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Rafael Escudero, Patricia Campelo, Carmen Pérez González y Emilio Silva

Qué hacemos por la memoria histórica

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RAG

Nota a la edición digital:

Algunos de los proyectos artísticos mencionados en el libro ya no son accesibles en la red. No obstante, por motivos historiográficos, se mantiene la referencia a la web original.

© Rafael Escudero, Patricia Campelo, Carmen Pérez González y Emilio Silva, 2013

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ISBN: 978-84-460-3794-1

Qué hacemos

¿Qué hacemos cuando todo parece en peligro: los derechos sociales, el Estado del bienestar, la democracia, el futuro? ¿Qué hacemos cuando se liquidan en meses conquistas de décadas, que podríamos tardar de nuevo décadas en reconquistar? ¿Qué hacemos cuando el miedo, la resignación, la rabia, nos paralizan?

¿Qué hacemos para resistir, para recuperar lo perdido, para defender lo amenazado y seguir aspirando a un futuro mejor? ¿Qué hacemos para construir la sociedad que queremos, que depende de nosotros: no de mí, de nosotros, pues el futuro será colectivo o no será?

Qué hacemos quiere contribuir a la construcción de ese «nosotros», de la resistencia colectiva y del futuro compartido. Queremos hacerlo desde un profundo análisis, con denuncias pero sobre todo con propuestas, con alternativas, con nuevas ideas. Con respuestas a los temas más urgentes, pero también otros que son relegados por esas urgencias y a los que no queremos renunciar.

Qué hacemos quiere abrir la reflexión colectiva, crear nuevas redes, espacios de encuentro. Por eso son libros de autoría colectiva, fruto del pensamiento en común, de la suma de experiencias e ideas, del debate previo: desde los colectivos sociales, desde los frentes de protesta, desde los sectores afectados, desde la universidad, desde el encuentro intergeneracional, desde quienes ya trabajan en el terreno, pero también desde fuera, con visiones y experiencias externas.

Qué hacemos quiere responder a los retos actuales pero también recuperar la iniciativa; intervenir en la polémica al tiempo que proponemos nuevos debates; resistir las agresiones actuales y anticipar las próximas; desmontar el discurso dominante y generar un relato propio; elaborar una agenda social que se oponga al programa de derribo iniciado.

Qué hacemos esta impulsada por un colectivo editorial y de reflexión formado por Olga Abasolo, Ramón Akal, Ignacio Escolar, Ariel Jerez, José Manuel López, Agustín Moreno, Olga Rodríguez, Isaac Rosa y Emilio Silva.

I. La memoria histórica en tiempos de crisis (y de gobiernos de la derecha)

La crisis económica se ha convertido en una perfecta excusa para llevar a cabo políticas restrictivas de derechos fundamentales. En España, la mayoría absoluta con que cuenta el gobierno del Partido Popular le permite desarrollar toda una agenda de normas y medidas dirigidas a poner en marcha su credo ideológico. Un credo que puede caracterizarse por preconizar: autocracia frente a democracia; españolización y centralismo frente a autonomía y descentralización; segregación frente a igualdad de oportunidades; sacralización de lo privado frente a lo público; y defensa de los privilegios de la Iglesia católica frente al pluralismo religioso o al laicismo.

En apenas un año de gobierno, derechos como la sanidad y la educación han sido objeto de serios ataques dirigidos a desmantelar los principios y las estructuras públicas que los sustentan. Pero no sólo los derechos sociales se ven afectados. La concepción que el PP tiene de la democracia le lleva a debilitar la negociación colectiva, endurecer el Código Penal, criminalizar las protestas ciudadanas o restringir el derecho al aborto, por citar algunos ejemplos. Y políticas como las relativas a la igualdad de género retroceden al nivel en que se encontraban hace décadas.

Con la excusa de la crisis, la recuperación de la memoria histórica se convierte en una candidata perfecta para salir de la agenda pública. No hay más que echar un vistazo a los presupuestos generales del Estado para el año 2013, de cuyas partidas ha desaparecido la que venía destinándose a exhumaciones de cadáveres y proyectos sobre la memoria, para comprobar cómo el PP busca cortar de raíz la actividad y proyección de ese movimiento asociativo nacido a partir del año 2000 y que en poco tiempo consiguió ubicar en el centro del debate político sus reivindicaciones de justicia, verdad y reparación para las víctimas del franquismo.

Con su actuación, la derecha española pretende borrar del espacio público y ciudadano ese pasado dictatorial que tanto le molesta y al que todavía no ha renunciado de forma explícita; un pasado que se resiste a desaparecer, entre otras cosas, porque condiciona el presente en que vivimos. Las herencias del franquismo y la forma como se desarrolló la transición dieron lugar a una democracia de baja intensidad, cuyas insuficiencias se aprecian hoy más que nunca desde 1978. No en vano la recuperación de la memoria abarca no sólo una dimensión individual, relativa a la reparación a las víctimas de la dictadura, sino también una vertiente colectiva, que reivindica la experiencia republicana frustrada y silenciada por la dictadura franquista y posterior transición a la democracia.

Reparar la dignidad y derechos de las víctimas, terminar con la impunidad de los crímenes de la dictadura y recuperar una memoria histórica que ponga en valor lo que supuso para España la Segunda República y la Constitución de 1931 son los principales objetivos del movimiento memorialista. En otros términos, recuperar memoria para construir democracia.

II. La Transición y sus herencias: amnesia e impunidad contra memoria y derechos

El proceso de democratización iniciado en España tras la muerte del dictador Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975 estuvo presidido por el llamado «consenso de la transición», según el cual sectores provenientes del franquismo y una buena parte de la oposición antifranquista sellaron un pacto de olvido sobre el pasado dictatorial. Además de un manto de amnesia sobre la sociedad española y una democracia de baja intensidad, este consenso permitió la impunidad de los crímenes franquistas y de sus autores, al tiempo que dejó a sus víctimas sumidas en el más profundo desamparo. Sus reivindicaciones de dignidad y justicia quedaron al margen del debate público y de la agenda política de los primeros años de la democracia.

Amnistía, amnesia y equidistancia: los pilares de la Transición

El proceso de transición a la democracia se fundamentó en un pacto de silencio y olvido con respecto al pasado. Un pacto que bien puede ser definido a partir de tres elementos: amnesia, amnistía y equidistancia. Todo lo relativo al golpe de Estado franquista, a la represión política y a la reparación de las víctimas pasó a un segundo plano para favorecer así una hipotética reconciliación nacional que daría lugar a una democracia comparable a las de nuestro entorno. Ello generó un manto de amnesia que, extendido por todos los ámbitos de la sociedad española, impidió una cabal comprensión de lo acaecido en el pasado y ocultó las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura.

En el plano jurídico, esta amnesia se tradujo en la amnistía de quienes perpetraron graves violaciones de derechos humanos. El olvido del pasado en que debía fundamentarse la reciente democracia requería garantizar la impunidad de los victimarios, la certeza de que estos nunca tendrían que responder penalmente por sus crímenes. En este sentido, se utilizó una reivindicación de la oposición antifranquista como era la salida de las cárceles franquistas de los presos políticos, para amnistiar en la misma ley a víctimas y a verdugos, a torturadores y torturados. En su articulado se amnistían los actos de intencionalidad política tipificados como delitos y faltas por la legislación franquista (reunión, manifestación, asociación política y sindical, etc.) y, al mismo tiempo, los delitos cometidos por funcionarios y agentes del orden público con motivo de la investigación de los actos anteriormente señalados o, en general, contra el ejercicio de los derechos de las personas.

Así, la Ley 46/1977, de 15 de octubre de amnistía se convierte en algo difícil de entender desde un punto de vista democrático: una ley nacida de un parlamento formalmente democrático (aunque a él no habían podido aspirar los partidos republicanos, legalizados después de celebradas las elecciones de junio de 1977) amnistía a personas por haber llevado a cabo acciones en el ejercicio de sus derechos fundamentales y, a su vez, a quienes les maltrataron, torturaron y asesinaron por ello, como por ejemplo los policías de la Brigada Político Social y las autoridades que ampararon sus actuaciones. Se trata de una norma sin precedentes en ningún país donde se haya transitado de una dictadura a una democracia.

Esta peculiar configuración de la Ley de amnistía no hace sino poner negro sobre blanco la tercera de las bases que fundamentan el pacto de olvido: la equidistancia. Este pacto de echar al olvido el pasado requería, finalmente, que cada parte renunciara a utilizar su pasado como instrumento de lucha política. Mientras que los franquistas debían renunciar a la dictadura, los demócratas tenían que hacer lo mismo con la experiencia republicana, equiparando así lo que era un legítimo régimen democrático con una dictadura fascista. En consecuencia, la Constitución de 1978 evitará cualquier referencia al pasado republicano, respondiendo así a la línea de continuidad marcada por la Ley 1/1977, de 4 de enero para la reforma política, auténtica «ley puente» entre la dictadura y el nuevo régimen constitucional.

El tantas veces aclamado «espíritu de la Transición» consistió, entonces, en echar al olvido todas estas cuestiones del pasado a los efectos de consolidar un futuro democrático. Ello impidió que la ciudadanía pudiera discutir asuntos centrales como el tipo de régimen, republicano o monárquico, la cuestión territorial, la vuelta al Estado laico de 1931 o el rol de los derechos sociales en el nuevo texto constitucional. Su mayor desarrollo en términos democráticos y sociales quedó lastrado por ese consenso que fijó las bases del nuevo régimen, controlado desde un principio por las elites provenientes del franquismo bajo la atenta mirada de Washington y las principales cancillerías occidentales.

Hechizados por las hipotéticas virtudes de una democracia formal que supuestamente les permitiría ganar poder, los principales partidos de la izquierda –PSOE y PCE– suscribieron por completo las cláusulas del pacto de la transición. Entre ellas, por supuesto, el abandono de la prédica antifascista. Con ello, contribuyeron a la hegemonía de un discurso político cada vez más conservador y alejado de sus propias bases. Quizá sea hoy, tras el cambio generacional, cuando se adviertan y se denuncien con mayor claridad las negativas consecuencias de aquella decisión.

Finalmente, cabe advertir que si la dictadura no desembocó en un sistema más conservador o autocrático ello se debió en gran medida no a las virtudes de ese pacto de la transición, sino a la lucha en la calle de tantas personas, grupos y colectivos situados en los márgenes del consenso oficial. En conocida expresión de Vicenç Navarro, «Franco se murió en la cama, pero la democracia se ganó en la calle». Sin embargo, el discurso oficial sobre la Transición ignora el sufrimiento de todas las personas que sacrificaron su vida y sus derechos con la llegada de la democracia a España. Son las víctimas de la Transición, cuya memoria y derechos siguen sin ser reparados por la democracia.

Las primeras demandas de memoria, dignidad y justicia

La muerte del dictador abrió numerosas incógnitas acerca del futuro, entre las que se mezclaban la incertidumbre, el miedo y la esperanza. Para muchos familiares de desaparecidos por la represión franquista supuso el momento de plantearse la posibilidad de buscarlos. Fue el caso de Esperanza García, huérfana de un asesinado que en 1977 regresó de Bélgica para buscar los restos de su padre, en la localidad palentina de Villamuriel. Tras visitar al falangista que lo asesinó, localizó el lugar exacto en el que fueron encontrados ocho cuerpos. A raíz de la apertura de esa fosa, Esperanza recibió información y peticiones de ayuda y siguió abriendo fosas en diferentes pueblos de la zona en las que encontró 150 cuerpos.

Así, a finales de los años setenta –especialmente tras las elecciones municipales de abril de 1979 en las que ganaron poder político partidos que eran ilegales en la dictadura– se inicia la búsqueda de cientos de desaparecidos. Se llevan a cabo exhumaciones en Navarra, La Rioja, Asturias, Extremadura o Galicia. De este primer ciclo exhumatorio apenas se hizo eco la prensa del momento. No obstante, algunas de estas exhumaciones quedaron reflejadas en una serie de artículos publicados por la revista Interviú, en los que participó activamente el periodista José Luis Morales, quien llegó a recibir amenazas de mandos del ejército si continuaba destapando crímenes de la represión franquista ocurridos, en muchos casos, en zonas donde no existió un enfrentamiento bélico, sino una acción represiva de los militares fascistas.

Sin embargo, a pesar del intento de clausurar el pasado, este no dejó de operar. En el otoño de 1978 se presentó en Madrid el Tribunal Cívico Internacional contra los Crímenes del Franquismo. Promovido por el PCE, en él participaron responsables de organizaciones de derechos humanos, abogados y numerosos representantes del mundo de la cultura. El 28 de noviembre se reunió en Madrid la junta promotora del Tribunal, formada por diecinueve personas y que fue detenida en el Hotel Convención junto a cinco periodistas que cubrían el acto. El Tribunal trataba de emular al conocido como «Tribunal Russell» o al Tribunal Humberto Delgado de Portugal, con el fin de que las víctimas de la dictadura franquista fueran reparadas. Además de su función de denuncia, sus integrantes participaron en algunas exhumaciones en Navarra, implicando a figuras internacionales como el historiador Pierre Vilar o el jurista norteamericano Ramsey Clark, conocido por sus acciones internacionales contra la guerra.

La fragilidad de muchos de esos movimientos tuvo que ver con la falta de apoyo político e institucional. El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 despertó el miedo acumulado en la sociedad durante cuarenta años de dictadura. Aunque después de esa fecha se llevaron a cabo actuaciones de forma esporádica, en ese momento las reclamaciones de justicia quedaron paralizadas.

La respuesta de la incipiente democracia

Con el devenir de la Transición se fueron aprobando una serie de medidas dirigidas a ciertos colectivos de víctimas de la represión franquista. Indultos y amnistías; pensiones e indemnizaciones a miembros del ejército republicano o a funcionarios expulsados del servicio activo; o devolución del patrimonio incautado a partidos políticos y sindicatos. El propósito de las medidas legislativas y administrativas adoptadas durante esos primeros años era reparar algunos daños, perjuicios y desventajas sufridas por esas víctimas, es decir, corregir mínimamente la situación de desigualdad y discriminación en que se hallaban (máxime si se comparaba con las víctimas del «terror rojo», largamente reparadas durante los cuarenta años de dictadura). Ejemplos iniciales son los decretos de 1978 que conceden pensiones a los familiares de los españoles fallecidos como consecuencia de la Guerra Civil y reconocen beneficios económicos a quienes sufrieron lesiones y/o mutilaciones por la misma razón.

