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Manuel Garí Ramos, Javier García Breva, Begoña María-Tomé Gil y Jorge Morales de Labra

Qué hacemos
por otra cultura energética

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RAG

Nota a la edición digital:

Algunos de los proyectos artísticos mencionados en el libro ya no son accesibles en la red. No obstante, por motivos historiográficos, se mantiene la referencia a la web original.

© Manuel Garí Ramos, Javier García Breva, Begoña María-Tomé Gil y Jorge Morales de Labra, 2013

© Ediciones Akal, S. A., 2013

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ISBN: 978-84-460-3857-3

Qué hacemos

¿Qué hacemos cuando todo parece en peligro: los derechos sociales, el Estado del bienestar, la democracia, el futuro? ¿Qué hacemos cuando se liquidan en meses conquistas de décadas, que podríamos tardar de nuevo décadas en reconquistar? ¿Qué hacemos cuando el miedo, la resignación, la rabia, nos paralizan?

¿Qué hacemos para resistir, para recuperar lo perdido, para defender lo amenazado y seguir aspirando a un futuro mejor? ¿Qué hacemos para construir la sociedad que queremos, que depende de nosotros: no de mí, de nosotros, pues el futuro será colectivo o no será?

Qué hacemos quiere contribuir a la construcción de ese «nosotros», de la resistencia colectiva y del futuro compartido. Queremos hacerlo desde un profundo análisis, con denuncias pero sobre todo con propuestas, con alternativas, con nuevas ideas. Con respuestas a los temas más urgentes, pero también otros que son relegados por esas urgencias y a los que no queremos renunciar.

Qué hacemos quiere abrir la reflexión colectiva, crear nuevas redes, espacios de encuentro. Por eso son libros de autoría colectiva, fruto del pensamiento en común, de la suma de experiencias e ideas, del debate previo: desde los colectivos sociales, desde los frentes de protesta, desde los sectores afectados, desde la universidad, desde el encuentro intergeneracional, desde quienes ya trabajan en el terreno, pero también desde fuera, con visiones y experiencias externas.

Qué hacemos quiere responder a los retos actuales pero también recuperar la iniciativa; intervenir en la polémica al tiempo que proponemos nuevos debates; resistir las agresiones actuales y anticipar las próximas; desmontar el discurso dominante y generar un relato propio; elaborar una agenda social que se oponga al programa de derribo iniciado.

Qué hacemos esta impulsada por un colectivo editorial y de reflexión formado por Olga Abasolo, Ramón Akal, Ignacio Escolar, Ariel Jerez, José Manuel López, Agustín Moreno, Olga Rodríguez, Isaac Rosa y Emilio Silva.

I. El papel social (y económico) de la energía

La energía es imprescindible para satisfacer gran parte de las necesidades humanas básicas. El largo proceso de constitución cultural y social de la especie ha ido de la mano de una creciente y compleja actividad productiva socializada, actividad que, desde los primeros pasos de la humanidad, requirió de formas cooperativas de búsqueda y explotación de diversas fuentes de energía. La energía facilita o sustituye buena parte del trabajo humano, pues permite realizar diversas tareas con menor esfuerzo y mayor eficiencia y, también, plantearse objetivos cada vez más ambiciosos.

Sociedad y energía

El control de la energía ayuda a generar las condiciones materiales de aparición de nuevas formas de libertad personal y permite nuevos grados de elección social. Ello posibilita teóricamente la ampliación del campo de opciones colectivas e individuales y la soberanía de las decisiones de la sociedad frente a los condicionantes del medio y las determinaciones materiales. La evolución demográfica es la mejor demostración de lo expuesto. Es constatable la alta correlación existente entre el crecimiento de la población mundial durante los siglos xix y xx y el dominio de las fuentes de energía y de su aplicación.

En el siglo xxi, en el debate ante la crisis global, las posiciones ecologistas afinaron los conceptos energéticos. Se abren paso las siguientes ideas: la generación de energía y su distribución tienen como fin prestar servicios energéticos, que son los que proporcionan el bienestar material, por lo que el objetivo de un sistema energético sostenible debe ser maximizar la satisfacción de las necesidades sociales de servicios energéticos minimizando la cantidad de energía empleada y sus impactos negativos.

La crisis global de naturaleza civilizatoria que preside el siglo xxi tiene cuatro dimensiones perfectamente entrelazadas: la económico-financiera, la social, la ambiental y la energética. La sociedad de personas iguales y libres, vieja y vigente aspiración emancipadora, requiere construir otra economía. Ello implica cambiar las relaciones sociales propias del actual modo de producción por otras nuevas basadas en la cooperación y no en la explotación; pero dado que la energía está en el núcleo duro del proceso productivo, el cambio social exigirá un giro de 180º en el modelo energético y, por coherencia, del conjunto del aparato productivo. Por otra parte, las renovables están protagonizando el cambio tecnológico del siglo xxi. Tal es el grado de centralidad de la cuestión energética.

Las siguientes páginas analizan la realidad energética internacional y española, y ofrecen propuestas políticas y alternativas técnicas para lograr que efectivamente la energía sea un factor de libertad humana y un motor de bienestar social.

El papel de la energía en el nacimiento y expansión del capitalismo industrial

El nacimiento y la expansión planetaria del capitalismo industrial durante los siglos xix, xx y xxi han sido el resultado de diversos factores (sociales, ideológicos, geográficos y tecnológicos), no el menor de ellos la revolución que supuso el control de la fuerza del vapor, la explotación del carbón y los descubrimientos de yacimientos de petróleo y gas y su consiguiente uso. Tanto la industria y la agricultura como el transporte o la vida cotidiana experimentaron una revolución que, ciertamente, también está en la base del crecimiento casi exponencial de la población. Casi todas las revoluciones tecnológicas que viene efectuando el capitalismo han llegado del brazo del descubrimiento de nuevas fuentes de energía o del avance en el conocimiento técnico en su aplicación. ¿Podría concebirse la producción generalizada de mercancías y su comercialización masiva sin combustibles? ¿Podría concebirse el mundo actual sin electricidad?

La aportación porcentual de los sectores energéticos (y conexos) al PIB mundial, comunitario y español es creciente. Pero, a la vez, el desarrollo del capitalismo ha estado asociado a emisiones crecientes de CO2 y de otros compuestos. Entre 1850 y 2007, la productividad –medida mediante el PIB mundial por habitante– se multiplicó por 9,5, mientras que las emisiones globales de CO2 se multiplicaron por 155 al pasar de 54 millones de Tm a 8.365 millones de Tm. El uso masivo de ciertas fuentes de energía es una de las causas más importante del deterioro ambiental por los impactos negativos sobre la biosfera (lluvia ácida, cambio climático, deforestación, etcétera).

Los problemas originados principalmente por los países industrializados a causa de su modelo productivo, energético y de transporte tienen impactos especialmente negativos en los países empobrecidos (desertificación, monzones de redoblada intensidad, etc.). La inequidad social aumenta de la mano de la inequidad ambiental.

El reparto de la energía es desigual. Estamos ante una injusta paradoja: en el mundo industrializado se puede producir un colapso social por la abundancia y el derroche en el uso energético en carreteras, empresas, ciudades y hogares, a la vez que hay carencia absoluta o hambre energética en los países empobrecidos. La cuarta parte de la población mundial consume el 75% de la energía, 2.000 millones de personas no tienen acceso a la electricidad y, según la FAO, 2.400 millones de personas viven en áreas donde la madera, su única fuente primaria de energía, escasea. Los países industrializados son los contribuyentes netos de emisiones y los responsables de la desaparición de bosques enteros, pero, a la vez, la pobreza está empujando a millones de seres humanos a la deforestación masiva para obtener leña, la «energía de los pobres».

La energía forma parte del núcleo central del negocio. Y, como el conjunto de los sectores económicos importantes, tiene dos características: experimenta una fuerte tendencia a la concentración (en los campos de la propiedad, la operación y la gestión) y es creciente la confusión público-privado y la penetración (e interpenetración) de capitales de unos sectores en otros. Especialmente relevante es el fenómeno denominado de las «puertas giratorias», que permite un tránsito continuado de políticos profesionales y gestores económicos entre escaños y consejos de administración.

Las fuentes de energía convencionales (carbón, gas, petróleo, uranio, etc.), desigualmente distribuidas en el planeta, son propiedad o su gestión está en manos de grandes compañías que funcionan en régimen de oligopolio, cuando no de monopolio, en connivencia, no exenta de conflictos, con sátrapas y gobernantes –con y sin legitimidad democrática–. Las empresas energéticas figuran entre las de mayor facturación en cada país y, en el ámbito internacional, las transnacionales del petróleo y el gas, denominadas las «tres hermanas» (producto de la fusión de 7 grandes multinacionales), dominan el mercado porque controlan una importante cuota del comercio total.

Esta concentración de la riqueza energética en toda la cadena de valor (de la extracción y transformación a la distribución y consumo) es una de las fuentes de inequidad social nacional e internacional, de poder político añadido y de capacidad de chantaje de la voluntad de los pueblos. Los intereses de las multinacionales se esconden tras los generales y sus ejércitos en gran parte de los conflictos bélicos del siglo xx y xxi. Las grandes compañías mundiales de la energía son capaces de imponer sus condiciones, incluidas las bélicas, a los gobiernos nacionales y a los mercados internacionales. En el siglo xxi, como en los albores de la humanidad según el mito, quien controla el fuego, controla el clan.

II. La futura crisis global se está gestando
y será energética

La componente energética de la crisis económica

En el momento en que, para algunos, la gran crisis financiera internacional de 2008 era casi un recuerdo, nuevos hechos nos devuelven a la realidad. Un sorprendente consenso internacional auspiciado por la Troika –FMI, Comisión Europea (CE) y Banco Central Europeo (BCE)– promueve, todavía hoy, que sigan aumentando las ayudas públicas a la banca por billones de euros. Mientras tanto, el mercado del petróleo sigue al alza, habiendo alcanzado en 2011 el precio histórico más alto, que se ha mantenido en 2012 y en el inicio de 2013, entrando en un nuevo periodo de permanente tensión de la oferta, crecimiento de la demanda y precios elevados, como en 2008. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el monto de las importaciones de petróleo de los países de la OCDE aumentó en 200.000 millones de dólares en 2010 respecto al año anterior, alcanzando la cifra de 790.000 millones de dólares, lo que supuso una merma del 0,5% del PIB para el conjunto de los países industrializados.

Esta doble realidad provoca dictámenes y opiniones en ocasiones sumamente contradictorios por parte de una misma entidad. La recomendación que se puede leer en numerosos informes de organizaciones internacionales insiste en la necesidad de impulsar políticas macroeconómicas estructurales diametralmente distintas a las actuales, con señales de precios y desarrollando nuevas fuentes energéticas alternativas y sostenibles. Pero, a la vez, las decisiones efectivas divergen del discurso y caminan por otros derroteros.

Respecto al segundo problema, el energético, pocas veces han coincidido los análisis de la ONU, el FMI, la AIE y el BCE tanto como en los primeros meses de 2011, al avisar al mundo de una grave cuestión: que la dependencia de los combustibles fósiles es la razón básica de los problemas que dificultan y retrasan la recuperación económica. Fatih Birol, economista jefe de la AIE, ha señalado que los precios del petróleo hacen peligrar la recuperación económica, pues el indicador oil burden (carga de petróleo), que es el cociente entre el gasto en petróleo (precio del crudo multiplicado por demanda) y el PIB, aumentó hasta niveles que pueden dificultar la salida de la crisis económica y financiera.

Pero, en el análisis que suele hacerse de la crisis financiera de 2008, casi nunca se dice que la verdadera causa que la originó fue la subida del precio del petróleo que se inició en el verano de 2004, cuando, entre otras razones, por efecto de la guerra de Iraq iniciada un año antes, pasó de los 20 dólares por barril en 2003 a los 40 dólares y siguió subiendo hasta los 147 dólares en la primavera de 2008.

La subida del crudo produjo una inflación generalizada en la economía occidental, incluidos los precios de los alimentos; para combatirla se subieron los tipos de interés y a partir de ahí se desató la ruina de las hipotecas basura que, desde EEUU, se habían vendido al resto del mundo mediante una desregulación de los mercados financieros alentada por las altas valoraciones de las agencias de calificación y la complicidad de los gobiernos, que dejaron a los especuladores la responsabilidad de velar por los intereses generales.

Lo que ocultaba la política del crecimiento por el crecimiento era la codicia de los bancos y los mercados financieros, la especulación sobre los precios de todas las materias primas energéticas y de los alimentos, y la miopía cortoplacista de los gobiernos, que solo veían su particular interés en las encuestas de coyuntura y en los plazos electorales.

Pero esta tendencia venía de lejos y de antes. Tiene raíces sistémicas. La tendencia ni es natural, como se pretende desde el dogma neoliberal, ni es casual. Es el resultado de múltiples decisiones políticas que posibilitaron la situación actual. El capitalismo necesita del crecimiento continuo para perpetuarse, máxime en una fase como la actual de rendimientos decrecientes. Hoy vivimos la crisis de la receta neoliberal para salir de la crisis de los setenta. La grave situación que arrastramos desde hace 5 años es el resultado de la lógica de unos mercados desregularizados en los que pudieron hacer su agosto irresponsables y deshonestos especuladores.

La euforia del crédito y de las altas tasas de crecimiento económico fue el bálsamo que utilizaron las políticas económicas liberalizadoras para ocultar el peligro que suponía una economía cuya riqueza se fundamentaba más en los movimientos especulativos que en el desarrollo de una industria innovadora y competitiva. Y en cuanto subieron los tipos de interés por el alza de precios (y se acabó la pócima del anabolizante financiero), el edificio de la ortodoxia liberal, que los economistas, de forma mayoritaria, habían defendido y exigido ante los gobiernos, se desmoronó como ídolo con pies de barro.

Sin haber aprendido la lección de 1973 y de 2008, una nueva crisis se está gestando otra vez con la energía de fondo. La crisis financiera, que todavía no se ha cerrado, se ha convertido en un círculo vicioso que por la orientación de los gobiernos y de la política europea impide la salida y el fortalecimiento económicos necesarios para resolver los problemas de la deuda. Pero quienes originaron esa crisis financiera han recibido billones de euros en ayudas de los mismos Estados a los que criticaron rabiosamente por su intervencionismo, y, mientras, se imponen medidas de austeridad que aumentan las desigualdades sociales.

Pero la recuperación económica no llega y se va a retrasar porque otra vez se ha ignorado que en la base está la necesidad básica de la energía, de la seguridad de suministro y de los imperativos ambientales que hacen urgente modificar los usos energéticos en que se basa la economía mundial.

Un polvorín de gas y petróleo. La cuestión del peak oil

El 81,25% de la energía primaria mundial se obtiene de los combustibles fósiles. Este dato es, por sí mismo, un diagnóstico de la fragilidad y nocividad del modelo energético.

