Manual de técnicas y aplicaciones

MANUALES Y OBRAS DE REFERENCIA

SERIE PSICOLOGÍA

Juan Carlos Sierra, Eva M.' Jiménez Gualberto Buela-Casal (coords.)

Manual de técnicas y aplicaciones

RELACIÓN DE AUTORES

PRÓLOGO, HACIENDO HISTORIA, de Javier Urra

CAPÍTULO PRIMERO-INTRODUCCIÓN HISTÓRICA A LA PSICOLOGÍA FORENSE, Eva M.°Jiménez

1.1. Una perspectiva histórica

1.2. La Psicología Forense en Estados Unidos

1.3. La Psicología Forense en España

1.4. La Psicología Forense en Australia

1.5. La Psicología Forense en Latinoamérica

1.5.1. La Psicología Forense en Argentina

1.5.1.1. Evolución histórica

1.5.1.2. Marco legal

1.5.2. La Psicología Forense en Bolivia

1.5.2.1. Evolución histórica

1.5.2.2. Marco legal

1.5.3. La Psicología Forense en Chile

1.5.3.1. Desarrollo actual

1.5.3.2. Marco legal

1.5.4. La Psicología Forense en Colombia

1.5.4.1. Evolución histórica

1.5.4.2. Desarrollo académico

1.5.5. La Psicología Forense en México

1.5.5.1. Evolución histórica

1.5.5.2. Marco legal

BIBLIOGRAFÍA

ANEXO.-ACONTECIMIENTOS RELEVANTES RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE LA EVOLUCIÓN EN LA PSICOLOGÍA FORENSE

CAPÍTULO II.-CONCEPTO DE PSICOLOGÍA FORENSE: PRESUPUESTOS COMUNES Y DIVERGENTES ENTRE PSICOLOGÍA Y DERECHO, Eva M.° Jiménez y Deborah Bunce

2.1. Introducción

2.2. Tipos de Psicología Forense

2.3. Ciencias afines ala Psicología Forense

2.4. Psicología y Derecho

2.5. Teorías psicológicas en el proceso legal

2.6. Psicología y Ley

BIBLIOGRAFIA

PSICOLOGÍA Y DERECHO

CAPITULO 111.-CONCEPTOS BÁSICOS DE DERECHO CIVIL, PENAL Y PROCESAL, José María Serrano Bermúdez

3.1. Conceptos básicos de Derecho Civil

3.2. Conceptos básicos de Derecho Penal

3.2.1. Definiciones del Derecho Penal

3.2.2. El Código Penal vigente

3.2.3. Los principios informadores del Derecho Penal

3.2.4. El principio de intervención mínima del Derecho Penal

3.2.5. El principio de legalidad en el Derecho Penal

3.2.6. El principio de legalidad de los delitos y las penas

3.2.6.1. La reserva de la Ley (la exigencia de la Ley orgánica)

3.2.6.2. El principio de taxatividad y la seguridad jurídica (ley estricta)

3.2.6.3. La prohibición de retroactividad (la exigencia de ley «previa»)

3.2.6.4. La prohibición de analogía. La analogía in bonam partem

3.2.6.5. El principio non bis in ideen

3.3. La garantía jurisdiccional

3.4. Principio de legalidad de la ejecución

3.4.1. El principio de culpabilidad en el Derecho Penal

3.5. Conceptos y principios básicos de Derecho Procesal

3.5.1. Principios jurídico-naturales o necesarios del proceso

3.5.1.1. Principio de audiencia: generalidades

3.5.1.2. Principio de igualdad de las partes

3.5.2. Principios jurídico-técnicos: principio dispositivo y principio de oficialidad

3.5.2.1. Principio dispositivo y de aportación de parte

3.5.2.2. Principio de oficialidad e investigación de oficio

3.5.3. El principio del «juez no prevenido»

3.6. Las resoluciones judiciales

CAPITULO IV-LA INTERVENCIÓN DEL PERITO EN EL PROCESO JUDICIAL: EL INFORME PERICIAL, José María Serrano Bermúdez

4.1. Introducción

4.2. Condiciones subjetivas de los peritos

4.3. Contenido del informe

4.4. Lugar, tiempo y forma de la pericia

4.5. Procedimiento de la pericia

4.6. Efectos de la diligencia

4.7. La fase probatoria del juicio

4.8. Admisibilidad de la pericia

4.8.1. Objeto de la pericia

4.9. La pericia corporativa

4.10. Nombramiento del perito

4.11. Capacidad del perito

4.12. Legitimación del perito

4.13. Responsabilidad del perito

4.14. Aportación de dictámenes de parte por escrito

4.15. Proposición y admisión de la pericia judicial

4.16. Reconocimiento pericial

4.17. Utilización discrecional del juez de los conocimientos técnicos periciales

CAPÍTULO V.-LA PRUEBA PERICIAL PRACTICADA POR PSICÓLOGOS. REFERENTES DEONI'OLÓGICOS Y REGULACIÓN EN LA NUEVA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, Torcuato Recover Balboa

5.1. El psicólogo como perito judicial

5.2. Exigencias deontológicas en la intervención judicial

5.3. Modificaciones impuestas por el nuevo texto de la Ley de Enjuiciamiento Civil

5.4. Especial mención en la intervención respecto de menores

ANEXO 1.-REFERENTES CONSTITUCIONALES

ANEXO 2.-Los ÁMBITOS DE LA JURISDICCIÓN

ANEXO 3.-LA INTERVENCIÓN DEL PSICÓLOGO EN EL PROCEDIMIENTOJUDI(;IAL

ANEXO 4.-LA PRUEBA PERICIAL EN LA LEY DE ENJUICIAMIEN'T'O CIVIL, LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO

PERITAJE PSICOLÓGICO: CONCEPTOS BÁSICOS

CAPÍTULO VI.-MI TODO Y PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA IZORENSL•' PARA UN PERITAJE PSICOLÓGICO FORENSE EN EL PROCESO PENAL, Gualberto Buela-Casal

6.1. Introducción

6.2. Aspectos éticos y deontológicos

6.3. Determinar la imputabilidad y la responsabilidad

6.4. Concepto y fases de un peritaje psicológico forense

6.4.1. Información del caso

6.4.2. Planificación del peritaje

6.4.3. Aplicación de las pruebas

6.4.4. El control de la simulación

6.4.5. Análisis de los resultados

6.4.6. Redacción del informe escrito

6.4.7. Presentación oral del peritaje

ANEXO 1.-CASO PRÁCTICO

CAPÍTULO VII.-INFORME PSICOLÓGICO, Eva M." Jiménez y Deborab Bunce

7.1. Introducción

7.2. Informe psicológico forense

7.3. ¿Qué es un informe psicológico?

7.4. Tipos de informe psicológico

7.5. Formato del informe forense o pericial

BIBLIOGRAIÍA

PERITAJE PSICOLÓGICO: IMPUTABILIDAD

CAPÍTULO VIII.-EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DE LA IMPUTABILIDAD, María del Carmen Cano Lozano

8.1. Introducción

8.2. Fundamentos jurídicos de la imputabilidad

8.2.1. Concepto de imputabilidad

8.2.2. Estructura del concepto de imputabilidad

8.2.3. Niveles de eximentes

8.2.4. Eximentes de responsabilidad según el Código Penal español

8.3. Evaluación psicológica de la imputabilidad

8.3.1. Aspectos generales del proceso de evaluación de la imputabilidad

8.3.2. Proceso de evaluación de la imputabilidad

8.3.3. Principales fuentes de datos

8.3.4. Aspectos que hay que evaluar

8.4. Instrumentos de evaluación psicológica de la imputabilidad

BIl3LIOGRAIÍA

CAPITULO IX.-TRASTORNOS PSICOPATOLÓGICOS RELACIONADOS CON LA IMPU1ABILIDAD, M.° del Carmen Cano Lozano

9.1. Introducción

9.2. Retraso mental

9.2.1. Imputabilidad

9.3. Delirium y demencias

9.3.1. Delirium

9.3.2. Demencias

9.4. Trastornos relacionados con sustancias

9.4.1. Imputabilidad

9.5. Trastornos relacionados con alcohol

9.5.1. Imputabilidad

9.6. Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos

9.6.1. Imputabilidad

9.7. Trastornos del estado de ánimo

9.7.1. Imputabilidad

9.8. Trastornos de ansiedad, somatomorfos, disociativos y facticios

9.8.1. Trastornos de ansiedad

9.8.2. Trastornos somatomorfos

9.8.3. Trastornos disociativos

9.8.4. Trastornos facticios

9.8.5. Imputabilidad

9.9. Trastornos sexuales

9.9.1. Imputabilidad

9.10. Trastornos del control de los impulsos

9.10.1. Imputabilidad

9.11. Trastornos de la personalidad. Trastorno antisocial

9.11.1. Imputabilidad

BIBLIOGRAFTA

CAPITULO X.-TRASTORNOS PSICOPATOLÓGICOS RELACIONADOS CON LA AUSENCIA DE ACCIÓN, M.' del Carmen Cano Lozano

10.1. Introducción

10.2. Concepto jurídico de delito y estructura

10.3. La acción como elemento básico

10.4. La ausencia de acción

10.4.1. Falta de consciencia

10.4.2. Movimientos reflejos

10.4.3. El caso fortuito

10.4.4. La fuerza irresistible

10.5. Trastornos psicopatológicos relacionados con la ausencia de acción

10.5.1. Epilepsias

10.5.1.1. Concepto y formas clínicas más relevantes

10.5.1.2. Confusión epiléptica

10.5.1.3. Automatismo epiléptico

10.5.1.4. Furor epiléptico

10.5.1.5. Fuga epiléptica

10.5.1.6. Tratamiento jurídico-penal de las epilepsias

10.5.2. Trastornos del sueño

10.5.2.1. Parasomnias

10.5.2.1.1. Sonambulismo

10.5.2.1.2. Terrores nocturnos

10.5.2.1.3. La parasomnia MOR

10.5.2.1.4. Conductas antisociales asociadas a las parasomnias

10.5.2.2. Parasomnias inducidas por fármacos

10.5.2.2.1. Conducta antisocial asociada a las parasomnias inducidas por fármacos

10.5.2.3. Trastornos de excesiva somnolencia

10.5.2.3.1. Conducta antisocial asociada a los trastornos de excesiva somnolencia

BIBLIOGRAPÍA

CAPITULO XI.-TRASTORNO MENTAL TRANSITORIO, M.' del Carmen Cano Lozano

11.1. Introducción

11.2. Concepto de trastorno mental transitorio

11.3. Requisitos para la consideración de trastorno mental transitorio

11.3.1. Origen

11.3.2. Aparición brusca

11.3.3. Duración

11.3.4. Finalización sin dejar huella

11.3.5. Intensidad de la perturbación

11.4. Peritación psicológica del trastorno mental transitorio

11.5. Cuadros clínicos de posible manifestación del trastorno mental transitorio

11.5.1. Exacerbación repentina de una enfermedad mental subyacente

11.5.2. Reacciones vivenciales anormales

11.6. Críticas al concepto de trastorno mental transitorio

BIBLIOGRAFÍA

PERITAJE PSICOLÓGICO: ÁMBITOS DE APLICACION

CAPÍTULO XII.-EL PERITAJE'. PSICOLÓGICO EN EL ÁMBITO DEL DERECHO DE FAMILIA, Marta Ramírez González

12.1. Introducción

12.2. Peritaje en procedimientos matrimoniales

12.2.1. Delimitación y desarrollo de este campo de peritación

12.3. Evolución de los peritajes sobre custodia infantil

12.4. Modelos de evaluación en peritajes de custodia

12.5. Perspectivas de futuro

12.6. Peritaje en procedimientos de protección de menores

12.6.1. Delimitación y desarrollo de este campo de peritación -- --

12.7. Areas de objeto de evaluación en los asuntos de protección ---------

12.7.1. Procedimientos de impugnación de tutela

12.7.2. Procedimientos de constitución del acogimiento familiar

12.7.3. Procedimientos de cesación del acogimiento familiar

12.7.4. Procedimientos de adopción

12.7.5. Procedimientos de impugnación de las resoluciones administrativas sobre la idoneidad de los solicitantes de adopción

12.8. Metodología de evaluación en los asuntos de protección

BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO XIII.-EL PAPEL DEL PSICÓLOGO EN CASOS DE SEPARACIÓN O DIVORCIO, Francisca Fariña y Ramón Arce

13.1. Introducción

13.2. Implicaciones del proceso de separación y divorcio en la familia

13.2.1. Implicaciones en los progenitores

13.2.2. Implicaciones en los hijos

13.3. Guarda y custodia, y régimen de visitas

13.3.1. Tipos de custodias

13.3.2. Establecimiento del régimen de visitas

13.4. Actuación del psicólogo jurídico en casos de separación o divorcio

13.4.1. La mediación familiar

13.4.2. Peritaje de familia

13.4.3. Programas de intervención con familias separadas

13.5. Comentarios finales

Bn3LKx:IAuíA

CAPÍ'T'ULO XIV-EL PERITAJE PSICOLÓGICO EN EL ÁMBITO DE MENORLS, José Cantón Duarte

14.1. Efectos de la sugestibilidad en la exactitud de la declaración del niño

14.2. La entrevista de investigación

14.2.1. Preparación de la entrevista y fase preliminar

14.2.2. Fase sustantiva o interrogatorio

14.2.3. Fase de terminación

14.3. Usos funcionales de los muñecos anatómicos

14.4. Evaluación del abuso sexual mediante muñecos anatómicos

14.5. Evaluación de la veracidad de las declaraciones

BII3L1x;1A1:[A

CAPITULO XV-EVALUACIÓN PSICOLÓGICA EN VÍCTIMAS DE MALTRATO 1X)M2SITCO, Ana Isabel Sánchez y Juan Carlos Sierra

15.1. Introducción

15.2. El proceso de la violencia doméstica en la pareja

15.3. Consecuencias de la violencia doméstica

15.4. Evaluación psicológica en víctimas del maltrato doméstico

15.4.1. Evaluación del trastorno de estrés postraumático

15.5. Evaluación de la ansiedad

15.5.1. Escala Heteroaplicada de Evaluación de la Ansiedad de Hamilton

15.5.2. Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI)

15.5.3. Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA)

15.5.4. Inventario de Ansiedad de Beck (BAI)

15.6. Evaluación de la depresión

15.6.1. Escala de Autoevaluación de la Depresión de Zung

15.6.2. Inventario de Depresión de Beck

15.6.3. Escala de Evaluación de la Depresión de Hamilton

15.6.4. Lista de Adjetivos para la Depresión (DACL)

15.7. Evaluación de la autoestima

15.8. Evaluación de las habilidades sociales

15.9. Evaluación de la relación de pareja

15.10. Evaluación de las disfunciones sexuales

15.10.1. Evaluación de la información sexual

15.10.2. Evaluación de las actitudes respecto al sexo

15.10.3. Evaluación de las conductas sexuales

15.11. Evaluación del ajuste y apoyo social de la víctima

BIBLIOGRAFIA

PSICOLOGÍA Y PSICOPATOLOGÍA DE LA CONDUCTA DELICTIVA

CAPÍTULO XVI.-PSICOLOGÍA DE LA CONDUCTA CRIMINAL, Estrella Romero

16.1. Introducción

16.2. Determinantes psicosociales de la criminalidad: influencia de los contextos de socialización

16.2.1. El ambiente familiar

16.2.2. Experiencias escolares

16.2.3. El grupo de amigos

16.2.4. Familia, escuela y amigos: perspectivas unificadoras

16.3. Determinantes individuales de la criminalidad

16.3.1. Variables de personalidad

16.3.1.1. Perspectivas temperamentales

16.3.1.1.1. Personalidades desinhibidas: el complejo psicoticismo-impulsividad-búsqueda de sensaciones

16.3.1.1.2. Corrientes psicobiológicas

16.3.1.2. El polo sociocognitivo

16.3.1.2.1. El papel del autoconcepto/autoestima: un interrogante no resuelto

16.3.1.2.2. Concepciones sociomorales: los estadios de Kohlberg y el «desenganche» moral

16.3.1.2.3. Habilidades interpersonales y empatía

16.3.1.2.4. Sistemas de valores

16.3.1.2.5. Modelos sociocognitivos sobre la agresión: los planteamientos de Dodge

16.3.2. Inteligencia y criminalidad

16.4. Integrando factores, delineando trayectorias: modelo de Moffitt

16.5. El desafío de la personalidad psicopática

16.6. Conclusiones

BII3LIOGRAIIA

CAPITULO XVII.-EFECTOS PSICOLÓGICOS DEL ENCARCELAMIENTO, José Ignacio Bermúdez-Fernández

17.1. Introducción

17.2. La cárcel: institución total

17.3. La cárcel como organización total

17.4. Los roles

17.5. Los códigos carcelarios

17.6. La prisionalización

17.7. Efectos psicológicos del encarcelamiento

17.7.1. La ansiedad

17.7.2. La despersonalización

17.7.3. Pérdida de intimidad

17.7.4. Autoestima

17.7.5. Falta de control sobre la propia vida

17.7.6. Ausencia de expectativas

17.7.7. La sexualidad

17.7.8. Variables intervinientes

17.7.8.1. Escala

17.7.8.2. Resultados

17.7.8.3. Valoración

17.7.8.3.1. La distancia de la familia

17.7.8.3.2. Falta de intimidad

17.7.8.3.3. Ausencia de relaciones sexuales

17.7.8.3.4. Desprestigio social

17.7.8.3.5. Ausencia de relaciones sociales

17.7.8.3.6. Otras variables

BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO XVIII.-EVALUACIÓN PSICOLÓGICA EN EL MEDIO PENITENCIARIO, María Concepción Romero Quintana

18.1. Introducción

18.2. Marco legal

18.3. El medio penitenciario: contexto de la evaluación

18.4. El recluso o interno: sujeto de la evaluación

18.5. El psicólogo en el medio penitenciario

18.6. Diagnóstico de la personalidad del recluso

18.7. Finalidad de la evaluación

18.7.1. Asignación del grado de clasificación

18.7.2. Estudio de los permisos de salida

18.7.3. Valoración de la drogodependencia

18.7.4. Evaluación del riesgo de suicidio

18.7.5. Pronóstico de integración social a efectos de libertad condicional

18.8. Técnicas de evaluación

18.8.1. La entrevista

18.8.2. La observación del comportamiento

18.8.3. Instrumentos de evaluación psicométrica

18.8.4. Recogida de datos de protocolo y expediente

18.8.5. Testimonio de sentencia

18.8.6. Testimonios de familiares y amigos

18.9. Informe psicológico

18.10. Breve referencia a programas de tratamiento

18.10.1. Agresores sexuales

18.10.2. Narcotraficantes

18.10.3. Drogodependientes

18.10.4. Maltratadores familiares

18.10.5. Intervención con mujeres

BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO XIX.-ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LA CORRUPCIÓN: EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN, Luis Fernández-Ríos

19.1. Introducción

19.2. Corrupción: definición e historia

19.3. Evaluación

19.4. Causas de la corrupción

19.4.1. Intrapersonales

19.4.2. Interpersonales

19.5. Consecuencias

19.5.1. Intrapersonales

19.5.2. Interpersonales

19.6. Explicaciones

19.7. Prevención

19.7.1. Intrapersonal

19.7.2. Interpersonal

19.8. Conclusiones y perspectivas futuras

BIBLIOGRAFÍA

CAPrTuLo XX.-ASPECTOS PSICOLÓGICOS DEL ACOSO MORAL, Luis Fernández-Ríos

20.1. Introducción

20.2. Mobbing animal y humano: ¿conceptos incompatibles?

20.3. El individuo en una organización

20.4. Concepto de mobbing o acoso moral

20.5. ¿Acoso moral (mobbing) o desgaste psicológico (burnout)?

20.6. Evaluación

20.7. Causas

20.7.1. Intraindividuales

20.7.2. Interindividuales

20.8. Consecuencias

20.8.1. Intraindividuales

20.8.2. Interpersonales

20.9. Mecanismos explicativos

20.10. Prevención

20.10.1. Intrapersonal

20.102Interpersonal

20.11. Conclusiones y perspectivas futuras

BIBLIOGRAFÍA

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN EN PSICOLOGÍA FORENSE

CAPÍTULO XXI.-TÉCNICAS DE EVALUACIÓN EN PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE, Juan Carlos Sierra, Eva M.° Jiménez y Deborah Bunce

21.1. Introducción

21.2. Entrevistas clínicas estructuradas

21.2.1. Entrevista Clínica Estructurada para los Trastornos del eje 1 del DSM-IV (SCID-I)

21.2.2. Entrevista Clínica Estructurada para los Trastornos de la Personalidad del eje II del DSM-IV (SCID-II)

21.3. Técnicas de evaluación en Psicología Clínica relevantes en Psicología jurídica y Forense

21.3.1. Técnicas de evaluación de la inteligencia

21.3.1.1. Escala de Inteligencia de Wechsler para Adultos-111 (WAIS-III)

21.3.1.2. Matrices Progresivas de Raven

21.3.1.3. Escala de Inteligencia de Wechsler para Niños-Revisada (WISC-R)

21.3.1.4. Batería de Evaluación de Kaufman para Niños (K-ABC)

21.3.2. Técnicas de evaluación neuropsicológica

21.3.2.1. Diagnóstico Neuropsicológico de Adultos (DNA) de Luria

21.3.2.2. Test Barcelona

21.3.2.3. Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil (CUMANIN)

21.3.3. Técnicas de evaluación de la personalidad

21.3.3.1. Cuestionario de Personalidad para Adultos (EPQ-R) y Niños (EPQJ)

21.3.3.2. Cuestionario Factorial de Personalidad 16PF-5

21.3.3.3. Perfil e Inventario de Personalidad (PPG-IPG)

21.3.3.4. Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota-2 (MMPI-2)

21.3.3.5. Inventario Clínico Multiaxial de Millon-II (MCMI--II)

21.3.4. Técnicas de evaluación de la adaptación

21.3.4.1. La Escala de Satisfacción Familiar por Adjetivos (ESFA)

21.3.4.2. Autoconcepto Forma 5 (AF-5)

21.3.4.3. Escala de Habilidades Sociales (EHS)

21.3.4.4. Inventario de Adaptación de Conducta (IAC)

21.3.4.5. Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil (TAMAL)

21.3.4.6. Batería de Socialización (BAS)

21.3.5. Técnicas de evaluación de trastornos específicos

21.3.5.1. Inventario de Depresión de Beck (BDI)

21.3.5.2. Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI)

21.3.5.3. Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA)

21.3.5.4. Inventario de Expresión de Ira Estado-Rasgo (STAXI-2)

21.3.5.5. Cuestionario de Ansiedad Infantil (CAS)

21.3.5.6. Cuestionario de Autoevaluación Ansiedad Estado/ Rasgo en Niños (STAIC)

21.3.5.7. Cuestionario de Depresión para Niños (CDS)

21.3.5.8. Cuestionario de Conductas Antisociales-Delictivas (A-D.)

21.4. Técnicas de evaluación específicas de la Psicología Forense

21.4.1. Técnicas de evaluación de la veracidad del testimonio

21.4.1.1. Entrevista Cognitiva

21.4.1.2. Registro psicofisiológico (polígrafo)

21.4.2. Técnicas de evaluación de trastornos de la personalidad psicopatológica

21.4.2.1. Hare Psychopathy Checklist: Screening. Versión PCL-SV

BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO XXII.-LA AUTOPSIA PSICOLÓGICA, Luz Angela Morales

22.1. Introducción

22.2. Historia y definición de la autopsia psicológica

22.3. ¿Con qué fin se lleva a cabo una autopsia psicológica?

22.3.1.1 Conocimiento y determinación del modo de muerte

22.3.1.1. Precisión de los registros y bases de datos estadísticas sobre el modo de muerte y características de las víctimas

22.3.1.2. Posibilidad de iniciar o cambiar el rumbo de un proceso

22.3.2. Conocimiento del comportamiento de la víctima antes de morir y su relación con las circunstancias en que ocurrió la muerte

22.3.2.1. Suicidio

22.3.2.1.1. Contexto clínico-epidemiológico

22.3.2.1.2. Contexto forense

22.3.2.1.2.1. Posible responsabilidad de otras personas

22.3.2.1.2.2. Posible responsabilidad de una empresa o entidad comercial

22.3.2.2. Homicidio

22.3.2.2.1. Identificar posibles sospechosos

22.3.2.2.2. Tipificación del delito

22.3.3. Evaluación de la relación entre las condiciones psicológicas de la víctima y algunas acciones no relacionadas con la muerte

22.3.4. Propósitos terapéuticos de la autopsia psicológica

22.4. ¿Cómo se realíza la autopsia psicológica?

22.4.1. Fuentes de información -- -- - --

22.4.2. Áreas de evaluación ---------------------------------------------------------

22.4.3. Instrumentos

22.4.3.1. El Operational Criteria for the Determination of Suicide (OCDS)

22.4.3.2. El Empirical Criteria for the Determination of Suicide (ECDS-1)

22.4.3.3. El Modelo de Autopsia Psicológica Integral (Mf1Pl)

22.4.4. Procedimiento

22.4.5. ¿Quiénes deben realizar la autopsia psicológica?

22.4.6. Estructura y contenido del informe

22.5. Retos y limitaciones

22.6. Consideraciones éticas

BIBLIOGRAEÍA

TESTIMONIO Y JURADO

CAPÍTULO XXIII.-PSICOLOGÍA DEL TESTIMONIO Y EVALUACI ÓN COGNITTVA DE LA VERACIDAD DE TESTIMONIOS Y DECLARACIONES, Ramón Arce y Francisca Fariña

23.1. Introducción

23.2. La entrevista estándar

23.3. La entrevista cognitiva

23.4. La entrevista a niños testigos

23.5. La entrevista a personas discapacitadas

23.6. La entrevista clínico-forense

23.7. Algunas consideraciones sobre estos formatos de entrevista

23.8. Introducción a las diferentes aproximaciones a la evaluación de la credibilidad del testimonio

23.8.1. Correlatos de personalidad del comunicador

23.8.2. Indicios no verbales y extralíngüísticos asociados al engaño

23.8.3. Indicios fisiológicos

23.8.4. Análisis del contenido de la declaración

23.8.5. Control de la Realidad (Reality Monitoring, RM)

23.8.6. Análisis de la Realidad de las Declaraciones (Stament Reality Analysis SRA)

23.8.7. Análisis de Contenido Basado en Criterios (Criteria Based Content Analysis, CBCA)

23.8.8. Análisis de la Validez de las Declaraciones (Stament Validity Analysis, SVA)

23.8.9. Otros métodos basados en el análisis de contenido para identificación de la verdad

23.8.10. Evaluación y adecuación de los distintos medios de detección de la mentira

23.8.11. Hacia una propuesta integradora: el Sistema de Evaluación Global (SEG)

23.9. Consideraciones finales

BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO XXIV.-EL TESTIMONIO DEL NIÑO ABUSADO SEXUALMENTE, María del Rosario Cortés Arboleda

24.1. Introducción

24.2. Necesidad de colaboración interdisciplinar

24.2.1. Papel del fiscal

24.2.2. Papel del profesional de la salud mental

24.3. Preparación del niño para el juicio

24.4. Sensibilidad ante las necesidades evolutivas de los niños

24.4.1. Expectativas y miedos

24.4.2. Memoria y sugestibilidad

24.4.3. Dificultades de comunicación

24.4.4. Implicaciones prácticas para el interrogatorio

24.4.4.1. Preescolares

24.4.4.2. Niños de primaria

24.4.4.3. Adolescentes

24.5. Necesidad de procedimientos judiciales especiales

24.5.1. Admisibilidad de las declaraciones hechas a otros por el niño

24.5.2. Competencia para testificar

24.5.3. Cambios en la sala de audiencias

24.5.4. Control judicial de los procedimientos y del interrogatorio

24.5.5. Personas de apoyo al niño

24.5.6. No permitir el acceso de los testigos a la sala antes de prestar testimonio

24.5.7. Cierre de la sala de audiencias al público y a la prensa

24.5.8. Testimonio grabado

24.5.9. Consejero, guardian ad litem o representante legal

24.5.10. La exigencia de corroboración

24.6. Credibilidad de la declaración del niño

24.6.1. Percepción de la credibilidad del niño

24.6.2. Testimonio del experto y credibilidad del niño

BIBLIOGRAFÍA

CAPITULO XXV-ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LA TOMA DE DECISIONES DE LOS MIEMBROS DE UN JURADO, Juan García García, Leticia de la Fuente Sánchez y Emilia Inmaculada de la Fuente Solana

25.1. Introducción

25.2. Selección del jurado y toma de decisión individual

25.2.1. Selección tradicional de candidatos

25.2.2. Selección científica del jurado

25.2.2.1. Variables sociodemográficas

25.2.2.2. Variables psicosociales y actitudinales

25.2.2.2.1. Variables actitudinales generales

25.2.2.2.2. Variables actitudinales adaptadas al ámbito legal

25.2.2.2.3. Variables específicas a los casos

25.2.3. Comentarios sobre la selección del Jurado

25.3. Informando a los jurados

25.3.1. Publicidad anterior al juicio

25.3.2. Instrucciones judiciales

25.3.3. Influencia de los testigos presenciales sobre los jurados

25.3.4. Influencia del peritaje experto sobre los jurados

25.4. La decisión del jurado

25.4.1. Dinámica del jurado

25.4.2. Factores estructurales

25.5. Notas finales sobre investigación con jurados

Bn3LI(X;RN(A

ÍNDICE ANALtTICO

Eva M.' Jiménez. Instituto de Psicología Forense

Deborah Bunce. Instituto de Psicología Forense

José María Serrano Bermúdez. Grupo de Abobados BQS

Torcuato Recover Balboa. Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental

Juan Carlos Sierra. Universidad de Granada

Gualberto Buela-Casal. Universidad de Granada

Estrella Romero. Universidad de Santiago de Compostela

María del Carmen Cano. Universidad de Jaén

Luz Anyela Morales. Universidad Católica de Bogotá

Marta Ramírez González. Juzgados de Familia de Madrid

Francisca Fariña. Universidad de Vigo

Ramón Arce. Universidad de Santiago de Compostela

José Cantón Duarte. Universidad de Granada

Ána Isabel Sánchez. Universidad de Granada

José Ignacio Bermúdez Sánchez. Centro Penitenciario de Topas

María Concepción Romero Quintana. Centro Penitenciario de Topas

María del Rosario Cortés Arboleda. Universidad de Granada

Juan García García. Universidad de Jaén

Leticia De la Fuente Sánchez. Universidad de Jaén

Emilia Inmaculada De la Fuente Solana. Universidad de Granada

Luis Fernández-Ríos. Universidad de Santiago de Compostela

A Adrián y David, por ilusionarme día a día.

JUAN CARLOS SIERRA

A José, María y Marcos, por no sólo «ser» sino también «estar».

EVA M.' JIMÉNEZ

A Romo. Quien le conoce entenderá por qué.

GUALBERTO BUELA-CASAL

No hay en toda la Psicología un área que se haya afianzado más, en menos tiempo, que la Psicología jurídica y específicamente la Forense. Allá por 1993, veía la luz el Manual de Psicología Forense que tuve el honor de compilar, junto a Blanca Vázquez, y que reunía el trabajo ilusionado de expertos, colegas y, además, amigos; fue una obra referencial, llena de ilusión, que se sustentaba en el aprendizaje práctico, el estudio teórico y los casos reales abordados en los distintos ámbitos de una ciencia incipiente, pero muy demandada por los operadores jurídicos y por la sociedad en general. La portada mostraba una efigie griega con una venda (la de la justicia - que busca ser objetiva-, pero donde aparecían unos bellos ojos de mujer, los de la Psicología que asiste y orienta a un mundo que basado en leyes y normas debe trazar los límites de las conductas entre los humanos). Años después, muchos más casos vistos, pruebas baremadas, congresos realizados, artículos escritos, libros leídos, en 2002, la misma editorial Siglo XXI publicaba el Tratado de Psicología Forense; esta vez compilé el trabajo de más de cincuenta psicólogos jurídicos (algunos de ellos latinoamericanos).

La coherencia, la continuidad y el trabajo bien hecho han permitido un reconocimiento sin fisuras al psicólogo forense. Dejó de ser un testólogo, de estar eclipsado por el psiquiatra. Hoy, por el contrario, ha contraído una gran responsabilidad, pues se espera de él la verdad, la seguridad y la confirmación. Y eso es un riesgo, un grave y preocupante riesgo, pues no sólo es un perito, sino que es un asesor, al que se le demanda mirar el pasado: «den qué circunstancias ocurrió?», y al futuro: «¿cómo se conducirá?». Nuestra ciencia hoy por hoy tiene un límite, señalémoslo y trabajemos por ampliar el horizonte de nuestro saber.

Juzgados de Familia, Prisiones, juzgados y Fiscalías de Menores fueron pioneros al solicitar nuestra exploración, informe, ratificación. Pero rápidamente las Clínicas Médico-Forenses y los juzgados de Vigilancia Penitenciaria se hicieron acreedores de nuestra intervención. Al tiempo, las áreas de mediación, de atención a la víctima crecieron y se hicieron significativas. Es más, algunos psicólogos hemos tenido el honor y el reto de asesorar al legislador, de influir en quienes toman decisiones políticas. Ciertamente cuando hace un decenio impartíamos cursos, seminarios a jóvenes psicólogos o les invitábamos a escribir en el Anuario de Psicología jurídica queríamos atisbar lo que hoy es una realidad superada. Cualquier ciudadano conoce la labor de un psicólogo en un juicio o tiene idea de lo que significa el análisis de credibilidad del testimonio. Pero el reto permanece, avanzamos hacia el horizonte pero cada vez está más lejano, sí, pero avanzamos. Nos cabe explorar, informar, diagnosticar, elevar pronósticos, pero ante todo prevenir, restaurar, rehabilitar, tratar. Ser imparciales no debe hacernos asépticos, muy al contrario, hemos de implicarnos socialmente desde el conocimiento que dimana la Psicología. He tenido el placer de impartir conferencias inaugurales a los psiquiatras y magistrales a los jueces ¿era eso imaginable en 1993?

Hoy un equipo de comprometidos psicólogos me regala la posibilidad de escribir estas notas llenas de recuerdos y esperanzas. Sí son un equipo, suma de esfuerzos, especialidades y conocimientos que sabe integrar su saber. Resulta de nuevo aleccionador que profesionales de la práctica, catedráticos, de distintos lugares de España reúnan palabra a palabra no sólo de lo que viven, sino para lo que en parte viven. Verán que el índice es bastante extenso, lo que demuestra su intención de abarcar todos los aspectos que conforman la Psicología jurídica y denota el desarrollo de la misma. Que quienes van a competir en las librerías con el compilador del Tratado de Psicología Forense, le brinden la posibilidad de prologar su texto es sinónimo de buena fe, de camaradería, de entender que los importantes son los lectores, los ciudadanos enjuiciados, las víctimas, los agresores. En mi caso es un gran honor rubricar mi admiración por el trabajo bien hecho que estimula a todos a seguir investigando y trabajando con rigor. No caeré en la simpleza de intentar subrayar el contenido de este volumen, sería una tarea ímproba e innecesaria. El lector hará bien en ejercitar su propia crítica, tras interiorizar su contenido. Caeríamos en un espejismo si consideráramos que con este gran libro queda clausurado y durante años el abordaje de la Psicología jurídica, no es así, otros vendrán con nuevos criterios, experiencias y publicarán, prueba inequívoca de que hay muchos lectores ávidos de aprender, de afianzarse en su práctica profesional (por cierto, muchos de ellos juristas). Sí deseo revelar que el trabajo que aquí se presenta merece el respeto y aplauso, por ir a los temas de interés, por abordarlos de forma clara y explícita, no olvidando ni la historia de la Psicología Forense (¡hasta en Australia!), ni los referentes deontológicos. Quienes trabajamos en este ámbito de la Psicología, no tenemos más que leer quiénes son los autores para poder aseverar que estamos ante una obra garantizada, pues los profesionales se fraguan en el día a día. Nos agrada sobremanera que una colega colombiana sea quien escriba sobre un tema tan apasionante como la autopsia psicológica. Agradezco la deferencia mostrada, al elegirme como prologuista, pero sobre todo la aportación realizada. Sepan los autores que consultaré con «reincidencia» su texto. Me cabe por último exigir a los psicólogos forenses que realicen una labor no sólo pulcra, sino excelente, no caben disculpas cuando se dispone de textos como el que usted lector inicia.

JAVIER URRA

Fiscalía de Menores, Madrid.

EVA W JIMÉNEZ

1.1. UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA

La Psicología Forense suele entenderse corno una disciplina relativamente reciente que se encarga de aplicar la Psicología al ámbito jurídico. Sin embargo, esto sólo es correcto en parte. De hecho, el término Psicología Forense aparece en distintas publicaciones con anterioridad al siglo xx. Los primeros hechos históricos que tienen relación con la intervención del psicólogo en el contexto legal y que facilitaron el establecimiento de un nuevo campo de investigación se remontan a los últimos años del siglo xviü y, aunque actualmente puede considerarse que la relación entre Psicología y Ley tiene en general una mayor importancia en los países anglosajones y en particular en los Estados Unidos, las raíces de esta relación nos transportan hasta Europa. Fue fundamentalmente en Alemania e Italia donde a raíz de los movimientos nacionalistas de la escuela criminológica y de los estudios de masas de la Psicología Colectiva aparecieron las primeras evidencias del desarrollo de una nueva área dentro de la Psicología. En este contexto encontrarnos varios autores preocupados por estudiar el conocimiento psicológico necesario para analizar las intenciones de las personas acusadas de un delito. Así, en 1792 Eckardts Hausen escribió Sobre la necesidad de conocimientos psicológicos para juzgar los delitos (Urra y Vázquez, 1993); Schaumann, en el mismo año, publicó Idea de una Psicología Criminal; Fichte en 1796 describió las relaciones del Derecho y el Estado en su libro Fundamentos del Derecho Natural según los principios de la doctrina de la Ciencia y Münch en 1799 publicó La influencia de la Psicología Criminal sobre un sistema de Derecho Penal (Garzón, 1990). En el siglo xrx se empezaron a esbozar dos concepciones de la Psicología dentro del marco legal: una es la Psicología jurídica y la otra la Psicología Forense.

11 La Psicología jurídica quedaría definida corno los fundamentos psicológicos del Derecho, esto es, los orígenes sociales y psicológicos que hicieron necesaria su aparición. Esta aproximación se vincula con la Filosofía del Derecho y la Psicología Colectiva (Garzón, 1989). La Psicología Forense, en esta época, estaba incorporada a un campo teórico más amplio corno es la Psicología jurídica, que corno acabamos de ver se entendía corno la Psicología del Derecho. Pero más tarde, la Psicología Forense se desmarcó con una distinción propia de la diferenciación entre ciencia aplicada y teórica, es decir, corno la aplicación de la Psicología a la práctica profesional del jurista. Esta será considerada corno una psicología de lo individual que se relaciona con la Psicología Criminal y con la Patología Forense. Ejemplos de este interés de la Psicología por hacerse un lugar dentro del ámbito de la justicia es el libro La Psicología en sus principales aplicaciones a la Administración de justicia escrito por Hoffbauer en 1808; el jurista Mittermaier en 1834 publicó La doctrina de la prueba donde habla de la necesidad de valorar el peso que puede tener la declaración de testigos para una decisión judicial; el médico Friedrich en su obra Manual sistemático de la Psicología judicial de 1835 incluyó por primera vez el término «Psicología Judicial» y declaró que para que la actividad judicial se realice de forma correcta hay que tener en cuenta las aportaciones que pueden hacer ciencias corno la Psicología y la Antropología; y en 1879 Zitelman elaboró El error y la relación jurídica: Una investigación jurídicapsicológica (Garzón, 1990). Aun teniendo en cuenta este impulso, al final del siglo xix el desarrollo de una Psicología Experimental junto al deseo de independencia del Derecho (el cual significa que al querer apoyarse únicamente en sus conocimientos renuncie a aportaciones de otras ciencias, entre ellas la Psicología) produce un retroceso en el desarrollo de la Psicología Forense.

Los primeros años del siglo xx suponen un resurgir del interés suscitado a principios del siglo xix por la Psicología Forense. Este resurgir hace que se planteen de nuevo las diferencias existentes entre la Psicología Forense y la Psicología jurídica desmarcándose la primera frente a la segunda, puesto que las teorías creadas a través de una Psicología Colectiva carecían de fuerza a nivel académico y social. A su vez, las ciencias médicas y la mayor relación entre Psicología y Fisiología facilitan un mayor desarrollo de la Psicología Criminal, posibilitando que ésta se independice de la Medicina Forense para así unirse a la Psicología Clínica, y a partir de la Psicología Experimental se desarrolla la Psicología de la Testificación. Además, adquiere una mayor relevancia el análisis psicológico de la decisión judicial. El médico italiano Lombroso juega un papel muy importante durante esta época al constituir una escuela de pensamiento psicológico sobre la criminalidad. Su obra más significativa fue La Psicología del testimoni nei processi penal de 1906. Años más tarde, en 1911, se dedica a estudiar las relaciones existentes entre la criminalidad y las diferentes características físicas a partir de sus estudios en las prisiones italianas.

Corno hemos mencionado con anterioridad, las primeras décadas del siglo xx fueron muy fructíferas en cuanto a trabajos y a estudios experimentales de la Psicología Forense en Europa. Sin embargo, no ocurrió lo mismo desde el punto de vista estadounidense, donde pusieron en entredicho la validez de dichos estudios y se centraron más en el análisis de la Psicología Criminal. Pero, paradójicamente, estas críticas supusieron un desarrollo más fuerte de la Psicología Forense y más en especial de la Psicología de la Testificación. Esto no es de extrañar, ya que muchas veces cuando se ve peligrar el estatus alcanzado en una determinada área es cuando se enfatizan los esfuerzos dedicados al establecimiento o incluso a la mejora de ese estatus conseguido. En las décadas de los años 30 y 40, al contrario de lo ocurrido en la década anterior, se produce un descenso en el desarrollo de la Psicología Forense. Pero este descenso es fácilmente explicable ya que durante este período tienen lugar dos guerras (Segunda Guerra Mundial y Guerra Civil Española), lo cual implica el hecho de que los psicólogos se dediquen a nuevos campos de trabajo como los programas de test masivos que dieron lugar por ejemplo a la elaboración del Army Alpha Test y el Army Beta Test, diseñados para la evaluación colectiva de la inteligencia; así, el psicólogo forense va a ser visto prácticamente como psicómetra o un pasador de test. Pero como se ha mencionado, se produce un descenso, no un estancamiento, en las investigaciones y los trabajos dentro del campo de la Psicología Forense. Lo que va a suceder es que curiosamente durante estos años las aportaciones a la Psicología Forense son hechas mayoritariamente por parte de los juristas. Así, encontramos la obra del juez Brown Psychology Legal de 1926, la de McCarty Psychologyfor Lawyer de 1929, en 1931 Burtt escribió Legal Psychology y el juez Frank publicó Courts on Trial en 1948 donde planteaba la importancia de entender la Psicología de los jurados (Garzón, 1989).

De esta forma llegamos a los años 50 y 60, que se pueden definir como el verdadero auge de la Psicología Forense, debido en especial al movimiento político e intelectual de la época. Durante estos años se produce el acercamiento del psicólogo a la sala de justicia y con ello se abre la posibilidad de integrar la Psicología y el Derecho, con el inicio del estudio de los procesos judiciales y los aspectos sociales y políticos. Además, adquieren una especial relevancia en el terreno legal no sólo las investigaciones psicológicas sino también las aportaciones de otras ciencias sociales, tales como la Economía, la Sociología y la Antropología. Según Loh (1984), en estos años es cuando se produce la consolidación de la Psicología Forense al integrarse el psicólogo como perito o experto. Durante estas dos décadas existe también una proliferación de la literatura psicológica sobre aspectos legales. Algunos ejemplos de la literatura producida en estos años son The Clinical Psychologist and the Legal Profession escrito por Blau en 1959 (Urra y Vázquez, 1993), Legal and Criminal Psychology por Toch en 1961 y Crime and Personality por H.J.Eysenck en 1964. La Psicología Criminal se enfoca más hacia el estudio psicológico del comportamiento que hacia su estudio patológico. Por otra parte, se desarrolla la Psicología Social, lo cual permitirá que la Psicología Forense se extienda más allá de lo puramente individual. Se producen las primeras intervenciones de psicólogos como expertos en las salas de justicia en casos penales y civiles. Un ejemplo muy destacado de esta incorporación es el famoso caso Jenkins versus Estados Unidos (1962)1 donde tres psicólogos actuaron como expertos en un caso de esquizofrenia (a lo largo de este capítulo volveremos a comentar este caso con mayor detenimiento).

Los años 70 se caracterizan por un aumento de los trabajos tanto empíricos como teóricos realizados en el campo de la Psicología Forense por parte de la Psicología Social, la Psicología Cognitiva y la Psicología Experimental. Se amplía el área de intervención de la Psicología, siendo ésta mayoritariamente aplicada y se produce un avance en el desarrollo de la Psicología de la Testificación. Schulman en 1973 incorpora diversas técnicas de la Psicología y la Sociología para la selección de jurados por primera vez (Garzón, 1990). En 1974 el Colegio Oficial de Abogados de Barcelona crea el Anuario de Sociología y Psicología Jurídica. En 1977 se crea la división de Criminología y Psicología Legal dentro de la British Psychological Society, en ese mismo año nace la revista Law and Human Behavior y en 1979 Loftus escribe Eyewitness Testimony. La década de los años 80 es una etapa de institucionalización de la Psicología Forense a nivel académico, es decir, se incorpora durante estos años como una disciplina que se puede cursar en centros de formación. Además, supondrá su integración a nivel profesional. Esta integración puede verse en el desarrollo de la Psicología y su marcada orientación aplicada, que lleva a los psicólogos centrados en el campo judicial a dedicarse a proporcionar la información necesaria para un mejor desarrollo de los procesos judiciales, lo cual supone un reconocimiento del papel del psicólogo en el campo legal y por tanto un mayor desarrollo de sus ámbitos profesionales. Por tanto, la función del psicólogo será la de proporcionar la manera en que el sujeto quede constituido como un individuo único, evitando así los factores psicológicos y extralegales (estado mental, motivación, consecuencias, contexto social, responsabilidad, seguridad, etc.) que puedan distorsionar su acción objetiva, esto es, establecer una forma de actuación jurídica que nos lleve a una resolución imparcial (Garzón, 1989). Algunos de los acontecimientos más importantes que se producen en esta década son la creación en 1981 de la 41 División de la Asociación Americana de Psicología (APA) que trata sobre Psicología y Ley (Psychology, Law-Society) y la aparición de numerosas revistas internacionales dedicadas a esta área, como por ejemplo la estadounidense Behavior Science and the Law, la británica British Journal of Law and Society, la italiana Quaderni di Criminología Clínica y la francesa Etudes Internationales de Psychol.-Socilogie Criminelle. Las publicaciones más significativas aparecen en esta década: en 1982 se publica The Criminal Justice System de Konecni y Ebbesen, en 1984 Horowitz y Willging escriben The Psychology of the Law: Integrations and applications y Loh publica Social research in the judicial process, el libro de Kaplan The impact of social psychology on proceduraljustice aparece en 1986 y dos años más tarde, Bonaffe escribe Las justicias de lo cotidiano: los modos formales e informales de regulación de los pequeños conflictos.

Durante la década de los 90 habría que señalar que el campo de acción de la Psicología Forense está en plena expansión, debido a la demanda social y judicial y al propio crecimiento de la Psicología. La especialidad «forense» adquiere una entidad propia y empieza a consolidarse su estatus. Según Romero «aunque lenta, la justicia se va modernizando y se está dando cuenta de que en la compleja tarea de juzgar e imponer penas no viene mal dejar opinar al psicólogo como estudioso del hombre y sus conductas, porque a fin de cuentas, a mayor nivel de información, existen mayores posibilidades de veracidad y ésta es una de las bases de toda la Justicia» (Urra y Vázquez, 1993, pág. 28).

En el momento actual hay que destacar el hecho de que desde algunas Administraciones de justicia se empieza a requerir la figura del psicólogo como perito o experto. A su vez, la opinión pública comienza a tomar conciencia de las distintas funciones que un psicólogo puede realizar dentro del marco legal. Pero no debemos ser demasiado optimistas puesto que aún queda mucho camino por recorrer, como por ejemplo, un incremento de asignaturas relacionadas con la Psicología Forense por parte de las universidades, una mayor proliferación de tesis, congresos, jornadas, etc. y especialmente el establecimiento de unas mejores relaciones entre el Derecho y la Psicología, ya que el hecho de que dos disciplinas trabajen juntas no debe significar que éstas pierdan independencia o parte de su identidad sino que se enriquezcan mutuamente y se posibilite de esta forma un mayor desarrollo de ambas.

Para terminar con la revisión histórica de la Psicología Forense, nos gustaría esbozar el esperanzador futuro que se abre ante este campo de actuación dentro de la Psicología. Sin pretender caer en una excesiva euforia, se podría afirmar que la Psicología Forense es una de las áreas con más posibilidades de desarrollo a corto plazo dentro de la Psicología actual. En opinión de Albarrán (1990), el futuro de esta disciplina psicológica se presenta desde el punto de vista científico y práctico, cada vez más afianzado y sólidamente estructurado por varias razones:

-Extensión del ámbito de aplicación de los métodos, técnicas y principios de la Psicología a nuevos campos del Derecho.

-La Administración ha dado carta de naturaleza a esta figura profesional.

-Los propios órganos judiciales (tribunales, magistrados y jueces) desde el año 1985 han ido ampliando en la práctica la competencia de estos profesionales, confiando en los datos que éstos les facilitan y utilizando los informes que les encargan.

-Fruto de esta experiencia es la madurez que la profesión de psicólogo ha alcanzado como Auxiliar de la Administración de justicia, que se refleja a través de los trabajos y publicaciones de aquellos que hacen referencia a materias de Psicología Forense.

A continuación vamos a hacer un breve repaso histórico de cómo ha ido evolucionando la Psicología Forense en los Estados Unidos, España, Australia y Latinoamérica.

1.2. LA PSICOLOGÍA FORENSE EN ESTADOS UNIDOS

A principios del siglo xx nace la Psicología Criminal, que estudia a la persona que comete el delito; asimismo, aparece la Psicología del Testimonio (percepción, memoria, etc.) y por último la Psicología del juzgador (jueces, fiscales, etc.). Posteriormente, el desarrollo de la Psicología Aplicada al ámbito judicial va discriminando entre Psicología Forense (más individual y aplicada) y Psicología jurídica (colectiva y teórica). Durante estos años Münsternberg escribe On the Witness Stand; Essays on Psychology and Crime en 1908 donde apoya la presencia del psicólogo dentro del sistema legal estadounidense. En 1913 comienzan a funcionar los Servicios de Asistencia Psicológica dentro del reformatorio de mujeres del estado de Nueva York y tres años más tarde se crea en el Departamento de Policía de Nueva York un «laboratorio psicopatológico». Los años 30 y 40 fueron calificados de psicologismo jurídico ya que los juristas tenían más en cuenta la interpretación y la aplicación de la Psicología que la propia Ley. Las dos guerras precipitaron programas de test masivos donde la mayoría de los psicólogos que servía al sistema legal trabajaba como «psicómetras» dentro del ámbito del ejército. La gran demanda de selección de soldados u oficiales para el ejercito generó el mayor desarrollo histórico de la creación y el uso de test (Buela-Casal y Sierra, 1997). En los años 40, los psicólogos fueron influyentes en la presentación de estudios en distintas áreas y las Cortes de Apelación comenzaron a apoyar la utilización de psicólogos cualificados en materia de «responsabilidad» para la conducta criminal. En la década de los años 50, los psicólogos se incorporan a testificar como expertos, por lo que se la denominó como la década de la Psicología Forense o Psicólogos en el Estrado. La Psicología Criminal se centra en aspectos psicológicos como personalidad e imputabilidad, alejándose de los propiamente patológicos. Posteriormente, en los años 60 se desarrolla la Psicología Social, influyendo en los temas de criminalidad, desorden social, violencia, etc. En 1962 se produce el caso Jenkins versus Estados Unidos, anteriormente citado, donde quedó rechazado por los Tribunales el testimonio de tres psicólogos sobre enfermedad mental esquizofrénica de un sujeto procesado, pero dicho testimonio fue admitido en el recurso de casación. Este caso significó el punto de partida a través del cual la función del psicólogo como experto no quedará puesta en entredicho.

Si revisarnos con más detenimiento el desarrollo que la Psicología Forense ha tenido en Estados Unidos, se suele citar con frecuencia el trabajo de Kalven y Zeisel (1966) The American Jury, como el comienzo de una etapa de proliferación y expansión de la investigación psico-legal. Este trabajo fue el resultado de un amplio proyecto de investigación iniciado muchos años antes en la Universidad de Chicago, que se centró en el análisis del funcionamiento del jurado. En ese mismo año, Marshall (1966) publica Law and Psychology in Conflict donde señalaba la importancia de la investigación empírica que la Psicología podía tener en el estudio de procesos y procedimientos judiciales. También en 1966 se crea la American Psychology Law Soczety. En la década de los años 70 la Psicología Forense está plenamente constituida. Se elaboran teorías psicológicas sobre los procedimientos judiciales, se amplía el campo de intervención de la Psicología y se desarrolla la Psicología de la Testificación. En el contexto de la investigación psicológica experimental en 1975 Thibaut y Walker publican su obra Procedural Justice: A psychological analysis, dicha obra es un resumen de un ambicioso programa de investigación, en la que estudian las dimensiones psicológicas de la percepción de justicia. En 1976 la Asociación de Psicología Americana (APA) organiza un simposio sobre el papel del psicólogo forense. Un año más tarde se inicia la publicación de la revista Law and Human Behavior, editada inicialmente por la Universidad de Iowa y actualmente editada por la Universidad de Nebraska-Lincoln. Por otro lado, aparecen cada vez más, nuevos canales de difusión de las investigaciones que se están realizando, por ejemplo, la revista American Psychologist dedica en algunos nú meros una sección de Psychology and Law. En 1978 se crea el Consejo Americano de Psicología Forense, organismo que estudia y centraliza toda la competencia de la Psicología en este ámbito. En las décadas de los 80 y 90 se crean nuevas revistas especializadas en este campo como Law and Psychology Review; Legal and Criminological Psychology; Psychology, Crime and Law; Psychology, Public Policy and Law; y Behavioral Sciences and the Law. Durante estos años se reconoce oficialmente a la Psicología jurídica. En 1987 el Consejo Americano de Psicología Forense enumera las funciones generales del psicólogo forense:

-Responder a todas las consultas y asesorar a los abogados, estudiantes de Derecho y procuradores.

-Responder a todas las consultas de los juristas.

-Servir a los amicus curie [amigos de la curia = Tribunal].

-Responder a todas las consultas de la Justicia Criminal y a los sistemas correccionales.

-Responder a las consultas del Sistema de Salud Mental Americano.

-Responder a todas las consultas y asesorar al personal ejecutor de la Ley (policía, etc.).

-Él psicólogo forense tiene que diagnosticar, pronosticar y tratar a la población criminal.

-El psicólogo forense tiene que diagnosticar, pronosticar y hacer recomendaciones en todo aquello que tenga que ver con el estado mental del sujeto.

-Analizar todas las cuestiones relacionadas con la responsabilidad, la salud mental y la seguridad del sujeto.

-El asesoramiento y la realización de estudios y análisis para proporcionar a los abogados la información necesaria para entender los factores psicológicos que se dan en todo proceso judicial.

-Servir como expertos en todos los peritajes psicológicos civiles y penales que la Administración solicite.

-Evaluar y tratar a cualquier personal de la Administración de justicia que tenga que ver con un proceso.

-Servir como asesores o peritos especializados en cualquier Tribunal Judicial o Administrativo.

-Mediar entre diferentes servicios judiciales en conflictos psicológicos que surjan en el contexto jurídico.

-Investigar en las ciencias de la conducta para entender los comportamientos del sujeto.

-Formar en los programas docentes de la Policía a todos aquellos sujetos que tengan que ver con los procesos legales.

-Enseñar y supervisar a otros psicólogos forenses.

Por último, habría que reseñar que existe una gran cantidad de publicaciones dedicadas al área de la Psicología Forense en los Estados Unidos, algunas de los más recientes son Handbook of Psychology in Legal Contexts (1995) de Bull y Carson; Psychological evaluations for the courts (1997) de Melton, Petrila, Poythress y Slobogin; The Handbook of Forensic Psychology (1998) de Hess y Weiner; Psychology and Law: Truthfulness, accuracy and credibility (1998) de Memon, Vrij y Bull; Psychology and Law: The state of the discipline (1999) de Roesch, Hart y Ogloff, etc. Actualmente en los Estados Unidos, la Psicología Forense es una superespecialidad post-doctoral (cinco años de carrera, más dos/tres años de doctorado y más dos años de especialidad), lo cual implica un estatus de gran especialización y autoridad en la materia.

1.3. LA PSICOLOGÍA FORENSE EN ESPAÑA

Al repasar la evolución de la Psicología Forense en España no tenemos que remontarnos muy atrás; sólo hace veinte años hubiera sido dificil encontrar publicaciones relativas a la Psicología Legal en España. Una de las razones de que la Psicología haya penetrado con mayor dificultad en el terreno jurídico de lo que lo ha hecho en otros contextos de la sociedad ha sido el escaso número de profesionales que se han dedicado a esta actividad, si bien va aumentando progresivamente. Otra causa es el poco interés que ha suscitado en el seno de los investigadores, mucho más preocupados en explorar los ámbitos clínicos, educativos y laborales (Garrido, 1991). Pero, aunque en el pasado no ha habido mucha producción en investigación, sí se deben mencionar algunos hechos históricos.

Los primeros acontecimientos históricos que están relacionados con el área de una Psicología Forense los encontramos en la Ley de Sanidad Española de 1885, dentro de la cual toma forma el cuerpo de «Facultativos Forenses». Dicho cuerpo fue ampliado y reestructurado por el Decreto-Ley de 1891 dando lugar a tres secciones: Sección de Medicina y Cirugía, Sección de Toxicología y Psicología, y Sección de Medicina Mental y Antropología. En la segunda y tercera sección es donde acontecen los primeros pasos de los «peritos expertos» denominados por aquel entonces «Prehopatas» y «Alienistas» (Colegio Oficial de Psicólogos, 1998), aunque han tenido que pasar muchos años para que se reconozcan a estos «expertos» como los primeros eslabones dentro de la larga cadena que constituye el campo de acción de la Psicología Forense, puesto que durante aquellos años ni tan siquiera la Psicología Clínica, sobre la cual se sus tenta la Psicología Forense, había alcanzado los niveles de desarrollo que actualmente posee; de hecho, ni siquiera existía un centro de formación reglada para estudiar Psicología. En 1925 Altavilla elabora Psicología judicial y en 1932 Mira i López describe en su libro Manual de Psicología Jurídica lo que implicaba una nueva área dentro de la Psicología. En 1940 se crea la Escuela de Estudios Penitenciarios. Es importante resaltar que por esta época, y más específicamente en España, la diferenciación entre Psicología Forense y Psicología Jurídica aún no se había producido. La Guerra Civil Española y sus posteriores consecuencias suponen un marcado retroceso para el desarrollo de la Psicología Forense, como para otras tantas áreas de la ciencia (Buela-Casal y Sierra, 1997; Carpintero, 1994). Por tanto, no será hasta la década de los años 70 cuando se produzca un gran avance para el establecimiento del psicólogo como perito experto; este avance se apoya en el hecho de que a raíz de la Psicología Conductista y de la Psicología del Aprendizaje los psicólogos penitenciarios comienzan a analizar y a tratar las conductas delictivas. Muy importante es el papel que juega la Psicología Penitenciaria en España, ya que a partir de ella se originan los primeros pasos de la Psicología jurídica de aquella época, a través de los cuales se desarrollará un poco más tarde la Psicología Forense, tal como hoy la entendemos.

En la década de los años 70 se crea la Escuela de Barcelona de Psicología Jurídica, donde se establecen los cimientos de lo que años más tarde será la publicación del Anuario de Sociología y Psicología jurídica del Colegio de Abogados de Barcelona (1974). En 1976, y también en Barcelona, se celebraron las primeras jornadas Internacionales de Psicología jurídica. Como resultado de estas jornadas, en 1980 se publica la Introducción a la Psicología jurídica de Muñoz, Bayés y Munné, libro donde se hace una recopilación de artículos de estos tres autores. A lo largo de toda la obra se deja sentir un planteamiento conductista y de ahí la importancia otorgada a la metodología experimental. Según esto, la Psicología jurídica sería «... una rama de la Psicología que busca aplicar los métodos y los resultados de la Psicología pura, y especialmente de la experimental, a la práctica del Derecho... con estricta fidelidad al derecho positivo» (Muñoz, Bayés y Munné, 1980, pág. 20). Para Muñoz (1975, pág. 28), los campos de aplicación de la Psicología jurídica eran los siguientes:

-Definición de las normas en términos operacionales. Comprende aquí el estudio de los descriptores psicológicos que contienen dichas normas.

-Conducencia de las normas. Abarca el estudio de la adecuación de las normas a las leyes conductuales y el análisis de los reforzadores jurídicos. Proporcionan bases para una experimentación jurídica.

-Comportamiento de los operadores jurídicos (editores y destinatarios) en cuanto es susceptible de influir sobre la aplicación y cumplimiento de las normas.

Será en los años 80 cuando se dé un mayor empuje al establecimiento de la Psicología Forense en España, ya que el cada vez más numeroso reclamo social posibilitará el hecho de que esta nueva área de actuación de la Psicología em piece a adquirir el estatus científico y profesional que hasta entonces se le había negado desde otras disciplinas y, aunque sorprendentemente no menos cierto, desde las posturas más conservadores dentro de la misma Psicología. Los primeros años de esta década son testigos de la rápida incorporación de los intereses de los psicólogos al campo del Derecho, que tendrá su eclosión a partir de mediados de la década (Clemente, 1998). Será en 1980 cuando se crea el primer grupo de trabajo sobre temas de Familia, Pareja, Separación y Divorcio desde un punto de vista psicológico-legal. La creación de este grupo de trabajo estuvo apoyada institucionalmente por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid que se había constituido tan solo un año antes, en 1979. En 1987, dentro de dicho Colegio Oficial de Psicólogos se estableció la sección de Psicología jurídica, y en determinadas delegaciones territoriales del Colegio Oficial de Psicólogos se constituye un turno de oficio de profesionales para hacerse cargo de las diversas demandas que la Psicología Forense puede cubrir. Un año antes, en 1986, los psicólogos se incorporan en las clínicas médico-forenses de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. Poco después, en 1988, al crearse los Equipos Técnicos de apoyo a los juzgados, se establece la figura del psicólogo en las clínicas médico-forenses (Clemente, 1998). Asimismo, en 1988 la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid imparte por primera vez el Máster en Psicología Clínica Legal y Forense. En la década de los años 90 se funda el Anuario de Psicología jurídica, con la idea de aunar las diversas opiniones de todos los profesionales que abarcan esta área y de esta forma poder hacer participe a un mayor número de personas de todo lo que lleva implícito la figura del psicólogo como perito o experto forense (Colegio Oficial de Psicólogos, 1998). En los años 90 se celebran una serie de congresos y simposios relacionados con la Psicología Forense, por ejemplo, en 1991 el Congreso Hispano-Británico de Psicología jurídica en Pamplona; en 1992 el Congreso Iberoamericano de Psicología en Madrid donde se incluyó una sección de jurídica; en 1996 el Congreso de Psicología jurídica en Salamanca; en 1998 el 1 Symposium sobre Psicología jurídica en Granada; en 2000 el 1 Congreso Hispano-Alemán de Psicología jurídica en Pamplona y el 1 Symposium sobre Peritajes Psicológicos en el ámbito forense en Granada. Para finalizar, se debe comentar que algunas de las publicaciones más significativas dentro de esta área son Psicología y jurados (1990) de Garzón, Manual de Psicología Forense (1993) de Urra y Vázquez, la Colección: Retos Jurídicos en las Ciencias Sociales (1997) de la Fundación Universidad-Empresa, Fundamentos de la Psicología jurídica (1998) de Clemente, Perfil del Psicólogo del Colegio Oficial de Psicólogos (1998) y el Tratado de Psicología Forense (2002) de Urra. En la actualidad se está haciendo ya efectivamente una Psicología Forense. El Colegio Oficial de Psicólogos ha desarrollado el perfil del Psicólogo jurídico, en el cual se establecen las distintas áreas de intervención profesional del psicólogo jurídico; dentro de algunas de estas áreas se encuadran las funciones del psicólogo forense. A su vez, desde los distintos Colegios de Psicólogos se están configurando los turnos de oficio para la realización de peritaciones psicológicas. Se afianzan nuevos cursos, máster y de experto dedicados en específico a la te mática de la Psicología Forense (Máster Internacional en Psicología Forense de la Asociación Española de Psicología Conductual, Máster de Psicología jurídica del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental, Máster en Psicología Aplicada a Contextos Sociales y jurídicos de la Escuela de Postgrado de la Fundación Española de Estudios Sociales y Sanitarios, Experto de Psicología Forense de las Palmas, Experto de Psicología Forense de Zaragoza, etc.). Algunas universidades han incluido en los nuevos planes de estudio de Psicología asignaturas de Psicología jurídica y Psicología Forense y cada vez son más numerosos los congresos y seminarios relacionados con este campo (en 2001 el IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Psicología Forense en Madrid, en 2002 el II Symposium Nacional sobre Psicología jurídica en Granada, en 2003 el Curso Aplicado sobre Psicología Forense en Almería y el Curso Aplicado sobre Psicología Forense en el Ámbito de Menores en Granada, en 2004 el 1 Congreso de Psicología jurídica en Santiago de Compostela, el 1 Congreso de Psicología jurídica y Forense en Red y los Cursos en la Escuela Complutense de Verano sobre Psicología jurídica y Forense, etc.). Todos estos acontecimientos nos sitúan en los comienzos de lo que parece ser un prometedor camino en el siglo xxi.

1.4. LA PSICOLOGÍA FORENSE EN AUSTRALIA

La evolución de la Psicología Forense en Australia se ha disparado vertiginosamente, al igual que en otros países, en las últimas dos décadas. Anteriormente a este período había muy poca actividad relacionada con este ámbito de acción, siendo la figura de los psiquiatras la que copaba todas las funciones dentro de la actuación de los peritos expertos en materias forenses. En consecuencia, y aunque se ha sugerido que diez años atrás la Psicología Forense todavía estaba definiendo sus fronteras, es ahora cuando en Australia esta especialidad forense ha comenzado a madurar (O'Brien, 1998). Australia es un continente similar en tamaño a Estados Unidos, donde la mayor parte de su población vive en las costas, por consiguiente, los servicios forenses pertenecientes al área de la salud mental han tenido que superar importantes escollos en sus actuaciones dentro de las áreas rurales más lejanas (O'Brien, 1998; Pounder y Harding, 1984). Debido a estas características demográficas y socioculturales, los psicólogos forenses tienden a no viajar a otros estados australianos o a Nueva Zelanda, reduciendo de esta forma su marco de acción en una manera notable, de ahí que O'Brien califique la situación de la Psicología Forense en Australia como inmersa en un «vacío profesional». Las actuaciones y funciones de los peritos psicólogos en Australia deben atenerse a lo estipulado en las siguientes reglas: 1) la regla del conocimiento común, 2) la regla del campo de la pericia, 3) la regla del último asunto y 4) la regla de base. A través de estas normativas se especifica que cualquier evidencia presentada por un perito psicólogo tiene la obligación de reflejar un mínimo de especialización en el área forense, que demuestre el conocimiento y la experiencia del experto. A su vez, el psicólogo forense no puede dar respuesta a las cuestiones que estén bajo la responsabilidad y la autoridad de un juez o un jurado. Por último, la evidencia aportada debe de contar con una base científicamente aceptable y basada en todo momento en lo que está estipulado por la Ley (Freckleton, 1987; O'Brien, 1998). Estos requisitos para la puesta en práctica de la Psicología Forense son muy parecidos a los que en la actualidad están vigentes en Estados Unidos y Reino Unido. En los últimos años, se ha producido en Australia un gran debate en torno a la normativa que debe regular las opiniones aportadas por los distintos peritos expertos en la Corte, ya que dichas opiniones no se consideraban de igual forma ni con la misma validez, es decir, se tiende a menospreciar las declaraciones de los psicólogos en favor de las aportadas por los psiquiatras o de las evidencias basadas en los hechos. Toda esta problemática condujo a un conflicto en la situación de la figura del psicólogo en al ámbito jurídico y a una pérdida de interés en el beneficio de sus funciones evaluativas y/o terapéuticas (O'Brien, 1998). Mientras que los psicólogos forenses en Australia no son requeridos para participar en aquellos casos criminales que quedan adscritos en la categoría de la «pena capital», siendo otros profesionales de la comunidad de la salud mental los que deben valorar la «aptitud para la ejecución» de los implicados, sí pueden ser requeridos para aportar su opinión acerca del grado de peligrosidad de un individuo (como ocurrió en el caso Wayne Kable, de quien se solicitó la opinión experta por parte de profesionales de la Psicología para ayudar a la resolución del caso, y que supuso uno de los primeros reconocimientos sobre la actuación de los psicólogos que trabajan dentro del ámbito forense). Un ejemplo de esta dualidad de funciones entre profesionales de la salud mental se dio en 1997, cuando dentro del sistema legal australiano surgió una agria polémica en torno a la habilidad de los psicólogos para realizar sus diagnósticos apoyándose en las clasificaciones del DSM-IV (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales). Un juez sostuvo que los psicólogos no estaban capacitados para realizar tales diagnósticos, puesto que el DSM-IV había sido redactado por y para los psiquiatras. Sin embargo, y debido a la total falta de peso de estas afirmaciones, su decisión fue derrocada en una apelación posterior (Norris, 2001). Este proceso contrasta con la experiencia de los psicólogos forenses que trabajan en Europa y los Estados Unidos, los cuales tienen una larga historia a la hora de determinar sus conclusiones basándose en alguna de las clasificaciones existentes sobre los trastornos mentales y, además, son definitivamente considerados como expertos dentro de su propio ejercicio. Más allá del ámbito meramente jurídico, y como ya ocurrió en Estados Unidos y en Europa, las poblaciones de internos que integran los centros penitenciarios australianos han experimentado un significativo aumento en los últimos diez años. Este acontecimiento es debido, en gran parte, al hecho de que los gobiernos intentan encontrar soluciones rápidas a la problemática del crimen y de los delitos. Dichas soluciones incluyen, entre otras consecuencias, condenas de una mayor duración, por lo que la demanda de los profesionales de la Psicología Forense se ha incrementado bruscamente en la última década dentro del sistema carcelario australiano. En dichas instituciones penitenciarias, según los datos actuales, no existe una gran cantidad de internos con trastornos psicológicos mayores; sin embargo, la necesidad de los servicios psicológicos es grande, debido a la mayor incidencia de trastornos de la personalidad en los internos, así como al problema del abuso de sustancias en comparación con la población general no carcelaria (Glaser y Laster, 1986; Herrman, McGorry, Mills y Singh, 1991). Otra problemática, íntimamente relacionada con el crecimiento de la presencia de los profesionales de la salud mental en los centros penitenciarios, es el tema de la población aborigen, es decir, se ha demostrado que las consecuencias negativas (suicidios, problemas de salud mental, consumo de sustancias, etc.) de las condenas de larga duración en este sector de la población son significativamente mayores a las producidas en el resto de los otros grupos étnicos que conforman Australia (Norris, 2001). Obviamente, los servicios psicológicos forenses, a través de sus conocimientos sobre las particularidades culturales, sociales y psicológicas involucradas en cada etnia, tienen un papel particularmente esclarecedor e importante a la hora de dar respuesta y encontrar posibles soluciones a esta problemática. Por consiguiente, junto a la relativa juventud de la Psicología Forense en Australia, se debe resaltar el hecho de que, en la actualidad, ésta esté considerada como una disciplina autónoma del resto de las ciencias de la salud mental.

1.5. LA PSICOLOGÍA FORENSE EN LATINOAMÉRICA

Vamos a referirnos al desarrollo actual que la Psicología Forense posee en Hispanoamérica, desde donde no dudamos que en un breve período de tiempo se conseguirán grandes avances en el estatus y consideración profesional del psicólogo forense. Al efectuar un análisis comparativo podemos observar que existe un camino recorrido por Europa y Estados Unidos que lleva años de ventaja con respecto a los países hispanoamericanos, no solo en aportes empíricos y teóricos sino sobre todo desde el ejercicio del psicólogo forense, es decir, la conciencia que tiene la población en general acerca del papel de este profesional en el ámbito judicial, del lugar de la Psicología Forense en centros de formación como una disciplina, y de centros conformados que investiguen, estudien, difundan y centralicen todos los aportes de esta rama de la Psicología. Sin embargo, desde nuestra experiencia y gratos contactos con un generoso número de psicólogos dedicados y apasionados a la Psicología Forense desde diferentes lugares de la geografía iberoamericana, consideramos que existe un gran interés por parte de estos profesionales en especializarse en esta materia y en explorar nuevos ámbitos de inserción profesional más allá del campo que ofrece la Psicología Clínica. Los psicólogos que desde hace años ejercen funciones en los tribunales, ya sea como integrantes en los gabinetes, procuradurías, asesorías o integrando listas de peritos oficiales, sostienen una práctica que cuenta con el reconocimiento de algunos sectores del Poder judicial y con un admirable y envidiable número de jueces que abogan por la interdisciplinaridad, propiciando así ámbitos de intercambio y numerosos espacios de discusión (algo de lo que deberíamos tomar amplias notas desde otros países, que en teoría disfrutarnos de una historia más longeva dentro del marco de actuación de la Psicología Jurídica en general y de la Forense en particular). En consecuencia, son cada vez más las ocasiones en que se recurre al psicólogo forense corno auxiliar de la justicia en los países latinoamericanos, con un alto grado de confianza en la idoneidad de su práctica, debido a la credibilidad que despiertan sus informes, sus asesorías o los peritajes que se le solicitan y, aunque existen otros sectores en el ámbito de la justicia que aún no alojan al psicólogo forense corno una parte integrante de sus plantillas, hay que ser optimistas y recalcar que en las últimas décadas, a nivel social, ha ido conociéndose la labor y el aporte que el psicólogo forense especializado puede brindar a la sociedad. Por otra parte, y aunque las condiciones de desarrollo de esta disciplina forense en Estados Unidos y Europa han resultado diferentes a las vividas en las latitudes latinoamericanas, existen mayores vínculos con los antecedentes europeos o la tradición psiquiátrica europea que con la estadounidense (Benítez, 2001). De ahí, que no queramos dejar de destacar la importante labor de la Asociación Iberoamericana de Psicología jurídica (AIPJ), la cual a través de sus congresos internacionales (I Congreso: Santiago de Chile-Chile en 1995, II Congreso: La Habana-Cuba en 1997, III Congreso: Sáo Paulo-Brasil 1999 y IV Congreso: Madrid-España en 2001) está promoviendo el continuo intercambio de ideas y el siempre enriquecedor contacto con colegas procedentes de muy diversos lugares de la geografía iberoamericana, lo cual no deja de favorecer el nacimiento y el desarrollo del área de la Psicología que nos ocupa.

Antes de comenzar a hablar de la evolución de la Psicología Forense en algunos de los países donde ésta ha tenido un mayor auge, hay que señalar que debido a la naturaleza englobadora de este capítulo sería una tarea casi titánica el comentar todos y cada uno de los países que integran el continente latinoamericano; por eso, seleccionarnos solamente aquellos que, o bien, por su mayor desarrollo dentro de la Psicología Forense, o bien, por nuestro mejor conocimiento de su situación actual a través de contactos profesionales con psicólogos de esos países, nos hacían sentir más seguros a la hora de exponerlos de forma más particular, dejando para otra ocasión una explicación más completa y general de los restantes países que quedaran sin comentar. Por último, hay que especificar que los países citados han sido incorporados a este capítulo en un orden rigurosamente alfabético, ya que debido a los acontecimientos sociopolíticos por los que han atravesado muchos de ellos a lo largo de los últimos años, sería casi imposible poder comparar con exactitud la situación de la Psicología Forense en sus distintos marcos geográficos, para de esta forma discernir la importancia de su evolución y aglutinarlos, en tal caso, por orden de relevancia en su desarrollo histórico con respecto a dicha disciplina.

1.5.1. LA PSICOLOGÍA FORENSE EN ARGENTINA

La evolución que ha tenido la Psicología Forense en Argentina es comparable, al menos en parte, a lo acontecido en España en cuanto a lo reciente y al escaso interés por parte de algunos profesionales, todos abocados y formados para el ejercicio de la Psicología en el área clínica. Todo esto, sumado y agravado al todavía existente monopolio psicoanalítico, ha ocasionado consecuentemente una pobre y escasa producción y/o investigación dentro de esta área. De más está decir que la Psicología Forense en Argentina se sitúa muy lejana, en su evolución y consolidación, a la situación que la misma ha tenido en Estados Unidos (García, 2001). Pero a pesar de su temprana situación actual, Argentina es, sin lugar a dudas, uno de los países de Hispanoamérica donde mayor relevancia se le ha otorgado a la Psicología Forense, en general, y al trabajo de los psicólogos dentro del ámbito de actuación de lo judicial, en particular. En consecuencia, no debemos desdeñar los logros y acontecimientos relacionados en mayor o menor medida con la Psicología Forense, ya que son los principales responsables del surgimiento y desarrollo de esta área psicológica dentro del marco de la Ley. Pasemos a comentar aquellos que consideramos más significativos.

1.5.1.1. Evolución histórica

En 1873 se edita en Buenos Aires la primera revista especializada en temas forenses en castellano (Revista Criminal), desde la cual se suscitaba una preocupación por la violencia relacionada con la cuestión inmigratoria. Así pues, las teorías de la escuela positivista italiana discutidas en 1885 en el 1 Congreso de Antropología Criminal (luego llamada Criminología) se aceptaron y desarrollaron rápidamente. Por la misma época, numerosos médicos y abogados asisten a reuniones internacionales de Derecho Penal y de Antropología Criminal. A su vez, se inauguran cátedras universitarias; se funda la Sociedad de Antropología jurídica, con la finalidad de promover el estudio científico de la criminalidad para completar la ciencia europea con los datos de la Antropología y Sociología argentinas y americanas indígenas; se crean servicios de Antropometría Policial, desde los que Vucetich resultará mundialmente reconocido por su sistema de identificación; y adquiere importancia la Psiquiatría, surgiendo la Criminología Psiquiátrica o Criminología Clínica (Carey, 2001). A principios del siglo xx se afianza la influencia del positivismo europeo, y es sostenida por hombres como José Ingenieros con sus libros Tratado de Psicología y Criminología. Durante estos momentos la Psicología aún no existía como tal dentro del campo forense y estaba solo reservada como un apéndice de la Medicina Forense o la Medicina Legal (García, 2001). En 1903 se crea un laboratorio de Psicología Experimental en la Clínica Psiquiátrica y Criminológica, dirigida esta última por el anteriormente citado José Ingenieros. Según Ingenieros, precursor de los contenidos médico-psiquiátricos en las peritaciones para la justicia, la mente ocupaba un lugar privilegiado a la hora de clasificar a los delincuentes, proponiendo la división de la Criminología en Etiología Criminal, Clínica Criminal y Terapéutica Criminal; asimismo señaló que la antropometría de los delincuentes era análoga a la de todos los «degenerados», pero que la diferencia debía buscarse en sus psicopatologías, discrepando así con las teorías de Lombroso y Ferri. Por esa misma época, se funda la Oficina de Estudios Médicos Legales en la cárcel de Villa Devoto, ocupándose de la observación del delincuente en los establecimientos penitenciarios, y en 1907 se crea una Penitenciaría Nacional, el Instituto de Criminología, considerado el primero en el mundo en proponer el estudio de los internos como medio para determinar el tratamiento más adecuado para su readaptación, y cuya finalidad última era el estudio de los delincuentes en sus fases psicoorgánicas (desarrollo físico, intelectual y moral), de las condiciones del ambiente en el que actuaban, y de las causas y evolución del estado psíquico de los sujetos hasta el momento del delito o de la condena. Posteriormente se crean organismos similares en otros puntos del país y se constituye el Instituto de Clasificación como el continuador de la labor del Instituto de Criminología (Carey, 2001). En el año 1927 se instala en la ciudad de Rosario el doctor Emilio Pizzarro-Crespo (médico), inaugurando un período de producción teórica alrededor de una diversidad de temas vinculados con la clínica médica desde una perspectiva innovadora. Su producción fue muy importante, pero no fue escuchada por sus colegas médicos por su visión crítica. Cabe destacar que en el año 1939, en un trabajo titulado Psicología y Psicoprofilaxis de los Delitos, Pizzarro-Crespo se autorreferencia como «médico psicólogo» en una época en que no existía la profesión de psicólogo como titulación académica (García, 2001). Desde 1935 hasta 1950 se publica la Revista de Medicina Legal, dirigida por el doctor Raymundo Bosch, que entre otras temáticas incluía elaboraciones periciales. En el año 1953 se crea en Rosario la primer carrera del país relacionada con la Psicología; dicha carrera fue denominada «Auxiliar de Psicotecnia», tenía una duración dos años y se impartía en la Universidad Nacional del Litoral. A la misma le siguió, en 1955, la carrera de «Psicología», que contaba con un plan de estudios de cuatro años y preveía un doctorado tras finalizar el primer ciclo. Dicha carrera era la primera en otorgar el título de psicólogo y en su último año se incluía la asignatura de «Psicología Jurídica», aunque ésta estaba prevista para la Facultad de Derecho. Este plan de estudios fue derogado con el derrocamiento del gobierno peronista en el mismo año de su inicio y suplantado un año más tarde por otro que constaba de cuatro años para la consecución del título de psicólogo y de cinco para la obtención del título de doctor. Una de las modificaciones producidas en este nuevo plan de estudios es que la asignatura «Psicología Jurídica» pasó a integrar el bloque del quinto año, junto a una nueva asignatura denominada «Internado Psiquiátrico, Clínico o Penal»; más tarde, con la modificación curricular del año 1961, ambas asignaturas desaparecieron. A su vez, el nuevo plan de estudios, incluía seminarios optativos, uno de ellos llamado «Rehabilitación del delincuente», el cual nunca se llegó a realizar, y otro de «Delincuencia Juvenil» impartido por el doctor Joseph Scott, docente norteamericano, que no volvió a repetirse en cursos posteriores. En el resto de las modificaciones curriculares que se produjeron no aparece un espacio (asignatura o seminario) dedicado a la docencia de la temática de la Psicología jurídica. Merece la pena destacar lo particularmente grave que resulta la no existencia de programas de estudio en la actualidad de las asignaturas mencionadas, no habiéndose archivado sus temá ticas, ni quedando rastros institucionales al respecto ni en la Facultad de Psicología ni en la de Humanidades y Artes, donde funcionó hasta su creación como facultad independiente la carrera de Psicología (García, 2001). Durante el 1 Congreso Argentino de Psicología, llevado a cabo en 1954 en Tucumán, se fundó el espacio que en ese momento se denominaba «Psicología jurídica o Forense» indistintamente, pero éste fue sólo nominal ya que no tuvo repercusión práctica por la ausencia de instituciones que lo permitieran (como ya hemos visto, no sería hasta un año más tarde cuando se creó la carrera de Psicología). No obstante, dicho congreso fue importante porque marcó una nueva orientación, inaugurando un modo de pensar que relacionaba a las instituciones del Derecho, fundamentalmente referidas a las cuestiones penitenciaria y de menores, con la Psicología (García, 2001). Por su parte, el ámbito de justicia adoptó formalmente las oportunas intervenciones de los profesionales de la Psicología y las incorporó a los Gabinetes Auxiliares de la justicia (Benítez, 2001). Como coronario a todo esto, el 21 de julio de 1989 se creó la Asociación de Psicólogos Forenses de la República Argentina (APFRA), en respuesta a las inquietudes e iniciativas de los profesionales psicólogos de quince provincias y de la capital federal, y cuyo primer presidente fue el actual psicólogo forense de la ciudad de San Carlos de Bariloche, Oscar Benítez. Esta asociación contaba con una secretaría de prensa que publicaba oficialmente las actividades propuestas, el intercambio científico y los aportes de criterios psicológicos legales (Carey, 2001). Debe considerarse que es aquí cuando se inició un ciclo de especialización profesional, aunque por desgracia el mismo corría por cuenta personal ya que no se dictaban cursos de especialización en ninguna universidad argentina (Blanes, 2001). Por lo tanto, a partir de este momento se estableció el desarrollo de la orientación psicológica forense, ya que concurrieron, por un lado, las líneas de desarrollo teórico (como las aportadas por Foucault y Legendre desde el psicoanálisis y particularmente la así llamada «Teoría Crítica del Derecho») y, por otro, la potenciación de las intervenciones profesionales desde la Psicología como una herramienta procesal asidua (que posteriormente se denominarían periciales), vinculadas hasta ese momento a otras disciplinas procedentes de la Medicina y de las Ciencias Económicas (García, 2001). A nivel nacional, es en esta década cuando se comienzan a organizar congresos específicos, de periodicidad anual y auspiciados por la APFRA, en donde se empiezan a presentar trabajos científicos. A su vez, en las jornadas de la Asociación Argentina de Estudio e Investigación en Psicodiagnóstico (ADEIP) se generan espacios estrictamente forenses y legales. Asimismo, se comienza a publicar la Revista de Psicología Forense editada por la APFRA. Un poco más tarde, en el año 1997, empieza a editarse la Revista de Psiquiatría Forense, Sexología y Praxis de la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP), la cual junto con la revista de la APFRA concentra la casi totalidad de las publicaciones de la especialidad en el país (Blanes, 2001). En la actualidad los psicólogos son reconocidos, al menos en lo formal, como auxiliares de la justicia con una categoría similar a la de otros profesionales que intervienen en las prácticas judiciales. De esta forma podemos ver que la actuación profesional del psicólogo forense está desempeñando un rol que se denomina «perito».

La función del perito psicólogo, previo cumplimiento de los requisitos específicos para cada caso, puede desarrollarse como:

-Perito Oficial. Puede trabajar en un juzgado, en una asesoría pericial o en una asesoría de menores y forma parte del cuerpo orgánico administrativo de la justicia.

-Perito de Oficio. Su relación con la justicia es un contrato para la producción de un dictamen o informe pericial, previa inscripción en la lista de «turno de oficio» de las distintas cámaras.

-Consultor técnico. Psicólogo propuesto por alguna de las partes para brindar asesoramiento profesional en un caso determinado.

En el caso de los Peritos Oficiales el juez puede requerir su actuación en distintas dependencias judiciales a través de los nombramientos de la Suprema Corte de Justicia (Asesoría Pericial General, Asesoría de los distintos departamentos judiciales o por los juzgados de Menores en el ámbito de la Justicia Nacional). En todos estos casos el psicólogo integra el Cuerpo Técnico de la Oficina Médico Forense en carácter de auxiliar (Petrolo, 2001). Por lo tanto, podemos ver a los profesionales de la Psicología integrados en los cuerpos judiciales en la mayoría de las provincias, así como también en los territorios federales. No obstante, en aquellos lugares en los que todavía no se ha conseguido una normalización institucional, los psicólogos son reconocidos de hecho en la función legítima del ejercicio de su práctica mediante designaciones provisionales, así como por otros mecanismos de aplicación (García, 2001). Los psicólogos, a su vez, empiezan a formar parte de los organismos gubernamentales no judiciales, los cuales mantienen una vinculación funcional más o menos directa con aquellas prácticas ya que proveen asistencia institucional o asesoramiento especializado a los estrados judiciales y a los organismos dependientes. Tal es el caso de las instituciones de la Minoridad, de los Servicios Penitenciarios, de la Salud Mental, de la Promoción Comunitaria, etc. Por su parte, se mantiene la convocatoria nacional de psicólogos sostenida por la APFRA, desde la que se mantiene la red de información y actividades de capacitación, así como su publicación especializada (García, 2001). Desde otro punto de vista, se puede observar una marcada evolución de la función del psicólogo forense en el Cuerpo Médico Forense de la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde la actividad forense psicológica versus médica pasó de un 35 por 100 (año 1985) a casi un 85 por 100 (año 2000); esto muestra no sólo el mayor conocimiento por parte de los magistrados de las posibilidades de dictamen de los psicólogos forenses, sino también el reconocimiento de la utilidad de dichos dictámenes para su función específica. De esta forma, se ha pasado de dictámenes meramente criminalísticos (como los realizados en épocas dictatoriales) a evaluaciones sobre fabulación, regímenes de visitas, consecuencias de maltratos psicológicos, capacidades civiles, etc. Actualmente es normal el requerimiento de la presencia del psicólogo forense en los tribunales para clarificar conceptos, aconsejar tratamientos o dictaminar sobre los más variados apartados en testimonios directos al tribunal. Así es que se han visto incrementados los requerimientos de espe cialización y formación continua en esta área de la Psicología, por lo que cabe esperar que el crecimiento ya indicado se continúe en el tiempo (Blanes, 2001). Los colegios profesionales, por su parte, tienen instancias internas de abordaje para este ámbito de actuación, mediante comisiones o institutos que están trabajando sobre las distintas funciones gremiales o sobre los requisitos formativos necesarios. En la actualidad existen también asociaciones regionales de psicólogos que se están constituyendo alrededor de la temática de dicha disciplina (García, 2001).

En lo que respecta al ámbito universitario, si bien las Cátedras o Escuelas Superiores de Psicología existían ya en la República Argentina desde principios del siglo xx, el 27 de septiembre de 1985 el Senado y la Cámara de Diputados sancionaron la Ley núm. 23.277 «de Ejercicio Profesional de la Psicología». Esta Ley estipula específicamente el ejercicio profesional del psicólogo (emisión, evaluación, expedición, presentación de informes, asesoramiento, dictámenes, peritajes, etc.); en consecuencia, a la promulgación de dicha Ley le siguieron los establecimientos de las carreras de grado de Psicología en distintas universidades del país (Benítez, 2001). En la actualidad se están impartiendo asignaturas, cursos o seminarios de grado optativos y/o especializados en prácticamente todas las carreras de Psicología de las universidades estatales y privadas, tanto en los niveles de grado como de postgrado, no estando aún constituida la maestría o la especialidad propiamente dicha. Sin embargo, sí se está trabajando para impulsar el estudio de la fundamentación de la especialidad de Psicología Forense (por ejemplo desde el Instituto de Psicología Forense del Colegio de Psicólogos de Rosario), y en las universidades de las ciudades de Buenos Aires, La Plata y Córdoba se cuenta, desde hace algunos años, con programas de actualización y cursos para graduados en esta área específica, siendo el título que otorgan estas instituciones un requisito necesario para el ingreso a los servicios auxiliares de la justicia (Carey, 2001). En lo relativo a la producción bibliográfica existen obras significativas como Psicología Forense del psicólogo Osvaldo Varela, Psicología judicial del doctor Del Popolo, y El Sujeto y la Ley del psicólogo Jorge Degano. Asimismo, circulan, aunque no sistematizados en el formato de libro, una gran cantidad de trabajos publicados en revistas, periódicos o publicaciones menores, así como otros presentados en congresos, simposios o jornadas que constituyen un conjunto heterogéneo de pensamientos escritos que revisten un alto valor técnico, testimonial y conceptual (García, 2001).

1.5.1.2. Marco legal

Como hemos comentado, la evolución de la Psicología Forense en Argentina ha sido similar a la de España y en parte a la de Estados Unidos, puesto que ha debido irse desligando de la Psicología Clínica primero, y luego de la Psicología Criminalística, aunque no hay que olvidar que han existido diferencias específicas que deben tenerse en cuenta. Primeramente, se debe establecer cuál fue la ubicación del psicólogo en Argentina, ya que solamente a partir del reconocimiento profesional genérico pudo ser reconocida posteriormente la especialización forense. Así, se deben tener en cuenta las diversas leyes y decretos que se dictaron acordes a la legislación nacional imperante en cada momento y a las restricciones que desde el año 1969 se establecieron sobre los profesionales psicólogos, los cuales quedaron ubicados como meros asistentes de los médicos, tal como quedó expuesto en la Ley núm. 548, con fecha del 15 de mayo de 1969, en su Capítulo X, «De los Auxiliares de Psiquiatría» en donde se indicaba en el Artículo 91 que los psicólogos podrían actuar:

-En Psicopatología, como colaboradores del médico especializado en Psiquiatría, bajo su indicación, control, supervisión y debiendo limitar su actuación a la obtención de test psicológicos y a la colaboración en tareas de investigación.

-En Medicina de Recuperación o Rehabilitación como colaboradores del médico especializado y con las mismas limitaciones del inciso precedente. Además, para actuar con tal carácter los profesionales de la Psicología debían solicitar una autorización previa al Consejo Provincial de Salud Pública y cumplir los requisitos que el mismo estableciera. Como se puede observar, la tarea del psicólogo era de mero auxiliar del médico y, por lo tanto, tampoco podía tener intervenciones en el ámbito del Derecho (Blanes, 2001).

Mediante el Decreto núm. 21/72, con fecha del 31 de enero de 1972, se especificó que para actuar como colaborador del médico especialista, los psicólogos debían:

-Obtener la matriculación referida en el Artículo 5.° de dicha Ley y su correspondiente reglamentación.

Solicitaral Consejo Provincial de Salud Pública la correspondiente autorización con el refrendo del profesional médico. Asimismo, se detallaba que se entendía por «test psicológico» la computación científica (en forma de resultados) de las respuestas del paciente a estímulos, situaciones o indicaciones técnicamente efectuadas, y por «tarea de investigación» las actividades científicas realizadas por el psicólogo como colaborador del médico especializado, cuyo objetivo era el esclarecimiento y progreso de la ciencia psicológica mediante la fundamentación experimental y el perfeccionamiento de métodos e instrumentos propios de la disciplina, sin asumir características de intervención terapéutica (Blanes, 2001).

Con el advenimiento del período democrático, a comienzos de la década de los años 70 se dictó la Ley núm. 972, con fecha del 6 de septiembre de 1974. Esta ley fue pionera en reconocer el verdadero ámbito de trabajo del psicólogo. Así, en sus dos primeros artículos, reconocía su estatus profesional y sus áreas de incumbencia, entre ellas la jurídica, que englobaba en sí a la forense en esa época. Esta ley es la primera en indicar esa posibilidad laboral, acotándola dentro del estudio de la personalidad del sujeto que delinque, de la rehabilitación del penado, de la orientación psicológica de los liberados y sus familiares, de la ac tuación sobre tensiones grupales, de la prevención del delito y de la realización de peritajes. A su vez, corno esfera de acción le asigna los tribunales de justicia, los institutos penitenciarios y los de internación de menores.

Lamentablemente, el avance que implicaba la Ley 972 fue transitorio, ya que con el advenimiento de un nuevo período dictatorial se produjo no sólo el cierre de las facultades de Psicología en Argentina, sino también la persecución política y desaparición de numerosos profesionales. Por ello, no es de extrañar que se dictara la Ley núm. 1.445, con fecha del 8 de abril de 1980, la cual en sólo ocho líneas derogaba la Ley 972 y los logros de los psicólogos conseguidos durante la democracia. Asimismo, mediante la Ley nú m. 1.647, con fecha del 3 de febrero de 1983, se especificó aun más la limitada esfera de trabajo de los profesionales de la Psicología, adjudicándoles únicamente la función de colaboradores del médico especializado en Psiquiatría. Posteriormente, y con el resurgimiento de la democracia, se dicta la Ley núm. 1.856, con fecha del 20 de agosto de 1984, la cual volvió a poner en vigencia la Ley 972. Ahora bien, en el tiempo que ésta estuvo en vigencia, desde su dictado hasta su derogación durante la dictadura militar, prácticamente no se instrumentó el ejercicio profesional del psicólogo forense. Es necesario indicar que no se impartían en ningún lugar del país cursos de esta especialidad. Por ello, los dictámenes de insania, por poner un ejemplo, eran efectuados por el médico forense, en caso de existir el mismo. Solamente existían como cuerpo profesional los médicos policiales, quienes ejercían esa función forense dictaminando, a expreso deseo de los magistrados, si las personas involucradas en delitos mayores podían comprender la criminalidad del hecho imputado y/o dirigir voluntariamente sus acciones (Blanes, 2001). A partir del año 1984, ya en tiempos democráticos, se dicta la Ley Orgánica del Poder judicial Rionegrino y se establecen en esta provincia los Cuerpos Médicos Forenses, creándose allí el cargo de «psicólogo forense». No obstante, se seguían utilizando los antiguos Códigos de Procedimientos Nacionales, por lo que la función específica del psicólogo forense estaba delimitada principalmente por la Ley 972. Regionalmente, es a principios de 1987, con el dictado de los Códigos de Procedimientos de la Provincia de Río Negro, cuando se establecen los puntos específicos para el desarrollo de la función del psicólogo forense, quedando más demarcada su especificidad. Pero es a lo largo de la década de los años 90 cuando se dictan leyes en donde la participación del psicólogo forense toma mayor relevancia en el ámbito jurídico, otorgándole así un mayor reconocimiento a sus tareas. Tales leyes son las referidas a la Violencia Familiar, Salud Mental, etc., donde se establecen, de forma obligatoria, el dictamen de un profesional experto en Psicología Forense (Blanes, 2001).

1.5.2. LA PSICOLOGÍA FORENSE EN BOLIVIA

En Bolivia, al igual que pasa en otros países del continente latinoamericano, la Psicología jurídica, la Psicología Forense y otras psicologías aplicadas al derecho son poco conocidas. Podernos decir que con la implementación del Nuevo Código de Procedimiento Penal (NCPP)2 los estudiantes de Derecho están exigiendo que se contemplen las materias forenses dentro de sus planes de estudio. Esta idea, a su vez, está madurando en la carrera de Psicología. Por otra parte, la población está conociendo el desempeño del psicólogo en otras áreas diferentes a las convencionales (clínica, social, educativa, etc.). La labor de los psicólogos, que están inmersos en este movimiento, les compromete a prepararse para ser los iniciadores de un mundo que empieza a vislumbrarse cada vez con mayor fuerza, como lo demuestra el hecho de que a principios del siglo que acabamos de estrenar se fundara el Colegio de Psicólogos y desde ahí se están promocionando seminarios, capacitación y difusión de la aplicabilidad de estas nuevas especialidades de la Psicología en el área legal y especialmente de la Psicología Forense (Irusta, 2001).

1.5.2.1. Evolución histórica

En Bolivia existe un insuficiente conocimiento de lo valioso de un peritaje realizado por un psicólogo forense. Los motivos de esta situación tienen que ver con unos códigos de procedimientos de una gran antigüedad, así como con la poca importancia asignada a los elementos de apoyo (Velásquez, 2001). La figura institucionalizada del psicólogo forense como tal no existe y las investigaciones sobre esta temática en las universidades son casi nulas, en comparación con otros países latinoamericanos. Sin embargo, han existido numerosos avances, sino en Psicología Forense sí en Criminología, debido a los cambios y ajustes de la Ley del Procedimiento Criminal de 1858, donde se agregó a los principios de la prueba judicial otro que libra al sano criterio de los jueces la apreciación de las pruebas. Esta ley rigió hasta 1973, tras la cual tomó vigencia el siguiente Código de Procedimiento Penal, dentro del que se incorporaron nuevos órganos de control en la dinámica de los procesos judiciales (en teoría, éste puede considerarse el primer paso en el desarrollo de la figura del psicólogo forense en Bolivia). Finalmente se efectuaron algunas transformaciones en dicho código con el anteproyecto del Código de Procedimiento Penal de 1995, donde se afirma la presunción de inocencia y se fortalece el principio de inviolabilidad de defensa material y técnica. En la actualidad se considera a la Criminología un saber multidisciplinario y, aunque presenta un alto predominio de juristas, los sociólogos, médicos psiquiatras y psicólogos también participan en él (Irusta, 2001). Debido a la naturaleza multiétnica y pluricultural de Bolivia, el NCPP introdujo dos procedimientos entre los cuales se encuentra el de Diversidad Cultural, diseñado para cuando un miembro de una comunidad indígena o campesina sea imputado por la comisión de un delito y se le deba procesar en la jurisdicción ordinaria (no en su comunidad) y con las reglas de la misma mediante el procedimiento denominado Justicia Comunitaria. Para dicho procedimiento se debe contar con un perito especializado en cuestiones indígenas, el cual durante la etapa preparatoria y durante el juicio debe asistir al fiscal o tribunal. El perito puede incluso participar del de bate durante el juicio oral y debe, antes de dictarse la sentencia, elaborar un dictamen que permita conocer con mayor profundidad los patrones de comportamiento referenciales del imputado, a los efectos de fundamentar, atenuar o eximir su responsabilidad penal (Irusta, 2001). Igualmente, entre otras nuevas instituciones, se han creado las denominadas Defensorías y el Instituto de Investigaciones Forenses. Las Defensorías dependen de los municipios desde donde se pretende resolver, por parte de psicólogos expertos, los problemas de tipo legal que tengan que ver con abusos hacia mujeres, niños y ancianos (Velásquez, 2001). Por su parte, el Instituto de Investigaciones Forenses es un órgano dependiente administrativa y financieramente de la Fiscalía General de la República, que se encarga de realizar con autonomía funcional todos los estudios científico/técnicos requeridos para la investigación de los delitos o la comprobación de otros hechos mediante orden judicial. En el perfil de los profesionales que son requeridos para este trabajo se menciona entre otros a especialistas en Psicología o Psiquiatría Forense. Asimismo, la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, en su Artículo 15 ha constituido el Programa de Protección de Víctimas, Testigos y propios Funcionarios, dentro del cual la figura del psicólogo forense está empezando a tomar una nueva y significativa relevancia (Irusta, 2001).

1.5.2.2. Marco legal

A lo largo de la historia del sistema de administración de justicia de Bolivia, podemos encontrar algunos elementos importantes donde se menciona a peritos o expertos que datan del año 1972. En el Libro Primero del Código de Procedimiento Penal: «Disposiciones Generales» (capítulo IV: «Del Imputado», Artículo 63), se hace referencia a la enajenación mental, donde comenta lo siguiente: «El juez podrá ordenar de oficio, a petición del fiscal o del defensor el reconocimiento médico-psiquiátrico del imputado que presentare síntomas de alguna perturbación mental. Los especialistas, previo el examen correspondiente elevarán su informe acerca de la salud mental del imputado, indicando, en su caso, si la enfermedad es de data anterior o posterior al hecho delictuoso» (Código de Procedimiento Penal de 1972, pág. 26). Del mismo modo, en el Libro Segundo del Código de Procedimiento Penal, en su capítulo VI «De los medíos de prueba», se hace referencia a los peritajes, desde donde se condiciona la participación de un perito o experto a cuando se presente un elemento de convicción que requiera conocimientos especializados y, por tanto, en tal caso se deberá acudir al auxilio de las opiniones de los peritos. No obstante, no se considera importante la presencia de un profesional psicólogo y menos de un psicólogo forense, solo se menciona a un médicopsiquiatra o un perito o experto. Del mismo modo, los artículos que hacen referencia al Consultor Técnico o al experto en asuntos étnicos e indígenas dictaminan que estos cargos serán elegidos entre personas que acrediten su idoneidad en la materia.

Actualmente, el sistema judicial penal de Bolivia vive un período de transición entre el antiguo sistema inquisitivo y el Nuevo Código de Procedimiento Penal (en vigencia desde el 31 de mayo de 2001). Dicho sistema ha cambiado la forma de composición de las instancias judiciales, pasando de un procedimiento escrito a otro verbal, es decir, introduce un elemento de naturaleza acusatoria, el juicio oral, que se realiza de forma pública y contradictoria como elemento central y cumbre del proceso (Velásquez, 2001). Además, se introducen los jurados civiles para la aplicación de la justicia, o lo que es lo mismo, jueces ciudadanos que, junto con los jueces técnicos, son los encargados de juzgar a los imputados por delitos cuyas penas superen los cuatro años de privación de libertad, esto es, aquellos delitos graves que son de interés de la comunidad. Dichos jueces son seleccionados por las partes en una audiencia pública especialmente realizada para tal efecto. En la actualidad los requisitos para formar parte de un jurado civil no estipulan nada acerca del estado psicológico de la persona, pero se está contemplando la necesidad de que los jueces ciudadanos debieran ser sometidos a una evaluación psicológica, que permita conocer su estado mental y su capacidad a la hora de distinguir entre el bien y el mal (Irusta, 2001). Por otra parte, el sistema probatorio del nuevo código está basado en el principio de libre valoración de la prueba, a través del cual el juez puede admitir como medios de prueba todos aquellos elementos que puedan conducir al conocimiento de la verdad del hecho, de la responsabilidad o de la personalidad del imputado. De esta forma, la prueba es admitida si se refiere, directa o indirectamente, al objeto de la investigación o si se la considera útil para el descubrimiento de la verdad. Entre los medios de prueba admitidos se encuentra la prueba testimonial y la pericial (Irusta, 2001). Así pues, el Nuevo Código de Procedimiento Penal, en su Artículo 204 «Pericia», señala que una pericia se ordenará siempre y cuando sean necesarios los conocimientos especializados en alguna ciencia, arte o técnica para poder descubrir o valorar un elemento de prueba. A continuación el Artículo 205, el cual se refiere a los peritos, indica que éstos serán designados según la reglamentación estatal y por su acreditación de idoneidad en la materia, por lo que, si la ciencia, técnica o arte no está reglamentada, o si no es posible contar con un perito en el lugar del proceso, se designará a una persona de acuerdo con su «idoneidad manifiesta» (Irusta, 2001). En el Artículo 207 del Nuevo Código de Procedimiento Penal se menciona a los Consultores Técnicos. El consultor técnico puede presenciar la pericia y hacer observaciones durante su transcurso, sin emitir dictamen. Asimismo, en las audiencias pueden asesorar a las partes en los actos propios de su función, interrogar directamente a los peritos o a los testigos y concluir sobre la prueba pericial, pero siempre bajo la dirección de la parte a la que asisten. Dichos consultores técnicos deben ser especialistas en alguna área específica, dentro de las que cabe destacar a la Psicología, y son nombrados directamente por la Fiscalía, sin necesidad de autorización judicial (Irusta, 2001). Por lo tanto, vemos que están surgiendo los primeras destellos de un campo de acción que, lejos de poder denominarse aún con total certeza como Psicología Forense, sí que se aleja de las funciones que hasta el momento eran las típicamente asignadas a los psicólogos, lo cual significa la apertura a un nuevo ámbito dentro de la Psicología, el cual esperamos y deseamos que pronto empiece a recoger sus merecidos frutos.

1.5.3. LA PSICOLOGÍA FORENSE EN CHILE

La comparación que se puede realizar en torno al desarrollo de la Psicología Forense en Chile con respecto a Europa y a Estados Unidos arroja ciertos retrasos, puesto que el desarrollo de esta rama de la Psicología es aún incipiente y los avances producidos hasta el momento se han dado de un modo autodidacta, por parte de los propios profesionales interesados en esta disciplina (Taboada, 2001).

1.5.3.1. Desarrollo actual

En Chile la presencia de psicólogos en los juzgados y Tribunales es escasa, ya que hasta la fecha su situación ha quedado limitada al ejercicio de perito externo, dentro del cual pueden participar profesionales (los cuales ejercen liberalmente) y las instituciones que sirven de apoyo a las labores de los juzgados. Hasta la fecha sólo se han incorporado asistentes sociales en el sistema judicial en materia de violencia familiar y menores (ambas correspondientes al ámbito civil). Este último dato es esclarecedor si nos fijamos en el tipo de pericias más practicadas en la actualidad, puesto que un 58 por 100 del total se refiere a causas penales y sólo un 42 por 100 a causas civiles (tomando como referencia el registro estadístico del año 1998 sobre 4.520 pericias llevadas a cabo en el Servicio Médico Legal de Santiago, en una población cercana a los cinco millones de habitantes). Así pues, la labor del perito psicólogo se encuentra relegada a las instituciones de apoyo, al servicio médico legal (que sólo en algunas regiones del país cuenta con psicólogos en su plantilla) y a los psicólogos autónomos que están acreditados frente a los Tribunales de Justicia (Taboada, 2001). Aunque en la actualidad cualquier psicólogo puede ser requerido en un determinado momento por un juez para practicar una pericia psicológica, dada la complejidad de estos exámenes se tiende a considerar a esta actividad como de alta especialización, por lo que sólo deberían ser ejecutados por profesionales con conocimientos cualificados en la materia (Chahuan, De la Maza, Koppmann y Portilla, 2000). Para ejercer la Psicología Forense se debe estar en posesión del título de Psicología y tener conocimiento jurídico de lo que la Ley exige al perito y de cómo puede transformar sus conocimientos técnicos en aplicaciones jurídicas. En Chile, el perito cumple su función asesorando al juez a través de informes individuales, los cuales generalmente vienen a complementar a las pericias psiquiátricas. Tal y como se ha dicho, si bien, en este medio cualquier psicólogo puede ser requerido para actuar como perito, lo cierto es que no existe una tradición de trabajo pericial psicológico formal y muchas veces queda supeditado al trabajo que realiza el psiquiatra forense, subutilizándose este valioso recurso (Chahuan y cols., 2000). Debido a esto, el trabajo oficial del psicólogo forense se halla más bien limitado al campo del psicodiagnóstico, mediante el uso de test proyectivos y otros instrumentos. Si bien, esta situación está cambiando en los últimos años en el área del Derecho de la Familia, donde el ejercicio de la Psicología Forense es un poco más amplio a pesar de estar referido a un tipo especial de patología (Taboada, 2001). Por otra parte, en Chile, al contrario de lo que ocurre en España (donde los Institutos Toxicológico, Anatómico Forense, Clínico, etc. se hallan separados), la actividad pericial en el campo de la Psiquiatría y Psicología se halla incluida en un único instituto que integra además otras áreas de acción de la Medicina Forense, lo cual facilita la integración, coordinación y generación de criterios comunes, permitiendo el funcionamiento de actividades en conjunto como los turnos de asistencia y la evaluación de víctimas de atentados sexuales, los cuales cuentan con un clínico disponible las veinticuatro horas del día.

En cuanto a la investigación y docencia dedicada al ámbito forense desde el punto de vista de las disciplinas de la salud mental, vemos que desafortunadamente en la actualidad no existen cursos de especialidad en universidades o centros de formación profesional, como tampoco están consideradas ramas específicas del área dentro de los planes de estudios de los centros que imparten la licenciatura de Psicología. De esta forma observamos que la Psicología y la Psiquiatría Forense carecen de programas de aprendizaje formal como subespecialidades en ambos campos clínicos, por lo cual los profesionales que trabajan en esta área han de realizar capacitaciones parciales en otras parcelas de trabajo, como por ejemplo la Criminología (en la que sí existe una gran proliferación de cursos de perfeccionamiento y se encuentra inserta dentro de algunas de las mallas curriculares de los centros de estudios), la Patología Social, o bien a partir de la experiencia derivada de su labor con reclusos, víctimas de violencia sexual o menores en situación irregular (Chahuan y cols., 2000; Taboada, 2001). No obstante, desde mediados de la década de los años 80 existen importantes grupos de trabajo en materia de asesoría psicológica en el proceso de investigación y terapéutico. Tal es el caso del Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS), el cual está vinculado a la policía de investigaciones. En el caso del sistema de administración de justicia, el ministerio tiene entre sus dependencias un servicio especializado en asesoría médico forense llamado Servicio Médico Legal, que junto a su labor esencial de asesoría a los Tribunales de justicia tiene además tareas de investigación científica y docencia de pre y postgrado para distintas universidades asociadas. Este servicio es de distribución nacional y contempla el trabajo especializado en Tanatología, Toxicología y Laboratorio Forense, y Psiquiatría Forense. Dentro de esta última área se incluye la labor de Sexología Forense, Clínica y Lesionología y Psicología Forense, la cual es ejercida por psicólogos especialistas (Chauhan y cols., 2000). A su vez, al final de la década de los años 90, la Universidad de Chile incluyó en el último año de su programa de pregrado una asignatura denominada «Psicología Jurídica», y más recientemente, en el año 2002, la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile impartió un diplomado con la temática de «Psicología jurídica y Forense».

1.5.3.2. Marco legal

El campo de acción habitual para las pericias psicológicas y psiquiátricas en Chile es relativo al Derecho Penal y al Derecho Civil, ya que el Derecho Laboral no es un tópico de gran desarrollo en cuanto a sus aspectos psicológicos forenses. Por lo que respecta al Derecho Penal, y pese a la intensa discusión en cuanto a la naturaleza del concepto de imputabilidad en cuanto a su origen legal y sus aspectos médicos, en Chile los jueces continúan solicitando que la pericia penal contenga expresamente un pronunciamiento sobre la imputabilidad del procesado, por lo que se estima fundamental considerar la existencia o no de algún trastorno mental y la eventual participación que esa alteración tenga en el compromiso de la voluntad de la persona imputada. De esta forma y, aunque la valoración del discernimiento de responsabilidad es directa del juez, éste puede requerir la opinión de los peritos, los cuales deben considerar:

-Un examen médico psiquiátrico para descartar alguna patología capaz de alterar las capacidades cognitivas o el juicio de la realidad.

-Una evaluación psicológica destinada a valorar los principales rasgos de personalidad a través de la utilización de algún test de psicodiagnóstico, siendo el Test de Rorschach el más utilizado en Chile. Además, la evaluación psicológica debe incluir una valoración de la inteligencia del evaluado, para lo cual se suele emplear la Escala de Inteligencia de Wechsler (WAIS).

-Una evaluación del nivel de ajuste psicosocial habitualmente realizada por un asistente social (Chahuan y cols., 2000).

Por consiguiente, se puede decir que el trabajo del psicólogo y del psiquiatra forense en el campo del Derecho Penal se halla condicionado por variables propias de la antigüedad del instrumento legal. El contenido fundamental del código data de 1874, y aunque el Código Sanitario Chileno está fechado en 1927 sus últimas reformas pertenecen a la década de los años 80. Así pues, estos códigos están subordinados a conceptos que la Medicina y la Psicología moderna ya han superado. De hecho, encontramos en su redacción conceptos anticuados (loco, demente, enajenado, etc.) y en el ejercicio del rol pericial no están del todo delimitados los campos de acción y colaboración entre psicólogos y psiquiatras (Chahuan y cols., 2000). En cuanto al Derecho Civil, la función de los psicólogos y psiquiatras forenses se centra fundamentalmente en determinar si una persona está afectada de alguna anomalía capaz de constituir alguna causa de incapacidad legal. Las áreas de acción de esta rama del Derecho son las siguientes:

-Interdicción. Para efectuar un pronunciamiento en esta materia el perito debe evaluar la capacidad civil de una persona, es decir, la capacidad para gobernar los derechos y deberes que la Ley contempla para él por el solo hecho de existir (Capacidad jurídica). Por lo general, la tarea del psicólogo forense en este ámbito se halla referida a la evaluación psicométrica de la inteligencia o al grado de deterioro cognitivo. Tanto en esta materia como en aquellas propias del Derecho Penal, el psicólogo se ve enfrentado a la validez del testimonio que está evaluando; sin embargo, aún no es posible desarrollar en Chile, de manera sistemática, una evaluación sobre la validez de testimonios aplicable a estándares nacionales. Esta problemática es particularmente relevante en el área de la victimología y, en especial, si se trata de menores que refieren agresiones sexuales (Chauhan y cols., 2000).

Derechode la Familia. En Chile existen distintas leyes que contemplan aspectos específicos relacionados con situaciones tales como la capacidad para la tutelación de hijos, el derecho de visita de uno de los padres no custodio o la violencia familiar (Ley núm. 19.324 sobre Maltrato de Menores o Ley núm. 19.325 sobre Violencia Intrafamiliar). La ley de Violencia Intrafamiliar fue promulgada en 1994 y ha significado un aumento explosivo de la demanda de solicitudes de evaluación por víctimas y hechores, siendo hoy una de las causas más frecuentes de examen psicológico. La labor del perito es aquí particularmente difícil, ya que muchas veces se trata de conflictos familiares que se han prolongado durante años, por lo que los psicólogos forenses que trabajan en el Servicio Médico Legal han comenzado a evaluar de forma directa estos aspectos a través del examen clínico, compartiendo sus funciones con otros peritos psiquiatras, puesto que la Ley exige que sean dos los profesionales que estén de acuerdo en las conclusiones de la evaluación, y en el supuesto de que exista discordia entre los peritos el caso es analizado en conjunto por el equipo de la unidad en una reunión clínica que semanalmente se efectúa para tales efectos (Chahuan y cols., 2000).

En conclusión, podernos afirmar que nos encontrarnos con un panorama aparentemente alentador, ya que las condiciones actuales de la evolución y el desarrollo de la Psicología Forense en Chile previsiblemente permitirán la generación de espacios de acción para una ciencia que en la actualidad no existe aún corno tal.

1.5.4. LA PSICOLOGÍA FORENSE EN COLOMBIA

Haciendo un paralelismo entre la situación de la Psicología Forense en Europa y Estados Unidos con la existente en Colombia, vernos corno esta última se encuentra en sus inicios, pero aunque lento, el progreso de esta rama de la Psicología en Colombia es constante y lo relevante de su función se demuestra en el sistema legal vigente, donde ha sido aceptada corno parte auxiliar de la justicia y tiene un mejor pronóstico a corto y medio plazo (Hernández, 2001).

1.5.4.1. Evolución histórica

Remontándonos a 1934, nos encontramos que el doctor Uribe Caulla publica en ese año su primera obra, Medicina Legal y Psiquiatría Forense, la cual ha sido utilizada durante muchos años para la enseñanza de la Medicina Legal por sus referencias al quehacer psiquiátrico forense y a las peritaciones sobre esta temática. Un poco más tarde, en 1948, se crea en Bogotá el Instituto de Medicina Legal, que durante sus primeros quince años fue dirigido por el psiquiatra Guillermo Uribe Cualla, quien impulsó la Psiquiatría Forense como el estudio de la enfermedad mental y su relación con el delito, iniciándose así el ámbito psiquiátrico forense, a raíz del cual surgió la Psicología Forense (Gómez, 2001). Las décadas de los años 40, 50 y 60 se pueden considerar como de un desarrollo casi nulo en el ámbito que nos ocupa, puesto que toda la actividad forense al servicio de la justicia giraba en torno a la Medicina Legal, siendo designados los doctores Camilo Arango y José Manuel Prada como los primeros «psiquiatras forenses» a nivel formal. En 1973 se crea la Sección de Psiquiatría Forense y dentro de ésta se incluyen tres psicólogos como parte integrante de su equipo. Dicha sección ha evolucionado y en la actualidad cuenta con más de sesenta profesionales entre psicólogos y psiquiatras. A su vez, en 1979 se reconoce, por parte del Congreso, a la Psicología como una profesión y se crea el postgrado de «Psiquiatría Forense» (Rodríguez, 2001). Pero será en los primeros años de la década de los 80 cuando la Psicología Forense surja de manera empírica a través de la puesta en vigencia en el año 1981 del Nuevo Código Penal (dentro del cual quedan delimitadas las funciones de los psicólogos) y de la instauración de los primeros peritos psicólogos en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bogotá. Diez años más tarde, en 1991, se establece la nueva Constitución Política, desde donde se va a dar validez al peritaje psicológico en exclusividad. En la actualidad la Psicología Forense se encuentra enmarcada dentro del sistema legal como auxiliar de la justicia, aunque cabe resaltar que la fuerza del ejercicio forense, por parte del sistema judicial, hace mayor hincapié en las valoraciones efectuadas por psiquiatras más que en las realizadas por psicólogos, y esto se debe a que los últimos se limitan a la aplicación de las pruebas psicométricas. Sin embargo, en algunas regiones del estado este concepto se está cambiando poco a poco y tanto psiquiatras como psicólogos emiten informes periciales por igual. Otra prueba de este cambio la encontramos en el hecho de que las entidades militares, policiales, etc. están empezando a acoger a psicólogos a nivel institucional para que aborden las problemáticas forenses surgidas dentro de sus organizaciones. Asimismo, se están realizando rotaciones de psicólogos en las cárceles Modelo y Distral con el fin de conseguir un cambio institucional, especialmente en las relaciones humanas y para realizar valoraciones de sus integrantes. Por último, hay que resaltar que en el año 2001 se constituye la Asociación de Psicología jurídica, verdadero impulsor de la disciplina, y se funda el Colegio de Psicólogos, desde el que se pretende alentar y formalizar la labor de las distintas especialidades constitutivas de la Psicología, dentro de las cuales la Psicología Forense ocupa un espacio relevante.

1.5.4.2. Desarrollo académico

En lo referente al inicio del desarrollo de la docencia e investigación de la especialidad forense dentro del marco de la Psicología, nos deberíamos situar en los últimos años de la década de los años 70 y primeros de los 80, pues es en esta época cuando se constituyen las primeras licenciaturas de Psicología en Colombia (Hernández, 2001). A su vez, cabe citar al doctor Ricardo Mora Izquierdo, quien por aquel entonces era el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y organizó la cátedra de «Medicina Legal» en varias universidades de Bogotá, además de varios seminarios y cursos para jueces, fiscales y abogados (Gómez, 2001). Ya en la década de los años 90 se crea la primera rotación de Psiquiatría Forense para los residentes de postgrado y se establece la cátedra de «Psicología Jurídica» en el pregrado de algunas facultades de Psicología, floreciendo algunas investigaciones, seminarios, simposios y congresos relacionados con el tema. Más específicamente, vemos como en 1999 se funda el postgrado de «Psicología Jurídica», desde el cual se están gestando investigaciones para optar al título de especialista (Tapias, 2001); se constituye en la Universidad Santo Tomás la especialidad de «Psicología jurídica», con una duración de tres semestres; se dicta un seminario de «Psicología de la Conducta Criminal» para los estudiantes de Derecho y Psicología de la Universidad Católica de Colombia; se realiza un diplomado en «Criminalística» desde la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova; y se imparte una especialización en «Investigación Criminalista» en la Escuela de Policía General Santander (Barrera, 2001). Por su parte, en el año 2000, la Universidad Antonio Nariño impartió por primera vez la materia de «Psicología jurídica» (Hernández, 2001). Abriendo el milenio, se crea en 2001 la especialidad de «Psicología Legal y Forense» en la Universidad Santo Tomás (Rodríguez, 2001) y, en la actualidad, se está en el proceso de formar la especialización en «Psicología Forense» por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en colaboración con la Universidad Nacional de Colombia (Gómez, 2001). En consecuencia, y a modo de resu men, podemos concluir que durante la segunda mitad del siglo xx se han conformado los cimientos de lo que será el campo de actuación jurídico para los psicólogos, y cabe esperar que en el iniciado siglo xxI se den los pasos necesarios hacia un posicionamiento formal e institucional de esta disciplina.

1.5.5. LA PSICOLOGÍA FORENSE EN MÉXICO

El campo de la Ley es un ámbito que aún no ha sido cubierto totalmente por los profesionales de la Psicología en México y, por lo tanto, la evolución de la Psicología Forense está dando sus primeros aunque firmes pasos. Queda mu cho camino por recorrer y mucho por hacer; según Chargoy (2002), en la actualidad México es por desgracia el único país iberoamericano que no cuenta y/o reconoce la existencia de esta área aplicada de la Psicología. Conceptualmente, el término que designa a la participación del psicólogo en el ámbito judicial no ha llegado a una unificación entre los profesionales del área, puesto que hasta el momento no se ha realizado una seria discusión epistemiológica al respecto, debido al reciente auge y desarrollo de esta especialidad (Manzo, 2001). Pero, independientemente del término que se emplee para su designación, la idea fundamental que emana de todos los profesionales y su común denominador es la participación de la Psicología en el ámbito de la justicia, de ahí que los primeros intentos de enganche de la Psicología Forense en la sociedad se están realizando a través del personal encargado de la procuración de la justicia (policía, fiscalía), del personal que tiene encomendada la impartición de la Justicia (jueces) y de todas las personas relacionadas con los procesos y procedimientos de la Ley (defensores, agentes del ministerio público y, por supuesto, peritos) (Chargoy, 2002).

1.5.5.1. Evolución histórica

La Psicología Forense en México no se ha desarrollado completamente, a pesar de la necesidad de la figura de los psicólogos expertos en temas forenses por parte de los jueces y de los ministerios públicos. Entre los principales motivos que hay que mencionar cabe destacar la falta de profesionales dedicados específicamente a esta área de la Psicología, la falta de sistematización y difusión del trabajo de los psicólogos en este ámbito de acción y el dominio del punto de vista de la Criminología (desde donde la Psicología Forense no es tomada en cuenta, o acaso sólo como una rama auxiliar). Tampoco se incluyen las materias de Psicología jurídica o Forense en los planes de estudio de las universidades mexicanas y es muy escaso el número de órganos o departamentos de Psicología existentes dentro de las Procuradurías o de los juzgados Estatales de Defensa Social (Chanona, 2003). No obstante, podemos resaltar algunos atisbos en el nacimiento de las bases necesarias para el asentamiento de esta disciplina; veamos cuáles son los más relevantes. En México se produjo un intento de modificación el papel de la Psicología a nivel penitenciario con los trabajos de Hilda Marchiori, del doctor Sergio García Ramírez y del doctor Rodríguez Manzanera. Estos investigadores propusieron cambiar el trato ofertado en las cárceles hasta ese momento, dando la oportunidad a los internos de salir, trabajar y regresar nuevamente a la institución donde se les ofrecía psicoterapia. A partir de los primeros resultados se observó que los internos presentaban mejores condiciones psicológicas; sin embargo, tras el cambio del personal encargado del programa, éste se vino abajo (Manzo, 2001). En la actualidad existe un Sistema de Atención a las Víctimas encuadrado dentro de la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito (localizada en el Estado de jalisco), pero éste no tiene los alcances de la Psicología jurídica o de la Psicología Forense, y la función del psicólogo forense sólo se limita a asesorar o a acompañar a las víctimas en el proceso de declaración, no ejerciendo aún funciones más globales como serían las de evaluación o tratamiento. No obstante, en la actualidad se está creando a nivel nacional una red de Centros de Apoyo Psicosocial para la Procuración de la justicia, donde el papel del psicólogo forense tiene una mayor relevancia, y empieza a asumir competencias de valoración, diagnóstico y atención psicológica. Asimismo, las Procuradurías de Chihuahua y del Distrito Federal cuentan con profesionales psicólogos en sus Departamentos de Servicios Periciales.

Por otra parte, a nivel académico, actualmente no existen estudios reglados sobre Psicología Forense dentro de los planes de estudios universitarios; lo más cercano a esta rama de la Psicología en México son las maestrías en Ciencias Forenses, las cuales principalmente van dirigidas a médicos y químicos, y están enfocadas fundamentalmente hacia la temática de la Criminología. De ahí que de las dos clasificaciones existentes de las Ciencias Penales (la de Jiménez de Asua y la de Pavón Vasconcelos), en la primera no se incluye a la Psicología Forense (únicamente a la Psicología Criminal), y en la segunda ésta queda integrada como una disciplina auxiliar, no fundamental, junto con la Medicina Legal, la Criminalística y la Estadística Criminal (Lozano, 2001). Pero no todo son malas noticias, y a día de hoy se cuenta con la existencia de cursos y talleres especializados en el tema del Derecho Penal, Patología Criminal y otros más específicos sobre Psicología Forense. A su vez, existen estudios de postgrado, en el formato de diplomatura de uno o dos años, puesto que en la actualidad no existe como tal la especialidad de «forense» dentro de la licenciatura. Por lo tanto, nos encontramos con que en la actualidad se están impartiendo, en su mayor parte por expertos profesionales venidos de otros países, las primeras promociones de la Diplomatura o Maestría en Psicología jurídica y Criminología, como por ejemplo las realizadas por parte de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la Academia Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Colegio Novel de Morelia.

1.5.5.2. Marco legal

El marco legal que ampara la labor de los peritos, es decir, el campo de la prueba pericial no sólo en materia de Psicología sino en cualquier otra ciencia, se encuentra en el Código Federal de Procedimientos Penales y en el Código Penal del Estado de México. Dentro del Código Federal de Procedimientos Penales, en su Artículo 220, se asienta que siempre que para el examen de personas, hechos u objetos se requieran conocimientos especiales, se procederá a la intervención de peritos, y en el Artículo 134 del Código de Procedimientos en Materia Penal se especifica que siempre que para el debido conocimiento y apreciación de alguna persona, objeto, hecho o circunstancia importante fueren necesarios o convenientes conocimientos especiales, se dispondrá del examen o informe pericial (Código Penal Federal de 1999). De esta forma, el trabajo de los profesionales de la Psicología está sustentado por la Ley, siendo reconocidos corno peritos. Por lo tanto, el área general del trabajo del psicólogo forense puede incluir el trabajo directo con jueces federales y estatales, así corno con agencias del Ministerio Público desempeñando la función de expertos en su materia (Chanona, 2003). Por todo lo visto, podernos vaticinar que el futuro del psicólogo en el campo jurídico puede ser de gran trascendencia en México, aunque todavía debe transcurrir algún tiempo para que dicha especialidad se formalice totalmente, para lo cual se necesita una serie de acciones que ayuden a abarcar los máximos campos posibles de actuación. Es, por lo tanto, fundamental que se inicie y/o se continúe, desde el ámbito de la Psicología, con la labor divulgativa tanto dentro de su propia especialidad corno en otras ciencias afines (Derecho, Criminología, etc.) (Chanona, 2003).

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ANEXO. ACONTECIMIENTOS RELEVANTES RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE LA EVOLUCIÓN

DE LA PSICOLOGÍA FORENSE

Año Acontecimiento.

1792 Schaumann escribe Idea de una Psicología Criminal.

1792 Eckardts Hausen escribe Sobre la necesidad de conocimientos psicológicos para juzgar los delitos.

1796 Fichte describe las relaciones del Derecho y el Estado en su libro Fundamentos del Derecho Natural según los principios de la doctrina de la Ciencia.

1799 Münch publica La influencia de la Psicología Criminal sobre un sistema de Derecho Penal.

1808 Hoffbauer publica La Psicología en sus principales aplicaciones a la Administración de Justicia.

1834 Mittermaier plantea en su obra La doctrina de la prueba la importancia de tener en cuenta la declaración de los testigos.

1835 Friedrich escribe el Manual sistemático de la Psicología judicial, donde aparece por primera vez el término Psicología judicial.

1879 Zitelman publica El error y la relación jurídica: Una investigación jurídica-psicológica.

1885 Se crea el cuerpo de Facultativos Forenses dentro de la Ley de Sanidad Española.

1892 Aparece la obra de Krafft-Ebnigs Psicopatología judicial.

1898 Gross escribe Psicología Criminal.

1903 Se inicia la Psicología Forense.

1904 Sommers escribe Psicología criminal y Psicopatología jurídico-penal, donde la psicopatología es el núcleo central.

1906 Lombroso escribe La Psicología del testimoni nei processi penal.

1908 Münsternberg escribe On the Witness Stand; Essays on Psychology and Crime donde apoya la presencia del psicólogo dentro del sistema legal americano.

1910 Reichel en su discurso en la Sociedad de juristas de Berlín habló de una Psicología Forense y de una Psicología jurídica.

1911 Lombroso plantea la relación entre características físicas y criminalidad a partir de sus estudios en prisiones italianas.

1911 Inicio de la Psicología Criminal.

1911 Nace la Psicología del Testimonio.

1911 Comienza la Psicología del juzgador.

1913 Empiezan los Servicios de Asistencia Psicológica dentro del reformatorio de mujeres del Estado de Nueva York.

1914 Inicio de la Primera Guerra Mundial (1914-1918).

1916 Se crea en el Departamento de Policía de Nueva York un «laboratorio psicopatológico».

1917 Mead publica La psicología de la justicia penal.

1917 Terman elabora el Test mental para selección de policías.

1917 Otis elabora el Army alpha test y el Army beta test para la evaluación colectiva de la inteligencia durante la Primera Guerra Mundial.

1922 Thurstone escribe La inteligencia del policía.

1925 Altavilla elabora el volumen Psicología judicial.

1926 Brown publica Psychology Legal.

1929 McCarty publica Psychology for Lawyer.

1931 Burtt escribe Legal Psychology.

1932 Mira i López elabora el Manual de Psicología jurídica.

1936 Inicio de la Guerra Civil Española (1936-1939).

1939 Inicio de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

1940 Se crea la Escuela de Estudios Penitenciarios en España.

1948 El juez Frank escribe Courts on Trial.

1950 Se recurre por primera vez a los psicólogos como peritos en España.

1959 Blau publica The Clinical Psychologist and the Legal Profession.

1961 Toch escribe Legal and Criminal Psychology.

1962 Caso Jenkins versus Estados Unidos.

1964 Eysenck publica Crime and Personality.

1966 Kalven y Zeisel elaboran The American Jury.

1966 Marshall escribe Law and Psychology in Conflict.

1966 Se crea la American Psychology Law Society.

1969 Tapp publica Psicología y Ley.

1970 Los psicólogos españoles se incorporan a la institución penitenciaria. 1970 Se fundan los institutos de Criminología en España.

1971 El Colegio de Abogados de Barcelona constituye la sección de Psicología y Sociología jurídicas.

1973 Schulman es pionero en sistemas de selección de jurados.

1974 Se funda el Anuario de Sociología y Psicología jurídica (COA de Barcelona).

1975 Thibaut y Walker elaboran Procedural Justice: A psychological analysis.

1975 Se crea el Instituto de Sociología y Psicología Jurídica en Barcelona.

1976 La American PsychologicalAssociation realiza un simposio sobre el rol del psicólogo forense.

1976 En Barcelona se celebran las primeras jornadas Internacionales de Psicología Jurídica.

1977 Comienza la división de Criminología y Psicología Legal dentro de la British Psychological Society.

1977 Se funda la revista Law and Human Behavior.

1978 Se crea el Consejo Americano de Psicología Forense.

1979 Bihler apoyándose en conceptos psicoanalíticos freudianos formula las relaciones emocionales entre el sentimiento de lo que es justo y el Derecho.

1979 Loftus escribe Eyewitness Testimony.

1979 Se crea el Colegio Oficial de Psicólogos en Madrid.

1980 Se forma el primer grupo de trabajo sobre temas de Familia, Pareja, Separación y Divorcio desde un punto de vista psicológico-legal.

1980 Muñoz, Bayés y Mur né escriben Introducción a la Psicología jurídica.

1981 Se crea la 41 división de la APA Psychology and Law-Society.

1982 Konecni y Ebbesen escriben The Criminal Justice System.

1983 Se funda el Centre D Estudis i Formació Especializada del Departament de justicia de Catalunya.

1983 Integración de los psicólogos en los juzgados de Familia en España.

1984 Horowitz y Willging escriben The Psychology of the Law: Integrations and applications.

1984 Loh publica Social research in the judicial process.

1986 El libro de Kaplan The impact of social psychology on procedural justice.

1986 Incorporación de los psicólogos en la Dirección General de Relaciones con la Administración de justicia en las Clínicas Médico-Forenses.

1986 La Universidad de Alicante organiza el Congreso de Criminología, Psicología y Sociología jurídicas.

1987 El número 30 de Papeles del Colegio (Colegio Oficial de Psicólogos) es un monográfico sobre Psicología jurídica.

1987 Se funda la sección de Psicología jurídica dentro del Colegio Oficial de Psicólogos (COP) de la delegación de Madrid.

1987 Él Consejo Americano de Psicología Forense define las funciones generales del psicólogo forense.

1988 Bonaffe escribe Las justicias de lo cotidiano: los modos formales e informales de regulación de los pequeños conflictos.

1988 Integración de los psicólogos en los equipos técnicos de los juzgados de Menores.

1988 La Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid imparte por primera vez el Máster en Psicología Clínica Legal y Forense.

1989 La Universidad de Comillas de Madrid ofrece por primera vez el curso de Psicología Forense.

1989 Garzón publica Psicología y justicia.

1990 Se funda el Anuario de Psicología jurídica en España.

1990 Garzón publica Psicología y jurados.

1991 En el número 48 de Pápeles del Colegio (Colegio Oficial de Psicólogos) aparece un monográfico sobre la Psicología jurídica.

1991 En Pamplona se realiza el Congreso Hispano-Británico de Expertos en Psicología Jurídica.

1991 Én Tarragona se celebra el 1 Symposium de la Sociedad Española de Psiquiatría Forense.

1992 En Madrid tiene lugar el Congreso Iberoamericano de Psicología donde incluyen una sección dedicada a la Psicología jurídica.

1992 Én Granada se realiza el II Symposium de la Sociedad Española de Psiquiatría Forense.

1993 Urra y Vázquez escriben el Manual de Psicología Forense.

1993 En Madrid se celebra el III Symposium de la Sociedad Española de Psiquiatría Forense.

1994 En Toledo tiene lugar el IV Symposium de la Sociedad Española de Psiquiatría Forense.

1995 Bull y Carson publican Handbook of Psychology in Legal Contexts.

1995 En Madrid se realiza el V Symposium de la Sociedad Española de Psiquiatría Forense.

1995 Tiene lugar el 1 Congreso de la Asociación Iberoamericana de Psicología jurídi- ca en Santiago de Chile (Chile).

1996 En Salamanca tiene lugar el Congreso de Psicología jurídica.

1997 La Fundación Universidad-Empresa de España edita la Colección: Retos Jurídicos en las Ciencias Sociales.

1997 Melton, Petrila, Poythress y Slobogin elaboran Psychological evaluations for the courts.

1997 En Barcelona se celebra el VI Symposium de la Sociedad Española de Psiquiatría Forense.

1997 Tiene lugar el II Congreso de la Asociación Iberoamericana de Psicología jurídica en La Habana (Cuba).

1998 Clemente escribe Fundamentos de la Psicología jurídica,

1998 Hess y Weiner elaboran The Handbook of Forensic Psychology.

1998 Memon, Vrij y Bull publican Psychology and Law: Truthfulness, accuracy and credibility.

1998 Se establece el «Perfil del Psicólogo» por parte del Colegio Oficial de Psicólogos.

1998 En Granada se celebra el 1 Symposium sobre Psicología jurídica.

1998 En Valencia tiene lugar el VII Symposium de la Sociedad Española de Psiquiatría Forense.

1999 Roesch, Hart y Ogloff escriben Psychology and Law: The state of the discipline.

1999 En Zaragoza se celebra el VIII Symposium de la Sociedad Española de Psiquiatría Forense.

1999 En Sáo Paulo (Brasil) tiene lugar el III Congreso de la Asociación Iberoamericana de Psicología jurídica.

2000 Tocaben escribe Psicología Criminal.

2000 En Pamplona se realiza el 1 Congreso Hispano-Alemán de Psicología jurídica.

2000 En Granada se celebra el 1 Symposium sobre Peritajes Psicológicos en el to Forense.

2000 La Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC) imparte en Granada por primera vez el Máster Internacional de Psicología Forense.

2000 Él Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental (COPAO) realiza en Granada por primera vez el Máster de Psicología jurídica.

2000 En Gerona tiene lugar el IX Symposium de la Sociedad Española de Psiquiatría Forense.

2001 En Madrid se celebra el IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Psicología jurídica.

2001 Jiménez publica la colección Evaluación Psicológica Forense 1, 2 y 3.

2001 Tiene lugar el Experto de Psicología Forense de las Palmas, organizado por la Asociación Española de Psicología Conductual y el Colegio Oficial de Psicólogos de las Palmas.

2001 Én Burgos se realiza el X Symposium de la Sociedad Española de Psiquiatría Forense.

2002 Urra publica el Tratado de Psicología Forense.

2002 En Granada se realiza el II Symposium Nacional sobre Psicología jurídica.

2002 Se imparte el Diplomado en Psicología jurídica y Forense de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile (Chile).

2002 Se celebra el Experto de Psicología Forense de Zaragoza, organizado por la Asociación Española de Psicología Conductual y el Colegio Oficial de Psicólogos de Zaragoza.

2002 Tiene lugar el Diplomado de Criminología y Psicología Forense de la Universidad de Yucatán (México).

2002 Se imparte en Granada el Curso sobre Implicaciones Psico-Socio-Legales en Condenas de Larga Duración, Cadena Perpetua y Pena de Muerte.

2003 Se realiza el Curso Aplicado sobre Psicología Forense en Almería.

2003 En Granada se celebra el Curso Aplicado sobre Psicología Forense en el Ámbito de Menores.

2003 La Escuela de Postgrado de la Fundación Española de Estudios Sociales y Sanitarios realiza el Máster en Psicología Aplicada a Contextos Sociales y jurídicos.

2003 En Cádiz se celebra el XI Symposium de la Sociedad Española de Psiquiatría Forense.

2004 Se celebra el Congreso Nacional de Criminalística y Ciencias Forenses en la provincia de Misiones (Argentina).

2004 Tiene lugar el 1 Congreso de Psicología jurídica y Forense en la Red.

2004 La Unidad de Psicología Forense (USC), la Asociación Gallega de Psicología y Ley, y el Departamento AIPSE (de la Universidad de Vigo) realizan el 1 Congreso de Psicología jurídica en Santiago de Compostela.

2004 Se celebra el Curso de Psicología Jurídica y Forense en la Escuela de Verano de la Universidad Complutense de Madrid.

2004 Tiene lugar el Diplomado en Psicología Forense en Morelia (México) organizado por el Colegio Novel de México y el Instituto de Psicología Forense de España.

2004 Se imparte el 1 Congreso de Psicología Criminológica y Peritaje jurídico en la Universidad Católica Santa María La Antigua de la Ciudad de Panamá (Panamá).

2004 En Madrid se realiza el XII Symposium de la Sociedad Española de Psiquiatría Forense.

2004 Tiene lugar en Madrid la 1 Reunión de la Sociedad Española de Psicología Clínica Legal y Forense.

2004 Se celebra el VI Congreso Mexicano de Psicología Criminológica organizado por la Sociedad Mexicana de Psicología Criminológica.

EVA W JIMÉNEZ DEBORAH BUNCE

2.1. INTRODUCCIÓN

Antes de analizar lo que se entiende por Psicología Forense habría que aclarar su procedencia, es decir, a través de qué ciencias ha surgido este nuevo campo de actuación. Es evidente que las dos ciencias sobre las que se sustenta la Psicología Forense son, en primer lugar y principalmente, la Psicología y, en segundo lugar, el Derecho que si bien no le ha aportado mucho en cuanto a contenidos, sí le ha posibilitado su marco de actuación. Estas dos ciencias podrían definirse en función de sus objetos de estudio:

-Psicología: ciencia que estudia el comportamiento humano (actividades, sentimientos y razones de las personas) junto a sus causas y efectos.

-Derecho: ciencia que estudia el conjunto de principios, preceptos y reglas a que están sometidas las relaciones humanas en toda sociedad civil, y a cuya observancia pueden ser compelidos los individuos por la fuerza (Real Academia Española, 1992).

Al analizar los orígenes de la Psicología Forense, encontramos que es en la Psicología Clínica donde se van a producir los primeros pasos de la Psicología Forense, y más específicamente dentro de la Evaluación Psicológica. Recordemos que la Psicología Clínica se define como una parte de la Psicología cuyo objeto teórico y práctico son los trastornos de la conducta y de las vivencias, y la Evaluación Psicológica se entiende como:

... aquella disciplina de la Psicología científica que se ocupa de la exploración y análisis del comportamiento (a los niveles de complejidad que se estime oportunos) de un sujeto humano (o grupo especificado de sujetos) con distintos objetivos básicos o aplicados (descripción, diagnóstico, selección/predicción, explicación, cambio y/o valoración) a través de un proceso de toma de decisiones en el que se incardinan la aplicación de una serie de dispositivos, tests y técnicas de medida y/o evaluación (Fernández-Ballesteros, 1992, pág. 17).

Paralelo al concepto de Evaluación Psicológica, y desde un punto de vista más centrado hacia el enfoque médico/clínico, se inscribe el término de Psicodiagnóstico, el cual podemos definir como «el proceso de análisis científico que, partiendo de múltiples datos (biológicos, evolutivos, patológicos, sociológicos), y a través de la descripción, comprensión y, en su caso, explicación de la conducta de un sujeto o grupo humano, tiene como objetivo la intervención, en térnü-ios de orientación, selección, predicción y modificación» (Buela-Casal y Sierra, 1997, pág. 59). No hay que olvidar, que el psicólogo forense es ante todo un psicólogo clínico y como tal debe tener los conocimientos y las destrezas necesarias para poder realizar evaluaciones y diagnósticos clínicos de una manera fiable y válida.

Por otra parte, es dentro de la Psicología jurídica donde la Psicología Forense se encuadra; pero no debemos confundir la Psicología jurídica con la Psicología Forense, ya que cada una tiene sus propios campos de actuación claramente definidos. La Psicología jurídica (especialidad de la Psicología que facilita al Derecho el estudio del comportamiento de las personas) engloba a la Psicología Policial (cuerpos y fuerzas de seguridad de los estados), a la Psicología Penitenciaria (prisiones) y a la Psicología Forense (Juzgados y servicios de administración de justicia como familia, menores, Clínicas Médico-Forenses, etc.); a su vez, existen muchas más áreas donde la Psicología jurídica actúa, pero éstas están todavía en un proceso de desarrollo, ejemplos de estas áreas son: atención a la víctima, preparación psicológica para juicios, asistencia al detenido, asesoramiento a abogados y policías, mecanismos de adaptación, relación abogado-cliente, reacciones frente al Derecho y la justicia, Psicología del documento (psicosemiótica), etc. Para entender mejor que es la Psicología jurídica se exponen a continuación las definiciones que han dado varios autores. Muñoz (1975) define a la Psicología jurídica como los conocimientos psicológicos aplicados a la ciencia jurídica; Teixidó (1978) la entiende como el análisis y descripción de aquellas conductas y motivaciones que traspasan la propia individualidad para producir efectos jurídicos; Garrido (1982) la define como una unión entre la Psicología general y la Criminología, en la que se trata de aplicar los conocimientos y la metodología de la Psicología a la resolución de los problemas del Derecho; según Seoane (1989) es el estudio de los procesos y mecanismos que justifican o alteran el orden social y facilitan o dificultan la regulación de los conflictos ante la norma; por último, para Garzón (1989) es la ciencia que describe y explica los factores psicológicos del poder judicial, los procesos cognitivos de la justicia y los fenómenos psicológicos de las personas implicadas en el proceso judicial. Asimismo, Munné (1987) destaca lo que para él son los dos aspectos más importantes del ejercicio profesional para todo psicólogo jurídico: primero, establecer unas pautas a la hora de diseñar leyes más acordes con los seres humanos y segundo, aconsejar para una distribución «ideal» dentro del sistema administrativo de justicia. Cabría destacar el papel que desempeña la Psicología en el ámbito legal para la American Psychological Association (APA) en su División 41 - American Psychology Law-Soczety - y para el Colegio Oficial de Psicólogos en España. Según la APA-División 41, la Psicología dentro del campo judicial tiene como función proporcionar las contribuciones necesarias para un mejor conocimiento de la ley y las instituciones legales, así como el entrenamiento tanto de los psicólogos en materias legales como del personal de administración de justicia en materias psicológicas y, por último, la aplicación de la Psicología en el sistema legal. Para el Colegio Oficial de Psicólogos en España, la Psicología jurídica es un campo de actuación e investigación psicológica especializada que se dedica al estudio del comportamiento de las personas que integran el área jurídica. Dicho campo de trabajo está reconocido por asociaciones y organizaciones en el ámbito nacional e internacional tanto de Psicología jurídica como de Psicología Forense, ya que esta última para el Colegio Oficial de Psicólogos es un área específica de la Psicología jurídica dedicada a la evaluación psicológica en el ámbito jurídico. Para dicho Colegio, las funciones del psicólogo jurídico abarcan un gran espectro de actuación: evaluación y diagnóstico, asesoramiento, intervención, formación y educación, campañas de prevención social ante la criminalidad y medios de comunicación, investigación, victimología y mediación.

Una vez conocidos los orígenes de la Psicología Forense (Psicología Clínica y Psicología jurídica) podernos pasar a su definición. A continuación, y para tener una mejor idea de lo que la Psicología Forense implica, se presentan algunas definiciones de la misma. Weiner y Hess (1987) consideran la Psicología Forense como la evolución del cuerpo de estudios encaminados a elucidar la relación entre comportamiento humano y procedimiento legal, como, por ejemplo, estudios experimentales en cuanto a testimonios y memoria, toma de decisiones de jueces y jurados, comportamiento criminal, etc.; también la definen como la evolución de la práctica profesional dentro o requerida a través del sistema jurídico en sus dos ramas, civil o penal. Para Garzón (1990) la Psicología Forense es la Psicología, Experimental o Clínica, orientada a la producción de investigaciones psicológicas y a la comunicación de sus resultados, así como a la realización de evaluaciones y valoraciones psicológicas para su aplicación en el contexto legal. Urra y Vázquez (1993) la definen corno la ciencia que enseña la aplicación de todas las ramas y saberes de la Psicología ante las preguntas de la justicia, y coopera en todo momento con la Administración de justicia, actuando en el foro (tribunal), mejorando el ejercicio del Derecho. Sus límites serían los requerimientos de la Ley y el amplio rango que tiene la Psicología. Según el Diccionario de Psicología de Dorsch (1994), la Psicología Forense es la aplicación de la Psicología a la jurisprudencia y la concibe como el intento de investigar la actividad profesional del psicólogo en sus fundamentos científicos y en su práctica. Por su parte, el Consejo Americano de Psicología Forense (American Board of Forensic Psychology) considera que ésta es la aplicación de la Psicología en las materias relacionadas con la ley y el sistema legal. Actualmente, el término forense se refiere a la aplicación de los principios y prácticas científicas en el proceso judicial.

Por tanto, la Psicología Forense abarca un espectro de actividades e investigaciones específico y perfectamente diferenciado del área que cubre la Psicología jurídica. La delimitación «Psicología Forense» encuentra dos argumentos en favor de su uso: el primero es el de un gran consenso a nivel internacional, ya que es el término utilizado en el área anglosajona y, específicamente, en los Estados Unidos (Forensic Psychology), donde ha logrado su mayor desarrollo; una segunda razón, aún más importante que la anterior, está en el paralelismo que existe entre la Psicología Forense y la Medicina Forense, la cual goza de una larga tradición y una clara delimitación. En resumen, la Psicología Forense no incluye todas las investigaciones y actividades que forman parte de la Psicología jurídica, sino que es un área más específica y delimitada en función de su relación con la aplicación del Derecho por los Tribunales.

Tras analizar lo que el término de Psicología Forense representa, pasemos ahora a enumerar los distintos ámbitos de actuación del psicólogo forense. En este campo están incluidas la Psicología Aplicada a los Tribunales (civiles, penales, laborales, de menores y de familia), la Psicología Penitenciaria, la Psicología del Testimonio, la Psicología del jurado, la Psicología Policial, la Psicología Criminal y la Victimología (Colegio Oficial de Psicólogos, 1998). No obstante, desde un punto de vista más estricto, es aconsejable distinguir dentro del ámbito de la Victimología y del área penitenciaria, a la Psicología Asistencial (Psicología dedicada a la ayuda de distintos grupos de riesgo: abuso de menores, mujeres maltratadas, etc.) de la Psicología Forense. Así, la Psicología Forense se puede entender como el instrumento necesario para la toma de decisiones de los jueces y Tribunales, esto es, una Psicología Aplicada. En consecuencia, la Psicología Forense lleva implícitas las siguientes características:

-Está al servicio del poder judicial del estado.

-Es básicamente un instrumento técnico de la administración de justicia.

-Está orientada hacía la aplicación de la ley.

-No es investigación pura ni Psicología Experimental, sino que al igual que la Psicología Clínica, ayuda a la hora de tomar decisiones sobre problemas concretos.

-La toma de decisiones (al contrario de lo que ocurre en la Psicología Clínica) no corresponde al propio psicólogo, ya que éste actúa como consultor de la persona o personas encargadas de tomar dichas decisiones (Juez, Tribunal, etc.).

-Tiene una finalidad institucional distinta a la de la Psicología Clínica y de la Psicología Industrial. Sus objetivos éticos están determinados por la ley (además de las propias normas del Código Deontológico de los Psicólogos).

Algunas de estas funciones que en la actualidad desarrolla el psicólogo forense en el ámbito del Derecho son, en general:

-Derecho Penal: informa sobre capacidad cognitiva y volitiva del acusado, nivel de implicación en proceso delicuencial, etc.

-Derecho Civil: informa sobre problemas psicológicos, deficiencias y/o trastornos psicopatológicos, etc.

-Derecho Laboral: valoración de capacidades psicológicas, trastornos, secuelas, etc.

Todas estas características no delimitan exhaustivamente a la Psicología Forense, aunque nos ayudan a aproximarnos a una definición de un área aún en expansión. Consiguientemente, a la hora de perfilar el marco conceptual de la Psicología Forense debemos tener una visión integrada de lo que actualmente es y de lo que debe llegar a ser. Es muy posible que en un futuro cercano se amplie el abanico de áreas de intervención para el psicólogo forense. Para llegar a este punto, el estatus de la Psicología Forense se ha de enriquecer mediante el desarrollo de marcos teóricos propios y conseguir plasmar en el contexto legal los avances de la ciencia psicológica, así como elaborar instrumentos de evaluación específicos.

2.2. TIPOS DE PSICOLOGÍA FORENSE

Es importante señalar que la Psicología Forense se ha centrado más en los aspectos penales, dejando aparte los aspectos civiles, administrativos, políticos o fiscales. Los conocimientos que la Psicología Forense puede aportar a tales aspectos nos permiten un acercamiento a los conceptos más importantes dentro del ejercicio profesional del psicólogo forense:

-Establecer unas pautas más idóneas para evaluar la conducta humana dentro del ámbito judicial (teniendo en cuenta los distintos factores que afectan a dicha conducta, como, por ejemplo, estado mental, motivación, consecuencias, contexto social, responsabilidad, seguridad, antecedentes culturales, etc.).

-Recomendar y 'asesorar ante los posibles tratamientos para que se adecuen a cada caso en particular.

-Mejorar el sistema de administración de la justicia tanto desde su práctica como desde su organización, así como la dimensión política y el poder judicial.

Para Muñoz (1975) existen tres aproximaciones distintas de la Psicología dentro del ámbito legal:

-Psicología del Derecho: casi todo el Derecho está lleno de componentes psicológicos, así que es fundamental la Psicología para el funcionamiento del Derecho.

-Psicología en el Derecho: es una Psicología normativa, que estudia las normas jurídicas que mueven la realización de las conductas.

-Psicología para el Derecho: aquí la Psicología se convierte en una ciencia auxiliar del Derecho, donde se establece la verdad de los hechos, la imputabilidad, la interpretación de las conductas, etc.

Si analizarnos estas tres aproximaciones, la Psicología Forense estaría encuadrada dentro de la Psicología para el Derecho. Pero aparte de este enfoque, se deben destacar otros tipos de psicologías forenses, según la clase de organización jurídica que aborden:

-Psicofisiología Forense: es la aplicación de la psicofisiología humana al ámbito forense. En síntesis, su objeto es analizar la veracidad de los testimonios y declaraciones mediante la evaluación de las respuestas psicofisiológicas relacionadas con los cambios de activación experimentados ante el hecho de mentir o falsear una declaración. Adicionalmente, también puede utilizarse para evaluar la simulación de los sujetos durante una evaluación forense.

-Psicología Criminológica: la comprensión de la conducta delictiva del componente humano es, de manera general, la meta de la Psicología Criminológica. Hay que diferenciar a la Psicología Criminológica (la cual incluye varios campos de actuación: Psicología Forense, del Testimonio, del Delito común, de las Fuerzas de Seguridad, etc.) de la Criminología (campo multidisciplinar donde se incluyen el Derecho, la Psiquiatría, la Medicina Forense y la Psicología).

-Psicología Judicial: se usa indistintamente para nombrar a la Psicología Forense.

-Psicología jurídica del Menor y de Familia: esta área se ocupa del tratamiento del menor y las actuaciones de las organizaciones destinadas a su reinserción social. Se trata de un campo de actuación muy vinculado a los servicios sociales y a la Psicología comunitaria.

-Psicología Legal: se usa indistintamente para nombrar a la Psicología Forense.

-Psicología Penitenciaria: es un área que comprende la actuación del psicólogo dentro de las instituciones penitenciarias (clasificación de los internos en módulos, estudio de la concesión de permisos de salida, estudio de indultos, etc.); también se encarga de la organización general del centro, de estudiar el clima social, de la realización de tratamientos individuales, grupales, etc.

-Psicología Policial: incluye a los cuerpos de seguridad del Estado (Policía, Guardia Civil, Ejército, etc.). Los temas que aborda este ámbito de actuación son los de formación, selección, organización, burocracia de estos colectivos y su relación con la comunidad.

-Psicología Preventiva del Delito: una de las labores fundamentales del psicólogo forense es obviamente prevenir la aparición del delito y de los problemas con la justicia.

-Victimología: los psicólogos forenses también se pueden ocupar de la atención a las víctimas realizando varias funciones (atención al detenido, a la mujer violada, preparación de programas de restitución, etc.).

Es importante comentar, que dado que la Psicología Forense es un campo joven en expansión, no descartarnos la posible aparición de nuevas áreas de actuación a medio o largo plazo.

2.3. CIENCIAS AFINES A LA PSICOLOGÍA FORENSE

El marco de actuación de la Psicología Forense a veces queda solapado, relacionado o integrado dentro de distintas ciencias cuyos objetos de estudios también pertenecen al campo judicial. Citamos a continuación cuáles son estas ciencias y las diferentes funciones que cada una de ellas tiene.

-Criminología: disciplina multidisciplinar que se ocupa de las circunstancias humanas y sociales que se relacionan con la preparación, perpetración y evitación del delito, y con el tratamiento de los delincuentes.

-Medicina Forense: área de la Medicina oficialmente adscrita a un juzgado de Instrucción.

-Medicina Legal: ciencia médica dedicada a ilustrar pericialmente a los Tribunales.

-Psicología Aplicada: ciencia que abarca la Psicología Práctica y la Psicotecnia e incluye las áreas de contacto de la Psicología con el Trabajo, la Industria, la Economía, la Educación, la Medicina, la Política, la justicia, etc.

-Psicología Asistencial: Psicología dedicada a la ayuda a distintos grupos de riesgo, por ejemplo, abuso de menores, mujeres maltratadas, etc.

-Psicología Clínica: parte de la Psicología cuyo objeto teórico y práctico son los trastornos de la conducta y de las vivencias.

-Psicología Criminal: formula hipótesis y teorías psicológicas para la descripción y esclarecimiento de la personalidad del delincuente.

-Evaluación Psicológica: es una disciplina de la Psicología científica que se ocupa de la exploración y análisis del comportamiento (a los niveles de complejidad que se estime oportunos) de un sujeto humano (o grupo especificado de sujetos) con distintos objetivos básicos o aplicados (descripción, diagnóstico, selección/predicción, explicación, cambio y/o valoración) a través de un proceso de toma de decisiones en el que se aplican una serie de dispositivos, test y técnicas de medida y/o evaluación (Fernández-Ballesteros, 1992).

-Psicología de los jueces o Crinología: estudia la forma en que los factores psicológicos influyen en la elaboración de la sentencia.

-Psicología de la Personalidad: estudia las leyes de la organización (estructura de la personalidad) y del comportamiento individual.

-Psicología de la Testificación o del Testimonio: ciencia que examina la fidelidad de la «verdad». Se tratan los procesos psicológicos involucrados en el testimonio (errores de memoria y perceptivo).

-Psicología jurídica: Psicología que proporciona al Derecho las bases para el estudio conductual de los individuos, pues aunque la norma tiene un carácter general, su cumplimiento puede concretarse e individualizarse en tantos casos como personas destinatarias de la misma haya (Muñoz, Bayés y Munné, 1980).

-Psicología jurídica de los pueblos: analiza las características psicológicas colectivas de un grupo cultural y las compara con las de otros grupos (Carbonnier, 1972).

-Psicología Pericial: se utiliza indistintamente para nombrar a la Psicología Forense y más en concreto a la fase de la realización del informe pericial dentro de la Psicología Forense.

-Psicología Social: parte de la Psicología que estudia principalmente la conducta y las vivencias del individuo en interacción con los demás.

-Psicología Social del Derecho: se ocupa del estudio de las relaciones interpersonales respecto de las conductas jurídicas.

-Psiquiatría Forense: parte de la Psiquiatría que se ocupa de las enfermedades y trastornos mentales que, fundamentalmente o en casos aislados, pueden originar conflictos con la justicia.

-Psiquiatría Legal: se utiliza indistintamente para nombrar a la Psiquiatría Forense.

-Sociología jurídica: el estudio de los efectos que el Derecho produce en la sociedad que regula.

2.4. PSICOLOGÍA Y DERECHO

Corno ya hemos visto, la Psicología Forense está íntimamente ligada al contexto legal y en consecuencia al Derecho, veamos pues cuáles son los principales presupuestos y conceptos que unen a estas dos áreas de conocimiento y cuáles los que las separan.

La Psicología y el Derecho son ciencias humanas y sociales, y como tales su objeto de estudio es la conducta humana. Dicho objeto de estudio analiza las normas que les permiten controlar el comportamiento de los seres que estudian. De esta forma, se puede considerar los cambios sociales como los principales responsables de las modificaciones necesarias que impulsaron la introducción de la Psicología en el Derecho. Por consiguiente, no es difícil encontrar lazos que relacionen a estas dos ciencias. Para entender los puntos de confluencia entre Psicología y Derecho a continuación se presentan algunas similitudes que han ido destacando varios autores a través de los años. Münsterberg (1908) muestra la necesidad de la Ley a la hora de conocer y poner en práctica los hallazgos de la Psicología científica y, más en particular, dentro del campo del testimonio presencial (véase Balu, 1984). Por su parte, Wigmore (1909) establece la importancia de que la Ley se base en los descubrimientos de las ciencias sociales. Años más tarde, en 1967, Parsons comenta que los abogados son más eficaces en sus despachos que en las salas de justicia ya que en los primeros adoptan con los clientes algunas funciones pertenecientes a los psicólogos, en clara alusión a la relevancia de que caminen en paralelo la Psicología y el Derecho, dos ciencias tan divergentes como necesitadas la una de la otra en el ámbito jurídico. En 1976 Haward afirma que Ley y Psicología son semejantes porque ambas se preocupan de controlar la conducta humana (véase Kirby, 1978); es decir, aunque la finalidad de dicho control sobre la conducta humana es distinta, según a qué área de conocimiento nos estemos refiriendo, el objeto de estudio y las variables implicadas son las mismas: el análisis de los distintos tipos de relaciones que se producen constantemente entre diferentes personas. De igual forma, Saks y Hastie (1978) establecen que cada ley y cada institución legal se apoyan en una presunción acerca de la naturaleza humana y la manera en que viene determinada la conducta. Siguiendo esta misma línea, Carpintero (1980) comenta que la conducta humana, sometida a normas y reglas, podría en ocasiones parecer desencadenada por las normas; las normas del Derecho parecen próximas a los mapas reguladores de la conducta. Haney (1980) señala que la ley representa una estructura poderosa y entramada donde los aspectos psicológicos están ampliamente asimilados. Según este autor, la estructura legal podía ser cambiada como resultado de una mejora en el conocimiento de los aspectos psicológicos, enfoque básico éste último para entender el porqué de la necesidad de incorporar la Psicología dentro del campo del Derecho y sobre todo de la formulación y regulación de la Ley. Retomando los postulados de Haward, nos encontramos por una parte a los autores Ellison y Buckhout (1981), quienes declaran que Ley y Psicología tienen un punto de vista común: a ambas les preocupa la comprensión, la predicción y la regulación de la conducta humana, y por otra a Urra y Vázquez (1993) que afirman que la Psicología y el Derecho parten del individuo, responsable de sus actos y conductas, de su capacidad para modificarlos, el cual es el nexo de unión de ambos. Los dos entienden que la estabilidad y el bienestar social tienden a ser alcanzados en cuanto es mayor la adaptación de cada persona. Ya en años más cercanos vamos viendo cómo diversos autores van definiendo las distintas funciones que un experto en Psicología podría y debería ir asumiendo dentro del marco legal. Así, nos encontramos a García (1992), el cual establece que jueces y Tribunales juzgan conductas humanas de acuerdo con la Ley y, al tratarse de los actos de personas, nunca el Derecho podrá ser suficiente en la tarea de administrar justicia, por lo que el asesoramiento de jueces y Tribunales por expertos en ciencias sociales puede contribuir a la tarea jurisdiccional. En la misma línea, Golding (1992) encuentra que la estructura del Derecho tanto civil como criminal, está basada en parte en una gran variedad de teorías acerca de la conducta humana (percepción, intencionalidad, juicio, etc.). Como consecuencia, las ciencias sociales en general y la Psicología en particular son requeridas cada vez de forma más consistente para ofrecer evidencia en los procesos legislativos y jurídicos. Por su parte, Garrido (1994) afirma que las teorías psicológicas de la conducta humana toman parte en la argumentación jurídica y que alguna de las funciones que llevan a cabo los jueces están relacionadas con las funciones que realizan los psicólogos.

De esta forma, y sintetizando las opiniones de los autores citados, se deduce que la Psicología y el Derecho comparten una misma área de intervención que es la conducta humana. La Psicología estudia las características de la conducta humana mientras que la Ley regula dicha conducta. Por tanto, el papel ideal de la Psicología en el ámbito jurídico estaría diferenciado en tres fases:

-Ser la base necesaria a partir de la que se creen las leyes; es decir, la Psicología estudia las peculiaridades de la conducta, a través de las cuales el legislador debe crear con mayor eficacia leyes específicas que tengan en cuenta dichas peculiaridades.

-Ayudar ¿poder judicial en su organización social y en la resolución de los conflictos que puedan acarrear las leyes anteriormente creadas, puesto que la vía adoptada por el poder judicial no tiene por qué conllevar la aceptación individual de las mismas, a pesar de que tal vía persiga la consecución del orden social.

-Evaluar la funcionalidad de la Ley, ya que la Psicología influye sobre la Ley guiándola para que ésta se adapte a los cambios psicológicos que se vayan produciendo. Un claro ejemplo de esto lo podemos encontrar en las leyes creadas para combatir la segregación en los Estados Unidos, donde en un principio adoptaron la pauta de separar a las razas con la finalidad de terminar con la discriminación racial, pero lo que en realidad consiguieron fue exacerbar esta segregación racial, teniendo que abolir dichas leyes.

Consiguientemente, sería función de la Psicología el estudiar como afectan a la conducta humana las distintas resoluciones judiciales, analizando hasta qué punto estas resoluciones se pueden considerar la forma más idónea para regular y controlar la sociedad, y así mejorar progresivamente el sistema judicial actual. Además, la gran cantidad de conceptos psicológicos incluidos en la terminología legal justifica el peso que la Psicología debe tener en el ámbito jurídico.

Pero no todo son semejanzas entre Psicología y Derecho. Para algunos autores entre estas dos ciencias no existe ningún punto en común. A continuación se presenta lo que algunos de estos autores comentan al respecto.

Piaget (1976) destaca que se trata de lenguajes distintos, ya que el Derecho pertenece a la categoría de las leyes del «debe ser» (normas) y la Psicología se encuadra en la categoría de las leyes del «ser» (conductas). Con otras palabras, pero conservando los mismos argumentos, nos encontramos con King (1984), quien señala que son dos mundos del saber que ni se rozan: nada tienen que ver las leyes científicas de la conducta a la aplicación concreta, circunstancial e individual de la ley positiva. Avanzando en la exposición de las diferencias entre la Psicología y la Ley, Lloyd-Bostock (1984) comenta los dos puntos de vista antagónicos entre ambos campos de acción a la hora de explicar la conducta del delincuente: mientras la Ley se centra en que el acto es consciente y voluntario (intrínsicamente determinado), la Psicología, sin negar necesariamente estos atributos, afirma que es una visión muy estrecha de la conducta, pues ésta está determinada, principalmente, por las circunstancias y por el aprendizaje. Garrido (1994), a pesar de haber destacado la similitud de las funciones ejercidas por los jueces y por los profesionales de la Psicología, también afirma que la ley positiva no predice sino que prevé y trata de fomentar o de prohibir positivamente, pero no explícitamente en función de las leyes de la naturaleza humana, sino en función del poder que posee y de lo que considera bueno o malo. Así, se puede apreciar que la principal diferencia existente entre estas dos ciencias es que aunque ambas se interesan por los mismos temas (delitos, testimonio, rehabilitación, etc.), el sentido que de éstas hacen es significativamente distinto; es decir, tanto la Psicología como el Derecho trabajan con la conducta humana, pero mientras el Derecho la regula e intuye los factores que la guían (nos dice lo que debemos hacer o evitar), la Psicología la analiza, la predice, la mide y la modifica a partir de sanciones y reforzamientos. Consecuentemente, y citando a Walker y Lind (1984), cuando el legislador quiere ir más allá de la interpreta ción semántica de las palabras debe recalar en las ciencias sociales. De esta forma, se deduce que la Ley no se hace a partir de la conducta humana, sino a través de las normas que el legislador establezca para dicha conducta. Pero para el adecuado establecimiento de estas normas, la Ley nunca debe desestimar las aportaciones que la Psicología en particular, y las ciencias sociales en general, pueden ofrecerle. Siguiendo esta idea, Garrido (1994) comenta que si la ley positiva se fundamenta en la noción de justicia que rige la sociedad y si es función de la ciencias sociales descubrir dicha noción, entonces son las ciencias sociales las que también han de dar el fundamento último a la ley positiva.

A pesar de lo previamente enunciado, la principal aportación que la Psicología hace a la Ley se centra casi específicamente en los aspectos penales, tales como analizar la institución del jurado, la deliberación y la toma de decisiones. Cuando cualquier ciencia social intenta ampliar su campo de acción dentro del «territorio judicial» las relaciones entre la Ley y dicha ciencia social se complican. En palabras de Clemente (1998, pág. 24), «Mientras los psicólogos han demostrado un interés continuo y han alcanzado determinados puestos de trabajo, desde la pertinaz insistencia, el campo del Derecho poco se ha interesado por la Psicología. A lo más, simplemente tiene a los psicólogos, como tantos y tantos profesionales, como meros técnicos consultores».

Actualmente, la relación que existe entre Psicología y Derecho parte de la visión que la justicia tiene de la Psicología, basándose en el hecho de que toda conducta genera una serie de consecuencias que inevitablemente afectan a la sociedad. La justicia analiza dichas consecuencias clasificándolas como positivas o negativas y establece las pautas para reforzar a las primeras y castigar a las segundas. No obstante, en la mayor parte de los casos, las consecuencias no son contingentes debido a que no se identifica a los autores de las conductas. La Justicia intenta, de una forma utópica, asegurarse de que todas las personas que realizan una determinada acción tendrán las mismas consecuencias (ya sean recompensas o castigos) ante dicha acción. Sin embargo, en la práctica, esto no resulta fácil de aplicar, pues aunque se trata de ser equitativo, es muy difícil ser totalmente objetivo o neutral. Por ejemplo, cuando se multa con la misma cantidad a dos personas que cometen el mismo delito, no se puede definir como una «sentencia justa» si esas personas tienen diferencias en su estatus económico. La justicia distributiva, por consiguiente, es la que debería analizar la proporción con que se deben seguir las pautas establecidas para sancionar o reforzar cada determinada acción. Idealmente, existiría justicia cuando la sanción o el refuerzo ante una acción provocara las mismas consecuencias para todas las personas que hubieran realizado dicha acción.

Otra área tratada por la Psicología dentro del marco judicial es el estudio de los procesos psicológicos a través de los cuales se realizan los juicios evaluativos sobre la Ley. Por ejemplo, la Psicología puede explicar el proceso por el cual muchos delincuentes atribuyen su condena al hecho de ser detenidos y no al hecho de cometer un acto tipificado como delito. No debemos olvidar que la Justicia no es un ente animado, sino que la forman todas las personas que de una u otra manera influyen a la hora de analizar las conductas, establecer las pautas con las que se evalúan las consecuencias de dichas conductas y por último aplicarlas a la sociedad de una forma homogénea. Así que, estas personas consciente o inconscientemente van a afectar, en última instancia, a la forma en que estas pautas o normas se lleven a la práctica. Aquí, también, aunque se postula que todas las personas son tratadas de igual manera ante la justicia, la realidad es que no todos somos tratados por igual. No todo el mundo puede conseguir los mejores abogados y en el «peor de los casos», ni siquiera una celda individual con ciertas comodidades.

De esta forma, se puede observar corno desde el punto de vista de la Psicología, la justicia no es una regla para analizar qué tipo de acciones deben ser reforzadas y/o sancionadas. Se pretende, además, que a todas las personas se les aplique la justicia equitativamente, lo cual como hemos comentado, no siempre se consigue.

2.5. TEORÍAS PSICOLÓGICAS EN EL PROCESO LEGAL

Paralelamente al desarrollo del Derecho se encuentra el desarrollo de diversos campos de la Psicología que han posibilitado la relación actual existente entre Psicología y justicia. Las primeras relaciones que el Derecho establece con la Psicología se dan a través de la Psicología Social, de la Psicología de la Atribución y de la Psicología Cognitiva. Desde la Psicología Social queda claro que el ser humano no existe aislado, sino que éste se comporta en función de las distintas interacciones que mantiene dentro de su medio social. En consecuencia, los legisladores deben tener muy en cuenta las relaciones que el individuo establezca con los demás, para de esta forma tener la base necesaria a la hora de elaborar las normas que regulen la conducta humana. Un ejemplo lo encontramos en la predicción de conductas futuras a la hora de conceder permisos carcelarios y/o libertad provisional, ya que al incorporar de nuevo al sujeto en el ámbito social donde desarrolló unas conductas delictivas se le está exponiendo a los mismos estímulos que le pudieron impulsar a cometer tales conductas delictivas. Desde la Psicología de la Atribución se han proporcionado los mecanismos de explicación dentro del área de decisiones judiciales y en particular de la decisión de culpabilidad y de responsabilidad penal. Desde la Psicología Cognitiva se ha analizado el campo de la testificación, aportando explicaciones de la conducta humana a través de la información obtenida por parte de testigos, jurados, jueces y acusados.

Otra área que ha relacionado la Psicología con el Derecho ha sido la atención que los psicólogos han dedicado al estudio del proceso a través del cual las personas toman conciencia de la justicia, esto es, analizar como una misma ley es vista y evaluada por distintas personas. Puesto que una misma sanción no tiene el mismo efecto corrector para todas las personas, aunque este último punto no es tenido en cuenta por la Ley, ya que ésta considera al ser humano como un ente invariable. No obstante, la unión entre Psicología y Derecho se afianza desde el campo de la Psicología jurídica (dentro de la cual se integra la Psicología Forense), ya que ésta se entiende como una Psicología diseñada para ac tuar dentro del campo del Derecho; es decir, se encarga de aplicar las técnicas y conocimientos psicológicos a la interpretación de todo proceso judicial. Para Muñoz y cols. (1980) la relación entre la Psicología jurídica y el Derecho se establece desde tres concepciones distintas:

-Psicología del Derecho. Se encarga más de explicar la relación teórica del Derecho con la Filosofía y la Sociología, que con la propia Psicología. Esta primera concepción debe ser tomada simplemente como una teoría, dentro de la cual no se tendría en cuenta la Psicología aplicada al Derecho.

-Psicología en el Derecho. Gran parte del Derecho está lleno de componentes psicológicos, por lo que requiere de la Psicología para su puesta en funcionamiento. Si consideramos que cualquier ley implica toda una serie de conductas, la Psicología Aplicada es fundamental para mejorar la validez de dichas leyes, es decir, el Derecho no tendrá más remedio que adaptar las leyes a la interpretación de las conductas humanas.

-Psicología para el Derecho. Desde esta concepción, la Psicología evalúa hechos concretos desde una perspectiva individual para analizar los distintos factores que pueden influir en toda conducta delictiva. La Psicología para el Derecho, por lo tanto, se encarga de explicar las características psicológicas de los individuos, su personalidad y todas las variables que de alguna forma intervengan en el moldeamiento de la conducta humana. Esta concepción es la que actualmente tiene mayor peso dentro del sistema judicial.