Pero en estas medidas no contemplaban ningún tipo de cuestionamiento del franquismo, ni tampoco de reivindicación de los ideales y valores democráticos defendidos por quienes sufrieron la represión. Muchas de las normas que aprobaban estas medidas declaraban expresamente estar basadas en el espíritu de perdón, concordia y reconciliación iniciado ya en los años cuarenta. Heredan el discurso y son una buena muestra del principio de equidistancia propio de la Transición.

Además, estas medidas destacan por su carácter fragmentario, para nada integral. Por ejemplo, mediante la Ley 5/1979 se reconocieron pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social en favor de las viudas y demás familiares de los fallecidos por motivo de la Guerra Civil. Pero sin reconocer derecho a pensión ni a las víctimas de desapariciones forzadas ni a quienes habían muerto en cárceles como consecuencia de la posterior represión (tampoco la Ley de memoria histórica de 2007 subsana totalmente esta injusta limitación, dado que no aplica efectos retroactivos a las pensiones reconocidas en estos casos al surtir efectos económicos únicamente a partir del 1 de enero de 2008).

Otro ejemplo del tenor de estas medidas lo constituye la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1990, por la que se aprobaron indemnizaciones a quienes sufrieron prisión durante tres o más años como consecuencia de la represión política y, además, tuvieran cumplida la edad de 65 años el 31 de diciembre de ese año. En caso de haber fallecido, la indemnización correspondería al cónyuge supérstite. Esta limitación supone una clara discriminación con respecto a quienes no hubieran cumplido dicha edad. Y así fue recurrido ante el Tribunal Constitucional. No obstante, el Tribunal rechazó el recurso en la Sentencia 361/1993, basándose en el principio de la limitación del gasto público y configurando así un amplio margen de discrecionalidad de los poderes públicos a la hora de conceder estas prestaciones. Por otra parte, el hecho de que esta ley requiriese un mínimo de tres años de prisión motivó a las comunidades autónomas a legislar en favor de las víctimas excluidas por esta nueva limitación (hoy sólo carecen de regulación en este sentido las comunidades de Extremadura y Galicia).

En definitiva, las medidas de todos estos años fueron básicamente indemnizaciones económicas de carácter parcial, que no respondían a los propósitos de verdad, justicia y reparación integral que demanda la llamada «justicia transicional». Ni por su espíritu ni por su contenido se acercan al mínimo exigido por el derecho internacional a los Estados con relación a la protección de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos.

III. Una mirada al derecho internacional: los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos

Los desafíos políticos y jurídicos que plantea un pasado más o menos reciente de violaciones graves de los derechos humanos producidas en contextos de guerras civiles o regímenes totalitarios no son sencillos de abordar. No puede desconocerse que en estos casos son complejos los dilemas que las democracias que los suceden deben resolver. El logro de la pacificación social tras este tipo de experiencias, altamente traumáticas, puede parecer un objetivo legítimo. En ese sentido, una parte de la sociedad –y de los representantes políticos– abogarán por «pasar página» y dejar atrás el pasado. La justicia a la que tendrían derecho las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos y sus familiares podría entonces verse comprometida al ceder frente a un hipotético «derecho a la paz».

Se trata, sin embargo, de un falso dilema. Porque son claras las obligaciones que impone el derecho internacional contemporáneo en este punto: el Estado está obligado a garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de esas víctimas. A la consolidación de estas obligaciones contribuyó, en un primer momento, la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambos organismos han mantenido siempre que la protección de los derechos de las víctimas no podía ser postergada. Esas posiciones han orientado tanto la acción de Naciones Unidas en este ámbito como los más sucintos y recientes pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Aunque en el caso español se muestra reacio a entrar a conocer el fondo de los asuntos que han llegado hasta él de la mano de los familiares de las víctimas del franquismo, el TEDH ha dictado ya algunas sentencias muy relevantes en las que determina el alcance de algunas de las obligaciones impuestas por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH) en relación con la protección de los derechos de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. Sirva, a modo de ejemplo, la adoptada el 16 de abril de 2012 en el asunto Janowiec y otros contra Rusia, en la que atiende las peticiones de un grupo de familiares de las víctimas de la tragedia de Katyn y considera que la falta de diligencia en la investigación supone un trato inhumano prohibido por el CEDH.

Ha sido a partir de los trabajos de la ya extinta Comisión de Derechos Humanos –hoy Consejo de Derechos Humanos– como se ha ido conformando un conjunto de principios rectores de la protección y promoción de los derechos humanos a través de la acción para combatir la impunidad. Esos principios –enunciados en 1998 y actualizados y simplificados en 2003 y 2005– recuerdan que la lucha contra la impunidad es hoy una obligación indiscutible de los Estados. Para ello, deberán evitar la concesión de medidas de amnistía para los responsables de graves violaciones de los derechos humanos y adoptar aquellos instrumentos que permitan dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por el derecho internacional. Se ha generado así un marco normativo en el plano internacional al que deberán adecuarse las medidas internas dirigidas a la consecución de dicho objetivo: para combatir la impunidad los Estados quedan obligados a investigar y esclarecer los hechos que resultan ser constitutivos de violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) y del derecho internacional humanitario (DIH), a juzgar y sancionar a sus responsables, así como a lograr la reparación de las víctimas.

Para ese propósito, el Estado podrá servirse de los mecanismos y reglas propios de la denominada «justicia de transición», la cual pretende ofrecer herramientas útiles en este sentido. Tal como afirmó el Secretario General de Naciones Unidas en su Informe sobre el Estado de Derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos, adoptado el 3 de agosto de 2004, esta noción «abarca toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Tales mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales y tener distintos niveles de participación internacional (o carecer por completo de ella), así como abarcar el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes, la remoción de cargos o combinaciones de todos ellos».

Puede afirmarse, en definitiva, que el DIDH ha asumido hoy como función propia la de guiar al Estado en la tarea de consolidar una paz justa y duradera tras un conflicto armado o la experiencia de un régimen dictatorial. El derecho internacional no permite al Estado elegir entre garantizar los derechos de las víctimas de las violaciones graves de los derechos humanos producidas en esos contextos o el derecho a la paz al que legítimamente aspira la sociedad que ha sobrevivido a esas experiencias. La idea es justamente la contraria: se asume que esa paz sólo será real a largo plazo si se ha enfrentado la situación de aquellas víctimas. ¿Cómo? A través de la satisfacción de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Verdad, justicia y reparación

El primer derecho que tienen las víctimas es el derecho a la verdad, a saber qué ocurrió. El Estado debe ocuparse del esclarecimiento de los hechos, de tal modo que las víctimas y sus familiares lleguen conocer las circunstancias en que se cometieron las violaciones de los derechos humanos. Además, en los casos en los que esas violaciones supusieron el fallecimiento o la desaparición, tendrán derecho a conocer qué ocurrió a partir de ese momento. Es este un derecho que los Estados están obligados a hacer efectivo. Para ello, deberán investigar las violaciones de los derechos humanos y hacer públicos los resultados de la investigación.

Las víctimas tienen derecho, además, a la justicia. Es decir, al enjuiciamiento y eventual sanción de las conductas que quepa caracterizar como una violación grave de las obligaciones impuestas por el DIDH y/o el DIH. El derecho a la justicia supone, por una parte, el derecho a interponer un recurso inmediato y efectivo. Las víctimas deben tener la posibilidad de defenderse eficazmente contra las violaciones de los derechos humanos. Que se haga justicia no puede depender sólo de la acción de las víctimas. De ahí que, por otra parte, incumba a los Estados la obligación de combatir la impunidad activamente haciendo comparecer ante la justicia a los responsables de esas violaciones. Así, cuando las violaciones manifiestas de las normas internacionales constituyen crímenes en virtud del derecho internacional, los Estados deberán investigarlos y, si hay pruebas suficientes, enjuiciar a los presuntos responsables de las violaciones y, si se les declara culpables, deberán ser castigados.

Además, en estos casos los Estados deberán, de conformidad con el derecho internacional, cooperar mutuamente y ayudar a los órganos judiciales internacionales competentes a investigar tales violaciones y enjuiciar a los responsables. Y debe tenerse en cuenta a este respecto que, como regla general, las violaciones manifiestas de las normas del DIDH y del DIH que constituyan crímenes en virtud del derecho internacional no prescribirán.

En tercer y último lugar, las víctimas deberán ver reparadas las consecuencias de las violaciones de los derechos humanos que padecieron. La reparación se entiende aquí en su sentido más amplio, incluyendo por ello la indemnización, la restitución, la rehabilitación, la satisfacción y la obtención de garantías de que esos hechos no volverán a repetirse.

Debe tenerse en cuenta, además, que a la consolidación de estas obligaciones están contribuyendo de manera incuestionable los órganos de protección internacional de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas. Cada uno en el ámbito de sus respectivas competencias, están logrando definir el contenido de las obligaciones que incumben a los Estados en la lucha contra la impunidad. Así, la Asamblea General se ha ocupado en repetidas ocasiones de la cuestión de los derechos humanos y la justicia de la Transición. Y como se trata de un órgano de naturaleza asamblearia, no es baladí que haya endosado en diferentes ocasiones –la última en 2005– los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas del DIDH y DIH a interponer recursos y obtener reparaciones.

Los órganos creados en el seno de Naciones Unidas para controlar si los Estados se adecúan a los estándares internacionalmente exigibles en materia de derechos humanos también han dirigido su labor a supervisar el cumplimiento de las obligaciones aquí reseñadas. Vaya por delante que, en general, las víctimas se sienten justamente insatisfechas con la respuesta internacional que suelen recibir sus pretensiones. Debe tenerse en cuenta que ninguno de los mecanismos de control de derechos humanos propios del sistema de Naciones Unidas permite obligar al Estado a adoptar ninguna medida concreta. Las observaciones que se dirigen a los Estados en este marco son simplemente recomendatorias –no ocurre así con las sentencias del TEDH, que sí son obligatorias para el Estado eventualmente condenado–. Políticamente, sin embargo, los pronunciamientos de estos órganos son enormemente relevantes.

La respuesta del sistema de Naciones Unidas ante el caso español

España es uno de los Estados que están siendo «controlados» en este sentido. La cuestión de la memoria histórica se ha integrado ya de manera clara en el conjunto de temas en torno a los cuales se articula el diálogo en materia de derechos humanos que Naciones Unidas mantiene con España. Y no han sido precisamente elogiosos los términos en los que algunos órganos de protección internacional de derechos humanos se han referido ya al caso español.

En efecto, en el marco de este ejercicio de control de derechos humanos se han puesto de manifiesto algunas de las cuestiones que quedan aún pendientes en relación con la plena e integral protección de los derechos de las víctimas de la represión franquista. Han sido incisivos en este sentido tanto el Comité de Derechos Humanos como el Comité contra la Tortura, encargados de supervisar, respectivamente, de qué modo los Estados que forman parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención contra la Tortura cumplen con las obligaciones impuestas convencionalmente. El propósito último de las recomendaciones de ambos Comités –que a pesar de no ser vinculantes gozan de un indiscutible valor político y moral– es siempre consolidar la lucha contra la impunidad ante este tipo de violaciones de los derechos humanos.

Así, en las observaciones finales relativas a España adoptadas el 5 de enero de 2009, el Comité de Derechos Humanos se refirió a la Ley de amnistía y le recordó al Estado español que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Igualmente, puso de manifiesto que los obstáculos con que han tropezado los familiares en sus gestiones judiciales y administrativas para lograr la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas suponen el incumplimiento de la obligación que incumbe al Estado español de hacer efectivo el derecho de las víctimas a conocer la verdad. Por ello, recomendó a España que previese la creación de una comisión de expertos independientes encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura; que considerase la derogación de la Ley de amnistía de 1977; que tomase las medidas legislativas que fueran necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales; y, ya en el ámbito de la reparación, que permitiese que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de sus víctimas y que, si procede, garantice que reciben una indemnización.

Estas recomendaciones coinciden en lo esencial con las dirigidas al Estado español por el Comité contra la Tortura cuando, en diciembre de 2009, dedicó parte de sus observaciones finales a evaluar la compatibilidad de la Ley de amnistía con las obligaciones que emanan de la Convención cuyo cumplimiento debe controlar. Este Comité le recordó a España, por ejemplo, que entre los actos de tortura se incluyen las desapariciones forzadas y que las mismas no deberían ser objeto de amnistía. Aunque en ambos casos se valoraron también los esfuerzos realizados por el Estado para cumplir con sus obligaciones internacionales y se consideró una buena noticia, en este sentido, la aprobación de la denominada Ley de memoria histórica en 2007, esos esfuerzos no se consideran suficientes.

Son cada vez más claras y concretas las obligaciones que incumben a los Estados, también a España, en el marco de la lucha contra la impunidad ante las violaciones graves de los derechos humanos. Los órganos internacionales creados para lograr la plena protección de esos derechos en los ámbitos universal y regional se encuentran más o menos dispuestos, según los casos, a interpretarlas a favor de las víctimas. Estas últimas deberán tener esto en cuenta a la hora de optar por un mecanismo de recurso u otro. Se debe tener presente, en este sentido, que un mismo asunto no puede ser sometido simultánea o sucesivamente a más de un mecanismo –universal o regional– de protección/control de derechos humanos. Por motivos razonables de economía procesal, una denuncia presentada, por ejemplo, ante el Comité de Derechos Humanos no será admitida si sobre el fondo de la misma hubiese conocido o estuviese conociendo el TEDH o el Comité contra la Tortura.

En conclusión, de lo hasta aquí expuesto se deduce que en los últimos años se han desarrollado normas claras que están ayudando de modo evidente a estrechar el cerco contra la impunidad y contra los devastadores efectos que la misma tiene para las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos. Y para sus familiares.

IV. El movimiento de recuperación de la memoria histórica

Las asociaciones, colectivos e iniciativas promovidas por la recuperación de la memoria histórica adquieren la dinámica de movimiento social a partir del año 2000 con las primeras exhumaciones científicas y la irrupción de los desaparecidos en la vida pública. Si bien grupos y actividades nacieron y se desarrollaron desde los primeros años de la democracia, estas carecen de los rasgos que definen un movimiento social. Basado en peticiones puntuales, fragmentadas y limitadas, centradas en el plano individual, en su propósito no estaba el cuestionamiento del pacto de la transición y la impunidad de los crímenes franquistas. Estas limitaciones se van superando conforme el movimiento va cobrando fuerza, trascendiendo el plano individual para alcanzar dimensión colectiva, cuestionando frontalmente la impunidad, diversificando su vida asociativa y adoptando un enfoque de derechos humanos, heredero de la experiencia latinoamericana. El resultado ha sido el desarrollo de un movimiento memorialista de fuerte impacto social, ciudadano y político. En ello los medios de comunicación han tenido un papel decisivo, hasta el punto que no puede explicarse el devenir de este movimiento sin el rol cumplido por aquellos.

