www.megustaleerebooks.com

Índice

Portadilla

Índice

Nunca se vio mayor destrozo en menos tiempo, por Rosa María Artal

I. Un nuevo comienzo, por Federico Mayor Zaragoza

II. De la Justicia posible a la Justicia necesaria, por Baltasar Garzón

III. La estafa se consumó pero el futuro no está escrito, por Juan Torres López

IV. En el lado oscuro de la globalización, por Àngels Martínez i Castells

V. Las grandes mentiras sobre la menguante clase media, por Ignacio Escolar

VI. Periodismo, sucedáneos y sucesores, por Rosa María Artal

VII. La poda del árbol de la ciencia, por Carlos Martínez y Javier López Facal

VIII. Educación, cultura y PP: la tormenta perfecta, por Javier Pérez de Albéniz

IX. Rompan filas, por Lourdes Lucía

Epílogo. Ha llegado la hora, por Javier Gallego, Crudo

Notas

Créditos

Nunca se vio mayor destrozo en menos tiempo

«La Historia no admite vacíos:

imparable la Vida los llena.

Todo ocaso ofrece una ocasión».

JOSÉ LUIS SAMPEDRO, Reacciona

En abril de 2011 se publicó Reacciona, el que sería el libro español de ensayo más vendido de aquel año con seis ediciones y cerca de cien mil ejemplares. Una ola de indignación despertaba recorriendo numerosos países. El exdiplomático francés Stéphane Hessel comenzaba a hacer historia con su libro Indignez vous, prologado en España por nuestro gran humanista José Luis Sampedro. Ambos participaron también en Reacciona, invirtiendo los papeles.

En el acto de presentación de Reacciona en Madrid unos jóvenes pidieron subir al escenario del Círculo de Bellas Artes para anunciar una gran manifestación que se preparaba para poco después: el 15 de mayo de 2011. Estaba naciendo el 15M. Pese a la enorme repercusión del movimiento, de la rabia por las consecuencias que estaba trayendo la crisis para España, las elecciones municipales del 22 de mayo dieron el triunfo al Partido Popular (PP) y las generales del 20 de noviembre también y por mayoría absoluta.

Repasar hoy Reacciona, tan influyente y clarificador en su día, nos sitúa ante una realidad que ha cambiado dramáticamente. Para mal y para bien. Porque han sido tantos los atropellos que se ha producido ya una reacción real. Ciudadanos dispuestos a organizarse para poner coto a tanto abuso. En el otoño de los escándalos (2014) nos despertamos a saqueo diario. Se ha producido un auténtico estallido de la corrupción, largamente gestado. Como si el pozo donde la ocultaban no pudiera ya contenerla. Fuimos pasando de la enquistada trama Gürtel, al caso Bárcenas, al caso Blesa o al caso Rato, grandes figuras del Partido Popular imputadas. Mientras, seguía el goteo de los ERE en Andalucía, que implican al PSOE. Las andanzas tan poco ejemplares de la saga Pujol en Catalunya. Vimos, no sin perplejidad, los periplos judiciales de la infanta Cristina. Nos indignamos al conocer las tarjetas black de Caja Madrid —en el eje del rescate bancario que la sociedad española ha tenido que costear—. Casi una anécdota en comparación con los grandes latrocinios, sublevó a la ciudadanía al comprobar cómo miembros del PP, PSOE e Izquierda Unida, sindicatos y organizaciones empresariales gozaban de lujos altamente ofensivos para el resto de los ciudadanos, cada vez más recortados. La Operación Púnica con medio centenar de cargos municipales —la mayoría del PP—, con sus presuntas comisiones ilegales gestadas en cacerías como en los tiempos del franquismo. La lista de los desvalijadores de lo público aumenta de día en día. Un no parar.

Y, mientras, la sociedad española sufriendo uno de los mayores destrozos de su historia reciente. Unos pocos datos como ejemplo. El paro juvenil había alcanzado en España, según contaba —para alarma de todos— el periodista Ignacio Escolar en Reacciona, el 40,06 por ciento; hoy, poco más de tres años después, está en el 53 por ciento. La tasa de pobreza infantil se situaba en un insostenible 17,2 por ciento, algunas estadísticas la cifran ahora en torno al 33 por ciento. Los dueños de las empresas que cotizan en el Ibex son, en cambio, un 67 por ciento más ricos desde que gobierna Rajoy. La deuda pública ha aumentado en 265.000 millones de euros, hasta alcanzar 1 billón de euros y un récord histórico. Verán por qué. Y qué se puede hacer con ella en el ejercicio de realismo que plantea el economista Juan Torres López, que ahonda en lo viable y lo inviable de la economía, sin seguir el mandato neoliberal que nos ha traído hasta aquí.

Una de las consecuencias más llamativas de lo que llaman crisis ha sido el brutal aumento de la desigualdad, en España y en el mundo. Por cualquier lado y referencia que los tomemos, los autores reflejan la realidad de su atroz incremento. «Está poniendo en peligro las bases de la democracia», aseguramos. Un deterioro social sin precedentes desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Cada capítulo de ReaccionaDos nos va a situar ante el espejo de la destrucción que se ha operado en menos de cuatro años y que resulta menos perceptible en el día a día. En todos los campos además. El catálogo de los horrores que venimos padeciendo abarca desde la merma de derechos a arbitrariedades del calibre de penar con la misma multa (la máxima) el autoconsumo eléctrico que la fuga radiactiva: 30 millones de euros. En el balance de estos tres años largos apenas podemos felicitarnos sino de una novedad, eso sí, fundamental, que puede cambiarlo todo: ha emergido, como decimos, un poder ciudadano que apenas empezaba a esbozarse en aquel 15 de mayo y que asiste a tiempos de auge. Por consciencia de la realidad y el futuro que se está marcando por este camino. Por supervivencia. Lo cierto es que ha sembrado una intensa esperanza de cambio cuya materialización habrá de verse.

Una Europa en la que ha vuelto a ganar la derecha neoliberal, con fuerte ascenso de la ultraderecha y de partidos que, con distinto matiz, buscan hacer política desde la sociedad. La Syriza griega, la española Podemos sobre todo, convertida en revulsivo de notable impacto. La política tradicional, el bipartidismo en particular, y sus medios afines también han reaccionado con un fuerte rechazo a cualquier cambio que altere el reparto de poder habitual. Y eso cuando los nuevos rumbos aún no están plenamente determinados. Vivimos un momento crucial.

En España, lo que el PP llama reformas ha modelado un nuevo sistema en el que ya nada es lo mismo. Drásticos recortes en todos los servicios del Estado del bienestar: sanidad, educación, pensiones, ayuda a la dependencia... Para llegar a la paradoja de contar con menos prestaciones que en 2011 pagando muchos más impuestos. Mientras, se ha rescatado con dinero público a los bancos y a los concesionarios de autopistas. Los despilfarros y prebendas de muchos políticos suponen un serio agravio comparativo. ¿Qué hemos ganado los ciudadanos con estas políticas? ¿Qué hemos perdido?

Las privatizaciones han puesto España en venta y de saldo. Hasta viviendas sociales fueron vendidas por las autoridades madrileñas a fondos buitre. A 67.000 euros. Precio que se negaron a facilitar a los inquilinos. El cuidado de la salud es otro de los bocados apetecibles para el lucro privado que está deteriorando de forma alarmante el que fuera uno de los mejores sistemas de salud del mundo.

¿Es cierta la recuperación económica? ¿Para quién? ¿Desaparecerán la pobreza y la desigualdad cuando regrese el crecimiento? ¿Escapará el capital si subimos los impuestos? ¿Cabe alguna esperanza de mejora para el común de la sociedad? ¿Tenemos un proyecto de país para confiar en el futuro? Los recortes en investigación y ciencia han dado tajos de especial virulencia a lo que cualquier sociedad considera una inversión a medio y largo plazo. La cultura se ha visto menospreciada por el Gobierno. Soporta el IVA más elevado, un 21 por ciento, de los países de nuestro entorno, lo que le ha dado un golpe de muerte que apenas se mantiene por el tesón de los profesionales. Difícilmente cabe mayor destrozo en una legislatura. Y no hemos variado el rumbo, irá a más si no se actúa. Las decisiones que los ciudadanos adopten hacia el futuro son más decisivas que nunca.

Y todo ello en un marco en el que el poder, político y económico, influye —con distintas estrategias— en la información como en los periodos más negros de nuestra historia. Y, sin embargo, también ha nacido una red de periodismo digital mucho más libre. En realidad, es la que ha forzado que sea más difícil ocultar o suavizar una noticia inconveniente para el poder. Quien quiera puede estar informado.

Era el momento de volver. Para tratar de dar, de nuevo, las claves de este momento crucial. En Reaccionados repiten todos los autores salvo los dos grandes entonces nonagenarios que abrían el libro. Como avisaba José Luis Sampedro en el primer capítulo, «debajo de la alfombra aparecía un suelo corroído que no va a mejorar —decía— por taparlo mejor». De hecho, hoy apenas ni se molestan en cubrir sus miserias. «No resignarse», escribía, insistía, Hessel en el prólogo.

Los autores de ReaccionaDos reflexionan sobre el tránsito, vía crucis en realidad, que hemos venido recorriendo. Sobre sus causas aparentes y sus causas profundas. Pero también evidencian que hay soluciones y grupos buscándolas. Estamos aquí para aportarlas. Propuestas puntuales y grandes proyectos de cambio como los que plantean Federico Mayor Zaragoza y Baltasar Garzón. El director general de la UNESCO brinda un programa de actuación que conduciría a una democracia genuina, a una Declaración Universal de la democracia. Del mismo modo, el juez Baltasar Garzón —apartado de su profesión atendiendo a la denuncia del presunto cabecilla de la trama de corrupción Gürtel— explica en detalle cómo podríamos tener una Justicia independiente, ética, imparcial, transparente y que inspire confianza en los ciudadanos. Imprescindible en la crisis política y social que nos aqueja. Y en un tiempo, además, en el que están aflorando casos de intensa corrupción que afectan a pilares troncales del país. El periodista Javier Gallego, Crudo, se añade al grupo para firmar un epílogo que desemboca en el apasionante momento social y político que vive España. Hay razones para creer que es posible. «Se han reformulado las reglas del juego y están cambiando las posiciones de las fichas en el tablero. Están retrocediendo quienes tienen las cartas marcadas y lo tienen más difícil los que intentan amañar la partida», argumenta.

Ya no están con nosotros ni Hessel ni Sampedro. Con su recuerdo, con su ejemplo, el resto retoma con pasión y razón la tarea de volver a alertar a la sociedad del futuro que por esta senda le espera. En resumen, además de Mayor Zaragoza y Baltasar Garzón, los economistas Juan Torres López y Àngels Martínez Castells (especialista también en salud pública), los científicos Carlos Martínez (expresidente del CSIC) y Javier López Facal, los periodistas Ignacio Escolar, director de eldiario.es y fundador y exdirector del diario Público, Javier Pérez de Albéniz, el Descodificador, Javier Gallego, Crudo, y Rosa María Artal, coordinadora también del libro. Y Lourdes Lucía, cofundadora de Attac España.

Siempre pegada a la sociedad, Lourdes Lucía cerraba Reacciona con un capítulo titulado «Algo se mueve». Y así era. Se escuchaba venir. A quien quisiera tener abiertos los oídos. Sordos estaban el poder y sus medios. En muy poco tiempo se hizo visible. Y cada vez se siente más fuerte. Cada vez es más intensa la toma de conciencia de una parte de la sociedad que se organiza para buscar las respuestas que la política tradicional le niega. Porque quiere al menos evitar ser arrollada. Antes la ignoraban, ahora le tienen miedo.

Y aquí seguimos, porque también ha crecido el número de ciudadanos deprimidos e impotentes, asidos incluso a la despreocupación y la huida, ante lo que consideran irremediable. No lo es. Más aún, es el momento de plantearse cuestiones claves: ¿cuánto más estás dispuesto a perder? ¿Cuánto más estás dispuesto a permitir que les quiten a tus hijos? ¿Tan difícil es hacer algo por evitarlo?

Gracias de nuevo a Pablo Álvarez, el editor que apostó por Reacciona y por lo que el proyecto representaba. Al punto de creer que vuelve a ser necesario.

Con el imborrable recuerdo de José Luis Sampedro y su irreparable ausencia, recuperamos su conclusión de total vigencia: «Este ocaso es el momento de la acción entre todos porque otro mundo no solo es posible, es seguro. Si mejor o peor, dependerá de nuestra reacción».

ROSA MARÍA ARTAL

I

Un nuevo comienzo

Federico Mayor Zaragoza

Federico Mayor Zaragoza nació en Barcelona. Doctor en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Bioquímica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, institución de la que fue rector. Puso en marcha el Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad para evitar, mediante diagnóstico precoz, enfermedades que cursan con grave deterioro mental. Cofundador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa.

Entre otras responsabilidades políticas, ha desempeñado los cargos de subsecretario de Educación y Ciencia del Gobierno español, diputado al Parlamento español, consejero del presidente del Gobierno, ministro de Educación y Ciencia y diputado al Parlamento Europeo. En 1987 fue elegido director general de la UNESCO, siendo reelegido en 1993 para un segundo mandato.

Presidente del ERCEG (European Research Council Expert Group) para la «economía basada en el conocimiento»; co-presidente del Grupo de Alto Nivel para la Alianza de Civilizaciones. Presidente de «Initiative for Science in Europe» (ISE).

Actualmente preside la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. Es presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Sierra Nevada. Director del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces y presidente de la Fundación Cultura de Paz.

Es miembro de múltiples organizaciones, academias y asociaciones, ha recibido condecoraciones y distinciones de distintos países e instituciones y ha sido nombrado doctor honoris causa por numerosas universidades nacionales e internacionales.

Blog: federicomayor.blogspot.com.es

«Fingí que no sabía. / Y ahora queda /

mi conciencia / insomne / noche y día».

Es cierto que en estos últimos años se ha producido un enorme deterioro en todos los frentes y en todos los ámbitos. El mundo, Europa y España sufren sus efectos de forma innegable. La política nos ha rendido a los mercados y, en obediencia, somete a la sociedad al austericidio. No importa que sus fórmulas no funcionen y la senda de los recortes sea un camino sin fin. Los españoles ya somos más «baratos» que buena parte de los europeos. Deterioradas las condiciones de vida, somos también (paradójicamente) más sumisos, aceptando lo que imponen. Aunque no todos lo hagan, porque ha surgido un nuevo poder ciudadano, tan fuerte que suscita gran temor entre los «establecidos». Perfectamente conscientes de lo que supone, tratan de frenarlo por distintos medios, por todos los medios de hecho.

Y es que los cambios son significativos. Se abren posibilidades ciertas. Es el gran momento de la federación, de la relación entre Estados, entre naciones, entre comunidades, para tejer el nuevo tapiz de una humanidad reconciliada, que vive en armonía, que enfrenta fraternalmente los grandes desafíos de un mañana que puede ser todavía luminoso pero que requiere la adopción de medidas de gran visión y altura moral.

Federación en Europa, federación en España y democracia genuina frente a un sistema que, especialmente desde mediados de la década de los noventa, ha alcanzado límites abominables. Se van conociendo con detalle muchas actuaciones que justifican la desafección ciudadana, una total desconfianza en los poderes públicos. En poco tiempo, medidas sociales y de estímulo del talento y de la capacidad endógena, como la Ley de Dependencia o el fomento del I+D+i y de la cooperación, se han ido subordinando a la austeridad que decretan los mercados, viendo perplejos cómo el Producto Interior Bruto mejora en un 0,85 por ciento porque se añade la prostitución y el narcotráfico. Los parlamentarios convertidos en muchos casos en palmeros, incapaces de discrepar de las decisiones adoptadas por unas fuerzas políticas amparadas por la mayoría absoluta, uniformes, que impiden la concepción de nuevas ideas y rumbos.

Y lo que es peor, lo que condiciona directamente este futuro que exigirá, que ya está exigiendo, otros talantes y otras miradas hacia los demás y hacia el mañana es una educación inspirada en informes de instituciones estrictamente económicas, cuando la experiencia, este tesoro inmenso e inexplorado de miles de educadores, de maestros y de maestras, de docentes nacionales e internacionales, se sigue ignorando.

Revertirlo es posible, aunque cueste. Se pierde más arrollado por la corriente, por esa que, con tanto ahínco, trabaja en nuestra contra, en la del común de los ciudadanos. Hay razones para pensar que algo definitivamente está cambiando. En muy poco tiempo se ha producido una transición sin precedentes: de invisibles a visibles, de anónimos y espectadores a identificables y protagonistas. Es viable un nuevo comienzo.

CONCIENCIA GLOBAL

Durante siglos, confinados territorial e intelectualmente en espacios muy limitados, los seres humanos eran invisibles, silenciosos, obedientes, temerosos. Vivían en mundos tan reducidos que apenas sabían lo que ocurría veinte kilómetros más allá de su casa. Después, a finales del siglo XIX, se produce el salto a la civilización «industrial», muy parcial con relación a la rural, iniciándose una transferencia demográfica a los centros urbanos. En la actualidad, la era urbana se está transformando, gracias a la moderna tecnología de la comunicación y de la información, en la era digital. Nos hallamos en plena «internetciación», que ha descrito muy bien en un artículo titulado «25 años de la red, mirar el pasado, pensar el futuro» John Palfrey. Ha tenido lugar una inflexión de hondo calado, en muy poco tiempo, que ha permitido de forma progresiva que sean muchos los que puedan expresarse, que sepan lo que acontece a escala mundial en tiempo real, que tengan acceso a las lecciones del ayer y a los grandes interrogantes y desafíos que plantea la actual situación del mundo.

Se pretende aplazar por todos los medios la irrupción del poder ciudadano en escenarios y toma de decisiones que hasta ahora han sido ocupados exclusivamente por el poder absoluto masculino. «Nosotros, los pueblos...», como de forma tan lúcida se inicia la Carta de las Naciones Unidas, podemos ahora ser en realidad los que tomemos por fin en nuestras manos las riendas del destino común.

Desde 1945, en el magnífico diseño de multilateralismo democrático del presidente Roosevelt, «los pueblos» habían sido sustituidos exclusivamente por Estados, algunos de los cuales habían también sustituido el voto por el veto y, por tanto, habían anulado el carácter democrático del sistema de las Naciones Unidas. Más tarde, cuando la cooperación internacional y un desarrollo global liderado por los países más prósperos parecían la gran solución para la «normalización» de tantas desigualdades, de tantas afrentas a la condición humana y de conflictos y confrontaciones bélicas sin fin, sustituyeron los «principios democráticos» que de forma tan precisa establece la Constitución de la UNESCO por los valores mercantiles y a las propias Naciones Unidas por grupos plutocráticos, que han demostrado, como era de prever, una total ineficacia en la gestión de los asuntos a escala planetaria.

Ahora quieren frenar la irrupción del poder ciudadano, ya que, de forma progresiva pero muy acelerada, la tecnología digital permite no solo la intercomunicación instantánea y global, sino que posibilita la libre manifestación de pensamientos y sentimientos. Esta rápida inflexión hacia una nueva era de convivencia generalizada, de aceptación de la inmensa diversidad cultural, de reconocimiento de la igual dignidad de todos los seres humanos constituye la piedra angular de los Derechos Humanos.

Para intentar detener esta fuerza renovadora, desde el poder controlador se promueve la uniformización, la distracción, la proyección de noticias que empañan la óptica para una percepción nítida de lo que sucede, lo que conlleva el aumento de la desafección a instituciones que deberían hoy tener un papel fundamental en la gran transición que se ha iniciado, al tiempo que —«la voz de su amo»— son muchos los medios de comunicación que manipulan de forma indebida, dolosamente, las informaciones.

El gran problema de estos tiempos, ha dicho la profesora María Novo[1], es el «NTD» («nos tienen distraídos»). La pertenencia obsesiva y desmesurada a clubes deportivos (en especial de fútbol), la inundación por todos los medios escritos y audiovisuales de noticias intrascendentes, sobre los acontecimientos de esta índole o de cualquier otra que haga olvidar la dura realidad que viven, imposibilita en estos momentos a muchas personas, convertidas en simples espectadores impasibles, incorporarse al pleno cumplimiento de sus responsabilidades como ciudadanos libres. Es decir, como ciudadanos educados, ya que, según el artículo 1º de la UNESCO, personas educadas son las que son «libres y responsables», las que actúan en virtud de sus propias reflexiones y nunca al dictado de nadie.

Podrán aplazar todavía algún tiempo la «toma de posesión» del poder ciudadano, pero no está lejano el día en que, por fin, sean «los pueblos» los que, dotados de conciencia global, pongan en marcha el único contexto, la democracia genuina, en el que puede tener lugar el pleno cumplimiento de los Derechos Humanos y la puesta en práctica de los cambios radicales que son exigibles y apremiantes.

La inercia es el gran obstáculo para la evolución. En lugar de aceptar e incluso propiciar las transformaciones necesarias junto a la conservación de los principios intemporales, personas aferradas a sus privilegios, creyendo que «todo tiempo pasado fue mejor», pretenden posponer los momentos históricos que se avecinan. Me gusta repetir que entre evolución y revolución solo hay una «r» de diferencia, la «r» de responsabilidad.

Lo cierto es que el tiempo del silencio ha concluido. Los «indignados» —los que siguieron a dos jóvenes nonagenarios, el francés Stéphane Hessel y el español José Luis Sampedro— enviaron desde la Puerta del Sol madrileña un mensaje pacífico pero firme de implicación ciudadana y movilización. Pareció que se habían «desvanecido», pero están germinando «un nuevo comienzo», como figura en «La Carta de la Tierra».

He comentado en diversas ocasiones la impresión que me produjo, cuando, en 1961, visité por primera vez la Unión Soviética, el silencio de los silenciados. No se expresaban porque no podían. Después, con el tiempo, me di cuenta de que el problema no radica en los silenciados, sino en los silenciosos. Y escribí Delito de silencio. Tenía razón Martin Luther King al afirmar: «Cuando reflexionemos sobre nuestro siglo XX, no nos parecerá lo más grave las fechorías de los malvados sino el escandaloso silencio de los bondadosos». Ahora, la voz tanto tiempo debida pero imposible de emitir ya puede difundirse, ya puede extenderse a todos los rincones de la tierra... hasta que toda ligadura haya sido desatada.

PODER CIUDADANO

Después del 15M, después del progresivo reconocimiento por parte de la gente, sobre todo joven, de su capacidad de libre expresión y de comparación, propia de su conciencia global, los poderes tradicionales ya saben, ya temen, que la implicación ciudadana es cuestión de poco tiempo. La razón de la fuerza empezará a ser sustituida por la fuerza de la razón. Los intelectuales, científicos, docentes, artistas, creadores, en suma, se pondrán al frente de la gran movilización ciudadana que restablecerá los «principios democráticos» que los «neoliberales» sustituyeron por los mercados y procederán a refundar unas Naciones Unidas dotadas de los medios personales, financieros y técnicos necesarios para establecer rápidamente las bases de la gobernación a escala mundial.

La sociedad civil, ya consciente, ya capaz de expresarse, no puede seguir tolerando ni un minuto más que cada día mueran de hambre y desamparo, en un genocidio de inmensas proporciones, miles de personas, la mayoría de ellas niños y niñas de 1 a 5 años, al tiempo que se invierten más de 3.000 millones de dólares en armas y gastos militares. Es intolerable que, según Oxfam, 85 personas posean mayor riqueza que la mitad de la humanidad (3.300 millones de seres humanos). Es intolerable que la «seguridad» y «bienestar» se concentre en menos del 20 por ciento de los habitantes de la tierra mientras el 80 por ciento restante vive en un gradiente progresivo de precariedades, hasta los límites de la pobreza extrema, del atentado oculto a la propia vida.

Es intolerable seguir viviendo la amenaza nuclear, con esta espada de Damocles que ensombrece los horizontes del destino común.

Es intolerable que no se tenga en cuenta la habitabilidad de la tierra, las condiciones para una vida digna cuando está científicamente demostrado que las características ecológicas dependen ya de la actividad humana (antropoceno). La humanidad no puede legar a las generaciones venideras «una casa desvencijada y fría». Es intolerable que los países prósperos no ayuden al desarrollo de los más rezagados, a los que se limitan a explotar.

No es tolerable, en suma, que sean los valores bursátiles los que sustituyan a los valores éticos y que la desfachatez de los mercados llegue a nombrar directamente, sin urnas, a los Gobiernos de Italia y Grecia, cuna de la democracia, sin la inmediata reacción de estos países europeos sometidos a los designios del poder económico absoluto...

Por cuanto antecede, simples «botones de muestra», es notorio el esfuerzo que se está realizando para que el poder ciudadano inicie una nueva época. Son notorios también los esfuerzos para contrarrestarlo. Pero es en vano. La gran transición de la fuerza a la palabra ha comenzado.

LA MUJER, PIEZA ANGULAR DE LA NUEVA ERA

El presidente Nelson Mandela, símbolo de lo inesperado, prisionero que liberó también a sus carceleros, me decía un atardecer en Pretoria, en 1996, que la transición de una cultura de imposición, dominio, violencia y guerra a una cultura de encuentro, conversación, conciliación, alianza y paz no tendría lugar hasta que un porcentaje alto de mujeres no tuviera influencia en la toma de decisiones. Cuando la mujer llegaba, normalmente por razones dinásticas, al escenario del poder, lo ejercía, como es lógico, de forma mimética del poder masculino, el único referente del que disponía.

Después de aquella entrevista hicimos en la UNESCO una valoración aproximada de la involucración femenina, con los valores inherentes que le son propios, en la toma de decisiones a distintos niveles. No llegaba al 5 por ciento. Es decir, el 95 por ciento de las decisiones eran adoptadas por hombres. Han pasado más de quince años y hoy el porcentaje ya se sitúa alrededor del 15 por ciento. Está claro que falta mucho camino por recorrer, pero también lo está que en muy pocos años ya se han logrado cambios que no habían tenido lugar durante siglos. Ahora, ya son muchas las mujeres que se hallan plenamente capacitadas en los aledaños del poder, esperando que, en los próximos lustros, sea posible acercarse a los porcentajes previstos por el presidente Mandela.

En el edificio del mañana, la mujer es piedra angular. La mujer, con el inherente respeto que tiene a la vida, aplaza el uso de la fuerza. La mujer que no imita al hombre, desde luego.

Nos hallamos, en resumen, en el umbral de grandes transformaciones a escala mundial.

IMPOSIBLES HOY, POSIBLES MAÑANA

La conciencia global, la capacidad de expresión y equilibrio de género permiten replantearse todas las cuestiones que hasta hoy se consideraban «sin remedio». Ahora hay muchos imposibles que serán posibles mañana, porque se conoce la realidad en profundidad —y por tanto puede también cambiarse en profundidad— y la capacidad de participación ciudadana permitirá vivir en un marco genuinamente democrático. Es necesario conocer la realidad sin dejarse llevar solo por noticias, dado que son noticias insólitas, refieren hechos extraordinarios, no habituales. Es preciso, en consecuencia, lograr análisis que permitan la adopción de las oportunas medidas a tiempo. Todo fenómeno potencialmente irreversible, como sucede tanto en patología como en los propios acontecimientos naturales, requiere que se adopten las medidas antes de que se alcancen puntos de no retorno.

Esta es otra de las exigencias que a partir de ahora el poder ciudadano debe tener muy presente: en especial cuando se trata de cuestiones potencialmente irreversibles, es exigible la acción oportuna. Es tiempo de acción. Es tiempo de conocer con precisión quiénes son los responsables de la actual situación del mundo para no permitir que sigan ejerciendo influencia e impidiendo que se apliquen fórmulas que constituyen el tratamiento adecuado.

CRISIS SISTÉMICA. SOLUCIONES (DEMOCRACIA A TODAS LAS ESCALAS; FEDERACIONES)

Una de las cuestiones que tienen que quedar muy claras es la definitiva caducidad del sistema capitalista neoliberal, que no ha sabido aplicar los mecanismos correctores cuando correspondía. A principios de los noventa escribí: «Un sistema que basado en la igualdad se había olvidado de la libertad, se ha desmoronado dando paso a sistemas de libertades públicas en los Estados que antes se hallaban formando parte de la Unión Soviética. Del mismo modo, el sistema alternativo, basado en la libertad pero que nunca ha tenido en cuenta la igualdad, debería ahora aprender las lecciones que el desmoronamiento del Muro de Berlín simboliza». No fue así. Bien al contrario, el neoliberalismo ha conducido a una economía basada en la especulación, la deslocalización productiva y la guerra.

El reiterado fracaso de los intentos de constituir un multilateralismo democrático (la Sociedad Naciones en 1919 y las Naciones Unidas en 1945) se debe a la desmesurada influencia, a escala nacional e internacional, del Partido Republicano de Estados Unidos. Otros ejemplos: Estados Unidos es el único país que no ha suscrito la Convención sobre los Derechos de la Infancia (1989) ni de la Corte Penal Internacional (1998); en 1993, el Partido Republicano, que ya manejaba a su gusto y placer el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (del que ya no figuraba su apellido original «para la reconstrucción y el desarrollo»), añadió, directamente y situado fuera del ámbito de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Comercio.

También a él se debe la deslocalización productiva, por «codicia e irresponsabilidad», en palabras del presidente Obama. Lo cierto es que China, el gran país comunista, es en estos momentos una gran potencia capitalista y ha pasado de ser la «fábrica del mundo» a la «fábrica para el mundo». En efecto, sus gastos en I+D+i han superado hace poco a los de la Unión Europea y su capacidad competitiva se ha incrementado de forma extraordinaria. Si a todo esto añadimos que los países que deberían exigir un cumplimiento mínimo de los Derechos Humanos, empezando por las condiciones laborales, han anulado la posibilidad de aplicar a China la Justicia Universal, se agudiza la complejidad de la situación.

La invasión de Irak en 2003, sin el acuerdo del Consejo de Seguridad, basada en la manipulación y la mentira, es otro de los desmanes cometidos recientemente, a iniciativa del Partido Republicano, y es preciso, por tanto, que el «poder ciudadano» tome buena nota de cuáles deben ser sus prioridades en un próximo futuro.

No son solo los «adversarios» de los demócratas de Estados Unidos. Son los principales oponentes del otro mundo posible que soñamos.

Frente al progresivo deterioro ético, social, económico y ambiental del conjunto de la humanidad, no cabe duda de que ha llegado el momento de llevar a cabo con rapidez profundas transformaciones. Cuando todo clamaba paz, cuando todo clamaba cambio, en 1989, con los presidentes Mandela y Gorbachov, y la culminación de los procesos de paz en Mozambique y El Salvador... no pudieron realizarse porque, entonces, el poder ciudadano aún no existía.

Europa, ¿todavía atalaya, todavía catalizador, todavía referencia? Fueron los mercados, por desgracia, los que prevalecieron y, empezando la casa por el tejado, en la Unión Europea se llevó a cabo una unión monetaria sin una unión económica y, sobre todo, política previas. Esta «Europa» desposeída de sus fundamentos éticos —tan bellamente expresados, por cierto, en la Carta de Derechos Fundamentales del año 2000— ha derivado progresivamente hacia el desconcierto actual. Hay que reaccionar con rapidez. Hay que procurar enderezar con prontitud y eficacia tantos caminos torcidos, tantas tendencias adversas.

Está claro que la fuerza de Europa no es la Europa de la fuerza, sino la Europa de los Derechos Humanos, del multilateralismo democrático, de los principios, de la cooperación internacional, de la variedad cultural, de la visión prospectiva.

En lugar de ser la Unión Europea la torre de vigía, en lugar de ser el referente del pluralismo y de las libertades públicas, en lugar de representar para el mundo el símbolo de la dignidad de todos los seres humanos (así comienza su Carta de Derechos Fundamentales), ha venido a ser la Europa de los mercados, de los ultras (Le Pen en Francia en cabeza de lo que nunca debió ser), de los xenófobos, de los nacionalistas y secesionistas. Cuando tanta falta hacían los ciudadanos del mundo, la proyección desde Europa de un nuevo reordenamiento internacional, el acercamiento de Ucrania y de Rusia (en lugar de empujarla hacia el este), el establecimiento de puentes sólidos con Turquía... los mercados lo invaden todo.

Es el momento de oponerse al neoliberalismo y restablecer la justicia social; de eliminar los grupos oligárquicos y refundar unas Naciones Unidas fuertes, con voto ponderado pero sin veto, con una Asamblea General integrada por el 50 por ciento de representantes de la sociedad civil, y con un Consejo de Seguridad Medioambiental y otro Socioeconómico, además del actual. Ha llegado el momento de gobernar la globalización en el advenimiento de la era digital. Llegó el momento de detener el «ecocidio» y cumplir con los deberes intergeneracionales. El momento de incluir a la India y a China plenamente en el seno de este gran espacio institucional del Sistema de las Naciones Unidas, puesto en pie para hacer frente a una situación de gran complejidad pero disponiendo, por primera vez en la historia, del «clamor popular» que debe y puede, de abajo arriba, marcar los rumbos de los tiempos nuevos.

Está claro que se necesitan cambios rápidos, contundentes. En los ámbitos apuntados, federación, relación entre Estados, naciones y comunidades. En mi blog, en artículos en la prensa, en conferencias y contribuciones a distintas publicaciones he insistido —guiado por la visión de conjunto que me proporcionó la gran atalaya de la UNESCO durante varios años— en llamar la atención hacia los cambios conceptuales que son tan importantes como perentorios para la democratización a escala internacional, regional, nacional, personal. No creo que haya otra alternativa: democracia, frente a la dictadura del poder económico, de la concentración de los recursos de toda índole y del poder en muy pocas manos. Ya he mencionado el «gran dominio». La única alternativa, ya prevista en 1945, es la de «los pueblos». «Nosotros, los pueblos, hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra...».

Esta es la solución: los pueblos, la construcción de la paz, las generaciones venideras. Convertir con rapidez los inmensos y desmesurados gastos militares cotidianos en recursos necesarios para la construcción de la paz, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo global sostenible y humano. Ahora es el momento de unir fuerzas, brazos y manos, en favor de una rápida transición desde una economía basada en la fuerza, la imposición y el predominio de unos cuantos a una economía de desarrollo a escala mundial. La gran inflexión, ya lo he indicado, de la fuerza a la palabra.

«Una situación sin precedentes requiere soluciones sin precedentes», advirtió Amin Maalouf[2], y creo que debemos tenerlo muy presente para elaborar las hojas de ruta actuales.

NUEVOS REFERENTES Y ACEPCIONES

— Empleo y trabajo. En la era digital, el trabajo es el que debe ser protagonista, frente a las inmensas posibilidades de la automatización y robotización, de la dedicación personal y actividad productiva. Esto altera la concepción actual de los horarios, del «empleo» tradicional, con una enorme flexibilización de tiempos y formas y de actividades laborales, que permitirán también la incorporación plena de la mujer, sin las barreras que todavía impiden esta completa articulación.

— Distinción entre información y conocimiento. Entre saber y sabiduría. Estamos inmersos en informaciones, pero es indispensable una reapropiación del tiempo para la reflexión, para la incorporación de aquellos conocimientos que vayan a continuación a convertirse en innovaciones, en «des-cubrimientos». «Investigar», decía el profesor Hans Krebs[3], «es ver lo que otros ven y pensar lo que nadie ha pensado». La capacidad distintiva de cada ser humano, la facultad creadora, debe ser a partir de ahora progresivamente la que traza un nuevo diseño del mundo. La que distingue entre saber y sabiduría, la que distingue el quién del cómo...

— La longevidad, uno de los nuevos pilares del por-venir que está por-hacer, es un aspecto fundamental de este nuevo diseño. Hoy contamos, ya lo he subrayado, con el inmenso beneficio de la experiencia que antes, con gran frecuencia, desaparecía pronto. «Cuando un viejo muere, una biblioteca se quema», dice un proverbio africano.

— Los educados, los «libres y responsables». Tenemos que tenerlo muy presente para la visión del proceso educativo, proceso que dura toda la vida, en el momento de configurar el futuro que, en los albores de siglo y de milenio, se presenta, ya era hora, al alcance de la acción ciudadana.

— Aprender las lecciones del «mundo emergente». En 1997 escribí «Del sur viene la savia». Durante siglos, América Latina y África han dependido primero y han mirado después en todo momento a Europa, a Occidente. Ahora, todos juntos debemos aprender las lecciones, las iniciativas, los «modos» de unos países que se rebelan contra los módulos exclusivamente mercantiles que les han impuesto y de los que ahora empiezan a liberarse.

— Hoy es todavía. Es preciso actuar de tal modo que no se llegue, en muchos casos, a situaciones irreversibles o, al menos, paliar, con las adecuadas previsiones, los efectos. Mañana siempre es tarde, puse como título a uno de mis libros en 1988. Es tiempo de acción, insisto, porque la mayor parte de los diagnósticos ya están realizados y ahora es urgente aplicar los tratamientos. Y hacerlo a tiempo.

— Lo factible y lo admisible. El conocimiento siempre es positivo pero sus aplicaciones pueden no serlo. Pueden incluso ser perversas. Es necesario, en consecuencia, saber discernir perfectamente el saber, que libera siempre, de la errónea puesta en práctica.

La gran esperanza es la capacidad distintiva de la especie humana, la que le permite idear, inventar, actuar fuera de los trillados cauces de la rutina, de forma inesperada. Lo inesperado es nuestra esperanza.

CAMBIOS RADICALES E INAPLAZABLES

«Os escribo desde un naufragio... /
por lo que hemos destruido / ante todo en nosotros... /
... pero os escribo también desde la vida, /
os escribo de un mundo venidero».

JOSÉ ÁNGEL VALENTE

En el año 2000 publiqué en el libro Un mundo nuevo los cuatro grandes contratos que, en mi opinión, podían enderezar tantas tendencias inadecuadas en los albores de siglo y de milenio. En resumen: un nuevo contrato social, un nuevo contrato natural, un nuevo contrato cultural y un nuevo contrato ético. Solo volviendo a situar en el centro de nuestra acción cotidiana los valores fundamentales, los «principios democráticos», los valores éticos esenciales, podrá aunarse la infinita diversidad —hasta el punto de la unicidad— que caracteriza a los seres humanos. Por eso se trata de «valores universales». Que nadie se engañe: solo de este modo se logrará el advenimiento de la nueva era y una convivencia apacible y fructífera.

Basado, pues, en la experiencia, en la reflexión que procura décadas de vida, y en las que la problemática situación actual suscita, propongo los remedios que debieran aplicarse de manera más urgente, tanto a escala internacional como regional, nacional y local.

A escala mundial

— Disolución de los grupos plutocráticos y restablecimiento (establecimiento) de un eficaz sistema multilateral.

— Reforma de las Naciones Unidas: con la participación y representación ya indicadas, que le proporcionen la autoridad moral y funcional que en estos momentos es imprescindible.

— Poner término a los últimos coletazos de la crisis sistémica impulsada por los republicanos de Estados Unidos, que sustituyeron los principios democráticos (justicia, igualdad, libertad, solidaridad) por las leyes del mercado, y el multilateralismo por grupos plutocráticos, cuyo estruendoso fracaso en la pretensión de suplir a las Naciones Unidas está a la vista.

— Reducir rápidamente el riesgo de puntos de no retorno en el deterioro medioambiental debido a la actividad humana (antropoceno), adoptando en todo el mundo, sin excepción ni aplazamientos, las medidas que la responsabilidad intergeneracional exige.

— Desarme nuclear: es urgentísimo y debería favorecerse una gran movilización popular en el ciberespacio que acabe con esta terrible «espada de Damocles».

— Terminación de los tráficos mafiosos a escala supra-nacional: tráficos de armas, drogas, personas... Regulación del tráfico y consumo de drogas, cuyo altísimo precio carece de efectos disuasorios, considerándose en adelante, al igual que pasa con el alcohol y el tabaco, un problema esencialmente sanitario y no tan solo de seguridad.

— Remodelación de los sistemas económicos, con establecimiento de los mecanismos de regulación global que proceda, la inmediata desaparición de los paraísos fiscales, sin excepción, y la transición desde una economía de especulación, deslocalización productiva y guerra a una economía de desarrollo global sostenible, que permita poner fin a la explotación, a los desgarros sociales, a la pobreza extrema, a la muerte por inanición... que hoy ensombrecen la dignidad de la especie humana en su conjunto.

— Promover el adecuado y ágil funcionamiento de las «asociaciones regionales», como la Unión Europea, la CELAC, la OUA... para facilitar de este modo la gobernación mundial.

A escala europea

— Reforma de los tratados de la Unión Europea, fortaleciendo la unión económica y política que no precedió a la unión monetaria.

— Si en las elecciones al Parlamento Europeo no vota más del 60 por ciento de la población electoral de cada país, los así electos no deberían ser designados parlamentarios.

— Federación política, económica y fiscal.

— Autonomía en materia de seguridad, sustituyendo a la OTAN, cuya vigencia después de la desaparición del Pacto de Varsovia no está justificada y cuesta a Europa cantidades totalmente desmesuradas, y dejar de adquirir material bélico innecesario y propio, además, de guerras pretéritas.

— Equilibrada relocalización industrial.

— Incentivos para la I+D+i.

— Aplazamiento razonable de los plazos de reducción del déficit y regulación de los flujos financieros.

— Reposición de los principios democráticos para orientar las actitudes de la Unión, favoreciendo el pluralismo cultural, étnico, ideológico y religioso como base de la convivencia armónica, situando a la justicia social en el centro mismo de la política comunitaria. Salvaguardar siempre los medios necesarios para la educación, el conocimiento y la salud. Y, a través de los incentivos necesarios, el trabajo para todos, conscientes de la nueva naturaleza del mismo, como consecuencia de la deslocalización, automatización, robotización y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Particularmente apremiante: democracia genuina a todas las escalas, ver el proyecto de «Declaración Universal de la Democracia», que cuenta ya con el apoyo de personas de gran prestigio[4].

A escala española

— Reforma de la Ley Electoral, impostergable, para no seguir manteniendo la funambulesca situación actual, este sentimiento de precariedad representativa de la voluntad de todos los españoles.

— Reforma de la Constitución (en especial el Capítulo 8), estableciendo un Sistema Federal y permitiendo una gran autonomía. La Constitución no solo deberá ponerse al día serenamente, sino que debe aparecer como solución y no como problema, como la Carta Magna de un Estado donde quepan todos los españoles con una gran capacidad de autogobierno y unos principios comunes bien establecidos y generalmente aceptados.

— Independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, estableciendo los mecanismos correctores necesarios que permitan, en caso de mayoría absoluta parlamentaria, asegurar el papel de las minorías y de la sociedad civil, con un impecable comportamiento democrático.

— Fomento de la educación, la sanidad y la I+D+i como cuestiones suprapolíticas que están sufriendo unos recortes cuyas consecuencias pueden ser irreversibles.

— Relocalización ponderada de la producción exterior.

— Poner en práctica un gran proyecto de turismo y residencia hacia y en España, sacando partido a la longevidad y a las inigualables características humanas, culturales, climatológicas, naturales, gastronómicas... de la península y de sus dos archipiélagos.

— Fomento de energías renovables.

— Medidas rápidas y severas que penalicen la insolidaridad tributaria y la evasión fiscal.

— Iniciativas para el trabajo autónomo y de las pymes.

— Gran movilización de la «capacidad-puente» española, por sus insólitos antecedentes, con África, los países árabes y, desde luego, América Latina.

Estas son algunas propuestas que hoy debería impulsar de manera decidida la mayor parte de los ciudadanos del mundo, sobre todo las que se refieren al comportamiento personal y a la gobernación mundial. En todos los casos se trata de proceder de forma democrática, dando la voz al pueblo, que ahora sí, por primera vez en la historia, puede manifestarse libremente.

La democracia —como desarrollé en el libro La nueva página en 1994— es una cultura, un comportamiento. En la debacle ética y social de Occidente es imprescindible la refundación de unas Naciones Unidas que permitan poner en práctica las excelentes previsiones del diseño de Roosevelt en 1945. Solo así sería posible el desarrollo global y humano que se pretendía en los años cuarenta. Solo así será posible que las prioridades mundiales sean labor y dedicación de todos. «¿Quién si no todos?».

Todas las dimensiones y aspectos de la vida económica deberán subordinarse —y así lo hemos redactado con gran firmeza en el artículo undécimo del borrador de Declaración Universal de la Democracia— a la justicia social.

UN NUEVO COMIENZO

Es necesario un nuevo paradigma en la línea de las recientes propuestas formuladas por Ivo  laus[5] y Garry Jacob[6] en la World Academy of Art and Science. Tenemos que estar muy atentos a las grandes directrices que deberían asegurar el inicio de una nueva era en muy pocos años, con las posibilidades que se derivan de esta gran transición de súbditos a ciudadanos.

«Sé tú el cambio». Tenemos que saber, de acuerdo con esta expresión de Mahatma Ghandi, que las transformaciones de toda índole que son ahora precisas y urgentes no serán cosecha de los grandes poderes, sino de las semillas sembradas una a una, día a día, por los ciudadanos que se dan cuenta, por fin, de que, ahora sí, el destino está en sus manos. Cada amanecer es ocasión personal para un nuevo comienzo...

En el preámbulo de la Carta de la Tierra se lee: «Estamos en un momento crítico de la tierra, en el cual la humanidad debe elegir su futuro...». Así empieza. Y así termina: «Como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamamiento a buscar un nuevo comienzo». La Carta de la Tierra se basa en el respeto y cuidado de la comunidad de la vida; en la integridad; en la justicia social y económica; en la democracia, no violencia y paz y, al final, señala los pasos más importantes del camino hacia delante.

Puede ser uno de los documentos esenciales para inspirar acciones concretas que permitan este nuevo comienzo. Este nuevo principio, en el que todos los seres humanos sean «libres y responsables». La comunidad intelectual, científica, académica, artística, cualquiera con ideas, decencia, corazón y coraje... debe incorporarse y situarse, como se ha indicado, en la vanguardia de la movilización popular. Por primera vez es posible inventar, entre todos, el futuro. Juntos podemos iluminar los caminos del mañana. Como se dice en el Popol Vuh maya: «Que todos se levanten, que nadie se quede atrás».

II

De la Justicia posible a la Justicia necesaria

Baltasar Garzón

Baltasar Garzón (Torres, Jaén, 1955) es magistrado. Ha sido titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional hasta su suspensión tras intentar investigar los crímenes del franquismo e iniciar el proceso por el caso Gürtel que afecta a prácticas de corrupción ligadas a miembros del PP. Es doctor honoris causa por treinta universidades nacionales e internacionales. Entre los procesos más relevantes que ha instruido figuran las causas contra Augusto Pinochet y las dictaduras de Chile y Argentina, el terrorismo de Estado de los GAL, el caso Gürtel, el terrorismo de ETA o el narcotráfico de Galicia. Preside la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), referencia de la defensa de los Derechos Humanos en el mundo con acciones tales como el asesoramiento, acompañamiento y apoyo a la Fiscalía General de Colombia en la estrategia de investigación macrocriminal, el asesoramiento en México sobre la Ley de Víctimas de Morelos o el referido a la querella por crímenes de El Salvador. Entre otras acciones, Baltasar Garzón dirige el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos en Argentina.

La compleja situación que vivimos en España hace que cualquier momento traiga novedades al punto de que resulte imposible incluir en un libro todo aquello que te gustaría tocar, retocar y reformar. Pero, mientras se cierra la edición de ReaccionaDos, han ocurrido dos acontecimientos importantes que tienen relación con el objeto de este trabajo. El primero se refiere al auto del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de fecha 26 de noviembre de 2014, por el que se decide la continuación del procedimiento de una parte del caso Gürtel por los trámites del procedimiento abreviado contra varias decenas de imputados, responsables civiles y partícipes lucrativos, entre los cuales se halla el propio Partido Popular. Es decir, que irán a juicio oral y público. El segundo ha sido la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados para anunciar medidas contra la corrupción el día 27 de noviembre de 2014.

Ambos hechos guardan una estrecha relación, por cuanto el primero descalifica cualquier credibilidad del segundo, diferente al reconocimiento sencillo y simple de la responsabilidad al más alto nivel del Partido Popular. ¿Qué sucederá cuando vengan las demás piezas del procedimiento con nuevos imputados y con nuevas responsabilidades de esas estructuras? Veremos las respuestas cuando ya estén publicadas estas palabras.

Es difícil no recordar aquella comparecencia pública sobre el día 12 o 13 de febrero de 2009 cuando toda la dirigencia del PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, públicamente, cargaron en forma grosera contra mí, que, a la sazón, era el juez que estaba investigando el caso Gürtel, afirmando algo así como que «Gürtel no era una trama del PP, sino una trama contra el PP». Incluso, algunos de ellos, cuyos nombres no merece la pena ni citar, hablaban de «ese juez socialista» para justificar una de las mayores persecuciones judiciales que se conocen en la historia reciente contra un funcionario judicial.

No, definitivamente el presidente del Gobierno, señor Rajoy, no es el personaje adecuado para enarbolar la bandera de la regeneración y el combate contra la corrupción en España, y lo peor de todo es que él lo sabe y lo asume, y todos los que con él actúan, también, con lo cual, simplemente se retroalimentan y de nuevo desprecian al pueblo. No se trata de «salvapatrias con escoba», como despectivamente se refirió el 27 de noviembre, en el Congreso, a quienes desde la sociedad civil, como víctimas, estamos luchando contra la corrupción de aquellas instancias públicas que desde el mismo ejercicio del poder se han ensuciado, enlodado, prostituido. Y, por tanto, de gente comprometida en pro de una verdadera limpieza, de acciones coordinadas y con participación ciudadana —que tanto pavor da a algunos políticos—, tratando de impedir, aunque sea in extremis, que la situación y el propio sistema sigan degradándose.