En opinión de Garrido (1982), la Psicología jurídica quedaría definida como una unión entre la Psicología General y la Criminología, en la que se tratan de aplicar los conocimientos y la metodología de la Psicología a la resolución de los problemas del Derecho. Sin embargo, según Garzón (1989) debe considerarse además la existencia de otro término similar al de Psicología jurídica, el de Psicología judicial, el cual suele ir asociado a la aplicación de la Psicología a todo aquello que ocurre en la sala de juicios; en definitiva, una distinción entre la ciencia teórica y aplicada que ya no se emplea dado que ambos términos se utilizan como sinónimos.

Si nos centrarnos en las funciones que los profesionales de la Psicología pueden ejercer dentro del campo de actuación del Derecho, Haward (1976) considera que el psicólogo jurídico puede actuar desde dos aproximaciones distintas pero complementarias.

-Durante la aplicación del Derecho el psicólogo trata un caso concreto realizando valoraciones clínicas ante el Tribunal o realizando experimentos que permiten aclarar posibles dudas.

-Durante los procesos del-Derecho-el psicólogo actúa aumentando los conocimientos sobre el procedimiento jurídico al investigar los hechos y las teorías en las que se basan los procesos jurídicos y los procedimientos de los Tribunales y jurados.

Resumiendo, queda patente que la Psicología se ha acercado a la Ley desde distintas aproximaciones teóricas, pero estas aproximaciones no se contra dicen entre ellas, sino que han ido configurando las distintas piezas que en la actualidad forman el puzle del sistema psicológico-legal, un puzle que a lo largo de los años cada vez va conteniendo más piezas en común y que esperamos siga creciendo por los beneficios y logros compartidos y, consiguientemente, por la mejora de las dos áreas.

2.6. PSICOLOGÍA Y LEY

No queremos cerrar este capítulo sin comentar cuál es la situación actual de la relación existente entre la Psicología y la Ley. A día de hoy existe una discrepancia entre los que opinan que la Psicología actúa dentro del marco legal como una ciencia independiente (aproximación tradicional o individual) y los que la consideran como una ciencia auxiliar que simplemente ayuda a la Ley desde la práctica del Derecho (aproximación social), o lo que es lo mismo, estaríamos ante la representación de las dos formas de actuación de un psicólogo en el campo jurídico anteriormente destacadas por Haward. Desde el primer punto de vista, la Psicología entiende a cada sujeto como un factor individual dentro del contexto legal. Sin embargo, el segundo punto de vista parte desde el contexto legal y no desde el individuo, centrándose en la regulación del grupo, para de esta forma conseguir un adecuado funcionamiento de la sociedad. De hecho, el sistema legal trata de plasmar en las leyes las formas de sentir de la sociedad con respecto al orden social. La posición idónea sería combinar estos dos puntos de vista, para así crear un orden social basado en lo individual dentro de un colectivo social. Adhiriéndose a esta postura, Garzón (1989) afirma que existen dos factores fundamentales para relacionar los conceptos de Ley, Legislación y Derecho con la Psicología:

-Por una parte, se debe relacionar el sistema político y la comunidad, es decir, establecer el sistema social. Este sistema tiene dos concepciones: una, la de los sentimientos hacia la justicia y otra, los sentimientos colectivos de lo que debe ser la vida social o el orden comunitario.

-Por otra parte, los sentimientos colectivos son relevantes al establecer un orden legal en el que los conflictos sociales e interpersonales tienen que resolverse por la vía judicial.

Garrido (1994) se refiere a la dualidad (entre la aproximación social y la aproximación individual) a la hora de relacionar la Psicología y la Ley, a través de cuatro modos diferentes de establecer dicha relación:

-Considera la Psicología como el fundamento de la Ley. La Ley se apoya tanto en la conducta humana como en acontecimientos sociales, por tanto, queda claro el papel que deben jugar las ciencias sociales, y en particular la Psicología, a la hora de tener en cuenta tales acontecimientos; por ejemplo, temas como violencia en los medios de comunicación, ecología, aborto, pena de muerte, etc. llevan enraizadas polémicas de tipo social y deben ser las ciencias sociales (Psicología) las que ayuden a la Ley a establecer las pautas para poder diseñar normas que no se distancien de la realidad social en la que éstas serán aplicadas.

Considerala Psicología como auxiliar de la Ley. Toda ley se formula para llevarla a la práctica, de esta forma el papel de la Psicología sería el de evaluar los efectos que esta ley produce, o dicho en otras palabras, si ha conseguido lograr los objetivos para los que fue formulada. Dentro de esta postura, Garrido, a su vez, clasifica los distintos tipos de ayuda que la Psicología aporta a la Ley. En primer lugar, el psicólogo ayuda en el análisis y la definición de los hechos; aquí el psicólogo entraría a formar parte del proceso legal como perito o experto evaluando los testimonios (capacidad y validez) y las capacidades de responsabilidad (evaluación forense en procesos criminales, juzgados de Familia y Menores, etc.). En segundo lugar, el psicólogo ayuda en el procedimiento legal a través del interrogatorio policial o judicial, en el diseño de entrevistas (preguntas abiertas o cerradas, entrevista cognitiva) y en la selección y preparación de los jurados (para que estos sean objetivos en la búsqueda de los hechos y se muestren neutrales ante las consecuencias de sus decisiones y ante las implicaciones que de ellas se deriven). Por último, el psicólogo ayuda a la hora de predecir conductas, analizando la probabilidad de que se den conductas futuras en determinados contextos (permisos carcelarios, entrega de custodia, etc.).

-Considera la Psicología como objeto de estudio del comportamiento legal, definiendo la situación legal como el «laboratorio» donde se estudia la conducta humana. La ley promulga normas y estas normas son consideradas por la Psicología como «hipótesis». La función de la Psicología es constatar dichas hipótesis psicológicas dentro del contexto social que ofrecen muchas de las situaciones legales.

-Establece la relación entre Psicología y Ley de forma inversa a las anteriores, es decir, la influencia que la Ley ejerce en la Psicología. Parte del hecho de que la Ley cambia la psicología de las personas (motivaciones, valores, aptitudes), y este cambio puede ser utilizado como un instrumento educativo (enseñanza de lo que está bien y de lo que está mal, reforzando lo primero y sancionando lo segundo).

El primer y último modo de entender la relación entre la Psicología y la Ley se adscribe al punto de vista de la Psicología tradicional o individual, donde se toma como objeto de estudio al individuo y no al contexto social. De esta forma, se intenta mejorar el conjunto incidiendo en el cambio de los elementos particulares que lo constituyen. En contraposición a esta postura, el segundo y tercer modo de analizar la relación entre la Psicología y la Ley se centran en el grupo y en el contexto social, desplazando al sujeto individual a un segundo plano. Desde este punto de vista, los cambios se dirigen al grupo, analizando posteriormente las consecuencias que tales cambios producen a nivel individual.

Para terminar, hay que destacar que los aspectos psicológicos sobre los que se basa todo proceso judicial no son muy diferentes de las teorías que la Psicología utiliza para evaluar contextos distintos a los legales. Lo que la Psicología hace es aportar sus conocimientos acerca de la conducta humana, que va a ser siempre la misma independientemente del punto de vista o ámbito de acción desde donde se la esté analizando, para mejorar el proceso judicial haciéndolo más humano y cercano a la sociedad. Aunque, por desgracia, no siempre es posible que la relación entre la Psicología y Ley se produzca de forma eficaz, sobre todo en aquellos casos donde lo político pesa más que lo social, puesto que es en estas ocasiones donde los componentes psicológicos de la conducta humana tienen menos relevancia a la hora de tomar una decisión o llegar a una resolución definitiva.

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JOSÉ MARÍA SERRANO BERMÚDEZ

3.1. CONCEPTOS BÁSICOS DE DERECHO CIVIL

Podemos definir básicamente el Derecho Civil como el sector del ordenamiento jurídico de cada pueblo que se ocupa de la persona y de sus diferentes estados, de su patrimonio y del tráfico de bienes y derechos entre particulares. Las normas jurídicas de derecho positivo que ordenan el ámbito del Derecho Civil en el territorio nacional español se encuentran recopiladas en el Código Civil. No obstante, en orden a razones de ciertos privilegios históricos, existen determinados territorios (Cataluña, Álava y Vizcaya, Comunidad Foral de Navarra, Islas Baleares, Galicia y Aragón) en los que rigen normas especiales - forales - de Derecho Civil que coexisten con las establecidas en el Código Civil. El Código Civil español se estructura en cuatro Libros. Libro 1: De Las Personas, en el que se regula la nacionalidad, la personalidad civil, el domicilio, el matrimonio, la paternidad y filiación, el deber de proporcionar alimentos, las relaciones paterno-filiales, la ausencia, la incapacitación, la tutela de los menores incapacitados, la mayoría de edad y emancipación, y el estado civil; Libro II: De Los Bienes, De La Propiedad y De Sus Modificaciones, en el que se regula la clasificación de los bienes, el derecho de propiedad sobre las cosas, la comunidad de bienes, las propiedades especiales (aguas, minerales, propiedad intelectual), la institución de la posesión, los derechos de usufructo, uso y habitación, las servidumbres y el Registro de la Propiedad; Libro III: De Los Diferentes Modos De Adquirir La Propiedad, en el que se regula la ocupación, la donación y las sucesiones; y el Libro IV: De Las Obligaciones y Contratos, en el que recoge la regulación del nacimiento y tipo de las obligaciones, la extinción de las obligaciones, la prueba de las obligaciones, los requisitos de validez de los contratos, el régimen (o los regímenes económicos matrimoniales), el contrato de compraventa (institución fundamental del Derecho Civil), la permuta, el arrendamiento, derechos reales, la sociedad, el mandato, el préstamo, el depósito, los contratos aleatorios, las transacciones y compromisos, la fianza, la prenda, la hipoteca y la prescripción. Asimismo, existe un Título Preliminar estructurado en cinco Capítulos, del que debemos destacar los siguientes aspectos: la regulación de las fuentes del Derecho que, por orden de preferencia en su aplicación, son la Ley, la Costumbre y los Principios generales del Derecho, que a su vez tienen un carácter informador de todo el ordenamiento jurídico; las reglas de aplicación de las normas jurídicas, debiendo destacarse el trascendental contenido del Artículo 3: «1.` Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas. 2.° La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los Tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita»; también debe destacarse el principio de la buena fe en el ejercicio de los derechos y la prohibición del fraude de ley y del abuso de derecho, reflejados en los siguientes preceptos: Artículo 6.4: «Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir», y el Artículo 7: «1.° Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. 2.° La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para terceros, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.» Y, finalmente, debe considerarse de modo especial lo establecido en el Artículo 1.7: «Los jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido.» Si bien el Derecho Civil recoge normas de carácter imperativo, indudablemente necesarias para ordenar debidamente las relaciones que son objeto de su regulación, por otra parte, constituye un pilar fundamental del mismo la primacía de la autonomía de la voluntad de las partes, al tratarse fundamentalmente de un sistema regulador de derechos subjetivos de las personas. Buena prueba de ello es el precepto recogido en el Artículo 1.255 del Código Civil, referido a los contratos: «Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público.»

Por último, cabe señalar que además del Derecho Civil o, más bien, como una parte especial de dicha rama de nuestro ordenamiento civil está el Derecho Mercantil, que viene a regular los derechos y obligaciones dimanantes de los negocios jurídicos entre las partes cuando en ellos intervenga, al menos un comerciante, entendiéndose como tal aquella persona que, teniendo capacidad le gal para ejercer el comercio, se dedique a él habitualmente, así como las compañías mercantiles o industriales que se constituyan con arreglo a la ley. La regulación básica de esta rama del ordenamiento jurídico se encuentra disgregada en varias normas de carácter principal; fundamentalmente, como eje central de dicho ordenamiento, está el Código de Comercio, que constituye la norma general de la materia, que se completa con distintas normas de naturaleza especial, como son la Ley de Sociedades Anónimas, la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, etc. Sin embargo, esta diversidad normativa (normas de Derecho Civil y normas de Derecho Mercantil) no se corresponde con una misma diversidad en el plano judicial, al corresponder a la misma jurisdicción, la civil, la resolución de los litigios que se plantean entre las partes y que tienen como objeto la interpretación y cumplimiento de una norma o unos negocios jurídicos tanto civiles como mercantiles. Así, entendemos que se ha desperdiciado una inmejorable oportunidad histórica para ello al no establecerse la base para la creación de unos órganos judiciales especiales a través de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

3.2. CONCEPTOS BÁSICOS DE DERECHO PENAL

3.2.1. DEFINICIONES DEL DERECHO PENAL

El Derecho Penal puede ser definido en sentido subjetivo y en sentido objetivo. El Derecho Penal subjetivo es la facultad que tiene el Estado, y solamente él, de definir los delitos y determinar, imponer y ejecutar las penas, entendiendo ambas expresiones en el más amplio sentido de infracción (comprensivo del delito y falta) y de sanción (pena, propiamente dicha, medidas de seguridad y consecuencias civiles y procesales). El Derecho Penal subjetivo equivale, por tanto, al iuspuniendi o facultad del Estado para penar. Sin embargo, esta potestad no es ilimitada, sino que tiene sus fronteras infranqueables en los derechos de la persona, fundamentalmente a ser penado conforme a previas definiciones de delitos y sanciones asignadas a su vulneración, que viene a traducirse en el principio de legalidad (nullum crimen, nulla poena sine previa lege penale), así como a determinadas formalidades procesales y ejecutivas. Constituida la nación española en un Estado social y democrático de derecho - Artículo 1° de la Constitución Española-, el ius puniendi del Estado ha de estar inexorablemente sujeto no sólo al principio de legalidad, sino a otra serie de límites que se deriven de su carácter de estado social y democrático, como son los principios de intervención mínima y de respeto a la dignidad humana e igualdad real. Por su parte, el Derecho Penal objetivo se define como el conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado, que asocian al crimen como hecho la pena - entendida en sentido amplio - como legítima consecuencia. Partiendo de esta definición, generalmente admitida, también puede definirse el Derecho Penal, desde el prisma objetivo, como el conjunto de normas establecidas por el Estado que determinan los delitos, las penas y las medidas de seguridad. Así pues, la idea básica del Derecho Penal se apoya en tres elementos principales: el delito (y la falta), su autor y la pena (y las medidas de seguridad).

3.2.2. EL CÓDIGO PENAL VIGENTE

Prácticamente desde la aprobación de la Constitución Española de 1978 y la instauración del estado democrático y de derecho, la creación del Código Penal de la Democracia ha venido siendo una aspiración durante largo tiempo sentida, que ha cristalizado finalmente en el Código Penal aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre (BOE de 24 de noviembre). El actual Código Penal consta de un Título Preliminar: De Las Garantías Penales y De La Aplicación De La Ley Penal, y de tres Libros: Libro Primero: Disposiciones Generales Sobre Los Delitos y Las Faltas, Las Personas Responsables, Las Penas, Las Medidas De Seguridad y Demás Consecuencias De La Infracción Penal; Libro Segundo: De Los Delitos y Sus Penas; y Libro Tercero: De Las Faltas y Sus Penas. Cada uno de esos Libros se estructura en Títulos, éstos a su vez en Capítulos y éstos, por último, ocasionalmente, en Secciones.

3.2.3. Los PRINCIPIOS INFORMADORES DEL DERECHO PENAL

Como anteriormente hemos indicado, el Derecho Penal puede entenderse como la facultad del Estado de castigar o imponer penas. Ahora bien, este ius puniendi del Estado no tiene carácter ilimitado. Sus límites se encuentran en una serie de garantías fundamentales que encierran los principios que han de informar el Derecho Penal. Dentro de tales principios destacan dos: el principio de intervención mínima del Derecho Penal y el principio de legalidad. No obstante, se viene admitiendo la concurrencia en el Derecho Penal de otros principios básicos: el principio de utilidad de la intervención penal, el principio de exclusiva protección de los bienes jurídicos reconocidos, el principio de culpabilidad y el principio de proporcionalidad de las penas, entre otros.

3.2.4. EL PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN MÍNIMA DEL DERECHO PENAL

Este principio implica, por un lado, que el Derecho Penal y, en consecuencia, la sanción penal, que es la de carácter más grave de las que dispone el Estado y la que produce una mayor privación de bienes jurídicos a los ciudadanos, no debe utilizarse cuando exista la posibilidad de utilizar otros instrumentos jurídicos no penales para establecer el orden jurídico violado. El convencimiento de que la pena es un mal irreversible y una solución imperfecta que debe utilizarse solamente cuando no haya más remedio, es decir, tras el fracaso de cualquier otro modo de protección, obliga a reducir al máximo el recurso al Derecho Penal. Por tanto, el recurso al Derecho Penal ha de ser la última ratio, el último recur so que hay que utilizar a falta de otros menos lesivos. Así pues, deberá preferirse ante todo la utilización de medios desprovistos del carácter de sanción penal, como una adecuada política social. Seguirán, a continuación, las sanciones no penales: así, las civiles (impugnabilidad y nulidad de negocios jurídicos, repetición de enriquecimiento injusto, reparación de daños y perjuicios, etc.) y administrativas (multas, sanciones disciplinarias, privación de concesiones, etc.). Sólo cuando ninguno de los medios anteriores sea suficiente, estará legitimado el recurso a la pena o a la medida de seguridad. A este respecto, el principio de intervención mínima se conoce también como principio de subsidiariedad. Por otro lado, el principio de intervención mínima implica que cuando el Derecho Penal intervenga, ha de ser para la protección de aquellos intereses mayoritarios y necesarios para el funcionamiento del estado de derecho. A veces estos intereses serán derivaciones de derechos humanos superiores (la vida, la integridad física, etc.) y en otras serán simplemente piezas para el correcto funcionamiento de la relación social (la honestidad de los funcionarios públicos, etc.). Igualmente, el principio de intervención mínima del Derecho Penal implica que, admitido que el recurso al mismo sea necesario, no deben sancionarse todas las conductas lesivas a los bienes jurídicos que previamente se han considerado dignos de protección, sino únicamente las modalidades de ataque más peligrosas para los mismos. Por ejemplo, considerado el patrimonio como bien jurídico digno de protección penal, no todos los ataques al mismo, sino los más peligrosos harán necesaria la intervención del ius puniendi del Estado. Así, el impago de una deuda no deberá constituir delito ni falta por muy importante que sea la lesión patrimonial que suponga, y sí deberá castigarse penalmente el apoderamiento de los bienes integrantes del patrimonio realizado de forma violenta (robo), subrepticia (hurto) o fraudulenta (estafa). Esta consecuencia se conoce también como la aplicación del carácter fragmentario del Derecho Penal.

3.2.5. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN EL DERECHO PENAL

La gravedad de los medios que el Estado emplea en la represión del delito, la drástica intervención en los derechos más elementales y, por eso mismo, fundamentales de las personas y el carácter de última ratio que esta intervención tiene, imponen necesariamente la búsqueda de un principio que controle el poder punitivo estatal y que confine su aplicación dentro de límites que excluyan toda arbitrariedad y exceso por parte de los que ostentan o ejercen ese poder punitivo. Este principio, tradicionalmente designado con el nombre de principio de legalidad, establece que la intervención punitiva estatal, tanto al configurar el delito como al determinar, aplicar y ejecutar sus consecuencias, debe estar regida por el imperio de la ley, entendida ésta como expresión de la voluntad general. El principio de intervención legalizada, o de legalidad, sirve para evitar el ejercicio arbitrario e ilimitado del poder punitivo estatal. Al mismo tiempo, supone un freno para una política penal demasiado pragmática que, decidida a acabar a toda costa con la criminalidad y movida por razones defensistas o resocializadoras demasiado radicales, sacrifique las garantías mínimas de los ciudadanos, imponiéndoles sanciones no previstas ni reguladas en ley alguna. Así, debe decirse que el fin no justifica los medios. Una política penal mala, pero llevada a cabo con las garantías jurídicas mínimas, es preferible a una buena política penal realizada sin ningún tipo de control. Por consiguiente, debe aceptarse el riesgo de que por una mala elaboración de la ley o por la enorme astucia de un delincuente, queden sin sanción acciones gravemente perturbadoras de la convivencia humana. Pero este riesgo es bastante pequeño, es el precio que hay que pagar por la seguridad jurídica, requisito indispensable en una comunidad organizada. De la vigencia de este principio de intervención legalizada se derivan para el Derecho Penal una serie de consecuencias que relativizan todo su contenido y que lo distinguen de las demás disciplinas jurídicas tanto en orden a las fuentes, como a su interpretación o a su elaboración científica. Jurídicamente, este principio es una consecuencia inmediata de la teoría de la pena entendida como «coacción psicológica». La pena, según Feuerbach, ejerce una coacción psicológica en los ciudadanos que les hace abstenerse de la comisión de delitos; pero, para que pueda desempeñar esta función, es necesario que se describan previamente en la ley las conductas prohibidas y las penas con que se conminan esas conductas. El principio de legalidad sirve también para determinar la culpabilidad del delincuente, pues sólo quien conoce la prohibición contenida en la ley penal o, por lo menos, ha podido conocerla, puede motivarse por ella y puede ser castigado como culpable de un hecho punible. Por otra parte, este principio es la garantía jurídica de los ciudadanos frente al poder punitivo estatal.

La importancia del principio de legalidad o de intervención legalizada se refleja en que éste es prácticamente el único principio penal que se recoge directamente en la Constitución - Artículo 25.1 - «Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento».

3.2.6. EL PRINCIPI(_) DE LEGALIDAD DE LOS DELITOS Y LAS PENAS

No cabe calificar de delito a las conductas que no se encuentran definidas como tales por la Ley, incluso aunque sean desvaloradas socialmente o consideradas deshonestas o inmorales; del mismo modo, a las conductas delictivas no pueden aplicárseles penas distintas de las que están previstas en la Ley.

3.2.6.1. La reserva de la Ley (la exigencia de la Ley orgánica)

Cuando se dice que la Ley penal debe ser escrita, se está expresando, en primer lugar, que el Derecho Penal es exclusivamente Derecho positivo, lo que excluye la posibilidad de que mediante la costumbre o los principios generales no escritos se establezcan delitos y penas. Lo que se pretende con ello es reservar al poder legislativo la potestad para definir los delitos y las penas. En el ordenamiento constitucional español no existen dudas acerca de que la definición de los delitos y las penas está monopolizada por el poder legislativo, excluyendo a los cuerpos legislativos de las Comunidades Autónomas puesto que la legislación penal es competencia exclusiva del Estado (Artículo 149.6 de la Constitución Española). Reserva legal que se deduce no sólo del Artículo 25.1 de la Constitución Española, puesto que éste se refiere genéricamente a la legislación exigible tanto para definir delitos como para definir infracciones administrativas, sin especificar el rango concreto que se requiere en cada caso; así el Artículo 53.1 de la Constitución Española establece que «sólo por ley» podrá regularse el ejercicio de los derechos y libertades contenidos en el Capítulo II del Título 1 de la Constitución, pero además la Constitución impone que las leyes que desarrollan derechos fundamentales revista la forma de Ley Orgánica (Artículo 81.1 Constitución Española), de modo que los derechos fundamentales gozan de mayor protección que el resto de derechos y libertades.

Tal cuestión ha planteado si todas las leyes penales, por afectar a derechos fundamentales, deben ser aprobadas como leyes orgánicas. La doctrina mayoritaria ha mantenido que todas las normas penales, por el hecho de serlo, afectan a algún derecho fundamental, en el sentido de que en la medida en que prohíben conductas limitan la libertad individual, e igualmente afectan al honor dada la repercusión que en el mismo tiene la posibilidad de ser sometido a un proceso penal, habiendo de atender para decidir si una ley penal «desarrolla» o no un derecho fundamental a la pena que impone; esto es, una ley penal no desarrolla un derecho fundamental porque lo proteja como bien jurídico, sino porque imponga una pena cuya aplicación suponga la restricción de un derecho fundamental y, por tanto, afecte a su ejercicio. Por tanto, situados en la pena señalada, lo que resulta absolutamente claro es que todas las normas penales que impongan penas de prisión «desarrollan» el derecho fundamental a la libertad en la medida en que establecen las condiciones en que los ciudadanos pueden ser privados del mismo; por tanto, todas las leyes que prevean penas de tal naturaleza deben poseer el rango de orgánicas, cuestión que puede parecer dudosa dado que la propiedad que resulta limitada al exigirse el pago de una multa no es un derecho fundamental. Sin embargo, en aplicación del Artículo 53.1 del Código Penal, el impago de una multa penal puede conllevar el arresto sustitutorio del condenado, por lo que, de manera indirecta, también las normas penales que imponen multas limitan la libertad de los individuos y en tal medida, deben ser aprobadas como leyes orgánicas.

En resumen, cuando se reclama que todas las leyes penales, por el hecho de serlo, sean aprobadas como leyes orgánicas, no se están utilizando exclusivamente razones formales. La Ley Penal expresa los intereses que la sociedad considera más importantes para la convivencia, destinando a su protección el instrumento más grave de que dispone. La legitimación exclusivamente atribuida al legislador para elaborar la Ley Penal debe ejercerse con el máximo consenso posible en torno a su elaboración y promulgación, lo que resulta favorecido por la exigencia de la mayoría cualificada propia de las leyes orgánicas.

3.2.6.2. El principio de taxatividad y la seguridad jurídica (ley estricta)

La exigencia de clara determinación de las conductas punibles se expresa en el denominado principio de taxatividad o mandato de certeza, cuyo cumplimiento plantea uno de los problemas más arduos del uso correcto de la técnica legislativa. Una técnica legislativa correcta debe huir tanto de los conceptos excesivamente vagos en los que no es posible establecer una interpretación segura, como de las enumeraciones excesivamente casuísticas que no permiten abarcar todos los matices de la realidad. Efectivamente, el Tribunal Constitucional ha establecido que la necesaria taxatividad de las definiciones penales es una exigencia de los principios de legalidad y seguridad jurídica.

3.2.6.3. La prohibición de retroactividad (la exigencia de ley «previa»)

La ley debe ser también «previa» a los hechos que se pretenden sancionar, es decir, debe haber sido promulgada con anterioridad a la comisión de tales hechos. Una exigencia inseparable del principio de legalidad penal es que si debe existir una ley que defina las conductas como delictivas para poder perseguirlas, dicha ley debe estar vigente en el momento en que se cometen los hechos. Por ello, la Ley Penal es irretroactiva y no puede aplicarse a hechos anteriores a su entrada en vigor. Sin embargo, sí debe aplicarse la ley penal con carácter retroactivo si ésta fuese más favorable para el reo. Así la Disposición Transitoria Primera del vigente Código Penal establece que «los delitos y faltas cometidos hasta el día de la entrada en vigor de este código se juzgarán conforme al cuerpo legal y demás leyes especiales que se derogan. Una vez que entre en vigor el presente código, si las disposiciones del mismo son más favorables para el reo, se aplicarán éstas».

3.2.6.4. La prohibición de analogía. La analogía in bonam partem

La aplicación de la ley requiere que el intérprete establezca el sentido de las normas para determinar qué supuestos se encuentran recogidos por éstas. Por tanto, el intérprete y, en su caso el juez, no puede desbordar los límites de los términos de la ley y aplicarla a supuestos no previstos en la misma, porque con ello violaría claramente el principio de legalidad.

3.2.6.5. El principio non bis in idem

Este principio consiste en la prohibición de que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez. Si bien éste principio no se encuentra expresamente formulado en la Constitución, existe una amplia jurisprudencia constitucional en la que el Tribunal Constitucional mantiene que tal exigencia se deriva del principio de legalidad consagrado en el Artículo 25.1 de la Constitución Española. Así, entre otras muchas, la Sentencia del Tribunal Constitucional 2/1981, de 30 de enero, establece que la razón por la que dicho principio no se incluyó expresamente en el redactado de la Constitución es su íntima vinculación «con los principios de legalidad y tipicidad de las infracciones recogidos principalmente en el Artículo 25 de la Constitución Española». En el ámbito de las normas penales estrictamente consideradas aparecen algunas expresiones del principio; así, el Artículo 67 del Código Penal establece que no se tomarán en cuenta las circunstancias agravantes «que la Ley haya tenido en cuenta al describir o sancionar una infracción, ni las que sean de tal manera inherentes al delito que sin la concurrencia de ellas no podría cometerse». Así, por ejemplo, a los delitos de los funcionarios en el ejercicio de sus cargos no puede aplicárseles la agravante del Artículo 22.7 consistente en ejecutar el hecho prevaliéndose del carácter público que tenga el culpable, porque tal circunstancia ha sido ya tenida en cuenta al sancionarlos como delitos cometidos en ejercicio de la función pública.

3.3. LA GARANTÍA JURISDICCIONAL

Este principio alude a que, junto a la existencia de la ley, las penas se impongan por el órgano competente y tras el proceso legalmente establecido. Puede entenderse que el Artículo 3.1 del Código Penal es el precepto acogedor de tal garantía: «No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales», principios que pueden considerarse implícitos también en el texto constitucional. Efectivamente, en el citado precepto se contienen, al menos, las siguientes exigencias: para ejecutarse una pena debe haberse seguido un proceso legal, porque de ningún otro modo puede alcanzarse una sentencia; para ejecutarse una pena debe decidirlo un órgano judicial, único legitimado para dictar sentencias; y, hasta que la sentencia no es firme, no puede ejecutarse la pena, esto es, la pena no empieza a cu mplirse.

3.4. PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN

Por último, el principio de legalidad impone que la ejecución o el cumplimiento de las penas se lleve a cabo con total sumisión a lo establecido en las leyes. Las normas que rigen para la ejecución de las penas privativas de libertad están contenidas en la Ley Orgánica General Penitenciaria y su reglamento.

3.4.1. EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD EN EL DERECHO PENAL

En Derecho Penal se asigna al concepto de culpabilidad una triple significación que conviene distinguir.

-Como fundamento de la pena. Se refiere a si procede imponer una pena al autor de un hecho típico y antijurídico, para lo cual se exige la presencia de una serie de elementos que constituyen los elementos positivos específicos del concepto dogmático de culpabilidad: capacidad de culpabilidad, conocimiento de la antijuricidad y exigibilidad de una conducta jurídica.

Comoelemento de la determinación o medición de la pena. Se trata de determinar el cómo de la pena, su gravedad, su duración; en una palabra, la magnitud exacta que, en el caso concreto, debe tener una pena cuya imposición ha sido ya fundamentada, asignándose en este caso a la culpabilidad una función limitadora, que impida que la pena pueda ser impuesta por debajo o por encima de unos límites que vienen impuestos por la idea misma de la culpabilidad, además de por otros criterios como la importancia del bien jurídico protegido, los fines preventivos, etc.

-Finalmente, como proscripción de la responsabilidad por el resultado o responsabilidad puramente objetiva. En este caso, el principio de culpabilidad impide la atribución a su autor de un resultado imprevisible, reduciendo las formas de imputación de un resultado al dolo y a la imprudencia. Así, el Artículo 5 del Código Penal establece que «No hay pena sin dolo o imprudencia».

En definitiva, el principio de culpabilidad exige una concepción del sujeto del delito corno un sujeto responsable, que sólo en la medida en que lo sea puede ser sancionado con una pena.

3.5. CONCEPTOS Y PRINCIPIOS BÁSICOS DE DERECHO PROCESAL

Son principios procesales las ideas y reglas que constituyen puntos de partida para la construcción de los instrumentos esenciales de la función jurisdiccional, en el sentido de originarlos, determinando que sean sustancialmente corno son, esto es, criterios inspiradores de la capacidad de decisión y de influencia del órgano jurisdiccional y de las partes en el nacimiento del proceso, en su objeto, en su desenvolvimiento y en su terminación. Los principios del proceso presentan un carácter radical por su relación íntima con dos necesidades primarias. En primer lugar, la de superar de verdad una situación de autotutela o justicia privada, para lo que ha de darse satisfacción a unos pocos criterios que concretan aspiraciones de justicia universalmente sentidas; en segundo lugar, la de ajustar máximamente el instrumento procesal a la finalidad de tutelar eficazmente las distintas parcelas del Derecho objetivo y los muy diversos derechos subjetivos. En virtud de la primera necesidad, el proceso se deberá configurar de modo que siempre sean efectivos y respetados determinados postulados elementales de justicia - éstos son los principios procesales que llamamos necesarios o jurídico-naturales - y, en virtud de la segunda necesidad el proceso se construye según criterios diferentes, los que se consideran más adecuados a la realidad jurídica en función de la cual aquellos tienen sentido. Se trata de principios procesales llamados principios jurídico-técnicos.

3.5.1. PRINCIPIOS JURÍDICO-NATURALES O NECESARIOS DEL PROCESO

Son aquellos que no pueden dejar de informar la legislación y la realidad procesal si se quiere que el instrumento esencial de la Administración de justicia supere de veras el primitivismo peligroso de la justicia privada o, lo que es igual, si se desea que el proceso resulte elementalmente justo y generalmente considerado como tal.

3.5.1.1. Principio de audiencia: generalidades

Es un principio general del Derecho que suele formularse o exponerse en los siguientes términos: nadie puede ser condenado sin ser oído y vencido en juicio o, al menos, sin haber otorgado a su favor esa posibilidad. Se trata de que no se pueda infligir un mal (condena o resolución perjudicial) a un sujeto jurídico, a través de una decisión o resolución judicial, sin que ese sujeto jurídico haya tenido una oportunidad de actuar, dentro del proceso de que se trate, en defensa de sus derechos e intereses legítimos conforme a lo que esté previsto o no prohibido expresamente por una ley razonable. Se trata, pues, de que a nadie se le condene sin que haya tenido verdaderamente la posibilidad procesal de alegar lo que pueda convenirle dentro de los límites legales, en su caso, de la defensa. El principio de audiencia es un criterio operativo del que se deducen conclusiones legislativas y jurisprudenciales, plasmadas incluso en auténticas instituciones jurídicas procesales. Así, por ejemplo, es una derivación legal o legislativa del principio de audiencia la previsión de que oída la parte activa del proceso tenga la parte pasiva un trámite o posibilidad similar de alegar lo que le convenga. Por otro lado, que el principio de audiencia sea respetado si se concede la posibilidad verdadera de la audiencia, comporta que muchos tipos de procesos puedan desarrollarse y terminarse sin que en ellos intervenga la parte pasiva. Y se explica también la institución de la llamada audiencia del condenado en rebeldía, en virtud de la cual, quien haya estado en constante rebeldía por desconocimiento de la existencia del proceso o por fuerza mayor puede obtener la revocación de una sentencia contra la que no quepa ya recurso alguno. Asimismo, la infracción del principio de audiencia no expresamente prevista como tal puede considerarse generadora de indefensión, a muy distintos efectos: casación, nulidad, etc.

3.5.1.2. Principio de igualdad de las partes

Los distintos sujetos del proceso deben disponer de iguales medios para defender en el proceso sus respectivas posiciones, esto es, disponer de iguales derechos procesales, de similares posibilidades para sostener y fundamentar lo que cada cual estime que le conviene. Igualdad que no significa que las partes de un proceso sean iguales sino que gocen de oportunidades iguales o equivalentes para sostener sus posturas. También este principio debe, por una parte, informar la legislación procesal, la construcción, en abstracto, de los diferentes tipos o clases de proceso y, por otra parte, ha de ser respetado en la realidad procesal de cada día, en el desarrollo de cada proceso concreto. No obstante, la igualdad de las partes no siempre ha de manifestarse en una previsión legal de continuas actuaciones paralelas y equivalentes. Se trata no tanto de otorgar a cada una de las partes el derecho a realizar un número igual de actos de alegación y prueba sino de que, en conjunto, dispongan de posibilidades parejas para sostener su posición, sin permitir que la regulación legal o erróneas resoluciones judiciales coloquen a una parte en situación de desventaja injusta. Ejemplos de manifestaciones de este principio son el rechazo de los actos procesales de las partes producidos fuera del tiempo legalmente determinado y la prohibición de un repentino cambio del objeto del proceso.

Aunque actualmente se ha introducido la defensa de abogado desde el momento de la detención (Artículo 118 de la Ley Enjuiciamiento Criminal), la fase de investigación e instrucción parece no responder al principio de igualdad de las partes. El juez instructor -y el Fiscal, junto a él- deben llevar a cabo «las actuaciones encaminadas a preparar el juicio» y las procedentes «para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, y la culpabilidad de los delincuentes...» (Artículo 299 de la Ley Enjuiciamiento Criminal), sin que al sospechoso o al procesado se le concedan tantas oportunidades de actuar en su propio interés como actuaciones sumariales realiza el juzgado, muchas de ellas incriminatorias. Sin embargo, resulta indiscutible que el sumario es sólo una fase previa y preparatoria del plenario o juicio oral, que constituye el núcleo decisivo del proceso penal, donde se observan escrupulosamente las exigencias del principio de igualdad. Además, se debe entender que esta falta de igualdad en el sumario o esa aparente desigualdad en contra del sospechoso o del procesado se explica como el razonable contrapeso de la «ventaja» de que el delincuente ha dispuesto, contrapeso que no debe perjudicar injustamente al sospechoso o procesado y sí es garantía de una eficaz represión jurídica de la criminalidad, en favor de la sociedad. En el proceso penal no hay siempre simetría de actos procesales de cada parte, pero debe haber posibilidades parejas y equilibradas, que es lo que exige el principio de igualdad.

3.5.2. PRINCIPIOS JURÍDICO-TÉCNICOS: PRINCIPIO DISPOSITIVO Y PRINCIPIO) DE OFICIALIDAD

3.5.2.1. Principio dispositivo y de aportación de parte

Cabe definir el principio dispositivo como el criterio derivado de la naturaleza eminentemente particular de los derechos e intereses en juego, en virtud del cual el proceso y su objeto concreto dependen del libre poder de disposición de los sujetos jurídicos implicados en la tutela jurisdiccional que se pretende, dependiendo los resultados del proceso, en gran medida, del ejercicio por las partes de las oportunidades de actuación procesal abstractamente previstas en la norma jurídica. La manifestación primera del principio dispositivo es que el proceso no comience por iniciativa del propio órgano jurisdiccional sino sólo por la de un sujeto jurídico que pretende obtener una resolución jurisdiccional concreta - Nemo iudex sine actore-, en el sentido de que el juez o el Tribunal no actuará o, lo que es igual, el proceso no se iniciará, si no hay un actor, alguien que insta el proceso, alguien que, con una actuación concreta, de petición al órgano jurisdiccional, hace pasar el proceso de la potencia al acto. Pero, el mismo poder de disposición fundamenta también que el objeto del proceso venga determinado, ante todo, por lo que el actor decida pedir en relación con los fundamentos de hecho y jurídicos que quiera hacer valer, siendo tradicional en España para referirse a estos aspectos del principio dispositivo, hablar de principio de «justicia rogada» o de «rogación».

Iniciado el proceso y fijado su objeto principal por el actor, el poder de disposición de éste le permite renunciar a obtener lo que ha pedido, del mismo modo que la parte pasiva puede allanarse, es decir, mostrarse conforme con que, frente a ella, se conceda al actor lo que ha pedido. En los dos casos, la decisión vincula al juez, que deberá absolver o condenar, respectivamente. Además, por su disposición sobre el proceso, ambas partes o sólo el actor, hasta cierto momento procesal, pueden hacer terminar aquél sin resolución sobre el objeto. Que toda la serie o sucesión de actos del proceso verse básicamente sobre aquello que las partes quieren hacer valer disponiendo de todos sus derechos, esto es, que trate, no ya sobre las pretensiones formuladas, sino también sobre sus respectivos fundamentos fácticos y jurídicos, es también una consecuencia del principio dispositivo.

En teoría, tras la iniciación voluntaria del proceso y la voluntaria fijación de lo que se pretende, podría dejarse al órgano jurisdiccional la labor de descubrir si hay o no hechos y normas jurídicas que fundamenten la concesión de lo pretendido. Si bien, es mucho más lógico y conforme a la naturaleza de las cosas que quien pide para sí una tutela jurídica a los órganos jurisdiccionales exponga lo que, a su juicio, fundamenta la petición formulada. Ante todo, porque ese sujeto jurídico conocerá unos hechos que los Tribunales casi siempre desconocerán y, porque, también entra en la esfera del poder de disposición de los sujetos jurídicos hacer o no uso de cuanto sustenta y apoya fáctica y jurídicamente los derechos que esos sujetos afirman tener y en virtud de los cuales formulan sus pretensiones, lo que determina que en los procesos regidos por el principio dispositivo, y como manifestación de éste, se confíe a los sujetos procesales la tarea de alegar y fijar o probar los hechos que les interesen, lo cual es denominado por algunos autores «principio de aportación de parte». El órgano jurisdiccional se ha de atener a los hechos admitidos como existentes por todas las partes, no debe introducir por sí mismo hechos nuevos de carácter fundamental ni realizar o intervenir en más actividad probatoria que la solicitada por las partes. Además, aunque al órgano jurisdiccional le corresponde calificar jurídicamente los hechos y aunque puede subsanar deficiencias y hasta errores en las alegaciones jurídicas de los su jetos procesales ligadas a los hechos relevantes, el Tribunal no debe pronunciarse sobre las pretensiones, concediéndolas o denegándolas, si no es dentro del marco del título o títulos jurídicos hechos valer por dichos sujetos.

3.5.2.2. Principio de oficialidad e investigación de oficio

Se entiende por principio de oficialidad aquel criterio por el cual el proceso, su objeto, los actos procesales y la sentencia no están subordinados exclusivamente al poder de disposición de sujetos jurídicos particulares en relación con la tutela de sus derechos e intereses legítimos, sino que dependen de que aquel interés se ponga de manifiesto al Tribunal y se haga valer por otros órganos públicos ante situaciones subsumibles en supuestos taxativamente determinados por la ley. Por tanto, una primera manifestación del principio de oficialidad es la necesidad de que el proceso comience siempre que aparezca el interés público de cuya satisfacción es instrumento el proceso. El inicio de éste se encomienda a la decisión reglada del mismo órgano jurisdiccional o se impone la realización de actos de iniciativa a un órgano público legalmente encargado de hacer valer el interés público general. En los procesos regidos por el principio de oficialidad - proceso penal-, ni las partes son dueñas de establecer el objeto del proceso ni pueden disponer de éste libremente mediante el desistimiento, ni cabe que la parte activa renuncie o que la pasiva se allane, o que ambas transijan, con los efectos propios de tales actos de disposición.

Por otra parte, aunque pueda confiarse en la iniciativa de los sujetos procesales en cuanto a la aportación de los hechos y a la proposición de las pruebas, el órgano jurisdiccional no se encuentra vinculado a tal iniciativa e incluso puede establecerse que sea él quien debe tornarla. Tampoco hay vinculación del órgano jurisdiccional respecto del planteamiento jurídico que las partes puedan hacer, puesto que ese planteamiento no enlaza con un poder de disposición particular, que haya de ser respetado. Finalmente, la actividad procesal y la resolución que ponga término al proceso estarán delimitadas, no tanto por pretensiones de las partes, corno por la situación real con dimensiones jurídicas, que ha dado origen y sentido al proceso. Las pretensiones no serán del todo irrelevantes, pero su relevancia guardará relación con la necesidad de preservar los principios de audiencia e igualdad, dentro de una estructura procesal dual y de controversia. Las pretensiones de las partes, no entrañarán, en un proceso regido por el principio de oficialidad, limitaciones del Tribunal fundadas en el respeto a unos inexistentes derechos e intereses legítimos de sujetos particulares.

3.5.3. EL PRINCIPIO DEL «JUEZ NO PREVENIDO»

Cuando el fin del proceso exige una investigación de oficio, a cargo del órgano jurisdiccional, ocurre que el titular o los titulares de dicho órgano pueden adquirir prevenciones acerca de los hechos investigados y, así, que quien dirija la investigación se forje una idea concreta de los hechos y adquiera una prevención o prejuicio, porque el avance del proceso implica enjuiciamientos provisionales sobre conductas. Con el propósito de que lo que decida el contenido de la sentencia definitiva sea el fruto de una limpia e igualitaria contienda procesal, contemplada y valorada por el Tribunal sentenciador con garantía de plena imparcialidad, se dispone que aquél o aquellos que dirigieron la investigación no puedan intervenir en la decisión, es decir, sean «jueces no prevenidos». Este principio puede concretarse con articulaciones diversas. En el proceso penal español, sus dos principales fases son competencia de dos distintos órganos jurisdiccionales: el juez instructor dirige la fase de instrucción, preliminar o preparatoria del juicio; otro órgano, bien unipersonal o colegiado, se encarga de ordenar y dirigir la fase de plenario o del prejuicio que se entienden ordinariamente inevitables como consecuencia de la instrucción o investigación. Este principio es un genuino principio procesal, porque no se trata sólo ni principalmente de una opción sobre la estructura y la configuración formal del proceso, sino de un criterio básico para decir el Derecho con las debidas garantías de acierto.

3.6. LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

Vienen reguladas en el Libro III (Del Régimen de los juzgados y Tribunales), Título III (De las actuaciones judiciales), Capítulo IV (De las resoluciones judiciales), artículos 244 al 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Artículo 244:

-Las resoluciones de los Tribunales cuando no estén constituidos en Sala de justicia, las de las Salas de Gobierno y las de los jueces y Presidentes cuando tuvieren carácter gubernativo, se llamarán acuerdos.

-La misma denominación se dará a las advertencias y correcciones que por recaer en personas que estén sujetas a la jurisdicción disciplinaria se impongan en las sentencias o en otros actos judiciales.

Artículo 245:

-Las resoluciones de los jueces y Tribunales que tengan carácter jurisdiccional se denominarán: providencias, cuando tengan por objeto la ordenación material del proceso; autos, cuando decidan recursos contra providencias, cuestiones incidentales, presupuestos procesales, nulidad del procedimiento o cuando, a tenor de las leyes de enjuiciamiento, deban revestir esta forma; y sentencias, cuando decidan definitivamente el pleito o causa en cualquier instancia o recurso, o cuando, según las leyes procesales, deban de revestir esta forma.

-Las sentencias podrán dictarse de viva voz cuando lo autorice la Ley.

-Son sentencias firmes aquellas contra las que no quepa recurso alguno, salvo el de revisión u otros extraordinarios que establezca la ley.

-Llámese ejecutoria el documento público y 'solemne en que se consigna una sentencia firme. Las ejecutorias se encabezarán en nombre del Rey.

Artículo 246:

En los casos en que la Ley ordene al Secretario formular propuesta de resolución, el juez podrá adoptar la modalidad de «conforme» o dictar la resolución que proceda. Solamente se puede dar el caso de propuestas de providencias y propuestas de autos.

Artículo 247:

Las resoluciones judiciales que se dicten oralmente y deban ser documentadas en acta en los juicios verbales, vistas de los pleitos o causas y demás actos solemnes incluirán la fundamentación que proceda.

Artículo 248:

-La fórmula de las providencias se limitará a la determinación de lo mandado y del juez o Tribunal que las disponga, sin más fundamento ni adicciones que la fecha en que se acuerden, la firma o rúbrica del Juez o Presidente y la firma del Secretario. No obstante, podrán ser sucintamente motivadas sin sujeción a requisito alguno cuando se estime conveniente.

-Los autos serán siempre fundados y contendrán en párrafos separados y numerados los hechos y razonamientos jurídicos y, por último, la parte dispositiva. Serán firmados por el juez, Magistrado o Magistrados que lo dicten.

-Las sentencias se formularán expresando, tras un encabezamiento, en párrafos separados y numerados los antecedentes de hecho, hechos probados, en su caso, los fundamentos de derecho, y, por último, el fallo. Serán firmados por el juez, Magistrado o Magistrados que lo dicten.

-Al notificarse la resolución a las partes, se indicará si la misma es o no es firme y, en su caso, los recursos que procedan, órgano ante el que deben interponerse y plazo para ello.

JOSÉ MARÍA SERRANO BERMÚDEZ

4.1. INTRODUCCIÓN

Perito es la persona que, sin ser parte del proceso, emite declaraciones sobre hechos que tienen carácter procesal en el momento de su captación, para cuyo conocimiento o apreciación son necesarios o convenientes conocimientos científicos o artísticos. La declaración que emiten los peritos se denomina informe o dictamen pericial. El informe de peritos es una diligencia sumarial de carácter personal; ahora bien, como sucede con los testigos, los peritos no tienen la condición de parte procesal. La actuación de los peritos tiene una notable importancia, en cuanto que descubren al juez, en base a los conocimientos especializados que tienen, procesos técnicos o reglas de experiencia de los que él puede carecer.

4.2. CONDICIONES SUBJETIVAS DE LOS PERITOS

Los peritos pueden ser personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. Como garantía de capacidad, la Ley prescribe que los peritos tengan un título oficial de una ciencia o arte reglamentado por la Administración (peritos titulares), pero, en su defecto, pueden actuar quienes, careciendo de título oficial, tengan conocimientos o prácticas especiales en alguna ciencia o arte (peritos no titulares) (Artículos 457 y 458 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). En la práctica es sumamente frecuente requerir la actuación de organismos oficiales con un alto grado de especialización e importantes medios técnicos (tal es el caso del Instituto Nacional de Toxicología, de los Institutos de Medicina Legal o de los Servicios de Policía Científica). En cuanto al número, la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige que el reconocimiento se haga por dos peritos, pues la pluralidad de peritos no sólo es una garantía de imparcialidad sino también, porque la confrontación y discusión de al menos dos puntos de vista puede contribuir al esclarecimiento de la verdad. Se exceptúa el caso de que no hubiese más de uno en el lugar y no fuere posible esperar la llegada de otro sin graves inconvenientes para el curso del sumario. La actuación de los peritos en un proceso concreto está condicionada, además, por un encargo judicial. El nombramiento se hará saber por medio de oficio, que les será entregado con las formalidades prevenidas para la citación de los testigos. Si la urgencia del encargo lo exige, podrá hacerse el llamamiento verbalmente, pero extendiendo siempre el atestado (Artículos 460 y 461 de la Ley de Enjuiciamiento Crúninal).

El servicio pericial está configurado en la Ley corno una doble obligación que comprende acudir al llamamiento judicial y prestar el informe pericial. Si incumpliera alguna de estas obligaciones incurrirá en las responsabilidades señaladas para los testigos en el Artículo 420. En tanto en cuanto el perito es obligado a prestar un servicio profesional, tiene derecho a reclamar los honorarios e indemnizaciones que sean justos, si no tuvieren, en concepto de tales peritos, retribución fija satisfecha por el Estado, por la Provincia o por el Municipio (Artículo 465).

4.3. CONTENIDO DEL INFORME

Lo que ha de ser objeto de la pericia variará en razón de la naturaleza de los hechos que dieron lugar al sumario y de las circunstancias que han de ser averiguadas. Por esta razón, la Ley establece que el informe comprenderá las siguientes partes:

-La descripción de la persona o cosa que sea objeto del mismo, en el estado o del modo en que se halle.

-Una relación detallada de todas las operaciones practicadas por los peritos y de su resultado.

-Las conclusiones que en vista de tales datos formulen los peritos, conforme a los principios y reglas de su ciencia o arte.

4.4. LUGAR, TIEMPO Y FORMA DE LA PERICIA

De la Ley de Enjuiciamiento Criminal se desprende que la pericia ha de realizarse en el local del órgano jurisdiccional, pero, obviamente la índole de las operaciones puede provocar que éstas se lleven a cabo en otro lugar. En cuanto al tiempo, se admite la suspensión de la diligencia hasta otra hora u otro día cuando los peritos necesitaran descanso o cuando lo exigiera la naturaleza de las operaciones. Por lo que respecta a la forma, entendido que el reconocimiento se compone por lo general de actos puramente materiales, el informe se pue de emitir oralmente o por escrito siendo preciso en este caso la ratificación en presencia judicial. La práctica de la diligencia es secreta; presidirá el juez que instruya la causa, el cual será asistido por el Secretario.

4.5. PROCEDIMIENTO DE LA PERICIA

Tampoco el procedimiento se adecua a las necesidades de la pericia en la actualidad. La Ley prescribe que antes de dar comienzo al acto, los peritos prestarán juramento de proceder bien y fielmente en sus operaciones, y de no proponerse otro fin más que el de descubrir y declarar la verdad. El juez manifestará claramente a los peritos el objeto del informe. Los peritos procederán a la realización de las operaciones o reconocimientos que fuesen necesarios para lo cual el juez les facilitará los medios materiales necesarios. Si tuvieran necesidad de destruir los objetos, deberá conservarse, a ser posible, parte de ellos en poder del juez para que, en su caso, pueda hacerse un nuevo análisis. Hecho el reconocimiento, podrán los peritos, si lo pidieren, retirarse para deliberar y redactar las conclusiones. Presentadas éstas, el juez podrá hacer a los peritos las preguntas que estime pertinentes y pedirles las aclaraciones necesarias. Las contestaciones de los peritos se considerarán como parte de su informe. Si los peritos discordasen y su número fuera par, el juez nombrará otro perito. En este caso, se repetirán las operaciones que se hubieran practicado y se ejecutarán otras que pareciesen oportunas. Si no fuera posible, la intervención del perito últimamente nombrado se limitará a deliberar con los demás, a la vista de las diligencias practicadas y a formular sus conclusiones (Artículo 484).

4.6. EFECTOS DE LA DILIGENCIA

El informe pericial tiene, en principio, el valor de diligencia sumarial. Sin embargo, también en este caso es posible que el informe tenga el carácter de una prueba anticipada por no poder ser reproducida en el acto del juicio oral (por ejemplo, si el objeto de la pericia tuviera que ser destruido por completo o si son precisos medios técnicos propios de lugares distintos al local del órgano jurisdiccional, de imposible traslado y, por experiencia común, de la práctica temporalmente larga). El informe pericial con valor de prueba provoca importantes modificaciones en el régimen jurídico general; a saber:

-Las partes pueden recusar los peritos designados por el Juez. Son causas de recusación de los peritos, según el Artículo 468, el parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del cuarto grado con el querellante o con el reo, el interés directo o indirecto en la causa o en otra semejante, y la amistad íntima o la enemistad manifiesta.

-Cada parte tiene derecho a nombrar, a su costa, un perito para que intervenga en el acto.

-Los acusadores particulares y el encausado podrán estar presentes con sus representantes en la realización de la diligencia y someter a los peritos las observaciones que estimen oportunas y solicitar del juez la formulación de cuantas preguntas y aclaraciones estimen necesarias.

4.7. LA FASE PROBATORIA DEL JUICIO

La práctica de la prueba se realizará contradictoriamente en vista pública, lógica consecuencia de la igualdad y de la publicidad, reconocidas constitucionalmente (Artículos 14 y 120 de la Constitución Española). Si bien la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil - Ley 1/2000 - contempla excepciones a la mencionada publicidad, tanto en modo general como en determinados procesos especiales. La presencia del Tribunal será obligada en el interrogatorio de las partes y de los testigos, en el reconocimiento de lugares, objetos o personas, etc., así como la del Secretario judicial; es decir, dicha presencia se exigirá en aquellos actos probatorios que requieran una operación mental de valoración, exclusiva del juzgador. Lo contrario podría incurrir en nulidad. Otros actos como la presentación de docu mentos probatorios, el reconocimiento de la autenticidad de un documento privado, la formación de cuerpos de escritura para el cotejo de letras y la mera ratificación de la autoría de dictamen pericial, esto es, los que sólo exigen la fe pública de su presentación o de la manifestación de voluntad se llevaran a cabo ante el Secretario judicial solamente, aunque el Tribunal examinará por sí mismo la prueba documental, los informes y dictámenes escritos y cualesquiera otros medios o instrumentos que se aportaran.

4.8. ADMISIBILIDAD DE LA PERICIA

El Artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil coincide con los antiguos Artículos 1242 del Código Civil y 619 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en restringir la admisibilidad de la prueba pericial a aquellos supuestos en que la decisión judicial requiera especiales conocimientos técnicos especializados: «Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes, o solicitar, en los casos previstos por esta ley, que se emita dictámenes por el perito o por el tribunal.» Así, podemos extraer las siguientes consecuencias:

-La concorde voluntad de las partes en torno a la práctica de la pericia no vincula al juez; éste podrá rechazar la prueba, no sólo si la estima impertinente, al no guardar relación con el objeto litigioso, sino también cuando la considere innecesaria, bien por no versar sobre aspectos técnicos, bien por tener carácter jurídico.

-La doctrina se encuentra dividida en torno a la admisibilidad de la pericia cuando el juez posee particularmente los conocimientos técnicos que la pericia debería proporcionarle. Si bien, nosotros consideramos que hay que distinguir entre la admisibilidad de la prueba y su valoración. El conocimiento técnico personal del juez opera sólo al término de la actividad probatoria, cuando procede a valorar críticamente los resultados de las pruebas practicadas, pero en la fase de admisión.

-La admisibi idad de la prueba debe fundarse más en criterios objetivos (la incidencia de especiales conocimientos técnicos en la decisión del proceso) que en la concreta posesión subjetiva por el juez de dichos conocimientos.

Podernos definir la prueba pericial corno el conjunto de conocimientos técnicos especializados proporcionados al juez por los peritos, poseedores de dichos conocimientos, para facilitarle la apreciación y valoración probatoria de conocimientos de carácter técnico que excedan los conocimientos genéricos del juez. La pericia tiene ciertamente una significación probatoria, aunque puede tenerla incluso fuera de la prueba.

Un sector doctrinal distingue entre el perito, corno auxiliar del juez y el dictamen pericial corno verdadero medio de prueba en cuanto no sólo aporta al Juez conocimientos especializados, sino también verdaderos hechos nuevos que por su carácter técnico no pueden ser directamente apreciados por el juez ni aportados por los restantes medios de prueba. Si el perito se limita a aportar su opinión no es un medio de prueba, pero si investiga directamente, bien en forma estática para exponer las causas de un hecho, bien en forma cinemática para explicar su desarrollo, es un verdadero medio de prueba. Se reconoce que el perito es un auxiliar técnico del juez, pero de las tres funciones principales que tiene asignadas (verificar la existencia y características de los hechos técnicos, aplicar las reglas técnicas a los hechos verificados y proporcionar al juez únicamente las reglas técnicas), se afirma que sólo en el último supuesto, en la práctica muy poco frecuente, no actuaría corno medio de prueba. Con acierto se ha señalado que el perito completa al juez, pero no lo sustituye, y que si un perito declara cómo han ocurrido los hechos después de haber analizado el material probatorio, no aporta nuevas afirmaciones al proceso, sino que valora o aprecia las ya aportadas, siendo su actuación no tanto probatoria corno jurisdiccional. «El dictamen pericial como aportación al proceso de conocimientos técnicos especializados que facilitan el juicio de hecho del Juez»; es ésta la opinión predominante en la doctrina italiana, mayoritaria en los países continentales, e influye también la hispanoamericana. Es ésta, a nuestro entender, la que mejor cumple las exigencias teóricas y prácticas de la pericia, ya que sobra explicar su fundamento y función, permite obtener su desarrollo dinámico e imparcial al apartarla de la influencia de las partes y centrarla en el auxilio a la función jurisdiccional a la que proporciona los materiales que podrán servir de base a la decisión judicial y que hubieran podido ser seleccionados directamente por el juez. En los procesos de incapacitación, según el Artículo 759 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, además de las pruebas que se practiquen de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 752 (prueba), el Tribunal nunca decidirá sobre la misma - previo el examen por sí mismo - sin un previo dictamen pericial médico.

4.8.1. OBJETO DE LA PERICIA

La redacción del Artículo 1242 del Código Civil «para apreciar los hechos», es menos acertada que la del Artículo 610 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 «para conocer o preciar algún hecho» por cuanto, si bien el Código Civil alude al llamado perito deducendi, es decir, aquel que aporta conocimientos técnicos que sirvan para valorar elementos de hecho ya existentes en el proceso, la ley procesal contempla al perito perapiendi que aporta directamente hechos nuevos al proceso y que, por tanto, debería considerarse como verdadero medio de prueba. Personalmente, consideramos que el perito debe limitarse exclusivamente a aplicar sus conocimientos técnicos a los hechos ya introducidos en el proceso, sin que pueda introducir hechos nuevos. El objeto de la pericia lo constituye la aportación al proceso de máximas de experiencia de carácter técnico especializado, que excedan el ámbito de la cultura media del juez y no puedan ser fácilmente conocidas por éste, cuya aportación de máximas se ha de verificar con respecto a determinados aspectos fácticos de interés para el proceso; ello implica que:

-Los conocimientos técnicos aportados por los peritos deben referirse a hechos ya recogidos procesalmente.

-El perito puede aplicar sus conocimientos técnicos para reconstruir hechos ya ocurridos, o sus causas, a través de las huellas que hayan sido acreditadas en el proceso, pero no puede confiársele la reconstrucción de hechos pasados que no hayan dejado huella alguna, en cuyo caso el perito se limitará a preparar, sin sustituir la actividad probatoria del juez.

-El perito puede utilizar sus conocimientos técnicos para determinar la proyección futura de unos determinados hechos actuales, en cuyo caso, en lugar de verificar las causas pasadas de hechos actuales, indagará los efectos probables de tales hechos, de donde deriva una nueva semejanza entre la presunción y pericia, fundadas ambas en principios de normalidad y probabilidad.

Particularinterés ofrece la pericia que versa sobre hechos presentes para cualificarlos o valorarlos con aplicación de máximas de experiencia. Los conocimientos requeridos para llevar a cabo dichas operaciones no tienen carácter especializado, y pueden ser perfectamente realizadas por el juez, bien personalmente, bien auxiliándose en otra persona aunque no sea perito. En este supuesto las precauciones se han de extremar, no sólo por el riesgo de falsificaciones sino además por la dificultad de que el juez valore críticamente los resultados de la pericia cuando deban efectuarse análisis físicos o químicos sofisticados que se practican en laboratorios especializados.

-Constituyendo la existencia, interpretación y alcance de las normas jurídicas, materia de la propia competencia del juez, no cabe acudir al auxilio de un tercero para proporcionarle unos conocimientos técnicos que el Juez está obligado a conocer, con la única excepción del derecho extranjero, el derecho histórico y la costumbre.

4.9. LA PERICIA CORPORATIVA

El Artículo 340.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que «podrá asimismo solicitarse dictamen en Academias e Instituciones culturales y científicas que se ocupen del estudio de las materias correspondientes al objeto de la pericia. También podrán emitir dictamen sobre cuestiones específicas las personas jurídicas legalmente habilitadas para ello». La doctrina concuerda al considerar la pericia corporativa como una forma especial de pericia cualificada al ser emitida por una persona jurídica. A nuestro entender, es indiscutible el carácter pericial del informe corporativo en cuanto completa los conocimientos técnicos precisados por el juez para la formación del juicio de hecho de la sentencia. Es criticable la falta de regulación procedimental de la pericia corporativa, a la que no pueden serle aplicados ni tan siquiera por analogía todos los preceptos relativos a la pericia individual.

4.10. NOMBRAMIENTO DEL PERITO

Siendo el nombramiento del perito una garantía esencial de imparcialidad, existen profundas discrepancias tanto en el Derecho comparado como en nuestra legislación interna, como en la doctrina, sobre temas tan esenciales como los relativos a la designación del perito por las partes o por el juez, e incluso en el número de peritos, pues aun cuando lo normal sea la designación de uno o tres peritos, existen hipótesis de dualidad e incluso de pluralidad de peritos. En la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil del 2000 se distinguen distintas formas de designación de peritos:

-Cuando el peritaje se realice extrajudicialmente, es la propia parte la que libremente efectúa la designación del perito.

-Cuando las partes, bien en la demanda o contestación, bien en la audiencia previa del juicio ordinario o en el juicio verbal, solicitasen la designación judicial de perito y estuviesen de acuerdo en que el dictamen lo emita una determinada persona o entidad, el Tribunal designará judicialmente al perito en que concuerden las partes.

-Cuando se disfrute del derecho de asistencia jurídica gratuita, la designación será a través del sistema llamado de «listas corridas», partiendo de unas listas remitidas en el mes de enero de cada año por los Colegios Profesionales, Academias e Instituciones culturales y científicas, efectuándose la primera designación por sorteo en presencia del secretario judicial, y las siguientes por orden correlativo.

Para el caso de designación de perito sin título oficial en la materia, se procederá a la insaculación entre una lista de personas proporcionada por «sindicatos, asociaciones y entidades apropiadas, que deberá estar constituida por un mínimo de cinco personas».

4.11. CAPACIDAD DEL PERITO

Su capacidad se deriva de la posesión de conocimientos técnicos de interés para el proceso, sin que sea indispensable, aunque sí tenga carácter preferente, la posesión de título, ni la colegiación del perito, requisito exigido sólo para proceder a la designación judicial mediante el sistema de listas corridas. No se requiere, por tanto, la residencia del perito en el partido judicial ni el pago del Impuesto sobre Actividades Económicas, requisitos exigidos en el Artículo 616 de la LEC 1881 para la insaculación del perito.

4.12. LEGITIMACIÓN DEL PERITO

La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil obliga a distinguir entre los peritos de parte y los designados judicialmente:

-Respecto de los peritos de parte no se plantean problemas de legitimación, ya que la mera aportación del dictamen pericial por la parte implicará por sí sola la aceptación del cargo. La existencia de circunstancias que puedan afectar la imparcialidad del perito no influyen en su legitimación, sino exclusivamente en la valoración del dictamen pericial, estableciendo los Artículos 343 y 344 un sistema de tachas.

-Por el contrario, respecto de los peritos de designación judicial se garantiza la imparcialidad obligando al perito sospechoso a abstenerse en el supuesto de concurrir alguna de las causas de recusación y abriéndose, de no abstenerse, un incidente en el que, con total amplitud de pruebas y sin ulterior recurso, se decidirá sobre la concurrencia de la causa de recusación, sustituyéndose al perito cuya recusación se declare procedente por su suplente.

Es discutible si un perito designado judicialmente puede o no negarse a aceptar el cargo, ya que aun cuando el Artículo 342.2 supedita el nombramiento del perito a la previa aceptación del cargo, se exige «justa causa» considerada «suficiente» por el Tribunal para que pueda rechazar la aceptación. Pese a dicha exigencia legal estimamos que puede eludirse fácilmente el desempeño de la función de perito bien en forma pasiva, bien activamente:

-Concediéndole al perito un plazo de cinco días para aceptar el cargo, de no aceptarlo dentro de dicho plazo, aunque nada indique la Ley de Enjuiciamiento Civil al respecto, procederá a sustituirlo por su suplente.

-La solicitud de provisión de fondos permitirá igualmente al perito de no ser constituida «quedar eximido de emitir el dictamen», con la grave consecuencia de no poder resolver sobre la cuestión técnica sin contar con el necesario asesoramiento del perito.

El Artículo 335.2 exige, tanto al perito de parte como al perito de designación judicial que manifiesten, bajo juramento o promesa de decir la verdad, que han actuado, y en su caso actuarán, con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que puedan favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conocen las sanciones penales en las que podrían incurrir si incumplieran su deber como peritos. Las consecuencias de la omisión de dicho juramento son distintas según el sistema de designación. Mientras respecto del perito de parte el incumplimiento de dicho requisito formal debe estimarse irrelevante, ya que en todo caso el dictamen obrará en los autos y el Tribunal apreciará libremente su valor, en los peritos de designación judicial es obligatorio dicho juramento o promesa para que el perito entre en el desempeño de su función.

4.13. RESPONSABILIDAD DEL PERITO

La extraordinaria importancia de su función obliga a que el perito que incumpla sus obligaciones incurra en responsabilidad, si bien éste es un postulado teórico por cuanto pocas veces se cumple en la práctica. La responsabilidad, tanto civil como penal, del perito difícilmente se exige, tanto en España como en el extranjero, pese a admitirse sin discusión la existencia de un triple orden de responsabilidades: la responsabilidad penal, la civil y la disciplinaria.

-La responsabilidad penal está tipificada en los Artículos 459 a 460 del Código Penal, que distingue entre los peritos que «faltaren a la verdad maliciosamente en su dictamen», a quienes además de las penas previstas para el falso testimonio se les impone la pena de inhabilitación especial de seis años a doce años para profesión u oficio, empleo o cargo público; de quienes sin faltar sustancialmente a la verdad, la alterasen con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que le fueren conocidos», a los que se impondrá la pena de multa de seis a doce meses y además una suspensión de seis a tres años. En todo caso, el mero error o equivocación no determina responsabilidad criminal, no siendo imputables al perito los meros errores de opinión, siendo necesario que la inexactitud sea consciente y voluntaria, es decir, que el perito diga cosa muy distinta de lo que sabe y entiende.

-Falta de regulación legal de la responsabilidad civil del perito, discutiéndose tanto su admisibilidad, cuanto su fundamento, cuanto los supuestos de responsabilidad, cuanto el procedimiento a seguir.

-Los peritos no sólo están sujetos a la responsabilidad disciplinaria del Tribunal ante el que emitan su dictamen, sino también a las establecidas en los Estatutos o Reglamentos del Colegio o institución del que formen parte.

4.14. APORTACIÓN DE DICTÁMENES DE PARTE POR ESCRITO

El legislador pretende que los dictámenes periciales se aporten, al igual que los documentos, junto con los escritos de demanda y contestación, acompañados de los documentos, materiales e instrumentos que permitan una acertada valoración de los mismos.

4.15. PROPOSICIÓN Y ADMISIÓN DE LA PERICIA JUDICIAL

La definitiva redacción de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 permite que las partes puedan optar por la pericia judicial «si entienden conveniente o necesario para sus intereses la emisión del informe pericial» en cuyo caso «el Tribunal procederá a la designación judicial de perito, siempre que considere pertinente y útil el dictamen pericial solicitado». Habida cuenta la identidad de presupuestos entre la pericia de parte y la pericia judicial, entendemos que siempre será preferible optar por esta última dadas sus mayores ventajas, que resumimos en los siguientes puntos:

-Mayor posibilidad de contradicción en trámite de aclaraciones.

-Inclusión en la tasación de costas de las devengadas por el perito judicial.

La solicitud de pericia judicial deberá efectuarse en los escritos de demanda y contestación, salvo que se refiera a alegaciones o pretensiones no contenidas en la demanda, o en el acto de la vista del juicio verbal, y si es acogida por el Tribunal se procederá a la designación del perito dentro de los cinco días siguientes a la contestación a la demanda, designándose un único perito para ambas partes cuando así lo hubieran solicitado y se mostraran de acuerdo.

4.16. RECONOCIMIENTO PERICIAL

Aun cuando normalmente las operaciones periciales se desarrollaran privadamente en el despacho profesional o en el taller industrial del perito, la presencia de las partes puede contribuir a evitar posibles errores de apreciación, sobre todo cuando se trata de recoger muestras o examinar un determinado lugar o personas, que pueden ser además objeto de falseamiento. El Artículo 345 permite, previa instancia de parte, que éstas estén presentes en el reconocimiento de lugares, objetos o personas o la realización de operaciones análogas, si con ello no se impide o estorba la labor del perito y se puede garantizar el acierto e imparcialidad del dictamen. Para llevar a cabo su misión los peritos precisarán, bien de la colaboración de las partes, bien de la realización de actos concretos, como pueden ser la entrada en determinados domicilios o la exhibición de determinados documentos.

4.17. UTILIZACIÓN DISCRECIONAL DEL JUEZ DE LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS PERICIALES

De la propia naturaleza de la prueba pericial resulta la discrecionalidad judicial para acoger o rechazar los conocimientos técnicos proporcionados por los peritos. La libertad del juez alcanza no sólo al objeto de la pericia (las má ximas de experiencia técnica) sino incluso, y con mayor razón, a los hechos y conclusiones expuestos en el dictamen pericial. Sin embargo, dicha libertad no hay que interpretarla como absoluta, dependiente de la voluntad subjetiva del Juez, sino más bien como posibilidad debidamente razonada de que éste prescinda de los conocimientos técnicos que le proporcionan los peritos. De una parte, la posibilidad de que la complejidad del dictamen pericial determine un sometimiento incondicional a la pericia, con lo que se recaería en una nueva y moderna prueba pericial tasada. De otra parte, que con fundamento en la libertad judicial se prescinda, sin justificación alguna, de los resultados de la pericia, lo cual se supera mediante motivación completa en la sentencia del dictamen pericial, tanto si se acepta como si se rechaza.

T(_)RCUATO RECOVER BALBOA

5.1. EL PSICÓLOGO COMO PERITO JUDICIAL

La prueba pericial, tal y corno es definida en la actual redacción de la Ley de Enjuiciamiento Civil, supone un medio de información al juez que puede ser usado «cuando, para conocer o apreciar algún hecho de influencia en pleito sean necesarios o convenientes conocimientos científicos, artísticos o prácticos» (Artículo 610). En sentido estricto, según ha establecido la Jurisprudencia», no es tanto un medio de prueba corno un medio auxiliar del juez para ofrecer a éste, en nuestro caso, la información que resulte de conocimientos propios de un ámbito profesional y una disciplina científica que aquél no tiene por qué conocer, de forma que lo que se pretende con esta actuación es asesorar al juez, «ilustrándole sin fuerza vinculante, sobre las circunstancias», pero queda bien claro, de la regulación legal, corno de cuanta jurisprudencia y doctrina existe al respecto, que, en todo caso, corresponde al juzgado la valoración final del informe que recibe, del que puede prescindir incluso, si lo estima conveniente, o existiendo varios informes, aceptar unos criterios y desechar otros sin otra baremación que su apreciación personal, lo que en el lenguaje judicial viene denominándose la «sana crítica» judicial'.

Ciñendo este capítulo a las cuestiones que pueden ser de interés en la intervención de los psicólogos ante los Tribunales, podernos indicar que, en los procedimientos civiles (y estos es, en lo fundamental, aplicable también a los administrativos), ésta puede producirse por tres cauces:

-Recabándola para la realización de informes como prueba preconstituida, es decir, para su presentación por la parte interesada junto a los escritos de demanda o contestación.

-Puede, igualmente, acordarse la práctica de la prueba pericial, durante el proceso, con designación del perito por las partes, bien mediante acuerdo entre ellas, bien mediante su identificación por sorteo entre varios. / 1 1 -- .l .1. 1 1 1 1 1. 1

-Cabe incluso una última posibilidad, que en la práctica procesal, especialmente en los procedimientos matrimoniales en que se debatan cuestiones referentes a menores, así como en los que versen sobre incapacitación judicial de personas con discapacidad psíquica, es bastante frecuente, mediante la que el juzgador tiene plena potestad para solicitar por sí mismo este medio de asesoramiento, incluso aunque no hubiese sido propuesto por las partes o respecto de cuestiones que éstas no hayan propuesto, sin ningún tipo de limitaciones. Es ésta también una posibilidad que desarrolla más ampliamente la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, de forma que las partes pueden solicitar que se practique a la vista de las alegaciones de la contraria, como puede también acordarla el juez si lo considera necesario.

5.2. EXIGENCIAS DEONTOLÓGICAS EN LA INTERVENCIÓN JUDICIAL

No se pretende efectuar en estas breves notas un examen detallado de la prueba pericial desde un punto de vista procesal, ya que lo que realmente puede preocupar o interesar a los profesionales de la Psicología al respecto (y lo que es objeto de consideración en este capítulo) son exclusivamente las condiciones de su intervención, y lo que particularmente importa es subrayar las exigencias deontológicas de ésta. Es necesario recordar que cualquiera que sea la forma en que el psicólogo es designado para emitir informes en el procedimiento judicial, incluso aun cuando fuese a petición de parte, y, por tanto, para aportar al procedimiento determinada información técnica que se considere conveniente para justificar las pretensiones de las partes (sería propiamente el supuesto primero de los antes indicados), la posición del perito ha de estar siempre orientada por los criterios de imparcialidad y rigor técnico, es decir, la propia posición del psicólogo, que concurre en el procedimiento judicial para suministrar al juzgador la información técnica que éste precisa, ha de estar orientada, cualquiera que sea la vía en que es designado para realizar su intervención, por los criterios que establece el Artículo 6.° del Código Deontológico del Psicólogo:

-Respetuosa con las personas.

-Acorde con los derechos humanos.

-Responsable.

-Honesta.

-Sincera con los afectados.

-Prudente en la aplicación de instrumentos y técnicas.

-Estrictamente profesional.

-Sólida en la fundamentación objetiva y científica de sus informes o intervención.

En consecuencia, aplicando las consideraciones anteriores a la actividad cotidiana del psicólogo que se dedica o que interviene, sea habitual o esporádicamente en procedimientos judiciales, es preciso ser conscientes de que la gradual apertura y conocimiento social de la actividad profesional de la Psicología supone la intervención de aquellos en áreas cada vez mayores, y, en concreto, está suponiendo que sea cada vez más habitual que se recabe la intervención de profesionales de la Psicología para establecer criterios en la determinación de decisiones respecto de la custodia de hijos menores, ampliación o reducción de derechos de visitas de los padres, incapacitaciones, adopciones o acogimientos e, incluso, en procedimientos matrimoniales contenciosos en los que se resuelve respecto de la existencia de causas que justifiquen la separación o el divorcio. En todos estos casos, y salvo excepciones (obviamente no ocurre así cuando en el procedimiento matrimonial y, por tanto, en la determinación de sus efectos, existe acuerdo previo entre las partes, supuesto que aquí no consideramos por qué en el mismo no es, por tanto, recabada la intervención del psicólogo, si bien ésta puede ser muy positiva para ayudar a alcanzar ese acuerdo siempre conveniente), la situación de las partes es de abierto enfrentamiento en sus posícíones que, a menudo, son incompatibles, por lo que la solicitud de colaboración profesional del psicólogo puede obedecer en muchos casos a la intención de encontrar una justificación externa, técnica o profesional, para apoyar las pretensiones de una de las partes frente a la otra. Esta polarización incide a menudo en que, en definitiva, lo que se busca es un informe que justifique la tesis de quien lo solicita, o incluso que deje establecido que es el contrario el responsable de las cuestiones que se solventan judicialmente, y que es la parte que solicita el informe psicológico la que sostiene la tesis y la posición acertada.

Sin caer tampoco en la deslegitiinación apriorística de tales pretensiones, lo cierto es que lo importante no es tanto que la intervención sea solicitada por las partes previamente y que, por tanto, el psicólogo intervenga a instancias de parte, o que lo sea como tal perito designado judicialmente, o incluso que lo fuese por designación del propio juzgador, sino que lo realmente trascendente, lo que debe tener siempre presente el psicólogo que interviene en un procedímiento (como lo debe tener cualquier otro técnico o profesional que lo hace en razón de su pericia) es la exigencia deontológica y la imparcialidad y rigor técnico que debe primar en su intervención; para ello, lo mejor es tener siempre presente las normas del Código Deontológico, procurar atemperar la actuación profesional solicitada con los principios en él establecidos y comprobar que, con la mayor objetividad profesional, su actuación es acorde con lo allí establecido.

Desgraciadamente, es significativo el aumento de denuncias que se viene presentando ante las Comisiones Deontológicas de los Colegios de Psicólogos de toda España, buena parte de las cuales están referidas a intervenciones realizadas en procedimientos judiciales y que, por tanto, han dañado o, cuando menos, afectado los intereses de algunas de las partes que intervienen en el mismo, lo que evidencia que no siempre los psicólogos (como pasa con otros muchos peritos que intervienen ante los Tribunales, pues no es éste un mal que afecte exclusivamente a esta profesión) tienen en cuenta los criterios que establece aquel código y los criterios propuestos en el citado Artículo 6 del mismo. Y si bien es cierto que, ante ese enfrentamiento de posiciones e intereses que es propio del procedimiento judicial, necesariamente el informe pericial beneficiará a unos y perjudicará a otros, no puede ello justificar una posición de parcialidad o de mera superficialidad en la intervención. Y esto no sólo porque el juramento que se realiza al aceptar la pericia obliga a «desempeñar bien y fielmente»4 el encargo realizado, y porque lo contrario supondría un atentando a la ética profesional exigible, sino también -y no es menos importante - porque los intereses que están en juego en buena parte de las cuestiones judiciales en que intervienen los psicólogos, son los más importantes y los más susceptibles (afectos, seguridades personales, derechos de los menores y, en definitiva, la propia vida de las personas que actúan como partes en el procedimiento), elementos estos de especial importancia y susceptibilidad.

5.3. MODIFICACIONES IMPUESTAS POR EL NUEVO TEXTO DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

Aún es más exigente la nueva regulación de la prueba pericial que establece el texto recientemente aprobado de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil5, cuyo texto impone un plus aún mayor y más expreso de imparcialidad en su Artículo 335, al añadir a la necesidad de juramento previo a la intervención pericial, ya exigido en la ley anterior, las siguientes exigencias: «2. Al emitir el dictamen todo perito deberá manifestar, bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado y, en su caso, actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.» Esta nueva regulación supone también ciertas modificaciones que, aunque de índole procesal, afectan en definitiva a la cuestión que consideramos, como el hecho de que se modifica sustancialmente el momento procesal en que es aportada esta prueba que ahora, fundamentalmente, y como principio general (que admite unas excepciones establecidas en la Ley), es aportada en el primer momento, es decir, con los escritos de demanda o contestación. De esta manera, la nueva regulación considera como tal Dictamen de Peritos lo que hasta ahora era el Informe previo que la parte aportaba con sus escritos, que podía ser impugnado, y que no tenía más consideración que el de «documentos», con lo que su emisión no estaba sujeta a juramento, y que debía, en caso de impugnación, ser ratificado por medio de la declaración, como testigo, del psicólogo que lo autorizaba, lo que no impedía, sino más bien obligaba, a una nueva prueba propiamente pericial que debía realizarse en período probatorio, es decir, durante el juicio. Frente a ello, como decimos, en el nuevo texto legal las partes pueden aportar los dictámenes periciales en el mismo momento en que expresan sus tesis, es decir, con los escritos de demanda o contestación, y el perito deberá, incluso cuando ya haya verificado su trabajo, efectuar la promesa o juramento en los términos que hemos transcrito, respecto de los cuales debemos llamar la atención en la exigencia que el precepto legal impone incluso de considerar las cuestiones que pudiesen ser perjudiciales para la parte que los aporta.

Incluye también esta nueva regulación una exigencia especialmente interesante y que, sin duda, puede introducir nuevas controversias en la aplicación de esta prueba, ya que el Apartado 3 del Artículo 336 establece, por primera vez, la necesidad de que, con el dictamen, se aporten los medios usados por el perito para llegar a las conclusiones por él establecidas: «3. Los dictámenes se formularán por escrito acompañados, en su caso, de los demás documentos, instrumentos o materiales adecuados para exponer el parecer del perito sobre lo que haya sido objeto de la pericia. Si no fuese posible o conveniente aportar estos materiales e instrumentos, el dictamen contendrá sobre ellos las indicaciones suficientes. Podrán asimismo acompañarse al dictamen los documentos que se estimen adecuados para su más acertada valoración.» Es esta, como decíamos, un cuestión de gran relevancia, pues de una parte, obliga al perito (aquí al psicólogo) a concretar las técnicas e instrumentos utilizados para efectuar su informe, con suficiente precisión, lo cual está en línea con lo impuesto por los Artículos 6, 17, 25 y 48 del propio Código Deontológico del Psicólogo, y, desde luego, supone una mayor garantía de rigor técnico, puesto que desde el uso de test o instrumentos diferentes pueden alcanzarse soluciones o conclusiones también diferentes, con lo que lo más atinado al rigor es efectivamente establecer cuáles han sido los utilizados. Pero es que, además, el texto que dejamos citado obliga también a aportar estos medios o instrumentos, estos soportes, con el propio informe o dictamen. Sin embargo, en muchos casos no procederá la presentación y, por tanto, la publicidad (siquiera sea en los términos y entre quienes tienen acceso al procedimiento judicial), de estos instrumentos, e incluso puede ocurrir que su divulgación fuera del estricto ámbito terapéutico o profesional no sea recomendable o pueda producir efectos negativos, cuestión ésta que debe valorar el propio profesional y por la que debe velar éste, para lo que encontrará apoyo en lo establecido en el Artículo 46 del tan citado Código Deontológico y así deberá hacerlo constar en su dictamen y defenderlo justificadamente en caso de que sea requerido para ello. Como el texto de la ley es claro y, por tanto, puede, tanto el juez como la parte adversa, reclamar la documentación e instrumentos usados para el informe, entendemos que lo más conveniente será que, cuando sea posible y no existan derechos en juego, de los interesados, o de menores, que puedan ser afectados, se aporten y, cuando menos, y desde luego siempre, citarlos, indicar con claridad en el propio texto del informe cuáles han sido los medios, métodos, pruebas y sistemas usados para la elaboración del mismo y para las hipotéticas propuestas terapéuticas que, en su caso, se puedan realizar.

Finalmente, para concluir este somero análisis de las modificaciones impuestas por la nueva norma procesal, hay que indicar que también podrán las partes solicitar la pericia a la vista de las alegaciones que se realicen. Sería el caso, por ejemplo, de que discutiéndose un tema de custodia de menores, no se haya aportado con la demanda, por no considerarlo necesario, pero al alegar en la contestación la posible inconveniencia de un mayor contacto con alguno de los progenitores - por plantear una hipótesis - la parte afectada solicita, a la vista de ello, un dictamen pericial sobre esta cuestión; e incluso el informe pericial de un psicólogo puede ser acordado por el propio juez o Tribunal, imponiendo la Ley para este supuesto6, por primera vez, algo que se ha realizado, pero de forma voluntaria en alguno órganos judiciales y que, así, se generaliza: la existencia de una relación formal de profesionales que puedan efectuar pericias de este tipo, para lo que el juzgado se dirigirá al Colegio profesional, en el mes de enero de cada año, solicitando una relación actualizada en tal sentido, efectuándose la designación por sorteo de entre ellos para el primer asunto en que sea necesario, siguiendo el orden correlativo para los asuntos siguientes, con lo que se institucionaliza y se establece como obligatorio una práctica saludable y conveniente tanto para el órgano judicial, el Colegio Profesional y los propios profesionales que intervengan en este ámbito de la Psicología. Contempla también la Ley' la posibilidad de que, previamente a su aceptación, el perito pueda recabar una provisión de fondos que, de no aportarse, le permitirá eximirse de realizar el dictamen para el que hubiese sido designado, lo cual constituye un instrumento ágil para una situación de impago demasiado frecuente.

5.4. ESPECIAL MENCIÓN EN LA INTERVENCIÓN RESPECTO DE MENORES

Al hilo de lo expuesto anteriormente, y por lo frecuente de tales intervenciones, no quería terminar sin hacer una indicación en relación con una situación que origina numerosas consultas, al solicitar el padre o la madre la intervención profesional para sus hijos menores cuando existe enfrentamiento en las posiciones respecto de la custodia, el régimen de visitas e incluso cuando se solicita esta actuación para recabar datos que hay que aportar en el proceso matrimonial. Es conveniente recordar lo que establece el Artículo 42 del Código Deontólogico que constituye un criterio a seguir en todas aquellas actuaciones en que la intervención solicitada lo es respecto de menores en procedimientos judiciales en los que sus padres mantienen posiciones contrapuestas:

Cuando (la) evaluación o intervención ha sido solicitada por otra persona Jueces, profesionales de la enseñanza, padres, empleadores, o cualquier otro solicitante diferente del sujeto evaluado-, este último o sus padres o tutores tendrán derecho a ser informados del hecho de la evaluación o intervención y del destinatario del Informe Psicológico consiguiente. El sujeto de un Informe Psicológico tiene derecho a conocer el contenido del mismo, siempre que de ello no se derive un grave perjuicio o para el/la Psicólogo/a, y aunque la realización de su solicitud haya sido hecha por otras personas.

Ello no quiere decir, por ejemplo, que en el caso de intervención con menores hijos de padres separados o que se encuentren en conflicto judicial, el psicólogo deba abstenerse de intervenir a no ser que sea autorizado por ambos progenitores. El padre o madre que tenga en su custodia al menor está perfectamente legitimado para solicitar la intervención de un psicólogo si lo estima conveniente, ahora bien, si la intervención es de una cierta importancia, es decir, no se trata de problemas o de ayuda puntual, sino que requiere de una terapia más prolongada o importante, sí será conveniente que ello sea conocido por ambos progenitores. Y, desde luego, lo que no debe admitir el psicólogo es que por la vía de la ayuda a uno de los cónyuges, o al menor, lo que se busque sea obtener un informe de referencias respecto del otro progenitor que no es objeto de la evaluación o tratamiento, maniobra que es a menudo perseguida en muchos procedimientos judiciales y que ha motivado no pocas denuncias a colegiados ante las Comisiones Deontológicas, y que está expresamente sancionada por el Artículo 42 del Código Deontológico.

Como antes señalábamos, es cada día más frecuente -y aún lo será más con el tiempo al ampliarse el número de conflictos sociales y personales sobre los que deban pronunciarse los Tribunales - la intervención de los psicólogos o, dicho de otro modo, el que ésta sea recabada para arrojar luz en las cuestiones que deban ser resueltas por los juzgados y Tribunales. Pero, no debe olvidarse que esa mayor demanda no puede justificar nunca una degradación del rigor científico y profesional de esta intervención.

ANEXO 1. REFERENTES CONSTITUCIONALES

Título preliminar:

Artículo 1.

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Artículo 9.

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

2. La Constitución garantiza el principio de la legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no fa vorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la irresponsabilidad y la interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos.

Artículo 24.

Todas las personas tienen derecho a obtener la Tutela Judicial Efectiva de los jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

1. Asimismo, todos tienen derecho:

-A un Juez ordinario predeterminado por la ley.

-A la defensa y asistencia de un letrado.

-A ser informado de la acusación formulada contra ellos.

-A un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías.

-A utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa.

-A no declarar contra sí mismos.

-A no confesarse culpables.

-A la presunción de inocencia.

Título VI:

Artículo 117.

1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

2. Los jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos o trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.

3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgado y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.

Artículo 122.

1. La Ley Orgánica del Poder Judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico, de los jueces y Magistrados de carrera, que formarán un cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de justicia.

2. El Consejo General del Poder judicial es el órgano de gobierno del mismo.

ANEXO 2. LOS ÁMBITOS DE LA JURISDICCIÓN

1.Jurisdicción Civil.

2.Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

3.Jurisdicción Social.

4.Jurisdicción Criminal.

5.Jurisdicción Militar.

-La Jurisdicción Canónica como propia del Derecho Eclesiástico.

ANEXO 3. LA INTERVENCIÓN DEL PSICÓLOGO EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL

1. En el ámbito del Derecho de Familia (custodia de hijos, régimen de visitas, causas de separación, etc.).

2. En el ámbito del Derecho Penal. Apreciación de eximente o de circunstancias atenuantes o agravantes.

3. En el ámbito del Derecho Civil:

-Valoración de daños psicológicos derivados de accidentes.

-Incapacitación judicial.

4. En el ámbito del Derecho Social. Valoración de incapacidades psicológicas.

5. En el ámbito del Derecho Eclesiástico o Canónico. La nulidad matrimonial por causas psicológicas o por incapacidad para asumir las responsabilidades del matrimonio.

ANEXO 4. LA PRUEBA PERICIAL EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO

1. INFORME PREVIO AL JUICIO

Artículo 265.

A toda demanda o contestación habrán de acompañarse:

4.°. Los dictámenes periciales en que las partes apoyen sus pretensiones.

4. En los juicios verbales el demandado aportará los documentos, medios, dictámenes o informes en el acto de la vista.

Artículo 336.

1. Los dictámenes de que las partes dispongan, elaborados por peritos por ellos designados y que estimen necesarios o convenientes para la defensa de sus derechos, habrán de aportarlos con la demanda o con la contestación.

11. INFORME SOLICITADO DURANTE EL JUICIO

Artículo 337.

1. Si no les fuera posible a las partes aportar dictámenes de peritos por ellas designados, junto con la demanda o la contestación, expresarán en una u otra los dictámenes de que, en su caso, pretendan valerse, que habrán de aportar para su traslado a la parte contraria siempre antes de la audiencia previa al juicio ordinario o de la vista del juicio verbal.

3. Las partes podrán solicitar que si desean que los peritos comparezcan en el juicio, expresando si deberán exponer o explicar el dictamen o responder a preguntas, objeciones o propuestas de rectificación o intervenir de cualquier otra forma útil para entender o valorar el dictamen en relación con lo que sea objeto del pleito.

Artículo 338.

También podrán aportarse dictámenes durante el juicio cuando su necesidad o utilidad se ponga de manifiesto a causa de alegaciones del demandado al contestar. En ese caso las partes podrán solicitar que asista el perito de acuerdo con lo indicado anteriormente. Esta presencia podrá ser también solicitada por el juez.

Artículo 339.

4. Las partes podrán solicitar que se proceda a la designación judicial de peritos, si entendieren conveniente o necesario para sus intereses la emisión de informe pericial. En tal caso, el Tribunal procederá a la designación si lo entendiese pertinente y útil. El dictamen será a costa de quien lo haya solicitado, sin perjuicio de lo que se determine en cuanto a costas.

111. INFORME SOLICITADO POR EL JUEZ

Artículo 339.

5. El Tribunal podrá, de oficio, designar perito cuando la pericia sea pertinente en procesos sobre declaración o impugnación de la filiación, paternidad o maternidad, sobre la capacidad de las personas o en procesos matrimoniales.

IV PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN JUDICIAL DE PERITO

Artículo 341.

1. Nombramiento de la lista de pericias judiciales que tendrán que elaborar los Colegios profesionales y actualizar cada año.

Artículo 339.

4. Por acuerdo de las partes.

Aceptación y provisión de fondos.

Artículo 342.

1. Se comunicará al perito designado para que proceda a aceptar y jurar el cargo. De excusarse alegando justa causa se designará al siguiente de la lista y así sucesivamente.

2. El perito podrá pedir, en los tres días siguientes a su nombramiento, la provisión de fondos que considere necesaria, que será a cuenta de su liquidación final. El Tribunal decidirá sobre la provisión y requerirá a las partes para que abonen la cantidad en la cuenta del juzgado, en cinco días. De no hacerlo, el perito quedará eximido de prestar Dictamen sin que pueda proceder a una nueva designación.

Si hubiese sido propuesto de común acuerdo por las partes y una no pagara, se ofrecerá a la otra la posibilidad de completar lo que falte, indicando en tal caso los puntos sobre los que deba pronunciarse el dictamen, o de recuperar la cantidad depositada.

V.TACHA O RECUSACIÓN DE PERITOS

Podrá recusarse al perito por las siguientes causas:

-Ser cónyuge o pariente, por consanguinidad o afinidad, hasta el cuarto grado, de una de las partes, de sus abogados o procuradores.

-Tener interés directo o indirecto en el asunto.

-Estar o haber estado en situación de dependencia, comunidad o contraposición de intereses con las partes, sus abogados o procuradores.

-Amistad íntima o enemistad manifiesta con las partes, abogados o procuradores.

-Cualquier otra circunstancia, debidamente acreditada, que les haga desmerecer en el concepto profesional

Artículo 344.

Si la tacha menoscaba la consideración profesional o personal del perito podrá éste solicitar que, al final del proceso, el Tribunal declare por providencia que la tacha carece de fundamento.

VI. PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES EN LAS PRUEBAS

Artículo 345.

Las partes y sus defensores podrán presenciar la realización de las pruebas «si con ello no se impide o estorba la labor del perito y se puede garantizar el acierto e imparcialidad del dictamen». La parte interesada lo solicitará y el Tribunal decidirá lo que proceda.

Emisión del dictamen e intervención en el juicio.

Artículo 346.

El perito emitirá por escrito su dictamen que hará llegar al Tribunal en el plazo que se le haya señalado.

Artículo 347.

Los peritos tendrán a la vista la intervención solicitada.

Las partes y sus defensores podrán pedir:

-Exposición completa del dictamen.

-Explicación del dictamen o de alguno o algunos de sus puntos cuyo significado no se considerase suficientemente expresivo a los efectos de la prueba.

-Respuestas a preguntas y objeciones sobre métodos, premisas, conclusiones y otros aspectos del dictamen.

-Respuestas a solicitudes de ampliación del dictamen a otros puntos conexos, si pudiera llevarse a cabo en el mismo acto, y a efectos de conocer la opinión del perito sobre la posibilidad y utilidad de la ampliación, así como del plazo necesario para llevarla a cabo.

-Crítica del dictamen de que se trate por el perito de la parte contraria.

-El Tribunal también puede pedir esas explicaciones.

VII. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL

Artículo 348.

El Tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica.

VIII. LA VALORACIÓN PLRICIAL PSICOLÓGICA EN EL PROCESO PENAL

1. Causas de exención de responsabilidad penal:

Artículo 20 del Código Penal.

El que a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.

-El que por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad.

2. Circunstancias atenuantes:

Las expresadas anteriormente cuando no concurran todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad.

IX. ESTRUCTURA ADMINIS'I'RArIVO/INSTITUCIONAL

DEL ESTADO ESPAÑOL Y DE LOS TRES PODERES DEL MISMO:

1.Administración Central (Estado).

-Corona.

-Presidencia del Gobierno.

-Gobierno-Ministros.

-Secretarías de Estado o Generales.

-Directores Generales.

-Subdirectores.

Delegadosdel Gobierno en las Comunidades Autónomas.

2.Administración autonómica.

3.Administración local: Ayuntamientos y Diputaciones.

-División de Poderes:

•Legislativo: elegido en elecciones generales.

Congreso.

-Senado.

•Ejecutivo: elegido por la representación parlamentaria.

Gobierno.

•Judicial:

-Consejo General del Poder Judicial. Elegido por el parlamento.

Estructura judicial española: En consideración jerárquica:

-Ámbito Civil:

•Juzgados de Primera Instancia.

•Audiencias Provinciales.

•Tribunal Supremo, en Recurso de Casación.

-Ambito Penal.

•juzgados de Instrucción (sólo instrucción y conocimiento de juicios de faltas).

111 • Juzgados de lo Penal (conocimientos de delitos penados coi penas de menos de 6 años).

•Audiencias Provinciales.

•Tribunal Supremo, en recurso de casación.

•Audiencia Nacional. Para delitos de terrorismo y aquellos que afectan a todo el territorio nacional.

-Ámbito social.

•Juzgados de lo Social.

•Tribunal Superior de justicia de las Comunidades Autónomas.

•Tribunal Supremo en recurso de unificación de doctrina.

GUALBERTO DUELA-CASAL

6.1. INTRODUCCIÓN

Desde tiempos remotos y en distintas culturas los trastornos psicológicos han sido considerados de una u otra forma en relación a la responsabilidad de conductas tipificadas como delitos. De hecho, ya en el Derecho Romano o en las Partidas del Rey Sabio se establecía la eximente «por estar loco» en caso de homicidios, hurtos o injurias. También en los distintos códigos penales españoles y de la mayoría de los países se ha tenido en cuenta que las alteraciones psicológicas deben eximir o atenuar la responsabilidad penal. No obstante, también hay importantes diferencias entre países, por ejemplo, mientras que en la Unión Europea la deficiencia mental es considerada para estimar la responsabilidad penal, en varios estados de los Estados Unidos no se considera, y ello hasta tal punto que incluso estos sujetos llegan a ser ejecutados. Existe una gran cantidad de trastornos psicológicos que pueden determinar que una persona sea responsable, total o parcialmente, de una conducta criminal. Así, la deficiencia mental, la psicosis, la intoxicación por consumo de drogas, algunos trastornos del sueño como el sonambulismo, etc. pueden determinar la atenuación e incluso la exclusión de la responsabilidad penal (a través de distintas categorías penales). Estos trastornos están catalogados a nivel internacional y están bastante consensuados entre psicólogos clínicos y psiquiatras. La evaluación de estos trastornos en cada caso y su relación con la conducta delictiva es lo que se debe determinar en un peritaje psicológico.

La evaluación psicológica en el ámbito penal es una de las actividades más difíciles de la práctica profesional de un psicólogo, y ello por varias razones. En primer lugar, hay una gran responsabilidad ética, es decir, un error en un peritaje tiene consecuencias muy graves, pues puede determinar el futuro de una persona y no es fácil detectar el error dado que normalmente, cada perito solo evalúa una vez. En segundo lugar, la colaboración en el proceso de evaluación de la persona evaluada no siempre es positiva, pues el sujeto evaluado incluso puede estar motivado para mentir o fingir. En tercer lugar, la evaluación en sí es difícil debido a que en la mayoría de los casos hay que evaluar el comportamiento y/o trastornos de forma retrospectiva en el tiempo, es decir, resulta habitual hacer peritajes de personas que están procesadas por un delito que ocurrió hace ya varios meses. Por último, no siempre es posible poder obtener información de todos los elementos implicados (vecinos, amigos, familiares, etc.). Por otra parte, la actividad profesional de los peritos psicólogos puede estar sometida a determinadas presiones sociales, especialmente cuando se producen algunos casos que tienen gran impacto en la opinión pública y «no son castigados» debido al informe de un perito. Sin duda, esto es una consideración errónea, pues los peritos evalúan los casos que le solicitan, las implicaciones que pueda tener un resultado de un peritaje no es una responsabilidad del perito sino de la legislación o de quien la aplica. De hecho el perito no es más que un asesor del juez o Tribunal, que en definitiva son quienes juzgan y deciden.

Otra muestra de la dificultad de la actividad de los peritos psicólogos y/o psiquiatras es que, en ocasiones, distintos peritos pueden llegar a resultados y conclusiones diferentes. Esto frecuentemente se ha mal interpretado argumentando que esas discrepancias están en función de la parte de la que han sido propuestos los peritos. El porqué distintos peritos pueden llegar a conclusiones diferentes cuando evalúan un mismo caso no se explica en función de estar propuesto por una de las partes, sino por el hecho de que existen diferentes modelos y técnicas para evaluar el comportamiento humano. Esto puede explicar que se llegue a resultados diferentes o al menos no coincidentes. No obstante, otra razón muy frecuente es que se evalúan áreas diferentes, por ejemplo, si un perito evalúa la existencia de un trastorno psicológico determinado y otro no evalúa ese trastorno, la interpretación no debe ser que los peritajes no coinciden, la interpretación correcta es que un perito evaluó ese trastorno mientras que el otro no. Eso debe quedar claro en los informes cuando se especifiquen las áreas que se han evaluado. Por otra parte, un buen informe de un peritaje debe incluir como anexos el registro de las respuestas de las pruebas aplicadas, de esta forma, cualquier perito puede revisar los resultados y conclusiones de otros peritos. Además, cuando se utilizan pruebas objetivas de evaluación, la subjetividad del perito no puede influir en los resultados y, por tanto, nada tiene que ver con la parte que propone el peritaje. Por último, hay que señalar que en un mismo caso los peritos no utilizan el mismo tiempo para evaluar, por ejemplo, si un perito aplica una prueba general en una hora, no llegará a los mismos resultados que otro perito que aplica 10 pruebas más específicas durante 20 horas y esto lamentablemente no se suele tener en cuenta.

6.2. ASPECTOS ÉTICOS Y DEONTOLÓGICOS

Los aspectos éticos y deontológicos están presentes en todo el proceso de evaluación desde la aceptación del caso hasta la presentación del informe oral durante el juicio. Y ello especialmente en los siguientes ámbitos:

Laformación del perito psicólogo: en la licenciatura de Psicología se adquieren unos conocimientos básicos en evaluación psicológica, psicopatología y psicología jurídica que le capacitan (al menos con un criterio académico) para este tipo de actividad. No obstante, dada la importante implicación ética de este ámbito profesional, sería conveniente adquirir algún tipo de formación complementaria, como por ejemplo, máster, especialidad, diplomatura, etc. relacionado con este tipo de actuación profesional. En España el Colegio Oficial de Psicólogos (COP) ha establecido los contenidos y los criterios que debe cumplir un programa de especialización de postgrado en Psicología jurídica yen el futuro se debería crear una acreditación profesional tanto para psicólogos como para psiquiatras. En la actualidad, en España, hay dos másters de formación que siguen el programa de contenidos propuestos por el COP en el «perfil del psicólogo jurídico», uno es el Máster de Psicología Forense organizado por la AEPC en colaboración con la Fundación Empresa Universidad de Granada y, el otro, el Máster de Psicología jurídica organizado por el COP de Andalucía Oriental.

-Aspectos motivacionales en el peritaje; aquí hay que distinguir tres niveles:

•La «intencionalidad en la evaluación». Es algo evidente que la intención que tiene un perito a la hora de evaluar influye en los resultados y en los juicios de valor que emita en el informe oral y/o escrito. Por ejemplo, si un perito utiliza instrumentos que evalúan personalidad y no psicopatología, es evidente que no podrá saber si el sujeto evaluado tiene alguna psicopatología. El perito debe tener una actitud neutra pero debe tratar de analizar la imputabilidad y los posibles trastornos relacionados con el caso.

•Influencia motivacional del sujeto evaluado. Algunos sujetos cuando son evaluados, siendo conscientes de la importancia de los resultados del peritaje, tratan de influir en los peritos. En este nivel se puede considerar fingir trastornos, contestar erróneamente de forma voluntaria, mostrarse como víctima de la situación para influir en el perito, etc.

•Influencia motivacional de otras personas. Ante un peritaje pueden aparecer intentos de influir en los resultados; esta influencia puede ser desde muy sutil hasta explicita, a veces intencionada y otras no. Este efecto puede proceder de los letrados implicados, familiares y/o amigos de la persona procesada, medios de comunicación, etc. Como es lógico, la actitud del perito debe ser totalmente neutra ante estas posibles influencias.

-Garantías científicas de los instrumentos. Sin duda alguna, la calidad científica de los instrumentos utilizados en una evaluación psicológica dentro de un proceso de peritaje influye en los aspectos éticos y deontológicos. En caso de utilizar instrumentos con pocas garantías científicas, esto debe hacerse explicito en el informe escrito y en el oral. Sería importante establecer algún protocolo de evaluación en el que sólo se permitiese utilizar aquellas pruebas que están avaladas a nivel científico. Lo cual, sin duda, nos llevaría a una mayor calidad de los peritajes y también a un mayor acuerdo entre los distintos peritos.

6.3. DETERMINAR LA IMPUTABILIDAD Y LA RESPONSABILIDAD

La evaluación de la imputabilidad y la consecuente responsabilidad es uno de los objetivos primordiales de un peritaje psicológico en el ámbito penal. Es lo que clásicamente se ha denominado mens rea, la denominación latina del estado de conciencia de una persona que es consciente y, por tanto, responsable de una conducta que está tipificada como delito. En los distintos códigos penales de los países occidentales la imputabilidad se identifica con la «voluntad consciente», es decir, cuando una persona actúa voluntariamente y es consciente de las circunstancias y de las consecuencias que tiene su comportamiento. La responsabilidad penal es una consecuencia de la imputabilidad; una persona imputable es responsable ante la sociedad a través del sistema penal. No obstante, en la mayoría de países la responsabilidad se considera gradual, al menos con tres niveles: responsable (imputabilidad), responsabilidad atenuada (semiimputable) e irresponsable (inimputable). Así, la función de los peritos es identificar y evaluar los posibles trastornos psicopatológicos y su relación con la conducta delictiva. Esto que en sí mismo resulta difícil, es más complejo cuando hay que determinar si ha habido o no un trastorno mental transitorio, que como se comenta en el Capítulo XI de este mismo manual, aunque es una tipología creada por un psiquiatra, fue desarrollada por los juristas y no por los profesionales de la Psicología o la Psiquiatría.

En el sistema penal español para que se considere la existencia de trastorno mental transitorio tienen que cumplirse una serie de criterios: a) aparición brusca, b) pérdida de la capacidad intelectiva y/o volitiva, c) corta duración, d) que no queden secuelas, y e) que no sea autoprovocado. Cuando se produce el trastorno mental transitorio se considera que la persona no es imputable, es decir, no es responsable de lo que hizo y, por tanto, queda exento de cualquier pena (aunque se podrían tomar medidas de seguridad). Si las criterios no se cu mplen totalmente se entiende que hay una situación de semiimputabilidad. Sin embargo, si la pérdida de las capacidades volitivas e intelectivas no es total, entonces se habla de arrebato u obcecación y en este caso se considera que la persona es parcialmente responsable (imputable) y, por tanto, es una condición atenuante. En definitiva, el perito no sólo debe establecer si el sujeto es imputable, sino además el nivel de imputabilidad.

Existen otras funciones del perito forense en el ámbito penal como son el asesoramiento al juez o a la policía durante la fase de instrucción de un caso, la evaluación de la capacidad para ser juzgado, la autopsia psicológica (determinación del estado psicológico de una persona fallecida), la evaluación de la veracidad de las declaraciones y testimonios, el asesoramiento en la selección del jurado, la evaluación de la peligrosidad durante el internamiento en prisión y/o en situaciones de permisos, la evaluación para la orientación de tratamientos psicológicos y/o el internamiento en centros de seguridad y rehabilitación, etc.

6.4. CONCEPTO Y FASES DE UN PERITAJE PSICOLÓGICO FORENSE

Un peritaje psicológico penal es una evaluación psicológica realizada, en un proceso penal, con la finalidad de establecer la imputabilidad (responsabilidad) de una persona en relación con una o más conductas tipificadas como delito. Por tanto, al igual que cualquier tipo de evaluación psicológica, deben estar presentes: un evaluados, una persona evaluada, instrumentos y/o técnicas de evaluación. Esto que parece de lo más elemental no siempre se tiene en cuenta, pues se dan casos reales de «peritajes» donde el perito evalúa a un sujeto sin estar presente, por ejemplo por medio de entrevistas con terceras personas (que en ocasiones incluso son parte interesada en el proceso). Esto en realidad no es un peritaje, sólo un documento más que puede manejar un perito en relación al caso, pero siempre debe realizarse el peritaje directamente sobre la persona objeto de evaluación. Sólo se admite la excepción de la autopsia psicológica, pero que en realidad no es estrictamente un peritaje. La evaluación debe ser sistemática y estructurada siguiendo las fases que se describen a continuación.

6.4.1. INFORMACIÓN DEL CASO

El perito debe recabar la mayor información posible del caso, pues el peritaje no es una simple evaluación psicológica de un sujeto, ya que los datos que se obtengan de la evaluación deben ser relacionados con los hechos por los que el sujeto está procesado. Dicha información se puede obtener del sumario, del procedimiento abreviado, de los letrados, familiares, informes clínicos previos y, en algunos casos, del propio sujeto procesado o de una (o ambas) de las partes implicadas, etc. La información del caso es imprescindible para realizar un buen peritaje psicológico. Por otra parte, en función de esa información, el perito puede decidir si asume o no el caso, pues debe considerar si es de su competencia y/o especialidad.

6.4.2. PLANIFICACIÓN DEL PERITAJE

En esta fase se debe organizar el procedimiento del peritaje, partiendo de la información sobre el caso, la demanda del peritaje y la información obtenida en la entrevista inicial con el sujeto. Esta primera entrevista es imprescindible para analizar la versión que el sujeto da de los hechos, su nivel sociocultural y de comprensión, el grado de colaboración que muestra, etc. Esta información permite seleccionar el modelo más adecuado de evaluación en función del caso y, a su vez, el tipo de pruebas psicológicas más idóneas para ese sujeto. Es en esta fase donde el perito debe hacer las hipótesis, que en definitiva será lo que tiene que informar posteriormente. No obstante, hay que resaltar que las hipótesis planteadas no deben limitarse a lo estrictamente solicitado en la demanda del peritaje, pues en muchos de los casos ésta se solicita de forma genérica, por ejemplo, «evalúese inteligencia y personalidad». En realidad el perito debe evaluar todos los aspectos psicológicos y psicopatológicos que tienen relación con el caso.

6.4.3. APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS

El proceso de aplicación de las pruebas está en función del modelo de evaluación seleccionado previamente, por ejemplo, no se sigue el mismo proceso para aplicar un test que para realizar un análisis funcional. El proceso seguido debe garantizar la validez interna de la evaluación (lo cual también varia en función del modelo de evaluación); para ello, hay que tener en cuenta:

-Las garantías científicas de las pruebas y su aplicación adecuada; que se adapten al nivel del sujeto y a sus características.

Quese apliquen de forma racional en función del tiempo; esto también está en función del sujeto evaluado: en unos casos más de dos horas de evaluación suponen fatiga para unos sujetos mientras que otros pueden ser evaluados durante períodos más prolongados. Es aconsejable alternar pruebas de rendimiento con otras pruebas diagnósticas que no producen fatiga. De igual forma es importante una planificación temporal en función de la fecha prevista del juicio y/o la de entrega fijada para el informe escrito. Es muy importante no agotar los plazos, pues podría ocurrir que al analizar los resultados de la evaluación el perito vea conveniente aplicar alguna otra prueba y ya no tenga tiempo para ello.

-El lugar físico y la situación en la que se realice la evaluación deben ser idóneos. La evaluación debe realizarse en una habitación adecuada (bien en las clínicas forenses o bien en la prisión). Debe haber una buena situación de interacción entre evaluador y evaluado; se desaconseja, por ejemplo, la aplicación de las pruebas a través de un cristal de seguridad, en presencia de policía, etc.

-En el momento de la evaluación, el sujeto debe estar en buenas condiciones para realizar la evaluación; algunos sujetos se muestran muy estresados ante la evaluación y por lo que ésta pueda implicar, etc.

En resumen, el psicólogo forense debe aplicar las pruebas en un contexto ambiental, temporal y personal adecuado que garantice la calidad de los datos obtenidos.

6.4.4. EL CONTROL DE LA SIMULACIÓN

La evaluación psicológica en el ámbito forense se diferencia, entre otros aspectos, en la actitud de colaboración del sujeto evaluado. Mientras que en un contexto clínico, un paciente siempre está motivado para colaborar y facilitar infor mación veraz, en un peritaje el sujeto evaluado puede estar motivado a mentir o simular, dado que el resultado de la evaluación puede beneficiarle o perjudicarle de cara al resultado final del juicio. Por tanto, el perito debe considerar siempre una posible simulación, aunque también es cierto que tras la entrevista inicial el perito puede comprobar cómo en algunos casos los sujetos muestran una actitud muy colaboradora y en otros se encuentra con sujetos que no tienen la capacidad para simular. En los casos en que el perito considera que el sujeto puede simular debe extremar las medidas para detectar la posible simulación. Para ello existen múltiples procedimientos, la mayoría de los cuales son analizados en otros capítulos de este libro, entre ellos, cabe destacar la psicofisiología forense, el análisis de la veracidad de las declaraciones, el análisis de la coherencia de los trastornos descritos y sus síntomas, las escalas de sinceridad de algunas pruebas psicológicas, la aplicación cruzada de pruebas (se aplican pruebas con niveles de dificultad cruzado y los resultados consecuentemente deben ser coherentes), la aplicación de pruebas paralelas, la aplicación de las mismas pruebas con un intervalo de tiempo considerable, etc.

6.4.5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En el análisis de los resultados hay que tener presente si los datos obtenidos entre las distintas pruebas son coherentes y, a su vez, también con la información adicional de que se dispone, por ejemplo, una persona que ha tenido un buen historial académico no puede tener un bajo nivel intelectual. Otro aspecto muy importante es comprobar si se cumplen las hipótesis de partida con respecto al caso. En función de ello, puede determinarse que es suficiente la evaluación efectuada o quizá resulte necesario aplicar alguna prueba más.

6.4.6. REDACCIÓN DEL INFORME ESCRITO

El informe escrito del peritaje es el documento en el que se detalla tanto el trabajo realizado como las conclusiones a las que se llega. Por ello, su redacción debe ser clara y estar bien organizada de forma que un profano en la materia pueda entenderlo; no hay que olvidar que el informe no se redacta para otro psicólogo o psiquiatra, sino para el Juez, Tribunal y/o jurado. Todo informe de un peritaje psicológico debe incluir la siguiente información (véase el capítulo siguiente):

-Datos de identificación: nombre del perito/s, rango académico y su cargo correspondiente relacionado con la especialidad y número de colegiado; entidad que solicita el informe; y nombre de la persona evaluada, número o clave de identificación de la causa.

-Relación de áreas evaluadas Éstas se presentan de forma organizada según una clasificación coherente (inteligencia, psicopatología, etc.), enunciando de forma clara cada una de las áreas evaluadas.

-Instrumentos utilizados. Se relaciona cada uno de los instrumentos y se debe indicar las garantías científicas de aquellos instrumentos que no sean muy conocidos.

-Fases y procedimiento. Aquí se describe el lugar y las fechas y duración de las sesiones de evaluación, pormenorizando lo realizado en cada fase.

-Descripción detallada de los resultados. Ésta es la parte más amplia del informe dado que se describe con detalle los resultados en función de las áreas evaluadas y los instrumentos utilizados.

-Conclusiones de la evaluación. Se resumen los resultados en función de los diagnósticos clínicos o juicios a los que llega el perito.

-Conclusión general en relación a los hechos; a esta fase también se le suele denominar «discusión o conclusión forense». El perito debe explicar y fundamentar su conclusión acerca de la relación entre los resultados de la evaluación y los hechos, centrándose especialmente en aquellos aspectos que influyen en la imputabilidad. Pero es muy importante limitar las conclusiones a las áreas evaluadas; por ejemplo, si sólo se ha evaluado personalidad y no psicopatología no se puede concluir que no se ha encontrado ningún trastorno psicopatológico. Es opcional que este apartado se sitúe en la primera página, inmediatamente después de las áreas evaluadas, pues es una forma de facilitar a los Jueces, Tribunales, Jurados o abogados la lectura del apartado que más les interesa.

-Anexos. Se recomienda, siempre que sea posible, que se aporten los protocolos de las pruebas donde aparecen las respuestas del sujeto evaluado. Ello no sólo da más credibilidad al peritaje sino que además permite la comparación entre distintos peritajes, lo cual es de máximo interés en los casos de discrepancia utilizando las mismas pruebas.

6.4.7. PRESENTACIÓN ORAL DEL PERITAJE

Esta fase es tan o incluso más importante que la fase anterior. En muchas ocasiones los informes son leídos previamente de forma escueta centrándose en las conclusiones, sabiendo que durante la fase del juicio se puede concretar directamente con el perito. Durante esta fase el perito puede ser preguntado por todos aquellos aspectos relacionados con su informe escrito pero también sobre aspectos no evaluados o resultados obtenidos por otros peritos. En cualquier caso se deben seguir las siguientes normas de actuación:

-Adecuar la terminología al nivel de la audiencia. El perito no habla para otro perito sino para profanos en la materia y por ello debe utilizar un lenguaje que sea entendido por la audiencia, poner ejemplos que ayuden a la comprensión e incluso definir términos técnicos de forma que puedan ser entendidos.

-Dirigirse a la persona o personas a las que se está asesorando, y ello independientemente de quien pregunte. Por ejemplo, si el abogado de una de las partes pide una aclaración al perito, éste debe contestar dirigiéndose al Jurado, que es, en definitiva, el destinatario del mensaje. Hablar de forma clara, con un tono de voz adecuado para ser escuchado en la sala.

-Limitar las conclusiones al peritaje realizado. Durante la fase oral el perito no debe concluir nada que no se deduzca de los datos de su evaluación. Cuando es preguntado sobre otros aspectos no evaluados en su peritaje, puede contestar dando su opinión, pero resaltando que es su opinión y que en ese caso no se apoya en datos propios.

-Tratar de explicar las posibles diferencias con las conclusiones de otros peritajes. Estas diferencias pueden ser debidas a los modelos de evaluación utilizados por los distintos peritos; en estos casos hay que tratar de explicar que en realidad dichos peritajes no son contradictorios, lo que ocurre es que los modelos de evaluación utilizan criterios diferentes para evaluar y, en función de ello, se llegan a resultados diferentes, pero no contradictorios. Otra fuente de aparente discrepancia es que mientras que un perito encuentra un trastorno otro no lo encuentra, y la explicación puede ser que uno no evaluó ese trastorno, por tanto no hay contradicción. Sin embargo, si dos peritos evalúan un mismo trastorno con los mismos instrumentos y llegan a conclusiones diferentes hay que analizar el procedimiento y los protocolos de las pruebas de ambos informes, pues debe haber algún error que explique esas diferencias en las conclusiones; de ahí la necesidad de incluir en los anexos los protocolos y formularios aplicados al sujeto.

-Tener una actitud neutra en la presentación oral del peritaje. El perito es un técnico que está asesorando en función de un trabajo realizado; que el peritaje sea tenido en cuenta o no, que influya o no en la resolución final del juicio no tiene que ver con el prestigio y/o la calidad del perito. De igual forma, no debe implicarse emocionalmente ante las preguntas de los letrados o ante las críticas acerca de su peritaje.

ANEXO 1. CASO PRÁCTICO

El señor Lombroso prendió fuego a la casa de su ex esposa en el momento en que ésta y su hija se encontraban dentro.

INFORMACIÓN DEL SUMARIO

Denuncia efectuada por la señora Ankara, ex esposa del señor Lombroso

Manifiesta: Que la noche del viernes, día 15, el denunciado comenzó a romper la puerta de su domicilio y que fueron a presentar denuncia a comisaría y que cuando volvieron la puerta estaba totalmente destrozada. Que la policía les aconsejó que la arreglasen provisionalmente. Que las denunciantes subieron al piso de arriba, que se puede cerrar aislándolo del de abajo con una reja. Que allí pasaron la noche en un colchón, que estaban en la vivienda además de la declarante, su hija y su hermana. Que sobre las 9:00 h. oyó una gran patada en la puerta y los gritos de los vecinos diciendo: «¡Que hay fuego!», que salieron a la terraza y que la Guardia Civil colocó una escalera larga en un patio colindante al de su casa y que por ahí salieron. Que de la casa no queda nada y que hasta el techo se está cayendo. Que su esposo había amenazado de muerte en varias ocasiones a la declarante y a sus hijas y que les dijo que las cosas no iban a quedar así. Que no es cierto que el viernes 15 estuviera la declarante con su ex esposo tomando café en su casa, ya que le tienen mucho miedo.

Leída la presente declaración la firma la declarante por estar de acuerdo con su contenido.

Declaración de la señora Iria (hija de Lombroso)

Manifiesta que el día 15 de marzo, su padre llegó al domicilio familiar, y empezó a dar golpes en la puerta, y entrando a la vivienda, la quemó y la dicente lo vio cuando salió de la misma. Que produjo daños en toda la vivienda, pero en concreto lo que la dicente denuncia son los daños producidos en el coche y la motocicleta, ambos de su propiedad. La compañía de seguros no se hace cargo de los daños ocasionados y ese es el motivo para formular la presente denuncia.

Leída la presente declaración la firma la declarante por estar de acuerdo con su contenido.

Declaracion de la señora Bora Laurin (testigo presencial)

Manifiesta que sobre las 9:00 h, cuando pasaba la declarante por la calle paseando a su perro, vio a Lombroso que llegaba en el coche. Que lo paró en la puerta, y se bajo llevando en la mano una botella como de agua conteniendo un líquido de color amarillento. Que pegó un golpe en la puerta de la casa de las denunciantes, que entró en la misma y que enseguida bajó corriendo, cogió el coche y se fue. Que en aquel momento la declarante oyó gritar: «¡Que está saliendo humo!», y acudieron varias personas a auxiliarla, así como la Guardia Civil. Que la casa ha quedado totalmente destrozada. Que las denunciantes salieron por la terraza que da a la calle y al patio de una vecina por una escalera de mano que pusieron. Que antes de anoche estando la declarante en la puerta de la calle con familiares de Lombroso, llegó éste y se acercó a la hija mayor, y le dijo que venía a decirles que o arreglaban esto o que las cosas les irían muy mal o algo parecido.

Leída la presente declaración la firma la declarante por estar de acuerdo con su contenido.

Declaración del señor Lombroso en el momento de la detención

Preguntado, para que diga si roció con gasolina la puerta del domicilio de su ex-esposa, contesta que no recuerda nada. Preguntado para que diga si recuerda haber comprado una lata de gasolina, contesta que no recuerda nada. Preguntado para que diga si estuvo en la casa de su ex mujer y provocó daños en la puerta de la entrada, contesta que no recuerda nada, pero quiere añadir que en la tarde del día anterior estuvo en el domicilio de referencia en compañía de su ex esposa y la madre de ésta, tomando café y desarrollándose la reunión entre los presentes de forma normal, habiendo estado con anterioridad en unión de su exesposa en la playa, en el restaurante «Marius». Preguntado para que diga si ha tenido con su ex esposa algún motivo de discordia para haber generado dicha conducta sobre los hechos de los que dice no recordar, contesta que no ha tenido nada, si bien manifiesta estar en estado depresivo por lo cual ha estado en situación de baja laboral.

En prueba de conformidad firma la presente declaración.

INFORME REALIZADO POR EL PERITO ROMO FULL, LICENCIADO Y DOCTOR EN PSICOLOGÍA. SOLICITADO POR LA AUDIENCIA DE MONTERREY (REF. A-264). PERITAJE PSICOLÓGICO DEL SEÑOR LOMBROSO

Areas evaluadas

1.Evaluación y análisis de la conducta en relación a los hechos.

2.Trastornos psicopatológicos.

2.1.Memoria.

2.2.Trastornos de personalidad.

2.3.Trastorno distímico.

2.4.Alcoholismo.

2.5.Trastornos disociativos.

Instrumentos utilizados

-Entrevista.-

-Programa Integrado de Exploración Neuropsicológica: Test Barcelona.

-Escala de Inteligencia Wechsler para Adultos.

-Entrevista Clínica sobre Trastornos Psicopatológicos del DSM-IV (SCID-I).

-Inventario Clínico Multiaxial de Millon-II. MCMI-II.

-Entrevista de historia de consumo de bebida.

-Test de Alcoholismo de Múnich (MALT-S).

-Cuestionario Breve de Alcoholismo (CBA) de Feurlein.

-Cuestionario Breve de Alcoholismo (CAGE)

-Entrevista Clínica Estructurada de Trastornos de Personalidad del DSM-IV (SCID-II).

Fases y procedimiento

La evaluación se llevó a cabo en la Clínica Médico Forense de Monterrey, en una habitación adecuada para este tipo de evaluaciones. Debido al tiempo necesario para realizar este peritaje se organizó en 2 fases:

-Primera fase (22 de mayo de 1996). Se realizó una entrevista inicial, el Inventario Clínico Multiaxial de Millon y la SCID-II para la evaluación de trastornos de la personalidad. Esta fase se realizó entre las 10.00 y las 14.00 horas.

-Segunda fase (23 de mayo de 1996). Se aplicó la Entrevista Estructurada para los Trastornos de la Personalidad, las pruebas de memoria del Programa Integrado de Exploración Neuropsicólogica, las pruebas de memoria de la Escala Wechsler para Adultos y los cuestionarios de evaluación del alcoholismo. Esta fase se realizó entre las 10.00 y las 13.30h.

En cuanto al procedimiento se siguió el adecuado en cada caso, siendo además realizado en colaboración de una ayudante psicóloga, lo cual facilita el proceso de evaluación en las entrevistas y la aplicación de las pruebas.

Descripción detallada de los resultados

1. Entrevista inicial (resumen de la entrevista realizada 14 meses después de los hechos).

El día 15 de marzo de 1995 el señor Lombroso (según su propia manifestación) estuvo almorzando en un restaurante con su ex mujer y la hermana de ésta. Posteriormente, después de comer dice haber estado tomando café en compañía de su ex esposa y de familiares de ésta, luego fue a pasar la tarde en la playa con su ex esposa. Según el señor Lombroso, él y su ex esposa habían acordado salir esa noche. Así, él se fue a casa de su madre para arreglarse y posteriormente recoger a su ex mujer. Manifiesta que antes de salir de casa tomó dos fármacos (Distraneurine y Notropil). A las 10 de la noche llegó a casa de su ex mujer y estuvieron hablando en el porche de la casa, él cenó un bocadillo que ella le dio. Aproximadamente a las 11 de la noche llamaron por teléfono y ella estuvo un rato hablando por teléfono. Posteriormente ella le dijo que se podía ir pues no quería salir. El se fue a su coche y cuando se encontraba dentro pensó que ella había decidido no salir por motivo de la llamada telefónica, que él atribuía al amigo íntimo de su ex esposa. En ese momento ella se había ido a casa de unos vecinos y él se aproxima a la puerta de la casa de su ex esposa e intenta abrirla con una llave. Cuando se encuentra en esta situación llega un policía, que él considera amigo de su ex mujer debido a que los vio varias veces juntos en lugares de diversión, y le ordena que le siga en su propio coche, mientras el policía se marcha en su coche en compañía de su ex mujer. El señor Lombroso decide no seguirle y se dirige a la puerta de la casa a la cuál le da varias patadas hasta tirarla. Posteriormente, se fue a un bar de verano conocido como «el chiringuito La Luna», donde estima que llegó pasada la una de la madrugada y estuvo allí hasta las 3 ó 4 de la mañana. Allí tomó entre 3 y 4 combinados y luego se marchó a casa de la madre a dormir y antes de dormir tomó dos fármacos (Distraneurine). A la mañana siguiente lo despertó su madre a las 8 de la mañana y él se encontraba muy mal y se tomó dos fármacos (Notropil y Distraneurine), luego se fue en su coche para repartir los cupones de lotería en diversos bares. De camino se paró en una gasolinera para repostar y recordó que un amigo le había encargado gasolina para la moto, lo cual era una práctica habitual que incluso su ex esposa hacía en el pasado. Allí se encontró con un amigo que le dijo: «Lombroso hay que ver lo que hiciste anoche.» Él se dirigió a casa de su ex esposa, aunque no sabe muy bien para qué. Cuando llegó encontró la puerta atada con alambres, re cuerda que entró y dio voces para ver si había alguien en casa; nadie contestó y, a continuación, se fue a la cochera donde vio un coche que él consideró que era un regalo del amigo íntimo de su ex esposa a ésta. Dice que le impactó que aquel coche estuviese en lo que él considera que es su cochera. Así, se fue a su coche y cogió la gasolina y la roció encima del coche, luego le prendió fuego y se asustó ante la intensa llamarada y salió corriendo. Lo siguiente que recuerda es que estaba en los bares repartiendo los cupones de lotería. Por la tarde se fue a la playa con una amiga. Esa noche cuando estaba en casa de su madre llegó la policía para detenerlo, él pensaba que venían por motivo de que había roto la puerta de la casa de su ex esposa la noche anterior y les dijo que iría cuando le enseñaran una orden judicial. Según su versión la policía se fue y al día siguiente, el domingo, se fue otra vez a la playa con su amiga. El lunes 18 los agentes de la policía se presentan otra vez en casa de su madre y le indican que por su propio bien se persone en la comisaría al día siguiente, dado que ha prendido fuego a la casa de su ex esposa. Él dice que no recuerda nada pero que iría a comisaría para ver qué pasa.

Conclusión: existen importantes discrepancias entre los hechos relatados en el sumario según diversos testigos (y otros datos del sumario, como su primera declaración) y su versión; por ello, se pueden plantear diversas hipótesis: problemas de memoria, amnesia disociativa o una posible simulación.

2. Evaluación de los trastornos psicopatológicos

2.1. Evaluación de la memoria

Para evaluar la memoria se aplicó la Escala de Inteligencia de Wechsler para Adultos (escala de memoria). Esta escala está considerada como un test de memoria a corto plazo o memoria inmediata. Por otra parte, se aplicaron diversas pruebas de memoria del Programa Integrado de Exploración Neuropsicológica (Test Barcelona). Los resultados fueron los siguientes:

-Memoria de la Escala Wechsler: 9 puntos (inferior al percentil 10).

-Memoria de textos: percentil 20.

-Memoria textos preguntas: inferior al percentil 10.

-Memoria diferida de textos: percentil 15.

-Memoria diferida preguntas: inferior al percentil 10.

-Aprendizaje seriado de palabras: inferior al percentil 10.

-Memoria visual de elección: percentil 15.

Conclusión: presenta un nivel de memoria muy limitado, situándose siempre por debajo del percentil 15, tanto en recuerdo inmediato como a largo plazo o en capacidad de aprendizaje.

2.2. Trastorno límite de la personalidad (301.83 DSM-IV)

Se puede decir que las personas poseen una personalidad normal, sana, cuando manifiestan la capacidad para afrontar el ambiente de un modo flexible y cuando sus percepciones y conductas típicas fomentan el aumento de la satisfacción personal. Por el contrario, cuando las personas responden a las responsabilidades diarias de una forma inflexible, muestran una tendencia a fomentar círculos viciosos autodestructivos y una fragilidad o falta de resistencia bajo condiciones de estrés subjetivo que tienen como consecuencia un malestar personal o una reducción de las oportunidades para evolucionar, entonces podemos hablar de un patrón patológico desadaptativo. La evaluación de los trastornos de la personalidad se llevó a cabo a través de la Entrevista Clínica Estructurada para los Trastornos de la Personalidad del DSM-V (SCID-II). Los resultados obtenidos tras la evaluación de los trastornos de la personalidad nos indican que nos encontramos ante una persona que presenta trastorno límite de la personalidad. Los criterios diagnósticos que definen a este trastorno se describen a continuación. El trastorno límite de la personalidad lo define el DSM-IV por la inestabilidad de las conductas interpersonales, de la imagen de uno mismo y por una notable impulsividad. Las características más llamativas de las personas que presentan este trastorno son la intensidad de sus reacciones emocionales, la inestabilidad de sus estados de ánimo y la gran variedad de síntomas que presentan. Pueden pasar abruptamente de un ánimo deprimido a una agitación ansiosa o a una ira intensa; también emprenden de modo impulsivo acciones que más tarde reconocen como irracionales y contraproducentes. Lo típico es que presenten un patrón de problemas erráticos, incongruentes, impredecibles y que pueden funcionar con competencia y eficacia en algunos aspectos de la vida, mientras tienen dificultades enormes en otras. Los individuos límites no están necesariamente en un torbellino continuo y pueden experimentar períodos prolongados de estabilidad. Además, suelen poner de manifiesto otros problemas, estados de fuga psicógena, depresión, psicosis reactiva breve, etc.

El Inventario Clínico Multiaxial de Millon presenta un trastorno de personalidad límite caracterizado por experimentar intensos estados de ánimo endógenos, con períodos recurrentes de abatimiento y apatía, frecuentemente entremezclados con períodos de enfado, inquietud o euforia. Aparece desregulación de sus afectos, a través de la inestabilidad y labilidad de su estado de ánimo. También aparecen pensamientos recurrentes de suicidio, preocupación excesiva por asegurar el afecto de los demás; tiene dificultad por mantener un claro sentido de identidad y muestra una evidente ambivalencia cognitivo-afectiva con sentimientos simultáneos de rabia, amor y culpabilidad hacia los otros.

2.3. Trastorno distímico (300.4 DSM-1V) (neurosis depresiva)

El Inventario Clinico Multiaxial De Millon muestra neurosis depresiva (distimia); las puntuaciones altas indican que aunque no aparezcan en el momento actual, se ha visto afectado por un período de dos o más años con sentimientos de desánimo o culpabilidad, una carencia de iniciativa y apatía en el comportamiento, baja autoestima y con frecuencia expresiones de inutilidad y comentarios autodesvalorativos. Durante los períodos de depresión ha habido llantos, ideas suicidas, sentimientos pesimistas hacia el futuro, alejamiento social, excesivas ganas de comer, agotamiento crónico, pobre concentración, pérdida marcada de interés por actividades lúdicas y una disminución de la eficacia en cumplir tareas ordinarias y rutinarias de la vida.

2.4. Alcoholismo (303.90 DSM-IV)

Los resultados obtenidos en los instrumentos de evaluación del alcoholismo fueron los siguientes:

-Test de alcoholismo de Munich: puntuación 24 (máximo 26).

-Cuestionario breve de alcoholismo (CBA): puntuación 21 (máximo 22).

-Cuestionario breve de alcoholismo (CAGE): puntuación 4 (máxima).

En la entrevista de historia de consumo de alcohol se recoge la siguiente información. Se pone de manifiesto que el abuso del consumo de alcohol comenzó aproximadamente cuando tenía 30 años de edad, es decir, una historia de 16 años de consumo excesivo. Durante este tiempo solicita ayuda terapéutica en 1991; hasta entonces había intentando controlar el consumo por sí mismo, fracasando en ello. Apoyado por su esposa, en 1991 acude al Centro de Rehabilitación de Monterrey. Durante cinco años asistió periódicamente a estos centros pero sin eficacia terapéutica, ya que sólo consiguió disminuir algo el consumo, pues reconoce que bebía de forma oculta. A partir de 1994 incrementa el consumo a causa de que su esposa le comunica que quiere separarse. Debido a problemas económicos y al estado de separación incrementa aun más el consumo de alcohol a partir de febrero/marzo de 1995. Cuantitativamente, el consumo evolucionó de la siguiente forma:

-Período 1989-1991: 16 litros de vino y una botella de güisqui por semana (llegó a beber incluso colonia cuando no tenía alcohol). En este período estaba de baja laboral.

-Período 1992-1994: reduce gradualmente el consumo, en parte se relaciona con la asistencia a los centros de tratamiento y a que comienza a trabajar como vendedor de lotería.

-Período 1994-1995: pasó de un consumo de una copa de licor, una cerveza y tres combinados (refresco con licor) al día, a un consumo por día de 3 copas durante la mañana y 7 combinados y una copa a mitad de la noche.

El Inventario Clínico Multiaxial de Millon-II indica en Abuso de alcohol puntuaciones altas, lo que muestra una historia de alcoholismo, habiendo hecho esfuerzos para superar este problema con mínimo éxito y, como consecuencia, experimentando un malestar considerable tanto en la familia como en el entorno laboral.

Conclusión: ha existido una gran dependencia de consumo de alcohol, pues como queda de manifiesto en los distintos instrumentos utilizados, las puntuaciones alcanzan los valores más altos en casi todos ellos.

2.5. Trastornos disociativos (300.14 DSM-lV y 300.12 DSM-IV)

La entrevista diagnóstica de los trastornos psicopatológicos según el DSM-IV muestra un trastorno de identidad disociativa (300.14 DSM-IV). La característica principal de este trastorno es la existencia de dos o más estados de personalidad (Criterio A) que controlan el comportamiento de un individuo de manera recurrente (Criterio B). Existe además una incapacidad para recordar información personal importante que es demasiado amplia para poder ser explicada a partir del olvido ordinario (Criterio C). Esta alteración no es debida a efectos fisiológicos directos de una sustancia o enfermedad física (Criterio D). Habitualmente los distintos estados de personalidad son opuestos, siendo frecuente negar el otro estado de personalidad y además algunas veces el estado de personalidad más hostil tiende a controlar al otro estado de personalidad. Normalmente, los individuos que presentan este trastorno presentan problemas de memoria, tanto remota (memoria a largo plazo) como reciente (memoria a corto plazo). En el presente caso se presentan dos estados de personalidad claramente opuestos, uno caracterizado por una persona dócil, amable, comprensiva y sentimental que es la que ha mostrado a lo largo de las distintas fases de la evaluación del presente peritaje; por otra parte, tal como se desprende de las distintas informaciones recogidas en el sumario, nos encontramos con un estado de personalidad opuesto al anterior dado que se caracteriza por una personalidad agresiva, violenta y poco tolerante. Por otro lado, también se produce la incapacidad para recordar información importante (los hechos) y esta alteración no fue debida a la ingesta de alcohol, pues manifiesta que ese día no consumió. Por último, hay que resaltar que se presentan otros síntomas asociados a este trastorno como son: a) durante la evaluación niega el estado de personalidad violento y agresivo, b) se presentan déficits de memoria tal y como se demostró en la pormenorizada evaluación neuropsicológica mencionada anteriormente, c) se presenta trastorno límite de la personalidad, d) se presenta alcoholismo y, e) se presenta trastorno del estado de ánimo: distimia (neurosis depresiva).

Conclusión: en el presente caso se cumplen los cuatro criterios diagnósticos y los síntomas asociados al trastorno de identidad disociativo según el DSM-IV.

2.6. Amnesia disociativa (300.12 DSM-IV)

La amnesia disociativa consiste en una incapacidad para recordar información personal importante, generalmente de naturaleza traumática o estresante, que es demasiado amplia para ser olvidada por el olvido ordinario (Criterio A). En este trastorno se produce una alteración reversible de la memoria que impide al paciente recordar experiencias previas y no es debida a los efectos fisiológicos directos de alguna sustancia o a otra enfermedad neurológica o médica (Criterio B). Los síntomas deben provocar malestar clínico significativo o deterioro social, laboral o de otro tipo (Criterio C). La amnesia disociativa consiste, la mayor parte de las veces, en uno o más episodios de imposibilidad para recordar acontecimientos de la vida del individuo. Estos episodios suelen aparecer tras acontecimientos traumáticos o situaciones muy estresantes. Algunas personas presentan este tipo de amnesia en episodios de automutilación, de explosión de violencia o de intentos de suicidio. La amnesia disociativa puede presentarse, aunque no es muy frecuente, de manera repentina. Es más probable que esta forma aguda de amnesia tenga lugar durante un acontecimiento bélico o después de una catástrofe natural. El tipo de altera ción de la memoria que se produce en este caso se denomina amnesia localizada y se caracteriza por una incapacidad para recordar los acontecimientos que se han presentado en un período de tiempo concreto, por lo general las horas que siguen a un acontecimiento profundamente perturbador o estresante. Por otra parte, a partir de los tres o cuatro meses del ingreso en prisión la amnesia localizada se transforma en otro tipo de amnesia denominada amnesia selectiva cuya característica es que el individuo puede recordar algunos acontecimientos que se han presentado durante el período de tiempo que coincide con el hecho estresante o perturbador.

Conclusión: en el presente caso se cumplen los tres criterios diagnósticos de la amnesia disociativa según el DSM-IV.

Conclusiones

-Se diagnostica un trastorno de identidad disociativo, cumpliéndose todos los criterios diagnósticos del DSM-IV y varios trastornos asociados que reafirman el diagnóstico.

•Memoria muy limitada, tanto la memoria inmediata como la memoria a largo plazo; los resultados obtenidos indican que se encuentra aproximadamente en el percentil 15, es decir, muy por debajo del grupo de personas de su edad y características.

•Trastorno de personalidad límite.

•Trastorno del estado de ánimo: distimia (neurosis depresiva).

•Alcoholismo.

-Se diagnostica un trastorno de amnesia disociativa, primero el tipo de amnesia localizada y posteriormente amnesia selectiva.

-Se concluye que el señor Lombroso, al padecer un Trastorno de Identidad Disociativo actuó controlado por un estado de personalidad violento y hostil, y que el Trastorno de amnesia disociativa explica por qué no recuerda nada sobre los hechos acontecidos en sus primeras declaraciones.

Conclusión forense

El señor Lombroso presenta diagnóstico de un trastorno de identidad disociativo según el DSM-IV. Presenta además, los síntomas asociados de déficit de memoria, trastorno límite de personalidad, trastorno del estado de ánimo (distimia/neurosis depresiva) y alcoholismo, lo cual reafirma el diagnóstico de este trastorno. Por tanto, según esto, es perfectamente coherente que el día de los hechos el señor Lombroso actuase controlado por su estado de personalidad hostil, olvidando inmediatamente lo ocurrido, tal como ocurre en este trastorno al tratarse de un hecho estresante; lo cual además coincide con el diagnóstico de trastorno de amnesia disociativa.

Monterrey, 30 de mayo de 1996.

Firmado: Doctor Romo Full.

EVA W JIMÉNEZ DEBORAH BUNCE

7.1. INTRODUCCIÓN

Dentro de la Psicología el informe psicológico va a adoptar distintas funciones dependiendo del campo en que nos encuadremos. En Psicología Clínica, Evolutiva, Experimental o Social existe la posibilidad de elaborar un informe, el cual tiene como objetivo general englobar los resultados obtenidos en toda evaluación y/o intervención psicológica. Pero en estos campos la meta final no es el informe psicológico en sí, sino los posibles logros alcanzados a través del diagnóstico y su posterior tratamiento (Psicología Clínica o Evolutiva) o las conclusiones extraídas a partir de los resultados obtenidos en todo estudio científico (Psicología Experimental o Social). En contraposición, la Psicología Forense se centra específicamente en evaluar y diagnosticar para llegar a una meta concreta que es la elaboración de un informe psicológico, bien de forma oral o escrita.

7.2. INFORME PSICOLÓGICO FORENSE

Antes de comenzar con el proceso habitual que hay que seguir para elaborar un informe psicológico forense, debemos recalcar el hecho de que todo psicólogo forense debe poseer las habilidades indispensables y necesarias para ser objetivo y de esta forma poder adoptar una posición neutra; es decir, ya que el primer requisito para elaborar un informe en Psicología Forense es que alguna persona o identidad (un particular, un abogado, la fiscalía, un juez, etc.) lo solicite de forma privada o por la vía judicial, el psicólogo no debe elaborar su in forme en función de la figura que lo haya solicitado, ni guiarse por los intereses de éste. Al fin y al cabo, el informe psicológico forense es una prueba independiente más y no importa por parte de quién se haya reclamado, puesto que si se realiza de forma adecuada se debería llegar a las mismas conclusiones viniendo de cualquiera de las partes. Aunque desgraciadamente, no son pocas las ocasiones en que se encuentran diferencias en los resultados obtenidos por distintos equipos psicológicos, de un mismo caso, dependiendo de quién haya solicitado la prueba. Pero en estos casos el problema no es de «forma» sino de «fondo», esto es, debido a una determinación a priori de lo que se quiere «concluir». Así pues, al aceptar un caso hay que dejar claro que la evaluación, desde el primer momento en que se eligen las áreas psicológicas que hay que estudiar hasta llegar a formular las conclusiones, se hará partiendo de un folio en blanco y sin garantizar que el informe apoye a los fines que el solicitante persiga.

7.3. ¿QUÉ ES UN INFORME PSICOLÓGICO?

Para entender mejor el concepto de «informe psicológico» a continuación revisaremos las definiciones que de éste han dado diferentes autores. Heiss (1964) define el informe psicológico como una representación integradora obtenida a partir de una investigación. Fernández-Ballesteros (1983) considera al informe psicológico como un documento escrito donde se presentan los resultados de las exploraciones efectuadas, a partir de las que se realizan unas recomendaciones concretas o se derivan determinados tratamientos. Por su parte, Jiménez (1997) plantea que todo informe psicológico consiste en una comunicación (oral o escrita) donde por una parte, se presenta una síntesis de la evaluación o diagnóstico efectuado, por otra parte se indica el tratamiento más adecuado o recomendaciones de actuación y, por último, se da respuesta al motivo de la consulta u objetivos planteados. Englobando estos conceptos nosotros definiríamos el informe psicológico como un resumen detallado por escrito (con la opción de comunicarlo oralmente) de todo el proceso llevado a cabo para realizar una evaluación psicológica, desde la determinación de unos objetivos concretos, la fijación de las áreas psicológicas pertinentes que conduzcan al esclarecimiento de dichos objetivos, la metodología empleada para analizar éstas áreas, los resultados obtenidos y su significación, y las conclusiones finales a las que se llegan tras englobar todo el proceso anterior; dentro de dichas conclusiones se pueden aportar recomendaciones para posibles tratamientos o intervenciones relacionadas con el caso en cuestión.

Tras aclarar en qué consiste un informe psicológico no debemos olvidar un aspecto clave, que sin ser específico de la Psicología, es importante a la hora de elaborar un informe psicológico, esto es, el lenguaje empleado. A continuación comentamos dos normas relevantes que hay que tener en cuenta:

-Primero, hay que tener siempre presente que, en la inmensa mayoría de los casos, el informe tendrá como destinatarios a personas ajenas a la Psi cología y que, por tanto, no tienen por qué tener conocimientos de este campo. Ello implica que a la hora de redactar un informe se puede caer en la tentación de pensar que cuanta mayor terminología psicológica se emplee mejor y «más cualificado» quedará el informe, y de forma indirecta las personas que lo hayan realizado parecerán mejores profesionales. Esto es un error, puesto que si los psicólogos forenses no conseguimos que nuestros informes sean de fácil entendimiento para un amplio espectro de destinatarios, muy difícilmente se nos tomará en serio.

-Segundo, si no se consigue especificar con claridad y precisión los datos obtenidos tras una evaluación psicológica, por muy buena y detallada que haya sido dicha evaluación, ésta información se perderá, porque al no haber conseguido plasmar los resultados de forma adecuada, las demás personas (al no estar presentes durante todo el proceso necesario para realizar un informe) se quedarán con lo único que se le proporciona, un informe inadecuado.

Tan importante como el lenguaje es el estilo empleado a la hora de redactar el informe psicológico. Las reglas principales para una adecuada redacción de un informe pueden resumirse en los siguientes apartados:

-No se debe abusar de la presencia de abreviaturas, y cuando éstas se utilicen deben estar precedidas del término completo en su primera aparición, especificando entre paréntesis la abreviatura para futuras referencias.

-Lo primordial es señalar la presencia de rasgos de comportamiento más que enfocar el informe en la ausencia de estos. Esto no impide que en los casos donde la ausencia de un rasgo sea el objetivo de estudio (por ejemplo, carencia de habilidades sociales, falta de responsabilidad, bajo nivel de hostilidad, etc.) se recalque dicha ausencia.

-La redacción debe ser precisa, concisa, neutra y sin divagaciones. Cabe recordar que un informe psicológico es un documento científico y no una obra literaria; además, como es del saber popular, «lo bueno, si breve, dos veces bueno».

-El informe debe enfocarse y limitarse a los resultados obtenidos, evitando caer en la tentación de llegar a conclusiones a partir de generalizaciones, interpretaciones subjetivas, opiniones personales, etc. No se debe olvidar que hay que redactar un informe de forma que cualquier otro psicólogo pueda replicarlo y llegar a los mismos resultados.

-Por último, y como paso final, hay que revisar el informe en su totalidad para asegurarse de la no existencia de faltas ortográficas, gramaticales, semánticas, ni fallos a la hora de puntuar.

7.4. TIPOS DE INFORME PSICOLÓGICO

En sentido estricto, existen dos tipos de informe psicológico: el informe oral y el informe escrito, aunque nosotros consideramos que en la práctica solamente el informe escrito puede considerarse como un informe psicológico en sí, puesto que el oral sería una fase más de la elaboración de un informe escri to; esto es, todo psicólogo en algún momento debe transmitir los datos de su evaluación a través de la comunicación o devolución de los resultados finales obtenidos. Por tanto, una vez matizada esta diferencia, nos centraremos en los distintos tipos de informes psicológicos escritos:

-Certificado psicológico. Se enfoca en el ámbito social y en estos certificados no se hace referencia al proceso de evaluación, que suele ser muy corto; solamente se incluyen los resultados finales, sin añadir recomendaciones ni posibles tratamientos. Ejemplos de certificados psicológicos son los certificados psicotécnicos (conducir, licencia de armas), selección de personal, etc.

-Informe clínico. Se enfoca en el ámbito de la salud. Estos informes están diseñados principalmente como forma de recopilar el historial de un paciente para así hacer más fácil el seguimiento del proceso terapéutico. En este caso el informe en sí no es el objetivo final, sino que es un mero instrumento. Ejemplos de informes clínicos son los realizados tras finalizar un tratamiento psicológico, aquellos para justificar una baja laboral, etc.

Informeforense o pericial. Se enfoca en el ámbito judicial.' Estos informes son propiamente los que se encuadran dentro de la Psicología Forense. En este tipo de informes hay que ser rigurosos a la hora de especificar todo el proceso de evaluación que dará lugar a las conclusiones finales. El informe forense o pericial no es un instrumento más, sino el paso último y necesario de toda evaluación forense. Ejemplos de informes forenses o periciales son los realizados en temas de custodia, adopciones, responsabilidad penal, etc.

Contrainforme.Este tipo de informe se puede encuadrar en diversas áreas psicológicas, aunque es más común dentro del ámbito forense. No se trata de un informe psicológico en sí, sino de una crítica o revisión de un informe psicológico previamente elaborado. El objetivo de todo contrainforme es destacar los fallos metodológicos y las conclusiones erróneas a las que se ha llegado en un informe psicológico previo, recomendando las pautas a seguir y las mejoras que deberían hacerse para obtener una evaluación psicológica adecuada que permita llegar a unas conclusiones objetivas. Se debe centrar en revisar el informe original de forma neutra y objetiva, sin atacar a sus autores directa o personalmente, manteniendo en todo momento un óptimo nivel de profesionalidad.

7.5. FORMATO DEL INFORME FORENSE O PERICIAL

Antes de enumerar las partes que deben integrar cualquier informe forense, debemos aclarar que no existe un único formato. Cada profesional, a través de su experiencia y sin olvidar incorporar todos los pasos necesarios para que un informe pericial quede completo, termina adoptando su propio estilo a la hora de redactar dicho informe. A continuación comentamos los apartados que deben aparecer en todo informe forense.

-Datos de identificación. En este apartado se debe hacer constar el nombre de la persona o instancia que ha remitido al sujeto (si no ha sido el propio sujeto el que haya solicitado el informe) y la fecha de dicha remisión, así como el nombre completo del sujeto en estudio junto con el número de su documento nacional de identidad, edad, estado civil, nacionalidad y dirección actual.

-Procedimiento, dentro del que se deben incluir los siguientes elementos:

•Parámetros de la evaluación, en donde se identifican el número de sesiones de evaluación, la frecuencia correspondiente a cada sesión (aportando la fecha), su duración y el lugar donde se hayan realizado dichas sesiones.

•Áreas psicológicas, en donde se comentan las áreas psicológicas estudiadas y por qué se han elegido éstas.

•Tipo de pruebas, en donde se especifica en primer lugar el nombre, abreviatura, autor/es y fecha de cada prueba; después, se señalará lo que evalúa cada prueba, su duración, para que edades y tipo de muestra está diseñada y su fiabilidad y/o validez.

-Resultados, en donde se aportan las puntuaciones tanto directas como centiles o típicas de cada prueba, sin interpretar y explicar estas puntuaciones.

-Integración de resultados, en donde se interpretan y explican de manera objetiva las puntuaciones comentadas en la sección de los resultados. En esta sección no se debe llegar a formular o incluir conclusiones o recomendaciones.

-Sinopsis de entrevistas, en donde se resume la información obtenida a través de la/s entrevistas que se han llevado a cabo y un comentario acerca de la actitud del sujeto durante dicha/s entrevista/s (cooperación, lenguaje corporal, contacto visual, etc.).

Conclusiones.Constituye el apartado más importante del informe forense; en él se especifican las conclusiones finales que engloban todo el informe. No debe ser muy extenso y aquí es doblemente importante cuidar la redacción y el hecho de que sea fácilmente inteligible por cualquier persona ajena a la Psicología. También hay que evitar dejarse llevar por cuestiones personales e involucrarse en aspectos legales. Al final de las conclusiones se pueden incluir algunas recomendaciones con respecto al caso o posibles tratamientos, siempre y cuando éstas no se excedan del marco psicológico.

-Terminología técnica. En este apartado es necesario incluir una breve y clara definición de todos los conceptos técnicos o psicológicos que aparecen a lo largo del informe, para un mejor entendimiento de éste por parte del destinatario.

-Anexo. Este apartado está reservado para agregar, cuando sea pertinente, posible documentación que tenga relación con el caso en cuestión (dibujos, preguntas utilizadas en una prueba de polígrafo, etc.).

-Bibliografía. Aquí se debe incluir el listado de todas las referencias bibliográficas utilizadas a lo largo del proceso de evaluación y de redacción del informe.

-Por último, se debe hacer constar el nombre completo del evaluador o evaluadores, junto a su número de colegiado y su firma.

A partir de estos apartados, cada psicólogo forense debe diseñar su propio formato de un informe psicológico forense o pericial.

BIBLIOGRAFÍA

CLEMENTE, M. (1998), Fundamentos de Psicología jurídica, Madrid, Pirámide.

FERNÁNDLZ-BALLESTEROS, R. (1983), «Comunicación de los resultados del proceso: el informe», en R.Fernández-Ballesteros (dir.), Psicodiagnóstico (vol. 1), Madrid, UNED.

HEiss, R. (1964), Methodik and problematik des psychologischen Gutachtens, Gotinga, Hogrefe.

JIMÉNEZ, F. (1997), «El Informe Psicológico», en G.Buela-Casal y J.C.Sierra (dirs.), Manual de evaluación psicológica: fundamentos, técnicas y aplicaciones, Madrid, Siglo XXI, págs. 121-138.

M.' DEL CARMEN CANO LOZANO

8.1. INTRODUCCIÓN

La peritación psicológica en su aplicación al campo del Derecho Penal tiene como objetivo fundamental el establecimiento de la imputabilidad. El esclarecimiento del estado mental de los sujetos con relación a la comisión de hechos delictivos es lo que origina el mayor número de intervenciones de los psicólogos en este ámbito. Dentro de la valoración de la imputabilidad, el informe pericial sirve tanto para ayudar en la decisión sobre el grado de imputabilidad como sobre la inclusión en alguna de las figuras legales eximentes o atenuantes, puesto que los requisitos psicológicos difieren para cada uno de los supuestos expresados en el Código Penal (Micó, 1996). Desde la redacción del primer Código Penal español se admite la posibilidad de eximir de responsabilidad penal a los individuos que presentan ciertas alteraciones psicológicas en el momento de cometer el acto delictivo. Para responsabilizar a un individuo de una acción, ésta se le tiene que poder imputar. Luego la imputabilidad es una necesidad previa para la responsabilidad. No basta la simple comisión material de los hechos para que éstos puedan ser imputados a un sujeto, se necesita la presencia de una serie de características psicológicas que lo hagan imputable. Estas características están en función de la normativa, la doctrina, la jurisprudencia y el estado evolutivo psiquiátrico-social de la sociedad en la que se hace una valoración de este tipo (Micó, 1996). En general, es útil atenerse a la hora de realizar estas periciales, a la norma de relacionar la imputabilidad de un delito realizado con el trastorno mental observado, es decir, no entendiendo el concepto de «imputabilidad» como un todo, sino considerar que a un mismo sujeto puede serle imputado un acto pero no otro (Vázquez y Hernández, 1993).

Existe una fuerte polémica en torno a si el perito debe pronunciarse en términos de imputabilidad. Unos aconsejan al perito que limite todo lo posible la utilización de este término mencionando exclusivamente si se dan o no los elementos del mismo (Cabrera y Fuertes, 1997). Otros apuntan a la figura del forense como la más idónea para hacerlo señalando que el problema de la imputabilidad es un tema específico de la Psiquiatría/Psicología Forense (García Andrade, 1990). Finalmente, otros indican que la palabra imputabilidad posee un doble valor semántico y su pronunciamiento por parte del perito y el juzgador tiene distinta significación y alcance. Al psicólogo o psiquiatra forense compete pronunciarse sobre las relaciones de causalidad psíquica entre los hombres y sus acciones, es decir, sobre la imputabilidad psíquica. La última palabra sobre si el imputado es o no jurídicamente imputable, es decir, la imputabilidad jurídica, corresponde al Tribunal (Esbec y Delgado, 1994). Parece ya superada la polémica en torno a quién debe y puede por capacitación profesional dictaminar sobre la imputabilidad. Si bien el peritaje sobre la imputabilidad venía siendo realizado tradicionalmente en nuestro país por médicos-psiquiatras, cada vez son más frecuentes las periciales psicológicas solicitadas por jueces y Magistrados. No queda fuera de crítica el psicólogo o psiquiatra que carece de las más básicas nociones jurídicas y de hábito pericial, lo que conduce a informes excesivamente técnicos y escuetos cuyo lenguaje resulta incompresible para el administrador de justicia. Esta circunstancia supone como es lógico un motivo más de desconfianza por parte de jueces y Magistrados (Esbec y Delgado, 1994).

Aun cuando no es competencia del perito decidir sobre la imputabilidad, culpabilidad o responsabilidad del detenido, es preciso que conozca el concepto jurídico de imputabilidad, sus derivaciones y limitaciones así como las figuras legales que en el Código Penal español eximen de responsabilidad penal. A ello vamos a dedicar el siguiente apartado.

8.2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA IMPUTABILIDAD

8.2.1. CONCEPTO DE IMPUTABILIDAD

La ley penal describe comportamientos que desea prevenir y para ello les señala penas que varían según su gravedad y peligrosidad. En terminología jurídico-penal son los llamados hechos antijurídicos; por ejemplo, el robo, el homicidio, la violación son hechos que, en principio, la ley prohíbe bajo pena. Sin embargo, el propio Código Penal prevé una serie de eximentes que excluyen la responsabilidad penal de quienes realizan hechos como los mencionados (véase la Figura 8.1.). Algunas eximentes permiten la realización de tales comportamientos convirtiéndolos en hechos lícitos. Es lo que sucede con las causas de justificación, como la legítima defensa, el estado de necesidad o ejercicio de un derecho o un deber. En estos casos, el hecho deja de ser antijurídico, deja de es tar prohibido penalmente. El fundamento común a las causas de justificación es que suponen la concurrencia de un interés que la ley considera más importante, o al menos igual, que el interés en evitar la conducta lesiva. Pero, existen otras eximentes que excluyen la responsabilidad penal no porque hagan lícito o justifiquen el hecho sino porque, a pesar de que éste sigue hallándose prohibido por la ley penal, su autor lo comete en circunstancias personales tales que impiden afirmar su culpabilidad. La consecuencia es que tampoco cabe entonces imponer al sujeto inculpable la pena señalada por la ley al hecho antijurídico que realiza.

Figura 8.1

Eximentes de responsabilidad penal según el actual Código Penal español

La falta de culpabilidad puede proceder de factores individuales o situacionales (Mir Puig, 1991). Son factores individuales que excluyen la culpabilidad la enfermedad mental, la deficiencia intelectual, la minoría de edad penal y la alteración en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia que suponga alteración grave de la conciencia de la realidad. A factores situacionales se debe, en cambio, el miedo insuperable de un mal igual o mayor. En una zona intermedia entre lo individual y situacional debería situarse el trastorno mental transitorio. Como señala Mir Puig (1991), es conveniente matizar que la distinción entre individual y situacional no ha de entenderse de forma tajante puesto que es evidente que ambos intervienen a menudo a la vez: ni la aparición de la enfermedad mental es completamente independiente de factores situacionales ni el miedo insuperable deja de suponer una incidencia en la mente del sujeto. Mejor sería hablar de factores predominantemente individuales o situacionales. Cuando la culpabilidad falta por factores individuales se dice que ello se debe a la ausencia de imputabilidad. Lo mismo se afirma cuando concurre un trastorno mental transitorio. El enfermo mental, el individuo con retraso mental, el menor, el sordo de nacimiento, así como el que actúa en trastorno mental transitorio, son inimputables. ¿Qué es lo que tienen en común todos estos sujetos para que se afirme su inimputabilidad? Tienen en común la existencia de unas condiciones psíquicas distintas de las del adulto normal. Como hemos dicho anteriormente, la existencia de dichas condiciones no justifica el hecho sino que impide que pueda culparse al autor y excluye la posibilidad de castigo penal.

Si bien la inimputabilidad excluye la responsabilidad legal, no excluye la posibilidad de imposición de medidas de seguridad. Al suponer una anormalidad psíquica, la inimputabilidad puede delatar una personalidad peligrosa, razón por la cual la ley prevé medidas de seguridad para ciertos inimputables, por ejemplo, internamiento en un establecimiento psiquiátrico.

8.2.2. ESTRUCTURA DEL CONCEPTO DE IMPUTABILIDAD

Según la doctrina dominante en la actualidad, la imputabilidad requiere dos elementos: a) capacidad de comprender lo injusto del hecho; b) capacidad de dirigir la actuación conforme a dicho entendimiento. Esta caracterización de la imputabilidad ha venido a sustituir la noción históricamente anterior de la misma, como capacidad de conocer y querer. Se ha advertido que también los inimputables pueden conocer y querer el hecho. La persona puede saber que está matando a otra persona y querer hacerlo; es más, si no es consciente en absoluto del hecho que realiza, no faltará sólo la imputabilidad sino incluso la propia presencia de un comportamiento humano, primer elemento del concepto de delito. No faltará sólo la culpabilidad sino la acción y, por tanto, también la antijuridicidadl. Por tanto, para que se considere actualmente a un sujeto corno inimputable se suele exigir que el sujeto que ha realizado un comportamiento antijurídico sea incapaz de comprender el significado antijurídico del mismo o de dirigir su actuación conforme a dicha comprensión. Falta lo primero cuando el sujeto se halla en una situación mental en que no puede percatarse suficientemente de que el hecho que realiza está prohibido por el Derecho; falta lo segundo, cuando el sujeto es incapaz de autodeterrninarse, de autocontrolarse con arreglo a la comprensión del carácter ilícito del hecho. La inteligencia y la voluntad son pues la base psicológica de la imputabilidad penal. Cuando se hayan abolido o estén gravemente perturbadas, la imputabilidad no existe. De lo anterior se deduce que toda alteración mental que afecte a estas funciones psicológicas es causa de inimputabilidad. Sin embargo, el examen psicológico forense no debe limitarse a evaluar exclusivamente las capacidades intelectivas y volitivas, sino que debe ampliarse al resto de las funciones psíquicas, así como deberá tener en cuenta las características del delito imputado para poder valorar de forma global cómo se encontraba la imputabilidad del sujeto en un momento dado y ante unos hechos determinados (Rodes y Martí, 1997).

Dos términos unidos íntimamente al de imputabilidad son el de responsabilidad y el de culpabilidad. Como hemos visto la imputabilidad conlleva la existencia en una persona de ciertas condiciones mentales mínimas. Pues bien, cuando en un determinado individuo se dan dichas condiciones mínimas y ejecuta un acto delictivo, es responsable del mismo. Así, la responsabilidad es el deber jurídico que incumbe al individuo imputable de dar cuenta de los hechos que realiza y de sufrir sus consecuencias jurídicas. El último extremo de esta cadena de conceptos es el de culpabilidad que, según Cuello Calón, puede definirse como el juicio de reprobación por la ejecución de un hecho contrario a lo mandado por la ley. Representa, en último término, la declaración hecha por un Tribunal competente de que un individuo es acreedor a la imposición de una pena. Resulta así claramente que la imputabilidad es el requisito previo para que puedan existir responsabilidad y culpabilidad. Estos dos últimos conceptos son de naturaleza estrictamente jurídica, no así el primero que es un concepto jurídico de base psicológica. De ahí que el perito sólo utilice y se pronuncie sobre el concepto de imputabilidad que es el único que entra dentro de su competencia (Gisbert Calabuig, 1991).

Én síntesis, para llegar a la declaración de culpabilidad, el sujeto debe ser previamente imputable (condición normal) y además responsable (responsabilidad que nace en el momento de la perpetración de los hechos de los cuales surge una obligación de reparar lo dañado) (Cabrera y Fuertes, 1997) (véase la Figura 8.2.).

8.2.3. NIVELES DE EXIMENTES

Se han venido utilizando tres grados jurisprudenciales de apreciación de la imputabilidad:

-Imputable. Su entendimiento y voluntad no están distorsionados ni sometidos a deficiencias, alteraciones o enfermedades mentales.

-Semiimputable. La persona sufre o ha sufrido en el momento del hecho por el que se le juzga una perturbación, deficiencia o enfermedad mental que, sin anular completamente su inteligencia o voluntad, sí interfiere en sus funciones psíquicas superiores.

-Inimputable. Su capacidad de conocer u obrar con arreglo a ese conocimiento está anulada.

Figura 8.2

Relación entre los conceptos de imputabiliad, responsabilidad y culpabilidad (adaptado de Cabrera y Fuertes, 1997)

Sobre el término de semiimputabilidad gira una fuerte polémica. Para algunos la utilización del término traduce las dudas y vacilaciones del perito y del juez; otros defienden el criterio simplista de que se es totalmente imputable o totalmente inimputable. Frente a estas posturas otros defienden que la semiimputabilidad es una realidad pericial incuestionable. La imputabilidad constituye una variable continua que admite infinitos valores intermedios entre un máximo y un mínimo. Ante la imposibilidad actual de cuantificar con tanta exactitud, la variable se ha discretizado formándose convencionalmente tres grupos: imputabilidad plena, imputabilidad disminuida e inimputabilidad (Esbec y Delgado, 1994). La Tabla 8.1. refleja los niveles de correspondencia entre el trastorno mental y la conducta delictiva.

8.2.4. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD SEGÚN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL

El Código Penal español no contiene ninguna definición de imputabilidad sino que se limita a enumerar varias causas de eximentes que la doctrina consi-

Tabla 8.1

Niveles de relación entre alteración o trastorno mental y conducta delictiva.

Fuente: Shapiro (1986).

dera que excluyen la imputabilidad. Las causas que eximen de la responsabilidad criminal en el Código Penal español vienen recogidas en el Artículo 20:

1.El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión.

2.El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación plena por consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia a tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.

3.Él que por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad.

El Artículo 21 establece las circunstancias atenuantes de la responsabilidad criminal y entre ellas destacamos:

1.Las causas expresadas en el capítulo anterior cuando no concurrieren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos.

2.La de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias mencionadas en el núm. 2 del artículo anterior.

Los Tribunales cuando solicitan la información pericial psiquiátrica/psicológica utilizan expresiones de amplio contenido, generalmente de distinto significado al que se le da dentro de la Psicología e incluso sin que exista un correlato exacto entre la expresión jurídica y un diagnóstico o síndrome psicopatológico concreto, lo cual puede resultar muy difícil de contestar para un perito inexperto en Psicología Forense; por ejemplo, la frecuente utilización del término «estado mental» permite sugerir su consideración como un término específico de la Psicología Forense, cuyo significado no es el mismo que el utilizado en Psicología Clínica. En la Tabla 8.2. se exponen las características diferenciales del estado mental clínico y forense.

Tabla 8.2

Datos diferenciales entre los conceptos «estado mental» clinico y forense.

Fuente: Micó (1996).

8.3. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DE LA IMPUTABILIDAD

8.3.1. ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA IMPUTABILIDAD

Hemos visto que la presencia de anomalía o alteración psíquica como causa de inimputabilidad no se resuelve sin más con la constatación de la existencia de un trastorno psicopatológico, sino que lo relevante es el efecto psicológico que ese trastorno produce en la mente del sujeto. El efecto psicológico ha de consistir en la perturbación de las facultades psíquicas que impida al sujeto conocer lo ilícito de su conducta u orientar su actividad conforme a ese conocimiento. Consecuencia de que sea el efecto psicológico lo que determine el que un trastorno mental sea o no eximente es que no se pueden establecer listas de trastornos mentales que se consideren como eximentes. Al no hacerse de esta forma más simplificada, el proceso se complica. La labor del psicólogo en el peritaje psicológico de la imputabilidad pasa concretamente por tres momentos (Hernández y Vázquez, 1991):

-Determinar la presencia de un trastorno mental, su entidad, significación, evolución y, en su caso, pronóstico.

-Analizar cómo dicho trastorno altera la capacidad de comprender lo injusto del hecho (capacidad cognitiva) o la capacidad de controlar o dirigir su conducta (capacidad volitiva).

-Poner en relación de causalidad el trastorno con los déficits de capacidades asociados y la conducta delictiva en cuestión.

Al respecto, habría que señalar que si bien en la fundamentación psicológica de la imputabilidad han sido dos constructos los que se vienen erigiendo como únicos, esto es, la inteligencia y la voluntad, se viene advirtiendo en los últimos tiempos la marcada insuficiencia de esta concepción. Desde esta perspectiva reduccionista se excluyen importantes funciones o facultades psíquicas como la percepción, la memoria, la afectividad, el pensamiento, la motivación, los aspectos histórico-biográficos del procesado, las deficiencias en el proceso de socialización e interiorización de valores y motivos (Esbec y Delgado, 1994). Conviene matizar también que «lo intelectivo» está integrado por múltiples factores o aptitudes. Hablar hoy sólo de facultades intelectivas es lo mismo que no decir nada. ¿A qué inteligencia nos estamos refiriendo? Una persona puede obtener óptimos resultados académicos pero ser incapaz de resolver problemas cotidianos o carecer de habilidades interpersonales. Sternberg diferenció entre inteligencia académica, práctica y social. Al final, lo que interesa muchas veces a efectos de imputabilidad es la capacidad de comprender las normas y, sobre todo, la capacidad para desenvolverse adecuadamente en sociedad. Tampoco se explica, si al hablar de inteligencia nos estamos refiriendo a un factor general o a una serie de aptitudes específicas. Debe concretarse, por último, si hacemos alusión a una inteligencia-producto (lo que miden los test) o a una inteligencia-proceso (de qué manera la persona procesa la información). Probablemente sea mucho mas ilustrativo para el administrador de justicia el modo según el cual el procesado codifica, analiza, razona, resuelve problemas y su habilidad para adaptarse a la norma que un simple (a veces no fiable) y cómodo coeficiente intelectual (Esbec y Delgado, 1994). Por otra parte, qué decir del anacronismo de «lo volitivo». El constructo voluntad implica una concepción en exceso racionalista del hombre y se enfrenta con el problema del determinismo relativo de nuestras conductas. Lo que llamamos voluntad no es más que un constructo acientífico plagado de contradicciones, en el que convergen condicionantes cognitivos, afectivos y motivacionales. Es la adaptación personal y social del explorado lo que merece nuestro interés. Hay que estudiar el autoconcepto, la capacidad de autocontrol, la tolerancia ante la frustración y, en esencia, el estilo personal (Esbec y Delgado, 1994).

Por último, respecto a los aspectos lineales, se ha criticado la rigidez e inadecuada posición del método causalístico en el estudio del informe social (Es bec y Delgado, 1994). Ello implica una concepción ontológica que resulta estática y reductiva respecto a la complejidad de la experiencia individual, relacional y social. El nuevo paradigma interactivo y sistémico deberá reflejar tal complejidad. La Psicología actual ha abandonado la concepción lineal de la causalidad. La persona inmersa en un contexto interactivo está sometida a procesos complejos de «causalidad circular», en los cuales, muchas veces no es posible aclarar en qué punto se encuentra la causa y dónde el efecto, pues tanto las personas como los acontecimientos se influyen mutuamente.

8.3.2. PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA IMPUTABILIDAD

El proceso de evaluación de la imputabilidad se rige por los principios generales de la evaluación psicológica adaptados a las características del ámbito judicial (Vázquez y Hernández, 1993):

-Obtención de información. El perito psicólogo analiza en primer lugar la demanda y, en función de las preguntas planteadas y de su propia orientación teórica, planifica la obtención de datos y las correspondientes técnicas de elección.

-Hipótesis. Las hipótesis se construyen de forma inductiva sobre la base tanto del marco teórico psicológico como de la experiencia clínica y forense del perito.

-Verificación de hipótesis. Es el momento de plantearse la elección de las técnicas de evaluación en función de los criterios psicológicos clásicos (validez, fiabilidad, eficacia y eficiencia) y del contexto judicial de evaluación.

-Aplicación de técnicas y análisis de resultados.

-Integración de resultados. Efectuada la aplicación de las técnicas y el análisis de resultados, el perito plantea mediante la integración de resultados si ha conseguido contrastar sus hipótesis y si puede contestar a la demanda judicial. Si es así, pasa a elaborar el informe y, especialmente, sus conclusiones. En caso contrario, se establece un bucle en el proceso volviendo a formular las hipótesis.

-Elaboración del informe.

8.3.3. PRINCIPALES FUENTES DE DATOS

Entre las diversas fuentes de datos que se pueden utilizar en el proceso de evaluación psicológica de la imputabilidad, Rodríguez y Ávila (1999) señalan las siguientes:

-Examen del sumario, incluyendo la información sobre los principales hechos del caso, las declaraciones del acusado y testigos, informes policiales, calificación del Ministerio Fiscal, escritos de alegaciones de la defensa (y en su caso de la acusación privada); para poder utilizar las declaraciones de los testigos como datos, previamente tales declaraciones han de estar probadas o aceptadas.

-Entrevistas con cualquier persona de interés que hubiera estado en contacto con el acusado antes, durante y después de cometidos los hechos; en especial, las entrevistas con los miembros de su familia, amigos, compañeros de trabajo o estudios, etc; las entrevistas con las víctimas, sus familiares, amigos, etc. pueden facilitar igualmente información relevante.

-Revisar cualquier informe sobre salud mental o antecedentes delictivos o penales del acusado, anteriores a los hechos, así como sobre estancias previas en prisión o detención y otros exámenes e informes forenses.

-Entrevistas con el acusado, especialmente para reconstruir el estado mental del sujeto antes, durante y después del delito, y averiguar la relación existente entre el estado mental y el delito y cualquier suceso de interés; previamente, ha de establecerse si hay o no verdadera capacidad actual del acusado para reconstruir su experiencia emocional y mental en la época del delito.

-Entrevistas con el abogado defensor sobre el contenido del sumario, sus propias observaciones directas sobre el acusado y cualquier aspecto de interés para la peritación.