Las asociaciones y sus diferentes planteamientos

El movimiento social de recuperación de la memoria es complejo y diverso, debido a los diferentes objetivos y formas de operar con respecto al pasado. Durante años, la mayoría de las acciones en este ámbito se dirigieron a colectivos específicos: ex presos, ex combatientes o brigadistas internacionales que buscaban reconocimiento y derechos. Una excepción fue el homenaje a las víctimas del franquismo, promovido por el PCE y celebrado en varias ciudades en septiembre de 1986.

A raíz de las primeras exhumaciones científicas en el año 2000, se inicia un proceso que intenta judicializar y denunciar la falta de políticas públicas de memoria. En el verano de 2002 la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) organiza un campo internacional de trabajo al que acuden voluntarios de nueve nacionalidades para colaborar en la exhumación de tres fosas comunes y presenta ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas los casos de 64 desaparecidos. El impacto público que tuvieron esas dos acciones desencadenó la puesta en marcha de asociaciones como las que en octubre de ese año se presentaron en Valladolid y Extremadura.

Se ponen en marcha organizaciones del entorno del PSOE y del PCE, atentos al incipiente movimiento, que responden a diferentes estrategias. En el caso de Descendientes del Exilio, presidida por la ex diputada socialista Ludivina García Arias, se lleva a cabo una campaña contra las exhumaciones con la propuesta alternativa de colocar monolitos conmemorativos. En el Foro por la Memoria, puesto en marcha por militantes del PCE y dirigido por José María Pedreño, se busca explícitamente la hegemonía del movimiento social, con la reivindicación de la Tercera República y de las demandas de verdad, justicia y reparación para las víctimas. Como colectivo llevan a cabo exhumaciones y denuncian la aparición de restos humanos ante los juzgados de instrucción correspondientes.

Según avanza el proceso, se van constituyendo asociaciones en casi todo el Estado. A veces de ámbito estrictamente local, como la Asociación Dignidad y Memoria de Marchena; otras, en torno a un hecho histórico o una fosa concreta, como la Asociación de Familias de Presos Represaliados en Valdenoceda (Burgos); o acerca de una temática, como La Gavilla Verde, que organiza anualmente en Santa Cruz de Molla (Cuenca) unas jornadas sobre la guerrilla antifranquista que en los últimos años se han abierto a la temática de la memoria y la impunidad. Otro caso a destacar es el de la Asociación contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga. Se trata de un colectivo constituido principalmente por familiares de los desaparecidos en las fosas comunes del cementerio de San Rafael. Su labor ha conseguido la exhumación de los restos de 2.840 cuerpos, la preservación de ese espacio como lugar de memoria y la preparación de un monumento que recuerde a los casi 4.800 hombres y mujeres que fueron allí asesinados y enterrados en fosas comunes.

En estos años han existido varios intentos de coordinar o unificar a los diferentes colectivos. Se han producido uniones puntuales respecto a situaciones concretas. En julio de 2008 se llevó a cabo la Declaración de La Granja, dentro de unas jornadas organizadas por la Fundación Contamíname bajo el título de «Memoria histórica y Construcción de Ciudadanía». Ese documento, que concentraba las reivindicaciones del movimiento por la memoria, fue firmado por los principales actores sociales del momento. También en 2008, tras la apertura de la investigación del magistrado Baltasar Garzón, se crea la Coordinadora de Colectivos de Víctimas del Franquismo, que aglutinó una decena de asociaciones denunciantes ante la Audiencia Nacional. El último intento de unión ocurrió en el I Congreso Internacional de Víctimas del Franquismo, organizado por la Federación Estatal de Foros por la Memoria en 2012, pero no llegó a alcanzar ese objetivo.

A raíz de la gran movilización de 24 de abril de 2010 de apoyo a la causa del magistrado Garzón, surge la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, en la que convergen colectivos de diversas sensibilidades que pretenden llevar a cabo acciones comunes. Pero finalmente, una serie de maniobras partidistas y un intento por poner el foco en el citado magistrado y no en la impunidad de la dictadura, provocan el paulatino abandono de colectivos y familiares, dejando la plataforma en manos de un grupo de históricos militantes del PCE. Paralelamente, surge el colectivo Solidarios con Garzón, constituido en el entorno de Izquierda Unida y que pretende personificar en el magistrado las cuestiones relacionadas con las víctimas del franquismo. Se trata de una operación diseñada desde una estrategia de partido a la que no se suman la mayoría de los colectivos que desde el año 2000 han puesto públicamente sobre la mesa la denuncia contra la impunidad.

En ese año 2010 aparece en escena una nueva asociación: La Comuna. Se trata de un colectivo constituido por presos y presas del final del franquismo que tiene por objeto la denuncia judicial de sus detenciones ilegales y de las torturas que sufrieron. Este es el objetivo de la asociación. La numerosa documentación de que disponen, sumado a la cercanía temporal de los delitos y al hecho de que muchos de los victimarios sigan vivos, aumenta la posibilidad de imputación judicial de estos últimos. Además, se han sumado a la causa abierta en Argentina desde el 14 de abril de 2010 por una denuncia interpuesta por dos familiares de desaparecidos (Darío Rivas e Inés García Holgado), la ARMH y numerosos colectivos argentinos de derechos humanos.

Dentro del movimiento también es importante resaltar la actividad de muchas personas que de forma particular han llevado a cabo investigaciones y actuaciones que ayudan a ensanchar el camino de la memoria y a debilitar el olvido. Casos como el de Carmen Negrín –nieta de Juan Negrín– que, representada por Joan Garcés, inició un proceso contra la impunidad, llegando a denunciar a varios miembros del Tribunal Supremo. O la intervención de Anselma Gómez Angulo en 2012 ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, denunciando los problemas de acceso a la información sobre el asesinato de su padre, ocurrido en Córdoba el 19 de agosto de 1936.

Otra cuestión es la relativa al robo de bebés que se inició en la posguerra, cuando eran sustraídos hijos de las presas republicanas en cárceles franquistas para entregarlos a familias afectas a la dictadura, y que llegó hasta la década de los noventa como un lucrativo negocio. Hay colectivos que enuncian su «despolitización» y desvinculan la dictadura franquista al hecho, como es el caso de Enrique Vila, presidente de Bebés Robados; mientras que, por el contrario, otros como la Coordinadora X–24 consideran los robos del final del franquismo y de la Transición una consecuencia de la política represiva aplicada por la dictadura.

El fenómeno de las exhumaciones

En octubre de 2000, en la localidad leonesa de Priaranza del Bierzo, se llevó a cabo la primera exhumación científica de una fosa común de víctimas de la represión franquista. Con la participación de un grupo de arqueólogos y forenses, supuso el punto de partida de un proceso de búsqueda de los hombres y mujeres que fueron hechos desaparecer por los sublevados el 18 de julio de 1936.

La aparición de las fosas en la escena pública y la visibilidad del horror de los crímenes franquistas cometidos contra civiles tuvo un importante impacto en la sociedad. Y ello tanto por el hecho de que hubiera miles de personas enterradas ilegalmente como por lo que significaba que salieran a la luz tantos años después de terminada la dictadura. Asimismo, comenzó a operar un discurso de los derechos humanos asociado a la interpretación del pasado en la que los «muertos en la guerra» alcanzaron la categoría de «desaparecidos», con las implicaciones judiciales que ello conlleva.

Desde aquella primera exhumación científica se han llevado a cabo decenas de exhumaciones que han permitido recuperar los restos de más de 6.200 personas. Hasta la fecha, la más grande de ellas ha sido la ya reseñada del cementerio malagueño de San Rafael, con la recuperación de restos de 2.840 personas, siendo casi 4.800 los cuerpos que se estima que allí se encuentran. En ese lugar hay un número de desaparecidos mayor que todos los que generó la dictadura de Augusto Pinochet.

Las fosas comunes son una representación muy concreta de lo ocurrido con las víctimas de la dictadura. Están en cunetas o en lugares apartados, sin señalización, invisibilizadas de la vida pública. Forman la geografía silenciosa de una tragedia que convierte al Estado español en una de las potencias mundiales en número de desaparecidos: 113.000, cifra resultante del hasta ahora mayor esfuerzo realizado por unificar datos como fue el llevado a cabo en torno al intento de investigación del magistrado Garzón en octubre de 2008.

Las exhumaciones han servido además para internacionalizar la situación de las víctimas de la dictadura. Desde el inicio, cuando el canal público alemán ARD ofreció el primer reportaje sobre las exhumaciones, numerosos medios de comunicación internacionales ofrecieron informaciones al respecto. Asimismo, la apertura de fosas ha despertado también un importante interés académico, lo que ofrece un nuevo espacio al relato tanto de lo sucedido con los desaparecidos como a lo que ocurre con su aparición. Universidades norteamericanas como Notre Dame (Chicago), Minneapolis o Nueva York han dedicado seminarios monográficos sobre las exhumaciones de fosas. En España, el antropólogo Francisco Ferrándiz dirige un proyecto de investigación en el CSIC centrado en las exhumaciones. Otro ejemplo es el grupo sobre el Derecho y la Justicia de la Universidad Carlos III de Madrid, dirigido por José María Sauca, entre cuyas investigaciones y seminarios ocupa un lugar destacado el tratamiento jurídico de las exhumaciones.

Proyectos y actividades de recuperación de memoria

Los colectivos y activistas relacionados con la recuperación de la memoria han abierto espacios políticos, reivindicativos y culturales que han interactuado en la lucha contra el olvido. La complejidad del movimiento social ha generado respuestas diversas, más difíciles de responder desde el poder o de controlar desde algún ámbito político.

Los actos llevados a cabo estos años han sido numerosos y muy variados, desplegados desde varios ámbitos y con diferentes contenidos. Pero en general todos ellos responden a un objetivo compartido: buscar reconocimiento público y una reparación de carácter simbólico. El proyecto «Todos los Nombres» –promovido por el Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía de CGT y la Asociación Memoria Histórica de Andalucía– ha sido uno de los pioneros en la puesta en disposición de numerosa información sobre hombres y mujeres represaliados en Andalucía. Se trata de una extensa base de datos a la que se ha añadido numerosa documentación, además de ser una plataforma de activismo y reivindicación de la causa de las víctimas.

El 25 de junio de 2004, la ARMH, la Fundación Contamíname y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid organizaron un concierto homenaje a quienes habían construido nuestra primera democracia durante la Segunda República. Desde diferentes puntos del Estado llegaron 741 republicanos y republicanas para sentir el agradecimiento que les brindaron 20.000 personas, en un acto por el que pasaron un nutrido grupo de representantes de la cultura. Entre las iniciativas culturales hay que resaltar el proyecto «Imágenes Contra el Olvido», consistente en documentales sobre aspectos de la represión llevados a cabo en colaboración con asociaciones y proyectados en diferentes ciudades españolas.

Además, las asociaciones han llevado a cabo una intensa actividad investigadora que se ha visto plasmada en libros, documentales, seminarios y actos de homenaje. Publicados en editoriales comprometidas con la memoria –como Los Libros de la Catarata, Trotta, Península o Crítica, entre otras–, muchos de esos materiales fueron elaborados con financiación del Ministerio de la Presidencia. Sus resultados e informes se encuentran en el Centro Documental de la Memoria Histórica, que cuenta con un archivo que refleja buena parte de la actividad que las asociaciones han llevado a cabo en estos años.

Por otra parte, se han realizado numerosas acciones encaminadas a la búsqueda de la actuación judicial con respecto a las violaciones de derechos humanos de la dictadura: las denuncias en la Audiencia Nacional, las que se presentan cuando en las exhumaciones aparecen restos humanos con signos de violencia o las que se han llevado al TEDH. También se presentó, el 14 de abril de 2010, la denuncia ante la justicia argentina sobre la base del principio de jurisdicción universal. De Argentina llegó también la idea de celebrar una ronda, similar a la que hacen las Madres de Plaza de Mayo, que cada jueves reclama verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura.

V. Memoria histórica y medios de comunicación: informar desde el lado de las víctimas

El periodismo funciona como agente moldeador del imaginario colectivo, especialmente cuando el paso del tiempo y el cambio generacional difuminan las fronteras del recuerdo. Por ello, la pervivencia del movimiento de la memoria histórica depende del efecto catalizador de los medios de comunicación. Hasta ahora, la estrategia de colectivos y asociaciones para centrar la atención ha logrado resultados exitosos en pocos años. Informaciones relativas a la memoria histórica han ocupado posiciones relevantes en las páginas de periódicos, revistas y en la prensa digital, pese a la contraofensiva de los medios conservadores, que defienden el relato sobre la Guerra Civil transmitido de forma hegemónica desde la dictadura.

La aparición mediática de los desaparecidos

Terminaba el 2000 –año de celebraciones por los 25 años de la muerte del dictador– cuando el periodista y escritor Manuel Vázquez Montalbán se desmarcó del silencio oficial en su artículo «Los desaparecidos» (Interviú, 11 de diciembre). Era una llamada de atención ante la ignorancia y la indiferencia histórica que evidenciaba una realidad olvidada: «Quedan en España por detectar cientos de fosas comunes donde están los restos de los desaparecidos acusados por el franquismo, desaparecidos para siempre por prosperar el pacto tácito establecido durante la Transición de que demócratas y franquistas liquidacionistas no se tiraran la memoria histórica por la cabeza». La columna de Vázquez Montalbán vino motivada por un artículo publicado en La Crónica de León dos meses antes. Allí, Emilio Silva relató el periplo recorrido hasta exhumar los restos de su abuelo Emilio Silva Faba, asesinado a tiros junto a otros doce republicanos y arrojado en una cuneta a las afueras de Priaranza del Bierzo el 16 de octubre de 1936. Silva Faba, un tendero con inquietudes intelectuales y militante de Izquierda Republicana, había solicitado un grupo escolar durante el transcurso de una manifestación en Villafranca. Ese fue su delito. Pero el relato posterior, como en todos los casos, subvirtió los hechos y presentó a estas víctimas bajo la equidistancia propia de una guerra entre dos bandos. La llegada de los asesinados –con nombre, apellidos y familia– a la prensa del siglo xxi supuso una ruptura en los marcos de conocimientos sobre la historia reciente.

