huida a pie, separándose. Los agentes de la Guardia Civil desplegados en el exterior mantienen el control físico sobre estos dos individuos permitiendo que los agentes franceses procedan a su detención. En el registro del vehículo Citroën C15 son intervenidos tres revólveres (sustraídos en la fábrica de armas de Vauvert en octubre de 2006); seis tarjetas profesionales de la Guardia Civil, con sus respectivas placas (todas falsas); diecisiete DNI españoles falsos; también documentación falsa alemana, portuguesa y francesa; un teléfono móvil; y diversas sustancias que son utilizadas para la falsificación de documentos de identidad.

Un mes más tarde fueron detenidos por la Guardia Civil en Guipúzcoa otros dos terroristas gracias a la documentación incautada en 2008 a López Peña, Thierry, y Ainhoa Ozaeta, que tantos frutos había dado en la lucha antiterrorista. Juan Ignacio Otaño e Iñaki Iguerategui estaban integrados en el comando Zipi, encargado de la negociación y recaudación del impuesto revolucionario de ETA. En 2015 fueron condenados a seis años por la Audiencia Nacional tras admitir su implicación en la banda y los hechos que se les imputaban, y llegar a un acuerdo de conformidad, algo que había sido impensable durante décadas. Mientras, las organizaciones vinculadas el entramado de ETA iban anunciando su disolución. Primero, el 10 de junio de 2012, fue Askatasuna, heredera de Gestoras Pro Amnistía. Días más tarde le llegó el turno a la entidad juvenil Segi, que cambió su nombre por Ernai tratando de limpiar su pasado ligado a la organización terrorista. Y siguieron produciéndose las detenciones de los miembros de la banda. Agentes de la Guardia Civil y de la DCRI francesa se coordinaron para detener, el 26 de junio de 2012, a Ugaitz Errazquin y José Javier Osés, en la localidad de Albi, cerca de Toulouse. La pista que condujo a su paradero llegó a través de un Peugeot 308 de color negro que se acababa de robar, y se sospechaba que podría ser utilizado por una determinada zona:

Tras largos días de búsqueda, el dispositivo establecido en los accesos a la localidad de Albi detecta al vehículo entrando en la citada localidad, conducido por un individuo. Se dejó su control circulando por las calles, pues al ser de noche resultaba fácil ser detectados. En las inmediaciones de una zona comercial, uno de los agentes de la Guardia Civil cree identificar al conductor del Peugeot 308 negro que iba a pie con una bolsa de compra, lo que da lugar a un replanteamiento del dispositivo, con el fin de descubrir su domicilio. Tras ser seguido por varias calles, es identificado como Ugaitz Errazquin Tellería. Finalmente, al realizar un itinerario por calles estrechas y despobladas del centro de Albi se pierde su control en una zona residencial y de garajes de la rue Capitaine Julia. Se cierra la zona y a los 15 minutos se le vuelve a ver: además de la bolsa de compra lleva una pequeña bandolera cruzada. Con estos datos se interpreta que puede tener cierta infraestructura en la zona, por lo que la Policía francesa comenzó a centrar sus investigaciones en esta parte de la localidad. El control continúa en el boulevard Valmy cuando llega a un portal, llama al timbre y alguien le abre. Se había localizado un piso de ETA.

Los agentes de la Guardia Civil desplegados en el exterior del piso mantienen el control las veinticuatro horas, y ven asomarse por una de las ventanas a un individuo, siendo identificado como José Javier Osés Carrasco. La DCRI, tras el análisis y cotejo de las viviendas de la rue Capitaine Julia, llega a la conclusión de que en la citada calle tienen alquilado un garaje donde supuestamente guardarían el Peugeot 308. El 26 de junio de 2012 son detenidos Ugaitz Errazquin Tellería y José Javier Osés Carrasco. En los registros practicados en el domicilio y garaje, además del vehículo robado, se incautaron dos revólveres, numerosa documentación falsa y abundante material informático.

A estas detenciones habría que sumar la de Juan María Múgica Dorronsoro en julio de 2012:

En el mes de noviembre de 2009, la Guardia Civil desarrolló una operación contra la organización juvenil Segi, en la que fue detenida Irati Múgica Larreta —hija de Juan María Múgica Dorronsoro— y se incautó una carta escrita por el propio Juan María. De la misma se extraía claramente que el citado Juan María se encontraba en Francia y que junto a Pedro María Olano Zabala formaban un comando legal de ETA. El 8 de enero de 2010, la Guardia Civil detenía a Pedro María Olano Zabala; además, por fuentes vivas, tiene conocimiento de que Juan María Múgica pudiera estar residiendo en una zona comprendida desde la frontera aragonesa con Francia hasta la localidad francesa de Pau. Se procedió a intervenir todas las comunicaciones de su entorno familiar más próximo. El día 4 de julio de 2012 se observó cómo su esposa llegaba a Francia circulando dirección a la localidad de Pau. Al final, el vehículo de la esposa de Juan María llega a una zona de casas de la localidad de Esquiule (Oloron Sainte Marie) donde estacionó. Posteriores investigaciones sobre el inmueble, por parte de los analistas de DCRI, permitieron localizar la vivienda exacta, por lo que se procedió a la entrada en el domicilio y la detención de Juan María Múgica Dorronsoro.

Casi en las mismas fechas, la policía escocesa detenía en Edimburgo a Beñat Atorrasagasti Ordóñez gracias a la información facilitada por la Guardia Civil:

Durante las vigilancias realizadas, se observa que Atorrasagasti se encontraba realizando una vida laboral normal —ayudado de documentación falsa—, llegando a tener un trabajo remunerado en una empresa distribuidora de productos vinícolas. Además vivía con su familia. La colaboración con el servicio Lothian and Borders Police de Edimburgo culminó con su detención.

La operación de más importancia efectuada en 2012 tuvo lugar en la localidad francesa de Mâcon, el 28 de octubre, que culminó con la detención de Izaskun Lesaka, Ane, quien se había hecho cargo simultáneamente de los aparatos militar y logístico —unidos ahora en uno solo— tras la detención de Mikel Karrera, Ata. Era una de las terroristas más cualificadas que quedaban en activo, con experiencia en esas tareas desde 2003, y también seguidora de Ata e igual de radical en sus postulados. También fue capturado su lugarteniente, Joseba Iturbide, Makarra, en la clandestinidad tras ser absuelto de formar parte del Elurra, comando autor del atentado contra el aeropuerto de Barajas de 2006 en el que murieron dos personas:

ETA se había visto obligada a declarar en un comunicado el cese definitivo de la actividad armada. Fue presentado a la comunidad nacional e internacional mediante la emisión de un vídeo por tres miembros de ETA; fueron identificados con posterioridad como David Pla Martín, Iratxe Sorzábal Díaz e Izaskun Lesaka Argüelles, los tres máximos responsables de la dirección de ETA. En el marco de la Operación Civilización desarrollada por la Jefatura de Información de la Guardia Civil (UCE-1 y GAO) y la Dirección Central de Inteligencia Interior (DCRI) de la Policía francesa, se pudo observar que diferentes terroristas desarrollaban su actividad en los departamentos de Gard, Loira y Saona-Loira. Se consiguió conocer la localización de un punto de venta de una tarjeta telefónica móvil prepago que no había sido activada y que habían adquirido bajo identidad española falsa. El 19 de octubre de 2012 se produjo el robo de un vehículo, un Citroën C3, en la localidad francesa de Bellechassagne. Este vehículo será detectado por los dispositivos establecidos en el departamento de Saona-Loira. Sus ocupantes son identificados como Izaskun Lesaka Argüelles y Joseba Iturbide Otxoteko. Los dispositivos (UCE-1, GAO y DCRI) se centran en el citado departamento con la finalidad de localizar su infraestructura, pues la distancia entre el lugar del robo y su avistamiento lleva a pensar que aquí tienen su lugar de residencia.