-Realización de todas las pruebas y test psicológicos, neuropsicológicos y de otros tipos que sean necesarios y relevantes para la peritación. Las respuestas del acusado a los test, además de su valor descriptivo y predictivo específico, pueden ofrecernos una descripción de su comportamiento ante diversas situaciones.

-Intercambio de información interdisciplinar con otros especialistas que participen en el examen del caso: médicos forenses, psiquiatras, neurólogos, etc.

8.3.4. ASPECTOS QUE HAY QUE EVALUAR

Siguiendo la propuesta de Vázquez y Hernández (1993) son diversos los aspectos que se deben evaluar en el peritaje psicológico de la imputabilidad:

-Historia personal. Antecedentes familiares y personales.

-Historia de delincuencia. Se recogen datos relativos a la edad de inicio, tipo de delitos, número de detenciones, número de condenas, tiempo de encarcelamiento actual y/o pasado, etc. En el caso de aquellos sujetos en situación de privación de libertad también se debe explorar la adaptación carcelaria: relación con el ambiente físico y social penitenciario, actividades, adscripción a grupos, sanciones, actitud ante los otros internos y funcionarios, etc.

-Drogodependencias. Tipos, inicio, curso, relación entre la drogododependencia y el delito actual, si la hubiera, deshabituación, ingreso en centros, sintomatología asociada a la drogodependencia, situación actual dentro del marco penitenciario.

-Aspectos cognitivos y capacidad intelectual. Alteraciones del procesamiento cognitivo: alteraciones de la percepción, alteraciones de la atención, alteraciones de la memoria, alteraciones del razonamiento, alteraciones del pensamiento (juicio de realidad), alteraciones del lenguaje, etc.; dimensiones cognitivas: atribución causal, locus de control, estilo reflexivo-impulsivo, expectativas, etc.

-Personalidad. Rasgos y dimensiones de la personalidad.

-Psicopatología. Examen del estado mental, síntomas y signos psicopatológicos, inicio y curso, diagnóstico diferencial y tratamientos actuales y pasados.

-Integración sociolaboral y apoyos psicosociales. Historia laboral, historia familiar, agentes familiares con potencial de apoyo positivo a la reinserción, adaptación extracarcelaria, recursos sociales en su entorno habitual, etc.

-Motivación. Motivación hacia el cambio, motivación hacia la simulación, índices de simulación o no de síntomas, conocimiento del sujeto sobre la implicación del dictamen para el proceso legal.

En general, las periciales psicológicas en el campo penal hacen referencia fundamentalmente al estudio de las bases psicológicas de la imputabilidad. El Tribunal también puede solicitar la determinación de la peligrosidad en caso de que la persona sea declarada inimputable para adoptar la correspondiente medida de seguridad o cuál es la medida terapéutica o de tratamiento más adecuada.

8.4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DE LA IMPUTABILIDAD

Las técnicas de evaluación psicológica nos servirán para la verificación de las hipótesis teniendo en cuenta tanto las limitaciones propias de las técnicas como de la situación forense de evaluación (Hernández, 2002). En España no disponemos aún de instrumentos de evaluación forense específicos para la valoración de la imputabilidad. Hasta que se disponga de alguno, las principales alternativas son utilizar la entrevista, la observación y otras técnicas de evaluación psicológica clínica que mejor se adecuen a la evaluación de las variables de interés (véase el Capítulo XXI de este manual). Sin embargo, los instrumentos de evaluación clínica muestran sus limitaciones cuando se utilizan en el ámbito jurídico. El principal inconveniente es que están construidos para evaluar conceptos psicológicos y su implicación legal se realiza de forma inferencial (Hernández, 2002). Otra opción es adaptar en lo posible al contexto legal español alguno de los instrumentos de evaluación forense específicos desarrollados en el contexto anglosajón (Rodríguez y Ávila, 1999). Refiriéndonos a estos últimos, los dos principales son: Detección y Evaluación del Estado Mental en el Momento del Delito (Mental State at the Time of the Offense Screening Evaluation, MSE) (Slobogin, Melton y Showalter, 1984) y las Escalas Rogers para la Evaluación de la Responsabilidad Criminal (Rogers Criminal Responsibility Assessment Scales, RCRAS) (Rogers, 1984). La MSE es una pauta de entrevista breve (aproximadamente una hora) que sirve para apoyar a los peritos en la evaluación del estado mental del sujeto en la época del delito, de manera que se pueda optar entre la realización de un examen más profundo o bien se descarta la idea de una posible alteración o trastorno mental. La MSE contiene tres secciones:

-Sección 1: Información histórica (antecedentes).

-Sección II: Información sobre el delito.

-Sección 111: Examen del estado mental actual.

En la MSE se especifica qué tipo de información obtener, pero no se especifican las preguntas concretas como en un formato de entrevista estructurada. Esta información se consigue a través tanto de las entrevistas como de todos los informes que puedan obtenerse en la evaluación forense. Sin embargo, la presencia de trastorno o alteración mental en la época del delito no basta para la apreciación de la imputabilidad, sino que es sólo el punto de partida para una evaluación más específica que relacione los déficits de capacidades asociados al trastorno y la conducta delictiva en cuestión. Pero esta segunda parte de la investigación no la cubre el MSE, lo que supone la principal crítica que se le ha efectuado: no cumple el verdadero objetivo para el que tendría que estar diseñado, es decir, para facilitar el estudio de la conducta en lo relativo a la relación entre el posible trastorno y el delito. El MSE sirve entonces solamente para facilitar la detección de trastornos mentales actuales o pasados y para ordenar parte de la información del perito sobre el caso, pero no es propiamente un instrumento de evaluación forense que permita valorar la imputabilidad (Rodríguez y Ávila, 1999). En la Tabla 8.3. se resume el contenido de la MSE.

11 Las RCRAS nacieron con el objetivo de ofrecer un enfoque sistemático y empírico para la evaluación de la responsabilidad penal que permitiera al perito cuantificar la principales variables psicológicas y ambientales del acusado en el momento del delito. Incluyen un modelo decisional para ayudar al evaluador a utilizar la información que ha cuantificado en su informe pericial sobre imputabilidad.

Las RCRAS constan de tres partes:

-Recogida de datos (toda clase de datos relevantes a la exploración forense).

-Valoración de las variables psicológicas y situacionales (relativas a los criterios legales de la prueba ALI (American Law Institute): organicidad, trastorno mental grave, pérdida de control cognitivo y pérdida de control comportamental).

-Aplicación de los modelos decisionales (para permitir contestar sí o no, argumentadamente, a las preguntas de la prueba ALI).

Las RCRAS han sido el instrumento de evaluación forense más investigado. Es un instrumento que ha sometido a verificación sus propiedades psicométricas (Rogers, Dolmetsch y Cavanaugh, 1981; Rogers, Seman y Wasyliw, 1983; Rogers, Wasyliw y Cavanaugh, 1984). En la Tabla 8.4. se detallan los elementos de contenido del RCRAS.

Tabla 8.3

Detección y evaluación del estado mental en la época del delito (MSE)

Fuente: Mental State at the Time of the Offense Screening Evaluation (MSE) (Slobogin y cols., 1984).

Tabla 8.4

Escalas Rogers para la evaluación de la responsabilidad penal (RCRAS)

Tabla 8.4

Escalas Rogers para la evaluación de la responsabilidad penal (RCRAS) (continuación)

Fuente: Rogers (1984).

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M.' DEL CARMEN CANO LOZANO

9.1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este capítulo es analizar las implicaciones psicológico-forenses de los principales trastornos mentales. Se revisan aquellos trastornos de mayor relevancia y trascendencia en el peritaje psicológico de la imputabilidad. El esquema que se sigue en cada uno ellos es, en primer lugar, una breve conceptualización del trastorno y seguidamente se analiza la tasa de delincuencia y criminalidad relacionada con estos trastornos y su repercusión en el concepto de imputabilidad. Por su importancia clínica y pericial se ha seguido la clasificación y las formas clínicas de los distintos trastornos que recoge el DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994).

9.2. RETRASO MENTAL

Los peritajes o informes psicológico-forenses relacionados con el retraso mental suelen ser de una gran complejidad. Dicha complejidad deriva, en buena medida, de los diferentes criterios que se pueden utilizar a la hora de establecer la delimitación conceptual de lo que se considera como retraso mental (Pedreira, Rodríguez-Sacristán y Buceta, 1994). Si bien durante mucho tiempo primó el criterio del déficit intelectual, en los últimos tiempos predomina el abordaje desde una perspectiva multiaxial. El DSM-IV establece tres criterios para el diagnóstico del retraso mental:

-Capacidad intelectual significativamente inferior al promedio. Se define por un coeficiente de inteligencia (Cl o equivalente de CI) situado alrede dor de 70 o menos. Este índice se obtiene por evaluación mediante uno o más test de inteligencia normalizados, administrados individualmente. Se señala que al evaluar un CI, hay que tener en cuenta que se produce un error de medida de aproximadamente cinco puntos, aunque este error de medida puede variar de un instrumento a otro. Y, por supuesto, la elección del instrumento de evaluación y la interpretación de los resultados deben tener en cuenta factores que pueden limitar el rendimiento en los test (por ejemplo, origen sociocultural de los sujetos, discapacidades sensoriales, motoras y comunicativas).

Deteriorosignificativo de la capacidad adaptativa en, por los menos, dos de las siguientes áreas: comunicación, cuidado personal, vida doméstica, habilidades sociales e interpersonales, autocontrol, habilidades académicas, trabajo, ocio, salud y seguridad. La capacidad adaptativa se refiere a cómo afrontan los sujetos las exigencias de la vida cotidiana y cómo cumplen las normas de autonomía personal esperables de alguien en su grupo de edad, origen sociocultural, etc. Existen varias escalas para medir capacidad o comportamientos adaptativos. Estas escalas suelen suministrar un punto de corte clínico basado en el rendimiento demostrado en distintas áreas de la capacidad adaptativa.

-El inicio es anterior a los 18 años.

El DSM-IV establece cuatro grados de intensidad del retraso mental en función del nivel de insuficiencia intelectual: leve, moderado, grave y profundo (véase la Tabla 9.1.).

Tabla 9.1

Niveles de gravedad del retraso mental según el DSM-IV (American PsychiatricAssociation, 1994)

La capacidad delictiva va a depender del nivel de gravedad del retraso mental y de su modalidad clínica (Rodes y Martí, 1997):

-Profundidad del retraso mental. A mayor grado de retraso mental, menor será la posibilidad de que cometa actos delictivos.

-Modalidad clínica. La forma con erectismo (intranquila, irritable o activa) da lugar a mayor conflictividad que la forma tórpida (apática, tranquila o pasiva).

Se destaca la gran influenciabilidad en estos sujetos, por lo que pueden ser inducidos con facilidad a delinquir por otros. Asimismo, es más frecuente que estos individuos sean víctimas de delitos que no autores de los mismos. En los niveles profundos de retraso mental, la posibilidad de delinquir es escasa debido a su misma incapacidad psicofísica. El delito aumenta en fre cuencia y variedad en las formas moderadas y leves de retraso mental (Cabrera y Fuertes, 1997).

9.2.1. IMPUTABILIDAD

No cabe duda de que los sujetos con retraso mental profundo son inimputables. Sin embargo, existe una gran cohorte de casos límites o fronterizos en los que la pericia psicológica es delicada. Sólo del estudio global del sujeto y de los hechos presumiblemente delictivos, se podrá deducir si cumplen o no los requisitos que marca la ley para ser inimputables (Cabrera y Fuertes, 1997). En muchos casos, la existencia de un retraso mental será sólo atenuante de responsabilidad, ya que las características del tipo de delito ejecutado (agresión sexual) no precisan de un elevado nivel intelectual para comprender su ilicitud. En otras ocasiones (delitos de estafa, contra la hacienda pública, delitos informáticos, etc.) la complejidad delictiva es mayor y requiere también una más elevada capacidad intelectual para ejecutarlo. En estos casos se puede abogar por la inimputabilidad o semiimputabilidad. Habrá casos en los que la imputabilidad sea plena a pesar de existir un retraso mental ya que cualquier individuo a pesar del déficit intelectual que pueda presentar, puede entender que está ejecutando una acción ilegal (homicidio). No obstante, como dice la jurisprudencia, habrá que ir al caso concreto y no aplicar principios doctrinales generales (Cabrera y Fuertes, 1997).

9.3. DELIRIUM Y DEMENCIAS

La parte común a estos trastornos es un déficit clínicamente significativo de las funciones cognoscitivas o la memoria. El trastorno es debido a una enfermedad médica, al consumo de una sustancia o a una combinación de estos factores.

9.3.1. «DELIRIUM»

Para el DSM-IV, la característica esencial de un delirium es una alteración de la conciencia que se acompaña de un cambio de las funciones cognoscitivas. La alteración se desarrolla a lo largo de un breve período de tiempo, habitualmente horas o días y tiende a fluctuar a lo largo del día. El paciente con delerium presenta una disminución de la capacidad de atención (está deteriorada la capacidad para centrar, mantener o dirigir la atención), deterioro de la memoria (sobre todo de la memoria a corto plazo), desorientación (espacio-temporal), alteraciones del lenguaje (que van desde la incoherencia hasta un lenguaje vago e irrelevante) o presencia de alteraciones perceptivas (que incluyen interpretaciones erróneas, ilusiones o alucinaciones). Debido a las características mencionadas, estos trastornos suponen un cierto grado de incapacidad que puede llegar a ser absoluta. Son trastornos que limitan e incluso pueden anular las capacidades cognoscitivas y volitivas del sujeto. Aun así, será preciso en cada caso determinar el grado de deterioro de las funciones psíquicas superiores (Cabrera y Fuertes, 1997).

Desde un punto de vista psicológico forense, el problema se produce cuando el sujeto comete cualquier tipo de acto antijurídico y se recurre al delirium como eximente de responsabilidad, situación ésta no muy frecuente ya que son normalmente pacientes graves y hospitalizados, pero que en algunas ocasiones se puede producir, sobre todo en el delirium inducido por sustancias. Si se demuestra que la acción se produjo en un estado de delirium establecido y pleno, la inimputabilidad será total ya que la clínica de un delirium le impide obviamente comprender lo injusto del hecho y orientar su voluntad con arreglo a ese conocimiento. No obstante, hay situaciones intermedias en las que la sú7tomatología no es tan intensa como para anular completamente la imputabilídad dando lugar a situaciones de semiimputabilidad, teniendo siempre que analizar cada caso en particular y valorar con precisión todas las circunstancias que concurran (Cabrera y Fuertes, 1997). Para algunos autores constituye una de las pocas veces en que está justificada la eximente de trastorno mental transitorio. En estos casos se exige que se trate de una perturbación mental de causa inmediata evidenciable, pasajera, que termine por la curación sin secuelas, desarrollada sobre una base patológica probada y que sea de tal intensidad que produzca la anulación de la voluntad y entendimiento (Gisbert Calabuig y Sánchez, 1991a). Este trastorno plantea al perito la problemática de que, en ocasiones, la exploración tiene lugar cuando ha desaparecido el cuadro de delirium, teniendo que hacer un diagnóstico retrospectivo (Rodes y Martí, 1997).

9.3.2. DEMENCIAS

Las demencias se caracterizan por el desarrollo de múltiples déficits cognoscitivos que incluyen un deterioro de la memoria (deterioro de la capacidad para aprender nueva información o recordar información aprendida previamente) y al menos una de las siguientes alteraciones: afaxia (alteración del lenguaje), apraxia (deterioro de la capacidad para llevar a cabo actividades motoras, a pesar de que la función motora está intacta), agnosia (fallo en el reconocimiento o identificación de objetos, a pesar de que la función sensorial está intacta) o una alteración de la capacidad de ejecución (planificación, organización, secuenciación y abstracción). Las demencias más relevantes son la demencia tipo Alzheimer y la demencia vascular. Son uno de los casos más claros de eximente de responsabilidad. El problema surge en los períodos iniciales de la enfermedad en los que la sintomatología todavía no es muy evidente. Un completo examen neuropsicológico y clínico nos dará la clave del trastorno y, por tanto, de la ínímputabilidad en materia penal. Sí es necesario matizar que, aunque la infracción delictiva cometida en los primeros momentos de desarrollo de la demen cia debiera inclinar a la propuesta de semiimputabilidad, la mayoría de los autores opina que nunca una persona con demencia debería ser sancionada. Es un hecho la condición progresiva de la mayoría de las demencias. Aquella persona que está desarrollando una demencia aún no suficientemente grave como para serle ininmputable su acción, muy pronto carecerá de medios para conocer el valor de la sanción que no podrá comprender en toda su plenitud. La labor del perito es comprobar la capacidad de conocer y querer en el momento de comisión del delito. Pero también es su deber informar al jurista sobre la índole del trastorno y el desarrollo que éste experimenta con el tiempo (Gisbert Calabuig y Sánchez, 1991 a). Por otra parte, no debemos olvidar la existencia de demencias tratables y reversibles, lo que obliga a extremar precauciones desde el punto de vista diagnóstico, terapéutico y pronóstico. También obliga a considerar las implicaciones forenses (Lobo, 1994).

9.4. TRASTORNOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS

En el DSM-IV, en este apartado se incluyen los trastornos relacionados con la ingesta de una droga de abuso (incluyendo el alcohol), los efectos secundarios de un medicamento y la exposición a tóxicos. Nos vamos a referir específicamente a los trastornos relacionados con la ingesta de una droga. Dejamos por su relevancia la ingesta de alcohol para un apartado posterior. No cabe duda de la trascendencia que la toxicomanía tiene en la actualidad, no sólo por sus repercusiones socio-sanitarias, sino por la elevada tasa de delincuencia que con tanta frecuencia lleva asociada. Toda ingestión de drogas tiene una gran repercusión psicológico-forense, ya sea por sus efectos tóxicos, ya sea por su acción desinhibidora de psicopatología latente o exacerbación de la ya existente, ya sea por la progresiva desestructuración psicosocial del consumidor o por la proclividad a cometer delitos. El índice de delincuencia, que de manera elevada existe en torno a la drogadicción, depende de varios factores (Cabrera y Fuertes, 1997):

-De la propia obtención de la droga. Su elevado valor obliga al sujeto a robar, prostituirse, estafar, etc. para obtener la sustancia a la que es adicto.

-De los efectos directos de la droga. La sustancia puede dar lugar a la aparición de trastornos psicóticos, reacciones de ansiedad, delirium, estados de agresividad y confusionales. Durante estas situaciones el drogodependiente puede cometer con frecuencia delitos tales como lesiones, atentados sexuales e incluso homicidios.

-De la personalidad previa del toxicómano. En este sentido, se ha discutido mucho sobre la existencia de un «perfil de personalidad del drogodependiente». Aunque no hay datos concluyentes, parece que existen rasgos de personalidad relativamente estables y homogéneos en los drogodependientes. Lo que no está claro es si son dichos rasgos los que precipitan al consumo de tóxicos o si, por el contrario, es el consumo de sustancias el que altera o modifica la personalidad de los drogodependientes.

Relacionado con lo anterior, hay que tener presente que muchos trastornos de la personalidad tratan de compensar sus insuficiencias con el consumo de tóxicos. En otras ocasiones, estados psicopatológicos latentes (por ejemplo, esquizofrenias) afloran al ser precipitados por el consumo de tóxicos, y finalmente, personalidades con rasgos específicos de inestabilidad, impulsividad y escasa tolerancia a la frustración se descompensan con la ingesta de determinadas drogas, realizando conductas violentas que son seguidas de estados amnésicos completos (Cabrera y Fuertes, 1997). Mención especial merece el llamado «síndrome de abstinencia» durante el cual el drogodependiente, en ocasiones intensamente perturbado por la necesidad de la droga, puede llegar a producir lesiones de gran consideración. La reforma del Código Penal considera como eximentes de responsabilidad tanto la intoxicación plena como el síndrome de abstinencia siempre y cuando la afectación sea tan intensa que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión y no hayan sido buscados de propósito para delinquir.

Siendo los legisladores conscientes de que las drogodependencias son un problema de primera magnitud han previsto la adopción de una serie de medidas de seguridad que sustituyen a la prisión quedando a criterio del Tribunal sustituir las penas privativas de libertad por internamientos en centros de deshabituación.

9.4.1. IMPUTABILIDAD

La valoración de la imputabilidad de los drogodependientes presenta grandes dificultades. No admite reglas generales sino que en cada caso se debe realizar un estudio individualizado (Rodes y Martí, 1997). El apartado 2.0 del Artículo 20 del Código Penal establece como eximente de responsabilidad criminal: «El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación plena por consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.» El apartado 2° del Artículo 21 del Código Penal establece como circunstancia atenuante de responsibilidad criminal: «La de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias mencionadas en el número 2 del artículo anterior.» De lo anterior se deduce que el perito forense debe valorar si, en el momento de la comisión del delito, el sujeto se encontraba en alguno de los tres supuestos: en estado de intoxicación plena, bajo la influencia de un síndrome de abstinencia o actúa a causa de su grave adicción. La intoxicación plena dará lugar a inimputabilidad (salvo que haya sido buscado de propósito para delinquir), ya que en estos casos hay una perturbación de la conciencia y, por tanto, de la libertad de acción. El síndrome de abstinencia dará lugar a inimputabili dad cuando sea de tal intensidad que le impida comprender la ilicitud del hecho o le impida actuar conforme a esa comprensión. El actuar a causa de la grave adicción a las mencionadas sustancias dará lugar a símiimputabilidad.

Uno de los mayores problemas que plantea el peritaje de un drogodependiente es saber si, en el momento de los hechos (los peritajes se hacen muchas veces tiempo después de transcurridos los hechos), el presunto delincuente drogodependiente se encontraba bajo los efectos de un síndrome de abstinencia, ya que el índice de simulación, disimulación y falsedades es elevado. Todo ello va asociado a un gran conocimiento de la clínica propia de estas afecciones que tienen los drogodependientes y que puede contribuir a hacernos dudar si es una situación real o simulada. Por ello, es importante el reconocimiento médico de forma inmediata al hecho delictivo. Con la reforma del Código Penal en el que se contempla explícitamente el síndrome de abstinencia y la intoxicación como eximentes de responsabilidad, el informe pericial para determinar la imputabilidad del drogodependiente deberá ser muy prudente y cauto valorando con extrema delicadeza los siguientes aspectos (Cabrera y Fuertes, 1997):

-Intensidad del síndrome de abstinencia: a más intensidad menor imputabilidad.

-Clase de droga consumida: hay drogas que generan mayor dependencia que otras.

-Tiempo de adicción: a más tiempo de adicción mayor deterioro del sujeto.

-Tipo de conducta delictiva desarrollada: la acción delictiva debe estar encaminada a conseguir la sustancia y guardar relación con el consumo de tóxicos.

-Personalidad previa del sujeto: muy importante cuando son personalidades impulsivas y con grave inestabilidad emocional.

-Presencia de embriaguez concomitante o mezcla de diversas sustancias: ya que se potencian los efectos de una sustancia concreta dando lugar a reacciones paradójicas.

9.5. TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL ALCOHOL

El consumo abusivo de alcohol es un problema social, sanitario y legal de primera magnitud. En España hay entre tres y cuatro millones de alcohólicos ocupando el tercer lugar en Europa (detrás de Francia y Portugal) en consumo de alcohol por habitante y año. Siguiendo con la acumulación de datos epidemiológicos, en el 20-30 por 100 de la población que ingresa en un hospital, el alcohol está presente de una forma u otra en su patología. El 50 por 100 de las urgencias psiquiátricas y el 15 por 100 de las urgencias generales están relacionadas directamente con el consumo de alcohol. El alcohol está presente en el 10-30 por 100 de los suicidios, en el 30 por 100 de los accidentes de circulación y en el 70 por 100 de los actos delictivos (Cabrera y Fuertes, 1997). Hay que tener en cuenta que muchas veces detrás de un consumo patológico de alcohol exis te otro trastorno (depresión severa, trastorno de personalidad o, incluso, un cuadro psicótico) cuyos síntomas intentan ser seudocompensados con ingestas abusivas de alcohol. Este es precisamente uno de los retos más complicados con los que el psicólogo debe enfrentarse. Tal como señalan Cabrera y Fuertes (1997), siempre que se aborde el consumo abusivo de alcohol o de cualquier otra sustancia, hay que tener presente la posibilidad de que dicho consumo sirva para enmascarar una psicopatología importante. El DSM-IV, incluye los trastornos relacionados con el alcohol dentro del epígrafe general de trastornos relacionados con sustancias, distinguiendo a su vez entre los trastornos por consumo de alcohol y los trastornos inducidos por alcohol (véase la Tabla 9.2.).

Tabla 9.2

Clasificación de los trastornos relacionados con el alcohol según el DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994)

La labor del psicólogo forense, a diferencia del psicólogo clínico, consistirá no sólo en efectuar un diagnóstico, sino también deberá describir en su informe si las circunstancias que concurrieron en los hechos y la alteración de la conciencia y de la capacidad volitiva del presunto delincuente, reunían las condiciones que la legislación impone para aplicar la atenuante o la eximente de responsabilidad.

9.5.1. IMPUTABILIDAD

Se aplicará la eximente en todos aquellos casos en los que el trastorno por consumo o inducido por alcohol impidan comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. En muchos casos quedará firmemente acreditado y será fácil demostrar la intoxicación plena o la existencia de una de pendencia alcohólica intensa, tanto por la historia clínica del sujeto como por las manifestaciones de testigos, investigaciones policiales, análisis de las circunstancias, etc. No obstante, habrá ocasiones en las que la intoxicación no ha sido plena o hay dudas razonables de su dependencia, abstinencia o cualquier otro cuadro clínico relacionado con el alcohol. En estos casos son de gran utilidad las exploraciones neurológicas clásicas y el estudio de los llamados signos neurológicos menores, así como las pruebas de evaluación clásicas (Bender, Benton, Luria, Nebraska, etc.) (Cabrera y Fuertes, 1997).

9.6. ESQUIZOFRENIA Y OTROS TRASTORNOS PSICÓTICOS

Para el DSM-IV, los síntomas característicos de la esquizofrenia implican un abanico de disfunciones cognoscitivas y emocionales que incluyen la percepción, el pensamiento inferencial, el lenguaje y la comunicación, la organización comportamental, la afectividad, la fluidez y productividad del pensamiento y el habla, la capacidad hedónica, la voluntad y la motivación y atención. Siguiendo este manual, los síntomas característicos pueden conceptualizarse como pertenecientes a dos categorías: los positivos y los negativos. Los síntomas positivos parecen reflejar un exceso o distorsión de las funciones normales e incluyen dos dimensiones distintas: la dimensión psicótica incluye ideas delirantes y alucinaciones, mientras que la dimensión de desorganización incluye el comportamiento y el lenguaje desorganizados. Los síntomas negativos parecen reflejar una disminución o pérdida de las funciones normales y comprenden restricciones del ámbito y la intensidad de la expresión emocional (aplanamiento afectivo), de la productividad del pensamiento y el lenguaje (alogia) y del inicio del comportamiento dirigido a un objetivo (abulia). Entre las características comunes de los delitos cometidos por el sujeto esquizofrénico se encuentran la falta de historicidad biográfica y ausencia de motivación e incomprensibilidad. Además, los actos cometidos suelen tener un carácter brusco y repentino. Nacen súbitamente, fruto de una inspiración delirante o de una alucinación. Son quizás estas características las que contribuyen, todavía hoy, a mantener un cierto temor hacia la esquizofrenia. Cuando el psicótico comete un acto delictivo, aunque si bien es cierto que adquiere una peculiar hostilidad, resonancia social y violencia, no puede ser ello justificación para considerarle un sujeto extremada y socialmente peligroso. De forma general, estos individuos no contravienen significativamente el Código Penal, excepción hecha del enfermo agudo, no tratado y sin ninguna medida de control, en el cual la peligrosidad obviamente es alta no sólo por la enfermedad en sí sino también por la actitud que muchas veces la sociedad toma ante ellos.

Al hablar de la conducta antisocial y violenta en esquizofrénicos debiera distinguirse entre la conducta antisocial que estos pacientes presentan fuera de las fases activas del trastorno y la que pueden presentar durante ellas. La fase activa favorece la aparición de agresión verbal o física en algunos pacientes, no en todos, y que esta agresión puede estar relacionada con la naturaleza del síndrome psicopatológico del sujeto. Consideraciones y matices muy diferentes merecen la criminalidad y peligrosidad del trastorno delirante (paranoia) que radica en dos vertientes (Cabrera y Fuertes, 1997):

-Por un lado, su aparente normalidad psíquica, ya que sólo está afectada una parcela del psiquismo (aquella ala que se refiere su delirio).

-Por otro lado, fa potencial agresividad que produce el fuerte convencimiento de sus ideas delirantes.

Siempre y cuando no se haga referencia a su temática delirante el sujeto paranoide responde con corrección y discrección. Pero si se entra en la temática de su delirio, todo se trastoca y las respuestas pueden ser tan desproporcionadas que pueden llegar en algunos casos hasta el homicidio. A todo ello hay que añadir una buena inteligencia y una ausencia completa de conciencia de enfermedad lo que potencia notablemente su peligrosidad.

9.6.1. IMPUI'AI5ILIDAD

El esquizofrénico debe ser considerado a efectos penales como inimputable dada la grave afectación imperante. No obstante, no es lo mismo peritar un delito cometido en pleno delirio que el cometido por un esquizofrénico residual con una discreta afectación de la personalidad. Por ello, no es prudente hablar taxativamente de inimputabilidad para todos los delincuentes con esquizofrenia, siendo siempre necesario poner en relación la enfermedad (forma, evolución, nú mero de brotes, tratamientos, etc.) con el hecho delictivo en cuestión (Cabrera y Fuertes, 1997). Por lo que respecta a la imputabilidad por trastorno delirante o paranoia, aunque el perito no tiene dudas respecto a la inimputabilidad o semiimputabilidad de estos pacientes, una cosa es la convicción personal y clínica, y otra muy diferente la exposición y la debida argumentación de los informes periciales ante los Tribunales de Justicia. Es a veces muy difícil convencer a jueces y magistrados de que el paranoice es initmputable o semiimputable, tanto más cuanto que el resto de su vida social suele ser incluso un ejemplo de perfección y organización. Para ello el informe pericial se deberá basar en una completa y detallada historia clínica y en una prolongada observación a través de la cual se pondrá en relación el delito con la temática delirante, siendo esta relación causa-efecto la condición esencial, como ocurría en el esquizofrénico, para determinar la imputabilidad. Si su delito está vinculado a su trama delirante, será fruto de esas ideas patológicas. Demostrada la existencia del estado delirante y la adecuación del delito al contenido del delirio, el perito no puede concluir sino la inimputabilidad (Cabrera y Fuertes, 1997). De acuerdo a esta opinión, es posible que el paciente realice un delito al margen de su delirio. En tal caso, si estudiando el delito, tanto en su motivación como en su utilidad inmediata, no se encuentra ninguna relación con el contenido delirante, el perito debería pronunciarse por la imputabilidad. Sin embargo, la polémica respecto a la imputabilidad del paranoico se centra especialmente entre los que le consideran inimputable sólo si la conducta delirante condiciona claramente la actividad delictiva (por ejemplo, Cabrera y Fuertes, 1997) y los que consideran que el sujeto delirante merece la exculpación en todos los casos (por ejemplo, Gisbert Calabuig y Sánchez, 1991b o Esbec, 1994). Esta última posición viene apoyada en dos hechos fundamentales (Esbec, 1994):

-La correlación entre idea delirante y delito no es siempre fácil de demostrar, más aún en el peritaje ex-post-facto de un sujeto que a su vez puede manipular la información. La respuesta sincera ha de ser que, frecuentemente, no poseemos los datos suficientes como para concluir con rigor que un hecho aislado, aparentemente no relacionado con la ideación delirante del paciente, no se encuentra compleja y marginalmente asociado con ésta.

-Por otra parte, se abandona la concepción compartimentalizadora del individuo. Siguiendo la pauta de los modelos psicológicos integradores, se puede decir que en un sistema la modificación de una de las partes remodela la estructura total y, por tanto, el delirio marcadamente elaborado puede acabar por modificar toda la personalidad del sujeto.

Tal como señala Gisbert Calabuig y Sánchez (1991b), teóricamente es posible que el paranoico realice un delito que esté al margen de su delirio. Sin embargo, va a ser difícil que se dé este caso en la práctica. No podremos nunca precisar si el delito, aparentemente fuera de la órbita del delirio, no ha tenido realmente una motivación indirectamente relacionada con él, bien por la irradiación a que tienden las ideas delirantes, bien para servir los intereses del delirio. Aún más, la crisis del concepto de paranoia hace surgir algunas dudas sobre si efectivamente existe una parte de la personalidad psíquica del paciente «absolutamente íntegra».

9.7. TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO

Los trastornos del estado de ánimo son alteraciones de muy diversos tipos. Los episodios depresivos se caracterizan por la presencia de un estado de ánimo deprimido, acompañado de una pérdida del interés o placer por todas o casi todas las actividades habituales. Este estado de ánimo se evidencia porque el paciente se siente triste, melancólico, desesperanzado, apático e irritable. Junto a ello, se suelen apreciar síntomas como pérdida de apetito y peso, insomnio, excitación o enlentecimiento psicomotor, sensación de fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad, sentimientos de culpa y disminución de la capacidad de concentración. En ocasiones, el pesimismo, los sentimientos de culpa y el autodesprecio son tan intensos que llegan a ser delirantes, es decir, desproporcionados, patológicos. En el otro lado de la moneda se sitúan los episodios de manía caracterizados por la presencia de un estado de ánimo inconfundiblemente elevado, eufórico, expansivo o irritable, que dura un tiempo prolongado y altera la conducta del paciente. Suelen acompañarse de aumento de la actividad social, laboral o sexual. Incrementa la velocidad del habla, lo que en ocasiones da lugar a un lenguaje disgregado e incomprensible. El paciente tiene la sensación de que los pensamientos fluyen a gran velocidad, se sienten importantes, seguros, hábiles, poderosos. A veces la grandiosidad de su autoestima llega a ser delirante. Con frecuencia se muestran irritables, agresivos, desconfiados, aspectos todos ellos que pueden causar problemas legales.

La delincuencia de los trastornos del estado de ánimo no es muy importante, sobre todo si se compara con el resto de los cuadros psicopatológicos. Ahora bien, existe una serie de peculiaridades en el comportamiento violento cuando se produce en este tipo de pacientes. La más destacable es la de que esta agresión suele estar dirigida hacia las personas más allegadas al paciente. Se ha indicado que la violencia detectada en algunos pacientes depresivos puede deberse a una falta de habilidades asertivas para poder interrumpir la agresión verbal de las personas que le rodean habitualmente, lo que expondría a estos pacientes a una serie de interacciones personales más amenazadoras y provocadoras que las normales en otros sujetos. Este tipo de interacción al mantenerse repetidamente podría originar respuestas de agresión en estos pacientes. La depresión puede ocasionar autoacusación de delitos (por las ideas delirantes de indignidad, culpa y ruina personal), pudiendo llegar a crear una cierta confusión policial. Otro aspecto psicológico forense importante a considerar es el tema del suicidio. Un problema específico de las depresiones es el denominado «suicidio ampliado». El paciente mata a sus seres más queridos para «aliviarles de la insoportable carga de la vida y evitarle los sufrimientos que tendrían, máxime cuando él falte». Después de matar a sus seres queridos, el depresivo se quita la vida. Puede darse el caso de que falle en este intento, debiendo responder penalmente de su conducta (Ortiz y Ladrón de Guevara, 1998). La manía, por sus propias características clínicas, tiene tasas más elevadas de delincuencia. En general, el maníaco no se esconde tras el delito, no trata de excusarse cuando está en el período intercrítico y actúa sin o con muy poca premeditación. Es por todo lo anterior por lo que son fácilmente detectables y conducidos ante la justicia. En los períodos interfásicos el sujeto es prácticamente normal y su delictividad es igual a la de cualquier otro ciudadano, aspecto éste muy a tener en cuenta al efectuar el informe pericial.

9.7.1. IMPUTABILIDAD

No es posible dudar de la inimputabilidad de los trastornos del estado de ánimo (tanto episodios depresivos como maníacos) en sus fases agudas y graves ya que el sujeto ha perdido el contacto con la realidad y, por lo tanto, el juicio crítico (Cabrera y Fuertes, 1997). Más problemática forense acarrean los llamados períodos intercríticos así como el resto de alteraciones afectivas (trastornos distímicos o cuadros hipomaníacos), en los que no hay fundamento en principio para restringir la imputabilidad. Algunos autores en estas situaciones abogan por el uso de la semiimputabilidad. El problema radica en la dificultad del diagnóstico retrospectivo. Habrá que analizar las circunstancias en que tuvo lu gar la acción delictiva por si de ellas se derivan estigmas que hablen de anormalidad y sobre todo de precisar la situación psíquica del procesado en el momento del delito. Esto además de no ser tarea fácil, sólo permite a menudo concluir en una probabilidad (Gisbert Calabuig y Sánchez, 1991c). Una vez más habrá que ir a cada caso en particular y relacionar el hecho delictivo producido y la sintomatología que el paciente presenta. Sólo cuando la anomalía o alteración le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a dicha comprensión, será inimputable (Cabrera y Fuertes, 1997).

9.8. TRASTORNOS DE ANSIEDAD, SOMATOMORFOS, DISOCIATIVOS Y FACTICIOS

9.8.1. TRASTORNOS DE ANSIEDAD

En el contexto de todos estos trastornos suelen aparecer crisis de angustia. La crisis de angustia se caracteriza por la aparición súbita de síntomas de aprensión, miedo o terror, acompañados habitualmente de sensación de muerte inminente. Durante estas crisis también aparecen síntomas como falta de aliento, palpitaciones, opresión o malestar torácico, sensación de atragantamiento o asfixia y miedo a «volverse loco» o perder el control.

9.8.2. TRASTORNOS SOMATOMORFOS

El común denominador de este grupo de alteraciones es la presencia de síntomas físicos que sugieren la existencia de una enfermedad médica y que no pueden explicarse completamente por la presencia de una enfermedad, por los efectos directos de una sustancia o por otro trastorno mental. En cualquier caso los síntomas existentes en ningún caso son intencionados.

9.8.3. TRASTORNOS DISOCIATIVOS

Estos trastornos se caracterizan por una alteración de las funciones integradoras de la conciencia, la identidad, la memoria y la percepción del entorno, pudiendo llegar a perder temporalmente su identidad y a asumir otra nueva. Tienen cierta importancia pericial ya que los síntomas son muy llamativos y a veces invocados ante los Tribunales de justicia para eludir ciertas responsabilidades.

9.8.4. TRASTORNOS FACTICIOS

Son cuadros caracterizados por la producción intencionada de síntomas físicos o psicológicos, existiendo siempre una necesidad psicológica de asumir el pa pel de enfermo, sin que haya ganancia o incentivo externo para esta conducta. Los trastornos facticios se distinguen de la simulación en que en ésta la producción voluntaria de la sintomatología tiene un objetivo prefijado y reconocible.

Generalmente, desde un punto de vista forense, todos estos trastornos no son cuadros verdaderamente importantes ni plantean en líneas generales una delictogénesis significativa. Este tipo de pacientes no entra en conflicto fácilmente con el Código Penal. Especial importancia psicológica forense merecen los estados disociativos en los que hay una amnesia posterior y durante los cuales el sujeto puede delinquir siendo en principio inimputable a la luz del actual Código Penal. En estos casos es preciso contrastar los presuntos actos delictivos con la trayectoria vital del sujeto y con su personalidad de base como forma de evitar la sobresimulación que, por otro lado, suele ir con relativa frecuencia asociada a este tipo de conductas. Otro aspecto interesante a considerar serían los llamados delitos por omisión. La inseguridad, la inestabilidad emocional, los elevados niveles de ansiedad, son factores predisponentes en la comisión de este tipo de delitos. El miedo a equivocarse, la duda ante una situación, la ansiedad descontrolada pueden originar que la persona incurra, por ejemplo, en un delito de omisión del deber de socorro y también en delitos por imprudencia. Debemos hacer una mención especial para el caso de trastorno de angustia y de los trastornos somatomorfos que pueden desembocar en denuncias por mala praxis al creerse el paciente mal atendido y no aceptar que su problema requiere un planteamiento psicológico.

9.8.5. IMPUTABILIDAD

En general, son sujetos totalmente imputables. Son personas capaces de comprender la ilicitud de la actividad delictiva y actuar conforme a esa comprensión. Sin embargo, en algunos casos graves es imprescindible olvidarse de esta norma general y someter el caso a estudio detallado, pues podría llegarse a la semiimputabilidad e incluso a la inimputabilidad.

9.9. TRASTORNOS SEXUALES

Es evidente el interés que puede tener la Psicología Forense por todo lo relacionado con la sexualidad. Vamos a reflexionar sobre todos aquellos trastornos sexuales que con más frecuencia pueden verse inmersos en procesos judiciales. Siguiendo de nuevo el DSM-IV, se clasifican los trastornos sexuales en tres tipos: disfunciones sexuales, parafilias y trastornos de la identidad sexual. Las llamadas disfunciones sexuales tienen un interés e importancia psicológico forense relativamente pequeño, teniendo en cambio una gran importancia desde el punto de vista clínico y terapéutico. Se denominan disfunciones sexuales a las alteraciones en cualquiera de las fases de las que se compone la relación sexual: deseo, excitación, orgasmo y resolución. Las pa rafilias son los trastornos de mayor interés desde el punto de vista forense por la relativa facilidad con la que se ven envueltos en problemas legales obligando a la intervención judicial y pericial. Este tipo de alteraciones se pueden definir como la presencia de repetidas e intensas fantasías sexuales de tipo excitatorío, de impulsos o de comportamientos sexuales que por lo general engloban objetos no animados, sufrimiento o humillación de uno mismo o de la pareja y participación de niños. La pedofilia está relacionada con los delitos de abusos sexuales en niños, pornografía infantil y corrupción de menores. El sadismo es el que mayor problemática legal presenta al verse envuelto en denuncias por agresión sexual o delitos de lesiones. Dentro de los trastornos de la identidad sexual se encuentra el llamado transexualismo, cuya relevancia social y forense es elevada, no tanto por la entidad en sí misma, como por la marginalidad que le rodea.

Las formas de expresión sexual varían de forma notable en las diversas sociedades y culturas. También es conocido que a lo largo de la historia de la humanidad no ha sido posible encontrar patrones universales de conducta sexual. La legislación va a acontecer con la misma relatividad que en la historia y lo que fue considerado ayer como una acción u omisión punible, puede no serlo hoy, existiendo en la actualidad una cierta tendencia hacia la moderación en la apreciación de la gravedad de ciertos tipos de conductas sexuales. La actuación de la Psicología Forense en los trastornos de la sexualidad se suele producir cuando la actividad sexual genera perjuicios a terceros (Cabrera y Fuertes, 1997).

Dentro de los trastornos sexuales son las parafilias las que con más frecuencia van a originar nuestra intervención. Son diversos los factores a tener en cuenta. Por un lado, estarían las características del propio trastorno, ya que aunque no todo parafilico tenga que ser necesariamente un delincuente sexual, sí es frecuente que los delincuentes sexuales tengan algún tipo de conducta parafílica (sobre todo sadismo y pedofilia). Además, el impulso sexual en estos sujetos es más violento y exigente, ya que sus posibilidades de expresión sexual son muy limitadas, y a mayor dificultad para satisfacer sus necesidades más apremiante e incontrolable es el impulso, lo que le obligaría con mayor frecuencia que al sujeto normal a transgredir la ley. Los sujetos con sadismo sexual son los más proclives a realizar actos violentos viéndose inmersos en agresiones de diversa importancia. No obstante, es difícil pronunciarse en cuanto a la frecuencia y volumen de los delitos sexuales por el secreto con el que se llevan muchas de estas conductas, de tal manera que los delitos detectados son en su mayor parte de menor cuantía (exhibicionismo o voyeurismo), lo que constituye una incomodidad y molestia, más que una amenaza y peligro real. Una forma particularmente peligrosa de masoquismo sexual es la llamada «hipoxifilia», que supone la excitación sexual a través de la privación de oxígeno, obtenida mediante comprensión torácica, nudos, ligaduras, bolsas de plástico, máscaras o productos químicos. A causa de fallos en la colocación del nudo o de las ligaduras o a otras equivocaciones, con alguna frecuencia hay muertes accidentales.

9.9.1. IMPUTABILIDAD

En líneas generales, se puede afirmar que los parafílicos son imputables, ya que poseen plena capacidad de querer, entender y obrar y absoluta claridad de conciencia. Dicho lo anterior, se debe matizar que hay casos en los que la conducta parafilica es fruto de una situación seudocompulsiva en la que la libertad volitiva (capacidad de actuar con libertad) puede estar seriamente comprometida. En estas situaciones se podría hablar de semiimputabilidad. En síntesis, habrá que ir al caso concreto, estudiando los antecedentes clínicos, el entorno sociocultural, la comorbilidad con otros trastornos como el consumo de tóxicos y alcohol o los trastornos de personalidad. Cuando el trastorno sexual es sintomático de una psicosis o de otro trastorno, en la imputabilidad imperará el trastorno a la base.

9.10. TRASTORNOS DEL CONTROL DE LOS IMPULSOS

La característica esencial de este tipo de trastornos es la dificultad de resistir un impulso, una motivación o una tentación de llevar a cabo un acto perjudicial para la persona o para los demás. Desde un punto de vista conceptual un impulso incontrolable y, por lo tanto, patológico se define por una serie de criterios clínicos: fracaso en resistir un impulso peligroso, tensión creciente antes del acto, placer o alivio al realizar el acto que puede ir seguido de sentimientos de culpa o de remordimientos. Se incluyen como formas clínicas más importantes y frecuentes el trastorno explosivo intermitente (aparición de episodios aislados en los que el individuo no puede controlar los impulsos agresivos dando lugar a violencia o destrucción de la propiedad), la cleptomanía (robo), la piromanía (incendio), el juego patológico (juegos de azar), la tricotilomanía (arrancarse el pelo) y los trastornos impulsivos no especificados. Desde un punto de vista psicológico forense son la cleptomanía, la piromanía y el juego patológico los más relevantes. A nivel general, se podría decir que los trastornos del control de los impulsos originan difíciles y complicadas peritaciones. Vamos a analizar algunos de estos aspectos.

Los trastornos del control de los impulsos son entidades todas ellas muy vinculadas a conductas ilegales aunque, salvo excepciones, su importancia es irrelevante. En el peor de los casos, y sobre todo, en el llamado trastorno explosivo intermitente, nos vamos a encontrar con delitos de lesiones e incluso con el homicidio. También nos encontramos con otro tipo de conductas delictivas que forman parte de la esencia misma de los trastornos. Así tenemos el hurto del cleptómano, hurto que se caracteriza por ser inmotivado, carente de valor, no premeditado y claramente unido a la patología psicológica. Por último, podemos observar la existencia de otro tipo de actividades delictivas tales como la provocación de incendios en los pirómanos y el robo, la estafa, las falsificaciones y, en general, delitos contra la propiedad en los jugadores patológicos.

9.10.1. IMPUTABILIDAD

La imputabilidad en este tipo de alteraciones está en líneas generales disminuida e incluso en algunos casos se puede hablar de una anulación completa de la imputabilidad. Ello tiene su origen en que en la base de esos trastornos existe una perturbación severa del control volitivo, condición ésta sobre la que se fundamenta la imputabilidad. El cleptómano, el pirómano, el ludópata, aunque saben lo que hacen, es decir, son conscientes de la ilicitud del hecho, actúan todos ellos motivados por un impulso irresistible o, cuando menos, difícilmente controlable por medio de la voluntad. Por todo ello, la imputabilidad se encuentra significativamente perturbada. No obstante, siempre hay matices por lo que será preciso analizar cada caso en concreto y huir de generalizaciones simplistas y carentes de rigor.

9.11. TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD. TRASTORNO ANTISOCIAL

EL DSM-IV establece los siguientes tipos de trastornos de la personalidad:

-Grupo A: trastorno paranoide, trastorno esquizoide y trastorno esquizotípico.

-Grupo B: trastorno antisocial, trastorno límite, trastorno histriónico y trastorno narcisista.

-Grupo C: trastorno por evitación, trastorno por dependencia, trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno no especificado.

De todos los trastornos de personalidad, el actualmente denominado trastorno antisocial es el que más interés tiene desde un punto de vista forense. La característica esencial del trastorno antisocial de la personalidad es un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás. Este patrón ha sido denominado también psicopatía, sociopatía o trastorno disocial de la personalidad. La conflictividad social marca el rasgo fundamental de la clínica de estas personalidades. Encontramos en ellos, hurtos, peleas, pertenencia a pandillas marginales violentas, escaso rendimiento laboral, mentiras patológicas, etc. A todo lo anterior hay que sumar absoluta falta de remordimientos y de ansiedad, marcada pobreza afectiva y falta de motivación en la mayoría de sus conductas antisociales. La peligrosidad de las personalidades antisociales es obviamente muy elevada ya que es su conducta antisocial la que caracteriza al cuadro clínico. No obstante, no podemos identificar psicopatía con delincuencia. Si bien es verdad que existen psicópatas delincuentes, no todos los delincuentes son psicópatas. Las personalidades antisociales se ven con frecuencia envueltas en multitud de actividades delictivas como autores, encubridores o cómplices. Su desprecio por las normas de convivencia, su frialdad de ánimo y su incapacidad para aprender por la experiencia los hace eminentemente peligrosos.

9.11.1. IMPUTABILIDAD

Respecto a la imputabilidad de los trastornos de la personalidad, y más concretamente del trastorno antisocial de la personalidad, el tema ha sido muy debatido ya que en sentido estrictamente jurídico-psicológico, estos sujetos tienen conocimiento de la ilicitud de sus acciones y voluntad clara de infringir la norma legal. Por esto, muchos autores ven en ellos absoluta imputabilidad, criterio este también predominante entre los jueces. Por otro lado, están los autores que encuentran alterada la voluntad por la incapacidad para sentir, abogando por la existencia de semiirnputabilidad. Finalmente, están los autores que les consideran inimputables al equiparar el trastorno antisocial a una enfermedad mental, aconsejando sustituir las penas privativas de libertad por medidas de seguridad. Se plantea un auténtico dilema desde el punto de vista penal en estos casos (Gisbert Calabuig y Sánchez, 1991d):

-Si se les declara imputables y se les interna en la cárcel, en la mayor parte de los casos es negativo, por sus características afectivas. En efecto, por una parte, son insensibles al estímulo coactivo de la prisión, mientras que de otra, su convivencia con gente análoga aumenta su capacidad delictiva para el futuro. Como consecuencia, cuando salen de la cárcel cumplida su condena vuelven a delinquir reiteradamente. La prisión no les ha mejorado sus posibilidades de convivencia social.

-Si se les declara inimputables su peligrosidad es aún mayor. Se les lanza a la calle con toda su delictividad en potencia reforzada por la impunidad o se les interna en un centro psiquiátrico que es el lugar menos apropiado para estos sujetos (generalmente perturban la marcha de la institución).

En general, se aboga por declarar a los psicópatas como imputables. Se podría establecer una semiimputabilidad cuando:

-El delito cometido guarde relación directa con el tipo de trastorno de la personalidad.

-Él trastorno de la personalidad sea intenso.

En suma, la psicopatía sólo atenúa la responsabilidad en casos excepcionales en los que puede objetivarse una disminución de la voluntad. En estos casos excepcionales tendría que venir aparejado con medidas de prevención y tratamiento.

BIBLIOGRAFÍA

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M.' DEL CARMEN CANO LOZANO

10.1. INTRODUCCIÓN

Para una mejor comprensión de los supuestos que pueden estar relacionados con la ausencia de acción se presenta, en primer lugar, el concepto jurídico de delito del que se extrae su elemento base: la acción. A continuación se define el concepto de acción y sus elementos así como las causas tradicionalmente contempladas como ausencia de acción. Finalmente, se analizan las consecuencias jurídico-penales de algunas alteraciones neurológicas o psicopatológicas que pueden estar relacionadas con los supuestos de ausencia de acción.

10.2. CONCEPTO JURÍDICO DE DELITO Y ESTRUCTURA

Delito es la conducta humana, típica, antijurídica, reprochable a su autor (culpable) y punible (Sáinz Cantero, 1990). De acuerdo con este concepto doctrinal, admitido hoy mayoritariamente (aunque se discrepe sobre alguno de sus aspectos y sobre la concepción, significado y contenido de cada uno de los elementos), para que la conducta (acción u omisión) pueda ser considerada delictiva, ha de estar acompañada de todas las características apuntadas en la definición (tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad). La falta de una sola de ellas hace desaparecer el carácter delictivo de la conducta humana. Veamos las implicaciones de cada una de estas características según Sáinz Cantero 1990). Al hablar de conducta se hace referencia a la acción u omisión humana individual; esto implica que quedan fuera del ámbito de relevancia del Derecho Penal los resultados producidos por las fuerzas de la naturaleza, los causados por los ani males y los resultados lesivos realizados por la actividad de las personas jurídicas. A su vez, la conducta humana individual para ser relevante en Derecho Penal ha de ser voluntaria, lo que equivale a decir que ha de estar conducida por la voluntad; con esta exigencia se excluyen del campo del Derecho Penal las conductas llevadas a cabo en situaciones de inconsciencia plena o realizadas bajo la influencia de una fuerza irresistible. Al decir que la conducta humana ha de ser típica, se exige que se adecue a un tipo penal, esto es, que pueda ser incluida en una de las descripciones de conductas prohibidas que el legislador hace en el Código Penal o en leyes penales especiales; por tanto, se excluyen aquellas conductas humanas voluntarias que no estén prohibidas por la ley. Además, la conducta humana voluntaria ha de ser antijurídica, esto es, contraria a lo que dispone la norma objetiva de valoración. Aunque por regla general toda conducta típica es antijurídica, hay casos en que no se da tal coincidencia. Esto ocurre cuando la conducta típica se encuadra por completo en algunas de las causas que el legislador ha establecido como supuestos que justifican la conducta humana (causas de justificación). Son causas de justificación la legítima defensa, el estado de necesidad o el ejercicio de un derecho o un deber. Para que la conducta típica y antijurídica sea delito y dé lugar a responsabilidad criminal, debe ser además culpable. Existe culpabilidad cuando se le puede reprochar al autor la realización de la conducta típica y antijurídica. La conducta típica, antijurídica y culpable ha de ser además punible. La punibilidad es la posibilidad de imponer una pena al autor de una conducta típica y antijurídica que le es reprochable.

En el Código Penal de 1995 se ha incluido la definición legal de delito en el Artículo 10: «Son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley.» Con la expresión «acciones y omisiones», el legislador español, además de abarcar los delitos de acción y los de omisión, incorpora a la definición la exigencia de que sea una conducta humana conducida por la voluntad, ya que sólo el comportamiento que tiene esta cualidad merece el nombre de acción u omisión. Acciones u omisiones llevadas a cabo con conocimiento y voluntad («dolosas») o sin el cuidado debido («imprudentes»). «Penadas por la ley» supone que la acción u omisión, para llegar a ser infracción punible, debe ser típica, antijurídica, culpable y punible.

10.3. LA ACCIÓN COMO ELEMENTO BÁSICO

De la definición de delito ofrecida se extrae que la acción es el elemento base de su estructura, constituyendo además el punto de partida de toda consideración posterior del hecho delictivo. En la práctica hay que determinar ante todo si existe verdaderamente una acción que interese al Derecho Penal (Sáinz Cantero, 1990). La acción humana relevante para el Derecho Penal puede presentarse de dos formas: cómo hacer algo, conducta activa (por ejemplo, causar la muerte de una persona), y cómo no hacer algo, conducta omisiva (por ejemplo, no prestar auxilio a la persona que se encuentra necesitada de ayuda, pu diendo hacerlo sin riesgo del que lo presta o de otra persona). La acción es conducta humana conducida por la voluntad. El concepto de acción ofrecido sirve para eliminar de este ámbito aquellos acontecimientos que se producen en el mundo real y que no interesan al Derecho Penal. Así, hablar de conducta exige que se trate de una manifestación externa excluyendo intenciones o pensamientos delictivos que carecen de una manifestación exterior. La indicación que sea conducta humana requiere que se trate de la acción de un hombre. La necesidad de que la conducta sea voluntaria exige que esté controlada por la voluntad. Excluye el hacer cuando se ha producido de modo mecánico, de tal manera que el ser humano más que sujeto de la conducta, ha sido instrumento. Esto ocurre en los supuestos de fuerza irresistible, movimientos reflejos y actos realizados en plena inconsciencia. Del concepto de acción de que partimos se infiere que toda acción debe contener corno elementos la voluntad de acción y la manifestación externa de esa voluntad (conducta corporal externa), debiendo comprender además, en los delitos materiales, el resultado y el nexo causal entre éste y la manifestación de voluntad (Sáinz Cantero, 1990).

10.4. LA AUSENCIA DE ACCIÓN

La constatación de que faltan algunos de los elementos de la acción, obligará a afirmar que no existe el primer elemento del delito y paralizará el análisis del supuesto sometido a la consideración del jurista. Son causas tradicionales de ausencia de acción la falta de consciencia, los movimientos reflejos, el caso fortuito y la fuerza irresistible (Sáinz Cantero, 1990; Quintero, Morales y Prats, 1996).

10.4.1. FAL'T'A DE CONSCIENCIA

Es habitual incluir en este grupo de casos determinados estados como el sueño, el hipnotismo y el sonambulismo. A estos casos algunos autores añaden la embriaguez o intoxicación absoluta cuando ésta no ha sido fruto de la imprudencia del sujeto. Si embargo, como señalan Quintero y cols. (1996), este último caso parece más adecuado situarlo entre las causas de inimputabilidad. Existe una marcada diferencia entre ambas situaciones. Mientras en los supuestos de ausencia total de acción no darán ni siquiera a responsabilidad civil, los casos de embriaguez e intoxicación por drogas como causas de inimputabilidad, aunque excluyen la responsabilidad criminal, no implican la de responsabilidad civil. Los problemas penales más importantes relacionados con el sueño se traducen en la eventual responsabilidad criminal que puede recaer sobre el sujeto que se duerme cuando tenía alguna responsabilidad a su cargo de manera tal que el sueño hizo imposible la evitación de un daño. Los estados de hipnosis estarán comprendidos en este supuesto sólo cuando la voluntad haya quedado plenamente anulada. Los pocos supuestos imaginables de hipnosis han puesto de manifiesto que la posibilidad de ser hipnotizado y de acatar plenamente la voluntad del hipnotizador depende de la naturaleza de cada persona. Se ha llegado a negar incluso que en estos casos exista una privación total de la voluntad.

10.4.2. MOVIMIENTOS REFLEJOS

Se incluyen en este apartado aquellas conductas producidas por reacciones corporales totalmente mecánicas sin participación alguna de la voluntad (los llamados movimientos reflejos). Esto ocurre en los supuestos en que se realiza una conducta externa que se debe a convulsiones o movimientos instintivos realizados en un momento de sobresalto. Distintos de los movimientos reflejos son los actos en «cortocircuito», las reacciones impulsivas o explosivas en los que la voluntad participa aunque sea fugazmente y que, por tanto, no excluyen la acción. Un caso de este tipo sería el atracador que nervioso aprieta instintivamente el gatillo al observar un gesto equívoco de huida o defensa en el cajero del banco.

10.4.3. EL CASO FORTUITO

Aun tratándose de acciones conscientes puede suceder que el sujeto no actúe ni dolosa ni culposamente. Por imperativo del Artículo 10 y también del Artículo 5 del Código Penal, la ausencia de dolo y culpa, determina la ausencia de acción válida para integrar subjetivamente un tipo de delito. Cuando un hecho o un resultado se produce sin dolo ni culpa recibe la calificación técnica de «caso fortuito». En los supuestos de casos fortuitos tenemos una «actuación humana» pero nunca una «acción relevante» para el Derecho Penal. Otros sectores defienden que estos supuestos están influidos por la voluntad, no excluyendo el comportamiento humano sino la imputabilidad y, por tanto, deberían incluirse en la figura de trastorno mental transitorio (Homs, 1996).

10.4.4. LA FUERZA IRRESISTIBLE

La fuerza irresistible, que en el anterior Código Penal era objeto de la eximente 9.a del Artículo 8, constituye ahora un supuesto de ausencia de acción parecido al caso fortuito. El Código Penal de 1995, entendiendo que se trata también de un problema de falta absoluta de volición, ha optado por seguir el consejo de algunos autores que defendieron lo innecesario de una eximente concreta de fuerza irresistible. Para ellos, la condición de voluntariedad es implícita al concepto de acción, de manera que los casos de anulación de la voluntad por la aplicación de una fuerza física que ejerce otra persona quedarían resueltos simplemente por no cumplirse con los requisitos de la definición legal de delito. En estos casos la conducta corporal externa se produce de modo me cánico debido a que una fuerza física exterior a la que el sujeto materialmente no puede resistir, anula totalmente la voluntad de actuación (acción) o de no actuación (omisión). No obstante, otras interpretaciones estiman preciso distinguir entre supuestos de ausencia de acción por «fuerza irresistible» y supuestos de ausencia de culpabilidad por «fuerza coactiva». El primer caso ocurre cuando actúa una fuerza física (por ejemplo, cuando el sujeto es empujado, atado o forzado de cualquier modo). En este caso, el sujeto queda a merced del autor de la fuerza, actúa mecánicamente. El segundo caso se trata de una fuerza no física (indirecta). El sujeto sufre una presión para actuar en otro sentido. Su conducta externa está conducida por la voluntad. Voluntad coaccionada, pero voluntad en definitiva. Puede obedecer a la presión psicológica generada por el ejercicio previo de la fuerza física (por ejemplo, el forzado acaba de recibir una paliza para determinarle a que haga algo). Cuando se trata de violencia indirecta puede negarse la ausencia de volición pero también puede entrar en juego la idea de inexigibilidad de otra conducta, traducida en la eximente de miedo insuperable (Artículo 20-6.° del Código Penal) o en la de estado de necesidad (Artículo 20-5.° del Código Penal). Lo adecuado, pues, en estos casos será admitir la acción típica pero negar la responsabilidad criminal por imposibilidad de actuar de otro modo (ausencia de culpabilidad). La tesis de que la fuerza irresistible solamente puede ser la de carácter físico inmediato es la que mayoritariamente sostiene el Tribunal Supremo (Quintero y cols., 1996).

10.5. TRASTORNOS PSICOPATOLÓGICOS RELACIONADOS CON LA AUSENCIA DE ACCIÓN

A continuación, se revisan algunos trastornos neurológicos o psicopatológicos que podrían encuadrarse dentro de los supuestos de ausencia de acción mencionados anteriormente.

10.5.1. EPILEPSIAS

10.5.1.1. Concepto y formas clínicas más relevantes

Bajo el término de epilepsia se engloba un gran nú mero de síndromes con manifestaciones muy diferentes, con muy diversas etiologías y mecanismos patogénicos, hasta el punto que Herbert Jasper, el gran neurofisiólogo y epileptólogo, considera más adecuado hablar de epilepsia en plural, esto es, «las epilepsias» (González de Rivera y Revuelta, 1994). El Diccionario de la Epilepsia de la Organización Mundial de la Salud define a ésta como: «Afectación crónica, de etiología diversa, caracterizada por crisis recurrentes debidas a una descarga excesiva de las neuronas cerebrales, asociada eventualmente con diversas manifestaciones clínicas o paraclínicas» (citado en García Nart, 1994). Las epilepsias son una enfermedad conocida desde antiguo cuyo concepto ha sufrido diversas evoluciones. Desde la antigüedad el síndrome epiléptico viene asociado a la enfermedad mental. Fue Lennox quien, por primera vez, cuestiona y critica dicha vinculación. Para este autor la mayoría de los estudios sobre los aspectos psiquiátricos de la epilepsia habían sido realizados en instituciones psiquiátricas y más del 90 por 100 de los epilépticos no requiere admisión en tales instituciones. Basándose en su experiencia clínica, este mismo autor concluye que no hay evidencia para suponer un tipo especial de personalidad especial o un síndrome de comportamiento anormal en los epilépticos. En la actualidad, tanto el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales como la sección de «Trastornos mentales» de la Clasificación Internacional de las Enfermedades han eliminado de sus respectivas clasificaciones las epilepsias, por entender que no se trata en rigor de una enfermedad mental, sino neurológica.

El fenómeno básico común observable en las epilepsias desde el punto de vista clínico es la convulsión epiléptica, definida como una «alteración súbita, involuntaria y carente de finalidad de las funciones motoras, sensoriales, vegetativas o cognitivas del individuo» (González de Rivera y Revuelta, 1994, pág. 1062). El origen de esta alteración del comportamiento es una descarga repentina, excesiva y pasajera del tejido nervioso cerebral. Las manifestaciones clínicas producidas por la descarga epiléptica dependen del lugar de origen de la descarga y de las regiones del cerebro a las que esta descarga se propaga. Dentro de las formas clínicas de las epilepsias tienen especial interés forense las siguientes: confusión epiléptica, automatismo epiléptico, furor epiléptico y fuga epiléptica (García Nart, 1994).

10.5.1.2. Confusión epiléptica

Se refiere a cualquier estado confusional que es probable que ocurra en los epilépticos en alguna de estas situaciones:

-Durante una crisis epiléptica, pudiendo ser el único o principal síntoma.

-Durante el estado de mal epiléptico generalizado o parcial no convulsivo.

-Inmediatamente después de una crisis: confusión epiléptica postcrítica.

-Independientemente de cualquier crisis, constituyendo entonces una manifestación psicopatológica sin relación aparente con la verdadera epilepsia.

10.5.1.3. Automatismo epiléptico

Actividad motora involuntaria más o menos coordinada y adaptada que ocurre durante un estado de obnubilación mental que acompaña o sucede a una crisis epiléptica, no dejando de ordinario ningún recuerdo. Los automatismos epilépticos pueden representar la simple continuación de actividades realizadas hasta el momento de la crisis o, al contrario, una actividad nueva desarrollada en asociación con el trastorno crítico de la conciencia.

10.5.1.4. Furor epiléptico

Estado de furia que puede ocurrir en un epiléptico en alguna de estas circunstancias:

-Excepcionalmente, en el curso de una crisis parietal con automatismo crítico breve.

-Más a menudo, durante un estado de confusión epiléptica.

-Ocasionalmente, durante los intervalos entre las crisis epilépticas, en cuyo caso se trata más bien de un hecho psicopatológico sin relación con la epilepsia propiamente dicha.

Como señala García Nart (1994), es importante poner de manifiesto la extrema rareza de los ataques de furor epiléptico, todos ellos invocados con excesiva frecuencia para atenuar la responsabilidad criminal.

10.5.1.5. Fuga epiléptica

Automatismo ambulatorio y gestual de larga duración (varias horas o excepcionalmente varios días) que ocurre durante un estado confusional postcrítico o acompañando al estado de mal epiléptico de tipo generalizado no convulsivo o parcial. Las fugas epilépticas son absolutamente excepcionales y la mayor parte de los casos descritos con esta denominación corresponden a fugas de otra naturaleza que sobrevienen en personas epilépticas y, a veces, incluso no epilépticas. Los epilépticos pueden cometer delitos más o menos graves con ocasión de una crisis, en el período postcrítico o en el período intercrítico. Para poder atribuir un delito a la enfermedad epiléptica podemos seguir unos criterios propuestos por Walker en 1961 y modificados por Loisseau, así como los expuestos por Klass y Daly en su Tratado de Electroencefalografía (citado en García Nart, 1994):

-El sujeto debe padecer una epilepsia.

-La crisis en el curso de la cual ha cometido un delito debe ser idéntica a las crisis habituales del enfermo. Las crisis suelen ser muy estereotipadas por lo que no será difícil contrastar este criterio de la similitud con las crisis habituales.

-Las circunstancias del delito deben ser compatibles con las características de las crisis, como alteración del nivel de conciencia y la consiguiente alteración de la memoria.

-Si existe depresión o fatiga postictal.

-Si se refieren en el sujeto cambios en el humor que son típicos en las crisis del lóbulo temporal.

-El hecho de encontrar anomalías electroencefalográficas en un sujeto que ha cometido un delito no permite por sí solo afirmar que es un epiléptico y mucho menos que el delito se ha cometido durante una crisis.

-Cuando el delito se ha cometido en un período intercrítico constatar que el sujeto es epiléptico no tiene ningún valor por sí mismo. Se trata de realizar una evaluación de los posibles trastornos mentales.

10.5.1.6. Tratamiento jurídico penal de las epilepsias

La sentencia de 26 de junio de 1989 del Tribunal Supremo se ha ocupado del tratamiento penal de la epilepsia. Tal como se indica en dicho texto, la referida enfermedad se caracteriza porque con intervalos más o menos largos, ocasiona en el sujeto unos episodios (crisis o episodios epilépticos), en los cuales se produce una total pérdida de conocimiento de modo tal que, en esos momentos, así como en los que inmediatamente los preceden y los siguen, la conducta del enfermo es un hecho meramente mecánico y, en su valoración jurídica, va más allá de la aplicación de la eximente de enajenación para encuadrarse en la falta de acción u omisión. La problemática más difícil de resolver, en relación a estos enfermos, no es la que se produce como consecuencia de su conducta en el momento de la crisis o en los que la preceden o siguen, sino la que se refiere a la valoración de su comportamiento cuando existe una verdadera acción u omisión penada por la ley precisamente fuera del ataque epiléptico, en los llamados períodos intercríticos. La repetición de estas crisis puede producir un deterioro cerebral progresivo y llegar a provocar una verdadera demencia, con exclusión total de la responsabilidad criminal. También puede ocurrir que existan enfermos que hayan sufrido ataques epilépticos, en los cuales no hay evidencia de este deterioro cerebral, de modo que su comportamiento en los referidos momentos intercríticos, sea equivalente al de una persona normal, lo que se releva por los detalles concretos de su conducta delictiva (Fernández Entralgo, 1994).

La mayor parte de los autores vienen pronunciándose por la eximente de enajenación, sobre la base de tratarse de una enfermedad persistente en la que este tipo de crisis no es una excepción sino por el contrario algo habitual y que se repetirá en el curso de la vida del sujeto. Sin embargo, otros autores justifican la inclusión de ciertas crisis epilépticas en el trastorno mental transitorio debido a la brevedad de su curso y la brusquedad de su aparición y desaparición e incluso por su aparente relación con una motivación externa. Hay que evitar la generalización, atendiendo en cada caso a la forma clínica del episodio, el motivo desencadenante y el grado de afectación de la conciencia. En unos casos habrá que inclinarse por la enajenación, otros cumplirán la totalidad de los requisitos del trastorno mental transitorio y algunos casos podrán ser calificados más correctamente entre los supuestos de falta de acción u omisión (Gisbert Calabuig y Sánchez, 1991).

10.5.2. TRASTORNOS DEL SUEÑO

Uno de los tópicos principales en la investigación sobre el sueño es el estudio de cómo los trastornos del sueño afectan al rendimiento y alteran los niveles de alerta. Estas son cuestiones de considerable interés para la ley, que pue de ser reclamada para tratar con situaciones en las que un sujeto somnoliento o dormido ha causado daño a otras personas. Esto puede ocurrir tanto en contextos civiles como penales. Por ejemplo, en los Tribunales penales, la cuestión puede ser la capacidad de una persona que, en un estado de somnabulismo, ha atacado o matado a otra persona, o de un demandado que se ha quedado dormido al volante de un vehículo (Shapiro y Smith, 1997). Aunque podemos afirmar que el sueño normal es un estado poco o nada favorable a la ejecución de actos motores que impliquen una cierta complejidad, lo cierto es que ciertos trastornos del sueño se han asociado con la presencia de conductas violentas (Mahowald, Bundlie, Hurwitz y Schenck, 1990). Los episodios de violencia durante el sueño se han descrito fundamentalmente en asociación con las parasomnias. Nos vamos a referir a continuación a las parasomnias y a los trastornos de excesiva somnolencia diurna y a las conductas violentas que se asocian con cada uno de estos trastornos.

10.5.2.1. Parasomnias

Las parasomnias son trastornos caracterizados por comportamientos o fenómenos fisiológicos anormales que tienen lugar coincidiendo con el sueño, con algunas de sus fases específicas o con las transiciones sueño-vigilia (American Psytriatic Association, 1994). Las parasomnias que se han asociado con conductas violentas son, principalmente, el sonambulismo, el terror nocturno y la llamada parasomnia MOR (movimientos oculares rápidos) (Vela-Bueno y Oliván, 1994). Nos referiremos brevemente a éstas y posteriormente a la violencia descrita en el curso de las mismas.

10.5.2.1.1. «Sonambulismo»

Se considera sonambulismo cualquier episodio en el que el individuo corre o anda por la noche desorientado abandonando la cama durante el sueño (Oswald, 1990). El episodio, que suele durar menos de diez minutos (aunque se han descrito episodios de mayor duración), se caracteriza porque el paciente, que tiene una expresión facial inexpresiva, se comporta con indiferencia a lo que le rodea, reacciona poco y actúa de forma torpe y sin finalidad. Generalmente, el paciente no recuerda nada del episodio de sonambulismo por la mañana o si se le despierta durante el episodio.

10.5.2.1.2. «Terrores nocturnos»

El terror nocturno se caracteriza por miedo extremo, breve que se acompaña a veces de gritos (Oswald, 1990). Se asocia con vocalización y motilidad intensas y una gran activación de las funciones vegetativas. El paciente con terror nocturno suele sentarse en la cama gritando, con expresión aterrorizada, pálido, sudoroso, con aceleración del pulso y con un bajo nivel de reactividad al entorno. Con cierta frecuencia se levantan durante el episodio de terror nocturno, aunque los desplazamientos en este caso suelen ser más limitados que en el sonambulismo. Los pacientes con terror nocturno recuerdan poco o nada del episodio a la mañana siguiente y si se les despierta en el curso del mismo se encuentran confusos y desorientados, lo que puede aumentar su ansiedad. Al despertar de un episodio el grado de recuerdo puede variar mucho, dependiendo de la duración e intensidad de aquél; en general, suelen tener recuerdos y sentimientos relacionados con el miedo (Vela-Bueno y Oliván, 1994).

Tanto el sonambulismo como el terror nocturno tienen lugar en las fases 3 y 4 de sueño o sueño de ondas lentas, por lo que suelen aparecer en las primeras horas de sueño, que es cuando predominan estas fases.

10.5.2.1.3. «La parasomnia MOR»

Este trastorno tiene sus precedentes en las observaciones hechas hace más de 25 años por diferentes investigadores que estudiaban el sueño de pacientes con síndromes orgánicos cerebrales. Se observó que con frecuencia estos pacientes mostraban episodios de agitación nocturna relacionados con el delirium en los que podían aparecer conductas potencialmente violentas (Vela-Bueno y Oliván, 1994). En los últimos años, se han caracterizado de forma más sistemática los cuadros de agitación durante el sueño, que se han dado en llamar trastorno comportamental del sueño MOR (movimientos oculares rápidos) o parasomnia MOR (Mahowald y Schenck, 1990). La característica clínica más señalada es un comportamiento motor intenso, potencialmente violento. La frecuencia de los episodios es variable y oscila entre una vez cada dos semanas y varias veces por noche. Estos episodios aparecen en el curso del sueño MOR. El hallazgo poligráfico más señalado es la persistencia del tono de la musculatura estriada en contra de lo que sucede normalmente en esta fase de sueño. Se ha descrito una forma crónica de este trastorno y una variedad aguda (VelaBueno y Oliván, 1994). En el caso de la crónica las causas señaladas como más frecuentes son las enfermedades degenerativas del sistema nervioso, tales como las demencias y enfermedad de Parkinson. También se relaciona esta forma crónica con cuadros vasculares y tumorales. La forma aguda se observa en relación con la administración y abstinencia de sustancias que modifican el sueño MOR, tales como los tricíclicos, los IMAO y el alcohol, entre otros.

10.5.2.1.4. «Conductas antisociales asociadas a las parasomnias»

Los episodios de sonambulismo y terror nocturno suponen con cierta frecuencia una situación de riesgo para que el paciente padezca lesiones o para producirlas a otros (Kales y cols., 1980a; Schenck, Milner, Hurwitz, Bundlie y Mahowald, 1989). Estas lesiones, que en ocasiones son graves e incluso causan la muerte, son la consecuencia de la escasa reactividad que muestra el sujeto, de la torpeza de movimientos que ejecuta y del particular estado de conciencia en que aparecen los episodios. Las lesiones más frecuentes en el curso del sonambulismo dependen de choques con objetos, quemaduras o caídas. Sólo si el episodio es muy prolongado puede haber ejecución de conductas más complejas, como conducir un automóvil. En el caso del terror nocturno a los factores señalados para el sonambulismo hay que añadir el comportamiento aterrorizado que exhibe el individuo como factor de riesgo de lesiones. En este caso, a los accidentes que ocurren en la deambulación simple hay que añadir todo lo que suponen actividades defensivas como correr huyendo u otras que implican enfrentamiento. En conjunto, las lesiones y el comportamiento violento son más frecuentes en pacientes con terror nocturno que con sonambulismo (Kales y cols., 1980a, 1980b). En un estudio que incluía a 100 adultos que habían presentado conducta violenta durante el sueño, más de la mitad de los casos correspondía a sonambulismo y/o terror nocturno (Schenck y cols., 1989). De éstos, más de la mitad se habían caído repetidamente de la cama o habían chocado contra las paredes y los muebles, algo menos de la quinta parte habían saltado por las ventanas y una proporción similar había salido de la casa conduciendo automóviles o caminando por la calle y una pequeña proporción (menos de la décima parte) había manejado armas.

Corno señalan Vela-Bueno y Oliván (1994) es difícil determinar si los actos violentos, incluyendo homicidios, descritos en la literatura tuvieron lugar en el curso de episodios de sonambulismo, dado que para llevarse a cabo dichos actos habrían necesitado una duración muy prolongada y la ejecución de conductas complejas. Los datos de laboratorio de sueño sugieren que estas circunstancias son muy poco probables. Corno señalan estos autores la explicación más satisfactoria es que un acto homicida se corneta ya sea en un episodio de terror nocturno o de terror nocturno con sonambulismo, y que el acto se cometiera en poco tiempo y estando el paciente muy confuso y asustado. Esto podría suceder, por ejemplo, si un paciente con terrores nocturnos sintiera que puede ser atacado.

La conducta violenta es uno de los rasgos clínicos que definen la llamada parasomnia MOR (Mahowald y Schenck, 1990). Las consecuencias de dicha conducta violenta pueden ser las lesiones en el propio paciente o en la persona con la que duerme. En el estudio antes mencionado (Schenck y cols., 1989), 36 pacientes fueron diagnosticados de parasomnia MOR. Sus conductas se caracterizaban por puñetazos, patadas, saltos de la cama, gritos, etc. Todo esto, con mucha frecuencia da lugar a agresiones a la persona que duerme con el paciente.

10.5.2.2. Parasomnias inducidas por fármacos

Es poco frecuente la aparición de episodios de sonambulismo o terror nocturno asociados con el consumo de fármacos. Sólo en episodios aislados se han descrito episodios violentos con daños para otras personas en el curso de estas parasomnias. La mayor parte de los casos se dan en pacientes tratados con asociaciones de diversos fármacos que incluyen al menos dos de los siguientes: antidepresivos, antipsicóticos, alcohol y antihistamínicos no benzodiacepínicos (Vela-Bueno y Oliván, 1994). Se ha descrito también una acentuación del sonambulismo o su aparición con un solo fármaco como propanolol o tioridacina (Pradalier, Giroud y Dry, 1987; Scott, 1988). También se han señalado episodios de terror nocturno y de deambulación como complicación de la administración de una dosis única de antidepresivos tricíclicos o neurolépticos a la hora de acostarse (Flemembaum, 1976).

10.5.2.2.1. «Conducta antisocial asociada a las parasomnias inducidas por fármacos»

Hay descripciones aisladas de actos violentos durante el sueño en relación con parasomnias inducidas por psicofármacos (citados en Vela-Bueno y Oliván, 1994). Entre ellas se describe el caso de una paciente con esquizofrenia que acuchilló a su hija hasta matarla en el curso de un episodio de deambulación durante el sueño (Luchins, Scherwood, Guillin, Mendelson y Wyatt, 1978). Esta paciente sólo había manifestado un episodio de sonambulismo en su adolescencia. Fue tratada con tioridacina tras ser diagnosticada de esquizofrenia. Un año más tarde, por su insomnio, comenzó a tomar además tricloroetanol (metabolito activo del hidrato de cloral). Tres meses más tarde y habiendo tomado una noche ambos fármacos tuvo lugar el suceso. El registro polígráfico de sueño puso de manifiesto la existencia de episodios de sonambulismo las noches en que le administraban tioridacina sola o asociada a hidrato de cloral. Todos los episodios registrados tuvieron lugar en la fase 4 de sueño, lo que sugiere que se trataba de una parasomnia de sueño no MOR. Otro caso descrito es el de un paciente tratado con tioridacina que intentó estrangular a su mujer durante el sueño (Scott, 1988). Este paciente tenía antecedentes de sonambulismo durante la niñez y adolescencia. Un año antes del episodio violento había vuelto a presentar sonambulismo. Como consecuencia de ello comenzó a ser tratado con tioridacina. Corno los episodios de sonambulismo persistieron se trató sin éxito con carbamacepina. El diagnóstico fue de sonambulismo y terror nocturno inducidos por fenotiacinas, aunque el paciente los tenía antes de iniciar el tratamiento, lo que hace pensar que sería más adecuado considerar que la tioridacina agravó el cuadro.

10.5.2.3. Trastornos de excesiva somnolencia

Es excepcional la aparición de episodios violentos en pacientes con trastorno de excesiva somnolencia. Sin embargo, estos trastornos se asocian con estados de conciencia alterados que implican la aparición de comportamientos automáticos que suponen un riesgo para el paciente y para otros (Vela-Bueno y Oliván, 1994). Los más frecuentes en la práctica, además de los diversos tipos de hipersomnia, son la narcolepsia y el síndrome de apnea obstructiva del sueño. La narcolepsia se caracteriza por excesiva somnolencia diurna con ataques de sueño irresistibles que suelen aparecer con uno o más de los tres síntomas auxiliares como son la cataplejia, la parálisis del sueño o las alucinaciones hipnagógicas (Kales, Vela-Bueno y Kales, 1987). La cataplejia consiste en la pérdida brusca de tono muscular que puede llegar a provocar la caída del paciente aún despierto. La parálisis del sueño aparece en la transición de vigilia a sueño y consiste en una pérdida de tono muscular que impide al paciente moverse. Las alucinaciones hipnagógicas son seudopercepciones intensas que aparecen cuando el individuo se está quedando dormido.

El síndrome de apnea de sueño es la consecuencia de la obstrucción repetida parcial (hipoapnea) o completa (apnea) de las vías respiratorias superiores durante el sueño (Guilleminault, 1990). Aunque se quedan dormidos con facilidad, el sueño nocturno de estos pacientes está muy perturbado debido a la presencia de pausas respiratorias. El final de éstas se asocia con alertamientos breves, que no despiertan totalmente a los pacientes, por lo que éstos no se quejan de insomnio. Además, durante la noche los pacientes se mueven mucho. Durante el día, la somnolencia excesiva es una de las principales quejas de estos pacientes. Algunos de los efectos secundarios de esta somnolencia diurna excesiva es la conducta automática y el deterioro en el rendimiento global. Se puede observar amnesia retrógrada con conducta automática. Los pacientes pueden quejarse también de incapacidad para concentrarse y de un deterioro de la memoria y el juicio. A veces, pueden señalar una desorientación temporal. Esta última constelación de síntomas se denomina a menudo «borrachera del sueño» (Guilleminault, 1990).

La hipersomnia es un trastorno de excesivo sueño diurno y nocturno. Se caracteriza por períodos prolongados y recurrentes de excesivo sueño. Durante el día suelen necesitar las siestas por la excesiva somnolencia. Por la noche se quedan dormidos con mucha facilidad y por la mañana tienen dificultad para despertarse. La hipersomnia puede ser idiopática, secundaria o periódica. Un tipo de hipersomnia perteneciente a este último grupo, el síndrome de Kleine Levin, se caracteriza entre otras manifestaciones, por la presencia de irritabilidad y agresión en el curso de los episodios de hipersomnia (Orlosky, 1982).

10.5.2.3.1. «Conducta antisocial asociada a los trastornos de excesiva somnolencia»

Los distintos trastornos de excesiva somnolencia implican el riesgo de lesiones para el propio paciente y para otros como consecuencia inmediata de las principales manifestaciones clínicas de cada uno de ellos. En el caso de la narcolepsia y apnea obstructiva del sueño hay una alta probabilidad de que los pacientes se duerman mientras conducen lo que se traduce en un número de accidentes de tráfico muy superior al que tienen los conductores normales (Findley, Unvestadt y Suratt, 1988). Se ha descrito algún caso aislado de conducta violenta durante el sueño de algún paciente con apnea obstructiva del sueño, aunque esto es excepcional (Schenck y cols., 1989). En las hipersomnias la posibilidad de aparición de conductas violentas se asocia principalmente a los episodios de «borrachera del sueño» y a los intentos de forzar el despertar del paciente. En el caso del síndrome de Kleine Levin el paciente puede mostrarse agresivo, pero no se han descrito episodios de violencia en este síndrome (Vela-Bueno y Oliván, 1994). En pacientes con excesiva somnolencia diurna (fundamentalmente narcolepsia y apnea del sueño) aparecen episodios de comportamiento automático; éstos tienen una duración variable entre unos cuantos segundos y varias horas. En el curso de estos episodios el paciente puede ejecutar tareas complejas de las que el paciente no es consciente y suele tener amnesia de lo sucedido.

Las consecuencias jurídicas de los trastornos del sueño anteriormente contemplados se encuentran vinculadas al hecho de que tales situaciones implican la posibilidad de realizar actos más o menos complejos que pueden entrañar daños a otras personas de los que el paciente no es consciente. El peritaje psicológico de este tipo de casos debe basarse en una completa historia clínica, en la aplicación de las técnicas de evaluación apropiadas en cada caso e incluso un estudio en el laboratorio de sueño.

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NI.' DEL CARMEN CANO LOZANO

11.1. INTRODUCCIÓN

Uno de los presupuestos contemplados en la legislación penal como eximente de responsabilidad criminal es el trastorno mental transitorio. El término aparece por primera vez en el Código Penal español de 1932 a instancias del psiquiatra Sanchís Banús y del jurista Jiménez de Asúa. Las eximentes de trastorno mental transitorio y de anomalía o alteración psíquica se han incluido en un mismo artículo del Código Penal. Así, en el segundo párrafo del Artículo 20-1.° del actual Código Penal se establece que «Están exentos de responsabilidad criminal: 1.°. (...) El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión». Para la aplicación de la eximente de anomalía o alteración psíquica, en los supuestos de trastorno mental transitorio, es preciso no sólo que el sujeto esté privado por completo de la capacidad de comprender el carácter ilícito de la conducta o de obrar conforme a ese conocimiento, sino que también el trastorno mental transitorio no «hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión». Este requisito negativo de la eximente alude a las llamadas acciones libres en la causa (actiones liberae in causa). El sujeto es inimputable en el momento de realizar la acción u omisión típica y antijurídica pero no lo era en un momento anterior, cuando se provocó el trastorno mental transitorio. Hace referencia a los supuestos en que la provocación del trastorno mental transitorio, por el sujeto, es voluntaria con el propósito de cometer el delito o habiendo previsto o debido prever que en esta situación podía cometerlo. De esta manera se mantiene únicamente la diferencia entre los trastornos mentales de carácter permanente o duradero de los de carácter tran sitorio a efectos de la regulación de las acciones libres en la causa (Cerezo Mir, 2000). Quintero (2000) señala que la mención separada del trastorno mental transitorio ha sido fruto de un planteamiento histórico en el que se creía en la posibilidad de establecer diferencias entre las enfermedades mentales en relación con su duración. La presencia de trastorno mental transitorio obedecía además al deseo de mencionar expresamente la posibilidad de episodios de locura «pasajera». Se partía de un concepto de «enajenación» vinculado estrechamente a la idea de permanencia. A pesar de todo, para este autor no resulta especialmente perturbadora la expresa referencia al trastorno mental transitorio.

El Tribunal Supremo ha entendido por trastorno mental transitorio una perturbación mental pasajera, de aparición más o menos brusca producida por causas inmediatas y exógenas. El efecto psicológico debía ser el mismo que en el caso de la eximente por enajenación, es decir, que anulara o perturbara plenamente la capacidad intelectual o la capacidad volitiva. La intensidad de la perturbación debía ser la misma. La única diferencia estaba en la transitoriedad de dicho efecto psicológico. En la Tabla 11.1. se sistematizan las características diferenciales que se han asociado tradicionalmente a las eximentes de enajenación y de trastorno mental transitorio.

Tabla 11.1

Características diferenciales entre las eximentes de enajenación y de trastorno mental transitorio (adaptado de Micó, 1996)

La circunstancia de trastorno mental transitorio puede ser causada por reacciones vivenciales de especial entidad, por la acción de sustancias tóxicas o por determinadas patologías. Como ejemplos típicos de trastorno mental transitorio se han citado las llamadas reacciones exógenas de Bonhóeffer: delirio febril, fiebre puerperal, el estado psíquico producido por la anestesia, etc., y, en general, todas las psicosis exógenas ya sean infecciosas, tóxicas, metabólicas, trau máticas, etc. (Rodes y Martí, 1997). Las psicosis exógenas hacen referencia a los denominados trastornos mentales orgánicos según el DSM-III-R (American Psytriatric Association, 1987) y que en el DSM-IV (American Psytriatric Association, 1994) se han agrupado en tres secciones: 1) delirium, demencia, trastornos amnésicos y otros trastornos cognoscitivos, 2) trastornos mentales debidos a una enfermedad médica, y 3) trastornos por consumo de sustancias. Comparten todos ellos que cada trastorno es debido a una enfermedad médica, al consumo de una sustancia (por ejemplo, drogas, medicamentos o tóxicos) o a una combinación de estos factores. Cabe puntualizar que los trastornos por consumo de sustancias ya no se incluyen en el supuesto legal de trastorno mental transitorio. Esta circunstancia viene contemplada en el Apartado 2.° del Artículo 20 del Código Penal en el que se exime de responsabilidad criminal «al que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halla bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión». Es indudable que jurídicamente el concepto de trastorno mental transitorio no tiene el mismo valor que desde el punto de vista psicológico. Debemos concretar, por tanto, cuál es el concepto jurídico del que necesariamente se debe partir.

11.2. CONCEPTO DE TRASTORNO MENTAL TRANSITORIO

La jurisprudencia española ha fijado una serie de criterios de apreciación del trastorno mental transitorio. Para que una perturbación mental pueda ser considerada como trastorno mental transitorio debe reunir los siguientes requisitos:

-Que haya sido desencadenada por una causa inmediata y fácilmente evidenciable.

-Que su aparición haya sido brusca o al menos rápida.

-Que su duración haya sido breve.

-Que desaparezca de forma igualmente rápida, por una curación completa, sin secuelas y sin probabilidades de repetición.

-Que la intensidad del trastorno mental sea origen de una anulación completa para comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión no siendo suficiente la mera ofuscación.

Durante un período considerable la jurisprudencia exigió también para la apreciación de trastorno mental transitorio, además de una circunstancia desencadenante de notoria relevancia, una base patológica probada (Homs, 1996). Así, Gisbert Calabuig (1994) señala que para comprender la posibilidad de trastorno mental transitorio puede ser necesaria en ciertos casos la existen cia de una predisposición pero no es indispensable en otros. Así, las respuestas patológicas ante choques psíquicos emocionales sólo se conciben, según el autor, en sujetos con un trasfondo patológico, aún de entidad leve, generalmente un trastorno de la personalidad, sin el cual no se comprendería que tal reacción alcanzara caracteres patológicos. En cambio, señala que en la mayor parte de las infecciones, traumatismos craneales, la base patológica facilitaba el trastorno, pero éste puede darse en su ausencia. En la actualidad la doctrina mayoritaria del Tribunal Supremo admite la apreciación de la eximente ya sea completa o incompleta sin necesidad de la base patológica, siempre que la intensidad de la perturbación sea de una entidad y notoriedad relevantes y afecte gravemente a la capacidad intelectual o volitiva.

11.3. REQUISITOS PARA LA CONSIDERACIÓN DE TRASTORNO MENTAL TRANSITORIO

11.3.1. ORIGEN

La idea que se contiene en las sentencias del Tribunal Supremo por lo que respecta a las causas del trastorno mental transitorio es que las perturbaciones que lo constituyen deben responder necesariamente a una «causa externa, inmediata y fácilmente evidenciable» (Gisbert Calabuig, 1994). La jurisprudencia ha establecido los siguientes posibles orígenes del trastorno mental transitorio (Micó, 1996):

-Exacerbación repentina de una enfermedad mental subyacente. Síndromes clínicos incluidos:

•Formas de reacción exógena de Bonhóeffer (infecciones, intoxicaciones, traumatismos craneales).

•Psicosis reactiva breve (síndromes de Stertz).

•Trastorno explosivo aislado o intermitente.

-Embriaguez alcohólica plena y fortuita. Tipos de cuadros clínicos alcohólicos:

•Embriaguez aguda.

•Embriaguez idiosincrásica.

•Cuadros agudos de alcoholismo crónico.

-Ingestión, inhalación o asimilación de drogas tóxicas, estupefacientes o psicotropas. Circunstancias a consideran-

•La intensidad de las alteraciones en relación con sujeto y dosis.

•El tipo de efecto psicológico de la sustancia (LSE /neurolépticos/heroína).

•En algunas sustancias, el síndrome de abstinencia. Ya señalábamos que con el actual Código Penal estas dos últimas posibilidades etiológicas se incluyen en el artículo 20-2.°.

-Respuestas psicológicas a situaciones con fuerte contenido emocional. Se incluyen:

•Reacciones vivenciales anormales.

11.3.2. APARICI(5N BRUSCA

El trastorno mental transitorio requiere, para ser considerado, que su aparición sea repentina o brusca, según ha establecido reiteradamente la jurisprudencia. Esta fugacidad obedece a una doble razón; en primer lugar, para diferenciarlo de la enajenación mental que implica la existencia de una perturbación anterior fácilmente demostrable y permanente y, en segundo lugar, la imprevisibilidad del acontecimiento (Homs, 1996). Gisbert Calabuig (1994) incorporó dos matizaciones con respecto al requisito de brusquedad de aparición:

-El primer aspecto se refiere al intervalo cronológico que debe transcurrir entre la actuación de la causa externa y la iniciación de la sintomatología. A este respecto el criterio del Tribunal Supremo ha sido muy exigente, rechazando la apreciación de esta eximente cuando este intervalo se prolonga en alguna medida.

-Él segundo aspecto se refiere al modo de hacer su aparición la sintomatología. En la enajenación es normal que la enfermedad se inicie de forma más o menos insidiosa, acentuándose paulatinamente la sintomatología. En el trastorno mental transitorio, en cambio, la perturbación hace su presencia ya con una intensidad de síntomas lo suficientemente elevada como para explicar que por su misma perturbación pueda dar lugar a una infracción del orden jurídico.

La aparición del trastorno puede ser consecuencia de un hecho inmediato, es decir, por un acontecimiento que provoque un choque psíquico o por hechos que se han ido acumulando y finalmente provoquen la actuación. Se ha precisado que la causa desencadenante sea de tal relevancia y entidad que pueda explicar lo realizado como la única o la más probable respuesta ante un gran estímulo psíquico. Cuando la aparición, aun siendo repentina, es causada por hechos anteriores y no inmediatos se requiere que éstos sean lo suficientemente graves y posean una intensidad tal que hayan causado una perturbación mental en el sujeto. Se entiende por aparición repentina la emergencia de una alteración mental que condiciona un comportamiento no detectable anteriormente. Los hechos que den lugar al trastorno mental transitorio pueden haberse acumulado en períodos anteriores; pero el trastorno debe haber emergido en un momento determinado, tras el cual se realiza el delito (Homs, 1996).

11.3.3. DURACIÓN

El tiempo o duración de la perturbación debe ser escaso, según criterio mayoritario de la jurisprudencia; ésta se ha mostrado estricta en el cómputo temporal, exigiendo en la mayoría de las resoluciones tan sólo minutos y como máximo horas, aunque en determinadas ocasiones ha expresado la posibilidad de días. Por el contrario, la doctrina se ha mostrado más flexible en la interpretación; sólo ha exigido que sea breve, no habiendo precisado más, dejando su valoración a la apreciación del Tribunal. Con ello se ha querido expresar simplemente que el trastorno no sea permanente o que su prolongación no haga pensar en la presencia de un episodio ligado a una verdadera enajenación. Lo importante aquí no es que su permanencia sea más o menos breve sino que sea pasajera, esto es, que sea posible delimitarla entre dos momentos, el del comienzo y el de la terminación y, sobre todo, la posibilidad de reaparición, que no haya motivos internos por los que deba volver a presentarse obligatoriamente. Si el trastorno es verdaderamente transitorio, es decir, que una vez cesado no volverá a presentarse, la eximente se aplica incondicionalmente. Si el trastorno constituye sólo un episodio de una enfermedad persistente, como existe la posibilidad de que surja de nuevo, ha de ser valorado como enajenación (Gisbert Calabuig, 1994).

11.3.4. FINALIZACIÓN SIN DEJAR HUELLA

La finalización del trastorno mental transitorio debe implicar la curación sin dejar huella, es decir, la completa desaparición de la anomalía psíquica y, en consecuencia, el regreso a la situación anterior de normalidad. Gisbert Calabuig (1994) apunta que la existencia de ciertas anormalidades de fondo o «base patológica» pueden justificar que tras la desaparición del trastorno mental transitorio se compruebe en el estudio pericial la persistencia de aquellas. Dicho de otro modo, que el terminar sin secuelas se refiere al episodio en sí y no a la pequeña anormalidad que le sirve de fondo. Pero, además, señala también el autor que hay que tomar en consideración la naturaleza de la perturbación y la posibilidad de que la propia causa desencadenante del trastorno mental transitorio lesione directamente produciendo algunos daños orgánicos traducibles en síntomas psíquicos irreversibles por su misma naturaleza.

11.3.5. INTENSIDAD DE LA PERTURBACIÓN

La intensidad en el trastorno mental transitorio ha sido el elemento indispensable para la apreciación de esta figura jurídica. Si no es de una intensidad suficiente la jurisprudencia ha apreciado tan sólo la atenuante de arrebato y obcecación o, incluso, ha llegado a no admitir circunstancia atenuatoria ninguna. El mencionado trastorno mental transitorio debe, pues, tener una intensidad que según se ha descrito debe ser equiparable a la del enajenado, con la única salvedad de su transitoriedad. Cuando el efecto psicológico al que nos referimos es pleno, se acepta por la mayoría doctrinal que se aprecie la eximente completa, debiendo tener un carácter acusado y perturbar siempre las funciones intelectivas y volitivas. Al considerar las facultades intelectivas y volitivas entendemos la capacidad de conocer la ilicitud o carácter antijurídico de los hechos cometidos, así como la capacidad de orientar la conducta con arreglo a este conocimiento. En el supuesto de una reacción vivencial anormal se ha exigido que los motivos sean auténticamente poderosos y no se limiten a una simple alteración emocional típica de toda reacción violenta o agresiva. Sólo del relato fáctico de los hechos podrá acreditarse si los estímulos tuvieron la intensidad suficiente para afectar a la responsabilidad criminal, debiéndose determinar si la disminuyeron o anularon completamente (Homs, 1996).

11.4. PERITACIÓN PSICOLÓGICA DEL TRASTORNO MENTAL TRANSITORIO

En opinión de Gisbert Calabuig (1994) lo que definiría más característicamente el trastorno mental transitorio desde el punto de vista clínico es la posibilidad de que la perturbación mental que lo constituye pueda ser delimitada claramente entre dos momentos, el del comienzo y el de terminación, constituyendo un episodio pasajero tras el cual el sujeto vuelve a su estado anterior sin que sea previsible una reaparición espontánea. Reunidas tales características restaría al perito reconstruir el episodio y analizar si la conducta de la persona ha sido determinada por la presencia de un trastorno psicopatológico concreto, entidad del mismo, cómo ha podido influir en la capacidad de conocer el hecho o comprender lo injusto del mismo (capacidad cognitiva) o la capacidad para controlar o dirigir su conducta (capacidad volitiva) y qué relación de causalidad existe entre el trastorno, la alteración de las capacidades y la conducta delictiva concreta (Hernández, 2002). Si la intensidad de la perturbación significa la anulación o perturbación profunda de la capacidad cognitiva o volitiva, la eximente será completa. Por el contrario, si es poca la intensidad deberá contemplarse la atenuante. Para determinar si el sujeto se hallaba en este estado cuando no ha sido observado por un técnico a raíz del hecho sino después, a más o menos distancia del mismo, deben tenerse en cuenta las condiciones particulares del sujeto, los antecedentes del hecho, el hecho mismo, los móviles que le induzcan a producirse de forma violenta y los actos que le subsiguieron. Es preciso que resulte justificado debidamente de los hechos anteriores, simultáneos y sucesivos, no debiendo existir ningún hecho posterior al acto delictivo que invalide aquella interpretación de la eximente (Gisbert Calabuig, 1994). Sirven igualmente en este contexto algunas pautas señaladas por Blau (1984) que deben orientar la práctica de la pericia psicológica:

-Los peritos deben utilizar todos los recursos metodológicos disponibles a fin de dar una respuesta adecuada a las preguntas que se les plantean.

-Para elegir los métodos y técnicas de evaluación, el psicólogo se ajustará al nivel de conocimientos e investigaciones disponibles sobre el problema de estudio.

-Atenderá a las justificaciones científicas necesarias acerca de la validez y fiabilidad de los instrumentos de evaluación utilizados, de la vigencia y capacidad explicativa de las categorías y términos utilizados en el informe.

- El perito debe ajustarse al proceso científico de elaboración, discusión e integración de hipótesis, pudiendo referirse a alguno de los modelos de evaluación reconocidos científicamente.

11.5. CUADROS CLÍNICOS DE POSIBLE MANIFESTACIÓN DEL TRASTORNO MENTAL TRANSITORIO

Teniendo en cuenta los posibles orígenes del trastorno mental transitorio haremos mención, en primer lugar, a la posibilidad de que el trastorno mental transitorio sea debido a la exacerbación repentina de una enfermedad mental subyacente y, en segundo lugar, a la posibilidad de que sea debido a reacciones vivenciales anormales.

11.5.1. EXACERBACIÓN REPENTINA DE UNA ENFERMEDAD MENTAL SUBYACENTE

Corresponden a este grupo aquellas perturbaciones cuya inclusión en el trastorno mental transitorio no ofrece duda, constituyendo los ejemplos clínicos más evidentes de esta circunstancia modificadora de la responsabilidad, pese a lo cual, el análisis de la jurisprudencia demuestra que han sido alegados muy raramente en la práctica. Entre ellos se ha citado (Gisbert Calabuig, 1994):

-Síndromes de reacción exógena de Bonhóeffer. Se engloban bajo este epígrafe los síndromes de delirium, así como los amenciales, los estados crespusculares y los cuadros alucinatorios que aparecen como reacción a diversos estímulos externos de clara base física, muy especialmente como respuesta a infecciones, intoxicaciones, traumatismos, etc.

Síndromesfacultativos de Stertz. Son cuadros clínicos igualmente desencadenados por estímulos externos físicos. Surgen en sujetos en que existe una predisposición constitucional de modo que en estrecha ligazón con un motivo externo se pone en marcha un cuadro epileptoide, maníaco-depresivo, catatonoide, alucinoide, paranoide o incoherente, el cual, no obstante, cede por completo al dejar de actuar el motivo externo. En ellos el motivo externo es tan importante para su génesis que el cuadro entero se inicia con él y cesa también con él. Si la desaparición de la causa externa hace desaparecer el cuadro psíquico debe pensarse en un trastorno mental transitorio. Si la enfermedad progresa de acuerdo con el curso de ésta ya no se trata de un trastorno mental transitorio sino que ha adquirido independencia y, como tal, ha de considerarse como enajenación.

-Casos límite. Hay otros casos en que las dificultades del encuadramiento en el trastorno mental transitorio son elevadas. En primer término, hay psicosis episódicas que aparecen de forma súbita, normalmente en relación con un estímulo externo, que desaparecen y pueden no volver a aparecer en el sujeto. Dentro de la epilepsia debemos considerar ante todo los estados crepusculares, considerados por la generalidad de los autores como enajenación, ante todo por la posibilidad de que reaparezcan sin nuevos motivos externos. Por otra parte, no puede ignorarse la posibilidad de que el fondo patológico sobre el que se asientan tales episodios sea ajeno a la disposición epiléptica en sentido estricto. Ello ocurre en ciertos estados disendocrinos, sobre todo la hipocalcemia, la hipoglucemia, etc., en los que se pueden dar todos los síndromes de la epilepsia. Estos cuadros deben ser considerados como genuinos trastornos mentales transitorios. Cabe mencionar también la existencia de casos límite en los síndromes de reacción exógena de Bonhóeffer, a los que se ha considerado como los ejemplos más representativos del trastorno mental transitorio. En efecto, entre las formas clínicas, los síndromes alucinósicos no presentan el típico trastorno de conciencia. Por otra parte, en la alucinosis los motivos disposicionales tienen más acusado valor y el síndrome patológico ha de ser más profundo para eximir, por la habitual conservación de la orientación y lucidez.

En la Tabla 11.2. aparecen algunos cuadros clínicos de posible manifestación del trastorno mental transitorio.

Tabla 11.2

Cuadros clinicos de posible manifestación del trastorno mental transitorio.

Fuente: Micó (1996).

11.5.2. REACCIONES VIVENCIALES ANORMALES

Se incluyen las reacciones psicológicas anómalas a consecuencia de estímulos vivenciales de origen puramente psíquico. De hecho, la lectura de las sentencias jurisprudenciales comprueba un neto predominio de las reacciones psicológicas en los casos judiciales en que se ha estimado la existencia de esta eximente. Es una cuestión complicada dada la dificultad muchas veces de delimitar claramente lo que es un auténtico trastorno mental transitorio de lo que son reacciones psíquicas normales aunque extremas. Veamos las formas más importantes de estas reacciones:

-Reacciones vivenciales anómalas. Se ha referido con este término a las reacciones patológicas, anormales e inhabituales. Se diferencian de las reacciones vivenciales normales por su intensidad. Otros han señalado también diferencias cualitativas entre unas y otras en el sentido de que tienen lugar en el sujeto fenómenos psíquicos que no se dan en el sujeto normal (trastornos de la conciencia, ideas delirantes, alucinaciones, etc.). Este último criterio no es compartido por todos, al aceptar algunos que tales fenómenos serían una simple acentuación cuantitativa de las reacciones normales. No debe considerarse como eximente cualquier clase de reacción psíquica anómala. Se necesitan para ello dos condiciones: una de intensidad y otra de la forma misma de la reacción. Sólo cuando ambas crean un estado «análogo» al de la enajenación constituirán una eximente.

-Casos límite. Las reacciones psíquicas plantean a veces serios problemas en cuanto a su encuadramiento en el trastorno mental transitorio, unas veces por dificultades diagnósticas, otras veces por la hondura de su intensidad y otras por la concurrencia de una disposición patológica tan acusada que debe tomarse en cuenta la consideración del trastorno como enajenación.

11.6. CRÍTICAS AL CONCEPTO DE TRASTORNO MENTAL TRANSITORIO

El trastorno mental transitorio ha sido y es en la actualidad una figura jurídica criticada tanto por sectores psiquiátricos y psicológicos como jurídicos por considerar que no posee relevancia suficiente ni fundamento para incidir en la imputabilidad atenuando o eximiendo de la responsabilidad criminal (Homs, 1996). Entre otros, López Gómez puso reparos al concepto de trastorno mental transitorio defendiendo su desaparición para evitar que en la práctica se convirtiera en cómodo asidero en la defensa de delincuentes comunes. Argumentaba que con frecuencia se alega esta circunstancia circunscribiéndola al momento en que tuvo lugar la infracción jurídica siendo, en buena parte de estos casos, el hecho delictivo la única manifestación del trastorno mental transitorio. De ahí que resulte sospechoso cuando se alega, como lo es de ordinario, ante todo y sobre todo en casos de delitos de sangre, es decir, siempre para delitos de suma gravedad, a los que el código señala penas de mucha trascendencia.

Por otra parte, hay quienes señalan que en la práctica es tan difícil demostrar científicamente un trastorno mental transitorio, que su desaparición no representaría ningún inconveniente en la práctica judicial. Si tenemos en cuenta que al perito se le reclama en un momento que dista del que se cometió el delito, podemos suponer que los síntomas de la perturbación han desaparecido cuando se le hace la evaluación. Por tanto, se le pide que evalúe el estado de esa persona en un momento en que se encuentra en un estado totalmente diferente. ¿En qué criterio de rigor científico puede basarse el perito para afirmar cómo estaba esa persona en el momento de la comisión del delito? Por tanto, se propone su desaparición por falta de rigor científico.

En opinión de Gisbert Calabuig (1994) tales razones no tienen validez suficiente para justificar la abolición del trastorno mental transitorio:

-En primer lugar, porque todas las dificultades pueden salvarse con una perfecta regulación de la prueba pericial, con lo que la posible simulación no escaparía fácilmente a peritos y magistrados. Como puntualiza el Tribunal Supremo la existencia del trastorno mental transitorio debe establecerse no sólo por el hecho delictivo, sino por las otras manifestaciones de la personalidad, antes y después de la comisión del delito. A lo largo de la evolución del trastorno, por breve que sea su duración, deben aparecer otras manifestaciones patológicas que permitan afirmar el diagnóstico, ya que en opinión de este autor es prácticamente imposible que la duración del trastorno, aunque pasajero, sea tan reducida que no haya dado otras pruebas de su existencia. Es fundamental que en el complejo de hechos situados alrededor del delito no se encuentren elementos que hagan suponer que el sujeto no estaba perturbado.

-En segundo lugar, la rareza del trastorno mental transitorio no fundamenta con razón que deba desaparecer. Basta con que se dé un solo caso para mantener la circunstancia eximente del trastorno mental transitorio, siempre que pueda demostrarse su existencia real.

-Por último, la razón primordial según el autor de la existencia de esta figura jurídica radica en las consecuencias que de su declaración se desprenden. Desde el punto de vista de la responsabilidad, el mismo efecto produce la enajenación que el trastorno mental transitorio, ya que en esencia no hay diferencia entre ellos. Uno y otro consisten en la anulación de los requisitos psicológicos que condicionan la imputabilidad: la capacidad intelectual y/o volitiva. Pero en la enajenación, dicha anulación tiene una duración considerable, por lo que dado el antecedente de haber realizado ya una transgresión del orden jurídico-social, debe deducirse un estado de peligrosidad en el sujeto que justifica su reclusión, en orden a mantener la seguridad social y garantizar el tratamiento del perturbado. Por el contrario, en el trastorno mental transitorio la perturbación es pasajera y ha cesado cuando pudiera dictarse la medida de seguridad, con lo que ésta ha dejado de estar justificada.

Hay que puntualizar a tenor de esta última apreciación que en el actual Código Penal no se establecen diferencias entre ambos tipos de trastornos, como en el anterior, a efectos de aplicación de las medidas de seguridad. En el Número 1 del Artículo 8 del viejo Código Penal se establecían únicamente medidas de seguridad para los enajenados. El legislador declara en el último párrafo del Artículo 20 del actual Código Penal que todos los sujetos en los que concurra cualquiera de las tres primeras eximentes del mismo, por lo tanto también aquellos en los que se aprecie trastorno mental transitorio, pueden ser sometidos a medidas de seguridad. En la Tabla 11.3. se resumen algunos de los aspectos positivos y negativos que se han señalado en torno al concepto de trastorno mental transitorio.

Tabla 11.3

Aspectos positivos y negativos del trastorno mental transitorio (modificado de Micó, 1996)

BIBLIOGRAFÍA

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RODES, E y MARTI, J. B. (1997), Valoración médico-legal del enfermo mental, Alicante, Universidad de Alicante.

MARTA RAMÍREZ GONZÁLEZ

12.1. INTRODUCCIÓN

Dentro de la jurisdicción civil son muchas y variopintas las cuestiones para las que se ha recabado el dictamen de psicólogos como expertos, desde incapacitaciones o incapacidades laborales, hasta internamientos psiquiátricos forzosos o cambios de sexo. Pero sin duda en esta jurisdicción el Derecho de Familia es la parcela con mayor tradición de peritaje psicológico dentro y fuera de nuestras fronteras. Dentro del Derecho de Familia podemos distinguir, aunque sea de una forma un tanto grosera, dos grandes tipos de casuística: los procedimientos matrimoniales (separaciones, divorcios y nulidades, fundamentalmente) y los procedimientos de protección de menores (esto es, impugnaciones de tutela, acogimientos familiares y adopciones). En ambas se solicitan periciales psicológicas, si bien es verdad que el grueso de la demanda de peritajes psicológicos en la jurisdicción civil corresponde a los procedimientos matrimoniales, con la particularidad de que en éstos suelen encontrarse (e incluso «cohabitar») tanto peritajes privados como procedentes de psicólogos de la propia Administración de justicia, mientras que en los procedimientos de protección es sumamente inusual hallar peritajes privados. La diferente naturaleza de un tipo y otro de procedimientos aconseja estudiar por separado cada uno de estos campos de peritación para delimitarlos debidamente y analizar en profundidad los contenidos y la metodología de evaluación psicológica en cada uno de ellos.

12.2. PERITAJE EN PROCEDIMIENTOS MATRIMONIALES

12.2.1. DELIMITACIÓN Y DESARROLLO DE ESTE CAMPO DE PERITACIÓN

En relación con los procedimientos matrimoniales pueden ser solicitadas periciales psicológicas muy variadas: dictámenes sobre causas de nulidad civil del matrimonio (miedo, error in personara, etc.), dictámenes sobre causas de separación o divorcio (alcoholismo, toxicomanía o perturbación mental), evaluaciones en casos de consentimiento matrimonial de menores, dictámenes sobre privación de la patria potestad (tanto bajo supuestos de incapacidad como de abandono o malos tratos hacia los hijos), dictámenes sobre guarda y custodia de los hijos en procesos de separación, divorcio o en procedimientos de menor cuantía cuando se trata de parejas no matrimoniales e informes sobre régimen de visitas y comunicación de los hijos con el progenitor no custodio en cualquiera de estos mismos procedimientos. De todas estas posibilidades son en la práctica las dos últimas, esto es, los dictámenes de custodia y de visitas, para las que con mayor frecuencia se requiere a los psicólogos como expertos. De hecho este tipo de dictámenes representa en torno al 80 por 100 de la demanda de intervención pericial psicológica en los juzgados de Familia y, aunque no se dispone de estadísticas sobre la demanda de peritajes psicológicos privados, seguramente no sea atrevido decir que también son éstos, además de los asuntos penales, en los que se interviene con mayor frecuencia desde el ámbito privado. De ahí que, en cierto modo, sea inevitable que los peritajes de custodia ocupen siempre el lugar central de cualquier trabajo sobre este ámbito concreto de peritaje y este capítulo no se sustrae a esta tendencia general.

En Ramírez, Ibáñez y De Luis (1998) puede encontrarse un análisis más pormenorizado de la demanda de periciales psicológicas en este tipo de procedimientos, según el tipo, origen y momento en que se produce la solicitud del peritaje. Centrémonos aquí en revisar la triple vertiente de los orígenes del peritaje psicológico en este ámbito, pues se entiende que la aportación del psicólogo como perito-asesor en estos procedimientos y en nuestro entorno es fruto de la confluencia de factores sociales, legislativos y de desarrollo profesional. De un lado estarían los cambios experimentados por la familia en las sociedades desarrolladas en la segunda mitad del siglo xx, en especial el aumento vertiginoso de divorcios en Estados Unidos y en Europa. En España, dada nuestra escasa tradición divorcista, tenemos la tasa de divorcio más baja de la Unión Europea (0,8 por mil), exceptuando Irlanda. Pero la tendencia desde el reconocimiento legal del divorcio es también ascendente, observándose una aceleración del crecimiento de separaciones y divorcios en la década de los años noventa. Esta nueva realidad social ha ido poniendo al descubierto toda una serie de nuevas necesidades: servicios de mediación familiar, programas preventivoeducativos para disminuir el impacto del divorcio, tanto en adultos como en niños, o servicios de asesoramiento tanto a las propias familias (arbitraje) como a las instancias judiciales (peritaje). Necesidades que también van haciéndose evi dentes en España y para cuya respuesta los psicólogos, entre otros profesionales, hemos ido preparándonos en estos últimos lustros. En segundo lugar, precisamente en respuesta a esta nueva realidad social y, por supuesto, como consecuencia de los cambios políticos habidos en España con la llegada de la democracia, tuvo lugar la reforma legislativa en materia de Derecho de Familia. En el año 1981 se promulga la Ley 30/81 que todos conocemos como Ley de Divorcio y en ella se hace referencia explícita al dictamen de especialistas (Artículo 92 del Código Civil). Así pues, aunque la intervención del psicólogo en procedimientos civiles ya era posible en nuestro ordenamiento jurídico anterior, la mencionada ley introdujo la posibilidad de separación consensual que hacía innecesaria la alegación de causas que hasta entonces habían sido el objeto más frecuente de peritaje psicológico, y ello supuso un cambio de perspectiva importante en la intervención del psicólogo en estos asuntos, pasando de ser estrictamente un medio probatorio a asociarse preferentemente a la búsqueda del mejor interés del menor. El tercer factor a tener en cuenta es el propio desarrollo de la Psicología Forense a partir de los años setenta, que aunque más tardío en este ámbito sobre todo a nivel nacional, ha posibilitado la incursión paulatina del psicólogo en el sistema jurídico español. Constituye un hito en este proceso la creación en el año 1983 a instancias del Consejo General del Poder judicial de una plantilla de técnicos asesores pertenecientes al Ministerio de Justicia que, aun sin el debido desarrollo reglamentario, ha venido a sumarse al ya antiguo Cuerpo de Médicos Forenses y al de Instituciones Penitenciarias creado en 1970 en el cual también están integrados los psicólogos. Conviene recordar también que, aunque en la actualidad haya psicólogos adscritos a órganos judiciales diversos (Juzgados de Familia, juzgados de Menores, Clínicas Médico-Forenses, juzgados de Vigilancia Penitenciaria, etc.), su expansión se produjo a partir de su asignación inicial y experimental precisamente a juzgados especializados de Familia. También ha crecido la demanda de peritajes privados y, en respuesta a esta necesidad, han proliferado los turnos de peritación regulados por las diversas delegaciones del colegio profesional de psicólogos.

12.3. EVOLUCIÓN DE LOS PERITAJES SOBRE CUSTODIA INFANTIL

Analizar la evolución de las evaluaciones de custodia, en cuestión de contenidos y metodología, sobre todo en aquellos contextos con mayor tradición divorcista y forense que el nuestro (especialmente el norteamericano), puede ampliar nuestra perspectiva sobre este tipo de peritajes. Comencemos por referirnos, siquiera brevemente, a las áreas o campos de contenido que tradicionalmente han sido objeto de evaluación en los peritajes sobre la custodia infantil. Una de estas áreas ha sido la personalidad y ajuste psicológico de los progenitores, que ha recibido mucho énfasis en los momentos en que la psicopatología era el núcleo de las evaluaciones, pues las mismas se regían por criterios negativos y se centraban, por tanto, en la contrastación de la presunta incapacidad de uno de los progenitores. Sin embargo, conforme se ha ido constatando que los rasgos de personalidad tradicionales resultaban poco predictores de las habilidades parentales o de la naturaleza de las relaciones parento-filiales, la formulación de esta área ha cambiado de cariz. De hecho, en las últimas décadas, lo que parece estar cobrando importancia es el plano social de la adaptación de los padres, en tanto se ha comprobado que la competencia social parental incrementa su capacidad de afrontamiento no sólo de la propia crisis marital (Chiriboga, Coho, Stein y Roberts, 1979; Colletta, 1979), sino presumiblemente también de las potenciales dificultades adaptativas de los hijos tras la separación. Respecto al área del ajuste general de los hijos podría precisarse que además de las diferentes vertientes del mismo (emocional, conductual o socioescolar) recientemente se vienen considerando las variables moduladoras de la adaptación infantil post-divorcio (Kurdek, 1988; Wyman, Cowen, Hightower y Pedro-Carroll, 1985) que pueden ser de muy diferente índole: autoestima, competencia percibida, soporte social o razonamiento interpersonal. En todo caso, como señalaba muy acertadamente Marafiote (1985), con excesiva frecuencia el énfasis dado a esta área no se ve justificado con su peso en el proceso de decisión sobre la custodia, al no establecerse claramente (mediante análisis funcionales) qué comportamiento/s de qué progenitor/es contribuye/n al problema/s de ajuste infantil observado/s o, por el contrario, al logro de la buena adaptación apreciada.

Los dictámenes de custodia suelen abordar al menos alguna de estas cuestiones relativas a la adaptación de los hijos a nivel familiar: percepción filial de las figuras parentales, relaciones fraternales, preferencias de custodia de los hijos y comprensión que éstos tienen del conflicto y la separación parental. Cuestiones respecto a las cuales el interés del perito ha estado tanto en la respuesta misma de los niños al divorcio como en la capacidad de los padres para apreciar ésta de forma realista y ponderada. El área de las actitudes parentales y el estilo educativo de los padres ha sido sin duda el caballo de batalla de los peritajes desde una perspectiva forense tradicional. Se han considerado habilidades parentales y dimensiones del estilo de cuidado/educación parental muy diversas y la clásica tipología de estilos disciplinares parentales de Baumrind (1978) ha sido utilizada en estudios de gran envergadura (Guidubaldi, Cleminshaw, Perry, Nastasi y Lightel, 1986) para esclarecer el papel que los estilos parentales, entre otras variables, juegan como facilitadores del ajuste infantil postdivorcio. Pero, como señalan Grisso (1986) y Marafiote (1985), no existe consenso sobre qué constituye el meollo de la capacidad parental y, por tanto, cada perito toma en consideración las dimensiones o habilidades parentales que le parece sin explicitar el fundamento teórico o empírico de su selección. La historia y dinámica familiar ha concitado, como es fácil suponer, mucho interés en las filas de los psicodinámicos, pero desde otros enfoques ha sido un área orientada a cuestiones tales como hábitos y/o rutinas familiares y pautas de relaciones familiares post-ruptura (tanto interparentales como parentofiliales) que permiten determinar la implicación parental relativa, la situación de la pareja en el continuo hostilidad-cooperación y la capacidad de cada progenitor para articular la situación post-ruptura. Por último, las variables relativas al entorno y la infraes tructura familiar (adecuación del contexto y de la propia vivienda, cambios que comporta cada alternativa de custodia, organización previsible en caso de custodia, etc.) son valoradas con frecuencia conjuntamente con los trabajadores sociales. Variables que pese a su consideración como cuestiones menores (diríamos de intendencia) tienen más peso del que pudiera creerse en los dictámenes de custodia, pues frecuentemente determinan la viabilidad práctica de una alternativa de custodia; así que incluso podemos acabar encontrándonos con la paradoja de que las variables con mayor contenido específicamente psicológico acaban teniendo menos peso en los peritajes de custodia que aquellas susceptibles de valoración por expertos no psicólogos.

Corno puede verse, el conglomerado de contenidos de los peritajes en asuntos de custodia es enorme, en parte por la complejidad del propio objeto de pericia, pero es razonable pensar que también influya la ausencia de marcos conceptuales de referencia desde los cuales definir las variables relevantes. Carencia que se traduce también en falta de claridad en el proceso de torna de decisiones, ya de por sí afectado por el hecho de no contar con unos criterios objetivos y universalmente aceptados de atribución de la custodia infantil. Al decir criterios nos referirnos a estándares o principios establecidos, bien por su carácter científico bien por aceptación socio-cultural, que se aplican a la hora de valorar alternativas de custodia y tornar decisiones al respecto. Precisamente, en razón de esa doble vertiente (científica y sociocultural), los criterios de decisión han experimentado muchos cambios con el paso del tiempo, pues se han visto influidos tanto por el sistema de valores de cada época en torno a la familia, corno por las doctrinas jurídicas y psicológicas imperantes en cada momento. Así, por ejemplo, en los dos primeros tercios de este siglo la doctrina legal de los tender years o de la edad tierna que daba preferencia a las madres en la custodia de los hijos de menor edad, encontró sustento psicológico en las corrientes psicoanalíticas de la época. Dicha doctrina, que por cierto se ha reflejado en nuestro Código Civil hasta la modificación en el año 1990 del polémico Artículo 159, supuso tal predominio de las madres en la custodia de los hijos que las disputas de custodia se planteaban desde una posición acusatoria de la madre y los peritajes se basaban en la constatación de criterios negativos. A partir de los años setenta se produce un cierto reequilibrio entre las figuras parentales y un desplazamiento de la atención hacia los hijos, comenzando el reinado de la doctrina del «mejor interés del menor» que hoy inspira nuestra legislación y la de los llamados países desarrollados y cuyo principal exponente legal es el Acta Michigan, seguramente la aportación legislativa con mayor predicamento internacional en esta materia. El Acta Michigan, que corno es sabido establece 18 criterios para determinar la custodia de los hijos, representa un avance importante en cuanto a concreción legal, aunque no tanto a nivel psicológico debido a la insuficiente operativización de los criterios y a la más que dudosa relevancia de algunos de ellos, máxime fuera del contexto cultural norteamericano (por ejemplo, la idoneidad moral de los padres). De Estados Unidos proceden también dos planteamientos que han tenido su correspondiente reflejo en el orden legislativo, aunque desgraciadamente todavía no en España: la mediación como alternativa a los procedimientos adversariales para resolver las disputas de custodia y la custodia conjunta en respuesta a la presunción de que el mejor interés del niño estaría en el mantenimiento de una relación estrecha con ambos padres, aunque frente al fervor inicial (que llevó incluso a adoptar esta medida como preferente en una veintena de estados americanos) la experiencia parece indicar que sólo resulta beneficiosa bajo determinados requisitos, fundamentalmente comunalidad de entorno, comunalidad educativa y disposición a la coparentalidad (Derdeyn y Scott, 1984; Irving, Benjamín y Trocine, 1984; Pesikoff y Pesikoff, 1985).

En cuestión de criterios habría también que referirse a la falta de correspondencia entre los criterios considerados por los juristas y aquellos valorados por los psicólogos, y es que como decía Lowery (1984) los primeros responderían más al estereotipo de «adulto ejemplar», mientras que los segundos guardarían más relación con la idoneidad para la crianza. Así, mientras los profesionales del Derecho han considerado mayoritariamente la estabilidad mental de los padres, su sentido de responsabilidad para cubrir las necesidades filiales básicas y su moral, los criterios mejor sustentados desde la Psicología son el de «padre psicológico» (inicialmente basado en el concepto de apego), el del máximo de continuidad infra y extra familiar para los hijos y el de acceso de éstos a ambos progenitores que no es sino parte del criterio anterior de continuidad pues persigue la preservación de los vínculos afectivos del niño. Este rápido repaso de áreas y criterios utilizados en asuntos de custodia, nos lleva a concluir que no existe consenso sobre qué tener en consideración a la hora de realizar peritajes de custodia o en base a qué criterios hemos de tomar decisiones los expertos. Pero si cabe aún más desconcierto se aprecia en lo referente a las cuestiones metodológicas y ello ha granjeado a los peritos norteamericanos bastante mala prensa y de no remediarlo es posible que en breve aquí en España nos acabe ocurriendo igual.

Inicialmente, los psicólogos peritos echaron mano de las técnicas tradicionales de la clínica y ello derivó en un uso indiscriminado de los test, fundamentalmente de inteligencia y personalidad (Grisso, 1990). Como señala Brodzinsky (1993), en la base de este abuso de los test psicológicos en las evaluaciones forenses en general y de custodia en particular, pueden estar muchos factores: la mitología del test (aprovechando su halo científico entre profanos), la presión legal (se usan de escudo en las ratificaciones), la competencia interprofesional (con psiquiatras y trabajadores sociales que no aplican test), los incentivos económicos derivados de su administración, etc. Las limitaciones que estos instrumentos tienen para responder a las cuestiones concretas que se le plantean al psicólogo desde el plano jurídico (tales como qué alternativa de custodia o qué plan de visitas será más beneficioso para un niño), se deben principalmente a que no fueron desarrollados para propósitos forenses. La constatación de estas limitaciones ha ido lentamente llevando a los psicólogos a interesarse por instrumentos que explorasen variables más relevantes y potencialmente más útiles para estos fines, tales como la capacidad parental, las actitudes educativas de los padres, dimensiones del apego, abuso potencial de los hijos, per cepción filial de las figuras parentales, etc. Una relación de los principales instrumentos de evaluación forense utilizados en este campo puede encontrarse en Ibáñez y Ávila (1989) y una revisión detallada de los mismos en Grisso (1986), así como en el Capítulo XXI de este manual. Los desarrollos más recientes se dirigen a conseguir instrumentos elaborados ad hoc, aunque en este terreno pocas son las propuestas que pasan de ser entrevistas más o menos estructuradas, habría que mencionar las escalas de Bricklin (1984, 1990), sofisticada prueba proyectiva dirigida a explorar las preferencias inconscientes de los niños y el Ackerman-Schoendorf Parent Evaluation for Custody Tests (ASPECT) de Ackerman y Schoendorf (1992), que es todo un alarde de cuantificación de la idoneidad parental al estilo de las Escalas Rogers (las RCRAS) en la evaluación de la responsabilidad penal. Ambas son aportaciones de la última década muy prometedoras, pero aún sin validar convenientemente.

El panorama metodológico de los peritajes de custodia en España es aún más pobre, pues no se publica prácticamente nada sobre cuestiones metodológicas y tampoco ha habido intentos de adaptar los instrumentos específicos desarrollados fuera. Consideremos los datos extraídos de dos tesis doctorales llevadas a cabo en Madrid (Bernal, 1992; Granados, 1991) y que revisan las técnicas e instrumentos empleados por los psicólogos adscritos a los juzgados de Familia a partir de los análisis de los informes periciales emitidos por estos profesionales. Según estos estudios la técnica más empleada es la entrevista semiestructurada (solo un 3 - 4 por 100 son estructuradas), en segundo lugar se usan test casi en exclusiva de personalidad y, prácticamente, en igual porcentaje cuestionarios que pruebas proyectivas y, por último, en mucha menor medida se emplea la observación (por supuesto, no sistemática). En consecuencia, los peritos españoles que trabajamos en este campo seguimos utilizando exclusivamente instrumentos procedentes del psicodiagnóstico tradicional a falta de herramientas más adecuadas que los test de personalidad para inferir la capacidad parental o el ajuste filial a la separación, y con frecuencia, además, se usan aquellas técnicas que ofrecen menos garantías científicas. Así pues, a la vista del panorama actual de los peritajes de custodia que se ha esbozado, no es difícil suponer que los psicólogos interesados en mejorar nuestra praxis pericial en asuntos de custodia andemos necesitados de modelos que nos permitan estructurar o cohesionar los contenidos de nuestras evaluaciones y articularlos para tomar decisiones. Precisamente de los esfuerzos hechos en esta línea nos ocupamos a continuación.

12.4. MODELOS DE EVALUACIÓN EN PERITAJES DE CUSTODIA

Realmente son pocos los modelos desarrollados para conducir peritajes de custodia, escasean las propuestas con carácter global, comprehensivo. Vamos a referirnos en primer lugar a tres modelos foráneos, procedentes del contexto norteamericano, que desde planteamientos bien diferentes comparten el interés por la definición precisa y operativa de los contenidos y por el rigor cientí fico de las técnicas e instrumentos de medida. El primero de ellos es el modelo de evaluación estrictamente conductual propuesto por Marafiote (1985) que sugiere inicialmente cinco áreas de evaluación:

-La capacidad de los potenciales cuidadores del niño. Competencia parental definida en términos de capacidad de respuesta efectiva a situaciones específicas de parentaje que son problemáticas, maximizando las consecuencias positivas y minimizando las negativas.

-El repertorio conductual del niño en relación al ambiente que permita conocer el papel de cada padre en la adquisición y mantenimiento de conductas específicas del hijo a través de análisis funcionales múltiples.

-El papel de modelo para el niño que desempeñan los potenciales cuidadores (aprendizaje observacional).

-Los potenciales ambientes post-divorcio, prediciendo la conducta del niño en función de cada ambiente criterio.

-La auto-predicción de potenciales cuidadores y niños bajo hipotéticas, pero plausibles, situaciones específicas post-divorcio.

Para evaluar las diversas variables relativas a esas áreas Marafiote propone el empleo de entrevistas estructuradas (con sistema objetivo de codificación de respuestas, contenido muy específico, controles de fiabilidad y, a ser posible, grabadas) y observación conductual en ambientes estructurados con los mayores procedimientos de control posibles (espejo unidireccional, observaciones repetidas, métodos de grabación audiovisuales, observadores múltiples y neutrales, sistemas de codificación precisos, etc.). Pese a que la utilidad de este modelo está por demostrar, ya que la validez de la información generada a través de estas técnicas no ha sido estudiada en este contexto, desde luego la propuesta de Marafiote resulta muy interesante, especialmente por su valor heurístico, al sugerir contenidos y estrategias dignos de explorarse de una forma sistemática de cara a la conceptualización de variables relevantes y al desarrollo de instrumentos para medir la competencia parental o códigos de observación de las interacciones parento-filiales. En todo caso se nos antoja como una propuesta de futuro, cuya viabilidad como procedimiento práctico en el actual nivel de madurez de este ámbito parece cuestionable. Ya sólo determinados procedimientos de control de sesgos de los propuestos por Marafiote basados en datos de investigación en otros ámbitos pueden suponer un coste muy elevado en tiempo y recursos personales y materiales. Pero, es que además los niveles de predicción a los que se refiere el autor resultan hoy por hoy casi inimaginables en este contexto forense. Sin embargo, el segundo modelo al que nos referiremos, el modelo comprehensivo de Schutz, Dixon, Lindenberger y Ruther (1989) sí que es un procedimiento práctico, caracterizado por el uso de medidas múltiples obtenidas mediante la combinación de diversas técnicas: fundamentalmente observaciones conductuales de la interacción parento-filial, pero también entrevistas estructuradas con padres e hijos, test psicológicos en función de los déficits o necesidades especiales detectados a través de las entrevistas o la observación (a priori sólo prevén la aplicación de la Bricklin Perceptual Scales, BPS de Brickljn a los hijos) y recogida de información de fuentes colaterales (profesores, pediatras, personal cuidador de los hijos, psicólogos, etc.). Es un modelo basado primeramente en la observación de la interacción parento-filial que se efectúa tanto en juego libre como en tareas de aprendizaje, cooperativas y de discusión y resolución de problemas. En segundo lugar, el modelo se basa en la definición previa de la interacción parento-filial para el registro observacional en cinco dimensiones de «buena paternidad» construidas como continuos bipolares: apego emocional (calidez-rechazo), diferenciación del yo (diferenciación-fusión), percepciones precisas del niño (precisas-no precisas), expectativas razonables (razonables-no razonables) y habilidades de comunicación (efectivas-no efectivas). La obra de Schutz y colaboradores constituye un excelente ejemplo de guía práctica para llevar a cabo evaluaciones en casos de custodia infantil, aunque no deje de ser cuestionable la selección de características o dimensiones de idoneidad parental de la que parten los autores y cómo estos mismos reconocen su sistema de codificación dista aún mucho al modélico propuesto por Marafiote. Por último, haremos una breve mención del modelo de evaluación de competencias forenses desarrollado por Grisso (1986), desde cuya perspectiva se defiende una evaluación de custodia como una evaluación de la competencia parental, aunque no entendida ésta de una forma estática sino desde una óptica funcional-contextualizada, esto es, atendiendo a la congruencia entre las habilidades funcionales de los padres y las necesidades individuales de los hijos. Lástima que la carencia de instrumentos de evaluación forense apropiados para estimar esa capacidad parental funcional y la indefinición misma de esta competencia legal en legislaciones como la nuestra, hayan impedido por el momento que esta interesante propuesta se materialice en un procedimiento práctico para conducir peritajes de custodia.

En España, dada la relativa juventud de este campo de intervención psicológica y el escaso desarrollo metodológico alcanzado en el mismo, no ha habido hasta fechas recientes propuestas encaminadas a sistematizar la evaluación en estos asuntos. A mediados de los años 80, García Moreno propuso un procedimiento de evaluación consistente en una serie de doce entrevistas estructuradas encaminadas a obtener una descripción funcional de padres e hijos y su contexto. No se tiene conocimiento de que este plan de trabajo como lo denominaba el autor (véase García Moreno, 1984) llegase a publicarse ni de que se haya explorado su validez. Con posterioridad, profesionales de este ámbito de peritaje han ido haciendo el esfuerzo de definir indicadores y áreas que hay que evaluar en los casos de custodia disputada (Martín, 1992; Ramírez, 1992), pero desde nuestro contexto socio-legal no había sido hecha ninguna aportación metodológica que tanto por su pretensión de globalidad como por el grado de estructuración de su contenido mereciera la consideración de modelo/procedimiento general para dirigir peritajes de custodia. Para cubrir esta laguna se ha desarrollado el modelo de áreas y variables que hay que evaluar en casos de custodia (Ramírez, 1997a, 1997b). Se trata de un modelo que, a diferencia de los anteriormente descritos basados en la evaluación de la competencia parental, parte del principio rector de nuestra legislación en esta materia: «el beneficio o mejor interés del menor», conceptualizado dicho macro-criterio legal en términos de ajuste post-divorcio del hijo. Desde esta perspectiva la mejor alternativa de custodia, la organización familiar post-ruptura más deseable, teniendo como punto de mira el beneficio del menor, no puede ser otra que aquella que facilite o favorezca en mayor medida la adaptación del niño tras la crisis marital. Por tanto, este modelo compara las alternativas de custodia según los factores de los potenciales custodios y de sus ambientes que predicen un mejor ajuste infantil post-divorcio, confonne a los datos de investigación disponibles (datos, eso sí, procedentes en su mayoría de población norteamericana al no existir desgraciadamente estudios sobre el impacto del divorcio en nuestra población infantil). Estos factores son considerados desde una perspectiva contextual utilizando la conceptualización de contextos de desarrollo humano de Bronfenbrenner (1979), como ya hiciera Kurdek (1981) al proponer su modelo integrador de factores predictores del ajuste infantil post-divorcio. La adaptación hecha del modelo de Kurdek para el propósito de considerar variables que discriminen entre alternativas de custodia de cara a la toma de decisiones en casos concretos considera únicamente tres niveles: el exosistema, que agrupa las variables relevantes referidas al entorno que rodea a la familia; el microsistema, que hace referencia al conjunto de relaciones intrafamiliares (parento-filiales e interparentales); y, el nivel ontogénico, constituido por variables relativas a los miembros de la familia (padres e hijos). Pero, además, ya que tan importante como los contenidos mismos de la evaluación es la forma en que éstos se articulan de cara a tomar las decisiones que conlleva todo peritaje de custodia (alternativa preferible, sistema de comunicación más adecuado, grado de coparentalidad viable, conveniencia o no de medidas diferentes para los hermanos, etc.), se ha intentado hacer una primera aproximación a lo que sería una auténtica guía decisíonal, que para no ser pretenciosos convendría llamar «embrión de esquema decisional» pues adolece aún de falta de jerarquización de los criterios. El modelo se ha planteado con una irrenunciable finalidad aplicada y, por tanto, se ha desarrollado también un procedimiento de evaluación útil tanto en funciones periciales como de arbitraje en estos asuntos de custodia, que se espera esté pronto disponible (Ramírez, 2003). Dicho procedimiento trata de ser coherente con las críticas metodológicas expuestas y, por tanto, apuesta por el empleo de entrevistas estructuradas y de cuestionarios y escalas referidos a variables específicas del modelo, y enfatiza la validez convergente de los datos (mediante una aproximación multimétodo). Este procedimiento también es justo reconocer que está condicionado por la escasez de instrumentos forenses disponibles a la que se hacía referencia antes y por los límites del propio contexto real de aplicación (limitaciones temporales y técnicas a menudo nada despreciables). Aunque es sabido que no existe consenso sobre los criterios de validación que hay que emplear, en todo caso se ha buscado cómo soslayar dos de los grandes escollos para validar modelos de evaluación en este contexto judicial: el primero, que la evaluación de cada caso suele llevarse a cabo por un solo psicólogoperito y eso impide conocer la fiabilidad interjueces y, el segundo inconveniente, es que la decisión judicial se basa en el conjunto de la prueba practicada durante el procedimiento judicial y ello dificulta discriminar el peso o la utilidad de los informes psicológicos para la toma de decisiones de los jueces. El complejo procedimiento de validación empleado en este caso superaba ambos obstáculos, al simular, por un lado, la evaluación multipsícólogo de una muestra de casos y, por otro, la decisión multijueces sobre esos mismos casos sin más elementos de juicio que el dictamen pericial. Aunque no sería posible ni oportuna la exposición detallada de objetivos y resultados del estudio de validación llevado a cabo, puede señalarse que se han encontrado datos a favor de la validez y pertinencia para el contexto jurídico de la información obtenida con este método y que se obtuvo un acuerdo interjueces entre magistrados bastante aceptable que indicaría que efectivamente el modelo facilita la toma de decisiones de custodia a los jueces. También entre psicólogos se registra un buen acuerdo interjueces, aunque en este caso dependiendo de la experiencia profesional (parecería que el uso de modelos complejos - multivariados - requiriese cierto grado de experiencia o entrenamiento). Como puntos débiles de este modelo habría que señalar, por un lado, que sigue adoleciendo de una insuficiente conexión entre la información ofrecida sobre el ajuste infantil y la relativa a prácticas y/o estilos educativos parentales en detrimento de su utilidad en la toma de decisiones y, por otro lado, que ciertamente se ha obtenido un bajo acuerdo interjueces en las decisiones de régimen de visitas, lo que nos hace pensar que debemos avanzar en la objetivación de los criterios por los que nos regimos los psicólogos en este particular. En conjunto, el balance de resultados sobre este primer modelo para conducir peritajes de custodia desarrollado dentro de nuestras fronteras parece que es positivo y esperanzador en la medida que nos encamina a revisar nuestra práctica pericial en el ámbito de las custodias infantiles.

12.5. PERSPECTIVAS DE FUTURO

El peritaje psicológico a nivel nacional en general, y en particular en este ámbito, se halla todavía en un estadio bastante inicial de desarrollo, lo que implica a nuestro entender inmadurez pero también grandes perspectivas de futuro, especialmente si se incrementa la colaboración entre los psicólogos teóricos/académicos y los aplicados/forenses, si el interés de los primeros por estos temas (y no sólo por los clásicos de la Psicología judicial experimental) y el afán de los segundos por mejorar el rigor científico de su práxis, crecen al unísono. Posiblemente, una de las lineas de trabajo más prometedoras a corto plazo sean las investigaciones sobre el impacto del divorcio en la población infantil española, que eviten seguir extrapolando los datos provenientes en su mayoría de la sociedad americana y cuyos resultados constituyan un mejor sustento empírico para la definición de contenidos y criterios de los peritajes de custodia en el futuro. En la misma línea de contextualizar los peritajes de custodia, es de suponer que vayan desarrollándose instrumentos de evaluación forense a partir de nuestro contexto socio-legal o, cuando menos, intentos de adaptar a éste prometedoras herramientas elaboradas recientemente en otros contextos (por ejemplo, el mencionado ASPECT). Estudios que permitirán ir dotando a los psicólogos forenses españoles del bagaje técnico adecuado.

Otra línea de trabajo, probablemente a más largo plazo, van a ser los metaanálisis dirigidos a la paulatina objetivación del proceso decisional; ello constituye un paso previo al desarrollo de sistemas expertos, algo que hoy por hoy en este ámbito suena casi a ciencia ficción, pero que es ya una realidad incipiente en el ámbito de las evaluaciones de la responsabilidad penal, precisamente gracias al desarrollo de instrumentos de evaluación forense cada vez más finos que, como señalan Ibáñez y Ávila (1989), han aportado un notable incremento de objetividad y sistematización a estas evaluaciones psicológicas forenses.

Hay otras posibilidades, no cabe duda, quizás no tan estrictamente ligadas al peritaje, pero también con implicaciones en la cada vez más estrecha relación entre la Psicología y el Derecho de Familia. Entre ellas podrían destacarse las potenciales aportaciones psicológicas al terreno legislativo, encaminadas a obtener una definición más precisa de la competencia legal para ejercer la guarda y custodia de los hijos, lo cual amén de introducir un elemento corrector en la libre interpretación judicial de la Ley, sentaría las bases desde las que podían desarrollarse modelos de evaluación forense basados sobre el análisis legal, al estilo del modelo conceptual propuesto por Grisso al que se hacía referencia anteriormente.

Por último, sería deseable que desde asociaciones profesionales y/o el Colegio Oficial de Psicólogos se fuesen elaborando directrices específicas para este tipo de peritajes como ya existen en otros países (Grisso, 1990; American Psychological Association, 1994); directrices que al menos contribuyan a una razonable unificación de criterios y a la erradicación de prácticas periciales que desacreditan a nuestra profesión.

12.6. PERITAJE EN PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN DE MENORES

12.6.1. DELIMITACIÓN Y DESARROLLO DE ESTE CAMPO DE PERITACIÓN

La Ley 21/87 por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción, y la Ley 1/96 de Protección Jurídica del Menor y de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil constituyen los principales referentes legislativos a nivel nacional en materia de protección de menores. Este marco legislativo común a todo el país se complementa con el desarrollo normativo llevado a cabo en cada Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus competencias. De hecho, nuestro ordenamiento jurídico establece que en materia de protección de menores existen dos instancias con capacidad decisoria. La primera de ellas de naturaleza administrativa, es la Entidad Pública u órgano competente de cada Comunidad Autónoma en esta materia; la segunda instancia es judicial y corresponde a los juzgados de Primera Instancia con competencias en Derecho de Familia, por tanto a los juzgados de Familia donde los hubiere. Teniendo pues en cuenta esta doble vertiente jurídico-administrativa de la protección de menores, veamos bajo qué supuestos interviene la instancia judicial y, por ende, en qué asuntos pueden recabarse peritajes psicológicos.

La mencionada Ley 21/87 contempla y regula tres figuras de protección de menores: la guarda, el acogimiento familiar y la adopción. En relación con la primera de estas figuras, la guarda, la intervención judicial se produce casi siempre (salvo supuestos poco frecuentes) a instancias de los titulares de la patria potestad (generalmente los padres) del menor/es cuya tutela ha asumido la Entidad Pública, tras apreciar desamparo. Resolución administrativa que la familia en caso de considerar improcedente o lesiva recurre por vía judicial, interponiendo un procedimiento de impugnación de tutela. En este tipo de procedimientos es frecuente que los jueces soliciten informes a sus propios técnicos (psicólogos y trabajadores sociales), para su valoración conjunta con los aportados a los expedientes por la Entidad Pública (como parte demandada). El acogimiento familiar es la figura que más cambios ha experimentado a raíz de la reforma legislativa del año 1996. La intervención judicial en relación con esta figura se hace necesaria tanto para la constitución del acogimiento cuando los titulares de la patria potestad no hayan prestado consentimiento, como para la cesación del acogimiento cuando haya sido acordado judicialmente o en cualquier caso a instancia de la familia de origen que reclame al menor. En los casos de constitución judicial del acogimiento familiar es frecuente que los jueces soliciten la intervención de los psicólogos tanto para evaluar el marco familiar acogedor como el marco familiar de origen. También es común el informe de los técnicos adscritos a los juzgados en los casos en que en virtud del Artículo 161 del Código Civil, el juez regule o suspenda el derecho de visitas de los padres biológicos a los hijos en acogimiento. Si bien, con la nueva redacción del Artículo 173, incluyendo la periodicidad de las visitas, tanto en el documento de formalización del acogimiento como en la propuesta de la Entidad Pública, cabe pensar que se reducirá el número de conflictos por esta cuestión. Por últiumo, dado que la adopción se constituye necesaria y exclusivamente por resolución judicial, la intervención judicial en relación con esta figura es preceptiva para su constitución, pero además también tendría lugar para resolver las impugnaciones de las resoluciones de la Entidad Pública sobre la idoneidad de los solicitantes de adopción (conforme a la Disposición Adicional 1.a de la Ley), si bien, estos últimos procedimientos de jurisdicción voluntaria son estadísticamente i-iexistentes. Los jueces pueden solicitar dictámenes psicológicos tanto para asesorarse sobre la conveniencia de una adopción en interés del adoptando, como para valorar la idoneidad de unos solicitantes de adopción, especialmente en aquellos casos en que las adopciones son instadas por los propios interesados (en alguno de los supuestos que determina el Artículo 176.2 del Código Civil) sin propuesta previa de la Entidad Pública que se acompañe del preceptivo informe de idoneidad. También los psicólogos que trabajamos en este ámbito nos estamos encontrando con solicitudes de dictámenes sobre los titulares de la patria potestad de los adoptados durante la tramitación de las piezas de oposición abiertas, a fin de determinar judicialmente si los mismos se hallan o no incursos en causa de privación de patria potestad, paso previo a resolver sobre la adopción misma en muchos casos.

Corno ya se indicaba al comienzo del capítulo, en estos procedimientos son prácticamente inexistentes los peritajes privados, debido probablemente a una serie de factores: bajo nivel socioeconómico de muchas de las familias con niños tutelados por la Entidad Pública, existencia de informes psicológicos y/o sociales provenientes de la Entidad Pública en las propuestas de acogimiento familiar o de adopción, naturaleza bastante novedosa de este terreno de peritación o ausencia de referencia explícita a la prueba de peritos o al dictamen de especialistas en nuestra legislación en esta materia (salvo lo dispuesto genéricamente en el Artículo 1826 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). En consecuencia, en estos asuntos sólo suelen intervenir los psicólogos de la propia Administración de justicia, haciéndolo casi más en calidad de técnicos asesores de los jueces que estrictamente de peritos.

Él incremento vertiginoso de adopciones internacionales en esta última década, ha hecho resurgir el interés en la evaluación psicológica de candidatos con vistas a obtener la preceptiva declaración de idoneidad por la Entidad Pública, apareciendo en estos últimos años algunas propuestas interesantes encaminadas a sistematizar el proceso de evaluación en este campo. Sin embargo, en aras de la claridad debe precisarse que este tipo de informes psicológicos no es, estrictamente hablando, un peritaje, pues los mismos no son requeridos al psicólogo desde (ni para) la instancia judicial, sin que esto sirva de obstáculo para que los desarrollos metodológicos que se alcancen en este campo emergente puedan aprovecharse para los peritajes en asuntos de adopción y viceversa.

12.7. ÁREAS DE OBJETO DE EVALUACIÓN EN LOS ASUNTOS DE PROTECCIÓN

Debido precisamente al carácter todavía novedoso de este campo de peritación, en el mismo se adolece casi por completo de falta de sistematización de los contenidos objeto de evaluación. En la línea de lo expuesto recientemente (Ramírez, 1997a, 1997b), vamos a referirnos a las principales áreas objeto de peritaje en cada uno de los procedimientos mencionados relacionados con la protección de menores, aunque la descripción de dichos objetivos de evaluación sea todavía muy imprecisa y necesite operativizarse adecuadamente en el futuro.

12.7.1. PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN DE TUTELA

En estos casos tres son los objetivos principales de evaluación que tiene por delante el psicólogo. En primer lugar, valorar la presencia y alcance de las causas o motivos aducidos por la Entidad Pública para acordar la tutela, que pueden ser de muy diversa índole (cuidado negligente o malos tratos del menor a causa de toxicomanía o trastorno mental de sus padres, carencia grave de re cursos o de estabilidad general en el marco familiar, situación de violencia crónica o desestructuración familiar, etc.). Esto conlleva la actualización de las circunstancias y/o problemática que dieron lugar a la tutela, ya que entre esta resolución administrativa y su impugnación judicial puede haber transcurrido tiempo y, por consiguiente, haberse modificado sustancialmente la situación familiar, pudiendo haber desaparecido o al menos haberse mitigado considerablemente las causas que motivaron en su día la tutela y dándose tal vez a la hora de intervenir el perito las circunstancias que hagan posible la restitución de la tutela del menor con las debidas garantías para éste. En segundo lugar, analizar las motivaciones de la familia de origen del menor para impugnar. Para discriminar si las pretensiones familiares no son tanto recuperar cuanto antes al menor para cuidar de él, cuanto evitar un acogimiento «anunciado» que se presume acabará en adopción y, por tanto, en pérdida definitiva de vinculación con el menor, conviene tener en cuenta los siguientes aspectos:

-La posible asociación temporal entre la demanda judicial y la notificación administrativa de inicio del proceso de acogimiento.

-Los antecedentes de implicación y demanda familiar de contacto con el menor durante el período de tutela.

-La posible ambivalencia en las expectativas respecto al menor (por ejemplo, deseando su permanencia en régimen de guarda en institución en vez de su inmediato retorno al hogar).

Por último, en tercer lugar, estudiar la viabilidad del retorno del menor con su familia de origen en los casos en que ésta tenga expectativas reales en tal sentido. Para ello será preciso evaluar las siguientes áreas:

-La capacidad básica intelectual-educativa de los padres.

-La historia de crianza y funcionamiento psicológico general de los padres.

-La infraestructura y recursos domésticos.

-La estructura y funcionalidad del marco familiar (relaciones de pareja, parento-filiales, con familia extensa, con la comunidad, etc.).

-La empatía y capacidad de respuesta a necesidades especiales del menor (por ejemplo, minusvalías físicas o psíquicas).

-La permeabilidad familiar a la intervención de los Servicios Sociales o de cualquier otro recurso de control - ayuda a la familia y demás componentes del potencial de cambio de la familia (conciencia de los problemas y motivación para cambiar).

-Las dificultades socioemocionales del menor y posible afectación de los vínculos afectivos entre él y su familia.

12.7.2. PROCEDIMIENTOS DE CONSTITUCIÓN DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR

Los principales aspectos que hay que evaluar de cada una de las partes implicadas, esto es el menor/es, el marco familiar acogedor y el de origen o biológico, serían:

-Respecto al marco familiar de origen habría que actualizar las circunstancias y/o problemática que motivaron la tutela y hacer un pronóstico de recuperación de este marco familiar en cuanto a problemática concurrente, conforme a una estimación realista de los recursos disponibles y una temporalización aproximativa que permita deducir si el retorno del menor es viable en un tiempo razonable o, lo que es lo mismo, proporcionado a la edad del niño/a. Además, es conveniente valorar la vinculación afectiva que persiste con el menor teniendo en cuenta la edad en que éste fue tutelado, la duración de la tutela y el contacto mantenido con él durante este tiempo.

Enrelación con el marco familiar acogedor, hay que valorar su adecuación general (aptitudes educativas, ajuste psicosocial, dinámica y estabilidad familiar, recursos, etc.), procurando la menor redundancia posible con los informes aportados al expediente por la Entidad Pública; además, hay que tener en cuenta la procedencia de los candidatos al acogimiento familiar y valorar la vinculación afectiva existente de hecho con el menor (bien sea por parentesco en caso de acogimiento familiar por familia extensa, o bien por guarda familiar prejudicial generalmente con parejas solicitantes de adopción), de tal manera que se puedan clarificar las expectativas de los acogedores hacia el menor y su grado de correspondencia con el tipo de acogimiento solicitado (simple si se prevé reinserción del menor en su propia familia, preadoptivo porque se prevea adopción, etc.). También interesa estimar el nivel de tolerancia de los candidatos a acogimiento familiar respecto a las visitas del menor con su familia de origen, cuestión que suele ser fuente permanente de conflictos.

-Respecto al menor, el perito deberá evaluar su desarrollo y adaptación general considerando atentamente posibles necesidades particulares que precisen cuidados especiales. Además, es importante determinar la significación afectiva que tienen para éste ambos marcos familiares y la medida en que los integra (negación de alguno de ellos, duplicidad de figuras parentales o integración de ambos). Por otro lado, interesa evaluar el grado ya alcanzado de adaptación al marco acogedor (en los planos familiar, escolar, social, etc.) cuando tiene lugar la intervención judicial. Por último, resulta relevante conocer la posición del menor en el continuo adaptabilidad-vulnerabilidad (flexibilidad, ritmos, tolerancia a la frustración, etc.) a fin de prever el impacto en el menor de resoluciones que impliquen más o menos cambios en su vida.

12.7.3. PROCEDIMIENTOS DE CESACIÓN DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR

En estos casos el perito debe actualizar las circunstancias/problemática de desprotección infantil que dieron lugar a la constitución (administrativa o judicial) del acogimiento y estudiar la viabilidad del retorno del menor en los mismos términos expuestos para las impugnaciones de tutela. Es necesario también analizar el desarrollo de las visitas del menor con su familia de origen durante el período de acogimiento y obtener la información relativa al menor que se especificaba en relación con los expedientes de constitución del acogimiento fami liar, valorando además la disposición del menor para el retorno con su familia de origen.

12.7.4. PROCEDIMIENTOS DE ADOPCIÓN

Cuando la intervención del perito es requerida en el procedimiento principal, el informe debería considerar como mínimo los siguientes tópicos:

-La adecuación general del marco familiar adoptante o lo que es lo mismo la idoneidad de los adoptantes, sobre cuyos principales componentes existe tan poco consenso como respecto a la capacidad parental en los peritajes de custodia. No obstante, algunos aspectos importantes de esa idoneidad de los adoptantes podrían ser:

•Ajuste psicológico (descarte de patologías, estimación de la estabilidad emocional, de la sociabilidad, de las habilidades de afrontamiento, etc.).

•Adaptación social (trayectoria laboral, red social, relaciones con familia extensa, etc.).

•Historia de crianza y desarrollo psicosocial (experiencia de maternidad, estilo educativo de la familia de origen, etc.).

•Ajuste marital o funcionamiento de la pareja - en su caso - (dinámica relacional, pautas de convivencia, estabilidad, metas, etc.).

•Motivación para la adopción (expectativas, disponibilidad para el menor, dificultades percibidas y capacidad de anticipación y respuesta a las mismas, etc.).

•Recursos disponibles tanto económicos como culturales.

•Hándicaps particulares (por ejemplo, minusvalías físicas o sensoriales).

-La vinculación afectiva existente de hecho con el menor, por acogimiento familiar previo o parentesco indirecto.

-La comprensión infantil de los efectos de la adopción, en especial la pérdida de toda relación con su familia de origen (salvo en las excepciones previstas en la ley) y el cambio de filiación, consecuencia a la que a veces se asocian temores de rechazo o ridículo social (por ejemplo, en la esfera escolar). Aspecto cuya valoración requiere lógicamente cierta edad del adoptando.

-Habría que considerar también la aceptación de la adopción que presenten los hijos biológicos si los hubiera, aunque es un supuesto poco frecuente en nuestro país.

Cuando la intervención del perito sea requerida durante la tramitación del incidente de oposición a la adopción, en el que se dirime si los titulares de la patria potestad del adoptando están o no incursos en causa de privación de dicha patria potestad, el peritaje debería orientarse precisamente hacia la estimación de las bases psicológicas de las causas de privación de patria potestad si las mismas estuviesen especificadas en la ley, mas nuestro ordenamiento jurídico únicamente se refiere de forma genérica (en el Artículo 170 del Código Civil) al incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad definidos en el Artículo 154 del Código Civil, a saber, velar por los hijos, tenerlos en su compañía, alimentarles, educarles y procurarles una formación integral, representarles y administrar sus bienes. Así pues, el peritaje psicológico en estos casos tendría que contribuir a esclarecer si los promotores del juicio verbal de oposición a la adopción (generalmente los padres biológicos del adoptando) tienen la capacidad y los medios suficientes para asu mir sin riesgos para el menor/es, el cumplimiento de los deberes que comporta el ejercicio de la patria potestad. Con este fin suelen evaluarse los siguientes aspectos:

-Aptitudes básicas de los promotores de la oposición a la adopción (capacidad intelectual, ajuste psicológico, adaptación social, habilidades educativas, etc.).

-Expectativas de éstos respecto al menor/es.

-Infraestructura y recursos en general (económicos y de apoyo social) disponibles para satisfacer las necesidades básicas del menor/es.

-Ejercicio parental actual con hijos que permanezcan bajo su cuidado (disponibilidad/dedicación, estilo de conducta parental, etc.).

12.7.5. PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA IDONEIDAD DE LOS SOLICITANTES DE ADOPCIÓN

Aunque ya se ha apuntado que estos procedimientos prácticamente son inexistentes, un hipotético peritaje psicológico en estos asuntos habría obviamente de servir a la instancia jurídica para contrastar la apreciación de la idoneidad de los solicitantes de adopción hecha por la Entidad Pública. Por tanto, el dictamen psicológico debería centrarse en el estudio de los diferentes aspectos de la idoneidad de los potenciales adoptantes que se han descrito anteriormente en relación con los procedimientos de adopción, haciendo si fuese posible además un pronóstico de funcionamiento parental de los solicitantes sobre la base de sus actitudes respecto a la educación de los niños, su propia historia de crianza y bagaje familiar, los apoyos sociales de que disponen, etc.

12.8. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN EN LOS ASUNTOS DE PROTECCIÓN

Si como se apuntaba anteriormente las cuestiones metodológicas han recibido insuficiente atención en el ámbito de los peritajes de custodia, no digamos en este campo de peritación aún menos desarrollado y que a nivel administrativo ha estado tradicionalmente ocupado por trabajadores sociales más que por psicólogos, con el consiguiente reflejo en la metodología de intervención. En primer lugar, habría que señalar que los instrumentos tradicionales del ámbito clínico son potencialmente útiles a la hora de valorar la concurrencia de trastornos mentales, adicciones, etc. que están en la base de la presunta incapacidad parental que se dirime frecuentemente en estos asuntos de protección. Así, por ejemplo, el MMPI o el MCMI conjuntamente con una entrevista clínica, pueden ser pruebas indicadas para diagnosticar un trastorno psicótico que limite seriamente la capacidad parental en el plano afectivo, educativo, socializador, etc. Al igual que los test de inteligencia (WAIS, Beta, etc.) o pruebas psiconeurológicas (Test Barcelona, TRB, etc.), pueden servir para esclarecer si la capacidad intelectual de un sujeto dado o la presencia en éste de trastorno mental orgánico o deterioro cognitivo, por ejemplo, asociado al abuso crónico de determinadas sustancias tóxicas, le permiten desempeñar adecuadamente sus responsabilidades parentales. No obstante, dada la frecuencia con que aparecen en estos asuntos alegaciones de malos tratos de los padres hacia los hijos, éste parece ser un ámbito especialmente indicado para utilizar instrumentos desarrollados precisamente con el fin de detectar/discriminar sujetos con mayor riesgo de perpetrar maltrato físico. En general, estos instrumentos han sido diseñados para su aplicación en los servicios sociales, pero son potencialmente útiles en contextos forenses, siempre que se tengan en cuenta los límites de la capacidad de predicción de la conducta parental que pueden tener estos instrumentos. El cuestionario más conocido de este tipo es sin duda el Child Abuse Potential Inventory (CAPI) de Milner (1980) del cual ya existe una versión española preliminar (Arruabarrena y De Paúl, 1992; De Paúl y Arruabarrena, 1991) más corta que la americana (95 ítems frente a los 160 originales) al no incluir más que una de las tres escalas de validación del instrumento original. Precisamente estos mismos autores, en coordinación con la Dirección General del Menor y la Familia del Ministerio de Asuntos Sociales, en el marco de un programa de mejora del sistema de atención social a la infancia (SASI), han elaborado una serie de materiales prácticos encaminados a definir indicadores de maltrato y a sistematizar la recogida de información y evaluación de familias con esta problemática. En particular, el protocolo de entrevista semiestructurada para padres en la evaluación de casos de maltrato infantil (Torres, Arruabarrena y De Paúl, 1994) es una propuesta interesante aplicable al ámbito pericial. Dicho instrumento proporciona una estandarización del proceso de evaluación en cuestión de contenido, administración y registro de la información obtenida, al incluir además del manual, la guía de preguntas y el sistema de codificación y registro. Las áreas temáticas cubiertas por esta entrevista son: datos de identificación, composición e historia familiar, contexto socio-económico-cultural, características y funcionamiento individual de los padres/cuidadores, características y funcionamiento individual de los niños/menores, nivel interpersonal-relacional (relaciones familiares), nivel interpersonal-relacional (relaciones sociales), contactos con los servicios sociales, sucesos/situaciones estresantes para la familia, la familia ante la situación de desprotección infantil y observaciones e impresiones del profesional. Con este fin también puede estar indicado el empleo de instrumentos encaminados a evaluar el estilo de educación familiar o de conducta parental, por ejemplo el EMBU de Perris, Jacobson, Lindstróm, Von Knorring y Perris (1980) adaptado a población española por el equipo de Musitu de la Universidad de Valencia o el Parental Acceptance Rejection Questionnaire (PARA) de Rohner, Saavedra y Granum (1978), instrumentos que ya han sido empleados en investigaciones sobre el maltrato infantil. También como parte del mencionado programa SASI se ha hecho una recopilación de instrumentos de evaluación de niños con dificultades socioemocionales (Díaz-Aguado y Martínez Arias, 1995) aplicables a la hora de valorar la adaptación y competencia general de menores objeto de protección.

Por lo demás, la idoneidad parental de unos solicitantes de acogimiento familiar o de adopción, o dicho de una forma menos restrictiva, la adecuación general de un marco acogedor o adoptivo, viene a valorarse de forma bastante similar a como se evalúa la idoneidad/adecuación de una alternativa de custodia en los procedimientos matrimoniales, si bien es cierto que en estos últimos se dispone de muestras de conducta parental y del informe filial de esa conducta, mientras que en estos otros asuntos lo que se evalúa podría decirse que es más bien el potencial de los sujetos para el desempeño parental. En todo caso, hay instrumentos clásicos en el terreno de los peritajes de custodia que son aprovechables también en este tipo de dictámenes, por ejemplo, el Parental Attitude Research Instrument (PARI) de Schaefer y Bell (1958). También a este propósito, como se indicaba anteriormente, pueden ser útiles los protocolos que últimamente vienen desarrollándose para evaluar candidatos para adopciones internacionales, aunque en este ámbito extrajudicial la evaluación propiamente dicha puede complementarse con la capacitación de los aspirantes en tareas de counselling que exceden los límites del peritaje experto. La mayor parte de las propuestas en este terreno son entrevistas más o menos estructuradas que se complementan con pruebas psicodiagnósticas tradicionales (tales como 16-PF, Escala de Moos o EPQ-A). Así, por ejemplo, el modelo de entrevista semiestructurada utilizado por Llopis (1994) que contempla 11 variables (edad de los adoptantes, estabilidad residencial, apoyo familiar, desarrollo psicosocial, nivel formativo, situación laboral y económica, actitud y motivación ante la adopción, rasgos de personalidad, ajuste marital, ajuste al entorno y estilo de vida) o también el modelo de entrevista estructurada propuesto por Delgado (1997) que define objetivos y preguntas respecto a una docena de áreas (datos de identificación y formación, ocupación, características generales observables, estado de salud, historia personal y familiar, relaciones de pareja, relaciones sociales, motivación por la adopción, control de la adopción, expectativas sobre el menor, rasgos de personalidad y dinámica familiar).

El predominio de entrevistas semiestructuradas es habitual en la evaluación de dimensiones tan poco definidas como la idoneidad para la adopción. Precisamente, en la línea de desarrollo de entrevistas cada vez más estructuradas orientadas a los objetivos específicos de evaluación antes esbozados, cabe esperar que vayan los primeros avances metodológicos en este tipo de peritajes, en los cuales tiene una importancia enorme la contrastación de la información con fuentes externas (colegios, servicios sociales, servicios de salud, etc.), sin limitarse al simple cotejo con los informes institucionales aportados por la Entidad Pública al expediente, ya que ésta es con frecuencia parte en el procedimiento judicial. En todo caso, el desarrollo futuro de este campo emergente de peritación psicológica cabe pensar que dependa en buena medida de la investigación que se lleve a cabo sobre las familias acogedoras y adoptivas españolas y sobre los efectos de estas medidas a medio y lar go plazo en la población infantil afectada. Ya comienzan a publicarse los primeros estudios a escala autonómica (véase, por ejemplo, Palacios y Sánchez, 1996), aunque desgraciadamente aún sin muestras representativas a nivel nacional. Los resultados de este tipo de investigaciones seguramente arrojarán luz sobre qué variables son verdaderamente determinantes del éxito de un acogimiento o de una adopción y, por tanto, deben ser tomadas como variables relevantes en este tipo de peritajes. Entre tanto, sistematizar los protocolos de evaluación de familias acogedoras y adoptivas se impone como tarea urgente a afrontar a ser posible desde la discusión y el consenso de los profesionales de la Psicología que trabajamos en esta área, bien desde su vertiente administrativa o bien desde la judicial.

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FRANCISCA FARIÑA RAMÓN ARCE

13.1. INTRODUCCIÓN

Cuando una o ambas partes de la pareja deciden cesar su convivencia en común, se abren ante ellos, desde una perspectiva legal, dos posibilidades: realizarlo por mutuo acuerdo o por la vía contenciosa. Si optan por la primera, los cónyuges pactan las condiciones de la separación, tanto con respecto a los hijos como a las cuestiones económicas, decidiendo, de esta forma, ellos mismos el futuro de la familia. De no darse esta resolución, nuestro ordenamiento jurídico a través del Artículo 777 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, especifica el siguiente procedimiento a seguir: cuando no existe acuerdo es el juez quien toma la decisión que considere oportuna, cuando existen menores, siempre siguiendo el mejor interés de estos. Los procesos contenciosos conllevan un coste y unas consecuencias generalmente negativas. Primera, cada abogado, como representante de su defendido, pretende obtener la decisión judicial más beneficiosa para éste sin reparar excesivamente ni en los métodos ni en las consecuencias que puedan acarrear. Como consecuencia, el conflicto inicial no sólo puede llegar a no resolverse sino que puede enconarse más, acrecentando el coste económico del proceso y, muy especialmente, el emocional y psicológico en toda la familia. Segunda, relacionado con lo anterior, la resolución final del conflicto, si llegase, se dilata en el tiempo. Tercera, la solución y decisión sobre el conflicto recae sobre una persona ajena a los litigantes resultando usualmente en un obstáculo para el establecimiento de una relación coparental cuando existen menores (Delás, 1992; Fariña, Seijo, Arce y Novo, 2002; Sánchez, 1998). En este contexto, la intervención del psicólogo, independientemente del momento del proceso en que se produzca, ha de estar encaminada a reorganizar la familia para minimizar las consecuencias negativas que la ruptura familiar suele implicar. Repasaremos, en este capítulo, las propuestas de intervención psicológica vertebrándolas en torno a tres áreas: la mediación familiar, el peritaje psicológico y los programas de intervención con familias separadas.

13.2. IMPLICACIONES DEL PROCESO DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO EN LA FAMILIA

La separación de la pareja conlleva un desequilibrio general de la familia con repercusiones en todos los ámbitos. Éste comienza antes de que decidan formalmente romper, y se mantiene en el tiempo hasta que todos los acontecimientos se superan, lo que no siempre ocurre (Fariña y cols., 2002). Durante este período, todos los miembros de la familia manifiestan una serie de efectos característicos que, en ocasiones, desembocan en problemas a corto, medio y largo plazo. La existencia de conflicto previo a la separación facilita el desequilibrio emocional de todos los miembros de la familia, minimizando sus capacidades para desarrollar estrategias cognitivo-conductuales para el afrontamiento de la situación (Seijo, Fariña y Novo, 2000), y la continuidad de éste puede llegar a derivar en un comportamiento patológico. Como consecuencia, toda intervención psicológica en este contexto (mediación, peritaje psicológico o programas de intervención para familias separadas) debe incidir en la recuperación del bienestar psicológico, aunque éste no sea su objeto de actuación tal y como es el caso de la mediación o el peritaje psicológico. Para alcanzar tal fin, es preciso tener un conocimiento de las repercusiones que la ruptura de pareja provoca tanto en los adultos como en los menores. Así pues, a continuación desgranaremos éstas.

13.2.1. IMPLICACIONES EN LOS PROGENITORES

La separación produce en la mayoría de los adultos dos tipos de problemas: el ajuste personal al divorcio, y la adaptación al nuevo y diferente papel de padre divorciado (Fagan y Rector, 2000). El ajuste personal supone superar las repercusiones psicoemocionales asociadas a este evento vital estresante que se materializa en la pérdida de autoestima, estrés, ansiedad y depresión (Hetherington y Stanley-Hagan, 1997; Jackson, Gyamfi, Brooks-Gum y Blake, 1998; O'Connor y Hetherington, 1998; Simons y Beaman, 1996), así como adaptarse a las nuevas condiciones socio-económicas. De hecho, la nueva situación conlleva una división de los recursos económicos al tiempo que un mayor coste de las nuevas necesidades vitales desencadenando un descenso en el nivel de vida inferior en ambos progenitores, pero muy especialmente en la mujer (Fariña, Seijo y Arce, 2001). En cuanto al nuevo papel de padre divorciado, debemos precisar las diferentes consecuencias que se producen dependiendo de si se trata del padre custodio o del no-custodio. En el primer caso, que suele tratarse de la madre, se produce una sobrecarga al tener que asumir toda la responsabilidad de la crianza de los hijos. A lo que hay que añadir que, en muchas ocasiones, las condiciones económicas son adversas y las psicoemocionales no idóneas. En los no-custodios, mayoritariamente el padre, la reducción significativa del tiempo de permanencia con los hijos trae consigo repercusiones negativas para ambos. Esta contingencia, estudiada por Fay (1989), le llevó a acuñar los términos: padrectomía y «síndrome del padre destruido». Se entiende por padrectomía «el alejamiento forzado del padre, cese y extirpación del rol paterno y la pérdida parcial o total de sus derechos ante los hijos. El cual se expresa a nivel sociocultural, legal, familiar y maternal» (Zicavo, 1999, pág. 11). A nivel sociocultural, el padre se ve relegado a un estatus periférico, excluyéndolo de la función de educación y crianza de sus hijos (Ares, 1996). A nivel legal, el ejercicio de la paternidad se reduce, en la decisión modal, a un sistema de visitas quincenales y a una pensión alimenticia a los hijos. A nivel familiar, se le limita a sostener económicamente la familia. A nivel maternal, se concreta en que la madre puede implícita o explícitamente ir impidiendo la relación de los hijos con el padre (Zicavo, 1999). El «síndrome del padre destruido» se produce como consecuencia de la limitación, si no suspensión, de los derechos paternales, provocando en el progenitor un enorme sufrimiento psicológico, que Fay (1989) inicialmente concretó en desesperación, disfunción e incluso desaparición. Más recientemente, Zicavo (1999) perfiló el «síndrome del padre destruido» como el conjunto de los siguientes síntomas: depresión, desesperación, sufrimiento, sentimiento de minusvalía, ansiedad, culpa, ira, evitación, agresividad y rechazo.

Las decisiones judiciales a nivel internacional (Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra o Polonia) y, también, en España, favorecen tanto la sobrecarga de los custodios como la padrectomía (por supuesto, cuando el progenitor custodio es el padre, podríamos hablar de madrectomía) al otorgarle toda la responsabilidad al custodio a la vez que minimizan la relación de los hijos con el no-custodio. Para minimizar estas repercusiones son necesarios cambios legislativos importantes como los llevados a cabo recientemente en Francia donde, en principio, la custodia ha de ser compartida.