Al recoger en su columna el episodio de Priaranza, Vázquez Montalbán sacó esa historia de la prensa provincial, la colocó en una revista de elevada tirada y señaló con el dedo a quienes llevaban 25 años sumergiendo a las víctimas en el silencio. Al mismo tiempo, lanzó a la opinión pública un concepto hasta entonces no utilizado por los medios: los desaparecidos. Llegó el tiempo de enfrentarse a la realidad silenciada. En España había miles de personas que desconocían el paradero de sus familiares, sin que los medios de comunicación se hubieran detenido a escucharles. Ante quienes enarbolaban la distancia temporal para justificar el olvido, Vázquez Montalbán esperaba que el descubrimiento de las fosas comunes convenciera a los jóvenes de «la injusticia que cometen cada vez que hablan del franquismo y de la Guerra Civil como si no fuera con ellos».

Un mes antes de esa columna, Interviú había publicado el reportaje «Los trece de Priaranza» y en octubre, otro titulado «Más fosas que en Yugoslavia». Algo ya había comenzado a desatarse.

Tras los trabajos de exhumación en la fosa de Priaranza del Bierzo se fundó la ARMH y, a partir de entonces, los desaparecidos se convirtieron en un sujeto público colectivo. La prensa comenzó a hacerse eco de cada fosa común que se abría y de los testimonios que salían a la luz a la vez que lo hacían los huesos de la tierra. Pero hay un punto de inflexión: hasta la exhumación de tres hombres y una mujer en la fosa de Fresneda en 2001, las informaciones sólo salían en medios locales. En esa ocasión, el diario El País publicó media página y tres corresponsales europeos cubrieron las labores de exhumación.

En marzo de 2002, el diario El Mundo publicó un reportaje coincidiendo con las identificaciones gracias al ADN de los restos hallados en la fosa de Priaranza. El texto, firmado por Idelfonso Olmedo, relata algunas historias de represión y repasa lugares que podrían albergar fosas. «El calendario es para años», auguró el periodista.

En el verano de 2002 comenzaron los trabajos en la fosa de Piedrafita de Babia (León), rodeados de gran expectación mediática. Hasta allí se acercaron medios de comunicación y fotógrafos de agencias como Reuters y Associated Press. Se informó puntualmente de los avances a un listado de más de 370 medios. Informe Semanal (TVE) emitió un reportaje sobre este enterramiento la misma semana en que aparecieron los primeros restos, lo que provocó que el nieto de un desaparecido en Jiménez de Jamuz (León) se personara para conocer qué hacían esas personas que buscaban lo mismo que él. Era José Cabañas, funcionario de prisiones y autor de varios libros con el fruto de las investigaciones hechas en la búsqueda de sus familiares. Las consecuencias de la difusión pública de la apertura de fosas no habían hecho más que empezar.

Quienes se hicieron con El País el 1 de julio de 2002 pudieron leer una noticia diferenciada que ensanchaba la senda marcada por Vázquez Montalbán en Interviú. Una información titulada «La tierra devuelve a sus muertos», firmada por el periodista Carlos E. Cué en Piedrafita de Babia, descubrió la historia de Asunción Álvarez e Isabel González. Las dos ancianas, que tenían entonces 87 y 85 años, iban a presenciar cómo se abría la fosa en la que, según ellas creían, estaban sus hermanos. La crónica reunió los elementos informativos necesarios: contextualizó los hechos, desgranó detalles sin caer en altisonancias e incluyó un mensaje que se ha podido leer en crónicas posteriores: «Isabel y Asunción no pretenden reabrir viejas heridas. Quieren que se reconozca a sus hermanos. Que se sepa que fueron asesinados sin más. Y, sobre todo, que sus restos descansen en paz. Tampoco quieren venganza». Aunque los análisis genéticos posteriores determinaron que los restos hallados en Piedrafita no pertenecían a los hermanos de estas dos mujeres, Asunción confesó sentirse satisfecha por haberlo intentado. La crónica de Cué fue, hasta ese momento, la historia más leída de la edición digital del periódico, con 53.000 visitas.

2002 fue sin duda la piedra angular de las coberturas sobre memoria histórica. En noviembre destacó un reportaje del New York Times con una documentada crítica al silencio institucional sobre las víctimas. El texto señaló cómo esa mudez comenzaba a quebrarse desde la ciudadanía: «Los españoles están superando su temor de que algo malo va a pasar si recuerdan, rompiendo una conspiración de silencio que puede obligar al gobierno en España a reconocer una época que quiere olvidar».

En el campo audiovisual, la década de 2002 a 2012 deja una serie de reportajes referidos a la memoria de las víctimas. El reportaje «Los niños perdidos del franquismo», de Montse Armengou y Ricard Belis, llegó en 2002 a la televisión pública catalana. En enero de 2004, Documentos TV (TVE 2) emitió «Las fosas del olvido». Dos años después, el documental «Días Azules» –dirigido por Israel Sánchez-Prieto sobre la fosa de Piedrafita– se pudo ver también en el segundo canal de TVE. Informe Semanal confeccionó desde 2006 una serie de reportajes que inauguró con el titulado «La Guerra Civil, hace 70 años: la memoria recuperada». A partir de ahí, fueron emitidos documentales sobre apertura de fosas, represión, niños robados, el Valle de los Caídos y el caso Garzón. En 2011 Documentos TV cumplió 25 años y lo celebró retransmitiendo reportajes seleccionados por los telespectadores. «Las fosas del olvido» fue uno de ellos.

La derecha mediática entra en acción

En 2004, ante la creciente relevancia pública del proceso de recuperación de la memoria histórica, las elites conservadoras despiertan del letargo en el que vivían instaladas gracias al pacto de silencio y a la continuidad de la cultura y de las estructuras jerárquicas del franquismo. La apertura de fosas, las ficciones cinematográficas y televisivas, las novelas, las exposiciones, los documentales y los trabajos académicos cuestionaban cada vez con más fuerza el relato histórico oficial, y la derecha mediática no tardó en salir al paso.

Uno de los primeros movimientos fue el lanzamiento del canal Intereconomía en 2005. Dos años después llegó el programa «España en la memoria», con un claro enfoque hacia el discurso equilibrado de la equidistancia y de la asunción de responsabilidades por los llamados «dos bandos» de la Guerra Civil. En 2008 nació la Televisión Digital Terrestre (TDT), con un abanico de canales que coparon proyectos audiovisuales vinculados a grupos ultraconservadores. Ese maremágnum de opciones televisivas sirvió de acicate para instigar cualquier planteamiento en defensa de las víctimas de la dictadura. Asimismo, son continuadores de la versión de la dictadura que beneficia a los vencedores y a sus descendientes.

La prensa escrita conservadora también actuó como punta de lanza de las corrientes ideológicas herederas del franquismo. El quiosco se llenó de opiniones que censuraban el resurgir de la memoria, aunque desde lo informativo se hacían eco de cuantos productos generaba la industria cultural, editorial o los colectivos de víctimas. Pero, frente a informaciones que hablaban de iniciativas sobre la memoria histórica, se sucedían los artículos de opinión que la denostaban abiertamente.

En 2005 El Mundo lanzó un coleccionable sobre la Guerra Civil. En la portada de su primer libro figuraba una imagen de la proclamación de la República con el título: «Así inició España la Guerra Civil». Su director, Pedro J. Ramírez, afirmó en un editorial que se trataba de uno de los proyectos de los que más orgulloso estaba. Y en otro editorial, en julio de 2005, dos días después de la publicación del informe de Amnistía Internacional sobre los desaparecidos, podía leerse lo siguiente: «En ningún caso este tema deberá ser causa de debate político [...] Será peor para todos». En esta línea, la editorial La Esfera de los Libros –propiedad de Unión Editorial, el grupo editor del citado diario– ha publicado libros abiertamente revisionistas.

Años después, la derecha mediática sigue siendo la caja de resonancia de la oposición que hacen las elites conservadoras al conocimiento de la verdad que aportan los testimonios de las víctimas. Además, la coyuntura política actual hace que estos medios puedan retomar el pulso tranquilizador del letargo propio de los años de gobierno conservador. Prácticamente expulsada la izquierda del panorama informativo y con la derecha en el gobierno del Estado y en la mayoría de las comunidades autónomas, sus medios no tienen que destinar esfuerzos a la causa de deslegitimar los derechos de las víctimas. Estas demandas ya las ignora el PP sin mayores consecuencias.

Militancia y rigor informativo

El periodismo puede concebirse como otro vehículo más que contribuye a la reparación de las víctimas del franquismo. Acercarse a los relatos silenciados durante años y llevarlos al gran público bajo la credibilidad que este otorga a los medios es una vía más para dignificar a las víctimas. La difusión de una información se propaga con rapidez y coloca en escena la verdad de quien sufrió un episodio traumático. En el caso de Natividad Rodrigo, hija de dos burgaleses fusilados el 2 de septiembre de 1936, su preocupación siempre ha tenido que ver con hacer prevalecer la verdad. Tras el asesinato de sus padres –su madre estaba embarazada de cinco meses– en su pueblo se decía que el matrimonio se había marchado abandonando a sus hijos. Algo que Natividad, víctima también de incautaciones ilegales de bienes, siempre rechazó. En la década de los sesenta se exilió en Bélgica y comenzó una activa militancia antifranquista. En 2006 logró exhumar los cuerpos de sus padres. Hasta entonces el matrimonio figuraba como «desaparecido». Pero la apertura del enterramiento dio la razón a Natividad, cuya historia –un relato que ella sigue sintiendo la necesidad de contar– se incluye en el documental francés «Los caminos de la memoria», dirigido por José Luis Peñafuerte en 2010.

En este tipo de informaciones el foco se pone en el lado de la víctima, a quien se da especial cobertura y con la que el periodista hace de mero altavoz. «Los pobres suelen ser silenciosos, así que necesitan que alguien hable por ellos. Esta es una de las obligaciones morales que tenemos», señaló el periodista y escritor Ryszard Kapuscinski.

En el caso del periodismo relativo a las víctimas del franquismo, narrar desde la óptica de la víctima y no desde la del verdugo no solo contribuye a reparar heridas, sino a elaborar una pedagogía de la historia tantos años vedada. El periodista es un fedatario de los acontecimientos, lo que le convierte en una suerte de historiador-observador. Para ello, no basta con la mera narración de los testimonios o de los hechos, sino que es necesario acompañarlos del origen de la problemática. En palabras de Kapuscinski: «Todo periodista es un historiador. Lo que hace es investigar, explorar, describir la historia en su desarrollo. Tener una sabiduría y una intuición de historiador es una cualidad fundamental para todo periodista».

Un ejemplo de periodismo militante al servicio de las víctimas lo constituye el diario Público. Nacido en 2007, en sus informaciones sobre memoria histórica evidenció las carencias de la ley y del ejecutivo socialista hacia las víctimas. Desde el principio se posicionó a favor de ellas, cubriendo la mayoría de exhumaciones, actos de homenajes y cuantas citas de interés desgranaba el movimiento de la memoria. El compromiso se materializó con su participación en la manifestación del 24 de abril de 2010 que llenó el centro de Madrid con más de 50.000 personas reivindicando verdad, justicia y reparación. Público regaló carteles en la edición de ese día apoyando la manifestación. Fue una de las revelaciones más expresas en favor de una causa en la que también colaboró ofreciendo a sus autores material audiovisual y editorial sobre la Guerra Civil y la represión. Con motivo del décimo aniversario de la apertura de la fosa de Priaranza, organizó un foro de debate sobre el movimiento memorialista. Publico.es –continuador digital del extinto diario impreso– mantiene la sección «Memoria Pública», abierta a la participación, con un buscador de víctimas, blogs, vídeos e informaciones especializadas.

En el futuro, se deberá evitar que calen en la opinión pública algunos intentos mediáticos de desviar la causa u origen de la problemática. Por ejemplo, la trama de los niños robados se va desvinculando mediáticamente de su conexión con el franquismo y se quiere presentar como un caso de corrupción urdido entre unas religiosas y varios médicos. Otro caso tiene que ver con el tratamiento que algunos medios dan a la judicialización de la causa contra el franquismo. Al poner el foco en el magistrado Garzón y su proceso por prevaricación, personifican la cuestión en torno a su figura, evitan informar a fondo sobre lo que está detrás de las peticiones de las víctimas y lavan así la cara de un poder judicial heredero de culturas y prácticas franquistas.

¿Cómo actuar e informar cuando desaparezcan los testimonios?

Poder contar con los datos que proporciona el testigo ocular de unos hechos aporta gran riqueza al producto informativo. La experiencia práctica de psicólogos en procesos de acompañamiento psico-social a víctimas de emergencia o de violencia política corrobora que un episodio traumático como la muerte violenta de un familiar no es algo que pueda olvidarse de manera sencilla. Tampoco los episodios que rodearon esa muerte. Datos como el lugar donde pudo ser enterrado el cadáver, la ropa que vestía, los planes que la víctima tenía para ese día o incluso el nombre de los posibles responsables de su muerte son elementos que la otra víctima –el familiar que queda– suele recordar con claridad. La veracidad de lo que relatan estas fuentes queda probada en cuanto se abre la fosa común y empieza a salir la verdad en forma de gafas, relojes, colgantes, cerillas, anillos o pendientes.

En el caso de Josefina Alonso, «su» verdad se convirtió en «la» verdad el 2 de septiembre de 2008. Ese día la máquina excavadora dio con la fosa común donde fue arrojada su hermana María junto con otros diez vecinos de La Bañeza (León). Entre los objetos localizados hallaron un pendiente. Faltaba la pareja. Cuando avisaron a Josefina de esta circunstancia, sus recuerdos fueron tan efectivos como una prueba de ADN. El día que María Alonso –presidenta de Unión Republicana en La Bañeza– fue detenida sólo llevaba un pendiente porque tenía una herida en el lóbulo de su otra oreja. Su hermana pequeña le aconsejó que no se lo pusiera. Tras su asesinato, Josefina se hizo engarzar en un anillo el pendiente que se quedó en casa, una joya que llevaba siempre con ella. También el día que acudió a la fosa de su hermana para comprobar que el pendiente hallado se correspondía con su anillo. Así fue. En abril de 2010, los restos de María fueron entregados a su hermana, que pudo darles sepultura digna en su pueblo natal. Una herida cerrada y una historia contada por los medios.

Un caso reciente que ha concitado el interés mediático es el de las Rosas de Guillena. Diecisiete mujeres de esta localidad sevillana fueron vejadas, sometidas a escarnio público y, finalmente, asesinadas en noviembre de 1937. En octubre de 2010 salieron a la luz los primeros indicios de su identificación en el cementerio de la vecina Gerena, donde fueron arrojadas a una fosa común. Los trabajos de exhumación concluyeron en febrero de 2012 y a finales de ese año se entregaron los restos a sus familias entre gran expectación mediática. Numerosos medios dieron cobertura al caso de las 17 Rosas de Guillena. Como tantas otras veces, fue un testigo ocular de los asesinatos quien puso en la pista a los investigadores: José Domínguez Núñez, que era un niño cuando presenció el trágico suceso, recordaba el lugar exacto del enterramiento. El día que las familias dieron a las «rosas» el sepelio esperado, él acudió a la ceremonia.