Desde el inicio de 2011 en todo el Magreb y Oriente Medio se inició una ola de revueltas sociales y cambios políticos cuyo origen está en el incremento de precios de bienes básicos que pone en evidencia las enormes desigualdades sociales y una realidad demográfica que revela que esas crecientes desigualdades han dejado sin esperanza a más de la mitad de la población, que, por su juventud, carece de expectativas y de futuro. En los primeros meses de 2011 los precios del petróleo y del gas volvieron a subir y la factura energética de los combustibles fósiles repercutió otra vez en una subida de precios y de los tipos de interés. El conflicto en Libia redujo la oferta de crudo y, a la crisis por la contracción del crédito, se le superpuso la crisis por la contracción del crudo. En mayo, el Gobierno de Argelia anunció un incremento del 25% en el gasto público para el presupuesto de 2011, lo que sin duda determinará los precios del gas argelino en el futuro. Todo el año 2012 ha estado marcado por la tensión con Irán, el embargo internacional de crudo iraní, el control del estrecho de Ormuz y los rumores de conflicto bélico. El inicio de 2013 ha mostrado que, junto a las esperanzas democráticas que trajo la primavera árabe, existe un conflicto permanente en la zona, desde Túnez hasta Siria, y el ataque de Al-Qaeda a la planta de extracción de gas en In Amenas ha puesto de manifiesto la fragilidad del suministro de gas. La intervención militar de Francia en Mali ha sido, ante todo, una defensa de la ruta de abastecimiento del uranio para sus centrales nucleares.

Las incertidumbres en la seguridad de suministro de petróleo y gas, más los precios elevados que se mantienen en niveles récord desde 2011, se han constituido en un fenómeno estructural y no pasajero; en la medida en que las políticas económicas no cambien ante este escenario de energía, estamos avanzando hacia una futura crisis de suministro energético de consecuencias inmediatas para las economías más dependientes de los combustibles fósiles.

Cuando en abril de 2010 explotó la plataforma petrolera Deepwater Horizon de la multinacional británica BP en el golfo de México, un aviso se extendió al mundo entero: el petróleo cada vez hay que buscarlo en las aguas más profundas de los océanos con costes muy superiores y riesgos tecnológicos y ambientales catastróficos. La corrupción en la concesión de los permisos para las perforaciones petrolíferas eximió a la petrolera BP de los planes de seguridad y de las medidas que hubieran evitado el desastre; pero ni siquiera tenían la tecnología adecuada para evitar el riesgo que suponía la aparición del gas metano. Las grandes compañías siguen impidiendo la reforma regulatoria que puede evitar futuros desastres y castigar negligencias. Todo lo contrario, el número de perforaciones sin control del riesgo ha aumentado.

Acontecimientos como el descrito son una buena y sencilla demostración de que, más allá de los debates sobre los estudios y proyecciones de los expertos sobre el peak oil (precio máximo de extracción de petróleo tras el cual la producción disminuye), el crudo escasea, debido a la menor accesibilidad y volumen de las reservas conocidas. Pero también que el coste económico de extracción aumenta progresivamente y que se necesita una creciente cantidad de energía para obtener una decreciente cantidad de crudo de calidad, por lo que el ratio de retorno en términos energéticos tiende a empeorar.

El debate relevante sobre el recurso petróleo –trasladable al gas natural y al carbón– no es tanto el de las reservas (tema sobre el que hay muchas opiniones, incertidumbres y opacidad) como la cuestión del flujo de producción, o sea, de la capacidad industrial para extraer (y poner en valor) en el momento y con los plazos requeridos dichas existencias. La forma de medir el flujo de producción es litros/segundo extraídos. Los yacimientos convencionales de crudo han entrado en declive y ven reducida su producción anualmente un 7,5%; reducción que habría alcanzado el 10% si no se hubieran realizado importantes inversiones para minimizar la reducción del flujo de producción.

En el caso del petróleo, la AIE estima que, en el periodo 2010-2035, la producción de crudos convencionales no superará a nivel mundial los 70 millones de barriles al día (que fue el promedio del año 2006) aunque se pongan en explotación nuevos yacimientos conocidos u otros por descubrir [sic]. Asunto este relevante, ya que en 2012, por cada tres litros de petróleo producidos, se «descubre» uno de un yacimiento nuevo, generalmente de acceso difícil. La AIE anuncia una crisis de suministro después de haber estudiado los 800 mayores yacimientos petrolíferos del mundo.

La prima de riesgo nuclear. Fin de época de una estúpida locura

Antes de que pasara un año del desastre petrolero del golfo de México, se produjeron las explosiones de los reactores nucleares de Fukushima, en Japón, a consecuencia del terremoto y posterior tsunami acaecidos el 11 de marzo de 2011. Nuevamente el mundo asistió a un espectáculo dantesco en el país tecnológicamente más avanzado de la Tierra, lo que no le ha servido de nada para prevenir y gestionar el riesgo nuclear. Otra vez la negligencia, la connivencia entre reguladores, propietarios de la central nuclear y el propio Gobierno japonés, ocultaron la verdadera dimensión del desastre y del riesgo radiactivo, y una ola de desconfianza se extendió por todo el mundo sobre una tecnología que funciona con los mismos diseños de hace sesenta años y que solo es capaz de madurar a base de desastres por la irresponsabilidad que legalmente les ampara. La inexistencia de responsabilidad civil del sector nuclear en caso de accidentes también le exime de tener que afrontar los costes y cualquier responsabilidad por los daños que provoque el funcionamiento de los reactores nucleares.

De la misma manera que se ocultó al mundo la radiactividad del accidente de Chernobil, tampoco conoceremos la radiactividad de Fukushima en mucho tiempo. Sin embargo, todos los planes nucleares se están paralizando, reconociendo implícitamente lo que dijo el premio Nobel japonés Kenzaburo Õe: «estamos sometidos a la mirada de las víctimas de la energía nuclear. El riesgo de las centrales atómicas se ha hecho realidad». Definitivamente, el riesgo nuclear no es asumible por la sociedad.

El hecho mismo de que todos los países con centrales nucleares hayan anunciado que van a revisar sus estándares de seguridad es un reconocimiento y una evidencia de que en ninguno de ellos se están aplicando criterios de seguridad que tengan en cuenta impactos externos no previstos o sobrevenidos. Es también evidente que el concepto de cultura de seguridad no tiene en cuenta que la radiactividad mata mucho y por mucho tiempo, y que, en la gestión del riesgo nuclear, reguladores y propietarios han antepuesto la rentabilidad económica a los costes de seguridad.

Llama la atención que, cuatro meses después de la crisis nuclear de Fukushima, el director general de la Organización Internacional de la Energía Atómica, el japonés Yukiya Amano, haya pedido un sistema internacional de control del sector nuclear que conlleve obligaciones para las centrales, ya que no existen a nivel internacional estándares de seguridad ni un sistema de control de compromiso obligatorio para las plantas nucleares. Lo que quiere decir que hoy no existe ningún sistema internacional de seguridad nuclear ni ninguna obligación para los propietarios de las centrales sobre riesgos de seguridad.

Es evidente que, de existir un estricto cumplimiento de las condiciones preventivas suficientes, los costes de la energía nuclear serían tan elevados que la convertirían en una fuente energética inviable y no competitiva. Como es también evidente que los costes de la no seguridad actual no son soportables por la sociedad; pero la falta de transparencia en los costes reales de la energía y la opacidad en la conformación de sus precios mantienen el mito de que la nuclear es la fuente más barata y segura.

Los costes de la radiactividad de Fukushima se elevan a más de 100.000 millones de euros y, en 2012, la Autoridad de Seguridad Nuclear de Francia evaluó la adaptación a los nuevos estándares de seguridad nuclear en las centrales francesas en 50.000 millones de euros y advirtió de que un accidente nuclear similar en Europa no es imposible. El Tribunal de Cuentas de la UE declaró que no hay dinero para desmantelar las nucleares de tecnología soviética en los países de la última ampliación.

En el caso español, la normativa sitúa en tan solo 700 millones de euros el monto asegurado para la responsabilidad civil del titular de la central y reduce a 70 años su obligación de gestionar los residuos. Disposiciones insuficientes a la vista del monto de los daños posibles y de la duración de miles de años de la vida media del uranio 235. Por ello no basta con abandonar la construcción de nuevas centrales, es necesario adoptar una política decidida de cierre de las actuales para evitar los riesgos que conlleva su funcionamiento y evitar la proliferación de residuos ingestionables, ya que ni su depósito controlado a medio plazo está asegurado.

Por otra parte, la cacareada «abundancia» del combustible nuclear queda desmentida por las limitadas reservas de uranio identificadas por la AIE, que al ritmo actual de extracción se agotarán en un plazo de entre 50 y 80 años. De confirmarse la apuesta nuclear de China, Rusia e India, el precio del mineral aumentará y el plazo se reducirá. No hay tanto uranio para tanto proyecto.

Antes de Fukushima, la FAES (Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales), el PP y el lobby español, en consonancia con el discurso del lobby pronuclear mundial, lanzaron el mensaje de la necesidad del «renacimiento nuclear» con la construcción de nuevas centrales. Entonces, ¿por qué no hay nuevos proyectos privados en países como España si no hay impedimento legal alguno? La respuesta es unívoca: los costes de construcción son muy altos, el periodo de obra dilatado, la amortización y el retorno se demoran y los costes financieros se disparan. Los costes de inversión del kilovatio (kW) nuclear suponen entre 3.800 y 5.800 euros (Agencia Moody’s, 2009) y el grupo Areva reconoce que, de momento, la central de Olkiluoto (Finlandia) alcanzará de partida los 4.500 euros por kW instalado. Ni el Banco Mundial ni la banca española fían a las nucleares.

Es una falacia afirmar, como se hace, sin tino, dato o argumento alguno, que la electricidad nuclear es más barata de producir que el resto y, por tanto, más económica para el consumidor final. Al evaluar los costes comparables, el Informe Lazard (2008) estimó –a partir de datos de la CE– los costes de producción entre 5 y 9 céntimos de euro por kilovatio por hora (kWh) para la eólica y la biomasa; de 9 a 14, para la solar de concentración; de 7 a 10, para el gas; de 7 a 13, para el carbón, y de 10 a 12, para la nuclear, pese a que la mayoría de las centrales están amortizadas.

La energía nuclear no solo es insostenible sino que ni sirve ni es necesaria para que todos los habitantes del planeta puedan acceder a la energía. Sorprende que tampoco se hable del riesgo de la proliferación nuclear y se pase por alto el descontrol mundial en el tráfico de material radiactivo; de que haya países, como Pakistán, que siguen fabricando bombas atómicas y exportando su tecnología; de la diplomacia del uranio, que pone de manifiesto que el combustible nuclear también es escaso, caro y que hay que importarlo de países como Níger o robarlo de los reactores cerrados del Congo, y se olvide que ya se han producido ataques cibernéticos a centrales nucleares con software europeo sin que nadie se haya responsabilizado de ello.

El fracaso de un modelo

Hay un paralelismo entre la incapacidad de gestionar el riesgo ante las crisis financieras y la actitud ante las crisis energéticas. Los reguladores y los gobiernos son incapaces de anticipar y anticiparse a las crisis. El poder económico que representan las grandes corporaciones financieras y energéticas y la connivencia de los gobiernos han eliminado cualquier rasgo de transparencia en la regulación y en la actividad de sectores de servicios que, por ser básicos y universales, siempre se cargan al consumidor final, convertido en ciudadano cautivo y despojado de la libertad de elegir. Como lo resume Joseph Stiglitz: «Un sistema que socializa las pérdidas y privatiza las ganancias está condenado a gestionar mal el riesgo». O Ulrich Beck: «Cuando se demuestra que los garantes de la racionalidad y el orden legalizan y normalizan peligros mortales, se crea el caos en el ámbito mismo de aquella seguridad que promete la burocracia».

Mientras el mapa de los recursos de gas, petróleo y uranio sea el mapa de los conflictos y desastres en el mundo, seguir manteniendo una economía basada en el consumo de combustibles fósiles y energía nuclear es condenar a los países a nuevas crisis financieras y energéticas cada vez más graves. Es urgente librarse de esa espiral inexorable de crisis de seguridad energética que alimentan crisis financieras, en las que siempre ganan los mismos en una nueva especie de despotismo ilustrado basado en el incremento de las desigualdades de las personas. Esta es la verdadera naturaleza de la economía de los combustibles fósiles en el mundo: la desigualdad. Y es la base de la inestabilidad permanente que amenaza la economía global mientras dependa del mayor consumo de gas y petróleo.

La inseguridad es una connotación permanente en la economía dependiente de los combustibles fósiles y de la energía nuclear. Por eso es condenable la manipulación con la que se tratan los costes de las renovables cuando el mayor deterioro de la renta nacional y de la renta disponible tiene su origen en los altos precios del petróleo y del gas que agravan el déficit comercial y provocan las subidas generalizadas de precios que conducen finalmente a las crisis financieras.

Este modelo energético está en declive porque se basa en la optimización del beneficio de grandes corporaciones en connivencia con regulaciones que no saben ni pueden controlar los riesgos ni los precios y que su propia existencia depende de generar crisis cíclicas como medio de generar beneficios.

Desde 2008, es un modelo que los impactos de la crisis económica, como el incremento del coste de las importaciones de combustibles fósiles y el descenso de la demanda energética, hacen insostenible económica y ambientalmente.

La derivada ambiental: el abismo climático
y otras «externalidades»

El incremento del consumo de combustibles fósiles hará que en 2017 se alcance el nivel de emisiones de CO2 previsto para 2035, lo que puede implicar que la temperatura del planeta se eleve entre 3 y 6 grados con efectos irreversibles sobre el cambio climático. Esta es la peor de las consecuencias de la tendencia al alza del consumo y también la peor de las noticias para la humanidad.

Una de las claves de la economía especulativa de la energía es la negación de la existencia del cambio climático y de la gravedad de las emisiones de CO2. El hecho más relevante es el deshielo del Ártico, que condiciona las corrientes atlánticas y el clima. En treinta años, los hielos perpetuos del Polo Norte desaparecerán por la subida de la temperatura del aire, y las últimas mediciones indican que el proceso de calentamiento se acelera y la superficie helada se reduce con rapidez. La navegabilidad del Ártico está alimentando todo tipo de ambiciones, conflictos y nuevos proyectos para perforar y explotar nuevas reservas de gas y petróleo que constituyen el 25% de las reservas mundiales. De nuevo los altos precios del barril de crudo harán posible que la vieja economía de los combustibles fósiles se realimente. Pero, igual que en el golfo de México, ¿qué pasará cuando, a medida que avance el deshielo, aparezca el metano, mucho más explosivo y contaminante?

Para la AIE, cada dólar no invertido hoy en la lucha contra el cambio climático tendrá un impacto negativo de 4,5 dólares en las próximas décadas. En la última Asamblea General de la ONU de 2012 se hizo público un informe cuantitativo sobre el impacto económico del cambio climático, que para 2030 podría suponer una pérdida del 3% del PIB mundial. El informe Stern de 2007 estimó en un 5% del PIB mundial las pérdidas derivadas de la elevación de la temperatura del planeta, cantidad que podría alcanzar el 20% en función de las políticas de adaptación que se adopten.

Gráfico 1. Costes externos (euro cent / kWh) para las distintas tecnologías de generación eléctrica.

Fuente: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/estimated-average-eu-external-costs.

Las externalidades, o costes de los daños ambientales y para la salud no contabilizados derivados del uso de la energía, han alcanzado enormes dimensiones y se están incrementando considerablemente debido al cambio climático (véase Gráfico 1). Se estima que en la UE los costes externos originados por las emisiones de la producción de electricidad oscilan entre el 0,7% y el 2% del PIB, y representan entre 1,8-5,9 céntimos de euro por kilovatio hora de media en 2005, según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). Estos costes externos se contabilizan fundamentalmente estimando el impacto de las emisiones contaminantes de las distintas tecnologías de generación eléctrica (dióxido de carbono, dióxido de azufre, compuestos orgánicos volátiles, óxidos de nitrógeno y pequeñas partículas).