13.2.2. IMPLICACIONES EN LOS HIJOS

Exceptuando aquellos casos en los que existe violencia doméstica, y no siempre, los hijos no suelen aceptar ni entender la separación de sus progenitores, reaccionando de forma negativa tanto psicológica como conductualmente. Reacciones que Ellis (2000) ha estimado que se duplican en comparación con menores no sujetos a procesos de separación y que, por géneros, Hetherington (1993) ha encontrado que afecta al 74 por 100 de los chicos y el 66 por 100 de las chicas. Sobre los efectos, Amato y Keith (1991), en una revisión de 92 estudios, encontraron que los menores de familias divorciadas presentaban peores resultados académicos, más problemas de comportamiento, autoconcepto más bajo, más problemas con los compañeros y mayor oposición a los padres. Un factor discriminativo, tanto en la evolución corno en las consecuencias, resultó ser el género. En concreto, entre los varones los efectos aparecen de forma más inmediata y dramática, traduciéndose mayoritariamente en conductas agresivas y disruptivas (Hetherington, 1989; Hetherington, Cox y Cox, 1985). Por el contrario, las niñas no evidencian efectos negativos importantes hasta llegar a la adolescencia (Ellis, 2000), semejando que en ellas el conflicto emocional se encuentra latente y no se muestra hasta transcurridos unos años; esto es, se conduce corno si estuviera hibernado, denominándose por ello «efecto dormido» (Allison y Fustemberg, 1989; Hetherington, 1991).

Las consecuencias negativas asociadas a la separación parental se han agrupado en torno a dos factores (Ackerman, 1995; Fariña, Seijo, Arce y Novo, en prensa a; Fariña, Seijo y Novo, 2000b): psico-emocionales, que hacen referencia a sentimientos y estados emocionales manifestados por los menores a raíz del procedimiento de separación de sus progenitores (sentimientos de culpa, abandono y rechazo, impotencia e indefensión, miedos no resueltos, ansiedad, depresión, inseguridad); y conductuales (por ejemplo, conductas regresivas, repetitivas, problemas escolares, conductas antisociales, etc.). En este contexto, Farrington (1990) advierte que el haber pasado por la separación de los padres antes de los 10 años es el principal «predictor» de la delincuencia juvenil y de la criminalidad en edad adulta. En esta misma línea, McLanahan (1999), en un estudio longitudinal de 20 años con una muestra de 6.400 niños, observó que los menores que crecen sin vivir en el mismo hogar que el padre biológico tienen tres veces más probabilidades de cometer un crimen que suponga su ingreso en prisión, que quien ha convivido con su padre. Asimismo, Rickel y Langer (1985), en un estudio con 1.000 familias, encontraron que los hijos de padres separados emitían mayor número de conductas disruptivas y delictivas. Frost y Pakiz (1990), por su parte, obtuvieron que estos niños tienen significativamente mayor probabilidad de convertirse en jóvenes delincuentes. Por su parte, Sampsom (1992), tras analizar los modos delictivos en 171 ciudades de Estados Unidos con más de 100.000 habitantes, observó que la tasa de divorcios en una zona era un buen predictor de la tasa de robos en la misma, y que los hijos de padres separados presentaban las tasas más altas de delincuencia.

Llegados a este punto es imprescindible precisar que estos estudios se basan en el contraste de media, proporciones o contingencias, lo que no implica que todos los casos de familias separadas tengan peor pronóstico que todos los niños de familias intactas. En otras palabras, ser hijo de padres separados no presupone indefectiblemente ser una persona sin posibilidad de un futuro normalizado. Si la ruptura de pareja se realiza sin desembocar en ruptura de familia, los progenitores se mantienen psicológicamente equilibrados y realizan con responsabilidad su labor parental, los menores no tendrían por qué entrar dentro del grupo de riesgo de desajuste emocional, psicológico, familiar, escolar o social. En esta línea argumentativa, Goodrnan, Emery y Haugaard (1998) sostienen que son tres los factores que se relacionan con la potenciación de las consecuencias negativas de la separación en los hijos: el conflicto parental, la inestabilidad e inseguridad que acompaña la disolución familiar y la disminu ción del nivel económico. En esta misma dirección, Amato (1993, 1994) perfila aún más los correlatos de la desviación:

-La pérdida de un progenitor. Generalmente la custodia en solitario obliga a que el menor mantenga, significativamente, menos contacto con el progenitor no custodio, impidiéndole que se beneficie del conocimiento, habilidades y recursos (emocional, conductual, financiero, etc.) de ese padre.

-La pérdida económica. De todos es bien sabido que la separación produce un descenso del poder adquisitivo de ambos progenitores y, de forma especial, en el custodio. Esta contingencia trae apareado una merma en las oportunidades de los hijos, tanto en las oportunidades de desarrollo académico como social.

-Incremento del nivel de estrés. Los múltiples cambios que tienen que afrontar todos los miembros de la familia, incluyendo a los niños, generan un ambiente estresante para ellos.

-El estado psicológico de los padres. Los síntomas más comunes tras la separación, como ya advertimos previamente, son la depresión y el estrés acompañados de pérdida de la autoestima. El desajuste psicológico de los padres se refleja directamente en los hijos y el contexto de separación facilita el desajuste de los padres.

-Competencia parental pobre. La falta de habilidades o destrezas de los padres para prestar apoyo a los menores, posiblemente disminuidas por el estado psicológico negativo que acompaña a la separación, los deja más indefensos.

-La exposición al conflicto interparental. Son pocas las parejas que deciden separarse sin mediar un período de conflicto previo. Éste, además, se acrecenta durante el proceso de separación e incluso se mantiene después de que haya finalizado. Los menores no permanecen ajenos al conflicto, porque cuando no se les inmiscuye directamente, les llega indirectamente (escuchan u oyen discusiones acaloradas). Como es obvio, este proceso supone para ellos una fuente de estrés muy importante.

Covell (1999) considera que el planteamiento de la custodia en solitario y un procedimiento de resolución basado en un sistema de adversarios incrementa el conflicto parental, la inestabilidad e inseguridad de la disolución familiar y la disminución del nivel económico. Como contrapartida, propone un método de custodia conjunta perfilado por una planificación de la responsabilidad parental y del tiempo de permanencia con cada progenitor.

13.3. GUARDA Y CUSTODIA, Y RÉGIMEN DE VISITAS

En España, la Ley establece como criterio, para otorgar la custodia en casos de separación y divorcio, la defensa del mejor interés del menor. La Ley de 13 de mayo de 1981 (Ley 11/81) y, posteriormente, la del 7 de julio de 1981 (Ley 30/81), señalaba el derecho de ambos progenitores a ejercer la patria potestad, salvo causa grave que determinase la privación de ésta a uno o a ambos. El Ar tículo 159 de esa ley disponía que el hijo que tuviera menos de 7 años debería ser confiado necesariamente a la madre. En 1990 se modifica por la Ley 11/90 de 15 de octubre, que proclama la necesidad de la decisión común de ambos progenitores y en caso de existir discrepancias la decisión del juez, siempre en beneficio de los intereses de los hijos menores, debiendo oír siempre a los niños que tuvieran suficiente juicio o en todo caso más de 12 años, antes de la adopción de la medida. La ley persigue el mejor interés del niño, confiando la custodia del menor a aquel progenitor que más se adapte a las necesidades de los niños. No obstante, nuestros datos de un estudio de 811 sentencias (Fariña, Seijo y Arce, 2001) evidencian que en España las decisiones judiciales en el establecimiento de la custodia y el régimen de visitas se llevan a cabo de manera estereotipada: por lo general, las custodias de los hijos se le conceden a las madres (89,9 por 100) y suelen carecer de motivación o criterio justificativo; a los padres se le asigna, casi exclusivamente, cuando la madre está incapacitada o rehúsa la custodia; y se fija un régimen de visitas de fines de semanas cada 15 días y mitad del período vacacional de los menores. Este proceder no es sólo un reflejo de la realidad española sino que se puede hacer extensivo a muchas otras jurisdicciones (la mayoría de los Estados de Estados Unidos, de Europa, Latinoamérica, Canadá). Ahora bien, existen numerosas dudas (Bender, 1994; Cowell, 1999; Fariña y cols., 2001e) de que con estos procederes se esté defendiendo el mejor interés del menor porque, al aplicar soluciones decisionalmente modales, no consideran la realidad concreta de cada menor. Como alternativa estos mismos autores proponen partir del supuesto de custodia conjunta que, en principio, defiende más apropiadamente el mejor interés del menor.

13.3.1. Tiros DE CUSTODIAS

Previamente a adentrarnos en la evaluación de la custodia, es obligado reparar en los tipos de custodias y régimen de visitas que se pueden dar. En una primera aproximación, podemos establecer dos tipos de custodia, a saber: en solitario y compartida. Estas, a su vez, se subdividen en guarda y custodia exclusiva o simple y partida, cuando se da en solitario, y repartida y conjunta, cuando es compartida. La custodia simple en solitario es aquella en la que uno de los progenitores (el custodio) se hace cargo de todos o alguno de los hijos y el otro (el no custodio) dispone de un régimen de visitas. Cuando un progenitor se responsabiliza de toda la prole estamos haciendo referencia a la custodia exclusiva o simple; en estos casos, el custodio es el que convive con el menor, el que toma las decisiones diarias sobre aspectos relacionados con el hijo, y ha de compartir, más en la teoría que en la práctica, con el otro padre las decisiones relevantes o extraordinarias. El padre no custodio, dependiendo de los ingresos económicos del custodio, sostiene o ayuda a sostener económicamente a los hijos, y, como hemos indicado, tiene derecho de visita, generalmente cada 15 días, todo el fin de semana, así como la mitad de las vacaciones de los niños. La custodia simple partida es similar a la anterior con la salvedad de que unos hi jos viven con un padre y los restantes con el otro. Este tipo es poco frecuente e, incluso, la propia ley establece la prioridad de no separar a los hermanos (Artículo 92 del Código Civil). La custodia compartida parte de que los dos progenitores van a responsabilizarse de igual modo de sus hijos y ambos son padres custodios. Esta modalidad es la forma ideal para los menores y para los padres. También aquí contamos con dos tipos: la conjunta y la repartida. En esta última ambos progenitores ejercen de padres custodios pero en períodos sucesivos, sería semejante a la custodia en solitario pero combinando el papel de padre custodio y no custodio en períodos alternos. La custodia repartida permite que los hijos convivan con ambos progenitores, no existiendo un plan determinado que especifique el tiempo que han de pasar con cada uno de ellos. Éste puede ser mitad y mitad, un tercio y dos tercios, dos séptimos y cinco séptimos, o cualquier otra proporción que convenga a la familia. La custodia repartida presenta tanto ventajas como inconvenientes para los hijos. Entre las ventajas, destaca que permite mantener un vínculo afectivo con los dos padres, y elimina la dualidad «padre que educa versus padre que divierte». Por contra, tiene como inconveniente la necesidad de los menores de adaptarse constantemente a los cambios de estilo educacional, de domicilio, para pasar de una casa a otra (Fariña y cols., 2002). No obstante, también puede arbitrarse que sean los padres quienes se desplacen al hogar familiar. La custodia conjunta, si la planificación se realiza de manera correcta, permite superar los problemas que presenta la repartida. En ésta, los dos progenitores tienen la responsabilidad de ocuparse en todo momento de los hijos y de consensuar las decisiones sobre ellos. Probablemente esta modalidad sea la mejor, o la menos mala, para los niños y los padres, ya que obliga a ambos progenitores a comprometerse de manera activa y colaboradora en el desarrollo del menor (Fariña, Seijo y Arce, 2000a; Fariña y cols., 2002; Ilfeld, Ilfeld y Alexander, 1982; Pearson y Thoennes, 1990; Shiller, 1986; Steinman, 1981). Además, con este procedimiento, asentado en una planificación del futuro de los menores, en que los hijos tienen derechos y los padres responsabilidades, y esas responsabilidades se han de repartir entre ambos progenitores, se garantiza la defensa del mejor interés del menor (Covell, 1999).

Si bien es cierto que la custodia compartida y especialmente la conjunta es la mejor solución para mantener la familia e impedir que los hijos pierdan a uno de los padres, lo cierto es que algunas variables mediatizan los buenos resultados y otras impiden que sea factibles: el compromiso y deseo sincero de ambos progenitores de ser custodios, el nivel de apego de los menores a ambos padres, la salud psicológica, la cooperación y comunicación parental, la percepción del otro progenitor corno persona importante y necesaria para su hijo, la competencia y habilidad para ocuparse de los niños, la existencia de conflicto parental o episodios de maltrato o abuso, la aceptación de la separación por ambos cónyuges, la presencia de esperanza de reconciliación, la distancia geográfica entre los hogares y el cumplimiento de las obligaciones económicas (Ackerman y Ackerman, 1997; Collier, 1988; Fariña y cols., 2002; Gardner, 1991; Schwartz y Kaslow, 1997).

13.3.2. ESTABLECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE VISITAS

El régimen de visitas está, en buena medida, determinado por el tipo de custodia que se va a abordar. De hecho, en la custodia compartida el régimen de visitas, como tradicionalmente se entiende, no tiene sentido. En todo caso, el objetivo sería la planificación de la convivencia de los hijos con ambos progenitores, centrada en las responsabilidades que ha de asumir cada uno de ellos. Pero, cuando la custodia que se establece es en solitario entonces necesariamente ha de ir acompañada con un régimen de visitas. En la defensa del mejor interés del menor se ha de proponer que los menores sigan teniendo la referencia de los dos progenitores. Para ello, es imprescindible que mantengan un contacto frecuente e intenso con ambos (Fariña y cols., 2002). Sin embargo, la decisión más arraigada en nuestro sistema judicial se define por un patrón de visitas 11/3; esto es, se toma como base 14 días, permaneciendo el menor 11 con el padre custodio y 3 con el no-custodio. Generalmente, estos 3 días son de viernes por la tarde al domingo por la tarde, en fines de semana alternos. De esta forma, se impide que el progenitor no custodio forme y eduque, imposibilitando que los hijos se enriquezcan con sus aportaciones. Sería altamente rentable y práctico poder ofrecer pautas universales aplicables a todas las familias pero, desafortunadamente, no es posible porque cada menor presenta necesidades concretas, y cada proceso tiene sus peculiaridades. Parafraseando a Ortega y Gasset, cada menor es él y sus circunstancias; en consecuencia, es preciso una intervención particular con cada familia. No obstante, se han diseñado, partiendo de las leyes evolutivas y del desarrollo, directrices orientativas en función del período evolutivo en el que se halle el menor para que sirvan de guía en el diseño del plan de visitas. Seguidamente exponemos un compendio de las mismas (Ackerman, 1995; Fariña y cols., 2002; Granados, 1998; Hodges, Landis, Day y Oderberg, 1991; Seijo, Fariña y Freire, 2000; Skafte, 1985; Stahl, 1994):

-Niños desde el nacimiento hasta los 18 meses. El progenitor no custodio debería estar con su hijo, si puede ser, diariamente, y no deberían transcurrir intervalos superiores a tres días. Las visitas no tienen por qué exceder de dos o tres horas, y deberían ser de menor duración cuando su cadencia sea de una o dos veces por semana. Pasados los seis meses, el tiempo de visita puede ir aumentando paulatinamente. Si el contacto se inicia después de los seis meses, las primeras visitas no deberían ser de más de una hora, para ir aumentado progresivamente el tiempo, siempre y cuando se mantenga una relación frecuente, esto es, de tres o cuatro veces a la semana.

-Niños entre 18 meses y 3 años. Las visitas deberían seguir siendo frecuentes y consistentes. Si el menor ha tenido una relación estable con su padre no custodio y presenta un nivel de apego importante, se podrían realizar pernoctas de una noche, si no se observa nada negativo. En torno a los tres años de edad, cabría ampliarlas hasta tres días, aunque manteniendo contacto (telefónico, por ejemplo) con el progenitor custodio. Cuando la dis tanciageográfica, entre las dos casas, sea importante, debería ser el padre no-custodio el que tuviera que desplazarse.

-Niños de 3 a 6 años. Estos niños, cuando la etapa precedente se llevara a cabo adecuadamente, están capacitados para visitas de hasta cinco días. Si la separación se produce cuando el menor tiene entre cinco y seis años, y mantenía una relación normalizada con los dos progenitores, las pernoctas pueden ser tan amplias como sea factible.

-Niños entre 6 y 12 años. El plan de visitas en estas edades puede ser desestructurado. No obstante, para los más pequeños y, sobre todo, si acaban de experimentar la ruptura, es conveniente que no lo sea. Para los de más edad, es importante tener presente que las visitas no coincidan con los compromisos sociales o escolares.

-Adolescencia. El régimen de visitas para los adolescentes ha de ser lo más flexible posible. De hecho, suelen ser reacios a un plan de visitas estructurado porque puede que les interfiera en las relaciones con los amigos. Incluso, y por los mismos motivos, puede ser contraproducente un régimen de visitas que implique los fines de semana. En este caso, es recomendable ajustarse a visitas durante la semana, con una duración de una a tres horas.

13.4. ACTUACIÓN DEL PSICÓLOGO JURÍDICO EN CASOS DE SEPARACIÓN O DIVORCIO

Cowell (1999) puntualiza que el papel del psicólogo en un caso de asignación de custodia o establecimiento de régimen de visitas debería dirigirse a la consecución de los siguientes tres objetivos: a) informar al Tribunal sobre los derechos de los hijos de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños; b) señalar las necesidades de los niños identificadas por la Psicología Evolutiva; y c) promover la custodia conjunta, centrada en los menores y en la reorganización de la familia, en lugar de la disolución familiar. Además, apunta que para lograr una reorganización familiar, los psicólogos deben plantear una intervención que permita obtener decisiones orientadas hacia los menores, que presuponga una implicación significativa de ambos padres en la vida de los hijos y que reduzca el conflicto parental. También estima esencial definir estrictamente qué se considera «el mejor interés del menor». Desde el punto de vista legal, el mejor interés del menor se define a través de parámetros como nutrición, guía, orientación, vínculos emocionales, estabilidad, relación saludable, entre otros. Sin embargo, éstos se presentan vagos e imprecisos (Fariña y cols., 2002). En un intento de operativización de este constructo, Sthal (1994) señala seis considerando que el experto ha de estimar:

-La situación parental más adecuada es aquella que contempla a los dos progenitores que han de estar, tanto como sea posible, involucrados en la vida diaria del menor (por ejemplo, colegio, vida social, actividades extraescolares, etc.).

-Los niños han de observar que sus padres pueden mantener una relación posterior a la separación o divorcio relativamente libre de hostilidades, a la vez que se le facilite que se relacione con ambos.

-Los hijos han de repartir su tiempo con cada padre, de tal forma que se produzcan, en períodos cortos, el menor número de mudanzas posibles y, de tener lugar, éstas han de suceder de manera natural en la vida del niño.

-La planificación parental, es decir, las recomendaciones sobre la guarda y custodia y régimen de visitas deben ajustarse a los requerimientos propios de la edad y a las capacidades del menor.

-Cuando existe un conflicto serio entre los progenitores o entre un hijo y uno de sus padres ha de intentarse una intervención tendente a solventarlo o, cuando menos, que amortigüe el nivel del conflicto.

-Finalmente, si uno de los padres presenta disfunciones psicológicas, comportamientos inadecuados o se encuentra inmerso en una relación que es físicamente destructiva o emocionalmente nociva para el menor, entonces siempre se ha de primar la seguridad de éste por encima de los intereses de los padres.

A tenor de lo expuesto, el procedimiento más efectivo para defender el mejor interés del menor es la mediación familiar. Es por ello que consideramos que toda intervención psicológica ha de intentar encaminar el proceso a través de la mediación.

13.4.1. LA MEDIACIÓN FAMILIAR

La mediación familiar se ha mostrado como la técnica más eficaz para la resolución de conflictos matrimoniales porque minimiza el trauma que se genera en los procesos contenciosos y facilita la cooperación entre los progenitores (Coy, 1989; Pierce, Pruitt y Czaja, 1993). Como consecuencia, se ha constatado un notable crecimiento en su uso como procedimiento de resolución de conflictos (Fisher, 1991). Como señala Bernal (2000), la mediación tiene como objetivo enseñar a las parejas a separarse, así como a mantener su responsabilidad como padres, posibilitando que los hijos se relacionen con los dos, de manera idónea. En esta misma línea, Barca, Fernández-Ballesteros y Fernández-Espada (1998) han precisado las principales ventajas de la mediación; a saber:

-Economía en tiempo y dinero, por tratarse de un procedimiento más rápido y barato. En esta línea, Bernal (1995), tras contrastar los costes efectivos, informa que la mediación es una medida más barata que cualquier actuación judicial y, además, habrá de valorarse el tiempo y energías ahorradas. No obstante, Fariña y cols. (2002) puntualizan que la rapidez y la economía no son las características más relevantes de la mediación, ni la motivación que debe guiar a quien la utiliza, con excepción de aquellas parejas que no tengan descendencia.

-Posibilita que los padres se centren en las necesidades de sus hijos. En otras palabras, permite que la ruptura conyugal no conduzca necesariamente a la ruptura familiar. Es éste el factor más importante cuando existen hijos.

-La pareja es la verdadera protagonista. Son los dos quienes resuelven la situación conflictiva. Esta resolución del conflicto trae consigo un nivel más alto de satisfacción para las partes a la vez que un mayor cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Además, la mediación les ayuda a adquirir nuevas estrategias de resolución de problemas que les servirán en el futuro en todos los ámbitos de la vida.

-Puede iniciarse en cualquier etapa del procedimiento. Aunque el momento más idóneo es antes de iniciar los tramites legales, también puede llevarse a cabo durante el procedimiento. Incluso una prueba pericial se puede reconvertir en un proceso de mediación, actuación que nosotros siempre recomendamos. También es factible después del proceso legal de separación o divorcio, para modificar la sentencia judicial que, con cierta frecuencia, no satisface a ninguna de las partes.

El mediador debe lograr que las partes alcancen los principios de un acuerdo duradero y mutuamente aceptable, teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de los miembros de la familia y, particularmente, las de los niños. Moore (1998) distingue dos modelos radicalmente distintos en la conformación de las funciones del mediador. El primero presupone que el mediador se limita, sin considerar los contenidos, a posibilitar que el proceso de mediación se logre, como si se tratase de una negociación; el segundo asume que el mediador ha de trabajar con las partes para conseguir una decisión imparcial y justa, sin renunciar a la imparcialidad o la neutralidad del mediador y al papel activo de ambos progenitores en la determinación de la toma de decisiones que ha de reestructurar sus vidas y la de sus hijos. Obviamente, los mediadores familiares deberían asumir la segunda propuesta (Moore, 1998; Saposnek, 1983). Esta asunción es irrenunciable cuando hay menores implicados porque es la única vía que le posibilita defender los intereses del menor, si sus padres no lo hacen (Fariña y cols., 2002).

En este contexto de mediación, proponemos un modelo de intervención que se desarrolla en torno a cinco etapas (Fariña y cols., 2002):

-En la primera, el mediador, en presencia de los dos progenitores, ha de aclarar a las partes cuál es el objetivo de la intervención. Cuando la pareja no tiene niños basta con que señale su imparcialidad. Pero, si la pareja tiene hijos les indicará que la intervención se guiará por la búsqueda del mejor interés de éstos; que, sin tomar parte por ninguno de los dos y siempre que lo necesiten, les ayudará a encontrar las soluciones centradas en las necesidades de los hijos. Por otra parte, les indicará las consecuencias que la separación les acarrea a ellos y a los hijos, poniendo especial énfasis en los factores protectores (eliminación del conflicto, así como la judicialización y permanencia de la familia).

-La segunda etapa se centra en la recogida de datos de la historia de la pareja sin obviar ningún momento. Recomendamos empezar por el noviazgo por ser, habitualmente, agradable y positivo para ambos y porque suelen coincidir bastante en la exposición de los hechos. De este modo, se consigue crear un clima positivo que sirve de entrenamiento en la dinámica de la negociación. A su vez, no se ha de olvidar nunca hacer referencia a las nuevas parejas y a la familia extensa porque, de forma activa o pasi va, desempeñan un papel muy relevante y tienen capacidad para impedir el acuerdo.

-En la tercera etapa, las partes comienzan definiendo cuáles son los problemas que la mediación debe resolver. Aquí es imprescindible diferenciar las posiciones legales y las reales. Muchas de las primeras han sido asumidas como estrategia propuesta por sus respectivos abogados o como reacción negativa ante las acusaciones o requerimientos de la otra parte. El experto ha de lograr que las partes motiven sus aspiraciones reales sobre cada uno de los puntos del convenio regulador siendo deseable que logren exponerlas con un cierto nivel de empatía.

-En la cuarta etapa, se han de generar alternativas viables para resolver el conflicto. Si hay hijos implicados, el papel del experto debe ser muy activo, supervisando las propuestas que los progenitores realicen y salvaguardando el mejor interés del menor. Si los padres no generasen soluciones adecuadas, el mediador puede ayudarles a encontrarlas mediante sugerencias.

Enla quinta y última etapa, el experto ha de evaluar las propuestas realizadas, comenzando por consensuar aquellos puntos donde las posiciones sean más coincidentes hasta alcanzar un acuerdo completo en, al menos, cada uno de los puntos del convenio regulador. Tras analizarlas de forma muy minuciosa y de haber aclarado hasta el último detalle, se aconseja finalizar la sesión. Asimismo, advertimos que es de suma transcendencia solicitar a las partes que reflexionen e intercambien opiniones con personas significativas para ellos (por ejemplo, familia extensa y nuevas parejas) ya que, con cierta frecuencia, son éstos los que impiden el cumplimiento de los acuerdos. En esta línea, refieren, como casos específicos, a los abuelos que se han ocupado, o lo están haciendo, del cuidado de los menores, y a las nuevas parejas. En ambas circunstancias, aconsejan tener entrevistas con ellos: con las nuevas parejas para poder vislumbrar el nivel de cooperación que van a presentar y con los abuelos para prevenir que éstos boicoteen o desatiendan los acuerdos de los progenitores. Así, se recomienda llevar a cabo, como mínimo, dos entrevistas con ellos: una en la primera etapa y otra al finalizar la quinta. El objetivo de éstas será el de sensibilizarlos de la necesidad de eliminar el conflicto y que los niños conserven la familia. Para ello, se les enseñan pautas de conducta para que se relacionen con toda la familia. Al final de la sesión, el mediador ha de leer el convenio regulador a las partes, y de no existir ningún error o cambio de opinión, el documento se ratifica mediante la firma de los interesados.

13.4.2. PERITAJE DE FAMILIA

Previamente a la exposición del modus operandi pericial que proponemos, es necesario reparar en las directrices, que es obligado asumir, elaboradas por la American Psychological Association (1994) para la intervención en evaluación de custodias guiadas, a su vez, por los Principios Éticos de los Psicólogos y el Código de Conducta (American Psychological Association, 1993). En concreto, han propuesto dieciséis directrices que se agrupan en tres factores (pue den verse en las Tablas 13.1, 13.2 y 13.3): a) orientativas, que versan sobre el objeto de una evaluación de custodia; b) generales, que determinan bajo qué condiciones se han de llevar a cabo este tipo de evaluaciones; y c) procedímentales, que señalan cómo debe ser el procedimiento a seguir.

Tabla 13.1

Directrices orientativas para la intervención en evaluación de custodias guiadas

Tabla 13.2

Directrices generales para la intervención en evaluación de custodias guiadas

Tabla 13.3

Directrices de procedimiento para la intervención en evaluación de custodias guiadas

Aunque el fin último de un peritaje de familia es el llevar a cabo una recomendación de custodia o régimen de visitas, aconsejarnos que, siempre que sea factible, se intente alcanzar mediante un procedimiento de mediación guiado por una filosofía en la que la separación de pareja no suponga también la separación de la familia. Para conseguir este objetivo la custodia más idónea es la conjunta. Como cada familia presenta sus características particulares y cada menor sus necesidades concretas, las recomendaciones que se realicen al Tribunal han de estar avaladas por un estudio minucioso de la familia. Las necesidades de los niños que se han de evaluar son (Fariña y cols., 2000a; Fariña, Seijo y Real, 2000c; López, 1995):

-Necesidades de carácter físico-biológico: alimentación, mantenimiento de la temperatura corporal adecuada, higiene, sueño, actividad física (ejercicio y juego), integridad física y protección de riesgos reales.

-Necesidades cognitivas: estimulación sensorial, exploración y comprensión de la realidad física y social, adquisición de un sistema de valores y normas.

-Necesidades emocionales y sociales: necesidades sociales y relaciones con el entorno físico (seguridad emocional, identidad personal y autoestima, red de relaciones sociales, actividades lúdicas, establecimiento de los límites de comportamiento a la vez que se facilita la participación y autonomía progresiva); necesidades de desarrollo psicosexual (educación e información sexual).

Una vez establecidas las necesidades de los menores se deben comprobar las destrezas parentales. Con este objetivo en mente, Fariña y cols. (2000c) detallan los factores que hay que evaluar en los adultos:

-La motivación real que cada uno de ellos presenta para obtener la guarda y custodia.

-Los recursos disponibles para hacerse cargo del niño (disponibilidad laboral, apoyo de la familia extensa, recursos económicos).

-El tiempo que cada padre dedica a su hijo, así como las actividades que realiza con sus hijos.

-El estilo educativo.

-Capacidad para ofrecer sentido de continuidad y estabilidad en el hogar.

-Estilo de comunicación intrafamiliar. 'i 1

-La capacidad de los padres para diferenciar el rol parental del conyugal.

-La actitud de los padres ante el conflicto.

-La actitud hacia el otro progenitor.

-Una evaluación clínica de la personalidad.

-El grado de adaptación familiar, social y laboral.

-La capacidad intelectual.

Para poder llevar a cabo toda la evaluación se aplican los métodos tradicionales de la Psicología, pero adaptados a este contexto concreto: la entrevista, la observación conductual y la utilización de instrumentación psicológica. Fariña y cols. (2002, en prensa a) diseñan un protocolo para la actuación pericial del psicólogo jurídico en estos procedimientos. Como objetivo general plantean garantizar una buena intervención centrada en defender el mejor interés de los menores implicados sin, por ello, desatender los sanos deseos de los padres. Además, aconsejamos que intervengan dos peritos, preferentemente de ambos géneros. Asimismo, recomendamos que, previa autorización de las partes, se grabe en vídeo toda la intervención, lo que posibilita una mayor fluidez, al poder evitar el tener que tomar notas, a la vez que, de existir dudas sobre cualquier punto del proceso, permite volver a ver el caso las veces que sean necesarias. Dicho protocolo se plasma en el seguimiento de los siguientes 11 pasos:

-Lectura y análisis del expediente del caso. Independientemente de quien haya solicitado el peritaje (una de las partes, ambas o el juez), se ha de leer detenidamente los autos, para poder conocer las circunstancias del caso.

Contactocon cada parte. El perito, aun cuando se trate de un peritaje de parte, debe contactar con ambos progenitores y los abogados. En primer lugar, recomendamos que se reunían con los abogados y, muy especialmente cuando es de parte, con el abogado que no ha solicitado la pericial. El objeto de este encuentro será el de contrarrestar la tendencia de éstos a disuadir a sus clientes para que no colaboren en el proceso. Aun así, es muy posible que no se alcance. A todas las partes se les informa de las dos máximas que guiarán nuestra intervención: a) que en todo momento se velará por el mejor interés de los menores; y b) que, si se considera viable, se intentará una mediación. Si una o ambas partes todavía no han contratado los servicios de un abogado, se les indica que para todos los miem bros de la familia sería beneficioso alcanzar una separación de mutuo acuerdo con una propuesta de planificación parental concertada mediante un proceso de mediación. Finalmente, se les detalla los pasos a seguir y se les invita a mantener una entrevista conjunta con el otro progenitor.

-Entrevista conjunta. Esta entrevista tiene como objeto alcanzar los siguientes fines:

Ofrecerinformación acerca del riesgo que tienen los hijos de presentar problemas como consecuencia de sufrir la separación de sus padres y la forma de evitarlos o minimizarlos. Como material de apoyo se puede utilizar la guía «Ruptura de pareja, no de familia» (Fariña, Arce, Seijo, Real y Novo, 2001c). Esta guía fue diseñada para padres que inician un procedimiento de separación con el propósito de orientarles y ayudarles a entender la situación que están viviendo, así como para concienciarlos de las necesidades y los riesgos que sus hijos presentan. Además, advierte qué conductas potencian el riesgo e indica cuales son las pautas de comportamiento para prevenirlos o evitarlos.

•Informar sobre la neutralidad e imparcialidad con respecto a las partes, aclarando suficientemente que se defenderá, en todo momento, el interés de sus hijos.

•Eliminar o amortiguar los desacuerdos y malentendidos entre los padres, concienciándolos de la necesidad de mantener unida la familia.

•Proponer, si cabe, un proceso de mediación.

-Entrevista individual con cada progenitor. Independientemente de que se lleve a cabo la mediación, el paso siguiente son las entrevistas individuales con cada uno. Para ello, Fariña y cols. (2002) crean el Cuestionario para padres y el Cuestionario sobre los hijos. El primero, que consta de 72 ítems, recaba información sobre las siguientes áreas: familia del progenitor, escolaridad, aspectos laborales, creencias religiosas, historia matrimonial, antecedentes personales e información acerca del otro padre; el segundo, mediante 60 ítems, recoge información sobre cada hijo: datos sociodemográficos, personas que lo cuidan o lo han cuidado, historia médica y psicológica, datos sobre la vida escolar, gustos, preferencias y aficiones, estrategias de afrontamiento de los problemas, el sistema punitivo y la obediencia, el patrón de desarrollo y crecimiento desde el nacimiento, hábitos de higiene, impacto de la separación en el menor, posibles anhelos o expectativas acerca de la custodia, hábitos de la vida cotidiana, amigos, información sobre el régimen de visitas y comportamiento del menor en presencia de uno o ambos progenitores.

-Evaluación individual. Necesariamente se han de aplicar test psicológicos, considerando imprescindible aplicar los siguientes: la escala Wechsler de Inteligencia, que, en casos de deficiente o nula escolarización, se puede sustituir por el TONI-2, el MMPI y, siempre que la edad de los hijos lo permita, es muy útil utilizar la batería de socialización (BAS). Además, y si el caso lo requiere, se pueden emplear otros instrumentos determinados en función de las circunstancias concretas.

-Entrevista con los menores. Estas entrevistas han de ser individuales y se llevarán a cabo con cada menor implicado en el procedimiento, a excepción de aquellos que sean de una edad tan corta que lo desaconseje. Resulta de gran ayuda emplear como herramienta de acercamiento entre los niños y el evaluador el cuento «Pobi tiene dos casas» (Fariña, Arce, Seijo, Real y Novo, 2001d). Este material psicopedagógico narra la historia de Pobi y sus padres que se encuentran inmersos en un proceso de separación. A lo largo del relato, Pobi, con el apoyo de otros personajes, especialmente de Bucefalín, que ya ha superado un proceso de separación, va ofreciendo orientaciones al menor sobre los problemas habituales que les suelen afectar: comunicar la nueva situación al grupo de iguales, aceptar la nueva situación superando el sentirse diferente, compartir fines de semana y períodos vacacionales con las nuevas parejas de los progenitores, minimizar la ilusión de reconciliación y, sobre todo, posibilitar que el menor internalice que la separación de los padres no supone la pérdida de uno de ellos sino que, por el contrario, puede permitir una relación de alta calidad y muy satisfactoria. La edad de los niños va a determinar el formato de entrevista a realizar. Con aquellos de más de 6 años utilizamos el Cuestionario para hijos (Fariña y cols., 2002). Con éste, a través de 63 ítems, se obtiene información sobre la relación entre los hermanos, hábitos de vida diarios, del colegio, amigos, gustos, aficiones y preferencias, sistema punitivo y obediencia con ambos progenitores, imagen y percepción de los padres, valoración de los padres, de la relación entre ellos y de sí mismos, patrón y características de la relación con cada uno de los progenitores, información sobre la separación y acerca de los amigos de los padres. Con los menores de 6 años es necesario valerse de otras técnicas de apoyo, tales como juegos, para obtener la información necesaria. Si bien con menores de tres años la entrevista es inviable, el evaluador debe interaccionar con ellos sin la presencia de los padres ya que se puede recabar información conductual de interés.

Evaluaciónde los menores. En función de las edades y los objetivos de medida, recomendados proceder con los siguiente instrumentos de medida psicológica: las escalas de inteligencia Wechsler (el WPPSI o el WISC-R, según corresponda); para niños menores de 4 años y mayores de dos años y medio se pueden aplicar las MSCA (Escalas McArthy de evaluación de aptitudes y psicomotricidad); para evaluar el nivel de adaptación del menor se utilizará el TAMAL (para niños mayores de 8 años); para estudiar la personalidad se pueden aplicar las escalas de Cattell a partir de los 6 años (ESPQ CPQ HSPQ); además, se recomienda aplicar el BAS para evaluar el nivel de socialización de los menores a partir de 6 años. Si el caso lo exige, se deben aplicar cuestionarios específicos; por ejemplo, el CDS si hay indicios de depresión, el CAS si se observa altos niveles de ansiedad, o el Dominique-VI, CAQ o SCL-90 si se observan indicios de patología clínica. Para que la evaluación resulte más agradable se recomienda intercalar entrevistas con la aplicación de test.

-Observación de la interacción materno/paterno-filial. Cada progenitor ha de interaccionar, al menos, en dos ocasiones con cada hijo en el despacho, y una en el hogar. En aquellos casos donde hay más de un hijo resulta importante que se realice una interacción de cada padre con todos los menores conjuntamente. Estas interacciones deben de ser grabadas para poder ser analizadas por el perito.

-Visita a los hogares de los progenitores. Estas visitas son imprescindibles dado que la información que se obtiene resulta relevante. En concreto, permite verificar la información que ha ofrecido cada parte sobre sus condiciones de vida o sobre las del otro; determinar si las necesidades básicas delmenor se encontrarán cubiertas, y si existe alguna circunstancia peligrosa para él en el entorno. Estas visitas no pueden concertarse con mucho tiempo de antelación a fin de evitar la «preparación del escenario». No obstante, el perito ha de asegurarse que tanto los menores como el progenitor se encuentren en el hogar en el momento de realizarlas.

-Entrevistas colaterales. Es de gran interés, por la información que proporcionan, realizar entrevistas con personas relacionadas con los niños, tales como abuelos, empleadas de hogar, profesores, psicólogos, médicos o pediatras, vecinos, amigos u otras personas significativas en la vida del menor. No todos los casos requieren recabar información directa de cada una de las fuentes mentadas. Además, con muchos de ellos no es preciso entrevistarse personalmente pudiendo obtenerse los datos necesarios mediante contacto telefónico.

-Realización del informe. El informe, guiado por la defensa del mejor interés del menor, se realiza sobre la base de toda la información recogida, esto es, no se puede descartar información. El informe ha de contener los siguientes datos: la identificación del caso, los objetivos de la intervención siguiendo a la American Psychological Association (1994), el método de trabajo así como las técnicas e instrumentos psicológicos aplicados, las fechas de cada intervención, los resultados individuales de la evaluación, la evaluación de los ambientes familiares, los datos provenientes del análisis de la interacción y, finalmente, las conclusiones. Estas deben sintetizar de forma objetiva la información expuesta a lo largo del informe y desglosar las recomendaciones. Téngase presente que las recomendaciones han de estar orientadas a perseguir, siempre que las circunstancias de la familia lo permita, la implicación de los dos progenitores en la vida de los menores para que la separación no suponga la pérdida de un padre para éstos. Para un análisis más pormenorizado y ejemplos de informes el lector puede dirigirse a Fariña y cols. (2002).

13.4.3. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN CON FAMILIAS SEPARADAS

La separación conyugal, corno ya se ha referido en páginas anteriores, implica una desestructuración familiar que afecta a todos los miembros de la familia con riesgo de provocar desajustes emocionales, psicológicos y conductuales, tanto a corto como a medio o largo plazo. Corno medio de controlar estas repercusiones negativas y lograr un buen ajuste post-separación, surgieron en la década de los años 80, y sobre todo de los 90, diversos programas de intervención (Fariña, Arce, Seijo, Novo y Real, 2001b). El objetivo general de estos programas era proporcionar herramientas cognitivas para afrontar los estados de ansiedad y estrés, resolver problemas de una forma más eficaz, y ayudar a la integración de la familia, esto es, para que la ruptura de la pareja no suponga una separación familiar (Fariña, Arce, Seijo, Novo yJólluskin, 2001a). En una revisión reciente, Ellis (2001) encontró que el 74 por 100 de los programas se pone en marcha desde los juzgados y la mayoría se dirige únicamente a los padres; de hecho, sólo el 10 por 100 de ellos ofrece un programa paralelo para los hijos. Ahora bien, lo aconsejable y efectivo sería llevar a cabo una intervención inte gral que tenga por objeto tanto los diversos problemas inmersos en la problemática de la separación como a la familia en su conjunto, utilizando para ello una perspectiva multidisciplinar (psicólogos, abogados, etc.) y haciendo uso de todos los recursos disponibles en el ámbito de la comunidad (Fariña, Seijo, Arce y Novo, en prensa b).

Para diseñar un programa, siguiendo a Kirby (1998), es preciso tener en mente estas cuatro recomendaciones básicas:

-Priorizar los contenidos. La efectividad de los programas depende, en gran medida, de la prioridad que se otorgue a la adquisición de destrezas parentales, resultando así más importante los contenidos del programa que la duración de éste.

-Determinar el tipo de intervención. Partiendo de la premisa de que cada familia presenta unas características propias y diferenciales, se debe de tener en cuenta qué familias en concreto van a participar a fin de adaptar el programa a sus necesidades. En otras palabras, es preciso proceder a un estudio de las necesidades de las familias que van a participar en el programa.

-Adecuada temporalización de los contenidos. Una vez que se establecen las características del grupo, el experto ha de determinar el tiempo que se va a dedicar a cada área en función de las necesidades detectadas.

-Aplicación de estrategias de aprendizaje efectivas. Las técnicas de participación activas como la representación de papeles, las actividades de adquisición de destrezas o la discusiones interactivas, se han mostrado sistemáticamente muy efectivas.

Fariña y cols. (en prensa b) realizan una matización general a las recomendaciones de Kirby (1998); en concreto, consideramos que la duración del programa puede determinar en gran medida el éxito del mismo. Así, estimamos que, un tiempo muy limitado, no permite desarrollar y practicar todas las técnicas en su amplitud ni proceder a una intervención integral, condicionando tanto los contenidos como el modus operandi del programa. En nuestro diseño de programa de intervención (Fariña y cols., en prensa b) nos planteamos los siguientes objetivos: eliminar las repercusiones negativas que la separación puede generar en los menores, incrementar el ajuste a la nueva situación familiar, aumentar a escala integral el bienestar familiar, implicar a todos los miembros de la familia (padres e hijos y otros, tales como abuelos o nuevas parejas, si tuvieran cabida). Para lograrlos, los adultos deben aprender y practicar al menos las destrezas siguientes:

-Prácticas de crianza adecuadas (técnicas de disciplina no coercitivas, implicación parental positiva, comunicación paterno-filial, estimulación positiva, control de situaciones de conflicto).

-Técnicas sobre cómo tomar decisiones y resolver problemas.

-Técnicas y estrategias de supervisión.

-Técnicas de autocontrol.

-Técnicas de relajación.

Si ya las conocen, deben reforzarlas para posibilitar su automatización. Asimismo, los programas han de ser suficientemente amplios y ambiciosos como para que se incluyan procedimientos que faciliten la generalización. Entre éstos destacamos los procedimientos de prácticas entre sesiones (Pentz, 1980), las instrucciones para que la habilidad sea utilizada fuera de la situación de entrenamiento (Ollendick y Hersen, 1979) y la asignación de tareas extragrupales en las que los sujetos deben registrar la habilidad que utilizan, en qué situaciones lo hacen y con quién interactúan (Goldstein, Sprafkin y Gershaw, 1976; Hazel, Sherman, Schumaker, y Sheldon, 1985; Trower, Bryant y Argyle, 1978). Los contenidos de los programas vienen definidos por las necesidades del grupo. No obstante, hemos creado un listado guía de los contenidos básicos que hay que considerar en la elaboración de programas (Fariña y cols., en prensa b):

-Beneficio de la colaboración coparental.

-Consecuencias negativas del conflicto.

-Desarrollo evolutivo de los menores, especialmente en el ámbito emocional y cognitivo.

-Consecuencias y reacciones post-divorcio de los hijos.

-Cómo ayudar a adaptar a los hijos a la nueva situación.

-Impacto por alienar a los hijos.

-Impacto por sobrecargar a los hijos.

-Consecuencias de mantener la ilusión de reconciliación en ellos y en los hijos.

-Responsabilidad de cada progenitor.

En cuanto a la intervención con menores, los programas deben ofrecer, además del apoyo emocional, la posibilidad de adquirir y desarrollar destrezas que les permitan ser más eficaces, no sólo dentro del contexto familiar sino también en los restantes ámbitos de la vida. Asimismo, hemos confeccionado una relación de las técnicas que hay que poner en práctica o reforzar con menores en proceso de separación (Fariña y cols., en prensa b):

-Expresión adecuada de los sentimientos.

-Adquisición de estrategias de resolución de problemas.

-Técnicas de comunicación.

-Técnicas de autocontrol.

-Técnicas de relajación.

Al igual que en los programas para adultos, los expertos han de adaptar la intervención a las necesidades del grupo. No obstante, es preciso que, de partida, aborden los siguientes contenidos:

-Comprensión de la separación (aclarar concepciones erróneas).

-Exposición de las reacciones más comunes (disminuir los sentimientos conflictivos y emociones negativas).

-Ilusión de reconciliación.

-Aceptación de la nueva situación (custodia, visitas).

-Previsión de cambios (nuevas parejas o matrimonios de los padres).

Son muy numerosos los informes de evaluación que avalan la eficacia de los programas de intervención. Sucintamente, los padres que han cursado un programa: a) ofrecen a los hijos respuestas más efectivas; b) controlan mejor sus reacciones hacia el otro progenitor; c) observan un cambio en sus sentimientos acerca de la separación; d) comprenden la importancia de la cooperación parental; e) son conscientes de que deben incrementar sus esfuerzos para trabajar con el otro padre; y f) desjudicializan la relación (Arbuthnot y Gordon, 1996; Kramer y Kowal, 1990; Loveridge,1995; McKenzie y Guberman, 1997). Del mismo modo, los programas dirigidos a niños muestran una repercusión positiva en sus participantes (Alpert-Gillis, Pedro-Carroll y Cowen, 1989; Durkin y Mesie, 1994; Farmer y Galaris, 1993; Hett, 1997; Kalter y Schreier, 1993; Pedro-Carroll, Alpert-Gillis y Cowen, 1992; Roseby y Deutsch, 1985; Stolberg y Garrison, 1985). Por tanto, se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que la Administración amortiza, a corto plazo, ampliamente la inversión que suponen los programas por los ahorros que se devengan en el ámbito judicial (disminución de separaciones y divorcios contenciosos, las apelaciones, cambios de medidas, denuncias por incumplimientos), en el ámbito sanitario (descenso de consultas y tratamientos de estrés, ansiedad, depresión, malestar general); en el laboral (descenso de bajas laborales por causa de salud psíquica o física, aumento de la producción); y en el escolar (descenso de conductas disruptivas y del fracaso escolar). A su vez y a largo plazo, se están promoviendo políticas de prevención de salud mental al estar previniendo futuros desequilibrios en las partes implicadas en los aspectos emocional, psicológico y conductual.

13.5. COMENTARIOS FINALES

Las Memorias del Consejo General del Poder judicial reflejan, año tras año, un incremento en el número de familias que terminan en una separación conyugal. En consecuencia, la intervención del psicólogo jurídico en casos de separación o divorcio, si se ajusta a parámetros de calidad, tiene un futuro muy prometedor. Como se ha recogido en la presente exposición, la práctica profesional en este ámbito se centra en tres áreas de intervención altamente relacionadas: la mediación familiar, el peritaje psicológico y la intervención en programas para familias separadas. En cada una de ellas la práctica del psicólogo ha de estar encaminada a defender el mejor interés del menor. Este se encuentra relacionado con la conservación de la familia, no desde una perspectiva tradicional-conservadora, que entiende la pareja como indisoluble, sino desde una visión reformista-novedosa que asuma la separación conyugal sin que implique la ruptura familiar. Es reformista porque requiere de ciertos cambios legislativos que faciliten la custodia compartida, tal y como ha sucedido recientemente en Francia. Se define como novedosa en cuanto que implica cambios importantes en las cogniciones y las conductas de la sociedad. Estos cambios no sólo se dirigen a aquellos que experimentan la separación sino a la población en general. De hecho, el proceso de etiquetaje social sanciona, en estos momentos, a la pareja separada que continúe una relación de coparentalidad o de amistad.

La Recomendación núm. 1 R(98) del Comité de Ministros del Consejo de Europa insta a los Estados miembros a que pongan en marcha la mediación familiar por considerarla la forma óptima de resolver los procesos de separación y divorcio. Sin embargo, en España no todas las Comunidades Autónomas poseen un servicio oficial de mediación familiar que llegue a todas las parejas que inician un proceso de separación. La instauración de forma general y obligatoria de este procedimiento posibilitaría conseguir más fácilmente la permanencia de la familia. Si, complementariamente, se pusieran en marcha programas de intervención estaría más cercano el objetivo general de lograr que la separación no suponga un proceso de victimación de la familia. Estos, para ganar en efectividad, deberían ser lo más contiguos posible a la ruptura, e incluso previos a la mediación. De este modo, facilitarían sumamente el proceso de mediación que se convertiría en una planificación de la responsabilidad parental, en la línea de la propuesta de Covell (1999).

De ser ambas actuaciones de obligado cumplimiento, la pericial psicológica, tal y como se concibe en la actualidad, apenas tendría cabida. No obstante, hemos de ser conscientes que en España no existen programas de intervención para familias separadas y la mediación, aunque en auge, no es el procedimiento más usado. Por tanto, la pericial psicológica se continuará demandando y de forma creciente.

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JOSÉ CANTÓN DUARTE

14.1. EFECTOS DE LA SUGESTIBILIDAD EN LA EXACTITUD DE LA DECLARACIÓN DEL NIÑO

Durante los últimos años los investigadores han venido estudiando la capacidad de los niños para informar con exactitud sobre sucesos ocurridos en el pasado (véase Cantón y Cortés, 2000; Ceci y Bruck, 1993; Faller, 1996; Warren y McGough, 1996). Una de las cuestiones más controvertidas de estos estudios ha sido la de la sugestibilidad de los niños o grado en que la codificación, almacenamiento, recuperación e información sobre lo sucedido por parte de los niños se pueden ver influidos por diversos factores sociales y psicológicos (Ceci y Bruck, 1993). Así, diversos autores han alertado contra las técnicas de sugestión que con frecuencia se utilizan en las entrevistas realizadas a los niños que supuestamente han sido objeto de abusos sexuales. Estos ataques contra el entrevistador parten de la premisa de que los niños son muy sugestionables y, consiguientemente, fáciles de manipular para conseguir que afirmen o incluso que crean en sus alegaciones falsas de abusos, sugeridas en realidad por unos entrevistadores incompetentes. Como los niños quieren agradar a los adultos, están dispuestos a corroborar cualquier cosa que ellos piensen que el entrevistador desea oír (Reed, 1996). El sesgo del entrevistador influye en toda la estructura de la entrevista y se refleja en la utilización de diversas técnicas de sugestión (Bruck, Ceci y Hembrooke, 1998) como la formulación inmediata de preguntas específicas, el refuerzo sutil de las respuestas confirmatorias de su hipótesis, la inducción de un estereotipo negativo del presunto agresor, el empleo inadecuado de determinadas técnicas accesorias de entrevista e incluso el recurso a la amenaza o al soborno. Los resultados de recientes estudios indican que algu nos entrevistadores utilizan, de hecho, las técnicas descritas (Bull y Cherryman, 1995; Lamb y cols., 1996). Estas investigaciones han demostrado que a veces los entrevistadores basan su actuación en la realización de preguntas específicas o tendenciosas y en introducir información no aportada por los niños, repitiéndola con frecuencia a lo largo de la entrevista. La publicidad que suele acompañar a los casos de abuso infantil en que los niños prestan testimonio ha complicado más aún la cuestión y ha contribuido a una controversia que se podría resumir en las siguientes cuestiones básicas (Davis, 1998): ¿las entrevistas forenses en las que se produce alguna forma de sugestión llevan a los niños a realizar denuncias falsas de abusos?, ¿los niños son siempre vulnerables a la sugestión o a veces se resisten a preguntas capciosas y ofrecen explicaciones exactas sobre los sucesos ocurridos?, ¿en qué condiciones los niños ofrecen un testimonio exacto versus inexacto?

Antes de la década de los años 80 la mayoría de los estudios sobre sugestibilidad se basaba en plantearle al niño una pregunta tendenciosa (que contiene un supuesto falso) sobre algún suceso experimentado u observado. Un resultado consistente de estos estudios fue el de que los niños más pequeños eran más sugestionables que los mayores (véase Ceci y Bruck, 1993). Sin embargo, estas investigaciones tuvieron poca utilidad para el análisis de la fiabilidad o sugestibilidad de los niños que alegan haber sufrido abusos sexuales, debido a la edad de los sujetos estudiados y al contenido de las preguntas realizadas. Mientras que un gran número de niños abusados sexualmente son preescolares y un número desproporcionado de casos judiciales también implica a testigos de edad preescolar (véase Ceci y Bruck, 1995), durante los ochenta primeros años del siglo xx sólo se realizó un estudio que incluyera a niños de este nivel evolutivo. Además, a los niños se les hacían preguntas sobre sucesos neutros de poca importancia a nivel personal. Con objeto de que los resultados permitieran aportar una información más relevante a nivel judicial sobre la fiabilidad de la declaración de los niños, se produjeron tres cambios importantes en la dirección de los estudios (Bruck y cols., 1998). La mayoría de las investigaciones incluyó a niños de preescolar; éstas se diseñaron para analizar la sugestibdidad sobre sucesos importantes desde un punto de vista personal (implicando tocamientos del cuerpo o insinuaciones de abuso sexual) y, finalmente, se amplió el concepto de técnicas de sugestión, pasando desde el simple planteamiento de preguntas capciosas o presentación de información errónea a utilizar un rango más amplio de instrumentos de entrevista. En esta línea, Saywitz, Goodman, Nicholas y Moan (1991) y Ornstein, Baker-Ward, Myers, Principe y Gordon (1995) encontraron que cuando un entrevistador neutro, no sesgado, pregunta a un niño sobre un suceso importante (implicando tocamientos) inmediatamente o hasta tres meses después de haber sucedido, la declaración del niño es bastante exacta y aporta más información cuando las preguntas que se le formulan son específicas (versus abiertas), aunque a costa de disminuir su exactitud. Además, la exactitud ante preguntas específicas o capciosas aumentaba en función de la edad (la tasa más baja de exactitud correspondió a los preescolares) y del retraso entre el suceso y la entrevista. Finalmente, los niños no sólo cometieron errores de omisión sino también de comisión (afirmar, sin ser cierto, haber experimentado un suceso), de manera que, especialmente los más pequeños, informaron de sucesos que nunca habían ocurrido. Aunque estos datos son importantes para comprender cómo determinadas preguntas específicas pueden alterar los patrones de información, recuerdo y olvido de los niños, su valor puede ser mucho menor cuando se trata de evaluar la exactitud de la declaración de un niño obtenida en una situación más sugestiva. Este problema ha llevado a un grupo de investigadores a centrarse más en la estructura de las conversaciones y entrevistas y a analizar los efectos de diversas prácticas de entrevista sobre la exactitud de los informes de los niños (Bruck y cols., 1998). Así, recientes investigaciones han analizado la influencia de técnicas sesgadas como la repetición de entrevistas, la repetición de información falsa, la utilización de técnicas de visualización, el reforzamiento selectivo o el empleo de amenazas y de recompensas (véase Ceci y Bruck, 1995). El diseño de estos estudios normalmente consiste en hacer que los niños participen en algún suceso y luego entrevistarlos utilizando una o más de las técnicas de sugestión mencionadas. Los resultados han demostrado que la utilización de estas técnicas sugestivas puede perjudicar la exactitud de la declaración del niño, especialmente cuando se combinan dos o más de ellas. Los niños realizan falsas alegaciones sobre un amplio rango de sucesos, muchos de ellos significativos desde un punto de vista personal y confunden la información sugerida con la realidad (algunos insisten en que ha ocurrido realmente). Por ejemplo, Bruck, Ceci, Francoeur y Renick (1995b) investigaron cómo niños de tres y de cuatro años de edad recordaban la experiencia de un examen médico, a la mitad del cual se exploraron sus genitales. Después del examen se les entregó un muñeco anatómico para que, en respuesta a preguntas capciosas, mostraran cómo les había tocado el médico. Bastantes de los niños que habían pasado el examen genital no mostraron con exactitud los tocamientos experimentados. Algunos cometieron errores de omisión (no mostraron ningún tocamiento), aunque en el caso de las niñas la mayoría de los errores cometidos consistió en demostraciones de sobretocatmientos (insertaban sus dedos en los genitales o ano, cuando esto no había ocurrido en realidad). Por otra parte, un porcentaje significativo de niños, especialmente de niñas, que no habían pasado por el examen genital realizó demostraciones de tocamientos genitales con el muñeco (mostraron cómo el pediatra había puesto su dedo o instrumentos en los genitales o nalgas). Se han obtenido resultados similares entrevistando con muñecos anatómicos a niños de hasta seis años de edad (Bruck, Ceci, Francoeur y Barr, 1995a; Steward y Steward, 1996). Algunos niños del estudio de Bruck y cols. (1995a), como resultado de repetirles información errónea un año después de haber pasado un examen médico, no sólo incorporaron directamente la información falsa en sus posteriores declaraciones, sino que también realizaron otras alegaciones inexactas que no les habían sido sugeridas. Además, los niños subestimaron su nivel de dolor y llanto en respuesta a la información falsa que escucharon sobre lo duros y resistentes que habían sido cuando les pusieron una inyección. Sin embargo, a pesar de los problemas de fiabilidad puestos de relieve en los estu dios que acabamos de mencionar, los datos disponibles también indican que los niños son capaces de informar de manera exacta, detallada y útil cuando se les entrevista de un modo adecuado (por ejemplo, Leichtinan y Ceci, 1995). Si no se utilizan técnicas sugestivas, incluso los preescolares de menor edad realizan declaraciones muy exactas, aportando pruebas importantes desde una perspectiva judicial, aunque pueda ser escasa la cantidad de detalles aportados (Bruck y cols., 1998). Asimismo, los resultados sobre la memoria de sucesos autobiográficos indican que los niños recuerdan de forma muy exacta y a veces detallada un amplio rango de sucesos (Baker-Ward, Gordon, Ornstein, Larus y Clubb, 1993; Peterson y Bell, 1996). Estos estudios se caracterizan por el tono neutro del entrevistador, la utilización muy limitada de preguntas capciosas y la ausencia de inducción de cualquier motivo o sesgo para que el niño realice una declaración falsa; es decir, han puesto de relieve la capacidad de los niños para prestar declaración, así como las condiciones en las que habría que entrevistarlos para obtener una declaración fiable. Cuando interviene un entrevistador no sesgado, cuando el número de entrevistas y de preguntas tendenciosas son mínimas, y cuando no se producen amenazas o engaños, el riesgo de que se vicie la declaración es mucho menor.

Los estudios sobre sugestibilidad que han comparado distintos grupos de edad han llegado a la conclusión de que los preescolares son el grupo más sugestionable (véase Ceci y Bruck, 1993), sobre todo a la contaminación post-suceso, una forma de sugestión que implica la incorporación en posteriores declaraciones de detalles incorrectos que les han sido sugeridos entre el momento del incidente y el momento de la entrevista (Ceci, Ross y Toglia, 1987). Cuando se realiza una sugerencia de forma reiterada y coercitiva no es extraño que el niño incorpore información errónea en sus explicaciones, aunque esto no quita el que incluso niños de tres a cinco años de edad a menudo se resistan ante una sugestión no coercitiva (por ejemplo, Goodman y Aman, 1990) y que sus respuestas a preguntas sugerentes simples no tengan por qué invalidar necesariamente toda la declaración.

A pesar de las fuertes diferencias de edad encontradas, no se debe pensar que sólo son sugestionables los preescolares o que no hay que preocuparse por la fiabilidad del testimonio de los niños mayores cuando se les entrevista de una manera sugestiva. Y esto por varios motivos. En primer lugar, porque al haber sido diseñados estos estudios comparativos pensando en niños de preescolar, el techo de dificultad de las tareas puede ser muy fácil para los de primaria. El segundo inconveniente que se le puede plantear a la argumentación de que los mayores no son sugestionables es el de que existen pruebas de que los niños no alcanzan los niveles adultos de resistencia a la sugestibilidad hasta llegar a la adolescencia temprana. Algunos estudios han demostrado que niños de ocho, nueve e incluso diez años de edad son significativamente más sugestionables que los adultos (Ackil y Zaragoza, 1995; Warren y Lane, 1995). Por último, conviene no olvidar que incluso los recuerdos de los adultos se pueden ver trastornados por las técnicas sugestivas empleadas en la entrevista, aunque en menor medida (Hyman, Husband y Billings, 1995; Hyman y Pentland, 1996; Loftus y Pickrell, 1995).

14.2. LA ENTREVISTA DE INVESTIGACIÓN

La entrevista para investigar una denuncia o sospecha de abuso sexual es una tarea difícil, ya que normalmente no hay pruebas físicas, bien por el tiempo transcurrido hasta la denuncia o bien, como suele ser el caso, porque no ha habido penetración. Por consiguiente, los niños se convierten en una fuente imprescindible de información, hasta el punto de que la determinación de si se ha producido o no un abuso sexual se suele basar en la declaración de la propia victima, siendo un factor decisivo el grado de fiabilidad y credibilidad que ofrezcan su afirmaciones (Cantón, 2002; Davis, 1998).

14.2.1. PREPARACIÓN DE LA ENTREVISTA Y FASE PRELIMINAR

Para diseñar una entrevista sensible evolutivamente o para situar las afirmaciones y las conductas del niño en un contexto evolutivo puede resultar de utilidad obtener su historial evolutivo antes de la entrevista. También es aconsejable obtener información de sus familiares sobre las amistades y gustos personales del niño para poder establecer una buena relación con él durante la entrevista. Finalmente, puede ser útil una cierta planificación de las preguntas antes de la entrevista. El retraso en la celebración de la entrevista puede afectar más negativamente a los niños que a los adultos (Poole y White, 1993). Además, cuanta menos edad tenga el niño tanto más rápido puede ser su olvido (Baker-Ward y cols., 1993). El olvido puede hacer que los niños se vuelvan más sugestionables si se les presenta una información capciosa después de un período de retraso (Warren y Lane, 1995). Por consiguiente, la realización de una entrevista en los primeros momentos no sólo capta los recuerdos cuando todavía están frescos, sino que puede reducir el olvido posterior. El ambiente de la entrevista debe garantizar que el niño se sienta razonablemente a gusto, sobre todo si se trata de un preescolar (por su mayor probabilidad de sentirse intimidado, ansioso y desorientado en este ambiente formal). Un ambiente centrado en el niño que reduzca al mínimo las posibilidades de distracción y que potencie la familiaridad puede facilitar un procesamiento óptimo de la información. Hay que procurar que el ambiente formal de la entrevista le resulte al niño lo más amistoso posible, decorándolo con figuras y dibujos de cuentos populares realizados por otros niños, procurando también que el mobiliario se adapte al tamaño del niño. El ambiente debe de ser privado, informal y libre de perturbaciones y de instrumentos accesorios que puedan distraer al niño. Aunque los juguetes ayudan a crear un ambiente amistoso, no es menos cierto que distraen la atención del niño. Asimismo, es importante que la entrevista no experimente interrupciones. La entrevista al niño se debe celebrar sin la presencia de sus cuidadores o de adultos que puedan tener algún interés en el caso (Lamb, Sternberg y Esplin, 1994). El entrevistador puede pedirle previamente a los cuidadores que preparen al niño en aquellos casos en que se prevea que le va a resultar sumamente estresante. Si esto no da resultado se puede permitir que se siente a su lado una persona de apoyo que no pertenezca al entorno familiar inmediato (por ejemplo, un «canguro») y debidamente instruida para que no intervenga.

Antes de abordar el teína del abuso es fundamental el establecimiento de una relación cálida y de confianza (rapport) a través de actividades como el juego, el dibujo y la charla sobre sus actividades favoritas (programas de televisión, deportes, aficiones), pudiendo después pasar a preguntas sobre la escuela o los compañeros. Mientras se va construyendo el rapport con el niño, el entrevistador puede tomar notas sobre su nivel de desarrollo del lenguaje, razonamiento y conocimientos (Saywitz y Camparo, 1998). La evaluación formal o informal del nivel evolutivo facilitará el planteamiento de unas expectativas realistas sobre el tipo de información y el nivel de detalles que el niño es capaz de aportar. Muchos autores sugieren la necesidad de valorar su comprensión de los conceptos de verdad y de falsedad para ayudar después a la hora de tomar una decisión legal sobre la admisibilidad de las pruebas obtenidas durante la entrevista (Myers, 1998). El niño debe tener muy claro lo que el entrevistador espera de él. Los niños pequeños pueden tener unas expectativas irrealistas sobre los fines y requerimientos del entrevistador (Singer y Revenson, 1996). Así, es fundamental explicarle al niño cuál es el papel y los objetivos que persigue el entrevistador para que después proporcione la información adecuada cuando se le plantee una pregunta abierta («¿Hay algo que quieras contarme?»). Es muy importante, sobre todo cuando se trata de un niño de preescolar, determinar si puede distinguir entre fantasía y realidad. Hay que recalcarle la importancia de decir la verdad y de no inventarse nada, de manera que sólo debe contar lo que realmente sucedió. También hay que dejarle muy claro que el entrevistador no sabe lo que ha pasado y se le debe estimular para que cuando no entienda algo lo admita, en vez de realizar conjeturas. Se puede reducir el riesgo de que el niño realice conjeturas sensibilizándolo ante la posibilidad de que se le hagan preguntas difíciles o que no entienda y advirtiéndole que si se repiten las preguntas esto no significa que sus respuestas anteriores sean incorrectas. En esta línea, hay que tranquilizar al niño explicándole que sólo se está intentando comprender mejor una respuesta anterior y no buscando una respuesta diferente. Además, como el niño puede suponer que hay una respuesta correcta o incorrecta, el entrevistador tiene que explicarle que puede responder perfectamente con un «No me acuerdo», un «No lo sé» o, más importante aún, con un «No entiendo la pregunta». Por otra parte, se le debe autorizar de manera expresa para que, si no lo desea, no responda en ese momento a preguntas que le resulten difíciles de comentar. Finalmente, hay que estimularlo para que muestre su desacuerdo con el entrevistador y lo corrija cuando realice afirmaciones inexactas sobre los hechos. El desacuerdo y las correcciones demuestran que el niño tiene un conocimiento claro de los hechos, que no está respondiendo sin pensar y que quiere mostrarse asertivo con el entrevistador cuando se equivoca.

En general, las instrucciones suelen hacer referencia a la necesidad de escuchar atentamente las preguntas y no apresurarse a responder, contar lo que realmente sucedió y no hacer conjeturas, contar todo aunque pueda no parecerle importante, recordarle que el entrevistador no estaba presente y no sabe lo que pasó y motivarlo para que se esfuerce y lo haga lo mejor posible. Además, como en el contexto de la vida cotidiana los adultos suelen «probar» al niño haciéndole preguntas cuyas respuestas ya conocen y los niños se sienten obligados a mostrar su conformidad o, por lo menos, a responder a las preguntas o aseveraciones del adulto, los expertos recomiendan que antes de comenzar el interrogatorio se explique al niño que puede responder con un «No sé» o un «No me puedo acordar», y que puede y debe corregir al entrevistador cuando le parezca que no lo ha entendido bien (Home Office, 1992). Sin embargo, las instrucciones tienen un efecto muy limitado si no van acompañadas por la práctica o por el juego de rol (Saywitz y Snyder, 1993). Es fundamental que el niño ensaye en una representación de rol y que se vea felicitado por admitir un «No lo sé» cuando sea apropiado o que se le corrija si responde con suposiciones. No obstante, para evitar una sobre-utilización del «No lo sé», el entrevistador debe estimular al niño para que se muestre selectivo en su uso. Para evaluar y estimular el seguimiento de las instrucciones se le pueden formular preguntas sin sentido o de las que el niño no puede saber la respuesta («¿Qué he desayunado?»), ensayando mediante juego de rol respuestas asertivas que puede utilizar cuando se le haga este tipo de preguntas. Asimismo, se le pueden hacer diversas preguntas capciosas sobre cuestiones neutras y felicitarlo por darse cuenta de las equivocaciones del entrevistador y por haberlo corregido.

Existen distintos métodos para preparar e instruir al niño para la fase principal de la entrevista. La entrevista paso a paso (Yuille, Hunter, Joffe y Zaparníuk, 1993) recomienda pedirle que hable sobre dos sucesos distintos como pueden ser una fiesta de cumpleaños reciente, la celebración de un día festivo o una excursión escolar. Se va modelando así la forma de la entrevista. Otro método innovador, la elaboración narrativa (Saywitz y Snyder, 1996) suministra un procedimiento práctico más estandarizado para su aplicación antes de la fase principal de la entrevista, consistente en estimular la conciencia del niño sobre los detalles y el tipo de información que se espera que suministre por sí solo. También enseña estrategias de recuerdo para conseguir este objetivo. Lamb y sus colaboradores han creado un guión que se lee al niño antes de la fase principal con objeto de promover unas expectativas compartidas sobre el proceso de entrevista puesto en marcha. Lamb, Stemberg y Esplin (1998) recomiendan pedirle al niño que recuerde y describa detalladamente algún suceso reciente importante para él, como la última fiesta de cumpleaños o un día de fiesta importante. Revisar ese cumpleaños o esa fiesta y estimular al niño para que «lo cuente todo» ilustra gráficamente que el entrevistador espera oír una explicación narrativa detallada y que está interesado por sus experiencias. Si el niño solo ofrece una explicación muy breve o describe solo parte de la fiesta, el entrevistador lo puede estimular para que aporte más información, «entrenándolo» para que realice explicaciones detalladas, al tiempo que evalúa de manera informal sus capacidades lingüísticas, expresivas y descriptivas. Los estudios de Lamb, Sternberg y colaboradores han confirmado que este entrenamiento produce un aumento en la cantidad de información aportada por las víctimas en respuesta a la primera pregunta del interrogatorio (Sternberg y cols., 1997). Finalmente, los estudios también han demostrado que la entrevista cognitiva funciona mejor con niños de edad escolar si éstos practican el formato con anterioridad (Saywitz, Geiselman y Bornstein, 1992).

14.2.2. FASE SUSTANTIVA O INTERROGATORIO

Para interrogar al niño se deben seguir dos estrategias. En primer lugar, ser siempre consciente de que lo podemos estar induciendo tanto para que denuncie falsamente unos abusos como para que los niegue o minimice, y diseñar la entrevista en consecuencia. En segundo lugar, las preguntas que se planteen al niño deben ser evolutivamente apropiadas, utilizándose un vocabulario acorde con su nivel de comprensión de conceptos (por ejemplo, unidades de tiempo, causalidad). El profesional debe mostrarse amistoso y realizar la entrevista con una mente abierta, teniendo en cuenta diversas hipótesis sobre lo sucedido, sin aceptar ya como válida la información anterior a la entrevista. Actuando así será menos probable que influya en la declaración del niño y que éste piense que el entrevistador ya conoce los hechos relativos al caso. Debe procurar, además, no reforzarlo (por ejemplo, sonriéndole sólo cuando realiza afirmaciones que están en consonancia con las sospechas del entrevistador) y tener siempre presente que también puede configurar involuntariamente una respuesta mediante su lenguaje corporal. Finalmente, no debe olvidar que una cosa son las alabanzas y el apoyo aleatorio que se pueda prestar al niño, y otra muy distinta la inducción de estereotipos negativos referidos al acusado (Lepore y Sesco, 1994).

Los expertos coinciden en que hay que comenzar dándole al niño la oportunidad de realizar una declaración espontánea (Lamb, 1994; Saywitz y Goodman, 1996; Yuille y cols., 1993), aclarándole que debe ser lo más completa y detallada posible. La declaración espontánea del niño en forma de recuerdo libre es más exacta, aunque menos completa, que la obtenida con preguntas específicas, de manera que se debe comenzar haciéndole preguntas abiertas. Una vez que el niño comience a describir lo sucedido hay que dejarlo que lo haga a su propio ritmo, sin interrupciones, correcciones o expresión de dudas. El entrevistador debe mostrarse paciente y tolerante ante la descripción de detalles irrelevantes y, cuando el niño se pare, estimularlo para que continúe con frases del tipo «¿Y entonces qué pasó?» (Lamb y cols., 1994; Yuille y cols., 1993).

Dada la gravedad de la denuncia en los casos de abuso sexual, es importante conseguir descripciones de incidentes reales y no simples explicaciones genéricas (Raskin y Esplin, 1991). Entre las cuestiones o detalles del abuso sexual que es necesario conocer están el nombre del agresor y su relación con él; la duración, frecuencia, lugares y circunstancias del abuso; las personas implicadas y quién lo animó para que lo revelara; las estrategias utilizadas por el perpetrador; las razones y secuencia de la revelación; y la comprensión del niño de la situación provocada por la revelación y de sus consecuencias. Por consiguiente, una vez que el niño haya realizado una narración libre de lo sucedido, se le pueden formular preguntas centradas sobre la cuestión si se considera necesario. Los entrevistadores utilizan casi exclusivamente preguntas específicas cuando entrevistan a los niños, teniendo este tipo de preguntas una mayor probabilidad de ser tendenciosas y de que los niños pequeños (especialmente los niños de preescolar) se dejen llevar por las sugerencias de los adultos (Ceci y Bruck, 1993). Otro problema que plantea la utilización de preguntas directas, específicas, es que los niños intentan responder a todas ellas, incluso aunque claramente no entiendan su significado (Warren y McCloskey, 1993). Para aumentar más aún el problema, los niños rara vez piden aclaraciones cuando no entienden lo que se les está preguntando y a menudo no se dan cuenta de que no han entendido la pregunta (Warren y McCloskey, 1993). Sin embargo, a pesar de la posibilidad de que influyan y distorsionen sus explicaciones, excluir por completo su utilización no es una postura realista o aconsejable (Saywitz y cols., 1991). La utilización juiciosa de estas preguntas puede ser necesaria para que los niños, sobre todo los preescolares, entiendan claramente los contenidos por los que se les está preguntando.

Para obtener más información el entrevistador puede hacer referencia a algún componente importante de la explicación dada por el niño (por ejemplo, «Antes has hablado de una cama. Cuéntame algo sobre eso») o aparentar sentirse desorientado. El entrevistador puede también pasar a las preguntas relativamente abiertas de qué, quién, dónde. Estas preguntas pueden ser muy útiles para obtener información de niños de preescolar (por ejemplo, Dorado y Saywitz, 1997). Las preguntas cuándo y por qué pueden resultar más difíciles para niños de 5 a 7 años de edad o más pequeños. Por su parte, Steller y Boychuk (1992) recomendaban hacer preguntas «indicio» que pudieran estimular el recuerdo del suceso y, después, realizar preguntas abiertas que tengan que ver con las respuestas. Si a la pregunta «¿Dónde sucedió?» responde «En el cuarto de baño», se debe continuar con una pregunta general como «Cuéntame todo lo que recuerdes sobre lo que sucedió en el cuarto de baño». Cuando se utilicen preguntas del tipo sí-no, éstas deben combinarse con otras que requieran que el niño elabore, justifique o clarifique, con sus propias palabras, las respuestas dadas inicialmente. Siempre que haga falta utilizar preguntas que centren la atención del niño en ciertos sucesos, personas o lugares, la pregunta debe ir seguida de otra abierta para obtener una narración libre sobre el aspecto al que el entrevistador desea dirigir la atención del niño (Lamb y cols., 1994; Raskin y Esplin, 1991).

En vez de recurrir a la formulación de preguntas específicas para obtener más información, algunos investigadores han desarrollado nuevas técnicas para que durante el recuerdo libre los niños aporten una información lo más completa posible, sin comprometer su exactitud. Por ejemplo, la entrevista cognitiva (Geiselman y Fisher, 1992) incluye varios procedimientos nemotécnicos que han demostrado su eficacia para fomentar el recuerdo libre (recordar hacia delante y hacia atrás, adoptar la perspectiva de otra persona, reconstruir las circunstancias, enfatizar la importancia de recordar toda la información aunque no se la considere importante). Con niños de primaria se ha demostrado que la entrevista cognitiva es muy superior a la entrevista estándar a la hora de obtener información exacta aunque, por desgracia, puede resultar inapropiada con niños de menos edad y con menor capacidad verbal. Otro problema es el de que la entrevista cognitiva parece que no solo aumenta la cantidad de información exacta, sino también la inexacta. Los estudios del desarrollo cognitivo han dejado muy clara la necesidad de que las preguntas que se formulen guarden relación con el nivel de conocimientos y con la capacidad de razonamiento del niño, y de que las respuestas se interpreten teniendo en cuenta su nivel de desarrollo cognitivo. También hay que tener presente que los preescolares razonan en función de lo que pueden ver, no basándose en conceptos invisibles o suposiciones (Singer y Revenson, 1996). Finalmente, los niños pequeños a menudo tienen dificultades para adoptar la perspectiva de los otros e inferir sus intenciones, pensamientos, percepciones y sentimientos. Una pregunta del tipo «¿Por qué no te fuiste corriendo cuando cerró las puertas y ventanas?», requeriría inferir una determinada intencionalidad. Los niños pueden incurrir en contradicciones al intentar encontrar una respuesta. Sin embargo, con frecuencia las preguntas se formulan en un lenguaje demasiado avanzado como para que el niño las pueda entender, no adecuándose a su nivel de desarrollo lingüístico. Los investigadores suelen informar de que la complejidad lingüística y el vocabulario de las preguntas planteadas en los casos reales de niños que tienen que prestar testimonio superan su estadio de adquisición del lenguaje (Perry, McAuliff, Tam y Claycomb, 1995; Walker, 1994).

Saywitz (1995), basándose en la investigación evolutiva, recomienda utilizar preguntas y frases cortas (versus preguntas compuestas, largas), palabras de una a dos sílabas (versus las de tres a cuatro sílabas), construcciones gramaticales simples (versus construcciones complejas, dobles negativos, subjuntivos, condicionales, hipotéticas), tiempos simples como «¿Qué pasó?» (versus verbos multi-palabra como «Pudo haber pasado»), términos visuales o concretos como «pistola» (versus términos jerárquicos, categoriales como «arma» o «algo»), el significado no legal del término (usar «ver» en vez de «visualizar») y términos no legales simples («persona» y «niño», en vez de «partes» y «menor») (evitando el uso de legalismos cuando las palabras tienen dos significados), los nombres propios y la repetición de los antecedentes («¿Hablaste a María?») (versus pronombres, como «él», «ella», «ellos» o referencias confusas como «esas cosas», «esto», «eso»), la voz activa como «¿Agarró Pepe a Ana?» (versus pasiva como «¿Fue agarrada Ana por Pepe?»), términos estables como «delante» «o detrás» de la habitación (versus palabras cuyo significado cambie con el momento o el lugar - «aquí», «ahí», «ayer» - o términos relativos como «más» o «menos»: «¿Eso pasó más o menos dos veces?») y, finalmente, utilizar varias preguntas cortas en lugar de una pregunta compleja (versus preguntas enumerando varios hechos previamente establecidos antes de preguntar lo que interesa: «Cuando estabas en casa, el domingo día tres, y Pepe entró en el comedor, ¿dijo Ana...?»).

Por último, hay que registrar de manera fiable las respuestas del niño (verbales y no verbales) y la forma de preguntar utilizada para conseguir estas res puestas, sobre todo si el entrevistado es un niño de preescolar. La entrevista al niño se debe grabar siempre, como se hace ya en Inglaterra, Escocia y Canadá (véase Flin, Kearney y Murray, 1996; y Sas, Wolfe y Gowdey, 1996). Aunque este procedimiento ha suscitado ciertas críticas por algunos profesionales de la salud mental, que han manifestado su preocupación por la utilización de este procedimiento, las ventajas que supone para determinar la exactitud de la declaración y reducir el estrés del niño se deben anteponer a los problemas de que el entrevistador se vea criticado injustamente o que no se respete la privacidad del niño (McGough, 1995). La grabación de la entrevista también puede servir para refrescarle la memoria al niño sobre lo recordado anteriormente, reducir el número de entrevistas (y entrevistadores), incentivar el uso de técnicas apropiadas por los entrevistadores, conservar las afirmaciones, emociones y comportamientos exactos del niño en el momento de la revelación, y evaluar la fuerza del testimonio acusatorio (decidiendo así si se sigue adelante con la acusación). Finalmente, y lo más importante para la justicia, la entrevista grabada se puede utilizar como referencia para sopesar la fiabilidad de versiones posteriores en las que se omitan o añadan detalles; es decir, permite realizar un juicio más informado sobre si los cambios son resultado de la reminiscencia (el recuerdo exacto posterior de información no recordada anteriormente) o de sugerencias inadecuadas.

14.2.3. FASE DE TERMINACIÓN

Tras una breve pausa durante la que el entrevistador revisa mentalmente la hipótesis y la información, se puede reanudar la entrevista realizando las preguntas que estime necesarias para aclarar algunas afirmaciones o para obtener detalles específicos sobre lo sucedido. Después de la entrevista es conveniente revisar las explicaciones del niño en el vídeo para formarse una idea más completa y determinar si será necesario o no volver a entrevistarlo.

14.3. USOS FUNCIONALES DE LOS MUÑECOS ANATÓMICOS

El dilema de tener que optar por una información completa (utilizando preguntas específicas) o por una información exacta (el recuerdo libre y preguntas generales) ha llevado al desarrollo de métodos no verbales para obtener información. El interés de investigadores y profesionales se ha centrado principalmente en la utilización de muñecos anatómicamente detallados (Cortés, 2000). La utilización de estos muñecos en las entrevistas sobre abuso sexual infantil está muy extendida, aunque también es igualmente general la preocupación que despierta su potencial de sugestión (Boat y Everson, 1993; Wolfner, Faust y Dawes, 1993), lo que ha llevado a prohibir su uso en algunas jurisdicciones (Bruck y cols., 1995a). A pesar de su popularidad, su nivel de aceptación no es ni mucho menos general, constituyendo el centro de un debate clínico y legal intenso, en ocasiones áspero (Boat y Everson, 1993). La polémica ha llevado, por ejemplo, a que en los juzgados de California se prohíba utilizar la información obtenida sirviéndose de los muñecos anatómicos y a una opinión desfavorable en Inglaterra y Países Bajos sobre la conveniencia de su utilización como ayuda en la entrevista forense. Expertos como Yuille consideran que el único uso legitimo de los muñecos en los casos de abuso sexual es el de poder clarificar las afirmaciones del niño, una vez revelados los abusos. Aunque se pueden utilizar para evaluar los conocimientos anatómicos y sexuales de los niños o su terminología sobre las partes del cuerpo (Boat y Everson, 1993), la mayoría de los estudios se ha centrado en la capacidad de estos muñecos para facilitar o distorsionar el recuerdo de los niños.

Según Everson y Boat (1994), han sido cuatro las críticas más importantes formuladas por los partidarios de limitar la utilización de los muñecos anatómicos o incluso de excluirlos de los instrumentos utilizados en la entrevista. En primer lugar, no existe un protocolo estándar aceptado por todos sobre cómo utilizar los muñecos anatómicos. Como resultado, es difícil juzgar si los procedimientos usados en la evaluación por un determinado profesional cumplen con unos estándares aceptables. Una segunda crítica considera que las normas disponibles sobre cómo los niños abusados sexualmente y los no abusados responden ante e interactúan con los muñecos anatómicos son inadecuadas. Sin estas normas es imposible interpretar la conducta de un determinado niño con los muñecos. En tercer lugar, los muñecos anatómicos, por su propia naturaleza, sugieren y sobreestimulan la sexualidad. Como resultado, inducen a niños normales, no abusados, a tener fantasías sexuales y a implicarse en juegos sexuales que probablemente serán interpretados erróneamente como una prueba de que el niño ha sido objeto de abuso sexual. Finalmente, la utilización de muñecos anatómicos hace que el entrevistador cometa errores y usos inadecuados. Concretamente, su uso estimula un estilo de preguntas conductivas o sugerentes, la sobre-interpretación del juego del niño, deficiencias en el proceso de evaluación y el exceso de confianza en un único instrumento.

En una revisión de la bibliografía de los estudios empíricos realizados, Everson y Boat (1994) llegaron a la conclusión de que las tres primeras críticas sobre los muñecos, incluida la crítica más frecuente relativa a la sugestibilidad con los niños pequeños, o bien no se han visto apoyadas por los resultados de los estudios o bien habría que preocuparse sólo en aquellos casos que implican una determinada utilización de los muñecos durante la entrevista; por ejemplo, si el investigador utiliza los muñecos para diagnosticar (un uso no aceptable para la American Professional Soczety on the Abuse of Children, 1995); entonces, sí vendrían a cuento las cuatro críticas. Sin embargo, Everson y Boat también llegaron a la conclusión de que la crítica más fundada era la de que el uso de los muñecos anatómicos puede fomentar la comisión de errores por parte del entrevistador. Ejemplos de estos errores son el utilizar a los muñecos para representar actos sexuales específicos, ponerle nombre (rol) al muñeco antes de que lo haga el niño (por ejemplo, «Este es papi»), no aclarar los nombres de las personas representadas por los muñecos (según el niño), dar por supuesto que lo que el niño está representando con los muñecos es algo que realmente le ha sucedido, no hacerle preguntas para que aclare las conductas sexualizadas con los muñecos y recompensar verbalmente al niño (o con un lenguaje corporal más sutil) por estar jugando con los muñecos de un modo sexual. Everson y Boat (1994) revisaron 20 guías sobre cómo entrevistar a niños pequeños y sus instrucciones para utilizar los muñecos anatómicos, identificando cinco usos funcionales de estos muñecos en la investigación del abuso sexual. En primer lugar, se pueden utilizar como tranquilizadores, de manera que los muñecos funcionan como objetos de juego, presumiblemente gratificantes por sus asociaciones previas, que al cogerlos y abrazarlos permitirán a los niños sentirse más tranquilos en el ambiente posiblemente estresante de la entrevista. También pueden servir para romper el hielo, ayudando a que el niño se centre en los temas sexuales y en las partes del cuerpo (por ejemplo, el entrevistador puede preguntar: «¿Este muñeco se parece a un niño o a una niña?»). La presencia de los muñecos con genitales puede implicar tácitamente un permiso para que el niño hable sobre o demuestre sus conocimientos o experiencias sexuales, pudiendo también interpretarse como que el entrevistador se siente cómodo con el tema del sexo. También pueden servir de modelos anatómicos, utilizándose para evaluar si el niño es capaz de nombrar las partes del cuerpo (por ejemplo, el entrevistador señala las partes del cuerpo y pregunta: «¿Cómo se llama esta parte?») y entender sus funciones (por ejemplo, el entrevistador pregunta: «¿Para qué se utiliza esta parte?»). Los muñecos también pueden servir para evaluar los conocimientos que tiene el niño sobre los mecanismos de las relaciones sexuales (por ejemplo, el niño pone el pene del muñeco en la vagina de la muñeca y dice que «están haciendo el amor») o su exposición a relaciones sexuales entre personas (por ejemplo: «¿Has visto alguna vez hacer esto?»). Una cuarta función que pueden desempeñar es la de ayuda para la realización de una demostración, de manera que los muñecos sirven como accesorios para:

-ayudar a un niño con una capacidad verbal limitada a que nos muestre lo que le sucedió, en vez de contárnoslo;

ayudaral niño para que, después de habernos dado una descripción verbal de lo que le sucedió, nos haga una demostración con objeto de que el entrevistador entienda mejor lo sucedido;

-como otra forma independiente de evaluar la consistencia de la revelación del niño.

Finalmente, se ha utilizado también como comprobación diagnóstica. La exposición a los muñecos puede hacer que el niño recuerde determinados sucesos o que revele de manera espontánea y gráfica conductas sexuales con los muñecos o emitir respuestas emocionales o afirmaciones poco frecuentes que el entrevistador deberá indagar haciéndole más preguntas. En ambas funciones, el niño tiene la oportunidad de explorar y manipular libremente los muñecos, mientras que el evaluador observa el juego, las reacciones y comentarios del niño.

Boat y Everson (1996) analizaron 97 cintas de vídeo de entrevistas de investigación realizadas por los servicios de protección del menor de un estado norteamericano. La muestra incluía entrevistas a 52 niños de entre 2 y 5 años de edad y a 45 niños con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. Los resultados demostraron que los profesionales de los servicios de protección infantil utilizaban los muñecos anatómicos en la mayoría de las entrevistas, con independencia de que entrevistaran a niños pequeños o mayores. Aunque la mayoría de las entrevistas contenía al menos una práctica «preocupante», las prácticas que se podrían considerar como más graves (por ejemplo, colocar a los muñecos en posiciones sexuales o sobre-interpretar la conducta del niño con los muñecos) raras veces se observaron. Los investigadores detectaron algunos problemas relacionados con el entrenamiento. Por ejemplo, el 34 por 100 de los entrevistadores que utilizaban los muñecos como ayuda en la demostración de lo sucedido concedía un peso excesivo a los muñecos. Los muñecos eran presentados de manera prematura, antes de intentar obtener una descripción verbal; se los ofrecían al niño en vez de pedirle una descripción verbal o eran introducidos en la entrevista justo mientras el niño estaba dando una descripción verbal adecuada y no parecía sentirse confundido o estar estancado. Daba la impresión de que algunos entrevistadores estaban convencidos de que es preferible la «demostración con muñecos» a una descripción verbal. Basándose en los resultados del estudio, Boat y Everson (1996) consideran que es esencial el entrenamiento de los entrevistadores que utilizan los muñecos anatómicos y recomiendan como fuente básica de entrenamiento la guía práctica Use of Anatomical Dolls in Child Sexual Abuse Assessments del American Profesional Society on the Abuse of Children (1995). Asimismo, enfatizan la necesidad de que el investigador sepa la función que están cumpliendo los muñecos en la entrevista en un momento dado, comprenda las posibles prácticas preocupantes asociadas a cada uno de sus usos y sea capaz de dar razones que justifiquen su utilización. Finalmente, insisten en que no es mejor la demostración mediante los muñecos que la descripción verbal del niño, y habría que desalentar la introducción prematura de los muñecos para ayudar al niño a que «nos muestre más de lo que nos dice».

Problemas de sugestibilidad aparte, los estudios sobre los beneficios de los muñecos anatómicos y de otros instrumentos accesorios con los niños más pequeños y menor capacidad verbal no han llegado a una conclusión definitiva. En general, parecen fortalecer el recuerdo de los niños de 5 años o mayores, pero no en los de 3 años de edad (Salmon, Bidrose y Pipe, 1995). Además, los resultados de algunos estudios sugieren que los niños de 3 años de edad no son capaces de utilizar los muñecos para representarse a sí mismos, ni tampoco de usar modelos a escala que representen objetos del mundo real (DeLoache, 1995). De este resultado se deduce que las conductas de los niños pequeños con los muñecos y con otros instrumentos accesorios pueden ser simples acciones de juego, aleatorias, y no una demostración exacta de los hechos reales acontecidos.

14.4. EVALUACIÓN DEL ABUSO SEXUAL MEDIANTE MUÑECOS ANATÓMICOS

Según Boat y Everson (1994), el empleo de muñecos anatómicos es el procedimiento más utilizado para determinar la posible ocurrencia de abusos sexuales en el caso de niños menores de seis años, en los que la obtención de información resulta más difícil debido a sus escasas habilidades verbales. Además, muchos profesionales utilizan este procedimiento porque piensan que constituye un medio de comunicación apropiado a la edad de las víctimas y es un mecanismo idóneo para estimular el recuerdo de determinados acontecimientos. La mayoría de los estudios normativos ha comprobado que los niños inspeccionan los muñecos (les tocan los genitales y los senos), pero generalmente no muestran una conducta sexualmente explícita (Cantón, 2002). Por ejemplo, Everson y Boat (1990), entrevistando y observando la conducta de niños de 2 a 5 años de edad con muñecos anatómicos, llegaron a la conclusión de que la exploración manual de los senos, ano o genitales del muñeco era una conducta común entre los niños de esta edad que no habían sido objeto de abusos sexuales, por lo que este comportamiento no se puede interpretar como juego sexualizado. Los investigadores también encontraron que un promedio del 6 por 100 de estos niños expresó relaciones sexuales con los muñecos durante las sesiones (colocar el pene en la vagina, etiquetado verbal expreso, movimientos de imitación del acto sexual), tanto en juego libre como dirigido. No obstante, la frecuencia de estas conductas variaba en función de la edad del niño y de la presencia o ausencia del entrevistador, oscilando entre el0 por 100 de niños de 2 años de edad en presencia del investigador y el 12 por 100 de niños de 5 años mientras se encontraban solos. Según Everson y Boat, puede tratarse de un subconjunto de preescolares que tienen conocimientos sobre las relaciones sexuales, pero que no han sido objeto de abusos.

Boat y Everson (1994) analizaron la contribución de la edad, sexo, raza y estatus socioeconómico a las diferencias observadas en las interacciones mantenidas por niños normales con muñecos anatómicos. Los sujetos fueron 223 niños de 2 a 5 años de edad a los que les dieron cuatro muñecos representando a hombres y mujeres, adultos y jóvenes, presentando las características sexuales primarias y secundarias adecuadas a su edad (incluyendo pene semierecto, vagina abierta, senos, vello púbico y axilar). Los investigadores evaluaron el desvestimiento espontáneo de los muñecos por el niño, la exploración de los genitales, ano y pechos con el dedo o la mano, manipulación por el niño de la mano del muñeco para que tocara los genitales o pecho del otro muñeco, besos entre muñecos y conductas sexualizadas (posiciones sugiriendo o expresando claramente el acto sexual). Los resultados demostraron que la edad, sexo, raza y estatus socioeconómico pueden contribuir a las diferencias encontradas en las interacciones de los niños pequeños con los muñecos anatómicos. Concretamente, se detectó una disminución de la exploración manual conforme aumentaba la edad del niño, mientras que se incrementó la conducta de hacer que los muñecos se besaran y manifestaran relaciones sexuales sugerentes. Los niños negros eran el grupo que presentaba una mayor probabilidad de realizar este tipo de interacción con los muñecos. A pesar de su participación relativamente activa a la hora de desvestir y explorar los genitales, ano y pechos de los muñecos, los niños de 2 años no presentaban conductas sexualizadas. Los niños negros de 4 y 5 años de edad y bajo estatus socioeconómico fueron el único grupo que, en las interacciones con los muñecos, realizó demostraciones expresas de posiciones coitales en presencia del entrevistador. El 6 por 100 de los niños realizó demostraciones de conductas sexualizadas claras. Según los padres, el conocimiento sexual de sus hijos se podía deber a la exposición accidental de éstos a películas de vídeo en las que aparecen conductas sexuales explícitas o a la observación de relaciones sexuales entre adolescentes. Finalmente, los investigadores observaron un efecto significativo del sexo del entrevistador, en el sentido de que cuando los niños varones estaban con un entrevistador varón era más probable que tocaran los pechos del muñeco, mientras que esta conducta disminuía en presencia de una entrevistadora.

En la revisión llevada a cabo por Elliott, O'Donohue y Nickerson (1993), los autores encontraron demostraciones expresas de actividad sexual en cinco de los seis estudios que revisaron con muestras normativas de niños aparentemente no abusados, probablemente debido a su conocimiento general sobre la sexualidad; es decir, que aunque el ser víctima de abusos sexuales evidentemente proporciona al niño este tipo de conocimientos sexuales, éstos también se pueden aprender a partir de otras fuentes como la pornografía o la observación accidental de los actos sexuales realizados por otras personas. Los estudios en los que se comparan niños abusados sexualmente y los controles han demostrado que los niños víctimas de abusos sexuales muestran más conductas sexuales con los muñecos anatómicos (Cantón, 2002). Por ejemplo, Kenyon-Jump, Burnette y Robertson (1991) compararon el juego libre con muñecos anatómicos de niños de 3 a 5 años abusados y no abusados. Los investigadores no encontraron diferencias significativas en «conducta sexual explícita» entre los niños objeto de abusos sexuales y los controles. No obstante, sí surgieron diferencias entre los dos grupos cuando se utilizó una medida que combinaba las «conductas sexuales explícitas y sospechosas». Asimismo, todos los niños abusados sexualmente que manifestaron «conductas sexuales explícitas» eran varones. Por otra parte, se encontraron diferencias en determinadas conductas sexuales explícitas, de manera que mientras entre los controles no se produjo ningún caso de introducción del pene en la vagina, ni de relación genital niño/muñeco o de masturbación, sí se produjeron estas conductas en el caso de los niños abusados sexualmente. Por último, los niños objeto de abusos sexuales era más probable que presentaran conductas con implicaciones sexuales sospechosas (tocarse los genitales, ponerse las manos entre las piernas, etc.) que los controles.

Como han señalado diversos expertos en la materia (Boas y Everson, 1994; Elliott y cols., 1993), la conducta de juego con los muñecos anatómicos se puede encontrar mediatizada por diversas variables que sería necesario controlar. La primera variable es el tipo de abuso sexual experimentado por el niño. Cuando el abuso sexual se ha limitado a las caricias genitales es previsible que estos niños presenten un comportamiento masturbatorio, pero que no manifiesten ninguna de las otras conductas sexuales explícitas que no han experimentado. Además, el tipo de conducta que podríamos prever en ellos, como tocar o frotar los genitales o introducir el dedo, puede que no permita distinguir entre las victimas de abuso sexual y los controles. La segunda variable es la cronicidad de los abusos sexuales. Es menos probable que los niños manifiesten conductas sexuales explícitas con los muñecos cuando han sufrido un abuso sexual aislado que cuando éste se ha estado repitiendo con una cierta frecuencia. Y la tercera variable es la exposición del niño a estímulos sexuales explícitos (visión de películas eróticas por televisión o vídeo, o conductas sexuales entre los padres). Esta variable podría explicar las conductas sexuales explícitas de los controles.

14.5. EVALUACIÓN DE LA VERACIDAD DE LAS DECLARACIONES

Partiendo del supuesto de que los niños normalmente dicen la verdad cuando alegan ser víctimas de abusos sexuales, se han realizado diversos intentos de articular las características que presentan las explicaciones y conductas de las víctimas, que podrían utilizarse como indicativas de abuso sexual. La variante más conocida e investigada en el enfoque de los indicadores la constituye un método conocido como Análisis de la Validez de la Declaración (Statement Validity Analysis; SVA) y su elemento central, el Análisis del Contenido Basado en Criterios (Criteria based Content Analysis; CBCA), que se centra en las declaraciones realizadas sobre el abuso sexual en sí mismo. Se basa en el supuesto de que las afirmaciones realizadas por un niño sobre sucesos que realmente ha experimentado difieren de manera cuantificable de las afirmaciones falsas o producto de su fantasía, de manera que un análisis de la declaración prestada puede discriminar entre una declaración verdadera o falsa sobre lo sucedido.

El SVA se compone de tres elementos principales: evaluación psicológica del niño, análisis de su declaración de acuerdo con determinados criterios y, finalmente, la comprobación de su validez. El objetivo de la evaluación psicológica es situar las declaraciones dentro de un contexto más amplio, proporcionando una imagen de los aspectos positivos y negativos del niño y del contexto y nivel general de funcionamiento de la familia. Se deben utilizar medidas estandarizadas que permitan recabar información sobre la salud física del niño y sobre su desarrollo social, emocional, sexual, cognitivo y lingüístico. El análisis de las declaraciones del niño se realiza mediante la Evaluación del Contenido Basada en Criterios (Criterion Based Content Analysis, CBCA) (Raskin y Esplin, 1991), que consiste en puntuar la presencia o no de 19 criterios, agrupados en 5 categorías (0 si no está presente, 1 si se encuentra presente y 2 si se encuentra fuertemente presente un determinado criterio). Una declaración válida no tiene por qué cumplir todos los criterios, aunque cuanto mayor sea el número de criterios presentes en la declaración más probable será que el niño esté dicien do la verdad (la presencia de un criterio fortalece la credibilidad del niño, pero su ausencia no sugiere que inevitablemente mienta). La primera categoría, características generales, trata de analizar las afirmaciones del niño en su conjunto, teniendo en cuenta los criterios de estructura lógica, producción desestructurada y cantidad de detalles. La estructura lógica se refiere a la consistencia y coherencia de la narración del niño. La declaración puede estar desestructurada, en el sentido de que se producen saltos de un tema a otro, aunque la unión de los distintos fragmentos debe dar lugar a una historia lógica (una explicación muy organizada y excesivamente cronológica de los hechos puede ser indicativa de una alegación falsa, mientras que las explicaciones espontáneas suelen contener fragmentos dispersos de los hechos ocurridos). Finalmente, se considera que las explicaciones que contienen muchos detalles específicos son más creíbles. La segunda categoría, contenidos específicos, la componen cuatro criterios: adecuación contextual, descripción de interacciones, reproducción de conversaciones y complicaciones inesperadas. La adecuación contextual se refiere a hechos o sucesos específicos, situados dentro de un contexto espacial y temporal; la descripción de las interacciones se ocupa de las acciones y reacciones mutuas entre la víctima y el agresor (las explicaciones en las que el niño aporta su propia percepción e interpretación son indicativas de que no miente); la reproducción de conversaciones por el niño, diferenciando los roles de los implicados, también se considera que es un indicio de que está diciendo la verdad; finalmente, se refuerza la validez de las afirmaciones cuando el niño cuenta alguna complicación inesperada que tuviera lugar durante el abuso sexual (por ejemplo, la llamada de un vecino). La tercera categoría peculiaridades del contenido valora si el niño hace referencia explícita a detalles distintivos, emociones, asociaciones y sentimientos. Los criterios utilizados en esta categoría son detalles inusuales, detalles irrelevantes, detalles mal interpretados pero descritos con exactitud (por ejemplo, cuando describe el orgasmo del adulto como si se tratara de micción o experimentara dolor), asociaciones externas relacionadas, explicaciones sobre su estado mental durante los abusos (por ejemplo, los sentimientos experimentados o las ideas que había tenido sobre cómo escapar de la situación) y, finalmente, la atribución de un estado mental al perpetrador. La cuarta categoría, contenidos relacionados con la motivación, se refiere a la capacidad del niño para elaborar una explicación con diversos contenidos que, en principio, se podría pensar que perjudican su credibilidad. Los criterios incluyen las correcciones espontáneas, la admisión de falta de memoria sobre alguna parte del incidente, el planteamiento de dudas sobre su propio testimonio, la autodepreciación (por sus declaraciones o conducta) y el perdón del agresor. Finalmente, la quinta categoría la componen diversos elementos específicos de la agresión que contradicen las creencias que la gente suele tener sobre el abuso sexual infantil. Se trata de detalles sobre los antecedentes y secuelas del abuso sexual infantil, que es poco probable que conozca un niño que no haya sido víctima de abusos sexuales. Una vez realizada la evaluación, se procede a comprobar su validez en función de las categorías adecuación del lenguaje, forma en que se ha llevado a cabo la entrevista (especialmente si se han uti lizado preguntas sugerentes o coactivas), motivos que han llevado al niño a revelar el abuso sexual (analizando la posibilidad de que haya sido presionado) y consistencia de la declaración con otras declaraciones y pruebas disponibles (por ejemplo, resultados médicos). Completadas las tres fases de la evaluación, se realiza una valoración global de la declaración del niño catalogándola como «creíble», «probablemente creíble», «indeterminada», «poco creíble» o «no creíble».

El SVA es un método que puede ser de utilidad para los profesionales dedicados a la evaluación de presuntos casos de abuso sexual infantil. Sin embargo, aunque los resultados suministran cierto apoyo a su validez, es necesario realizar más investigaciones y, desde luego, no olvidar que los indicadores se deben considerar como parte de un conjunto clínico global y no de un modo aislado. La técnica constituye un instrumento experimental en proceso de desarrollo y refinamiento por lo que, excepto como procedimiento heurístico, sería prematura su utilización en un contexto judicial (Faller y Corwin, 1995). Además, aún continúa sin resolverse una serie de problemas metodológicos y prácticos relacionados con la utilización del SVA (Bradford, 1994). Por ejemplo, el sistema de puntuación y la importancia relativa de cada uno de los criterios de la credibilidad requieren de una mayor clarificación. Además, existe el peligro de un empleo inadecuado del método, especialmente por parte de los evaluadores totalmente centrados en la presencia o ausencia de determinados criterios y sin tener en cuenta que las explicaciones de los niños varían en función de su edad, nivel de desarrollo y adecuación de la entrevista. Finalmente, el SVA solo se puede aplicar cuando las declaraciones de los sucesos tienen una cierta longitud, lo que plantea el problema de si se puede utilizar con los niños pequeños y hasta qué edad exactamente (Raskin y Esplín, 1991).

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ANA ISABEL SÁNCHEZ JUAN CARLOS SIERRA

15.1. INTRODUCCIÓN

La violencia doméstica es un problema que afecta prácticamente a todas las sociedades. Este tipo de violencia se define como un conjunto de actitudes y conductas negativas que el agresor manifiesta hacia la víctima, siendo principalmente los niños, las mujeres y los ancianos las personas más afectadas por este tipo de agresión. A pesar de su frecuencia en la sociedad actual, el maltrato doméstico sigue siendo un problema oculto, debido a que son pocas las mujeres que denuncian las agresiones físicas, psicológicas y/o sexuales a las que se ven sometidas. Se estima que aproximadamente el 95 por 100 de las agresiones no se denuncian si no provocan consecuencias físicas importantes para la víctima. Diversos estudios han intentado evaluar las razones por las cuales la víctima no denuncia a su agresor; algunas de las causas propuestas son las siguientes (Echeburúa, Corral, Amor, Sarasua y Zubizarreta, 1997a): dependencia económica del marido, miedo a que el agresor tome represalias, miedo al futuro, preocupación por los hijos, aislamiento social y miedo a la opinión de los demás. El no denunciar al agresor a pesar de la frecuencia del maltrato sigue siendo uno de los problemas más importantes como hemos comentando anteriormente. Sin embargo, como indican algunos autores, es importante tener en cuenta que este tipo de denuncias pueden tener consecuencias muy graves para la víctima si ésta no dispone de una buena protección, tanto a nivel policial como a nivel judicial. En este contexto, se ha observado que algunas agresiones han finalizado trágicamente en asesinato cuando la víctima ha denunciado o ha intentado separarse de su agresor.

A partir de los datos obtenidos por el Ministerio del Interior y por el Instituto de la Mujer, se calcula que en España, en el año 2000 se presentaron aproximadamente unas 30.269 denuncias de mujeres maltratadas en el ámbito familiar y unas 22.407 de mujeres maltratadas por su pareja. Estos datos continuaron en aumento en los años 2001, 2002 y 2003 respectivamente. Continuando con las estadísticas, un estudio realizado por el Instituto de la mujer refleja que hay un alto porcentaje de mujeres que aunque no se consideran mujeres maltratadas admite que frecuentemente o a veces ha sufrido agresiones como insultos o amenazas e incluso golpes. Véanse las Gráficos 15.1. y 15.2.

Gráfico 15.1

Número de denuncias de mujeres maltratadas en el ámbito familiar (1999-2003) (Centro Reina Sofía para el estudio de la Violencia a partir de los datos del Ministerio del Interior e Instituto de la Mujer (2004a, 2004b)

Con respecto a las características de la víctima, la mayoría de los estudios indica que suelen ser mujeres jóvenes, casadas y en la mayoría de los casos tienen hijos. Normalmente, tienen un nivel socioeconómico y cultural mediobajo, dependen económicamente del marido, carecen de relaciones sociales y familiares estables, y no disponen de un apoyo social eficaz (Echeburúa, Corral, Sarasua y Zubizarreta, 1998; Sarasua y Zubizarreta, 2000). Además, en la mayoría de los casos, la violencia suele afectar a un grupo de la población cuyo rango de edad oscila entre 45 y 64 años. Este perfil demográfico, como bien indican Echeburúa y cols. (1998), es característico de las mujeres que acuden a los centros asistenciales. Con ello, queremos indicar por tanto que las mujeres que no presentan esas características sociodemográficas pueden ser también víctimas de malos tratos. La violencia doméstica, que como hemos indicado anteriormente afecta a niños, mujeres y ancianos, se manifiesta principalmente de tres formas: maltrato físico, maltrato psicológico y agresión sexual. El maltrato físico se muestra a través de golpes, fracturas, quemaduras, heridas, amagos de estrangulamiento, empujones, etc.; en los casos más graves, se puede crear una situación de máximo peligro para la integridad física de la mujer. El maltrato psicológico se manifiesta a través de insultos, críticas, humillaciones (tanto en privado como en público), exigencias de obediencia, gritos, muestras de desafecto, amenazas tanto a la víctima como a la familia, desvalorizaciones, indiferencias, chantaje, aislamiento de amigos y familiares, control de las salidas, etc.; además, en la mayoría de las ocasiones el maltratador manipula la situación de tal manera que la víctima se siente culpable de las conductas violentas manifestadas por el hombre. Por último, el maltrato sexual atenta contra la libertad sexual de la mujer utilizando princi palmente el hombre la intimidación o la fuerza; suele manifestarse a través de conductas tales como el acoso sexual, verbalizaciones desagradables, relaciones sexuales forzadas, así como la imposición a la víctima de actos sexuales degradantes.

Gráfico 15.2

Número de denuncias de mujeres maltratadas por su pareja (1999-2003) (Centro Reina Solía para el estudio de la Violencia a partir de los datos del Ministerio del Interior e Instituto de la Mujer (2004a, 2004b)

15.2. EL PROCESO DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA EN LA PAREJA

Walker (1984) planteó una teoría denominada «ciclo de la violencia», que trata de explicar los mecanismos psicológicos que actúan en la aparición y/o mantenimiento del maltrato doméstico; ésta incluye las siguientes fases: acumulación de tensión, descarga y arrepentimiento (véase la Figura 15.1.); veamos brevemente cada una de ellas.

Acumulaciónde tensión o fase de tensión creciente. Durante esta fase se observa en la relación de pareja una cierta tensión y agresividad del hombre frente a la mujer que va aumentando progresivamente. Al principio, el hombre descarga esta tensión a través de comportamientos como romper objetos, dar portazos, etc. Posteriormente, la violencia se dirige hacia la mujer observándose en esta etapa algunos insultos y demostraciones de hostilidad, que van escalando hasta alcanzar un estado de máxima tensión. El agresor, a través de estos comportamientos, descarga así su tensión, por lo que este tipo de conductas violentas se ven reforzadas. Por su parte, la mujer trata de calmar y excusar a su compañero, culpando a determinados factores externos como responsables de la agresión (trabajo, drogas, alcohol, etc.). La duración de esta etapa puede ser de semanas, días, meses o años, aunque se va acortando con el paso del tiempo.

Fasede descarga o de agresión aguda de la violencia. Durante esta etapa se produce una descarga de las tensiones acumuladas en la fase anterior. El hombre pierde el control castigando duramente a su compañera. Por ello, durante esta etapa suele observarse en la víctima las consecuencias físicas y psicológicas más importantes. Un aspecto observado en esta fase es que algunas víctimas denuncian al agresor; sin embargo, el problema más frecuente es que la mayoría de las mujeres, paralizadas por el miedo, son incapaces de buscar ayuda a menos que necesiten asistencia médica por los daños producidos.

-Fase de arrepentimiento o también llamada fase de «luna de miel». Durante esta fase el agresor trata de reparar el daño causado. Para ello, manifiesta a la víctima conductas de amor y amabilidad, realizando promesas de que ese tipo de conductas no van a volver a suceder. Un aspecto observado durante esta fase es que el agresor suele dirigir también su actuación sobre familiares y amigos para que convenzan a la víctima de que lo perdone. La mujer cree que ha cambiado por lo que se siente reforzada; sin embargo, pasado un determinado período de tiempo, comienza un nuevo ciclo de tensiones en el momento en el que el hombre considera que está perdiendo el control sobre su víctima.

Figura 15.1

Ciclo de la violencia doméstica (Walker, 1984)

15.3. CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

En las Tabla 15.1. y 15.2. pueden observarse algunas de las consecuencias físicas y psicológicas más importantes de la violencia doméstica.

Tabla 15.1

Principales consecuencias físicas del maltrato doméstico

Tabla 15.2

Principales consecuencias psicológicas del maltrato doméstico

15.4. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA EN VÍCTIMAS DEL MALTRATO DOMÉSTICO

En la Tabla 15.3. se presenta un resumen de las principales áreas que hay que evaluar en las víctimas de maltrato doméstico, con algunos de los instrumentos de evaluación que pueden emplearse.

Tabla 15.3

Áreas e instrumentos en la evaluación de víctimas de maltrato doméstico

Tabla 15.3

Áreas e instrumentos en la evaluación de víctimas de maltrato doméstico (continuación)

15.4.1. EVALUACIÓN DEL TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO

El trastorno de estrés postraumático es uno de los síndromes psicológicos más observados en víctimas de maltrato doméstico y/o agresiones sexuales. Según el DSM-IV, este trastorno se caracteriza fundamentalmente por los siguientes síntomas (American Psychiatric Association, 1995): reexperimentación del acontecimiento traumático, aumento de la activación y comportamientos de evitación de los estímulos relacionados con el evento traumático. A continuación describimos algunos instrumentos de evaluación.

-Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático. Esta escala formada por 17 ítems permite evaluar los síntomas y la intensidad del trastorno de estrés postraumático, según los criterios diagnósticos del DSM-IV. Utiliza un formato de respuesta tipo Likert (0 a 3), oscilando el rango de puntuaciones en la escala global entre 0 y 51, con un punto de corte para el diagnóstico del trastorno de estrés postraumático de 12 puntos; para la subescalas específicas es necesario una puntuación de 2 puntos en la escala de reexperimentación, 4 puntos en la escala de activación y 6 puntos en la escala de evitación (Corral, Echeburúa, Zubizarreta y Sarasua, 1995). Además de estas subescalas, el instrumento consta de una subescala de 13 ítems que evalúa las manifestaciones somáticas de la ansiedad y que puede ayudar a diferenciar entre diferentes tipos de víctimas (Echeburúa y cols., 1997b).

-Escala de Impacto de Sucesos (Horowitz y cols., 1979). Esta escala, formada por 15 ítems, puede utilizarse para evaluar la intensidad del trastorno de estrés postraumático;además, evalúa dos aspectos relacionados con este trastorno: la obsesión y la evitación de estímulos relacionados con el evento traumático.

SCL-90-R.Listado de Síntomas (Derogatis, 2002). El SCL-90-R es una escala que permite evaluar la presencia de un amplio rango de problemas y síntomas psicológicos. La escala formada por 90 ítems permite evaluar las siguientes dimensiones sintomáticas: somatización, obsesión-compulsión, sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, ideas paranoides y psicoticismo. La tarea del sujeto consiste en indicar el grado de molestia que le produce cada uno de los síntomas en una escala que va de 0 (Nada en absoluto) hasta 4 (De forma extrema). Además de estas dimensiones, la escala permite obtener tres índices globales de estrés (un índice global de severidad, un índice de síntomas de estrés positivos y un índice de síntomas positivos totales). En la adaptación española, realizada por González de Rivera, De las Cuevas, Rodríguez Abuín y Rodríguez Pulido (2002), los coeficientes alfa oscilan de 0,77 a 0,90, dependiendo de las subescalas y de la muestra utilizada; la fiabilidad test-retest con un intervalo de una semana entre las evaluaciones se sitúa entre 0,78 y 0,90.

15.5. EVALUACIÓN DE LA ANSIEDAD

15.5.1. ESCALA HETEROAPLICADA DE EVALUACIÓN DE LA ANSIEDAD DE HAMILTON

Esta escala, formada por 14 ítems permite evaluar cuantitativamente la intensidad de la ansiedad a través de las siguientes variables: humor ansioso, tensión, miedos, insomnio, funciones intelectuales, humor depresivo, síntomas musculares, síntomas sensoriales, síntomas cardiovasculares, síntomas respiratorios, síntomas gastrointestinales, síntomas genitourinarios y síntomas del sistema nervioso autónomo. Además, la escala permite evaluar el comportamiento general del sujeto durante la entrevista: tensión, agitación nerviosa, cambios en la postura del cuerpo, tensión facial, aumento del tono muscular, palidez, taquicardia en reposo, incremento de la frecuencia respiratoria, temblores, dilatación pupilar, sudores, etc. La puntuación de la escala oscila entre 0 (Ausente) y 4 (Intensidad máxima). Una de las características más importantes de este instrumento es que permite obtener además de una puntuación global, dos puntuaciones específicas (Conde y Franch, 1984). La primera de las puntuaciones se denomina ansiedad psíquica y se obtiene a partir de las siguientes variables: humor ansioso, tensión, miedos, insomnio, funciones intelectuales, depresión y comportamiento general del sujeto durante la entrevista; la segunda puntuación, denominada ansiedad somática, es la suma de los siguientes síntomas: sensoriales, musculares, cardiovasculares, respiratorios, gastrointestinales, genitourinarios y síntomas del sistema nervioso autónomo.

15.5.2. INVENTARIO DE ANSIEDAD ESTADO-RASGO (STAI)

El STAI es un instrumento que permite evaluar dos dimensiones de la ansiedad: ansiedad estado y ansiedad rasgo. La escala está formada por 40 ítems, 20 de los cuales evalúan la ansiedad estado y los otros 20 la ansiedad rasgo. En la primera de la subescalas (ansiedad estado) el sujeto debe describir como se siente en el momento específico en el que contesta; es decir, la ansiedad es considerada como un estado emocional transitorio. Por el contrario, en la escala de ansiedad rasgo el sujeto describe como se siente generalmente en la mayoría de las situaciones, considerándose por tanto la ansiedad como una característica que se mantiene relativamente estable en el tiempo. En cada una de las escalas el rango de las puntuaciones oscila entre 0 y 60. En la subescala de ansiedad estado el rango de respuesta varía de «Nada» a «Mucho» y en la subescala de ansiedad rasgo el rango varía de «Casi nunca» a «Casi siempre». El coeficiente de fiabilidad test-retest es más alto en la escala de ansiedad rasgo que en la escala de ansiedad estado (0,81 y 0,40, respectivamente), debido fundamentalmente a que esta última escala es más sensible a los cambios que pueden darse de una situación a otra; por lo que respecta a la consistencia interna de la escala, esta presenta un coeficiente alfa de 0,89 (Spielberger y cols., 1970).

15.5.3. INVENTARIO DE SITUACIONES Y RESPUESTAS DE ANSIEDAD (ISRA)

El ISRA es un instrumento de evaluación formado por 22 situaciones y 24 respuestas de ansiedad que permite evaluar la frecuencia con la que se presenta una serie de respuestas específicas de ansiedad ante situaciones concretas, teniendo en cuenta los tres sistemas de respuesta (cognitivo, fisiológico y motor). La escala, que utiliza un formato tipo Likert (0 = Casi nunca y 4 = Casi siempre), permite obtener ocho puntuaciones; las tres primeras se corresponden con los tres sistemas de respuesta (reactividad cognitiva, reactividad fisiológica y reactividad motora) y las cuatro últimas con los niveles de ansiedad ante diferentes situaciones (ansiedad ante la evaluación, ansiedad interpersonal, ansiedad fóbica y ansiedad ante situaciones de la vida cotidiana). Por último, la escala proporciona una puntuación que se corresponde con una medida del rasgo o nivel general de ansiedad. Sus autores informan de adecuados valores de fiabilidad y validez (Miguel Tobal y Cano Viudel, 1994).

15.5.4. INVENTARIO DE ANSIEDAD DE BECK (BAI)

El BAI es un inventario autoaplicado formado por 21 ítems que permite evaluar principalmente aspectos físicos relacionados con la ansiedad (temblores, nerviosismo, taquicardia, sudoración, mareos, sensación de ahogo, etc.). La tarea del sujeto consiste en indicar el grado en que ha experimentado cada uno de los síntomas durante la ultima semana y en el momento actual, oscilando la puntuación entre (0 = En absoluto y 3 = Severamente). Los estudios de fiabilidad y validez realizados por los autores informan de una consistencia interna de 0,92, así como de una adecuada validez convergente y discriminante.

15.6. EVALUACIÓN DE LA DEPRESIÓN

15.6.1. ESCALA DE AUTOEVALUACIÓN DE LA DEPRESIÓN DE ZUNG

Esta escala autoaplicada consta de 20 ítems. La tarea del sujeto consiste en indicar la frecuencia con que ha experimentado el síntoma o el sentimiento descrito en cada uno de los ítems, en una escala de 1 a 4 puntos. La mitad de los ítems de la escala están redactados de forma positiva («Me siento triste y deprimido», «Me siento más irritable que habitualmente», etc.), y la otra mitad en sentido opuesto («Me creo útil y necesario para la gente», «Todavía me siento atraído por el sexo opuesto», etc.). Los ítems de la escala hacen referencia a los siguientes síntomas: humor depresivo, variaciones diurnas, llanto, alteraciones del sueño, pérdida del apetito, pérdida de peso, pérdida de interés sexual, estreñimiento, taquicardia, fatiga, confusión mental, retardo psicomotor, agitación psicomotora, desesperanza, irritabilidad, indecisión, desvalorización personal, plenitud, ideas suicidas e insatisfacción. Una de las características más importantes de la escala es que a partir de la puntuación total es posible diferenciar los rangos cuantitativos de la depresión. La escala ha sido traducida y adaptada al castellano por Conde, Escriba e Izquierdo (1970), encontrándose las siguientes categorías de severidad: 20-35 (depresión ausente), 36-51 (depresión subclínica), 52-67 (depresión media-severa) y 68-100 (depresión grave). En la adaptación española se encuentra una consistencia interna por medio del método de las dos mitades de 0,80; son múltiples los estudios que apoyan su validez convergente, aunque se cuestiona su validez de contenido.

15.6.2. INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK

El Inventario de Depresión de Beck (BDI) es uno de los instrumentos más utilizados para evaluar la sintomatología depresiva. En su versión original consta de 21 ítems que hacen referencia a manifestaciones del comportamiento depresivo; concretamente tristeza, pesimismo-desaliento, sensación de fracaso, insatisfacción, culpabilidad, sensación de esperar castigo, descontento con uno mismo, autoacusación, ideas de suicidio, llanto, irritabilidad, aislamiento social, indecisión, distorsión de la propia imagen, problemas en el trabajo, insomnio, cansancio, pérdida de apetito, pérdida de peso, preocupación por la salud y disminución de la líbído. El rango de puntuaciones de la escala oscila entre 0 y 63, observándose las siguientes categorías de severidad: 0-9 puntos (estado no depresivo), 10-18 (depresión media), 19-29 (depresión moderada) y 30-63 (depresión grave). En una revisión de los estudios que analizaron las propiedades psicométricas del BDI se informa de una consistencia interna media de 0,86 para pacientes psiquiátricos y de 0,81 para sujetos no psiquiátricos (Beck, Steer y Garbin, 1988b). En España, Vázquez y Sanz (1991) señalan una fiabilidad test-retest de 0,65-0,72 y un alfa de Cronbach de 0,82.

15.6.3. ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA DEPRESIÓN DE HAMILTON

Esta escala es una versión heteroaplicada que permite evaluar la intensidad de la depresión, así como cuantificar la evolución de los síntomas bajo el efecto de un tratamiento. La escala, que se aplica generalmente al final de una entrevista semiestructurada con el paciente, evalúa los siguientes síntomas: humor deprimido, sentimientos de culpabilidad, ideas suicidas, insomnio (de inicio, medio y tardío), problemas laborales, inhibición, agitación, ansiedad psíquica y somática, síntomas gastrointestinales, síntomas somáticos generales, síntomas de carácter sexual, hipocondría, pérdida de peso, conciencia de uno mismo, variación diurna de los síntomas (mañana o tarde), despersonalización, ideas paranoides e ideas obsesivo compulsivas. La puntuación de cada uno de los ítems oscila entre 0 y 2 en unos casos, y entre 0 y 4 en otros. El coeficiente de fiabilidad de la escala se sitúa entre 0,80 y 0,90 (Jara y Rosel, 1999). Por lo que respecta a la validez concurrente, ésta oscila entre 0,55 y 0,90. En 1967, Hamilton diseño una versión posterior reduciendo la escala original a 17 ítems (Hamilton, 1967). En Conde y Franch (1984) puede encontrarse además una versión autoaplicada de la escala.

15.6.4. LISTA DE ADJETIVOS PARA LA DEPRESIÓN (DACL)

La DACL (Lubin, 1965) es un instrumento de evaluación de la depresión compuesto por dos conjuntos de listas de adjetivos. El primer conjunto formado por las listas A, B, C y D consta de 32 adjetivos, mientras que el segundo conjunto formado por las listas E, F y G contiene 34 adjetivos. Los 32 adjetivos de las cuatro primeras listas están distribuidos de la siguiente forma: 22 presentan una connotación depresiva y 10 un estado de ánimo alegre o neutro; las tres últimas listas se distribuyen de la siguiente forma: 22 depresivos y 12 alegres o neutros. Las escalas utilizan un formato tipo Likert, siendo la tarea del sujeto escoger aquellos adjetivos que mejor describan su estado de ánimo actual. Una de las ventajas principales de la escala es la rapidez de su aplicación y su sensibilidad al cambio, ya que permite evaluar fluctuaciones diarias del estado de ánimo. A pesar de que presenta una alta consistencia interna, su validez es muy cuestionable (Vázquez y Jiménez, 2000).

15.7. EVALUACIÓN DE LA AUTOESTIMA

-Escala de Autoestima (Rosenberg, 1965). Esta escala formada por 10 ítems evalúa el grado de satisfacción que una persona tiene consigo misma. La mitad de los ítems están planteados de forma positiva y la otra mitad de forma negativa. El formato de la escala es de tipo Likert, oscilando las puntuaciones entre 1 («Estoy muy de acuerdo») y 4 («Estoy muy en desa cuerdo»). La puntuación total de la escala oscila entre 10 y 40. Su consistencia interna varía de 0,76 a 0,87.

-Inventario de Auto-Informe (Brown, 1961). El Inventario de Auto-Informe (SRI) es una escala formada por 48 ítems que evalúa la autoestima de una persona en un determinado número de situaciones. Concretamente consta de las siguientes subescalas: yo (se J), otras personas, los niños, la autoridad, el trabajo, los padres, la esperanza y la realidad. La escala utiliza un formato tipo Likert que oscila desde «Propio de mí» hasta «Impropio de mí».

15.8. EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIALES

-Escala de Asertividad (RAS) (Rathus, 1973). La RAS es una escala formada por 30 ítems dirigida a evaluar la asertividad. De estos 30 ítems, hay 17 en los que es necesario invertir el signo para poder posteriormente calcular la puntuación total. La tarea del sujeto consiste en indicar hasta qué punto cada uno de los enunciados son característicos de él mismo, oscilando la puntuación entre +3 («Muy característico de mí»), hasta -3 («Poco característico de mí»). El rango de puntuaciones de la escala oscila entre - 90 y +90. En este sentido, una puntuación positiva alta es interpretada como una mayor asertividad, mientras que una puntuación negativa alta indica que la habilidad social del sujeto es baja.

-Inventario de Ásertividad (Gambrill y Richey, 1975). Este instrumento está formado por 40 ítems referidos a situaciones sociales e interpersonales que permiten evaluar la conducta asertiva. La escala permite obtener tres tipos de información:

•Grado de malestar o ansiedad que el sujeto ha experimentado en cada una de las situaciones que se plantean; la puntuación en esta escala oscila entre 1 («Ningún malestar») a 5 («Muchísimo malestar»).

•Grado de probabilidad de que el sujeto realice la conducta asertiva específica cuando se presenta esa situación en la vida real; la puntuación en esta escala oscila entre 1 («Siempre lo hago») hasta 5 («Nunca lo hago»).

•En tercer lugar, se le pide al sujeto que indique en que situaciones le gustaría comportarse de forma asertiva; de este modo se podrán conocer cuáles son las situaciones en las que el individuo siente un mayor malestar y cómo responde ante ellas.

Los 40 ítems de la escala se agrupan en las siguientes categorías: rechazar peticiones, expresar limitaciones personales (por ejemplo, admitir ignorancia en algún tema), iniciar contactos sociales, expresar sentimientos positivos, recibir críticas, expresión de desacuerdo, asertividad con personas que ofrecen un determinado servicio y expresar críticas a otras personas. La fiabilidad test-retest obtenida para la escala de malestar ha sido de 0,87, mientras que la de la escala de probabilidad de respuesta es de 0,81.

-ASPA. Cuestionario de Aserción en la Pareja (Carrasco, 1998). Permite evaluar las estrategias que cada uno de los miembros de la pareja utiliza para enfrentarse a situaciones internas conflictivas. Proporciona puntuaciones en cuatro patrones de afrontamiento independientes: asertivo (expresión de sentimientos y preferencias de forma directa), agresivo (expre Siónde sentimientos mediantes el uso de la coacción), sumiso (ausencia de expresión directa y clara de las preferencias) y agresivo-pasivo (ausencia de expresión directa y clara de las preferencias personales, mientras que de forma indirecta se intenta coaccionar al otro). El ASPA cuenta con adecuados estudios psicométricos, mostrando una consistencia interna que oscila entre 0,75 y 0,96, dependiendo de la escala.

15.9. EVALUACIÓN DE LA RELACIÓN DE PAREJA

-Inventario de Satisfacción Marital (Snyder, 1979). Esta escala está formada por 280 ítems y evalúa diferentes aspectos de la relación marital. Consta de 11 subescalas: convencionalismo, perturbación global, comunicación afectiva, comunicación en la solución de problemas, tiempo de convivencia en pareja, conflicto sobre aspectos económicos, insatisfacción en las relaciones sexuales, distribución de roles, historia familiar de conflictos, insatisfacción con los hijos y desacuerdos en la educación de los hijos. Los coeficientes de fiabilidad media para todas las escalas es de 0,88.

Escalade Ajuste Marital (Locke y Wallace, 1959). Incluye 15 ítems que permiten evaluar el grado de acuerdo o desacuerdo de cada uno de los miembros de la pareja con su cónyuge en una serie de temas importantes, tales como relaciones sexuales, aspectos económicos, tener hijos, amigos, etc. La escala proporciona además información sobre cómo finalizan los desacuerdos en la pareja, cómo aprovechan el tiempo libre y si volverían a casarse con la misma persona. El coeficiente de fiabilidad de la escala es de 0,90. Escala de Ajuste Diádico (Spanier, 1976). Sus 32 ítems permiten diferenciar a las parejas en conflicto de aquellas parejas que conviven en armonía. Concretamente la escala evalúa cuatro dimensiones: acuerdo que existe en la pareja sobre aspectos importantes de la relación, implicación de la pareja en actividades conjuntas, grado de satisfacción de cada uno de los miembros de la pareja con la relación en el momento actual y grado de expresión de afecto de la pareja, así como el grado de satisfacción en las relaciones sexuales. Los coeficientes de fiabilidad de las cuatro escalas varían desde 0,73 hasta 0,94.

-Inventario de Status Marital (Weiss y Cerreto, 1980). Este inventario permite evaluar el estado en el que se encuentra la relación de pareja en el momento actual. Consta de 14 preguntas que se puntúan de forma dicotómica (Verdadero-Falso). Un aspecto importante que hay que destacar de esta escala es que evalúa hasta que punto la pareja ha pensado en la separación o en el divorcio como fin a sus problemas.

15.10. EVALUACIÓN DE LAS DISFUNCIONES SEXUALES

La aparición de disfunciones sexuales es una de las consecuencias más observadas en las víctimas de maltrato doméstico. A continuación se resumen algunas de las áreas más importantes que hay que evaluar (Sierra, 1996; Sierra y Buela-Casal, 2001).

15.10.1. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN SEXUAL

-Inventario de Conocimientos Sexuales: Forma Y y Forma X (McHugh, 1955, 1967). Este instrumento es uno de los más utilizados para evaluar el nivel de conocimientos sexuales que presenta una persona. De esta forma, a través de la información que proporciona el cuestionario podemos conocer hasta qué punto el problema presentado por el sujeto se debe a una falta de conocimientos o bien se debe a información errónea relacionada con la sexualidad. La forma Y del instrumento evalúa el nivel de información que la persona presenta sobre diferentes aspectos de la anatomía, fisiología y vocabulario sexual; por su parte, la forma X del instrumento (McHugh, 1967) evalúa conocimientos más generales sobre la fisiología y otros aspectos de la sexualidad.

15.10.2. EVALUACIÓN DE LAS ACTITUDES RESPECTO AL SEXO

-Inventario de Actitudes hacia el Sexo de Eysenck (Eysenck, 1982). El Inventario de Actitudes hacia el Sexo de Eysenck es útil para detectar los factores psicológicos predictores de la satisfacción marital, problemas sexuales, ajuste sexual, etc. Existe una versión larga de 158 ítems y una corta de 96; los análisis factoriales realizados han dado lugar a 12 factores, tanto para hombres como para mujeres: permisividad, satisfacción, sexo neurótico, sexo impersonal, pornografía, timidez, mojigatería, dominanciasumisión, desagrado sexual, excitación sexual, sexo físico y sexo agresivo.

-Escala de Actitudes Heterosexuales: Mujeres (Robinson y Annon, 1975). Esta escala, formada por 77 ítems, evalúa las actitudes de las mujeres en relación a experiencias y actividades sexuales realizadas por un sujeto sólo o con una pareja heterosexual.

-Inventario de Miedos Sexuales: Mujeres (Annon, 1975a). Este inventario evalúa el grado de ansiedad o miedo que provoca en la mujer cada uno de los 130 ítems. La escala esta formada por cuatro áreas diferentes: estímulos generales, implicación personal del sujeto, relación social y contacto físico.

-Inventario de Placer Sexual: Mujeres (Annon, 1975b). Este instrumento evalúa el grado de excitación sexual ante determinadas actividades sexuales. Al igual que el inventario de miedos sexuales está formada por cuatro áreas distintas: estímulos generales, implicación personal, relación social y contacto físico.

15.10.3. EVALUACIÓN DE LAS CONDUCTAS SEXUALES

-Test del Deseo Sexual Inhibido (Masters y cols., 1994). Compuesto de 15 ítems que se puntúan en una escala tipo Likert desde 1 (Totalmente falso) hasta 9 (Totalmente verdadero). Proporciona una puntuación total que informa de la inhibición del deseo sexual. En la adaptación psicométrica realizada por Sierra, Zubeidat, Carretero-Dios y Reina (2003) se informa de dos factores (Deseo sexual inhibido diádico y Deseo sexual inhibido general) con una consistencia interna de 0,85 y 0,70, respectivamente.

-Perfil de Respuesta Sexual (Pion, 1975). Esta escala permite evaluar diferentes aspectos de la sexualidad en la pareja entre los que cabe destacar los siguientes: información sexual, actitudes, ajuste marital, actividades y conductas sexuales, tanto en el momento actual como en el pasado.

-Inventario de Interacción Sexual (LoPiccolo y Steger, 1974). El Inventario de Interacción Sexual de Lopiccolo y Steger es un instrumento que permite diferenciar parejas funcionales de parejas disfuncionales teniendo en cuenta el funcionamiento y satisfacción sexual. Cada uno de los miembros de la pareja tiene que calificar en una escala de 1 a 6 cada una de las 17 conductas sexuales que se le presentan, indicando el grado en que esa conducta ocurre y le gustaría que ocurriera, la agradabilidad para él y para su pareja, y como le gustaría que esa conducta sexual fuese para él y para su pareja. El cuestionario permite obtener 11 escalas: frecuencia de insatisfacción en el hombre, autoaceptación del hombre, media de placer en el hombre, exactitud perceptiva del hombre respecto a la mujer, aceptación del otro miembro de la pareja (hombre respecto a la mujer), desacuerdo, frecuencia de insatisfacción en la mujer, autoaceptación de la mujer, media de placer en la mujer, exactitud perceptiva de la mujer respecto al hombre y aceptación del otro miembro de la pareja (mujer respecto al hombre). Los autores de la escala informan de una fiabilidad test-retest a los dos semanas entre 0,53 y 0,90 para las distintas escalas y un alfa de Cronbach para cada escala entre 0,79 y 0,93. En España, los estudios realizados por Aluja (1996) muestran una adecuada fiabilidad y validez de este instrumento.

-Inventario de Ajuste Sexual (Stuart y cols., 1975). Este instrumento proporciona información sobre diferentes áreas, tales como la salud física, problemas observados tanto a nivel personal, familiar y de pareja, grado de comunicación que existe en la pareja, actividades sexuales, así como el grado de satisfacción, métodos anticonceptivos utilizados, actitudes respecto al sexo, etc.

-Inventario de Activación Sexual (Hoon y cols., 1976). Este autoinforme formado por 28 ítems evalúa a través de una escala tipo Likert de 7 puntos la excitación sexual de las mujeres ante determinadas situaciones y actividades. Esta escala ha sido muy utilizada para diagnosticar disfunciones sexuales en la mujer, ya que permite discriminar entre mujeres normales y mujeres que necesitan intervención. Sus autores informan de un alfa de Cronbach superior a 0,90 y una aceptable validez convergente y discriminante en muestras de mujeres; datos psicométricos adecuados también son informados por Aluja (1996) en España.

-Inventario de Funcionamiento Sexual (Derogatis, 1978). Este instrumento formado por 258 ítems evalúa el funcionamiento y la conducta sexual del sujeto a través de los siguientes epígrafes: conocimientos sexuales, experiencia sexual, motivación, actitudes, rol sexual, fantasías sexuales, imagen corporal y satisfacción sexual. Derogatis y Melisaratos (1979) informan de una consistencia interna entre 0,60 y 0,97, y una fiabilidad test-retest entre 0,70 y 0,90.

-Escala de Experiencias Sexuales (Frenken y Vennix, 1981). Esta escala incluye una versión para hombres y otra para mujeres, estando formada por cuatrosubescalas: moralidad sexual de la persona, es decir, los valores y/o actitudes que la persona tiene en relación al sexo, hasta qué punto la persona utiliza o rechaza algún tipo de estimulación psicosexual, motivación sexual de la persona y grado de atracción hacia la pareja.

-Escala de Fantasías Sexuales de Wilson (Wilson, 1988); incluye 32 ítems, agrupados en cuatro subescalas: fantasías sexuales exploratorias, íntimas, impersonales y sadomasoquistas, y puntuados en una escala tipo Likert de 0 («Nunca») a 3 («A menudo»). Sierra, Vera-Villarroel, Martín-Ortiz y Ortega (2004) informan de una consistencia interna de 0,90 para la escala total en una muestra española, oscilando entre 0,66 y 0,79 para las diferentes subescalas; en este estudio también se demuestra su validez convergente y su capacidad para diferenciar las fantasías sexuales en función del género.

15.11. EVALUACIÓN DEL AJUSTE, Y APOYO SOCIAL DE LA VICTIMA

-Escala de Inadaptación (Echeburúa y Corral, 1987; citado en Corral, Echeburúa, Sarasua y Zubizarreta, 1998). Este instrumento con 6 ítems determina el grado de cómo afecta la agresión en la víctima a las siguientes áreas de la vida cotidiana: ámbito laboral, vida social, tiempo libre, relación de familia y relación de pareja. Además, se incluye una subescala que evalúa el grado de inadaptación global de la víctima. Utiliza un formato de respuesta tipo Likert (1 a 6), oscilando el rango de puntuaciones en la escala total de 6 a 36 (Corral y cols., 1998).

-Escala de Estrés-Apoyo Social (Conde y Franch, 1984). Esta escala autoaplicada está formada por dos subescalas. En la primera de ellas la persona debe evaluar el nivel de estrés sufrido en el último año en el ámbito familiar, económico, laboral y personal; el rango de puntuaciones oscila entre 0 y 28. En la segunda subescala se evalúa el grado de apoyo social de la víctima teniendo en cuenta la frecuencia y la calidad de las relaciones afectivas y sociales; en este caso el rango de puntuaciones oscila entre 0 y 40.

-Escala de Apoyo Social (Matud, 1998). Instrumento breve y de fácil aplicación de la percepción global del apoyo social. Incluye 12 ítems sobre la percepción de la disponibilidad de las personas que pueden prestar apoyo emocional e instrumental, así como información en las áreas personal, laboral y familiar. Presenta un alfa de Cronbach de 0,89 y una adecuada validez de constructo (Matud, Carballeira, López, Marrero e Ibáñez, 2002).

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ESTRELLA ROMERO

16.1. INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia, la explicación de los comportamientos criminales ha sido objeto de muy diferentes disciplinas. La Filosofía se ocupó durante cientos de años de discutir las causas del crimen; cuando la criminología positivista se instaura «oficialmente» en la segunda mitad del siglo xix, muchos estudiosos, desde campos tan diversos como la Psiquiatría, la Sociología, la Antropología, la Economía, la Biología o la Psicología, procuraron aplicar sus conocimientos a esta área de estudio. Como hemos expuesto en otro lugar (Romero, Sobral y Luengo, 1999a), no todas las disciplinas tuvieron igual éxito en hacer «visibles» sus aportaciones. A partir de los años 20, el auge de la Sociología, especialmente en Estados Unidos, relegó a un segundo plano las explicaciones que, como las psicológicas, contemplaban la existencia de determinantes intrapersonales. Los factores con un anclaje psicobiológico fueron objeto de un rechazo especialmente acusado; los excesos del atavismo de Lombroso, el temor a reduccionismos biologicistas y la sospecha de posturas discriminatorias desplazaron las corrientes psicobiológicas a puestos marginales dentro de la criminología. Sin embargo, en la última década el zeitgeist parece haber cambiado (Andrews y Bonta, 1994; Rutter, Giller y Hagell, 1998). Desde la Psicología y la Psicobiología se enfatiza que los factores individuales actúan siempre en interacción con un contexto social y se van abriendo paso modelos transaccionales que, lejos de los simplismos de otros tiempos, revelan un complejo entramado de procesos recíprocos entre lo individual y lo social. Así pues, se asiste a un redescubrimiento de las aportaciones que la Psicología puede realizar a la explicación de los comportamientos criminales, y la llamada «psicología criminológica» constituye hoy un campo en plena expansión. Se trata de un área de amplísimas dimensiones (véase, por ejemplo, Blackburn, 1993), por lo que un abordaje detallado y exhaustivo rebasaría, con mucho, el espacio de un capítulo como éste. No obstante, pretendemos ofrecer, al menos, una panorámica de las principales vías de trabajo (algunas más clásicas, otras de desarrollo más reciente) sobre las aportaciones de la Psicología a la explicación de la conducta criminal.

Antes de comenzar con este repaso, es necesario realizar ciertas aclaraciones conceptuales. En primer lugar, hay que tener presente una distinción que ha adquirido cierta popularidad en criminología y que afecta a los términos «crimen» y «criminalidad» (Hirschi y Gottfredson, 1988). Mientras que el «crimen» se refiere a un acto específico, espacial y temporalmente circunscrito, la «criminalidad» denota la tendencia a implicarse en tales actos. De este modo, las explicaciones de la llamada «conducta criminal» pueden intentar explicar cómo y por qué se produce el acto puntual del crimen o por qué un individuo es «propenso» a implicarse en actos de ese tipo. Esta distinción es importante ya que, desde la Psicología, la mayor parte de las explicaciones se ocupan de la «criminalidad» y no tanto del «crimen»; sobre el acto concreto, sus circunstancias y sus factores próximos se han desarrollado otras opciones que, recuperando el espíritu del clasicismo criminológico, conciben el crimen como el resultado de un cálculo racional, en el que se ponderan costes y beneficios y en el que cobran protagonismo los factores situacionales inmediatos (por ejemplo, presencia de víctimas accesibles o nivel de vigilancia) (Clarke, 1980). En segundo lugar, es necesario contrastar la visión más «institucionalista» del crimen con la visión llamada «realista» (Biderman y Reis, 1967). Con ello estamos haciendo referencia a un viejo debate en el ámbito de la explicación criminológica. Desde una perspectiva «institucionalista» o «legalista», el objeto de estudio debe ser el crimen legalmente definido y los sujetos de la investigación deben ser aquellos individuos que han sido procesados y convictos en el sistema legal. Sin embargo, desde una perspectiva «realista» se incluyen como objeto de estudio aquellos individuos que han cometido conductas delictivasi, independientemente de que se haya producido o no detección y procesamiento oficial. Desde este punto de vista, se enfatiza que sólo una pequeña proporción de sujetos que cometen delitos llegan a ser aprehendidos y convictos y, además, los sujetos que llegan al final del proceso pueden ser muy poco representativos del total de individuos que violaron la ley (Jeffery, 1990); se ha encontrado, por ejemplo, que diversos factores extralegales como la edad, el sexo, el estrato socioeconómico o las propias habilidades de autopresentación de los procesados contribuyen a determinar quién recibirá la «etiqueta» final de «delincuente» (Hagan, 1975). La adopción de una u otra visión («institucionalista» versus «realista») tiene implicaciones metodológicas importantes para la Psico logía Criminológica. Quienes optan por la primera de ellas suelen realizar estudios de comparación entre criminales convictos y sujetos de la población general (lo que se ha llamado estudios de «grupos conocidos»). Sin embargo, desde una postura «realista», que ha ido ganando adeptos en las últimas décadas, se recurre a formas más «directas» de evaluar la conducta criminal, como los autoínformes, que, a pesar de los recelos con que fueron inicialmente recibidos (véase Romero y cols., 1999a), han venido demostrando su fiabilidad y su validez (Junger-Tas, 1994), al menos cuando se utilizan en condiciones no amenazantes y se garantiza el anonimato. Además, frente a la rígida dicotomización «delincuente-no delincuente» implícita en los estudios de comparación, los trabajos con autoinformes conciben a la conducta delictiva como un continuo, que puede asumir muy diferentes grados y formas de manifestación. En tercer lugar, debemos señalar que para la Psicología Criminológica también adquieren importancia conductas que, sin ser estrictamente delictivas, son transgresiones de normas sociales comúnmente aceptadas y/o infligen daño a los demás. Diversos autores han manifestado que, desde un punto de vista psicológico, la conducta criminal es sólo una parcela de una categoría más amplia de comportamientos que violan normas, sean éstas legales o no. En este sentido, muchos autores prefieren como objeto de estudio a la «conducta antisocial» (Kazdin y Buela-Casal, 1994; Pérez, 1987; Rutter y cols., 1998), una categoría en la que se incluyen, por ejemplo, conductas agresivas y muchos comportamientos disruptivos juveniles que no son propiamente «delictivos». Estas conductas «antisociales» tienen antecedentes y manifestaciones muy semejantes a la delincuencia propiamente dicha, y son buenas predíctoras de las carreras criminales, por lo que su investigación permite desentrañar los orígenes tempranos de la delincuencia y avanzar hacia su prevención'.

En este capítulo revisaremos, aunque sea someramente, las principales líneas de investigación sobre factores psicológicos explicativos de la conducta criminal (o, en un sentido más extenso, antisocial). Abordamos, en primer lugar, aquellos factores de carácter psicosocial o microsocial, relativos a los espacios de interacción más próximos al individuo. Concretamente, los llamados contextos de socialización (familia, escuela y grupo de amigos) han sido objeto de un amplio caudal de investigación dentro de la psicosociología de la delincuencia. En segundo lugar, presentamos las principales corrientes de estudio sobre factores de carácter más individual; nos ocupamos, por un lado, de las variables de personalidad y dedicamos también un espacio a otro tema clásico de investigación (y de controversia): la inteligencia. Como marco integrador de diversos factores psicológicos, presentamos en otro apartado el planteamiento de Moffitt (1993), un ejemplo muy representativo de una nueva generación de modelos teóricos (véase Romero, 1998) que, en la última década, están ejerciendo una amplia influencia en este campo de conocimiento y que han mostrado su utilidad para organizar un área tradicionalmente deshilvanada. Finalmente, nos detendremos en la psicopatía, una categoría de conductas y atributos personales con una enorme relevancia social y clínica y que, pese a los avances que se han producido en su explicación y su tratamiento, continúa siendo un tema repleto de luces y sombras.

16.2. DETERMINANTES PSICOSOCIALES DE LA CRIMINALIDAD: INFLUENCIA DE LOS CONTEXTOS DE SOCIALIZACIÓN

16.2.1. EL AMBIENTE FAMILIAR

La familia ha sido uno de los focos de interés privilegiados en la búsqueda de factores explicativos de la conducta criminal. A la familia se le ha asignado tradicionalmente un papel fundamental en la configuración de actitudes, valores y estilos de vida, por lo que no es extraño que se le haya prestado una especial atención. Desde la propia criminología, una de las teorías microsociales más clásicas y más influyentes (la llamada teoría del control social) propone que el apego a la familia desempeña un papel esencial para «contener» las tendencias transgresoras de la naturaleza humana. Son muchos los factores familiares que se han investigado como determinantes de la delincuencia (Garrido, 1987; Mirón, 1990). Los trabajos pioneros se ocuparon básicamente de la estructura o composición familiar; factores como el número de hijos o la ausencia de alguno de los padres (el llamado hogar roto) ocuparon muchas páginas de investigación. Con el tiempo, el interés por estas variables fue decayendo, dado que el efecto de la estructura parecía estar mediado por aspectos más dinámicos del funcionamiento familiar. Un mayor nú mero de hijos parecía ejercer su influencia a través de una menor supervisión parental y/o a través de un efecto de «contagio» de los hermanos mayores sobre los menores (Offord, 1982); la influencia de los hogares rotos podría explicarse a través del conflicto que a menudo acompaña a la ruptura (Loeber y Stouthamer-Loeber, 1986) o a las dificultades para ejercer una adecuada supervisión (Patterson y Stouthamer-Loeber, 1984). Por ello, muchas investigaciones prestaron más atención a las llamadas variables funcionales (Blackburn, 1993), relativas a las interacciones que se establecen en el medio familiar. Entre las variables que se han visto asociadas a la conducta criminal se encuentran, por ejemplo, el conflicto entre los padres (McCord, 1986) y la falta de cohesión, de confianza y de implicación afectiva entre padres e hijos (Cernkovich y Giordano, 1987; Romero, Luengo y Gómez-Fraguela, 2000). Asimismo, se ha encontrado que el maltrato en la familia es un factor de riesgo para el desarrollo de conductas criminales (Widom, 1989), aunque, a diferencia de lo que proponen los planteamientos sobre el «círculo de la violencia», estas conductas no sean necesariamente violentas. Falta por clarificar todavía cuáles son los mecanismos a través de los cuales el maltrato ejerce su influencia. Corno procesos mediadores entre el maltrato y la delincuencia se han propuesto muy diferentes alternativas, tales corno el modelado, la formación de un estilo de apego inseguro que lleva a realizar interpretaciones hostiles sobre estímulos neutros, la desensibilización ante experiencias emocionalmente intensas o el desarrollo de estilos de afrontamiento desadaptativos (Widom, 1997).

Otra área de estudio ampliamente desarrollada es la de los estilos de crianza. La falta de supervisión sobre las actividades de los hijos, así como una disciplina punitiva, permisiva o inconsistente son factores predictores de delincuencia. Diferentes autores han puesto de manifiesto que un estilo «con autoridad» (authoritative), que combine apoyo afectivo y control normativo, promueve el desarrollo del autocontrol y la competencia social (Baumrind, 1978), mientras que tanto los estilos rígidos y punitivos (autoritarios) como los caracterizados por permisividad o indiferencia provocan conductas agresivas y antinormativas. Además, se han hecho análisis minuciosos del flujo de interacciones en familias de niños problemáticos y se ha encontrado que son frecuentes los intercambios coercitivos entre padres e hijos, de forma que, involuntariamente, la conducta antinormativa es reforzada: le permite al niño lograr la atención de los padres, escapar de situaciones que le resultan desfavorables o, a través del «contraataque», conseguir que los padres desistan en su castigo (Patterson, Reid y Dishion, 1992). Finalmente, otro resultado bien establecido es el poder predictivo de la conducta antisocial de los padres sobre la conducta antisocial de los hijos; este resultado se ha encontrado tanto en adultos como en adolescentes y en niños con trastorno de conducta (Lahey, Hardagen, Frick, McBurnett, Connor y Hynd, 1988).

En definitiva, son múltiples los factores de riesgo derivados de la familia. No obstante, hay que tener en cuenta que estos factores aparecen muy a menudo interrelacionados, y no se ha determinado todavía cuál es la contribución específica de cada uno de ellos. Además, tampoco se ha clarificado en qué medida estos resultados son indicativos de una relación causal de la familia sobre la conducta antisocial o sí, por el contrario, el efecto puede ser inverso, como señalaremos más adelante. Puede ocurrir, por otra parte, que sean terceras variables las que afectan tanto a las características de la familia corno a la delincuencia de los hijos. En los últimos años se está prestando gran atención a la posibilidad de que factores genéticos puedan explicar, en parte, la relación entre las características familiares y la delincuencia (véase Rutter y cols., 1998); por ejemplo, las disposiciones genéticas podrían ser parcialmente responsables tanto de las conductas hostiles y erráticas de los padres como de la conducta antisocial de los hijos.

16.2.2. EXPERIENCIAS ESCOLARES

Otro gran marco de socialización de gran relevancia durante la infancia y la adolescencia es la escuela. Por una parte, se ha investigado sí hay características del medio escolar (organización, filosofia educativa, funcionamiento) que favo recen el desarrollo de conductas antisociales. Se sabe que las escuelas difieren en sus tasas de delitos y de otras conductas problemáticas, aunque al analizar la relación entre las características escolares y la delincuencia es necesario tener en cuenta las diferencias previas en el tipo de alumnos que reciben los colegios. Algunos estudios investigaron estas relaciones, controlando las características previas del alumnado, y encontraron que, efectivamente, existen variables asociadas a la progresión en los problemas de conducta. Por ejemplo, altos niveles de delincuencia se relacionan con un estilo disciplinario rígido y coercitivo, expectativas negativas de los profesores sobre los alumnos y «etiquetado» de los jóvenes problemáticos (Rutter, Maugham, Mortimore y Ouston, 1979). Por otra parte, independientemente de las características del clima escolar, en múltiples ocasiones se ha constatado una asociación significativa entre el fracaso académico y la conducta delictiva (Loeber, Farrington, Stouthamer-Loeber y Van Kammen, 1998). No parece descabellado suponer que el fracaso por ajustarse a un medio que tiene entre sus funciones la trasmisión de normas socialmente consensuadas facilite el desarrollo de la delincuencia. No obstante, también aquí falta por analizar el sentido de la relación y se debe clarificar si se trata o no de una asociación espuria, resultado de factores familiares, personales o intelectuales que pudieran afectar tanto al logro escolar como a los problemas de conducta.

16.2.3. EL GRUPO DE AMIGOS

El llamado grupo de «iguales» adquiere gran importancia socializadora durante los años adolescentes, la etapa vital en la que las cifras de delincuencia alcanzan sus valores máximos. Por ello, es otro de los focos de atención más importante en la explicación de la delincuencia. Además, es una fuente de influencia con un protagonismo muy especial en una de las grandes orientaciones criminológicas hegemónicas en el siglo xx: la teoría de la asociación diferencial (Sutherland, 1939). Tanto este marco teórico como el del aprendizaje social (Akers, 1973) proponen que el individuo «asimila» actitudes y conductas desviadas en interacción con sus medios sociales más próximos3; entre ellos, el grupo de amigos ocupa un lugar muy destacado.

Los resultados de las investigaciones muestran que, en efecto, los sujetos antisociales suelen tener amigos antisociales; éste es, probablemente, uno de los hallazgos más consistentes de la investigación criminológica (Thornberry y Krohn, 1997). La asociación entre la delincuencia del sujeto y la de sus amigos adquiere un tamaño relativamente elevado (Romero, Luengo y Otero, 1995), y esto ha sido interpretado como apoyo a la intensa influencia de los iguales sobre la conducta antisocial. Sin embargo, en los últimos años ha adquirido fuerza una hipótesis alternativa: los sujetos que previamente pueden contar ya con actitudes y conductas desviadas eligen amigos semejantes a sí mismos y buscan ambientes en los que poder expresar sus motivaciones e intereses. En esta área de investigación se ha hecho muy popular el refrán anglosajón «birds of a feather flock together» («los pájaros con una misma pluma se aúnan en una misma bandada»); si esto es así, la implicación en grupos desviados podría ser más una variable que hay que explicar que un factor explicativo. Esta postura subraya el carácter activo del ser humano y su capacidad para configurar ambientes coherentes con sus disposiciones personales (se ha hablado mucho en la última década de la «correlación activa» entre las características individuales y el entorno en el que el sujeto se involucra; Plomin, 1994). Las investigaciones que, explícitamente, ponen a prueba estos planteamientos sugieren que la selección y la influencia probablemente son procesos complementarios (Romero y cols., 1995; Thornberry, Lizotte, Krohn, Farnworth y Jang, 1994): el individuo con actitudes antisociales selecciona amigos con características semejantes a las suyas; la implicación en el grupo probablemente consolida y refuerza las tendencias y conductas previas.

16.2.4. FAMILIA, ESCUELA Y AMIGOS: PERSPECTIVAS UNIFICADORAS

Conscientes de que la familia, la escuela y los amigos no son compartimentos aislados en la experiencia de los individuos, muchos investigadores han propuesto modelos unificadores, en los que se perfilan las relaciones entre los distintos entornos psicosociales, y entre éstos y la conducta antisocial (Elliott, Huizinga y Ageton, 1985; Hawkins y Weis, 1985; Mirón, 1990). El esquema de relaciones que subyace a la mayoría de estos modelos se presenta en la Figura 16.1.

Figura 16.1

Esquema de relaciones entre las variables familiares, escolares y grupales, y entre éstas y la conducta antisocial propuesto por los modelos psicosociales unificadores (Las flechas discontinuas representan influencias menos intensas)

Corno vernos, la familia se concibe corno una fuente primaria de influencia, que ejerce su efecto sobre las experiencias en la escuela y sobre el tipo de amigos con los que se implica el sujeto. Asimismo, las experiencias escolares influyen sobre la implicación con amigos antisociales; esta última será la influencia directa más intensa sobre la conducta antisocial. Este esquema de relaciones ha recibido confirmación en múltiples trabajos (Elliott y cols., 1985; Luengo, Otero, Carrillo y Romero, 1992). No obstante, en años recientes se ha indicado que es una representación incompleta de las relaciones entre factores psicosociales y delincuencia. Desde modelos de corte interaccionista, se viene enfatizando la influencia del individuo sobre sus entornos psicosociales (Thornberry, 1996). Esta idea, a la que ya hemos aludido al abordar las influencias del grupo de iguales, se aplica también a las variables familiares y escolares. La delincuencia no es el mero resultado final de un conjunto de influencias, sino que ella misma tiene efectos «de vuelta», erosionando todavía más los vínculos con la familia, deteriorando el rendimiento escolar y fortaleciendo la implicación con amigos antisociales. A su vez, entre los propios factores psicosociales también se establecen efectos recíprocos: la implicación con amigos desviados, por ejemplo, contribuye a enrarecer el ambiente familiar y a menoscabar el rendimiento académico. Aunque todavía son escasos los estudios realizados desde esta perspectiva, ya hay evidencia que apoya la interacción recíproca entre la familia, los amigos y la conducta antisocial (Romero y cols., 2000; Thornberry, 1996). Se crean así espirales de efectos que probablemente contribuyen a cronificar las conductas delictivas.

16.3. DETERMINANTES INDIVIDUALES DE LA CRIMINALIDAD

16.3.1. VARIABLES DE PERSONALIDAD

Son muchas las características de personalidad que se han estudiado corno posibles predictores de la conducta criminal. En un afán de sistematizar un cuerpo de conocimiento muy complejo y heterogéneo, presentarnos las principales líneas de trabajo agrupadas en dos grandes categorías (Romero, 1996; Romero y cols., 1999a): por un lado, variables de personalidad a las que se le atribuye un sustrato psicobiológico (o temperamental) y, por otro, variables de carácter sociocognitivo, que tradicionalmente se han vinculado más al aprendizaje y la socialización.

16.3.1.1. Perspectivas temperamentales

16.3.1.1.1. «Personalidades desinhibidas: el complejo psicoticismo-impulsividad-búsqueda de sensaciones»

Uno de los modelos psicobiológicos de la personalidad más desarrollados, y con más implicaciones para muy diversos campos de la conducta social, es el de Eysenck (Eysenck, 1967; Eysenck y Eysenck, 1976). Sus hipótesis sobre la rela ción entre la delincuencia y los tres grandes suprafactores (extraversión, neuroticismo y psicoticismo) son hoy todo un clásico en la Psicología Criminológica (para una exposición más detallada véase Romero y cols., 1999a). De acuerdo con Eysenck (1964) y Eysenck y Gudjonsson (1989), los delincuentes deberían puntuar alto en extraversión, puesto que la baja activación cortícorreticular de los extravertidos dificulta el condicionamiento y, por tanto, el aprendizaje de las normas. El neuroticismo también podría interferir con el aprendizaje y, además, amplifica los hábitos conductuales adquiridos, por lo que se hipotetiza que los delincuentes también deberían puntuar alto en neuroticismo; los extravertidos neuróticos serían los sujetos con mayor tendencia antisocial. Finalmente, el psicoticismo, que fue la última de las dimensiones propuestas por Eysenck (y la más debatida), con sus características de crueldad, hostilidad e insensibilidad, también debiera caracterizar a los individuos antisociales. Aunque han generado muy abundante investigación, los supuestos de Eysenck no se vieron totalmente confirmados. La extraversión ha dado lugar a datos muy contradictorios - recientemente se ha planteado que pudiera relacionarse básicamente con una delincuencia juvenil, grupal, de carácter leve - (Romero, Luengo y Sobral, 2001a), y también contradictoria ha sido la evidencia sobre el neuroticismo. De las tres dimensiones de Eysenck, sólo el psicoticismo se ha visto consistentemente relacionado con la conducta antisocial, en diferentes tipos de poblaciones y con diferentes diseños metodológicos (Furnham y Thompson, 1991; Romero y cols., 1999a).

La impulsividad es otra de las características personales más populares en la psicología de la conducta criminal, a pesar de las dificultades que entraña su conceptualización y su medida (Carrillo, 1993; Romero, Luengo, Carrillo y Otero, 1994). Teorías de muy diferente orientación han propuesto que las dificultades para reflexionar antes de actuar y/o para considerar las consecuencias futuras de la conducta4 ponen al individuo en riesgo de implicación delictiva (Gottfredson y Hirschi, 1990; Wilson y Herrnstein, 1985). Las investigaciones han mostrado que, efectivamente, los delincuentes puntúan alto en impulsividad, al menos cuando ésta se evalúa a través de autoinformes. Este es otro de los resultados más replicados en el área de la relación entre personalidad y delincuencia; la imnpulsividad autoinforimada no sólo correlaciona transversalmente con la delincuencia (Ortet, Pérez, Pla y Simó, 1988; Silva, Martorell y Clemente, 1987), sino que se ha mostrado como un predictor prospectivo de la progresión en conducta antisocial (Luengo, Carrillo, Otero y Romero, 1994; Romero y cols., 200la).

También la búsqueda de sensaciones, tal y como ha sido definida por Zuckerman (la búsqueda de experiencias y sensaciones variadas, nuevas, complejas e intensas y la disposición a asumir riesgos físicos, sociales, legales y financieros a fin de lograr tales experiencias; Zuckerman, 1994) es un predictor robusto de la conducta antisocial. La idea de que la delincuencia responde, en parte, a la búsqueda de emociones y de estimulaciones novedosas es, en sí misma, una idea muy difundida (Farley y Farley, 1972; Quay, 1965), que parece ser compartida por los propios delincuentes cuando éstos explican los «porqués» de su conducta (Agnew, 1990).

Se han propuesto que estas tres dimensiones (psicoticismo, impulsividad y búsqueda de sensaciones), que parecen ser los correlatos personales más intensos de la conducta delictiva, forman parte de un mismo estilo de personalidad «desinhibida» (Zuckerman, 1991, 1994), y componen una dimensión más amplia denominada «Búsqueda de Sensaciones Impulsiva no Socializada». Inspirándose en el modelo de Gray (1972), Zuckerman propone que los individuos altos en esta dimensión tienen fuertes «motores» de aproximación a los estímulos nuevos y gratificantes, y débiles «frenos» conductuales (por ejemplo, se inhiben menos ante las señales de castigo y, por tanto, son menos «disuadidos» por las consecuencias negativas de la delincuencia). Este rasgo se ha asociado con un sustrato genético (se ha implicado al gen del receptor D4 de la dopamina; Cloninger, Adolfsson y Svrakic, 1996) y con ciertos mecanismos hormonales (altos niveles de andrógenos). Asimismo, se ha escrito mucho sobre sus bases bioquímicas: bajos niveles de la enzima monoaminoxidasa (MAO-B); fuerte sistema dopaminérgico, comprometido en la «energetización» de la conducta de aproximación; débil sistema serotonérgico, implicado en la inhibición conductual). A nivel psicofisiológico, la búsqueda de sensaciones impulsiva aparece relacionada con los llamados patrones de «aumento» - augmenting - en los registros de potenciales corticales evocados5.

Como ha señalado Raine (1993), si la personalidad desinhibida descansa sobre un «suelo» psicobiológico, cabe esperar que la delincuencia muestre también algún tipo de relación con ese mismo sustrato. Si la psicobiología de la delincuencia demuestra que esos mismos correlatos genéticos, bioquímicos o psicofisiológicos se asocian con la conducta criminal, obtendríamos otra vía de evidencia para la importancia de las variables temperamentales. Esto es lo que, de un modo necesariamente somero, abordamos en el próximo apartado.

16.3.1.1.2. «Corrientes psicobiológicas»

La investigación sobre la psicobiología de la delincuencia es hoy un campo de enorme dinamismo, superados en buena parte los recelos de otras épocas (Romero y cols., 1999a; Wright y Miller, 1998). Por un lado, los estudios genético-conductuales (de gemelos y de adopción) han mostrado que la conducta criminal está sujeta, en alguna medida, a la heredabilidad biológica (véase la revisión de Carey y Goldman, 1997), si bien estos estudios también revelan la importancia de las influencias ambientales y la existencia de interacciones entre la genética y el ambiente (Cloninger, Sigvardsson, Bohman y Von Knorring, 1982). En cualquier caso, y dado que no existen genes que codifiquen directamente la conducta delictiva, lo que es necesario aclarar es cuáles son los mediadores entre la influencia genética y la conducta. En este sentido, muchas líneas se han desarrollado sobre características neuroendocrinas, bioquímicas y psicofisiológicas asociadas a la criminalidad. Una corriente ya antigua relaciona a la conducta antisocial (especialmente la agresión en respuesta a provocaciones) con altos niveles de andrógenos, si bien la influencia de los andrógenos parece más débil y compleja que lo que en un principio se había considerado (Brain y Susman, 1997); asimismo, bajos niveles de cortisol se han visto relacionados con conductas antisociales en niños y en adultos (Virkkunen, 1985). También bajos niveles de MAO y de serotonina, y altos niveles de dopamina se han encontrado vinculados a la conducta criminal (Raine, 1993). En el plano de la psicofisiología, la conducta criminal se ha relacionado con una baja activación del sistema nervioso autónomo (bajos niveles de conductancia dérmica, baja tasa cardíaca), lo que se ha interpretado como manifestaciones de un débil sistema de inhibición conductual (sensibilidad a las señales de castigo), en línea con los planteamientos de Gray (1972). Asimismo, en los registros de potenciales evocados, se ha encontrado evidencia del fenómeno de «aumento» en los individuos antisociales (Raine, 1989). Estas vías de trabajo deben seguir desarrollándose, dado que no faltan resultados contradictorios y dado que son varias las limitaciones que se les han atribuido (por ejemplo, operativizaciones muy heterogéneas de la conducta criminal, muestras institucionalizadas con características muy peculiares, indicadores muy indirectos de la actividad bioquímica cerebral, posibilidad de efectos recíprocos entre lo biológico y lo conductual; Rutter y cols., 1998). No obstante, progresivamente se va acumulando un acervo de conocimientos coherente con la investigación sobre personalidad y delincuencia. Integrando datos, se ha sugerido que las características genéticas influirían sobre características biológicas asociadas a un fuerte sistema de aproximación y a un débil sistema de inhibición conductual; estas características darían lugar a una personalidad desinhibida y ésta, siempre en interacción con el entorno, actuaría como elemento de propensión a la conducta criminal (Romero y cols., 1999a).

Finalmente, señalemos que, desde luego, éstas no son las únicas líneas de trabajo en la psicobiología de la delincuencia (para una buena revisión véase Raine, 1993). Otras corrientes, por ejemplo, han observado relaciones entre la conducta antisocial y factores biológicos de origen ambiental, no genético, tales como accidentes y lesiones cerebrales, complicaciones perinatales, hipoglucemia, anomalías físicas menores, intoxicación por plomo, etc. Estos factores han sido menos investigados que los antes comentados, pero revelan que lo biológico y lo ambiental no deben ser contemplados como términos antagónicos; y se pone de manifiesto que muchos factores biológicos que afectan a la conducta antisocial y a otras disfunciones personales son claramente susceptibles de prevención a través de intervenciones ambientales.

16.3.1.2. El polo sociocognitivo

Al margen de las características temperamentales, muchos autores han buscado los correlatos sociocognitivos de la delincuencia; se trata de analizar los filtros de conocimiento a través de los que el sujeto antisocial capta su mundo. Estas variables han despertado mucho interés entre los estudiosos con una orientación más aplicada, que han visto en ellas un objetivo primordial para los programas preventivos o terapéuticos.

16.3.1.2.1. «El papel del autoconcepto/autoestima6: un interrogante no resuelto»

Desde distintos puntos de vista teóricos se ha propuesto que una autoestima negativa actúa como factor de riesgo de la conducta antisocial (Cohen, 1955; Kaplan y Peck, 1992). Una visión muy difundida sostiene que la conducta criminal es una forma de compensar una autoestima deteriorada; a través del comportamiento antisocial el individuo busca demostrar (y demostrarse) una valía personal que no ha logrado interiorizar a través de la vida convencional. Sin embargo, recientemente se ha propuesto una visión diferente. Baumeister (1999) sostiene que lo que caracteriza a los antisociales (especialmente a los violentos) no es una débil autoestima, sino más bien una autoestima hipertrofiada. Los individuos antisociales ostentan una visión inflada, narcisista, de sí mismos; la conducta antisocial se dispara cuando otros cuestionan esa imagen exageradamente positiva, de forma que el narcisismo se ve amenazado. Lo cierto es que la relación entre autoestima y conducta antisocial no acaba de clarificarse. Los resultados son contradictorios y los estudios adolecen de serias limitaciones (por ejemplo, se compara a delincuentes institucionalizados con sujetos de la población general, lo cual no permite descartar que sea el internamiento el que daña la autoestima). Hay quien plantea que es una relación especialmente difí cil de apresar con los instrumentos de evaluación más utilizados, dado que el autorrechazo puede permanecer oculto como consecuencia de reacciones defensivas (Keith, 1984). El problema se complica si asumimos que la autoestima puede ser un constructo multidimensional, y que la autovaloración no es homogénea en diferentes parcelas vitales. Se ha encontrado, por ejemplo, que los sujetos antisociales realizan autovaloraciones negativas en ciertos ámbitos (familia o ámbito académico), pero presentan una elevada autoestima en el contexto de los amigos (Romero, Luengo y Otero, 1998). En cualquier caso, quedan importantes puntos oscuros en esta área de trabajo. Si una baja autoestima (ya sea global o en determinados ámbitos) conduce a la delincuencia, habría que aclarar por qué en otros individuos una baja autoestima genera inhibición y trastornos de interiorización. Se debería analizar en profundidad qué características personales y/o ambientales modulan las consecuencias conductuales de una baja autoestima.

16.3.1.2.2. «Concepciones sociomorales: los estadios de Kohlberg y el "desenganche" moral»

Los planteamientos de Kohlberg sobre el desarrollo cognitivo-moral han tenido su aplicación en la explicación de la criminalidad. Desde este modelo se supone que el desarrollo moral se produce a través de una secuencia de etapas universales, que van dando lugar a un razonamiento progresivamente más complejo. La conducta antisocial estaría asociada a las etapas inferiores del razonamiento moral. Pese a la popularidad de esta hipótesis, los datos no la han respaldado consistentemente (véase Blackburn, 1993; Romero y cols., 1999a). Los estudios que sí muestran relación entre las etapas de Kohlberg y la conducta antisocial están limitados por los efectos de la institucionalización; cuando este efecto es controlado, la relación se atenúa y se hace insignificante (Emler, Heather y Winton, 1978). De acuerdo con algunos autores (Blackburn, 1993), los delincuentes son muy heterogéneos en sus niveles de razonamiento moral; un retraso en la maduración moral sería característico solo de ciertos subtipos, como los psicopáticos. En cualquier caso, hay que señalar que, en general, las etapas de Kohlberg, monolíticas, irreversibles y universales, han sido acusadas de excesiva rigidez y de menoscabar los aspectos afectivos implicados en las decisiones morales, un aspecto sobre el que volveremos en un próximo apartado, al discutir el papel de la empatía.

Una perspectiva diferente sobre la regulación moral del comportamiento es la propuesta por Bandura (Bandura, 1991; Bandura, Caprara, Barbaranelli y Pastorelli, 2001). En términos breves, se intenta especificar de qué modos las personas pueden violar las normas morales asumidas y realizar conductas antisociales sin que esto cause autosanciones o malestar en el individuo. Este es el proceso de «desvinculación» o «desenganche» (disengagement) moral, que Bandura describe apelando a mecanismos como la difusión de la responsabilidad, la comparación con otros actos más brutales, la mínimización de las con secuencias o la atribución de culpa a la víctima'. Esta propuesta se enmarca dentro de un modelo más complejo sobre la autorregulación humana (véase Bandura, 1999), que proporciona una visión más matizada y procesual de la conducta moral y que ya ha empezado a dar sus frutos en el campo de la conducta antisocial. Se ha mostrado que el desenganche moral promueve la aparición de cogniciones hostiles y rebaja los sentimientos de culpabilidad, favoreciendo la implicación antisocial (Bandura, Barbaranelli, Caprara y Pastorelli, 1996; Bandura y cols., 2001).

16.3.1.2.3. «Habilidades interpersonales y empatía»

Muchos autores han relacionado la criminalidad con deficitarias habilidades para resolver problemas interpersonales y con deficitarias habilidades conductuales en la interacción social (Sarason, 1968). Las investigaciones realizadas proporcionan resultados un tanto inconsistentes, debido en gran parte a la disparidad conceptual y metodológica que afecta al área de las habilidades interpersonales (véase Pelechano, 1996, 2000). Otro de los problemas es que muchos estudios se han realizado con delincuentes detectados e institucionalizados, lo cual, una vez más, no permite descartar un efecto de «aprehensión diferencial» (los delincuentes menos habilidosos son los que llegan a ser institucionalizados) ni permite descartar que sea el internamiento el que deteriore esas habilidades. Actualmente, la conclusión más aceptada es que los delincuentes son un grupo heterogéneo en su competencia social (Veneziano y Veneziano, 1988) y que, aunque no todos, muchos podrán beneficiarse de los programas de entrenamiento en habilidades interpersonales; ésta es una modalidad de intervención ampliamente desarrollada, que ha generado interesantes resultados (Beleña, 1992; Ross y Ross, 1995). Finalmente, dentro de las habilidades interpersonales, la empatía merece una mención especial, por haber dado lugar, en sí misma, a una rica tradición de investigación. De nuevo, nos encontramos con un concepto multívoco (Mirón, 1990; Romero y cols., 1999a), al que se han atribuido componentes cognitivos (ser capaz de reconocer los pensamientos o sentimientos de los demás) y afectivos (responsividad emocional ante los sentimientos de los demás). Esta distinción es muy relevante, dado que se ha visto que los delincuentes no necesariamente puntúan bajo en empatía cognitiva (Pelechano, 2000), pero sí en empatía afectiva (Mirón, 1990; Romero, 1996). La reacción emocional ante el sufrimiento de los demás parece vital en la determinación de la conducta prosocial o antisocial. Conocer los sentimientos de otras personas no necesariamente inhibe de hacerles daño si a ese conocimiento le falta profundidad afectiva; como señalan Gordon y Arbuthnot (1987), una alta empatía cognitiva puede incluso facilitar la acción criminal (por ejemplo, ayudaría a planificar crímenes más efectivos) si el sujeto no se ve «contagiado» por el malestar de sus víctimas.