Sin embargo, aunque todavía sea posible elaborar un trabajo periodístico con las fuentes primarias de la información, el tiempo de los testimonios orales está a punto de alcanzar su fin. Cuando llegue ese momento, el relato deberá depositarse en la generación de jóvenes nacidos en democracia, que son quienes transportarán estos episodios a un futuro en el que ya no participarán los actores sociales que ahora lo promueven ni las víctimas que lo recuerdan. Ellos son quienes han de hacer pedagogía de la memoria y continuar tejiendo la red ciudadana que aglutina los esfuerzos realizados hasta ahora.

La era tecnológica ofrece grandes posibilidades para avanzar con éxito en la causa. Las asociaciones que trabajan en el ámbito de la memoria histórica cuentan con su propio modo de proveer la información, al igual que los diferentes colectivos ciudadanos tienen también en internet la forma de llegar al público interesado. Estas entidades funcionan asimismo como repositorios de noticias que se producen acerca del movimiento de la memoria histórica. En la última década, la proliferación de iniciativas se ha vuelto inabarcable para los medios de comunicación, por lo que blogs, redes sociales, google y plataformas audiovisuales se han convertido en catalizadores de la difusión pública de estos proyectos y acontecimientos, además de fuentes propias de información.

Muchos de estos sitios web funcionan como herramientas de búsqueda de desaparecidos, información histórica o agenda de actos y acontecimientos. Las instituciones públicas también disponen de plataformas on line con material profesional, como el archivo digital del Ministerio de Cultura o el buscador de víctimas y mapa de fosas elaborado por el anterior gobierno socialista y todavía disponible en la web del Ministerio de Justicia.

VI. La legislatura de la memoria (2004–2008) y los años de la frustración (2008–2012)

El nacimiento del movimiento social de recuperación de la memoria histórica coincidió en el tiempo con el gobierno del PP presidido por José María Aznar. En esta materia su política se caracterizó por dos elementos: por un lado, el más absoluto desprecio hacia la memoria democrática de este país y los derechos de las víctimas; por otro, el intento de configurar y protagonizar una «segunda Transición» que zanjara ese debate ideológico que empezaba a perturbar a la derecha.

Años después, el nuevo ejecutivo socialista pretendió abordar la cuestión de forma diferente. En ese momento, y a diferencia de lo que hizo el gobierno de Felipe González en los ochenta, el PSOE no podía mirar hacia otro lado. La distancia temporal respecto al periodo transicional posibilitaba reabrir el debate sobre el pasado. Así, el manido pretexto de viejos socialistas y comunistas de que «no se pudo hacer de otra manera» ya no servía ante la generación expectante de los nietos.

En poco tiempo este movimiento social había logrado hacerse un espacio en la agenda política. Con la creación en 2004 por parte del entonces gobierno socialista de una comisión interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo y la posterior declaración por parte del Parlamento español de 2006 como el año de la memoria histórica, se inició el proceso para la elaboración de una ley sobre el tema. Era este uno de los objetivos largamente demandados por el movimiento memorialista: una ley que terminara con la situación de indefensión en que se hallaban sumidas las víctimas del franquismo y que sentara las bases necesarias para la elaboración de políticas públicas de recuperación de la memoria histórica.

Sin embargo, el proceso de elaboración de la ley no fue sencillo. A la radical oposición del PP se sumaron las dudas del propio PSOE –cuyo grupo parlamentario impulsó la ley– a la hora de incluir medidas como la nulidad de los juicios franquistas, el alcance y tenor de las reparaciones o el tratamiento que debía darse a las exhumaciones. Finalmente, tras un largo y complicado trámite parlamentario, se aprobó la Ley 52/2007, de 26 de diciembre por la que se reconocen y amplían derechos en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura.

El debate sobre el concepto de memoria histórica

La primera cuestión que se plantea con respecto a esta ley –muy reveladora de las intenciones de quienes la redactaron– tiene que ver con su propio título. Si tanto el movimiento asociativo como este proceso iniciado en el año 2000 se basan en el concepto de memoria histórica, ¿por qué no aparece este concepto en la denominación de la ley? Es más, en su articulado sólo aparece dicho concepto para referirse al Centro Documental de la Memoria Histórica, centro en el que se integrará el Archivo General de la Guerra Civil Española, con sede en Salamanca. La ausencia de este concepto en la ley se contrapone con la presencia de otros como «memoria democrática» o «memoria personal y familiar». La respuesta al vacío ha de buscarse en el rechazo que el concepto de memoria histórica suscitó entre historiadores y politólogos –señaladamente, Santos Juliá y José Álvarez Junco– miembros de la intelligentsia del PSOE y que participaron en los debates y trabajos de la ley. Veamos las razones.

El concepto de memoria histórica hace referencia a la recuperación y conocimiento de un pasado que permaneció al margen de la historia oficial de un país –la que no aparece en los libros de historia, a decir de Walter Benjamin– con el objetivo de sacarlo del olvido para que contribuya a forjar las señas de identidad del grupo y pueda utilizarse como referente para construir un futuro mejor. En el contexto español, la transmisión oral se antoja decisiva, pues se trata de hechos que se mantuvieron en el recuerdo de las víctimas y de aquellos a quienes les fueron transmitidos. La reconstrucción histórica de lo sucedido durante la represión franquista sólo se puede hacer cabalmente a través de los recuerdos, de manera que la historia necesita aquí de la memoria. Una vez más, las palabras de Benjamin son esclarecedoras: pasar a la historia el cepillo a contrapelo, es decir, recuperar la memoria para dar voz a quienes nunca tuvieron altavoz alguno.

Se critica esta construcción teórica desde argumentos epistemológicos. Entendida la historia como investigación de los datos del pasado, se arguye que la memoria no puede ser una fuente válida de conocimiento debido a su carácter selectivo, fragmentario y fácilmente manipulable. Ante esta opinión, cabe alegar que la memoria es tan solo una de las fuentes a las que puede acudir el historiador. Este deberá, de acuerdo con sus conocimientos e instrumentos, valorar si la información que recibe por esa vía es fiable y, por tanto, digna de ser utilizada o no para la reconstrucción histórica de lo sucedido.

En el fondo, tras este rechazo a las fuentes orales, late una pretensión política, como es la de mantener el statu quo nacido de la Transición. Se niega el recurso a la memoria porque de ella se obtienen elementos suficientes para cuestionar el discurso de la equidistancia hegemónicamente transmitido durante ya casi cuarenta años; un discurso según el cual «ambos bandos» –sintomática forma de referirse por igual al gobierno legítimo y a los golpistas– cometieron barbaridades y ejercieron violencia política. Por ello, no es posible encontrar una memoria compartida que sirva de base para un futuro democrático, ni el Estado en esa pluralidad de memorias puede fomentar una frente a otras. Este argumento político contra la memoria abraza una versión distorsionada de la historia. Equiparar la violencia acaecida en la zona republicana, llevada a cabo por elementos incontrolados al que el gobierno legítimo puso fin en cuanto pudo, con el plan de extermino diseñado y ejecutado por los dirigentes golpistas es una manipulación que no resiste análisis histórico alguno.

Luces y sombras de la ley de 2007

La Ley de memoria histórica nació atrapada entre dos almas. De un lado, por la voluntad de reconocer los principios, derechos y valores de los que fueron reprimidos; de otro, por la intención de no romper el marco de la Transición legitimador del sistema constitucional. De la primera destaca la condena explícita al franquismo contenida en la exposición de motivos de la ley. Una condena que es la primera que se produce de forma clara e indubitada por el parlamento español. Antes, a lo máximo que se había llegado fue el 20 de noviembre de 2002, cuando la Comisión constitucional del Congreso –no el pleno– aprobó una proposición no de ley por la que condenaba el uso de «la violencia con la finalidad de imponer convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos». Hubo que esperar, pues, hasta 2007 para que una condena expresa –que en 2006 sí hicieron el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo– se aprobara en la sede de la soberanía popular.

Pero en muchos de sus puntos la ley es presa de la voluntad de mantener el espíritu de la Transición y sus bases legitimadoras. Entre ellas, la tesis de la equidistancia, que se manifiesta en el rechazo del legislador a declarar nulas las sentencias y resoluciones dictadas en consejos de guerra y órganos judiciales franquistas guiados por razones políticas y en flagrante vulneración del derecho a un juicio justo. Si bien la Ley de memoria histórica califica de injustas estas sentencias y de ilegítimos los órganos que las dictaron, tales calificativos responden tan solo a un reproche moral y político, pero sin consecuencia jurídica alguna. Para marcar claramente la distancia entre la democracia y la dictadura –y, de paso, reparar la dignidad de quienes sufrieron sus efectos–, el legislador debía haber decretado la nulidad de estas sentencias.

Del mismo modo, el texto legal se queda corto a la hora de abordar el tema de los símbolos franquistas presentes en plazas, calles y edificios oficiales. La ley ordena a las administraciones competentes no retirar, sino adoptar las medidas necesarias para la retirada de esos símbolos. De la ineficacia de esta fórmula dan fe no sólo los retratos de los presidentes franquistas de las Cortes que el ínclito José Bono se negó a descolgar de sus paredes, sino las numerosas calles y plazas que conservan el nombre de prebostes de la dictadura. Lo que en ningún otro lugar del mundo se permitiría, al considerarse apología de la violencia y de crímenes contra la humanidad, en España se asume todavía hoy con normalidad.

Muy criticado también ha sido el tratamiento legal de las exhumaciones. En vez de asumir directamente el Estado la labor de exhumación e identificación de los restos de las víctimas de desapariciones forzadas, el legislador opta por una curiosa fórmula de privatización de estas tareas. La ley establece el principio de colaboración de las administraciones públicas con víctimas, particulares y asociaciones que deseen conocer el paradero de los desaparecidos. Traducido a la práctica, esto supone que el Estado subvencionará los gastos en que incurran estas entidades a la hora de exhumar cadáveres, en vez de crear los mecanismos legales e institucionales necesarios para que sean las autoridades públicas las que realicen esta tarea. El mecanismo legal elegido es, en primer lugar, manifiestamente insuficiente para abordar una cuestión de orden público como es el tratamiento de cadáveres que aparecen en fosas comunes con signos de muerte violenta; y, en segundo término, escasamente reparador para las víctimas, máxime en tiempos de crisis económica y de gobiernos de la derecha reacios a destinar fondos para estas labores.

Aunque la ley reconoce un derecho ciudadano a la memoria personal y familiar, sus políticas de reparación a las víctimas distan mucho de hacer efectivo este derecho. Contiene medidas indemnizatorias para algunas víctimas, sí, pero estas medidas son fragmentarias, no alcanzan a todas las categorías de víctimas (por ejemplo, la cuestión del expolio económico sigue sin merecer ni tan siquiera una mínima reflexión pública) e ignoran toda la vertiente de rehabilitación moral. Sigue sin producirse una declaración oficial de perdón por parte del Estado español y falta un marco regulador de actos institucionales de rehabilitación a las víctimas, que brillan por su ausencia en el ámbito estatal.

Tampoco ese derecho a la verdad que impone el derecho internacional se ve satisfecho por la Ley de memoria histórica. Ni se crea una comisión de la verdad que esclarezca lo sucedido y contribuya a crear un relato oficial sobre ello, ni se garantiza el libre acceso a documentos imprescindibles para conocer la verdad. Todavía hoy quienes pretenden acceder a archivos militares o sedes oficiales encuentran sus puertas más veces cerradas que abiertas. La ley no ha servido para terminar con la opacidad motivada por el pacto de olvido de la Transición.

Pero si frustrante fue el texto final de la ley, peor fue su desarrollo por parte del gobierno del PSOE. Hubo que esperar un buen tiempo para que se empezaran a aprobar los decretos que permitían poner en marcha las políticas públicas a que mandataba la ley; entre otras, sobre indemnizaciones, concesión de la nacionalidad española, mapa integrado de fosas o comisión de expertos sobre símbolos franquistas en edificios públicos. Así, el balance de los años posteriores a la aprobación de la ley de memoria histórica no puede ser positivo. Un buen ejemplo de esta escasa voluntad política lo constituyó todo lo sucedido con el Valle de Cuelgamuros (o de los Caídos, en la terminología franquista). En 2011, casi cuatro años después de aprobarse la ley, el gobierno creó una «comisión de expertos» con el mandato de elaborar un informe que propusiera fórmulas para resignificar ese lugar de memoria franquista en que se encuentran restos de numerosas víctimas de la dictadura. La comisión hizo público su informe el 29 de noviembre de ese año, días después de las elecciones generales que dieron la victoria al PP. Las declaraciones del entonces vicepresidente en funciones, el socialista Ramón Jaúregui, pidiendo al futuro gobierno que no metiera en un cajón las recomendaciones de la comisión son la mejor muestra de cómo el gobierno del PSOE (no) abordó el tema de la memoria histórica.

Políticas de memoria en las comunidades autónomas

En los últimos tiempos las comunidades autónomas también se han posicionado con relación a la memoria histórica. Desde aquellas que han creado estructuras institucionales para el desarrollo de políticas de memoria en su ámbito hasta las que niegan siquiera un mínimo reconocimiento de esta realidad. Este último es el caso de las comunidades gobernadas por el PP, cuyo rechazo llegó incluso hasta el punto de no colaborar con el Ministerio de Justicia a la hora de elaborar el mapa integrado de fosas que ordena la ley.

Frente a esto, algunas comunidades sí han llevado a cabo iniciativas interesantes que, aunque parcialmente, han tratado de paliar el silencio del gobierno central. Es el caso de Catalunya donde bajo el gobierno tripartito de PSC, ERC e ICV no sólo se aprobó una ley autonómica de fosas con el objeto de localizar e identificar a las personas desaparecidas, sino que también se dotó de una estructura institucional desde la que desarrollar políticas de memoria: el Memorial Democràtic. O de Euskadi donde con el impulso de la Dirección de Derechos Humanos se aprobó en 2012 un decreto para reparar a las víctimas de sufrimientos injustos y vulneraciones de derechos humanos a causa de la violencia con motivación política vivida en esa comunidad entre 1960 y 1978. Es una reparación a las víctimas de la Transición, de mucha mayor intensidad que la diseñada en la Ley de memoria histórica. Este decreto ha permitido indemnizar a Txiki y Otaegi, dos de los últimos cinco fusilados del franquismo en 1975 en cumplimiento de la condena a muerte dictada por un consejo de guerra desarrollado sin las mínimas garantías procesales que han de presidir cualquier juicio.