Aparecen nuevos datos, la tarjeta móvil prepago adquirida meses atrás se había activado el día 23 de octubre de 2012, ubicando el teléfono móvil en la localidad francesa de Mâcon (Departamento 71). Durante varios días todo el esfuerzo operativo se centra en esa localidad llegando a ubicar a Izaskun Lesaka saliendo del complejo de apartamentos Residencia Moreau, en la calle Cours Moreau. A partir de este momento comienzan las indagaciones sobre el lugar de residencia, concluyendo que se encuentra viviendo con el también miembro de ETA Joseba Iturbide Otxoteko, y que en los garajes subterráneos de la citada residencia se encontraba estacionado el vehículo Citroën C3. Se procede a su detención. En los registros realizados tanto en el apartamento como en el interior del vehículo robado se incautaron dos pistolas Smith & Wesson, documentación falsa, 15.000 euros, gran cantidad de placas de matrículas francesas falsificadas con sus correspondientes viñetas de seguros, tres ordenadores portátiles, dos discos duros, 25 tarjetas Micro SD y cinco memorias extraíbles.

ETA mantenía al puñado de militantes que aún tenía en activo repartidos en diferentes localidades, donde residían por parejas. El 7 de mayo de 2013, la Guardia Civil y la Policía francesa explotaron la Operación Civilización, que culminó con la detención de Kepa Arcauz y Ekhiñe Eizaguirre, encargados del departamento de falsificación, en la localidad de Blois; de Raúl Aduna y Andoni Goikoetxea, responsables de la gestión de los zulos, en Brive-la-Gaillarde; y de Igor Uriarte y Julen Mendizábal, expertos en el robo de vehículos para ETA, en Montpellier. Se desmantelan tres células fundamentales de la poca logística que aún le quedaba a la banda terrorista. Y se detiene en una misma intervención a seis terroristas que se encontraban activos, un número elevado en proporción al tamaño de la diezmada ETA. Mantener tres dispositivos activos a un tiempo durante meses, en diferentes puntos de la geografía francesa, fue una tarea ingente para los investigadores de la Guardia Civil y la Policía francesa.

La apertura de la Operación Civilización tenía como objetivo principal la investigación y detención de los miembros de ETA integrados en labores operativas en territorio francés. Esta operación tenía su origen en el control de viviendas de alquiler que efectuaba sistemáticamente la DCRI, y que este cuerpo pasaba a la Guardia Civil para que se iniciara la oportuna investigación conjunta de la documentación aportada por el inquilino, que casi siempre eran documentos de identidad españoles. En la mayoría de los casos se trataba de ciudadanos españoles con identidades reales que vivían en el país galo. En otros casos, los menos, los agentes españoles descubrían que eran documentaciones falsas, iniciando ambos cuerpos una operación que les llevase a algún miembro de ETA. El alquiler de una vivienda en Limoges (Francia) lleva a la Guardia Civil a identificar a Iñaki de Reta Frutos como el arrendatario. Por medio de citas entre los terroristas se localiza a seis miembros del aparato de logística, divididos en tres células dedicadas a labores bien diferenciadas. Durante más de tres meses de investigaciones y dispositivos, se consigue llegar a la localización de dos miembros de ETA, Raúl Aduna y Andoni Goikoetxea, en la localidad francesa de Brive-la-Gaillarde. Mantenían de forma periódica contacto con los también miembros de ETA Julen Mendizábal e Igor Uriarte, que residían en Montpellier.

El 12 de abril de 2013, Julen Mendizábal e Igor Uriarte perpetraron el robo de un vehículo en una pequeña localidad del departamento 86 (Vienne). Se lo entregaron a dos miembros de ETA entre grandes medidas de seguridad: eran Ekhiñe Eizaguirre y Kepa Arkauz, a los que se ubicó en la localidad francesa de Blois. En la madrugada del día 7 de mayo de 2013, de manera conjunta y en colaboración con la Policía Nacional francesa se procedió a la detención de los seis miembros de ETA. Las detenciones se producen en tres localidades francesas equidistantes entre sí más de trescientos kilómetros.

Los siguientes golpes policiales se centraron en dos estructuras relacionadas con el entramado legal de ETA. Por un lado se detenía el 30 de septiembre de 2013 a 18 dirigentes de Herrira, dentro de la Operación Caravana, como presuntos autores de los delitos de integración en organización terrorista, financiación y enaltecimiento del terrorismo. La documentación incautada determinaba que Herrira era la heredera de la disuelta Askatasuna y su integración en el frente de cárceles de la banda. Por otro, se arrestaba el 8 de enero de 2014 a ocho personas que formaban parte del KT-Koordinazioa Taldea (Grupo de Coordinación) de la dirección del EPPK (Colectivo de Presos) de ETA. Algunos eran reconocidos abogados vinculados con la izquierda abertzale. Unas semanas más tarde, las autoridades mexicanas detenían a dos miembros de ETA huidos desde hacía dos décadas, Juan Jesús Narváez e Itziar Alberdi. En Galdácano (Vizcaya), la Guardia Civil detuvo a Tomás Madina, quien había pertenecido a la Infantería de Marina y era un experto tirador de arma larga. Entre sus objetivos figuraba Rodolfo Ares, consejero de Interior del Gobierno vasco, a quien pretendía asesinar con un rifle de mira telescópica. Durante 2014 y 2015, la Guardia Civil explotó la Operación Araña, en tres operativos que se saldaron con la detención de 60 personas que cometían delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas causadas por el terrorismo a través de las redes sociales. Acto seguido llegarían las detenciones de dos históricos miembros de ETA: Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros, capturado por la Guardia Civil y por la Policía el 19 de enero de 2015, y que se encontraba libre por una decisión adoptada semanas antes por la Audiencia Nacional; e Hilario Urbizu, huido a México y perseguido por su implicación en varios atentados en los años ochenta.

Los últimos compases de la historia de ETA están continuamente jalonados de detenciones. Sin efectivos y sin capacidad de atentar, la banda aspira a arrancarle algún rédito a su historia explotando los rescoldos del terror que sembró durante décadas. No quiere entregar las armas, aunque tampoco tiene constancia de dónde se encuentran todas ellas exactamente. Los zulos, repartidos en su mayoría por territorio francés, no son recientes y sus antiguos custodios, presos terroristas, no recuerdan siempre con precisión el lugar en el que se localizaban. En un intento de adaptación a esa necesidad, la cúpula emplea sus últimos esfuerzos en la creación de una estructura técnico-logística, con la misión de recopilar y reestructurar todos sus arsenales y explosivos, que dividen al efecto en tres categorías: los zulos que consideran que están bajo vigilancia de los cuerpos policiales; los que, pese a no estar relacionados con operaciones policiales, les plantean dudas sobre si están controlados; y los que están en un lugar seguro, cuyas armas serían susceptibles de ser entregadas en cualquier momento. Según la propia ETA, sería este tercer grupo el que contaría con menor cantidad de armamento y material. La siguiente operación de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado se centró en esta estructura. El 28 de mayo de 2015, la Guardia Civil y la DGSI francesa (la antigua DCRI había ascendido de categoría hasta ser una Dirección General) localizaron un arsenal de armas y explosivos de ETA en una vivienda de Biarritz. Cuatro personas fueron detenidas.

Las investigaciones realizadas dentro de la Operación Brique se iniciaron en el mes de septiembre de 2014, al conseguir información sobre distintas personas e inmuebles donde presumiblemente se podrían almacenar armas y material explosivo con el objetivo de recuperar y centralizar los arsenales de ETA. Los dispositivos sobre estas personas e inmuebles no llegaron a confirmar la existencia de los referidos arsenales, por lo que la operación pasó a situación durmiente, manteniendo dispositivos con un reducido número de recursos a la espera de nuevos datos que permitieran impulsar las investigaciones. En abril de 2015 llegan nuevas informaciones sobre tres inmuebles, los cuales fueron sometidos a una vigilancia permanente. Mientras se desarrollaban estos dispositivos, se sabe que a lo largo del mes de mayo se producirá un transporte de material al interior de algunos de los domicilios sometidos a vigilancia.

Ante esta situación se intensifica la vigilancia las veinticuatro horas del día sobre los domicilios y sus moradores, pudiendo constatar que en uno de ellos, concretamente en el situado en la rue de la Poste de la localidad de Biarritz (Francia), su propietaria y un individuo descargaban a altas horas de la noche de una furgoneta gran cantidad de bolsas y bidones. Ante toda esta secuencia de hechos se decide llevar a cabo la explotación de la Operación Brique, en la madrugada del día 28 de mayo. Son detenidos Nathalie Chasseriaux —rue de la Poste de Biarritz—, Enrique López Jurio —cuando circulaba con su vehículo particular por Biarritz—, Thomas Villate —compañero sentimental de Nathalie— y Rosa Victoria Mercado Benito, compañera sentimental de Enrique López.