16.3.1.2.4. «Sistemas de valores»

Diversos modelos sociológicos han teorizado sobre la relación entre valores y conducta criminal. Para las llamadas teorías de la «subcultura», la delincuencia es el resultado de sistemas de valores específicos (por ejemplo, dureza, excitación o conflicto), que se sitúan en las clases bajas y que acaban estimulando o legitimando la conducta antisocial. Sin embargo, para los teóricos del control social las diferencias entre delincuentes y no delincuentes vienen dadas no por valores que estimulen la delincuencia, sino por la ausencia de valores convencionales que aíslen al sujeto del delito. Por otra parte, para las teorías de la «anomia» la delincuencia es el resultado de la disparidad entre metas y medios; los delincuentes asumen, en principio, iguales valores que los individuos convencionales (éxito, poder o dinero); su conducta antisocial proviene de la incapacidad para conseguir esas metas por vías socialmente aceptadas. En realidad, los estudios sobre valores y delincuencia muestran que sí existen diferencias entre los valores de delincuentes y no delincuentes. Tanto los estudios de «grupos conocidos» (Luengo, 1982, 1985) como los estudios sobre delincuencia autoinformada (Romero, Sobral, Luengo y Marzoa, 2001b) obtienen un mismo tipo de resultados: la conducta antisocial correlaciona positivamente con valores hedonistas, que implican un bienestar personal inmediato (placer, tiempo libre o sexo), y correlaciona negativamente con valores de trascendencia social (justicia o democracia) y con valores comúnmente transmitidos en la socialización convencional (familia o trabajo). Estos resultados son congruentes con los trabajos sobre la impulsividad y la búsqueda de sensaciones, que nos describen a un delincuente con un corto horizonte temporal, volcado en su presente e interesado por buscar experiencias estimulantes y placenteras. De hecho, se ha propuesto que los valores podrían ser mediadores a través de los cuales las variables temperamentales ejercen sus efectos (Luengo, 1982; Romero, Sobral, Luengo y Marzoa, 1999b).

16.3.1.2.5. «Modelos sociocognitivos sobre la agresión: los planteamientos de Dodge»

Muchos autores han enfocado su trabajo hacia los mecanismos cognitivos que subyacen a un tipo particular de comportamiento antisocial: la conducta agresiva (Bandura, 1973; Berkowitz, 1963). En los últimos años, investigadores formados dentro de la corriente del procesamiento de información integran esos mecanismos en modelos amplios y especifican toda la secuencia de acciones mentales que discurren entre una situación social y una conducta agresiva. Uno de estos modelos que está ejerciendo gran influencia en este campo es el de Dodge (1993). Este autor propone que, entre una situación social y la conducta agresiva median cinco etapas de procesamiento: 1) codificación de los estímulos sociales: entre todo el flujo de información el individuo selecciona ciertas claves situacionales que considera de particular importancia; 2) interpretación de las claves sociales: el individuo asigna significado a la información seleccionada; 3) generación de posibles respuestas ante la situación; 4) evaluación de esas respuestas y toma de decisiones; y 5) realización de la respuesta elegida. En cada una de esas etapas se pueden producir sesgos que van conduciendo a la conducta agresiva. Así, en cuanto a la primera fase, se ha encontrado que los niños agresivos atienden a un menor número de claves situacionales que los no agresivos y su atención se dirige hacia los estímulos que indican hostilidad y amenaza. En la segunda fase, ha sido muy estudiado el llamado sesgo de atribuciones hostiles: interpretar como signos de provocación estímulos que son, en realidad, neutros. En la tercera fase, se ha comprobado que los agresivos generan un menor número de respuestas posibles ante situaciones problemáticas, y, entre esas respuestas, tienden a centrar su atención en opciones desadaptativas. En la fase de decisión, se sabe que los niños agresivos evalúan más favorablemente las respuestas agresivas; perciben que la agresión les reporta beneficios, tales como sentimientos positivos o la aprobación del grupo; además, tienen expectativas positivas sobre su capacidad para agredir y expectativas negativas sobre su capacidad para emitir respuestas no violentas. Finalmente, en cuanto a la fase de realización, se ha comprobado que los niños agresivos muestran habilidades deficitarias en su conducta verbal y motora a la hora de establecer relaciones sociales, lo cual también alimenta el despliegue de alternativas violentas. Dodge plantea que estos patrones agresivos de procesamiento se ven afectados tanto por las disposiciones temperamentales como por las experiencias ambientales. La impulsividad, por ejemplo, puede conducir a que se generen menos alternativas de respuesta y a una deficiente evaluación de éstas. Los déficits atencionales (resultado, por ejemplo, de complicaciones perinatales) afectarían a la primera etapa de procesamiento, dificultando la codificación de todos los elementos relevantes. En cuanto a las experiencias ambientales, ciertos datos sugieren que el maltrato infantil genera esquemas del mundo como un lugar hostil, de forma que el niño se vuelve hipervigilante ante las claves hostiles, interpreta como hostiles situaciones ambiguas y genera con facilidad respuestas agresivas (Dodge, Bates y Pettit, 1990).

En definitiva, el modelo recoge resultados cosechados en distintos terrenos de trabajo y los aúna en un armazón que contempla tanto las influencias biológicas como las ambientales y que desgrana las operaciones cognitivas precedentes a la agresión. Sus implicaciones sobre la intervención son evidentes: de acuerdo con el modelo, los programas deben ir encaminados a neutralizar los sesgos de las distintas fases del procesamiento.

16.3.2. INI'LLI(:LNCIA Y CRIMINALIDAD

Varios de los factores discutidos hasta este momento pudieran ser integrados dentro del campo de la «inteligencia social». No obstante, también debemos hacer referencia a la inteligencia psicométrica más «abstracta», tal y corno se operativiza en los test que evalúan el llamado «cociente intelectual» (CI). Este es otro de los ternas considerados «poco gratos» por la criminología sociológica, que vio en estos estudios la amenaza de derivaciones lombrosianas o de posturas discriminatorias (Bartol, 1999). A pesar de todo, muchos trabajos fueron mostrando que, corno promedio, los delincuentes puntuaban más bajo que los no delincuentes en los test de inteligencia (Wilson y Herrnstein, 1985). Muchas voces escépticas se preguntaron si ésta no sería, en realidad, una asociación espuria. Por ejemplo, una baja clase social podría ser la responsable de la conducta antisocial y también del bajo desarrollo intelectual (los sujetos de clases bajas recibirían menos estimulación y menos oportunidades de enriquecimiento cognitivo); otros plantearon que, puesto que los estudios (una vez más, de grupos conocidos) comparaban delincuentes institucionalizados y sujetos de la población general, una baja inteligencia podría asociarse con el riesgo de ser detectado, y no propiamente con la conducta criminal. No obstante, estas alternativas no han recibido apoyo (Lynam, Moffitt y Stouthamer-Loeber, 1993): la relación persiste aun controlando la clase social y, si se comparan delincuentes detectados y delincuentes no detectados, ambos grupos tienen cocientes intelectuales igualmente bajos (Moffitt y Silva, 1988). Otros trabajos van más allá de las medidas ómnibus de inteligencia e intentan especificar en qué aspectos del funcionamiento cognitivo los delincuentes rinden peor. En este sentido, los estudios con las escalas de Wechsler constatan que, en los delincuentes, es el Cl verbal (pero no el Cl manipulativo) el que tiende a ser bajo; la discrepancia entre el Cl verbal y el Cl manipulativo parece ser mayor en los delincuentes reincidentes y en los psicopáticos (Blackburn, 1993); tales datos sugieren que un procesamiento lingüístico deficiente pudiera ser un correlato importante de la conducta criminal y han llevado a plantear que ésta pudiera asociarse a algún tipo de disfunción en el hemisferio izquierdo.

Con todo, no se ha determinado con claridad cuáles son los mecanismos que explican la relación entre la inteligencia y la criminalidad. Son muchas las hipótesis planteadas. Por ejemplo, se ha propuesto que el flujo causal podría discurrir desde la delincuencia al CI. Un estilo de vida violento pudiera acarrear lesiones en la cabeza que deterioran las habilidades intelectuales; asimismo, el consumo de drogas pudiera tener efectos nocivos en el funcionamiento cognitivo. Otros planteamientos proponen que las diferencias en los CI pudieran deberse a la falta de motivación de los delincuentes a la hora de realizar las pruebas. Estas hipótesis también han sido refutadas en diversas investigaciones. Se ha visto que la relación negativa entre el CI y la conducta antisocial existe en etapas muy tempranas de la vida, antes de que el estilo de vida delictivo pudie se ejercer efecto; además, incluso controlando la motivación y el esfuerzo en la prueba, la relación persiste (Lynam y cols., 1993). Actualmente, se admite que la dirección causal probablemente discurre de la inteligencia a la criminalidad, aunque no hay acuerdo sobre los procesos responsables de esa influencia. El efecto pudiera ser directo; un bajo CI puede ser indicador de bajas habilidades de planificación y autocontrol; estos déficits implicarían un riesgo directo de conducta antisocial. No obstante, el efecto puede ser indirecto, a través del fracaso escolar; un bajo CI predispone a un bajo rendimiento en la escuela; éste sería el responsable de que el sujeto se desvincule de los ambientes convencionales y acabe implicado en la delincuencia.

Por otra parte, se ha encontrado que un bajo CI puede ser característico sólo de algunos tipos de delincuentes, particularmente de aquellos con un comienzo temprano y con disfunciones psicosociales más severas. Estos resultados reciben especial atención en los últimos años y son incorporados específicamente por el modelo de Moffitt (1993), que a continuación abordamos.

16.4. INTEGRANDO FACTORES, DELINEANDO TRAYECTORIAS: MODELO DE MOFFITT

En la década de los 90 irrumpe en el panorama teórico de la criminología una serie de modelos teóricos que comparten características comunes y que ofrecen esquemas más complejos y dinámicos que las perspectivas tradicionales (Romero, 1998). Los modernos modelos asumen una visión transaccional entre el individuo y su ambiente; como señalamos más arriba, la delincuencia no es un mero efecto de un conjunto de factores, sino que ella misma forma parte de una cadena de procesos que la realimentan. Además, estos modelos adoptan una visión evolutiva de la delincuencia: se trata de explicar cómo aparece y cómo se desarrolla desde los primeros años de vida, identificando sus antecedentes más tempranos. Un ejemplo representativo de esta «nueva ola» es el modelo de Moffitt (1993), que hoy es reconocido como un marco de gran interés para aglutinar datos y orientar la investigación. El modelo asume que existen dos grandes tipos de delincuentes, que presentan trayectorias diferentes y que responden a etiologías y pronósticos también distintos: los delincuentes «persistentes» (life-course-persistent) y los delincuentes «temporales» (adolescence-limited). Los mecanismos que subyacen a ambos tipos se presentan esquemáticamente en la Figura 16.2.

La delincuencia persistente tiene sus orígenes en los años preescolares, y en su etiología se engarzan factores personales y sociales, en una espiral de efectos acumulativos. Concretamente, el ciclo comienza en la intersección entre un niño con temperamento difícil (impulsividad, déficit de autocontrol, desinhibición, irritabilidad, etc.) y un ambiente familiar adverso. El temperamento «difícil» es el resultado de pequeñas alteraciones neuropsícológícas, las cuales, a su vez, pueden resultar de complicaciones prenatales y perínatales o de factores genéticos8. La crianza de estos niños exige buenas dosis de paciencia y de consistencia por parte de los padres. Cuando éstos, por diferentes razones (conflicto familiar, estrés psicosocial, desventajas socioeducativas, etc.) no ponen en práctica las técnicas educativas adecuadas, se crea un escenario de interacciones recíprocas entre un niño vulnerable y un ambiente adverso. Las conductas del niño evocan ira y malestar en los padres, aparecerán prácticas disciplinarias inapropiadas y se exacerbará el comportamiento problemático del sujeto. En estos primeros años es cuando se produce el primer fracaso en el aprendizaje de las normas. A partir de ahí, se produce una cascada de eventos (efecto «bola de nieve») que acaba cronificando las conductas disruptivas. El niño accede al colegio mal equipado para asumir normas y aparece el fracaso escolar, de forma que la conducta antisocial se agudiza. Esta, a su vez, dará lugar al rechazo por parte de iguales convencionales y la implicación en grupos de amigos desviados, lo cual también contribuye a agravar el problema. En la adolescencia, la conducta entrará en conflicto con las normas legales y esto puede dar lugar a la institucionalización; además, el sujeto está en una posición desfavorable para incorporarse al mundo del trabajo, quizás se haya implicado en consumo de drogas, etc. Cada vez se van restringiendo más las oportunidades para un funcionamiento socialmente adaptado, de forma que la conducta antisocial se hace persistente y difícil de tratar.

Figura 16.2

Esquema de las cadenas causales propuestas por Moffitt (1993) para los delincuentes persistentes y los delincuentes temporales

DELINCUENCIA

PERSISTENTE

DELINCUENCIA

TEMPORAL

En contraposición a esta trayectoria, la conducta antisocial «temporal» (un fenómeno mucho más frecuente) aparece en la adolescencia, en individuos sin disfunciones cognitivas, personales o sociales previas. Es una respuesta al lapso madurativo de la adolescencia: el joven tiene madurez biológica pero todavía no goza de los «privilegios» de los roles adultos; por ello, buscará vías por las que expresar su autonomía. Los delincuentes «persistentes» pueden aparecer como un grupo de referencia que ha logrado ciertas «conquistas» (por ejemplo, independencia respecto de la familia o experiencia sexual), por lo que los adolescentes pueden imitar las conductas de esos jóvenes delincuentes más «expertos». No obstante, se trata de una actividad antisocial transitoria, que desaparece si se adquieren roles adultos, y que no presenta secuelas en el desarrollo del individuo, dado que éste cuenta con suficientes recursos personales y vínculos convencionales para implicarse en un estilo de vida saludable.

El modelo de Moffitt proporciona tejido teórico a la distinción del DSM-IV entre trastornos de conducta «de inicio infantil» y «de inicio adolescente», e integra muy distintos factores en un armazón dinámico e interactivo. Su taxonomía insta a estudiar por separado los dos tipos de conducta antisocial; muchas de las variables individuales y psicosociales que se han asociado a la conducta criminal podrían ser específicas del subtipo «persistente». Esto ayudaría a entender muchos datos contradictorios que, como hemos visto, aparecen cuando se estudia globalmente a «los delincuentes», en especial cuando estos estudios se realizan sobre poblaciones adolescentes.

16.5. EL DESAFÍO DE LA PERSONALIDAD PSICOPÁTICA

En un capítulo sobre psicología de la conducta criminal, no podemos dejar de hacer mención a la psicopatía, un concepto de enorme trascendencia para comprender ciertos patrones de conducta antisocial crónica y severa. De hecho, numerosos estudios han relacionado a la psicopatía con altas tasas de delitos (a los psicópatas se les considera a veces delincuentes de «alta densidad»), altas cifras de crímenes violentos y de agresiones sexuales graves, y altos niveles de reincidencia (para una revisión, véase Hart y Hare, 1997). Además, los psicópatas se han mostrado como una categoría de delincuentes especialmente resistente al tratamiento (Losel, 1998). Aunque, con frecuencia, los estudios sobre evaluación de programas presentan debilidades metodológicas (falta de grupos control adecuados, procedimientos cuestionables para la evaluación de la psicopatía, intervenciones vagamente definidas, etc.), la evidencia sugiere que los tratamientos tienen escaso éxito con los delincuentes psicopáticos; algunos estudios sobre comunidades terapéuticas han mostrado incluso que el tra tamiento puede tener efectos negativos en los psicópatas (Rice, Harris y Cormier, 1992).

A pesar de la relevancia de la psicopatía, una de las constantes en la investigación es la controversia a la hora de definirla y operativizarla (Aluja, 1989; Luengo y Carrillo, 1995). El concepto tiene sus orígenes en la primera mitad del siglo xix, cuando desde la Psiquiatría se describe un patrón de conducta violenta que no se asociaba a ideas delirantes ni a otros síntomas que se consideraban característicos de los trastornos mentales. A partir de aquí se desarrollan dos tradiciones conceptuales en el análisis de la psicopatía. Por un lado, una aproximación «basada en la personalidad» (Lilienfeld, 1994), que emana de la práctica clínica y que contempla a la psicopatía como una constelación de rasgos de carácter afectivo e interpersonal. En esta tradición, el autor más influyente ha sido Cleckley (1941), quien delinea un conjunto de 16 criterios para el diagnóstico de la psicopatía; entre ellos se encuentran, por ejemplo, el egocentrismo, encanto superficial, falta de remordimientos, pobreza emocional e insensibilidad en las relaciones interpersonales. Dentro de esta tradición, se realiza una distinción clara entre psicopatía y conducta antisocial crónica: ni todos los delincuentes crónicos son psicópatas, ni todos los psicópatas tienen un historial delictivo; Cleckley (1941) insistió, de hecho, en que muchos psicópatas desempeñan profesiones socialmente respetadas y consiguen vivir sin conflictos con los sistemas de justicia. Sin embargo, desde la otra gran tradición (la aproximación basada en la conducta), los criterios conductuales priman sobre los personales a la hora de identificar al psicópata. Se argumenta que los criterios de personalidad requieren un nivel de inferencia demasiado elevado y, por ello, difícilmente los clínicos pueden realizar una evaluación fiable. Así pues, se opta por criterios conductuales más «duros» y públicamente observables. Esta es la opción por la que se han decantado las últimas versiones del DSM. A diferencia del DSM-II, que sí daba prioridad a las características personales en la categoría diagnóstica equivalente a la psicopatía, en el DSM-III el llamado «trastorno antisocial de la personalidad» queda definido por indicadores de conducta antisocial continuada. De este modo, se consiguen altos niveles de fiabilidad interjueces, pero, a juicio de muchos, se pierden los elementos más críticos de la psicopatía. Aunque en el DSM-III-R y el DSM-IV se intentó dar mayor cabida a los elementos personales, el diagnóstico sigue recayendo fundamentalmente en el historial antisocial del sujeto.

Pese a las polémicas, en los últimos años ha ido ganando aceptación una forma de evaluar y de conceptualizar la psicopatía en la que confluyen tanto los aspectos personales como los conductuales: la aproximación de Hare (Hare, Hart y Harpur, 1991). El Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R), instrumento desarrollado por este autor, es una escala de calificación diseñada para la identificación de psicópatas en poblaciones forenses o psiquiátricas. El evaluador basa sus calificaciones en una entrevista semiestructurada y en la revisión de los datos de archivo disponibles sobre el sujeto. Diversas investigaciones han encontrado que la psicopatía, tal y como es evaluada por el PCL-R, consta de dos factores (véase, por ejemplo, Moltó, Poy y Torrubia, 2000): el Factor 1 recoge las características afectivas e interpersonales (encanto superficial, ausencia de remordimientos o manipulación), mientras que el Factor 2 recoge los aspectos más conductuales, referidos a conductas desviadas y a un estilo de vida inestable y antisocial. Recientemente, estudios realizados desde la Teoría de Respuesta al ítem (TRI), encuentran que los ítems del Factor 1 son los más discriminativos y los que proporcionan más información sobre el constructo (Cooke y Michie, 1997). Además, nuevos análisis, utilizando técnicas confirmatorias, sugieren que pueden ser tres factores, y no dos, los que representen la estructura de la psicopatía (Cooke y Michie, 1999); concretamente, el Factor 1 se secciona en dos: uno de ellos captaría los aspectos afectivos y otro captaría los elementos interpersonales. En la Tabla 16.1. se presentan los ítems que configuran cada uno de los tres factores.

Tabla 16.1

Ítems del PCL-RP que definen los tres factores identificados por Cooke y Michie (1999)

Nota: Cooke y Michie (1999) eliminan de sus análisis siete ítems del PCL-R, los que de un modo más explícito evalúan conducta antisocial (por ejemplo, problemas de conducta tempranos, delincuencia juvenil o versatilidad criminal), dado que los análisis realizados desde la Teoría de Respuesta al Item mostraron que añadían muy poca información sobre el constructo subyacente.

Si la conceptualización de la psicopatía ha generado abundante debate, también la búsqueda de causas ha dado lugar a posturas muy diversas. Actualmente existen numerosos frentes abiertos, aunque se carece de un conocimiento completo e integrado de los mecanismos que explican la psicopatía. Los problemas conceptuales y metodológicas han dificultado, en parte, estas investigaciones; puesto que las formas de entender y de evaluar la psicopatía han sido muy diversas, muchas veces no ha quedado claro si los resultados tienen que ver propiamente con la psicopatía o simplemente con la criminalidad. Algunas corrientes de estudio subrayan la hiporreactividad de los psicópatas ante estímulos que, en sujetos normales, evocan miedo (Lykken, 1957). Otros autores han mostrado que los psicópatas no modulan sus respuestas de acuerdo con las contingencias ambientales; en tareas de laboratorio se ha visto que, cuando una respuesta ha sido recompensada, los psicópatas «perseveran» en ella, a pesar de que el contexto haya cambiado y ahora la respuesta sea castigada (Newman, Patterson y Kosson, 1987). Por otra parte, interesantes líneas de trabajo muestran que los psicópatas presentan un deficiente procesamiento de los estímulos con contenido emocional (Williainson, Harpur y Hare, 1991); esto se aprecia, por ejemplo, en tareas de decisión léxica (el sujeto debe decidir, lo más rápidamente posible, si un grupo de letras forman una palabra); los psicópatas no reaccionan más rápido (ni con un patrón de potenciales evocados diferente) ante palabras neutras que ante palabras emocionales; estos resultados contrastan con los sujetos no psicopáticos (ante palabras emocionales las respuestas son más rápidas y con un patrón de potenciales evocados que indican una atención elevada y un procesamiento más intenso). El pensamiento y el lenguaje de los psicópatas parece estar despojado del «color» emocional tan necesario para la inhibición y la dirección del comportamiento. Además, se deben destacar las líneas de investigación neuropsicológica, que encuentran déficits en las funciones ejecutivas (Gorenstein, 1982), asociadas a la planificación y control de la conducta; recientemente, se han desarrollado estudios de neuroimagen, que estudian de forma más directa la actividad de diferentes zonas cerebrales, y que encuentran evidencia de disfunciones en áreas prefrontales (Raine, 2000). Otras perspectivas interpretan la psicopatía en clave sociobiológica (Mealey, 1995); los psicópatas serían portadores de una «estrategia» particular de supervivencia y de reproducción, basada en el engaño, el oportunismo y la depredación.

A este amplio espectro de pespectivas biológicas y neurocognitivas, debemos sumar las hipótesis psicosociales. Algunos autores han insistido en el ambiente familiar temprano como una fuente de riesgos para el desarrollo psicopático. Por ejemplo, la negligencia por parte de los padres, el rechazo y el castigo físico podrían insensibilizar ante el dolor e impedir el desarrollo de la empatía (McCord, 2000). No obstante, el peso de las variables familiares todavía es un asunto no resuelto. Algunos estudios encuentran que los factores familiares son menos determinantes en los psicópatas que en los delincuentes no psicopáticos (DeVita, Forth y Hare, 1990). Además, aun en los estudios que constatan una relación entre las conductas abusivas/negligentes de los padres y la psicopatía, no se ha descartado la posibilidad de que la relación sea espuria, producto de tendencias genéticas compartidas por padres e hijos (Rowe, 1996).

Finalmente, otra de las líneas de estudio más actuales es la identificación temprana de niños y jóvenes en riesgo de desarrollar psicopatía (véase Romero, 2001, para una revisión). Dadas las dificultades para tratar a los psicópatas, se piensa que la intervención en etapas tempranas de la vida podría ayudar a pre venir las graves consecuencias del trastorno. En los últimos años, se han hecho intentos para comprobar si se pueden detectar signos de «psicopatía incipiente» (Lynam, 1997). Supuestamente, los orígenes de la psicopatía deben encontrarse en los niños con trastornos de conducta de inicio temprano (de acuerdo con el modelo de Moffitt, éstos son los que presentan más riesgo de disfunción interpersonal y de conducta antisocial persistente). No obstante, atendiendo a las tasas de prevalencia, esta categoría parece demasiado amplia como predictora de psicopatía adulta, por lo que es necesario especificar qué subgrupo de niños, concretamente, tienen riesgo de trastorno psicopático. Por una parte, se ha propuesto que la concurrencia entre hiperactividad y trastorno de conducta temprano podría ser el antecedente de la psicopatía adulta (Lynam, 1997). Sin embargo, otras posturas sostienen que ese subgrupo todavía es demasiado amplio y, además, no recoge las características más centrales de la psicopatía. Quizás la conjunción entre hiperactividad y trastorno de conducta sea un antecedente del trastorno antisocial de la personalidad; de hecho, el perfil del niño hiperactivo y antisocial parece asemejarse al estilo impulsivo de los adultos con trastorno antisocial, pero no necesariamente presenta la dureza e insensibilidad que definen el concepto clásico de psicopatía. Algunos trabajos han mostrado que, dentro de los niños hiperactivos y con trastorno de conducta, se puede identificar a un grupo reducido de niños que sí muestran características afectivas e interpersonales semejantes a los psicópatas adultos (Frick, O'Brien, Wooton y McBurnett, 1994). Se considera que esta identificación temprana puede ayudar a intervenir a tiempo, antes de que los efectos «bola de nieve» imposibiliten la rehabilitación.

En definitiva, estarnos ante un teína que genera numerosos interrogantes. Se está imponiendo cierto consenso sobre las vías más útiles para conceptual¡zar y evaluar la psicopatía, si bien la búsqueda de determinantes y, sobre todo, de soluciones, es todavía un conglomerado de líneas que, aunque interesantes, tienen un carácter fragmentario. La personalidad psicopática sigue siendo uno de los grandes desafíos a los que la Psicología Criminológica debe dar respuesta.

16.6. CONCLUSIONES

A lo largo de este capítulo hemos examinado, de forma esquemática, las vertientes de estudio más representativas en la explicación psicológica de la criminalidad. Hemos comprobado que son muchos los factores implicados en la conducta criminal, y que los estudiosos de este campo debemos armarnos de tolerancia a la complejidad, y de conceptos y herramientas muy diversos. Otro aspecto que hay que destacar es que, hasta años recientes, no ha habido demasiado interés por ordenar y ensamblar las piezas del engranaje; aún hoy, la integración de factores es una actividad en ciernes y, aunque existen esfuerzos prometedores, siguen dominando las perspectivas inductivas y volcadas en pequeñas parcelas de conocimiento, sin que se desenmarañen los solapamientos y las conexiones entre diferentes variables. Un aspecto muy desatendido es, por ejemplo, el estudio de los efectos moduladores (de interacción) entre diferentes factores. Habitualmente, los determinantes de la conducta criminal se presentan como un listado de determinantes aislados, sumativos, cuando en realidad un mismo factor puede tener diferente efecto dependiendo de la concurrencia o no de otros factores. Se ha encontrado, por ejemplo, que el efecto de las disfunciones familiares (y también de otros factores psicosociales) es diferente dependiendo de la personalidad del joven (Romero, Sobral, Luengo y Marzoa, 1999c; Sobral, Romero, Luengo y Marzoa, 2000); el conflicto familiar parece no asociarse a la delincuencia cuando el sujeto tiene un temperamento inhibido, pero sí cuando el individuo es impulsivo y buscador de estimulación. Este tipo de interacciones probablemente son la regla más que la excepción. El efecto de una baja autoestima puede no ser el mismo en un joven impulsivo que en un sujeto inhibido; el efecto de la búsqueda de sensaciones puede no ser el mismo en un sujeto empático que en un individuo emocionalmente insensible. Finalmente, destaquemos que la explicación de la delincuencia es un terreno fértil, abonado por conocimientos muy diversos (Sociología, Biología, etc.); sin embargo, ya hemos apuntado que, a lo largo de la historia de la criminología, la interdisciplinariedad ha sido más un desideratum que una realidad. Las diversas disciplinas han construido sus propuestas sin prestar atención a sus vecinas, de forma que no tenemos mucho conocimiento sobre cómo se vertebran factores de diversos niveles explicativos (por ejemplo, como se combinan los factores macrosociales con los «filtros» cognitivos y con las disposiciones biológicas). Ésta es otra de las asignaturas pendientes para los interesados en explicar la conducta criminal. En esa tarea, la psicología de la conducta criminal está llamada a asu mir un papel protagonista; desde su posición intersticial, debe ser un espacio privilegiado para el entendimiento y la integración.

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JOSÉ IGNACIO BERMÚDEZ-FERNÁNDEZ

17.1. INTRODUCCIÓN

La situación de encarcelamiento y los condicionantes que son propios de la privación de libertad provocan una serie de reacciones psicológicas en cadena que tienen en la tensión emocional sostenida en el tiempo a su referente fundamental. La cárcel, corno institución total, como ámbito cerrado en sí mismo, exige de las personas que la padecen un esfuerzo adaptativo constante que, sin duda de ningún tipo, les genera como consecuencia una serie de distorsiones afectivas, emocionales, cognitivas y perceptivas. De las consecuencias psicológicas que provoca el encarcelamiento trata el presente capítulo. Las reflexiones que en el mismo se contienen surgen de la experiencia cotidiana de convivencia con un colectivo extenso de reclusos a través del tiempo de cumplimiento de sus condenas. Las diferentes variables intervinientes en las circunstancias de cada preso son tenidas en cuenta pero también relativizadas convenientemente. Condena larga o condena corta son referentes importantes pero no determinantes en sí mismos. En ocasiones, un período relativamente breve de permanencia en una cárcel provoca en la persona efectos psicológicos de cierta relevancia en la evolución personal del individuo; complementariamente, una condena larga en el tiempo, coincidente en su desarrollo con continuadas fases de evolución personal, puede constituirse en una circunstancia «más», no especialmente decisiva en el proceso de maduración global del sujeto. Córno esto es posible, qué circunstancias se dan durante la estancia de un individuo en una cárcel cumpliendo condena para que el abanico de efectos psicológicos sea tan amplio como individuos existen, es lo que trataremos de reflejar en estas páginas.

17.2. LA CÁRCEL: INSTITUCIÓN TOTAL

La cárcel es una institución total, es una institución cerrada. La prisión, corno institución, da cobertura a la totalidad de las necesidades de supervivencia de sus habitantes. En la prisión cualquier necesidad encuentra su satisfacción. La cárcel, corno tal, está presente durante el transcurso de las 24 horas del día, los 7 días de la semana y las 52 semanas del año. Es un entorno fijo, inamovible, con referencias propias que exigen de las personas el máximo esfuerzo adaptativo posible. En las instituciones llamadas «totales» se da una serie de características comunes, a saber:

-Las actuaciones se llevan a cabo en un espacio físico determinado, normalmente en un conjunto de edificaciones o en un edificio de significativas dimensiones.

Todaslas actuaciones responden a un programa previamente establecido.

-Los integrantes de toda institución total participan de un mismo sistema normativo formal, sistema que se impone a través de un esquema restrictivo o impositivo. A mayores sobre la existencia de un sistema normativo formal, toda institución total genera su propio código de comportamiento interno que da cobertura a un conjunto de normas y valores propios.

-Los integrantes de una institución total carecen de recursos propios, al menos de los suficientes para garantizar su subsistencia.

-Todos los miembros de una institución total son controlados por la misma.

Las conductas adaptativas a una institución total son referidas por Goffman (1970) en los siguientes términos:

-Regresión situacional, que puede llegar a provocar una despersonalización.

-Oposicionismo pasivo o activo - hostil, radical.

-Colonización o tendencia a sacar el máximo provecho sin infringir las normas.

-Conversión o asunción del rol de interno obediente y cooperador.

No suele darse un único patrón de comportamiento sino que, en función de la situación creada, de la propia personalidad y de las circunstancias que definen la estancia de un sujeto en la institución, se pueden combinar varias formas de adaptación. El esfuerzo adaptativo tiene corno consecuencia que el individuo conviva en la «normalidad» carcelaria, normalidad que en absoluto puede interpretarse corno reveladora de una situación de bienestar o de tranquilidad. La normalidad carcelaria revela la normalidad adaptativa a un ambiente, a un entorno tenso, exigente, emocionalmente inestable y seriamente neurotizado en todas sus expresiones. El hecho real de participar de forma continuada en el tiempo de las circunstancias que son propias al ambiente cerrado propio a una cárcel, ineludiblemente genera efectos psicológicos.

17.3. LA CÁRCEL COMO ORGANIZACIÓN TOTAL

La cárcel es una organización social. Su complejidad y dinamismo son parejos. Existen dos mundos paralelos definitorios de ésta organización. El mundo de la administración y el mundo del administrado. Son dos sub-organizaciones que conviven en un mismo espacio y en constante interdependencia. Dos sub-mundos que tienen una muy estrecha relación personal y profesional, pero que se encuentran absolutamente distantes en sus circunstancias e intereses. Complementariamente a esta organización formal de la que, como decimos, forman parte determinante los funcionarios - con sus escalas y niveles propios - y los reclusos, hay que añadirle la organización llamada «informal» que afecta tanto a unos corno a otros interfiriendo extraordinariamente en su convivencia cotidiana.

17.4. LOS ROLES

En todo grupo existe o se manifiesta un sistema de roles. A medida que el grupo crece, el sistema dentro de su complejidad se simplifica de manera que no es difícil identificar el rol, el papel que cada miembro desarrolla en el mismo. En un sub-mundo como es el carcelario, como grupo que representa, también se manifiestan los roles de sus integrantes. Roles que Scharg (1954) definió básicamente en cinco modalidades:

-El «kie»', el interno antisocial que se posiciona por encima del código del recluso.

-El proscrito o asocial que está en perpetua rebelión anárquica contra los funcionarios y los propios reclusos.

-El prosocial que cumple con las normas formales de la cárcel.

-El seudosocial, quien cambia sus simpatías constantemente del personal de vigilancia a las normas de los propios reclusos, no sin habilidad.

-El «paria», cuyo rol está desempañado por una serie de reclusos inestables e inconstantes que suelen ser despreciados por los otros presos.

Todo interno ocupa un lugar en el damero institucional, lugar perfectamente localizado y primordialmente clínico en la mayoría de las instituciones, con su módulo o departamento, su celda, su cama, etc.; los campos de fuerza inherentes a toda institución tienden a presionar a todos los individuos a la realización y aceptación de su rol. Las instituciones soportan mal la ambigüedad en el desempeño de los diversos roles de sus integrantes.

17.5. LOS CÓDIGOS CARCELARIOS

Dentro del juego de roles desarrollados durante la estancia en prisión, corno un elemento sub-cultural de primer orden, se encuentran los denominados códigos carcelarios. Códigos que, como sistema de normas tácitas, no escritas ni refrendadas formalmente, participan, condicionándolo, del ambiente inherente a toda institución total, y, en particular, por sus singulares condicionantes, inherentes a la cárcel. El código del recluso - también denominado «código del honor» - no necesariamente es negativo, ni representa valores negativos. Lo negativo del código es su manifestación, su concreción en conductas y actitudes que ponen de manifiesto una significativa violencia. El código del recluso se orienta siempre a procurar la defensa de los intereses del preso y, curiosamente, convive con el conjunto de reglas formales de la prisión. El código del recluso se conforina en torno a valores esencialmente positivos corno son la solidaridad, la lealtad, la no delación, el esfuerzo en común, la rebelión contra la injusticia, etc. No son por lo tanto los valores que dan contenido al código lo reprochable; serán las conductas que se llevan a cabo enarbolando su existencia las que representan, en toda su crudeza, la desviación moral que supone su aplicación. La falta cometida, la infracción del código en alguno de sus apartados, lleva aparejada la agresión física o moral violenta. Al mismo tiempo, y dada su contundencia, la mera posibilidad de ser objeto de su rigor da campo abierto a la extorsión y a la amenaza constante por parte de los más fuertes del grupo. La existencia de un código no sólo puede suponer graves perjuicios para quien lo violente sino que también sirve de instrumento que pueden utilizar los denominados «kies» para imponer su presencia. Los principios fundamentales del código del recluso se resumen en las siguientes ideas (Caballero, 1981):

-Norma básica: la no delación, el no «chivarse»; se trata de no inmiscuirse en los asuntos del otro.

-Frialdad en las reacciones: control en las conductas y actitudes.

-No «explotar» a los internos-colegas.

-Dureza personal, resistencia y fortaleza fisica y mental.

-Hostilidad, desprecio y desconfianza hacia el funcionario.

-Cualquier conflicto que ponga de manifiesto un enfrentamiento entre un interno y un funcionario debe ser considerado como una agresión a todo el colectivo de reclusos y, en consecuencia, la razón siempre es del interno.

La aceptación del código del recluso es plena por parte de la población carcelaria, si bien la aceptación no significa necesariamente su puesta en práctica. La existencia de un código beneficia al grupo dominante pero también a los más prosociales por cuanto pueden cobijarse en su existencia para desarrollar conductas y actitudes de camuflaje. Y es que el código se genera en la propia prisión como una forma de defensa de los propios reclusos y para reducir su sensación de rechazo social (teoría funcionalista de Sykes y Messinger) o, en otro supuesto, como un proceso de difusión desde el mundo exterior (Cressey y Wheeler). Con este último planteamiento el código surge como expresión de la voluntad de los reclusos de conservar, incluso tras las rejas, la misma actitud de repudio a los represores que mantuvieron en su día en algún momento de su carrera delictiva. La aceptación del código carcelario depende en gran medida del grado de criminalización del recluso expuesto al mismo. Una extensa y densa carrera delictiva hace al recluso especialmente proclive a la asunción de los valores y de las negativas conductas asociadas a los mismos que se muestran en el código carcelario. El delincuente primario, que conserva todavía valores prosociales, aun cuando se encuentre recluido, muestra mayor rechazo a verse inmerso en esos valores y, en particular, en su práctica, por lo que no se adhieren fácilmente al código, aunque sí se atienen externamente a él, lo suficiente como para no exponerse al riesgo de ser rechazados. El código carcelario es un hecho común y fácilmente verificable en cualquier cárcel. Su importancia, su capacidad para determinar conductas y actitudes ya no es la misma según de qué cárcel se trate. El margen de transcendencia regimental depende del cúmulo de circunstancias que definan la cárcel como organización social que es, organización que, como tal, también está expuesta a multitud de variables que definen su existencia.

17.6. LA PRISIONALIZACIÓN

Se aplica el nombre de prisionalización al proceso por el que una persona, como consecuencia directa de su estancia en una cárcel asu me, sin ser consciente de que eso esté realmente ocurriendo, el código de conducta y de valores que dan contenido a la subcultura carcelaria. En mayor o menor medida toda persona presa asumirá, durante su permanencia en la cárcel, los usos, las costumbres, las tradiciones, los gestos que forman parte inherente de la convivencia dentro de la prisión. Existe una serie de afirmaciones en relación con la imposibilidad de sustraerse individualmente a los efectos de éste proceso. ¿La prisionalización es una consecuencia ineludible a toda situación carcelaria o es una consecuencia evitable? La prisionalización es una variable interviniente en la conducta del recluso perfectamente graduable. No existe una relación lineal y progresiva única en la prisionalización del recluso. El grado, el nivel de prisionalización es variable en función de la concurrencia en el recluso de otras series de variables especialmente significativas. Podría diferenciarse una prisionalización superficial y otra más profunda que compartiría los síntomas que son propios a toda institucionalización. La prisionalización superficial sí se da en prácticamente toda la población penitenciaria, ya que, en gran medida, se trataría de la expresión conductual de un proceso de adaptación plenamente normalizado, en absoluto patológico. Se trataría, por lo tanto, de una adecuación comportamental-tipo similar a la que se da ante cualquier entorno o ambiente que nos resulte extraño. La prisionalización superficial nos permite adaptarnos al ambiente y, en consecuencia, convivir en términos de normalidad. La cárcel tie ne un código de conducta, unas normas formales e informales sobre las que se organiza la convivencia al igual que las tiene cualquier organización humana. Desconocer ésta realidad, blindarse ante las normas, usos y costumbres de una colectividad lleva aparejada la inadaptación. Por el contrario, la prisionalización entendida como institucionalización supone la asunción de unos valores subculturales, la expresión de unos comportamientos concretos que superan nuestra individualidad al hacer depositarios o responsables de los mismos al ambiente, al entorno al que pertenecemos. El recluso sometido a un denso proceso de prisionalización pierde en gran medida su capacidad de actuación individualizada, y su conducta y actitud ha de interpretarse siempre teniendo como referencia los valores que rigen la subcultura carcelaria.

Los investigadores discrepan acerca de los condicionantes que determinan el grado de prisionalización de una persona. Al respecto pueden definirse dos grandes grupos de circunstancias determinantes:

-En primer lugar, la propia personalidad del recluso. Rasgos de personalidad como la madurez personal, entendida en términos de equilibrio emocional, y la capacidad intelectual, entendida como capacidad de adaptación general de la persona, se constituirían en factores clave a la hora de pronosticar el grado de prisionalización de una persona.

-En segundo lugar, el conjunto de circunstancias externas concurrentes en torno a la persona recluida serían factores igualmente influyentes. La frecuencia de los ingresos en prisión, la duración media de las estancias previas, la cuantía de las condenas y el tipo de delitos, las expectativas personales, familiares y sociales mantenidas por el interno, etc. se constituyen en variables importantes a tener en cuenta a la hora de valorar el nivel de prisionalización-institucionalización de un recluso.

No existe relación lineal inequívoca entre el grado de prisionalización y la existencia en mayor o menor grado de alguna de esas variables por separado. Sólo la concurrencia significativa de un número importante de ellas puede considerarse un ambiente propiciador de un elevado nivel de prisionalización (Hood y Sparks, 1970). Curiosamente, y como testimonio de lo anteriormente dicho, se comprueba en la práctica diaria que surge de la convivencia con los reclusos, el hecho constatado de que no existe una relación directa - como cabría sospechar - entre el nivel de prisionalización y el riesgo de reincidencia. El sentido común nos lleva a concluir sin mayor margen de error que a mayor nivel de prisionalización mayor será el riesgo de reincidencia en el delito cuando el recluso obtenga la libertad. Esta afirmación que, como decimos admitiría poca discusión, se ve seriamente afectada por la intervención de una tercera variable que actúa con una fuerza casi determinante. Esta variable es la cercanía o lejanía del retorno a la libertad. Lo cierto es que dividiendo el tiempo de cumplimiento en tres hipotéticos momentos, el nivel de prisionalización y de riesgo de reincidencia en el delito respondería a la siguiente previsión:

-Momento inicial del cumplimiento de la condena: baja prisionalizaciónbaja reincidencia.

-Momento central del cumplimiento de la condena: alta prisionalizaciónalta reincidencia.

-Momento final del cumplimiento de la condena: baja prisionalizaciónbaja reincidencia.

A medida que se encuentra cercana en el tiempo la vida en libertad - bien por haberla perdido recientemente o bien por encontrarse próximo el momento de su disfrute - el recluso manifiesta una mayor conformidad con las normas sociales establecidas. Esta afirmación que parece lógica respecto a la primera de las circunstancias citadas - la persona en los momentos iniciales del cumplimiento de su condena, quizás por su propia inercia personal, sigue siendo respetuoso con las normas sociales - no parece tan comprensible respecto a la segunda de las circunstancias citadas. Lo lógico sería que a mayor tiempo de permanencia en prisión le siguiera, como consecuencia ineludible, un mayor grado de prisionalización y consecuentemente un progresivo e imparable riesgo de reincidencia por rechazo fundamentalmente de las normas que dan contenido al sistema represivo que lo ha encarcelado tanto tiempo. Sin embargo, la realidad cotidiana se impone en contra de esta lógica meramente mecánica, pero que no tiene en cuenta la condición humana y sus más que incomprensibles manifestaciones. La persona que ha estado recluida en prisión muchos años, que ha superado todos los estadios que son propios a la adaptación de cualquier ser humano a una situación especialmente dura y exigente como es la carcelaria, a medida que atisba la posibilidad de reintegrarse a la vida en libertad va, progresivamente, adaptando su comportamiento a las normas sociales que él mismo vulneró sin recato. Se produce lo que Wheeler (1961) describió como la U invertida del proceso de prisionalización, de manera que los «picos» de la U representarían los momentos más cercanos a la libertad que ha dejado de vivir o que va a vivir el recluso.

17.7. EFECTOS PSICOLÓGICOS DEL ENCARCELAMIENTO

17.7.1. LA ANSIEDAD

Desde el mismo momento en el que se produce el ingreso de una persona en prisión su nivel de ansiedad se incrementa significativamente, provocando un estado anímico que revela una elevada tensión emocional. El ingreso en prisión suele ser el momento culminante de un proceso anterior en el que se han sucedido diferentes etapas previas ineludibles. Previo a todo ingreso carcelario ha tenido que producirse la acusación y la detención. En el momento de la acusación el individuo atisba la posibilidad de ser detenido y conducido a prisión y su nivel de ansiedad reactiva es directamente consecuente con la entidad de la acusación y sus consecuencias. La acusación puede conducir a la detención o sostenerse en el tiempo en situación de libertad del acusado. En este último supuesto, teniendo en cuenta la existencia de una acusación previa, el nivel de ansiedad se ve reducido ante la existencia de diferentes posibilidades de intervención por parte del acusado. La persona acusada de un delito y no detenida puede actuar en su beneficio, tiene capacidad de intervención y, por lo tanto, su ansiedad encuentra, precisamente en esa capacidad de actuación, una vía fundamental de canalización. La ansiedad vital puede encontrar vías de expresión que facilitan cierta tranquilidad al individuo. En el supuesto de que la acusación vaya acompañada de la detención, la imposibilidad de actuación por parte del acusado provoca como consecuencia que la ansiedad vivida se sostenga en el tiempo y se incremente con la amenaza real de un posible encarcelamiento. La concreción de esa amenaza en el hecho de que tal encarcelamiento se produzca conlleva a que el momento del ingreso sea la culminación de un proceso anterior no exento de tensiones emocionales relevantes, y que por lo tanto deben ser tenidas en consideración. Evidentemente un primer ingreso no es comparable, en sus efectos psicológicos, a una constatable reincidencia. Igualmente no es asimilable un ingreso en prisión a los 21 años que otro a los 40-60 años de edad. El cúmulo de circunstancias que definen cada ingreso es muy amplio, si bien todos confluyen en el hecho de que tal ingreso se ha producido y alguna vez ha sido ya la primera. En consecuencia con todo lo antedicho, el ingreso en la cárcel se ve acompañado de un significativo nivel de ansiedad emocional, graduable en función de las circunstancias personales de cada sujeto. El grado de ansiedad es inversamente proporcional al nivel de conocimiento del medio penitenciario. Un buen conocimiento del medio rebaja la tensión emocional y un gran desconocimiento la eleva significativamente. Esta circunstancia - la del mayor o menor conocimiento del medio - en lo que atañe al medio penitenciario se manifiesta como especialmente importante por cuanto las imágenes que en relación con el mismo se tiene desde el exterior, sin duda acrecientan los temores hasta límites sobrehumanos. El medio penitenciario es asimilado a violencia, tensión, agresiones, intimidación, grupos de presión, etc., en definitiva, a todos los comportamientos que ponen de manifiesto la mayor de las agresividades entre sus habitantes. Las imágenes que al respecto se tienen se ven periódicamente reforzadas como consecuencia de la proyección que, de hechos puntuales, realizan los medios de comunicación al cubrir una noticia. Imágenes que sin duda forman parte del ambiente carcelario, pero que en absoluto son representativas del mismo. El desconocimiento del medio, el desconocimiento de hasta qué punto son ciertas y reales esas imágenes de violencia y tensión que se asocian ineludiblemente al mundo carcelario, hace que la tensión emocional se eleve significativamente. Complementariamente a los temores que todo ingreso alberga, los trámites legales que acompañan a todo ingreso no contribuyen precisamente a atemperar la tensión del momento. El hecho de ser conducido esposado, de ser destinado a una habitación a los efectos de ser identificado y cacheado, la sensación de control sobre sus movimientos que padece la persona, contribuyen de manera directa a incrementar la tensión emocional del recluso. Las tensiones propias del ingreso se van aliviando progresívamente a través de la exposición a la realidad carcelaria, a través del conocimiento real y cierto de cuáles son las circunstancias que definen la estancia en prisión de cualquier persona, pero no desaparecen por completo. El preso supera la ansiedad reactiva al ingreso pero mantiene un nivel de ansiedad propío de la situación de encarcelamiento, ansiedad que no le abandona durante su estancia en prisión, si bien en su expresión estará sometida a los altibajos que puedan producirse en función de las circunstancias que se vayan dando durante su permanencia en la cárcel. La ansiedad, la tensión emocional, se manifiesta siempre y de forma continuada en todo preso por el hecho de serlo, por el hecho de estar en prisión. Sus niveles de ansiedad y sus formas de expresión son muy diferentes en función de las circunstancias de cada persona, pero la primera variable que hay que considerar a la hora de valorar la situación de un recluso es la toma en consideración de la existencia de un nivel de ansiedad superior en todo caso al que, con sus vicisitudes, puede experimentarse en el mundo libre.

17.7.2. LA DLSI'LRSONALIZACIÓN

Una de las consecuencias inmediatas del ingreso en prisión es la pérdida de la propia individualidad, o al menos, la posibilidad de que esa despersonalización se produzca como consecuencia de las agresiones ambientales a las que uno está expuesto. Ya desde el ingreso, al recluso le es asignado un número de identificación directamente carcelario. La ocupación de una plaza en un departamento entre muchas plazas y muchos departamentos posibles transmite al interno la consideración de ser uno más entre un colectivo de personas que lucha por abandonar el medio o se regodea en él. La percepción, extraordinariamente extendida entre los reclusos, de que no tienen personalidad propia, de que están expuestos a esa despersonalización provoca que busquen constantemente su diferenciación dentro del colectivo, su diferenciación del «resto». El recluso es una persona y como tal quiere ser tratada y considerada. En ese intento, el interno no duda en requerir una atención constante para con su persona y situación carcelaria. Los internos se dirigen constantemente a los responsables de su atención-retención y custodia planteando todo tipo de solicitudes personalizadas. Los internos, en su afán de «desmarcarse» de su entorno, intentan permanentemente ofrecer su mejor imagen y su propia personalidad al interlocutor. En un patio carcelario las personas se difuminan y su percepción grupal impide la individualización. Los internos son conscientes de este efecto y procuran superarlo. Complementariamente a esta situación vital, otras circunstancias propias al mundo penitenciario vienen a agravarla. Los internos de un centro penitenciario lo son como consecuencia de su participación en actividades de carácter delictivo. Los reclusos lo son por haber cometido delitos y, socialmente, tienen la consideración de delincuentes. Si una persona, autora de un delito, se ve forzada a convivir como uno más con un colectivo de personasdelincuentes, no puede sorprender que el rechazo que experimente ante la consideración de ser como uno de ellos sea mayúsculo. Si grave es la despersonalización por formar parte numérica de un colectivo, más graves aún son sus efectos si ese colectivo es fuertemente rechazado socialmente. Problemática es la pérdida de la propia individualidad en cualquier colectivo. Problemática es la pérdida de individualidad en un ejército victorioso, en una mega-empresa o en una multinacional exitosa en sus resultados y consideración social. Problemática, desalentadora y muy negativa a todos los efectos personales es perder la individualidad, padecer la despersonalización, perteneciendo a un colectivo marginal y fuertemente rechazado socialmente.

17.7.3. PÉRDIDA DE INTIMIDAD

Los reclusos durante su permanencia en prisión se ven forzados permanentemente a convivir entre sí. No es fácil encontrar lugares, espacios o momentos propios y personales que permitan el sosiego, la tranquilidad y la reflexión. La vida personal del recluso está totalmente reglamentada y regimentalizada. El régimen ordenado y controlado está presente permanentemente en la vida cotidiana de cada recluso. El interno comienza su jornada siempre a una hora predeterminada por las normas de régimen interior. El interno siempre desayuna, almuerza y cena a una hora igualmente preestablecida. El interno carece de la mínima capacidad de decisión en relación con actos cotidianos en el mundo libre como son abrir o cerrar la puerta de su «casa»-celda, elegir los ingredientes de su desayuno, de su comida, de su cena, elegir la hora de despertarse, decidir permanecer o no en su dependencia-cama un tiempo personal, etc., y en situaciones no infrecuentes elegir a su compañero de convivencia más cercana (celda). Todo un conjunto de decisiones personales que le son arrebatadas al individuo por el hecho de encontrarse preso. La condena no supone sólo estar privado de libertad, sino también padecer privaciones íntimas que sostenidas en el tiempo afectan sobremanera al equilibrio personal. La convivencia forzada, obligada con otros integrantes del colectivo carcelario, es hoy por hoy el más grave de los efectos inherentes a la situación de prisión. Desde el punto de vista emocional los efectos negativos de la convivencia forzada superan en gravedad a los que provoca el aislamiento periódico, perteneciendo siempre a un grupo y compartiendo tiempos de convivencia. No es infrecuente que los reclusos demanden momentos de soledad, momentos de recogimiento, momentos de no-convivencia. En el supuesto de que la cárcel, como elemento de organización interna, ofrezca la posibilidad de disfrutar de tales momentos, un número muy elevado de reclusos valora esa posibilidad y se suma a ella. Es una decisión personal fácilmente comprensible. Toda persona necesita para su desarrollo personal equilibrado momentos íntimos en los que se pueda dedicar a sí mismo. Cuando tales momentos se ven muy dificultados en su disfrute o simplemente no existen, tienen que suplirse con alternativas de todo tipo y que en todo caso exigen un esfuerzo psicológico añadido al que ya de por sí requiere la privación de libertad. Esta necesidad psicológica se ve gravemente acentuada si el entorno en el que se encuentra el sujeto-interno es percibido por éste como agresivo, como violento en relación con su persona y en relación con su intimidad. El ambiente carcelario y la necesidad psicológica de refugio, de am paro y de intimidad provoca en la persona un incremento de lo que se denominó instinto de «nido», es decir, la necesidad de recogimiento personal en un micro-espacio propio (la celda). Es la existencia de esta necesidad acerca de la disposición de un «nido» la que provoca que cualquier cambio en la rutina carcelaria sea percibido como una agresión psicológica difícilmente soportable. Por extraño que parezca, un cambio de cárcel normalmente impuesto supone para el recluso una reconversión personal de primera magnitud en todos los sentidos. Esta reconversión se produce también, por exagerado que pueda parecer, cuando se realiza un cambio de celda. Desde el punto de vista psicológico el cambio de celda supone el cambio de «nido» y la adaptación consecuente sin duda provoca conductas y actitudes de rechazo inicial fácilmente comprensibles. Expresiones de esa necesidad psicológica básica del aislamiento, de la soledad, del recogimiento temporal respecto a un entorno se manifiestan constantemente en el comportamiento del recluso. Comenzando por su propia celda y la decoración, el orden de sus pertenencias - por escasas que sean - y continuando con el paseo en solitario por el patio o la distancia momentánea del colectivo durante el disfrute de las horas de asueto. La conversación privada, cercana, con personal del centro penitenciario permite al recluso recuperar y expresar su propia personalidad, aliviar su tensión emocional en relación con los asuntos que le afectan y propiciar un entorno de cierta intimidad terapéutica. Elementos todos ellos de una extraordinaria potencia terapéutica y que el recluso, sabedor de ello - aun cuando desconoce su teoría - busca con ansiedad.

17.7.4. Aur0LSTIMA

El proceso de maduración personal en su conjunto supone una lucha, un esfuerzo constante en la búsqueda de una identidad propia y, lo que es más importante, en sentirse íntimamente satisfecho con ella. Los diferentes períodos evolutivos, su secuencia normalizada, el ensamblaje de los progresivos avances personales en términos de conocimientos y experiencias tienen como objetivo final dotar al individuo de una estructura de personalidad definida, sólida, que le capacite para afrontar las circunstancias vitales a las que se vea expuesto y a superarlas exitosamente. Esta doble circunstancia, la capacidad-incapacidad y el éxito-fracaso en la resolución de las circunstancias a las que el individuo se ve expuesto, permiten aventurar un diagnóstico acerca del nivel de autoestima personal que disfruta la persona. El ingente número de avatares y circunstancias a los que se ve expuesto el sujeto en su trayectoria personal exige un período de formación extraordinariamente extenso, abarcando más allá de la cuarta parte de la vida activa de la persona. Capacitado el individuo y afrontando resolutivatmente las circunstancias que dan forma a su vida personal, el nivel de autoestima de cada cual se encuentra determinado por la satisfacción propia en relación con la situación general que uno ha conseguido o ha podido alcanzar. De este complejo proceso de maduración personal depende en gran medida el grado de bienestar íntimo que, de forma absolutamente dispar, disfrutan las personas. De este complejo proceso de maduración personal, de su resolución más o menos positiva depende el nivel de autoestima de las personas. Así como sea el nivel de autoestima, así como sea el nivel de satisfacción personal e íntimo en relación con el nivel de logro de los objetivos vitales conseguidos, así será nuestro comportamiento. Nuestra conducta general se encuentra directamente afectada en sus manifestaciones por el grado de equilibrio, de bienestar y de satisfacción íntima en todo los órdenes (afectivo, emocional, intelectual, familiar, social, laboral, etc.). Toda trayectoria vital está expuesta a infinidad de avatares y circunstancias que ponen a prueba nuestro nivel de autoestima y nuestro grado de satisfacción con nosotros mismos y con nuestra capacidad de afrontar y de resolver positivamente los problemas. El ingreso carcelario supone, en este contexto, uno de los más graves atentados a la integridad personal y, por ende, a la propia consideración, es decir, a la autoestima. La inmersión en el mundo delictivo no lleva consigo aparejada la pérdida de la propia identidad ni la afectación consecuente del bienestar y de la satisfacción personal. El ámbito delictivo es un campo más de actuación de las personas. Se puede encontrar satisfacción personal en la práctica delictiva, en la consecución de objetivos delictivos y, en consecuencia, se puede ser delincuente - como una opción personal libre - y sentirse satisfecho de la capacidad de actuación y de la capacidad de resolución de los problemas inherentes a dicha conducta. El problema surge cuando la práctica delictiva es ocasional, es circunstancial, y no obedece a una decisión definitiva de participar activamente del ámbito que le es propio. El delincuente profesionalizado trabaja su autoestima en su ámbito de actuación y se expone a las circunstancias propias a su profesión al igual que cualquier otro ser humano en relación con otra profesión diferente. La persona que ingresa en prisión por primera vez como consecuencia de la comisión de un delito ve truncada su libertad y, de forma más personal e íntima, su propia consideración. El recluso vive inmerso en un mundo de descrédito social permanente. En la trayectoria personal de cualquier individuo el ingreso carcelario y sus consecuencias afectan extraordinariamente a la autoestima. Verse permanentemente expuesto a la convivencia con el colectivo carcelario, ser partícipe de sus circunstancias, ser considerado un miembro más del mismo pone a prueba la capacidad de adaptación y de superación personal. Una persona con autoestima baja que siente como íntimo el fracaso que revela su situación vital, que ha tomado decisiones que le han llevado al límite de la supervivencia, no se encuentra en las mejores condiciones para sentirse satisfecho íntimamente y, por lo tanto, vive su situación padeciendo un estado anímico seriamente depresivo. Cualquier actuación terapéutica que se desarrolle en el entorno carcelario exige, para tener opciones de éxito, trabajar el nivel de autoestima del interno para recuperarlo. Además, para su resolución positiva, exige que el interno se sienta tratado como persona - con independencia o a pesar de sus circunstancias carcelarias - de manera que su nivel de consideración personal, su nivel de autoestima se vea reforzado. Toda interrelación personal que conlleve respeto y consideración para con el interlocutor-preso actúa como una palanca sobre la que sustentar la recuperación personal del mismo. La suma de interrelaciones personales mantenidas en estos términos tiene un extraordinario potencial terapéutico que en infinidad de ocasiones no es tenido en consideración debido a su desconocimiento.

17.7.5. FAL'T'A DL CONTROL SOBRE LA PROPIA VIDA

La situación de prisión conlleva para las personas afectadas la i mposibilidad cierta de decidir sobre la evolución de las propias circunstancias personales, familiares y sociales. Como en cualquier otra situación siempre existe un margen de decisión, siempre existe una opción personal que elegir. Sin embargo, dentro de esta opción personal, el abanico de posibilidades que se ofrece al recluso es múzúno y, en todo caso, está absolutamente limitado por la propia situación carcelaria. La absoluta normativización a la que la persona se ve abocada y la total dependencia externa padecida por el recluso provoca en él, en primer término, un cierto abandono respecto a su capacidad de decisión. La progresiva y creciente adaptación del individuo al medio le permite ir adoptando decisiones que, aunque aparentemente tienen una mínima trascendencia sobre su situación global, sí son importantes de cara a su recuperación personal. El recluso decide en primer lugar cuál va a ser su actitud general respecto a su situación carcelaria: de rebeldía, de protesta, de queja, de sumisión, de aceptación, de lucha, de superación o de esfuerzo. Decisiones que, una vez asumidas y puestas en marcha, permiten al interno superar las fuertes limitaciones personales impuestas por la situación carcelaria. Este conjunto de decisiones iniciales dan paso o actúan como referentes de otras decisiones secundarias que afianzan la postura psicológica del recluso. Hace falta una posición, una opción personal, un criterio actitudinal y conductual sobre el que construir una situación propia que permita la supervivencia en una situación carcelaria. Existe, sin duda, una importante falta de control sobre la propia vida referida a la evolución de los acontecimientos externos. Existe una práctica imposibilidad física de participar de eventos, situaciones que se producen constantemente en el mundo externo y que exigen de nuestro posicionamiento personal e, incluso, poner en marcha nuestra propia capacidad de decisión; esta seria dificultad, este muro que separa al recluso de la evolución normalizada de los acontecimientos externos es vivida con un sentimiento de enorme frustración personal, bloqueando, en ocasiones, a la persona. Cuando el recluso descubre que a pesar de estas importantes limitaciones existe un ámbito propio de decisión personal, en donde existe y se mantiene intacta una capacidad de decisión, aun cuando ésta se refiera a circunstancias aparentemente intranscendentes, se encuentra en el cairino de la recuperación personal. El recluso, como decíamos, puede decidir su opción personal, su postura, su actitud respecto a su estancia en prisión. Una postura querulante, aun cuando resulte molesta para la oficialidad, para los responsables de la Administración Penitenciaria, puede resultar útil, puede resultar provechosa psicológicamente hablando para el recluso que la adopta. No importa tanto el sentido de la postura, de la posición personal adoptada - su Irrisión, queja o aceptación - como el hecho en sí de que tal postura exista. Cuando hay un posicionamiento personal y una actitud definida se está manifestando un criterio, un referente sobre el que se puede construir una forma de estar en prisión. Si existe una «forma», una «manera» de estar en prisión, existe en consecuencia una capacidad de decisión. Y si existe una capacidad de decisión, el recluso, por muy privado que esté de libertad se siente persona y actúa con libertad interior. Al actuar con libertad interior el recluso compensa en gran medida la imposibilidad de actuar con libertad externa, la que permite afrontar las situaciones vitales a las que el ser humano se ve expuesto indefectiblemente.

17.7.6. AUSENCIA DE EXPECTATIVAS

El recluso orienta todo su comportamiento, toda su conducta y actitud vital hacia la consecución de un único objetivo final: recobrar la libertad. Todo su repertorio de manifestaciones personales, conductuales y actitudinales se dirige a ese fin. Todas las circunstancias que afectan al interno son susceptibles de ser instrumentalizadas en la búsqueda y consecución prioritaria de la excarcelación. Y el objetivo, el fin, no puede ser más legítimo. Cualquier opción personal, por mínima que ésta sea, que se le ofrece al recluso está tamizada, mediatizada por su conexión con ese objetivo maximalista que todo lo llena. Existen, que duda cabe, comportamientos, actividades, momentos, situaciones espontáneas inherentes a la propia existencia y a la propia convivencia. Absolutamente todas estas manifestaciones palidecen o simplemente dejan de existir en la mente del recluso ante la mención de la vida en libertad. No existen expectativas en relación con la propia vida que no estén conectadas en alguna medida con el objetivo final del retorno a la vida libre en el menor tiempo posible. Cualquier momento es en sí mismo un mero «entretenimiento» en espera de que ese objetivo se consiga en la realidad. La dificultad de conseguirlo conduce al recluso a un estado anímico fácilmente comprensible. Los plazos se apuran hasta el infinito. Las «cuentas» se adueñan de la mente del recluso y las fechas llenan su pensamiento. Cualquier mención a las previsiones respecto al tiempo de estancia en prisión, respecto al tiempo de cu mplimiento que resta hasta la obtención de la libertad es objeto de todo tipo de reflexiones y análisis por el recluso directamente afectado. Las expectativas personales están absolutamente condicionadas por una idea: la de la libertad perdida y la forma de recobrarla en el menor tiempo posible. Sólo existe una expectativa: retornar a la vida en libertad.

17.7.7. LA SEXUALIDAD

Un de los tópicos más arraigados entre la ciudadanía, a la hora de hablar sobre el intra-mundo de las cárceles, es el de atribuirles la capacidad de modificar el impulso sexual de sus inquilinos de manera que, quien en libertad mantenía una orientación sexual determinada, una vez ingresa en prisión esta orien tación se cambia radicalmente. La violencia que el propio medio, por las servidumbres que le son propias no puede en absoluto ser considerada como un factor tan determinante como para provocar cambios tan sustanciales como los que afectan a la propia orientación sexual. El sujeto al igual que la persona homosexual, conserva su orientación sexual intacta durante su estancia en prisión y, en todo caso, las modificaciones que puedan producirse en la disposición sexual, de darse, son consecuencia de la propia evolución personal del individuo. En la trayectoria vital de una persona la orientación sexual pasa por diferentes estadios hasta un momento final que la define significativamente. La estancia en prisión puede constituirse en un período vital más en la evolución del sujeto coincidente en el tiempo con un estadio de los citados acerca de la orientación sexual. Con este planteamiento, la orientación sexual de una persona sigue su curso natural con independencia de que ésta se encuentre recluida o disfrute de plena libertad. La privación de libertad sí puede conllevar la privación - por falta de oportunidades - de prácticas sexuales en pareja, pero no anula la capacidad sexual. La sexualidad de las personas presas no padece mayores consecuencias que la que padece la de una persona que, estando en libertad, carece de relaciones sexuales. Las consecuencias en la vivencia de la propia sexualidad dependen en mayor medida del tipo de prácticas sexuales que en la vida personal se lleven a cabo y no del entorno en el que se encuentra la persona. Las disfunciones que en la práctica sexual pueden darse durante la permanencia en prisión tienen una relación directa con las circunstancias en las que esta práctica se lleva a cabo. Circunstancias como la habitación, el horario, el control del tiempo y los trámites administrativos previos a la celebración de una comunicación íntima se constituyen en factores que sí influyen y condicionan la práctica sexual. La cárcel sí afecta a la vivencia de la práctica sexual en pareja al someterla a tensiones absolutamente improcedentes y gravemente distorsionantes respecto a las condiciones en la que se lleva a cabo una práctica sexual en libertad. Pero la cárcel no afecta a la orientación sexual. Las disfunciones sexuales más frecuentes entre los reclusos son la impotencia, la eyaculación precoz y la falta de respuesta sexual por parte de la pareja. Disfunciones que se encuentran directamente relacionadas con la situación en la que se produce la relación sexual. La vivencia de la sexualidad es por lo tanto susceptible de ser traumática ya que la presión «organizativa» e «institucional» puede llegar a bloquear el normal desarrollo de una práctica sexual adecuada. Este bloqueo, si bien se puede producir especialmente en las primeras experiencias de comunicación, si es sostenido en el tiempo puede llegar a afectar seriamente al propio equilibrio personal en este ámbito concreto.

17.7.8. VARIABLES INTERVINIENTES

La adaptación psicológica y conductual al medio penitenciario se encuentra determinada por una serie de complejas circunstancias que, interrelacionadas entre sí, ofrecen un extenso abanico de posibilidades a la hora de manifestarse. Son numerosas las variables que intervienen condicionando el proceso de adaptación de una persona al medio carcelario. Estas variables pueden concretarse a muy grandes rasgos en tres apartados:

-Edad del individuo, entendida en términos de cúmulo de experiencias personales acumuladas a lo largo de su trayectoria vital.

-Nivel cultural, entendido en términos de capacidades y de conocimientos personales.

-Trayectoria penal, entendida en términos de primariedad o reincidencia delictiva.

Estos tres grandes apartados engloban todas las demás circunstancias personales, familiares, sociales y laborales del individuo, y permiten aventurar un pronóstico respecto a su capacidad de adaptación al medio carcelario.

Tornando corno referencia estas tres variables - edad, nivel cultural y trayectoria penal - se ha aplicado un autoinforrne a un representativo número de reclusos ingresados en el Centro Penitenciario de Cumplimiento y de Preventivos de Topas-Salamanca, con el fin de elaborar una relación priorizada de las circunstancias que los internos perciben corno más difíciles de soportar del medio penitenciario, en la convicción de que aquello que es difícilmente tolerable genera unas consecuencia psíquicas ineludibles, superables en el tiempo, pero condicionantes en todo caso del comportamiento posterior a la excarcelación. La escala aborda directamente la valoración que a juicio de los reclusos merecen determinadas circunstancias inherentes a la permanencia en prisión de una persona, de forma que la fotografía final que nos aportan sus respuestas nos permite adecuar nuestra actuación, reduciendo en gran medida sus efectos negativos. La valoración que cada recluso realiza es personal; sin embargo, su agrupación en función de las variables antes citadas - edad, nivel cultural y trayectoria penitenciaria - nos permite hacer un diagnóstico más certero y real de la situación general. El cuestionario comienza siendo abierto, por cuanto al interno se le ofrece la posibilidad de expresarse en términos fácilmente objetivables y, progresivamente, se le va induciendo a la mayor personalización. Finalmente, ya con la persona debidamente situada en el contexto propicio, ésta responde a una relación detallada de circunstancias susceptibles de ser valoradas numéricamente. Las circunstancias se puntúan en una escala de 1 a 10 dependiendo de que sea muy llevadera o, en el extremo opuesto, insoportable. La suma lineal de las puntuaciones obtenidas por cada circunstancia - que supone su valoración particular - dentro del grupo de clasificación nos permite obtener un listado debidamente priorizado de las circunstancias que pueden considerarse llevaderas hasta las que se consideran difícilmente soportables.

17.7.8.1. Escala

Este autoinforme, que debe rellenarse de forma anónima, pretende obtener información cierta acerca de las circunstancias que son vividas como especialmente transcendentes a nivel personal por parte de las personas que se encuen tran recluidas en una cárcel. Así, las preguntas que se plantean son abiertas y se espera de los entrevistados que, a través de sus respuestas, pueda conocerse mejor cuáles son, a juicio de los mismos, los aspectos de la vida en libertad más ansiados desde la pérdida de este derecho fundamental. Las preguntas incluidas son las siguientes:

-¿Cuánto tiempo lleva usted preso?

-¿Qué condena o suma de condenas ha recaído sobre su persona?

-¿Por qué delitos ha sido usted condenado?

-¿Cuál fue la edad de su primer ingreso?

-¿Cuántas veces ha ingresado en la cárcel, contando el presente ingreso?

-¿Cuánto tiempo aproximado le resta para recobrar la libertad?

-¿Qué aspecto de la vida en prisión le resulta más molesto?

-¿Qué aspecto de la vida en prisión le resulta realmente insoportable?

-¿Qué aspecto de la vida en prisión le resulta más llevadero?

Valore de 1 a 10 las circunstancias que se citan a continuación, de manera que 1 sea una circunstancia muy llevadera y 10 sea una circunstancia muy difícil de soportar.

17.7.8.2. Resultados

Una vez aplicado el autoinforme a un representativo número de reclusos, tomando en consideración como variables determinantes el nivel cultural y el tiempo de reclusión efectiva padecido, los resultados obtenidos son los siguientes:

-Determinación orden de variables (véanse las Tablas 17.1 y 17.2).

-Determinación de variables totales. Se priorizan las variables de mayor a menor (la número 1 es la variable más difícil de sobrellevar durante el encarcelamiento y la número 10 la más llevadera en términos absolutos para el total de la muestra representativa):

1.Distancia familiar.

2.Falta de intimidad.

3.Absoluta dependencia externa.

4.Falta de control de las propias decisiones.

5.Ausencia de relaciones sexuales.

6.Vida reglamentada.

7.Ausencia de relaciones sociales.

8.Desprestigio social.

9.Ansiedad personal.

10.Falta de medios materiales.

11.Falta de expectativas.

12.Disciplina impuesta.

13.Convivencia con otros reclusos.

14.Propia consideración personal.

Tabla 17.1

Nivel cultural medio-bajo y tiempo de permanencia efectiva en prisión

Tabla 17.2

Nivel cultural medio-alto y tiempo de permanencia efectiva en prisión

17.7.8.3. Valoración

Vamos a hacer una valoración más en detalle de las cinco primeras variables que son citadas por el global de la población como más difíciles de sobrellevar durante la situación de encarcelamiento. Estas cinco variables se manifiestan en diferente orden pero de forma preferente en los dos grandes niveles culturales que han servido de referencia en el cuestionario, así como en los diferentes períodos de estancia en prisión. Se trata de variables que se entroncan en la necesidad primaria de relación que todo ser humano tiene, así como en la necesidad de recogimiento y de intimidad que igualmente forma parte ineludible del mismo. Como resultado general del cuestionario se observa una clara línea de separación en las variables valoradas como especialmente importantes y las que, sien do relevantes, son más fáciles de sobrellevar. Las variables más valoradas son, como señalábamos, las que revelan necesidad de relación y de recogimiento. Las siguientes - a partir de la sexta variable - se refieren fundamentalmente a circunstancias de carácter más personal y que, por lo tanto, son susceptibles de ser consideradas como más o menos relevantes según cada individualidad.

17.7.8.3.1. «La distancia de la familia»

La privación de libertad lo es no sólo del derecho fundamental que le da nombre si no también, fundamentalmente, de la cercanía de todo aquello que conforma y define a la persona. La persona, el individuo lo es en relación con un entorno inmediato con el que se fusiona. Esta conjunción de circunstancias personales y familiares determina la forma de ser y de comportarse, sirviendo de referencia básica a todo ser humano. La cárcel mutila a la persona en lo que atañe a su convivencia más cercana y más íntima, de forma que el recluso ansía en primer lugar mantener a toda costa los vínculos con aquello que conforma su pasado y da argumentos a su presente y futuro. El recluso, expuesto a toda suerte de circunstancias adversas durante su permanencia en prisión, tiene en su familia y en la máxima cercanía de la misma una válvula de escape psicológico insustituible. Bien es cierto, por otra parte, que la vida familiar externa adolece en infinidad de situaciones de condiciones materiales y ambientales que pongan de manifiesto un mínimo bienestar; sin embargo, este hecho fácilmente contrastable en la práctica en absoluto inhabilita a la familia y a su cercanía como factor de estabilidad emocional de primer orden para el recluso. Las condiciones de vida en una cárcel pasan a un segundo plano ante la opción de mantenerse cerca físicamente de la familia. La demanda más frecuente a la que tiene que hacer frente la Administración Penitenciaria en relación con los reclusos es la de respetar o, en su caso propiciar, el acercamiento del centro de cumplimiento al entorno familiar más cercano. La consecución de este objetivo, en el supuesto de que su incumplimiento suponga el alejamiento del recluso de su familia, genera en el interno una mejor disposición a la hora de aceptar las condiciones de vida inherentes a todo encarcelamiento. Si la cercanía familiar es el aspecto más valorado por el recluso para amortiguar la situación penitenciaria del mismo, el alejamiento se constituye, por lógica, en la situación más agravante, la que peor se tolera por la población interna. Un adecuado control de esta circunstancia puede conllevar una situación personal radicalmente distinta en cada interno, de manera que puede constituirse en un instrumento potenciador de las mejores actitudes de cada uno de ellos.

17.7.8.3.2. «Falta de intimidad»

Las dificultades que el medio penitenciario crea a la persona para disfrutar de momentos personales e íntimos que permitan recobrar el equilibrio emocional afectado por la forzada convivencia se constituye en un importante obstáculo en el proceso de adaptación de cada recluso al mismo. El denominado efecto «nido», es decir, permitir al interno poder refugiarse en su intimidad de forma periódica y sin trabas es un referente fundamental en la consecución de un cierto bienestar personal del que se derivan, lógicamente, importantes consecuencias. Como comentábamos con anterioridad, toda persona necesita para su adecuado desarrollo personal y para mantener su propio equilibro psíquico de momentos y espacios absolutamente reservados en los que pueda expresarse, aun cuando sea a nivel reflexivo, con total libertad y sin presión externa alguna. El recluso, con independencia de su peculiar situación jurídica y por encima de cualquier otra circunstancia, es una persona, un ser humano y, como tal, se comporta.

17.7.8.3.3. «Ausencia de relaciones sexuales»

La sexualidad es un referente actitudinal y conductual absolutamente vivo en el medio penitenciario en igualdad de condiciones a cualquier otro medio. El medio penitenciario ni propicia ni limita la vivencia de la propia sexualidad. Si la sexualidad merece una alta consideración entre la población reclusa lo es, principalmente, por que así ocurre en el propio ser humano. El ser humano es un ser sexuado y la expresión de la sexualidad es constante con independencia de las condiciones externas en las que se encuentre - con exclusión, lógicamente, de las consideradas extremas en uno u otro sentido-. Aceptada esta premisa, la preocupación manifestada por los reclusos acerca de sus prácticas sexuales responde fundamentalmente al hecho cierto de que la reclusión supone una restricción evidente a sus opciones de llevarlas a cabo, valoración que en igual medida se daría en otro colectivo que - como el militar en maniobrasno puede, en razón de sus condiciones de trabajo durante un período determinado, relacionarse sexualmente tal y como él pretendería. Las dificultades objetivas de desarrollar un abanico razonable de relaciones sexuales es sin duda un motivo de malestar de la población reclusa.

17.7.8.3.4. «Desprestigio social»

La prisión, estigmatiza y etiqueta. El etiquetamiento es un proceso del que ninguna persona que participe de un grupo humano está libre. El etiquetamiento en una prisión se produce tanto a nivel interno - dentro del propio grupo - como externo - por pertenecer a ese grupo-. Pero el etiquetamiento carcelario tiene un mayor grado de intensidad en lo que atañe al mundo externo, convirtiéndose en estigmatización. El preso, incluso cuando deja de serlo, se siente marcado, observado y discriminado. El ingreso en prisión es una experiencia que no es susceptible de ser olvidada a nivel personal. Pero también es una experiencia que previene al ex-recluso ante cualquier interacción social que suponga cierta exposición social, ante cualquier interacción de riesgo. El preso es consciente de que ha sido la vulneración de la norma lo que le ha con ducido a esta situación. El preso acepta y asume su responsabilidad pero circunscrita al hecho concreto, al suceso particularizado que le ha conducido a prisión. El recluso no acepta la generalización ni la valoración de su conducta más allá de lo probado y comprobado. El preso se rebela contra la desconsideración global de su persona por haber cometido un hecho delictivo. El preso se rebela contra el desprestigio social inherente a «su» estancia en prisión. Su vivencia en relación con el mundo exterior es muy tensa. Existe una tensión irresoluble entre el recluso y la sociedad que le priva de su convivencia. La tensión surge preferentemente de la visión que el recluso considera que de su persona tiene la sociedad. La sociedad mantiene una significativa posición que se resume perfectamente en la máxima «odia el delito y compadece al delincuente». Pero el recluso no se siente reconocido ni siquiera en este planteamiento que pone de manifiesto gran comprensión para con su situación vital. La tensión personal en relación con el exterior se ve agravada significativamente por el hecho de que no es sólo el recluso quien sufre el desprestigio social añadido a toda situación carcelaria, sino que también este desprestigio, esta desconsideración social, la padece por extensión su familia y su entorno más cercano. Familia y entorno que, como ya señalábamos, se constituyen en el referente fundamental del bienestar del recluso durante su permanencia en prisión y que, por esta misma situación carcelaria, se ven abocados a una tensión social extraordinaria.

17.7.8.3.5. «Ausencia de relaciones sociales»

El mundo penitenciario es un mundo cerrado, agotado en sí mismo y en unas referencias muy concretas y limitadas. El recluso, una vez adaptado al medio, valora las relaciones que mantenía en el exterior y les da el máximo rango entre sus necesidades. El interno necesita oxigenarse manteniendo relaciones con el exterior. Las relaciones internas están afectadas por el proceso institucionalizador que es propio a todo sistema cerrado. Cualquier relación que permita superar las limitaciones a las que se encuentra sometido es bienvenida y agradecida. El voluntariado en los centros penitenciarios, con independencia de la colaboración que presta en orden a atender determinadas necesidades externas del recluso, es valorado en gran medida por ofrecer al interno nuevas relaciones, nuevas formas de estar y de conversar. La presencia de personal externo en una cárcel es potencialmente muy terapéutica y, como tal, debe ser aprovechada. Los internos no escatiman expresiones de afecto y de reconocimiento al personal externo y eso es debido, en gran medida, a que son conscientes de la necesidad que tienen de acercarse al mundo exterior, aun cuando sea a través de la conversación, de la convivencia con quienes en ese momento en esa difícil situación son sus representantes. Cualquier visitante de un centro penitenciario resalta el trato recibido durante su estancia en el interior, en particular en lo que atañe a la población reclusa. Con independencia de la formalidad que haya tenido la visita, lo más impactante para el visitante es la facilidad con que la población reclusa se relaciona con la persona externa. Este hecho, fácilmente contrastable con la experiencia, no es consecuencia de una actitud disciplinada e instruida desde la Administración para con todo visitante. Este hecho, esta facilidad de relación recluso-visitante, responde directamente al grado de necesidad que tiene el interno de relacionarse positivamente con el mundo exterior representado en ese momento por el visitante. El recluso ansía la libertad y todas sus manifestaciones y una de esas manifestaciones es relacionarse en términos de máxima cordialidad y afecto con quien procede del mundo libre. En esas relaciones el recluso satisface una de sus necesidades fundamentales afectadas, como tantas otras, por la pérdida de la libertad.

17.7. 8.3.6. «Otras variables»

Como resultado del muestreo llama la atención significativamente la diferente valoración que a la población reclusa le merecen las variables más directamente relacionadas con la convivencia normalizada, en detrimento de aquellas otras que se refieren más a las propias capacidades individuales, en particular a las de adaptación. Es relevante el dato de que la propia consideración personal no se vea tan afectada por razón del ingreso en prisión, superados los estadios iniciales propios al encarcelamiento. El recluso parece defenderse íntimamente de los efectos del ingreso en prisión, blindándose literalmente en lo que atañe a la propia consideración personal. El interno moviliza todos sus recursos personales para defender su autoestima, desarrollando argumentos y cogniciones de todo tipo que le amparen ante el hecho real y cierto de su reclusión. Eso no significa que su estado anímico no se vea afectado y que su actitud sea positiva, en términos generales, si no que, al margen de las fluctuaciones de dicho estado de ánimo, el interno-recluso desarrolla estrategias que le permiten respetar su autoestima. Complementariamente a lo reseñado, también es significativa la capacidad de adaptación de los internos a las circunstancias externas, entendidas éstas como normativas propias de la organización, disciplina comportamental y vida reglamentada en general. El internorecluso acepta la norma como algo consustancial a la vida penitenciaria y, si bien tras su excarcelación tiene la sensación de haber recobrado su libertad hasta en extremos que ni sospechaba, lo cierto es que durante su estancia en prisión su capacidad de adaptación es muy elevada. De este modo, variables como la «disciplina impuesta», la «vida reglamentada», la «falta de control de las propias decisiones» y «la absoluta dependencia externa», siendo variables valoradas por el recluso como importantes, se sitúan en un nivel inferior ante las que se relacionan directamente con el individuo en sus términos más personales.

BIBLIOGRAFÍA

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SCHARG, C. (1954), «Leadership among prison inmates», American Sociological Review, 19, 37.

WHEELER, S. (1961), «Socialization in corectional conmunities», American Soczological Review, 26, 267.

MARÍA CONCEPCIÓN ROMERO QUINTANA

18.1. INTRODUCCIÓN

La evaluación psicológica, corno disciplina de la Psicología que se ocupa de la exploración y análisis del comportamiento humano, se puede llevar a cabo en diferentes ámbitos así corno con finalidades distintas. El medio penitenciario es un contexto más en el que el individuo que allí se encuentra se manifiesta de múltiples maneras, siendo un medio al que llega con una historia personal, familiar y social que ha influido enormemente en sus circunstancias y que influirá en un futuro en el modo de sobrellevar la condena impuesta. Cuando una persona cornete una o varias conductas delictivas, del estudio pormenorizado que hagamos de sus antecedentes personales y de las circunstancias vitales que hayan podido influirle, podremos concluir datos muy relevantes para efectuar un abordaje terapéutico oportuno, que abarque diferentes áreas de su personalidad y que se convertiría en la finalidad primordial de su internamiento en prisión: la reeducación de sus carencias y la reinserción social plena a su vuelta a la vida en libertad. Una finalidad reeducativa en la que se tienen en cuenta las características personales, familiares, formativas y sociales del sujeto a fin de dotarle de los recursos necesarios para su adecuada reintegración social, y en la que también cobra una relevancia especial el concepto de responsabilización, de indudable valor educativo, por el que se pretende lograr el objetivo de que el recluso asuma la responsabilidad de los hechos delictivos cometidos y acepte las consecuencias que conllevan dichas acciones penalmente sancionadas. Ello contribuye a una torna de conciencia del daño causado, mediante la reflexión, y a que se establezca un vínculo entre la conducta delictiva individual y las consecuencias sociales (Tejedor, 2001). Para entender el término «educación» nos podernos remitir a lo establecido en el Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: «La educación tiene que apuntar al pleno desarrollo de la personalidad humana y a un refuerzo del respeto por los derechos del hombre y por las libertades fundamentales.» Por ello, para que las medidas sean educativas, y en el medio penitenciario reeducativas, han de concurrir en ellas los siguientes aspectos:

-Que sean responsabilizantes, es decir, capaces de inducirles a sentirse responsables de sus actos ante sí y ante la comunidad.

-Que no sean perturbadoras de su proceso evolutivo.

-Que sean compensadoras, capaces de contribuir a cubrir las carencias y necesidades acumuladas.

-Que posibiliten la adquisición de nuevos aprendizajes y relaciones que favorezcan su posterior desarrollo personal y social, una vez terminada la condena (Tejedor, 2001).

Debernos hacer una mención especial hacia las víctimas que son las que padecen el delito, de forma injusta y muchas veces traumática. A ellas las tenernos presentes en toda la labor resocializadora, tratando de evitar que el delincuente recaiga en su conducta delictiva, generando nuevas víctimas, así corno en la labor de concienciación, para que, en la medida de lo posible, trate de reparar el daño causado, si no directamente a su víctima, sí de forma indirecta. Todavía queda mucho por avanzar en el terna de la mediación y conciliación entre el delincuente y la víctima. Por parte de las víctimas, en muchas ocasiones lo que desean es que se les repare el daño ocasionado, la comprobación de que el autor del daño está arrepentido y la garantía de que no volverá a realizar semejante conducta delictiva; por parte del delincuente, por la importancia que puede llegar a tener el sentirse perdonado por la víctima corno paso final a sus esfuerzos de rehabilitación y de superación de las circunstancias que le llevaron a delinquir, así corno a los esfuerzos sinceros de reparación del daño. Encontrando cauces de mediación entre ambas partes, para determinados supuestos, no sólo se puede conseguir mejorar el objetivo resocializador de algunos delincuentes y el objetivo reparador para las víctimas, sino que, estaríamos aportando una auténtica alternativa a la pena de prisión, eludiendo los efectos negativos de la misma.

La Psicología Penitenciaria lleva realizando desde hace mucho tiempo importantes aportaciones al sistema penitenciario español. El estudio de la personalidad del recluso y la elaboración de terapias y formas de intervención para paliar y superar las deficiencias y carencias que el delincuente padece contribuyen de forma considerable a conseguir ese ideal máximo al que aspiramos en la actualidad desde la realidad penitenciaria, que es el de favorecer la rehabilitación del interno o interna que ha pasado, por las razones que fueran, a formar parte del centro penitenciario. Mariano Yela comentaba que «la Psicología, como todas las ciencias, y más que muchas, tiene dos objetivos principales: la Verdad y la Felicidad». Ciertamente no está de más que como psicólogos tratemos de ayudar a las personas con las que estamos en contacto, para que descu bran cuál es su punto de partida, cuál es su realidad, cuáles sus carencias y limitaciones y también, cómo no, cuáles sus cualidades y aptitudes para que, desde ellas, aprendan y nosotros sepamos trasmitirles nuevas estrategias y conocimientos que les permitan enfrentarse, de forma adecuada, a los acontecimientos a los que tienen que hacer frente en la vida de forma ineludible. En definitiva, es de gran importancia conseguir transmitir a través de todas las técnicas que la Psicología nos ofrece al que ha delinquido que el futuro depende de él mismo y de su motivación para efectuar aquellos cambios que considere oportunos en su personalidad y en sus ideas para, de esta manera, conseguir un repertorio de conductas que le permitan vivir, no sólo respetando las normas establecidas en las leyes penales, sino también vivir de la forma libremente elegida por él, sin que sean sus propios condicionamientos personales, los que le mantengan más preso que nadie. Como dice Unamuno en su novela Paz en la guerra: «sólo quien quiera cuanto suceda logrará que suceda cuánto él quiere».

Antes de hablar del trabajo específico realizado en las Instituciones Penitenciarias en materia de evaluación psicológica, consideramos oportuno hacer una somera aproximación al medio penitenciario para definir, de alguna manera, el contexto en el cual se desarrolla esta labor. También nos acercaremos a la figura del interno y a las múltiples diferencias individuales que se producen entre ellos. Y, por último, hablaremos del psicólogo como profesional de este medio, de su integración en los equipos multidisciplinares, de sus tareas a realizar y de las funciones que desempeña. Será necesario también hacer una breve referencia a las normas fundamentales sobre las que se sustenta la actuación de la Administración Penitenciaria: la Constitución, La Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario.

18.2. MARCO LEGAL

Todas las actuaciones que la Administración Penitenciaria realiza están regidas e inspiradas por la legislación penitenciaria, constitucionalmente establecida:

-Constitución Española. En su Artículo 25.2 nos indica la finalidad de las condenas: «Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley Penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.»

-Ley Orgánica General Penitenciaria. La Ley Penitenciaria es la primera Ley Orgánica que se dicta después de la Constitución. Las particulares condiciones políticas de la época, los conflictos que se habían producido en las prisiones españolas unos meses antes y la esforzada labor de emi nentesjuristas dirigidas por Carlos García Valdés hicieron posible esta circunstancia (López y Vela, 2001). Esta Ley entra en vigor e1 26 de Septiembre de 1979 y nace con la vocación de convertirse en un instrumento útil de trabajo para los operadores jurídicos que tengan que aplicar el ordenamiento penitenciario (funcionarios, jueces de vigilancia, abogados, ciudadanos, etc.). En síntesis, comprende las normas fundamentales relativas al estatuto jurídico del interno, las funciones y cometidos de la Administración Penitenciaria, la competencia del juez de Vigilancia de ejecución de las penas y una referencia al papel también protagonista que corresponde a la sociedad, tan implicada en las funciones penitenciarias como lamentablemente lo está en la génesis de la delincuencia (Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979). Al defender, en primer término, la finalidad resocializadora de la pena, la Ley pretende mostrar que el penado no es un ser eliminado de la sociedad, sino una persona que continúa formando parte de la misma, si bien sometido a un particular régimen jurídico, motivado por el comportamiento antisocial anterior de aquél y encaminado a preparar su vuelta a la vida libre en las mejores condiciones para ejercitar socialmente su libertad. La sanción privativa de libertad también se concibe como tratamiento, esto es, como actividad directamente dirigida a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados, mediante la utilización de los métodos científicos adecuados; éste será programado, individualizado y voluntario, estimulándose la colaboración del interno y dotado de una flexibilidad que lo aproxime a lo que podría denominarse un sistema de individualización científica. En definitiva, esta Ley constituye sólo un primer paso en la normalización de la situación penal y penitenciaria de nuestro país y la implantación de un sistema de ejecución de penas y medidas de seguridad más justo y humano, en el marco de un Estado democrático de derecho. Y también constituye una llamada de atención a la conciencia de la sociedad española, sin cuya participación y colaboración activa y convencida, el problema de las prisiones carecerá de solución definitiva (Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979).

-Reglamento Penitenciario. El vigente Reglamento Penitenciario fue aprobado por el Real Decreto 190/96 de 9 de febrero y entró en vigor el mismo día que el Código Penal de 1995. Concibe la prisión como un auténtico servicio público dirigido a resocializar a los reclusos mediante un tratamiento penitenciario amplio y omnicomprensivo y un sistema prestacional de la Administración Penitenciaria abierto, cuyos objetivos principales, en línea con las recomendaciones del Consejo de Europa, son:

•Asegurar unas condiciones de vida en la prisión compatibles con la dignidad humana.

•Reducir al máximo los efectos nocivos del internamiento y asimilar lo máximo posible la vida en prisión con la vida en libertad, para potenciar la autoestima y el sentido de la responsabilidad de los reclusos.

•Reforzarlas relaciones de los internos con sus familias y con la sociedad, así como fomentar la colaboración y participación de la sociedad en la actividad penitenciaria.

•Ofrecer al recluso la posibilidad de mejorar sus conocimientos y capacidades, así como incrementar sus posibilidades de reinserción en la sociedad al alcanzar la libertad.

En definitiva, ha de considerarse al recluso corno un miembro de la comunidad a la que pertenece y a la prisión corno un lugar normal de actuación de los agentes sociales en el ámbito de sus respectivas competencias. El desarrollo del régimen penitenciario debe verse corno un conjunto de opciones ofrecido a los internos para trabajar en su propia emancipación. Estas son las referencias legales a las que está sometida la actuación penitenciaría y a las que haremos continuamente mención a lo largo de todo el capítulo, desarrollando ampliamente sus contenidos por ser los principios inspiradores sobre los que se sustenta nuestro trabajo.

18.3. EL MEDIO PENITENCIARIO: CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN

Se alude a la institución total corno un lugar de residencia y trabajo donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un período apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria administrada formalmente. Una de las instituciones totales más emblemáticas es la prisión. Los efectos nocivos, corno tal institución, pueden aliviarse mediante un régimen de vida lo más flexible, humano y abierto posible, así como promoviendo sistemas de participación de los internos en las diversas áreas de la vida del centro, fomentando todo tipo de actividades y facilitando las relaciones con el exterior para que se mantengan los vínculos afectivos y sociales y el sentimiento de pertenencia a la sociedad. No obstante, y a pesar de sus efectos nocivos, debemos admitir que las prisiones son un mal necesario y previsiblemente habrán de seguirlo siendo por mucho tiempo. Los incesantes cambios de las estructuras sociales y de los regímenes políticos determinarán sin duda modificaciones esenciales en la concepción y realidad sociológica de la delincuencia, así como en las sanciones legales encaminadas a su prevención y castigo, pero es difícil imaginar el momento en que la pena de privación de libertad, predominante hoy día en los ordenamientos penales de todos los países, pueda ser sustituida por otra de distinta naturaleza que evitando los males y defectos inherentes a la reclusión pueda servir en la misma o en mejor medida a las necesidades requeridas por la defensa social.

La finalidad fundamental que se atribuye en la actualidad a las penas privativas de libertad es la reeducación y reinserción social de los condenados, sin perjuicio de prestar la atención debida a las finalidades de advertencia e intimidación que también se demandan, así como la proporcionalidad de las penas con la gravedad de los delitos cometidos que el sentido más elemental de la justicia requiere. La sanción de privación de libertad se concibe como tratamiento, esto es, como actividad directamente dirigida a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados mediante la utilización de los métodos científicos adecuados. El tratamiento no pretende consistir en una modíficación impuesta de la personalidad del hombre, sino en una puesta a disposícíón del mismo de los elementos necesarios para ayudarle a vivir fecundamen te su libertad. Los establecimientos penitenciarios donde se ejecuta la sanción penal son de tres tipos: preventivos, de cumplimiento de penas y especiales.

-Los establecimientos preventivos son centros destinados a la retención y custodia de detenidos y presos. En ellos prevalecerá el principio de presunción de inocencia hasta que no recaiga sentencia condenatoria, por lo tanto los internos ingresados en ellos no serán objeto de estudio ni de tratamiento hasta que no hayan sido condenados por sentencia firme, salvo que de forma expresa lo soliciten.

Losestablecimientos de cumplimiento son centros destinados a la ejecución de las penas privativas de libertad. Se organizan separadamente para hombres y mujeres, aunque actualmente están en marcha varias iniciativas en diferentes centros, donde hay módulos mixtos para parejas o familias que coinciden en el cumplimiento de su condena. En los centros de cumplimiento existen diferentes departamentos: de régimen ordinario, forma habitual de cumplimiento la mayor parte de la condena; de régimen abierto donde se disfruta de una semilibertad alternando períodos fuera y dentro del centro; y de régimen cerrado para los penados calificados de peligrosidad extrema o para casos de inadaptación a los regímenes ordinario y abierto. El régimen de estos centros se caracterizará por una limitación de las actividades en común de los internos y por un mayor control y vigilancia sobre los mismos, siendo su permanencia en ellos por el tiempo estrictamente necesario hasta que desaparezcan o disminuyan las razones o circunstancias que determinaron su ingreso en ellos.

-Los establecimientos especiales son aquellos en los que prevalece el carácter asistencial, como los centros hospitalarios, los centros psiquiátricos y los centros de rehabilitación social.

18.4. EL RECLUSO O INTERNO: SUJETO DE LA EVALUACIÓN

Hemos de saber que las personas que pasan a formar parte de la vida penitenciaria son aquellas que lo están porque una autoridad judicial ha determinado su ingreso en prisión por existir indicios fundados de que han cometido un delito y los que están por una sentencia firme dictada por uno o varios jueces a consecuencia de la actividad delictiva que han cometido y que ha resultado probada y conlleva como consecuencia una pena privativa de libertad por un tiempo determinado. Por curioso que resulte, al recluso le suele provocar un enorme rechazo la palabra «delincuente» dirigida hacia su persona, ya que considera su acción delictiva como algo coyuntural por muy reincidente que sea, sin identificarse con dicho rol como algo que le defina. Dentro de los «delincuentes» que pasan a formar parte de la población reclusa hay que distinguir tres tipos: los primarios, los ocasionales y los habituales.

-Los primarios son aquellos individuos que cometen un primer delito como algo puntual, por un cúmulo de circunstancias de las que no fueron plenamente conscientes en su momento y para los que el ingreso en prisión supone un gran impacto, ésta les resulta muy intimidativa y aprovechan su estancia en la misma como período de reflexión personal y de creación de nuevos propósitos de futuro. Generalmente no reinciden. El que lo hace, este primer delito se convierte en el inicio de su carrera delictiva. Podemos incluir aquí también los delitos pasionales que acontecen como un único episodio delictivo en la vida de la persona que lo ejecuta, pero que tiene una enorme transcendencia personal, familiar, social y penal.

-Los ocasionales son aquellos individuos que, aunque son capaces de vivir conforme a las normas socialmente establecidas, cuando encuentran una ocasión propicia transgreden la ley penal, minimizando generalmente los hechos y restándole la categoría de delito.

-Los habituales son los que realmente merecen el apelativo de delincuentes, puesto que son los que hacen de la comisión del delito su medio de vida y los que mayores carencias personales y educacionales padecen. Entre los factores influyentes en la formación de los delincuentes habituales están los contextos socio-familiar y escolar en los que se produce su proceso de socialización que generan en el individuo una baja autoestima y una inseguridad situacional y relacional, que aceleran su proceso de marginación y de posterior inadaptación social. Estas personas suelen considerar su captura como una cuestión de «mala suerte» y se convencen de que «la próxima vez no me pillarán». Consideran que la actividad ilegal les provee de más satisfacciones que la legal, para la que se consideran más incompetentes y en la que no saben desenvolverse.

Mención especial requiere la delincuencia femenina, que ha sufrido enormes cambios cualitativos y cuantitativos en los últimos tiempos. La relación de comisión de actividades delictivas penadas entre hombres y mujeres es de 22 a 1 (en relación a la población penada). Si el cálculo lo efectuáramos con respecto a la población general, la relación de participación de la mujer en el mundo del delito, con respecto al varón, aún se situaría en niveles más bajos. A nivel cualitativo se puede observar que el 38 por 100 de los delitos son contra las personas y el36 por 100 se centra en atentados contra la propiedad. Según las conclusiones de un estudio realizado por el Consejo de Europa en el año 1980 en países de nuestro ámbito:

-La criminalidad de la mujer es inferior a la del varón.

-Desde mediados de los años sesenta la tasa de criminalidad de la mujer no ha dejado de crecer.

-La criminalidad de la mujer se caracteriza por delitos en los que la violencia no es un componente básico.

-A pesar de lo dicho anteriormente, los delitos violentos cometidos por la mujer cada vez se incrementan más y cada vez los cometen con más frecuencia personas jóvenes.

-En la mayoría de las ocasiones, y, sobre todo, si existen delitos violentos, se ha constatado un pobre ambiente familiar.

En Estados Unidos se han hecho estudios acerca de las características de la pertenencia femenina a bandas juveniles, encontrándose que:

-La participación de la mujer en las bandas es cada vez mayor (bandas mixtas, bandas femeninas, desde fuera de la banda y en colaboraciones ocasionales).

-Aumenta también la participación de la mujer en bandas que se dedican a actividades violentas.

-En ocasiones, el papel de la mujer en la banda lo que consigue es «frenar», más que potenciar las actividades de carácter violento.

El tipo de delito cometido, marca enormes diferencias entre la población reclusa. Por ello, es importante diferenciar las principales tipologías delictivas para más adelante hacer un análisis de la personalidad del delincuente y de cómo ésta se refleja en el tipo de delito que comete:

-Delitos contra las personas (homicidios, asesinatos, lesiones, detenciones ilegales, secuestros, coacciones, amenazas, etc.).

-Delitos contra la libertad sexual (abusos sexuales, agresiones sexuales, acoso sexual, etc.).

-Delitos contra la Salud Pública (tráfico de drogas, etc.).

-Delitos contra la propiedad (robo, estafa, falsificación, apropiación indebida, receptación, etc.).

El principio inspirador del cumplimiento de las penas y medidas de seguridad privativas de libertad será la consideración de que el interno es sujeto de derecho y no se halla excluido de la sociedad, sino que continúa formando parte de la misma. En consecuencia, la vida en prisión debe tomar como referencia la vida en libertad, reduciendo al máximo los efectos nocivos del internamiento, favoreciendo los vínculos sociales, la colaboración y participación de las entidades públicas y privadas y el acceso a las prestaciones públicas (Artículo 3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria). La actividad penitenciaria se ejercerá respetando la personalidad de los internos y los derechos e intereses legítimos de los mismos no afectados por la condena, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (Artículo 4 de la Ley Orgánica General Penitenciaria). En consecuencia, los internos tendrán una serie de derechos que no se verán interrumpidos como consecuencia de su estancia en prisión y otros que surgirán desde el mismo momento de su ingreso en la misma, como son el derecho a que la Administración Penitenciaria vele por su vida, su integridad, su salud, a que se preserve su dignidad, al tratamiento penitenciario, a las relaciones con el exterior, a los beneficios penitenciarios, a participar en las actividades del centro, a formular peticiones y quejas, etc. Pero también el interno deberá tener en cuenta que se incorpora a una comunidad que le vincula de forma especialmente estrecha, por lo que se le podrá exigir una colaboración activa y un comportamiento solidario en el cumplimiento de sus obligaciones. En consecuencia, el interno además de sus derechos, tiene también unos deberes que cumplir, como son el deber de permanecer en el establecimiento hasta el momento de su liberación, el de acatar las normas de régimen interior, colaborar activamente en la consecución de una convivencia ordenada dentro del centro, observar una adecuada higiene y aseo personal, participar en las actividades formativas, educativas y laborales definidas en función de sus carencias para la preparación de la vida en libertad, etc.

18.5. EL PSICÓLOGO EN EL MEDIO PENITENCIARIO

Desde que en 1919 se creó el primer servicio psicológico en una prisión de Estados Unidos, se ha producido un crecimiento de la intervención psicológica en las instituciones penales de la mayoría de los países desarrollados. En España, el Decreto 162/1968 introduce la necesidad de contar con una serie de especialistas para la clasificación y el tratamiento penitenciario. La Ley 39/70 creó el Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias, perteneciendo al mismo juristas-criminólogos, psicólogos, pedagogos y sociólogos. La Ley Orgánica General Penitenciaria da una importancia especial a la Psicología, hasta el punto de que los principios inspiradores del tratamiento penitenciario son los siguientes:

-Estará basado en el estudio científico de la constitución, el temperamento, el carácter y las actitudes del sujeto a tratar, así como de su sistema dinámico-motivacional y del aspecto evolutivo de su personalidad conducente a un enjuiciamiento global de la misma.

-Guardará relación directa con un diagnóstico de personalidad criminal.

-Será individualizado.

-En general será complejo.

-Será programado.

-Será de carácter continuo y dinámico.

La psicopatología criminal es una parcela compleja y multicausal que necesita de diversas y continuadas valoraciones y que deben empezar en el mismo momento en que se produce la detención. El campo de actuación de la Psicología Penitenciaria es muy amplio y abarca prácticamente todas las áreas de la Psicología Aplicada. Las principales áreas de actuación del psicólogo son las siguientes:

-Pericial. Psicodiagnóstico y clasificación penitenciaria. Redacción de informes al Centro Directivo y al juzgado de Vigilancia Penitenciaria sobre la personalidad del interno y la evolución del mismo a lo largo del cumplimiento de la condena.

-Tratamiento. Elaboración y ejecución de programas para cada interno que se revisarán por el equipo cada seis meses, en los que se incluirá una propuesta de intervención en las áreas que se precisa, ya sean laborales, educativas o propiamente psicológicas: tratamiento de toxicomanías, intervención en VIH-SIDA, desarrollo personal (resolución de problemas, razonamiento crítico, empatía hacia las víctimas), habilidades sociales (desarrollo de competencias, preparación para la vida en libertad), preven ciónde suicidios, intervención en alteraciones psicológicas, tratamientos para el control de conductas violentas y/o de agresiones sexuales, programas de concienciación a narcotraficantes, etc.

-Otros. Programación y planificación del trabajo del equipo en el centro. Actividades de investigación. Funciones de dirección e inspección de los establecimientos penitenciarios, etc.

Las funciones del psicólogo vienen definidas en el Reglamento Penitenciario:

-Estudiar la personalidad de los internos.

-Aplicar y corregir las pruebas psicológicas.

-Asistir como vocal a las juntas de Tratamiento con una frecuencia mínima semanal.

-Estudiar los informes recabados de los funcionarios de vigilancia así como educadores, maestros, etc. basados en la observación directa del comportamiento del interno.

-Ejercer la tarea de Psicología Industrial y Pedagógica respecto a los talleres y a la escuela del centro.

-Ejecutar los métodos de tratamiento de naturaleza psicológica señalados para cada interno, en especial los de asesoramiento individual y en grupo, según la especialización de cada psicólogo.

-Redacción del informe de cada interno para las juntas semanales, ya sea para permisos, traslados, clasificaciones, aplazamientos de correcciones disciplinarias, etc.

-Respetar los derechos constitucionales, legales y reglamentarios, y seguir las líneas de actuación señaladas por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

El psicólogo forma parte de un equipo multidisciplinar compuesto por diferentes profesionales, los cuales aportarán los conocimientos propios de su especialidad y juntos formarán el denominado equipo de tratamiento que actuará bajo la dirección del Subdirector de Tratamiento. Podrán formar parte del Equipo Técnico un jurista, un psicólogo, un pedagogo, un sociólogo, un médico, un ayudante técnico sanitario/Diplomado Universitario en Enfermería, un profesor de la Unidad Docente, un educador, un trabajador social, un monitor sociocultural o deportivo, un maestro de taller y un encargado de Departamento. Las funciones del Equipo Técnico serán, entre otras, ejecutar los programas de tratamiento, el conocimiento directo de los problemas y de las demandas que formulen los internos, proponer a la junta de Tratamiento la adopción de las medidas necesarias para superar las carencias que presenten los internos, atender las peticiones y quejas que formulen los internos respecto a su clasificación, tratamiento o programa de intervención, evaluar los objetivos alcanzados, etc. Cualquier decisión que afecte al interno durante el cumplimiento de su condena respecto al tratamiento se adoptará de forma colegiada, en la llamada Junta de Tratamiento, cuyos miembros integrantes son el Director del Centro, el Subdirector de Tratamiento, el Subdirector Médico, el Equipo Técnico, sien do miembros imprescindibles del mismo, el jurista, el psicólogo, el educador, el trabajador social y los demás miembros relatados anteriormente cuya presencia se considere necesaria en la toma de decisiones. Dicha Junta de Tratamiento ejercerá entre otras las siguientes funciones:

-Establecer los programas de tratamiento, definiendo las actividades a realizar en función de las peculiaridades de su personalidad y del tiempo aproximado de duración de su condena o condenas.

-Supervisar la ejecución de las actividades programadas por el Equipo Técnico.

-Formular las propuestas razonadas de grado inicial de clasificación y de destino al establecimiento que corresponda.

-Proponer al Centro Directivo, en informe razonado, la progresión o regresión de grado.

-Adoptar los acuerdos que se estimen pertinentes sobre las peticiones o quejas que formulen los internos a los Equipos Técnicos.

-Conceder los permisos penitenciarios de salida.

18.6. DIAGNÓSTICO DE LA PERSONALIDAD DEL RECLUSO

En el ámbito penitenciario el diagnóstico psicológico puede contribuir a la toma de decisiones de órganos colegiados (Equipos Técnicos, Juntas de Tratamiento, etc.) de los Servicios Centrales de la Administración Penitenciaria o de las autoridades judiciales en asuntos como la resolución de propuestas de clasificación, progresión y regresión de grado, concesión de permisos, libertades condicionales y provisionales, etc. Este estudio y análisis de la personalidad del interno, tan trascendente para la posterior toma de decisiones se realiza desde una perspectiva multidisciplinar, en la que los diferentes profesionales pertenecientes al Equipo Técnico aportan los juicios que desde su especialidad pueden brindar, posibilitando un canal de comunicación que permite poner en relación los distintos conocimientos que se poseen del interno y su entorno. La Ley Orgánica General Penitenciaria en su Artículo 60 dice que «los servicios encargados del tratamiento se esforzarán por conocer y tratar todas las peculiaridades de personalidad y ambiente del penado que puedan ser un obstáculo para la consecución de las finalidades de reeducación y reinserción. Para ello, deberán utilizarse, en tanto sea posible, todos los métodos de tratamiento y los medios que, respetando siempre los derechos constitucionales no afectados por la condena, puedan facilitar la obtención de dichas finalidades». El tratamiento penitenciario está inspirado, entre otros, en dos principios fundamentales:

-El estudio científico de la constitución, el temperamento, el carácter, las aptitudes y las actitudes del sujeto a tratar, así como de su sistema dinámico-motivacional y del aspecto evolutivo de su personalidad conducente a un enjuiciamiento global de la misma.

-Guardará relación directa con un diagnóstico de personalidad criminal y con un juicio pronóstico inicial.

El psicólogo, corno especialista en ciencias de la conducta desempeña un papel importante a la hora de establecer el diagnóstico de la personalidad del interno. Para ello aportaremos una serie de datos que es necesario investigar y conocer para que, tenidos en consideración, podarnos hacer ese enjuiciamiento global de la personalidad. Exponernos, por tanto, las variables más habitualmente utilizadas por los psicólogos, en el medio penitenciario, para hacer la evaluación del interno y posterior diagnóstico:

-Filiación. Edad. Estado civil. Existencia de hijos, número de hijos y edades de los mismos. Número de hermanos y lugar que se ocupa entre ellos. Padres: si han fallecido saber cuándo y por qué motivo; si viven, saber la edad, el trabajo que ejercen o han ejercido, estado de salud, si le visitan y asisten económicamente, etc.

Historiafamiliar. Relaciones con los familiares. Tipo de familia de origen: si es estructurada o desestructurada. Tipo de familia adquirida, estructurada o desestructurada. Existencia de antecedentes psiquiátricos en la familia, miembro de la familia que padece trastorno psiquiátrico y tipo de trastorno. Intentos de suicidio o suicidios consumados en la familia. Antecedentes de alcoholismo y/o drogadicción por parte de algún familiar. Antecedentes penales en la familia. Posible educación recibida a cargo de los abuelos. Problemática de emigración en la familia. Nivel socioeconómico. Barrio de residencia: marginal, no marginal o rural.

-Proceso de socialización. Es el proceso por el cual los individuos a través de los diferentes agentes de control social (familia, escuela, trabajo, etc.) interiorizan las normas y valores propios de una sociedad y adquieren los patrones conductuales y habilidades que les permiten integrarse y actuar eficazmente en ese contexto sociocultural. Las deficiencias y disfunciones en dicho proceso se relacionan directamente con los fracasos en la adaptación social propiciando la aparición de conductas antisociales y delictivas. La socialización dentro de ámbitos subculturales dificulta igualmente la adaptación al medio comunitario favoreciendo la marginalidad y la delincuencia. Se incluiría también el nivel de instrucción, la existencia de fracaso y absentismo escolar, problemas de disciplina en la escuela, expulsión de la escuela y nivel de interiorización de normas y valores prosociales.

Procesode desviación social. Proceso por el cual los sujetos fracasan en la interiorización de la normativa social aceptada y en la adaptación social o se alejan de dicha normativa emitiendo conductas socialmente no compartidas y a menudo reprobadas. Este proceso suele estar asociado a las deficiencias en el proceso de socialización que constituyen formas de seudoinadaptación social por diferentes vías (marginación, evasión, drogadicción, alteraciones de personalidad, subcultura delictiva, etc.), facilitando la comprensión y el aprendizaje de la conducta delictiva. Edad de inicio de los primeros hurtos o delitos. Existencia de fugas del hogar. Ambiente de referencia marginal. Existencia de drogadicción. Pertenencia a subcultura delincuencial. Delito actual. Existencia de antecedentes penales. Evolución en la escalada delictiva y de violencia.

-Área cognitiva. Aprecia la inteligencia práctica, la facilidad de adaptación a distintos ambientes y situaciones y la habilidad para resolver problemas prácticos. Es relevante la detección de sujetos con deficiencias intelectua les que les dificulten o limiten la adaptación o el aprendizaje; en esos casos se evalúa la capacidad intelectual, mediante instrumentos de medida objetivos. Las características cognitivas son muy importantes en cuanto a diagnóstico, predicción y tratamiento, detectándose en los delincuentes deficiencias cognitivas específicas que les diferencian de los no delincuentes.

•Razonamiento abstracto. Es importante evaluar esta capacidad de razonamiento porque es un proceso muy relacionado con los pensamientos y el lenguaje, condicionando las capacidades de aprendizaje y adaptación social, especialmente en lo que se refiere a la cognición social, la cual permite a los sujetos hacer inferencias sobre los otros, ponerse en su lugar, comprender la conducta de los demás y los fenómenos sociales.

•Capacidad de resolución de problemas. Conjunto de habilidades y estrategias de afrontamiento que facilitan la resolución de situaciones conflictivas como la sensibilidad para identificar y definir las situaciones problemáticas, la capacidad para generar soluciones alternativas, considerar las consecuencias de dichas alternativas, conceptualizar los medios necesarios para alcanzar las metas propuestas o la habilidad para apreciar la relación causa-efecto entre nuestras acciones y la conducta de los otros. El ajuste social adecuado requiere la capacidad de enfrentarse con éxito a las situaciones problemáticas que puedan surgir en la interacción con otras personas. Existe cierta evidencia empírica de que los delincuentes presentan déficit en este tipo de habilidades y de que los trastornos de conducta suelen relacionarse con un afrontamiento ineficaz de las situaciones interpersonales. Las deficiencias en los procesos de reflexión y en estas habilidades cognitivas se asocian con una mayor agresividad e impulsividad.

•Proceso atribucional (locus de control). Proceso por el que los sujetos tienden a percibir las causas de los acontecimientos que les ocurren como dependientes de factores externos, que se escapan o están fuera de su control (locus de control externo) o que dependen en alguna medida de sí mismos y que tienen sobre ellos algún control (locus interno). Se relaciona con el ajuste personal y la autoestima (locus externo-baja autoestima), mientras el locus de control interno favorecería la mejora en la autoestima al percibirse el sujeto como poseedor de algún control sobre las cosas que le ocurren. Los delincuentes tienden a la negación de la responsabilidad de sus actos, que atribuyen a factores externos (droga, amistades, etc.) y a la autoexculpación, propiciando la tendencia a correr riesgos (ya que el resultado depende de la suerte...).

•Actitud ante el delito. Nivel de asunción de la responsabilidad delictiva. La no asunción de la responsabilidad, la negación o distorsión de los hechos delictivos y la ausencia de autocrítica respecto a dichos actos limita seriamente la motivación hacia el tratamiento y las posibilidades de cambio.

•Percepción de la ayuda. Percepción de la necesidad de ayuda terapéutica y de motivación al cambio. Ello facilita la puesta en práctica de intervenciones rehabilitadoras posteriores y mejora el pronóstico.

•Capacidad de empatía. Es la capacidad para ponerse en el lugar de los otros, tanto desde un punto de vista cognitivo como afectivo. El conocimiento y comprensión del punto de vista de los demás, facilita la planificación de la propia conducta y su adecuación en las relaciones inter personales. Las deficiencias en esta capacidad pueden ocasionar fracasos en la relación interpersonal e incremento de la hostilidad.

•Toma de perspectiva social. Capacidad para reconocer y comprender las reglas, normas, actitudes y conducta de los grupos sociales. Algunos delincuentes presentan deficiencias en esta capacidad limitando las posibilidades de un ajuste social adecuado. Existe cierta evidencia de la relación entre déficit en la adquisición de las habilidades de percepción social y diversas formas de desviación social.

•Pensamiento egocéntrico. Estilo de pensamiento que dificulta la diferenciación de las percepciones, pensamientos y emociones de los demás de las propias. Dificulta la comprensión de las intenciones ajenas, malinterpretando las acciones de los otros y los efectos de la propia conducta en los demás, dando lugar a expectativas sociales erróneas contribuyendo al fracaso en el ajuste social.

•Rigidez cognitiva. Tendencia a realizar conceptualizaciones persistentes, con mantenimiento de las mismas ideas pese a la evidencia en contra existente o conceptualizar las situaciones nuevas con esquemas anteriores e inadecuados. Dificulta la adaptación y el ajuste social. Favorece la resistencia al cambio.

•Distorsiones cognitivas. Pensamientos irracionales, inadecuados o erróneos y poco adaptativos. Dificultan el reconocimiento de la propia problemática y la aparición de percepción de ayuda terapéutica. Existe evidencia empírica de la relación entre estas distorsiones y la delincuencia.

•Autocontrol. Proceso de autorregulación por el que el sujeto es capaz de autoobservarse, autoevaluarse (estableciendo objetivos, metas y normas o criterios con los que evaluar la conducta realizada) y auto-reforzarse. Las deficiencias en los procesos de autocontrol o autorregulación suponen la aparición de conductas impulsivas, incapacidad de demora en la acción, ausencia de procesos de reflexión y de análisis cognitivo de la situación que mediaticen el paso a la acción. Existe cierta evidencia de que la impulsividad y las deficiencias en autocontrol se relacionan con diversos tipos de desviación social.

-Área personal.

•Inestabilidad emocional. Alta vulnerabilidad frente a situaciones de estrés. Es una dimensión bipolar cuyo polo opuesto corresponde a la estabilidad-control emocional. Implica disminución en la capacidad de tolerancia a la frustración e inconstancia en intereses y actitudes. Turbable. Sugestionable. Menor susceptibilidad al condicionamiento y dificultades en el proceso de socialización.

•Ansiedad. Estado o reacción compleja del sujeto que implica componentes cognitivos, conductuales y fisiológicos, frente a estímulos potencialmente peligrosos o percibidos como amenazantes. Ansiedad estadoansiedad rasgo. Los niveles de ansiedad influyen en la ejecución y el rendimiento, mejorándolos cuando aquella es moderada y dificultándolos cuando se alcanzan niveles elevados. Puede cumplir una función de adaptación al medio o tornarse disfuncional alterando el ajuste y la adaptación eficaz, con desorganización de la acción o alteraciones fisiológicas.

•Habilidades sociales y asertividad. Conjunto de habilidades y repertorio de conductas que posibilitan la emisión por parte de sujetos, en un contexto de relación interpersonal, de comportamientos mediante los cuales se expresan y se reciben sentimientos, actitudes, opiniones o derechos propios y de los otros, de una forma eficaz y adecuada a la situación, con respeto a los demás y que propician la resolución de problemas inmediatos y minimizan la probabilidad de su aparición en el futuro. La formación de competencias y habilidades sociales se inserta en el proceso de desarrollo social del sujeto repercutiendo en las áreas afectiva, cognitiva y conductual. Las deficiencias en estas habilidades se relacionan con problemas en la adecuación interpersonal y el ajuste social propiciando la aparición de conductas desviadas, inadecuadas y delictivas.

•Agresividad. Patrón de conducta caracterizado por el ejercicio de la intención de causar daño o perjuicio a las personas o bienes, en el que destaca la violación de los derechos de los demás o las reglas y normas sociales. Agresividad física y/o verbal, hetero y/o autoagresividad. Dificulta la adecuación interpersonal y el ajuste social. Incrementa la peligrosidad, gravedad y capacidad delictiva.

•Impulsividad. Tendencia a actuar de forma inmediata, con incapacidad para demorar la acción, analizar la situación, considerar las alternativas y las consecuencias de la propia conducta. Supone la ausencia de un proceso de reflexión previo a la acción. Implica dificultad para demorar la gratificación. Existe cierta evidencia empírica que relaciona el estilo de actuación impulsivo con la delincuencia. Dificulta el ajuste interpersonal y social.

•Trastorno psicopatológico. Presencia de trastornos o cuadros psicopatológicos definidos de naturaleza psicótica o neurótica, así como la posible existencia de trastornos psicosexuales, adaptativos o trastornos de la personalidad, etc., de acuerdo con los criterios diagnósticos establecidos en el DSM-IV. Tienen una especial relevancia el trastorno antisocial de la personalidad y la personalidad psicopática. Condicionan en diferente medida el ajuste personal, interpersonal, institucional y social. Normalmente requieren atención especializada, y la presencia de estos trastornos empeora el pronóstico. Las psicopatías constituyen un trastorno con notable incidencia en el campo de la delincuencia, incrementando la probabilidad de reincidencia.

•Drogodependencia. Estado complejo resultante de la interacción entre un organismo vivo (sujeto), la sustancia (droga) y el ambiente a través de un proceso de habituación. Estableceremos distinción de los criterios de dependencia de los de abuso. Implica tolerancia (necesidad de recurrir a dosis cada vez mayores de la sustancia para obtener los mismos efectos) y síndrome de abstinencia (estado originado por la supresión en la administración de la droga). Es un factor de alta relevancia criminológica dada su íntima relación con la marginalidad, la desviación social y la delincuencia, condicionando igualmente el ajuste personal e institucional y el clima social de las instituciones penitenciarias. Favorece enormemente la reincidencia en el delito por la presencia de recaídas y empeora el pronóstico en función de la historia toxicofílica, intentos de rehabilitación realizados, la motivación y participación en programas de tratamiento intrapenitenciarios y, posteriormente, extrapenitenciarios, y los recursos sociofamiliares y personales disponibles. Análisis del tipo de sustancia consumida (alcohol, cannabis, heroína, cocaína, fármacos), edad de comienzo del consumo, vía de administración de la dosis (intravenosa, nasal, inhalada, etc.), cantidad de dosis utilizada, frecuencia diaria. Fecha del último consumo.

•Motivación al tratamiento. Es una variable intermedia por la que el sujeto dirige u orienta su conducta hacia un objetivo, en este caso el tratamiento. Posibilita las intervenciones rehabilitadoras y mejora el pronóstico.

•Sistema actitudinal. Hace referencia a las predisposiciones adquiridas (aprendidas) para valorar y actuar ante diversos aspectos de la realidad. Se halla muy condicionado por el sistema de valores previamente adquirido. Tienen especial relevancia las actitudes hacia los valores prosociales, la familia, el trabajo, la normativa social, el sistema de justicia, la institución penitenciaria, la figura de autoridad, la delincuencia, etc. Las actitudes hacia estos aspectos concretos condicionan el comportamiento de los sujetos y su adecuación al medio institucional y social.

•Grado de prisionización. Es un proceso por el que los internos adoptan en mayor o menor medida las costumbres, hábitos y el código de valores de la subcultura carcelaria. Puede favorecer el incremento de la identificación con la subcultura delictiva dificultando el ajuste institucional y social. A mayor grado de prisionización, peor pronóstico.

•Descriptores de personalidad. Son el conjunto de rasgos de personalidad extraídos mediante diferentes técnicas psicométricas o de otro tipo, que modulan el comportamiento de los sujetos, configurando patrones de respuesta más o menos consistentes a través de diversas situaciones y del tiempo. Extraversión-introversión, dominancia-sumisión, autosuficiencia, suspicacia, afectividad, dependencia, radicalismo, dureza afectiva, estabilidad-inestabilidad emocional, madurez - inmadurez personal, autoestima, ansiedad (estado-rasgo), tendencias depresivas, tendencias suicidas, habilidades sociales, asertividad, etc. Todos ellos posibilitan la comprensión de la personalidad y conducta de los sujetos, así como la predicción del comportamiento futuro.

•Evolución conductual. Hace referencia a las modificaciones experimentadas por los sujetos en los aspectos significativos, anteriormente citados, que dificultaban su adaptación social. Se intenta que con las intervenciones realizadas durante el internamiento, la tendencia en su evolución sea favorable.

-Pronóstico de reincidencia. Para realizarlo debemos de tener presente una serie de factores cuya mayor presencia serían indicadores de mayor probabilidad de comisión de conducta antisocial. Según Farrington serán:

•Edad de inicio. A mayor precocidad mayor frecuencia y gravedad de la conducta posterior.

•Amplitud de la alteración. A mayor variedad de tipologías delictivas, mayor variedad de situaciones en las que se producen; a mayor gama de víctimas se asocia mayor conducta delictiva posterior.

•Frecuencia de la conducta delictiva.

•Gravedad de la conducta delictiva.

•Determinados tipos de síntomas: mentir, impulsividad, sanciones continuas, robos o hurtos a otros compañeros, etc.

•Características de los padres: psicopatología, conducta antisocial, alcoholismo, marginalidad, etc.

•Dinámica familiar desestructurada: conflictividad conyugal, familias numerosas, hermanos toxicómanos o con antecedentes penales, etc.

Siendo más precisos, podemos especificar una serie de variables personales, familiares y sociales que están muy relacionadas con la reincidencia en el delito. Estas variables de riesgo se pueden agrupar en tres grandes bloques y cuantas más se presenten mayor será el riesgo de reincidencia. Entre las variables personales destacamos las siguientes: habilidades deficientes en control de situaciones, distorsiones cognitivas respecto a su problemática, tendencia hacia la impulsividad, razonamiento orientado hacia la acción más que a la reflexión, rigidez cognitiva, escasez de metas realistas, locus de control externo en la atribución de la causalidad, egocentrismo, baja autoestima, drogodependencia, agresividad general, hostilidad hacia las víctimas, presencia de elementos psicopáticos (ausencia de sintonía emocional con los otros, impulsividad, etc.) y trastorno psicopatológico. Las variables familiares serían las siguientes: valores y estilo de vida delictiva en la familia, problemática de alcoholismo, ludopatía o de salud mental en los progenitores o figuras de referencia, discordia conyugal entre los padres (conflictos de pareja, malos tratos, separación, divorcio, etc.), déficit afectivo y escasa comunicación o patrones inadecuados, criterios educativos inexistentes, contradictorios, ambiguos, caprichosos, etc., criterios normativos autoritarios, rígidos, cambiantes, etc., marginación socioeconómica (barrio marginal, hacinamiento, etc.), escasos recursos económicos (paro, economía sumergida, precarias condiciones de vida, etc.), escasos recursos culturales (analfabetos, estudios sin finalizar, falta de cualificación profesional, etc.) y familias muy numerosas, con hijos no deseados por falta de planificación, etc. Las variables sociales serían la influencia del entorno (rural o urbano) y el entorno humano marginal: modelo de valores y conducta desadaptada. Con respecto a los indicadores de bajo riesgo de reincidencia cabe señalar lo siguiente. A menor similitud entre las circunstancias personales y socioambientales del momento en que fueron cometidos los delitos y las actuales, menos elevado es el índice de reincidencia; a mayor grado de conciencia del delito y mayor actitud de rechazo hacia él, menor riesgo de reincidencia; a mayor capacidad de empatía con las víctimas y con su entorno, menor riesgo de reincidencia; y, por último, cuanto mejor sea el estado de salud mental y la disposición para cambiar, menor será el riesgo de reincidencia.

-Pronóstico de peligrosidad social. Son indicadores de buen pronóstico los siguientes: delito no violento, ausencia de rituales, primariedad delictiva, buenos recursos personales, reconocimiento del delito, reconocimiento del daño causado, motivación para el cambio, motivación para el tratamiento y buena capacidad de empatía. Son indicadores de mal pronóstico o de alta peligrosidad social los siguientes: comisión de delito/s violento/s, fuerza física o uso de armas en la realización del delito, presencia de rituales durante la comisión de los mismos, reincidencia en el delito, evidencia de escalada en la gravedad de los delitos, distorsiones cognitivas respecto a su problemática, proceso de socialización deficiente o traumá tico, agresividad general, hostilidad hacia las víctimas, presencia de elementos psicopáticos (ausencia de sintonía emocional con los otros, impulsividad, etc.), escasez de recursos personales, presencia de alcoholismo u otras dependencias, evidencia de trastorno mental o psicopatológico, mal funcionamiento social general (baja competencia social, asertividad, autocontrol, resolución de problemas, etc.), no reconocimiento del delito, baja motivación para el cambio, rechazo del tratamiento y antecedentes laborales inestables.

18.7. FINALIDAD DE LA EVALUACIÓN

La evaluación psicológica en el ámbito penitenciario surge por la necesidad de comprender y analizar un determinado comportamiento delictivo, para así poder desarrollar una serie de pautas de actuación sobre el autor de esas conductas que le lleven a la superación de las circunstancias que las motivaron, de forma que en el futuro, circunstancias similares, las afronte aplicando las estrategias aprendidas que le resultan más eficaces o, por lo menos, no le llevan a transgredir las normas penales y socialmente establecidas. Los principales objetivos de la evaluación psicológica en el medio penitenciario son las siguientes: designación del grado de clasificación, estudio de concesión de permisos, determinación del grado de drogodependencia, valoración del riesgo de suicidio y precisión del pronóstico de integración social para la libertad condicional. Veamos a continuación cada una de ellas.

18.7.1. ASIGNACIÓN DEL GRADO DE CLASIFICACIÓN

Tras el ingreso en prisión, los penados deberán ser clasificados en grados. El Reglamento Penitenciario da las directrices a seguir para efectuar dicha clasificación. Los grados serán nominados correlativamente, de manera que el primero se corresponda con un régimen en el que las medidas de control y seguridad serán más estrictas, el segundo con el régimen ordinario y el tercero con el régimen abierto. No obstante, en la clasificación penitenciaria rige el principio de flexibilidad por el que el Equipo Técnico podrá proponer a la junta de Tratamiento que respecto de cada penado se adopte un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno de los mencionados grados, siempre y cuando dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado. Para determinar la clasificación se ponderará la personalidad y el historial individual, familiar, social y delictivo del interno, la duración de las penas, el medio social al que retorne el recluso y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito del tratamiento. Serán clasificados en segundo grado los penados en quienes concurran unas circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia, pero sin capacidad para vivir, por el momento, en semilibertad. La clasificación en tercer grado se aplicará a los in ternos que, por sus circunstancias personales y penitenciarias, estén capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad. Se clasificará en primer grado a los internos calificados de peligrosidad extrema o inadaptación manifiesta y grave a las normas generales de convivencia ordenada. La propuesta de clasificación inicial y posteriores revisiones de la misma se formularán por las juntas de Tratamiento, previo estudio del interno. El psicólogo, como miembro activo de la junta, deberá aportar su estudio y evaluación exhaustivos de la personalidad del interno y de su proceso de desviación social, análisis de necesidades prioritarias, proponiendo pautas de actuación y actividades encaminadas a la consecución de los objetivos fijados para cada interno. Es una de las ocasiones en que más importancia tiene la evaluación psicológica realizada, no sólo por la trascendencia que para el interno tiene el grado de clasificación en que se le asigne sino porque se puede aportar una serie de datos psicológicos y de personalidad muy relevantes para la programación del tratamiento penitenciario que en el futuro hay que tener con el recluso.

18.7.2. ESTUDIO DE LOS PERMISOS DE SALIDA

La Ley prevee que aquellos internos que cumplan unos determinados requisitos, transcurrido un tiempo prudencial de la condena, pueden disfrutar de permisos de salida con una duración determinada. Concretamente, el Título VI del Reglamento Penitenciario habla de las clases, duración y requisitos de los permisos penitenciarios. El Artículo 154 nos habla de los permisos ordinarios: «Se podrán conceder, previo informe del Equipo Técnico, permisos de salida ordinarios de hasta siete días de duración como preparación para la vida en libertad, hasta un total de 36 ó 48 días por año a los condenados clasificados en segundo o tercer grado respectivamente, siempre que hayan extinguido la cuarta parte de la condena o condenas y no observen mala conducta.» El Artículo 155 nos habla de los permisos extraordinarios: «En caso de fallecimiento o enfermedad grave de los padres, cónyuge, hijos, hermanos y otras personas íntimamente vinculadas con los internos o de alumbramiento de la esposa o persona con la que el recluso se halle ligado por similar relación de afectividad, así como por importantes y comprobados motivos de análoga naturaleza, se concederán, con las medidas de seguridad adecuadas en su caso, permisos de salida extraordinarios, salvo que concurran circunstancias excepcionales que lo impidan». Se especifica que es preceptivo el informe del Equipo Técnico, que será desfavorable cuando por la peculiar trayectoria delictiva, la personalidad anómala del interno o por la existencia de variables cualitativas desfavorables resulte probable el quebrantamiento de la condena, la comisión de nuevos delitos o una repercusión negativa de la salida sobre el interno desde la perspectiva de su preparación para la vida en libertad o de su programa individualizado de tratamiento. Cuando el Equipo considera oportuna la concesión del permiso especifica en su informe las condiciones y controles que se deben observar, en su caso, durante el disfrute del mismo, cuyo cumplimiento será valorado para la concesión de nuevos permisos. Cuando antes de iniciarse el disfrute de un permiso ordinario o extraordinario se produzcan hechos que modifiquen las circunstancias que propiciaron su concesión, la Dirección podrá suspender motivadamente con carácter provisional el permiso, poniéndose en conocimiento de la autoridad administrativa o judicial competente la suspensión para que resuelva lo que proceda. Si el interno aprovechase el disfrute de cualquier clase de permiso para fugarse o cometiese un nuevo delito durante el mismo, quedará sin efecto el permiso concedido, sin perjuicio de las consecuencias que se puedan derivar de su conducta en el orden penal y penitenciario y de que dichas circunstancias deban valorarse negativamente por el Equipo Técnico para la concesión de futuros permisos ordinarios (R.P. 1996). Como aspectos importantes que hay que evaluar por parte del psicólogo, a efectos de concesión de permisos y como integrante del Equipo Técnico, cuyo informe es preceptivo para dicha concesión, resaltamos los siguientes:

-Observación de buena conducta penitenciaria, entendida ésta como ausencia de sanciones y adaptación a las normas de convivencia que rigen la institución.

-Cumplimiento del programa individualizado de tratamiento con avances que evidencien la superación de las circunstancias que motivaron la actividad delictiva.

-Constatación de una evolución favorable en las actitudes que se manifiesta en la conducta global del interno.

-Análisis de los planes de futuro realistas o no, realizados por el recluso y si éstos conllevan el respeto a las normas socialmente establecidas.

-Valoración de si es el momento idóneo en la evolución de su tratamiento para retomar los vínculos familiares y sociales, y como preparación para su vida en libertad.

-Observación del ambiente socio-familiar al que retorna y si es el momento oportuno para hacerlo.

-Estudio de las probabilidades de reincidencia en la comisión del delito.

-Examinar, en caso de drogodependencia, en qué grado ha superado la misma y riesgos de recaída en el consumo.

-Comprobación de que existe un auténtico arrepentimiento por el delito cometido y disposición a no recaer en el mismo. -----------

- Consecución del efecto intimidativo que sin duda tiene la pena privativa de libertad.

-Constatación de la disminución de la capacidad criminal y de la peligrosidad social del recluso.

-Evaluación del riesgo de quebrantamiento de la condena.

Para la concesión de los permisos vemos pues que hay unos requisitos objetivos, como son el cumplimiento de la cuarta parte de la condena y mantener una conducta adaptada objetivable en términos de ausencia de sanciones regimentales y otros requisitos más subjetivos como son los de la evolución personal, que no siempre están ajustados entre sí. De esta manera puede ocu rrir, que en un interno que tiene cumplida la cuarta parte de la condena y muestra buena conducta, no se considere oportuna la concesión del permiso porque su trayectoria personal en prisión y el ambiente al que retorna, desaconsejan tal salida por considerarla peligrosa o simplemente inoportuna, en el momento en que se realiza el estudio. Y viceversa, puede ocurrir que un recluso con una evolución personal favorable, que se halla suficientemente intimidado por la condena, que ya ha hecho un importante ejercicio de reflexión personal y que tiene posibilidades de rehacer su vida en el exterior de forma honrada y conforme a las leyes penales, todavía no cumpla los requisitos penales y penitenciarios exigibles y, por tanto, deba continuar cumpliendo su condena sin este beneficio penitenciario. El momento oportuno para la concesión del permiso no siempre es compartido entre el recluso y el Equipo de Tratamiento, puesto que ante la perspectiva de comenzar a disfrutar de ciertos períodos de libertad, el interno pierde toda objetividad respecto a su situación personal y tiene dificultades para comprender las razones por las cuales se le deniega dicho beneficio, por muy fundadas que éstas sean. En nuestro trabajo cotidiano, comprobamos cómo la cercanía del cumplimiento de la cuarta parte de la condena descentra enormemente al interno del programa de tratamiento que está efectuando e incluso desvirtúa las razones por las cuales lo realiza, dado que, en vez de hacerlo para superar sus circunstancias y carencias personales que eviten la reincidencia en el delito, lo realiza para así poder salir de permiso y conseguir antes su libertad. Como vemos, de ser una motivación intrínseca pasa a ser una motivación extrínseca, con los inconvenientes que para el auténtico cambio conlleva esta última. Cuando comprueba, tras una denegación de permiso, que no es suficiente cumplir con las actividades programadas para él sino que se produzca un auténtico cambio en determinados rasgos de su personalidad y un logro de habilidades que le permiten comportarse de forma más competente personal y socialmente, surge cierta desmotivación en el interno que cuesta mucho encauzar, por el sentimiento de injusticia por la desestimación de su permiso. No obstante, es nuestra labor encaminar la situación y aportar argumentos que le permitan, no sólo la comprensión de la misma, sino también conseguir un aumento de la motivación intrínseca de la que hablábamos para encaminarse hacia los logros deseados.

Las ventajas que se obtienen con los permisos de salida, disfrutados en el momento óptimo del tratamiento, son muy interesantes para el interno porque contribuyen a:

-Contrarrestar los efectos nocivos producidos por el internamiento.

-Rebajar la ansiedad propia de la situación.

-Potenciar la autoestima del interno.

-Generar mayor participación y optimismo.

-Reforzar las relaciones familiares y sociales.

-Preparar la salida en libertad.

-Incrementar las posibilidades de reinserción a la sociedad.

-Vincular al interno con su comunidad de pertenencia.

18.7.3. VALORACIÓN DE LA DROGODEPENDENCIA

Las drogas y la consecuente adicción que generan son la gran lacra social de los tiempos actuales. Una parte importante de delitos cometidos contra las personas y contra la propiedad tienen como causa subyacente el consumo de tóxicos. Cerca de dos tercios de la población reclusa, lo está por haberse vinculado en algún momento al mundo de las drogas, bien como traficante, bien como consumidor, bien como ambas cosas. De todos es sabido el poder adictivo de las sustancias tóxicas, que no solo generan repercusiones y deterioro físico, sino que trastocan todo el sistema de valores y toda la estructura de la personalidad del consumidor adictivo. La drogodependencia está íntimamente relacionada con la marginalidad, la desviación social y la delincuencia, condicionando el ajuste personal, familiar y social del que la padece. Favorece, además, la reincidencia en el delito por las frecuentes recaídas, propias del consumidor. Estableceremos varios tipos de drogodependencias, muy diferenciadas entre sí:

-Adicción o consumo abusivo de alcohol. Suelen estar detrás de delitos cometidos contra las personas (homicidios, asesinatos, lesiones, etc.) y contra la libertad sexual (agresiones sexuales, abusos sexuales, acosos, etc.). No decimos con esto que sean la causa de estos delitos, pero sí que en muchos casos actúa como factor precipitante hacia la acción delictiva, como inhibidor del autocontrol.

-Adicción o consumo abusivo de tóxicos. La heroína, cocaína, cannabis, etc., están detrás de muchos delitos contra la propiedad y, en alguna ocasión, también contra las personas. Su fuerte poder adictivo genera una gran premura por conseguir estas sustancias, saltándose todos los códigos éticos y morales de la persona adicta y sin capacidad de previsión de las consecuencias de tales actos.

-Adicción a fármacos. El consumo de estas sustancias, aunque generan deterioro físico y psíquico, no está tan vinculado a la actividad delictiva.

Los aspectos que hay que evaluar cuando nos encontramos con un sujeto drogodependiente son los siguientes:

-Edad de inicio en las diferentes sustancias (alcohol, cannabis, heroína, cocaína, fármacos, etc.).

-Vía de administración de la dosis: intravenosa, nasal, inhalada, etc.

-En el caso del alcohol, pautas de consumo, tipo de bebida consumida, hora de comienzo de consumo, acompañado o en solitario, frecuencia diaria, etc.

-Fecha del último consumo.

-Tratamientos realizados por orden cronológico, duración de los mismos, abandonos, recaídas, etc.

-Situación actual.

-Propuestas y alternativas de tratamiento.

18.7.4. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE SUICIDIO

Las situaciones de detención e internamiento y los múltiples factores a ellas asociados en cada caso pueden afectar al desarrollo de la persona, configurando en determinados momentos un plus de riesgo para la propia vida de los internados. Consciente de ello y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 3.4 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, la Administración Penitenciaria viene manteniendo en todos los establecimientos programas específicos encaminados a la detección y prevención de conductas suicidas. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias difundió una Circular, el 1 de diciembre de 1998, en la que establece un Programa de Prevención de Suicidios aplicable desde esa fecha en todos los Centros Penitenciarios. La eficacia que requiere la especificidad de este programa precisa de la activa participación de todos los profesionales del establecimiento, a lo largo de sus distintas fases. La coordinación de todas las actuaciones se lleva a cabo desde los Servicios de Tratamiento del establecimiento, cuyo Subdirector será el responsable del programa. Tres son los objetivos fundamentales del programa que definen, a su vez, las distintas fases de la intervención:

-Detección de los internos en situaciones problemáticas que puedan derivar-en conductas suicidas.

-Aplicación sistemática de pautas de prevención a los grupos definidos de riesgo, evitando, en la medida de lo posible, un desenlace negativo de los casos incluidos en el protocolo de prevención de suicidios.

-Establecimiento y mantenimiento de cauces de información y coordinación entre los diferentes servicios y niveles implicados, organizando procedimientos específicos de documentación de casos y programas que permitan su adecuada evaluación.

El análisis de los casos de suicidio (tentativa y consumación) acaecidos en los últimos años en las instituciones penitenciarias permite establecer unas variables que definen el perfil de la población de mayor riesgo:

-Personales: varón y soltero.

-Actividad delictiva: autores o presuntos autores de delitos contra las personas o contra la libertad sexual.

-Situación penal-penitenciaria: preventivos, primariedad delictiva, primeros días de internamiento.

-Medio: ahorcamiento con ropa de cama, cordones o cinturones.

-Momento: durante horario de permanencia en celda.

-Antecedentes de conductas autolesivas con indicadores de problemática psicoafectiva, sociopersonal o penitenciaria.

-Psico-sociales: solitario o rechazado; con apoyo exterior conflictivo, esporádico o inexistente, inactividad y pasividad.

Además de estas variables, hay que tener en cuenta otros muchos factores y circunstancias que pueden propiciar las conductas o tentativas suicidas:

-Factores ambientales como el ingreso en prisión de personas poco tolerantes a la frustración, existencia de rupturas o desavenencias familiares, vivencias o pérdidas personales.

-Factores personales como antecedentes familiares de suicidio o conductas depresivas, presencia de sintomatología grave depresiva, angustia, historia de consumo abusivo de alcohol, fármacos o drogas.

La concurrencia en un momento determinado de cualquiera de estos factores en un interno obliga a la evaluación de su nivel de riesgo suicida. Las estrategias de detección y evaluación de casos podrán tener lugar, básicamente en dos momentos y situaciones: durante los primeros momentos, en el propio departamento de ingresos y en cualquier otro departamento, a lo largo del internamiento.

-Departamento de ingresos. El personal de los Servicios Sanitarios, Sociales y de Tratamiento que conforme al Artículo 20 del Reglamento Penitenciario entreviste a los internos de reciente ingreso en el establecimiento detectará aquellos casos susceptibles de inclusión en el protocolo de prevención de suicidios. Para ello se tendrán en cuenta los factores y perfiles definidos de riesgo. Dichas entrevistas se realizarán lo antes posible y, en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro horas. Cuando la detección del caso se haya llevado a cabo por el médico o el psicólogo del establecimiento, estos profesionales procederán directamente a su evaluación. Con este fin se llevará a cabo la exploración para valorar el riesgo actual de suicidio, pudiéndose utilizar pruebas diagnósticas específicas. Más adelante propondremos un esquema de evaluación del riesgo de suicidio utilizable en una entrevista semiestructurada.

Otrosdepartamentos. Cualquier funcionario del establecimiento, por la observación directa del comportamiento o cualquier otro medio de conocimiento, que considere que un interno puede ser susceptible de inclusión en el protocolo de prevención de suicidios lo pondrá en conocimiento de su superior jerárquico, quien lo transmitirá a su vez al Subdirector de Tratamiento; éste trasladará dicha contingencia al psicólogo y/o médico asignado al departamento en el que se encuentra el interno para que en el plazo más breve posible proceda a la evaluación del mismo, de acuerdo con lo establecido en el punto anterior.

-Medidas urgentes. En aquellos casos en los que se detecten síntomas manifiestos de especial riesgo, tanto en los primeros momentos del ingreso como en cualquier otro de la estancia del interno en prisión, se podrán adoptar directamente, hasta que se tome una decisión formal, las medidas preventivas que se estimen convenientes, como puede ser la retirada de objetos utilizables con fines atentatorios contra su integridad o cualquier otra de las contempladas anteriormente.

-Propuesta de inclusión en el Programa de Prevención de Suicidios. La detección de la posibilidad de riesgo de suicidio en un interno determinará en todos los casos la formalización de su evaluación. Existen unos indicadores que favorecen la evaluación del riesgo de suicidio. A mayor puntuación, mayor será dicho riesgo: procedencia de libertad hace menos de siete días, delito por el que ingresa (violación, parricidio, homicidio, asesinato), sín tomasde depresión (al menos deben de cumplirse dos de los siguientes: disforia-apatía, desinterés, desmotivación, desesperanza, alteración del apetito, alteraciones del sueño, agitación/enlentecimiento motor o de pensamiento, sentimientos de culpa e ideas de suicidio), indeterminación temporal respecto a la situación de privación de libertad, intentos de suicidio (en los últimos tres meses, entre tres meses y un año, hace más de un año), determinación específica y concreta del plan suicida y disponibilidad de los medios para llevarlo a cabo, consumo (alcohol u otras drogas), antecedentes de enfermedad mental (psicosis o depresión), antecedentes de epilepsia, trastorno psicótico actual, pérdidas recientes (de un ser querido, divorcio/separación, de trabajo o de salud), conocimiento reciente del padecimiento de una enfermedad grave y en estado avanzado, apoyo familiar/social en el exterior (ausencia de apoyo), conflictos conyugales/familiares, situación laboral (desempleo/trabajo en malas condiciones) e historia familiar de suicidios. Cada indicador tiene una puntuación determinada; se considera significativa toda puntuación igual o superior a 17 puntos, así como algunas combinaciones de algunos indicadores con independencia de la puntuación final.

Cabe adoptar una serie de medidas entre las que seleccionar las aplicables al caso concreto según la intensidad de la alteración emocional y el consiguiente riesgo de suicidio, pudiendo adoptarse también otras diferentes que se consideren oportunas. Las medidas mínimas que se proponen son las siguientes:

-Contacto periódico de apoyo por el psicólogo del módulo, estableciéndose la cadencia en función del grado de afectación.

-Seguimiento o visita diaria del médico.

-Entrevista con el trabajador social para el estudio de los vínculos familiares y valoración de la conveniencia o no de fomentar los contactos con el exterior.

-Asignación de interno de apoyo para que le acompañe las 24 horas, permaneciendo juntos en la misma celda.

-Vigilancia especial por los funcionarios del departamento en el que está ubicado el interno, sobre todo en los turnos de tarde y noche.

-Atención y control de visitas familiares.

-Retirada de elementos propiciatorios durante la permanencia en celda.

-Participación en actividades, considerándola una medida fundamental para la normalización y estabilización del interno; podrán ser formativas, educativas, terapéuticas, ocupacionales, deportivas, etc.

En función de la valoración y evolución del caso, se estudiará la oportunidad de derivar al interno hacia otros programas o estrategias específicas de intervención, encaminadas a abordar aspectos más nucleares o consistentes que puedan aparecer en la génesis de la situación de crisis detectada. A medida que se vayan apreciando cambios significativos y una evolución positiva en la actitud general del interno, se podrán ir suprimiendo paulatinamente las medidas adoptadas hasta conseguir el alta en el programa.

18.7.5. PRONÓSTICO DE INTEGRACIÓN SOCIAL A EFECTOS DE LIBERTAD CONDICIONAL

La libertad condicional es un beneficio penitenciario que se obtiene en la etapa final del cumplimiento de la condena, concretamente en el último cuarto de la misma, como consecuencia del cumplimiento de unos requisitos previos: estar clasificado en tercer grado, mantener una conducta adaptada a las normas penitenciarias y legales, disfrutar de permisos de salida sin incidencia alguna, evolución conductual favorable y proyectos de futuro realistas. Fruto de todo ello, el Reglamento Penitenciario prevé que el período final de la condena se cumpla estando en libertad, pero a condición de que se haga vida honrada durante la misma, es decir, que no se cometan nuevos delitos y se cumplan las normas penales y socialmente establecidas. Cuando se aproxima la fecha del período de libertad condicional, el Reglamento Penitenciario en su Artículo 195 indica los documentos que debe contener el expediente de libertad condicional:

-Testimonio de sentencia o sentencias recaídas.

-Certificación acreditativa de los beneficios penitenciarios obtenidos y de la clasificación en tercer grado.

-Informe pronóstico de integración social emitido por la junta de Tratamiento.

-Resumen de la situación penal y penitenciaria.

-Programa individual de libertad condicional y plan de seguimiento.

-Acta de compromiso de acogida por parte de su familia, persona allegada o instituciones sociales extra-penitenciarias.

-Manifestación del interesado sobre la localidad en que piensa fijar su residencia y sobre si acepta la tutela y control de un miembro de los servicios sociales del Centro, que informará sobre las posibilidades de control del interno. En la fijación de la residencia se habrá de tener en cuenta la prohibición de residir en un lugar determinado o de volver a determinados lugares que, en su caso, hubiera impuesto el Tribunal.

-Manifestación del interesado sobre el trabajo o medio de vida de que dispondrá al salir en libertad o, en el supuesto de que no disponga, informe de los servicios sociales sobre la posibilidad de trabajo en el exterior.

Viene contemplada también la posibilidad de obtener la libertad condicional para los penados que hubiesen cumplido setenta años o los cumplan durante la condena y los enfermos muy graves con padecimientos incurables, siempre que haya garantías de que harán vida honrada en libertad. En el caso de internos extranjeros no residentes legalmente en España, se elevará al juez de Vigilancia su expediente de libertad condicional recabando autorización para que aquel pueda disfrutar de esta situación en su país de residencia. El período de libertad condicional durará todo el tiempo que falte al liberado para cumplir su condena siempre que durante el mismo observe un comportamiento que no dé lugar a la revocación del beneficio y reingreso en establecimiento penitenciario. Si en dicho período el liberado volviera a delinquir o no observase las reglas de conducta impuestas, el res ponsable de los servicios sociales lo comunicará, con remisión de cuantos datos puedan ser útiles para la adopción de la resolución de revocación de la libertad condicional. En caso de revocación, cuando el interno reingrese en prisión le será de aplicación el régimen ordinario, hasta que por la junta de Tratamiento se proceda nuevamente a su clasificación (Reglamento Penitenciario, 1996).

18.8. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN

18.8.1. LA ENTREVISTA

De todas las técnicas de evaluación, la entrevista es la que tiene mayor aplicación en cualquier ámbito de la Psicología. De hecho se dice que es la espina dorsal de todas las profesiones de la salud mental. En el medio penitenciario es una herramienta imprescindible para obtener información constante y renovada, precisamente porque es una técnica que se adapta a cualquier contexto, su estructura se ajusta a las circunstancias de cada caso, permite registrar la comunicación no verbal y, al ser la primera técnica que se suele aplicar, permite establecer hipótesis y comprobarlas posteriormente a lo largo de todo el proceso de evaluación y del tratamiento.

Los tipos de entrevista que más se suelen utilizar en nuestro contexto son la estructurada y la semiestructurada. La entrevista estructurada se utiliza en las entrevistas iniciales, donde es importante obtener una serie de datos del interno que permitan un conocimiento a fondo de su persona y sus circunstancias, y de esta manera poder efectuar un buen diagnóstico de personalidad, que nos servirá de base para posteriores entrevistas y para planificar un programa de intervención oportuno para el caso. La entrevista semiestructurada se utiliza en los posteriores encuentros con el interno, que pueden ser de seguimiento de su situación, de revisión de su programa de intervención, recepción de peticiones o quejas, exteriorización de problemas que preocupan al interno, etc. Este sistema de entrevista es más flexible y permite una mayor improvisación en función del desarrollo de la entrevista y del establecimiento de prioridades de los problemas personales que al interno le puedan ir surgiendo. Los objetivos de las entrevistas realizadas en el ejercicio de nuestra profesión en este contexto pueden ser varias:

-En la entrevista inicial el objetivo es el conocimiento e identificación de la problemática del sujeto, así como la toma de contacto.

-La entrevista anamnésica está centrada en la recopilación de datos personales y de aspectos relevantes de la vida del sujeto.

-En la entrevista de planificación y seguimiento se revisan los objetivos planificados para el interno, y se observa y comenta cómo transcurre su estancia en prisión.

-En la entrevista terapéutica se argumentan objetivos que hay que conseguir, se planifican cambios, se motiva a participar en actividades, se interviene en crisis personales padecidas por el interno a lo largo de su internamiento, etc.

En ocasiones es dificil distinguir una entrevista de evaluación de una entrevista terapéutica, ya que el efecto del cambio se filtra a través del proceso de intervención. La entrevista, en la exploración que realizamos del estado mental del interno, nos permite observar una serie de aspectos del funcionamiento psicológico del interno, muy importantes para la toma de decisiones posterior: aspecto y comportamiento en general, estado de ánimo, sentimientos y emociones, percepción, expresión de lenguaje y pensamiento, sensibilidad y cognición, juicio, comprensión y sinceridad. Este último aspecto requiere mención especial, puesto que suele ser una fuente de error en las entrevistas en el supuesto de que no haya franqueza. Ocurre en cualquier ámbito de actuación psicológica, pero tal vez el medio penitenciario se presta de manera especial a la desconfianza, a la simulación, a la disimulación y al engaño. El psicólogo tiene que estar especialmente preparado para detectar estos aspectos que pueden contaminar toda la información transmitida en una entrevista por parte del interno. Estas fuentes de error las solemos experimentar habitualmente: deseabilidad social, falta de comprensión, lapsus de memoria, ocultar las verdaderas opiniones y la variabilidad de percepciones sobre la situación y el propósito de la entrevista. Estos son factores que el entrevistador ha de controlar hábilmente a lo largo de todas las interacciones que se efectúan con el intemo. Compartimos los criterios para el desarrollo de una buena entrevista que nos proponen Foley y Sharf: lograr que el sujeto se encuentre cómodo, obtener información, mantener el control, mantener el rapport y concluir adecuadamente. Maloney y Ward enuncian una serie de acciones indispensables para el desarrollo del papel del entrevistador, que también compartimos y que son la práctica diaria de nuestro trabajo: escuchar y observar al sujeto, facilitación en el sentido de ayudar al sujeto a exponer la información que le pedimos, clarificación para conseguir el entendimiento de la información por ambas partes y confrontación, analizando con el sujeto las inconsistencias o aspectos contradictorios surgidos. También se elimina ideas irracionales que el sujeto pueda tener.

18.8.2. LA OBSERVACIÓN DEL COMPORTAMIENTO

Existen áreas del comportamiento de los sujetos que únicamente son accesibles a través de la observación. En el medio penitenciario es una técnica ampliamente utilizada y muy válida para contrastar las informaciones obtenidas a través de las entrevistas, comprobar la consistencia de ciertas actitudes mostradas y verificar la evolución comportamental de un individuo. Precisamente, en un medio donde la simulación y el disimulo están a la orden del día, la observación directa del comportamiento se convierte en una técnica de gran utilidad. Dicha observación directa suelen efectuarla los funcionarios de vigilancia, que son los que tienen un contacto más directo con el recluso y por tanto un mayor conocimiento de cómo se comporta ante su grupo de iguales y en su entorno habitual. Esta función se ve complementada por el educador del módulo correspondiente, miembro activo del equipo técnico y transmisor de esta información a la Junta de Tratatmiento. Los aspectos que se pueden observar son los presentados en los siguientes apartados:

-Individuales: aspecto físico, higiene personal y de su celda, estado de ánimo (triste, nervioso, inquieto, alegre, centrado, etc.) y llamadas al exterior.

-Grupales: con quién se relaciona en el módulo, grupo de internos al que pertenece, papel que desempeña en el grupo, grado de influenciabilidad que muestra y participación en actividades.

-Actitudinales: actitudes hacia sus compañeros, funcionarios, tratamiento, familia y actitudes con que efectúa las diferentes actividades.

Todos los datos de observación directa del comportamiento del interno tienen gran repercusión en la toma de decisiones que haya que efectuar sobre su persona, hasta el punto de que si se observan contradicciones entre su comportamiento deseado y su comportamiento manifiesto prevalece el que pone de manifiesto, por ser hechos contrastables, mientras que lo deseado no deja de ser una buena declaración de intenciones, que hasta que no demuestre que son practicables no dan lugar a las consecuencias esperables por el sujeto.

18.8.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA

Los cuestionarios se conceptualizan como una medida objetiva y tipificada de conducta. No siempre se hace necesaria la aplicación de medidas psicométricas para conseguir el objetivo de diagnóstico y conocimiento de los internos. La escasez de tiempo, limitación de personal, bajo nivel cultural de ciertos reclusos, etcétera, suelen ser dificultades añadidas a la hora de aplicar estos instrumentos. No obstante, en determinados casos, que por su complejidad lo requiere, se utilizan instrumentos de evaluación válidos para clarificar aspectos importantes de la personalidad de los internos. Las pruebas psicométricas más utilizadas son presentadas a continuación:

-Evaluación de la capacidad intelectual: Escala de Alexander: Passalong, Matrices Progresivas de Raven, Test Alpha y Test Beta, y Escala de Inteligencia de Wechsler (WAIS).

-Evaluación de la personalidad: 16PF-5 de Cattell, MMPI-2, EPQ de Eysenck, CEP de Pinillos, BDI Cuestionario de depresión de Beck, STAI Cuestionario de Ansiedad Estado/Rasgo e IPDE Examen internacional de los trastornos de la personalidad.

-Cuestionarios especfficos: Escala de Clima Social en prisión (CIES), Escala de Búsqueda de Sensaciones (EBS) e Inventario de Hostilidad de BussDurkee (BHDI).

18.8.4. RECOGIDA DE DATOS DE PROTOCOLO Y EXPEDIENTE

El expediente de un recluso se abre al ingreso del mismo en un Centro Penitenciario y en él se recogen de forma documentada todas las vicisitudes acaecidas en torno a su persona en el ámbito penal y en el ámbito penitenciario. Las vicisitudes de orden penal se refieren a todas aquellas diligencias que afecten a su situación penal de las que da cuenta el juzgado de Instrucción - en el supuesto de ser preventivo - o el Tribunal Sentenciador -en el caso de los penados-. Todas las diligencias que tengan su origen en el ámbito de los Tribunales de Justicia deben ser recogidas en el expediente del recluso. Complementariamente, e igualmente de forma debidamente documentada, el expediente del interno recoge todas las vicisitudes que se refieren al ámbito penitenciario; circunstancias tales como la propuesta de clasificación inicial, la resolución sobre dicha propuesta por parte del Centro Directivo, la propuesta de revisión de grado y su pertinente resolución, la propuesta de permiso de salida o de concesión de un beneficio penitenciario por parte de los órganos pertinentes, deben reflejarse en las hojas correspondientes del expediente del recluso. Toda resolución adoptada por el juzgado de Vigilancia Penitenciaria también debe ser recogida en el expediente del interno. En definitiva, al incluir el expediente todas y cada una de las vicisitudes que afectan al recluso desde su ingreso en el establecimiento, éste se constituye en el referente principal al que hay que acudir a la hora de recabar información acerca de la situación general y particularizada de un interno.

Cuando el recluso resulta condenado, la Administración Penitenciaria completa su archivo documental sobre el mismo abriendo el Protocolo, un modo de expediente que recoge fundamentalmente la información consecuente con la actuación desarrollada por el Equipo de Tratamiento. El Protocolo recoge información básicamente referida al tratamiento que en todo caso debe encontrar una referencia puntual también en el expediente del recluso. Expediente y Protocolo se constituyen así en el soporte ínformatívo-documental que recoge toda la información generada por un recluso durante su permanencia en prisión. A través de ambos se pueden contrastar y verificar datos obtenidos de las entrevistas, siendo un medio muy objetivo de comprobación.

18.8.5. TESTIMONIO DE SENTENCIA

A la hora de abordar la situación de un recluso en un Centro Penitenciario es preciso clarificar su condición jurídica. Clarificar si nos encontrarnos ante un interno-preventivo (pendiente de juicio por la causa de la que se le acusa y está procesado) o ante un interno-penado. Acerca del interno-penado, uno de los datos referenciales más importantes se encuentra en el Testimonio de Sentencia de la causa o causas por las que se encuentra recluido. El Testimonio de Sentencia se constituye en el referente básico de cualquier actuación. Toda actuación penitenciaria surge tras una lectura detallada del Testimonio de Sentencia de los datos que en él se contienen. Este documento recoge la acusación, el procedimiento instructor, los considerandos, los resultados y, finalmente, el fallo, la definición del delito cometido y la condena consecuente. Una lectura detallada de los datos objetivos aportados por un Testimonio de Sentencia nos sitúa decídídamente en la persona del sujeto-recluso. El tipo de delito, las circunstan cias objetivas que rodearon su comisión, el relato cronológico de los hechos, la confirmación de las conductas en las que se concretó la práctica delictiva son datos fundamentales a la hora de abordar un tratamiento determinado. Afortunadamente, la intervención en los Centros Penitenciarios cuenta con un trabajo investigador previo extraordinariamente documentado que permite ubicar al recluso, con un mínimo margen de error, en una situación delictiva determinada sobre la que se pretende actuar.

18.8.6. TESTIMONIOS DE FAMILIARES Y AMIGOS

El recluso, el interno, normalmente procede de un entorno familiar y social determinado. El mismo entorno de procedencia es fuente de datos a la hora de llevar a cabo una evaluación sobre su persona. No existe correlación predeterminada entre entorno social y familiar, y conducta delictiva, pero la existencia de un medio, de un entorno concreto del que surge y en el que se ha desenvuelto el interno en situación de libertad debe ser considerado. De manera más cercana la familia es un elemento de referencia muy importante. La estructura familiar, su configuración, el tipo de relaciones existentes entre sus integrantes, sus antecedentes, su situación social y laboral, sus expectativas, son todos ellos datos que facilitan un acercamiento a la personalidad del recluso y permiten una evaluación integral de su personalidad. Datos como la cercanía o distancia afectiva de la familia respecto a la situación del interno o el nivel de apoyo y de confianza que sus miembros están dispuestos a otorgar al recluso constituyen una valiosa información predictora respecto a la evaluación del interno.

18.9. INFORME PSICOLÓGICO

La elaboración de informes constituye uno de los cometidos más relevantes en el desempeño diario del trabajo como psicólogos de Instituciones Penitenciarias. Estos informes psicológicos se adjuntan, como documentación anexa, a todas las propuestas que se envían al Centro Directivo o al juez de Vigilancia, unas veces de forma preceptiva, otras a iniciativa de la junta de Tratamiento o del propio psicólogo, que considera oportuno exponer su particular valoración del caso concreto, siendo preceptivo en los siguientes supuestos: clasificaciones iniciales, revisiones de grado, progresiones de grado, revisiones con cambio de destino, propuestas de delitos contra la libertad sexual o contra las personas. Los informes constituyen un vehículo de información por el que se aportan estudios y datos relevantes para la toma de decisiones por parte de los órganos del propio centro, del Centro Directivo, del juzgado de Vigilancia, etc. Por ello, consideramos que deben ser claros y precisos, evitando tecnicismos innecesarios y contener información relevante para la finalidad que lo motiva. En los diversos cursos de reciclaje para psicólogos del Cuerpo Técnico de Institu ciones Penitenciarias, organizados por el Centro Directivo, se unifican criterios de actuación y de evaluación, así corno de elaboración de los informes.

Los tipos de informes psicológicos más frecuentes son los siguientes:

-Informes de gestión. Hacen referencia a clasificación inicial y cambios de grado de tratamiento, destino, permisos o concesión de libertad condicional. Deben incluir propuestas de intervención.

-Informes a autoridades judiciales. Suelen dirigirse al juzgado de Vigilancia penitenciaria o a otros Tribunales que lo requieran.

-Informes de seguimiento. Hacen referencia a la evolución que un interno determinado está consiguiendo a lo largo de un programa en marcha.

-Informes de planificación y evaluación de programas. Informes necesarios para llevar a cabo las intervenciones concretas con los internos y su evaluación posterior, siendo sus principales destinatarios los propios equipos multidisciplinares u otras autoridades judiciales que los requieran.

La estructura que debe tener un informe debe incluir los siguientes apartados: asunto que motiva el informe, datos de identificación, metodología, integración de resultados, valoración y propuestas, y fecha y autoría. Con respecto a los contenidos, éstos se pueden encuadrar en los siguientes apartados: historia familiar, proceso de socialización, proceso de desviación social, área cognitiva, área de personalidad, drogodependencia, y orientaciones de tratamiento y áreas de intervención. Las fuentes utilizadas para la realización del informe son la entrevista, la observación del comportamiento, instrumentos psicométricos, el testimonio de sentencia y los datos de protocolo y expediente.

18.10. BREVE REFERENCIA A PROGRAMAS DE TRATAMIENTO

18.10.1. AGRESORES SEXUALES

Los delitos contra la libertad sexual se han significado de manera especial durante los últimos años por la intensa resonancia que provocan y la singular alarma social que se genera en la comunidad donde se produce una acción de estas características. Este tipo de crímenes siempre ha encontrado una respuesta penal y sancionadora, por la que los autores de los mismos han tenido que cumplir las correspondientes condenas. Condena que, desde un punto de vista formal, el agresor sexual sabe cumplir con normalidad, mostrando generalmente una buena adaptación a la vida del centro, pero que no nos debe conformar, en cuanto a que esto sea lo suficiente para evitar su reincidencia en ese tipo de acciones. Si por ley, la pena privativa de libertad tiene como finalidad la reeducación y resocialización del delincuente, debemos de reconocer que, durante mucho tiempo, el delincuente sexual no ha tenido una oferta terapéutica adecuada que le permitiera comprender y superar las limitaciones personales que le llevan a ejecutar este tipo de delitos. En 1998, la Administración Penitenciaria en su deseo de aprobar esta asignatura pendiente del Tratamiento Pe nitenciario, planifica la implantación de programas específicos de tratamiento para delincuentes sexuales en prisión. Consecuentemente, en diciembre del mismo año, se inicia un primer curso de formación para profesionales de los Equipos Técnicos de ocho Centros Penitenciarios, en donde posteriormente se ejecutarían dichos programas. Tal vez sea de justicia decir que con anterioridad a esta iniciativa oficial ya había profesionales, técnicos de Instituciones Penitenciarias, que sensibilizados ante esta problemática con la que se encontraban en la práctica diaria de su trabajo, por iniciativa propia y de forma autónoma, trabajaron individualizada y terapéuticamente los casos que se les iban presentando. No obstante, implantar un programa común a todos los centros aportó, sin duda, mayores garantías en la ejecución del mismo en cuanto a unificación de criterios de actuación, uso de un lenguaje común en el abordaje de esta problemática y un mayor enriquecimiento del mismo por las aportaciones que, desde su puesta en práctica, se pueden proponer.

Actualmente en España, hay trece Centros Penitenciarios que están implantando (cada uno en diferentes fases de ejecución) dicho programa de tratamiento, del que son autores Vicente Garrido Genovés y la psicóloga M.' José Beneyto Arrojo y que basa sus fundamentos teóricos en el modelo comprensivo de Marshall y Barberee, como modelo explicativo de la agresión sexual. Es eminentemente práctico y aporta una serie de técnicas que demuestran ser eficaces y comprensibles para quien las tiene que asimilar. La delincuencia sexual es un fenómeno criminológico y no un diagnóstico psicopatológico; es por ello por lo que coinciden todos los especialistas en el tema en que no hay un perfil psicológico determinado para el agresor sexual. Lo que sí existen son unos indicadores comunes en su historia vital, que asociados entre sí generan toda una serie de conductas desviadas hasta llegar a la agresión sexual. Hay unas características que son comunes a un amplio número de agresores sexuales:

-Proceso de socialización deficiente por familia desestructurada, violencia física y/o psíquica por parte de sus progenitores, problemas de aprendizaje, fracaso escolar, alcoholismo en la familia, caos familiar, abuso emocional y/o sexual en la infancia, etc.

-Baja autoestima.

-Estados emocionales negativos: depresión, ansiedad, soledad, resentimiento, frustración, aburrimiento, etc.

-Dificultades de relación interpersonal.

-Problemas de pareja.

-Ideas distorsionadas acerca de las mujeres.

El agresor sexual, una vez que ingresa en prisión, a pesar de las diferencias interpersonales, suele presentar también unas características comunes:

-Buena conducta, entendida como adaptación a la normativa penitenciaria.

-Se muestra motivado para realizar actividades de diversa índole.

-Buen rendimiento en las tareas encomendadas.

-Aparente estabilidad emocional.

-Aislamiento y desconfianza hacia los demás reclusos.

-Miedo físico, por el rechazo visceral y desprecio que los demás reclusos sienten por este tipo de delitos.

-Negación del delito, con frecuentes racionalizaciones y autoexculpaciones.

Tras la aparente normalidad que pretende trasmitir el delincuente sexual, se esconde todo un mundo de vivencias traumáticas, frustraciones acumuladas, deficiencias personales y estados emocionales negativos que deben abordarse terapéuticamente y de forma clara y directa. De lo contrario, si nos dejamos «convencer» por esa aparente «normalidad» que presentan permanecerán intactos los constructos psicológicos que le llevaron a realizar, en su día, la acción delictiva y, de esta manera, será mucho más probable que cuando pueda la vuelva a repetir. Ahí radica la importancia de la aplicación de un tratamiento terapéutico oportuno que permita al agresor conocer a fondo su propio problema para, a partir de ahí, iniciar su proceso de rehabilitación. Éste es el motivo principal por el que se ofrece en el medio penitenciario la participación en un Programa de tratamiento para el control de la agresión sexual cuya idea base es la de transmitir y enseñar al agresor las estrategias y técnicas adecuadas para que cuando vuelva al medio libre sepa enfrentarse a los acontecimientos de una manera adaptada, evitando así la reincidencia. Los objetivos principales del Programa para el control de la agresión sexual, son los siguientes:

-Evitar la reincidencia en el delito.

-Disminuir la peligrosidad social del delincuente.

-Apoyar emocionalmente al interno que reconoce sus actos de violencia.

-Conseguir el reconocimiento del dacio causado, desmontando los mecanismos de defensa habituales.

-Procurar los conocimientos necesarios para comprender esta problemática y así poder superarla.

-Adquisición y/o ldesarrollo de habilidades sociales, de comunicación, de autocontrol, de empatía, etc.

-Incentivar la honestidad y sinceridad como valores primordiales para el auténtico cambio.

-Promover nuevos intereses que generen un estilo de vida diferente al anterior.

-Ayudar a elevar el nivel de autoestima.

Potenciarel desarrollo personal en positivo.

-Sensibilizar al agresor de los sentimientos de las víctimas y de las secuelas que padecen tras este tipo de agresiones, provocando un arrepentimiento sincero.

Los contenidos que se imparten de un modo más concreto y práctico son los siguientes:

-Prevención de la recaída. Se les explica que la agresión sexual no es un acto impulsivo que no puedan controlar, sino al contrario, que es un he cho que ellos pueden evitar que vuelva a ocurrir si toman conciencia de los factores de riesgo que existen en su vida y de las situaciones de alto riesgo que afrontadas de forma adecuada impiden la recaída. También es importante que descubran la influencia de ciertas decisiones aparentemente irrelevantes pero que, tomadas en momentos inoportunos, van asociadas a la acción delictiva. Los factores de riesgo de los que hablamos son todas aquellas situaciones que ocurrieron, emociones que sintieron, pensamientos que tuvieron, acciones que realizaron, etc., antes de los hechos, pero que influyeron de forma decisiva para cometer la agresión. Algunos ejemplos serían: alcoholismo en la familia, problemas de pareja entre los padres, abandono o negligencia paterna o materna, problemas de aprendizaje, abuso emocional y/o físico y/o sexual en la niñez, usar o abusar de alcohol y/o drogas, uso de pornografía y/o prostitución, estados emocionales negativos, distorsiones cognitivas, dependencia interpersonal, baja empatía en general y, en particular, hacia las víctimas, presión de grupo y fantasías sexuales de abuso. Identificados estos factores, en cada caso particular, se les ofrecen las respuestas de enfrentamiento adaptadas más idóneas para cada situación.

Mecanismosde defensa. Estos mecanismos son las excusas que utilizan para esconder la verdad y así evitar la responsabilidad de sus acciones. Son varios los mecanismos de defensa que pueden utilizar: negación (no admitir la autoría de la acción, «No fui yo»), coartada (buscar pruebas que demuestren que él no pudo hacerlo, «Ese día estuve todo el tiempo con mi mujer»), culpabilización (culpar a otras personas de lo ocurrido, «Yo no le hice nada, fue mi colega»), minimización (intentar que la acción parezca menos mala, «Sólo la forcé un poco»), justificación (buscar razones que justifiquen su conducta, «Ella me provocó»), desprecio (degradar o menospreciar a la víctima, «Era una golfa»), los «Sí, pero...» (admiten la acción, pero producida por causas superiores a uno, o con otra intención, etc., «Lo hice, pero estaba muy borracho»). De todos ellos, el más desadaptativo es el de la negación porque les impide reconocer que tienen un problema al negar la responsabilidad sobre la acción. También es desadaptativo el que el agresor descubra todos estos mecanismos que, de forma consciente o inconsciente utilizó es un momento importantísimo en la terapia, porque le permite desmontar todas las excusas que le impiden superar y avanzar en su problema. Son muchos los que consiguen, en este momento del programa, descubrir con sinceridad y honestidad los mecanismos utilizados en cada caso particular. Ello acelera su integración en el grupo y su recuperación.

