Este duodécimo volumen de la Historia de América Latina se inicia con un estudio, a cargo de J. Hartlyn y A. Valenzuela, sobre el desarrollo de la democracia en América Latina; L. Whitehead reflexiona, a continuación, sobre los derechos civiles de los latinoamericanos. Alan Angell analiza los éxitos y los fracasos de la izquierda, e Ian Roxborough se centra en la clase obrera urbana y el movimiento obrero, subrayando su papel en la política. Guillermo de la Peña trata la movilización y la violencia rurales, especialmente en México, América Central y los Andes y, en un último capítulo, Alain Rouquié y Stephen Suffern se ocupan de los militares en la política latinoamericana.

AA. VV.

Política y sociedad desde 1930

Historia de América Latina - 12

ePub r1.0

Titivillus 02.03.2022

Título original: The Cambridge History of Latin America - VI. Latin America since 1930: Economy, Society and Politics, part II. Politics and Society

AA. VV., 1994

Por

LESLIE BETHELL, catedrático emérito de historia de América Latina, Universidad de Londres; director, Centro de Estudios Brasileños, Universidad de Oxford, y fellow, St. Antony’s College, Oxford

ALAN ANGELL, university lecturer de política de América Latina y fellow, St. Antony’s College, Oxford

JONATHAN HARTLYN, catedrático de ciencias políticas, Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill

GUILLERMO DE LA PEÑA, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de Occidente, Guadalajara

ALAIN ROUQUIÉ, Centre d’Étude et de Recherche Internationale, Fondation Nationale des Sciences Politiques, París

IAN ROXBOROUGH, catedrático de sociología e historia, Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook

STEPHEN SUFFERN, París

ARTURO VALENZUELA, catedrático de estudios gubernamentales, Universidad de Georgetown, Washington, D. C.

LAURENCE WHITEHEAD, official fellow en política, Nuffield College, Oxford

Traducción: Jordi Beltrán

Diseño de cubierta: Enric Satué

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

PREFACIO

Los primeros cuatro volúmenes de la Historia de América Latina de Cambridge se ocupan principalmente de los aspectos económicos, sociales, políticos, intelectuales y culturales de los tres siglos de gobierno colonial español y (en el caso de Brasil) portugués, comprendidos entre el «descubrimiento», la invasión, la conquista y la colonización del «Nuevo Mundo» por los europeos, a finales del siglo XV y comienzos del XVI, y la víspera de la independencia latinoamericana en las postrimerías del XVIII y principios del XIX.

Los volúmenes quinto y sexto examinan el fracaso y el derrocamiento del régimen colonial que tuvieron lugar en toda América Latina (a excepción de Cuba y Puerto Rico) durante el primer cuarto del siglo XIX, y la historia económica, social y política durante el medio siglo posterior a la independencia (entre aproximadamente 1820 y 1870). En los cuatro volúmenes siguientes se analiza la situación de América Latina hasta 1930.

Durante el primer medio siglo que siguió a la independencia, América Latina experimentó, en el mejor de los casos, únicamente unas tasas muy modestas de crecimiento económico y, al menos en Hispanoamérica, violentos conflictos políticos e ideológicos, así como una considerable inestabilidad política. Aparte de la guerra entre México y los Estados Unidos (1846-1848) y de frecuentes intervenciones extranjeras, especialmente británicas, también hubo, al finalizar el período, dos conflictos importantes entre estados latinoamericanos: la guerra de la Triple Alianza (1865-1870) y la guerra del Pacífico (1879-1883). Contrastando con ello, el medio siglo siguiente, y sobre todo el período que concluyó con la primera guerra mundial, fue para la mayoría de los países latinoamericanos una «edad de oro» caracterizada por el crecimiento económico inducido de farota predominante por las exportaciones, de prosperidad material (al menos para las clases dominantes y las clases medias de las ciudades), de consenso ideológico y, con algunas excepciones notables como México durante la revolución (1910-1920), de estabilidad política. Asimismo, aunque continuaron las intervenciones extranjeras —principalmente las norteamericanas en México, América Central y el Caribe—, no hubo importantes conflictos internacionales en América Latina entre el fin de la guerra del Pacífico (1883) y el estallido de la guerra del Chaco (1932).

El séptimo volumen lo forman nueve capítulos de carácter general sobre la historia económica y social del conjunto de América Latina. Dos capítulos examinan el crecimiento de las economías latinoamericanas, el primero en el período 1870-1914, el segundo en los años que van de la primera guerra mundial a la víspera de la depresión mundial del decenio de 1930. Este crecimiento fue en gran parte fruto de la gran aceleración de la incorporación de las economías latinoamericanas, como productoras básicas, en la economía internacional en expansión, así como de significativas entradas de capital extranjero, particularmente británico, y, en el siglo XX, norteamericano. Al mismo tiempo, no se pasan por alto los mercados nacionales y la acumulación de capital igualmente nacional. Las relaciones de América Latina con las principales potencias europeas y, sobre todo en América Central y el Caribe, con los Estados Unidos, cada vez más expansionistas, se tratan por separado. Otro capítulo analiza el crecimiento de la población latinoamericana (de 30 millones en 1850 a 105 millones en 1930), que en parte fue producido por la inmigración en masa de europeos, singularmente en Argentina y Brasil. El profundo efecto de la penetración capitalista en el mundo rural es la materia de que se ocupan dos capítulos, uno de los cuales se concentra en las tradicionales tierras altas de México, América Central y los Andes, y el otro en el Caribe español. El primero de ellos, a la vez que afirma que las economías y sociedades rurales experimentaron mayores cambios en el período de 1870-1930 que en cualquier otra época anterior exceptuando la conquista, también se propone demostrar que en muchas zonas rurales, especialmente en los Andes, las fuerzas de cambio encontraron resistencia y continuaron existiendo estructuras precapitalistas. La sociedad urbana también experimentó cambios rápidos en este período, y hay capítulos que examinan por separado el crecimiento de las ciudades latinoamericanas, en especial ciudades importantes como Buenos Aires, Río de Janeiro y Ciudad de México, todas las cuales ya tenían entre uno y dos millones de habitantes en 1930 y rivalizaban con las principales urbes de Europa y los Estados Unidos; los comienzos de la industria, sobre todo en Brasil, Argentina, Chile, Colombia y México; y la aparición de una clase trabajadora urbana como fuerza significativa en muchas repúblicas, así como la historia de los primeros movimientos obreros de América Latina.

El octavo volumen examina la cultura y la sociedad en América Latina durante el siglo que siguió a la independencia y especialmente en el período de 1870-1930. Empieza con un capítulo que trata la evolución de las ideas políticas y sociales (y en especial la adaptación del liberalismo a unas sociedades muy estratificadas que tenían economías subdesarrolladas y una tradición política de autoritarismo, así como la influencia del positivismo en las élites gobernantes e intelectuales). Un segundo capítulo examina de qué modo la Iglesia católica latinoamericana se adaptó a la disminución de su poder y sus privilegios en una era secular, al mismo tiempo que conservaba la adhesión de la inmensa mayoría de los latinoamericanos. Finalmente, dos capítulos hablan de movimientos importantes y de notables logros individuales en la literatura, la música y el arte de América Latina en este período.

Los volúmenes noveno y décimo se componen de capítulos sobre la historia económica, social y, sobre todo, política de los distintos países latinoamericanos desde c. 1870 hasta 1930. El volumen noveno se ocupa de la historia de México, América Central y el Caribe. En la primera parte, dedicada a México, hay capítulos sobre el Porfiriato (los treinta y cinco años de dictadura de Porfirio Díaz, 1876-1910), la revolución y la reconstrucción bajo la «dinastía sonorense» durante el decenio de 1920. La segunda parte dedica un capítulo único a las cinco repúblicas de América Central y capítulos a Cuba, Puerto Rico, la República Dominicana y Haití. El décimo volumen está dedicado a América del Sur. La primera parte consiste en cuatro capítulos sobre la evolución económica, social y política de Argentina, que en muchos aspectos era ya la nación más avanzada de América Latina en 1930, y capítulos individuales sobre Uruguay y Paraguay. La segunda parte contiene capítulos referentes a Chile, Bolivia y Perú en el medio siglo que empezó al concluir la guerra del Pacífico y capítulos que hablan de Colombia, Ecuador y Venezuela. Finalmente, en la tercera parte, dedicada a Brasil, hay capítulos que estudian su economía dominada por el café en este período, el sistema político y la política reformista durante los últimos tiempos del imperio (1870-1889) y la estructura social y política de la primera república (1889-1930).

Los volúmenes undécimo y duodécimo versan sobre economía, política y sociedad desde 1930. El volumen undécimo, Economía y sociedad desde 1930, comprende seis capítulos. Los tres primeros examinan las economías latinoamericanas durante la década de 1930, tras la depresión de 1929, durante e inmediatamente después de la segunda guerra mundial, y durante la nueva «edad de oro» de crecimiento económico (1950-1980), impulsada esta vez principalmente por la ISI (industrialización de sustitución de importaciones) y a la que, no obstante, siguió la llamada «década perdida» de 1980. El cuarto aborda el cambio demográfico durante el período 1930-1990, en que la población de América Latina se cuadruplicó (de 110 a 450 millones). El quinto capítulo analiza la rápida urbanización de América Latina (menos del 20 por 100 de su población estaba clasificada como urbana en 1930; en 1990, casi el 70 por 100) y el cambio social urbano, principalmente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. La transformación de las estructuras agrarias es el tema del sexto capítulo.

El volumen duodécimo, Política y sociedad desde 1930, consta de cinco capítulos. El primer capítulo estudia el avance, y también los retrocesos, de la democracia en América Latina, principalmente en Chile, Costa Rica, Colombia, Uruguay y Venezuela y, en menor grado, en Argentina, Brasil y Perú. Los éxitos y fracasos de la izquierda latinoamericana, la democrática y la no democrática, son material del segundo capítulo. El tercer capítulo se centra en la clase obrera urbana y el movimiento obrero urbano, subrayando su papel en la política. El cuarto capítulo explica la movilización y la violencia rurales, especialmente en México, América Central y los Andes. El quinto se ocupa de los militares en la política latinoamericana: sus intervenciones y los golpes de Estado, así como los regímenes militares y los problemas de la transición al gobierno civil.

Estos dos volúmenes, los más problemáticos de la Historia de América Latina de Cambridge, ya que abordan la historia económica, social y política de la región en su conjunto desde 1930 hasta el presente, han requerido un largo tiempo para ser escritos y editados. Algunos capítulos fueron encargados hace quince años. Aquellos autores que cumplieron con los plazos originales (estoy pensando particularmente en Thomas Merrick) han tenido que esperar más de una década para ver sus trabajos publicados. Este es un lapso inaceptablemente largo desde cualquier punto de vista y les estoy agradecido por su paciencia. Ciertos autores desistieron a lo largo del camino; otros fueron abandonados; uno, Carlos Díaz-Alejandro, lamentablemente falleció: hubo que reemplazarlos. Algunos autores —por ejemplo, José Gabriel Palma— se unieron a aquellos (en este caso Ricardo Ffrench-Davis y Óscar Muñoz) que habían estado ya trabajando en sus capítulos por cierto tiempo. Convencimos a Guillermo de la Peña para que escribiera un capítulo independiente sobre la movilización rural, tema que había sido originalmente parte del capítulo sobre las estructuras agrarias. Stephen Suffern asumió la tarea de sintetizar y corregir una traducción poco satisfactoria del francés del capítulo de Alain Rouquié sobre los militares en la política latinoamericana y agregó una sección final sobre la desmilitarización en los años ochenta. Arturo Valenzuela y Jonathan Hartlyn aceptaron la invitación a escribir el capítulo sobre democracia en América Latina cuando el resto del volumen estaba ya bastante avanzado. Muchos capítulos fueron revisados ampliamente durante estos años y reescritos —en algunos casos más de una vez. Al final todos los colaboradores fueron obligados —y aquí la demora de la publicación ha tenido quizá algunos beneficios— a tomar en cuenta los importantes cambios ocurridos en América Latina en los años ochenta.

Una conferencia en la Universidad de California, San Diego, en febrero-marzo de 1986, organizada por Paul Drake, entonces director del Centro de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos y por mí, brindó la oportunidad inicial para que algunos colaboradores presentaran borradores preliminares de sus capítulos a otros colaboradores y a un prestigioso grupo de no colaboradores. La conferencia fue financiada generosamente por la Fundación Tinker. Durante mi período como director del Instituto de Estudios Latinoamericanos, también se realizaron dos seminarios en la Universidad de Londres en 1990 y 1991, con el apoyo financiero del Instituto y de la Cambridge University Press.

Muchos de los colaboradores de estos volúmenes: siete latinoamericanos (uno residente en Inglaterra), siete británicos (dos residentes en Estados Unidos), dos norteamericanos (uno residente en Francia) y un francés, comentaron los capítulos de sus colegas. Por ello expreso mi agradecimiento especialmente a Alan Angell, Victor Bulmer-Thomas e Ian Roxborough. James Dunkerley dio apoyo y aliento en varias etapas clave de la edición de estos volúmenes.

Tom Passananti y Tim Girven, estudiantes de doctorado de historia latinoamericana en la Universidad de Chicago y la Universidad de Londres, respectivamente, fueron asistentes de investigación en las etapas finales de la edición de este volumen durante 1993. Hazel Aitken, del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres (en el período 1987-1992), y Linnea Cameron, del Departamento de Historia de la Universidad de Chicago (en 1992-1993), brindaron su apoyo como secretarias.

Una vez más, debo expresar mi gratitud a Josep Fontana y Gonzalo Pontón por su interés y dedicación en la presente edición castellana.

LESLIE BETHELL

Capítulo 1
LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA
DESDE 1930[*]

INTRODUCCIÓN

Con frecuencia se ha considerado que América Latina es un continente donde en los siglos XIX y XX la arquitectura formal de la democracia ha sido una tenue fachada detrás de la cual se escondían tiranos civiles o militares que imponían su voluntad a unos pueblos conservadores y atrasados. Esta visión de los orígenes y la evolución de la democracia es parcial y engañosa. La lucha por consolidar regímenes que fueran representativos, por hacer que se aceptara la legitimidad de la oposición, por ampliar la ciudadanía y por afirmar el imperio de la ley ha sido continua y desigual, en ambas orillas del Atlántico, durante dos siglos. El principio fundamental, pero a menudo elusivo, que guía esta lucha ha sido el concepto de soberanía popular, la idea de que un gobierno legítimo nace de una ciudadanía libre y ante ella debe responder de su política y sus actos. En América Latina, al igual que en Europa y América del Norte, la búsqueda de estos ideales liberales ha sido una aspiración permanente, aunque con frecuencia ha tropezado con obstáculos tales como el desorden político, la guerra civil, los abusos de los derechos humanos, la dictadura y, en el siglo XX, otras ideas sobre la forma de organizar la comunidad política, entre ellas el fascismo y el marxismo.

En los primeros decenios del siglo XX la mayoría de los principales países de América Latina ya habían conseguido instaurar por lo menos «democracias oligárquicas», es decir, regímenes en los cuales los presidentes y las asambleas nacionales se derivaban de la competencia franca, aunque no totalmente limpia, por el apoyo de un electorado limitado, de acuerdo con las reglas constitucionales que ordenaba la ley y que en gran parte podían compararse con los sistemas representativos limitados de la Europa del mismo período. Argentina (desde 1916) y Uruguay (desde 1918) eran democracias con sufragio universal para los varones. Sin embargo, en América Latina, como en Europa, la depresión mundial de los años treinta desató fuerzas que debilitaron el avance del gobierno representativo. Al finalizar la segunda guerra mundial, hubo un breve período de democratización. Pero las democracias desaparecieron a finales del decenio de 1940 y comienzos del de 1950. En los últimos años cincuenta tuvo lugar un retomo más profundo al sistema de gobierno democrático. Pero durante los decenios de 1960 y 1970 numerosos países volvieron a ser gobernados por los militares, a menudo durante largos períodos. Hasta finales del decenio de 1970 y durante el de 1980 no hubo una retirada significativa del control directo del gobierno por parte de los militares en toda la región. La mayoría de los países de América Latina entraron en los años noventa bajo un gobierno democrático. Durante el medio siglo comprendido entre los decenios de 1930 y 1980 no hubo una pauta uniforme. Mientras que la mayoría de las pequeñas naciones de América Central y gigantes de la región tales como Argentina, Brasil y México estaban muy lejos de alcanzar el ideal de la construcción democrática, otros países como, por ejemplo, Chile, Costa Rica, Uruguay, Colombia y Venezuela experimentaron largos períodos de gobierno democrático.

Definimos la «democracia» o la «democracia política» como un sistema que incluye tres dimensiones críticas. La primera es lo que Robert Dahl llama «competencia»[1]. En una democracia el gobierno lo constituyen los líderes que compiten con éxito por el voto de la ciudadanía en elecciones que se celebran con regularidad. La esencia de la competencia es la aceptación de la legitimidad de la oposición política; el derecho a enfrentarse a quienes se encuentran en el poder y sustituirlos en los puestos principales de la autoridad política. La competencia requiere que el estado proteja la libertad de expresión y de asociación y que se celebren elecciones regulares, libres y limpias por medio de las cuales la voluntad de la ciudadanía se traduzca en opciones de liderazgo. De importancia especial para la competencia política es que se creen y consoliden sistemas de partidos en los cuales la interacción de éstos siga una pauta previsible a la vez que su fuerza electoral permanece dentro de unos parámetros estables. Los partidos defienden programas o ideologías distintos, patrocinan a los aspirantes a cargos electivos y sirven de vínculos importantísimos entre la sociedad civil y el estado.

La segunda dimensión es el constitucionalismo, es decir, el respeto al orden constitucional que encaman unos documentos o unas prácticas constitucionales (o ambas cosas a la vez), lo cual con frecuencia es contrario a la aplicación estricta del principio del gobierno de la mayoría. Es en este sentido que las democracias contemporáneas deben interpretarse como «democracias constitucionales». Al tiempo que garantiza el derecho de la oposición a enfrentarse a quienes están en el poder, para lo cual pedirá el apoyo de la mayoría de los ciudadanos, una democracia constitucional define y restringe los poderes de las autoridades gubernamentales. También fija los límites de la hegemonía de las mayorías electorales o sus representantes, con vistas a proteger los derechos y las preferencias de los individuos y las minorías, las opciones de las futuras mayorías y las instituciones mismas de la propia democracia. Estas instituciones y reglas varían e incluyen disposiciones tales como la restricción de la reelección presidencial y el aislamiento parcial de los órganos judiciales, electorales y de seguridad respecto del liderazgo electivo. También incluyen el uso de mayorías legislativas cualificadas y de complejos mecanismos de ratificación cuando están en juego cambios fundamentales en la Constitución y las leyes básicas de la nación. Finalmente, toman las medidas necesarias para que se comparta el poder y para que las minorías estén representadas, lo cual es un elemento esencial para proteger a la oposición y fomentar el concepto de la oposición «leal». En la práctica, las democracias constitucionales divergen en el grado en que las minorías contingentes o sus representantes se ven supeditados a restricciones constitucionales y jurídicas.

La tercera dimensión es la inclusividad o participación. Las democracias se basan por definición en el concepto de la soberanía popular. A medida que las democracias evolucionan, las disposiciones constitucionales referentes a la ciudadanía se amplían para dar cabida a proporciones mayores de la población adulta, para lo cual se eliminan restricciones que pesaban sobre el sufragio basándose en la propiedad, la capacidad de leer y escribir, el sexo, la raza o la etnicidad. En el transcurso del tiempo, se llega a la inclusividad plena por medio de cambios en las reglas oficiales, incluidos los requisitos de residencia e inscripción y la participación efectiva de la población en la política mediante la expansión de los partidos y movimientos.

Una democracia constitucional puede considerarse consolidada cuando la competencia y el respeto al orden constitucional son aceptados por gran parte tanto de las élites como de las masas a la vez que la ciudadanía y la participación efectiva en las elecciones se han hecho extensivas a todos los adultos que reúnan un mínimo de condiciones. Esta definición de la democracia se basa en el procedimiento. A menudo la complementa un concepto de la ciudadanía que incluye la igualdad oficial (sufragio universal) y la protección jurídica respecto del poder abusivo del estado, pero también incluyó el concepto de unos niveles de satisfacción material y educación suficientes para que pueda considerarse que la participación es coherente en vez de ser en gran parte fruto de la manipulación.

Los datados teóricos de las ciencias sociales proporcionan pocas indicaciones que ayuden a comprender los comienzos de la evolución y la consolidación de la democracia en América Latina. Las perspectivas dominantes han tendido a ver una relación directa entre el éxito o el fracaso de la democracia y fuerzas más amplias, de signo cultural y económico. Las explicaciones culturales se inspiraban en el legado del catolicismo y en las experiencias coloniales ibéricas para argüir que la democracia liberal encontraría terreno infecundo en las sociedades conservadoras caracterizadas por las relaciones sociales de tipo jerárquico y la deferencia ante la autoridad absoluta. En tales sociedades, en el mismo momento en que entraban en el mundo moderno y alcanzaban niveles significativos de industrialización, el gobierno de un hombre fuerte y las estructuras políticas de tipo corporativista tenían más probabilidades de florecer que las instituciones representativas basadas en ideas individualistas tales como la de «una persona, un voto».

Desde la perspectiva económica, la escuela modernizadora de los decenios de 1950 y 1960 afirmaba que el desarrollo económico y la industrialización fomentarían la diferenciación social y niveles más altos de educación, contribuyendo así al pluralismo político y al éxito gradual pero inevitable de las prácticas democráticas. En contraste con ello, la escuela de la dependencia de los decenios de 1960 y 1970 daba a entender que la democracia liberal se vería frustrada por una pauta de intercambio económico que ponía el poder económico y político en las manos de una pequeña oligarquía, al tiempo que impedía la formación de los grupos burgueses y de clase media, así como de estados fuertes, que son necesarios para la consolidación de las instituciones y prácticas democráticas. La industrialización y el desarrollo económico, en vez de estimular la formación de sectores intermedios partidarios de la democracia, contribuyeron a las respuestas autoritarias por parte de los mismos sectores que, aliados con las élites, los militares y el capital internacional, se esforzaban por frenar el creciente poder de los grupos obreros y populares que amenazaban sus privilegios.

Factores amplios de carácter cultural y económico, tales como la integración nacional efectiva, una sociedad civil vigorosa con una densa red de grupos y asociaciones, el desarrollo socioeconómico constante y la reducción de las desigualdades pueden facilitar la formación de instituciones y prácticas democráticas. Sin embargo, al examinar la pauta de evolución de la democracia en América Latina, vemos que los factores culturales y socioeconómicos son, en el mejor de los casos, condiciones que contribuyen a ella, en lugar de ser condiciones necesarias. Estos factores no bastan para explicar las variaciones significativas que se observan en la experiencia con la evolución democrática en el hemisferio y, sobre todo, no pueden explicar los casos notables de desviación. Así, no consiguen explicar por qué Chile, una de las sociedades más tradicionales y «dependientes» de la región, fue capaz de estructurar pautas relativamente competitivas y previsibles de competencia política antes del advenimiento de pautas similares en muchos países europeos. Tampoco pueden explicar del todo el hecho de que Argentina no lograse crear instituciones democráticas estables, lo cual contrasta con Uruguay, país de extracción social parecida y pautas económicas comparables que instauró una de las democracias más duraderas de la región. Tampoco nos ayudan a entender la consolidación de la democracia en Costa Rica después de la guerra civil de 1948, ni la transformación de Venezuela, que de ser el país menos democrático de América Latina antes de 1958 pasó a ser una de las democracias más estables después del citado año. Finalmente, las explicaciones económicas y culturales tampoco alcanzan a explicar los cambios significativos de las pautas políticas en países tan diferentes como Bolivia y El Salvador, especialmente en una época de catastrófica recesión económica, en el decenio de 1980.

Nos persuade mucho más una perspectiva que hace mayor hincapié en los factores variables de la política, así nacional como internacional, como factores que intervienen o son independientes por derecho propio, antes que simplemente como expresiones de factores determinantes y subyacentes de carácter cultural y socioeconómico. Si bien a menudo estas dimensiones se consideran epifenómenos que poco tienen que ver con la realidad de la vida política, la experiencia latinoamericana con la democracia induce a pensar que factores políticos e institucionales frecuentemente desempeñan un papel crítico en la definición de reglas y procedimientos y la formulación de oportunidades políticas, con una fuerte repercusión en la experiencia democrática de un país. Se cuentan entre estos factores el liderazgo y la opción políticos, y el papel real de las instituciones políticas y las reglas y procedimientos constitucionales cuya misión es regular el «campo de juego», estimulando, o debilitando, a lo largo del tiempo la construcción de formas democráticas. También son factores de este tipo los partidos políticos y la expresión política de grupos sociales que vinculan la sociedad civil con el estado. El constitucionalismo, la ampliación del sufragio, las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo, la capacidad de gobierno, el estado de derecho, y los partidos políticos, los sistemas de partidos y las elecciones son rasgos esenciales de la democracia.

Si bien las constituciones a veces han parecido efímeras en América Latina, ha habido una compleja relación interactiva entre los cambios sociales más amplios y las reglas, normas y prácticas que en ciertos momentos se han instaurado por medio de nuevos edictos constitucionales. Las reglas que instauran las constituciones y las leyes ayudan a estructurar la competencia política y a dar forma a las prácticas políticas, proporcionando un referente esencial como modelo legítimo durante los intervalos autoritarios, incluso en países donde el ideal democrático no ha llegado a hacerse realidad. En un proceso muy desigual a lo largo del tiempo, la importancia de las reglas plasmadas en las constituciones, tales como su papel en el fomento o el bloqueo de la conciliación política, pasó a ser mucho más fundamental cuando los actores políticos y los grupos sociales se esforzaron por reducir la violencia como opción para resolver los conflictos y determinar el poder político. Estas reglas y estos procedimientos —en especial los que tienen que ver con la competencia electoral, las relaciones ejecutivo-legislativo, el reparto de patronazgo y de prebendas gubernamentales— han influido en el conflicto político de diferentes maneras, ya sea ayudando a polarizar o a mitigar las tensiones.

Las prácticas democráticas quedan instituidas cuando los que están en el poder y los que aspiran a él perciben que lo que más conviene a sus intereses fundamentales es llegar a un acuerdo para crear instituciones y mecanismos reglamentarios con el fin de resolver sus diferencias pacíficamente dentro del marco de las prácticas democráticas. Empleando los términos de Dahl, las mayores probabilidades de poner en práctica la democracia se dan cuando los que tienen el poder y los que aspiran a él se percatan de que los costes de la represión, la insurrección o las presiones externas superan los de la tolerancia y la conciliación mutua. En su mayor parte, este proceso tiene lugar lentamente. Las democracias de la región que han dado mejores resultados son las que han vivido largos decenios de «democracia oligárquica» —dentro de una competencia restringida— antes de hacerse gradualmente más inclusivas, permitiendo la evolución del aprendizaje a lo largo del tiempo. A menudo se considera que el éxito de la democracia en Chile y Uruguay responde, al menos en parte, a haber seguido esta secuencia; aunque haya estado entrelazada con períodos de intensa lucha civil, esta pauta también se ha observado en Costa Rica y Colombia.

Argentina, en cambio, construyó su democracia política desde el decenio de 1930 hasta el de 1980, y Venezuela, a pesar de la falta de experiencia histórica con la democracia, pasó a ser una de las democracias más duraderas de América Latina después de 1958.

En última instancia, lo que, al parecer, permite la consolidación de la democracia a lo largo del tiempo (a diferencia de la instauración de prácticas democráticas) es la misma práctica de la propia democracia, un complejo proceso de aprendizaje que se ve reforzado por la percepción continua, por parte de los actores políticos pertinentes, de que lo más conveniente para sus intereses fundamentales es un sistema que resuelva el conflicto político por medio del acuerdo y la conciliación al tiempo que reduce la violencia. Hay dos obstáculos distintos que deben superarse en este proceso: el primero consiste en conseguir que las élites acepten la imparcialidad del proceso de competencia y la legitimidad de una oposición «leal», esto es, una oposición que no se encuentre con que se le impide por completo participar de forma coherente en el proceso político; el segundo es lograr la aceptación de una comunidad política más amplia que esté integrada por ciudadanos normales y corrientes y no sencillamente por miembros de la élite. Al principio el problema fundamental fue encontrar mecanismos que impidieran que las élites rivales se matasen unas a otras, así como a los seguidores que movilizaban, debido a que las competencias por la presidencia se basaban en el principio de que «el ganador se lo lleva todo». Más adelante el problema consistió en que las élites aceptaran a las masas como actores y que éstas aceptasen las limitaciones que impone la democracia constitucional.

Para algunas repúblicas latinoamericanas estos dos procesos eran claros y distintos: prácticas estables que permitían la competencia por el poder político se instauraron en el siglo XIX o principios del XX, antes de que empezaran las presiones para que se permitiera la participación de las masas. Esto permitió que el proceso de ampliación de la comunidad política fuese más gradual y ordenado, aunque no controlado, en el período posterior a la Depresión de 1929, lo cual contribuyó a garantizar un mayor grado de continuidad política. Para otras los imperativos de la competencia y la participación llegaron simultáneamente e incrementaron el nivel de incertidumbre y los riesgos que para los actores tradicionales representaba acceder a la «soberanía popular» como elemento definitorio del poder político.

Aunque son primordiales para la consolidación de la democracia, sería engañoso dar a entender que las dificultades continuas que acompañan a la forja de la democracia giran exclusivamente alrededor de la competencia y la participación. Las sociedades pueden encontrarse ante graves dificultades económicas y sociales o crisis internacionales que pongan a prueba la supervivencia de cualquier régimen político. Cabe que las instituciones democráticas no puedan abordar problemas fundamentales que nazcan de conflictos civiles o de una grave crisis económica y que esta incapacidad debilite la legitimidad de las instituciones representativas y conduzca al autoritarismo. La gobernación —esto es, la forma en que los líderes de un régimen analizan los problemas y las decisiones políticas que toman, especialmente en el campo económico— puede tener efectos profundos en la legitimidad, la efectividad y los resultados y, por ende, en la democracia. Las dificultades que encuentra la democracia también pueden derivarse del mismo funcionamiento de las instituciones políticas. El estancamiento y la parálisis del gobierno resultantes de su condición de gobierno minoritario o de los conflictos entre los poderes ejecutivo y legislativo, o de la política de puja que hacen unos enemigos que no están dispuestos a transigir o a enfrentarse a las fuerzas antidemocráticas, pueden tener efectos independientes y provocar o agravar los problemas económicos y sociales, con lo cual contribuyen a crear problemas «irresolubles» (como dice Juan Linz) que frecuentemente aceleran la caída del régimen. Los partidos débiles o corruptos pueden agravar una crisis política al no aportar ninguna autoridad real ni capacidad decisoria. El apoyo encubierto o declarado a las alianzas conspirativas entre líderes políticos y elementos militares, contraviniendo los dictados del electorado, debilita seriamente las reglas del juego democrático, especialmente en épocas de crisis.

En la mayoría de los países la democracia siempre ha tenido que hacer frente a una «opción violenta» que propugnan las fuerzas que se resisten al cambio (por lo general terratenientes conservadores o grupos económicos aliados con los militares), fuerzas que pretenden alterar el statu quo (socialismo insurreccional) y, de vez en cuando, un populismo cuya ideología suele ser confusa. El primer grupo, aunque a veces actúa en nombre de la democracia, acostumbra a justificar el empleo de la violencia aduciendo que es para evitar la anarquía, la ascensión del comunismo o el derrumbamiento de la economía. Desde 1930 han sido muy pocos los golpes de estado en América Latina que se han producido sin la conspiración activa de actores políticos clave, incluso partidos políticos, que pretendían aumentar su fortuna y defender sus privilegios por medio de la violencia al no haber recibido el apoyo electoral apropiado. Ningún país latinoamericano, con la excepción de Costa Rica, donde las fuerzas armadas fueron abolidas en 1949, ha conseguido institucionalizar un modelo de control democrático de los militares o establecer medidas constitucionales permanentes que impidieran la manipulación de las fuerzas armadas por parte de los civiles. Los grupos segundo y tercero han presentado a menudo imágenes de la democracia que no se ajustan a la definición política, de procedimiento, que hemos comentado antes y que se centraban más en las condiciones y los derechos sociales y económicos y subrayaban los imperativos «mayoritarios» de la democracia por encima de las limitaciones constitucionales que afectan a la mayoría. En la derecha el orden y el crecimiento económico compiten con la democracia; en el populismo y en la izquierda chocan con ella las aspiraciones populares a la inclusión y a la justicia social. La disposición de la derecha a tergiversar los procedimientos democráticos e infringir las reglas de la democracia ha llevado con frecuencia a su denigración a la vez que alimentaba las dudas de los populistas y de la izquierda sobre las posibilidades de reforma que existían si acataban las «reglas del juego» de la democracia.

Por tanto, incluso en los períodos democráticos sería más fiel a la realidad calificar a muchos países latinoamericanos de semidemocráticos, en vez de plenamente democráticos, debido a las limitaciones impuestas al constitucionalismo, a la competencia o a la participación, sin olvidar el fraude y la manipulación electorales. Y en el caso de algunos países de América Latina —por ejemplo Argentina, Brasil y Perú— puede decirse que durante parte del período transcurrido desde 1930 poseyeron unos regímenes híbridos, unos regímenes democráticos y a la vez autoritarios que llaman la atención por la persistencia con que los militares y poderosos intereses económicos se inmiscuían en la política, así como por las frecuentes intervenciones directas, aunque breves, de los militares. En estos tres países existió también la proscripción, durante largos períodos, de determinado líder o movimiento (Perón y los peronistas en Argentina, el Partido Comunista en Brasil y Haya de la Torre y el APRA [Alianza Popular Revolucionaria Americana] en Perú).

De ello también se deduce que el proceso de construcción de la democracia es reversible. No sólo Argentina, Brasil y Perú, sino que en los primeros años setenta también sufrieron profundas rupturas los regímenes de países que tenían una larga tradición de gobierno constitucional y respeto al proceso electoral, tales como Chile y Uruguay. Sin duda, estos procesos pueden verse afectados por las crisis internacionales o el ejemplo de la caída de una serie de regímenes que estimulan e incluso legitiman los actos de las fuerzas antidemocráticas. Esto explica en parte la naturaleza cíclica de algunas de las pautas de cambio de régimen que se observan en la región. Pero sus efectos exactos forzosamente presentaban diferencias de acuerdo con la dinámica interna de cada país.

Seguidamente nos ocuparemos de temas generales relacionados con la evolución constitucional en América Latina y en especial de lo que hemos dado en llamar «el dilema del presidencialismo». Después haremos un análisis de los partidos políticos y de los sistemas de partidos, así como de la ciudadanía y la participación electoral. La segunda parte del capítulo consiste en una crónica de la experiencia democrática de América Latina en el período que va de 1930 a 1990. En ella centraremos nuestra atención de manera específica en los cinco países que en conjunto representan más o menos la mitad de los años de democracia que el continente vivió durante dicho período, aunque ninguno de ellos fue inmune a la guerra civil o al golpe militar: Chile, Uruguay, Costa Rica, Venezuela y Colombia, así como los tres países que les siguen en términos de su experiencia democrática: Argentina, Brasil y Perú. Estos ocho países son muy diversos y tienen historias políticas y experiencias democráticas claramente distintas. En el grupo incluimos la totalidad de los países más extensos y económicamente más desarrollados de la región, excepto México. En conjunto representaban en 1985 aproximadamente el 65 por 100 de la población de América Latina, el 70 por 100 de su PIB y el 75 por 100 de su valor añadido en la industria manufacturera.

La omisión de México está justificada por la naturaleza especial del sistema político y la historia política de dicho país durante el período que empieza en 1910. México es el país latinoamericano que ha tenido la experiencia más larga de estabilidad constitucional durante el período que nos ocupa. La Constitución progresista de 1917 tuvo una repercusión importante en el resto de América Latina y en la evolución de su pensamiento sociopolítico. He aquí un régimen civil (después de 1940), esencialmente participativo, con un historial de elecciones que viene de hace mucho tiempo y algunas restricciones constitucionales importantes, entre las que destaca la prohibición estricta de reelegir al presidente. Durante muchos decenios su partido revolucionario hegemónico ha sido capaz de ganar las elecciones sin recurrir al fraude (si bien aún accedía a él con frecuencia) mientras iba forjando con éxito una coalición multiclasista e integradora. Se ha tolerado la existencia de otros partidos, o incluso se les ha apoyado cuidadosamente, con el fin de crear una apariencia de oposición y aumentar la legitimidad democrática, a medida que apelar a los mitos revolucionarios iba siendo cada vez más difícil. Sin embargo, en el concepto de la democracia está implícita la posibilidad de la alternancia en el poder. Todo el mundo está de acuerdo en que lo que México ha conseguido crear es un régimen autoritario, de partido único, que no ha empezado a liberalizarse hasta el último decenio del siglo. La experiencia mexicana con la política democrática en el período comprendido entre 1930 y 1990 fue limitada[2].

CONSTITUCIONALISMO PRESIDENCIAL

La ruptura de la América española con España durante el primer cuarto del siglo XIX se caracterizó por el ascendiente de fuerzas entregadas a los principios del republicanismo y a la idea revolucionaria de que la autoridad política nace de la voluntad de la ciudadanía más que del derecho divino de los reyes. Los principios liberales encontraron cierta acogida en América Latina antes de que arraigasen en gran parte de Europa. Y el modelo más convincente para los reformadores latinoamericanos era la Constitución de los Estados Unidos de América, pacto que había proporcionado a las antiguas colonias británicas un gobierno novedoso pero estable durante una generación. En un período bastante corto, desde 1811 (Chile, Colombia, Venezuela) hasta 1830 (Uruguay), diecisiete países promulgaron constituciones republicanas que en mayor o menor grado se inspiraban en el documento redactado en Filadelfia en 1787[3]. Solamente Brasil conservó un sistema monárquico al separarse de Portugal en 1822. E incluso Brasil, después de abolir el imperio en 1889, adoptó una Constitución republicana (1891) que se parecía mucho a la estadounidense.

Desde luego, otras influencias importantes se hicieron sentir en los fundadores de América Latina. Los principios constitucionales franceses y las doctrinas jurídicas también francesas, que habían encontrado expresión en documentos tales como la Constitución liberal española de 1812, pasaron a formar parte de las leyes fundamentales de América Latina. Se observan influencias claramente francesas y españolas en instituciones y prácticas tales como los consejos de estado, los tribunales administrativos, los ministerios del interior, las estructuras administrativas locales y provinciales y los refrendos ministeriales que daban validez a los decretos presidenciales. En su paso de la autoridad tradicional a la racional y jurídica, según la terminología de Max Weber, América Latina también se inspiró en el derecho romano, que sacó del legado de las instituciones coloniales españolas y de las innovaciones jurídicas de los códigos napoleónicos. Siguiendo los preceptos de la Ilustración francesa, los líderes latinoamericanos creían que la ley podía garantizar el orden y el progreso, creencia que alcanzaría aún más difusión cuando la élite intelectual y política abrazó el positivismo en los últimos decenios del siglo XIX. Esta fe en los conceptos jurídicos contribuyó a la afición a reescribir la Constitución cuando la ley parecía incapaz de moldear la realidad política y los reformadores o los usurpadores se esforzaban por encontrar un mejor ajuste entre los preceptos jurídicos y la realidad política.

A pesar de la fuerte influencia continental, el marco constitucional norteamericano fue decisivo en la planificación de las instituciones básicas del gobierno republicano en los nuevos estados. Preocupados por el peligro de la tiranía, como antes lo estuvieran sus colegas de los Estados Unidos, los latinoamericanos adoptaron el gobierno presidencial, sistema que se basaba en la doctrina de la separación de poderes, de las medidas cuya finalidad era tanto recortar el poder del ejecutivo como calmar las pasiones de la asamblea elegida. Al amparo de esta fórmula de gobierno, tanto el presidente como el Congreso podían afirmar que contaban con la legitimidad popular. No obstante, el ejecutivo permanecía en el cargo durante un período fijo y su supervivencia no dependía de las mayorías legislativas. Mientras el resto del mundo que había adoptado las formas democráticas evolucionaba hacia el sistema parlamentario, el hemisferio occidental (exceptuando Canadá y las Antillas británicas) pasaba a ser el continente del presidencialismo[4].

Al emular el documento de los Estados Unidos, la mayoría de los redactores de las constituciones latinoamericanas optaron por las legislaturas bicamerales en las cuales la cámara baja reflejaría más el principio de «un hombre, un voto» y la cámara alta representaría zonas geográficas designadas sin tener en cuenta el tamaño de la población. Es curioso constatar que esta fórmula bicameral, que estaba estrechamente relacionada con el concepto del federalismo en Norteamérica, en gran parte la pusieron en práctica los regímenes unitarios de toda la región. Venezuela (1811), México (1824), Argentina (1853) y Brasil (1891) adoptaron constituciones federales, pero lo que se quería era encontrar el equilibro entre los intereses regionales y la autoridad central, más que crear un «pacto» entre estados que reivindicaran cierto grado de soberanía. Las legislaturas unicamerales fueron las preferidas en Ecuador y en los países centroamericanos de Costa Rica, Guatemala. Honduras y El Salvador.

En el período posterior a 1930, incluso en los ocho países con mayor experiencia de la democracia, los que son objeto de nuestra atención especial, el hecho de adoptar una nueva Constitución a veces reflejaba el esfuerzo de un líder autoritario por legitimar o ampliar su poder (o ambas cosas). Ejemplos de ello son Perón en Argentina (1949), Vargas en Brasil (1934, 1937), Pinochet en Chile (1980), Terra en Uruguay (1934), y Gómez (1931), López Contreras (1936) y Pérez Jiménez (1953) en Venezuela. Pinochet consiguió imponer una Constitución nueva mediante un plebiscito en 1980 y ello le dio legitimidad ante sectores clave, así militares como civiles, sin los cuales le hubiera costado más perpetuar su gobierno. En cambio, otros intentos de imponer nuevas constituciones fueron contraproducentes y ayudaron a encauzar la oposición a los regímenes autoritarios, como ocurrió en Colombia en 1953 y en Uruguay en 1980.

Sería un error, sin embargo, dar a entender que todos los cambios constitucionales, en particular en este período reciente, han sido de poca importancia, efímeros, pasados por alto o puestos en práctica para favorecer los objetivos inmediatos de gobernantes autoritarios, aunque así ha sido en algunos casos (y más todavía en los otros doce países latinoamericanos que no vamos a considerar por extenso en el presente capítulo). Las constituciones nuevas o revisadas han indicado momentos decisivos al modificar instituciones y funciones gubernamentales, generar nuevos derechos políticos, ampliar la participación y promover derechos sociales y económicos. En este sentido, han reflejado cambios mayores de índole social, económica y política, pero, una vez promulgadas, han promovido también el cambio de normas y prácticas en la comunidad política. Las nuevas constituciones han nacido con frecuencia en «momentos decisivos» de carácter democrático, como parte de un proceso más amplio de transición democrática. En Perú en 1978 y en Brasil en 1986 las elecciones para la asamblea constituyente permitieron a los regímenes autoritarios medir y tratar de limitar (sin conseguirlo) la fuerza de la oposición. Desde 1930, constituciones nuevas, o modificaciones importantes de constituciones anteriores, han sido resultado de la transición en cinco de los países que estamos examinando: en Brasil (las constituciones de 1946 y 1988), en Costa Rica (la de 1949), en Perú (la de 1979), en Uruguay (la de 1942) y en Venezuela (las de 1947 y 1961). En Colombia todos los aspectos clave del acuerdo de coalición que dio origen al Frente Nacional para facilitar una transición pasaron a formar parte de la Constitución en virtud de un plebiscito de 1957 (exceptuando la alternancia en la presidencia, que fue fruto de una reforma constitucional de 1959), y la incorporación de grupos guerrilleros en el proceso político del país y las presiones de los que pedían reformas democratizadoras fueron impulsos muy importantes que culminaron con una asamblea constituyente y una nueva Constitución en 1991. En el cuadro 1.1 hay una lista de las constituciones que desde 1930 han tenido los ocho países que se estudian en el presente capítulo.

Las constituciones latinoamericanas reflejaban la influencia de la declaración de derechos norteamericana y de la declaración de los derechos del hombre francesa y proclamaban la protección de los derechos, las libertades y las propiedades de los individuos, a los que se definía como «ciudadanos». El mejor ejemplo de Constitución «liberal» fue el documento argentino de 1853. La Constitución mexicana de 1917, redactada en Querétaro durante la revolución, incorporó en las leyes fundamentales una amplia serie de derechos sociales y laborales (por ejemplo, los artículos 27 y 123) cuyo propósito era subordinar los derechos del individuo a las necesidades colectivas. La Constitución mexicana también recortó de manera espectacular los derechos y los privilegios de la Iglesia católica. Durante los años treinta y cuarenta la mayoría de los países latinoamericanos siguieron el ejemplo mexicano e incorporaron cartas sociales, educacionales y laborales en sus respectivas constituciones, recalcando la «función social de la propiedad» por encima de los derechos de propiedad individuales. Las garantías de estos derechos y de otros han tendido a aumentar a lo largo del tiempo, tanto en número como en especificidad y con ello han incrementado la extensión y la complejidad de las constituciones latinoamericanas de nuestro tiempo; esto es especialmente cierto en el caso de tres ejemplos recientes, las constituciones de Perú (1980), Brasil (1988) y Colombia (1991). Así pues, las constituciones llegaron a reflejar la misma filosofía corporativista y social que inspiro los códigos de leyes del continente, así como la esperanza de que la expresión constitucional de los derechos fuera un paso hacia la conversión de los mismos en realidad, esperanza que con demasiada frecuencia no se ha cumplido.

CUADRO 1.1

Constituciones de América Latina

País
Primera
Constitución
Número
total de
constituciones
Constituciones desde 1930

Argentina
1819
4
1949; 1957; (1972); (1982)[*]

Brasil
1824
8
1934; 1937; 1946; 1967; 1969; 1988

Chile
1811
11
1980

Colombia
1811
12
(1936) (1957) (1968); 1991

Costa Rica
1825
9
1949

Perú
1823
13
1933; 1979

Uruguay
1830
5
1934; (1942); 1952; 1966

Venezuela
1811
24
1931; 1936; 1947; 1953; 1961

FUENTES: William W. Pierson y Federico G. Gil, Governments of Latin America, Nueva York, 1957; Larry Diamond, Juan Linz y Seymour Martin Lipset, eds., Democracy in Developing Countries, vol. IV, Latin America, Boulder, Colorado, 1989.
Las fechas entre paréntesis corresponden a enmiendas importantes del texto constitucional existente.

Uno de los asuntos fundamentales que determina una Constitución es la forma de gobierno del país. La autoridad presidencial es el elemento distintivo de las estructuras formales de la democracia constitucional latinoamericana. Aunque el presidencialismo arraigó en la práctica constitucional del hemisferio, la inestabilidad política y los conflictos institucionales obligaron a efectuar modificaciones significativas de los regímenes que a lo largo del tiempo cambiaron el carácter, cuando no la esencia, de la autoridad ejecutiva. A menudo estos conflictos giraban en torno a dos asuntos muy relacionados entre sí: los poderes y la autoridad propios del presidente como figura plebiscitaria, y la naturaleza de las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo. Eran conflictos que reflejaban las luchas más amplias por el poder y la influencia en la sociedad latinoamericana, tanto dentro como fuera de los parámetros constitucionales. En esto la historia constitucional de América Latina fue paralela a la de gran parte de Europa.

En América Latina la búsqueda de la relación apropiada entre el poder ejecutivo y el legislativo ha sido tormentosa y contradictoria. En la mayoría de los países de la región ha gobernado un hombre fuerte en un momento u otro. Durante los períodos de gobierno constitucional cada país experimentó conflictos significativos entre presidentes decididos a dejar huella en la historia y óiganos legislativos preocupados por controlar al ejecutivo y hacer valer las prerrogativas del Congreso. Es un grave error quitar importancia al grado en que las rivalidades entre las instituciones contribuían a las dificultades perennes de los regímenes presidenciales latinoamericanos. A diferencia de lo que ocurre en los regímenes parlamentarios, en un régimen presidencial tanto el ejecutivo como el legislativo afirman estar en posesión de la legitimidad popular y se culpan mutuamente de sus problemas. El aumento de las prerrogativas del ejecutivo hacía que aumentara también el estancamiento del gobierno al pretender aquél imponer su visión del futuro de la sociedad a un legislativo reacio y a poderosos intereses políticos. A menudo este conflicto reflejaba las difíciles relaciones entre la oposición política y el partido del gobierno, con su monopolio de las prebendas y el poder político.

Debemos hacer hincapié en que cuando hablamos del constitucionalismo latinoamericano nos referimos a las reglas constitucionales que son aplicables a los gobiernos legítimos y no hacemos referencia a las prácticas o las pretensiones jurídicas de los regímenes anticonstitucionales. Esta distinción es importante porque cuando se hace referencia a ejecutivos fuertes en América Latina a menudo no se tiene en cuenta la diferencia que existe entre los líderes constitucionales y los usurpadores políticos. La premisa de este capítulo es que los ejecutivos constitucionales de América Latina han sido mucho menos poderosos de lo que generalmente se supone.

La tendencia a un incremento de la autoridad ejecutiva en el período que siguió a la Depresión de 1929 fue un proceso mundial que afectó a las democracias además de a los gobiernos autoritarios. El poder de los presidentes, los primeros ministros y los dictadores aumentó mientras los gobiernos centrales se convertían en directores de inmensas organizaciones burocráticas cuya finalidad era proporcionar asistencia social y fomentar el desarrollo económico. La crítica del estado «liberal», por parte tanto de la izquierda como de la derecha, causó un incremento de la exigencia de estados con ideologías «desarrollistas». En América Latina, así como en Europa, los valores democráticos que recalcaban los derechos políticos, la competencia y la participación pasaron a ser menos importantes que la capacidad estatal. El vínculo entre el presidencialismo, la centralización del poder y un impulso tecnocrático a aislar la toma de decisiones dentro del poder ejecutivo, que después de la segunda guerra mundial fue estimulado por los programas internacionales de ayuda, tendió a relegar las asambleas electivas a un papel decididamente secundario.

A mediados de siglo los presidentes latinoamericanos habían adquirido grandes poderes para formular las reglas. Las constituciones vigentes en países tales como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela daban al ejecutivo amplia «iniciativa» para formular leyes. En muchos casos el ejecutivo adquirió prerrogativas exclusivas para formular leyes presupuestarias y salariales, al tiempo que el legislativo veía seriamente restringida su autoridad para enmendar tales leyes. El ejecutivo también adquirió gran libertad para promulgar decretos, o decretos-ley con fuerza de ley, en cuestiones tan diversas como la defensa nacional y el orden público, la hacienda pública y la creación de nuevos organismos y cargos gubernamentales. Esta libertad nacía o bien de disposiciones constitucionales directas, a través de la autoridad delegada por el Congreso, o sencillamente a través de un mandato del ejecutivo.

Sin embargo, la pujanza de la autoridad ejecutiva en los gobiernos constitucionales no se tradujo en una expansión significativa del poder real, o en un incremento notable de la eficacia del gobierno. Aunque en algunos casos los presidentes constitucionales pudieron ejercer un poder casi dictatorial, en su mayor parte los titulares del cargo en América Latina han experimentado una frustrante sensación de debilidad e incapacidad de actuar. El éxito del ejecutivo variaba según múltiples factores, entre los cuales se contaban la fuerza de los partidos políticos, la viabilidad de las instituciones estatales, las limitaciones a las prerrogativas presidenciales impuestas por organismos autónomos y descentralizados, los desafíos a la autoridad presidencial por parte de grupos sociales poderosos y los militares. Con todo, lo que más seriamente afectaba la viabilidad del presidencialismo en América Latina era que el jefe del ejecutivo no pudiese contar con el apoyo mayoritario de la población y con mayorías en la asamblea legislativa. Ya fuera debido a configuraciones de múltiples partidos o a que los partidos presidenciales o las coaliciones con frecuencia se desmoronaban en la mitad del mandato, todos los presidentes tenían dificultades para promover programas gubernamentales, lo cual causaba una grave situación de estancamiento y parálisis entre el ejecutivo y el legislativo, lo que a su vez fomentaba la inestabilidad y la intervención militar. El examen de setenta y un presidentes suramericanos que fueron elegidos en comicios relativamente limpios, siguiendo las disposiciones de la Constitución, entre 1930 y 1990 revela que sólo veintisiete (el 38 por 100) fueron elegidos por una mayoría de los ciudadanos. Y en una abrumadora mayoría de los casos tampoco el partido del propio presidente tenía la mayoría de los escaños de la asamblea legislativa. Los presidentes minoritarios y los conflictos serios entre el ejecutivo y el legislativo fueron factores importantes en las rupturas del sistema democrático (ya fuera como resultado de un autogolpe presidencial, de un golpe de estado por parte de los que ya se hallaban en el poder o de un golpe militar) en Argentina (1943), Brasil (1964), Chile (1973), Colombia (1949), Perú (1968 y 1992), y Uruguay (1933 y 1973).

El conflicto perenne entre los poderes constitucionales contribuyó a una significativa tendencia contraria de carácter constitucional cuyo objetivo era recortar las prerrogativas presidenciales e instaurar una relación más equilibrada entre el ejecutivo y el legislativo. Las medidas que se tomaron a tal efecto consistían en limitar la duración del mandato presidencial, crear mecanismos que garantizasen que el ejecutivo fuera responsable ante el Congreso, introducir ejecutivos colegiados y hacer pactos cuya finalidad fuese reducir las prerrogativas del ejecutivo y los conflictos políticos por medio de la coparticipación o gobernación.

Mientras que los Estados Unidos no limitaron la reelección del presidente hasta 1951, después de un período en el cual Franklin D. Roosevelt había sido reelegido tres veces, la mayoría de los países de América Latina adoptaron restricciones de esta clase mucho antes. Uruguay prohibió la reelección consecutiva del presidente al amparo de la Constitución de 1830, norma que fue suspendida en 1934 pero adoptada de nuevo en 1942. Bajo la Constitución de 1833 Chile limitó a dos los mandatos de un mismo presidente y en 1871 prohibió la reelección consecutiva; las constituciones de 1925 y 1980 especificaban un único mandato sin reelección consecutiva. La Constitución argentina de 1853 también prohibía la reelección consecutiva. Perón consiguió cambiar esta norma en 1949 para poder ser reelegido en 1952. Sin embargo, la Constitución peronista fue anulada después de que Perón fuera derrocado en 1955; la Constitución de 1957 reinstauró el texto de la de 1853 con algunas modificaciones. En Costa Rica reaccionó al control de la presidencia por un solo individuo durante diez años promulgando en 1859 una nueva Constitución que reducía los mandatos presidenciales a tres años e imponía límites a la reelección del presidente aunque no siempre fueron respetados; constituciones posteriores continuaron poniendo límites a la reelección consecutiva del presidente, aunque los mandatos presidenciales se ampliaron a cuatro años; en 1969 la reelección del presidente fue prohibida de manera terminante (exceptuando los que habían sido elegidos para la presidencia antes de 1969). En Brasil la reelección consecutiva del presidente fue prohibida por la Constitución de la primera república en 1891. Una reforma constitucional de 1910 en Colombia, después de un período de dictadura, decretó las elecciones presidenciales directas para un mandato de cuatro años sin reelección consecutiva, al tiempo que garantizaba la representación de las minorías en la asamblea legislativa; la Constitución promulgada en 1991 prohibía rotundamente la reelección. En Venezuela, donde hasta la Constitución de 1947 no fue posible elegir directamente al presidente, la Constitución de 1961 especificaba que los mandatos presidenciales durarían cinco años y que los ex presidentes tendrían derecho a ser reelegidos sólo después de transcurrido un lapso de diez años. Reaccionando al oncenio de Augusto Leguía (1919-1930), la Constitución peruana de 1933 prohibía la reelección consecutiva del presidente y, además, estipulaba que cualquier funcionario que propusiese un cambio fuera obligado a dimitir inmediatamente a la vez que se le prohibiría permanentemente desempeñar cargos públicos; esta cláusula fue cambiada por la prohibición categórica de ser reelegido en la Constitución de 1979. Los únicos países latinoamericanos que en 1990 continuaban permitiendo la reelección consecutiva eran aquellos en que existían tradiciones de «reelección dictatorial», a saber, Haití, Nicaragua y la República Dominicana[5].

En un artículo publicado en 1949, el renombrado erudito en asuntos constitucionales Karl Loewenstein distinguía tres tipos diferentes de regímenes presidenciales que a la sazón estaban en el poder en América Latina: el presidencialismo puro, el presidencialismo atenuado y el parlamentarismo aproximado[6]. El presidencialismo puro, en el cual los presidentes podían nombrar sus gabinetes a voluntad sin estar sometidos al control del Congreso, caracterizaba a Aigentina, Brasil y Colombia, aunque Brasil no tardaría en adoptar un sistema parlamentario después de la dimisión de Jãnio Quadros en 1961[7]. En los países de presidencialismo atenuado la Constitución requería que el presidente compartiese el poder con sus ministros, quienes, como miembros de un consejo ministerial, ayudaban a formular la política y daban su consentimiento por escrito para la ejecución de dicha política (entre los ejemplos estaban Cuba, 1940; Bolivia, 1945; El Salvador, 1945, y Venezuela, 1947). Sin embargo, los ministros no eran responsables, ni colectiva ni individualmente, ante la asamblea legislativa, aunque podían ser requeridos a comparecer ante el Parlamento para defender su política.

En lo que Loewenstein denominó «parlamentarismo aproximado» el presidente, si bien conservaba el derecho a nombrar ministros sin la aprobación del Congreso, compartía la responsabilidad ejecutiva con un gabinete que estaba sometido individual o colectivamente a la censura del Congreso. Chile era buen ejemplo de ello. Ya en el decenio de 1840 el Congreso chileno llamaba a los ministros para que respondiesen a interpelaciones y les censuraba si no seguían los deseos de las mayorías del Congreso. Aunque la Constitución de 1925 tenía por fin establecer de nuevo un ejecutivo fuerte después de treinta años de supremacía del legislativo, el Congreso mantuvo el derecho de censurar a los ministros y gabinetes, lo cual obligó a los presidentes a seguir negociando con los líderes de los partidos y del Congreso al formar gabinete. El resultado fue una gran inestabilidad del gabinete chileno. Los presidentes Juan Antonio Ríos (19421946), Carlos Ibáñez (1952-1958) y Salvador Allende (1970-1973) hicieron cinco importantes cambios de gabinete en sus respectivos mandatos. Los gabinetes de Río normalmente duraron sólo seis meses y medio; los de Ibáñez, siete meses; y los de Allende, menos de seis meses. Durante el conflictivo mandato de Allende el voto de censura o las amenazas del voto de censura del Congreso obligaron al presidente a sustituir a numerosos ministros o a destinarlos a otros cargos. La Constitución argentina de 1853 permitía a la asamblea legislativa obligar a los cargos del gabinete a comparecer ante ella para interrogarlos. En Costa Rica la Constitución de 1871 preveía la participación de los ministros en los debates del Congreso, sin derecho al voto. La Constitución peruana de 1933 (y luego la de 1979) autorizaba a la asamblea legislativa a requerir la asistencia de los ministros a los debates del Congreso, a someterlos a interpelaciones y a obligarles a dimitir por medio de votos de censura. Las constituciones uruguayas de 1934, 1967 y 1983 también permitían censurar a los ministros, aunque se requería que la asamblea legislativa aprobara el voto de censura con una mayoría de dos tercios. En la mayor parte de las constituciones también se requería a los ministros a refrendar los decretos presidenciales, ya fuese de manera individual o colectiva, para que éstos tuvieran validez.

Las constituciones peruana y uruguaya fueron aún más lejos e introdujeron prácticas parlamentarias que estipulaban que el presidente podía disolver la cámara de diputados si se llegaba a un punto muerto. En el caso de Uruguay (constituciones de 1934, 1967 y 1983) el presidente podía disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones si la asamblea legislativa no conseguía reunir votos suficientes para aprobar una moción de censura. Si el nuevo Parlamento, el elegido después de la disolución, procedía a adoptar la misma moción de censura, el presidente se veía obligado a dimitir. Aunque algunos jefes del ejecutivo han amenazado con ejercer la facultad de disolver el Congreso, ninguno ha llegado a cumplir su amenaza. Esto se debió principalmente a que el Partido Colorado continuó dominando tanto en el ejecutivo como en el legislativo durante el período que concluyó en 1952 y a que los diputados no querían arriesgarse a perder sus escaños.

En Perú tanto la Constitución de 1933 como la de 1979 facultaba al presidente para disolver el Congreso si éste expresaba un voto de censura a tres gabinetes sucesivos durante un solo mandato. Durante sólo un año del período 1933-1962 se hizo uso efectivo de los controles parlamentarios de la autoridad presidencial en Perú cuando el APRA, que había obtenido una mayoría legislativa, rompió con el presidente José Luis Bustamante (1945-1948). Sin embargo, el estancamiento que se produjo entonces contribuyó de manera directa al golpe de estado del general Odría. Durante la administración de Manuel Prado (1956-1962) el APRA también obtuvo una mayoría, pero optó por no desafiar al presidente porque temía crear el mismo punto muerto. Este comportamiento más dócil sirvió de poco, ya que los militares derribaron a Prado, de todos modos, por permitir que el APRA compitiese y se erigiera en el partido más fuerte del país. El presidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso peruano en 1992 con el pretexto de que bloqueaba su programa y vetaba a sus ministros. La medida, con todo, era claramente anticonstitucional porque la asamblea legislativa no censuró a tres gabinetes consecutivos. Aunque la Constitución chilena de 1980 también daba al presidente la facultad de disolver la asamblea legislativa, esta cláusula fue eliminada en las enmiendas que se aprobaron en 1989, después de que el general Pinochet fuera derrotado en el plebiscito de 1988[8].

El intento más original de alejarse del presidencialismo puro que se ha hecho en América Latina fue el experimento uruguayo con un ejecutivo plural, fórmula constitucional que contenía el concepto básico de la separación de poderes al tiempo que reducía la primacía del ejecutivo. El primer experimento de gobernación colegiada, que duró de 1919 a 1933, dividió la responsabilidad ejecutiva entre un presidente, que tenía a su cargo las relaciones exteriores y el orden interior de la nación, y un consejo de nueve miembros que se elegía cada dos años y se encargaba de administrar la política interior. Dos tercios de los escaños del Consejo Nacional de Administración se asignaban al partido que obtenía más votos; un tercio, a la principal fuerza de la oposición. El ejecutivo plural contribuyó a romper la larga tradición de conflictos civiles en la historia de Uruguay y fomentó la consolidación de las prácticas democráticas y la legitimidad de las fuerzas de la oposición. Sin embargo, el liderazgo del ejecutivo resultaba problemático y causó tensiones inevitables entre el presidente y el consejo, tensiones que no resistirían la profunda crisis económica de la Depresión de 1929. El 31 de marzo de 1933 tuvo lugar el golpe de estado del presidente Gabriel Terra, que disolvió el consejo, clausuró el Congreso y anunció que se celebrarían elecciones para una nueva asamblea constituyente. La Constitución de 1934, que fue aprobada en un plebiscito nacional, volvió a introducir el sistema presidencial.

En 1951 los uruguayos modificaron una vez más la Constitución y volvieron a adoptar la fórmula de un ejecutivo plural formado por nueve miembros elegidos por el pueblo, esta vez sin la figura del presidente. La razón principal de la reforma seguía siendo la misma. Los uruguayos temían las consecuencias de la competencia política, que daba todas las prebendas a un solo partido, y preferían un mecanismo ideado para compartir el poder con el partido minoritario. Además, con un ejecutivo colegiado a las poderosas facciones de los partidos uruguayos les resultaba más fácil conseguir cierta representación en el ejecutivo. El concepto del compartimiento del poder, de acuerdo con la fórmula de dos tercios/un tercio, se hizo extensivo a los departamentos, los organismos paraestatales, las corporaciones públicas y las comisiones estatales[9]. El segundo experimento uruguayo con un ejecutivo colegiado duraría hasta 1966, año en que se reintrodujo el sistema presidencial con el consenso del 52 por 100 de los votantes, en un momento en que Uruguay entraba en una grave crisis económica y política.

Uruguay es un ejemplo notable de ingeniería constitucional dirigida a recortar la autoridad del ejecutivo y fomentar la participación directa de la oposición en el gobierno del país. Se acerca más a una «solución asociativa» del problema de la supremacía del ejecutivo y la competencia destructiva que a una «solución» parlamentaria. Esta última parece más apropiada en los contextos de múltiples partidos, donde puede ocurrir que el ejecutivo no disfrute de una mayoría en la asamblea legislativa y deba tratar con coaliciones parlamentarias cambiantes en su intento de gobernar. El método asociativo parece más apropiado en los contextos donde hay dos partidos y es probable que uno de ellos se haga tanto con el ejecutivo como con el Congreso y deje fuera toda oposición.

Venezuela, por medio del Pacto de Punto Fijo (1958) y otros acuerdos entre los partidos, también se esforzó por reducir los conflictos entre los partidos tomando medidas para que los de la oposición estuvieran representados de manera directa en los cargos importantes del gobierno. Y en Chile, tanto en las primeras como en las segundas elecciones presidenciales celebradas después de Pinochet, los democratacristianos y los socialistas procuraron reducir los conflictos entre los partidos y obtener una victoria segura presentando un solo candidato a la presidencia y negociando conjuntamente sus listas de candidatos al Congreso. Fue Colombia, sin embargo, el país que recurrió a la forma más trascendental de medida asociativa al tratar de frenar los efectos del monopolio del poder ejecutivo por un solo partido en un sistema bipartidista. Los cambios constitucionales aprobados en el plebiscito de 1957 y una reforma constitucional de 1959 llevaron a que los dos partidos principales se alternasen en la presidencia de 1958 a 1974 y aseguraron una paridad completa en el reparto de puestos en el ejecutivo, el legislativo e incluso la judicatura. El Frente Nacional, que llegó después de la violencia destructiva que siguió al bogotazo de 1948 y al interregno militar de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), permitió restaurar la autoridad civil. Especialmente en Colombia, pero también en los otros países que recurrieron a una fórmula «asociativa» para restringir la autoridad del ejecutivo y reducir el enfrentamiento entre los partidos, el precio de una mayor estabilidad política fue la restricción de la competencia, la exclusión de terceros partidos y el descenso de la participación democrática.

PARTIDOS Y SISTEMAS DE PARTIDOS

Los partidos políticos desempeñan un papel de importancia fundamental en las democracias constitucionales en relación tanto con la competencia como con la participación. Son los encargados de organizar los embates electorales a la autoridad. Son también los vínculos entre las élites políticas y la ciudadanía y movilizan la participación, expresan las reivindicaciones y agrupan los intereses políticos. El proceso de formación de los partidos, el papel que cada uno de los partidos interpreta en diferentes coyunturas y la fuerza y la viabilidad totales de los partidos y el sistema de partidos son factores importantes para comprender el éxito o el fracaso de la democracia.

Al empezar la segunda mitad del siglo XIX los primeros partidos o protopartidos de la América Latina independiente ya habían cristalizado en redes nacionales agrupadas de manera poco rígida en conservadores y liberales que representaban a élites rivales formadas por terratenientes y comerciantes con sus respectivos seguidores. Los conservadores tendían a defender la centralización del poder y los privilegios de la Iglesia católica y a oponerse al libre cambio; los liberales aspiraban a un orden más secular, descentralizado y orientado al mercado. Sin embargo, las luchas regionales, familiares y personalistas por el poder eclipsaban las diferencias ideológicas visibles. Solamente en Chile, Uruguay y Colombia se aproximaban estos «partidos de notables» a los partidos modernos al Analizar el siglo, cuando la competencia entre las élites se extendió desde el ruedo legislativo, por medio de las redes de las élites regionales y locales, y acabaron siendo partidos de masas.

Aunque la división entre conservadores y liberales afectó a la mayoría de los países, en mayor o menor grado, posteriores oleadas de formación de partidos se vieron afectadas de forma mucho más profunda por las experiencias nacionales, incluidos la vía y el grado de industrialización y de urbanización y los consiguientes conflictos de clase, el grado de competitividad del sistema político en el momento de la expansión del sufragio de las masas, y la respuesta de los partidos y líderes tradicionales a la difícil tarea de crear movimientos políticos que fuesen algo más que camarillas de notables y diesen cabida a la clase media, y luego a la clase obrera, en el sistema político.

Chile fue un caso único porque creó un sistema pluripartidista del cual formaban parte el Partido Comunista y el Partido Socialista[10]. Tal como señala Samuel Valenzuela, en Chile lo que permitió incorporar partidos de la izquierda en el proceso político establecido fue la existencia de la política competitiva y de alianzas de intereses contrapuestos durante la «república parlamentaría», época de expansión del sufragio de las masas y del activismo obrero. Mientras los obreros eran objeto de represión en las fábricas, la competencia política en el plano electoral daba a los protopartidos comunista y socialista fuertes incentivos para organizarse y competir en las elecciones municipales y para el Congreso, con preferencia a optar por la vía «revolucionaría», que intimidaba más, para alcanzar el poder. Esta «opción» electoral la hicieron posible las escisiones entre los partidos tradicionales, en particular la buena disposición de los radicales de clase media a formar alianzas con la izquierda en el plano local a cambio de su apoyo en las elecciones nacionales, con el objeto de contrarrestar la hegemonía política de los conservadores y los liberales[11]. En 1938 la fuerza del sistema institucional chileno ya permitiría al país elegir, por un margen pequeñísimo, el único gobierno frentepopulista de América Latina. La precaria alianza de la izquierda encontraría más tarde expresión en las candidaturas fallidas de Salvador Allende bajo la bandera del Frente de Acción Popular y, en 1970, su elección para la presidencia bajo la de la Unidad Popular.

En Uruguay y Colombia los partidos tradicionales pudieron mantener su posición hegemónica. Debido a la falta de una oposición obrera fuerte que equivaliese a la del sector minero chileno y de un partido centrista con arraigo electoral como el de los radicales chilenos, un partido decidido a romper el monopolio de los conservadores tradicionales, a los partidos uruguayos y colombianos les resultó más fácil integrar movimientos nuevos y unirse en una estrategia común para frenar el crecimiento de partidos de la izquierda y de partidos populistas independientes, en el mismo momento en que se hallaban enzarzados en luchas periódicas y violentas entre ellos. En cada caso uno de los partidos tradicionales se convirtió en partido predominante (los colorados en Uruguay a comienzos de siglo y los liberales en Colombia en el decenio de 1930) al instituir una serie de reformas y lograr integrar importantes elementos de los sectores populares. En ambos casos, la división de los dos partidos tradicionales en facciones permitió que expresiones populistas afloraran a la superficie en el seno del sistema de partidos.

En Uruguay las rivalidades acentuadas entre los partidos persistieron y contribuyeron a las rupturas de 1933 y 1973. Uruguay procuró mitigar estas rivalidades fomentando la política de conciliación y concesiones recíprocas por medio de la adopción de mecanismos formales para alcanzar el acuerdo entre los partidos: por ejemplo, el ejecutivo colegiado que ya hemos comentado y varias fórmulas para que el partido mayoritario y el partido minoritario compartiesen el poder. Sin embargo, este recurso a las soluciones asociativas causó la pérdida del apoyo de sectores minoritarios de la población, los cuales buscaron entonces expresión en otros partidos como, por ejemplo, el Partido Democratacristiano y, más significativamente, el Partido Comunista. Aliados con colorados disidentes, ayudaron a potenciar el Frente Amplio hasta tal punto que en el decenio de 1970, y una vez más en el de 1990, la izquierda ha constituido una potente «tercera fuerza» en la política de partidos uruguaya. El peculiar sistema de votación «simultánea doble» de Uruguay también debilitó la legitimidad de las instituciones políticas al reforzar la fragmentación de los partidos y permitir la elección de candidatos minoritarios.

En Colombia el Partido Liberal bajo Alfonso López (1934-1938) promovió una serie de reformas constitucionales y de otra clase que respondían a la creciente crisis del país al tiempo que servían a limitados fines partidistas. Estas reformas limitaron la influencia de la Iglesia, ampliaron el electorado en las zonas urbanas donde el partido era fuerte e incrementaron la base de apoyo del partido en el seno del movimiento obrero. Los conservadores no protestaron activamente ante la promulgación del sufragio universal para los varones por parte del Congreso dominado por los liberales, ya que tenían la esperanza de que la medida les ayudaría más que a los liberales a movilizar a los votantes del país, que seguía siendo predominantemente rural, con la ayuda del clero local. Sin embargo, la irrupción de nuevas fuerzas sociales y nuevas ideologías durante los decenios de 1930 y 1940 en un contexto de continuos temores de que un solo partido fuese hegemónico en un sistema marcadamente presidencialista aceleró la polarización, y la violencia en el país acabó llevando a la guerra civil no declarada conocida por el nombre de «la violencia», a la quiebra del régimen (1949) y, finalmente, el gobierno de los militares (1953-1957).

En varios países el orden establecido no se vio amenazado sólo por partidos de la izquierda, sino también por partidos y movimientos populistas. Éstos transmitían un claro mensaje nacionalista y antiimperialista que atraía tanto al sector medio como a la clase obrera. Con frecuencia eran personalistas, edificados en torno a líderes carismáticos que procuraban inspirar a sus seguidores por medio de llamamientos emocionales y dramáticos. Al mismo tiempo, su mensaje iba dirigido en gran parte a las «masas» urbanas más que a clases concretas, y la política que propugnaban era reformista, nacionalista, estatista y orientada al sector urbano, más que revolucionaria. A menudo los partidos populistas abogaban por la industrialización de sustitución de importaciones, por las reformas en los lugares de trabajo y la ampliación de los servicios sanitarios y de seguridad social a cargo del estado; a la vez, cuando accedían al poder se esforzaban por controlar mediante los cauces del estado la movilización popular que ellos mismos contribuían a generar. A menudo las fuerzas conservadoras opinaban que estos partidos y movimientos eran «demagógicos», al tiempo que los comunistas y otros partidos de izquierda los tildaban de «charlatanes que embaucaban a las masas». Aunque los izquierdistas los atacaban por considerarlos «válvulas de escape», a menudo los grupos que dominaban la economía no veían así a estos partidos[12]. Su mensaje parecía unir elementos progresistas y reaccionarios. Debido a que su estilo era personalista y emocional, y debido a que contenían elementos tanto de movilización como de control, a la vez que frecuentemente mantenían sólo un compromiso ambiguo con la democracia liberal (a menudo como reflejo de los grupos derechistas de su propio país), ha sido muy difícil calificar a estos partidos y movimientos utilizando los términos ideológicos convencionales, esto es, decir que eran de derechas o de izquierdas. Los partidos populistas que consiguieron mantenerse —tales como la Acción Democrática (AD) en Venezuela, el Partido de Liberación Nacional (PLN) en Costa Rica, el APRA en Perú y los peronistas en Argentina— normalmente moderaban su retórica radical, tendían la mano a una mayor variedad de grupos sociales, procuraban institucionalizar (aunque a veces sólo mínimamente) sus propias estructuras y reducir (aunque fuera sólo parcialmente) la naturaleza carismática y emocional de sus llamamientos.

El populismo presentaba tremendas variaciones en el continente latinoamericano en lo que se refería a su importancia, su capacidad de conseguir el poder y su compromiso con los valores democráticos. En Venezuela y Costa Rica los partidos populistas que surgieron al terminar la segunda guerra mundial —la AD capitaneada por Rómulo Betancourt y el PLN encabezado por José «Pepe» Figueres— se convirtieron en actores institucionales clave que predominaban en el campo electoral de sus respectivas democracias. En otras partes los partidos populistas o arraigaron como actores que eran sólo ambiguamente democráticos en un entorno hostil (Argentina y Perú) o nunca llegaron a institucionalizarse por completo (Brasil). El que podría decirse que fue el primer partido populista del continente, el peruano APRA (fundado en 1924), no pudo obtener el poder directamente hasta 1985, debido al significativo veto de las fuerzas armadas, igual que los peronistas en Argentina. Ante la violencia sin tregua de las fuerzas armadas y otros adversarios, el APRA se mostró ambiguo en su defensa de la democracia política, al mismo tiempo que su fundador y líder hasta la muerte, Víctor Raúl Haya de la Torre, llegaba continuamente a acuerdos políticos con antiguos adversarios en un vano intento de conseguir el poder, intento que también causó numerosas escisiones dentro de su propio movimiento. A diferencia de la Acción Democrática y del Partido de Liberación Nacional, la Alianza Popular Revolucionaria Americana nunca fue claramente un partido mayoritario en los años de su formación.

En Argentina y Brasil los partidos populistas en realidad se formaron desde «arriba» debido a que dos líderes autoritarios, Perón y Vargas, optaron por crear movimientos políticos desde sus posiciones en el poder. Al mismo tiempo, las reformas que instituyeron estos líderes generaron enorme apoyo popular y acabaron permitiendo que cada uno de ellos ganara en unas elecciones democráticas (más de una vez en el caso de Perón). A diferencia del peronismo, sin embargo, el movimiento de Vargas nunca se consolidó efectivamente como partido político, aunque una de las formaciones que creó, el Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), creció sin cesar desde 1945 hasta 1964. El sistema de partidos de Brasil se fragmentó y radicalizó progresivamente durante este período de experimentación democrática. La atracción que el peronismo ejercía sobre las masas en Argentina, más aún que la del APRA en Perú, planteó problemas difíciles a las élites, que ansiaban legitimar el proceso político por medio de elecciones a la vez que vetaban la accesión de los peronistas al poder.

En varios países los movimientos o partidos populistas eran en esencia vehículos personalistas que no superaron la muerte o la decadencia de su fundador. Esto es especialmente cierto en el caso de los que se crearon en torno a quien había sido un hombre fuerte, tales como la Alianza Nacional Popular (ANAPO) de Rojas en Colombia, la Unión Nacional Odriísta (UNO) en Perú y la alianza populista de Ibáñez del Campo en Chile. Otros giraban en torno a significativas personalidades políticas o de individuos que súbitamente se veían elevados a la condición de líderes, tales como Jóvito Villalba o Wolfgang Larrazábal en Venezuela. Como sugieren estos ejemplos de Venezuela, donde tras un largo período de autoritarismo personalista y de la dictadura de Pérez Jiménez, la AD y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), que era un partido democratacristiano, arraigaron después de 1958 como intermediarios dominantes y poderosos entre una sociedad civil débil y el estado, aparecieron movimientos más efímeros en países que finalmente adoptaron sistemas de partidos más estables.

Además de partidos izquierdistas y populistas, desde finales de los años cuarenta empezaron a emerger en América Latina partidos que se inspiraban en la doctrina social católica. Los partidos democratacristianos llegaron a tener influencia especial en Chile, en Venezuela y, más adelante, en Costa Rica. Se formaron partidos democratacristianos más pequeños en Perú, Colombia y otros países, pero nunca tuvieron mucha importancia.

Los orígenes del Partido Demócrata Cristiano (PDC) chileno se remontan al decenio de 1930, durante el cual el ala juvenil del Partido Conservador se escindió para formar la Falange Nacional debido a la gran influencia que en él ejercieron las doctrinas sociales progresistas de la Iglesia católica. La suerte del partido mejoró gradualmente al romper la Iglesia católica su alianza con la derecha y adoptar una postura más progresista que corría parejas con la inclinación reformista de los líderes falangistas. Con el apoyo de la Iglesia, la Falange se unió a varios grupos de menor importancia para formar el PDC en 1957. En 1964, con el apoyo de la derecha, que temía la elección del marxista Salvador Allende, el líder del partido, Eduardo Frei, fue elegido presidente con un programa electoral que proclamaba una «tercera vía» entre el marxismo y el capitalismo, una especie de socialismo «comunitario» de cooperativas y empresas gestionadas por los propios trabajadores. Aunque el partido creció mucho durante la presidencia de Frei y en las elecciones de 1965 para el Congreso obtuvo más votos que cualquier otro partido en la historia contemporánea, los democratacristianos no pudieron superar la división de la política chilena en tres partes. Su candidato en las elecciones de 1970, Radomiro Tomic, perdió ante Allende y quedó en tercer lugar con el 27,8 por 100 del total de votos. Después del régimen militar, sin embargo, el partido reapareció como el más numeroso de Chile, con aproximadamente el 35 por 100 del electorado, se deshizo de muchos de sus principios «comunitarios» y abrazó una versión con «rostro más humano» de la economía de libre mercado.

Las raíces del COPEI, el partido democratacristiano de Venezuela, están en las divisiones que hubo en el movimiento estudiantil venezolano en los años veinte y treinta y fueron inspiradas por el anticomunismo y la doctrina social católica. En el momento de su fundación en 1946 tema la esperanza de captar para sí cierto sentir contrario a los partidos y por esto adoptó el nombre de Comité de Organización Política Electoral Independiente. El partido pronto se identificó como defensor de la Iglesia contra la AD, cada vez más combativa y radical. Sin embargo, después del golpe de 1948 el COPEI se distanció de la dictadura de Pérez Jiménez y acabó oponiéndose a ella; en 1953 la mayoría de sus líderes estaban en la cárcel o en el exilio. Puede que la colaboración del COPEI con la AD en el período 1958-1963 contribuyera a tranquilizar a los elementos católicos conservadores; al mismo tiempo, puso abundantes recursos públicos a disposición del partido y le permitió penetrar en el movimiento obrero y en otros movimientos del sector popular. Hacía hincapié en el nacionalismo económico y la justicia social, al tiempo que se alejaba de un anticomunismo exaltado, por lo que sus posturas coincidían cada vez más con las de la AD, que también llevaba camino de convertirse en un partido «con cabida para todos». El partido conquistó la presidencia en 1968 y 1978.

En Costa Rica un grupo de partidos de la oposición se fundieron finalmente en el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en 1984, alrededor de una ideología cristiana social, para combatir al PLN, que obtenía mejores resultados. Intervino en ello la conveniencia de contar con una ideología distinta de la democracia social, además de con una organización internacional y el apoyo y la legitimidad exteriores encamados por la Christian Democracy Union como opción ante la Internacional Socialista. Al igual que el COPEI en Venezuela, el contenido de las posturas y la política del PUSC era centrista y popular. El partido conquistó la presidencia con Rafael Calderón Fournier en 1990.

Así pues, hay mucha variedad en los sistemas de partidos de América Latina. Con la excepción del partido único y sumamente articulado del México autoritario, se encuentran partidos fuertes y unidos en los países que cuentan con la trayectoria más larga de elecciones y alternancia democrática en el poder (Chile, Uruguay, Colombia, Costa Rica y Venezuela). Los partidos débiles y difusos predominan en los países donde frecuentes golpes militares e intervalos autoritarios han roto la continuidad de los partidos y provocado el fracaso de los intentos de crear coherencia organizativa y potenciar el liderazgo (Perú, Brasil y Argentina).