También la Junta de Andalucía ha creado una estructura institucional ad hoc: el Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica. Destacan sus políticas de catalogación y dignificación de los lugares de memoria, aquellos donde ocurrieron hechos o acontecimientos históricos vinculados con el golpe de Estado y la dictadura, con el propósito de servir como recuerdo individual y colectivo de las víctimas y los valores y derechos que defendieron. Mención especial merece su Decreto 372/2010, por el que se establecen indemnizaciones (de 1800 euros) a mujeres que sufrieron represión sobre su honor, intimidad y propia imagen. Formas de represión –como el rapado o la ingesta de aceite de ricino y la posterior exposición pública– que incidieron especialmente en su consideración social, y que este decreto denuncia e intenta reparar.

Sirva este recuerdo como homenaje a todas las mujeres que sufrieron la vulneración de sus derechos. Su doble condición de republicanas y mujeres hizo que sobre ellas recayera con mayor crudeza y gravedad la violencia de la represión franquista. Fueron asesinadas, torturadas, violadas, despojadas de sus hijos, sometidas a escarnio público, al menosprecio y al ostracismo durante largos años. Mientras el Estado español siga sin reconocer pública y oficialmente el sufrimiento de estas mujeres durante toda esa época, la democracia española tendrá un déficit de origen en cuestión de igualdad de género.

VII. Las políticas de no-memoria del Partido Popular

La segunda legislatura del gobierno de Rodríguez Zapatero –los años de la frustración– dio paso al gobierno con mayoría absoluta del PP. Su mayoría parlamentaria, unida a su oposición a la Ley de memoria histórica durante el proceso de su tramitación, hizo temer por la vigencia de la ley aprobada en 2007. Máxime si se recuerdan las palabras del entonces candidato Mariano Rajoy en la campaña electoral de 2008 cuando afirmó que en caso de llegar al gobierno derogaría la ley. Entonces no obtuvo la confianza de la ciudadanía, pero sí tres años más tarde, en noviembre de 2011. Sin embargo, y a pesar de aquellas declaraciones –que no se repitieron en la última campaña–, hasta la fecha la Ley de memoria histórica no ha sido derogada y no constan iniciativas en este sentido. Cabe preguntarse, pues, a qué se debe el cambio del PP al respecto, si es que ha habido alguno.

Lo cierto es que si el PP no ha promovido la derogación de la ley es porque no le ha hecho falta. Su oposición a la recuperación de la memoria histórica sigue siendo la misma que la que exhibió de manera furibunda durante la tortuosa tramitación de la ley. Lo que sucede es que ahora no necesita exhibirla públicamente. Le basta con llevar a la ley a vía muerta, es decir, con ignorar su contenido y las políticas públicas que en ella se refieren. Es decir, con llevar a cabo una derogación de facto de la ley.

Al éxito de esta política del PP contribuye tanto el articulado de la ley como el deficiente desarrollo reglamentario que de ella hizo el gobierno anterior. Durante esos años no se pusieron las bases normativas e institucionales necesarias para que no se pudiera dar marcha atrás al camino recorrido. Basten un par de ejemplos para apoyar esta tesis. Uno, el asunto ya relatado en estas páginas sobre el informe de la «comisión de expertos» sobre el Valle de Cuelgamuros. Si el PSOE no hubiera esperado hasta casi el final de la legislatura para enfrentarse a esta cuestión, no hubiera dejado en manos del PP el destino de este lugar de culto franquista. Un lugar que, de no variar mucho las cosas, permanecerá incólume como herencia del franquismo. Y dos, el destino de la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, creada en diciembre de 2008. Si el gobierno anterior hubiera dotado a esta oficina de presupuesto, funciones y medios suficientes para desarrollar políticas de memoria, al PP no le hubiera resultado tan fácil desmantelarla y traspasar sus exiguas funciones a la División de Tramitación del Derecho de Gracia y Otros Derechos del Ministerio de Justicia sin dar explicaciones.

Algo similar sucede con la retirada de símbolos franquistas, como por ejemplo en la nomenclatura del callejero. Al trasladar la ley la iniciativa a las administraciones correspondientes, lo que hace es dejar en manos de los gobiernos locales el cambio de estos nombres. Dado que el PP posee mayoría también en el ámbito local, los ayuntamientos en donde gobiernan se limitan a rechazar las propuestas presentadas por los grupos políticos de la oposición. Su decisión puede ser recurrida ante los tribunales, sí, pero al precio que marca la normativa sobre tasas judiciales recientemente aprobada por el gobierno. Su elevado coste actúa como factor disuasorio para cualquier ciudadano que desea hacer valer ante los tribunales la legalidad y sus derechos.

La mayor intervención realizada por el PP hasta el momento se ha llevado a cabo en el terreno de las subvenciones a las asociaciones; una intervención que afectará gravemente a las exhumaciones que se lleven a cabo en el futuro. Para hacer efectivo el principio de colaboración entre administraciones y asociaciones que deseen realizar tareas de exhumación e identificación de cadáveres, la Ley de memoria histórica ordena a la Administración General del Estado a establecer subvenciones para sufragar los gastos en que aquellas incurran. Y así sucedió durante los años del gobierno socialista: se estableció una convocatoria anual a la que las asociaciones concurrían presentando proyectos de exhumación que, tras la correspondiente evaluación técnica, eran o no subvencionados. En esta convocatoria anual se incluyó también una partida para proyectos de divulgación, iniciativas pedagógicas, estudios históricos e investigaciones a la que podían concurrir tanto las propias asociaciones como universidades, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro que tuvieran incorporados, entre sus objetivos o actividades, la recuperación de la memoria histórica o el reconocimiento de las víctimas.

Con la llegada del PP al poder esta convocatoria ha desaparecido de los Presupuestos Generales del Estado. En la primera convocatoria firmada por este gobierno, en abril de 2012, la subvención quedó restringida a los proyectos de exhumación, eliminándose toda la relativa a estudios sobre la memoria histórica que en los años anteriores había producido notables resultados en términos de conocimiento histórico y divulgación social. Aquí sí que el PP deja traslucir su verdadera cara: aquella que, emparentada con sus orígenes históricos, rechaza cualquier difusión del pasado dictatorial y cercena de raíz el proceso de recuperación de la memoria histórica.

Tan solo hubo que esperar unos meses más, a la aprobación de los Presupuestos de 2013, para ver el final definitivo de esta convocatoria de subvenciones. En ellos el Gobierno elimina por completo la partida destinada a sufragar exhumaciones, con lo que deja en manos de la iniciativa privada la realización de una labor que afecta a un aspecto central del orden público como es la identificación de cadáveres. Una vez más, la crisis económica actúa como excusa para eliminar un molesto enemigo ideológico para la derecha española: el pasado.

Exigir responsabilidad por esta falta de voluntad política se antoja complicado. Cabe recurrir al Defensor del Pueblo, pero esta institución ya ha demostrado con creces su nula sensibilidad con las víctimas del franquismo y su inacción a la hora de reclamar y exigir sus derechos. En el plano judicial, las perspectivas son todavía más oscuras. Además de lo económicamente costoso en que el PP ha convertido el derecho a la tutela judicial efectiva, los tribunales españoles suelen ignorar estas cuestiones que consideran propias de la discrecionalidad de los programas de gobierno y, por tanto, sometidas a responsabilidad política. Y esta se exige no ante los tribunales, sino en las urnas. Allí quedamos emplazados.

VIII. Jueces y memoria histórica: crónica de un desencuentro

Tampoco el poder judicial ha mostrado ninguna intención de garantizar los derechos de las víctimas y terminar con la impunidad de los crímenes del franquismo. Con su actuación está contribuyendo de manera decisiva al incumplimiento de las obligaciones internacionales que en materia de víctimas de graves violaciones de derechos humanos competen a todos los poderes del Estado español.

Las razones de esta aquiescencia del poder judicial con la impunidad deben buscarse en los fundamentos del consenso de la transición. Ese pacto de echar al olvido para mirar al futuro provocó que en el ámbito de la administración de justicia las cosas siguieran igual que durante el franquismo. Jueces y fiscales que el 20 de noviembre de 1975 se acostaron franquistas, a la mañana siguiente se levantaron demócratas convencidos de toda la vida. No hubo depuración en la carrera, de manera que siguieron administrando justicia quienes habían tolerado, amparado y consentido los asesinatos, torturas y violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades franquistas. La prueba más escandalosa es la de los magistrados del Tribunal de Orden Público que pasaron a sentarse –y no en el banquillo de los acusados, precisamente– en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo.

Además de las personas, también permanecieron inalteradas tanto la cultura como las prácticas judiciales del franquismo. Por todo ello, mientras no se produzca un cambio en la forma de educar a las nuevas promociones –un cambio que, entre otros aspectos, insista en el enfoque en derechos humanos y en el respeto al derecho internacional–, poco podrá de esperarse de jueces educados en rasgos típicos de la magistratura franquista como son el corporativismo, la sumisión acrítica al poder establecido y el falso apoliticismo.

Jueces ausentes, cadáveres presentes

El rechazo de las demandas de las víctimas del franquismo empieza cuando la mayoría de los jueces de instrucción se niegan a proceder a la apertura de fosas comunes. Hasta la fecha, tan solo diez de ellos no han procedido así. A pesar de las disposiciones de la ley de enjuiciamiento criminal ante presuntas muertes violentas o sospechosas de criminalidad, el resto de jueces se han negado y se niegan a abrir diligencias, tomar declaración a testigos o, simplemente, preguntar a familiares y conocidos de las víctimas presentes en el lugar donde han aparecido los restos de los desaparecidos. Téngase presente que, en todo caso, la exhumación e identificación de cadáveres es un asunto de orden público.

Este mirar para otro lado de los jueces supone el ejemplo más visible de que algo funciona mal en un sistema judicial que ha de ser garante de los derechos de las víctimas de hechos violentos. Efectivamente, no es de recibo que rechacen acudir a las fosas, abrir diligencias, nombrar equipos técnicos-científicos para la exhumación, ordenar pruebas de ADN a los familiares, poner los restos a disposición de la familia para su posterior inhumación e inscribir la defunción en el Registro Civil. Esto es lo mínimo que deberían hacer antes de plantearse cualquier otra cuestión relativa a la autoría o persecución penal de los delitos en juego. Y no al contrario, como hacen ahora. En efecto, para archivar a limine las denuncias se escudan en juicios valorativos previos, como la prescripción del delito o la supuesta amnistía de sus autores, sin llevar a cabo las investigaciones pertinentes para conocer la verdad judicial de lo sucedido.

Esta mayoritaria inacción judicial ha sido refrendada por el propio Tribunal Supremo en auto dictado un mes después de pronunciar la sentencia sobre los crímenes del franquismo en el conocido como «caso Garzón». Al resolver la cuestión de competencia acerca de qué juzgados deben tramitar las denuncias, el Tribunal acuerda que habrán de ser los juzgados de instrucción de los lugares donde han ocurrido los hechos. Pero –continúa el Tribunal Supremo–, como no es aplicable la categoría de crímenes contra la humanidad, las acciones criminales están prescritas y, además, está en vigor la Ley de amnistía, entonces la actuación de dichos juzgados debe limitarse a la localización y recuperación de los cadáveres. Nada más. Nada de investigar lo sucedido ni, por supuesto, de enjuiciar penalmente a los autores de los hechos criminales. Aun así, tras este auto ningún juzgado ha procedido a practicar diligencias meramente dirigidas a identificar restos.

Antes de volver sobre estos argumentos, cabe reseñar la cuestión de los niños robados; una cuestión que ya la Fiscalía General del Estado puso de manifiesto en su memoria del año 1980 y que, no obstante, quedó al margen de cualquier consideración jurídica hasta el auto del magistrado Garzón de octubre de 2008. A raíz de las denuncias presentadas y del devenir mediático del caso, se han empezado a investigar y enjuiciar algunas de estas conductas delictivas, lo cual no deja de ser una buena noticia. Hasta el fiscal general del Estado ha emitido una circular en la que autoriza a los fiscales a presentar la acusación mediante la figura del delito de detención ilegal, lo cual les dota del carácter de delitos permanentes, además de autorizarles también a realizar pruebas de ADN y exhumaciones de restos de recién nacidos. No obstante, de triunfar la individualización de este fenómeno y su desvinculación de la trama de tráfico de niños en la que participaron instituciones religiosas y altas autoridades del Estado, aspectos pretendidos tanto por algunos denunciantes como por el Ministerio de Justicia, prevalecerá lamentablemente la versión de estos delitos que los relaciona con causas económicas y no como otro aspecto más de la sistemática y bien organizada represión franquista.

Crímenes y víctimas en el Tribunal Supremo

Ante el rechazo que sus pretensiones recibían tanto en el ámbito político como en el judicial, víctimas y asociaciones acudieron a la Audiencia Nacional al ser este el órgano judicial competente para declarar los crímenes contra la humanidad. El magistrado Garzón incoó un proceso penal con relación a las desapariciones forzadas, bajo la calificación jurídica de delitos de detención ilegal sin dar razón del paradero de las víctimas «en el marco de crímenes contra la humanidad». Tras la negativa de la Audiencia Nacional a admitir su competencia en este caso, el magistrado fue denunciado por prevaricación por parte de un pseudo-sindicato de extrema derecha denominado Manos Limpias y, posteriormente, juzgado ante el Tribunal Supremo.

En sentencia de 27 de febrero de 2012, después de advertir la imposibilidad de investigar en sede judicial española las desapariciones forzadas, el Tribunal Supremo declaró inocente al magistrado Garzón del delito por el que se le juzgaba. Conviene señalar que días antes había sido declarado culpable por este mismo Tribunal de un delito de prevaricación al haber ordenado unas escuchas ilegales, lo que motivó su expulsión de la carrera judicial. Consideraciones adicionales al margen, con la declaración de inocencia el Tribunal Supremo impidió que el fallo pudiera recurrirse, de modo que su doctrina sobre los crímenes del franquismo no pudo ser objeto de revisión por parte del Tribunal Constitucional.

Para el Tribunal Supremo la investigación judicial de los crímenes del franquismo supondría un grave cuestionamiento del pacto de la transición, definida como modélica en la propia sentencia. El Tribunal defiende punto por punto la tesis de los apologetas de la Transición: la equidistancia, a referirse al «bando republicano» y no mencionar ni una sola vez en la sentencia la palabra dictadura; o la amnistía, calificada de hito fundamental para la democratización del país. Los derechos de las víctimas encuentran su límite en esta investigación, pues pondría en riesgo la convivencia democrática. En definitiva, el Tribunal se convierte en adalid de un pacto político cuando su función es la de aplicar el derecho.