Concienciaemocional. Es interesante que desarrollen la capacidad de reconocer, identificar y percibir las distintas emociones que pueden experimentar, pues suele ocurrirles que les pasan desapercibidas. Si aprenden a reconocerlas y comprenderlas podrán conocerse mejor a sí mismos y a los demás. Se les muestra la importancia de reconocer los sentimientos de los demás, así como de expresar correctamente los suyos, pues esto les ayuda a resolver muchos de los problemas que tienen en sus relaciones diarias con los demás.

-Empatía hacia la víctima. Es determinante en su rehabilitación que adquieran la conciencia del daño causado. Es sorprendente comprobar cómo hasta el momento en que se habla de la víctima en el programa ape nashabían dedicado tiempo a pensar en ella y en las secuelas que podría padecer por la agresión. Se les insiste en la idea de que la agresión sexual no es un delito puramente sexual, sino una conducta contra la integridad de las personas. Tiene que ver poco con el sexo y mucho con la agresividad, la superioridad y la búsqueda de poder. Es el momento de hablar de los daños físicos y psicológicos que sufren tanto las víctimas directas como sus familiares. El desarrollo de la empatía les sensibiliza más hacia las emociones del otro, actuando como factor disuasorio en futuras situaciones de riesgo.

Distorsionescognitivas. Se les explica la influencia de los pensamientos sobre las emociones y las acciones. Cuando estos pensamientos no se corresponden con la realidad se habla de distorsiones cognitivas. Se les hace saber que estas distorsiones le dan una imagen equivocada de la situación y le llevan a tomar decisiones también equivocadas. Estos pensamientos son muy peligrosos porque pueden provocar una recaída. Pero, precisamente, identificando sus pensamientos erróneos y combatiéndolos, pueden prevenir y evitar la recaída.

-Educación sexual y modificación del impulso sexual. El desconocimiento en materia sexual es patente en estos sujetos, teniendo interiorizados todos los tabúes y estereotipos propios de una sexualidad mal orientada. Es por eso que se hace necesaria la transmisión de la dimensión biopsicosocial de la conducta sexual en el ser humano, así como la capacidad comunicativa de la misma.

-Estilo de vida positivo. Se les motiva a que busquen una forma de vivir adecuada y adaptada que propicie su propio equilibrio y que satisfaga sus necesidades y las de las personas que les rodean. Su salud mental está ligada a su estilo de vida, a su estado físico y mental. Su cuerpo y su mente forman un todo. La tarea particular de cada uno es buscar aquellas actividades que consideran que pueden ayudarles a mejorar o aumentar su equilibrio personal, incluidos los hobbies y tareas propias del ocio y tiempo libre.

Corno resultado de la aplicación de programas de este tipo en grupos de reclusos se han observado los siguientes avances: adquisición de capacidades de relación personal, aumento de la empatía hacia los demás, mayor seguridad y confianza en sí mismos, asunción de la responsabilidad personal y social, desarrollo de la autoestima, incremento del control de impulsos, afrontamiento de las situaciones con mayor honestidad, arrepentimiento sincero por el daño cometido, deseos crecientes de reparación del daño y compromiso para ayudar a otros compañeros que inician la terapia. Tal vez, el mayor logro que hemos observado es el comprobar una vez más que el ser humano, así como aprende a ser agresivo, también aprende a inhibir la agresión y que el mayor antídoto que existe para ello es el fomento de las tendencias altruistas naturales que hay en cada uno de nosotros. Desde el estímulo que ha supuesto la aplicación de este programa hemos podido comprobar como es posible potenciar en las personas capacidades y habilidades de relación interpersonal positivas que albergan en sí mismos y que desconocen. Por ello, compartimos la dedicatoria que Luis Rojas Marcos en su libro Las Semillas de la Violencia hace: «A todos aquellos que sustituyen la moneda del odio, de la envidia, del dominio y la venganza, por la razón, la tolerancia, la generosidad y la empatía.»

18.10.2. NARCOTRAFICANTES

El Centro Penitenciario de Topas (Salamanca), como tantos otros centros de la geografía española, acoge a un importante número de internos que cumplen condena por delitos contra la salud pública. A partir de esta constatación, hemos realizado un programa piloto para intervenir con este grupo de reclusos, con el fin de conseguir cambios en su nivel de sensibilización y /o concienciación respecto a la gravedad de este tipo de delitos. De todos es sabido que son internos que suelen mostrar muy buena conducta penitenciaria, se muestran activos y participativos, tienen una buena presencia personal, no padecen trastornos psicopatológicos ni desviaciones de conducta significativos, no suelen presentar problemas de drogodependencias, tienen vínculos familiares y afectivos estables, hábitos laborales y en muchos casos cualificación profesional, etc. Todo ello les lleva a verse a sí mismos como internos diferentes respecto del resto de la población reclusa, por su mayor capacidad para adaptarse a la vida penitenciaria, porque creen ser los más merecedores de los beneficios penitenciarios por reunir todos los requisitos y por considerar que su delito no es de tanta gravedad como otros cometidos directamente contra las personas o contra la propiedad. Realmente no son personas sobre las que haya que realizar una intervención psicológica concreta, porque no es necesaria, como tampoco lo es, generalmente, una actuación educativa o formativa. Hasta ahora nos conformábamos con una buena ocupación de su tiempo de internamiento en actividades productivas y con conseguir el efecto intimidativo de la propia condena. Pasado un tiempo prudencial de cumplimiento, son personas que consiguen con relativa facilidad, por «reunir todos los requisitos», los permisos penitenciarios y posteriormente el régimen abierto y la libertad condicional. Sin embargo, hace tiempo que nos venimos planteando que tal vez haya mayores posibilidades de actuación sobre este tipo de delincuentes para que cuando terminen su condena, salgan más concienciados y sensibilizados hacia la gravedad del delito cometido y la gravedad de los daños causados por el mismo. Tal vez sea conveniente plantearse un mayor nivel de exigencia hacia ellos en cuanto a su grado de sensibilización por el daño causado y el fomento de una serie de valores que le permitan disfrutar su libertad con mayor grado de conciencia y responsabilidad social.

Este programa va dirigido a todos aquellos internos penados que cumplan los siguientes requisitos: estar condenados exclusivamente por uno o varios delitos de narcotráfico, tener cumplida la mitad de la condena, mostrar una conducta penitenciaria adaptada, desempeñar activamente cualquier actividad propuesta por el centro, hallarse dispuesto y motivado para un cambio y desarrollo personal. Sus objetivos son tomar conciencia del daño causado, mostrar arrepentimiento auténtico y sincero por el delito o delitos cometidos, reflexión sobre el tipo de víctimas que su delito genera, toxicómanos (familiares de toxicómanos y ciudadanos), educación en valores para afrontar situaciones vitales difíciles (laboriosidad, austeridad, tolerancia, honestidad, soledad como valor, libertad, perseverancia, etc.), aprendizaje de estrategias de afrontamiento en situaciones de alto riesgo, adquisición de autoestima que genere una mayor autoaceptación personal y socio-familiar, evitar la reincidencia en este tipo de delitos, disminuir la peligrosidad social del individuo y reparación del daño. Entre los logros alcanzados destacan los siguientes:

-Romper los mecanismos de defensa o excusas que les impedían asumir la responsabilidad total de los hechos.

-Alguno abandonó la duda de si era o no delito.

-Comprender que es un delito que tiene consecuencias no sólo para él y su entorno, sino para terceras personas en las que nunca pensaron.

-Encontrar un espacio de reflexión, análisis y expresión de ideas y sentimientos.

-Búsqueda de alternativas de resolución de situaciones conflictivas que eluden el delito.

-Adquisición y desarrollo de valores prosociales que facilitan sus relaciones humanas.

18.10.3. DROGODEPENDIENTES

Teniendo en cuenta que un número importante de reclusos padecen algún tipo de toxicomanía, es imprescindible que dentro de la Institución Penitenciaria exista una oferta terapéutica equiparable a la del medio libre y que permita al interno establecer una continuidad entre el programa de tratamiento realizado en prisión y el que efectúe una vez haya alcanzado la libertad. Por otra parte, es necesario rentabilizar el tiempo de permanencia en prisión, llenándolo de contenidos útiles para preparar su vida en libertad, una vez haya cumplido la condena. El perfil del drogodependiente que llega a prisión es el siguiente: entre 20 y 35 años, bajo nivel de estudios, escasa cualificación laboral, deterioro externo (carencia de hábitos de higiene personal), deterioro físico (patologías como SIDA, hepatitis, tuberculosis, etc.), déficit en las relaciones personales, imagen negativa de sí mismos, la heroína y cocaína son las sustancias más consumidas, delitos relacionados con consumo de drogas, conductas exigentes que requieren inmediatez en las respuestas, baja capacidad de resistencia a la frustración, alta irritabilidad que puede generar violencia, sentimientos de inferioridad, actitud manipuladora (utilizan la persuasión, la seducción y la mentira), falta de responsabilidad hacia sí mismos y hacia los demás, y conducta de aparente motivación (verbalizan el «abandono definitivo» de las drogas).

El drogodependiente que llega a prisión en muchas ocasiones es porque ha fracasado en el aprovechamiento de los recursos sociales, sanitarios y terapéuticos de los que dispone en el medio libre. El acceso a un medio cerrado, como es el penitenciario, donde aumentan los controles sobre su persona, sus pertenencias y sus movimientos, así como la motivación para salir de este medio y el tiempo de reflexión que se abre ante él, en el que se analizan en la distancia y en perspectiva los acontecimientos vitales por los que ha pasado, puede ser el pun to de inflexión sobre el que se produce el cambio necesario para la superación de la toxicomanía y el estilo de vida que conlleva. Los programas de tratamiento a los que tiene acceso en prisión el drogodependiente los definiremos a grandes rasgos teniendo en cuenta que son absolutamente equiparables a los que se ofertan en la comunidad: programas de reducción del daño, programas de desintoxicación, programas de deshabituación, programas en módulos libres de drogas, programas de comunidad terapéutica intrapenitenciaria y programas de comunidad terapéutica extrapenitenciaria.

18.10.4. MALTRATADORES FAMILIARES

Al igual que ya se hizo con las personas ingresadas en prisión por delitos contra la libertad sexual, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha puesto en marcha un programa de tratamiento específico para internos condenados por agresión a su pareja. Hasta ahora la prioridad en el tratamiento de la violencia familiar ha sido la intervención con las víctimas, pero esta terapia resulta insuficiente si no se actúa simultáneamente sobre el agresor, ya que existe el riesgo de que la situación de maltrato se reproduzca e incluso se extienda a otros miembros de la familia. Teniendo en cuenta que la estancia más o menos prolongada en prisión no asegura la eliminación de futuras conductas de maltrato, este programa intenta que los agresores salgan de prisión en mejores condiciones, posibilitando que no vuelvan a recaer en las conductas que determinaron su ingreso. El enfoque judicial del maltratador resulta insuficiente, e incluso contraproducente en algunos casos, al ser considerado habitualmente el maltrato como un delito de faltas y ser penado de forma leve. Por ello, en los últimos años se ha producido un interés creciente por el tratamiento psicológico de los hombres maltratadores. Desde esta perspectiva, se han elaborado algunos programas específicos de intervención y los resultados obtenidos en alguno de ellos son esperanzadores. El tratamiento psicológico resulta el más adecuado en la actualidad, aunque la principal dificultad estriba en la negación, o al menos la minimización del problema, por parte del agresor así como la atribución a la pareja del origen y mantenimiento del conflicto. El perfil criminológico del agresor doméstico que llega a prisión, se caracteriza por los siguientes rasgos: se trata mayoritariamente de hombres con una edad entre 40 y 60 años, casado, condenado por delitos contra las personas (parricidio, homicidio, asesinato, agresión sexual, etc.), en situación de penado y con una conducta penitenciaria perfectamente adaptada. Para diseñar un programa de tratamiento específico a este perfil criminológico de agresor doméstico, con suficiente garantía de eficacia, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias solicitó la colaboración de la Cátedra de Terapia de Conducta de la Universidad del País Vasco para el diseño de un primer proyecto de programa de tratamiento, ya que esta Cátedra cuenta con experiencia cualificada en el tratamiento de agresores en el ámbito familiar. Los encargados de llevar a la práctica las actividades terapéuticas diseñadas serán los Psicólogos del Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias.

El programa parte de la premisa de que la conducta violenta, y por extensión la conducta violenta en el hogar, es una conducta emocional determinada por una serie de factores que operan en conjunto y que determinan con mayor o menor peso que se desencadene la agresión:

-Una actitud fija y estable de hostilidad junto con el uso de sustancias como el alcohol.

-Una pobre capacidad para enfrentarse a situaciones problemáticas y estresantes.

-Percepción de cierta seguridad de no sufrir consecuencias negativas.

-Presencia de agresiones previas.

-El aprendizaje en la familia de origen y entorno social.

-La dependencia emocional y económica de la víctima.

-La presencia de hijos y otros familiares.

Es habitual en aquellos pacientes que utilizan la violencia como medio de afrontar las situaciones vitales la negación de la responsabilidad mediante diversos esquemas de razonamiento: utilitarismo («Es la única manera de que entienda las cosas»), justificación («Ella siempre me falta al respeto»), arrebato («Perdí el control y no era yo quien lo hizo») y olvido («No recuerdo nada de lo que sucedió»). La violencia se ejerce por dos caminos: el puramente físico y el psicológico, que se caracteriza por constantes desvalorizaciones, amenazas, culpabilización y chantajes a la víctima. Este programa actúa sobre ambos aspectos igualmente relevantes y dañinos, y se enmarca en la corriente cognitivoconductual que es la que hasta el momento ha demostrado mejores índices de éxito en los tratamientos.

El objetivo general consiste en aplicar un programa de atención psicológica y educativa a internos que hayan protagonizado conductas violentas en el ámbito familiar, hayan sido condenados o no por ello; es decir, que si a lo largo del internamiento se tiene noticia por cualquier cauce fiable de que un interno ha cometido algún tipo de acto violento en el ámbito familiar podrá ser incluido en el programa. El programa pretende proporcionar estrategias concretas para afrontar las situaciones de alto riesgo para el desencadenamiento de conductas violentas, modificar las actitudes de hostilidad, así como reestructurar las múltiples distorsiones cognitivas en relación con los roles sexuales (inferioridad de la mujer principalmente) y con la utilización de la violencia como una forma aceptable de resolver los conflictos.

El perfil de interno susceptible de formar parte de un grupo terapéutico responde a las siguientes características: varón, tener entre 18 y 65 años de edad, cumplir condena por delito relacionado con la violencia familiar, no sufrir trastorno mental ni enfermedad grave que le incapacite para la realización de las actividades programadas, estar en el último tramo de la condena, cociente intelectual igual o superior a 80 y voluntariedad. Los terapeutas encargados tanto de la evaluación del interno como de su tratamiento serán psicólogos/as del Cuerpo Técnico. Cada grupo está dirigido simultáneamente por dos profesionales, que han recibido una preparación específica a cargo del equipo que diri ge el profesor Echaburúa. El programa pautado dura aproximadamente cinco meses. La fase de seguimiento tendrá una duración variable dependiendo del estado de cumplimiento de la pena y sus circunstancias. El contenido de las sesiones es el siguiente:

-Asunción de la responsabilidad propia en los episodios de violencia.

-Desarrollo de la empatía con las víctimas de la violencia.

-Eliminación de ideas irracionales en relación con la mujer y con el uso de la violencia.

-Explicación del ciclo de la violencia y del proceso de escalada de la ira. Identificación de situaciones antecedentes y de manifestaciones fisiológicas más habituales que indican el inicio de la escalada de la ira; con todo ello se desarrolla la responsabilidad del agresor en su propio autocontrol, eliminando las conductas acusatorias.

-Control de la ira.

-Reducción de la ansiedad y el estrés mediante entrenamiento en relajación progresiva y técnicas de respiración.

-Mejora del estado de ánimo.

-Control de la conducta de celos patológicos. -- 1 1 • 1 1 1 1 1 1 -1-1 1 1

-Mejora de la asertividad y de las habilidades de comunicación y entrenamiento en determinadas habilidades sociales como estrategia adecuada de evitar y resolver conflictos.

-Entrenamiento en resolución de problemas.

-Mejora de las relaciones sexuales.

-Mejora de la autoestima.

-Control del consumo abusivo de alcohol y drogas.

La evaluación del desarrollo de las sesiones tiene carácter permanente. El seguimiento de los internos se prolongará de modo necesario hasta su excarcelación.

18.10.5. INTERVENCIÓN CON MUJERES

En el trabajo con mujeres delincuentes se observan determinados comportamientos y rasgos de personalidad que se repiten con frecuencia y que originan relaciones interpersonales (familiares o de pareja) insatisfactorias y con influencias perjudiciales para las mismas mujeres y sus familias. Estos comportamientos tienen mucho que ver con sus relaciones afectivo-sexuales en el pasado y que se reproducen de una manera muy parecida en el presente. El aprendizaje social y el estilo de apego han reforzado e instaurado esta forma de actuar y de sentir. En general, estas mujeres mantienen numerosas relaciones intensas de corta duración sin apenas espacio temporal entre ellas. Dichas relaciones no suelen pasar de la primera etapa en la formación de la pareja: el cortejo. Cuando esta fase se agota cambian de pareja. El nivel de pasión y atracción en esta etapa es alto y el compromiso es menor; sin embargo, las expectativas son irreales y las exigencias a la pareja desproporcionadas, no se corresponden con el nivel de intimidad y conocimiento del otro, ni con el grado de compromiso implícito y explícito asumido. La entrega pasional y afectiva de este estadio las hace desear un embarazo, sin reflexionar en las implicaciones y en si su preparación personal y recursos económicos, disponibilidad real, etc., son los necesarios para afrontar esta decisión. Por otro lado, la sensación y fantasía de invulnerabilidad les lleva a tener comportamientos sexuales de riesgo, fundamentados en mitos de su núcleo social y creencias irracionales personales como «a mi no me va a pasar, nunca he usado protección y no he cogido ninguna enfermedad», «le quiero y se lo demuestro confiando en él, por eso no es necesario ni me parece bien utilizar preservativo», «no me importa que tenga el SIDA y sería humillante para él si le pido que se ponga un preservativo». La elección de la pareja mantiene un guión que en un porcentaje considerable se suele repetir: hombre violento y toxicómano-mujer maltratada o agredida sexualmente. Estudiando la historia afectiva de este grupo de internas aparecen relaciones significativas de abuso sexual y/o maltrato psicológico y físico desde temprana edad, bien porque hayan sido víctimas o espectadoras de estos abusos (la madre, una hermana) y por tanto víctimas indirectas de la violencia. Asimismo, su proceso de desviación social les ha llevado a ver la prostitución como una solución normal a algunos de sus problemas. También se evidencia en este grupo de mujeres una baja autoestima personal y sexual, y una autoeficacia disminuida que les hace atribuir el control de sus vidas a causas externas: la sociedad, la pareja, la familia, la droga, la situación profesional y económica, etc. Estos factores influyen en su salud sexual y en la reincidencia de sus comportamientos delictivos. Por todo ello, se ve la necesidad de desarrollar un programa de intervención que resquebraje el círculo generacional de violencia sexual, en esta ocasión trabajando con las víctimas:

-Capacitándolas para detectar situaciones de riesgo y relaciones peligrosas, fomentando actitudes personales de defensa y protección de la violencia.

-Mejorando su eficacia en la elección de pareja.

-Fomentando la responsabilidad y eticidad en sus relaciones afectivo-sexuales.

-Formando y sensibilizando a las mujeres ante las conductas sexuales de riesgo, diseñando y practicando modelos de comunicación asertiva.

-Promoviendo la maternidad responsable.

-Incrementando su autoestima general y la autoestima sexual, reestructurando las atribuciones negativas, y reconociendo y comprendiendo la propia historia afectivo-sexual.

-Favoreciendo el procesamiento de recuerdos dolorosos.

-Informando de los recursos y ayudas sociales para mujeres víctimas de violencia en la intimidad.

Los contenidos del programa se desarrollan en tres módulos: educación sexual (¿qué es la sexualidad?, actitudes hacia la sexualidad, biología y psicofisiología de la conducta sexual, riesgos asociados a la conducta sexual y modo de evitarlos, afectos y la sexualidad, salud sexual y criterios de salud sexual), la pa reja (comunicación en la pareja, importancia de la empatía, elección de la pareja, momentos evolutivos en la vida de una pareja, influencia de los mitos y de las distorsiones cognitivas en los conflictos de pareja y ética de las relaciones amorosas) y prevención de situaciones de violencia (mecanismo psicológico de la violencia en la familia, perfil del hombre violento y tipologías, características de las víctimas del abuso, cómo superar los efectos del abuso sexual y/o maltrato, prevención de la violencia en la pareja y apoyos sociales). El concepto de educación afectivo-sexual con el que se trabaja se enmarca en un modelo holístico de la sexualidad que incluye la interacción de aspectos físicos, psicológicos, morales y sociales, según una aceptación amplia de la salud: las relaciones afectivo-sexuales incluyen todo un mundo de posibilidades para obtener placer, sentir deseos, emociones y afectos hacia otras personas; fomenta y encuentra todo su sentido unida a sentimientos positivos y vínculos afectivos que dan alegría y sentido a la vida y a las relaciones. La intervención psicológica realizada con las víctimas de violencia en la intimidad se basa en la teoría y práctica desarrollada por Reynaldo Perrone:

-La violencia en las relaciones interpersonales es un fenómeno sistémico, donde todos los que intervienen en la relación tienen su grado de responsabilidad.

-Toda persona es responsable de su defensa y seguridad.

El modelo de intervención utilizado es grupal con apoyo individual. Los resultados del programa son los siguientes:

-Se constata una mayor información en contenidos sexuales.

-Mayor responsabilidad en la protección de las enfermedades de transmisión sexual y en la prevención de embarazos no deseados ni oportunos, realizando conductas sexuales seguras.

-Desarrollo de una mejor comunicación en pareja, con predominio de un estilo más asertivo.

-Mayor comprensión del papel de la mujer en el mantenimiento de la violencia de pareja. Conocimiento de los predictores de violencia masculina.

-Enfoque más realista de las necesidades afectivo-sexuales personales y de las expectativas de la pareja; para algunas es un planteamiento novedoso preferir estar solteras a «mal acompañadas».

-Aumento de la autoestima generalr

-Mayor comprensión de los mecanismos de defensa del agresor y del proceso por el que pasan las víctimas: minimización de la situación y desculpabilización del agresor (terapia racional-emotiva de Ellis). Alguna interna llegó a reconocer y debatir los sentimientos de culpa que tenía respecto a su situación de maltrato.

-Reducción de la ansiedad al recordar experiencias afectivo-sexuales negativas.

BIBLIOGRAFÍA

LÓPEZ, J. Y VELA, A. (2001), «Evaluación psicológica en el medio penitenciario», en F.Jiménez Gómez (ed.), Evaluación psicológica forense (ámbitos delictivos, laboral y elaboración de informes), Salamanca, Amarú, págs. 65-115.

TETEDO1, A. (2001), «Evaluación psicológica de la delincuencia infantil», en E Jiménez Gómez (ed.), Evaluación psicológica forense (ámbitos delictivos, laboral y elaboración de informes), Salamanca, Amarú, págs. 11-62.

Luis FERNÁNDEZ-RÍOS

19.1. INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia, la descripción, explicación y prevención de las conductas corruptas ha sido llevada a cabo por filósofos, economistas, periodistas y literatos. Se han realizado trabajos muy interesantes; sin embargo, consideramos que no son suficientes. La Psicología puede y debe efectuar aportaciones muy importantes y complementarias. No es suficiente con preguntarse simplemente quién, cómo y dónde se corrompen los gestores de la res publica, sean políticos o no. Lo realmente relevante es el tratar de averiguar para qué lo hacen y cómo poder prevenirlo. Todo esto es lo que se engloba bajo la denominación general de Psicología de la corrupción y los corruptos (Fernández-Ríos, 1999, 2001). La situación de la ética política mundial parece hallarse en crisis, pero no nos alarmemos, pues siempre lo ha estado. No hay lugar para los catastrofistas. Cada época histórica tiene su crisis particular. Los gestores de la res publica siempre se han olvidado de la ética cuando llegan al poder. En los países democráticos la ética pública y la lucha contra la corrupción es siempre una cuestión coyuntural. Los profesionales de la corrupción siempre han estado en el poder, tanto en las democracias como en las dictaduras. Hay estados democráticos que se han convertido en verdaderas guaridas de ladrones de pueblos enteros. En dichos paraísos fiscales guardan su dinero usurero toda una caterva de profesionales de apropiarse de lo ajeno. Es el aspecto psicológico de las comunidades de ladrones que viven legalmente en la cultura del latrocinio, cultura del pelotazo o cultura de la corrupción.

El presente capítulo se centra, principalmente, en el teína de la corrupción política y de las administraciones públicas. De hecho, escribe Smith (1987, pág. 402): «No son muchas las cosas buenas que vemos ejecutadas por aquellos que presumen de servir sólo el interés público.» Schumpeter (1971, pág. 335), por su parte, argumenta: «El ciudadano normal desciende a un nivel inferior de prestación mental tan pronto como penetra en el campo de la política.» Esto por un motivo muy sencillo. Expoliar y hurtar el dinero de los demás es un robo, sea a un individuo, a una empresa o a todo un pueblo. Sin embargo, como expone de una forma muy clara Hobbes (1989, cap. 27) en Leviatán: «robar y defraudar al tesoro público de sus ingresos, es mayor delito que robar o defraudar a una persona privada; pues robar de los bienes públicos es estar robando a muchos a un mismo tiempo». Se ha estructurado la exposición del contenido partiendo del significado histórico de la corrupción; a continuación, se hace referencia a la evaluación de la corrupción y, posteriormente, se lleva a cabo una exposición de las causas, consecuencias y posibles estrategias de prevención de los comportamientos corruptos.

19.2. CORRUPCIÓN: DEFINICIÓN E HISTORIA

Gorrones y pícaros, vividores y parásitos son una constante histórica de la hu manidad (Noonan, 1984). Kautilya (1967) hacia los años 321-196 a.C. ya admitía en Arthasastra que había políticos con mente voluble. Cicerón (1 990a) en las Verrinas efectúa una acusación magistral de las acciones corruptas llevadas a cabo por Gayo Verres, gobernador de Sicilia. Las ideas expuestas por Luciano (1988) en Sobre el parásito y Plauto (1989) en Gorgojo continúan estando de actualidad. El poder político y sus aledaños constantemente han sido un mal caldo de cultivo para la ética pública y privada. Siempre surgen los favoritos (validos), los consejeros privados, los asesores que tratan de mangonearlo todo a su antojo (Elliott y Brockliss, 1999). El interés personal es la medida de todas las cosas. Libanio (2001a, 2001b) escribe acerca de que enriquecerse de modo injusto es una desgracia mayor que ser pobre. En última instancia, los individuos siempre han utilizado ingeniosos engaños para enriquecerse ilegalmente (Juliano, 1982), pues, como bien escribe Maquiavelo (1986, XVIII), «los hombres son tan simples y se someten hasta tal punto a las necesidades presentes, que él que engaña encontrará siempre quien se deje engañar». En los últimos años han sido varios los escritores que han reflexionado de una forma profunda acerca de la corrupción política. Un buen ejemplo de ello son Ibsen (1988) en Un enemigo del pueblo yJelloun (1994) en El hombre roto. Entonces, ¿qué es la corrupción política? En otro trabajo (Fernández-Ríos, 1999) efectuamos una amplia aproximación a esta temática. Para los objetivos del presente capítulo, se conceptúa la corrupción política como la utilización del cargo público para beneficio privado (ya bien sea el propio individuo, un amigo, un familiar, etc.). Los procedimientos o mecanismos en acción pueden ser muy diversos. Bajo el epígrafe de beneficio privado se incluyen todas las alternativas ilegales o cuasilegales de extraer provecho directo o indirecto del dinero de todos. El soborno, el tráfico de influencias son diferentes formas de corrupción. Mill (1985) considera que los políticos nunca han llevado a cabo un esfuerzo real y serio para impedir la corrupción (en los procesos electorales). Posiblemente esté en lo cierto. La prevención de la corrupción es igual que cualquier otro estilo de vida (Alatas, 1990; Fernández-Ríos, 1999; Huberts, 1998; Lambsdorff, 2001; Mason, 2000; Miller, Grodeland y Koshechkina, 2001; Nolan Report, 1995; Ofosu-Amaah, Soopramanien y Uprety, 1999; Stapenhurts y Kpundeh, 1999; Thompson, 1998; World Bank, 2000).

19.3. EVALUACIÓN

¿Cómo se puede evaluar la corrupción en su dimensión subjetiva, interpersonal, social, económica, administrativa o sociocultural? La metodología de investigación utilizada puede y debe ser la misma de los diversos procedimientos de análisis de la realidad social relacionada con la corrupción. El indicador de corrupción debe ser digno de confianza, válido, agudo y preciso (Andvig, Fjeldstad, Amundsen, Sissener y Soreide, 2000). Se pueden resaltar las siguientes estrategias de evaluación:

-Medidas objetivas. Se fundamentan sobre información verificable de una forma objetiva. Por ejemplo, el número de casos de corrupción durante un año. Estas medidas pueden ser dignas de confianza y precisas, pero presentan baja validez para la comparación entre países, pues el número de casos de corrupción descubiertos en un país y en otro depende de la eficacia del poder judicial, del interés político que exista para descubrir nuevos casos, de la legislación disponible, etc. (Tanzi, 1998).

Medidassubjetivas. Los índices objetivos válidos de cuantificación de la corrupción son muy difíciles de conseguir, por ello se hace énfasis en las evaluaciones subjetivas. Éstas están basadas en encuestas o entrevistas en las cuales se le pregunta a los individuos que evalúen el nivel de corrupción. Los sujetos entrevistados o encuestados suelen ser expertos, por ejemplo, hombres de empresa en muy diversos contextos geográficos. Se puede hacer énfasis en muy diversos aspectos. En general, se pretende poner de manifiesto la simple percepción o la propia experiencia de la corrupción (Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobatón, 1999a, 1999b). Se diferencian entre las siguientes estrategias de acción:

•Indicadores basados en la percepción. Se fundamentan en encuestas en las cuales se les pregunta a los entrevistados cómo perciben ellos el nivel de corrupción en un determinado país. Puede ser un índice válido y digno de confianza; sin embargo, es bastante impreciso e inexacto. Además, puede tener baja sensibilidad a los cambios políticos. También influyen sobre la percepción de la corrupción la existencia de una conciencia pública de una cultura del pelotazo, la presión de los medios de comunicación de masas y el énfasis que ponga el gobierno en la lucha contra los estilos de vida ilegales. Los resultados de esta perspectiva pueden tener interesante valor práctico para la evaluación de riesgos de inversión de las compañías comerciales. Cuanto mayor sea el grado de corrupción, en principio, menor es, bajo circunstancias de toma de de cisión éticamente fundamentadas, la atractividad para la inversión empresarial.

•indicadores basados en la experiencia. Están basados en la experiencia subjetiva con la corrupción. Su validez y precisión depende de las cuestiones preguntadas y de la metodología utilizada en la implementación del cuestionario. Además de los procedimientos mencionados hay otros. El International Working Group realiza la International Crimen Victim Survey en la que se le pregunta a los investigados por su propia experiencia acerca de la corrupción. También podríamos incluir aquí el Bribe Payers Index (BPI). Señala la tendencia que existe para ganar contratos de empresas en los diferentes países a través de sobornos. En este casos se habla de Bribery in Business Sectors (BBS).

-Indicadores de corrupción compuestos. Son indicadores que son construidos por el agregado de diversas medidas primarias. Como ejemplo de esta clase de indicadores se puede mencionar el Corrupción Perception Index (CPI) o Índice de Percepción de la Corrupción construido y publicado anualmente por Transparency International (TI). El CPI es evaluado a través de diversos países. Adquieren un rango de 1 (el país peor o con más corrupción) a 10 (el mejor, con menos nivel de corrupción). El índice final viene a poner de manifiesto el grado en que la corrupción es percibida entre los sujetos entrevistados: oficiales públicos y políticos. Concretamente, es un índice del resultado de 14 encuestas. Se necesita un mínimo de tres encuestas correctamente cumplimentadas para que un país pueda ser incluido en el CPI. La unidad de tiempo que hay que investigar es de elección personal. Suele ser de un año de duración. El CPI es bastante impreciso. Ello implica que hay que tener cuidado con las posibles extrapolaciones de los datos. Es por esto por lo cual se están buscando alternativas más válidas y fiables. El objetivo es buscar mayor consistencia a lo largo del tiempo. El lector interesado puede buscar más información en http://www.transparency.de yen los links internos de la propia página. Kaufmann y cols., 1999a, 1999b) proponen perfeccionar el CPI.

Perspectivaantropológica (historias de vida o memoria autobiográfica). El objetivo es observar qué y cómo hacen los corruptos. Las manifestaciones concretas de la corrupción, aun siendo universales en su objetivos, varían en sus procedimientos o mecanismos de acción. La mayoría de las actividades ilegales pretenden ser clandestinas y recónditas, y se imbrican en el sistema sociocultural. Es por esto por lo que el enfoque sociocultural de la corrupción hace énfasis en lo que los individuos hacen u otros observan que hacen. Así, se estudian los procedimientos de dar y tomar, y el establecimiento de redes sociales de solidaridad corrupta o redes clientelistas. Se pueden desentrañar mejor las redes de dinero que están más allá de la ética y la ideología (Gupta, 1995). Esta perspectiva antropológica también se podría denominar enfoque de la Psicología Cultural de la Corrupción. Lo que realmente se suele hacer es la utilización de la Psicología de historias de vida o narrativas vitales y memoria autobiográfica (para una revisión actual de esta metodología de investigación véase Review of General Psychology, 2001, vol. 5, núm. 2). La corrupción viene a ser un estilo de vida. Otros procedimientos relevantes de análisis de la realidad son la entrevista en profundidad y la discusión en grupo. Todo esto no viene a ser más que el construccionismo social aplicado a la investigación de los comportamientos corruptos y sus correlatos psicológicos.

-Indice de opacidad (http://opacityindex.com). Elaborado por Pricewaterhouse Coppers. El índice de opacidad intenta contestar a la siguiente pregunta: si un país puede reducir su opacidad a un nivel más bajo que otros, ¿cómo se incrementará la inversión económica directa extranjera? Según estimaciones promedio, a mayor opacidad, menor cantidad de dinero viene desde países foráneos. El índice de opacidad global se refiere a aspectos de corrupción y opacidad económica, legal, de estándares de responsabilidad y de procesos reguladores socioeconómicos de diversa naturaleza.

19.4. CAUSAS DE LA CORRUPCIÓN

19.4.1. INTRAPERSONALES

¿Tienen los individuos corruptos rasgos psicopáticos? Todo hace indicar que, en muchos casos, sí. Se pueden resaltar los siguientes aspectos: conductal (estilo de vida parasitario, irresponsabilidad, versatilidad criminal, pueden exagerar su estatus y reputación), interpersonal (mentiroso de una forma patológica, falta de sinceridad, un cierto atractivo interpersonal, culpa a los otros de sus propios errores, tramposo, falso, engañoso, sin escrúpulos), afectivo (carencia de remordimiento o de sentimientos de culpa, carencia de empatía, fracaso para aceptar la propia responsabilidad personal, intenta ocultar sus estados emocionales) y, por último, cognitivo (planifica a largo plazo lo que va hacer, considera las alternativas para que no le puedan castigar, busca procedimientos o alternativas para negar la criminalidad) (Babiak, 2000; Gustafson y Ritzer, 1995; Hart, Cox y Hare, 1995). Es por tanto de gran interés considerar cómo esta clase de personas llevan a cabo una manipulación psicopática del y en el lugar de trabajo para beneficio propio (Babiak, 2000). Con razón escribe Raw1s (1996, conferencia II, 2): «los agentes racionales lindan con la psicopatía cuando sus intereses se reducen al beneficio propio». Hay que tener en cuenta:

Característicasde personalidad. Los corruptos parecen tener algunas de la características de personalidad diferenciales. Hay que resaltar las que se van a mencionar a continuación: malevolente (anticipación calculada del robo y del castigo), codicioso, arriesgado (pero precavido), defensor de su reputación (busca que se le considere intachable, reacciona de una forma desairada cuando se le dice que ha robado), juega con su propia identidad, acomodaticio (por propio beneficio es amable, benevolente, servicial, adaptable, complaciente, adopta un cierto rol sumiso y de falsa e hipócrita inferioridad), apaciguador (intenta resolver conflictos para pasar desapercibido, hace ciertas concesiones a los intereses de los demás), un cierto grado de elitismo (busca una vida fácil, desea ascender socialmente, cultiva y se aprovecha de las ventajas individuales organizacionales o sociales), amoroso (socialmente seductor, persuasivo, elocuente y mentiroso; se transforma en un estafador patológico), compensador (intentar contrarrestar o compensar sus sentimientos de inferioridad, compensa sus deficiencias creando ilusiones de superior¡ dad,busca ser admirable en algún momento de su vida, su propia valía es el resultado de la autopromoción personal), sin principios (conciencia elástica, sin escrúpulos, desleal, fraudulento, engañoso, timador y con un cierto grado de arrogancia) (Millon y Davis, 2001); y, por último, buscadores de riesgos (les gusta adoptar conductas arriesgadas que lindan en la frontera de la legalidad o son claramente ilegales).

Creenciaen el mundo justo. Esta creencia pone de manifiesto que las personas consiguen lo que merecen y merecen lo que logran. Desde esta perspectiva se corrompe el que puede, no el que quiere. Por lo tanto, el corrupto puede justificar (pues considera que lo merece) sus actividades de enriquecimiento ilegal. Si hay quien se deje corromper o robar es porque no se sabe defender. También puede ser porque no conoce cómo llevar a cabo actividades ilegales. Por lo tanto, en un mundo justo (o injusto) cada cual merecería lo que le acontece: unos corromperse y otros ser víctimas de la corrupción.

-Envidia. Consiste en una sensación de molestia o malestar por el éxito ajeno. La envidia provoca que todos los ciudadanos tengan la tentación de asemejarse o llegar a poseer aquello que en los demás le produce desazón. Todo esto provoca en los individuos un anhelo consciente de corromperse. El objetivo es reducir la emoción de envidia. Los procedimientos utilizados son algo secundario. El único objetivo es reducir el sentimiento de envidia.

Ansiade poder. La tradición y experiencia universales enseñan que los hombres son corrompidos por el poder (Mill, 1985). La codicia por el poder puede llegar a convertirse en un problema de salud mental. Cuando accede a un cargo público la gente se transforma. Cambian su forma de pensar, sus prioridades motivacionales, su discurso lingüístico, su forma de comportarse en público y sus amistades. La apariencia se apodera de ellos. Con tal de asentarse indefinidamente en la poltrona todo está justificado: manipulación de la opinión pública, secuestro o rapiña de votos, hacer la ética pública elástica y adaptada a los intereses particulares de políticos o partidos políticos, etc.

Transideología.Los transideólogos son esa clase de profesionales de la res publica que sobreviven al gobierno de cualquier partido político. Son especialistas en el culebreo de obstáculos. Sus intereses son constantes y racionalmente planificados. Poseen unos ideales y comportamientos morales que se manifiestan como zigzagueantes. Supuestamente no tienen ideología. Sólo practican una voluntad de permanencia. Viven de la apariencia de hacer algo. Son políticos o funcionarios light. Pueden llegar a ser un peligro público. Nunca disponen del momento preciso para realizar algo útil. Se especializan en el escaqueo del trabajo. Están dispuestos a ocupar cualquier puesto de trabajo con tal de estar en primera línea de la batalla política. No trabajan, pero sí estorban. Actúan como sanguijuelas de la administración pública. Se aprovechan del cargo político para beneficio privado. Estas personas tienen mucha probabilidad de convertirse en corruptos en serie, pues se implican en actividades ilícitas una y otra vez.

-Planificación razonada y calculada de los intereses que quiere conseguir el corrupto. La corrupción es un crimen de cálculo, no de pasión (Azar, Lee y Swamy, 2001). El ser humano no es tan racional como tradicionalmente se ha supuesto. Entre los corruptos el azar es mínimo. Todo lo sopesan. Se efec- túaun balance equitativo de los costes y beneficios. Tienen que ser cautos y previsores. Las prisas acostumbran traer fatales consecuencias. En lo ilegal lo racional suele ser lo mejor. Hay que maximizar el beneficio. La probabilidad del castigo se debe reducir a lo mínimo.

-Afán de apropiación de lo ajeno. Los ciudadanos dedicados a la res publica usurpan y se apropian de las riquezas y derechos de la sociedad civil. El procedimiento puede ser a través de un bandolerismo y delincuencia organizada. Desde esta perspectiva, tiene razón Proudhon (1975) cuando escribe que la propiedad (adquirida ilegalmente o de forma no ética) es un robo. De una forma general, corromperse es igual a despojar a los demás de sus derechos; es, asimismo, un saqueo de lo que pertenece a todos.

-Egoísmo. El interés personal es la medida de todas las cosas. Resultado de todo ello es la satisfacción de la ilimitada codicia humana. Cuando el lucro se mete por medio, nuestros sentimientos se corrompen. El egoísmo parece condicionar todos los procesos de toma de decisiones públicas. En este contexto, podríamos admitir que el ser humano no es un tonto racional (Sen, 1977), más bien se le podría considerar como un canalla racional (Cowell, 1995). La honradez no parece formar parte de la naturaleza humana, de la cultura tampoco. Los gorrones y los aprovechados no piensan más que en sí mismos (Girling, 1997). La primacía de lo personal lleva a confundir el cargo institucional con el provecho personal.

-Invulnerabilidad al castigo. Los poderosos suelen tener un sentimiento de invulnerabilidad a las consecuencias de la ley. El ansia desmedida de poder y riquezas ciega a las personas. Sus neuronas procesan euros y sus ojos no ven más que dólares por todas partes. Y, como argumenta el Marqués de Sade (1985, pág. 91): «¡es muy difícil evitar robar, cuando se posee tres veces más de lo necesario para vivir!»; Diderot (1985) admite que cuando se es rico uno no puede deshonrarse. Además, suelen tener una baja sensibilidad al castigo. Por el contrario, muy bien podrían manifestar una elevada sensibilidad a la recompensa (o refuerzo). Es por lo que se aventuran en actividades ilegales (o beneficios de implicarse en prácticas corruptas) (Torrubia, Ávila, Moltó y Caseras, 2001).

-Reciprocidad de favores. La organización social puede mejorar a través de una reciprocidad generalizada. La dinámica de las redes sociales siempre conlleva una interdependencia mutua. Los regalos, el tráfico de influencias, el pago de favores en el mundo de la política generan una necesidad socialmente imperiosa de reciprocidad. Es el espíritu del don (Mauss, 1954). Pues, «si los amigos hacen regalos, son los regalos quienes hacen amigos» (Sahlins, 1977, pág. 204). En realidad, «lo que obliga a donar es el hecho de que donar obliga» (Godelier, 1998, pág. 29). El corromperse conlleva a implicarse en una dinámica interpersonal de corrupción. La corrupción implica reciprocidad corrupta. Se habla, entonces, de redes de corruptos. También se puede considerar la transmisión interpersonal de los estilos de vida ilegales.

-Procesos de neutralización. Son mecanismos psicológicos que sirven para que los individuos mantengan un estado de autoestima y autodignidad positivo. La meta última de los procesos defensivos es mantener una imagen del sí mismo como ser moral, competente, bueno y estable. Asimismo, también se le considera capaz de elección y control. De esta forma los individuos protegen su autoconcepto y neutralizan los sentimientos de culpabilidad. Por lo tanto, robar no tiene ninguna repercusión psicológica.

-Falta de compromiso ético de los líderes políticos. Cuando los líderes políticos son de dudosa integridad ética, el ciudadano cotidiano sólo puede y debe anhelar implicarse en actividades ilegales. Pues, muy a menudo, en la política se funciona por conveniencia y no por principios de equidad y justicia social. Muchos políticos argumentan que tienen la conciencia tranquila. Sin embargo, muchas veces la conciencia sosegada viene a ser un síntoma de indolencia social y de un excesivo egoísmo personal y de partido. La ética de los políticos es muy elástica. Su conciencia también. Utilizan en beneficio propio cualquier cosa con tal de autoperpetuarse en el poder. En muchas ocasiones camuflan sus intereses personales detrás de argumentos acerca de luchar por el prestigio y la estabilidad de las instituciones. En definitiva, la ética de los políticos es y sólo puede ser esclava del dinero y de los votos. Todo lo que no se haga esta perspectiva lleva a concluir con afirmaciones tales como «no hay constancia» o se trata de «situaciones extraordinarias o excepcionales». Lo realmente importante en el discurso de los políticos es decir algo, aunque sea vacuo e irrelevante (Huberts, 1998; Jain, 2001a, 2001b).

Posibilidaddel transfuguismo. Un tránsfuga es aquel cargo, democráticamente elegido, en unas determinadas listas de un partido político, en cualquier nivel de la organización estatal, que se pasa a otro grupo político antes de concluir la legislatura para la cual ha sido elegido y conserva su correspondiente escaño (y sueldo) durante todo el mandato. El transfuguismo se produce debido a la diversidad de partidos u opciones políticas, al hecho de considerar jurídicamente que los escaños son de titularidad personal y no del partido, y al hecho de admitir que los políticos pueden considerar que pueden llevar a cabo sus ideología y metas políticas de una forma más positiva en otro grupo político. Las consecuencias del transfuguismo son el falseamiento de la representación política, la quiebra del sistema de partidos, el deterioro de la clase política, la escisión o, incluso, disolución de los partidos políticos y, por último, el engrosamiento artificial de ciertos grupos políticos, por ejemplo, el Grupo Mixto. Las soluciones contra el transfuguismo son la adopción de un código de ética pública, el establecimiento de listas abiertas, el fomento de la responsabilidad personal y el atribuir los escaños a los partidos y no considerarlos de titularidad personal (Villadangos, 2000).

-Control partidista de la temporalización del transcurrir político. El proceso de toma de decisiones se hace en función de los intereses del partido que está en el poder. Importa poco que las decisiones sean más o menos importantes. Lo realmente relevante es conseguir el poder. Lo que condiciona el tempo político es el ritmo de las convocatorias electorales. Los intereses del partido político predominan sobre el proceso administrativo de solución de problemas y el interés público. En estos casos es muy probable que surjan estilos de vida ilegales.

19.4.2. INTERPERSONALES

Entre las causas interpersonales de la corrupción destacan las siguientes:

-Organizaciones opacas. Estas organizaciones opacas son de muy dudosa utilidad social y generan podredumbres turbias y descaradas. Dicha clase de organizaciones enmascaran su funcionamiento. La toma de decisiones - se supone - es de una dudosa integridad moral. Sirven para colocar a los amigos. En ocasiones, dan cobertura a personas relativamente ineptas. La opacidad organizacional impide o bloquea el establecimiento de comisiones de investigación; esto en caso de que dichas comisiones circenses sirvan para algo.

-Tener en cargos públicos a personas sumisas y no siempre competentes. Los cargos públicos de carácter político están al servicio de los intereses del partido gobernante. La estructura y dinámica de la Administración Pública se adecua a los objetivos de la ideología dominante. Cuando las personas que detentan el poder se corrompen, se genera una muy rápida diseminación (o contagio a través de los procesos de aprendizaje de imitación o modelado) de los estilos de vida ilegales.

-Poder de los lobbies. Actúan de forma conjunta para forzar una legislación más benigna o más favorable a los intereses de una determinada empresa. De esta forma se establece una legislación parcial, sesgada y que excluye un una gran mayoría de gente. Los que establecen los lobbies son siempre los que ostentan el poder económico o político-económico. En muchas ocasiones coinciden con los que están dentro o en los aledaños del poder político. La conclusión es que la legislación es socialmente construida para favorecer, directa o indirectamente, a un número de personas en detrimento de otras muchas.

Patologíaorganizacional diversa. La patología de la organización pública es muy variada. Un aspecto de ella es la patología informacional. Esto conlleva una carencia de toma de conciencia de los problemas, conflictos entre informaciones contradictorias, control deficiente de los procesos de toma de decisiones y suposiciones inadecuadas acerca de la utilización del conocimiento (Scholl, 1999). Otras dimensiones de la enfermedad de una organización son el oscurantismo, la tendencia a la inercia, el aumento innecesario del personal de la administración (Ley de Parkinson), el escalar hasta alcanzar el nivel de incompetencia (Principio de Peter), la protección casi siempre necesaria de los incapaces, la falta de confianza, el cinismo, etc. Todo ello, a su vez, provoca corrupción virtual o cibercrimen. Redes o circuitos interconexionados del poder, sean virtuales o no, crean mafias de estilos de vida ilegales y corruptos. Cuando se trata de robar, las redes de tráfico de influencias surgen por doquier. Los paraísos fiscales también parecen ser prolíficos en el ciberespacio.

-Confusión cultural o 'vida política pública en la penumbra. En ocasiones, no hay unas formas claras para la dinámica social justa y legal. Para solucionar muchos de sus problemas los ciudadanos tienen que recurrir al tráfico de influencias y a cualquier clase de clientelismo. El «sálvese quien pueda» parece ser el único motivo individual para comportarse. Hay un conocimiento social tácito acerca de subterfugios para solucionar problemas personales. Amiguismo y tráfico de influencias se vuelven algo normal. El clientelismo es el carburante que mantiene la dinámica interpersonal. Es, para decirlo de una forma muy sibilina, una vida política en la penumbra o en la trastienda (Caciagli, 1996; Egea, 1996).

Estadodébil = Estado cleptocrático. La corrupción es, entre otros aspectos, una manifestación de una organización política social deficiente. Las leyes no suelen cumplirse. También pueden estar cínicamente redactadas para favorecer a los que detentan el poder político y económico. Es lo que sedenomina estado débil (Myrdal, 1973, 1974). El estado es capturado por grupos de presión, free-riders o gorrones. La cleptocracia predomina sobre la ética. El grado de corrupción varía inversamente al grado en que el poder es legítimamente democrático. Los que detentan el poder político y económico se convierten en saqueadores del dinero y riquezas de los demás.

Legislacióninjusta y favorecedora de la vagancia. No siempre la legislación democrática es el mejor instrumento de lucha contra los estilos de vida ilegales. Hay demasiado culto a la subvención. La gente quiere vivir de la ayuda de los demás o del Estado. El esfuerzo personal no existe. No se recompensa la motivación para trabajar de una forma ética y responsable. Ciertos aspectos de la legislación pueden contribuir a fomentar la truhanería a través de ayudas injustificadas. Se promueve así la jugarreta y toda clase de picaresca.

-Inefectividad de las penas imposibles de cumplir. Los ciudadanos no pueden creer en la eficacia de la justicia, ni en los mecanismos de hacer cumplir las sentencias dictadas por los correspondientes Tribunales de justicia. Esto acontece cuando un individuo roba, produce un desfalco, dan en quiebra empresas rentables, se favorece la privatización de empresas públicas para los amigos, se reciben subvenciones públicas para reflotar empresas que posteriormente se venden a mejor postor, etc. En ciertos casos, alguno es juzgado, condenado y enviado a la cárcel. Sin embargo, nadie reembolsa el dinero. Esto es lo lamentable. Lo que a la sociedad civil le importa es que reintegren el dinero robado. El vayan a la cárcel o no, tal vez sea una cuestión secundaria.

Autoproteccióndel cargo público o político más allá del período de mandato. El que está en el poder sabe, cuando se vive en un sistema democrático, que es temporal. ¿Qué va a pasar con las ventajas de cargo, una vez llegado al final del mismo? Unos adquieren un determinado nivel de renta y de categoría laboral. Otros establecen una compleja y, generalmente, eficaz red de tráfico de influencias. La cuestión es asegurarse un porvenir lo más esperanzador posible, aunque sea en la oposición política. En ocasiones se habla de dignificar los ex-cargos. En la práctica lo que se busca es asegurarse unas prebendas y privilegios personales cuando no se esté en el poder, de lo cual son conscientes los ciudadanos, les duele y se sienten traicionados.

-Cultura de la apariencia y de la simulación. Discurso hueco y abstracto. Búsqueda de la disculpa (cultura de la exculpación de responsabilidad) y de la autojustificación. El lenguaje nunca es neutro. Quien lo controla puede «manipular» más fácilmente la mente y el sistema motivacional de los ciudadanos. El discurso lingüístico puede con todo. Se tergiversa o manipula la realidad según interese. Se juega con las palabras. Los eufemismos son algo cotidiano. Se favorece así una corrupción de las costumbres. Los políticos fabulan la dinámica sociopolítica. En muchas ocasiones, o no se quieren enterar de nada o actúan con un cinismo ilimitado. Los que vivencian y padecen tal distorsión de la realidad son los ciudadanos. Al final lo que tiene primacía es la mentira, el cinismo, la farsa y falsedad exculpatoria legitimada. Los políticos juegan con la opinión pública en beneficio propio. Lo que impera, en última instancia, es el ansia de dinero y de poder. Los políticos siempre tienden a legitimar lo que dicen. Cuan do se equivocan recurren a la «descontextualización de las declaraciones» o a que «no se me ha entendido bien».

Primacíadel poder político sobre el legislativo y el judicial. En ocasiones, el poder judicial es y sólo puede o parece ser esclavo de los intereses políticos. Los sucesivos Fiscales Generales del Estado actúan como defensores de los intereses del partido dominante; éste es el que ejercita el poder en cada momento. No parece nada serio lo que se hace a nivel político con ciertos aspectos del poder judicial. El sistema de cuotas para elegir ciertos cargos relacionados directamente con la justicia parece una elección de patio de colegio. Hay mucho de chalaneo y de tráfico de intereses de poder en el mundo de la justicia. Esto provoca que los ciudadanos no creen absolutamente nada en ningún nivel del sistema judicial. En muchas ocasiones la dinámica de la justicia es y sólo puede ser esclava del poder y del dinero.

Financiacióny sectarismo de los partidos políticos. Los partidos poseen una organización o maquinaria para conseguir y autoperpetuarse en el poder. En principio, el objetivo es legítimo y democrático. Sin embargo, la obsesión por el poder reduce la capacidad de pensar y de comportarse de forma ética por parte de los políticos electos o elegibles. En los partidos políticos, muy a menudo, parece imperar la primacía de una oligarquía, que puede favorecer el sectarismo institucionalizado y legitimado. Para su funcionamiento los partidos necesitan dinero. Los procedimientos para adquirirlo pueden ser muy diversos. Los mecanismos utilizados suelen ser oscuros y de muy dudosa integridad moral. Casi da igual como se adquiera. En última instancia, cualquiera que llene las cuentas bancarias del partido resulta útil. Todo ello fomenta la partitocracia, pues en muchas ocasiones, por no decir siempre, partido que sustenta al gobierno y partido político son lo mismo. Se apoyan entre sí cuando se habla de cómo conseguir beneficios económicos. Con tal de obtener mayor financiación, cualquier coalición o apoyo común es considerado constructivo (Della Porta y Vannucci, 1999).

Culturadel pelotazo. Los individuos viven en un contexto infectado de estilos de vida corruptos. La cultura del pelotazo agruma en un contexto socialmente tóxico de podredumbre moral. No hay diferencia entre la cultura de la sospecha y la del pelotazo. En los dos casos los políticos se dedican al latrocinio de una forma desvergonzada y descarada. El resultado final de todo eso es la economía del pillaje. En la cultura del pelotazo coinciden, siguiendo la terminología de Schank y Abelson (1987), los temas de rol (por ejemplo, el jefe o político que se quiere corromper), los temas interpersonales (relación entre jefe o político corrupto y trabajador o subordinado corrompible) y temas de vida (el jefe o político y el subordinado anhelan corromperse para conseguir poder y dinero).

-Bandidaje cíclico. Los políticos necesitan ser algo flexibles con el electorado. El objetivo prioritario es ganar las elecciones y ser reelegido una y otra vez. Si la ciudadanía no tiene algo de riqueza, muy bien puede no haber que robar. Los ciudadanos robados tienen que tener motivación para continuar trabajando. En caso contrario no hay de qué apropiarse. Hay que racionalizar el proceso de maximización de la tasa de saqueo impositivo. Es así como los políticos se transforman en bandidos estacionarios. El ejercicio del poder se transforma en algo rentable. Además, los políticos cuando llegan al final del mandato suelen dedicarse al cambalacheo interesado (Olson, 2001).

Autoselecciónde los políticos. La política no atrae a cualquier clase de individuos. Parece ser que los llamados a gestionar la res publica son los propensos a la ambigüedad y a tener mano izquierda. Suelen considerar, en privado, la primacía de los intereses privados sobre los públicos. No pueden admitir en público que van a la política a tratar de solucionar problemas personales. La legislación electoral lo facilita. Son los políticos los que establecen las condiciones para hacerse elegir a sí mismos. Se puede hablar, por lo tanto, de un proceso de autoselección endogámica de los políticos (Mosca, 1982; Recchi, 1999). Como en las organizaciones, ¿atrae la política a los individuos corruptos o son éstos quienes forjan un estilo de vida plagado de ilegalidades? (Cohen y Vigoda, 2000; Podsakoff y Mackenzie, 1997). Nuestra convicción es muy sencilla. Son las personas de mente fácilmente corrompible las que buscan impulsivamente introducirse en los vericuetos de la política. Así, la administración produce estructuras patológicas y procesos de socialización que necesita para existir. Instituciones en las cuales anida la corrupción, el interés creado y el trapicheo ilimitado, atraen hacia sí personas propensas a implicarse en actividades al margen de la ley.

-Corrupción en las subvenciones o en la ayuda a la mejora del desarrollo socieconómico de los pueblos. La corrupción pone en peligro las ayudas al desarrollo. Los ciudadanos y ciertos gobiernos conocen que el dinero dirigido a favorecer un desarrollo sostenible e integral termina en manos privadas. Los vericuetos a través de los cuales se mueven los profesionales de obtener subvenciones son muy diversos. Lo importante no es contribuir a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. No importa lo que se haga con el resultado de obtener fondos públicos. Sólo interesa conseguir dinero para lucro privado. Las consecuencias de ello son que, al final, salen perdiendo siempre los mismos: los pobres, los que no tienen capacidad de influencia, los indefensos y los que viven en una trayectoria de clase o espacio social en desventaja (Chabal y Daloz, 2001).

Religión.Las creencias religiosas influyen en todos los aspectos de la vida humana. Según Paldam (2001), la religión tiene algunos efectos positivos sobre la corrupción. En general, los católicos y protestantes son menos corruptos que los que no lo son (los islámicos, budistas y los hindúes). Sin embargo, los católicos son más corruptos que los protestantes (La Porta y López de Silanes, Shleifer y Vishny, 1999; Paldam, 2001; Treisman, 2000). Por lo tanto, algo parece haber en el sistema de creencias religiosas que hace que los individuos se comporten de una forma tendente a la ilegalidad o no en las transacciones económicas y en el proceso de trabajo cotidiano.

-Desigualdades sociales, políticas y económicas. Un contexto socio-material injusto provoca guerras, opresiones, persecuciones y esclavitud, y favorece los estilos de vida ilegales. Para el oprimido, para el pobre y para el que tiene el estómago vacío la legalidad es un absurdo. En tales circunstancias, los individuos dejan de ser razonables, no luchan por políticas sociales justas y decentes. Los profesionales de la ilegalidad son la única alternativa para poder sobrevivir. Además, los corruptos se transforman en fabricantes de miseria de pueblos y ciudadanos (Krauze, 1997; Mendoza, Montaner y Vargas-Llosa, 1999). Nunca podrá haber justicia social si no se reduce la distancia entre pobres y ricos, entre ladrones y robados, entre corruptores y los que son privados de sus derechos y sus propiedades, y entre los que fuerzan a cumplir normas claramente injustas. Los sin poder, los que son usurpados de sus derechos y riquezas tienen el derecho y la obligación de luchar por ello. ¿Cómo? Esta es otra cuestión al margen del presente capítulo.

Injusticiadel sistema de justicia. La injusticia en la administración del sistema judicial la transforma en un instrumento del poder. El mismo sistema de justicia da una imagen social de campeones olímpicos de trapicheo y de confrontación entre Tribunales, jueces y demás luchas por el poder. No es serio lo que tenemos en el mundo de la justicia. Las cosas se hacen tarde, a medias y sin gozar de la confianza de los receptores de las decisiones del sistema judicial. Así no se va a ninguna parte. No todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Hay una justicia para ricos, otra para pobres. Una para los políticos y otra para los ciudadanos sin ninguna clase de poder. Además, las instituciones públicas casi siempre juegan con las cartas marcadas. Se suele producir una instrumentalización de la justicia por parte de los políticos. En muchas ocasiones, la justicia es y sólo puede ser sierva del poder y del dinero. Esto se observa en cómo, de una forma general, las personas poderosas enmarañan la legalidad una y otra vez. Hallan mil y un vericuetos y triquiñuelas para escabullirse de las obligaciones legales. La legalidad sólo parece aplicarse a las personas honradas, a las que van de buena fe y a las que desconocen la legalidad imperante. Generalmente, son ciudadanos de bien, pero que han cometido un pequeño error. Una persona es condenada a años de cárcel por una pequeña dosis de droga. Los que trafican con miles de kilos, son absueltos. Corre más peligro quien defrauda quinientos euros a Hacienda, que aquel que escamotea veinte mil. Hay mucho de injusticia en el sistema de justicia. La mala o deficiente aplicación de la justicia también genera corrupción, desorientación social y que cada uno se solucione la vida como pueda (Miller, 2001). La justicia parece ser un sucedáneo de la misma. En muchos casos, se busca la simulación, el aparentar que se hace algo. Ya admitía Platón (1992, pág. 361 a): «la más alta injusticia consiste en parecer justo sin serlo».

19.5. CONSECUENCIAS

19.5.1. INTRAPERSONALES

A continuación se describen las consecuencias interpersonales de la corrupción:

-Emocionales. En un contexto corrupto los ciudadanos honrados o que no pueden o no quieren corromperse pueden sentir humillación y enojo, negación para cooperar en objetivos comunes, desconfianza, indefensión, desesperanza, emponzoñamiento de las relaciones interpersonales, envidia, tristeza, etc. En los corruptos puede haber, en ocasiones, zozobra e incertidumbre crónica por si alguien «tira de la manta». Pero, generalmente, no sucede nada nuevo. Los corruptos se protegen entre sí. Todo esto genera una ciudadanía fatigada (Lipovetsky, 1994) y desorientada. En dicha situación moralmente desmotivadora los ciudadanos no saben qué hacer ni a qué atenerse.

Entrelos políticos (cual ladrones profesionales o delincuentes de cuello blanco) deshonestos y los corruptos. En general, se produce un olvido selectivo de ciertos hechos, la acusación de que está siendo sometido a una «cacería sanguinaria», el que hay que aclararlo todo, pues «el que nada teme, nada oculta», después de robar todos dicen que «tienen la conciencia tranquila», incriminar a los acusadores, considerarse ejemplo para los demás, pues «no lo debemos de estar haciendo tan mal, cuando nuestro modelo lo exportamos como ejemplo de bien hacer las cosas. Otros países nos piden asesoramiento de qué estamos haciendo» y, por último, el ver «intenciones maliciosas» en todo proceso de investigación para aclarar el tráfico de influencias. Estos recursos a la exculpación generalizada sólo pretenden reducir las consecuencias psicológicas y legales de los hechos o prácticas corruptas.

-Procedimientos de neutralización de las consecuencias de la corrupción. Los individuos corruptos se protegen a sí mimos de la culpa, vergüenza y autoimagen negativa. Algunos de dichos procedimientos son los siguientes (Coleman, 1994; Eliason y Dodder, 1999, Miller y cols., 2001, Minor, 1981; Sykes y Matza, 1957): exclusión de la propia responsabilidad personal, negación de la ilicitud, condena de aquellos que condenan, remisión de la responsabilidad a instancias superiores, defensa de un cierto estado de necesidad, autoindulgencia personal, justificación para evitar un daño mayor, todo el mundo lo hace, admisión de que todo lo legal es ético, suposición de que el que tiene el poder tiene el derecho de hacer algo, protección o distanciamiento de los afectados por el robo, negación de los hechos, creerse omnipotente y que nunca se le va a descubrir, culpabilizar a la víctima, etc. Todo esto genera una justificación psicológica subjetiva de la corrupción objetiva.

Burladorengañado. Nadie paga tres euros por uno. Alguien para conseguir unas ganancias excesivas confía su dinero a individuos u organizaciones desaprensivas. Realmente, piensa que le devuelven, sea de la forma que sea, demasiados beneficios. No se pregunta cómo puede ser eso. Sencillamente anhela conseguir ganancias millonarias. Si después todo se convierte en un desfalco, ¿quién es el culpable: el que quiere aprovecharse o el aprovechado? Cuando dos pillos se unen para conseguir una ganancia económica siempre suele haber uno que pierde y otro que gana. Uno es o se considera más astuto que el otro. Hay mucho profesional de timo del tocomocho de los recursos de los demás.

-Individuos codiciosos, avariciosos y calculadores siempre hallan amparo legal y judicial. Los corruptos, sean políticos o no, buscan asegurarse la inmunidad legislativa. El honrado y trabajador sólo parece tener obligaciones. Siempre ha de haber algún resquicio o posibilidad legal o extralegal (por ejemplo, negociación) para salirse con la suya. Al ciudadano de bien se le aplica la ley; a los corruptos, el espíritu de la ley. Por lo tanto, para unos, los pobres y los sin poder, se utiliza lo que la legislación dice; para otros, los ricos y poderosos, la interpretación de las disposiciones legislativas. De esta forma, los ciudadanos ávidos de corrupción tienen muchas probabilidades de conseguir beneficios de muy diversa naturaleza. Todo ello contribuye a provocar un agravio comparativo.

-Resentimiento, enojo, envidia, resignación, desesperanza. Un sistema político corrupto genera lo que Mill (1985) denomina tipos pasivos (pero interesados o calculadores) de carácter. Sólo se favorece la sumisión y el acatamiento vergonzoso. Se trata de una subordinación interesada. La desmoralización se manifiesta en que los que se benefician de la corrupción son los políticos, los que habitan en los aledaños del poder, los que tienen facilidad para influir sobre algo, etc. El tráfico de influencias establece extrañas redes de solidaridad corrompida. Generalmente, es mucho más demoledora para los individuos la corrupción imaginada que la real (Miller y cols., 2001). Esto nos lleva al complejo tema de la privación relativa y la comparación social.

Traicionespersonales. En política, como en muchos otros aspectos de la vida humana, el recelo es cotidiano. En el mundo de la res publica y sus aledaños la confianza es casi imposible. La historia del poder es un reguero de desconfianzas, suspicacias, envidias y deslealtades. Cuando no hay una relación de confianza, el engaño, la ingratitud y la conjura parecen ser lo cotidiano. Cuando la motivación del poder lo condiciona todo, vilezas pueden surgir por todas partes. Según esto uno puede llegar a la conclusión de que en política la traición parece ser la única perspectiva (Jeambar y Roucaute, 1999). Este razonamiento conduce a la conclusión de que nadie se puede fiar de nada. Una vida y un proceso de trabajo cotidiano así son insoportables. Provocaría sintomatología delirante y suspicacias obsesivas. Es imposible vivir mentalmente sano desconfiando siempre de todos. La política, como la vida, puede ser dura y cruel. No se perdona nada. Nunca nada se olvida del todo. Es el mundo de la selva, el aprovechar la oportunidad y el sacarle ventaja al enemigo o contrario. Casi da igual que sea del propio partido o del de la oposición.

Reducelos procesos de toma de decisiones fundamentados en el mérito. La corrupción genera una cultura política de la ilegalidad. Se corrompe la dinámica de las administraciones públicas; éstas terminan rigiéndose por los principios del clientelismo. En la medida en la que contribuye a socavar los procesos de legitimación, favorecen el surgimiento de la pobreza (Banco Mundial, 2001). Se atribuye la causa última de la situación actual de corrupción a la historia colonial. Incluso se llega a admitir el estilo de vida corrupto como absolutamente sensato en dichas circunstancias. Los ciudadanos y gobernantes instrumentalizan el desorden y la corrupción en beneficio propio (Chabal y Daloz, 2001).

Síndromede escalada. Donde existe posibilidad de cambio ascendente los individuos pueden ser cegados por sus motivaciones de conseguir un nivel jerárquico superior. En dichas circunstancias las decisiones erróneas se cometen una y otra vez. Ello bloquea o hace fracasar el curso normal y ético de acción. Por lo tanto, favorece el surgimiento de conductas ilegales. Cuando los individuos solo piensan medrar a cuenta de pisar a otros se genera una situación de sálvese quien pueda. La dinámica organizacional se transforma en una carrera de obstáculos para conseguir mayor nivel jerárquico. Es la motivación del poder en acción. El que se sea competente o no para desempeñarlo de una forma habilidosa, es otra cuestión. Esto es lo que tradicionalmente se conoce como el «principio de Peter» (Peter y Hull, 1970). A lo largo del proceso de escalada los individuos se alejan de la competencia y se introducen en la incompetencia. En dichos niveles, por lo tanto, «se acumula la hojarasca, surgen burocracias ineficaces, se deteriora la calidad, (y) triunfa la mediocridad» (Peter, 1973, pág. 10).

Acosomoral o psicoterror (mobbing) e insultos. Las actividades ilegales en una organización generan malestar, desasosiego e inseguridad psicológica, desconfianza y un conflicto latente crónico. En dichas situaciones los jefes pueden abusar psicológica (mobbing) o físicamente de sus subordinados (mobbing vertical). Los trabajadores también pueden generar entre iguales procesos psicológicos coercitivos (mobbing horizontal). En dicho contexto surgen procesos de exclusión social y destrucción de la personalidad. Las personas más predispuestas a soportar los efectos negativos del acoso moral son de estatus minoritario, bajo nivel socioeconómico y de educación, con carencia de apoyo social, estrés crónico en el trabajo, elevado nivel de ética en el trabajo, y motivación y habilidad para desempeñar el puesto laboral (Gabriel, 1998; Irigoyen, 2001; Piñuel y Zabala, 2001).

-Corrosión del carácter. El lugar de trabajo se ha vuelto imprevisible. La flexibilidad laboral y las injusticias sociales hacen de la vida una constante lucha. Sólo ganan los más poderosos o los que se corrompen más. La ética no sirve para regular los estilos de vida individuales o colectivos. El contexto de trabajo es un lugar adecuado para que surja la ilegalidad, el agravio comparativo, la desilusión generalizada, y la conciencia de indefensión y de inutilidad. Todo se controla a través de influencias tendenciosas. El propio proceso de trabajo resulta alienante. Las relaciones interpersonales se convierten en una farsa. Los trabajadores se sienten indefensos y regidos por la arbitrariedad y el azar (Sennet, 1998).

Justificaciónpsicológica de la corrupción. Ante la realidad de las prácticas corruptas los ciudadanos pueden adoptar las siguientes alternativas: rechazarlas y luchar contra ellas o tratar de extraer tajada. En el primer caso, poco va a conseguir. La sociedad va a funcionar y seguir adelante al margen de lo que un determinado ciudadano piense, haga o sienta. La otra alternativa es la de aprovecharse de las redes corruptas. Por lo tanto, debe implicarse en el tráfico de influencias, facilitar regalos y fomentar sobornos. Los individuos y las organizaciones pueden justificar las causas de para qué corromperse o las consecuencias de las actividades ilegales. En los dos casos se habla de procesos de neutralización y mecanismos de defensa.

¿Porqué y para qué los ciudadanos votan, a veces, a políticos corruptos? En los países democráticos, políticos corruptos son elegidos en procesos democráticos. Es más, en ocasiones los mismos electores seleccionan candidatos y partidos de muy dudosa integridad ética. ¿Qué puede pasar por la mente de los electores? ¿Es que tienen todos, electores y elegibles las mismas motivaciones para corromperse? ¿Es que, acaso, no se corrompe el que quiere, sino el que puede? Kurer (2001) establece las siguientes explicaciones acerca de por qué la sociedad civil elige democráticamente políticos de muy dudosa integridad moral: negación de la corrupción, deseo personal de corromperse, ausencia de alternativas políticas mejores, ignorancia por parte del electorado, un sistema de partidos débiles que favorecen la cultura del patronazgo o del clientelismo. Además, en la cultura de la corrupción toda ética es relativamente ambigua. Todo es de una forma, pero también puede ser de otra manera. Se llega a generar un silencio cómplice con lo ilegal. No por eso se tiene que generar un ambiente de mafia o algo parecido. La realidad es que la tendencia a lo ilegal es tolerada o discretamente controlada (Lascoumes, 1997, 2000).

19.5.2. INTERPERSONALES

Entre las consecuencias interpersonales de la corrupción destacan las siguientes:

-Holgazanería social. Cuando hay individuos trabajando cooperativamente en un esfuerzo colectivo por sacar adelante un proyecto colectivo, ¿llevan a cabo todos los mismos esfuerzos? En principio, hay que esperar que no. En situaciones de grupo o de colaboración social los sujetos se deben implicar en tareas conjuntas. Todos y cada uno de ellos tienen que aportar su contribución para generar un producto colectivo final. Hay muchas personas que están más motivadas y ponen menos esfuerzo para trabajar cuando lo hacen de una forma individual que cuando están en grupo. Es lo que se conoce con el nombre de holgazanería social (Karau y Williams, 1993; Latané, Williams y Harkins, 1979). Esto es fomentado por la corrupción política real o imaginaria. Pues, ¿para qué va uno a trabajar de una forma socialmente productiva, si al final son los ilícitos los que extraen mejor beneficio en poder, dinero y aprovecharse de la situación? Realmente para nada. La explicación de esto viene a través de la difusión de la responsabilidad en el esfuerzo colectivo.

Faltade recursos para malversación de los mismos en la realización de obras públicas. Cuando los fondos públicos van para bolsillos privados o de los amigos, ¿cómo se van a realizar bien las obras públicas? ¿Cómo no va a haber muertos en las carreteras, si muchas vías de comunicación parecen diseñadas y construidas por enemigos de los automovilistas? Después se utilizan las señales de tráfico para corregir los errores de diseño y construcción. ¿Por qué no se puede llegar a utilizar un pabellón de deportes nuevo por mala realización de las obras? ¿Para qué se hacen colegios públicos en donde hay gran riesgo de inundaciones?

-Favorecer la violación de la legislación o establecer leyes que favorezcan los intereses dominantes. Quien construye las leyes controla el ritmo de vida oficial de los ciudadanos. Canaliza, también, ciertos procesos psicológicos cotidianos de la ciudadanía. Es por ello que detrás de ciertas leyes siempre hay algo oscuro. La ideología tiene la dimensión de conservar y mantener la capacidad de controlar a los demás. El motivo de poder actúa como un manto que lo envuelve todo. También ayuda a anestesiar la capacidad de pensar. Por lo tanto, la legislación de cada momento histórico es la que defiende los intereses del poder dominante.

-Corrupción y contagio del discurso político, la tergiversación de la realidad y de las motivaciones para corromperse. Hay mucho político profesional de vivir en los aledaños de la legislación. Están colindantes con la delincuencia y mafia organizada y con la legalidad. Se hallan en el filo de la ilegalidad, ¿pero es ilegal? Es más, ¿es ético todo lo legal? Evidentemente, no. No todo lo ético puede y debe ser legal. Hay demasiados agujeros en la legislación para que los que tienen buenos asesores fiscales o buenos equipos de abogados se la puedan saltar a la torera. Es una burla a la ciudadanía. Las leyes deben ser claras, precisas y fáciles de entender. Cuando se vuelven confusas, incomprensibles y engorrosas generan una opacidad lingüística y de contenido de muy dudosa y suspicaz utilidad. Además, esto suele suceder cuando se tratan temas espinosos. Hay mucha maraña y maleza en la estructura y redacción de la legislación. Para la legislación hay ciudadanos que juegan con las cartas marcadas y otros que no tienen ni baraja para jugar. Todo esto provoca que la ciudadanía se sienta motivada para corromperse. En definitiva, como escribe Downs (1973, pág. 37): «(Los miembros de los partidos políticos) están motivados por su deseo personal de la renta, el prestigio y el poder que proporcionan los cargos...»

Reducciónde la calidad de vida. Los estilos de vida corruptos generan baja productividad, deficiente calidad de las infraestructuras, distorsionan el mercado, patologizan la democracia, provocan una asignación injusta de recursos económicos, hacen el sistema competitivo injusto, socavan los fundamentos de la responsabilidad individual y colectiva, desaniman inversiones, autoperpetúan pobreza, destruyen los sistemas de legitimación social, etc. (Hine y Montiel, 1999; Narayan, 2000; Tanzi y Davoodi, 2001). De hecho, la corrupción política es considerada como una de las causas del retraso económico-social de los pueblos. Todo se convierte en una especie de enjambre de burócratas públicos, generalmente de competencia muy dudosa, alimentado por la corrupción (Vargas-Llosa, 1993).

-Enfoque histórico, o ventilar o airear los temas de corrupción al mayor número de personas y situaciones posibles. Consiste en remontar los temas de corrupción a la oscuridad de los tiempos. La historia lo justifica todo. Sostiene sobre sus hombros todo lo que se le eche. Si se indaga en ella, siempre se han de encontrar algunos datos para justificar lo que le interesa. Es lo que se suele denominar, en ciertas ocasiones, hipótesis del ventilador. Tú me acusas de corrupción, yo también hago lo mismo. No importa que los hechos acontecieran hace más o menos años. Lo realmente primordial es enmarañarlo todo. Se genera así una opinión pública confusa y que se quiere dejar engañar. Esto impone un estilo de hacer que finaliza en la creación de una cultura del silencio organizacional. Un ejemplo de ello es el establecimiento de comisiones de investigación, parlamentaria o políticamente tergiversadas, dilatadas en el tiempo y que sirven para ocultar la verdad. De alguna forma, se puede hablar de temporalización de los actos corruptos o de la ilegalidad. Además, ¿las comisiones de investigación oficiales del parlamento sirven para algo útil y práctico?

Controlcínico de los procesos de toma de decisión a través de la calculada manipulación de las subvenciones públicas. Quien maneja y tiene la llave de paso del dinero posee el poder sobre el comportamiento de los individuos. Por ello, se pueden controlar, y de hecho se hace, organizaciones y asociaciones a través del grifo del dinero. Es el procedimiento más fácil. Se puede justificar la concesión de una subvención, y lo contrario. Todo depende del discurso que se utilice. Unos protestan por que se subvencione una cosa aquí y el mismo partido hace lo contrario en otro lugar. La coherencia de la toma de decisiones públicas se aparca en el trastero de la función pública. No hay criterios equitativos y justos. Todo se supedita al clientelismo, amiguismo y demás procesos de sumisión del poder. Hay libertad para hacer lo que mejor te parezca. Pero, acto seguido, atente a las consecuencias. Si no eres de la línea argumenta) de los que están en el poder, no participas en el reparto del dinero público. Hay que elegir libertad y responsabilidad de autonomía personal o servidumbre voluntaria y útil al poder.

Provocaque la democracia carezca de sentido. Si en las dictaduras hay corrupción y en las democracias de los países capitalistas avanzados también, ¿qué hacer? ¿La ilegalidad es culpa del sistema político o de los ciudadanos? O acaso, ¿son los ciudadanos los que construyen conjuntamente el sistema político? La perspectiva del constructivismo psicológico puede efectuar grandes aportaciones teórico-prácticas. El voto electoral democrático es manipulable. En ocasiones el ciudadano no es libre para votar, aunque lo quisiera. Es el voto cautivo, el cual es diferente del voto estratégico. En este caso los sujetos son libres para votar. Pero lo hacen pensando en la alternativa que más puede favorecer sus intereses. En consecuencia, la democracia resulta imprecisa y dubitativa. La discusión política puede ser democrática. Pero el voto suele estar, y de hecho está, condicionado, canalizado o guiado. Los ciudadanos no votan lo que quieren, sino lo que sociopolíticamente se les incentiva para hacerlo. Esto produce un cierto problema de incoherencia democrática (Riker, 1982).

Hipocresíasociopolítica. El discurso de los intelectuales orgánicos e ideólogos políticos dominantes suele argumentar que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Y, para mayor cinismo, también se admite que todos tienen los mismos derechos. Esto, que la ciudadanía escucha una y otra vez, se contradice con la realidad, pues en la práctica no todos los individuos son iguales ante la ley, ni todos pueden ejercer los propios derechos. Es por ello que los ciudadanos que sufren o viven en la injusticia se sienten dolidos. Como consecuencia, llegan a caer en la hipocresía, el cinismo, la falsedad, el fingimiento y la doblez (Rodríguez-Kauth, 1993). ¿Qué pasa con la criminalidad de los gobernantes? ¿Se soluciona algo alguna vez? ¿Deben los gobernantes someterse a la legalidad? ¿Qué mecanismos seguir para juzgar a los políticos? ¿Por qué hay que pedir permiso para juzgar a los parlamentarios? ¿No es una hipocresía que digan que son iguales a los demás ciudadanos ante la ley? (Díez-Picazo, 2000). ¿Acaso no vamos de engaño en engaño, de apariencia en apariencia, de fingimiento en fingimiento? Ya lo tenía muy claro Cicerón (1990b) cuando escribía El manual del candidato para su hermano Marco Tulio Cicerón; en dicho manual se reconoce que el perfecto candidato tiene que aparentar generosidad, expectativa de futuro y una actitud positiva.

-Genera una patología de la deliberación o diálogo democrático. Ello se manifiesta en el control de la temporalización de los procesos de toma de decisión. Los que controlan el discurso lingüístico pueden imponer una mazmorra a la mente de las personas. Los políticos establecen su agenda en función de lo que mejor convenga a las metas de los correspondientes partidos. Cuando los procesos de comunicación pública se patologizan, la mentira se adueña de ellos. Se dicen cosas a medias. Se utiliza un leguaje ambiguo e indeterminado. Puede decirse una cosa y también la contraria. Todo esto genera en la ciudadanía rumores, incertidumbres y ambigüedades múltiples (Stokes, 2000). Este discurso calculadamente dudoso o inseguro se puede legitimar. Para ello se recurre al lenguaje político o diplomático. Toda esta patología se sedimenta en las mentes de los individuos y las representaciones colectivas (memoria colectiva, recuerdo histórico o mentalidad social) de la historia de las sociedades. La corrupción del discurso lingüístico provoca manipulación de qué piensan los ciudadanos y, además, de cuándo, dónde y para qué.

Culturade la sospecha, de la desconfianza o de la ignorancia suspicaz. Argumenta Hobbes (1993) que, aunque los malos (o corruptos) sean o fuesen menos que los buenos, no siempre se podrían distinguir unos de otros. Es por ello que los ciudadanos honrados se ven en la continua necesidad de desconfiar y precaverse de todos los políticos. Además, éstos se lo han ganado a pulso. Pocas profesiones hacen tanto esfuerzo para que tantos desconfíen de ellos. En la cultura de la sospecha, los ciudadanos pueden y deben defenderse o protegerse contra los corruptos. Cuando la legalidad no es suficiente, surge el resentimiento, lo cual contribuye a generar una motivación omnipresente para implicarse en actividades de apropiación del dinero, del sudor, de la energía psíquica y de los resultados del trabajo de los demás. Además, en el caldo de cultivo del desengaño y susceptibilidad surge el cinismo, la revancha y la ausencia de proyectos colectivos orientados al futuro (Myrdal, 1973; Nye, Zelikov y King, 1997; Rose-Ackerman, 2001a).

-Corrupción en las ayudas al desarrollo sostenible de los pueblos o subvenciones públicas (caza-subvenciones) de toda clase. Reducción de las libertades de la ciudadanía civil. Esto genera un círculo vicioso de la corrupción que sólo genera ilegalidad individual y social. Surge, entonces, una cultura del paisanaje o redes de corrupción; pero, en definitiva, la corrupción es un síntoma, más que la causa del subdesarrollo sociomaterial (Della Porta y Vannucci, 1999; Doig y Theboald, 2000; Jain, 2001a, 2001b; Landes, 1999; Myrdal, 1973).

Aprendera vivir de la caridad. Vivir de una forma crónica de la ayuda gratuita de los demás no es recomendable para nadie. Si una persona tiene una enfermedad o un problema concreto es otra cuestión totalmente diferente. El problema surge cuando las personas sanas prefieren vivir subvencionadas. Cuando las personas se acostumbran a vivir de la ayuda de los demás, se desmotivan. No aprenden a ayudarse a sí mismos. La asistencia indiscriminada e indefinida es psicológicamente perjudicial. Es fomentar la vagancia y la falta de motivos para formarse y buscar activamente cómo ganarse la vida de una forma socialmente ética y responsable. Aprender a vivir de subvenciones puede desalentar a los beneficiarios de acometer esfuerzos propios y propiciar un complejo de incapacidad paralizante. Todo esto contribuye a la desincentivización del trabajo. Las aportaciones de ayudas al desarrollo de una forma indiscriminada son claramente negativas. Generan dependencia económica, laboral y psicológica. Todo se instrumentaliza, el subdesarrollo también (Chabal y Daloz, 2001).

19.6. EXPLICACIONES

La corrupción forma parte de la naturaleza humana. La ambición de dinero, riquezas y poder no son un sustituto del amor no satisfecho, como piensa Reich (1980). Tampoco es una explicación recurrir al inconsciente o al ello; éste no roba, no manipula comisiones de investigación, no hace leyes para regular la vida pública, no reparte subvenciones, no controla los euros, etc. El significado de la posesión de cosas materiales es socialmente construido. Está más allá de su utilidad práctica. El significado simbólico de la riqueza, el dinero y el poder forman parte integral de nuestra identidad personal y social (Dittmar, 1992). La corrupción es un comportamiento. Es el comportamiento corrupto. Sus leyes de dinámica psicológica son las mismas que otras clases de comportamiento. Por lo tanto, las hipótesis explicativas son las que se utilizan en Psicología del Aprendizaje. Algunas de las más relevantes son las que se van a mencionar a continuación (Fernández-Ríos, 1999; Sutherland, 1969):

-Teoría del aprendizaje. El comportamiento corrupto es adquirido a través de los procedimientos normales de aprendizaje. Principalmente, se trata de procedimientos de aprendizaje operante y observacional. Se puede hablar de adquisición por asociación diferencial, identificación diferencial o refuerzo diferencial. En todos los casos, los individuos aprenden lo que observan o lo que consideran que les refuerza a corto o largo plazo. Se emite el comportamiento corrupto porque refuerza a los individuos. Refuerzo es todo aquello que aumenta la probabilidad de aparición de un estilo de comportamiento. T 1 1 1 1. 1 1 1.. 1 1 1

-Teoría de la redes sociales. Los individuos se corrompen porque en la red social de la cual forman parte hay estilos de comportamiento corruptos. Se observa lo que otros hacen. Los procesos mafiosos o tramas ocultas de tráfico de influencias constituyen un caldo de cultivo propicio para el surgimiento de actividades ilegales. Por lo tanto, es socialmente facilitado a corromperse (teoría de la oportunidad). Tampoco todos los ciudadanos son iguales ante las probabilidades de implicarse en actividades ilegales.

-Desorganización social. Debido a los conflictos sociales, ausencia de normas para comportarse de una forma ética (anomia) y de justicia social, los ciudadanos se implican en comportamientos corruptos. Cuando no hay una regulación ética del comportamiento de los individuos, la ilegalidad surge por todas partes. No hay ninguna clase de factores de disuasión ni internos ni externos para regular el comportamiento. La corrupción, el egoísmo y el sálvese quien pueda sustituyen a los procedimientos éticos. Por lo tanto, no hay normas éticas ni sistema de control social ni individual (teoría del control) que sirvan para normalizar ni el comportamiento social ni el individual.

Otrasperspectivas. Las perspectivas psicoanalítica o sociobiológica no aportan nada nuevo a lo que se acaba de exponer. Es por eso que buscar explicaciones alternativas redundantes no proporciona utilidad ninguna. Las motivaciones para la corrupción no están ni en los genes, ni en la neurobiología de los individuos, ni en el inconsciente, ni en el ello (psicoanalítico), ni en entidades sobrenaturales, ni en variables extrañas. Se hallan dentro del sistema cognitivo-motivacional de los individuos. Es por ello que, tanto para la descripción como para la comprensión y prevención resultan muy útiles las aportaciones de la ciencia de la prevención.

19.7. PREVENCIÓN

19.7.1. INTRAPERSONAL

A continuación se describen los factores intrapersonales a considerar en la prevención de la corrupción:

-Chivatos. El chivato es el que revela a uno o a más miembros de una organización de prácticas ilegales, inmorales o ilegítimas. Los confidentes pueden reducir la maldad y el acoso moral en las organizaciones. Se debe tener en cuenta que los chivatos no son ni chiflados, ni gente anormal, tampoco buscan venganza. Pueden ser muy útiles para la organización. Sin embargo, en ciertos contextos pueden llegar a ser condenados al ostracismo, la ignominia, la degradación y a la deshonra. A pesar de la mala imagen social, el chivato puede ser positivo. Sin embargo, la polémica acerca de su utilidad continúa. ¿Buscan la mejora de la calidad de vida y ética en el trabajo y la sociedad, o actúan como hombres de paja, traidores y lacayos de los que mandan? La controversia continúa sin ser solucionada. Más información en http://www.whistleblowers.org.

Orgullo,responsabilidad e implicación por ser funcionario. La actividad política y el funcionariado suelen tener mala imagen social. Hay cierto fundamento para ello. Sin embargo, desempeñan una actividad necesaria. Tal vez el funcionariado podría ser eliminado. Con todo, los trabajadores de la gestión pública deberían estar orgullosos por lo que hacen. Se requieren, como mínimo, igual que cualquier trabajador, las siguientes características: legitimidad, responsabilidad, orgullo, confianza, competencia, equidad, integridad, honestidad, neutralidad y satisfacción (Nolan Report, 1995). Es de esperar que, cuanto mayor sea el orgullo y mérito por estar en la administración pública, mayor será la responsabilidad y ejecución. Hay datos empíricos para sostener esta perspectiva (Bersoff, 1999; Bouckaert, 2001; Haque, 2000; Kernaghan, 2000; Swain y Duke, 2001). Los ciudadanos y políticos, que también forman parte de la sociedad civil, deben adoptar una participación activa constructiva, aportación que conlleva una cuota de responsabilidad. Compromiso que también implica unas mayores probabilidades de poder llegar a corromperse.

-Vergüenza. La vergüenza es una emoción que surge por no haberse mantenido a la altura del ego (Lazares, 2000). La vergüenza implica pérdida de reputación de otros que importan (Aristóteles, 1994). Puede convertirse en una clase de castigo como una multa o la cárcel. Puede llegar a ser un aspecto activador cognitivo-afectivo negativo que contribuye a inhibir la emisión de ciertos comportamientos (Kahan y Posner, 1999). Los individuos propensos a la vergüenza tendrán, en principio, menos probabilidad de llegar a comportarse de una forma corrupta. Con todo, la vergüenza parece ser una emoción que escasea o está ausente entre los políticos y ciudadanos corruptos.

-La administración virtuosa y decente de la justicia. Según Kant (1997), los procesos de justicia deben ser honestos. No pueden causar daño a nadie (Cicerón, 1989). Pero, ¿realmente lo son? Evidentemente, no. Además, la opinión pública acerca de la justicia en España no sólo es negativa, sino malay desoladora (Toharia, 2001). Es por ello que el sistema de justicia podría contribuir a luchar mucho más positivamente contra la corrupción si gozase de una buena imagen pública. No obstante, la administración de la justicia sí es necesaria. Pues, el mercado por sí mismo no puede resultar útil para reducir la corrupción. Sin embargo, mucho tiene que hacer el sistema de justicia por mejorarse a sí mismo. ¿Serán capaces de hacer algo más positivo? Estamos condenados a creer y esperar que sí, pues estamos convencidos de que el motivo de justicia por la justicia yace en el entramado de motivación del ser humano (Montada, 2001; Tyler, Boeckman, Smith y Hou, 1997).

Unsistema de partidos y políticos que no favorezcan el entontecimiento de los ciudadanos. Además, el sistema político debe contribuir a forjar un tipo activo de carácter para la construcción de valor público. La sociedad civil debe luchar por lo que Mill (1985) denomina progreso mental general de la comunidad. Se habla de tipos activos de carácter que luchan contra los males de los políticos y el sistema que trata de mantener un elevado nivel de moral pública. Hoy en día se habla de empowerment (capacitación, potenciación). Ello significa que los individuos tienen sentido de control sobre su proceso individual y contextual de vivir. Se hace énfasis en la ciudadanía como protagonista. Es el reconocimiento de la primacía de la sociedad civil pluralista o multicultural, emancipadora y regida por principios de ética pública o social. Los ciudadanos empowered se organizan en minorías activas para luchar contra la corrupción. Una sociedad civil activa está motivada para la superación de problemas y genera los recursos para la lucha por la ética pública. Los ciudadanos no deben sucumbir a los efectos psicológicamente demoledores del desánimo que genera la corrupción real o imaginaria. No pueden dejarse vencer por la adversidad y lo que hagan ciertos políticos sin escrúpulos. Solamente el que hace cosas se equivoca. El problema real no son los traspiés, sino la falta de interés por mejorar. Hay que pretender elegir a los mejores gestores en los procesos electorales democráticos. El fatalismo y el regodearse en la nostalgia de un sistema político corrupto es un fracaso colectivo. El futuro solamente es de los que creen en sí mismos y luchan por una sociedad mejor (Galbraith, 1997; Rawls, 1996). Los ciudadanos no pueden caer en la aceptación de la corrupción como algo irremediable. Hay que huir por todos los medios de lo que Aronson (2000) denomina Psicología de lo inevitable.

Reforzarconductas éticas y justas fundamentadas en el reconocimiento del mérito de los valores intrínsecos de los comportamientos socialmente éticos. La recompensa extrínseca (por ejemplo, dar dinero) de estilos de vida motivados por una forma intrínseca (por ejemplo, comportarse de una forma socialmente ética) tiene un efecto negativo sobre la promoción de comportamientos socialmente productivos. Los ciudadanos prefieren emitir conductas autónomas y por iniciativa propia. Estilos de vida controlados por recompensas externas (por ejemplo, dinero, premios, etc.) no suelen ser ni coherentes ni persistentes en el tiempo. Cuando las personas se sienten pagadas por comportarse de una determinada forma pueden llegar a sentirse alienadas, manipuladas, utilizadas o ninguneadas (Deci, 1995; Eisenberger y Cameron, 1996). El objetivo es reforzar acciones y políticas llevadas a cabo a través de acciones afirmativas. Uno de los objetivos de éstas es la reducción de las injusticias sociales.

-No culpabilizar de una forma generalizada a todas y cada una de las víctimas del robo o de la corrupción. La ciudadanía debe hacerse cargo de sus propios comportamientos. El buscar justificaciones legitimadoras acerca de para qué se emitió un determinado comportamiento corrupto no sirve para nada socialmente práctico. Además, en muchas ocasiones la sociedad civil, cada ciudadano en particular, no es la fuente última de la corrupción; más bien, son presionados y forzados por políticos y funcionarios. Cuando todos, o una mayoría de ciudadanos, sean políticos o no, aspiran a corromperse, ¿de qué sirve buscar culpables? Es una forma de echarle la responsabilidad unos a otros, y al final nada socialmente útil. Sin embargo, sí se debe hacer énfasis en la responsabilidad de los electores en los procesos electorales democráticos. No todos los políticos son iguales. Por lo tanto, elegir uno u otro puede acarrear graves consecuencias.

19.7.2. INTERPERSONAL

En la prevención de la corrupción se deben considerar los siguientes factores interpersonales:

-Construcción sociopolítica de los procesos de legitimación. La legitimidad sirve para regular la vida social de los individuos. Hay que crear procesos de legitimación que generan confianza y esperanza entre la ciudadanía. Los procesos de legalización constituyen el resultado final de un proceso de diálogo, consenso o deliberación. Los ciudadanos deben y tienen que obedecer la legislación democráticamente establecida. Esto se produce cuando es interiorizada y asumida por la ciudadanía como justa, equitativa y favorecedora del interés personal y grupal o social (Jost y Major, 2001; Tyler, 1990).

-Construir recursos de lucha por la igualdad de oportunidades a través de las políticas de reforma económica. Se debe buscar el reforzamiento de las instituciones políticas y la colaboración multisectorial tanto a nivel local, nacional como internacional. La estrategia fundamental bien puede basarse en la construcción de coaliciones; es decir, la cooperación conjunta de iniciativas diversas para la solución o reparación de un problema (por ejemplo, la pobreza).

Reformaspolíticas y económicas. Estas reformas conllevan simplificar las diversas regulaciones legales, reducir los monopolios, controlar la discrecionalidad de las autoridades políticas, incrementar la transparencia y la responsabilidad, reforzar los controles institucionales, etc. Se trata de reformas que hagan creíbles las reglas del juego político. Este objetivo necesita de ciudadanos emprendedores, capacitadores (empowerment) y con sentimiento de eficacia individual y colectiva.

-Innovación creativa en los servicios civiles y administrativos. Fomentar procesos de toma de decisiones políticas al principio da publicidad para mejorar la eficacia y la eficiencia administrativas; es decir, una burocracia mínima, pero rápida, transparente y creativa. Control político responsable y conocimiento público de dónde se invierten los impuestos de todos los ciudadanos. Para ello tiene que haber una voluntad política que utilice a los individuos y posibles coaliciones comunitarias como recursos para luchar contra la corrupción.

-Códigos de ética, pactos y compromisos o promesas. Construir códigos de conducta ética constituye un conjunto de reglas o estilos de vida para llegar a trabajar en un contexto honesto. En teoría hay que creer en ellos, pero la realidad es muy tozuda. Detrás de dichos códigos poco más suele haber que intentar crear artificialmente una imagen social positiva. En la política, los pactos y los compromisos tienen la dimensión de los intereses del momento. Sin embargo, hay que intentar mejorar la situación de la ética pública actual. Realmente, tampoco hay que hacer demasiados esfuerzos, pero algo se debe llevar a cabo. Sin embargo, se debe tener presente que no es justo que los códigos de conducta sean establecidos por los que están en el poder político o económico. En realidad, los inventarios éticos suelen terminar siendo legitimadores del poder ideológico y económico dominante. ¿Qué papel tienen los sin poder en todos esto? Ninguno. Sólo tienen que callar, no protestar, consumir y votar.

-Incrementar los salarios de los funcionarios y políticos. Tal vez, si los funcionarios y gestores de la res publica recibiesen mejores sueldos, se corromperían menos. Hay quien cree que sí (Rijckeghem y Weder, 1997). Sin embargo, tampoco hay que ser demasiado optimista, pues por mucho que cobren los políticos siempre buscan poseer más dinero, poder o capacidad de influencia. Es algo intrínseco a la naturaleza humana.

-Cooperación internacional. La lucha contra la corrupción es una cuestión única y exclusivamente individual, nacional o internacional. El robo y el tráfico de influencias parece ser algo generalizado. La lucha contra ciertos tipos de corrupción tiene y debe ser llevada a cabo a nivel internacional; en caso contrario, la batalla ya está perdida de antemano. El control del dinero negro de la droga y del tráfico de armas requiere estrategias de intervención globalizadas (Karstedt, 2001; Lippens, 2001; Marquette, 2001). Asimismo, es necesario utilizar las nuevas tecnologías para reducir la delincuencia de cuello blanco (Salbu, 2001; Windsor y Getz, 2000).

Existeun valor económico de la ética en el trabajo. El trabajo bien hecho siempre es positivo. Ayuda a crear valor en la dinámica de la función pública y privada. El conjunto de la ciudadanía y los trabajadores salen ganando. Sin embargo, esta idea tan sencilla y útil no es fácil que los ciudadanos la interioricen (Buchanan, 1996). No siempre se valora el trabajo. Se penaliza la honradez. La honestidad social está devaluada. En muchas ocasiones es la remuneración económica la que facilita el valor extrínseco e intrínseco del trabajo. Todo esto se materializa en la lucha por la justicia en el lugar de trabajo (Cropanzano, 2001; Greenberg y Cropanzano, 2001). Asimismo, se tiene que reconocer el valor intrínseco del trabajo de los ciudadanos independientemente de la ideología, partido político, religión, raza, sexo, etc.

-Legislación justa y ética (normas jurídicas), e interiorizada por los individuos para servir como guías para la acción. Se debe luchar por una legislación ética que llegue a constituir uno de los motivos internos para la acción (Habermas, 1998; Kant, 1997). Sin embargo, las disposiciones legislativas no pueden ser innumerables. Ya Tácito (1984) difundía la idea de que en una república (o cualquier sistema político) corrompida a más no poder se multiplicaron (o multiplican) las leyes. Sin embargo, tal vez se haga demasiado énfasis en la legislación como estrategia prioritaria de lucha contra los comportamientos ilegales (García-Mexía, 2001), pues la legislación en y por sí misma no va a solucionar el problema de lo ilegal; tampoco de la falta de ética individual y social. Las disposiciones legales sólo pueden ayudar un poco. Tal vez conviene cometer algunas injusticias a fin de que también puedan hacerse muchas cosas justas (Aristóteles, 1994). La justicia individual y social tiene que ver tanto con obrar justamente como con querer lo justo (Aristóteles, 1988).

Ganarconfianza de la sociedad civil y una voluntad de lucha seria y continua por la honestidad de los ciudadanos y los políticos. Para todo ello es muy necesario el principio de publicidad de las decisiones públicas (Kant, 1972), lo cual significa que la vida política debe ser pública y que nada necesita ser escondido (Rawls, 1996, 2001). Cuando los ciudadanos se fíen de los políticos competentes, honestos y honrados, ya se tendrá mucho conseguido. Las autoridades democráticas tienen que ganarse la confianza de la sociedad civil. En caso contrario, la sociedad se convertirá en invertebrada y sin perspectiva de futuro. Hoy en día, ganar el apoyo en una sociedad con progresivo dominio de lo virtual también incluye el ciberespacio. Se habla entonces de la confianza en la era virtual o de la cibercomunidad (Kasper-Fuehrer y Ashkanasy, 2001).

-Favorecer la conducta ética privada y pública. Para conseguir esto se debe informar a los empleados acerca de que la ética es importante, exponer formalmente a los trabajadores casos relevantes acerca de cómo actuar éticamente en situaciones específicas, enseñar a través de ejemplos (incluyendo los que detentan el poder) cómo actuar responsablemente, utilizar promociones de trabajo y otros beneficios económicos y de valor moral como recompensa para aquellos empleados que actúan responsablemente, etc. Todo esto se aplica a la actividad privada, también a los políticos, pues en última instancia, la honestidad es la mejor política (Hume, 1993). Siempre hay que tener en cuenta que la ética se tiene que construir activamente. Se habla, entonces, de lucha por la ética socio-comunitaria.

Reforzarla democracia. No existe corrupción o robo en la política como consecuencia de la democracia. Más bien, consideramos la democracia como un recurso activo para controlar mejor el engaño y los estilos de vida ilegales (Mackie, 2000; Moran, 2001; Philip, 2001). Es lo que Pasquino (2000) denomina democracia exigente; en ella se favorece la participación activa e informada de los ciudadanos y fomenta la responsabilidad individual y colectiva. Además, se toma en serio la lucha contra la ilegalidad y se respeta lo público y lo privado. De alguna forma, se lucha por la primacía de la sociedad civil con valores de integridad y respeto a la justicia rápida, clara y equilibrada. Se deben realzar los valores forjadores de responsabilidad individual y colectiva (Camps, 1993, 1996; Camps y Giner, 1998; Cortina, 1999; Giner, 1996). Reforzar la democracia significa controlar el gasto público, mantener la inflación controlada, un cierto grado de privatización, favorecer la transparencia organizacional, una cierta liberalización de la economía, penalizar los estilos de vida ilegales, tener un liderazgo fuerte y ético, etc. Todo esto llevaría a que la sociedad civil tuviese una percepción positiva de la actividad política y de los profesionales de la res publica. La dialéctica constructiva del discurso democrático debe contribuir a crear valor en la res publica (Moore, 1998).

1 - ¿Qué pasa con el castigo? Es psicológicamente muy recomendable y necesario que la prevención de la corrupción tenga en cuenta acciones punitivas y correctoras. Se habla entonces de castigo. El castigo disminuye la probabilidadde emisión de un comportamiento. El refuerzo la aumenta. El objetivo es que el castigo sea sistemático, adecuado, proporcionado, contingente y que facilite estilos de comportamiento alternativos. Por lo tanto, en toda estrategia de reducción de los comportamientos corruptos se debe contar con los efectos de las sanciones. Es algo que debe ser tenido muy en cuenta desde la perspectiva psicológica, política y judicial. Es completamente imposible diseñar estrategias de prevención de los estilos de vida ilegales sin contar con el castigo.

Otrosprocedimientos. Otros procedimientos para favorecer las estrategias de prevención son las restricciones o prohibiciones impuestas por la ley, vigilar los abusos de autoridad, controlar la información privilegiada o confidencial, poder investigar el enriquecimiento personal, reforzar los mecanismos de cautela sobre los cargos públicos, integrar valores éticos en la toma de decisiones, etc. Para conseguir todo esto hace falta una infraestructura ética básica. Ello conlleva un compromiso político serio y realista, códigos de conducta factibles y controlables, un marco legal efectivo en el cual la legislación y las motivaciones personales estén encaminadas hacia la mejora de los estándares éticos de vida pública, mecanismos de responsabilidad eficientes para la verificación de las actividades de los gobiernos; procedimientos de socialización organizacional éticos y que tienen en cuenta las necesidades de los individuos, un conocimiento por parte del público del conocimiento y educación de los costos de la corrupción, admitir que no hay manos invisibles que solucionen los problemas sociales y, por último, una sociedad activa que luche por la mejora de la ética pública.

¿Esposible eliminar la corrupción? No. ¿Qué hacer, entonces? Se trata de ponerle los máximos impedimentos posibles. Hay que trabajar con la tolerancia cero en cuestiones de permisividad acerca de la corrupción. Constituye un grave error pretender sobrellevar una corrupción (oficial o no) de baja intensidad (Organization for Economic Co-Operation and Development, 1999; Rose-Ackerman, 2001b). Es lo que Fernández-Ríos (1999) ha denominado corrupción mínima. La conducta corrupta es aprendida; por lo tanto, si se toma en serio, puede ser extinguida o desaprendida. Hay que rechazar de la mentalidad colectiva la creencia de que se deben pagar los menos impuestos posibles. En España algo se va mejorando (De Miguel y Barbeito, 1998; De Miguel y De Miguel, 2001). Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Trabajando cooperativamente se podrán hacer muchas cosas. Las actuaciones tienen que ser externas (sistema judicial, ejemplo de los políticos, relación entre impuestos pagados y servicios prestados por el Estado, etc.), e internas (moralidad fiscal, responsabilidad compartida entre la ciudadanía, conciencia de si todos pagan, todos contribuirán menos, regulación moral del comportamiento individual y social, lucha colectiva por una sociedad más justa e igualitaria, etc.).

19.8. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS

La corrupción, históricamente hablando, es atemporal. Forma parte de la naturaleza y del sistema sociocultural. De hecho, apropiarse de lo de los demás constituye un aspecto muy importante de la evolución cultural de la humani dad. Los estilos de vida corruptos no surgen en un vacío social. Tienen su origen y son emitidos por los individuos, grupos y organizaciones en unas condiciones sociomateriales de existencia. No hacemos referencia a la corrupción en general, sino que nos hemos centrado casi exclusivamente en la corrupción política. Ésta es la llevada a cabo por lo profesionales de la res publica y los funcionarios. Puede que la tendencia para robar esté enraizada en las estructuras de personalidad del ser humano. Sin embargo, de esto no se debe concluir que los comportamientos corruptos sean algo inevitable. De hecho, siempre están bajo el control de los individuos, grupos u organizaciones; son voluntarios y se evalúan conscientemente sus beneficios. Por lo tanto, están sujetos al principio de responsabilidad personal y legal. Esto es algo muy interesante para la Psicología Forense, o la relación entre Psicología, justicia y Ley. Para el que roba pocas, muy pocas excusas o circunstancias atenuantes debe de haber. No es un problema de cleptomanía. Sino que los individuos corruptos sólo pretenden satisfacer su narcisismo y su avaricia personal de poder y dinero. Deben ser castigados y tienen que devolver el dinero sustraído. En caso de no hacerlo así, se les da argumentos para seguir aprovechándose del trabajo y dinero de los demás. Sólo el miedo al castigo puede disuadir a los corruptos de continuar saqueando las propiedades de los demás. Tal vez en muchos casos no sea fácil buscar las pruebas. Pero todo aquel corrupto que sea juzgado justamente y condenado legítimamente debe, de alguna forma, devolver lo robado. La Psicología del Aprendizaje lo tiene claro; la legislación y la mentalidad de los jueces ya es mucho más dudosa. El sistema de justicia no siempre pone en práctica los conocimientos que aportan las ciencias de la conducta. Tal vez no puedan, no lo conozcan y consideren que están más allá de cualquier ciencia. Hay que profesar un mínimo optimismo realista acerca del futuro. Es absolutamente necesario. La lucha contra la corrupción no tendrá fin. Va más allá de la vida de cada individuo en particular. Se trata de una tarea global y continua. No se va a acabar con ella de un día para otro. Con todo, se puede hacer mucho más de lo que actualmente se está llevando a cabo. Valdrá la pena. Muchos ciudadanos estarán dispuestos a cooperar y al final todos saldrán ganando. La sociedad civil verá solucionados los problemas. Entonces, la gente estará más dispuesta a pagar impuestos e implicarse en acciones reguladas por los principios de justicia, igualdad y ética pública. Se percibirá la presión fiscal como justa, mejorará la moral económica y disminuirá el fraude monetario y la tendencia a enriquecerse ilegalmente. Esta es la esperanza y la ilusión de los ciudadanos de buena fe.

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Luis FERNÁNDEZ-RÍOS

20.1. INTRODUCCIÓN

El presente capítulo se centra en un aspecto de la dinámica cotidiana de la vida laboral. En muchos casos es corrosivo y destructivo para la salud integral de los trabajadores. Son los eventos irritantes cotidianos (rumores, falta de confianza, trampas, venganzas, rencores, engaños, manipulaciones, etc.) los que le amargan la vida a las personas en el trabajo; es, en definitiva, el bullying/mobbing. La violencia o el acoso moral en la realización diaria de las tareas laborales constituye el objetivo prioritario del presente trabajo. Hace referencia, principalmente, al trabajador en las organizaciones públicas. Sin embargo, muchos de los principios enumerados tienen una clara aplicación a todo proceso de trabajo, sea público o en empresas privadas. Todas las cuestiones expuestas a lo largo del presente capítulo pueden tener lugar tanto en las organizaciones tradicionales como en las virtuales. En el ciberespacio se pueden construir unas relaciones de confianza y un sentido psicológico de comunidad, pero también agredir y acosar a los trabajadores. Se habla de salud en las organizaciones postburocráticas, organizaciones virtuales, corporación virtual, etc. Para el trabajo ético y libre de mobbing en las organizaciones virtuales se utiliza la denominación de ética online (http://virtuelle-fabrik.org; http://www.acm/org:82; http://www.orga.uni-sb.de; http://virtual-organization.net) (Kasper-Fuehrer y Ashkanasy, 2001). ¿Es el acoso moral un problema laboral? En la Unión Europea entre un 5 por 100 y un 9 por 100 de los trabajadores sufre algún tipo de persecución, hostigamiento o fastidio en el trabajo. La Second European Survey on Working Conditions, basada en 16.000 entrevistas llevadas a cabo por la Eu ropean Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (http://www.eurofound.ie/themes/health/violence.html) arroja los siguientes resultados: un 4 por 100 (6 millones) de trabajadores sufre violencia física, el 2 por 100 (3 millones) acoso sexual y el 8 por 100 (12 millones) algún tipo de intimidación (bullying/mobbing). Sin embargo, a pesar de todo, el 84 por 100 de los trabajadores parece hallarse satisfecho con su trabajo. Por lo tanto, la violencia en el lugar de trabajo, el mobbing/bullying, es un hecho empírico. La cultura organizacional está llena de sabotajes, acritudes, difusión de rumores, críticas injustas, conductas obstructivas, bravuconadas, chulerías, mentiras, litigios innecesarios, murmuraciones, venganzas, zaherimnientos, chismorreos con mala fe, menosprecios diversos, vejaciones sarcásticas, etc. Todo o casi todo está justificado para ocultar la incompetencia y la ineptitud generalizada.

El objetivo del presente capítulo es efectuar una breve aproxúnación a la situación actual de la investigación del mobbing. Puede ser de gran utilidad para la Psicología Forense y los mecanismos influyentes en la toma de decisiones en jurados. El acoso moral llegará a formar parte de la legislación civil o penal. El verdadero problema siempre será la capacidad de demostrar su existencia. Puede surgir mucha picaresca. Las pruebas no tienen sólo que ser subjetivas o moralmente válidas, lo deben ser jurídicamente. Los casos de mobbing son reales; hay situaciones y casos sangrantes. El presente trabajo trata de efectuar una perspectiva integral y comprensiva del acoso moral desde la perspectiva de la Psicología. Los apartados en los que hemos dividido el presente capítulo son el mobbing dentro de la ciencia del comportamiento animal, su conceptuación, su evaluación, sus causas, consecuencias y estrategias de prevención. Se finaliza llevando a cabo unas reflexiones acerca de cómo se puede mejorar la calidad de vida laboral y una serie de normas para que el jefe los utilice en beneficio propio.

20.2. MOBBING ANIMAL Y HUMANO: ¿CONCEPTOS INCOMPATIBLES?

El mobbing del cual nos habla la Psicobiología evolutiva (etología y sociobiología), Psicología animal o sencillamente ciencia del comportamiento animal no es equivalente al humano; más bien, resulta contradictorio. Es verdad que el concepto de mobbing ha sido y es utilizado por lo investigadores del comportamiento animal. Sin embargo, es erróneo pretender hacer extensible dicho concepto al ser humano. Es una extrapolación inadecuada del concepto. Son dos cuestiones completamente diferentes y, por lo tanto, antitéticas. Con todo, ya se ha instalado en los discursos académico, laboral y social. Se ha impuesto y hay que aceptarlo. Por lo tanto, resulta de interés pretender comprender a qué nos estamos refiriendo (Hinde, 1970, 1982; Lorenz, 1971; Wilson, 1980). En Psicobiología Evolutiva el concepto de mobbing se refiere a una defensa y ataque contra los depredadores; constituye, por lo tanto, una actitud contraofensiva, dirigida por el animal depredado hacia el depredador. En ocasiones, le puede producir graves heridas al animal hostigado (véase la Figura 20.1).

Figura 20.1

Mobbing, pinzones y búhos

El concepto ha sido tornado de la ornitología y se le denomina acosamiento (mobbing); concretamente, de trabajos llevados a cabo entre pinzones (acosador) y búhos (predador, acosado). Cuando los pinzones hostigan al búho se habla de acosamiento o mobbing. El proceso en cuestión tiene lugar en muchas especies animales: aves, mamíferos, etc. Otro ejemplo es el siguiente. Ante un leopardo hambriento un grupo de babuinos puede desencadenar comportamientos agresivos hacia él. Los machos dominantes gritan y arremeten contra el leopardo sucesivas veces. Intentan hacerle la vida imposible. Los ataques no son continuos, sino que tienen una cierta temporalidad de ataque y huida; posteriormente, se vuelve a atacar. Así, sucesivamente hasta que el depredador, el leopardo, huye. La secuencia está descrita en la Figura 20.2.

Figura 20.2

Mobbing, leopardo y babuinos

En Psicología humana no tiene sentido la perspectiva anterior. La relación de los implicados es todo lo contrario. Mientras que en Psicología animal el mobbing es una contraofensiva, en el ser humano es un proceso ofensivo. Los seres humanos pueden caer en la trampa de la aspiración al dominio a través del dominio represivo o agonístico. Es la subyugación de otros, por ejemplo trabajadores, a través de la atemorización por medio de amenazas de muy diversa naturaleza (Eibl-Eibesfeldt, 1996). La secuencia esta explicada en la Figura 20.3.

Figura 20.3

Mobbing en el ser humano

Esta perspectiva del mobbing o bullying at work ha adquirido gran relevancia de investigación-acción en el mundo capitalista avanzado.

20.3. EL INDIVIDUO EN UNA ORGANIZACIÓN

Los seres humanos nacen, viven y mueren en organizaciones más o menos formales, no pueden huir de ellas. A lo largo del ciclo vital es alguna organización la que posee al individuo y no al revés. Son las organizaciones las que constriñen y canalizan la trayectoria vital de los individuos. Es en ellas en donde los individuos, por lo menos en principio, se esfuerzan por hacer cosas útiles, comprender el proceso de vivir, hallarle sentido a la vida, relacionarse con los demás, tener un sentimiento de competencia, valorarse a sí mismo, respetar a los demás, etc. Uno puede soñar que vive en el mejor mundo de los posibles, que hay justicia social y organizacional que favorece estilos de vida prosociales (Steensma y Vermunt, 1991); además, puede sospechar o ilusionarse con que los ciudadanos luchan honradamente por la calidad de vida, y por un ambiente de trabajo seguro y ético. La psicología organizacional, industrial y del trabajo puede hacer grandes aportaciones teóricas y prácticas (Anderson, Ones, Sinangil y Viswesvaran, 2001). La realidad no es tan idílica. El proceso de vivir es muchas veces duro y cruel. Las organizaciones tienen su aspecto oscuro, de creación de malestar y de forjar una cultura que amargue la vida a sus miembros. Esto se produce a través de relaciones interpersonales que construyen conductas aversivas. Se habla entonces de conducta interpersonal dañina o nociva (Kowalski, 1997, 2000; Leary, 2001). El contexto en el cual se genera se transforma en un proceso de trabajo tóxico. Es en este segundo aspecto en el cual nos vamos a centrar a lo largo del presente trabajo. Las conductas contraproducentes para la organización no constituyen el objetivo del presente capítulo. Sin embargo, no nos vamos a referir a conceptos tan importantes como el de síndrome de fatiga crónica, del síndrome del edificio enfermo, etc.

20.4. CONCEPTO DE MOBBING O ACOSO MORAL

La palabra inglesa mob significa multitud, gentío, muchedumbre que con un cierto grado de excitación asedia o acorrala a alguien. To mob se refiere a la acción de cuando dicho gentío, plebe o «bandada de gente» se apiña tumultuo samente o se agolpa, para atacar o acosar a alguien en grupo o masa. Se hacen esfuerzos por distinguir entre mobbing, harassment, emotional abuse, mistreatment y bullying (Einarsen, 1999, 2000). Sin embargo, pensamos que son inútiles; cuando se trata de diferenciar demasiado, se termina por parcializar tanto la realidad que no llega a comprenderse el problema en su conjunto. Aquí incluimos los tres conceptos bajo la denominación «acoso moral». Hirigoyen (2001, pág. 19) conceptúa el mobbing o acoso moral en el trabajo como: «Toda conducta abusiva (gesto, palabra, comportamiento, actitud...) que atenta, por su repetición o sistematización, contra la dignidad o la integridad psíquica o física de una persona, poniendo en peligro su empleo o degradando el ambiente de trabajo.» En el presente trabajo intentamos llevar a cabo un conceptuación más integradora. Por ejemplo, no se suelen incluir dentro del concepto de acoso moral los fastidios, las molestias y el tomar el pelo en el proceso de la vida laboral. Incluimos también el teasing (Keltner, Capps, Kring, Young y Heery, 2001); éste abarca estilos de vida tales como agresiones verbales, mofas, ironías, pullas, sarcasmos, insultos, mordacidades y ridiculeces diversas. También se puede hablar de hostigamiento, atropellamiento, avasallamiento psicológico. Por lo tanto, el acoso (hostigamiento) moral es el abuso psicológico (conducta inapropiada), directo o indirecto, de naturaleza verbal, física o de cualquier otra forma, temporalmente sostenido y recurrente, llevado a cabo en la organización de trabajo diario que socava la dignidad de los trabajadores con la finalidad o intención, más o menos encubierta, de destruir la reputación y el sistema de apoyo psicológico, forzar a adaptarse a las normas grupales/organizacionales, divertirse o librarse del aburrimiento y tedio del trabajo cotidiano, crear y reforzar prejuicios despreciativos; es llevado a cabo por los jefes o compañeros durante el desempeño cotidiano del trabajo y puede implicar problemas de salud o el abandono definitivo de la organización.

El síndrome del acoso moral es el conjunto de intentos maliciosos y con mala fe para amargar, vengar y expulsar a una persona del trabajo a través de acusaciones, humillaciones, abuso general, emocional y/o terror. Es una forma de derribar, ultrajar y destruir poco a poco los recursos cognitivo-conductuales de los trabajadores. El mecanismo de acción se halla dentro de ciertas culturas organizacionales patologizantes. La conclusión es clara: en circunstancias normales el individuo siempre termina siendo víctima de la organización. En el caso de las organizaciones públicas la cuestión es evidente. Los intereses políticos facilitan la cacería a la persona no deseada y condenada al ostracismo. Ha caído en desgracia. Será arrinconada, afrentada y agraviada. Nada positivo y útil va a poder hacer contra el abuso y derribo organizacional. El lugar de trabajo se transforma en un contexto lleno de intenciones malévolas y malintencionadas.

20.5. ¿ACOSO MORAL (MOBBING) O DESGASTE PSICOLÓGICO (BURNOUT)?

Durante los últimos quince o veinte años se viene trabajando mucho acerca del desgaste psicológico en el trabajo o burnout. Consiste en un estado de agotamiento que se produce en aquellas profesiones (por ejemplo, profesionales de la enseñanza, de la Medicina, ventas, oficinas, etc.) en las que la ejecución de su trabajo cotidiano consiste en una interacción recíproca o relación directa con otras personas. ¿Es lo mismo el acoso moral o psícoterror que el burnout? No, aunque tengan elementos comunes. El burnout es un constructo específico, individual y relacionado con la implicación y la ejecución de las taras laborales diarias. Tiene que ver, principalmente, con la interacción entre un trabajador o empleado y una persona ajena a la organización. Por su parte, el acoso moral es mucho más general, colectivo, dependiente de la cultura intraorganizacional, y no está necesariamente relacionado con la realización de las actividades de trabajo cotidiano; se relaciona, prioritariamente, con la interacción entre los miembros dentro de la propia organización de trabajo. En la evaluación del desgaste psicológico hay muchos aspectos que están potencialmente relacionados con el acoso moral (por ejemplo, el cinismo y el silencio organizacional); como ejemplo, tenemos el Maslasch Burnout Inventory-General Survey (Dierendonck, Schaufeli y Buunk, 2001; Maslach y Goldberg, 1998; Maslach, Schaufeli y Leiter, 2001; Salanova, Schaufeli, Llorens, Peiró y Grau, 2000; Schaufeli y Enzmann, 1998). En lo que más se parecen ambos conceptos es en sus consecuencias (problemas de salud física y mental, deficiente satisfacción laboral y bajo rendimiento laboral). Realmente, el mobbing puede ser un factor de riesgo de desgaste psicológico en el trabajo; por lo tanto, la relación bien podría ser mobbing -' burnout.

20.6. EVALUACIÓN

La evaluación del acoso moral constituye un campo que se está todavía construyendo. El cuestionario Negative act Questionnaire (Einarsen y Raknes, 1997) del Work HarassmentScale de Bjórkgvist, Ósterman y Hjelt-Báck (1994) y el Leyman Inventory of Psychological Terrorization de Leymann (1990) son algunos de los instrumentos utilizados. En el presente capítulo nos vamos a referir a dos estrategias de evaluación de la realidad del acoso moral: cuestionarios e historias de vida. La Tabla 20.1 muestra algunas de la variables que se pueden incluir en un cuestionario de evaluación del acoso moral. En segundo lugar, tenemos la estrategia de investigación-acción fundamentada en la narrativa y la historia de vida. El objetivo es que los sujetos describan lo que están sufriendo en el trabajo y que narren su experiencia autobiográfica. Los propios sujetos son los que escriben lo que quieren, utilizan las palabras que mejor se aproximan a la experiencia que han vivenciado como real. Es una perspectiva muy útil, aunque difícil de interpretar. No siempre se puede diferenciar lo que es verdadero de lo que resulta de la invención personal (Bluck y Habermas, 2001; McAdams, 1993; Stokes y Cooper, 2001). Otros procedimientos de investigación de la realidad social u organizacional del mobbing son las entrevistas en profundidad, estudios de casos o procedimientos ideográficos, la observación de las relaciones humanas en los ambientes naturales de trabajo, grupos de discusión y análisis de diarios personales.

Tabla 20.1

Algunas variables que pueden incluirse en un instrumento de evaluación del acoso moral

20.7. CAUSAS

20.7.1. INIRAINDIVIDUALES

A continuación se describen las causas intraindividuales del rnobbing:

-Patología personal. De entre otros muchos factores que actúan como factores de riesgo para llegar a ser un acosador moral, se pueden señalar los siguientes (Asociación Americana de Psiquiatría, 1995; Hare, 1991; Millon y Davis, 2001; Organización Mundial de la Salud, 1992):

•Rasgos psicopáticos de personalidad: conductuales (estilo de vida parasitario, irresponsable, indolente al sufrimiento de los demás, etc.), interpersonales (mentiroso, manipulativo, superficial, frívolo, busca alianzas para conseguir lo que le interesa, etc.) y afectivo (carece de remordimiento, de sentimientos de culpa, no manifiesta sentimientos, etc.) (Babiak, 2000; Gacono, 2000).

•Personalidad abrasiva. Están orientadas al logro, son inteligentes y presentan un cierto desequilibrio emocional. Manifiestan una necesidad de perfección, preocupación por el self y un estilo personal crítico hacia los compañeros de trabajo (Levinson, 1978).

•Histriónico. Seductor, frívolo, interpersonalmente atractivo y encantador, pero explotador de los demás en beneficio propio.

•Narcisista. Egocéntrico, con ideas de grandeza, preocupado por la fantasía del éxito, busca una vida fácil, favorecida y privilegiada, asciende organizacionalmente, cultiva las ventajas conseguidas a través de cualquier procedimiento, reclama admiración excesiva, pretencioso, envidioso y algo soberbio.

•Antisocial. Actúa sin tener en cuenta a los demás, sólo cumple las obligaciones sociales cuando sirven para sus fines, envidioso, codicioso, siente más placer en conseguir que en poseer, baja tolerancia a la frustración y explotador.

•Sádico. Obtiene satisfacción a partir de la dominación, intimidación y humillación de los demás.

•Paranoide. Desconfiado, suspicaz, hipervigilante hacia los intentos ajenos de desvaloración personal; parece justo y recto, pero sólo piensa en el beneficio personal.

-Quebrantamiento del autocontrol personal. La causa inmediata del mobbing/bullying es la ruptura de los procesos de autocontrol personal (Baumeister, 1997). Las emociones de odio, envidia, anhelo de venganza, etc. tienen su origen en la mente. La cognición, la evaluación o valoración de la realidad y los acontecimientos diarios son anteriores a las emociones; por lo tanto, son prisioneros del odio, de su propia interpretación de la realidad (Beck, 1999).

-Búsqueda de la mejora de los propios estados afectivos. Se parte del supuesto de que agredir a los demás, en alguna forma y durante un cierto tiempo, puede mejorar los estados afectivos de ciertas personas. El esquema básico es el siguiente: «azuzar, hostigar, instigar, acosar, fastidiar, jorobar y chinchar a los demás, me hace sentir bien». De alguna forma, el individuo puede tener emociones positivas en situaciones en las que los demás son desgraciados (Bushman, Baumeister y Phillips, 2001).

-Síndrome de escalada. El excesivo afán de ascender en la jerarquía organizacional ciega la construcción de comportamientos útiles, tanto para el trabajador como para la organización. La motivación de poder, en cualquiera de sus dimensiones, ciega la mente y anestesia los principios éticos. El ejemplo más típico de esta obsesión malévola se manifiesta en el principio de Peter: en una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia (Peter y Hull, 1970).

-Egoísmo excesivo. Las personas que interactúan con otras que son excesivamente egoístas pueden llegar a tener déficit de autoestima, tergiversación de la realidad social y material, sentimiento de que están siendo ex plotados y excesiva actitud defensiva en la vida cotidiana. La única norma moral que rige el comportamiento de los individuos es su propio beneficio e interés inmediato (Leary, Bednarski, Hammon y Duncan, 1997).

-Utilizar a la víctima en beneficio propio. Atacar a otra persona como válvula de escape de los propios problemas, obligar a la víctima a adaptarse a los intereses personales, deseo de venganza y enemistad personal, conseguir en última instancia que los demás trabajen para uno.

Corrosiónde carácter en las modernas organizaciones de trabajo. Esto se debe a varios factores: a que el trabajo no es estable ni es predecible, el dinero sólo entiende de conseguir más beneficios, flexibilidad laboral, excesiva mano de obra barata, aunque sea a base de inmigrantes, no tiene lealtad por parte del empleador, provoca alienación y anonimato, las relaciones humanas se han vuelto una farsa, se autodeprecia a los trabajadores, las relaciones interpersonales se hacen superficiales, temporalidad, por lo que no se pueden hacer planes a largo plazo y, por último, sólo existe el principio ético del beneficio empresarial (Sennett, 1998).

-Holgazanería. Consiste en realizar menos esfuerzo cuando se trabaja en grupo que cuando se hace de forma individual (Karau y Williams, 1993, en prensa; Shepperd, en prensa a, en prensa b; Shepperd y Socherman, 1997; Williams, Jackson y Karau, 1995). Esto es consecuencia de la deficiente motivación para implicarse en el trabajo debido al aburrimiento, miedo a fracasar, etc.

-Clausura mental motivada. Es la capacidad de echar el cierre a la búsqueda de nuevos conocimientos o nueva información. Los individuos consideran que el conocimiento que tienen es estable, seguro e improbable de cambiar. Por ejemplo, «Yo estoy bien en el trabajo y los demás que se busquen la vida como puedan. A mí que no me creen problemas, cada uno anda a lo suyo» (Jost, Kruglanski y Simon, 1999; Kruglanski, 2000). Dos de los procedimientos para no buscar nueva información son:

•Búsqueda incesante de justificaciones. Una justificación es una idea utilizada para legitimar o apoyar a otra idea o conducta. Hay justificaciones del yo («Para salvarme yo, puedo atemorizar a mi colega de trabajo»), del grupo («Los que pertenecemos a este grupo podemos justificar el proceso de amargar a aquel compañero») y del sistema («Esta empresa para sobrevivir puede crear una conducta neurótica en la competencia») (Jost y Banaji, 1994).

•Estrategias o mecanismos de defensa. Son procedimientos utilizados por el yo para reducir los sentimiento de culpa, ansiedad o cualquier malestar psicológico («Lo que hago no tiene por qué ser demasiado humillante para mis compañeros»). La psicología cognitiva y el psicoanálisis han puesto de manifiesto estas estrategias. Sin ellos la vida sería insoportable.

-Tiranía mínima. Se refiere al dominio despótico del jefe sobre los subordinados. Aquél ejerce un despotismo mínimo, nimio e insignificante. Además, actúa de forma mezquina, cruel, arbitraria e injusta. Carece de consideración hacia el trabajador, fuerza la solución de conflictos, desanima iniciativas y genera indefensión. Minimiza y ningunea a los subordinados (Ashforth, 1997).

-Hipocresía. En la vida laboral cotidiana los trabajadores presentan una fachada falsa. Para ello tergiversan los hechos o lo que sea necesario. La falsedad se manifiesta en fingimiento, doblez y zalamería. Los hipócritas son profesionales en el disimulo de los errores o la simulación de la verdad. Constituyen un verdadero problema organizacional. Se jactan tanto de los vicios como de las virtudes. Su único objetivo es defender sus propios intereses.

20.7.2. INTERINDIVIDUALES

Entre las causas interindividualización del rnobbing destacan las siguientes:

-Patología organizacional. Algunos ejemplos de patología organizacional se manifiestan como oscurantismo y falta de transparencia, inercia, dilación innecesaria del trabajo, control deficiente dentro de las organizaciones, recelo hacia la competencia individual, cierta protección de los ineptos, neurotización o psicotización de los procesos culturales de la organización, falta de liderazgo, socialización deficiente, predominio de los grupos de presión, gorrones o buscadores de rentas, etc.

-Liderazgo patológico. Se manifiesta en características tales como ser entusiasta, escéptico, reservado, cauteloso, pausado, temerario, pintoresco, meticuloso, sumiso, etc. (Hogan y Hogan, 2001).

-Trabajo sucio. Son aquellas tareas y ocupaciones que son percibidas como degradantes. Configuran un contexto de trabajo que resulta psicológica, social, física y moralmente mugriento y cochambroso para la salud integral (física y mental) de los trabajadores (Ashforth y Kreiner, 1999).

Silencioorganizacional. Es un proceso organizacional en el cual nadie toma decisiones. No se dan explicaciones de por qué y para qué se hace algo. Tampoco se percibe ningún rumbo mínimamente positivo para el futuro de los individuos y de la estructura organizacional. Nadie parece adoptar responsabilidades. La planificación estratégica de futuro yace en el pozo del olvido. No hay información acerca de nada. Todo funciona por rumores y suposiciones, generalmente infundadas. Esto genera una cultura organizacional llena de dimes y diretes. Las valoraciones gratuitas y baldías subyacen detrás de toda la actividad organizacional cotidiana (Morrison y Milliken, 2000).

-Estrés organizacional. Surge en fuentes específicas del trabajo (complejidad y sobrecarga del trabajo, variedad de las tareas, horario, etc.), aspectos de la organización (ambigüedad, sobrecargo y conflicto de rol, liderazgo deficiente, inseguridad en el trabajo) y condicionantes personales (patología personal diversa) (Cooper, 1998; Cooper, Dewe y O'Driscoll, 2001; Griffin, O'Leary-Kelly y Collins, 1998). Todo esto genera desgaste psicológico o burnout, estrés crónico, malestar subjetivo, desesperanza, sintomatología depresiva, etc.

-Incivilidad en el lugar de trabajo. Es la conducta desviada de baja intensidad con la intención ambigua de dañar a compañeros de trabajo o los objetivos de la organización. Se refiere también a la violación de las normas básicas de respeto mutuo en el lugar de trabajo. Por lo tanto, las conductas poco cívicas y grotescas son una muestra de la descortesía hacia otros miembros de la organización (Andersson y Pearson, 1999). Una vez que un individuo se implica en esta dinámica, resulta muy difícil parar. La persona termina siendo esclava y víctima de sus propio errores.

-Conductas disfuncionales (o contraproductivas) en el trabajo u organización. Son conductas emitidas para dañar a la organización o a algunos de sus miembros (robo, agresión, hostilidad, sabotaje, abandono, etc.) (Guiacalone y Greenberg, 1997; Sackett y DeVore, 2001; Vaughan, 1999).

Privaciónrelativa. El individuo se siente desvalorado, maltratado y explotado, en comparación con los otros. Por ello no se siente implicado en la vida organizacional. Cuando los trabajadores perciben el lugar de trabajo como un lugar con injusticias, cada uno se arregla la vida como puede. Se destruye todo germen de solidaridad y cooperación constructiva. Las consecuencias de este sentimiento son demoledoras para el individuo y para la dinámica organizacional; estas consecuencias las expondremos más adelante (Helgeson y Mickelson, 1995).

Surgimientode grupos de presión o grupos de interés. Los miembros de estos grupos están interconectados por intereses particulares o vínculos afectivos. Sólo piensan en sus propios intereses. Actúan como grupos de rapiña; realmente, parecen camarillas de cuatreros que patrimonializan una organización pública para lucro personal. La ética organizacional tiene la dimensión de los intereses de los miembros del grupo. Lo legal y lo moral coincide con lo que anhelan y persiguen con vehemencia. A todo aquel que les lleva la contraria lo estigmatizan. Además, lo acusan de atacar e ir en contra de los intereses de la organización. Manipulan los criterios de toma de decisiones en función de los beneficios que hay que conseguir en cualquier momento. Su punto fuerte no es precisamente la competencia profesional y la motivación intrínseca para el trabajo. Su estilo de trabajo suele ser la vagancia. Aparentan que hacen cosas, pero su mente está única y exclusivamente en beneficiarse de los demás. Están siempre dispuestos para formar parte de cualquier organismo de control. Pero, el objetivo a corto plazo de dicha participación institucional es conseguir beneficios personales o para los allegados.

-Conductas de defensa en organizaciones. Son acciones reactivas o protectoras para reducir una amenaza percibida o para evitar algo no querido en una organización. Está, evidentemente, relacionado con los mecanismos de defensa individuales (véase la Tabla 20. 2).

-Patología de las relaciones de poder o de influencia mutua. El poder es la capacidad de A (persona, organización, etc.) para presionar, coaccionar o actuar legítimamente sobre B (persona, organización, etc.), teniendo en cuenta una serie de intereses de muy diversa naturaleza (Alinsky, 1971; Greene, 1999; Pfeffer, 1993). En ocasiones, la dinámica del poder se ejerce de una forma conflictiva o injusta. En esta situación hay más probabilidad de que surja el bullyinglmobbing, cuando esto acontece, en la estructura de poder puede haber, entre otros, los siguientes problemas:

•Los mandados con relación al jefe (estructura vertical del poder): no eclipsarle, conseguir que parezca brillante e inteligente, adularle lo necesario, hacer que todo gire a su alrededor, buscar su punto débil, defender su reputación, considerar que todo se juzga por la apariencia, realzar su imagen de imprescindible y necesario, crear la necesidad de que tiene que pensar para solucionar problemas, hacerle creer que se están esperando sus inspiraciones para que la organización tenga visión y posibilidad de futuro, aparentar que se le está facilitando información útil, cuando realmente sólo se piensa en los propios objetivos, etc.

Tabla 20.2

Conductas defensivas en organizaciones (Allcorn y Diamond, 1997; Allcorn, Baum, Diamond y Stein, 1996; Argyris, 1990, 1992; Bentham, 1990)

•Los mandados con relación a los compañeros (estructura horizontal del poder): no confiar en nadie, saber utilizar a los iguales en beneficio propio, ocultar las propias intenciones, hablar sólo lo necesario, llamar la atención a través del trabajo audaz, no discutir, conseguir que vean a uno, pues lo que no es público no tiene valor, utilizar el trabajo de los demás en beneficio propio, los demás deben depender de uno, evitar a los desdichados, desafortunados y cínicos, saber desarmar los enfados y posibles revanchas de los demás, parecer un buen ejemplo de manos limpias, aprovecharse de los intereses de los demás para beneficio propio, mantener al enemigo en el suspense y la incertidumbre, al contrario se le debe aplastar, utilizar la ausencia del jefe para crecer y escalar posiciones, calcular la venganza, desdeñar cosas inútiles, no parecer demasiado perfecto, aparentar ser una persona calmada, adaptable y estable, no perder el tiempo en reuniones estériles, etc.

20.8. CONSECUENCIAS

20.8. 1. INTRAINDIV IDUALES

Las consecuencias interindividuales del mobbing son las siguientes:

-Ostracismo. Es un proceso de exclusión y rechazo del grupo y de la sociedad. Amenaza necesidades humanas fundamentales como son el sentimiento de pertenencia, la pérdida de control sobre el proceso de vivir, mantener un adecuado nivel de autoestima y llegar a tener una vida con significado y perspectiva de futuro (Williams, 1997; Willimas y Wheeler, 2001). La estigmatización genera auto-odio, auto-culpabilización y autodegradación; conlleva unas elevadas probabilidades de llegar a ser considerado como un estorbo y un fastidio para los demás. Es algo común sentirse avergonzado, agraviado y humillado. El problema del ostracismo también se puede aplicar a la sociedad de la información globalizada. En el ciberespacio existe la ignorancia del otro. En este caso se habla de ciberostracismo (Willimas, Cheung, y Choi, 1998).

-Turbación o azoramiento (embarrassment) en el proceso de trabajo cotidiano. Es una respuesta emocional a los disgustos, desazones, inquietudes o intranquilidades cotidianas. El embarrassment constituye un peligro y un envenenamiento del proceso cotidiano de vivir dentro y fuera del trabajo (R.S.Miller, 1996).

-Insultos entre los diversos miembros de la organización. Un insulto es un desprecio hacia el self o lo que uno hace. Se incluyen conductas o discursos orales o escritos que son construidos y percibidos por los miembros como despreciativos, humillantes u ofensivos. Los insultos pueden conllevar sentimientos de culpa, vergüenza y cólera. Favorecen la exclusión, la creación de estereotipos, la ingratitud, la consideración de ser cabeza de turco o víctima propiciatoria, la ruptura de promesas, etc. (Gabriel, 1998).

-Emociones negativas. Hace referencia a las reacciones de los trabajadores en el lugar de trabajo como un todo o como una parte (Ashkanasy, Hartel y Zerbe, 2001; Lord, Klimoski y Kanfer, en prensa; Payne y Cooper, 2001; Salovey, 1991):

•Enojo. Es una ofensa humillante contra uno mismo. Puede ser debida a muchos factores, entre ellos el sentimiento de injusticia organizacional.

•Envidia. Se siente envidia cuando se anhela lo que no se tiene o nunca se tuvo. Sus consecuencias podrían ser sabotear el trabajo del rival, dar puñaladas por la espalda, someter al contrario al ostracismo, favorecer la propia auto-imagen, mayor absentismo del trabajo, menor ejecución laboral y peor satisfacción laboral (Ben-Ze'ev, 2001; Duffy y Shaw, 2000; Vecchio, 1995, 2000).

•Celos. Resentimiento hacia otra persona por el riesgo o la amenaza de perder el favor del otro.

•Culpa (remordimiento o arrepentimiento). Es el resultado de haber transgredido un imperativo moral. Sirve para fomentar un comportamiento organizacionalmente deseable. Cuando se hace sentir culpable a alguien es para sentirse uno mejor. De alguna forma el inductor de la culpa se siente mejor, haciendo que el otro se sienta peor.

•Vergüenza. Es el resultado de no haber estado a la altura del ideal personal. El ser evaluado negativamente por otros genera autoevalaución negativa del self. La vergüenza es un factor de alienación, soledad, sentimientos de inferioridad, indignidad y derrota. Rompe los procesos de confianza interpersonal y la seguridad interior. Es por ello por lo que provoca temor, aflicción, rabia y desánimo (Kaufman, 1994). En algunas situaciones, la vergüenza puede crecer hasta volverse tóxica para el yo. En la Tabla 20.3. se pueden observar las diferencias entre culpa y vergüenza.

Tabla 20.3

Diferencias entre los sentimientos o emociones de culpa y vergüenza (Lazarus y Lazarus, 2000; Tangney y Fischer, 1995)

-Excesiva utilización de excusas y justificaciones. Son intentos de cambiar las percepciones de uno mismo, del comportamiento emitido y de los hechos para mantener una autoimagen positiva del self. Sirven para pasar el trago y hacer seudojustificaciones. El caso contrario de las excusas es la confesión. En este caso los individuos aceptan la responsabilidad del comportamiento emitido. El objetivo de la confesión también es crear una impresión favorable de uno mismo (Weiner, 1995). En definitiva, la mayoría de las personas atribuye los éxitos a causas internas y los fracasos a causas externas.

-Humillación. Conlleva la percepción de sentido de injusticia y de falta de equidad. Implica un juicio negativo por parte de los demás. Los individuos humillados ocultan su situación y provocan un ansia de venganza (Klein, 1991; Smith, 2001). Asimismo, el resarcimiento personal puede conllevar desquites, revanchas o represalias (D.T.Miller, 2001).

-Estigmatización y exclusión social. Conlleva considerarse alienado, rechazado, extrañado, distinto, diferente, discriminado, aislado, distante y desconectado de las relaciones sociales positivas, sentimientos de ridículo, devaluación de uno mismo, percepción de estar en el lugar inadecuado, sentirse incómodo y socialmente rechazado, percibirse como sufriendo una categorización negativa de uno mismo, hallarse en un proceso de denigración, exclusión grupal/social, etc. Estigmatizar a alguien conlleva marcarlo, etiquetarlo de una determinada manera y no de otra. Es un proceso de construcción social u organizacional. Todo esto está muy relacionada con la generación del ostracismo (Kurzban y Leary, 2001).

-Efectos (individuales) del acoso moral. Problemas de salud física (trastornos del suelo, dolores de cabeza, pérdida del apetito, etc.), salud psicológica (ansiedad, pérdida de confianza, baja autoestima, desmotivación, depresión, etc.), familiares (conflictos familiares, divorcio, etc.) y financieros (gastos en terapia, desempleo, etc.).

2.8.2. INTERPERSONALES

A continuación se describen las consecuencias interpersonales del mobbing.

Rupturade la confianza interindividual y organizacional. Hace surgir una cultura de la sospecha de todos contra todos. Genera, asimismo, inestabilidad de las relaciones interpersonales, afecto negativo, incertidumbre acerca del presente y el futuro, violación de la reglas del juego, ruptura de las promesas, mentiras, dar publicidad a los secretos, abusos de autoridad, rompe la equidad, etc. La cooperación creativa es casi imposible. El individualismo tiene primacía sobre el grupo. No hay metas comunes. El individuo pasa a estar al servicio de la organización. Cuando la cultura del recelo se instala en una organización, los resultados son decepcionantes. El caos moral y de comunicación se instala en los individuos y en la organización. De todo ello sólo pueden surgir problemas intrapersonales e interindivudales.

-Comparación social. Consiste en que los pensamientos y sentimientos acerca del yo suelen surgir de las comparaciones entre nosotros y los demás. Es un proceso interpersonal a través del cual los individuos pretenden obtener una apreciación exacta de sus propias capacidades o competencias. Lo llevan a cabo comparándose con los demás. Fruto de la comparación social surge la privación relativa. Es la comparación con los demás, y no la realidad objetiva, la que condiciona la satisfacción o insatisfacción de las personas con lo que tienen (Alain, 1985; Crosby, 1976; Olson, Hafer, Couzens y Kramins, 2000; Shepperd y Kwavnick, 2000; Suls y Wheeler, 2000; Walker y Smith, 2001).

Obedienciaciega a la autoridad. Los que están dispuestos a obedecer de forma acrítica son capaces de cualquier perversión que se le pueda ocurrir a los que mandan. Las personas sin capacidad de crítica hacia sí mismos y hacia los demás son un peligro público, pues hacen lo que les dicen y son incapaces de autocontrolarse. Se puede hablar de conformidad destructiva y de conformidad con la autoridad. Se habla de crímenes de conformidad o de obediencia a la autoridad. El objetivo es buscar excusas. Cualquier proceso de justificación de la falta de responsabilidad personal es bienvenido por los que están dispuestos a ayudar al jefe a hostigar al compañero. En este caso se habla de obediencia destructiva (Kelman y Hamilton, 1989; Milgram, 1973; A.G.Miller, Collins y Brief, 1995).

-Gossip (rumores, murmuraciones, chismorreos y comadreos diversos). El gossip es un discurso informal y valorativo en una organización sobre un miembro de la misma que no esté presente, con un relativo grado de credibilidad y que, generalmente, se produce entre muy pocas personas (Kurland y Pelled, 2000; Rosnow y Fine, 1976). Socava la confianza, la esperanza y las ilusiones por trabajar de una forma mínimamente ética.

-Cinismo organizacional. Consiste en una actitud ácida y destructiva hacia la propia organización que proporciona el trabajo. Incluye tres dimensio nes: (a) una creencia acerca de que la organización carece de integridad moral (falta de equidad, honestidad, y sinceridad), (b) un afecto mordaz hacia la propia organización y una tendencia a conductas críticas y sarcásticas hacia la organización (Dean, Brandes y Dharwadkar, 1998). Algunos de sus efectos son un malestar crónico, un sentimiento de fastidiar e irritar al colega por cualquier motivo, etc.

-Efectos (organizacionales) del acoso moral. Son muy diversos: mala imagen pública, cultura organizacional enferma, moral colectiva pobre, bajas por enfermedad, baja productividad, ausencia de responsabilidad personal, clima organizacional exasperante, etc.

20.9. MECANISMOS EXPLICATIVOS

Los mecanismos explicativos del acoso moral son iguales a los de la violencia y estrés organizacional, pues de hecho el mobbing/bullying no es más que una forma extrema de estresores sociales en el trabajo. Tal como recoge la Figura 20.4. se pueden distinguir los siguientes factores de riesgo (Braverman, 1999; Denenberg y Braverman, 1999; Dewe, Leiter y Cox, 2000; Einarsen, 2000; Hirigoyen, 2001; Piñuel y Zabala, 2001; Rayner, Hoel y Cooper, en prensa; Zapf, 2001):

Figura 20.4

Marco teórico para estudiar el acoso moral (bullying, mobbing, harassment) en el lugar de trabajo. Tomado y modificado de Einarsen (2000)

-Facilitadores o antecedentes: desequilibrios percibidos de poder, insatisfacción en la dinámica general de la cultura organizacional, deficiencias en el diseño del trabajo, liderazgo incompetente, ausencia de compromiso ético en las relaciones de trabajo y de cultura organizacional, etc.

-Individuales o predisposición individual del acosador: problemas de salud mental, rasgos psicopáticos, excesiva motivación de control del proceso organizacional, etc.

-Del lugar de trabajo u organizacionales: estilo directivo patológico, cultura organizacional neurótica, deficiente diseño de la realización de las tareas, etc.

-De la víctima. Sus características generales serían: trabajadores de comportamiento ético, honrado, independientes, con iniciativa, competentes, interpersonalmente asertivos, con sentido de equipo, relativamente felices en su vida laboral y familiar, etc. Las reacciones cognitivas, emocionales y conductuales serían cómo se interpreta la realidad, cómo se reacciona emocionalmente ante ella, etc.

28.10. PREVENCIÓN

20.10.1. INTRAPERSONAL

En la prevención del mobbing debernos considerar factores intrapersonales e interpersonales. A continuación se describen las interpersonales.

-Moverse siempre, dentro de los límites de la propia competencia. Luchar por el reconocimiento y respeto personal, conocer las propias autolimitaciones, forjar los procedimientos necesarios para construir y salvaguardar la propia autoestima.

Conductade ciudadanía organizacional (también denominada ejecución de ciudadanía, espontaneidad organizacional, ejecución contextual, conducta organizacional prosocial). También se utiliza un concepto similar denominado conducta de iniciativa personal (Fay, Bóckel, Kamps, Wotschke y Frese, 2001; Fay, Sonnentag y Frese, 1998; Frese, Garst y Fay, 2001). Consiste en: a) llevar a cabo acciones autoiniciadas y organizacionalmente positivas con persistencia y responsabilidad, b) voluntariedad para llevar a cabo tareas que no son formalmente parte del trabajo, c) ayudar y cooperar con otros trabajadores para superar los problemas de la organización, d) seguir la rutina de la organización respetando los valores organizacionales, e) fortalecer y defender los objetivos organizacionales manifestando lealtad organizacional y, por último, f) permanecer con la organización en momentos duros (Borman y Penner, 2001; Borman, Penner, Allen y Montowidlo, 2001).

-Procesar la información de forma positiva. El objetivo es mantener una imagen esperanzadora y benévola de uno mismo. Es lo que se denomina desvíos de autoenaltecimiento. También se utiliza la terminología de ilu siones positivas u optimismo realista. Para ello utilizamos comparaciones sociales, elegimos situaciones en las que podamos destacar, interpretamos la realidad de forma personalmente interesada y, por último, sobrevaloramos los propios recursos personales, sin caer en el optimismo no realista (Robins y Paulhus, 2001).

-Construcción de un autoconcepto coherente. Esto se consigue a través de una adecuada utilización de los procesos de control de la información accesible, controlando la memoria selectiva, efectuando atribuciones (estilos atribucionales) personalmente beneficiosas y, por último, colaborando para hacer de uno mismo algo positivo agrandando la esperanza.

-Fomentar la responsabilidad individual y -organizacional. La responsabilidad es una inferencia, un juicio, una asignación acerca de alguien que lleva a cabo una acción; no es una atribución. El individuo u organización responsable conlleva que la causalidad sea controlable. Esto tiene gran relevancia para la responsabilidad. La relación que puede establecerse es (Weiner, 1995):

•Causalidad controlable - responsabilidad (individual u organizacional) - cólera, no compasión - reacción negativa de los otros.

•Causalidad incontrolable - no responsabilidad (individual u organizacional) - compasión, no cólera - reacción positiva de los otros.

-Establecer una relación entre responsabilidad y castigo. Un empleado hace algo de una forma deficiente. Tiene los suficientes recursos de todo tipo para hacerlo bien. No lo quiere hacer, pues no se implica en la tarea que hay que realizar. Se le considera responsable. Por lo tanto, debe ser castigado. El trabajador podría tener vergüenza, sentimientos de culpa, autocrítica o, sencillamente, pasar. Además, puede percibirse a sí mismo como inmoral, irresponsable (Weiner, 1995):

•Fracaso - causa externa (por ejemplo, carencia de esfuerzo) y controlabilidad personal - responsabilidad - cólera - reprimenda o castigo.

•Un trabajador hace algo malo. No hubiese podido hacerlo bien. No puede aprender cómo hacerlo. No se considera responsable. Es por esto que no debería ser castigado. No tendría por qué haber repercusiones psicológicas sobre el trabajador.

•Fracaso causa interna (por ejemplo, carencia de habilidad), pero no personalmente controlable - no responsabilidad - simpatía - no reprimenda, no castigo.

-Liderazgo transformacional, ético e íntegro. Presenta, entre otras, las siguientes características: preocupación por los demás, sensibilidad contextual, habilidad o competencia, autoconfianza, integridad, digno de confianza, honestidad, capacidad de empowerment en los miembros de la organización, accesible, establece límites, implica a otros en los objetivos de la organización, etc.

-Adecuado control de las emociones en el lugar de trabajo. Es un campo de investigación-acción que está adquiriendo gran relevancia. El objetivo es controlar de una forma adecuada las emociones en el proceso cotidiano del trabajo. Un ejemplo de la importancia actual es la publicación reciente de trabajos relacionados con el estudio de la emoción en ambientes organizacionales. Para esto se ha creado EMONET (http://www.uq.net.au/emonet; e-mail: listerv@list.gsm.uq.edu.au) (Ashforth y Kreiner, en prensa; Ashkanasy y cols., 2001; Payne y Cooper, 2001; Spector y Fox, en prensa).

-Sentido del humor y no dramatizar la vida cotidiana dentro o fuera de la organización de trabajo. El objetivo es relativizar los problemas y controlar los conflictos personales y de la organización, pues la vida en sí misma no es un drama. Es por ello que un cierto sentido del humor es indispensable para sobrevivir a la adversidad.

-Mejorar la inteligencia emocional. Conllevaría la valoración y expresión verbal de la emoción, regulación de la misma, conocimiento emocional para promover el crecimiento intelectual y emocional y, por último, generar emociones para solucionar problemas (Jordan, Ashkanasy, H¡irtel y Hooper, en prensa).

-Forjar o construir trabajadores resistentes a la adversidad. Es menos probable que los individuos invulnerables, competentes y con recursos para afrontar y superar los problemas cotidianos de la organización sufran mobbing. Saben estar, tienen mano izquierda, generan alternativas constructivas para sí mismos y extraen recursos del entorno organizacional para provecho propio.

20.10.2. INTERPERSONAL

Los factores interpersonales implicados en la prevención del mobbing son los siguientes:

-Liderazgo transformacional. El liderazgo es algo que conjuntamente hacen o construyen interactivamente los líderes y sus seguidores. Conlleva la integridad ética, honradez, objetividad, franqueza, disponibilidad y accesibilidad, competencia, amabilidad, creatividad, seguridad en sí mismo, diálogo, espíritu de lucha, legitimación de las acciones, orgullo de sus ideales, paciente, persistencia capacidad para comunicar expectativas de éxito (profecía autocumplida), animar, motivar y persuadir, crear un clima de confianza y apoyo mutuo, prevenir el fracaso evitable, atribuir el éxito a todos los miembros de la organización, y capacidad para utilizar las experiencias pasadas en solucionar nuevos problemas, promover conductas ejemplares, autoconfianza, infundir esperanza, saber compartir el ejercicio del poder sin dejar de hacer sus responsabilidades, etc.

-Fomentando legitimidad organizacional. Cuando una organización tiene una estructura de poder y una dinámica cultural organizacional legitimada es mucho más fácil construir y transformar la cultura. La legitimidad es una percepción o suposición generalizada acerca de que las acciones de la organización son deseables, adecuadas, positivamente valoradas dentro de la cultura organizacional (Jost y Major, 2001; Suchman, 1995).

-Lucha por la justicia organizacional. Constituye un prerrequisito necesario para luchar contra la quejas y la construcción de un ambiente favorable para emociones positivas. Las diferentes clases de justicia se pueden ver en la Tabla 20.4. La más relevante para la prevención es cómo los individuos responden a procesos y resultados injustos. Es necesario conocer esto para luchar en la creación de una cultura organizacional íntegra (justicia sistémica) comprometida con una distribución justa de mecanismos (justicia procedural) y resultados (justicia distributiva) equitativos. Sólo así losmiembros de la organización tendrán el sentimiento compartido positivo (justicia interpersonal) de que forman parte de una organización ética (justicia sistémica).

Tabla 20.4

Conceptos y clases de justicia (Cropanzano, 2001; Folger y Cropanzano, 1998; Gilliland y Chan, 2001; Gilliland, Steiner y Skarlicki, 2001; Greenberg, 1996; Lind, Kray y Thompson, 2001; Montada y Lemer, 1996; Steiner y Gilliland, 2001). Los ejemplos están tomados de Beugre y Baron (2001)

-Promocionar estrategias de acción afirmativas organizacionales. Se puede hablar de acción afirmativa en la búsqueda de la justicia organizacional. Tiene como objetivo la reducción de la discriminación objetiva y, en la medida de lo posible, la subjetiva dentro de la dinámica organizacional. Se debe intentar no caer ni en el victimismo, ni en la estigmatización de los trabajadores objeto de intervención (Golden, Crosby y Hinkle, en prensa).

-Facilitar la conducta ética de las organizaciones. Se incluyen aquí relaciones jerárquicas éticas, influencia social respetuosa, dinámica equilibrada de la autoridad, controlar las transgresiones organizacionales, control de la maldad del ser humano en la organización, etc. (Darley, Messick y Tyler, 2001). Todo esto se implica con la conducta de ciudadanía organizacional. Estas son actividades extra-rol y discretas que resultan útiles para la organización. No son ni formal ni explícitamente reconocidas ni recompensadas. Se supone, que a mayor percepción de justicia organizacional, mayor implicación en actividades de ciudadanía organizacional. Es más, esta conducta organizacional se relaciona con el clima general de conducta cívica (Cohen y Vigoda, 1998). Es el proceso de la construcción social de los valores colectivos.

Facilitaruna perspectiva de obediencia crítica a la autoridad. Cuando los individuos se someten a una obediencia ciega a la autoridad pueden entrar en un proceso terriblemente destructivo. Si se difiere la responsabilidad a una autoridad, casi todo está justificado. Al eliminar el sentido de responsabilidad se reduce la capacidad de pensamiento crítico. Las personas no pueden hacer siempre lo que se les dice que hagan. Siempre deben tener en cuenta la conciencia crítica. La obediencia a la autoridad no conlleva necesariamente una conformidad destructiva. Esto puede generar crímenes de conformidad o de obediencia (Milgram, 1973; A.G.Miller y cols., 1995).

-Proporcionar un contexto y proceso de trabajo que facilite la satisfacción de necesidades, la motivación intrínseca y el bienestar subjetivo; es decir, un cierto grado de autodeterminación. Hay que reconocer y admitir que los trabajadores, como todo ser humano, tienen una necesidad de hallarse en un contexto laboral en el cual se favorezca el sentimiento de competencia, la autonomía, la vinculación social, el fomento de la valoración y la confianza, y la facilitación de la diseminación de innovaciones constructivas (Deci, Ryan, Gagué, Leone, Vsunov y Kornazheva, 2001; Kramer y Tyler, 1996).

Procesode fomentar el instinto de laboriosidad o instinto de trabajo eficaz (Veblen, 1995). Es la propensión o aptitud del ser humano para buscar un objetivo productivo en la conducta laboral que lleva a cabo. Se valora el mérito personal y hacer algo útil. Sólo de esta forma se valora a sí mismo y se considera positivamente por los demás. Todo lo que no sea esta perspectiva provoca demérito, despilfarro, futilidad e incapacidad individual y organizacional. Todo esto sería más factible si el ser humano se preocupase por ser más fructífero (orientación de carácter productivo) y saludablemente más positivo para sí mismo y los demás en la sociedad capitalista avanzada (Fromm, 1956, 1957).

-Códigos éticos y de autorregulación. Son estrategias para establecer y hacer cumplir estilos de comportamiento éticamente correctos, aceptables, útiles y productivos individual, organizacional y socialmente. Otra cuestión es que realmente sirvan para algo. Su utilidad práctica es muy dudosa; sin embargo, hay que confiar en ellos, pues generalmente, detrás de ellos no hay más que una estrategia planificada de construcción de una buena imagen pública, hacer publicidad y obtener más beneficios económicos.

-Multiculturalidad de los trabajadores. Se puede hablar de organizaciones multiculturales. En la medida en que aumenta la globalización de los trabajadores de diferentes culturas también se hace más diversa la cultura de los miembros de una organización. Es algo normal en la edad de la globalización.

-Solución creativa y cooperativa de los conflictos. Considerar los conflictos organizacionales como algo positivo. Un conflicto puede tener más efectos negativos si es suprimido que si es reconocido y solucionado de forma positiva. Si se pretende ocultar, suprimir, siempre va a terminar por aflorar. El conflicto positivo puede y debe ser estimulado a su nivel óptimo (nivel óptimo del conflicto). Todo ello siempre que se produzca una cola boración y coordinación organizacional productiva (De Dreu y Van De Vliert, 1997; Deutsch y Coleman, 2000; Johnson, Johnson y Tjosvold, 2000; Tjosvold, 1998; Tjosvold y Johnson, 2000). En la Tabla 20.5. se expone la relación entre la perspectiva cooperativa y competitiva del conflicto.

Tabla 20.5

Relación entre los modelos cooperativos y competitivos de solución de conflictos. Tomado de Tjosvold (1998) y Tjosvold y Johnson (2000)

-La Health and Safety Authority de Dublín (http://www.has.ie/osh/buflypclf) ha publicado en el 2001 un Report of the Task Force the Prevention of Workplace Bullying. Dygnity at work - The challenge of workplace bullying en el que se recogen las siguientes sugerencias para la lucha en contra o prevención del bullying/mobbing: entrenamiento de los trabajadores, política anti-violencia, adecuada legislación, hacer a los empresarios o empleadores responsables, asesoramiento, realzar la conciencia pública del problema, crear una agencia anti-violencia, controlar el absentismo laboral, fomentar la investigación, impulsar el control de las instituciones estatales, etc.

-Facilitar la posibilidad de tener hechos comprobables para que se puedan tomar decisiones legales. Las pruebas aportadas deben ser lícitas y relacionadas con el tema en cuestión. Por acción, omisión o negligencia casi siempre debe haber responsables de las acciones de bullying/mobbing. Es por ello que la legislación pertinente debe ser clara y que se cumpla. Los contenidos específicos se deben incluir dentro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley de Seguridad Social, Estatuto de los Trabajadores, Ley de Procedimiento Laboral, Código Penal o cualquier otra legislación pertinente que sea legítima y democrática. Entre otras páginas web, en http://www.mobing.un o http://www.todaley.com puede el lector interesado hallar información relevante; a nivel internacional destaca la página de la International Labour Organization (http://www.do.org).

Enfatizarla relevancia del trabajo decente (Organización Internacional del Trabajo, http://www.ilo.org). El objetivo es defender la dignidad laboral, la decencia laboral y el trabajo saludable. Todos estos conceptos incluyen las características que se mencionan a lo largo del presente capítulo. Las más relevantes son el acceso justo al empleo, procedimientos equitativos e igualitarios de selección laboral, remuneración decente en el trabajo, condiciones justas de trabajo en horario y condiciones, ambiente de trabajo seguro, tanto física como psicológicamente, mecanismos justos y responsables de protección de desempleo involuntario (no fomentar la vagancia y la gandulería), oportunidades igualitarias para la promoción en el trabajo y entrenamiento en las habilidades requeridas, perspectiva de futuro, estrategias de prevención de riesgos laborales, favorecer la satisfacción del trabajador, cultura organizacional coherente y constructiva, etc. (Anderson, 2001; Chapell y Di Martino, 2000; Cooper y Williams, 1994; DeJoy y Wilson, 2001; Dunham, 2001; Karaseck y Theorell, 1990; Murphy y Cooper, 2000; Ones y Viswesvaran, 2001). Para alcanzarlo se necesitan trabajadores y managers con lealtad, motivación intrínseca, sentido de seguridad y utilidad en el trabajo (Worrall y Cooper, 2001).

20.11. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS

A lo largo del presente capítulo hemos expuesto algunos de los aspectos prioritarios acerca del mobbing. Hemos visto que este concepto no es equivalente en la ciencia del comportamiento animal y en Psicología Humana. Su evaluación, así como los factores de riesgo o causas, consecuencias y estrategias de prevención están todavía en un proceso de construcción. El psicoterror constituye un campo de investigación relativamente nuevo. El problema surge porque, aunque conozcamos dónde y cómo se produce el mobbing, es muy difícil su prevención. Asimismo, también suele haber problemas en demostrar su realidad en los procesos judiciales. Las aportaciones que puede hacer la Psicología de las organizaciones y la ciencia de la prevención son muy significativas. Las intervenciones preventivas deben ir desde los procedimientos de selección de personal hasta todo el proceso de socialización organizacional. Cuando los individuos perciben que hay un mínimo de justicia en los procesos de toma de decisiones y en los resultados están más dispuestos a implicarse en la mejora de la calidad de vida y resultados de la organización laboral. En caso contrario, es el caos, el resentimiento, la desmotivación y el desgaste psicológico en el trabajo. La estructura y dinámica de poder, proceso de toma de decisiones y un clima o cultura organizacional son aspectos claves para la reducción de la incidencia del acoso moral en el trabajo. Sin embargo, los trabajadores deben tener siempre presente que la vida plácida y sin problemas no existe. Los conflictos y los problemas en el lugar de trabajo son inevitables. Lo relevante es mantenerlos dentro de unos límites individual y organizacionalmente controlables (nivel óptimo del conflicto). Hay que considerar el aspecto positivo y constructivo de las crisis y de los problemas en la organización de trabajo. Es por ello que los trabajadores deben autoinformarse y autoentrenarse en habilidades de autoayuda. Si los trabajadores no se salvan a sí mismos, nadie lo va a hacer por ellos. Tienen que ser resistentes a la adversidad. Hacen falta individuos vulnerables, pero invencibles. Es lo que se conoce como sujetos resistentes a la adversidad, invulnerables o resistentes a los problemas cotidianos. Puede ser de gran relevancia la puesta en práctica de las estrategias de intervención preventiva que nos aporta la Psicología de la invulnerabilidad (Fernández-Ríos y Fraguela, en prensa). Hoy en día hay muchos procedimientos de intervención, tanto a nivel individual como organizacional. Solamente se trata de tomarse la cuestión en serio en lo que se refiere a la investigación y a la solución práctica de los problemas. Ahora bien, a los individuos y organizaciones se les puede ayudar desde fuera, pero hay que tener en cuenta que son los propios trabajadores los que se tienen que ayudar a sí mismos dentro del contexto laboral cotidiano. Trabajadores y empleadores saldrán ganando.

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JUAN CARLOS SIERRA, EVA W JIMÉNEZ DEB(_)RAH BUNCE

21.1. INTRODUCCIÓN

El peritaje psicológico corno proceso de evaluación psicológica que finaliza con la emisión de un informe requiere de la aplicación de diferentes técnicas de evaluación. La evaluación de las capacidades o competencias para someterse a un juicio, de la irnputabilidad de unos hechos, de las competencias para la custodia (Ávila Espada, 1986) o del daño psicológico sufrido por una víctima (Rodríguez Sutil y Ávila Espada, 1999) requieren la aplicación por parte del perito psicólogo de una serie de técnicas, unas propias de la Psicología Clínica y otras más específicas de la Psicología Forense. Así, junto a los instrumentos clásicos para la evaluación de la inteligencia, la personalidad, el deterioro neuropsicológico o diferentes trastornos clínicos, se han ido elaborando distintas pruebas para la evaluación de aspectos específicos de la Psicología Forense, aunque en este caso su validez no está del todo demostrada. La Tabla 21.1. recoge las di ferentes técnicas propias de la Psicología Clínica que tienen cabida dentro de la Psicología Forense; por su parte, la Tabla 21.2. muestra algunas técnicas de evaluación propias de la Psicología Forense.

Tabla 21.1

Técnicas de evaluación en Psicología Clínica en el ámbito de la Psicología Forense

Tabla 21.2

Técnicas de evaluación específicas en Psicología Forense

A continuación se describirá cada una de estas técnicas, tratando de justificar su importancia dentro de la Psicología jurídica y Forense. No obstante, antes vamos a hacer referencia a dos entrevistas clínicas estructuradas que pueden ser de interés en labores diagnósticas: la Entrevista Clínica Estructurada para los Trastornos del eje 1 del DSM-IV (SCID-I) (First, Spitzer, Gibbon y Williams, 1999b) y la Entrevista Clínica Estructurada para los Trastornos de la Personalidad del eje II del DSM-IV (SCID-II) (First, Gibbon, Spitzer, Williams y Benjamina 1999a).

21.2. ENTREVISTAS CLÍNICAS ESTRUCTURADAS

21.2.1. ENTREVISTA CLÍNICA ESTRUCTURADA PARA LOS TRASTORNOS DEL EJE 1 DEL DSM-IV (SCID-I)

La SUD-I es una entrevista semiestructurada que permite establecer los diagnósticos más importantes del eje 1 del DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) de una forma totalmente estandarizada. Su versión clínica incluye seis módulos relativamente independientes (véase Tabla 21.3.), en los que se integran los diferentes trastornos con sus criterios diagnósticos completos, aunque en algunos aparecen de forma resumida. La entrevista está diseñada de forma que la mayor parte de las preguntas pueden ser contestadas con un Sí/No, aunque en la mayoría de las ocasiones es necesario que el paciente se explique con detalle. Permite establecer si el trastorno es actual (último mes) o prevalente a lo largo de la vida (los criterios se han cumplido alguna vez a lo largo de la vida del paciente); también nos posibilita recoger información acerca del eje IV (problemas psicosociales y ambientales) y del eje V (actividad global). Su duración oscila entre 45 y 90 minutos. La SCID-I se estructura en dos columnas; la de la izquierda incluye las preguntas (criterios diagnósticos) y la de la derecha la puntuación del ítem (¿: información insuficiente; -: ausencia del síntoma o éste se encuentra por debajo del umbral diagnóstico especificado; +: se cu mple el criterio diagnóstico). La fiabilidad y validez muestran índices adecuados (véase First y cols., 1999b).

Tabla 21.3

Módulos con sus respectivos trastornos incluidos en la SCID-I

21.2.2. ENTREVISTA CLÍNICA ESTRUCTURADA PARA L(_)S TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD DEL EJE II DEL DSM-IV (SCID-II)

La SCID-II es una entrevista diagnóstica semiestructurada que permite evaluar los diez trastornos de personalidad del eje II del DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) (evitación, dependencia, obsesivo-compulsivo, paranoide, esquizotípico, esquizoide, histriónico, narcisista, límite y antisocial), dos categorías incluidas en el Apéndice B del DSM-IV (trastorno depresivo de la personalidad y trastorno pasivo agresivo de la personalidad) y el trastorno de personalidad no especificado (existencia de un deterioro funcional significativo, pero no se cumplen los criterios completos de ningún trastorno de personalidad específico). La SCID-II incluye tres columnas: la de la izquierda recoge las preguntas, la del centro enumera los criterios diagnósticos del DSM-IV y en la de la derecha se puntúa el ítem (d: información inadecuada; 1: ausencia de síntoma; 2: el criterio casi se alcanza, pero no plenamente; 3: se cumple el criterio). Aparte de la entrevista, se incluye un cuestionario de personalidad autocumplimentado, que sirve de instrumento de cribado con lo que, si se desea, en la entrevista solamente se puede indagar en aquellos ítems contestados afirmativamente, lo que agiliza el proceso de evaluación. Los estudios de fiabilidad y validez realizados muestran gran variabilidad de datos, pero en su mayoría arrojan índices aceptables (véase First y cols., 1999a).

21.3. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN EN PSICOLOGÍA CLÍNICA RELEVANTES EN PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE

21.3.1. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE LA INTELIGENCIA

El uso de test de inteligencia en el ámbito de la Psicología Forense es necesario de cara a conocer las capacidades cognitivas del sujeto que es objeto del peritaje judicial; la capacidad intelectual puede determinar y condicionar múltiples decisiones acerca de un individuo en particular. En este apartado vamos a describir los test más importantes (y más utilizados) en la evaluación de la inteligencia, tanto en adultos (Escala de Inteligencia de Wechsler para Adultos-III y Matrices Progresivas de Raven) como en niños (Escala de Inteligencia de Wechsler para Niños-Revisada y Batería de Evaluación de Kaufman para Niños, K-ABC).

21.3.1.1. Escala de Inteligencia de Wechsler para Adultos-111 MAIS-111)

El WAIS (Wechsler, 1999) constituye uno de los instrumentos de evaluación más importantes y de uso más generalizado dentro de la evaluación de la inteligencia. Después de 29 años de su aparición en España se ha editado una nueva adaptación. Esta nueva versión supone una serie de cambios importantes con respecto a la anterior, la cual presentaba, después de muchos años sin actualizar, una serie de deficiencias que hacían dudar en ocasiones de las conclusiones que se podían obtener a partir de ella. Entre estas novedades cabe destacar las siguientes (TEA, 1999):

-Actualización de los baremos. Sin lugar a dudas, una de las razones importantes que lleva a la edición de una nueva versión de un test es la necesidad de actualización de los baremos. Por distintas razones (mejoras en el sistema educativo, en las condiciones sanitarias, en la difusión de información, etc.), el nivel intelectual de la población actual no es similar al de la población de hace 30 años. Como consecuencia de ello, el uso de baremos antiguos produce un efecto de mejora del cociente intelectual, por lo que estaríamos cometiendo un sesgo importante al utilizarlos.

-Ampliación del ámbito de edad. Los baremos del WAIS tenían como grupo de mayor edad el de 35-44 años, con lo que un porcentaje considerable de la población se quedaba fuera de los mismos; recordemos que en España la expectativa de vida supera con creces los 70 años. El WAIS-111 incluye sujetos de hasta 94 años en sus baremos.

-Ampliación del «suelo» de aplicabilidad. El hecho de añadir ítems más fáciles al principio de cada test, así como la inclusión de partes adicionales como en la prueba de Clave de números proporciona a esta versión una mayor relevancia dentro del campo de la Neuropsicología.

-Menor importancia a la ejecución rápida. El condicionante de un tiempo límite y el empleo de las bonificaciones puede resultar problemático en personas de edad, por lo que en esta nueva versión se tiene menos en cuenta la variable tiempo; en la nueva prueba de Matrices no hay tiempo límite y se reduce el número de elementos con bonificación por respuesta rápida.

-Interés por la evaluación del razonamiento fluido al introducir la prueba de Matrices.

-Ajuste de las puntuaciones finales del test a la estructura factorial de la inteligencia. El WAIS-III aparte del cociente intelectual verbal y manipulativo clásicos proporciona cuatro índices diferentes: comprensión verbal, organización perceptiva, memoria de trabajo y velocidad de proceso; para la evaluación de estos dos últimos índices se incluye la prueba de Letras y números, y la de Búsqueda de símbolos.

-Uso de las puntuaciones típicas. En el DAIS la transformación de las puntuaciones directas en típicas se realizaba a partir del grupo de edad que se presuponía con mayor nivel intelectual (20-34 años), lo cual aparte de ser discutible, perjudicaba a las personas de más edad. En el WAIS-111 la transformación se puede hacer en diferentes grupos de edad, teniendo en cuenta la del sujeto evaluado (16-19, 20-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-69 y 70 años en adelante).