El siguiente paso fue detener, el 7 de julio de 2015, a dos de los responsables del departamento técnico-logístico:

La Operación Tonel o Tonneau es una operación conjunta entre la DGSI francesa y la Guardia Civil. En septiembre de 2014 se obtiene información sobre distintas personas e inmuebles donde se podría estar facilitando alojamiento a varios miembros huidos y plenamente integrados en ETA. De forma paralela a los dispositivos de vigilancia de estas personas e inmuebles, algunas informaciones señalaban la posibilidad de que en unas fechas concretas tuviera lugar el cambio de alojamiento de algunos miembros de ETA. Ante estas informaciones, se realiza un profundo análisis de aquellos lugares más utilizados como puntos de cita en los que han sido recogidos miembros de ETA y se monta el correspondiente dispositivo de vigilancia. Fruto de las vigilancias sobre la Maison Barberanborda, cuando sus moradores habituales se encontraban ausentes se observa el movimiento de dos individuos en el interior, siendo identificados como Xabier Goyenetxea Iragorri y Joseba Iñaki Reta de Frutos. Días después, el dispositivo de vigilancia detecta el movimiento de Xabier Goyenetxea y Joseba Iñaki Reta, los cuales son trasladados a otro inmueble cercano, concretamente la Maison Xidroinia en la localidad de Quartier Zubialde de Osses, inmueble donde finalmente son detenidos junto con los propietarios y moradores del domicilio.

ETA ya no era nada más, ni menos, que el terror que había sembrado en el pasado. No tenían armas, no tenían efectivos. No había un futuro, tampoco un presente. Las siglas de la organización eran las de una cicatriz, dolorosa pero sin opción de abrirse de nuevo. A David Pla e Iratxe Sorzábal, sus últimos jefes, no les resultaba fácil coordinar y dirigir unas estructuras extintas, dispersas y desorganizadas. Ambos habían protagonizado el vídeo emitido en la BBC en el que anunciaban el «cese definitivo de la violencia». Ramón Sagarzazu, responsable de su aparato internacional, era el tercer pilar sobre el que se sostenía la organización. La serpiente terrorista lanzó su último estertor el 22 de septiembre de 2015, cuando la Guardia Civil y la Policía francesa detuvieron a sus tres máximos representantes en la localidad de Saint Etienne de Baigorry.

En el mes de mayo de 2015, las indagaciones e investigaciones comienzan a dar sus frutos. Las informaciones obtenidas indican que la actual dirección de ETA tenía entre sus planes un desplazamiento al sur de Francia con la finalidad de llevar a cabo distintas reuniones con diferentes militantes, tanto de sus estructuras clandestinas en Francia, como con militantes legales vinculados a las organizaciones de la izquierda abertzale. Ante este hecho comienzan las pesquisas sobre aquellos lugares susceptibles de ser utilizados por ETA para llevar a cabo las reuniones, así como aquellos que son utilizados como puntos de cita. En septiembre de 2015 controlamos una cita orgánica entre un individuo español vinculado a la izquierda abertzale y un individuo de nacionalidad francesa conocido por sus vinculaciones a organizaciones próximas a ETA. El control realizado sobre los mismos nos llevó a una casa rural ubicada en el sur de Francia: Maison Agorerreka, en Saint Etienne de Baigorry. Todo apuntaba a la celebración de una reunión de carácter político dado el perfil de los individuos. Intensificamos la vigilancia sobre la casa rural y, al cabo de unos días, llegaron dos nuevos individuos que fueron identificados como David Pla Martín e Iratxe Sorzábal Díaz, jefes del aparato político. Dada la importancia de los individuos alojados en la casa rural, decidimos llevar a cabo la explotación de la operación al mediodía del 22 de septiembre de 2015, con la intención de poder interceptar los ordenadores y demás dispositivos informáticos que los asistentes pudieran estar utilizando en lo que a juicio de los investigadores se podría considerar como reunión de dirección de ETA. En ese momento fueron detenidos Iratxe Sorozábal Díaz, David Pla Martín, François Flores y Ramón Sagarzazu Gaztelumendi.

La operación se bautizó simbólicamente con el nombre de Pardines, en homenaje a José Antonio Pardines Arcay, primera víctima mortal de ETA, agente del instituto armado, asesinado en la localidad guipuzcoana de Villabona el 7 de junio de 1968. Con el mismo nombre con que se había abierto, se cierra así una trágica página de la historia de España. Con el nombre de un guardia civil.

Sin embargo, no se da por concluido el trabajo, y menos aún se baja la guardia. La tarea de los guardias civiles del Servicio de Información, y así lo asumen los propios interesados, está abocada a seguir, mientras quede un solo terrorista de ETA con cuentas pendientes con la justicia y con la sociedad.

En octubre de 2016, la policía francesa de la DGSI y la Guardia Civil descubrieron a 100 kilómetros de París un zulo que contenía una cantidad muy importante de armas cortas, unas ciento cincuenta, que los últimos terroristas en activo pretendían utilizar para escenificar una entrega formal de armamento como prueba de buena voluntad, y así poder entablar alguna negociación sobre presos con los gobiernos español y francés. Un mes después, el 5 de noviembre, después de localizar su escondrijo en una última operación fruto del esfuerzo sostenido de inteligencia y vigilancia, se detiene en un domicilio del País Vasco francés, en las inmediaciones de San Juan de Luz, a Mikel Irastorza Artola, el responsable máximo de la estructura técnico-logística encargada de gestionar las pocas armas que aún guardaba ETA. En el momento de su captura trataba de escenificar un sellado de armamento para oficializar la entrega de armas de ETA y ganarse así el crédito que le permitiera negociar algo.

Era el último responsable máximo, el último jefe de un cadáver llamado ETA. No portaba documentación falsa, tampoco pistola. El jefe de nada.

27

PAISAJES DESPUÉS DE LA BATALLA

A lo largo de su historia, la organización terrorista ha sometido a un férreo control a su colectivo de presos, prohibiéndoles taxativamente mostrar arrepentimiento, hacerse cargo de la responsabilidad civil que les corresponde frente al pago de indemnizaciones, el abono de multas, el reconocimiento de la autoridad de los tribunales que los juzgan (lo que les impide el ejercicio de su defensa), la solicitud de la prisión provisional, el pase a distintos grados penitenciarios y la petición de cambio de prisión con excepción de las ubicadas en el País Vasco —que pueden pedir de modo colectivo, nunca individual—. Se prohíben también la petición de permisos de salida, el cambio de grado penitenciario y, sobre todo, el rechazo al terrorismo y el perdón a las víctimas. En resumen, se trata de no reconocer el sistema penitenciario español aun a costa de evidentes perjuicios personales para los reos.

En contrapartida, ETA ha venido concediendo a los presos sujetos a su disciplina beneficios económicos para ellos y sus familiares. Los reclusos perciben unos 125 euros en España y 155 mensuales en Francia, que les permiten afrontar sus pequeños gastos. Sin este dinero, muchos de ellos no contarían con ningún tipo de recurso. También ayudan a sus familiares, sufragando viajes a las prisiones donde se encuentran los internos. La organización cubre la asistencia jurídica y en algunos casos la sanitaria. Estas contraprestaciones son difíciles de rechazar; además del desamparo al que se verían sometidos si la organización les diera la espalda, dejarían de ser tratados como héroes: sus fotos no figurarían en las herriko tabernas ni serían recibidos con un ongi etorri (homenaje de bienvenida) al salir de prisión. Se les deja bien claro que fuera de ETA «hace mucho frío». Solo hay dos caminos: acatar las normas o la expulsión y el abandono.

Los presos siempre han sido utilizados por la banda terrorista como mártires y en algunos casos han quedado marginados de los debates internos. Así sucedió en las negociaciones con el Gobierno del año 2006 o en el proceso asambleario del año 2008, del que no estaban excluidos pero tampoco se los tuvo en cuenta. En definitiva, los miembros de la banda terrorista que cumplen condena han sido siempre más prisioneros de la propia ETA que del sistema penitenciario. Desde siempre, por otra parte, la organización terrorista considera la disidencia como una traición. En septiembre de 1986, la reinsertada Dolores González Catarain, Yoyes, fue asesinada por orden de ETA en Ordicia (Guipúzcoa); tras este asesinato, las críticas recibidas de sus propias filas hicieron que la organización terrorista conmutase la pena de muerte por la expulsión para casos similares.