Las externalidades del transporte alcanzarían el 7,3% del PIB europeo y el 9,6% del español, constituyendo las derivadas del transporte por carretera más de las tres cuartas partes del total. Los costes refieren a los impactos de emisiones de CO2 y diversos gases y partículas causantes de impactos ambientales y enfermedades, y a los producidos por accidentes in itinere o in mision.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 800.000 personas mueren anualmente a causa de la contaminación atmosférica provocada, fundamentalmente, por la quema de combustibles fósiles. En la UE, según la AEMA, pese a la reducción de los niveles de dióxido de azufre, el resto de emisiones continuaron aumentando partículas, NOx (monóxidos de carbono tales como NO y NO2), CO y HC, por lo que atribuye la cifra de 300.000 muertes anuales prematuras a la contaminación urbana y metropolitana, de las cuales 16.000 se producen en España.

Los primeros síntomas del calentamiento ya están creando estragos: 60.000 muertes al año originadas por disturbios climáticos progresivamente más graves y agudos; avance de la desertificación, lo que contribuye a la terrible cifra de 3,5 millones de muertes anuales por malnutrición, y aumento del número de personas fallecidas por no tener acceso al agua potable, que ya supone 1,8 millones de muertes anuales. Estamos ante un fenómeno de pérdida de calidad y cantidad de agua, aire y alimentos. El calentamiento está contribuyendo también a alterar la distribución geográfica de la encefalitis por garrapatas, el dengue y la malaria.

El impacto es desigual. Más negativo en los países empobrecidos. Con mayor incidencia en los colectivos sociales más vulnerables: ancianos y niños, pero también para las poblaciones costeras, las personas que trabajan al aire libre (construcción, aeropuertos, obras de infraestructuras, agricultores, etc.) o con animales (ganaderos, centros de investigación, veterinarios, etc.) por riesgos asociados con la zoonosis.

III. Naturaleza de la encrucijada

Caminos equivocados. Salidas sin salida

Quien mejor ha definido la actual situación es la AIE, que en sus informes WEO de 2011 y 2012 no ha dudado en afirmar que el mundo camina hacia un futuro energético insostenible por las desproporcionadas ayudas a los combustibles fósiles, más de 523.000 millones de dólares frente a los 64.000 millones de dólares de apoyos a las renovables. En 2035, la demanda de crudo aumentará un 65% y un 50% la de gas, y el precio del barril de petróleo subirá hasta los 215,7 dólares, mientras que, a corto plazo llegará a los 150 dólares.

La AIE también alerta del declive del crudo y del gas convencional por el deterioro de la proporción entre el crecimiento de la producción y de las nuevas prospecciones, que ha llevado a conclusiones como la de Citigroup, al anunciar que Arabia Saudí será importador neto de petróleo en 2030. Este escenario compromete la recuperación económica. La AIE reconoce el escaso esfuerzo realizado en el desarrollo de las renovables y la ausencia de políticas de eficiencia energética, y reclama que los objetivos de renovables han de ser mayores, para lo que se deberá triplicar las ayudas que reciben.

Una de las consecuencias de un precio del barril por encima de los 100 dólares ha sido el entusiasmo por el gas y el crudo no convencional. Es el mejor ejemplo de que el cambio climático a su vez acelera el cambio climático. Quienes desprecian las políticas de mitigación del cambio climático y a la comunidad científica (que ha advertido del elevado coste de no hacer nada), han extendido sus críticas a las fuentes renovables y profetizan, sin fundamento alguno, que se producirá la pérdida de competitividad si se reducen las emisiones de CO2. Los gobiernos que han apostado por nuevas y arriesgadas prospecciones como la fracturación hidráulica, popularizada en los medios como fracking, y las de gas pizarra (también denominadas gas de esquisto o de lutita), conocido como shake gas son los más negacionistas y opacos en su regulación energética y, repitiendo la experiencia nuclear, han iniciado una campaña de propaganda sin mencionar los altos costes y riesgos, ni su verdadero impacto ambiental, inasumible en lo que se refiere al elevado incremento de emisiones, modificación de la calidad de las aguas subterráneas y alteración del subsuelo con productos químicos.

Los desastres naturales producidos por las multinacionales del petróleo en el golfo de México, en Ecuador o en Nigeria son el anticipo de una cultura energética basada en la codicia, el desprecio a la propia fuerza de la naturaleza y la insolidaridad con las futuras generaciones.

¿Sabremos aprovechar la crisis para cambiar algo? ¿Hay salidas? Hay quien piensa sustituir la energía nuclear por más carbón y más gas. El anterior ministro de Industria español, Miguel Sebastián, en la primera reunión de ministros de la UE después de las explosiones de Fukushima, lo primero que se le ocurrió fue pedir más ayudas al carbón frente al declive de la generación nuclear. El actual ministro, J. Manuel Soria, ha apostado por invertir en nuevas exploraciones de gas y petróleo y por la extensión de la energía nuclear. En la misma línea, Rusia se apresta a vender más gas y petróleo a Europa, y Argelia a España, con anuncios de Gazprom y Sonatrach de incrementos de sus precios entre el 30% y el 40%. Sin embargo, en la ola de frío de 2012 en Europa, Rusia no dudó en reducir el suministro a Italia y Alemania, y Argelia ha hecho lo mismo con Italia en enero de 2013.

Interés privado (de la minoría) frente al interés público (de la mayoría)

Vistas las consecuencias, ¿a qué se debe tanto despropósito e irracionalidad? ¿Por qué tiene tanta fuerza el viejo mundo de las energías convencionales? ¿Cuál es la causa de la carrera por el crecimiento? Descartada por inconsistente la hipótesis de la locura individual de los poderosos de la energía, habrá que encontrar respuestas en la lógica del entramado económico y social del que forman parte. Estamos ante una cuestión estructural. La generación y el uso mayoritarios de la energía son un caso paradigmático de la irracionalidad sistémica.

Para realizar el máximo beneficio, el capital necesita un crecimiento económico continuado y sin fronteras ni tino. Los distintos actores necesitan ampliar continuamente sus mercados, mejorar su posición en los mismos y colocar sus excedentes en nuevos nichos de negocio para contrarrestar la tendencia a la caída de la tasa de ganancia.

El capital en su devenir no se pone ni conoce ni acepta de buen grado límites, ni siquiera los que impone la naturaleza finita de la biosfera. La maximización de la ganancia individual es la ley. Esta es la causa de la irracionalidad sistémica, incluida la irracionalidad energética. Todo se reduce a la categoría de mercancía, y la energía también. Los impactos sociales y ambientales negativos no cuentan en la cuenta de resultados y, por ello, o son negados o simplemente ninguneados.

La norma y el punto de vista colectivos siempre llegaron de «fuera» del negocio: los impuso la sociedad (vía movilización social, mediante acción política). Las regulaciones vigentes en los países occidentales industrializados durante los «Gloriosos treinta» –los años de crecimiento económico sostenido posteriores a la Segunda Guerra Mundial y anteriores a la primera gran crisis del petróleo (1973-974)– configuraron las condiciones para lograr una cierta racionalidad en la evolución de la economía con el objetivo de que estuviera menos expuesta a crisis periódicas espasmódicas. Pero poco o nada hicieron por «limpiar» la energía. Fueron años presididos por un acrítico optimismo tecnológico en torno al crudo y el átomo tanto en el Este como en el Oeste. Después vino la crisis y el cambio de políticas frente a la misma.

El dique social y político terminó cuando, a finales de los años 70 del pasado siglo y, especialmente, en los 80, el neoliberalismo logró la hegemonía e impulsó la financiarización de la economía mundial en los tiempos dorados de Reagan y Thatcher. La receta para relanzar la economía (y la ganancia) fue la misma para todas las economías y ante todos los problemas en todo el orbe: desregulación bancaria y financiera, total libertad de circulación de los capitales, fomento de la especulación y carrera por las rebajas fiscales y salariales; en definitiva, supeditación de la economía productiva, las necesidades humanas y la naturaleza al dictado de las finanzas. Si ello fue grave en todos los sectores productivos, lo fue especialmente para el energético, que ya partía de una desregulación secular. Nació la «economía vudú» basada en la especulación.

Hemos oído hasta la saciedad que los mercados eran capaces de regular racionalmente el funcionamiento del sistema hasta llevarlo al punto óptimo. Pero la realidad no se adecua al guion de ese discurso.

Cada vez hay más economistas que se suman a la exigencia de adoptar medidas agresivas, contundentes y rápidas contra las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Sin embargo, sigue sin haber acuerdos internacionales que aseguren las soluciones.

La hora de las decisiones

Una futura crisis energética como la que se está gestando solo puede prevenirse cambiando el modelo energético que nos conduce a ella. Seguir apostando por el petróleo, el gas, el carbón o las centrales nucleares con regulaciones opacas, sin transparencia alguna y teniendo al consumidor permanentemente cautivo de los monopolios energéticos, solo conduce al atraso económico, a desigualdades insoportables y a riesgos inasumibles para la sociedad.

Estamos frente a la urgencia de consumir más energías renovables. Viviendo estos días los inciertos e inasumibles costes de los combustibles fósiles y de la radiactividad nuclear, la apuesta por las renovables es una cuestión de sentido común y de visión estratégica.

El carácter autóctono e ilimitado de las renovables y su flexibilidad hacen posible su aplicación en muy pocos meses, con la potencia que se necesite y en el mismo punto de consumo. Esta sencilla virtud es suficiente para revolucionar el concepto de energía tal como se nos ha transmitido desde la primera y segunda Revolución industrial, y representa la amenaza más seria al modelo energético basado en las tecnologías convencionales de los hidrocarburos y las plantas nucleares. La renovable es la única tecnología que puede llevar la luz a los miles de millones de habitantes del planeta que no pueden acceder a ella. Pero tienen otra cualidad mucho más importante para el ciudadano y el consumidor que hasta ahora ha negado el sistema energético: la transparencia.

La maduración de las tecnologías renovables se está produciendo a una velocidad tan rápida que ya no permite que se hable de objetivos imposibles, porque lo que hace tan solo cinco años parecía inalcanzable hoy se ha superado, tanto en reducción de costes, bajada de precios, integración en la red y mayor rendimiento energético, como en rapidez de aplicación, integración en sistemas urbanos y de transporte, y más potencia instalada en menos tiempo; en definitiva, plena competitividad.

En los próximos años, las tecnologías de generación van a experimentar un cambio espectacular por la rápida evolución de las tecnologías renovables, y su más rápida aplicación las va a convertir en la tecnología óptima para afrontar los dos cuellos de botella que van a atenazar la economía mundial en las próximas décadas: la seguridad de suministro de energía y los impactos derivados del cambio climático. El flujo de inversiones hacia las renovables y las tecnologías limpias de ahorro y eficiencia energética podría permitir una mayor penetración de las renovables en los sistemas energéticos, en los procesos productivos, en las ciudades y en el transporte. Se ha comprobado lo que la propia ONU precisó en sus informes sobre la energía en el mundo, en el sentido de que, cada vez que se duplica el uso de las tecnologías renovables, sus costes descienden un 20%.

La decisión puede adoptarse, el problema no estriba en una comparación de costes entre energías convencionales y las alternativas, porque los beneficios de las renovables son objetivos y cuantificables desde el momento en que cada kilovatio renovable evita importaciones energéticas y emisiones de CO2. Mientras que el coste de las renovables se sabe con certeza porque el recurso entra a coste cero en el sistema, nadie conoce de la misma manera el precio del gas o del petróleo porque lo determinan unilateralmente los países exportadores de crudo, a lo que hay que añadir la falta de competencia en sectores que paradójicamente están liberalizados.

La decisión de apostar por otro modelo energético es más urgente no solo para anticiparse a futuras crisis sino porque ese cambio es ya una tendencia global que incorpora nuevas especializaciones productivas y un patrón de desarrollo económico diferente.

Lo más importante para evitar próximas crisis energéticas va a ser tener una visión y una dirección a largo plazo que tengan la convicción clara de lo que representa para el futuro de cualquier nación una estrategia energética sostenible o la ausencia de ésta. Son urgentes objetivos ambiciosos de renovables en las próximas décadas para aplicarlos directamente en las ciudades, los campos, las empresas, convirtiendo cada centro de consumo en centros de generación de energía; una regulación que dé certidumbre y seguridad a las inversiones, impulse las empresas de servicios energéticos y se plantee como prioridad absoluta el ahorro y la eficiencia energética.

Ha terminado el tiempo de la ambigüedad y toca elegir el modelo energético más idóneo. Que de esta crisis salgan triunfadores los combustibles fósiles es un suicidio, es condenar a la ciudadanía a futuras crisis aún más graves y a mayor desigualdad. Pero en la crisis financiera ya han salido triunfadores los mismos que la originaron. Lo cual nos lleva a la conclusión de que las soluciones de las crisis no pueden surgir de las mismas políticas ni gestionarlas las mismas personas que las provocaron. Es urgente otra política económica y otra política energética.

IV. Panorama internacional de las renovables:
Eppur si muove

Pese al fracaso de las Cumbres climáticas y la responsabilidad de los gobernantes, cada vez son más frecuentes declaraciones como las del presidente estadounidense Obama proponiendo superar la adicción al petróleo, o los acuerdos reiterados del Consejo Europeo de la UE proclamando la necesidad de una estrategia para descarbonizar la economía. El nuevo concepto de la energía que incorpora, al menos parcialmente, el consumo de energías renovables, está ya en la agenda de los gobiernos y en la relación entre Estados. La competencia entre las dos primeras economías del mundo, EEUU y China, se centra principalmente en el sector de las renovables y en el control de su tecnología.

La UE aprobó en 2011 su hoja de ruta hacia una economía baja en carbono y competitiva en 2050. Los objetivos que plantea Europa suponen una reducción del 90% de las emisiones de CO2 con una cuota de generación renovable entre el 80% y el 100%. Los instrumentos para alcanzar esa hoja de ruta son las directivas de renovables (2009), eficiencia energética de edificios (2010) y eficiencia energética (2012), el desarrollo del mercado de derechos de CO2, una fiscalidad energética y del CO2, y el uso generalizado de las renovables, especialmente la fotovoltaica, para extender la generación distribuida y el autoconsumo mediante contadores y redes inteligentes. La UE ha diseñado en sus normas un nuevo modelo energético donde el consumidor final pasaría a ser parte activa de la gestión de la demanda. La UE muestra como una de sus principales intenciones el ahorro de importaciones energéticas, entre 170.000 y 320.000 millones de euros cada año, la reducción de un 65% de la contaminación atmosférica en 2030 y la creación de 1,5 millones de empleos antes de 2020. Alemania ya está elaborando su planificación energética sobre estos objetivos, Reino Unido acaba de lanzar una importante iniciativa de eficiencia energética y Francia ha lanzado su «transición ecológica» con un fuerte impulso a las renovables para reducir su potencia nuclear.

En el caso de EEUU, que desde hace veinte años ha reducido un 30% su intensidad energética y desde 2004 otro 30% su déficit comercial debido al cambio en las importaciones de petróleo, la decisión de dar más peso a las renovables en su economía se establece para disminuir aún más su déficit petrolero basándose en razones de independencia energética y seguridad nacional. En definitiva, el mayor consumo de renovables va unido a una estrategia energética de menor dependencia del petróleo y a un cambio estructural basado en las externalidades positivas de las renovables para mejorar la economía con la introducción de tecnologías energéticas innovadoras que reducen costes, elevan la productividad y reducen las emisiones. Se trata de un modelo para sustituir al petróleo, y en ese sentido cabe interpretar la propuesta que efectuó en 2011 Obama de eliminar subsidios por 4.000 millones de dólares que cada año perciben las petroleras y gasistas de los contribuyentes para invertirlos en las fuentes energéticas del futuro como las renovables.