No hay ninguna asociación clara entre la fuerza de un partido y el grado de organización ideológica o programática. Chile y Venezuela se han caracterizado por tener partidos fuertes, pero mientras que los partidos chilenos han mostrado orientaciones ideológicas muy diferenciadas y han permanecido cerca del tipo ideal de «partido de integración de las masas», según dijo Kirchheimer refiriéndose a la Europa de hace tiempo, los partidos venezolanos comparten orientaciones programáticas parecidas y se acercan más al modelo donde «cabe todo», que es el de los partidos europeos más recientes que se esfuerzan principalmente por mejorar sus resultados electorales[13]. En esto Costa Rica se parece a Venezuela. Si bien los principales partidos de Colombia y Uruguay están mucho menos diferenciados que los chilenos, en lo que se refiere a su ideología, los fuertes niveles de identificación heredada con un partido, que se remontan más lejos que muchos partidos europeos, les impidieron convertirse por completo en máquinas electorales donde «cupiera todo».

Las pautas de autoridad entre patrones y clientes caracterizan desde hace mucho tiempo los partidos latinoamericanos, especialmente en Brasil y Colombia, donde coronéis y gamonales ejercían su dominio en las zonas rurales y eran el vínculo crucial entre los lideres de los partidos y los votantes. Pero incluso en Chile, con sus partidos ideológicos cuya base son sus afiliados, la suerte electoral de los partidos dependía de una compleja red de «agentes» que actuaban en un nivel inferior y proporcionaban votantes basándose en una combinación de llamamientos particularistas y programáticos. A finales del siglo pasado y principios del actual la política urbana en muchos países latinoamericanos se caracterizaba por la corrupción de la maquinaria en las ciudades y por los «burgos podridos», todo lo cual no era demasiado distinto de lo que ocurría en Europa y América del Norte. Las pautas de corrupción electoral basada en la política clientelar duraron hasta mediados del siglo en curso en la mayoría de los países, toda vez que se tardó mucho en reformar los partidos y el funcionariado.

Finalmente, los sistemas de partidos en América Latina han variado mucho en lo que respecta al número de partidos que recogen el inmenso número de votos que se emiten. Varios países, entre ellos Colombia, Costa Rica, Uruguay y Venezuela, tienden a los sistemas dominados por un partido único o dos partidos, lo cual refleja el legado de la antigua lucha por el control de la presidencia, en la cual el ganador se lo llevaba todo y recibía una capacidad inmensa de ejercer el patronazgo, la prominencia de las divisiones de clase en la sociedad en el momento de la expansión del sufragio de masas y la capacidad de incorporar nuevos grupos que tenían los partidos tradicionales. Argentina y Perú han tenido sistemas pluripartidistas más fragmentarios, en un campo de juego que era menos democrático, con Argentina avanzando hacia un sistema bipartidista al finalizar el período y Perú experimentando una grave desintegración de los partidos. Chile es un caso poco frecuente porque tiene un sistema pluripartidista que debe su formación a las principales «divisiones» generativas: centro-periferia, Iglesia-estado, patrono-trabajador. Brasil también ha tendido a la multiplicidad de partidos y éstos se han creado teniendo muy en cuenta las redes de clientelismo y el eje fundamental del poder que se encuentra en el nivel estatal e incluso local.

En los países donde se consolidaron como organizaciones electorales representadas en el Congreso antes de la formación de un estado fuerte o de intereses sociales bien organizados, como ocurrió en Chile, Colombia y Uruguay, los partidos tendían a convertirse en poderosos intermediarios entre la sociedad civil y el estado, lo cual reforzaba más las reglas del juego democrático. En países tales como Argentina, Perú y, en menor grado, Brasil, donde intervalos autoritarios retrasaron o impidieron la expansión del sufragio o de la política electoral competitiva, los grupos de intereses instauraron pautas corporativistas más fuertes para acceder directamente al estado, lo cual quitaría fuerza a los partidos y a las prácticas democráticas y fomentaría los llamamientos populistas. Argentina y Perú se caracterizaron también por un sistema de partidos «estancado» a causa de las limitaciones que las fuerzas no democráticas impusieron a la participación de apristas y peronistas. Hay que señalar que el sistema de partidos peruano era más embrionario y volátil que el argentino. De los ocho países, Perú y especialmente Brasil han tenido los partidos y sistemas de partidos más débiles. Hasta la aparición del Partido dos Trabalhadores (PT) en el decenio de 1980 Brasil no tuvo ningún partido que poseyera la coherencia institucional que el APRA tenía en Perú. De hecho, un estudioso ha señalado que es posible que Brasil tenga los partidos y el sistema de partidos más subdesarrollados de los países del mundo cuyo desarrollo económico es equivalente al suyo[14].

Al volver la vista atrás desde la atalaya de los años noventa, es evidente la importancia que tienen la estabilidad de los sistemas de partidos y el número de éstos para la consolidación de la democracia en América Latina. Puede decirse que existe un sistema de partidos estable en los países donde los principales partidos están institucionalizados, adoptan una postura coherente frente al estado y la sociedad e incorporan efectivamente a todos los grupos sociales pertinentes, incluidos los que dominan la economía, y emplean una mezcla de incentivos ideológicos, programáticos y clientelares, y donde las relaciones entre tales partidos se producen con la regularidad prevista y con fuerzas electorales situadas dentro de parámetros más o menos comprendidos. La experiencia de los ocho países en estudio induce a pensar que en los sistemas presidenciales la democracia tiene muchas más probabilidades de funcionar bien allí donde el sistema de partidos estable gire en torno a dos partidos o dos partidos y medio; Chile es una excepción parcial[15]. A la inversa, los países donde la lealtad a los partidos fluctúa, donde los sistemas de partidos son incipientes y la volatilidad electoral es mayor parecen tener menos probabilidades de consolidar la democracia mientras nos acercamos al final del período actual.

Al parecer, son tres los requisitos para que exista un sistema de partidos fuerte. El primero es que los partidos políticos de un país tengan cierto grado de institucionalización y coherencia en un nivel que, como mínimo, sea parecido a los del estado y de las organizaciones de la sociedad civil. Durante la mayor parte del período transcurrido desde 1930, en Brasil los partidos se han visto eclipsados por el estado: en cambio, parece que en Argentina han sido dominados por los actores corporativos de la sociedad. En Perú, al parecer, los partidos fueron eclipsados primero por actores sociales, a continuación por el estado y después por movimientos y organizaciones sociales. Colombia y Uruguay tienen, según parece, partidos tradicionales cuya influencia sobre los sectores de la sociedad civil primero fue fuerte y luego disminuyó. Venezuela y en especial Chile son los ejemplos más claros de países con partidos fuertes desde nuestro punto de vista. En segundo lugar, para que el sistema de partidos sea fuerte, es necesario que estos partidos den cabida a sectores amplios de la población, preferiblemente dependiendo de una mezcla de incentivos. Los partidos que confían en incentivos puramente ideológicos o programáticos pueden fomentar un exceso de sectarismo y polarización en la sociedad; los que dependen casi exclusivamente del clientelismo o de beneficios materiales concretos se exponen a acabar engendrando un exceso de corrupción y cinismo ante el proceso político, lo cual empuja a algunos grupos sociales a recurrir de forma creciente a medios ajenos a los cauces electorales para expresar sus reivindicaciones políticas. Durante la presidencia de Allende (1970-1973) los partidos políticos chilenos estuvieron cerca de la primera posibilidad. Antes de 1973 los dos partidos tradicionales de Uruguay estuvieron cerca de la segunda, como lo estuvieron también los partidos tradicionales de Colombia a finales del decenio de 1970 y durante el de 1980. En tercer lugar, es importante que los grupos económicamente dominantes se consideren representados en el sistema de partidos políticos, ya sea por medio de un partido conservador viable o de una presencia o influencia apropiada en uno o dos de los demás partidos, que será del tipo en que «cabe todo» o estará orientado principalmente al sector medio. Se ha señalado comúnmente que la falta de tal partido conservador o de tal presencia en otros partidos en Argentina es uno de los factores que facilitan los golpes militares.

En situaciones donde los múltiples intereses de una sociedad están representados por gran número de partidos, en particular donde estos partidos son marcadamente ideológicos, es donde parece que un sistema parlamentario sería de especial utilidad para mitigar potencialmente los conflictos políticos explosivos. En los sistemas presidenciales, es más probable que la cohesión y la competencia centrípeta se den en un sistema bipartidista. Sin embargo, es más probable que estos dos partidos sean del tipo en que «todo cabe», dependan más del clientelismo y de la condición de intermediarios y acaben divididos en facciones y sumidos en la incoherencia. En este contexto, la aparente estabilidad en el nivel electoral bien puede ocultar el hecho de que los partidos no representan de manera apropiada los intereses sociales y es probable que el conflicto se exprese por otros medios, a menudo violentos, como, al parecer, sucedió en Colombia y Uruguay. Es muy posible que las sociedades donde existen conflictos potencialmente explosivos estén mejor si expresan tales conflictos en el ruedo político por medio de múltiples partidos que por medio de lo que tal vez se perciba como un sistema bipartidista sumamente restringido; y en este caso un sistema parlamentario sería preferible al presidencialismo.

LAS ELECCIONES Y EL SUFRAGIO

Si las constituciones democráticas, y la mayor disposición de todos los actores sociales a respetar las reglas que en ellas se especifican, y los partidos y los sistemas de partidos son importantísimos para la evolución de la democracia política en América Latina, también lo es la celebración de elecciones competitivas regulares, libres, limpias y abiertas. Las elecciones de esta clase son una condición necesaria, aunque no suficiente, para que haya democracia. Las elecciones por sí solas no bastan para asegurar la democracia debido a su naturaleza esporádica y a la necesidad de que los ciudadanos puedan expresar libremente preferencias políticas concretas utilizando otros medios. La construcción de la ciudadanía y de la participación democrática también depende de que se cree y enriquezca una densa red de asociaciones y organizaciones y de oportunidades para la participación voluntaria en asuntos de la comunidad y de la nación cuyo estudio sobrepasa las posibilidades del presente capítulo.

Las elecciones auténticamente competitivas a menudo han sido problemáticas en América Latina. Principalmente como consecuencia directa de golpes militares o de la prolongación ilegal de mandatos presidenciales, las elecciones no siempre se han celebrado con regularidad. Incluso cuando se han celebrado, las elecciones no siempre han sido plenamente libres, ya sea permitiendo que concurrieran a ellas todos los partidos de la oposición o en el sentido de garantizar a las fuerzas de la oposición la libertad para’ hacer su campaña y movilizarse, el acceso a los medios de comunicación de masas y el empleo de recursos del estado sin ninguna discriminación. Tampoco han sido siempre limpias en el sentido de permitir a todos los votantes igual acceso a los comicios o en el de informar fielmente del recuento de votos reales. Para esto ha sido importantísima la creación de organismos autónomos y respetados de supervisión electoral y de mecanismos tales como el voto individual y secreto. Desde luego, las elecciones no siempre han sido abiertas, como veremos, en el sentido de celebrarse en condiciones de sufragio universal.

FIGURA 1.1
Población del Cono Sur y Brasil que votó en las elecciones presidenciales, 1846-1984

FUENTE: Enrique C. Ochoa, «The Rapid Expansion of Voter Participation in Latin America: Presidential Elections, 1845-1986», Statistical Abstract of Latin America, 25 (UCLA, Los Ángeles, 1987), pp. 869-891.

En la América Latina del siglo XIX votar era con frecuencia un acto público y oral, a la vez que las listas electorales se encontraban bajo el control de los funcionarios del gobierno local. Sólo gradualmente y siguiendo un proceso desigual al ampliarse el sufragio pasó la votación a ser secreta también, al tiempo que crecía la efectividad de los mecanismos destinados a reducir el fraude. La medida en que el texto jurídico se aproximaba a la realidad política y viceversa ha variado según los países y los períodos. En términos jurídicos el voto secreto se introdujo en Colombia en 1853, aunque las relaciones entre patronos y clientes, la coacción y otras formas de fraude limitaron seriamente la efectividad del sufragio. Los partidos tuvieron que proporcionar sus propias papeletas en el día de las elecciones hasta 1988. Argentina introdujo el voto secreto en 1912, realidad que fue respetada hasta las elecciones descaradamente fraudulentas que se celebraron en los años treinta. Sin embargo, en el decenio de 1960 el fraude en gran escala ya no era posible.

FIGURA 1.2
Población de la región andina y Costa Rica que votó en las elecciones presidenciales, 1845-1986

FUENTE: Enrique C. Ochoa, «The Rapid Expansion of Voter Participation in Latin America: Presidential Elections, 1845-1986», Statistical Abstract of Latin America, 25 (UCLA, Los Ángeles, 1987), pp. 869-891.

Uruguay no fue el primer país de América Latina que introdujo el voto secreto (en 1918), pero probablemente fue el primero en el cual el texto jurídico y la realidad política se acercaron efectivamente. En Chile el voto ha sido secreto desde por lo menos 1925, aunque el voto individual (que reduce la oportunidad de cometer fraude, especialmente entre los analfabetos) no se introdujo hasta 1958. En Costa Rica el voto ha sido secreto desde 1925 y en 1927 se instauró un sistema más efectivo de configurar las listas electorales, pero el espectro del fraude electoral no disminuyó de manera real hasta que se creó el Tribunal Electoral Supremo al amparo de la Constitución de 1949. Perú y Brasil promulgaron por Ley el voto secreto en 1931 y 1932, respectivamente, pero, al igual que en la Colombia de aquel período, había mucha discrepancia entre la ley y la práctica. En Venezuela el voto pasó a ser secreto y universal en 1946.

La ampliación del sufragio es un elemento de importancia crucial en la formación de toda democracia. Todos los países que se estudian en el presente capítulo ampliaron sus derechos de ciudadanía por medio de cambios constitucionales y de otra índole jurídica y experimentaron aumentos significativos de la participación popular entre los decenios de 1930 y 1990. En las figuras 1.1 y 1.2 se representa gráficamente esta expansión basándose en el número de participantes en las elecciones presidenciales como porcentaje de la población del país. Hay que reconocer que es un indicador imperfecto, toda vez que la participación depende de numerosos factores, entre los que pueden citarse las características geográficas, la dispersión de los habitantes, las restricciones jurídicas del derecho al voto, el predominio del fraude y la media de edad de la población de un país. Pese a ello, los datos sin duda ayudan a realzar los cambios espectaculares habidos en un país y a contrastar la evolución de la participación en los diferentes países.

Como cabe esperar, la mayor participación electoral se da en los países con niveles más altos de desarrollo socioeconómico, partidos y sistemas de partidos más fuertes y organismos electorales bien institucionalizados que reflejan la mayor extensión del imperio de la ley: es claro que todos estos factores están relacionados con la ciudadanía. Un rasgo complementario que repercute de manera directa en la participación electoral es la obligatoriedad del voto. A veces estos factores políticos pesan más que los socioeconómicos al explicar los niveles de participación electoral.

Como también puede verse en las figuras 1.1 y 1.2, la mayoría de los países experimentaron aumentos súbitos y espectaculares del número de participantes en diferentes momentos históricos. En casi todos los casos los aumentos reflejaban cambios en las leyes electorales que facilitaban la incorporación de grupos de electores a los que antes se excluía. El cuadro 1.2 proporciona datos sobre la eliminación de los requisitos de tener propiedades y saber leer y escribir para poder votar, así como de la extensión del derecho al voto a las mujeres en el nivel nacional.

Al finalizar el período, Uruguay tenía los niveles de participación electoral más altos de los ocho países. Esto refleja al menos en parte la edad relativa de su población, así como la obligatoriedad del voto, aunque no cabe duda de que la fuerza y la naturaleza de su sistema de partidos también han tenido que ver con ello. A las mujeres uruguayas se les concedió el derecho al voto en fecha relativamente temprana, 1932, y se ha registrado un incremento espectacular e ininterrumpido de la participación electoral desde los comicios de 1934. El aumento fue especialmente pronunciado entre las elecciones de 1966 y las de 1971, las primeras en que fue obligatorio votar, pero es probable que esto también sea reflejo de la entrada de un nuevo partido, de la creciente movilización y de la polarización del sistema de partidos. Chile ofrece un claro contraste con Uruguay por ser probablemente el país cuyos índices de participación electoral durante este período son los más bajos comparados con las expectativas basadas en factores tales como el nivel de desarrollo socioeconómico y la fuerza del sistema de partidos del país. El crecimiento significativo de la participación entre las elecciones de 1946 y las de 1964 refleja de la manera más directa la concesión del derecho al voto a las mujeres en 1949 y otros cambios en las leyes electorales (que a su vez eran la consecuencia de presiones más complejas de carácter social y político). Los acuerdos entre partidos para estructurar listas conjuntas tendían a poner freno a las presiones para que se permitiera la participación de los analfabetos y los votantes de las zonas rurales, lo cual retrasó el avance hacia el sufragio universal hasta 1970. Incluso después de las grandes reformas electorales de 1970 el índice chileno de participación en las elecciones permaneció por debajo del 35 por 100.

CUADRO 1.2

Expansión del sufragio en América Latina

País
Eliminados
los requisitos
de ser
propietario
y saber leer
y escribir
Concesión
a las
mujeres
del derecho
de voto
Obligatoriedad
de votar
Índices de analfabetismo
(15*)

c. 1950
c. 1960
c. 1985

Argentina
1912
1947
1912
14
9
4

Brasil
1985
1932
1932[*]
51
40
22

Chile
1970
1949
1958
20
16
6

Colombia
1936
1954
No
38
27
12

Costa
Rica
1949
1949
1936[**]
21
16
6

1959

Perú
1979
1955
1963
—
39
15

Uruguay
1918
1932
1967
—
10
6

Venezuela
1947
1945
1958
49
37
13

FUENTES: Enrique C. Ochoa, «The Rapid Expansion of Voter Participation in Latin America: Presidential Elections, 1845-1986», Statistical Abstract of Latin America, 25 (Los Ángeles, California, 1987); sobre el analfabetismo adulto (1950 y 1960), Statistical Abstract of Latin America, 22 (Los Ángeles, California, 1984); sobre el analfabetismo adulto (1985), Statistical Abstract of Latin America, 27 (Los Ángeles, California, 1989); Harold Davis, ed., Government and Politics in Latin America, Nueva York, 1968; Bolívar Lamounier, comunicación personal; Fabrice Lehoucq, comunicación personal.

Colombia, Venezuela y Costa Rica avanzaron hacia el sufragio universal para los varones aproximadamente al mismo tiempo, en 1936, 1947 y 1949, respectivamente. Sin embargo, Costa Rica y Venezuela compartían ciertas similitudes en las fechas y el incremento ininterrumpido de su electorado, mientras que Colombia presentaba una pauta significativamente distinta. Al finalizar el período, tanto Costa Rica como Venezuela tenían índices de participación electoral superiores al 40 por 100. En Costa Rica se produjeron aumentos súbitos de la participación entre las reñidas elecciones de 1948, que causaron una breve guerra civil, y la promulgación de una nueva Constitución y las subsiguientes elecciones de 1953. La nueva Constitución instituyó el sufragio universal y dispuso que se pudiera votar a partir de los veinte años de edad. Siguió a esto una expansión igualmente impresionante del electorado entre las elecciones de 1958 y las de 1962 al decretarse la obligatoriedad del voto. El electorado ha continuado aumentando sin parar desde entonces y en 1974 se rebajó la edad de votar a dieciocho años. Venezuela no tuvo un historial de elecciones presidenciales competitivas en el siglo XX hasta los comicios de 1947, en los que ya existía el sufragio universal. Otro aumento súbito y acentuado de la participación electoral se produjo con las elecciones de 1958, en las que votar pasó a ser obligatorio, y el crecimiento de la participación electoral ha sido bastante continuo desde entonces, lo cual es reflejo de requisitos legales y de los buenos resultados obtenidos por los partidos políticos en sus intentos de incorporar a la población.

En este contexto de índices de participación electoral en general crecientes y a menudo acentuados, Colombia destaca como caso un tanto anómalo. Aunque también se advierte una tendencia al alza, es a la vez más moderada y más irregular que las que se dan en los otros siete países en estudio. Probablemente esto es en gran parte consecuencia de las estrategias desmovilizadoras de los dos partidos tradicionales a falta de la obligatoriedad del voto; de hecho, Colombia es el único de los ocho países donde votar nunca ha sido obligatorio. Los bajos niveles de participación que se registraron en los decenios de 1920, 1930 y 1940 reflejaron elecciones donde uno u otro de los dos partidos se negó a presentar su propio candidato. El aumento repentino de 1958 se debió a la concesión del derecho de voto a las mujeres, a la simplificación de los requisitos para inscribirse y al entusiasmo por la vuelta al gobierno civil bajo los gobiernos del Frente Nacional.

La pauta de participación electoral argentina se parece a la del vecino Uruguay más que a cualquier otra, como sugiere la figura 1.1, aunque su trayectoria democrática sitúa a Argentina junto a Brasil y Perú. Fue uno de los primeros países latinoamericanos en instaurar el sufragio universal para los varones, tiene una población relativamente más vieja y una renta per cápita relativamente superior. El primer aumento de la participación en Argentina se produjo en 1916 con el cambio en las leyes electorales y la entrada del Partido Radical en la vida electoral. Sin embargo, la experiencia democrática del país se detuvo en el decenio de 1930. Un segundo aumento súbito de la participación tuvo lugar en 1951 y reflejó la concesión del derecho de voto a las mujeres (1947), la movilización peronista y quizá un poco de fraude. Después se produjeron fluctuaciones descendentes, en particular cuando se excluyó a los peronistas hasta la democratización de los años ochenta.

Desde el decenio de 1930 hasta el de 1980 tanto Brasil como Perú presentaron unos índices de participación que aumentaban sin parar desde niveles históricos muy bajos, especialmente después de que a las mujeres y los analfabetos se les concediese el derecho de voto y se decretase la obligatoriedad del voto. Se concedió el derecho de voto a las mujeres (y se rebajó la edad para votar a los dieciocho años) en 1932 en Brasil y en 1955 en Perú. Votar ha sido obligatorio en Brasil desde 1931 y en Perú desde 1963. Con los niveles de analfabetismo más altos de los ocho países (el 22 y el 15 por 100, respectivamente, en 1985; véase el cuadro 1.2), Brasil y Perú fueron los últimos en abolir los requisitos de tener propiedades y saber leer y escribir para votar (en 1979 en Perú y en 1985; en Brasil). Al amparo de la Constitución peruana de 1979, que rebajó la edad de votar de 21 a 18 años, votar pasó a ser obligatorio para los analfabetos. Votar también se decretó obligatorio para los analfabetos en Brasil en 1985, pero la Constitución de 1988, que rebajó la edad de votar a los dieciséis años, dispuso que votar fuera opcional para los analfabetos y para los menores de dieciocho años y los mayores de setenta. El impresionante aumento de la participación electoral en Brasil es insólito por cuanto tuvo lugar en su mayor parte durante un período de gobierno militar (1964-1985) en el que cada cuatro años se celebraban elecciones directas para el Congreso (pero no para la presidencia). Refleja la incorporación de numerosos grupos de electores rurales a los que antes se excluía, así como el mayor interés que durante la segunda mitad del período despertaron las posibilidades de democratización.

Por tanto, al finalizar este período en la totalidad de los ocho países que nos ocupan ya existía el sufragio universal. Sin embargo, este hecho por sí solo poco nos dice sobre la experiencia democrática global de dichos países. En algunos de ellos, tales como Uruguay, el sufragio universal se instauró en una fecha relativamente temprana y fue respetado en gran parte. Pero en Argentina, el primero de los ocho países que decretó el citado sufragio para los varones, durante la mayor parte del decenio de 1930 hubo elecciones fraudulentas que ocasionaron una crasa distorsión del proceso constitucional, y desde finales del decenio de 1950 hasta el de 1970 el país fue gobernado por regímenes declaradamente militares o por regímenes híbridos bajo los cuales se prohibió en gran parte que los peronistas, que constituían el partido hegemónico, presentaran sus candidatos a cargos públicos. El sufragio universal para los varones llegó a Colombia antes que a Costa Rica o a Venezuela, pero durante gran parte del período Colombia no sólo vivió bajo estado de sitio, sino que, además, su democracia se vio paralizada por la debilidad del estado y la judicatura y por una coalición restrictiva entre los dos principales partidos políticos. En cambio, el sufragio universal llegó relativamente tarde a Chile. Pese a ello, hasta el golpe militar de 1973 el país experimentó un grado de pluralismo y competencia en política, una rica diversidad de partidos y un respeto por el imperio de la ley que le hacían destacar de casi todos los demás.

EXPERIENCIAS DEMOCRÁTICAS

Considerando en términos generales el éxito relativo de su experiencia democrática en lo que se refiere a los tres elementos principales de toda definición de la democracia (según hemos comentado en la Introducción), es decir, la competencia, el orden constitucional y la participación, en el período que comienza en 1930, los ocho países en estudio se dividen en tres grandes grupos. El primero lo integran los dos países poseedores del historial más brillante de competencia democrática y orden constitucional del continente: Uruguay y Chile. Uruguay adoptó pronto el sufragio universal, secreto y directo para los varones. Chile tardó en adoptarlo, pero su historial de competencia democrática y respeto por el imperio de la ley era digno de admiración. Ambos países tenían sistemas de partidos democráticos que se contaban entre los más fuertes de América Latina, aunque la naturaleza de sus partidos y sistemas de partidos es muy diferente, lo cual es ejemplo de la diversidad de formas de organización política que tienen cabida en la democracia. Con todo, incluso Chile y Uruguay mancharon gravemente sus respectivos historiales democráticos al sucumbir ambos a formas especialmente brutales de gobierno militar en 1973. Uruguay recuperó la democracia en 1984, pero Chile tuvo que esperar hasta 1990.

El segundo grupo de países lo forman Venezuela y Costa Rica y, más ambiguamente, Colombia. Cada uno de estos países tenía una experiencia histórica menos afortunada que la de Chile o Uruguay en lo que atañe al orden constitucional y la competencia política. Sin embargo, sufrieron una grave crisis de la democracia en los años cuarenta y cincuenta que contribuyó a resolver de modo duradero la cuestión de la tolerancia de una oposición democrática, dio origen a nuevos partidos (especialmente en Venezuela y Costa Rica) y permitió avanzar de manera efectiva en la tarea de incorporar a nuevos sectores de la población en la vida política del país. Colombia es un miembro marginal de este grupo debido a las serias restricciones que se impusieron a la competencia política en el período del Frente Nacional después de 1958, su participación efectiva relativamente baja y, más adelante, los niveles de disgregación del estado. Al igual que Uruguay, con todo, Colombia tiene un sistema de partidos fuerte edificado sobre partidos con raíces profundas en el siglo XIX. En contraste con los otros cinco países ninguno de estos tres sucumbió al gobierno militar en ningún momento durante los años sesenta, setenta u ochenta.

El tercer grupo de países comprende Argentina, Brasil y Perú. Durante gran parte del período que empezó en 1930, cuando no eran gobernados por regímenes francamente autoritarios, estos países tenían regímenes híbridos, es decir, democrático-autoritarios, en los cuales el miedo a una posible intervención militar o la realidad de ésta era un factor constante que entraba en los cálculos de los principales actores políticos. Argentina es el miembro más anómalo de este grupo. En base a su historial de competencia y participación políticas antes de 1930, cabía esperar que Argentina tuviese un sólido historial democrático después del citado año. La trágica revocación de la democracia en Argentina (al menos hasta el decenio de 1980) plantea serias dudas sobre los sencillos argumentos evolutivos que hablan del vínculo entre la modernización y la democracia sin la mediación de factores políticos. Brasil hizo experimentos con la política estatista y corporativista durante el Estado Novo (1937-1945). Tanto Brasil como Perú estuvieron bajo el gobierno de los militares en los años sesenta. Tenían (y tienen) los sistemas de partidos más débiles y más fragmentarios de los ocho países. Fueron los últimos en hacer extensivo el sufragio a todos los adultos, incluidos los analfabetos.

Ni uno solo de estos ochos países poseedores de las experiencias más democráticas de la región pudo mantener un régimen siquiera híbrido o semidemocrático durante todo el período comprendido entre 1930 y 1990 (véase el cuadro 1.3). En el período que va de finales del decenio de 1920 hasta mediados del de 1950 tres significativos acontecimientos internacionales afectaron a las democracias latinoamericanas: la Depresión de los años treinta, la victoria de los aliados y, por ende, de la «democracia» sobre el fascismo en la segunda guerra mundial y el advenimiento de la guerra fría. En el decenio de 1930 los golpes de estado reflejaban el temor de las élites a la potencial movilización y protesta de las masas ante la crisis económica. Algunos de estos golpes, en particular cuando el decenio estaba más avanzado, reflejaban también el miedo al marxismo y el menosprecio fascista de los procedimientos democráticos. Al mismo tiempo, las ideologías marxistas y populistas veían la democracia como una empresa corrupta que sólo beneficiaba a una pequeña oligarquía. Algunos opinaban que la democracia constitucional era un obstáculo que impedía una participación más activa de las masas en la vida económica, social y política. A su vez, las élites y sus aliados militares llegaron a temer al impulso mayoritario favorable al cambio.

CUADRO 1.3

Clasificación de los regímenes, 1930-1990. Años democráticos (D)[*], semidemocráticos (SD)[**] o híbridos (H)[***]

País | Años
Argentina | 1932-1943 (SD)
| 1946-1951 (D)
| 1958-1966 (H)
| 1973-1976 (D)
| 1983- (D)
Brasil | 1945-1964 (H)
| 1985-1989 (SD)
| 1990- (D)
Chile | 1932-1958 (SD)
| 1958-1973 (D)
| 1990- (SD)
Colombia | 1930-1949 (SD)
| 1958- (SD)
Costa Rica | 1930-1948 (SD)
| 1949- (D)
Perú | 1939-1948 (H)
| 1956-1968 (H)
| 1980- (D)
Uruguay | 1930-1933 (D)
| 1942-1973 (D)
| 1984- (D)
Venezuela | 1945-1948 (D)
| 1958-1968 (SD)
| 1968- (D)

FUENTES: Larry Diamond, Juan Linz y Seymour Martin Lipset, eds., Democracy in Developing Countries, vol. IV: Latin America, Boulder, Colorado, 1989; Dietrich Rueschemeyer, Evelyne Hubert Stephens y John D. Stephens, Capitalist Development and Democracy, Chicago, 1992.

En seis de los ocho países que nos ocupan hubo golpes militares durante los difíciles tiempos de la Depresión. En todos ellos el decenio de 1930 trajo una recuperación gradual de la economía y el comienzo de significativos cambios económicos y sociales con profundas consecuencias políticas. Al igual que en Europa, fueron años tumultuosos que se caracterizaron por el descontento político generalizado mientras grupos paramilitares de la derecha y la izquierda se enfrentaban en las calles y los estudiantes y los obreros aprendían a dominar las técnicas de las manifestaciones de masas. El progreso social y económico, ya fuera disfrazado de fascismo o de marxismo, se consideraba un valor más importante que la preservación o el perfeccionamiento de las instituciones democráticas liberales. Después de 1933 cinco de los países en estudio fueron gobernados por dictaduras (Argentina, Brasil, Perú, Uruguay y Venezuela). Chile, que había experimentado el gobierno autoritario y el activismo militar al empezar la Gran Depresión, rompió la tendencia al recuperar el gobierno constitucional en 1932. Colombia y Costa Rica lograron evitar la ruptura constitucional, aunque en ambos países tuvieron lugar significativos cambios políticos. De hecho, en 1930 Colombia superó una prueba clave de la competencia política por primera vez: el traspaso pacífico del poder de un partido político (el Partido Conservador) a otro (el Partido Liberal), aunque el resultado fue una nueva hegemonía de un solo partido y el régimen no consiguió salir bien de otro traspaso del poder en 1946.

Es importante no exagerar la discontinuidad política del período. Los golpes militares que hubo tanto en Chile como en Uruguay representaron reveses serios pero pasajeros más que una clara ruptura con la evolución política de dichos países. En ninguno de los dos casos el gobierno autoritario llevó aparejado el desmantelamiento general de los partidos políticos o la sustitución de los líderes civiles por organizaciones militares autónomas. En esencia, los militares seguían obedeciendo a la autoridad política y al finalizar el intervalo autoritario, hacer política volvió a ser cosa de los partidos y de los líderes del pasado. En Venezuela, el menos democrático de estos ocho países, el gobierno de los caudillos formaba parte de una larga historia política. El dictador Juan Vicente Gómez había estado en el poder desde 1908. Después de su muerte, acaecida en 1935, otros dos generales ocuparon el cargo durante un decenio antes de que las fuerzas democráticas consiguieran poner fin al autoritarismo. En el caso de Perú, que ya había experimentado la dictadura de Augusto B. Leguía antes de la Depresión, el gobierno militar en el decenio de 1930 supuso la ruptura de la «democracia oligárquica», a la vez que la irrupción del populista APRA en la escena política tendría consecuencias nuevas y trascendentes.

Sólo en Argentina y Brasil fueron los golpes militares de 1930 causa de rupturas cualitativas con el pasado. En Argentina el golpe significó el comienzo de un período de cambio político durante el cual grupos conservadores volvieron a asumir el control político directo y emplearon medios fraudulentos para seguir ejerciéndolo durante más de un decenio, prohibiendo una vez más que los elementos de la oposición participaran en la política y combatiendo con éxito a los nuevos grupos sociales, en particular a la clase obrera, hasta el espectacular ascenso de Perón al poder a mediados de los años cuarenta. Argentina, que había sido el país más desarrollado de América Latina en los primeros decenios del siglo, sería el último país importante en incorporar a la clase obrera. En Brasil la desaparición de la antigua república señaló el comienzo de un período de experimentos políticos bajo Getúlio Vargas que culminó en 1937 con la instauración de un moderno estado corporativista y autoritario, el Estado Novo (1937-1945). El Estado Novo sirvió para, entre otras cosas, vincular a la clase obrera, por medio de sus sindicatos, con el estado[16].

A mediados del decenio de 1940 los regímenes autoritarios ya habían terminado. Los regímenes constitucionales volvieron al poder en Perú en 1939, en Uruguay en 1942, en Venezuela y Brasil en 1945. En todo el continente el final de la segunda guerra mundial —que muchos vieron como la victoria de la democracia frente al fascismo— consolidó a las fuerzas democráticas, así como a las fuerzas de la izquierda[17]. Y, con las elecciones de febrero de 1946 en Argentina, la totalidad de los ocho países que nos ocupan experimentó simultáneamente un efímero «momento» democrático.

Sin embargo, aunque Perón fue elegido presidente en elecciones abiertas y limpias en 1946, su régimen fue cayendo progresivamente en prácticas autoritarias. En otras partes el comienzo de la guerra fría llevó a una «congelación» de los derechos democráticos. En particular, la proscripción de los partidos comunistas —el partido fue declarado ilegal en Brasil en 1947; en Chile, Colombia, Costa Rica y Perú en 1948; y en Venezuela en 1950— limitó la competencia y la participación democráticas[18]. Luego, a finales del decenio de 1940 y comienzos del de 1950, llegó un nuevo ciclo de autoritarismo. Golpes o intentos de golpe y guerras civiles derrocaron o debilitaron a los regímenes democráticos de cinco de los ocho países: Perú (1948), Venezuela (1948), Costa Rica (1948-1949), Colombia (1948-1953) y Brasil (1954-1955). En Argentina, Perón, que había sido elegido democráticamente en 1946, se había vuelto autoritario antes de ser derribado por los militares en 1955. Nuevos temores de las élites de que el populismo llegara a ser mayoritario y ellas se vieran excluidas del poder en un sistema presidencial democrático (ya fuera real como en Aigentina o Venezuela o potencial como en Costa Rica o Perú), así como los conflictos institucionales y constitucionales, obraron recíprocamente con el advenimiento de la guerra fría y la relación, a veces ambigua, que con la democracia tenían los partidos de la izquierda y los propios movimientos populistas. Grupos militares se convirtieron en actores importantes en un proceso político complejo, pero a menudo previsible, en el cual las élites de los partidos solían esforzarse por potenciar sus intereses y recurrían a la fuerza cuando no lo conseguían, o temían no conseguirlo, en las urnas.

Aun así, en Costa Rica las secuelas de la guerra civil de 1948-1949 sembraron las semillas de un sistema de partidos más fuerte, de la tolerancia de la oposición, de las elecciones libres y limpias y de la eliminación de los militares como factor político. Costa Rica fue en lo sucesivo la democracia modelo de América Latina. En Brasil la democracia limitada de la posguerra superó la crisis que siguió al suicidio de Getúlio Vargas en 1954 —el ex dictador Vargas había sido elegido democráticamente en 1950—, al menos hasta la crisis de los primeros años sesenta. Perón había sido expulsado del poder en 1955, en una autoproclamada Revolución Libertadora, y Frondizi fue elegido presidente en 1958, aunque esto no trajo una democracia estable a Argentina. El abandono del poder por parte de Rojas Pinilla en 1957 y de Odría y Pérez Jiménez en 1958 supuso una transición del gobierno de los militares al gobierno constitucional restaurado en Colombia, Perú y Venezuela, respectivamente. En 1959, por primera vez desde 1949, los ocho países sin excepción volvían a ser democracias políticas, aunque en varios de ello existieran restricciones significativas. Fue en aquel año cuando el periodista Tad Szulc publicó un libro titulado The Twilight of the Tyrants.

Irónicamente, 1959 fue el año de la revolución cubana, que de manera tan profunda influyó en las ideas en toda América Latina y planteó nuevas amenazas y desafíos a la democracia latinoamericana. Era la primera vez que un gobierno socialista accedía al poder en el hemisferio occidental. Planteó interrogantes sobre la capacidad de llevar a cabo cambios sociales y económicos que tenía la democracia «burguesa» y «reglamentaria» comparada con la revolución. Contribuyó a estimular cambios profundos tanto en los estamentos militares, que pasaron a concentrar más su atención en la seguridad interna y la lucha contra la subversión, como en la Iglesia, ya que contribuyó a fomentar las corrientes de la teología de la liberación. Radicalizó no sólo a intelectuales y estudiantes, sino también a obreros y campesinos de toda América Latina.

Surgieron movimientos de guerrilleros (o los que ya existían se fortalecieron) en Colombia, Perú y Venezuela, a la vez que una guerrilla urbana empezaba a actuar en Uruguay. Aparecieron movimientos sediciosos de carácter radical que combatían a los gobiernos militares de Brasil y Argentina. Y en Chile varios partidos radicales nacidos de escisiones formaron movimientos armados. Sólo Costa Rica parecía inmune a este fenómeno. Aunque muchos de estos movimientos de guerrilleros estaban inspirados por ideologías marxistas y tenían su origen en movimientos comunistas o socialistas, algunos fueron fruto de la escisión de movimientos populistas que trataban de incrementar su base electoral y ser aceptados por grupos dominantes desde el punto de vista económico y conservadores desde el cultural. En Venezuela el MIR se escindió de la AD y acabó alzándose en armas coligado con otros grupos izquierdistas a comienzos de los años sesenta; en Argentina los montoneros se envolvieron en el legado peronista; en Colombia el M-19 surgió en los primeros años setenta en parte de la ANAPO, a la que intentó utilizar como base de masas; en Perú grupos radicalizados rompieron con el APRA para recurrir a la insurrección en diversos momentos.

Al mismo tiempo, la revolución cubana alentó a los movimientos reformistas democráticos y anticomunistas, que ansiaban llevar a cabo cambios pacíficos con el fin de impedir la violencia revolucionaria. Los Estados Unidos, por medio de su Alianza para el Progreso, se esforzaron tanto por promover los gobiernos constitucionales reformistas como por reforzar a los militares, a los que consideraba la respuesta más efectiva a los llamamientos de la izquierda revolucionaria. Arthur Schlesinger, hijo, ha recordado un punto de vista que a la sazón era común: «el futuro de América Latina… estaba entre la vía de Castro y la vía de Betancourt»[19]. Líderes tales como los liberales Lleras Camargo y Lleras Restrepo en Colombia, Betancourt en Venezuela, Belaúnde en Perú y Frei en Chile eran muy elogiados. Tal como da a entender esta lista, muchos de estos líderes procedían del ala reformista de partidos tradicionales, de partidos populistas o de los partidos democratacristianos, cada vez más influyentes.

En última instancia, sin embargo, los años sesenta y setenta no trajeron consigo ni la revolución izquierdista —resultó que, en conjunto, ni las masas rurales ni las urbanas eran revolucionarias— ni el progreso democrático a América Latina. El apoyo de las élites empresariales a la democracia siguió dependiendo de sus cálculos sobre la clase de régimen que mejor podía defender sus intereses. Muchos elementos de la clase media, temiendo que sus intereses se vieran amenazados desde abajo, llegaron a mostrarse favorables a la restricción de los derechos democráticos. Un estamento militar profesional, con creciente confianza en sí mismo y preparado y pertrechado por los Estados Unidos se mostraba más preocupado por las amenazas internas a la seguridad que por las externas. Más de media docena de golpes militares tuvieron lugar en la región durante los primeros cinco años de la Alianza para el Progreso, en Argentina, Brasil y Perú, entre otros países, en el mismo momento en que movimientos insurgentes de ideología izquierdista fracasaban en Venezuela, Perú y Colombia (además de en otros países).

Aunque no fue anunciado en aquel momento, el golpe de 1964 en Brasil sería el primero de una serie de golpes que en América Latina dieron los militares como institución, con el objetivo de cambiar fundamentalmente no sólo la política económica y social, sino también el sistema político. Al hacerse con el poder, los militares brasileños demostraron desprecio por la política democrática paralizada y los llamamientos populistas, a la vez que ponían en práctica una política represiva contra la izquierda revolucionaria. El golpe brasileño señaló un cambio cualitativo en el gobierno de los militares en el continente e instauró un gobierno que no se consideraba a sí mismo sencillamente como árbitro, sino como fuerza revolucionaria que pretendía forjar un nuevo orden político y económico muy diferente del modelo cubano.

Regímenes que también pretendían transformar la política y la sociedad se impusieron en Argentina dos veces (con los golpes de 1966 y 1976) y en Chile y Uruguay en 1973, a la vez que la caída de la democracia en Chile puso fin a un intento excepcional de llevar el socialismo a la práctica por medio de las urnas. Los regímenes militares «burocrático-autoritarios» (como los denomina Guillermo O’Donnell) de Brasil, Argentina, Chile y Uruguay tuvieron como justificación política la necesidad de responder a la «amenaza» del comunismo o del populismo demagógico en el contexto de la movilización izquierdista desde abajo, al tiempo que se imponían la estabilización y la eficiencia económicas con el objeto de asegurar la confianza de los inversionistas y un crecimiento renovado y más vigoroso[20]. Estos regímenes procuraban desmovilizar y, si ello era posible, despolitizar a la población. La amenaza desde abajo que se percibía, la amenaza de grupos organizados anteriormente, era mayor en el decenio de 1970 que en el de 1960 y por ello la magnitud de la represión en Chile, Uruguay y Argentina (después de 1976) fue mayor que la del régimen brasileño. Parte intrínseca de la naturaleza de estos regímenes, en particular de los que aparecieron en el decenio de 1970, era el análisis de los defectos que percibían en la democracia y, en especial, de la manera demagógica, corrupta y clientelar en que los políticos apelaban a la protección de los industriales y del movimiento obrero.

El golpe peruano de 1968 también lo ejecutó un alto mando militar que tenía una misión, pero, a diferencia de sus colegas del Cono Sur, que pretendían instaurar una política conservadora en los terrenos fiscal y económico, así como restringir la participación política, los militares peruanos intentaron llevar a cabo reformas sociales en gran escala y movilizar a la población.

Sin embargo, el legado que los «reformadores» militares de los años sesenta y setenta dejaron en sus respectivos países era decididamente variado. La sociedad brasileña vivió transformaciones fundamentales bajo el gobierno de los militares, pero sólo en Chile dio buenos resultados el autoritarismo burocrático al transformar de manera fundamental el proyecto del estado intervencionista y echar los cimientos para una afortunada estrategia de desarrollo inducido por las exportaciones. Ninguno de los regímenes militares logró poner en práctica su programa de reforma política, que incluía transformaciones fundamentales del sistema de partidos y la creación de democracias muy restringidas bajo la tutela de las fuerzas armadas. Los militares peruanos tampoco lograron hacer reformas capaces de reactivar la economía y adelantarse al auge de la oposición insurreccional. Y los gobiernos democráticos que siguieron a los regímenes militares de Argentina, Chile y Uruguay, en particular, se encontraron ante el difícil dilema de buscar el equilibrio entre, por un lado, el derecho a saber la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos y castigar a los responsables de las mismas y, por otro lado, el riesgo de amenazar la estabilidad democrática provocando un nuevo golpe militar.

Al finalizar el decenio de 1970, sólo tres de los ocho países en estudio —Costa Rica, Colombia y Venezuela— mantenían sistemas democráticos, y la democracia colombiana se veía seriamente amenazada por el creciente tráfico de narcóticos y los movimientos guerrilleros en los medios rurales. Sin embargo, durante el decenio siguiente los militares se retiraron del poder en Perú (1980), Argentina (1983), Uruguay (1984), Brasil (1985) y Chile (1990). Al empezar el decenio de 1990, la totalidad de los ocho países volvía a experimentar el régimen democrático.

La fuerza de los partidos y de los sistemas de partidos tanto en Chile como en Uruguay fue la base principal para seguir contemplando con optimismo el futuro de la democracia en estos países después de la dictadura militar. Argentina parecía avanzar gradualmente hacia una forma de gobierno más estable con la instauración de un sistema bipartidista y una reestructuración espectacular, pero aún incompleta, de la economía. Perú, sin embargo, se encontraba en medio de una devastadora crisis económica y de una cruel ofensiva insurreccional que agravaban la debilidad y la paralización de las instituciones democráticas. También había un interrogante sobre Brasil, donde unos partidos y líderes políticos débiles no habían sido capaces de estructurar las coaliciones necesarias para gobernar, poner la economía del país en orden y empezar a resolver tremendos problemas sociales.

Examinemos ahora la experiencia democrática de cada uno de los ocho países desde finales del decenio de 1950 hasta los comienzos del de 1990[21].

Chile

Chile funcionó relativamente bien como democracia con el espectro de partidos más amplio de América Latina desde los primeros años treinta hasta los primeros setenta. El sistema pluripartidista de Chile no empezó a resultar ingobernable hasta que el Partido Demócrata Cristiano se convirtió en un centro más rígido e ideológico al tiempo que los partidos de la derecha y de la izquierda se volvían igualmente polarizados e ideológicos en la época posterior a la revolución cubana. Durante gran parte del período anterior a la presidencia de Allende el «aglutinante» de la mediación y de la política clientelar en el nivel local en todo el espectro de partidos compensaba los debates y los conflictos, más ideológicos y polarizados, que tenían lugar en el nivel nacional. Esto sugiere que en los países donde se dan profundas divisiones sociales los sistemas pluripartidistas son muy beneficiosos, ya que pueden expresar y encauzar de manera más efectiva las reivindicaciones políticas, siempre y cuando pueda mantenerse el equilibrio entre la política ideológica y la de mediación al tiempo que se controlan los riesgos de polarización del presidencialismo.

En el decenio de 1960 el centro de gravedad político del sistema de partidos de Chile, que estaba muy polarizado, se desplazó decididamente hacia la izquierda. Los radicales se vieron desplazados del centro político por el avance de los democratacristianos, que adoptaban una postura decididamente reformista y afirmaban representar una tercera vía entre el socialismo y el capitalismo. Temiendo que la izquierda ganara si el centro y la derecha presentaban candidatos en listas separadas en las elecciones presidenciales de 1964, los partidos derechistas de Chile apoyaron de mala gana a Eduardo Freí, el candidato democratacristiano, que venció por mayoría absoluta de votos a Salvador Allende, el candidato de la izquierda. Frei actuó con energía para poner en práctica su «revolución en libertad», con significativo apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Los democratacristianos confiaban en que sus medidas reformistas les ayudarían a romper la tradicional división de la política chilena «en tres tercios» y erosionar la fuerza tanto de la derecha como de la izquierda. La derecha se sintió traicionada por el partido al que había votado y, en particular, se opuso encarnizadamente a los proyectos de reforma agraria y al programa de sindicación rural, puesto que, a su modo de ver, rompía el antiguo acuerdo de la política chilena que permitía a la derecha seguir teniendo una presencia fuerte en la tierra y controlar la mano de obra rural. La izquierda también se veía amenazada por los democratacristianos y sus esfuerzos agresivos y patrocinados por el estado por ampliar el movimiento sindical y movilizar a los habitantes de las barriadas de chabolas.

Aunque los democratacristianos consiguieron poner en práctica muchos de sus programas, no lograron convertirse en partido mayoritario capaz de perpetuarse en el poder. Hasta la izquierda se llevó una sorpresa cuando en las elecciones de 1970 Allende obtuvo el 36 por 100 de los votos, porcentaje que era menor que el que había obtenido en 1964, pero suficiente para darle una mayoría relativa en la carrera tripartita en pos de la presidencia. En vez de contar de nuevo la trágica historia de la creciente polarización que acabó llevando al golpe de 1973, puede que sea útil hacer hincapié en el hecho de que si Chile hubiera tenido un régimen parlamentario en lugar de presidencial, es muy posible que Allende hubiese perdido un voto de confianza en el Parlamento, en lugar de suicidarse a raíz de un golpe sangriento que señaló la interrupción de la democracia chilena durante diecisiete años.

Los partidos de Chile parecían haber aprendido una lección dolorosa de los acontecimientos de los años setenta. En las elecciones presidenciales de 1990, las de la transición a la democracia, el democratacristiano Patricio Aylwin encabezó una amplia coalición de centroizquierda que incluía al Partido Socialista. Aylwin heredó una Constitución que le dio fuertes poderes ejecutivos pero que, al mismo tiempo, contenía muchos elementos antidemocráticos, en particular los que prohibían al presidente nombrar o destituir a los mandos militares y daba a las fuerzas armadas autonomía virtual. Sin una mayoría en el Senado, debido a la institución de los senadores por nombramiento que se especificaba en la Constitución de 1980, tuvo que proceder con mucho cuidado al adoptar un programa de reformas, al tratar con el general Augusto Pinochet, el ex dictador militar, que siguió en su puesto de comandante en jefe del ejército, y al abordar el asunto de las violaciones de los derechos humanos. Bajo su nueva democracia Chile mantuvo un sistema pluripartidista, aunque era un sistema que parecía menos polarizado que en tiempos anteriores. La continuación de la presencia del Partido Comunista, aunque más pequeño que antes, y la persistencia del autoritarismo de las fuerzas de la derecha poco comprometidas con la democracia significaban que la distancia ideológica todavía era un factor en la política chilena. En las elecciones de 1993 la coalición de centroizquierda que derrotara a Pinochet logró una vez más hacerse con la presidencia al ser elegido Eduardo Freí Ruiz-Tagle, hijo del ex presidente.

Uruguay

Durante este periodo Uruguay es ejemplo tanto de los puntos fuertes como de los puntos débiles de su particular combinación de presidencialismo y política bipartidista. Es claro que la relación entre su limitado sistema de partidos y las reglas electorales desempeñó un papel en el derrumbamiento de la democracia en 1973, como también lo desempeñó la fuerza incipiente del tercer partido, el izquierdista Frente Amplio. Con todo, la vuelta a la democracia en el decenio de 1980 se vio favorecida por la fuerza continuada y la relativa moderación de los dos partidos históricos del país.

Aunque en 1958 el Partido Blanco se hizo con el ejecutivo por primera vez en la historia moderna, al demostrar los uruguayos la preocupación que les causaba la decadencia del país, el perenne segundo partido uruguayo no pudo aprovechar su permanencia en el poder para obtener una ventaja permanente. En las elecciones de 1966 los colorados recuperaron el dominio de la situación en unas elecciones que también señalaron un retomo al sistema presidencial, después de experimentar con un ejecutivo plural desde 1951, con la esperanza de que un liderazgo fuerte ayudara a superar la decadencia económica y la crisis política del país.

Mientras en otros países latinoamericanos surgían movimientos de guerrilleros rurales alentados por el ejemplo cubano, la muy mundana sociedad urbana uruguaya vio la aparición de los tupamaros, los guerrilleros más famosos de América Latina. Los tupamaros, que atraían a estudiantes y profesionales idealistas que cada vez tenían menos perspectivas de promoción personal en la renqueante economía uruguaya, basada en el estado benefactor, gozaban de un apoyo sorprendente entre la población en general. La tendencia izquierdista de la sociedad uruguaya quedó demostrada por los excelentes resultados que obtuvo el Frente Amplio, que era una coalición amplia de grupos de la izquierda extrema y la izquierda moderada, en las presidenciales de 1971. Al mismo tiempo, el peculiar sistema electoral del país permitió que la presidencia fuese para el candidato más derechista, que contaba con un claro apoyo minoritario. El gobierno de Juan María Bordaberry (1972-1976) continuó la práctica de su predecesor consistente en involucrar a las fuerzas armadas de manera más profunda en las actividades contra los insurgentes y finalmente, en 1972, declaró un estado de guerra interna que culminaría con la derrota de los tupamaros. Sin embargo, la oposición del Congreso al creciente intervencionismo del estado y al ejercicio de la autoridad ejecutiva unilateral por parte de Bordaberry acabó impulsando a éste a disolver el Congreso en 1973 con el apoyo de elementos derechistas de ambos partidos y de los militares. La medida, sin embargo, llevó finalmente a la imposición de un régimen autoritario y represivo y a la participación directa de los militares en el gobierno del país.

El proceso de transición del decenio de 1980 estuvo repleto de dificultades, en particular cuando un destacado líder del Partido Nacional, Wilson Ferreira, fue detenido por los militares en junio de 1984. El acuerdo final fue una reforma pactada en la cual ambas partes hicieron concesiones y cuya culminación fueron los Acuerdos del Club Naval. La oposición tuvo que aceptar que Ferreira continuase en la cárcel a la vez que prometía no tomar medidas jurídicas contra las fuerzas armadas. Éstas, a su vez, permitieron la vuelta al orden institucional anterior y la convocatoria de elecciones abiertas que se celebrarían en noviembre de 1984. Uno de los aspectos más significativos del diálogo entre civiles y militares fue la participación directa del Frente Amplio, que fue necesaria porque el Partido Nacional se negó a tomar parte en dicho diálogo. Así pues, los militares se vieron obligados a tratar con los líderes de la izquierda en un intento de encontrar una fórmula conciliatoria que la mayoría de los uruguayos juzgasen aceptable. El Frente Amplio obtuvo el 20 por 100 de los votos en las elecciones presidenciales, cifra que era comparable con la de las elecciones de 1971 y subrayó el hecho de que el sistema de partidos de Uruguay había sido plenamente restaurado, aunque empezaba a perder su carácter de sistema bipartidista.

La vuelta al gobierno de los civiles planteó enormes problemas al nuevo presidente, Julio María Sanguinetti (1985-1990), periodista y líder del Partido Colorado. Una oleada de huelgas y reivindicaciones laborales dificultó la tarea de abordar los problemas económicos de la nación. No obstante, la cooperación del Partido Nacional, que estaba en la oposición, permitió instituir medidas y reformas económicas. Las relaciones entre civiles y militares continuaron siendo el problema más enojoso del presidente. Haciendo honor a la promesa de poner fin a la responsabilidad de los militares por los abusos de los derechos humanos, el gobierno, con el apoyo del Partido Nacional, aprobó una ley de amnistía que exoneraba a los militares del mismo modo que leyes anteriores habían exonerado a los tupamaros. La decisión del gobierno provocó la reacción hostil de miles de uruguayos y del Frente Amplio, que obligó a convocar un plebiscito sobre el asunto. Al final, los resultados del plebiscito fueron favorables al gobierno en un 57 por 100 frente a un 43 por 100, lo cual permitió enterrar la difícil cuestión de la justicia y el castigo. Las elecciones de 1989 dieron la victoria a Luis Alberto Lacalle, uno de los líderes del Partido Nacional, después de que serios conflictos internos redujeran las probabilidades de que el Partido Colorado retuviese la presidencia. El Frente Amplio demostró que continuaba siendo fuerte al conquistar la alcaldía de Montevideo, que era un puesto clave. Así pues, al entrar en el decenio de 1990 Uruguay volvía a ser una democracia, con un sistema de dos partidos y medio.

Las transiciones desde el gobierno de los militares a finales de los años cincuenta en Colombia y Venezuela se parecieron en algunos aspectos importantes. En ambos casos los partidos de la oposición firmaron pactos políticos en los que se daban seguridades recíprocas de que no tratarían de gobernar de manera hegemónica. De este modo se resolvió el asunto de la competencia política, que era fundamental, si bien la solución acabaría causando problemas diferentes a los respectivos regímenes. En ambos casos un partido predominante (el Partido Liberal en Colombia, la AD en Venezuela) reprimió deliberadamente su fuerza potencial con el fin de facilitar la transición. También se dieron seguridades a los actores económicos y a la Iglesia de que se respetarían sus intereses. En este sentido, ambas fueron transiciones conservadoras que ayudaron a garantizar que los grupos que dominaban la economía no se sintiesen amenazados y quizá recurrieran a los militares; sin embargo, de esta manera también se limitaron las posibilidades de poner en práctica importantes reformas sociales o económicas. Al mismo tiempo, algunas diferencias significativas en la naturaleza de estos pactos y en la economía política de los dos países contribuyen a explicar por qué Colombia fue un país desgarrado por la agitación política y la violencia en los años ochenta mientras que la democracia fue más afortunada en Venezuela, aunque estuvo lejos de verse libre de problemas.

Colombia

En Colombia el acuerdo del Frente Nacional, que un plebiscito consagró constitucionalmente en 1957, garantizaba de manera estricta que ni los liberales ni los conservadores serían excluidos del poder, al tiempo que cortaba el paso a posibles nuevos partidos. Los líderes de los partidos acordaron que habría paridad total en las tres brazos del gobierno. El Congreso, las asambleas de los departamentos y los concejos municipales serían automáticamente la mitad liberales y la mitad conservadores, y lo mismo la judicatura; también los puestos del gabinete, los cargos de gobernador y los de alcalde se dividirían a partes iguales entre los dos partidos. Además, para la aprobación de la mayoría de las leyes se requeriría una mayoría de dos tercios. Finalmente, debido a que los conservadores no lograron ponerse de acuerdo para escoger un candidato con vistas a las elecciones de 1958 y debido a que la presidencia era un puesto tan importante, se acordó la alternancia en la presidencia de 1958 a 1974 (con lo cual los conservadores tuvieron asegurada la última presidencia).

El acuerdo se puso en práctica mediante negociaciones por parte de las élites y su finalidad era desmovilizar a los seguidores sectarios de los partidos y poner fin a la violencia rural. El inmovilismo provocado por las restrictivas reglas del Frente Nacional y el temor a las protestas populares fueron la causa de que la mayoría de los gobiernos del Frente Nacional impusieran el estado de sitio. No se llevaron a cabo reformas redistributivas importantes ni se reforzaron sensiblemente las organizaciones del sector popular (aunque éstas no se degradaron como en muchos otros países latinoamericanos). Así pues, la naturaleza de la democracia del país permaneció restringida durante todo este período.

El período del Frente Nacional presentó las características de un sistema de partido único y de un sistema pluripartidista, así como de un sistema bipartidista. Al existir el requisito de que los presidentes fueran de un partido designado en cada una de las elecciones que se celebraron entre 1958 y 1970, era necesario que los dos partidos se pusieran de acuerdo. Así pues, este candidato oficial del Frente Nacional encabezaba un gobierno de dos partidos que parecía ser de un solo partido. Sin embargo, dentro de cada partido surgieron facciones que se oponían al Frente Nacional. Debido a que hasta 1968 la aprobación de la mayor parte de las leyes requirió una mayoría de dos tercios, la existencia de estas facciones diversas obligaba al presidente a negociar extensamente con lo que parecía un pendenciero sistema pluripartidista. Con todo, durante la totalidad de este período, e incluso hasta finales de los años setenta y en los ochenta, momento en que ya se habían anulado casi todos los requisitos reglamentarios del gobierno de coalición del Frente Nacional, los dos partidos tradicionales siguieron obteniendo porcentajes notablemente constantes del total de votos en las elecciones.

No obstante, como consecuencia de una profunda transformación socioeconómica (fruto de la urbanización, la industrialización, el crecimiento demográfico y el incremento de la alfabetización) habida en este período, así como del propio acuerdo del Frente Nacional, la identificación sectaria de la población del país con los dos partidos políticos menguó de manera significativa. La importancia fundamental de los partidos para la vida política del país disminuyó, al tiempo que seguían ejerciendo un monopolio casi virtual en el terreno electoral. Aparecieron formas no electorales de oposición o se fortalecieron las que ya existían: confederaciones obreras independientes de los dos partidos, movimientos de protesta cívica y movimientos de guerrilleros. No obstante, el gobierno de coalición conservó su atractivo, por razones diferentes, a ojos de los líderes de los partidos regionales (acceso al patronazgo), de los principales grupos económicos (acceso a la formulación de la política que debía seguirse) y de los actores internacionales (aislamiento de la toma de decisiones).

Administraciones sucesivas se vieron implicadas en cuestiones relacionadas con el cambio constitucional, la reforma política y la respuesta a la violencia de la guerrilla. Complicaba estos proyectos la realidad del tráfico de drogas, que debilitó al estado, envalentonó por igual a los grupos de la guerrilla y a elementos de las fuerzas de seguridad, fue la causa del asesinato de líderes del sector popular, activistas de los partidos de izquierdas, periodistas y altos cargos del gobierno y dio pábulo a sentimientos de cinismo y desesperanza. Sin embargo, este período de estancamiento, violencia y desesperanza fue interrumpido por un acontecimiento sumamente notable: en 1991 se promulgó una nueva Constitución en la cual se desmantelaron todos los elementos del gobierno de coalición que existían desde 1974. La preparó una asamblea constituyente en la cual tuvieron una presencia importante representantes de un grupo de la guerrilla (la Alianza Democrática M-19) que se había reincorporado poco antes. Por primera vez una Constitución colombiana era fruto de un significativo proceso público de discusión, negociación y conciliación.

Venezuela

El pacto político de 1958 entre los principales partidos venezolanos no fue ni tan rígido ni tan exclusivo como el de Colombia y tampoco formaba parte de la Constitución del país. Sin embargo, los partidos (con exclusión del Partido Comunista) acordaron un programa común en el que se procuró dar seguridades a las élites económicas y de la Iglesia. Así pues, aunque la AD ganó con facilidad las elecciones de 1958, Betancourt (1958-1963) gobernó conjuntamente con partidos de la oposición y colaboró de manera especial con Rafael Caldera del COPEL Al entrar en escena grupos de guerrilleros revolucionarios, algunos de los cuales fueron resultado del descontento del ala juvenil de la AD, Betancourt consiguió presentarse como artífice de una coalición del centro y la derecha contra esta izquierda radicalizada. No obstante, y también a diferencia de Colombia, en vez de esforzarse por desmovilizar a la población del país, los principales partidos venezolanos mantuvieron una vigorosa vida institucional; trabajaron activamente para organizar al creciente electorado del país, especialmente en las zonas urbanas donde eran débiles, y mantener una presencia fuerte en las asociaciones de obreros y profesionales.

Las elecciones de 1968 y 1973 señalaron importantes cambios de orientación. A diferencia de Colombia, que se encontró estancada por el gobierno de coalición hasta bien entrado el decenio de 1980, en 1969 el COPEI formó un gobierno de partido único. Con el tiempo, Caldera obtuvo la cooperación de la AD en el Congreso para asuntos especiales. Bajo Caldera se consiguió reincorporar la guerrilla en el proceso democrático y se legalizaron los partidos de izquierdas. Los objetivos fijados para el gasto público se cumplieron gracias a los ingresos obtenidos del petróleo, lo cual, unido a las garantías sobre la integridad física de los antiguos jefes de la guerrilla y a la legitimidad general de las instituciones democráticas del país, facilitó el proceso. Por último, la administración Caldera creó el marco para la hegemonía efectiva del panorama electoral del país por parte de la AD y el COPEI. A partir de las elecciones de 1973, cuyo ganador fue Carlos Andrés Pérez de la AD, los dos partidos recibieron sistemáticamente más del 80 por 100 de los votos. Se convirtieron en partidos «con cabida para todos» en los que se daban coincidencias parciales de bases sociales, puntos de vista ideológicos y posturas ante la política que debía seguirse.

Sin embargo, durante el segundo mandato (1989-1993) de Carlos Andrés Pérez se hizo evidente que incluso una democracia en apariencia consolidada como la de Venezuela era frágil. Un grupo de militares jóvenes encabezó dos levantamientos que fracasaron, uno de los cuales casi consiguió asesinar al presidente. Los líderes de los partidos, con todo, vieron con horror que las intentonas golpistas tenían mucho eco en la opinión pública. El país todavía acusaba los efectos de un difícil proceso de reestructuración económica que siguió a los años de expansión y depresión resultantes de la bonanza del petróleo y luego la crisis de la deuda. Debajo del descontento económico y social estaba la sensación de que los dos partidos políticos eran dirigidos por camarillas corruptas que se habían distanciado de la masa de seguidores y habían creado un sistema de gobierno de los partidos (partidocracia) más que del pueblo (democracia). Es decir, los líderes de los partidos tenían demasiado poder sobre los candidatos en potencia, lo cual se debía al control que ejercían sobre la organización de los partidos y la inscripción de nombres en las listas de cargos electivos. Luego los candidatos se esforzaban por ganarse el favor de los líderes del partido tanto como el de su electorado potencial. La gobernación interna de los partidos distaba mucho de ser un proceso democrático. Finalmente, había descontento a causa de la aparente corrupción, el amiguismo y el apoyo mutuo e interesado entre los dos partidos principales. Cuando las acusaciones de corrupción alcanzaron al propio presidente éste fue destituido y la medida proporcionó al país una válvula de escape constitucional para una crisis de confianza en las instituciones fundamentales de la nación que era la más grave desde la instauración de la democracia en 1958. Quedaron sin aclarar el alcance y la permanencia del daño que sufrieron los dos partidos principales del país, la AD y el COPEL Rafael Caldera (presidente en el período 1968-1973) rompió con el COPEI y llevó a cabo con éxito una campaña independiente para ganar la presidencia en 1993. Fue la amenaza más seria para el sistema bipartidista desde su consolidación en Venezuela en 1968.

Costa Rica

En Costa Rica, que junto con Venezuela era una de las dos democracias latinoamericanas más afortunadas desde el decenio de 1950, el sistema bipartidista sólo apareció gradualmente. Después de la guerra civil de 1948 el PLN (fundado en 1951), tuvo un papel dominante en la política costarricense. Sin embargo, después de la victoria aplastante de Figueres en las elecciones presidenciales de 1953, las divisiones internas del PLN facilitaron la victoria de un candidato de la oposición en 1958. El PLN ganó cinco de las siete presidenciales subsiguientes, mientras que la oposición sólo ganó en 1966 y 1978. Con vistas a las elecciones de 1978 varios partidos de la oposición se unieron para formar una coalición extraoficial que adoptó el nombre de Oposición de Unidad. En 1984 los citados partidos ya se habían unido oficialmente para formar uno solo: el Partido Unidad Social Cristiana-PUSC. La lógica del presidencialismo, la de «el vencedor se lo lleva todo», y la posición predominante del PLN contribuyeron a que dichos partidos se unieran. La profunda lógica del sistema bipartidista se hace evidente en el hecho de que en las cuatro elecciones presidenciales habidas entre 1974 y 1986 los dos candidatos principales recibieron por término medio el 89 por 100 de los votos.

Durante todo el decenio de 1980 Costa Rica tuvo que afrontar la difícil tarea de reestructurar su economía y reducir los servicios estatales relativamente generosos que había podido ofrecer a su población. Durante la mayor parte de dicho decenio gobernó el PLN, que finalmente perdió ante una oposición cada vez más unificada en las elecciones de 1990. Zarandeada tanto por los problemas económicos internacionales como por la política propia de la guerra fría que los Estados Unidos seguían en relación con Nicaragua (política que, sin embargo, significó el aumento de la ayuda que recibía el país), no cabe duda de que para Costa Rica fue una ayuda la supresión de sus fuerzas armadas (en 1949) y el hecho de que los procesos democráticos habían alcanzado elevados niveles de legitimidad en el seno del conjunto de la población.

Argentina

El derrocamiento de Perón en 1955 dio paso a otro aciago capítulo en la inestable política de la Argentina del siglo XX. Durante los siguientes treinta y cinco años ningún presidente lograría terminar su mandato constitucional en el cargo y dar paso a su sucesor elegido. El Partido Radical, que había dominado durante dos decenios antes de los años treinta, no sólo se fragmentó sino que, además, se organizó oficialmente en partidos opuestos. El Partido Justicialista (peronista) fue declarado fuera de la ley (con su líder en el exilio) y también se fragmentó. Desde el exilio Perón proyectaba una sombra muy grande sobre todos los demás partidos y grupos, ya que seguía contando con la sorprendente lealtad de la mayoría de los argentinos. Como Perón seguía siendo anatema a ojos de los militares, la política argentina continuaría siendo una «partida irresoluble», como dijo Guillermo O’Donnell. Sin el apoyo del electorado, cada gobierno, ya fuera constitucional o anticonstitucional, carecía de legitimidad popular y tropezaba con grandes dificultades para imponer algún sentido de autoridad. Además, un gobierno elegido en unos comicios donde la participación del peronismo estaba prohibida tampoco podía buscar dicha legitimidad tendiendo un puente a los peronistas, no fuera a incurrir con ello en la ira de los militares. Esto es lo que le sucedió al presidente radical Arturo Frondizi, elegido en 1958 y depuesto en 1962 después de permitir la participación peronista en las elecciones provinciales. Aunque se mostraba menos abierto a los peronistas, Arturo Illia corrió la misma suerte cuatro años más tarde.

El golpe de 1966, cuyo resultado fue la designación del general Juan Carlos Onganía como presidente con amplios poderes dictatoriales, señaló el comienzo de la primera versión de régimen autoritario burocrático en Argentina. Su fracaso fue muy grande y empujó a un gobernante militar posterior a buscar un acuerdo con los líderes políticos de la oposición, incluido Perón. El resultado final de estas tentativas de acercamiento fue que el líder de setenta y ocho años volvió a la presidencia en septiembre de 1973 en medio de mucho bombo y platillo y esperanzas. Pero el caudillo estaba enfermo y no pudo hacer frente a la inflación galopante y a la seria polarización de la sociedad argentina, incluso en el seno de su propio partido. Cuando murió al cabo de sólo diez meses la crisis económica y política del país se hizo todavía más difícil de controlar bajo el desventurado gobierno de la esposa de Perón, Isabel Martínez, que se hizo caigo de la presidencia en su calidad de vicepresidenta, hasta que su derrocamiento en 1976 dio paso al segundo régimen militar burocrático-autoritario de Aigentina.

La invasión en 1982 de las islas Malvinas en un vano intento de los militares de desviar la atención de los crecientes problemas internos y la ignominiosa derrota militar en que acabó el intento facilitaron una transición rápida a la democracia de acuerdo con las condiciones de la oposición. En octubre de 1983 Raúl Alfonsín, el líder del Partido Radical, obtuvo la presidencia al infligir a los peronistas la primera derrota electoral de su historia. Con valor y decisión, Alfonsín se enfrentó a los militares y les planteó la cuestión de la violación de los derechos humanos durante su gobierno, permitió que el sistema de justicia juzgara y condenase a altos mandos militares, entre ellos al ex presidente general Jorge Videla, por sus crímenes. El gobierno logró contener varias revueltas militares al tiempo que la ciudadanía dejaba bien claro que no pensaba tolerar más aventurísmo militar. Alfonsín trabajó con los peronistas de la oposición y también así demostró que estaba decidido a arrinconar la política de competencia destructiva y poner en marcha una competencia política constructiva. Los éxitos que el Partido Radical obtuvo en las elecciones de 1985 para el Congreso y el estado indujeron a pensar que Argentina había empezado a apartarse de la configuración dominante, la del partido único, que durante tanto tiempo había caracterizado su política, en particular después de la ascensión de Perón.

La perdición de Alfonsín fue la ingobernable economía argentina. Un programa de estabilización que estaba dando buenos resultados fracasó al mostrarse su gobierno reacio a mantener medidas impopulares en época de elecciones. Más fundamental fue el hecho de que Alfonsín no comprendió del todo las graves dificultades estructurales de la economía argentina, con un sector público hinchado e ineficiente y un sector privado débil y dependiente que estaba acostumbrado a sobrevivir con subvenciones estatales y una reglamentación favorable. Irónicamente, correspondería al sucesor de Alfonsín, el peronista Carlos Menem, elegido en 1989, controlar la hiperinflación y embarcarse en la difícil tarea de desmantelar la mayor parte del legado que dejaron los años populistas de Juan Perón. El estilo personalista de Menem no auguró nada bueno para la institucionalización de la política, pero a comienzos del decenio de 1990 Argentina parecía tener una democracia viable basada en un incipiente sistema bipartidista, el Partido Radical y el Partido Justicialista (peronista), ambos arraigados con fuerza en la sociedad argentina.

Perú

En Perú el sistema de partidos ha sido notoriamente débil y propenso a la fragmentación durante este período. En ninguna elección recibieron jamás los dos partidos principales el 80 por 100 de los votos. Desde 1980 en ningunas elecciones presidenciales sucesivas han quedado los mismos dos partidos en primer o segundo puesto. Sin embargo, como hemos visto, Perú poseyó un partido coherente, el APRA, durante todo este período y otros partidos han sido significativos en el transcurso de períodos más limitados. Durante la mayor parte de su historia el APRA (fundado en 1924) o bien ha sido ilegal o bien ha tenido conflictos serios con los militares; de hecho, el partido fue oficialmente ilegal durante veintiuno de sus primeros veinticinco años. Además, las credenciales democráticas del propio APRA han sido discutibles, aunque después del desastroso fracaso de la revuelta de 1948 y la represión de los años de Odría, a finales del decenio de 1950 el partido se mostraba mucho más comprometido con la búsqueda del poder por medio de las elecciones. El APRA, además, conservó su popularidad entre el electorado. Así pues, al igual que en Argentina, en Perú la democracia se encontró en un grave aprieto: las elecciones libres probablemente significarían la victoria de un partido que los militares consideraban inaceptable.

La búsqueda desesperada de aceptación y poder hizo que el APRA, a lo largo de los años, accediese a hacer de socio menor en coaliciones electorales con otras fuerzas. Entre ellas hubo una con Manuel Prado, hombre de negocios y moderado, en las elecciones de 1956. En gran parte el partido personalista de Prado duró sólo mientras él fue presidente, a diferencia de la Unión Nacional Odriísta (UNO) del general Odría. Y los comunistas y otros partidos de izquierdas, aunque hicieron algunos avances en el movimiento obrero, no tenían mucha repercusión electoral. En las elecciones de 1956 entró en escena la Acción Popular-AP, el partido de Fernando Belaúnde, con un programa reformista parecido al del Partido Demócrata Cristiano, que era mucho más pequeño. Estos partidos atrajeron a nuevos grupos urbanos de la clase obrera y del sector medio y a los campesinos que se habían liberado de las formas tradicionales de dominación. A causa de las limitaciones que le imponían las leyes y de la alianza con Prado, el APRA no logró incorporar a estos nuevos elementos del electorado y, por tanto, no llegó a ser un partido mayoritario. En las elecciones de 1962 Haya de la Torre terminó en primer puesto, pero no obtuvo el tercio de votos necesario para que se le declarase ganador absoluto. Mientras el Congreso peruano debatía el resultado intervinieron los militares, que supervisaron nuevos comicios en 1963. Belaúnde salió victorioso de ellos con el 39 por 100 de los votos (frente al 34 por 100 de Haya de la Torre y el 24 por 100 de Odría). Durante la mayor parte de la presidencia de Belaúnde el APRA formó una alianza en la oposición con la UNO, a pesar de la represión brutal que el APRA había sufrido a manos de Odría en los años cincuenta. Cuando el APRA se dio cuenta de la gravedad del inmovilismo y la inacción que había contribuido a crear ya era demasiado tarde para detener el golpe militar de 1968. Irónicamente, los militares opinaban que el APRA se había vuelto demasiado conservadora para gobernar Perú y estas opiniones, unidas al temor de una probable victoria aprista en las elecciones de 1969, fueron una de las causas del golpe.

En el decenio de 1960 el APRA fue perdiendo cada vez más partidarios en beneficio de una facción más radical, y algunos sectores de esta facción acabaron formando un movimiento de guerrilleros. Y en 1967 facciones progresistas tanto de la AP como de los democratacristianos se escindieron al ver que Belaúnde era incapaz de efectuar reformas. Pero fueron los múltiples cambios sociales y económicos que instigaron los militares después de 1968 el factor que, sumado a la posterior decadencia económica y al recurso de los militares a tácticas más represivas, dio pábulo a un impresionante crecimiento de los partidos y los movimientos de izquierdas y a la creación de nuevos vínculos entre el movimiento obrero y la izquierda. La izquierda electoral, encamada por una amplia coalición de fuerzas dentro de la Izquierda Unida (IU), se presentó por primera vez a las elecciones para la asamblea constituyente de 1978; con el 36,3 por 100 la IU obtuvo la mayoría relativa de los votos. Sin embargo, a la izquierda no le fue tan bien en las tres elecciones presidenciales que se celebraron más adelante: la IU obtuvo el 17 por 100 de los votos en 1980, el 25 por 100 en 1985 y (dividido por dos) el 10,9 por 100 en 1990.

Estas tres elecciones ilustran de manera elocuente la debilidad y la inestabilidad del sistema de partidos ante la crisis económica más seria del país, agravada por las dificultades de hacer frente a los guerrilleros de Sendero Luminoso y, además, a la violencia y la corrupción relacionadas con el tráfico de drogas. La AP, que había alcanzado la victoria en las presidenciales de 1980 con el 45,4 por 100 de los votos, obtuvo sólo el 7,3 por 100 en 1985. Y el APRA, que ganó las elecciones de 1985 con el 53,4 por 100 de los votos, sólo obtuvo el 19,1 por 100 en las de 1990. Antes de la división y el derrumbamiento de la izquierda electoral, pareció que las elecciones de 1990 presagiaban la polarización total del sistema político del país. Al final, como un reflejo más de la debilidad de los partidos, la mayoría de los votos emitidos en la primera ronda de las elecciones fue para Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa, figuras esencialmente ajenas a los partidos políticos y con poca o ninguna experiencia anterior en política. Y, pese a haber entrado tarde en la carrera por alcanzar la presidencia, Fujimori, que era desconocido como político, ganó la segunda ronda y asumió la presidencia. Aunque el nuevo presidente obtuvo el 62,5 por 100 de los votos en la segunda ronda, sus propios partidarios obtuvieron sólo el 16,9 por 100 de los escaños en la cámara de diputados. La fragmentación de los partidos tradicionales se combinó con la hostilidad que los partidos y los políticos despertaban en Fujimori y dio origen a una mayor personalización del régimen y a la hostilidad declarada entre el ejecutivo y el legislativo controlado por la oposición. El 5 de abril de 1992 Fujimori, con el respaldo de los militares, clausuró el Congreso. Aunque la medida gustó a una ciudadanía que sufría las consecuencias de la crisis económica de Perú y de la violencia de Sendero Luminoso, fue un mal augurio para la consolidación de las instituciones democráticas.

Brasil

Los militares que en 1964 pusieron fin repentinamente al primer experimento (que fue el último hasta los años ochenta) de política democrática multipartidista en Brasil justificaron su toma del poder diciendo que era un último recurso, que su finalidad era terminar con una política corrupta, polarizada e inestable que contribuía a la decadencia económica. Aunque al principio proclamaron su intención de permanecer en el poder sólo temporalmente, el tiempo que se necesitara para expulsar a los políticos culpables, durante el segundo año, ante los éxitos de los partidos de la oposición en las elecciones de los estados, dejaron bien clara su intención de permanecer en el poder más tiempo con el fin de poner en práctica su programa «revolucionario».

Durante toda su larga historia (1964-1985) el régimen militar brasileño fue una curiosa combinación de dictadura y de gobierno democrático restringido. Aunque los líderes políticos fueron desterrados, se instauró la censura de prensa y se reprimió a los sindicatos, el gobierno militar permitió que un Congreso elegido continuase funcionando, si bien con autoridad limitada. El régimen frenó las actividades de los partidos, pero se esforzó por crear un nuevo sistema de partidos y para ello agrupó a los partidos y facciones que ya existían en dos organizaciones, la Alianza Renovadora Nacional-ARENA y el Movimiento Democrático Brasileiro-MDB, una progubernamental y la otra, leal oposición. Se suponía implícitamente que era posible instaurar un sistema moderado de dos partidos, siguiendo el modelo de los Estados Unidos, con el fin de estabilizar el proceso político. Los presidentes se nombraban para un mandato determinado. El nombramiento lo hacían los militares, pero lo ratificaba un colegio electoral cuyos cargos eran electivos. Si bien las fuerzas armadas como institución tenían mucha voz en la elección del ejecutivo e influían en la política que debía seguirse, no gobernaban directamente y delegaban la autoridad en líderes políticos principalmente urbanos y sus camarillas de tecnócratas y asesores, aunque durante cerca de cinco años después de la imposición de la excluyente Quinta Acta Institucional en 1968, los líderes militares gobernaron sin apenas consultar con nadie, tomando medidas contra la oposición y destruyendo un incipiente movimiento de guerrilleros.

Con la selección del general Ernesto Geisel (1974-1979) el gobierno militar empezó un largo proceso de descompresión, en medio de crecientes dificultades económicas que en parte eran fruto de las fuertes subidas del precio del petróleo. En un intento de acabar con el descontento y las reivindicaciones, que también iban en aumento, Geisel procuró llevar a cabo una liberalización gradual y retener el control gubernamental por medio de un complicado proyecto de ingeniería política que abarcaba desde la manipulación de las reglas electorales y de los partidos hasta la imposición de restricciones a la libertad de expresión y las campañas políticas. En 1982 las elecciones ya estaban abiertas a otros partidos, entre ellos el Partido dos Trabalhadores (PT) bajo Luís Inácio da Silva (Lula). Aunque su capacidad de competir limpiamente se vio limitada, el crecimiento de nuevos partidos, la mayoría de los cuales eran débiles, significó que el sencillo sistema bipartidista que previeran los militares se había convertido en un cambiante e inestable sistema pluripartidista que recordaba la situación existente antes de 1964.