En mayo de 1992, los antiguos integrantes del comando Madrid Isidro Etxabe Urrestrilla y Juan Antonio Urrutia Aurtenetxe fueron expulsados del colectivo de presos mediante un comunicado difundido por el diario Egin, por hacer pública una carta en la que criticaban a la banda terrorista por la muerte absurda de niños en los atentados de Hipercor (Barcelona), el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza y por el asesinato de Fabio Moreno en Erandio (Vizcaya). En 1998, el exdirigente del aparato político y miembro de la cúpula de Bidart, José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, fue expulsado de ETA acusado de querer provocar una escisión con sus críticas a la lucha armada. Igual suerte correría en 2004 otro de los miembros del triunvirato de Bidart, el entonces número uno de ETA, Francisco Múgica Garmendia, Pakito, expulsado en 2004 junto con otros históricos de la banda como Ignacio Aracama Mendia, Makario, Iñaki Bilbao Beascoechea, Iñaki de Lemona, y Carlos Almorza Arrieta, Pedrito de Andoain. En el año 2008, miembros de renombre como José Luis Urrusolo Sistiaga, Carmen Guisasola Solozábal, Kepa Picabea Ugalde, Ibon Echezarreta Echániz y Rafael Cáride Simón piden públicamente a la dirección que permita a sus miembros dejar sus filas. ETA lo interpreta como un llamamiento a la deserción y son expulsados de manera fulminante.

A principios de enero de 2010, ETA hace pública la expulsión de otros cinco de sus militantes encarcelados, Valentín Lasarte Oliden, Iñaki Rekarte Ibarra, Andoni Muñoz de Vivar Berrio, Esteban Murillo Zubiri y Jorge Uruñuela Molinedo; contra este último y contra Rekarte pesaba el hecho de mantener una relación sentimental con sendas funcionarias de prisiones. Se trataba de una acción ejemplarizante que pretendía atajar una crisis entre los confinados que cada vez se ocultaba menos y alzaba más la voz contra la lucha armada. De los 750 presos encarcelados entonces entre España y Francia, unos cuarenta se mantenían en clara disidencia con la banda, y entre los que guardaban silencio también había un amplio sector a favor del abandono del terrorismo que con su oportunismo de última hora, después de tanto justificar la violencia, proclamaba Arnaldo Otegi.

A lo largo de la historia de ETA han sido numerosas las disidencias en su seno, principalmente cuestionando la validez de la lucha armada. En los primeros años, este cuestionamiento era zanjado con rotundidad; será a partir de los noventa cuando las voces críticas salgan a la luz pública, estando al frente de ellas miembros de la banda que habían pertenecido al sector duro y que se habían reconvertido tras pasar por la cárcel. Es el caso de Txelis y Pakito, miembros de la cúpula de ETA cuando fue ordenado el asesinato de la disidente Yoyes; tiempo después serían ellos quienes disintiesen, pero con mejor suerte. En los últimos años, ETA ha evitado hacer públicas las expulsiones, en un intento de frenar el efecto contagio a otros presos. Varios disidentes han ido desapareciendo de los listados del colectivo de presos sin una explicación pública. Es el caso de Idoia López Riaño y Joseba Arizmendi Oyarzábal, a finales de 2011.

A comienzos de julio de 2017, el EPPK, colectivo de presos de la organización armada, remite al diario Gara un comunicado en el que señala que el 73 % de los reclusos de ETA, tras el debate interno realizado en el seno del colectivo, se muestra favorable a acogerse a las vías legales para lograr su excarcelación. Aparte de una cuota de abstencionistas, queda un núcleo de irreductibles que se pronuncia en sentido contrario y que apenas suma el 14 %. La resistencia del antaño llamado «frente de makos» se desmorona.

Los presos de ETA, un colectivo que fue creciendo a medida que la banda terrorista se iba debilitando, siempre fueron la gran esperanza de la lucha antiterrorista para abrir una vía de agua seria en la propia ETA. Se esperaba, y se intentó con varias iniciativas, que en algún momento los presos se enfrentaran a sus antiguos compañeros, e hicieran valer el peso que tuvieron para alzar la voz en beneficio de un final del terror. Pero eso nunca terminó de ocurrir. Los miembros de ETA encarcelados, más allá de algunos gestos como los citados, no aportaron nada para mermar la capacidad asesina de ETA. Fueron intrascendentes. Las distintas direcciones de la banda los tuvieron siempre neutralizados, bien con promesas que nunca se quitaban del horizonte, bien a través de la presión y beneficios a sus familiares, sobre todo a través de los abogados comisarios políticos, pero principalmente por el miedo de los propios reos y su autoconvencimiento de no traicionar su pasado. Como en toda masa humana, y esta lo era a pesar de la dispersión carcelaria, los más radicales imponían sus tesis y su ley. El resto callaba y veía pasar la vida tras los barrotes de sus celdas, manteniendo siempre, entre sus sueños, una negociación próxima que los sacara de ahí.

Los presos aún empeñados en mantener la línea dura no están completamente solos. Después del cambio de estrategia materializado por la izquierda abertzale entre los años 2009 y 2010, y el correspondiente «cese definitivo de la actividad armada» decretado por ETA en octubre de 2011, comienzan a aparecer ciertos grupúsculos disconformes con la nueva línea oficial y especialmente críticos, sobre todo, con el final de la actividad violenta. Estas diferencias se hacen evidentes por primera vez en las citas electorales de 2011 y 2012, donde la izquierda abertzale concurre con una nueva marca política tras años de ilegalizaciones, pese a lo cual un sector radical solicita la abstención y el voto nulo bajo el lema de «revolución o muerte». Pero no es hasta comienzos de 2013 cuando aparece públicamente la primera organización formal de la denominada disidencia, bajo las siglas Iraultzaileen Bilguneak (IBIL) / Foros Revolucionarios, que aglutina a los sectores más críticos y radicales abertzales, entre los que destacan varios exreclusos de ETA.

Entre sus principios ideológicos, IBIL defiende la legitimidad de todas las formas de lucha, incluida la lucha armada, para la consecución de sus objetivos estratégicos, es decir, la implantación de la independencia y el socialismo en Euskal Herria. Esta postura radical tan abierta origina un rechazo frontal por parte de la línea oficial de la izquierda abertzale, incluso por la propia ETA, que en uno de sus comunicados la considera perjudicial para la nueva línea estratégica. Todo ello conduce a la progresiva desaparición de actividad pública de IBIL, desacreditada ante la sociedad por la izquierda abertzale y sometida a una fuerte presión mediática ante el potencial peligro que supone.

Sin embargo, a partir de este momento comienzan a proliferar diversas organizaciones críticas con la línea oficial de la izquierda abertzale, que acusan a su dirección de apoltronamiento político. Algunas de ellas ya existían con anterioridad, y se suman a las nuevas corrientes disidentes; es el caso de Euskal Herriko Komunistak (EHK), KIMETZ o la formación política Eusko Ekintza. Entre las nuevas organizaciones de la disidencia destaca por encima de todas Amnistía Ta Askatasuna / ATA, también denominada Movimiento a favor de la Amnistía y Contra la Represión. Nace en mayo de 2014 con el objetivo de reactivar la movilización en las calles en la lucha a favor de los presos, ante el vacío existente por las ilegalizaciones de las organizaciones terroristas Gestoras Pro Amnistía / Askatasuna, y la suspensión de actividades de Herrira, presunta sucesora de las anteriores. Achacan a la izquierda abertzale debilidad y pasotismo en el ámbito de los presos, retomando el concepto tradicional de «amnistía total» para los presos y huidos de la justicia. Esto origina desde sus inicios un enfrentamiento abierto y directo con la línea oficial de la izquierda abertzale. Tras casi tres años de actividad, ATA se ha consolidado como la organización referente dentro de la disidencia, desarrollando numerosas dinámicas, movilizaciones, protestas, marchas, etcétera, a favor de los presos de ETA, aunque contando con un mínimo respaldo social.