No podemos asumir que continúen en sus puestos los responsables reales de esta debacle ética y política y que encima quieran aportarnos soluciones que ni ellos mismos se creen. Siempre salvaremos la democracia, pero a veces los representantes que dictan moral son demasiado sucios para poder creerlos. Solo la convicción de que, en mi caso, hice lo que debía y que por hacerlo sufrí hasta un proceso judicial injusto y artificial que me sacó de la carrera judicial y de la investigación de la corrupción, me mantiene firme —desde entonces y hasta ahora— para impulsar y apoyar a quienes continúan combatiendo este cáncer a pesar de las trampas de los de siempre y para sumarme a quienes desde la sociedad exigimos que la transparencia sea una realidad y no una quimera que nos devorará.

La urgencia es absoluta ante el hecho de la demolición de tantos derechos básicos que se habían conseguido consolidar y, ahora, de nuevo se cuestionan. Entre estos, la Justicia como derecho fundamental de la sociedad para recobrar la confianza de los ciudadanos. Por el contrario, lejos de asistir a su necesaria reforma, hoy corre el riesgo de perder su independencia a causa de un poder que solo busca instrumentalizarla para resolver sus problemas. Asociaciones judiciales han demandado al Consejo General del Poder Judicial y al Gobierno ante la falta de medios y, ante Naciones Unidas, las presiones y ataques a la independencia judicial. Tremendo y vergonzoso que estemos en esta tesitura, pero la inacción institucional lo provoca.

Avanza la privatización de los servicios públicos. El dinero común ha servido para solventar el rescate de las entidades financieras hundidas en su mala gestión. Asistimos con dolor al hambre y la pobreza —impensables apenas unos años antes— de millares de niños en España. Y la solidaridad que siempre hemos desplegado con países en situación desafortunada se ha convertido en rechazo.

El Gobierno, y quienes lo sustentan, ha sido el causante de este retroceso, trocando la esperanza posible en la regresión que nos atenaza. Cimentado, además, en la corrupción, en la impunidad de quienes están en el poder y en la apatía o la falta de reacción de quienes desde la oposición deberían ser la conciencia del pueblo frente a los que gobiernan. ¿Cómo no reaccionar ante este presente marcado por el egoísmo y la miseria moral?

LA NECESIDAD DE ACTUAR

Tres conceptos básicos apoyan la necesidad de actuar.

PROTAGONISTAS. En la historia de la humanidad son pocos los verdaderos protagonistas de la misma. Son aquellos que la construyen día a día, con sus aportes, sus ideas y la coherencia del pensamiento con la práctica de sus postulados.

ACTITUDES. En la vida deberían imponerse las actitudes éticas y comprometidas, lejos de la neutralidad que se proclama como regla y que la mayoría de las veces se confunde con la indiferencia que muchos abanderan.

DERECHOS. El derecho a la felicidad no debe ser una entelequia para el ser humano, sino una aspiración cierta y una realidad tangible en un mundo democrático y en equilibrio con la naturaleza.

Los políticos a los que se encomienda en democracia la organización de la vida social y su gobierno deben ajustarse a la consecución de los tres principios enunciados, es decir: entender que el ciudadano es el protagonista y que a él se deben. Mediante actuaciones éticas y comprometidas, buscar el bienestar y la felicidad de la sociedad, objetivo final que debe contemplar la acción política.

Frente a esta declaración, nos encontramos ante una realidad muy distante de los fines enunciados, una situación en la que se ha consumado la fractura clara y real entre el método tradicional de hacer política y las nuevas necesidades que la sociedad demanda.

Esta quiebra se relaciona con la pérdida de valores morales y la ambición material de un amplio sector de representantes de la clase política que han construido complejas tramas de corrupción. El ciudadano ha pasado al olvido. Pero tan ilícito es el modo de enriquecimiento de estos políticos como la desidia que evidencian en cumplir sus funciones de servicio a la ciudadanía.

Por ello, frente al inmovilismo o la inhibición, hay que actuar. No es momento de esperar lo que pueda ocurrir ni de mirar a otro lado mientras se consolida el desastre.

Las formas tradicionales de hacer política no facilitan demasiado las soluciones que se necesitan en estos cruciales momentos. Los propios partidos, absortos en sus devaneos internos, en sus contiendas por la distribución de cargos y lucha por el poder, se asoman perplejos a la ventana de la realidad para encontrarse un paisaje que no conocen y en el que ignoran cómo insertarse. Han perdido el norte, han dejado de preocuparse por las personas. Y es que nadie conquista un reino para siempre: el olvido y el desapego se pagan antes o después.

El sistema es, pues, inoperante, así lo ponen de manifiesto las urnas. Las esperanzas depositadas, en forma de votos, en nuevas formaciones no son sino una muestra del desengaño hacia estos partidos que han olvidado su obligación hacia los ciudadanos. Solo los necesitan para seguir manteniendo su posición de privilegio, mientras se enrocan en sí mismos pervirtiendo la política y transformándola en su propio predio. ¿Qué debemos exigir? Nos centramos en los elementos básicos de responsabilidad política que en buena parte ya habíamos alcanzado pero que vamos viendo desmantelados paso a paso:

— Que las personas tengan cubiertas las necesidades básicas.

— Que se formen y enriquezcan culturalmente.

— Que accedan de forma gratuita a servicios imprescindibles como educación o sanidad.

— Que la libertad de opinión e información sean premisas irrenunciables.

— Que la igualdad ante la ley sea una realidad.

— Que los comportamientos corruptos sean erradicados de forma definitiva.

Reclamemos, pues, una sociedad en la que la Justicia vele por las víctimas y en la que seamos solidarios entre nosotros y con el resto del mundo.

LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA JUSTICIA

Centrémonos ahora en la situación actual de la Justicia y en la necesaria reacción ante una realidad preocupante pendiente de reformar. La Justicia debe ser dictada de manera independiente, imparcial, responsable y comprometida con la sociedad. La independencia debe asegurar la no injerencia de otros sujetos, poderes del Estado o jueces de instancias superiores en el desarrollo del trabajo del juzgador. La imparcialidad exige la inexistencia de lazos o vínculos entre el juez y las partes o el objeto del proceso que pueda conducirle a una decisión injusta.

La imparcialidad habrá de ser además objetiva; es decir, garantizar que no existan sospechas que mermen la confianza de las partes o la sociedad en la decisión imparcial del juez. La responsabilidad y el compromiso con la sociedad apelan a un sentimiento proactivo por el que el juez, conocedor de su posición y del valor de su encargo, procura la mayor diligencia en su afán de buscar Justicia.

La reparación es el elemento consecuente y posterior al reconocimiento de la verdad y la razón de la víctima que merece ser resarcida según los mecanismos disponibles en el ordenamiento para procurar que, en la medida de lo posible, su situación vuelva a ser la anterior al momento en que sufrió una agresión o vulneración de sus derechos.

De nuevo, frente a este ideario, lo cierto es que la población española se ve cada vez más desvinculada de los poderes del Estado, incluido el Judicial, y percibe con mayor recelo las funciones del servicio público.

¿A qué debemos aspirar?

— A involucrarnos con la verdad, la Justicia, los derechos cívicos, la defensa de las víctimas y la reparación que merecen y combatir la involución democrática que se agranda cada día en España de la mano del PP, la extrema derecha creciente y la jerarquía católica más reaccionaria.

— A vivir en un país en el que la Justicia sea igual para todos y en el que la ciudadanía intervenga de forma directa en el gobierno de los jueces, en donde no queden impunes quienes más culpa tienen en la generación y prolongación de la crisis.

— A pedir responsabilidades a los que han depredado los bienes y las esperanzas de millones de personas.

Es justo tener presente que existe —aún sin resolver— la tangible realidad y la injusticia de hechos acontecidos en un pasado demasiado próximo pese al tiempo transcurrido. Urge desarrollar una política integral que defienda en forma real y efectiva el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en España con las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura.

Hace falta llevar a cabo una verdadera acción de futuro en pro de la Memoria Histórica. En España, desde el Estado y todos los organismos públicos de cualquier nivel y entidad cumpliendo con todas las recomendaciones de los diferentes organismos de los que España es parte en materia de Derechos Humanos. Como también hay que conseguir que desaparezca la restricción a las garantías procesales en cuestión de terrorismo.

El resumen sería la necesidad de implementar una política real y efectiva de Derechos Humanos.

La reforma de la Justicia debe conllevar, por tanto, una rendición de cuentas de nuestras deudas pendientes del pasado y ser concebida como un acceso eficiente y real a una Administración de Justicia incorrupta.

PROPUESTAS DE JUSTICIA

«Todo ciudadano/a tiene derecho a una Justicia independiente e imparcial, responsable y comprometida con la sociedad, que otorgue a las víctimas una verdadera reparación y protección de sus derechos».

En esta cita se encarnan los principios rectores de lo que debería ser la Justicia en España y en cualquier otro país. La Justicia, que emana del pueblo, reconoce a sus ciudadanos el derecho a que los jueces y tribunales la impartan de una manera real, efectiva, igual para todos, accesible, ágil, imparcial e independiente. Verdaderamente independiente.

La independencia, la imparcialidad, el compromiso ético, la responsabilidad y la transparencia en la Justicia no solo son la esencia de la misma, sino que sin estas características no existe verdadero Estado de Derecho ni democracia.

1. La independencia del Poder Judicial: ¿quimera o realidad?

La independencia debe asegurar la no injerencia de otros sujetos, poderes del Estado o jueces de instancias superiores en el desarrollo del trabajo del juzgador, salvo a través del sistema de recursos preestablecido. Pero, sobre todo, la independencia debe ser el primer valor que el propio juez defienda. La ausencia de un verdadero compromiso en este sentido hace al juez vulnerable frente a cualquier injerencia. La falta de una auténtica preparación científica y humanista le expone a la acción insidiosa de cualquiera de las partes y a la dependencia de cualquier actor interno o externo. El ofrecimiento grosero, frente a quienes ostentan mayor poder, le hace perder el sentido de referente que un buen juez debe tener. El juez debe marcar ese terreno de protección, desde la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, frente a cualquier otro interés, de forma decidida, firme y sin fisuras. Es decir, que no se va a doblegar frente a ningún interés impuesto, diferente al que se derive de una interpretación integral, universalista y protectora de la ley. Solo así el ciudadano se sentirá parte de un sistema judicial propio y creerá en la acción de la justicia.

La Justicia española se encuentra entre las valoradas como menos independientes de la Unión Europea por parte de empresarios de todos los sectores. En concreto, en la Europa de los Veintiocho España ocupa el puesto 22. Esto, que es extensible a otras capas de la sociedad, resulta inaceptable en un país que presume de democracia. Y, desde luego, no se lo merece el pueblo español, que asiste impertérrito a veces y horrorizado en la mayoría de las ocasiones al mercadeo de puestos de relevancia judicial entre los partidos políticos, que no quieren ver mermado su poder en el ámbito del Poder Judicial. No a favor de la sociedad, sino como garantía de espacios de poder propios y consolidación de los respectivos aparatos. El Poder Judicial es uno de los poderes del Estado, forma parte del mismo, pero no puede ser la moneda de cambio para garantizar impunidades a cambio de posiciones, de poder o reconocimiento políticos. Un país sin una Justicia independiente es irremediablemente un país sin valores y por ende está abocado al desastre social y democrático, entronizándose la impunidad en los más diversos sectores.

Si un tribunal no es independiente de los otros poderes del Estado en aspectos esenciales de sus funciones, no lo será tampoco el juez en su tarea de juzgar. En el caso español, la independencia del Tribunal Constitucional (TC), del Tribunal Supremo (TS) y la propia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —aunque este sea un órgano de gobierno y no jurisdiccional— está en entredicho. Sus miembros, en el primer y tercer caso, elegidos por las Cortes, no han sido capaces de despegarse de la sumisión política a la que se creen obligados. No han sido capaces de asumir la alta función que les corresponde en una democracia y se han sometido, en la mayoría de los casos, a las directrices políticas de quienes les propusieron o nombraron. En el caso del Tribunal Supremo es aún más grave por cuanto sus miembros, sin perjuicio de las excepciones que existan, parecen sujetos por unos lazos invisibles (pero reales) de arbitrariedad y parcialidad terriblemente predecibles, algo que es difícil que case bien con la idea de una Administración de Justicia independiente del resto de los poderes del Estado.

1.1. Un Tribunal Constitucional independiente: ¿una realidad imposible?

Con demasiada frecuencia, y probablemente con bastante acierto, se afirma que decir Tribunal Constitucional e independencia es una pura contradicción. ¡A ese nivel hemos llegado de desconfianza y desprestigio! En este, como en el caso del Tribunal Supremo, estamos en manos de quienes carecen de la autonomía e independencia suficientes para tomar decisiones justas. Todo se habla y muchas cosas se negocian entre bastidores. Si se hiciera una evaluación de los vínculos extrajurisdiccionales entre el Tribunal Constitucional y el Poder Ejecutivo, o de aquel con el legislativo o con otros órdenes o sectores, estoy seguro de que encontraríamos suficientes indicios de contaminación.

Los candidatos o aspirantes a cubrir plaza en el Tribunal Constitucional deberían someterse, según mi propuesta, a un proceso de selección público conforme a criterios de transparencia, mérito y capacidad profesional. Sus miembros habrían de ser elegidos por los dos tercios de las dos cámaras legislativas, tras un examen de méritos en el que deberán participar los ciudadanos a través del correspondiente mecanismo o Consejo de participación ciudadana. En proceso público, con sesiones abiertas. Con candidatos propuestos por la academia, el Poder Judicial, o un volumen de ciudadanos no inferior a cien mil personas mayores de edad. Deberán contestar a las cuestiones planteadas y deberán aportar su declaración patrimonial y ser examinada.

1.2. Un Tribunal Supremo independiente: ¿historia de una ilusión?

Si hay un órgano judicial que debería estar fuera de toda duda y donde la ciudadanía encontrara la máxima confianza, ese es el Tribunal Supremo del Estado. Sin embargo, esa ilusión ha quedado desvanecida desde hace mucho tiempo. Ni están los mejores ni son los más solventes. Esta afirmación no es una opinión, sino una constatación a través de muchos casos y centenares de resúmenes de jurisprudencia leídos con objetividad por muchos.

La elección de los magistrados y jueces del TS debe realizarse, en razón de méritos, con un examen y defensa de la candidatura de forma abierta y pública. Asimismo, es necesario limitar en el tiempo las plazas judiciales, como ocurre en el TC o en tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional (nueve años). Es indispensable, además, que la responsabilidad penal de sus miembros —en la actualidad juzgados por una sala especial a tal efecto dentro del mismo TS— quede regulada de forma que se evite el corporativismo y la asociación entre sus miembros, que limita la objetividad de estos procesos y la ecuanimidad de sus decisiones, con el riesgo de que la impunidad se adueñe de ese espacio.

1.3. El Consejo General del Poder Judicial: ¿la hora de la verdad?

El CGPJ es un órgano creado con el objetivo de lograr y proteger una independencia efectiva del Poder Judicial con respecto de los grupos que se encuentren en el poder, resolviendo todo lo relativo al gobierno de los jueces. La transparencia de esta institución —que debe permanecer independiente al resto de los poderes del Estado— ha de residir en una alta democratización de la institución y en su sometimiento a la vigilancia de aquellos para quienes administra justicia: los ciudadanos y ciudadanas.

La historia de este órgano del Estado, desde su creación en 1980, ha generado dudas razonables en cuanto al mecanismo de selección y nombramiento de sus componentes. La fórmula siempre ha sido objeto de confrontación política y ha ejemplificado el deseo (más o menos explícito) de controlar la Justicia a través de su órgano de gobierno. Para unos, lo ideal es que sean los propios jueces los que elijan a sus miembros, lo cual marcaría como elemento único y fundamental el del corporativismo; para otros, debe ser el Parlamento, para evitar precisamente ese fenómeno. Pero en uno y otro sistema existe una especie de autarquía que ha hecho que los y las componentes del CGPJ sean sistemáticamente cuestionados por su supuesta o real adscripción ideológica o militante a un grupo político. Por encima de sus verdaderas obligaciones, que son el gobierno de los jueces y la defensa de la independencia de los mismos, a la vez que la exigencia de su responsabilidad disciplinaria. En uno y otro sistema, se ha olvidado algo esencial que hoy día ya no puede ser ajeno al devenir democrático de España: la participación y el control ciudadanos en un órgano que afecta directamente a los derechos e intereses, en especial en la Justicia, de la ciudadanía.

El interés político y no tanto la profesionalidad, la preparación científica o los méritos de los candidatos han sido los elementos presentes en la elección sucesiva de varios de esos vocales para otros puestos en el Parlamento, Gobierno, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Tribunal de Cuentas, entre otros. Da la sensación, por ello, de que no hay ninguna barrera entre los diferentes órganos del Estado y que los argumentos para la distribución de puestos son siempre los mismos y vienen determinados por la proximidad política e ideológica y no por las necesidades del servicio público, en sí mismo considerado.

Propongo que los vocales del CGPJ sean nombrados por los propios ciudadanos, algo que aumentaría la legitimidad de la institución y su control. El CGPJ debería configurarse como un órgano de gobierno no solo de y para los jueces, sino para todos los actores y afectados por el servicio de la Justicia, adquiriendo competencias ahora atribuidas al Ministerio de Justicia y haciéndose aún más independiente del Poder Ejecutivo.

Si la Justicia se ejerce en el nombre del pueblo, ya es tiempo de que se exija a esta y a sus órganos de gobierno una auténtica y verdadera legitimación democrática, que solo se obtiene por ese ejercicio, democrático, de participación responsable.

1.4. El Ministerio Fiscal: el fiscal investigador y el juez garante del debido proceso

Desde hace décadas venimos debatiéndonos acerca de cuál deba ser el modelo a seguir en el ejercicio de la acción penal y cuál debe ser el órgano instructor del proceso penal. España es uno de los pocos países que se resiste a perder el modelo inquisitivo, manteniendo al juez de instrucción como el responsable de la investigación penal a la vez que garante de los derechos de los justiciables. Sistemáticamente se ha sostenido que este modelo ofrece muchas más garantías que el que representaría un fiscal investigador.

Un Ministerio Fiscal con autonomía e independencia del Poder Ejecutivo garantizaría un proceso acusatorio real y un ejercicio de control de garantías eficaz por parte del juez. Y, por ende, el ciudadano estaría más protegido en sus derechos y a salvo de arbitrariedades que hoy día se constatan con demasiada frecuencia.

La Constitución define la misión del fiscal como la promoción de la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados; así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social. Sin embargo, el Fiscal General del Estado es elegido por el Poder Ejecutivo y concluye su mandato a la vez que el propio Gobierno. Tratándose de una institución jerárquica, la independencia de los fiscales que forman parte de la institución está en gran medida configurada por la independencia de las decisiones que tome el fiscal general.

Es cierto que existen mecanismos para prevenir que se impartan órdenes ilícitas o cuestionables por parte del superior jerárquico, pero es sumamente complejo y extraño que los fiscales se atrevan a cuestionar las órdenes o pautas de los superiores. Por lo demás, la independencia debería ser una de las cualidades irrenunciables en el ejercicio de la función de aquellos, si se tiene en cuenta que el fiscal debe velar por la independencia de los jueces. Es, por tanto, paradójico que quien tiene que hacer valer esa defensa sea cuestionado por la falta de la misma.

Urge diseñar un paquete de reformas que ubique la posición de la fiscalía en el contexto judicial y político, quedando esta plenamente desvinculada del Poder Ejecutivo. Por supuesto, su cese también ha de quedar desvinculado del fin de un mandato del Gobierno.

Planteo, por tanto, que el Ministerio Fiscal pase a asumir la instrucción del proceso judicial. El juez sería garante del debido proceso, reforzando la independencia y despolitización del Ministerio Fiscal respecto del Poder Ejecutivo, debiendo ganar peso específico e imparcialidad el Consejo Fiscal.

El Fiscal General debe ser designado por las Cámaras legislativas, ante las que defenderá su programa. Y debe regularse el Estatuto de autonomía del Ministerio Fiscal, en el que quede garantizada la independencia absoluta de los poderes del Estado y los medios económicos, procesales y personales para el pleno cumplimiento de su función.

2. La imparcialidad. El «talón de Aquiles» de la Justicia

Por desgracia, la Justicia en España no es precisamente la institución que transmite a los ciudadanos la confianza de que los jueces son los auténcicos protectores de sus derechos. La sensación, cuando no la certeza, de que la Justicia no es igual para todos es tan intensa que ahoga la confianza en su imparcialidad.

Los acontecimientos que se viven día a día, con la aparición del enésimo caso de corrupción y la lenidad y tolerancia en el tratamiento judicial de estos temas, hacen que en España se haya instaurado la convicción de que quienes más poder económico o político tienen seguirán recibiendo un trato de favor, y el estamento judicial seguirá integrado en el engranaje de la conveniencia y la pasividad. El sistema de elección de determinados cargos judiciales, sobre todo en su más alto grado, al margen de los méritos y determinados más por la afiliación o el vasallaje político o ideológico, y la dependencia económica y de actividad de algunos de esos cargos de corporaciones económicas, políticas o sociales hacen que la ciudadanía dude profundamente de la acción imparcial de la Justicia.

Para lograr la imparcialidad (que reside en gran medida en la responsabilidad y conducta de los jueces), apoyo la creación de un «Código de Ética Judicial». El Consejo Económico y Social de la ONU ya en 2006 instó a los Estados a elaborar normas relativas a conducta profesional y ética de los jueces. Aunque con cierto retraso —numerosos países ya disponen de un código de estas características—, el CGPJ ya ha comenzado su redacción. Es exigible que este no quede en una mera declaración de principios, y que, además, conlleve la creación de nuevos instrumentos y controles, aparte de la recusación y la abstención.

3. El compromiso ético, en la base de la legitimación de la Justicia

La ética en el ejercicio de la función judicial le otorga a esta la legitimidad social que una Justicia democrática exige como servicio público que es. Pero el problema es que ese compromiso solo se puede constatar cuando el ciudadano percibe que sus derechos están siendo realmente protegidos en vez de reducidos. Cuando la justicia social es una realidad frente a las agresiones de empresarios más pendientes del beneficio personal que de la función social de la empresa. Cuando el ejemplo de los operadores judiciales (jueces y fiscales) es real y no solo aparente. Es decir, cuando se resuelven las demandas de una sociedad cansada de constatar que la burocracia se impone sobre el sentido de lo justo y que la Administración de Justicia se adormece en vez de resolver con eficacia los conflictos a ella sometidos. El pueblo debe ser parte de la acción de la Justicia para que los problemas ancestrales de desconfianza, lentitud, ineficacia y parcialidad se superen. Es decir, debemos hacer partícipes, y no solo sufridores, a los ciudadanos y ciudadanas de la administración y gobierno de la Justicia.

Para reforzar ese compromiso ético, es necesario hacerlo sobre el sistema de incompatibilidades actual. El principio regulador de esta materia está expuesto en la Ley de 1984 que establece la obligación de los administradores de Justicia de «respetar el ejercicio de actividades privadas que puedan impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia». Sin embargo, el planteamiento real presenta serias deficiencias y la ley tiene un alcance muy limitado. Son bien conocidos los escándalos que manchan la independencia y respetabilidad de ciertas instituciones públicas y la rampante corrupción, materializada en cientos de casos que merman la confianza de la sociedad en la Justicia.

Es urgente la creación de un sistema de incompatibilidades rígido y de transparencia dentro del propio Poder Judicial y sobre todo en la cúpula del Tribunal Supremo que incluya la relación de bienes, similar al de los parlamentarios, con imposición obligatoria de una auditoría, cada determinado número de años o al final de la función.

4. La responsabilidad judicial: la confianza en la Justicia

Los jueces han de poseer una profunda convicción ética y ser conscientes de su responsabilidad, de su relevante posición en la sociedad y del valor de su encargo, de la necesidad de una mayor diligencia en su obligación de proteger los derechos de los y las ciudadanos/as al aplicar las leyes con la prudencia y equidad que les corresponde. La reparación es el elemento consecuente y posterior al reconocimiento de la verdad y consuma el derecho de las víctimas. Para ello, los operadores judiciales deberán emplear todos y cada uno de los instrumentos y mecanismos nacionales e internacionales disponibles y con ellos garantizar —o, al menos, procurar— que la agresión o vulneración no se vuelva a repetir. Es la meta ideal y posible. La responsabilidad que, hoy día, en un mundo en el que las agresiones a los derechos ciudadanos son globales y en el que cualquier agresión local tiene una dimensión universal, les corresponde a los jueces y juezas de cualquier país. En este momento, aquellos/as han dejado de ser meros medidores de normas que aplican en forma mecánica a los casos que resuelven. En la sociedad universal de la comunicación en la que vivimos, las acciones del Poder Judicial adquieren una relevancia única, que trasciende el caso concreto hacia una generalidad que de una u otra forma se verá afectada. De ahí que su responsabilidad frente a este hecho sea histórica e irrenunciable, y su exigencia, indeclinable.

4.1. Acceso a la carrera judicial, formación continua y promoción basada en méritos

En la actualidad, el acceso a la carrera judicial no garantiza que quien supere el examen será un juez responsable. Quizá sea un juez memorístico, pero no un juez democrático y defensor de los Derechos Humanos.

Jueces y fiscales han de contar con conocimiento exhaustivo en materia de Derechos Humanos, así como en los mecanismos internacionales que velan por su protección. Esto supone el dominio abstracto y el conocimiento profundo de los tratados internacionales que los codifican. Los Derechos Humanos siguen en continuo desarrollo, positivización y son objeto de interpretación jurisprudencial y doctrinal internacional. Sin embargo, apenas se suscita el interés por estos temas en quienes preparan los temarios y especialmente se echa en falta la decisión de los sucesivos Consejos Generales del Poder Judicial en este ámbito. Esto se traduce en el desinterés y la ausencia en la mayoría de las resoluciones judiciales de estudio y cita de derecho internacional o resoluciones judiciales de esta naturaleza. El desconocimiento de los mecanismos de la Justicia y de órganos cuyas decisiones afectan a los ciudadanos en cuestiones de Justicia en España es clamoroso.

Resulta básico que el juez no abandone su formación a lo largo de su vida profesional y conviene introducir programas de reciclaje que permitan actualizar sus conocimientos para asegurar su aplicación coherente y sólida del derecho y de la Justicia. La promoción en la carrera judicial, además, debe estar basada en méritos profesionales —formación continua, eficacia, eficiencia— y no en la temporalidad.

La ausencia de preparación suficiente y adecuada para resolver los casos a los que se enfrenta pone en grave riesgo o perjudica los derechos de los justiciables y deberá ser causa de pérdida de la condición judicial.

4.2. Jurisdicción Universal y Derechos Humanos: del mal ejemplo de España a su necesidad

La Ley 1/2014 de 13 de marzo de 2014 supuso la última mutilación a la Jurisdicción Universal en España. En 2009 una reforma anterior la había recortado, si bien aún quedaban flecos que mediante una labor interpretativa extensiva permitían una aplicación parcial del principio de la Jurisdicción Universal. Los principios de la lucha contra la impunidad, la colaboración con la Corte Penal Internacional, la búsqueda de la verdad y la protección de las víctimas sustentan y justifican plenamente la derogación de la mencionada ley y la reinstauración de este mecanismo penal.

Es fundamental derogar la actual Ley o regular la Jurisdicción Universal de modo que su aplicación absoluta y pura sea viable en España. Siguiendo el ejemplo de Francia, la Audiencia Nacional debería contar con una sección especializada en procesos por genocidios y crímenes contra la humanidad que reuniera a magistrados y expertos que completen la acción de la Corte Penal Internacional. La nueva sección judicial estaría llamada a tratar el conjunto de los contenciosos de genocidios y crímenes contra la humanidad que su jurisdicción le permitiera conocer. Con magistrados especializados, así como traductores, intérpretes, expertos e investigadores indispensables para tratar casos tan sensibles y complejos.

Además, la Jurisdicción Universal no se debe aplicar solo en casos de genocidio o de crímenes de guerra, sino ampliarse a ámbitos de la gestión económica que (como se ha visto con la crisis) quebrantan las necesidades básicas de millones de personas sin tener siquiera respuesta política o social. Se debe abogar por sanciones graves penales y económicas.

4.3. Aforamiento: el beneficio de unos pocos

El aforamiento indica una desconfianza hacia el Poder Judicial en la que parecen más fiables determinados jueces nombrados de diferente forma que otros jueces profesionales.

Eliminar toda clase de aforamientos conllevará una Justicia más igualitaria. Es una medida que no precisa de reforma constitucional y que facilitaría un trato equitativo entre miembros de la carrera judicial y el resto de ciudadanos.

4.4. Legitimidad de las instituciones: mecanismos de acceso y evaluación continuados

La legitimidad se remite a los valores de aquellos que han de percibirla, es decir, los ciudadanos. Por tanto, la Administración de Justicia será legítima si el sistema de valores socialmente aceptado la considera como tal.

Deben, pues, establecerse mecanismos de acceso y evaluación continuados por parte de la ciudadanía. En este sentido, sería necesario crear un Consejo de Participación Ciudadana, elegido y constituido por ciudadanos y que pueda tener una actuación activa en temas como la Justicia, la economía, la educación o la sanidad.

5. La transparencia en la gestión y actuación judicial: asignatura pendiente

Una Justicia democrática debe ser una Justicia totalmente transparente en la gestión y en el desarrollo de su función. Todos los mecanismo de evaluación deben ser públicos y externos y debe estar alejada de cualquier contaminación directa o indirecta de sus miembros por acción de cualesquiera de las partes intervinientes, organismos públicos o privados a través de premios, reconocimientos o apoyos económicos que pongan en riesgo su imparcialidad e independencia. Los servidores públicos, en general, y los judiciales, en particular, no deben tener otro reconocimiento que el de los ciudadanos por la corrección del servicio prestado. Cualquier reconocimiento, sea remunerado o no, se torna en una causa de corrupción en mayor o menor escala.

En un contexto en el que la población española se ve cada vez más desvinculada de los poderes del Estado, incluido el judicial, y en el que percibe con mayor recelo las funciones del servicio público, desconfiando con razón de la dirigencia política, económica y judicial, debemos ser especialmente exigentes, sin fisuras, blindando en derechos y obligaciones a aquellos que deben velar por nuestros derechos y exigirnos las responsabilidades.

Existen demasiados espacios opacos por los que el sistema judicial se esfuma. Las relaciones con las partes, organismos públicos y privados, recepción de reconocimientos y remuneraciones, trabajos compatibilizados más que cuestionables, recepción de presente y otras costumbres que contaminan, con la excusa de esa ausencia de regulación, la imparcialidad de los jueces y magistrados, en especial en sus más altas esferas. La regulación de estas materias de orden interno en la fiscalía y la Corte Penal Internacional puede ser un buen ejemplo. El CGPJ ha rehusado sistemáticamente entrar a fondo en esta materia; pero cuando lo haga, deberá ser con unos mecanismos que sean validados por la ciudadanía y no por los intereses corporativos de unos o de otros.

Se debe completar el código ético, referenciado con normas que garanticen la transparencia a través de mecanismos de control y participación ciudadana que alejen cualquier duda o sospecha de corrupción.

Para una completa independencia del Poder Judicial, un control de su incorruptibilidad y para que esta pueda ser percibida por la sociedad, se debe abogar por una transparencia absoluta de las actividades de los Tribunales e Instituciones, ad intra y ad extra, es decir, respecto de sus actividades internas y también respecto de aquellas que lo relacionan con el resto de poderes e instituciones.

Y hay que prohibir la participación de la judicatura en iniciativas con financiación privada y en determinadas iniciativas públicas. Apoyo al Convenio marco de colaboración entre el CGPJ y la organización Transparencia Internacional España de 2 de julio de 2014. Establecer mecanismos y protocolos de conocimiento público que permitan a los abogados o a los litigantes hacer averiguaciones acerca de las decisiones que les parecen haberse demorado indebidamente.

6. Una Justicia eficaz, eficiente y rápida, como derecho de todos y todas

Una Justicia eficaz es el instrumento para garantizar el Estado de Derecho, el acceso a la Justicia, evitando los obstáculos que lo impiden y dificultan, como las tasas judiciales, el respeto al debido proceso y la seguridad jurídica, indispensables para planificar y ejecutar las inversiones de la iniciativa privada y el crédito (mercantil y financiero) internacional. En lo que se refiere a la duración de los procedimientos, España resuelve los litigios con un año de promedio, superando a países como Francia o Finlandia. Sin embargo, en número de casos pendientes, la cifra es de casi tres por cada cien habitantes en primera instancia. Solo registran peores resultados Italia, Croacia, Grecia, Portugal y Eslovaquia.

Se trata de promover medios alternativos de Justicia, como la mediación, conciliación y arbitraje. Se debe además tratar de penalizar las conductas procesales claramente temerarias y meramente dilatorias.

Establecer mecanismos de acceso a la información judicial por parte de víctimas y afectados que abunden en la transparencia de la gestión.

7. Nuevas tecnologías, imprescindibles para la modernización de la Justicia

Las nuevas tecnologías deben utilizarse para facilitar los contactos entre los tribunales y los ciudadanos, y que garanticen un acceso a la Administración de Justicia por parte del ciudadano de forma rápida, eficiente y segura. Es necesario crear una base de datos centralizada a la que pueda acceder el ciudadano directamente a modo de consulta y que garantice la transparencia del sistema de Justicia. Ello conlleva una necesaria digitalización documental y la elaboración de un registro informático centralizado y conectado con el resto de Poderes Judiciales y policiales de los Estados miembros de la Unión Europea, respondiendo a la necesidad de una Justicia cada vez más integrada a nivel europeo. Se debe, además, garantizar la intercomunicación de las bases de datos judiciales entre tribunales y juzgados, con las reservas que exija el tipo de procedimiento afectado.

8. Prohibición de los paraísos fiscales

Un alto porcentaje del capital mundial se encuentra en estados con una política de secreto bancario, paraísos fiscales, tratándose en gran medida de capitales que suelen tener su origen en el tráfico de armas, el tráfico de drogas y la corrupción. Los paraísos fiscales permiten y fomentan la ocultación de los botines procedentes de estas actividades ilegales que merman el resultado de una Justicia igualitaria.

La exigencia de una Justicia eficaz, eficiente y transparente, hace necesaria la abolición sin concesiones de estos paraísos fiscales y la prohibición de que las corporaciones financieras españolas trabajen con estos paraísos fiscales.

9. Terrorismo. De la excepción a la normalidad judicial

La legislación en materia de terrorismo ha sido duramente cuestionada a lo largo de los años. Su eficacia, asimismo, se ha visto teñida por dudas de abusos o excesos, a pesar de que se ha evolucionado en la exigencia de garantías y cumplimiento de estándares de Derechos Humanos. En este sentido, desde el Juzgado Central de Instrucción número 5, puse en marcha un protocolo para prevenir torturas o malos tratos y, en su caso, falsas denuncias, que ha sido reconocido como adecuado por el Relator de Naciones Unidas sobre la Tortura y por el propio Comité contra la Tortura (CPT) del Consejo de Europa. No obstante, ha llegado el momento en el que la excepcionalidad deje paso a la normalidad legal en la forma de enfrentar dichos delitos, sin perjuicio de la especialización judicial para su investigación y sanción.

Propongo derogar la actual legislación en relación con los delitos de terrorismo y promover la legislación adecuada de acuerdo con los estándares exigidos por los diferentes organismos de Derechos Humanos de Naciones Unidas y Consejo de Europa, así como los defendidos por organizaciones internacionales de Derechos Humanos, que garanticen los derechos de los afectados y sancionen cualquier incumplimiento.

EPÍLOGO

En 1948 la Carta de la ONU responsabilizó a los Estados de crear las condiciones concretas que permitieran universalizar los Derechos Humanos. Pero el neoliberalismo imperante en esos Estados ha llevado a que la economía de mercado derivara a tal punto que hoy todo puede comprarse y venderse y todo está controlado por grandes grupos de poder económico y político que miran por sus privilegios con el beneplácito del Estado. Ese mismo Estado que, acorde con estas corporaciones, pierde de vista su encomienda principal, la de defender los derechos de los ciudadanos.

No somos ajenos a esa situación. Los tiempos en los que la sociedad española vive están marcados por la incertidumbre y la desconfianza. Solo con una firme decisión por parte de las instituciones y una enorme autocrítica por no haber estado a la altura de las necesidades del pueblo podrán recobrar la confianza de los ciudadanos. En ese camino, la Justicia, una vez más, es uno de los capítulos más importantes. Hay que abordar de una vez por todas y sin reservas esa reforma profunda de la Justicia que nos transporte de las dudas a la seguridad, de la desconfianza a la credibilidad y de la incertidumbre a la certeza democrática de que esa Justicia se imparte en nombre del pueblo y para el pueblo.

Avancemos en esa dirección haciendo bandera de las palabras del Premio Nobel de la Paz Kofi Annan: «Los Derechos Humanos son sus derechos. Tómenlos. Defiéndanlos. Promuévanlos. Entiéndanlos e insistan en ellos. Nútranlos y enriquézcanlos... Son lo mejor de nosotros. Denles vida».

III

La estafa se consumó pero el futuro no está escrito

Juan Torres López

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla. Autor de numerosos artículos científicos y de libros como Economía de la comunicación de masas, Análisis económico del Derecho, Desigualdad y crisis económica, Economía del delito y de las penas o de los manuales universitarios Economía política e Introducción a la economía. Sobre la crisis actual ha publicado Desiguales. Mujeres y hombres en la crisis financiera, con Lina Gálvez; La crisis de las hipotecas basura. ¿Por qué se cayó todo y no se ha hundido nada, y Contra la crisis, otra economía, otro modo de vida. Con Vicenç Navarro y Alberto Garzón ha publicado Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España (doce ediciones) y Lo que España necesita. Una réplica con propuestas alternativas a la política de recortes del Partido Popular. Recientemente, y también con Vicenç Navarro, ha publicado Los amos del mundo, Las armas del terrorismo financiero y Lo que debes saber para que no te roben la pensión. Fue coautor de Reacciona (2011) y junto a Vicenç Navarro ha escrito un documento de bases encargado por Podemos para que este partido elabore su programa económico titulado Democratizar la economía para salir de la crisis mejorando la equidad, el bienestar y la calidad de vida. Una propuesta de debate para solucionar los problemas de la economía española.

Ha ocupado diversos cargos académicos como director de departamento, vicedecano, decano y vicerrector de ordenación académica y profesorado, en la Universidad de Málaga, y secretario general de Universidades e Investigación de la Junta de Andalucía.

Blog Ganas de escribir: www.juantorreslopez.com

Twitter: @juantorreslopez

«Pero nada es aún definitivo.

Mañana he decidido ir adelante,

y avanzaré,

mañana me dispongo a estar contento,

mañana te amaré, mañana

y tarde,

mañana no será lo que Dios quiera».

ÁNGEL GONZÁLEZ

A medida que la crisis se fue gestando y haciéndose más visible muchos economistas advertimos de que las medidas que se estaban tomando no eran las adecuadas para hacerle frente. Hoy está claro que lo que se pretendía con ellas no era resolverla pronto y con más bienestar social. Multitud de analistas y expertos, algunos de ellos premios Nobel, han demostrado que las decisiones adoptadas se han orientado a salvaguardar los privilegios manteniendo las condiciones y el funcionamiento de la economía y las finanzas que habían provocado la crisis.

No hizo falta mucho tiempo para comprobar la veracidad de estas críticas y que las reformas de los gobiernos y los organismos internacionales resultaban ser un completo engaño. Unas veces porque eran muy tímidas o no se llevaban a efecto y otras porque solo se encaminaban a reforzar el poder negociador de la gran patronal frente a las clases trabajadoras o a facilitar la entrada del capital privado en los servicios públicos, recortando constantemente sus recursos. Yo mismo hice modesta referencia a estas falacias en mi capítulo de Reacciona, en el que analicé «las grandes mentiras como respuesta» frente a la crisis que sufríamos. Un capítulo que concluía con una llamada a no dejarse engañar y a reaccionar de una vez que no parece haber sido demasiado efectiva a tenor de lo que ha sucedido después. La consumación de una de las mayores estafas de la historia que ha empeorado las condiciones de vida de millones de personas. Aunque, aun así, también sea cierto que el horizonte y hasta el propio presente están plagados de señales que permiten mantener la esperanza en un cambio de tendencia.

POLÍTICAS COMPLETAMENTE INÚTILES PARA ATAJAR LA CRISIS

Cuando se escribió Reacciona se hablaba de «brotes verdes» para convencer a la gente de que la gestión que se hacía de la crisis era la adecuada. Ahora se recurre a la misma estratagema, pero diciendo que estamos a las puertas de la recuperación o incluso que ya salimos de la crisis.

El presidente de la Unión Europea decía en septiembre de 2014: «Los sacrificios realizados hasta ahora están dando sus frutos» y el ministro de Economía alemán aseguraba casi al mismo tiempo que las políticas de austeridad y las reformas «están llevándonos a esta recuperación»[7]. Pero la realidad que reflejan los datos no es esa, ni en España ni en Europa ni en el conjunto de la economía mundial.

Mientras se redactan estas páginas, ministros y altos responsables de la política económica europea advierten del peligro de una nueva recesión en Europa, que sería la tercera desde 2007 y posiblemente la peor, puesto que ahora afectaría en mayor medida a los motores de la economía continental, como Alemania. Las estadísticas muestran que el comercio internacional no solo se debilita fuertemente, sino que padece, en palabras de la Organización para el Comercio y el Desarrollo de las Naciones Unidas (UNCTAD), una auténtica «crisis estructural»[8].

El sistema financiero sigue amenazado y sin funcionar como se precisa para que la economía se reactive y genere empleo y riqueza. El propio Fondo Monetario Internacional reconocía en su informe de abril de 2014 que, a estas alturas —siete años y billones de euros después del inicio de la crisis bancaria—, en Europa «no ha concluido el saneamiento de los balances de los bancos»[9]. Organismos internacionales como la OIT muestran su preocupación por la caída tan generalizada de los salarios y hasta la OCDE, poco sospechosa de veleidades radicales, afirma en su último informe que es «contraproducente» que sigan bajando[10]. Uno de los responsables directos de las políticas que se han aplicado, el economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), tuvo que reconocer, ante su fracaso evidente respecto a los objetivos que se habían propuesto, que sus técnicos (los mejor pagados del mundo y los que imponen su doctrina y su saber como la única verdad económica) se equivocaron (¡vaya por Dios!) a la hora de valorar el impacto de la austeridad en los países de la Unión Europea[11]. Y nada menos que el presidente del Banco Central Europeo —la persona que ha obligado a que se realicen los recortes que la han hundido— dice ahora que lo que ocurre es que «la demanda es débil»[12].

Todo ello demuestra que las políticas de recortes ejecutadas en Europa han sido un completo fracaso para hacer frente a la crisis (aunque no, como veremos enseguida, para recuperar el beneficio y reforzar el poder de los grandes grupos económicos). Decían que la austeridad y los recortes eran imprescindibles porque con ellos se iba a reducir la deuda pública, pero lo cierto es que, tras las políticas que se han aplicado en la Eurozona, ha subido del 72 por ciento en 2007 al 103 por ciento en 2014. Aseguraban que la austeridad era la antesala del crecimiento y la creación de empleo, pero la verdad es que en la Eurozona hay casi dos millones de ocupados menos en 2014 que en 2007 y seis millones de parados más, una tasa de paro del 11,6 por ciento frente a la del 7 por ciento de 2007 y un producto interior bruto (PIB) casi 15 puntos por debajo de su tendencia estructural en algunos países.

La austeridad se ha mostrado como un gran engaño que no sirve para lo que dicen que sirve. Un estudio de Isabel Ortiz y Matthew Cummins en el que se han analizado trescientos catorce informes del Fondo Monetario Internacional (publicados entre enero de 2010 y febrero de 2013) lo demuestra claramente. Los datos que presentan esos autores ponen de manifiesto que la contracción fiscal, la disminución de salarios públicos, la reducción o eliminación de subsidios, el incremento de impuestos al consumo, la reforma de las pensiones, de los sistemas de salud y de protección social orientadas a limitar su alcance, o la flexibilización del mercado de trabajo... «no ayudan a promover crecimiento económico robusto y generador de empleo, ni a mejorar el nivel de vida ni la cohesión social». Esas políticas de austeridad los empeoran y en lugar de salir de las crisis producen nuevas recesiones y mayor desigualdad[13]. Como se viene diciendo, son un auténtico austericidio.

EL CASO ESPAÑOL

Algunas autoridades europeas y el presidente Rajoy se empeñan en poner a nuestro país como ejemplo de una buena trayectoria por haber aplicado con diligencia las políticas de austeridad: «Éramos el enfermo de Europa y ahora, después de dos años, todo el mundo nos saluda como ejemplo de recuperación»[14], decía en la campaña electoral de las europeas. Pero los datos también son muy obcecados en nuestro caso particular y demuestran que la política de Rajoy ha sido, igualmente, un verdadero fracaso para hacer frente a la crisis en España.

Veamos algunas cifras que me parece hablan por sí solas[15].

—El producto interior bruto (PIB) es un indicador bastante burdo para saber si una economía va bien o mal (porque solo mide la actividad económica con valor monetario o remunerada y no refleja su calidad ni los efectos, como los ambientales, que no se miden en dinero) pero es el que se suele utilizar y podemos emplearlo para comprobar convencionalmente cómo evoluciona la economía. A finales de 2013 era algo más de 20.000 millones menor que el de 2010, cuando empezaron los recortes. La evolución de su tasa de crecimiento demuestra con claridad que el efecto de las políticas ejecutadas ha sido puramente depresivo: –0,2 por ciento en 2010; 0,1 por ciento en 2011; –1,6 por ciento en 2012; y –1,2 por ciento en 2013. El correspondiente a la industria fue en esos mismos años de 5,2 por ciento, 4 por ciento, –0,4 por ciento y –0,6 por ciento.

— El consumo de los hogares se redujo un 2 por ciento en 2012 y un 0,8 por ciento en 2013. En total, casi 25.000 millones de euros, aunque los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares indican que la caída ha sido mucho mayor. La inversión cayó en 2012 un 8,5 por ciento y un 8,2 por ciento en 2013.

— La renta disponible bruta que percibían las familias españolas en 2013 fue unos 25.000 millones de euros menor que la que tenían en 2010.

— La deuda pública española a finales de junio de 2014 superó por primera vez en la historia el billón de euros (1.007.319 millones) y fue 362.627 millones de euros (98,4 por ciento del producto interior bruto) superior a la de finales de 2010 (61,7 por ciento).

— Los bancos españoles concedían 320.000 millones de euros menos en crédito a la actividad productiva a finales de junio de 2014 (693.900 millones de euros) que a final de 2010 (1.012.900 millones de euros). Y la tasa de morosidad que sufren los bancos fue del 13,6 por ciento en 2013 (197.000 millones de euros en créditos irrecuperables) frente al 5,8 por ciento en diciembre en 2010.

— Respecto a finales de 2010, en el segundo trimestre de 2014 había en España 1.487.000 personas ocupadas menos, de ellas, 388.700 mujeres; 1.746.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo menos; 1.777.400 personas ocupadas a jornada completa menos; 339.300 mujeres y 230.200 hombres más que trabajan a tiempo parcial porque no han encontrado un empleo a jornada completa; 393.000 jóvenes de entre 16 y 24 años ocupados menos; 920.700 personas en paro más (tasa de paro del 24,4 por ciento frente al 20,1 en 2010); y 1.301.800 personas paradas más que llevaban más de dos años buscando trabajo. Y en 2014 se hacen 373.200 horas extraordinarias no pagadas más que en 2010.

— La remuneración total de los asalariados en 2013 fue 49.046 millones de euros menor que en 2010.

— En septiembre de 2014 había en España 923.279 personas menos afiliadas a la Seguridad Social que en diciembre de 2010 y 843.556 personas menos afiliadas como asalariadas.

— En 2013 se produjeron 9.143 procesos concursales de empresas, casi el doble que en 2010 (4.990).

Con estos datos por delante, hay que hacer del eufemismo un arte —algo en lo que realmente nuestra clase política está especializada— para poder decir que la economía española se está recuperando. Suena a desfachatez decirlo cuando se encuentra sin crédito suficiente, cuando hay 5.622.900 desempleados (teniendo en cuenta que en España basta que una persona haya trabajado una hora al mes a cambio de una retribución mínima en especias —una entrada de cine, por ejemplo— para considerarla empleada), cuando siguen cerrando docenas de empresas cada día o cuando disminuyen los ingresos de la inmensa mayoría de las familias. Hasta los precios bajan (salvo los de los sectores oligopolizados y de fuerte poder político, como el eléctrico) como prueba de que no hay demanda suficiente y de que la economía está en realidad estancada.

El Gobierno, el Banco de España y los grandes organismos internacionales se empeñan en mostrar previsiones optimistas tratando de que la población asuma como acertadas sus políticas, sobre todo cuando se acercan elecciones y las encuestas muestran que cada día hay más gente harta de los dos grandes partidos que consensúan la política económica. Pero resulta ya tan evidente que no hay recuperación real de la actividad, del empleo y de los ingresos que su credibilidad es cada vez menor, como también demuestran todo tipo de encuestas. Entre otras cosas porque son los que más se equivocan a la hora de hacer predicciones económicas[16].

¿POR QUÉ NO ES POSIBLE ACABAR CON LA CRISIS CON ESTAS POLÍTICAS?

