Akal / Qué hacemos / 3

Eduardo Gutiérrez, Iván H. Ayala, Daniel Albarracín y Pedro Montes

Qué hacemos con el euro

Diseño de portada

RAG

El presente libro se publica bajo licencia copyleft, según la cual el lector es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, conforme a las siguientes condiciones:

– Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra).

– No comercial. Podrán copiarse, distribuirse y comunicarse públicamente los materiales de esta obra siempre que no existan fines comerciales ni lucrativos.

– Compartir bajo la misma licencia. En caso de que se altere o transforme el contenido de esta obra, o se genere una obra derivada, sólo se podrá distribuir bajo una licencia idéntica a esta.

– Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor.

– Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por ley no se ven afectados por lo anterior.

– Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos morales del autor.

– Derechos que pueden ostentar otras personas sobre la propia obra o su uso, como por ejemplo derechos de imagen o de privacidad, no se ven afectados por lo anterior.

– Al reutilizar o distribuir la obra, tienen que dejarse claro los términos de la licencia de esta obra.

© Eduardo Gutiérrez, Iván H. Ayala, Daniel Albarracín y Pedro Montes, 2012

© Ediciones Akal, S. A., 2012

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

Tel.: 918 061 996

Fax: 918 044 028

www.akal.com

facebook.com/EdicionesAkal

@AkalEditor

ISBN: 978-84-460-3767-5

Qué hacemos

¿Qué hacemos cuando todo parece en peligro: los derechos sociales, el Estado del bienestar, la democracia, el futuro? ¿Qué hacemos cuando se liquidan en meses conquistas de décadas, que podríamos tardar de nuevo décadas en reconquistar? ¿Qué hacemos cuando el miedo, la resignación, la rabia, nos paralizan?

¿Qué hacemos para resistir, para recuperar lo perdido, para defender lo amenazado y seguir aspirando a un futuro mejor? ¿Qué hacemos para construir la sociedad que queremos, que depende de nosotros: no de mí, de nosotros, pues el futuro será colectivo o no será?

Qué hacemos quiere contribuir a la construcción de ese «nosotros», de la resistencia colectiva y del futuro compartido. Queremos hacerlo desde un profundo análisis, con denuncias pero sobre todo con propuestas, con alternativas, con nuevas ideas. Con respuestas a los temas más urgentes, pero también otros que son relegados por esas urgencias y a los que no queremos renunciar.

Qué hacemos quiere abrir la reflexión colectiva, crear nuevas redes, espacios de encuentro. Por eso son libros de autoría colectiva, fruto del pensamiento en común, de la suma de experiencias e ideas, del debate previo: desde los colectivos sociales, desde los frentes de protesta, desde los sectores afectados, desde la universidad, desde el encuentro intergeneracional, desde quienes ya trabajan en el terreno, pero también desde fuera, con visiones y experiencias externas.

Qué hacemos quiere responder a los retos actuales pero también recuperar la iniciativa; intervenir en la polémica al tiempo que proponemos nuevos debates; resistir las agresiones actuales y anticipar las próximas; desmontar el discurso dominante y generar un relato propio; elaborar una agenda social que se oponga al programa de derribo iniciado.

Qué hacemos esta impulsada por un colectivo editorial y de reflexión formado por Olga Abasolo, Ramón Akal, Ignacio Escolar, Ariel Jerez, José Manuel López, Agustín Moreno, Olga Rodríguez, Isaac Rosa y Emilio Silva.

I. Introducción

«Hasta ahora el único intento de controlar globalmente la economía trasnacional es el que ha dado vida a un consorcio de Estados, la Unión Europea. Si esa tentativa puede llegar a tener éxito es aún materia de discusión».

Eric Hobsbawm,

Entrevista sobre el siglo xxi

El diseño de la Unión Europea, con el eje del euro como instrumento de adaptación, ha conducido a la experiencia de concentración y centralización del capital a escala internacional más intensivo que se ha conocido. Este proceso entraña una tendencia inequívoca de las economías capitalistas que también responde a necesidades objetivas derivadas de la competencia, el avance tecnológico, o a los mayores requerimientos de inversión mínima para la explotación de procesos productivos transnacionales. En otras ocasiones, el desarrollo institucional de los Estados ha dado forma o acelerado estos procesos, si bien la Unión Europea lo ha realizado bajo un modelo insólito al abrigo de una liberalización de los movimientos de capitales y mercancías.

El diseño de la Unión Europea fue levantado sobre una serie de Tratados proclives a la austeridad –salarial, de servicios públicos y derechos sociales– y a restablecer las tasas de beneficio del capital. Para afianzarlo, condujo a los Estados miembros, antes de entrar bajo la exigencia de criterios de convergencia nominal de clara orientación neoliberal o ya en la eurozona bajo el látigo monetario uniformador de la circulación de la moneda única. Por primera vez en la historia, una moneda circulaba no sólo sin un Estado detrás, sino también por primera vez una institución monetaria y sus instrumentos disciplinaba y conducía a los Estados de su área a orientarse fuertemente al servicio de unos intereses, propios de las elites europeas, y en gran medida propulsados por una minoría de gobiernos, en general centroeuropeos, en contra de la mayoría social y los pueblos europeos.

El resultado no ha sido otro que una centralización y concentración del capital hasta una escala sorprendente, frente a un modelo de UE en el que no se han primado la cooperación y la integración socioeconómica solidaria. Muy al contrario, se ha forzado una inserción jerarquizada en un esquema competitivo desigual, para capitales y países, focalizada en la obtención de rentabilidad del capital a costa de las condiciones de vida y trabajo. Un modelo, en suma, extraordinariamente inestable.

Sin embargo, la implantación del euro, ha topado con un conjunto de problemas que no sólo olvida las necesidades de las clases populares de los diversos países de la UE, especialmente de la periferia de la eurozona –o de la periferia del Este aspirante a entrar en el club–, sino que ha situado ante limites improrrogables la viabilidad del propio sistema que tomó como punta de lanza a la moneda única.

La crisis financiera internacional se ha combinado con los desequilibrios profundos del diseño de la UE y de la eurozona, que abocaban a una divergencia severa de condiciones socioeconómicas entre países. La crisis de las deudas, producto combinado de las disparidades de las balanzas de pagos, de la hipertrofia financiera y de la política monetaria y fiscal aplicadas, enfrentan al modelo de la UE a escoger entre empujar al abismo a parte de sus miembros o a una transformación, cuyo signo está por definirse, que depende de las luchas sociales y políticas de clase.

En su día, ningún criterio científico aconsejaba la implantación del euro. Tal y como el Nobel –y nada sospechoso– Robert Mundell, entre otros, señaló, la zona euro no constituía un «área monetaria óptima», pues no disponía de condiciones ni instrumentos para un funcionamiento económico adecuado. Tampoco era aconsejable su circulación, decían otros, porque agudizaría las desigualdades, desequilibrios y recesiones a las que empujaban las políticas de ajuste que estaban en el genoma de la Unión Europea. Sin embargo, saltándose criterios contrastados a favor de la eficiencia y valoraciones éticas en torno a la equidad, el euro se impuso, pues fue, sin duda, una apuesta política de las elites europeas.

De igual modo, la continuidad o la alteración del esquema europeo actual, la salida o expulsión de países, o la desaparición del euro tal y como lo concebimos hoy, será producto y adoptará la forma resultante de tensiones y decisiones políticas. No obstante, parece, de antemano, inviable la permanencia del sistema vigente, porque las costuras sobre las que se tejió han estallado definitivamente.

A la tarea de discusión que nos aconseja la cita del maestro de historiadores que abre esta introducción, se dedica este texto. Intentamos aportar elementos de discusión y diagnósticos sobre uno de los pilares, el sistema Euro, que ha configurado y determinado el alcance histórico, en este momento en la encrucijada, del proyecto político de la Unión Europea.

II. El euro en la construcción de la Unión Europea

La implantación del euro el primero de enero de 1999 introdujo dos cambios fundamentales en el funcionamiento de las economías europeas integradas en la unión monetaria. Por un lado, la política monetaria, decidida y gestionada por el Banco Central Europeo, se hacía única para todas ellas a pesar de las divergencias y contrastes entre países. Por otro lado, desaparecía el tipo de cambio entre las monedas que constituyeron el euro; de este modo se enterraba un instrumento histórico crucial para corregir los desequilibrios exteriores de las economías y para lograr restaurar la posición ante los mercados internacionales cuando un país quedaba descolgado por una pérdida de competitividad.

La construcción europea se monta sobre tres tratados económicos básicos que en conjunto configuran lo que hemos llamado el «sistema euro» y son los siguientes:

– Con el Tratado de Roma, firmado en 1957 por los seis países originarios del Mercado Común (Francia, Alemania, Italia, Benelux), se construyó una unión aduanera entre dichos países, suprimiendo todas las barreras al comercio de mercancías entre ellos y aplicando una tarifa común arancelaria frente a terceros países. El desarrollo económico en aquellos tiempos chocaba ostensiblemente con la estrechez de los mercados nacionales, muchos de ellos además muy pequeños por la entidad de los países.

La idea de una coordinación monetaria tiene una larga trayectoria en la construcción europea. Esta unión entronca directamente con el imaginario europeo desde los primeros años de integración. El primer intento de un plan estructurado se basó en el informe presentado en febrero de 1969 por el francés Raymond Barré. Este texto inspiró a los jefes de Estado y de gobierno en la reunión que mantuvieron en aquel diciembre en la Haya, acordando que el consejo de ministros debería elaborar un plan para establecer una unión económica y monetaria. Se encargó al primer ministro luxemburgués, Pierre Werner, un plan para que al final de la década esta idea pudiera cristalizarse. El informe se presentó al año siguiente, en 1970, y se establecían condiciones similares a las que posteriormente dieron origen al euro que hoy conocemos. El plan consistía en tres fases que debían completarse en 10 años, culminando en la adopción de la moneda única y la creación de unos órganos comunitarios que permitieran centralizar las decisiones de política económica y un sistema de bancos centrales.

Este plan de 1970 ya establecía el control de las políticas presupuestarias que han tenido tanto protagonismo en la creación de inestabilidades en los últimos tiempos y una fuente de conflictos en el seno de la UE. Ya están por tanto presentes algunos de los ingredientes que han establecido el marco económico e ideológico en los que se ha desarrollado la creación de la moneda europea. Se deja de lado la integración política poniendo el énfasis en la integración económica. Sin embargo este plan no pudo llevarse a cabo porque un año más tarde, en 1971, empezaron a resquebrajarse los cimientos del sistema económico que había prevalecido desde el final de la segunda guerra mundial, puesto en marcha después de los acuerdos de Bretton Woods. Las tensiones del patrón oro y, sobre todo, las posteriores crisis del petróleo de 1973 y 1979 hicieron que el plan Werner se archivara.

Pero los países centrales no querían renunciar a ello, por lo que 15 años después, en 1988, con España ya siendo parte integrante del proceso comunitario, se encargó una vez más a una comisión de expertos y de gobernadores de bancos centrales encabezada por el socialista francés Jaques Delors. Los expertos fueron Alexandre Lamfalussy (Banco Internacional de pagos de Basilea); Niels Thygesen, (profesor de economía); y Miguel Boyer, presidente del Banco Exterior de España por entonces. Como podemos observar, una vez más uno de los hitos en la creación de la UE se situó fuera del alcance de las democracias europeas.

Esta comisión estableció tres etapas que darían paso a la UME (Unión Monetaria Europea); la primera de ellas con la eliminación de todas las trabas a los movimientos de capitales. La segunda preveía la creación del Instituto Monetario Europeo, como embrión del futuro Banco Central Europeo y cuyo primer presidente fue Alexandre Lamfalussy. Por último, en la tercera etapa se traspasarían todas las competencias monetarias al flamante nuevo BCE. Cabe resaltar que el informe Delors enfatizaba la necesidad de incrementar la coordinación de las políticas económicas y la instauración de reglas acerca del tamaño y financiación de los déficit presupuestarios. El informe fue en su mayor parte aceptado y plasmado en el Tratado de Maastricht en 1992 o Tratado de la UE, donde se introdujeron muchos de los ingredientes de la receta que nos llevó a la crisis.

– El Acta Única, firmada en 1986, casi treinta años después del nacimiento del Mercado Común, dio un nuevo impulso a la globalización europea. Mientras el Mercado Común nació bajo la hegemonía keynesiana, el Acta Única surge ya con el neoliberalismo ganando posiciones muy rápidamente. Con el Acta Única se liberan absolutamente los movimientos de capital.

Debe señalarse que también el Acta Única pretendía liberalizar los movimientos de mano de obra, pero siempre hubo más restricciones a esta liberalización que a la de capitales, por no señalar las dificultades y problemas inherentes a la movilización de los trabajadores, aunque sólo sea por la barrera que imponen los idiomas.

El Sistema Monetario Europeo (SME) se construyó cuando el patrón oro, que dominaba el comercio internacional, estalló en los años setenta. Ante esta situación los países europeos deciden crear un sistema que dé estabilidad a sus monedas y que tenía unas bandas de fluctuación de +/- 1%. Al principio de la década de los noventa, el Sistema Monetario Europeo (SME), fue al mismo tiempo un compromiso para mantener la estabilidad entre las monedas europeas y un vehículo que debía conducir a la estabilidad absoluta del cambio entre esas monedas. Pero el compromiso y el vehículo quedaron virtualmente destruidos cuando, tras las sucesivas crisis en los mercados de cambios de las monedas europeas de 1992 y 1993, se tuvo que ampliar la banda de fluctuación dentro del sistema hasta el +/- 15%, configurando lo que en su día se llamó «la serpiente monetaria».

– El Tratado de Maastricht, firmado en 1992 con el objetivo de crear una moneda única –instituciones, condiciones, calendario– culminaría el mercado único. Toda la década de los noventa estuvo marcada por los intentos de cumplir los objetivos de Maastricht. Se impusieron limitaciones importantes a la política fiscal buscando la estabilidad presupuestaria: el déficit no debía superar el 3% del PIB, y el nivel de deuda pública no superar el 60% del PIB, entre otros criterios nominales de convergencia (control de la inflación y estabilidad de los tipos de cambio). Ni que decir tiene que estos criterios y objetivos eran sumamente sesgados hacia ciertos intereses y trataba de unificar una serie de parámetros superficiales (fiscales y monetarios) de países con situaciones de partida y tendencias dispares.

Más allá de que aquellos principios confundían efecto con causa, también ignoraron otros criterios como, por ejemplo, el nivel de paro, los niveles mínimos de inversión, innovación y educación, unos límites a la desigual distribución de la renta, o compromisos de reconversión industrial orientados a la convergencia de productividades o un modelo tecnológico y energético sostenible, sin olvidar que para que todo esto fuera factible exigía una transferencia de rentas y una cooperación sustancial que apenas tuvieron espacio en la Unión Europea. Los criterios de Maastricht, se han recrudecido aún más para la integración de los países del Este, como ha sido el caso de Letonia, a la que se le han impuestos condiciones de gasto público y de ajustes de fortísimos efectos sociales.

Todo ello fue fruto de la voluntad política más que de un ejercicio de coherencia económica, pues se optó por no excluir de la moneda única a algunos países que no cumplían en la fecha de creación con los requisitos de convergencia. Eran los casos de Italia o Bélgica, con niveles de deuda pública sobre el PIB muy superiores al umbral requisito para formar parte de la moneda única. En estas circunstancias, en 1999 se implantó el euro como moneda única en la mayoría de los países de la Unión Europea.

Hasta principios de 2002, los billetes y monedas físicos en euros no circularon por la Unión Europea. Durante esos tres años, las monedas nacionales y el euro compartieron existencia, aunque ya con un tipo de cambio fijo del euro con cada una de ellas.

Más allá de los datos historiográficos de la puesta en marcha de la moneda única, es de mayor interés la recuperación de las discusiones y dilemas que justificaron ante la opinión pública la existencia de múltiples factores positivos, que superaban ampliamente a las carencias –que también–, aunque en una clara inferioridad mediática se pusieron de manifiesto en aquellos años.

Las preguntas planteadas en círculos económicos progresistas apelaban a:

– ¿Hay condiciones, se dan los equilibrios necesarios, se ha alcanzado el suficiente grado de convergencia real entre las economías europeas como para que entre ellas pueda existir un compromiso, eterno, de respetar unos tipos de cambio fijos?

– ¿Cómo unas cotizaciones que podían ser razonables y que se consideraban de equilibrio en un momento dado, se proyectaban indefinidamente al futuro? ¿Eran realmente razonables y de equilibrio? Estas son cuestiones cruciales que dejó abiertas la creación del euro.

Numerosas opiniones de expertos de conocido prestigio, ideológicamente muy respetuosos con el sistema establecido, ya expresaron en aquellos momentos sus reticencias, dando una respuesta negativa a las anteriores cuestiones.

Un conservador como Martin Feldstein, gran economista americano, Presidente del Consejo de Asesores Económicos con Reagan, en un famoso artículo de 1997 en Foreign Affairs afirmaba: «La guerra dentro de Europa sería aborrecible pero no imposible. La razón de esta sombría predicción es el euro». Unos años después en El Mundo manifestaba: «Creo que el euro crea problemas de verdad a la hora de gestionar la economía y que las consecuencias adversas se irán viendo con el tiempo». No se ha retractado de su opinión desde entonces.

El profesor Tobin, en un artículo sobre su famosa y polémica tasa fiscal sobre las transacciones financieras globales (Financial Times, septiembre de 2001), hacía la siguiente reflexión, después de preguntarse por qué no una única moneda mundial: «Muy deseable, pienso yo, pero no es posible dada la heterogeneidad de las naciones. No podemos incluso estar seguros del euro».

Y, en fin, el sagaz escritor norteamericano Gore Vidal insistía después del 11 de septiembre pasando revista a la desoladora situación mundial: «Europa está a punto de estrenar el euro, que yo creo que se va a convertir en el caos más formidable de todos estos últimos años».

A pesar de que se prefirió emprender una verdadera huida adelante por razones políticas, la voluntad política no elimina los problemas económicos que entraña el euro, ni las contradicciones que encierra, ni disipa los temores sobre sus consecuencias.

Al crearse el euro, no solo se establecen tipos fijos entre las monedas participantes, sino que estos adquieren el carácter de irrevocables. No se ha tenido en cuenta lo que son leyes históricas –las monedas de las economías débiles tienden a devaluarse frente a las monedas de economías más fuertes–, ni se ha tomado en consideración la experiencia concluyente de los últimos años.