Por otro lado, a comienzos de 2017 se presenta públicamente un nuevo proyecto político, Herritar Batasuna / Unidad Popular. Con este proyecto la disidencia pretende iniciar un proceso de acumulación de fuerzas disidentes para hacer frente en las instituciones a la izquierda abertzale. En el espectro ideológico tienen el propósito de recuperar el espíritu de Herri Batasuna de 1978 para reactivar el Movimiento de Liberación Nacionalista Vasco (MLNV), al que ahora denominan movimiento popular. Al margen de lo anteriormente expuesto, cabría destacar que desde el cese definitivo de la actividad armada de ETA, las actividades de violencia callejera / kale borroka han disminuido hasta mínimos históricos. No obstante, han tenido lugar varias acciones violentas de cierta importancia, con el resultado de más de una docena de autobuses de línea calcinados, en las que se reclama la amnistía de los presos de ETA. Estas acciones han sido reivindicadas por autores desconocidos. No obstante, parecen encontrarse fuera de la estrategia de la línea oficial de la izquierda abertzale, por lo que podrían estar vinculadas a sectores de la disidencia.

Hoy por hoy, estas disidencias no alcanzan la dimensión real del vocablo, no pasan de ser voces que se alzan por la frustración del evidente fracaso y la derrota de ETA. Lamentos rebeldes añorando lo que pudo haber sido y no fue. El Servicio de Información de la Guardia Civil sigue con atención la actividad de estos grupos, que en la actualidad no cuentan prácticamente con ningún apoyo social, pero que en un futuro podrían llegar a convertirse en una amenaza real.

El 17 de marzo de 2017 se anunciaba que ETA se desarmaría antes de las elecciones presidenciales de Francia, previstas para el 23 de abril (primera vuelta) y el 7 de mayo (segunda vuelta). Finalmente, el acto público de desarme —al que paradójicamente no se permitió la asistencia de público— se llevó a cabo el día 8 de abril en la localidad francesa de Bayona. Jean Noël Etcheverry, integrante de los autodenominados desde el mundo terrorista «artesanos de la paz», en representación de la «sociedad civil», entregó a Ram Manikkalingam, miembro de la Comisión Internacional de Verificación, una carpeta que contenía el listado con la situación concreta de ocho depósitos de armas de ETA ubicados en Francia, más concretamente en el departamento de Pirineos Atlánticos (64).

Ese día, intermediarios dirigidos por ETA hacían entrega a la Fiscalía francesa de los inventarios en los que se reflejaba el material entregado: 120 armas, tres toneladas de explosivos y miles de detonadores y munición; sin embargo, la Policía Judicial francesa detectó que existía una notable diferencia entre lo que figuraba en los inventarios cedidos por los emisarios de la banda y el material entregado realmente, comprobándose que había menos armas y explosivos. Esta diferencia de material denotaba una falta de rigor en la confección de los inventarios por parte de ETA y, por supuesto, una nula labor de comprobación por los verificadores, ya que estos, lejos de cumplir una verdadera función de verificación, se habían convertido en meras figuras decorativas, en beneficio y por cuenta de ETA, con las que la banda terrorista pretendía dar un supuesto carácter internacional al proceso de entrega de su armamento.

Se trata de un desarme parcial, aunque ETA proclama que ha sido completo. El hecho de que se ratificase por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles que, efectivamente, existían armas y explosivos que no se habían entregado nos podría llevar a la conclusión de que ETA ha mentido o, algo mucho más grave, de que no controla las armas y explosivos que tenía en su poder y no es capaz de delimitar todos sus depósitos, con el correspondiente riesgo que supondría que estos fueran localizados por cualquier persona. Pero el gran temor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es que ese descontrol y desorganización haya permitido que alguien introduzca las armas restantes con un fin económico en el mercado negro, al que podrían tener acceso tanto el crimen organizado como grupos del terrorismo yihadista, y por muy espantosa que parezca la hipótesis, desgraciadamente en el 11-M ya se dio un escenario similar, puesto que el explosivo utilizado fue conseguido en unas canteras. Cabe también otra posibilidad para explicar ese desfase entre el número de armas apuntadas y el de las realmente entregadas: que dentro de la propia ETA haya disidentes que se guarden parte de esas armas para sus intenciones futuras. Esta hipótesis es la más probable para el Servicio de Información del cuerpo.

De forma paralela al acto principal de entrega de las armas, la plataforma vascofrancesa Bake Bidea realizaba varios actos abiertos al público consistentes en la proyección de un cortometraje sobre la necesidad de la paz en la sociedad vasca y la realización de mesas redondas y debates sobre ese mismo asunto y el desarme de ETA. Intervenían personas de la órbita de la izquierda abertzale y del País Vasco, una antropóloga integrante del Foro Social Permanente o el exconsejero de Justicia del Gobierno Vasco y portavoz de la red ciudadana Sare, Joseba Azcarraga; también participaron algunas personas con cierta relevancia internacional, como Louis Joinet, miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU, o Thomas Lacoste, director del cortometraje. En definitiva, sus organizadores buscaban una fotografía para la historia y convertir en un activo político y social el desarme de la banda terrorista, sin vencedores ni vencidos. Una gran puesta en escena para maquillar el colapso de ETA y presentar al mundo un final digno de su aventura asesina prolongada durante cincuenta años.

La realidad es bien distinta: ETA ha sido derrotada operativa y moralmente, y lo que habría que explicarles a estas personalidades es que todavía, después de casi mil muertos, la mayoría de los terroristas no se ha dignado pedir perdón a sus víctimas ni a sus familiares, no han aportado ningún dato o información para esclarecer los más de trescientos asesinatos que aún quedan sin resolver ni han mostrado arrepentimiento por el terror que han practicado durante años para no alcanzar ninguno de los objetivos políticos que se habían fijado.

Ha costado más de cincuenta años y casi mil muertos que llegase este día. La firmeza y la eficacia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no les ha dejado otra opción. No se ha tratado de una decisión voluntaria y unilateral de la banda terrorista: ha respondido a una estrategia de supervivencia; ETA se ha visto abocada al fracaso y obligada a rendirse. En los últimos años, sus dirigentes fueron cayendo uno tras otro; era una organización inoperante, con una debilidad clamorosa. La historia los ha ido convirtiendo poco a poco en polvo.

El hecho de que hayan pasado más de cinco años desde que ETA proclamó el cese definitivo de la actividad armada hasta el desarme deja entrever que ha existido una lucha interna, una pugna de poder entre su brazo político y la propia organización terrorista en la que esta última ha intentado luchar, a la desesperada, para quedarse como agente político, ejerciendo su papel de vanguardia y garante del proceso. El gran problema de la ETA terminal y residual de 2017 es que sin el espantajo de la lucha armada, y con unos dirigentes en su aparato político nada cualificados, es difícil tener alguna ascendencia sobre nadie.

EPÍLOGO

Allá por 1845, Francisco Javier Girón, segundo duque de Ahumada, a la sazón inspector general de la Guardia Civil, el entonces nuevo cuerpo de seguridad que él mismo había puesto en marcha apenas un año antes, elaboró una especie de prontuario que pretendía servir como guía de comportamiento para los hombres a sus órdenes. Lo llamó la Cartilla del guardia civil. En ella había instrucciones muy concretas para los diversos servicios que realizaban los guardias civiles, desde el control de la caza y la pesca hasta la conducción y custodia de presos. Antes de entrar en esos pormenores, en el capítulo primero estableció una serie de principios generales que todo guardia civil debía observar.

Entre otras cosas, dice ese capítulo que «siempre fiel a su deber, sereno en el peligro, y desempeñando sus funciones con dignidad, prudencia y firmeza, será más respetado que el que con amenazas solo consigue malquistarse con todos» (art. 4.º). Añade que «procurará ser siempre un pronóstico feliz para el afligido», «que a su presentación el que se creía cercado por asesinos se vea libre de ellos» y que «siempre debe velar por la seguridad de todos» (art. 6.º). Y resume en tres rasgos el carácter que se espera de quien quiera vestir el uniforme del cuerpo: «prudente, sin debilidad, firme sin violencia, y político sin bajeza» (art. 5.º).

«Sereno en el peligro» es el lema que todavía hoy se lee en la entrada del cuartel de Intxaurrondo. «Pronóstico feliz para el afligido» es la leyenda que puede encontrarse a la entrada de algún otro acuartelamiento del cuerpo. Ambos sirven para resumir la historia que queda contada en estas páginas: los guardias civiles hubieron de exponerse una y otra vez al peligro que representaba ser el blanco preferido de los terroristas; y su intenso y no rehuido sacrificio fue el único pronóstico feliz que durante mucho tiempo se les ofreció a los ciudadanos españoles y vascos sometidos a la extorsión de unos sedicentes patriotas que tan solo acertaron a acreditar, tozudamente, su condición de asesinos.