La historia nos enseña que evitar las crisis por completo es casi imposible en las economías capitalistas. Se basan en la permanente búsqueda de un mayor beneficio que obliga a reducir constantemente el salario y eso provoca antes o después un problema de falta de demanda que hunde los mercados y genera la crisis. Pero también sabemos que es posible conseguir que las crisis sean menos recurrentes y dañinas cuando se incorporan otras lógicas productivas y de regulación. Así lo demuestra, por ejemplo, que desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta los años setenta del siglo pasado prácticamente no hubiera ni una sola crisis financiera en el planeta. Algo que fue posible porque existían reglas muy estrictas de control del dinero, de la banca y de las actividades financieras en general, límites a la libertad de movimientos del capital y un equilibrio de clases sociales (gracias a que el pleno empleo, aunque solo masculino, daba una gran fuerza de negociación a las clases trabajadoras) que imponía un reparto de la renta bastante igualitario, que sostenía la demanda y el funcionamiento estable de los mercados.

Todo lo contrario de lo que ocurrió a partir de los años ochenta, cuando cambió la correlación de fuerzas y comenzaron a aplicarse políticas generadoras de gran desigualdad y a dar casi completa libertad de movimientos a los capitales en un contexto de gran predominio de las finanzas frente a la economía. Las consecuencias son conocidas: crisis financieras rápidamente transformadas en económicas y de efectos casi siempre globales, recurrentes y cada vez de mayor impacto y gravedad.

Eso quiere decir que, al igual que se evitaron las crisis financieras durante tantos años en el siglo pasado, tenemos ahora mismo a nuestro alcance políticas y alternativas efectivas para salir de la crisis actual y orientar la economía en otra senda de estabilidad y bienestar. Podemos afirmarlo porque sabemos qué factores la han producido y la están alargando y qué remedio podrían tener.

En el caso español, sabemos que el altísimo desempleo que se está registrando, los cierres de empresas y, en general, la caída en la actividad son el resultado de tres factores principales y de carácter más coyuntural (falta de crédito, demanda insuficiente y deuda excesiva) que podrían tener solución en el corto plazo. Y de otros estructurales (como la mala especialización de nuestra economía y el tipo de relación que mantiene con el exterior) que solo tienen remedio a más largo plazo.

Me referiré aquí solo a los factores coyunturales que paralizan nuestra economía y que, como acabo de anticipar, me parece que son tres principales: la falta de financiación suficiente y a buen precio para empresas y consumidores, como consecuencia de la quiebra bancaria, la demanda escasa como efecto de la caída de los ingresos y un peso excesivo de la deuda.

Veremos rápidamente a continuación por qué se ha producido cada uno de ellos y que si no se resuelven de forma adecuada y satisfactoria para la mayoría de los españoles es porque se actúa para beneficiar a las minorías que detentan el poder económico y financiero.

a) La crisis bancaria y la falta de financiación

Como es sabido, la causa más inmediata de la actual crisis fue que los bancos de todo el mundo acumularon en sus balances miles de millones en activos derivados de contratos hipotecarios de baja calidad suscritos en Estados Unidos y que eso lo hicieron financiándose con volúmenes ingentes de deuda[17].

Cuando esos activos empezaron a deteriorarse porque millones de deudores dejaron de pagar sus préstamos, la banca internacional se encontró en una situación de gravísima descapitalización o incluso de quiebra y eso produjo el cierre generalizado del crédito. Los bancos españoles no habían acumulado ese tipo de productos en grandes cantidades, pero se vieron afectados por una situación parecida. Poco tiempo después estalló la burbuja inmobiliaria y una gran parte de sus activos (préstamos y créditos que de pronto dejaron de cobrar o grandes inversiones inmobiliarias) perdió casi todo su valor, al tiempo que mantenían una gran deuda con los bancos extranjeros que les habían prestado para que financiaran la burbuja.

Para salvar a los bancos no ha habido límite alguno, ni fuera ni dentro de España. En Estados Unidos, por ejemplo, en un solo año (2008) se creó más dinero[18] (817.904 millones de dólares) que el que se emitió en los sesenta y tres años anteriores (de 1945 a 2008 se crearon 821.585 millones de dólares) y en los seis años de crisis que van de enero de 2008 a septiembre de 2014 se ha creado cuatro veces más dinero (exactamente, 3,91 veces) que desde 1945 hasta 2008[19]. Y aun así, la crisis bancaria no se ha resuelto.

En España se han dedicado, según las estimaciones más moderadas, unos 130.000 millones de euros a ayudar a los bancos[20] y el Banco Central Europeo viene además concediendo barra libre por valor de varios billones de euros a los bancos[21]. Solo los países del G20 han dedicado 11,7 billones de dólares a salvarlos (sin contar la parte correspondiente de otros 16 billones que concedió en secreto la Reserva Federal a grandes bancos y empresas[22]). A pesar de todo ello sigue sin fluir el crédito y la razón de por qué no se recupera es sencilla: las reformas financieras diseñadas o han sido insuficientes o se han ido retrasando sine die o han sido neutralizadas por los gobiernos para que no repercutan en los beneficios de los bancos[23].

El mejor ejemplo del modo tan vergonzoso que se ha utilizado para ayudar a la banca quizá sea una de las primeras medidas que se tomaron, tanto en la Unión Europea como algo después en Estados Unidos: permitir que los activos deteriorados que habían perdido ya casi todo su valor se sigan valorando en los balances de los bancos a precio de adquisición (mucho más alto) y no según el de mercado, como es obligado que se haga si se quiere que el balance refleje fielmente la situación patrimonial efectiva de los bancos.

De esa forma es como se viene ocultando que los bancos siguen en quiebra, que en realidad son zombis que pueden registrar beneficios mediante artificios contables sin cumplir con su obligada función de financiar a la economía.

En España, además de las ayudas a la banca que se han dado en otros países, se ha recurrido a procedimientos incluso todavía más sibilinos y opacos para la opinión pública.

Por un lado, se ha destruido el sector de las cajas de ahorros por la sutil vía de tirar de la manta y mostrar sus vergüenzas mientras se disimulaban las de la banca privada. Eso ha permitido demonizar lo público y que el espacio que ocupaban las cajas en el mercado financiero, e incluso sus activos, los vayan ocupando poco a poco los bancos privados como otra vía de recuperar —con cargo al erario público— su quebranto patrimonial (que si se quisiera descubrir sería más o menos como el que tenían la mayoría de las cajas o incluso peor que el de algunas de ellas).

Por otro lado, se ha recurrido a todo tipo de trampas para capitalizar los bancos privados con dinero público, como ocurrió, por ejemplo, con los llamados activos fiscales diferidos. Un caso que se ha presentado a la opinión pública con sutilezas técnicas pero que vale la pena conocer como otro buen ejemplo de cómo el Gobierno maneja el dinero de los españoles y cómo los engaña continuamente.

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea estableció un nuevo marco regulador (los Acuerdos de Basilea III) que, entre otras cosas, reforzaba de forma significativa las exigencias de capital de los bancos, con el fin de evitar que pudiera estar sobrevalorado de forma artificial o para que no resultase, en un momento dado, insuficiente para hacer frente a deterioros en el valor de sus activos. En concreto, elevaron el llamado ratio de solvencia (que es el cociente entre el capital y el activo ponderado por riesgo) del 2 por ciento al 8 por ciento. Al ser más elevado quedaba cubierto en mayor medida el riesgo de pérdidas por falta de recursos de la entidad y sus acreedores más a salvo de dicho riesgo. Y, además, se reforzó la calidad de los activos que pueden computarse como parte del capital.

Pues bien, los bancos españoles habían acumulado en años anteriores los llamados «activos fiscales diferidos», que son ahorros en impuestos que una empresa va a obtener en el futuro como consecuencia de haber tenido pérdidas o de haber hecho provisiones en el pasado. Pero, a diferencia de lo que sucedía con las normas anteriores, con los nuevos acuerdos de Basilea III esos activos ya no podrían seguir formando parte del capital. Ahora solo pueden serlo los que sean capaces de ser utilizados «inmediatamente y sin restricción por las entidades de crédito para la cobertura de riesgos o de pérdidas». Algo que no ocurre con los diferidos españoles, puesto que, por definición, dependen de la capacidad de la entidad financiera o empresa de generar beneficios en el futuro.

Al no poder incluirlos, la mayoría de los bancos españoles se mostraría como lo que son: entidades insolventes o incluso quebradas. Pero el Gobierno de Rajoy vino en su ayuda estableciendo por decreto que el Estado garantiza la recuperación de esos activos (por valor de 40.478 millones de euros). Lo hizo decretando, por un lado, que responde por ellos en caso de que algún banco no pudiera utilizarlos para compensar beneficios futuros y, por otro, suprimiendo el plazo límite de dieciocho años para llevar a cabo la compensación de las pérdidas o la obligación de que se dieran beneficios y se pagasen entonces impuestos para poder aplicar la compensación. Es decir, haciendo que esos activos ya no sean «dependientes de rendimientos futuros», sino auténticos créditos contra la Hacienda Pública y, por tanto, susceptibles de computarse como capital.

Otra medida financiera a la española fue la que se llevó a cabo en marzo de 2014 con la excusa de facilitar la refinanciación y reestructuración de la deuda de las empresas para que retomaran la senda de la rentabilidad, pero que era en realidad una vía también encubierta y torticera de ayudar a los bancos.

Cuando el equilibrio patrimonial de los bancos se resiente, como ya hemos dicho que ocurrió al estallar la burbuja inmobiliaria, se debería corregir el valor contable de esos activos para disminuirlo en la misma medida de la pérdida que esté suponiendo el fallido (lo que ya sabemos que no se ha hecho). O, alternativamente, generar «provisiones» a medida que se vaya percibiendo la morosidad o la mayor probabilidad de no cobro (es decir, generar algo así como unos fondos que se «guardan» en previsión de que ocurra algo, como en este caso que no se llegue a cobrar el crédito).

Los bancos son muy reacios a actuar de ese modo, es decir, a minusvalorar sus activos o a establecer provisiones realistas, puesto que eso disminuye su rentabilidad, dado que, en el primer caso, los hace menos solventes, o porque inmoviliza fondos cuantiosos, cuando se dotan provisiones.

La Unión Europea ya les había permitido no alterar el valor de los activos y el Gobierno español estableció —mediante este decreto— que las empresas en dificultades por tener créditos con bancos estarían obligadas a llegar a acuerdos de financiación con ellos. De modo que las deudas pasarían a ser inversiones de dichos bancos acreedores en el capital de las empresas.

Una operación perfecta que transforma los activos podridos que haya en los balances bancarios en inversión en el capital de las empresas deudoras, matando así varios pájaros de un tiro. Por un lado, en lugar de la posibilidad de que los bancos puedan perderlo todo si la empresa deudora entra en concurso de acreedores, se convierten en sus propietarios. Y además lo consiguen sin demasiado riesgo, porque el decreto establece que si la empresa entrase más adelante en concurso, el banco dejaría de nuevo de ser inversor para pasar a ser otra vez acreedor y así poder ponerse en la cola para cobrar. Y, por otro lado, los créditos morosos que los bancos tenían antes en su balance (y por los que estaban obligados a establecer costosas provisiones o aumentar su capital) desaparecen, porque ahora ya no son deudas de improbable o imposible cobro, sino inversiones.

Así, los bancos pueden aparecer como entidades saneadas en las pruebas de estrés y seguir dando beneficios a pesar de que materialmente están igual de quebrados que antes.

Estos son algunos ejemplos que muestran que si en España no se dispone todavía del crédito que necesitan empresas y consumidores para que se pueda reactivar la economía, es porque los recursos se han destinado a mantener artificialmente vivos a los bancos mediante ayudas constantes, bien en dinero o por la vía de permitirles todo tipo de tejemanejes contables. Y todo ello mientras los bancos privados siguen haciendo el negocio del milenio al financiar la deuda pública que ha nacido de los gastos de los gobiernos destinados a ayudar a esos mismos bancos, como veremos enseguida.

Por eso no despega la economía española. El crédito es para la economía como la sangre para el cuerpo humano y lo que está pasando es que, en lugar de garantizar que fluya con seguridad y suficiencia, se está permitiendo que los bancos utilicen el que les conceden los Bancos Centrales casi de forma gratuita para que vayan reciclando la porquería financiera que han acumulado y la deuda gigantesca que han creado entre ellos mismos.

Mientras no se considere que el crédito es un servicio público esencial y que debe garantizarse que llegue a las empresas que lo necesitan para crear riqueza, será imposible salir de la crisis.

b) La falta de demanda

Los economistas y políticos neoliberales afirman que el empleo se destruye o que no se crea nuevo porque los salarios son muy elevados, pero la evidencia es otra. Lo que de verdad impide que las empresas creen empleo es que no tengan clientes en sus puertas, es decir, que no haya demanda suficiente en la economía[24]. Y eso es lo que ha ocurrido en la economía mundial y de forma muy especial en España en los últimos tiempos.

En España han cerrado unas 250.000 empresas desde 2008 y de ahí viene la mayor parte de la pérdida de puestos de trabajo, pero la causa de esos cierres no es, como se dice, que los salarios en España sean demasiado elevados o que suban en exceso.

Si en España persiste la crisis y se sigue destruyendo empleo como demuestra la evolución de las horas de trabajo, es porque el peso de los salarios en el conjunto de las rentas no deja de disminuir y eso representa menos dinero destinado a generar ingresos, sobre todo, para la pequeña y mediana empresa, que es la que mantiene en torno al 70 por ciento del empleo total que hay en España.

Según la estadística de salarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, alrededor del 34 por ciento de los asalariados cobran menos del salario mínimo interprofesional y más o menos la mitad perciben menos de 1.000 euros mensuales. Y para hacerse una idea bastante sencilla de lo que representa para la economía española que haya tanta desigualdad y que los salarios sean tan bajos basta con hacer cálculos muy sencillos.

Los salarios han pasado de representar el 68 por ciento del producto interior bruto español en 1976 al 53 por ciento en 2013, con datos de la Unión Europea. Si se hubiera mantenido esa proporción, resultaría que en ese periodo (1976-2013) los asalariados españoles habrían recibido unos 150.000 millones de euros más en sueldos de los que han entrado en sus bolsillos. La mayor parte de esos 150.000 millones habría ido destinada al consumo, generando ingresos para las empresas, a diferencia de lo que ha ocurrido en realidad: esos 150.000 millones de euros han sido retribución del capital que en una gran parte se ha ahorrado y derivado hacia inversión financiera, no productiva o aplicada fuera de España.

Es imposible salir de la crisis sin revertir esta tendencia creciente hacia la desigualdad y sin que aumente la renta de la inmensa mayoría de la población, que es la que alimenta el ingreso de las empresas que crean empleo. Algo que se puede conseguir, por ejemplo, con moratorias en el pago de hipotecas, con ayudas directas a las familias de menor renta, con más justicia fiscal, elevando el salario mínimo y, en general, llegando a un pacto de rentas que impida la concentración tan grande de ingresos que se está dando en los niveles de mayor riqueza.

c) El peso de la deuda

Casi todo el mundo insiste en que España tiene un gran problema de deuda que lastra nuestra capacidad de recuperación económica. Y es verdad. Pero no se acierta tanto a la hora de mostrar su origen y lo que está pasando con ella.

La deuda pública ha subido 35 puntos desde que empezaron los grandes ajustes en 2010 y se ha doblado desde 2008 (ha subido casi 56 puntos del PIB) pero la privada (que se había disparado antes de la crisis) ha disminuido unos 40 puntos del PIB desde este último año. Eso demuestra que lo que ha ocurrido es justo lo contrario de lo que se dice. La realidad es que la gran deuda privada (de la que más o menos el 70 por ciento correspondía a bancos y grandes empresas en 2008) fue la que provocó la crisis, mientras que el incremento de la deuda pública es su resultado. O con más precisión, la deuda pública tan grande que ahora tenemos es la consecuencia de que la gestión del Gobierno se haya dirigido, precisamente, a transformar la deuda privada de los privilegiados en deuda pública que pagamos todos.

Tampoco es cierto que la deuda pública se haya generado porque tenemos demasiados gastos sociales. Ni que, por tanto, sea imprescindible recortarlos, aunque es verdad que se ha producido un gran incremento (sobre todo en los primeros momentos, de 2007 a 2009) en los subsidios al desempleo, como consecuencia de la crisis.

Los datos muestran que si se tiene en cuenta solo el saldo primario, es decir, únicamente los ingresos y los gastos corrientes (sin los financieros correspondientes a intereses), España (como los demás países de la Eurozona) apenas tendría deuda acumulada, porque desde finales de la década de los ochenta casi todos los años ha registrado superávit primario. La deuda pública de España apenas superaría el 15 por ciento del PIB cuando estalló la crisis y ni siquiera habría subido demasiado desde 2008 hasta aquí. Por tanto, muy por debajo del límite del 60 por ciento que establecen las normas de la Unión Europea.

Si la deuda pública ha ido elevándose y se ha disparado en los últimos años, no ha sido realmente porque los españoles gastemos mucho en bienestar o, incluso, en otros gastos corrientes (a pesar de lo que acabo de señalar sobre los subsidios al desempleo).

Los tres factores que han hecho que la deuda suba de manera tan extraordinaria desde 2007 son, por un lado, la caída en los ingresos públicos como consecuencia de la crisis y de las reformas que se hicieron para aliviar la carga fiscal de las rentas y patrimonios más elevados (que han supuesto una pérdida de ingresos fiscales de unos 28.000 millones de euros al año desde el 2000). Por otro, las ayudas a la banca, a las que ya hemos hecho mención. Y, por último, los gastos financieros que genera la financiación de los déficits públicos por la banca privada y no por el Banco Central, así como el incremento de la deuda necesario para hacer frente a una factura por intereses tan alta.

En los sucesivos tratados de la Unión se estableció que el Banco Central Europeo no podía financiar a los gobiernos. Por tanto, estos han tenido que ir financiándose a través de los bancos privados, lo que ha multiplicado el pago de intereses e incrementado la deuda al obligar a suscribir nueva deuda para pagar la anterior. La diferencia entre ese 15 por ciento sobre el PIB en el que podría estar la deuda española —si los sucesivos saldos primarios hubieran sido financiados con tanta generosidad como el Banco Central Europeo financia a los bancos privados— y el 100 por ciento en el que nos encontraremos en 2015 procede, por tanto, de los intereses que hemos de pagar a estos últimos. Y, lógicamente, también de la mayor deuda que hay que suscribir para hacer frente a los pagos, como una pescadilla que se muerde la cola.

La trascendencia que tiene este hecho se entiende si se considera, por ejemplo, que España pidió prestados 235.280 millones de euros en 2013, según las cifras del Banco de España, pero de esa cantidad solo se pudo dedicar al gasto el 30 por ciento porque el resto, el 70 por ciento, se destinó a la amortización de deuda pasada. O también, teniendo en cuenta que si el Banco Central Europeo hubiera financiado la deuda pública española generada entre 2007 y 2013 a los mismos tipos que los aplicados a la banca privada, España habría tenido que pagar 103.000 millones menos en gastos financieros, lo que representa cinco veces más de lo que han supuesto los recortes sociales que se han llevado a cabo.

En definitiva, son los intereses y las políticas de recorte que deterioran la actividad los que están haciendo que suba sin cesar la deuda europea. Según los datos de Eurostat, el déficit público total de los países de la Eurozona fue de 292.772 millones de euros en 2013, pero el 95,3 por ciento de esa cantidad (278.990 millones de euros) corresponde a intereses de la deuda[25]. Una proporción que es menor en España (48,1 por ciento) porque el deterioro económico ha sido aquí más fuerte y produce una gran reducción en los ingresos: el déficit fue de 72.577 millones de euros y los intereses de 34.919 millones de euros.

La situación a la que se ha llegado es extrema: la deuda acumulada en Europa (y no solo en España) es materialmente impagable, además de ser en una buena parte injusta y generada ilegítimamente como consecuencia de la especulación, de la tardanza en actuar del Banco Central Europeo para darle alas al negocio bancario privado o por provenir de decisiones gubernamentales no consultadas a la población[26].

En contra de lo que algunos critican a los partidos y movimientos sociales que reclaman soluciones realistas para este problema, la cuestión no radica en querer pagarla o negarse a hacerlo, algo que por desgracia no suele estar al alcance de ningún deudor sin tener que sufrir consecuencias calamitosas. La cuestión es impedir que las economías se sigan estrellando contra el muro de una deuda materialmente impagable solo para seguir satisfaciendo la avaricia bancaria. Es completamente irracional empeñarse en algo que solo beneficia a la banca. La misma que en 2013 se embolsó 365.017 millones de euros en concepto de intereses en la Unión Europea y 6,2 billones de euros desde 1995 por ese mismo concepto. Si esas cantidades se hubieran evitado, tan solo permitiendo, como en otros países o en otros momentos históricos, que el Banco Central Europeo hubiera financiado los déficits (por supuesto, estableciendo para ello las condiciones necesarias para garantizar que se mantuviese la estabilidad de precios, lo que no tiene problema ninguno), se habría evitado que cerraran cientos de miles de empresas y que millones de personas perdieran sus puestos de trabajo o cayeran irremisiblemente en la pobreza. La propia crisis que ahora sufre la economía en su conjunto.

Incluso economistas que no son radicales ni heterodoxos, como el presidente del Instituto de Investigación alemán Ifo (Institute for Economic Research) Hans-Werner Sinn, han reconocido que es imprescindible ir hacia algún tipo de quita o reestructuración de los países de la periferia europea: «Creo que necesitamos una conferencia de deuda en la que la pongamos sobre la mesa, negociemos todos los países juntos qué hacer con esos niveles de deuda, pulsar el botón de reset y que países como Alemania asuman las pérdidas al perdonar parte de la deuda pública, de la deuda de los bancos y de la deuda del eurosistema. Porque las pérdidas están ahí de todas formas. La ilusión de recuperar el dinero es solo eso, una ilusión. Hay que afrontar la realidad, no creo que este proceso de negar la evidencia nos lleve a ninguna parte»[27].

¿QUIÉN SE BENEFICIA Y HASTA CUÁNDO SE VA A CONSENTIR?

Los datos que acabo de proporcionar no son sino una minúscula parte de las evidencias que muchos economistas han puesto sobre la mesa para demostrar que las políticas que se presentan como la única y más efectiva respuesta a la crisis son en realidad un fiasco desde este punto de vista. Se ha podido comprobar sobradamente que permitiendo que los bancos creen deuda sin cesar (porque así es como ganan dinero), transformando la deuda privada que generan en deuda pública, realizando recortes de gasto cuando los gastos escasean y las empresas no venden, o dando cada vez más poder de negociación y decisión a las patronales frente a las clases trabajadoras (que es lo que se ha hecho en los últimos años) no se resuelve la crisis. Todo lo contrario, la multiplica y agrava. Solo se consigue que sus efectos repercutan principalmente sobre los grupos de población de por sí menos protegidos y de menor renta, mientras que a la vez se recuperan los beneficios de los bancos y de las grandes empresas, pues a ellos apenas les afecta que caigan las rentas y la actividad en los países donde se aplican las políticas de recortes. Lo estamos viendo día a día.

CONCENTRACIÓN CRECIENTE DE LA RIQUEZA

Las pruebas del efecto real que tienen estas políticas también son evidentes. La banca española —que apenas financia a las empresas y consumidores— multiplicó por cuatro sus beneficios en 2013 y se dispone a consolidar un nuevo mercado, tras el desmantelamiento programado y controlado de las cajas de ahorro, que ya dominan solo tres o cuatro grandes entidades. Pero ni aun así les llega, como ya hemos visto, para financiar adecuadamente a la economía.

Las grandes empresas de los demás sectores han seguido esa senda de recuperación del beneficio. Las que forman parte del Ibex 35 ganaron 19.005 millones de euros en 2013, lo que representa —sin tener en cuenta los resultados de Bankia— un crecimiento del 57 por ciento. Y eso a pesar de que sus ventas cayeron un 4,71 por ciento con respecto a 2012 por efecto de la menor demanda interna.

Las políticas de austeridad también han reforzado la regresividad del sistema fiscal, permitiendo que las grandes empresas multinacionales apenas tributen en España porque trasladan sus beneficios. O que las que forman grandes grupos empresariales se beneficien de normas que les permiten tributar al 3,5 por ciento de media, en lugar de a casi el 30 por ciento que les correspondería[28].

Gracias a ello las grandes empresas han pasado de proporcionar el 22 por ciento de los ingresos fiscales a menos del 10 por ciento. Y las rentas del capital tributan casi a la mitad de lo que lo hacen los salarios sometidos a los tipos más elevados. A veces, incluso menos. En 2011 a las diez mayores empresas del Ibex 35 les hubiera correspondido pagar 10.211 millones de euros por el Impuesto de Sociedades (el 30 por ciento de los 34.036 millones de euros de beneficios antes de impuestos que obtuvieron). Sin embargo, solo pagaron 5.796 millones (el 18 por ciento de tipo efectivo sobre la base imponible). El resto, 4.415 millones de euros (más que todo el presupuesto para salud de la Administración Central en 2014), se quedó por el camino gracias al gran número de deducciones fiscales y estrategias contables.

Pero a pesar de que la fiscalidad del capital y de las grandes empresas es cada día más débil, la evasión fiscal en España ronda los 60.000 millones de euros (de los cuales, un 72 por ciento corresponde a grandes fortunas y empresas) y se estima que, por la falta de voluntad política en la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal, estos grandes evasores tienen guardados en paraísos fiscales unos 175.000 millones de dólares.

Los recortes fiscales, la enorme cantidad de recursos detraídos del gasto social para ayudar a la banca y al capital en general, y la disminución salarial son los factores que han generado una distribución cada día más desigual de la renta y una creciente concentración de la riqueza. Una desigualdad que en algunos países está llegando a límites desconocidos y que parecían inimaginables, como en Estados Unidos, donde el 1 por ciento más rico de la población se quedó en 2010 con 93 de cada 100 dólares de incremento en el ingreso del país[29].

Son políticas y medidas de este tipo las que han hecho que España sea el país de la OCDE, es decir, del mundo más desarrollado, donde más ha crecido la desigualdad durante la crisis y que ya seamos el segundo país más desigual de Europa, solo por detrás de Lituania[30].

Según un informe del Sindicato de Técnicos de Hacienda, la crisis ha disparado en España la brecha entre ricos y pobres y el 20 por ciento de los contribuyentes más ricos acapara ya el 44 por ciento de todos los ingresos declarados, mientras que, en el otro extremo, el 20 por ciento de los más pobres recibe solo el 6,6 por ciento[31].

La desigualdad es lo que ha deteriorado el mercado interno que provoca el cierre de empresas y el paro, que España sea el país que más riqueza ha destruido desde 2007 y que la pobreza se haya incrementado continuamente durante estos años de crisis. Nuestra tasa de pobreza severa en 2012 (6,4 por ciento) casi duplicaba a la de 2007 (3,5 por ciento) y la tasa de pobreza antes de transferencias sociales se sitúa prácticamente en el 30 por ciento, más de 5 puntos por encima de la que había al inicio de la crisis.

Y MÁS PRIVILEGIOS PARA LOS MISMOS DE SIEMPRE

El porqué del empeño frenético en insistir en medidas que no funcionan para lo que dicen que van a funcionar no es otro que el de salvaguardar los privilegios de la minoría que domina la economía y las finanzas y que ha secuestrado el poder político. Han logrado que un discurso que presenta la deuda como el resultado de haber vivido «por encima de nuestras posibilidades» genere culpa que paraliza a la gente y eso ha permitido cometer una estafa descarada, a la luz del día, sin apenas disimulo y en un marco de corrupción ya casi generalizada.

El engaño se consumó, pero la historia de los seres humanos nunca está escrita de antemano. Solo el futuro nos dirá si las turbulencias que presagian las encuestas, los resultados electorales recientes y la indignación que se percibe en el semblante de las gentes normales y corrientes se siguen traduciendo en silencios legitimadores o en una respuesta distinta que les haga frente.

IV

En el lado oscuro de la globalización

Àngels Martínez i Castells

Àngels Martínez i Castells es economista, doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y presidenta de Dempeus per la Salut Pública. Pertenece al Consejo Científico de Attac.

Ha participado en los últimos cuatro años en los siguientes libros colectivos: Reacciona (2011), Utopías (2012), Yes, We Camp! Trazos para una (R)evolución (2012), Actúa (2012), Perspectives (2013), El preu de la salut (2014) y prólogo al libro de Cafeambllet (2013) Artur Mas, on són els meus diners?

Blog Punts de vista: http://angelsmcastells.wordpress.com/

Twitter: @angelsmcastells

«Mi mensaje a los jóvenes es que ha llegado el momento de cambiar el rumbo de la nave [...]. Solo necesitan unirse y acordar que a una banda boguen hacia delante mientras en la otra cíen hacia atrás y el barco girará en redondo, poniendo proa hacia un desarrollo humano».

JOSÉ LUIS SAMPEDRO, Reacciona

Javier Bardem ganó en 2008 el Oscar al mejor actor de reparto por No es país para viejos, de los hermanos Coen. Fue el primer actor español en conseguir el galardón y lo certificó Pricewatherhouse Coopers (PwC), una de las cuatro mayores empresas auditoras y consultoras del mundo. Desde hace décadas las celebrities que pisan la alfombra roja saben que gracias a PwC nadie manipula los votos de los miembros de la Academia. Cuando en 2014 se cumplieron los ochenta años de su notariado, la publicidad no pudo ser mejor. Recorrió el mundo la fotografía de Bob Moritz, socio sénior de PwC, entregando a Michelle Obama el sobre con el nombre de la ganadora del Oscar a la mejor película.

A los presidentes de PwC les encanta aparecer sonrientes, en público, con la primera dama del mundo o las estrellas de Hollywood, pero utilizan mucho más sigilo a la hora de asesorar a los gobiernos sobre cómo cumplir los requisitos del Fondo Monetario Internacional (FMI) e implementar la gobernanza de la mano y a gusto de las grandes firmas multinacionales. De forma mucho más discreta, frecuentan ministerios y consejerías impartiendo la doctrina neoliberal de la globalización que va minando, con los Derechos Humanos, los servicios públicos.

LA MERCANTILIZACIÓN DE LA CONFIANZA Y EL NEGOCIO DE LA PRECARIEDAD

Lamentablemente, no todos los encargos a quienes trafican con la confianza del mundo son tan glamurosos e inocuos como actuar de fedatario en la ceremonia de los Oscar. Por ejemplo, el informe Fatal Fashion de SOMO[32] denuncia las pésimas condiciones de trabajo de fábricas textiles proveedoras de importantes cadenas de moda occidentales y acusa a consultoras «independientes» de que, tras numerosas y recientes auditorías y controles, fueran incapaces de detectar las graves deficiencias de seguridad y la precariedad de las estructuras. Tampoco supieron ver las salidas de emergencia bloqueadas en la Ali Enterprises en Karachi o en la Fashions Tazreen Limited de Dacca. Cuando se incendiaron estas fábricas textiles en Bangladesh y Pakistán en el año 2012, murieron cuatrocientas trabajadoras. Sin embargo, la Ali Enterprises había recibido el certificado SA8000[33] solo tres semanas antes del incendio.

Bangladesh alberga alrededor de cuatro mil quinientas fábricas textiles que producen para multinacionales como Tesco, Wal-Mart, H&M, Marks & Spencer, Kohl’s y Carrefour, y ahora se sabe que toda la supervisión y los controles eran falsos, desde los simulacros de incendios hasta el compromiso de respetar y proteger los derechos humanos y laborales de las firmas que encargan los pedidos. El mundo miró hacia atrás con horror y se dio cuenta del poco trecho recorrido desde el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York en 1911 que dio origen al Día Internacional de las Mujeres. Pero no hizo nada. En el incendio de Nueva York murieron obreras inmigrantes. Ahora, con la deslocalización de la producción, fingimos creer que se ha alejado también la precariedad, y los reguladores prefieren cerrar los ojos. Un siglo después del incendio de Nueva York, el esclavismo laboral continúa y sigue en el lado oscuro de la globalización con la pérdida de libertad y seguridad de las mujeres de las maquilas mexicanas o de los talleres clandestinos de las mafias chinas. Solo en Bangladesh, desde el incendio de la Fashions Tazreen Limited se han producido otros veintiocho incendios de fábricas, con ocho personas fallecidas y unas seiscientas afectadas.

Pero no solo el trabajo en condiciones ínfimas de seguridad conduce a la tragedia. La mercantilización de la seguridad vistió de luto a Madrid con la macrofiesta de Halloween del 2012, en la que perdieron la vida cinco muchachas aplastadas entre la multitud al tratar de salir de la pista por un pasillo de tres metros de ancho por el que también intentaba entrar gente. La empresa Diviertt había vendido muchas más entradas de las que el aforo del recinto permitía, con un servicio médico de pantomima. Tampoco ayudó la respuesta que aquella noche dio el SAMUR a los jóvenes que pedían auxilio. Y remató el despropósito que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, decidiese seguir celebrando su aniversario de bodas en un spa de Lisboa. Desde las autoridades se aseguró que el Madrid Arena había pasado todos los controles y las revisiones correspondientes. Sin embargo, tres días después del accidente, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) hacía unas declaraciones inapelables: «El Madrid Arena ha estado funcionando ilegalmente desde el principio, no ha tenido nunca licencia de apertura y funcionamiento ni plan de emergencias».

CUANDO LA SOSPECHA SE CONVIERTE EN CERTEZA EN EL IRREAL MUNDO DE LAS FINANZAS

Escribió ya en el año 2011 el profesor José A. Estévez Araujo[34] que las agencias de rating habían dejado de estar bajo sospecha «porque las sospechas se han confirmado y su responsabilidad en la crisis financiera ha quedado claramente demostrada». Apoyaba su afirmación en el informe de la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera hecho público a inicios de aquel mismo año y que en sus conclusiones señalaba contundentemente que «las tres agencias de calificación crediticia fueron las herramientas clave de la crisis financiera». No escatimaron acusaciones, desde evidencias de conducta fraudulenta y connivencia con los emisores de los bonos contaminados hasta falsificación de datos sobre la estabilidad de los productos estructurados, incluso cuando ya habían empezado a dejar de pagarse las hipotecas subprime. Pero el comportamiento que ilustra el conflicto de intereses no tiene nada de extraño: como se señaló desde los tribunales, las agencias cobraban tres veces más de lo habitual por calificar esos bonos... solo en el caso de que la calificación fuese la deseada.

Sin embargo, las agencias de rating —como si de un medio de comunicación se tratara— se escudaron tras la Primera Enmienda. Argumentaron que sus ratings, que hacían temblar gobiernos, eran solo «opiniones» como las que pueden leerse en las columnas correspondientes de los periódicos. En esta misma línea Antoni Brufau, presidente de Repsol (y exsocio sénior de Arthur Andersen, otra de las «cuatro grandes» del mundo de la auditoría), intentó tranquilizar la situación cuando las empresas de rating tiraron a dar contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Brufau recordó la magnitud de sus errores. Por ejemplo, la valoración positiva que habían concedido estas agencias poco antes del desastre a Lehman Brothers, Enron o a las hipotecas subprime.

Solo el convencimiento en la propia impunidad que les brinda el sistema justifica sus mentiras reiteradas, sus malas prácticas contumaces y el descaro de sus piraterías. Un caso especialmente doloroso es el de las preferentes de Caja Madrid y Bancaja (hoy Bankia), o de las dos mayores Caixas de Catalunya, o Caja Galicia, o la CAM, y tantas y tantas otras que intentaron desposeer de los ahorros de toda una vida a personas inocentes. Después de la bancarización de las cajas, que algunos economistas no dudaron en calificar de robo al Estado y al pueblo, el fallo definitivo de control, regulación y confianza lo cometieron la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y, en última instancia, el Banco de España. Poco después de estallar el escándalo se cifró la magnitud de la estafa en 29.713 millones de euros en preferentes y 16.138 millones en deuda subordinada (un total de 45.851 millones) a los «apreciados clientes». Muchos de ellos, para mayor escarnio, fueron multados después con cantidades desorbitadas por protestar ante las sedes de quienes les habían esquilmado. Como ha escrito Juan Torres, «tampoco es completamente cierto que en España no haya habido corralito. Es verdad que no se han cerrado los bancos para impedir que sus clientes pudieran sacar dinero de sus depósitos». Pero, en su opinión, mediante las preferentes y otras malas prácticas, «los bancos se han quedado con los ahorros de millones de españoles» y los sucesivos recortes del Gobierno han reducido los salarios para engrosar las rentas del capital. Por eso afirma que «nuestro corralito ha sido mucho más efectivo para los bancos: no se ve a simple vista y así es más difícil que se proteste por él».

Deloitte —otra de las cuatro grandes firmas auditoras— trabajaba para todas las cajas que fueron nacionalizadas o recibieron ayudas hasta que en verano del 2013 se le abrió un expediente sancionador. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) detectó importantes contratos conseguidos al margen de su función auditora que podían haber supuesto un conflicto de intereses especialmente grave cuando Bankia salió a Bolsa a mediados de 2011. Ya bajo la presidencia de José Ignacio Goirigolzarri, Bankia fichó a Ernst & Young. Sin embargo, ni esta ni su antecesora, ni regulador alguno, advirtieron que se habían maquillado las cuentas para salir al mercado bursátil (como terminarían descubriendo, en un informe exhaustivo de cuatrocientos folios, técnicos del Banco de España). Tampoco la estafa de la banda de las tarjetas black, con millones de euros opacos invertidos en sobresueldos, un despilfarro —o en comprar las voluntades de unos consejeros de Bankia más o menos afectos al Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida, la patronal, los sindicatos mayoritarios... y la Casa Real.

Sin embargo, a medida que las estafas crecen, también lo hace el cinismo de los delincuentes. También en verano de 2014 la Intervención General del Estado concluyó que Jenaro García, presidente de Gowex —una de las joyas de la economía española— había falsificado el 92 por ciento de sus facturas desde 2009 para lograr créditos, subvenciones y préstamos vinculados de Economía, Industria o del Banco Europeo de Inversiones por valor de treinta millones de euros solo hasta 2012, más algunas cantidades menores de la Comunidad de Madrid o en forma de crédito ICO. También en este caso encontramos a Ernst & Young, otra de las mayores empresas auditoras del mundo, asistiendo en primera fila a la impostura ciega, sorda y muda. Como asesor registrado en la salida a Bolsa de Gowex, no advirtió al Mercado Alternativo Bursátil del fraude, ni pareció darse cuenta —como sí ha hecho Anticorrupción— de que Jenaro García evadía a paraísos fiscales decenas de miles de euros procedentes de las sucesivas ampliaciones de capital. Sin embargo, según Luis María Linde, gobernador del Banco de España y máximo responsable de la supervisión bancaria en nuestro país, el escándalo Gowex «es un tema menor», son cosas que también pasan en otros países.

En el otro lado del embudo, en la burbuja en que viven los poderosos y sus privilegiados mayordomos, quizá se vean todas estas estafas como un grano de arena más de un tema menor. Y así hasta el infinito... o hasta que su burbuja estalle.

LAS PUERTAS GIRATORIAS, LAS «PUERTAS GATERAS»... Y GOLDMAN SACHS

La corrupción ha creado, para sus trasiegos, sus propias autopistas y sus viales de paso. Y un papel determinante lo desempeñan las puertas giratorias que conectan el sector privado y el sector público. Aunque ni están todos los que son ni son todos los que están, las puertas giratorias son también una eficaz señal de alerta. Por ellas transitan altos cargos de la política, la legislatura, la regulación o la economía en la confianza de que, sea cual sea la institución que les abone sus honorarios, defiendan los intereses privados en lugar del bien común que se supone es tarea del político. Como denunciaba Transparencia Internacional[35] en un informe financiado por la Comisión Europea, España obtuvo un redondo 0 en una clasificación de 0 a 100 en algunos parámetros y un suspenso en su conjunto: «No hay una normativa que garantice conocer en todos los casos quién influye, cómo, sobre quién, con qué resultados y con qué medios económicos lo hace». En cualquier caso, el estudio confirma que la conexión entre negocios y política es alarmante, y explicaría que la percepción de la corrupción sea mucho más elevada en España que en el resto de Europa, como también muestra el Eurobarómetro. El director del estudio, Manuel Villoria, refiriéndose al habitual fichaje de expolíticos en grandes empresas, concluye: «Hay modalidades de puertas giratorias que son tan groseras que son casi un soborno». Para recordar que las puertas giratorias se transitan en los dos sentidos, podríamos recordar que el ministro De Guindos trabajó en Lehmans Brothers, el cisne negro del dogma too big to fail, en tanto que Jordi Sevilla, el famoso ministro de las «dos tardes» de economía que necesitaba Rodríguez Zapatero, cruzó las puertas giratorias en dirección a PwC. Y ya, si me permiten, el actual conseller de Salut de Catalunya, Boi Ruiz, peregrinó desde el cargo de director general de la Unió General de Hospitals, la patronal de la sanidad privada de Catalunya, al Departament de Salut. Una prueba evidente de que las puertas giratorias son más una realidad que una metáfora lo demuestra el hecho de que, gracias al conseller, se ha incluido a la todopoderosa Capio en el escandaloso reparto de las derivaciones de personas enfermas de la sanidad pública a la privada... y que, mientras se imponen políticas austericidas a la sanidad pública, aumenta el porcentaje de fondos públicos destinados a las entidades concertadas.

En algunas de estas puertas giratorias existen también «puertas gateras», en las que los empleados de consultorías o agencias de calificación sirven a los intereses de los grandes bancos privados. Por ejemplo, un porcentaje nada despreciable de empleados de la agencia calificadora Moody’s encontró nuevo empleo en sus bancos «clientes», por lo que no debería extrañar que un analista, al mismo tiempo, calificara los bonos de un banco mientras negociaba su contrato. Las «puertas gateras» explican que algunos organismos reguladores se convirtieran de hecho en asesores sobre la mejor manera de burlarlos o sobre cómo conseguir la máxima calificación.

En cualquier caso, si por las puertas de alguna empresa financiera transita más poder, estas son, sin duda, las de Goldman Sachs Group, que se dedica, oficialmente, a dar servicios de asesoría para fusión de empresas y manejo de inversiones. Esta compañía, de 948.000 millones de dólares en activos y alrededor de 32.600 empleados, es la principal suministradora de políticos en ejercicio y con poder indiscutible en todo el mundo.

El modelo de negocio de Goldman Sachs sigue siendo altamente tóxico, pero puede permitírselo con arrogancia porque cuenta también con la máxima protección. Entre las más destacadas, la del que fue hasta hace poco secretario del Tesoro de Barack Obama, Timothy Geithner, que cuando presidió anteriormente la Reserva Federal de Nueva York hizo valer toda su influencia para que Goldman Sachs fuera «compensada» con el 100 por ciento de sus apuestas contra hipotecas. De hecho, las querencias de Obama por el mundo financiero parecen confirmadas por el hecho de que los más altos consejeros de su Administración son las personas que crearon la estructura de este sistema financiero en quiebra. Hasta el nombramiento de Janet Louise Yellen como presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos en febrero del 2014 era difícil ponerlo en duda.

Goldman Sachs no es solo el gran agente de la globalización neoliberal, sino que ha conseguido poner la globalización a su servicio. En el 2011, sin pasar por ninguna urna, conquistó las más altas cotas de poder en Europa. Recordemos: los mercados financieros se inventaron, en una variante de sus maniobras especulativas, que Italia debía pagar una prima sobre sus bonos por tener a Berlusconi al frente de su Gobierno. En sentido contrario, tampoco les gustó que Yorgos Papandreu, el primer ministro de Grecia, quisiera consultar a la ciudadanía el paquete de ajustes del segundo rescate de 130.000 millones de euros aprobado por Bruselas.

Y entre el ruido y la furia desencadenados (y más aparentes que reales) aparecen en centros neurálgicos del poder político y económico europeo en aquellas fechas Mario Monti (nuevo jefe de Gobierno italiano), Lucas Papademos (nuevo jefe de Gobierno griego), Mario Draghi (nuevo jefe del BCE) y Peter Sutherland (muy influyente en la política económica de Irlanda). Los cuatro proceden de Goldman Sachs, que sigue tejiendo su red de seguridad para que la crisis se resuelva sin dañar al sector bancario. Pero no son solo los únicos agentes de la TINA (there is no alternative) ni de un falso consenso sobre la fabricación de la desigualdad. De acuerdo con Marc Roche, el periodista de Le Monde[36] se trata de captar para la «única política posible» que encarna los intereses de Goldman Sachs a los altos cargos de la Unión Europea y a los gobernadores de los Bancos Centrales de cada país. Completarán el equipo otros «economistas» neutrales que aseguren que las leyes se redactan a su favor.

En el año 2011 Goldman Sachs, sin pasar por las urnas, tuvo en Europa (y aún retiene) más poder político que los políticos, los diputados ordinarios y, por supuesto, la ciudadanía. Y su estrategia continúa, reemplazando políticos (corruptos o no) por tecnócratas. Así se defienden sin pasión ni aparente carga ideológica ajustes estructurales que laminan derechos, políticas fiscales favorables a los más ricos y reformas laborales que no combaten el paro y permiten, en cambio, salarios que no sacan de la pobreza. Los gobiernos de los países domesticados por los intereses financieros deben limitarse a ser agentes de la deuda, siempre mayor, siempre creciente, que debe abonar religiosamente intereses y sobre todo a los acreedores internacionales. A primeros de octubre de 2014 la deuda pública en España superaba el billón de euros y amenazaba con sobrepasar, en pocos meses, el 100 por ciento del PIB, por más retoques, extensiones y añadidos que le pongan. España es ya el segundo deudor exterior más importante del mundo después de Estados Unidos y nuestra democracia sigue supeditada al interés de Wall Street y las bolsas de valores de Londres y Fráncfort. Mientras, en el Gobierno del Partido Popular, los tecnócratas avanzan de la mano de Soraya Sáenz de Santamaría.

LA DESIGUALDAD RAMPANTE EN UNA ESPAÑA EN VENTA

Esta deuda creciente, hasta que no se entienda en gran medida como impropia, sirve de coartada para justificar nuevas marcas en desigualdad. Son seis más los españoles que este año figuran en lugares destacados de la lista Forbes, con Amancio Ortega de Inditex, el hombre más rico de Europa, como abanderado nacional. Si aceptamos, con fundamento, el patrimonio escondido en paraísos fiscales, serían muchos más los españoles que disputarían puestos destacados: bastaría con recolocar con su patrimonio real a distintos miembros de la familia Pujol. Incluso el FMI reconoció para España, en la primavera de 2014, el triste honor de ser el país de la Unión Europea donde más han aumentado las diferencias entre ricos y pobres, y una manera de verlo más próxima es que en España, y según la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2014, una de cada cinco familias carecía de ingresos. Intermón Oxfam, en una visión más amplia, enuncia que la riqueza de los veinte hombres que encabezan la lista Forbes es igual a los ingresos del 20 por ciento de la población más pobre del mundo.

Pero el Gobierno de Rajoy no quiere darse por enterado. Para rebañar los restos de lo público, en especial los que podían desempeñar un papel compensatorio, España ha colgado el cartel de saldos y liquida lo que queda (que ya es muy poco) de empresas y servicios públicos. Así, María Dolores de Cospedal trata de conseguir fondos a costa de los montes públicos de Toledo resucitando con opacidad (y varapalo judicial incluido en 2012) las leyes de cercados y privatización de los terrenos comunales que se iniciaron en Gran Bretaña en 1604. Pero es que doña María Dolores es, en el fondo, una castellana con mantilla de lo más clásico que sigue en el estadio inicial de la desposesión y explotación de lo público, a pesar de que nunca el saqueo haya abarcado tantas modalidades como ahora. Algunos políticos se adelantan, en determinados aspectos y de la mano de las grandes asesoras internacionales, a la piratería que se organiza en la oscuridad de los Tratados TTIP, Tisa y Ceta para poner en almoneda, y de forma definitiva, los bienes comunes, el patrimonio de todos, y mucho más: patentes, sanidad, legislación laboral, información, servicios..., en una legalización de los desequilibrios y constitucionalización de la desigualdad que se inauguró con la modificación del artículo 135 de la Constitución el 23 de agosto de 2011. Un enorme dislate social y democrático en pleno clímax del bipartidismo, cuando entre el PP y el PSOE contaban con más del 90 por ciento de diputados y senadores.

DEL PALCO DEL BERNABÉU A LA OPERACIÓN «CASTOR» Y MÚLTIPLES SERVICIOS PÚBLICOS

Hay un prohombre en España que se basta y se sobra para abarcarlo casi todo y todavía tener tiempo para ser un excelente anfitrión. Tanto en el campo del Real Madrid (equipo del que es presidente) como para trasladar políticos en su avión privado desde Buenos Aires tras el fracaso de la candidatura de Madrid para las Olimpiadas de 2020. El presidente de la Comunidad y la consejera de Educación, Juventud y Deportes, con tantos contratos que gestionar, gozaron de esas comodidades en momentos tan duros.

Pues bien, si utiliza usted cocina a gas, calefacción y caldera le abonará en los próximos años a Florentino Pérez 182 euros de más como indemnización a su empresa ACS responsable del proyecto Castor. Un proyecto de captación de gas frente a las costas de Tarragona y Castellón que provocaba temblores en las viviendas (aunque no era para tanto, según explicó el propio Florentino a Jordi Évole en el programa de televisión Salvados). Los de Vinaroz y alrededores «se asustan por nada, porque no hubo ningún temblor en ninguna casa...», dijo Florentino.