Más recientemente, ya desatados los graves problemas anunciados en su nacimiento, acaba de declararlo el ex presidente de la Comisión Europea e impulsor del euro, Jacques Delors: «La eurozona fue defectuosa desde su creación. Los errores cometidos cuando el euro fue puesto en marcha en 1999, le han llevado a su actual crisis. Los políticos que lanzaron la moneda única optaron por no tener en cuenta las debilidades y desequilibrios que había en las economías de los países miembros» (Delors, 2011). Palabras rotundas y claras que dejan poco margen para otras interpretaciones.

Aún más elocuentes son las opiniones de uno de los más reconocidos expertos en sistemas financieros, el belga Paul de Grauwe, que en un artículo del 2011 sostenía que: «Al entrar en una unión monetaria, los países miembros cambian la naturaleza de su deuda soberana de una forma fundamental, es decir, dejan de tener control sobre la moneda en la que emiten su deuda. Como resultado los mercados financieros pueden obligar a los gobiernos de estos países a declarar la bancarrota. En este sentido, los países miembros de la unión monetaria fueron rebajados a la categoría de las economías emergentes» (Grauwe, 2011).

Con la moneda única desapareció el tipo de cambio como variable básica para corregir los desequilibrios de la balanza de pagos, o los saldos entre las ventas y compras de un país con el exterior, o las diferencias entre su demanda y su producción.

El tipo de cambio de una moneda es el valor de una moneda en términos de otra (euro/dólar), mientras que el tipo de cambio de equilibrio de una economía es aquel que permite una evolución de la balanza de pagos que no estrangula el desarrollo del país. Es muy difícil de determinar porque influyen muchos y complejos factores. El tipo oficial es el establecido por el Banco Central del país (que revalúa o devalúa su moneda al comprometerse a comprar o vender la moneda a determinado valor). Este influye en el valor final de la moneda, pero el tipo de cambio definitivo es el resultante de los mercados de divisas (que la aprecia o deprecia). El tipo de cambio evoluciona con el tiempo y no sólo depende de la propia economía sino también de la evolución del resto de las economías. El tipo de cambio sirve para determinar los términos en que un país intercambia sus bienes y servicios con el resto del mundo y, en suma, su tendencia alcista o bajista es un indicador de la productividad, eficiencia y estrategia comercial de cada economía nacional.

Aunque algunos analistas se esconden tras el argumento según el cual en algunos Estados se dan diferencias regionales tanto o más agudas que las que se registran entre los países miembros del euro y que ello no es un obstáculo para la existencia de una moneda en todo el territorio, es preciso recordar que los Estados cuentan con un potente presupuesto estatal. Los presupuestos del estado tienen tradicionalmente tres funciones:

– La estabilización de la economía. Mediante los ingresos y los gastos se puede impulsar la economía cuando entra en crisis, o ralentizarla cuando se acelera por encima de su capacidad potencial.

– La asignación de recursos, pues el gobierno que los diseña establece unos criterios de gasto en unas partidas y otras.

– La redistribución, ya que en el presupuesto se financia con mecanismos tributarios progresivos que permiten redistribuir recursos desde aquellos ciudadanos que más tienen, hacia los que menos tienen.

Sin embargo, mientras el presupuesto medio de los países miembros es mayor al 45% del PIB, el de la Unión Europea representa poco más del 1% del PIB de la propia UE. Por ello es incapaz de cumplir las funciones clásicas de un presupuesto para reducir las disparidades regionales y productivas tan inherentes a la UE.

Por otro lado, el Tratado de Maastricht confirió el monopolio de la emisión de moneda al Banco Central Europeo. De esta forma los antiguos Bancos Centrales (como el Banco de España) perdieron la capacidad de financiar directamente a los Estados, que deben encontrar prestamistas en los mercados financieros.

El artículo 104 del Tratado de la UE, Maastricht en 1992, dice así: «Queda prohibida la autorización de descubiertos o la concesión de cualquier otro tipo de créditos por el Banco Central Europeo y por los bancos centrales de los Estados miembros, denominados en lo sucesivo “bancos centrales nacionales”, en favor de instituciones u organismos comunitarios, Gobiernos centrales, autoridades regionales o locales u otras autoridades públicas, organismos de Derecho público o empresas públicas de los Estados miembros, así como la adquisición directa a los mismos de instrumentos de deuda por el BCE o los bancos centrales nacionales».

La ausencia de control democrático sobre las acciones del BCE se establece en el famoso artículo 107 del mismo Tratado: «En el ejercicio de las facultades y en el desempeño de las funciones y obligaciones que les asignan el presente Tratado y los Estatutos del SEBC, ni el BCE ni los bancos centrales nacionales, ni ninguno de los miembros de sus órganos rectores podrán solicitar o aceptar instrucciones de las instituciones u organismos comunitarios, ni de los Gobiernos de los Estados miembros, ni de ningún otro órgano».

Este es el diseño institucional que iba a llevar a cabo o controlar las políticas económicas en la zona euro hasta el día de hoy. La política monetaria estaba en exclusiva diseñada, implementada y controlada por el BCE, que a su vez era absolutamente independiente de cualquier poder político.

La orientación ideológica de la política monetaria quedó inscrita en el mismo tratado, donde se establecía que «el objetivo primordial del SEBC será mantener la estabilidad de precios», que posteriormente fue interpretado como una inflación cercana pero por debajo del 2% medida por el IPC armonizado. Esta política monetaria se aplicaría en la llamada zona euro, conformada actualmente por 17 países, una Unión Monetaria y Económica dentro de la Unión Europea, formada por 27 países.

Con este encorsetamiento de la política monetaria y de la política fiscal (déficit inferior al 3% del PIB, y deuda inferior al 60% del PIB) quedó establecido el entramado institucional que aplicaría una política económica carente de bases económicas sólidas, pero con un fuerte componente ideológico.

El libre comercio y la disciplina monetaria como exclusivos ejes del proyecto europeo

La unidad monetaria ha constituido la clave de bóveda de una concepción del futuro europeo fundamentado en la ideología del neoliberalismo. Una concepción que sacraliza los efectos del «libre mercado», y demoniza la intervención regulatoria, fiscal o directa del sector público como proveedor de servicios.

La zona euro, no es una economía plenamente integrada, sino un conglomerado diverso de economías nacionales que, si bien comparten una moneda y con ello un tipo de cambio fijo para sus intercambios comerciales, mantienen una amplia diversidad de políticas fiscales, presupuestarias y laborales. Es posible ver a la UE como un superestado con funciones limitadas. Con el nivel regional y estatal se articulan para dar lugar una forma de Estado singular de una complejidad y arquitectura únicas.

Las normas del Mercado Único han maniatado al Estado-Nación para llevar a cabo algunas de sus tareas tradicionales, como era animar y sostener empresas públicas, que unas veces son rentables desde un punto de vista estrictamente económico y otras resultan imprescindibles por consideraciones de interés social. Sin embargo la orientación de las políticas que han emanado de la Unión Europea han ido todas en la misma dirección: la eliminación de la actuación pública en la economía. De esta forma al limitar la acción pública y abrir las fronteras a países con estructuras productivas más desarrolladas forzaron en España la destrucción del entramado público empresarial. Las normas del Mercado Único forzaron a abandonar las actividades deficitarias y estimulan la privatización de las rentables, lo que entraña un retroceso sustancial del Estado para influir y controlar la economía.

El Banco Central Europeo procedió a emitir euros y a ejecutar la política monetaria con independencia tanto de las decisiones de un gobierno europeo, que no existe, como de los gobiernos de los países participantes. Su objetivo fundamental es la estabilidad de precios en el conjunto de la unión monetaria, al margen de las muy dispares situaciones económicas entre los países en la actualidad (piénsese por ejemplo en el nivel de paro) y las que puedan generarse en el futuro. El problema de los «impactos» diferentes de la propia política monetaria o de acontecimientos externos (como el de la crisis financiera actual) no fue contemplado en el modelo diseñado de integración monetaria, ni incorporado posteriormente con las sucesivas revisiones del proceso de integración de la política económica europea. Muy al contrario de lo que las sociedades y economías europeas necesitaban, asistieron en la década posterior a la aplicación de medidas de ajuste laboral y del sector público como vía particular de adaptación competitiva bajo los corsés de la estabilidad presupuestaria y una política monetaria que cabalgaba entre el control de la inflación (que el propio crecimiento moderado o la recesión de por sí moderaban) y la provisión crediticia prácticamente ilimitada para la banca privada, prohibida para los Estados miembros.

En la historia económica nunca ha existido un sistema tan rígido. Ni el sistema del patrón-oro, con tipos de cambio fijos determinados por el valor de cada moneda nacional en oro, que prevaleció hasta el comienzo de la Gran Guerra en 1914 y cuyo intento de restauración posterior es señalado por algunos autores como una de las causas fundamentales de la Gran Depresión y sus terribles secuelas; ni el sistema de Bretton Woods, también considerado de tipos de cambio fijos por la cotización estable de las monedas con respecto al dólar, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, pueden compararse con el sistema que representa la moneda única, precisamente porque, tanto en un caso como en otro, existía la posibilidad de modificar y ajustar el tipo de cambio cuando un país se mostraba incapaz de desenvolverse internacionalmente con el tipo vigente.

Las evidencias históricas ponían de manifiesto, la radical e insostenible apuesta que suponía fijar unos tipos de cambio fijos para todas las economías que iban a formar parte de la moneda única. La historia mostraba que había sido incompatible el objetivo de mantener tipos de cambio fijos indefinidamente entre países con realidades económicas diferentes. Así, por ejemplo, el índice de la cotización de cada moneda con respecto a las de 22 países industrializados arrojaba entre 1971 y 1998 los siguientes movimientos: el yen se reapreció en un 203%, el marco en un 116%, el dólar en un 47%; por el contrario, el franco se depreció en un 9%, la libra en un 33%, la peseta en un 52% y la lira en un 69%.

La materialización concreta de este proyecto fue orientada por percepciones neoliberales extremas. Hoy resulta difícil no calificar a la Unión Europea como un modelo excepcional de globalización neoliberal radical. Este modelo se da en un contexto particular que combina liberalización, hipertrofia y permisividad financiera y un modelo social que partía de niveles de vida internacionales comparados más elevados.

La congelación en la profundización política, financiera y fiscal de la Unión Europea

A finales de la década de los noventa resultaba muy costoso, después de explotar la vaga idea de la unidad europea para vencer la resistencia a las políticas exigidas para cumplir los requisitos de la convergencia nominal, admitir que los sacrificios habían servido de poco.

En la puesta en marcha del sistema euro, era duro mostrar que, fuera de crear el «euro», en los últimos años no había otra idea ni otro afán que alimentase la integración europea. A este respecto, resulta significativo que inmediatamente después de haberse acordado dar vía libre al euro, los dirigentes de los más importantes países empezaran a referirse a la necesidad de preservar y reforzar los rasgos nacionales.

Sin atender a los requisitos que señalaban los expertos para poder integrar economías estatales bajo una moneda, el proyecto europeo se limitó prácticamente a su puesta en marcha. Estos requisitos son, al menos, los siguientes:

– Movilidad laboral alta: Se observan barreras causadas por las diferencias lingüísticas, culturales, e institucionales –por ejemplo, ausencia de Salario Mínimo Interprofesional homogéneo o un sistema público de empleo a nivel comunitario– que condicionan los flujos migratorios internos de la UE.

– Presupuesto fiscal conjunto, de dimensión relevante: La implantación del sistema euro no se vio acompañada de un incremento sustancial de fondos de intervención y la redistribución de recursos que corrigieran los desequilibrios que inercialmente el libre comercio de mercancías y capitales, en el seno del mercado único, siempre producen.

– Una armonización y homogenización en instituciones, procedimientos fiscales, administrativos y laborales: En cambio, se abría paso a una devaluación competitiva en varios órdenes, fundamentalmente de costes laborales y de derechos al bienestar, que iba a provocar una degradación y divergencia en las estructuras socio-económicas de los países miembros. Cuando se animó a la competencia fiscal a la baja (como han puesto de manifiesto las legislaciones holandesas, belgas o las mismas españolas, con la puesta en marcha de las SICAV –Sociedades de Inversión gravadas tan sólo al 1%–, o las ETVE –Empresas Tenedoras de Valores en el Extranjero–), por la ausencia de armonización comunitaria; o a la devaluación laboral, con la moderación de salarios mínimos o cotizaciones a la seguridad social; o también, en el terreno de la ecología y la protección del medio ambiente, donde la carencia de legislación común básica, la disparidad reguladora, o la diferencia de rigor en su aplicación, se ha materializado en la despreocupación por la naturaleza, una forma más de los países y empresas de compensar su debilidad relativa en la posición en el mercado.

La integración monetaria coincidió con el final de un Proyecto Europeo incompleto, pues con la circulación del euro se abandonaron intentos significativos de integración financiera, fiscal o laboral. La ampliación hacia el Este supuso una huida hacia delante, extendiendo el mercado de referencia pero renunciando a la profundización en una integración digna de tal nombre. Desde entonces, la inserción de los países lo sería para tomar o dejar su lugar en la jerarquía competitiva del mercado europeo, asumiendo que cualquier cooperación y solidaridad horizontal no formaba parte del proyecto europeo.

La regla de la competitividad a la baja –ajustando en salarios, condiciones de empleo, beneficios sociales, etc.– estaba ampliando la brecha en diferentes dimensiones de las economías bajo la moneda única. La recurrente y omnipresente alusión a la «competencia» en todos los órdenes: económicos, de mercancías, de capitales, de instituciones, fiscales y laborales, estaba creando las bases para aumentar las dificultades de partida de las economías nacionales más débiles ante la circulación del euro.

El mercado, en contextos capitalistas, reproduce y amplía las desiguales dotaciones de recursos en la división internacional del trabajo. Diferencias que son más amplias cuando las empresas, Estados y fuerza laboral cuentan con recursos de capital financiero, comercial y tecnológico muy diferentes, y que configuran sus diferentes productividades.

Por otra parte, el Estado pesa de manera muy importante en la renta nacional, desempeñando un papel redistributivo entre individuos y regiones (recauda sus ingresos en función de la renta y el consumo en cada una de ellas y se los gasta de modo discrecional, no dependiendo los gastos de una región de los ingresos que obtiene en la misma), facilita similares prestaciones sociales a todas las regiones, dirige las inversiones públicas o incentiva las privadas con criterios que también son geográficos, etcétera.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico clausuró la vía para combatir los ciclos económicos que el «libre comercio» causaba. De tal modo que el marco creado en la Europa de Maastricht, Ámsterdam o Niza no está concebido ni puede promover la cohesión social ni la convergencia real, ni entre los países ni entre las condiciones de ciudadanía de cada uno de ellos.

Ahora se ve claro que una vez implantado prematuramente el euro, lo que correspondía hacer para avanzar en la unidad europea era impulsar la integración económica, social y política y no extender geográficamente al Este el mercado y la moneda únicos involucrando a países con diferencias cualitativas con respecto a los países iniciales de la zona euro. La ampliación al Este abría unos mercados incipientes al capitalismo financiero internacional con un especial protagonismo del capital alemán. Era preciso avanzar en la calidad de la integración y se optó por la cantidad y la ampliación al Este, provocando un agravamiento de los problemas estructurales del euro y, en consecuencia, del proyecto europeo.

Todo ello explica por qué al llegar la crisis los Estados se encuentran desarmados para enfrentarlas y sin instrumentos para superar recesiones, desfases de productividad o revertir crisis de insolvencia. De tal modo que la orientación de las políticas europeas y su esquema institucional forman parte estructural de los problemas.

Un proyecto europeo contra los Estados del bienestar

El Estado del bienestar se desarrolla coincidiendo con el periodo de mayor esplendor del capitalismo, que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta el principio de los años setenta, aceptándose comúnmente el año 1973, cuando se produjo la primera crisis del petróleo. Durante esos años tiene lugar la implantación del Estado del bienestar en los países industrializados occidentales, con la URSS ejerciendo de potencia mundial.

Ese periodo dorado del capitalismo tiene lugar bajo la prevalencia del keynesianismo. En 1936, con el mundo todavía sumido en la Gran Depresión originada en 1929, Keynes, un economista inglés, publica la Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Se abre, con la aportación de Keynes, un nuevo periodo que, combinado con las necesidades de reconstrucción tras la devastación, las tasas de explotación del trabajo impuestas en la guerra y las circunstancias políticas surgidas tras la conflagración dan lugar, por un lado, a un periodo de expansión insólito en la economía y, por otro, a un mayor protagonismo del Estado y su intervención de un modo generalizado en el funcionamiento del sistema.

Con el keynesianismo y la nueva situación política, el Estado dejó de ser un testigo neutro, es decir, pasa a amortiguar los ciclos económicos e influye de un modo decisivo en otros muchos aspectos que debe contemplar el sistema, que van desde la garantía del funcionamiento de sectores básicos, el aprovisionamiento correcto de materias primas, la regulación de algunos mercados, particularmente el del mercado de trabajo impidiendo que quede al albur de las fuerzas de la oferta y la demanda, la regulación y el control de precios, las subvenciones a sectores esenciales, como el agrícola, y, en fin, el desarrollo del Estado del bienestar, que sólo puede surgir de la voluntad política de imponerlo y no como fruto de fuerzas del mercado ciegas a este reto civilizatorio.

El Estado pasó a disponer así de un conjunto de medios y resortes para intervenir en la economía con lo cual no sólo se garantiza la mejor evolución posible de esta sino que también la economía pasa, como se ha dicho, a tener una vertiente social impensable en otros tiempos. La política económica, además, contaba con el instrumento básico de la política monetaria, por medio de la cual los gobiernos, jugando en este caso con los tipos de interés y el crecimiento de la masa del dinero, determinaban el contexto monetario en el que se desenvolvía la economía.

En el plano de las relaciones económicas con el exterior los medios de intervención eran muy numerosos: los aranceles o derechos aduaneros para preservar el mercado interior de la competencia extranjera y, en el mismo sentido, las restricciones cuantitativas a las importaciones; las subvenciones o desgravaciones por exportación; el control de los capitales, que podía ser exhaustivo; y existía una moneda en cada país cuya cotización con respecto a otras monedas determinaba de un modo decisivo la competitividad de cada economía en los mercados internacionales. La evolución del tipo de cambio de la moneda era un eje esencial de toda política económica por sus profundas implicaciones en el funcionamiento de toda la economía. Durante un tiempo del periodo al que nos referimos los tipos de cambio de las monedas tendían a ser fijos, aunque no inamovibles. A partir de 1971, cuando el dólar dejó de ser convertible en oro, se instaló un sistema de tipos de cambio flexibles.