Si bien el gobierno militar no permitió que se celebraran elecciones presidenciales directas, un colegio electoral seleccionó al líder de la oposición Tancredo Neves para la presidencia en 1985, con lo que, de hecho, puso fin al gobierno de los militares. Sin embargo, la muerte de Neves antes de asumir el cargo fue un duro golpe para la democracia brasileña. Su vicepresidente, José Samey, que asumió el poder, era un hombre más débil con mucha menos legitimidad democrática. Durante su presidencia hubo una larguísima y engorrosa crisis relacionada con la reforma constitucional, en un momento de crecientes dificultades económicas exacerbadas por la colosal deuda exterior de Brasil. En 1989 los brasileños, incluidos los analfabetos, a los que se había concedido el derecho de voto por primera vez en 1985, y las personas de dieciséis y diecisiete años, que también acababan de recibir el derecho de voto, acudieron finalmente a las urnas para elegir presidente en unas elecciones directas. La polarización de la campaña se hizo evidente en los buenos resultados que obtuvieron el veterano líder izquierdista Leonel Brizóla y, especialmente, Lula. Sin embargo, en una segunda votación Lula fue vencido por Fernando Collor de Mello, que era gobernador de un pequeño estado y ganó las elecciones gracias a la campaña que hizo en la televisión y a su programa contra la corrupción.

Collor resultaría un presidente desastroso. Su apoyo político propio era débil y no pudo formar una coalición viable con los líderes de la oposición en el Congreso para gobernar y hacer frente a las graves presiones inflacionarias y a la deficiente marcha de la economía. Y, antes de que terminase la primera mitad de su mandato, Collor se vio aún más debilitado por serias acusaciones de corrupción que finalmente le obligaron a renunciar al cargo, lo cual perjudicó los intentos de consolidar un orden constitucional democrático. Brasil bajo la presidencia de Collor es un ejemplo de los problemas que la conjunción de un sistema pluripartidista débil y el presidencialismo representa para los países que tratan de institucionalizar y consolidar la democracia.

CONCLUSIÓN

En el presente capítulo hemos estudiado la trayectoria de los ocho países latinoamericanos con mayor experiencia democrática en el siglo XX en el contexto de dos ciclos históricos: desde finales del decenio de 1920 hasta finales del de 1950 (con un subciclo intermedio hasta los últimos años cuarenta) y desde las postrimerías del decenio de 1950 hasta las del de 1980. Los dos ciclos empezaron con el predominio de regímenes civiles, muchos de los cuales sucumbieron al gobierno de los militares, pero luego volvieron a ser gobernados por civiles. Si en los años treinta desaparecieron numerosas democracias oligárquicas débiles, en los años ochenta se reinstauraron democracias de masas igualmente débiles cuyo futuro seguía siendo incierto.

Nuestra premisa es que, prescindiendo del futuro inmediato de la democracia en muchos países de América Latina, ha habido una tendencia excesiva a descartar su evolución o a tratarla con generalizaciones demasiado superficiales. La naturaleza duradera de la democracia como ideal y como conjunto de instituciones y prácticas, por más que sea imperfecta, se ha tergiversado con frecuencia. Los países latinoamericanos han vivido épocas de experimentación con elecciones, partidos políticos de ideologías diversas, asambleas nacionales y provinciales y gobiernos electivos de carácter nacional, regional y municipal. Aunque las constituciones han sido violadas con frecuencia, la mayoría de los países de la región son sumamente legalistas y se toman en serio los preceptos constitucionales, incluso cuando no se adhieren a ellos. A pesar de muchas dificultades tanto ideológicas como políticas, la legitimidad de la democracia como el sistema institucional más apropiado para gobernar un país y resolver pacíficamente los conflictos es parte fundamental del patrimonio de la cultura política de América Latina desde la independencia. Aunque el historial democrático latinoamericano es decididamente desigual, la historia nos dice que ha conservado su permanencia en el continente: como aspiración, como opción y como conjunto de instituciones y prácticas.

A diferencia de lo ocurrido en gran parte de Europa, la evolución y la consolidación de la democracia en América Latina durante el siglo XX no se han visto complicadas por discrepancias fundamentales motivadas por cuestiones territoriales o por la esencia de la condición de nación. Asimismo, con la excepción parcial de países como Perú, Bolivia y Guatemala, donde existen múltiples lenguas y numerosas poblaciones indígenas que no se han integrado del todo en la vida nacional, en gran parte no se han dado las múltiples divisiones étnicas, lingüísticas, religiosas e históricas que complicaron la consolidación de la autoridad nacional en Europa. Es verdad que las rivalidades regionales, políticas y personales alimentaron las luchas civiles del siglo XIX, pero estos conflictos giraban principalmente alrededor de aspiraciones rivales al poder y de la instauración de la autoridad nacional y no de definiciones distintas de la comunidad nacional misma. Los países de América Latina son en gran parte naciones de inmigrantes en las cuales la ciudadanía se define por medio del nacimiento o la elección individual en vez de una anterior identidad étnica o fe religiosa. Hasta el divisorio asunto de las relaciones entre la Iglesia y el estado giraba en tomo al grado de control que la Iglesia ejercía sobre la vida secular y no en torno a religiones rivales que trataran de imponer su propia verdad a los demás. Por estas razones, en gran parte de América Latina la dificultad de crear una comunidad política fue mucho menor que en los casos de Alemania, Holanda, Bélgica, España, Irlanda o Checoslovaquia.

El continente americano es el continente del gobierno republicano y la democracia presidencial. Los países de América Latina (exceptuando Brasil) comparten con los Estados Unidos la experiencia de ser las repúblicas continuas más antiguas del mundo contemporáneo. Sin embargo, la instauración de la autoridad política en el siglo XIX, y a menudo bien entrado el XX, se vio desbaratada por complejas rivalidades de índole regional, económica, política y personal. Las dos amenazas para el orden constitucional que más temían los fundadores de los Estados Unidos, a saber, la tiranía del ejecutivo y el miedo a una tiranía de la mayoría, afectarían seriamente el orden constitucional en el hemisferio meridional.

En el decenio de 1920, un siglo después de la independencia, los gobiernos constitucionales predominaban en América Latina, aunque en muchos casos la competencia política y la participación estaban muy restringidas. Pero los diez golpes del período 1930-1933 significaron que durante la mayor parte del decentó de 1930 quince dictaduras proyectaron su sombra sobre las cinco democracias que existían aún. En el período posterior a la segunda guerra mundial, guerra que se hizo para preservar y defender la democracia, se produjo un breve resurgimiento de la democracia en América Latina al aumentar hasta once el número de gobiernos constitucionales. No obstante, estos regímenes demostraron ser vulnerables a la intervención directa de los militares en los asuntos políticos, a menudo con el apoyo tácito o manifiesto de determinados elementos civiles. A finales de los años cuarenta y comienzos de los cincuenta, los regímenes democráticos volvían a verse superados en número por diez dictaduras declaradas, que en algunos casos eran reflejo directo de la guerra fría y de la creciente preocupación con que se veía el aumento del poder de la izquierda. En general, sin embargo, los gobiernos militares consideraban que su papel era el de árbitros del proceso político más que el de gobernantes permanentes y abrían paso a regímenes civiles de carácter electivo. Así pues, en 1959 sólo cuatro países latinoamericanos eran gobernados por regímenes militares: el momento más propicio para la democracia desde las postrimerías del decenio de 1920.

El péndulo osciló acentuadamente hacia el otro extremo en los años sesenta, después de la revolución cubana, y esta vez la naturaleza de la dictadura cambió en términos cualitativos. Entre 1962 y 1964 tuvieron lugar ocho golpes militares. En Brasil, Argentina, Perú, Chile y Uruguay los golpes militares instauraron regímenes autoritarios burocráticos o regímenes militares de otra clase que pretendían reconstruir el orden constitucional, ya fuera como respuesta directa a las amenazas de la izquierda o como intento de adelantarse a dichas amenazas. Durante el decenio de 1970, según el año, había entre doce y dieciséis gobiernos autoritarios en América Latina, la mayoría de los cuales estaban decididos a modernizar y transformar la sociedad de su país excluyendo no sólo a los viejos políticos, sino también a la ciudadanía. Después, en los años ochenta, en medio de la peor crisis económica habida desde la Depresión de 1929, tuvo lugar en el continente el cambio político más espectacular desde los años treinta. En 1990, y por primera vez en su historia, todos los países de la región menos Cuba eran gobernados por presidentes electivos de acuerdo con una Constitución, por más limitada que fuese la naturaleza democrática de muchos de estos regímenes. Una serie de crisis en Haití, Venezuela, Perú y Guatemala en los primeros años noventa fueron la señal de que la democracia continuaba siendo frágil en el continente en el último decenio de siglo.

En este contexto hemos examinado las experiencias democráticas de ocho países de la región (todos los países principales excepto México y con inclusión de Costa Rica). Nuestro examen sugiere que ninguna serie sencilla de factores determinantes de índole económica, cultural o histórica parece explicar de manera satisfactoria la evolución de la democracia en América Latina. Su construcción es un proceso complejo, sujeto a muchos obstáculos y cambios. Nuestro examen induce a pensar que, más que estar América Latina condenada al autoritarismo por pautas culturales heredadas o requerir que antes se formen ciudadanos democráticos, con el tiempo la democracia y las prácticas democráticas engendran pautas de comportamiento y valores que contribuyen a configurar sociedades democráticas. El momento y el orden de los intentos de resolver los problemas de la competencia política y la participación son factores importantes al considerar otras pautas de evolución democrática. Tampoco es posible hacer caso omiso de los efectos que en la democracia tienen los cambios socioeconómicos y las crisis externas tales como la Depresión de 1929, la segunda guerra mundial, la guerra fría y la revolución cubana. Los fracasos de la democracia en América Latina después de 1930 reflejan la lucha continua por ampliar el acceso a la política de sectores excluidos de la participación.

Aunque las fuerzas sociales subyacentes y los conflictos nacidos de los cambios profundos afectaban a las perspectivas de consolidación democrática, de nuestro examen se desprende que también las variables políticas afectaban significativamente a las perspectivas para la democracia. Las variables tienen un grado de autonomía respecto de fuerzas subyacentes de carácter social, económico e internacional mayor de lo que han supuesto muchos autores. La consolidación de la democracia se vio afectada por la falta de imparcialidad de que adolecían reglas fundamentales tales como las que definían el proceso electoral y por el hecho de que la oposición se viera excluida sistemáticamente de las prebendas del gobierno. El problema de la gobernabilidad democrática se veía agravado por la paralización resultante de la separación de poderes, debido a la cual los presidentes minoritarios o salientes y las mayorías parlamentarias hostiles chocaban con frecuencia mientras ambas partes afirmaban ser el representante legítimo del pueblo. El liderazgo político también era decisivo en los momentos críticos, como inducen a pensar los ejemplos de Figueres en Costa Rica y Betancourt en Venezuela.

Un rasgo fundamental que distinguía a los ocho países eran la fuerza y las características principales de sus sistemas de partidos. Las democracias consolidadas poseen partidos institucionalizados y sistemas de partidos estables en los cuales la relación entre estas formaciones políticas sigue pautas previsibles. Con la excepción parcial del sistema pluripartidista de Chile, las democracias presidenciales con sistemas de dos partidos o dos partidos y medio son las que mejor han funcionado. Y la experiencia democrática más débil la han tenido los países con el sistema de partidos más incompleto y las formaciones más inestables.

A medida que América Latina avanza hacia el siglo XXI, tanto las democracias antiguas como las nacientes tienen que soportar nuevas cargas. La creciente internacionalización de la economía y las transformaciones internas son la causa de la contracción y la reestructuración de los estados, de un movimiento hacia la apertura de los mercados, una informalización cada vez mayor de la economía y de un debilitamiento de actores sociales históricos tales como los sindicatos y los movimientos sociales. La desestructuración económica y social ha incrementado la inestabilidad electoral y ha contribuido con frecuencia a la personalización del poder. Estos cambios violentos parecían estar afectando a los fundamentos sociales de la democracia en algunos países, limitando así las posibilidades de mejorar la calidad de vida y la fortaleza y la variedad de las organizaciones de la sociedad que conforman la ciudadanía y enriquecen la democracia. Y, sin embargo, por primera vez desde la revolución rusa, la democracia como forma de gobierno recibe un fuerte apoyo ideológico internacional al tiempo que la abraza una amplia variedad de actores nacionales. Nuevos esfuerzos multilaterales en apoyo de la democracia en el continente y un cambio de política por parte de los Estados Unidos, que han abandonado el imperativo de la guerra fría por otro que define la democracia como objetivo cardinal de la política exterior, proporcionan un decisivo respaldo internacional a los actores nacionales decididos a preservar las prácticas democráticas. Así pues, es muy posible que las democracias frágiles superen las dificultades socioeconómicas y la paralización política e institucional que en períodos anteriores quizá hubiera provocado la intervención de los militares.

Nuestro examen de la democracia en el continente mediante el ejemplo de estos ocho países también hace pensar que las evaluaciones de las tendencias en América Latina que se centran en períodos cortos son engañosas si el fenómeno que hay que explicar es la consolidación democrática. Puede que estos estudios sean útiles porque permitan comprender diferentes pautas de transición, pero hemos procurado no hacer hincapié en el triunfalismo eufórico, pero temporal, de las transiciones democráticas, sino en la historia ininterrumpida, difícil, desigual, pero real, de la forja de la democracia constitucional y de las instituciones democráticas en la región. Aunque las instituciones democráticas siguen siendo frágiles, y a menudo se ven acosadas en gran parte de América Latina, han sido y continuarán siendo una opción permanente.

UNA NOTA SOBRE LA CIUDADANÍA
EN AMÉRICA LATINA[*]

El capítulo sobre el desarrollo de la organización del estado en América Latina desde 1930, publicado en The Cambridge History of Latin America, volumen VI, Segunda parte, pero omitido aquí por razones de espacio, se centraba en la etapa de la integración nacional que siguió al colapso del internacionalismo liberal de los años treinta. Por tanto, se soslayan las cuestiones referidas a los derechos del individuo que con frecuencia son considerados el núcleo del republicanismo liberal. Aunque se pueda justificar esta simplificación para la mayoría de países latinoamericanos durante el período iniciado en los años treinta, acaba por ser un considerable obstáculo cuando se intenta explicar la evolución del estado durante los años ochenta. Desde una perspectiva más amplia necesitamos un estudio complementario de la aparición (y desaparición) intermitente, fragmentaria y desigual de los derechos de los ciudadanos en los intersticios entre la organización estatal y el ámbito de la vida privada. Pero hasta ahora carecemos de una historia del titubeante surgimiento de una «esfera pública» cada vez más definida en la sociedad latinoamericana, aun cuando ésta constituye casi definitivamente un factor fundamental que diferencia el «populismo» de los años cuarenta de las frágiles «democratizaciones» de la década de 1980.

Planteado de una manera sencilla, hay dos posibles relaciones entre el estado y los elementos del pueblo. Si se considera que el pueblo está formado por «súbditos», la preocupación principal del estado es asegurar su obediencia (y quizá por tanto ofrecerles seguridad); si se considera que lo conforman «ciudadanos», los integrantes del pueblo adquieren derechos que se supone que el estado respetará. Al comienzo del período estudiado, la mayoría de los habitantes de América Latina eran poco más que súbditos; al final, eran bastante menos que ciudadanos plenos.

El punto más importante a destacar referente al estereotipado estado «oligárquico» anterior a 1930 era el círculo extremadamente restringido de participantes en la vida pública. En algunos países, éstos podían haber formado una élite muy unida que actuaba efectivamente en la prosecución de sus intereses (apenas distinguibles del interés «nacional») y que procuraba que el aparato estatal sirviera resueltamente a sus objetivos. En otros países podían existir profundas divisiones regionales, económicas o ideológicas dentro de la élite, con el resultado de que las políticas públicas parecieran confusas y contradictorias y el aparato estatal se mantuviera ineficaz. Hubo casos también en que los intereses económicos externos o estratégicos limitaron la organización estatal; y, por supuesto, casos en los que el miedo al rechazo o la rebelión desde abajo planteaba problemas específicos a los círculos «oligárquicos». Pero tanto si la forma de la organización política era «liberal-constitucional», como si era «dictatorial» o «antiestatal descentralizada», no existían las condiciones objetivas para una masiva intervención estatal en la vida social. El control territorial generalmente era insuficiente, la capacidad administrativa inadecuada y los recursos públicos demasiado limitados como para permitir una relación relativamente estructurada entre el estado y la sociedad civil. Sería tentador denominar «liberal» a esta relación (que era efectivamente como los observadores contemporáneos la describían), si no fuera porque en los procesos de construcción estatal estos estados resultaron con frecuencia sumamente autoritarios hacia grupos sociales específicos e intervencionistas en ciertos asuntos económicos de forma bastante efectiva. Por supuesto, esto ocurrió de manera que el sistema económico internacional prevaleciente y las corrientes ideológicas afines fueran completamente favorables a este orden de cosas, pero en cualquier caso había pocas opciones. En su forma extrema, el estado oligárquico era estructuralmente incapaz de ofrecer servicios sociales (o incluso representación política formal) a la gran mayoría de la población; era también incapaz de imponer un control racional opresivo (a menudo ni un mínimo de orden público) en todo su dominio y sus capacidades empresariales eran extremadamente limitadas.

Antes de 1930, un sector de la población relativamente bien definido y obviamente restringido disfrutaba de una gama razonablemente completa y predecible de derechos civiles (excepto en el México posrevolucionario). Los varones propietarios, educados, de apariencia europea, generalmente pertenecían a esta categoría; casi todo el resto estaba excluido. Se ha escrito mucho sobre el «ascenso de la clase media», especialmente en los años veinte, lo cual puede reformularse a menudo en términos de la limitada presión de grupos definidos bastante precisamente (empleados bancarios, profesores, trabajadores ferroviarios, tipógrafos) para acceder al estatus privilegiado de ciudadano hasta entonces circunscrito a sus superiores. A veces estos grupos podían ser vistos como la vanguardia de una franja mucho más amplia de aspirantes (como en efecto lo fueron en México, y como se pensó que lo serían en el Partido Radical en Argentina). Por otra parte, era con frecuencia más realista verlos como aliados potenciales del statu quo, a los que se solía poder integrar en pequeños grupos y a un costo razonablemente bajo. Por supuesto, sería necesario organizar periódicamente una clara muestra de autoridad que convenciera a los que habían de ser excluidos de la ciudadanía de que la puerta estaba cerrada para ellos. Es así como pueden interpretarse una serie de cambios políticos de inicios de los años treinta, incluidos los golpes de estado de 1930 en Argentina y Bolivia, la masacre de 1932 en El Salvador y la consolidación de las dictaduras en la República Dominicana y Nicaragua. Igualmente debe reconocerse que dentro de la restringida élite que disfrutaba de derechos civiles había también un grado considerable de jerarquía y conflicto. No hay duda de que algunos de los sectores más privilegiados y tradicionales eran propensos a atribuirse no sólo derechos, sino privilegios desmesurados, no sólo igualdad ante la ley, sino la propiedad del sistema judicial y administrativo. Sin embargo, había un conjunto funcional de instituciones y costumbres republicanas apropiado para satisfacer un sistema restringido (algunos dirían «oligárquico») de ciudadanía en un grado significativo tanto en teoría como en la práctica.

Si se acepta este resumen esquemático de 1930, un análisis del desarrollo ulterior de la ciudadanía en América Latina tendría que describir una fase posterior de derechos «sociales» ampliados (acompañados con frecuencia de restricciones a los derechos «civiles», descritos a veces en términos de «populismo» y «corporativismo»). La incorporación de estratos sociales más amplios a aspectos de la vida pública (por lo general a tramos, posponiendo a los pobres del campo frente la clase obrera urbana, sin incluirlos realmente sino hasta después de la revolución cubana) tuvo fases de desordenada movilización y exceso gubernamental seguidos por episodios de represión, en los que los derechos civiles más básicos (el de habeas corpus, por ejemplo) podían ser sumariamente suspendidos. Todo lo cual llevó en los años ochenta a una afirmación renovada de los principios constitucionales (esta vez expresados en términos más auténticamente universalistas) y una disminución de derechos e identidades sociales colectivos combinada con una reafirmación (quizá sólo retórica) de una ética individualista de la ciudadanía. (Evidentemente, este sumario apretado es demasiado abstracto para captar la textura del desarrollo político en cada país).

Unos cuantos puntos sintéticos pueden destacarse ahora. Primero, resulta que en toda la región y durante todo el período examinado las concepciones normativas de un republicanismo constitucional participativo guardaron un fuerte atractivo. Inicialmente, sólo una oligarquía había disfrutado de los beneficios de este sistema, e incluso al final de nuestro período los esfuerzos por extender el alcance de los derechos civiles eran aún muy desiguales e imperfectos. No obstante, la aspiración permaneció poderosamente intacta, y ejerció un fuerte límite sobre los gobiernos y élites que intentaban ignorarla. Segundo, parecería haber una afinidad bastante estrecha entre el desarrollo «orientado hacia adentro», la integración nacional y el estilo populista de movilización colectiva e incorporación. Se puede decir entonces que el retomo desde el nacionalismo a una reintegración a los mercados internacionales a finales del período parece estar directamente asociado con la afirmación de una imagen de ciudadanía más individualista y privatizada. Tercero, mientras el supuesto normal de los regímenes liberales es el de sostener un modelo universal y bastante uniforme de ciudadanía en toda la sociedad, pues de lo contrario se hunden, y con ellos se hunde la ciudadanía, en América Latina el patrón más típico ha sido que los derechos declarados tengan bastante poca relación con las realidades sociales, tanto en los regímenes liberales como en los no liberales. En cualquier caso, la mayoría de sujetos experimentan el carácter inseguro e impredecible de sus derechos; la ciudadanía es una promesa que debe ser renegociada reiteradamente; no existen garantes fidedignos, o reglas estables de inclusión/exclusión. Finalmente, las instituciones y modalidades de organización estatal que se expandieron más durante la fase del desarrollo hacia adentro quedaron más expuestas al recorte posteriormente. En cambio, otras instituciones estatales —los tribunales, el Congreso, las municipalidades— que habían parecido florecer durante el constitucionalismo oligárquico que duró hasta la década dé 1920 y que habían tendido a atrofiarse desde entonces, pueden disfrutar de la posibilidad de renacer en las nuevas condiciones del internacionalismo liberal.

La evidencia histórica requerida para dar cuerpo a esta interpretación es apenas accesible, aunque en principio podría reunirse. Todo lo que puede intentarse aquí es un análisis ilustrativo de casos de organización estatal para promover la ciudadanía. Comenzamos con un breve esbozo de la política social argentina (haciendo hincapié particularmente en el período posperonista). La experiencia argentina es de significación más general porque se insistió mucho en la extensión de los derechos sociales, en relativo desmedro de aquellos otros aspectos de la ciudadanía que muchos analistas (siguiendo a T. H. Marshall) han considerado como esenciales e inclusive previos a la prestación de seguridad social. Marshall, por supuesto, consideraba que había tres elementos de la ciudadanía plena: primero, los derechos civiles (igualdad ante la ley); segundo, los derechos políticos (soberanía electoral), y tercero, la oferta de medios suficientes para que todas las personas pudieran lograr una participación social plena. En Argentina el tercer elemento se acentuaba a expensas del primero, y en condiciones tales que se ponía en peligro el segundo. Sólo a partir de 1983 se defendieron los derechos políticos con más firmeza, aunque la ruinosa situación del sistema judicial argentino es tal que la igualdad ante la ley sigue estando a la zaga, incluso a comienzos de los años noventa. El segundo ejemplo es un análisis más comparativo del fortalecimiento de los procedimientos electorales en la América Latina contemporánea. Uno ilustra la decadencia del aplaudido modelo de incorporación populista; el otro destaca el papel del estado como garante de la integridad del sufragio.

La política social argentina merece atención porque el primer gobierno de Perón realizó esfuerzos ambiciosos e integrales para extender una cierta gama de derechos civiles a una proporción muy grande de la población de la república anteriormente no incorporada[1]. Las consecuencias a largo plazo de estas ambiciosas y decididas políticas sociales atestiguan su impacto. El peronismo se convirtió en un movimiento político de masas al parecer inextirpable, y durante los cuarenta años siguientes la política argentina permaneció obsesionada con la cuestión de si los derechos asociados al período peronista deberían ser o no extendidos, suspendidos o reformados de alguna forma.

El contraste entre los principios universalistas normalmente asociados con la construcción de un «estado de bienestar» y la insistencia más particularista y paternalista en la prestación de una asistencia social argentina, incluso durante la «edad de oro» del peronismo temprano, ha llamado la atención de los investigadores[2]. Las políticas sociales argentinas desde la restauración de la democracia en 1983 ponen de relieve la degeneración progresiva del sistema de seguridad social y el abandono virtual de los intentos por ofrecer una mínima cobertura social a todos los ciudadanos argentinos[3], un proceso profundizado después de 1989 por el gobierno peronista elegido democráticamente. Por tanto, el fortalecimiento de los derechos políticos argentinos parece haberse compensado con una atrofia de la dimensión social de la ciudadanía y un desinterés continuo en el imperio de la ley, de manera que la ciudadanía plena sigue siendo elusiva, incluso en la que fue la más próspera y «moderna» de las repúblicas latinoamericanas.

De modo más general, la dimensión social de la ciudadanía ha estado en retroceso en la mayor parte de América Latina, al menos desde la crisis de la deuda de 1982. Al mismo tiempo se han generalizado los derechos políticos limitadamente y han arraigado como nunca antes. A finales de nuestro período las elecciones libres basadas en el sufragio universal se han convertido en el principal método para renovar o reemplazar las autoridades tanto a nivel nacional como local. (Incluso en México, el electorado comenzó a adquirir una voz relativamente independiente, al menos en algunos comicios, y en Nicaragua en 1990 unas elecciones limpias realizadas bajo estrecha observación internacional cerró la fase revolucionaria de movilización política). Requiere un alto grado de organización estatal disponer el proceso electoral de manera tal que todos los votantes aptos sean correcta y oportunamente registrados, y que los votos sean consignados y contabilizados por funcionarios imparciales que cumplan el procedimiento normativo en todo el territorio. Si la administración pública puede organizarse para conseguir esto regularmente y con «transparencia», puede entonces establecerse una base para el desempeño de otras funciones estatales que puedan finalmente dar lugar a un reconocimiento más pleno de los derechos ciudadanos. Un rasgo muy notable de las iniciativas que se han tomado recientemente en el ámbito electoral, es que en una variedad sorprendente de casos se ha probado que es posible mantener el «imperio de la ley» para todos, sin privilegios ni excepciones. Los comicios electorales son luchas por el poder y los recursos que podrían fácilmente dar lugar a la parcialidad y al conflicto extralegal. Históricamente, en efecto, la típica elección latinoamericana ha sido de este tipo. Pero a comienzos de los años noventa muchas veces era posible que el estado organizara procesos electorales sumamente amplios y complejos sin suscitar una significativa sospecha de manipulación e ilegalidad. La razón de ello era, en parte, el establecimiento de oficinas especiales para el registro de votantes y de tribunales electorales que estaban efectivamente a salvo de los defectos de incompetencia, irresponsabilidad y retraso asociados con casi todo el resto de la administración pública y el sistema judicial[4]. Dicha prueba de que todos los estados latinoamericanos son capaces de establecer las estructuras complejas requeridas para garantizar la validez del sufragio debe mejorar las posibilidades para una eventual reforma o el reforzamiento de la capacidad estatal en lo referente a otras áreas de la ciudadanía.

Estos breves esbozos históricos sirven tan sólo para ilustrar algunos de los temas que requerirían atención en cualquier análisis serio de la relación entre la organización del estado y la implantación de los derechos civiles en la América Latina contemporánea. También subrayan el hecho de que incluso en los inicios de los años noventa la ciudadanía plena se mantiene como una aspiración evasiva y apenas puesta en práctica para la mayoría de la población estudiada. Los «derechos sociales colectivos» que fueron promovidos durante la fase del gobierno populista orientado hacia adentro parecen destinados a desaparecer bajo el impacto de la competencia internacional y la austeridad fiscal. Un enfoque de la ciudadanía más individualista y dirigido por el mercado puede resultar tan desequilibrado y artificial como la forma que lo precedió, pero esa es una especulación para el futuro. Lo que ya se puede notar es que el principio básico de este enfoque es reducir la separación entre la burocracia pública y la sociedad civil, haciendo al estado más responsable y sensible a la «demanda del cliente» y reduciendo su discrecionalidad. En algunas áreas el proyecto puede hacer que el estado «se vaya extinguiendo» bajo el control de la sociedad y del mercado. Pero la nueva lógica puede que sea demasiado pura. Por ejemplo, dado el abismo entre las «demandas ciudadanas» y los recursos del gobierno, las democracias frágiles pueden tratar de aumentar antes que disminuir algunas formas de discrecionalidad. E incluso si este enfoque permanece en boga, América Latina requerirá una mejora de la organización estatal y sus capacidades en una gama considerable de actividades, antes de que la población sujeta pueda adquirir un nivel digno y seguro de ciudadanía.

Capítulo 2
LA IZQUIERDA EN AMÉRICA LATINA
DESDE c. 1920[*]

La manera más sencilla de escribir la historia de la izquierda en América Latina sería analizar sólo los partidos comunistas y socialistas. Estos partidos compartían supuestos ideológicos sacados del marxismo y prácticas políticas en las que influía el leninismo. Sin embargo, aunque existía acuerdo amplio sobre los fines, los partidos de la izquierda marxista ortodoxa discrepaban profundamente en lo que se refería a los medios. Esta discrepancia causaba conflictos y divisiones. Entre los partidos de la izquierda y, de hecho, dentro de ellos, había un debate feroz, y a menudo no resuelto, en torno a cómo alcanzar el poder, la medida en que debían respetarse los derechos democráticos liberales y la manera en que había que organizar la economía, la sociedad y el sistema político. Dicho de otro modo, no había, ni hay, una sola izquierda, una izquierda unida. Las relaciones entre los numerosos grupos, partidos y movimientos que afirmaban ser la verdadera izquierda a menudo han sido hostiles, incluso violentas. A veces la competencia entre ellos ha sido más intensa que la competencia con los partidos de la derecha. Si la historia de la izquierda es en parte la de una lucha heroica y paciente contra obstáculos terribles, también es en parte una historia de sectarismo y rivalidades personales, y de mezquindad. No obstante, es una historia fundamental para la evolución política de la mayoría de los países latinoamericanos en el siglo XX.

Como veremos, definir la izquierda atendiendo sólo a los partidos de inspiración y estructura marxistas da una visión incompleta de ella. A pesar de ello, el punto de partida de todo análisis histórico de la izquierda en América Latina tienen que ser los partidos comunistas de las diversas repúblicas. El Partido Comunista tiene derecho especial a que se reconozca su importancia histórica debido a la universalidad de sus reivindicaciones, a su existencia en casi todos los países latinoamericanos y a sus vínculos internacionales con la Unión Soviética. En no poca medida la importancia del comunismo en América Latina se deriva de las repercusiones de la revolución bolchevique. La gente veía a los partidos comunistas latinoamericanos como representantes directos de un movimiento internacional que abogaba por la revolución mundial, lo cual daba a dichos partidos una importancia que iba más allá del atractivo electoral o poder político que tuvieran. Los asuntos que el movimiento comunista consideraba fundamentales eran considerados de la misma manera por otros grupos de la izquierda incluso cuando rechazaban profundamente la interpretación específica de los mismos que ofrecían los comunistas. El poder político y la influencia del movimiento comunista se veían exagerados por la atención que les prestaba la derecha, la cual cristalizaba su oposición a las reformas en sus ataques contra las ideas de los comunistas y demostraba mediante la represión de la izquierda la hostilidad que tales ideas le inspiraban.

Sin embargo, desde los primeros tiempos del comunismo en América Latina el movimiento sufrió a causa de los problemas internos además de las dificultades que creaban los gobiernos represivos. Los partidos comunistas empezaron su historial de expulsiones de disidentes, a la vez que experimentaban las primeras defecciones, debido a las disputas entre Stalin y Trotski, y el trotskismo, aunque nunca llegó a ser una amenaza seria para la organización de los partidos, continuó siendo una opción ideológica que poseía cierto atractivo. Más seria fue la tensión entre, por un lado, el comunismo internacional que Moscú guiaba de cerca y que insistía en una lealtad total y, por otro lado, un comunismo de carácter autóctono o latinoamericano que en el decenio de 1920 se identificaba con las ideas del socialista peruano José Carlos Mariátegui (1895-1930). El marxismo latinoamericano heterodoxo y revolucionario tuvo su expresión política más poderosa en la revolución cubana y, más adelante, en la revolución nicaragüense.

Además de los partidos comunistas, existían en América Latina varios partidos socialistas que recibían más apoyo electoral que sus principales rivales de la izquierda, al menos en los casos de Argentina y Chile. Aunque estos partidos socialistas rendían tributo al marxismo como método de interpretar la realidad, su práctica política era en gran parte electoral y parlamentaria, y procuraban distinguirse de los comunistas dirigiendo sus llamamientos a un grupo social más amplio y haciendo hincapié en sus raíces nacionales con preferencia a las internacionales. En general, sin embargo, el comunismo fue anterior a los partidos socialistas y los cismas que se produjeron en Europa entre la socialdemocracia y el marxismo-leninismo revolucionario no se repitieron en América Latina, con las excepciones de Argentina y, posiblemente, Chile, donde el Partido Democrático también se parecía a la socialdemocracia europea antes de la ascensión del comunismo.

El espacio político que en Europa ocupaba la socialdemocracia sería ocupado en América Latina por partidos populistas de signo nacionalista. La naturaleza de estos partidos revela el problema que se plantea al buscar una definición apropiada de la izquierda. Se inspiraban en las ideas marxistas y la práctica leninista, aunque sus relaciones con los partidos ortodoxos de la izquierda oscilaban entre la cooperación estrecha y la fuerte rivalidad. Además, los partidos populistas nunca se veían constreñidos por ortodoxias ideológicas. La peruana Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), fundada en 1924 por Víctor Raúl Haya de la Torre, cuyos debates ideológicos y políticos con Mariátegui constituyen una de las cumbres de la discusión marxista en América Latina, posteriormente se extendió por todo el espectro político. Cabría añadir que el problema político crucial y continuo para la izquierda ortodoxa fue la naturaleza de sus relaciones con partidos de este tipo, cuya flexibilidad ideológica y atractivo político eran mayores. Si bien calificar a estos partidos de populistas da por sentadas muchas cosas, es indudable que señala ciertos rasgos que los diferencian de los partidos ortodoxos de la izquierda. Tenían una vocación de poder más fuerte, disfrutaban de un apoyo social más amplio y sus líderes eran más flexibles y estaban dotados de mayor sagacidad política. Aparte del APRA, ejemplos de estos partidos son la Acción Democrática (AD) en Venezuela, el Partido Peronista en Argentina, los colorados en Uruguay, el Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de Vargas en Brasil y el Partido Liberal en Colombia. Estos partidos fueron capaces de despertar la adhesión y la lealtad inquebrantable de unos militantes de base a los que se tenía por ejemplos típicos de quienes creían firmemente en el comunismo. Al mismo tiempo, su política y sus tácticas no se resintieron de lo que, según Gabriel Palma, es la debilidad real de la izquierda latinoamericana: «la determinación mecánica de las estructuras internas por las externas»[1].

Las ideas marxistas también influían mucho en gobiernos que estaban muy lejos de la izquierda ortodoxa. Por ejemplo, de 1934 a 1940 el gobierno del presidente mexicano Lázaro Cárdenas puso en práctica un programa reformista inspirado por ideas socialistas y nacionalizó las compañías petroleras, experimentó con el control de los ferrocarriles por parte de los trabajadores, trazó planes para un sistema de educación socialista y apoyó a la causa republicana en la guerra civil española. Sin embargo, aunque el Partido Comunista mexicano gozó de más influencia bajo Cárdenas que en cualquier otro momento anterior o posterior de su historia, Cárdenas lo utilizó para fortalecer un régimen que bajo otros presidentes sería notablemente anticomunista. Años más tarde, el gobierno militar peruano del presidente Juan Velasco Alvarado (1968-1975) mostró en sus primeros tiempos una gran influencia de las ideas de la izquierda marxista.

El problema fundamental que se le planteaba a la izquierda residía en que lo que consideraba su base social «natural», sobre todo los obreros y los campesinos, era mucho más probable que apoyase a los partidos populistas, o incluso a los movimientos políticos de la derecha. A veces tenía un éxito relativo al idear una estrategia que atrajese hacia la izquierda a los movimientos sociales de los pobres de las ciudades y del campo: por ejemplo, los movimientos frentepopulistas de los años treinta, la impresionante movilización que tuvo lugar después del final de la segunda guerra mundial, y el período que siguió al triunfo de la revolución cubana. Pero hubo períodos más largos en que la izquierda se encontró aislada y marginada en el terreno político, y no sólo debido a la persecución. Cabría señalar que la influencia real del marxismo en América Latina no se ha hecho sentir por medio de los partidos de la izquierda, sino más bien en el nivel de la ideología y como estímulo de la movilización y la acción políticas, especialmente en el movimiento sindical y entre los estudiantes y los intelectuales, incluidos, a partir de los años sesenta, los católicos radicales.

Si el punto de partida de la historia del marxismo en América Latina tiene que ser el movimiento comunista fundado después de la revolución bolchevique, entonces una segunda fase de dicha historia empieza con la revolución cubana de 1959. En efecto, la revolución cubana fue fundamental para la política de la izquierda de muchos países del Tercer Mundo fuera de América Latina, ya que parecía ofrecer la posibilidad de llevar a cabo una victoriosa lucha de liberación nacional contra unos obstáculos que antes se consideraban insuperables. También galvanizó la política de la izquierda en Europa y los Estados Unidos e hizo que renaciese el interés por los problemas del subdesarrollo. Sin embargo, el efecto no fue permanente y el entusiasmo empezó a decaer cuando se vio que Cuba no estaba a la altura de las esperanzas poco realistas que en ella había depositado la izquierda internacional. El efecto a largo plazo de Cuba fue dividir la izquierda entre los que seguían creyendo en llegar al socialismo por medios pacíficos y los que formaban movimientos revolucionarios que se esforzaban por hacerse con el poder por medio de la violencia política.

El modelo cubano para conquistar el poder empezó a parecer cada vez menos válido a la izquierda de los principales países de América Latina después de la derrota de la primera oleada de guerrillas en el decenio de 1960. Las esperanzas de la izquierda renacieron cuando en 1970 la victoria de Salvador Allende y la Unidad Popular en Chile pareció ofrecer la posibilidad de una vía pacífica hacia el socialismo. Pero el brusco final que el golpe de 1973 puso al experimento representó un revés para la izquierda latinoamericana, un revés que sólo parcialmente mitigó el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua. La caída de los regímenes militares de América Latina en los años ochenta aportó beneficios políticos e ideológicos para la derecha más que para la izquierda, en no poca medida porque la caída coincidió con el fin del comunismo internacional como fuerza política viable. No obstante, el futuro de la izquierda en América Latina en 1990 parecía menos sombrío que en muchas otras regiones del mundo porque existía un interés redoblado por el socialismo democrático asociado con la lucha por los derechos de ciudadanía que protagonizaban diversos movimientos sociales cuya inspiración ideológica era variada y ecléctica, pero a los cuales sostenía una enérgica exigencia de igualdad y participación.

LA IZQUIERDA Y EL KOMINTERN

La revolución rusa se produjo en un momento apropiado para la fundación de movimientos comunistas en América Latina. El final de la primera guerra mundial había causado una recesión económica. El paro aumentó, los salarios reales descendieron y en varios países hubo oleadas de huelgas que con frecuencia fueron reprimidas de forma muy violenta. Desde finales del siglo XIX, en los países más desarrollados del continente las organizaciones de trabajadores acusaban la influencia de una amplia variedad de anarquistas, sindicalistas revolucionarios y socialistas libertarios que frecuentemente eran inmigrantes europeos que habían llegado a América Latina en busca de trabajo y huyendo de la persecución política. Por consiguiente, las ideologías radicales no eran ninguna novedad para los mineros, los trabajadores portuarios, los del transporte y los de la industria textil que constituían el grueso del movimiento obrero. Lo nuevo en el comunismo era el prestigio que le daba la revolución rusa, la disciplina de sus militantes y la sensación de formar parte de un movimiento revolucionario internacional, de participar en una única y gran estrategia de revolución mundial. En América Latina se identificó el marxismo con el comunismo soviético, y de modo específico con un modelo leninista de la organización política, un modelo que resultó atractivo a ojos incluso de movimientos políticos que, como el APRA, no pertenecían a la Internacional Comunista.

El comunismo en América Latina estuvo bajo la tutela ideológica y táctica de la Internacional Comunista (Komintern) desde la formación de ésta en 1919 hasta su disolución en 1943. Por supuesto, factores tales como la distancia, la falta de información, la preocupación del Komintern por otras regiones del mundo y la oscuridad de algunos de los países pequeños de América Latina permitieron que en la práctica existiese cierto grado de independencia: así ocurrió, por ejemplo, en el caso del Partido Comunista de Costa Rica. Por otra parte, a menudo había diferencias entre lo que un partido declaraba en público y lo que hacía en la práctica. Pero la intención era que el comunismo latinoamericano interpretase lealmente el papel que se le asignara en la revolución mundial.

Armados de certezas doctrinales, los partidos comunistas de América Latina consideraban que los reveses que sufrían en el continente eran incidentes sin importancia en el avance del comunismo internacional, o incluso que eran una aportación positiva a la revolución internacional. Los partidos locales tenían que actuar como unidades disciplinadas del movimiento internacional y, por ende, no podía haber ningún conflicto real entre el movimiento local y la Internacional Comunista. Aunque los cambios rápidos de la política internacional bajo Stalin produjeron tensiones y dudas entre los partidos locales, éstas pasaron a un segundo plano cuando el avance del fascismo y, sobre todo, el estallido de la guerra civil española dieron al movimiento comunista el papel de defensor de la causa de la democracia además del socialismo.

El efecto de la revolución rusa y el indudable heroísmo de muchos de los primeros comunistas contribuyen a explicar por qué tantos intelectuales llegaron a identificarse con el comunismo incluso cuando en realidad tal vez no eran miembros del partido. Por otra parte, el compromiso con la ideología del marxismo empujó a los intelectuales latinoamericanos a intervenir en los debates de la época sobre la revolución y el arte en Europa, especialmente en Francia. Sin duda alguna influyeron en ellos los movimientos vanguardistas que se esforzaban por combinar las formas revolucionarias en las artes con la lucha política de signo izquierdista. El novelista francés Henri Barbusse y su movimiento Clarité tuvieron muchos imitadores en América Latina. Destacados intelectuales latinoamericanos pasaron años en Europa, ya fuera exiliados o voluntariamente. Las experiencias vividas en Europa influyeron profundamente tanto en José Carlos Mariátegui como en Haya de la Torre.

Muchos intelectuales participaron activamente en la vida del Partido Comunista de su país. En algunos casos el grueso de la dirección del partido y una parte importante de sus afiliados procedían de las filas de las clases medias radicales, lo que no tiene nada de raro dado el tamaño insignificante de la clase obrera urbana en muchos países. Pablo Neruda en Chile y César Vallejo en Perú eran poetas excepcionales y a la vez leales miembros del Partido Comunista de su país; en un momento dado hubo en México tres pintores que eran también miembros del comité central del partido: Diego Rivera, David Siqueiros y Xavier Guerrero; el novelista Jorge Amado, el pintor Cándido Portinari y el arquitecto Oscar Niemeyer eran miembros del Partido Comunista brasileño. Muchos intelectuales, así como afiliados al partido, fueron invitados a visitar la Unión Soviética y, al volver, reafirmaron la idea de que a dicho país le faltaba poco para ser un paraíso de los trabajadores. El duradero compromiso de tales intelectuales con sus respectivos partidos comunistas creó una cultura del marxismo que impregnó la vida intelectual y, más adelante, las universidades. Pero no todos los intelectuales, ni tan sólo una mayoría de ellos, eran marxistas. Muchos encontraron más atractivos movimientos populistas radicales como, por ejemplo, el aprismo; otros se relacionaron estrechamente con la revolución mexicana; y muchos eran apolíticos o conservadores.

Quizá una de las razones que impulsaron a los intelectuales a afiliarse al Partido Comunista residía en el hecho de que éste era como el reflejo en un espejo de ese otro credo que todo lo abarca que es la Iglesia católica[2]. Según Carlos Fuentes, eran hijos de rígidas sociedades eclesiásticas. Ésta era la carga de América Latina… pasar de una iglesia a otra, del catolicismo al marxismo, con todo su dogma y todo su ritual[3]. El comunismo, al igual que el catolicismo, representaba una fe universal y total. Moscú sustituyó a Roma como centro del dogma y la inspiración. El comunismo, al igual que el catolicismo, necesitaba a su élite para que guiase y dirigiese a las masas. El comunismo, al igual que el catolicismo, era antiliberal y desconfiaba del mercado como principio orientador de la economía. Los comunistas, al igual que los católicos, sufrieron a manos de sus perseguidores. Existe el riesgo de exagerar estas analogías, pero hay algo de verdad en ellas y, por supuesto, no sólo en el caso de América Latina: el clericalismo tiende a crear anticlericalismo, y en el siglo XX el marxismo era una expresión intensa de anticlericalismo. Los intelectuales europeos que se afiliaron al Partido Comunista en su fase más estalinista eran conscientes de que el partido exigía una devoción y un compromiso totales. Los miembros del partido sabían que la disidencia podía significar la expulsión y la impotencia política: era mejor ocultar las dudas y sumergirlas en la lealtad general al partido. No todos los miembros del partido lo conseguían, por lo que había una corriente incesante de expulsiones y defecciones. Era frecuente que a los primeros cismáticos los llamasen «trotskistas» y a menudo ellos mismos afirmaban que lo eran, aunque tanto ellos como sus acusadores eran muy poco precisos al hablar de lo que estaba en juego en el seno del movimiento internacional.

Desde sus comienzos los partidos comunistas de América Latina sufrieron una represión sistemática y prolongada. El Partido Comunista brasileño disfrutó sólo de un período de legalidad desde su fundación en 1922 hasta el final de la segunda guerra mundial, y a partir de entonces sólo fue legal entre 1945 y 1947 y después de 1985. La ferocidad de la represión a menudo no guardaba ninguna proporción con la amenaza real que representaba el comunismo. En América Central, donde los gobiernos podían contar a menudo con el apoyo de los Estados Unidos en la represión de movimientos comunistas reales o incluso imaginarios, hubo numerosos ejemplos de la brutalidad de la respuesta a reivindicaciones que estaban muy lejos de ser amenazas revolucionarias al orden existente. Sin embargo, es posible que la represión dirigida contra los movimientos comunistas tuviera el efecto de incrementar la lealtad de quienes se habían comprometido con la causa. No hay duda de que la vida de Miguel Mármol, con su historial de exilio, cárcel, tortura y clandestinidad, parece corroborar que en el caso de este comunista salvadoreño, cuanto mayor era la represión, mayor era también su compromiso con el partido[4]. Aunque la represión reducía las posibilidades de que el partido llegara a ser una organización de masas, es muy posible que aumentara su fuerza como élite disciplinada.

La represión no era el único factor que fijaba los límites de la influencia de la izquierda; tal vez ni tan sólo era el factor más importante. El principal sistema de creencias de América Latina era el catolicismo, y la feroz hostilidad que en la Iglesia despertaba el marxismo (e incluso el liberalismo) forzosamente tenía que limitar el atractivo de los movimientos radicales, especialmente entre los sectores populares que estaban fuera del movimiento sindical, y entre las mujeres. En la práctica, hasta en el movimiento eran muy grandes los obstáculos que impedían crear una base comunista. En primer lugar, los trabajadores organizados representaban sólo una pequeña parte de una población trabajadora que era mayoritariamente rural o artesanal, y las divisiones éticas entre los trabajadores podían debilitar todavía más su unidad. En segundo lugar, eran muchos los que se disputaban la lealtad política del trabajo y algunos, tales como el APRA en Perú o el Partido Liberal colombiano en los años treinta, eran más atractivos que los partidos marxistas. El Partido Liberal colombiano logró absorber al prometedor movimiento socialista en los años veinte y treinta, afirmando que el socialismo formaba parte de la tradición liberal. La estructura de la economía del café en Colombia fomentó la aparición de un individualismo pequeñoburgués que se sentía más a gusto en los partidos tradicionales que en los movimientos marxistas. Los sindicatos católicos no eran en modo alguno una fuerza despreciable. En tercer lugar, en numerosos países latinoamericanos el estado se esforzó considerablemente por incorporar los sindicatos potencialmente poderosos y sofocar los movimientos radicales. El marco institucional jurídico que se creó en los años veinte y treinta para las relaciones industriales contribuyó al principio a controlar las reivindicaciones económicas de la clase trabajadora y posteriormente a subordinar el movimiento obrero al estado. En México, a pesar del reformismo de la presidencia de Cárdenas, poca posibilidad había de que el aparato estatal permitiese que el movimiento de los trabajadores organizados se zafara de su abrazo. Y allí donde el estado no podía integrar a los trabajadores —ya fuera porque éstos tenían fuerza suficiente para resistirse o porque el estado era demasiado débil para integrar con eficacia—, la represión siguió representando un obstáculo formidable para el crecimiento de los sindicatos.

Los movimientos marxistas no se encontraban sólo ante la amenaza de la represión y la incorporación por parte del estado, sino que también se cernía sobre ellos la amenaza de los movimientos populistas de carácter radical, los cuales, si bien podían inspirarse en el socialismo, también expresaban sentimientos nacionalistas, atraían a grupos de todo el espectro social, no despertaban necesariamente la hostilidad de la Iglesia y los militares (aunque la mayoría de ellos sí la despertaron en sus primeros tiempos) y no exigían el compromiso doctrinal incondicional de los movimientos comunistas. Sobre todo, los movimientos populistas radicales —el aprismo en Perú, la Acción Democrática en Venezuela— dirigían llamamientos explícitos a la clase media y aquel sector numeroso e importante de los artesanos cuyos actos políticos eran a menudo radicales, aunque en modo alguno expresaban ideas o creencias marxistas.

Estos movimientos populares y multiclasistas no repudiaban los valores liberales tan ferozmente como los comunistas. Utilizaban la ambigüedad como estrategia populista para obtener tanto apoyo como fuera posible. Hablaban del pueblo más que de clases, lo cual era una postura que podía ser anticapitalista sin abrazar el polo opuesto, es decir, el comunismo. Estos partidos populistas tenían vocación de poder inmediato mientras que los comunistas hacían hincapié en la necesidad de esperar hasta que las condiciones objetivas madurasen. Los partidos populistas tenían que dirigir sus llamamientos a un electorado amplio más que a una vanguardia, y esto significaba dirigirlos a la clase media, que era importantísima desde el punto de vista electoral. Debido a esta vocación de poder y a su atractivo más amplio, estos movimientos eran una amenaza más inmediata que los partidos comunistas. La represión que sufrió el APRA, por ejemplo, fue a veces de una intensidad igual, cuando no mayor, que la que padeció el Partido Comunista. El comunismo era una amenaza a largo plazo en Perú: el aprismo constituía una amenaza inmediata y más peligrosa.

El aliciente de estos movimientos populistas tendía a disminuir las posibilidades de formar partidos socialistas ajenos al movimiento comunista, excepto en los países desarrollados del Cono Sur. En Chile y Argentina tales partidos obtenían con regularidad más votos que los partidos comunistas; ya en 1916 y 1922 el Partido Socialista argentino obtuvo el 9 por 100 de los votos en las elecciones presidenciales. No obstante, los partidos socialistas generalmente se veían eclipsados por los comunistas, en lo que se refiere a la ideología, y raras veces contaban con el apoyo que los sindicatos prestaban a los comunistas. El Partido Socialista argentino resultó debilitado por dos divisiones: una, en 1918, dio lugar a la formación del Partido Comunista argentino; y otra, en 1927, a la formación del Partido Socialista Independiente, que apoyó a los gobiernos conservadores del decenio de 1930. Aunque el Partido Socialista obtuvo una representación importante en el Congreso (cuarenta y tres diputados en 1931), su empleo de tácticas parlamentarias no prosperó en la «década infame» de fraude electoral. El Partido Socialista encontraba poco apoyo entre los crecientes sindicatos industriales. Contaba con algunos seguidores entre los trabajadores de los tradicionales sectores de la exportación agrícola, pero incluso en ellos su actitud ante los sindicatos tendía a ser distante y condescendiente, y los sindicatos ejercían poca influencia en la política del partido. Era más un partido de los consumidores bonaerenses que de los trabajadores urbanos y no es extraño que perdiese su influencia en el movimiento obrero ante los comunistas y, más adelante, ante Perón[5].

Los partidos socialistas tenían un influjo limitado ante la clase trabajadora, y no hablemos del campesinado. Se les consideraba demasiado europeos, demasiado intelectuales y demasiado de clase media. Carecían de la experiencia política y la flexibilidad táctica de partidos menos doctrinarios tales como los radicales en Argentina y Chile, el APRA y la Acción Democrática, y el Partido Colorado uruguayo con sus extensos programas de legislación social. Los partidos socialistas estaban demasiado comprometidos con las tácticas parlamentarias en países donde, como ocurría en Argentina o Brasil, tales tácticas no eran siempre la manera más apropiada de ganar adeptos al socialismo. Carecían del atractivo internacional de los partidos comunistas y, con la excepción de Chile, no cultivaban el apoyo de los sindicatos en la misma medida que los partidos comunistas.

La insólita aparición de un Partido Socialista fuerte en el Chile de los años treinta fue fruto de la combinación de varios factores: un sistema constitucional firmemente afianzado que permitía a los partidos actuar con libertad en el campo parlamentario y en el electoral; una estructura social en la cual una clase media excepcionalmente numerosa proporcionaba una base electoral para el Partido Socialista; un movimiento sindical al que atrajo el apoyo socialista a la inscripción legal en un momento en que el Partido Comunista, comprometido a la sazón con una actitud ultraizquierdista, poma en duda las ventajas de dicha inscripción; y la admiración popular que despertó el osado liderazgo de Marmaduke Grove, que se hizo con el poder en 1932 e instauró una república socialista que duró doce días.

Los líderes del Komintern nunca pensaron seriamente que una revolución marxista-leninista pudiera triunfar en América Latina antes que en Europa. Así pues, América Latina se vio reducida a interpretar un papel secundario y de apoyo a la lucha de las clases trabajadoras europeas y asiáticas[6]. En su análisis de América Latina el Komintern partía de la perspectiva de los países capitalistas en vez de la de los países de la propia América Latina. Así, se afirmaba que en los países atrasados la revolución tenía que ser de carácter democrático-burgués. Pero en vista de la debilidad y la dependencia de la burguesía latinoamericana, la revolución tenía que llevarla a cabo el proletariado, organizado en un partido autónomo independiente de la burguesía y de la pequeña burguesía, pero que, de una manera que no se especificó, buscaría aliados en el proletariado agrícola y separaría este grupo de las influencias pequeñoburguesas. Por si las proporciones de esta tarea no fueran lo bastante enormes para el minúsculo proletariado latinoamericano, además tenía que constituir consejos de trabajadores (soviets) para crear un sistema de poder dual.

Los partidos que se desviaban de estas directrices eran objeto de críticas y sanciones. A finales del decenio de 1920 una orden del Komintern puso fin a la prometedora aparición, en Colombia y Ecuador, de partidos que se basaban en los sindicatos y trataban de encontrar apoyo entre la población en general en vez de buscarlo exclusivamente en los lugares de trabajo. El Komintern encomendó tareas imposibles a un puñado de militantes. Aunque el Komintern creó agencias en América Latina tales como el Buró Latinoamericano, cuya base estaba en Buenos Aires, la medida fue de todo punto insuficiente para resolver los problemas que se les planteaban a los partidos de América Latina. El Komintern tenía problemas más apremiantes en otras partes, además de en América Latina, y no contaba con recursos apropiados. Los rumores sobre el oro que Moscú destinaba a financiar la revolución eran en gran parte simplemente esto, rumores. Adoptando el lema de la revolución cubana, puede decirse que los incentivos eran morales más que materiales, y el viaje gratuito a la Unión Soviética era un premio codiciado. Muchos asuntos que debatió el Komintern como, por ejemplo, el carácter de la revolución, la naturaleza del partido y las tareas de los movimientos revolucionarios en las sociedades atrasadas continuaban sin resolverse en América Latina. Esto no tiene nada de extraño porque la estrategia general del Komintern oscilaba entre la política ultraizquierdista y el oportunismo derechista. En sus primeros tiempos hubo en el Partido Comunista mexicano debates interminables, incluso violentos, en torno a si el partido tenía que ser de masas o de élite, un partido obrero o una alianza entre obreros y campesinos; y los problemas nunca se resolvieron.

El Komintern era criticado desde dentro, en especial por parte de M. N. Roy, que señaló las diferencias profundas entre las propias sociedades llamadas «coloniales» y argüyó enérgicamente que el Komintern tenía que aceptar el fenómeno de la lucha nacionalista, en la cual desempeñaban un papel importante sectores de la pequeña burguesía. Pero el principal defecto del Komintern fue la incapacidad de aceptar el problema de los campesinos. Desde los puntos de vista teórico y organizativo, los partidos del Komintern eran para la clase trabajadora, aunque no siempre de ella. Su concepto de un partido revolucionario leninista no sólo excluía al campesinado, sino que, además, desconfiaba totalmente de él en una época en que el sector mayoritario de la población trabajadora era rural. Al aislarlos del campesinado en aras de la pureza clasista, se impidió que los partidos comunistas ejercieran influencia entre la mayoría de la población.

El más original de los intentos marxistas de incorporar al campesinado en una coalición revolucionaria general lo hizo Mariátegui, que concibió para Perú un movimiento obrero de frente unido y un partido socialista legal que abarcaría una amplia coalición de campesinos, indios, trabajadores agrícolas, artesanos e intelectuales, además de trabajadores con ocupaciones más ortodoxas. Este frente amplio sería dirigido por una célula secreta dentro del partido y vinculada al Komintern. Mariátegui recalcó la necesidad de organizar sectores amplios de la población y se mostró contrario al plan utópico del Komintern, que quería instaurar repúblicas autónomas para las «nacionalidades» quechua y aymara tal como las definía el Komintern[7]. Su insistencia en la base social del marxismo es paralela a las ideas de Gramsci más que a las de Lenin. Al igual que Gramsci, Mariátegui insistía en que el socialismo tenía que basarse en la transformación moral del pueblo. Pero estas ideas heterodoxas no fueron bien recibidas y Mariátegui, de quien puede decirse que fue el teórico socialista más original de América Latina, fue objeto de la rotunda condena del Komintern, entre otras razones por ser «populista».

Mariátegui no discrepaba sólo de la ortodoxia del Komintern, sino también del aprismo, el movimiento que fundara Haya de la Torre y que se extendió mucho más allá de Perú para ofrecer una síntesis original de nacionalismo, marxismo e indigenismo. Haya de la Torre intentó adaptar el marxismo a las condiciones de América Latina, como Lenin hiciera en el caso de Rusia; a decir verdad, su visión política se inspiraba mucho en el modelo leninista de una vanguardia representada por un partido revolucionario, cabría decir que más de lo que se inspiraba en dicho modelo el marxismo de Mariátegui. El leninismo resultaba atractivo a ojos de partidos como el APRA y otros parecidos como teoría sobre qué había que hacer para conquistar el poder en condiciones de atraso económico, como explicación del poder del imperialismo y la consiguiente debilidad de las estructuras clasistas nacionales, y como justificación del papel vanguardista que no debía interpretar una clase social, sino un partido político de élite y disciplinado. Pero en el caso de Haya de la Torre, el llamamiento del partido no iba dirigido tanto a los trabajadores urbanos y los campesinos como a la clase media. Según Haya de la Torre Indoamérica no había tenido tiempo de crear una burguesía poderosa y autónoma, lo bastante fuerte como para desplazar a las clases latifundistas. Las clases medias, las primeras en verse afectadas por la expansión imperialista, habían formado excelentes líderes y fuertes movimientos de ciudadanos. Según él, era necesario, por tanto, unir a las tres clases oprimidas por el imperialismo: joven proletariado industrial, vasto e ignorante campesinado y empobrecidas clases medias. Lo que él proponía no era sólo la alianza del proletariado con las clases medias, sino también la amalgamación de trabajadores manuales e intelectuales dentro de un solo partido político[8].

Mariátegui había sido miembro del APRA, que abandonó en 1928 para formar el Partido Socialista. Las diferencias entre Mariátegui y Haya de la Torre eran profundas, y su debate tuvo resonancia más allá de Perú y de su época. La actitud de Haya de la Torre ante el campesinado se acercaba al ideario marxista ortodoxo, en el cual el desdén por la falta de potencial revolucionario del campesinado iba acompañado de consejos paternalistas para que participara en el movimiento revolucionario. Mariátegui, en cambio, admiraba a los campesinos por su capacidad de sobrevivir en condiciones durísimas y veía en sus organizaciones las semillas de un futuro socialismo peruano. Haya de la Torre recalcaba el papel del estado central en la tarea de crear la nación: Mariátegui prefería empezar potenciando la sociedad civil: sólo entonces sería posible alcanzar el poder. Haya de la Torre tenía una visión mucho más militar y elitista del poder, y legitimaba la insurrección destinada a conquistar el poder estatal como política fundamental del APRA. Su visión del partido era disciplinada, autoritaria y vertical, y se veía a sí mismo como el Lenin peruano. La versión que Mariátegui daba del partido era mucho más amplia, más participativa y pluralista, y era rechazada por el Komintern y, de hecho, por muchos de sus propios compañeros del Partido Socialista peruano. Mariátegui murió al cabo de sólo dos años de la fundación del Partido Socialista y muchas de sus discrepancias con el Komintern quedaron sin resolver. La influencia ideológica de Mariátegui fue enorme, pero, desde el punto de vista político, el APRA fue mucho más importante que el partido que fundó Mariátegui. Las ideas de Haya de la Torre, la fuerza de su personalidad y el apoyo que encontraba entre las empobrecidas clases medias de Perú hicieron de su movimiento una fuerza política formidable, y en el exilio sus ideas y su personalidad influyeron decisivamente en varios países latinoamericanos.

En la política radical de Cuba durante los primeros decenios de independencia influyeron las ideas de José Martí (1835-1895). Martí es más difícil de asociar con el bando marxista que Mariátegui porque sus ideas atraían a la burguesía liberal además de a la izquierda radical. En efecto, su aliciente residía en su manera de unir varias corrientes ideológicas para formular un mensaje político que era intensamente nacionalista y, pese a ello, internacional. Martí representó la inspiración ideológica de la lucha por la liberación de Cuba, pero situó esa lucha en un contexto latinoamericano e incluso internacional como la lucha de los oprimidos por la libertad y la igualdad. Se inspiró en las ideas de Karl Krause, filósofo alemán menor y excéntrico de comienzos del siglo XIX que tuvo influencia en España, además de inspirarse en el socialismo y el anarquismo. Su creencia en el progreso era decididamente positivista y su apasionada creencia moral en la causa que defendía hizo que sus ideas atrajesen a radicales cubanos de diversas creencias. Al igual que Mariátegui, ofrecía un radicalismo nacional auténtico en comparación con la ortodoxia de los ideólogos del Komintern.

Fueran cuales fueran los defectos de su estrategia en América Latina, hay que subrayar que las cuestiones que debatió el Komintern continuaron siendo fundamentales para el debate en tomo al socialismo en América Latina al menos hasta el decenio de 1980. El debate giraba en tomo al carácter de la revolución; el papel de diferentes clases sociales; la medida en que la clase principal, es decir, el proletariado, podía formar alianzas con otras clases; si la participación en la política electoral podía dar por resultado el socialismo o sólo servía para reforzar el orden capitalista; la posición clasista de los militares; y, sobre todo, quizá, el carácter del propio Partido Comunista. Estas cuestiones despertaron el interés de revolucionarios y reformadores que distaban mucho de ser miembros del Partido Comunista. Tal como ha señalado Manuel Caballero, es un poco paradójico que una institución —el Komintern— que se creó, sobre todo, para que ejerciese influencia práctica en la tarea de hacer la revolución ejerciera su verdadera importancia en el nivel del debate ideológico[9].

Dos de los episodios más dramáticos en la historia de la izquierda durante el período del Komintern fueron las insurrecciones de El Salvador y Nicaragua. En América Central el comunismo no se había encontrado con el anarquismo o el sindicalismo revolucionario compitiendo con él en el movimiento sindical, en parte a causa de la debilidad de las ocupaciones urbanas, en parte por la ferocidad de los regímenes dictatoriales y en parte debido a la ausencia relativa de inmigrantes europeos procedentes de los centros anarquistas de Italia y España. Los primeros partidos comunistas aparecieron justo antes de la Depresión de 1929 y, por consiguiente, se encontraron en condiciones de aprovechar los agravios populares que ocasionó la crisis. Pero esto también hizo que los grupos gobernantes asociaran los disturbios protagonizados por obreros y campesinos con los comunistas y tomaran las correspondientes medidas severas contra unos partidos comunistas todavía en mantillas[10].

El Partido Comunista salvadoreño se constituyó oficialmente en 1930, en un mitin, según las memorias de Miguel Mármol, que se celebró en una playa apartada con el fin de burlar a la policía. La naturaleza internacional del partido fue evidente desde el comienzo y un papel importante lo desempeñó un agente mexicano del Komintern, Jorge Fernández Anaya. Las influencias del Komintern se encauzaron por medio de la sección salvadoreña de la Ayuda Roja Internacional, una de las organizaciones pantalla que creó el Komintern para movilizar el apoyo generalizado.

Apenas había empezado el partido a organizarse cuando se encontró ante el dilema de cómo convertir la protesta de las masas campesinas en una revolución que, de acuerdo con las directrices del Komintern, fuera democrática y burguesa. Las reivindicaciones de los campesinos habían crecido de manera espectacular en El Salvador, ya que no sólo se habían visto desposeídos de más y más tierras comunales, sino que, además, los salarios de miseria que ganaban en la recolección del café habían descendido mucho al comenzar la crisis económica internacional en 1929. La rabia que causaron la abolición de las tierras comunales y el trato que recibían en las fincas cafetaleras dio pábulo a un intenso agravio comunal que, al mezclarse con la retórica colectivista del Partido Comunista, fue el origen de una de las mayores protestas rurales habidas en América Latina. Pero la posibilidad de repetir la revolución soviética en El Salvador era remota. Los movimientos urbano y rural poseían características muy distintas, y en las zonas urbanas el Partido Comunista era sencillamente demasiado débil para organizar una insurrección que triunfase, y, como comentó con amargura después, el apoyo que se esperaba recibir de sectores del estamento militar, al que se suponía desilusionado, no fue más que una vana ilusión que se hicieron los líderes comunistas. Por otra parte, una revolución dirigida contra la burguesía era una forma rara de poner en marcha una revolución democrática buiguesa. La protesta en las zonas rurales fue masiva, pero no estaba controlada por el Partido Comunista. Sobre todo, el partido sencillamente hizo caso omiso de los aspectos militares de una insurrección victoriosa. Merece la pena citar el veredicto de Mármol que al evocar los acontecimientos de 1932 en El Salvador se daba cuenta de que todavía se aferraba a conceptos revolucionarios como si fueran simples fetiches e imágenes, como entes abstractos independientes de la realidad, y no como guías reales de la acción práctica. En 1932 se había hecho una insurrección comunista con el fin de luchar por un programa democrático burgués. Se organizaron soviets en algunas partes del país, pero por su contenido eran simples corporaciones municipales de origen burgués. Se pagó caro el no haber comprendido la aplicación práctica de aquellos conceptos[11].

Lo que al final resultó notable de la insurrección de 1932 en El Salvador fue el alcance de la represión que se desató contra ella y en la cual se calcula que murieron 30.000 campesinos. La represión, de hecho, puso fin a las actividades del Partido Comunista en el país durante los doce años siguientes y fue la causa de que en el futuro el citado partido fuese muy reacio a emprender actividades propias de la guerrilla rural. El Partido Comunista no abandonó la vía pacífica hasta 1980, mucho después que las demás fuerzas revolucionarias.

En el caso del levantamiento de Sandino en Nicaragua la ayuda del Komintern se encauzó por medio de otra organización pantalla: la Liga Antiimperialista[12]. Pero Sandino y su movimiento eran eclécticos en su ideología y se negaron a seguir las instrucciones del Komintern sobre la forma correcta de hacer la revolución. Tampoco aceptó Sandino los dictados de los apristas, aunque recibió un poco de apoyo e inspiración de un movimiento que a la sazón era más internacional que peruano. Sandino también se inspiró en el anarquismo, pues su movimiento era anticlerical y antiautoritario y, bajo la influencia de lo que en aquellos momentos ocurría en México, tenía la esperanza de crear una amplia alianza interclasista y progresista. Pero también le atraían ideas más excéntricas, especialmente el espiritualismo de la Escuela Espiritual Magnética de la Comuna Universal, y, de hecho, Sandino era el representante oficial de dicha escuela en Nicaragua[13]. Las relaciones con el agente del Komintern, el salvadoreño Farabundo Martí, quedaron interrumpidas al reivindicar Sandino la naturaleza nacionalista y interclasista de la revolución que quería encabezar. Es dudoso que el Komintern aportara mucho al proceso revolucionario dentro de Nicaragua, pero sí llamó la atención internacional sobre la figura de Sandino y su lucha, y generó simpatía por la causa. Más adelante el Komintern denunciaría a Sandino por sus intentos de llegar a un acuerdo con el gobierno mexicano en unos momentos en que el Partido Comunista mexicano se oponía de forma declarada a dicho gobierno. Pero para entonces Sandino ya había llamado la atención como uno de los líderes de la rebelión colonial contra la dominación imperialista. Sin embargo, el Komintern no supo aprender las lecciones de la experiencia de Sandino, a saber, la intensa fuerza movilizadora del nacionalismo y la necesidad de fundir las estrategias políticas con las militares.

El único partido comunista de América Central que sobrevivió a la represión de los años treinta fue el de Costa Rica. Este partido adquirió poca influencia sobre el campesinado, pero era influyente entre sectores de la pequeña burguesía provincial, entre los trabajadores y artesanos urbanos, y entre los trabajadores de las plantaciones. Pudo actuar en un sistema político relativamente abierto sin que el Komintern le hiciera caso alguno, ya que veía mejores oportunidades para la revolución en otras zonas. Su política era moderada y en el campo sindical, economicista. El partido prosperó en un país cuya estructura política estimulaba la formación de alianzas interclasistas que ejercían presión para que se llevaran a cabo reformas radicales, y donde el nacionalismo proteccionista antinorteamericano era muy fuerte. La identidad que tenía como Partido Comunista se derivaba de su simpatía por la Unión Soviética, en especial cuando el Komintern instaba a formar frentes populares. Puede que el Partido Comunista costarricense no siguiese las recomendaciones del Komintern, pero pudo actuar de modo constante y abierto, lo cual contrastaba con el letargo del partido durante decenios después de la Depresión en el resto de América Central[14]. Sin embargo, al mismo tiempo que un grupo de radicales sacaba de los efectos de la Depresión la lección de que se necesitaba un partido comunista, otro grupo recibía su inspiración de las ideas del aprismo. Más adelante este grupo evolucionó hasta transformarse en el Partido de Liberación Nacional (PLN), cuya política reformista y nacionalista, sumada a su triunfo en la guerra civil de 1948, lo convirtió en el partido político hegemónico de Costa Rica en la segunda mitad del siglo XX.

En Cuba la formación de un partido comunista fuerte tuvo lugar en un contexto político nacional en el cual numerosos grupos abogaban por la puesta en práctica de reformas radicales. Al empezar el decenio de 1920, las expectativas de la primera generación de cubanos independientes no se habían cumplido. Existían intensos e insatisfechos sentimientos de antiimperialismo y nacionalismo. Las exigencias de reformas sociales iban vinculadas a las denuncias de la corrupción de la clase política. Estudiantes, intelectuales y antiguos soldados del ejército de liberación organizaban y publicaban manifiestos radicales. La primera organización nacional de trabajadores (la Confederación Nacional Obrera de Cuba) se fundó en 1925 junto con el Partido Comunista cubano[15]. Pero, aunque era poderoso, el Partido Comunista cubano tuvo que hacer frente a los formidables desafíos de otros partidos como, por ejemplo, el Partido Revolucionario Cubano-Auténtico (PRC-Auténtico), que recibía su legitimidad del hecho de haber participado en la revolución de 1933 y que también estableció una fuerte presencia en el movimiento obrero.

Fuera de América Central el mayor intento izquierdista de hacerse con el poder tuvo lugar en Brasil en 1935, aunque la explicación del momento elegido y los motivos de los participantes todavía es confusa y quizá refleja las luchas internas que a la sazón se estaban librando entre los líderes del Komintern en Moscú. El Partido Comunista brasileño era excepcional porque en gran parte había evolucionado a partir del anarquismo más que del socialismo, y por sus estrechas relaciones con los oficiales del ejército, después de la revolución de los tenentes en los años veinte. La insurrección de 1935 tuvo más de pronunciamiento que de intento de revolución. Luis Carlos Prestes, uno de los dirigentes de la revuelta de los tenentes en 1924, había impresionado al Komintern como líder fuerte que tal vez lograría llevar a cabo una revolución, pero que, al mismo tiempo, se mostraría más dispuesto a aceptar el control del Komintern que un partido comunista independiente. Una de las consecuencias de la «larga marcha» (1924-1927) de Prestes fue el rechazo de una estrategia revolucionaria de base campesina. El episodio había convencido a Prestes de la falta de concienciación del campesinado y del poder y la ferocidad de la clase terrateniente. Por tanto, si la mejor manera de hacerse con el control del estado era recurrir al poderío militar, el Komintern pensaba que tenía sentido usar elementos del estamento militar para tratar de conquistar el estado. Pero también hay indicios de que el intento de golpe de estado de 1935 sirvió a los intereses del gobierno más que a los de los aspirantes a revolucionarios y permitió a Vargas gobernar virtualmente como dictador, con la justificación de la «amenaza roja».

En 1935 el Komintern abandonó el extremismo del «tercer período», durante el cual el enemigo había sido el socialismo revisionista, y lo sustituyó por una política consistente en crear frentes populares para detener la propagación del fascismo. De hecho, durante la segunda guerra mundial Moscú ansiaba tanto ofrecer ramas de olivo a posibles aliados (dictadores incluidos), que el Komintern mismo fue disuelto en 1943.

La política frentepopulista y el radicalismo político en América Latina recibieron un fuerte impulso al estallar la guerra civil española. El efecto de dicha guerra en varios países añadiría una dimensión y una intensidad nuevas al conflicto político nacional debido a que la izquierda y la derecha se identificaron con los dos bandos que luchaban en la contienda. Otro efecto fue contribuir a las divisiones internas de la izquierda debido a que los estalinistas y los trotskistas ofrecían interpretaciones antagónicas del conflicto internacional y estrategias distintas para responder a él.

La guerra civil española brindó una verdadera oportunidad para que los movimientos de inspiración comunista movilizaran el apoyo de artistas e intelectuales. En el país que más hizo por ayudar a la causa republicana, México, la organización más prominente entre las que movilizaron apoyo para España fue la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, que era capitaneada por un comunista mexicano y financiada secretamente por el gobierno de Lázaro Cárdenas. La llegada de destacados exiliados republicanos después de la guerra estimuló a la izquierda radical de México. No obstante, lo más acertado es ver la guerra civil española como otro ejemplo del partido oficial de la revolución mexicana usando a la izquierda como aliado útil[16].

Entre los numerosos intelectuales latinoamericanos en cuyo compromiso político influyeron profundamente la guerra y el asesinato del poeta español Federico García Lorca estaba Pablo Neruda. Al ser testigo de las luchas entre grupos diferentes dentro del bando republicano en España, Neruda escribió que «los comunistas eran la única fuerza organizada que creaba un ejército para enfrentarlo a los italianos, a los alemanes, a los moros y a los falangistas. Y eran, al mismo tiempo, la fuerza moral que mantenía la resistencia y la lucha antifascista. Sencillamente: había que elegir un camino. Eso fue lo que yo hice en aquellos días y nunca me he tenido que arrepentir de una decisión tomada entre las tinieblas y la esperanza de aquella época trágica»[17]. Muchos latinoamericanos combatieron en España y volvieron a sus países impresionados por la disciplina y la entrega de los batallones comunistas. En la República Dominicana el Partido Comunista lo formó un grupo de comunistas españoles que se exiliaron en dicho país al finalizar la guerra civil en el suyo. De los 900 españoles que se calcula que buscaron refugio en la República Dominicana, más de 100 eran comunistas que crearon varias organizaciones pantalla[18]. Dos exiliados republicanos, Alberto Bayo y Abraham Guillén, desempeñaron papeles importantes en la organización de guerrillas en Nicaragua y en el Cono Sur durante el decenio de 1960. Figuras literarias españolas que se establecieron en América Latina ayudaron a reforzar la continuidad entre la vanguardia intelectual y el radicalismo político. Sin embargo, no toda la influencia siguió la misma dirección. El comunista argentino Víctor Codovilla actuó en España como agente del Komintern, con el nombre de «Medina», y fue importante en el Partido Comunista español.

El país en el cual la estrategia frentepopulista tuvo más efecto fue Chile, donde el Partido Comunista registró un crecimiento extraordinario en comparación con otros países de América Latina, aunque el partido había sufrido una represión severa durante la dictadura del general Carlos Ibáñez entre 1927 y 1931. También en este país la causa de la república española benefició al Partido Comunista Chileno (PCCh). Los intelectuales se sintieron atraídos por el partido al defender éste a la república española. El Partido Comunista se valió de la guerra para atacar al Partido Socialista chileno alegando que por analogía con España el único partido revolucionario verdadero era el comunista. Las elecciones de 1938 en Chile, en las que participó el Frente Popular, que las ganó, se presentaron como una lucha entre la democracia y el fascismo. Los comunistas españoles exiliados se afiliaron pronto al partido chileno y fueron sus militantes más radicales y entregados a la causa[19].

Las tácticas frentepopulistas resultaron excepcionalmente apropiadas para la configuración política de Chile. Un sólido movimiento obrero proporcionaba una buena base para el partido. La existencia de un Partido Socialista irregular daba al Partido Comunista un buen adversario que le ofrecía la oportunidad de definirse comparándose con él, así como un posible aliado en la izquierda. El poderoso Partido Radical, que compartía el anticlericalismo del Partido Comunista y pensaba que el Partido Socialista era un competidor más peligroso, constituía un buen aliado para los comunistas. Al Partido Comunista le correspondió el mérito de la formación y la victoria del Frente Popular, pero como no asumió ninguna responsabilidad ministerial, pudo evitar las críticas. Con un gobierno frentepopulista en el poder los comunistas podían actuar con una libertad poco habitual, y aprovecharon plenamente el incremento del número de afiliados a los sindicatos. Su fuerza electoral pasó del 4,16 por 100 de los votos nacionales en las elecciones de 1937 para el Congreso al 11,8 por 100 en 1941, año en que fueron elegidos tres senadores y 16 diputados comunistas. El partido afirmó que el número de sus afiliados había aumentado de 1.000 en 1935 a 50.000 en 1940[20].

El partido chileno siguió lealmente las directrices del Komintern cuando la estrategia frentepopulista fue sustituida por otra de unidad nacional durante la segunda guerra mundial. Esta nueva estrategia implicaba subordinar las consideraciones nacionales a la tarea general de apoyar las medidas que se tomaban con vistas a ganar la guerra, y con tal fin el partido trataría de forjar alianzas incluso con la derecha tradicional, alegando que la pugna entre la izquierda y la derecha había dado paso a la que existía entre el fascismo y el antifascismo. Esto coincidió con lo que daría en llamarse «browderismo» porque Earl Browder, secretario general del partido norteamericano, abogó por la disolución del partido con el fin de reagruparlo en una asociación menos rígida que funcionara como grupo de presión dentro de los partidos políticos que dominaban en los Estados Unidos. Esta nueva iniciativa no gustó al partido chileno, que se alegró cuando en 1945 el browderismo fue denunciado oficialmente y el partido pudo empezar a recuperar el terreno que había perdido, especialmente en el movimiento sindical.

El sistema político mexicano era muy diferente del chileno y mientras que al Partido Comunista de Chile le costó poco adaptarse a la política nacional, al partido mexicano le costó bastante tratar de comprender el sistema y no digamos actuar en él. El Partido Comunista declaraba que la revolución mexicana era «incompleta» y no podría llevarse a buen puerto a menos que la dirigiese, el Partido Comunista. Esta pretensión parecía muy improbable para un partido cuyos vínculos con la clase obrera y el campesinado eran débiles y cuyos afiliados raramente superaban el número de 10.000 (excepto bajo el gobierno de Cárdenas, período en que quizá llegaron a ser 40.000)[21]. Al partido le resultaba difícil definirse en relación con la revolución, y a veces llegó al extremo de proponer la fusión del Partido Comunista con el partido revolucionario oficial.

El Partido Comunista mexicano ejerció su mayor influencia cuando la estrategia frentepopulista internacional coincidió con la presidencia reformista de Lázaro Cárdenas. Los comunistas interpretaron un papel decisivo en la creación de varios sindicatos importantes —maestros, ferroviarios, trabajadores del petróleo, mineros— y fueron una fuerza dominante en la federación sindical más importante: la Confederación de Trabajadores de México (CTM). El presidente Cárdenas utilizó a los sindicatos en la expropiación de las compañías petroleras y los ferrocarriles, en virtud de la cual las compañías que eran de propiedad total o parcialmente extranjera pasaron a pertenecer al estado. Los ferrocarriles incluso quedaron bajo el control de los trabajadores en 1938, pero el experimentó no salió bien. El presidente Cárdenas comprobó que los comunistas eran unos aliados útiles en su lucha por reformar el sistema económico y político de México, y en su intento de reformar el sistema de educación de acuerdo con los principios socialistas con el fin de combatir el clericalismo e inculcar valores racionalistas. El sistema de educación soviético era un modelo muy admirado y hasta en el Colegio Militar circulaban textos marxistas. No obstante, la versión mexicana de la experiencia soviética acentuaba el desarrollo y la productividad más que la conciencia de clase. Tal como ha escrito Alan Knight, «Más que como portadores de la guerra de clases, se veía a los soviéticos como afortunados exponentes de la industrialización moderna en gran escala: más fordistas que Ford»[22]. El intento de imitar los métodos soviéticos fue respaldado con entusiasmo por los maestros que eran miembros o simpatizantes del Partido Comunista mexicano, quizá una sexta parte del total de la profesión docente. Sin embargo, había más maestros católicos que comunistas y, como la respuesta popular a la educación socialista fue tibia u hostil, se empezó a abandonar el experimento incluso antes de que Cárdenas dejara el poder.