El Tribunal Supremo acomoda toda su argumentación a la salvaguarda de esta premisa política. Para ello circunscribe el marco normativo al derecho interno (prescripción y amnistía) y excluye las normas del derecho internacional. Así evita la consideración de los delitos como crímenes contra la humanidad, permanentes hasta que aparezcan los restos o el Estado proporcione información al respecto, e imprescriptibles. Incluso rechaza que le sean vinculantes las obligaciones internacionales relativas a los derechos a la verdad y la justicia de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Con su actuación, el Alto Tribunal no sólo vacía de contenido al derecho internacional, sino al propio art. 10.2 de la Constitución española, que configura aquel como criterio de interpretación del derecho interno. Un portazo más del Tribunal Supremo a las víctimas, a quienes sin rubor alguno les sugiere acudir al parlamento o a los historiadores para que sean estos quienes satisfagan su derecho a la verdad.

Anular sentencias injustas: un imperativo democrático

El desprecio del poder judicial hacia las víctimas no termina con la negativa a investigar los crímenes del franquismo. También se extiende a otra de las principales reivindicaciones de víctimas y asociaciones memorialistas: la revisión y anulación de las sentencias dictadas por órganos judiciales que actuaban como meros ejecutores de la represión política ordenada por las autoridades de la dictadura. Auténticas farsas judiciales como eran los consejos de guerra, los tribunales de responsabilidades políticas, el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo o el Tribunal de Orden Público, entre otros, con procesos carentes de las mínimas garantías para los acusados y sentencias dictadas de antemano.

Desde bien temprano los tribunales se negaron a revisar tales condenas. Con la excepción del caso de Ricardo Puente, juzgado dos veces por los mismos hechos, y cuya sentencia fue anulada por el Tribunal Supremo en 2007. El resto de los casos –como los de Julián Grimau, Juan Peiró, José Pellicer o Salvador Puig Antich– han sido desestimados, permaneciendo sus sentencias condenatorias como monumento a la infamia y como una prueba más de los restos del franquismo que perviven en la democracia española.

La aprobación de la Ley de memoria histórica reabrió el debate sobre la nulidad. A pesar de que, estando en la oposición, el PSOE presentó una proposición solicitando la anulación de estas sentencias y condenas, no adoptó este mismo criterio, estando ya en el gobierno, durante la tramitación de la ley. Se alegaron razones de seguridad jurídica para rechazar que el legislador introdujera una declaración general de nulidad, como se hizo por ejemplo en Alemania, o para que se arbitrara un procedimiento judicial al efecto. A cambio, la ley establece un doble mecanismo: una declaración general de ilegitimidad e injusticia de las sentencias y los órganos que las dictaron, junto con una declaración personal de reparación y reconocimiento, expedida por el Estado español en favor de quienes sufrieron tales procesos. Ambas declaraciones podrán tener efectos políticos o morales, pero en ningún caso jurídicos.

Ello ha motivado que las víctimas y sus familiares sigan recurriendo a los tribunales para obtener allí lo que el legislador les niega: la rehabilitación jurídica de los condenados por razones ideológicas y con manifiesta vulneración de sus derechos de defensa. Pero la respuesta de los tribunales sigue siendo negativa. Es el caso del poeta comunista Miguel Hernández, cuyos familiares presentaron recurso de revisión ante el Tribunal Supremo para obtener la nulidad de la sentencia que le condenó a muerte. Para ello alegaron las declaraciones general y personal a que hace referencia la Ley de memoria histórica como «hechos nuevos» que acreditaban la injusticia de la condena. No obstante, en 2011 el Tribunal inadmitió el recurso, arguyendo la inexistencia de sentencia que revisar, dado que esta ya había sido privada de vigor por la Ley de memoria histórica. Se trata de una confusión del Tribunal, que desconoce no sólo el tenor literal de la ley, sino también el hecho de que las sentencias siguen siendo válidas en tanto no se anulen por una ley o por otra sentencia. Posteriormente, el Tribunal Constitucional rechazó en septiembre de 2012 el recurso presentado por la familia de Miguel Hernández, arguyendo la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo.

Con sus respectivas decisiones, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional reconocen plena validez jurídica –en el interior de un sistema que se dice democrático– de las sentencias franquistas dictadas en flagrante violación de derechos humanos y garantías procesales.

IX. Buscando justicia más allá de nuestras fronteras

El portazo dado por el poder judicial a las víctimas ha provocado que estas recurran a diferentes instancias internacionales para obtener allí una justicia que dentro del Estado español no obtienen. Lejos de desmotivarlas, a pesar de la notable insatisfacción que genera este desamparo, la actuación de jueces y magistrados ha servido para reforzar más sus principios y demandas. Tres son los ámbitos en que se dirige esta petición de justicia: al poder judicial argentino, sobre la base del principio de jurisdicción universal; al TEDH, denunciando la vulneración por parte de España de las obligaciones que le competen en virtud del CEDH; y a los órganos de protección de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas, así como a instituciones de la Unión Europea (UE).

La querella argentina

El 14 de abril de 2010 Inés García Holgado –nieta y sobrina de desaparecidos–, Darío Rivas –hijo de un alcalde republicano asesinado en 1936–, la ARMH y varias asociaciones argentinas de derechos humanos presentaron ante la jurisdicción argentina una querella por genocidio y/o crímenes contra la humanidad cometidos entre 1936 y 1977 por dirigentes franquistas, agentes y autoridades del Estado español; una querella a la que posteriormente se han adherido grupos, colectivos y más de cinco mil personas canalizadas a través de la Red Aqua. La querella fue admitida por el poder judicial argentino y está siendo tramitada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 1 de Buenos Aires, cuya titularidad corresponde a la jueza María Servini.

La elección de la sede judicial argentina no fue gratuita. En primer lugar, Argentina ha consolidado una agenda de justicia transicional que le permite enfrentarse directamente a los crímenes de sus juntas militares. Además de políticas de memoria que dignifican el recuerdo de las víctimas y sus valores, hoy se celebran en sus tribunales procesos contra militares, torturadores y autores de graves violaciones a los derechos humanos acaecidas en su pasado dictatorial.

En segundo término, la lucha contra la impunidad de los crímenes contra la humanidad en Argentina ha adquirido rango constitucional. Su constitución incorpora el principio de jurisdicción universal, que garantiza la primacía de los derechos humanos y que permite juzgar tales crímenes en su foro, aun cuando no se hubieran cometido en su territorio y ni víctimas ni victimarios fueran nacionales argentinos. La gravedad de tales crímenes hace que toda la humanidad sea víctima de los mismos, con lo que cualquier tribunal puede y debe juzgarlos, siempre que en el país donde se cometieron los hechos no se realice una investigación real y efectiva.

Parece lógico evitar una doble investigación por los mismos hechos y que si estos se investigan en su sede natural, es decir, en el lugar donde se cometieron, esta investigación prevalezca frente a cualquier otra. En este sentido, la jueza Servini solicitó en marzo de 2011 a las autoridades españolas información sobre el estado de la investigación. La respuesta de la Fiscalía General del Estado no dudó en incluir como ejemplo de investigación el proceso que entonces se estaba llevando contra el magistrado Garzón ante el Tribunal Supremo. El descaro de la respuesta fue tal que hasta Amnistía Internacional emitió un informe desmontando la argumentación del gobierno y denunciando la falta de investigación real y efectiva de los hechos en cuestión.

El procesamiento de las personas acusadas de los delitos denunciados sería un paso decisivo en el proceso, ya que exigiría su comparecencia en Argentina para ser interrogados al efecto. Su más que probable negativa implicaría la emisión de ordenes internacionales de busca y captura contra ellos a las que el Estado español debería dar curso. Si las autoridades se negaran, además de suponer un menosprecio hacia la justicia de un país democrático como Argentina, convertirían a España en un refugio de acusados por crímenes contra la humanidad.

En cualquier caso, ante el desprecio que el poder judicial español muestra por las víctimas, sus derechos y el derecho internacional, la querella argentina es hoy una esperanza para las personas y colectivos que trabajan contra la impunidad desde la cultura de los derechos humanos; cultura que se busca consolidar y extender a través de la reconstrucción de la memoria histórica.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Un número ya importante de víctimas ha tratado de lograr la tutela del TEDH, el tribunal internacional que controla que los Estados parte cumplen con el CEDH. Sin embargo, en ninguno de los asuntos que han llegado a Estrasburgo el Tribunal ha considerado que debiera atender las pretensiones de los demandantes. Hace años, en septiembre de 2005, el TEDH inadmitió la demanda interpuesta en el asunto Baena Alonso contra España. Xosé Humberto Baena fue ajusticiado el 27 de septiembre de 1975 tras un consejo de guerra sumarísimo (fue uno de los últimos cinco ejecutados del franquismo). La familia había intentado en España, sin conseguirlo, la anulación de la sentencia que lo condenó a muerte.

Las razones de la inadmisión por el TEDH fueron dos. De un lado, el Tribunal se basó en que los hechos denunciados habían ocurrido con anterioridad a la entrada en vigor del Convenio en España y en que este rige solamente con respecto a aquellos hechos producidos con posterioridad a su entrada en vigor en cada país. De otro lado, se constató que los hechos a los que se refería la demanda no constituían una injerencia de las autoridades del Estado en los derechos garantizados por el CEDH. Años más tarde, este segundo argumento ha servido para la desestimación el 10 de noviembre de 2011 de la demanda interpuesta en el asunto Puig Antich y otros contra España.

Esta actitud claramente renuente del TEDH a entrar a conocer estas demandas se agrava por el hecho de que las inadmisiones más recientes no están ni siquiera motivadas. Cabe citar en este punto las decisiones adoptadas el 21 de junio de 2012 (asunto UGT contra España), el 12 de julio de 2012 (asunto Negrín Fetter y otros contra España) y el 15 de noviembre de 2012 (asunto Canales Bermejo contra España). Todas ellas se limitan a señalar que a la luz del conjunto de elementos en su posesión el Tribunal considera que las demandas no cumplen con los requisitos de admisibilidad exigidos por el Convenio. Sin especificar cuáles de ellos, en concreto, se incumplen. Si bien la decisión relativa a la inadmisibilidad de una demanda no es recurrible, ni ante el TEDH ni ante ningún otro órgano judicial internacional, la indicación de los motivos que la sustentan serviría, además de para satisfacer siquiera mínimamente la exigencia de motivación que debiera presidir la adopción de cualquier decisión judicial, para orientar la tarea de los futuros demandantes.

Sí puede cumplir esa última función la decisión –también de inadmisión– adoptada por el TEDH el 27 de marzo de 2012 en el asunto Gutiérrez Dorado y Dorado Ortiz contra España. La demanda se refería a la desaparición forzada de Luis Dorado Luque, cuyo paradero se desconoce desde que fuera detenido por integrantes de un destacamento militar franquista en julio de 1936. A pesar de que concluya con la inadmisión, la decisión del TEDH realiza determinadas afirmaciones que indican que la «inacción» del Estado español en relación con la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo vulnera los estándares internacionales de protección. Además, el Tribunal concibe la desaparición forzada de personas como un hecho ilícito de carácter continuado. De esta manera, los Estados parte en el CEDH estarían obligados a llevar a cabo una investigación de su denuncia aunque esta se refiera a hechos acaecidos antes de la entrada en vigor del Convenio. Por tanto, deja de ser un obstáculo insalvable que los hechos hubieran ocurrido antes de la entrada en vigor del Convenio para España. En relación con la desaparición-muerte de Dorado Luque, el Tribunal reconoce que el Convenio podría aplicarse en la medida en que cabe entender que su violación continúa cometiéndose hoy, dado que los restos no han sido identificados, exhumados, ni devueltos a sus familiares, ni se ha llevado a cabo una investigación oficial para determinar qué ocurrió y quién pudiera ser el responsable. No parece, y eso es una excelente noticia, que para el TEDH el mantenimiento en vigor de la Ley de amnistía de 1977 deba considerarse un impedimento para que el Estado español investigue los hechos.

Con todo, la demanda fue finalmente inadmitida por el Tribunal. Sin duda, las víctimas y sus familiares tienen motivos más que sobrados para la decepción y el desaliento, dado que es su «falta de diligencia» la que conduce al Tribunal a adoptar tal decisión. Debe tenerse presente que el CEDH exige, como condición para la admisibilidad de las demandas, que se hayan agotado los recursos internos y que las mismas se interpongan en un plazo de seis meses desde la adopción de la decisión interna que quepa considerar definitiva. Es este plazo el que, según el TEDH, incumplirían los demandantes, los cuales habrían dejado pasar un tiempo que excedería ampliamente del exigido en el Convenio. Pero resulta lamentable que para llegar a dicha conclusión el Tribunal desconozca absolutamente el contexto político y jurídico al que han debido enfrentarse durante décadas las víctimas de la Guerra Civil y de la posterior represión franquista. Un contexto que ha favorecido la impunidad de los crímenes entonces cometidos y que decisiones como esta última no hace sino perpetuar.

El recurso a otros organismos internacionales

Páginas atrás se advirtió la valoración negativa que, en relación con la garantía de los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, ha merecido la actuación del Estado español a algunos de los órganos de protección de derechos humanos propios del sistema de Naciones Unidas. Es en esta sede donde las víctimas, sus familiares y el movimiento memorialista deben insistir hasta lograr el pleno reconocimiento de sus derechos. Ante ellos han encontrado una acogida ciertamente favorable a sus pretensiones, menos formalista y más coherente con las obligaciones que incumben a España en este ámbito que la proporcionada por el TEDH.

Junto a los mencionados Comités de Derechos Humanos y contra la Tortura, el sistema convencional ofrece a las víctimas la posibilidad de dirigirse al Comité contra las Desapariciones Forzadas, creado en virtud de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CIPPDF). Todos ellos pueden examinar denuncias presentadas por particulares que aleguen ser víctimas de la violación de los derechos garantizados por el correspondiente Convenio. Para ello, el Estado presuntamente infractor deberá haber declarado que reconoce la competencia del Comité en ese sentido. España lo ha hecho en los tres casos. Además, las denuncias deberán cumplir con los requisitos de admisibilidad previstos en cada caso. Interesa señalar que, en general, la admisibilidad de la denuncia no se supedita a que esta sea presentada en un plazo de tiempo determinado una vez agotados los recursos internos. Desde luego, es conveniente que se interponga tan pronto como sea posible desde ese momento, sin que sea descartable que un lapso de tiempo excesivamente prolongado motive su inadmisibilidad. Con todo, la ausencia de un plazo que limite la interposición de la denuncia juega, sin duda, en favor de las posibilidades de las víctimas.