En el plano social, se reguló con particular atención todo lo relativo al mercado laboral: salario mínimo, jornada laboral, estabilidad en el empleo, derechos ante el despido, etc. Tuvo lugar asimismo todo el avance de la legislación social que configuró el Estado del bienestar.

Todas estas funciones, originadas en la soberanía democrática de la historia constitucional de los Estados Europeos, han quedado enterradas de facto en las dos últimas décadas, con medidas consagradas como principios constitucionales, como sucedió en España el pasado 2011.

Se trata de un paso más en la implantación de la ideología del equilibrio presupuestario del sector público, cuyo antecedente se encuentra en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE de 1997. En el otoño del 2012, el Gobierno ha aprobado la Ley Orgánica de Estabilidad Financiera, que limita el uso del déficit público, sin referencia alguna al crecimiento económico, al nivel de paro, u otro indicador de bienestar económico, elevando a principio constitucional una parte importante del ideario que caracteriza a las doctrinas económicas neoliberales y reduciendo la calidad democrática del sistema político español.

Por otra parte, hay que hacer especial mención de la autonomía e independencia de la que ha gozado el Banco Central Europeo a la hora de cumplir su objetivo de garantizar la estabilidad del euro. Con el Banco Central Europeo, las democracias europeas han decidido someterse voluntariamente al yugo de unos cuantos burócratas, quienes detentarán un poder de decisión e influencia que para sí hubieran querido los monarcas absolutos; como algunos expertos constitucionalistas han puesto de manifiesto, hoy es el «único poder soberano europeo» (Tajadura, 2011). Aparece nuevamente así la subordinación de la política a la economía, aunque bien es verdad que no ha sido una opción voluntaria de la ciudadanía: se trata de una imposición de los sectores dominantes de la burguesía europea, bajo cuyos criterios e intereses se está construyendo Europa.

La manera como se construyó la Eurozona imposibilita que se resuelva el problema. El poder del capital financiero, y muy en especial de la banca, construyó una estructura que obstruye la salida de la recesión. Esa estructura cuenta con dos pilares: el BCE, independiente de cualquier control público, que tiene prohibido ser prestamista de última instancia de los Estados, que financia casi ilimitadamente a la banca privada, que propicia una política monetaria expansiva –aunque no tanto como la de otras áreas internacionales– y que es obsesivamente receloso de la inflación; y el Pacto de Estabilidad, reforzado con el Pacto Fiscal, que afianza la austeridad y coarta cualquier política fiscal expansiva y redistributiva.

III. Crónica de una década con el euro

No se pueden pasar por alto los costes que tuvieron para muchos países la adaptación al proyecto de la moneda única y el cumplimiento de las condiciones de convergencia, para formar parte de ella. Para mantener la estabilidad de la peseta dentro del Sistema Monetario Europeo hubo que aplicar una política económica muy restrictiva que ocasionó una recesión en 1992 y 1993, que llevo al paro a situarse por encima del 24%. Aquellos esfuerzos hoy amortizados ya en la opinión pública, comparados con la evolución y resultados de la moneda única, ofrecen un balance muy negativo a la vista de la posterior evolución económica.

Los comienzos del euro: el punto de partida

Quizá la mejor manera de poder entender cuál ha sido la dinámica de la zona euro después de la implantación de la moneda única sea adentrarnos en la historia reciente de forma que podamos identificar los problemas a los que cada país se enfrentaba en el momento de la creación de la moneda única.

No podemos dejar de mencionar el proceso de reunificación de las dos Alemanias a principios de los noventa. La reunificación fue compleja ya que no sólo las diferencias en las estructuras económicas de las dos regiones eran patentes, sino que se juntaron dos sistemas económicos distintos. Los diferentes métodos de producción contaban con diferentes productividades, avance tecnológico, distribución de la renta, etcétera.

El impacto de dicha unión fue muy importante en la economía alemana y, por extensión, en el área económica europea. El proceso de reunificación constituyó un shock externo para la economía alemana que causó un cambio en el mercado de trabajo, capital, inmobiliario, etc. En suma, modificó de manera considerable la estructura económica. Esto dio lugar a un gran contraste entre el antes y el después. El primero, caracterizado por un fuerte crecimiento y, el segundo, por un estancamiento difícil de asumir para los gobiernos alemanes. Ante esta situación algunos economistas estudiaron el fenómeno, y propusieron soluciones ante la falta de crecimiento alemán. La medicina utilizada una vez más reiteró la misma orientación convencional aplicada cuando un país atraviesa dificultades, a pesar de que los problemas nunca sean los mismos. El término esclerosis institucional inundó los estudios, y se presionó políticamente para modelar las políticas económicas mediante las recetas siempre predicadas por la ortodoxia.

En el diagnostico de estos economistas, la necesidad de remover la rigidez y la sobrerregulación del mercado de trabajo era la clave para sacar a Alemania de su complicada situación. Esta manida receta «neoliberal» se ha aplicado en diferentes países con estructuras laborales muy distintas cuando no se sabe bien qué hacer o cuando las patronales aprovechan las debilidades políticas para pautar su agenda. De esa interpretación se derivaba que la solución necesariamente debía pasar por grandes reformas estructurales dirigidas a la desregulación radical del mercado de trabajo y un desmantelamiento del Estado del bienestar. Estas medidas que se fueron aplicando paulatinamente desde 1990 hasta la Agenda 2010 presentada por el gobierno de Gerhard Schröder deprimieron de forma cada vez más ostensible la demanda agregada interna alemana tal y como podemos observar en el Gráfico 1.

Gráfico 1. Demanda Interna Alemania (% PIB).

Fuente: EuroStat.

Las reformas orientaron la estructura productiva alemana hacia el exterior, propiciando un crecimiento basado en las exportaciones. Durante un espacio dilatado de tiempo, en Alemania coinciden dos depresiones económicas, una por la reunificación y otra por la aplicación de políticas restrictivas de la actividad económica. Para entenderlo necesitamos recurrir a la ecuación de la demanda agregada representada en la Figura 1.

Figura 1.

Las políticas de corte neoliberal deprimen la parte derecha de la ecuación de la demanda agregada (Figura 1), es decir, deprimiendo el consumo (C), la inversión (I) y el gasto público (G). La contención de los salarios afecta principalmente al consumo (C), pues este depende principalmente de la renta disponible. Las pésimas expectativas empresariales derivadas de las políticas de recortes y su incidencia sobre el consumo privado, afectan negativamente a la inversión empresarial (I). Por último, las políticas de austeridad, de reducción del gasto público, de destrucción del estado social (sanidad, educación, pensiones, desempleo, etc.) redunda en una caída del gasto público (G).

A lo largo de la década de los noventa, los diferentes gobiernos alemanes redujeron la capacidad de consumo de Alemania mediante la caída coordinada del poder adquisitivo de los trabajadores. Esto causó paulatinamente un excedente de producción, es decir, una parte de lo que se producía no se podía absorber en Alemania debido a que la política económica estaba dirigida a contener la demanda interna. Este hecho condicionará desde el inicio a la zona euro que fijó los tipos de cambio definitivos a partir del 2000.

Esto fue lo que pasó a partir de la segunda mitad de los noventa en Alemania. Asustado por la apreciación del marco, el gobierno presionó a los sindicatos para forjar un consenso que permitiera regenerar su competitividad internacional. Este acuerdo se firmó en 1996 y en él se establecía que la tasa de incremento del salario nominal debería estar de forma sostenida por debajo de la suma de la tasa de crecimiento de la productividad y de la inflación. Consecuentemente el crecimiento del coste laboral cayó por debajo del objetivo del 2% de inflación. Esta estrategia se denomina «política de empobrecimiento del vecino» ya que mediante medidas internas se intenta abaratar los productos internos (en este caso mediante deflación) en relación con los productos de los países vecinos. Obviamente esta estrategia de ganar competitividad internacional sólo podía mantenerse en la medida en que el marco no se apreciara con respecto a otras monedas. Si el marco se apreciaba (valía más respecto a otras monedas) la competitividad ganada mediante la reducción de la capacidad adquisitiva de los trabajadores se desvanecería. Esto se consiguió mediante la fijación irreversible de los tipos de cambio nominales, es decir la implantación del euro.

El sistema euro fue aceptado como moneda de reserva internacional, pues la UE y la Zona Euro eran el área con un comercio más globalizado de la economía mundial. La entrada plena provocó un efecto «seguridad» sobre todos los rentistas, prestamistas e inversores. Interpretaron, que todos los euros en circulación y los empréstitos cifrados en ellos, se verían respaldados por garantías equivalentes, creyendo que todas las economías que formaban parte del mismo respondían de la solvencia y seguridad de los prestatarios, fueran estos particulares, empresas o Estados. Los diferenciales de endeudamiento, hasta entonces asociados a las divisas de cada país, respecto al prestatario identificado como más seguro, se disiparon.

Creado el euro y conectados los mercados financieros, en una primera fase el problema de financiación quedó relegado, pues los países con superávit debían colocar sus excedentes en los países con déficit, pero, y aquí ha radicado uno de los problemas más graves del euro, todo el mundo pensó que la financiación llegaría sin problema y casi eternamente a los países deficitarios, sin atribuirle ninguna importancia al hecho de que se estaban endeudando excesivamente, estimulados por unos tipos de interés muy bajos, diseñados para servir a los intereses de Alemania y Francia y por una política crediticia irresponsable e imprudente de los sistemas bancarios de aquellos países. En junio de 2007, los tipos de interés a diez años eran del 4,5% para Alemania y del 4,65% para Grecia e Italia. Tarde o temprano la situación sería insostenible. La euforia reinante antes de la aparición de la crisis financiera internacional en el año 2008, cuando en septiembre quebró el banco norteamericano Lehman Brothers, está relacionada con estas facilidades de financiación que, repentinamente, se convirtieron en un grave lastre.

Así, en una aparente paradoja, la aceptación del sistema euro por los mercados financieros globales estimuló conductas contrarias a la mejora y equilibrio estructurales de las economías periféricas. Todas pasan a disfrutar de un entorno financiero –bajos tipos de interés– favorables al endeudamiento de las empresas privadas. También a inhibir transformaciones en el modelo económico-energético, como es el caso de la economía española, muy dependiente de las importaciones de derivados del petróleo, que se vieron facilitadas por una clara apreciación del euro frente al dólar, divisa en la que se fijan los precios del crudo.

A los puntos desiguales de partida en las estructuras, posición en la división internacional del trabajo y niveles de productividad, se sumó el abandono de cualquier proyecto de convergencia real, al tiempo que se añadieron una arquitectura y medidas institucionalizadas que empujaron a una mayor divergencia si cabe y que ahora muestra desatados todos los desequilibrios y roturas a las que, desde su origen, era inevitable llegar.

En este nuevo contexto, los gobiernos perdían una gran parte de su soberanía para actuar sobre la economía: no podían, ni pueden, emitir la moneda, no pueden recurrir a la monetización de los déficits presupuestarios, no tienen autonomía para definir las políticas monetaria y fiscal, y todo ello en medio del desmantelamiento de gran parte del sector público productivo. De este conjunto de asimetrías acaba surgiendo una situación cualitativamente diferente en cada país, donde unos pasan a ser acreedores crecientes y otros cada vez más endeudados hasta un nivel que hace imposible que sigan respondiendo de los compromisos de devolución. Por tanto, subyugados por una nueva y gran losa que únicamente puede empujarlos a situaciones de agonía –en los procesos de rescate y recortes que se sucederán– y de miseria subsiguiente. Sin duda alguna, esta situación rompe definitivamente las costuras del sistema euro concebido hasta ahora.

España en el sistema euro

España termina la década de los setenta con una situación difícil tanto económica como políticamente. La crisis cristalizada en un repunte histórico del crudo afectó intensamente a la vetusta economía española. A esto se añadió la apertura de las fronteras con la llegada de la democracia y la adhesión en 1986 a la entonces Comunidad Económica Europea, mediante el Acta Única. Mientras en la primera mitad de los ochenta el paro sube de forma estrepitosa, se modera en la segunda mitad. A pesar de ello, todo este proceso conllevó un reajuste brutal de la producción, principalmente del sector industrial.

En los ochenta y principios de los noventa España utilizó para evitar esta pérdida de competitividad la devaluación de su moneda. Devaluar significa que nuestra moneda vale menos oficialmente frente a otras divisas; depreciar equivale a que los mercados de divisas atribuyen una cotización inferior. Por ejemplo, si existe paridad euro-dólar, podremos obtener al cambio un euro por un dólar. Si el euro se devalúa entonces por un dólar tendremos más de un euro. Imaginemos que se devalúa un 50% el euro, entonces por cada dólar nos darán 1,5 euros. Ahora con la misma cantidad de dólares se podrán obtener más euros, y por tanto se podrá comprar más producto, o lo que es lo mismo, estaremos activando el sector exportador (la parte de la derecha de la figura 1) pues nuestros productos serán más baratos para los compradores extranjeros. La contrapartida de una devaluación es que, como nuestra moneda vale menos frente a otras divisas, las importaciones se encarecerán y presionará al alza la inflación.

La devaluación monetaria fue utilizada por los gobiernos para ganar competitividad en sucesivas ocasiones. Esto permitió a la peseta superar diversas dificultades como la crisis del petróleo de los setenta, los procesos de desindustrialización de los ochenta y la crisis del SME en los noventa, de la que ya hemos dado cuenta. De esta forma, España llega a 1998 con un saldo por cuenta corriente más o menos equilibrada, como podemos apreciar en el gráfico.

Gráfico 2. Balanza por cuenta corriente (% sobre el PIB).

Fuente: elaboración propia. Datos OCDE.

Ya en la década siguiente, en 1992, la crisis del SME (Sistema Monetario Europeo), debido al referéndum en Dinamarca contra la entrada en el euro, las encuestas en Francia y, sobre todo, a los ataques especulativos (entre los que estaba George Soros), era un hecho. Recordemos que el SME se creó tras un patrón oro surgido de los acuerdos de Bretton Woods, que se tambaleó para después desaparecer. Dentro del SME se formó una cesta de monedas (ECU) y un mecanismo voluntario de tipos de cambio que instauraba unas bandas de fluctuación dentro de las cuales las monedas europeas se tenían que mover. Sin embargo, estas bandas estallaron en 1992 dejando fuera incluso alguna moneda como la libra que, desde entonces, se encuentra fuera de la política monetaria única. La crisis que en origen fue cambiaria tuvo consecuencias sistémicas de forma que generó una crisis económica cuyos efectos se dejaron sentir sobre todo en países como España, que en 1994 alcanzó un récord en su tasa de desempleo, al llegar al 24% (Gráficos 3 y 4).

Gráfico 3. Tasa de crecimiento del PIB real.

Fuente: elaboración propia. Datos Eurostat.

Gráfico 4. Tasa de desempleo en España (media anual).

Fuente: elaboración propia. Datos Eurostat.

Sin embargo, la implantación de la moneda única seguía su camino, y para poder entrar en la tercera fase del euro era necesario cumplir a finales del año 1997 ciertos parámetros de déficit público, deuda pública, tipos de interés e inflación. Todos ellos eran indicadores financieros referidos al sector público y al nivel de precios. Quedaban fuera otros indicadores que mostraban la cara real de las economías, como la tasa de paro, que aunque reclamada como indicador esencial fue finalmente desechada por las elites políticas, que en aquel momento impusieron los requisitos del proyecto.

La política económica que se aplicó en España en los años previos a ese control (1997) se basó en políticas de privatización –Programa de Modernización del Sector Público Empresarial del Estado, fue el eufemismo utilizado por el Gobierno Aznar– entre las que se encontraban: Telefónica, Endesa, Aceralia, Argentaria, Tabacalera, Repsol y Gas Natural, entre otras, que redujeron el déficit y deuda pública a costa también de unos radicales ajustes del gasto público social, como ocurrió con las prestaciones al desempleo, que ocasionaron una ralentización de la actividad económica para reducir la inflación. Sin embargo, España llegaba a 1998 con un equilibrio en la cuenta corriente. Esto se debió a las devaluaciones competitivas; hasta cuatro se produjeron en el periodo 1992-1995.

El proceso de ajuste industrial al que fue sometida España alcanzó una virulencia desconocida. La apertura de fronteras de un país que empezaba a modernizar su economía fue devastadora para la industria con una caída del PIB industrial –el más orientado a los mercados europeos– más fuerte que el de sus vecinos comunitarios. Como podemos ver en el Gráfico 5, España tenía un nivel de partida de industrialización inferior a Alemania al entrar en la zona euro. Observamos en el mismo gráfico cómo las políticas restrictivas monetarias, fiscales y salariales que deprimen la demanda interna causan una convergencia en el peso industrial aparente entre 1994 y 1997. Sin embargo la divergencia se aprecia de manera sostenida a partir de esta fecha en adelante.

Gráfico 5. Producción industrial como porcentaje de la producción total incluyendo energía (% de la actividad total).

Fuente: datos OCDE.

Al abrir las fronteras se asistió a una sustitución de producción nacional por inversión internacional dirigida a comprar empresas industriales que posteriormente deslocalizaban y cerraban. Si bien todos los países desarrollados han conocido este proceso, no todos acaban con la misma tasa de producción industrial: en España el peso de la producción industrial ha descendido 10 puntos porcentuales sobre la producción total (PIB), desde la entrada en el Euro (véase Gráfico 5).

Además, estos procesos no son uniformes ni siquiera dentro de cada sector. Mientras que algunos países pueden detentar los procesos industriales y de servicios más estratégicos y con mayor poder de mercado (diseño e innovación tecnológica, servicios de consultoría, control de la gestión y dirección económica, dominio de fases industriales más importantes e insustituibles, liderazgo de las fases de distribución comercial, etc.) otros países pueden quedarse subordinados en la división sectorial e internacional de la producción al especializarse en las fases industriales auxiliares, provisión de materias primas, actividades secundarias con menor influencia y valor de mercado, los servicios de atención personal menos valorados (turismo, servicio doméstico, etc.) o quedarse relegados en la fase de subcontratación transnacional en las actividades más reemplazables y que apenas pueden competir en precios.

El resultado de todo este proceso metamorfoseó la estructura productiva española. El sector industrial quedó desestructurado, muchas empresas desaparecieron y otras se vendieron a grandes capitales financieros internacionales. La pérdida de peso del sector industrial tiene unas consecuencias directas sobre la evolución cíclica de una economía. Este sector tiene una evolución menos volátil que el sector servicios, y genera unos grandes efectos de arrastre. Las grandes inversiones necesarias para la puesta en marcha de industrias (maquinaria, inmuebles, etc.) hacen que su producción esté menos sujeta al ciclo económico, pues es difícil poder deshacer una inversión de este tipo en poco tiempo, tiene unos altos costes de salida. Por otro lado el sector industrial tiene grandes necesidades de mano de obra, lo que le hace tener una importante capacidad de contratación. Pero además las grandes industrias tienen un considerable poder de negociación pues sus grandes masas de trabajadores tienen la capacidad de organizarse sindicalmente y negociar: tradicionalmente las huelgas se ganan en el sector industrial.