La Tabla 21.4. incluye los 14 subtest del WAIS-111 y la descripción de cada uno de ellos; la Tabla 21.5. muestra los diferentes índices con sus test correspondientes.

El WAIS-111 proporciona, además de las tres puntuaciones clásicas en cociente intelectual (cociente intelectual verbal, CIV; manipulativo, CIM; y total, CIT), cuatro índices diferentes (comprensión verbal, CV; organización perceptiva, OP; memoria de trabajo, MT; y velocidad de proceso, VP), proporcionándonos de este modo una interpretación mucho más completa del funcionamiento cognitivo del sujeto. El análisis de estos índices implica los siguientes pasos (Kaufinan y Lichtenberger, 1999):

-Paso 1. Interpretación del cociente intelectual total. Los tres cocientes intelectuales se sitúan dentro de un intervalo de confianza; así, por ejemplo, un CIV de 125 estaría situado dentro del intervalo 120-128 para un nivel de confianza del 90 por 100. El CIT solamente será interpretable si no existen diferencias estadísticamente significativas entre CIV y CIM.

-Paso 2. Determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre CIV y CIM y/o CV y OP. Si no existen diferencias entre estos índices se presupone que el sujeto manifiesta el mismo rendimiento en habilidades verbales que en habilidades manipulativas, por lo que se debe analizar la posible diferencia entre MT y VP (Paso 6). De lo contrario, si existen diferencias entre CIV y CIM (como mínimo 9-11 puntos de diferencia, p < 0,05) y/o entre CV y OP (10-12 puntos de diferencia, p < 0,05) se debe considerar la posibilidad de que existan diferencias clínicamente significativas.

Tabla 21.4

Subtest que forman parte del WAIS-III

-Paso 3. El hecho de que existan diferencias estadísticamente significativas no implica que esas diferencias sean anormales o raras dentro de la población; así, por ejemplo, aproximadamente el 27 por 100 de la población adulta muestra diferencias de 12 puntos o más entre el CIV y el CIM, lo cual indica que aun siendo significativa esta diferencia no tiene por qué implicar una alteración. Una discrepancia se considera anormal o clínicamente significativa cuando alcanza una diferencia de 17 puntos o más entre el CIV y el CIM, o de 19 puntos entre CV y OP.

-Paso 4. Determinar si el CIV y el CIM son bloques homogéneos para poder compararlos. Para ello se debe establecer si dentro de la escala verbal existen diferencias entre CV y MT (10-12 puntos, p < 0,05) o si entre los testde esta escala existe dispersión (diferencia de 8 puntos o más entre la puntuación escalar más baja y la más alta). El mismo procedimiento se debe seguir para la escala manipulativa: mirar si existen diferencias entre OP y VP (13-16 puntos, p < 0,05) o si hay dispersión entre los diferentes subtest (diferencia de 8 puntos o más entre la puntuación escalar más baja y la más alta). Si no existe ninguna diferencia ni dispersión entre subtest se puede comparar el CIV y el CIM, de lo contrario no sería conveniente esta comparación.

Tabla 21.5

Subtest incluidos en los distintos índices proporcionados por el WAIS-111

-Paso 5. Determinar si hay dispersión entre los subtest de CV (diferencia de 5 puntos o más entre la puntuación escalar más baja y la más alta) y/o los subtest de OP (diferencia de 6 puntos o más entre la puntuación escalar más baja y la más alta). Si no existiera dispersión se podría comparar CV y OP, de lo contrario no sería conveniente realizar dicha comparación.

-Paso 6. Determinar si hay dispersión entre los subtest de MT (diferencia de 6 puntos o más entre la puntuación escalar más baja y la más alta) y/o los subtest de VP (diferencia de 4 puntos o más entre la puntuación escalar más baja y la más alta). Si no existiera dispersión se podría comparar MT y VP, de lo contrario no sería recomendable dicha comparación.

-Paso 7. En el caso de existir diferencias entre los índices se debe buscar una explicación al respecto. Así, se sabe por ejemplo que un CIM superior al CIV es característico de sujetos bilingües o con dificultades de aprendizaje; lo contrario es característico de la depresión, esclerosis múltiple, alcoholismo o enfermedad de Alzheimer. La puntuación en memoria de trabajo está determinada por factores como la atención, concentración, ansiedad, habilidad secuencial, habilidad numérica, memoria a corto plazo o capacidad vi sual; la velocidad de proceso puede estar influenciada por la coordinación psicomotora, la motivación o la reflexividad-impulsividad.

-Paso 8. Interpretación de los puntos fuertes y débiles significativos del perfil. Se trata de comparar el rendimiento de cada test con el rendimiento promedio; para ello se debe calcular la diferencia entre la puntuación típica de cada subtest y la media de todos los test, teniendo en cuenta que si la diferencia entre CIV y CIM es de 17 puntos o más se debe calcular una media para los subtest verbales y otra para los subtest manipulativos. Para que una diferencia entre un subtest y la media sea significativa debe estar entre 2 y 4 dependiendo del subtest. Si esa diferencia es a favor del subtest se hablaría de punto fuerte, si es en contra se habla de punto débil.

Los datos psicométricos del WAIS-111 son óptimos, mostrando una fiabilidad de consistencia interna entre 0,88 y 0,97 para los diferentes índices, y una fiabilidad test-retest entre 0,88 y 0,96; en cuanto a su validez los diferentes estudios realizados hasta la fecha muestran la estructura en la que se fundamentan sus puntuaciones y señalan una adecuada validez concurrente con otros test de inteligencia. Un aspecto controvertido es el intervalo temporal necesario entre dos aplicaciones para inhibir el efecto del aprendizaje; no está claro el tiempo mínimo necesario, pero sí se sabe que éste debe ser mayor para las pruebas manipulativas (entre uno y dos años).

El WAIS, aun no siendo un test neuropsicológico, nos permite obtener un índice de deterioro neuropsicológico que puede servir de llamada de atención para aplicar alguna batería neuropsicológica. El cálculo de este índice parte del presupuesto de que mientras en algunos subtest el rendimiento se mantiene a lo largo de toda la vida, en otros su rendimiento se va deteriorando a medida que pasan los años. La forma de obtener este índice se muestra en la Figura 21.1.

Figura 21.1

Cálculo del índice de deterioro neuropsicológico a partir de los test del WAIS

Un valor de 0,20 o superior implicaría una alta probabilidad de deterioro neuropsicológico, y entre 0,10 y 0,19 sería dudoso.

21.3.1.2. Matrices Progresivas de Raven

Una de las críticas que se le hacen a las escalas de Wechsler es que el rendimiento en muchos de sus subtest está altamente influenciado por factores aca démicos o culturales. Esta limitación la subsanan al menos a priori las Matrices Progresivas de Raven, las cuales evalúan el factor g de la inteligencia, incidiendo de sobremanera en un rendimiento exento de los condicionantes académicos. Existen tres versiones diferentes: versión general (SPM), versión infantil (CPM) y dotación elevada (APM). La versión general incluye cinco series de matrices con figuras geométricas; cada una de ellas presenta 12 problemas de dificultad creciente, excepto el primer ítem de cada serie que tiene menor dificultad que el último de la serie anterior. Cada matriz debe ser cumplimentada por completamiento gestáltico o por establecimiento de relaciones entre las figuras (razonamiento analógico en dos dimensiones: progresión horizontal y vertical). El test proporciona puntuaciones centiles y la posibilidad de transformar éstos en Cl con el fin de hacer un paralelismo con las escalas de Wechsler. La versión infantil, de 5 años y medio a 11 años incluye 3 series de 12 elementos coloreados; la versión de dotación elevada está integrada por dos cuadernillos, uno de 12 elementos y otro de 36.

21.3.1.3. Escala de Inteligencia de Wechsler para Niños-Revisada (WISGR)

El WISC-R (Wechsler, 1993) permite evaluar la inteligencia infantil desde los 6 a los 16 años mostrando una estructura muy similar al resto de escalas de Wechsler. Al igual que ocurre con el WAIS nos permite la obtención de un cociente intelectual verbal (CIV), un cociente intelectual manipulativo (CIM) y un cociente intelectual total (CIT). La escala incluye 12 subtest, distribuidos en 6 verbales (Información, Semejanzas, Aritmética, Vocabulario, Comprensión y Dígitos) y 6 manipulativos (Figuras incompletas, Historietas, Cubos, Rompecabezas, Claves y Laberintos). La Tabla 21.6. recoge la estructura factorial y los subtest que forman parte de cada factor.

Tabla 21.6

Estructura factorial del WISC-R

A diferencia de la versión antigua el examinador tiene un papel más activo durante la evaluación especialmente a la hora de proporcionar la solución correcta al sujeto cuando éste fracasa en el primer elemento de una prueba. En relación a las garantías científicas del test, tanto la fiabilidad de consistencia interna (0,85 para el CIM, 0,89 para el CIV y 0,92 para el CIT) como la fiabilidad test-retest (entre 0,74 y 0,96 entre uno y seis años) son adecuadas; en cuanto a la validez, los CI proporcionados por el WISGR son similares a los de la escala de Stanford-Binet. No obstante, en la edición española existen unas deficiencias que es necesario tener en cuenta a la hora de usar el test. En primer lugar, se critica la muestra utilizada en su baremación: relativamente reducida (724 sujetos) y seleccionada únicamente en la Comunidad de Madrid; en segundo lugar, la estandarización se hizo agrupando a los sujetos en grupos de edad de 12 meses (no cada 3 meses como se hace en la versión original), lo cual hace perder capacidad diagnóstica interedades; por último, presenta un «efecto suelo» y un «efecto techo» que le puede hacer poco útil en poblaciones extremas.

21.3.1.4. Batería de Evaluación de Kaufinan para Niños (K-ABC)

La batería de evaluación K-ABC de Kaufinan (Kaufinan y Kaufinan, 1997) evalúa la inteligencia de niños comprendidos entre los 2 años y medio y los 12 años y medio, cubriendo por tanto un rango de edad similar a las escalas de Wechsler para niños; una diferencia importante con respecto a éstas es que el K-ABC no se centra tanto en los logros académicos o conocimientos. De este modo la batería se interesa más por los procesos que el niño realiza a la hora de resolver un problema que por la solución. Así, fundamentándose en la Neuropsicología y en la Psicología Cognitiva, incluye dos escalas diferentes:

-Procesamiento mental (inteligencia fluida), integrada por dos subescalas (escala de procesamiento secuencial y escala de procesamiento simultáneo). El procesamiento secuencial implica la habilidad para resolver problemas cuyos elementos son presentados serialmente, uno tras otro; los estímulos guardan una relación temporal y lineal con los precedentes. Por su parte, el procesamiento simultáneo alude a la habilidad para sintetizar la información necesaria en la resolución del problema, teniendo que integrar y sintetizar simultáneamente los estímulos para llegar a la solución correcta.

-Logro académico o conocimientos (inteligencia cristalizada). Esta escala evalúa los conocimientos y habilidades adquiridas en la escuela o de forma informal en el entorno del sujeto.

La Tabla 21.7. recoge los test que forman parte de cada una de estas escalas. Además, la batería proporciona una escala no verbal que permite la evaluación de niños con déficits auditivos o del lenguaje (véase la Tabla 21.8.).

A pesar de que el K-ABC está compuesto por 16 subtest, nunca se llegan a aplicar más de 13; así, se aplican 7 test a niños de 2 años y medio, 9 a los de 3 años, 11 a los de 4 y 5 años, 12 a los de 6 años y 13 al resto de edades.

Por lo que respecta a las garantías psicométricas, el K-ABC muestra unos valores adecuados. Así, la consistencia interna se sitúa entre 0,86 de la subesca- la de procesamiento simultáneo y 0,93 de la de logro académico; la fiabilidad test-retest a las dos semanas es de 0,77 para procesamiento simultáneo y secuencial, y de 0,95 en logro académico. Los estudios de validez realizados indican la existencia del procesamiento simultáneo y del procesamiento secuencial en un gran número de muestras, excepto en sujetos autistas y niños con retardo mental, por lo que en estas poblaciones sería más adecuado analizar globalmente las dos subescalas. Como cabría esperar, las correlaciones de este test con el WISGR son mayores en la escala de logro académico. Es importante señalar también que en la edición española se ha encontrado un «efecto suelo» y un «efecto techo» de los baremos.

Tabla 21.7

Test incluidos en la batería K-ABC

Tabla 21.8

Test que forman parte de la escala no verbal del K-ABC

21.3.2. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

En ocasiones, dentro de los peritajes judiciales, es necesario determinar posibles daños o lesiones neuropsicológicas que expliquen determinadas deficiencias cognitivas, psicomotoras, etc. que pueda manifestar un sujeto y que dificulten o impidan la comparecencia en un juicio o sean la secuela de algún delito. A continuación vamos a describir tres baterías diferentes: el LuriaDNA para adultos, el Test Barcelona para sujetos de más de 20 años y el Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil (CUMANIN) para niños de 3 a 6 años.

21.3.2.1. Diagnóstico Neuropsicológico de Adultos (DNA) de Luria

El Luria-DNA (Manga y Ramos, 2000) incluye nueve test distribuidos en cinco áreas diferentes: viso-espacial, lenguaje oral, memoria, inteligencia y atención (véase Tabla 21.9.). A continuación vamos a describir cada uno de ellos.

Tabla 21.9 Subtest del Luria-DNA

-Área visoespacial. Se exploran las funciones visuales superiores. Dado que el sujeto tiene que responder verbalmente a las tareas, se puede discernir entre déficits visoespaciales o de lenguaje. En el subtest de percepción vi sual el sujeto debe nombrar objetos, buscar figuras enmascaradas e identificar elementos que faltan en una estructura. En el subtest de orientación espacial el sujeto debe controlar coordenadas espaciales.

Áreadel lenguaje. Para evaluar esta área se incluye el test de habla receptiva y el test de habla expresiva. El habla receptiva se evalúa mediante el reconocimiento de palabras aisladas, señalando el sujeto sobre sí mismo o en tarjetas y objetos, y la comprensión de frases cuyo contenido depende principalmente de la concatenación sintáctica y de la retención en memoria de secuencias largas. El habla expresiva evalúa la producción del habla mediante la repetición de palabras y frases, la producción de nombres genéricos, la inclusión de palabras en una secuencia particular y el habla narrativa mediante series de palabras bien automatizadas y oraciones con palabras desordenadas.

-Área de memoria. La memoria inmediata se evalúa mediante el aprendizaje de una serie de 10 palabras no relacionadas presentadas en cinco ensayos, y la retención y evocación en tareas verbales (palabras, números, frases e historias) y no verbales (tarjetas con figuras). La memorización lógica se evalúa mediante la exploración de la memorización indirecta a través de la relación que el sujeto establece entre palabras y tarjetas, o entre expresiones y dibujos realizados por el propio sujeto.

-Área intelectual. El test de dibujos temáticos y textos analiza la comprensión de mensajes proporcionados a través de dibujos y textos, cuyo contenido presenta una complejidad que exige una actividad analítico-sintética. La actividad conceptual y discursiva evalúa la formación de ideas abstractas y la capacidad para resolver problemas.

-Control atencional. Se evalúa la atención-concentración mediante respuestas de contrarios, verbales y no verbales, teniendo que inhibir otras respuestas más fáciles y automatizadas, asociación de respuestas a sonidos difíciles de discriminar entre sí y el seguimiento de palabras que no contengan un determinado sonido vocálico.

En cada uno de los ítems aplicados se tiene en cuenta el tiempo y las vacilaciones, que pueden ser de imprecisión (dudas, titubeos, imprecisiones, etc.), atención (en caso de repetir la pregunta o las instrucciones) y tiempo (a no ser que se especifique otro tiempo a cada ítem no se le conceden más de 10 segundos para responder). Cada vacilación resta 1/4 de punto por lo que la puntuación directa de un test es:

Número de puntos conseguidos en todos los ítems - total de vacilaciones / 4.

Las puntuaciones directas de cada test son transformadas en puntuaciones típicas que nos permiten elaborar un perfil. Los análisis factoriales realizados muestran la composición de los 9 subtest y las 5 áreas que forman el Luria-DNA. La fiabilidad test-retest a los seis meses de aplicación es de 0,83 en la escala total, 0,61 en el área visoespacial, 0,63 en el área de lenguaje, 0,66 en el área de memoria y 0,75 en el área intelectual.

21.3.2.2. Test Barcelona

El Test Barcelona (Peña-Casanova, 1990) supone una sistematización de evaluación neuropsicológica realizada a partir de métodos clásicos recogidos de la literatura y de pruebas diseñadas por el propio autor, permitiendo una interpretación cuantitativa y cualitativa del paciente. El perfil que se obtiene nos proporciona información sobre las siguientes variables: orientación, atención y concentración, lenguaje (oral, escritura y lectura), praxias, gnosias, memoria, abstracción, y cálculo y solución de problemas; para la elaboración del perfil, que sigue una escala en percentiles, se tiene en cuenta la edad y los años de escolaridad del sujeto.

El Test Barcelona incluye 42 subtest, de los que muchos de ellos incluyen varias pruebas, en las que en algunas se tiene en cuenta el tiempo de resolución de la tarea, dando lugar a un total de 147 puntuaciones diferentes. Los 42 subtest son: lenguaje espontáneo, fluencia y contenido, prosodia, orientación, dígitos directos e invertidos, lenguaje automático y control mental, praxis orofonatoria, repetición verbal, repetición de errores semánticos, denominación viso-verbal, evocación categorial, comprensión verbal, lectura-verbalización, comprensión lectora, mecánica de la escritura, dictado, escritura espontánea, gesto simbólico, mímica de uso de objetos, uso secuencial de objetos, imitación de posturas, praxis constructiva, atención viso-gráfica, orientación topográfica, imágenes superpuestas, apareamiento de caras, colores, analizador táctil, reconocimiento digital, orientación derecha-izquierda, gnosis auditiva, memoria verbal de textos, aprendizaje seriado de palabras, memoria visual, cálculo, problemas aritméticos, información, abstracción verbal, clave de números y cubos (véase Peña-Casanova, 1991 y Peña-Casanova, Hernández y Jarreé, 1997).

21.3.2.3. Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil (CUMANIN)

El CUMANIN (Portellano Pérez, Mateos Mateos, Martínez Arias, Tapia Pavón y Granados García-Tenorio, 2000) viene a suplir la falta de baterías neuropsicológicas en edades tempranas, siendo aplicable a niños de 3 a 6 años. La prueba permite evaluar el grado de madurez neuropsicológica alcanzado por el niño, así como la posible presencia de indicadores de disfunciones cerebrales (Portellano Pérez y cols., 2000); para ello, a través de sus trece escalas evalúa cuatro de las funciones mentales básicas que se deben incluir en cualquier evaluación neuropsicológica: lenguaje, memoria, motricidad y sensorialidad. En la Tabla 21.10. se recoge el nombre de estas escalas que pasarnos a describir a continuación:

-Psicomotricidad. Incluye siete tareas diferentes: caminar a la pata coja, tocar la nariz con el dedo, estimulación de los dedos, andar en equilibrio, saltar con los pies juntos, mantenerse en cuclillas con los brazos en cruz y tocar con el pulgar todos los dedos de la mano.

Tabla 21.10

Escalas incluidas en el CUMANIN

-Lenguaje articulatorio. Repetir palabras con dificultad articulatoria progresiva.

-Lenguaje expresivo. Repetir cuatro frases con dificultad creciente.

-Lenguaje comprensivo. Responder a nueve preguntas sobre el contenido de una historia que ha escuchado previamente.

-Estructuración espacial. Realizar actividades de orientación espacial con dificultad creciente a través de respuestas psicomotoras y grafo-motoras.

-Viso-percepción. Copiar quince dibujos geométricos de complejidad creciente.

-Memoria ¡cónica. Memorizar diez dibujos de objetos sencillos.

-Ritmo. Reproducir siete series rítmicas sonoras de dificultad creciente.

-Fluidez verbal. Formar dos frases a partir de una sola palabra estímulo y dos a partir de dos palabras estímulo.

-Atención. Identificar y tachar veinte figuras geométricas iguales a un cuadrado incluidas en un total de 100 figuras.

-Lectura. Leer diez palabras de dificultad creciente y dos frases. Esta prueba solamente se aplica a partir de los 5 años.

-Dictado. Al igual que la prueba anterior se aplica sólo a niños mayores de 5 años y consiste en el dictado de diez palabras y dos frases.

-Lateralidad. Se analiza el predominio lateral de la mano, el ojo y el pie.

El test permite la elaboración de un perfil neuropsicológico una vez transformadas las puntuaciones directas en centiles; además de las puntuaciones parciales, en cada escala se puede obtener un cociente de desarrollo, así como una puntuación en desarrollo verbal y otra en desarrollo no verbal. Los datos psicométricos proporcionados por los autores son aceptables; se informa de una consistencia interna de todo el test que oscila entre 0,83 y 0,98 según los grupos de edad, y entre 0,57 y 0,92 para las diferentes escalas.

21.3.3. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD

La evaluación de los rasgos de personalidad normal o patológica es una constante en los peritajes judiciales. Conocer los patrones habituales de comportamiento de un determinado individuo se hace indispensable a la hora de tomar decisiones en el ámbito jurídico; asimismo, es necesario conocer si el sujeto evaluado presenta alguna psicopatología. Toda esta información nos la proporcionan los diferentes test de personalidad elaborados a lo largo de la historia de la evaluación psicológica. Aparte, muchos de ellos nos permiten conocer si el sujeto tiene tendencia a mentir; las escalas de deseabilidad social y de simulación incluidas en la mayor parte de estos test nos permiten conocer esta posibilidad. A continuación, vamos a describir los test de personalidad más utilizados y que tienen aplicabilidad en Psicología Jurídica; comenzaremos por los que evalúan rasgos de personalidad normal (EPQ-R, EPQ-J, 16PF-5 y PPG-IPG) y terminaremos por los test clínicos (MMPI-2 y MCMI-II).

21.3.3.1. Cuestionario de Personalidad para Adultos (EPQ-R) y Niños (EPQ J)

El EPQ-J (8 a 15 años) (Eysenck y Eysenck, 1997) y el EPQ-R (Eysenck y Eysenck, 1992) (16 años en adelante) nos proporcionan información acerca de tres dimensiones básicas de la personalidad (neuroticismo, extraversión y psicoticismo o dureza) y de la sinceridad del sujeto. El sujeto que puntúa alto en neuroticismo se caracteriza por ser ansioso, preocupado, con cambios de humor y frecuentemente deprimido; sus fuertes reacciones emocionales le dificultan una adaptación adecuada. Por su parte, el sujeto que puntúa alto en extraversión es sociable, buscador de excitación, arriesgado, despreocupado y optimista. Por último, una puntuación alta en psicoticismo muestra a una persona solitaria, despreocupada de los demás, que les crea problemas, puede ser cruel e insensible. Se incluye también una escala de sinceridad que resulta fiable, válida y útil para identificar a los sujetos que tienden a responder en un sentido deseable. El EPQ-R posibilita la aplicación de una versión breve o reducida (EPQ-R.S) que consigue las mismas puntuaciones que la versión completa, siendo satisfactorios los datos psicométricos de ambas versiones. En el EPQ-J, además de la puntuación en estas tres escalas, se puede obtener una puntuación en conducta antisocial o de propensión a la criminalidad. Los datos psicométricos de estos dos test son aceptables. Así, la fiabilidad test-retest al mes en muestras inglesas supera en todas las escalas el valor de 0,75; la consistencia interna obtenida en muestras españolas oscila entre 0,61 y 0,82, dependiendo de la escala.

21.3.3.2. Cuestionario Factorial de Personalidad 16PF-5

El 16PF-5 (Cattell, Cattell y Cattell, 2000) es el test más utilizado en la evaluación de la personalidad. La ventaja de este instrumento frente a otros como el EPQ descrito anteriormente es que nos proporciona un perfil completo de la personalidad, en este caso 16 factores diferentes (escalas primarias); además, la nueva estructura factorial del test lo sitúa en la línea de los cinco grandes factores de personalidad, proporcionándonos una puntuación en cada uno de estos cinco factores o dimensiones globales (extraversión, ansiedad, dureza, independencia y autocontrol). La Tabla 21.11. describe las 16 escalas primarias y la Tabla 21.12. las 5 dimensiones globales.

Tabla 21.11

Descripción de las escalas primarias del 16PF-5 (Russel y Karol, 2000)

Tabla 21.12

Descripción de las dimensiones globales del 16PF-5 (Russel y Karol, 2000)

La interpretación del 161F-5 debe seguir tres pasos (Russell y Karol, 2000):

-Interpretación de los estilos de respuesta. El 16PF-5 incluye tres escalas de validez. Una puntuación baja en la escala de manipulación de la imagen (MI) indica intento de simulación, es decir, que el sujeto ha mostrado un excesivo número de conductas socialmente no deseables; una puntuación elevada indicaría lo contrario, deseabilidad social o un exceso de conductas deseables. La escala de infrecuencia (IN) indica la presencia de opciones de respuesta infrecuentes, así una puntuación de 1 situaría al sujeto en el centil 81 y una puntuación de 5 en un centil de 96. La tercera escala, la de aquiescencia (AQ), controla la tendencia a responder verdadero.

-Interpretación de las dimensiones globales. En primer lugar, se deben analizar los apuntamientos, es decir, las escalas que presentan una puntuación decatipo menor a 3,5 o superior a 7,5, teniendo en cuenta que el 47 por 100 de la población presenta 0-1 apuntamientos, el 78 por 100 presenta 2 apuntamientos, y entre 3 y 5 apuntamientos únicamente el 5 por 100 de la población. A continuación se debe tener en cuenta si existen congruencias entre las dimensiones globales y las escalas primarias; para ello, se puede seguir la Tabla 21.13.

-Interpretación de las escalas primarias. En primer lugar, se analizan los apuntamientos, teniendo en cuenta que un perfil plano o con un solo apuntamientolo presenta un 4 por 100 de la población, entre 3 y 7 apuntamientos un 69 por 100 y 9 o más apuntamientos solamente aparecen en un 5 por 100 de la población; en segundo lugar, se describe cada uno de los apuntamientos.

Tabla 21.13

Congruencias entre las dimensiones globales y las escalas primarias del 16PF-5

El signo (-) indica puntuación baja y el (+) puntuación elevada.

Los datos psicométricos incluidos en el manual del test indican una fiabilidad test-retest a las dos semanas entre 0,69 y 0,86, valores que bajan a los dos meses. La consistencia interna de las distintas escalas oscila entre 0,69 y 0,85. Los datos referidos a la validez muestran correlaciones adecuadas con otros test de personalidad como el Inventario Psicológico de California o el NEO PI-R, entre otros.

21.3.3.3. Perfil e Inventario de Personalidad (PPG-IPG)

El PPG-IPG (adolescentes y adultos) (Gordon, 1996) evalúa nueve rasgos básicos de la personalidad. El PPG permite una medida bastante simple de cuatro aspectos de la personalidad que resultan significativos en la vida cotidiana: Ascendencia (Asc), Responsabilidad (Res), Estabilidad emocional (Est) y Sociabilidad (Soc); además, el perfil ofrece la posibilidad de una medida conjunta de Autoestima (Aut) basada en la suma de las puntuaciones en los cuatro rasgos anteriores. El IPG es un instrumento complementario para medir cuatro rasgos adicionales: Cautela (Cau), Originalidad de pensamiento (Ori), Comprensión (Com) en las relaciones personales y Vitalidad (Vit) en la acción. Todos estos rasgos pueden interpretarse como factores bipolares en los que una puntuación alta indicará que las características del sujeto están más cerca del constructo aludido con el término, mientras que una puntuación baja podría interpretarse como falta de las características de dicho rasgo (véase la Tabla 21.14.). El autor informa de adecuados índices de fiabilidad y validez (Gordon, 1996).

Tabla 21.14

Rasgos básicos de personalidad incluidos en el PPG-IPG

21.3.3.4. Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota-2 (MMPI-2)

Después de muchos años de uso del MMPI, su empleo sigue siendo algo habitual en el diagnóstico de trastornos psicopatológicos en población adulta. La versión actual del MMPI-2 (Hathaway y McKinnley, 1999) incluye junto a las escalas de validez y básicas clásicas otro grupo de escalas de contenido que ayudan a mejorar el diagnóstico clínico. La Tabla 21.15. describe las escalas de validez L, F y K que se utilizan para controlar el grado de sinceridad del sujeto; la Tabla 21.16. describe las diez escalas básicas (hipocondría, depresión, histeria de conversión, desviación psicopática, masculinidad-feminidad, paranoia, psicastenia, esquizofrenia, hipomanía e introversión social) y la Tabla 21.17. las quince escalas de contenido (ansiedad, miedos, obsesividad, depresión, preocupaciones por la salud, pensamiento estrafalario, hostilidad, cinismo, conductas antisociales, comportamiento tipo A, baja autoestima, malestar social, problemas familiares, interferencia laboral e indicadores negativos del tratamiento) (Hathaway y McKinnley, 1999). Además, en el perfil proporcionado por el MMPI-2 se incluyen 18 escalas suplementarias (ansiedad, represión, fuerza del yo, escala revisada de alcoholismo de MacAndrew, F posterior, inconsistencia respuesta verdadero, inconsistencia respuestas variables, hostilidad excesivamente controlada, dominancia, responsabilidad social, inadaptación universitaria, rol del género masculino, rol del género femenino, trastorno de estrés postraumático de Keane, trastorno de estrés postraumático de Schlenger, malestar matrimonial, potencial de adicción y reconocimiento de adicción y 3 1 subescalas (depresión subjetiva, retardo psicomotor, disfunción física, enlentecimiento mental, rumiación, negación de ansiedad social, necesidad de afecto, lasitud-malestar, quejas somáticas, inhibición de la agresión, discordia familiar, problemas con la autoridad, frialdad social, alienación social, autoalienación, ideas persecutorias, hipersensibilidad, ingenuidad, alienación emocional, ausencia control yo cognitivo, ausencia control yo conativo, ausencia control yo-inhibición defectuosa, experiencias sensoriales extrañas, amoralidad, aceleración psicomotriz, imperturbabilidad, autoenvanecimiento, timidez/autocohibición, evitación social y alienación respecto a sí mimo/otros.

Aparte del análisis de las escalas de validez se puede calcular el índice de Gough, que analiza también la tendencia de respuesta del sujeto, controlando tanto la deseabilidad social como la simulación. Su valor se obtiene restando las puntuaciones directas de F y K (F-K). Esta puntuación para ser normal tiene que estar situada entre - 9 y +9; un valor de +9 o superior muestra un intento de simulación por parte del sujeto y - 9 o inferior un afán de mejorar la imagen (deseabilidad social).

Tabla 21.15

Escalas de validez del MMPI-2

Tabla 21.15

Escalas de validez del MMPI-2 (continuación)

Tabla 21.16

Escalas básicas del MMPI-2

Tabla 21.17

Escalas de contenido del MMPI-2

21.3.3.5. Inventario Clínico Multiaxial de Millon-II (MCMI-II)

El MCMI-II (Millon, 1998) es el instrumento más utilizado en la evaluación de los trastornos de personalidad en personas adultas. El cuestionario está fundamentado en la teoría que el propio autor desarrolla de la personalidad y tiene la ventaja que los diagnósticos que proporciona se ajustan a las clasificaciones del DSM. Se incluyen cuatro escalas de validación (validez, V; sinceridad, X; deseabilidad, Y; alteración, Z). La escala V debe ser igual a cero, pues un valor superior hace dudar o invalida el perfil clínico; la escala X tiene que tener una puntuación directa dentro del intervalo 145-590; y las escalas Y y Z no deben superar la puntuación típica 75. Aparte de las escalas de validez, el test incluye 10 escalas básicas de personalidad (esquízoíde, fóbica, dependiente, histriónica, narcisista, antisocial, agresivo-sádica, compulsiva, pasivo-agresiva y autodestructiva), tres de personalidad patológica (esquizotípica, límite y paranoide), seis escalas de síndromes clínicos de gravedad moderada (ansiedad, histeriforme, hipomanía, neurosis depresiva, abuso de alcohol y abuso de drogas) y, por último, tres escalas de síndromes clínicos de gravedad severa (pensamiento psicótico, depresión mayor y trastorno delirante) (Millon, 1998). Las Tablas 21.18., 21.19., 21.20. y 21.21. describen cada uno de estos grupos de escalas.

Tabla 21.18

Escalas básicas de personalidad del MCMI-II

Los datos psicotnétricos proporcionados por los autores son aceptables. La consistencia interna de las distintas escalas oscila entre 0,81 y 0,93. En el manual del test se informa de múltiples indicadores de validez (véase Millon, 1998).

Tabla 21.19

Escalas de personalidad patológica de MCMI-II

Tabla 21.20

Escalas de síndromes clínicos de gravedad moderada del MCMI-II

Tabla 21.21

Escalas de síndromes clínicos de gravedad severa del MCMI-II

21.3.4. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE LA ADAPTACIÓN

En este apartado vamos a describir algunas pruebas que se utilizan en la evaluación, sobre todo de los adolescentes, en diferentes medios. Estos instrumentos pueden ser útiles a la hora de realizar un peritaje judicial con el fin de conocer el grado de adaptación. Vamos a comentar brevemente la Escala de Satisfacción Familiar por Adjetivos (ESFA), el Autoconcepto Forma 5 (AF-5) para adolescentes y adultos, la Escala de Habilidades Sociales (EHS) aplicables tanto a adolescentes como a adultos, el Inventario de Adaptación de Conducta (IAC) para adolescentes a partir de 12 años, el Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil (TAMAL), la Batería de Socialización para profesores y padres (BAS 1-2) para niños y adolescentes de 6 a 15 años y la Batería de Socialización-Autoevaluación (BAS-3) para niños y adolescentes de 11 a 19 años.

21.3.4.1. La Escala de Satisfacción Familiar por Adjetivos (ESFA)

Este inventario es un test rápido de aplicar que evalúa la satisfacción familiar a partir de distintos adjetivos. Cada uno de los 27 ítems está formado por una pareja de adjetivos antónimos, por ejemplo, feliz-infeliz. El sujeto debe elegir en un escala desde «Totalmente» a «Algo» el grado con que se identifica en cada adjetivo. Los datos psicométricos proporcionados por los autores son aceptables, señalándose una consistencia interna de 0,97 y una fiabilidad testretest de 0,76 a las cuatro semanas; el test muestra también buenas correlaciones con otras pruebas similares (Barraca y López-Yarto, 1999).

21.3.4.2. Autoconcepto Forma 5 (AF-5)

El AF-5 permite evaluar, tanto en adolescentes como en adultos, cinco dimensiones diferentes: autoconcepto académico/laboral (percepción que el sujeto tiene de la calidad del desempeño de su rol como estudiante o como traba jador), autoconcepto social (percepción del desempeño en las relaciones sociales), autoconcepto emocional (percepción del estado emocional y de las respuestas a situaciones específicas), autoconcepto familiar (percepción de la implicación e integración en el medio familiar) y autoconcepto físico (percepción que el sujeto tiene de su aspecto físico y de su condición física). La consistencia interna oscila entre 0,69 del factor social y 0,88 del académico/laboral; la fiabilidad test-retest informada a los seis meses oscila entre 0,52 y 0,70 (García y Musitu, 2001).

21.3.4.3. Escala de Habilidades Sociales (EHS)

Esta escala, que evalúa la aserción y las habilidades sociales, está formada por siete factores: autoexpresión en situaciones sociales, defensa de los propios derechos como consumidor, expresión de enfado o disconformidad, decir no y cortar interacciones, hacer peticiones, iniciar interacciones con el sexo opuesto y un factor global que es el resultado de sumar los valores obtenidos en los seis factores anteriores. A mayor puntuación en cada uno de estos factores, el sujeto expresa más habilidades sociales y capacidad de aserción en distintos contextos. La fiabilidad para esta escala es de 0,88 (Gismero, 2000).

21.3.4.4. Inventario de Adaptación de Conducta (IAC)

Este inventario constituye una prueba de adaptación a cuatro niveles diferentes: personal, familiar, escolar y social. El IAC se ha elaborado fundamentándose en los cambios característicos de la adolescencia. Así, en el aspecto personal se observa preocupación por la evolución del organismo, sentimientos de inferioridad y falta de aceptación de los cambios corporales; en el ámbito familiar surgen actitudes críticas, dificultades en la convivencia y falta de aceptación de las normas establecidas; en el contexto escolar aparecen posturas de censura o rebeldía frente a la organización de la escuela y a la actuación de los profesores y compañeros; y, por último, en el plano social, tienen lugar conductas negativas, deseos de aislamiento, actitudes críticas e inseguridad. La consistencia interna de la escala global es de 0,97, oscilando las subescalas entre 0,81 y 0,85; en cuanto a la validez, los autores informan de correlaciones del IAC con otras pruebas similares (De la Cruz y Cordero, 1999).

21.3.4.5. Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil (TAMAL)

Este test permite evaluar la inadaptación personal, social, escolar, familiar y las actitudes educadoras de los padres, incluyéndose diferentes factores dentro de cada una de estas áreas que permiten establecer la causa de la inadaptación. El autor informa de datos psicométricos aceptables para la prueba (Hernández-Hernández, 1996).

21.3.4.6. Batería de Socialización (BAS)

Esta batería evalúa varios aspectos de la conducta social en niños y adolescentes en ambientes escolares y extraescolares. Está compuesta por tres baterías que pueden ser administradas de forma independiente: BAS-1 para profesores y BAS-2 para padres son baterías equivalentes, cambiando sólo algunos términos para adecuar el texto al ambiente específico (escolar o extraescolar); ambas baterías contienen ocho escalas: cuatro escalas de aspectos positivos/facilitadores, tres escalas de aspectos negativos/perturbadores/inhibidores y una escala donde se obtiene una apreciación global de la socialización (véase la Tabla 21.22.). La fiabilidad para cada una de las escalas del BAS-1, BAS-2 y BAS-3 aparece en la Tabla 21.23 (Silva y Martorell, 1999).

Tabla 21.22

Escalas de BAS-1 y BAS-2

Tabla 21.23

Fiabilidad de las escalas de BAS-1, BAS-2 y BAS-3

Por su parte, la BAS-3 viene a completar el conjunto de instrumentos de la batería de socialización, indagando en este caso la percepción que los propios sujetos (niños mayores y adolescentes) tienen de su conducta social; esta batería proporciona un perfil de la conducta social a través de seis escalas (véase Tabla 21.24.).

Tabla 21.24

Escalas de BAS-3

21.3.5. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE TRASTORNOS ESPECÍFICOS

Por último vamos a describir algunos instrumentos específicos para la evaluación de la ansiedad, depresión, ira y conducta antisocial tanto en población adulta como en infantil. Obviamente, la lista de instrumentos de este tipo es amplia y una descripción exhaustiva de todos ellos iría más allá del objetivo de este capítulo, por lo que nos centraremos exclusivamente en los más significativos.

21.3.5.1. Inventario de Depresión de Beck (BDI)

El BDI es uno de los instrumentos más empleados para evaluar la depresión en sujetos adultos. En España existen dos adaptaciones (Conde, Esteban y Useros, 1976; Vázquez y Sanz, 1991). La primera se basa en la versión original y está compuesta de 19 ítems, debido a que se eliminaron los ítems relativos a sentimientos de castigo e imagen corporal; la segunda adaptación mantiene los 21 ítems consistentes en una serie de afirmaciones referidas a un síntoma particular de la depresión. Cada ítem consta de cuatro o cinco opciones de respuesta que se corresponden con una distinta gravedad de la expresión del síntoma. Se puntúa cada ítem de 0 a 3. La puntuación global oscila entre 0 y 63 puntos. Las categorías de severidad se han dividido en intervalos: estado no depresivo (0-9 puntos), depresión media (10-15 puntos), depresión moderada (16-23 puntos) y depresión severa (24-63 puntos). Del análisis psicométrico del BDI parecen deducirse unos buenos ajustes en los distintos criterios de validación: estabilidad temporal, validez convergente, discriminante y criterial (Ibáñez, Peñate y González, 1997).

21.3.5.2. Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI)

Este cuestionario (Spielberger, Gorsuch y Lushene, 1982) se compone de un total de 40 ítems (20 para cada subescala). Los sujetos adultos describen como se sienten generalmente (ansiedad rasgo) o en ese momento (ansiedad estado). La subescala de ansiedad estado sí nos permite detectar la ansiedad en el momento actual. Es posible obtener puntuaciones separadas para cada escala. Los datos de fiabilidad test-retest proporcionados por los propios autores del instrumento son de 0,81 y 0,40 para las subescalas de ansiedad rasgo y estado, respectivamente. Esto refleja la mayor sensibilidad de la versión de ansiedad estado a las distintas situaciones. Por otra parte, el coeficiente alfa de consistencia interna fue de 0,91 y 0,94 (Echeburúa, 1993).

21.3.5.3. Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA)

Este inventario (Miguel-Tobal y Cano Vindel, 1997) está diseñado para evaluar tanto situaciones como respuestas de ansiedad en sujetos a partir de los 16 años; asimismo, recoge conductas o respuestas pertenecientes al sistema cognitivo, fisiológico y motor de cuatro factores distintos:

-Ansiedad ante la evaluación. Situaciones que implican ser evaluado y situaciones en que el sujeto debe tomar decisiones o responsabilidades.

-Ansiedad interpersonal. Situaciones de carácter interpersonal, tales como las de tipo sexual o aquellas que implican relaciones directas con otros individuos.

-Ansiedad fóbica. Situaciones en las que aparecen como elementos centrales estímulos fóbicos.

-Ansiedad ante situaciones habituales o de la vida cotidiana. Situaciones que tienen que ver con el contexto y el quehacer diario y habitual de un sujeto.

Los índices de fiabilidad y validez informados por los autores del test son satisfactorios (Miguel-Tobal y Cano Vindel, 1997).

21.3.5.4. Inventario de Expresión de Ira Estado-Rasgo (STAXI-2)

Este inventario (Miguel-Tobal, Casado, Cano-Vindel y Spielberger, 2001) para adolescentes y adultos permite la evaluación objetiva de la experiencia, expresión y control de la ira a través de dos componentes principales: estado de ira y rasgo de ira; tal como recoge la Tabla 21.25., proporciona puntuaciones en seis escalas, cinco subescalas y un índice de expresión de la ira. Sus autores informan de índices aceptables de fiabilidad test-retest (0,71 en la escala de rasgo ira), consistencia interna (las escalas oscilan entre 0,64 del índice de expresión de ira y 0,89 del estado de ira), validez concurrente con otros instrumentos que evalúan hostilidad y validez divergente; para una mayor información al respecto se puede consultar Miguel-Tobal y cols. (2001).

21.3.5.5. Cuestionario de Ansiedad Infantil (CAS)

Este cuestionario permite detectar los niveles de ansiedad en niños de 6 a 8 años; su aplicación es sencilla y muy atractiva para el niño. Los autores informan de una consistencia interna de 0,65 y de la relación del test con otros instrumentos similares (Gillis, 1992).

21.3.5.6. Cuestionario de Autoevaluación Ansiedad Estado/Rasgo en Niños (STAIC)

El STAIC presenta las mismas características que su predecesor en adultos (STAI) descrito anteriormente. Los coeficientes de fiabilidad oscilan entre 0,83 y 0,93; los estudios de validez realizados dejan claro la existencia de los dos factores que evalúa (Spielberger, 1998).

Tabla 21.25

Interpretación de las escalas y subescalas del STAXI-2

21.3.5.7. Cuestionario de Depresión para Niños (CDS)

El CDS permite la evaluación global y específica de la depresión en población infantil proporcionando puntuaciones en dos factores (total depresivo y total positivo). Cada uno de estos factores da lugar a otras subescalas; así, la prímera de ellas proporciona puntuaciones en respuesta afectiva, problemas socia les, autoestima, preocupación por la muerte y salud, sentimiento de culpabilidad y síntomas depresivos varios; el segundo factor da lugar a puntuaciones en ánimo-alegría y elementos positivos varios. La consistencia interna informada por los autores es de 0,91 para la escala depresiva y de 0,60 para la positiva; los datos sobre validez también son aceptables (Lang y Tisher, 2000).

21.3.5.8. Cuestionario de Conductas Antisociales-Delictivas A-D.

Este cuestionario para niños y adolescentes evalúa dos dimensiones diferentes de la conducta desviada:

-Conducta antisocial (A): conductas que pueden definirse como «actos gamberros» que no están fuera de la ley (alborotar, decir tacos, pisotear plantas, etc.).

-Conducta delictiva (D): conductas que están fuera de la ley (robar, forzar una entrada, amenazar con algún arma, etc.).

La consistencia interna supera el valor de 0,80 y se informa de diversos indicadores de validez (Seisdedos, 2000).

21.4. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICAS DE LA PSICOLOGÍA FORENSE

Por desgracia, actualmente apenas existen en lengua castellana técnicas diseñadas exclusivamente para la Psicología Forense. La mayoría de las técnicas que se utilizan hoy en día pertenece al campo de la Psicología Clínica (hay que recordar que todo psicólogo forense es ante todo un psicólogo clínico). En cambio, en lengua inglesa esta situación es diferente, ya que existe una amplia gama de áreas psicológicas evaluadas desde el campo de la Psicología Forense.

21.4.1. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE LA VERACIDAD DEL TESTIMONIO

La evaluación de la veracidad del testimonio es primordial en Psicología Forense porque a través de ésta nos permite determinar la aptitud y validez de todo sujeto que intervenga en el proceso judicial (declaraciones, selección de jurados, etc.).

21.4.1.1. Entrevista Cognitiva

Esta entrevista (Diges y Alonso-Quecuty, 1993; Soria y Hernández, 1994) fue diseñada en los años 80 por Fisher y Geiselman en Estados Unidos. Se utiliza para mejorar el recuerdo de víctimas o testigos de un acontecimiento, una situación, un delito o una persona. Está basada en la existen cia de diversos canales de recuperación de la información previamente almacenada en la memoria, ya que al igual que se conocen distintas formas de codificar un hecho, este mismo hecho puede recuperarse siguiendo diferentes pautas, puesto que existen dos principios básicos sobre los que se sustentan las técnicas de recuperación de la memoria; por un lado, que no hay un único canal de recuperación de memoria para un mismo hecho y, por otro, el que una huella de memoria engloba distintas características y una ayuda de recuerdo será eficaz sólo en el supuesto de que se dé una similitud entre la huella de memoria y la ayuda de recuerdo. A su vez, es sabido que la memoria de una persona puede variar dependiendo de múltiples variables; por tanto, a la hora de utilizar la entrevista cognitiva se debe asegurar que el sujeto se encuentre en un ambiente neutro sin distracciones externas para poder concentrarse adecuadamente. A su vez, es prioritario establecer una buena comunicación entre entrevistado y entrevistador que ayude a estimular el recuerdo mediante el planteamiento de preguntas abiertas, permitiéndole utilizar el lenguaje no verbal, evitándole interrupciones en su secuencia de pensamiento, etc.

Las fases específicas que componen la entrevista cognitiva son las siguientes:

-Narración completa. Se pide al sujeto que narre libremente la situación, incluyendo incluso aquellos detalles que considere más irrelevantes. En esta fase el entrevistador no debe dar instrucciones al entrevistado sobre imágenes concretas, datos relevantes o hacer preguntas que tengan una relación directa con el caso en evaluación.

-Reconstrucción del contexto. Se solicita al sujeto que desarrolle una imagen mental lo más específica posible del lugar donde se sucedieron los hechos, incluyendo el número de personas existentes, características físicas de éstas, matrículas y/o colores de coches, sonidos, olores, temperatura ambiental, etc. De esta forma, una vez que el sujeto ha obtenido una imagen mental completa del contexto se le requiere que focalice la acción desde distintos puntos de vista en el espacio (por ejemplo, «¿qué hubieras visto de haber estado detrás del coche rojo?», etc.) para de esta forma procurarle nuevos estímulos ambientales que puedan ayudarle a recuperar información valiosa para el caso en estudio.

-Cambio de perspectiva. Se pide al sujeto que, de nuevo, narre la situación pero esta vez desde la posición de otra persona (agresor, víctima, testigos, etc.), haciendo que intente describir lo que esa persona pudo ver, sentir, escuchar, etc.

-Variación del orden en el tiempo. Se solicita al sujeto que reconstruya la situación desde distintas perspectivas temporales, es decir, desde el final hasta el principio, desde la mitad hasta el final, desde la mitad hasta el principio, desde el momento más impactante hasta el final, etc.

Debemos señalar que para aumentar la eficacia de esta entrevista es recomendable que se administren las cuatro fases que componen la entrevista cognitiva más de una vez a cada sujeto, dejando un período de tiempo (varios días) entre cada aplicación. Asimismo, es conveniente que cada vez que se repitan las cuatro fases en un mismo sujeto se cambie el entrevistador para evitar sesgos procedentes de éste y una posible habituación del sujeto hacia el entrevistador que pueda afectar negativamente a la calidad y/o cantidad de información recuperada. Por último, hay que comentar que la fase de narración completa siempre debe ser la que inicie la entrevista cognitiva; sin embargo, las tres fases restantes pueden cambiarse de orden dependiendo de cada sujeto en particular y del caso en evaluación.

21.4.1.2. Registro psicofisiológico (polígrafo)

Los registros psicofisiológicos pueden ser de dos tipos: test de engaño diseñados para verificar si un sujeto está diciendo la verdad o no y test informativos diseñados para determinar si un sujeto posee información relevante sobre un suceso criminal. Estas dos modalidades de registro psicofisiológico se basan en las respuestas fisiológicas de un sujeto ante determinadas preguntas, pero se diferencian en los fundamentos psicológicos y/o psicofisiológicos que los sustentan (Raskin, 1994). La veracidad del testimonio de un sujeto se comprueba a través de los cambios producidos a nivel psicofisiológico en diversas variables: temperatura corporal, tasa cardíaca, respiración, conductancia electrodérmica y presión sanguínea. Al sujeto se le presenta una serie de preguntas o imágenes que anteriormente ha debido repasar y se registran los cambios psicofisiológicos experimentados en cada una de las variables anteriores ante la presentación de las preguntas/imágenes y ante la emisión de cada una de sus respuestas. Se considera que un sujeto está mintiendo cuando existen cambios psicofisiológicos significativos en el momento de responder y no ante la lectura de las preguntas o la visión de las imágenes. A pesar de su alta validez (0,98) el polígrafo está poco aceptado fuera del contexto anglosajón, donde se utiliza en una amplia gama de servicios (casos judiciales, selección de personal, etc.). Las principales limitaciones de esta técnica son:

-Maniobras físicas o mentales por parte del sujeto (pensamientos distractores, relajación, uso de droga, hipnosis, etc.) a la hora de reaccionar ante los estímulos presentados (preguntas o imágenes).

Ciertosfactores de personalidad y el estado mental pueden desestimar el hecho de que un sujeto sea apto para realizarle un examen poligráfico; es decir, los sujetos psicóticos, los psicópatas y los escasamente socializados darían valores nulos o no fiables en los registros poligráficos porque carecen de conciencia social y/o moral, es decir, carecen de la capacidad cognitiva necesaria para conocer la naturaleza y cualidad del acto que estaban haciendo, o bien que a pesar de ser conscientes de sus acciones no saben que dichos actos estaban fuera de la legalidad (Raskin, 1994).

21.4.2. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD PSICOPATOLÓGICA

21.4.2.1. Hare Psychopathy Checkhst: Screening. Versión PCL-SV

La Hare Psychopathy Checkhst: Screening. Versión (PCL-SV) (Listado de Psicopatía de Hare: Versión Breve) (Hart, Cox y Hare, 1991) es una versión abreviada del Hare Psychopathy Checklst-Revised (PCL-R). La relevancia de esta técnica es que está elaborada a partir de poblaciones forenses. Aunque originalmente se diseñó con muestras anglosajonas, en la actualidad está traducida al castellano y adaptada a muestras españolas por Cuquerella, Torrubia, Navarro, López y Genís (2002). Esta prueba junto con información complementaria penal, personal y biográfica de un sujeto permite evaluar el Trastorno Psicopático de Personalidad (TPP). La PCL-SV consiste en una entrevista semiestructurada que evalúa las respuestas de un sujeto y la información que se obtiene de archivos penitenciarios. Dicha entrevista consta de 12 ítems que evalúan los rasgos conductuales de los trastornos de la personalidad psicopatológica (antisocial). La puntuación total oscila entre 0 y 24 puntos, con una línea de corte aproximadamente sobre los 18 puntos (psicopatía significativa). Dicha puntuación total indica el grado en que un sujeto puede considerarse como un psicópata típico; además, proporciona dos factores de psicopatía: Factor 1 (egoísmo, insensibilidad, ausencia de remordimiento y uso de otras personas para fines propios sin remordimientos) y Factor 2 (estilo de vida crónicamente inestable y antisocial).

Atendiendo a los datos obtenidos durante los últimos años en el contexto judicial, la PCL-SV puede considerarse como un instrumento de evaluación diagnóstica válido y fiable (consistencia interna de 0,81) en cuanto a la gravedad de las infracciones cometidas por un sujeto, su riesgo de reincidencia y sus limitaciones a la hora de seguir un tratamiento terapéutico.

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Luz ANYLLA MORALES

22.1. INTRODUCCIÓN

La autopsia psicológica es un procedimiento pocas veces tratado en los manuales de Psicología Forense. Sin embargo, dada la creciente demanda de opiniones de profesionales en casos de muertes equívocas y de situaciones en las que se requiere comprender el comportamiento de una persona antes de morir, se ha despertado un mayor interés en los procedimientos de evaluaciones reconstructivas, para utilizarse como material probatorio en los procesos legales. Este capítulo provee una visión general de la autopsia psicológica como evaluación reconstructiva, especialmente en el ámbito forense. Su objetivo es proporcionar información básica sobre los principales elementos que deben tenerse en cuenta para realizarla, así como señalar los riesgos que existen en la fiabilidad y la validez de este procedimiento. Se inicia con una descripción histórica y conceptual, se explican las situaciones en que es posible realizar una valoración de este tipo y se presentan los elementos clave de este procedimiento, discutiendo algunos de sus problemas metodológicos; finalmente, se señalan algunos principios éticos relacionados con la elaboración de informes forenses.

22.2. HISTORIA Y DEFINICIÓN DE LA AUTOPSIA PSICOLÓGICA

La autopsia psicológica nació en Los Ángeles (Estados Unidos) a finales de los años cincuenta como respuesta a la necesidad administrativa de definir la etiología médico-legal de muertes dudosas en las que no había suficientes elementos para afirmar si se trataba de un suicidio o de un accidente. El médico forense, jefe del Condado de los Ángeles, Theodore J.Curpley, encontró una serie de fallecimientos producidos por drogas cuyo modo de muerte era difícil de establecer a partir de la evidencia disponible. Con el objeto de reorganizar los archivos y re solver los inconvenientes, convocó a otros profesionales y conformó un equipo para evaluar, determinar y certificar el modo de muerte más probable, dando origen a lo que posteriormente se llamaría autopsia psicológica (Annon, 1995; Esbec, 2000; Esbec, Delgado y Rodríguez, 1994). En 1961 Shneidman y Farberow, en colaboración con el Centro de Prevención de Suicidio de Los Ángeles, acuñaron el término de «autopsia psicológica» para referirse precisamente al procedimiento o técnica de investigación utilizada para clasificar muertes equívocas (Esbec, 2000; Jacobs y Klein-Benheim, 1995; Shneidman, 1981; Shneidman, 1994); posteriormente, se dedicaron a detallarla con la colaboración de Litman, Curphey y Tabachnick (Ebert, 1987). Durante muchos años, continuando con la aplicación original, el concepto de autopsia psicológica se definió en función de su utilización en la determinación del modo de muerte. Sin embargo, la amplia aplicabilidad de este procedimiento (desde la prevención y tratamiento del suicidio hasta la caracterización de víctimas de homicidio) ha dado origen a definiciones mucho más amplias. Actualmente, la autopsia psicológica se puede definir como una evaluación post mortero que consiste en un análisis retrospectivo de las condiciones psicológicas de una persona antes de morir (Ebert, 1987; Jacobs y KleinBenheim, 1995; Rossenberg y cols., 1988; Selkin,1994; Shneidman, 1981; Simon, 1998; Young, 1992a). En otras palabras, es un proceso indirecto de recogida y análisis de información que tiene por objetivo describir y explicar el estado psicológico previo al fallecimiento de una persona.

22.3. ¿CON QUÉ FIN SE LLEVA A CABO UNA AUTOPSIA PSICOLÓGICA?

La autopsia psicológica se utiliza con diversos propósitos que han sido clasificados y explicados de acuerdo con la perspectiva de distintos autores (Annon, 1995; Ebert, 1987; García, 2001a, 2001b, 2001c; Jacobs y KleinBenheim, 1995; Shneidlman, 1981; Young, 1992a, 1992b). Para explicar las situaciones en que es aplicable este tipo de evaluación proponemos dos criterios: uno, el área en la que se realiza (clínica, criminológica, de investigación criminal, de Derecho Penal o de Derecho Civil) y otro, el objetivo que persigue (prevenir suicidios, certificar un modo de muerte o asesorar a funcionarios de la justicia). De acuerdo con estos criterios la autopsia psicológica puede emplearse para determinar el modo de muerte, para evaluar si existe alguna relación entre el comportamiento de la víctima y las condiciones en que falleció e, incluso, para saber si existe alguna conexión entre las condiciones psicológicas de la persona y algunas conductas de interés legal, previas a su fallecimiento.

22.3.1. CONOCIMIENTO Y DETERMINACIÓN DEL MODO DE MUERTE

Antes de explicar este propósito de la evaluación post mortero, es importante aclarar los conceptos de causa, manera y modo de muerte. Para hacerlo consideremos el siguiente ejemplo: «Una chica de 16 años es hallada muerta en su habitación con un impacto de bala que ha desfigurado su rostro. Cerca de ella se encuentra un arma de fuego.» Una vez ocurrido el fallecimiento, tanto la familia y conocidos de la víctima como los profesionales de la salud, de la justicia y de otras instituciones vinculados con el caso, se enfrentan a una situación de incertidumbre en la que es necesario resolver las circunstancias en que ocurrieron los hechos. Los médicos forenses y los investigadores judiciales trabajan en equipos aportando información (hipótesis, pruebas, etc.) desde diversas disciplinas para abordar el caso de la forma más objetiva posible. Los médicos forenses, a partir del examen del cadáver, pueden determinar y explicar cuál fue la causa del deceso, si existe relación entre las heridas de la víctima y su muerte, si la joven había ingerido drogas (o cualquier otra sustancia) que pudieran estar relacionadas con el fallecimiento, si hubo señales de lucha con un posible agresor (por ejemplo, tejido orgánico bajo sus uñas), si el cuerpo fue movido después del deceso e incluso cuál fue la hora aproximada de la muerte. Por otro lado, los investigadores judiciales buscan rastros en la escena que indiquen las circunstancias y posibles responsables de la muerte, indagan si hubo otras personas además de la víctima en la escena, la distancia desde la que se produjo el disparo, las características del impacto en el cuerpo de la víctima y los posibles motivos de los hechos; para ello, se valen de la observación de huellas digitales, de prendas de vestir, de muestras orgánicas (semen, sangre, etc.) y de todo tipo de evidencia física, así como de las entrevistas con testigos, conocidos, familiares, etc.; con la información disponible a partir de todos estos esfuerzos se determinan la causa, la manera y el modo de muerte. En el caso citado, la causa de la muerte puede ser la herida en la cabeza producida por el impacto de bala, pero el informe médico forense es el encargado de aclarar si efectivamente ésta fue la razón del fallecimiento. Aunque la herida más visible e impresionante es la que se aprecia en el rostro, no significa que ésa necesariamente haya ocasionado el deceso. De hecho, existen otras hipótesis alternativas que deben considerarse antes de llegar a una conclusión. Por ejemplo, pudo ocurrir que la víctima fuese estrangulada y que el agresor le disparara al cuerpo sin vida para simular un suicidio. Así, aunque lo evidente es el disparo, la causa de muerte en esta situación sería la asfixia provocada por el estrangulamiento. La manera de muerte, por su parte, está muy relacionada con la causa; si ésta última fue la herida en la cabeza, la manera correspondería con el impacto de bala que provocó la lesión, pero si la manera hubiese sido la falta de oxígeno, la causa podría ser el estrangulamiento. Por otro lado, el modo de muerte determina si el fallecimiento fue natural o si obedeció a un suicidio, a un homicidio o a un accidente. En el caso tratado, la muerte natural parece poco plausible mientras los otros modos deben evaluarse con mayor atención. Es probable, por ejemplo, que alguien ingresara en la casa de la chica y le disparara (homicidio), que la víctima decidiera quitarse la vida (suicidio) o que por alguna razón estuviera manipulando el arma (mantenimiento, entrenamiento o juego) y ésta se disparara sin que la joven tuviera la intención de hacerse daño (accidente). Así, tanto la causa como la manera y el modo de muerte pueden establecerse a partir de la evidencia objetiva recogida por distintas instancias comprometidas en el caso. Sin embargo, en algunas situaciones no es fácil determinar el modo en que la persona fallece de acuerdo con la información disponible. En especial, parece difícil discriminar entre algunos accidentes y suicidios, así como entre éstos últimos y el homicidio. En estas situaciones se recurre a la información aportada por la autopsia psicológica a través del «análisis de muertes equívocas». A partir de la recogida de información de la vida, comportamiento y condiciones psicológicas de la víctima, la investigación póstuma evalúa cuál de los modos de muerte pudo ser el más probable (Annon, 1995; Esbec, 2000; Shneidman, 1981; Young, 1992a, 1992b), coadyuvando así en la solución del caso.

Una vez se establecen los hechos, este conocimiento es de vital importancia en varios sentidos. Por un lado, permite tener un conocimiento más exacto de la mortalidad en una ciudad o en un país, es decir, el hecho de certificar de manera precisa los fallecimientos contribuye a conocer con mayor exactitud el modo de muerte más frecuente y las características de los fallecidos, lo cual garantiza en gran medida la confianza de los datos contenidos en las bases de datos sobre este tema. En segundo lugar, conocer el modo de muerte es un factor decisivo a la hora de iniciar un proceso legal; por ejemplo, en los casos de ambigüedad entre un suicidio y un homicidio, determinar que la muerte fue autoinfligida influye para tomar la decisión de no iniciar un proceso contra un acusado de homicidio en el caso.

22.3.1.1. Precisión de los registros y bases de datos estadísticas sobre el modo de muerte y características de las víctimas

Conocer con exactitud el modo de muerte reduce tanto el registro del número de fallecimientos equívocos como las confusiones en las certificaciones. De no conocerse el modo de muerte con precisión es posible registrar como homicidios algunos suicidios o como suicidios algunos accidentes y viceversa. Usualmente, las certificaciones médico legales de las muertes constituyen la fuente principal de información para las bases de datos estadísticas de mortalidad. Así, en la medida en que las certificaciones son exactas las bases de datos proporcionan información precisa. A su vez, la información contenida en estas bases de datos es muy importante porque a partir de ellas se pueden conocer las tendencias de las causas y modos de mortalidad y con ello apoyar o no las decisiones que se tomen al respecto; por ejemplo, saber si las estadísticas de un país muestran que los suicidios se incrementan con respecto a los accidentes o a los homicidios. Los suicidios se pueden reconocer como un problema de salud pública que requiere cambios en las estrategias para su prevención y tratamiento, con lo cual podrá recibir mayor atención y fondos económicos. Por otra parte, si los registros de homicidio sufren un notorio decremento las estrategias empleadas para su reducción se mantendrían y posiblemente se continúe con el mismo soporte económico (Rossenberg y cols., 1988). Además, al establecerse con exactitud el modo de muerte se puede identificar con mayor pre cisión a los grupos de población de riesgo para el homicidio, para el suicidio, para la muerte natural y para los accidentes, puesto que la información de las víctimas correspondería con alta probabilidad al modo de muerte que se ha registrado. Es posible saber, por ejemplo, que los hombres tienen mayor probabilidad de ser víctimas de una muerte violenta que las mujeres, que el nivel de alcoholemia es alto en víctimas de homicidio, que en éste modo de muerte muchas víctimas tienen un estilo de vida con riesgos, que en el suicidio son frecuentes los intentos previos de quitarse la vida, que en los homicidios y en los accidentes la probabilidad de que la persona tenga planes a corto, mediano y largo plazo es mayor que en el suicidio, etc. De este modo, la exactitud de los registros y bases de datos estadísticas son útiles en diversas áreas; por ejemplo, en la clínica para conocer las características psicológicas de quienes cometen suicidio, en la estadística para identificar tendencias de los diferentes modos de muerte en el tiempo y en el espacio, en la epidemiológica para identificar factores de riesgo, y en la criminológica para caracterizar y discriminar entre las víctimas de los diferentes modos de muerte.

22.3.1.2. Posibilidad de iniciar o cambiar el rumbo de un proceso

Además de las implicaciones de la determinación del modo de muerte en la precisión de las estadísticas, el conocimiento del modo de muerte también permite decidir sobre la posibilidad de iniciar o de cambiar el desarrollo de un proceso en el ámbito legal. Así, saber que una víctima se suicidó, descarta la posibilidad de acusar a alguna persona de homicidio; determinar que una muerte fue accidental puede ser el primer paso de un proceso para el pago de un seguro o de una indemnización. Simon (1998) hizo una evaluación post mortero de los factores de riesgo de suicidio de una víctima que sirve para ilustrar la utilidad de la autopsia psicológica en esta línea. En el caso descrito por este autor, una mujer es hallada desnuda y suspendida de un lazo (ahorcada) en su habitación. La policía no encuentra señales de lucha que indiquen un homicidio, tampoco una nota que explique un suicidio. La soga se encuentra intacta y anudada alrededor del cuello de la víctima. El modo de muerte fue confuso y los testimonios de los patólogos fueron contrarios. Mientras uno de los forenses dijo que la evidencia no indicaba suicidio, el patólogo de la defensa dijo que lo era. La primera posición se basó en que el ahorcamiento y el morir desnuda es una forma muy poco frecuente de suicidio en mujeres de la edad de la fallecida de acuerdo con los registros y las bases de datos estadísticas de la zona donde se encontró el cadáver. Adicionalmente, se encontraron cabellos de la mujer en el nudo de la soga y, de acuerdo con el patólogo, esto tampoco es muy probable en casos de suicidio por dos razones: primera, porque el nudo en las muertes auto-infligidas se realiza antes de colocarlo en el cuello, y segunda, porque el nudo que hacen los suicidas es tan sencillo que disminuye la probabilidad de que queden rastros de cabellos en él. La contraparte argumentó que hay muchos casos de suicidio en los que se encuentra el cabello de la víctima enreda do en el nudo de la soga y que, en general, no había evidencia contundente para rechazar esta hipótesis, por lo que ésta debería seguir considerándose. Debido al alto grado de descomposición en que se encontró el cuerpo era difícil saber si había alguna otra herida que pudiera haber causado la muerte. No se encontró evidencia alguna de asalto sexual ni de consumo de drogas o de alcohol. Además del material probatorio recogido por la policía y de la información recopilada en el curso de la investigación, Simon fue encargado de realizar una evaluación post mortero de la mujer que contemplara sus factores de riesgo para el suicidio. Simon explicó en la conclusión de su evaluación que la víctima presentaba un bajo o mínimo riesgo para el suicidio puesto que no se encontraron rastros de ideación suicida ni de abuso de drogas o de alcohol; además hubo evidencia de que la víctima tenía metas a corto y largo plazo, una relación de pareja reciente y satisfactoria, buenas relaciones interpersonales y un apropiado ajuste laboral. En el informe no se afirmó con absoluta certeza que este caso fuera un homicidio, pero sí se explicó que había una muy baja probabilidad de riesgo de suicidio en el momento de la muerte de la víctima. Con esta información la investigación se orientó en la búsqueda de posibles sospechosos de homicidio y junto con otras pruebas se pudo determinar que el esposo fue el responsable de la muerte, por lo que se le condenó a 25 años de prisión.

En casos corno el citado, aportar información sobre el comportamiento de la víctima y su relación con los posibles modos de muerte, ayuda a los investigadores a plantear nuevas hipótesis y reorientar la investigación. Por ejemplo, en la situación descrita, se pudo identificar un homicidio que se había enmascarado corno suicidio.

22.3.2. CONOCIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DE LA VÍCTIMA ANTES DE MORIR Y SU RELACIÓN CON LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE OCURRIÓ LA MUERTE

El segundo objetivo identificado en la elaboración de autopsias psicológicas es la evaluación de los cambios en el comportamiento de la víctima antes de morir, su estilo de vida, sus motivaciones, los eventos estresantes, las situaciones o las personas que pudieron haber contribuido al deceso. Generalmente, este objetivo es útil en los casos de suicidio y en los de homicidio.

22.3.2.1. Suicidio

Conocer el comportamiento de la víctima antes de morir y su relación con el modo de muerte en los casos de suicidio permite comprender mejor las circunstancias del deceso y las características de las víctimas. Las evaluaciones psicológicas en estos casos identifican los factores precipitantes y desencadenantes que posiblemente influyeron en las decisiones que tomó la víctima con respecto a su modo y manera de muerte, los medios utilizados y el momento particular en que se quitó la vida. En este caso, la evaluación pretende comprender por qué la persona cometió el suicidio de la manera que lo hizo; por ejemplo, por qué utilizó un medio tan letal como un arma de fuego o uno menos letal como el veneno, la razón por la que eligió una hora particular en la que llegaría alguien para salvarle o en que no habría nadie que interfiriera, la elección de una fecha especial para el día de su muerte o la coincidencia con un evento estresante, etc. (Esbec, 2000; Jacobs y Klein-Benheim, 1995; Shneidman, 1981). También es posible conocer el papel de los factores que influyeron en las decisiones de la víctima y lo significativos que fueron para ella, es decir, cuáles de éstos incrementaron la probabilidad del suicidio Gacobs y Klein-Benheim, 1995).

Adicionalmente, la autopsia psicológica en los casos de suicidio permite evaluar si la víctima estaba consciente de la decisión que tomaba respecto a su muerte o no (Shneidman, 1981); es decir, si la víctima lo hizo con pleno conocimiento de las consecuencias, por ejemplo como resultado de su filosofía de vida o si tomó las decisiones sin tener control de sus actos, como sería el caso de los suicidios cometidos durante el curso de un trastorno mental. Esta información respecto al suicidio y las personas que lo cometen ha demostrado ser de utilidad, tanto en el contexto clínico-epidemiológico como en el forense.

22.3.2.1.1. «Contexto clínico-epidemiológico»

En este contexto se realizan análisis a gran escala de las características de las víctimas y de las circunstancias de la muerte. Este proceso contribuye a descubrir patrones conductuales y situaciones comunes en las personas que deciden quitarse la vida. En estos casos, el interés de las evaluaciones reconstructivas se centra en identificar los factores de riesgo con alto poder de predicción del suicidio en una población específica Gacobs y Klein-Benheim, 1995). Un factor de riesgo es un atributo o característica que está asociado con el incremento en la probabilidad de ocurrencia de un hecho determinado, aunque no necesariamente sea un factor causal. Por ejemplo, la evidencia de historia familiar de suicidio está asociada con este modo de muerte, pero no es la causa de que una persona decida auto infligirse daño (Rosenberg y cols., 1988).

El conocimiento de los factores de riesgo del suicidio es útil en varios sentidos. En el contexto clínico permite identificar personas y grupos con alta probabilidad de tomar la decisión de quitarse la vida, predecir y prevenir futuros suicidios y tratar a quienes están en riesgo (Ebert, 1987; Rosenberg y cols., 1988; Shneidman, 1981). De otro lado, estos factores también constituyen una base de datos importante para los profesionales e investigadores que realizan autopsias psicológicas con propósitos forenses. En los casos que se requiere la valoración de la probabilidad de suicidio en una situación específica dentro del ámbito legal, generalmente se contrasta la información del caso en cuestión con los factores de riesgo encontrados en el análisis del conjunto total de suicidios, en lo posible de la población en la que se incluía la persona de quien se pide la evaluación.

22.3.2.1.2. «Contexto forense»

En el contexto forense la autopsia psicológica se realiza con el fin de presentar una opinión experta respecto al comportamiento de la víctima. Si bien no es la única prueba que se tiene en cuenta para tomar una decisión final dentro del sistema de justicia, sí constituye una fuente de información importante. En los casos de muerte suicida se pueden iniciar procesos legales por considerar que además de la persona que se autoprodujo la muerte hubo otras personas, circunstancias, entidades o productos que influyeron de una u otra forma en la decisión de la víctima. En estos procesos se buscan finalidades variadas, como la determinación y el reconocimiento público de la responsabilidad, indemnizaciones, prevención de eventos similares, modificación de condiciones actuales de un producto, de un sistema de contratación o de alguna regla.

22.3.2.1.2.1. Posible responsabilidad de otras personas

En el suicidio no hay duda de que la víctima fue la causante del deceso; sin embargo, es posible que otras personas pudieran haber contribuido directa o indirectamente en su decisión de quitarse la vida. El objetivo de la autopsia psicológica, en este caso, es explicar si el comportamiento de otras personas fue un factor determinante en la decisión de la víctima o no. Por lo general, las demandas o denuncias en estos casos se establecen contra profesionales de la salud mental o personas cercanas que se sospecha pudieron maltratar, presionar o manipular a la víctima. Para ilustrar este propósito vale la pena presentar, a manera de resumen, el caso de Jackson versus. State (1989; citado en Poythress, Otto, Darkes y Starr, 1993 y en Jacobs y Klein-Benheim, 1995):

En 1987 una adolescente se disparó causándose la muerte. No hubo duda de que se trataba de un suicidio, pero sí la hubo con respecto al papel de la madre en él. Una evaluación psicológica permitió conocer varios aspectos de la vida de la víctima. Sus padres se habían divorciado cuando ella tenía tres años y después tuvo poco contacto con su padre biológico. Intentó suicidarse a los 13 años tomando una sobredosis de pastillas después de lo cual estuvo hospitalizada durante tres días y recibió atención psiquiátrica; aunque el profesional encargado del caso recomendó tratamiento familiar, la madre no asistió y la chica dejó de ir a las sesiones y al colegio. También intentó huir de la casa con sus hermanos pero fueron devueltos por la policía. En otra ocasión llamó a la policía porque su madre la estaba golpeando. Esa noche durmió en casa de unos amigos, pero al día siguiente nuevamente tuvo que regresar al lado de su madre, con lo cual nunca volvió a solicitar ayuda de la policía. En el caso se informó que la fallecida se sentía deprimida por los insultos y malos tratos por parte de la madre, entre los que estaba el hecho de que le amenazara con un arma de fuego y que le obligara a trabajar en un club nudista. El día del suicidio la joven había peleado con su madre y había llamado a una amiga pidiéndole que la dejara vivir con ella, pero su amiga se negó por miedo a la reacción de la madre de la víctima.

En este caso, la información sobre el comportamiento de la adolescente y la identificación de factores de riesgo para el suicido permitió responder ante el jurado si el trato de la madre hacia la víctima fue un factor significativo en su muerte. La autopsia psicológica reveló que el abuso infantil agravado (forzar a la hija a bailar desnuda, maltratarla física y verbalmente, no buscarle tratamiento cuando ocurrió el intento de suicidio ni asistir a él), fue un factor significativo que llevó a que la víctima tomara la decisión final de quitarse la vida en ese momento particular. El Tribunal encontró a la madre culpable del cargo de maltrato y abuso sexual infantil. En el ejemplo citado, la autopsia psicológica permitió presentar información acerca de la responsabilidad de una persona diferente a la víctima de suicidio, contribuyendo a reducir la impunidad y proteger al hermano menor de la víctima que podía encontrarse en condiciones similares. De no realizarse este tipo de informes sería muy difícil establecer cargos contra quienes contribuyen de manera indirecta a muertes como ésta.

Otro de los casos frecuentes de atribución de responsabilidad se refiere a las denuncias por mala práctica profesional. De acuerdo con la American Psychiatric Association (APA) (Asociación Americana de Psiquiatría) se puede iniciar un proceso por esta razón cuando: a) un paciente que está hospitalizado comete suicidio o intento de suicidio y se sospecha que no se otorgó el cuidado, supervisión o tratamiento adecuados; b) una persona intenta o comete suicidio después de ser dado de alta y salir de una hospitalización; c) la persona que comete suicidio o intenta hacerlo estaba en terapia y había establecido relación terapéutica con un profesional y se sospecha que no hubo evaluación o tratamiento apropiado. Los profesionales de la salud mental son considerados responsables solamente si se determina que había forma de prever que el paciente se haría daño a sí mismo y no se tomaron medidas apropiadas para protegerlo. En este caso, se debe evaluar si el suicidio pudo ser anticipado, previsible y controlable (Jacobs y Klein-Benheim, 1995). El siguiente ejemplo ilustra el aporte de la autopsia psicológica en este sentido:

Un hombre de 30 años con antecedentes de trastorno psiquiátrico y comportamiento agresivo contra él y contra los demás es hospitalizado en el curso de un brote psicótico. Después de ocho años de estabilidad en el que el paciente y su familia habían seguido las indicaciones y tratamiento médico, el psiquiatra cambia la medicación y pocos días después le da de alta. Pese a la insistencia de la familia para que el paciente permanezca un poco más de tiempo con supervisión médica, el psiquiatra insiste en enviar al paciente a su casa. Tres días después el paciente se suicida. Posteriormente se inicia un proceso de demanda por mala práctica profesional fundamentado en el hecho de que el cambio de medicamento requería mayor tiempo de supervisión y que la droga fue la causante de un cuadro depresivo del paciente.

En situaciones como ésta, el Tribunal encargado de llevar el caso solicita a testigos expertos su opinión respecto a la manera en que el profesional de la salud mental abordó el caso, preguntando específicamente si el procedimiento llevado a cabo cumplió con los estándares éticos y profesionales acordes con la situación. En este ejemplo, la evaluación post mortero busca responder a si los cambios en la medicación fueron la causa próxima del suicidio. La autopsia psicológica realizada debe proporcionar información sobre la calidad de la evaluación y tratamiento que realizó el profesional encargado del caso, si obtuvo la información necesaria y suficiente para atenderlo a través de las fuentes disponibles; por ejemplo, si sabía de intentos previos de suicidio, de acceso a armas de fuego o cualquier otro medio que incrementara el riesgo de suicidio, si habló con la familia del paciente y, en general, si se tomaron las precauciones necesarias para evitar que se hiciera daño. En este caso, la autopsia psicológica permitiría revelar que el psiquiatra no llevó a cabo una buena evaluación y que debió supervisar durante más tiempo al paciente antes de darle de alta, constituyendo una evidencia para considerarle responsable de la muerte de su paciente.

En los pleitos por mala práctica profesional la autopsia psicológica aporta información importante para determinar la dificultad de un caso y la posibilidad de predecir y prevenir o no la muerte. Provee información valiosa, tanto en los casos en que los profesionales han hecho bien su trabajo - absolviéndolos de cualquier responsabilidad-, como en los que no se ha actuado en concordancia con los fines y lineamientos éticos de la disciplina - facilitando que el responsable de la muerte tenga una consecuencia por sus actos y previniendo la mala práctica del mismo y de otros profesionales.

22.3.2.1.2.2. Posible responsabilidad de una empresa o entidad comercial

Como se expuso en el apartado anterior, la persona directamente responsable de un suicidio es la misma víctima, pero pueden existir factores significativos que influyen en la decisión de morir. Antes se explicó la evaluación de responsabilidad de otras personas, ahora se expondrá la evaluación de responsabilidad de empresas o entidades comerciales que, aunque no se reconoce frecuentemente en la literatura, constituye una aplicación interesante de la autopsia psicológica en casos de indemnización de trabajadores y de demandas legales por productos defectuosos gacobs y Klein-Benheim, 1995). En cuanto a la indemnización de trabajadores se ha discutido si un empresario debe asumir responsabilidades cuando una persona que trabaja con él lleva a cabo un intento de suicidio consumado o no, en razón de estrés o de cualquier otro factor laboral. McKenna (1993; citado por Jacobs y Klein-Benheim, 1995) explica que se deben cumplir las siguientes condiciones para que una víctima de suicidio reciba indemnización o compensación de la compañía en la que trabaja: a) el daño personal debe haber comenzado en el curso del trabajo, es decir, mientras existía un contrato laboral vigente, y b) debe existir una relación causal entre el daño recibido (causado por la empresa) y el acto del suicidio.

Para ilustrar el objetivo de la autopsia psicológica en esta situación veamos el siguiente ejemplo:

Un hombre se suicida y deja una nota en la que explica que consideró que su muerte era la única salida a sus problemas porque lo más importante en la vida había sido su trabajo y ahora se sentía inútil con respecto a él, subvalorado e injustamente tratado. Luego de la muerte, la familia acusa a los empresarios de maltratar psicológicamente a la víctima y afirma que éste fue el factor determinante en su decisión de quitarse la vida.

En esta situación, la autopsia psicológica debe evaluar la veracidad del contenido de la nota, las condiciones psicológicas de la persona antes de morir y su relación con el ambiente laboral. En cuanto a la veracidad de la nota es importante evaluar las razones que tuvo la víctima para escribirla. No tendría las mismas implicaciones descubrir que la escribió durante un cuadro de depresión producido por maltrato laboral, que encontrar evidencia de comportamiento paranoide en el cual este hombre percibiera que estaba siendo acosado y amenazado. Otra tarea importante es la de establecer si la víctima tenía alta probabilidad de suicidarse independientemente del ambiente laboral en el que se encontraba. Este sería el caso, por ejemplo, de una persona con historia previa de episodios maníaco-depresivos e intentos de suicidio, que ante situaciones menos estresantes había intentado quitarse la vida. Obviamente se deben tener en cuenta otros criterios que se mencionarán más adelante, pero en términos generales la autopsia psicológica en este tipo de casos busca establecer la relación entre la muerte y las condiciones laborales con el fin de aportar información en la demanda de responsabilidad.

Este tipo de evaluación post mortero también es útil en casos en los que se sospecha que la muerte de una persona estuvo relacionada con la utilización de un producto particular, debido a que quienes lo elaboraron o comercializaron no cumplieron con las normas mínimas de calidad y seguridad. Se han realizado pleitos contra casas farmacéuticas, afirmando que la medicación que ellos producen causa muertes suicidas, y contra contenidos televisivos, alegando que algunas de las canciones o las películas que ellos producen precipitan muertes suicidas. A continuación, se presenta un resumen de un ejemplo expuesto por Jacobs y Klein-Benheim (1995) que ilustra esta situación:

Un hombre de 39 años compró un taladro y al usarlo por primera vez sufrió una electrocución. El paciente fue hospitalizado, presentaba síntomas de confusión, depresión y pérdida de memoria. Después de cinco semanas se suicidó. La primera pregunta que se planteó en este caso fue si un defecto en el taladro llevó a la electrocución. Una vez resuelto esto se pidió una autopsia psicológica para que se evaluaran las condiciones del sujeto antes del accidente y con base en ellas se estimara la probabilidad de suicidio. Adicionalmente, se solicitó la opinión de los profesionales que hicieron la evaluación retrospectiva respecto a si el accidente pudo llevar a la depresión y si en estas condiciones el sujeto tomó la decisión de morir.

La autopsia psicológica reveló que el hombre gozaba de excelente salud antes del accidente, que no tenía historia psiquiátrica ni había evidencia de sintomatología depresiva y que no había presentado intentos de suicidio previos. Después del accidente se informó de cambios en el comportamiento de la víc tima: empezó a presentar problemas de memoria, desorientación, fatiga y pesadillas que no existían previamente, pérdida de interés en las actividades cotidianas y síntomas de depresión clínica. Los resultados de la evaluación post mortero indicaron una relación de causa próxima entre la electrocución y el suicidio, ya que el daño cerebral y la depresión fueron factores claves en la decisión de quitarse la vida. La electrocución produjo un daño cerebral que generó y exacerbó la depresión, que a su vez llevó al suicidio. Así, si este hombre no hubiera sufrido el accidente ocasionado por el defecto del taladro no hubiera atentado contra su vida.

En casos corno los descritos, la autopsia psicológica contribuye a la determinación de responsabilidades y, con ello, a la reducción de la impunidad y a la restitución del daño causado por personas o por figuras institucionales.

22.3.2.2. Homicidio

La revisión de la literatura sobre la elaboración de autopsias psicológicas deja ver una mayor preocupación y aplicación de este tipo de evaluaciones en los casos de suicidio que en los de homicidio. Esta situación lleva a una desigualdad notable respecto al conocimiento disponible sobre los diferentes modos de muerte que da lugar a una mayor probabilidad de conocer las características de víctimas de suicidio que de homicidio o de accidentes. Si volvemos un poco más atrás en este mismo capítulo, es evidente la dificultad de realizar estas evaluaciones sin considerar las características y factores de riesgo de las víctimas de diferentes modos de muerte. Disponer de más información sobre personas suicidas, y de las circunstancias de su fallecimiento, que de víctimas asesinadas o de quienes mueren a causa de un accidente, probablemente sesga la opinión experta en los casos de determinación de muerte equívoca en favor de la muerte auto infligida. De este modo, los informes de autopsias psicológicas en los casos de homicidios pueden conducir a conclusiones mucho más objetivas en las evaluaciones de determinación de modo de muerte, ya que al valorarse las características de diferentes tipos de víctimas se amplía el espectro de comparación. De otro lado, existe una propuesta novedosa de la aplicación de las autopsias psicológicas en los casos de homicidio en el ámbito legal y con propósitos diferentes a la determinación del modo de muerte. A este respecto vale la pena resaltar la labor del Instituto de Medicina Legal de Cuba que ha adoptado este procedimiento en el ámbito criminal con el fin de identificar sospechosos y de ayudar en la tipificación del delito (García, 2001a, 2001b, 2001c). A continuación se describe esta utilización.

22.3.2.2.1. «Identificar posibles sospechosos»

Cuando el modo de muerte es el homicidio y el autor es desconocido, la autopsia psicológica puede ser útil para establecer el círculo de sospechosos. La caracterización de la víctima mediante la evaluación reconstructiva - descri biendo sus conflictos, motivaciones, estilo de vida, hábitos y preferenciasayuda a identificar a las personas cercanas a ella, así como el tipo de relación que tenían, los posibles enemigos, el círculo de amistades, el tipo de actividades de sus conocidos, etc. Esta información ofrece un interesante abanico de posibilidades que puede ser útil para que los investigadores construyan las hipótesis de posibles autores (García, 2001a, 2001b, 2001c). Corno lo cita García, «para tal víctima busca tal victimario», es decir, conocer bien a la víctima puede ayudar a identificar al agresor.

22.3.2.2.2. «Tipificación del delito»

La autopsia psicológica también se ha utilizado para ayudar a determinar cuál era el estado psicológico y jurídico de la víctima y, con ello, aportar información para tipificar y calificar el delito. Si se encuentra que el estado mental de la víctima le puso en condición de indefensión ante su agresor, esto podría considerarse agravante; por ejemplo, si se estima que era menor de edad o que padecía un trastorno mental. Pero, si por el contrario, la evaluación muestra a la víctima como una persona agresiva, conflictiva y provocadora puede constituirse, si así lo permiten las leyes vigentes, en un atenuante (García, 200la, 2001b, 2001c). Tornemos el siguiente ejemplo:

Una mujer ha disparado a su esposo causándole la muerte. Ella explica que no soportaba más el maltrato y que dada la presión en que se encontraba decidió quitarle la vida. Aunque está claro que se trata de un homicidio, se pide una autopsia psicológica para saber si el comportamiento provocador de la víctima pudo ser un factor significativo que contribuyera a su muerte. La evaluación reconstructiva revela que el hombre tenía un carácter violento, irritable e impulsivo, constantemente se involucraba en peleas y era alcohólico. Durante los diez años de convivencia con su esposa, la había golpeado frecuentemente y humillado incluso frente a otras personas.

En este caso, la información ofrecida por la autopsia psicológica puede apoyar la hipótesis de provocación por parte de la víctima y constituir un elemento atenuante del homicidio.

22.3.3. EVALUACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE LAS CONDICIONES PSICOLÓGICAS DE LA VÍCTIMA Y ALGUNAS ACCIONES NO RELACIONADAS CON LA MUERTE

El tercer objetivo de las autopsias psicológicas, en la misma línea de los dos anteriores, es hacer una evaluación reconstructiva del comportamiento de una persona que ha fallecido. Sin embargo, esta vez los resultados de la evaluación no se relacionan con las circunstancias de la muerte, sino con otro tipo de acciones anteriores que son de interés para un pleito. Generalmente, este propósito es útil en Derecho Civil, en el que se busca establecer si alguna acción de carácter legal (por ejemplo, firmar documentos o testamentos, contraer matrimonio, etc.) realizada por una persona antes de su fallecimiento fue llevada a cabo en condiciones normales o si, por el contrario, lo hizo bajo alguna situación que le incapacitara para regir su comportamiento o inclusive para tomar decisiones (García, 2001a, 2001b, 2001c). El siguiente ejemplo ilustra la situación:

Un hombre de avanzada edad ha muerto. No está en discusión su modo de muerte, pero la familia inicia un pleito porque el testamento firmado por él fue cambiado pocos meses antes de morir y ahora no les beneficia tanto como antes. Su argumento es que el anciano no estaba en condiciones psicológicas de tomar la decisión de cambiar el contenido del testamento y, debido a esta incapacidad, el último documento firmado debería ser anulado.

La autopsia psicológica aporta información sobre las condiciones psicológicas de la persona en el momento de cambiar el testamento y en función de ello revela que el occiso mantuvo un estado mental normal hasta el día de su muerte, por lo que se consideran válidas la firma y la decisión de cambiar el destino de su dinero.

22.3.4. PROPÓSITOS TERAPÉUTICOS DE LA AUTOPSIA PSICOLÓGICA

Finalmente, aunque no está dentro de los objetivos que se propone, la autopsia psicológica parece tener efectos terapéuticos. Como consecuencia de la muerte de un ser querido, los familiares y personas cercanas sufren un desajuste psicológico. La evaluación post mortero, por un lado, provee un espacio para que estas personas expresen sus emociones respecto a la muerte y a la víctima y, por otro, permite que el profesional oriente a las personas que escucha y, en caso de requerir atención específica, les remita o indique donde pueden conseguirla (Ebert, 1987; Shneidman, 1981; Young, 1992a). Adicionalmente, el hecho de contribuir a resolver el caso y reducir la incertidumbre respecto a las circunstancias en que ocurrió la muerte también ayuda a mitigar los síntomas emocionales de los familiares y las personas cercanas a la víctima.

22.4. ¿CÓMO SE REALIZA LA AUTOPSIA PSICOLÓGICA?

Para responder a este interrogante es importante explicar varios temas: las fuentes de las cuales se debe y puede obtener información, las áreas que deben evaluarse, los instrumentos que se han diseñado para recaudar, organizar y validar la información, los procedimientos que se han propuesto para realizarla, los puntos que debe contener su informe final y quiénes la pueden llevar a cabo.

22.4.1. FUENTES DE INFORMACIÓN

La autopsia psicológica se basa en información obtenida a partir de diversas fuentes. En la mejor de las situaciones, cuando el suicidio no se ha consu mado, se puede evaluar directamente a la víctima como se hace tradicionalmente en el contexto clínico epidemiológico. Sin embargo, en la mayoría de los casos, y como se explicó en el apartado anterior, la autopsia se realiza en ausencia del sujeto que se desea evaluar por lo que debe recurrirse a otras fuentes. Diversos autores han explicado las fuentes de las cuales se puede obtener información para llevar a cabo una autopsia psicológica (Ebert, 1987; Esbec, 2000; García, 2001a, 2001b, 2001c; Rosenberg y cols., 1988; Shneidlman, 1981; Young, 1992a, 1992b). Para efectos de este capítulo y con el fin de presentarlas de manera clara, se clasifican en personales, documentales y de la escena de la muerte.

Las fuentes personales constituyen la información proporcionada por la pareja, los familiares, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, grupos de referencia (comunidades religiosas, organizaciones en las que participaba la víctima), médicos y profesionales de la salud (mental y física) que tuvieron relación con la víctima; también se incluyen las personas que estuvieron presentes en el momento de la muerte. Las fuentes documentales pueden ser informales o formales. Las primeras hacen referencia a documentos personales como notas, cartas, diarios, dibujos, escritos a mano, mecanografiados, archivos grabados en ordenadores, casetes y disquetes que puedan revelar las ideas y sentimientos de la víctima respecto a la muerte o a la posibilidad de suicidio; las segundas incluyen los informes médicos, las cuentas bancarias (liquidez y últimos movimientos), los documentos de los últimos negocios o actos jurídicos realizados por la víctima, los registros oficiales como antecedentes policiales, expedientes e informe de la autopsia médica. Por otro lado, la escena de la muerte procura información de las características del lugar donde ocurrió el fallecimiento, constituye una fuente importante sobre los medios utilizados, las características de la víctima y las circunstancias de la muerte.

En general, la autopsia psicológica se realiza a partir de los resultados de entrevistas, de los análisis de documentos y del cruce de diferentes fuentes de datos (Young, 1992a, 1992b); incluso, en algunas ocasiones, se aplican pruebas psicológicas al fallecido a partir de la información obtenida de terceros (Esbec, 2000), lo cual tiene implicaciones sobre la validez de los resultados si se tiene en cuenta que no están validados para aplicarse de esta forma. Es importante tener en cuenta que todas las fuentes no están disponibles en todos los casos y que es labor de quien realiza la autopsia seleccionarlas y jerarquizarlas de acuerdo con su disponibilidad, relevancia y pertinencia. Adicionalmente, es necesario hacer tina evaluación de la credibilidad de las fuentes con relación al hecho que se está analizando. Es posible, por ejemplo, que algunas fuentes presenten información falsa para desviar el curso de la investigación, con lo cual debe asumirse con la debida precaución o que haya informantes claves que tienen alta probabilidad de ser veraces, por lo que se debe procurar obtener la mayor cantidad de datos conocidos por ellos.

22.4.2. ÁREAS DE EVALUACIÓN

Una vez se han identificado las fuentes disponibles para llevar a cabo la evaluación es importante tener claridad con respecto a las áreas que se deben evaluar y los instrumentos que se pueden utilizar. En esta parte se presentan algunas variables e instrumentos de registro útiles para estos propósitos. Debe considerarse que el supuesto común de las evaluaciones póstumas es que es posible hacer una buena evaluación de una persona ausente - a quien no se puede evaluar directamente - y que se puede hacer una descripción de su comportamiento y explicarlo basándose en información de terceros, de documentos y de la escena en que ocurrieron los hechos. Así las cosas, las variables que se consideran en la valoración dependerán de las preguntas que se deben resolver.

En los casos de muertes equívocas y en los que se busca establecer la relación entre las características de la víctima y las circunstancias de la muerte, por ejemplo, las áreas que se pueden evaluar corresponden con variables relacionadas con la intencionalidad de autoinfligirse daño, intentos previos e historia familiar de suicidio, alteraciones del estado de ánimo, resistencia al estrés, estrategias de afrontamiento, etc. Cuando la autopsia evalúa la relación entre el comportamiento de la víctima y acciones previas a su muerte, entran en juego otros factores que adquieren mayor relevancia; por ejemplo, se centrará menos en la explicación de su comportamiento en el momento de morir y se detiene en su capacidad mental para tomar decisiones en el momento en que ocurrieron los hechos de interés en el proceso. Se debe considerar que gran parte del desarrollo e investigación en el tema se ha enfocado en el suicidio, por ello muchos de los planteamientos sobre áreas que deben evaluarse e instrumentos de ayuda para la autopsia se basan en los factores de riesgo para este modo de muerte más que para el de accidente y el de homicidio.

Quizás una de las propuestas más citada en la literatura con respecto a las variables que deben ser evaluadas en la autopsia psicológica es la que realizó Shneidman en 1969; este autor, pionero en las evaluaciones para determinar el modo de muerte, describió 16 factores que, aunque no constituyen un modelo formal, han representado una guía importante para la determinación de muertes equívocas (Ebert, 1987; Esbec, 2000; Jacobs y Klein-Benheim, 1995; Shneidman, 1981). La estructura propuesta por Scheidlnan, tal como se muestra en la Tabla 22.1., se refiere a los factores de riesgo demográficos, históricos, clínicos y psicológicos de la víctima, así como a la evaluación de la intención, de la letalidad y de las reacciones de los informantes relacionadas con el fallecimiento; también provee un espacio para hacer un resumen de los hechos.

La categoría intención, contemplada en este instrumento, ayuda a determinar el papel y la responsabilidad de la persona en su propia muerte. Shneidman la clasificó en función de la participación y conocimiento que tenía la víctima de las consecuencias de sus acciones. Así, la muerte intencionada se refiere a los casos en que la persona participa directa y conscientemente en su muerte; la no intencionada, a las situaciones en que la víctima no juega ningún papel en su fallecimiento; y la subintencionada, a circunstancias en las que la persona sí tuvo que ver con su muerte, pero de manera menos directa y consciente. Generalmente, en las muertes subintencionadas existe evidencia de comportamiento de riesgo en la víctima que aumenta la probabilidad de morir sin que sea su objetivo; por ejemplo, las personas con historia de mal uso o abuso de sustancias que mueren por sobredosis o quienes conducen temerariamente y fallecen en un accidente de tráfico (Rosenberg y cols., 1988). Por otro lado, la letalidad hace referencia a la contundencia de los medios utilizados para lograr la muerte y la posibilidad de ser salvado; por ejemplo, el uso de armas de fuego es altamente letal, mientras la ingestión de substancias de baja toxicidad se puede considerar menos mortífera.

Tabla 22.1

Factores propuestos por Shneidman para realizar la autopsia psicológica

Otro aporte interesante y útil con relación a las áreas que deben evaluarse es el de Ebert (1987), quien propuso una guía para realizar autopsias psicológicas compuesta por 26 partes que se muestran en la Tabla 22.2. Ebert aclaró que no todos los factores se deben tener en cuenta y que la guía solamente provee un espectro de variables para ayudar al psicólogo a conducir la evaluación, recordando que puede variar en función de las características de cada caso. La guía indica tanto las áreas que se deben evaluar como las fuentes de las cuales se puede obtener información. Así, el formato permite organizar los datos por áreas y por fuentes. Por ejemplo, el ítem 2 se refiere a las notas de suicidio, con especificación de contenido y de estilo; el 3 a los documentos escritos por la víctima, prestando atención a su contenido y a las personas a quienes están dirigidos; el 15 a los resultados de estudios de laboratorio, por ejemplo, los de balística; el 16 a la autopsia médica; y el 26 a los informes policiales. Además, Ebert (1987) introduce un apartado para la reconstrucción de los hechos y actividades de la víctima ocurridos el día del deceso y un espacio para la evaluación de posibles motivos de cada uno de los modos de muerte (natural, accidente, suicidio y homicidio) en los que se debe explicar la evidencia que los apoya. Este es un punto importante porque facilita la reflexión del evaluador apreciando diferentes hipótesis, reduciendo el riesgo de enfocar la atención sólo en una alternativa.

Tabla 22.2

Estructura de la guía propuesta por Ebert para realizar autopsias psicológicas

Las propuestas de Shneidman y Ebert evidentemente son una guía básica para realizar una autopsia psicológica en casos de muertes equívocas. Sin embargo, se han detectado algunas dificultades en cuanto a la valoración de cada uno de los ítems propuestos y especialmente al proceso de toma de decisión de profesionales e investigadores en la determinación del modo de muerte y en la evaluación de las características de las víctimas. Para hacer frente a estas dificultades, además de la sugerencia de las áreas que deben evaluarse, se han realizado esfuerzos para estandarizar los criterios y procesos implicados en las autopsias psicológicas a través de la construcción de algunos instrumentos.

22.4.3. INSTRUMENTOS

Dentro de las técnicas utilizadas para realizar las autopsias psicológicas son de uso especialmente frecuente las entrevistas, tanto estructuradas como no estructuradas, que permiten recaudar y organizar la información obtenida a través de fuentes personales. También se han diseñado algunas listas de verificación de criterios, que permiten la organización de la información señalando la ocurrencia o ausencia de una serie de características que indican la probabilidad de un modo de muerte particular o de las condiciones psicológicas de la persona que se está evaluando y en algunos casos instrumentos más estructurados que pretenden reducir los sesgos tanto en los criterios que se tienen en cuenta para proponer conclusiones en las autopsias psicológicas, como en los procedimientos que se llevan a cabo para responder a las preguntas objeto de la evaluación. El interés por el desarrollo de instrumentos útiles en este campo es relativamente nuevo. Aunque se identifican algunas propuestas que pueden ser herramientas útiles para la determinación del modo de muerte, en muchos casos éstas se limitan a la evaluación del suicidio y frecuentemente carecen de procedimientos de validación para ser aplicadas en contextos y países diferentes a los de su procedencia.

En este apartado se describen tres instrumentos. Los dos primeros, aunque no se refieren específicamente a la realización de las autopsias psicológicas y se han enfocado especialmente al suicidio, se consideran relevantes en este capítulo ya que proveen criterios en los que diversos profesionales de la salud mental han estado de acuerdo para valorar el modo de muerte. El tercero, consiste en una propuesta diseñada específicamente para la elaboración de autopsias psicológicas.

22.4.3.1. El Operational Criteria for the Determination of Suicide (OCDS)

En 1984 los Centros para el Control de Enfermedades (Centers for Disease Control, CDC) de Estados Unidos conformaron un grupo de trabajo sobre la determinación y registro de las muertes autoinfligidas (Working Group on Determination and Reporting of Suicide). El grupo tuvo como objetivo promover la consistencia y la uniformidad en las clasificaciones de modo de muerte, así como establecer estándares comunes de práctica para la determinación del suicidio (Jobes, Casey, Berman y Wright, 1991; Rosenberg y cols., 1988). Después de múltiples revisiones, este grupo propuso un instrumento de 22 criterios operacionales para la determinación del suicidio (Operational Criteria for the Determination of Suicide, OCDS), de los cuales se muestran algunos ejemplos en la Tabla 22.3. Este listado permite el registro de la presencia o ausencia de cada uno de los criterios en los casos evaluados, complementando y de ninguna manera reemplazando la toma de decisión y juicio de los profesionales encargados de la certificación de muertes (Rosenberg y cols., 1988).

Tabla 22.3

Criterios operacionales para la determinación del suicidio

22.4.3.2. El Empirical Criteria for the Determination of Suicide (ECDS-1)

Con los 22 ítems del OCDS y los 33 criterios más propuestos a partir de la literatura y del juicio de expertos en el tema, Jobes y cols. (1991) modificaron el instrumento. Los 55 ítems fueron organizados de acuerdo con 6 categorías de variables:

-Forenses. Consisten en elementos fundamentales para la certificación de la causa y manera de muerte; por ejemplo, la evidencia patológica y de la investigación.

-Psicológicas. Son criterios que ayudan a distinguir entre muerte intencionada y no intencionada y describen aspectos premórbidos de la psicología de la víctima con respecto a la personalidad, el procesamiento de información, el afecto o estado de ánimo y la condición psiquiátrica.

-De conducta reciente. Incluyen conductas premórbidas que pueden proporcionar información del comportamiento de la víctima relacionado con su muerte.

-De experiencias recientes. Factores precipitantes que pueden relacionarse significativamente con el intento o la muerte autoinfligida.

-De conducta crónica. Describen la historia de posibles patrones autodestructivos.

-Históricas. Se refieren básicamente a la evidencia de psicopatología adulta que pudiera haber contribuido directa o indirectamente a ideación e intentos de suicidio.

Basándose en éstas categorías se revisaron nuevamente los criterios para la evaluación del suicidio y se construyó un instrumento final de 16 ítems denominado Empirical Criteria for the Determination of Suicide (ECDS-1) (Criterios Empíricos para la Determinación de Suicidio). De acuerdo con Jobes y cols. (1991) el ECDS-1 permite discriminar entre suicidios y accidentes, predice el 100 por 100 de los primeros y el 83 por 100 de los segundos. Además, como instrumento de investigación, tiene un 92 por 100 de probabilidad de precisión al identificar el verdadero modo de muerte. Tal como aparece en la Tabla 22.4., el ECDS-1 consiste en un instrumento de registro de criterios con espacios en frente de cada uno ellos para calificar su presencia o ausencia. El instrumento consta de tres partes divididas en función del hecho de autoinfligirse daño y de la intención que tenía la víctima al hacerlo. Dependiendo del nú mero de criterios se evalúa si la muerte pudo ser suicidio o accidente. El cumplimiento de 3 o más ítems indican suicidio y de 2 o menos, accidente.

22.4.3.3. El Modelo de Autopsia Psicológica Integral (MAPI)

Otra de las herramientas disponibles sobre evaluaciones reconstructivas es el Modelo de Autopsia Psicológica Integral (MAPI) desarrollado por el Instituto de Medicina Legal de Cuba. De acuerdo con una de las creadoras e impulsoras del MAPI este instrumento fue diseñado con el objetivo de que la evaluación de casos de muertes equívocas se realizara con base en un conjunto de criterios estándar, independientes del número de evaluadores y de sus propios criterios, con el fin de que pudiera ser verificada por terceras personas (García, 1999, 2001a, 2001b, 2001c). Esta misma autora llama la atención sobre el hecho real de que generalmente se evalúan criterios relacionados con suicidio y son muy pocos los trabajos y validaciones de instrumentos relacionados con otros modos de muerte. En cambio, el MAPI es un modelo estructurado y sistematizado validado con datos de víctimas de diferentes modos de muerte. Hasta el momento se han desarrollado tres modalidades: el MAP-I para víctimas de suicidio, el MAP-II para víctimas de homicidio y el MAP-III para víctimas de muerte por accidente de tráfico; las tres conforman el MAPI. Para la validación de este modelo se creó un instrumento de exploración retrospectiva e indirecta de la personalidad y vida de los fallecidos por suicidio, por homicidio y por accidente. Posteriormente, este instrumento se utilizó para registrar los datos de las víctimas de los respectivos modos de muertes con base en la información de dos fuentes personales independientes. Después se evaluó la concordancia de la información suministrada por las fuentes. Adicionalmente, se estimó la concordancia entre la información obtenida por dos exploradores independientes - psiquiatras entrevistadores - que diligenciaron el instrumento. En general, los resultados mostraron un alto nivel de consistencia y concordancia entre la información proporcionada por diferentes fuentes y entre los evaluadores con nive les de coincidencia superiores al 90 por 100 en la mayoría de los ítems. Dentro de las áreas de evaluación propuestas por el MAPI se encuentran los factores de riesgo para el suicidio, el estilo de vida de la persona fallecida, su estado mental en el momento de la muerte, las áreas de conflicto, las motivaciones y las características de personalidad. Específicamente, en los casos de homicidio se evalúan los antecedentes penales y los vínculos antisociales de la víctima.

Tabla 22.4

Criterios empíricos para la determinación de suicidio (Empirical Criteriafor the Determination of Suicide, ECD-1)

22.4.4. PROCEDIMIENTO

En la elaboración de autopsias psicológicas es frecuente el uso de técnicas de evaluación clínica, aunque con una situación atípica que dificulta la tarea del evaluados, ya que no es posible hacer una evaluación directa del sujeto y, por lo mismo, es necesario recurrir a terceros y a fuentes indirectas de información para realizarla. Las conclusiones de la evaluación se basan entonces en las relaciones que establece el evaluador entre las características del caso que está analizando y el conocimiento previo que tiene de casos similares, así como de teorías que pueden ayudarle a argumentar sus resultados. Si bien no existe un procedimiento estandarizado, tal como ya lo habían advertido autores como Rosenberg y cols. (1995), Selkin (1994) y Young (1992b), sí que se pueden distinguir en la investigación y en la práctica profesional algunos pasos comunes utilizados en las evaluaciones post mortero. La elaboración de la autopsia como la de cualquier otro informe forense se inicia con la solicitud de una autoridad competente, en la que se realiza una pregunta a los expertos del comportamiento. De este modo, se establece la necesidad de la administración de justicia y con ello el objetivo de la evaluación. Se identifican las posibles fuentes de información, se evalúa su disponibilidad y la posibilidad de acceso a ellas. También se hace un examen cuidadoso de la escena de la muerte de manera directa a través de una visita o indirecta con base en datos documentales como fotos o vídeos. Se eligen las áreas que se evaluarán en las diferentes fuentes, así como los instrumentos que se consideren aptos para ello, teniendo siempre presente que al final del proceso los profesionales deben estar capacitados para defender sus conclusiones. Una vez obtenidos los resultados de la discusión, se elabora un informe escrito y se presentan los resultados, con la disponibilidad de defender o ampliar su contenido en los casos que se requiera. Finalmente, es importante señalar, en la misma línea de Annon (1995), que el hecho de contar con gran cantidad de información puede ser valioso para tener una idea completa de la situación, pero más que la cantidad de datos lo que interesa es establecer prioridades y categorías que faciliten el análisis y evite la sobrecarga de información.

22.4.5. ¿QUIÉNES DEBEN REALIZAR LA AUTOPSIA PSICOLÓGICA?

Dado el contenido de la autopsia psicológica y las implicaciones que tienen las conclusiones derivadas de ella, es recomendable que sus conclusiones sean el resultado de un trabajo en equipo conformado por investigadores, personal médico y profesionales de la salud mental. En el equipo debe estar presente un psicólogo o un psiquiatra con entrenamiento y experiencia, puesto que por su formación aportan conocimiento y habilidades indispensables para explicar y evaluar el comportamiento humano (Annon, 1995; Ebert, 1987; García, 2001 a). Sin embargo, esto no limita la posibilidad de que la autopsia sea realizada por un solo profesional tal como ocurre cuando se presenta como testimonio de un experto.

22.4.6. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL INFORME

Como se explicó en el procedimiento, el objetivo último de la autopsia psicológica es la presentación de un informe que responda a una solicitud de la administración de justicia y que constituya un aporte para una toma de decisión en el ámbito legal. Aunque el contenido del informe varía de acuerdo con el propósito específico de la evaluación post mortero, la estructura básica puede ser la siguiente:

-Identificación y solicitud de una autoridad competente (fecha de la solicitud, quién requiere la información y qué preguntas necesita resolver).

-Descripción del propósito de la evaluación.

-Descripción de las fuentes de información.

-Descripción de las técnicas, los instrumentos, las guías y los cuestionarios utilizados, explicando por qué fueron elegidos éstos y no otros; en la medida de lo posible se deben presentar las características de validez y fiabilidad.

-Resumen de los hechos.

-Presentación de los resultados de la evaluación organizados por áreas.

-Conclusión de la evaluación realizada, teniendo en cuenta que debe corresponder con la respuesta a la pregunta inicial respecto al modo de muerte o a las condiciones psicológicas de quien ha fallecido. La conclusión debe guardar una estrecha relación con el propósito de la evaluación y con la solicitud, y no debe ser categórica, debe presentarse en términos de probabilidades y sin emitir juicio ninguno que reemplace o sesgue la decisión última del administrador de justicia (Selkin, 1994; Young, 1992b).

-Discusión sobre las limitaciones y aciertos que se tuvieron en el proceso de evaluación, adelantándose así a posibles críticas y/o controversias.

-Identificación de quién o quiénes llevan a cabo la evaluación (fecha de entrega del informe, nombre, profesión y credenciales de experticia).

Finalmente, entendiendo que la autopsia psicológica obedece a una práctica en el ámbito forense, es útil aplicar las recomendaciones de Vázquez y Hernández (1993) sobre la redacción de informes médicos forenses. El informe debe estar libre de juicios de valor, de aspectos irrelevantes, de datos no verosímiles, de términos técnicos sin explicación y de conclusiones no probadas; las explicaciones deben estar basadas en máxima observación, media descripción y mínima inferencia y no se debe confundir la labor pericial con la policial.

22.5. RETOS Y LIMITACIONES

Como cualquier otra forma de evaluación psicológica forense, la autopsia psicológica debe ser válida y fiable; sin embargo, actualmente se dispone de poca investigación que examine la validez de este procedimiento (Selkin, 1994; Young 1992b). Debido a esta situación, las evaluaciones reconstructivas han sido objeto de diversas críticas que han generado dos posturas, una que está en contra de la utilización de evaluaciones post mortero dada su baja validez y fiabilidad, y otra que propone el uso cuidadoso de este procedimiento y la estandarización y mejora de sus condiciones metodológicas. Uno de los ejemplos más citados para mostrar los inconvenientes de las evaluaciones post mortero es el caso del incidente del Iowa en Estados Unidos. Aunque no se trató específicamente de una autopsia psicológica sino de un análisis de muerte equívoca (AME), la discusión de las bondades y limitaciones de este caso constituye información útil para la elaboración de este tipo de evaluaciones reconstructivas. Aunque la autopsia psicológica y el AME son similares, puesto que realizan el análisis de la vida de una persona muerta y construyen su perfil según entrevistas y archivos de datos, no son lo mismo (Ebert, 1987 y cols., 1993). En la autopsia psicológica, se propone que los profesionales e investigadores se basen en la información obtenida por ellos mismos al examinar la escena de la muerte o realizar sus propias entrevistas, que cuenten con un respaldo teórico y empírico del método que utilizan y de la precisión de los juicios que se desprenden de él, y que presenten sus conclusiones en términos de probabilidades. El AME, en cambio, se basa en la información recogida por otros en el curso de la investigación criminal (por ejemplo, en los registros policiales y en los expedientes); tiende a presentar conclusiones definitivas acerca del modo de muerte, y su respaldo teórico y empírico es mucho más limitado (Poythress y cols., 1993). El AME es un procedimiento utilizado y desarrollado por el FBI que se encuentra estrechamente relacionado con la elaboración de perfiles psicológicos criminales (Douglas, Ressler, Burgess y Hartman, 1986), aunque tampoco son lo mismo. En la elaboración de perfiles se han hecho esfuerzos de validación, mientras en el AME son deficientes; además, en los primeros las conclusiones son probabilísticas e incluso se han limitado a casos en que la escena del crimen indica psicopatología, mientras en el AME los resultados tienden a presentarse de manera concluyente. Por otro lado, el AME no se reconoce como un proceso de evaluación clínico o relacionado con las áreas de la salud, sino como una técnica de investigación criminal llevada a cabo por un equipo de investigadores que no requieren formación ni en Psicología ni en Psiquiatría (Poythress y cols., 1993; Otto, Poythress, Darkes y Starr, 1993). Finalmente, el AME sólo se utiliza para determinar el modo de muerte (Poythress y cols., 1993), mientras la autopsia psicológica concebida igual inicialmente, cada vez tiene un campo de aplicación más amplio (Young, 1992b).

El caso del Iowa merece ser citado puesto que ha representado un antecedente importante para todo tipo de evaluación reconstructiva e indica los ries gos que se corren en ellas, de tal forma que el hecho de describirlo aquí tiene el objeto de señalar algunos problemas que pueden presentarse en procedimientos como la autopsia.

El 9 de abril de 1989 Clayton Hartwig y otros 46 marineros murieron en una explosión a bordo de una nave militar de los Estados Unidos. A partir de los informes de 50 expertos que examinaron las condiciones del Iowa se descartó la posibilidad de un fallo mecánico. La hermana de Hartwig envió una carta a la Fuerza Naval preguntando sobre los trámites para solicitar una indemnización por la muerte de Clayton. En una semana, el Servicio de Investigación Naval (Naval Investigative Service, NIS) solicitó a sus psicólogos y a los agentes del FBI del Centro Nacional para el Análisis del Crimen Violento (National Centerfor the Analysis of Violent Crime) que realizaran un análisis de muerte equívoca (EDA) en el caso de Hartwig. El FBI concluyó que la víctima tendía a ser violenta, que se preocupaba constantemente por la muerte y que había actuado sólo e intencionalmente para causar la explosión. El informe del FBI describió a Clayton Hartwig como una persona con características suicidas y capaz de cometer un homicidio múltiple. Este informe fue la pieza principal para atribuir la responsabilidad de la explosión a Hartwig, pese a que la evidencia era muy débil (Poythress y cols., 1993; Young, 1992b).

Después de la presentación del informe, el Comité de Servicios de la Armada pidió a la Asociación Americana de Psicólogos (American Psychological Association, APA) que revisara el informe del FBI y sus conclusiones. La APA pidió a 14 profesionales que discutieran 4 puntos:

-La validez de las conclusiones de la Armada (si estas se basaron en la evidencia disponible).

-Si la base de datos fue adecuada (validez de los datos utilizados para hacer el perfil de Hartwig).

-Si el análisis de la personalidad de Hartwig permitía identificar motivos o predisposiciones al suicidio y si con esta información se podían considerar otras conclusiones diferentes de las que se presentaron.

-La validez de los perfiles psicológicos póstumos (dificultades de la determinación póstuma de tendencias suicidas y de la conducta global).

Los resultados mostraron que 10 de los 14 expertos no estuvieron de acuerdo con las conclusiones del FBI y quienes consideraron creíble el análisis criticaron el procedimiento, la metodología y la falta de claridad con respecto a las limitaciones de un análisis retrospectivo de esta naturaleza. Con relación a los cuatro puntos solicitados, estos especialistas concluyeron que los datos disponibles no permitían inferir las conclusiones que se presentaron, que la validez de las fuentes y el contenido de la información no eran claros y que aunque existían otras hipótesis probables, éstas no se tuvieron en cuenta. En general, las interpretaciones realizadas por el FBI fueron calificadas como cuestionables (Poythress y cols., 1993; Young, 1992b).

Los investigadores del FBI argumentaron que la ausencia de datos de fiabilidad y validez en el AME del caso Hartwig no era suficiente para rechazarle como prueba, dado que su experiencia de 18 años ayudando al Estado a resolver crímenes violentos les había capacitado para recolectar suficiente evidencia de casos acerca de la efectividad de su trabajo y que además habían usado su evidencia anecdótica como retroalimentación para mejorar el proceso analítico (Ault, Hazelwood y Reboussin, 1994). Posteriormente, Otto y cols. (1993) evaluaron, aunque indirectamente, la fiabilidad de los juicios clínicos de los profesionales de la salud mental que participaron en el comité de la APA. Para ello, se utilizó un instrumento de 31 ítems que fue respondido por 24 psicólogos. En ninguno de los ítems se alcanzó un 100 por 100 de acuerdo entre los evaluadores. Entre las razones que propiciaron esta falta de acuerdo estuvieron la ambigüedad de los datos disponibles para hacer la evaluación, así como la ausencia de un procedimiento sistemático y ampliamente aceptado para la selección y el análisis de la información obtenida a través de terceros. La evaluación de las conclusiones y la evidencia presentada por las partes en este caso llevaron a discutir si las evaluaciones reconstructívas pueden aceptarse en el contexto forense a pesar de sus limitaciones en la fiabilidad y la validez. En cuanto a la fiabilidad se plantea que la evaluación post mortero de un mismo sujeto por parte de varios evaluadores puede llevar a diferentes conclusiones debido a que se consultan distintas fuentes, a la atención diferencial que se puede prestar a la información obtenida, a la formación y bagaje teórico y profesional de quien realiza la evaluación, al procedimiento e instrumentos utilizados, etc.; es decir, existe preocupación por el grado de acuerdo entre distintos evaluadores. En el caso de Hartwig la evaluación de la APA y de los juicios de los expertos que conformaron este comité muestra que existían otras conclusiones posibles con la evidencia disponible, diferentes a las obtenidas por los expertos del FBI y que como los mismos expertos señalaron no se pudo llegar a un 100 por 100 de acuerdo a pesar de tener la misma información y de dirigir las respuestas a cuatro puntos concretos. La evidencia de la inconsistencia en las conclusiones de diferentes evaluadores y la posibilidad de conclusiones más parsimoniosas que las presentadas a partir de valoraciones reconstructivas representan una limitación de éste tipo de procedimientos. El Jurado, el juez y, en general, los sistemas de justicia no pueden asumir con confianza la conclusión de un informe con estas características. El hecho de que un informe se preste para diversas conclusiones lo hace fácilmente controvertible y esto, a su vez, limita su utilidad como testimonio experto (Shneidman, 1994); pero también constituye un reto para quien lo realiza pues sabe que dependerá de la fuerza de sus argumentos el que su testimonio experto sea considerado en la decisión legal.

Por otra parte, la validez en las evaluaciones reconstructivas hace referencia a si éstas realmente evalúan lo que pretenden. En la determinación del modo de muerte se ha criticado el hecho de que se evalúe únicamente una de las posibilidades dejando de lado otras. Así, tal como ocurrió en el caso de Hartwig, es posible que se tengan en cuenta los factores de riesgo para el suicidio y no para el homicidio o el accidente, sesgando el procedimiento y los resultados. Además, se corre el riesgo de estimar la probabilidad de suicidio, pero no la determinación del modo de muerte, que era el objetivo inicial. Por otro lado, también se critica la validez relacionada con la predicción de las conclusiones derivadas de las evaluaciones post mortero. Se duda de la precisión de las evaluaciones reconstructivas para determinar el modo de muerte o para describir las condiciones psicológicas de una persona que ha fallecido y que por lo mismo no ha podido ser evaluada directamente. Se cuestiona su capacidad para prever la probabilidad de equivocarse en sus apreciaciones. En el informe del Iowa, por ejemplo, las conclusiones del AME se basaron en inferencias que no correspondían con la evidencia disponible, no se especificó su nivel de error ni se presentó información con respecto a la probabilidad de la veracidad de los resultados y aún así se presentaron como afirmaciones contundentes.

Es evidente la importancia de que los profesionales encargados de este tipo de valoraciones reconozcamos las limitaciones del procedimiento y procuremos reducirlas o, cuanto menos, considerarlas en las conclusiones. En esta línea, y de acuerdo con la práctica profesional y la investigación en el procedimiento de autopsia psicológica, se identifica un conjunto de factores que pueden atentar contra su fiabilidad y validez:

-La ambigüedad de los conceptos utilizados. La ambigüedad de las definiciones, criterios y categorías empleadas en la autopsia psicológica genera desacuerdos entre los evaluadores y las fuentes (Rosenberg y cols., 1988). Es frecuente la utilización de conceptos no unificados que lleva a tantas interpretaciones como personas involucradas en la evaluación. A este respecto, Jobes y cols. (1991) encontraron que solo el 37 por 100 de una muestra de 200 médicos afirmó que utilizaba una definición operacional - oficial o no - del suicidio en sus certificaciones médico-legales de suicidios equívocos y que el 63 por 100 estuvo de acuerdo en que sería de mucha utilidad para ellos estandarizar los criterios operacionales para la determinación del modo de muerte. Así, tanto en las propuestas de variables que deben considerarse en la evaluación como en los instrumentos diseñados para la determinación del modo de muerte, son frecuentes las formulaciones de categorías muy amplias o confusas. Por ejemplo, en el ECDS-1, el ítem «Evidencia Psicológica que indica que la víctima se autoinfligió la muerte» presenta una expresión muy general que se presta para diferentes interpretaciones. Así, la ambigüedad o amplitud de conceptos como evidencia psicológica requieren una definición operacional clara para quienes utilizan el instrumento. Para algunos profesionales este ítem puede sugerir la evaluación de unos pocos criterios relacionados con el estado de ánimo de la víctima, mientras que para otros puede indicar la necesidad de valorar un número mayor de criterios relacionados con las relaciones interpersonales o estilo de vida de la víctima. Esta situación incrementa la probabilidad de diferencias y sesgos en el procedimiento de autopsia psicológica, tanto en el número de criterios que se consideran en la evaluación como en la definición de cada uno de ellos. Aunque los esfuerzos de validación de instrumentos como los de Rosenberg y cols. (1988) y los de García (1999) ayudan a reducir el sesgo producido por los desacuerdos entre los evaluadores y las fuentes, es necesario que las personas encargadas de la autopsia psicológica consideren desde el inicio las definiciones y criterios que van a utilizar en su tarea, de tal forma que puedan ser explicados y defendidos en el contexto legal.

Lacalidad de las fuentes y de la información disponible. Dado que la autopsia psicológica se realiza a partir de información de terceros, existen algunos factores que difieren de la evaluación tradicional y que llevan a que se omita y se distorsione la información. Entre los elementos más importantes se encuentran el estado de ánimo o condiciones emocionales de los entrevistados después de la muerte de una persona conocida o cercana, la motivación e intereses de las fuentes, el tiempo transcurrido entre la fecha del fallecimiento y la entrevista, el tipo de pregunta y las habilidades de los evaluadores (Selkin, 1994; Young, 1992b). Respecto a las condiciones emocionales de los entrevistados, se ha discutido si éstas pueden influir en la veracidad de los informes, tanto por el estado de confusión en que se pueden encontrar por la situación, como por sus sentimientos hacia la víctima. Es posible, por ejemplo, que se maximice la responsabilidad de la víctima en su muerte o que, por el contrario, se minimice dependiendo de la relación que se mantenía con ella (Jacobs y Klein-Benheim, 1995). Sin embargo, no hay evidencia contundente de la influencia de la condición emocional de los informantes sobre la veracidad del relato y son escasos los trabajos que comparan la calidad de la información en función del estado emocional de los entrevistados, por lo menos en el ámbito de la autopsia psicológica. Las fuentes también pueden ser poco fiables debido a que son parte del proceso y saben que lo que digan podrá ser utilizado para tomar una decisión que no necesariamente les beneficie, como en los casos de pleitos por pagos de seguros o en la determinación de un homicidio. Además, las fuentes pueden considerar que se está invadiendo su vida privada o que puede ser muy costoso en tiempo y esfuerzo hacer parte del proceso (Selkin, 1994; Young, 1992b). En cuanto al tiempo transcurrido entre la muerte y la entrevista existen dificultades para determinar cuál es el período óptimo, si inmediatamente después del suceso, varias semanas o incluso meses después. Este planteamiento se encuentra directamente relacionado con el estado emocional y la curva de olvido (Selkin, 1994). Por ejemplo, si las entrevistas a fuentes personales se realizan poco tiempo después del suceso investigado, el estado emocional de estas personas puede influir en la veracidad de la información que proporcionen sobre el comportamiento de la víctima. Por otro lado, si la evaluación se realiza después de un largo período de tiempo posterior a la muerte, habrá menor posibilidad de alteraciones afectivas o emocionales, pero a su vez se incrementará la probabilidad de que las personas entrevistadas hayan olvidado detalles del fallecimiento. No hay evidencia contundente sobre la relación entre la cantidad de tiempo transcurrida desde la muerte evaluada y el momento óptimo para hacer las entrevistas a las fuentes personales. Sin embargo, algunas investigaciones aportan datos interesantes en este sentido. Brent (1989) no encontró asociación entre la alteración emocional de los padres de la vícti ma y el tiempo transcurrido en un período de dos a seis meses, la calidad de la información obtenida. Por su parte, García (1999) señaló que la información de las fuentes personales fue fiable durante los seis meses siguientes a la muerte, indicando que no hay una diferencia significativa en función del tiempo, sino más bien, de la metodología empleada para recoger la información. Como en cualquier otro proceso de evaluación, la formación y habilidad del evaluador para realizar las entrevistas, así como el orden y tipo de preguntas influyen sobre la calidad de información. Por ejemplo, interrumpir constantemente al entrevistado o hacer preguntas que induzcan a respuesta, sesgan los resultados. Finalmente, es importante tener en cuenta que así como existen problemas de fiabilidad con las fuentes directas de información, también los hay con la utilización de pruebas psicológicas para evaluar el comportamiento del occiso a partir de la información de terceros, más aún cuando no están validadas para ser aplicadas en esta forma.

Lascorrelaciones ilusorias. Las correlaciones ilusorias son asociaciones que se asumen entre variables y que no necesariamente son ciertas (Schwartz, 1991); éstas atentan contra la validez y la fiabilidad de la autopsia psicológica en la medida en que contribuyen a formar impresiones y establecer creencias que generalmente son injustificadas. El hecho de que la autopsia psicológica evalúe múltiples relaciones entre las características de la víctima, el modo y las circunstancias de la muerte en ausencia del sujeto de la evaluación, así como el que existan pocos trabajos de estandarización de criterios, procedimientos e instrumentos específicos para la autopsia, hacen que este tipo de evaluación reconstructiva sea vulnerable a las correlaciones espurias. Las relaciones que el evaluador asume entre variables no están libres de la influencia de sus creencias y percepciones aunque no siempre coincidan con los resultados de la covariación empírica. Si bien, el profesional puede reducir esta situación en razón de su formación y profundización en el tema sobre el cual realiza la evaluación, es posible que se presenten las siguientes situaciones:

•Que los evaluadores establezcan relaciones entre variables que corresponden con la evidencia. Por ejemplo, cuando se supone una relación entre intentos previos e historia familiar de suicidio con la conducta de quitarse la vida y existe respaldo teórico y empírico de dicha relación.

•Que los evaluadores consideren que algunos factores o criterios están muy relacionados, pero que no haya evidencia que apoye la asociación. Por ejemplo, determinar que la presencia de notas suicidas es el mejor predictor de suicidio, cuando la evidencia disponible no permite apoyar esta idea.

•Que los evaluadores asuman que algunos factores o criterios no están relacionados pero que sí haya evidencia empírica que apoye la relación. Por ejemplo, sustentar un informe afirmando que no hay relación entre conducta de riesgo y la probabilidad de sufrir un accidente, y que efectivamente haya evidencia disponible sobre su asociación.

•Que los evaluadores no perciban relación entre algunos factores o criterios y que efectivamente no exista evidencia que lo apoye.

Lo ideal sería que se presentaran las posibilidades 1 y 4, es decir, que el juicio de los evaluadores coincida con la evidencia, pero en muchos casos esto no ocurre, dando lugar a las posibilidades 2 y 3, que corresponden precisamente con las correlaciones ilusorias, las cuales pueden llevar a que se le asigne mayor valor a algunos factores de riesgo, aunque no necesariamente tengan una fuerte influencia sobre la conducta evaluada, y a reducir el valor asignado a aquellos que de acuerdo con la evidencia sean realmente los más determinantes. Por otro lado, también puede ocurrir que se confundan los factores de riesgo con las características que presentan la mayoría de las personas en un grupo determinado, con lo cual se asume que la probabilidad de que un caso pertenezca a un grupo o a una categoría es igual a la probabilidad de que la mayoría de los casos de un grupo o categoría presente una determinada característica. Esta posibilidad incrementa los riesgos en las conclusiones de la autopsia psicológica y advierte sobre las precauciones que se deben tener al realizarla (Shneidman, 1994). Veamos el siguiente ejemplo para ilustrarlo anterior. García (1999), en los resultados de la validación del MAPI para el suicidio, encontró que la mayoría de las víctimas presentaba abuso de alcohol sin dependencia. Este dato puede ser interpretado de dos maneras: a) existe alta probabilidad de que una persona que abusa del alcohol cometa suicidio; y b) hay alta probabilidad de que quienes cometen suicidio hayan abusado del alcohol. Aunque podrían parecer similares, las dos conclusiones representan situaciones diferentes. La primera lleva a deducir que el abuso de alcohol es un factor de riesgo para el suicidio, es decir, que quienes abusan del alcohol tienen una alta probabilidad de morir por suicidio, cuando en realidad con estos datos también se puede dar la situación de que muchas personas que abusan del alcohol no se autoinflijan la muerte. Con la segunda premisa se indica que la mayoría de las personas que cometen suicidio han sido abusadoras del alcohol, pero esto no indica necesariamente que la mayoría de las personas que abusan del alcohol mueran por esta causa. Para concluir lo anterior se requeriría conocer la proporción de personas que abusan del alcohol y que cometen suicidio, y no solamente el número de personas suicidas que abusaban del alcohol. Para explicarlo, sigamos con el ejemplo. En los resultados de la validación del MAP-I y MAP-II, descritos por la misma autora, se observa que la mayoría de las víctimas de homicidio y de accidentes también presenta abuso de alcohol. Con estos nuevos datos, salta a la vista que esta característica no podría ser considerada como factor de riesgo del suicidio, dado que no se presenta de manera diferencial en el grupo de víctimas de este modo de muerte. De acuerdo con esto, se podría decir que tanto en el suicidio como en los accidentes y homicidios es muy probable que la mayoría de las víctimas presente abuso de alcohol, pero no se podría aseverar que la mayoría de quienes abusan del alcohol sean víctimas de un modo de muerte en particular. En resumen, en este caso, no se podría considerar el abuso de alcohol como factor de riesgo para un modo de muerte específico, aunque sí lo podría ser para las muertes violentas en general. Desafortunadamente, muchas de las autopsias psicológicas se llevan a cabo comparando las características de la víctima sólo con las de un grupo de población similar y son pocos los estudios que informan de comparaciones con grupos control, de tal forma que se corre el riesgo de asumir relaciones y juicios de probabilidad que no necesariamente corresponden con la realidad. Las conclusiones de la autopsia psicológica en el contexto legal deben sustentarse en argumentos sólidos, por ello es importante no perder de vista el apoyo empírico y estar atentos a la información que pueda falsearlas. En la administración de justicia, siempre existe la posibilidad de que la contraparte cuente con argumentos que debiliten los nuestros. Es posible que si no tenemos claridad y evidencia de la fuerza de asociación entre dos variables que fueron la base de nuestras conclusiones, la defensa, por ejemplo, sí tenga evidencia de lo contrario y con ello invalide la presentación de nuestros resultados.

Laprecisión de las predicciones y la estimación de la probabilidad. Otra de las críticas que se podría hacer a las evaluaciones reconstructivas es el de su nivel de certeza. Este punto se refiere a la precisión de la autopsia psicológica para determinar lo que se le solicita. La preocupación en este caso se enfoca en el grado de coincidencia entre la realidad y las conclusiones del informe (Shneidman, 1994). Si nos ciñéramos a un modelo exclusivamente estadístico para calcular la relación entre la realidad evaluada y las conclusiones presentadas, encontraríamos que es altamente probable no tener un 100 por 100 de certeza en nuestras afirmaciones. Una de las observaciones a este respecto es que usualmente los evaluadores enfocamos mucho más la atención en la probabilidad de que nuestras conclusiones sean verdaderas (casos verdaderos positivos) que en otras posibilidades (Rosenberg y cols., 1988). Esto ocurre tanto en la estimación del poder de predicción de los instrumentos utilizados como en la valoración de la precisión de las conclusiones de la evaluación. Para saber la probabilidad de acierto no es suficiente conocer el grado de precisión de la predicción de los casos positivos; por ejemplo, el que una prueba sea capaz de identificar con precisión el 90 por 100 de los suicidios no significa que un caso que ha sido identificado como suicidio tenga un 90 por 100 de probabilidad de serlo efectivamente (Schwartz, 1991). Esto supone que en el momento de estimar la precisión de las conclusiones y de los instrumentos se debe tener en cuenta no sólo la probabilidad de acertar sino también la probabilidad de equivocarse. De este modo, si un investigador utilizara el ECDS-1 para evaluar si una muerte fue accidental, no sólo debe considerar el dato de que la prueba tiene una precisión del 83 por 100 para predecir accidentes, sino también la probabilidad de que la prueba indique accidente cuando no lo es, e incluso, la probabilidad de que indique que el caso no corresponde con un accidente cuando en realidad sí lo fue. Con lo anterior, es evidente que existen diversos factores que atentan contra la validez y fiabilidad de la autopsia psicológica, lo cual no significa que sea un procedimiento poco recomendable en el ámbito forense, sino más bien que constituye una herramienta útil siempre y cuando quienes la realizan reconozcan sus limitaciones y contribuyan a reducirlas mediante la documentación sistemática de los pasos que se llevan a cabo para formular sus conclusiones y la utilización de argumentos defendibles que resistan la controversia. Finalmente, dado que se reconocen esfuerzos en la estandarización de instrumentos y procedimientos en este tipo de evaluaciones, el hecho de que ahora se reconozcan limitaciones no quiere decir que en el futuro cercano no puedan reducirse. Una de las tareas en este campo es precisamente la de la investigación que permita desarrollar instrumentos y técnicas acordes con los propósitos de la autopsia y que potencien su validez y su utilidad en el contexto legal.

22.6. CONSIDERACIONES ÉTICAS

Corno cualquier otra actuación forense la autopsia psicológica debe seguir principios éticos. Las Asociaciones de Profesionales han establecido códigos deontológicos que permiten crear acuerdos y estándares entre profesionales con respecto a ello. La American Psychological Association (1990), por ejemplo, establece en el código de ética que los psicólogos deben:

-Evitar actuar de manera que se violen los derechos civiles de otros (Artículo 3).

-Prevenir la distorsión o el mal uso de sus hallazgos (Artículos 1 y 8).

-Identificar cualquier reserva que exista con respecto a la validez y fiabilidad de una evaluación técnica (Artículo 8).

Esta misma asociación estipula que quienes utilizan instrumentos de evaluación deben valorar la fiabilidad y validez de sus técnicas y demostrarlas en los casos que se usen con propósitos para los que no han sido previamente validadas. Por otro lado, el Comznitte on Ethical Guidelinesfor Forensic Psychologists (1991) (Comité de Guía Ética para Psicólogos Forenses), establece que los psicólogos deben:

-Documentar o tener disponibles todos los datos que sustentan sus opiniones.

-Asegurar que los datos recogidos por personas diferentes a quienes realizaron el informe se obtuvieron de manera profesionalmente aceptable.

-Presentar las limitaciones y aclarar que las personas no estuvieron disponibles para obtener la información.

En España, el Colegio Oficial de Psicólogos (1987) también indica algunos puntos relevantes con relación a las evaluaciones psicológicas. Esta organización especifica que «los informes escritos del psicólogo deben ser sumamente cautos, prudentes y críticos, frente a nociones que fácilmente degeneran en etiquetas devaluadoras y discriminatorias, del género de normal/anormal, adaptado/inadaptado o inteligente/deficiente» (Artículo 12). También «que los informes habrán de ser claros, precisos, rigurosos e inteligibles para su destinatario. Deberán precisar sus alcances y limitaciones, el grado de certidumbre que acerca de sus varios contenidos posea el informante, su carácter actual o temporal, las técnicas utilizadas para su elaboración, haciendo constar en todo caso los datos del profesional que lo emite». Adicionalmente, es importante que la evaluación se realice de manera imparcial, que las entrevistas no se lleven a cabo sólo a personas involucradas en una parte del proceso o que los resultados se relacionen con el pago de dinero o con cualquier otra ganancia externa adicional que compita con la objetividad de la evaluación. Por otro lado, los profesionales encargados de realizar estas evaluaciones tienen la obligación de informar de la naturaleza de estas técnicas a quienes utilizan los resultados y de ofrecer estrictamente aquello que se pueda presentar sin generar expectativas de información o explicaciones que no se podrán cumplir (Otto y cols., 1993). Finalmente, con respecto a las conclusiones de las autopsias psicológicas, como lo explicó Ebert (1987), el psicólogo no debe sentirse obligado a presentar una conclusión si la información disponible no permite darla. Este debe plantear la situación, pero no presentar resultados sustentados en el azar, en la inferencia o en la superstición. Es importante reconocer que algunos casos deberán permanecer sin resolverse porque no se cuenta con la evidencia suficiente para hacerlo.

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RAMÓN ARCE FRANCISCA FARIÑA

23.1. INTRODUCCIÓN

El objetivo primordial de toda investigación policial o judicial es la búsqueda de información entre las víctimas y testigos de un hecho delictivo con el fin de obtener información con las que proseguir la investigación, esclarecer los hechos o establecer la autoría del mismo. Hans y Vidmar (1986) cifran, en el contexto de la casuística mundial, que alrededor del 85 por 100 de los casos se basan en un testimonio. La herramienta fundamental para proceder con los testigos son los interrogatorios y entrevistas. Es bien sabido que el éxito de dicha entrevista o interrogatorio va a depender de factores tales como la pericia del entrevistador, el grado de colaboración del entrevistado, el tiempo transcurrido desde el suceso, y, evidentemente, del tipo de entrevista (véase, por ejemplo, la revisión de Wells, 1993). Tradicionalmente, las entrevistas presentan dos formas: narrativa (al entrevistado se le pregunta: «¿qué ha pasado?» y éste se limita a narrar los hechos tal y como los recuerda) e interrogativa (en ésta, el entrevistador, tras preparar una serie de preguntas sobre los hechos, le pide al entrevistado que las conteste). Al examinar la utilidad de estas dos formas de recabar información, diversas investigaciones (véase un meta-análisis al respecto de Kóhnken, Milne, Memon y Bull, 1999), advierten que la entrevista cognitiva (esto es, de formato narrativo) aporta más información, sobre todo correcta (36 por 100), pero también incorrecta (17,5 por 100). Ahora bien, esto no significa que la exactitud global sea mayor en un tipo de entrevista que en otro. De hecho, el porcentaje promedio de información correcta es en el formato de entrevista tradicional (esto es, interrogativa) del 82 por 100, en tanto en la entrevista cognitiva se cifra en el 84 por 100. Todo ello ha llevado a Alonso-Quecuty (1993a) a señalar como solución a esta paradoja la utilización conjunta de ambos tipos de entrevistas: en primer lugar, la forma narrativa y posteriormente la forma interrogativa. En todo caso, la secuencia de uso es muy importante, pues si se realizan primero las preguntas, puede dar lugar a que el testigo integre en su relato hechos que realmente no presenció y de los que sólo tiene conocimiento gracias a los interrogadores. Esto es lo que se conoce como efectos de la información post-suceso (Loftus, 1979). Según nuestra perspectiva, ambos tipos de entrevista llevan a que el sujeto ejecute dos tareas distintas: una tarea de búsqueda holistica de la información en forma de imágenes mentales de tipo pictórico en la entrevista cognitiva, y una tarea de búsqueda de la información analítica mediada por esquemas en la entrevista interrogativa. Por ende, participamos de esta idea de complementariedad con el añadido de la secuencialidad, esto es, como veremos posteriormente, entendemos que un modo de medida de la fiabilidad del testimonio es la consistencia temporal. Por ello, proponernos dos medidas de los relatos y, sobre la base de una posible contaminación de las cogniciones del sujeto por medio del interrogatorio, éste sólo tendría lugar tras la segunda obtención de la declaración.

23.2. LA ENTREVISTA ESTÁNDAR

Físher, Geiselman y Raymond (1987a), tras analizar el contenido de entrevistas estándar (esto es, entrevistas policiales reales), identificaron tres problemas que implican una inhibición en la recuperación de información: frecuentes interrupciones en las descripciones de los testigos, formulación de excesivas preguntas de respuesta corta y una secuencia inapropiada de las preguntas. Las interrupciones traen como consecuencia negativa una reducción en la habilidad del testigo para concentrarse en el proceso de recuperación de la infonnación con lo que adoptará acercamientos superficiales, resultando la información más vaga o más imprecisa. Por lo que respecta al uso de preguntas de respuesta corta, estos autores advirtieron de la derivación de dos problemas: a) este tipo de preguntas genera en el testigo una tasa inferior de concentración que las preguntas abiertas, y b) que la información obtenida se circunscribe únicamente a la solicitud formulada, perdiéndose así información disponible no solicitada. Finalmente, las secuencias de preguntas resultan inconvenientes por parte del testigo por ser incompatibles con la imagen mental del crimen. Los interrogatorios policiales exhiben tres secuencias prototípicas: predeterminadas, «de vuelta atrás» o arbitrarias. El recurso a un orden predeterminado presenta como inconveniente la carencia de la flexibilidad requerida para ajustar las preguntas con el discurrir y la representación mental que tiene el testigo del crimen. Las preguntas de «vuelta atrás» o de seguimiento traen como consecuencia interrupciones en el flujo comunicativo. En todo caso, estas preguntas deberían formularse inmediatamente después de que el testigo haya proferido una afir mación y tras el fin voluntario de la descripción de ese evento. Finalmente, un orden arbitrario en los interrogatorios implica que el testigo pierda la concentración, interfiriendo en el testimonio. Geiselman y Fisher (Geíselman y cols., 1984; Fisher y Geiselman, 1992), como respuesta a la demanda de mejorar la entrevista policial por parte de los profesionales de la justicia, desarrollaron lo que hoy conocemos corno entrevista cognitiva, que se basa en las técnicas que facilitan la recuperación de la información de la memoria. Ellos mismos han puesto de manifiesto que con este procedimiento se obtiene entre un 25 y un 35 por 100 más de información que con la entrevista policial tradicional (Geieselman, Fisher, Mackinnon y Holland, 1985), lo cual la sitúa como una herramienta muy válida para obtener información de un testigo, facilitando así la labor policial.

23.3. LA ENTREVISTA COGNITIVA

En los distintos procedimientos que conforman la entrevista cognitiva subyacen dos principios teóricos:

-Existen varios canales de recuperación de memoria para un mismo hecho, por lo que la información no accesible mediante un canal lo puede ser mediante otro (Tulving, 1983).

-Una huella de memoria comporta varias características y una ayuda de recuerdo es efectiva en la medida en que hay una superposición entre la huella de memoria y la ayuda de recuerdo (Tulving y Thomson, 1973).

La entrevista cognitiva comprende cuatro técnicas generales de recuperación de memoria:

-La primera técnica consiste en reconstruir mentalmente los contextos físicos y personales que existieron en el momento del crimen (o del hecho que hay que recordar), esto es, la «reinstauración de contextos». Esto implica que al testigo se le pida que trate de situarse mentalmente en el lugar del suceso teniendo en cuenta:

•Elementos emocionales. Un ejemplo sería la sugerencia «trata de recordar cómo te sentías».

•Elementos secuenciales: «piensa en lo que estabas haciendo en ese momento».

•Características perceptuales: «Ponte de regreso en la escena del crimen y haz un dibujo de la habitación. ¿Cómo olía?, ¿qué podías oír?»

La razón que subyace a esta primera técnica es el principio de codificación específica de Tulving, esto es, la información contextual de un suceso se codifica junto con el evento y se conecta de una manera asociativa (Tulving y Thompson, 1973). A su vez, la recuperación verbal del suceso depende del grado en que los índices ambientales de la situación en la que se lleva a cabo el recuerdo se solapen con las propiedades previamente codificadas (Tulving, 1983). Esta primera técnica de la entrevista cognitiva es similar a la usada por parte de jueces y policía, la llamada reconstrucción de los hechos, con la salvedad de que la reconstrucción en la entrevista cognitiva se realiza de forma mental.

Lasegunda técnica, el «recuerdo libre», consiste en pedirle al testigo que narre todo lo sucedido, incluyendo la información parcial; se le pide al testigo que informe absolutamente de todo, incluso de los detallas que considere banales para la investigación, porque esos pueden llevar a otros, asociados entre sí en la memoria, que sí sean relevantes. Esta estrategia es especialmente importante a la hora de combinar la información de diferentes testigos. Además, los pequeños detalles, en ciertos casos, pueden producir buenas pistas. Con estas dos instrucciones, de imaginarse en la misma situación de nuevo y de recordar todos los detalles posibles, se obtiene una primera versión de lo sucedido. Esta declaración, por tanto, es de tipo narrativo y al sujeto se le deja hablar, no se le interrumpe y no se realizan preguntas. Es preciso señalar que en todo momento ha de procurarse un ambiente propicio para la concentración del testigo, sin ruidos ni personas que lo distraigan, y es obvio que el entrevistador ha de ganarse la confianza del testigo para que su declaración sea lo más sincera y productiva posible.

-La tercera técnica, el «cambio de perspectiva», trata de animar al testigo a que se ponga en el lugar de la víctima, o de otro testigo del suceso, o incluso del sospechoso, y que informe de lo que vio o hubiera visto desde esa perspectiva, si estuviera ocupando el lugar de esa persona. Esta técnica viene apoyada por los estudios de Bower (1967), quien advirtió que los sujetos al imaginarse los personajes de una historia, recordaban más detalles propios de la perspectiva del personaje con quien se han identificado, que de otros personajes. De esta manera se obtiene una segunda versión de la entrevista, desde una perspectiva diferente.

Elúltimo componente es la instrucción que debe intentarse recordar desde diferentes puntos de partida, el «recuerdo en orden inverso». En otras palabras, lo que se pretende es que el individuo narre los hechos desde un orden diferente a como se desarrollaron (por ejemplo, desde el final al principio, desde el medio hacia atrás) con el objetivo de recuperar pequeños detalles que pueden perderse al hacer una narración de los hechos siguiendo la secuencia temporal que éstos tuvieron. Esta técnica intenta reducir el efecto que los conocimientos previos, las expectativas y los esquemas producen en el recuerdo, y además puede ser efectiva para obtener detalles adicionales (Memon, Cronin, Eaves y Bull, 1993). No en vano, como señalan Bower y Morrow (1990), tendemos a recordar el esquema o modelo mental que nos formamos de un evento más que el evento mismo.

La aplicación de la entrevista cognitiva no está limitada a la reproducción de un suceso de episodio único, ya que permite extender su utilización para recordar hechos que ocurren frecuentemente de una manera similar (Mantwill, Kóhnken y Ascherman, 1995). La entrevista cognitiva incluye, a su vez, técnicas suplementarias tales como:

-Gimnasia memorística para la apariencia física como pueden ser preguntas del tipo: ¿Te recordó el intruso a alguien a quién conozcas?» «¿Había algo inusual en su apariencia?»

-Nombres: «Trata de recordar la primera letra del nombre, recorriendo una a una todas las letras del alfabeto.»

-Objetos: «Describe los objetos que había dentro y fuera de la habitación», «¿Parecía que fueran pesados de llevar?».

-Conversaciones y características del habla: «¿Se utilizaron palabras extranjeras o inusuales?», «¿hablaba el intruso con algún acento?», «¿tartamudeaba?».

-Número de matrículas de automóviles: «¿Te recuerdan los números o las letras de la matrícula a alguna cosa?», «¿los números eran altos o bajos?».

Además de esta versión estándar de la entrevista cognitiva, Fisher y Geiselman (1992) propusieron una versión mejorada. Ésta responde a una adaptación al contexto para la ejecución en un ámbito como el judicial. No obstante, la efectividad y el procedimiento en términos cognitivos es el mismo. Las siguientes fases resumen la estructura general mejorada de la misma:

-Fase 1. Presentaciones y personalización de la entrevista (presentación, usar nombre del entrevistado).

-Fase 2. Establecimiento de la comunicación (creación de atmósfera agradable, de confianza a través de la formulación de preguntas neutras).

-Fase 3. Explicación del propósito de la entrevista.

-Fase 4. Reinstauración del contexto.

-Fase 5. Recuerdo libre.

-Fase 6. Preparación para el interrogatorio (pedirle que se concentre intensamente, que diga lo que se le viene a la mente tal como llega, sin «fabricarlo», que puede decir «no comprendo», «no sé», «no recuerdo», etc., que active y contraste imágenes).

-Fase 7. Interrogatorio compatible con el testigo (cada testigo tiene una secuencia de memoria distinta del evento debiendo el interrogatorio ajustarse a esa secuencia).

-Fase 8. Recuerdo desde diferentes perspectivas.

-Fase 9. Recuerdo en orden inverso.

-Fase 10. Resumen (realizado por el entrevistador en función de lo que el entrevistado ha informado).

-Fase 11. Cierre (desactivación emocional y de tensiones en el entrevistado).

El gran obstáculo de la entrevista cognitiva es la complejidad que presenta a la hora de aplicarla. Para ello, se requieren entrevistadores expertos y bien entrenados, y conseguir ser un experto en esta técnica requiere horas de intenso entrenamiento antes de lograr dominarla (Alonso-Quecuty, 1993a). Fisher (1987a) desarrollaron un procedimiento de entrenamiento de entrevistadores que esencialmente consistía en el orden de secuencia de la entrevista (dividían ésta en 5 segmentos: introducción, recuerdo libre, cuestionario, repaso e informe), técnicas generales de entrevista (por ejemplo, cómo formular preguntas) y ayudas de recuperación de memoria. Los siguientes puntos relacionan los criterios que definen las habilidades demandadas al entrevistador y presentan la secuencia de entrenamiento en la entrevista cognitiva:

-Criterios concernientes a las técnicas de comunicación y secuencia de la entrevista:

•Cubrir los 5 pasos en la secuencia de la entrevista.

•En primer lugar formular preguntas generales y abiertas antes de proceder con preguntas específicas.

•No interrumpir al entrevistado mientras esté informando.

•Evitar preguntas sugestivas.

•Realizar pausas después de las respuestas del entrevistado.

•Escucha activa y omisión de refuerzos no verbales.

-Criterios concernientes a la ayuda de recuperación de memoria de la entrevista cognitiva:

•Conducir la reintegración del contexto desde el principio al final de la entrevista.

•Seleccionar preguntas compatibles con la imagen mental que el entrevistado tiene del suceso y concernientes a un segmento entero del suceso.

•Si el entrevistado no recuerda un detalle se debe iniciar otro proceso con una ayuda de recuperación de memoria (por ejemplo, recuerdo en diferentes órdenes, cambio de perspectiva).

Finalmente, Fisher y cols. (1987a) añadieron una estrategia adicional para mejorar el recuerdo: la motivación del testigo para que se concentre en la tarea de recuperación de la información, ya que niveles bajos de concentración llevan a un recuerdo pobre. Las recomendaciones incluyen:

-Conseguir que el testigo se sienta cómodo y relajado.

-Evitar la presencia de distracciones.

-Alentar al testigo para que focalice su atención en imágenes mentales internas.

-No forzar a los testigos para que recuperen información.

23.4. LA ENTREVISTA A NIÑOS TESTIGOS

Cuando los testigos son niños, el uso del procedimiento de la entrevista cognitiva merece ciertas consideraciones. Primera, uno de los hallazgos más consistentes respecto a la memoria de los niños se relaciona con el rendimiento: en tareas de recuerdo libre los niños rinden significativamente menos información que los adultos; esto es, el nivel de detalles y exactitud con el que se recuerda un suceso, se incrementa con la edad (Davies, Torrant y Flin, 1989; Parker, 1986). Segunda, cuando la tarea de recuerdo está relacionada con un contexto significativo y familiar para ellos, las habilidades de memoria que exhiben son mayores que cuando se trata de un contexto desconocido y vacío de significado (Bauer y Mandler, 1990); en otras palabras, en estos contextos la información que recuperan no es necesariamente menos productiva y exacta. Ya que el principal objetivo de la entrevista cognitiva es aumentar la información recuperada, puede que sea el procedimiento más efectivo para utilizar con niños (Memon y Bull, 1991). No obstante, se han de modificar las instrucciones para que el niño comprenda lo que se le está pidiendo. Por ejemplo, puede tener dificultades para entender las instrucciones de cambio de perspectiva y el relato de los hechos desde el punto de vista de «otro». Incluso, puede estar incapacitado mentalmente para realizar tales operaciones.

Con el propósito de adaptar la entrevista cognitiva, el Ministerio del Interior y el Departamento de Salud Británicos (Home Office and The Department of Health, 1992; en castellano puede verse más desarrollado en Bull, 1997) encargaron a los profesores Diane Birch y Ray Bull la concreción de un protocolo de actuación para la obtención de la declaración de menores testigos. Sobre la base del borrador elaborado por estos profesores, junto con un foro de discusión con técnicos, se plasmó un protocolo de actuación específico para menores. Previamente a la entrevista' en sí, recomienda recabar información sobre el estado evolutivo del niño, nivel de lenguaje, y maduración física, social y sexual. Éste consta de cuatro fases que debe completar el entrevistador por este orden específico: entendimiento y compenetración, recuerdo libre, interrogatorio y conclusión. La primera fase, del «entendimiento y compenetración» con el menor, es de una importancia trascendental para el buen desarrollo del testimonio. De no conseguirse que el niño se relaje y se sienta cómodo, no obtendremos un buen flujo comunicativo. Debe observarse que los niños generalmente están educados para no hablar con extraños. Por ende, se recomienda iniciar la tarea hablando de acontecimientos «neutros» tales como hobbies, amigos, colegio, etc. El entrevistador obtendrá de esta primera aproximación información sobre el nivel de lenguaje y de desarrollo. El último fin de esta primera fase es informar al niño de lo que se espera que haga a partir de ese momento. El entrevistador debe tener una consideración especial con los niños ya que pueden sentirse culpables o creer que han hecho «algo malo». Por todo ello, es necesario insistir y dejar muy claro la necesidad de que digan la «verdad». En la segunda fase, el «recuerdo libre», se le demanda al niño que cuente todo lo acontecido (por ejemplo, «¿hay algo que te gustaría contarme?, ¿sabes por qué estamos aquí?»). El entrevistador puede actuar como facilitador pero nunca hacer preguntas específicas. Un cuidado especial merecen las posibles cogniciones del niño: a) con cierta frecuencia creen que los adultos ya saben lo que ocurrió, por lo que hay que incidir en que tienen que contar todo porque no lo sabemos; o b) entienden que no deben proporcionar el conocimiento de los hechos (esto es, como ya hemos advertido previamente, los niños generalmente son instruidos para que no hablen con desconocidos). A lo largo de la entrevista, el entrevistador debe adoptar una postura de escucha activa, controlando su intervención en las pausas y silencios largos. La tercera fase, el «interrogatorio», presenta el siguiente orden de prelación en la formulación de las cuestiones: a) preguntas abiertas, b) preguntas específicas pero no sugestivas, c) preguntas cerradas y d) preguntas profundas. Una vez que el entrevistador esté totalmente seguro de que el recuerdo libre ha terminado puede formular, en su caso, preguntas abiertas a fin de que nos proporcione más información sobre algunos puntos no aclarados. Ahora bien, las preguntas con el formato «¿por qué?» pueden implicar para el niño, en determinados contextos, una culpabilización. En consecuencia, éstas cuestiones es necesario tomarlas con precaución. Además, tanto la reformulación de preguntas como la solicitud de repetición de una respuesta deben evitarse sobre la base de que pueden interpretarlas como una crítica o una respuesta incorrecta, respectivamente. Las preguntas específicas tendrán como objeto la aclaración de algunos contenidos obtenidos previamente. En todo caso, es imprescindible controlar la posible «sugestión» de este tipo de preguntas, esto es, la pregunta no llevará implícita la respuesta. Del mismo modo, las preguntas con dos alternativas de respuesta bipolares (por ejemplo, «sí» o «no») tampoco tienen cabida en este momento de la entrevista. Los contenidos de las preguntas estarán mediados por el nivel de desarrollo del niño. Así, de no tener aún adquirido un lenguaje y hábitos horarios, se obtendrá esta información con otros referentes como los recreos, comer, dormir, ver la televisión, jugar, etc.'. Las preguntas cerradas, por su parte, tendrán lugar si los modos anteriores no han dado los resultados, en cuanto a información, apetecidos. Las preguntas con sólo dos alternativas de respuesta deben evitarse, en la medida de lo posible`. En su caso, recordar, si es que no se ha instaurado previamente o si se tienen dudas sobre si está presente, la opción de respuesta «no sé» o «no recuerdo». Finalmente, si se considera imprescindible, el entrevistador puede formular preguntas «profundas». Son preguntas profundas aquellas que llevan implícita la respuesta. En desacuerdo con el protocolo original, desaconsejamos que se pregunte sobre la identidad del autor del delito por dos motivos. Primero, no es tarea del perito identificar al autor, sino emitir un dictamen sobre la fiabilidad de los hechos descritos. Segundo, sería muy aventurado dar nombres, porque nuestros procedimientos son para hechos, con lo que la transposición o cambio intencionado de personas no podría ser detectado por nuestros medios. La cuarta fase, el «cierre de la entrevista», constará de una recapitulación en la que se indagará, usando un lenguaje adaptado a la evolución del niño, sobre si lo obtenido en la entrevista es correcto, y una clausura en la que se pretende establecer un nivel de angustia y tensión normalizados (al igual que al inicio de la entrevista se volverá a cuestiones neutras, se le agradecerá la colaboración y se le hará saber que ha respondido adecuadamente).

A este protocolo general, nosotros hemos añadido unos procedimientos complementarios de actuación para casos específicos. En concreto, procede mos con otros lenguajes complementarios para aquellos casos en que el nivel de desarrollo lingüístico del menor así lo aconseja; esto es, en ocasiones el menor tiene las imágenes de los hechos, pero no las destrezas lingüísticas suficientes para transformar algunas imágenes mentales en palabras, o la falta de habilidades es tal que la declaración es muy corta y, por tanto, no válida para nuestros propósitos. En estos casos, el recurso a otros procedimientos de comunicación con el menor, no sólo es adecuado, sino también conveniente. Los sistemas de comunicación a los que recurrimos son los trazos de dibujos, la representación de los hechos o el uso de utensilios, tales como bolígrafos, con los que se les pide que ejecuten una determinada imagen mental que poseen. Obviamente, estos lenguajes son complementarios y no deben usarse de forma aislada, porque pueden inducir fácilmente a error de interpretación. Pongamos por caso cuando describen o intentan describir hechos que no comprenden y su vocabulario no está formado, pueden dibujarlo, señalarlo en un modelo o en sí mismo, hacer una representación de los mismos o reproducir la acción con objetos. No se debe olvidar que entre los objetos no es aconsejable que se usen los muñecos anatómicamente correctos, ya que conllevan un gran peligro de sesgo en las interpretaciones del perito (Dammeyer, 1998); a su vez, la memoria obtenida vía estos muñecos también incrementa el número de respuestas incorrectas entre los más niños (Goodman, Quas, Batterman-Faunce, Riddlesberger y Kuhn, 1997); además, no son precisos porque la imaginación de un menor da entrada con solidez a cualquier procedimiento análogo de obtención de información. En todo caso, recomendamos que esta información ha de ser únicamente aclaratoria o de investigación, pero nunca por sí sola prueba de acusación. Finalmente, también aconsejamos la utilización de parámetros de comparación para establecer los pertinentes ajustes de las estimaciones de medidas o la operativización concreta de conceptos abstractos. Así, para la estimación del tiempo (por ejemplo, «duró un poco», se puede considerar como punto de contraste la duración de un recreo; así, «¿ha sido más corto, más largo o igual que un recreo, si es que los sabes?»), algo bien conocido por los menores.

¿Cómo saber qué procedimiento seguir para recurrir a la entrevista cognitiva o al protocolo de menores? La diferencia básica de ambos procedimientos está en las habilidades cognitivas que se le exigen al menor. La entrevista cognitiva requiere de capacidad de empatía para, por ejemplo, el cambio de perspectiva. Así, si ésta se adquiere de forma gradual a partir de los 8-9 años (Vrij y Winkel, 1996), es aconsejable recurrir al protocolo de niños con edades anteriores a éstas. En todo caso, los menores de 7 años tienen dificultades para seguir las técnicas comprendidas en la entrevista cognitiva (Memon, Cronin, Eaves y Bull, 1996). Si bien, la entrevista cognitiva puede ser efectiva en menores de edades superiores a 7 años, se corren determinados riesgos tal como que las respuestas estén mediatizadas por la características de la demanda (Memon, Wark, Bull y Kóhnken, 1997). En los otros casos, es recomendable iniciar con el protocolo de entrevista cognitiva y si se observa falta de destrezas cognitivas en el entrevistado cambiar al protocolo de menores. Nosotros hemos comprobado que este sistema es factible en la práctica, y que no da lugar a distorsiones.

23.5. LA ENTREVISTA A PERSONAS DISCAPACITADAS

Existe muy poca investigación sobre este tópico. Sobre las técnicas concretas que se pueden aplicar es necesaria más investigación (Bull, 1995b). Así, se ha encontrado que mediante la entrevista cognitiva recuperan en torno a un 32 por 100 más de información correcta, pero, al mismo tiempo, aumenta significativamente el número de confabulaciones. En todo caso, deben considerarse aún más los problemas de las preguntas sugestivas, de las preguntas cerradas y profundas. En esta línea, Cahill y cols. (1988, citados en Bull, 1995b) han confeccionado un listado de aspectos que se han de evitar:

-La aquiescencia del testigo con preguntas sugestivas, de modo que la respuesta sea la solicitada.

-Una presión indebida que conduzca al testigo a confabular (por ejemplo, sentirse parte de un evento del que no ha sido testigo).

-Preguntar repetidamente sobre un punto particular, provocando que los testigos establezcan conjeturas o se desvíen de su respuesta inicial (las preguntas repetidas les conducen a asumir que la respuesta no era correcta).

-Que el entrevistador no se precipite en etiquetar de ambiguo o pobre el lenguaje usado por parte de estos testigos.

-Que el entrevistador ofrezca descripciones a los testigos que tienen dificultad en encontrar sus propias palabras (por ejemplo, «¿si la chaqueta no era oscura o clara, entonces dirías que era una especie de color marrón?»).

-Que el entrevistador proporcione 1alternativas de respuesta cerradas a los testigos (por ejemplo, «¿llevaba un revolver o una escopeta?»).

-Cuando el testigo utilice una muletilla tal como «¿no sabes?», el entrevistador debe proceder de modo que no se quede sin información (una posibilidad es advertir directamente al testigo que el entrevistador no sabe, que se explique).

-No ignorar un fragmento previo de información proveniente del testigo que no se ajuste con la asunción que el entrevistador tiene sobre lo que ha ocurrido.

-Que el entrevistador no comprenda todo lo que el testigo narra.

-Que el entrevistador no compruebe, usando los medios apropiados, qué ha comprendido al testigo.

Ante este estado de la literatura y respondiendo a las demandas que se nos han formulado desde las Salas de Justicia, Arce, Novo y Alfaro (2000) crean unas pautas y protocolo de actuación en estos casos. Nuestra experiencia concreta pone de manifiesto que es necesario, antes de proceder a realizar una evaluación del testimonio de una persona supuestamente discapacitada, determinar su capacidad como testigo. No en vano nuestro sistema jurídico prevé, primeramente, la obligación general de declarar: la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el Artículo 410, fija que toda persona que viva en el territorio español, nacional o extranjero, está obligado a concurrir al llamamiento judicial para declarar. Pero, asimismo, también establece una serie de exenciones a la obligación a de clarar entre los que se incluyen los incapacitados física o moralmente (véase Artículo 417, párrafo 3). El método que usamos se inicia con la cumplimentación de las escalas de Wechsler correspondiente, generalmente el WAIS. Estas nos proporcionan información muy fiable sobre la capacidad intelectual del individuo, y, además, son un indicador robusto de lesión cerebral. En concreto y en el WAIS, nos alertan de lesión posiblemente relevante aquellos resultados con una diferencia significativa (unos autores apuntan > 10 puntos en tanto otros los elevan a 15) (véase Wechsler, 1976 para una revisión) y, en nuestro caso, debe ser mayor el coeficiente manipulativo que el verbal (posible organicidad en el hemisferio izquierdo). Asimismo, las entrevistas y antecedentes del sujeto nos aportarán información importante para definir si es o no factible una lesión a la vez que el grado de minusvalia. Sin embargo, no toda lesión cerebral incapacita al sujeto para dar información, incluidos aquellos casos en los que pueda ser incapacitado como testigo en la Sala de Justicia. Así pues, procedemos, una vez detectada una posible lesión cerebral o deterioro mental, a identificar las áreas sobre todo cognitivas afectadas por la lesión o deterioro. Una herramienta aconsejable es el Test Barcelona por su fiabilidad y por la gran concreción que presenta en áreas que permiten ajustar al testimonio sobre los hechos judiciales las limitaciones que tiene el testigo. En una primera aproximación, las lesiones operativas se clasifican en afasias, alexia y acalculias. Obviamente, las lesiones suelen centrarse en alguna de ellas. No obstante, cada agrupación se subdivide en áreas. Así, el Test Barcelona mide 42 áreas neurológicas distintas: lenguaje espontáneo, fluencia y contenido informativo, prosodia, orientación, dígitos, lenguaje automático, praxis orofonatoria, repetición verbal, repetición error semántico, denominación visuo-verbal, denominación verbo-verbal, evocación categorial en asociaciones, comprensión verbal, lectura verbalización, comprensión lectora, mecánica de la escritura, dictado, escritura espontánea, gesto simbólico, mímica de uso de objetos, uso secuencial de objetos, imitación de posturas, secuencias de posturas, praxis constructiva gráfica, atención visuográfica, orientación topográfica, imágenes superpuestas, apareamiento de caras, colores, analizador táctil, reconocimiento digital, orientación derecha-izquierda, gnosis auditiva, memoria verbal, aprendizaje de palabras, memoria visual, cálculo, problemas aritméticos, información, abstracción verbal, clave de números y cubos. Los resultados cuantitativos del Test Barcelona se evalúan, asimismo, en función de categorías cualitativas, niveles inferior (< P10) medio, mínimo y máximo. Tras la evaluación global deberá realizarse una evaluación de la adecuación del testimonio (esto es, concreción de las áreas accesibles, las deficitarias y de los modos de obtención del testimonio), y bajo qué condiciones se podría obtener un testimonio fiable (por ejemplo, un testimonio ante un forense experto en este tipo de evaluaciones puede ser válido, pero no así ante un juez, policía o abogados). Así, por ejemplo, una persona con anomia y praxis orofonatoria puede evidenciar dificultades en identificar comportamientos verbalmente e intercambiar palabras (por ejemplo, vejiga por vagina), lo cual no indica que el testimonio aportado carezca de fiabilidad. También es frecuente encontrar testigos que presentan anomalías con claras implicaciones para la obtención de la declaración en la tarea «memoria verbal de textos». En concreto, puede que no sean capaces de recuperar directamente el evento, pero sí de responder a un interrogatorio sobre el mismo, esto es, carecen de memoria episódica pero no así de memoria de sobre los mismos eventos si es guiada por preguntas. En consecuencia, pueden responder perfectamente a un interrogatorio y no tienen capacidad para crear un testimonio falso congruente al adolecer de memoria episódica (hemos observado este cuadro entre consumidores habituales de ácidos). En el más adverso de los casos, o sea, cuando la deficiencia es severa, los sujetos pueden aportar igualmente información ya que las personas con daño neurológico, siempre que tengan la visión intacta, pueden almacenar y recuperar información visual (Freed, Corkin, Growdon y Nissen, 1989; Hart y O'Shanick, 1993; Winograd, Smith y Simon, 1982). Así, sólo sería necesario la reinstauración del contexto (téngase presente que muchos de ellos padecen de enlentecimiento con lo que puede demorarse y, por tanto, se debe ser muy paciente a fin de no truncarlos en medio de la búsqueda). Bajo esta contingencia, no es posible una mentira efectiva y lo trascendente es buscar un sistema de comunicación que vendrá definido por el análisis neurológico, siendo el más accesible la representación de los hechos.

23.6. LA ENTREVISTA CLÍNICO-FORENSE

Una última fuente de obtención de información con implicaciones para la credibilidad de un testimonio procede del ámbito clínico. Los instrumentos usuales de medida clínica están desarrollados sobre la base de que estamos ante un paciente. Por tanto, no tiene interés el estudio de la simulación. Así, las entrevistas estructuradas o semiestructuradas, al igual que los listados de síntomas e instrumentos de medida psicométricos no cumplen con el propósito de controlar la simulación al propiciar información que la facilita de un trastorno mental. Por ejemplo, ante la pregunta «¿tiene usted dolores de cabeza?» (l.a pregunta del SCL-90-R, Derogatis, 1977), el sujeto simulador tiene ante sí un efecto facilitador de respuesta de simulación. Este tipo de preguntas proporcionan al sujeto «un camino conducente» para la selección de los síntomas asociados a una determinada enfermedad psíquica. Ahora, ya sólo sería suficiente que tuviera la habilidad necesaria para discriminar entre ítems pertenecientes a una patología u otra. Al respecto, los datos muestran que no hay referencias basadas en la instrumentación clínica que lleguen al diagnóstico de simulación a la vez que los sujetos son capaces de simular efectivamente una enfermedad y discriminarla de otras (Rogers, 1997). Si bien algunos instrumentos psicométricos cuentan con escalas del control de «validez» de los datos del registro, no son prueba suficiente para establecer fehacientemente simulación porque: a) el diagnóstico de simulación es compatible con la formulación de otras hipótesis alternativas (Graham, 1992; Roig Fusté, 1993), b) no clasifica correctamente a todos los simuladores (Bagby, Buis y Nicholson, 1995), y c) no proporcionan diagnósticos sino impresiones diagnósticas. En otras palabras, basándonos sólo en este instrumento se pueden dar dos tipos de errores: falsos positivos (catalo gar a enfermos reales como simuladores) y errores de omisión (no detectar como simuladores a sujetos que realmente están simulando). Todo ello ha llevado a que se proponga, a fin de minimizar estas fuentes de error, la adopción de una estrategia de evaluación multimétodo (Rogers, 1997). En este contexto, es donde tiene cabida una entrevista de orden clínico que permita un diagnóstico y sirva de contraste con los datos obtenidos por otros métodos. Así, hemos concretado lo que denominamos entrevista de orden clínico en formato de discurso libre. El proceder consiste en pedir4 a los sujetos que relaten los síntomas, conductas y pensamientos que tienen en el momento presente (esto es, EEAG en el eje V del DSM-IV-TR). Si los sujetos no responden motu proprio, les será requerido por medio de preguntas abiertas, de acuerdo con el eje V del DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2002), que informen igualmente sobre sus relaciones familiares (Escala de Evaluación de la Actividad Relacional, EEGAR), relaciones sociales (Escala de Evaluación de la Actividad Social y Laboral, EEASL) y relaciones laborales (EEASL). Con este procedimiento, requerimos a los sujetos la ejecución de una tarea de conocimiento de síntomas en tanto que las entrevistas estructuradas, semiestructuradas, listados de síntomas e instrumentos psicométricos desempeñan una tarea de reconocimiento de síntomas. Es por ello que la entrevista no es en formato de interrogatorio, sino de tipo «no directiva» y orientada a la reinstauración de contextos. O sea, seguimos el procedimiento de entrevista abierta y en formato de discurso libre seguida de una reinstauración de contextos. Este procedimiento de entrevista se mostró fiable, válido y productivo en la detección de simulación de un trastorno de estrés postraumático ligado a una falsa agresión sexual o intimidación (Arce, Fariña y Freire, 2002a; Freire, 2000) y en simulación de un trastorno mental no imputable (Arce, Pampillón y Fariña, 2002b).

La obtención de esta información clínica debe ser grabada y procederse al análisis de contenido de la misma. Las categorías de análisis son los síntomas descritos en el DSM-IV-TR. Así, creamos un sistema categorial mutuamente excluyente, fiable y válido, en lo que Weick (1985) ha denominado sistemas de categorías metódicas. Concretadas unas hojas de registro, se marcan los diferentes síntomas detectados. Si bien la gran mayoría de los síntomas, incluidos los más adversos, pueden ser informados directamente por los sujetos (Lewis y Saarni, 1993), algunos sólo pueden observarse. En consecuencia, la detección de las categorías responde a dos métodos complementarios: expresión directa del sujeto e inferencias de los codificadores tras analizar los protocolos. Por ejemplo, el deterioro de memoria puede ser manifestado directamente por el sujeto o ser inferido por el codificador tras la entrevista.

23.7. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE ESTOS FORMATOS DE ENTREVISTA

La principal limitación de estos procedimientos de obtención de la declaración es que no se puede hacer uso de ella con aquellos sujetos que no desean colaborar con el entrevistador. En principio, cabría esperar que los simuladores o mentirosos no colaboraran, pero todo indica que la estrategia que éstos siguen es la de ganar influencia a través del testimonio (Arce y cols., 2002b; Rogers, 1997). Otra cuestión es que ese testimonio sea lo suficientemente amplio para poder ser objeto de análisis. Una segunda desventaja es el tiempo que se requiere para realizar con éxito la técnica. Por último, la fiabilidad de la misma recae en las destrezas del entrevistador; esto es, si el entrevistador no actúa correctamente, no se obtiene una declaración aséptica y fructífera. Ya se ha comentado previamente la superioridad de la entrevista cognitiva sobre la entrevista tradicional en cuanto a la mayor cantidad de información que produce. Sin embargo, existe evidencia de que bajo ciertas circunstancias utilizando la entrevista cognitiva se da una tendencia a incrementar el número de detalles incorrectos, detalles fabulados o ambos, frente a la entrevista estándar. Así, por ejemplo, Kóhnken y cols. (1999) y Mantwill y cols. (1995) encontraron diferencias significativas entre la entrevista cognitiva y la entrevista estándar en el número de detalles incorrectos y fabulaciones. Kóhnken y cols. (1995, 1999) señalan sobre este particular que la entrevista cognitiva: a) incrementa significativamente la cantidad de detalles recordados, b) aumenta significativamente, aunque en menor grado, el relato de detalles incorrectos, y c) produce tasas de exactitud que son, cuando menos, idénticas a las producidas por la entrevista estándar. Asimismo, ante la disyuntiva de si el riesgo de acrecentar los errores es un precio aceptable para conseguir más detalles correctos, opinan que la respuesta depende del propósito de la entrevista. Así, en las primeras fases de una investigación criminal, la consecución de un amplio número de detalles correctos puede tener más peso o valor que el riesgo de cometer más errores. Bajo otras circunstancias, por ejemplo, cuando la declaración se toma como prueba, el riesgo puede ser inaceptable. No obstante, hay que señalar que este peligro no es exclusivo de la entrevista cognitiva, puesto que de la evidencia que ofrece un testigo presencial nunca se puede esperar que sea completamente correcta. Otra consideración reseñable al respecto de la bondad de la entrevista cognitiva se basa en que su utilización no afecta negativamente el empleo del CBCAS; esto es, no influye en los resultados que ofrece el análisis de contenido de cara a distinguir declaraciones verdaderas o falsas, comparándola con la entrevista tradicional, tal como señalan Kóhnken, Schimossek, Aschermann y Hófer (1995). Es más, aunque es preciso más investigación al respecto, es posible que la entrevista cognitiva facilite la distinción entre narraciones verdaderas y falsas (Hernández-Fernaud y Alonso-Quecuty, 1997).