El Gobierno fue más precavido (¡solo les faltaba que se les hundieran casas en el litoral del abuelo Fabra!) y aprobó la indemnización a Escal UGS, sociedad controlada por el grupo presidido por Florentino Pérez, por un total de 1.350 millones de euros a la compañía liderada por ACS mediante el traspaso del almacenamiento subterráneo a Enagás, que a cambio recibe un derecho de cobro por la misma cantidad. Explicaban desde El Confidencial que «para evitar que este embolado tuviera consecuencias en la solvencia financiera de la empresa presidida por Antonio Llardén, Enagás ha firmado un crédito sindicado con Caixabank, Bankia y Banco Santander, que ahora recibirán una rentabilidad por este préstamo a treinta años. El coste final irá a parar a los operadores del sistema gasístico (Iberdrola, Gas Natural, BP, Petrobras...), que posteriormente se lo traspasará a las compañías comercializadoras (Iberdrola, Gas Natural, Endesa, Gas Comercializadora, EDP, Cepsa)». De ahí los 182 euros que toca pagar a cada ciudadano consumidor de gas por el fracaso de un proyecto que por supuesto, como siempre pasa con la marca España, triplicó sus costes en relación con el presupuesto inicial. Florentino Pérez, precisamente por una licitación muy por debajo de su valor real, también tuvo que ver con la huelga de basuras de Madrid. Y así según pudimos leer: «Apenas 72 horas después de haberse adjudicado amenaza de huelga mediante el servicio de recogida de basuras de la periferia de Madrid, ACS ha vuelto a hacer la oferta más barata, en esta ocasión para hacerse con Servicio Especial de Limpieza Urgente (Selur) de la capital». Urbaser, que pertenece al grupo presidido por Pérez, ha presentado una propuesta un 15,76 por ciento por debajo de los 72,6 millones de euros recogidos en los pliegos, importe que le ha permitido ser seleccionada ya como adjudicataria provisional de un contrato de siete años de duración.

¿Se mostró Florentino Pérez mínimamente sensible y agradecido por la explotación, desposesión y sobrecostes que impone al pueblo llano? Para nada. Más adelante decide también vender su participación en el hospital público madrileño Puerta de Hierro-Majadahonda al fondo de inversión holandés DIF. ¿Un fondo buitre? Pues es probable. Cuando la sanidad y los servicios públicos se convierten en un negocio, quienes sacan provecho (fondos holandeses o presidentes del Real Madrid) no se comportan precisamente como ciudadanos en busca del bien común. La empresa de Florentino, Iridium, informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que «ha procedido a vender el 80 por ciento de sus participaciones en distintos activos concesionales». Es decir, diferentes servicios públicos que habían sido privatizados en su gestión por las administraciones. Entre los que detalla la nota de ACS están el mencionado hospital, diversos intercambiadores de transporte público en Madrid y la Línea 9 del metro de Barcelona). Ingresos para la empresa: 175,2 millones de euros. Beneficios estimados con el trapicheo con las infraestructuras públicas: 44,7 millones de euros.

El hospital de Puerta de Hierro-Majadahonda fue uno de los primeros que el Gobierno de la Comunidad de Madrid utilizó para implantar la fórmula llamada PFI en la que la construcción y la gestión de todo lo no sanitario del centro se adjudica a empresas privadas a cambio de un canon anual (en este caso prolongado durante treinta años). Iridium se hizo con la concesión de Puerta de Hierro en 2005 al decidir el ejecutivo regional que adoptaría este modelo para trasladar el hospital desde su ubicación clásica en la capital hasta la población periférica de Majadahonda. Y, como vemos, se puede traspasar, vender y, en definitiva, hacer negocio.

LA MERCANTILIZACIÓN DE LA SANIDAD Y SUS CABALLOS DE TROYA

En junio de 2012 se publicaba la noticia de que la consultora PwC estaba asesorando «en la sombra» a la Conselleria de Sanitat valenciana en el cambio de modelo que pretendían dar a sus políticas. Las «novedades» implicaban profundizar la colaboración público-privada y abrir «diálogos competitivos» con empresas privadas. Unas semanas antes, en el mes de abril, PwC había dado a conocer un decálogo sobre los cambios a su parecer imprescindibles. En el mismo habían colaborado expertos con los que se puede confeccionar un pequeño almanaque de Gotha de la privatización de la sanidad. Así, junto al director de Innovación de Capio, Rai Belenes, figuran Ana Pastor (PP) y Julián García Vargas (PSOE), el exconseller de Sanidad de la Comunidad Valenciana en tiempos de Camps; Manuel Cervera, más tarde imputado en el caso Gürtel, que consiguió durante su mandato que la Comunidad Valenciana tuviera la menor ratio de todo el Estado en camas hospitalarias y la mayor en listas de espera; el director general de Ribera Salud, Alberto de Rosa; el conseller de Salud de Catalunya, Boi Ruiz, y el titular de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty[37]. Sus planes provocaron las grandes mareas blancas de Madrid que aún perduran en defensa de la sanidad pública. Cuando Lasquetty fue finalmente desautorizado por los tribunales, Ignacio González «aceptó» su dimisión.

Como medidas recaudatorias, Lasquetty copió de Boi Ruiz el euro por medicamento e impulsó sus planes estrella: la externalización de servicios en los hospitales públicos, la privatización de la atención sanitaria en seis de los siete hospitales de gestión privada construidos en los últimos años y del 10 por ciento de los centros de salud de la región y la transformación del hospital de la Princesa y del Carlos III: el primero sería un centro especializado en personas mayores y el segundo (donde se desmontaron servicios especializados que tuvieron que recomponerse a toda prisa y mal para atender a los misioneros enfermos de ébola), un hospital de estancia media. La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS) consideró una aberración sanitaria el cierre del centro de referencia estatal para alertas epidémicas y acusó al ministerio que regentaba Ana Mato de estar importando «lo que era el primer caso de ébola en el Estado español y en Europa». CAS Madrid creía que se estaba sometiendo a un riesgo absolutamente injustificado a las trabajadoras y trabajadores del hospital Carlos III y en general a toda la población.

En los orígenes de todo el disparate encontramos, como en tantos desvaríos austericidas de la Comunidad de Madrid, a su «lideresa». En 2008, cuando Esperanza Aguirre era su presidenta, decidió eliminar la Dirección General de Salud Pública y el Instituto de Salud Pública. Y todavía no hemos pagado todas sus consecuencias.

Sin embargo, los planes privatizadores siguen vigentes. Según PwC, sigue siendo preciso flexibilizar los elementos más negativos del sistema público, entre los que destaca «la existencia de plazas en propiedad, la extrema rigidez para la adaptación de los horarios y las dedicaciones a las necesidades asistenciales, un sistema disciplinario ineficaz y, sobre todo, las limitaciones para la diferenciación y el reconocimiento del mérito individual y colectivo». Y para asesorar sobre las medidas recomendadas, no dudaban en tomar prestadas otras identidades, como por ejemplo la del National Health Service (NHS). Aunque no siempre conseguían mantener el disfraz: la Plataforma Salvemos Telemadrid denunció a finales de julio de 2013 que una supuesta visita oficial del NHS a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid era, en realidad, otra visita más de PwC.

CATALUNYA, EN LA VANGUARDIA DE LAS INNOVACIONES PELIGROSAS PARA LA SALUD

En la introducción de esos caballos de Troya en nuestra sanidad pública no hay que olvidar el papel pionero de Catalunya[38], que ya se distinguió por «innovar» en el sector mucho antes del vergonzoso caso del euro por medicamento. Catalunya fue la primera en «explorar» los supuestos beneficios de la «colaboración» público-privada y llevar la mercantilización de la sanidad a terrenos hasta entonces inexplorados... casi siempre con el asesoramiento de PwC. Más allá de los conciertos, fundaciones y externalizaciones al uso, encontramos las primeras menciones sobre los beneficios de la venta de información médica de los ciudadanos en varios documentos publicados por TicSalut. Esta fundación se creó en 2006 con financiación totalmente pública a instancias de la consellera Marina Geli (PSC) y se abrió dos años más tarde al sector privado. Entre las nuevas empresas que forman el Consejo de Empresas de la Fundación TicSalut destacan algunas farmacéuticas (Baxter, Esteve, Roche), consultoras (Applus, PwC, Deloitte), empresas tecnológicas (Telefónica, IBM, Indra) y proveedores varios (El Corte Inglés, Agfa, Linde Healthcare). Es curioso lo poco que sabemos sobre cómo se desarrolla el programa cuyos objetivos fundamentales parecían ser la tarjeta sanitaria, la historia clínica digital y la receta electrónica. Sin embargo, en uno de los más llamativos nos encontramos de nuevo a PwC. Se trata del programa VISC+[39] —destinado en exclusiva a las empresas privadas— para la comercialización de los servicios que ofrece un proyecto basado en que nuestra historia sanitaria pueda venderse en Catalunya a farmacéuticas, aseguradoras, empresas de tecnología sanitaria, prestadores de servicios sanitarios privados o en las empresas de recursos humanos. Sin nuestra autorización y sin que nosotros siquiera lo sepamos.

No puede concluirse este apartado sin hacer mención al atentado más grave a nuestra salud y al sistema sanitario: el Real Decreto 16/2012, que dejó sin tarjeta sanitaria a más de 870.000 personas de un día para otro. Se justificó en la necesidad de reducir el déficit y dos años después Ana Mato cifró el ahorro (por demostrar) en más de 5.000 millones de euros. Un «ahorro» dudoso desde el punto de vista legal, ya que el Tribunal Constitucional ha cuestionado en dos ocasiones la exclusión de personas enfermas de la atención sanitaria. En cambio, para Médicos del Mundo y la plataforma Yo Sí Sanidad Universal las repercusiones del decreto en términos de vidas humanas han sido carísimas, con las muertes evitables de Alpha Pam, Soledad Torrico y Jeanneth Beltrán.

GENTE SIN CASAS Y CASAS SIN GENTE... EL RESTO SE VENDE

Margaret Thatcher ya tiene una plaza en Madrid, en cuya inauguración rivalizaron por conseguir el primer plano Ana Botella y Esperanza Aguirre. Su admirada dama de hierro había abierto camino a las políticas neoliberales con la privatización de la vivienda pública. Thatcher no escondía su objetivo: se trataba de encontrar nuevos campos para la acumulación de capital y convertir en mercancía todos los bienes y servicios públicos que el capital privado pudiese gestionar. Uno de los más fáciles y políticamente menos costosos era, en el Reino Unido de la época, el de la vivienda.

Pero no siempre copiar a Margaret Thatcher es oportuno ni sale a cuenta. Ana Botella anunció en 2012 que no construiría más vivienda pública cuando había más de 13.000 familias madrileñas a la espera de un piso protegido. Y decidió seguir aplicando el programa thatcheriano cuando todo el Estado se agitaba en una tormenta de desahucios y la gente de a pie se organizaba con nuevas maneras e iniciativas para defenderse. Así, mientras la Plataforma por Afectados de la Hipoteca (PAH) abría las noticias con su activismo contra los desahucios, el Ayuntamiento de Madrid decidía liquidar su paquete de viviendas sociales junto con la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). Justificó su necesidad una auditoría confidencial —que a estas alturas ya atribuirán a PwC— a la que tuvo acceso El País. La auditora consideraba a la empresa municipal «no operativamente viable» y recomendaba, entre otras medidas, vender pisos de alquiler para obtener liquidez a corto plazo. Naturalmente, los auditores multimasterizados de PwC no tenían por qué saber historia ni entender la distinta —y fundamental— naturaleza de los bienes y servicios públicos en relación con los bienes llamados «de mercado». La función social de la vivienda era un sinsentido para Margaret Thatcher, y carece de contrapartida contable para los auditores de PwC.

Una venta de remate al fondo buitre Blackstone salvó de momento a la EMVS, pero salió carísima en términos económicos y sociales. Las 1.860 viviendas (ubicadas en Carabanchel, Centro, Villa de Vallecas y Villaverde) tenían un valor contable de 162 millones pero se colocaron por 128,5 millones; es decir, con un descuento del 20 por ciento. La EMVS reconoce unas pérdidas asociadas de 30,6 millones y 2 millones más en comisiones. Sin embargo, unos meses después vendió otras 163 viviendas, la mayoría habitadas, en Villa de Vallecas, 90 viviendas vacías en Vicálvaro y 82 viviendas, también habitadas en su mayor parte, en Usera. Ana Botella demostró, de nuevo, que no sabía hacer las cosas: en agosto de 2014 un juzgado de Madrid abrió diligencias previas por la venta a Blackstone de pisos en Madrid a 67.000 euros, mientras se negaba la posibilidad de los inquilinos a acceder a la propiedad de su hogar por el mismo precio y se incrementaban los desahucios.

Ada Colau con la PAH defendía soluciones como la dación en pago para saldar las deudas hipotecarias, la paralización de los desahucios y el alquiler social, mientras Ana Botella sigue poniendo en venta vivienda pública de alquiler. Desde 2008 la PAH ha conseguido evitar más de mil desahucios (aunque se sigan produciendo casi doscientos desahucios al día en todo el Estado). Sus soluciones al problema de la vivienda están contenidas en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada en febrero de 2013 en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de 1,4 millones de firmantes. El Partido Popular, sin embargo, aprobó una nueva Ley Hipotecaria que se resiste a superar la caspa de los tiempos de Isabel II. Una ley tan sesgada hacia la banca que en julio de 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la condenó por vulnerar los derechos humanos y ser contraria al artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales y a la Directiva 93/13 relativa a los consumidores. Es la segunda vez que instancias jurídicas europeas se pronuncian contra la ley, y en esta ocasión señalan además que no suspender el procedimiento hipotecario, en caso de demanda ante el juzgado de lo mercantil, es contrario al derecho comunitario. Pero no importa. Los desahucios siguen, e impulsan nuevas acciones solidarias. Por ejemplo, con lo que se conoce como Obra Social de la PAH, se han ocupado edificios de sucursales bancarias para forzar negociaciones con los bancos desahuciadores y propiedades del «banco malo» (SAREB)[40] para alojar familias desahuciadas.

No puede cerrarse el círculo vicioso porque se alimentan nuevas burbujas especulativas y proyectos fallidos o por quebrar con presuntos mafiosos, tanto en Madrid como en Catalunya. El proyecto Barcelona World presagia nuevos y peligrosos desatinos, confiado como está a Enrique Bañuelos[41], el Sheldon Adelson de Artur Mas. Pero en lugar de prevenir, mejor tropezar las veces que sea en la misma piedra. Quiere ahora el PP resucitar el cadáver de Eurovegas. Su nuevo karma podría deberse al magnate Wang Jianlin, propietario del grupo Dalian Wanda, a quien el Banco de Santander ya vendió el Edificio España por 256 millones de euros. Ese nuevo intento de perpetrar Eurovegas ayudaría a entender el viaje a China de Rajoy cuando Catalunya desafiaba esta España una, disoluta, corrupta y en venta[42] y Gallardón dimitía de Justicia: bien merece un viaje incómodo y en tan mal momento rendir votos y conseguir algo más llamativo para el gran público que la promesa china de seguir comprándonos deuda pública.

HUMPTY DUMPTY SACA LOS COLORES A LOS DIRIGENTES DEL PP

Humpty Dumpty es mucho más que un personaje de Lewis Carroll, o un huevo de pascua sabio. Es también quien nos avisa, con Alicia en este lado oscuro de la globalización, que las palabras pueden tener muchos sentidos, pero que lo que de verdad importa es quién sea su dueño. Humpty Dumpty puede sernos de utilidad para poner en su justo lugar las declaraciones de Cospedal sobre el PP como único garante del Estado del bienestar, o las «raíces vigorosas» de Rajoy, este político-percebe (con permiso de Rosa María Artal) y tan bien definido por Jesús Maraña que solo se mueve «entre lo que sea costumbre» y «lo que manden». Sabemos con Naomi Klein que la privatización abre nuevas oportunidades para la acumulación, y los políticos aprovechan (en especial en tiempos electorales) para fantasear sobre una economía muy dinámica (e incluso envidiada, que ya es desafinar). Sin embargo, el precio que hay que pagar por ello es que la gente pierda sus derechos en todos los dominios que se privatizan. Por esa razón, David Harvey explicó situaciones como las que estamos viviendo como de «acumulación por desposesión».

También Cristóbal Montoro debe ser pasado por el prisma de Humpty Dumpty: valoren si no el nombre de «Programa para la puesta en valor de los activos inmobiliarios» para la liquidación de 14.135 inmuebles desde 2013 hasta 2015. Con ese programa de nombre equívoco, la Dirección General del Patrimonio del Estado se deshace[43], entre otros, de edificios históricos como la antigua sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los viejos estudios de RTVE o la Policlínica Naval Nuestra Señora del Carmen[44]. Si tienen ustedes interés por comprar (o denunciar) este remate, en la web del Ministerio de Hacienda. Ni las universidades escapan del mercadillo: la Universitat Politècnica de Catalunya pone en venta doce edificios por los que pretende ingresar hasta cincuenta millones de euros. Y podemos encontrar pinacotecas a precio de saldo: cuadros del Ayuntamiento de Madrid triplican su precio ya en manos privadas.

También la Generalitat de Catalunya hacía las cuentas de la lechera esperando ingresar unos cuatrocientos millones de euros en un año por la venta de edificios públicos. En un inesperado ataque de lógica y como clara metáfora de los tiempos que corren, en el lote de edificios a subastar figura en lugar destacado la sede del Departament de Benestar i familia..., ¿o es que no tiene sentido pulirse la sede cuando ya se han liquidado las políticas?

... Y a todo eso, la jerarquía eclesiástica española a lo suyo, negándose a pagar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) so amenaza de disminuir su aportación (escasa en porcentaje) a Cáritas cuando los comedores sociales y los bancos de alimentos no dan abasto siquiera para asegurar una nutrición correcta a los niños. Mientras, Rouco, pese a su jubilación forzosa y forzada, se negaba a abandonar la planta noble del Palacio Arzobispal de Madrid, su chófer y sus cuidadoras. Ya en su momento había ordenado registrar a nombre de la Iglesia todos los inmuebles que los obispados podían declarar como propios, mezquita de Córdoba incluida.

NUEVA LLAMADA A REACCIONAR

Cerrando un paréntesis de concesiones obligadas, el capitalismo se nos muestra como es, con el rostro deformado de su origen. Empezó con la expropiación histórica de los terrenos comunales en Inglaterra que arrojó a los campesinos sin tierra a los caminos. Ahora obliga, como entonces, a segar raíces, encaramarse a vallas coronadas de cuchillas, desafiar el mar y la noche en pateras, emigrar con los sueños rotos, mal doblados y confundidos, en los hatillos de nuestra época. La expropiación sigue siendo la misma, dejando sin tierra a campesinos de la selva del Amazonas o a las comunidades africanas. O poniendo cotos de caza en Toledo. Ha avanzado un largo trecho en el lado oscuro hasta mercantilizar nuestra intimidad, nuestras enfermedades y nuestros deseos, nuestra capacidad de crear, amar, investigar. Ha puesto peajes y barreras a la posibilidad de desarrollar nuestras capacidades si no es para el beneficio del amo. Y toca reaccionar con urgencia para recuperar la cultura práctica de la vida en común, del pensar en colectivo y volver a sonreír para olvidar el miedo. Toca reaccionar para no confundir solidaridad con caridad, y recuperar las palabras que permiten cruzar las corrientes para llegar al otro lado, y que se enseñe en las escuelas a ser libres y felices.

El periodista y escritor portugués Filipe Diniz advertía que en la ofensiva que quiere arramblar con lo que queda del «Estado social» resuena el viejo «Viva la muerte» de Millán Astray. Y lo ilustraba explicando que en plena campaña presidencial en Estados Unidos se discutía el Obamacare con partidarios de dejar sin asistencia a quienes careciesen de seguro de salud: «La libertad es solo eso, asumir su propia responsabilidad», argüían, aunque eso implique dejar morir a las personas. Para quienes defienden la salud como mercancía solo vale la ley del más fuerte cuando ellos son los más fuertes. Pero no hay que ir a Estados Unidos para ilustrarlo. Tenemos aquí nuestros propios verdugos con máster que firman, propugnan, elaboran o disimulan los recortes brutales en educación, salud, seguridad social, rentas mínimas de inserción, salarios de supervivencia. En marzo de 2012 Patricia Flores, viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, se preguntaba si tiene sentido que un enfermo crónico viva «gratis» del sistema. Y esa misma falta de humanidad se traduce en las políticas sociales de la dependencia, que perdía en 2014 una media mensual de 3.413 beneficiarios, con 17.065 personas menos recibiendo ayudas en los primeros cinco meses del año. Cuando los políticos son desalmados y los derechos no son universales sino proporcionales a la capacidad económica de cada uno, las mujeres y las redes sociales intentan compensar la inhumanidad del sistema, pero no pueden impedir que mueran jóvenes como Alpha Pam.

Hemos visto en muy pocos años cómo la gente desahuciada se hacía fuerte defendiendo un techo para los suyos, bomberos que se negaban a ser utilizados para que la gente más débil perdiera su hogar y cerrajeros que se negaban a cambiar el bombín de las casas asaltadas por los bancos. Hemos descubierto la rabia y el estupor de los desobedecidos, pero, más increíble todavía, nos han sorprendido los jueces que no firmaban órdenes de desahucio. Hemos visto a personas enfermas negarse a pagar el euro de la vergüenza mientras se fortalecía y extendía la insumisión con las mareas de todos los colores. Y hemos caminado con los jornaleros andaluces y los mineros de León, Asturias y otras cuencas, que en un domingo de gloria tomaron Madrid y llenaron de dignidad las más amplias alamedas. Alguna simiente de insumisión arraigó en el barrio del Gamonal de Burgos y dio frutos en Bellvitge rozando casi un milagro laico: enfermos que se negaron a ser cambiados de planta para evitar más cierres de camas en hospitales públicos, o que no cayeron en la trampa de hacerse de una mutua, o se negaron a ser derivados a hospitales privados. Pacientes que prefieren defender —y exigir y denunciar— un lugar ignoto en listas de espera opacas, desesperantes, antes que perder el derecho a ser tratados en la sanidad pública. Pacientes que ensamblaron el grito de «ni casas sin gente ni gente sin casas» con el de «ni camas sin pacientes ni pacientes sin cama».

En esa lucha desigual, pero apasionante, cada uno aporta lo que puede, lo que tiene, lo que sabe. En la lucha por la tierra, contra Monsanto y los transgénicos se unen los agricultores expropiados de sus semillas con los científicos honestos y alarmados por las consecuencias de la biotecnología y los defensores de los derechos humanos de todos los continentes. Y los jóvenes se funden con los mayores en la denuncia del fracking, de las explotaciones de petróleo que rompen las costas. Y al tiempo que defienden las aguas limpias y el paisaje, aprenden que es hora también de decidirlo todo. Todo. Que no hay que dar nada por hecho, que hay que trazar nuevos puentes para globalizar en positivo la tierra, la salud y la vida.

Y así, día a día, toca reaccionar en el empoderamiento, mientras descubrimos el poco respeto que merece este mundo viejo de tramoyas apolilladas, mientras crece nuestra capacidad para descubrir el gran engaño. Toca reaccionar para que podamos curarnos de la expropiación de ideas propias y con inteligencia colectiva decidamos, desde abajo, lo realmente importante. Como decía Isabelle Stengers, hay que aprender a pensar por y con los demás para producir igualdad. Y toca unirse a quienes están ya reaccionando para cambiar los métodos y poner a prueba y a punto nuevos dispositivos que combatan las jerarquías escleróticas de los corruptos insaciables. Es difícil imaginar que ninguna persona demócrata, solidaria y consecuente pueda conformarse con menos.

V

Las grandes mentiras sobre la menguante clase media

Ignacio Escolar

Ignacio Escolar (Burgos, 1975) es periodista. Director y fundador de eldiario.es, lo fue también del diario Público, que dirigió hasta 2009. Analista político en radio y televisión, actualmente lo hace en Hoy por hoy de la Cadena SER o en Las mañanas de Cuatro. Ha publicado artículos de opinión en The Guardian, en Reino Unido. Es autor de varios ensayos. La nación inventada (2010), una historia diferente de Castilla, y El justiciero cruel (2012), ambos libros escritos junto con su padre, Arsenio Escolar. La crisis en cien apuntes (2012), El rescate (2013), junto al economista Emilio Ontiveros, y es también coautor de Reacciona y de Actúa. En 2012 publicó su primera novela: 31 noches.

Es ganador, entre otros premios, del José Manuel Porquet de Periodismo Digital y del Nicolás Salmerón en defensa de los Derechos Humanos. En 2012 las fundaciones Europanova y Friends of Europe le seleccionaron como uno de los cuarenta jóvenes líderes europeos del año para su programa 40 under 40.

Su blog escolar.net, hoy inscrito en eldiario.es, sigue siendo uno de los más leídos de España. Su cuenta de Twitter, @iescolar, tiene más de cuatrocientos mil seguidores y es una de las más populares entre los periodistas españoles.

Desde que empezó esta crisis, desde que arrancó esta gran depresión, la economía española ha perdido un 6 por ciento del PIB. Solo un 6 por ciento entre 2008 y 2013, nada más. Parece poco, ¿verdad? Son minoría los ciudadanos que puedan asegurar que su calidad de vida solo ha empeorado un 6 por ciento en estos años, que todo va al 94 por ciento igual de bien. En términos macro, un 6 por ciento del PIB no es algo irrelevante, pero para la mayoría ese porcentaje está muy lejos del impacto real que han representado estos años. Ni el poder adquisitivo de las familias ni los derechos sociales de los ciudadanos ni el empleo ni la educación ni la sanidad han pasado por la guadaña de esta crisis con un tijeretazo tan leve como el que aparenta en las grandes cifras del PIB.

La crisis ha golpeado a la economía y esta ha devuelto el puñetazo a la sociedad con una potencia aún mayor. La tarta es un poco más pequeña, pero lo que de verdad ha cambiado es el reparto entre los que se quedan con los grandes trozos y quienes recogen las migajas. Eso que llamamos crisis en realidad no es un problema ni de riqueza ni de producción: es de distribución. Es en la desigualdad donde se encuentran los síntomas más graves para la inmensa mayoría de la población.

El aumento de la desigualdad es el gran problema global, solo comparable por sus consecuencias para las generaciones futuras con el cambio climático. En todo el mundo, durante las últimas cuatro décadas, los gobiernos han sido incapaces de reducir las distancias entre los más ricos y los más pobres. Ni las democracias occidentales ni mucho menos el brutal modelo chino han podido cerrar esta grieta, que ha ido creciendo durante los años de expansión económica y prosperidad, pero que se ha disparado durante esta gran recesión.

Es un gran drama mundial que en España se vive con mayor dureza que en otros lugares de la Eurozona. Es cierto: la mayor parte de los países del mundo son más desiguales que el nuestro: Estados Unidos, Brasil, México, Rusia o China son países con una desigualdad mucho mayor. Pero dentro de nuestro entorno, España ha retrocedido en estos últimos años. El sur de Europa es, para todos los indicadores, la zona cero de esta crisis. España ya era uno de los países europeos con mayor desigualdad económica, solo superada —y no en todas las mediciones— por Lituania. La brecha social era, de partida, de las más altas de la Unión Europea, pero ahora se ha ido aún más allá.

El ensayo más influyente de los últimos años, El capital en el siglo XXI, del economista francés Thomas Piketty, ha demostrado con números irrefutables lo que todos los indicadores parecían apuntar: que la igualdad es una carrera perdida con el modelo económico actual, que necesita reformas profundas si no queremos convertir el planeta en una suerte de sociedad neomedieval, donde el capital y la herencia creen un nuevo sistema estamental. La tasa de acumulación de capital —dice Piketty— crece más rápido que la economía, por lo que el mundo cada día es más desigual. Apenas ochenta y cinco grandes fortunas acumulan tanta riqueza como el 50 por ciento de la población: lo mismo que los 3.570 millones más pobres del planeta. En Europa, según datos de Oxfam, las diez personas más ricas ganaron entre 2008 y 2010 tanto dinero como la suma de todas las medidas de estímulo contra la crisis: unos 200.000 millones de euros.

El fin de las grandes guerras en el mundo occidental desde la Segunda Guerra Mundial ha llevado al primer mundo, afortunadamente, a uno de los periodos de mayor estabilidad de la historia. Pero esa seguridad jurídica y esa ausencia de grandes vaivenes en el orden social —sea una guerra, sea una revolución— han provocado también que la riqueza esté cada vez más concentrada en pocas manos y que la distancia entre las grandes fortunas y el resto de la sociedad esté poniendo en peligro las bases de la democracia. La igualdad de oportunidades, en el fondo, es también un requisito fundamental para la libertad. Y la enorme concentración de poder económico en unas pocas manos, en unas pocas familias, rompe también con la igualdad política. No todos tenemos los mismos derechos ni los mismos deberes. ¿Qué democracia podrá sobrevivir a medio plazo a una situación de extrema desigualdad? ¿Qué margen de maniobra queda para la soberanía popular cuando una minoría extremadamente rica y poderosa es capaz de condicionar las políticas públicas a su favor para mantener sus privilegios con el látigo de «los mercados» o con la presión económica sobre los partidos políticos y los grandes medios de comunicación?

LA DESIGUALDAD

El aumento imparable de la desigualdad ha llegado en un momento donde, irónicamente, la ciudadanía está más anestesiada que nunca en décadas sobre los problemas que provoca. Como explica el británico Owen Jones en otro ensayo imprescindible, Chavs, la demonización de la clase trabajadora, conceptos como la lucha de clases se han caricaturizado y desdibujado hasta llegar a un punto donde no solo se niega la existencia de las clases bajas, sino que no hay problema alguno en ridiculizar y burlarse de la ignorancia y malas condiciones de vida a las que se ven condenados los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Owen Jones habla de Reino Unido, un país que por desgracia, desde los mandatos de Margaret Thatcher, ha sido vanguardia en la aplicación de las políticas neoliberales y en la demolición del Estado del bienestar. Pero su ensayo explica bien un cambio donde Reino Unido sirve de canario de mina de lo que está por llegar: una sociedad donde la clase privilegiada y la clase media alta han pasado de temer a la clase obrera a burlarse de ella y culparla de su situación, retratando a los pobres en algunas comedias televisivas, en los programas de telerrealidad y en la prensa como ignorantes, horteras, promiscuos, alcohólicos y maleducados; unos vagos que se aprovechan de las ayudas públicas y no ponen nada de su parte para salir de su situación. Como si ser pobre fuese culpa de los pobres. Como si viviesen en la miseria por su propia dejadez y no por la cuna en la que nacieron, una prisión desde la infancia de la que solo unos pocos consiguen escapar.

Lo resume el controvertido millonario y especulador Warren Buffett en una famosa cita: «Claro que existe la lucha de clases, pero es mi clase, la de los ricos, la que está haciendo la guerra y la estamos ganando». La falta de conciencia de clase es solo uno de los ejemplos del éxito de esa propaganda con la que los más privilegiados han logrado convencer a una parte importante de la sociedad de que este mundo es el único posible, de que no hay alternativa. La propaganda es abundante, aunque a veces cueste reconocerla. Como ejemplo, sirva esta pequeña colección de grandes mentiras que se repiten sin cesar.

«LA MEJOR POLÍTICA SOCIAL ES EL EMPLEO». Falso, por mucho que lo repita la ministra del ramo, Fátima Báñez, antes de encomendarse a la Virgen para mejorar la situación. El empleo se ha precarizado tanto que ya no es cierto que conseguir un trabajo sirva para salir de la exclusión social. España es, de hecho, uno de los países europeos donde hay más trabajadores bajo el umbral de la pobreza relativa —esto es, con una renta neta inferior a los 7.182 euros anuales—. El 12,3 por ciento de las personas con trabajo ganan menos en España. En toda la Unión Europea, solo Grecia (15 por ciento) y Rumanía (19 por ciento) están peor en este indicador, según los datos de 2012 de Eurostat (la oficina estadística de la Unión Europea).

Además, ni el desempleo ni la precarización atacan por igual a toda la sociedad. Los más desprotegidos siguen siendo los jóvenes. Cuando publicamos Reacciona, en la primera mitad de 2011, el paro juvenil había alcanzado el 40,06 por ciento y ya parecía insoportable. Hoy está en el 53 por ciento.

«TODOS SOMOS CLASE MEDIA». Falso. Lo que sí es cierto es que hay un inmenso porcentaje de la sociedad que es pobre y no es consciente de ello; que forma parte de la clase trabajadora y huye de esa definición, como si se fuese más rico si no se llama a las cosas como son. En España, según los datos del Instituto Nacional de Empleo (INE) de 2013, una quinta parte de la sociedad es pobre: el 20,4 por ciento. Cuando se presentó el dato, el INE lo vendió como una buena noticia porque en 2011 el porcentaje era un poco mayor: el 21,8 por ciento. Hubo quien dijo incluso que era un indicador adelantado de la esperada recuperación. Sin embargo, el detalle no permite ser optimista cuando se entiende la razón de este leve descenso estadístico. La pobreza relativa —aquellas personas por debajo del 60 por ciento de la media de ingresos— está bajando porque todo el país se ha empobrecido, especialmente las clases medias y medias bajas, y los salarios están bajando. Como recuerda el sociólogo José Saturnino Martínez García, un hogar de, por ejemplo, dos adultos y dos hijos era pobre en 2009 cuando ganaba menos de 17.009 euros al año. En 2012 un hogar igual solo es pobre si gana menos de 14.657 euros. Es evidente: los pobres de hoy lo son mucho más que ayer.

«LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD DESAPARECERÁN CUANDO VUELVA EL CRECIMIENTO». Falso. Evidentemente, es mejor que las grandes cifras de la macroeconomía mejoren, más aún si ello sirve para que aumente el empleo, pero eso ni es ni ha sido garantía alguna de que la situación para las clases desfavorecidas de la sociedad vaya a mejorar. No fue así durante los años de la burbuja: el Banco de España demostró en uno de sus boletines que, durante los últimos tres años del Gobierno de José María Aznar, cuando la economía estaba en plena expansión y el empleo crecía, la renta media se redujo el 8,5 por ciento. «Es decir, la mayoría se hizo más pobre, sobre todo las familias más jóvenes, monoparentales o con un solo ingreso», explica el sociólogo y exministro José María Maravall en el imprescindible informe de la Fundación Alternativas sobre la desigualdad en España. Eran los años en los que España iba bien.

«NO SOMOS COMPETITIVOS PORQUE LOS SALARIOS EN ESPAÑA SON MUY ALTOS». Falso, salvo que queramos competir en salarios con China, y no en productividad con el resto de las economías de la Unión Europea. El salario medio español es un 16 por ciento inferior a la media europea. Y si nos comparamos con los países más competitivos de la Unión, como Alemania, la diferencia es muchísimo mayor. El sueldo bruto medio en España es de 1.639 euros mensuales: 806 euros menos que en Alemania. Comparado con Reino Unido, es un 30,4 por ciento menos. Frente a Francia, un 24,2 por ciento. Frente a Italia, un 14,9 por ciento. Los salarios españoles siguen bajando, pero no por ello mejora gran cosa nuestra competitividad. Gran parte del margen que ganaron las empresas españolas con esa devaluación salarial que provocó la reforma laboral se perdió después por los aumentos en los costes de la energía, como consecuencia del enrevesado y carísimo sistema eléctrico español.

Es cierto que, desde la entrada en el euro, en España los costes laborales unitarios —un indicador que mide lo que se gasta en salario para cada unidad de producción— crecieron más rápido que la media europea. Pero esta subida tuvo más que ver con la inflación provocada con el euro y con los bajos tipos de interés que trajo la moneda única que con una mejora real del poder adquisitivo de los salarios. Eran los años en los que el Gobierno alemán, en plena reunificación, no tenía miedo alguno a la inflación y le interesaban tipos de interés bajos, aunque eso alimentase una burbuja en el sur de Europa. En España se ganaba más, sí. Pero gran parte de esa subida no mejoraba las condiciones de vida de los asalariados y servía para financiar esa burbuja especulativa del ladrillo que siempre acaba apareciendo como causa o consecuencia de todo lo peor.

«HEMOS VIVIDO POR ENCIMA DE NUESTRAS POSIBILIDADES». Falso. Y no solo porque cada escándalo de corrupción, como las cuentas en Suiza o esos extractos de las tarjetas black de Caja Madrid, demuestra que sí había una minoría —los mismos que repiten este mantra— que vivía muy por encima de sus posibilidades, a costa de los demás. No solo el poder adquisitivo medio de los españoles no creció tanto como lo hizo la economía, sino que gran parte del bienestar de las familias vino del crédito, no del aumento de la riqueza o de su distribución. Cuando la burbuja estalló y los tipos de interés volvieron a subir, muchos españoles descubrieron la diferencia entre tener un piso y tener una hipoteca. Aunque lo pareciese, no era ni mucho menos igual.

«TODOS TENEMOS LAS MISMAS OPORTUNIDADES». Falso. No son iguales las oportunidades en la vida del hijo de un campesino que las de la hija de un banquero. Hay un gráfico muy conocido en sociología que se llama «la curva del gran Gatsby», en homenaje a la novela de Scott Fitzgerald. Consiste en comparar la desigualdad de un país con la diferencia entre la renta de los padres y sus hijos. La curva del gran Gatsby demuestra algo de forma muy clara: que existe una relación entre ambos parámetros; que cuanto mayor es la desigualdad económica de un país, menos posibilidades tienen los hijos de superar (o empeorar) la posición en la sociedad que tenían sus padres. A medida que aumenta la brecha entre ricos y pobres, más difícil es que el hijo de un pobre consiga prosperar y ascender en la pirámide social. De esa forma, el aumento de la desigualdad bloquea el ascenso social..., lo que acaba provocando que la desigualdad aumente y el poder se perpetúe a través de los apellidos. Como en la Edad Media, pero sin sangre azul.

«LA GENÉTICA ES LA QUE CREA LAS DESIGUALDADES». Falso. Esta teoría, entre otros, la defiende la patronal CEOE, que publicó en 2011 un informe donde aseguraba que la herencia genética tenía un peso en el rendimiento escolar «equivalente o algo superior» al origen socioeconómico. A su manera, Manuel Fraga lo dijo también para explicar esas «casualidades» que se daban en Galicia cada vez que salía a concurso una plaza en alguna Diputación y acababa ganándola un familiar de alguien del PP: «Los hijos de buena familia son más listos y cuando concursan en una oposición tienen más posibilidades de alcanzar el éxito». Es falso igualmente. También hizo sus pinitos teóricos al respecto el presidente Mariano Rajoy, escribiendo en sus años mozos algunos artículos en prensa sobre «la estirpe». Pero culpar a la genética de las desigualdades sociales es una estrategia tan antigua como Darwin, y es falaz. Es la situación económica de las familias, y no el ADN, lo que explica la mayor parte de las diferencias en los resultados educativos, que después se convierten en desigualdades económicas. Hay varias evidencias al respecto, como un reciente informe de la OCDE que demuestra que los alumnos de familias en situación de pobreza en España tienen tres veces más posibilidades de repetir curso. ¿Tienen acaso los pobres una genética de peor calidad? Habrá quien lo piense; los mismos que creen que los negros, o los chinos, o los hispanos son una raza inferior. Pero cualquier estudio con hijos adoptados demuestra que es la situación económica y cultural de la familia de acogida, y no la genética, el factor que más determina las posibilidades de éxito en los estudios de un niño.

Por supuesto, siempre hay bonitas y esperanzadoras historias de chicos de barrio que acaban presidiendo la empresa en la que empezaron como botones; son esa clase de cuentos que ayudan a vender la idea de que es el talento el que triunfa, y no la posición de partida en la competición. Pero son la anécdota, no la norma. Salvo honrosas excepciones, los hijos acabamos siendo un poco más o un poco menos que nuestros padres. Y en España, donde nunca hubo una revolución, es fácil rastrear el origen de parte de nuestras élites hasta los años de la Reconquista, y la mayor terrateniente seguía siendo hasta su muerte en noviembre de 2014 una duquesa que descendía de la pata del Cid Campeador.

El peso de la familia en la educación es tan grande y se nota tanto la herencia del subdesarrollo económico y cultural que incluso después de generaciones pagamos por la ignorancia de nuestros pobres bisabuelos. Por ejemplo, existe una relación directa entre el nivel de alfabetización de las distintas autonomías en el siglo XIX con los resultados escolares del último informe PISA. Así, se puede ver con claridad que las zonas donde casi nadie sabía leer y escribir hace ciento cincuenta años siguen estando hoy penalizadas en su capacidad escolar frente a otras regiones donde el analfabetismo era menor. La herencia del subdesarrollo cultural es incluso más difícil de superar que el propio subdesarrollo económico, como se ve cuando se analiza el desempeño en PISA de los alumnos de las Baleares. Estas islas, en el XIX, eran una de las zonas más pobres y atrasadas de España. Hoy, gracias al turismo, se han convertido en una de las autonomías más ricas, pero su nivel educativo no ha mejorado tan rápido, como demuestra PISA, donde sus escolares consiguen unos resultados inferiores a la media.

El número de libros que hay en las estanterías de un hogar —y si se leen o están ordenados por colores, porque solo sirven de decoración— es el factor que más determina el rendimiento escolar de los hijos y, a través de ellos, de los nietos y bisnietos. Es el factor más importante, pero no el único. Por eso es tan necesaria la inversión pública en educación: porque es la única manera de acabar con un determinismo que, sin la intervención del Estado, no se rompería jamás.

Siempre que se publica el informe PISA, la prensa se llena de análisis catastrofistas sobre los supuestos «malos resultados» que saca España en este examen, a pesar del esfuerzo presupuestario que se hace en la educación pública. Sin embargo, un análisis más cuidadoso de los datos de PISA lo que demuestra es, al contrario, el éxito de esa inversión. España aparece en PISA en el bloque de los países desarrollados, ni mucho mejor ni mucho peor. A veces se nos olvida, pero vivimos en un país que no siempre formó parte de este club, que aún estaba solucionando problemas de escolarización infantil hace apenas tres o cuatro décadas. Esas cicatrices en la educación se van borrando con el tiempo. Pero no podemos pretender superar los resultados de los países nórdicos, que alcanzaron niveles plenos de alfabetización hace más de un siglo, si no hacemos un esfuerzo extra para recuperar el terreno perdido. De hecho, los datos de PISA y la OCDE también demuestran que España es el país del mundo que más ha mejorado su nivel educativo en el último medio siglo, solo por detrás de Corea del Sur. Ese salto ha sido posible gracias a una importante inversión pública en educación y en becas, unos programas que, más allá de las caricaturas con las que se las suele atacar, han sido tremendamente eficaces. La mayoría de los economistas suelen coincidir: no hay inversión más rentable que el dinero empleado en educación. Para la persona que la recibe, pero también para su país.

«EL TRABAJO TIENE SU JUSTA RECOMPENSA». Falso. Las diferencias sociales se están disparando en todo el mundo y alcanzan unos niveles nunca vistos desde el siglo XIX, las novelas de Charles Dickens y la revolución industrial. Uno de los grandes cambios que está provocando el desarrollo tecnológico es que aumente la distancia salarial entre los sueldos más altos y más bajos y se abra aún más el abanico de las clases sociales. Los salarios de una minoría muy cualificada se han disparado, especialmente en el sector financiero. Mientras tanto, la clase baja, sin cualificación, está retrocediendo, más aún en países como España donde el paro es tan brutal. Entre ambos extremos, los empleos de sueldos intermedios están en demolición: primero como consecuencia de las reconversiones industriales y los procesos de deslocalización; ahora, por el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, cuyas consecuencias ya se notan, pero que en los próximos años van a ir a más. Internet añade una enorme eficiencia en toda la economía de servicios, pero ese cambio permite que se pueda hacer lo mismo, o más, con muchas menos manos. ¿Cuántos puestos de trabajo se perderán en el futuro a medida que aumente el comercio online, o la banca electrónica? ¿Cuántos empleos se perderán porque la tecnología los sustituya por un ordenador? Piensen, por ejemplo, en el futuro que espera a aquellos que trabajan como traductores frente a los sistemas informáticos de traducción y reconocimiento de voz. O en los 93.000 empleados que tiene una empresa como El Corte Inglés frente a los trabajadores que necesita para hacer prácticamente lo mismo otra empresa como Amazon, que además no paga impuestos aquí. La clase media desaparece mientras las empresas y la propia sociedad cada vez se parecen más a las aerolíneas. Solo quedarán dos extremos: o el low cost o una primera clase cada día más cara y exclusiva.

En el horizonte no tan lejano, lo que está en cuestión es la propia idea del trabajo, con todo lo que eso implica para el modelo económico y social, ya que cada día la tecnología permite producir mucho más con muchas menos manos. ¿Qué futuro espera a los trabajadores no cualificados, como ese millón de personas que en España abandonaron sus estudios para trabajar bajo el empuje del ladrillo y que ahora, tras la explosión de la burbuja, no tienen la formación necesaria para volver al mercado laboral?

El empleo, además, pierde cada vez más peso frente al capital. En derechos, por la debilidad de la lucha sindical frente a la deslocalización y el fin de los empleos industriales, que era donde más fuerte ha sido siempre la lucha obrera. Y como consecuencia de esta debilidad, también en el reparto de la riqueza. En España, desde 2011, las rentas empresariales ya superan a las del trabajo en el PIB. A principios de los años ochenta, los sueldos sumaban el 53 por ciento del PIB, mientras que las rentas empresariales y de autónomos se quedaban en el 41 por ciento (el resto son impuestos). En 2007 los salarios seguían por delante, pero con menos margen: 48,5 por ciento frente a 45,5 por ciento. En 2011, por primera vez, las rentas empresariales se pusieron en primera posición, en teoría como consecuencia de la crisis. La gran duda es si algún día, cuando la crisis definitivamente termine, los salarios volverán a liderar el reparto del PIB; si ese mundo volverá alguna vez.

«EL FEMINISMO YA NO TIENE SENTIDO PORQUE YA SOMOS TODOS IGUALES». Falso. Porque la lucha por la igualdad no terminó cuando murieron esas leyes que impedían a las mujeres abrir una cuenta corriente o votar. De nuevo, la desigualdad más importante hoy es la económica, no la legal. Las mujeres en España tienen que trabajar, de media, ochenta y cuatro días más al año para ganar lo mismo que gana un varón, según un reciente estudio del sindicato UGT. La crisis tampoco la han pagado por igual: la brecha salarial entre mujeres y hombres está aumentando. Según los datos del INE de 2011 —los últimos disponibles—, el sueldo más frecuente de una mujer en España (14.468,5 euros anuales) equivale al 78,4 por ciento del sueldo más frecuente en un varón (18.465,2 euros). El 90 por ciento de los hogares monoparentales —un solo adulto con hijos a su cargo— están soportados por mujeres y son ellas también las que tienen un mayor riesgo de pobreza respecto a los hombres. ¿Iguales? Basta con ver una foto del Consejo de Ministros, o de cualquier consejo de administración de una gran empresa, o de la patronal, para que quede claro que aún queda mucho para esa deseada igualdad. Que haya tanta gente —también entre las mujeres— que crea que el feminismo es cosa del pasado y ya no tiene por lo que luchar es otra razón más para reaccionar.

«EN ESPAÑA PAGAMOS MUCHOS IMPUESTOS». Falso. España es uno de los países europeos con menor presión fiscal (el cociente entre los ingresos fiscales y el tamaño de la economía). Según los últimos datos comparados de Eurostat, los de 2012, la presión fiscal en España fue del 32,5 por ciento del PIB: 8 puntos menos que la media de la Eurozona, que ronda el 40 por ciento. Solo los países de la antigua Europa del Este, Irlanda —casi un paraíso fiscal— y Portugal recaudan menos impuestos. La presión fiscal de los países nórdicos, Italia y Francia se sitúa alrededor del 45 por ciento; Alemania y Holanda recaudan un 40 por ciento del PIB.

La presión fiscal se ha hundido con la crisis, pero incluso en los mejores años estaba muy por debajo de la media europea. En 2002 era del 34 por ciento, 5 puntos menos que el resto de Europa. El pinchazo de la burbuja del ladrillo y las frivolidades fiscales de José Luis Rodríguez Zapatero y su «bajar impuestos es de izquierdas» desplomaron la recaudación hasta el 31,8 por ciento del PIB en 2010. Las subidas de impuestos del Gobierno del PP han mejorado ligeramente este indicador, hasta el 32,5 por ciento en 2012, pero esto no significa que todos paguemos por igual.

MARIANO RAJOY: «HEMOS REPARTIDO LAS CARGAS DE LA CRISIS DE FORMA JUSTA». Falso. Y no solo porque las consecuencias de los recortes no son, ni mucho menos, iguales para todos. El reparto de cargas del que presume el Gobierno es la reforma fiscal, que ha agravado las injusticias de un modelo que es una suerte de Robin Hood pero al revés: roba a los pobres para dárselo a los ricos. En España la presión fiscal es más baja que la media europea. Pero, al mismo tiempo, hay un enorme sector de la población que sí paga más de lo normal: los asalariados, en su mayoría clases medias y medias bajas. La presión fiscal para aquellos que tienen una nómina estaba en 2010 en el 39,6 por ciento de media: 6 puntos por encima de la media de la OCDE. No hay datos comparados más recientes, pero es obvio que las últimas subidas de impuestos de Mariano Rajoy han hecho crecer este porcentaje porque la mayor parte del aumento de la recaudación se ha basado en el IRPF, un impuesto donde las grandes rentas apenas se retratan —ellos tributan como sociedades limitadas o como sicavs— y donde los rendimientos del trabajo pagan muchos más impuestos que los del capital.