Por tanto la eliminación de una gran parte de este sector de la economía tiene consecuencias importantes tanto para los derechos laborales de los trabajadores de una economía, como por la evolución cíclica de la misma. En efecto, el sector servicios ha sido el protagonista de los últimos treinta años en las economías industriales. La llamada terciarización, es decir la caída de otros sectores en favor del sector servicios, se ha producido en la totalidad de los países occidentales. En España, en 1980, este sector representaba alrededor del 50% del PIB, llegando en la actualidad según datos del INE al 68% del total de la actividad económica, lo cual es parecido a otras estructuras productivas como la de Alemania, Francia o Italia. Cabe remarcar que dentro de la rúbrica «servicios» pueden entrar tanto los llamados servicios de no mercado (sanidad y educación, por ejemplo) como los servicios bancarios y financieros, comerciales o servicios a empresas.

Mientras en ciertos países de Europa el sector servicios tuvo un gran impulso con motivo de la creación del Estado del bienestar anteriormente descrito y sus servicios asociados, en España el sector servicios tuvo un impulso importante como consecuencia del sector turístico. Para ser más exactos este sector se especializó en el turismo llamado «de sol y playa» caracterizado por unos precios bajos, una alta estacionalidad y una mano de obra barata y poco cualificada. Los servicios tienen una mayor exposición al ciclo económico, de forma que si estamos en época de auge este sector crece fuertemente, y si la economía entra en colapso (como es el caso), estos se contraen. Igualmente muchas de las actividades del sector servicios tienen asociada una baja necesidad de mano de obra, por lo que la organización de los trabajadores en sindicatos se hace más dificultosa y por tanto su defensa más difícil.

Por último, es necesario reseñar la importancia de la construcción cuya participación en el PIB en España es de más del 10% comparado con el 4% en Alemania, 6% en Francia o un 6% del conjunto de la zona euro. Esta increíble diferencia del peso específico de la construcción en España frente a países similares es fruto de la financiarización de la economía española alentada por la estructura institucional e ideológica de la UE. En efecto, la liberalización de los movimientos de capital en Europa, los procesos anteriormente descritos y la política de la UE en favor de la concentración e incremento de poder bancario ha creado una estructura perfecta para el desarrollo de un sector inmobiliario que no responde a la demanda, sino que está controlado por el sector financiero y sus necesidades. De esta forma se propició la creación de una burbuja inmobiliaria y un boom de la construcción a la que el sector bancario se ocupó de modelar para extraer unos beneficios escandalosos durante la época de auge. Esta financiarización de la economía española se plasma entonces en un peso del sector de la construcción desmesurado y que está en el germen de la profunda recesión a la que estamos asistiendo.

La balanza comercial: el déficit por cuenta corriente y su financiación

Para ahondar y facilitar la comprensión del significado de esta evolución, nuestro país es un ejemplo inmejorable. Los déficit exteriores ponen de manifiesto las carencias y debilidades de las estructuras empresariales, que no son lo suficientemente competitivas en relación con los países comunitarios en los que se concentran sus intercambios de bienes y servicios.

Antes del euro la economía española nunca registró un déficit de la balanza por cuenta corriente superior al 3,4% del PIB. Cuando se produjo la crisis del SME del 92-93 ese era el nivel de déficit alcanzado e hicieron falta cinco devaluaciones de la peseta para restaurar el equilibrio exterior.

El 1 de enero de 1999 los países candidatos a formar parte de la UEM entraron en la tercera fase de implantación del euro. Los rasgos más importantes de esta fase fueron los siguientes:

– Fijación irrevocable de los tipos de conversión entre las monedas.

– Introducción del euro.

– Ejecución de la política monetaria única por parte del Sistema Europeo de Bancos Centrales.

– Instauración del mecanismo de tipos de cambio europeo (MTC II).

– Entrada en vigor del pacto de estabilidad y crecimiento.

Como podemos observar los ingredientes para la catástrofe estaban dados, a pesar de que los efectos se hicieran esperar y no estallaran hasta que lo hiciera a su vez la crisis financiera del 2007. El sistema euro era sumamente inestable, independientemente de la crisis financiera que aceleró y agravó sus contradicciones. Esto es porque la UME, tal y como está diseñada, condena a algunos países a que su ratio deuda/PIB crezca ineludiblemente. La explicación radica, principalmente, en que un mayor déficit de la balanza de pagos implica un desfase frente al resto del mundo, lo que equivale a una mayor necesidad de financiación frente a otras economías y, por tanto, a recurrir al endeudamiento para poder hacer frente a ese desfase. Otras razones complementarias a esta son la política monetaria –a mayor expansión, más facilidades crediticias y mayor apalancamiento de la economía privada–, la regulación del sistema financiero –a mayor laxitud, más concesión prestataria, y en condiciones más arriesgadas–, o, en mucha menor medida, los déficit públicos –sobre los que sin embargo se ha insistido de manera exagerada.

Para comprobar el efecto sobre el déficit con el exterior examinemos la balanza por cuenta corriente. Todos los países realizan transacciones con el resto del mundo. Para poder contabilizar los intercambios comerciales y compararlos internacionalmente, se utiliza el VI Manual de la Balanza de Pagos que publica el FMI.

La cuenta corriente según este manual contiene:

– Las transacciones comerciales entre España y el resto del mundo (la balanza comercial ya explicada).

– Las transacciones de renta, esto es, lo que se paga y lo que se recibe por rentas del trabajo, del capital, etc. entre España y el resto del mundo.

– Las transferencias de rentas, es decir, rentas que se perciben y viceversa sin contrapartida como, por ejemplo, remesas de inmigrantes, ayuda al desarrollo, etcétera.

Si el saldo de la cuenta es negativo, habremos comprado y pagado (y transferido) más de lo que hemos vendido y recibido por ello. Esto se puede ver desde otra perspectiva equivalente, en términos de ahorro e inversión:

Inversión nacional = Ahorro interno (privado y público) + Ahorro externo

Por lo que un déficit por cuenta corriente implica que estamos invirtiendo más de lo que estamos ahorrando (la parte de la izquierda de la ecuación es mayor que la de la derecha). Si el ahorro interno no es suficiente estaremos recurriendo al ahorro externo. Un déficit tan grande como el que tuvo España, sostenido durante más de diez años, es imposible financiarlo mediante ahorro interno, por lo que en España se recurrió al endeudamiento externo masivo.

El resultado es un enorme volumen de pasivos financieros de la economía española con el exterior en forma de compromisos (préstamos, depósitos, bonos privados y deuda pública) y de derechos en manos extranjeras (acciones y otras participaciones). Tal endeudamiento ha surgido, por un lado, de los continuos y graves déficits de la balanza por cuenta corriente registrados desde la creación del euro hasta el año 2008 en que se desencadenó la crisis financiera internacional (déficit que, aunque se ha corregido significativamente en los dos últimos años por la aguda recesión sufrida por la economía, con las consecuencias desoladoras conocidas sobre el empleo y el paro, todavía en 2010, se aproxima al 5% del PIB). Por otro, por los cuantiosos recursos financieros demandados en los mercados internacionales, principalmente por las empresas españolas para acometer, a su vez, importantes inversiones en el exterior.

Unos sencillos datos básicos recogidos en la Tabla 1 reflejan la entidad del problema. En 1998, a punto del nacimiento del euro, la economía española tenía unos pasivos brutos frente al exterior, es decir, compromisos de pago, como los préstamos, y derechos, como las acciones, que podían reclamar los residentes extranjeros a residentes españoles, de 540.000 millones de euros, aproximadamente el 100% del PIB en aquel año. Ahora bien, también había inversiones y propiedades de residentes (empresas y familias) en el exterior, que conforman los «activos»frente al exterior.

La posición exterior neta (activos menos pasivos, es decir, lo que tenían empresas y ciudadanos en derechos sobre el exterior menos las obligaciones ante el exterior de empresas y ciudadanos residentes en España) de la economía española a finales de 1998, antes de la implantación del euro, era negativa y ascendía a 155.400 millones de euros, equivalentes al 28,8% del PIB de aquel año. Al final de 2010, esa posición exterior se ha multiplicado casi por seis, alcanzando los 903.800 millones de euros, el 85,1% del PIB. De ellos, 261.000 corresponden a las administraciones públicas –la deuda pública en manos extranjeras– y el resto al sector privado –las instituciones financieras españolas y las empresas no financieras y las familias.

Lo más relevante es la alta concentración de las deudas con el exterior que existen en los balances de las grandes empresas españolas. Según los datos correspondientes a 29 de ellas, que forman parte de las 35 más grandes que cotizan en las bolsas españolas e internacionales, acumulaban a finales del 2010 un total de más de 638.869 millones de euros. Las posibilidades reales de devolución de estas gigantescas deudas, en el plazo y condiciones en que están adquiridas, es inexistente. Su reestructuración ordenada está siendo permanentemente postergada por las entidades financieras que han facilitado el incremento imprudente y temerario de esta financiación a las empresas españolas.

Tabla 1. Posición Exterior de España.

Fuente: Banco de España. Cuentas financieras de la economía española.

No todos los 2,3 billones de euros de pasivos son exigibles de la misma manera, ni implican los mismos compromisos, ni tienen el mismo grado de volatilidad o liquidez. Sí hay que saber que es una cifra enorme, el 214,9% del PIB, que exige pagos de rentas, intereses y amortizaciones e implica la necesidad de renovar préstamos, créditos y emisiones de bonos en un contexto de crisis financiera internacional no resuelta, con gran desconfianza en los mercados y dudas sobre la solvencia de los países altamente endeudados como el nuestro. Todo ello eleva los intereses a pagar, las primas de riesgo, en función de lógicas y justificadas sospechas. Un contexto que determina pavorosos problemas para empresas y negocios viables y rentables, que desaparecen por la simple imposibilidad de lograr liquidez y seguir disfrutando de las condiciones de cobro y pago hasta entonces habituales, en relación con clientes y proveedores.

El Banco Central Europeo: guardián de la inflación y mayordomo de la banca privada

El BCE supone un gran problema para la viabilidad misma de la zona euro. Es una fuente de desestabilización financiera y un defensor de los actores financieros privados frente a los Estados soberanos. No se puede comprender la actual crisis económica sin dar cuenta del papel que el BCE está jugando en el colapso de la moneda única. Para entenderlo vamos a ver las diferencias entre estar bajo la autoridad monetaria del BCE como es el caso de España, y estar fuera de su influencia teniendo una política monetaria autónoma como Reino Unido.

Tabla 2. Capacidad (+) o necesidad (–) de financiación de las administraciones públicas. Datos en % del PIB.

Fuente: datos Eurostat.

Podemos apreciar en la tabla la evolución del déficit de las administraciones públicas, que desde que estalló la crisis en 2007 no difiere excesivamente. Para ser precisos, España ha registrado menores déficits públicos hasta el año 2011.

Gráfico 6. Deuda de las administraciones públicas (% PIB).

Fuente: Eurostat.

Se puede comprobar también en el Gráfico 6 cómo la deuda pública de Reino Unido es netamente superior a la española. Esto significa que el comportamiento del endeudamiento público español no puede explicar las dificultades que se encuentran a la hora de financiarse. La clave está en los Bancos Centrales de ambos países. Mientras que España está sometida a la ciega disciplina del BCE, Reino Unido dispone de un banco central. En efecto, la teoría económica nos dice que para que una deuda sea sostenible es necesario que se cumpla la condición de que el superávit primario en el momento t (St) sea al menos igual a la diferencia entre el tipo de interés nominal (r) y la tasa de crecimiento (g), multiplicado por ratio deuda/PIB (D)

St ≥ (r – g)D

El saldo primario es igual que el saldo fiscal (ingresos – gastos públicos) sin incluir los intereses de la deuda. De forma algo mas sencilla, podemos explicarlo de la siguiente manera: el nivel de déficit se expresa en relación al PIB de un país; es un cociente entre el saldo negativo de las cuentas públicas del Estado (ingresos – gastos), dividido entre el Producto Interior Bruto (PIB) o nivel de renta anualmente generado por la economía. Si el denominador de este cociente, el PIB, disminuye, como está ocurriendo por las depresivas políticas impuestas por las instituciones europeas, aunque el déficit del Estado no lo haga, el cociente aumentará.

Si calculamos esta condición para España y Reino Unido (Tabla 3) obtendremos los superávit primarios que ambos países deberían obtener para hacer sostenible la deuda pública.

Tabla 3. Indicadores del Saldo primario en Cuentas Públicas (datos en %).

Fuente: * Paper de De Grauwe. **Tasa de crecimiento del PIB nominal.

*** Dato del último trimestre de 2011. Datos Eurostat.

A pesar de que el ratio deuda/PIB (D) es inferior en el caso de España, dado que el tipo de interés (r) que los mercados financieros le aplican a la hora de financiarse es mayor y que la tasa de crecimiento (g) es menor, el superávit primario que tiene que conseguir España para estabilizar el ratio D, es superior al de Reino Unido un 4,6% frente a 2,5.

El problema de la deuda pública española (que no privada) se podría resolver simplemente mediante su monetización, es decir, que el BCE financie directamente a los Estados miembros. La miope negativa para la consecución de esta política monetaria es fruto de la influencia del Bundesbank (el Banco Central alemán) en el seno del BCE. Este banco central tiene desde la época de las grandes hiperinflaciones alemanas, después de la Primera Guerra Mundial, aversión a la inflación. El proceso de monetización implica que el BCE inyecta dinero en aquellas economías a las que compra la deuda.

La prohibición de financiación a los Estados por parte del BCE, implica una injustificada «sangría» de recursos públicos para los Estados que están siendo acosados por los mercados, que les exigen primas de riesgo –sobrecostes en los intereses pagados– respecto a las que soporta Alemania, insoportables. El coste para las cuentas públicas de España, que necesitan refinanciar cuanto menos del orden de los 83.000 millones de euros anuales durante los próximos años, de un incremento de 1% en el coste de financiación, está suponiendo cerca de 1.200 millones de intereses a pagar adicionales. Con sobrecostes por primas del orden de los 500 puntos, la «vampirizacion/apropiación» de recursos públicos que se sustraen por los mercados, y suscriptores de los títulos públicos emitidos, estaría rondando los 6.000 millones de euros anuales adicionales.

Las concepciones mas anacrónicas sobre los mecanismos de transmisión de los incrementos de la masa monetaria (que es el resultado de la financiación de los déficits de los Estados por los Bancos Centrales) a la evolución de los precios generales de una economía, problemática que ha sido objeto de estudio de la llamada Política Monetaria, están siendo puestas en cuestión por muchos especialistas que resaltan las intensas transformaciones que la globalización financiera, y la desregulación, están teniendo en la transmisión de los incrementos de la masa de dinero en una economía, hacia el crecimiento de los precios.

Las evidencias internacionales están dando la razón a estas nuevas concepciones del funcionamiento monetario/precios de las economías globalizadas, sobre todo en un contexto de «baja utilización de la capacidad productiva y de servicios» que presentan todas las economías europeas, que redundan en que la demanda interna no es capaz de generar un volumen suficiente para que aparezca un gran crecimiento de precios. De hecho podemos observar que España está creciendo por debajo de su nivel potencial. Los precios no corren el riesgo de crecer de forma desorbitada e incluso en España se mantienen por debajo del crecimiento de precios de la zona euro (Gráfico 7).

Gráfico 7. Tasa de crecimiento del Índice de precios armonizado (datos en %).

Fuente: Eurostat.

Por tanto, no existe peligro de inflación inminente y la cerrazón del BCE pone no sólo a países como España sino a toda la UME en peligro y, por tanto, al euro mismo, al contrario de lo que la institución y los gobiernos de los países centrales quieren hacer ver. Si los inversores temen que un país puede tener problemas a la hora de devolver su deuda (debido a una recesión que conlleva un deterioro de las cuentas públicas) retirarán sus inversiones del país, reduciendo la liquidez disponible en el país en cuestión. En nuestro caso, los inversores cambian inversiones en España por otras en Alemania o por refugios como paraísos fiscales. La línea entre crisis de liquidez y de insolvencia es a veces muy delgada; cuando un país está atrapado en la primera, los tipos de interés que esos mercados hacen pagar incrementan, hasta el punto de poder traspasar la línea y convertir la situación en una crisis de solvencia. Es una profecía autocumplida, el país se vuelve insolvente porque los inversores creen que lo será.

Como resultado de esta elección doctrinaria, el Banco Central Europeo tiene prohibido suscribir directamente las emisiones de obligaciones públicas de los Estados europeos. Desde hace algunos meses compra obligaciones de Estado a la tasa de interés del mercado para calmar las tensiones en el mercado de obligaciones europeos. Pero nada dice que esto sea suficiente si la crisis de la deuda se agrava y se esfuman las tasas de interés de mercado. Entonces podría ser difícil mantener esta ortodoxia monetaria que carece de fundamentos científicos serios.

Consideramos esto como uno de los elementos fundamentales a la hora de establecer análisis en torno a la situación del euro. La pertenencia a la UME tal y como está diseñada implica incrementar el poder de los mercados financieros –y los actores que están detrás de ellos– de manera exponencial y pone a los países en una frágil situación de exposición a los movimientos de confianza y especulación en una peligrosa interacción entre crisis de liquidez y crisis de solvencia. En definitiva, la actuación del BCE permite a los mercados financieros poner de rodillas a Estados soberanos, es decir, debilita las democracias. Es más, la situación de España y de otros países periféricos debido a la actuación del BCE les sitúa en la misma situación que los países en desarrollo, que emiten deuda en una moneda cuya emisión no controlan. Estos países en vías de desarrollo están expuestos al mismo problema, esto es, pueden enfrentarse a una «parada inmediata» cuando los flujos de capitales entrantes se detengan súbitamente conduciendo al país a una crisis de liquidez.

Pero no podemos confundirnos sobre la transcendencia que tiene mejorar la financiación de los Estados en el seno de la zona euro. En concreto, el reciente cambio de actitud del BCE, anunciando su disposición a comprar títulos –a tipos más reducidos de interés– a los Estados miembros de la zona euro, y más en concreto España, Italia, Irlanda, Portugal o Grecia; eso sí, condicionado a aplicar medidas radicales contra los sistemas laborales, sociales y bienestar de estos mismos Estados.