México produjo muchos izquierdistas que, si bien nunca se afiliaron al partido, expresaban su creencia en las ideas socialistas y eran considerados «compañeros de viaje». El ejemplo sobresaliente de ellos fue el intelectual convertido en líder sindical Vicente Lombardo Toledano. A finales de los años treinta Lombardo se identificó cada vez más con la postura comunista en la CTM y se convirtió en la figura principal de la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL), que era de inspiración comunista. Pero las relaciones entre Lombardo y el movimiento comunista eran complejas. Nunca se afilió al partido, ya que consideraba que el Partido Comunista mexicano tenía poca importancia real y temía que si se afiliaba a él, podía poner en peligro sus relaciones con Cárdenas. La base industrial de Lombardo estaba en los pequeños sindicatos y federaciones, especialmente en Ciudad de México, y a causa de la debilidad de estos sindicatos, la colaboración con el gobierno resultaba atractiva. Los comunistas eran más fuertes en los grandes sindicatos industriales que competían con un sindicalismo revolucionario apolítico. Lombardo y los comunistas luchaban por hacerse con el control de los sindicatos individuales como, por ejemplo, el de maestros, así como con el control general de la CTM. Lombardo sentía más respeto por el comunismo internacional y éste, a su vez, le consideraba más útil como marxista independiente que como miembro del partido.

Muchos afiliados del partido oficial y del movimiento sindical oficial miraban a los comunistas sin disimular su suspicacia. Y al ser sustituido Cárdenas por presidentes acérrimamente anticomunistas —Ávila Camacho en 1940 y Alemán en 1946—, el Partido Comunista empezó a decaer. La pérdida de importancia también fue resultado de luchas internas en el partido, debido en parte a recriminaciones por su papel en el asesinato de Trotski en México en 1940. Un anticomunismo feroz era también el sello distintivo de Fidel Velázquez, que dominó el movimiento obrero mexicano durante decenios, pero que nunca olvidó ni perdonó a los comunistas las batallas encarnizadas que librara con ellos en los años treinta y cuarenta. Semejante anticomunismo era notable en una sociedad en que, si bien el Partido Comunista era mucho más débil que el de Chile, el atractivo ideológico general del marxismo en los círculos intelectuales y políticos era todavía mayor.

Argentina, en cambio, era un país donde el Partido Comunista influía poco en la sociedad, y la influencia ideológica del marxismo, al menos hasta el decenio de 1960, también era débil. Exceptuando su base entre los trabajadores de la construcción, el partido tenía raíces poco profundas en el movimiento obrero y era una organización pequeña con unos cuantos miles de afiliados. El crecimiento que experimentó en los primeros años cuarenta se debió más a que participara como organización democrática liberal en la resistencia antifascista, cuya naturaleza era mayoritariamente de clase media, que como agente potencialmente revolucionario de la clase trabajadora.

Fuera cual fuese la fuerza real de la izquierda en el movimiento obrero, es innegable que la élite temía realmente al potencial de crecimiento del comunismo. Parte de este temor se debía a la presencia en Argentina de una nutrida población inmigrante que era muy consciente de lo que ocurría en, por ejemplo, la Italia de Mussolini (que para la élite era un ejemplo positivo de la manera de controlar la agitación laboral y a los comunistas) y en la España republicana (que la élite veía como un ejemplo negativo de las consecuencias de permitir que los comunistas crecieran sin traba alguna). Aunque en los años treinta muchos inmigrantes no estaban naturalizados y, por tanto, no podían votar, algunos sectores de la élite temían que una futura integración de estos inmigrantes causara el crecimiento de las ideologías políticas de carácter radical. La influencia comunista aumentó tras la adopción de tácticas frentepopulistas en 1935. Después de esa fecha casi todo el crecimiento sindical se concentró en los sindicatos comunistas, y casi todas las huelgas fueron dirigidas por militantes del partido. Pero lo que sorprende más en la Argentina de este período es la fuerza de la reacción a estos movimientos, así como la aparición de movimientos nacionalistas. La fuerza de estos sentimientos anticomunistas acabaría empujando a sectores de la élite a optar por Perón (por más que fuese a regañadientes) con preferencia a posibilidades más radicales. Y las contorsiones ideológicas de los comunistas, que se aliaron con partidos de la derecha contra Perón en las elecciones de 1945, hicieron que los trabajadores desertaran de la causa comunista para pasarse al peronismo.

Los partidos comunistas de Colombia y Venezuela tenían que afrontar cuestiones tácticas de mucha gravedad. Dada la estructura social de Colombia, cuya actividad económica predominante, la producción de café, era más apropiada para la formación de un individualismo pequeñoburgués que un colectivismo proletario, ¿qué debía hacer un partido marxista para ampliar su base? El partido colombiano estableció vínculos fuertes con el Partido Liberal desde 1936 hasta finales de 1940. Esta táctica la criticarían posteriormente autores comunistas por impedir la formación de un movimiento obrero autónomo. Pero no está claro que existiese una opción viable. El movimiento obrero era débil y ejercía poca influencia en el sector del café, a la vez que el apego popular al Partido Liberal y al Partido Conservador era fuerte. El sistema electoral colombiano también afectaba adversamente a la izquierda. En el sistema colombiano de representación proporcional las probabilidades de obtener escaños eran mucho mayores si un partido se presentaba como liberal o conservador y ofrecía una lista de candidatos dentro del conjunto del partido principal. Esta táctica podía ayudar a la izquierda como grupo de presión, pero resulta claro que era contraria a la formación a largo plazo de un partido izquierdista independiente.

En Venezuela los comunistas y el partido de la AD de Rómulo Betancourt habían trabajado juntos contra las compañías petroleras. Pero más adelante los antiguos aliados se separaron y cada uno siguió su camino. Al fracasar la huelga de 1936, Betancourt modificó la estrategia de su partido, apartándola de los objetivos manifiestamente socialistas, y sacó la conclusión de que la alianza con el Partido Comunista era un obstáculo más que algo beneficioso. Tras ser puesto bajo un control más efectivo del Komintern, el Partido Comunista se alió con el general Isaías Medina Angarita (1941-1945), el presidente militar, y postuló la paz industrial en los campos petrolíferos con el fin de seguir abasteciendo a los aliados durante la guerra. En la lucha por el control de los sindicatos de trabajadores del petróleo, los comunistas perdieron ante el partido de la AD, que con su nacionalismo moderado y su respaldo a las huelgas en apoyo de las reivindicaciones de los trabajadores, estaba más de acuerdo con éstas que el Partido Comunista.

El apoyo del partido venezolano al gobierno de Medina llama la atención sobre la política por la que los partidos comunistas fueron más criticados durante los primeros años cuarenta: su disposición a formar alianzas con gobiernos derechistas e incluso con dictadores, en especial con Somoza en Nicaragua y Batista en Cuba. Estas alianzas tenían sentido para ambas partes a corto plazo. A cambio de su apoyo los comunistas recibían cierta libertad para organizar el movimiento sindical, dar mayor impulso a la organización de su partido y crear organizaciones pantalla para aprovechar la admiración que había despertado el comunismo por su defensa de la república española y, más adelante, por la actuación de la Unión Soviética en la guerra. Los dictadores, por su parte, se beneficiaban de la sociación con la principal fuerza antifascista, que ahora era aliada de buen grado en sus esfuerzos por eliminar a los enemigos comunes en el país. De hecho, en el caso de Nicaragua, al tener que elegir entre un Somoza dispuesto a aceptar algunas reformas socioeconómicas y un Partido Conservador que no pensaba aceptar ni una, incluso en términos puramente nacionales la elección de Somoza distó mucho de ser irracional. Somoza invitó a Lombardo Toledano a dirigir la palabra a una concentración en Nicaragua en noviembre de 1942 y, dada su necesidad de contar con el apoyo de los trabajadores, toleró un código laboral y la creciente fuerza de los comunistas en el movimiento obrero. Hasta mediados de 1945 no se sintió Somoza lo bastante fuerte como para reprimir al comunista Partido Socialista Nicaragüense (PSN). Sin embargo, aunque es verdad que el PSN disfrutó de un período de actividad abierta bajo Somoza, el partido sufrió grave daño a largo plazo, entre otras razones porque perdió afiliados que más adelante formarían el movimiento sandinista[23].

El Partido Comunista cubano hizo un pacto parecido con Batista, aunque el partido cubano era más fuerte que el nicaragüense. Se había ganado las simpatías de gran número de destacados intelectuales cubanos y dominaba los poderosos sindicatos obreros desde el decenio de 1930. A cambio de su legalización, de libertad para organizar una nueva estructura sindical y de la promesa de una asamblea constituyente, el partido accedió a apoyar a la presidencia de Batista. El partido se benefició. De los 5.000 afiliados que tenía en 1937 pasó a tener 122.000 en 1944. El partido tenía su emisora de radio y su diario propios y dominaba el movimiento obrero. Al estallar la segunda guerra mundial, entre un tercio y la mitad de la población activa estaba organizada y tres cuartas partes de ella pertenecían a la Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC), dominada por los comunistas. El movimiento sindical cubano era un caso poco corriente porque casi la mitad del mismo trabajaba en la agricultura y los líderes de los sindicatos a menudo eran profesionales de clase media en lugar de miembros de la clase trabajadora. Por primera vez en el hemisferio occidental, en 1942 dos militantes del partido, Juan Marinello y Carlos Rafael Rodríguez, se convirtieron en ministros del gabinete. El partido tenía diez miembros en la cámara de diputados y otros habían sido elegidos alcaldes en ciudades de provincias. Con la elección del candidato auténtico, Grau San Martín, en 1944, el partido empezó a sufrir represión debido tanto a su asociación con Batista como al comienzo de la guerra fría. Quizá la composición rural del movimiento sindical significó que había menos simpatía ideológica por el comunismo que en los movimientos sindicales de base urbana, pues los auténticos lograron dividir al citado movimiento en 1947 y apoderarse de su control.

El problema para los marxistas que no podían aceptar los cambios ideológicos que tuvieron lugar en el movimiento comunista en los años treinta y comienzos de los cuarenta se resumía en esta pregunta: ¿a qué otra parte podían ir? En Chile había una atractiva opción marxista encamada por el Partido Socialista, pero en otras partes las opciones eran escasas. En la mayoría de los países se creó un pequeño partido trotskista, pero estos partidos continuaron siendo pequeños en todas partes, hasta en Bolivia, donde el trotskismo ejerció al menos cierta influencia en el movimiento obrero. A diferencia del Komintern, no había ninguna internacional trotskista que tuviera cierta importancia y pudiese proporcionar ayuda, fondos y orientación ideológica. Los trotskistas subestimaron la fuerza de los movimientos nacionalistas y no tenían ninguna organización o movimiento internacional viable que hiciera de contrapeso de los sentimientos nacionalistas. Los trotskistas no podían dar ninguna respuesta mejor que la de los partidos ortodoxos a la cuestión del campesinado. Tenían que sufrir no sólo la persecución de las autoridades, sino también la de los partidos comunistas.

Los partidos trotskistas llevaron el sectarismo y el dogmatismo a alturas hasta entonces desconocidas, reflejando así la búsqueda desesperada de la fórmula que desatara el apoyo revolucionario. Esta desesperación les empujó a buscar atajos tales como la infiltración en otros partidos de izquierdas con el supuesto propósito de transformarlos desde dentro. Pero con frecuencia los trotskistas infiltrados acababan siendo absorbidos por el partido al que pretendían transformar, como ocurrió en Chile cuando los trotskistas se infiltraron en el Partido Socialista de aquel país. Los trotskistas sufrieron a causa de las escisiones que se produjeron en su IV Internacional y se pelearon al tratar de decidir si el partido sólo debía participar en la lucha de liberación nacional en el caso de que la dirigiese el proletariado, o si debía tomar parte en cualquier lucha de esta índole, aunque fuera capitaneada por sectores de la pequeña burguesía.

El trotskismo consiguió cierta influencia política en Bolivia. En aquel país ocurrió el hecho insólito de que el partido trotskista, llamado Partido Obrero Revolucionario (POR), no se formó de resultas de una escisión en un partido comunista existente. En vez de ello, lo constituyó un grupo de intelectuales que se sentían atraídos por los escritos de Trotski, y a finales del decenio de 1930 el grupo evolucionó hacia las posturas políticas de la IV Internacional. El POR logró ejercer gran influencia en el sindicato de mineros, en parte porque el Partido Comunista apoyaba al gobierno, incluso en contra de los intereses de los trabajadores, en sus esfuerzos por incrementar al máximo la producción de estaño, de acuerdo con la estrategia internacional durante la segunda guerra mundial. Los trotskistas, al menos en este período, antepusieron la cuestión social al papel internacional de Bolivia y esta postura resultó más atractiva a ojos de los mineros bolivianos radicales. Pero los nacionalistas del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), que veían la guerra como una disputa entre potencias lejanas que nada tenía que ver con Bolivia, resultaban todavía más atractivos, en especial a ojos del campesinado, al que los marxistas habían excluido de las fuerzas potenciales para llevar a cabo el cambio revolucionario[24].

DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL A LA GUERRA FRÍA

Durante la segunda guerra mundial los movimientos comunistas de América Latina disfrutaron de un prestigio y una tolerancia excepcionales como consecuencia de su participación en los movimientos antifascistas y de la admiración que despertaba la actitud de la Unión Soviética en la contienda. También se beneficiaron de la disolución del Komintern, que les dio mayor libertad de acción. El número de afiliados a los partidos comunistas de América Latina, que en 1939 se calculaba en 100.000, rozaba ya los 500.000 en 1947.

Sin embargo, los problemas subyacentes y fundamentales de la estrategia comunista no habían desaparecido, aunque una coyuntura internacional poco frecuente los ocultara. Aunque el período de posguerra coincidió con un aumento del activismo industrial del cual se beneficiaron los partidos comunistas, la magnitud de su avance se vio limitada al abogar los comunistas por la paz industrial, lo cual permitió que rivales suyos como, por ejemplo, el Partido Socialista chileno o la Acción Democrática de Venezuela ganasen mucho terreno en el movimiento obrero. Todavía faltaba resolver el problema de cómo organizar un partido revolucionario en una estructura social donde la clase trabajadora era débil, la pequeña burguesía era numerosa y el campesinado era abrumador. Y estaba por resolver el problema de cómo definir el papel de la violencia en las sociedades donde los gobiernos, los ejércitos y las élites económicas, por más que estuvieran divididos en otras cuestiones, unían sus fuerzas para hacer frente a los movimientos políticos radicales de la izquierda. El movimiento comunista era fiel al concepto del partido como vanguardia de la revolución aun cuando la necesidad política fundamental fuese construir una alianza interclasista y de amplia base. Tal vez el más crítico de todos los factores era que los comunistas no acertaron a distanciarse de gobiernos reformistas tales como el de Perón en Argentina, la Acción Democrática en Venezuela, el de López Pumarejo en Colombia y otros sin que al mismo tiempo parecieran oponerse a la reforma misma y sin dar la impresión de preferir las alianzas con las fuerzas de la derecha.

En Argentina el comunismo emprendió una franca retirada inmediatamente después de la guerra, cuando el ascenso de Perón sumió al Partido Comunista argentino en un mar de confusiones y errores. El partido se equivocó al ver el peronismo como una prolongación del fascismo europeo en Argentina y manifestó que Perón sencillamente había engañado a los trabajadores durante un tiempo. La clase trabajadora argentina no fue la única que se sintió confundida ante la postura que adoptaba el Partido Comunista de su país. El Partido Comunista brasileño reprochó al argentino y argüyó que Perón era un populista (que en algunas cosas se parecía a Vargas) y no un fascista. Cuando se hizo evidente que el peronismo no era una moda pasajera, el partido se escindió al tratar de decidir si debía aliarse con él o no. Figuras influyentes como Rodolfo Puiggrós dejaron el partido para tratar de influir en el peronismo desde dentro, pero en poco afectaron a la trayectoria de aquel movimiento. El comunismo perdió su hegemonía en el movimiento sindical y ante el fenómeno peronista mostró la misma incertidumbre de que dio muestra el Partido Comunista mexicano ante el PRI. La clase trabajadora argentina permaneció apegada decididamente a las opiniones progresistas sobre la distribución de la renta al mismo tiempo que sus opiniones sobre aspectos de la estructura política o social eran muy conservadoras, rasgo que Perón reconoció e intensificó.

En otras regiones de América Latina durante los años que siguieron a la guerra hubo un breve período de democracia. El final de las dictaduras coincidió con un clima internacional de apoyo a la instauración de gobiernos democráticos. Los partidos comunistas se beneficiaron de este nuevo clima liberal. Uno de los avances más espectaculares fue el del Partido Comunista brasileño[25]. Durante el primer semestre de 1945 el Partido Comunista do Brasil (PCB) se organizó en muchas zonas del país. Sobre todo, penetró en la estructura sindical oficial, que era de tipo corporativo, aunque no está claro si pretendía controlarla o sustituirla por una estructura paralela independiente. El PCB creó una organización central del trabajo, el Movimento Unificador dos Trabalhadores (MUT), al que se le permitió funcionar pese a que la ley prohibía las confederaciones sindicales de carácter nacional.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría en Argentina, la clase trabajadora urbana de Brasil era relativamente pequeña y homogénea: unos dos millones de personas en 1945, lo que equivalía aproximadamente al 15 por 100 de la población activa. Más de dos tercios de dicha población seguía trabajando en la agricultura, la ganadería y las industrias rurales. La mitad del trabajo urbano se concentraba en dos ciudades: São Paulo y Río de Janeiro. De los dos millones de trabajadores que hemos citado alrededor de una cuarta parte estaba sindicada. El estado controlaba estrechamente los sindicatos. Durante los períodos en que el estado no se mostraba uniformemente hostil al PCB, la situación favorecía a los comunistas porque podían tratar de utilizar las instituciones estatales en beneficio propio. Pero cuando la hostilidad del estado pasaba a ser total, como ocurrió en 1947, era relativamente fácil despojar a los comunistas del control de que gozaban.

A diferencia de las tácticas del Partido Comunista argentino, el brasileño no se opuso al principal político populista del país. Al contrario, el PCB intentó beneficiarse del apoyo abrumador que Getúlio Vargas recibía de la clase trabajadora. El PCB se dio cuenta de que su organización todavía era débil mientras que las fuerzas que se oponían a él eran poderosas. Tenía sentido que el PCB colaborase con las fuerzas del getulismo en vez de oponerse a ellas. Esta táctica proporcionó al PCB impresionantes victorias electorales. En las elecciones de diciembre de 1945 en Brasil, por ejemplo, el Partido Comunista obtuvo el 9 por 100 de los votos y fueron elegidos catorce diputados y un senador (Luis Carlos Prestes) suyos. Incluso en el clima político de enero de 1947, que era mucho más desfavorable, el PCB conservó su porcentaje de votos y pasó a ser el mayor partido del Distrito Federal (la ciudad de Río de Janeiro) con dieciocho de cincuenta escaños. Tal vez lo más significativo de todo fue que el apoyo del PCB contribuyó decisivamente a la elección del populista Adhemar de Barros como gobernador de São Paulo. Durante los primeros tiempos de la posguerra el PCB había crecido considerablemente: tenía ahora 180.000 afiliados, lo cual significaba que era, con mucho, el mayor de los partidos comunistas de América Latina en 1947.

Pero bajo el gobierno anticomunista de Dutra se tomaron medidas cada vez más rigurosas contra el partido. En mayo de 1947 el PCB fue declarado ilegal. Hasta en São Paulo, Adhemar de Barros rompió con el PCB y puso en marcha un proceso de represión local. El gobierno brasileño se dio cuenta de que el PCB era una amenaza real y creciente que tenía una base poderosa en un movimiento obrero cada vez más radical, un número de afiliados que aumentaba rápidamente y mucho apoyo electoral. La decisión de prohibir el PCB no fue una simple medida superficial con la que se quería aplacar la paranoia anticomunista de Washington, que cada vez era más agresiva. Respondió a un temor real de que el crecimiento del PCB, si no encontraba obstáculos, pudiese representar una verdadera amenaza para los grupos gobernantes de la república.

En Chile el precio que los estados Unidos pidieron a cambio de prestar ayuda económica al gobierno de González Videla después de la segunda guerra mundial fue la destitución de los ministros comunistas. Las relaciones entre el gobierno y el Partido Comunista se enfriaron progresivamente, hasta que el gobierno aprovechó una huelga de los mineros del carbón para proscribir el partido, que a esas alturas ya era el partido comunista más poderoso del continente, por medio de la Ley para la Defensa de la Democracia, que fue aprobada en 1948. Aunque la represión que sufrió el partido fue leve si se compara con la que se llevaría a cabo después de 1973, los líderes del partido fueron detenidos e internados en campos de concentración o enviados al exilio, a la vez que los afiliados perdían el derecho de voto. El partido pasó a la clandestinidad, donde permaneció durante diez años, y aunque es posible que la experiencia incrementara la lealtad y el compromiso de los que aguantaron hasta el final, el espacio político de la izquierda lo llenó el Partido Socialista.

Los partidos comunistas brasileño y chileno no fueron las únicas víctimas de la guerra fría. El Partido Comunista de Costa Rica participó en dos gobiernos entre 1940 y 1948 formando alianza con partidos cristianos sociales. Cuando la alianza fue derrotada en la guerra civil de 1948 el nuevo gobierno de José Figueres, que era reformista pero anticomunista, prohibió el Partido Comunista y disolvió los sindicatos donde dicho partido tenía gran influencia. A decir verdad, los líderes comunistas fueron expulsados de los sindicatos en toda América Latina. Se emprendió una ofensiva contra la procomunista Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL), fundada por Lombardo Toledano en 1938. En 1948 los líderes anticomunistas se habían adueñado del poder en muchos sindicatos y lograron que éstos se dieran de baja de la CTAL, aunque no sin que antes hubiera enconadas disputas.

Los gobiernos latinoamericanos aprovecharon la oportunidad que ofrecía el deterioro de las relaciones entre los Estados Unidos y la URSS para reprimir los movimientos populares, romper las relaciones diplomáticas con la URSS y dar un giro hacia la derecha. En México el presidente Alemán, elegido en 1946, logró vencer con sus maniobras tanto a Lombardo como al Partido Comunista. Alemán transformó la cruzada antifascista emprendida durante la guerra en una cruzada anticomunista en tiempo de paz. El legado positivo que los años de Cárdenas dejaron a la izquierda fue que ésta era lo bastante fuerte y legítima como para que el gobierno Alemán tuviera que ser más sutil y menos brutal en sus intentos de frenarla que los gobiernos de otros países latinoamericanos que cayeron en poder de dictaduras militares.

El papel de los Estados Unidos en este desplazamiento hacia la derecha no fue un factor decisivo en los principales países de América Latina, aunque Washington alentó a los gobiernos latinoamericanos a seguir una política propia de la guerra fría. Sin embargo, la capacidad de los Estados Unidos para influir en los acontecimientos era mucho mayor en el caso de América Central. El derrocamiento del gobierno de Guatemala en 1954 reflejó la intensidad del compromiso norteamericano con la política anticomunista.

¿Existía realmente la posibilidad de que los comunistas se adueñasen del poder en Guatemala? El Partido Comunista sólo contaba con cuatro de los cincuenta y seis escaños del Congreso en 1953. Tenía, a lo sumo, varios cientos de afiliados y un par de miles de simpatizantes activos. No tenía ningún ministro en el gabinete, ocupaba sólo ocho cargos importantes en la administración pública y no había sido reconocido legalmente hasta 1952. El primer presidente de la posguerra, Juan José Arévalo, afirmó que debido a sus conexiones internacionales el Partido Comunista era ilegal según la Constitución guatemalteca[26]. Es verdad que el partido contaba con seguidores en el movimiento obrero y entre los intelectuales, en gran parte debido al derrumbamiento de otros partidos. Pero no ejercía ninguna influencia entre los militares y poca en la política general del gobierno Arbenz. Seguía aferrándose a la idea de que era necesario que la revolución pasara por varias etapas, lo cual, en el caso de Guatemala, significaba pasar ante todo por la etapa de la burguesía nacional.

El gobierno reformista de Guatemala fue víctima de la paranoia del gobierno estadounidense durante la guerra fría y de las fuerzas derechistas guatemaltecas, que gustosamente hicieron el juego a los Estados Unidos para sus propios fines. La tragedia del golpe fue que puso fin a un prometedor experimento de reforma moderada, que planteó la evolución futura del país en términos de revolución o reacción, que impidió la instauración de un gobierno estable y que creó un contexto en el cual la violencia política se convirtió en moneda corriente.

En la rebelión popular de Bolivia que instaló al MNR en el poder en 1952 los comunistas se mantuvieron al margen. El Partido Comunista era débil y estaba dividido, su fundación databa sólo de 1940 y se veía amenazado desde la izquierda por el POR, el partido trotskista. El Partido Comunista, esto es, el PIR (Partido de la Izquierda Revolucionaria), había apoyado a los gobiernos anti-MNR después de 1946, y aunque votó tácticamente a favor del MNR en 1951, los militares rechazaron los resultados electorales alegando precisamente que el MNR estaba aliado con los comunistas. El MNR se había mostrado hostil con los comunistas desde el principio y se había negado a permitir que entraran en el gabinete de Villarroel en 1944 (y los comunistas habían participado después en el golpe contra Villarroel en 1946). El Partido Comunista contaba con escaso apoyo entre los obreros o los campesinos: obtuvo sólo 12.000 votos en las elecciones presidenciales de 1956 frente a los 750.000 del MNR. Como los comunistas habían estado asociados con los gobiernos enemigos de los trabajadores antes de 1952, difícilmente podían competir con el MNR por el apoyo de los trabajadores. El partido incluso había protagonizado choques armados con los mineros de Potosí, hasta entonces su plaza fuerte, en 1947 y la matanza resultante de ellos había destruido la base de apoyo del PIR entre los trabajadores. La revolución boliviana, al igual que la cubana en un momento posterior del mismo decenio, fue una revolución en la cual de todas las fuerzas de la izquierda el Partido Comunista fue la última en percatarse de la importancia de lo que estaba sucediendo. Los partidos comunistas como el de Bolivia mostraron una gran capacidad para soportar la represión y mantener viva la organización del partido, pero poca capacidad para tomar la iniciativa política. En Bolivia y en otras partes de América Latina el partido se mostró muy cauto en las ocasiones nada infrecuentes en que una actuación decidida tal vez hubiera producido ventajas políticas. El dilema de los comunistas era que tales ventajas sólo hubieran sido posibles aliándose con otros partidos y los partidos comunistas eran en general hostiles a las alianzas en las cuales les tocara interpretar el papel de elementos subordinados.

La principal amenaza ideológica que se cernía sobre el PIR y procedía de la izquierda era la de los trotskistas. Es indudable que el POR ejercía influencia en el movimiento sindical boliviano, sobre todo en el sindicato de mineros. El número de mineros bolivianos era relativamente pequeño —en los años cincuenta, su momento de apogeo, eran sólo 53.000—, pero su sindicato era muy poderoso a causa de la importancia estratégica del estaño para la economía boliviana. Debido en parte al aislamiento de los mineros, ni el anarquismo ni el anarcosindicalismo influían mucho en su sindicato. Los mineros eran indudablemente combativos y radicales, como lo era también la confederación obrera central, es decir, la Central Obrera Boliviana (COB), creada en 1952. Pero el sindicato de mineros tendía a un sindicalismo revolucionario fuerte aunque limitado. El sindicato de mineros era con frecuencia el campo de batalla donde luchaban entre sí los partidos de la izquierda, pero ninguno de ellos consiguió tomarlo jamás. Esta actitud suspicaz ante los partidos y su pronunciado sindicalismo revolucionario contribuyen a explicar el atractivo que el líder sindical independiente Juan Lechín tema a ojos de los mineros, toda vez que Lechín desconfiaba de los partidos y compartía el sindicalismo revolucionario de los mineros. Aunque los mineros confiaban en los líderes sindicales procedentes de la izquierda radical, al mismo tiempo en las elecciones nacionales votaban, sobre todo, al nacionalista MNR. Incluso en la combativa mina Siglo XX, en las elecciones de 1956, el MNR, que en los campamentos mineros se mostraba mucho más radical que en las ciudades, obtuvo 4.719 votos frente a los 130 de los comunistas y los 68 del POR[27].

En los momentos de crisis y de lucha en la industria los mineros buscaban líderes procedentes de la izquierda y en las elecciones votaban de acuerdo con sus preferencias políticas, lo cual no ocurría sólo en Bolivia. Los partidos izquierdistas nunca tuvieron la fuerza suficiente para crear una élite sindical burocratizada que fuera capaz de controlar el sindicato; y tampoco los sindicatos disponían de riqueza suficiente para ello. El POR carecía de una organización sólida que pudiese entrar en el movimiento sindical y colonizarlo; y después de 1953 muchos de sus miembros se pasaron al MNR, que, no obstante su ideología híbrida, parecía estar en la vanguardia del movimiento revolucionario. Sin embargo, al entrar en el gobierno después de 1952, el MNR se inclinó visiblemente hacia la derecha y muchos de los logros de la revolución se perdieron. La base de poder de la izquierda fue reduciéndose poco a poco al decaer la industria de extracción de estaño, y la izquierda sufriría las consecuencias del error que cometió al concebir la esperanza de que una alianza con militares progresistas le proporcionaría poder político real.

LA REVOLUCIÓN CUBANA Y SUS SECUELAS

Los años cincuenta fueron años de penuria para la izquierda en América Latina. En muchos países el Partido Comunista fue declarado ilegal. La revolución boliviana de 1952 demostró que los movimientos nacionalistas interclasistas tenían mucha más capacidad que los partidos de la izquierda ortodoxa, ya se inspirasen en Stalin o en Trotski, para llevar a cabo la movilización política. El golpe que hubo en Guatemala en 1954 fue un profundo revés. La guerra fría dio origen a una intensa presión de los Estados Unidos en América Latina en general y, sobre todo, en América Central y el Caribe, cuyo objetivo era frenar los movimientos reformistas de cualquier tipo que pudieran identificarse con la izquierda.

En las postrimerías del decenio, no obstante, la revolución capitaneada por Fidel Castro en Cuba dio un impulso real, e inesperado, a la izquierda. La historia de la revolución cubana y de la actitud hostil del Partido Comunista ante Castro hasta la víspera de su triunfo en enero de 1959 es muy conocida. Pero aunque el Partido Comunista tuvo poco que ver con el ascenso de Castro al poder, participó muy de cerca en la consolidación de su gobierno, toda vez que Castro necesitó cuadros de mando con experiencia en la organización política una vez hubo terminado la fase militar de la revolución. Al explicar por qué el régimen cubano se desplazó hacia el comunismo ortodoxo, también debe subrayarse siempre el contexto internacional, el predominio del socialismo en los círculos intelectuales y un feroz antinorteamericanismo. Todos estos factores se combinaron para hacer que la alianza de Castro con los comunistas fuera, aunque no inevitable, al menos sumamente probable. Una vez formada la alianza, al no crear el régimen ningún grado de autonomía económica internacional, la fuerte dependencia de la Unión Soviética fue cuestión de tiempo y, andando el tiempo, el precio de dicha dependencia sería la conformidad con la práctica soviética.

El efecto inmediato que el triunfo de la revolución cubana tuvo en la izquierda de América Latina fue electrizante (como, de hecho, lo fue también su efecto en la derecha, según veremos más adelante). Todos los aspectos del dogma, de las ideas aceptadas y de la práctica tradicional fueron examinados a la luz de una revolución victoriosa que era obra de una guerrilla rural y en la que no había participado el Partido Comunista. Un lugar fundamental en el nuevo debate de la izquierda lo ocupó la necesidad de volver a analizar la estructura social de los países latinoamericanos, especialmente la controvertida cuestión de la naturaleza y el papel de la denominada «burguesía nacional» y el potencial político del campesinado. ¿Tenía el proceso revolucionario que pasar por una serie de etapas? ¿Tenía que haber primeramente una revolución burguesa de carácter democrático o era posible omitir esta etapa? ¿Cuál era la relación entre el ala militar y el ala política de la revolución, y cómo podía la fuerza revolucionaria neutralizar a las fuerzas militares del gobierno? ¿Era Cuba un caso excepcional o podía repetirse en otras partes? El triunfo de la revolución cubana quitó validez a la pretensión de los partidos comunistas ortodoxos de ser la única fuente de legitimidad marxista y, por ende, revolucionaria. Muchos radicales jóvenes pensaban que el entusiasmo y el compromiso eran suficientes para hacer la revolución. La mayoría de los aspirantes a imitar a Castro abogaban por la guerra de guerrillas, pero incluso los que no opinaban igual eran partidarios de un radicalismo político que derribase las estructuras existentes.

Los partidos comunistas ortodoxos tardaron en responder al desafío de la revolución cubana y siguieron aferrándose a sus ideas tradicionales. Los comunistas señalaban lo que Che Guevara había afirmado sobre las singularidades del caso cubano, a saber, que Castro era un líder excepcional, que los Estados Unidos no estaban preparados para la revolución, que la burguesía nacional estaba dispuesta a unirse al frente contra Batista, y que la mayoría del campesinado cubano estaba semiproletarizado debido a la mecanización de la industria del azúcar. Desde luego, el propio Guevara argüía que la ausencia de estos factores en otros países no excluía la posibilidad de la revolución, aunque sí quería decir que la labor de la vanguardia política era a la vez más difícil y más necesaria. Pero aunque continuaron proclamando que creían que la revolución era inevitable, los comunistas ortodoxos recalcaban la necesidad de crear un movimiento urbano de masas. Afirmaban que el socialismo en un solo país era posible y no dependía de una revolución continental. Si bien el papel principal en el proceso revolucionario lo interpretarían el Partido Comunista y el proletariado, se alcanzaría la victoria por medio de una amplia alianza con el campesinado, los intelectuales y la burguesía nacional. Era necesario pasar por varias etapas: la revolución debía atacar primeramente al imperialismo norteamericano y al feudalismo agrario. Sólo entonces sería posible pasar a la etapa siguiente.

Los que deseaban aplicar el modelo cubano a otros países rechazaron estas ideas. Arguyeron que en el proceso revolucionario no podía haber etapas porque no existía ninguna burguesía que fuese independiente de la dominación estadounidense. En los teóricos procubanos de la revolución influía decisivamente la versión primitiva y burda de las teorías de la dependencia, en la cual la explotación neocolonialista se convertía en la explicación universal del subdesarrollo de América Latina. La política urbana se consideraba un gueto. Los sindicatos estaban comprometidos a causa de su participación en la política, las fuerzas de la represión podían controlar fácilmente las ciudades y las elecciones eran una farsa. La única forma de avanzar consistía en recurrir a la lucha armada, de la cual en primer lugar saldrían los líderes, en segundo lugar la base rural y finalmente el apoyo urbano para la revolución. Nada impedía ganarse el apoyo del campesinado, ya que el campo era capitalista y no feudal. Y dado que los militares eran la expresión armada de la oligarquía, era necesario —y posible— enfrentarse a ellos y derrotarlos por medio de la guerra de guerrillas. Sin embargo, como estos defensores de la guerra de guerrillas tendrían ocasión de averiguar a costa de ellos mismos, la realidad refutaría la mayor parte de estas suposiciones.

La izquierda radical atacó el triste historial de los comunistas como agentes de la insurrección. Criticó el estilo centralista y democrático de la organización del Partido Comunista manifestando que llevaba a la dominación del partido por parte de una pequeña élite burocrática a la que interesaba más controlar el partido que fomentar la revolución. Criticó a los comunistas porque atacaban más a los izquierdistas que se apartaban de la ortodoxia que al orden capitalista. Muchas de estas críticas estaban bien fundadas y empujaron a los comunistas ortodoxos a ponerse a la defensiva, aunque continuaron afirmando que los intentos de insurrección armada sólo servirían para aumentar la opresión. Según el líder brasileño Carlos Prestes, la única conclusión que cabía sacar del golpe de 1964 era que «la actitud revolucionaria correcta consistía en reconocer la derrota, echarse atrás y empezar una vez más la paciente labor de propaganda dirigida a las masas»[28]. Para líderes como Prestes el grueso de la izquierda partidaria de la guerrilla lo formaban románticos pequeñoburgueses que no teman ningún vínculo con las clases populares.

La revolución cubana coincidió con un período de tensión en el comunismo internacional a causa del deterioro de las relaciones entre la Unión Soviética y China. La disputa afectó hasta cierto punto a la izquierda latinoamericana. China ya había hecho los primeros intentos de apartar a los comunistas latinoamericanos de la Unión Soviética en 1956, después del discurso de Jruschov ante el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética denunciando el estalinismo. Los intentos en tal sentido se redoblaron cuando la crisis de los misiles de Cuba puso en tela de juicio la influencia de la Unión Soviética. Con todo, el apoyo chino a la guerrilla latinoamericana era en gran parte verbal. De hecho, la clara falta de entusiasmo de los chinos por el modelo cubano de rebelión campesina era sorprendente, habida cuenta de los orígenes del gobierno chino. El verdadero objetivo del gobierno de China era reducir la influencia soviética en América Latina y, con el fin de no parecer sectario, incluso abogaba por una táctica consistente en el «frente unido democrático y nacional» más amplio posible.

El efecto de los esfuerzos chinos —que, en todo caso, eran limitados— fue de poca importancia. El Partido Comunista chileno dirigió una advertencia a sus afiliados sobre los peligros del comunismo chino, pero, de todos modos, tales peligros estaban más presentes en el Partido Socialista que en el Partido Comunista. En Brasil los estalinistas defensores de la política dura que militaban en el partido pusieron objeciones a las reformas de Prestes que tenían por fin moderar la actitud del partido, y en 1962 abandonaron el Partido Comunista Brasileiro (PCB) para formar el Partido Comunista do Brasil (PC do B), que era prochino y se mostró siempre intransigente y también siempre fue marginal desde el punto de vista político. En Bolivia un grupo que criticaba la política oficial consistente en proponer alianzas tácticas al MNR se escindió del partido y formó el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML), que era prochino. Pero en muchos sentidos el PCML estaba más cerca de Cuba que de China, y ofreció ayuda a la guerrilla de Guevara, aunque el ofrecimiento no fue aceptado porque Guevara sólo quería colaborar con el partido pro Moscú. El primer partido disidente que reconocieron las autoridades chinas fue el de Perú en 1964, y Perú fue el único país donde el maoísmo llegaría a tener importancia ideológica, aunque esto no ocurriría hasta el decenio de 1970. En general, los que formaron los partidos prochinos eran los más dogmáticos y sectarios defensores de la política dura y se mostraron incapaces de edificar un partido de masas. El prestigio de los comunistas chinos salió perjudicado al denunciarlos Castro de manera implacable en 1966 por secundar, a todos los efectos, el bloqueo económico que decretaron los Estados Unidos y por tratar de subvertir a los militares y funcionarios cubanos. Es cierto que la revolución cultural de Mao interesó a algunos grupos radicales, pero sólo en Perú llegaría el comunismo chino a ser una influencia política importante.

Los debates que se entablaron en la izquierda latinoamericana a raíz de la revolución cubana no fueron simplemente teóricos. Durante los primeros años sesenta en casi todos los países latinoamericanos se organizaron grupos de guerrilleros, algunos de los cuales eran importantes mientras que otros, no. Pero las «lecciones» de Cuba no afectaron únicamente a la izquierda. Los Estados Unidos y la derecha política latinoamericana estaban decididos a impedir otra Cuba. Entre marzo de 1962 y junio de 1966 hubo nueve golpes militares en América Latina. En por lo menos ocho de ellos el ejército actuó de manera preventiva y derrocó a un gobierno que, al modo de ver de los militares, era demasiado débil para tomar medidas contra movimientos populares o «comunistas», o contra gobiernos a los que se acusaba de desear, ellos mismos, llevar a cabo reformas subversivas, como ocurrió en la República Dominicana o en Brasil. El presidente Kennedy, que tomó posesión del cargo en enero de 1961, opinaba que la respuesta correcta al apoyo que prestaba Jruschov a los movimientos de liberación nacional consistía en fortalecer los sistemas democráticos por medio de una mutua Alianza para el Progreso, así como reforzar a los militares mediante un masivo programa de ayuda y preparación. El apoyo a los gobiernos democráticos no tuvo mucho éxito, pero no cabe duda alguna de que los ejércitos latinoamericanos se beneficiaron de la ayuda que les prestaron los Estados Unidos con el fin de que contuvieran el avance del comunismo. A los ejércitos de la América Latina continental les costó poco frenar el avance de las guerrillas que subieron a imitación de la revolución cubana.

En Colombia durante la violencia del período 1948-1957 las dos formaciones políticas principales, los conservadores y los liberales, tenían sus partidarios armados. El Partido Comunista colombiano también contaba con un pequeño grupo de guerrilleros, las Fuerzas Armadas de la Revolución Colombiana (FARC), aunque era el resultado de seguir la práctica política que existía en la república más que la indicación de un deseo de adueñarse del poder del estado. Las FARC controlaban algunos municipios rurales aislados, lo cual permitía al Partido Comunista afirmar que seguía una estrategia revolucionaria, mientras en la práctica comprobaba que la política electoral era una ocupación más agradable. El Partido Comunista cambió de política en 1967 después de que el presidente Lleras Restrepo estableciera una relación comercial permanente con la Unión Soviética poniendo como condición que Moscú persuadiera al partido a cortar sus vínculos con los guerrilleros, y el Partido Comunista, como era de esperar, anunció que, a su modo de ver, en Colombia ya no existía una situación revolucionaria[29].

El triunfo de Castro dio lugar a que en Colombia surgieran numerosos aspirantes a imitarle. El Ejército Popular de Liberación (EPL) era un pequeño grupo maoísta. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) era un grupo castrista fundado en Cuba en 1963-1964 y abogaba por el método del foco que propugnaba Che Guevara, pero tuvo más éxito y ganó una fortuna considerable con sus ataques contra las instalaciones petroleras de propiedad internacional. El más importante de los grupos de guerrilleros que surgieron en Colombia fue el M-19, formado en 1970 en señal de protesta contra un supuesto fraude electoral que impidió que el ex dictador general Rojas Pinilla asumiera el poder. Tales antecedentes difícilmente dan al M-19 derecho a contar como movimiento izquierdista, y su programa era poco más que una combinación de vago nacionalismo y espectaculares acciones armadas.

Aunque el estado colombiano, que era relativamente débil, no pudo reprimir a la guerrilla, ésta no era una amenaza seria para el statu quo. Mucho más seria fue la amenaza que representaron los partidos tradicionales cuando también ellos recurrieron a la lucha armada para conquistar el poder. Es indudable que la guerrilla encontró un poco de apoyo en ciertas zonas, tales como la región bananera de Uraba con su duro régimen laboral, y en Arauca, donde la riqueza del petróleo recién descubierto aportó pocos beneficios para los pobres. Pero el apoyo a los guerrilleros nunca dejó de ser local, los objetivos de la guerrilla resultaban confusos, sus rivalidades eran endémicas y su poder era infinitamente menor que la amenaza real que, el tráfico ilegal de drogas representaría para la democracia colombiana en el decenio de 1980.

El país donde pareció que la guerrilla poscastrista tema alguna probabilidad de lograr sus objetivos fue Venezuela, en parte porque el Partido Comunista mismo prestó apoyo a los guerrilleros y en parte porque el sistema democrático, que había sido creado poco antes, en 1958, todavía era frágil. El Partido Comunista venezolano llevaba tiempo actuando con cierta independencia respecto de la política internacional. Mantenía una postura independiente ante el conflicto chino-soviético y, de hecho, incluso envió emisarios a Moscú, Pekín y Cuba en un intento de salvar diferencias. Recalcaba su apoyo a las luchas de liberación nacional y mantenía relaciones estrechas con el Partido Comunista italiano. Venezuela había presenciado poco antes el final de la dictadura de Pérez Jiménez. El Partido Comunista gozaba de elevado prestigio por su papel en la oposición a la dictadura y, dado el nivel de inestabilidad política, tenía la esperanza de colaborar con los otros partidos en gobiernos futuros. Pero el principal partido del país, la Acción Democrática, se opuso a tal colaboración, sobre todo porque hubiera sentado mal a otros aliados de la derecha que tenían mayor importancia. Sin embargo, dentro de la AD había grupos que opinaban que el partido había traicionado su compromiso socialista, y durante el decenio de 1960 se produjeron tres escisiones en las cuales el asunto de la colaboración con el Partido Comunista fue fundamental.

Cuando el enfrentamiento entre la AD y los comunistas obligó a descartar toda posibilidad de seguir colaborando, los comunistas se unieron a los guerrilleros en 1963. Las expectativas de la izquierda revolucionaria eran grandes. El nuevo gobierno distaba mucho de haberse consolidado y se veía amenazado tanto desde la derecha como desde la izquierda. La guerrilla venezolana gozaba del apoyo de Cuba. Existía la opinión de que las fuerzas armadas se habían desacreditado al participar en la anterior dictadura. La venezolana era una sociedad relativamente moderna y abierta y se suponía que su estructura de clases, sobre todo la inexistencia de un numeroso campesinado tradicional, favorecería el triunfo de la revolución.

A pesar de ello, el fracaso de la guerrilla fue desastroso. Aunque el Partido Comunista hizo caso omiso de los deseos de Moscú y apoyó a la guerrilla, no estaba bien preparado para ello. La mayor parte de los miembros del comité central fueron detenidos antes de que pudieran entrar en acción (sólo seis de los ochenta miembros del comité central llegaron realmente a combatir al lado de los guerrilleros). La decisión de abandonar a la guerrilla fue tan súbita como antes lo fuera la de unirse a ella y causó disensiones en el partido, así como algunas expulsiones, entre ellas la de Douglas Bravo, uno de los principales guerrilleros.

El partido subestimó la medida en que la mayoría de los grupos sociales de Venezuela estaban comprometidos con la democracia y apoyaban a los principales partidos políticos. El Partido Comunista perdió virtualmente toda la influencia que ejercía antes en el movimiento obrero, donde la postura nacionalista y favorable a la industrialización de la AD era mucho más popular. Perdió su representación en el Congreso y en la prensa. Recibió poco apoyo de los estudiantes y permaneció aislado de los demás partidos. Perdió la iniciativa ideológica que tema, fuese cual fuese. La lucha armada carecía de sentido para una clase trabajadora y una clase media que disfrutaban de los beneficios materiales de la riqueza obtenida del petróleo, así como de los beneficios políticos de un estado liberal.

La guerrilla peruana estaba dividida ideológicamente entre el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que fue formado por apristas disidentes, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), formado por comunistas disidentes. Ninguno de los dos tenía una base urbana y, por consiguiente, carecían de los pertrechos necesarios para mantenerse. Teman poca preparación. Un enorme abismo cultural y lingüístico los separaba del campesinado y tenían escaso conocimiento de las condiciones de vida en las zonas rurales, y mucho menos un programa capaz de granjearles el apoyo de los campesinos. En 1963 la elección del presidente Fernando Belaúnde Terry, que prometió llevar a cabo la reforma agraria, redujo el apoyo que esperaban encontrar en el campesinado. La considerable ayuda técnica de los Estados Unidos permitió que el ejército peruano hiciera frente a los guerrilleros sin demasiados problemas[30]. Las carencias que dificultaron la actuación de los guerrilleros peruanos afectaron también a la guerrilla boliviana. Los únicos factores que hicieron que el episodio boliviano recibiera mucha más atención internacional fueron la presencia y la muerte de Ernesto «Che» Guevara en Bolivia en 1967. Ni siquiera Guevara pudo ganarse el apoyo de un campesinado suspicaz y hostil.

Entre 1959 y 1963 Hugo Blanco, destacado trotskista, había movilizado a unos 300.000 campesinos en los valles de Lares y La Convención en la región de Cusco, en Perú. Pero allí las condiciones agrarias eran excepcionales: la mano de obra escaseaba, los ingresos que los campesinos obtenían del café eran relativamente altos, y las grandes fincas estaban en su mayor parte desocupadas. No hubo una verdadera guerra de guerrillas y los terratenientes y el gobierno aceptaron con desacostumbrada presteza las ocupaciones que llevaron a cabo los campesinos. Las condiciones eran muy diferentes en otras zonas de Perú y el movimiento nunca se propagó. Hugo Blanco criticó el extremismo revolucionario de algunos miembros de su partido y sus propias desviaciones hacia el sindicalismo revolucionario. Debido a ambos factores, en su opinión, se estaba descuidando la tarea real de crear un partido revolucionario. Los trotskistas continuaron siendo un grupo minoritario de la izquierda política de Perú y los maoístas llegarían a tener mucha más importancia que ellos[31].

El rasgo singular de la guerrilla guatemalteca residía en que la fundaron jóvenes oficiales del ejército que se habían distanciado de su institución a causa del golpe de 1960 y de la experiencia del gobierno represivo de Ydígoras. Necesitaban aliados políticos y primeramente recurrieron al partido de los comunistas guatemaltecos, el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), que, imitando a Cuba, incluso había tratado de formar su propia y desventurada guerrilla en 1962. Pero los jóvenes oficiales se encontraron con que no podían tomar decisiones porque no se lo permitía un partido que seguía siendo esencialmente ortodoxo y consideraba que la lucha armada no era más que una parte poco importante de una estrategia total. Los guerrilleros capitaneados por el ex oficial Yon Sosa intentaron aliarse con los trotskistas, pero sólo sirvió para provocar nuevas divisiones en la guerrilla, y los trotskistas no podían ofrecerles recursos comparables con los que podían obtener de Cuba por medio del PGT. En 1969 el PGT condenó la guerrilla porque, según dijo, estaba divorciada de la población e influían en ella trotskistas mexicanos que estaban a sueldo de la CIA. El PGT sufrió más escisiones mientras sectores radicalizados de la nueva izquierda y los democratacristianos continuaban luchando contra una serie de gobiernos militares opresivos. En un momento dado la guerrilla controlaba casi la totalidad de los departamentos de Quiché y Huehuetenango, pero obligó a las comunidades a escoger entre ella y el ejército en circunstancias en las cuales la guerrilla no era lo bastante fuerte como para defenderlas frente al ejército. Como era de prever, el resultado fueron salvajes represalias a cargo de los militares.

A finales de los años sesenta el futuro de la guerrilla no era nada prometedor y durante el decenio se había producido un nuevo descenso del prestigio de los partidos comunistas. O bien eran objeto de críticas por no apoyar a la guerrilla, como en Bolivia, o les criticaban por participar sin verdadero entusiasmo, como en Venezuela y Guatemala. La atención se desvió ahora de la guerrilla rural de América Central y de las repúblicas andinas para centrarse en los países del Cono Sur, donde había aparecido una nutrida y poderosa guerrilla urbana.

La rebelión rural tenía pocas probabilidades de ser una estrategia útil para conquistar el poder del estado en las sociedades urbanas del Cono Sur. En Argentina y Uruguay surgieron dos poderosas guerrillas urbanas que representaron una reacción contra el dogmatismo de los partidos comunistas y que aprendieron de los fracasos de las guerrillas rurales. En Argentina los montoneros trabajaban de manera explícita dentro del partido peronista; en Uruguay los tupamaros, cuyos orígenes estaban en una guerrilla rural del norte del país, pronto optaron por las operaciones urbanas y acabaron participando en un gran movimiento de la izquierda, el Frente Amplio, que pretendía alcanzar el poder por medios electorales.

Estos movimientos rechazaban el estilo leninista de organización política y el análisis de base clasista y preferían una mezcla ecléctica de ideas sacadas del nacionalismo del Tercer Mundo, de la teología de la liberación y, en el caso de los montoneros, algunas ideas nacionalistas propias de la derecha que habían inspirado a los movimientos neofascistas de decenios anteriores. Como dijo un líder tupamaro, habían visto más claramente lo que no hay que hacer que lo que hay que hacer… Debían tratar de afirmar su personalidad política atacando a otros grupos de la izquierda… No había necesidad de hacer grandes declaraciones en el sentido de que su política era la única política correcta: los acontecimientos indicarían si lo era o no[32].

No rechazaban las alianzas políticas, sino que, al contrario, por decirlo con la trasnochada retórica que caracterizaba sus declaraciones, «buscaban aliados en la lucha contra los sectores dominantes y sus aliados imperialistas». Recibieron apoyo porque aprovecharon el rencor que despertaba un sistema político que ofrecía pocas esperanzas de cambio político, o de progreso económico, ya fuera en Argentina o en Uruguay, y también porque eran audaces. Pero los montoneros también repelían a otros grupos de la izquierda porque recurrían a la violencia y al terrorismo.

Los montoneros no se dieron cuenta de la ambigüedad de Perón y le atribuyeron ideas revolucionarias que él distaba mucho de tener, por más que de vez en cuando pudiera darles su bendición de palabra. Es difícil entender cómo pensaron los montoneros que podrían captarse las simpatías del movimiento obrero peronista matando a los líderes del mismo. Una vez los tupamaros hubieron pasado de las operaciones militares clandestinas a una actividad política más o menos manifiesta, quedaron completamente expuestos a la infiltración y al aniquilamiento a manos de los militares y la policía. Después de que en 1976 los militares se adueñaran del poder en Argentina y decidieran tomar todas las medidas que hicieran falta contra los montoneros, éstos no podían albergar esperanza alguna de sobrevivir.

Ningún gobierno hubiese permitido que grupos como los montoneros o los tupamaros actuaran sin tratar de frenarlos, y las actividades de los grupos de guerrilleros pusieron en marcha una espiral de violencia que culminó en unos gobiernos militares brutalmente represivos. A pesar de la perfección de sus operaciones militares clandestinas, el análisis político de los grupos de la guerrilla urbana no era más realista que el de los intelectuales de clase media que habían organizado guerrillas en los países andinos.

El fracaso de la guerrilla, así urbana como rural, y la inutilidad, que cada vez parecía mayor, de los partidos comunistas ortodoxos revelaron que ambos eran incapaces de interpretar el mundo en que vivían. En los decenios de 1960 y 1970 tuvo lugar en América Latina un proceso de cambios múltiples que alterarían el contexto económico, social y político en el cual se movía la izquierda. En primer lugar, durante la posguerra hubo en América Latina un prolongado período de crecimiento económico, urbanización rápida y cambios profundos en la estructura clasista de la región. En segundo lugar, la Iglesia católica, que durante tanto tiempo había sido enemiga acérrima del comunismo, redefinió su mensaje social de un modo que la acercó más, en algunos países, a la izquierda, desde el punto de vista ideológico e incluso desde el organizativo. En tercer lugar, el golpe de 1964 en Brasil no fue más que el primero de una serie de golpes que hubo en América Latina y que instalaron en el poder a gobiernos militares que estaban decididos a efectuar una reestructuración a fondo del orden económico y político, a la que acompañaría una ideología relativa a la seguridad nacional que definía a las fuerzas de la izquierda como enemigo principal de la nación.

La población activa de América Latina pasó a ser predominantemente urbana al abandonar los empleos agrícolas. En México, Brasil y Colombia los trabajadores agrícolas representaban en 1950 alrededor del 60 por 100 de la población activa total; a mediados de los años ochenta, el porcentaje había descendido hasta situarse en el 30 por 100. Sin embargo, este crecimiento urbano y la industrialización de sustitución de importaciones fueron acompañados de un empeoramiento de la pauta de distribución de la renta, así como de una pauta de empleo en la cual los trabajadores organizados eran sólo una pequeña minoría de la población activa total. Una proporción creciente se encontraba en el llamado «sector informal» de la economía. Los asuntos que movilizaban a este sector tenían menos que ver con el lugar de trabajo y el control de los medios de producción y mucho más que ver con las condiciones de vida básicas. La movilización, cuando tema lugar, era residencial o comunal, e iba dirigida contra el gobierno o las autoridades municipales más que contra los patronos, a la vez que participaban en ella diversas clases sociales y ocupaciones. La magnitud de la movilización aumentó bajo los gobiernos militares, pues a éstos les resultaba más fácil controlar a los sindicatos que a las barriadas de chabolas.

La izquierda latinoamericana tardó en reconocer el potencial político de los trabajadores del sector informal. La actitud de los comunistas ortodoxos era en el mejor de los casos ambigua y, en el peor, desdeñosa (el infausto lumpenproletariado, según la jerga marxista). Varios movimientos no marxistas, desde dictadores populistas tales como Odría en Perú hasta partidos progresistas tales como los democratacristianos de Chile, se percataron más rápidamente de las ventajas políticas que podían obtener si prestaban atención a las necesidades de los pobres de las ciudades. Al ser reprimidos los sindicatos por las dictaduras militares de los años sesenta y setenta, los partidos comunistas empezaron a ocuparse de la organización en las barriadas de chabolas. Pero la base política que ofrecían los llamados «pobladores» era mucho menos estable que la que ofrecían los trabajadores organizados, aparte de ser mucho más condicional y volátil, y en modo alguno era seguro que los partidos de izquierdas que edificaban una base organizativa en las barriadas de chabolas pudieran conservar las ventajas obtenidas así frente a opciones políticas que a menudo teman más que ofrecer.

La Iglesia era cada vez más consciente de las necesidades de las barriadas de chabolas, y en algunos países por lo menos creó una red de organizaciones locales que empezaron a expresar reivindicaciones políticas y a vincular sus necesidades a una insistencia general en la reforma política nacional. El cambio que experimentó la doctrina de la Iglesia católica a raíz del Concilio Vaticano II (1962-1965) y la Declaración de los Obispos Latinoamericanos en Medellín en 1968 reflejaron la inquietud de una iglesia que tenía la sensación de ser cada vez más inoperante frente al crecimiento de la secularización y de la influencia protestante y marxista. En efecto, las ideas marxistas ya no pertenecían de manera exclusiva a los partidos de izquierdas y ahora influían en el análisis y la práctica de la propia Iglesia, sobre todo por medio de los teólogos de la liberación, que eran un grupo influyente aunque muy pequeño.

No debe exagerarse la magnitud del replanteamiento radical de la Iglesia. En Argentina y Uruguay la Iglesia ofreció resistencia al espíritu de Medellín y hubo muy pocas innovaciones. En Colombia la Iglesia permaneció relativamente igual al recibir las nuevas ideas y continuó siendo tan conservadora como antes, a la vez que algunos sacerdotes colombianos contribuyeron en gran medida a atenuar las ideas progresistas de Medellín cuando en 1979 se celebró en Puebla la siguiente conferencia de obispos latinoamericanos. Pero incluso en países como Argentina, Uruguay o Colombia hubo algunos sacerdotes y laicos que apoyaron con entusiasmo las nuevas ideas. En efecto, un puñado de sacerdotes formaron en Argentina el movimiento Tercer Mundo y contribuyeron a formular las ideas que más adelante se expresarían por medio de la guerrilla urbana, es decir, los montoneros.

En Brasil el efecto del catolicismo radical fue mucho más acusado, y en Chile, aunque la Iglesia continuó siendo esencialmente centrista, como lo era desde hacía mucho tiempo, pasó a militar políticamente en la oposición al régimen de Pinochet. La Iglesia retiró el apoyo que en un principio había dado a los golpes de 1964 y 1973 en los dos países y negó a los respectivos regímenes la legitimación que en otros tiempos había otorgado con no poca frecuencia a los regímenes autoritarios. La actividad de la Iglesia mantuvo vivo cierto grado de pluralismo político, incluido el apoyo a los partidos de izquierdas, si no de forma directa, al menos indirectamente apoyando a los sindicatos, las organizaciones populares o los centros de estudio donde miembros de partidos radicales podían organizar la oposición a los regímenes militares. La Iglesia criticó la política económica de estos regímenes usando términos que en poco diferían de los de la crítica marxista. El replanteamiento de las ideas católicas contribuyó a liberar el marxismo de un gueto formado por partidos comunistas y restringidos círculos intelectuales. Simultáneamente se produjo un renacimiento del interés por las ideas marxistas, sobre todo en Francia, especialmente en respuesta a las rebeliones estudiantiles de 1968, que sustituyeron el marxismo dogmático y mecánico por una variante más abierta y atractiva que gustaría a los católicos radicales[33].

En Nicaragua la influencia del catolicismo progresista empujó a los sandinistas (FSLN: Frente Sandinista de Liberación Nacional) a cambiar las perspectivas estrechamente marxistas por otras de base mucho más amplia, lo cual, en un país tan profundamente católico como Nicaragua, era necesario para construir un frente amplio con el fin de derrocar a Somoza. El FSLN reconocía la afinidad ideológica del cristianismo y el marxismo, por lo menos al dirigirse públicamente a los católicos. Según el sacerdote jesuita Miguel D’Escoto, que más adelante sería ministro en el gobierno sandinista, al principio el FSLN era marxista y anticlerical quizá porque aún no había empezado un proceso de cristianización en la Iglesia católica nicaragüense y ésta era identificada con los intereses de la clase privilegiada. Pero con la radicalización evangélica, poniéndose al lado de los pobres y los oprimidos, y no traicionando tanto a Cristo, el Frente se abrió a los cristianos porque creían que la Iglesia era un factor importante en la lucha por la liberación, y porque se dieron cuenta de que se equivocaban al creer que sólo un marxista podía ser revolucionario. De esta manera el Frente adquirió madurez y se volvió auténticamente sandinista[34].

Sin embargo, también eran frecuentes los casos de cristianos revolucionarios que abandonaban la Iglesia para hacerse militantes abiertamente marxistas. Y es muy posible que hubiera cierto elemento de oportunismo táctico, más que de verdadera convicción, en el gesto de los sandinistas al abrazar el catolicismo. Desde el punto de vista político, al movimiento sandinista le convenía buscar aliados en la Iglesia en un país de catolicismo tan arraigado.

No todos los regímenes militares de los años sesenta y setenta fueron al principio anticomunistas o antimarxistas. Los militares peruanos que tomaron el poder en 1968 reflejaban claramente la influencia de varias ideas sacadas del marxismo, de la teoría de la dependencia, de los movimientos de liberación nacional y de la teología de la liberación. Pero estas ideas no eran universales en el estamento militar peruano y fueron desechadas rápidamente cuando los programas de reforma chocaron con dificultades importantes. Había ecos del reformismo militar peruano en el gobierno militar de Rodríguez Lara en Ecuador. Ambos gobiernos militares recibieron el apoyo del Partido Comunista de su país porque los comunistas pensaban que los gobiernos militares de carácter nacionalista y reformista ofrecerían a su partido más oportunidades de ejercer influencia política, especialmente en el movimiento obrero, que los gobiernos electivos. De hecho, en Perú el seguidor más leal del gobierno militar fue el Partido Comunista, que no se pasó a la oposición hasta la huelga general de 1977. En Panamá el general Torrijos también representaba una especie de gobierno populista y nacionalista al que apoyaba el Partido Comunista. Pero el episodio más dramático de radicalismo militar llegó con el efímero gobierno del general Torres en Bolivia. Torres, que no contaba con mucho respaldo entre los militares, se ganó la aprobación de la izquierda expulsando al Peace Corps, nacionalizando las minas de cinc Mathilde y subiendo los salarios de los mineros. Pero Torres fue demasiado lejos al secundar a los partidos y los sindicatos marxistas en la creación de una asamblea popular: los militares no quisieron aceptar su sistema de «poder dual» y fue derrocado en agosto de 1971. En Uruguay el Partido Comunista pensó que un gobierno militar sería nacionalista y reformista, por lo que no se opuso a la intervención de los militares en febrero de 1973. Los comunistas incluso abandonaron una huelga general que tuvo lugar al principio de la dictadura militar en junio de 1973, ya que tenían la esperanza, que resultó infundada, de poder negociar con los militares. En Argentina, donde lo peor de la represión tuvieron que soportarlo los guerrilleros peronistas y trotskistas, y donde existían estrechos vínculos comerciales con la URSS, las críticas que el Partido Comunista dirigió contra el régimen fueron muy débiles.

No obstante, los regímenes autoritarios militares, sobre todo en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, estaban decididos a eliminar todo movimiento político que pudiera representar una amenaza para su autoridad. La izquierda no tenía fuerza para resistir tanta brutalidad militar y los militantes izquierdistas sufrieron una represión que iba desde el destierro hasta el asesinato. Los sindicatos se vieron reducidos a la ineficacia, los partidos políticos fueron prohibidos o controlados, la prensa y demás medios de comunicación también fueron puestos bajo el control del gobierno y solamente la Iglesia gozó de una oportunidad muy restringida de defender los derechos humanos básicos contra la represión del estado. (Aunque hay que decir que en Argentina y Uruguay la Iglesia apenas intervino en la defensa de los citados derechos).

El efecto final que estos regímenes autoritarios tuvieron en la izquierda file profundo. En el Cono Sur especialmente, la izquierda inició un proceso de reflexión cuyo resultado fue subrayar el valor de la democracia. La reflexión se guió más por las ideas de Gramsci que por las de Lenin. La izquierda dejó de ver la democracia como un pretexto burgués y las elecciones como un fraude. La revolución nicaragüense se veía como centro de la solidaridad, pero, a diferencia de la de Cuba, no como modelo que emular. El pluralismo ideológico se consideraba ahora deseable. La guerrilla quedó desacreditada en los países donde su violencia había dado lugar a la formación de gobiernos militares. Sin embargo, en algunos países la lucha armada continuó. En Colombia, que se había librado de la oleada de dictaduras militares, las comunistas de las FARC siguieron hostigando a los gobiernos civiles. En Perú los guerrilleros de Sendero Luminoso cobraron fuerza. En América Central, donde las elecciones eran amañadas, los militares recurrían a la represión, y los partidos civiles adolecían de debilidad, y donde, especialmente en Guatemala, los conflictos raciales dieron fuerza a las pretensiones de la guerrilla de ser los representantes de los pobres, los grupos de guerrilleros no veían más opción que tratar de hacerse con el poder por medio de la lucha armada.

EL DECENIO DE 1970: DERROTA EN CHILE, AVANCES EN NICARAGUA

Si para la izquierda latinoamericana el acontecimiento clave de los años sesenta fue la revolución cubana, los años setenta empezaron con un triunfo muy diferente para la izquierda cuando Chile eligió a un marxista, Salvador Allende, para la presidencia. El triunfo duró poco y el golpe contra Allende sumió a la izquierda en una profunda incertidumbre ideológica y táctica. Los años setenta terminaron con la victoria de los sandinistas en Nicaragua, pero aunque esta victoria tuvo grandes repercusiones en los países vecinos de América Central, sus efectos en otras regiones fueron insignificantes comparados con el triunfalismo que había suscitado la victoria de Castro en Cuba veinte años antes.

En Chile la izquierda obtuvo el poder por medio de elecciones en 1970 y dio comienzo a un efímero experimento consistente en tratar de crear una sociedad socialista empleando medios pacíficos, constitucionales. El experimento chileno llamó la atención internacional porque planteaba un interrogante de importancia universal para la izquierda. ¿Era posible una transición pacífica al socialismo en una sociedad pluralista y democrática? Las razones del golpe de estado que puso fin al gobierno en 1973 se han debatido de forma incesante y las «lecciones» de Chile las han utilizado diferentes grupos de la izquierda para justificar distintas estrategias. En el propio Chile no había acuerdo sobre cómo debía avanzarse por «el camino chileno al socialismo», y, de hecho, los medios y los fines eran objeto de constante debate. Pero la existencia misma de un debate interno y continuo hacía que la izquierda internacional centrase su interés en Chile, porque no se trataba de la imposición de un rígido dogma revolucionario desde arriba, sino de que un gobierno pluralista y democrático trataba de ganarse el apoyo popular utilizando principalmente el diálogo y la persuasión. Además, había tantos paralelos entre el sistema político chileno y el de algunos países europeos, que se seguía el experimento por si de él se desprendía alguna lección que pudiera aplicarse en otras partes.

Sin embargo, al producirse el golpe de 1973, se buscaron otras lecciones: ¿qué podía aprender la izquierda internacional de los errores de la izquierda chilena? ¿Cómo podía la izquierda de un país cualquiera albergar la esperanza de alcanzar el poder ante la oposición de la derecha nacional e internacional? El efecto del fracaso del gobierno de la Unidad Popular fue polarizar a la izquierda en América Latina. Los grupos más radicales, tales como los sandinistas en Nicaragua y los grupos procubanos de otras partes, decidieron intensificar el conflicto armado. Su argumento era que el golpe había demostrado que llegar al socialismo por la vía pacífica era sencillamente una ilusión. En el plano internacional, los grupos más radicales, tales como los partidos prochinos, también sacaron la conclusión de que lo de Chile demostraba que la vía pacífica era imposible. Según la extrema izquierda, ante la oposición de la derecha, los militares y los Estados Unidos, la revolución armada era la única esperanza de alcanzar el poder. Este argumento lo aceptó inicialmente en Chile el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), pero éste pronto fue eliminado por el gobierno militar. El Partido Comunista chileno también abogaba por la lucha armada, pero no adoptó esta política hasta 1980 e incluso entonces la adoptó en una escala modesta.

Si una respuesta de la izquierda al golpe fue abogar por la necesidad de la violencia, otra respuesta fue diametralmente contraria: la izquierda tenía que moderar ahora su política y su actuación para que no se dieran las condiciones que propiciaban los golpes de estado. Los revisionistas argüían que la izquierda debía dejar de imaginar el poder exclusivamente en términos de fuerza, como algo que había que poseer materialmente. La izquierda debía dejar de concentrar su atención en las relaciones de propiedad con exclusión de otros factores: un simple traspaso de la propiedad al estado no resolvería nada y, de hecho, podía crear más problemas de los que resolvía. Era imposible derrotar a los militares por medio de la fuerza. Un gobierno radical tenía que adquirir una legitimidad tan generalizada, que no existieran las condiciones que provocaban la intervención de los militares: el desorden social, los conflictos políticos fuera de las esferas parlamentaria y electoral. Eso significaba hacer concesiones a la derecha y tratar de obtener el apoyo de las clases medias y trabajar conjuntamente con los sectores empresariales. Las alianzas políticas se consideraban necesarias y se veía la democracia como algo valioso por derecho propio.

Este revisionismo tenía dimensiones internacionales. El Partido Comunista italiano sacó la conclusión de que era necesario llegar a un acuerdo histórico con el partido gobernante, el de la Democracia Cristiana, para impedir un golpe como el de Chile; y el partido francés utilizó argumentos parecidos en su alianza con el Partido Socialista. El caso de Chile se convirtió en fundamental en el debate sobre el eurocomunismo al recalcar los defensores de las ideas revisionistas la necesidad de no crear enemigos implacables en la derecha.

La Unión Soviética intentó contrarrestar el movimiento hacia el eurocomunismo sacando conclusiones contrarias del fracaso del gobierno de Allende. En una serie de artículos publicados en World Marxist Review que analizaban el caso de Chile, la tesis soviética proclamaba que una de las condiciones absolutas para defender los beneficios revolucionarios era que la democracia debe servir al pueblo y no dar libertad de acción a las fuerzas contrarrevolucionarias. El papel primordial de la clase trabajadora no puede sustituirse por un enfoque pluralista que pierde o debilita el papel protagonista de la clase trabajadora[35].

De la misma manera que la revolución cubana marcó el programa de la izquierda latinoamericana en los años sesenta, el fracaso del gobierno de Allende marcó el de los años setenta. Sin embargo, mientras que la experiencia de Cuba ejerció mucha influencia en las luchas de liberación nacional del Tercer Mundo, las lecciones de Chile se consideraron más aplicables a Europa. Una de las razones por las cuales Henry Kissinger vio con preocupación el gobierno de la Unidad Popular fue el efecto que su éxito podía tener en países como Italia y Grecia. A diferencia de Cuba, sin embargo, el experimento chileno terminó en un brusco fracaso y empujó a la izquierda al análisis crítico, en vez de a la imitación como en el caso de Cuba.

En América Central, cuya historia política se ha caracterizado por frecuentes y enconados conflictos sociales, las tensiones fueron en aumento en los años setenta a medida que el desarrollo económico agudizaba todavía más la desigual distribución de la renta. Se produjo una gran expansión de los proletariados rural y urbano a la vez que descendían los salarios reales y aumentaba la concentración de la tierra destinada a la agricultura. La respuesta de los grupos gobernantes a las reivindicaciones de las clases trabajadora y media fue la represión violenta. La respuesta de los grupos oprimidos consistió en formar coaliciones revolucionarias de base amplia.

Las lecciones de Chile no pasaron inadvertidas a los líderes del FSLN en Nicaragua, pero mucho más importantes eran las tradiciones nacionalistas y revolucionarias del país, y las lecciones que se aprendieron de los largos años de encarnizado conflicto con el gobierno de Somoza. El movimiento sandinista, al igual que el FMLN de El Salvador y la guerrilla guatemalteca, estaba muy lejos de los sectarios grupos de foco del decenio de 1960. Estos movimientos eran interclasistas y sus ideas se inspiraban en diversas fuentes: la teología de la liberación, el jacobinismo radical, varios tipos de marxismo; y eran lo bastante flexibles como para adaptar sus ideas a los cambios que experimentaba la realidad. Sólo en Nicaragua, sin embargo, lograron tomar el poder.

Andando el tiempo, después de una postura al principio bastante sectaria, el FSLN se dio cuenta de que el buen fin del movimiento obligaba a abrazar a fuerzas contradictorias tanto en las ciudades como en el campo. Necesitaba no sólo el apoyo del campesinado sin tierra, sino también el de los campesinos medios, toda vez que el tamaño de ese grupo y su hostilidad ante la agricultura capitalista en gran escala hacían que su apoyo fuese decisivo para el triunfo de la revolución. De modo parecido, en las ciudades necesitaba recurrir al apoyo de las clases medias, que habían crecido durante los años sesenta y ahora abarcaban alrededor de una quinta parte del total de la población activa. Esta amplia coalición social significaba que el programa político del FSLN tenía que ser popular, democrático y antiimperialista. El FSLN hacía hincapié en que no consideraba que la revolución se derivara de alguna lógica económica ineludible que determinaría quiénes eran los partidarios de la revolución y quiénes eran sus enemigos. El proceso revolucionario más bien se veía como un movimiento político consciente, el fruto de la opresión por parte de Somoza más que la explotación sistemática por parte de una clase capitalista.

Tradicionalmente, en América Central los movimientos insurgentes de izquierdas no han aparecido bajo la forma de partidos políticos, sino de frentes unidos desde arriba por un mando militar e integrados por una amplia variedad de organizaciones populares que no tienen necesariamente una unidad ideológica clara. El FSLN recibía apoyo de muchos sectores de la sociedad, aunque el número de militantes que participaba en los combates era muy pequeño. Hasta la ofensiva final de 1979 había unos trescientos militantes divididos en tres facciones. Pero, al igual que el movimiento cubano, que en el aspecto numérico también era reducido, logró movilizar una amplia oposición contra una dictadura impopular. Contaba con el apoyo de la Iglesia católica. Utilizaba el lenguaje del nacionalismo y aprovechaba el recuerdo de Sandino. Contaba también con los sentimientos antinorteamericanos propios de un país que había sufrido a manos de los Estados Unidos. Según uno de sus líderes, Carlos Fonseca, el FSLN se basaba en el marxismo por su análisis de los problemas sociales y por su capacidad de inspirar organizaciones revolucionarias, pero también hacía uso del liberalismo por su defensa de los derechos humanos, y del cristianismo social por su capacidad de difundir ideas progresistas.

Las condiciones empeoraron cuando en el decenio de 1970 un movimiento sindical revivificado organizó huelgas contra el descenso de los salarios. Las reducciones del nivel de vida también fomentaron el crecimiento de sindicatos combativos entre los maestros, los trabajadores de la sanidad y otros grupos parecidos. Los radicales católicos empezaron a organizar sindicatos de campesinos y comunidades de base, que proliferaron después del terremoto de Managua. La creciente oposición a Somoza, que no era menor por parte de los sectores empresariales y los Estados Unidos, y el progresivo apoyo a los sandinistas, incluso entre elementos conservadores de la Iglesia católica, culminaron con la victoria de la insurrección en 1979.

El Partido Comunista de Nicaragua, el PCN, fue espectador de estos acontecimientos mientras seguía abogando por una lucha pacífica contra Somoza. Esta cautela recibiría más adelante fuertes críticas de la Unión Soviética, que virtualmente volvió la espalda al PCN y prefirió cultivar las relaciones con el gobierno sandinista. A diferencia de la revolución cubana, lo sucedido en Nicaragua hizo que Moscú modificara su postura política y se mostrase favorable a la lucha armada en América Latina con preferencia a la vía pacífica al socialismo. Mientras que Moscú había esperado dieciséis meses antes de proceder al reconocimiento diplomático de Cuba, reconoció diplomáticamente a los victoriosos sandinistas al día siguiente de que tomaran el poder. Pero la URSS se mostró prudente con la ayuda militar y económica que prestó a Nicaragua, cuya proporción con la extensión del país estaba muy por debajo de la que prestara a Cuba. Es comprensible que la URSS actuase con cautela en lo que se refería a contraer en la región otro importante compromiso económico y militar en la misma escala que el de Cuba.

Sin embargo, la izquierda latinoamericana no respondió al triunfo de la revolución nicaragüense de la misma manera que había recibido a la cubana. Consideraba que la revolución nicaragüense era una forma particular de lucha que tenía sentido en aquel país: no estaba destinada a la exportación, al menos más allá de América Central. La izquierda latinoamericana era más consciente que antes de que cada país tenía sus propias tradiciones, su propia estructura local de poder y sus propios problemas específicos. Ahora se miraba con escepticismo la idea de que había una forma aplicable universalmente, ya fuera la del Komintern o la revolución cubana.

Al mismo tiempo que los sandinistas salían victoriosos en Nicaragua, la guerrilla salvadoreña se hallaba atascada en una larga guerra de desgaste. Sus orígenes eran las escisiones habidas en el seno del Partido Comunista y el Partido Democratacristiano a finales de los años sesenta. El Partido Comunista de El Salvador se aferraba tenazmente a la creencia de que era necesario que la revolución pasara por varias etapas y se negaba a apoyar la lucha armada. Acabó formando su ala armada en 1980, pero para entonces ya había perdido apoyo y no era más que una fuerza de poca importancia en el conjunto de la guerrilla. Ni siquiera con el apoyo del Partido Comunista pudo repetir la guerrilla la experiencia de Nicaragua. La élite económica salvadoreña estaba mucho más unida que la de Nicaragua, donde se había escindido gravemente a causa de las actividades de la dinastía Somoza. En El Salvador el ejército era una institución más autónoma que en Nicaragua. La guerrilla salvadoreña era más sectaria que la nicaragüense. Y en el caso de El Salvador, la participación estadounidense en la lucha contra la guerrilla fue masiva.

Fueran cuales fueran las razones de las diferencias entre los movimientos nicaragüense y salvadoreño, lo cierto es que subrayaron la idea de que una estrategia que daba buenos resultados en un país no los daría necesariamente en otro. Al comenzar el decenio de 1980 la izquierda todavía estaba absorbiendo las lecciones de la derrota de Allende, los conflictos de América Central, la puesta en duda de la ortodoxia ideológica por parte de los partidos comunistas revisionistas de Europa y la versión cada vez menos atractiva que del socialismo ofrecía Cuba. Si estas lecciones eran difíciles de absorber, lo serían mucho más para la izquierda cuando, al finalizar el decenio, se produjera el desmoronamiento del movimiento comunista en la Europa oriental y la Unión Soviética.

EL DECENIO DE 1980: LA IZQUIERDA SUMIDA EN LA CONFUSIÓN

Hasta los años ochenta la izquierda latinoamericana se había encontrado ante una economía que, pese a las desigualdades de la renta, presentaba niveles razonables de crecimiento general. Con la crisis de la deuda en los años ochenta el crecimiento se detuvo bruscamente y las desigualdades de la renta se acentuaron. No era fácil la tarea de idear medidas que oponer a la política ortodoxa de ajuste que se estaba aplicando. El contexto político en el cual tenía que actuar la izquierda también cambió cuando los gobiernos militares devolvieron el poder a los civiles en muchos países: Perú en 1980; Argentina en 1983; Brasil en 1985; Uruguay en 1985 y Chile ea 1990. El contexto internacional estaba cambiando de forma todavía más espectacular al verse el sistema soviético rechazado totalmente en los países de la Europa oriental y embarcarse la Unión Soviética en una serie de reformas radicales. Aunque en política interior Castro seguía siendo un marxista-leninista de la vieja escuela, en política internacional Cuba ponía el acento en las relaciones de Estado a Estado y en asuntos amplios tales como la crisis de la deuda, y el apoyo a los grupos insurrectos fue reducido de forma drástica.

Si siempre fue difícil definir la izquierda en términos de un programa o un comportamiento común, la definición se hizo cada vez más difícil en los años ochenta. En Chile la izquierda seguía estando estructurada en torno a partidos y movimientos tradicionales, pero en otros países era relativamente difusa, parecida a la izquierda mexicana, que abarcaba gran número de partidos, grupos políticos, sindicatos obreros, movimientos populares organizados y publicaciones dirigidas a las masas que fluctuaban de manera continua tanto en la forma como en la composición. En varios países proliferaron las organizaciones de las bases, que a menudo sospechaban que los partidos políticos intentaban manipularlas. Reivindicaban con fuerza los derechos de ciudadanía; se inspiraban un poco en el catolicismo radical; y formaban parte de ellas grupos que no se habían mostrado políticamente activos antes de entonces, sobre todo las mujeres y los desempleados. Sus reivindicaciones raramente eran políticas en primer lugar, pero cuando el entorno político no respondía o incluso se mostraba hostil, entonces la exigencia general de democracia quedaba vinculada inevitablemente a sus fines concretos.

En muchos países apareció un sindicalismo explícitamente clasista en el que el activismo se combinaba con la hostilidad contra los partidos tradicionales de la izquierda, que seguían fieles a los supuestos leninistas sobre la subordinación del movimiento sindical al partido de vanguardia. En Colombia hubo varios paros cívicos organizados por un conjunto de asociaciones comunitarias, sindicatos y políticos de izquierdas para protestar contra la inflación y el desempleo, pero también contra la delincuencia organizada y el asesinato de líderes populares. El Movimiento Cívico fundado en Cali en 1977 llevó a cabo una campaña electoral que dio buenos resultados en 1978, pues obtuvo el 34,9 por 100 de los votos en las elecciones municipales. En los nueve meses comprendidos entre septiembre de 1977 y mayo de 1978 hubo cincuenta paros cívicos. Varias huelgas lograron paralizar todo el país y el proceso llevó a la unificación del movimiento obrero al formarse en 1985 la Central Unitaria de Trabajadores, que unió a alrededor del 65 por 100 de los trabajadores organizados. En Perú una serie de huelgas generales en 1977 y 1978, organizadas por sindicatos activistas y grupos comunitarios empujaron al gobierno militar a tomar la decisión de abandonar el poder en 1980.

Los llamados «nuevos movimientos sociales» podían expresar —y a menudo así lo hacían— el rechazo explícito de los partidos políticos o la desilusión que éstos despertaban. En Perú, por ejemplo, zonas donde la izquierda y el APRA habían sido tradicionalmente fuertes votaron en 1990 a Alberto Fujimori, que era desconocido en política, y a su partido, Cambio 90, que tampoco había sido puesto a prueba. El 40 por 100 del total de votos que Fujimori obtuvo en Lima procedía de los doce distritos más pobres. La cifra era muy superior a la de los votos que obtuvo la coalición Izquierda Unida. El crecimiento de los movimientos evangélicos puede verse como parte de este mismo proceso de rechazo de las formas tradicionales de organización social, ya fueran los partidos políticos o la Iglesia católica, y en Perú una base importante de apoyo a Fujimori la constituían las iglesias evangélicas.