Obama ha insistido con esta propuesta en acabar con cualquier actividad ilegal, tanto de inversionistas como de especuladores, que influya en el precio de la gasolina, y ha manifestado que «se trata de 4.000 millones del dinero de los ciudadanos en un momento en que las empresas del gas y del petróleo están obteniendo ganancias récord. Esto debe parar. […] En vez de subsidiar las fuentes de energía del pasado, debemos de invertir en las del futuro. Debemos invertir en energía limpia y renovable. A largo plazo, esa es la respuesta». En su primer discurso del estado de la Unión en febrero de 2013 ha vuelto a ratificar la política de invertir los ingresos del petróleo en más renovables para adaptarse a los efectos del cambio climático y acelerar la transición a fuentes de energía sostenibles.

Estamos en presencia de una carrera en la que el país que primero innove liderará el mundo porque podrá vender su tecnología a los demás. Pero no se nos debe ocultar que las resistencias del poderoso sector energético –hoy ampliamente hegemónico– son fortísimas. La batalla política en torno a las fuentes energéticas solo acaba de comenzar y la ciudadanía debe ser protagonista en la misma con sus propuestas en defensa de sus intereses.

Inversión en renovables

La primera inversión energética en el mundo desde 2008 la constituyen las energías renovables. Según el informe de la ONU de 2012 sobre tendencias mundiales de la inversión en energías renovables, desde 2007 la inversión renovable ha crecido un 94% hasta alcanzar 205.000 millones de euros en 2011. Más de la mitad de la nueva potencia mundial instalada es renovable.

La realidad de las energías renovables se puede resumir a través de los datos del último informe de 2010 sobre los países del G-20, «¿Quién está ganando la carrera de la energía limpia?», que ha publicado The Pew Charitable Trusts. La inversión en renovables supuso 243.000 millones de dólares en 2009, y el informe la califica como la más dinámica y competitiva del mundo al crecer un 630% desde 2004. Los países que más invierten son China (54.400 millones, con un incremento del 39%), Alemania (41.200 millones, con un 100% más que en 2009), EEUU (34.000 millones) e Italia (13.900 millones). Por tecnologías, la eólica ha acaparado 95.000 millones de inversión, seguida por la solar, con 79.000 millones, que experimenta un crecimiento del 53% en países como Italia, donde la fotovoltaica ha alcanzado ya la paridad en red.

El empleo mundial en renovables y eficiencia energética

Las renovables ocupan en 2012 a más de cinco millones de personas y su potencial de empleo es el principal motor de las futuras inversiones en todo el mundo. El sector de las renovables ya ha creado en China más de un millón de empleos. En EEUU, las previsiones son de un millón de nuevos empleos en el sector de la edificación eficiente en 2014.

En la UE, el sector de las energías renovables empleó a más de 1.114.000 personas en 2010 (un aumento del 25% respecto a 2009), según Eurobserv’ER (Observatorio Europeo de Energías Renovables). Las tecnologías que más puestos de trabajo crearon fueron la biomasa, seguida de la energía fotovoltaica y la eólica. Además, los servicios de ahorro y eficiencia emplearon a un millón de personas. Si se lograra el objetivo de que el 45% de la energía final se produjera a partir de fuentes renovables, el empleo neto en el sector podría alcanzar los 2,7 millones de puestos de trabajo en 2020 y 4,4 millones en 2030. Si se alcanzara un «100% renovables» en 2050, el empleo total sería de 6,1 millones de trabajos en toda Europa, según el Consejo Europeo de Energías Renovables.

Gráfico 2. Empleo mundial previsto en el sector de energías renovables (2020-2030-2050).

Fuente: EREC.

Todos los informes internacionales coinciden en otro aspecto esencial para el futuro inmediato: la gran capacidad de generación de nuevos empleos a través del desarrollo de las aplicaciones de las energías renovables y su integración en la edificación y en el transporte (véase Gráfico 2).

En lo referente al suministro energético mediante el despliegue de las energías renovables, la OIT constata que en los últimos años se han creado más de 2,3 millones de empleos, a pesar de que las fuentes alternativas aportan únicamente el 2% de la energía mundial. La OIT calcula en 20 millones de empleos el potencial de las renovables en todo el mundo.

Cabe señalar que esta opinión se ve reforzada con los estudios realizados por Ragwitz y Schade (2006), que, tras aplicar los modelos NEMESIS y ASTRA al caso de la Unión Europa, concluyen que ya en 2005 las fuentes de energías renovables emplearon a 1,4 millones de personas y generaron 58.000 millones de euros de valor añadido. Según la American Solar Energy Society, la eficiencia y las renovables daban empleo a 9 millones de trabajadores en 2007 y, en un escenario de fuerte apoyo a estas actividades, se estima que emplearán a 37 millones en 2030. Por su parte, Greenpeace (2010), en el escenario de «[R]evolución Energética», estima que se pueden crear unos 8,5 millones de empleos en las energías renovables para 2030.

El Gobierno alemán ha elevado de 300.000 a 400.000 trabajadores sus previsiones de creación de empleo de las renovables para 2020, dado que se está creando mucho más de lo previsto. El sector eólico europeo ha emitido un estudio en el que informa que alcanzó 154.000 empleos (directos e indirectos) en 2007 y que prevé 330.000 en 2020. El sector fotovoltaico europeo prevé que en 2030 generará electricidad para más de 3.000 millones de personas y creará 10 millones de empleos.

En el caso de la eficiencia energética, en particular en edificios y construcción, la OIT atribuye la cifra de 4 millones de empleos mundiales a estas actividades. Los edificios son responsables del 30-40% de todo el uso de la energía. De hecho, utilizando la tecnología disponible actualmente podría ahorrarse al menos un 80% de la energía utilizada en la construcción de inmuebles. En el transporte colectivo, la OIT estima que en Estados Unidos y Europa oriental trabajan 1,3 millones de personas. La CE prevé más de tres millones y medio de nuevos empleos para 2030 en las inversiones en eficiencia energética en la construcción.

V. El caso español: un modelo energético
en el que no salen las cuentas

El sistema español de producción y consumo de energía se caracteriza por ser altamente ineficiente: consume muchos recursos no renovables importados del exterior, es socialmente desigual y produce impactos severos en el medio ambiente y la salud sin asumir los costes económicos derivados (lo que se conoce como externalidades). Para colmar el vaso, es un sistema fuertemente subvencionado.

Conviene recordar que la factura energética supone un coste económico muy importante para las empresas. En algunos sectores industriales, como los de refino y minerales no metálicos (cerámica, vidrio, etc.), los costes energéticos suponen casi el 30% del valor añadido bruto sectorial. La energía determina, por tanto, la viabilidad de la economía española.

En cuanto a su estructura, el sistema energético español es oligopólico, siendo Cepsa, Endesa, Iberdrola, Gas Natural y Repsol los gigantes que mayoritariamente suministran petróleo y/o gas natural y/o generan electricidad mediante centrales nucleares, centrales térmicas de ciclo combinado y carbón y, en mucha menor medida, energías renovables.

En nuestro país, nadie advirtió que en el origen de la crisis financiera y luego productiva, junto a las causas comunes al resto de los países industrializados y la particular burbuja inmobiliaria, existía otro problema de fondo: la alta dependencia energética y, más concretamente, las cuantiosas importaciones de gas y petróleo que, en el caso de España, no han dejado de crecer paradójicamente desde la primera gran crisis del petróleo de 1973.

Sin embargo, mientras que, desde entonces, varias de las economías de nuestro entorno pusieron en marcha políticas de eficiencia energética (véase Gráfico 3) para reducir en sus economías el consumo de petróleo, España ha incrementado su intensidad energética y las importaciones de petróleo, gas y carbón.

Gráfico 3. Evolución de la intensidad energética en diversos países.

Fuente: AIE.

La ineficiente bulimia energética

La economía española es altamente ineficiente desde un punto de vista energético. La elevada intensidad energética –que relaciona la cantidad de energía con el producto interior bruto– muestra cómo, a diferencia de otros países, se consume más energía para alcanzar niveles de actividad económica similares.

La voracidad energética de la economía española es altísima incluso en plena crisis. Es más, en 2010 se registró un crecimiento negativo del PIB y, sin embargo, aumentó la demanda eléctrica respecto al año anterior. Toda una lección de ineficiencia.

Dependencia (absoluta) del exterior en energía primaria

Exceptuando las energías renovables y algo menos de la quinta parte del carbón, el resto de recursos fueron importados, porque la producción autóctona de productos petrolíferos, gas y combustible nuclear es insignificante. La composición expuesta en el Gráfico 4 nos ayuda a visualizar el problema. Más del 80% de los recursos energéticos consumidos en España provienen del exterior (un 25% más que la media europea).

Gráfico 4. Consumo de energía primaria de España en 2011.

Fuente: MINETUR.

Aunque la proporción de petróleo consumida haya disminuido desde 1980 del 73% al 45%, la dependencia energética –que mide la relación entre las necesidades de consumo y lo que se importa del exterior– se ha mantenido inamovible durante casi tres décadas (véanse Gráficos 5 y 6). ¿Por qué? Porque ahora se importaran más gas y carbón. Y las previsiones a medio plazo de la CE hacen temer que se mantenga esta tendencia hasta 2030.

Las importaciones de carbón provienen de Ucrania, Rusia, Sudáfrica y China. Analizando la procedencia de las importaciones españolas de crudo y de gas podemos observar el grado de afectación y vulnerabilidad a los cambios geopolíticos del sistema energético de España.

La factura energética: un agujero estructural en la balanza comercial

La alta dependencia del exterior en materia energética es un elemento adicional que contribuye al desequilibrio comercial. La factura del petróleo ha pasado de representar el 34% del total del déficit comercial español en 2007 al 85,6% en 2011, lo que empeora la balanza por cuenta corriente y, por tanto, dificulta la reducción del endeudamiento exterior. En 2011 se importó el 99,8% del gas y petróleo consumidos como energía primaria.

Gráfico 5. Importaciones españolas de crudo por países de origen.

Fuente: cores.es.

Gráfico 6. Importaciones españolas de gas por países de origen.

Fuente: cores.es.

Las importaciones de hidrocarburos en 2011 costaron más de 40.000 millones de euros, a los que hay que sumar la factura de las compras de gas, unos 7.000 millones, y el coste de la importación neta de carbón, de unos 1.500 millones de euros. Dicho de otro modo: el monto de las importaciones de petróleo supuso el 3,7% del PIB y las del conjunto de las energéticas, el 4,7% del mismo.

Descontando el saldo de los productos energéticos, la balanza comercial habría arrojado un superávit en el primer semestre de 2012 de 5.105 millones de euros. En ese periodo, el déficit del petróleo y sus derivados representó el 95% del déficit comercial. Es decir, que la balanza comercial podría haber estado equilibrada en medio de la crisis si no hubiera sido negativa la balanza energética. Entre junio de 2011 y mayo de 2012, el saldo de la balanza energética alcanzó la cifra del 4,2% del PIB de ese periodo, por encima de los objetivos oficiales sobre el déficit público, lo que a su vez repercute en el monto de la deuda. La economía española transfiere renta a otros países perdiendo competitividad exterior en plena crisis.

Si las importaciones energéticas españolas se redujeran hasta alcanzar la media de la UE, el monto que tendríamos que pagar se reduciría en 19.000 millones de euros, casi dos puntos del PIB, por lo que se reduciría el déficit por cuenta corriente al 2% del PIB, porcentaje que, según el FMI, permitiría que no siguiera incrementándose la deuda exterior.

Energía subvencionada: mecenazgo público, oligopolio privado

El sistema energético español está fuertemente subvencionado. En el último apartado de este capítulo se analiza en profundidad el mercado eléctrico; en el presente, ofrecemos una visión panorámica de la cuestión.

Según las estimaciones de la OCDE y de la AIE para España, en 2008-2010 las ayudas públicas y las pérdidas por exenciones fiscales (dinero no ingresado por el Estado) sumaron un total de 7.000 millones de euros (casi 5.000 millones de euros para el petróleo y algo más de 2.000 millones de euros para el carbón).

Solo en 2011, el sector del carbón nacional recibió unos mil millones de euros según el Ministerio de Industria. Y el gas no se quedó atrás. Desde 2008 las compañías gasistas reciben un pago por disponibilidad que suma más de 2.000 millones de euros, además de un incentivo a la inversión de 20.000 euros /MW/año durante diez años, que podría representar en algunos casos el 25% de su inversión.

Por último, no hay que olvidar que el volumen de déficit de tarifa –un déficit estructural derivado del funcionamiento del mercado eléctrico– alcanza los 27.000 millones de euros en la actualidad, y eso a pesar de que ya se ha amortizado parte de la deuda. Esta deuda es financiada temporalmente por las empresas eléctricas de generación y desde 2010 ha sido titulizada con garantía pública.

El grado de desorden del sector energético y de rendición de pleitesía de los poderes públicos hacia los «grandes» se ve reflejado en los siguientes casos a título de ejemplo:

1) ExxonMobil Spain, que ganó 10.000 millones de euros en dos años, no pagó impuestos acogiéndose al régimen tributario de las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros que el Ministerio de Economía no tiene previsto cambiar.

2) Los denominados Costes de Transición a la Competencia (CTC), cuyo importe fue arbitrariamente cifrado en 10.000 millones de euros, fueron cobrados por las eléctricas españolas de 1997 a 2006 por liberalizar sus actividades (véase cap. VI).

3) El gran bazar eléctrico en el que se ha convertido el sector energético español, que desde 1987 hasta 2010 ha movido más de 37.000 millones de euros en privatizaciones, operaciones corporativas y de compra-venta de activos o el margen extraordinario que ingresan todos los años las centrales nucleares españolas por cobrar el precio del pool.

Estos son algunos de los «gastos ocultos» que esconde nuestro sistema energético. Sin embargo, los costes de los que más se habla –y a los que errónea y deliberadamente se atribuyen todos los fallos del mercado eléctrico– son las retribuciones a las energías renovables, que actualmente se sitúan en unos 5.000 millones de euros/año.

Sobre esto habría que decir que el volumen de las primas recibidas por las tecnologías renovables resulta un coste muy inferior a los beneficios económicos que aportan. Solamente por el abaratamiento del coste del kWh producido, las energías renovables ahorraron unos 28.000 millones de euros de 2005 a 2010, una cantidad que compensa con creces las primas recibidas durante el mismo periodo, unos 20.875 millones de euros. La entrada de tecnologías renovables ha contribuido a mejorar la competitividad del sector eléctrico. Entonces, ¿a quién no le salen las cuentas?

Irracionalidad del modelo de transporte por asfalto

El modelo de movilidad es insostenible por las emisiones que produce, las infraestructuras que requiere y el suelo que ocupa. Está basado en el uso del vehículo privado en los trayectos urbanos y metropolitanos frente a los medios colectivos y en la hegemonía de la carretera frente al ferrocarril. Tanto en el transporte de pasajeros como en el de mercancías, la opción ha sido el vehículo a motor con el uso de combustibles fósiles.