La lucha cuya historia narran estas páginas demandó a los guardias civiles ser, también, prudentes, firmes y políticos; este último término entendido no como implicación en la contienda partidaria, sino como adaptación a la realidad compleja en la que les tocó afrontar este desafío. Aparte de demostrar el valor, el sentido del deber, la prudencia o la firmeza que Ahumada estipuló como valores del cuerpo, el terrorismo etarra puso a prueba su capacidad de entender y adecuarse a las circunstancias de una organización criminal que, sin el análisis y la inteligencia de las fuerzas que la auspiciaban y sostenían, nunca habría podido ser derrotada y habría seguido representando una amenaza intolerable para la seguridad de sus conciudadanos, que es misión primordial de los guardias civiles garantizar.

Naturalmente, a lo largo de más de cinco décadas, en un escenario de tensión continua, bajo una presión que llegó a ser a menudo insoportable y mientras encajaban los golpes de un grupo terrorista que en sus mejores tiempos fue de los más cualificados que han existido, no siempre ni todos los guardias civiles fueron irreprochables. No se han ocultado esos momentos, que los hubo, en los que, al igual que la firmeza se deslizó hacia la violencia o la prudencia hacia la debilidad, la ofuscación lastró la actuación de los que se enfrentaban a quienes trataban de intimidar a la sociedad española con el tiro en la nuca o el coche bomba. Ahora bien, si al final se pudo alcanzar el resultado que se alcanzó, derrotar a ese avezado grupo terrorista, con la ley en la mano y sin otras armas que las que suministraba la sociedad democrática —lo que no pueden decir otros que, incluso en nuestro entorno, han tenido que afrontar amenazas terroristas—, ello fue sin duda porque esas reacciones atolondradas fueron o terminaron siendo, con el tiempo y la experiencia, la excepción y no la norma.

Los españoles podemos estar orgullosos por haber conseguido acabar con el terrorismo etarra sin ceder un ápice de nuestra libertad, nuestra soberanía y nuestra dignidad. Somos un caso único entre los países desarrollados, y por eso las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles son un referente en la materia. Lo aquí escrito es la historia narrada por quienes prevalecieron, y en primera persona por los que más expusieron en la contienda, que fueron también los que la desnivelaron a su favor. Conocer lo que realmente ocurrió es fundamental para reconocer y superar el pasado, evitar relatos interesados o manipulados, honrar como se debe a las víctimas y agradecer a todos aquellos que trabajaron en ese colosal empeño. La verdad tiene que ver la luz e imponerse a los intentos de versionarla por los perdedores, los terroristas de ETA y todo su entorno, que hoy sobreactúan justificando su trayectoria, a la que quieren poner fin regalándonos una paz que hace mucho nos ganamos sin su consentimiento. Aunque quiera negarse o encubrirse, el duelo se saldó con vencedores y vencidos.

Hablaron de conflicto, y todavía hoy muchos lo siguen mencionando, cuando solo hubo terrorismo. Borrachos del poder que da el derramamiento de sangre ajena, menospreciaron al enemigo, a su bestia negra, que vestía de verde, hasta que lo perdieron todo: la iniciativa, los comandos, los jefes, las armas y el territorio. Entonces solo les quedó aparentar para ocultar la derrota más inapelable, no para obtener algún rédito sino más bien para reescribir la historia.

Parecer hoy un artífice de la paz para borrar un pasado con más sombras que luces; esa es la estrategia puesta en marcha ante una sociedad, la vasca, deseosa de creerse que ella también hizo todo lo que pudo, y de olvidar que durante muchos años, o fue cómplice de los asesinos, o tan apocada que miraba siempre para otro lado. Los guardias civiles, verdaderos protagonistas de este libro y de la derrota final de ETA, sintieron durante esos años el abandono, el desprecio y la falta de respeto de aquellos de los que esperaban por lo menos consuelo, comprensión y apoyo cuando sus paisanos los mataban. Porque los mataban y mucho. También a sus familiares más próximos, mujeres y niños incluidos. Y estaban solos al principio, abandonados a su suerte, con la única ayuda del compañero de su misma litera o su mismo destino. Al que, dándose mal, un día aciago les tocaba sacar en trozos de entre los hierros de un Land Rover, amortajar y velar en el garaje del cuartel, y llevar a enterrar a la tierra por lo común pobre que le vio crecer, con la única compañía de su enlutada y sola familia.

El terrorismo de ETA se convirtió en una cuestión de supervivencia para los guardias civiles y sus familias, donde solo cabía morir o vencer; ese fue su gran motor y elemento diferenciador. Hicieron de una profesión un modo de vida, y con trabajo, tesón, voluntad, inteligencia y más trabajo si cabe, fueron conociendo al enemigo para atacarlo mejor y hacerle el mayor daño posible, siempre de manera estratégica y con la vista puesta en un final de ETA, al principio ilusorio, luego posible y finalmente alcanzable. Su capacidad de superación y adaptación fue una de las claves que llevarían a desterrar el terrorismo de ETA de nuestro país. De enfrentarse a manifestantes en Rentería con tricornio calado y a golpes de mosquetón, los guardias civiles pasaron a conocer la vida íntima de los etarras; de atrincherarse en un cuartel con sacos terreros en las ventanas, llegaron a ser capaces de seguir a los terroristas durante centenares de kilómetros sentados en el mismo vagón de un tren francés. Historias donde la realidad supera a la ficción. Historias que se deben conocer, y que solo hoy y aquí se han recopilado, ordenadas y relacionadas. Historias que condujeron a la derrota de ETA. Historias protagonizadas por personas, la mayoría de verde.

Pero, ante todo, este libro es un homenaje a los que hicieron posible que hoy ETA sea ya historia en nuestras vidas. A gobernantes, jueces, fiscales, funcionarios de prisiones, ciudadanos anónimos, periodistas, militares, policías y, sobre todo, guardias civiles y sus familiares. Con un recuerdo especial a los que sufrieron los golpes secos y violentos de las balas o las bombas; a los que sufren las secuelas, para que sepan que su contribución sirvió para que los españoles vivan hoy en paz y seguridad; a los suyos, para que sepan por qué murió o padeció su ser querido, y qué significó esa muerte o ese padecimiento para el futuro del país, que lo es de todos.

El 17 de junio de 2017, miembros del movimiento Fan Hemendik («fuera de aquí») se manifestaron ante el cuartel de la Guardia Civil de Oñate reclamando su salida del País Vasco. Como parte estelar del acto, hicieron una pantomima en la que se burlaban de los guardias civiles simulando una entrega de armas como las escenificadas por ETA. Pudieron expresarse libremente, incluso mofarse, sin sufrir ninguna represalia o consecuencia adversa por ello. Aunque no sean ni serán jamás capaces de entenderlo, son esos guardias civiles que no se fueron los garantes de sus libertades. Si en vez de vencer en la pugna el Estado de derecho al que sirve la Guardia Civil hubieran vencido aquellos a los que añoran, nada habría sido menos posible, en la distopía resultante, que reírse de ellos. No es una conjetura: basta retrotraerse a los tiempos en que el entramado de ETA imponía su férreo imperio de terror sobre tantos pueblos vascos.

Ya lo dijo allá por 1854 un viejo revolucionario, Facundo Infante, de quien los suyos esperaban que disolviera la Guardia Civil y que se honró, en cambio, en dirigirla: «La Guardia Civil, si no ha excedido, ha igualado a los más valientes, los más andadores, los más celosos por defender la causa de la libertad». Mal que pese a los enemigos de esa causa, allí estuvieron y allí continúan para defenderla.