Estas actuaciones, que van en la línea de las conductas que practican el resto de los bancos centrales, no son sino «paliativos» momentáneos, e imprescindibles, para conjurar los riesgos de un «colapso de liquidez» en los países del euro, más afectados por la recesión, la austeridad, y los recortes sociales, que están provocando un evidente riesgo de colapso de liquidez. No habrá futuro para el euro, con independencia de la labor del BCE a corto plazo.

IV. «Rigor mortis» del sistema euro

La sensación generalizada es que estamos asistiendo a un cambio histórico que dará paso a un nuevo escenario europeo. Cualquiera de los escenarios posibles, a los que podemos conferir una mayor o menor probabilidad, implica un replanteamiento de la UME y de la UE. Los grandes cambios que se han dado en la configuración del escenario económico y político dependen de las fuerzas en ese momento preciso del tiempo. Tomemos el cambio más reciente en el sistema económico mundial: los acuerdos de Bretton Woods. Europa salía devastada de una guerra mundial que había arrasado con la población, infraestructuras, sistema productivo, etc. EEUU por su parte se había convertido en el mayor tenedor de oro del mundo y al mismo tiempo en el mayor acreedor de los países europeos. Por ello, cuando se enfrentaron las dos visiones, la antigua potencia inglesa contra la potencia emergente estadounidense, las tesis que fueron adoptadas fueron las de esta última dejando en evidencia la decadencia del antiguo imperio británico.

En la travesía europea nos encontramos en uno de esos momentos donde las diferentes fuerzas políticas y económicas fuerzan un cambio de rumbo. Debemos pues plantear las alternativas posibles que se dibujan en ese nuevo horizonte no muy lejano, cuando este libro se escribe.

El sistema euro habría entrado en crisis, incluso sin la crisis financiera global

La crisis financiera fue un desencadenante de la crisis del euro, pero esta habría tenido lugar inevitablemente, puesto que los factores subyacentes –fundamentales que se dicen en muchas ocasiones– habían ido acumulando desequilibrios crecientes en las economías periféricas de la UE. Las necesidades de financiación de las economías privadas españolas alcanzaban cifras de centenares de miles de millones de euros, año tras año. Se compraba más de lo que se vendía, y aún mas se obtenían prestamos –por parte de la banca española– muy por encima de las necesidades de la economía real, alimentando al tiempo la expansión de las grandes empresas españolas por Latinoamérica y Europa.

Los desequilibrios por cuenta corriente de los países del sur de la eurozona son de la máxima importancia. La distancia creciente entre esos déficits por cuenta corriente y el superávit de Alemania conforma el núcleo de las dificultades que debe superar Europa si quiere mantenerse unida.

Por si faltaran problemas, en septiembre de 2008 se desató la crisis financiera internacional con la quiebra del banco Lehman Brothers de los Estados Unidos. La situación de los países deudores se hizo repentinamente angustiosa, pues la desconfianza se cebó lógicamente en ellos y los mercados dejaron de facilitar liquidez a todos los que la necesitaban. La crisis financiera internacional pudo servir de detonante de la crisis europea y sirvió para disipar la cortina de humo que tapaba los desequilibrios que se venían acumulando. La causa era, como venimos señalando, el diseño original del euro, cuya carga explosiva estaba ya instalada desde hacía tiempo. Sólo la euforia creada por la globalización financiera pudo ocultar, para los que quisieron confundirse, la insostenible arquitectura del sistema euro, dados los profundos desequilibrios que se registraban entre unas y otras economías y los volúmenes de deuda externa acumulados por algunos países, en particular los PIGS (siguiendo las siglas en inglés de Portugal, Irlanda, Grecia y España).

La crisis financiera europea y la crisis del euro tienen un origen particular, sin perjuicio de que la explosión de la crisis financiera internacional fuera el desencadenante de la crisis europea. Estallada aquella, con los mercados de financiación cerrados, la solvencia de muchas instituciones socavada y la desconfianza extendida de modo general era inevitable que se pusiera de manifiesto la gangrenada posición de algunos países de la zona euro. Con otras palabras, Europa ha gestado su propia crisis y esta tenía que emerger más pronto que tarde.

El Pacto Fiscal, un empujón hacia el abismo

La Comisión Europea, con la última palabra de los gobiernos conservadores alemán y francés, ha continuado imponiendo procedimientos contra los déficits públicos de los Estados miembros. A mediados de 2010 prácticamente todos los Estados de la zona estaban sometidos a ellos, exigiendo a todos los miembros que para 2013 o 2014 se comprometan a volver bajo la línea del 3%, independientemente de la evolución económica.

El denominado «Pacto Fiscal» –acuerdos impuestos para profundizar los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 2007– ha reclamado la puesta en marcha de políticas salariales restrictivas, reformas liberalizadoras de las legislaciones laborales de los Estados miembros, y la revisión a la baja de los sistemas públicos de jubilación y de sanidad, con el riesgo evidente de hundir al continente en la depresión y de aumentar las tensiones entre clases y países. Esta ausencia de coordinación y, más fundamentalmente, la ausencia de un verdadero presupuesto europeo que permita una solidaridad efectiva entre los Estados miembros han incitado a los operadores financieros a desviarse del euro, incluso a especular abiertamente contra él.

Las medidas impuestas a las economías de los países del sur de la eurozona –una insufrible devaluación interna basada en recortes salvajes del gasto público y presión sobre los costes laborales– tienen más posibilidades de empeorar la situación que de facilitar un remedio.

Con las propias palabras de la Comisión no caben muchas dudas sobre las sucesivas medidas de política económica y sus efectos: «El paquete de seis propuestas legislativas (six pack) reforzará significativamente el Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento y ampliará la vigilancia fiscal». Ha sido planteado como un tratado internacional que obligaría a los que lo suscriban, consolida la obsesión por el equilibrio presupuestario de los dirigentes de los países del Norte de la UE, liderados por la derecha alemana y jaleada por las derechas sueca, finlandesa y holandesa, principalmente. El Pacto Fiscal agrava los efectos del Pacto de Estabilidad, pues obliga a los Estados a equilibrar permanentemente sus déficits estructurales con la consecuente parálisis de las políticas económicas. En él se consagra la impropiamente denominada «regla de oro» de las finanzas públicas, ya que es, bajo cualquier consideración, una «regla de plomo» sobre el crecimiento.

Exige que los Estados firmantes introduzcan en el derecho nacional (preferentemente en las constituciones) disposiciones vinculantes que aseguren:

– el equilibrio o superávit presupuestario, limitando el déficit estructural (sin elementos excepcionales y servicio de la deuda) a un máximo del 0,5% del PIB;

– un mecanismo de corrección automático de las posibles desviaciones (ajuste del gasto o aumento de impuestos) que obliga a los parlamentos a actuar a la orden de la Comisión Europea y sus criterios de ajuste permanente.

En resumen, la manera como se construyó la Eurozona hace imposible que se resuelvan los problemas tanto de España como de otras economías periféricas. El poder del capital financiero y bancario diseñó entonces una estructura que imposibilita la salida de la recesión. Los dos ejes de la construcción, divisa única y Tesoro público (Banco Central Europeo), junto con el Pacto de Estabilidad, radicalizado con el Pacto Fiscal, implican una absoluta manipulación del instrumental para los Estados, pulverizando las soberanías democráticas de los pueblos de la eurozona.

En junio de 2011, el Tratado por el que se crea el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) se adoptó también en forma de tratado de derecho internacional y no de derecho de la UE, adoleciendo pues de las mismas carencias democráticas que el Pacto Fiscal. Además, hay una disposición en este tratado por la que su ratificación es condición necesaria para poder acceder a la ayuda financiera que prestará el MEDE a los Estados con dificultades.

El MEDE se creó para sustituir al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), de carácter transitorio, que ayuda financieramente a Grecia, Portugal e Irlanda. Entra en vigor en junio de 2012 como una institución financiera internacional, creada por los Estados miembros de la zona euro (aunque no excluye a los otros países de la UE), emplazada en Luxemburgo. Está configurado a imagen y semejanza del FMI en privilegios, inmunidad e independencia. Su actividad escapa de cualquier control democrático y parlamentario.

El «rescate»: agónico escenario de desendeudamiento

La deuda acumulada española frente al exterior corresponde en más de un 80% al sector privado. El sector público tuvo un modesto superávit en el trienio 2005 a 2007, no necesitando por tanto de financiación. Con el estallido de la burbuja inmobiliaria, la crisis internacional y la recesión, se ha incurrido en déficits públicos muy agudos –11,1% del PIB en el 2009, 9,3% en el 2010–, que se han reflejado en el volumen de deuda pública emitida, una parte de la cual está en manos extranjeras. Con independencia de que la deuda exterior sea pública o privada, y sin perjuicio de algunas diferencias entre ellas, es necesario pagar los intereses correspondientes de toda ella cada vez más altos por la desconfianza de los actores en condiciones de adquirirla. La refinanciación se presenta extraordinariamente difícil en la actualidad. Cuanto menos, porque aparte de la recesión, del hundimiento de la actividad y del creciente desempleo, los países débiles siguen acumulando déficits de la balanza de pagos que originan nuevas necesidades de financiación exterior, como es el caso de España.

La economía, ante los compromisos de devolución de deuda, se adentra en un proceso de degradación continuo, sin adivinarse un fin. La economía española no ha encontrado su sitio en el puzle de la globalización. Más concretamente, no se ha integrado razonablemente en el marco de la UME. Sin poder financiarla no puede haber recuperación, mientras el enorme volumen de deuda exterior ponga en tela de juicio la solvencia del país.

En primer lugar, porque la rentabilidad de nuestra economía está en entredicho, nuestros sectores son dependientes y volátiles, y se sitúan en la franja de menor valor añadido del concierto internacional, y ya no hay sectores locomotora con amplio recorrido –ante la ausencia de una política industrial que modifique las bases técnico-energéticas y de innovación hacia las renovables, y ante el abandono a su inercia del sector turístico–. En segundo, pero ahora de manera clave, por el grado de endeudamiento privado. En tercero, porque a raíz de su conversión en deuda pública, mediante mecanismos de desfiscalización de las rentas del capital y de gasto –los rescates, en primer lugar, del sector financiero privado, para el cual la austeridad o el rigor no han sido criterios a contemplar–, también ha acelerado el crecimiento del peso de la deuda pública, a pesar de su bajo punto de partida. Se trata de una asfixia del crédito tanto en el campo de los fundamentales –las expectativas de negocio–, como por las políticas aplicadas por los últimos gobiernos.

El agravamiento de la situación actual, sobre la cual no se facilita toda la documentación y base estadística precisa, por los enigmas que encierra el manto informativo creado por los intereses en juego (nadie, ni gobiernos ni empresas, reconoce su delicada situación financiera para evitar precipitar la bancarrota), presionaría aún más sobre la economía española, visto su gran endeudamiento, su subalterna posición exterior y la dependencia tan acusada que tiene de la financiación externa.

La crisis financiera se prolongará por mucho tiempo: permanecerán los circuitos del crédito obturados y la desconfianza y la inseguridad como clima general. La restricción de crédito y liquidez en la economía española no se disipará. Más bien al contrario, la crisis del sistema crediticio privado puede causar un cortocircuito mayor.

La crisis de la deuda pone sobre la mesa una discusión: quién paga los platos rotos. Dicha crisis presiona a una fuerte y duradera recesión, y debe debatirse a cargo de qué grupos sociales debe estar. De hacerse cargo los acreedores y otros grupos que viven de las rentas del capital, que se apropian cada año de casi la mitad de la producción, aún habría margen para que las condiciones de vida de la mayoría no se resintiesen, e incluso habría margen con el excedente para propiciar un cambio de esquema satisfactorio al servicio de necesidades sociales y, con un adecuado cambio de modelo productivo, ecológicamente sostenible.

Esto exigiría una institucionalidad bancaria, presumiblemente pública, bajo una regulación y criterios de gestión muy distintos, bajo control social. También requeriría medidas drásticas tales como el impago selectivo de la deuda –la que se determine como ilegítima, protegiendo a los pequeños ahorradores–, una reforma fiscal progresiva de amplio espectro y una nueva base de financiación propia –a cargo de los excedentes– e internacional –con nuevas alianzas y reglas de cooperación solidaria.

De otra forma, ni es posible la recuperación, ni un cambio sistémico transformador. Es más, en tal escenario no cabe esperar otra cosa que un retroceso histórico de gran magnitud en las condiciones de vida, laborales y de ciudadanía, que nos podría retrotraer en algunos años a tiempos pretéritos indeseados. En tal situación los conflictos sociales estallarían y posiblemente el marco sociopolítico se alteraría. El carácter de su diseño dependería de disputas en las que estarían detrás, probablemente, la mayor colisión entre clases sociales desde las revoluciones del siglo xix y xx. Sin embargo, la envoltura y rasgos de dicho conflicto corre un riesgo cierto de atravesarse por un renacimiento del populismo nacionalista, la involución hacia gobiernos tecnócratas o fórmulas autócratas diversas. Evitarlo depende de las organización, orientación y determinación de las fuerzas de la izquierda, que debe seguir comprometida con el internacionalismo, la democracia y la defensa de modelos socioeconómicos sostenibles al servicio de las necesidades, cuestionando la lógica implacable de la rentabilidad o las veleidades gregarias a favor del oportunismo carismático-tecnocrático que pueda darse ante la desesperación de situaciones límite.

Los rescates, parciales o totales –en ambos casos, con la garantía estatal y a costa de los contribuyentes y las clases populares que reciben servicios públicos y derechos sociales–, no plantean más que la prolongación de la agonía pues los países aumentan una deuda con condiciones cada vez más duras, que acabarán o con la miseria de grandes segmentos de la población o bien por no poder hacer frente ante la recesión que asimismo extienden. Ahora, el tiempo ganado mientras sucede se aprovecha para limpiar en lo posible los balances de las instituciones privadas acreedoras, entre ellas los bancos alemanes y franceses, trasmitiendo la deuda a instituciones públicas –Banco Central Europeo, FMI, Fondo de Estabilización (FEEF) de la Comisión Europea– en una gigantesca operación de socialización de pérdidas.

Cabe resaltar la inutilidad de los recortes como solución a la crisis. A partir de mayo de 2010, la serie de medidas de contrarreforma emprendidas por el gobierno de Zapatero, a cual más rechazable, incluida la de la Constitución, no han impedido que la situación actual económica sea peor ahora que entonces. Véase, por ejemplo, el creciente paro, la inauguración de una nueva recesión, la disparatada prima de riesgo, la inquietud creciente ante una probable catástrofe socioeconómica y la deslegitimación del régimen político. Es más, las medidas de recortes impuestas desde sectores conservadores han agravado la situación deteriorando más aún las variables fundamentales. Esto a su vez conlleva un deterioro de los balances de empresas, familias y sector bancario más profundo que el que hubiera existido en caso de no aplicar estas medidas.

Hasta ahora, todas las medidas de recorte aplicadas implican el ajuste interno recomendado implícitamente en su día por Krugman (El País, 2011) como alternativa a la devaluación. Devaluación o ajuste interno no son modos equivalentes de afrontar un desequilibrio exterior profundo. La devaluación hace diana y afecta directamente a los precios de importaciones y exportaciones, que son decisivos para corregir un déficit de la balanza de pagos (y el impacto que supone sobre la deuda externa), mientras que el ajuste interno deprime la actividad económica.

El Nobel Paul Krugman recomendó para la economía española el reequilibrio de su situación internacional a través de mejorar su competitividad. Para ello caben dos caminos: una devaluación de la moneda, cosa imposible por la pertenencia al euro, o un drástico ajuste interno de precios y costes. La magnitud de ese ajuste es discutible, si bien se ha manejado una cifra entre el 15 y el 20%.

Esta salida tiene muy serios inconvenientes, como la que está detrás del Pacto Fiscal de 2012; su aplicación es casi imposible socialmente como prácticamente inviable económicamente. La propia recesión ocasiona, en el actual contexto, un ajuste interno cada vez mayor y tampoco se augura ninguna salida, más bien al contrario. Además, no cabe esperar que por un acuerdo social se reduzcan los costes laborales en una proporción tan fabulosa como el capital reclama. El objetivo no sería otro que aumentar formidablemente las tasas de rentabilidad del capital hasta el punto que pudiese al mismo tiempo hacerse frente a los compromisos de devolución de deuda, asumir la destrucción del capital ficticio generado en los mercados financieros y animar un nuevo ciclo de inversiones en un contexto donde la mayor parte de sectores padecen sobreproducción; lo que representaría un desafío inabordable sin romper las bases de la civilización moderna. Tampoco sería factible reducir conjuntamente los precios, de por sí incontrolables, al estar en manos del empresariado. Hay que tener en cuenta, además, que un ajuste depresivo de esta naturaleza hundiría la economía, lo que a partir de los niveles de paro existentes dibujaría un panorama estremecedor. Más que salida parecería un foso.

Así, la salida que nos esboza Krugman entraña una condena a permanecer en el estancamiento. De tal modo, que esta opción se presenta como realista únicamente porque políticos y economistas dan por hecho que la pertenencia al euro es irreversible.

Una variante a la devaluación «interna» es la que el propio Krugman ha planteado en su último libro, que él denomina «devaluación relativa», consistente en una expansión y aceleración de costes laborales en Alemania. Se han conocido los acuerdos de expansión que los sindicatos alemanes del metal han conseguido con un aumento salarial del 4,3%, o de DGB con un 4,5% –el doble de la inflación–, una subida récord desde 1992. Ese acuerdo marca un cambio de era en las políticas salariales alemanas y esa es la mejor de las noticias. Acuerdo en la negociación colectiva alemana, al que hay que sumar una subida del 6% en la función pública, que apuntan a un relanzamiento del consumo interno en Alemania y una mejora en las políticas de «redistribución» a favor de los salarios en estas economías centrales.

En este terreno, no obstante, los márgenes son estrechos. Se podría abordar una política fiscal más expansiva, pero Alemania también tiene un déficit público importante (el 3,7% del PIB en el 2010) y un nivel de deuda pública comparativamente elevado (más del 81% del PIB, 10 puntos más que nuestro país), por lo que cabe esperar que el gobierno alemán pretenda hacer una política bastante ortodoxa. Exigirle lo contrario queda fuera de las reglas que rigen en la Europa de Maastricht y es poco probable salvo un cambio inesperado en los gobiernos alemanes. Ahora bien, en política todo es posible.