El parque de vehículos a motor en 2007 era de 16,5 millones, lo que supone un aumento respecto a 1990 del 71,65%. El sistema de transporte está escasamente electrificado y el petróleo representa el 97% de sus fuentes. En el mismo periodo, el consumo energético del transporte se incrementó en un 77,18%. En 2008, el consumo de energía se distribuyó en un 79% en carretera, 14,5% aéreo, 3,5% marítimo y 3% ferrocarril. Respecto al consumo de combustibles, la carretera supuso en 2009 el 91,6%, el transporte aéreo el 3,8% y el marítimo el 3,4%. El ferrocarril consumió un 1,2% del total de la energía correspondiente al transporte. Los costes externos del transporte representaron en 2005, según Cetmo, el 9,5% del PIB, casi 2 puntos superior al promedio de la UE.

En 2007, según el INE, el 96,1% del transporte de mercancías se efectuó por carretera frente al 78,8% de la UE-15; el ferrocarril español transportó el 3,9% frente al 14,6% de UE-15. La distribución modal del transporte interno de mercancías en 2010 arrojó 4,2% para el ferrocarril y un 95,8% para la carretera, siendo la de la UE un 17,1% para ferrocarril, 76,4% para carretera y 6,5% para la navegación.

La red de carreteras es 10 veces mayor que la ferroviaria. El Estado español cuenta en 2008, según el Ministerio de Fomento, con 13.507 km de autovías y autopistas, o sea, el 22% de las existentes en la UE-27, lo que significa que cuenta con mayor número absoluto de km de alta ocupación viaria en Europa (y el tercero en el mundo), pero también con el mayor ratio por habitante y por vehículo.

La opción por el AVE respecto al resto de modalidades ferroviarias más eficientes económicamente y más útiles socialmente situará en 2010 al Estado español, con 2.230 km, como el país con más km de alta velocidad de la UE y el segundo del mundo. Este despropósito ambiental, sin embargo, se traduce en una ocupación de viajeros un 20% inferior a la de Francia, que cuenta con menos km de red viaria de tren de alta velocidad. Y, además, en el caso español el AVE es deficitario y requiere subvención, mientras que, su homólogo galo es rentable al ser los billetes más baratos en términos de km/pasajero.

Una energía sucia, insalubre y contaminante

La energía es responsable del 80% de las emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) en España, incluido el transporte, que emite ya el 28% del total y ha aumentado sus emisiones en más de un 90% desde 1990. Los impactos negativos (externalizados) por el transporte representan el trágico balance de 16.000 muertes prematuras por la mala calidad del aire y un alto coste global, que asciende al 9,6% del PIB español.

Desde la entrada en vigor del Protocolo de Kioto en 2005, el Estado español no ha cumplido ningún año con el objetivo previsto de emisión de GEI. El compromiso internacional obliga a que España no aumente las emisiones de GEI respecto a las de 1990 más de un 15%; sin embargo, se ha llegado a superar el 50% en 2007.

Si, al final, España acaba cumpliendo lo pactado será debido a la caída de la producción industrial y de la demanda eléctrica por efecto de la crisis y a la compra de permisos de emisión a otros países, pero no por efectuar políticas domésticas para la descarbonización del modelo productivo.

VI. El singular mercado eléctrico español

El mercado eléctrico español, ese arcano indescifrable que a tantos oculta sus secretos, se basa, en el fondo, en un par de reglas sencillas sobre las que merece la pena reflexionar unos minutos por su gran implicación en la formación de precios de la electricidad en España.

El sistema marginalista de formación de precios

La piedra angular del mercado es su sistema marginalista de formación de precios. Efectivamente, como en tantos otros mercados, se ha optado por que el precio del producto –en nuestro caso, del kWh– sea el ofertado por la última central que es necesaria para atender la demanda de cada hora. De acuerdo con ello, según Ladislao Martínez, «el “operador de mercado” (de un mercado compuesto por mayoristas) ordena las ofertas de los productores de electricidad por los precios solicitados y escoge las más baratas para atender la demanda. A todas las centrales que hayan sido requeridas para funcionar –y con independencia del precio que se haya indicado–, se les pagará el precio solicitado por la instalación más cara que haya sido necesario poner en marcha. Es decir, todas las centrales que funcionen cobrarán lo que pida la más cara entre las más baratas».

Según la teoría económica, en un mercado con competencia perfecta, el sistema marginalista es el que maximiza el beneficio del conjunto de mercado. El problema del mercado eléctrico español es, sencillamente, que está muy lejos de la competencia perfecta.

Los defectos del mercado

Para analizar las imperfecciones del mercado, en primer lugar, hay que tener en cuenta que los periodos de construcción de una central eléctrica son muy largos, típicamente superiores a cinco años, por lo que la sustitución de centrales marginales no es inmediata y debe basarse en previsiones del comportamiento de los agentes a largo plazo.

Gráfico 7. Ejemplo de casación de oferta contra demanda.

Elaboración propia.

En los últimos años hemos tenido buena muestra de ello: en tan solo diez años se ha pasado de una situación de escasez a una de enorme sobrecapacidad de generación. Los miles de millones de euros invertidos en centrales de gas están lastrando las cuentas de resultados de las eléctricas que, en una situación de congelación de la demanda y de crecimiento constante de renovables, están funcionando muy por debajo de las previsiones de sus promotores.

En lugar de cerrar –o hibernar– centrales infrautilizadas, sus propietarios presionan a las autoridades reguladoras para que establezcan pagos por capacidad –esto es, pagos a la central con independencia de su mayor o menor funcionamiento– con el argumento de la supuesta necesidad de su disponibilidad para respaldar a las renovables en ausencia de energía primaria (sol o viento, principalmente).

Además del largo periodo de maduración de las inversiones en generación, nos encontramos con una coyuntura que hace imposible la competencia en el sistema eléctrico: no todas las centrales juegan en las mismas condiciones de riesgo. La inmensa mayoría del parque actual español ha gozado de una garantía de recuperación de la inversión inicial, por lo que presenta una clara ventaja competitiva respecto de los nuevos entrantes.

Con anterioridad a 1998 el sector eléctrico español estaba completamente regulado. Esto es, la decisión de construir una central de generación no se dejaba en manos de las empresas, sino que era la Administración la que determinaba, mediante una planificación vinculante, los activos necesarios para atender las necesidades energéticas del país.

Para fomentar la entrada de capital privado en la construcción de las centrales, el Estado garantizaba la recuperación de los costes de inversión, operación y mantenimiento.

Cuando en 1997 se negocia la transición hacia un sistema de libre mercado, las eléctricas exigen que se les garantice la recuperación de las inversiones realizadas bajo el marco regulado anterior. Nacen así los denominados CTC (Costes de Transición a la competencia) cuya cuantía inicial se fija en torno a los 12.000 en millones de euros.

El diseño de los CTC adoleció de grandes defectos que acabaron pervirtiendo el funcionamiento del mercado. El principal de ellos: solo se contempló la posibilidad de que los precios de mercado fueran inferiores a los esperados por las eléctricas; pero no que el mercado condujera a precios superiores. En efecto, los CTC se instrumentaron mediante pagos complementarios a las eléctricas hasta alcanzar la cuantía máxima pactada siempre que los precios de mercado fueran inferiores a 36 €/MWh. Si eran superiores, el exceso se detraía de la cuantía a pagar. La consecuencia de este sistema fue que durante los primeros seis años de funcionamiento de mercado el precio medio se mantuvo muy próximo a los citados 36 €/MWh (30 €/MWh de precio marginal más 6 €/MWh en concepto de garantía de potencia), de forma que no se alteraba el equilibrio entre las expectativas de las eléctricas y los precios finales.

Gráfico 8. Evolución del precio medio (€/MWh) 1998-2012.

Elaboración propia. Fuente OMIE.

En 2005, sin embargo, la espectacular subida del precio de los combustibles fósiles llevó a una ruptura del equilibrio y a unos precios de mercado superiores a los 50 €/MWh. Los CTC se agotaron en menos de un año y nadie, desde entonces, se ha detenido a calcular el exceso de retribución que las centrales que los disfrutaron siguen teniendo hasta la fecha.

Este exceso retributivo, denominado «wind fall profit» en terminología anglosajona o «beneficio caído del cielo» persiste hasta la fecha, pues se está retribuyendo al mismo precio a centrales cuya recuperación de la inversión se garantizó que a nuevas centrales construidas ya bajo un mecanismo de mercado.

La integración de las renovables en el mercado complica aún más la situación. Con la actual regulación española, todas las centrales acogidas al denominado régimen especial –esto es, renovables, cogeneración y residuos– envían al mercado una oferta a precio cero por la energía que prevén producir en cada hora.

Como hemos visto, la condición marginalista del mercado no conduce a que el precio que reciban estas centrales sea el de la oferta, sino el marginal. Es decir, las renovables son precio-aceptantes.

La retribución del régimen especial, sin embargo, no se limita a la del mercado; sino que es complementada posteriormente con una «prima equivalente» calculada como diferencia entre el precio por kWh producido publicado en el Boletín Oficial del Estado y la retribución que se hubiera percibido previamente en el mercado.

La reducción de precios de mercado debida a las renovables

Las renovables son precio-aceptantes porque su retribución va a ser independiente del precio del mercado. Con este mecanismo de funcionamiento contribuyen a que el precio de mercado se reduzca (lo que en terminología anglosajona se conoce como –merit order effect).

Veámoslo con un ejemplo concreto. Los gráficos 9 a 12 muestran la situación del mercado para el día 12 de diciembre de 2012. El gráfico 9 muestra las curvas de oferta y demanda para las 13 horas. Puede observarse que el precio marginal resultó ser del orden de 80 €/MWh y la energía negociada de unos 35.000 MWh. El gráfico 10 da cuenta de las demandas real y prevista, así como de las emisiones de CO2 asociadas para ese mismo día y hora. Si nos fijamos en el gráfico 11, observamos que a esa hora, la proporción de energía suministrada por centrales basadas en combustibles fósiles (carbón y ciclo combinado de gas) era alta, mientras que la contribución de eólica era reducida (véase gráfico 11 tabla de la derecha). De hecho, en el gráfico de área de la derecha se observa que, salvo en las horas de la madrugada, la potencia suministrada por los ciclos combinados de gas se mantuvo en valores por encima de los 10.000 MW. En el gráfico 12 observamos cómo, sin embargo, la potencia eólica a medio día era inferior a 3.000 MW.

Gráfico 9. Situación de la oferta y la demanda del mercado para el día 12 de diciembre de 2012 a las 13 h.

Gráfico 10. Demandas y emisiones de CO2 a las 13 h. del 12/12/12.

Gráfico 11. Aportación de las diferentes fuentes y emisiones de CO2 a las 13 h. del día 12/12/12.

Gráfico 12. Aportación de la eólica a las 13 h. del 12/12/12.

Fuente: OMIE.

Si comparamos los gráficos anteriores con los análogos (13 a 16) referidos a tan solo cuatro días después, el 16 de diciembre, observamos una situación bien diferente: precio 0 en la hora 09:00 –por extraño que parezca, en esa hora se regaló toda la energía– como consecuencia principalmente de una inversión en las fuentes de generación: menos de 3.000 MW de gas –que bajó su aportación en relación al día 12– y más de 10.000 MW de eólica –que la subió.

Gráfico 13. Situación de la oferta y la demanda del mercado para el día 16 de diciembre de 2012 a las 9:00 h.

Gráfico 14. Demandas y emisiones de CO2 a las 9:00 h. del 16/12/12

El gráfico 14 nos ilustra sobre la demanda real y prevista, y sobre las emisiones de CO2 asociadas del día 16 de diciembre.

El día 16 a las 9 h. la fuente que más aportó fue la eólica, tal como puede comprobarse en el queso de la izquierda del gráfico 15, lo que tuvo un impacto muy positivo en la reducción de emisiones de CO2 tal como se evidencia en ese mismo gráfico (área de la derecha).

Gráfico 15. Aportación de las distintas fuentes y emisiones de CO2 a las 9:00 h. del 16/12/12.

Gráfico 16. Aportación de la eólica a las 9:00 h. del 16/12/12.

Fuente: OMIE.

La capacidad de generación eléctrica de la eólica ese día y esa hora queda patente en el gráfico 16.

Si, para simplificar, consideramos que el precio de mercado solo depende de la aportación de energía de gas y eólica, podemos deducir que, de no haber existido esos 10.000 MW de eólica, el precio se hubiera situado en torno a los 80 €/MWh registrados cuatro días antes. Teniendo en cuenta que la aportación eólica es del orden del 50% del total de la energía consumida en esa hora, fácilmente concluimos que, en la medida en la que el precio cobrado por la eólica mediante otros mecanismos –la prima equivalente– hubiera sido inferior a 160 €/MWh, el precio final pagado por el consumidor habría resultado inferior en el modelo con renovables que en el modelo sin ellas.

Concluimos, por tanto, que al desplazar a otras centrales más caras, la entrada de renovables conduce a una reducción del precio marginal que, al afectar a todo el volumen de energía negociado en el mercado, puede tener un impacto muy significativo. De hecho, varios estudios realizados sobre este asunto concluyen que el efecto de reducción del precio de mercado ocasionado por las renovables es del mismo orden de magnitud que las primas recibidas. En otras palabras, de no haber existido renovables, el coste total de generación, entendido como la suma entre el mercado y las primas equivalentes habría sido esencialmente el mismo.

En la medida en que las tecnologías renovables siguen recorriendo su curva de aprendizaje y, en consecuencia, exigen cada vez un menor precio garantizado de venta de energía, las primas son cada vez menores y, por tanto, los beneficios económicos que trasladan a los consumidores son cada vez mayores.

Paradójicamente, sin embargo, este efecto de reducción de precios de mercado afecta negativamente a la percepción social de las renovables. Al bajar el precio de mercado y mantenerse su retribución, las primas equivalentes –interesadamente identificadas mediáticamente con subvenciones– necesariamente aumentan, por lo que el consumidor tiende a pensar que cada vez paga más por las renovables sin considerar el abaratamiento que conllevan. Este planteamiento resulta, a todas luces, incoherente.

Detengámonos un momento a analizar a largo plazo las consecuencias de este sistema retributivo. Pasado el plazo de garantía de retribución, típicamente de entre 20 y 30 años, podríamos encontrarnos con que obtuvieran beneficios caídos del cielo. Ni siquiera podría sostenerse que cobraran entonces el precio del mercado por la misma razón que no es razonable que las centrales que gozaron de CTC actualmente lo estén haciendo: porque sus condiciones de recuperación de inversión no son las mismas que las de las centrales construidas bajo regímenes retributivos de mercado.

Nos encontramos pues con un mercado eléctrico conformado por cerca de un 40% de potencia instalada de centrales construidas bajo regímenes regulados anteriores y que están disfrutado del cobro de beneficios caídos del cielo; cerca de un 40% de potencia adicional de centrales de régimen especial que son inmunes a los resultados del mercado; y nos queda menos del 25% del mercado de centrales de gas que, debido al exceso de capacidad existente reclaman –y reciben– pagos complementarios a los precios de mercado en conceptos de pagos por capacidad o similares. El mercado no sirve para nadie.

Las incesantes reformas regulatorias emprendidas por sucesivos gobiernos desde el año 1998 se han centrado en introducir cada vez más parches al sistema en lugar de plantearse su modificación de raíz: el sistema marginalista de fijación de precios del mercado es totalmente incompatible con la configuración actual del sector eléctrico español.

La justificación del sistema de primas a las renovables

El efecto de reducción inducida de precios de mercado permite por sí solo justificar la introducción de las renovables a partir de razones meramente económicas, incluso renunciando a la balanza de externalidades positivas que aportan y que están detrás de las políticas de fomento iniciales.