No obstante, los movimientos populares tendían a ser de protesta y oposición. Florecían cuando las dictaduras militares limitaban la participación política. Crearon una fuerte conciencia de oposición en la que había un marcado elemento corporativista; creían en el estado y no en el mercado. Lo que no está tan claro es que supieran adaptarse a las dificultades que ofrecía una forma diferente de participar en un sistema democrático cuando se permitió la reaparición de los partidos políticos. El final de la dictadura en varios países fue acompañado de una renovación y una redefinición de los partidos socialistas. La estrategia de estos partidos de la izquierda iba ahora menos encaminada a hacerse con el poder del estado que a construir su basé en la sociedad civil. Estos partidos —entre los que estaban el de los socialistas chilenos y el Partido dos Trabalhadores (PT) brasileño— recalcaban sus raíces nacionales con preferencia a las internacionales. Trataban de incorporar prácticas democráticas en su organización interna, muy lejos del centralismo democrático del modelo soviético. Sin embargo, en algunos países se formaron partidos nuevos a los que sería más apropiado calificar de socialdemócratas que de socialistas. En Bolivia se fundó un partido socialista en 1971 que se basaba de manera explícita en el Partido Socialista de Allende, pero no prosperó porque atrajo poco apoyo nuevo y siguió la pauta boliviana de serias luchas internas en los partidos. También en Bolivia el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fundado en 1971, presentaba igualmente paralelos con el partido de nombre parecido que existía en Chile. Abandonó su extremismo inicial, atrajo a una nueva generación de votantes bolivianos, se desvió marcadamente hacia la derecha e incluso gobernó el país, aunque siguió una política que en ningún sentido podía calificarse de socialista. En Ecuador la Izquierda Democrática fundada en 1970 atrajo primeramente a la clase media urbana, pero también encontró apoyo entre el trabajo sindicado y, formando parte de una amplia coalición, obtuvo una mayoría de escaños en las elecciones para el Congreso de 1986 y su líder, Rodrigo Borja, fue elegido presidente en 1988.

El crecimiento de estos partidos nuevos y la aparición de movimientos sociales ajenos a los partidos reflejaron la crisis de los partidos marxistas ortodoxos, sobre todo la del Partido Comunista. La trayectoria electoral de los partidos comunistas en los años ochenta fue poco convincente. El máximo de votos que obtuvieron el Partido Comunista y sus aliados en México fue del 6,5 por 100 (en 1985). En Colombia los votos obtenidos por el Partido Comunista y sus aliados ha oscilado entre el 3,1 por 100 en 1974 y el 6,8 por 100 en 1986. En Costa Rica, al aliarse el partido de los comunistas (PVP, es decir, Partido Vanguardia Popular) con tres partidos marxistas menores, obtuvo el 7 por 100 de los votos en 1978 y 1982. Pero al romperse la alianza, incluso aquel pequeño porcentaje bajó mucho.

La reacción de los partidos marxistas a la crisis del decenio de 1980 presentó enormes variaciones. El Partido Comunista mexicano, por ejemplo, abrazó un revisionismo de estilo eurocomunista. Pero el PCM nunca había sido un partido de masas. En su apogeo bajo la presidencia de Cárdenas tenía entre 35.000 y 40.000 afiliados, pero en épocas normales raramente contaba más de 10.000. Perdió la base sindical que había construido en los años de Cárdenas y no volvió a imponerse en el mundo del trabajo hasta la formación, en los años setenta, de poderosos sindicatos universitarios. Abandonó la idea de que podía transformar al Partido Revolucionario Institucional (PRI). El PCM manifestó que el PRI había agotado su potencial progresista y pidió que se creara en la izquierda un frente democrático y socialista, aunque no sin que en el seno del partido surgiera una fuerte oposición a este cambio de política.

A partir de los años setenta el PCM había hecho hincapié en la lucha por los derechos democráticos: por sus propios derechos como partido político y por la autonomía de los sindicatos. Aspiraba a ser un partido de masas en vez de élites y propuso un programa de reformas moderado en un intento de obtener tanto apoyo como fuera posible. Siguiendo el ejemplo del Partido Comunista italiano, dedicó muchos recursos a adquirir poder en el nivel municipal, aunque los resultados fueron modestos (el control de la ciudad de Juchitán, en Oaxaca, con otros grupos de la izquierda fue el mejor resultado que obtuvo, aunque fue temporal). Abandonó su anticlericalismo y pidió que se aboliera la prohibición constitucional de los derechos políticos y electorales del clero. Reconoció que tenía la responsabilidad de fomentar la creación de organizaciones autónomas de mujeres.

En noviembre de 1981 el Partido Comunista mexicano se disolvió por decisión propia y junto con otros cuatro partidos creó el Partido Socialista Unificado de México (PSUM). Fue la culminación de diez años de debate interno y de cambios de política que habían llevado incluso a la alianza electoral con el partido trotskista, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). En 1968 el Partido Comunista mexicano denunció la invasión soviética de Checoslovaquia y, más adelante, hizo lo mismo con la de Afganistán. Reconoció el aumento del interés por las ideas marxistas a raíz de la rebelión estudiantil de 1968 y trató de modernizarse para atraer el apoyo de quienes se interesaban por el marxismo como ideología.

El partido mexicano no había salido de la semilegalidad hasta 1977 y en 1979 participó en unas elecciones por primera vez desde hacía treinta y dos años: recibió alrededor del 5,1 por 100 de los votos. El intento de modernización no estuvo libre de problemas. Dio lugar a feroces disputas internas que se resolvieron sin que las soluciones satisfacieran a los conservadores ni a los reformistas. Sólo unos pocos días después de la formación del PSUM, el segundo partido en orden de importancia, el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), se retiró y hubo una lucha interna continua entre los partidos motivada por su actitud ante el gobierno, la ideología del nuevo partido, su posición ante el bloque soviético, su papel en el movimiento sindical y el poder que tiene el nuevo partido sobre los elementos que lo constituyen.

Un rasgo que complica el panorama de la izquierda en México es la presencia de partidos izquierdistas tales como el Partido Popular Socialista (PPS) que en realidad son satélites del PRI. Si bien están subordinados políticamente al PRI, estos partidos abrazan al mismo tiempo un marxismo-leninismo dogmático y combinan el estalinismo con la creencia en la revolución mexicana. Siguen obteniendo apoyo: en las elecciones de 1988 fue la izquierda satélite la que vio aumentar el número de votos obtenidos al tiempo que descendía el de la izquierda independiente. Aunque normalmente estos partidos cosechaban pocos votos —el 4,7 por 100 en 1979, y el 2,96 por 100 en 1982—, obtuvieron el 21,04 por 100 de los votos en 1988 cuando apoyaron al Frente Democrático Nacional. El aliciente de la coalición FDN residía en parte en su líder y candidato a la presidencia, Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del presidente reformista, y en parte en su nacionalismo revolucionario. La coalición ponía el acento en la democracia política y la autonomía de las organizaciones de masas, pero su mensaje era lo bastante impreciso como para que surgiesen dudas sobre si se trataba sencillamente de la izquierda del PRI o de una organización socialista auténticamente nueva. La coalición era una frágil combinación de elementos muy dispares que iban del anticomunista Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) al estalinista pero oportunista PPS. Tema que hacer frente a la encarnizada oposición del PRI porque competía directamente con él por el apoyo de los grupos y los votantes que han sido la espina dorsal del PRI. También se parece al PRI por el carácter poco democrático de sus prácticas internas y sufre de continuas disensiones y desavenencias igualmente internas. En marzo de 1990 el rebautizado Partido Revolucionario Democrático (PRD) acordó incorporar movimientos populares en el partido, pero la relación entre el partido y dichos movimientos dista mucho de ser clara y es poco probable que corra parejas con la estrecha relación orgánica que existe entre los movimientos sociales y el PT en Brasil.

Si el partido mexicano echó a andar por el camino de la reforma, el Partido Comunista chileno se fue en la dirección contraria y después de 1980 abogó por la lucha armada contra la dictadura del general Pinochet. El partido colaboró en la creación de una pequeña guerrilla urbana cuya acción más espectacular fue el intento casi logrado de asesinar a Pinochet en septiembre de 1986. El partido chileno siempre fue leal a la Unión Soviética, mucho más, por ejemplo, que el venezolano o el mexicano. Después de 1980 Moscú juzgó conveniente dar importancia a la lucha armada y no es descabellado suponer que el cambio de política del partido chileno respondió al que se había producido en Moscú. Después de todo, el partido era ilegal en Chile y la mayoría de sus líderes se encontraban exiliados en la Unión Soviética. No cabe duda de que los líderes soviéticos se sentían avergonzados al ver cómo los partidos comunistas locales no apoyaban las insurrecciones victoriosas como hicieran en los casos de Cuba y Nicaragua. El Partido Comunista chileno era el mejor organizado de América Latina y, según los estrategas soviéticos, si algún partido tenía la probabilidad de ir a la cabeza de la revolución en lugar de ir detrás de ella, ese partido era el chileno, especialmente en un país gobernado por alguien que era objeto de la condena internacional.

El Partido Comunista también respondía al aislamiento político que le había impuesto no sólo el gobierno, sino también los demás partidos de la oposición. Después del golpe, al principio había intentado crear alianzas amplias con los democratacristianos, y también había intentado, con mayor éxito, crear un frente común con el ala más radical del Partido Socialista dirigido por Clodomiro Almeyda. Hasta los socialistas, que eran más radicales, se sintieron incómodos con su alianza con los comunistas cuando éstos pusieron en marcha el grupo de guerrilleros urbanos, el Erente Patriótico, y pareció muy poco probable que en el futuro el partido pudiese renovar la antigua alianza entre comunistas y socialistas que había sido la base de la política de la izquierda en Chile desde el decenio de 1950. El Partido Comunista procuró conservar su identidad diferenciándose del proceso renovador que tenía lugar dentro de los partidos socialistas y subrayando su lealtad a las posturas ortodoxas. El partido era muy consciente de que resultaba dificilísimo organizar una guerrilla en un país con poca tradición de violencia política y con un gobierno tan eficientemente represivo como el de Pinochet, y el Frente Patriótico se concibió como una operación en pequeña escala más que como una masiva insurrección urbana.

Los líderes soviéticos, que a la sazón hacían frente al desafío del eurocomunismo, ansiaban demostrar que al menos un partido importante era leal a la tesis de que la violencia revolucionaria tenía un papel que desempeñar en la lucha política. Pero el partido de Chile también estaba respondiendo al cambio social. La base tradicional del partido en el movimiento obrero era mucho más débil a causa de la ofensiva del gobierno Pinochet contra los sindicatos. Por otra parte, los jóvenes desempleados de las barriadas de chabolas estaban dispuestos y deseosos de enfrentarse violentamente a la policía y al ejército tras el estallido del movimiento de protesta social contra el régimen en 1983. El Partido Comunista tenía más probabilidades de hacerse con la lealtad del citado grupo organizando la violencia en lugar de condenarla. El partido se mostró contrario a participar en el plebiscito que en octubre de 1988 puso fin a las esperanzas de Pinochet de ocupar la presidencia durante ocho años más. No obstante, aceptó el plebiscito en el último momento e instó a sus afiliados a votar contra Pinochet, pero se vio excluido de la coalición que se formó para organizar la campaña, como le ocurrió también en las elecciones de diciembre de 1989, que dieron la victoria a la oposición.

La experiencia chilena demostró que una política de aislamiento e intransigencia aportaba escasos beneficios a un proceso de restauración de la democracia, pero distaba mucho de estar claro que hubiese otra estrategia que fuera obviamente más beneficiosa. El Partido Comunista chileno, como otros partidos parecidos del mundo, recibió una fuerte conmoción a causa de los acontecimientos que se produjeron en la Europa oriental y la antigua Unión Soviética. Al igual que otros partidos similares, pasó por una crisis de defecciones, expulsiones y escisiones y se encuentra ante un futuro en el cual su papel parece incierto en el mejor de los casos y marginal en el peor.

Perú fue el único país de América Latina donde el comunismo inspirado por China generó apoyo popular, tanto urbano como rural. La guerrilla rural, Sendero Luminoso, que comenzó sus operaciones en 1980, aunque se había formado un decenio antes, es el más conocido de los movimientos de inspiración china. Sendero Luminoso fue una facción (Bandera Roja) del partido maoísta hasta que se separó en 1969-1970. Sendero Luminoso brotó de una influyente subcultura de maoísmo en Perú. El maoísmo tenía fuerza ideológica en los círculos estudiantiles y el principal sindicato de maestros era controlado por el partido maoísta Patria Roja.

El Partido Comunista peruano estaba a favor de Moscú y, aunque tenía influencia en el movimiento sindical, no había creado cuadros sólidos y disciplinados como los del Partido Comunista de Chile. Una base industrial mucho más débil, la competencia del APRA y años de represión habían contribuido a crear un partido de proporciones modestas. Era también un partido muy cauto. Al igual que la mayoría de los partidos de la izquierda, recibió con alegría, como hemos visto, el golpe militar de 1968 que llevó al poder a un gobierno reformista encabezado por el general Velasco. A diferencia de otros partidos de la izquierda, continuó apoyando a dicho gobierno mucho después de que el impulso reformista hubiera desaparecido. Hasta la huelga general de 1977 no pasó el Partido Comunista peruano a formar parte de la oposición al gobierno militar. Sectores sociales que deseaban protestar contra la política del gobierno, así como contra el fuerte descenso del nivel de vida después de 1972, recurrieron a partidos más radicales. Debido al fracaso de la guerrilla castrista en los primeros años sesenta, esa opción en particular parecía menos atractiva, y aunque los trotskistas recibieron cierto apoyo, el encarcelamiento de su popular líder, Hugo Blanco, y sus continuas discusiones internas limitaron su atractivo también.

Al producirse la ruptura entre la Unión Soviética y China, un pequeño grupo había abandonado el partido ortodoxo para formar un partido maoísta. Aunque pronto hubo en él divisiones en torno a si la lucha revolucionaria tenía que ser principalmente urbana o rural, el nuevo partido encontró apoyo en los decisivos sectores medios, sobre todo entre los maestros y los estudiantes universitarios. El clima ideológico general que había creado el gobierno Velasco en sus primeros años se mostraba tolerante con los movimientos radicales y permitió que los maoístas formaran un poderoso sindicato de maestros, el SUTEP, que antes de que transcurriera mucho tiempo se enfrentó al gobierno, a veces de manera violenta, en relación con la paga y las condiciones de trabajo de los maestros.

Mientras tanto, Sendero Luminoso empezó pacientemente a formar cuadros y buscar apoyo en la empobrecida región de Ayacucho, donde las condiciones económicas y sociales favorecían su crecimiento. Aunque pobres, incluso para tratarse de Perú, no existía ninguna clase formada por grandes terratenientes que suprimiera las organizaciones campesinas. Ayacucho había oído muchas promesas de reforma agraria de boca del gobierno Velasco, pero los beneficios reales eran escasos. En esta zona remota el gobierno y la policía ejercían poca autoridad. La población de la zona era en gran parte india y estaba muy resentida contra el gobierno urbano y blanco de Lima. La universidad de Ayacucho estaba controlada por maoístas; el más famoso de los profesores, y director de personal, era nada menos que Abimael Guzmán, el líder e ideólogo de Sendero Luminoso.

Sendero Luminoso profesaba admiración por las ideas de Mao en el apogeo de la revolución cultural, durante la cual algunos de los líderes senderistas habían estado en China. También se inspiraba en las ideas indigenistas de Mariátegui. La mayoría de sus líderes eran mestizos y hostiles a cualquier organización de las bases que no fuera el partido. Sendero Luminoso recreó las estructuras autoritarias de la sociedad andina sustituyendo el dominio de los terratenientes por el del partido. Estaba organizado en una estructura de células envuelta en el mayor secreto y en la cual era difícil penetrar. Era extremadamente despiadado y violento y se valía del terror para imponer su dominio. La respuesta del gobierno al principio fue permitir que los militares tomaran medidas igualmente salvajes contra Sendero Luminoso y se calcula que el número de muertos, en gran parte campesinos inocentes, fue de quince mil entre 1980 y 1988. Sendero Luminoso llevó a cabo un gran cambio de estrategia en 1988 al declarar que las ciudades eran «necesarias» más que «secundarias». Sendero Luminoso encontró cierto apoyo en las barriadas de chabolas de Lima y en algunos sindicatos industriales. También publicaba un periódico, El Diario. Que Sendero Luminoso podía hacer estragos en el frágil sistema político de Perú era algo que no admitía dudas; pero de lo que sí cabía dudar era de que pudiese hacer algo más. Sus sencillísimas proposiciones políticas y sus métodos violentos recordaban la Camboya de Pol Pot.

El crecimiento de Sendero Luminoso planteó problemas al mosaico de partidos —comunista ortodoxo, trotskista, prochino, castrista— que constituían la izquierda en Perú. La historia de la izquierda peruana es un proceso interminable de unificación y división. La izquierda consiguió buenos resultados en las elecciones de 1978 para la asamblea constituyente, con el 29,4 por 100 de los votos. Pero la retirada de los trotskistas debilitó la coalición y en las elecciones de 1980 compitieron cinco listas distintas de izquierdas que en conjunto obtuvieron sólo el 14,4 por 100 de los votos. La mayoría de los grupos izquierdistas se unieron para formar la Izquierda Unida en 1980 y los votos obtenidos por la izquierda aumentaron hasta situarse en el 29 por 100 en las elecciones municipales de 1983, y el líder de la IU, Alfonso Barrantes, se hizo con el control de Lima al obtener el 36,5 por 100 de los votos. Era obvio que el crecimiento de la izquierda reflejaba la grave crisis económica unida al descontento general con el gobierno del presidente Belaúnde Terry, pero también reflejaba la gran labor organizativa que la izquierda había llevado a cabo en las bases y un intento serio de formular una política que consistiera en algo más que en expresar denuncias retóricas de los males del capitalismo.

Sin embargo, la izquierda distaba mucho de estar unida. En su condición de alcalde de Lima, Barrantes tuvo que hacer frente a una racha de ocupaciones de tierra organizadas por la extrema izquierda de su propia coalición. Esta falta de unidad ocasionó un descenso de los votos de la izquierda, que se situaron en un 21 por 100 en 1985, aunque continuó siendo la segunda fuerza electoral. Pero las divisiones se intensificaron y reflejaron la actitud ambigua que ante la democracia adoptaban importantes elementos de la coalición IU (y que compartían, forzoso es decirlo, algunos grupos de la derecha e incluso el gobierno del APRA). El asunto de la violencia política continuaba siendo una línea divisoria entre los que deseaban colaborar en el proceso democrático, a pesar de sus defectos, y los que deseaban provocar su caída para sustituirlo por un orden diferente. Barrantes fue criticado por quienes consideraban que el principal foco de actividad tenían que ser las calles y las fábricas en lugar del Congreso. En enero de 1989 el primer congreso nacional de la IU fue testigo de una escisión cuando Barrantes se llevó consigo algunos delegados moderados para formar una coalición rival, la Izquierda Socialista. Los votos obtenidos por la izquierda en las elecciones municipales de 1989 bajaron mucho y quedaron en un 11,5 por 100, y los dos candidatos de la izquierda que concurrieron a las presidenciales de 1990 obtuvieron sólo el 11 por 100 de los votos entre los dos[36].

Una respuesta a la decadencia del comunismo ortodoxo, así como a la creciente pérdida de atractivo del modelo cubano, fue el renovado interés por el socialismo de tipo esencialmente parlamentario y electoral, lo cual contrastaba con la violencia asociada con la guerrilla en países tales como Perú, Colombia y El Salvador. La reacción a los años de dictadura militar y la supresión de las libertades básicas entre algunos sectores de la izquierda fue una evaluación mucho más positiva de los beneficios de la democracia formal. El crecimiento de movimientos socialdemócratas en Europa, en especial el partido socialista de Felipe González en España, fue una fuente de inspiración. La labor de la Internacional Socialista en América Latina aportó vínculos internacionales, más aliento y un poco de ayuda económica. Al analizar con más atención la estructura social de América Latina, la izquierda moderada se percató de la importancia de atraer a las clases medias, así como a las nuevas organizaciones populares que no eran sindicatos ni expresión de la lucha de clases, y que debían más a las instituciones inspiradas por la Iglesia que a la izquierda marxista.

El Partido Socialista chileno, aunque siempre fue un partido que contenía diversas facciones ideológicas, se había desplazado en su conjunto hacia la izquierda durante el decenio de 1960, en parte bajo la influencia de la revolución cubana. Durante el gobierno de la Unidad Popular se situó a la izquierda del Partido Comunista y apoyó la ocupación de fábricas y explotaciones agrícolas por parte de los obreros y los campesinos. Fue reprimido salvajemente después del golpe de 1973 y la mayoría de los líderes del partido tuvieron que marchar al exilio, donde el partido se dividió en un ala moderada y un ala marxista-leninista. Esta diferencia reflejaba en parte la experiencia del exilio. En los que se exiliaron en Francia, Italia o los países escandinavos influyeron los cambios que se estaban produciendo en la socialdemocracia europea. La sección más intransigente, capitaneada por Clodomiro Almeyda, se exilió en el bloque oriental y tendía a reflejar la ideología de sus anfitriones, incluida la importancia que se daba a la necesidad de una alianza entre socialistas y comunistas.

El partido se vio obligado a llevar a cabo una reconsideración profunda del significado de la democracia. La izquierda chilena, en especial el Partido Socialista había considerado la democracia como algo natural. Haya de la Torre había escrito en 1946, refiriéndose a los socialistas chilenos, que desprecian la democracia porque no les ha costado nada adquirirla. Ojalá conocieran la verdadera faz de la tiranía[37]. Después de 1973 los socialistas chilenos conocieron la verdadera faz de la tiranía y una de las consecuencias que tuvo su reconsideración del valor de la democracia fue rechazar la vuelta al tipo de política y de alianzas políticas que habían caracterizado el período de la Unidad Popular.

El Partido Socialista moderado se guardó mucho de dar importancia al control estatal de la economía por medio de la nacionalización de los monopolios extranjeros y locales y de las grandes empresas, y, en vez de ello, abogó por la planificación democrática, la economía mixta y los pactos sociales entre los gobiernos, los trabajadores y los empresarios (la llamada «concertación social»). Los socialistas moderados aceptaban la necesidad de formar alianzas políticas con partidos de centro tales como los democratacristianos y los radicales con el fin de derrotar al gobierno de Pinochet y restaurar la democracia en Chile. Criticaban al Partido Comunista porque abogaba por la violencia.

El Partido Socialista radical, encabezado por Clodomiro Almeyda, seguía hablando el lenguaje del leninismo y formó una alianza con el Partido Comunista, después de que las protestas sociales de 1983 en Chile lograran que se permitiera la actividad limitada de los partidos en el país. Pero los socialistas de Almeyda se sentían incómodos con la justificación de la violencia por parte de los comunistas y se unieron a los otros socialistas en la campaña contra Pinochet con motivo del plebiscito de 1988, así como en la campaña electoral de 1989. A finales de 1989 los dos partidos socialistas se unieron en un partido que volvía a estar unificado y aceptaron en líneas generales los principios de la sección renovadora del socialismo.

La verdadera novedad en la izquierda fue un partido «instrumental», el llamado Partido por la Democracia (PPD), que se creó para participar en el plebiscito de 1988 y cuya inspiración era en gran parte socialista. Este partido presentaba una imagen más moderna que el Partido Socialista, sus miembros procedían de grupos con poca experiencia previa en la actividad de los partidos y, en general, aspiraba a ser una versión chilena del PSOE español. Las relaciones entre el Partido Socialista y el PPD no fueron siempre fáciles, toda vez que el PPD era de manera consciente menos ideológico que el Partido Socialista y era considerado un vehículo para las ambiciones políticas del líder socialista Ricardo Lagos. No estaba nada claro si el PPD absorbería al Partido Socialista o si el PPD se transformaría en un amplio frente político en el cual el Partido Socialista sería el elemento principal. Esta incertidumbre y el hecho de que gran número de socialistas destacados estuviesen también afiliados al PPD reflejaban las ambigüedades no resueltas que la transformación del socialismo chileno llevaba aparejadas.

En Venezuela el Movimiento al Socialismo (MAS) lo formaron en 1971 disidentes del Partido Comunista, muchos de los cuales habían participado en la guerrilla de los años sesenta. Aunque el partido raramente ha obtenido más del 5 por 100 de los votos, su importancia en el sistema político ha sido mayor de lo que induce a pensar ese porcentaje, ya que las ideas que ha difundido han ejercido influencia y el partido contribuyó de manera decisiva a la consolidación de la democracia venezolana al abogar por la reforma del sistema en vez de su derrocamiento. En el MAS influyeron la experiencia del Partido Comunista italiano y el movimiento eurocomunista. Insistió en que tenía que haber caminos individuales y nacionales para llegar al socialismo y rechazó la idea de que existiera un solo modelo correcto. Criticó el estilo leninista de la organización del partido y abogó por la creación de un partido cuya estructura permitiese la participación. Criticó al Partido Comunista por subestimar el papel y la importancia de las clases medias en el sistema político venezolano. Aunque muchos de los afiliados del MAS procedían del Partido Comunista y de la extrema izquierda, reconocían que el pueblo venezolano estaba comprometido con la democracia. El partido se presentó como comprometido también con la democracia, tanto en el país como en su propia estructura interna. El MAS insistía en la necesidad de honradez y responsabilidad en la vida pública y procuraba presentarse como el verdadero representante de los valores que los principales partidos —la AD y el COPEI— habían encamado en otro tiempo pero que habían comprometido en la lucha por el poder político.

Desde 1971 el MAS había pasado gran parte de su tiempo entregado a un interminable debate sobre estrategia, táctica y organización. Era muy consciente de que el principal problema de la izquierda consistía en encontrar algún papel que representar en unos momentos en que un presidente reformista (Carlos Andrés Pérez) y los crecientes ingresos que proporcionaba el petróleo se traducían en un aumento del apoyo a la AD. La respuesta no era fácil: de ahí el incesante debate interno en el MAS. Pero el partido desempeñó un papel útil introduciendo ideas nuevas en el sistema bipartidista y frenando los abusos del poder.

Y desempeñó un papel más que útil al contribuir a crear en Venezuela una izquierda que estaba firme y públicamente comprometida con la democracia parlamentaria[38]. El apoyo que recibía el MAS aumentó un poco cuando la crisis económica creó descontento con los partidos principales, la AD y el COPEI. En las elecciones de 1988, en las que se presentó aliado con otro partido de izquierdas, obtuvo el 10,2 por 100 de los votos, y en las primeras elecciones directas de gobernadores de los estados, que se celebraron en 1989, el MAS venció en el estado industrial de Aragua y quedó en segundo lugar, después de la AD, en varios más. Pero la izquierda venezolana obtuvo relativamente poco apoyo nuevo de la gran oleada de descontento que causó disturbios violentos en 1989 y condujo a varios intentos de golpe militar en 1992. El descontento popular adquirió la forma de protestas masivas en la calle, y la verdadera amenaza para el dominio de los dos partidos en Venezuela procedía de conspiradores militares inspirados por grandilocuentes concepciones populistas más que de la izquierda. Sin embargo, un nuevo partido de izquierdas, Causa Radical, basado en el movimiento sindical, arraigó en el estado industrial de Bolívar. Causa Radical, que se benefició del rechazo general de que fueron objeto los partidos tradicionales en las elecciones presidenciales de 1993, obtuvo el 22 por 100 de los votos populares.

La izquierda en Uruguay era un caso insólito porque sus ideas y su estrategia parecían menos afectadas por los largos años de dictadura militar que la izquierda brasileña o chilena. Sin embargo, más que los otros países del Cono Sur, la restauración de la democracia en Uruguay fue precisamente eso: una restauración del sistema anterior. De hecho, la izquierda cambió bastante más que los dos partidos dominantes, el Partido Colorado y el Partido Nacional. La izquierda, organizada bajo el nombre de Frente Amplio, obtuvo buenos resultados en las elecciones de 1971: consiguió el 18 por 100 de los votos. En las primeras elecciones que se celebraron después del gobierno de los militares, las de 1984, obtuvo el 21,3 por 100 de los votos; y en 1989, el 21,2 por 100. Pero hubo cambios en la composición y las ideas políticas del Frente Amplio. En 1973 los principales partidos del Frente eran el Partido Comunista, el Partido Socialista y el MLN-Tupamaros. En 1984 los votos para la izquierda radical, el MLN, descendieron en proporción a los votos totales que obtuvo la izquierda del 23 por 100 al 6,7 por 100 comparado con el descenso de los votos obtenidos por los comunistas, que fue del 32,9 al 28,2 por 100; mientras que el principal ganador fue un nuevo partido moderado de inspiración democratacristiana, el Movimiento por el Gobierno del Pueblo, que obtuvo el 39,3 por 100 de los votos del Frente en comparación con el 10,3 por 100 que habían recibido los partidos moderados en 1971. El Frente Amplio era claramente menos extremista que en 1971 y su compromiso con la política electoral era más firme. Perdió el apoyo del grupo más moderado en 1989 al formar dicho grupo el partido Nuevo Espacio, que obtuvo el 9 por 100 de los votos populares, pero su porcentaje de votos permaneció constante. Por otra parte, el Frente obtuvo la mayoría relativa en Montevideo, con el 37 por 100 de los votos, y ganó la alcaldía.

El Frente Amplio era una gran coalición unida en parte por las peculiaridades del sistema electoral uruguayo, que estimula la formación de amplias coaliciones de numerosos partidos. Recibió apoyo debido en parte a que era la única opción digna de confianza frente al tradicional sistema bipardisita en unos momentos en que ambos partidos eran cada vez más impopulares por su gestión de la economía. El Frente Amplio consolidó su posición sobre la izquierda al oponerse a la ley que concede la amnistía a los militares que cometieron abusos de los derechos humanos. El Frente Amplio se benefició del sistema sindical uruguayo, que, a diferencia del de la mayoría de los países de América Latina, tiene un historial de evolución autónoma, de no estar incorporado en la maquinaria del estado ni colonizado por uno de los dos partidos principales. Pero el Frente Amplio era débil fuera de Montevideo, donde obtuvo sólo el 9 por 100 de los votos, y los trabajadores sindicados que votan con asiduidad al Frente constituyen sólo el 19 por 100 de la población adulta de Montevideo y un porcentaje insignificante en otras partes. Al salir del Frente los partidos moderados, se redujeron sus probabilidades generales de obtener buenos resultados electorales. Hasta cierto punto, la supervivencia del Frente dio testimonio de la inmovilidad general del sistema político uruguayo, más que de la formación de un nuevo e innovador movimiento izquierdista.

En Brasil el Partido dos Trabalhadores (PT) se formó en parte debido a que se percibía la insuficiencia del partido Comunista como medio de expresión de las reivindicaciones de los sindicatos. El PT nació del nuevo sindicalismo que se formó en las grandes industrias metalúrgicas de la región de São Paulo. En 1978, tras un año de activismo obrero, los nuevos líderes sindicales, sobre todo Luís Inácio da Silva (Lula), sacaron la conclusión de que el activismo en los lugares de trabajo no servía para alcanzar sus objetivos más amplios. Según dijo Lula, «en mi opinión, la izquierda brasileña ha cometido errores durante toda su historia precisamente porque ha sido incapaz de comprender lo que pasaba por la cabeza de los trabajadores y basarse en ello para elaborar una doctrina original… No niego que el PCB ha sido una fuerza influyente durante muchos años. Lo que sí niego es que sea justo decirles a los trabajadores que tienen que ser comunistas. El único proceder justo es dar a los trabajadores la oportunidad de ser lo que más les convenga. No desean imponer doctrinas. Quieren formular una doctrina justa que emane de la organización de los trabajadores y que al mismo tiempo sea resultado de su propia organización»[39].

El PT se ha convertido en el mayor partido explícitamente socialista de América Latina. Su apoyo electoral aumentó del 3 por 100 del total de votos en 1982 al 7 por 100 en 1986. En las elecciones municipales de 1988 los candidatos del PT se hicieron con el control de treinta y seis ciudades, entre ellas São Paulo, donde la candidata era una inmigrante procedente del empobrecido noreste, Luiza Erundina. Los votos totales del PT en las 100 ciudades más grandes de Brasil representaron el 28,8 por 100 del total de votos. Aunque el partido tenía sus raíces en el movimiento sindical urbano, también ha crecido en las zonas rurales, donde cuenta con el apoyo de la Iglesia radical y de las comunidades de base. En la primera ronda de las elecciones presidenciales de 1989 Lula, el candidato del PT, obtuvo el 16,08 por 100 de los votos y quedó en segundo lugar, por un margen estrecho, frente a Leonel Brizóla (PDT), que obtuvo un 15,74 por 100. En la segunda ronda Lula (37,86 por 100) fue vencido por Fernando Collor de Mello (42,75 por 100), pese a moderar su programa político radical con el fin de atraer al centro, táctica que casi dio buen resultado.

El PT también procuró adoptar un modelo nuevo de organización interna que, a diferencia de la del PCB, respetase la autonomía del movimiento sindical. La misión del partido no era dirigir a los trabajadores, sino expresar sus reivindicaciones en la esfera política. La organización del partido hacía hincapié en la democracia participativa. La organización central del partido seria el llamado «núcleo de base», que se compondría de miembros afiliados de un vecindario, un grupo profesional, un lugar de trabajo o un movimiento social y se dedicaría a una actividad política permanente más que a una actividad electoral esporádica. El partido estaba destinado a dirimir las diferencias que normalmente existen entre un movimiento social y un partido. Si, en la práctica, muchos núcleos funcionaron en gran parte como organizaciones electorales, el nivel de participación de los afiliados del PT, que se calculan en unos 600.000, seguía siendo extraordinariamente elevado para tratarse de un partido brasileño.

Semejante estructura participativa era muy apropiada para la política de oposición que fue necesaria al imponerse el gobierno militar. Era menos claro que tal estructura funcionase en una democracia competitiva. Muchos de los afiliados y líderes del partido procedían del radicalismo católico más que del marxismo y les preocupaba más mantener la autonomía de las organizaciones sindicales y populares que crear un partido político disciplinado. Hubo muchos conflictos internos en el PT, en especial entre los afiliados del mismo que eran miembros del Congreso y los líderes del partido fuera del Congreso. Los tres partidos trotskistas brasileños trabajaban dentro del PT, aun cuando el mayor de ellos, Convergencia Socialista, consideraba el PT como una pantalla que había que radicalizar bajo la dirección de una vanguardia revolucionaria que combatiera en el PT la influencia de la Iglesia católica y del grupo parlamentario. Semejante variedad de posturas políticas no contribuía a la disciplina del partido, pero la derrota de los trotskistas en el congreso del partido celebrado a finales de 1991 permitió una mayor unificación.

El PT era indudablemente novedoso, no sólo entre los partidos de Brasil, sino incluso entre los partidos socialistas de América Latina. Estaba firmemente enraizado en la clase trabajadora, y controlaba alrededor del 60 por 100 de los sindicatos del sector público, y sólo un poco menos en el sector privado. En el Congreso el PT era el partido con la mayor proporción de diputados vinculados al movimiento obrero y a movimientos sociales. Intentó crear normas de actuación y prácticas nuevas; por ejemplo, el 30 por 100 de los puestos del comité central del partido los ocuparían mujeres. Pero surgieron problemas que obstaculizaron su avance. El PT era un partido ideológico en un sistema de partidos que no tenía nada de ideológico. Tuvo que hacer frente al desafío de otros partidos izquierdistas, en especial del viejo partido populista radical de Brizóla y del socialdemócrata PSDB. Tendió una mano a los pobres organizados de las ciudades y el campo, pero la mayoría de los brasileños pobres no estaban sindicados ni eran miembros de organizaciones sociales y en 1989 estos sectores votaron más al derechista Collor de Mello que a Lula. Al igual que a todos los partidos de izquierdas, al PT le costó proponer medidas para hacer frente a la crisis económica que no se pareciesen a las fórmulas que habían fracasado en el pasado ni fueran simples imitaciones de la política neoliberal ortodoxa. Si bien el apego del PT a una ideología radical ayudó a formar miembros comprometidos del partido, ese mismo compromiso limitó su capacidad de competir en el mundo fluido y populista de la política de partidos de Brasil.

A pesar de las diferencias entre los sistemas políticos, hubo paralelos en Chile, Venezuela, Uruguay y Brasil, y en otras regiones de América Latina, en lo que se refiere a la aparición de un socialismo que insistía en la participación y la democracia, que rechazaba la pasada ortodoxia de un solo modelo correcto y que se basaba firmemente en estructuras nacionales más que en doctrinas internacionales.

CONCLUSIÓN

Históricamente la izquierda siempre ha supuesto que existían un objetivo, un programa y una fuerza organizada capaz de poner dicho programa en práctica, y una teoría que explicaba la lógica del sistema. Puede que el programa fuese improvisado, que el objetivo fuese irreal y que la fuerza organizada no fuera nada de eso, pero así era como la izquierda pensaba en el cambio, al menos como legitimaba sus actividades. Todo esto está ahora en entredicho[40]. En el decenio de 1980 tuvieron lugar cambios trascendentales en el comunismo internacional, que de la insistencia monolítica de la época de Brezhnev en que había un solo modelo de socialismo, aun cuando pudiera haber diversos caminos para llegar a él, pasó al pluralismo del socialismo que aceptaban los defensores de la perestroika en la Unión Soviética bajo Gorbachov y, finalmente, a la desintegración definitiva de la Unión Soviética y con ella del comunismo como ideología política viable. Una consecuencia obvia de estos acontecimientos fue la disminución del interés de la Unión Soviética por los movimientos comunistas locales y del apoyo que les prestaba. En los años ochenta, sin embargo, la cuantía del apoyo soviético destinado a los partidos comunistas de América Latina ya era relativamente poco importante, exceptuando el caso de Cuba. El centro de operaciones soviéticas en América Latina en los años setenta y ochenta era Perú. Pero la prioridad para la Unión Soviética era una ruta aérea a América Latina, y acceso a las zonas pesqueras del Pacífico, en vez de ser la propagación del comunismo en Perú y América Latina. Si la Unión Soviética continuó interesándose por el Partido Comunista chileno en los años ochenta no fue sólo por ser el único partido comunista latinoamericano que tenía una trayectoria electoral históricamente razonable, sino también porque la Unión Soviética estaba interesada en la zona del Pacífico por razones económicas y tener un partido aliado allí podía reportarle algún beneficio.

Mucho más importante que la pérdida de apoyo material fue el daño que sufrió el prestigio ideológico del marxismo en América Latina. Al caer el comunismo internacional, la izquierda perdió la visión movilizadora de una sociedad socialista a la que se llegaría mediante la revolución. La idea de la revolución no pasó a ser sólo inimaginable, sino incluso indeseable. La última posición del movimiento comunista en América Latina seguía siendo el régimen de Castro en Cuba. Era todavía una especie de punto de reunión de quienes, aun estando desilusionados con los fracasos económicos de Castro y su falta de respeto por los derechos humanos, pensaban que Cuba necesitaba apoyo por ser el último bastión contra el imperialismo de los Estados Unidos. Esta opinión estaba especialmente arraigada en América Central. Allí la izquierda sólo había tomado realmente el poder por la fuerza de las armas y todavía, con buenos motivos, desconfiaba de las credenciales democráticas de la derecha y el centro políticos del istmo. A pesar de las negociaciones de paz entre los gobiernos y las guerrillas, seguía sin estar claro que la izquierda centroamericana fuera a evolucionar y convertirse en alguna clase de socialdemocracia.

Si Cuba representaba todavía un punto de reunión para la izquierda en América Central, ya no podía decirse lo mismo de la revolución nicaragüense, que fue derrotada en las elecciones de 1990. Al gobierno sandinista le costó pasar de partido vanguardista al frente de una revolución a partido de izquierda democrática que participaba en unas elecciones competitivas[41]. No obstante, que los sandinistas seguían inspirando sentimientos de lealtad lo demostró el hecho de que, a pesar de un desmoronamiento económico sin precedentes, así como de las terribles consecuencias de la guerra que les enfrentaba a la contra, y la hostilidad de gran parte de la Iglesia católica, pudieran obtener más del 40 por 100 de los votos en las elecciones de 1990 y conservaran mucho poder en el nuevo gobierno de Violeta Chamorro. Pero la derrota de los sandinistas fue un golpe a la confianza de la izquierda en América Central y, de hecho, en toda América Latina. El expediente de la izquierda en el poder no era atractivo. El historial económico de Cuba era pésimo y su futuro político, incierto. Aunque por razones diferentes, el historial económico de Nicaragua todavía era peor y, además, el pueblo había votado contra la revolución, obligándola a abandonar el poder.

Con todo, es posible ver algunos beneficios para la izquierda latinoamericana que se derivan de la caída del comunismo internacional. La izquierda ya no tendría que justificar o excusar las prácticas antidemocráticas del bloque comunista. Ya no tendría que defender a regímenes que ofendían las creencias democráticas liberales. La izquierda ya no tendría que hacer frente al mismo grado de hostilidad de los Estados Unidos. Podría empezar a liberarse de la acusación de que la izquierda en el poder degenerará automáticamente en autoritarismo.

Al empezar el decenio de 1990, la izquierda de todo el mundo se encontró con problemas tan grandes como los de la izquierda latinoamericana, o todavía mayores. De hecho, podría decirse que, a pesar de todos los reveses, en América Latina la izquierda se encontraba en una situación relativamente más favorable que en otras regiones. Al menos la izquierda latinoamericana no se veía desgarrada por los conflictos étnicos de algunos otros países. Tampoco tenía que contrarrestar la fuerza movilizadora popular del fundamentalismo religioso. En muchos otros lugares del mundo la izquierda había sufrido por el hecho de estar en el gobierno en una época de recesión económica internacional. En América Latina la derecha estaba en el poder. Era posible que si la política económica neoliberal no daba resultados tan buenos como los que prometían sus defensores, las ventajas de estar en la oposición se manifestaran en el futuro.

Los factores que dieran origen a la izquierda no habían desaparecido. La recesión económica del decenio de 1980 acentuó la desigualdad y empeoró la pobreza en América Latina. Las fuerzas de la derecha seguían ejerciendo un control desproporcionado sobre el poder político. Los pobres y desposeídos tenían pocas posibilidades de recurrir a la justicia dentro de los sistemas jurídicos e institucionales vigentes. Era verdad que la izquierda de los años noventa no ofrecía ningún programa distintivo que fuera políticamente popular. Su fuerza nacía más de la naturaleza inaceptable de la vida para la mayoría del pueblo que de la viabilidad de unas opciones políticas.

La izquierda latinoamericana no fue la única que comprobó que el nuevo contexto exigía una nueva respuesta. Los partidos socialistas europeos respondieron abrazando decididamente la idea de la economía de mercado y deshaciéndose de la mayor parte de los programas por los que abogaran en el pasado. Pero asuntos que empezaron a ocupar un lugar destacado en Europa, tales como las inquietudes ecológicas o medioambientales, no habían adquirido importancia, al finalizar el decenio, para la izquierda latinoamericana en unas sociedades donde los problemas de la pobreza y las privaciones eran más apremiantes. Asuntos tales como la destrucción de la selva tropical amazónica, o el efecto de las minas de oro y otras actividades en los pueblos nativos de Brasil despertaban más preocupación internacional. Y tampoco se mostraba la izquierda latinoamericana especialmente receptiva al debate en torno a la desigualdad entre los sexos. Algunos partidos se comprometieron a trabajar en pos de la igualdad entre los sexos en teoría, pero en la práctica hubo pocos cambios en las costumbres tradicionales. En los años ochenta el socialismo en América Latina corría peligro de convertirse en una doctrina conservadora con los ojos puestos en el pasado mientras la derecha política tomaba la iniciativa ideológica.

No obstante, en el siglo XX la izquierda había establecido en América Latina una presencia y un prestigio cuyas bases eran más sólidas que en muchas otras zonas del mundo. Si otros partidos habían hecho suyas las ideas de la izquierda, este hecho atestiguaba la fuerza y la pertinencia de tales ideas. La izquierda creó partidos políticos, sindicatos y grupos intelectuales que desempeñaron papeles fundamentales en la política de los países latinoamericanos. Las ideas del socialismo y el marxismo inspiraron a algunos de los escritores e intelectuales más grandes de este siglo en América Latina. Algunos grupos de la izquierda justificaron y usaron la violencia para alcanzar sus objetivos, pero la mayoría de ellos se abstuvieron y todos soportaron lo peor de la violencia del estado, que era mucho mayor. La izquierda interpretó un papel importante en la lucha por la democracia contra los regímenes autoritarios en los años setenta y ochenta. Muchos hombres y mujeres normales y corrientes se unieron a la izquierda porque querían igualdad, justicia y libertad. Estos valores sólo se habían hecho realidad de manera muy imperfecta en la América Latina contemporánea. La izquierda de los años noventa se encontró ante la difícil tarea de idear nuevas formas de alcanzar viejos objetivos.

Capítulo 3
LA CLASE TRABAJADORA URBANA
Y EL MOVIMIENTO OBRERO
EN AMÉRICA LATINA DESDE 1930

INTRODUCCIÓN

Emplear las palabras «clase trabajadora» o «proletariado» al hablar de la historia de América Latina desde 1930 plantea dificultades. Estas palabras parecen más o menos apropiadas en el caso de algunos grupos de trabajadores, en ciertos momentos y lugares, mientras que en el caso de otros grupos las palabras «clase trabajadora» sugieren una homogeneidad de origen social, de lugar en el mundo del trabajo y de actitud y organización mayor de lo que está justificado. El problema es real más que puramente semántico. En el cambiante mundo laboral ciertas categorías o grupos de trabajadores acabaron definiéndose a sí mismos —o siendo definidos por otros— como, en cierto sentido, una «clase trabajadora» y las consecuencias de esta definición cultural afectaron su forma de pensar en el mundo y de actuar en él. Ejemplos clásicos de esto son las clases trabajadoras de Argentina y Chile, donde un fuerte sentido de la identidad de clase estaba vinculado a claras orientaciones políticas. Sin embargo, esta no era en modo alguno la experiencia modal, y muchos trabajadores latinoamericanos se veían a sí mismos en términos mucho más difusos, ya fuera como élites distintivas, separadas del resto de la población trabajadora, o subsumidos dentro de una categoría social mayor llamada a veces «los pobres» y otras veces «el pueblo». Estas formas diversas de identidad social (y las luchas relativas a la definición política y cultural de los trabajadores urbanos) han sido un elemento fundamental en la dinámica de la organización de la clase trabajadora y del pueblo, y comprenden uno de los vínculos entre el movimiento obrero, definido estrictamente, y movimientos sociales más amplios. Aunque el presente capítulo se ocupa principalmente del movimiento obrero definido de manera estricta, a lo largo de todo él se harán varias referencias a los vínculos entre el movimiento obrero y movimientos sociales más amplios, especialmente en relación con las tensiones entre los trabajadores y los movimientos en favor de la democracia de los años cuarenta y en relación con los vínculos cada vez más estrechos, y todavía problemáticos, entre el movimiento obrero y los movimientos sociales urbanos en los años sesenta y setenta.

El estudio de la población trabajadora urbana de América Latina también ha de tener en cuenta las palabras que tanto las élites como los trabajadores mismos utilizan para referirse a esta masa humana. Los «pobres», el «pueblo», las «masas», los «trabajadores» son definiciones alternativas con inmensas diferencias en sus connotaciones y sus consecuencias para la acción política. A esta ambigüedad y esta controversia semánticas se añade la distinción que existe en español entre «trabajador» y «obrero» (y en portugués entre trabalhador y operário), las distinciones entre trabajadores en el sentido más general, y los trabajadores manuales, obreros de fábrica, en un sentido mucho más riguroso. En Chile, de hecho, las leyes laborales tendían a consagrar una distinción parecida entre los empleados, que cobraban mensualmente, y los obreros, que cobraban semanalmente. Si bien esta distinción a menudo se correspondía con la que existe entre trabajadores no manuales y trabajadores manuales, era posible que a trabajadores con empleos idénticos se les incluyera en categorías diferentes según cuales fueran exactamente las industrias donde trabajaban. Por si la complejidad fuese poca, en Brasil las palabras «clase» y «categoría» solían utilizarse de manera intercambiable como, por ejemplo, al decir a classe metalúrgica para referirse a la categoría que forman los obreros del metal y a classe trabalhadora (u operária) al hablar del conjunto de la clase trabajadora. A estas distinciones había que sumar una serie de definiciones culturales relativas a conceptos de etnicidad: negro, indio, mestizo, caboclo, etcétera. Esta capa étnica añadida a la definición cultural de lo que significaba ser trabajador complicaba más la situación e impedía que se formara una identificación de clase. Además, aunque la importancia de la etnicidad en la identidad de la clase trabajadora variaba de un país a otro, la composición sexual de la población activa era un factor importante en todas partes. Si bien es probable que las trabajadoras de la industria textil, por ejemplo, se considerasen a sí mismas parte de una clase trabajadora, en modo alguno es claro que ocurriera lo mismo en el caso de las mujeres que trabajaban de lavanderas, sirvientas domésticas o en diversas ocupaciones de servicios. En todo caso, tanto la identidad como la organización de clase las determinaban en gran parte los trabajadores varones, al menos hasta el decenio de 1970.

La rápida urbanización que tuvo lugar después de 1940 y la expansión de lo que ahora se llama «el sector informal» en los años sesenta y setenta crearon en la población trabajadora nuevas categorías a las que sólo con gran dificultad podríamos llamar «proletarias». Aunque la mayoría de estas personas sólo tenían su capacidad de trabajo para ganarse la vida, esto no se traducía necesariamente en un empleo asalariado y regular, y mucho menos en un sentido claro de identificación de clase. Empleados a menudo en empresas pequeñas o autónomos, fuera del campo de la legislación laboral, los trabajadores del sector informal se ganaban la vida en condiciones poco propicias para que se formase una identificación de clase trabajadora.

En el otro extremo del mercado de trabajo la expansión masiva y sostenida del empleo público produjo un segmento de la población activa al que cabría calificar de «asalariados no manuales». Las condiciones de trabajo, la categoría atribuida al trabajo de oficina y la omnipresencia del patronazgo y de las relaciones de clientela en el sector público significaban que, si bien los salarios reales de este grupo raramente eran muy altos, había más probabilidades de que estos trabajadores afirmasen pertenecer a la «clase media» más que a un proletariado. Con el paso del tiempo y la masificación del empleo público, los salarios y las condiciones de trabajo empeoraron en relación con los de otros trabajadores, y en los años sesenta y setenta ya era visible un mayor sentido de proletarización entre los trabajadores de empresas públicas, lo cual desembocó en la organización industrial y política y el activismo.

La formación de las clases es un proceso que tiene lugar en el espacio urbano, y la distribución física de la población activa, tanto entre ciudades como dentro de ellas, tiene una influencia considerable en la formación de redes sociales, comunidades y una cultura compartida. La importancia del lugar de residencia como factor en la formación de la identidad de la clase trabajadora se ha estudiado en el caso de minas, ciudades-factoría y ciudades dominadas por una sola ocupación importante (por ejemplo, el ferrocarril o los muelles). En estos lugares la uniformidad de la categoría ocupacional fomentaba un sentido de pertenencia a la clase trabajadora que estaba arraigado pero se definía estrechamente. Y cuando los científicos sociales empezaron sus estudios empíricos de los barrios de ingresos bajos en el decenio de 1960 generalmente comprobaron que, si bien había gran diversidad entre ellos, también tendía a haber una mezcla de categorías ocupacionales. Podían encontrarse obreros de fábrica viviendo al lado de pequeños comerciantes y de trabajadores del sector informal[1] Esta mezcla de diferentes categorías de pobres que trabajaban daba sentido a conceptos tales como «el pueblo» o «los pobres» utilizados para referirse a la población trabajadora y, en los años setenta, a cambios en el empleo de la expresión «clase trabajadora» al ampliarse el concepto para que abarcase a todos los que trabajaban para vivir.

Otro factor que influía en el concepto que los trabajadores tenían de sí mismos en términos de la sociedad en general es la experiencia de sus padres y las experiencias ocupacionales de éstos a lo largo de su vida. Los pocos estudios que se han llevado a cabo de la movilidad ocupacional en América Latina hacen pensar que a menudo los límites de la «clase trabajadora» estaban definidos con poco rigor y eran permeables. El actual estado de la investigación de este tema difícil y complejo deja al historiador con más preguntas que respuestas. Sin embargo, tanto en términos de vida ocupacional-probabilidades como de lugar de residencia, los pocos datos de que disponemos en la actualidad inducen a pensar que existe una serie de vínculos entre algunos grupos básicos de la clase trabajadora urbana y los sectores más difusos de la población trabajadora urbana.

En lo que se refiere al campo, a pesar de la importancia del sector de plantaciones en algunos países, así como de la aparición del sindicalismo activo antes de los años treinta, sigue habiendo dudas sobre hasta qué extremo sería apropiado decir que estos grupos, y no digamos los trabajadores sin tierra que se dedican a la agricultura tradicional, pertenecen a un proletariado. Hasta el decenio de 1980, especialmente en Brasil, no fue apropiado tratar a los peones rurales sin tierra como parte de la clase trabajadora. Además, dado que el presente capítulo se centra explícitamente en los trabajadores urbanos, pasaremos por alto los componentes específicamente rurales del proletariado.

En términos de la organización del proceso de trabajo mismo, en 1930 en la mayoría de los países latinoamericanos cabe discernir tres elementos bastante definidos de lo que podríamos llamar «clase trabajadora». En primer lugar, había en Chile, Bolivia, Perú y México grupos de mineros, y en Colombia, Venezuela y México grupos de trabajadores de la industria del petróleo. Puede que tales trabajadores tuvieran vínculos estrechos con comunidades rurales, como ocurría indudablemente en la región andina, y también puede que hubiera mucha rotación de la mano de obra y mucho movimiento migratorio entre las regiones mineras y los centros urbanos permanentes, como ocurría en Chile. Era improbable que los mineros fuesen un segmento de la población activa cuyos miembros procedían del propio segmento. No obstante, es probable que el aislamiento espacial de las comunidades mineras y la agregación de gran número de hombres (frecuentemente jóvenes) formando una masa compacta y relativamente homogénea produjeran un nivel alto de identidad «de clase». Esta identidad podía verse reforzada por la intransigencia de la dirección o por grandes fluctuaciones de la demanda de mano de obra en el sector minero. Donde los propietarios de las minas eran extranjeros, como ocurría a menudo, los conflictos laborales y la conciencia de clase con frecuencia también iban acompañados de exigencias nacionalistas de que pasaran a ser propiedad del estado.

Un segundo sector que se acercaba mucho a lo que podría llamarse «clase trabajadora» eran los trabajadores de grandes empresas situadas en ciudades pequeñas o en el campo. Esto era frecuente en el caso de las fábricas textiles, por ejemplo. El resultado era una homogeneidad parecida a la que existía en las comunidades mineras, pero a menudo con diferencias significativas en términos de organización social y activismo industrial. En tales poblaciones de una sola industria los patronos con frecuencia eran propensos a tratar de ejercer varias formas de control paternalista sobre los trabajadores. Especialmente en la industria textil, solía haber empleos para mujeres además de para hombres, y a veces también para adolescentes y niños. Si bien la composición más equilibrada del conjunto de trabajadores no garantizaba la tranquilidad en el apartado de las relaciones laborales, sí quería decir que era mayor la probabilidad de que la estrategia paternalista funcionara con eficacia.

Finalmente, a muchos de los trabajadores de las grandes poblaciones y ciudades del continente se les podría calificar con propiedad de proletarios. Así ocurría de manera especial en algunos de los puertos y entre los trabajadores de los ferrocarriles, los transportes municipales y las empresas de servicios públicos. En Colombia también deberían incluirse los trabajadores del río Magdalena. Además, muchos otros empleados municipales y gran número de trabajadores de establecimientos industriales eran principalmente asalariados y como tales se consideraban a sí mismos. Poco sabemos de los artesanos y los trabajadores independientes. La medida en que estaban realmente proletarizados, su relación con el proceso de industrialización, la medida en que se consideraban a sí mismos miembros de una clase trabajadora y sus actitudes ante los sindicatos y la política son aspectos que aún no se han estudiado. Tampoco es mucho lo que se sabe de las masas que trabajaban en pequeños establecimientos manufactureros y en el sector servicios, que se hallaba en expansión.

En conjunto, no sería irrazonable decir que en los primeros años del decenio de 1930 existía un proletariado poseedor de una fisonomía social definida de forma bastante clara, especialmente en ciudades como Buenos Aires, La Habana, Ciudad de México, Santiago o São Paulo. En Buenos Aires y São Paulo este proletariado era en gran medida una clase inmigrante cuyos lazos de identificación con la patria recién adoptada a veces eran tenues. Grandes segmentos de la clase trabajadora de ambos países hablaban italiano u otras lenguas no oficiales, aunque al interrumpirse las oleadas de inmigración masiva en los años treinta y cuarenta, se aceleró la «nacionalización» de las clases trabajadoras de América Latina. A pesar de la diversidad de condiciones y del grado de conciencia propia, en los primeros años treinta podían discernirse en todo el continente las características de una clase trabajadora bien definida. Esta clase trabajadora se consolidó más en el decenio de 1940.

El crecimiento demográfico, la urbanización y la industrialización que tuvieron lugar durante la posguerra en la mayoría de los países latinoamericanos ocasionaron una expansión enorme de la clase trabajadora, sobre todo en Brasil, donde el empleo industrial saltó de 1.600.000 personas en 1940 a 8.460.000 en 1980, y en México, donde el número de trabajadores industriales pasó de 640.000 a 2.580.000 durante el mismo período[2]. A consecuencia de ello, los límites que separaban esta clase trabajadora del resto de la población activa se hicieron cada vez más borrosos. El rápido crecimiento de las ciudades y del empleo urbano y el traslado masivo de personas del campo a las zonas urbanas causaron una transformación profunda en lo que significaba ser trabajador en América Latina. (Los países del Cono Sur fueron excepciones parciales de la pauta general, en gran parte debido a que la tasa de crecimiento demográfico y el crecimiento del empleo urbano eran más lentos y debido también a que en tales países la definición cultural de la clase trabajadora ocurrió antes y fue más definitiva).

En el decenio de 1930 algunos segmentos de la clase trabajadora se aproximaron al concepto de aristocracia del trabajo: especializados y bien organizados, utilizaban su posición en el mercado para favorecer sus propios intereses en particular y generalmente no mostraban interés por la acción política en nombre del conjunto de la clase trabajadora. Los trabajadores ferroviarios y portuarios de Brasil, por ejemplo, fueron dos de los primeros grupos que obtuvieron sistemas de seguridad social, lo cual les colocó en una clara posición de privilegio. En el decenio de 1980, sin embargo, el movimiento sindical de la mayoría de los países había registrado tal expansión, que raras veces existía una aristocracia del trabajo que pudiera definirse claramente.

Los salarios altos de ninguna manera se traducían siempre en satisfacción económica, paz laboral o conservadurismo político. Los trabajadores de estas industrias tenían gran capacidad de negociación y solían estar bien organizados, lo cual les proporcionaba el potencial para el activismo. Suele ser mucho más cierto decir que los trabajadores especializados y bien pagados han mostrado mayor inclinación a actuar como vanguardia activista que como aristocracia conservadora, aunque el concepto de «vanguardia» también plantea sus dificultades, ya que induce a pensar que hay una clase trabajadora coherente y cohesiva que seguirá el liderazgo político de una de sus secciones. Raramente ha sido así.

Los trabajadores de las industrias metalúrgica (incluido el montaje de automóviles) y eléctrica han tendido a ganar salarios superiores a la media y a utilizar su fuerza laboral para negociar con eficacia. Estos sectores industriales entraron en expansión a partir de mediados de los años cincuenta y entonces los sindicatos del sector metalúrgico empezaron a desplazar a los ferrocarriles, los muelles y las empresas de servicios públicos como sector principal de la clase trabajadora organizada, aunque allí donde había una industria minera o petrolera significativa los sindicatos correspondientes mantenían su posición central en el movimiento obrero. Algunos de estos sindicatos se sintieron atraídos por una especie de «sindicalismo de empresa», evitaron la afiliación política y quitaron importada a los lazos con otros grupos de trabajadores con el fin de aumentar sus propios beneficios. Este fue el caso, por ejemplo, de los de la electricidad y la metalurgia en la ciudad de São Paulo. Pero los trabajadores de estos sectores han sido igualmente propensos al activismo en el plano económico y a adoptar posturas radicales en el político, así como a encabezar movimientos de oposición dentro del conjunto del sindicalismo.

Las clases trabajadoras latinoamericanas no sólo eran diversas en su composición social y laboral, tanto entre países como dentro de un mismo país, sino que también había diferencias significativas entre una ciudad y otra. La ciudad portuaria de Santos, en Brasil, era llamada «Santos la Roja» y en los años cuarenta São Paulo sería conocida como ciudad decididamente proletaria, lo cual ofrecía un claro contraste con la ciudad que era entonces la capital del país, Río de Janeiro. En México la ciudad industrial de Monterrey, situada en el norte y dominada por una élite muy unida formada por familias conservadoras, continuó siendo un bastión del sindicalismo auspiciado por la patronal, a la vez que el Distrito Federal era el núcleo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) con su gran número de minúsculos sindicatos. Los centros regionales como Puebla o Veracruz, o las poblaciones dominadas por la minería o la extracción de petróleo, eran más propensos a ser escenario de conflictos laborales. Durante los años sesenta era notable en Argentina el contraste entre la movilización de masas en Córdoba y Rosario, con sus grandes establecimientos metalúrgicos, y la relativa tranquilidad de Buenos Aires. En Chile cabe ver un contraste parecido entre la ciudad de Concepción con su industria pesada, Santiago con una estructura ocupacional más diversificada y los centros mineros del norte. En Perú la clase trabajadora del sur mantenía una identidad y una tradición distintivas y lo mismo ocurría en las comunidades mineras tanto en Perú como en Bolivia.

Las ciudades dominadas por unas cuantas industrias o unos cuantos patronos, y con preponderancia de establecimientos grandes, tienden a tener una fisonomía clasista más clara de lo que típicamente se da en las capitales administrativas, que son más diversas en los aspectos ocupacional y social. Las clases trabajadoras de América Latina han sido diversas tanto en lo regional como en el terreno ocupacional. Es muy dudoso que sea útil hablar de una clase trabajadora «nacional» en cualquiera de los países latinoamericanos, aunque los del Cono Sur fueron los que más se acercaron a este modelo.

A todas estas divisiones y distinciones dentro de las clases trabajadoras urbanas hay que añadir una opción estratégica fundamental que se planteó al movimiento obrero y se manifestaba en perennes tensiones y divisiones organizativas, ideológicas y políticas. Esta decisión estratégica era si el movimiento obrero debía o no debía lanzar un ataque directo y fundamental contra el sistema capitalista con el objetivo de llevar a cabo una transformación social radical, o si debían aceptarse las líneas generales del capitalismo, al menos en el presente inmediato, y dirigir los esfuerzos a mejorar la condición de las clases trabajadoras[3]. Esta decisión estratégica, presentada generalmente como una dicotomía entre revolución y reforma, era inherente a la situación subordinada de las clases trabajadoras, a sus reivindicaciones acumuladas y a su fuerza organizativa y electoral en potencia. La serie de grupos y organizaciones comprometidos, al menos teóricamente, con la reconstrucción revolucionaria de la sociedad latinoamericana ha sido diversa[4]. En la práctica, sin embargo, muchas de estas corrientes nominalmente revolucionarias, en particular dentro del movimiento obrero, han adoptado posturas que no se distinguían de muchas de las que aceptaban sus rivales reformistas. Así, aunque los debates estratégicos dentro de los trabajadores organizados se han expresado típicamente en estos términos ideológicos, las verdaderas decisiones han sido entre, por un lado, una estrategia en gran parte cooperativa y, por otro lado, una estrategia de enfrentamiento. No podía haber ninguna respuesta a priori correcta a la pregunta de si se serviría mejor a los intereses a largo plazo de la clase trabajadora por medio de una estrategia de enfrentamiento con la esperanza de obligar a los patronos y al estado a hacer concesiones, o si cierto grado de cooperación con los patronos o el estado (o con ambos a la vez) produciría una pauta de crecimiento que serviría mejor a dichos intereses. No podía haber ninguna respuesta a priori a esta decisión estratégica porque el resultado final dependería en parte de los actos de los demás participantes en el juego, y el trabajo no podía prever tales actos. Dada la necesidad inherente de tomar una decisión estratégica, era inevitable que dentro del movimiento obrero surgieran divisiones y conflictos que se expresaban mediante términos en gran parte ideológicos. Aunque este dilema estratégico ha sido común a todos los movimientos obreros, la manera en que llegó a definirse esta decisión en términos concretos fue muy propia del contexto latinoamericano.

En primer lugar, la importancia de la política gubernamental para los trabajadores organizados en América Latina siempre ha sido alta y ha hecho que el interlocutor directo fuese el estado más que la patronal. Esto ha significado que los actos de los sindicatos han ido dirigidos al estado tanto o más que a los patronos. En segundo lugar, dada la rapidez del cambio social y económico habido en América Latina desde 1930, así como la rápida recomposición del conjunto de los trabajadores industriales en la mayoría de los países de la región, estas decisiones estratégicas entre cooperación y competencia se han tomado dentro de horizontes temporales muy variables. Se han dado casos, de hecho, en que algunos líderes obreros sagaces han podido combinar una estrategia de cooperación a largo plazo con una táctica de enfrentamiento inmediato y con ello han obtenido resultados máximos de la negociación laboral. Por supuesto, la elección táctica de enfrentamiento o cooperación también ha dependido hasta cierto punto del color político del gobierno del momento. En tercer lugar, la elección de la estrategia de cooperación no ha significado sencillamente una política laboral reformista, «socialdemócrata», sino que a menudo ha llevado a una sumisión casi total de los líderes sindicales a determinados gobiernos, generalmente a cambio de oportunidades de enriquecimiento personal.

Estas decisiones estratégicas dentro del movimiento laboral, recubiertas de divisiones ideológicas nacidas de los debates generales de América Latina (así como de la palestra internacional), junto con las divisiones socioestructurales dentro de las clases trabajadoras, significaron que la unidad organizativa era difícil de obtener, con frecuencia encubría desacuerdos profundos y corría el peligro constante de venirse abajo.

La identidad propia en el mundo del trabajo también estaba estrechamente ligada con la cuestión de la ciudadanía. En el decenio de 1930 los varones adultos ya tenían derecho al voto en la mayoría de los países latinoamericanos, aunque en muchos de ellos las mujeres no pudieron votar hasta los años cuarenta y los analfabetos estuvieron excluidos del electorado en Brasil, por ejemplo, hasta 1985. Con estas excepciones importantes, la ciudadanía para los trabajadores urbanos en la América Latina contemporánea no ha girado en tomo al asunto del derecho al voto. Sin embargo, estaba centrada en tres cuestiones: apoyo a la democracia contra las dictaduras militares; legislación laboral favorable, incluido el derecho a la actividad sindical independiente; y un sentido difuso pero, pese a ello, importante de no ser «ciudadanos de segunda clase». El movimiento obrero en América Latina ha adoptado diversas actitudes ante la cuestión de la ciudadanía. Si bien los movimientos obreros de la posguerra han adoptado generalmente una actitud positiva ante gran variedad de asuntos relacionados con la ciudadanía y los derechos humanos, ha habido veces en que al menos algunos sectores de la clase trabajadora han apoyado a gobiernos autoritarios y dictatoriales que ofrecían a los trabajadores no sólo mejoras materiales, sino también un mayor sentido de dignidad.

En los años treinta y cuarenta las exigencias de ampliación de la ciudadanía estuvieron estrechamente vinculadas a las luchas a favor de la institucionalización de los sindicatos obreros. Durante este período era frecuente que los sindicatos se considerasen a sí mismos no sólo como organizaciones de grupos de intereses especiales, sino también como representantes de las aspiraciones de una entidad mucho más amplia a la que solía llamarse «el pueblo». Aquí está una de las raíces del populismo en la política latinoamericana. En algunos aspectos, los movimientos que suelen calificarse de populistas daban cuerpo a una exigencia un tanto incipiente de ciudadanía más completa. Esto resulta claro, por ejemplo, en el discurso del peronismo, con su celebración de los descamisados y la importancia que concede a la dignidad de los trabajadores. La ideología populista, de la cual Perón no es más que una muestra, recalcaba, entre otras cosas, la aceptación de las clases sociales bajas como actores legítimos en el cuerpo político, y de ahí, por extensión, la legitimidad de sus reivindicaciones de plena ciudadanía.

La ciudadanía no significaba únicamente el derecho al voto, que, en todo caso, ya se había hecho extensivo a los varones alfabetizados, sino también la exigencia de que se respetaran las instituciones democráticas y se garantizaran los requisitos esenciales de la democracia: la libertad de prensa, el imperio de la ley, elecciones libres y limpias, la libertad de asociación. Había en ello vínculos obvios con los esfuerzos de los trabajadores por crear organizaciones viables y duraderas. Pero la ciudadanía también significaba, para mucha gente de América Latina, el derecho a la dignidad personal y a un nivel de vida apropiado.

Examinando la historia de la clase trabajadora urbana y el movimiento obrero en el conjunto de América Latina, y dejando aparte de momento variaciones importantes entre países, los años transcurridos desde 1930 pueden dividirse en cinco períodos principales. El primero empezó con la agitación y la intensa movilización que acompañaron a la crisis económica de los primeros años treinta. Continuó con el frentepopulismo de mediados a finales de los treinta y terminó con la tranquilidad laboral general durante la segunda guerra mundial. Una segunda fase empezó con la movilización laboral generalizada y la renovada energía de los trabajadores organizados en política al finalizar dicha guerra. El final de la contienda fue seguido de forma inmediata por un ataque concertado contra los sindicatos dirigidos por los comunistas en particular durante los primeros tiempos de la guerra fría (hablando en términos generales, 1947 y 1948, aunque en algunas países el ataque contra la izquierda ya comenzó en 1945 o 1946). La victoria conservadora que puso punto final a esta fase introdujo un tercer período que se caracterizó por la inactividad o tutela política y se prolongó durante los años cincuenta y la mayor parte de los sesenta. La cuarta fase empezó hacia finales de los sesenta en algunos países y en la segunda mitad de los setenta en otros, y se caracterizó por un amplio incremento del nivel de conflictos laborales y políticos. Fue durante esta fase cuando los observadores empezaron a hablar del «nuevo sindicalismo». En esta fase también se registró una creciente conexión entre los movimientos obreros, definidos estrictamente, y los movimientos sociales más amplios y de muchos tipos que se multiplicaron durante estos años. En último lugar, una quinta fase empezó con la crisis de la deuda en 1982. Se caracterizó por un serio descenso de los salarios, por el descenso del empleo en el sector formal de la economía y, al menos inicialmente en algunos países, por los crecientes niveles de conflictos laborales. Al finalizar el decenio de 1980 hubo cambios profundos en la legislación laboral y en el funcionamiento de los mercados de trabajo, así como en la política económica de forma más general, que señaló en dirección a cambios significativos en las relaciones entre el trabajo organizado, la patronal y el estado en muchos países de América Latina.

Estas fases de la evolución de los movimientos obreros de America Latina estuvieron íntimamente ligadas a cambios en las estructuras ocupacionales y clasistas de la región, a cambios en los sistemas políticos y económicos y a la formación de movimientos sociales definidos de manera más amplia.

DE LA DEPRESIÓN DE 1929 A LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Los efectos de la Depresión de 1929 en la población trabajadora de América Latina fueron profundos, aunque variaron mucho de un país a otro, lo cual dependió en gran parte de las repercusiones políticas de la crisis económica y de la medida en que surgiera la industrialización de sustitución de importaciones como estímulo del crecimiento del empleo. En todas partes el primer efecto de la Depresión consistió en una acentuada reducción de la actividad económica acompañada de agitación política. Si bien las raíces de la movilización política en muchos países latinoamericanos durante el siglo XX se remontan a los años veinte o más lejos, la Depresión de 1929 cambió las maneras de centrar la atención en los conflictos políticos y económicos. En el terreno político se lanzó una ofensiva general contra la dominación continuada de la oligarquía (o se intensificó la que ya había empezado) y con frecuencia los trabajadores organizados tuvieron que reorientarse de acuerdo con estos nuevos movimientos políticos. En algunos países se plantaron las semillas de nuevas y duraderas formas de identificarse con movimientos y partidos políticos de carácter popular. El cambio de la política del Komintern en 1935 a favor de los frentes populares creó condiciones más propicias que nunca para la unidad de los trabajadores del continente. Con la excepción del período del pacto Hitler-Stalin (1939-1941), el grueso de las fuerzas populares e izquierdistas de América Latina opinó que los frentes populares (y su continuación durante la guerra, los frentes nacionales) eran un vehículo práctico para encubrir las diferencias internas y, en algunos casos, para alcanzar una notable unidad de propósitos.

En 1938 el líder obrero mexicano Vicente Lombardo Toledano formó la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL) con el fin de unir el grueso del movimiento obrero en la región. Nacido en 1894 en el seno de una familia de la alta clase media de Puebla, México, Lombardo se había convertido en el intelectual más destacado del movimiento obrero mexicano y era uno de los líderes de la CTM. Aunque siempre negó ser miembro del partido, después de visitar Moscú en 1935 Lombardo adoptó una postura parecida, aunque no idéntica, a la del Komintern, es decir, concebía la CTAL como el vehículo organizativo para prestar apoyo masivo e izquierdista a la política frentepopulista. En el plazo de unos cuantos años la CTAL pasó a ser —al menos sobre el papel— la organización obrera hegemónica en América Latina. Afirmaba representar a unos tres millones de trabajadores de un número total de trabajadores sindicados que no llegaba a los cuatro millones. Asimismo, la CTAL tenía relaciones amistosas con el Congress of Industrial Organizations (CIO), cuya fundación en los Estados Unidos también era reciente.

En Argentina durante el período comprendido entre 1930 y el gobierno militar de 1943 los sindicatos se mantuvieron en gran parte a la defensiva. Los gobiernos conservadores de la época se mostraron contrarios a la idea de que la clase trabajadora participara en la política y una serie de elecciones básicamente fraudulentas bloqueó a todos los efectos la formación de movimientos sociales de base amplia. Puede que el número de trabajadores sindicados, que ya no era alto para empezar, descendiera un poco en los primeros años del decenio de 1930 y que luego creciera en un 40 por 100 entre 1936 y 1941[5]; las huelgas disminuyeron de una media de 104 al año en el período 1920-1929 a una media de 70 al año entre 1930 y 1944[6]. Sin embargo, hacia finales de los años treinta la organización obrera empezó a mejorar de forma ininterrumpida, estimulada en parte por el crecimiento de las industrias de sustitución de importaciones y en parte por la creciente institucionalización de las relaciones laborales por medio del Departamento de Trabajo.

Durante este período los sindicatos ferroviarios, cuyos líderes eran socialistas moderados, siguieron ocupando una posición predominante dentro del movimiento obrero. Pero el Partido Comunista avanzó de manera significativa en el movimiento sindical argentino durante los años treinta y conquistó importantes centros de fuerza en la industria cárnica, en el ramo de la construcción, en la industria textil y en la metalúrgica.

Durante los años treinta también empezó una importante transformación social y cultural de la clase trabajadora argentina. Antes de 1930 los inmigrantes procedentes del sur de Europa, y en particular de Italia, habían tenido mucho peso en la composición del proletariado argentino. Los inmigrantes habían desempeñado un papel significativo en la organización obrera durante los primeros decenios del siglo y habían contribuido a la implantación y la difusión de las ideologías anarquista y socialista. La composición social de la clase trabajadora urbana empezó a cambiar con el cese de la inmigración en masa de europeos y el aumento de la migración a Buenos Aires desde el interior del país. Todavía no ha terminado la polémica sobre la repercusión que estos cambios en los orígenes sociales de la clase trabajadora tuvieron en su cultura y en las actitudes políticas de los trabajadores, especialmente en lo que se refiere a la aparición del peronismo en el período 1943-1946. Aunque algunos estudiosos han sugerido que la clase trabajadora argentina se estaba dividiendo en un segmento proletario, más viejo, y una nueva masa de migrantes procedentes del campo, las pruebas que tenemos de ello distan mucho de ser concluyentes y es más probable que hubiera pocas diferencias importantes entre estos segmentos de la clase trabajadora argentina, al menos en términos de actitudes políticas y laborales. Tal vez fue más importante en aquellos años el incremento del número de trabajadores argentinos que eran ciudadanos nacidos en el país o naturalizados en él y, por ende, tenían derecho al voto.

En Brasil el período que va de 1930 a 1945 estuvo dominado por la presencia de Getúlio Vargas en el gobierno y por los cambios de su estrategia en relación con el movimiento obrero. En 1930 los sindicatos brasileños eran débiles y estaban divididos entre el anarquismo, el comunismo y corrientes más moderadas. Los datos oficiales indican que en 1935 existían 328 sindicatos, con unos 137.000 afiliados[7]. Hubo sólo noventa huelgas en el estado de São Paulo durante todo el decenio[8]. Los primeros intentos de poner a los trabajadores bajo el amparo del estado se hicieron con la creación en 1931 del Departamento Nacional de Trabajo, al frente del cual estaba el tenente Lindolfo Collor. Éste trabajó activamente por incorporar a los trabajadores organizados en el cuerpo político en gran parte por medio de la creación de un conjunto de leyes laborales cada vez más complejas. A pesar de alguna vacilación en la actitud del régimen para con el movimiento obrero antes de que se instaurase el Estado Novo, durante todo este período el reconocimiento legal de los sindicatos fue una parte fundamental de la estrategia de control del gobierno.

Lo que sucedía en el movimiento obrero, como siempre, dependía mucho de la política nacional. En 1935 el Partido Comunista brasileño, junto con los restos del movimiento de los tenentes, lanzó una serie de intentos de insurrección, principalmente en ciudades del noreste. El levantamiento fue sofocado con rapidez y el Partido Comunista fue perseguido. Parece, sin embargo, que la represión se extendió al conjunto de la clase trabajadora e hizo que la labor activa de organización fuese más difícil desde aquella fecha hasta el derrocamiento del gobierno de Vargas en 1945. La imposición del Estado Novo en 1937, pues, consolidó la orientación corporativista de las relaciones laborales en Brasil. Los sindicatos y los patronos fueron organizándose cada vez más en sindicatos que abarcaban toda una industria, con el monopolio de la representación y dentro de un sistema tripartito de conciliación y arbitraje cuyo modelo eran las leyes laborales italianas del período de Mussolini.

Durante el Estado Novo (1937-1945) el trabajo brasileño perdió la autonomía organizativa que poseía, fuera cual fuera, y quedó subordinado en gran parte al estado corporativista. Los fondos de los sindicatos se hallaban bajo un control riguroso y las sumas considerables obtenidas del imposto sindical (impuesto sindical obligatorio consistente en el salario de un día por año y trabajador que se deducía directamente de la nómina de todos los trabajadores, tanto si estaban sindicados como si no) se destinaban principalmente a proporcionar asistencia sanitaria y social a los afiliados a sindicatos. Los líderes sindicales eran sometidos a investigación por parte de la policía política (el Departamento de Orden Político e Social, DOPS) y parecían cada vez más una tímida camarilla burocrática. Las leyes laborales codificadas en 1943 en la Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) beneficiaron a los trabajadores urbanos, en particular a los sindicados, y el crecimiento industrial de este período contribuyó a la subida de los salarios de los trabajadores especializados. La CLT se concibió como un intento estatal de proteger al trabajo además de controlarlo. Por tal motivo, los patronos la atacaron ferozmente y parece que obtuvo el apoyo generalizado, aunque pasivo, del movimiento obrero. Sin embargo, con las huelgas convertidas en algo poco frecuente, con la prohibición de toda clase de confederación nacional de trabajadores, y con la supresión real de los líderes izquierdistas independientes, los sindicatos no estaban en condiciones de reivindicar mejoras para la mayoría de la clase trabajadora.

A diferencia del entorno político de Argentina y Brasil, que en general era desfavorable, el movimiento obrero mexicano prosperó en la segunda mitad del decenio de 1930. Al finalizar los años veinte, el sindicalismo mexicano estaba sumido en el caos: la otrora poderosa Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) se había desmoronado y las organizaciones sindicales mexicanas estaban fragmentadas y eran débiles económica y políticamente. Sin embargo, durante los primeros años treinta los organizadores sindicales mexicanos se esforzaron sin pausa por avanzar hacia una mayor unidad. Esto resultó especialmente visible con la formación de sindicatos industriales nacionales en los ferrocarriles (1933), en la minería y la metalurgia (1934) y en la extracción y refinación de petróleo (1934). Junto con los maestros y los trabajadores de la industria productora y distribuidora de electricidad (que siguieron estando divididos en varios sindicatos rivales), estos grandes sindicatos industriales estaban destinados a interpretar un papel importante en el movimiento obrero mexicano en años posteriores. Con el ascenso de Lázaro Cárdenas a la presidencia en 1934, los conflictos laborales se aceleraron: mientras que el promedio anual de huelgas entre 1925 y 1933 había sido de sólo 23, durante el período 1934-1940 fue de 439[9].

Aunque compartía muchas de las tendencias corporativistas de sus iguales argentinos y brasileños, Cárdenas se esforzaba por ponerlas en práctica en un contexto político radicalmente distinto. La revolución mexicana había desplazado espectacularmente el poder político hacia los que tenían acceso al nuevo estado. Además de los caudillos regionales y de la burocracia política, entre estos nuevos aspirantes al poder estaban tanto los trabajadores organizados como los sectores organizados del campesinado. Mientras que anteriores presidentes habían procurado distanciarse del trabajo, Cárdenas convirtió el movimiento obrero y el campesinado en importantes baluartes de su régimen, en parte como estrategia destinada a impedir que el presidente saliente, Plutarco Elias Calles, continuara ejerciendo el poder desde la sombra. Este cambio se vio facilitado por el que hubo en la política del Partido Comunista mexicano en 1935, que de oponerse a Cárdenas por «neofascista» pasó a adoptar una estrategia frentepopulista y a apoyar al nuevo presidente. Esto, unido a la formación de los sindicatos industriales nacionales y al control por parte de Vicente Lombardo Toledano de una importante escisión en la CROM, creó las condiciones para que se formase la CTM en 1936. Al principio la CTM tenía unos 600.000 afiliados, pero en 1941 la cifra ya se había multiplicado por dos y era de 1.300.000[10]. La CTM ha continuado dominando el sindicalismo mexicano hasta nuestros días.