En cualquier caso, no puede obviarse que los Estados parte en la CIPPDF han tratado de mermar las posibilidades de que el Comité contra las Desapariciones Forzadas conozca de la suerte de los desaparecidos con anterioridad a su entrada en vigor, que se produjo el 23 de diciembre de 2010. La Convención afirma que la competencia del Comité sólo se extiende a las desapariciones forzadas que se hayan iniciado con posterioridad a dicha fecha. Sobre esta base, España ha entendido –y lo ha hecho constar en el primer informe periódico relativo a la aplicación de la Convención que ha hecho llegar al Comité en diciembre de 2012– que el mismo no tiene competencia para conocer de las desapariciones forzadas que tuvieron lugar durante la Guerra Civil y el franquismo. No obstante, debido a la naturaleza continuada de la desaparición forzada, prevista en la propia Convención, es de esperar que en su valoración de dicho informe el Comité desatienda esa indicación y asuma que tiene alguna obligación en relación con aquellos. El movimiento memorialista está jugando un importante papel en este punto, llamando la atención del Comité sobre la necesidad de interpretar en este sentido su propia competencia. Y así debe seguir haciéndolo, a través de los mecanismos previstos en la propia CIPPDF.

La limitación de la competencia temporal también afecta a la labor desarrollada por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias del Consejo de Derechos Humanos. Aunque mantiene abierta la comunicación con el Estado español en relación con algunos casos de desaparecidos españoles, todos ellos lo fueron con posterioridad a la creación de Naciones Unidas. Se trata de una limitación decidida unilateralmente por el propio Grupo de Trabajo en contra de cuyo mantenimiento siguen insistiendo los representantes de las víctimas. De momento, las explicaciones ofrecidas por España en relación con los casos mencionados no han satisfecho al Grupo que, desde 2007, mantiene a España en el fúnebre conjunto de Estados con casos abiertos y reconocidos de desaparición forzada de personas. El Grupo de Trabajo tiene previsto realizar una visita a España en 2013, cuyas conclusiones serán, sin duda, muy relevantes en este contexto.

También lo serían, de materializarse, las del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. El titular del mandato empezó a ejercer sus funciones en mayo de 2012. Y ya ha solicitado visitar España. Dicha solicitud debería ser atendida con prontitud por nuestro país, demostrando así que la voluntad de cooperación preside las relaciones del gobierno con los órganos de protección internacional de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas.

De vuelta al ámbito regional europeo, las víctimas han provocado ya la intervención de las instituciones de la UE. De un lado, han ejercido el derecho de petición ante el Parlamento Europeo. Así lo hizo Anselma Gómez Ángulo cuando solicitó que esta institución interviniese en su favor para lograr el acceso a la información relativa al asesinato de su padre. Aunque la respuesta de esta institución ha sido tibia, lo cierto es que no cierra totalmente las puertas a que las víctimas españolas puedan lograr cierto respaldo por esta vía. Queda por ver si la Comisión Europea, a la que un grupo de familiares-víctimas de desapariciones forzadas producidas durante el franquismo se dirigieron en diciembre de 2012 en busca de protección, entiende que está entre sus competencias ocuparse del asunto. En caso contrario, téngase en cuenta la vía del Defensor del Pueblo Europeo, el cual es competente para investigar, precisamente, reclamaciones relativas a la mala administración en las instituciones y órganos de la UE.

X. El movimiento memorialista en clave de futuro: retos y propuestas

Cinco años después de la entrada en vigor de la Ley de memoria histórica, los derechos de las víctimas de la represión franquista continúan sin ser reconocidos de forma efectiva por parte de los poderes públicos. Esta es la razón por la que el movimiento memorialista tiene que confrontar con quienes contribuyen a diseñar olvidos, memorias oficiales e impunidad.

Al deficiente desarrollo que de las políticas apuntadas en la ley hizo el gobierno socialista, se suma ahora el más absoluto desprecio del ejecutivo del PP. En poco más de un año de gobierno ha eliminado las ayudas que el Ministerio de la Presidencia concedía a proyectos relacionados con la memoria histórica. Tanto los relativos a estudios históricos, jurídicos o sociológicos, como los atinentes a exhumaciones e identificaciones de cadáveres. Sin duda, esto último ralentizará estas tareas, justo en un momento en que la urgencia era un factor primordial debido a la avanzada edad de los hijos de las víctimas directas. La oligarquía española –formada en las universidades del franquismo– ha desarrollado una ley de hierro que ningún gobierno ha tenido la voluntad de quebrar.

Junto al parlamento, los tribunales se han convertido en un cortafuegos que impide el acceso a la verdad, la justicia y la reparación. En efecto, en estos últimos años las víctimas han visto cerradas las puertas del poder judicial. Mientras que ningún juzgado ha instruido un caso tras ser denunciada la aparición de restos con signos de muerte violenta, el Tribunal Supremo ha sido capaz de juzgar al único magistrado que ha intentado investigar el paradero de las 113.000 personas desaparecidas a consecuencia de la represión franquista. Ello ha empujado a sumar esfuerzos con respecto a la querella abierta en Argentina.

Desde el 14 de abril de 2010 la justicia argentina tiene una causa abierta contra los crímenes del franquismo sobre la base del principio de jurisdicción universal. Numerosos colectivos y ciudadanos se están sumando a una querella que trata de reproducir el proceso que llevaron en España las causas de Argentina, Chile y Guatemala. Se trata de buscar una grieta que permita debilitar el muro de la impunidad. ¿Quién le iba a decir a la sociedad argentina hace una década que tendría a militares de su dictadura juzgados y sentenciados?

La internacionalización de las reclamaciones de las víctimas, acudiendo a diferentes instancias y sistemas de protección de derechos humanos, será una de las principales vías de lucha para el movimiento memorialista. Son numerosos los organismos internacionales que han señalado la injusticia de los poderes del Estado español con las víctimas de la dictadura. Y esta es una palanca que hay que accionar.

En 2013 visitará España el Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. También ha pedido la visita el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Será una oportunidad importante para denunciar sobre el terreno a estas instituciones el desamparo de los familiares de los desaparecidos y el incumplimiento por parte del gobierno español de la CIPPDF, que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010.

Por otro lado, el abandono de la lucha armada por parte de ETA ha empezado a transformar el universo de las víctimas de las violencias. Esta nueva realidad favorecerá la emergencia pública de otras víctimas que permanecían eclipsadas por el interés del Estado español en focalizar la atención pública en las víctimas de ETA. Será otro de los retos del movimiento demandar el final de la discriminación que padecen las víctimas del franquismo –y las de la Transición– con relación a las del terrorismo, cuyos derechos a la verdad, justicia y reparación están justamente garantizados. La existencia de dos categorías de víctimas, cuando en ambos casos se trata de graves violaciones de derechos humanos, resulta contraria a las obligaciones que impone el dereho internacional y al propio principio de no discriminación consagrado en la Constitución española.

A pesar de que ha sido mucho lo realizado desde el año 2000, quedan zonas en las que trabaja la fábrica del olvido. Una de las más importantes son los centros de enseñanza. Por eso, uno de los objetivos básicos del movimiento consiste en fomentar el conocimiento generalizado de lo que sucedió en la dictadura, con el objetivo de propiciar una cultura democrática sólida: divulgar la trama social construida por la dictadura y continuada en la democracia. Sin embargo, todavía hoy los planes de estudio esconden la verdad al alumnado. Ni los gobiernos del PSOE ni los del PP han querido introducir en ellos contenidos relacionados con la memoria histórica, convirtiendo la ignorancia acerca de ese pasado en una perversa y antidemocrática política de Estado. La responsabilidad de corregirlo compete no sólo a los profesores, sino también a los investigadores e historiadores, quienes deben exigir que el conocimiento que generan se enseñe en las aulas. Además, es responsabilidad de madres y padres preocuparse por el conocimiento que adquieran sus hijos sobre la historia reciente.

Existe paralelamente un factor biológico que lleva a la desaparición de la generación que vivió la Segunda República y que la defendió de los militares fascistas. Cada vez son menos los testigos y esto, además de suponer dificultades para encontrar los emplazamientos de las fosas, supone un cambio cualitativo en la configuración social de nuestro presente. A ello deben responder las asociaciones sumando nuevos testimonios, recogiendo los que todavía están presentes e interpretando la construcción de un sujeto colectivo con la suficiente legitimidad como para mantener la solidez de las reivindicaciones. En este sentido, la generación de los nietos tendrá que construir puentes y llevar a cabo una acción social que consiga implicar a los bisnietos, mucho menos determinados por sus historias familiares y distanciados biográficamente.

Para ello resulta imprescindible continuar con las exhumaciones y con los estudios e investigaciones, buscando fondos a través de iniciativas privadas y recurriendo a instituciones extranjeras. No en vano en los años anteriores a la aprobación de la ley se llevaron a cabo numerosas aperturas de fosas sin ayudas públicas. Ahora serán las asociaciones las que continúen haciendo este trabajo, evidenciando las omisiones que desde la política y los núcleos de poder se niegan a garantizar los derechos humanos. Pero, que la exhumación e identificación de las víctimas sea una responsabilidad asumida por el Estado es una de las reivindicaciones que el movimiento no debe abandonar.

Como tampoco debe dejarse de solicitar públicamente la realización por parte del Estado de un acto simbólico de perdón y reparación a las víctimas del franqusimo; víctimas entre las que debe incluirse, a todos los efectos, a las de la Transición, olvidadas y excuidas del relato que configura ese periodo como idílico y pacífico.

Por su parte, los espacios de memoria son un recurso que permite anclar en un lugar público los acontecimientos de ese pasado violento. Monumentos o parques de la memoria son buenos ejemplos de lugares en los que perdurará un espacio que denuncia los crímenes de la represión. También lo son, por oposición, los numerosos vestigios de la dictadura que permanecen en espacios públicos si se utilizaran como motivos de denuncia pública.

Además, la denuncia sobre la Ley de amnistía debe continuar. Hay que advertir su carácter preconstitucional y la aplicación de la disposición derogatoria tácita de la Constitución, según la cual quedan derogadas todas las leyes contrarias a ella. Al ser previa al texto constitucional, puede ser inaplicada por cualquier juez sin necesidad de que haya sentencia del Tribunal Constitucional que así lo declare de forma expresa. Y, en todo caso, su aplicación deberá producirse al final de un proceso penal, tras investigar los hechos y su intencionalidad política, y no como forma de evitarlo. Con o sin amnistía, los culpables de graves violaciones de derechos humanos deben sentarse en el banquillo.

La lucha del movimiento memorialista corre paralela a la de los derechos humanos. España es el país del núcleo duro de la Unión Europea que menos formación tiene en esta materia. No es casual esa ignorancia en una sociedad con tanta impunidad. Por eso es preciso presionar a los poderes del Estado para que fomenten esta formación, para que el Congreso de los Diputados tenga una comisión permanente de derechos humanos y para que el único organismo estatal encargado del tema –la Oficina de Derechos Humanos– pase del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde se encuentra ahora, al de Justicia o Interior.

El futuro escenario requiere un esfuerzo de las diferentes asociaciones por hacer equilibrios entre las tensiones que generan quienes quieren rescatar una memoria parcial, que proporcione identidad a un grupo determinado, y quienes buscan construir una memoria colectiva. Es este, el de la unidad del movimiento memorialista, un discurso recurrente. Una unidad que se ha dado de forma natural en otros momentos; que se produce, por ejemplo, ahora mediante la Red Aqua en la que se agrupan numerosos colectivos que apoyan la querella argentina; y que ocurrirá sin duda en el futuro cuando sea oportuno. Pero en este punto será trascendental la actitud de los partidos políticos –fundamentalmente PSOE e Izquierda Unida– a la hora de relacionarse con el movimiento social y no tratar de utilizarlo para otros intereses que no sean los objetivos estatutarios de las asociaciones.

El movimiento de recuperación de la memoria histórica cuestiona de raíz la interpretación hegemónica de la Transición. En un momento en que la crisis económica ha motivado que instituciones como la monarquía o medios de comunicación como El País reaviven el discurso del consenso de la Transición, el movimiento memorialista tiene que evidenciar que quienes construyeron la impunidad a su medida y conservaron el poder y los privilegios adquiridos durante el franquismo no pueden ser presentados hoy como referentes sociales y ciudadanos. La democracia postfranquista nació y ha estado gobernada por una elite procedente del régimen dictatorial, fragmentada en diversas organizaciones políticas pero que nunca ha hecho nada contra sus privilegios de clase. Hay que poner fin a esta opacidad, sacando a la luz las sombras y herencias del franquismo que perviven hoy en la sociedad española.

Es preciso denunciar la democracia de baja intensidad que trajo consigo una transición de todo menos modélica o ejemplar. Una democracia insuficiente, estrecha y de mirada corta, que es la que ha producido el malestar ciudadano emergido con la crisis a través de movimientos como el 15M y el 25S. Los colectivos memorialistas deben vincularse a esas dinámicas aportando el conocimiento del pasado como herramienta para comprender el origen de esta democracia imperfecta y ser de este modo radicales, operando sobre las causas y no sólo en sus efectos. Hay que hacer entender a la sociedad la transversalidad de la lucha por la recuperación de la memoria histórica. No en vano las cuestiones pendientes relacionadas con la represión propia de la dictadura determinan el establecimiento de una cultura democrática débil, cuyas consecuencias se dejan notar con toda su intensidad en la coyuntura actual.

En suma, el movimiento por la recuperación de la memoria histórica es la otra cara del proceso político que estaban propiciando los desaparecidos. Su labor tiene que centrarse en acabar con privilegios como la impunidad, profundizar en la democracia y la justicia social, y consolidar una cultura de los derechos humanos mediante la que construir un futuro mejor.

Enlaces web de interés

Los enlaces a las páginas web de las asociaciones, colectivos y proyectos de recuperación de memoria histórica, así como a materiales prácticos, normativa aplicable y a los casos judiciales más relevantes, están disponibles en:

- Memorias en Red

http://memoriasenred.org

Proyecto realizado entre la Fundación Contamíname para el Mestizaje Cultural y la ARMH, con la financiación de la última convocatoria activa de la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo.

- Las políticas de la memoria en la España contemporánea: Análisis del impacto de las exhumaciones de la guerra civil en los primeros años del siglo xxi

http://politicasdelamemoria.org

Proyecto I+D+i realizado por el CSIC y financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (CSO2009-09681).

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