Se supone que el sistema fiscal también sirve para redistribuir la riqueza, para combatir la desigualdad. La realidad es que en España esa redistribución no es tal, salvo en la apariencia nominal. En el IRPF, por medio de las desgravaciones enormemente regresivas, como los incentivos para los planes de pensiones privados o para la compra de viviendas. Con las empresas es igual: pagan más las pequeñas que las grandes. En teoría, las pequeñas y medianas empresas (pymes) tienen una rebaja de 5 puntos en el impuesto de sociedades frente a las grandes compañías. En teoría, las grandes empresas pagan el 35 por ciento de sus beneficios mientras que las pymes solo el 30 por ciento. Pero en la práctica, las grandes multinacionales acaban pagando muchísimo menos que las pequeñas empresas. Según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el tipo medio efectivo de las multinacionales se quedó en 2012 en el 8 por ciento, bastante menos que lo que pagan las pymes y por debajo de lo que en el resto del mundo se considera un paraíso fiscal. ¿La razón? Que el impuesto de sociedades tiene mucha letra pequeña: decenas de desgravaciones y exenciones que aprovechan las grandes compañías mejor que las pequeñas, que no pueden permitirse los expertos fiscalistas con los que cuentan las grandes empresas del Ibex.

«SI SUBIMOS LOS IMPUESTOS, EL CAPITAL SE ESCAPARÁ DEL PAÍS». Falso. Y no solo por la falacia argumental de quien defiende que la mejor manera de evitar el fraude es no cobrar impuestos (es como decir que la mejor manera de evitar los robos es legalizar el hurto). No toda la riqueza de un país se puede fugar a un paraíso fiscal. Hay impuestos, como el del patrimonio o los relacionados con la propiedad, que son más difíciles de eludir porque, por mucho que escondan el dinero en Suiza, las grandes mansiones de los ricos siguen aquí y se pueden gravar. O el de sucesiones: gracias al impuesto que pagaron los herederos de Emilio Botín padre, que murió en 1993, Cantabria cobró 63 millones de euros, muchísimo dinero para esos años —y eso que en esa herencia no tributaron las millonarias cuentas en Suiza que más tarde aparecieron gracias al trabajo de Hervé Falciani—. La muerte de Emilio Botín hijo en 2014 apenas ha dejado nada para las arcas del Estado. Gran parte de su enorme patrimonio ya no estaba a su nombre: la herencia estaba planificada desde hace años por medio de sociedades familiares y donaciones en vida, de forma que apenas ha tributado. Además, el impuesto de sucesiones en Madrid, donde vivía Botín, hoy está reducido a la mínima expresión.

«NO SE PUEDE LUCHAR CON LOS PARAÍSOS FISCALES». Falso. Los paraísos fiscales existen porque los demás países lo permiten; porque sus élites políticas, que son las que tienen las herramientas para combatirlos, no hacen nada para evitarlo. Las cuentas numeradas y el secreto bancario sobreviven a la globalización porque los países que hacen de la opacidad financiera y el lavado de dinero negro su principal exportación no reciben sanción alguna y mucho menos son aislados por el resto de la comunidad internacional. Porque son tolerados. Los paraísos fiscales no son otra cosa que una construcción legal que persiste porque los demás Estados aceptan ese juego. Como explican desde Attac (la Asociación para la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana), bastaría con que el resto de los países dejase de reconocer como válido cualquier acto jurídico que se produjese en estas cuevas de ladrones para que este castillo de naipes se derrumbase sin más.

«EL GASTO PÚBLICO ESTÁ DISPARADO EN ESPAÑA». Falso. El déficit del Estado no es culpa ni de la sanidad ni de la educación ni de las autonomías. Tampoco de los gastos superfluos, que los hay. Obviamente, siempre se puede gastar mejor y la utilidad pública de un aeropuerto peatonal está por descubrir, pero el principal problema en las cuentas públicas está en los ingresos, no en los gastos. Antes de los recortes, en 2010, el gasto público español era del 45,6 por ciento del PIB frente al 50 por ciento de media de la Unión Europea. El gasto social —lo que invertimos en el Estado del bienestar— también está por debajo de la media. El gran agujero está en el deficiente sistema de impuestos español, en la economía sumergida y en el fraude fiscal. Si España fuese capaz de equiparar su presión fiscal con la de otros países de nuestro entorno y recuperase esos 8 puntos del PIB que sí consiguen los demás, las cuentas públicas estarían muy cerca de empatar.

«LO PRIVADO SIEMPRE FUNCIONA MEJOR QUE LO PÚBLICO». Falso. Es cierto que el Estado es peor que las empresas privadas para fabricar bienes de consumo, como coches. Pero hay determinados asuntos donde lo público, además de mejor, es más barato. ¿El ejemplo más claro? La sanidad. España es uno de los países desarrollados que menos dinero gasta en salud: apenas el 9,6 por ciento del PIB entre público (el 73 por ciento) y privado. Por comparar, Alemania gasta el 11,2 por ciento del PIB y Francia el 11,7 por ciento. Mientras tanto, el país donde la sanidad privada manda, Estados Unidos, gasta al año un 17,9 por ciento de su PIB y aun así es incapaz de ofrecer una cobertura sanitaria completa a toda su población, que no puede acceder a los medicamentos o los tratamientos más básicos si no cuenta con dinero para pagar. España está entre los mejores países en casi todos los indicadores de salud: en esperanza de vida, en tasas de vacunación infantil o en trasplantes. Gracias a los sistemas de prevención, la mortalidad por cáncer de mama es casi un 24 por ciento inferior a la media de la Unión Europea. Nuestro modelo es uno de los más valorados en todo el mundo y Barack Obama, embarcado (con poco éxito) en su reforma sanitaria, lo ha puesto como ejemplo de por qué un sistema público es más barato y eficaz que uno privado. A pesar de los últimos recortes, que sin duda se han notado, sigue siendo de las patas del Estado del bienestar que aún aguantan bastante bien.

El sistema público de salud le cuesta a cada español unos 1.500 euros al año, que paga con sus impuestos. La media europea ronda los 2.100 euros. Francia (2.500), Alemania (2.600) o Reino Unido (2.100) también pagan más por habitante. Por ese precio tenemos una cobertura pública, gratuita y (hasta hace poco) universal, con unas prestaciones muy superiores a las de la media europea, lo que explica que tantos extranjeros comunitarios vengan a operarse a nuestro país de dolencias que los seguros públicos de su país no cubren. Holanda, hace unos años, cometió el error de privatizar su sistema sanitario. Por culpa de esa reforma se han convertido en el país con más gasto sanitario de la Unión Europea y han pasado de emplear el 8,3 por ciento del PIB en 1996 al 12,4 por ciento en 2012.

«MOVILIZARSE NO SIRVE DE NADA». Falso. Hay decenas de pruebas en los últimos años que demuestran lo contrario, desde el triunfo de la marea blanca contra la privatización de los hospitales madrileños hasta la retirada de la reforma del aborto. O ese 15M que movilizó a una parte importante de la sociedad, consciente al fin de que no podía pasar de la política porque, si lo hacían, la política pasaba por encima de ellos. «Vamos lentos porque vamos lejos», decían en las plazas. Tenían razón: las últimas consecuencias de aquella reacción aún están por llegar.

VI

Periodismo, sucedáneos y sucesores

Rosa María Artal

Rosa María Artal. Periodista y escritora, nació en Zaragoza y reside en Madrid. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, cursó estudios de Sociología y Ciencias Políticas. Fue corresponsal de El País en Aragón durante la Transición. Ha desarrollado una amplia carrera en televisión, radio y prensa. En RTVE fue una de las reporteras clásicas de Informe semanal. Para este programa cubrió importantes acontecimientos, como la caída del Muro de Berlín, de la que fue testigo directo desde la República Democrática Alemana (RDA), o el fin de la URSS. Presentadora de informativos en Televisión Española. Dirigió en Radio Nacional de España el programa Dos en la madrugada. Actualmente colabora en eldiario.es. Es autora de varios libros, entre los que destacan: Diario de una mujer alta (2001), 11M-14M, onda expansiva (2004), España, ombligo del mundo (2008), La energía liberada, el estallido social de un mundo en crisis (2011), Salmones contra percebes (2013). O Reacciona (2011) y Actúa (2012), de los que también fue coordinadora.

Blog El periscopio: www.rosamariaartal.com

Twitter: @rosamariaartal

«Os exprimiremos hasta la saciedad y luego
os llenaremos con nuestra propia esencia».

GEORGE ORWELL, 1984

A TRAVÉS DEL VISOR

Granada. Palacio de la Alhambra. Tras haber contratado turno de visita con antelación, caminas en fila, con numerosas zonas vedadas por vallas, tomando fotos. La escena se repite en todo cuanto nos llama la atención. Auténticas multitudes mirando a través del objetivo. Se encuentran ante la plenitud de la belleza arquitectónica, ante la rotundidad de todo un paisaje, pero apenas levantan la vista hacia la realidad, siguen andando y haciendo fotos. Visiones parciales con pantalla interpuesta. Las acumularán después junto a otras muchas en distintas carpetas que rara vez mirarán. Tiempo que pudo utilizarse en disfrutar de lo que nos interesaba. De frente. Inmersos. Saboreando su tamaño, textura, color y olor. En toda su verdad.

De alguna forma es lo que Jean Baudrillard llamó hiperrealidad. Grandes autores, antes y después, observaron la fascinación de los humanos por crearse mundos irreales que se parezcan al suyo, tal como lo desean, espejos de la vida. El problema es que andar en falso hunde. Hoy, ver a través de intermediarios es una tendencia masiva. Tiene beneficios para quien la utiliza con éxito como foco de distracción. De hecho, ha contribuido decisivamente a un cambio cultural asociado a lo que llaman crisis y que promueve la obediencia, la conformidad, la resignación, el limbo. Es básico, vital algunas veces, aprender a identificar los filtros y controles que pueden condicionar la verdad.

UNA SOCIEDAD POLARIZADA

Este libro contiene de principio a fin muestras de las mermas y atropellos soportados por la sociedad española desde Reacciona, que ya se dolía de las pérdidas sufridas con la coartada de la crisis. Contemplada desde la distancia de menos de cuatro años, aquella queja era casi de niños malcriados si la comparamos con el atroz recorte de todo cuanto constituía nuestro sistema. Cuando los pozos de iniquidad no se combaten, aumentan y se desbordan. Cualquiera puede probar a verter porquería a diario en una ciénaga, sin limpiarla jamás, y comprobar lo que ocurre. Se han acrecentado las desigualdades. En el mundo y en España. Múltiples. Además de las económicas y sociales, en la exigencia vital, en la ética.

La mayoría de los ciudadanos, sin embargo, ha redoblado su acatamiento ante lo que consideran irremediable. «Hay que aguantar» es el lema para ellos. Se han rendido. Pantallas de todos los tamaños desdibujan los agravios y aturden su agonía.

Otras muchas personas sí reaccionaron. Buena parte de los autores de este libro, vemos en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y los movimientos que fructificaron en el 15M, en las mareas que le siguieron también en la explosión de coraje de los mineros en su marcha hacia Madrid, el punto de partida de una nueva forma de afrontar las necesidades y problemas de todos. De extraordinaria importancia en todo aquel movimiento fue la información. Asambleas y grupos de trabajo abiertos a ciudadanos que se acercaban a conocer más, a saber algo que a lo mejor se les negaba o desdibujaba. Con auténtica avidez, comprendiendo la importancia de contar con los datos fidedignos y las claves que forjan el criterio. Libros y publicaciones complementaron la tarea: cuando se desata el hambre del conocimiento, no se detiene. Se habló de política, de leyes, hasta de urbanismo, de numerosos aspectos de la vida en común, pero la economía fue su más grande hallazgo. No era ni es cierto que solo exista una forma de articular el funcionamiento de los países y sus habitantes: como empresas mercantiles puras y duras, acumulando beneficios en la cúspide a costa del resto. Es decir, un capitalismo salvaje. Ni es verdad que los sistemas económicos basados en la búsqueda del bienestar de la sociedad (que lo costea) hayan «agotado su ciclo vital», como hemos llegado a leer. ¿Cómo? ¿Ha muerto pensar en las personas, en todas las personas? Y así, cuantos quisieron enterarse aprendieron a desentrañar las excusas para el cambio de paradigma y, por ejemplo, qué era la deuda, la prima de riesgo o la inflación. Y Adam Smith, Milton Friedman o John Maynard Keynes se convirtieron en figuras de uso cotidiano. Hay algo rotundo e incuestionable: quien está informado no se deja engañar nunca más.

A finales de 2013 se aglutina un grupo, cada vez más numeroso, bajo el nombre de Podemos, que decide concurrir a las elecciones europeas de mayo de 2014. El mejor camino para comenzar, sin tantas condiciones leoninas que los políticos consolidados han establecido para dificultar el acceso a nuevas formaciones. Sacaron cinco diputados. El apoyo popular desde entonces no ha hecho sino crecer. Gran parte de la sociedad quiere otra forma de hacer política, participar en ella. Otro importante sector se deja aterrar por los riesgos que le dicen conllevaría.

Un abismo se abre entre la información programada y el cambio a una sociedad por hacer donde las viejas fronteras no son ya referentes.

A TRAVÉS DEL PODER

Nos quejábamos en 2011 de las llamadas «ruedas de prensa sin preguntas». Quién nos hubiera dicho entonces que llegaríamos a las comparecencias de un presidente del Gobierno a través de una pantalla de plasma, ante la que disciplinados periodistas tomaban notas. O a verle huir de los informadores a la carrera por los pasillos del Senado. O a negarse a responder. A sus «a la segunda ya tal», sobre el extesorero de su partido, el PP, acusado de corrupción, cuando no había respondido tampoco a la primera pregunta sobre el tema. De nada sirvió tragarse el plasma, poco después Rajoy decidió elegir quién le preguntaba (Abc en general) y no tuvo ni el pudor de disimular: leyó la respuesta. La traía preparada. Pero ¿qué ve, oye y lee luego la audiencia? Los cortes seleccionados, limpios de titubeos y hasta del marco del plasma. La foto que otros han seleccionado. Con la lente y el plano que desean.

Cuando se estudie el tenebroso periodo que estamos viviendo, se verá el papel decisivo que los medios de comunicación tuvieron en la consolidación de un sistema que cada día añade mayores injusticias y mayor corrupción de sus ejecutores, en endulzar la estafa para hacerla tragar.

¿Qué cabe decir de un país en el que la corrupción toca a las más altas instancias del Estado y la prensa no clama a diario? Con un periodismo responsable y limpio, ¿hubiera llegado esta lacra a las cotas que ha llegado en nuestro país? ¿Cuánto trabajo previo faltó? ¿Por qué faltó? ¿Por qué continúan las manipulaciones o los paños calientes? ¿Por qué desvían la atención? ¿Qué evidencia una prensa ocupada en demonizar a Podemos mostrando inusitada tibieza con un partido en el Gobierno cuando, según el auto del juez investigador, la policía y Hacienda, cuenta con una caja B, continuada en el tiempo, procedente de donativos de empresas que logran contratos públicos? Si un país serio, con una sociedad responsable, tuviera estos problemas, ¿vería comportarse a la prensa como lo hace en España? La internacional lo ha abordado y cada vez con más frecuencia. El New York Times hasta dedicó dos editoriales a la defenestración del juez Baltasar Garzón, denunciado precisamente por su investigación de la trama Gürtel del PP que marcó un paso trascendental en la senda de la impunidad. «La verdad a juicio en España»[45]. «Un veredicto helador en España»[46]. Aquí, los medios de derechas sí se ocupan del fraude de los ERE en Andalucía, que implica al PSOE. Como debe ser. De la evasión de impuestos y alegres negocios de los Pujol en Cataluña. Pero de las graves revelaciones sobre esa empresa tan turbia que parece ser el PP, mucho menos. Puede que muchos periódicos, radios o televisiones se dejen llevar por la inercia; en otros hay una clara voluntad de servir a los intereses del poder. Y, subsidiariamente, a los suyos.

El tratamiento dado a la muerte del presidente del Banco Santander, Emilio Botín, en septiembre de 2014; el enorme despliegue y loa que los grandes medios desparramaron da idea, más que mil palabras, de las servidumbres de la prensa tradicional española a los poderes financieros.

El escenario mediático ha experimentado, sin embargo, notables cambios. Tanto en sus medios tradicionales como en el surgimiento de nuevos de acceso exclusivo por Internet, apoyados en la tecnología. Todos ellos representan los visores desde los que contemplamos lo que nos afecta, y es esencial saber si el cristal de sus objetivos no está deformado o tiene alguna tara o muesca. Identificar su procedencia.

Prensa tradicional

Las tres cabeceras más importantes de la prensa española han sustituido al director en estos años que coinciden exactamente con el Gobierno del PP. Agudizados sus problemas económicos —fruto de la implantación masiva de Internet y de sus propios errores en la extensión del modelo de negocio—, la prensa tradicional encuentra serios problemas para subsistir. Y vive más pendiente que nunca del poder político y económico que pueda paliar su ruina.

El caso de La Vanguardia estuvo más vinculado al proceso soberanista catalán. En los días que se gestaba el acuerdo para celebrar un referéndum sobre el derecho a decidir una eventual independencia, el dueño del diario, Javier Godó, conde de Godó, cesa al director José Antich. Por su iniciativa o por sugerencias o presiones. Con Antich —nombrado en tiempos de la anterior mayoría absoluta del PP en un gesto hacia este partido— el periódico, muy próximo a Convergència i Unió, se volcó en amparar la convocatoria de la consulta, tal como se propiciaba desde la Generalitat. Su sustituto, Màrius Carol, trata de rebajar el tono y reconducir la situación. De perfil más amable, bien relacionado, incluso ha sido el corresponsal del diario para informar de la Casa Real.

En El Mundo desaparece su director y creador, Pedro J. Ramírez. El periodista que presumía de quitar y poner presidentes ha ido viendo mermada la que fuera su decisiva influencia desde que publicara las confesiones de Bárcenas implicando al presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Incluso con unos SMS de aliento que hubieran costado el puesto a cualquier político en otro país que no fuera España, con su antigua permisividad a cuanto oliera a corrupción —algo está cambiando en ese sentido, no lo suficiente—. Fue Ramírez quien hubo de hacer las maletas, culpando directamente al PP y a Rajoy de su salida. Le sustituyó su segundo, Casimiro García-Abadillo, en la misma línea editorial y más previsible.

Lo ocurrido en El País fue aún más drástico. Endeudado hasta lo imposible, ha visto cambiar su accionariado por empresas internacionales fuertemente vinculadas al neoliberalismo, como Morgan Stanley o Liberty, y por varios bancos acreedores (los principales), lo que explica pero no justifica el giro de su línea editorial. Primero realizó un expediente de regulación de empleo (ERE) dramático que expulsó a grandes figuras del periodismo que habían forjado el prestigio de la cabecera. La permanencia de otros de toda solvencia mantuvo un tiempo la reputación adquirida. El cambio ideológico —que se venía avanzando— se consuma con el nombramiento como director de Antonio Caño, excorresponsal en Estados Unidos. Con él llegan portadas, editoriales e informaciones que impactaron de forma muy negativa en los seguidores habituales del diario, por su conservadurismo y defensa de la ideología neoliberal[47].

La prensa local

De ahí se llega a ese otro mundo que constituye la prensa local, en donde, con muchos matices, se nota la mano del cacique o del político, en el caso de que sean diferentes personas. Buena parte de ella (y periódicos nacionales que se comportan como locales) contribuye a reforzar la sensación de relativo bienestar que quiere transmitir el poder. Colocan en la lente un filtro rosa o verde esperanza. En Abc y La Razón es prácticamente su línea editorial, al margen de las fobias a sus enemigos que sazonan la salsa para sus fieles. Esta prensa suele ser muy positiva, salvo en las inesperadas desgracias de los sucesos que tanto conmueven y distraen. O en las hazañas de los hijos de la tierra que estimulan con su ejemplo. El fútbol se lleva la mitad del papel como mínimo a compartir con las curiosas fiestas españolas.

Durante varios días, en agosto de 2014 por ejemplo, varios periódicos llevaron a sus portadas el incremento de autónomos gracias a la tarifa plana del Gobierno, como si no fueran en su gran mayoría trabajadores obligados a «independizarse» y prescindir de algunos derechos para poder tener alguna actividad. Cobrar subsidio de paro por enfermedad, por ejemplo, es dificultoso en la práctica[48]. Los jubilados asistieron a una especie de milagro de los panes y los peces, por alguna provincia de Castilla y León, que les llevó a cobrar de media 1.500 euros «ya», cuando se había rebajado el poder adquisitivo de las pensiones.

Hay notabilísimas excepciones en las que se informa de carencias y problemas que interesan a los ciudadanos. «La crisis multiplica por 7 la reducción de las pensiones alimenticias a los hijos», leo también, pero en general se tiende a servir al poder, a lo establecido y sobre todo a distraer, a no crear problemas.

Los líderes locales gozan de un trato de favor sin igual. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, por ejemplo, es seguida por un séquito de reporteros, televisiones incluidas, en sus numerosas visitas a todo acto que festeje a una Virgen o cualquier otro evento religioso en la comunidad que preside en otro de sus cargos: Castilla-La Mancha. La España profunda en su más hondo significado. Las críticas a su gestión no parecen hacer furor, salvo excepciones llenas de arrojo, en el ideario periodístico de la zona. Por el contrario, se puede saldar una controvertida reforma electoral, calificada y denunciada judicialmente como «pucherazo», sin una sola referencia a la oposición y resaltando el argumento de la jefa hasta con alabanzas explícitas[49]. Laboratorio experimental de la «austeridad», Castilla-La Mancha lidera los recortes sociales en toda España y al mismo tiempo el aumento del gasto. Globalmente, hasta triplicar en algunos servicios la media nacional. Se ha eliminado el 28,1 por ciento de la inversión en los ciudadanos, desde becas hasta dependencia y todos los servicios sociales. En cambio, habla de llevar la enseñanza militar a los colegios. Y su ley de caza —admitiendo disparar a perros y gatos— convierte montes públicos de la comunidad en cotos de caza, multando a quienes interfieran la práctica. Así que material para informar hay, ingente. Pero nada que hacer ante los piadosos recorridos de la presidenta y su garbo sin par.

Una joven periodista se quejaba en un congreso digital sobre el muro que se encontraba a diario con sus jefes para elaborar un reportaje de tema social en la televisión local en la que trabajaba. Siempre le daban la misma respuesta: «Vamos a ver primero la agenda... No, no cabe». La «agenda» era la de los políticos. Esa confusión de un periodismo que se comporta como oficina de prensa de los partidos se mantiene.

Sin embargo, también han surgido medios muy meritorios para la información local, que, en definitiva, es la más pegada al ciudadano.

Periodismo amarillo

En octubre de 2014 asistimos atónitos al enfoque informativo con el que buena parte de los medios tradicionales abordaron el caso de Teresa Romero, la auxiliar de enfermería infectada de ébola. El contagio se había producido al atender a dos sacerdotes que el Gobierno trasladó a Madrid en fase terminal desde el continente africano, donde prestaban servicios médicos. Teresa era la primera víctima fuera de África. Pues bien, se desencadenó una auténtica barra libre de ensañamiento con su persona, que propiciaban también el Gobierno y la Comunidad de Madrid. Como en una reedición de anteriores graves descalabros (Prestige, 11M, accidentes del metro en Valencia o del tren Alvia en Santiago), pretendían exculpar sus errores —numerosos en la gestión— traspasando la culpabilidad a la víctima de haberse contagiado. Todo valió. Portadas con fotos robadas, hasta semidesnuda y con mascarilla en el interior de su habitación en el hospital. Atribución de responsabilidades, sin argumentos ciertos que las probaran. Insultos. El periodismo basura en su estado más genuino.

El problema es, siempre, dónde caen esas semillas, en qué sustrato, quién se las traga sin rechistar. No hubo grandes reacciones de rechazo a esos tratamientos que denigran el periodismo e incluso a quien los consume. La falta de información real convierte a las personas en más vulnerables, menos exigentes. Añadamos la laxitud en los comportamientos éticos que engulle como normal lo que no lo es. Son factores que repercuten incluso en el comportamiento de un país.

Publicidad institucional: la llave del dinero sin condiciones

La prensa tradicional española está mostrando una tendencia conservadora monolítica que no se dio en otros momentos. Firme defensora del bipartidismo, del capitalismo feroz y de dejar todo como está. Caen sus ventas mes a mes. Y allí acuden a sostenerla —además de los créditos bancarios con su cadena de dependencias, o las prórrogas y negociaciones de sus obligaciones con el Estado— la publicidad institucional, convertida en una subvención camuflada que se reparte de forma arbitraria. Fue la vía utilizada para derrotar a Pedro J. Ramírez, aunque en otras ocasiones se había beneficiado de lo contrario, de la dadivosidad del Gobierno. Al final se le vino a decir: «Yo te asfixio sin publicidad hasta que te rindas». Turbios manejos que no debería admitir una sociedad democrática. Ni en un sentido ni en otro.

Las cifras que el ejecutivo destina a la «publicidad institucional» y, sobre todo, cómo las reparte entre los medios siempre han sido opacas. El portal puesto en marcha con la nueva Ley de Transparencia no ha aportado suficientes mejoras, dada la complejidad para encontrar los datos y lo anticuado y burocratizado de su diseño. Antes y ahora la tenacidad ayuda para intentar saber lo que nos interesa. Civio[50], una fundación ciudadana, viene expurgando desde hace tiempo el BOE (Boletín Oficial del Estado) cada día, inquiere e insiste y así logra saber, por ejemplo, que el Gobierno del PP invirtió siete millones de euros en publicitar la deuda pública (esa que escala en su cuantía a niveles de récord, sin que los ciudadanos lleguen a saber el agujero en el que nos han metido, porque, casualmente, la prensa no lo resalta demasiado). O que Galicia triplica su presupuesto para publicidad que genere confianza en su economía. Publicidad, propaganda. O que el Ministerio de Sanidad, Igualdad y Asuntos Sociales distribuye sus anuncios sin atender a criterios de audiencia, regalía que también practican otros ministerios. De esta forma, La Gaceta, de la ultraderechista Intereconomía y que llegó a cerrar por falta de ventas, y La Razón, el periódico menos leído de los nacionales, obtuvieron hasta veintisiete veces más publicidad, más ingresos, que 20 Minutos y El País, los de mayor difusión por ventas.

Son muchos a repartir esa dádiva en la que se ha convertido la llamada publicidad institucional. Esos engendros que la sociedad española fabrica sin saber cómo, crecen y engordan y se quedan ahí a perpetuidad. Las administraciones deberían informar, no hacerse propaganda. Muchas fuentes suministran este maná: el Gobierno central, los autonómicos, ayuntamientos, instituciones, organismos. Terminan siendo un arma de presión a su favor, ejercida con el dinero de todos. ¿Quién critica al que te da de comer, si además no está obligado a ello?

A TRAVÉS DEL PERIODISMO

«Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto... al contrario.
He venido a deciros cómo va a comenzar».

Matrix

Prensa digital

«Cada turista extranjero gastó de media un 1,3 por ciento menos en julio», titulaba eldiario.es, uno de los más pujantes nuevos medios de Internet. Aclaraba que hubo una masiva afluencia de viajeros procedentes del extranjero que, en conjunto, elevó el gasto. El País lo resumía así: «Los turistas dejan en España más dinero que nunca entre enero y julio». Iniciado octubre veíamos encabezando infoLibre: «El nuevo curso y la vendimia no frenan el aumento del paro en septiembre en 19.720 personas». Añadía varios datos: la mitad de los contratos indefinidos son ya a tiempo parcial y crecen el doble que los de jornada completa. La cifra de parados que cobran prestación se desploma un 10,6 por ciento desde 2012. Solo El País traía la noticia en portada entre las webs de medios convencionales. Decía: «El empleo crece en septiembre por primera vez desde el inicio de la crisis». Subtitulando: «El número de personas apuntadas a la Seguridad Social avanza en 12.182 afiliados. La mejora no se traduce en una caída del paro registrado, que sube en 19.720 personas».

Un estudio de la Asociación de la Prensa de Madrid concluía que, desde el inicio de la crisis (ese tópico recurrente), más de trescientos medios habían sido lanzados por periodistas, abarcando múltiples materias y gran parte del territorio nacional[51]. Un esfuerzo de superación y supervivencia porque lo cierto es que ERE y despidos varios, cierre de medios incluso, dejaron una buena porción de periodistas sin puesto de trabajo.

Público también sufrió cambios, aunque se mantuvo en su publicación digital. El traumático cierre de la edición en papel dejó en la calle a profesionales en lo mejor de su carrera. Varios de ellos terminaron por organizarse por su cuenta, recogiendo incluso a descartados de otros medios y empleando a jóvenes valores. Ha habido en España una eclosión de los diarios digitales en este periodo, desde 2011. El Financial Times subrayaba que los periódicos digitales españoles suponen la alternativa a la crisis de la prensa internacional, destacando a El Confidencial y eldiario.es, de Ignacio Escolar. Varias cabeceras más se han hecho imprescindibles. Entre otras, infoLibre, de Jesús Maraña, y varios expulsados de El País o RTVE. Lamarea.com, a modo de cooperativa con extrabajadores de Público. Además de publicaciones especializadas de calidad como Mongolia, en la mejor línea de las revistas satíricas, o la científica Materia. Cuarto Poder o Jot Down Magazine (que también se edita en papel), aunque son anteriores a ese tsunami que fue devastando al periodismo en España desde que los grandes medios sufrieron sus propios descalabros. En Catalunya, Cafe amb Llet ha desenmascarado grandes pufos que el poder perpetra en la sanidad pública, enfrentándose a querellas como en tiempos de infausto recuerdo. Cada cual debe hacerse su itinerario de fuentes que le inspiren confianza.

En el ámbito audiovisual, La Tuerka —que partía de canales minoritarios de Internet— asistió a una carrera meteórica. Lanzaría, entre otros, a personajes como Pablo Iglesias, el líder de Podemos, quien con gran poder dialéctico fue llamado a otras tertulias de la televisión convencional, convirtiéndose en un fenómeno mediático y luego político. Hoy La Tuerka se aloja en Público. En radio contamos con La Cafetera, de Fernando Berlín, el pionero que abrió la brecha hace ya varias décadas con Radiocable. O la provocadora y brillante, Carne Cruda, de Javier Gallego, que ha recalado en eldiario.es, tras su expulsión de Radio 3 de Radio Nacional de España y de la Cadena SER. En apenas tres días consiguió, por suscripción, el dinero para poder iniciar y mantener la emisión.

El gran obstáculo para los grandes medios —escribía un día, hace ya años, el periodista John Carlin en un memorable artículo— es que precisan talar árboles en Noruega, trasladarlos de norte a sur de Europa en barcos o camiones, convertirlos en papel, procesarlo, imprimirlos y distribuirlos, para hacer un periódico. La web no lo necesita, abaratando costes. Los nuevos medios de Internet se están financiando en gran medida por cuotas de asociados, lo que les quita depender por completo de la publicidad, con sus subordinaciones y vaivenes. Un gran precedente —Soitu, de Gumersindo Lafuente— sucumbió por un golpe a su financiación.

El periodismo, como la libertad, siempre pugna por salir cuando está constreñido

En los medios digitales se está haciendo —con diferentes matices— lo que entiendo es periodismo libre. Periodismo. Me sorprende cuando les escucho hablar de «otra forma de hacer periodismo», también lo piensan los lectores. Pero es que el periodismo auténtico es esto. Sin seguir «la agenda» de los políticos ni meter sus declaraciones de propaganda. Destapando exclusivas. Como los pufos de la (para otros) intocable banca o sucios manejos del caciquismo que se evidenciaban, por ejemplo, en los correos de Miguel Blesa al frente de Caja Madrid. Su rescate —convertida ya en Bankia— supuso la mayor sangría para las arcas del Estado, para los ciudadanos, para el Estado del bienestar en definitiva, según lo decidió el Gobierno. Un atropello sin parangón maquillar sus cuentas para salir a Bolsa. Todavía no nos reponemos tampoco del escándalo de sus tarjetas black por las que directivos de distintos partidos, sindicatos o patronal gastaron cantidades ingentes de dinero para sus gastos personales de una entidad que gestiona fondos ajenos. Todo en Bankia fue un pufo. A pagar a escote entre los ciudadanos. El buen periodismo es como volver a visitar la Alhambra sin restricciones regladas.

Los medios de Internet han logrado establecer una red que no existía en 2011 por la que circula el periodismo y se cuenta «lo que no interesa al poder» (una de las características de la noción de noticia). Lo que no interesa tampoco a los poderes mediáticos. Ya no se puede ocultar una noticia ni manipularla en exceso, sin quedar en evidencia. Se ha abierto una brecha en el circuito tradicional, fuertemente controlado. Y lo cierto es que los grandes periódicos pierden, como hemos dicho, lectores en cascada.

Un periodismo crítico, no complaciente. Como es, desde su raíz, el periodismo sin necesidad de apellidarlo. Libre. Se le llamó el Cuarto Poder porque era la voz de la sociedad frente al resto de los poderes. Hay periodistas que hasta se ríen de esta definición. Y así nos va.

¿Y cómo se logra la independencia? Al margen de la voluntad de quererla y buscarla, claro está. «Con un 1 por ciento de los costes de los grandes medios hacemos un 20 por ciento de su tráfico», decía Ignacio Escolar, coautor de este libro, en el segundo aniversario de eldiario.es. Con un matiz dirigido a los socios: «No pagan para leer noticias, sino para que seamos independientes». Porque, por supuesto, el periodismo digital puede tener (o llegar a tener) los mismos vicios y servidumbres que los medios tradicionales, pero, al aligerarse la pesada losa de los gastos, se contraen menos compromisos económicos. De cualquier forma, es cuestión de actitud, de querer priorizar el periodismo sobre otros logros.

The Guardian, vieja y prestigiosa cabecera del Reino Unido, también se ha sumado a la financiación por asociados. Es, allí, el periódico que más leen los jóvenes. Y se ha adaptado bien a los nuevos formatos. Es la asignatura pendiente de los medios tradicionales en España, en distintos grados.

Quien quiera puede informarse. Por múltiples fuentes. Con lentes identificables o a cara descubierta. La mitad de los votantes del PP y del PSOE —los partidos aún mayoritarios pese a su pérdida de apoyos— no usan siquiera el correo electrónico, según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Imaginémoslos buscando noticias en medios exclusivamente digitales. No lo hacen. Se lo pierden. Es perfectamente legítimo apartarse de las innovaciones, solo que están quedando en un reducto de la historia que acabará por consunción. Y pierden información y ventanas abiertas a espacios que les seguirían haciendo crecer. De hecho, se ha estudiado ya que la brecha digital crea desigualdad[52].

A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD

Locos por Twitter

Sí, así seguimos. Cada vez más, por el momento. Ni una década llevan implantadas en España como tales las redes sociales. Desde 2007 Facebook y 2009 Twitter, aunque muchos usuarios ya las utilizaran a través del conducto internacional. Hoy son tan influyentes, por la amplísima difusión de sus mensajes, que hasta condicionan decisiones de gobierno. A menudo, demasiado a menudo, se convierten en noticia por sí mismas. Los medios tradicionales titulan siempre, invariablemente, «Arde Twitter por...». Las redes sociales parecen ser de un material muy inflamable, a ojos de los profanos. Lo cierto es que generan un gran tráfico con los medios de Internet en particular: Público, eldiario.es, vozpopuli, El Confidencial, infoLibre. También con los medios de siempre. Y es solo el comienzo, la comunicación por telefonía o televisión es un proceso y un progreso imparable. Todo ha cambiado. Y es mucho más difícil para el poder censurarlo y fiscalizarlo. Grandes prebostes del sistema siguen sin comprenderlo, y atribuyen a las redes sociales poderes desestabilizadores, al vehículo como si fuera un bólido maléfico sin tripulantes. Son un medio. Por él, la gente se interconecta. Y no es poco. Tiene un papel más activo, más protagonista. Los grandes medios de comunicación intentan también que sus lectores participen, que sepan que se cuenta con ellos. Twitter y Facebook son el modelo, arda o no arda. Aunque miles, millones de personas aún utilizan como principal fuente para informarse la televisión, el capítulo de Javier Pérez de Albéniz le dará detalles.

La que se dijo gran apuesta socialista por la pluralidad televisiva acabó en fiasco y concentrando la oferta en dos grandes grupos: Atresmedia y Mediaset. Exactamente lo que había, pero ampliado. Un pleno. Las privadas han venido aportando algunos programas de interés informativo y notable repercusión. La Sexta con Salvados, de Jordi Évole; El Objetivo, de Ana Pastor, y El Intermedio, del Gran Wyoming, que informa aun cuando su formato sea el humor. La pública ha sufrido un retroceso abismal.

Con el PSOE de Zapatero, RTVE, la televisión pública estatal, vivió un periodo de especial libertad (no demasiado frecuente). Por segunda vez en la historia —la primera fue con Fernando Castedo en 1981— el director general o presidente de TVE había sido nombrado por consenso. En este caso, de dos tercios del Parlamento. El PP de Rajoy acabó con esta medida designando los cargos con su mayoría y para su mayoría. TVE perdió audiencia y prestigio de una forma dramática. Los telediarios han sido acusados reiteradamente de manipulación, incluso por los propios trabajadores, que llegaron a evidenciarlo con protestas y huelgas. Una nueva vuelta de tuerca en el otoño de los horrores (2014) marcó una apuesta sin tapujos por ahondar en la televisión al servicio de un partido, el PP. Informe semanal, el mítico programa de reportajes, ya había pasado a ser una caricatura por sus burdas manipulaciones. Creado a contracorriente en las postrimerías del franquismo, sobrevivió décadas a todas las presiones, menos a las de Rajoy y su equipo para la Casa.

Sobre RTVE pende la misma amenaza que se llevó a Telemadrid y Canal 9, todas en manos del PP.

El Parlamento en los platós de televisión

Todos los días. Mañana, tarde y noche. La opinión ha proliferado de forma exponencial en estos años, como ya se apuntaba la tendencia en Reacciona. Los debates políticos se han alzado como ingrediente esencial en la programación, porque también incorporan de forma muy notoria al espectador. Se diría —se ha dicho— que han sustituido de alguna manera al Parlamento en discusiones básicas. Pero no hay representatividad social como en el Congreso o el Senado. Aquí hablamos de programas de entretenimiento. De lucha por la audiencia. Y, si hay pizarra para divulgar el conocimiento de la economía, es neoliberal casi invariablemente. Filtro color salmón de los negocios para mirar la realidad.

En teoría se ofrece pluralidad con personas de distintos partidos. Da la impresión de que en muchos de ellos, sin embargo, son los propios partidos los que mandan a su representante, según conviene a su estrategia. A la de ellos. Los periodistas suelen ser convocados también en función de su ideología. Es absolutamente diáfano que el cupo «de la derecha» defiende los postulados del PP como lo haría un militante o un empleado. Últimamente se ha visto más variedad en el lado, digamos, progresista. Y hay unos cuantos personajes que han asistido a una revitalización de sus carreras por el simple hecho de pertenecer a la ultraderecha o ser especímenes pintorescos. «Dan juego» con sus posiciones radicales. Y es de lo que se trata.

Hay tertulianos fijos que hacen grandes aspavientos cuando otro les lleva la contraria. A diario. Mañana, tarde y noche. Como si fuera la primera vez en su vida que escuchan esos argumentos. Forma parte del teatro. Los aficionados a estos eventos saben en buena medida lo que van a decir los participantes. Aspiran a ver, como en los encuentros de fútbol, si gana su favorito o el contrario. O si él cree que el tertuliano que le gusta machaca al que le disgusta. De nuevo, el espectador se siente protagonista. Los programas que, ante hechos graves, utilizan expertos son mucho más clarificadores. Deberían ir por esa línea. Y en general no lo hacen.

En realidad, las tertulias son seguidas por una audiencia limitada —salvo que ofrezcan al personaje de moda o al «más difícil todavía» que dispara la atención—. Las más vistas apenas sobrepasan el millón o millón y medio de espectadores, bastante menos muchas veces que una película con gancho e infinitamente menos que un partido de fútbol. Pero logran notoria repercusión cuando se alían, precisamente, con las redes sociales, donde la audiencia puede opinar sobre lo que ve. Los debates y otros programas han aprendido a usarlas. Los #hashtags, etiquetas, promocionados por el propio programa muchas veces, ascienden en los trending topics, lo más comentado en ese momento. De esta forma se amplifica el propio eco del espacio.

De alguna manera se está creando un monstruo. Espectadores avisados pueden encontrar datos que sustenten argumentos en opinantes creíbles, pero la amalgama termina por confundir más que aclarar. Algunos menos formados e informados, llevados a mirar en las direcciones que se marcan con múltiples giros, pueden acabar mareados y sin saber ya ni qué pensaban. Parece, por otro lado, que no se es nadie en política sobre todo, en periodismo también, en economía en cierto modo, si no se «sale en televisión». Pablo Iglesias y otros miembros de Podemos utilizaron esta peculiaridad a su favor con singular maestría para darse a conocer y afianzarse. Otros no saben hacerlo. Pero siempre es bajo las reglas empresariales de las cadenas, con sus condicionantes de audiencia y orientación. Tampoco mejores que en la televisión pública, que ha vuelto a vender, en los presuntos debates, las presuntas excelencias del partido en el gobierno. Y hay que saberlo. Nada que ver con el Parlamento, que, eso sí, la práctica ha convertido en un órgano casi inútil para el debate. Puede que los programas espectáculo de actualidad política asistan en el futuro a un declive, por saturación. Puede que la sociedad encuentre un espacio donde desarrollar su necesidad de comunicarse con otros sobre temas esenciales, más allá aún de las redes sociales que todavía no llegan a toda la sociedad. Por ahora, mantenerse alerta es imprescindible. Pocos focos de información con más lentes programadas por otros que los debates de televisión.

Neolengua: cada eufemismo, un hachazo

Pero es útil. «Arde Twitter» decíamos, en su cajita y rotulada. Esta sociedad ha sido acostumbrada a tópicos y etiquetas simplificadoras y, por tanto, más accesibles. Se acelera el proceso de neolengua impuesto desde los medios y la política. El reduccionismo y manipulación del lenguaje que un George Orwell clarividente definió en su obra 1984, publicada en 1949 con gran visión de futuro. También ha esprintado. Debe tener el PP un departamento específico para elaborar eufemismos que distraigan y oculten la realidad.

Sin duda, llamar «gasto social» a lo que se invierte en el bienestar de los ciudadanos a cambio de sus impuestos ha calado. No estamos para «gastos», el dinero hay que destinarlo a rescatar bancos, autopistas deficitarias o pago de sobresueldos a políticos de algunos partidos. Las tácticas de manipulación terminan por funcionar en personas especialmente vulnerables o proclives a aceptar la palabra de quienes «le gustan».

Uno de los últimos hallazgos es llamar «menores con dificultad para cubrir sus necesidades básicas» a los niños que en España no comen lo suficiente. Esa alarmante cifra de más de dos millones y medio de críos deficientemente nutridos parece hablar así de personas a quienes no les encaja bien la ortodoncia y sufren un insignificante problema mecánico para tomar alimentos.

El PP se ha especializado en dulcificar verdades amargas para sus fieles y en irritar a quienes escuchan sus excesos neolingüísticos. ¿Recordamos «la movilidad exterior»?, es la que ha echado de España a miles de jóvenes desempleados que tampoco encuentran siempre el Edén. La Alemania de Merkel anunciaba que expulsaría a los emigrantes a los seis meses de estar sin trabajo. Reino Unido también. Cada eufemismo ha traído un hachazo a nuestro bienestar. «Flexibilizar el mercado laboral» tenía como objetivo rebajar sueldos y derechos. «Optimizar» recursos implicaba expulsar trabajadores o reducir sus sueldos. «Externalizar la gestión sanitaria» ha supuesto privatizarla y considerar nuestra salud un negocio. Los «cambios de ponderación impositiva» fueron siempre una subida de impuestos a manos de un ministro que encima parece burlarse del común de los ciudadanos. Mientras, a las grandes fortunas evasoras se les aplicaba «un gravamen a activos ocultos» o «medidas excepcionales para incentivar la tributación de rentas no declaradas», que, oh, milagro, les liberaba de pagar lo mismo que el resto de los ciudadanos. A aumentar el paro se le llamó «ralentizar el ritmo de destrucción de empleo». Los apaleados derechos de reunión y manifestación han sufrido «modulaciones», pero de un calibre tal que algunas como la llamada Ley Mordaza —Ley de Seguridad Ciudadana, paradójicamente, en su terminología— han llegado a implicar dudas sobre su idoneidad en una sociedad... democrática. Así lo dijo el Consejo de Europa[53].

Asombrosamente, quedan personas que engullen estas tretas, que compran el discurso de la herencia recibida. La que se remonta al reinado de Recaredo, al parecer, dado lo que se estira y cunde. Lo peor es cómo ha sido incrementada con una política de tierra quemada que tardará mucho tiempo en volver a ser fértil.

MALOS TIEMPOS PARA EL PERIODISMO, BUENOS TIEMPOS PARA EL PERIODISMO

Al periodismo le dejaron en evidencia arrojados delatores contando verdades trascendentes. Las revelaciones, a través de periódicos convencionales, de Wikileaks, antes de la oportuna desactivación de su portavoz Julian Assange, las del antiguo agente de la CIA, Edward Snowden, e incluso del empleado bancario e ingeniero de sistemas Hervé Falciani, con su lista de evasores fiscales alojados en Suiza, nos demostraron cuántas lagunas tenía nuestro conocimiento de lo que se cuece en las alturas.

El periodismo, el buen periodismo, también se ha resentido de esta nefasta época que decreta la austeridad en lo esencial, para enriquecer a unos pocos. Aquellos viajes de los años ochenta del siglo XX para contar los entresijos de una guerra o ver caer el Muro de Berlín con sus enormes consecuencias apenas se hacen ya. Hay que ahorrar. En información. Es muy útil. Al poder escasamente democrático en la práctica. Los corresponsales son una figura a extinguir. Idealistas freelancers se embarcan, pues, a jugarse la vida —y perderla a veces— por informar. Los asesinatos de periodistas a cuchillo del Estado Islámico (IS), asentado en un amplio territorio de Irak y Siria y en extensión, evidencian que, cuando no hay un medio potente detrás que respalde, ni la vida vale. Si tienen suerte y pueden realizar su labor, les comprarán el reportaje. ¿A qué precio? «Por una foto periodística pagan menos que por un preservativo», denunciaba Visa pour l’Image, el más importante festival de fotoperiodismo[54]. Se habló incluso de 0,50 euros.

Del respeto por el periodismo, incluso en países sin conflictos cruentos, da idea lo que sucede en España. Los periodistas, sobre todo fotógrafos, se han visto impelidos a acudir a las manifestaciones con chalecos identificativos de prensa. Como si estuvieran en una guerra. Igual lo estamos sin haberla declarado de forma oficial y el enemigo es el ciudadano y el periodista. No corren buenos tiempos ni para la crítica al poder ni para contarla.

Y así estamos. Soportando que nos vendan una recuperación económica en España que se contradice con la vida de las personas. Más de dos millones de conciudadanos utilizan los comedores sociales para subsistir. Alimentándose fundamentalmente de leche, arroz y lentejas, sin proteínas animales. Esta vuelta a la sociedad desigual de la posguerra es más clarificadora que todos los datos. Nunca creímos llegar a ver esto, ni pasar frío a muchos seres humanos por no poder pagar la calefacción, debido a su incremento de precio y a la merma de ingresos. La brecha de la desigualdad en aumento, de continuo.

Hay un nuevo periodismo. El de siempre en realidad. El que busca informar a las personas de lo que les interesa y afecta a sus vidas. Y se le ve vigoroso. Aunque hay que saber encontrarlo. Sigue creciendo también la idea de una nueva forma de obrar en política. Desde la gente, sin podios y olimpos, buscando el bien común. Todas las fuerzas de la Congregación de Notables se han aliado en su contra. Y personas adultas lo vuelven a engullir. Y vuelven a creer que quienes les atracaron y engañaron cien veces se llenan de buena fe cuando les «advierten» que con otros les irá peor.

¿Qué puede haber peor? ¿Alguien puede arrasar más nuestra vida de lo que ya se ha hecho en tan poco tiempo?

¿POR QUÉ?

Una y otra vez nos preguntamos qué impele a gran número de personas a no moverse cuando están siendo agredidas. A no expresar siquiera una queja. «El hombre ordinario con poder extraordinario es el principal peligro para la humanidad y no el malvado o el sádico», decía Erich Fromm, el filósofo y psicólogo social que demostró la tendencia de la mayoría de los humanos a tener miedo a la libertad y, por tanto, a rehuirla. Su obra, publicada tras el horror nazi, advertía sentimientos personales de inseguridad, miedo e impotencia en los individuos dentro de una sociedad. La mayoría de los alemanes, por ejemplo, vio desarrollarse esta modalidad del fascismo y sus crímenes sin mover un dedo.

Ni el miedo ni la credulidad ni otras variedades de huir, ni la saturación de escándalos, ni el aceptarse como culpable por inducción ni el egoísmo justifican tanta pérdida. El cóctel con varios de estos ingredientes puede que sí. Toda la historia de la humanidad es una lucha por la libertad y los derechos frente a quienes sistemáticamente se apoderan de ellos, cada vez que tienen ocasión, en beneficio propio. Pero ceder, cejar, es perder. Cuando se comienza a tragar, no hay fin.

El retroceso experimentado por la sociedad española a todos los niveles es dramático. Es cierto que la tarea es tan ingente que puede invadirnos el desánimo. Quizá esto es una cadena de relevos. Porque, con seguridad, existe otra forma de afrontar la vida en común. Sin rapiñas como la de Caja Madrid (hasta con el escarnio de las tarjetas black) y ciento más, sin mentiras y manipulaciones, sin cargar tan abusivamente sobre las espaldas de los más débiles la desorbitada prosperidad de unos pocos. Buscando la felicidad de la mayoría, no su sometimiento y su miedo, trabajando por el bien común.