ALGUNAS CIFRAS

ATENTADOS DE ETA

Número total de atentados: 3.517[1]

Atentados contra la Guardia Civil: 477

– 316 contra personas

– 161 contra instalaciones de la Guardia Civil

Método utilizado en los 477 atentados contra la Guardia Civil:

– Ametrallamiento: 186

– Explosivos: 270

– Otros:[2] 21

ASESINATOS COMETIDOS POR ETA

Número total de personas asesinadas: 860

Guardias civiles asesinados: 215[3]

– En activo: 196

– En la reserva/retirados: 19

Familiares de guardias civiles asesinados: 17[4]

GUARDIAS CIVILES ASESINADOS POR PROVINCIAS

GUARDIAS CIVILES ASESINADOS POR TRAMOS DE EDAD*

TRAMO DE EDAD (años)

NÚMERO DE AGENTES ASESINADOS

18-23

46

24-30

75

31-35

23

36-40

15

41-45

14

46-50

16

51-60

16

61-70

9

71-80

1

Familiares de guardias civiles asesinados

De los 17 familiares de guardias civiles fallecidos en atentado terrorista, 11 eran niños y dos jóvenes de 17 años.

DIRIGENTES DE ETA DETENIDOS EN FRANCIA POR LA POLICÍA FRANCESA EN COLABORACIÓN CON CUERPOS ESPAÑOLES DE 1980 A 2015

Aparato militar

AÑO

DETENCIÓN

GUARDIA

CIVIL

POLICÍA

POLÍCIA

FRANCESA

1980

Domingo Iturbe Abasolo, Txomin, jefe del aparato.

1987

Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros, jefe de los comandos ilegales.

Iñaki Pujana Alberdi, Alain Delon, jefe de los comandos ilegales.

1990

José Javier Zabaleta Elosegui, Baldo, responsable del aparato.

1991

Jesús Arcauz Arana, Josu de Mondragón, dirigente del aparato.

1992

Francisco Múgica Garmendia, Pakito, jefe del aparato militar y número uno de ETA. Pakito fue detenido junto al resto de miembros de la cúpula de ETA en Bidart.

Cúpula provisional de ETA. Ignacio Bilbao Beascoechea y Rosario Picabea Ugalde, dirigentes del aparato.

1996

Responsable del aparato de cursillos Juan María Insausti Mugica, Karpov.

1999

José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri, máximo dirigente del aparato.

2001

Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, jefe del aparato militar. Detenido junto a cuatro miembros del mismo.

José Luis Mitxelena Berasarte, Orlegi, jefe del aparato de mugas.

2002

Juan Antonio Olarra Guridi, Jon, y Ainhoa Múgica Goñi, Olga, jefes del aparato.

2003

Juan Ibon Fernández Iradi, Susper, jefe del aparato.

Gorka Palacios Alday, Andoni, con responsabilidad en el aparato militar.

2007

Luis Ignacio Iruretagoyena Lanz, Suny, responsable del subaparato de fabricación y tres miembros de la logística del aparato militar.

2008

Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki, jefe del aparato militar, y Leire López Zurutuza, Jare, del mismo aparato.

CNI[5]

Aitzol Iriondo Yarza, Gurbitz, jefe del aparato militar, junto a un miembro del mismo.

CNI

2010

Ibón Gogeaskoetxea Arronategi, José Lorenzo Ayestarán Legorburu y Beñat Aguinagalde Ugartemendia, con responsabilidad en el aparato de cursillos.

CNI

Mikel Kabikoitz Karrera Sarobe, Ata, jefe del aparato militar, y su lugarteniente, Arkaitz Aguirregabiria del Barrio.

CNI

2012

Izaskun Lesaka Argüelles, Ane, jefa del aparato logístico-militar, y su lugarteniente, Joseba Iturbide Otxoteko, Makarra.

Aparato de logística

AÑO

DETENCIÓN

GUARDIA CIVIL

POLICIA

POLICIA

FRANCESA

1992

Joseba Arregui Erostarbe, Fiti, jefe del aparato de logística, detenido en Bidart junto a los otros dos miembros de la cúpula de ETA.

1994

Félix Alberto López de la Calle Gauna, Mobutu.

1995

Álvaro Arri Pascual, Francisco Javier Iribarren Lacunza y Mónica Martínez López integrantes de los taldes de reserva.

1996

Dirigente del aparato de logística Julián Achurra Egurola, Pototo.

CESID[6]

1997

Doce miembros de los taldes de acogida, entre ellos Idoia Martínez García, José Ramón Naveiro Gómez, Roberto Murguiondo García de Albéniz , María Jesús y Rufino Arriaga.

2000

Ignacio Gracia Arregui, Iñaki de Rentería, jefe del aparato de logística y número uno de ETA, junto a cinco miembros del mismo aparato.

Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi, con responsabilidad en el aparato de logística.

2001

Asier Oyarzábal Chapartegui, Baltza, Gazte, jefe del aparato de logística.

2004

Félix Alberto Esparza Luri, Ana, jefe del aparato de logística, y dos de sus colaboradores.

Aparato político

AÑO

DETENCIÓN

GUARDIA CIVIL

POLICIA

POLICIA

FRANCESA

ERTZAINTZA

1980

Eugenio Etxebeste Arizcuren, Antxon, dirigente del aparato.

1989

Jose Antonio Urruticoechea Bengoechea, Josu Ternera, jefe del aparato.

1992

José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, jefe del aparato, detenido en Bidart junto a los otros dos miembros de la cúpula de ETA.

1993

Carlos Almorza Arrieta y José Dorronsoro Malaxecheverría.

2004

Mikel Albisu Iriarte, Mikel Antza, y Soledad Iparraguirre Guenechea, Anboto, responsables del aparato político y finanzas.

2005

Peio Esquisabel Urtuzaga, Xerpa, responsable del aparato internacional.

2008

Francisco Javier López Peña, Thierry, jefe del aparato político, y otros cuatro miembros del mismo.

2009

Aitor Elizarán Aguilar, Txori, jefe del aparato político, y Ohiana San Vicente Sáez de Ceraín, del mismo aparato.

2015

Iratxe Sorzábal Díaz, Ezpela, y David Pla Martín, Mintxo, jefes del aparato político.

LÁMINAS

Carnet de Francisco Barril Palencia, uno de los primeros guardias civiles que formó parte del Servicio de Investigación e Información.

Cedido por su nieto David B. M.

Motocicleta del guardia civil José Antonio Pardines, asesinado por ETA el 7 de junio de 1968.

Cadáver del primer guardia civil asesinado por ETA, José Antonio Pardines.

Atentado contra un vehículo de la Guardia Civil en los años setenta.

Funeral de los guardias civiles José Rodríguez Lama y Lucio Revilla Alonso en el patio de un cuartel de Guipúzcoa. Fueron asesinados por ETA el 11 de noviembre de 1978.

Capilla ardiente del guardia civil Manuel León, instalada en una dependencia del cuartel de Oñate (Guipúzcoa). Fue asesinado por ETA el 1 de diciembre de 1978.

Estado en el que quedó el traje protector utilizado por el guardia civil Juan Antonio Díaz Román tras estallar el artefacto explosivo que se disponía a desactivar en Oñate (Guipúzcoa) en abril de 1979. Se trata del primer miembro del TEDAX fallecido como consecuencia de la actividad de la banda.

El 4 de octubre de 1980 ETA asesinó a tres guardias civiles —José Luis Vázquez Plata, Avelino Palma Brioa y Ángel Prado Mella— que prestaban servicio en una competición ciclista en Salvatierra (Álava).

Garita del puerto de Pasajes (Guipúzcoa) en la que fue asesinado el guardia civil José Luis Fernández Pernas mediante un rifle Winchester con mira telescópica el 13 de junio de 1982.

Entrega de banderas constitucionales a todos los comandantes de puesto de Guipúzcoa en julio de 1982.

Funeral de ocho de los doce guardias civiles asesinados por ETA en la plaza de la República Dominicana de Madrid en julio de 1986.

Fotografías de las mellizas Míriam y Esther Barrera, asesinadas por ETA en el atentado de la casa cuartel de Zaragoza el 11 de diciembre de 1987.

Primera fotografía operativa de los integrantes del comando Donosti Lucía Urigoitia Ajuria e Ignacio Erro Zazu, liberados de la banda, en 1987. Urigoitia moriría al enfrentarse a tiros con los guardias civiles que fueron a detenerla pocas horas después.

Los miembros liberados del comando Éibar Juan Carlos Balerdi, Juankar, y Fermín Urdiain, en 1989.

Croquis del camión en el que viajaban escondidos los integrantes liberados del comando Araba interceptados por la Guardia Civil en la frontera con Francia el 16 de septiembre de 1989.