En resumen, la entrevista cognitiva y, por extensión, los protocolos que se presentan para menores, discapacitados y entrevista clínica, ya que se basan en los mismos procedimientos, se nos presentan como una alternativa válida y unos instrumentos robustos a la hora de trabajar con testigos.

23.8. INTRODUCCIÓN A LAS DIFERENTES APROXIMACIONES A LA EVALUACIÓN DE LA CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO

Una vez que el testigo presencial ha dado su testimonio, una declaración o una elección en la rueda de identificación se ha de tomar una decisión por parte de los responsables del sistema policial-judicial; esto es, tanto la policía como los jueces han de actuar de acuerdo con lo que se desprenda de tal declaración o identificación: detener y procesar al sospechoso o dejarlo en libertad. A este respecto, Devlin (1976) en un estudio de casos reales informa que en aquellos procesos en los que la única evidencia en contra del acusado era la identificación de un testigo presencial, el 73 por 100 de los casos se resolvió con el encarcelamiento del sospechoso. Por su parte, recordemos que Hans y Vidmar (1986) habían estimado que no menos del 85 por 100 de la casuística penal mundial se resuelve en función de un testimonio. Surge así una nueva problemática: ¿qué factores contribuyen a que la declaración de un testigo se acepte o rechace por parte de aquellos que han de tomar decisiones?, ¿puede suceder que no se crea la declaración de un testigo aun siendo verdadera, o, por el contrario, que se crea tal declaración siendo falsa? Tal y como señala Alonso-Quecuty (1993b), el testigo aún queriendo ser honesto puede cometer errores (por efectos de la información post-suceso o del tipo de interrogatorio). Como consecuencia, puede llevar a que a la declaración de tal testigo se le otorgue una gran credibilidad, y, sin embargo, tener escasa exactitud. Así, Mira (1989) recurre a la calidad de los testimonios para referirse a un tiempo a la exactitud y a la credibilidad. Así, la exactitud del testigo hace referencia a que si lo que relata el testigo ha sucedido exactamente como él dice y la credibilidad del testigo se refiere a si cualquier observador considera que ese testigo o una parte de su declaración le inspira confianza y le induce a creer que los hechos sucedieron tal y como declara. Así pues, la credibilidad desde esta perspectiva no es otra cosa que la evaluación social de la exactitud. De esta manera, podemos entender el estudio de la credibilidad desde dos perspectivas complementarias. Por un lado, la credibilidad otorgada a un testigo o evaluación social de la exactitud y, por otro, la evaluación empírica de la exactitud. Ambas perspectivas han recibido la atención de los psicólogos del testimonio y son numerosos los trabajos realizados al respecto. A continuación trataremos de resumir de forma breve ambas líneas de trabajo.

La investigación psicológica sobre la exactitud de los testimonios y, más específicamente, sobre la detección del engaño en las declaraciones ha tomado diferentes caminos que la literatura, en función de su valor y relevancia judicial, ha agrupado en correlatos del comunicador, indicios no verbales, indicios fisiológicos y análisis del contenido de la declaración (Sporer, 1997; Vrij, 2000).

23.8.1. CORRELATOS DE PERSONALIDAD DEL COMUNICADOR

En este sentido nos encontramos con el hecho anecdótico, y bien significativo del proceder de la época, de que las mujeres gallegas de la Edad Media no podían testificar por estar bajo sospecha de engaño, justificada por el engaño de Eva, salvo en casos de «hechos mujeriles» de poca importancia (por ejemplo, casos ocurridos en el río, horno, fuente o molino) (Pallares, 1993). Las cosas han cambiado con el paso del tiempo, pero podría ser que sólo fuera aparentemente. Por ejemplo, los diversos estatutos legales establecen la posibilidad de que el acusado mienta en su propio interés. Este valor procesal les convierte, ipso facto, en menos creíbles a los ojos de la ley. Tampoco suelen gozar de mucho crédito los niños (Heydon, 1984), motivado por la imaginabilidad y sugestión que se cree los acompaña (Bull, 1997). También aparecen asociadas a la mentira ciertas características de personalidad como el maquiavelismo (Manstead, Wagner y MacDonald, 1986), la introversión/extroversión (Eysenck, 1984), muy diversas patologías como la psicopatía (Hare, Forth y Hart, 1989), el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, el trastorno narcisista de la personalidad, el trastorno histriónico de la personalidad o la deficiencia mental ligera (Ford, King y Hollander, 1988).

23.8.2. INDICIOS NO VERBALES Y EXTRALINGÜÍSTICOS ASOCIADOS AL ENGAÑO

Sobre éstos, la literatura sugiere que las expresiones faciales no son buenos indicadores porque las personas somos conscientes de ello y las controlamos. Así, los indicios verbales tal como el tono de voz, las dudas o el movimiento corporal (movimientos bruscos) son indicadores más efectivos sobre la mentira que las expresiones faciales (Manstead y cols., 1986). En una revisión de la literatura (Vrij, 2000; Zuckerman, De Paulo y Rosenthal, 1981) comprobaron que la habilidad en la detección de la mentira oscilaba entre un 45 por 100 y un 64 por 100 con una mayor efectividad en la detección de la verdad. Es más, la mentira era detectada más como verdad que como una propia mentira; esto es, sólo detectamos, en el mejor de los casos, ligeramente mejor que el azar (50 por 100). En la Tabla 23.1 se recogen las variables no verbales más frecuentemente asociadas al engaño. Ahora bien, la direccionalidad de la interpretación es distinta según sea desde una perspectiva de eficacia empírica o social (véase Vrij, 2000, para una interpretación social).

Tabla 23.1

Indicios no verbales asociados al engaño. Tomado de Vrij (2000)

Nota: Tendencia de interpretación empírica: > se incrementa con la mentira; < decrece con la mentira; - no relacionada con la mentira; 1 cuando contar una mentira implica un gran esfuerzo de pensamiento.

23.8.3. INDICIOS FISIOLÓGICOS

El polígrafo corno instrumento de medida fisiológica se ha tornado corno detector de mentiras. No obstante, todo parece indicar que no se trata realmente de un instrumento para detectar la mentira ya que no existe un único patrón de respuesta fisiológica asociado a la mentira (Lykken, 1981). En todo caso, lo que podernos obtener es que el sujeto presenta una activación fisiológica mayor ante una(s) pregunta(s) que otra(s). En principio se puede establecer una relación entre estas activaciones y la mentira, pero también es posible que respondan a otros factores tales corno el miedo. El funcionamiento del polígrafo es ciertamente sencillo. Consiste en registrar los trazos de diferentes indicadores fisiológicos (tasa cardíaca, respuesta galvánica de la piel, presión sanguínea o la respiración) ante una serie de cuestiones. Dos son los procedimientos básicos6 que pueden seguirse a la hora de formular las preguntas: el test de las preguntas de control (TPC) y el test del conocimiento culpable (TCC). El TPC consta de unas 10 preguntas que se subdividen para el estudio del caso en dos: aquéllas que son relevantes o críticas para la determinación de la culpabilidad o inocencia (¿Cogió usted la pistola que había en el maletero del coche?) y las preguntas control, que cubren la conducta pasada del sujeto y que podrían asociarse con el caso («¿Había disparado usted anteriormente una pistola?»). Previamente a la prueba crítica, el examinador debe familiarizarse con el sumario, los antecedentes médicos y psiquiátricos del sujeto, informar al entrevistado de sus derechos y de que la sesión se va a grabar (en su caso). A continuación, se le explica el modus operandi del polígrafo y se realiza una demostración'. Una vez cumplimentados estos pasos, se le administra el test propiamente dicho en el que se alternan las preguntas críticas con las de control y neutras, aquellas sin valor para el caso y sobre las que se establecería la línea base (la Tabla 23.2 recoge una secuencia hipotética de preguntas).

Tabla 23.2

Secuencia hipotética de pregunta tipo TPC

Nota: PI= Pregunta inicial de choque, no se evalúa; PC= pregunta control; PR= pregunta relevante/crítica; PN= pregunta neutra.

La primera aproximación consistía en una evaluación global de los trazos de las respuestas a las preguntas formuladas. Por este método, se consideraba que el sujeto había mentido si los trazos de las respuestas a preguntas relevantes eran más largos que los de las respuestas a las preguntas control. Por contra, el testimonio era verdadero si los trazos ante las preguntas relevantes y de control eran similares o más fuertes ante las últimas. En no pocas ocasiones, se combinaba esta información con la que el examinador tenía del caso, las respuestas y comportamiento del sujeto así como la información idiosincrásica8 que obtenía el examinador. En suma, el método, no claramente definido, terminaba finalmente por completarse con la subjetividad del examinador. Hoy en día se recurre mayoritariamente a un método numérico, conocido como Zona de Comparación (ZOC). En éste, la evaluación se realiza en una escala de +1 a +3 (diferencia ligera, media y extrema) cuando el trazo a las preguntas control es más largo, y de - 1 a -3 cuando el trazo que sigue a la pregunta relevante es más fuerte. Por el contrario, si no hay diferencia la puntuación asignada es 0. Si la suma total es z +6 se dice que el testimonio es verdadero, en tanto que si es z - 6 se le califica de falso. Los resultados intermedios tienen un valor inconcluyente, aunque éstos se estiman en torno a un 10 por 100.

El test del conocimiento culpable (TCC) se basa en preguntar al sospechoso sobre hechos que sólo el culpable podría conocer, en un formato de respuesta múltiple (Lykken, 1959). Las alternativas se presentan espaciadas cada 15 segundos. Supongamos que tenemos un caso de un secuestro en el que se envió a la familia una carta con las peticiones económicas. Unas preguntas podrían ser:

-Cuando enviasteis la carta con la petición del rescate, ¿qué demandas económicas hacíais?

•10 millones de pesetas en billetes de 10.000 pesetas con números no correlativos.

•100.000 euros.

•10 lingotes de 1 kg de oro.

•El ingreso de 100.000 libras esterlinas en una cuenta corriente en la Isla Fuoka.

¿Conqué se amenazaba a la familia en caso de no cumplir las condiciones?

•Cortarle una oreja si se daba parte a la policía.

•Matarlo de un tiro.

•Dejarlo morir de hambre.

•Torturarlo lentamente hasta la muerte.

El sujeto con conocimiento culpable presentará unos trazos más largos ante las respuestas verdaderas. Por contra, los inocentes tenderían a responder al azar. El punto de corte sobre la culpabilidad o inocencia se calcula asignando un valor de 2 puntos si la reacción más fuerte se da ante la alternativa correcta y 1 punto si es la segunda mayor. Dividida la suma total obtenida por la máxima puntuación posible, si supera 0,50 se entiende culpabilidad; de ser inferior a 0,50 se deduce que el acusado es inocente.

23.8.4. ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN

Es esta última aproximación la que tomaremos en mayor consideración, ya que los resultados en este campo son muy prometedores. La propuesta es que el contenido de un mensaje por sí mismo contiene ciertos indicios que pueden revelar si el mensaje es verdadero o falso. La relevancia forense de este enfoque no presenta dudas ya que ofrece la posibilidad de vertebrar un instrumento de medida que pueda evaluar empíricamente y de forma objetiva la validez de una declaración, es decir, la validez de la declaración en sí, sin entrar a evaluar a la persona que declara, pudiendo efectuar la medición sin la presencia fisica del testigo. Este objetivo está aún lejos de conseguirse. No obstante, y pese a las enormes dificultades, se cuenta ya con instrumentos lo suficientemente refinados como para ser utilizados exitosamente en determinados casos. En esta línea de trabajo destacamos las formulaciones más interesantes y prometedoras: el Análisis de Contenido Basado en Criterios (Criteria Based Content Analysis, CBCA, Steller y Kóhnken, 1994), el Control de la Realidad (Reality Monitoring, RM, Johnson y Raye, 1981), el SRA (Undeutsch, 1967) y el SVA (utilizado por diversos autores y que puede verse en Steller, 1989; Steller y Boychuck, 1992). Finalmente abriremos un apartado para otros medios, menos transcendentes, basados en indicios verbales para la distinción de verdad y mentira.

23.8.5. CONTROL DE LA REALIDAD (REALITY MONITORING, PM)

Johnson y Raye (1981) propusieron un marco de referencia para comprender cómo pueden discriminarse los sucesos percibidos o externos de los imaginados o internos. Para estos autores, las memorias varían en una serie de rasgos, de tal manera que aquellas cuyos orígenes se encuentran en sucesos percibidos contienen más información sensorial, mayor número de detalles contextuales y menos referencias a procesos cognitivos que las memorias con base interna o imaginada. Al proceso de discriminar entre recuerdos de origen interno y recuerdos de origen externo lo denominan control de la realidad (Reality Mona=toring). En el siguiente esquema se resume el modelo de Control de la Realidad propuesto por Johnson y Raye (1981):

-Tipos de atributos que pueden formar parte de los recuerdos.

•Contextuales.

•Sensoriales.

•Operaciones cognitivas.

-Dimensiones que generalmente diferencian los recuerdos según su origen.

•Origen externo: más atributos contextuales (espacio-temporales) y sensoriales (sonidos, olores, etc.).

•Origen interno: más información sobre operaciones cognitivas, esto es, información idiosincrásica (por ejemplo, «yo pensé», «recuerdo ver», «me sentía nervioso», etc.).

En varias investigaciones en el campo de la mentira con los criterios del control de la realidad, Alonso-Quecuty (1995 para una revisión), pionera en la aplicación de este modelo al estudio de la veracidad/falsedad de las declaraciones, estudió los efectos del tiempo, contexto experimental, tipo de crimen, grado de involucración, edad y tipo de declaración, sobre las predicciones de este modelo, demostrando la efectividad de los criterios. No obstante, encontró que cuando los sujetos disponen de tiempo para elaborar la declaración falsa o imaginada únicamente se cumple el supuesto que afirma que la información idiosincrásica es mayor que en las declaraciones verdaderas, invirtiéndose los demás, es decir, los testimonios falsos demorados contienen también mayor información sensorial y contextual. Así pues, semeja ser determinante la obtención de la declaración lo más contigua posible a los hechos. Además, es preciso tener en mente que la secuencia de declaraciones «contamina» los trazos de memoria percibidos con elementos propios, esto es, autogenerados por el sujeto (Manzanero y Diges, 1994). Si bien, la contrastación de los resultados de la declaración con las prescripciones del modelo es el procedimiento habitual de validación del origen de los atributos de memoria, ésta también puede llevarse a cabo a través de un proceso de razonamiento que implica el análisis de las características cualitativas del trazo, las características de los trazos relacionados, y las suposiciones mnésicas9. Además, es preciso controlar las fuentes de error, o, lo que es lo mismo, si el trazo no es típico de su clase, las características de trazos incorrectos semejantes y los fallos en el proceso de razonamiento. Sporer (1997) amplió a ocho la lista de criterios: claridad (claridad, viveza en vez de vaguedad), información perceptual (información sensorial tal como sonidos, gustos o detalles visuales), información espacial (lugares, ubicaciones), información temporal (ubicación del evento en el tiempo, descripción de secuencias de eventos), afecto (expresión de emociones y sentimientos sentidos durante el evento), reconstrucción de la historia (plausibilidad de reconstrucción del evento tras la información dada), realismo (plausibilidad, realismo y sentido de la historia) y operaciones cognitivas (descripciones de inferencias hechas por otros durante el evento). Los siete primeros se vinculan a veracidad y el octavo a falsedad, resultando más efectiva esta nueva recategorización.

23.8.6. ANÁLISIS DE LA REALIDAD DE LAS DECLARACIONES (S'I'AMLNI' REALITY ANALYSIS, SRA)

En Alemania, y en los años 30, la literatura jurídica y psicológica describió una serie de características relacionadas con el contenido de las declaraciones que servían como indicadores de verdad o falsedad (Kóhnken, 1999). No obstante, no fue hasta los años 60 y 70 cuando se formularon explícitamente unos sistemas de análisis de la declaración precisos y semiobjetivos, bajo la etiqueta general de «criterios de realidad» (Arntzen, 1970; Undeutsch, 1967, 1988). El supuesto básico del análisis de declaraciones basado en criterios de realidad, la hipótesis undeutsch, es que aquellas declaraciones fundamentadas en la observación de hechos reales (experimentados) difieren cualitativamente de las declaraciones que no están basadas en la experiencia directa y que son producto de la fantasía o la invención. Así, los criterios de realidad o de contenido reflejan las características específicas que diferencian los testimonios verdaderos de los inventados. La investigación en este campo fue iniciada por Undeutsch, quien en 1967 concretó el primer conjunto homogéneo y amplio de los criterios de realidad aplicables a declaraciones de menores víctimas de abusos sexuales, el Análisis de la Realidad de las Declaraciones (SRA). No obstante, no aportó explicación consistente del porqué de estos criterios ni apoyo empírico alguno. El SRA es un sistema de análisis que tiene como punto de partida el estudio del sumario completo, lo que implica conocer las anteriores declaraciones del menor (a la policía, juez, etc.), de otros testigos y del agresor. Posteriormente, se realiza una entrevista (recuerdo libre más preguntas), en un clima que propicie una declaración completa (que ha de ser grabada)". Después se procede al análisis de la realidad de la declaración utilizando los criterios de realidad que se recogen a continuación:

-Criterios derivados de la declaración.

•Criterios generales, fundamentales.

>Anclaje, fijación espacio-temporal (concreción de la acción en un espacio y tiempo).

>Concreción (claridad, viveza).

>Riqueza de detalles (gran cantidad de detalles en la narración).

>Originalidad de las narraciones (frente a estereotipos o clichés).

>Consistencia interna (coherencia lógica y psicológica).

>Mención de detalles específicos de un tipo concreto de agresión sexual.

•Manifestaciones especiales de los criterios anteriores.

>Referencia a detalles que exceden la capacidad del testigo (que van más allá de su imaginación o capacidad de comprensión).

>Referencia a experiencias subjetivas: sentimientos, emociones, pensamientos, miedos, etc.

>Mención a imprevistos o complicaciones inesperadas.

>Correcciones espontáneas, especificaciones y complementaciones durante la declaración.

>Autodesaprobación (declaración en contra de su interés).

•Criterios negativos o de control.

>Carencia de consistencia interna (contradicciones).

>Carencia de consistencia con las leyes de la naturaleza o científicas.

>Carencia de consistencia externa (discrepancia con otros hechos incontrovertibles).

-Criterios derivados de las secuencias de declaraciones.

•Carencia de persistencia (estabilidad en el tiempo y contextos).

•Declaración inconsistente con la anterior.

Las tres primeras agrupaciones de categorías se refieren a una declaración, en tanto el cuarto grupo se vincula con más de una declaración. En suma, no sólo se considera una única declaración sino que se secuencializan en el tiempo. Con todos estos criterios de decisión se procede a una evaluación conjunta, en la que los dos primeros factores ponderan positivamente hacia la veracidad, esto es, la presencia de estos criterios indica que la declaración es verdadera, pero su ausencia no implica que sea falsa. Por su parte, la presencia de los criterios de control y de consistencia restaría valor de verdad a la declaración. En todo caso, debe tenerse presente que cada criterio tiene un peso limitado en la determinación categórica (sí versus no) o del grado en que una declaración representa algo vivido por el testigo. Además, prescribe el seguimiento de cuatro máximas en la determinación de si la narración describe un evento real o no:

-La intensidad o grado de las manifestaciones en los diferentes criterios.

-El número de detalles de la narración que se relacionan con un criterio (o más).

-Las capacidades del declarante para informar (edad, inteligencia, sugestión, etc.).

-Las características del evento narrativo (complejidad, relevancia, etc.).

23.8.7. ANÁLISIS DE CONTENIDO BASADO EN CRITERIOS (CRITERIA BASED CONTENT ANALYSIS, CBCA)

En 1994, Steller y Kóhnken propusieron, a partir de las aproximaciones anteriores, un sistema integrado de categorías que tiene por objeto la evaluación de las declaraciones de menores víctimas de abusos sexuales. El CBCA consta de cinco categorías principales con 19 criterios que hay que evaluar:

-Características generales.

•Estructura lógica (coherencia y consistencia interna).

•Elaboración inestructurada (presentación desorganizada).

•Cantidad de detalles (abundancia de detalles o hechos distintos).

-Contenidos específicos.

•Engranaje contextual (ubicación de la narración en un espacio y tiempo).

•bescripción de interacciones (cadena de acciones entre el testigo y otros actores).

•Reproducción de conversación (réplica de conversaciones).

•Complicaciones inesperadas durante el incidente (por ejemplo, interrupción imprevista).

-Peculiaridades del contenido.

Detallesinusuales (detalles con baja probabilidad de ocurrencia).

•Detalles superfluos (detalles irrelevantes que no contribuyen significativamente a los hechos).

•Incomprensión de detalles relatados con precisión (explicitación de detalles que el menor no comprende pero realmente sí tienen sentido).

•Asociaciones externas relacionadas (inclusión de información externa a los hechos en sí pero relacionada con ellos, tal como en una agresión sexual recordar conversaciones anteriores sobre este tema).

•Relatos del estado mental subjetivo (referencias a sentimientos, emociones o cogniciones propias).

•Atribución del estado mental del autor del delito (referencias al estado mental del agresor y atribución de motivos).

-Contenidos referentes a la motivación.

•Correcciones espontáneas (correcciones espontáneas o mejoras de la declaración).

•Admisión de falta de memoria (reconocimiento de lagunas de memoria).

•Plantear dudas sobre el propio testimonio.

•Autodesaprobación (actitud crítica sobre su propia conducta).

•Perdón al autor del delito (la declaración de la víctima favorece al acusado, o evitación de más acusaciones).

-Elementos específicos de la agresión.

•Detalles característicos de la ofensa (descripciones que contradicen las creencias habituales sobre el delito).

Los diferentes criterios de contenido previamente mencionados pueden analizarse como presentes o ausentes, o puntuarse en cuanto a fuerza o grado en que aparecen en la declaración. En cualquier caso, éstos, si se manifiestan, se interpretarán en el sentido de que la declaración es verdadera en tanto que de su ausencia no puede desprenderse que sea falsa. En términos de la evaluación del sistema, diversas investigaciones demostraron que los relatos reales de los sujetos contienen más criterios del CBCA que aquellas acusaciones falsas (en la literatura, fabricadas) (Landry y Brigham, 1992; Steller, 1989), que generalmente es un discriminador efectivo entre declaraciones verdaderas y falsas (Kóhnken y cols., 1995) y que es más efectivo en la detección de declaraciones verdaderas que falsas (Vrij, 2000).

23.8.8. ANÁLISIS DE LA VALIDEZ DE LAS DECLARACIONES (STAMENT VALIDITY ANALYSIS, SVA)

Como complemento en la misma línea se ha propuesto el Análisis de la Validez de las Declaraciones (SVA) (Steller, 1989; Steller y Boychuck, 1992), técnica que se suma al CBCA, en la que se consideran otras fuentes de informa ción complementarias al análisis del contenido de la declaración. El SVA, a semejanza del SRA, es un sistema de análisis que tiene como punto de partida el estudio del sumario completo, lo que implica conocer las anteriores declaraciones a la policía, juez, etc., del menor, otros testigos y del agresor. Tras estas consideraciones, el primer paso que puede darse se orienta a la obtención de una declaración fiable y válida a través de una entrevista de investigación de la que se ofrecen una serie de directrices que se tienen que considerar (por ejemplo, crear un clima agradable, no interrumpir al menor, no reforzarlo) y el seguimiento de unas fases concretas (informe en formato de recuerdo libre seguido de interrogatorio con preguntas de más abiertas a más cerradas y específicas). Después, se procede con un análisis del contenido de la declaración mediante el CBCA. Por último, se aplica el siguiente listado de validez, que recoge las categorías que hay que evaluar en casos específicos (Steller, 1989; Steller y Boychuk, 1992; Steller, Raskin, Yuille y Esplin, 1990):

-Características psicológicas.

•Adecuación del leguaje y conocimientos.

•Adecuación del afecto.

•Susceptibilidad a la sugestión.

-Características de la entrevista.

•Preguntas coercitivas, sugestivas o dirigidas.

•Adecuación global de la entrevista.

-Motivación.

•Motivos del informe.

•Contexto del informe o declaración original.

•Presiones para presentar un informe falso.

-Cuestiones de la investigación.

•Consistencia con las leyes de la naturaleza.

•Consistencia con otras declaraciones.

•Consistencia con otras pruebas.

Como sistema de evaluación global de la declaración proponen el mejor ajuste a las siguientes categorías «creíble», «probablemente creíble», «indeterminado», «probablemente increíble» o «increíble». Sporer (1997) ha realizado el primer estudio en el que se compara la validez discriminativa de las dos aproximaciones que hemos mencionado (CBCA y RM), y si ambas aproximaciones conjuntamente pueden llevar a una clasificación más correcta de las declaraciones como falsas o verdaderas. En este trabajo, Sporer, mediante un análisis factorial, encontró dimensiones comunes a ambas aproximaciones que pueden llevar a una teoría integradora cognitivo-social de la detección del engaño que las unifique. Así en ambas aproximaciones, la consistencia lógica, el realismo y la posibilidad de reconstrucción del hilo de la historia parecen ser características globales esenciales. También la riqueza en detalles y el engranaje contextual en el espacio y tiempo parecen dimensiones importantes. A un nivel más específico pudo identificar los procesos internos, tales como los sentimientos y emociones, así como las operaciones cognitivas. Estos resultados sugieren que los cri terios de contenido y el control de la realidad tienen muchas comunalidades que hacen que la integración de ambas aproximaciones sea en principio posible, si no deseable (Sporer, 1997).

23.8.9. OTROS MÉTODOS BASADOS EN EL ANÁLISIS DE CONTENIDO PARA IDENTIFICACIÓN DE LA VERDAD

Quizás al amparo de estos instrumentos tan brillantes e ingeniosos para la estimación de la credibilidad, han surgido otras ideas en la misma dirección. Entre ellas destacan el Análisis de Contenido Científico (SCAN) (Sapir, 1987). Sapir sugirió, basándose en su experiencia personal en el interrogatorio de sospechosos, que la mentira se caracteriza por introducciones más largas, más conjunciones innecesarias (por ejemplo, «y», «entonces», «después que») y desviaciones significativas en el uso de los pronombres (tal como, «tú podrías ver» en vez de «Yo pude ver»). Otra herramienta propuesta, proveniente de la lingüística, ha sido la diversidad léxica según la cual un evento falso mostrará menos diversidad léxica por la gran motivación desplegada para parecer honesto (Hollien, 1990), lo cual lleva al uso de un lenguaje más estereotipado. En concreto se computa una razón, la TTR (razón del número de palabras distintas por el número total de palabras de la declaración), que se obtiene al dividir el número total de palabras distintas usadas por el número total de palabras de la declaración o segmentos de declaraciones. También se han propuesto escalas, sin ninguna garantía de fiabilidad y validez, tales como la SAL (Sexual Abuse Legitimacy Scale) (Gardner, 1987), basada en la experiencia clínica del autor, que puede llevar fácilmente a error porque mezcla criterios que pueden ser efectivos, correlatos que no tienen valor predictivo alguno en casos concretos e indicios sujetos al «error de idiosincrasia» (esto es, indicios de engaño que también pueden darse en testimonios veraces). Además, los ítems son muy imprecisos en su definición.

23.8.10. EVALUACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS DISTINTOS MEDIOS DE DETECCIÓN DE LA MENTIRA

Es a todas luces imposible restaurar, sin dejar un cierto margen de error, eventos ocurridos en el pasado. No es suficiente con pedir a los testigos un juramento o promesa de decir la verdad, ni siquiera que éstos tengan intención de ser honestos (Alonso-Quecuty, 1993b). Ciertamente, a medida que vamos avanzando en el conocimiento de la mentira y de la imaginabilidad, nos acercamos en mayor medida a discernirlas de la verdad. Ahora bien, los diversos métodos son, en el mejor de los casos, buenas aproximaciones. Veamos, pues, las evaluaciones de las dos fuentes principales de asignación de credibilidad a un testimonio: el polígrafo y el análisis de contenido.

Quizás el instrumento más controvertido sea el polígrafo. A él, se ha unido indefectiblemente el rótulo «detector de mentiras». Los partidarios advierten de una tasa de éxitos superior al 90 por 100, en tanto investigadores más objetivos o menos fervorosos observaron entre un 64 y un 85 por 100 (Swenson, 1997). No obstante, al tomarse la técnica en términos categóricos excluyentes, culpable o inocente, el margen de error es mayor. Veamos un ejemplo en términos probabilísticos, tomado de lacono y Patrick (1999). Asumamos que la técnica poligráfica tiene un 75 por 100 de éxito en la correcta clasificación de la inocencia y de un 85 por 100 de la culpabilidad. Si tenemos una población de 1.000 sospechosos de los que 250 fueran realmente culpables; de estos 250 culpables, el sistema ubicaría correctamente 212 (el 85 por 100); de los 750 inocentes, 188, el 25 por 100, serían etiquetados como culpables. En total se juzgarían 400 casos, de ellos 188, el 47 por 100, cometiendo un error «fatal» (falsa acusación de culpabilidad). Todo esto, siendo la técnica fiable, como promedio, en el 80 por 100 de los casos. Los términos maximalistas de la técnica, el amplio margen de error y la escasa eficiencia en diferenciar entre verdaderos culpables y falsos acusados han llevado a que usualmente esta prueba sea inadmisible (Morris, 1994). En nuestro ordenamiento jurídico no se recoge como medio de prueba en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con lo que pasaría, en su caso, a prueba indiciaria. No obstante, en una revisión de sentencias que hemos llevado a cabo de las Audiencias, Supremo y Constitucional" no encontramos referencia alguna a este medio de prueba. Cuestión distinta es el valor como herramienta de investigación policial. En este sentido, la prueba del conocimiento culpable puede ser de interés cuando existen varios sospechosos a fin de reducir la lista de sospechosos, sobre la base de que los escogidos tienen conocimiento sobre los hechos, aunque esto no signifique que sean culpables (Lykken, 1981; Saks y Hastie, 1986).

Los procedimientos basados en la observación de la comunicación no verbal están sujetos a dos grandes fuentes de error (Ekman y O'Sullivan, 1994): el error de Otelo y el error de idiosincrasia. Aun así, debe entenderse que estos procedimientos de observación de la comunicación no verbal pueden ser realmente efectivos y susceptibles de entrenamiento (Vrij, Edward, Roberts y Bull, 1999). En cualquier caso, Arce y cols. (2002a) han comparado el rendimiento de los procedimientos de análisis no verbales y extralingüísticos con los de análisis de contenido, encontrando un valor más alto para los últimos.

En relación con los sistemas de análisis de contenido, Yuille (1988) en un primer estudio con dos evaluadores entrenados en el CBCA, siguiendo el protocolo del SVA, encontró una clasificación correcta del 90,9 por 100 de las historias verdaderas y un 74,4 por 100 de las falsas, siendo el acuerdo inter-evaluador del 96 por 100. Otros estudios obtuvieron resultados similares, tanto con niños Uoffe, 1992) como con adultos (Landry y Brigham, 1992). Pero otros fueron más desalentadores; así, Porter y Yuille (1996) sólo encontraron que tres categorías del SVA/CBCA (cantidad de detalles, coherencia y admisión de la gunas de memoria) diferenciaban entre verdad y mentira. Se hacía preciso una revisión de la literatura. En ésta, Vrij y Akehurst (1998) encontraron, en la literatura experimental, un valor predictivo del SVA/CBCA que oscilaba entre el 65 por 100 y el 85 por 100, a la vez que una mayor efectividad en la detección de declaraciones verdaderas que falsas. No obstante, en la misma revisión Vrij y Akehurst hallaron un valor de clasificación correcto del 100 por 100 de los casos en estudios de campo. En otras palabras, en las simulaciones el valor discriminativo es inferior a la actuación en la realidad. La diferente ansiedad situacional en ambos contextos así como la falta de empatía, los intentos de respuestas a las demandas del experimentador y la falta de implicación en los sujetos que responden en una tarea de laboratorio, podrían ser los motivos que llevan a que los sujetos de contextos reales y de laboratorio ejecuten tareas distintas que expliquen esa capacidad predictiva diferente (Fariña, Arce y Real, 1994). Al respecto, Raskin y Esplin (1991) recomiendan, en aras de poder generalizar al contexto real los datos experimentales, llevar a cabo estudios con el SVA que conllevan un alto grado de implicación del sujeto, que tengan un componente de pérdida de control y con connotaciones negativas. Teniendo en cuenta estas consideraciones y que estas premisas no se cumplen en los estudios experimentales, el contexto de obtención de los datos podría explicar las discrepancias en la literatura. Nuestra propia experiencia personal, tanto científica como forense, abunda en esta línea, esto es, la efectividad del sistema es mayor en el contexto real. En este sentido exponemos los datos provenientes de un estudio de Esplin, Boychuk y Raskin (1988) en el que pusieron a prueba el valor discriminativo de los diferentes criterios del CBCA mediante un análisis de contenido de 20 agresiones sexuales confirmadas (confesión del acusado o evidencia física de la agresión) y no confirmadas (falsas). Incluso siete categorías estaban presentes en el 100 por 100 de los casos confirmados (véase la Tabla 23.3). De estos datos podemos inferir el «peso» de cada categoría y la necesidad de no basarnos en categorías aisladas, sino que se trata de una impresión de conjunto en el que, al menos, debe haber la presencia de unas siete categorías de contenido distintas para estimar la veracidad12.

En un intento de poner a prueba el RM, Schooler, Gerhard y Loftus (1986) encontraron que en las historias verdaderas, en comparación con las falsas, había menos referencias a procesos cognitivos, autoreferencias y palabras, y más referencias a los atributos del estímulo (espacio, tiempo, sonidos, etc.). Pero, como ya indicamos previamente, todo parece indicar que los resultados cambian de dirección cuando los sujetos disponen de tiempo para preparar la mentira. De hecho, Alonso-Quecuty (1995, para una revisión) encontró resultados similares, pero transcurrida una semana del evento, en las declaraciones verdaderas había más información idiosincrásica y en las falsas más detalles contextuales y sensoriales. Los estudios de contraste de la capacidad predictiva del RM, ponen de manifiesto que tiene un valor predictivo ligeramente menor que el CBCA (véase Vrij, 2000 para una revisión). A su vez, Arce y cols. (2002a) hallan que los criterios del Reality Monitoring (RM) son más robustos a la introducción de información extralegal en casos de no agresiones sexuales que los del CBCA; esto es, son más fiables en otros contextos distintos a las agresiones sexuales. El análisis de contenido científico (SCAN), que a pesar de este nombre no es realmente científico, se fundamenta únicamente en la intuición del proponente (Sapir, 1987). A este respecto, Porter y Yuille (1996) encontraron que la aproximación de Sapir o la diversidad léxica no discernían entre verdad y mentira.

Tabla 23 .3

Porcentaje de presencia de los criterios en casos confirmados (verdaderos) y no-confirmados (falsos)

23.8.11. HACIA UNA PROPUESTA INTEGRADORA: EL SISTEMA DE EVALUACIÓN GLOBAL (SEG)

Se ha concretado un sistema de medida del engaño adaptado al contexto legal español que aúna todas aquellas aportaciones concretas en un único proceso: el Sistema de Evaluación Global (SEG). Los pasos serían los siguientes:

-Obtención de la declaración. El primer material y más importante es la declaración de las partes implicadas. Los procedimientos anteriormente descritos para adultos, menores, discapacitados y de obtención de información clínica serían los medios.

Repeticiónde la obtención de la declaración. Generalmente, se obtiene una única declaración; ahora bien, con una única medida perdemos una posibilidad de análisis de la consistencia de la declaración en el tiempo. De todos es asumido que esta opción no tiene por qué contaminar los datos procedentes de una entrevista no viciada externamente (Campos y Alonso-Quecuty, 1999), tal y como ocurre en los protocolos de obtención de la declaración anteriormente mencionados. En la primera medida no se procede al interrogatorio, esto es, sólo se acude a la reinstauración de contextos, recuerdo libre, cambio de perspectiva y recuerdo en orden inverso. El interrogatorio subsiguiente se deja para la segunda medida a fin de no contaminar la memoria de eventos. De una segunda medida se obtiene un análisis de la consistencia que, de acuerdo con la hipótesis de Undeutsch (1967), debe entenderse en función de la centralidad periferica del material que entra en contradicción. Así, señala que sólo es relevante la contradicción si afecta a detalles centrales para la acción de juicio. La inconsistencia en la información periférica o la omisión de cierta información sólo es importante si es trascendente para la construcción de un evento verdadero. Nosotros, para dar cabida a las interferencias (teoría de la interferencia del olvido), a la entrada de nueva información (hipótesis constructiva del olvido) y a la curva del olvido, el tiempo que debe transcurrir entre entrevista y entrevista lo estimamos superior a una semana (pero no mucho más). Las hipótesis básicas que promovemos son tres. Primera, al ser un evento vital estresante el efecto del desuso será menor (referido al testimonio de víctima y agresor, y contiguo a los hechos). Segunda, una teoría de racionalidad por parte del mentiroso que se plasma en que la mentira es planificada, aprendida y, por extensión, consistente en el tiempo con lo que no estará mediada por interferencias e información post-suceso (hipótesis constructiva). Para esto, es imprescindible obtener la primera declaración en formato de discurso libre sin ningún interrogatorio porque a través de éste entraría información post-suceso que el sujeto acomodaría a la nueva reconstrucción. El interrogatorio sólo procedería tras la obtención en discurso libre de la segunda declaración. Tercera, el sujeto que dice la verdad narra imágenes con lo que la descripción de los hechos aun siendo muy semejante, será de construcción distinta al no responder a esquemas episódicos. En suma, y en formato de recuerdo libre, la declaración verdadera será menos consistente y aunque el evento sea el mismo, la narración será significativamente distinta tanto en su recuperación como en el contenido (omisiones, obtención de eventos distintos a los hechos pero relacionados con ellos, inconsistencia en información periférica, recuperación de nueva información poco relevante para los hechos). Por su parte, el sujeto mentiroso narra historias aprendidas con lo que las repetirá básicamente igual guiado por un esquema.

-Contraste de las declaraciones hechas a lo largo del sumario. Asimismo, se recaban, de acuerdo con el procedimiento de estudio de la validez SVA, las otras declaraciones hechas a lo largo del proceso judicial (sumario). Ahora bien, el valor de éstas es relativo. Es preciso tener en mente que muchas de ellas son transcripciones de lo que un testigo ha dicho, con lo cual no reflejan fehacientemente lo testimoniado. Además, el tipo de interrogatorio puede haber mediatizado la respuesta. De hecho, en el caso de interrogatorios a menores se encuentran muchas expresiones y conceptos que preguntado el menor no sabe qué son (por ejemplo, en la declaración del menor aparece la expresión «echó semen». Si se pregunta al menor qué es semen y no lo sabe, es que no responde a su declaración tal expresión). Por tanto, la falta de consistencia de las declaraciones obtenidas ante los peritos y otras recogidas en el sumario tiene un valor muy relativo. En su caso, debe explicarse que esta falta de consistencia no es relevante para el análisis de la plausibilidad de la declaración. Es importante tomar con más precauciones de las que podrían esperarse a priori las confesiones por parte del acusado y, muy especialmente, de las incriminaciones a cambio de beneficios para el informador. La fuente de sesgo viene de la mano de los interrogatorios. Así, las técnicas habituales para conseguir una confesión se basan en estrategias tales como las amenazas, la atribución de responsabilidad a causas externas tales como la provocación por parte de la víctima, la minimización de la seriedad del crimen o el desarrollo de una relación personal con el sospechoso (esto es, la típica estrategia de dos entrevistadores, uno hostil y otro amigable y protector). Por su parte, la estrategia basada en el dilema del prisionero para la obtención de la declaración puede llevar bien a estrategias de cooperación, bien de competición que distorsionan la emisión del testimonio (Kelley y Stahelski, 1970) Al respecto, una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos (Miranda versus Arizona, 1966) declaró este tipo de interrogatorios coercitivos.

Análisisde contenido de las declaraciones. En el análisis de contenido de las declaraciones se seguirá el procedimiento del SVA/CBCA. El SVA, a través del estudio del sumario en su conjunto, analiza la validez de la declaración, en tanto que el CBCA, ceñido al estudio del contenido de la declaración, la consistencia interna de la misma (fiabilidad). Este procedimiento de análisis, creado en principio para el testimonio de menores víctimas de agresiones sexuales, es igualmente efectivo con adultos (Landry y Brigham, 1992; Sporer, 1997; Vrij y cols., 1999; Zaparnuik, Juille y Taylor, 1995), en secuencias de medidas y en otros casos diferentes a la agresión sexual (Arce y cols., 2002a; Porter y Yuille, 1996; Sporer, 1997). En estos nuevos contextos obviamente no todas las categorías son productivas; así, Landry y Brigham (1992) limitan el uso a 14 categorías con adultos porque tres de ellas sólo son aplicables a menores (incomprensión de detalles relatados con precisión, perdón al autor del delito y detalles característicos de la ofensa) mientras que otras dos (elaboración inestructurada y asociaciones externas relacionadas) no eran productivas. Sin embargo, Arce y cols. (2002a) encuentran que la categoría perdón al autor del delito era productiva en declaraciones de adultos, tanto en agresiones sexuales como en amenazas. En suma, en principio deben considerarse todos los criterios en el análisis porque la productividad depende del tipo de caso, de las particularidades de la acción que hay que examinar y del perfil sociodemográfico del entrevistado. A su vez, la combinación de SVA/CBCA y RM es posible y efectiva, ya que pueden sumar sus efectos (Sporer, 1997; Vrij y cols., 1999). En concreto, la combinación de ambos sistemas de evaluación RM y SVA/CBCA mejora ligeramente la fiabilidad del sistema (en simulaciones), resultando de añadir al CBCA los criterios información perceptual y operaciones cognitivas del RM (Vrij, 2000). Por tanto, procede la inclusión de estos dos nuevos criterios que se añaden a los del CBCA. Este procedimiento se puede aplicar en medidas repetidas (véanse las hipótesis que se pueden contrastar en el segundo paso «Repetición de la obtención de la declaración»).

Análisisde la fiabilidad de las medidas. Es importante garantizar la fiabilidad de la medida del objeto pericial. En este momento, lo que tenemos es un instrumento fiable y versátil, pero no una medida fiable. Esto es, no está garantizada la fiabilidad de la medida concreta. Para ello, se debe proceder de modo que tengamos una consistencia inter - e intra-medidas, inter-evaluadores e inter-contextos (Weick, 1985). La fiabilidad inter-contexto se obtiene recurriendo a un evaluador entrenado que haya sido efectivo y consistente en otros contextos previos, o sea, en pericias anteriores. El recurso a dos evaluadores con, al menos, uno de ellos entrenado y fiable en evaluaciones anteriores, que ejecuten la tarea por separado posibilita obtener una aproximación a la consistencia inter-evaluadores e inter-contextos. Como herramienta estadística de análisis de la consistencia inter-evaluadores proponemos el índice de concordancia [IC= Acuerdos/(acuerdos + desacuerdos)], que es más restrictivo que los valores kappa, tomando como punto de corte 0,80 (Tversky, 1977). En otras palabras, sólo se consideran los resultados fiables si dos evaluadores por separado se superponen en más del 80 por 100 de las categorías de evaluación. La consistencia inter - e intra-medidas viene de la mano de la consistencia interna de las medidas (por ejemplo, las escalas de validez del MMPI, de las declaraciones en el tiempo o del estudio de las estrategias de simulación en la entrevista clínica), de la consistencia entre distintas medidas (concordancia entre MMPI y entrevista clínica, entre los análisis de contenido de las declaraciones) así como de la consistencia, esto es, complementación o no (una presenta indicios de veracidad y otra de falsedad, o la ausencia de indicios) de las evaluaciones obtenidas del presunto agresor y la presunta víctima.

-Medida de las consecuencias clínicas del hecho traumático (trastorno de estrés postraumático). El trastorno de estrés postraumático es la consecuencia psicológica que buena parte de las víctimas de delitos padecen, especialmente de agresiones sexuales, de delitos contra la vida y de allanamiento de morada (Arce y Fariña, 1995). El hallazgo de los síntomas propios de este trastorno en la víctima es un indicador positivo de victimación. Ahora bien, es preciso descartar otras causas a parte del delito. Por ejemplo, la unión de un proceso de separación con malos tratos no permite diferenciar cuál es el origen del trastorno. Además, para garantizar la existencia del trastorno es preciso obtener una medida clínica aséptica que podría complementarse con otras psicométricas (el MMPI-2 aporta dos medidas psicométricas del trastorno de estrés postraumático) a fin de computar la validez convergente. Las medidas psicométricas por sí mismas no son válidas ya que no diagnostican sino que dan «impresiones diagnósticas» a la vez que facilitan la tarea de simulación del sujeto al implicar una tarea de reconocimiento de síntomas (Arce y cols., 2002a; Arce y cols., 2002b). Complementariamente, la entrevista clínica en formato de discurso libre presupone la ejecución de una tarea de conocimiento. De 200 pruebas que hemos llevado a cabo encontramos que sólo dos personas (mujeres que simulaban ser víctimas de una agresión sexual) eran capaces de simular un trastorno de estrés postraumático. Si a esto añadimos el estudio de la validez convergente con las medidas psicométricas, la potencia de los resultados aumenta aún más. En todo caso, ténganse presentes las siguientes limitaciones: no toda agresión produce el trastorno de estrés postraumático y la no presencia del trastorno no implica que la agresión no sea cierta. El estudio de los protocolos de las entrevistas clínicas (grabaciones en vídeo) consiste en construir una hoja de registros con los criterios del trastorno de estrés postraumático recogidos en el DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2002), cotejar la consistencia de las medidas con dos observadores independientes (véase el apartado de estudio de la fiabilidad) y contrastar si se cumplen los criterios suficientes para un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático. Además, se procederá igualmente a la detección de la identificación de una o más de las seis estrategias que la literatura ha descrito que siguen los simuladores y que son productivas en formato de entrevista no directiva: síntomas raros, combinación de síntomas, síntomas obvios, consistencia de síntomas, síntomas improbables y severidad de síntomas (véase, para una definición y ejemplos de cada categoría, Rogers y Mitchell, 1991).

-Evaluación de la declaración de los actores implicados. Si bien en un principio la técnica fue creada para la evaluación del testimonio de la supuesta víctima, el mismo procedimiento de análisis de contenido de las declaraciones también es susceptible de aplicación al supuesto agresor, lo que permite llevar a cabo un análisis de las dos versiones. El procedimiento de justicia inquisitorial, como es el nuestro, permite esta doble confrontación, no así un sistema de adversarios. Con este procedimiento obtendremos una estimación de la validación convergente de los datos.

Análisisde personalidad de los actores implicados. El estudio de la personalidad del acusado puede ser de suma trascendencia ya que en él podemos encontrar las claves explicativas de la agresión o cualquier enfermedad mental con implicaciones jurídicas relevantes. Para ello lo más recomendables es el uso del MMPn3 junto con una entrevista clínica en formato de recuerdo libre (véase anteriormente el procedimiento para el contexto forense). Con estas dos medidas, además, podemos acercarnos al estudio de la simulación que parece ser frecuente entre los agresores (Rogers, 1997). La simulación se define en función de tres características (Gisbert, 1991): voluntariedad consciente del fraude, imitación de trastornos patológicos o sus síntomas y finalidad utilitaria, esto es, el simulador pretende conseguir determinados beneficios. Para la medida de la simulación de enfermedad mental hemos contrastado diversos procedimientos que se concretaron en un protocolo de medida que puede verse en Arce y cols., 2002b)14

-Implicaciones para la presentación del informe. El sistema de la credibilidad de las declaraciones en 5 categorías de respuesta, tal y como se recoge en el SVA, no se ajusta a los requerimientos de nuestro sistema de justicia. Así, el Tribunal Supremo exige la seguridad plena, no la alta probabilidad (por ejemplo, sentencia del Tribunal Supremo de 29 de oc tubre de 1981, RA 3902). No obstante, toda medida, y muy especialmente la psicológica, está sujeta a error, por lo que debemos reconocerlo, pero absteniéndonos de establecer grados de certeza que, de acuerdo con las consideraciones del Tribunal Supremo, sólo conllevan a una mayor confusión. De este modo, las categorías más ajustadas serían «probablemente cierto», «probablemente no-cierto» y, en su caso, «indeterminado». Téngase presente también que el sistema es más robusto en la identificación de la verdad que de la mentira. Asimismo, no es aconsejable que se haga una descripción de los hechos basada en frases, sino en acciones de conjunto, porque el procedimiento valida hechos y no partes aisladas.

23.9. CONSIDERACIONES FINALES

La fiabilidad de todo el procedimiento recae, en última instancia, en el entrevistador/evaluador. Es por ello que se hace preciso que la intervención se realice por profesionales con alta formación y experiencia así como con una alta capacidad de objetividad (Alonso-Quecuty, 1993 a). Por eso, es imprescindible un entrenamiento exhaustivo. Éste debe incluir: a) entrenamiento en los modos de obtención de la información en todas sus modalidades (véase protocolo descrito en el caso de la entrevista cognitiva que debe repetirse en cada procedimiento de obtención de la declaración), b) entrenamiento en análisis de las declaraciones (los programas estructurados de formación, partiendo de una base de altos conocimientos psicológicos, se estructuran en torno a 7 pasos que se desenvuelven a lo largo de un mes (Kóhnken, 1999), c) entrenamiento en evaluación de la personalidad, no con fines clínicos sino forenses (véase Arce y cols., 2002a; Arce y cols., 2002b; Rogers, 1997), d) entrenamiento en la detección de la simulación, y e) ejecución de las primeras evaluaciones forenses en compañía de un perito con experiencia (véase Arce y cols., 2002a; Arce y cols., 2002b; Rogers, 1997). Finalmente, a la estructura judicial le pediríamos que facilite la intervención lo más contigua a los hechos y que controle la entrada de información post-suceso proveniente de interrogatorios judiciales, especialmente en los casos de abusos sexuales y violencia doméstica.

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MARÍA DEL ROSARIO CORTÉS ARBOLEDA

24.1. INTRODUCCIÓN

En vista de la complejidad y gravedad que supone una acusación de abuso sexual infantil y del hecho de que el caso podría quedar en la palabra del niño contra la de un adulto, la exactitud del testimonio del niño supuestamente abusado y la forma de obtener su declaración se convierten en una cuestión de enorme importancia (Saywitz y Goodlnan, 1996). Sin embargo, el ambiente del Juzgado puede aumentar su nivel de estrés y disminuir su capacidad para aportar un testimonio exacto (Saywitz, 1995). La presencia del niño en el juzgado para prestar testimonio contra la persona acusada implica que va a tener que pasar por la experiencia de un sistema ritualizado y con frecuencia poco sensible a sus necesidades y limitaciones (Mellor y Dent, 1994; Saywitz y Nathanson, 1993; Whitcomb, 1992). El niño se encontrará, como mínimo, con un adulto (el abogado defensor) dispuesto a rebatir sus afirmaciones y que intentará presentarlo como incompetente, confuso o entrenado sobre lo que tiene que decir. Los expertos han sugerido modificar los procedimientos judiciales con objeto de aumentar la sensibilidad a las necesidades evolutivas y emocionales de los niños (Whitcomb, 1992). No obstante, los intentos de introducir cambios importantes han tropezado, en algunos casos, con la oposición de los profesionales del ámbito judicial que temen que se podría atentar contra los derechos de los acusados (Lipovsky y Stern, 1997). Por otra parte, diversos estudios empíricos han concluido que, aunque la implicación en el juzgado puede resultar estresante, los niños no tienen por qué verse forzosamente dañados emocionalmente por su participación como testigos en un proceso penal (Flin, Bull, Boon y Knox, 1992; Goodlnan y cols., 1992). Los resultados de estos estudios sugieren una serie de factores específicos relacionados con un mayor impacto negativo del juzgado en los niños, tales como la interacción con múltiples profesionales, unos altos niveles de estrés en la fase previa a la declaración, tener que testificar en múltiples ocasiones, el cambio de abogados, la falta de apoyo de la madre, realizar su declaración en una sesión pública, ser sometido a un interrogatorio difícil por el abogado de la defensa, la presencia del acusado mientras presta testimonio y la falta de pruebas que corroboren su declaración (Sas, Wolfe y Gowdey, 1996). Muchos de los factores de estrés relacionados con el juzgado son controlables por los profesionales y pueden reducirse sin una modificación demasiado amplia de los procedimientos existentes (Cortés, 2000).

Para, al menos una parte de los niños, su implicación en el procedimiento judicial está asociada con una continuación, e incluso agravamiento, de los trastornos conductuales anteriores a la testificación. Por ejemplo, Goodman y cols. (1992) observaron en la sala de audiencias a niños víctimas/testigos y encontraron que los niños que evidenciaban miedo al acusado tenían más dificultad para responder con rapidez a las preguntas del fiscal. Además, durante el interrogatorio del niño la defensa del acusado lo apoyaba emocionalmente menos que los acusadores y la defensa del acusado utilizaba con más frecuencia un lenguaje inapropiado a su edad. A menudo los niños mostraban nerviosismo antes de testificar; después unos se relajaban mientras que otros continuaban viendo la experiencia como negativa y altamente estresante (por ejemplo, los niños que eran interrogados por un acusado violento que se defendía a sí mismo, los niños que percibían que el abogado defensor distorsionaba sus palabras). Por todo ello, al menos en el caso de algunos niños, el sistema judicial estándar no proporciona un ambiente óptimo para el testimonio del niño. Ante esta situación habría dos posibles alternativas según Goodman, BattermanFaunce y Kenney (1993): ayudar al niño con el objetivo de optimizar su testimonio mientras se actúa dentro del sistema legal actual intentando cambiarlo, o cambiar el sistema legal estándar cuando el niño testifica. En ambos sentidos se están produciendo cambios a nivel legal y científico.

24.2. NECESIDAD DE COLABORACIÓN INTERDISCIPLINAR

24.2.1. PAPEL DEL FISCAL

Los estudios han demostrado que la idea que tiene el niño de qué es lo que se espera de él en el juzgado, la presencia de pruebas que corroboren lo que dice, la disponibilidad de apoyo de un progenitor que no esté implicado en los abusos y un menor número de comparecencias en el juzgado son factores que se relacionan con un menor nivel de estrés en el niño que tiene que declarar. Por consiguiente, el fiscal debería dar los pasos necesarios para ayudar a los niños en estos aspectos. Según Lipovsky y Stern (1997), el fiscal debe informar al niño en los primeros momentos del proceso sobre el contexto y desarrollo del procedimiento con objeto de reducir su estrés, permitiéndole trabajar sobre cuestiones problemáticas específicas y ayudándole a disipar ideas erróneas acerca del sistema. La disminución del estrés también se ha relacionado con la confirmación del testimonio del niño por pruebas corroborativas (Goodlnan y cols., 1992) que permitan reducir la dureza del interrogatorio y fortalecer la autoconfianza del niño. Por consiguiente, un primer paso en la preparación del juicio debe ser la obtención de la mayor cantidad posible de pruebas, intentando confirmar, siempre que sea factible, las afirmaciones del niño. Dada la relación existente entre apoyo materno y reducción del estrés del niño que va a prestar testimonio (Goodman y cols., 1992), el fiscal debe estimular ese sistema de apoyo o, en su defecto, desarrollar un sistema de apoyo alternativo (otros familiares o amigos). Antes de que se produzca la comparecencia, el fiscal puede discutir el caso con el terapeuta del niño para determinar su nivel de funcionamiento emocional y cognitivo. Este también le puede proporcionar datos sobre los temores del niño en relación con el juzgado, así como sugerencias concretas para erradicar o disminuir estos miedos. Finalmente, el fiscal debe tener siempre presente que su relación con el niño es extremadamente importante para que éste supere adecuadamente el proceso judicial. Debe utilizar el lenguaje y las habilidades de entrevista adecuados a los niños en general y a los niños traumatizados en particular. Cuanto más preparado esté el fiscal, menor será la probabilidad de que el proceso judicial afecte negativamente al niño.

24.2.2. PAPEL DEL PROFESIONAL DE LA SALUD MENTAL

El objetivo primario del terapeuta es facilitar el funcionamiento emocional general del niño. La preparación para el juzgado no debe estar por encima de ese objetivo, pero probablemente contribuya a alcanzarlo. Su conocimiento de los planes del fiscal con respecto a la testificación del niño y de la programación del juzgado puede facilitar la intervención terapéutica. Además, el psicólogo puede ser una excelente fuente de información para el fiscal, sobre todo en lo que respecta al nivel de funcionamiento cognitivo, social y emocional del niño, sus habilidades de afrontamiento y necesidad de apoyo. No obstante, la información compartida se debe limitar a la relevante para la preparación del caso por el fiscal. Función del psicólogo es la identificación de factores específicos que pueden estar relacionados con la capacidad del niño para prestar testimonio sin sufrir daños psicológicos. En primer lugar, el nivel de estrés anterior a la intervención en el procedimiento judicial es un predictor significativo de la reacción de la víctima al proceso judicial (Goodtnan y cols., 1992). Por consiguiente, habría que evaluar el temperamento global del niño y sus reacciones específicas ante el abuso. En segundo lugar, es necesario evaluar el nivel cognitivo del niño y determinar así hasta qué punto está capacitado para aportar un testimonio creíble. El terapeuta también debe averiguar el grado de comprensión que el niño tiene del proceso judicial, de su rol como testigo y de los procedimientos seguidos en el juzgado. Asimismo, debe determinar el nivel de ansiedad y temores que presenta sobre diversos aspectos del proceso judicial. Además de la ansiedad relacionada con el proceso judicial en general, también debe evaluar los temores relacionados con tener que enfrentarse al abogado defensor y al acusado. Finalmente, debe abordar la calidad del apoyo que el niño recibe y, si detecta deficiencias en este sentido, facilitar el desarrollo de unas relaciones alternativas. Otra posible función del psicólogo es la de intervenir como experto en el tema, asesorando sobre las cuestiones relativas al abuso sexual, a la capacidad del niño para testificar (límites evolutivos para el planteamiento de preguntas, exactitud de la memoria, capacidad para discernir la fantasía de la realidad, desarrollo moral y la reputación del niño en cuanto a su honestidad) y a los efectos que el proceso judicial puede tener en el desarrollo emocional del niño (el miedo a causar daño a su familia, el sentimiento de culpabilidad por el castigo al agresor, la preocupación por que lo crean y el sentimiento de incapacidad guardan estrecha relación con su capacidad para aguantar el estrés de la declaración) (Cantón, 2002).

24.3. PREPARACIÓN DEL NIÑO PARA EL JUICIO

Lipovsky y Stern (1997), basándose en los resultados de los estudios empíricos, propusieron una serie de prácticas específicas para ayudar a los niños a prepararse para su comparecencia en el juzgado. En primer lugar, el niño debería estar familiarizado con todas las personas implicadas en el proceso, algo que se puede conseguir llevándolo a una sala de audiencias vacía y explicándole quién estará en la sala durante su comparecencia. Se reduciría así su preocupación por estas personas en el momento de la declaración. También habría que evaluar las expectativas que tiene sobre su implicación en el juicio y aclararle su papel. Con esta finalidad se pueden realizar juegos de rol en los que se represente la secuencia de pasos que va a tener lugar en el juzgado, destacando los aspectos específicos del proceso judicial (importancia de decir la verdad, explicación de determinadas conductas usuales de los abogados, existencia de interrogatorio y careos). Tanto el niño como su familia deben ser informados sobre cuándo va a iniciarse el proceso y cuándo, probablemente, deberá testificar. Se debe programar la comparecencia del niño para que se produzca a una hora óptima para él (por ejemplo, si acostumbra a dormir la siesta debería prestar declaración por la mañana) y no tenga que esperar mucho tiempo para comparecer. Asimismo, deberían saber el lugar en que tendrán que estar esperando y dónde tendrán que situarse durante la declaración. Con objeto de que el niño pueda decidir previamente a dónde mirar mientras testifica, hay que informarlo sobre dónde va a estar sentado el acusado. Algunos prefieren que su silla esté vuelta o que el fiscal se ponga enfrente del acusado, bloqueando así su visión directa. Conviene también instruirlo sobre lo que debería de ponerse para el juzgado y cómo comportarse cuando esté sentado en el estrado, de manera que el juez vea que reacciona con naturalidad a lo que se le pregunta. Un componente adicional de las normas de conducta y afrontamiento de la comparecencia es el de la instrucción en el control del estrés que comentaremos más adelante.

Por lo que respecta a la descripción que el niño va a hacer de los sucesos, es necesario que éste comprenda la necesidad de decir la verdad en todo momento. Es esencial que el niño no aporte información inexacta durante el testimonio. Previamente al juicio se le puede instruir sobre cómo responder a las preguntas en general o ante preguntas capciosas, que no entienda o no recuerde, ensayando las respuestas apropiadas (por ejemplo, «No comprendo», «Por favor, repita la pregunta»). Para evitar un sobreuso de la respuesta «no sé» hay que estimularlo para que utilice esta respuesta sólo cuando verdaderamente no sepa la respuesta. Naturalmente, las cuestiones utilizadas durante el entrenamiento no deben estar relacionadas con las alegaciones, sino con situaciones de la propia experiencia del niño. Una nueva técnica para preguntar que ha demostrado ser prometedora a la hora de mejorar la exactitud de los informes de los niños es la elaboración narrativa (Saywitz y Snyder, 1996). Este procedimiento implica enseñar al niño que su descripción de los sucesos debe incluir detalles sobre quién ha estado imnplicado, dónde han tenido lugar los sucesos, qué acciones ocurrieron y las conversaciones o experiencias emocionales que formaban parte de los sucesos.

La realización de visitas previas a la sala de audiencias permite instruir al niño sobre el proceso judicial. El niño puede ir adoptando las diversas perspectivas y, conforme vaya ocupando los distintos lugares de la sala, describirle la identidad y el papel de cada participante. Una vez que haya conseguido un cierto nivel de confort, puede sentarse en el lugar donde prestará declaración. El fiscal puede entonces plantearle diversas preguntas no amenazantes y basadas en la realidad, aunque sin guardar relación con los detalles del caso (por ejemplo, «¿Cómo se llama tu profesor?»). Es aconsejable realizar una visita de este tipo al juzgado en una fecha temprana y programar otra segunda visita en los días o semanas que preceden a la celebración del juicio. Siempre que sea posible, el psicólogo debe estar presente durante la visita a la sala, ya que puede aprovechar para instruir al niño en la utilización de técnicas de reducción del estrés en vivo, maximizando la probabilidad de generalizar las habilidades de control del estrés del ambiente terapéutico al ambiente legal. Además, puede ayudar al fiscal a reconocer las preguntas demasiado complejas que pueden afectar negativamente a la declaración del niño (por ejemplo, preguntas multifacéticas o aquellas planteadas con legalismos). Para potenciar las habilidades del niño y reducir al mínimo el estrés que suele acompañar a esta situación, la preparación para la comparecencia se debería de abordar teniendo en cuenta otras experiencias estresantes que tienen lugar en la vida del niño (por ejemplo, un examen o una competición deportiva). Hay que averiguar si el niño ya tiene algunas estrategias eficaces de afrontamiento en su vida personal que pueda transferir fácilmente al terreno judicial. Como señalan Sas y cols. (1996), el entrenamiento en la reducción del estrés puede implicar una combinación de técnicas: ejercicios respiratorios de relajación, relajación muscular profunda, desarrollo de una jerarquía de miedos, reestructuración cognitiva y fortalecimiento, desensibilización sistemática y apoyo terapéutico. Por último, y con el objetivo de que el niño se encuentre a un nivel óptimo, fisíca y emocionalmente, du rante la comparecencia hay que insistir a los padres que se aseguren de que se alimente y descanse bien varios días antes del juicio.

24.4. SENSIBILIDAD ANTE LAS NECESIDADES EVOLUTIVAS DE LOS NIÑOS

Los estudios han puesto de relieve la existencia de importantes diferencias de edad en la capacidad de los niños para responder a las preguntas que se les plantean, de manera que es absolutamente necesario utilizar técnicas diferentes en función de la edad si se quiere obtener una información exacta (Cantón, 2000).

24.4.1. ExPECTATIVAS Y MIEDOS

Los niños suelen estar mal informados y tienen una concepción errónea sobre el papel que van a desempeñar. Entre sus temores más frecuentes se encuentra el miedo a hablar en público, a no comprender las preguntas, a perder el autocontrol en el estrado y a que no los crean. Una creencia ampliamente compartida por los niños de edad escolar, en general, y por los que tienen que actuar como testigos en particular, es la de que el juzgado es para personas malas. Les preocupa el tener que probar su propia inocencia en el Tribunal o que se les castigue por equivocarse e incluso la posibilidad de ser encarcelados. Además, los niños temen encontrarse con el acusado en la sala, temen su venganza y que pueda dañarlos físicamente a ellos o a algún ser querido, sobre todo si han recibido amenazas para que no hablen. En los casos de abusos intrafamiliares, el niño puede temer que el resto de la familia se enfade por las posibles consecuencias negativas que su testimonio les puede suponer (por ejemplo, pérdida de los ingresos económicos). Estos miedos los manifiesta el niño teniendo dificultad para relajarse, para dormir y para concentrarse en la escuela. Muchos niños se sienten impotentes para controlar sus miedos acerca de la testificación. Además, muchos de ellos muestran también sintomatología del trastorno de estrés pos-traumático (Wolfe, Sas y Wekerle, 1994).

24.4.2. MEMORIA Y SUGESTIBILIDAD

Los estudios indican de manera consistente que la cantidad de información aportada por un testigo sobre un determinado suceso generalmente aumenta con la edad (Leippe, Romanczyk y Manion, 1992), y que los niños pequeños (preescolares) a menudo son más sugestionables que los niños mayores y que los adultos (Goodlnan y Aman, 1990). Sin embargo, incluso los niños pequeños no tienen por qué tener una mala memoria ni tienen que ser forzosamente muy sugestionables, sino que depende de determinados factores situacionales y de personalidad. Los niños, por lo general, recuerdan más de lo que ellos pue den expresar verbalmente en ambientes forenses. Sus recuerdos pueden reflejarse en sus juegos, en ciertos momentos en su hogar, o compartirlos sólo con las personas a las que aman; un niño puede darle información a los padres o al terapeuta cuando menos se espera y, sin embargo, ser incapaz o no querer hacerlo en el juzgado. A pesar de esto, como señalan Goodtnan y cols. (1993), el sistema legal prefiere que los niños, al igual que los adultos, testifiquen «en vivo» en el juicio.

Un procedimiento que ha demostrado ser muy útil para conseguir un testimonio más exacto es el del recuerdo libre, es decir, la narración en respuesta a una pregunta abierta del tipo «¿Qué sucedió?». Sin embargo, tiene el problema de que también produce una menor información, sobre todo cuando se pregunta a un niño pequeño (no es raro que la pregunta «¿qué pasó?» se vea contestada con un «nada»). Además, los estudios han demostrado que un contexto acusatorio puede dar lugar a inexactitudes en el recuerdo libre y en las declaraciones espontáneas de algunos niños de preescolar. Por ejemplo, Tobey y Goodman (1992) informaron de que un pequeño porcentaje de niños de 4 años de edad hacía declaraciones espontáneas inexactas después de que un oficial de la policía les indujera a pensar que un «canguro» había hecho algo malo. El recuerdo libre del niño también se puede ver distorsionado si se le plantean de forma reiterada preguntas capciosas, especialmente si antes se le ha inducido a crear unas expectativas negativas sobre un individuo (Leichtman y Ceci, 1995). Una forma de conseguir que el niño aporte más información es preguntarle específicamente por la información que interesa (por ejemplo, «¿Estuviste en su casa?») o estimular su memoria con señales físicas (por ejemplo, un dibujo de la casa). No obstante, esto tiene como costo la posibilidad de que también aumenten las inexactitudes en la información aportada. Los estudios sobre el recuerdo de los niños acerca de lo acontecido durante un examen médico indican que cuando no se les plantean preguntas específicas sobre el tocamiento de los genitales cometen muchos errores de omisión. Sin embargo, cuando se les pregunta específicamente por los tocamientos a sus genitales el nivel de afirmaciones falsas es relativamente bajo entre los de 5 y 7 años de edad y en un contexto neutro (Saywitz, Goodman, Nicholas y Moan, 1991), mientras que es alto entre los de 2 y 3 años (Bruck, Ceci, Francouer y Renick, 1995). Sin embargo, hacer a los niños preguntas directivas, posiblemente tendenciosas, plantea el problema de la sugestibilidad. Esta varía considerablemente, según los individuos y las situaciones, incluso dentro de un determinado grupo de edad. Los niños, al igual que los adultos, es más probable que aporten datos incorrectos y que se dejen sugestionar cuando se trata de información periférica o mal retenida que cuando la información es importante (por ejemplo, el contacto genital). No obstante, los niños pequeños parece que se dejan llevar por las preguntas sugerentes sobre el abuso con más frecuencia que los mayores (Goodman y Aman, 1990), y son también más fáciles de intimidar (Goodman, Bottoms, Schwart-Kenney y Rudy, 1991). Probablemente se deba a que los más pequeños aún no comprenden totalmente lo inapropiado de los tocamientos genitales, y se sorprenden por este tipo de preguntas más que los mayores.

24.4.3. DII'I(:UEI'ADES DE COMUNICACIÓN

Incluso cuando la memoria del niño es buena, los esfuerzos para que preste un testimonio fiable se pueden ver frustrados por sus limitaciones evolutivas a la hora de comunicarse. Muchos de los problemas que plantea el testimonio de los niños se pueden deber a la incomprensión de las preguntas que les formulan y a una interpretación incorrecta de las respuestas, por parte del adulto. Las exigencias que requiere la comunicación en el contexto judicial puede que no se adecuen al nivel de desarrollo lingüístico del niño. En estas condiciones, incluso la comunicación de los niños mayores puede no ser óptima (Saywitz y Goodman, 1996). Los resultados de los estudios sugieren que el nivel de apoyo que el entrevistador muestre al niño y la complejidad del lenguaje empleado para preguntar influyen en la consistencia de la declaración. Los niños pequeños no dominan muchos tipos de construcciones gramaticales que continuamente se utilizan en la sala de audiencias (Walker, 1993). Los legalísmos contienen frases formadas con cláusulas independientes y construcciones gramaticales que superan el nivel de comprensión y memoria de los niños menores de ocho años. Así, cuando se les plantean preguntas sobre abusos utilizando legalismos, el porcentaje de errores aumenta ostensiblemente. Se está comenzando a estudiar la capacidad de los niños para responder a preguntas con un contenido especial y que, consiguientemente, requieren de unas determinadas habilidades cognitivas o experiencias de aprendizaje. Por ejemplo, a un niño de corta edad se le puede preguntar por la hora o el día en que ocurrió un determinado suceso, una habilidad que normalmente se llega a dominar en torno a los siete u ocho años de edad. En el contexto judicial también se tiene muy en cuenta la capacidad del niño para vigilar su comprensión y detectar cuándo es incorrecta una interpretación. Cuando a un niño se le pregunta por un suceso, puede intentar responder aunque no entienda la pregunta.

Én resumen, los estudios sugieren que la calidad de la declaración de un niño depende de la capacidad del profesional para plantearle preguntas en un lenguaje que pueda comprender y sobre conceptos que pueda entender. También depende de la capacidad del niño para detectar y hacer frente a preguntas que no entiende, una habilidad que se puede mejorar mediante la instrucción y la preparación (Saywitz y Goodman, 1996).

24.4.4. IMPLICACIONES PRÁCTICAS PARA EL INTERROGATORIO

24.4.4.1. Preescolares

La fiabilidad del testimonio prestado por un preescolar depende fundamentalmente de la forma de preguntarle. Un interrogatorio intimidatorio, en un ambiente no familiar, con preguntas tendenciosas, especialmente sobre detalles que se recuerden mal, puede contaminar el testimonio del niño. Saywitz y Goodman (1996) realizaron una serie de recomendaciones para reforzar la fiabilidad de las declaraciones. Con objeto de reducir la posibilidad de que se produzcan malas interpretaciones, se deben hacer preguntas cortas, utilizando construcciones gramaticales simples y un vocabulario familiar. La exactitud de las respuestas será mayor si se le formulan preguntas que hagan referencia a sucesos importantes y significativos para él, adecuando el contenido de las preguntas a sus conocimientos y experiencia. Si titubea no se le debe presionar, coaccionar u obligar a que conteste. El profesional puede hacerle ver las contradicciones en que ha incurrido expresando confusión, pero no adoptando una actitud de desafío hacia el niño. Para reducir la sugestibilidad se debe adoptar una actitud neutra o de apoyo a los esfuerzos del niño, aunque procurando no alabarlo por proporcionar una determinada información. La forma de evitar sesgos es adoptar una postura objetiva, imparcial, tanto a nivel verbal como no verbal (por ejemplo, en el tono de voz, la expresión facial o la forma de preguntar). Esto no significa que no pueda realizar comentarios empáticos para ayudar al niño a superar su ansiedad. Finalmente, no se debe crear un clima acusatorio (por ejemplo, un contexto en el que se describa al sospechoso como «malo» y se asuma que ha hecho «cosas malas», basándose en informaciones no contrastadas y suministradas por alguien distinto al niño).

Los resultados de los estudios indican que las declaraciones que realizan los preescolares sobre sucesos pasados en distintos momentos pueden ser inconsistentes, ya que diferentes ambientes y distintos estilos de preguntar pueden llevarle a revelar diferentes partes de la información en distintos momentos (Fivush, 1993; Fivush y Shukat, 1995). Por otro lado, aunque se deben evitar las preguntas realizadas de manera incriminatoria («Tu tío te molestó, ¿verdad?»), puede ser positivo plantear preguntas específicas que estimulen el recuerdo de información adicional, no proporcionada espontáneamente por el preescolar. Aunque conviene tener presente el peligro de sugestibilidad, lo cierto es que hay importantes diferencias individuales y que muchos niños mantienen su nivel de exactitud cuando se les plantean preguntas específicas, sobre todo si se refieren a acciones importantes relacionadas con el abuso (la desnudez, por ejemplo). La mayoría de las afirmaciones falsas que realizan los niños en los estudios de investigación se produce en respuesta a preguntas capciosas del tipo sí-no (por ejemplo, «Te tocó tus partes íntimas, ¿verdad?»). No obstante, también es cierto que algunos niños llegan a inventarse detalles falsos, especialmente cuando se le repiten las preguntas capciosas. Por consiguiente, cuando se hace una pregunta que exige una respuesta de sí-no es fundamental que vaya acompañada de otra pregunta aclaratoria (por ejemplo, «¿Por qué piensas eso?»).

La utilización exclusiva de preguntas generales para evitar el problema de la sugestibilidad puede dar lugar a irrelevancias e inconsistencias en la declaración de los niños de preescolar. Por ejemplo, cuando después de haber pasado un examen médico se le pregunta a un preescolar si el médico le puso algo en la boca, probablemente responderá que no; sin embargo, dará una respuesta afirmativa (y exacta) cuando se le pregunta si le puso un termómetro en la boca (Saywitz y cols., 1991). Del mismo modo, es probable que responda no cuando se le pre gunte si vio un arma, mientras que responderá afirmativamente (y con exactitud) si la pregunta hace referencia a una pistola. Aunque los términos más generales son menos tendenciosos, pueden dar lugar a inconsistencias y errores, debido a que el preescolar razona en base a lo que puede ver (lo específico) y no sobre conceptos y principios abstractos (lo general). El reto que deben afrontar investigadores y profesionales implicados en el tema es el de cómo conseguir que un niño de preescolar revele lo sucedido, pero sin contaminar su declaración.

24.4.4.2. Niños de primaria

Como los niños de 5 a 11 años de edad a menudo realizan una descripción detallada de lo sucedido, el interrogatorio se puede iniciar con preguntas abiertas como base de un recuerdo libre. A continuación, se le puede estimular de manera no sesgada para que complete algo más su narración, utilizando para ello una invitación general (por ejemplo, «Cuéntame algo más» o «¿Qué pasó después?». Sin embargo, aunque es capaz de realizar un relato exacto, el recuerdo libre también es probable que sea incompleto, lo que obligará a hacerle preguntas específicas. Los estudios sugieren que el profesional debe ir avanzando desde la descripción libre, al planteamiento de preguntas abiertas específicas («¿Cómo iba vestido?») y, finalmente, a preguntas específicas de respuesta corta («¿De qué color era su pañuelo?»). Si se hacen preguntas cerradas (sí-no, múltiple elección), se deben dejar para el final y pedirle al niño que las complete o justifique («¿Qué te hace pensar eso?») para evitar malas interpretaciones (Lamb, 1994; Saywitz, 1995). Estos niños se muestran más resistentes que los preescolares ante preguntas tendenciosas o capciosas, aunque cabe la posibilidad de que se dejen influir. Es importante advertirles que puede que no entiendan todas las preguntas e instruirlos para que avisen cuando sea así (Saywitz y Snyder, 1993). Para reducir el riesgo de problemas de comunicación, la complejidad lingüística de las preguntas y el vocabulario empleado deben ser apropiados al estadio de adquisición de lenguaje. Por ejemplo, no se puede dar por supuesto que un niño de primaria conoce los términos legales ordinarios; de hecho, puede pensar que comprende el significado de un término y darle un sentido distinto al del entrevistador. Finalmente, es necesario ayudarle para que entienda las diferencias entre las reglas que rigen una conversación y las del lenguaje de una sala de audiencias. Por ejemplo, las preguntas del entrevistador suelen saltar de un tema a otro, de manera que el niño necesita que se le advierta del cambio de tema («Antes hablábamos de..., ahora voy a preguntarte sobre...»).

24.4.4.3. Adolescentes

El interrogatorio a niños a partir de 12 años en procesos judiciales se puede comparar con el de los adultos, al menos en cuanto a cantidad y calidad de memoria, resistencia a la sugestión, conocimientos legales, comprensión de las preguntas y formulación de respuestas verbales. Sin embargo, se han realizado pocos estudios que traten directamente sobre testimonios de adolescentes acerca de temas sexuales. Por consiguiente, no disponemos de datos sobre cuestiones como las diferencias evolutivas debidas a los efectos de las emociones o la relación entre interrogatorio y estrés o trastornos psicológicos (por ejemplo, trastorno de estrés postraumático). Los adolescentes podrían diferenciarse sustancialmente de los adultos en esos aspectos. Ante esta falta de datos sobre el testimonio de adolescentes relativo a abusos sexuales, Saywitz y Goodtnan (1996) señalan la imposibilidad de proporcionar una guía sobre la forma de entrevistar específicamente a los adolescentes.

24.5. NECESIDAD DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES ESPECIALES

La preocupación por los efectos emocionales que puede tener en los niños su comparecencia como testigos ha llevado a jueces y legisladores a intentar protegerlos del estrés provocado por el sistema mediante distintas innovaciones procesales (McGough, 1994; Murray, 1995; Spencer y Flin, 1993). Sin embargo, se han realizado pocos esfuerzos por incluir estas reformas dentro de un código legal que rija la comparecencia como testigos de los niños (Myers, 1996). De entre las diversas técnicas especiales empleadas, la que ha despertado un mayor interés ha sido el uso del circuito cerrado de televisión, probablemente debido a que ha representado una de las mayores innovaciones del proceso judicial. En ciertos casos de abuso sexual infantil se permite utilizar este procedimiento para proteger a los niños de la intimidación que les puede suponer el tener que enfrentarse cara a cara con el acusado y en público. El testimonio se hace más fluido y los niños parecen más confiados, relajados y consistentes cuando testifican mediante este sistema (Davies y Noon, 1991). No obstante, hay también indicios de que este procedimiento puede repercutir negativamente en su credibilidad; los miembros de los jurados parecen desconfiar más de las afirmaciones del niño y su testimonio les impacta menos (Batterman-Faunce y Goodman, 1993; Davies y Noon, 1991).

Se han adoptado también otras medidas para conseguir que el niño se sienta más tranquilo en la sala de audiencias. Los estudios han demostrado que cuando se permite que un progenitor u otra persona en quien confíe el niño se sienta a su lado, éste se muestra menos asustado y aumenta su capacidad de respuesta. Cuando la sesión se celebra a puerta cerrada llora menos. Por el contrario, los niños que tienen miedo del acusado tienen más dificultades para contestar y después expresan unos sentimientos más negativos sobre su implicación en el juicio (Goodman y cols., 1992). Otras formas de obtención del testimonio que pueden ser positivas para el niño y para la aplicación de la justicia son la utilización de un espejo unidireccional para ocultarlo del agresor mientras presta testimonio, la creación de salas de audiencia especiales para niños, hacer que sea un profesional neutral quien le tome declaración o asignar fiscales especiales que estén familiarizados con el abuso sexual con objeto de reducir el estrés de la víctima (BattermanFaunce y Goodman, 1993; Berliner y Conte, 1995). Sin embargo, para que los jueces se planteen en serio su aplicación hacen falta pruebas consistentes que demuestren que estos procedimientos realmente suponen una mejora del proceso.

Aunque en algunos países se ha realizado un esfuerzo considerable para reformar el sistema judicial penal en lo concerniente al testimonio del niño (McGouhg, 1994; Murray, 1995; Spencer y Flin, 1993), se ha hecho bastante menos por reformar los procedimientos no penales en los juzgados de Familia o en el Tribunal de Menores. Esto probablemente se deba a que en estos últimos el juez tiene una mayor flexibilidad y a que, aunque son muy importantes para los niños, la atención se ha centrado fundamentalmente en el sistema judicial penal. Myers (1996) resume las reformas judiciales acometidas en diez categorías que comentaremos a continuación: admisibilidad de las declaraciones oídas al niño, competencia como testigo, cambios en la sala de audiencias para adaptarla al niño, control judicial de los procedimientos e interrogatorios, personas de apoyo al niño, exclusión de testigos durante el testimonio del niño, cierre de la sala de audiencias al público y a la prensa, presentación del testimonio grabado o mediante circuito cerrado de televisión, consejero o guardian ad litem del niño y eliminación del requisito de corroboración.

24.5.1. ADMISIBILIDAD DE LAS DECLARACIONES HECHAS A OTROS POR EL NIÑO

Los niños revelan el abuso sexual a sus padres, profesores, médicos, profesionales de la salud mental, amigos y otras personas. En muchos casos, estas revelaciones son pruebas convincentes del abuso. Sin embargo, estas afirmaciones, realizadas fuera del juzgado, son rumores y el rumor es algo que rechaza el procedimiento legal anglo-americano, a no ser que se cumplan determinados requisitos. En los países que siguen la ley civil normalmente se admiten las declaraciones oídas al niño. Según Sas y cols. (1996), en los casos de abuso sexual existen tres razones de peso que justifican la admisión de testimonios de oídas. En primer lugar, la revelación inicial del abuso sexual por un niño pequeño a un padre suele ser el informe más gráfico y completo sobre las alegaciones de abuso sexual que han llevado a la acusación. En segundo lugar, puede tratarse de la única prueba existente cuando el niño no puede prestar o no presta testimonio. En el caso de un niño que testifique pero que lo haga mal, las declaraciones oídas con anterioridad pueden reforzar su credibilidad. El abuso sexual infantil es uno de los delitos más difíciles de detectar y perseguir, debido en gran parte a que el único testigo es la víctima. En los casos en que no existen pruebas corroborativas, la admisión de la declaración oída al niño es imprescindible. Finalmente, en ocasiones esta declaración puede ser más fiable que el testimonio en vivo del niño por diversos motivos, corno el miedo al acusado o su incomprensión del proceso judicial.

24.5.2. COMPETENCIA PARA TESTIFICAR

Para poder declarar corno testigo, el individuo tiene que poseer la suficiente capacidad cognitiva y moral. Debe tener la memoria suficiente corno para recordar el suceso, ser capaz de comunicar de manera inteligible, comprender la diferencia entre verdad y mentira, y entender la obligación de decir toda la verdad. En Estados Unidos coexisten tres perspectivas diferentes sobre la competencia del niño para testificar. En un nú mero cada vez menor de estados se exige que el niño tenga una determinada edad (normalmente 10 ó 12 años), asumiendo que los menores carecen de competencia. Para que un niño «supuestamente incompetente» pueda actuar corno testigo, el juez debe evaluar su memoria, comprobar si entiende la diferencia entre verdad y mentira y también si se percata de la obligación de contar toda la verdad. El segundo enfoque predominante desestima el criterio de la edad y mantiene que cualquier persona es competente para actuar corno testigo; se permite, por tanto, que muchos niños testifiquen sin un examen previo de su competencia (Myers, 1992). En otros países la regulación legal requiere simplemente que el profesional que interrogue al niño determine que éste comprende la necesidad de decir la verdad y que se comprometa a hacerlo.

24.5.3. CAMBIOS EN LA SALA DE AUDIENCIAS

La ley no establece que las salas de audiencia tengan que tener una configuración particular y, en tanto en cuanto se garanticen los derechos del acusado a un juicio justo, resulta apropiada la realización de determinados cambios menores para acomodarla a los niños. De hecho, los jueces de diversos países suelen dar su visto bueno a una serie de adaptaciones. Por ejemplo, que el niño se siente ligeramente vuelto con respecto al acusado, aunque permitiendo que éste lo pueda observar. En un juicio se permitió a un niño que susurrara las respuestas a su madre, quien las repetía en voz alta; y en otro caso, el fiscal se situó en la sala de audiencias de manera que el niño pequeño no pudiera ver al acusado mientras estaba prestando declaración sobre las agresiones sexuales que había sufrido. Otras adaptaciones legisladas en Estados Unidos han sido que el Juez pueda prohibir que entren o salgan las personas de la sala durante el testimonio del niño, exigir a los abogados que permanezcan sentados durante el interrogatorio y que sus objeciones no le resulten intirnidatorias al niño, permitirle a éste períodos razonables de descanso en los que pueda retirarse de la sala y, finalmente, dejar a su discreción la recolocación en la sala de todos los asistentes a fin de facilitar un ambiente de mayor confortabilidad personal para el niño.

24.5.4. CONTROL JUDICIAL DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DEL INTERROGATORIO

El juez tiene autoridad para controlar el procedimiento a seguir y el interrogatorio del testigo. Puede ejercer un control razonable sobre el modo y el or den de interrogar a los testigos y la presentación de pruebas, de manera que resulte eficaz el interrogatorio para obtención de la verdad, evite la pérdida innecesaria de tiempo y que el testigo pase por una situación traumática. Puede prohibir la formulación de preguntas embarazosas para el niño. Sin embargo, en el contexto del abuso sexual infantil, la naturaleza del delito hace que a menudo se tengan que realizar preguntas forzosamente embarazosas. El juez también puede rechazar la discusión de cuestiones irrelevantes y prohibir las preguntas confusas, capciosas, ambiguas o ininteligibles. Por último, tiene autoridad para impedir preguntas formuladas para acosar o instigar al testigo. No obstante, los abogados también tienen el derecho a preguntar al testigo como estimen conveniente. En Estados Unidos los jueces son particularmente respetuosos con el derecho de la defensa a interrogar al testigo de la acusación, incluidos los niños.

24.5.5. PERSONAS DE APOYO AL NIÑO

En algunos países se han formulado leyes que permiten que se le dé apoyo al niño durante su comparecencia como testigo. El apoyo emocional no solamente es humano, sino que también es eficaz. Goodlnan y cols. (1992) realizaron un estudio con niños norteamericanos que tenían que prestar testimonio en procesos penales y encontraron que la presencia de un adulto de apoyo aumentaba su capacidad para testificar, de manera que la presencia de un padre o de una persona querida hacía que los niños respondieran a más preguntas durante el interrogatorio directo. En su opinión, ninguna reforma judicial es más importante que el permitir que el niño esté acompañado por un adulto que le apoye y en el que confie.

24.5.6. NO PERMITIR EL ACCESO DE L(_)S TESTIGOS A LA SALA ANTES DE PRESTAR TESTIMONI(_)

Los testigos quedan fuera de la sala hasta que les llega el momento de testificar, evitando así que elaboren su testimonio en función de lo que dicen los otros. En los casos de abuso infantil se puede producir el problema de que el niño necesite la presencia de un adulto que también tenga que actuar como testigo y que debería ser excluido de la sala. En estos casos el niño debería contar con el apoyo de otra persona. Si sólo hubiera una persona capaz de prestar apoyo al niño y ésta también tuviera que hacer de testigo, entonces se podría arreglar para que prestara testimonio antes que el niño y poder permanecer así en la sala durante su testimonio.

24.5.7. CIERRE DE LA SALA DE AUDIENCIAS AL PÚBLICO Y A LA PRENSA

Una forma de reducir el estrés del niño es cerrar la sala al público y a la prensa. El cierre resulta especialmente apropiado cuando el niño tiene que describir actos degradantes y embarazosos. Sin embargo, hay países como Estados Unidos en los que el acusado en un caso penal tiene derecho a un juicio público, y la prensa y el público tienen derecho constitucional a asistir. En estos países la norma es que el juicio sea público y el cierre, la excepción.

24.5.8. TESTIMONIO GRABADO

Ninguna reforma ha generado más legislación y provocado más debate que el permitir que los niños aporten sus pruebas fuera de la presencia física del acusado. Aunque se pueden emplear varios métodos para conseguir este objetivo, la técnica que ha despertado más interés ha sido la del circuito cerrado de televisión. Sin embargo, el objetivo de evitarle al niño pasar por la experiencia de un encuentro cara a cara con el acusado choca con el derecho de éste a una confrontación con la persona que lo acusa. Spencer y Flin (1993) destacan la importancia que tiene dentro del sistema de las partes contrarias la confrontación cara a cara: entre los legisladores de habla inglesa se encuentra muy extendida la creencia de que enfrentar al acusador con la persona a la que acusa es una forma de asegurarse de que dice la verdad. En algunos países la grabación de la entrevista en la que el niño revela los abusos constituye una práctica habitual, seguía siendo el objetivo original es evitar que el niño tenga que someterse a múltiples interrogatorios durante el proceso de investigación. Después las grabaciones se han utilizado como testimonio del niño en el juicio, de manera que a mediados de los años ochenta diversos países aprobaron leyes sobre el testimonio en vídeo cuando se considera necesario evitarle al niño la confrontación directa con el acusado. Las leyes hacen referencia a tres modalidades: grabación de la entrevista de investigación, grabación del testimonio antes del juicio y testimonio durante el juicio a través de enlace directo por televisión.

En Inglaterra se ha regulado la forma en que se puede utilizar durante el juicio la grabación de la entrevista de investigación (Bull y Davies, 1996). El Acta de Justicia Criminal de 1991 permite la admisión de entrevistas grabadas, realizadas por un policía o por un trabajador social, como sustituto de la prueba principal del niño durante el juicio (Davies, Wilson, Mitchell y Milsom, 1995). La ley canadiense también contiene una disposición sobre la admisibilidad de las entrevistas grabadas en los casos de niños que supuestamente han sido objeto de abusos sexuales, siempre que los contenidos de la grabación sean los adecuados y la grabación se haya realizado dentro de un plazo razonable de tiempo después del delito (Sas y cols., 1996). Durante la década de los años ochenta, diversos estados norteamericanos también aprobaron leyes autorizando la grabación de la entrevista de investigación como testimonio del niño en el juicio. No obstante, algunas de estas leyes comprometían el derecho constitucional del acusado a una confrontación con el niño y al menos tres de ellas fueron declaradas inconstitucionales. La reforma más controvertida en los Estados Unidos ha sido la relativa a la admisibilidad del testimonio a través de circuito cerrado de televisión. La Corte Suprema dictaminó que el interés de un Estado por el bienestar físico y psicológico de un niño víctima de abusos pue de ser lo suficientemente importante como para darle una mayor importancia, al menos en algunos casos, que al derecho del acusado a enfrentarse con su acusador. Sin embargo, antes de restringir este derecho a la confrontación, el juez debe determinar que la presencia del acusado causará al niño un estrés emocional que rebasará unos límites mínimos, es decir, que irá más allá del simple nerviosismo o excitación o una cierta resistencia a testificar. Además, el estrés del niño deberá de tener su origen en el acusado, no en el miedo a la sala, a los espectadores o a cualquier otro factor. En cuanto a la cantidad de estrés emocional necesaria, la Corte manifestó que un estrés emocional tan grave que el niño no pueda comunicarse de manera razonable es suficiente como para satisfacer los estándares constitucionales.

En los países en que no existe el derecho constitucional de confrontación se produce una mayor flexibilidad en el empleo del testimonio por vídeo. Por ejemplo, Canadá, Inglaterra y Nueva Zelanda autorizaron el enlace directo por televisión en 1988 y 1989 (Bull y Davies, 1996; Davies y Noon, 1991; Pipe y Henaghan, 1996; Sas y cols., 1996). En Escocia el estatuto para la utilización del enlace directo por televisión para los niños que actúan como testigos entró en vigor en 1991 (Flin, Kearney y Murray, 1996; Murray, 1995). A principios de los años noventa la mayoría de los estados de Australia formularon leyes permitiendo el testimonio del niño por circuito cerrado de televisión (Shrimpton, Oates y Hayes, 1996).

24.5.9. CONSEJERO, «GUARDIAN AD LITEM» C) REPRESENTANTE LEGAL

Una forma de ayudar al niño a afrontar el sistema legal de partes contrarias es asignarle un defensor que proteja sus intereses, pudiendo representar esta función un abogado u otra persona con entrenamiento. En Estados Unidos el papel del defensor varía en función del tipo de litigio, de manera que en los casos civiles asume un papel activo en la investigación, realiza recomendaciones al juzgado y, si se trata de un abogado, interroga a los testigos en el juicio (Haralambie, 1993). En los juicios penales su papel es más limitado (por ejemplo, no puede interrogar directamente a los testigos), aunque fuera del juzgado puede desempeñar una función activa ayudando al niño y a la familia en el laberinto del sistema legal.

24.5.10. LA EXIGENCIA DE CORROBORACIÓN

A lo largo del siglo xx una denuncia de abusos sexuales realizada por un niño provocaba tanto escepticismo que las leyes impedían condenar a un acusado si el testimonio de la supuesta víctima no se podía corroborar. Sin embargo, durante las décadas de los años setenta y de los ochenta se ha ido abandonando el requerimiento de corroboración y casi todos los estados norteamericanos han eliminado o apenas se le da importancia a esta exigencia (Myers, 1992, 1996).

24.6. CREDIBILIDAD DE LA DECLARACIÓN DEL NIÑO

La credibilidad que ofrece la víctima juega un papel significativo en los casos de agresiones sexuales a adultos o niños, siendo especialmente importante en los juicios de abuso sexual infantil ya que, por su propia naturaleza, rara vez se encuentran pruebas materiales (Kovera y Borgida, 1996). El delito se comete en secreto y suele haber únicamente dos testigos: el niño y el autor de los abusos; además, lo normal es que el agresor lo niegue. Esto ha hecho que se introduzcan innovaciones procesales, como la admisión del testimonio de expertos, con objeto de aumentar la credibilidad del niño.

24.6.1. PERCEPCION DE LA CREDIBILIDAD DEL NIÑO

Como recogen Kovera y Borgida (1996), los primeros estudios sobre lo que piensan los adultos acerca de la capacidad del niño para prestar testimonio utilizaron una metodología de encuesta. En general, los encuestados manifestaban sus dudas sobre la credibilidad que pueda ofrecer la declaración de un niño, pensando que era un testigo poco fiable e inexacto y fácilmente manipulable. No obstante, los niños pequeños que alegan haber sufrido abusos sexuales ofrecen más credibilidad que los mayores. Por ejemplo, Corder y Whiteside (1988) encontraron que los encuestados opinaban que los niños mayores podían mentir más sobre el abuso sexual que los menores de cinco años, y un 55 por 100 pensaba que los niños de tres años no se podían inventar una historia de abuso sexual. Sin embargo, los miembros de un jurado podrían reaccionar de otro modo cuando escuchan el testimonio de un niño en un caso real. De hecho, se han realizado algunos estudios empíricos abordando esta cuestión; por ejemplo, Goodman, Golding, Helgeson, Haith y Michelli (1987) encontraron que los miembros de un jurado consideraban a un niño de seis años corno menos perceptivo, menos exacto y mas fácil de manipular que un adulto. No obstante, los que oían el testimonio del niño junto con otras evidencias era más probable que emitieran un veredicto de culpabilidad que los que escucharon el testimonio de un testigo adulto. Por consiguiente, Goodrnan y sus colaboradores concluyeron que los miembros del jurado no ignoraban el testimonio del niño, sino que simplemente le daban un menor peso en la determinación de su veredicto. Leippe y Romanczyk (1989), en una serie de cuatro experimentos, demostraron que los jurados pensaban que los niños eran testigos poco fiables. Los investigadores demostraron que la inconsistencia del testigo afectaba negativamente a la valoración de su credibilidad cuando se trataba de niños de seis años, mientras que no afectaba a la credibilidad a partir de los diez años de edad (Leippe y Romanczyk, 1989). Coincidiendo con los resultados del estudio anterior, Leippe y Romanczyk concluyeron que la edad de los testigos no influía en la frecuencia de veredictos de culpabilidad. Por el contrario, en un experimento similar (Leippe y Romanczyk, 1989) los jurados percibieron al niño de seis años como más creíble que al testigo adulto. Ross, Dunnig, Toglia y Ceci (1990) también encontraron que un niño de ocho años ofrecía más credibilidad que un testigo de veintiuno o de setenta y cuatro años de edad. Los miembros del jurado creían que, aunque los niños y las personas mayores es menos probable que ofrezcan un testimonio exacto que los adultos jóvenes, son más honestos y de fiar que estos últimos.

Algunos autores (por ejemplo, Bottoms y Goodman, 1994) explican la inconsistencia de estos resultados argumentando que el contexto del juicio influye en la opinión de los miembros del jurado sobre la capacidad del niño para recordar y sobre la credibilidad que les ofrece su testimonio. Así, se han investigado los factores que afectan a la percepción de la credibilidad del niño en los casos de abuso sexual infantil. Por ejemplo, Duggan, Aubrey, Doherty, Isquith, Levine y Scheiner (1989) presentaron a un jurado una simulación en vídeo de un juicio de abuso sexual infantil. Los sujetos que vieron a una víctima de nueve años era más probable que condenaran al acusado que los que vieron a una víctima de cinco o de trece años de edad. Es posible que los participantes creyeran que los niños de cinco años están menos capacitados para prestar un testimonio veraz y que con los de trece existe un mayor riesgo de que se inventen una historia. Estudios posteriores han confirmado que los adultos atribuyen una mayor responsabilidad en el abuso sexual a las víctimas mayores que a las de menos edad (Isquith, Levine y Scheiner, 1993). Otros estudios han demostrado que la credibilidad del niño en un caso de abuso sexual infantil guarda una relación inversa con la edad. Por ejemplo, Bottoms y Goodman (1994) encontraron que sus sujetos consideraban más creíbles a las víctimas de menor edad que a las mayores. O'Donohue y colaboradores (informado en O'Donohue y O'Hare, 1997) investigaron cómo la credibilidad del niño en los casos de abuso sexual se encuentra relacionada con otros factores (por ejemplo, el género del acusado). Los sujetos leían una historieta en la que un niño afirmaba haber sufrido abusos sexuales y el acusado lo negaba. Los resultados revelaron que el niño resultaba igualmente creíble para hombres y mujeres, mientras que creían más en sus alegaciones los estudiantes universitarios (versus educadores) y cuando el acusado era un hombre (versus mujer). En un estudio similar, O'Donohue y O'Hare (1997) analizaron la credibilidad de las acusaciones de víctimas de abuso sexual infantil, violación y acoso sexual. Se investigó también lo que pensaban los sujetos sobre los castigos más apropiados para el abuso sexual y las denuncias falsas. Los resultados demostraron que en todos los casos se tendía a creer más a la acusación que al acusado, siendo las acusaciones de abuso sexual infantil las que ofrecían una mayor credibilidad. Los varones pensaban que los niños no mienten, encontrando las alegaciones de las mujeres menos creíbles que las de las niñas. Las mujeres consideraban todas las alegaciones igualmente creíbles. Con respecto a las actuaciones que se debían seguir, la terapia fue considerada como la acción más adecuada en todos los casos de abusos. Se consideraba especialmente apropiada para los niños que realizan acusaciones falsas de abuso sexual y para las mujeres que denuncian falsas violaciones. En estos casos, la conducta del niño se consideraba más excusable que la de las mujeres. El porcentaje de sujetos que creía que los autores de abusos sexuales a niños debían recibir terapia (20,5 por 100) fue similar al de los que pensaban que debían ser condenados a muerte o a cadena perpetua (18,2 por 100).

24.6.2. TESTIMONIO DEL EXPERTO Y CREDIBILIDAD DEL NIÑO

Dada la importancia de la credibilidad del niño en la determinación de la culpabilidad del acusado, se han llevado a cabo varias innovaciones para aumentar su credibilidad, entre las que destaca la admisión del testimonio psicológico de expertos. Como señalaron Kovera y Borgida (1996), los investigadores han empezado a analizar los posibles efectos del testimonio experto en los casos de abuso sexual infantil. Así, se ha utilizado el testimonio experto sobre el síndrome de acomodación al abuso sexual infantil (Summit, 1983) para explicar las reacciones del niño al abuso (retraso de la revelación, retractación de lo declarado). Se parte del supuesto de que las víctimas reaccionan con unas respuestas prototípicas a partir de las cuales el experto puede inferir la existencia de abusos sexuales. En otros casos, el testimonio del experto se centra específicamente en la credibilidad del niño sin abordarse la cuestión última del juicio, es decir, si el acusado es o no culpable. Se parte del supuesto de que la experiencia clínica con víctimas de abuso sexual infantil permite al experto emitir un juicio sobre su credibilidad. Finalmente, el testimonio del experto a veces se centra en detalles obtenidos durante la entrevista clínica en la que se han utilizado muñecos anatómicos como instrumento de investigación. Como los niños no suelen tener determinados conocimientos sexuales, solo aquellos que han sido abusados sexualmente realizarán actos sexuales con estos muñecos. Sin embargo, otros investigadores piensan que los muñecos solo se deben utilizar como instrumento para facilitar la comunicación, no como instrumento de diagnóstico.

Para investigar si los distintos tipos de testimonio experto influyen de modo diferente en la credibilidad que ofrezca el niño y en la sentencia final, Kovera, Levy, Borgida y Penrod (1994) presentaron a sus sujetos una simulación en vídeo de un juicio sobre abuso sexual infantil, variando el tipo de testimonio experto que se presentaba. Los participantes que escucharon el testimonio de un experto (con independencia del tipo) era más probable que condenaran al acusado que aquellos a los que no se presentó este testimonio. Por lo que respecta a los efectos de las diferentes formas de testimonio, las pruebas asociadas a un síndrome fueron consideradas menos importantes y de menor utilidad que las relativas a la credibilidad del niño y las derivadas de los muñecos anatómicos. La presentación del testimonio de un experto, por tanto, parece influir en la toma de decisión del jurado en sentido favorable al niño.

En definitiva, como mencionamos anteriormente, los adultos consideran que los adolescentes ofrecen menos credibilidad que los niños más pequeños en los casos de agresiones sexuales (Bottoms y Goodmnan, 1994). Sin embargo, estos efectos de la edad parecen verse atenuados por la introducción del testi monio de un experto. El testimonio experto proporciona a los miembros del jurado una información sobre el niño y su conducta que contrarresta sus creencias previas sobre la capacidad del niño para testificar.

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JUAN GARCÍA GARCÍA LETICIA DE LA FUENTE SÁNCHEZ EMILIA INMACULADA DE LA FUENTE SOLANA

1 Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto del plan nacional de 1 + D financiado con fondos FEDER (1FD97-1593-COI) y por el proyecto BS02002-03347 del Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento.

25.1. INTRODUCCIÓN

La institución del juradoa corno forma de impartir justicia está presente en unos cincuenta países, siendo España una de las últimas incorporaciones a este sistema. Si bien en el año 2005 se cumplen nueve años desde que se celebró el primer juicio con jurado en España, esta figura jurídica sigue despertando gran interés en los medios de comunicación, y cada juicio de los denominados «famosos» supone una evaluación por parte de los medios de la conveniencia de esta forma de impartir justicia3. La Psicología, por su parte, concedió al jurado una gran importancia en cuanto objeto de estudio, probablemente porque esta institución es la base del sistema jurídico anglosajón, más concretamente del norteamericano, y buena parte de la tradición de la Psicología jurídica nos viene de estos países. En el presente capítulo nos centraremos en exponer los es tudios y aportaciones más recientes que indagan en los aspectos psicológicos de la toma de decisiones de los jurados, haciendo especial hincapié en los estudios aplicados a nuestro contexto legal. Así, nuestro hilo conductor será precisamente la propia estructura del proceso legal del Tribunal del jurado en la legislación española. Siendo conscientes de la relevancia, no sólo de investigación, sino social y profesional que este tema suscita, en este capítulo se abordarán también aquellos temas de investigación que puedan tener una especial relevancia por sus implicaciones en la práctica privada, y que son objeto de interés de los llamados consultores judiciales (trial consultant) o, más específicamente, de los llamados estrategas del jurado (jurytactic)4. Por tanto, la estructura del capítulo responde a esos objetivos, estando también guiada por la revisión realizada por Nietzel, McCarthy y Kern (1999) en las 10 revistas más prestigiosas del ámbito jurídico sobre los aspectos a los que se ha dado mayor importancia en la investigación, y en la reciente revisión de Devine, Clayton, Dumford, Seying y Pryce (2001). Así, se caracterizará la toma de decisión individual de los jurados y su importancia en los procesos de selección de jurados, para posteriormente pasar a centrarse en las instrucciones jurídicas, la influencia de la presentación de la evidencia (pruebas) y concluir en la deliberación y el veredicto.

25.2. SELECCIÓN DEL JURADO Y TOMA DE DECISIÓN INDIVIDUAL

25.2.1. SELECCIÓN TRADICIONAL DE CANDIDATOS

En España se ha optado por un procedimiento de selección de jurados conocido como voir dires, que consiste en la evaluación de los candidatos por parte de los abogados y/o el juez, en diferentes fases del proceso, pero fundamentalmente en el día señalado para el inicio del juicio. Como indican Kovera, Dickinson y Cutler (2003)6, algunos abogados creen que este proceso sirve para acercarse de una manera agradable a los candidatos, educar a los jurados en determinados aspectos del caso y mitigar posibles sesgos que los jurados puedan tener sobre algunas pruebas de dicho caso. Los candidatos y las partes tienen diferentes fases del proceso donde excusar o recusar, respectivamente, la participación en el jurado, con un fundamento en la Ley. Pero es en las llamadas recusaciones sin causa o perentorias', donde las partes hacen uso de esos elemen tos intuitivos de su conocimiento o de fundamentos derivados de la investigación social. Así, se puede ver un ejemplo en May (1998) bajo el título Jury Selection in the United States: Are There Lessons to be Learned?, donde se relata un juicio de un caso de robo a mano armada en un jurado norteamericano. Aplicado al caso español, se puede ver el descrito por López (1997), magistrado de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, bajo el título, Autos de la causas 1/1996 ante el Tribunal del jurado de Palma de Mallorca, siendo el tipo penal calificado en esta ocasión el de cohecho. No obstante, existen niveles en la forma de administrar el voir dire: lo que se conoce como voir dire «mínimo», dirigido por el juez y en el que se deja poco espacio a la intervención de los abogados y de sus consultores, y el llamado voir dire «extendido», donde se deja una mayor participación y ampliación de las preguntas que se dirigen a los jurados para identificar sus posibles sesgos individuales. Las investigaciones que han comparado ambos procedimientos indican que el proceso extendido resulta más eficaz en la detección de sesgos en los candidatos a jurados (Moran, Cutler y Loftus, 1990), ayuda a mitigar el efecto de la publicidad previa al juicio (Dexter, Cutler y Moran, 1992) e incluso ayuda a revelar otros aspectos relacionados con las recusaciones con causa (Nietzel y Dillehay, 1982; Nietzel, Dillehay y Himelein, 1987).

Desde la Psicología se han investigado distintos aspectos del voir dire, siendo tres las variables que modulan estos estudios y que responden a las siguientes cuestiones; 1) ¿quién lleva a cabo el voir dire?; 2) ¿cómo se dirige el voir dire?; y 3) ¿cuál es el ambiente en el que se desarrolla? (Kovera y cols., 2003). En líneas generales, los estudios realizados indican que los procesos selectivos llevados a cabo por los abogados son más efectivos, en términos de deseabilidad social, que los desarrollados por los jueces, debido a la «percepción» de mayor lejanía, en cuanto estatus y autoridad, que tienen los candidatos a jurados para con el juez (Jones, 1987; Suggs y Sales, 1981) como si de un efecto Rosenthal8 se tratara (Hart, 1995; Marshal y Stmith, 1986). La entrevista debe ser individual mejor que colectiva y en un ambiente de proximidad entre candidatos, jueces y abogados, con un estilo indirecto9 de interrogatorio (Middendorf y Luginbuhl, 1995; Sugg y Sales, 1981), indicando algunos autores, aunque no basados en investigaciones, que lo mejor sería realizarla mediante cuestionarios, antes que de viva voz (Speckart y McLennan, 1999). No obstante, como indican Kovera y cols. (2003) el voir dire constituye la estructura del proceso selectivo que se basa en las leyes concretas o en las interpretaciones que de ellas hacen los jueces, pero técnicamente las decisiones sobre ese proceso es lo que llamaríamos Selección del Jurado. Desde una perspectiva tradicional, los abo gados han dictado recomendaciones basadas en estereotipos, teorías implícitas de la personalidad, actitudes y comunicación no verbal, lo que provoca que a veces hagan gala de una especie de «folclore legal» (Cutler, 1990; Fulero y Penrod, 1990) exento de fundamento científico, que les lleva a considerar importantes unas u otras cuestiones con relación a un proceso concreto, convirtiéndose éstos en lo que algunos autores han llamado «psicólogos intuitivos» (Sobral, 1991). De hecho, los abogados han ido conformando de una forma intuitiva las cuestiones que consideran más relevantes. Olczak, Kaplan y Penrod (1991), tras un estudio con abogados, indican las características que éstos identifican como relevantes en los jurados; a saber: inteligencia, edad, apariencia, ocupación, apertura mental, género, cortesía, impresionabilidad y raza. Las preguntas que formulan con mayor frecuencia durante el proceso voir dire son: ¿cuál es su actitud ante el delito?, ¿cuál es su reacción general hacia los oficiales de policía?, ¿cuál es el grado de información que posee sobre dicho caso?, ¿qué piensa sobre las personas que son arrestadas?, ¿posee algún prejuicio racial?, ¿conoce a alguien que haya sido alguna vez arrestado o condenado? o ¿tiene relación con alguno de los implicados en el caso? La conclusión más importante de los estudios que han evaluado esta forma de actuar es la inefectividad de estos procedimientos, incluso en igualdad de condiciones con una selección totalmente al azar (Fulero y Penrod, 1990; Johnson y Haney, 1994; Zeisel y Diamond, 1978). Aunque también existen opiniones como la de Saks (1976), que considera a los abogados más hábiles que los científicos sociales para realizar la selección del jurado, argumentando que los letrados tienen más experíencía.

25.2.2. SELECCIÓN CIENTÍFICA DEL JURADO

La selección científica del jurado como alternativa a la forma de proceder de los abogados se propuso a finales de los años 60. Se utilizó por primera vez en el juicio de los «7 de Harrisburg», siendo posteriormente sus técnicas expandidas y refinadas (Wrightsman, Greene, Nietzel y Fortune, 2002). En la actualidad el campo de los consultores judiciales es un lucrativo negocio. La Sociedad Americana de Consultores Judiciales está compuesta por más de 300 miembros y 150 empresas; éstos realizan algo más que selección de jurados, llevan a cabo encuestas de actitudes en la comunidad, preparan a los testigos, ayudan a los abogados en sus estrategias de presentación de los casos y realizan juicios simulados (Strier, 1999). En su origen, la Selección Científica de jurados también era conocida como aproximación sistemática a la selección del jurado (Berman y Sales, 1977; Schulman, Shaver, Emrick y Christie, 1973) y se concebía como un proceso por etapas que, después de algunas modificaciones, quedó conformado de la siguiente manera:

-La primera etapa consiste en la realización de una encuesta a través de un muestreo representativo de la población de procedencia del panel de jura dos. Según Diamond (1990), esta primera encuesta suele ser telefónica e incluye preguntas encaminadas a detectar creencias o actitudes que puedan favorecer o perjudicar un veredicto en un caso particular y, por último, a partir de una pequeña descripción del caso, se solicita a la persona que emita un voto como si estuviera decidiendo en un Jurado.

-En la segunda etapa, se investigan diferentes aspectos de los miembros del Jurado mediante consultas y preguntas a personas próximas al candidato a jurado.

-La tercera etapa, que se desarrollaría durante el voir dire, consiste en realizar una clasificación de los jurados en distintas categorías en función de aspectos psicosociales y actitudinales.

-Por último, en la cuarta etapa, se recoge toda la información y se eligen los candidatos más adecuados a los intereses de las partes.

En contraposición a la selección tradicional, la selección científica del jurado tiene en cuenta los resultados de la investigación encaminada a detectar las variables que pueden influir en las decisiones de los jurados en un proceso judicial, los denominados sesgos de los jurados; entendidos éstos corno «...tendencias de respuesta no basadas en la información legal (pruebas) y favorecidas por factores disposicionales (actitudes y variables de personalidad), de estructura judicial (instrucciones del juez, orden de presentación de la información, alternativas de decisión, etc.) y extralegales (características del acusado, características de la víctima, publicidad previa al juicio, etc.)» (García, De la Fuente y De la Fuente, 2002).

Nos centraremos en los factores que han resaltado las características de los miembros del jurado (disposicionales), es decir, las variables sociodemográficas y psicosociales. En los estudios dedicados a esta fuente de sesgos, se han contemplado multitud de variables. Destacan, entre otras, la edad, el sexo, la raza, la ocupación, la religión (como denominación y como frecuencia o intensidad), el nivel de ingresos, la suscripción a revistas y lectura de periódicos, actividades y hobbies, pertenencia a organizaciones, consumo de alcohol, haber sido víctima de delitos, el lugar de residencia, tener o no hijos, tener experiencia previa como jurado, el nivel educativo, la profesión, el estatus socioeconómico, pertenecer a un partido político, la ideología, el estado civil, los años de empleo, la ocupación del cónyuge, los años de residencia en el lugar actual, el origen étnico, el grado de identidad étnica, actitud hacia la pena de muerte, actitud hacia los jueces, actitud hacia la policía, actitud hacia el sistema de justicia, el nivel de desarrollo moral, la inteligencia, el autoritarismo, dogmatismo, conservadurismo y la creencia en un mundo justo, entre otras. Debido a que una exposición del estado actual del tema sobre todas las variables mencionadas excede el objetivo de este capítulo, nos ceñiremos a las variables que a lo largo de todo el proceso pueden influir en la decisión final del jurado individual, centrándonos en las variables sociodemográficas y psicosociales que han sido más estudiadas y sobre las que se han aportado conclusiones aceptadas por gran parte de los investigadores de este ámbito. Dividiremos la revisión de estas variables en dos bloques; por un lado, las variables sociodemográficas y, por otro, las psicosociales y actitudinales. Unas y otras se han estudiado, tanto relacionadas entre sí como en relación con múltiples aspectos del proceso de decisión de los jurados (deliberación, aspectos relativos a fenómenos de influencia grupal, factores legales y extralegales, veredicto grupal e individual, etc.), siendo objeto de numerosas investigaciones (para una revisión puede consultarse, Abbot, 1993; Bonazzolly, 1998; Boyll, 1996; Hastie, Penrod y Pennigton, 1983; Sobral, Arce y Fariña, 1989). Nos ocuparemos aquí de los estudios que han puesto de manifiesto la relación de variables sociodemográficas y psicosociales con la tendencia de veredicto, que han sido bastante menos numerosos.

25.2.2.1. Variables soczodemogrdficas

Como hemos indicado, se han estudiado multitud de variables sociodemográficas, ya sea de forma aislada o en interacción con otras. Aunque los estudios publicados aportan resultados contradictorios y algunos presentan ciertas carencias metodológicas, han evidenciado una cierta importancia de estas variables al ser analizadas según el tipo de delito de que se trate. Además, como señalan Kovera y cols. (2003), la información sociodemográfica puede proporcionar ayuda para la práctica de la selección de jurados cuando estas variables están relacionadas con las actitudes relevantes a un caso concreto, porque pueden ser medidores indirectos de esas actitudes si el voir dice es limitado. Haremos a continuación un esbozo de los resultados más sobresalientes sobre estas variables. Respecto a la variable edad, desde una perspectiva psicosocial, los estudios son poco definitorios (Mills y Bohannon, 1980; Moran y Confort, 1982), siendo la conclusión más aceptada la de que que los más jóvenes suelen tener una mayor tendencia a la lenidad (Hastie y cols., 1983; Sobral y Arce, 1990). En cuanto a la variable sexo, como género, los resultados son contradictorios, aunque esta inclinación depende del tipo de caso; en concreto, es en los delitos de violación o agresiones sexuales donde la mayoría de los estudios ha encontrado que las mujeres se muestran más partidarias de la condena (Arce, Fariña, Novo y Real, 1998; Brekke y Borgida, 1988; Davis, Bray Holt, 1977; McNatnara, Vattano y Viney, 1993; Mills y Bohannon, 1980; Sainz y Sainz, 1989; Visher, 1987). Por lo que respecta a las agresiones sexuales a niños, las mujeres son más proclives a la condena que los hombres (Kovera, Gresham, Borgida, Gray y Regan, 1997; Kovera, Levy, Borgida y Penrod, 1994). No obstante, algunos estudios han encontrado que en juicios de violación, el sexo no estaba relacionado con la condena (Nelligan, 1988; Weir y Wrightsman, 1990), o que en casos de agresiones domésticas hacia la mujer con resultado de muerte para la pareja, las mujeres eran más propensas a la absolución (Kovera, McAuliff y Herbert, 1999). Otra de las variables más frecuentemente estudiadas ha sido el nivel educativo, encontrándose de nuevo resultados contradictorios. Así, mientras que en algunos estudios se ha puesto de manifiesto que los jurados con un menor nivel educativo poseen una mayor tendencia a la absolución (Reed, 1965; Simon, 1967), otros estudios obtienen el patrón contrario (Feild y Barnett, 1978; Izzett y Leginski, 1974). No obstante, lo más destacable y aplicable es que los sujetos con niveles educativos o culturales bajos tienden a cometer más errores en el procesamiento de la información (Graziano, Panter y Tanaka, 1990), lo que puede derivar en interpretaciones erróneas o parciales, tanto de las instrucciones del juez, como de los testimonios de los peritos y, en general, de cualquier información que contenga algún grado de complejidad. Otra de las variables sociodemográficas a la que se han dedicado muchos estudios ha sido la raza o etnia, aunque en nuestro país todavía no se conocen estudios al respecto. Esta variable tiene gran importancia en diversas sociedades, como la norteamericana (Butler y Fukurai, 1992; Golash, 1992; Hymes, Leinart, Rowe y Rogers, 1993), y algunos procesos han tenido una gran repercusión, tanto en la bibliografía científica como en la prensa internacional. El caso más significativo fue probablemente el proceso llevado a cabo en Estado Unidos contra O.J.Simpson (Fletcher, 1997), que ha merecido un monográfico del Journal of Social Issues en 1997. En este caso, los jurados que lo juzgaron en el juicio penal fueron predominantemente afroamericanos, mientras que los jurados del juicio civil fueron, en su mayoría, de raza blanca. Se produjo el conocido efecto de identificación del jurado con el acusado como grupo o raza, lo que suele desembocar en un determinado tipo de veredicto. Así, en el juicio penal el veredicto fue de absolución y en el civil de condena. Por último, para terminar con la exposición de las variables sociodemográficas, haremos referencia a dos variables que se pueden encuadrar bajo el término genérico «experiencia previa» y que, a diferencia de las anteriores, son específicas del contexto particular de estudio. Nos referimos, en concreto, a la experiencia como jurado y a la experiencia como víctima de delitos. Por lo que se refiere a la experiencia como jurado, el resultado más generalizado es que la persona que ha participado en otros juicios anteriores es más proclive a la condena en casos penales (Dillehay y Nietzel, 1985, 1999; Howard y Redfering, 1983; Reed, 1965; Strodtbeck y Lipinski, 1985), si bien este resultado estaría mediatizado por el tipo de caso en el que se ha participado con anterioridad (Nagao y Davis, 1980); otros estudios no han encontrado relación con el veredicto (Werner, Strube, Cole y Kagehiro, 1985). En cuanto a la experiencia como víctima de delitos, la mayoría de los estudios realizados apunta a que las personas que han sido víctimas de un delito concreto tienden más a la culpabilidad, especialmente en delitos de acoso sexual (Davis y cols., 1977; Dillehay y Nietzel, 1999; Fletcher, 1997; Gowan y Zimmerman, 1996; Rtunsey y Rumsey, 1977; Strodtbeck y Lipinski, 1985).

La conclusión más general y relevante con respecto a estas variables sociodemográficas es que cuando las características del acusado y de los jurados coinciden, se produce un sesgo a favor del acusado (Devine y cols., 2001).

25.2.2.2. Variables psicosociales y actitudinales

Entre las variables que se han estudiado con mayor profusión para detectar creencias o actitudes que puedan favorecer un determinado veredicto en un caso particular encontramos variables como ideología política, religiosidad, actitud hacia la pena de muerte, liderazgo, dotes persuasivas, aspectos de personalidad como autoritarismo, locus de control, dogmatismo, conservadurismo, nivel de razonamiento moral, etc., siempre referidas bien al tipo de veredicto (culpabilidad o inocencia), bien a las formas de participación en la deliberación o a otros aspectos del caso. Presentamos a continuación un resumen de aquellos datos que consideramos más relevantes, agrupados en tres niveles: actitudes generales (aquellas variables que son comunes a diferentes campos de investigación), variables actitudinales adaptadas al ámbito legal y variables específicas a casos concretos.

25.2.2.2.1. «Variables actitudinales generales»

En cuanto a las variables actitudinales de tipo general destacamos las siguientes:

-Ideas sobre un mundo justo. Se ha encontrado que en general este constructo que evalúa la tendencia a creer que «la gente tiene lo que se merece» (Rubín y Peplau, 1975) está relacionado con la tendencia a condenar (Moran y Comfort, 1982); no obstante, para el caso concreto de delitos de violación, Weir y Wrightsman (1990) no encontraron relación con el veredicto.

-Actitudes religiosas. Existen estudios que encuentran una fuerte relación entre religiosidad y veredicto de culpabilidad y una mayor tendencia a la condena (Howard y Redfering, 1983; Johnson, 1985). Por otro lado, Kerr, Hymes, Anderson y Weathers (1995) informan que los jurados que tienen la misma religión que el acusado tienden a la lenidad.

-Locus de control. Por lo que respecta a las atribuciones de los sujetos, se ha visto que los sujetos clasificados como internos son más propensos a condenar que los de tendencias externas (Phares y Wilson, 1972; Sosis, 1974). Esto, según el tipo de delito de que se trate. Así, Osborne, Rappaport y Meyer (1986) encuentran que los sujetos con locus de control interno son más proclives a la acusación en los casos de negligencia médica. Este resultado es ratificado por Sobral, Arce, Fariña y Vilán (1991), que encuentran el perfil atribucional relevante en un caso de negligencia médica, pero no en casos de violación y asesinato; aunque, De la Fuente, García y Martín (1998), encuentran el perfil contrario en un caso de robo.

-Razonamiento moral. Los resultados provenientes de los estudios que han relacionado esta variable con la tendencia de veredicto apuntan a que los sujetos que se encuentran en las etapas superiores en razonamiento moral, según la teoría de Kolhberg, son más proclives a la inocencia (Lupfer, Cohen, Bernad y Brown, 1987; Rotenberg, Hewlett y Siegwart, 1998; Rotenberg y Hurlbert, 1992).

-Autoritarismo. Sin duda, ésta ha sido una de las variables más estudiadas. Dada la conceptualización que del constructo autoritarismo se ha realizado desde la Psicología y que nos ubicamos en el contexto de las decisiones judiciales, debemos pensar necesariamente en su relación con la percepción de culpabilidad, y así se concluye en recientes revisiones (Christie, 1991; Dillehay, 1999). En una investigación en la que pusieron a prueba mediante meta-análisis la hipótesis conceptual de que los jurados altos en autoritarismo perciben al acusado más culpable y son más propensos a condenar que aquellos jurados bajos en autoritarismo, Narby, Cutler y Moran (1993) utilizaron 20 estudios en los que se habían seleccionado jurados simulados y decisiones de jurados reales, y medían tanto el autoritarismo tradicional como el autoritarismo legal. Los resultados obtenidos apoyaron la hipótesis de que el autoritarismo está asociado positivamente con la tendencia a condenar. Así, se ha encontrado que los jurados más autoritarios son más propensos a la condena (Bray y Noble, 1978; Narby y cols., 1993; Weir y Wrightsman, 1990; Werner, Kagehiro y Strube, 1982), excepto en el caso en que el acusado ocupa una posición de autoridad o su defensa se basa en la obediencia de órdenes (Hamilton, 1978). Otros estudios han obtenido resultados que están conceptualmente relacionados con la asociación entre autoritarismo y tendencia a condenar. Así, por ejemplo, Mitchell y Byrne (1973) encontraron que los jurados autoritarios eran más severos en las penas y estaban más seguros de la condena en acusados que presentaban actitudes diferentes a las suyas propias. García y Griffitt (1978) informaron de que los jurados autoritarios reclamaban más evidencia de la acusación que de la defensa y eran más propensos a generar evidencias directas desde la evidencia incriminatoria. Por otra parte, Werner y cols. (1982) señalaron que los jurados altos en autoritarismo, además de ser más propensos a condenar, daban estimaciones elevadas acerca de la probabilidad de que el acusado fuera culpable. Por último, señalaremos que McGowen y King (1982) encontraron que los jurados altos en autoritarismo eran significativamente más propensos a recomendar largas penas que a elegir la libertad condicional para los acusados declarados culpables. También han sido objeto de estudio variables relacionadas con el autoritarismo, como el dogmatismo y el conservadurismo.

-Dogmatismo. En general, el resultado más encontrado es que los jurados más dogmáticos son más propensos a la culpabilidad (De la Fuente, García y De la Fuente; 1997; Hatton, Snortun y Oskamp, 1971; Shaffer y Kerwin, 1992; Shaffer, Plummer y Hammock, 1986). Por tipo de caso, Arce, Fariña y Sobral (1995a) encuentran que el dogmatismo está relacionado con el veredicto en un caso de robo y otro de fuga de divisas, pero no en casos de parricidio y violación.

-Conservadurismo. Los jurados más conservadores son más propensos a la condena (Levine, 1983; Nemeth y Sosis, 1973). Arce y cols. (1995a) informan de comportamientos diferenciales de sujetos conservadores y no conservadores en función del tipo de caso; así, encuentran que los sujetos más bajos en conservadurismo tienden a la inocencia en un caso de fuga de divisas y los más altos tienden a la culpabilidad en un caso de robo, mientras que no encontraron relación significativa entre el conservadurismo y el veredicto dado por los sujetos a dos casos de violación y parricidio.

25.2.2.2.2. «Variables actitudinales adaptadas al ámbito legal»

Dos conceptos han sido propuestos como fundamentales en la estructura de la medida del sesgo de los jurados en casos penales, uno es el autoritarismo legal y otro es la distinción entre personas proacusación y prodefensa (Wrigh tsman, 2001). Frente a las derivaciones del autoritarismo tradicional se ha propuesto un constructo relacionado con el autoritarismo específico del contexto legal y que ha demostrado estar más relacionado con la tendencia de veredicto; nos referimos al autoritarismo legal, que citamos anteriormente. Este concepto es una traslación del autoritarismo tradicional al ámbito jurídico. De hecho, los ítems que componen los test que evalúan este constructo son similares a los de autoritarismo tradicional en cuanto a su forma, pero se centran en las creencias acerca del sistema legal. Los estudios del autoritarismo legal se han encuadrado en el ámbito de estudio del sesgo de los jurados, entendido éste como el conjunto de influencias en la decisión no derivadas de deficiencias en el procesamiento de la información, sino debidas a variables propias del individuo. Como señala Dillehay (1997), los sesgos de los jurados y, por tanto, el autoritarismo legal están directamente relacionados con la idea de presunción de inocencia, las actitudes hacia el sistema penal, la evidencia (pruebas) ilegal y las creencias sobre las confesiones en los Tribunales y derechos constitucionales. De hecho, el autoritarismo legal ha sido el constructo utilizado como base en la construcción de diferentes test de actitudes relacionados con el sistema judicial y dirigidos a detectar sesgos en los jurados. Una de las medidas de autoritarismo legal más frecuentemente utilizadas ha sido el Legal Actitudes Questionnarie (LAQ de Boehm (1968), compuesto por 30 ítems agrupados en 10 tríadas, posteriormente revisado por Kravitz, Cutler y Brock (1993). Estos autores realizaron una revisión de la LAQ (RLAQ) en la que, tras diversos estudios, llegan a una depuración final de la escala revisada que queda con 23 elementos reescritos en un formato Likert de seis puntos, cuyo funcionamiento como medida de sesgo demostró ser claramente superior a la escala original. García, De la Fuente y De la Fuente (1997) y García (2000) adaptaron a la población española la RLAQ (Cuestionario de Actitudes Legales), analizando sus propiedades psicométricas y su capacidad para predecir los veredictos individuales dados por una muestra de población general a dos casos escritos de robo y a dos casos reales de homicidio. Sus resultados apoyaron las conclusiones obtenidas por Kravitz y cols. (1993). Diversos estudios han confirmado la hipótesis de que el autoritarismo legal está más relacionado con los veredictos que el autoritarismo general (Cowan, Thompson y Ellsworth, 1984; Cutler, Moran y Narby, 1992; De la Fuente y cols., 1998; García, 2000; Jurow, 1971; McGowen y King, 1982; Moran y Comfort, 1982). En esta línea, en un estudio de meta-análisis realizado por Narby y cols. (1993) sobre la relación entre diferentes medidas de autoritarismo y el veredicto, en el que se analizaron 20 estudios con jurados simulados y con jurados reales, se puso de manifiesto que el autoritarismo legal, medido mediante escalas de actitudes específicas del sistema de justicia tales como el LAQ (Boehm, 1968) y el RLAQ (Kravitz y cols., 1993), estaba significativamente más relacionado con los veredictos en delitos graves que con las medidas generales de autoritarismo.

Otra aproximación a la medición de factores individuales potenciales generadores de sesgo ha sido la propuesta por autores como Kassin y Wrightsman (1983) o Myers y Lecci (1998). Estos autores parten de que la mayoría de los modelos de decisión individual en jurados asu me implícita o explícitamente que para emitir un veredicto es necesario realizar previamente las siguientes «operaciones» (Pennington y Hastie, 1981): evaluar la probabilidad de que el acusado cometiera el delito (probabilidad de comisión) y establecer un criterio individual de duda razonable, que la probabilidad de comisión estimada debe exceder para votar por la condena. Así, los juicios de culpabilidad aparecerían cuando la probabilidad de comisión estimada por un jurado excediera su criterio individual de duda razonable, mientras que el veredicto de inocencia se daría cuando la probabilidad de comisión estimada no llegara a exceder dicho criterio de duda razonable. Con base en este análisis teórico, Kassin y Wrightsman (1983) elaboraron una escala a la que denominaron Juror Bias Scale (JBS), que contempla ambas dimensiones teóricas y cuyo objetivo es detectar la tendencia generalizada de los sujetos a condenar o absolver a los individuos implicados en causas penales. Se asume, por tanto, que un jurado individual va a diferir del resto a lo largo de estas dos dimensiones, caracterizándolos de esta manera como sujetos proacusacíón o sujetos prodefensa. La JBS está formada por 22 ítems con formato de respuesta tipo Likert de 5 puntos. Cinco de los cuales constituyen ítems «de relleno» y diecisiete forman las dimensiones probabilidad de comisión y duda razonable; de estos, doce de ellos están escritos de manera que una respuesta de acuerdo indica sesgo hacia la acusación (por ejemplo, «De cada 100 personas llevadas a juicio, por lo menos 75 son culpables del crimen que se les acusa»), mientras que los cinco restantes están redactados de forma que una respuesta de acuerdo indica sesgo hacia la defensa (por ejemplo, «Si la mayor parte de la evidencia, pero no toda, sugiere que el acusado cometió el delito, el jurado debería votar NO culpable»). Existen recientes revisiones de esta escala en el contexto anglosajón (Lecci, Myers, Denníng, Littell, Robertson y Gorbe, 2000; Myers y Lecci, 1998). En España, la JBS (Escala de Sesgo del jurado) ha sido también adaptada y revisada (De la Fuente y cols., 1997; De la Fuente, 2001), demostrando un funcionamiento satisfactorio en cuanto a la predicción de veredictos y otras cuestiones relacionadas en muestras, tanto de estudiantes como de población general. Los estudios que han evaluado la capacidad predictiva de esta escala han puesto de manifiesto, en la misma línea que las medidas específicas de autoritarismo legal, que esta medida está relacionada con la tendencia de veredicto en mayor medida que otros constructos generales (Chapdelaine y Griffú1, 1997; De la Fuente, 2001; Dexter y cols., 1992; Kassiii y Garfield, 1991; Lecci y cols., 2000; Myers y Lecci, 1998; Narby y cols., 1993 ; Weir y Wrightsman, 1990). Se han desarrollado otras escalas similares a las anteriormente comentadas, pero han tenido menos repercusión en la investigación y, por tanto, existen menos datos con respecto a su funcionamiento: el Cuestionario de Actitudes Legales de Bronson (1970) (Bronson Legal Attitudes, LA), el Cuestionario de Actitudes hacia los Problemas Legales (Atittudes Toward Legal Issues Questionnaire, ATLIQ) (Jones, 1987) o el Cuestionario de Problemas Legales (LegalIssues Questionnaire, LIQ) (Middendorf y Luginbuhl, 1995).

En resumen, los estudios realizados han variado en cuanto al tipo de sujetos utilizados en la investigación, el tipo de juicios, el modo de presentación de los juicios y los tipos de test utilizados para medir las actitudes hacia el sistema legal. Pero, en todos los casos, los resultados apuntan a que la información obtenida a partir de estos constructos, independientemente de la versión utilizada, es relevante en la predicción de la tendencia de veredicto o variables influyentes en el mismo y, por tanto, podría resultar útil en la selección de jurados.

25.2.2.2.3. «Variables específicas a los casos»

Como complemento y, a veces, como alternativa, al uso de medidas como las que acabamos de comentar, los investigadores en el ámbito de la selección de jurados han propuesto la utilización de variables específicas a los casos concretos que van a ser juzgados, indicando que variables de este tipo pueden ayudar a acotar mejor las tendencias de veredicto que variables menos específicas (Moran, 2000), aunque, como señala Wrightsman (2001), las variables generales pueden pasar a engrosar las listas de las específicas para algún caso concreto. Desde una perspectiva puramente aplicada, los llamados consultores judiciales elaboran múltiples cuestionarios a diario en los juicios norteamericanos, sobre todo en juicios de delitos graves y de especial relevancia en la opinión pública. Una de la variables que por sus especiales características ha tenido gran impacto en la investigación norteamericana ha sido la actitud hacia la pena de muerte. Para esta variable, el resultado más consistente es que los jurados, de los cuales han sido excluidos aquellas personas con actitudes contrarias a la pena de muerte, son más propensos (como grupo) a emitir un veredicto de culpabilidad, tanto en juicios reales como simulados (Cowan y cols., 1984; Haney, 1984; Jurow, 1971; Moran y Comfort, 1986; Thompson, Cowan, Ellsworth y Harrington, 1984; Zeisel, 1968). Aunque también existen estudios en los que no se han encontrado estas diferencias; por ejemplo, Haney, Hurtado y Vega (1994), en estudios simulados de juicios con jurados en casos de pena capital, no encontraron diferencias en el tipo de veredicto emitido por sujetos que diferían en cuanto a su actitud hacia la pena de muerte. Un reciente meta-análisis de Nietzel y cols. (1999) indica baja relación entre los veredictos y las creencias acerca de la pena de muerte. Otras medidas específicas estudiadas con cierta frecuencia han sido la actitud hacia los psiquiatras, utilizada para predecir la tendencia de veredicto en casos de petición de inimputabilidad por razón de enfermedad mental (Cutler y cols., 1992), o la actitud hacia las drogas (Moran y cols., 1990) utilizada en juicios contra narcotraficantes.

25.2.3. COMENTARIOS SOBRE LA SELECCIÓN DEL JURADO

Las críticas que se han realizado a la selección científica del jurado se han centrado en distintos frentes. Un primer grupo de críticas han hecho referencia a la falta de predictibilidad del veredicto por parte de las variables sociodemográficas y algunas psicológicas (Berman y Sales, 1977; Fulero y Penrod, 1990; MacCoun, 1989). Aunque se ha puesto en entredicho la incidencia real de los resultados procedentes de los estudios que abordan variables de este tipo, no es menos cierto que nunca se ha podido demostrar que las variables individuales no tuviesen ninguna influencia (Sobral y cols., 1989). Además, aun cuando se puedan considerar escasos los datos útiles para la predicción de conductas y comportamientos de decisión específicos a una situación concreta, ha quedado patente en múltiples ocasiones aplicadas, que la parte que hace uso de las conclusiones procedentes de la investigación sobre sesgos en los jurados ha obtenido mejores resultados - entendidos éstos como la obtención de un grupo de jurados más favorables a su causa-, que la parte que ha obviado dichos estudios (Cutler, 1990; Hastie y cols., 1983). En ocasiones, los denominados «consultores judiciales» se han mostrado demasiado tendentes a magnificar la relevancia de estas variables y su influencia en el veredicto de los jurados, de forma que han sido más conocidos sus errores que sus aciertos al asesorar en algunos juicios importantes en Estados Unidos (Cutler, 1990). La importancia que ha adquirido este profesional en los juicios norteamericanos (Pierce, 1990; Strier, 1999) oscurece en ocasiones los importantes resultados de investigación obtenidos en esta área. Otro aspecto que se ha criticado ha sido el que se refiere a la carestía del proceso en términos económicos y en tiempo empleado. Valgan como ejemplos que la selección del jurado del caso O.J.Simpson tuvo una duración de un mes (Fletcher, 1997) o que un bufete norteamericano dedicado a consultas de este tipo tuvo unos ingresos de 25 millones de dólares en 1988 (Cutler, 1990). En Europa, sin embargo, como señala May (1998), se invierte mucho menos tiempo en la selección y, en España, se mantiene esa tónica. También han sido objeto de críticas los problemas de muestreo, a causa de las excusas, prohibiciones e incompatibilidades para ser jurado (Hans y Vidtnar, 1986). Por último, se han discutido las posibles implicaciones de la selección científica del jurado en relación a la ética profesional; estas críticas se han dirigido, no tanto a la falta de rigurosidad del procedimiento, como a la conveniencia de poner al servicio de una parte instrumentos que puedan mermar el justo derecho de una persona a participar como jurado o el derecho de cualquier persona a ser juzgada por un jurado imparcial (Berman y Sales, 1977). La tendencia actual es incorporar al método voir dire los avances provenientes de la selección científica del jurado (Jonhson y Haney, 1994; Moran y cols., 1990), creando un modelo mixto entre ambos procedimientos. Esta alternativa es seguramente la más viable, dado que es bastante improbable que el sistema judicial actual admitiera un tipo de selección dirigida durante todo el proceso por científicos sociales (Gómez, 1998). De este modo, podemos afirmar que este modelo mixto está siendo aceptado como una propuesta conveniente por parte de los juristas (Wenke, 1989) e, incluso en nuestro país, donde todavía estamos en los comienzos del sistema de jurados, algunos penalistas ya se han hecho eco de estos procesos10. Y esto, a pesar de que la Ley del jurado, en su exposición de motivos, excluía de manera indirecta la participación del científico social en la selección de jurados: «...con el sorteo a partir de las listas censales como sistema, democrático en cuanto excluye criterios elitistas, aún a fuero de científicos»'

Finalmente, indicar que los llamados consultores judiciales, como hemos indicado en varias ocasiones a lo largo del capítulo, se están centrando en el estudio intensivo de casos específicos más allá de la selección (Wrightsman, 2001), siguiendo la estrategia de: 1) llevar a cabo encuestas de opinión pública, discusiones de grupos pequeños (o grupos focales) y estudios de simulación de jurado en los que los sujetos escuchen versiones abreviadas de las pruebas, las discutan y realicen decisiones individuales y grupales acerca de ellas, mientras el consultor observa y escucha sus deliberaciones. El consultor intenta descubrir si alguna característica individual de los sujetos está sistemáticamente relacionada con las diferentes reacciones que ellos tienen ante las pruebas; si es así, estas relaciones guiarán la utilización de recusaciones perentorias en los siguientes juicios y también ayudarán a los abogados a realizar sus presentaciones de las pruebas; 2) analizar cómo diferentes jurados forman una historia narrativa privada que resuma las pruebas presentadas, dentro de un relato coherente y comprehensivo, siguiendo el modelo de historia de Penninton y Hastie, (1986, 1988); este análisis es seguido de un intento de relacionar las narraciones con las características demográficas, los rasgos de personalidad y las actitudes diferenciales de los sujetos; y 3) finalmente se desarrolla un esquema de caso consistente sugerido por los resultados del estudio de grupos utilizado en los pasos 1 y 2. Posteriormente, este esquema es reforzado mediante las preguntas del voir dice, la presentación de las pruebas, las declaraciones y las argumentaciones finales de manera que los factores psicológicos más sobresalientes del caso sean repetidamente presentados a los jurados de la forma que mejor apoyen las interpretaciones de los hechos que desean los abogados.

25.3. INFORMANDO A LOS JURADOS

Bajo este epígrafe recogemos las aportaciones más relevantes y consistentes que tienen que ver con aspectos del proceso judicial relacionados con la información que se les da a los jurados o relativos a algunos de los elementos de información que los jurados llevan al juicio. Estos tópicos son la publicidad previa o anterior al juicio, las instrucciones que se dan a los jurados, la influencia del testigo presencial u ocular y la influencia del peritaje experto.

25.3.1. PUBLICIDAD ANTERIOR AL JUICIO

El desarrollo y proliferación de los medios de comunicación hace que esta variable deba ser considerada como muy relevante. No sólo puede influir sobre el veredicto, sino que afecta a la confianza en la decisión de los miembros del Jurado, a la evaluación de ambas partes y al recuerdo e inferencia sobre las pruebas del juicio (Dexter y cols., 1992; Otto, Penrod y Dexter, 1994), así como a la propia credibilidad de los juicios con jurado, como ha sucedido en España. En un reciente estudio de meta-análisis sobre 44 investigaciones que utilizan esta variable, tanto en jurados reales como simulados, Steblay, Besirevic, Fulero y Jiménez-Lorente (1999) concluyen que la publicidad negativa para el acusado antes del juicio hace que los jurados tengan una mayor propensión a condenar. Este efecto se da con mayor intensidad cuando se han utilizado jurados reales, cuando la información publicitada del caso se refiere a múltiples aspectos del mismo, y se da más en casos de abuso de drogas, abusos sexuales y asesinato. Algunas soluciones propuestas para mitigar este efecto son retrasar el juicio, ampliar el voir dire, las instrucciones judiciales, seleccionar jurados de otras ciudades o cambiar el lugar de celebración del juicio. Los tres primeros han sido los más estudiados por la investigación, concluyendo que estas medidas no son suficientes para eliminar el efecto de la publicidad (Wrightsman y cols., 2002). Las otras dos corresponden a decisiones legislativas y políticas con cierto coste económico. Recientemente, en un monográfico sobre publicidad anterior al juicio, Fulero (2002) describe las conclusiones más aceptadas y que podrían resumirse en:

-La publicidad anterior al juicio tiene efectos perjudiciales sobre los potenciales miembros de un jurado; los jurados que han sido expuestos a ella emiten más veredictos de culpabilidad que aquellos que no han sido expuestos. Este efecto se ha encontrado tanto en jurados simulados, como en caso reales.

-El proceso de voir dire, incluso cuando es extendido y dirigido por abogados, no mejora el pernicioso efecto de la publicidad anterior al juicio, así como tampoco lo hacen las instrucciones del juez.

-Simplemente preguntando a los jurados en el voir dire quién ha sido expuesto a la publicidad anterior al juicio, y diciéndole si ellos pueden dejar a un lado esa información y emitir un veredicto justo, tampoco es eficaz. Los jurados que responden de esta forma son incluso más propensos a votar culpable si han sido expuestos a la publicidad.

-La investigación indica que mientras el paso del tiempo puede hacer que disminuya el recuerdo de los hechos, no amortigua el recuerdo de información emocionalmente sesgada. Además, nueva publicidad en momentos cercanos al juicio provoca que los recuerdos vuelvan. Finalmente, las deliberaciones tampoco aminoran este efecto.

-¿Cómo funciona defecto de la publicidad anterior al juicio? La memoria de los hechos anteriores al juicio enlaza con las pruebas presentadas en el juicio, afecta a las atribuciones e inferencias acerca del carácter del acusa do, afecta al peso probatorio y a la plausibilidad y promueve cambios subjetivos en los estándares legales.

-Para demostrar la existencia real y la extensión del prejuicio, la evaluación de la publicidad anterior al juicio en el momento en el que se va a celebrar el juicio es necesaria pero no suficiente; se necesitaría realizar una encuesta al grupo de candidatos a miembros del Jurado que son llamados para el día señalado del juicio.

-Las alternativas más efectivas en los casos en que se detecte el efecto de la publicidad anterior al juicio serían:

•Importar jurados de otros lugares donde haya tenido un impacto menor la publicidad.

•Trasladar el juicio a otro lugar.

25.3.2. INSTRUCCIONES JUDICIALES

Se han realizado numerosos estudios sobre el efecto de las instrucciones judiciales (Devine y cols., 2001), fundamentalmente las dadas por el juez y su influencia sobre los jurados. Así, se ha investigado en qué momento dar las instrucciones, el lenguaje a utilizar, el contenido de las mismas, etc. (Lieberman y Sales, 1997). La conclusión sobre las instrucciones judiciales ha sido, como indican Nietzel y cols. (1999), que, cuando las instrucciones no están bien definidas y adaptadas a un lenguaje comprensible, su impacto sobre los jurados es poco efectivo; cuando las instrucciones están bien estructuradas e incluso son redactadas por escrito en un lenguaje comprensible, los jurados se sienten mejor informados y hacen que su trabajo sea más estructurado. En general, las instrucciones se suelen dar al final del proceso y, concretamente en nuestro país, justo antes de iniciar el proceso de deliberación, versan principalmente sobre el objeto del veredicto. Además, al jurado español se le permite realizar las consultas que estime pertinentes durante su deliberación, lo que incrementa el nivel de instrucción que reciben. No obstante, algunos jueces españoles han malinterpretado la prohibición que hace la ley sobre dar instrucciones que vayan enfocadas a realizar resúmenes de la evidencia, provocando que dichos jueces no hayan dado ningún tipo de instrucción o que éstas hayan sido muy insuficientes. Según se indica en el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el funcionamiento de la Ley del jurado en 1998 y 1999, este tipo de situaciones ha favorecido que los jurados cometiesen ciertos errores.

25.3.3. INFLUENCIA DE LOS TESTIGOS PRESENCIALES SOBRE LOS JURADOS

Todo lo relacionado con la exactitud de testimonios y testigos presenciales es objeto de otros capítulos del libro. En este apartado queremos hacer notar las principales conclusiones que se han informado sobre la influencia de los testigos presenciales sobre los jurados. Como indican Horowitz, Willging y Bordens (1998), pocos hechos son tan poderosos en un juicio como que un testigo presencial señale al acusado y diga: «Es él, yo nunca olvidaría esa cara.» Los jurados tienden a dar mayor credibilidad a los testigos presenciales que a otras pruebas, sobre todo cuando se muestran confiados en su descripción, a pesar de que la relación encontrada entre confianza y exactitud es baja (Cutler y Penrod, 1995). También se ha puesto de manifiesto que los criterios legales tradicionales para la identificación de los testimonios en testigos presenciales no son válidos (Bradfield y Wells, 2000). Recientemente, se ha elaborado una guía para la aplicación jurídica de la evidencia obtenida de los testigos presenciales (National Center of Justice, 2000) que recoge las recomendaciones de las investigación realizada en los últimos 20 años. En su elaboración han participado 34 expertos norteamericanos y canadienses, entre los que se encuentran prestigiosos psicólogos jurídicos como Fulero, Lindsay, Fisher, Malpass y Wells. La motivación fundamental que ha llevado a la elaboración de esta guía por parte del gobierno norteamericano ha sido que la reciente utilización de las pruebas de ADN ha provocado que se reabran casos y se absuelva a personas que habían sido condenadas con base en testigos presenciales. Sobre la base de esta guía y combinando jurados reales y simulados, Phillips (2001) concluye que informar sobre las recomendaciones de esta guía a los jurados incrementa la calidad de sus decisiones, y que las personas que hacen que los jurados atiendan más a la información de esta guía son los jueces y los expertos informándoles sobre esta temática.

25.3.4. INFLUENCIA DEL PERITAJE EXPERTO SOBRE LOS JURADOS

Este aspecto tiene una doble perspectiva en la investigación internacional. Por un lado, está el peritaje clásico y contemplado en la legislación española que obedece más a evaluaciones desde la Psicología clínica; por otro lado, está el peritaje experto sobre una temática concreta de un ámbito de estudio (por ejemplo, la información comentada sobre el testigo presencial), la cual no suele darse en nuestro país (aunque es evidente que aún no utilizándose como testimonio, los abogados podrían hacer uso de la información que les suministrara un experto para, por ejemplo, poner en tela de juicio la exactitud de un testigo presencial). La conclusión más clara es que en el caso de peritajes psicológicos los jurados parecen dar una consideración equilibrada al testimonio experto. Aunque es evidente que no son inmunes a las opiniones de expertos, especialmente cuando estas opiniones se expresan para casos específicos y el experto llega a informaciones concluyentes y éstas son expresadas de manera nítida (Nietzel y cols., 1999). No obstante, este efecto es diferencial si el peritaje se basa en la evaluación clínica que llevaría a la inimputabilidad o a la determinación del grado de responsabilidad del acusado, y los expertos son menos creíbles que cuando se interviene para, por ejemplo, informar sobre la credibilidad de testigos oculares (Nietzel y cols., 1999). Estas conclusiones referidas a la evaluación forense clínica pueden estar mediadas por actitudes generales o específicas como las comentadas en los apartados de selección (Cutler y cols., 1992; García y cols., 2001). Además, el sistema español y el norteamericano, en el que se basan la mayoría de las investigaciones, es radicalmente distinto en cuanto a la presentación de esas evaluaciones, ya que además de los informes de parte (práctica común en el sistema norteamericano) existen peritajes forenses de oficio que pueden redundar en una mayor credibilidad sobre los jurados españoles (Dillehay, Barry-Gabier y Dahir, 2000).

25.4. LA DECISIÓN DEL JURADO

25.4.1. DINÁMICA DEL JURADO

Tal y como postulan algunos autores, cabría esperar que durante el proceso de deliberación se contrarrestaran los factores o fuentes de sesgo individuales. De ser esto así, las decisiones grupales de diferentes grupos de jurados ante un mismo caso deberían ser coincidentes. Sin embargo, una revisión de los estudios realizados a este respecto muestra que la coincidencia de las decisiones grupales ante un mismo caso dista mucho de ser una realidad (Arce, Fariña y Vila, 1995b; Hans y Vidmar, 1986; Hastie y cols., 1983, entre otros). Los resultados obtenidos en diversos estudios han puesto de manifiesto que los factores individuales pueden generar decisiones grupales sesgadas cuando el grupo de jurados no es lo suficientemente heterogéneo; es decir, si los individuos que forman el jurado presentan homogeneidad en relación con alguna característica común que sospechemos puede sesgar sus decisiones en casos concretos es más probable que la decisión grupal esté igualmente sesgada. Este efecto ha sido encontrado en casos de pena de muerte con la variable actitud hacia la pena de muerte (Cowan y cols., 1984), en casos de violación con la variable sexo (Arce y cols., 1998), en casos de negligencia médica con perfil atribucional interno y en casos de asesinato con ideología (Arce, Fariña y Vila, 1996). En el primer estudio, que conozcamos, que simula el proceso español, De la Fuente, De la Fuente y García (2003), estudiaron si jurados homogéneos formados por personas clasificadas previamente por la Escala de Sesgo del Jurado (JBS), como sesgados hacia la acusación o hacia la defensa, tomaban decisiones diferentes en cuanto a la culpabilidad de un acusado en un caso real de homicidio antes y después de la deliberaciones. Para ello se organizaron 17 grupos, 9 formados por jurados pro defensa y 8 por jurados pro acusación, y se encontró que los jurados clasificados como pro acusación emitieron significativamente más veredictos de culpabilidad que los jurados pro defensa antes de las deliberaciones, y que aumentan dichas diferencias en los veredictos emitidos después de los procesos de deliberación. Se produjo en este caso una «generalización» del efecto del sesgo individual, provocando que las decisiones postdeliberación y las decisiones grupales se hicieran más extremas después de las deliberaciones. Estos resultados apoyan la hipótesis de que los factores individuales de sesgo se mantienen cuando se forman jurados homogéneos en dichos factores. Una posible explicación a este efecto viene dada por el modelo de influencia en la delibera ción (Kaplan, 1977, 1984; Kaplan y Garzón, 1990; Kaplan y Miller, 1978). Este modelo propone que con el intercambio de información que se produce durante la deliberación es más probable que la impresión inicial y otros factores de sesgo reduzcan su efecto, siempre y cuando dicha información sea información objetiva, referida a los hechos y diferente de la información que los jurados utilizaron para estimar la culpabilidad o inocencia del acusado en sus juicios previos a la deliberación (Kaplan, 1989); por el contrario, si la información compartida por los jurados es similar o, en términos del modelo, del mismo signo o valencia que la utilizada en sus juicios previos, es más probable que los sesgos no sólo no desaparezcan, sino que propicien una decisión grupal más extrema, en la misma línea que sus decisiones individuales, pudiendo aparecer el fenómeno de polarización grupal.

Un segundo efecto que se ha encontrado reiteradamente en diversos estudios es el denominado efecto de lenidad grupal, es decir, que los jurados en grupo tienen una mayor tendencia a la inocencia que individualmente (Arce y cols., 1995b; Kalven y Zeisel, 1966; Sáinz y Sáinz, 1989; Stasser, Kerr y Bray, 1982; Tanfor y Penrod, 1986). En la misma línea, se ha definido el efecto de asimetría, es decir, jurados con facciones de igual tamaño predeliberación se resuelven casi exclusivamente con un veredicto grupal de inocencia (Arce y cols., 1995b; MacCoun y Kerr, 1988). Este efecto de sesgo generalizado hacia la inocencia es explicado por algunos autores como una consecuencia de la mayor presión, en términos de influencia normativa12, que ejerce el grupo pro-inocencia (Kaplan, 1989; Tanfor y Penrod, 1986). Sin embargo, no todo cambio de opinión dentro de un jurado se debe a una influencia normativa. De hecho, se ha desarrollado una línea de investigación que intenta determinar bajo qué condiciones es más probable que aparezcan, tanto la influencia normativa como la influencia informativa en los Jurados. Entre las condiciones que se han estudiado destacan el tipo de cuestión que está siendo decidida y la regla de decisión.

Laughlin y Ellis (1986) proponen que, tanto las cuestiones legales como de otro tipo, pueden ser ordenadas en un continuo que va de lo opinable a lo racional. Las cuestiones opinables apelan a preferencias evaluativas y normas sociales, y no implican una respuesta objetivamente correcta o incorrecta (por ejemplo, ¿el castigo será muy severo?). Las cuestiones racionales, por el contrario, son aquellas que tienen una respuesta correcta y dependen de la adquisición de hechos de cara a conseguir la decisión correcta (por ejemplo, ¿disparó el acusado a la víctima?). De este modo, es más probable que en las cuestiones racionales se produzca influencia informativa, ya que es más útil para llegar a una decisión correcta sobre los hechos a juzgar cuando existen pruebas mane jables. Sin embargo, en las cuestiones opinables, donde no existen hechos que probar, es más útil la influencia normativa, y las decisiones del grupo se harán sobre las bases de preferencia del grupo. Kaplan y Miller (1987) confirmaron esta predicción en jurados que tenían que decidir sobre diferentes cuestiones relacionadas con un caso de asesinato, de manera que la influencia que fue fundamentalmente utilizada dependió del grado en que la cuestión era opinable o racional. La regla de decisión que se impone al jurado también afecta al tipo de influencia que se utilizará, interactuando con el tipo de cuestión. Así, si el veredicto debe ser decidido por unanimidad en lugar de por mayoría, la forma predominante de influencia será extremada (Kaplan y Miller, 1987); es decir, la tendencia a utilizar influencia informativa en cuestiones racionales e influencia normativa en cuestiones opinables es mayor con una regla de unanimidad. En este estudio, los efectos del tipo de cuestión y la regla de decisión se produjeron fundamentalmente en las últimas etapas de la deliberación, lo que sugiere, según los autores, que cuando las decisiones son más difíciles de conseguir y se ha estado deliberando durante mucho tiempo, los jurados están más inclinados a utilizar aquella forma de influencia que es más apropiada para la cuestión particular.

25.4.2. FACTORES ESTRUCTURALES

En este apartado nos referiremos a dos aspectos clásicos de la investigación con jurados: el número de jurados que conforman el Tribunal y la regla que los rige. Respecto al tamaño del jurado, se han realizado numerosos estudios sobre el número de miembros del jurado, basados en los criterios sociopolíticos norteamericanos de modificación de los jurados de 12 miembros (número que no tenía ninguna justificación), que hicieron que en algunos estados, y según el tipo de delito, se constituyeran jurados de número inferior. Parece claro, y así lo ha puesto de manifiesto el estudio de meta-análisis de Saks y Marti (1997) que tamaños pequeños de jurados (6 frente a 12) reducen la representación de las opiniones minoritarias, deliberan menos tiempo y recuerdan de manera menos exacta las pruebas, aunque también favorecen una menor tasa de jurados nulos, no existiendo diferencias en cuanto a los veredictos emitidos por unos y otros. En cuanto a la regla de decisión, está muy aceptado en la bibliografía científica, y así lo admite la exposición de motivos de la Ley del jurado español, que la unanimidad es la regla que favorece la calidad de las decisiones. En concreto, si se combinan las características regla y tamaño, Arce, Novo y Real (1999, pág. 97) concluyen que «...los jurados de 12 miembros y regidos por la unanimidad ejecutan la tarea de un modo significativamente más idóneo que las restantes modalidades», que eran 6, 7, 9 con sus combinaciones no completas de mayoría/unanimidad, aunque ninguna condición experimental reproducía la combinación del jurado español de 9 miembros con mayoría cualificada de 5 para absolver y 7 para condenar.

Desde el punto de vista de nuestra legislación, el tamaño del jurado de nueve miembros parece suficiente, y dado que es único para todo tipo de delitos, su influencia se mantendría constante. Por esto, las investigaciones sobre su tamaño no tienen mayor relevancia, además casi siempre se parte de tamaños de jurados arbitrarios (6, 12, etc.). Por otra parte, la regla de decisión del jurado español mitiga de forma clara los efectos perjudiciales que podrían tener las reglas de decisión no unánimes sobre el acusado. Por un lado, salvaguarda el principio de presunción de inocencia, puesto que requiere dos votos menos para absolver; por otro lado, para llegar a un veredicto, es necesario discutir y votar previamente todas las cuestiones que le plantee el juez, y esa votación se realiza con la misma ratio (5-7); finalmente, se llega a un veredicto, y este tiene que ser razonado. Por tanto, este sistema dista mucho del simple culpable-inocente del modelo anglosajón.

25.5. NOTAS FINALES SOBRE INVESTIGACIÓN CON JURADOS

Los intereses que han motivado la investigación sobre el jurado en el ámbito de la Psicología han sido diversos. Muchas de las investigaciones realizadas en este contexto han buscado principalmente confirmar hipótesis acerca de procesos psicológicos complejos, tomando el marco legal como mera excusa, mientras que otras han pretendido que sus resultados fueran utilizados por la profesión legal con el objetivo de aportar datos que ayudaran a lograr un jurado eficaz (De Paul, 1995). La repercusión y el interés que estas investigaciones han tenido en el ámbito jurídico ha sido variable. Así, por ejemplo, en Estados Unidos se han utilizado para asesorar a juristas sobre la justificación de cambios en el tamaño del jurado, sobre las posibles consecuencias de utilizar diferentes reglas de decisión o sobre la no culpabilidad por razón de enfermedad mental (Borum y Fulero, 1999; Fletcher, 1997). En España algunas investigaciones con jurados simulados y revisiones sobre la bibliografía especializada han sido citadas tanto en los documentos para la elaboración de la Ley del jurado en el Congreso de los Diputados (Boletín Oficial de las Cortes Generales, 1994), como en primer informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la aplicación de la Ley (Consejo General del Poder Judicial, 1998). En España las investigaciones más habituales se han realizado con jurados simulados, tanto con muestras de estudiantes (Arce y cols., 1995a; Arce y cols., 1995b; Cajal y Palmer, 1993; De la Fuente y cols., 1998; De Paul, 1991; Martínez-Taboada y Ocáriz, 1998; Palmer, 1988; Sainz y Sainz, 1989; Sobral y Arce, 1990), como con población general (Arce y cols., 1999; De la Fuente, 2001; García, 2000; García, De la Fuente, Martín, Ortega y De la Fuente, 1997). Con jurados reales sólo se ha realizado un estudio cuando se ponía a prueba la institución del jurado; concretamente, se llevó a cabo un estudio descriptivo/exploratorio de un juicio real con decisión no vinculante (Perles y Gómez, 1997) y, recientemente, se han informado asesoramientos psicológicos en juicios con jurados reales (Alfaro, 1999).

Uno de los problemas más importantes que presenta cualquier investigación es la generalización de sus resultados. En el contexto de la investigación con jurados se ha puesto de manifiesto en algunos estudios la falta de validez ecológica de las simulaciones con jurados (Bornstein, 1999; Bray y Kerr, 1979, 1982; Clemente, 1986; De Paul, 1991; Diamond, 1997; Weinten y Diamond, 1979), siendo el perfil de las investigaciones sobre jurados, la simulación con estudiantes (Nietzel y cols., 1999). Algunos autores, como por ejemplo Bornstein (1999), Bray y Kerr (1982) y Garzón (1990), indican que dicha falta de validez ecológica se debe a diversos aspectos, tales como el lugar de la investigación (laboratorio frente a sala de justicia), el formato de presentación de los juicios (por ejemplo, resúmenes escritos frente a simulaciones realistas), la inclusión de elementos del juicio (por ejemplo, con o sin deliberación), la variable dependiente utilizada (por ejemplo, veredicto dicotómico frente a probabilidad de culpabilidad), el tipo de muestra utilizada (estudiantes frente a adultos de la comunidad) y las consecuencias del juicio (por ejemplo, decisión hipotética frente a decisión real). Por su parte, Bornstein (1999) destaca la falta de investigaciones que permitan establecer comparaciones entre las metodologías empleadas en las simulaciones, en comparación con el número de publicaciones realizadas. En este trabajo, que se centra en la revisión del tipo de muestra y del tipo de material presentado a los sujetos experimentales, encuentra pocos estudios donde se evalúe este efecto; por ello, este autor sugiere que se realicen más investigaciones y, sobre todo, que las investigaciones se dirijan al estudio de problemas reales de la administración de justicia. De cara a que los estamentos judiciales tengan en cuenta la investigación, lo ideal sería, como indica Diamond (1997), combinar ambas posibilidades como si fuesen dos fases de un mismo proceso. En una primera fase, se desarrollarían las investigaciones básicas en condiciones más controladas y, en una segunda fase, se realizarían investigaciones con jurados reales o potenciales, con presentaciones en vivo o en vídeo, lo que incrementaría la posibilidad de generalización de los resultados obtenidos y, por tanto, el grado de aplicabilidad de las investigaciones. Para ello hay que buscar el interés mutuo de los profesionales de la Psicología y el Derecho, tanto de los investigadores como de los que se dedican a la práctica profesional.

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La educación en la España contemporánea. Políticas educativas, escolarización y culturas pedagógicas, Agustín Escolano.

Antropología filosófica. Las representaciones del sí mismo, Jacinco Choza.

La preparación física en el fútbol, Carlos Lago.

Didáctica general, qué y cómo enseñar en la sociedad de la información, Martín Rodríguez (Coord.).

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Análisis multivariado. Un manual para investigadores, Andrés Catena (Coord.).

Psicología del género: implicaciones en la vida cotidiana, M.a Pilar Marad (Coord.).

La formación continua laboral, Jaume Sarramona.

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Clase, trabajo y ciudadanía. Introduccz n a la existencia social, Armando E Steinko.

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Didáctica de la Educación Física. Una perspectiva crítica y transversal, Antonio Fraile (Coord.)

Manual de psicología infantil. Aspectos evolutivos e intervención psicopedagógica, M.' Paz Bermúdez y Ana M.' Bermúdez Sánchez.

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Teorías e instituciones contemporáneas de educación, M.' del Mar del Pozo Andrés (Ed.).

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Psicología del desarrollo cognitivo y adquisición del lenguaje, Sergio Moreno Ríos.

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i Jenkins versus Estados Unidos: forma estándar en Estados Unidos para hacer referencia a El Pueblo contra Jenkins.

1 Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 1984.

2 Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 1992.

3 Artículo 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de junio de 1986, 31 de enero de 1992, 7 de noviembre de 1994, etc.

5 Ley 1/00, de 7 de enero de 2000, de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 618 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

6 Artículo 341 de la citada Ley 1/2000, de 7 de enero.

'Artículo 342.3.

1 Véase más ampliamente el concepto de ausencia de acción en el Capítulo X «Trastornos psicopatológicos relacionados con la ausencia de acción».

i A lo largo de este capítulo utilizaremos indistintamente los términos «crimen» y «delito» (y «criminalidad» y «delincuencia»), a pesar de que, en el mundo anglosajón, el término «delincuencia» se reserva para transgresiones legales cometidas por menores y, en español, «crimen» suele utilizarse para designar actos de especial gravedad.

2 Debemos hacer mención también a lo que, dentro de las clasificaciones psiquiátricas más difundidas (DSM, CIE), se denomina «trastorno de conducta» (o «trastorno disocial»); con esta etiqueta se designa a aquellos patrones de conducta antisocial infanto-juvenil severos y persistentes que producen un deterioro significativo del funcionamiento social del individuo. Muchos conocimientos de interés para la Psicología Criminológica proceden de estudios realizados, en ámbitos clínicos, con niños o adolescentes con diagnóstico de «trastorno de conducta».

s Tanto la teoría de la asociación diferencial como la teoría del aprendizaje social mantienen así unas premisas muy distintas a otra de las tradiciones criminológicas dominantes: la teoría del control social, a la que ya hemos aludido en este capítulo. Para ésta, no es necesario aprender a transgredir normas; la transgresión es una tendencia natural, que se deriva de nuestra naturaleza hedonista y egoísta (Gottfredson y Hirschi, 1990). La delincuencia, por tanto, no necesitaría explicación; lo que hay que explicar es la conformidad. Esta dicotomía entre lo innato o lo adquirido de las tendencias desviadas está latente en toda la explicación de la conducta criminal y da lugar a que con frecuencia haya sido difícil reconciliar posturas e integrar modelos.

4 Éstas son características que con frecuencia se consideran definitorias de la impulsividad, aunque otros muchos ingredientes conceptuales se han atribuido a este constructo: dificultades para el control de deseos y necesidades, falta de inhibición motora, dificultades de concentración, inmediatez en el comportamiento o sensibilidad a los estímulos gratificantes son algunos de los significados que pueblan el concepto de impulsividad. La heterogeneidad de significados y la variedad de instrumentos para evaluar este constructo da lugar a que el estudio de la relación impulsividad-delincuencia esté aquejado de cierta ambigüedad y confusión.

5 Con «augmenting» se designa a un patrón de respuesta en los registros de potenciales evocados por el cual la amplitud de las ondas aumenta a medida que se eleva la intensidad de la estimulación. Un patrón diferente es el de los «reductores» (reducers), en quienes se produce un decremento ante los estímulos más intensos.

6 Existen ambigüedades conceptuales también en este campo, y con frecuencia se utilizan indistintamente ambos términos. En general, el campo de investigación al que nos referimos aborda la relación entre la delincuencia y la evaluación que el individuo hace de sí mismo; aunque para muchos esto es propiamente «autoestima», ya que el «autoconcepto» sería la porción más descriptiva del «yo» (Beane y Lipka, 1980), para otros la distinción entre autoestima y autoconcepto es artificiosa, dado que todos los enunciados sobre el «yo» están cargados de juicios de valor (Shavelson, Hubner y Stanton, 1976).

Los planteamientos de Bandura sobre el «desengache moral» guardan cierta semejanza con propuestas realizadas desde la Sociología en los años 50, como las «técnicas de neutralización» de Sykes y Matza (1957). Estos autores propusieron que, aunque los delincuentes pueden asumir normas convencionales, despliegan técnicas de «excusa» o «justificación» («neutralización») como la negación de la responsabilidad («Yo estaba borracho»), la negación del daño («Esto no significa nada para alguien tan adinerado») o la negación de la víctima («Se lo merecía»). Aunque Bandura revisa la investigación sobre este tipo de procesos, curiosamente no alude a Sykes y Matza. Posiblemente este sea un síntoma más de las barreras que han distanciado a diferentes disciplinas, especialmente en la explicación de la conducta criminal.

8 Estas alteraciones subclínicas también darían lugar a cocientes intelectuales relativamente bajos que se encuentran en este tipo de delincuentes.

9 Como señala Hare (1998), el DSM-IV, al intentar resolver el problema, introduce una nueva fuente de ambigüedad. Mientras que la lista de criterios diagnósticos es básicamente conductual, en el texto complementario se apela a las características personales «clásicas» de la psicopatía. De este modo, parece quedar al arbitrio del evaluador el tener en cuenta o no los descriptores personales.

1 Con la expresión «kie» se define al preso que ejerce un liderazgo significativo. La denominación se debe a Arthur Kyes, preso britanico que en los años sesenta consiguió terminar un motín que se había producido en su galería; el motivo que le llevó a realizar tal acción fue que no conseguía dormir a causa del ruido que hacían los amotinados.

1 Es conveniente grabar la entrevista a fin de poder realizar análisis a posteriori o presentarla en la Sala de Justicia.

3 El niño generalmente da la primera alternativa disponible, especialmente si es un «sí».

El niño nos puede proporcionar un esquema de sus actividades cotidianas en el que basamos.

4 El entrevistador debe estar entrenado, tener conocimientos de psicopatología y proceder con escucha activa. El entrevistador con conocimientos de psicopatología puede, en su caso, ayudar a reinstaurar contextos significativos para la patología dada la información que va recabando en la entrevista. Véanse en el apartado de la entrevista cognitiva el procedimiento de entrenamiento, habilidades del entrevistador y de motivación del testigo, que se asumen en este protocolo de entrevista clínica.

5 Criteria Based Content Analysis [Análisis de Contenido Basado en Criterios] es una técnica para la evaluación de la credibilidad de las declaraciones de niños víctimas de abusos sexuales, que ha sido desarrollado por Steller y Kóhnken (1994).

6 El lector interesado en otros métodos aplicados al campo judicial puede dirigirse a Raskin (1982).

Ésta suele consistir en pedir al sujeto que elija un número entre dos cualesquiera, tal como el 1 y el 6, y que intente negar haber elegido ese número cuando se le mencionan entre el 1 y el 10. Tras dar las respuestas, se le informa que ante el número crítico se ha observado un cambio en relación con los otros números. Finalmente, se le advierte que sea sincero de lo contrario se detectará su testimonio falso (Bradley y Janisse, 1981).

a Todo indicio que obtiene el examinador de engaño.

9 La utilización de un mecanismo u otro dependerá de factores como el tiempo, la disponibilidad de los distintos tipos de información, el coste de posibles errores, etc.

10 En algunos escritos se hace referencia a grabaciones magnetofónicas. Esto responde a la disponibilidad tecnológica del momento histórico en el que se formularon estas propuestas iniciales pero, hoy en día, se han descartado en beneficio de las grabaciones en vídeo. También pueden aparecer menciones a la necesidad de transcribir la declaración. Este proceder respondió a las demandas del sistema judicial alemán y, hoy en día, se prescribe únicamente para material en audio. La práctica profesional en España se ha orientado a la grabación en vídeo sin transcripción de la declaración.

12 Téngase presente que la ausencia de los criterios no implica directamente falsedad.

11 Revisamos los Aranzadi de legislación 1930-2002, jurisprudencia del Tribunal Supremo de 1979-2002 y de Audiencias provinciales de 1992-2002.

13 La evaluación del MMPI no es suficiente en sí misma porque no diagnostica, se limita a mostrar «impresiones diagnósticas».

14 Este protocolo puede solicitarse directamente al primer autor de este capítulo.

4 Véase, por ejemplo, la página web de una empresa de un prestigioso psicólogo jurídico norteamericano (www.jurytactics.com) y de la Sociedad Americana de Consultores Judiciales (www.astcwe.b.org).

3 Léase Caso Otegui, Zabaleta y recientemente Wanninkhof.

'La lengua inglesa posee dos términos distintos para nombrar el Jurado como grupo qury) y a los jurados como miembros del grupo (juror). En castellano solo poseemos un vocablo, por lo que en este capítulo nombraremos al grupo en mayúscula y a los participantes en minúscula.

6 Agradecemos a la profesora Margaret Kovera el habernos facilitado éste y otros materiales, durante la estancia que realizamos en la Florida International University.

La Ley espaiiola del jurado establece que cada parte puede rechazar hasta 4 miembros del Jurado sin motivación alguna. En Estados unidos el juez puede rechazar las recusaciones perentorias si sospecha que están basadas en criterios de raza o género.

Voir dire es una expresión francesa que significa «decir la verdad».

8 Este efecto es conocido en la metodología de investigación como la traslación de las expectativas del investigador a los sujetos experimentales.

a 9 El estilo indirecto serían cuestiones como: ¿qué opinaría del acusado si conociese que ha cometido algún delito anterior?; mientras el directo sería: ¿sabe que la ley dice que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio, aunque el acusado hubiese cometido algún delito anteriormente?

10 «No es de extrañar, por tanto, que los abogados penalistas españoles se estén preguntando ya, si no van a tener que estudiar Psicología, o incorporar a sus bufetes expertos en esta materia...» (Gómez, 1998, pág. 1184).

ii Para una discusión sobre el modelo de selección véase, por ejemplo, García y cols. (2002).

` 2 La investigación en influencia social identifica dos tipos principales de influencia que se pueden producir en la decisión de grupos: la normativa y la informativa. La primera es definida como la conformidad con las expectativas, normas y valores de otros miembros del grupo o con normas externas, es decir, valores de la sociedad y otros grupos referentes; la segunda se refiere a la influencia de aceptar información de otro sobre la realidad.