Por lo demás, es una ingenuidad aguardar a que Alemania trate de tirar de la economía europea y logre arrastrar en mayor o menor grado al resto de los países. La crisis se deriva fundamentalmente de la inestabilidad general existente del propio diseño de la UE y el enorme y desmesurado peso de la deuda acumulada. Un solo país, aún siendo Alemania, no bastaría por sí solo para remontar la situación. Mientras se pretende que Alemania ejerza de locomotora, las políticas de ajuste aplicadas por los gobiernos de las economías periféricas profundizan la depresión. ¿Cuánto debe crecer para compensar las políticas restrictivas de ajuste que se vienen aplicando los países periféricos y que, según todos, deben intensificarse?

Qué necesita el sistema euro para sobrevivir

A pesar de la insistencia mediática, para evitar la alarma social –en cualquier caso, desatada–, de que el proyecto de la UE y del euro son irreversibles, ningún actor realista considera creíble su viabilidad bajo su esquema actual.

Las opciones conservadoras, de orientación neoliberal, zozobran en su gestión, incapaces de consolidar el proyecto. Barajan opciones diversas que oscilan entre afianzar el esquema de austeridad y de recortes con la concesión de rescates financieros con condiciones draconianas de recortes y reformas fiscales regresivas, o realizan huidas hacia delante en materia de política monetaria y de financiación expansivas, amenazando con la expulsión selectiva de países, a modo de castigo y aislamiento. Políticas que siempre buscan que el impacto en la devolución de las deudas no haga correr riesgos a los acreedores centroeuropeos y a los poseedores de los seguros de impago (Credit Default Swaps), fundamentalmente los bancos norteamericanos. Sin embargo, el recorrido es sumamente corto y el fracaso del modelo actual es prácticamente seguro. De endurecerse esta vía la depresión se generalizaría en la periferia, contagiaría al centro, finalmente abocará a impagos, al no poder asumir la devolución de las deudas, y a la quiebra también de buena parte del sistema bancario internacional.

Probablemente surjan alternativas favorables a repliegues nacionales o de grupos de países –los nórdicos y centroeuropeos, por ejemplo– que aspiren a consolidar sus privilegios en la división internacional del trabajo. Pero la economía internacional está sumamente interrelacionada como para desentenderse y posiblemente combinarían el blindaje de sus ventajas con la exigencia de mayor sumisión para integrarse subordinadamente –tal y como sucede actualmente–, si es que no consiste en algún tipo de aislamiento o castigo, de los países «incumplidores».

Mientras tanto, aparecen iniciativas de revisión del proyecto que tratan de retocar algunas de sus bases, tal y como simboliza la propuesta de Hollande desde Francia que, por cierto, tras su elección ha rebajado las pretensiones finales. Esta vía supuestamente reformista del sistema arquitectónico del sistema euro, ha presentado medidas de mayor o menor intensidad y profundidad entre las que destacan: de la inicialmente propuesta de derogación de la prohibición de que el BCE sea prestamista de última instancia se ha pasado a apoyar instrumentos financieros para que alivien los costes de financiación de los Estados miembros, con la puesta en marcha del FEEF o MEDE, que son diseñados a imagen del FMI, que actúa como prestamista con draconianos ajustes estructurales de las economías de los estados que solicitasen sus ayudas. Complementariamente ha sido propuesta la «mancomunidad de deudas públicas», esto es, la solidaridad financiera, con la emisión de eurobonos para financiar mancomunadamente la crisis de la deuda e impulsar la inversión a través del Banco Europeo de Inversiones, o la instauración de un Impuesto de Transacciones Financieras.

Esta opción suave no corregiría aspectos centrales del diseño de la UE, porque siguen siendo medidas incapaces de contrarrestar los desequilibrios de la balanza de pagos, la losa de la deuda, o el papel rentista y atrofiado del sistema bancario privado. Sin lugar a dudas sobre el papel representan medidas de alivio pero en modo alguno creíbles. No sólo por la falta de respaldo político suficiente –la izquierda alemana, SPD y Verdes, se ha alineado con Merkel en su orientación fundamental, y Die Linke está en retroceso en las encuestas–, sino también porque requeriría de unos recursos formidables para hacerse sentir. Además, requiere de condiciones y decisiones controvertidas e impracticables en un proyecto europeo que no es más que un agregado de intereses nacionales, tales como quién va a respaldar la emisión de eurobonos y quién va a disfrutar de su financiación, por ejemplo. De igual modo, mientras no se modifique radicalmente el status institucional del sistema financiero privado a escala europea, parece que los impuestos que recaigan sobre ellos serán soslayados vía paraísos fiscales, fórmulas de elusión de impuestos o economías paralelas, si es que no se derivan a la clientela. Finalmente, la solución, de naturaleza keynesiana, no resuelve la enorme asimetría entre acreedores y endeudados dentro del sistema y recurre a una medida de profundización del endeudamiento cuando este recurso ha superado todos los límites. En este contexto de medidas el euro permanecería en entredicho, y aunque pudiera representar una postergación del problema, la situación seguiría irresuelta.

La opción descrita sería una variante menor de la vía reformista para la UE que sostiene que para salvar lo construido hasta ahora hay que completar las tareas pendientes de integración que exigía el euro –armonización fiscal, elevación de presupuesto común, política económica más coordinada y uniforme– y profundizar en los aspectos políticos y sociales que convierta a Europa en una unión política plena.

Esta opción representa una quimera, un ruego al cielo o un argumento para desviar la atención ante los problemas y los poderes fácticos. Tras el camino recorrido, los problemas sumados y la orientación política dominante, no es posible alcanzar los objetivos que se proponen. En suma, el diseño de la UE no ha olvidado dichas tareas, ni obedece a un descuido técnico, sino que decididamente se encamina en dirección opuesta a cualquier política de convergencia y de solidaridad, pues se trata de la elección de las oligarquías europeas en contra de la mayoría social. No se trata, en definitiva, de una cuestión de deseos, olvidos o defectos técnicos, sino de una lucha en toda regla entre clases sociales a escala continental.

Dentro de los escenarios, cabe recoger el que augura o propone el estallido del euro. Esta línea vaticina problemas graves para todos los países del euro, considerados aisladamente o en conjunto. Consiste en la simple previsión de que el euro con su vigente configuración no puede sobrevivir, al menos no con su actual esquema y con el mismo club de países pertenecientes a la eurozona, y que puede ser aconsejable la salida de esta unión monetaria.

A su vez, tras el estallido, en forma de salida a propia iniciativa o de expulsión y que tendrá lugar en un proceso complejo donde el orden, la forma y la firmeza de cada paso serán decisivas, los esquemas de políticas que se pueden desarrollar pueden adoptar esquemas muy diferentes (políticas proteccionistas keynesianas con una orientación más o menos populista-nacional, más o menos progresista o elitista; de revisión de las relaciones internacionales –sea con la propia UE u otro grupo de países, para conservar o modificar unos u otros aspectos, para negociar o no impagos de deuda, etc.–, líneas de solidaridad y configuración institucional internacional alternativa que contengan modelos socioeconómicos más o menos postcapitalistas, etc…). Este debate se nos escapa para tratarlo debidamente en el espacio disponible aquí (Albarracín, 2011).

No obstante, señalemos que el estallido del euro no informa de otros factores y fenómenos que se interrelacionan con él –una moneda meramente multiplica las repercusiones de un marco de políticas y un diseño institucional determinados– y que le darán la forma final. A este respecto, salir del euro por sí mismo no implica necesariamente quedarse fuera del proyecto de la UE, ni plantea necesariamente la recuperación del instrumental de soberanía económico, ni la orientación y medidas para abordar una línea alternativa (recuperación de Banco Central, construcción y primacía de la Banca Pública, iniciativas de suspensión o impago de la deuda, una reforma garantista de las relaciones laborales que entrañe medidas de redistribución, reparto del empleo y reducción de jornada, políticas sociales, etc.) aunque en general es lo que se perseguirá, al menos desde la izquierda consecuente.

Tampoco explica bajo qué tipo de relaciones internacionales se va a desplegar, ni si las soluciones que traerá consigo superarán una dinámica de devaluación competitiva de los tipos de cambio (una carrera sin fin para exportar la crisis a otros países). Posiblemente haya que dar cuenta del debate poniendo en relación proyecto de la UE-sistema monetario sin aislar ambos, lo que puede traducirse, para opciones transformadoras avanzadas, en la necesidad de poner en cuestión los contenidos del proyecto de la UE y con él el sistema euro, y cómo abordar la alternativa a la ruptura con él, sin caer en escenarios limitados que no rebasan las fronteras, donde la salida nacional sea un momento de transición a construcciones más ambiciosas, cooperativas e internacionalistas.

Pronosticar más allá encierra un juego siempre incompleto de hipótesis. Cada una de estas hipótesis puede llevar a proyecciones muy diferentes según la forma en que se lleven a cabo y el fruto de los conflictos sociopolíticos que están por venir. De tal modo que, aquí, se interrumpen los diagnósticos para entrar en el terreno de la estrategia política que, como decimos, tendrán que fraguarse, cuanto antes, en el seno de la izquierda.

Hasta aquí, en esta fase propositiva, se han expuesto algunas ideas cuyo desarrollo implicaría un proceso de integración económica radicalmente diferente del que ha tenido lugar con el Acta Única y el Tratado de Maastricht, y cuyo avance desde el estadio alcanzado no resulta fácil, por no decir imposible en algunos aspectos en el marco institucional vigente, las políticas consagradas en los Tratados Europeos y con la moneda única. Ahora bien, es necesario tener en cuenta que el proceso de integración europea no es un producto de diseño, sino resultado de necesidades históricas y del enfrentamiento de fuerzas políticas, de intereses económicos, de países, de ideologías, esto es, de la combinación de las necesidades del capitalismo europeo y de la lucha de clases, entendida esta de un modo amplio y complejo. Bajo esta interpretación, el problema fundamental que suscita cualquier alternativa distinta a la que conocemos no es el de formularla sino el de cómo lograr imponerla. En el caso de las propuestas anteriores, que responden a un modelo de integración más razonable, más progresista, más solidario, adolecen de la misma carencia: para alcanzar una integración europea bajo esos criterios hace falta crear las fuerzas y organizaciones necesarias que lo hagan posible.

Pretender un presupuesto y una política fiscal común, homogeneizar los derechos laborales y sociales, aspirar a un sector público productivo a escala europea, acometer generalizadamente la reducción de la jornada, devolver a la política su preeminencia, etc., es, en mayor o menor grado, un ejercicio de voluntad o de imaginación, por cuanto el aspecto fundamental que queda pendiente a la hora de proponer estas alternativas es generar y articular las fuerzas que las defiendan, cuanto menos, en Europa.

No habrá futuro para el euro si no se abandona la parálisis política europea que se empeña en abrir un periodo de integración por etapas (unión bancaria, según Francia, unión fiscal, según Alemania, etc.), que desplazan las soluciones hacia el 2014, o más adelante. El sistema euro no sobrevivirá a tan doloroso periodo. Sólo un rápido, profundo y democrático proceso constituyente que haga nacer un nuevo Tratado que sustituya a Maastricht, con concesiones de soberanía, e inevitablemente con transferencias fiscales permanentes entre el centro y la periferia del euro, despejarían los riesgos, calmarían a los pueblos de Europa y a sus verdugos: los mercados.

La salida del euro: un escenario realista

Cada vez son más los economistas críticos que valoran la salida de nuestro país del euro como lo más conveniente y, en la mayoría de los casos, inevitable. Unos hablan de «ruptura», otros de «salida», otros de «expulsión», cada una de ellas tienen circunstancias y connotaciones políticas diferentes. Los caminos por los que los autores van llegando a esta conclusión son diferentes, aunque todos comparten lo que supone el fracaso del sistema euro, que es tanto como decir del proyecto europeo en sus contornos históricos actuales.

Descartamos aquí tratar las opciones de salida nacional producto del ideario populista-fascista, como el que podría representar el Frente Nacional francés, puesto que conduciría a escenarios de conflicto internacional por otras vías, de un proteccionismo incapaz de dar soluciones a la crisis global, y de políticas de segmentación social interna muy acusadas, de las que nos sentimos completamente alejados.

Las propuestas de izquierda más radicales, apuestan por la salida del euro porque consideran que no hay solución a los problemas económicos de nuestro país en el marco de la moneda única y porque además estiman que en la Europa de Maastricht es imposible llevar a cabo una política mínimamente progresista, por representar la culminación del proyecto de las clases dominantes europeas.

Otros se han aproximado por dos motivos. El primero, que no ven posible, o por lo menos fácil, llevar a cabo las reformas necesarias en la Unión Europea para sostener al euro y corregir sus carencias más evidentes, con el capítulo fiscal como decisivo. Preferirían salvar la unidad monetaria, sobre todo no empeorar la situación financiera de endeudamiento, pero están llegando a la conclusión de que la Europa de Maastricht no es reformable. Si acaso algunos autores, en determinadas coyunturas, plantearon la salida del euro como arma última para negociar en mejores condiciones la reestructuración de la deuda o los postulados de los Tratados europeos.

El segundo motivo es que las políticas de ajuste y recortes que se están practicando como solución a la crisis financiera de la zona euro aumentan las consecuencias desoladoras para los países, caso de Grecia, Irlanda o Portugal, y que la situación de la economía española o la italiana, se degrada a tal ritmo que resulta inevitable enfrentarse a la cuestión del euro. El deslizamiento al abismo de Grecia, Irlanda y Portugal, como si hubieran sido maldecidas por la divinidad, y las expectativas de que nuestro país transitará un camino parecido, hace que, intelectualmente, se contemple ya la supervivencia o la pertenencia al euro como un capítulo cerrado, sin vuelta atrás, pendiente únicamente del desenlace efectivo. Los argumentos para seguir en el euro parecen agotados, sólo cabe esperar el curso de los acontecimientos que, aunque el cómo pueda ser muy variable, parece inexorable.

Nadie ha planteado por el momento cómo se llevaría a cabo este descuelgue de nuestro país del euro. Estando la moneda única en una crisis de supervivencia nadie está en condiciones de saber cómo será su desenlace. Por acuerdos, por expulsión o desenganche de algunos países, por conmociones financieras que arrasen algunas economías, por una crisis general, etc. Como se colige, hay muchas incógnitas en el horizonte y una manifiesta falta de control sobre la situación, por no considerar aspectos sociales y políticos, que están también sobre el tapete.

Desde luego, todos valoran como un hecho histórico la salida del euro cualesquiera que sean las razones o la forma en que se produzca, y todos saben que se abre con ello un periodo trascendental de muy difícil pronóstico.

Estas palabras, en apariencia, se vuelven inmediatamente en contra de los defensores de la salida del euro, como si tuvieran que ser ellos los que justifiquen esa necesidad y fuesen responsables de los inconvenientes, si se quiere graves, que la alternativa tiene. No obstante, ese traspaso de la carga de la prueba no es admisible, puesto que la propuesta surge de la orfandad intelectual y el fracaso para avanzar en la integración de Europa con el euro y del progresivo hundimiento que sufre la economía cuando se implantan las medidas recomendadas o exigidas por los poderes económicos europeos. Hay que tener en cuenta que el euro es un proyecto tan contrahecho –competir países tan desiguales sin el resorte y alivio que representa las devaluaciones del tipo de cambio para los más débiles–, y con tantas carencias –una fiscalidad heterogénea, una ausencia de presupuesto público europeo significativo, con una política de inversión y transferencia de rentas redistribuidora y compensadora de las divergentes productividades, por ejemplo– que si por una vía milagrosa se superase la actual crisis, al día siguiente comenzaría a gestarse la próxima.

Hasta ahora se ha hablado de la salida del euro. Debe quedar claro desde el principio que esta forma de expresar la necesidad de una ruptura económica esquematiza los cambios que han de producirse, que van más allá de disponer o no de una moneda propia. Pero, sin duda, la ruptura con el euro representa algo más que un símbolo. No cabe renunciar a expresarnos con claridad y sin temor a las críticas.

En fin, entremos en materia, iniciemos la tarea de descifrar las consecuencias de la salida del euro y de pensar cómo afrontar el periodo de transición económica que se abre con ello.

Salir del euro significará, probablemente, que nuestro país cuente con una moneda propia cuya emisión y control dependerá del Banco de España que recuperará así su papel histórico. Este hecho, devolver al Banco de España sus funciones de emisor de una moneda y prestamista de última instancia para el conjunto de la economías es de los más relevantes y decisivos que ocurrirán. La pérdida de la soberanía monetaria supuso la pérdida de un resorte fundamental para controlar la evolución económica del país atendiendo a las necesidades económicas y sociales. El Banco Central europeo, con una autonomía injustificada, ha llevado a cabo una política dirigida a controlar la inflación de la zona euro, y cuando se ha olvidado de esta tarea lo ha hecho en función de las necesidades de los países predominantes en la zona euro, léase Alemania y Francia. Determinar una única política monetaria para un conjunto de países tan diferentes y, sobre todo, recorrido por problemas y coyunturas no equiparables, es una de las grandes fallas del euro y una causa primordial de la crisis actual.

La existencia del Banco de España, asemejado a la tan deseada Reserva Federal de Estados Unidos como fuente de liquidez, pondrá en manos de los gobiernos la posibilidad de manejar la política monetaria, en sus vertientes esenciales determinando el tipo de cambio oficial, la cantidad de dinero y/o los tipos de interés. El hundimiento que sufre la economía se podrá amortiguar con una política monetaria que alimente las cajas vacías de todas las instituciones públicas para estimular la demanda, practicar políticas de amortiguación de los costes sociales de la crisis, impulsar medidas progresistas y de mejora de los servicios públicos y facilitar la recuperación de muchas empresas liquidadas o en trance de hacerlo por las deudas que tienen contraídas las administraciones públicas.

No hay que dejar de pensar que hablamos de un periodo transitorio y turbulento como consecuencia del fracaso del euro. Así, desde el momento en que se emita una nueva moneda tiene todo a su favor ante el desastre creado por el euro. Será necesario fijar el valor de su cotización con el euro –si pervive– o con otra moneda de referencia universal, por ejemplo el dólar. A partir de esa cotización se determinaría el valor de la peseta con el resto de las monedas existentes.

No cabe duda que la nueva peseta tendrá que sufrir una devaluación muy importante con respecto a su actual valor, con independencia de la moneda de referencia, el euro o el dólar. El desequilibrio exterior es tan agudo que una economía hundida en los últimos tres años que ha generado tres millones de parados, todavía registrará un déficit por cuenta corriente en 2011 próximo al 5% del PIB. Sólo con una devaluación contundente se afrontaría el problema. Una decisión adicional resolvería si dejar la nueva moneda que cotice con total libertad en los mercados o si controlarla en alguna medida interviniendo la autoridad monetaria en los mercados de divisas, y si conviene funcionar técnicamente con un doble tipo de cambio, uno interno y otro externo.