Fotografía de la miembro del comando Éibar María Eugenia Gracia Campillo, en 1991. En el bolso guardaba una pistola que intentó utilizar contra los agentes de la Guardia Civil cuando iba a ser detenida.

Los agujeros que dejaron en el parabrisas las balas que acabaron con la vida del guardia civil Ricardo Couso Río el 3 de junio de 1991. Un miembro del comando Vizcaya de ETA le disparó cuando se encontraba en el interior de su vehículo con su hijo de nueve años, al que había ido a recoger a la salida del colegio.

Cadáver del guardia civil Benigno Villalobos, tiroteado por miembros de ETA cuando se dirigía a su vehículo, estacionado frente al portal de su domicilio, el 28 de abril de 1994.

Camión utilizado para el traslado del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara durante su secuestro en 1996, conducido por el miembro de ETA Xabier Ugarte.

Texto que la dirección de ETA pensaba insertar en la sección de anuncios del diario Egin: el primero, para ordenar la puesta en libertad de Ortega Lara; el segundo, para ordenar su asesinato.

Los miembros del comando Vizcaya Salvador Gaztelumendi Gil y José Miguel Bustinza Yurrebaso estacionando un Renault 19 en la puerta del piso que el comando tenía en Basauri (Vizcaya) en 1997, antes de ser desarticulado.

El miembro del comando Andalucía Mikel Azurmendi Peñagaricano, Ankas, días antes de que la Guardia Civil lo desarticulara, en marzo de 1998.

Fotografía tomada en Burdeos (Francia) del miembro del aparato militar de ETA Asier Oyarzábal Chapartegui, Gazte.

El jefe del aparato militar de ETA Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri, en 1999 en Francia.

Única fotografía operativa de la miembro de ETA Soledad Iparraguirre Guenechea, Anboto, jefa de los comandos legales de la banda, junto a José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri, jefe del aparato militar. La imagen se tomó en 1999 en Francia.

Estado en el que quedó el Nissan Patrol ocupado por los dos guardias civiles Santiago Guerrero y Eva María Pintado tras el atentado que sufrieron el 6 de marzo de 2000 en las inmediaciones del acuartelamiento de Intxaurrondo, en San Sebastián (Guipúzcoa).

Decálogo de normas SYAP (Seguridad y Autoprotección) que se entregaba a todos los guardias civiles durante su paso por la Academia de la Guardia Civil en las décadas de los ochenta y noventa. Este en concreto obraba en poder del miembro de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi, en el momento de su detención en el año 2000.

El dirigente de ETA Ignacio Gracia Arregui, Iñaki de Rentería, paseando con su hija de corta edad por Anglet (Francia) en junio de 2000.

Los etarras Unai López de Ocáriz y Fernando García Jodrá, integrantes del comando Barcelona, que en aquella época, 2001, recibía el nombre de comando Gorbea.

El número 1 de ETA Francisco Javier López Peña, Thierry, y el también etarra Luis Armando Zabalo Bilbao, en Sauvaterre (Francia) en 2001.

Fotografía operativa tomada en Francia en 2004 del jefe del aparato de logística de ETA, Félix Esparza Luri, Ana, acompañado de la también miembro de ETA Bihotz Cornago Arnáez. En la parte inferior de la imagen aparece la hija de Esparza, fruto de su relación con Lorentza Guimon.

Acceso a un zulo ubicado en una vivienda de Saint-Pierre-d’Irube (Francia), disimulado bajo las baldosas del suelo y provisto de un sistema de apertura hidráulico. Fue localizado en el transcurso de la Operación Roca, en octubre de 2004.

Armas y explosivos —entre ellos un misil que puede utilizarse para derribar aviones o helicópteros— incautados en 2004 en el zulo de la vivienda de los miembros de ETA Pedro Alcantarilla Mozota y Lourdes Urdampilleta, en la localidad francesa de Urrugne.

Imagen captada por las cámaras de seguridad de la furgoneta bomba que el comando Elurra estacionó en la plaza 307 de la T-4 del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas el 30 de diciembre de 2006.

El miembro de ETA Oihan Barandalla Goñi, en Francia en 2007.

Fotografía de los guardias civiles Raúl Centeno Bayón y Fernando Trapero Blázquez, pertenecientes al Grupo de Apoyo Operativo (GAO), días antes de ser asesinados por ETA en Capbreton (Francia) el 1 de diciembre de 2007.

El máximo dirigente del aparato militar en 2008, Mikel Garikotiz Aspiazu Rubina, Txeroki, y su pareja, la también miembro de ETA Leire López Zurutuza, en Cauterets (Francia) en 2008.

Los miembros de ETA Itziar Plaza Fernández y Asier Borrero Toribio, en Francia en 2009.

Fotografía operativa del jefe del aparato político de ETA, Aitor Elizarán Aguilar, y de Oihana San Vicente, miembro de la misma estructura. Ambos fueron detenidos en la localidad de Carnac (Francia) el 19 de octubre de 2009.

Uno de los canutillos intervenidos tras la operación contra la estructura (h) Alboka (el aparato de makos, o cárceles) de ETA en 2010. A través de estos canutillos, que eran introducidos en las cárceles por abogados o familiares, ETA mantenía informados a sus presos y viceversa. Este canutillo en concreto iba destinado a la cárcel de Málaga y en su interior se encontraba la revista de la banda Ekia.

Recreación de la lectura de un comunicado de ETA. Para la puesta en escena se ha utilizado material intervenido a la banda terrorista. Actualmente se halla en uno de los pasillos de la Jefatura de Información de la Guardia Civil.

Base operativa utilizada en 2010 por los agentes de la Unidad Central Especial número 1 para vigilar el acceso de un camino que llevaba a un zulo de ETA, en la localidad francesa de Chadrat.

De izquierda a derecha, los miembros de ETA Arkaitz Aguirregabiria del Barrio, José Lorenzo Ayestarán, Beñat Aguinagalde e Ibon Gogeaskoetxea, en una reunión celebrada en febrero de 2010 en Normandía (Francia).

Uno de los responsables del aparato militar de ETA, Arkaitz Aguirregabiria del Barrio, detenido en mayo de 2010 en Bayona (Francia).

El dirigente de ETA Mikel Kabikoitz Karrera Sarobe, Ata, en 2010.

Fotografía operativa del miembro de ETA José Javier Osés Carrasco en la localidad francesa de Albi, donde fue detenido por la Policía francesa, en colaboración con la Guardia Civil, en junio de 2012.

Los miembros de ETA Izaskun Lesaka Argüelles, responsable del aparato militar, y Joseba Iturbide Otxoteko en Mâcon (Francia) en 2012, antes de su detención en octubre de ese año.

NOTAS

[1]  El número total es seguramente superior, pero de algunos no se tiene constancia en buena parte por la antigüedad de los hechos.

[2]  19 atentados contra cuarteles de la Guardia Civil combinando el ametrallamiento con el lanzamiento de granadas, un guardia civil fallecido en un enfrentamiento con miembros de ETA al caer de un tren el 5 de junio de 1975 y un guardia civil asesinado mediante apuñalamiento el 10 de mayo de 1978.

[3]  La Jefatura de Información de la Guardia Civil contabiliza 210 guardias civiles asesinados. A los siguientes cinco no los registra por distintos motivos:

— Juan Eseverri Chávarri, apuñalado el 10 de mayo de 1978 en una manifestación en Navarra.

— Ramiro Quintero Ávila, asesinado el 2 de octubre de 1978. Se había retirado del cuerpo y era guardia forestal de Icona.

— Juan Jiménez Gómez, asesinado el 13 de diciembre de 1978. Retirado del cuerpo, era jefe de la Policía Municipal de Pasajes (Guipúzcoa).

— César Pinilla Sanz, exguardia civil, asesinado el 12 de febrero de1979 cuando era jefe de la Policía Municipal en Munguía (Vizcaya).

— Francisco Cebrián Cabezas, exguardia civil, asesinado el 16 de septiembre de 1991 cuando retiraba un vehículo bomba en Muchamiel (Alicante) en calidad de conductor de la grúa municipal.

[4]  En el atentado al cuartel de la Guardia Civil de Vic (Barcelona) del 29 de mayo de 1991 también fallece la niña Vanesa Ruiz Lara, compañera de colegio de los hijos de guardias civiles que jugaban en el recinto.

[5] Cuando se marca esta casilla es porque en la operación no participó ningún cuerpo policial español.

[6] En colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).