Para entender la justificación del sistema de retribución mediante primas a las renovables hay que considerar otros efectos: cuando las autoridades reguladoras se plantean la paulatina introducción de renovables en mercados eléctricos surgen inmediatamente dos opciones: o las fuentes fósiles y nucleares internalizan en sus precios todos los impactos sociales y medioambientales negativos; o se incrementa la retribución a las renovables por todas las externalidades positivas que aportan respecto de las convencionales. La gran dificultad para calcular las externalidades negativas de las fuentes convencionales lleva, finalmente, a apostar por la segunda opción con el fin último de que las renovables compitan en igualdad de condiciones con las fuentes convencionales. Surge así el concepto de prima como mecanismo internalizador de externalidades positivas.

Hay un segundo problema: la mayoría de fuentes renovables dependen de una fuerte inversión inicial mientras que los costes de operación y mantenimiento son comparativamente bajos. Una vez hecha la inversión, el dinero está «enterrado» y las posteriores mejoras en los costes de operación y mantenimiento son muy limitadas. La inversión en energías renovables necesita tener una estabilidad de precios que garantice una retribución suficiente para recuperar el desembolso inicial. El inversor asume el riesgo tecnológico de que la planta produzca más o menos energía; pero no que el precio del kWh dependa de un mercado en el que tiene escasa capacidad de maniobra. Este asunto es especialmente significativo en las fuentes denominadas no gestionables, aquellas como la eólica o la solar, que dependen de un recurso primario no almacenable para producir energía.

Este hecho fuerza al regulador a sustituir el sistema de prima añadida al precio de mercado por un precio fijo que depende de la tecnología de generación y de la fecha de puesta en marcha de la instalación. Surge así el concepto de prima equivalente como diferencia entre el precio fijo garantizado y la retribución de mercado.

En un sistema bien diseñado, el precio fijo garantizado debe seguir a la curva de aprendizaje de cada tecnología, con la consecuente reducción paulatina para las nuevas instalaciones.

Las subvenciones a las tecnologías convencionales

Al contrario de lo que ocurre con las renovables, el balance de externalidades de las fuentes convencionales (fósiles y nuclear) es negativo. Esto no significa que no gocen de mecanismos de apoyo; según la AIE en su panorama de 2012, las ayudas a nivel internacional a los combustibles fósiles fueron más de seis veces superiores a las de las renovables.

Las subvenciones a las fuentes convencionales se materializan a través de varias vías: deducciones fiscales, asunción pública de riesgos o coste de almacenamiento de residuos o aportaciones directas de los Presupuestos Generales del Estado. Sin perjuicio de la importancia de analizar estas vías, a efectos de nuestro mercado eléctrico, interesa detenerse en los pagos que reciben las centrales de generación que utilizan fuentes convencionales por encima de los precios del mercado marginalista.

Mucha gente identifica las primas a las renovables con subvenciones por el hecho de que estas son pagos por encima del precio establecido por el mercado mayorista. Sin embargo, las centrales convencionales no cobran exclusivamente este precio, sino que gozan de numerosos complementos de los que rara vez se hacen eco los medios de comunicación.

En primer lugar, hay que considerar los denominados «servicios de ajuste del sistema» que son liquidados a las plantas peninsulares por el Operador del Sistema (Red Eléctrica de España) y que se agrupan en cinco componentes: restricciones técnicas al PDBF (Programa Diario Base de Funcionamiento), restricciones técnicas en tiempo real, banda de regulación secundaria, reserva de potencia adicional a subir, desvíos y excedente de desvíos.

Daremos algunas pinceladas sobre las restricciones técnicas al PDBF, que es el de mayor importe económico. Consiste en que algunas plantas –principalmente de gas y carbón–, por estar estratégicamente situadas son, en algunos momentos, necesarias para atender el suministro de electricidad. En estos casos, estas centrales –al contrario de lo que ocurre con otras «gemelas» con los mismos costes de operación– no cobran el precio mayorista sino el que ellas exigen. El procedimiento de restricciones técnicas al PDBF ha sido objeto de numerosas investigaciones y sanciones por parte de las autoridades de defensa de la competencia, no obstante lo cual, sigue funcionando.

Además de los citados servicios de ajuste del sistema, las centrales convencionales reciben los denominados pagos por capacidad que, en principio, retribuían la mera disponibilidad de las centrales: que estuvieran operativas cuando eran requeridas por el Operador del Sistema. La normativa establece que se trata de «un sistema retributivo regulado que complementa el ingreso que se produce en el mercado eléctrico con el objeto de establecer una señal económica para incentivar la entrada de nueva capacidad en el mercado y para evitar el cierre de aquellas instalaciones que garantizan la seguridad del suministro eléctrico».

La disponibilidad se devenga mediante dos conceptos distintos: el incentivo a la inversión en capacidad a largo plazo y el servicio de disponibilidad a medio plazo. Cabe destacar que, a pesar de la manifiesta sobrecapacidad actual del sistema eléctrico español, el segundo de ellos fue implantado mediante una disposición publicada en el BOE del 18 de noviembre de 2011[1], ¡dos días antes de las últimas elecciones generales!

La entrada en funcionamiento, en febrero de 2011, del mecanismo de «restricciones técnicas por garantía de suministro», esto es, de la prima a la producción con carbón español ha contaminado sensiblemente el concepto, puesto que los pagos vinculados a este mecanismo también se obtienen de los pagos por capacidad.

El importe global de estas subvenciones, servicios de ajuste y pagos por capacidad, no ha parado de crecer en los últimos años: de 1.300 millones de euros en 2010, se pasó a 1.700 millones de euros en 2011 y a 2.400 millones de euros en 2012, un 85% de incremento en tan solo dos años.

Las subastas trimestrales

En julio de 2009 el Gobierno hizo desaparecer la tarifa eléctrica. La realidad, sin embargo, ha cambiado poco para más de 20 millones de consumidores –aquéllos cuya potencia contratada no supera los 10 kW– que han pasado a estar acogidos a la denominada Tarifa de Último Recurso (TUR).

La TUR se calcula como suma de tres componentes: las tarifas de acceso a redes (peajes), que son las mismas que deben aplicar los comercializadores en el mercado libre; el coste de la energía (lo que algunos denominan la parte «liberalizada» de la TUR); y el margen reconocido a los CUR (Comercializadores de último recurso).

El coste de energía de la TUR se calcula a partir de unas fórmulas relativamente sencillas publicadas en el BOE, por lo que el Gobierno tiene poco margen para actuar sobre él. La intervención política se ha centrado en la fijación de los peajes, de forma que, hasta que el Tribunal Supremo lo prohibió en marzo de 2012, se han subido y bajado sin planificación previa dependiendo de la evolución de los costes de la energía. Este juego es en buena parte responsable del famoso –y de cuantificación muy discutible– déficit de tarifa, dado que una bajada en los peajes no supone que las eléctricas dejen de ingresar cantidad alguna, sino que el Gobierno reconoce la deuda y pospone su pago a largo plazo.

Gráfico 17. Beneficios de las subastas trimestrales.

Elaboración propia. Fuentes: REE, OMIE, BOE.

Es completamente falso que la parte «liberalizada» de la TUR esté exenta de intervención política. La fórmula de cálculo de la TUR tiene dos componentes principales: la estimación del precio medio aritmético del mercado diario (que se celebra todos los días para negociar la energía del día siguiente y que se basa en el sistema marginalista que analizamos con anterioridad) y la estimación de una serie de coeficientes de ajuste de este, derivados de aspectos técnicos.

Para la estimación del precio del mercado se utiliza principalmente el resultado de una subasta celebrada unos 10 días antes del comienzo de cada trimestre, la conocida subasta de Compras de Energía para el Suministro de Último Recurso, «CESUR».

El resultado de estas subastas es escandaloso, porque desde el tercer trimestre de 2009, cuando se puso en marcha la TUR, siempre –salvo en una ocasión, por escasa diferencia– han arrojado un precio superior al que luego ha resultado ser el precio del mercado diario, esto es, el precio de futuro sobreestima sistemáticamente el precio de contado.

Los coeficientes de ajuste, que internalizan principalmente los servicios de ajuste del sistema y pagos por capacidad referidos anteriormente, son estimados a partir de los valores del mismo periodo del año anterior. Su efecto no es en absoluto despreciable y, en algunos periodos, es aún mayor que el derivado de la propia subasta CESUR.

El problema principal, por tanto, es que a los CUR se les reconocen a priori unos costes por el suministro de energía a precios regulados que luego resultan ser siempre superiores a los que realmente hacen frente.

En general, la sobrestimación del precio suele situarse entre un 10 y un 20%, aunque en una ocasión –primer trimestre de 2010– llegó a superar el 50%. Tras los primeros tres años y medio de funcionamiento, el sistema de fijación de precios trimestrales ha costado a los consumidores 1.700 millones de euros por cuestiones alejadas del suministro de energía que tienen más que ver con la especulación sobre el precio de la misma.

[1] Orden ITC/3127/2011, de 17 de noviembre, por la que se regula el servicio de disponibilidad de potencia de los pagos por capacidad y se modifica el incentivo a la inversión a que hace referencia el anexo III de la Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de octubre de 2007.

VII. Existen alternativas

El modelo energético vector del cambio de modelo productivo

Si echamos la vista atrás cuarenta años observaremos que, mientras la productividad laboral española ha ido mejorando de forma constante, la eficiencia en el uso de recursos materiales y energéticos apenas ha variado. Es ahí donde tenemos que fijar la vista para mejorar la competitividad económica y salir de la crisis y no en las reformas laborales para la devaluación de las condiciones de trabajo. La transformación ecológica de nuestro modelo productivo es la mejor vía para acabar con la crisis económica, ambiental y social.

Gráfico 18. Tendencia en la productividad laboral, material y energética en España (1970-2009).

Fuente: Total Economy, IFF, WI, Eurostat, OCDE, AIE.

El papel de la energía en el desarrollo social es clave, por lo que cualquier cambio en el campo energético tiene efectos multiplicados en la economía y en la organización de la sociedad.

El objetivo central del cambio de modelo energético es generar más bienes y servicios con menos energía y que esta sea limpia, o sea desacoplar el binomio «Producto Interior Bruto (PIB)/ generación eléctrica y/o consumo de energía». El objetivo central del cambio de modelo productivo es generar más bienestar con menos recursos, o sea desacoplar el binomio «satisfacción de necesidades humanas y PIB».

La coyuntura actual ofrece una oportunidad inmejorable para adoptar un punto de vista estratégico alejado del cortoplacismo e iniciar con determinación la «transición energética» hacia un nuevo modelo que priorice la conservación energética y las energías renovables.

Las nuevas formas de producción y consumo de energía pueden convertirse en un vector de desarrollo económico, de innovación, de tecnología, y un sector industrial relevante productor de servicios avanzados intensivos en conocimiento. Y lo que resulta también muy importante, los nuevos sectores y actividades orientados a una producción limpia suponen una oportunidad para la creación y protección del empleo, especialmente en los jóvenes.

El modelo energético sostenible generará nuevos puestos de trabajo gracias a los sectores económicos emergentes (como el de las energías renovables o los servicios de eficiencia energética) y a la reorientación de sectores tradicionales sobredimensionados e insostenibles (como el sector de la construcción o la industria del automóvil).

Si bien es conocido cómo el sector de las energías renovables juega un efecto positivo de arrastre para el conjunto de la economía, también resulta interesante cómo una nueva política energética puede reorientar los sectores difusos, los más despilfarradores de energía.

Los objetivos de eficiencia y ahorro energético en el sector de edificios y viviendas suponen una oportunidad de reorientación del sector de la construcción hacia la modernización de los inmuebles, el desarrollo de nuevos materiales y técnicas, y también una oportunidad para la creación de nuevas empresas de gestión y servicios energéticos.

El nuevo modelo energético nos obliga a plantear las nuevas construcciones desde la óptica del uso colectivo del espacio físico frente a la especulación inmobiliaria y la ocupación irracional del territorio; nos compromete a planificar un modelo de ciudad inteligente y compacta; nos conduce a realizar una ordenación territorial respetuosa de los ámbitos urbano y rural.

Por otro lado, la reorientación de nuestro modelo de movilidad proporciona un nicho de empleo no deslocalizable –mejor que el que proporciona la construcción masiva de infraestructuras– y puede permitir nuevas actividades industriales que compensen la progresiva pérdida de empleos en el sector de la automoción. Los nuevos puestos de trabajo vendrán de la necesidad de equilibrar el uso de los distintos modos de transporte (carretera, ferrocarril, etc.); del desarrollo de los servicios de transporte público y colectivo, de la gestión de propuestas más sostenibles como el coche compartido y la promoción de la bicicleta, de la electrificación de los automóviles, etcétera.

El cambio del modelo productivo supondrá, por tanto, un ajuste entre sectores emergentes y tradicionales, pero también una forma diferente de producir en términos de ahorro de materiales, de eficiencia energética, de ordenación territorial, de organización del trabajo, en las relaciones de los trabajadores con la empresa y de reparto de la riqueza generada.

Además estos nuevos empleos verdes requerirán de una mano de obra técnicamente muy cualificada comportando nuevos retos científicos, organizativos y tecnológicos. Son estas actividades las que obligarán a la economía española a innovar y mejorar.

Esta crisis económica debe ser la oportunidad para «enverdecer» todos los sectores, poniendo en práctica aquellas políticas en pro de la sostenibilidad que se han venido posponiendo o que se han iniciado tímidamente hasta el momento. La única reconversión social y ambientalmente justa y aceptable es, a diferencia de la larga historia de desindustrialización sin sentido que ha experimentado la economía española, la reconversión en clave ecológica del aparato productivo.

No abordar el reto del cambio de modelo productivo retrasaría la recuperación económica y la restauración ecológica que necesitamos para construir una sociedad más justa y sostenible. El objetivo es lograr que el conjunto de la actividad productiva sea ambientalmente sostenible mediante la implementación de un modelo de producción limpia, o lo que es lo mismo: eficiente en el uso de los recursos gestionando los renovables y minimizando el consumo de los no renovables; eficiente en el proceso de transformación mediante la aplicación de tecnologías limpias y cambios racionalizadores de la organización del trabajo; y eficiente en la producción de bienes y servicios socialmente útiles al maximizar estos y minimizar la fracción de vertidos, emisiones y residuos reintegrando estos en el proceso productivo y erradicando los tóxicos, peligrosos y no biodegradables.

Bases de una política alternativa. 10 líneas de acción prioritaria

1) Forzar la transformación del sistema energético de un modelo fundamentalmente financiero y especulativo a un modelo productivo eficiente y socialmente útil. La energía no es una mercancía, es un bien de naturaleza singular y un servicio imprescindible para el bienestar y la actividad productiva. La consideración de la energía como un servicio público nos obliga a recuperar la planificación energética obligatoria en las políticas públicas y aumentar el control social desde las autoridades administrativas y la ciudadanía.

2) Disponer de un marco regulatorio que confiera estabilidad jurídica, técnica y económica para hacer un despliegue de la amplia cesta de las energías renovables, superando los mínimos que marca la UE de 20% para 2020, posicionando a las renovables como líderes en la generación de energía en España y posibilitando una proyección global e internacional de los productos diseñados y fabricados en el país en el campo de estas tecnologías.

3) Reducir la intensidad energética de la economía y maximizar el ahorro y eficiencia energética poniendo en pie planes y estrategias sectoriales que cuenten con financiación suficiente, seguimiento y evaluación. Son necesarias medidas de amplio alcance que posibiliten un desarrollo alternativo sostenible. Es irracional que el Estado español siga a la cola de Europa en gasto público en políticas de ahorro y eficiencia. Es preciso abandonar las políticas de oferta energética continuada e invertir en programas de gestión de la demanda que lleven a desacoplar el uso de la energía del desarrollo humano, la actividad productiva y la generación de empleo. La transformación ecológica del modelo energético debe conducir a una economía desmaterializada menos depredadora de energía, más centrada en lo local y más intensiva en mano de obra.