«Cuando damos esperanza a la gente empieza a diluirse esa imposibilidad absoluta», dice con toda razón Lawrence Lessing, el abogado estadounidense creador de la iniciativa Creative Commons[55]. Y es cierto que se aprecian signos notables de cambio. No de pequeños ajustes, sino del alumbramiento de una sociedad con otra organización y objetivos. Que logre encontrar su camino y responder a las expectativas generadas es probablemente tarea de muchos. Y puede precisar más de una vuelta alcanzar la meta. «Si mejor o peor, dependerá de nosotros», decía Sampedro en Reacciona.

La vieja política ya no es tierra a la que volver, como no se transforme hasta renacer. Suelo decirlo, porque experimenté esa sensación exacta al tener que dejar, por un ERE, un trabajo que adoraba: Informe semanal, de Televisión Española. Muchos españoles de todas las profesiones conocen bien ese sentimiento de pérdida en su profesión. En poco tiempo no lo añoré. Porque aunque pasara por la puerta de mi antigua empresa, sentí que no existían ya ni la televisión que conocía ni el programa que fue siempre más allá de lo posible y lo imposible frente a la censura, y nunca nos avergonzó. No era tierra a la que volver hacía ya tiempo. Hoy, una plaga los ha arrasado. El tren ha partido, pero la vida es constante movimiento. Había otros lugares prometedores para seguir caminando, para seguir informando, para seguir pidiendo que cada uno de vosotros, tú, lo intentéis por todos los medios. Para luchar por el bien de todos con la base debida. Somos muchos en ese empeño. Hay que sumar a los que podamos del resto. Lo último, anclarse en el error. Lo absurdo, seguir permitiendo la destrucción.

Echar la vista atrás es contemplar mermas y desgastes dolorosos. ¿Cuánto más estás dispuesto a perder?, preguntamos. Muchos, juntos y con ganas, podríamos conseguir poner freno a la avalancha, remontar y reconstruir. ¿No notas que empieza a diluirse esa imposibilidad absoluta?

VII

La poda del árbol de la ciencia

Carlos Martínez y Javier López Facal

Carlos Martínez. Profesor de investigación del CSIC, ha realizado sus trabajos en España, Suiza, Alemania, Suecia, Francia, Canadá y Estados Unidos. Ha escrito más de cuatrocientas cincuenta publicaciones y revisiones en las más prestigiosas revistas científicas internacionales, y es frecuente colaborador de temas científicos en medios de comunicación incluyendo prensa escrita, donde ha publicado más de setenta artículos, radio y televisión. Su trabajo ha sido reconocido con múltiples premios, entre los que destacan el DuPont, el Carmen y Severo Ochoa, el Rey Jaime I de Investigación Científica, el Lilly de Investigación Preclínica, el Premio Nacional de Investigación en Medicina «Gregorio Marañon» y el Premio México de Ciencia y Tecnología. Es doctor honoris causa por varias universidades y miembro de varias academias, entre ellas la Academia Europea. Ha participado como experto en distintos organismos internacionales: la Unión Europea, la OTAN, el programa «Human Frontiers» (HFPS), el Consejo Científico de la Organización Europea de Biología Molecular (EMBO) y en la Conferencia Europea de Biología Molecular (EMBC), del que fue presidente. Ha sido presidente del CSIC y secretario de Estado de Investigación.

Javier López Facal. Profesor de investigación del CSIC, doctor en Filología Griega por la Universidad Complutense (1972), trabajó en lexicografía griega en el CSIC entre 1968 y 1983. Vicepresidente de este organismo entre 1983 y 1988, ocupó a continuación diversos cargos de gestión del sistema de I+D y desde 1996 se dedica al análisis de la política científica y la gestión de la investigación. Ha publicado libros de filología griega y política científica, traducciones al español desde varias lenguas, artículos académicos en revistas de filología y de divulgación, u opinión en diarios y revistas generalistas. En los últimos años ha publicado varios libros de ensayo en la editorial Los Libros de la Catarata: La presunta autoridad de los diccionarios (2010), Antología de muertes apacibles (2012), Breve historia cultural de los nacionalismos europeos (2013), El declive del imperio vaticano (2013).

Cuando asistimos a congresos por el mundo nos suelen preguntar algunos colegas sobre lo que está pasando ahora mismo con la ciencia en España, porque han empezado a detectar ya una disminución en el flujo de publicaciones científicas de autores españoles. En el interior, en cambio, no parece percibirse todavía ese cambio ya visible desde el exterior, quizá porque el árbol más cercano nos impide ver el bosque en su conjunto.

Reconozcamos, para empezar, que a los autores de este capítulo nos resulta difícil resistir la tentación de no comenzar el relato recordando aquella lúcida reflexión de André Gide: Toutes choses sont dites déjà; mais comme personne n’écoute, il faut toujours recommencer, «Todas las cosas ya están dichas, pero como nadie escucha, siempre hay que volver a empezar».

UNA PROFECÍA AUTOCUMPLIDA

En el libro Reacciona de 2011 presentábamos unas consideraciones generales sobre la I+D española bajo el título de «Hay que seguir renovando el panteón»; pues bien, lo allí dicho no solo no ha perdido vigencia alguna, sino que sus tesis incluso se han revalorizado. Pero que conste que no pretendemos presumir de lo perspicaces que fuimos en aquel momento, utilizando para ello una inteligente frase de Gide. En absoluto: el ejercicio de prospectiva que entonces hicimos era de una sencillez tan elemental que presumir de ello equivaldría a presumir de una obviedad, como la de haber previsto, por ejemplo, que la crisis económica y los recortes en el gasto público asociados iban a traer consigo, además, un deterioro en las condiciones laborales e incluso una involución política.

Lo cierto es que recortes ha habido y ha seguido habiendo, aunque en 2014 se han moderado un poco, bien por esos célebres brotes verdes, hoy llamados «raíces vigorosas», bien porque se acercan periodos electorales y no es cuestión de seguir irritando en demasía al maltratado cuerpo electoral.

Veamos, en efecto, cuál ha sido en estos últimos años la evolución de la función 46, la que financia la investigación, desarrollo e innovación en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), incluyendo el capítulo VIII de los activos financieros o créditos reembolsables que se conceden mayoritariamente a las empresas y cuya ejecución apenas supera el 50 por ciento de lo presupuestado:

Año

Cantidad total en M€

Variación en porcentaje sobre el año anterior

 2011

 8.585

 – 7,40

 2012

 6.320

 –26,38

 2013

 5.926

 –6,23

 2014

 6.140

 3,26

El avisado lector observará que el supuesto incremento en la inversión en I+D+i que se habría producido en los PGE de 2014 es una falacia, porque ni siquiera se alcanza en este año la cantidad presupuestada en el 2012 y no digamos ya en 2011 o en años anteriores. Lo que ha ocurrido es que se han dejado de podar en exceso las ramas del árbol de la ciencia con la inmisericorde motosierra que venía aplicando el Ministerio de Hacienda, se ha subido mínimamente el crédito y se ha presentado ese modesto incremento como si fuera un gran triunfo.

Para 2015 se insiste en la misma dirección: los fondos de I+D subirían globalmente un 1,3 por ciento sobre los de 2014, pero los créditos no financieros, es decir, los que de verdad financian la investigación civil, registran una disminución de 7 millones de euros, a pesar de los engañosos 6.395 millones de euros de la correspondiente función presupuestaria.

La metáfora de los recortes en I+D, como una poda del «árbol de la ciencia», nos permite informar a los lectores de fuera de Madrid acerca de una polémica ciudadana que afecta a la política arbórea del Ayuntamiento de esta ciudad. Hace años se sometió a los cientos de miles de árboles que hay en las calles de la capital a una poda excesiva y sin aparentes criterios de buenas prácticas forestales o jardineras; además, se ha venido recortando la nómina de trabajadores municipales dedicados al cuidado y mantenimiento del arbolado urbano y se han «externalizado» los correspondientes servicios. El resultado de todo ello es que últimamente están cayendo con demasiada frecuencia grandes ramas de árboles urbanos y en dos ocasiones han producido la muerte a sendos ciudadanos que tuvieron la desgraciada suerte de pasar en aquel momento por debajo de unos árboles maltratados municipalmente durante años.

Los árboles, como es bien sabido, son los seres vivos más longevos de la biosfera; en condiciones óptimas, si son dejados a su aire o están bien cuidados, pueden llegar a vivir centenares de años. A cambio de esa longevidad, suelen tardar un tiempo en dar frutos: uno planta patatas y a los pocos meses obtiene una cosecha que multiplica el volumen de lo plantado, pero uno planta olivos y tiene que esperar años, bastantes años, antes de recoger la primera cosecha.

A la política de I+D le ocurre algo parecido: uno no puede esperar que produzca frutos al ritmo de las patatas, porque su biorritmo se parece más al del olivar, pero el desgraciado ejemplo de los árboles urbanos madrileños nos revela de forma trágica que las malas prácticas aplicadas a políticas de plazo largo acaban pasando factura tarde o temprano.

Pues bien, animados por lo pertinente de nuestras consideraciones en el anterior Reacciona, nos atrevemos a profetizar que los recortes en las políticas de I+D que se han venido haciendo año tras año pasarán factura a la sociedad española. Lo malo es que al contrario de la I+D, cuyos efectos se notan a largo plazo, la política a secas tiene unos horizontes mucho más breves, por lo general de cuatro años como máximo, y cuando se perciben las consecuencias desafortunadas de decisiones políticas erróneas, el responsable de haberlas adoptado con frecuencia no está ya ni siquiera en el Parlamento y, por lo tanto, nadie asume el error ni se siente responsable de él.

A pesar de lo escueta y esquemática que es la tabla anterior, no se puede dudar de que es también lo bastante explícita y que ofrece unos datos tan escandalosos que deberían haber producido una cierta alarma social o incluso unas ruidosas protestas de carácter multitudinario. Ha habido, en efecto, algunas protestas y manifestaciones de rechazo, pero han sido mínimas y han pasado prácticamente desapercibidas para la opinión pública.

Esa inadvertencia de los recortes presupuestarios en I+D y del malestar de los científicos al respecto puede deberse a dos razones, una mala y una buena.

La mala es que en España la ciencia no le interesa a nadie o, para ser más precisos, le interesa a muy poca gente; ni siquiera a los empresarios, que podrían haber levantado la voz, como hacen sus colegas de otros países cuando se tocan los presupuestos en I+D. Entre nosotros ha habido solo algunas tibias muestras de desagrado en los informes anuales de la Fundación COTEC para la innovación tecnológica, un foro de grandes empresarios que produce unas excelentes publicaciones sobre la marcha del país al respecto, y poco más. Nuestros empresarios, con honrosas excepciones, parecen tener otras prioridades y otras preocupaciones, bastante alejadas de la generación del conocimiento y de la innovación.

La máxima de George Berkeley, el célebre empirista irlandés del siglo XVIII, de que esse est percipi, «ser es ser percibido», se podría aplicar a esa escasísima visibilidad del sector español de I+D: los recortes presupuestarios que ha padecido este sector simplemente no han existido porque no han sido percibidos por la opinión pública y la opinión pública no los ha percibido porque no está ni interesada ni informada de lo que se hace en los laboratorios y centros de I+D en general. Así las cosas, recortar en la función 46 de los PGE es un ejercicio sin coste político, porque a casi nadie le importa. Tenga usted en cuenta, además, que la política científica española y la gestión de los presupuestos de I+D no dependen de un Ministerio de Educación o de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, como ocurre en prácticamente todos los países del mundo, sino del MINECO, Ministerio de Economía y Competitividad, al que según la legislación vigente le «corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia económica y de reformas para la mejora de la competitividad, de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores, la política comercial y de apoyo a la empresa, así como el resto de competencias y atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico». Solía formar parte de Educación (y Ciencia) o tener un ministerio propio (Ciencia y Tecnología); lo de depender de Economía es una innovación del Gobierno Rajoy, siempre tan creativo. Es obvio que, puestos a cortar, las autoridades del MINECO ofrecen con menores remordimientos la cabeza del Bautista, es decir, los fondos de I+D, que otras cabezas más apreciadas, como las relacionadas con la política comercial o las de apoyo a la empresa.

L’ORDINE NUOVO DE LA POLÍTICA CIENTÍFICA

Frente al pesimismo de la inteligencia intentemos aplicar, sin embargo, aquel optimismo de la voluntad que propugnaba Antonio Gramsci en su célebre artículo de L’Ordine Nuovo de 1923.

Supongamos que la inadvertencia de la sociedad acerca de los recortes en las políticas científica y tecnológica se deba a una buena razón, a saber, que los ciudadanos saben priorizar y consideran justamente mucho más graves los recortes en sanidad, educación, pensiones, cooperación al desarrollo u otras políticas sociales. En el desolador panorama de la reducción general del sector público, de las privatizaciones, externalizaciones, deterioro de los servicios y empobrecimiento generalizado, los recortes en I+D son casi anecdóticos y, en todo caso, no merecedores de la indignación popular. A lo mejor, los científicos deberíamos pensar que no es que no les interese a los ciudadanos el conocimiento, o la ciencia o, incluso, la tecnología, sino que lo que no les interesa es cómo lo hacemos, o cuánto gastamos o a quién rendimos cuentas de nuestra actividad: la búsqueda del bosón de Higgs es indudablemente una fascinante aventura del intelecto humano que honra a nuestra especie, pero el mantenimiento anual del Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN) cuesta casi 1.000 millones de euros y construir el último laboratorio, el LHC, costó unos 7.000 millones, de los que parlamentos y contribuyentes tienen derecho a preguntarse por su oportunidad o su pertinencia.

Aquí en España y, en mayor o menor medida, en otros países europeos estamos acostumbrados a ver aeropuertos vacíos y sin aviones, puertos sobredimensionados y poco útiles, estaciones y líneas de alta velocidad de bajísima ocupación, autopistas con tráfico tan escaso que no justifican las cuantiosas inversiones realizadas, parques tecnológicos y recintos feriales tan desocupados que son casi fantasmagóricos, museos y polideportivos sin usuarios ni visitantes, ciudades de la Justicia iniciadas pero nunca terminadas y otros muchos ejemplos de despilfarro y mala gestión. Solo que la justificación de una adecuada financiación para la ciencia o la I+D no puede residir en un «y tú más», ni el despilfarro o la corrupción de políticos y gestores son buenos argumentos para postular la continuidad del CERN, que a primera vista parece un poco caro, pero el conocimiento y la tecnología que produce son verificables y fácilmente demostrables. Pongamos el ejemplo de una tecnología desarrollada en el CERN y que hoy utilizamos de manera gratuita todos los lectores de estas páginas: Internet. Fue un entonces joven físico británico, hoy sir Timothy («Tim») Berners-Lee, quien desarrolló el protocolo de transferencia de hipertextos (HyperText Transfer Protocol o http) en 1989 y quien fundó en 1994 el Consorcio de la World Wide Web con sede en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), sin los que nos resultaría difícil concebir hoy la vida. Su universalidad y su gratuidad son debidas a que estas innovaciones surgieron en centros que financian la I+D con fondos públicos y que, por lo tanto, devuelven de forma gratuita sus frutos a la sociedad que los financia, como puede ser el caso también de la Genome Research Foundation y de muchos otros organismos públicos de investigación.

El caso del CERN no es el único ejemplo de los réditos obtenidos como consecuencia de la búsqueda del conocimiento. El proyecto de la secuenciación del genoma humano con sus múltiples ramificaciones (ENCODE, IGCC, The Cancer Genome Consortium, etcétera), ha venido a poner también de manifiesto, además de los costes, los cambios que se han dado en la metodología de la investigación en biomedicina, como el abordaje global mediante proyectos transdisciplinares, la colaboración internacional y por supuesto la visibilidad en la consecución de objetivos. La utilización de la tecnología desarrollada y su extraordinario abaratamiento, pues no en vano hoy el coste de la secuenciación de un genoma humano es inferior a los mil dólares, ha tenido una extraordinaria repercusión en el ámbito de la salud: son muchos los tratamientos contra el cáncer como resultado de la secuenciación del genoma y la identificación de las mutaciones implicadas en el proceso tumoral. Pero, además, esta tecnología ha servido también para identificar la complejidad de las bacterias que nos colonizan, no solo su número casi cien veces superior al de las células de las que estamos constituidos, sino también correlacionar su diversidad con la susceptibilidad a enfermedades como la diabetes, la obesidad, el riesgo cardiovascular o las enfermedades autoinmunes.

Esta utilidad se extiende a casi todos los ámbitos de nuestra vida actual. El GPS (Global Positioning System) hoy utilizado para los desplazamientos, aplicaciones cartográficas o patrones del tiempo, con todas sus implicaciones, corrientes y salinidad marina, etcétera, es el resultado de la investigación utilizada para identificar la posición de los satélites.

Ocurre que aun sin ejecutar unos recortes tan brutales e irracionales como los que el Gobierno español ha aplicado a la política de I+D, lo cierto es que la propia Unión Europea está revisando también su famosa agenda de Lisboa, aprobada a bombo y platillo en el Consejo Europeo de Lisboa de 23 de marzo 2000, cuando todavía cundía el optimismo y los europeos aún disfrutábamos ingenua y alegremente del Estado del bienestar.

Ya en 2001 la comisión declaró que los objetivos sociales y medioambientales de la agenda no eran prioritarios y en consecuencia fue descartada o aplazada sine die esa dimensión que, sin embargo, resultaba tan atractiva a los ciudadanos.

Centrándose solo en los aspectos económicos, la estrategia de Lisboa pretendía que Europa fuese en 2010 la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, lo cual desde la atalaya de 2014, tan cómoda por cierto para hacer retrospectivas, resulta un sarcasmo cruel, porque a la vista está que el angélico desarrollo sostenible basado en el conocimiento que se propugnaba hace tan poco ha sido sustituido por un sálvese quien pueda y por un deterioro social sin precedentes desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial.

A la hora de la verdad Europa ha seguido apostando por la PAC («política agraria común») y otras políticas más importantes electoral y socialmente y ha ido poniendo un énfasis cada vez menor en la promoción de esa especie de Shangri-La que era la «sociedad del conocimiento». El mismo Programa Horizonte 2020, por ejemplo, languidece entre una aparente indiferencia de los grandes países y a la hora de llenar de competencias las carteras de los comisarios de la Comisión Juncker, se observa que la I+D aparece dispersa en varios departamentos. Aquella reflexión tan afortunada y perspicaz de Raul Proença, hace más o menos un siglo, de que Europa era como la Victoria de Samotracia, un cuerpo hermoso y vigoroso pero sin cabeza, se puede aplicar ahora con todo merecimiento a su política de I+D, hoy dispersa y ostensiblemente descabezada.

Donec eris felix multos numerabis amicos, «mientras eres feliz, tienes muchos amigos», que decía el desterrado y triste Ovidio desde los lejanos confines del Ponto; pues bien, a los científicos, sobre todo a los científicos españoles, les está ocurriendo algo parecido al cambio de fortuna que padeció Ovidio.

Veamos, en efecto, cómo había sido la evolución presupuestaria de la política de I+D en los años de la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, quien, por cierto, incrementó muy notablemente los recursos en cumplimiento de un compromiso electoral:

Año

Cantidad total en M€

Variación en porcentaje sobre el año anterior

 2005

 4.971

 16,26

 2006

 6.549

 31,75

 2007

 8.059

 23,05

 2008

 9.337

 15,86

Unos incrementos anuales tan grandes y acumulativos en una política pública siempre implican un riesgo, porque el sistema puede no ser capaz de absorber unos crecimientos espasmódicos ni de gestionarlos con eficacia y, por lo tanto, podría gastarse alegremente el dinero fácil que mana de unos presupuestos crecientes. Pero eran muchas y muy padecidas a lo largo del tiempo las necesidades y, a pesar de los incrementos, España solo alcanzó el 1,3 por ciento sobre el PIB en gasto en I+D, muy lejos, pues, de los objetivos de la agenda de Lisboa. Algunos aspectos concretos de la ejecución de esos presupuestos fueron, sin embargo, objeto de críticas. En 2009, por ejemplo, se puso en marcha un Basque Culinary Center, en el que se imparte docencia de posgrado en una facultad de ciencias gastronómicas y se desarrollan proyectos sobre I+D de la cocina, financiado con fondos procedentes de la función 46. En una situación de mayores estrecheces presupuestarias y de necesarias priorizaciones de carácter drástico, es difícil que se hubiese concedido una subvención tan generosa (por cierto, no reconocida ni declarada por sus beneficiarios), por más que se necesitasen los votos de los diputados del PNV para aprobar alguna determinada ley. Hoy esa subvención sería imposible, porque no existe dinero ni para lo más básico, ni aun para mantener lo existente, y el forzado despido de miles de jóvenes científicos condenados al paro o a la emigración haría insoportable una asignación de fondos solo tímidamente cuestionada en su día.

LA BÚSQUEDA DEL RECONOCIMIENTO O DEL PRAGMATISMO

El sociólogo estadounidense Robert King Merton (1910-2003) aportó al debate de ideas una serie de conceptos nuevos que nos han facilitado enormemente los análisis políticos, entre los cuales se pueden recordar el de «grupo de referencia», «consecuencias indeseadas» (unintended consequences) y, quizá sobre todo, el de self-fulfilling prophecy, «profecía autocumplida».

Pues bien, además de estas y otras innovaciones conceptuales, Merton postuló unas hoy conocidas como «normas científicas mertonianas» que estarían basadas en los siguientes principios: communalism (la propiedad de los descubrimientos científicos es pública, porque los investigadores renuncian a ella a cambio de la gloria), universalism (las verdades científicas son universales y trascienden razas, religiones o naciones), disinterestedness (aparente desinterés de los científicos por las recompensas de sus descubrimientos) y organized skepticism (el sometimiento de las hipótesis científicas al duro escrutinio de los colegas).

A partir de estas cuatro características, Merton creó el acrónimo CUDOS, que en griego antiguo significa «fama», «gloria» y que según él describiría cabalmente la cultura de quienes se dedican a producir ciencia.

El modelo mertoniano explica con bastante exactitud el ethos de los sabios que han construido el imponente edificio de la ciencia moderna desde el Renacimiento hasta el siglo XX, pero desde que ha aparecido la I+D y el llamado «modo 2» de producción del conocimiento, es decir, el que persigue mediante grupos jerarquizados un conocimiento aplicable, estas normas han dejado de ser útiles, porque no ofrecen un modelo operativo que sirva para explicar lo que viene pasando últimamente. Vaya usted a ver al señor De Guindos, que es el responsable de la política científica española, y dígale que está usted movido solo por el ansia de fama científica, o sea, de CUDOS, y verá cómo le dice que se busque usted la vida por su cuenta, porque para eso no se puede contar con financiación pública.

A día de hoy parece más operativo el modelo postacadémico propuesto por John Ziman (1925-2005), quien tras constatar que los científicos habían perdido autonomía y libertad para elegir sus temas de investigación porque, en gran medida, estos venían ya definidos por grandes organismos (recuérdese el caso del CERN y la búsqueda del bosón de Higgs), propone sustituir las cuatro características de Merton por las siguientes: propietary, local, authoritarian, commissioned y expert, con las que se puede crear un nuevo acrónimo PLACE, que refleja mejor el comportamiento y modo de trabajar de muchos científicos actuales, a quienes ya les interesa más la «plaza» que la «fama». Ziman ha puesto así el énfasis en la dimensión social de la actividad científica, en sustitución del carácter individualista del modelo mertoniano que nos describía al investigador como una persona solo preocupada por su gloria.

La ciencia es excelsa, sin duda; quizá es la mayor creación del Homo sapiens y la que nos distingue más radicalmente de otras especies animales, pero cada vez más se le exige que sea también útil y que contribuya a resolver problemas, lo cual es una malísima noticia para las investigaciones más puras y de carácter más básico. La ciencia es, además, universal en sus logros y en sus métodos, pero es nacional e incluso «autonómica» en su financiación y en la gestión de los recursos. Los científicos de hoy se ven obligados a convencer, por una parte, a sus colegas de todo el mundo, con los que discuten en los congresos y que son los lectores de sus artículos, pero deben convencer también, por la otra, a los gobiernos de sus países o de sus regiones para que les financien sus proyectos.

Cuando los políticos o los periodistas repiten hoy como un mantra que la ciencia es el principal motor del desarrollo de un país, se refieren a ese tipo de ciencia inmediatamente útil, aquella que en pocos meses o pocos años puede convertir, por ejemplo, un proyecto de investigación en una vacuna contra el ébola, o un algoritmo en un motor de búsqueda en Internet.

Es cierto que los científicos han estado viviendo durante mucho tiempo en un pequeño mundo endogámico en el que lo más importante no era curar enfermedades o alimentar a miles de personas, sino publicar en las mejores revistas y ser citado por centenares de colegas; es cierto que la pretensión de los científicos de gobernarse a sí mismos, sin interferencias de los «políticos» y de acuerdo exclusivamente con sus propios criterios corporativos, solo en ocasiones solidarios y sociales, no estaba justificada lo más mínimo, porque todo eso lo hacían con dinero de los contribuyentes, que tienen todo el derecho del mundo de pedir explicaciones y exigir cuentas a través de sus representantes políticos.

Es probable que esta crisis pertinaz sirva para que los científicos se den de bruces con la cruda realidad y se bajen ya de la torre de marfil en la que oteaban el horizonte en búsqueda de una excelencia científica que los hiciera famosos y reconocidos. Es probable que, tras ella, renuncien a ese insostenible aserto de que la mejor política científica sea simplemente la ausencia de política científica y que la mejor manera de gestionar fondos e instituciones de I+D sea la autogestión corporativa sin interferencias de «los políticos». No deja de ser verdad lo de que the world has problems, the university has departments, «el mundo tiene problemas; la universidad, departamentos»; es muy correcto también aquello otro que decía Churchill de que scientists should not be on top, but on tap, es decir, «los científicos no deben estar arriba, sino disponibles», pero ojo con pasarse de frenada, ojo con podar en exceso y extemporáneamente el árbol de la ciencia, porque algunos de los más exitosos y beneficiosos inventos de los que hoy disfrutamos todos los ciudadanos son fruto de la serendipia, son unintended consequences del trabajo de anacrónicos científicos mertonianos, de esos locos que al parecer solo buscaban su gloria personal.

LA SERENDIPIA ACTÚA SOBRE LAS MENTES PREPARADAS

Para hacernos una idea de lo que significa el concepto de serendipia, que aparece ahora por primera vez en el Diccionario de la Real Academia Española, imagínense ustedes que dos amigos van al bosque a recoger setas y uno de ellos encuentra un rólex; pues bien, el rólex habrá sido un hallazgo de pura chiripa, es decir, una «serendipia», porque no era eso lo que habían ido a buscar los dos amigos.

En ciencia las serendipias son bastante frecuentes, porque en ocasiones uno está investigando en una dirección determinada, tratando de indagar un fenómeno todavía inexplicado y, sin esperarlo ni buscarlo, surge un hecho que resulta revelador o crucial, pero que apunta en una dirección diferente a la que estaba explorando. Como decía Einstein, «si supiéramos lo que estábamos haciendo, no se llamaría investigación».

Es obvio que para que se acepten los hallazgos por serendipia, es decir, para que funcione la chiripa, se necesita un observador experto: si uno no está observando el suelo con mirada experta en busca de setas, es difícil que descubra un rólex entre la maleza, porque, como apuntó atinadamente Louis Pasteur, «en el campo de la observación, la suerte favorece solo a la mente preparada».

Es conocido que el descubrimiento de la penicilina por Fleming se debió a un despiste, o a una falta de higiene: al marcharse de vacaciones el que luego sería sir Alexander, debido a su premio Nobel, dejó sin desinfectar los cultivos de bacterias con los que estaba trabajando y al volver al laboratorio encontró que el moho Penicillium había matado las bacterias.

Obviamente si Alexander Fleming no hubiese estado investigando en bactericidas, no habría sido capaz de ver el rólex que aparecía ante sus ojos expertos, pero lo cierto es que los medicamentos antibióticos que han salvado millones de vidas humanas y animales son un caso paradigmático de hallazgo de pura chiripa, es decir, de serendipia.

Las repercusiones económicas de estos hallazgos no son despreciables. La evaluación del séptimo Programa Marco de la Unión Europea para el periodo 2007-2013 ha permitido concluir que en un rango de cuatro a ocho años por cada euro invertido en I+D los retornos económicos son de cuatro a siete euros. También así lo reconocían los presidentes de las más importantes empresas americanas en una célebre carta abierta dirigida al entonces presidente Clinton: «Nuestro mensaje es simple. Nuestro sistema educativo y sus programas de investigación desempeñan un papel crítico y central en el avance de nuestro conocimiento... Sin el apoyo federal... la investigación se deteriora... La industria americana dejará de tener acceso a las tecnologías básicas... Por tanto, respetuosamente solicitamos que mantenga el apoyo a un vibrante programa de investigación...».

Lo que debe quedar claro, en todo caso, es que la ciencia la hacen las personas, en especial los jóvenes, y hoy en España la poda del árbol se está haciendo de forma mayoritaria e irracional sobre las ramas más recientes y prometedoras, los jóvenes científicos, y no sobre quienes han dado ya todos los frutos que podían dar.

En efecto, en la actualidad España está llevando a cabo una selección negativa, un brain drain solo unidireccional y antieconómico, porque está expulsando del sistema, por millares, a la generación mejor preparada de la historia y eso no solo causa desgarros familiares y un enorme «dolor del regreso», que los griegos llamaban nost-algía; no, es mucho más que eso: con las políticas actuales, España está secando un prometedor árbol de la ciencia que ya empezaba a dar abundantes frutos. Además, no se trata solo de recortes de fondos, sino también del abandono de reformas administrativas largamente esperadas y que estaban a punto de materializarse al final de la legislatura anterior, como la deseada Agencia Estatal de Investigación, creada según el modelo con el que cuentan los países de mayor experiencia al respecto y de mayor tradición científica. Su aplazamiento sine die es otro indicio bien significativo de que la sarcástica humorada que circula en nuestros medios profesionales no se aleja de la realidad: para los políticos españoles, I+D=0, es decir, su interés por la ciencia parece ser nulo.

VIII

Educación, cultura y PP: la tormenta perfecta

Javier Pérez de Albéniz

Javier Pérez de Albéniz, madrileño, se dedica al periodismo desde hace treinta años. En radio El País presentó un programa de actualidad musical y cultural. En el diario El País escribió durante una década crónicas musicales y deportivas, reportajes de actualidad y una sección pionera dedicada al medio ambiente. En el diario El Mundo estuvo nueve años viajando y escribiendo crónicas. En 2004 puso en marcha El Descodificador, un blog sobre televisión que con el paso del tiempo ha ido derivando hacia otros terrenos. Tras pasar por el diario digital Soitu, el blog permanece instalado en la web de la revista Vanity Fair. Su otro blog, Telematón, está colgado en Cuarto Poder, primer periódico de blogs en castellano. En los huecos libres ha trabajado en Radio Nacional de España, Televisión Española, Telemadrid, el Diario Vasco o Telecinco. Y ha escrito libros como El lince ibérico, 10.000 kilómetros a través de África, Lugares poco recomendables o Todavía voy por la primera temporada. Coautor de Reacciona y Actúa, igualmente.

Blog: http://www.eldescodificador.com

Twitter: @descodificador

«No estamos frente a una crisis económica,
sino frente a una crisis cultural».

RICARDO FORSTER

En el momento en que inicio este texto, un día lluvioso de mediados de septiembre de 2014, el ministro de Cultura, Educación y Deporte, José Ignacio Wert, es recibido en el museo San Telmo de San Sebastián, donde tenía previsto entregar a la guionista Lola Salvador el Premio Nacional de Cinematografía 2014, con gritos de «sinvergüenza» y «fascista». El festival de cine de la capital guipuzcoana, escaparate del sector cinematográfico español a nivel internacional (la famosa marca España), se ha convertido en territorio hostil para un hombre que resume la política del Gobierno de Mariano Rajoy con el mundo de la cultura: soberbia, prepotencia, desprecio...

Prácticamente al mismo tiempo el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, aumentaba la tensión con el sector que representa al asegurar que su proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, conocida como Ley Lassalle, «evitará la situación de arbitrariedad en las sociedades de gestión de derechos que han provocado tantos escándalos ante la sociedad pública». Era su respuesta al Funeral por la Cultura, una manifestación celebrada horas antes en Madrid en la que centenares de miembros del sector cultural y de las ocho sociedades de gestión de derechos de autor aseguraban que la Ley Lassalle supondría una puñalada mortal a la industria: «Desmantela los derechos de autor en beneficio de las grandes empresas de telefonía, los hoteles y los fabricantes de aparatos electrónicos. Y lo más alucinante es que el dinero de los derechos va a salir del bolsillo de todos los españoles vía los Presupuestos Generales del Estado».

El día en que el PP ganó las últimas elecciones se produjo, culturalmente hablando, la tormenta perfecta. La crisis económica y las políticas liberales se unían para descargar toda su ira, rayos y truenos contra el mundo de las artes y la educación, dificultando el acceso, la calidad y la oferta. Alguien podría pensar que existe cierto ánimo de revancha del Gobierno de Mariano Rajoy con las personas que hacen cultura, algo parecido a un ajuste de cuentas. Del «No a la guerra» se ha pasado al «No a la Ley Lassalle», dicen algunos. La sensación es que el PP organizó esta persecución política para dar ejemplo: no perdona a actores, directores, guionistas y músicos su rebeldía. Y que en su día pusieran en marcha una plataforma de apoyo a Zapatero. «Ya no cuela que los artistas prefieran al PSOE, porque son los que viven del canon. Lo que quieren es que les garanticen sus privilegios a costa del dinero de todos los españoles. Son los bien untados», dijo Rajoy antes de ser presidente en un mitin en Don Benito (Badajoz).

LA CULTURA CREA MONSTRUOS

Entre el PP y el mundo de la cultura, y la educación, no ha habido nunca feeling. No son sectores en los que se puedan realizar inversiones públicas rentables, en términos económicos y a corto plazo, por parte de un Gobierno que intenta ahorrar en aspectos que considera prescindibles. Y es que, en tiempos de ajustes económicos, invertir en cultura y educación se considera tirar el dinero, algo irracional y por tanto implanteable. Para colmo de males, tanto la cultura como la educación crean monstruos: ciudadanos con criterio, exigentes, críticos con el poder, capaces de enfrentarse a grupos mafiosos, a gobiernos corruptos y a políticos ineficaces. Suena lógico no alimentar al enemigo, no formar al votante, no crear una oposición seria. El Gobierno quiere ciudadanos dóciles y sumisos. Recuerde que vivimos en un país donde, pese a que un juez asegura que el partido en el Gobierno tuvo durante años una caja B, pagó a sus líderes con dinero negro y se lucró con «fondos procedentes de un delito», no sucede absolutamente nada. Un país donde más de ochenta directivos y consejeros de Caja Madrid/Bankia, entidad cuyo rescate costó a los españoles 22.000 millones de euros, utilizaron al menos durante diez años tarjetas de crédito de empresa a las que cargaron gastos personales por valor de 15,5 millones de euros. El equivalente a cinco centros educativos, colegios o institutos, donde albergar a parte de los más de 60.000 alumnos que reciben clase en barracones (módulos especiales). O a una tercera parte del presupuesto que el Ministerio de Cultura dedicó a bibliotecas en 2014.

EL POLÍTICO PEOR VALORADO

El PP de Mariano Rajoy ganó las elecciones el 20 de noviembre de 2011, e inmediatamente después aparcó la cultura en un cajón. En concreto en el cajón de la mesa del despacho de José Ignacio Wert, el político peor valorado de la democracia según sucesivos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Un ministro de Cultura que ha destacado por altivo y lenguaraz: «A veces me sorprendo de las frases que he llegado a pronunciar», reconoce.

Su asombro no debe extrañarnos lo más mínimo: ¡este hombre tiene un pico de oro! Si no me cree, aquí tiene una selección con algunas de las más brillantes reflexiones, siempre en voz alta, de todo un ministro de Educación, Cultura y Deporte. Wert en estado puro: «La educación pública ha dejado de contribuir a la sociedad. Hay que centrarse en la calidad»; «Los músicos tienen que cobrar menos por sus actuaciones»; «La fuga de cerebros nunca puede considerarse un fenómeno negativo»; «La comunidad educativa no puede ser una comunidad democrática, porque el proceso educativo no es democrático»; «No estamos para gastar 4.000 millones en estudiantes que dejan la carrera a medias»; «Nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes».

Brillante, ¿verdad? El sustituto de la socialista Ángeles González Sinde, la ministra que diseñó una legislación para perseguir las web que facilitaban descargas gratuitas o enlaces de películas, videojuegos o música sin pagar derechos de autor, parecía dispuesto a continuar su obra: el PP aprobó la Ley Sinde-Wert que el PSOE había dejado a medias y creó una Comisión de Propiedad Intelectual. Con el tiempo, la lucha contra la piratería se ha ido enfriando y desfigurando. Como el resto de promesas culturales. Y es que no deberíamos olvidar que España se ha convertido en una sombra de lo que fue: el país europeo que más incrementó el gasto público en cultura durante los diez primeros años del siglo XXI. «Comprensiblemente, ha habido otros asuntos de los que ocuparse», dijo un Wert satisfecho porque España no está incluida en la última edición del llamado Special 301 Report, un informe anual estadounidense, la lista negra de la piratería.

¿Otros asuntos de los que ocuparse? Los ajustes. Los famosos recortes, que las administraciones decidieron aplicar con mayor dureza en las inversiones culturales, aquellas con menos peso y rentabilidad en la economía nacional. Un error. Por tratarse de una inversión de futuro, en primer lugar. Y en segundo, porque la industria cultural española supone un 3,5 por ciento del PIB (incluidas las actividades económicas vinculadas a la propiedad intelectual) y un 2,6 por ciento del empleo total, según datos del Anuario de Estadísticas Culturales 2013 publicado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

ESPAÑA LIDERA LOS RECORTES EN CULTURA

La cultura emplea a 433.000 personas, pero el sector se siente ninguneado por el Ejecutivo. En el primer año de Wert como ministro la inversión pública en Cultura decreció tanto a nivel estatal como regional y local: las comunidades autónomas pasaron de invertir 1.769 millones a 1.483 y los ayuntamientos de 4.043 a 3.397; es decir, 286 y 646 millones menos, que sumados a los 94 millones estatales revelan un recorte de más de 1.000 millones de euros en un solo año. ¿Consecuencias? En ese primer año el sector cultural destruyó 24.000 empleos y 2.000 empresas. Era el principio del fin, el comienzo del proceso de desmantelamiento de la cultura española.

Desde que José Ignacio Wert recogió su cartera ministerial esta tendencia no ha variado, pese a que los últimos Presupuestos Generales del Estado dejen como detalle positivo el aumento de la partida de cultura en 31 millones de euros (+ 4,3 por ciento), una cifra que, no obstante, no compensa ni de lejos la caída acumulada desde 2008. En 2014 España lidera el recorte del gasto en cultura en Europa. La Secretaría de Estado de Cultura ha llegado a recortar los presupuestos hasta en un 50 por ciento nominal en los últimos cuatro años. La reducción global de financiación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha sido del 48,1 por ciento. La mano del Estado no tiembla cuando se trata de manejar la tijera en este terreno. Una dureza que contrasta con la generosidad, que algunos consideran derroche, cuando se trata de financiar a la Iglesia católica: durante 2015 el Estado entregará a esta organización religiosa 13,26 millones de euros mensuales (159,2 millones anuales), un adelanto del 0,7 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los contribuyentes que marquen la casilla de la Iglesia. Una cantidad superior a los 158,4 millones que se contemplaban en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2014. Así lo refleja, en plena crisis, una disposición adicional del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año.

Desmontar la cultura no es fácil, se trata de un proceso largo y metódico. Comienza con los recortes en los Presupuestos Generales del Estado y termina eliminando el bibliobús del pueblo más pequeño de la comunidad autónoma más olvidada. Es un trabajo malvado que requiere constancia y precisión, y que solo se puede considerar un éxito cuando extermina la igualdad educativa y el pensamiento crítico de la población. Según un estudio de la Fundación Alternativas y la Fundación SGAE, muchos de los centros cívicos y culturales creados hace décadas «han perdido el norte, están en crisis de gestión y no tienen proyecto». Es, una vez más, el deterioro de lo público, de la educación y la cultura populares, de unas formas de acceder a los conocimientos y entretenimientos de calidad que deberían estar al alcance de todos los ciudadanos.

La debacle amenaza incluso a las grandes instituciones culturales. Menos visitantes, menos subvenciones, mayores pérdidas. En 2013 el Museo del Prado registró unas pérdidas de 6,1 millones de euros, y el número de visitantes descendió en medio millón, un 15 por ciento menos que el año anterior. El Museo Reina Sofía perdió más de dos millones de euros en 2013, ejercicio en el que recibió ocho millones menos de las transferencias del Estado que en 2012. El Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid recibió en 2013 menos subvenciones y menos visitantes que el año anterior: cerró 2013 con unas pérdidas de 5,2 millones de euros y con un descenso en las visitas del 25 por ciento respecto a 2012. «Para la cultura, la gran tragedia de esta crisis es la quiebra de las cajas de ahorros», afirmó Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. «Con todo el derroche y el gasto inmotivado que haya podido haber, las cajas producían también una enorme cantidad de actividad cultural muy valiosa: exposiciones, ciclos de conferencias, premios literarios o artísticos, conciertos, de todo. Y todo eso no va a volver», sentenció.

SUBIDA DEL IVA

En julio de 2012 el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció los detalles para un ajuste de 65.000 millones de euros que el Consejo de Ministros aprobaría unos días después. El 1 de septiembre de ese mismo año subió el IVA del sector cultural, que creció 13 puntos porcentuales, pasando del 8 por ciento al 21 por ciento. La medida, señaló Montoro, afectaría a «discotecas, teatros, circos, servicios funerarios, otros espectáculos...». Y tanto que les afectaría: hundió las artes escénicas. La piratería mata, y el IVA remata.

En el resto de Europa el IVA cultural es más bajo que en España: 5,5 por ciento en Francia y 6 por ciento en Alemania, mientras que en Portugal y Grecia no llega al 14 por ciento. Todos los sectores culturales españoles se sienten perjudicados. La Asociación de Promotores, por ejemplo, se queja de que estas diferencias aumentan las desigualdades, y les impiden competir a la hora de, por ejemplo, organizar conciertos. «Pero lo peor es que el Estado ha perdido dinero con el aumento de este impuesto», aseguran los promotores musicales. La Unión de Asociaciones Empresariales de la Industria Cultural escribió una carta al Gobierno en la que cuestiona «la nula eficacia de una medida tan absurda como involucionista... No somos los trabajadores del glamour, sino los trabajadores cuya labor supone el 4 por ciento del Producto Interior Bruto de España».

«Yo no hubiera propuesto la subida del IVA, pero entiendo que se trata de una situación de consolidación fiscal», dijo el ministro de Cultura, José Ignacio Wert, un año después en una entrevista en Telecinco. Entonces ya se sabía que el 21 por ciento había dado el tiro de gracia a una industria cultural debilitada y abandonada a su suerte. Wert podría haber defendido sus ideas, y exigido que no se subiese el IVA. Incluso podría haber dimitido al ver que no le permitían realizar su trabajo, que no compartía la estrategia impuesta. Pero prefirió aferrarse a su sillón y dejar que el mundo de la cultura, su responsabilidad, se desmoronase: a la crisis económica y la reducción de la financiación pública se añadía la subida de impuestos. Una tesis catastrofista que se confirma cada año en el Anuario SGAE de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales, trabajo que ofrece datos estadísticos básicos para analizar el sector cultural. Según la edición de 2014, publicada en septiembre, las artes escénicas han acumulado en los últimos cinco años unas pérdidas del 30,4 por ciento en representaciones, del 34,3 por ciento en cuanto a asistencia y del 23 por ciento en recaudación.

Desglosar los datos por sectores puede resultar abrumador, pero nos ofrece una idea muy precisa de la sangría. Son los resultados de la cultura del despropósito. En el mundo del teatro, entre 2012 y 2013 el número de representaciones descendió un 4,4 por ciento, la asistencia un 3,2 por ciento y la recaudación un 2 por ciento. En la danza el número de funciones ha bajado, en ese mismo periodo, de manera muy preocupante: un 10,6 por ciento, y los espectadores y la recaudación un 10,5 por ciento. En ópera y zarzuela las funciones se han reducido en un 6,2 por ciento, el número de espectadores un 8,4 por ciento y la recaudación un 10,4 por ciento. En música clásica el número de conciertos ha caído un 3,3 por ciento, el número de espectadores un 4,1 por ciento y la recaudación un 2,1 por ciento. En música popular las cifras resultan, si cabe, más brutales: el número de conciertos ha caído un 11,4 por ciento, la asistencia un 12,4 por ciento y la recaudación un 13,6 por ciento. En la música grabada las ventas entre 2012 y 2013 se han visto reducidas en un 15,1 por ciento. El informe de la SGAE destaca que el mercado digital, por primera vez, no aumenta sus ingresos, consiguiendo en 2013 un 0,4 por ciento menos que en 2012.

El cine, como el resto del sector cultural, también sufre un importante retroceso: con respecto a 2008 acumula unas pérdidas totales del 19,2 por ciento en el número de sesiones, del 28,9 por ciento en asistencia y del 20,1 por ciento en recaudación. Solo en 2013 se perdieron el 17,8 por ciento de espectadores y el 18,5 por ciento de la taquilla. Cierran las salas, incluso las históricas, víctimas de la especulación inmobiliaria. Un drama, puesto que eran espacios culturales y de convivencia vecinal. Donde miles de personas disfrutaron con cientos de historias increíbles, soñaron con actores y escucharon músicas mágicas ahora se puede comprar por cinco euros una camiseta fabricada en Asia en condiciones de semiesclavitud.

¿Todos los datos son negativos, a la baja? ¿La cultura se extingue, de manera lenta e inexorable? ¿No nos queda nada? Tranquilo, querido lector, porque aún hay esperanza: aumenta el consumo de televisión. Más aún. Los españoles, que cada vez leen menos, van menos al cine y al teatro, y escuchan menos música, ven por término medio 243 minutos de televisión al día. Sí, ha leído bien: cuatro horas y tres minutos. Quizá esta escalofriante cifra explique todo lo demás. Y cuando digo todo, me refiero a todo, desde la piratería hasta los hábitos de consumo, desde la tendencia en las urnas a la pasividad frente a la corrupción, desde la crisis en la enseñanza a la pérdida de derechos sociales. Recuerde que la televisión pública está hundida, por la ineficacia política, y son empresas privadas las dueñas de las grandes cadenas, las que imponen el ritmo informativo y de entretenimiento.

Los españoles cada día ven más televisión y leen menos libros. En 2013 el descenso en ventas, según un informe de la Federación de Gremios de Editores de España, fue del 9,7 por ciento. Las causas van más allá de la crisis económica. La fiscalidad del libro digital, con un 21 por ciento de IVA, incita a la piratería. Añada a este factor la ausencia de políticas educativas, la supresión de ayudas para libros de texto, la supresión de inversiones en fondos para bibliotecas públicas, escolares y universitarias...

Menos libros, menos cine, menos teatro, menos música, peor educación... y más televisión. Televisión comercial, a años luz del servicio público y el entretenimiento de calidad. La fórmula mágica para adormecer a los ciudadanos, para crear una sociedad más dócil y apática, menos exigente y más manejable.

RECORTES

No hay dinero público. Y para la cultura y la educación, menos. ¿Está claro? Hay que recortar. A nadie le gusta la idea, dicen, pero no queda otro remedio. ¿Seguro? Hay quien piensa que la crisis económica no explica por sí sola semejantes tijeretazos. Sobre todo si tenemos en cuenta que los Presupuestos Generales del Estado han subido entre 2008 y 2014 un 8,4 por ciento (ministerios y organismos autónomos, pensiones, deuda pública...), mientras que el presupuesto del Ministerio de Cultura ha caído un 41 por ciento. O que, según los Presupuestos Generales del Estado de 2015, la partida de transferencia que más crecerá porcentualmente será la destinada a los partidos políticos: recibirán del Estado 156,44 millones de euros, un 84,7 por ciento más que en 2014. ¿Más dinero para los partidos políticos y menos para becas universitarias? La explicación del Gobierno es muy sencilla: «Sube esa factura como consecuencia de la celebración de las elecciones generales y autonómicas».

Un buen ejemplo de gestión aberrante de la educación y la cultura son las escuelas de música municipales de Madrid. Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde melómano, apostó por la creación de una red de escuelas de la que se sentía orgulloso. También dejó una deuda descomunal al Ayuntamiento soterrando la M-30, alrededor de 7.000 millones de euros, pero eso es otra historia, ¿verdad? Bueno, pues a Gallardón le sustituyó alguien de su mismo partido con muy diferente sensibilidad musical: Ana Botella.

«No son esenciales», resumió Botella, una alcaldesa que piensa que las clases de música, en escuelas municipales, son un servicio de lujo: «Los precios públicos se van a acabar adaptando al precio real porque consideramos que hay una serie de cuestiones que en una situación como la que estamos, de crisis, solamente podrán acceder aquellos que se lo puedan pagar». Así las cosas, su ayuntamiento eliminó las subvenciones de las escuelas de música municipales, que suponían el 70 por ciento del coste, por lo que tuvieron que triplicar su precio. El proyecto de Gallardón, desmontado.

Madrileños, ¿queréis música? Pues muy fácil: id a los toros. En plena crisis económica, y tras innumerables recortes en enseñanza musical, la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid financió la actuación de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) en la madrileña plaza de Vistalegre. ¿Un concierto como otros muchos? No, la banda sonora de un espectáculo denominado «The Maestros». Es decir, música para una corrida protagonizada por los matadores Finito de Córdoba, Morante de la Puebla y El Juli. La música sinfónica y la tortura de la mano, en una contradicción diabólica diseñada y financiada con dinero público.