También otras dimensiones económicas, productivas y comerciales, obviamente se verían afectadas, y merece esbozarlas y ponderarlas. Serian las siguientes:

– Productivas: Estamos muy condicionados por los bienes de equipo y otras tecnologías procedentes del exterior. España es, en gran parte, una «maquila» –tipo de industria que utiliza tecnología importada, mano de obra local y luego exporta el producto– (que explica porqué se han acelerado las importaciones tras la entrada del sistema euro), como es el caso de la industria de automoción, muy dependiente de las importaciones de elementos centrales como la monitorización. Los costes salariales, tras la devaluación se volverían «super-competitivos», pero los inputs intermedios industriales, amén de los energéticos se dispararían. Sin duda alguna, sería una buena oportunidad para una reconversión, guiada por una política industrial más avanzada, para impulsar cambios tecno-energéticos favorables a bases materiales y energéticas renovables, o para desarrollar una industria de los servicios centrada en los cuidados de las personas (educación, sanidad, atención a la dependencia, comedores colectivos, escuelas infantiles, turismo sostenible, etc…).

– Financieras: Al finalizar 2011 la economía española tenía una posición neta deficitaria exterior de 963.640 millones de euros, resultado de unos pasivos de 2.315.000 millones de euros y unos activos frente al exterior de 1.332.000 millones de euros. Sin entrar a desglosar la composición de unos y otros, relevante a los efectos que vamos a comentar, cabe decir que los poseedores de activos frente al exterior ganarían en la medida en que los tienen formalizados en monedas cuyo valor en pesetas sería mayor por la devaluación inicial de la nueva moneda. Por el contrario, la masa de deuda externa con sus correspondientes compromisos de devolución se vería incrementada para los residentes internos por la devaluación que sufra la nueva moneda. Por decirlo sencillamente, habrá que devolver euros que valen a mucho más que las 166,386 pesetas a las que se cambió. Un incremento significativo de la deuda externa representa uno de los problemas fundamentales de la salida del euro.

Tras la salida sería necesario convertir la cuenta de las deudas con el exterior a la nueva moneda o bien declarar un impago en un, pongamos por ejemplo, 50%. En tal caso, compensaríamos el posible bloqueo al acceso a una parte de la financiación internacional, con la liberalización de recursos propios para invertir. Si no se declara el impago, esta situación afectaría tanto a las deudas públicas, como a las privadas, sean estas de «entidades bancarias» o de empresas productivas. Verían incrementadas en un nivel equivalente a la devaluación de la nueva moneda respecto del sistema euro todas sus deudas con el exterior. En términos financieros, las deudas interiores no sufrirían más que una conversión con el nuevo tipo de cambio a la nueva divisa.

– Comerciales. Tan solo el rápido crecimiento de la rúbrica de Rentas de Transferencia por motivos del incremento del turismo podrían conseguir paliar los déficits de actividad que la devaluación de la nueva divisa provocaría tras la salida del sistema euro. En contrapartida negativa, la devaluación supondría un encarecimiento inmediato de la factura energética para el conjunto de la economía española, que podría paliarse con un cambio de modelo productivo basado en renovables (solar, eólica, maremotriz, biomasa, etcétera).

Sin duda alguna, no todos los anteriores problemas son infranqueables, pero sí ponen de manifiesto que la salida del sistema euro ni libera de las políticas neoliberales que causan miseria y austeridad a los países periféricos, ni será jubilosa como algunos la pintan.

Pero lo relevante consiste en cuestionar las políticas neoliberales aplicadas en la constitución del euro y en su desarrollo. Políticas que bien podrían ser replicadas por las autoridades españolas una vez se materializase la salida del euro, si no hay fuerzas que las orienten hacia otro rumbo. No son los instrumentos, sino el diseño institucional, las políticas y alcance con que se materializan la cuestión central.

La deuda externa de las empresas y entidades bancarias españolas las mantiene estranguladas en unas circunstancias en que reina la desconfianza financiera, así los canales de financiación se encuentran obstruidos. Esa enorme deuda es un problema insostenible a medio plazo. Este es el telón de fondo de la crisis del euro: que los países más endeudados no pueden seguir financiándose sin grandes dificultades en los mercados y costosos intereses y tampoco pueden garantizar su solvencia pues el alto endeudamiento implica compromisos de pago que no están en condiciones de cumplir.

Sobre el papel, por supuesto considerando los impactos sociales y económicos antes esbozados –relativo empobrecimiento, mejora de la exportación– y el efecto interno e internacional (dificultades de acceso a la financiación internacional), la aparición de la peseta tendría el mismo significado que una devaluación como las anteriores a la creación del euro. Las exportaciones se verían estimuladas y las importaciones frenadas, dependiendo, claro está, de la magnitud de la devaluación y de la flexibilidad o elasticidad de las importaciones al encarecimiento de los precios interiores, a través de los cuales se tiene que operar la mejora y cierre del déficit exterior.

Sobre el conjunto de las operaciones de la balanza de pagos por cuenta corriente, incluidos también los servicios, no cabría sino esperar una mejoría, cuyo significado, aparte de corregir el desequilibrio externo actual, sería un estímulo a la actividad y el empleo en la medida que todo nivel de demanda interna se cubriría con menos importaciones y más exportaciones.

No obstante, es evidente que las relaciones con el exterior no se limitan a los flujos corrientes –transacciones comerciales, servicios, pago de rentas y transferencias– sino que existen también operaciones financieras. La experiencia nos revela previsiones para la posición financiera externa de la economía española que se verá muy afectada por la recreación de la peseta y la devaluación referida. Pero también, si se mueve con cintura y en cooperación con actores y países que lo faciliten, puede implicar un mayor margen de autonomía y posibilidades de soluciones de redistribución.

La cruda realidad es que nuestro país no podrá pagar nunca la deuda externa acumulada y por consiguiente menos podrá hacerlo si esa deuda hay que liquidarla en una moneda mucho más valiosa en términos de la moneda que circule en la economía española. Son palabras mayores, pero significa que nuestro país es más que probable que tenga que declararse en suspensión de pagos por imposibilidad de atender todos los pagos exigidos por el exterior. Para esos pagos no hay que contar con los activos frente al exterior, puesto que los poseedores de estos no son almas de la caridad que regalarán su dinero a los deudores españoles. Los pasivos brutos que hemos mencionado, 2,3 billones de euros, es la carga a la que deben hacer frente los deudores, sin perjuicio de que algunos deudores tendrán también activos en el exterior.

La primera distinción importante entre estos es si se trata del sector público o del sector privado. La cifra recién citada se descompone en 300.000 millones de deuda del sector público, fundamentalmente deuda del Estado en manos de extranjeros, y de 2 billones de deuda del sector privado, muy destacadamente de las instituciones crediticias. Unas instituciones además atrapadas en la crisis inmobiliaria: un porcentaje significativo de los activos de la banca y las cajas de ahorro están comprometidos en préstamos a la vivienda de particulares y a promotores inmobiliarios. Ello a su vez ha desencadenado la crisis bancaria, con sus problemas de saneamiento de balances, quiebras de algunas entidades y restructuración del sector, lo que implica problemas internos para la economía española y problema externo, puesto que la contrapartida de la deuda externa con activos sobrevalorados ha fracasado. ¿Qué hacer?

La deuda privada frente al exterior, la parte más voluminosa, no debiera constituirse en un problema que afectase al conjunto de los agentes económicos, sino que habría que dejar que cada uno de los atrapados en dificultades tratara de superarlas por sus propios medios. Los que puedan pagar que paguen, otros que negocien quitas y otros irremediablemente tendrán que declararse en quiebra, todo lo cual repercutirá en los acreedores extranjeros y, por supuesto, en la credibilidad de la economía española que quedará por un tiempo muy afectada. La crisis trae estas consecuencias.

Sólo cuando la crisis de la deuda afectara a empresas decisivas de sectores estratégicos, con un riesgo de desaparición, correspondería al Estado salvarlas bajo la fórmula de la nacionalización sin indemnización alguna y sólo atendiendo a los compromisos ineludibles para garantizar su supervivencia. La casuística de la realidad existente no permite avanzar criterios mucho más concretos.

La deuda externa del sector público, importante pero limitada, como se ha visto, remite a un problema más general: el endeudamiento global de las administraciones públicas, con el Estado como principal institución en este tema.

Hay una similitud muy grande en el caso español, por una parte, entre el déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente y el déficit público y, por otra, entre la magnitud del endeudamiento externo y el volumen de la deuda pública en circulación. El endeudamiento sólo puede reducirse como consecuencia de un superávit, ya sea en la balanza de pagos o en las cuentas públicas. Pero no son fáciles de corregir. El déficit exterior responde a causas complejas, que pueden sintetizarse en la falta de competitividad de la economía española y no son fáciles de superar. A pesar de los esfuerzos por lograr su reducción, a pesar de los duros ajustes internos y la depresión de la economía, el déficit exterior sigue existiendo y lo seguirá haciendo –mientras España no tenga una economía comparativamente desarrollada, más equitativa y eficiente y tenga un lugar mejor en la división internacional del trabajo– y con ello el aumento de la deuda externa.

En el caso del déficit público, los intentos de reducirlo chocan con la trampa de que una política fiscal contractiva y regresiva hunde la economía. La reducción de ingresos públicos y el aumento de algunos gastos –rescates, intereses de la deuda–, nos aleja del cumplimiento de los objetivos de déficit. La deuda pública acumulada no deja de crecer y la carga que ello representa, en unas condiciones además muy adversas por la crisis financiera internacional y las sospechas justificadas sobre la solvencia del país, se traduce en tipos de interés con primas de riesgo muy elevadas. Reducir el déficit exterior, como el déficit público, con políticas neoliberales agravarían hasta el extremo de lo disparatado y lo socialmente sostenible el hundimiento de la economía. Se crea así un círculo infernal entre la obsesión por contener el déficit público y la depresión de la economía.

Hemos mencionado el déficit de la balanza por cuenta corriente de casi el 5% del PIB en 2011 y los 2,3 billones de euros de endeudamiento exterior. En lo que se refiere al déficit público todo intento de reducirlo por la vía de ajustes y recortes tiene consecuencias muy dramáticas como se está experimentando en los últimos tiempos. Cada punto de rebaja del déficit público representa unos 10.000 millones de euros, pero el endeudamiento de las administraciones públicas alcanza a finales del 2011 los 735.000 millones de euros. La conclusión es la siguiente: así como no se podrá pagar el endeudamiento externo, también será imposible que las administraciones públicas españolas puedan hacer frente al montante de la deuda acumulada. Significa esto, expresado con toda claridad, que será necesario reducir el peso de las cargas de la deuda por la vía rupturista de anunciar y negociar una quita de la deuda pública española.

Todos los acreedores poseedores de dicha deuda, extranjeros y españoles, tendrán que ver disminuidos sus activos por el montante de la quita. Todo esto suena estridente, a crisis aguda, a una situación compulsiva, pero es una realidad ya, por ejemplo, en el caso de Grecia. Y nuestro país, con sus matices, tendrá que recorrer la misma senda.

No se puede ocultar el dramatismo que estos acontecimientos tendrán en nuestro país y en el ámbito de la Unión Europea. Pero hablamos de necesidades imperiosas y de fuerzas incontenible y, por consiguiente, no cabe pensar en la conveniencia o deseabilidad de estos hechos, que no lo son, sino que están irremediablemente condenados a acontecer. Este punto de vista no es inocuo políticamente porque, cuando se habla de la ruptura del euro, este hecho no está ligado o forma parte de las reivindicaciones de la izquierda, sino que sucederá con independencia de la fuerza política de ella. No obstante, la forma, el momento, los conflictos, la rivalidad, cooperación y la negociación con los diferentes actores para dar respuesta a este fracaso serán netamente políticas. De igual modo, la política que acompañará a la salida del euro, política salarial, regulación laboral, redistributiva, fiscal, nacionalizaciones, derechos sociales, sí estará determinada por el empuje de las fuerzas progresistas y la movilización social y en cómo se diriman las disputas con las clases dominantes.

Hasta aquí se han tratado los asuntos fundamentales que implican la ruptura del euro. Pero un suceso así tiene muchas más implicaciones y consecuencias que, sin embargo, no son fáciles de anticipar puesto que no son independientes de las circunstancias en que se produzca esa ruptura –ya se ha visto antes que la casuística del desmontaje del euro es prolija– ni de, por otra parte, la profundidad de la ruptura de y con la Unión Europea.

Existen numerosas opiniones expertas en arquitectura jurídica que consideran imposible, en el marco actual, salirse del sistema euro y al tiempo permanecer en la Unión Europea. Tampoco se ha previsto posibilidad jurídica de ser expulsado o excluido del sistema euro, según estas fuentes (J. Pisani-Ferry, 2012). Por lo tanto habría que considerar, en los momentos actuales, que la salida o expulsión del sistema euro, podría estar asociada a la simultánea salida de la Unión Europea.

No obstante, entendemos que salir del euro no equivale a abordar una salida transformadora. Las restricciones jurídicas, no son, claro está, insalvables, más aún en un contexto indefinido que sólo puede abrirse camino políticamente, pero sin duda muestran algunas dificultades procedimentales para materializarlo. Se puede seguir siendo uno de los países que conforman la Unión Europea pero que no forman parte de la zona euro, como es el caso de Gran Bretaña o Dinamarca. De ser simplemente esto, habría que seguir respetando todas las normas que rigen en el mercado único y las políticas comunes. Si la ruptura del euro o el desenganche de un país pone también en cuestión la existencia o los compromisos derivados de la vinculación al mercado único, los márgenes de una actuación autónoma, soberana e independiente, son indiscutiblemente mayores. Cabría concebir una situación intermedia que consistiría en lograr un régimen especial para una economía convulsa y traumatizada para contar con grados de libertad importante en el manejo de sus relaciones internacionales.

Por otro lado, el mercado único impide levantar barreras arancelarias o restricciones cuantitativas al comercio de mercancías, pero no hay por qué descartar que, al menos transitoriamente, en una situación muy adversa desde todos los puntos de vista, se pudiera influir en los flujos de las importaciones, a sabiendas de la complejidad del problema, incluidas las represalias posibles.

Todo ello parece una vuelta al pasado, y sin duda lo es. Pero no cabe dramatizar el hecho pensando que se vuelve a una situación autárquica o de ruptura de relaciones económicas con el exterior. Después de todo, el euro tiene una historia muy breve, poco más de trece años, y sólo se trataría de desmontar algunos aspectos insostenibles de la unidad europea y recuperar para los países los resortes e instrumentos de que han dispuesto históricamente para conducir la economía por una senda elegida. El futuro siempre es oscuro, pero no son menores los riesgos de no tratar de dominarlo con todas sus incertidumbres, y continuar como si no pasara nada camino de la catástrofe.

La situación social y política en que tenga lugar la ruptura económica que la salida del euro implica determinará su intensidad y la orientación de la política a seguir. La relación de fuerza entre las clases, la movilización social, el apoyo y comprensión con que cuente esa ruptura serán decisivos para recorrer el periodo de transición que se abre. Es inútil ocultar que la izquierda parte de una posición débil en casi todos los sentidos, pero los cambios en una situación económica y social tan adversa y perversa pueden ser bastante rápidos.

Con los problemas sociales, económicos y políticos que la permanencia en la moneda única está provocando a la sociedad española, griega, italiana, portuguesa e irlandesa se ha situado encima de la agenda política la posibilidad política de volver a las antiguas monedas, es decir, abandonar la moneda única europea.

Una sensata valoración de esta opción debe incorporar un inventario proporcionado de las consecuencias económicas de todo tipo que más que probablemente estuvieran asociadas a la salida del sistema euro. Entre las inmediatas consecuencias estaría una simultánea, o preventiva, salida, «estampida» según Krugman, de capitales de las entidades financieras españolas, con el consiguiente crack, es decir, colapso de la liquidez y la disponibilidad de efectivo en las semanas inmediatas a la salida del sistema euro.

No cabe edulcorar las consecuencias de la opción de salirse del euro. Los desbarajustes y excesos pasados amparados por el euro tienen que pasar factura. La conmoción de una salida del euro será enorme o, con más precisión, será terrible, y probablemente irremediable, en el corto y medio plazo, para algunos países periféricos como España. Pero dicho esto, la sociedad española estará en mejores condiciones para dominar su futuro al hacerse con los resortes básicos para diseñar una economía diferente que, en la medida en que la izquierda imponga sus criterios, será lo mismo que decir que la economía podrá ponerse al servicio de las personas, no como sucede ahora con el neoliberalismo, en que las fuerzas ciegas al servicio de la rentabilidad privada se imponen y persiguen domesticar a la sociedad.

De forma automática, la devaluación implícita de la nueva moneda (pesetas, liras, etc.), respecto del euro de los países que permanecieran en él, supondría un encarecimiento en igual proporción de las deudas privadas y públicas pre-existentes; salvo que como muchos analistas prescriben, estaría inevitablemente asociada a una «reducción o quita unilateral por parte de los deudores públicos, o privados».

La salida del euro provocaría por lo tanto una crisis financiera de dimensiones acrecentadas, al tiempo que un colapso, momentáneo, de la liquidez bancaria. Una situación que perduraría durante años, al menos, en lo que a financiación y apalancamiento privado y público se refiere, puesto que los inversores reclamarían muy altos sobrecostes, para la nueva financiación que se pretendiese obtener tras la salida y consiguiente devaluación.

Esto ocasionaría en el orden institucional un efecto inmediato en la recepción de fondos comunitarios, los denominados «estructurales», entre los que hay que destacar los correspondientes a la Política Agraria Común, en los que España, junto a Francia, son los mayores receptores y están explicando la supervivencia de miles de explotaciones agrícolas en nuestro país. En estos fondos económicos, procedentes de la UE, España, junto con Grecia, Italia, Portugal, entre otros, son receptores netos, es decir, reciben más de lo que aportan al presupuesto de la UE.

Sin duda, las presiones sobre la financiación del sector público podrían amortiguarse puesto que, al igual que el Reino Unido, que presenta déficits y niveles de deuda pública más elevados que los de la economía española, se contaría con la financiación directa del recuperado Banco de España.

Es muy probable que el destino de la economía española y el euro puedan coincidir –por sostener fuertes vínculos no sólo monetarios y comerciales, sino también financieros, pues ha sido el crédito de las economías centrales, las que han alimentado la burbuja de deuda que atenaza al tejido empresarial, y bancario español– siendo la suerte de la española la que determine la viabilidad futura del euro.