4) Conseguir que la generación de energía sea solo a partir de fuentes de energía autóctonas y renovables, para asegurar la garantía de suministro y la soberanía energética en 2050. Para ello habrá que avanzar en la maduración, diversificación y despliegue de las tecnologías renovables con el apoyo de algunas de las fuentes convencionales durante esta transición. El primer paso imprescindible para lograr un modelo energético sostenible es la descarbonización y desnuclearización en la producción de electricidad en el corto plazo (2030).

5) Asegurar que la transición energética sea justa, atendiendo a la cuestión del empleo, la protección social y la capacitación profesional como claves del éxito. El cambio de modelo energético y productivo debe producirse garantizando la equidad y los derechos de los trabajadores cuyos puestos de trabajo vayan a modificarse o desaparecer.

6) Potenciar el autoconsumo y la generación distribuida frente al actual modelo de producción centralizada de la energía. Este nuevo modelo energético contribuye a reducir los costes ambientales y económicos, y sobre todo, democratiza el acceso a la energía al ser los propios consumidores los propietarios de los medios de producción de la energía, restando poder a las grandes corporaciones del sector energético. Con ello el consumidor se convertiría en sujeto activo de la gestión de la demanda.

7) Desenganchar el transporte del uso del petróleo. Para impulsar y desarrollar una movilidad sostenible de pasajeros y mercancías será necesario optar por los modos de transporte más limpios y colectivos, abandonar la cultura del coche y acercar los puntos de consumo y producción (de los sistemas agrícola, industrial, de servicios…). La electrificación del transporte es una vía de entrada excelente para las tecnologías renovables en este sector y sirve como forma de almacenamiento de la energía.

8) Reorientar la fiscalidad desde una perspectiva ambiental, retirando los beneficios fiscales a los combustibles fósiles y a los productos y servicios energéticos no eficientes. Se deben introducir reformas fiscales que limiten el despilfarro energético e incentiven el eco-diseño, establecer un impuesto sobre el CO2 e internalizar los costes externos ligados a la producción de electricidad y al transporte. Todos los consumidores de energía, y no solo los de electricidad, deberán corresponsabilizarse de los costes de la transición energética.

9) Mejorar la eficiencia energética del parque de viviendas y edificios existentes, mediante el impulso de la rehabilitación, el mantenimiento de los equipos e infraestructuras y la evaluación mediante certificaciones estandarizadas. Fomentar la instalación de energías renovables en los edificios para que pasen de ser grandes centros de consumo de energía a ser lugares autosuficientes y/o productores de energía, con emisiones cero de dióxido de carbono.

10) Mejorar la transparencia en el acceso a la información en materia energética, promover la concertación social y la participación ciudadana en la toma de decisiones en aras de alcanzar un consenso social y político en torno al modelo energético.

VIII. Energías limpias

Renovables: una realidad prometedora en apuros

El sector de las energías renovables aporta casi el 1% del PIB de la economía española, es una actividad netamente exportadora de bienes y servicios y contribuye positivamente en las arcas públicas (aporta más de lo que recibe). España ocupaba en 2010 el octavo puesto mundial en la inversión en renovables con un monto de 4.900 millones de dólares, un 53% menos que en 2009, en el que invirtió 10.500 millones. Es un sector que, según Deloitte en su estudio para APPA, invirtió en 2010 302,8 millones de euros, en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i); aproximadamente un 4,5% de la contribución total al PIB, tres veces más que la media nacional incluyendo el esfuerzo público, cifrado en un 1,38%, pero seis veces superior al de la media de las empresas privadas.

En el caso de España, las renovables han constituido un auténtico modelo de desarrollo de las nuevas fuentes energéticas; se inició antes que en otros países que lo imitaron, pero que actualmente han avanzado más y más deprisa. El desarrollo en España fue espectacular y en un periodo de tiempo muy corto. Todo este desarrollo ha concluido en un elevado grado de internacionalización de las empresas tanto en inversión en el extranjero como en saldo exportador. El modelo surgió por la confluencia de un conjunto de factores que se han ido encadenando de la siguiente forma: recurso natural autóctono y abundante que entra a coste cero en el sistema, rebajando el precio de la electricidad; sistema de apoyo a través de las primas a la electricidad generada y garantizado a largo plazo; inversión privada que se dirige hacia los proyectos renovables y entidades financieras que valoraron positivamente durante un periodo su financiación; desarrollo de I+D en todas las tecnologías y, sobre todo, en su integración en la red, que dan lugar a la aparición de una industria española con patentes propias; los gobiernos regionales se volcaron en el impulso a las renovables al considerarlas un instrumento de desarrollo regional, situándose por delante de la iniciativa de la administración general y del gobierno español.

El modelo español de renovables ha sido precursor en todo el mundo y eso se puede observar al analizar otros modelos que se han desarrollado con posterioridad. Pero ese adelanto de España se ha frenado por carecer de una estrategia energética que primara el ahorro de energía, la eficiencia y la reducción de su alta dependencia energética con políticas más decididas a favor de las fuentes renovables y de entender la energía como una cuestión de seguridad e independencia política.

La realidad de las energías renovables es la más clara señal de esperanza y de certeza de que ya es posible avanzar rápidamente hacia otro modelo energético. Las energías renovables representan otra economía más positiva, más próxima a la economía productiva que no depende tanto del valor de las acciones como del valor de la innovación tecnológica y la eficiencia para introducir en todos los procesos productivos nuevas especializaciones y en todas las actividades el mínimo consumo de energía y la nula emisión de GEI como un valor añadido de incalculables beneficios para la sociedad.

La generación distribuida y el autoconsumo, o lo que es lo mismo, convertir cada centro de consumo de energía en un centro de generación, será el instrumento de una revolución energética que elevará los niveles de independencia energética, la eliminación de emisiones de CO2 y la participación directa de todos los consumidores en la gestión energética de manera descentralizada. Un nuevo derecho de ciudadanía se abre paso en este nuevo escenario y es el derecho de acceso de todos los ciudadanos a las energías renovables.

La curva de aprendizaje de las renovables

Para comprender la evolución de los diferentes sistemas de apoyo a las renovables, bien sea como en España a través de tarifas a la inyección de energía o a través de otros mecanismos como las deducciones fiscales o los certificados de origen, es esencial conocer la curva de aprendizaje de las diferentes tecnologías.

Gráfico 19. Evolución de la potencia fotovoltaica en relación con el precio medio panel.

Elaboración propia. Fuente: EPIA, BOE, Navigant.

Podría pensarse que, para conseguir una mejora en el rendimiento –y, por tanto, una reducción de costes– de las diferentes tecnologías renovables el mejor método sería subvencionar proyectos de investigación, desarrollo e innovación. La experiencia nos demuestra, sin embargo, que la creación de un mercado global de un tamaño relevante incentiva de forma mucho más rápida la innovación industrial. Ciertamente, el apoyo directo a la I+D+i puede ser óptimo en las fases iniciales; pero una vez alcanzado cierto nivel de industrialización de los procesos resulta mucho más efectivo fomentar la demanda del producto final.

La curva de aprendizaje más espectacular recorrida hasta la fecha ha sido, sin duda, la de la tecnología solar fotovoltaica: el precio de un módulo en el año 2007 era de 3 €/Wp y en 2012 había bajado a 0,5 €/Wp, una increíble reducción de precios de más del 80% en tan solo cinco años (en fotovoltaica se utiliza como unidad de potencia el watio-pico, Wp, como la potencia en W que es capaz de generar un panel en condiciones estándar de funcionamiento).

Esta reducción es consecuencia directa de que el mercado mundial haya pasado de tener instalados menos de 10 GW a finales de 2007 a superar los 100 GW en 2012.

Durante estos años se ha abaratado el producto fundamentalmente a través de dos mecanismos: el efecto de escala, que permite fabricar tanto más barato cuanto mayor es el volumen y, en paralelo, la constante mejora en los procesos industriales para incrementar la eficiencia de las células fotovoltaicas.

Cada vez utilizamos menos materia prima (típicamente, silicio) para construir módulos fotovoltaicos y cada vez aprovechamos en mayor medida la cantidad de energía solar recibida por estos. Nótese que este incremento de eficiencia de los módulos –con avances anuales próximos al 10% en los últimos años– tiene un efecto indirecto sobre el coste del resto de componentes del sistema: cuanto mayor es el rendimiento de un módulo, menos superficie es necesaria para producir la misma energía, con el consiguiente ahorro en estructuras de sujeción, cableado, montaje, mantenimiento, etcétera.

Paradójicamente, la rápida evolución tecnológica de algunas tecnologías renovables se ha convertido, en muchas ocasiones, en su peor enemigo. La razón es sencilla: los sistemas de apoyo a las renovables suelen ser aprobados tras largos periodos de negociación política, lo que frecuentemente los convierte en demasiado rígidos para adaptarse a una rápida evolución tecnológica.

El caso de España respecto a la fotovoltaica es paradigmático: con una potencia testimonial a finales de 2006, durante los años 2007 y 2008 se construyeron en el país parques fotovoltaicos con una potencia total del orden de 3,4 GW. De hecho, durante el año 2008 cerca del 50% de la producción mundial de módulos fotovoltaicos tuvo como destino España.

¿El motivo? La regulación aprobada por el Gobierno en mayo de 2007 mantuvo la misma retribución para las plantas que se venían construyendo desde 2006 hasta el 29 de septiembre de 2008. En septiembre de 2007 anunció que el plazo para acogerse al sistema vigente se acabaría en un año; pero no publicó una nueva regulación para las plantas construidas con posterioridad hasta el 27 de septiembre de 2008, dos días antes de que venciera el plazo límite de construcción para acogerse a la regulación anterior.

Gráfico 20. Evolución de las tarifas de inyección y de la potencia conectada en España.

Elaboración propia. Fuente: EPIA, BOE y Navigant.

La consecuencia fue la citada: tuvo lugar una verdadera carrera por construir, a cualquier precio, plantas antes de la fecha límite. Incluso las plantas cuyo desarrollo estaba en una fase muy preliminar aceleraron todos los procesos para llegar a tiempo. Lo contrario suponía poner en riesgo la inversión realizada por la sencilla razón de que más allá de la referida fecha no había regulación alguna que permitiera rentabilizarla.

El gráfico superior muestra la evolución del mercado en España. Se muestra, por un lado la evolución de las tarifas de inyección aprobadas (se distingue entre instalaciones en suelo e instalaciones domésticas sobre tejado) y, por otro, la potencia conectada cada año.

Nótese la diferencia, en el gráfico siguiente, con lo ocurrido en Alemania que, a pesar de tener mucho menos recurso solar que España es, hasta la fecha, el primer mercado mundial en potencia instalada. Se observa con claridad una evolución mucho más ordenada del mercado, con mayores reducciones en las tarifas cuando los volúmenes de instalación son elevados.

Gráfico 21. Evolución de las tarifas de inyección y de la potencia conectada en Alemania.

Elaboración propia. Fuente: EPIA, Bundesgesetzblatt y Navigant.

Las consecuencias del desaguisado español no influyen solamente en las instalaciones que pueden construirse en el futuro, sino que está impactando duramente en las instalaciones ya construidas. En efecto, durante los años 2007 y 2008, el mercado se configuró para hacer «las cuentas al revés». Esto es, conocido el previsible rendimiento de las instalaciones y la rentabilidad exigida por los inversores, se fijaba el precio de la instalación. No debe extrañarnos, por tanto, que los módulos se vendieran más caros en España que en Alemania o que existiera un mercado de compraventa de permisos de instalaciones. Simplemente el tiempo tenía mucho valor.

Este hecho ha tenido consecuencias dramáticas para muchos pequeños inversores que apostaron sus ahorros en esta tecnología. Desde el año 2010, tan solo dos años después de haber realizado las inversiones, los sucesivos gobiernos han ido tomando varias medidas retroactivas que han modificado las condiciones retributivas que se fijaron en el año 2007 y lo hacen teniendo en cuenta la rentabilidad –a su juicio– razonable que debería tener un inversor que hubiera invertido bajo condiciones razonables de mercado. El problema es que el mercado no era razonable en esos años y la inversión ya está realizada. El proveedor que tuvo un margen extraordinario en esos años no coincide con el cliente que pagó la instalación, que hoy, indefenso, ve cómo la supuesta rentabilidad «garantizada» por el Boletín Oficial del Estado no es más que humo.

Concluimos, por tanto, que es imprescindible dotar a los sistemas de apoyo a las renovables de suficiente flexibilidad para adaptarse rápidamente a la evolución de las curvas de aprendizaje de las tecnologías de modo que no se vulneren las expectativas de rentabilidad de los inversores que apuesten por la tecnología en sus fases iniciales.

IX. El empleo en los sectores energéticos sostenibles. El caso español

Energías renovables

Las energías renovables generan 2,7 veces más empleo por unidad de PIB que la media del sector energético: son, por tanto, tecnologías intensivas en mano de obra. En España, dan trabajo directamente a unas 54.000 personas y generan otros 64.000 empleos por el efecto positivo de arrastre en otros sectores de la economía. La mayor parte de los empleos se concentran en la energía eólica, la solar fotovoltaica, la solar térmica y la biomasa.

Los procesos productivos de las energías renovables abarcan una importante cantidad de actividades en las que intervienen un gran número de personas con diferentes perfiles profesionales. La cadena de valor engloba la fabricación de equipos, la construcción e instalación, el desarrollo de proyectos y servicios, la comercialización y venta de equipos, la operación y mantenimiento, la formación y la investigación, desarrollo e innovación.

La mayor parte de los trabajadores del sector tiene una alta cualificación y, en general, una menor precariedad laboral en comparación con la media de asalariados del conjunto de la economía aunque estas condiciones varían dependiendo de si se trata de plantilla propia o subcontratada.

De cumplir estrictamente con los escenarios energéticos previstos en el vigente Plan de Energías Renovables 2011-2020, el sector de las energías renovables generaría 128.373 empleos directos en 2020, un 83% más que en 2010, y más de 73.000 empleos indirectos.

Medidas de ahorro y eficiencia

Las nuevas oportunidades para la creación de empleo no solo vendrán de la mano de las energías renovables. La incorporación de medidas para el ahorro y eficiencia energética en la industria, las viviendas, los servicios, el transporte o la agricultura creará un sector de servicios energéticos con una presencia en toda la economía.

Gráfico 22. Empleo directo del sector, eficiencia energética por sectores PAEE, 2009.

Fuente: IDAE. 2011.

Precisamente por la naturaleza transversal de esta actividad productiva es complicado estimar su impacto en la generación de puestos de trabajo. El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía estima que el sector de la eficiencia energética generó 106.393 trabajos directos en 2009 (el 0,5% de los empleos en España). En términos de empleo, el sector de la eficiencia energética se situaría por detrás de los sectores de la industria química y fabricación de vehículos de motor y remolques, y por delante de los sectores de la industria textil, metalurgia y producción y distribución de energía eléctrica.

Agrupando los distintos efectos (directo, indirecto e inducido), se obtiene que el impacto productivo o impacto total del sector de la eficiencia energética en el empleo fue de 281.473 puestos de trabajo o, lo que es lo mismo, de un 1,4% del empleo total de la economía española en 2009. Este empleo generó un valor añadido bruto de 17.771 millones de euros, es decir, un 1,81% del VAB total.