LOS BIEN UNTADOS

Tras ganar las elecciones, el Gobierno de Rajoy tomó represalias con «los bien untados». ¿Recuerda? Aquellos artistas que, según Rajoy, «viven del canon» y «lo que quieren es que les garanticen sus privilegios a costa del dinero de todos los españoles». Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, siguió el juego de Rajoy y respondió a las reivindicaciones surgidas durante sucesivas ceremonias de los premios Goya acusando a «famosos actores» de no pagar impuestos en España: «Aquí no hemos tenido nuestro Depardieu», dijo, en clara alusión al actor francés que se nacionalizó ruso y cambió su residencia a Bélgica por su menor tributación. «No nos ha hecho falta. Algunos de nuestros famosos actores no pagan impuestos en España. El día que paguen, las bases imponibles serán más amplias, la recaudación se corregirá y el déficit público se podrá bajar», aseguró, sin dar nombres ni datos sobre los actores a los que se refería.

«Es una venganza. Lo que es ilegal es llevarse el dinero de este país a un paraíso fiscal como Suiza», dijo Iñaki Guevara, secretario general de la Unión de Actores, al tiempo que recordaba al ministro que si Javier Bardem o Antonio Banderas tributan en Estados Unidos es porque trabajan en Estados Unidos. «¿Qué sentido tiene, así pues, que la marca España presuma de los rostros y nombres de personas destacadas en el terreno de las artes, mientras desdeña y combate esas artes?», escribió Javier Marías.

Javier Bardem o Antonio Banderas trabajan en Estados Unidos por su talento, qué duda cabe. Pero también porque en ese país el cine está considerado un negocio cultural, no un nido de rebeldes antisistema. El Ministerio de Hacienda de Montoro quiere cerrar las puertas incluso a los rodajes de películas: en su anteproyecto de reforma fiscal las inversiones en producciones españolas tendrán derecho a una de las deducciones más bajas de Europa. Un 20 por ciento hasta el primer millón y un 18 por ciento a partir de esa cifra. En Francia, Alemania e Italia la rebaja tributaria puede alcanzar el 40 por ciento. «Las grandes producciones españolas, incluso series de televisión, se irán a filmar a otros países con mejores condiciones fiscales», asegura Adrián Guerra, productor de Nostromo Pictures.

Desalentar la inversión extranjera tiene su precio: en los últimos años España ha perdido ocho de cada diez rodajes internacionales propuestos. Una lástima, porque solo Misión imposible 5 podría haber supuesto una inversión en nuestro país de alrededor de 200 millones de euros. «España es el único país que no ofrece incentivos para la inversión de producción extranjera», afirma Fernando Labrada, presidente de Media Research and Consultancy (MRC), lo que supone unas pérdidas de 900 millones de euros anuales entre inversión directa e indirecta.

Y es que el cine es entretenimiento, es cultura, pero también es negocio. Y puestos de trabajo: la industria del cine da trabajo a 38.700 personas, que podrían ser hasta 19.000 más en caso de no existir la piratería. Por eso podríamos decir que el cine español vive una increíble paradoja: mientras la industria trata de sobrevivir a su peor crisis, las películas nacionales arrasan en taquilla. Por un lado, el presupuesto del Fondo de Ayuda a la Cinematografía para 2014 fue de 33,7 millones de euros, menos de la mitad que hace dos años. Por otro, la cuota de mercado cerrará este año con la cifra más alta de su historia: cuando escribo estas líneas se sitúa en el 23,6 por ciento, pero se espera que a finales de año alcance casi el 30 por ciento.

¿Recuerda que este capítulo comenzaba con los espectadores del festival de cine de San Sebastián insultando al ministro Wert? Pues antes de que terminase el certamen el cineasta Manuel Gutiérrez Aragón leyó un documento en el que pedía que el mundo del cine abandonase la confrontación política. El manifiesto, creado por la Unión de Cineastas, contaba con el apoyo de la Academia de Cine, la Fundación de la Sociedad General de Autores, CIMA (asociación de mujeres cineastas), Dama (asociación de guionistas), escuelas de cine, universidades y otras instituciones. Pero no todo el mundo confía en la posibilidad de entendimiento con un Gobierno que ha dado muestras de despreciar la cultura. «¿Cómo no vamos a entender el escepticismo? Llevamos tres años en los que se habla y no se escucha, se dice y no se hace. Es humano que los sectores no se crean ya nada cuando la inseguridad económica y jurídica están a la orden del día... Las promesas de mecenazgo y los incentivos fiscales se han ido al traste, por no hablar del incumplimiento de las ayudas a la amortización», afirma Enrique González Macho, presidente de la academia.

PIRATERÍA

Según constata el III Seminario sobre la Industria Audiovisual organizado por la Fundación Ortega-Marañón, durante el 2013 se produjeron 536 millones de descargas ilegales, lo que supone una merma en los ingresos de más de 3.300 millones de euros. Un dato: casi la mitad de los internautas españoles se descargan películas de manera ilícita. España es el país más pirata de Europa. ¿Lucha el Gobierno de Rajoy contra la piratería o sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes de este país?

Lucha, pero a garrotazos. Mientras en el Reino Unido han decidido suavizar las medidas contra la piratería, en un intento por sustituir la criminalización por la concienciación de los ciudadanos, el Gobierno de Rajoy apuesta por el Código Penal. Mano dura. «La piratería es un drama para la industria cultural que se tratará de resolver a través de la aplicación de la futura Ley de Propiedad Intelectual», aseguró el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, durante la inauguración del último Encuentro de Editores Iberoamericanos. «Utilizaremos instrumentos como el bloqueo, la persecución de las fuentes de financiación ilícitas que facilitan el desarrollo de la vulneración de los derechos de propiedad intelectual y, sobre todo, el desarrollo de mecanismos a través de la propia Ley de Enjuiciamiento Civil para que nuestros creadores puedan ver restablecido el daño que ocasiona la piratería por parte de quienes la promueven y la desarrollan».

EDUCACIÓN

Cuando escribí este mismo tema para Reacciona, en febrero de 2011, la prensa recogía un dato estremecedor: «La educación española dispondrá de 1.800 millones menos en 2011». Pues aunque parezca imposible, tres años después continúa el retroceso: durante su legislatura, el Gobierno del PP ha recortado el dinero destinado a Educación un 25 por ciento. Mientras que en los últimos presupuestos de la legislatura socialista, en 2011, se destinaban 2.843 millones de euros, en los que Cristóbal Montoro presentó ante las Cortes en septiembre de 2014 esa cifra desciende hasta los 2.015 millones. Un tijeretazo de casi 730 millones en apenas cuatro años.

El análisis pormenorizado de esos presupuestos resulta aún más alarmante. La partida para programas de ayuda a alumnos de entornos sociales desfavorecidos prácticamente desaparece, puesto que pasa de 169 millones a solo 5,3. La Educación Infantil y Primaria pierde un 40 por ciento de financiación, y la de Secundaria y Formación Profesional, un 60 por ciento. La formación de profesores desciende de 52 millones a poco más de 3,4. Un desprecio absoluto por los educadores. Lo contrario a Finlandia, país donde la profesión de maestro es la más valorada: se requiere un mínimo de nueve sobre diez en los promedios de bachillerato y selectividad para acceder a una plaza de profesor. Quizá por eso, y porque desde preescolar hasta la universidad la educación es gratuita (incluyendo comedor, libros y material escolar), el 92 por ciento de los alumnos de ese país nórdico terminan los estudios obligatorios. España, sin embargo, es el primer país de Europa en términos de fracaso escolar y de mala inserción laboral de sus jóvenes: uno de cada tres españoles de entre 15 y 24 años dejaron sus estudios antes de acabar la enseñanza secundaria.

Francisco García, secretario general de Enseñanza de CC OO, asegura que desde que gobierna Mariano Rajoy las universidades españolas han perdido 45.000 alumnos. Y es que las tasas que en 2010 eran del 16 por ciento, en 2013 alcanzaron el 22 por ciento, con la consiguiente merma de oportunidades y diversidad. «Las universidades públicas han visto caer su financiación 1.500 millones de euros desde 2010, el 15,1 por ciento del total que reciben», asegura García. «La ecuación del Gobierno es reducir la financiación pública, pasar los costes a las familias y endurecer las becas, de manera que la universidad pierde calidad, pierde profesores —8.200 trabajadores menos en dos años— y se convierte en clasista y segregadora».

Las ayudas a los estudios han dejado de ser un derecho. En los dos últimos años la beca anual por alumno de educación superior ha disminuido cerca del 10 por ciento. Es decir, que cobran 336 euros menos al año. En el último curso se han perdido 75 millones de euros para becas, según revela el informe Datos y Cifras del Curso Escolar 2014-2015 presentado por el Ministerio de Educación. Las medidas para garantizar la igualdad de oportunidades se resquebrajan. Un drama, porque este desprecio por el sector educativo marca no ya el presente, sino el futuro del país. Y es que, como escribió Victor Hugo, «quien abre una escuela cierra una prisión».

PATRIMONIO CULTURAL

El Estado tiene su propia idea de cuáles deben ser las prioridades, de quién merece las oportunidades, de cuáles son los conceptos culturales a apoyar. Un ejemplo lo tenemos en el Boletín Oficial del Estado del 27 de septiembre de 2014: «La Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, declara que esta forma parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional, de acuerdo con la normativa aplicable y los tratados internacionales sobre la materia y que en su condición de patrimonio cultural, los poderes públicos garantizarán la conservación de la Tauromaquia y promoverán su enriquecimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución». Y para que quede claro que la protección de la que se habla no es teórica, un premio, el Nacional de Tauromaquia, convocado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y dotado con 30.000 euros. «Queremos que los toros formen parte de nuestro patrimonio cultural, de nuestro presente y nuestro futuro», dijo la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, al recibir la consideración de «socia de honor» por parte de la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros de España (ANPTE), por la defensa y promoción de su Gobierno regional hacia la tauromaquia. Un premio a los toros de 30.000 euros. ¿Quién dijo crisis en el mundo de la cultura?

Mientras Cospedal apuesta por la tauromaquia, y propone que eleven a la UNESCO la declaración de que la fiesta de los toros sea Patrimonio de la Humanidad, la comunidad que preside lidera los recortes en gasto público en educación, con el mayor ajuste presupuestario en los últimos cuatro años: –27,72 por ciento. Cospedal quiere que la tortura de herbívoros forme parte del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha, «de nuestro presente y nuestro futuro», al tiempo que desmantela progresivamente la red pública de bibliotecas de la comunidad: después de tres años de presupuesto cero, ya han cerrado casi medio centenar.

¿Dónde se pueden invertir 30.000 euros? Pues en un premio taurino... o en treinta y tres becas-comedor. A la hora de elegir, Cospedal y compañía deberían recordar que, según Cáritas, más de dos millones y medio de niños pasan hambre en España. Y que mientras llegan los fondos europeos, las comunidades tendrán que endeudarse para aplicar la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que entró en vigor en septiembre de 2014. Ustedes deciden...

CONCLUSIÓN

Decía Umberto Eco que «La cultura es la suma de las cosas que una determinada sociedad ha decidido recordar. Pero la cultura no actúa solo como un contenedor. Actúa también como un filtro. La cultura es también la capacidad de echar fuera aquello que no es útil o necesario». Justo ahora, cuando el tejido cultural está siendo desmontado, desestructurado, aniquilado, necesitamos más que nunca la cultura. Ese tamiz que nos ayuda a separar el grano de la inmundicia. Imprescindible cuando la cultura, que es memoria pero sobre todo futuro, forma parte de un Estado del bienestar como el nuestro, en descomposición. Una sociedad abandonada a su suerte, abrumada por la lógica del dinero, por la especulación financiera, la corrupción y la ineficacia política. Así las cosas, y de la misma manera en que resulta imprescindible replantear el futuro económico y social, el ciudadano debe tomar las riendas y ocupar un lugar clave a la hora de diseñar los nuevos procesos culturales. Y políticos. Está en nuestras manos. Nadie lo hará por nosotros.

No es fácil ser optimista. Y menos cuando renacen los tópicos negativos de España, esos viejos estereotipos que hablan de picaresca, holgazanería, desorganización e incompetencia. El primer paso para salir de la oscuridad es apagar la televisión. Desconectar el altavoz de los poderes políticos y económicos, desenganchar la sonda por la que nos suministran el cloroformo. Es el primer paso para despertar de esta pesadilla, para salir de este mundo gris, para abrir nuevos caminos para la formación y el entretenimiento. Debemos abandonar las sendas oficiales y alimentar el espíritu crítico. Utilizar fuentes de información y de entretenimiento alternativas. Volver a las calles, a los cines, a las librerías, a los teatros. Recuperar las radios libres, las bibliotecas populares. Escuchar música en directo. Y creer en la educación pública, y apoyarla sobre todas las cosas.

La cultura es un proyecto colectivo, y debe indicarnos el camino. Es un arma cargada de futuro. Es lo único que le queda a un país cuando se desmorona. Es lo que nos permite seguir luchando, es lo único que puede salvarnos.

P. D.

En el momento de cerrar este texto, un día lluvioso de noviembre de 2014, el Gobierno de Mariano Rajoy ha confirmado su decisión de no bajar el tipo del 21 por ciento de IVA cultural, el más alto de Europa, pese a las constantes quejas y reclamaciones tanto de la industria como de los consumidores. En España seguirá estando menos gravado por Hacienda presenciar un coito anal en una sala de porno en vivo, el 4 por ciento, que asistir a un concierto de Los Enemigos, a una obra de teatro de Federico García Lorca o a una película de Fernando Trueba, el 21 por ciento.

Estamos ante un Gobierno sordo y ciego que, acosado por la corrupción y el fracaso económico, ha traicionado no solo su programa electoral, sino las posteriores promesas de su vicepresidenta de corregir la subida del IVA cultural. Un Gobierno que considera la cultura un lujo innecesario. Como le sucedía a aquel ministro de Berlusconi que despreció a los periodistas que le exigían atender las demandas culturales diciendo que con el cine, el teatro o los libros no se come: «con la Divina comedia no se pueden hacer bocadillos», rebuznó todo ufano.

Y mintió. Con la Divina comedia se pueden hacer bocadillos, y hasta menús degustación dignos de estrella Michelín. La cultura es una industria que da de comer cada día a miles de personas. Alimenta espíritus y libertades, por supuesto, pero también estómagos. Sin cultura estamos vacíos, muertos de hambre y de soledad. La cultura, cuando aprieta una crisis económica, es un consuelo, un bálsamo, pero también un recurso económico.

Por eso es importante que en este periodo de barbecho que padecemos, consecuencia de un salvaje intento por erradicar la cultura de la vida pública, no perdamos la rabia, no abandonemos la capacidad de criticar y reivindicar, no dejemos de exigir. Frente a la mezquindad política, la música. Contra el desastre económico, el cine y el teatro. Para luchar contra la corrupción, un libro de Rafael Chirbes. Ante el naufragio, la cultura al rescate.

IX

Rompan filas

Lourdes Lucía

Lourdes Lucía nació y pasó parte de su infancia en Dajla (Sáhara). Editora y licenciada en Derecho, es miembro del Colegio de Abogados de Madrid. Veterana activista, en el año 2000 fue una de las fundadoras en España del movimiento Attac. Colabora con diversos movimientos ecologistas y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos. Ha participado en congresos, jornadas, charlas y conferencias de los movimientos sociales, tanto dentro como fuera de España.

Es coautora de los libros Reacciona (2011) y Actúa (2012), Qué hacemos con los bancos (2014) y del cómic Yes we camp! (Dib-buks, 2011). En la actualidad dirige la editorial de pensamiento crítico y ensayo social Clave Intelectual.

«—¿Cómo puedo hacértelo entender? No tienes la sabiduría que te ayudaría a apreciar estas cuestiones. —Esta vez el tono paciente se volvió algo más áspero—. Tus hijos entraron en el aula y contaminaron el lugar. Tocaron los instrumentos del saber. Profanaron las pizarras y las tizas, que los niños de casta superior iban a tocar. Tienes suerte de que en el armario no hubiera un libro santo como el Bhagavad Gita, ni textos sagrados. El castigo habría sido más severo.

Dukhi estaba tranquilo cuando tocó la sandalia del pandit Lalluram para despedirse.

—Lo comprendo perfectamente, panditji, gracias por explicármelo. He sido afortunado de que un brahman Chit-Pavan pierda su precioso tiempo con un ignorante chamaar como yo».

ROHINTON MISTRY, Un perfecto equilibrio

Este fragmento de la novela Un perfecto equilibrio[56], del escritor indocanadiense Rohinton Mistry, refleja perfectamente la sumisión del paria, en este caso ante el pandit (una autoridad religiosa). Los pequeños hijos de Dukhi han sido cruelmente azotados por haberse atrevido a profanar los materiales de estudio de los niños de la casta superior, pero Dukhi, que había acudido para reclamar un severo castigo para aquellos que habían azotado a sus hijos, acaba dando las gracias porque alguien superior a él se digne hablarle.

Podría parecer que este tipo de hechos están muy lejos del «civilizado» mundo occidental, pero lamentablemente la historia del pobre Dukhi nos hace recordar que hoy ser pobre ya no es solo un problema para la persona que sufre la miseria, también hay que dar las gracias por serlo y pedir perdón por quejarse. Lo mismo ocurre si eres mujer, si eres migrante, has cumplido más de 65 años o sufres algún tipo de enfermedad, discapacidad o invalidez.

Sorprende ver el grado de sumisión que quiere imponer el actual sistema económico dominante en el mundo. Ya no hay derechos, en todo caso están recogidos como adornos en leyes que nunca se cumplen. La realidad, lo que vemos, es que nos piden que demos las gracias por trabajar, aunque los salarios sean más bajos que hace unos años o las jornadas laborales hayan aumentado. Gracias por subsistir, aunque sea miserablemente; gracias por tener una pensión, aunque su capacidad adquisitiva haya disminuido. Las víctimas se han convertido en culpables y no solo tienen que pedir perdón, también deben agradecimiento... y sumisión; es decir, sujeción, humillación.

FASCISMO FINANCIERO

Desde hace unas décadas el sistema económico que domina el mundo capitalista, es decir, los poderes financieros —los grandes bancos, grandes corporaciones, fondos de inversión, agencias de calificación— han instaurado un sistema que lo rige todo y a todos. No hay sector de la economía o de la vida que quede al margen de la especulación financiera; y dentro de la Unión Europea no hay ningún país cuyo gobierno no se haya sometido a los designios de estos poderes. Es una forma de gobernar totalitaria que no deja resquicio a la democracia y que produce nefastas consecuencias para la mayoría de la población, empujándola al paro, la miseria, la incertidumbre y en muchos casos a la desesperación; es en este sentido en el que utilizamos la palabra «fascismo».

Lo hemos visto en España, la caída, la regresión empezó con un Gobierno socialista, el de Rodríguez Zapatero, que tiró la toalla y se plegó a los mandatos de la «troika» (el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional), y acordó con el PP una reforma del artículo 135 de la Constitución española para dar prioridad al pago de los intereses de la deuda por encima del gasto (o inversión) en temas sociales. Esta fue la puerta que se abrió para justificar los recortes. El latiguillo repetido una y otra vez, «hemos vivido por encima de nuestras posibilidades», tiene esa pretensión: que la población asuma el papel de culpable y pague su penitencia, así se justifica la austeridad. Pues al fin y al cabo es una desfachatez pretender tener un trabajo, acceso a una vivienda, educación de calidad, una pensión que te permita vivir o cobertura sanitaria...

Y siguió, a partir del 22 de noviembre de 2011, cuando el PP obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones generales, con la promulgación de leyes y el establecimiento de medidas privatizadoras que han supuesto un inmenso retroceso en los derechos sociales, económicos y políticos de la población española.

Reforma laboral

Así, en el campo laboral, en febrero de 2012 el Consejo de Ministros aprobó la Reforma Laboral, una ley que ha abaratado y facilitado los despidos, ha fomentado los ERE y los despidos masivos, autoriza a los empresarios a modificar de forma unilateral y mediante una simple notificación las condiciones laborales (jornadas, turnos, horarios...), obstaculiza y limita la negociación colectiva, y una larga cadena de medidas que ha supuesto más paro, emigración (especialmente de muchos jóvenes preparados y formados a los que en España se les ha condenado a no hacer nada) y sobre todo ha creado unas condiciones de trabajo tan precarias que en algunos casos roza el esclavismo.

Con el lenguaje falaz y manipulador con el que el PP presenta sus propuestas, esta ley estaba hecha para «facilitar la contratación, con especial atención a los jóvenes y a los parados de larga duración, potenciar los contratos indefinidos frente a los temporales y que el despido sea el último recurso de las empresas en crisis», además de «acabar con la rigidez del mercado de trabajo y sentar las bases para crear empleo estable». Todo lo contrario de lo que ha originado. Y ni siquiera están satisfechos: hay empresarios, los representantes de las grandes empresas (ya que los pequeños y medianos empresarios son también víctimas de esta legislación), que no se sienten contentos y creen que los trabajadores (y trabajadoras) tienen demasiados derechos. Y así tenemos que oír cosas como que es preferible «contratar a mujeres mayores de 45 años o con edades inferiores a los 25 años que no se quedan embarazadas»[57]; o que «tenemos que imitar la cultura del esfuerzo con la que trabajan los 7.000 bazares chinos que hay en España», declaraciones de Francisco Roig, presidente de Mercadona, en marzo de 2012, el mismo año que esperaba obtener un beneficio de 490 millones de euros. Y todavía nos piden que demos gracias.

Los servicios públicos: la educación, la sanidad

Lo hemos visto también con las privatizaciones de servicios públicos tan importantes como la educación y la sanidad.

El 9 de diciembre de 2013 se aprobaba la LOMCE, cuyas siglas responden (lo que es casi un insulto) a Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Un insulto porque todo lo que ha hecho el PP desde 2011 ha sido tomar medidas para perjudicar a la educación pública en beneficio de la privada, ha provocado miles de despidos de profesores de la enseñanza pública, ha reducido los presupuestos para la escuela pública y ha aumentado los de la privada. Ha denigrado a los profesores con vergonzosas declaraciones en las que los ha tildado de vagos. La enseñanza de la religión católica y de «educación financiera» (en este caso a niños de 11 años) son los pilares de esa enseñanza que el PP presenta como «de calidad». Un derecho establecido en el artículo 27 de la Constitución de 1978 se ha convertido en un arma de adoctrinamiento masivo.

Mención especial merecen los recortes en la sanidad pública. En dos años se han perdido 28.496 puestos de trabajo en el Sistema Nacional de Salud[58].

En abril de 2012 el Gobierno del PP aprobó la reforma estructural del Sistema Nacional de Salud, que en su Exposición de Motivos se plantea dotar al Sistema de Salud «de solvencia, viabilidad y reforzar las medidas de cohesión para hacerlo sostenible en el tiempo». Otra falacia: en la práctica se ha excluido a miles de personas del sistema de salud, especialmente a las personas migrantes. En el capítulo IV de este libro se habla con más detenimiento de este tema, pero no podemos dejar de mencionar lo que se está convirtiendo en un auténtico apartheid sanitario.

Se está adjudicando la gestión de los hospitales a empresas privadas (la mayoría a fondos de inversión y empresas que cotizan en Bolsa, muchas de ellas a los llamados fondos buitre)[59]. Lo que se busca es la rentabilidad disminuyendo los costes, lo que significa disminuir la calidad del sistema sanitario, porque «es más barato amputar una pierna que darte un tratamiento», como dice Mónica García, portavoz de AFEM (Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid).

Un derecho, el derecho a la salud, recogido en el artículo 43 de la Constitución española que se ha convertido en un pingüe negocio para los poderes financieros y que, en casos como el tratamiento del ébola, ha llegado a ser un auténtico escándalo internacional por la inoperancia absoluta de los gobernantes españoles. Lo hemos visto con el primer caso que se produjo en España en la persona de Teresa Romero. Es muy difícil que se pudiera actuar peor que como lo hicieron las autoridades sanitarias españolas y madrileñas, si bien tenemos que destacar la buena labor realizada por los profesionales sanitarios, que han demostrado que son quienes saben y pueden gestionar bien la salud pública.

La vivienda, la emigración, la Justicia

Las movilizaciones, reclamaciones judiciales y movimientos contra los desahucios han sido uno de los elementos que más simpatías han despertado en el conjunto de la sociedad. Y no es por casualidad. La avaricia depredadora de los bancos, que impusieron unas cláusulas abusivas, usureras, en los contratos de hipoteca que se firmaron durante los años de especulación inmobiliaria han acabado en muchas casos en el desalojo violento de sus casas de muchas personas, cuyo delito ha sido el haber perdido su trabajo y no poder hacer frente al pago del crédito suscrito. En el informe Emergencia habitacional en el Estado español[60], realizado por la PAH y el Observatorio DESC, se explica que «según datos del Consejo General del Poder Judicial, desde 2008 se han iniciado más de 400.000 procedimientos de ejecución hipotecaria. Durante este mismo periodo se han llevado a cabo, al menos, 250.000 desalojos, muchos de ellos por la imposibilidad de hacer frente al pago del alquiler».

Otro derecho reconocido en la Constitución española (artículo 47) convertido en negocio para unos pocos.

«El derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita», dice la Ley 10/2012 por la que se instaura el pago de tasas judiciales, aunque el artículo 24 de la Constitución establece que todas las personas tienen derecho a una tutela efectiva de los jueces y tribunales. Una confusa ley, esta de Gallardón, que ha conseguido lo que parecía imposible: movilizar al estamento judicial (secretarios, jueces, abogados).

Y si todo esto es grave, peor es el trato que el Gobierno de España y la Unión Europea están dando a las personas obligadas a migrar. Las imágenes de naufragios con miles de víctimas o la pesadilla de las concertinas, esa arma inhumana con la que España recibe a las personas que vienen de África. Según la jurista Claire Rodier, la vigilancia de las fronteras se ha convertido también en un gran negocio. Empresas privadas de seguridad y la industria del armamento han descubierto que el control de los inmigrantes puede proporcionar buenos beneficios[61], eso sí, se necesita fomentar la xenofobia, que la gente sin recursos vea al que viene de fuera como un enemigo.

Y también somos culpables de querer utilizar el agua, la energía o el aire, bienes comunes de la humanidad que se están convirtiendo en nuevas mercancías. La avaricia de las empresas dedicadas a la energía (gas y electricidad), la privatización de empresas públicas que gestionan el servicio del agua (como el Canal de Isabel II), la compra-venta de emisiones de dióxido de carbono (CO₂) o la pretensión de instaurar legalmente el fracking[62]en España nos han llevado a la pobreza energética (en nuestro país más de dos millones de familias este pasado invierno han tenido que racionar su consumo de calefacción)[63], al encarecimiento del agua o a la amenaza de que se produzcan temblores de tierra o auténticos terremotos.

Los derechos de las mujeres, y el derecho a la cultura y a la información

El maltrato a la cultura y a los creadores a los que se intenta presentar como delincuentes mientras se proyecta declarar como bienes «de interés cultural» fiestas tradicionales que hieren la sensibilidad de millones de personas por el cruel trato a los animales es otro de los «regalos» que hemos recibido del PP desde que ganara las elecciones en 2011.

Y también hay que hablar de los problemas que están teniendo los profesionales de la información pública (Televisión Española, televisiones autonómicas, especialmente Telemadrid o Canal 9 o programas como Carne Cruda, de Javier Gallego, que fue expulsado de Radio Nacional de España), que han sufrido despidos y una clara manipulación por parte del PP.

El proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, comúnmente conocida como Ley Mordaza, o el afortunadamente fallido intento de establecer la Ley de Protección de la Vida del Concebido, una ley contra el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad, son el complemento en materia de derechos civiles y políticos al saqueo económico y social al que se está viendo sometida la población española. Pero no importa, y tenemos que sufrir declaraciones como las del obispo de Alcalá de Henares (Madrid), Juan Antonio Reig Plà, que comparó el Tren de la Libertad, la manifestación que partió en febrero de 2014 por las calles de Madrid contra la reforma de la ley del aborto de Gallardón, con los trenes de Auschwitz, el campo de concentración que los nazis instalaron en Polonia en el que fueron asesinadas más de un millón de personas[64]. Otra desvergüenza son los casos de pederastia tapados, cuando no consentidos, por las autoridades eclesiásticas españolas, que, eso sí, arremeten una y otra vez contra la homosexualidad, casos de pederastia que han salido a la luz gracias a las revelaciones del actual papa.

Ya nadie niega que la brecha de desigualdad ha experimentado un fuerte crecimiento en España, pero la desvergüenza del PP le ha llevado a decir a Rajoy que hemos entrado en la recuperación económica o a su secretaria general, María Dolores de Cospedal, a manifestar que «el PP ha salvado de la quiebra nuestros servicios públicos esenciales y de una quiebra técnica real al país [...]. A lo mejor los de las camisetas vienen a darnos las gracias porque la sanidad y la educación públicas las hemos salvado el PP». De nuevo hay que estarles agradecidos...

Los de las camisetas no son otros que los millones de personas que han inundado de colores las calles de pueblos y ciudades españolas, con sus camisetas reivindicativas de enseñanza, sanidad, justicia, cultura, derechos de las mujeres, de los migrantes...

Y si una enfermera se contagia del ébola, los responsables no son los incompetentes gobernantes que han abandonado la sanidad pública. La culpa es de la enfermera. Si se produce un terrible accidente de tren, el culpable es el maquinista y queda libre de cargos la empresa encargada del mantenimiento y buen estado de las vías. Lo mismo podemos decir del maquinista que conducía el metro que sufrió el terrible accidente de Valencia o de cualquier ciudadano o ciudadana que sufra las consecuencias de este sistema en algún acto o suceso de trascendencia pública. Los que gobiernan nunca son responsables ni tienen la culpa de nada. Los culpables seremos siempre las personas «que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades».

PERDEDORES Y GANADORES

Según el informe presentado por Foessa en 2013 (último publicado hasta el momento de escribir estas líneas), los ingresos medios de las personas más ricas de España son siete veces superiores al nivel medio de ingresos de quienes tienen menos rentas. Y desde el comienzo de la crisis esta diferencia se ha incrementado en un 30 por ciento.

El porcentaje de hogares en los que todos los activos están sin trabajo ha aumentado del 2,5 por ciento al 10,6 por ciento del total de hogares. En términos absolutos, el informe indica que se ha pasado de 380.000 hogares en esta situación antes de la crisis a más de 1.800.000 a finales de 2012[65].

Los datos del informe 2013 indican que ese proceso de empobrecimiento se ha agudizado en extensión e intensidad. Sin embargo, el hecho más destacado es, como subrayó el secretario general de Cáritas española, Sebastián Mora, «el incremento severo de la desigualdad social que nos muestra una sociedad fracturada».

«La fractura social —aseguró durante la presentación del informe— se ha instalado entre nosotros y con el tiempo cada vez será más difícil que las personas empobrecidas puedan salir de la exclusión». Es más, este «incremento de la desigualdad ha venido acompañado de una disminución de los recursos de protección social pública en su vertiente redistributiva y asistencial».

Una sociedad fracturada

Hay muchas personas, millones, la inmensa mayoría, que han salido perdiendo. Pero hay quienes ha salido ganando: son los que dicen que la economía se está recuperando. Son los mismos que se han beneficiado de la amnistía fiscal («regularización de rentas y activos», otro insultante eufemismo del PP a través de su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro) o de los manejos fiscales de Juncker permitiendo a grandes multinaciones rebajas fiscales en el paraíso fiscal que es Luxemburgo. Los mismos que han aparecido en el despilfarro de las tarjetas de Caja Madrid. Son los grandes bancos que han recibido ingentes cantidades de dinero en el «rescate» bancario. En palabras de Carlos Sánchez Mato, presidente de Attac en Madrid y miembro de la plataforma por una banca pública, «los bancos han recibido 23 veces más de las estimaciones del Banco de España y 538 más de lo que según Cáritas se necesitaría para “salvar” a las familias españolas sin ingreso alguno»[66].

Son los mismos que aparecen en la prensa, día sí y día también, por escandalosos casos de corrupción. Los mismos que hablan de dirigentes del PP como gente «cojonuda»[67], según se le escapó a Díaz Ferrán (actualmente en la cárcel), refiriéndose a Esperanza Aguirre. Son las empresas del Ibex 35 que tienen domiciliadas sociedades en paraísos fiscales y han declarado miles de euros de beneficios («Las cotizadas del selectivo ganarán en conjunto 35.900 millones de euros en 2014. De ese total, 12.400 millones de euros corresponderán al sector bancario»)[68]. Son los fondos buitre que se están quedando con la gestión de la sanidad pública, con las viviendas sociales, con la gestión del servicio del agua. Según Jean Ziegler, jefe del grupo de trabajo designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar los fondos especulativos: «Dicho sin ninguna hipocresía, los fondos buitre son grupos financieros que constituyen el punto más alto y la quintaesencia del bandidismo bancario. No son fondos de inversión ni están sujetos a reglamentos internacionales. Son fondos no registrados, fuera de la legalidad internacional, multilateral, binacional y en muchos casos fuera de la legalidad nacional. Todo lo que le digo naturalmente deberemos probarlo, y me propongo hacerlo. Deberemos contar cómo los fondos toman sus riesgos y asumen la posibilidad de perder centenas de millones porque trabajan con la seguridad de que suelen terminar con un triunfo. El asunto es quién está detrás de ellos.

»Es muy probable que detrás de ellos esté la gran banca, como Goldman Sachs o la Unión de Bancos Suizos. Tal vez quieran presionar sin aparecer»[69].

Son los mismos que defraudan a Hacienda, los insolidarios, los que desprecian a las personas que no son ricas como ellos. Son, en definitiva, los que nos exigen que les demos las gracias por pedirnos que aguantemos y nos sacrifiquemos un poco más.

Un futuro amenazador: el TTIP

Con total opacidad, en secreto e intentando que nadie se entere, las administraciones de Estados Unidos y de la Unión Europea están negociando un tratado de libre comercio e inversiones entre ambas regiones. Se conoce como Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP, por sus siglas en inglés).

Se trata de un nuevo acuerdo que, de aprobarse, supondrá un atropello contra las ciudadanías de Europa y Estados Unidos, que verán reducirse o desaparecer totalmente derechos que atañen a todos los ámbitos de la vida: desde el consumo a los derechos laborales, pasando por los medioambientales, sexuales y reproductivos, vivienda, educación, protección social, cultura, información.

Este proyecto, que se ha conocido gracias a filtraciones, ha movilizado a centenares de movimientos sociales, partidos y organizaciones ciudadanas de Europa y Estados Unidos, ya que de aprobarse condenaría a la miseria y a la exclusión a millones de personas. Lo que busca este tratado es eliminar cualquier tipo de control o regulación al comercio entre Europa y Estados Unidos, dar plena libertad a las grandes corporaciones para que puedan hacer sus inversiones sin tener que dar cuenta de lo que hacen a nadie, ni siquiera a la Justicia de cada país. Sus causas pueden buscarse en la necesidad de las grandes corporaciones estadounidenses y europeas de crear un gran mercado (unos ochocientos millones de personas) libre de controles, para hacer frente a la amenaza que supone la emergencia de nuevas economías con las que tienen que competir: China, India, Rusia, América Latina.

De esta forma prevalecerán las normas que más favorecen los intereses de las multinacionales en detrimento de los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, en Europa rige el principio de cautela o prevención en salud pública y medio ambiente: antes de poner un producto en el mercado hay que probar que no es perjudicial. En Estados Unidos es al contrario: todos los productos pueden ser comercializados y si alguno resulta nocivo, entonces es cuando se puede hacer la reclamación y pedir una indemnización.

Y, por supuesto, se verán afectados los servicios públicos: el derecho a la educación pública, a la sanidad, a la vivienda, al agua, a la energía..., que tendrán todo tipo de facilidades para ser privatizados. Por sus terribles consecuencias no podemos dejar de mencionar el fracking, práctica extendida en Estados Unidos y que tratan de traer a Europa, que está siendo objeto de una especial atención en estas negociaciones.

Pero lo que quizá sea más grave es la instauración de un mecanismo para solucionar las diferencias que puedan surgir entre las naciones y los inversores. Es el llamado Investor to State Dispute Settlement (ISDS, por sus siglas en inglés), que permitirá a las grandes corporaciones demandar a los Estados cuando consideren que determinadas leyes pueden perjudicar a sus intereses. Este mecanismo (ISDS) estaría formado por tribunales formados por tres abogados privados, que podrían fallar por encima de la Justicia de los Estados y exigir indemnizaciones multimillonarias. Aunque parezca ciencia ficción, esto ya está ocurriendo. Los casos de Philip Morris, Vattenfall, Chevron y otros así lo demuestran[70].

LA RESPUESTA ESTÁ EN LA CALLE

Como hemos visto, la Constitución española de 1978 estableció toda una serie de derechos, pero por desgracia son solo un adorno, porque las fuerzas que la aprobaron no han tenido la menor intención de respetarlos. El régimen que se instauró desde entonces ha ido degradando la democracia hasta convertirla en mero papel mojado.

Afortunadamente, como decía Miguel Hernández, los pueblos de España no son un pueblo de bueyes y no se han doblegado ante toda esta serie de medidas.

Desde el 15 de mayo de 2011, fecha a la que es inevitable referirse, ya que fue entonces cuando surgió el movimiento social más importante de las últimas décadas, han sido incontables las movilizaciones que se han producido. El 15 de mayo de 2011 comenzó el nuevo cambio. Lo novedoso no fue la cantidad de personas que se manifestaron, que fueron muchas, sino las características de un movimiento que tenía mimbres muy distintos.

Empezaremos por la convocatoria, que surgió de una hasta entonces desconocida Democracia Real Ya (DRY) y que con la colaboración de muchos movimientos sociales (ecologistas, Juventud Sin Futuro, Attac...) llamaron a la movilización a través de las redes sociales y al margen de los medios habituales.

Seguiremos por la variedad de los participantes, cosa que —aunque ya se había visto en algunas manifestaciones como las que se organizaron contra la guerra de Irak— fue una de las señas de identidad del 15M, que agrupó a personas de diferentes edades, clases sociales y creencias.

Esta variedad también cambió el lenguaje. La explosión de lemas, poemas, leyendas, ideas y pensamientos que se expresaron en las asambleas y podían leerse en los numerosos e improvisados carteles hablaban el mismo idioma que la calle. Se abandonó la retórica tradicional y se llamó a las cosas por su nombre: «Ellos nos necesitan, nosotros a ellos, no»; «El enemigo no viene en patera, viene en limusina»; «No nos representan»; «Lo llaman democracia y no lo es»; «No es una crisis, es una estafa», en una explosión de ingenio y creatividad colectiva imposible de resumir. Y se identificó al culpable: «No somos mercancías en manos de banqueros y políticos». La banca fue señalada como gran beneficiada de la crisis y se denunció que la política fuera utilizada como puerta de la corrupción.

Se destacó, en definitiva, que unas élites que no llegan al 10 por ciento de la población son las que lo controlan todo, están corrompidas hasta la médula, desprecian a la ciudadanía y no les importa el daño que puedan causar.

«Cuando la tristeza es un mandato oficial, la alegría colectiva es una hermosa forma de desobediencia», dice J. Vicente Barcia[71], señalando otras dos de las características más originales del movimiento que nació el 15 de mayo de 2011: la alegría y la ausencia de violencia.

El 15M rompió, además, los esquemas de sindicatos, partidos y organizaciones tradicionales, ya que es un movimiento que no tiene dueños ni despachos. La independencia del movimiento se produce incluso con relación a los propios convocantes; de la manifestación del 15 surgió la primera acampada, de esta nacieron otras, se ocuparon las plazas, se celebraron asambleas, proliferaron los movimientos contra los desahucios...

No era una protesta sectorial ni por un aumento concreto de mejoras salariales o sociales, era algo más, se reclamaba, se exige la dignidad. La ola de indignación fue sobre todo un canto a la decencia y al respeto. Era un basta ya a tanta humillación y sometimiento. Buena muestra de ello es la pancarta con la que se recibió en la Puerta del Sol de Madrid a las marchas del 23 de julio: «Bienvenida dignidad», y que muchos de los lemas expresaran la idea de soñar, querer algo nuevo, distinto («Si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir»). Y esa fiesta de la dignidad y la decencia empezó a cambiarlo todo.

Mareas

Según Juan Luis Sánchez, subdirector de eldiario.es y autor de Las 10 mareas del cambio: «Ya no hace falta pertenecer a un colectivo para hacer política»[72]. Es la propia gente la que hace la política.

En los dos últimos años las mareas verde, blanca, roja, azul, violeta, amarilla, negra, naranja... han recubierto de colores las calles de España, han organizado huelgas generales en la educación, han logrado la paralización judicial de la adjudicación privada de la gestión de varios hospitales de Madrid, han paralizado multitud de desahucios, han logrado parar o que se declaren nulos los despidos de empresas como Coca-Cola, Telemadrid, víctimas de caprichosos ERE...), han conseguido que fuera de España se declaren abusivas e ilegales determinadas cláusulas bancarias, han clamado por el derecho de los pueblos a decidir o han echado para atrás la infame Ley Gallardón contra los derechos de la mujeres. Estas movilizaciones que se han sucedido una y otra vez han ido gestando una nueva forma de participación y de organización de la ciudadanía que ha sabido utilizar en provecho propio las nuevas tecnologías, convirtiendo las redes sociales en un instrumento precioso para la organización y la movilización.

Y así llegamos al 22 de marzo de 2014, fecha en la que culminaron las innumerables marchas y actos convocados bajo el lema «Pan, trabajo y techo», que se han repetido el 29 de noviembre en numerosas ciudades y pueblos. Es imposible cuantificar cuántas, pero sin duda millones de personas se han movilizado y han participado en su preparación o se han manifestado pacíficamente en las calles.

ÚLTIMA LLAMADA

Una de las cuestiones que se han demostrado que más importa a la gente joven es la necesidad de acabar con la destrucción del planeta, que hoy se encuentra en grave peligro. Recientemente se ha publicado un manifiesto, Última llamada, que alerta sobre que «estamos atrapados en la dinámica perversa de una civilización que si no crece no funciona, y si crece destruye las bases naturales que la hacen posible. Nuestra cultura, tecnólatra y mercadólatra, olvida que somos, de raíz, dependientes de los ecosistemas e interdependientes».

El respeto no es solo para los seres humanos, también es para todos los seres vivos y para todo nuestro entorno.

La economía debe estar en consonancia con el respeto a un planeta al que debemos cuidar, «el siglo XXI —continúa el manifiesto— será el siglo más decisivo de la historia de la humanidad. Supondrá una gran prueba para todas las culturas y sociedades, y para la especie en su conjunto. Una prueba donde se dirimirá nuestra continuidad en la Tierra y la posibilidad de llamar «humana» a la vida que seamos capaces de organizar después. Tenemos ante nosotros el reto de una transformación de calibre análogo al de grandes acontecimientos históricos como la revolución neolítica o la revolución industrial», para finalizar con un mensaje de responsabilidad y esperanza: «Una civilización se acaba y hemos de construir otra nueva. Las consecuencias de no hacer nada —o hacer demasiado poco— nos llevan directamente al colapso social, económico y ecológico. Pero si empezamos hoy, todavía podemos ser las y los protagonistas de una sociedad solidaria, democrática y en paz con el planeta»[73].

ROMPAN FILAS

En el 15M se empezaron a romper las dos grandes filas, derecha e izquierda, en las que desde 1978 hemos estado encuadrados. Dice el politólogo y uno de los fundadores de Podemos Íñigo Errejón que el régimen está cómodo en la dicotomía izquierda/derecha: «Los términos no describen realidades inmutables, sino que construyen sentido y producen articulaciones nuevas. No se patea el tablero con las palabras del propio tablero»[74]. Y, efectivamente, es bueno para ellos que los que no formamos parte de la minoría elitista estemos divididos. Pero algo importante ha cambiado cuando en las plazas y calles se empezaron a juntar personas muy distintas, también con creencias e ideas diferentes, que se han planteado que ahora somos el pueblo y no vamos a pelearnos entre nosotros, vamos a unirnos para luchar contra ellos para que dejen de robar, saquear, humillar y porque estamos convencidos de que podemos crear un sistema nuevo que tenga en cuenta los intereses, anhelos, necesidades y deseos de la mayoría de la población, porque somos en definitiva el pueblo.

El cambio que se inició en el 15M se acentuó tras las elecciones europeas celebradas el 25 de mayo de 2014. Por primera vez los dos grandes partidos obtuvieron menos del 50 por ciento de los votos, y eso les ha asustado, no solo a los partidos, también a los poderes económicos y financieros que los apoyan. La emergencia de un nuevo partido, Podemos, que no solo no acepta préstamos de los bancos, sino que ha limitado los sueldos de los cinco eurodiputados que obtuvo y publica con total transparencia sus cuentas, ha empezado a asustar a la élite (la casta, como la llaman los impulsores de Podemos), que los acusa de populismo. Para el ensayista Santi Alba: «Sin embargo, hablar de populismo irrita, porque se lleva treinta y cinco años haciendo populismo desde el poder. El 1 por ciento no ha dejado de hacer populismo, con olimpiadas y bodas reales y violando todos los compromisos electorales, pero cuando hay un populismo que se ocupa del 99 por ciento y que está mucho más cerca de la realidad que el de las élites, parece que es una cosa muy grave. Y eso lo denuncia precisamente un partido que se llama Popular, y que lleva muchos años alternándose en el poder con el socialista»[75].

UN CAMBIO POSIBLE

En los tres últimos años son muchas las cosas que han cambiado en España, y posiblemente la más importante sea la sensación de que ahora se pueden cambiar las cosas. Se siente, se nota que es posible el cambio. Ya no parece algo tan lejano, y los sentimientos de esperanza e ilusión anidan en cada vez más personas. Se está pasando de la indignación al cambio político, ya no vale con estar indignados, ahora hay que dar un vuelco a la situación. Y así han surgido formaciones como la citada Podemos, como Guanyem o como Ganemos, que se han propuesto que sea la ciudadanía la que acceda a las instituciones, no mediante la representación tradicional en partidos políticos, sino creando nuevas fórmulas de participación ciudadana.

«Estamos en un momento dramático en el que hemos de reconstruir el país. Para eso necesitamos a gente que viene de lugares muy distintos. Esa unidad, la de la mayoría social que está pagando la crisis, es la que nos interesa. Y no equivale a la suma de siglas ni etiquetas», dice Errejón en la mencionada entrevista.

Es cierto, el momento es muy duro, el sufrimiento de la gente es muy grande, pero también y precisamente por eso son muy grandes las ganas de cambiar. Ya no se tolera tanto escándalo, tanta corrupción, tanta indignidad. Pero el camino no es fácil. Desespera en ocasiones ver la resistencia de muchas personas que, aunque sufren el mismo sometimiento y humillación que las demás, se despreocupan y desconfían de que las cosas puedan ser distintas. Eso es lo que da fuerzas a las mismas élites que las someten. No es fácil, nunca lo ha sido, pero hay momentos en la historia en los que por razones muy diversas el cambio es posible.

Hoy vivimos uno de esos momentos.

Epílogo

Ha llegado la hora

Javier Gallego, Crudo

Javier Gallego, Crudo, es periodista. Dirige el programa de radio Carne Cruda, que ha pasado por la Cadena SER y Radio 3 y ahora se emite online en www.carnecruda.es con la colaboración de eldiario.es y gracias a la financiación de sus oyentes. Por este espacio ha recibido el Premio Ondas 2012 y una Mención Especial de la Asociación Española de Radio Online, entre otros galardones. Ha sido presentador de los programas De 9 a 9 y media (Cadena SER), No somos nadie (M80) y Especia Melange (Radio Nacional de España). En televisión ha conducido el magazine Esta mañana, de Televisión Española, y ha sido guionista de Caiga Quien Caiga en La Sexta. Actualmente escribe en eldiario.es y La Marea.

Ha publicado el libro de análisis político Lo llevamos crudo y el poemario Abolición de la pena de muerte, además de participar en los libros colectivos Relaxing cup y otros hitos de la marca España, Trelatos y Simpatía por el relato. Por sus trabajos de ficción radiofónica y radioteatro ha sido premiado en el Prix Italia 2002, el Open Radio 2002 y la Bienal de Radio de México 2004.

Es baterista del grupo de música instrumental Forastero. Con formaciones anteriores ha publicado cinco discos y ha tocado en festivales de jazz nacionales e internacionales.

Web: www.carnecruda.es

Twitter: @carnecrudaradio

Facebook: facebook.com/CarneCruda2.0

«Entonces, todos los hombres de la tierra

le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado;

incorporose lentamente,

abrazó al primer hombre; echose a andar...».

CÉSAR VALLEJO, España, aparta de mí este cáliz

REACCIÓN: EN BUSCA DEL TIEMPO PERDIDO

Primera ley de Newton: todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar por una fuerza ejercida sobre él.

El comienzo de este libro nos recuerda que la reacción ciudadana del 15M de 2011 vino acompañada por una victoria del PP en las municipales y autonómicas, y una mayoría absoluta aplastante en las generales. Quedó evidenciado entonces que la indignación era un movimiento muy impactante en las calles, pero con escaso o nulo impacto en las urnas. Los indignados querían cambiar el sistema, pero estaban aún muy lejos de saber cómo hacerlo. O más bien no querían cambiarlo desde dentro, sino desde fuera. El 15M había nacido con la vocación clara de darle la espalda a la política institucional. «No nos representan», gritaban los manifestantes y acampados para expresar que no había nada ni nadie dentro del orden establecido que diera respuesta a sus reivindicaciones. Querían hacer política, pero sin políticos.