Pero el futuro no está inexorablemente escrito. Todo se vuelve más complicado cuando se especula con cambios económicos profundos, del tipo de una nueva crisis energética, de una crisis financiera, de una recesión generalizada a escala mundial o de una vuelta al proteccionismo. Acontecimientos de ese tipo no pueden descartarse en un mundo tan convulso económicamente como el actual.

Comenzábamos este libro con una cita del recientemente fallecido Eric Hobsbawn, con las expectativas que la construcción europea generaron en relación con el gobierno de las grandes corporaciones capitalistas europeas, y nos vemos en la penosa situación de acabar con una constatación muy negativa pues, tras el análisis del recorrido del proyecto europeo, y en especial el sistema euro, creemos que lo mas cierto es que aquellas expectativas han siendo frustradas, y los estados nacionales han sido presas fáciles de las grandes corporaciones europeas, que han colonizado y configurado las instituciones del sistema Euro a su antojo e intereses.

V. Epílogo: soberanía económica y ruptura democrática

La crisis financiera europea y la crisis del euro tienen cada una de ellas su propio origen, sin perjuicio de que la explosión de la primera fuera el desencadenante de la segunda. Estallada aquella, con los mercados de financiación cerrados, la solvencia de muchas instituciones socavada y la desconfianza implantada de modo general, era inevitable que se pusiera de manifiesto la gangrenada posición de algunos países de la zona euro. Con toda razón puede afirmarse que Europa había gestado su propia crisis y esta tenía que emerger más pronto que tarde. Nuestro país estaba atrapado en ella de modo ineluctable, sin perjuicio de que hubiese otros más vulnerables, se quisiera mirar para otro lado y se repitiese engañosamente hasta la saciedad que España no era Grecia. A estas alturas no hay que perder de vista al país heleno porque nos viene trazando el futuro que nos espera si no hay reacción acorde con las complicaciones existentes.

El núcleo de los problemas de la economía española ha quedado explicado en lo que antecede, pero todo es bastante más complejo por un conjunto de circunstancias que han llevado a nuestro país a una situación excepcional e histórica. En primer lugar, cabe resaltar el nivel de paro, próximo ya al 25% de la población activa y del 53% en el caso de los jóvenes de menos de veinticinco años. Las medidas y exigencias de toda alternativa no debieran pasar por alto estos datos, pues simplemente representan una catástrofe social y un drama humano de imponderables consecuencias. Los márgenes de cualquier política económica debieran quedar restringidos a no aumentar el paro y tratar de reducirlo pronto y de modo significativo.

Para calibrar la importancia de lo sucedido, hay que relacionarlo con la crisis financiera y las dificultades crecientes que encuentran los Estados para financiarse en los mercados, sobre todo cuando está puesta en cuestión la propia solvencia de ellos, como ya ocurrió con Grecia y posteriormente se ha extendido el problema a otros países. La creación del euro implicó la imposibilidad de los Estados de financiarse a través de sus bancos centrales y la cuestión del déficit público y la deuda soberana de los Estados ha pasado a constituir un obstáculo enorme, un escollo de difícil solución, en el funcionamiento de la zona del euro, que está siendo aprovechado por todos los gobiernos para acometer ajustes, recortes y eliminación de derechos, en un ataque brutal al Estado del bienestar.

A este respecto, y en tercer lugar, hay que traer a colación el estallido de la burbuja inmobiliaria con sus destructivos efectos reales sobre la economía y el paro y la crisis en que ha sumergido al sector crediticio español, al punto que muchas instituciones bancarias están quebradas y representan un peligro de eclosión del conjunto de la economía. Los bancos son los principales deudores con el exterior y los activos de sus balances están gravemente infectados por los créditos a la vivienda y el sector inmobiliario. Como es sabido, se ha puesto en marcha un rescate europeo particular para el sector bancario, manejándose unas cifras casi astronómicas –unos 100.000 millones de euros– en comparación con los ajustes y recortes que se están imponiendo en gastos de servicios públicos esenciales.

Algunas anomalías

Tal como hemos expuesto, la integración en la Unión Europea ha sido un proceso continuo de entrega de soberanía. Al margen de las deformidades del ente construido nada habría que comentar si no fuera porque la institución a la que han traspasado los poderes los Estados dista de ser algo reconocible en la ciencia política. Ningún prototipo de uniones supranacionales encaja en el modelo de la Unión Europea, la cual a su vez tampoco se compadece con los modelos modernos de Estados con equilibrio de poderes. Montesquieu fue orillado desde el inicio del proceso de integración y pese a algunos avances en aspectos como el poder del parlamento europeo, la Unión descansa en los poderes ejecutivos de la Comisión europea y los consejos de ministros. Aparte, como ya era habitual en cada Estado, al Banco Central Europeo se le han reconocido unos poderes que no respetan ningún criterio democrático, teniendo otorgada una total autonomía sus burócratas, que toman decisiones transcendentales para la evolución económica general y de cada país, pero escapan a todo control democrático, aunque no al control del gobierno francés y alemán.

Pese a esa falta de caracterización formal de la Unión Europea, los gobiernos han tratado de reforzar continuamente su poder, por el doble motivo de favorecer la concepción neoliberal de Europa tratando de que los Estados intervengan lo menos posible en los asuntos propios que les conciernen y de aprovechar la estancia superior de la Unión Europea para imponer las políticas neoliberales, recorridas por un sesgado carácter antisocial. Al punto ha sido así que, en un momento determinado, se quiso forzar una Constitución Europea cuyos contenidos en lo esencial eran el propio tratado de Maastricht con algunos añadidos para hacer más funcional la toma de decisiones en el conjunto de la Unión. El rechazo rotundo del pueblo francés (y luego del holandés) impidieron consagrar el modelo neoliberal de Maastricht, si bien, con argucias, alguna que otra trampa y evitando consultas democráticas a los pueblos, existe finalmente un tratado de funcionamiento de la Unión Europea que, sin el halo constitucional, en lo esencial ha reproducido los objetivos de la constitución desechada.

Más aún, la Unión ha ido tomando parcelas de poder no recogidas en los textos fundacionales, como el llamado Pacto de Estabilidad que concierne a los márgenes que han de cumplir los Estados en lo que se refiere al déficit público. El ámbito de la política fiscal, tras la desaparición de la política monetaria, era casi el único campo de actuación de los gobiernos, pero con los problemas generados por la crisis financiera y su impacto final en las cuentas públicas, ha pasado a estar también fuera del control de las autoridades de cada país.

En el caso del nuestro, se llevó incluso una antidemocrática reforma de la Constitución, decidida en común acuerdo por un PSOE desahuciado y el PP. No exageraban tanto las voces que hablaban de un golpe de Estado encubierto, pues los cambios introducidos en el artículo 135 convertían en papel mojado los fundamentos sociales de la Constitución y las prioridades del gasto público. Debemos recordarlo porque la reducción del déficit público constituye el núcleo de la política que inició el gobierno socialista en mayo de 2010 y ha continuado el gobierno del PP, que ha proseguido con verdadero entusiasmo y ya sin ninguna contradicción ideológica: más aun, han tratado de aprovechar la crisis y la presión financiera de los mercados y las instituciones europeas para imponer una transformación reaccionaria en todos los sentidos. La agitación social existente está plenamente justificada, pero carece todavía la izquierda de una alternativa digna de tal nombre.

Ya no hay alternativas para la izquierda

La izquierda, dicho así genéricamente, ha mantenido una posición con respecto a la integración europea que se puede caracterizar por una falta de proyecto propio desde el inicio, y por haberse dejado arrastrar a una construcción perversa desde el punto de vista de los intereses y el modelo de sociedad que debía defender. En el caso de nuestro país esto es sobradamente evidente. Ni una vez estallada la crisis y puesto en peligro todo el andamiaje del Estado del bienestar se han presentado alternativas solventes. Cabría resumir que la izquierda no ha propuesto otro proyecto que defender una «salida progresista a la crisis», sin conexión con la cruda realidad por la que el PSOE tuvo que renunciar en mayo de 2010, sin duda sin quererlo, a la orientación de su política.

No hay que detenerse en resaltar las contradicciones y secuelas de la política de ajuste: saltan a la vista, son evidentes y por tanto son completamente inútiles para resolver los problemas pendientes.

Pero la izquierda, aun rechazando y oponiéndose con determinación a todas las medidas regresivas, de tanta gravedad y repercusión social, no se ha librado de la contradicción de no condenar el marco institucional –la unión monetaria y sus carencias– que las hace posibles y necesarias. Ha vivido en el mundo de los justos: denunciando las políticas de derechas pero sin comprometerse a atacar el fondo de la cuestión, que no es otro que poner en tela de juicio la Europa construida.

A lo sumo, para enmascarar la incoherencia de su posición, no ha dejado de reclamar cambios en la UE en el sentido de corregir sus insuficiencias y de postular una profundización social y política de la unión económica y monetaria, pero todas las propuestas están inmaduras en su elaboración, son chocantes en la situación real de Europa. La mirada solidaria e internacionalista de la izquierda no puede confundirse con apoyar una construcción de Europa que desde sus inicios y sobre todo a partir de la implantación del euro ha estado dominada por los intereses de la burguesía y en los últimos treinta años por la ideología neoliberal. No es posible transformar la naturaleza de lo construido si no es por un cambio radical, revolucionario si se quiere, que no es posible globalmente con la relación de fuerzas existente entre las clases y la dispersión política de Europa en tantos sentidos.

Mientras, la realidad aprieta cada vez más. En el caso español llegó el momento del «rescate», un hecho que cambia cualitativamente las relaciones con la UE y que deja a la izquierda sin coartada para seguir respaldando la Europa de Maastricht y denunciando sus secuelas.

Hay que admitir que todas las entregas de soberanía consumadas para cumplir con Europa eran cesiones realizadas desde la propia soberanía de cada Estado. Pero al solicitar nuestro país ser rescatado por la UE, significa que renuncia a su soberanía y se somete a los dictados de las instituciones europeas. De ahí viene la discusión, y el desenlace que ha tenido, sobre si la UE ofertaba ayuda o era el gobierno español el que debía pasar por el trance humillante de pedir el rescate. Al final, el ministro de Economía De Guindos tuvo que escribir: «Tengo el honor de dirigirme a usted, en nombre del Gobierno de España, para solicitar formalmente asistencia financiera para la recapitalización de las entidades financieras españolas que así lo requieran». Desde ese momento, nuestro país está sometido, rescatado, intervenido, tutelado, cautivo…, como queramos llamar una situación insólita, degradante en extremo, que resalta el fiasco de una política y el fracaso de un gobierno, y que marca otro hito en la historia de nuestro país.

No se puede ocultar la gravedad de lo ocurrido, al margen de que el primer acto del rescate se dirija a salvar el sistema financiero. Cuando en los momentos de alta tensión, como en mayo de 2010 o agosto de 2011, el presidente Rodríguez Zapatero decía que estábamos al borde del abismo, se refería a los riesgos de tener que ser rescatados. El gobierno del PSOE, frente al cúmulo de desastres de su gestión oponía el triunfo de haber evitado el rescate del país. Y lo que más temía el nuevo gobierno del PP era tener que ser rescatado, y de ahí la voluntad de impedirlo, aplicando una política de extrema crudeza adelantándose incluso a los deseos de los poderes económicos europeos, y de intentar manipular a la opinión pública convirtiendo un rotundo fracaso en una exitosa misión. Nuestro país ya no es soberano y toda la degradación de la democracia que han implicado las continuas cesiones de soberanía a las instancias europeas y el sometimiento a los mercados ha cobrado un nuevo significado con la petición condicionada de ayuda a esas instituciones. Se trata de un primer acto de este drama colectivo, pero vendrán los siguientes si la izquierda no logra evitarlos.

La sociedad española está ya al albur de lo que se decida en Europa. Y no cabe que la izquierda se engañe. Grecia y Portugal están a la vista, y se tiene ya acumulada suficiente experiencia sobre las políticas ultra reaccionarias que imponen los poderes económicos, cuyas secuelas son desoladoras socialmente e inútiles económicamente. La nueva situación obliga a cambiar la naturaleza del debate en la izquierda sobre las relaciones con Europa.

Ya no cabe, como se ha hecho hasta ahora con bastante ingenuidad, apostar por seguir en el euro y al mismo tiempo pretender el rechazo de las medidas regresivas de todo orden impuestas por el Gobierno, porque este es ya una marioneta, actúa ahora sólo como delegado de las instancias europeas, como simple ejecutor de lo que se disponga en Bruselas o Berlín. Ahora las opciones son distintas: someterse resignadamente a lo que dispongan los poderes económicos europeos o declararse en rebeldía, rechazar los falsos rescates, no aceptar la intervención y romper con la unión monetaria cualesquiera que sean las consecuencias.

Se acabó una etapa para la izquierda. Se acabó huir de la realidad y proponer salidas progresistas a la crisis mientras el país se hunde con los ajustes y los recortes económicos. Se acabó poder mirar por otro lado mientras se demuelen los derechos sociales y la barbarie se implanta como la normalidad. Se acabó denunciar, sin ir al fondo de las causas, la ruina a la que se arrastra al país y el sufrimiento sin esperanza al que se somete a nuestra sociedad.

El proceso constituyente que tenemos que impulsar y conquistar no puede asentarse sobre una realidad ficticia, sino que debe admitir la crudeza de la situación y reconocer la imposibilidad, por ausencia de correlación de fuerzas, de que en el contexto de la unión monetaria los problemas económicos sociales y económicos de nuestro país tengan solución. La ruptura democrática que se intenta promover tiene como exigencia ineludible conquistar la soberanía económica, ninguno de cuyos instrumentos y resortes está en manos del pueblo soberano.

Bibliografía

Alonso González, L. A., «¿Puede sobrevivir el euro?», Colección Informes de la Fundación 1.o Mayo, 2011 [www.1mayo.ccoo.es].

Braña, F. J., «La imposición del déficit cero por ley es una devaluación de la democracia». Nueva Tribuna, 2012 [http://www.nuevatribuna.es/opinion/autor/2012-05-20/la-imposicion-del-deficit-cero-por-ley-es-una-devaluacion-de-la-democracia/2012052013055900656.html].

De Grauwe, P., «The Governance of a Fragile Eurozone», University of Leuven and CEPS, 2011 [http://www.econ.kuleuven.be/ew/academic/intecon/Degrauwe/PDG-papers/Discussion_papers/Governance-fragile-eurozone_s.pdf].

Feldstein, M., «EMU and International Conflict», Foreign Affairs, november/december 1997.

Krugman, P., ¡Acabad ya con esta crisis!, Critica, 2012.

Montes, P., «Sobre alternativas económicas de la construcción europea», Revista Ágora, enero-marzo 1999.

—, La historia inacabada del Euro, Trotta, 2001.

—, «El Euro y los problemas de la convergencia económica y social». Comunicación Seminario. «El euro como expresión del modelo federal y social europeo. Una visión desde Euskadi», Bilbao, 2001.

—, «La crisis del sector exterior y el euro», 2006 [http://www.globalizate.org/montes170405.html].

—, «El dilema de Krugman», 2009 [http://www.rebelion.org/noticia.php?id= 97884].

—, «El Estado del Bienestar en el marco de la Unión Europea», Almirez, 16, 2010, pp. 233-253.

Pisani-Ferry, J. (2012), El despertar de los demonios. La crisis del euro y como salir de ella, Antoni Bosch, Editor.

Pisarello, G., «Una reforma constitucional para la periferia europea», Revista Economía Critica, 12, 2011.

Sanabria, A. y Medialdea, B. (coord.), ¿Quiénes son los mercados y cómo nos gobiernan?, Ed. Icaria, 2011.

Tajadura, J., «El Banco Central Europeo y la soberanía», El País, edición digital, 22 de mayo de 2012 [http://elpais.com/elpais/2012/05/18/opinion/ 1337361251_ 473253.html].

Weisbrot, M., «La jamaicanizacion de la eurozona», 2012 [http://www.cepr.net/index.php/other-languages/spanish-op-eds/la-jamaicanizacion-de-la-eurozona].

VVAA, Manifiesto de economistas aterrados, Barataria, 2011.

Sobre el debate del euro

Albarracín, D. (2011), «Sobre el debate del euro: Una estrategia para romper la Europa del Capital y encaminarse hacia Otro Modelo Solidario Supranacional», VientoSur, edición digital, 6 de septiembre de 2011 [http://www.vientosur.info/articulosweb/noticia/?x=4278].

Economistas Aterrados, Europa al borde del abismo, Pasos Perdidos, 2012.

Husson, M., «¿Salir del euro?», VientoSur, edición digital, 15 de junio de 2011 [http://www.vientosur.info/articulosweb/textos/home.php?x=4062].

Lapavitsas, C. et al. (2011), «Crisis en la zona euro: perspectiva de un impago en la periferia y la salida de la moneda única común», Revista Economía Crítica, 11, edición digital [http://revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n11/REC11_6_Crisis_Zona_Euro.pdf].

Montero, A. y Mateo, J. P., Las finanzas y la crisis del euro. Colapso en la eurozona, Editorial Popular, 2012.

Montes, P. y Riera, M., «¿Adiós al euro? Entrevista a Pedro Montes», Viejo Topo, 266, pp. 5-11, 2010.

Navarro, V., «La transformación de la Europa social a la Europa neoliberal», Nueva Tribuna, edición digital, 3 de junio de 2012 [http://www.nuevatribuna.es/opinion/vicenc-navarro/2012-06-02/la-transformacion-de-la-europa-social-a-la-europa-neoliberal/2012060222112600590.html].

Onaran, Ö., «An internationalist transitional program towards an anti-capitalist Europe. A reply to Costas Lapavitsas», International Viewpoint, 435, edición digital, abril de 2011 [http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article2096].

Sapir, J., «S’il faut sortir de l’Euro», Document de travail, edición digital, 6 de abril de 2011 [http://gesd.free.fr/sapirsil.pdf].

Toussaint, E., «Ocho propuestas urgentes para otra Europa», Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), Bruselas, 2011 [http://www.cadtm.org/Ocho-propuestasurgentes-para-otra].

Weisbrot, M., «Why Greece Should Reject the Euro», The New York Times, edición digital, 9 de mayo de 2011 [http://www.nytimes.com/2011/ 05/10/opinion/10weisbrot.html].

AKAL / Otros títulos publicados

QUÉ HACEMOS CON LA EDUCACIÓN

Agustín Moreno, Enrique J. Díez, José Luis Pazos y Miguel Recio

978-84-460-3738-5

QUÉ HACEMOS CON LA política

Amparo Estrada, Eduardo Gutiérrez, Alejandro Inurrieta y Alberto Montero

978-84-460-3737-8