Los sectores en los que tiene mayor presencia son el transporte (33,6% del total) y la edificación (30,8%). Concretamente, los servicios y actividades relacionadas con eficiencia energética en la construcción emplearon a un total de 76.514 trabajadores.

Las previsiones de empleo total del sector de la eficiencia energética en España indican que se alcanzarán los 762.698 empleos totales en 2020, de los cuales, 288.290 serán empleos directos.

Rehabilitación y modernización energética de inmuebles

España tiene un parque de viviendas claramente sobredimensionado, relativamente joven y poco eficiente desde el punto de vista energético. Con más de 25 millones de viviendas, de las cuales un tercio son segunda residencia o están vacías, la mayoría de ellas se han levantado sin ningún criterio de sostenibilidad. A pesar de que durante los años dorados de la economía española, el sector inmobiliario llegó a aportar el 20% de PIB, la obra nueva ha representado la mayor parte de la actividad del sector y la rehabilitación ha sido hasta ahora una ocupación menor.

La velocidad con la que se construyó un gran número de edificios, las pocas calidades de los materiales o la falta de cualificación de los operarios en algunos casos, hacen que los edificios existentes presenten importantes deficiencias energéticas. Además este «boom» de la construcción coincidió con un momento de auge y desarrollo de las tecnologías especializadas en climatización, y se hizo un uso excesivo de equipos innecesarios, que pretendían suplir las carencias que presentaban las construcciones de baja calidad, por lo que muchas de estas edificaciones presentan equipos e instalaciones sobredimensionados, poco eficientes y que necesitan grandes consumos para climatizar las estancias.

Las actividades de rehabilitación energética además podrían ir acompañadas de otro tipo de reformas para mejorar la accesibilidad, seguridad o confortabilidad, por lo que hablaríamos de obras para la rehabilitación integral que, además de incrementar las posibilidades productivas y de generación de empleo a nivel nacional, contribuirá de forma decisiva a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

La rehabilitación energética de edificios y viviendas es una salida óptima y sostenible para el desempleo en el sector de la construcción. Existen muchos estudios que analizan el potencial de empleo asociado a un programa de rehabilitación energética determinado.

Según ISTAS, la ejecución de un plan de rehabilitación energética de 565.000 viviendas al año a través de la aplicación de un mejor aislamiento del envolvente y los huecos de fachada, la utilización de energías renovables para producir calor y electricidad, o equipamientos más eficientes podría generar 105.000 empleos estables en 2020, ahorrando 20 millones de barriles de petróleo de energía final anuales y 10 millones de toneladas de CO2 equivalente al año.

Según WWF, la rehabilitación de 3,3 millones de viviendas en España hasta 2020 crearía 150.000 empleos locales sostenibles a largo plazo y permitiría reducir las emisiones de CO2 en más de ocho millones de toneladas al año en 2020. Para lograr este objetivo sería necesaria una inversión de 46,7 mil millones de euros.

El plan propuesto por el Gremio de Constructores de Obras y la Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña para rehabilitar un mínimo de 2,6 millones de viviendas crearía 130.000 empleos directos en España hasta 2020 y ahorraría unos 8.900 millones de euros por ahorro de energía y de CO2, además de generar un estímulo económico global de 2,6 veces la inversión inicial. Entre las medidas que se contemplan están las de evaluar con urgencia el consumo energético de los edificios públicos; estimular con ayudas y desgravaciones fiscales las mejoras de los bloques privados, aplicar un IVA reducido a los trabajos de rehabilitación energética, acelerar la Inspección Técnica de Edificios (ITE) a todos los existentes introducir en la misma la certificación energética estableciendo un sello de calidad obligatorio en las transacciones inmobiliarias.

Visto el potencial de empleo, resulta urgente adecuar el marco normativo, financiero, humano y técnico para poder realizar un proyecto ambicioso y nacional de rehabilitación del parque de edificios y viviendas. Las medidas que hay que tomar deberán revalorizar el concepto de rehabilitación energética, poner en marcha programas de capacitación profesional, eliminar los obstáculos legales y administrativos y facilitar la financiación a largo plazo y a bajo coste.

Movilidad sostenible de pasajeros y mercancías

La movilidad sostenible también se constituye como una solución estratégica para reducir el consumo de energía en España al mismo tiempo que una garantía para generar empleos locales no deslocalizables, cohesionados al territorio. La reorientación de los patrones de movilidad hacia un modo sostenible debe incluir el transporte de pasajeros (por ocio o trabajo) y el de mercancías.

Según ISTAS, cerca de 297.109 personas trabajaban en nuestro país en 2008 en lo que podríamos denominar el sector de la movilidad sostenible de pasajeros, que comprende actividades y modos de transporte tales como: el ferrocarril, el metro, el tranvía, los autobuses, los taxis, el carsharing, el alquiler de coches, bicicletas, el estacionamiento regulado y otros servicios para la gestión de la movilidad.

Y este número podría duplicarse para 2020 si las distintas Administraciones fomentaran este modelo de ecomovilidad con nuevos instrumentos de gestión y planificación de los transportes y el territorio, con información y medidas fiscales y de financiación, hasta alcanzar los 443.870 puestos de trabajo (120.000 puestos de trabajo adicionales a los de un escenario tendencial).

Actualmente el transporte sostenible de mercancías solo representa el 1% del total del sector de transporte de bienes y emplea a 12.000 personas. Sin embargo, por cada empleo en las actividades de transporte de mercancías en ferrocarril (y en las actividades complementarias y proveedoras directas) se generan 0,64 de empleos indirectos y por cada empleo directo o indirecto aparecen 1,27 empleos inducidos.

La apuesta por el ferrocarril en el transporte de mercancías podría generar más de 30.000 empleos (directos e indirectos) en el horizonte de 2020. Y para conseguirlo, organizaciones como Comisiones Obreras proponen el fomento de la intermodalidad, la optimización de infraestructuras y complementos logísticos, la integración con la red ferroviaria europea, la creación de líneas regulares de mercancías, la mejora de la seguridad ferroviaria, la electrificación del servicio, la tarificación de las carreteras y la implantación de la fiscalidad ambiental, entre otras medidas.

El ahorro energético de este tipo de actuaciones podría alcanzar el equivalente al 7% de la energía que se emplea hoy en el transporte terrestre de mercancías, o lo que es igual: equivaldría al consumo anual de una población de 3 millones de personas y reduciría los costes externos en 400 millones de euros, lo que equivale al gasto de una población de 40.000 personas (por ejemplo, todos los hogares de Soria durante todo un año).

X. Hacia una nueva cultura energética

Nueva ética para un reto civilizatorio: el empoderamiento social de la energía

Para no superar los dos grados de incremento de la temperatura media del planeta y evitar así efectos climáticos extremos, los estudios apuntan que es preciso reducir en un 80% las emisiones de GEI para 2050, y además ponerle techo al consumo de energía, reduciendo así las diferencias de acceso a la energía entre los países desarrollados y la gran mayoría de la población mundial.

Para llegar a esta meta en España es preciso dar grandes pasos desde ahora hasta 2030. Hay que sentar las bases para una revolución energética, lo que implica una nueva ética socio-ambiental, una nueva cultura de la energía y la definición de una política energética transversal a toda la actividad económica de nuestro país.

Desde el plano de la ética, el nuevo modelo energético debe aportar soluciones a las relaciones desiguales entre los países ricos del Norte y los países empobrecidos del Sur, entre las generaciones actuales y las venideras y en la relación misma entre el ser humano y la naturaleza, no poniendo la existencia humana en el centro de la misma. Que la energía contribuya al bienestar humano depende de tres variables: su impacto en la biosfera, sus efectos sobre la equidad y el grado de control social sobre la misma.

La nueva cultura de la energía se inspira en tres principios que, a su vez, se constituyen en objetivos que debemos lograr:

1) La sostenibilidad ambiental, reduciendo el uso de recursos no renovables, evitando la generación de residuos, vertidos y emisiones contaminantes, minimizando los impactos ambientales sobre el agua, la atmósfera y el territorio; haciendo compatible el modelo energético con la protección de la salud, la conservación de los recursos naturales, la protección de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.

2) La sostenibilidad social, asegurando el acceso equitativo a la energía a toda la población y reconociendo el derecho al autoconsumo. Con un sistema de precios que no excluya a la población más vulnerable y que fomente la conservación de la energía.

3) La sostenibilidad económica, internalizando los costes externos que produce el sistema de producción energética en la actualidad, reduciendo el déficit estructural del sistema eléctrico, evitando la compra de materias primas no renovables y diversificando la cesta de las energías renovables para garantizar nuestra autonomía energética.

La nueva cultura energética requiere de profundos cambios en el modo de consumir y usar la materia y la energía por parte de la ciudadanía, pero la cuestión fundamental es modificar la estructura de la oferta. Ello significa el impulso de fuentes de energía y tecnologías limpias, la consecución del acceso universal e igualitario a la energía y la implantación de un modelo energético democrático, o sea planificado desde las instancias políticas con participación de la ciudadanía, con un peso determinante y estratégico del sector público y controlado socialmente, posibilitando la generación distribuida por parte de la ciudadanía. Ello comportaría una profunda democratización y un paso más en el empoderamiento de la sociedad en el campo de la energía.

Otra energía, otra economía, otra sociedad

El papel de la energía en el desarrollo social es clave por lo que cualquier cambio en el campo energético tiene efectos multiplicados en la economía y en la organización de la sociedad. El cambio de modelo productivo plantea dos retos de gran envergadura. A corto plazo, ¿qué hacer con los colectivos vinculados a los sectores productivos, incluidos los energéticos, que deben decrecer e incluso desaparecer? Y más pronto que tarde, ¿qué actitud tener ante un sistema económico basado en maximizar la ganancia individual, el modo de producción capitalista? Por ello conviene plantearse los dilemas a los que la sociedad actual se enfrenta.

Dilema 1. En plena crisis: ¿molinillos o crecimiento?

La cuestión de la energía es el talón de Aquiles de la viabilidad económica del actual modelo productivo. La necesidad de cambiar el patrón de desarrollo no es una consecuencia de la crisis financiera sino del riesgo de que a la crisis económica se le superponga una crisis energética con un impacto ambiental, social y económico mucho más grave. Por ello el cambio de modelo energético es el vector clave e imprescindible para catalizar el cambio de modelo productivo, es el más acuciante y, en el caso español, la salida de la actual crisis está vinculada al cambio energético.

La movilización de recursos para el impulso de las energías renovables podría suponer una potente medida anticíclica, catalizadora de un cambio de tendencia económica. Nobuo Tanaka, director ejecutivo de la AIE, calificó en 2010 de paquetes «verdes» de estímulo económico al conjunto de inversiones, regulaciones normativas, políticas y planes públicos de actuación y medidas fiscales tendentes a potenciar las energías renovables.

Dilema 2. Para evitar problemas: ¿cambio energético o cambio social?

Las sociedades que han intentado mayores dosis de justicia e igualdad social, pero que no se han planteado un cambio en el modelo energético y en el modelo productivo siguen resultando insostenibles y no ofrecen una alternativa de futuro. Al igual que no es posible el cambio social sin el cambio energético, cabe plantearse: ¿es posible un cambio energético (y productivo) sin (re)plantearse el modelo social?

El contenido del cambio energético es rediseñar el modelo energético hacia un sistema de renovables que se pregunte cuánta energía es necesaria y para qué. Ello implica reconvertir el conjunto del sistema de producción-distribución y consumo en virtud de las necesidades de todas las personas, no de las minorías que se benefician de la energía, teniendo en cuenta que no puede presionarse a la naturaleza más allá de su capacidad de renovación de sus límites biogeofísicos. Resulta absolutamente imposible cambiar de energía sin cambiar la sociedad. El cambio energético facilita la democratización de la sociedad al pasar de un modelo vertical y concentrado a uno descentralizado y distribuido.

Dilema 3. Ganadores y perdedores: ¿empleo actual o empleo sostenible?

El proceso de reconversión ambiental de la economía será intensivo en mano de obra, pero repercutirá en lugares y tiempos de forma diferente. Por ello es necesario proteger a quienes (colectivos, sectores, territorios) resulten perjudicados mediante medidas que aseguren lo que la Confederación Internacional de Sindicatos (CSI) denomina una transición justa. Para ello es preciso que se den las siguientes condiciones: a) que exista un esfuerzo político de anticipación y previsión; b) poner en marcha una planificación, inversión y ejecución de actividades productivas sustitutorias localizadas en las zonas afectadas; c) asegurar mediante prestaciones que no haya merma de ingresos para los trabajadores y puesta en marcha de planes de formación puente para ocupar los nuevos puestos de trabajo.

Dilema 4. Ante el sistema: ¿ignorarlo o enfrentarse a él?

El modelo energético, basado en las energías fósiles, ha estado y está íntimamente ligado al modo de producción capitalista, por lo que el problema energético es estructural. Podemos afirmar que hasta el presente, el capitalismo industrial ha tenido y tiene un alto grado de acoplamiento (y dependencia) de fuentes de energía y tecnologías altamente contaminantes. La voracidad energética que hemos descrito tiene anclajes en la ley del valor, a la que se somete la energía en tanto que mercancía, y en la defensa de la tasa de beneficio como criterio rector y único de las decisiones. Por ello le resulta ajeno el discurso del ahorro y la eficiencia energéticos.

La cuestión energética tiene una dimensión física, pero las decisiones que la guían son de naturaleza social. El capital basa su existencia en la explotación de las dos únicas fuentes de riqueza existentes: la naturaleza y el trabajo humano, también los sectores petroleros, gasísticos y nucleares que tienen una posición hegemónica en el control de la energía. Ese control es más fácil de mantener si el modelo dominante se basa en las fuentes convencionales (pozos y minas) que si el modelo está abierto al uso por toda la humanidad (las renovables, en su práctica totalidad, simplemente se sirven del sol). En el actual modelo hay una falta de competencia que lo encarece y supone la principal causa del déficit tarifario español. Por ello, junto a las necesarias soluciones técnicas y tecnológicas, hay que abordar el fondo político de la cuestión, el de las decisiones del conjunto de la sociedad sobre la energía liberada de su condición de mercancía. Y en ese punto se tropieza con intereses medulares del capital. No parece que la convivencia del nuevo modelo energético con el establishment vaya a ser pacífica. Y ello debe estar presente en las estrategias del cambio energético. No hacerlo sería suicida. No tenerlo en cuenta es construir sobre arena. El avance de un modelo sostenible depende de la correlación de fuerzas que vaya acumulando frente al viejo modo de producción.

Dilema 5. Ante los obstáculos: ¿esperar o actuar?

La crisis ecológica vinculada al modelo energético es de tal virulencia y avanza a ritmos tan acelerados que no se puede esperar a que surja la sociedad ideal para generar la energía ideal. Para no superar los dos grados de incremento de la temperatura media del planeta y evitar el abismo climático solo hay una vía: descartadas ocurrencias como la captura y secuestro del CO2 o la utópica y lejana apuesta por la energía nuclear de fusión, los estudios apuntan que es preciso reducir en un 80% las emisiones de GEI para 2050. Por ello urge empezar. El cambio climático se combate renovable a renovable, medida de ahorro a medida de ahorro desde el momento actual. Precisamente actuar en los términos de la política energética anteriormente descritos forma parte de la estrategia del cambio hacia una sociedad solidaria de mujeres y hombres libres e guales, sin explotación, opresión ni represión.

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