La interpretación de los datos plantea grandes dificultades, pero probablemente los salarios reales para la mayoría de los trabajadores industriales subieron durante la presidencia de Cárdenas, aunque es posible que algunas de las ganancias se perdieran a causa de la inflación a finales de los años treinta. Los comienzos de la industrialización de sustitución de importaciones dieron lugar al aumento del empleo urbano. Al mismo tiempo, sin embargo, durante estos años hubo también una considerable corriente migratoria a las ciudades que sin duda contribuyó al deterioro de las condiciones del mercado de trabajo.

La sindicación continuó a ritmo acelerado, al tiempo que aumentaba considerablemente la influencia tanto de los comunistas como de los izquierdistas independientes. Las corrientes políticas internas del sindicalismo mexicano en aquella época pueden dividirse en tres categorías. En el extremo conservador del espectro había un grupo de líderes sindicales al que se le dio el nombre de «los cinco lobitos». El líder de este grupo era Fidel Velázquez, nacido en 1900, que había empezado su carrera política como organizador zapatista. Luego había pasado a organizar a los trabajadores del reparto de leche en la Ciudad de México y desde allí había ascendido hasta ocupar una posición de influencia entre los sindicatos que organizaban a los trabajadores de la capital. Los demás «lobitos» eran Adolfo Sánchez Madariaga, Luis Quintero, Jesús Yurén y Fernando Amilpa. Este grupo se inclinaba al acuerdo pragmático con el gobierno del momento, era básicamente reacio a fomentar la movilización sindical y las huelgas y desconfiaba, de las bases. En el extremo radical del espectro estaban los comunistas y varios izquierdistas independientes. Estos grupos controlaban quizá la mitad de los votos de la CTM y ejercían especial influencia en los sindicatos industriales nacionales." Apoyaban a Cárdenas y procuraban utilizar su posición relativamente favorecida para fomentar la movilización de los trabajadores. Entre los dos extremos estaba Vicente Lombardo Toledano, que trataba de situarse al margen de estas disputas entre facciones.

Durante este período hubo varias huelgas importantes en México. Entre las más dramáticas cabe señalar la de trabajadores del petróleo en 1937, que Cárdenas utilizó luego para hacer aprobar la expropiación de la industria, y las huelgas que hubo en la ciudad industrial de Monterrey en 1936, a causa de las cuales las relaciones entre Cárdenas y la conservadora burguesía regiomontana, que ya eran tensas, se pusieron al rojo vivo. A raíz de la nacionalización de la industria del petróleo, hubo una prolongada pugna entre Cárdenas y los sindicatos debido a que los trabajadores del petróleo querían controlar la industria. La pugna, unida a las insistentes peticiones de aumentos salariales, finalmente obligó al gobierno a emplear tropas para romper una huelga en 1940 (y casi para disolver el sindicato). De modo parecido, la administración de los ferrocarriles (nacionalizados en 1937) por parte de los trabajadores había sido un fracaso y las relaciones entre sus trabajadores y Cárdenas habían empeorado de forma creciente. Así, a diferencia de lo ocurrido en Brasil, donde se logró imponer el control del estado a un movimiento obrero relativamente débil, en México la movilización de los trabajadores organizados fue independiente y éstos establecieron una relación incómoda y tensa con un presidente de inclinaciones izquierdistas sin estar dispuestos a renunciar a su autonomía mientras continuaba el proceso de consolidación del estado revolucionario.

En Chile los efectos de la Depresión de 1929 fueron especialmente graves y se produjo un aumento espectacular del paro, particularmente en el sector minero. La turbulencia política de los años veinte se extendió al decenio siguiente y su expresión más dramática fue la efímera república socialista de 1932. Aunque esto tuvo pocos efectos directos en el trabajo, la posterior fundación del Partido Socialista en 1933 fue importante porque fomentó la formación de un movimiento obrero de ideología radical. La administración conservadora de Arturo Alessandri (1932-1938) fue sustituida en 1938 por el gobierno frentepopulista de Pedro Aguirre Cerda (1938-1941). Este gobierno y los gobiernos radicales que le sucedieron en los años cuarenta dependían decisivamente del apoyo electoral de los trabajadores, aunque este hecho no impidió la promulgación de leyes contra ellos en las postrimerías del decenio[11].

En conjunto los años treinta fueron un período de crecimiento sindical y el número de sindicatos aumentó de 421 en 1930 a 1.880 en 1940. Durante los mismos años el número de afiliados pasó de 55.000 a 162.000[12]. Antes de que se fundara la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCh) en 1936, el movimiento obrero chileno había estado dividido en tres secciones principales. La anarcosindicalista Confederación General del Trabajo (CGT) ya estaba en decadencia en 1936, a la vez que la Federación de Obreros de Chile (FOCh), dominada por los comunistas, había sido diezmada y ahora casi sólo tenía afiliados entre los mineros del carbón y los nitratos. Los socialistas, sin embargo, continuaban creciendo y llegaron a dominar el movimiento sindical en los años treinta.

En Perú la Depresión de 1929 dio lugar a despidos en masa y a una ofensiva de la patronal contra el movimiento obrero. Durante este decenio la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) y el Partido Comunista compitieron por la representación política de los trabajadores peruanos. Sin embargo, al principio la situación se complicó con la toma del poder, mediante un golpe militar en agosto de 1930, por parte del populista Luis Sánchez Cerro y con su posterior victoria en las elecciones presidenciales de 1931, en las que recibió apoyo de los artesanos sin empleo y los trabajadores no especializados. En la medida en que sea posible distinguirla de la del APRA, la base social de Sánchez Cerro la formaban las secciones no organizadas de los pobres de la clase trabajadora más que el proletariado y los asalariados más acomodados y organizados que constituían una parte importante de los electores del APRA[13]. A principios de 1932 Sánchez Cerro declaró el estado de excepción y se embarcó en la represión general tanto del movimiento obrero como del APRA. El fracaso de la insurrección del APRA en julio de 1932 en Trujillo dio origen a más medidas represivas. La recién formada Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) fue disuelta y el movimiento obrero tuvo que buscar refugio en la clandestinidad. Con el asesinato de Sánchez Cerro en abril de 1933 y su sustitución por el general Benavides la represión disminuyó un poco y en 1933 y 1936 se promulgaron leyes relativas al salario mínimo y la seguridad social. El gobierno de Manuel Prado (1939-1945) toleró mayor grado de libertad política, pero continuó la orientación básicamente contraria a los trabajadores que mostraran las administraciones anteriores. Durante estos años el APRA se erigió en la principal corriente política dentro del movimiento obrero, aunque su posición se veía amenazada de forma creciente por los comunistas (que tenían especial influencia en el estratégico sector minero).

En Bolivia el decenio empezó con la guerra del Chaco (1932-1935) y la búsqueda de sustitutos de la dominación oligárquica. Después de la citada guerra el movimiento obrero reapareció gradualmente bajo los gobiernos socialistas de los militares David Toro y Germán Busch. En 1936 se creó un Ministerio de Trabajo al frente del cual se puso a un líder obrero, Waldo Álvarez. Durante el mismo año se fundó la Confederación Sindical de Trabajadores Bolivianos (CSTB), que seria la organización obrera más poderosa de Bolivia hasta que se formó la Confederación Obrera Boliviana (COB) durante la revolución de 1952. En el terreno político los activistas sindicales estaban divididos entre partidarios del nacionalista y corporativista Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y los del trotskista Partido Obrero Revolucionario (POR) de Guillermo Lora. Durante todo este período los propietarios de minas se resistieron a la sindicación y se empleó con regularidad al ejército para romper huelgas. En 1942 hubo un enfrentamiento grave en la mina de Cataví que costó la vida a entre 40 y 400 mineros y familiares suyos.

Durante los primeros años treinta hubo en Cuba altos niveles de paro al tiempo que nacía la organización contra la dictadura de Gerardo Machado. En marzo de 1930 una huelga general que secundaron alrededor de 200.000 personas paralizó la isla y fue sofocada con extrema energía y la proclamación, en noviembre, del estado de sitio. El descontento era general y en agosto de 1933 el gobierno Machado fue derribado por un movimiento de oposición de amplia base en el cual desempeñaron un papel notable los trabajadores del azúcar, que organizaron huelgas masivas, se apoderaron de ingenios y formaron «soviets» en varios lugares. La consiguiente agitación política dio paso a un breve período de rápido crecimiento organizativo que culminó en una masiva huelga general en febrero y marzo de 1935. El presidente Carlos Mendieta ordenó al ejército que sofocase la huelga, impuso la ley marcial y durante el período de represión que siguió a todo ello los sindicatos se pusieron a la defensiva. Hasta finales del decenio no empezaron los trabajadores organizados a recuperarse de la represión de mediados de los años treinta. La Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC) se fundó en enero de 1939 con el apoyo de la CTAL; afirmaba tener unos 645.000 afiliados[14]. En Cuba, al igual que en los países del Cono Sur, la población activa estaba muy urbanizada y el resultado fue un nivel relativamente alto de sindicación. Además, la naturaleza estacional del empleo en el muy proletarizado sector azucarero, junto con las grandes oscilaciones de la demanda internacional de azúcar, produjo una clase trabajadora en la que las divisiones entre lo rural y lo urbano eran menos perceptibles que en otras partes de la región, y en la que el descontento en aumento a causa del paro, la dependencia económica y la dominación extranjera, así como del autoritarismo en las relaciones laborales, se combinó con las experiencias revolucionarias de Cuba para producir un movimiento obrero que aceptaba de buena gana el liderazgo de partidos radicales, primero los comunistas y más adelante el Movimiento 26 de Julio.

El efecto inmediato de la Depresión de 1929 en Colombia fue debilitar más un movimiento obrero que todavía se encontraba en la primera etapa de su formación. Una vez hubieron pasado los efectos inmediatos de la crisis, la organización obrera empezó a crecer al tiempo que se declaraban huelgas. Entre 1933 y 1935 hubo un notable incremento del número de huelgas, empezando por los trabajadores del sector del transporte, que era de propiedad pública, y propagándose al sector privado. En 1935 empezaron a formarse la primeras organizaciones verdaderamente nacionales, y unos 42.000 trabajadores estaban afiliados a sindicatos[15]. Estos años se caracterizaron por el apoyo que los sindicatos prestaron a los gobiernos liberales de Alfonso López (1934-1938 y 1942-1945) y Eduardo Santos (1938-1942), aunque los comunistas también influían en el movimiento sindical. En 1936 la nueva política que el Komintern había adoptado un año antes preparó el camino para que se crease primero la Confederación Sindical de Colombia y luego la Confederación de Trabajadores de Colombia, afiliada a la CTAL.

En otras regiones del continente débiles movimientos obreros luchaban por sobrevivir ante las difíciles condiciones económicas y la hostilidad y la represión generales por parte de los gobiernos. A pesar de la movilización popular generalizada y de considerable agitación política, el historial del movimiento obrero durante los años treinta fue en general deprimente.

Cabía esperar que durante la segunda guerra mundial se extendiese la agitación obrera al valerse los sindicatos de los mercados de trabajo, generalmente más restringidos, para contrarrestar los efectos de la inflación en los salarios reales. De hecho, la tendencia general fue en la dirección contraria. En la mayoría de los casos el trabajo apoyó a los gobiernos latinoamericanos cuando declararon la guerra a las potencias del Eje a raíz del ataque japonés contra Pearl Harbor. Se consideró que la contienda era en gran parte una guerra por la democracia contra la dictadura y bajo la influencia de los partidos comunistas de la región y de la CTAL, la mayoría de los movimientos obreros siguieron la política del frente popular y prometieron no declararse en huelga mientras durase el conflicto bélico. Aunque no puede decirse que esta política fuera universalmente popular entre los sindicalistas, la CTAL tenía suficiente autoridad en la mayoría de los países para hacer que disminuyera el número de huelgas. Los gobiernos de Argentina y Bolivia se negaron a declarar la guerra al Eje hasta el final mismo de la contienda, pero, de todos modos, en estos países (con la excepción de Argentina después de 1943) las huelgas fueron pocas debido a la hostilidad del gobierno para con el movimiento obrero. En Brasil, donde las leyes laborales prohibían a los sindicatos afiliarse a organizaciones internacionales como la CTAL, el gobierno Vargas siguió controlando los sindicatos durante la guerra. Así pues, las huelgas en todo el continente fueron bastante limitadas en unos momentos de expansión del empleo y fuertes presiones inflacionarias sobre los salarios reales[16].

DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL A LA GUERRA FRÍA[17]

El descenso de los salarios reales y la promesa de no declarar huelgas durante la segunda guerra mundial produjeron conjuntamente un aumento de la presión para que se hiciesen cambios importantes cuando el final de la guerra empezó a ser visible. En varios países, a partir de 1943 o 1944, se registró un notable incremento del número de huelgas. En Brasil hubo grandes oleadas de huelgas en 1945 y 1946. Parecía como si el riguroso control del Estado Novo hubiese terminado y acabara de empezar un período de conflictos laborales (así como un aumento de la influencia del Partido Comunista brasileño). En Argentina la subida de Perón al poder entre 1943 y 1946 fue acompañada de la movilización en masa de la clase trabajadora. En México hubo más huelgas (y más participación de los trabajadores en ellas) en 1944 que en cualquier momento anterior, incluso durante el período de movilización de la clase trabajadora bajo Cárdenas[18]. Las oleadas de huelgas continuaron durante los primeros tiempos de la posguerra. En algunos países el aumento de la movilización obrera al terminar la segunda guerra mundial estuvo enlazado de forma variable y compleja con el aumento paralelo de las exigencias (en los países que fueron dictadura durante la guerra) de democratización y de ampliación de los derechos de ciudadanía. En Venezuela, por ejemplo, el derrocamiento del gobierno de Medina Angarita en octubre de 1945 y el acceso al poder de la Acción Democrática no significaron únicamente democratización, sino también libertad para que el trabajo se organizara y declarara en huelga. Pero aunque los movimientos a favor de la democracia y de la mejora de la condición de la clase trabajadora coincidieron en Venezuela y Perú, en Brasil y Nicaragua los trabajadores se organizaron tras de los dictadores Vargas y Somoza contra una oposición que los sindicatos consideraban reaccionaria y oligárquica. De modo parecido, los trabajadores argentinos optaron por unir su suerte a la de Perón, a quien consideraban favorable, contra la oposición democrática a la dictadura militar.

La CTAL había apoyado clamorosamente la causa aliada durante la guerra. Al terminar la contienda, la CTAL, que, como el movimiento comunista en general, tenía una presencia importante en muchos países, titubeó durante un tiempo sin saber qué dirección tenía que tomar. Lombardo adoptó una política que representaba la continuación del frentepopulismo durante la posguerra, estrategia que en el nivel político recibiría el nombre de «browderismo». Entrañaba una alianza a largo plazo entre el trabajo y la «burguesía nacional progresista» en torno a la industrialización dirigida por el estado, y sugería la necesidad de edificar y reforzar instituciones que permitieran que el trabajo ejerciese una influencia permanente en la formulación de la política macroeconómica. Sin embargo, aunque la CTAL deseaba crear una relación de trabajo con el estado, su postura seguía siendo muy distinta de la que adoptaban los elementos más conservadores del sindicalismo latinoamericano, toda vez que la CTAL era más dada a emplear tácticas combativas para alcanzar sus objetivos y, de forma más general, miraba con suspicacia a los Estados Unidos.

El «browderismo» por parte de la izquierda coincidió con la creciente necesidad que tenían las élites políticas de fomentar el desarrollo industrial mediante la intervención activa del estado. Al terminar la guerra, varios gobiernos latinoamericanos procuraron fomentar y desarrollar conscientemente la industrialización que se había hecho en gran parte sin una planificación deliberada en los años treinta y durante la contienda. Para ello era necesario controlar más a unos movimientos obreros que daban muestras crecientes de descontento y fomentar un «clima apropiado para las inversiones» con la esperanza de atraer capital extranjero. La necesidad de regular e institucionalizar las relaciones laborales había sido reconocida de modo general durante el decenio anterior, en parte como intento de hacer frente a la amenaza que planteaba la «cuestión social» y en parte para que las nuevas fuerzas políticas pudieran organizar una base de masas. Ahora bien, en la posguerra inmediata a estas preocupaciones se añadieron otras relativas a la estabilidad macroeconómica. Ahora era más urgente que nunca derrotar a las tendencias radicales que había en el movimiento obrero y llegar a algún acuerdo con las facciones más conservadoras.

El Departamento de Estado norteamericano veía con preocupación la fuerza de la CTAL y su proyecto político y apoyaba la labor de Serafino Romualdi, «embajador volante» de la American Federation of Labor (AFL) en América Latina. Romualdi intentaba alentar a las fuerzas que dentro del movimiento sindical latinoamericano se mostraban favorables a un sindicalismo más pro norteamericano y «orientado a las empresas» a escindirse de la CTAL. Estos intentos eran en parte fruto de la antigua inquietud norteamericana (en particular de la AFL) ante lo que se consideraba un sindicalismo excesivamente «político» en América Latina. Durante toda la primera mitad del siglo XX la AFL había tratado de promover en América Latina una forma de sindicalismo práctico con la cual pudiera simpatizar. Si bien los esfuerzos que Romualdi hizo en América Latina al terminar la guerra se edificaron sobre esta tradición histórica, también hay que situarlos en el contexto de una lucha general por el control de las organizaciones sindicales internacionales entre las corrientes comunista y no comunista del movimiento obrero mundial. Preocupaciones ideológicas generales se superpusieron ahora a las fundamentales divisiones estratégicas e ideológicas que estaban fermentado dentro de los movimientos obreros nacionales. La culminación de estas luchas se produjo al escindirse la Confederación Mundial de Sindicatos y formarse la Confederación Internacional de Sindicatos Libres en 1949.

Fueran cuales fueran las razones puramente nacionales para el ataque contra el liderazgo comunista de los sindicatos latinoamericanos, el movimiento obrero de América Latina se vio envuelto en estas luchas internacionales al finalizar la guerra. Romualdi celebró varias entrevistas con líderes sindicales de diversos países y en una que tuvo lugar en Lima, en enero de 1948, se consumó una importante escisión de la CTAL. Las figuras principales eran Bernardo Ibáñez de Chile, Arturo Sabroso de Perú y Eusebio Mujal de Cuba. Varias confederaciones nacionales se retiraron de la CTAL y con ello provocaron escisiones que estaban latentes dentro de ellas mismas desde hacía mucho tiempo. En un país tras otro las enconadas disputas entre las facciones de las principales organizaciones sindicales (que se habían silenciado en beneficio de la unidad de la clase trabajadora) salieron ahora a la superficie. En algunos países (por ejemplo, Cuba y México) los sindicalistas conservadores utilizaron matones armados para impedir que la izquierda controlase el movimiento sindical. En muchos países el gobierno se puso francamente al lado de los elementos conservadores al tomar medidas contra los comunistas que militaban en los sindicatos.

A partir de aquella fecha la CTAL entró en rápida decadencia hasta que en 1959 cayó finalmente en el olvido. Si bien es posible que tanto amigos como enemigos exagerasen su fuerza, y aunque también es posible que en el terreno económico dependiera demasiado de la continua buena voluntad de la CTM mexicana y del gobierno de México, también sería exagerado sugerir que la CTAL era puramente una organización de papel que no ejercía ninguna influencia real en los acontecimientos de la región. Al menos el gobierno de los Estados Unidos estaba lo bastante convencido de la amenaza potencial que planteaban la CTAL y la izquierda sindical en América Latina como para fomentar su represión sistemática.

Por supuesto, durante la segunda mitad del decenio de 1940 hubo en el campo de los movimientos obreros latinoamericanos algo más que una lucha por la afiliación sindical internacional en el marco de la guerra fría. La creciente tendencia al conservadurismo en las relaciones laborales tenía orígenes endógenos, tales como la necesidad de promover un buen clima para las inversiones con el fin de atraer capital extranjero. Por otra parte, al terminar la alianza con los comunistas formada durante la guerra, se creó el marco para una vuelta a la habitual política anticomunista. La creciente hostilidad contra los partidos comunistas coincidió con una ofensiva más general contra el conjunto del movimiento obrero. Otros estímulos, suponiendo que fueran necesarios, para este giro conservador de la política gubernamental relativa al trabajo fueron la purga de comunistas en el movimiento obrero norteamericano (empezando por la CIO y la United Automobile Workers en 1945 y 1946), la actitud dura que el presidente Truman adoptó contra los mineros en huelga en 1946 y la aprobación en 1947 de la Ley Taft-Hartley prohibiendo a los comunistas ocupar cargos sindicales. Estos acontecimientos se siguieron con gran atención en América Latina y muchos los vieron como señales de la dirección en que soplaba el viento.

En Brasil, donde en la primera mitad del decenio de 1940 el trabajo había seguido bajo el estrecho control del corporativista Estado Novo, se produjo un renacimiento de la actividad sindical a consecuencia del final inminente de la segunda guerra mundial y la creencia general de que la dictadura de Vargas estaba tocando a su fin. Tanto en Río de Janeiro como en São Paulo había ahora una numerosa población activa industrial y era claro que el voto obrero tenía importancia en la nueva política democrática. Vargas albergaba la esperanza de consolidar el apoyo que había obtenido con la CLT y conseguir que el movimiento obrero se pusiera de su lado en el Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) junto con el Partido Social Democrático (PSD), contra la oposición conservadora encamada por la União Democrática Nacional (UDN). (Los tres partidos se formaron en 1945).

Las huelgas aumentaron considerablemente durante el primer semestre de 1945. En una situación fluidísima y confusa los comunistas y los trabalhistas competían por el apoyo de la clase trabajadora organizada. En agosto y septiembre de 1945 se intentó, por medio del movimiento queremista[*] instar a Vargas a conservar el poder, y en las ciudades principales de Brasil se celebraron grandes concentraciones organizadas por los seguidores de Vargas. Los temores de que Vargas no permitiera celebrar elecciones libres se desvanecieron finalmente cuando el dictador fue derrocado por un golpe militar capitaneado por el general Góes Monteiro. En las elecciones de diciembre de 1945 el general Eurico Gaspar Dutra, que era el candidato del PSD y era respaldado sin convicción por Vargas, ganó con el 55 por 100 de los votos.

Hubo entonces un aumento del activismo del trabajo durante los primeros meses de 1946 y una breve pero intensa lucha a tres bandas entre los activistas obreros trabalhistas del PTB, los comunistas y el Ministerio de Trabajo. Hablando en términos generales, en São Paulo el PTB recibió gran parte de su apoyo de los trabajadores que habían llegado poco antes a la ciudad procedentes de poblaciones pequeñas y de zonas rurales, mientras que los comunistas predominaban entre los trabajadores industriales, que llevaban más tiempo en la ciudad. En abril de 1945 los comunistas habían creado una organización sindical ajena al control del Ministerio de Trabajo, el Movimiento Unificador dos Trabalhadores (MUT). En septiembre de 1946 el MUT desempeñó un papel destacado en la formación de la Confederação dos Trabalhadores do Brasil (CTB), la primera organización de esta clase en Brasil. El gobierno de Dutra se apresuró a prohibir tanto el MUT como la CTB, intervino en más de cuatrocientos sindicatos, expulsó a los comunistas de los cargos sindicales y políticos y acabó poniendo al PCB fuera de la ley. Los trabalhistas del PTB ocuparon el vacío que habían dejado los comunistas. En 1947 ya se había logrado contener y dar marcha atrás a la oleada de movilización obrera que provocara el final de la segunda guerra mundial. La nueva democracia brasileña utilizaría en lo sucesivo las leyes laborales heredadas del Estado Novo. El estado continuó controlando estrechamente los sindicatos, cuya autonomía era limitada. Demostración clara de ello fue el descenso del número de huelgas, que de un promedio de cincuenta al año en 1945 y 1946 pasó a otro de doce al año durante el siguiente decenio[19].

En México hubo también un súbito aumento del activismo sindical durante los últimos años de la guerra, al que siguió la represión. Las relacionas entre la CTM y Lázaro Cárdenas ya habían empezado a enfriarse hacia el final de su presidencia, a la vez que grandes secciones del movimiento sindical continuaban dando muestras de una independencia que les creaba repetidos conflictos con el gobierno. Estas tensiones aumentaron durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho (1940-1946), con su intento de rectificar los «excesos» del cardenismo, pero quedaron en suspenso al estallar la segunda guerra mundial y decidir la CTM no declararse en huelga durante la contienda. Hacia finales de la guerra la inflación provocó agitación en las filas del trabajo y en algunas industrias determinados problemas creados o exacerbados por la contienda hicieron que los conflictos laborales subieran hasta alcanzar niveles insólitos. Así ocurrió con los tres principales sindicatos industriales nacionales.

Los ferrocarriles sufrían las consecuencias de la descapitalización y del mal estado de las vías y del material rodante, así como de serios problemas de organización cuyo origen era el legado del control por parte de los trabajadores, de la mala dirección y de la continua fragmentación del sistema ferroviario nacional. En la industria del petróleo el poder sindical y la connivencia de la dirección habían causado un exceso de personal y una ineficiencia generalizados. En la minería el final de la contienda trajo consigo un descenso de la demanda norteamericana y gran número de despidos. La elección de Miguel Alemán para la presidencia en 1946 dio acceso al poder a alguien que estaba interesado en crear las bases para un crecimiento económico estable en México. Un primer paso sería una importante limpieza general de los sindicatos.

Al mismo tiempo que Alemán se preparaba para enfrentarse a los activistas del movimiento obrero, dentro de la CTM alcanzaba su punto culminante la pugna entre los «cinco lobitos» y los radicales de los sindicatos industriales nacionales. Los tres grandes sindicatos industriales abandonaron la CTM y formaron la Central Única de Trabajadores (CUT) en marzo de 1947. Al mismo tiempo, Lombardo Toledano empezó una campaña sistemática para la formación de un partido popular que en principio se pensó como grupo de presión de las masas dentro del partido oficial. Lombardo evitó que le identificasen con los activistas de los sindicatos industriales nacionales e intentó conservar su papel independiente de gran líder de la clase trabajadora mexicana. Pero ya era demasiado tarde. Desde la fundación de la CTAL en 1938 Lombardo había dejado la dirección de la CTM en manos de los «cinco lobitos» y ya no podía contar con una fuerza organizativa importante en ella. Los «cinco lobitos» procedieron a declarar que la pertenencia al Partido Popular era incompatible con la afiliación a la CTM y en marzo de 1948 expulsaron a Lombardo y a los pocos seguidores leales que le quedaban. Si bien los factores internos son suficientes para explicar estos acontecimientos, poca duda puede caber de que las presiones de la guerra fría también desempeñaron algún papel. Eliminado Lombardo, la CTM pudo concentrar el fuego en su rival, la CUT. En el aspecto numérico, las fuerzas estaban más o menos equilibradas entre la CTM y la CUT[20], situación que favorecía claramente a ésta, con sus poderosos sindicatos industriales, frente a aquélla, que tenía su base en los miles de pequeños sindicatos que había en establecimientos pequeños de Ciudad de México y otras partes. También parecía probable que la posición de la CUT se reforzaría con la creación del Partido Popular y la unificación, al parecer inminente, de la izquierda mexicana, después de celebrarse en junio de 1947 la Mesa Redonda de los Marxistas Mexicanos. Algunos observadores empezaron a hablar de la inminente desaparición de la CTM. Antes de que esto pudiera suceder, el gobierno de Miguel Alemán intervino y disolvió la CUT.

El pretexto fue una acusación de fraude que hizo Jesús Díaz de León, el nuevo secretario general del sindicato de ferroviarios, contra el anterior líder, Luis Gómez Z. Cuando el sindicato de ferroviarios, junto con los otros dos principales sindicatos industriales, fundó la CUT, Gómez Z había encauzado fondos sindicales hacia la CUT y luego había dimitido de su puesto en el sindicato de ferroviarios para trabajar en la CUT con plena dedicación. Le había sustituido un lugarteniente que parecía digno de confianza, Jesús Díaz de León, «el Charro», del que cabía esperar que hiciese lo que Gómez deseara. Resultó que no era así. En septiembre de 1948 Díaz de León acusó a Gómez Z de malversación de fondos sindicales, y después de algunas semanas de confusión, el gobierno respaldó a Díaz de León ordenando a la policía que ocupara los edificios del sindicato. Miles de trabajadores fueron despedidos y el sindicato se convirtió en partidario incondicional de la política económica del gobierno. Este acontecimiento, llamado «el charrazo» debido a la afición de Díaz de León a vestirse de charro (de ahí su apodo), significó el final del desafío de la CUT al gobierno de Alemán. Poco después, los líderes radicales del sindicato de trabajadores del petróleo (1949) y del sindicato de mineros (1950) fueron derrocados y substituidos por líderes conservadores. El «charrismo» —es decir, el reconocimiento por parte de los jefes sindicales mexicanos de que el activismo al margen de lo establecido provocaría las iras del gobierno, que luego procedería a subvertir sus sindicatos— sería el rasgo definidor del sindicalismo mexicano durante los dos decenios siguientes. En junio de 1949 los lombardistas hicieron un intento desesperado de crear un contrapeso de la CTM, la Unión General de Obreros y Campesinos de México. Sin embargo, tanto este sindicato como el Partido Popular nacieron muertos.

En Chile durante los gobiernos del Frente Popular y del Partido Radical de los años cuarenta, como hemos visto, el movimiento obrero dominado por los socialistas y los comunistas apoyó activamente al gobierno, y cuando Gabriel González Videla, radical de izquierdas, fue elegido en septiembre de 1946 dio entrada en su gabinete a tres miembros del Partido Comunista, aunque no sin antes asegurar en privado a la embajada de los Estados Unidos que aprovecharía la primera oportunidad que se presentara para destituirlos de sus cargos. Las enconadas rivalidades entre los comunistas del movimiento obrero y sus rivales socialistas (y, en menor medida, radicales) le facilitaron la tarea. En el seno del movimiento obrero estalló una guerra civil que duraría casi todo el año 1946 y terminaría con los socialistas desorganizados y en decadencia. Cuando se vio que los comunistas no eran socios subalternos dóciles en el gobierno radical y continuaban apoyando huelgas y abogando por la sindicación del campo, las tensiones entre ellos y González Videla fueron en aumento y empujaron al presidente a orquestar un enfrentamiento con motivo de una huelga de mineros del carbón en agosto de 1947, a expulsar a los comunistas del gabinete y a meter a los líderes del partido en la cárcel. Sometido a continuas presiones por el Departamento de Estado norteamericano, González Videla puso en marcha una campaña anticomunista que en abril de 1948 culminó con la aprobación de una Ley para la Defensa Permanente de la Democracia, la llamada «ley maldita», que dio lugar a purgas generalizadas de dirigentes sindicales y empleados públicos comunistas y a una rápida disminución de las huelgas. En estos acontecimientos participaron activamente varios líderes sindicales moderados que acabaron beneficiándose de ellos y al frente de los cuales se encontraba Bernardo Ibáñez, que había estado en contacto con la AFL desde 1943 y pretendía causar una escisión en las filas de la CTAL.

En Cuba el comienzo de la guerra fría produjo una escisión importante en la CTC. Ya en julio de 1943 la AFL invitó a líderes del sindicato de trabajadores marítimos a visitar los Estados Unidos, donde les persuadieron a empezar a trabajar para fundar una nueva organización obrera que rivalizase con la CTC. Esta iniciativa no prosperó, en gran parte porque el candidato «auténtico» Ramón Grau San Martín todavía necesitaba el apoyo de la CTC (y de los comunistas) en las elecciones presidenciales de 1944. No obstante, la AFL conservó sus vínculos con los líderes sindicales cubanos que no eran comunistas y después de terminar la segunda guerra mundial el Departamento de Estado presionó a Grau San Martín para que empezase una purga de comunistas. Finalmente, en abril y mayo de 1947 los «auténticos» provocaron una escisión en la CTC y el gobierno, como era de prever, se negó a reconocer el estatuto jurídico de lo que quedó de la CTC, a cuyo frente estaba el veterano líder obrero comunista Lázaro Peña Rival. Hubo entonces detenciones de activistas sindicales, asesinatos perpetrados por gángsteres («pandilleros») y choques violentos en las calles de La Habana. En poco tiempo se destruyó la CTC, que era dirigida por los comunistas, a la vez que se reducía en gran medida la influencia comunista en el movimiento obrero. Sin embargo, la posterior dominación de un movimiento obrero explícitamente favorable al régimen por parte de Eusebio Mujal no trajo una paz laboral total a Cuba. Los comunistas siguieron ejerciendo cierta influencia y, en todo caso, la continua agitación de la clase trabajadora cubana obligó a los líderes de la nueva CTC a apoyar algunas huelgas y a presionar para que se aumentasen los salarios, al tiempo que exigían sobornos a las compañías a cambio de la rápida resolución de los conflictos laborales. La agitación laboral y el gangsterismo siguieron siendo características dominantes del panorama laboral cubano durante todo el decenio de 1950, incluso bajo la dictadura de Fulgencio Batista, que continuó confiando en que los mujalistas le proporcionaran el apoyo que tanto necesitaba.

En Venezuela el gobierno de la AD del período 1945-1948 utilizó su poder para apoyar los intentos de sindicación (el número de sindicatos aumentó de 113 en 1936 a 252 en 1945 y 1.014 en 1948)[21] y al mismo tiempo desplazó a los comunistas de los puestos de mando del movimiento obrero. Aunque el derrocamiento del gobierno de la AD en 1948 obedeció a varias razones, no cabe duda de que el activismo sindical intervino en ello. A pesar de su anticomunismo, la AD seguía siendo demasiado radical a ojos de las fuerzas conservadoras de la sociedad venezolana.

En Perú el gobierno de José Luis Bustamante (1945-1948) proporcionó el marco para una pauta parecida de crecimiento sindical. En 1944 se había restablecido la Confederación de Trabajadores de Perú (CTP) y una serie de huelgas en 1944, 1945 y 1946 habían hecho que los salarios reales volvieran a los niveles de antes de la guerra. Mientras que el gobierno de Prado (1939-1945) había reconocido un promedio de 24 sindicatos por año, el gobierno de Bustamante reconoció otros 264 en aquellos años, lo que equivale a un promedio de 88 por año[22]. Durante el gobierno de Bustamante el APRA aumentó su influencia en el movimiento sindical peruano a expensas de los comunistas. En 1947 y 1948 hubo huelgas generales que contribuyeron a los crecientes niveles de tensión en el país y cuando al régimen de Bustamante se le escapó el dominio de la situación, como en Venezuela, el golpe militar de 1948, junto con las divisiones de la CTP, anunció la vuelta a una debilidad general del movimiento sindical y su marginación de la política nacional.

El movimiento obrero colombiano también creció durante la segunda guerra mundial y después de ella, aunque en modo alguno de forma espectacular. El número total de sindicatos inscritos pasó de 554 en 1940 a 986 en 1947, a la vez que el número de afiliados aumentaba de 84.000 a 166.000 en el mismo período[23]. Como en la mayor parte de América Latina, la guerra provocó en Colombia una caída de los salarios reales y el final de la contienda significó la reaparición del activismo obrero. Sin embargo, el gobierno atacó a los sindicatos y varias huelgas importantes acabaron fracasando. Al terminar la guerra, la suerte del movimiento sindical quedó ligada a los acontecimientos de la política de partidos. Jorge Eliécer Gaitán, del Partido Liberal, lanzó un desafío a los líderes del partido con un programa populista de regeneración moral. Aunque el número de sus seguidores en los sindicatos era relativamente modesto, Gaitán obtuvo el apoyo de los sectores de ingresos bajos de la población urbana. Su asesinato en abril de 1948 provocó varios días de disturbios en Bogotá, el llamado «bogotazo». Generalmente se piensa que este fue uno de los factores clave que precipitaron la violencia que desfiguraría la política colombiana durante los dos decenios siguientes. Este contexto de violencia política generalizada, con pocas opciones disponibles en el nivel nacional, era un momento poco propicio para que los obreros se organizasen. En el período de relaciones laborales generalmente tranquilas que empezó a finales de los años cuarenta también influyeron mucho una escisión que se produjo en la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y el hecho de que la católica Unión de Trabajadores de Colombia (UTC), formada en 1946, la desplazase del puesto que ocupaba como organización obrera predominante en el país.

En Bolivia el decenio de 1940 lo dominaron las tentativas del MNR por alcanzar el poder y la vacilante política laboral de varios gobiernos inestables. La toma del poder por el coronel nacionalista Gualberto Villarroel en diciembre de 1943 tuvo cierto parecido superficial con la ascensión de Perón en Argentina. Tachado de fascista por los Estados Unidos y ante la intensa oposición de varias fuerzas sociales, entre ellas la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia (CSTB), dominada por los comunistas, Villarroel intentó, con el apoyo del MNR, crear una base entre los mineros, para lo cual permitió formar la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) en junio de 1944. Sin embargo, las relaciones entre el MNR y el movimiento obrero siempre fueron tensas. La creciente oposición de grupos de la clase media partidarios de la democracia acabó dando lugar a una insurrección urbana y al derrocamiento de Villarroel, que fue ahorcado, en julio de 1946. El movimiento obrero nada hizo por salvarle. Durante el siguiente sexenio de gobiernos en gran parte conservadores hubo varios intentos de levantamiento por parte del MNR, constante agitación laboral y una serie de grandes huelgas a las que normalmente se respondió con la represión. Bajo el liderazgo de Juan Lechín, en noviembre de 1946, con la tesis de Pulacayo, los mineros del estaño bolivianos habían adoptado oficialmente una política insurreccional de signo trotskista. La actitud represiva de una serie de gobiernos bolivianos (matanzas en las minas de Potosí en enero de 1947 y en Cataví en mayo y septiembre de 1949, que causaron quizá 800 muertos), la represión que siguió a una huelga general en La Paz en 1950, junto con los despidos generalizados en las minas en 1947 (las «matanzas blancas»), y las características especiales de las comunidades mineras habían intensificado el radicalismo político entre los mineros. La combinación de, por un lado, míseras condiciones de vida y trabajo y, por otro lado, abundancia de tradiciones culturales permitió a las comunidades de mineros crear una serie de rituales integradores que unían el trotskismo combativo y elementos de la religión precolonial en una mezcla muy eficaz, aunque un tanto ecléctica[24]. Esta mezcla penetró en el movimiento insurreccional más amplio encabezado por el MNR. Así pues, Bolivia se diferenciaba de la mayor parte del resto de América Latina en que a finales de los años cuarenta no se había logrado dominar la combatividad obrera. De hecho, en abril de 1952 Bolivia se encontraba sumida en una profunda revolución social que llevaría al movimiento obrero a participar en el poder gubernamental.

Argentina bajo Perón parecía destacarse de la pauta general de represión de los trabajadores que fue fruto de la guerra fría. Pero, como veremos, pronto se dio marcha atrás a la movilización de los primeros años de Perón y la situación en Argentina se pareció más a la que existía en otros países de América Latina.

El golpe militar de 1943 fue el comienzo de un período de grandes transformaciones del movimiento obrero argentino, que salió de la llamada «década infame» (1930-1943) relativamente dividido y débil[25]. El coronel Juan Domingo Perón, que fue nombrado director del Departamento Nacional de Trabajo (elevado rápidamente a la categoría de Ministerio de Trabajo y Previsión) del gobierno militar, y sus colaboradores, tales como el coronel Domingo Mercante, fomentaron la organización sindical y presionaron a los patronos para que ofrecieran convenios salariales favorables, permitiendo a los trabajadores negociar más eficazmente con la patronal y hacer subir los salarios reales (que llevaban varios años disminuyendo). Quizá el factor más importante fue la tolerancia y el fomento de la sindicación por parte del gobierno.

Mientras alentaba el crecimiento de los sindicatos, Perón tomó medidas para aislar y debilitar a sus rivales en el movimiento obrero, en particular a los comunistas, que le atacaron y acusaron de neofascista debido a su identificación con un gobierno militar que no quería romper sus relaciones con las potencias del Eje, pero también a cualquier sindicalista que diera muestras de independencia. Desde luego, también había un claro componente corporativista en la actitud de Perón ante los trabajadores. Asimismo, Perón supo sacar provecho del temor generalizado que en las élites argentinas despertaban los conflictos de clase inspirados por los comunistas.

Debido a la radicalización de Perón, que parecía ir en aumento, y a su indudable acumulación de poder, el conflicto entre él y el resto de la junta militar alcanzó su punto decisivo y en octubre de 1945 Perón fue detenido y encarcelado. Las masas de trabajadores argentinos reaccionaron con manifestaciones espontáneas siguiendo lo que ya empezaba a ser una práctica arraigada. La CGT respondió a esta presión de sus bases convocando una huelga general para exigir la puesta en libertad de un ministro que había mantenido una actitud favorable a los sindicatos. En el mitin de la CGT hubo disputas entre los líderes sindicales que deseaban seguir siendo independientes y distanciados del gobierno militar, incluido su ministro de Trabajo, y los que querían prestar apoyo condicional a lo que, a su modo de ver, era un elemento de la junta claramente favorable al trabajo. La postura a favor de Perón se impuso por 21 contra 19 votos y se convocó una huelga para el 18 de octubre de 1945[26]. Sin embargo, los trabajadores de Buenos Aires se anticiparon a la huelga convocada por la CGT cuando el 17 de octubre cruzaron los puentes entre los distritos de clase trabajadora y el centro y marcharon sobre el palacio presidencial de la plaza de Mayo. Los observadores contemporáneos sufrieron una conmoción al ver cómo las «masas» se adueñaban de las calles de la Buenos Aires burguesa; por su parte, los trabajadores, según los indicios, experimentaban una fuerte sensación de poder. Ante la masiva manifestación de la plaza de Mayo, la junta se echó atrás y puso en libertad a Perón. El discurso que éste pronunció aquella noche desde el balcón de la Casa Rosada marcó un hito significativo en la historia de la clase trabajadora argentina a la vez que daba carácter oficial a la identificación de dicha clase con su líder.

Basándose en esta oleada masiva de apoyo de la clase trabajadora, Perón pasó a ser uno de los principales candidatos en las elecciones presidenciales previstas para 1946. Perón se enfrentó en las elecciones a la oposición conservadora, que se había organizado en la Unión Democrática y contaba con el apoyo del Partido Comunista, que, siguiendo la política ideológica internacional, tachó a Perón de fascista. La postura nacionalista que adoptó Perón se vio reforzada al publicar el Departamento de Estado norteamericano un «libro azul» en el que denunciaba a los regímenes argentino y boliviano por simpatizar con el Eje, así como por las manifestaciones que el embajador Spruille Braden hizo a favor de la Unión Democrática y contra Perón. Perón sacó partido de la hostilidad de los Estados Unidos ideando el lema de «Braden o Perón» y así pudo crear una coalición de la que formaban parte los trabajadores organizados, la Iglesia, sectores nacionalistas del estamento militar y sectores de la élite que temían al comunismo más que a Perón.

Los líderes sindicales formaron el Partido Laborista para apoyar la candidatura de Perón, concibiéndolo como algo bastante parecido al Partido Laborista británico. Sin embargo, inmediatamente después de ser elegido, Perón tomó medidas para debilitar y finalmente destruir el Partido Laborista y controlar o eliminar a sus líderes. Durante los dos o tres años siguientes Perón logró hacer entrar en vereda a los sindicatos. Para ello atacó a los líderes de la CGT y el Partido Laborista que quedaban e impuso un control cada vez más centralizado a los sindicatos que constituían la CGT. Aprovechando la visita de una delegación de líderes obreros norteamericanos como pretexto para poner en duda la lealtad del socialista independiente Luis Gay, Perón obligó a éste a dimitir de su puesto de jefe de la CGT en enero de 1947. En su lugar puso a un peronista incondicional. El proceso paralelo cuyo fin era expulsar a los comunistas del movimiento sindical había empezado pronto y originado intensos conflictos con el sindicato de trabajadores de la industria cárnica, al frente del cual estaba el comunista José Peter, al que más adelante sustituiría el laborista Cipriano Reyes. La táctica peronista consistía en hostigar a los sindicatos independientes, fundar sindicatos paralelos y usar la influencia del Ministerio de Trabajo para asegurarse de que los sindicatos peronistas fueran recompensados con aumentos salariales. Los activistas obreros de mentalidad independiente fueron expulsados de los puestos clave de los sindicatos y se puso a éstos en una órbita ideológica que vinculaba su suerte tan estrechamente al régimen peronista, que la acción independiente, y no digamos la oposición, sólo era posible a costa de grandes esfuerzos. Finalmente, Cipriano Reyes fue encarcelado en 1948 por una supuesta conspiración para asesinar a Perón y permaneció en la cárcel hasta el derrocamiento del régimen en 1955.

Aunque la subida de Perón al poder había ido acompañada de una movilización masiva y un aumento de las huelgas, la frecuencia de éstas disminuyó espectacularmente al empezar Perón a consolidar su poder en las postrimerías del decenio de 1940. Una combinación de control político de los sindicatos, un mercado de trabajo favorable y una subida de los salarios reales fue el factor principal del impresionante giro que se registró en la actividad huelguística. Durante el período de movilización el número de huelgas fue de 47 en 1945, 142 en 1946, 64 en 1947 y 103 en 1948. Luego las huelgas descendieron drásticamente, hasta quedar reducidas a 36 en 1949 y la cifra continuó siendo baja durante el resto del gobierno de Perón[27]. Tal vez el rasgo más impresionante de la movilización peronista de la clase trabajadora fue el espectacular auge de la sindicación. Como hemos visto, el número de afiliados a los sindicatos argentinos ascendió de alrededor de medio millón en 1946 a más de dos millones en 1950. Los sindicatos tenían ahora fondos cuantiosos, había un buen sistema de seguridad social y los sindicatos proporcionaban una gran variedad de prestaciones complementarias a sus afiliados, tales como la asistencia médica y centros subvencionados para pasar las vacaciones. El precio fue una paulatina sumisión al estado. En un nivel simbólico la señal más clara de esto fue la promulgación en 1947 de los «derechos del trabajador», que no mencionaban para nada el derecho a la huelga. Al finalizar el decenio, Argentina volvía a concordar con la tendencia general que se observaba en la región. A pesar de un gobierno retóricamente favorable al movimiento obrero, los sindicatos argentinos habían sido domesticados en gran parte.

INSTITUCIONALIZACIÓN EN LA POSGUERRA: CORPORATIVISMO EN LOS AÑOS CINCUENTA Y SESENTA

La segunda guerra mundial y el período inmediatamente posterior constituyeron un hito importante en la evolución del movimiento obrero en América Latina. En los países grandes del continente la recesión mundial de los años treinta y luego la guerra misma habían estimulado el desarrollo de las industrias de sustitución de las importaciones. Durante el citado período se había producido el crecimiento del proletariado urbano y, en Argentina y Brasil, su transformación de una clase formada en gran parte por inmigrantes a otra cada vez más nacional. Estos cambios en la naturaleza de la clase trabajadora sucedieron simultáneamente con cambios importantes del sistema político en varios países, cambios que tuvieron consecuencias para la forma en que los trabajadores pudieron organizarse, tanto en el nivel sindical como en términos de la política nacional.

De 1950 a 1970 la población activa urbana de América Latina aumentó del 46 al 61 por 100 del total de la población activa (y en 1985 se calculaba que era el 70 por 100 del total). Durante este período el empleo industrial aumentó del 19 por 100 del total de la población activa en 1950 al 23 por 100 en 1970 (y el 26 por 100 en 1980); el empleo en los servicios aumentó de forma todavía más rápida del 27 por 100 en 1950 al 36 por 100 en 1970 (y el 42 por 100 en 1980). El conjunto de la población activa creció a un ritmo anual del 2,1 por 100 en el período 1950-1960, y del 2,45 por 100 entre 1960 y 1970 (y el 3,12 por 100 entre 1970 y 1980). El crecimiento en números absolutos es aún más impresionante: los trabajadores industriales correspondientes al conjunto de América Latina pasaron de 10.561.000 en 1950 a poco menos de 20 millones en 1970 (y 30.413.000 en 1980). Donde más se notó esta extraordinaria expansión fue en Brasil, Venezuela y México, donde el número de trabajadores industriales se multiplicó por cuatro entre 1950 y 1980, y donde menos visible resultó fue en Argentina, Uruguay y Chile, cuyos trabajadores industriales aumentaron entre un 30 y un 50 por 100 en los mismos años[28]. Durante este período también nacieron y maduraron nuevas industrias, en particular el complejo metalúrgico, lo que dio origen a la organización de nuevos contingentes de la clase trabajadora[29].

A pesar de las diferencias entre los países en lo que se refiere a la vinculación de los crecientes movimientos obreros y los sistemas políticos nacionales, durante la posguerra muchos de ellos tenían en común experimentos de corporativismo más o menos serios y duraderos. Las relaciones laborales en general y la organización sindical en particular pasaron de forma creciente a ser reglamentadas por el estado. Con frecuencia esto significaba una gran pérdida de autonomía por parte de los sindicatos, aunque en algunos casos también suponía una expansión del papel de los sindicatos en la vida nacional, una consolidación y burocratización de lo que hasta entonces habían sido a menudo unos sindicatos ideológicamente combativos pero débiles en su organización, y en varios países, el comienzo de un aumento sostenido de los niveles reales de vida para, como mínimo, los sectores de la clase trabajadora que estaban mejor organizados. Este grado relativo de, por un lado, institucionalización y, por otro lado, represión produjo cierta paz en el plano laboral, aunque los años de la posguerra en modo alguno fueron tranquilos. En el mejor de los casos se logró contener los conflictos laborales, pero no eliminarlos, y el control que los gobiernos pudieron adquirir resultó cada vez más frágil. Cuando los nuevos sectores industriales de América Latina alcanzaron la madurez surgió una nueva generación de trabajadores y líderes sindicales que rompieron la tregua de la posguerra y dieron comienzo a una nueva fase del activismo obrero.

Sin duda gran parte de esto fue principalmente la respuesta a los cambios habidos en la estructura industrial y ocupacional, además de deberse a las alianzas políticas que formaron los sindicatos. Y las ventajas que se consiguieron fueron a la vez de alcance limitado —el grueso de la población trabajadora siguió estando fuera del alcance de las leyes laborales y de la seguridad social— y sometidas a erosión en los períodos de descenso económico y represión política. Sin embargo, en la posguerra tuvo lugar una impresionante institucionalización del movimiento obrero en todo el continente, que con frecuencia se basó en esfuerzos anteriores y continuó una clara trayectoria histórica, pero que en muchos casos supuso una ruptura significativa con pasadas tradiciones. En 1948, en la mayoría de los países de la región, ya se habían creado las formas institucionales que encauzarían los conflictos laborales durante los dos o tres decenios siguientes. Durante este período relativamente largo los sistemas de relaciones laborales en América Latina sirvieron eficazmente para encauzar y contener los conflictos laborales y evitar que se convirtieran en graves preocupaciones económicas o políticas para los gobiernos. En la medida en que haya un hilo que atraviese estos años, este hilo es la combinación de crecimiento económico relativamente rápido y diversos sistemas corporativistas para mediar en los conflictos laborales.

Estos sistemas corporativistas variaban de un país a otro. Brasil se encuentra en un extremo del continuo con una serie de leyes laborales muy codificadas que restringían en gran medida la actividad sindical y con la constante intervención del gobierno para regular las relaciones laborales. Los sindicatos estaban organizados por territorios e industrias, de tal modo que, por ejemplo, todos los trabajadores de la industria textil del estado de São Paulo pertenecían a un solo sindicato. El sistema estaba pensado para reducir al mínimo la competencia entre los sindicatos. Las federaciones y confederaciones de sindicatos estaban controladas estrictamente y sus poderes eran limitados. La organización de las asociaciones patronales era paralela a la estructura de los sindicatos de trabajadores. Para mediar en las disputas laborales existía una serie de instituciones tripartitas con representantes de los patronos, de los líderes sindicales y del estado en las comisiones clave y los tribunales laborales. Los fondos de los sindicatos seguían saliendo del imposto sindical que ya hemos mencionado y se repartían entre el 1 sindicato local y las organizaciones regionales y nacionales, a la vez que la forma de invertir y gastar tales fondos estaba sometida a un riguroso control jurídico. La mayor parte del dinero se destinaba a la provisión de una serie de servicios asistenciales para los afiliados a los sindicatos. El imposto sindical era, en realidad, un programa de seguridad social, y con creciente frecuencia los afiliados a los sindicatos brasileños consideraban a éstos como proveedores de prestaciones propias de la seguridad social más que como instrumentos para la negociación colectiva. Dado que la mayoría de los aumentos salariales y de las reivindicaciones de los trabajadores se resolvían en el complejo sistema de tribunales laborales, la negociación colectiva y la resolución de conflictos salieron en gran parte de la esfera del lugar de trabajo. Nunca apareció una figura que equivaliese al enlace sindical y los sindicatos no tenían ninguna función que cumplir en el lugar de trabajo.

El sistema corporativista sirvió para crear líderes sindicales de talante conservador y un sesgo contrario a la movilización de las bases. Como las finanzas de los sindicatos eran independientes del número de afiliados, pero el desembolso en servicios sindicales guardaba correlación directa con dicho número, los líderes sindicales no tenían ningún incentivo para fomentar la afiliación. Había también controles políticos directos: los aspirantes a desempeñar cargos sindicales estaban obligados a presentar certificados de buena conducta expedidos por el DOPS. Finalmente, el gobierno tenía derecho a intervenir en los sindicatos para destituir a sus líderes y poner en su lugar a personas designadas por el propio gobierno.

Esta impresionante colección de leyes laborales eliminó los conflictos del lugar de trabajo, donde los sindicatos no teman ninguna presencia institucionalizada, así como de las negociaciones directas entre trabajadores y patronos, y los introdujo en la inmensa burocracia de los tribunales laborales y el Ministerio de Trabajo, donde los procedimientos de conciliación y arbitraje quedaban aislados de las exigencias directas de las bases. Al mismo tiempo, el efecto de la importancia de la función asistencial del sindicato para los afiliados individuales fue despolitizar todavía más las actividades sindicales. Fue durante estos años cuando los líderes sindicales se convirtieron en una casta burocrática y empezó a usarse de modo general la palabra pelego (la piel de cordero que se coloca entre la silla de montar y el caballo para que éste pueda soportar el peso del jinete sin sufrir ningún daño).

La legislación laboral corporativista de Brasil era más sistemática y daba menos autonomía a los sindicatos que la de los demás países del continente. En México la Ley Federal del Trabajo de 1931 había dado vida a un conjunto parecido de leyes laborales de carácter corporativista basadas en las garantías de los derechos laborales que contenía la Constitución revolucionaria de 1917. Pero la organización corporativista de los sindicatos propiamente dichos no tuvo lugar hasta 1936 con la formación de la CTM y su afiliación al partido oficial. De hecho, debe considerarse que el origen del corporativismo mexicano estuvo en gran parte en la reorganización del partido oficial que se llevó a cabo con criterios corporativistas en 1938. Cárdenas había fomentado el crecimiento de una confederación laboral unificada y la había introducido en el sistema político como uno de los componentes clave de la coalición revolucionaría. Al mismo tiempo, había insistido en que se trazase una clara línea de demarcación entre ella y el sector campesino. A estos dos sectores había que añadir el militar (que en 1940 fue abolido como sector específico del partido oficial) y el llamado «sector popular» (creado en 1943), denominación que abarcaba los trabajadores públicos, las organizaciones de mujeres y jóvenes y multitud de trabajadores independientes tales como taxistas y pequeños comerciantes cuyo sustento dependía en última instancia del patronazgo del gobierno. Los empleados públicos estaban organizados en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), que estaba afiliada al sector popular del partido oficial en vez de al sector laboral. Esto significaba, por ejemplo, que el enorme sindicato de maestros pertenecía a la FSTSE y no tenía ningún vínculo estrecho con otros sindicatos del sector laboral.

Siempre y cuando no desafiaran directamente al gobierno, los líderes sindicales mexicanos tenían cierto grado de autonomía al que los líderes sindicales brasileños, si eran realistas, no podían aspirar. En vez de ser en gran parte una simple correa transmisora de la política del gobierno, los líderes sindicales mexicanos eran parte integrante, aunque subordinada, del aparato gobernante. Como tales, los líderes no se limitaban a ejercer poder político, sino que también podían consolidar imperios personales y crear multitud de relaciones clientelares con las bases y con otros actores políticos. Señal de la importancia política de los líderes sindicales mexicanos ha sido su considerable representación en el Congreso. Entre 1937 y 1970 el número de diputados «obreros» en la cámara osciló entre un máximo de 52 y un mínimo de 18 (de un total que variaba entre 147 y 214)[30].

La naturaleza compleja y variada de la organización sindical mexicana también funcionaba en la misma dirección. En lugar de la estructura uniforme del sindicalismo brasileño, ha habido sindicatos mexicanos de todos los tamaños y formas. Componente clave de las filas sindicales ha sido el pequeño número de sindicatos industriales nacionales. Estos sindicatos han organizado a todos los trabajadores de una industria dada en todo el país. Los sindicatos industriales nacionales han sido grandes y han tenido mucha influencia potencial[31]. También hay sindicatos industriales que abarcan todo un estado, sindicatos formados en las empresas y las fábricas y sindicatos de oficios varios que reúnen a los trabajadores que se dedican a actividades diversas en ciudades pequeñas y forman con ellos una base puramente territorial para el sindicalismo. Al empezar el decenio de 1960, esta estructura organizativa ya había producido más de mil sindicatos y estaba dominada por unos cuantos sindicatos muy grandes, aunque la influencia conjunta de numerosos sindicatos pequeñísimos era considerable. El promedio de afiliados a los sindicatos en 1960 era de sólo 134.

La estructura sindical mexicana se ha vuelto más compleja debido a la libertad de formar organizaciones de nivel superior. Si bien la CTM conservó una posición predominante en el sindicalismo mexicano durante la mayor parte de la posguerra, y organizó quizá dos terceras partes de los trabajadores sindicados, tenía que coexistir con varias federaciones y confederaciones rivales. La CROM y la CGT, que habían vivido su mejor momento en los años veinte, aún existían, y en 1952 un grupo de sindicatos formó la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), que de revolucionaria sólo tenía el nombre. La formación de esta rival de la CTM se debió en gran parte a que en las filas de la burocracia sindical todavía se luchaba por el acceso al patronazgo del gobierno. Varias confederaciones más pequeñas también contribuían a crear desorden en el panorama organizativo. Todas estas organizaciones continuaban afiliadas al partido oficial y de vez en cuando quedaban vinculadas unas a otras bajo una organización que las aglutinaba a todas como, por ejemplo, el Bloque de Unidad Obrera (1955) y el Congreso del Trabajo (1966). Además, varios sindicatos permanecieron fuera de las filas del partido oficial. Entre ellos estaban los sindicatos llamados «blancos» (auspiciados por los patronos) de Monterrey y los combativos sindicatos «independientes» vinculados al Frente Auténtico del Trabajo y a la Unidad Obrera Independiente, que controlaban alrededor del 10 por 100 del total de trabajadores sindicados en el decenio de 1970.

Las finanzas de los sindicatos mexicanos tampoco eran reguladas de forma tan estrecha como las de los brasileños. A decir verdad, la corrupción estaba muy extendida y poca duda cabe de que al menos algunas figuras clave de la burocracia sindical se valieron de su posición para amasar una considerable fortuna personal. Las leyes referentes a las huelgas y a los fondos sindicales también permitían más autonomía sindical que en Brasil.

Si bien los sindicatos mexicanos también desempeñaban un importante papel asistencial, la provisión de seguridad social ha estado más centralizada y administrada más directamente por el estado que en Brasil. Debido a la flexibilidad del sistema mexicano de relaciones laborales, así como a una serie de derechos significativos para los trabajadores organizados, las relaciones entre los líderes sindicales y los afiliados eran mucho más complejas que en Brasil. En el sistema mexicano han estado presentes redes complejas de relaciones clientelares de un modo que ha sido mucho menos común en Brasil.

Brasil y México, cada uno a su manera, son los casos más claros de control corporativista de las relaciones laborales en América Latina. A veces otros países instauraron alguna variante del corporativismo en sus sistemas de relaciones laborales: en Argentina durante los gobiernos peronista y militar, por ejemplo, y en Perú durante la presidencia de Velasco Alvarado. Pero el corporativismo en modo alguno ha sido la regla universal en América Latina. En Chile, Colombia, Bolivia y Perú la norma ha sido que imperase un sistema más «liberal» de relaciones laborales. En Venezuela surgió durante la posguerra algo parecido a un sistema socialdemócrata de relaciones laborales y los sindicatos generalmente se han identificado con la Acción Democrática, apoyándola en incómoda alianza cuando dicho partido estaba en el poder y, cuando estaba en la oposición, intensificando sus enfrentamientos directos con los gobiernos de otros partidos. Incluso en Brasil y México se han puesto límites al sistema corporativista, que a veces se ha visto seriamente amenazado. Después de 1959 los sindicatos de Cuba quedaron subordinados en gran parte al régimen comunista, pero incluso allí continuaron interpretando papeles importantes en calidad de mediadores en conflictos locales y movilizando a los obreros con el fin de incrementar la productividad.

En toda América Latina el rasgo sobresaliente de las estructuras sindicales que se crearon durante la posguerra fue el alto grado de regulación estatal de las relaciones laborales y la actividad sindical. Y vinculado a esta organización de las relaciones laborales centrada en el estado estaba el elevado grado de politización de la actividad sindical. Aunque la relación entre sindicatos y partidos ha sido distinta en cada país, en la mayoría de los países los sindicatos tendían a estar estrechamente relacionados con los partidos políticos, a veces alineados de manera clara con determinado partido, a veces haciendo de campo donde partidos e ideologías rivales libraban sus batallas. Sin embargo, debido a la escasez de estudios históricos de este tema, aún no está claro en qué medida esta politización de los estratos superiores del movimiento obrero afectó directamente las relaciones laborales en el lugar de trabajo.

El grado en que las relaciones laborales estaban organizadas de manera corporativista en América Latina no sólo variaba de un país a otro, sino que también varió mucho a lo largo del tiempo. Los gobiernos militares que subieron al poder en muchos países en los años sesenta y setenta oscilaron entre la represión directa de la actividad sindical y los esfuerzos por encauzarla en un marco corporativista reactivado. De modo parecido, los gobiernos civiles también dudaban entre el uso de mecanismos corporativistas de negociación con los trabajadores organizados, generalmente bajo la forma de una política de rentas, y los intentos de confiar exclusivamente en la libre negociación colectiva para determinar los niveles salariales. Había también tendencia, en particular en tiempos de intensa movilización política o de crisis económica (o de ambas cosas a la vez), a que algunas secciones del movimiento obrero se apartaran de los sistemas de control corporativistas y crearan organizaciones más independientes y críticas. Especialmente en los países donde el movimiento obrero estaba más politizado la puesta en práctica de medidas de austeridad como parte de un programa de estabilización podía desencadenar protestas generalizadas de los trabajadores y dar lugar a una crisis política y, a veces, a la intervención de los militares.

En general, el modelo de crecimiento preponderante, el que se basaba en la industrialización de sustitución de importaciones, significó que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos casi siempre se sentían obligados a interpretar un papel activo en las relaciones laborales como parte de un proceso más amplio de gestión activa de la economía. En un nivel macroeconómico esto significaba intentos de determinar los niveles de salarios y empleo y de impedir que los conflictos laborales ahuyentasen a los posibles inversionistas extranjeros. En un nivel microeconómico las instituciones de la regulación laboral corporativista funcionaban en gran parte por medio de los tribunales laborales y los sistemas de seguridad social. En ciertos sentidos los tribunales laborales hacían las veces de sistema de «enfriamiento» de los agravios de trabajadores individuales y desplazaban el escenario del conflicto del lugar de trabajo al sistema jurídico. Los trámites jurídicos que ello llevaba aparejado solían ser prolongados y dar por resultado acuerdos mutuos y negociados entre trabajadores y patronos. Este sistema, tanto en el nivel macro como en el micro, acentuaba la importancia que dentro del movimiento obrero tenían los abogados laboralistas profesionales, algunos de los cuales con frecuencia llegaban a desempeñar un importante papel de asesores y líderes en el movimiento obrero.

Estos sistemas corporativistas se apoyaban en la expansión del empleo asalariado en las zonas urbanas y, al menos en los países que se industrializaron más rápidamente, en un considerable crecimiento de los salarios. Sin embargo, este aumento de la población activa urbana produjo resultados muy diversos. A modo de primera aproximación, es útil distinguir entre los trabajadores enmarcados en el sector organizado, formal y «protegido» de la economía y el resto. El tamaño del proletariado oficial variaba mucho, tanto entre países como, de hecho, entre ciudades del mismo país. Para los trabajadores del sector formal los años de la posguerra fueron buenos. No sólo se produjo una expansión del número de empleos en la industria, sino que, además, en varios países fue acompañada de leyes que favorecían la estabilidad del empleo. Aunque la estabilidad era un rasgo clave del empleo en el aparato del estado y en las industrias de propiedad estatal, también era considerable en las grandes empresas del sector privado. Esto no impedía las reorganizaciones y la rotación de los puestos de trabajo durante las recesiones, pero el nivel general de protección del empleo en el sector formal de muchos países latinoamericanos durante gran parte de la posguerra parece que fue relativamente alto[32]. El creciente papel del estado significó una expansión ininterrumpida de los sectores estatal y paraestatal, que son campos especialmente propicios a la sindicación en gran escala.

A la expansión del empleo y cierto grado de estabilidad de los puestos de trabajo hay que añadir un largo período de crecimiento salarial para muchos trabajadores. Aunque hay mucha variación entre países, durante la segunda guerra mundial hubo un descenso general de los salarios reales en América Latina, al que siguió un largo período de crecimiento salarial. En Perú, Colombia, México y Brasil los salarios industriales reales probablemente se doblaron durante los años cincuenta y sesenta; en cambio, tanto en Argentina como en Chile, el crecimiento salarial fue muy irregular: los salarios argentinos permanecieron estancados, y los chilenos continuaron descendiendo durante los años cincuenta y hasta 1969 no recuperaron el nivel en que se encontraban al comenzar el período[33]. Este largo período de crecimiento decayó y en muchos casos terminó a mediados de los años setenta y generalmente con el comienzo de la crisis de la deuda en 1982. Los salarios crecieron con la máxima rapidez y de forma casi continua en el caso de los trabajadores especializados, y despacio y a veces en absoluto en el de los trabajadores situados en el extremo inferior del mercado de trabajo (de tal modo que ni siquiera durante los años de expansión del «milagro brasileño» los trabajadores no especializados obtuvieron las mejoras de los salarios reales que beneficiaron a los trabajadores cuya especialidad escaseaba). En conjunto, los salarios reales aumentaron con menor rapidez que la productividad y, en general, la parte de la renta correspondiente al trabajo empeoró. Pero para los trabajadores individuales fue, por regla general, una época de verdadera mejora del bienestar.

La sindicación en el sector formal también tendía a ser alta, especialmente en el sector estatal y en los grandes establecimientos de manufacturación y transporte. Las estimaciones del total de trabajadores sindicados no son de fiar y hay que tomarlas con mucha prudencia. En 1946 el número total de trabajadores sindicados en América Latina era de 3,8 millones. En 1960 había ascendido hasta cifrarse en unos 6,6 millones, y en 1964 era de 14 millones, y la parte del león correspondía a Argentina, Brasil y México[34]. Como porcentaje del total de la población activa (18,3), y más concretamente de la población activa urbana (cuya tasa de sindicación era probablemente el doble de la que correspondía al conjunto de la población activa), la cifra no era insignificante. Argentina, Perú, Brasil, México y Venezuela tenían tasas de sindicación de entre el 25 y el 40 por 100 del total de la población activa (cifras que no son distintas de las correspondientes a los países de la OCDE). Colombia, Chile y los países más pequeños tenían tasas de sindicación de entre el 10 y el 20 por 100[35]. Las tasas de sindicación más elevadas se han registrado en la minería, las plantaciones, en el sector público y en las industrias dominadas por los establecimientos de manufacturación en gran escala. Durante los decenios de 1950 y 1960 el nivel de sindicación era muy elevado en las industrias metalúrgicas (especialmente la fabricación de automóviles) y los sindicatos del sector desempeñaban un importante papel de líderes del movimiento sindical en su conjunto. La rápida expansión del sector servicios (y en particular del empleo estatal) también dio lugar a la expansión de los sindicatos y el activismo entre los trabajadores no manuales, especialmente en la sanidad, la banca y la educación. Dada la importancia del sector estatal en la economía, no es extraño que haya sido uno de los baluartes del sindicalismo en América Latina. De especial importancia han sido las empresas estatales (ferrocarriles, comunicaciones, servicios públicos, sanidad, educación, energía, explotación de minerales, acero) y los sindicatos de trabajadores municipales.

Si bien la mayoría de los lugares de trabajo seguían siendo pequeños y empleaban a menos de diez trabajadores, la base de la fuerza sindical la constituía un número reducido de empresas muy grandes (tanto en el sector público como en el privado) que empleaban a una proporción importante de la población activa. Los sindicatos de estos sectores de la economía pudieron obtener ventajas reales para sus afiliados durante gran parte de la posguerra, hasta en los casos en que la dirección del sindicato se había transformado en una camarilla interesada y favorable al gobierno. Para los trabajadores de otros sectores de la economía estos años también fueron de ingresos generalmente en alza, aunque la seguridad del empleo, las condiciones de trabajo y la cobertura de la seguridad social quedaron muy por debajo de las correspondientes a los trabajadores del sector «protegido». Los salarios de los empleos de fácil acceso, tales como los de la construcción generalmente mostraban poca tendencia al alza, aunque es probable que para muchos trabajadores el empleo en este sector y otros parecidos fuese sencillamente el primer peldaño de una escalera que con el tiempo les permitiría llegar a un empleo mejor. Entre los maestros, los empleados de correos y los trabajadores de la sanidad en particular se observaban elevados niveles de organización y conflicto y la creciente adopción de ideologías políticas de signo izquierdista. Los oficinistas que trabajan en las burocracias de los gobiernos centrales han estado sindicados en algunos países, aunque con frecuencia este segmento de la población activa permaneció en gran parte inactivo debido a la prohibición de declararse en huelga.

Cuando los sindicatos latinoamericanos han ido a la huelga durante la posguerra ha sido principalmente por razones salariales, sobre todo en épocas en que había que renovar contratos. Las huelgas generales para protestar contra la política económica del gobierno también han sido una parte importante del repertorio de los sindicatos en casi todos los países. Calificar una huelga de «general» indica típicamente más sobre la naturaleza de las reivindicaciones obreras que sobre la magnitud de la huelga, que ha sido muy variable. Aunque se han convocado huelgas generales en la mayoría de los países durante todo el siglo XX, los países donde más comunes han sido son Bolivia, Chile, Perú y Argentina y, en los años setenta y ochenta, también Colombia y Brasil. Los conflictos entre trabajadores y patronos individuales han sido por muchos motivos. Datos procedentes de México inducen a pensar que muchos de estos conflictos individuales han nacido de las quejas de los trabajadores a causa de despidos arbitrarios.

Los fondos de huelga han tendido a ser reducidos a la vez que la reserva de posibles sustitutos de los huelguistas era abundante, por lo que la duración de las huelgas ha sido típicamente corta. Los análisis de las tendencias huelguísticas indican que la inflación y el estado general de la economía han sido los principales factores que han afectado los cambios en la actividad huelguística[36]. Aunque muchos estudiosos han Considerado que el volumen de huelgas depende del color político del gobierno que está en el poder, parece ser que este factor es menos importante de lo que se creía en otro tiempo.

Los mineros han mostrado generalmente mayor propensión a la huelga y gran parte de las variaciones en el índice de huelgas entre países cabe atribuirla a la presencia o ausencia de un importante sector minero. En los años setenta los trabajadores del ramo metalúrgico tendían a ser los más combativos, seguidos muy de cerca por los trabajadores no manuales del sector público (y la banca). En el decenio de 1980 pareció como si los trabajadores del sector público hubiesen tomado la iniciativa en el activismo laboral. En parte fue debido al ininterrumpido proceso de proletarización de los trabajadores no manuales, así como a los intentos gubernamentales de reducir el tamaño del sector público y frenar los aumentos salariales mediante el control de los salarios en este sector. La institucionalización de las relaciones laborales en la posguerra, junto con el crecimiento a largo plazo tanto de los salarios como del empleo, contribuyó a que hubiera dos decenios de relativa paz laboral en muchos países de América Latina. Pese al éxito de las consolidaciones conservadoras de finales de los años cuarenta, este largo período de paz laboral se vio interrumpido con cierta frecuencia por el estallido de conflictos surgidos de varias fuentes. Los más comunes entre los detonadores de la agitación laboral generalizada eran los brotes de inflación elevada y la consiguiente puesta en práctica de medidas estabilizadoras. Es fácil comprender el alto nivel de politización de los movimientos obreros de América Latina en la posguerra si se tienen en cuenta la inestabilidad económica y política que empujaba a los sindicatos a concentrar la atención en la política económica del gobierno y la combinación de debilidad en términos de negociación en el lugar de trabajo (fruto de un mercado de trabajo generalmente flexible) y las vinculaciones generalizadas entre los sindicatos y los partidos políticos.

El movimiento obrero brasileño permaneció en esencia aletargado entre 1947 y 1952. De hecho, el número de afiliados a los sindicatos disminuyó durante dicho período: de 798.000 a 747.000. En 1951 Getúlio Vargas, que había sido elegido presidente el año anterior, autorizó que se celebrasen elecciones sindicales al tiempo que cancelaba el requisito de que los candidatos a cargos sindicales prestaran juramento de lealtad. Tanto el PTB como los comunistas hicieron buen papel en las elecciones y a partir de 1952 la actividad laboral empezó a animarse. El propio Vargas trató de encauzar el activismo laboral hacia formas nacionalistas y ofrecer recompensas simbólicas más que económicas, aunque no acabó de conseguirlo. Hubo huelgas importantes en São Paulo en 1953 (la llamada «huelga de los 300.000») y de nuevo en 1957. La administración Kubitschek (1956-1961) adoptó una actitud confusa y vacilante ante los trabajadores y trató de promover la paz en el campo de las relaciones laborales y permitir que los comunistas desarrollaran sus actividades a pesar de que todavía se les denegaba la legalidad.

La subida al poder de João Goulart en 1961 dio paso a un breve período de movilización política y económica en Brasil. Las huelgas habían sido infrecuentes durante la mayor parte de la posguerra. En 1958 hubo solamente 31, y en 1959 y 1960, 73 cada año. A partir de 1961 el número de huelgas aumentó y hubo 115 en aquel año, 148 en 1962 y 172 en 1963. Los activistas sindicales empezaron a hacer valer su autonomía respecto de los sistemas de control que habían funcionado durante la mayor parte de la posguerra. El Comando Geral dos Trabalhadores (CGT) se formó en 1962 y capitaneó la «huelga de los 700.000» en 1963. Sin embargo, la base de la CGT estaba en gran parte en Río de Janeiro, en los sindicatos vinculados al empleo estatal, y en el transporte. Los sindicatos industriales de São Paulo se hallaban en gran parte ausentes de la movilización nacional que convocó el CGT. En conjunto, el creciente activismo sindical y la prominencia política de las huelgas convocadas por el CGT fueron factores importantes que contribuyeron a intensificar la crisis que culminó con el golpe de abril de 1964.

La primera medida que tomó la junta militar que puso fin a la presidencia de Goulart en 1964 fue intervenir en el 70 por 100 de los sindicatos que tuvieran más de 5.000 afiliados (un total de 563 intervenciones) y sustituir a sus líderes por otros (a menudo militares) nombrados por el estado[37]. Comenzó entonces otro período de quietud sindical. Hasta finales de los años setenta no reapareció la actividad sindical como factor importante de la vida nacional.

En México los esfuerzos por controlar al trabajo organizado —la serie de «charrazos»— ocuparon la mayor parte de la presidencia de Miguel Alemán (1946-1952). Al finalizar el decenio, Fidel Velázquez y su camarilla controlaban el movimiento sindical y aparte de aislados movimientos de protesta como la huelga y la «caravana del hambre» de los mineros de Nueva Rosita, Coahuila, en 1953, pocos conflictos laborales hubo hasta 1958. En aquel año un movimiento de base del sindicato de ferroviarios dio origen a una serie de huelgas y finalmente a un enfrentamiento declarado con el gobierno, que utilizó tropas para romper la huelga, llevó a cabo despidos en masa y detuvo a los lideres de la huelga. Con esta excepción no hubo conflictos laborales significativos en México hasta los primeros años setenta.

Como hemos sugerido antes, la paz laboral no se debía exclusivamente al funcionamiento de mecanismos de control del activismo de las bases, ya fuera por parte de líderes sindicales o del estado. Desde principios del decenio de 1950 hasta mediados del de 1970 los salarios reales de los trabajadores industriales mexicanos subieron a un ritmo constante, aunque no espectacular. Al mismo tiempo, la expansión del empleo industrial, aunque fue lo bastante lenta como para causar preocupación, permitió que gran número de los recién ingresados en la población activa encontrasen empleo en la industria, así como en gran variedad de empresas del sector servicios. Los trabajadores podían sentir cierta satisfacción al ver que el sistema «cumplía lo prometido» en términos de la subida de los salarios y el crecimiento del empleo, por más que los niveles absolutos de ingresos fueran bajos.

Por supuesto, hay muy poca información sobre las actitudes de los trabajadores durante la mayor parte de este período y en muchos casos no podemos pasar de simples conjeturas. Con todo, el tremendo crecimiento del número de trabajadores industriales —el triple en el plazo de una generación— tuvo un efecto considerable en lo que se refiere a transformar la composición de la clase trabajadora mexicana. Aunque no tenemos estadísticas suficientemente precisas como para poder decir con confianza exactamente qué cambios se produjeron en la clase trabajadora, los datos globales, junto con el estudio de varios casos y pequeñas muestras, hacen pensar que a finales de los años sesenta y principios de los setenta la inmensa mayoría de los trabajadores industriales mexicanos eran migrantes o hijos de migrantes. Si bien un núcleo de familias proletarias ayudaba a mantener un sentido de la tradición de la clase trabajadora, la masiva recomposición del conjunto de los trabajadores industriales, al sumarse a la derrota del activismo obrero en los años cuarenta, significó de forma casi segura una dilución de la cohesión y el activismo de clase. Es muy posible que la experiencia de la movilidad individual fuera el elemento principal de la conciencia de clase para muchos trabajadores mexicanos. El conjunto que forman el progreso ininterrumpido de los niveles de vida individuales, la masificación de los trabajadores urbanos y el funcionamiento continuo de un sistema complejo y a veces brutal de control político y laboral explica el largo período de relativa paz laboral.

La institucionalización de las relaciones laborales en Venezuela, a pesar del derrocamiento del gobierno de la AD en 1948 y de un breve (y fallido) intento de Pérez Jiménez de crear un movimiento obrero de tipo peronista a mediados de los años cincuenta, resultó ser una forma relativamente estable de vinculación socialdemócrata entre la AD y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). Durante los períodos en que gobernó la AD los sindicatos venezolanos se mostraron dispuestos a considerar varias formas de política de rentas y el número de huelgas tendió a disminuir. Sin embargo, cuando la AD estaba en la oposición eran mayores las probabilidades de que la CTV organizara huelgas contra la política del gobierno.

La historia de la posguerra en Colombia es la de un período de división y debilidad en el movimiento sindical. Si se tiene en cuenta que los sindicatos más combativos fueron derrotados y reprimidos entre 1945 y 1948 y que una organización católica más bien tímida, la UTC, representaba al grueso de los trabajadores organizados, no es extraño que en Colombia los salarios permanecieran estancados hasta el final del decenio de 1950. A partir de entonces, la continua buena marcha de la economía colombiana dio por resultado un crecimiento sostenido de los salarios reales de la mayoría de las categorías de trabajadores urbanos, incluidos los que se encontraban en el extremo inferior del mercado de trabajo.

En los años sesenta el sindicalismo colombiano adquirió nuevo vigor y la UTC perdió la posición dominante que ocupaba antes, la CTC recuperó parte de su fuerza, en 1964 apareció una nueva confederación comunista, la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC) y se registró un notable aumento del número de huelgas. El total de afiliados a los sindicatos aumentó despacio al principio, de 166.000 en 1947 a alrededor de un cuarto de millón en 1959, y luego ascendió rápidamente hasta que en 1965 ya eran unos 700.000. En este último año la UTC controlaba el 42 por 100 de los trabajadores sindicados; la CTC, el 34 por 100; y la CSTC, el 13 por 100[38]. En 1963 una mezcla de recesión e inflación provocó una serie de huelgas que, si bien fue aplastada decisivamente, señaló el comienzo de un cambio radical en el sindicalismo colombiano que produciría una oleada de activismo sindical en los años setenta. En el seno de la UTC el tipo de catolicismo social moderado que había guiado su actuación fue atacado desde dentro por corrientes más pragmáticas cuya vinculación a la Iglesia católica era menos estrecha. Se produjo una escisión y en mayo de 1971 se formó la Confederación General del Trabajo (CGT). A pesar del creciente activismo y los intentos cada vez más afortunados de coordinar su actuación, el movimiento sindical colombiano siguió estando dividido y una numerosa serie de organizaciones sindicales competían por el apoyo de la clase trabajadora colombiana. Los sindicatos continuaron siendo relativamente débiles y a menudo se ponían a la defensiva cuando la mayoría de los gobiernos colombianos de la posguerra seguían una política económica de carácter liberal.

A diferencia de las clases trabajadoras mexicana y brasileña, pero de forma parecida a la argentina en muchos sentidos, la clase trabajadora chilena de los años cincuenta y sesenta mostraba una considerable unidad. A pesar de la intensa rivalidad ideológica entre los partidos Socialista y Comunista, en 1953 se formó la Central Única de Trabajadores (CUT). El análisis de la afiliación a partidos políticos de los delegados que asistieron a los congresos de la CUT entre 1957 y 1972 indica que el grupo más numeroso (entre el 31 y el 46 por 100) lo formaban los comunistas, seguidos de los socialistas (entre el 23 y el 33 por 100) y los democratacristianos (entre el 10 y el 25 por 100)[39]. Esto significaba un liderazgo comunista-socialista, aunque en 1972 y 1973 fueron frecuentes los enfrentamientos entre los sindicalistas democratacristianos y el resto de la CUT.

El número de los afiliados a sindicatos en el sector urbano era de 283.000 en 1952, descendió un poco hasta quedar en 270.000 en 1964 y luego creció rápidamente bajo la administración democratacristiana hasta alcanzar los 429.000 en 1969. Los sindicatos chilenos han sido pequeños (en 1967 había 2.796 sindicatos de trabajadores urbanos, con un número total de afiliados de 361.350, lo cual equivale a un promedio de 129 trabajadores por sindicato) y han confiado en que los partidos políticos apoyasen sus reivindicaciones[40]. El centro del sindicalismo chileno ha estado en la minería, especialmente en las inmensas minas de cobre de Chuquicamata y El Teniente, pero también en el distrito carbonífero de Lota-Coronel, cerca de Concepción. La mayor parte de la industria fabril se encontraba situada en Concepción o en Santiago, donde se formaron varios cordones industriales.