No era la toma de la Bastilla, era una reunión previa, más bien una reagrupación de fuerzas para preparar la resistencia. En consecuencia, no tuvo incidencia alguna en los resultados electorales. No la tuvo porque no la buscaba. Aún era demasiado pronto para eso. Para iniciar la contraofensiva quedaban algunos años. Por el momento la gente solo estaba saliendo del huevo, rompiendo el cascarón. No hubo tiempo para más. Mientras los indignados se manifestaban en las calles el resto de españoles volvió a votar más o menos como siempre: castigaron a los que gobernaban dándoles su papeleta a los de la acera de enfrente.

No es que el 15M hubiera fracasado, es que el 15M era otra historia. No era un movimiento electoralista organizado para manipular los resultados como cacareaban los tertulianos, columnistas y políticos del bipartidismo, especialmente los de la derecha. Era un movimiento antielectoral que no aspiraba al Parlamento, sino a resucitar el parlamento de la calle. Primero había que tomar las plazas, retomar el espacio público, recuperar la palabra y devolver la política a sus dueños, los ciudadanos. Había que empezar por el principio, volver a los orígenes, desandar el camino para rescatar la democracia en el punto en el que la habíamos cedido. Pasados los acaloramientos, inquietudes y peligros de los accidentados inicios de la Transición, habíamos dejado la política en manos de los partidos mientras nos deslizábamos plácidamente hacia el futuro empujados por la dulce melodía del bienestar.

Aquellos, unos pocos, que intentaron conservar entre sus dedos unas briznas de poder ciudadano en los barrios y municipios, en la empresa y el trabajo fueron destruidos, apartados y desactivados por la eficaz maquinaria de aplastamiento y anestesia que los socialistas pusieron en marcha y los populares llevaron hasta sus últimas consecuencias. La censura acallaba la crítica, la televisión nos adormecía, los medios nos dirigían y la corrupción compraba complicidad y silencio. La bonanza hizo el resto.

Hasta que el 15 de mayo de 2011 echamos el freno de mano. En realidad, la sociedad movilizada venía ya frenando desde unos años antes. El «No a la guerra» de 2003, las manifestaciones de marzo de 2004 reclamando la verdad sobre el 11M y el «Nunca mais» de 2006 fueron los primeros frenazos a la marcha ciega y sorda de la apisonadora del poder. Las primeras reacciones. La primera vez en mucho tiempo que se pedía masivamente responsabilidad a los políticos, transparencia al Gobierno y democracia para el pueblo. Después llegó la crisis y se reactivó el espíritu de aquellas protestas, con la ventaja de que ahora la ciudadanía contaba con las redes sociales y el aprendizaje de aquellas experiencias anteriores. Todos los pasos suman y cada paso es más sólido que el anterior.

Así el movimiento contra la Ley Sinde #NoLesVotes y las manifestaciones de Juventud Sin Futuro y Democracia Real Ya, junto a otros menos visibles, fueron haciendo el camino que desembocó en la Puerta del Sol de Madrid y se desbordó después por las plazas de todo el Estado. Poco antes se había presentado la primera parte de este libro: Reacciona. Fue un presagio. Nadie podía imaginar el 15M, pero se veía venir. La necesidad de reaccionar estaba en todos los ámbitos, en las conversaciones, en la universidad, en el mundo de la cultura, en el periodismo, entre los trabajadores, los economistas críticos, los pensadores más comprometidos, los activistas, en la calle. Había un murmullo constante en los meses previos que fue creciendo hasta convertirse en grito. La gente, por fin, había reaccionado.

Dormíamos y despertamos. Ese lema, entre tantos de aquellos días, resume mejor que ninguno lo que pasó. No habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades como nos decían nuestros dirigentes para culpabilizarnos por la crisis, habíamos vivido por debajo de ellas, por debajo de nuestras posibilidades como ciudadanos, por debajo de nuestra capacidad para intervenir en la realidad y cambiar el rumbo de los acontecimientos. Si alguna responsabilidad tenemos que asumir como ciudadanos, no es la de causar la crisis, sino la de dejar que nos colaran la estafa, la de permitirles despilfarrar nuestros ahorros, robar el dinero de todos, tomar decisiones en nuestra contra y a favor de los causantes de la crisis: los bancos, los fondos de inversión, el mercado, los corruptos.

En todo caso, nuestro pecado fue vivir por debajo de nuestra responsabilidad hacia la sociedad de la que formamos parte, por debajo de nuestra obligación de respetar lo que es de todos y por debajo del nivel de atención y vigilancia que debemos tener hacia quienes gobiernan la nave. La reacción provocó que muchos dejaran de vivir por debajo y sacaran la cabeza a la superficie para respirar y otear el horizonte. Ahí empezaron a darse cuenta de que no bastaba con darles o quitarles el timón en las elecciones y desentenderse durante cuatro años. Ahí muchos nos acordamos de que ellos mueven el timón, pero nosotros damos las órdenes. Tomamos conciencia de que la política la hacemos entre todos, cada día.

Pero aún estábamos muy lejos de abordar el barco para arrebatárselo a los piratas. La indignación era una reacción para detener la acción que nos llevaba hacia el abismo. Fue el golpe de timón para dar la vuelta al navío, como explicaba José Luis Sampedro en Reacciona: «Mi mensaje a los jóvenes es que es llegado el momento de cambiar el rumbo de la nave. Aunque sus líderes sigan en el puesto de mando y al timón, aunque desde allí sigan dando órdenes anacrónicas, los jóvenes puestos al remo pueden dirigir la nave». En efecto, los líderes siguieron en el puesto de mando, pero los remos empezaron a virar el barco. Muy lentamente, claro. Al principio no fue apreciable. No fueron pocos, de hecho, los que decían que el 15M había sido un fracaso, otra burbuja, un espejismo que había quedado en agua de borrajas. Era agua, sí, pero lluvia fina que iba calando.

Los temas que se pusieron entonces sobre la mesa —la necesidad de control del poder, la transparencia, la regeneración, el cambio de modelo económico o la participación ciudadana— han terminado colonizando el debate tanto en el Congreso como en los medios de comunicación. Desde 2011 la agenda política e informativa sigue rigurosamente las líneas que trazó la ciudadanía en la calle y en las redes. Por eso es ridículo decir que el movimiento se diluyó. Al contrario, fue una piedra que cayó al agua, generando primero una onda pequeña que dio lugar después a otras muchas, cada vez mayores. Fue el epicentro de un maremoto que provocó mareas de reacción.

La chispa que encendió la pólvora

A quienes lo negaron, la ola les pasó por encima. La indignación fue una reacción en cadena. Si el «quincemayismo» era una respuesta global contra el sistema, después llegaron las réplicas particulares del seísmo en los distintos frentes en los que la estafa pretendía robarnos derechos, casas, trabajo, justicia, educación, igualdad, pan. Estas réplicas fueron una consecuencia y una evolución mejorada, remasterizada y afinada del terremoto original. Pese a sus muchos logros como experiencia organizativa, el 15M había sido una causa general contra casi todo demasiado ambiciosa, inabarcable y desordenada fruto de su espontaneidad, urgencia y magnitud.

Pero sirvió no solo de chispa que encendió la pólvora sino también de laboratorio de prácticas políticas que luego se fueron aplicando en las mareas ciudadanas blanca, verde, granate, roja, naranja... y en otros movimientos previos a 2011, como la imprescindible Plataforma de Afectados por la Hipoteca que creció, se fortaleció y se expandió también gracias al aliento de los indignados. Lo que se había aprendido en las asambleas, en las acampadas y en las manifestaciones guio a muchos y muchas en la lucha posterior contra los desahucios, la privatización de hospitales, contra los recortes en educación, en ciencia, en sanidad, en dependencia... Contra todos los ataques. Eran reacciones. Habíamos permanecido en reposo durante años como cuerpos sociales inertes hasta que una fuerza ejercida sobre nosotros nos había obligado a cambiar de dirección, como explicaba Newton en su primera ley. Pero las mareas eran también un paso más allá. El siguiente. De la reacción se pasó a la acción.

ACCIÓN: EL FIN DEL MUNDO QUE CONOCEMOS

Segunda ley de Newton: la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que se aplica sobre él.

Las mareas sociales actúan inicialmente como resistencia frente al golpe de las olas destructoras de la crisis, como muros de contención que han amortiguado los efectos devastadores del tsunami y han puesto freno a algunas medidas «austericidas» y liberalizadoras. La marea blanca detuvo la privatización de hospitales en la Comunidad de Madrid y junto a la presión vecinal impidió el cierre de servicios de urgencias en zonas rurales de Castilla-La Mancha y Castilla y León; la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) sigue parando desahucios y dando amparo, apoyo y consuelo a las familias desalojadas o en riesgo de serlo; la Corrala Utopía en Sevilla realojó a decenas de desahuciados en pisos okupados y ha conseguido finalmente para ellos alquileres sociales y casas de acogida; las protestas del barrio de Gamonal en Burgos pararon unas obras millonarias con las que el alcalde había premiado al principal constructor y empresario mediático de la ciudad; las manifestaciones contra el desalojo y demolición del Centro Social Autogestionado de Can Vies en el barrio barcelonés de Sants lograron la reconstrucción y reapertura del centro; las movilizaciones contra la estafa de las preferentes han provocado la devolución del dinero a cientos de víctimas y la apertura de juicios contra las entidades estafadoras; la querella presentada por la plataforma ciudadana 15MPaRato en la Audiencia Nacional contra el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, fue la primera acción para poner contra las cuerdas a los estafadores de la crisis; la marea violeta ha echado atrás la reforma de la ley del aborto más retrógrada de la democracia y ha forzado la dimisión del ministro de Justicia que la defendía, Alberto Ruiz Gallardón; la marea granate ha creado una red de apoyo mutuo para los emigrantes forzosos que se han tenido que ir por culpa de la crisis; bancos de alimentos y organizaciones vecinales se han multiplicado para dar de comer a las víctimas de la crisis; asociaciones de parados actúan como orientadores laborales y bolsas de trabajo para ayudar en la búsqueda de empleo... Las mareas están evitando una hemorragia colectiva mucho mayor que podría haber derivado en borbotones de violencia de no haber sido por ellas.

Nuestros dirigentes deberían agradecer que hayan aplacado la conflictividad en las calles, que hayan mantenido la cohesión social en circunstancias tan adversas y, sobre todo, que hayan ejercido el papel protector de los más vulnerables, que corresponde a las instituciones del Estado. En lugar de eso, las han criminalizado y reprimido policialmente como si fueran «el enemigo», como dijo en 2012 el jefe superior de la Policía de Valencia, Antonio Moreno, para justificar las brutales cargas de los antidisturbios contra profesores, padres y alumnos. El Estado ha actuado, con frecuencia en estos años, como enemigo de la población, mientras las mareas ejercían de escudo protector. Por tanto, no solo han sustituido a la Administración, también nos han defendido de los derechazos que nos propinaba en nombre de los mercados.

Pero siempre se describe a estos movimientos ciudadanos como reacción a la contra y se minusvalora cómo han evolucionado hacia la acción para generar un nuevo escenario. Aunque han encajado muchos golpes y han devuelto algunos, no han sido solo un espigón que absorbe el azote furioso de los recortes. También han iniciado la transformación. De hecho, tan importante como su resistencia al retroceso es su papel como motor de cambio. Han pasado de la defensa al ataque. De la protesta a la propuesta. Y en ese campo estamos viendo más éxitos que en el combate defensivo. Frente a los ataques a la ciudadanía, los movimientos sociales han obtenido algunas victorias significativas pero pírricas en el cómputo global de la guerra contra los recortes. Son más las reformas laborales, amputación de derechos y ajustes de cuentas que nos han impuesto que los que hemos logrado evitar. Sin embargo, las contraofensivas sí están haciendo retroceder al oponente. Ahí estará la clave en el inminente futuro, en el paso que los movimientos sociales han dado de la reacción a la acción. De la resistencia a la revolución. Es mucho lo que las mareas han logrado parar, pero es más lo que están consiguiendo reparar.

Mientras las élites desmontaban minuciosamente el Estado social con la intención de sacar provecho de la crisis, ampliar la brecha con los más pobres y aumentar así su hegemonía, los movimientos sociales han ido construyendo en paralelo los cimientos de una democracia por venir más justa, transparente, solidaria y participativa. No son pocos los logros que se han alcanzado ya. Para empezar, se ha reactivado el atrofiado tejido asociativo, se ha fortalecido la musculatura del activismo y se han creado palpitantes redes de colaboración y comunicación afectivas y efectivas tanto en la lucha social como en la construcción de alternativas a la economía de mercado, a la sociedad mercantilizada y a la política convencional. Se ha creado un mundo aparte que está afectando a la realidad que ocupa el centro, incluso aunque la periferia tenga vocación de mantenerse fuera. Están tomando cuerpo las palabras del profesor de Ciencia Política Carlos Taibo, en su reciente ensayo Repensar la anarquía: «Defiendo la idea de que la construcción de espacios de autonomía en los que procedamos a aplicar reglas del juego diferentes de las que se nos imponen debe ser la tarea prioritaria para cualquier movimiento que se ponga manos a la obra a la tarea de contestar al capitalismo [...] lejos, claro, de cualquier designio de competir con el sistema».

Reiniciar el sistema

Por otro lado, se ha colocado en el centro del tablero y en la agenda de los partidos el debate sobre la regeneración del sistema, la reforma constitucional e incluso un proceso constituyente que ayude a construir un nuevo modelo de país y de sociedad. No es un cambio menor, es una transformación radical del pensamiento hegemónico. Recordemos que en 2011 la invitación a «reiniciar el sistema» que hizo el 15M fue tan ignorada como el resto de sus reivindicaciones. Parecía una enmienda a la totalidad tan exagerada como inviable. Hoy, sin embargo, se ha convertido en el meollo de la madeja que los políticos tratan de desentrañar para recuperar el favor perdido del público. Sin ir más lejos, este libro es un manual de sugerentes ideas económicas, sociales, legales y jurídicas para dar forma a esa metamorfosis.

Hoy la transformación de un sistema de cucarachas en una democracia humanista se ve al alcance de la mano y es de urgente necesidad. Pero hace tan solo cuatro años la mera idea de tocar la Constitución era un tabú, un anatema innombrable, salvo si lo ordenaba la Europa de los mercados, claro, en cuyo caso se hacía una excepción, como ocurrió en agosto de 2010 cuando PSOE y PP reformaron el artículo 135 para limitar el gasto social. Hoy, sin embargo, el nuevo líder de los socialistas, Pedro Sánchez, pide perdón por aquella reforma que tuvo efectos desastrosos en nuestros servicios sociales y para recuperar votantes se ha visto obligado a prometer que dará marcha atrás en la decisión que tomaron sus antecesores Zapatero y Rubalcaba con el apoyo de Rajoy. Hoy ni el PP más inmovilista y conservador consigue escapar del debate sobre la necesidad de hacerle la cirugía a nuestro sistema constitucional. No tiene intención de hacerle más que unos retoques banales y cosméticos, no nos engañemos, pero es una muestra de cómo van cediendo a las demandas ciudadanas. El trabajo de todos estos años está dando sus frutos. Se han reformulado las reglas del juego y están cambiando las posiciones de las fichas en el tablero. Están retrocediendo quienes tienen las cartas marcadas y lo tienen más difícil los que intentan amañar la partida.

El ojo público

En toda la democracia no se habían sentido nuestros dirigentes tan observados, juzgados, analizados y cuestionados. La transparencia, la lucha contra la corrupción y el control de las instituciones han pasado al primer plano de la escena y quienes actúan por detrás de las cámaras acaban siendo atrapados por el ojo público. Gracias a las redes, el buen periodismo y la constante presión social, gracias a iniciativas ciudadanas y organizaciones de transparencia como Quehacenlosdiputados.net, Tuderechoasaber.es, Grabatupleno.com, Openkratio.org, Fundación Ciudadana Civio o Access Info Europe, entre otras, se ha conseguido colocar al poder bajo el foco y hacerle una auditoría cada vez más completa, una radiografía de las entrañas mucho más nítida, una disección entomológica del comportamiento de nuestros representantes. Ha habido un cambio sustancial de roles, un nuevo reparto de cartas. Los vigilantes se sienten más vigilados. Ahora saben que cualquier equivocación puede pasarles factura, desgastar su imagen, minar su credibilidad, obligarles a pedir perdón, incluso provocar su dimisión. Lo nunca visto. Como dice 15MPaRato, #laciudadanialohizo.

Hay que remarcarlo. El desafecto hacia los políticos no es desafección hacia la política, al contrario, es una preocupación mucho mayor por los asuntos de Estado. El rechazo hacia las élites no es solo el resultado de su mal comportamiento, es también consecuencia del buen hacer de los movimientos sociales y su influencia sobre jueces, periodistas y ciudadanos. Y los efectos son notables e inéditos. Parafraseando el memorable parlamento final de Blade Runner, de Ridley Scott, hemos visto cosas que no creeríamos. Hemos visto entrar en prisión a personajes hasta ahora intocables, como los caciques del PP Jaume Matas y Carlos Fabra. Al primero el Gobierno lo sacó por la puerta de atrás y de nuevo la movilización social y la acción de un juez independiente le volvieron a encerrar. Al segundo sus peticiones de indulto no le valieron de nada frente al clamor popular. También hemos visto en el banquillo de los acusados a los gestores que provocaron el hundimiento de Bankia, Rodrigo Rato y Miguel Blesa. Cuando se escriben estas líneas, el exministro de Economía de Aznar sigue libre, pero un informe del Banco de España ha certificado su responsabilidad en delitos que podrían llevarlo a la cárcel. Por su parte, Blesa fue excarcelado y, en un proceso vergonzante en el que se presentó como víctima, consiguió inhabilitar al juez que se había atrevido a encerrarle, Elpidio José Silva. Es cierto que la presión social aún no logra evitar la acción de las manos negras que conspiran en las sombras para apartar o eliminar a jueces incómodos como Ruz o el coautor de este libro Baltasar Garzón, pero ahora estas maniobras orquestales en la oscuridad terminan saliendo a la luz pública gracias a la demanda ciudadana de información y acabará cobrándose su deuda electoral como ya presagian las encuestas.

Hemos visto, además, cómo se rompía en pedazos la cúpula de silencio que blindaba a la Casa Real. Hemos visto al yerno y a la hija del rey Juan Carlos camino de los juzgados por presuntos delitos de corrupción. Vemos también, es cierto, cómo el Gobierno y Zarzuela mueven los hilos de sus marionetas dentro de la Justicia para tratar de exculpar a la infanta Cristina y cargarle toda la responsabilidad a su esposo, pero es público y notorio, no pasa desapercibido, no pueden esconderlo. Hemos visto incluso al antiguo monarca pedir perdón al pueblo por sus tropiezos y cacerías y abdicar porque sus negocios, amistades entrañables y escasa ejemplaridad hacían insostenible la Corona sobre sus hombros. Hemos visto cómo su sucesor ha tenido que empezar su reinado limpiando el palacio de sospechas, reduciendo sueldos de la familia, prometiendo transparencia y renunciando a privilegios. Aunque el bipartidismo facilitó su entronización por la vía rápida y sin muchos sobresaltos (convenientemente censurados por los medios del régimen y reprimidos por la policía), Felipe VI sabe que la monarquía está en tela de juicio y que ha de ser intachable si la quiere conservar. Una consecuencia más del cambio en las reglas del juego.

La respuesta del poder ante los movimientos ciudadanos

Se ha invertido el ciclo. Ahora es el poder el que tiene que reaccionar en respuesta a la acción ciudadana. Hemos visto a los partidos asumir responsabilidades que nunca habían asumido. Muy a su pesar y con enorme resistencia en muchos casos, pero por primera vez hemos visto a presidentes de gobierno, de comunidad, de partido pidiendo perdón por sus errores, por sus malas decisiones, por nombrar a corruptos para puestos de responsabilidad y dejarles robar sin hacer nada. Por primera vez hemos visto expulsiones masivas de miembros implicados en casos de corrupción. Por primera vez hemos visto dimisiones. Ha dimitido incluso una ministra, la ministra de Sanidad Ana Mato, por haberse beneficiado del dinero ilegal de la Gürtel. Podrían hacer mucho más. Podrían dimitir muchos más. Podrían asumir sus responsabilidades por los papeles de Bárcenas o los ERE. En otros países habrían caído gobiernos por casos como estos. En España aún no. Pero también es verdad que cada día estamos más cerca de que esto se produzca. Cada día les resulta más complicado y trabajoso escurrir el bulto ante el público y los jueces. España ya no es ese país en el que nunca pasa nada, en el que a los corruptos nunca les pasa nada. Pasan cosas todos los días, a todas horas, en todas partes. Y van a pasar muchas más.

No hay más que mirar alrededor para darse cuenta de que el cambio es inminente e inevitable. Las demandas sociales de estos años han contaminado hasta el discurso de los partidos. Ahora todos se apresuran a incluir en sus agendas medidas contra la corrupción, reformas fiscales, normas de transparencia, obstáculos a las puertas giratorias. Se debaten incluso ideas que ya propuso el 15M, como la auditoría de la deuda, la renta básica o la reducción de la jornada laboral para repartir mejor el trabajo. El Estado de las autonomías se resquebraja por Cataluña, donde se ha desatado un proceso soberanista que es también un movimiento de refundación democrática. El municipalismo ha recobrado la vida con opciones como Guanyem o Ganemos. Les ha costado, pero IU y PSOE han iniciado el relevo generacional que la coyuntura reformista precisa, aunque los nuevos líderes aún tendrán que demostrar si son algo más que una cara joven y son capaces de limpiar las malas hierbas del pasado y propiciar la transformación del país. También en partidos llamémoslos centristas (pues no es muy clara su adscripción) como UPyD y Ciutadans buscan alianzas renovadoras. Y, por supuesto, ha habido un ciclón llamado Podemos que ha canalizado el torrente de la movilización social, ha forzado al resto de partidos a reaccionar y se ha llevado todas las certezas por delante. Son señales inequívocas de fin de ciclo y nueva era. Se han abierto tantos frentes y tantas grietas en la pared que el edificio de la Transición se tambalea y no queda más remedio que rehabilitarlo o construir uno nuevo. He ahí el dilema, he ahí la cuestión. Pero, en cualquier caso, hay que evitar que limpien solo la fachada y nos vendan una operación meramente cosmética como si fuera una casa nueva.

El éxito de Podemos

La transformación social iniciada en 2011 está empezando a cristalizar en resultados palpables, innegables. Han hecho falta muchas pruebas y errores, experimentos fallidos, frustraciones y fracasos, obstáculos en el camino y callejones sin salida que había que recorrer para llegar a la conclusión de que la única manera de recuperar el poder para el pueblo es ir a tomarlo donde se encuentra el poder. Ha sido un cambio de mentalidad paulatino. Aquel 15M que surgió de espaldas al Parlamento se ha ido acercando a lo largo de estos años. Primero rodeó el Congreso, después propuso su asalto simbólico ante la sordera de sus inquilinos y finalmente ha encontrado la vía de entrada que ya no pueden deslegitimar: las urnas. El éxito de Podemos fue hacer el diagnóstico de la situación en el momento justo y crear el tratamiento para dar respuesta a esta mutación del virus. El proceso nacido en los márgenes y en las grietas del sistema ha acabado filtrándose hasta el corazón de las instituciones y ahora aspira incluso a tomarlas. Lo resume magistral, poéticamente, Belén Gopegui en su inspiradora última novela, El comité de la noche: «La solución era pues mutar, dijo, mutar, que es una forma de irse habiéndose quedado. ¿Y cómo hacerlo? De nuevo imaginamos cómo sería no derribar los cimientos sino empezar a construir otro mundo aquí, a la vista de todos aunque, obviamente, con prudencia y astucia cuando hiciera falta. Una especie de escondite inglés en el que vas moviéndote aunque parece que no te mueves y, por fin, cuando el adversario se da la vuelta, resulta que tú has llegado». Estamos mutando y estamos llegando. Cada vez más rápido, cada vez más cerca de la meta.

Los acontecimientos se suceden en cascada, con ansiedad, con vértigo. Dice la segunda ley de Newton que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que se ejerce sobre él. Pues bien, sobre nosotros se ha aplicado tanta fuerza que ahora el cambio social avanza como un meteorito que se dirige veloz e imparable hacia el núcleo del sistema para reventarlo. Es el fin del mundo tal como lo conocemos, como cantaba REM. Es una oportunidad única de crear uno nuevo a nuestra medida.

CREACIÓN: UN HORIZONTE A LA MEDIDA DE LAS PERSONAS

Tercera ley de Newton: con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria.

Empecé diciendo que el 15M no tuvo efecto en las urnas porque no estaba España preparada para un cambio tan radical como el que proponían los indignados. Tampoco la indignación aspiraba entonces a gobernar. Antes había que recuperar la calle, la plaza pública y la palabra, teníamos que retomar la política, restaurar los lazos y los abrazos, recomponer la comunidad y recomponernos como sociedad. Teníamos que recuperarnos a nosotros mismos para ir a por ellos. Todo proceso lleva su tiempo, toda conquista, su preparación, todo asalto, su entrenamiento. Por eso era necesario que primero hubiera una reacción indignada y después una acción ciudadana para llegar a donde estamos hoy. Ha sido necesario pasar por este, a menudo exasperante, calvario para llegar a un territorio en el que, al menos, hay expectativa. No habríamos llegado hasta aquí sin pasar por allí. En aquel entonces las ideas que latían en Reacciona palpitaban también en la calle, pero el flujo sanguíneo no llegaba al cerebro del organismo. En cambio hoy las propuestas que hacen los autores de ReaccionaDos tienen una oportunidad de ponerse en práctica. Como decía José Luis Sampedro en su capítulo del primer libro, citado por Lourdes Lucía en estas páginas, podemos transformar el ocaso en ocasión.

Podemos sentarnos en la ventana a ver cómo el ocaso se transforma en noche una vez más o podemos abrir la ventana, saltar fuera y adelantarnos a buscar un nuevo día. La buena noticia es que ahora sí tenemos las dos posibilidades. Antes solo veíamos una. El éxito del sistema se basa en convencernos de que no hay más universo que el sistema. Por supuesto, nos vende, de forma muy convincente y atractiva, la maravillosa sensación de que disfrutamos de un abanico ilimitado de posibilidades, pero no son más que ofertas en las que nosotros somos el producto en venta. Así actúa la hegemonía, consigue que creamos que no hay más salida que la que nos ofrece, que no hay más realidad que la suya, que no hay forma más correcta de pensar que el pensamiento único, que no hay más universo que el que ves. Reduce nuestra capacidad de imaginar otros mundos posibles. Acaba con nuestra capacidad para imaginar.

Imaginar otros escenarios

El sistema bipartidista en España, convenientemente sustentado por la oligarquía, consiguió convencernos de que no había más opciones políticas que las dos mayoritarias. Durante casi cuarenta años hemos asistido impasibles, inertes y aburridos a un partido de tenis en el que la pelota iba de un lado a otro en cada cita electoral. El gran cambio que se ha producido en estos años es que ahora podemos imaginar otros escenarios. Podemos imaginar, hemos vuelto a hacerlo. Volvemos a ser capaces de visualizar otras opciones, otra forma de vida, una sociedad distinta, en circunstancias mejores. Ahora somos capaces de pensar otro país. Ya lo repetía Sampedro, de nuevo esencial: «Otro mundo no solo es posible, es inevitable». De nosotros depende intentar hacerlo mejor, a nuestra medida, no a la medida inabarcable, incomprensible, abrumadora de los abstractos e intangibles mercados. Seamos también realistas. El horizonte aplastante del capital va a seguir ahí pero las sociedades pueden darse la vuelta en dirección al horizonte opuesto. Ya hay gente que lo ha hecho. Sí se puede. Se puede intuir, ver incluso, aunque tenga aún los contornos borrosos, un horizonte a la medida de las personas. Se está difuminando la palabra «imposible». «¿No notas que empieza a diluirse esa imposibilidad absoluta?», se pregunta Rosa María Artal en su capítulo. Lo notamos. Ahora hemos abierto la ventana y hemos visto que ahí fuera hay un horizonte de posibilidades.

Y ha sucedido gracias al soplo incansable de quienes no han perdido el aliento. En estos cuatro años de periodo electoral, el torbellino que nos arrastró al 15M y que después se convirtió en brisa que se colaba por las rendijas del sistema se ha ido acumulando dentro hasta generar una bolsa de aire tan incontenible que ha abierto la ventana de golpe. Tuvo que venir Podemos, justo es reconocerlo, para desatrancar los postigos y dejar que el viento salga como un huracán por esa «ventana de oportunidad». La ventana está ahora abierta. Lo estará durante 2015, año electoral en todos los ámbitos: municipal, autonómico y estatal. Lo dicen las encuestas y se palpa en la calle y en el miedo de las élites: ahora sí hay una posibilidad muy real y cercana de que la transformación social se convierta en transformación política, de que esta larga marcha ciudadana a la que se han ido sumando caminantes llegue finalmente a las instituciones, a los centros de poder, al gobierno. Toda acción experimenta una reacción igual y contraria, dice el principio newtoniano. Creían que no iba a suceder pero la fuerza que aplicaron contra nosotros se les ha vuelto en contra. Los que nos echaron fuera ahora nos tienen encima.

La gente se ha cansado de perder siempre y ha decidido que puede ganar alguna vez. Se lo ha imaginado. Incluso lo ha nombrado. Y recordemos que la política no se toma por las armas, se toma por la palabra. Así que no es asunto menor que el nombre elegido por las plataformas ciudadanas a las alcaldías sea precisamente Ganemos. Es un imperativo, una emergencia social. Hay que ganar. Lo decía Ada Colau, cabeza de lista de esa iniciativa en Cataluña, Guanyem, en un artículo en Público de título muy significativo, «Concretar la revolución democrática»: «Si queremos transformar la realidad y democratizar nuestras instituciones, tenemos que ganar elecciones». El lenguaje construye la realidad y la realidad es que los movimientos sociales han perdido el miedo a pronunciar la palabra «ganar». Es verbo competitivo y la lucha social, cooperativa, pero para construir una sociedad que colabore en lugar de competir, hay que jugar con sus reglas para cambiarlas una vez que se haya conseguido derrotarles.

Aunque no basta. Como me decía el profesor de Políticas Víctor Rocafort: «No se trata de ganar sino de ganar bien». Ganar no es el fin sino solo el medio. Parafraseando a Unamuno cuando se enfrentó al ¡Viva la muerte! de los fascistas, no basta con vencer, hay que convencer. Vencer para repartir, para redistribuir, para depurar, para construir, para cuidar, para generar una sociedad más igualitaria, justa, libre y formada. Ganar para devolverle el poder a la gente. «Es difícil imaginar que ninguna persona demócrata, solidaria y consecuente pueda conformarse con menos», escribe Àngels Martínez i Castells en estas páginas. No nos conformamos con menos y aspiramos a más. Aunque sepamos que esa música suena tan bien que parece imposible que podamos tocarla. Pero tampoco el horizonte se alcanza nunca. Simplemente nos marca el camino, que no es poco.

Eso es la revolución, ni más ni tampoco menos, como explica el gurú de la desobediencia civil, Howard Zinn, en su autobiografía, You Can’t Be Neutral on a Moving Train: «El cambio revolucionario no llega como un cataclismo (¡cuidado con tales momentos!), sino como una sucesión interminable de sorpresas, caminando de manera zigzagueante hacia una sociedad más decente. Si la gente se diese cuenta de que el cambio se produce por la suma de millones de pequeñas acciones aparentemente insignificantes, estoy seguro de que no dudarían en llevarlas a cabo». En nuestro país aún hay muchos que lo dudan, que no quieren giros drásticos, que tienen miedo o franco rechazo. Pero parece que son cada vez menos los que no quieren giro ninguno y cada vez más los que quieren protagonizar la transformación. De esa incertidumbre habla Juan Torres en su capítulo: «Solo el futuro nos dirá si las turbulencias que presagian las encuestas, los resultados electorales recientes y la indignación que se percibe claramente en el semblante de las gentes normales y corrientes se siguen traduciendo en silencios legitimadores o en una respuesta distinta que les haga frente». En efecto, el futuro no está escrito. Podemos dejar que otros cojan la pluma para que escriban nuestras vidas o tratar de ser de una vez por todas nuestros propios autores. Es hora de crear nuestro relato común.

Indignación, reacción, acción, creación

De la indignación se pasó a la reacción, de la reacción a la acción, ahora la acción debe dar paso a la creación. Ya no se trata solo de cambiar lo que hay, sino de crear lo que no hay. Generar una nueva realidad, nuevos paradigmas, otras formas de ver y entender. Una nueva forma de mirar genera la posibilidad de cambiar lo que miramos. Si somos capaces de imaginar otra trama, empezaremos a escribirla. Nos arrancarán páginas, nos racionarán la tinta y tratarán de que se tuerzan nuestros renglones, pero no nos hurtemos también nosotros la posibilidad de imaginar otros horizontes mejores. Ya nos han tapado demasiados paisajes con sus moles y sus grúas. No lo hagamos nosotros. Como escribe Michel Onfray en Política del rebelde: «El hombre muere menos en un campo de concentración que dedicando su tiempo a ahogar las perspectivas innovadoras». Tampoco podemos seguir escudándonos en quienes ahogan esas perspectivas o en quienes no se suman. «La resignación no puede ser el camino», dice la protagonista de la novela de Gopegui de la que les hablaba. No es tiempo de lamentaciones sino de acciones y lo que ahora toca es aprovechar esa ventana de oportunidad que se ha abierto.

La intentarán cerrar a toda costa y dejar al viento fuera. Por eso no hay tiempo que perder, sino alianzas que forjar y fuerzas que agregar. Hay que dejar a un lado los egoísmos personales, las ambiciones partidistas, los orgullos, rencillas, rencores y resquemores privados para pensar en lo común, para saltar dentro con el mayor número de gente, porque si no entramos ahora, a lo mejor no podemos volver a hacerlo hasta que se vuelvan a reventar los cristales. Y a quienes dicen que no se puede, les recordaré la frase de la anarquista Emma Goldman: «Solo se muere una vez pero una es capaz de vivir muchas vidas en una sola». Solo tenemos una vida, es hora de tomarla entre las manos. Es la hora.

A POR EL PORVENIR

Todos los autores de este libro coinciden en señalar que ha llegado la hora. «No es fácil, nunca lo ha sido, pero hay momentos en la historia en los que por razones muy diversas el cambio es posible», escribe Lourdes Lucía. «Las últimas consecuencias de aquella reacción aún están por llegar», añade Ignacio Escolar. Y les responde Federico Mayor Zaragoza con unos alentadores versos de Ángel Valente: «Os escribo desde un naufragio... / por lo que hemos destruido / ante todo en nosotros... / ... pero os escribo también desde la vida, / os escribo de un mundo venidero». Decía otro Ángel poeta, González de apellido, que al porvenir lo llaman así porque nunca llega. No esperemos a que venga. Vayamos a por él. Vayamos hacia el horizonte con ojos que miran como por primera vez. Es lo que nos pedía César Vallejo en los versos que cierran el agónico poemario sobre la guerra civil española con el que he abierto este epílogo: «Si España cae —digo, es un decir—, / salid niños del mundo; id a buscarla».

Notas

[1] María Novo es catedrática UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia).

[2] Escritor libanés de lengua francesa. Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2010.

[3] Bioquímico alemán, ganador del Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1953.

[4] http://www.fund-culturadepaz.org/democracia_esp.php

[5] Físico nuclear, es presidente de honor de la Academia Mundial de Arte y Ciencia.

[6] Presidente del Consejo y director general de la Academia Mundial de Arte y Ciencia.

[7] Navarro, V., ¿Qué recuperación económica?, 2014. En http://bit.ly/1s7yX4E.

[8] UNCTAD, Informe sobre el comercio y el desarrollo 2013, 2014. En http://bit.ly/1nbPtQR.

[9] FMI, Informe sobre la estabilidad financiera mundial: abril de 2014, 2014. En http://bit.ly/1s9NgHr.

[10] OIT, España: crecimiento con empleo, 2014. En http://bit.ly/YBSmiI. OCDE, ¿Cómo se sitúa España?, 2014. En http://bit.ly/1uyJE1g.

[11] Europa Press, El FMI reconoce el «error» al valorar el impacto de la austeridad en Europa, 2014. En http://bit.ly/1oDH6ZZ.

[12] OIT, España: crecimiento con Empleo, 2014. En http://bit.ly/YBSmiI. OCDE, ¿Cómo se sitúa España?, 2014. En http://bit.ly/1uyJE1g.

[13] Ortiz, I. y Cummins, M., The Age of Austerity: A Review of Public Expenditures and Adjustment Measures in 181 Countries. Initiative for Policy Dialogue and the South Centre, 2013. En http://bit.ly/YSQ0fr.

[14] El País, 18 de mayo de 2014.

[15] Los datos que siguen proceden del Instituto Nacional de Estadística o de las estadísticas sobre empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

[16] Así lo demuestra constantemente el análisis de sus previsiones que realiza la escuela de negocios ESADE en su «Diana», donde analiza el grado de acierto de distintas instituciones y cuyos resultados pueden verse en http://www.esade.edu/homepage/esp/diana.

[17] Está explicado todo esto con detalle en Torres, J., La crisis de las hipotecas basura. ¿Por qué se cayó todo y no se ha hundido nada?, 2010. Sequitur. Edición digital gratuita en http://bit.ly/ZmBigJ.

[18] Técnicamente hablando me refiero a la base monetaria, que está formada por el efectivo en circulación más los depósitos de los bancos en el Banco Central.

[19] Datos del Federal Reserve Bank of St. Louis que pueden cotejarse en http://bit.ly/1pNJWvw.

[20] Lorente, M. A. y Capella, J. R., El coste del rescate bancario: las cifras reales. De «ni un euro» a 130.000 millones, 2014. En http://bit.ly/1icbIUc.

[21] Si se tienen en cuenta todos los tipos de ayudas, la cuantía es mucho mayor. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifra en 371.358 millones de euros el valor de las recapitalizaciones, rescate de activos deteriorados, garantías y otras medidas de liquidez de apoyo a la banca española entre los años 2008 y 2012. Según Carlos Sánchez Mato, las ayudas a la capitalización (unos 60.000 millones de euros), avales (110.000 millones), esquemas de protección de activos (28.000), adquisición de activos (72.000) y otras ayudas de liquidez (unos 5.000 millones) suman unos 275.000 millones de euros. Pero si a eso se le añaden, como debe ser a pesar de que la Comisión Europea diga lo contrario, los préstamos del Banco Central Europeo (360.000) y los avales implícitos del Estado al asegurar 100.000 euros por cada titular de depósitos bancarios (792.000 millones), el total de la ayuda recibida por los bancos españoles sería de 1,4 billones de euros. Ver Sánchez Mato, C., Por una banca pública, 2013. En http://bit.ly/1vK5azt.

[22] Una explicación del senador estadounidense Bernie Sanders sobre el descubrimiento de esa ayuda secreta y el vínculo al informe de auditoría que la hizo pública en http://1.usa.gov/1sun0WU.

[23] Una buena prueba de la asimetría de trato y de la desigual importancia concedida a los objetivos de la política económica en esta etapa de crisis es que frente a ese gasto de 11,7 billones de veinte países dedicado a salvar bancos, entre cincuenta países solo se han dedicado 2,4 billones de dólares a estímulos fiscales (Ortiz y Cummins, ob. cit., p. 37).

[24] La demanda total de la economía está formada por el gasto en consumo de las familias, el gasto en inversión de las empresas, el gasto del sector público y el gasto de los extranjeros en nuestros productos (exportaciones).

25] Los datos de déficit provienen de Eurostat, Provision of deficit and debt data for 2013 —first notification, 2014. En http://bit.ly/1hnOow6. Los de intereses para toda Europa los proporciona también Eurostat en su web en http://bit.ly/1dBAzYR.

[26] Esto último ha ocurrido en casos muy significativos e importantes, como los de la deuda militar o el déficit de tarifa, que en ambos casos se pueden situar en torno a los 30.000 millones de euros.

[27] «España tiene un problema de deuda mayor de lo que parece». El País, 9 de febrero de 2014.

[28] Los datos fiscales que siguen provienen de Oxfam, Tanto tienes, ¿tanto pagas? Fiscalidad justa para una sociedad más equitativa, 2014. En http://bit.ly/1ot3Csy.

[29] Sanz, E., Striking it Richer: The Evolution of Top Incomes in the United States —Updated with 2009 and 2010 estimates, 2012. En http://bit.ly/1rVk7wY.

[30] OECD, Income Inequality Update, 2014. En http://bit.ly/UWLpXT.

[31] Estos y otros datos pueden encontrarse en Oxfam, Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad económica: reflexiones sobre España, 2014. En http://bit.ly/1rf3UPl.

[32] SOMO es una organización independiente, sin fines de lucro, de investigación y organización de la red de trabajo en temas sociales, ecológicos y económicos relacionados con el desarrollo sostenible. Desde 1973 la organización investiga las corporaciones multinacionales y las consecuencias de sus actividades para las personas y el medio ambiente en todo el mundo. El informe Fatal Fashion puede encontrarse en http://somo.nl/publications-en/Publication_3943.

[33] La SA8000 es una certificación voluntaria creada por una organización estadounidense llamada Responsabilidad Social Internacional (Social Accountability International, SAI) con el propósito de promover mejores condiciones laborales. Establece condiciones mínimas para alcanzar un ambiente de trabajo seguro y saludable, libertad de asociación y negociación colectiva y una estrategia empresarial para tratar los aspectos sociales relacionados con el trabajo. Además, contiene reglas respecto a la duración de la jornada laboral, los salarios, la lucha contra la discriminación y el trabajo infantil o forzado. De hecho, se basa en acuerdos internacionales sobre las condiciones laborales, justicia social, derechos de los trabajadores, etcétera.

[34] www.mientrastanto.org/boletin-91/notas/las-agencias-han-dejado-de-estar-bajo-sospecha.

[35] «Hay puertas giratorias tan groseras que son casi sobornos». El País, 24 de septiembre de 2014. http://politica.elpais.com/politica/2014/09/24/actualidad/1411569608_609452.html.

[36] http://www.lemonde.fr/europe/article/2011/11/14/goldman-sachs-le-trait-d-union-entre-mario-draghi-mario-monti-et-lucas-papademos_1603675_3214.html.

[37] Ese consejero de la Comunidad de Madrid instauró el Área Única Sanitaria y la Ley de Libertad de Elección al tiempo que asestaba un recorte en el presupuesto para Sanidad del año 2013 de 2.700 millones de euros (un 7,7 por ciento).

[38] Martínez, À. y Vergarca, M. (coords.) y Benach, J. y Tarafa, G. (dirs. científicos), Com comercien amb la teva salut. Privatització i mercantilització de la sanitat a Catalunya. Prólogo de Antía Castedo, 2014. Icaria.

[39] «Nuestro historial médico: ¡en venta!», Catalunya Plural, eldiario.es, 3 de septiembre de 2014.

[40] La SAREB o «banco malo» es una sociedad creada por el Gobierno para comprar los activos tóxicos del sistema financiero y cuenta con grandes activos inmobiliarios.

[41] Bañuelos fue el fundador de Astroc, una empresa inmobiliaria icono de todos los excesos, de la que sería oportuno investigar los procedimientos que la llevaron a la quiebra.

[42] http://rosamariaartal.com/2014/09/30/espana-una-disoluta-corrupta-y-en-venta/.

[43] http://www.valenciaplaza.com/ver/56046/la-consultora-pwc-asesora-en-la-sombra-a-sanidad-en-el-cambio-de-modelo-de-gestion.html.

[44] Por su volumen, destacan 8.170 inmuebles propiedad del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, de los que 6.906 son viviendas que deben enajenarse siguiendo la ley vigente, ofertándose en primer lugar al colectivo de las Fuerzas Armadas. También sobresalen en la lista las propiedades de la Dirección General del Patrimonio del Estado, con 5.107 inmuebles, de las que 4.681 son fincas rústicas.

[45] «Truth on Trial in Spain». The New York Times, 4 de febrero de 2012.

[46] «A Chilling Verdict in Spain». The New York Times, 10 de febrero de 2012.

[47] «Populistas infiltrados», sobre una crisis de gobierno en Francia, destaca en el sentido apuntado. El País, 27 de abril de 2014. O «Filibusterismo», dedicado al presidente catalán, Artur Mas, que desde el título difiere del tono empleado en diarios internacionales de su nivel. El País, 4 de octubre de 2014.

[48] El timo del «paro de los emprendedores»: el Gobierno rechaza el 80 por ciento de las solicitudes. Teknautas-El Confidencial, 26 de septiembre de 2014.

[49] Cospedal: «Podemos hacer nuestro trabajo siendo menos diputados». La Tribuna de Albacete, 22 de julio de 2014.

[50] http://elboenuestrodecadadia.com/tag/publicidad-institucional/.

[51] http://www.apmadrid.es/images/stories/Nuevos%20medios%20lanzados%20por%20periodistas_Informe%20Anual%202013.pdf.

[52] http://www.eldiario.es/turing/desigualdad-digital-nueva-fuente-politica_0_311469071.html.

[53] Europa considera «altamente problemática» la Ley de Seguridad. Eldiario.es, 2 de diciembre de 2013.

[54] «Por una foto periodística pagan "menos que por un preservativo", dicen en Visa pour l'Image». 20 Minutos, 24 de agosto de 2014.

[55] La iniciativa Creative Commons se adopta para compartir, sin pagar y bajo determinadas condiciones, contenidos de Internet. Lessing también abandera la reivindicación del activista político y de Internet Aaron Swartz, que se suicidó en extrañas circunstancias a los 26 años. De ahí sus palabras.

[56] Mondadori, Barcelona, 1998, traducción de Aurora Echevarría.

[57] Declaraciones, recogidas por la mayoría de la prensa, de Mónica de Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios, realizadas el 4 de octubre de 2014.

[58] Según los últimos datos del Ministerio de Hacienda, que dos veces al año hace un recuento del personal al servicio de las Administraciones Públicas en España, los actuales empleados del Sistema Nacional de Salud (SNS) —a mes de enero, el último disponible— son 28.496 menos que hace dos años. En enero de 2012 los trabajadores de las instituciones sanitarias públicas eran 505.185. En enero pasado había 476.689, un 5,6 por ciento menos (El País, 1 de julio de 2014).

[59] Ver, entre otros, eldiario.es de 8 de abril de 2014, http://www.eldiario.es/sociedad/Sanidad-publica-fondos-inversion-privatizacion_0_247425695.html.

[60] http://afectadosporlahipoteca.com/wp-content/uploads/2013/12/2013-Informe_habtitatge-17Dic.pdf.

[61] Claire Rodier, El negocio de la xenofobia, traducción de Iván Bareitos García, Clave Intelectual, 2013.

[62] Fracking es un término anglosajón para referirse a la técnica de fracturación hidráulica para la extracción de gas no convencional. Consiste en la extracción de gas natural mediante la fracturación de la roca madre (pizarras y esquistos).

[63] http://www.ecooo.es/741/ecooo-noticias/La-reforma-energ%C3%A9tica-contra-todos/.

[64] http://www.eldiario.es/sociedad/Alcala-equipara-tren-libertad-Auschwitz_0_306919700.html.

[65] http://www.caritas.es/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=6475.

[66] http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/30/andalucia/1396199427_958267.html.

[67] http://www.cadenaser.com/espana/audios/diaz-ferran-aguirre-cojonuda/csrcsrpor/20090506csrcsrnac_2/Aes/.

[68] http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/5277327/11/13/La-cosecha-de-beneficios-del-Ibex-35-mejorara-un-26-el-proximo-ano.html.

[69] http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-256853-2014-10-05.html.

[70] Son numerosos los documentos y web de movimientos y organizaciones sociales que tratan del TTIP, a modo de ejemplo: http://www.tierra.org/spip/IMG/pdf/mecanismos_solucion_controversias.pdf.

[71] Ecologista, periodista y uno de los fundadores de Ecooo.

[72] http://www.europapress.es/epsocial/noticia-juan-luis-sanchez-autor-10-mareas-cambio-ya-no-hace-falta-pertenecer-colectivo-hacer-politica-20131102121236.html.

[73] http://ultimallamadamanifiesto.wordpress.com/el-manifiesto/.

[74] http://www.publico.es/544085/inigo-errejon-mucho-tendria-que-cambiar-el-psoe-para-ser-parte-de-la-solucion.

[75] «La izquierda está ante una oportunidad histórica que no se repetirá en cincuenta años», Noticias de Alma, Corazón, Vida, http://bit.ly/1178hHa.

Título original: Reaccionados

© 2015, de los textos: Federico Mayor Zaragoza, Baltasar Garzón, Juan Torres López, Àngels Martínez i Castells, Ignacio Escolar, Rosa María Artal, Carlos Martínez Alonso, Javier López Facal, Javier Pérez de Albéniz, Lourdes Lucía, Javier Gallego, Crudo

© 2015, de la presente edición en castellano para todo el mundo:
Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. U.
Travessera de Gràcia, 47-49. 08021 Barcelona

ISBN ebook: 978-840-35-0551-3

Coordinación de la edición: Rosa María Artal

Diseño de cubierta: Opalworks

Conversión ebook: Raquel Martín

Penguin Random House Grupo Editorial apoya la protección del copyright.

El copyright estimula la creatividad, defiende la diversidad en el ámbito de las ideas y el conocimiento, promueve la libre expresión y favorece una cultura viva. Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por respetar las leyes del copyright al no reproducir, escanear ni distribuir ninguna parte de esta obra por ningún medio sin permiso. Al hacerlo está respaldando a los autores y permitiendo que PRHGE continúe publicando libros para todos los lectores. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, http://www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

www.megustaleer.com