Los conflictos laborales chilenos durante la mayor parte de la posguerra se caracterizaron por dos fenómenos: a) una sorprendente dualidad del conjunto de trabajadores entre el pequeño y decadente sector de la minería del cobre (el número de trabajadores empleados en las minas descendió del 6 al 3 por 100 de la población activa total entre 1940 y 1980) y la masa de trabajadores urbanos organizados en sindicatos relativamente pequeños e industrialmente débiles; y b) la intensa competencia ideológica entre comunistas, socialistas y democratacristianos en pos de la lealtad de la clase trabajadora. Los trabajadores chilenos poseían una conciencia de clase muy politizada y ello dio lugar a intensas divisiones internas en el nivel político nacional, a la vez que la distinción jurídica entre obreros y empleados servía para fragmentar aún más la clase trabajadora chilena en los lugares de trabajo.

Los salarios de los trabajadores de las minas de cobre eran relativamente altos, aunque también había que tomar en cuenta el elevado coste de la vida en los campamentos mineros y las duras condiciones de vida en el desierto del norte. Quizá en parte a consecuencia de ello, había mucha rotación en el proletariado minero de Chile, así como altos niveles tanto de activismo laboral como de radicalismo político.

En vista de los problemas que aquejaron a la economía chilena durante los años cincuenta y primeros sesenta, no es extraño que los niveles de huelga fueran relativamente altos y en aumento. Durante el período 1932-1942 el promedio había sido de 21 huelgas por año. Esta cifra subió hasta 114 en el período 19431949, 199 en 1950-1957, 243 en 1960-1963 y 937 huelgas por año en el período 1964-1969[41]. La preocupación que causaban los salarios y la inflación dio lugar a crecientes conflictos directos entre la CUT y el gobierno que culminaron en un choque con efectivos del ejército que causó seis muertos y muchos heridos. El gobierno Frei (1964-1970) intentó inútilmente aprovechar la base que tenía en el movimiento sindical para aumentar su influencia y luego trató de poner los sindicatos bajo su control, intento al que se resistieron con éxito no sólo los socialistas y los comunistas, sino también el ala izquierda del propio Partido Demócrata Cristiano. El número de huelgas continuó aumentando y se deterioraron las relaciones con el movimiento obrero, que estaba cada vez más radicalizado.

En Argentina, en los últimos años del primer régimen peronista hubo una recesión económica; los salarios reales cayeron entre 1950 y 1952, se recuperaron en 1953, pero volvieron a caer en 1954 y 1955. El control peronista de los sindicatos empezó a debilitarse un poco y tanto en 1950 como en 1954 se registraron importantes oleadas de huelgas. Con todo, a pesar de las crecientes tensiones dentro de la Confederación General del Trabajo (CGT), el proyecto corporativista parecía sólido; la identificación de la clase trabajadora argentina con la «patria peronista» sufrió cierta erosión, pero seguía intacta en gran parte. Proporcionaba tanto un hondo sentido de conciencia de clase como, al menos superficialmente, una impresionante unidad de actuación de la clase trabajadora.

A raíz del derrocamiento de Perón en 1955, una serie de intentos de poner en práctica medidas estabilizadoras, junto con las actitudes vacilantes ante los sindicatos y el intento de eliminar el peronismo del cuerpo político, fueron la causa de conflictos constantes entre la clase trabajadora y los regímenes posperonistas. Este período de «resistencia» peronista consolidó la identificación de la clase trabajadora con su líder y su encarnación organizativa en el movimiento sindical. El mito de la «edad de oro» de la clase trabajadora argentina bajo Perón (1943/1946-1955) quedó con ello expresado y difundido en la cultura de la clase trabajadora[42].

Algunas secciones del sindicalismo argentino consideraban que su mejor estrategia era la lucha política por el retomo de un gobierno peronista y la confianza en el patronazgo del estado para obtener aumentos salariales. Otras secciones pretendían tratar pragmáticamente con el gobierno que estuviese en el poder y adoptaban una estrategia consistente en valerse de su influencia laboral para obtener mejoras para sus afiliados. Este pragmatismo era perfectamente compatible con las tácticas extremistas. Augusto Vandor, por ejemplo, líder de la poderosa Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que marcó la pauta que siguió el sindicalismo argentino en los primeros años sesenta, era capaz de recurrir a la fuerza armada y al secuestro de ejecutivos y usar estas tácticas como bazas en las negociaciones salariales. Sin embargo, el pragmatismo de estos líderes sindicales provocó tensiones entre su deseo de llegar a algún tipo de acuerdo con los regímenes en el poder y la subordinación del movimiento peronista, incluidos los sindicatos, a los continuos intentos de Perón por volver al poder.

Durante más de diez años, entre 1955 y 1966, ningún gobierno argentino fue lo bastante fuerte como para someter a los trabajadores organizados. La fuerza de los sindicatos, en una economía con problemas permanentes de la balanza de pagos y presiones inflacionarias, por no mencionar los problemas estructurales subyacentes de ineficiencia ocasionados por el modelo de industrialización de sustitución de importaciones que se había adoptado, era suficiente para hacer fracasar la mayoría de las tentativas gubernamentales de poner en práctica medidas de estabilización. El descontento causado por la aparente incapacidad de los partidos políticos civiles para encontrar una salida de las continuas dificultades económicas de Argentina empujó a los militares a hacerse con el poder en 1966. La dictadura de Onganía suspendió la negociación colectiva y tomó medidas para reforzar los rasgos corporativistas de las relaciones laborales argentinas. Antes de que hubiera transcurrido un año los sindicatos se encontraban sumidos en la confusión y disminuyó el número de huelgas.

Durante el decenio de 1950 el movimiento obrero organizado de Cuba, que estaba bajo el control de Eusebio Mujal, permaneció en gran parte inactivo y no opuso resistencia organizada al régimen de Batista. Sin embargo, esto no quería decir que los trabajadores individuales se mostraran pasivos. En la amplia oposición cívica a Batista, capitaneada por Frank País en las ciudades de Cuba, había gran número de trabajadores. Sin embargo, las organizaciones obreras permanecieron apartadas de la lucha y un llamamiento (más bien chapucero) a la huelga general que en 1958 hizo la resistencia fidelista fracasó. Un estudio que se hizo en Cuba poco después del triunfo de la revolución indicó el apoyo generalizado de los trabajadores al nuevo régimen[43], aunque los sindicatos de Cuba perdieron una vez más su autonomía organizativa al consolidar Castro su control del poder y entrar en el bloque comunista. Una excepción de la creencia de que los años cincuenta y sesenta fueron relativamente tranquilos para los trabajadores organizados es el importante papel que el movimiento obrero desempeñó en la revolución boliviana de 1952. Como hemos visto, los continuos esfuerzos del MNR por hacerse con el poder sobre un trasfondo de intensos conflictos laborales dio finalmente lugar a la insurrección de abril de 1952, en la cual fue decisiva la intervención de los mineros, los ferroviarios y los trabajadores urbanos. A partir de entonces la Central Obrera Boliviana (COB) participó durante varios años en el gobierno revolucionario del MNR. Se nacionalizaron las minas y se instituyó un sistema de control por parte de los trabajadores.

Con todo, a pesar de la influencia del trabajo en el gobierno revolucionario, la necesidad apremiante de abordar los problemas económicos de Bolivia y, en particular, el secular descenso de la rentabilidad de las minas de estaño ocasionó una tensión creciente en las relaciones entre los componentes de la precaria coalición. Las minas de estaño adolecían de una insuficiencia de inversiones y un exceso de personal y cualquier programa serio de estabilización debía incluir como parte fundamental medidas que pusieran remedio a esta situación. En 1956 se hizo un primer intento de poner en práctica un importante programa de estabilización, al que en 1961 siguió el llamado «Plan Triangular». La COB opuso resistencia a estas medidas estabilizadoras y en 1963 estalló un conflicto declarado con una larga huelga en la mina Siglo XX. La huelga provocó la ruptura de relaciones entre, por un lado, la FSTMB y la COB y, por otro lado, el gobierno del MNR. Finalmente en noviembre de 1964 el ejército tomó el poder y en mayo del año siguiente actuó de forma decisiva para erosionar el poder de los mineros. Juan Lechín fue detenido y deportado, los líderes sindicales fueron despedidos, los militares ocuparon los campos mineros y se redujeron los niveles salariales. Sin embargo, la institucionalización de las relaciones laborales y los conflictos de clase continuaron siendo objetivos elusivos y la tranquilidad laboral que se consiguió dependía en gran parte de la represión.

EL «NUEVO SINDICALISMO» ENTRE FINALES DE LOS AÑOS SESENTA Y PRINCIPIOS DE LOS OCHENTA

A finales del decenio de 1960 el período de relaciones laborales relativamente pacíficas e institucionalizadas de los dos decenios que siguieron a la segunda guerra mundial dio paso a un período de nuevos conflictos entre el capital y el trabajo. Algunos estudiosos han afirmado que, al menos en los países grandes de América Latina, el cambio económico produjo un «nuevo sindicalismo» que se caracterizaba por el aumento del activismo laboral, aunque también es posible que en algunos países se caracterizara por una disminución del radicalismo político. Se decía que el crecimiento económico había traído consigo una expansión del empleo en industrias nuevas y de tecnología más moderna que a menudo eran propiedad de compañías transnacionales o del estado, tales como la del automóvil, la petroquímica y la siderúrgica, y, de modo más general, el sector metalúrgico. Los establecimientos eran típicamente grandes y tendían a emplear a hombres jóvenes a los que pagaban relativamente bien. En estas industrias solía haber mucho movimiento de personal, pero los trabajadores despedidos tenían probabilidades de encontrar empleo en otra parte con bastante rapidez. Asimismo, se manifestaba que esta combinación de circunstancias contribuía al activismo laboral, del mismo modo que la concentración de trabajadores de sexo masculino en los campamentos mineros en los comienzos del período era uno de los factores subyacentes del activismo en la industria minera.

El «cordobazo» en Argentina cabe verlo como el principio de un decenio de conflictos laborales en varios países latinoamericanos. En el congreso de la CGT celebrado en marzo de 1968 un nuevo grupo de líderes industriales activistas, principalmente procedentes del interior, eligieron a Raimundo Ongaro para el cargo de secretario general y abogaron por una política de resistencia declarada al régimen militar, que cada vez era más autoritario. Estalló una serie de conflictos en las fábricas de las industrias automovilística y petroquímica, que eran de reciente creación y se hallaban situadas principalmente en Córdoba y el cinturón industrial de Paraná. Las huelgas masivas que hubo en las ciudades industriales de Córdoba y Rosario en 1969 señalaron el estallido del «cordobazo», que dio paso a una situación casi insurreccional cuando estudiantes y trabajadores se adueñaron del centro de la ciudad los días 29 y 30 de mayo. Fue necesaria la intervención de los militares para sofocar el «cordobazo». Fueran cuales fueran las razones concretas de las revueltas de Córdoba y Rosario (y de una repetición en 1971 de esta confluencia de agravios urbanos y laborales), la presión que ejercieron obligó al régimen militar a emprender la retirada del poder, lo cual llevó a la reelección de Perón en 1973. Como veremos, el «cordobazo» fue seguido de la ascensión de los «sindicatos independientes» y la «corriente democrática» en el sindicato de trabajadores de la electricidad en México a mediados de los años setenta y las huelgas masivas en la región ABC de São Paulo a finales del mismo decenio, cuyo resultado fue la formación de la Central Unica dos Trabalhadores (CUT) y del Partido dos Trabalhadores (PT) en Brasil. Falta ver, sin embargo, en qué medida estos fenómenos estaban relacionados entre sí.

En todos estos casos trabajadores jóvenes de las industrias metalúrgicas ocuparon un lugar destacado en los movimientos, aunque también hubo movilización de trabajadores de otras industrias. La mayoría de estos movimientos también tenían en común la oposición a un régimen autoritario y a un sistema de relaciones laborales y de control sindical que no se consideraba representativo. De esta manera es posible verlos como parte de un fenómeno mayor: el que algunos observadores han denominado «nuevos movimientos sociales». Los años setenta fueron un período de coincidencia entre, por un lado, luchas específicamente laborales y, por otro lado, movimientos sociales urbanos y más amplios. En el nivel más general, estos movimientos sociales urbanos encamaban, por una parte, las luchas populares por la mejora del bienestar social y económico y, por otra parte, la redemocratización y una forma mayor y más completa de ciudadanía. Concretamente, incluían fenómenos tan diversos como las luchas vecinales por el acceso a la tierra, la vivienda y los servicios urbanos, movimientos de promoción y defensa de la posición de las mujeres, los homosexuales y las minorías étnicas, y multitud de asociaciones sectoriales y específicas como, por ejemplo, estudiantes, pensionistas y amas de casa. Si bien muchos de estos movimientos sociales eran en gran parte de ámbito local, algunos llevaron sus protestas y presiones al nivel nacional. En gran medida, muchos de estos movimientos sociales urbanos significaban la participación de los trabajadores y sus familias en un marco nuevo y paralelo al del activismo laboral.

Entre las luchas por un nivel de vida decente las más importantes eran las que giraban en torno a la «cuestión urbana». La rápida urbanización de este período hizo más apremiantes las luchas por los servicios urbanos (transporte, sanidad, agua, electricidad, recogida de basura, alcantarillado, carreteras, escuelas, policía, etcétera), el acceso a tierras donde edificar viviendas y diversos asuntos de este tipo. Era muy frecuente que los partidos políticos de izquierdas proporcionaran el apoyo organizativo para la ocupación de tierras, aunque esto variaba mucho de un país a otro. En muchos lugares las redes de etnicidad o de lugar de origen proporcionaban otro marco para la organización. En algunos países, especialmente en Brasil y América Central, elementos radicales de la Iglesia católica aportaron un importante contingente de cuadros de mando para los nuevos movimientos sociales, además de escasos recursos organizativos.

La naturaleza de la vinculación entre la lucha distributiva en la esfera del consumo (la cuestión urbana) y los conflictos en el lugar de trabajo es un aspecto que todavía no se ha estudiado a fondo. En las ciudades y poblaciones donde están concentradas empresas en gran escala o una sola industria con frecuencia ha habido vínculos visibles entre los dos grupos de conflictos económicos. Estos conflictos han abarcado desde el apoyo de la comunidad a los huelguistas hasta situacions que lindaban con la insurrección urbana en toda regla, como los «cordobazos» de 1969 y 1971. El mundo del trabajo y la cuestión urbana están vinculados por dos rasgos clave de la estructura clasista: el grado de segregación y homogeneidad residenciales de varios grupos económicos; y la medida en que las estrategias de supervivencia de la familia establecen una conexión entre la esfera del trabajo y la vida doméstica. Que esta clase de conexiones ha existido es indiscutible, como también lo es el hecho de que han variado mucho de una ciudad a otra y de un país a otro, así como a lo largo del tiempo. Aparte de esto, no es mucho lo que se sabe.

En la posguerra, y de la forma más obvia con la oleada de gobiernos militares autoritarios que subieron al poder en los años sesenta y setenta, los trabajadores organizados se han enfrentado frecuentemente, aunque en modo alguno de forma universal, a las dictaduras. Aunque a menudo los líderes sindicales han respondido tratando de llegar a algún tipo de acuerdo con el gobierno militar, las restricciones generales impuestas a la actividad sindical y la congelación de los salarios, por no hablar de episodios de intensa represión dirigida contra los activistas de las bases, han estimulado la insurgencia de éstas y han hecho que los trabajadores organizados se inclinaran a participar activamente en los movimientos a favor de la democracia. Los movimientos sociales que tenían por objetivo la restauración de la democracia han sido importantes en toda América Latina en este período y han proporcionado a los movimientos obreros un puente entre sus intereses sectoriales, definidos de forma muy estricta, y un concepto de sí mismos como encargados de expresar y representar los asuntos relacionados con la ciudadanía del conjunto de la sociedad civil. Estos movimientos a favor de la democracia de los años setenta y ochenta merecen que les pongan la etiqueta de «movimientos sociales», toda vez que su ámbito sobrepasaba ampliamente el de los partidos políticos civiles y abarcaba sindicatos, asociaciones patronales, estudiantes y gran número de otros grupos y los unía en esfuerzos organizados de forma flexible con el fin de presionar a las dictaduras para que permitieran celebrar elecciones libres. Además de ejercer presión pública sobre las dictaduras para que pusieran en libertad a los presos políticos, las organizaciones defensoras de los derechos humanos también proporcionaban grupos de apoyo a las familias de las víctimas de la violencia arbitraria del estado. En todo el continente los esfuerzos de los trabajadores por organizar y practicar la negociación colectiva los hicieron entrar en la corriente principal de luchas más amplias por la democratización y el respeto a la ciudadanía y los derechos civiles.

El aumento del activismo de las bases amenazaba con crear nuevas organizaciones sindicales paralelas a las que ya existían, a las que harían la competencia, en varios países. Tal vez fue este el aspecto más destacado del «nuevo sindicalismo». Dio lugar o bien a la radicalización de los líderes sindicales de talante conservador —a menos que éstos pudieran rechazar o enfrentarse y derrotar a los insurgentes— o a la escisión y la consiguiente aparición de nuevos sindicatos y confederaciones de sindicatos. En México la Unión Obrera Independiente (UOI) y el Frente Auténtico del Trabajo (FAT) crecieron hasta controlar tal vez el 10 por 100 del total de afiliados a los sindicatos a finales del decenio de 1970, incluidos los trabajadores de varios sectores clave. En algunos sindicatos importantes, tales como el de maestros, los de algunas fábricas de automóviles, de algunas de las acerías controladas por el sindicato de mineros y metalúrgicos, y en algunas secciones de la industria del petróleo, las bases formaron movimientos combativos que a veces parecían a punto de hacerse dueños de la situación. Entre estos movimientos que abogaban por la independencia de los sindicatos respecto de los «charros» favorables al gobierno el más importante era el que llevaba el nombre de Tendencia Democrática, que tuvo influencia entre los trabajadores de la electricidad durante la primera mitad de los años setenta. La unificación de la industria productora de electricidad creó presiones tendentes a la fusión de los tres sindicatos que existían. El mayor de ellos era un clásico sindicato «charro», pero los otros dos conservaban tanto cierto grado de democracia interna como un compromiso con el nacionalismo radical. Al ponerse en marcha el movimiento hacia la fusión, apareció la Tendencia Democrática en un intento de impedir que los sindicatos pequeños y democráticos sencillamente fueran absorbidos por los «charros». La Tendencia Democrática era importante no sólo por ser la expresión más visible de un movimiento de amplio alcance que amenazaba con romper la institucionalización conservadora del «charrazo» de 1948, poniendo en entredicho toda la relación entre el movimiento sindical y el partido gobernante de México, el PRI, sino también porque con su llamamiento nacionalista y popular a recuperar la herencia cardenista de la revolución mexicana servía de punto de reunión de un movimiento mucho más amplio, aunque todavía incipiente, partidario de la apertura política en México.

Los líderes sindicales respondieron a estos desafíos con ataques directos contra los movimientos de bases insurgentes, con concesiones y con la radicalización verbal. La Tendencia Democrática fue derrotada, es casi seguro que mediante la manipulación de las elecciones sindicales y la intimidación. Aunque este movimiento había dado la impresión de ser fuerte a principios de los años setenta, y había sido el polo en tomo al cual podían organizarse los sindicalistas de ideas afines, alcanzó su apogeo en 1975 y en 1977 la Tendencia Democrática ya era sólo una sombra de lo que había sido en otro tiempo. En la industria del automóvil los desafíos de los insurgentes fueron recibidos con la oposición directa de los líderes sindicales en la Chrysler (con éxito) y en la Volkswagen (sin éxito). A los movimientos activistas en las acerías controladas por el Sindicato de Mineros y Metalúrgicos se les negó la representación en el congreso nacional del sindicato y se les postergó poco a poco. Otra respuesta por parte de los líderes sindicales de talante conservador fue integrar a los insurgentes radicales, como se hizo en el caso del líder Francisco Hernández Juárez, que capitaneó varias huelgas importantes en el Sindicato de Trabajadores de Teléfonos en los años setenta y venció a sus líderes, pero luego aceptó las limitaciones que el estado mexicano impuso al activismo.

En Brasil durante la segunda mitad de los años setenta la región ABC del gran São Paulo apareció como foco de creciente activismo laboral. A pesar del rápido crecimiento de la economía durante los años del «milagro», bajo la dictadura militar la masa de trabajadores no especializados de Brasil había visto cómo se estancaban sus salarios. El rápido crecimiento del complejo automovilístico en la región ABC, con sus inmensas fábricas, atrajo trabajadores entre los que predominaban varones jóvenes procedentes de todo el país. El proceso de masificación de estos trabajadores se aceleró a causa del elevado nivel de movimiento de personal resultante de la extendida costumbre de la patronal de utilizar los despidos para mantener los costes salariales bajos. Después de un período de tranquilidad hubo varias huelgas masivas en 1978 y 1979. Los líderes «pelegos» de los sindicatos se vieron dejados a un lado y surgieron líderes nuevos de las bases, entre ellos Luís Inácio da Silva, Lula, que se convirtió en el líder del PT (y candidato del PT a la presidencia en 1989). Hubo más huelgas masivas en 1980 y a pesar de las severas medidas que tomó el gobierno, a partir de entonces el activismo sindical se mantuvo en un nivel muy alto durante el resto del decenio.

Las nuevas corrientes que existían dentro del sindicalismo brasileño empezaron ahora los preparativos para instaurar una organización de nivel nacional. En agosto de 1981 se celebró la primera de una serie de reuniones a tal efecto. Sin embargo, las divisiones en las filas sindicales hicieron que en 1983 apareciesen dos organizaciones: la Central Unica dos Trabalhadores (CUT), de signo radical, y la Cordena§ao Nacional da Classe Trabalhadora (CONCLAT), que más adelante se convirtió en la Central Geral dos Trabalhadores (CGT). El número de afiliados, tanto a los sindicatos adheridos a la CUT como a los vinculados a la CGT, aumentó rápidamente: 1.602.000 trabajadores urbanos estaban afiliados a sindicatos en 1965, 2.132.000 en 1970, 3.224.000 en 1975, 4.271.000 en 1978 y 5.648.000 en 1987[44].

El «nuevo sindicalismo» brasileño se caracterizó mucho por la coincidencia de un resurgir de los conflictos laborales y el comienzo de un largo proceso de redemocratización en el que amplios sectores de la población se unieron en torno a la exigencia de que se pusiera fin a la dictadura y diretas já. Al mismo tiempo, la aparición del «nuevo sindicalismo» también fue fruto de la recomposición del conjunto de trabajadores industriales, principalmente en el gran São Paulo, a raíz de la rápida industrialización de la posguerra y en particular los años del «milagro» económico de finales de los sesenta y principios de los setenta.

Contrastando mucho con las posturas más moderadas del Sindicato de Metalúrgicos de la ciudad de São Paulo, los sindicatos metalúrgicos de la región ABC eran a la vez más activistas en el plano laboral y más radicales en el político. Esta diferencia entre la ciudad de São Paulo y la región ABC refuerza los argumentos que sustentan la hipótesis del «nuevo sindicalismo». Los trabajadores de São Paulo tendían a ser de mayor edad y más fijos que sus colegas de la región ABC. Por otra parte, las fábricas de la región ABC eran en general mayores que las de São Paulo y su fundación también era más reciente. A la diferencia en la composición del conjunto de los trabajadores y en la estructura de la industria se sumaba una diferencia en la naturaleza de la ciudad misma. En los municipios de Santo André, São Bernardo y São Caetano que formaban la región ABC la composición de la clase trabajadora era mucho más homogénea que la del complejísimo y abigarrado centro de São Paulo mismo. No es extraño, en vista de ello, que la identidad de clase fuera tan fuerte en la región ABC, ni que produjese un elevado nivel de activismo laboral y radicalismo político.

En Argentina, donde el peronismo conservaba su dominio sobre la masa trabajadora, el «cordobazo» de 1969, como hemos visto, subrayó de manera elocuente los cambios que se habían producido en la clase trabajadora industrial y anunció un aumento de la insurgencia de las bases. Las restricciones que se impusieron a la actividad sindical bajo los militares tuvieron el efecto de desplazar el poder hacia abajo en los sindicatos y depositarlo en los delegados de fábrica, que siempre habían sido fuertes en Argentina, permitiendo que prosperasen las corrientes más activistas del sindicalismo peronista. Agustín Tosca del Sindicato de Luz y Fuerza era probablemente el mejor representante de la corriente del «nuevo sindicalismo» en Argentina. El crecimiento del activismo de las bases de los sindicatos coincidió con el de la guerrilla urbana de los montoneros, la Juventud Peronista y el trotskista Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) durante la dictadura militar de 1966-1973. Si bien es posible que los dos fenómenos tuvieran causas semejantes, parece ser que los vínculos entre las diversas guerrillas y las bases de los sindicatos fueron relativamente escasos.

La subida al poder del segundo gobierno peronista en 1973 fue la señal para el estallido de encarnizadas luchas internas tanto dentro de los sindicatos como entre los sindicatos y los grupos de guerrilleros. La combinación de caos económico y violencia política que caracterizó el gobierno peronista de 1973-1976, y que provocó su caída, poco hizo por el sindicalismo argentino. En el clima político cada vez más polarizado los líderes sindicales peronistas de la vieja escuela con frecuencia aparecían como traidores a su clase y, por tanto, enemigos del movimiento radical a ojos del radicalizado movimiento juvenil. En septiembre de 1973 los montoneros asesinaron a José Rucci, secretario general de la CGT. Por su parte, los líderes sindicales aprobaron el aumento de la represión y el desencadenamiento de la «guerra sucia» que constituyeron la respuesta a la polarización política y la creciente violencia. Cuando finalmente volvieron a tomar el poder en 1976 pusieron en práctica una represión despiadada contra los activistas de las bases del movimiento obrero así como contra los guerrilleros.

En Perú la dictadura militar reformista del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975) tuvo el efecto contrario y dio un ímpetu significativo a la evolución del sindicalismo activista, aunque las raíces del activismo obrero peruano están en un momento anterior. Al finalizar el decenio de 1960 la influencia del Partido Comunista en el movimiento obrero había crecido y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) había empezado a desplazar a la aprista CTP. Los intentos de los militares de formar su propia organización sindical de carácter corporativista tuvieron relativamente poco éxito, pero el clima general favorable a la organización de los trabajadores permitió la expansión tanto del APRA como de la izquierda. La sustitución de Alvarado por un general más conservador, Francisco Morales Bermúdez (1975-1980), dio lugar a serios conflictos con los sindicatos. En abril de 1976 el gobierno declaró ilegales las huelgas en todos los sectores de la economía que generasen divisas extranjeras y, al responder los sindicatos con una convocatoria de huelga general, impuso el estado de excepción. La radicalización de la clase trabajadora peruana se aceleró ahora y una serie de partidos de izquierdas (incluidos algunos maoístas que eran especialmente importantes en el sindicato de maestros) desplazaron al APRA como fuerza dominante del movimiento obrero. Además de los mineros, que eran tradicionalmente activistas, los maestros de escuela y otros trabajadores no manuales tales como los empleados de banca empezaron ahora a movilizarse y ensancharon la base del activismo de la clase trabajadora. Hubo huelgas generales en mayo de 1978, enero de 1979 y junio de 1979 que obligaron al gobierno a volverse atrás y se sumaron a las presiones favorables a la redemocratización. Este alto nivel de activismo sindical continuó durante la administración civil de Belaúnde Terry (1980-1985).

Al igual que en Perú, durante los años setenta se intensificaron en Colombia los conflictos laborales y el índice de huelgas aumentó de un promedio anual de 58 en el período 1962-1971 a uno de 73 en 1972-1981. Dentro del movimiento sindical, que en 1974 ya contaba 1.156.000 afiliados, la UTC y la CTC vieron crecer la competencia que les hacían las nuevas confederaciones laborales, la comunista CSTC y la CGT. En 1974 la CTC afirmaba tener el 25 por 100 de todos los afiliados a sindicatos y la UCT, el 40 por 100; en 1980 las cifras habían bajado hasta situarse en el 20 y el 31 respectivamente. Tres cuartas partes de todas las huelgas las convocaron la CSTC y los sindicatos independientes[45]. Esta creciente oleada de agitación laboral formaba parte de un movimiento más amplio de «huelgas cívicas» cuyo fin era protestar contra la inacción y la incompetencia del gobierno en la provisión de servicios urbanos. Entre enero de 1971 y mayo de 1978 hubo 132 de estas huelgas cívicas[46].

En Venezuela el total de interrupciones del trabajo subió de un promedio anual de 30 entre 1961 y 1970 a uno de 175 en el período 1971-1980. Aunque la CTV conservó sus vínculos estrechos con la Acción Democrática (AD), ni siquiera las breves medidas favorables a los trabajadores que tomó el gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979) lograron detener un deterioro general de las relaciones entre el gobierno y los trabajadores organizados. Esto tuvo sus efectos en la AD, cuyo porcentaje de delegados en el congreso de la CTV descendió del 70 por 100 en los años sesenta a un promedio del 46 por 100 en los setenta[47].

El activismo obrero en Chile, aunque nunca fue bajo, se aceleró en los últimos años sesenta y primeros setenta. Durante el gobierno Frei el movimiento sindical se convirtió en el vehículo más eficaz de oposición a la política económica del gobierno y se convocaron huelgas generales para protestar contra las medidas de austeridad. Cuando accedieron al poder los gobiernos de la Unidad Popular en 1970 crecieron las expectativas de la clase trabajadora y al acelerarse la inflación, aumentaron los conflictos laborales. Aunque los salarios subieron de forma espectacular, lo mismo ocurrió con el número de huelgas. En 1971 y 1972 hubo 2.377 y 2.474 huelgas respectivamente, comparadas con 977 en 1969. Es probable que muchas de ellas fueran huelgas breves cuyo objetivo era conseguir aumentos salariales o establecer la presencia sindical, toda vez que ni el total de trabajadores afectados ni el de días-hombre perdidos aumentó de forma señalada[48]. También es probable que gran parte del aumento del número de huelgas se debiera a una mayor movilización en el campo. Con el respaldo de los partidos más radicales de la coalición de la Unidad Popular, los activistas sindicales empezaron ahora a ocupar fábricas y exigir su expropiación por parte del estado. El resultado fue una serie incontrolada y no planificada de ocupaciones de fábricas que incrementaron la polarización política y mermaron la legitimidad del gobierno de Allende a ojos de los democratacristianos. Los sindicalistas también crearon cordones industriales, es decir, organizaciones que vinculaban distintas fábricas situadas en el mismo distrito industrial, y estos cordones se convirtieron en núcleos para el activismo laboral. En Santiago quizá intervinieron en ello 100.000 personas en 1972[49].

Aunque los comunistas y los socialistas predominaban en la CUT (con el 62 por 100 de los votos en las elecciones nacionales de la CUT en 1972), los democratacristianos conservaron una presencia importante (con el 25 por 100 de los votos), en particular entre los trabajadores no manuales (donde obtuvieron el 41 por 100 de los votos de los trabajadores de esta categoría)[50]. Al aumentar la polarización política, una huelga de los mineros del cobre en 1973 reveló las profundas divisiones que existían en el movimiento obrero entre, por un lado, los democratacristianos y, por otro lado, los comunistas y los socialistas. Aunque el motivo principal de la huelga había sido una reivindicación salarial, la oposición comenzó a movilizarse alrededor de ella y el gobierno hizo un llamamiento pidiendo la vuelta al trabajo, y el resultado fue que la huelga expresó rápidamente una división en gran parte política en el seno de los mineros, reflejo de la división y la politización mayores de la sociedad chilena. Finalmente, en septiembre de 1973 el gobierno de Allende fue derribado por los militares y el movimiento obrero fue reprimido severamente. Después de un período durante el cual la actividad sindical fue prácticamente ilegal y en el cual los activistas sindicales fueron encarcelados y asesinados, en 1979 el régimen de Pinochet promulgó nuevas leyes laborales (el «Plan Laboral») cuya finalidad era descentralizar y despolitizar las relaciones laborales.

En Bolivia, durante las dictaduras militares del período 1964-1983, el descontento popular causó brotes de protesta que fueron sofocados repetidas veces. El caso más notable fue quizá el de la efímera Asamblea Popular (junio de 1971), intento de «poder dual» que hicieron los sindicatos y la izquierda durante los últimos días del gobierno del general Juan José Torres (1970-1971). Aparte de este triunfo efímero, en estos años las sucesivas dictaduras militares recurrieron a la represión generalizada, que causó gran número de víctimas mortales.

En conjunto, el decenio de 1970 presenció un aumento de los conflictos laborales y un giro hacia la izquierda por parte de la clase trabajadora, un giro que adoptó formas diferentes y que empezó en momentos y países también diferentes. Por supuesto, un factor fundamental de diferenciación consistía en si los militares se habían hecho con el poder y tomado medidas para reprimir a los trabajadores organizados. A menudo estas dictaduras militares fomentaban sin darse cuenta la aparición de líderes nuevos y más combativos. Los intentos de debilitar lo que, al modo de ver de los gobiernos militares, era «sindicalismo político» se centraron en desplazar el poder desde lo alto de las confederaciones nacionales hacia abajo, hacia organizaciones situadas en el nivel de la empresa o fábrica individual, expulsar a los líderes sindicales asociados con actividades políticas, mejorar la productividad laboral, facilitar el despido de trabajadores y restringir las huelgas. Si bien frecuentemente estas medidas tuvieron cierto éxito durante un tiempo, tendían a facilitar la aparición de líderes nuevos, más jóvenes y más combativos de entre las bases. Donde así ocurría había una clara radicalización del movimiento obrero, y a menudo una confluencia de activismo sindicalista y una movilidad social de índole más general a favor de la vuelta al gobierno de los civiles.

Sin embargo, es discutible que este incremento general de la combatividad pueda considerarse como la aparición de un «nuevo sindicalismo». Aunque en algunos países, en especial Brasil y México, y hasta cierto punto Argentina y Perú, la cambiante composición del conjunto de los trabajadores industriales y los ataques de las bases a los oligarcas sindicales refuerzan la tesis del «nuevo sindicalismo», en otros países (por ejemplo, Bolivia y Chile) parece que los factores causantes de la combatividad sindical tuvieron un carácter más directamente político.

Los sistemas de control institucionalizados a finales de los años cuarenta se habían visto cuestionados de vez en cuando en varios países; a finales del decenio de 1960 y principios del de 1970 los ataques, que solían estar vinculados a una resistencia más general a la dictadura militar, ya eran más frecuentes y más generalizados. El crecimiento del número de trabajadores industriales, junto con las continuas crisis políticas y económicas de la industrialización de sustitución de importaciones, hizo crecer ininterrumpidamente el potencial de conflictos laborales. El resultado fue un incremento de tales conflictos en toda la región. Sin embargo, el momento, las causas concretas y las formas específicas que tomaba este activismo variaban considerablemente de un país a otro. En ese sentido, la hipótesis de la ascensión de un «nuevo sindicalismo» sólo era válida en el caso de un número limitado de países. De manera más general, a comienzos de los años setenta la clase trabajadora de muchos países ya había alcanzado la «mayoría de edad» y había establecido múltiples vínculos con los crecientes movimientos sociales más amplios. El concepto de una clase trabajadora que en cierto sentido estaba separada del resto de los pobres que trabajaban, concepto que había predominado en muchos países durante la mayor parte del período, empezaba a erosionarse al tiempo que entraban en juego conceptos más amplios de la identidad de clase.

LA CRISIS DE LA DEUDA Y LA REESTRUCTURACIÓN INDUSTRIAL EN EL DECENIO DE 1980

En los años ochenta tocaron a su fin tres decenios de crecimiento económico de posguerra en América Latina. En la mayoría de los países los efectos que ello tuvo en la clase trabajadora y sus organizaciones fueron profundos. El momento crítico varió de un país a otro y la desaceleración económica empezó a mediados y a finales del decenio de 1970 en algunos países mientras que en otros se retrasó hasta mediados o finales de los años ochenta. Los efectos de la crisis de la deuda que empezó en agosto de 1982 fueron desiguales en las diferentes zonas de la región y también variaron de un país a otro el momento y la seriedad de los programas de reforma estructural que pusieron en práctica los gobiernos para responder a la crisis de la deuda.

La crisis económica de los años ochenta produjo, en la mayoría de los países, una inflación más alta, un acusado descenso de los salarios reales, un aumento del paro y una expansión del sector informal. En algunos países la crisis de la deuda y las respuestas del gobierno iniciaron o estimularon más programas de reestructuración industrial y a veces dieron lugar a la desindustrialización. En varios países, entre los que destacan especialmente Argentina, Brasil y Perú, se intentó reducir la inflación aplicando «choques heterodoxos» (generalmente con congelaciones de salarios y precios) que a menudo terminaron en un fracaso político y económico. En los primeros años del decenio se habló mucho de «pactos sociales» (para abordar los efectos de la crisis económica en los sectores más pobres de la sociedad) y pactos políticos (para ayudar al proceso de consolidación democrática). Al finalizar el decenio, cuando parecía que los gobiernos habían capeado lo peor de la crisis económica y rechazado el desafío a su autoridad, tratar la crisis recurriendo a la concertación había cedido su lugar en gran parte a los esfuerzos dirigidos a reestructurar las economías de acuerdo con criterios neoliberales. En 1990 (y en algunos casos mucho antes) la mayoría de los gobiernos de la región ya se habían comprometido —al menos oficialmente— con un cambio espectacular del modelo de desarrollo basado en la industrialización de sustitución de importaciones (ISI). En la mayoría de los países de la región se habían puesto en marcha programas de reforma estructural de tipo neoliberal. Componente clave de tales programas, en lo que se refería al trabajo, eran los esfuerzos encaminados a incrementar la flexibilidad del mercado de trabajo, a veces como resultado de considerables modificaciones de la legislación laboral. El objetivo de los reformadores neoliberales era acabar con las instituciones corporativistas, despolitizar las relaciones laborales, restaurar las prerrogativas del personal directivo en la utilización del trabajo y hacer que la negociación colectiva volviese del nivel nacional al del lugar de trabajo.

Tomando 1980 como año base, los salarios reales medios en México bajaron hasta el 71 por 100 en 1987 y en 1990 se habían recuperado hasta alcanzar sólo el 78 por 100. En Perú los salarios bajaron hasta situarse en un 78 por 100 en 1985, recuperaron su nivel de 1980 antes de 1987, pero luego cayeron hasta quedar en el 43 por 100 de dicho nivel al terminar el decenio. Los salarios argentinos resistieron razonablemente bien durante los primeros años del decenio, en gran parte debido a incrementos masivos al finalizar la dictadura militar, pero luego descendieron hasta situarse en el 76 por 100 de su valor de 1980 antes de 1990. En Chile y en Colombia, en cambio, los salarios reales permanecieron más o menos estables durante la mayor parte del decenio de 1980. A pesar de una variación significativa entre la experiencia de Río de Janeiro y la de São Pau}o, los salarios brasileños siguieron una pauta que no era diferente de la de Argentina y resistieron bien durante los primeros años, pero bajaron un 15-25 por 100 al final del decenio. Los salarios mínimos urbanos (que tal vez son un útil indicador de los ingresos en el extremo inferior del mercado de trabajo) eran mucho más bajos al terminar el decenio de lo que habían sido antes de la crisis de la deuda, de nuevo con las excepciones de Chile y Colombia. En 1990 los salarios mínimos para los trabajadores urbanos, como porcentaje de su valor en 1980, eran un 53 por 100 en Brasil, un 46 en México, un 23 en Perú y un 51 en Venezuela[51]. El paro controlado aumentó en muchos países y descendió el promedio de horas trabajadas por los trabajadores urbanos. Todo esto significaba un grave descenso de los niveles de vida reales, aunque puede que en parte lo compensara el paso de algunos miembros de la familia al sector informal.

En Argentina se había registrado una importante desindustrialización durante el gobierno militar de 1976-1983. El tamaño total del sector manufacturero realmente disminuyó durante estos años (de 1.114.000 trabajadores industriales en 1974 a 780.000 en 1981)[52], y con ello se produjo un descenso de los salarios reales. A medida que el dominio del poder por parte de los militares fue haciéndose cada vez más precario al tiempo que se acercaban las elecciones de 1983, se permitió que los salarios subieran mucho, de tal modo que parte del descenso había quedado compensado cuando se traspasó el poder al gobierno civil de Raúl Alfonsín en diciembre de 1983. Durante el gobierno de Alfonsín el nivel de salarios reales fue estable, aunque algo irregular, y subió durante el Plan Austral de 1985-1986. Sin embargo, la estabilidad relativa de los salarios no contribuyó mucho a la distensión entre los sindicatos peronistas y el gobierno radical. A principios de 1984 Alfonsín mandó propuestas legislativas al Congreso con el objetivo de romper el dominio de los peronistas sobre los sindicatos y reducir el control que ejercían sobre los fondos de previsión de los sindicatos. La propuesta fue derrotada por un margen escaso y señaló el comienzo de un largo período de relaciones turbulentas entre los sindicatos y el gobierno. A pesar de que en 1987 se nombró a un peronista moderado para el puesto de ministro de Trabajo, la CGT continuó su política de enfrentamiento con el gobierno y protagonizó trece huelgas generales durante la administración Alfonsín. Al aparecer la hiperinflación en 1989, los salarios reales en Argentina descendieron de manera acusada durante los últimos meses del mandato de Alfonsín.

Los trabajadores argentinos esperaban que Carlos Saúl Menem, el presidente peronista, pusiera en práctica el prometido «salariazo» para compensar las pérdidas sufridas durante la hiperinflación. Sin embargo, al menos en sus primeros años en el cargo, Menem demostraría que no era populista. En vez de subidas generalizadas de salarios, el gobierno adoptó un programa de reforma estructural. Los salarios reales siguieron descendiendo y la hiperinflación, la apertura de la economía argentina al comercio internacional y la recesión produjeron conjuntamente paro generalizado. El sector metalúrgico de la industria argentina resultó gravemente afectado, con la pérdida de muchos puestos de trabajo, y los sindicatos de dicho sector, entre ellos la otrora poderosa UOM, perdieron hasta la mitad de sus afiliados. El programa radical de estabilización económica y reestructuración que puso en práctica el gobierno de Menem causó (una vez más) una escisión en las filas de la CGT, puesto que algunos sectores del movimiento apoyaron al gobierno y colaboraron con él, mientras que un grupo disidente y cada vez más reducido capitaneado por Saúl Ubaldini mantenía una postura de oposición intransigente.

En Brasil el gobierno de José Samey (1985-1990) no adoptó una política clara ni consecuente ante los sindicatos. A veces hacía llamamientos infructuosos a favor de un pacto social entre los trabajadores y la dirección mientras que en otras ocasiones (de hecho, a veces de forma simultánea) reprimía activamente las huelgas. Ante la ambivalencia del gobierno, el movimiento obrero, que estaba dividido entre la radical CUT y la moderada CGT (que experimentó varias escisiones internas), mostraba una ambivalencia igual en su respuesta. Mientras que la CUT adoptó en general una postura intransigente e insistió en convocar huelgas generales para protestar contra la política económica del gobierno, a veces iniciaba negociaciones preliminares (que nunca llegaban a dar fruto) sobre un posible «pacto social». Y la CGT, aunque siempre se mostró favorable a un pacto social, secundó a la CUT en las huelgas generales contra el gobierno en 1986 y 1987. Al lado de estas dos corrientes principales del movimiento sindical, apareció como tercera fuerza, formando una nueva confederación, Força Sindical, el llamado «sindicalismo de resultados», al frente del cual estaban Luiz Antonio Medeiros del sindicato de metalúrgicos de São Paulo y Rogerio Magri del sindicato de la industria productora de electricidad de São Paulo. La continua rivalidad entre las diferentes agrupaciones dentro del sindicalismo brasileño contribuyó mucho a debilitar el movimiento, tanto durante la administración Samey como durante los primeros años del gobierno de Fernando Collor de Mello.

Durante el período de entre seis y nueve meses de 1986 en que muchos pensaron que el heterodoxo Plan Cruzado (que por medio de la congelación de salarios y precios surtió un efecto expansionista en la actividad económica) estaba dando buenos resultados, el poder adquisitivo de los salarios se elevó rápidamente, sólo para caer de forma espectacular después. El índice de huelgas se disparó hacia arriba y de 79 en 1981 y 126 en 1982 pasó a 843 en 1983, 1.494 en 1986 y 2.369 en 1987. El número de huelgas disminuyó ligeramente durante el año siguiente, hasta quedar en 1.954, y luego volvió a aumentar hasta situarse en 4.189 en 1989[53]. Durante los últimos años de la administración Samey se registró una serie de huelgas masivas, principalmente a caigo de los empleados del sector público. El fracaso del Plan Cruzado provocó una inflación muy alta y la transición a la nueva administración Collor en marzo de 1990 fue acompañada de una caída de los niveles de vida de la clase trabajadora y de una continua actitud defensiva por parte de un movimiento obrero que había sufrido una seria sacudida.

En México los primeros efectos de la crisis de la deuda dejaron aturdido al movimiento obrero. Al caer en picado los salarios y el empleo, la CTM propuso una política de ingresos, pero el presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) rechazó la propuesta. A pesar de la crisis, los líderes sindicales tuvieron muchas dificultades para frenar los movimientos insurgentes de las bases, especialmente en el masivo sindicato de maestros, donde un movimiento de masas causó la deposición del líder «charro», Carlos Jonquitud Barrios, en 1989. Bajo los efectos de una inflación creciente, el gobierno mexicano adoptó una política de ingresos en diciembre de 1987 en la cual los representantes de los trabajadores organizados, las asociaciones de patronos y las organizaciones de campesinos supervisaban un sistema de movimientos controlados de salarios y precios. Se logró moderar el descenso de los salarios reales y a finales del decenio de 1980 muchos observadores pensaron que México iba camino de la recuperación.

Con la toma de posesión de la presidencia por parte de Carlos Salinas de Gortari en 1988 la relaciones entre el Congreso del Trabajo (en particular la CTM) y el gobierno mejoraron, dado que la política de control de salarios y precios volvió a poner al Congreso del Trabajo en el centro del escenario y le proporcionó argumentos para que los utilizara contra unas bases cada vez más agitadas. En enero de 1989 la policía asaltó la sede central del sindicato de trabajadores del petróleo y metió en la cárcel a su líder, Joaquín Hernández Galicia, «La Quina», bajo acusaciones que, al parecer, eran falsas. Lo más probable es que fuera una venganza de inspiración política por parte de Salinas por el apoyo franco que La Quina había prestado al candidato de la oposición, Cuauhtémoc Cárdenas, en las elecciones de 1988. Muchos vieron en esto y en la subsiguiente purga del corrupto Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) tanto una advertencia al conjunto del movimiento sindical para que no saliera de los límites tradicionales de lealtad al PRI como un ataque aislado contra un sindicato especialmente molesto. Con confianza recién descubierta la CTM, que seguía bajo el control del nonagenario Fidel Velázquez, trató con severidad a los movimientos insurgentes en sus propias filas y rompió huelgas en la fábrica de cerveza Modelo y en la fábrica Ford de Cuautitlán en 1991. El activismo sindical se hallaba limitado en gran parte a movimientos de las bases en la sanidad, la educación y en un reducido número de otros sectores, por lo que el movimiento obrero mexicano tenía poca conexión orgánica con los movimientos cívicos cada vez más extendidos que pedían con insistencia una liberalización política. Aunque tanto el conservador Partido de Acción Nacional (PAN) como el reformista Partido de la Revolución Democrática (PRD), capitaneado por Cuauhtémoc Cárdenas, organizaron gran variedad de acciones cívicas cuyo objetivo era obligar al gobierno mexicano a convocar elecciones libres y limpias, el grueso del movimiento obrero se mantuvo apartado de todo ello. Los burócratas sindicales habían aprendido la lección de la destrucción de La Quina y las bases no estaban en condiciones de discutir.

En Perú el gobierno aprista de Alan García (1985-1990) experimentó con una política heterodoxa de estabilización parecida a los planes Austral y Cruzado y el fracaso de dicha política también fue acompañado de un fuerte deterioro de la situación de la clase trabajadora. El derrumbamiento de la economía ocasionó muchas protestas obreras y populares que contribuyeron a aumentar el ambiente general de caos. Finalmente, en 1990 las elecciones presidenciales se tradujeron en la subida al poder de un hombre hasta entonces ajeno a la política: Alberto Fujimori. Abandonando pronto sus promesas de evitar el tratamiento de choque que proponía el candidato rival, Mario Vargas Llosa, Fujimori tomó el camino por el que en aquellos años andaba la mayoría de los presidentes latinoamericanos y puso en marcha un programa de reforma estructural.

En otras partes (por ejemplo, en Bolivia y Venezuela) los gobiernos adoptaron programas de ajuste rigurosamente ortodoxos y a menudo debilitaron al movimiento obrero o levantaron protestas masivas aunque efímeras (o ambas cosas a la vez). Aunque Colombia había sufrido menos que la mayoría de los demás países a causa de la crisis de la deuda (debido en gran parte a un endeudamiento inferior, a una buena gestión económica y a que pronto tomó medidas encaminadas a fomentar la exportación) el movimiento obrero colombiano, que se mostraba cada vez más combativo, también se puso a la defensiva cuando en los años ochenta se recrudeció la violencia y entre las víctimas se contaron muchos líderes sindicales.

Debido a la crisis fiscal y la degradación general de los servicios públicos en el decenio de 1980 la población urbana tuvo que soportar una carga cada vez más pesada al tiempo que los movimientos sociales se esforzaban por sobrellevar el deterioro de la situación económica. Varias asociaciones vecinales y grupos femeninos se encargaron con creciente frecuencia de nuevas tareas como, por ejemplo, la provisión comunal de alimentos. La degradación de la situación económica fue la causa de que a finales de los años ochenta y comienzos de los noventa se produjeran varios incidentes en los cuales se saquearon supermercados. Los casos a los que se dio más publicidad ocurrieron en Caracas en 1989 y 1992 y en Buenos Aires en 1990, aunque también ocurrieron sucesos parecidos con cierta frecuencia en Brasil. Que estos saqueos de supermercados merezcan o no ser incluidos en la categoría de «movimientos sociales» es discutible: sin embargo, añadieron un elemento nuevo al repertorio de respuestas populares a la política económica.

En Chile los efectos de la crisis de la deuda fueron un poco diferentes de lo ocurrido en muchos países. En primer lugar, la crisis se desató sobre un país que ya había puesto en práctica medidas ortodoxas de estabilización y reestructuración bajo el gobierno militar del general Pinochet (1973-1990). Gran parte del coste del ajuste ya lo había soportado la clase trabajadora y, además, los inversionistas internacionales seguían teniendo confianza en la economía chilena debido al carácter sumamente ortodoxo de las medidas económicas que se aplicaban en este país. Aunque es innegable que la crisis de la deuda afectó seriamente a Chile, sus repercusiones se vieron eclipsadas por la presencia de una dictadura militar comprometida con una reestructuración neoliberal.

La reestructuración de las relaciones laborales en el Chile de Pinochet también había empezado antes y había trasladado el centro de la actividad sindical a la empresa, haciendo que las huelgas largas fuesen muy difíciles y facilitando el despido de trabajadores. Con los salarios deprimidos y el paro en alza, con un desplazamiento estructural que se alejaba del empleo en las manufacturas y se acercaba a un incremento en el sector informal y con gran número de trabajadores empleados en programas de ayuda del gobierno, la dictadura de Pinochet había hecho que se produjeran cambios importantes en la clase trabajadora chilena. Era poco probable que el nuevo gobierno del democratacristiano Patricio Aylwin se apresurase a llevar a cabo un cambio completo de la situación, ya que estaba sometido a fuertes presiones para que no se desviase sensiblemente de los parámetros del modelo neoliberal instaurado por los militares.

En lo que se refiere al conjunto de la región, al finalizar el decenio de 1980 aún no se había recuperado de forma sostenida de la recesión generalizada, aunque estaban muy extendidas las expectativas de que las reformas económicas estructurales que se hallaban adoptando varios gobiernos estimularan la recuperación partiendo de una base sólida. Dada la magnitud del descenso de los salarios reales y los cambios considerables habidos en el empleo, al empezar el decenio de 1990 los trabajadores y sus sindicatos en toda América Latina estaban en una posición mucho peor que un decenio antes.

Durante la segunda mitad de los años ochenta (y en algunos países el proceso había empezado antes) los intentos de poner en práctica programas de estabilización causaron un aumento de la agitación laboral. Hubo tres huelgas generales contra el gobierno Samey en Brasil y no menos de trece contra Alfonsín en Argentina. Muchas de estas huelgas las encabezaron los trabajadores del sector público que con ellas respondían a intentos gubernamentales de reducir el tamaño del sector público mediante la privatización de empresas que eran propiedad del gobierno, o de imponer una congelación salarial al citado sector. Los trabajadores del sector metalúrgico parecían haber perdido su papel central en el movimiento obrero debido a que la nueva política económica fomentó cambios masivos en la estructura profesional.

A pesar de estas reacciones (en gran parte defensivas), para el conjunto de los trabajadores organizados el decenio de 1980 fue de derrota o, cuando menos, de reveses. En algunos países la base económica del sindicalismo en las empresas manufactureras y en las estatales resultó perjudicada por la desindustrialización y la rápida privatización del sector estatal. En la mayoría de los países la crisis de la deuda supuso un aumento del paro y un descenso de los salarios. Las huelgas tendían a ser defensivas y frecuentemente no se ganaba nada material con ellas. Parecía evidente que los movimientos obreros de América Latina se encontraban experimentando transformaciones profundas que formaban parte de un ajuste más general de la sociedad a las nuevas circunstancias económicas y políticas de los años ochenta y noventa. Si bien era claro que había terminado un capítulo de la historia de los trabajadores en América Latina, todavía era difícil distinguir las características del nuevo sistema de relaciones laborales.

CONCLUSIÓN

Es difícil encontrar una pauta única y modal de formación y actuación de los movimientos obreros en toda América Latina. Las diferentes estructuras profesionales y económicas, por un lado, y los distintos sistemas políticos, por el otro, hacen que la diversidad de la experiencia sea la norma. Asimismo, el concepto mismo de una historia claramente definida de los trabajadores plantea problemas. Los movimientos obreros son parte fundamental e integrante de la sociedad y están vinculados a lo que suceda en la economía, el sistema político, la organización de la industria y los procesos laborales, y en una escala más amplia, en la estructura social (cambios en la estructura profesional, movilidad social, pautas de residencia, formas de identidad clasista y ocupacional, etcétera). Es, de hecho, este aspecto polivalente de la historia de los trabajadores lo que hace que sea tan difícil desvincularlo de los procesos mayores de cambio histórico.

En los estudios de los movimientos obreros de América Latina hay una tendencia natural a poner de relieve los países que son mayores, más urbanos y de industria más desarrollada. El presente capítulo refleja dicha tendencia y sugiere un grado mayor de comunidad de la experiencia del que reflejaría si se hubiera dedicado más atención a los países pequeños de la región. Por otra parte, en la búsqueda de un principio organizador, el presente capítulo ha utilizado una periodización para la región que puede servir sólo como primera aproximación a cada una de las experiencias específicamente nacionales.

Hay, por supuesto, importantes tendencias subyacentes que dan cierta unidad y coherencia a la experiencia de los trabajadores en América Latina entre 1930 y 1990. Al empezar el período había una población activa urbana que constituía una minoría claramente definida en unas sociedades que seguían siendo en gran parte rurales. El doble proceso de urbanización e industrialización, unido a un rápido crecimiento demográfico, transformó la naturaleza de la población activa urbana a lo largo de los cincuenta años siguientes. Se masificó y aunque el sector formal creció rápidamente, lo mismo ocurrió con el sector informal de la economía, añadiendo así nuevas líneas divisorias a las que ya existían en el seno de los pobres urbanos que trabajaban.

Asimismo, la industrialización produjo cambios importantes en las características ocupacionales destacadas de este conjunto de trabajadores urbanos. En el decenio de 1930 los núcleos de formación de la clase trabajadora estaban (como cabía esperar en unas economías dedicadas a la exportación) en el transporte (ferrocarriles y muelles) y en las empresas de servicios públicos (producción de electricidad, transporte público, servicios municipales, etcétera). Los sectores del conjunto de trabajadores que estaban empleados en grandes fábricas probablemente prestaban sus servicios en fábricas textiles, a menudo en poblaciones de una sola industria o compañía situadas fuera de la metrópoli principal. En algunos países había también un numeroso conjunto de mineros que comprendía la sección más organizada y activista del movimiento obrero. A estas categorías sumamente proletarizadas hay que añadir gran número de trabajadores especializados y artesanos que se dedicaban a varios oficios urbanos: construcción, elaboración de pan y preparación de alimentos, fábricas de cerveza, cuero y prendas de vestir, etcétera. Gran número de estas personas trabajaban en establecimientos pequeños.

A comienzos de los años setenta (y en algunos países antes), en muchos países de la región el panorama industrial y ocupacional ya había cambiado. Pocas de las industrias presentes en los años treinta habían desaparecido o siquiera experimentado una decadencia significativa (aunque esto no puede decirse en el caso de la industria textil, que, bajo las presiones de la competencia extranjera, se modernizó y cambió muchas de sus características fundamentales en lo que se refería a los procesos laborales). Sin embargo, al lado de estas industrias más antiguas, eclipsándolas e introduciendo nuevos tipos de relaciones laborales, aparecieron nuevas industrias y formas de actividad económica. La más obvia de estas industrias nuevas era el complejo metalúrgico, que estaba centrado en la industria automovilística pero se extendía mucho más allá de ella. Con la expansión del automóvil llegaron la construcción de carreteras y el transporte por ellas como rival del transporte por ferrocarril y en barcos de cabotaje, así como múltiples industrias auxiliares: gasolineras, talleres de reparación, etcétera. Donde la minería y las fábricas textiles habían sido en otro tiempo las principales creadoras de poblaciones de una sola industria, en los años setenta era más probable que este papel lo desempeñaran las acerías, las refinerías petroquímicas y los pozos de petróleo. El crecimiento de la actividad gubernamental también había causado una gran expansión del número de empleos no manuales, no sólo en las crecientes burocracias, sino también en la enseñanza y los servicios de sanidad. Junto con la creación de gran número de empresas industriales de propiedad estatal, esto significaba que los trabajadores del sector público, tanto manuales como no manuales, constituían ahora una parte importante de la población activa. Con la expansión paralela de varias clases de empleos profesionales, y varios nuevos sectores de servicios, las filas de los trabajadores no manuales aumentaron considerablemente en el período de cincuenta años. Finalmente, la urbanización masiva hinchó las filas de las actividades diversas a las que ahora generalmente se daba el nombre de «sector informal». En 1980, al igual que en 1930, las experiencias profesionales del conjunto de trabajadores urbanos de América Latina fueron extremadamente diversas. Aunque el número de trabajadores empleados en grandes empresas creció tanto absoluta como relativamente, en ningún momento representó esto la experiencia laboral normal. Tampoco (a pesar de la atención que le prestaron los historiadores y los científicos sociales) fue nunca el trabajo en una fábrica la forma más común de empleo de la clase trabajadora en América Latina (del mismo modo que jamás lo fue en los países industriales de Europa y en los Estados Unidos).

Estas tendencias muy generales se resolvieron de diversas formas en diferentes países, adquiriendo formas institucionales muy diferentes. Esto no tiene nada de extraño, dada la multiplicidad de cauces por medio de los cuales los trabajadores podían tratar de presionar para mejorar su situación. Para empezar, el nivel de sindicación de la población activa y las formas en que los sindicatos estaban organizados y funcionaban variaban considerablemente, en parte debido a las diferencias de los códigos jurídicos, en parte a las diferentes estructuras industriales y en parte a las diferencias en los sistemas políticos. Dada la turbulencia económica y política de muchos países latinoamericanos, las formas duraderas e institucionalizadas de incorporación de los trabajadores eran infrecuentes (México era una excepción notable). Ante unas condiciones económicas y políticas que cambiaban rápidamente, los líderes sindicales y los activistas de las bases respondieron de diversas maneras, a veces sin comprenderse unos a otros. En el nivel más general los movimientos obreros frecuentemente estaban divididos ante la cuestión de si convenía cooperar con los patronos y el estado con el fin de aumentar al máximo el pastel que más tarde se repartiría o si había que crear conflictos de suma cero relacionados con negociaciones del rendimiento y asuntos distributivos y dejar que el crecimiento a largo plazo cuidara de sí mismo. La falta de directrices claras para el conjunto de la economía política sencillamente exacerbaba esta ambivalencia inherente a la actuación de los trabajadores.

A estas fuerzas amplias que obstaculizaban las pautas estables de incorporación hay que añadir los efectos perturbadores del propio cambio industrial. Al abandonar el punto neurálgico del movimiento obrero los ferrocarriles, la minería, los textiles y las empresas de servicios públicos para pasar al sector metalúrgico (y luego al empleo público), cambió el carácter de los conflictos laborales. Las nuevas industrias significaban diferentes clases de procesos laborales y, por ende, diferentes clases de conflictos laborales; nuevos conjuntos de trabajadores con diferentes características sociológicas; y nuevas formas de organización empresarial, con diferentes relaciones tanto con el estado como con sus empleados. Como resultado en parte del cambio industrial y en parte de procesos demográficos más amplios, cambió la ubicación espacial de la población activa, añadiendo otro elemento de complejidad a un panorama que ya era muy complejo.

Al evolucionar el carácter de los conflictos laborales, los mecanismos corporativistas establecidos en el contexto de los años treinta y cuarenta, que era muy diferente, y consolidados en los primeros años de la posguerra se vieron sometidos a una tensión creciente. Y surgieron presiones para que se reestructurasen los vínculos entre las organizaciones sindicales y los partidos políticos que habían aparecido a mediados del siglo XX.

A pesar de la importancia del asunto, sabemos muy poco sobre la percepción que los trabajadores de América Latina tenían de sí mismos en relación con la sociedad en general. Cabe especular que lo más probable es que la gente trabajadora de los años treinta se viera a sí misma como personas que ejercían oficios y ocupaciones muy concretos y probablemente aceptaba una definición muy restringida de sí misma como panaderos, impresores, conductores de tranvía, etcétera. Sólo en las empresas grandes y en algunas poblaciones era probable que los trabajadores pensaran conscientemente en sí mismos como personas que pertenecían a una clase trabajadora. Al mismo tiempo que aceptaban una definición de sí mismos que era en gran parte ocupacional, también era probable que los trabajadores se vieran a sí mismos como parte de una entidad mayor —el «pueblo» (o povo)— en contraposición a «los ricos», «la oligarquía» o «la buena sociedad». Al avanzar la industrialización, puede que el empleo del concepto de clase obrera (classe operária) ya fuera más corriente a mitad de siglo. Estos términos llevaban la connotación de trabajo manual, en contraste con «empleado». En el decenio de 1980 las palabras «clase trabajadora» (classe trabalhadora) ya se usaban más e indicaban la pertenencia a algo más amplio que lo que se desprendía del trabajo manual en el marco de una fábrica. Si bien la expresión «el pueblo» nunca desapareció del discurso político como forma de definir la identidad de los trabajadores, con ella competían de manera creciente conceptos tales como la «clase trabajadora», los «pobres» y los pobres que trabajaban. Y, por supuesto, con la excepción significativa de los trabajadores inmigrantes de São Paulo y Buenos Aires en los años treinta, la nacionalidad era universalmente una forma trascendente de autoidentificación para la mayoría de los trabajadores de América Latina.

Si hay alguna pauta general en la evolución del movimiento obrero desde 1930, responde, por un lado, a una pauta de masificación y diversificación de la población activa y, por otro lado, a la creciente homogeneización de la experiencia como ciudadanos. El movimiento era complicado e iba de grupos de trabajadores que constituían una pequeña minoría en sociedades mayoritariamente rurales, y cuyo sentido de identidad de clase trabajadora era bastante embrionario, a la creación de una nueva clase trabajadora en los años cuarenta, cincuenta y sesenta, y luego su masificación y redefinición como importante fuerza social en los sesenta y setenta. Puede que en un nivel semántico el resultado de estos cambios fuera un cambio favorable a un concepto amplio de «los pobres que trabajan» (en lugar de «el pueblo») y la «clase trabajadora» (en lugar de la «clase obrera»). Estos cambios semánticos se vieron favorecidos por la pauta de residencia de ingresos inferiores (que unía en un marco urbano a personas con experiencias profesionales muy diferentes) y por problemas comunes con los servicios urbanos, las burocracias, las dictaduras autoritarias y gran variedad de asuntos relacionados con la ciudadanía.

Estos procesos entrelazados de masificación de la población activa urbana, diversificación en la esfera ocupacional y homogeneización en el reino de la identidad propia tomaron formas muy diferentes en los diversos países. El presente capítulo no ha pretendido establecer una tipología, ni presentar una teoría sistemática que explique las variaciones que se observan en los movimientos obreros latinoamericanos, sino que, en vez de ello, ha optado por indicar los factores clave que han intervenido en lo que es, de hecho, un proceso enormemente complejo de formación clasista, conflictos laborales y negociaciones políticas y económicas. Al empezar el decenio de 1990, nuevos desafíos significaron que el proceso de hacer y rehacer las clases trabajadoras de América Latina probablemente continuaría su compleja historia.

Capítulo 4
LAS MOVILIZACIONES RURALES
EN AMÉRICA LATINA DESDE c. 1920

INTRODUCCIÓN

La movilización política y la violencia social han sido fenómenos recurrentes en la América Latina rural durante el siglo XX. La enorme diversidad de estos fenómenos representa un serio obstáculo para quien trate de analizarlos desde una sola perspectiva o con el propósito de formular generalizaciones. Sin embargo, es posible encontrar un marco común para el análisis si aceptamos que, a pesar de su heterogeneidad, la agitación rural ha tenido lugar en el contexto de varios procesos de transformación social —procesos complejos y relacionados entre sí— uno de cuyos ingredientes esenciales ha sido el conflicto entre actores sociales enfrentados.

En primer lugar, el sistema de haciendas (o latifundios) y la comunidad campesina dejaron de ser las formas predominantes de organizar la producción agrícola. Los propietarios de haciendas —en la medida en que continuaron existiendo como clase— perdieron gran parte de su hegemonía política. En el nivel local, esto significó que perdieron buena parte de su capacidad de ejercer presión social y política («coacción extraeconómica») sobre los campesinos y los trabajadores. Los campesinados persistentes ya no estaban «ligados a la tierra». Su influencia aumentó debido a sus alianzas con las nuevas élites políticas; pero su importancia disminuyó cada vez más en relación con la que tenían las emergentes clases medias y el proletariado urbano y rural.

En segundo lugar, la capitalización de la agricultura, que fue fruto de la creciente integración del campo en grandes mercados urbanos y cauces de distribución internacionales, se manifestó bajo gran variedad de formas y dio por resultado la aparición de nuevos tipos de fincas agrícolas y ranchos de tamaño grande y mediano, pero también cambió la tradicional unidad familiar (campesina). La propiedad de la tierra dejó de ser la piedra angular de la producción agrícola: el control de los recursos económicos y tecnológicos, así como de los conductos comerciales, se convirtió en el factor crucial. Tal control era también la base del poder de las compañías multinacionales que operaban en el campo latinoamericano. Además, su importancia reflejaba la creciente subordinación de la agricultura a otros sectores de las economías nacionales. Debido a estos cambios, las antiguas plantaciones perdieron peso económico: ya no representaban las principales concentraciones de capital en el campo. Por otra parte, aunque la proletarización de la población activa rural era un fenómeno notable, no todos los campesinos se estaban convirtiendo en proletarios. Al contrario, en el presente capítulo pone de manifiesto que los campesinados no se limitaron a «resistirse a la penetración de capital» —ni a desempeñar un papel pasivo como reserva de mano de obra—, sino que a menudo más bien trataron de participar en la construcción de ciertas formas de capitalismo.

Un tercer cambio importante está relacionado con las actividades del estado. Después de la segunda guerra mundial existía la creencia general —que duró hasta el decenio de 1980— de que era necesario contar con un estado fuerte y activo que impidiera la fragmentación de una precaria sociedad civil. De interpretar un papel débil y frecuentemente pasivo, el estado pasó a crear un proyecto o serie de proyectos de construcción nacional —que a veces dieron buenos resultados y otras veces, no— cuyo propósito era hacer que los aparatos estatales colindasen con el conjunto de la sociedad. Hubo una rápida expansión del «dominio público» en el sentido de que gran número de relaciones sociales y campos de acción quedaron sujetos a la regulación gubernamental; asimismo, los representantes del estado pasaron a ejercer verdadero poder en el nivel local. Además, los organismos del gobierno sustituyeron a las empresas privadas en la tarea de poner en marcha innovadoras actividades económicas. Del mismo modo, organizaciones controladas por el estado sustituyeron a las instituciones de la sociedad civil en diversos campos: relaciones laborales, comunicaciones e información, servicios financieros e incluso en los campos del esparcimiento y las artes.

Estos procesos no eran ni lineales ni irreversibles. Ocurrían con ritmos irregulares y adoptaban formas idiosincrásicas en diferentes países. Y a finales del siglo XX ya habían llevado a la configuración multidimensional en la cual no era posible definir los conflictos rurales exclusivamente en términos de «la violación del campesinado» por parte de los terratenientes confabulados con alguaciles represivos y tecnócratas desalmados. Los campesinos continuaron siendo actores políticos por derecho propio, actores que pueden idear estrategias frente a la explotación, la exclusión y el hostigamiento. La lucha por obtener tierra continuó siendo muy importante; pero las reivindicaciones rurales se diversificaron. La categoría «campesino» adquirió —más que nunca— múltiples significados: llegó a referirse a terrazgueros y aparceros muy móviles, proletarios temporeros ambulantes que mantenían una parcela familiar, aldeanos «modernizados» que producían para el mercado, así como indios «tradicionales». Para todos ellos había muchos tipos de conexiones con la sociedad en general, y muchas coincidencias o disensiones posibles con respecto a otros actores sociales. Es en este contexto de heterogeneidad social y múltiples convergencias —el contexto de los estados-nación emergentes— que debe entenderse la agitación rural en el siglo XX. La creación de una red de relaciones que trascienden diversos grupos, clases y categorías sociales es el rasgo central de un largo y complicado proceso de construcción nacional, un proceso de discusión y negociación. Desde esta perspectiva, las movilizaciones rurales pueden considerarse momentos de ajuste en la creación de conductos de mediación oficiales y extraoficiales en los sistemas nacionales emergentes.

En el presente estudio se ha utilizado el concepto «movilización» en vez de «movimiento social», ya que en el reciente debate sociológico este último tiene un significado restringido: significa la creación de una conciencia y una estrategia colectivas con el fin de cambiar la estructura de la sociedad, al menos hasta cierto punto. «Movilización» es un concepto más amplio que hace referencia a la «participación excesiva» por parte de un grupo o un sector social; esto es, a acciones que la estructura de poder y las normas sociales existentes no aprueban ni predicen. Por un lado, estas acciones pueden significar la formación de lealtades verticales entre grupos populares y figuras protectoras que actúan en los niveles superiores de la sociedad. Esta «movilización desde arriba» permite manipular e inhibir las reivindicaciones que tienen su origen en los agravios populares y los proyectos de cambio social, aunque la negociación con la base es siempre necesaria. Por otro lado, las movilizaciones de las bases (que pueden convertirse en «movimientos sociales») dan a entender la creación o el refuerzo de identidades colectivas y la armonización de los líderes con las reivindicaciones populares. El despertar político de las bases es un proceso en el que la conciencia de clase y étnica y «lazos primordiales» tales como el parentesco y el vecindario revisten la mayor importancia; pero suele producirse en coyunturas en que los agravios colectivos se imputan explícitamente a la estructura de poder existente (y a grupos dominantes concretos), y en que esta estructura no se concibe como imposible de cambiar. Huelga decir que el éxito de todo movimiento social depende de su capacidad de articular sus reivindicaciones con las de otros sectores populares igualmente movilizados —sin ser devorado por ellos— de manera que influyan en las instituciones estatales a su favor.

Para el análisis de los acontecimientos históricos que se tratan en el presente capítulo se ha adoptado la siguiente periodización: a) del decenio de 1920 al de 1930; b) del decenio de 1930 al de 1960, y c) del decenio de 1960 al de 1980. Esta periodización no comprende una serie de etapas sucesivas con un principio y un final claramente definidos. Es más bien un recurso heurístico que trata de relacionar las movilizaciones rurales, tanto regionales como nacionales, con ciertos variables económicas y —más significativamente— políticas más amplias. En este sentido, mi hipótesis central es que las diferencias en la agitación rural no sólo están relacionadas con la heterogeneidad de los actores y las reivindicaciones, sino que también se derivan de las diferencias que se dan en el cambiante contexto social. Esto no quiere decir que las características y situaciones sociales, económicas y políticas concretas de los actores rurales no deban examinarse, toda vez que, en definitiva, estas características determinan por qué determinada movilización se produce en un momento dado en un lugar y no en otro. Sólo examinando tanto lo local como lo supralocal, lo específico y lo general, pueden analizarse plenamente los rasgos cruciales de la movilización: su duración, su consistencia organizativa, sus objetivos, su escala y su alcance espacial.

Es imposible tratar todas las movilizaciones rurales importantes que hubo entre los años veinte y los ochenta. En vez de ello, prestaré atención especial a los países donde el número y la escala de los levantamientos han hecho que el mundo entero fuera consciente de su importancia. Pero también intentaré demostrar cómo diferentes movimientos sociales representan la variabilidad de los grupos sociales del campo y la diversidad de sus agravios, sus intentos de resolverlos, sus alianzas y sus resultados. Todas las movilizaciones rurales indican que estos grupos pasan a formar parte de la política nacional; pero el proceso tiene lugar a ritmo diferente y por caminos también diferentes. La intención del presente capítulo es entender tanto la similitud como la diversidad.

LOS DECENIOS DE 1920 Y 1930

Los años veinte y treinta fueron testigos de la última etapa de una larga fase histórica en la cual una élite hacendada en expansión había ejercido el control oligárquico sobre los aparatos de los estados nacionales incipientes y generalmente débiles. La crisis del mercado internacional, cuyo momento más dramático fue el crac de 1929, erosionó la base económica de importantes sectores de la oligarquía en muchos países: su capacidad de exportar materias primas y productos agroindustriales selectos. En este contexto se probaron nuevas fórmulas políticas para las cuales las élites emergentes —la burguesía industrial y comercial y una clase media cada vez más independiente (profesionales, militares, pequeños empresarios, rurales y urbanos) que reivindicaba una parte del poder, principalmente por medio de la participación en el gobierno— requerían el apoyo de sectores sociales «integrados». Pero la vieja economía política patrimonial demostró que era capaz de adaptarse. A falta de estructuras políticas consolidadas y sistemas de representación universal, los nuevos gobiernos nacionales, fueran cuales fuesen sus programas y sus ideologías manifiestas, seguían dependiendo de los mecanismos tradicionales de dominación regional y local, en Hispanoamérica el caudillismo y el caciquismo (dos conceptos que con frecuencia se emplean de manera intercambiable pero que deberían distinguirse claramente)[1], en Brasil el coronelismo. Por consiguiente, los actores políticos no se diferenciaban de las redes de patronazgo y grupos de presión que defendían intereses privados. Así pues, con frecuencia las movilizaciones agrarias estaban relacionadas con enfrentamientos entre facciones por el poder regional y nacional, y con una falta de verdadera centralización estatal. Sin embargo, especialmente en Hispanoamérica, el substrato de la agitación se encontraba en los agravios de una inmensa masa rural, en particular la población «no blanca», a la que se había incorporado oficialmente como «ciudadanos iguales ante la ley» en la sociedad nacional al tiempo que en realidad sufría discriminación y hostigamiento por medio de la abolición de la propiedad comunal (en el caso de los indios), los nuevos impuestos y las leyes antivagabundos (en el caso tanto de los indios como de otros tipos de trabajadores rurales). Los campesinos empezaban a emerger como actores políticos de crucial importancia, no sólo porque expresaban su oposición a la continua expropiación de la tierra o sus reivindicaciones de una participación más ventajosa en el mercado de trabajo y productos agrícolas, sino también en términos de sus múltiples posibilidades de organización interna y alianzas con viejos y nuevos protagonistas en el campo de la política nacional.

Los casos que se presentan en esta sección ilustran diferentes formas de relaciones entre, por un lado, campesinos y trabajadores rurales y, por otro lado, caciques y actores sociales heterogéneos, en el contexto de las cambiantes estructuras políticas nacionales de Hispanoamérica. En México los caudillos posrevolucionarios debían tener en cuenta un campesinado que en muchos casos tema una larga tradición de organización comunal. Además, el régimen emergente usó un agrarismo bastante ambiguo como ideología legitimadora y también como estratagema centralizadora. Por consiguiente, los caudillos y los caciques se convirtieron en intermediarios agrarios para no ser devorados por el aparato oficial del estado, aunque su actuación se vio restringida por fuerzas antiagrarias persistentes, tanto en el nivel regional como en medio del propio gobierno central. En América Central —especialmente en El Salvador y en Guatemala— la identidad comunal étnica y la joven conciencia de clase contribuyeron a la expresión de las peticiones de cambio social verdadero; pero no encontraron agentes eficaces en el nivel nacional y sencillamente fueron reprimidas por la fuerza. Finalmente, la lucha por conseguir tierra en las tierras altas bolivianas y las sierras centrales y meridionales peruanas muestra una combinación de conciencia étnica contra los caudillos y faccionalismo aldeano enfrentándose a una élite política profundamente dividida y —de nuevo— una falta de buenos intermediarios nacionales.

México

Cuando Álvaro Obregón ocupó la presidencia de México en 1920, ya estaban virtualmente desmantelados los grandes ejércitos campesinos que habían aparecido en los estados de Morelos, Tlaxcala y Chihuahua y sus líderes habían sido asimilados, abandonados o asesinados. Estos ejércitos campesinos tenían objetivos bien definidos: la mejora de las condiciones de vida en el campo, el fin del poder político y la capacidad represiva de los propietarios de haciendas y —el caso más claro fue el de Morelos— la devolución de la tierra comunal a los aldeanos. En nombre de estos objetivos habían combatido contra la dictadura de Díaz y la de Huerta; pero también contra Madero y los constitucionalistas, la facción septentrional modernizadora, que fue la ganadora final de la revolución. El éxito de la rebelión de Obregón contra Carranza se debió en parte a haberse aliado con los restos dispersos de los ejércitos campesinos derrotados pero todavía descontentos. Además, su discurso a favor de la reforma social, que oscilaba entre moderado y radical, según el auditorio, también atrajo el apoyo de actores heterogéneos y simpatizantes del movimiento revolucionario: líderes rurales de menor importancia, militares reformistas, intelectuales radicales, dirigentes sindicales e incluso terratenientes y empresarios sin prejuicios. Obregón compartía el sueño de los liberales del siglo XIX, el de edificar una nación de agricultores privados prósperos y en su mayor parte medianos; pero se mostró dispuesto a hacer efectiva la Ley de Reforma Agraria de 1915, que disponía la división (parcial) de los latifundios en ejidos (tierras que el gobierno federal concedía en régimen de propiedad colectiva a grupos de peticionarios siempre y cuando éstos no trabajaran con plena dedicación en una hacienda) y la restitución de terrenos comunales, con el fin de apaciguar al campesinado y ganarse su apoyo. Estas leyes sustituyeron los procedimientos burocráticos para la acción popular directa. Además, la decisión final sobre la formación de un ejido («dotación definitiva») estaba en manos del presidente de la república, mientras que las concesiones hechas por los gobernadores de los estados se definían solamente como «provisionales». Consciente de la necesidad de centralizar el poder en el ejecutivo federal, Obregón también quería restringir el poder de los nuevos dirigentes sindicales quitándoles el control de la población rural. Así pues, creó la Comisión Nacional Agraria con las correspondientes Comisiones Locales en cada estado y «comités ejecutivos» en las aldeas para fomentar el reparto de tierras. También favoreció la fundación del Partido Nacional Agrarista (PNA), que se encargó de la agitación agraria. A su vez, tanto las Comisiones como el PNA promovieron Ligas Agraristas (o Ligas de Comunidades Agrarias) en cada estado, algunas de las cuales llegaron a ser sumamente fuertes e independientes[2].

Durante los años veinte y principios de los treinta las ligas se encargaron de la continuidad de la movilización rural relacionada con las peticiones de reparto de tierras. Sin embargo, las ligas actuaban en un contexto de caudillismo, caciquismo y faccionalismo. En el nivel regional, la formación de facciones en México tenía relación con la persistencia del poder económico, la capacidad organizativa y las prácticas caudillistas de la vieja oligarquía, la presencia combativa de la Iglesia católica, los intentos políticos de la nueva élite militar y sus compinches civiles, así como las divisiones entrecruzadas de los sindicatos obreros, el PNA, las ligas y otros grupos políticos rurales y urbanos. Pero estas divisiones también dependían y se nutrían de la importancia del faccionalismo en el nivel nacional, donde los generales revolucionarios más fuertes se disputaban con rencor los cargos políticos. En el proceso de articulación entre facciones regionales y nacionales apareció un nuevo tipo de caudillo: el líder radical, para el cual la consecución y la conservación de poder político personal e ilimitado y la formación de grandes clientelas políticas constituían un instrumento apropiado para el cambio social[3]. Examinaremos brevemente las movilizaciones rurales bajo la égida de caudillos regionales tales como Felipe Carrillo Puerto en Yucatán, Francisco J. Múgica y Lázaro Cárdenas en Michoacán, José Guadalupe Zuño en Jalisco, Adalberto Tejeda en Veracruz y Saturnino Cedillo en San Luis Potosí[4]. De modo característico, en estas regiones no hubo movilizaciones rurales en gran escala durante el decenio revolucionario (1910-1920). Pero tenían cientos de aldeas campesinas que habían sufrido expropiación por parte de las haciendas durante el período liberal, y su efervescencia durante los años veinte y los primeros treinta fue una condición necesaria para la posterior ascensión de las organizaciones de masas centralizadas que Lázaro Cárdenas —el caudillo regional que se convirtió en estadista nacional— fundó en 1936.

En Yucatán, donde más de la mitad de la población rural eran indios mayas semiesclavizados y residentes en haciendas, indios que habían sido arrancados de sus comunidades después de la sangrienta guerra de las Castas de 1847, se había producido una «revolución desde fuera» cuando en 1915 Carranza envió al general Salvador Alvarado con la orden de derrocar el gobierno del estado, que era claramente una marioneta de la poderosa oligarquía hacendada. Esta oligarquía se había enriquecido inmensamente debido al auge del mercado internacional del henequén (sisal) a finales del siglo XIX y principios del XX. A pesar de ello, el gobierno Alvarado no pretendía hacer ningún daño a las plantaciones de sisal, a las que consideraba importante fuente de ingresos para la revolución. Así pues, se abstuvo de pronunciar discursos radicales de signo agrarista y se concentró en mejorar las condiciones de trabajo en los contextos rurales y urbanos organizando sindicatos. Sin embargo, permitió que uno de sus lugartenientes, Carrillo Puerto, organizase ligas de resistencia en las comunidades rurales situadas fuera de la principal zona productora de henequén. Estas comunidades habían perdido sus tierras y éstas pertenecían ahora a las haciendas, que se beneficiaban de la producción de maíz, caña de azúcar y ganado por medio de acuerdos de arrendamiento y aparcería. Gracias a las ligas de Carrillo Puerto, se dio a los campesinos acceso libre a tierras improductivas de las haciendas y del gobierno. En la nueva red de poder y patronazgo los caciques aldeanos se convirtieron en elementos clave y ataron las organizaciones locales al gobierno del estado por medio de las ligas, que pronto proporcionaron la base para un nuevo partido político, el Partido Socialista del Sureste (PSS).

Después de que Obregón tomara posesión de su cargo, Carrillo Puerto fue elegido gobernador de Yucatán. En calidad de tal, llevó a cabo un programa de reparto de tierras que dio a todas las comunidades un ejido, aunque sólo con título provisional. Pero no permitió que se formara una organización campesina independiente; al contrario, reforzó las vinculaciones clientelistas entre el gobierno, el PSS, las ligas locales y los beneficiarios del programa agrario. Sin embargo, a Obregón no le entusiasmaba tratar con estructuras de poder personalistas en el nivel regional y se abstuvo de responder a las peticiones de armas para sus campesinos que le hizo Carrillo Puerto. En 1923 las guarniciones del ejército en Yucatán y en el vecino estado de Campeche se unieron a la rebelión a escala nacional contra Obregón que encabezaba el general Adolfo de la Huerta, al que apoyaban con entusiasmo los terratenientes y sus guardias blancas (séquitos armados de carácter privado). Muchos caciques desviaron su lealtad a los rebeldes o, en caso contrario, se mantuvieron cautelosamente pasivos. Carrillo Puerto fue asesinado. Aunque la rebelión fue sofocada, el gobierno de Yucatán cayó en manos de partidos moderados, las ligas perdieron su ímpetu y el proceso de reforma agraria quedó interrumpido durante casi dos decenios.

La suerte que corrieron las ligas de Yucatán y su caudillo fue sintomática de la delicada relación entre un gobierno central que luchaba por consolidar su poder y unas élites regionales que competían por la supremacía política y el apoyo de las masas. Tanto Obregón como su sucesor Plutarco Elias Calles —que fue presidente de 1924 a 1928 pero que, de hecho, ejerció el poder nacional hasta 1935— debilitaron cuidadosamente la fuerza de los gobernadores de los estados manipulando los congresos locales, así como creando organizaciones agrarias y federaciones de trabajadores centralizadas y nombrando a generales que eran independientes de las autoridades locales, o incluso hostiles a ellas, para cubrir el puesto de comandante militar de cada uno de los estados. Estos comandantes a menudo se cansaban de la agitación rural y hasta se aliaban con ciertos terratenientes (en particular cuando habían pasado a engrosar las filas de los mismos) y la Iglesia. En este contexto a veces las organizaciones campesinas y los líderes aldeanos se veían obligados a desviar su lealtad hacia otro destinatario e incluso a buscar aliados entre fuerzas antiagrarias si querían asegurar su propia supervivencia[5].

El caso de Jalisco es un buen ejemplo de este dilema. Una liga campesina radical, de implantación en todo el estado (la Liga de Comunidades Agraristas) recibió aliento del gobernador Zuño (1923-1926), que también se esforzó por crear un agresivo movimiento obrero que fuese independiente tanto de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) —el brazo obrero de Calles— como de las organizaciones católicas, que tenían gran importancia local.

Cuando el general Estrada, el comandante del ejército, se puso a la cabeza del levantamiento delahuertista en el oeste de México (Jalisco, Colima y Michoacán) —de nuevo con la simpatía de los terratenientes y sus guardias blancas— Zuño logró escapar con vida y reunió a las ligas y también a muchos que aspiraban a ser líderes rurales para hacer frente a los rebeldes. La causa agraria parecía estar especialmente viva en el sur de Jalisco, donde habían tenido lugar masivas expropiaciones de tierras aldeanas durante la segunda mitad del siglo XIX. Después de la derrota de De la Huerta y Estrada, Zuño volvió a ocupar su puesto y permitió que los caciques rurales leales se apoderasen de tierras de las haciendas. Estos caciques aprovechaban con frecuencia esta oportunidad para enriquecerse, poner fin a disputas personales y librarse de sus rivales políticos. Además, el gobernador no pudo gestionar una alianza entre las dos tendencias más radicales del movimiento agrario, los anarquistas y los comunistas (estos últimos ocupaban una posición dominante en la Liga de Comunidades Agraristas de Jalisco). Cuando el movimiento anturevolucionario de los cristeros hizo su aparición en 1926 se permitió a Zuño repartir fusiles y pistolas entre sus caciques y los seguidores de éstos, pero sus francas desavenencias con la CROM y Calles dieron lugar a su destitución por parte del congreso local. En esta coyuntura Zuño no recibió apoyo de sus anteriores aliados, los jefes rurales, ni de las autoridades de la liga, que optaron por ofrecer su lealtad a los hombres de Calles. Además, dado que éstos no estaban a favor de la aceleración de la reforma agraria, los caciques utilizaron la fuerza de sus armas para impedir la agitación rural, hasta que Lázaro Cárdenas se convirtió en presidente de la república en 1934[6].

En Michoacán la llama agraria era más fuerte y duró más tiempo que en Yucatán y Jalisco debido a la presencia de líderes campesinos más radicales y menos oportunistas respaldados por una tradición combativa de defensa comunal y debido también a que el agrarismo continuó recibiendo el apoyo del gobierno del estado más allá de la presidencia de Obregón.

Al igual que en Jalisco, los sindicatos rurales y urbanos moderados y patrocinados por la Iglesia lograron hallar apoyo entre la población trabajadora; pero, además, en los primeros años del decenio de 1920 nacieron varias organizaciones campesinas de signo izquierdista. Estas organizaciones empezaron a formar una coalición combativa gracias al liderazgo de Primo Tapia, campesino indio de la aldea de Naranja, en el corazón del valle de Zacapu, que se había educado en un seminario católico y luego había emigrado a los Estados Unidos, donde entre 1907 y 1921 adquirió ideas anarcosindicalistas por medio de su asociación con los hermanos Flores Magón y con la organización Industrial Workers of the World (IWW). Tapia poseía muchos de los rasgos de un revolucionario cosmopolita; pero nunca perdió su familiaridad con las costumbres locales y regionales, su gusto por la lengua tarasca, que conocía muy bien, ni su identidad como miembro de una familia respetada y de una amplia red de parientes y vecinos. La etnicidad, por tanto, siguió siendo un aspecto importante de la identidad de Primo Tapia que se expresaba mediante la franca hostilidad ante las familias y grupos no indios (mestizos y españoles) de los alrededores.

Además de la agricultura y los oficios tradicionales, los indios del valle de Zacapu tenían una importantísima fuente de sustento en los pantanos y las lagunas, de los que obtenían pescado, mejillones, aves y varios tipos de caña para tejer cestos y esteras. Pero después de 1880 dos empresarios españoles llevaron a cabo un vasto proceso de drenaje y luego se apoderaron de la rica tierra desecada con la aprobación del gobierno federal. Dado que las familias mestizas ya se habían apropiado de muchas tierras de las aldeas, los indios se vieron obligados a ganarse la vida trabajando de jornaleros no sólo en las haciendas vecinas, sino también en las plantaciones de la relativamente lejana «tierra caliente» de Michoacán[7]. Después de la caída de la dictadura de Díaz, Joaquín de la Cruz, indio educado y simpatizante del agrarismo de Zapata que era tío materno de Primo Tapia, entabló un infructuoso pleito judicial para recobrar las tierras ancestrales de la aldea; hasta que fue asesinado en 1919. Varios jóvenes del lugar se unieron a las fuerzas villistas al pasar éstas por allí, y cuando Primo Tapia volvió formaron la columna vertebral de su movimiento agrario.

En 1921 Francisco Múgica era gobernador de Michoacán. Al principio le había respaldado el Partido Socialista michoacano, cuya base era urbana, pero pronto se ganó el apoyo de las incipientes ligas campesinas al repartir más de 23.000 hectáreas en concesiones provisionales. Las guardias blancas de las haciendas respondieron aterrorizando a los campesinos e incluso matando a destacados miembros del partido de Múgica. Sacando partido de la antipatía personal que Obregón sentía por Múgica —de nuevo, porque era demasiado radical e independiente—, el general Estrada y otros prominentes militares se unieron a las facciones antiagrarias de Michoacán y consiguieron derrocar al gobernador en 1922. Mientras tanto, Primo Tapia y su primo hermano Pedro López se pusieron al frente de un grupo de parientes, amigos y vecinos que se organizaron para luchar contra las guardias blancas, hicieron una lista de peticionarios de tierras y empezaron los trámites jurídicos para crear un ejido. A finales de 1921, en un encuentro de delegaciones agrarias de aldeas vecinas celebrado en Naranja, se eligió a Primo Tapia representante de todo el distrito de Zacapu. En 1922, al crearse la Liga de Comunidades y Sindicatos Agraristas de Michoacán en Morelia, Tapia se convirtió en su primer secretario general. En 1923 asistió a la Primera Convención Agraria Nacional en Ciudad de México, donde presentó una iniciativa de reforma de la Ley Agraria de 1915 con el fin de que los trabajadores de las haciendas tuvieran derecho a ser ejidatarios y fuera posible expropiar por completo todos los grandes latifundios. Semejante iniciativa no fue bien recibida en los círculos superiores del gobierno federal. Durante el intento de golpe de estado que hicieron De la Huerta y Estrada, Tapia y sus hombres tuvieron que luchar tanto contra los obregonistas como contra los rebeldes; pero aprovecharon la confusión para eliminar a más rivales[8].

Al convertirse en presidente de la república, Calles apoyó a un nuevo gobernador de Michoacán que tomó partido por los hacendados y persiguió a los combatientes agrarios. Las aldeas del valle de Zacapu habían obtenido finalmente sus ejidos provisionales en 1924. Tapia continuó la agitación contra las haciendas durante la totalidad de 1924 y 1925; pero fue capturado y ejecutado sumariamente por los soldados en 1926, al parecer por orden del mismísimo Calles. Para entonces Calles ya había introducido un cambio crucial en las leyes agrarias: la división de los ejidos en parcelas familiares, con el fin de poder «desocializar» el programa de reparto de tierras. A pesar de la nueva legislación y del discurso de Calles a favor de la eficiencia económica en las zonas rurales (lo cual quena decir que no expropiaría las haciendas productivas), las fuerzas conservadoras de Michoacán no simpatizaban con el gobierno federal debido al extremo anticatolicismo de éste. Además, la inmensa mayoría de la población del oeste de Michoacán apoyaba a los ejércitos cristeros[9]. Con gran pesar del presidente, fue necesario fomentar de nuevo el agrarismo como medio de atraer la lealtad de los campesinos al gobierno.

En 1928 el general Lázaro Cárdenas, que era amigo íntimo de Múgica, se convirtió en gobernador de Michoacán. Pronto fundó la Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo (CRMDT) con el objeto de reunir a los dispersos sindicatos socialistas y ligas campesinas en una única organización. En 1930 la Conferencia Agraria celebrada en Morelia desencadenó una intensa agitación en las zonas rurales. En 1932 había 4.000 comités agrarios (que se jactaban de tener 100.000 miembros entre todos) afiliados a la CRMDT. Se repartieron casi 150.000 hectáreas entre 1928 y 1932 a 16.000 ejidatarios, aunque las mayores haciendas modernizadoras todavía gozaban de la protección del gobierno federal[10]. Pero los viejos caciques radicales seguían estando vivos y sanos, en particular desde que el gobierno del estado les había dado máuseres, aunque con creciente frecuencia sus actividades tenían que ver más con luchas locales entre facciones que con el cambio agrario. Como ha dicho Paul Friedrich, «después de 1926 la tierra por cuya obtención luchabas estaba en manos de tus colegas ejidatarios, y a esa tierra codiciada estaba ligado el rico botín de los cultivos comerciales, los empréstitos forzosos y los chanchullos y desfalcos que se daba por sentado que formaban parte de tu cargo»[11]. No obstante, Cárdenas utilizó a estos caciques como aliados en el proceso de consolidación tanto de la CRMDT como de su poder personalizado.

En tiempos de la revolución el estado de Veracruz tenía una proporción relativamente alta de asalariados, tanto rurales como urbanos, debido al desarrollo de la industria textil en la región de Orizaba, los campos de petróleo en Minatitlán, Coatzacoalcos y Poza Rica, los servicios de toda clase en el puerto de Veracruz —el principal de México desde la época colonial—, las plantaciones de caña de azúcar en las tierras bajas y las de café en las altas. No fue ninguna coincidencia que el levantamiento que en 1906 tuvo lugar en Acayucan —la rebelión campesina más importante que hubo en el estado durante el período de Díaz— tuviera por líder principal a un campesino que también había trabajado en la industria textil. El citado levantamiento recibió apoyo no sólo de los aldeanos indios que exigían la devolución de las tierras comunales que les habían expropiado, y de los descontentos trabajadores rurales y terrazgueros, sino también de diversos grupos urbanos que protestaban contra el exceso de poder político y las prerrogativas de la clase terrateniente[12]. Durante todo el período revolucionario el principal líder militar fue Manuel Peláez, miembro de una familia terrateniente y gran diado de las compañías petroleras británicas y norteamericanas, cuya zona de operaciones, que abarcaba la sierra de Huasteca y el norte del estado, se mantenía «libre» de los peligros del agrarismo. Por otra parte, el gobernador carrancista, Cándido Aguilar, tenía un proyecto agrario moderado, parecido al de Alvarado en Yucatán, que no logró granjearse el apoyo de los campesinos y los trabajadores rurales.

Como gobernador de Veracruz de 1921 a 1924, Adalberto Tejeda hizo frente a un comandante militar, Guadalupe Sánchez, que se había convertido en un gran terrateniente, apoyaba sin disimulo a las haciendas y fomentaba la represión por parte de las guardias blancas. Pero Tejeda contaba con el apoyo de grupos urbanos combativos tales como el brioso Sindicato de Inquilinos, el incipiente Partido Comunista y —por ser amigo de Calles— la CROM. Al mismo tiempo se ganó la simpatía de dos jóvenes agitadores agrarios, Úrsulo Galván y Manuel Almanza, que habían llegado como trabajadores inmigrantes al puerto y habían recibido allí la influencia primero de las ideas anarquistas y posteriormente de las comunistas, transmitidas por ideólogos europeos (principalmente españoles) recién llegados. Con la aprobación de Tejeda, Galván y Almanza fundaron en muchas aldeas grupos de peticionarios de ejidos que más adelante quedarían unificados bajo el nombre de Liga Campesina de Veracruz.

Con el fin de proteger los comités agrarios y los sindicatos emergentes del lugar —y también su propia supremacía—, Tejeda reforzó la guardia civil, que era una policía militar creada en el decenio anterior y se hallaba directamente bajo el mando del gobernador. Después de 1922 ciertas zonas rurales del estado, especialmente en la costa central y en el sur, fueron escenario de numerosas invasiones de tierras por parte de grupos de campesinos, a los que alentaban el gobierno del estado y la guardia civil. En 1923 hubo varios enfrentamientos declarados entre la guardia civil y el ejército. Presionado por el general Sánchez, Obregón ordenó desarmar a la guardia civil. Tejeda obedeció la orden, pero luego creó oficialmente la Liga de Comunidades Agrarias del estado de Veracruz (LCAEV) —la más radical del país—, una vez más con la ayuda de Almanza. Al rebelarse De la Huerta, Tejeda convirtió la liga en un grupo de guerrillas rurales armadas.

Junto con otros militares conservadores, Sánchez secundó a De la Huerta en su fallido golpe de estado y tuvo que huir para salvar la vida al ser derrotado el levantamiento. El nuevo comandante del ejército en el estado no puso objeciones al programa agrario de Tejeda, de tal modo que Úrsulo Galván, que ya no ocultaba su afiliación al Partido Comunista —incluso visitó la Unión Soviética en varias ocasiones—, pero mantenía su estrecho contacto con el gobernador, pudo continuar organizando a los peticionarios de ejidos, que recibieron rápidamente dotaciones provisionales del gobierno del estado. Allí donde los hombres fuertes y caciques locales se habían convertido en aliados y clientes de Tejeda, recibieron tanto armas como su aprobación plena para instaurar un duro sistema de control político.

En 1924, al convertirse Calles en presidente, Tejeda fue nombrado ministro de Comunicación; en calidad de tal, ayudó a Úrsulo Galván y a otros líderes regionales a organizar el Congreso Nacional de Ligas Agrarias, que pretendía crear una organización a escala nacional. Sin embargo, al cabo de sólo dos años, en su calidad de ministro del Interior (secretario de Gobernación), Tejeda tramó el derrocamiento de Zuño del puesto de gobernador de Jalisco y no impidió el asesinato de Primo Tapia[13]. Para Tejeda la lealtad a Calles era más importante que su simpatía por la causa nacional del agrarismo.

De 1924 a 1928 los avances de la LCAEV fueron menos espectaculares, toda vez que el nuevo gobernador, Heriberto Jara, prefirió gestionar su propia política agraria (más bien lenta) y apoyar una versión renovada de la guardia civil; pero los miembros de la liga mantuvieron una presencia militar en las zonas rurales y una importante presencia política en los consejos municipales y el congreso local, gracias a una compleja y delicada red de alianzas con la CROM y el Partido Comunista. En su calidad de diputado federal, Úrsulo Galván pasaba cada vez más tiempo en Ciudad de México y visitando e infundiendo ánimos a las ligas en otras partes del país, dejando Veracruz a cargo de Manuel Almanza. Aunque los cristeros eran mucho menos fuertes en Veracruz que en el oeste de México, su amenaza no dejaba de ser otra razón para que el gobierno respetase el antiguo pacto con los campesinos armados.

Al volver en 1928 para un segundo periodo en el puesto de gobernador, Tejeda construyó un dominio hegemónico para sí mismo y la LCAEV. En 1929 la liga volvió a proporcionar ayuda armada contra una revuelta militar encabezada por Escobar, aunque el coste fue la ruptura definitiva con el Partido Comunista, que estaba descontento a causa de la política ambigua de Calles y cometió la imprudencia de apoyar la revuelta[14]. Así pues, durante este «periodo dorado del agrarismo» (1928-1932) Tejeda confió nuevamente en una red clientelista de aliados y caciques para poner en práctica un programa reactivado de reparto de tierras y reformas sociales: promovió cooperativas, fundó escuelas, impulsó leyes contra los monopolios, defendió a sindicatos hostigados por los patronos, y logró mediar con fortuna en la agitación que en las refinerías de azúcar causó la fuerte caída de los precios después de 1929[15]. Sin embargo, su relación con Calles empeoró de manera inevitable cuando el jefe máximo favoreció la aparición de otras organizaciones agrarias bajo su control directo, por medio del recién creado Partido Nacional Revolucionario (PNR). Además, la inesperada muerte de Úrsulo Galván en 1930 dejó en el liderazgo de las bases un vacío que nunca volvió a llenarse. Ciertos líderes locales —como ocurrió en el municipio de La Antigua— habían abandonado la lucha agraria por cargos políticos más cómodos o por los negocios en las ciudades y a causa de ello en tales lugares el programa agrario nunca se llevó realmente a cabo. Después de que dejara el cargo de gobernador en 1932, muchas secciones y líderes locales abandonaron a Tejeda y la liga. Otros líderes fueron asesinados y poco a poco los antiguos aliados de la LCAEV fueron expulsados de los cargos políticos. El nuevo gobernador, Vázquez Vela, que contaba con la aprobación de Calles, devolvió varias dotaciones provisionales a los terratenientes[16].

A diferencia de la mayoría de los demás caudillos agrarios, Saturnino Cedillo, en San Luis Potosí, no procedía de una familia de la baja clase media y tampoco se sumó a la revolución empujado por un arranque de idealismo juvenil. Hijo de un campesino que era propietario de la tierra que trabajaba, él y sus tres hermanos empezaron a luchar —junto con los hermanos Carrera Torres, que habían adquirido ideas radicales cuando estudiaban en una escuela de magisterio— porque se vieron envueltos en una serie de conflictos personales con la élite hacendada de su región, conocida por el nombre de Valle del Maíz, lo cual también les impulsó a tomar partido por los aparceros y los peones asalariados[17]. Su movimiento, que desde el principio abogó enérgicamente por el reparto de tierras, era en ciertos aspectos análogo al de Zapata; pero el cedillismo logró sobrevivir no sólo porque conquistó el apoyo local de las masas invadiendo fincas y dejando que los antiguos aparceros se apoderasen de la tierra, sino también gracias a sus sucesivas alianzas con Villa, Carranza y Obregón.

Bajo la presidencia de Obregón, Cedillo organizó a sus seguidores en colonias militares, en virtud de las cuales los soldados recibían parcelas de tierra cultivable y parcelas para la vivienda, sin perder su condición militar. Este sistema permitió a Cedillo mantener un ejército campesino que vivía de sus propios recursos. Las colonias no eran ejidos, aunque sus tierras también eran inalienables; su ímpetu no procedía de las reivindicaciones de grupos de aldeanos organizados, sino de las iniciativas de un líder militar regional[18]. Esto explica tanto los fuertes lazos de lealtad que se formaron entre el general Cedillo y sus hombres como el alto grado de autonomía de la organización. En su rancho natal de Palomas, el general creó el núcleo de un poder que unos años después el novelista Graham Greene, que visitó el rancho en 1938, definiría como «feudal»[19]. En 1923 los colonos militares fueron la fuerza decisiva que detuvo el avance del delahuertismo en San Luis Potosí. Entre 1926 y 1929 los cedillistas libraron y ganaron las batallas más importantes contra los cristeros en todo el oeste de México. La creación de ejidos se convirtió en un instrumento en manos de Cedillo, que después de 1927, año en que se hizo cargo personalmente del puesto de gobernador, se aseguró de que no se molestara de ninguna manera a los terratenientes que se mostraron dispuestos a apoyarle. A su vez, sus amigos terratenientes donaron extensiones de tierra para la creación de nuevas colonias militares o sencillamente para que las diesen a los cedillistas. El poder de Cedillo adquirió tales proporciones, que incluso pudo ejercer eficazmente presiones en relación con el nombramiento de alcaldes y gobernadores en los vecinos estados de Zacatecas y Querétaro, además de apoderarse de virtualmente todos los cargos públicos de San Luis Potosí y dárselos a sus parientes y protegidos[20].

Sin embargo, los planes de hegemonía centralizada que tenía Calles no podían tolerar que Cedillo mandara un ejército independiente de entre 15.000 y 20.000 hombres leales. Pero no era fácil deponer al astuto caudillo: estaba siempre dispuesto a apoyar al jefe máximo contra sus rivales políticos. En 1931 fue nombrado ministro de Agricultura, cargo que ejerció durante un período breve. Mientras tanto, el PNR, el partido que fundara Calles, empezó a edificar su propia base de poder en el estado. En 1934 Cedillo declaró que apoyaba plenamente a Lázaro Cárdenas, que después le nombraría ministro de Agricultura por segunda vez, quizá principalmente para hacerle salir de su territorio. A partir de entonces, Cárdenas procedió a desmantelar el dominio de Cedillo por medio de la maquinaria política del PNR y de la nueva organización campesina centralizada, la Confederación Campesina Mexicana (CCM), que se convirtió en el crucial mecanismo de mediación para un masivo programa destinado a crear ejidos. Era frecuente que los nuevos ejidos coincidieran en parte con el territorio de las colonias militares, lo cual ocasionaba interminables enfrentamientos[21]. Además, los colonos fueron puestos bajo la jurisdicción directa del comandante del ejército del estado, que ya no era un amigo de Cedillo y a su vez empezó a desarmarlos. En agosto de 1937 Cedillo dimitió de su puesto en el gabinete y un año después intentó lanzar una rebelión militar con la esperanza de que le apoyasen las compañías de petróleo extranjeras, que hacían frente a la expropiación por parte del gobierno de Cárdenas. El apoyo nunca llegó a hacerse realidad, así que Cedillo disuadió a sus leales colonos de seguirle a un desastre inevitable. El caudillo encontró la muerte en una emboscada a principios de 1939 y las colonias fueron devastadas brutalmente por el ejército. Algunas de ellas continuaron existiendo bajo supervisión militar; otras prefirieron convertirse en ejidos.

La muerte de Saturnino Cedillo señaló el final del caudillismo regional posrevolucionario. Pero, antes de desaparecer, el caudillismo había prestado un servicio enorme tanto al proyecto centralizador de Calles como a la incorporación controlada de las masas que ideara Cárdenas. También proporcionó un valiosísimo cauce de mediación para las reivindicaciones de los campesinos y otros sectores de la población rural —peticiones de tierra y de participación, lo cual incluía también el desplazamiento de la vieja élite política—, pero sin permitir que tales reivindicaciones aumentaran hasta convertirse en una amenaza grave para la supremacía de la nueva élite política encabezada por Obregón, Calles y Cárdenas. De hecho, una prioridad de suma importancia para los caudillos regionales era formar parte de esta élite naciente, y, por tanto, se convirtieron en participantes activos —y rivales encarnizados— en la competencia política entre facciones que se extendía del nivel nacional a los niveles regional y local. De modo parecido, dentro de cada región los caciques y otros líderes locales tendían a competir entre ellos por los favores de los caudillos regionales y reproducían así el contexto de facciones que existía a escala nacional. De ello nacían las dificultades con que tropezaban los intentos de formar alianzas entre campesinos, trabajadores industriales y sectores urbanos, incluso cuando (como en Michoacán y Veracruz) el caudillo de tumo era favorable a tales alianzas.

Y, sin embargo, hay que repetir que fue precisamente esta combinación de reivindicaciones de las bases y organización comunitaria, liderazgo e intermediación personalizados, represión selectiva y faccionalismo ubicuo lo que puso los cimientos de la afortunada política de estabilidad —el pacto populista— que caracteriza al México moderno. Puede que ayude a confirmar esta opinión el contraste con la forma de tratar la agitación rural y la resistencia comunal organizada en ciertos países centroamericanos y andinos, donde la represión de las reivindicaciones rurales populares y la sustitución de las viejas élites políticas no las llevaron a cabo intermediarios hábiles y no dieron lugar a una verdadera estabilización de los nuevos regímenes políticos.

América Central

Durante los primeros decenios del siglo XX los países centroamericanos compartieron tres características importantes: todos tenían gobiernos «liberales», modernizadores y prácticos inspirados en las doctrinas del darwinismo social y del régimen mexicano de Porfirio Díaz; producían con entusiasmo materias primas para el mercado internacional; y sufrían la creciente injerencia económica y política de las potencias extranjeras. La apertura del comercio exterior permitió que el café y los plátanos se consolidaran como productos predominantes. Situadas en las tierras altas, las plantaciones de café se hallaban en manos de empresarios nacionales que —especialmente en Guatemala y El Salvador— se apoderaron de las tierras de las aldeas indias e instauraron un régimen laboral mixto que consistía en que los colonos residentes trabajaran durante todo el año en las plantaciones a cambio de un exiguo salario y una parcela para que cultivasen sus propios alimentos, mientras que la ayuda estacional la proporcionaban los indios de las aldeas, cuyos propios cultivos de subsistencia estaban en los terrenos más elevados, que eran menos fértiles. A la inversa, las plantaciones de plátanos de la costa estaban en manos de empresas extranjeras —la United Fruit Company era la más importante— y atraían a trabajadores emigrantes proletarizados, en su mayoría negros y mestizos, aunque también había indios. Los miembros de las antiguas oligarquías habían apoyado en muchos casos a los partidos conservadores derrocados y a causa de ello habían perdido gran parte de su influencia política en beneficio de una nueva clase burguesa y de un estamento militar profesionalizado y cada vez más fuerte, aun cuando muchas familias conservadoras reaparecieron convertidas en plantadoras de café y comerciantes internacionales. La oposición política floreció entre las emergentes clases medias urbanas, que obtenían el apoyo popular enarbolando los estándartes de la defensa del orgullo nacional y la lucha contra la explotación de los trabajadores[22].

Debido a la reinversión continua de las considerables ganancias que proporcionaban las exportaciones de café, El Salvador había llevado a cabo la expansión de su agricultura comercial —que ahora incluía el algodón y el henequén como productos destinados a la exportación— y también había creado una pequeña pero próspera economía protoindustrial y de servicios en ciudades tales como San Salvador y Santa Ana, lo que a su vez atrajo más inversiones de los Estados Unidos. No obstante, la inmensa mayoría de la población vivía en la mayor miseria y padecía escasez crónica de alimentos debido a que los campesinos habían sido despojados de sus tierras en beneficio de los plantadores que tenían los ojos puestos en el mercado internacional. En 1918 el presidente Alfonso Quiñones fundó una organización llamada Liga Roja para que hiciese de cauce institucional de mediación entre el gobierno y los trabajadores, incluidos los campesinos, a falta de sindicatos o partidos políticos. Pero Quiñones, que era miembro de la burguesía cafetalera y de un estrecho círculo familiar que gobernó el país desde 1913 hasta 1931, no convirtió la liga en una forma mínimamente satisfactoria de representación popular.

Los campesinos y los colonos de las tierras altas del centro y del oeste, que estaban densamente pobladas, habían vivido una historia de violencia desde la sangrienta represión de sus intentos de protestar contra la expropiación de sus tierras en el período 1880-1900. Otro factor que contribuía al descontento eran las leyes que permitían a los plantadores echar a los terrazgueros y buscar mano de obra forzosa —con la ayuda del ejército— cuando así lo exigían las necesidades de la producción[23]. Por si fuera poco, el crac de 1929 y la crisis siguiente señalaron una caída del precio del café: el precio medio del quintal bajó de un máximo de cuarenta y tres colones en 1925 a treinta y tres en 1929 y luego a sólo quince en 1932. El paro aumentó hasta alcanzar el 40 por 100 en las zonas rurales después de 1929[24]. Esto creó un terreno fértil para las prédicas marxistas de José Agustín Farabundo Martí, hijo de un pequeño agricultor, ex estudiante de derecho y fundador del Partido Comunista salvadoreño; pero también para las ideologías más amplias que denunciaban la injusticia y exigían medidas directas que garantizasen los derechos mínimos y mejorasen el bienestar de los trabajadores.

En 1930 el presidente Pío Romero Bosque decidió llevar a cabo una apertura democrática con el fin de apaciguar las crecientes oleadas de protestas en todo el país. Las elecciones nacionales las ganó el fundador del Partido Laborista, Arturo Araujo, empresario progresista educado en Inglaterra, entre cuyos lemas estaban el vitalismo mínimo (doctrina elaborada aritméticamente que afirmaba que cada persona tenía derecho a poseer y recibir por lo menos lo que necesitaba para llevar una vida mínimamente satisfactoria), las reformas laborales y el reparto de tierras, y que, por consiguiente, recibió el apoyo masivo de los sindicatos y los campesinos[25]. Araujo tomó posesión del cargo en marzo de 1931, pero su gobierno resultó de una ineficiencia total, tanto en lo que se refiere a cumplir las promesas como a tratar de solucionar la grave crisis económica. Nueve meses después de la toma de posesión, en medio de un sinfín de agitación y huelgas, fue depuesto por un golpe militar. El nuevo presidente era el general Maximiliano Hernández Martínez. Contra sus severas medidas disciplinarias y después de la cancelación de las elecciones municipales estalló una gran revuelta campesina en las tierras altas del oeste en enero de 1932.

Esta revuelta la había incitado el Partido Comunista, pero de buen principio Hernández Martínez mató o encarceló a Farabundo Martí y a muchos otros líderes comunistas. El verdadero pivote organizativo estaba en las cofradías indias —las antiguas hermandades religiosas que habían sido las tenedoras corporativas legales de tierras comunitarias y habían conservado sus funciones políticas a pesar de las leyes de expropiación— al frente de las cuales se hallaban los caciques de las aldeas. El levantamiento tenía un carácter étnico claramente definido. Los objetivos principales eran clarísimos para todos los participantes: recuperar las tierras que les habían arrebatado brutalmente y devolver la autoridad oficial a las cofradías. Fue en los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate —y especialmente en comunidades tales como Juayúa, Izalco, Ahuachapán y Tacuba—, que habían sido escenario de conflictos a finales del siglo XIX, donde más ardorosa llegó a ser la revuelta de 1932. Los rebeldes ocuparon fincas y ayuntamientos, y desalojaron, y a veces mataron, a administradores, burócratas y comerciantes ladinos (no indios). Tenían su cuartel general en Juayúa, pero, de hecho, cada cacique era bastante independiente y planeaba sus propias acciones. Esta falta de coordinación fue una de las razones por las cuales fue fácil sofocar la revuelta. Entre otras razones tal vez más importantes cabe señalar que los indios no tenían más armas que machetes y unos cuantos fusiles, mientras que el ejército que los atacó estaba bien pertrechado y fue ayudado por los vigilantes que proporcionaron los plantadores, y que no hubo una revuelta paralela en las zonas urbanas. Dado que por definición todos los indios eran enemigos, los soldados abrían fuego contra multitudes de mujeres y niños. Según numerosos testigos presenciales, cuando los militares tomaban una aldea mataban fríamente a toda persona que les pareciera india. Los indios mataron a poco más de 100 personas, contando los soldados. En el bando de los indios, la estimación más moderada cifra las víctimas en 10.000; la más alta, en 50.000; aunque el número que suele darse por válido es de 30.000[26]. Consolidado como dictador, Hernández Martínez gobernó por la fuerza hasta 1943.

En otros países centroamericanos (excepto Costa Rica, donde la población no blanca es una pequeña minoría) había también una «tradición de conquista» —como dice Richard Adams[27]— que creaba segregación, desconfianza e incluso odio entre los diferentes grupos étnicos y que de vez en cuando provocaba conflictos. Las consecuencias de los conflictos étnicos fueron especialmente devastadoras en El Salvador.

Los Andes

En los decenios de 1920 y 1930 la sociedad boliviana seguía estando claramente dividida por una herencia colonial de desconfianza y odio étnicos. Para las clases gobernantes y los grupos urbanos antiguos y nuevos los indios representaban la cara amenazadora de la «barbarie», a la que debía barrer el avance de las fuerzas de la «civilización»; esta era la justificación ideológica de los ataques implacables que se lanzaban contra las instituciones tradicionales de los quechuas y los aymaras tales como la ayllú, es decir, la comunidad india que poseía tierras y se autogobernaba. Durante la segunda mitad del siglo XIX la proporción de personas propietarias de tierra o con acceso directo a ella había descendido de dos tercios a un tercio de la población total[28]. La guerra civil de 1899 dio por resultado la consolidación de un gobierno liberal interesado en fomentar la exportación de nuevas materias primas tales como el caucho y el estaño, además de la plata, así como la plena comercialización de la economía.

Los años liberales señalaron el principio de un ciclo de rebelión, iniciado por Pablo Zárate Willka, mallku (cacique) aymara que en la guerra civil había mandado un ejército indio a favor de los liberales y luego exigió la devolución de las tierras comunales y el reconocimiento del estatuto de autonomía de las autoridades de las aldeas indias dentro de la república. Las fuerzas de Willka fueron diezmadas, pero de 1900 a 1920 tuvieron lugar no menos de sesenta jacqueries —ataques contra haciendas y poblaciones mestizas— en los departamentos de La Paz, Potosí, Oruro, Cochabamba, e incluso en el lejano El Chaco[29].

La experiencia común de defender la tierra favoreció la reaparición de una conciencia étnica que sobrepasaba los límites de las comunidades y que probablemente casi había desaparecido en el siglo XIX. Esta conciencia también se vio reforzada por una reinstauración de los mallkus o kurakas (autoridades locales tradicionales) como líderes en el largo proceso de defensa legal de las tierras comunitarias: por ejemplo, en el departamento de Chuquisaca, en el sur, varios kurakas pudieron presentar documentos coloniales que, de hecho, detuvieron las disposiciones de expropiación de las «revisitas» o brigadas de agrimensores. También en el sur (norte de Potosí, Oruro y oeste de Chuquisaca), los kurakas, junto con «tinterillos» (mestizos educados y pobres que prestaban servicios a los indios en sus tratos con la burocracia), e instigados por una emergente Liga de Defensa Pro India (socialista y con base en La Paz), encabezaron una verdadera epidemia de conspiraciones y motines de 1924 a 1927 que culminó en una insurrección en gran escala en la que participaron unos 12.000 comuneros, tanto aymaras como quechuas. Su frustración y su rabia volvieron a hacerse visibles en ciertos actos de increíble violencia: en una ocasión, un terrateniente fue sacrificado ritualmente y comido. Aun cuando fue aplastada por el ejército, la insurrección de 1927 demostró que era posible formar una amplia alianza india multiétnica[30].

La guerra del Chaco (1932-1935) provocó otra serie de jacqueries antiurbanas y antiblancas en señal de protesta contra el reclutamiento: por ejemplo, el día de Año Nuevo de 1933, después de que los reclutadores se llevaran por la fuerza, y a veces brutalmente, a hombres sanos de sus comunidades, los indios saquearon la población de Pucarani, cerca de La Paz, y lincharon a los funcionarios locales y a toda persona que opuso resistencia[31]. Pero, al mismo tiempo, la guerra dio a los indios reclutados la posibilidad de tener una identidad nacional, la conciencia de que eran ciudadanos y de que su participación era importante, como ha señalado enfáticamente René Zavaleta[32]. La caída de los liberales y la llegada de un gobierno militar con ideas reformistas pero pocos proyectos viables —y todavía menos posibilidades de establecer contactos orgánicos con campesinos y trabajadores— abrieron las puertas a más agitación, pero también a las actividades de múltiples grupos izquierdistas, educadores en favor de los indios y organizadores sindicales. Estos actores emergentes desempeñarían un papel importantísimo en la ascensión de una organización populista en los decenios de 1940 y 1950: el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), que por primera vez proporcionaría viabilidad institucional a las reivindicaciones de las bases en la Bolivia rural.

¿Cuál era el contenido social y económico de la «defensa de la comunidad»?

A pesar de ciertos discursos en favor de los indígenas es dudoso que los indios bolivianos aspirasen al retomo del mundo prehispánico y precapitalista: más bien lo que querían era preservar la comunidad como medio de obtener recursos estratégicos que les permitieran participar en la sociedad nacional con menos desventajas. En cuanto a los líderes kurakas, les interesaba preservar la jurisdicción comunal que proporcionaba la base de su autoridad y también de su poder como intermediarios privilegiados. Pero con frecuencia estos factores quedaban ocultos en los debates entre intelectuales y políticos, incluso entre los más perceptivos y progresistas. En Perú, por ejemplo, se había entablado un intenso debate en torno a «el indio como problema» durante el período de Leguía (1919-1930), en particular después de 1928, fecha en que José Carlos Mariátegui, el joven pionero del pensamiento marxista latinoamericano y miembro fundador del Partido Comunista de Perú, publicó su influyente libro Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Para Mariátegui, que murió dos años después, a la edad de 35 años, la realidad india era el problema central de la «biología nacional», por una razón sencilla: cuatro quintas partes de la población eran indias. Y, dado que tradicionalmente eran agricultores, los usos y abusos de la tierra eran un aspecto crucial del mismo problema. Mariátegui opinaba que había una contradicción básica en la organización de la tenencia de la tierra: entre el persistente ayllú comunalista y los latifundios feudales. Estos últimos habían creado una compleja estructura política para la explotación parasitaria cuyo punto fundamental era la institución del gamonalismo. El gamonal (terrateniente y cacique) se había convertido en el punto de articulación entre la burocracia local y el sistema político y permitía y protegía el funcionamiento de instituciones tales como el yanaconazgo (equivalente de la servidumbre medieval) y el enganche (mano de obra contratada). Así pues, el liberalismo y el capitalismo eran una simple ficción: la clase terrateniente había resultado totalmente incapaz de convertirse en una burguesía nacional. Esta contradicción inhumana, radical, sólo se resolvería por medio de la abolición de la hacienda y la evolución del ayllú —una evolución natural— hacia las cooperativas socialistas[33].

El gobierno de Leguía no simpatizaba con el socialismo y mucho menos con el comunismo. Pero le interesaba desmantelar el «feudalismo», con el objeto de dar un golpe final al Partido Civilista, que era patrocinado por los terratenientes, y obtener el apoyo de los indios. Leguía abolió oficialmente el yanaconazgo y el enganche, y creó una Oficina de Asuntos Indígenas y un Patronato de la Raza Indígena para que se encargasen de estudiar la forma de resolver los problemas de los indios e hicieran de mediadores en su resolución. Lo que es más importante: en la Constitución de 1920 decretó la existencia de la comunidad india como entidad jurídica: por ende, las aldeas que desearan dar los pasos necesarios para la revalidación podrían recuperar o volver a comprar las tierras expropiadas después de 1893[34]. Sin embargo, ni Leguía ni sus sucesores reconocieron la existencia de las autoridades tradicionales (los antiguos varayok o alcaldes de vara), por lo que los líderes del proceso solían ser agricultores modernizadores locales a quienes interesaba usar las propiedades comunales para ampliar sus propias empresas económicas[35]. Esto ocurría especialmente en la sierra Central de Perú, donde las economías de las aldeas recibieron un fuerte estímulo con la expansión de las comunicaciones en el decenio de 1920, y luego (paradójicamente) con la crisis mundial de los años treinta, debido a la creciente demanda de alimentos en el mercado nacional. Gracias a sus contactos e influencias, estos líderes emergentes a menudo lograban tener acceso a parcelas comunales recuperadas.

Los efectos de las medidas de Leguía tendieron a ser diferentes en la sierra meridional de Perú, donde la comercialización y la diversificación de la agricultura campesina (y de la agricultura en general) fueron mucho más lentas. En las comunidades indias de La Mar (departamento de Ayacucho), la población local averiguó que los pasos burocráticos para revalidar los títulos de propiedad de la tierra eran increíblemente complicados y que tanto la oficina como el patronato eran virtualmente inútiles. Además, tenían que hacer frente a impuestos cada vez más elevados, a trabajos complementarios debido al nuevo reclutamiento forzoso para la construcción de carreteras y a la reanudación del hostigamiento por parte de los gamonales: prácticamente todas las autoridades locales eran miembros de familias hacendadas y veían con malos ojos los intentos indios de reivindicar las propiedades comunales.

Entre 1921 y 1925 estallaron varias rebeliones que provocaron represión y ésta a su vez generó más descontento y violencia. En 1923 tuvo lugar un importante levantamiento indio que fue instigado por abogados de la ciudad de Huamanga. Los rebeldes incendiaron poblaciones y haciendas mestizas, de forma muy parecida a lo que ocurría en las jacqueries bolivianas, pero al final fueron aniquilados por la guardia civil, aunque la agitación general continuó durante varios años[36]. Después de estos episodios violentos, ciertas comunidades de la sierra meridional recuperaron sus antiguas propiedades, o parte de ellas, de las haciendas; pero esta tierra solía ser insuficiente para la subsistencia. Los comuneros tuvieron que alquilar pastizales (pagando a menudo con trabajo) de los grandes terratenientes y volvieron a caer en la dependencia y la subordinación[37]. Por otra parte, muchas comunidades nunca recuperaron sus tierras; al contrario, continuaron perdiéndolas en beneficio de las haciendas, como describió Ciro Alegría en su gran novela testimonial El mundo es ancho y ajeno (1941).

DEL DECENIO DE 1930 AL DE 1960

Durante el período comprendido entre 1930 y 1960 hubo profundos cambios económicos y políticos en América Latina. Los actores políticos oficiales, incluidos los partidos rivales y los agentes burocráticos, trataron de crear un espacio relativamente autónomo por medio de la formación de vínculos con los sectores populares y el control de las organizaciones populares. Las redes de faccionalismo y patronazgo seguían siendo importantes; pero ahora en las negociaciones con las bases había que dar respuestas institucionales a la reivindicación del sufragio universal. Estas negociaciones solían plantear una nueva amenaza para la estructura de la propiedad agraria, por cuanto empezó a percibirse el sistema de latifundios como un obstáculo formidable para la movilidad social de los individuos así como para la formación de un mercado libre de trabajo, productos y medios de producción en el nivel nacional. (En el contexto de la «industrialización de sustitución de importaciones [ISI]», especialmente en el decenio de 1950, la formación del mercado interno parecía una condición necesaria para el desarrollo nacional). Por tanto, en muchos discursos políticos la reforma agraria no sólo se convirtió en una estrategia importantísima para la legitimación del estado —además de en símbolo de la caída de los viejos bloques de poder—, sino que también pasó a ser un proyecto para la modernización de la agricultura, lo cual era una premisa importante para un programa dirigido por el estado que incluiría inversiones públicas en sistemas de riego y transportes, así como la reorganización del crédito y la comercialización. Además, durante el decenio de 1950 el «modelo» de desarrollo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) incluía la instauración de mecanismos niveladores de la renta. Y la reforma agraria ocupaba un lugar primordial entre ellos. Finalmente, a comienzos del decenio de 1960 la Alianza para el Progreso impulsada por Kennedy también dio su aprobación a programas de reparto «no revolucionario» de tierras a los campesinos para frenar el avance del comunismo.

Las alianzas entre actores políticos y grupos populares rurales pasaron a ser viables (al menos de momento) cuando gobiernos y partidos nuevos, generalmente progresistas pero no radicales —del tipo llamado «populista»— obtuvieron el apoyo de grandes sectores de las emergentes burguesía y clases medias enfrentándolas a la oligarquía hacendada. Por otra parte, estas alianzas se frustraban cuando tanto los grupos urbanos industriales como los nuevos actores políticos (incluidos los militares) juzgaban conveniente evitar enfrentamientos con la vieja élite agraria. Así ocurría donde el contexto económico permitía la modernización de la agricultura sin reforma, o sin incorporar al campesinado, como en la expansión de la frontera brasileña. El papel de los inversionistas extranjeros, en particular de los norteamericanos, también podía ser determinante. En América Central, por ejemplo, los capitalistas norteamericanos cuyos intereses estaban en la agricultura, más que en la industria o las finanzas, ejercían presión por medio de su gobierno para evitar cambios agrarios drásticos. Además, en varios casos los Estados Unidos intervinieron abiertamente contra «la amenaza del comunismo» cuando los procesos de cambio social parecían fuera de control.

Los grupos que abogaban por el cambio agrario, incluidos los campesinados, no siempre estaban de acuerdo sobre qué tipo de innovación debía ponerse en práctica, o sobre los medios que había que emplear para ello. Dado que las opciones oscilaban entre las moderadamente reformistas y las radicalmente revolucionarias, las movilizaciones rurales tenían lugar en un contexto de alineaciones y conflictos más amplios que en ciertos casos provocaban una polarización y una violencia extremas. A este respecto, el papel de los emergentes partidos políticos con estrategias agrarias diferentes era importante: ahora las movilizaciones no las encabezaban típicamente caudillos u hombres fuertes (excepto en ciertos casos de la violencia colombiana), sino grupos políticos que aspiraban al reconocimiento nacional y competían por convertirse en portadores de otros proyectos de edificación nacional. Estos grupos tenían que competir tanto con los partidos oligárquicos tradicionales —el liberal, el conservador y sus equivalentes funcionales— como con los nuevos líderes militares nacionalistas. Solían incluir a miembros del estamento militar, pero en ellos predominaba la orientación civil, toda vez que atraían a actores de la sociedad civil: las clases medias urbanas, los trabajadores industriales, los campesinos «integrados». Algunos buscaban identidad institucional en los partidos «europeos» (socialistas, comunistas radicales, democratacristianos), pero los que atraían a las masas (las organizaciones «populistas» que hemos mencionado) eran ideológicamente flexibles e innovadores (aunque tal vez usaran un vocabulario marxista) y, debido a su composición interclasista, alcanzaban o aspiraban a alcanzar una posición de abrumador dominio en relación con otros partidos.

Era a menudo por medio de alianzas con tales partidos que las movilizaciones de las bases podían trascender las reivindicaciones locales y muy concretas y articular estrategias viables a medio o largo plazo. Sin embargo, había una diferencia drástica entre, por un lado, los grupos rurales movilizados del período anterior a la segunda guerra mundial, los cuales (exceptuando las ligas campesinas de México) tenían una identidad orgánica más bien flexible y, por otro lado, los sindicatos y las ligas que brotaron como hongos en toda América Latina en los años cuarenta y cincuenta, ya que estos últimos (especialmente en México, Bolivia y Brasil) con frecuencia lograron crear su estructura y su liderazgo propios y tejer alianzas dentro de las clases y entre clases. Esto no equivale a proponer un tipo de perspectiva leninista en el cual el liderazgo del partido se convierta en condición sine qua non para la acción masiva concentrada. De hecho, los partidos movilizadores eran un instrumento para institucionalizar los esfuerzos conjuntos de las bases y también para controlarlos o incluso desbaratarlos. Así pues, para comprender el resultado histórico de las movilizaciones concretas es necesario analizar las contradicciones internas de las alianzas amplias.

Los dos procesos de populismo agrario que obviamente triunfaron tuvieron lugar en México bajo el presidente Cárdenas a Anales de los años treinta y en Bolivia bajo el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) a principios de los cincuenta. No se trató sólo de un pacto entre la nueva élite política, el campesinado y los trabajadores rurales (mediante partidos amplios que también incorporaban a grupos de clase media y trabajadores industriales, así como a ciertos grupos de la nueva burguesía industrial), sino que, además, se reformaron las instituciones del estado a favor de la población rural. Aunque la vieja clase terrateniente de México había sido mucho más fuerte y más capitalizada que la de Bolivia, su fuerza había mermado a causa tanto del triunfo de los ejércitos revolucionarios como de la depresión de los años treinta, mientras que la oligarquía boliviana no pudo conseguir el apoyo de un ejército dividido con el fin de hacer frente a oleadas simultáneas de descontento de los campesinos y los trabajadores de las minas. En ambos casos reapareció una estructura clientelar que hizo que, de todas maneras, la población rural permaneciese en una posición subordinada. Las primitivas estructuras corporativistas de México eran cada vez más incapaces de responder a las reivindicaciones populares. Resulta significativo que al menos dos de los grupos de oposición rural en gran escala que aparecieron en los años cuarenta y cincuenta nacieran de escisiones en el seno del sector corporativista del partido gobernante.

Otros cuatro intentos de formar alianzas populistas fracasaron: en Colombia, Guatemala, Brasil y Perú. En Colombia y Brasil, donde los campesinados habían decidido participar plenamente en la agricultura comercial sin que ello les hubiese reportado categoría política, las alianzas populistas fracasaron debido a la persistencia de las estructuras de patronazgo oligárquico, a las divisiones en el seno de la izquierda y a la intervención de los militares. En Guatemala una coalición populista estuvo realmente en el poder durante más de un decenio y se puso en práctica un proyecto agrario inspirado en los modelos mexicano y boliviano; pero la alianza entre las clases medias y el campesinado se vio amenazada por la desconfianza basada en las divisiones de castas, el miedo al «comunismo» y, finalmente, por un golpe militar respaldado por los Estados Unidos. En Perú, al igual que en Guatemala y Brasil, la importancia del capital extranjero constituyó una gran ayuda para mantener el lazo entre las élites vieja y nueva y el ejército. Al mismo tiempo, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), uno de los grandes partidos populistas de América Latina, resultó incapaz, no obstante, de ofrecer una opción viable a las masas rurales, cuyo liderazgo surgió finalmente de la extrema izquierda, y del propio ejército.

México

En 1929 Plutarco Elias Calles, el jefe defacto del gobierno posrevolucionario mexicano, creó el Partido Nacional Revolucionario (PNR). El PNR funcionaba como un mecanismo relativamente eficaz para neutralizar a los caudillos y a los individuos que andaban en pos del poder; pero su concepción no previó ninguna manera sistemática de incorporar y controlar a grandes grupos populares excepto por mediación de sus líderes, a quienes sus bases podían repudiar si no se satisfacían las reivindicaciones. En relación con las organizaciones rurales, al principio el PNR no pudo atraer el apoyo masivo de las ligas campesinas. (Durante todo el año 1929 el presidente Emilio Portes Gil confirmó numerosas dotaciones provisionales de tierra que los gobernadores agraristas habían hecho en sus estados durante los años veinte, pero los presidentes títeres del jefe máximo, Ortiz Rubio y Rodríguez, pronto pusieron freno a la política de reparto de tierras). Las ligas se habían unido en el congreso de 1926 y luego se habían escindido en tres facciones principales: una de ellas ingresó en la Confederación Sindical Unitaria, que estaba afiliada al Partido Comunista; otra se convirtió en la independiente Liga de Comunidades Agrarias Úrsulo Galván; y la tercera permaneció dentro del PNR. En 1931 una reunificación de las antiguas ligas cristalizó en la creación de la Confederación Campesina de México (CCM), que quedó vinculada a figuras progresistas del PNR, y luego adquirió una dimensión masiva como partidaria de la candidatura presidencial de Lázaro Cárdenas. En 1938 Cárdenas transformó el PNR en el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), que pretendía ser un partido de masas organizadas. Poco después la CCM dio paso a la Confederación Nacional Campesina (CNC), cuya función principal era articular los ejidos con el PRM: cada ejidatario se convirtió por ley en miembro de la CNC y, por ende, en miembro del partido.

Con el propósito de atraer a lo que quedaba de las ligas campesinas, Cárdenas adoptó una política de reparto de tierras en masa a los comités aldeanos. Además, durante su larga campaña presidencial, que le había llevado incluso a las regiones más aisladas, tuvo la oportunidad de ver personalmente la situación desesperada en que se encontraban los asalariados rurales —situación doblemente critica a causa del paro y de la explotación después del crac de 1929— y fomentó su organización, por medio tanto de la CCM como de su leal brazo obrero: la Confederación de Trabajadores de México (CTM), creada en 1936. De 1933 a 1937 favoreció la agitación, la formación de sindicatos y las huelgas entre los trabajadores de los latifundios más modernizados: en los arrozales y los campos de algodón de la «tierra caliente» de Michoacán y la región de La Laguna en Coahuila; en las plantaciones de caña de azúcar de Morelos (Zacatepec), Puebla, Tamaulipas (El Mante) y Sinaloa (Los Mochis); en el reino del henequén en Yucatán; y en las ricas zonas productoras de cereales y legumbres de Mexicali en la Baja California y el valle de Yaqui en Sonora. Probablemente la huelga más espectacular fue la que protagonizaron los cultivadores de algodón de las plantaciones de La Laguna, contra los cuales los plantadores enviaron a sus vigilantes armados e incluso contaron con el apoyo del ejército. Cuando el presidente Cárdenas intervino personalmente el conflicto se resolvió a favor de los trabajadores, lo cual dio nuevo ímpetu a la movilización en otras haciendas modernizadas[38]. Además, los trabajadores de estas zonas empezaron a ocupar tierras, ya que la nueva Ley Agraria les incluía por primera vez entre las personas que tenían derecho a pedir tierra. Al final se convirtieron en ejidatarios agrupados en organizaciones cooperativas[39]. Otro cambio jurídico impulsado por Cárdenas permitió crear ejidos colectivos, subvirtiendo así el proyecto de Calles de favorecer las unidades familiares discretas. Esta fue la forma que adoptó la mayoría de las plantaciones expropiadas; en, por ejemplo, La Laguna, la «tierra caliente» de Michoacán y Yucatán.

Durante su mandato, el presidente Cárdenas repartió más de 18.000.000 hectáreas a más de un millón de familias. No es extraño, pues, que pudiera movilizar el apoyo de las masas rurales en los momentos críticos: cuando se enfrentó abiertamente con Calles y le desterró en 1936 y cuando expropió las compañías petroleras extranjeras en 1938. Además, Cárdenas sostenía que había que dar armas a los ejidatarios cuando corrieran peligro de que los atacasen las guardias blancas y los caciques hostiles, de manera que ordenó la distribución de por lo menos 60.000 fusiles a los campesinos de zonas estratégicas, organizados en brigadas montadas[40].

La estrategia del reparto masivo de tierra también tenía por fin estimular el desarrollo del mercado nacional. Los precios del algodón, el henequén y el azúcar habían sufrido una fuerte caída a principios del decenio de 1930 y probablemente muchas haciendas e industrias de transformación hubieran desaparecido de todos modos. (Es significativo que la tierra dedicada a la ganadería, negocio de prosperidad ininterrumpida, no fuera objeto de expropiaciones masivas). Pero al empezar la segunda guerra mundial, el mercado internacional dio señales de recuperación y el programa de reparto agrario se hizo más lento. Al mismo tiempo, el gobierno era consciente de la necesidad de una política de reconciliación nacional, en el contexto de unas inminentes elecciones presidenciales en 1940 y una posible entrada en la guerra en alianza con los Estados Unidos. Así pues, en muchos casos los ejidatarios se encontraron ante un sector agrícola y agroindustrial privado que se estaba recuperando y que, como en el caso de la refinería de azúcar de Atencingo, en el estado de Puebla, volvería a ocupar su posición de superioridad en relación con el campesinado: una superioridad que ya no se basaría en el control de inmensas extensiones de tierra, sino en la gestión del riego, la tecnología y el crédito, y las alianzas con políticos y caciques[41]. Además, debido a la escasez o la falta de crédito y ayuda tecnológica del gobierno para una proporción considerable de ejidatarios (esto es, los que no producían para exportar), éstos eran fácilmente víctimas del capital privado, ya que la única posibilidad de salir de la pobreza era emigrar a las ciudades o a los Estados Unidos. Por ejemplo, en la antaño próspera región productora de caña de azúcar y cereales de Yautepec-Cuautla (Morelos), la pobreza y la corrupción habían convertido a incontables ejidatarios en emigrantes cíclicos, por lo que se alegraron mucho de depender otra vez de las refinerías de azúcar, que volvieron a abrirse después de 1940[42]. El descontento reprimido y las rivalidades entre los caciques locales y los aspirantes a líderes dieron lugar a muchas movilizaciones en pequeña escala, de las cuales quizá la que recibió más publicidad fue la llamada «bola chiquita» en los estados de Puebla y Morelos, donde la ira que causó el fracaso de los ejidos se mezcló con la desconfianza que inspiraba la nueva política de reclutamiento militar universal y los rumores de que estaban enviando a los jóvenes a luchar a favor de los gringos[43].

Había, sin embargo, una gran organización que convocó movilizaciones masivas contra el gobierno. Fundada en 1937 por abogados católicos de clase media e inclinaciones populistas, la Unión Nacional Sinarquista (UNS), llamada así porque pretendía representar lo contrario de la anarquía, se jactaba de tener 900.000 afiliados a mediados de los años cuarenta (aunque tal vez 500.000 sea una cifra más realista). La mayoría de sus afiliados procedían de las zonas rurales de la región centro-occidente de México, donde también el movimiento de los cristeros había encontrado más apoyo que en cualquier otro lugar. Al igual que los cristeros, los sinarquistas se oponían a las leyes contra la Iglesia y contra la religión que promulgara la revolución, pero su programa también contenía una crítica feroz de la corrupción gubernamental —que se manifestaba por medio del súbito y escandaloso enriquecimiento de la mayoría de los políticos— y del fracaso del ejido como solución de la pobreza rural. Uno de las consignas más eficaces de los sinarquistas decía: «Ejidatario, la Revolución te ha traicionado»[44]. Significativamente, los semilleros de sinarquismo tales como los Altos de Jalisco, Aguascalientes, la sierra meridional de Michoacán y el Bajío se caracterizaban por el predominio de fincas privadas medianas y pequeñas que ya existían antes de la revolución. Como la población india siempre había sido escasa, la tradición de propiedades comunales era débil en estas regiones. A causa de ello, la reforma agraria no había sido una reivindicación popular, sino que con frecuencia se había impuesto desde arriba. Los sinarquistas no estaban a favor de la devolución de las haciendas, pero afirmaban que los ejidos debían convertirse en propiedades privadas y que los ejidatarios no debían estar sometidos al control del PRM. Su estructura centralizada, jerárquica y militarista permitía a la UNS convocar a decenas de miles de personas en unos días: de ahí el carácter multitudinario de sus manifestaciones, que inquietaban al PRM, en ciudades tales como León y Morelia[45].

Al subordinar las ligas campesinas a la estructura burocrática del partido revolucionario gobernante, Lázaro Cárdenas había sembrado las semillas del autoritarismo. Después de Cárdenas se hizo evidente que el gobierno estaba utilizando a las distintas organizaciones de masas para los campesinos (CNC) y los trabajadores industriales urbanos (CTM), no para responder a las reivindicaciones populares, sino más bien para manipularlas e incluso reprimirlas. Pero dado que el número de problemas rurales era muy grande, las reivindicaciones y las protestas se multiplicaban sin cesar. Examinaremos tres importantes movilizaciones contra el gobierno que hubo en el campo mexicano en los años cuarenta y cincuenta: las protestas organizadas por la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), el «jaramillismo» y el activismo de la Central Campesina Independiente (CCI).

El presidente Ávila Camacho (1940-1946) proclamó la necesidad de sustituir el reparto de tierras productivas por la colonización de terrenos no explotados, especialmente en las zonas costeras, en lo que se llamó «la marcha al mar». El ritmo del reparto de tierras disminuyó de modo significativo. Bajo el presidente Miguel Alemán (1946-1952) se desmantelaron varias sociedades colectivas de ejidos, alegando una ineficiencia y una corrupción reales o supuestas (hay que reconocer que en muchos casos los ejidatarios recibieron con entusiasmo el proceso de descolectivización)[46]. Tanto Ávila Camacho como Alemán buscaron inversiones capitalistas para la industria y la agricultura: promulgaron nuevos decretos y reformas constitucionales para proteger de la expropiación a los grandes productores de una selección de cultivos clave y a los criadores de ganado. Bajo Alemán el Congreso aprobó la Ley del Amparo Agrario, que permitía al tribunal supremo poner en entredicho todos los ejemplos decisivos de expropiación de tierras (incluidas las que hiciera el propio presidente de la república). Hasta la CNC proclamó que era necesario que el «capitalismo democrático» arraigase en la agricultura mexicana[47]. Esto no significó que la expansión del ejido sencillamente se detuviera. Los campos pertenecientes a ejidos representaron casi el 60 por 100 del espectacular incremento de la tierra cultivada entre 1940 y 1960 —de aproximadamente cuatro millones a catorce millones de hectáreas—, pero era frecuente que la mejor tierra siguiese en manos privadas. Sucedió también que tanto las inversiones privadas como las públicas beneficiaron abrumadoramente a los productores privados en términos de sistemas de riego, carreteras, ayuda técnica y crédito. Por ejemplo, la parte del león de los planes de riego y comunicaciones en los años cincuenta fue para las propiedades privadas en los estados de Sonora y Sinaloa, en el noroeste, que producían para el mercado norteamericano[48]. En todo caso, el resultado fue una marcada polarización entre los sectores «moderno» y «campesino», en la cual este último proporcionaba maíz barato para sus familias y cierto excedente para venderlo en las ciudades, además de mano de obra barata y estacional para las granjas capitalizadas, así en México como en los Estados Unidos. Se ha dado a esta situación el nombre de «neolatifundismo»: se sigue explotando al campesino, pero los explotadores no son hacendados feudales, sino empresarios modernos, gracias a un ingenioso sistema de control que hace que el campesino se sienta agradecido a un estado manipulador[49].

En 1948 Vicente Lombardo Toledano, abogado y organizador obrero marxista, fue expulsado de la CTM y luego del PRI (el antiguo PRM). Lombardo (quizá con la aprobación de Cárdenas) creó un nuevo partido de oposición, el Partido Popular (PP) (que después se llamaría Partido Popular Socialista [PPS]), que atrajo a trabajadores rurales y ejidatarios, principalmente en los campos de caña de azúcar y las refinerías y en las zonas productoras de algodón. En 1949 Lombardo fundó la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), que al principio se jactaba de contar con el apoyo de más de 30.000 afiliados, entre los cuales estaba la poderosa Unión de Sociedades de Crédito Colectivo Ejidal de la región de La Laguna, donde la popularidad de Cárdenas había sido más fuerte que en otras zonas. Los objetivos de la UGOCM eran ambiciosos: restaurar la orientación radical del gobierno revolucionario librando las organizaciones populares del control del PRI. Sin embargo, el gobierno de Alemán pronto ideó mecanismos jurídicos para debilitar la nueva federación: por ejemplo, el Ministerio de Trabajo no reconoció la UGOCM como mediador legítimo en la negociación de contratos laborales. Más adelante, bajo la presidencia de Ruiz Cortines (1952-1958), el Congreso cambió la Ley de Crédito Rural para prohibir el funcionamiento de las Sociedades de Crédito Ejidal. Además, los líderes y las organizaciones persistentes de la UGOCM fueron objeto de una represión constante: por ejemplo, en Michoacán.

Pero la UGOCM continuó su campaña en Sinaloa y Sonora, donde la concentración de capital en la agricultura era más fuerte que en ninguna otra parte. En 1957 la UGOCM organizó un mitin masivo en Los Mochis (emplazamiento de una gran refinería de azúcar donde poco antes se había disuelto la sociedad local de ejidos colectivos). De 1958 a 1960 Jacinto López, prominente ex líder de la CNC que se afilió a la UGOCM, capitaneó la ocupación de tierras por parte de miles de campesinos sin tierra y trabajadores eventuales del campo, en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit y Colima (a causa de lo cual pasó dos o tres temporadas en la cárcel). Aunque en todas las ocasiones los ocupantes ilegales fueron expulsados y disueltos rápidamente por el ejército, las ocupaciones tuvieron un importante valor simbólico y, de hecho, un puñado de propiedades (principalmente las que estaban en manos de extranjeros) acabaron convertidas en ejidos.

El jaramillismo —el nombre se deriva de su líder, Rubén Jaramillo— reunió el apoyo unitario de proletarios rurales, ejidatarios y trabajadores industriales en las zonas productoras de azúcar de Morelos y Puebla, para protestar por el mal funcionamiento del sistema agrario posrevolucionario. En sus años jóvenes Rubén Jaramillo se había alistado en los ejércitos de Zapata. Durante el decenio de 1920 fue organizador de ejidos y luego miembro de una logia masónica, donde adquirió ideas radicales y conoció a seguidores de Cárdenas (que también era masón). Más adelante, al convertirse al metodismo, sintió que tenía una misión y un profundo compromiso con la lucha contra la injusticia. En 1938 le eligieron delegado de la CNC en las zonas productoras de caña de azúcar y arroz de Tlalquiltenango y Jojutla y organizó reivindicaciones para pedir la creación de una refinería cooperativa de azúcar, que se fundó en Zacatepec. Pero, después de 1940, Jaramillo se convirtió en la voz de la protesta contra la corrupta dirección de la refinería, que se había convertido en un botín político para los amigos del presidente Ávila Camacho. En 1943 capitaneó a un grupo de hombres armados que se apoderó de campos y oficinas y los retuvo en su poder hasta que se pagaron a los campesinos los créditos atrasados. En 1944 su grupo fundó el Partido Agrario Obrero de Morelos, que apoyó a Jaramillo en su fallido intento de ser elegido gobernador en 1946. Después de 1947 Porfirio Jaramillo, hermano de Rubén, dirigió una cooperativa en la refinería de Atencingo (no muy lejos de Zacatepec) que recibió apoyo de los grupos armados de Rubén en sus enfrentamientos con la dirección y las autoridades[50]. En 1951-1952 estos grupos volvieron a movilizarse para protestar contra nuevos impuestos estatales que se pretendía que las zonas rurales pagasen en beneficio de las ciudades, así como contra las estratagemas que empleaba la dirección de la refinería para obligar a los ejidatarios a arrendar sus parcelas a empresarios privados. Durante todo el año 1952 Jaramillo, junto con muchos grupos de campesinos que pedían tierra, se unió al Partido Henriquista, facción disidente del PRI al frente de la cual estaba el candidato presidencial de la oposición, Miguel Henríquez Guzmán. El henriquismo —la coalición que se formó en torno a la candidatura de Henríquez y que, al parecer, tenía el consentimiento de Cárdenas— hubiera podido llegar a ser una expresión institucionalizada, de alcance nacional, de los ideales de Jaramillo, pero fue reprimido y disuelto. Durante todo el decenio de 1950, en particular después de que Porfirio Jaramillo fuera asesinado en 1953, Lázaro Cárdenas en persona trató de mediar entre el gobierno y Rubén. Éste aceptó la amnistía que le ofreció el presidente López Mateos en 1959; pero más adelante, en 1961-1962, encabezó una nueva movilización en la que se cortaron carreteras y ocuparon fincas cuando una extensión de tierra que ya había sido colonizada por ejidatarios fue reprivatizada como parte de un plan relacionado con el turismo. En mayo de 1962 Rubén Jaramillo, junto con su esposa, que estaba embarazada, y dos hijastras, fue capturado y muerto por unos soldados (que, al parecer, actuaban sin autorización)[51]. Debido a su carácter regional y a que su liderazgo estaba muy personalizado, el jaramillismo era especialmente vulnerable a la represión, que probablemente habría llegado antes si Cárdenas no hubiese protegido a Jaramillo.

En 1959 tuvo lugar la fundación de la Central Campesina Independiente (CCI) por parte de otro líder carismático, Alfonso Garzón, antiguo jefe de la CNC para el estado de Baja California. Garzón representaba el descontento de los ejidatarios cuyas cosechas se habían echado a perder a causa de la salinidad del río Colorado y cuyas peticiones no habían sido atendidas por el gobierno ni la CNC. La CCI atrajo a otros grupos campesinos también, entre ellos los encabezados por Ramón Danzós Palomino, ex maestro rural y miembro del Partido Comunista, en Sonora y La Laguna. Dos de sus objetivos eran concluir el reparto agrario y democratizar las organizaciones rurales. Estos objetivos contaban con el apoyo de una coalición nacional de organizaciones izquierdistas que, en 1961, bajo el liderazgo de Lázaro Cárdenas, tomó el nombre de Movimiento de Liberación Nacional. Sin embargo, la coalición nunca llegó a consolidarse y el propio Cárdenas la disolvió antes de que transcurriese un año. En 1963-1964 los grupos de la CCI se unieron al Frente Electoral del Pueblo, que organizó varias manifestaciones espectaculares contra el PRI y en apoyo de sus propios candidatos a la presidencia y a varias alcaldías y varios escaños en el Congreso federal. Poco después la CCI se escindió en dos: una parte, encabezada por Garzón, se hizo aliada del PRI y pasó a dominar la Baja California; la otra, que era de orientación comunista y a cuyo frente estaba Danzós, continuó la agitación contra el PRI y la CNC en Sonora, La Laguna y Puebla. El gobierno recurrió a la represión pura y simple para frenar el crecimiento de la facción independiente, pero nunca logró destruirla.

Colombia

Al igual que en otras zonas de la región andina, la historia de las haciendas colombianas durante todo el período colonial y los primeros años de la independencia fue una historia de usurpación de tierras indias y de subordinación de los trabajadores procedentes de las comunidades de las tierras altas. Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XIX la creciente demanda de cosechas comerciales —sobre todo de café— ocasionó un proceso de colonización intensiva de las laderas de las montañas y los valles centrooccidentales. El proceso significó la ocupación de más tierra, comunal pero principalmente desocupada y pública; grandes movimientos de población; la construcción de carreteras y ferrocarriles; la mecanización de la producción; y la dislocación general de la sociedad. En las zonas productoras de café los terrazgueros y los colonos que habían quedado incorporados por completo en la economía de mercado protagonizaron actos aislados de resistencia y protesta contra la expansión de las haciendas y los comerciantes monopolizadores. En ciertas zonas indias, tales como Nariño, Cauca del Norte y Tolima del Sur, surgieron organizaciones comunales, entre las que destacaba la encabezada por Manuel Quintín Lame en Cauca, que exigían la autonomía política y la devolución del «resguardo» (tierra patrimonial)[52].

Durante los primeros decenios del siglo XX las dos maquinarias tradicionales de patronazgo dominadas por la élite, el Partido Liberal y el Partido Conservador, compitieron con encono por la hegemonía. El Partido Socialista Revolucionario se fundó en 1927 y luego se transformó en el Partido Comunista, que desde el comienzo tuvo vínculos con las zonas rurales: anteriormente, algunos de sus fundadores habían sido miembros del movimiento de los indios de Cauca. Después de que los conservadores demostraran que eran incapaces de poner coto a la creciente oleada de huelgas salvo recurriendo a la fuerza bruta —como en los casos de la represión de los trabajadores de la Tropical Oil en 1927 y la matanza de trabajadores de la United Fruit en 1928—, los liberales se hicieron con el control de la presidencia y el Congreso de 1930 a 1946. Intentaron poner en práctica un proyecto de reforma social con el fin de frenar la influencia comunista y granjearse el apoyo popular de las florecientes organizaciones de trabajadores, así rurales como urbanos. Mientras que los industriales colombianos veían con simpatía el proyecto liberal, los terratenientes manifestaron un creciente malestar, en particular después de que se crearan nuevos impuestos para las grandes fincas y el Congreso aprobara una ley de reforma agraria —la Ley 100 de 1936— que permitía a los colonos (terrazgueros y aparceros) reivindicar como propia la tierra que cultivaban, siempre y cuando dicha tierra no hubiera sido inscrita oficialmente en el registro por otro propietario. La ley significaba que habría complicaciones, ya que mucha tierra de las haciendas que antes estaba desocupada se encontraba ahora en propiedad de facto pero sin título[53]. Sin embargo, una regulación de 1938 dio a los propietarios de facto la posibilidad de inscribir su tierra para evitar que se la expropiaran, lo cual fue recibido como una provocación por los grupos campesinos activistas.

Al final estas reformas chocaron con oposición dentro del propio Partido Liberal, que se escindió en dos facciones: los tradicionalistas y los populistas. Estos últimos encontraron un líder carismático en Jorge Eliécer Gaitán, que, aunque al principio fue atacado por la izquierda, que lo tachó de «fascista», a mediados del decenio de 1940 logró crear una convergencia de fuerzas populares: la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR). El resto de la historia es muy conocido: los conservadores ganaron las elecciones presidenciales de 1946; las reformas sociales moderadas de los liberales fueron anuladas (por ejemplo, se declararon ilegales muchas de las ventas de haciendas a colonos); estallaron conflictos declarados en las ciudades y las aldeas; Gaitán se puso al frente de un movimiento de protesta y fue asesinado; en 1948 una muchedumbre enfurecida saqueó la capital de la nación (el «bogotazo»); entre 1946 y 1966, el período conocido por el nombre de «la violencia», más de 200.000 personas murieron de forma violenta, a menudo espantosa, principalmente en las zonas rurales[54]. En los años cuarenta y cincuenta, a pesar de la Ley 100, el 50 por 100 de la población rural carecía de tierra. En 1954, año en que se efectuó el primer reconocimiento agrario exhaustivo en Colombia, el 55 por 100 de los propietarios de tierra eran minifundistas que cultivaban parcelas de dos hectáreas como máximo que en conjunto equivalían a sólo el 3,5 por 100 del total de tierra cultivada; y el 35 por 100 eran propietarios medianos con una parcela media de 15 hectáreas, lo que suponía el 20 por 100 de la tierra cultivada. En cambio, las haciendas de 100 o más hectáreas representaban el 10 por 100 de los propietarios de tierra y el 76,5 por 100 de la tierra cultivada. De éstas, las haciendas más extensas, que solían estar dedicadas a la ganadería y usaban técnicas tradicionales para la producción y el control de la mano de obra, se encontraban en su mayor parte situadas en la costa, en los Llanos del este y en las tierras altas de los Andes. Las haciendas modernizadas eran más pequeñas y utilizaban mano de obra asalariada: las situadas en las regiones occidentales de Valle, Cauca, Tolima y Córdoba cultivaban caña de azúcar, algodón o arroz, mientras que el café era el producto principal en Cundinamarca y en zonas de Tolima y Cauca. Las propiedades medianas predominaban en la mayoría de las zonas cafetaleras de Caldas, Antioquía, Quindío, pero no en Cundinamarca, donde también se encontraban haciendas y minifundios, aunque estos últimos estaban dedicados más frecuentemente a las cosechas de subsistencia[55].

Había varios tipos claramente definidos de situaciones que generaban violencia rural. Al primero se le ha dado el nombre de «la venganza de los hacendados» contra los campesinos que antes habían ocupado latifundios o reivindicado terrenos desocupados e intentado lanzar un desafío a la dominación de la clase terrateniente[56]. A menudo esta venganza estaba entrelazada con divisiones partidistas… entre liberales y conservadores. El segundo tipo, que era frecuente en las zonas donde había propiedades medianas y pequeñas, estaba relacionado con las rivalidades entre familias y aldeas por la tenencia de la tierra y el control político. El tercer tipo se encontraba en las zonas donde los principales terratenientes y patronos habían huido, dejando a sus clientes envueltos en disputas interminables e irresolubles por los recursos económicos y políticos. Finalmente, un cuarto tipo definido de forma menos clara ocurría cuando hacendados liberales rebeldes (por ejemplo en los Llanos Orientales) reunían a sus trabajadores para atacar a las autoridades conservadoras y a sus aliados. Consecuencia frecuente de todas estas situaciones generativas en el nivel local era la aparición del bandidaje y de guerrillas partidistas. El resultado global era una guerra civil dentro de las clases y entre clases, una guerra civil que se perpetuaba a sí misma pero tenía un carácter muy fragmentario[57].

El caso del municipio de Chaparral, en el sur de Tolima, estudiado por Medófilo Medina, es un buen ejemplo del tipo de violencia clasista llamado «la venganza de los hacendados»[58]. Antes de 1880 las haciendas ganaderas habían dominado esta zona, pero la subida de los precios del café empujó a las antiguas fincas a dedicarse al cultivo de dicho producto y también fue causa de la incorporación de tierra no escriturada en las laderas orientales de la cordillera Central, principalmente por medio del trabajo de colonos recién llegados. Muchos de estos colonos llegaron en los años veinte y treinta procedentes de comunidades indias a las que habían desposeído de sus tierras de resguardo y algunos de ellos habían estado relacionados con el movimiento comunal-agrario indio encabezado por Manuel Quintín Lame en Cauca[59]. En Chaparral los terratenientes daban por sentado que las parcelas recién explotadas les pertenecían y controlaban a los colonos monopolizando la comercialización del producto. Entre 1932 y 1942 la producción de café en el municipio se multiplicó por dos. Después de 1936 se crearon varias ligas y sindicatos cuyos promotores eran maestros de escuela y colonos o trabajadores rurales vinculados al Partido Liberal o al Partido Comunista, o a la UNIR de Gaitán. Estas organizaciones protestaron y amenazaron con declararse en huelga contra los terratenientes que hicieran trampas al pesar el café. Pero los sindicatos también alentaron a los colonos a aprovechar la Ley Agraria de 1936 y solicitar títulos de propiedad de la tierra que cultivaban. Durante los años siguientes las autoridades agrarias nacionales (el Juzgado de Tierras) adjudicaron 1.500 títulos de parcelas a colonos; pero los títulos eran impugnados inmediatamente por los terratenientes, que renovaron su ardiente lealtad a los conservadores y contaban con el apoyo de los jueces locales, que a menudo eran parientes, amigos o clientes suyos. Entre otras represalias que se tomaban contra los activistas sindicales cabe señalar la denegación (por parte de altos empleados bancarios) de empréstitos para el cultivo y el retraso del pago de sus productos. Además, los hacendados organizaron bandas de vigilantes armados que expulsaban a los colonos rebeldes de sus parcelas y obligaban a los peones a volver a sus puestos de trabajo en la producción de café en las haciendas. Las autoridades utilizaron una antigua Ley de Vagos y Maleantes para meter en la cárcel a los trabajadores reacios.

Durante todo el decenio de 1940 Chaparral fue escenario de un enfrentamiento declarado entre clases, en particular después de la derrota de los liberales en 1946, cuando, por un lado, los terratenientes tuvieron la sensación de que nadie podía castigarles y, por otro lado, las ligas y los sindicatos decidieron responder al hostigamiento con la fuerza. Después de las elecciones nacionales de 1949 —en las cuales los conservadores mantuvieron el poder— las fuerzas de policía locales pasaron a depender directamente de las autoridades nacionales; esta nueva policía tomó por asalto varias veredas (aldeas) en diciembre de 1949, incendiando veintiocho casas, encarcelando a mucha gente y asesinando a ocho hombres que habían hecho públicamente campaña a favor de los liberales. Pero, en abril de 1950, un levantamiento liberal en pequeña escala en el municipio liberó a todos los prisioneros. Mientras tanto, los líderes sindicales habían organizado grupos de autodefensa. Uno de estos líderes, Isauro Yossa, mantenía vínculos con el Partido Comunista de Bogotá, que proporcionó armas de fuego e instrucción militar. Con el refuerzo que le prestaron familias liberales y campesinos acosados, Yossa fundó un batallón que sostenía frecuentes enfrentamientos con la policía y el ejército y que acabó refugiándose en las montañas, donde en 1951 se estableció un campamento de guerrilleros en el distrito de El Davis.

Sin embargo, El Davis se convirtió en objeto del odio de los terratenientes liberales de los alrededores. En el nivel nacional, el Partido Liberal repudió a aquellos afiliados suyos que, aliados con los comunistas, se habían embarcado en una franca lucha de clases. Sin embargo, incluso algunos de los comunistas de Bogotá denunciaron públicamente la actuación de la guerrilla porque era un obstáculo para la negociación política. Después de 1952 el ejército colombiano se volvió más eficiente gracias al asesoramiento técnico y las armas más modernas que proporcionaron los Estados Unidos y mantuvo El Davis en estado de sitio. En 1953 El Davis tocó a su fin. Mientras que muchos guerrilleros huyeron a zonas más lejanas y se hicieron bandidos o se unieron a nuevos grupos rebeldes, otros aceptaron las condiciones de la amnistía que les ofreció el nuevo gobierno militar. Algunos de estos últimos pasaron a colaborar con el ejército. Pero numerosos supervivientes se pusieron a las órdenes del Partido Comunista.

Los tipos segundo y tercero de violencia eran comunes en algunas de las principales zonas productoras de café —partes de Cundinamarca, Tolima y El Quindío— donde el período de colonización había sido testigo de un fenómeno paradójico: dentro de las tierras de las haciendas se produjo un fortalecimiento de las formas campesinas de producción y con el tiempo apareció un campesinado diferenciado, en el que había terrazgueros que se convirtieron en empresarios en pequeña escala, agregados (intermediarios) que contrataban mano de obra para desbrozar terrenos con el fin de dedicarlos al cultivo de café y aparceros-peones estacionales[60]. En tales zonas fueron los emergentes campesinos ricos, y no los sindicatos o las ligas de campesinos, quienes impugnaron la legitimidad de la ocupación de tierras desocupadas por parte de las haciendas; pero estos nuevos empresarios estaban divididos por múltiples rivalidades económicas y lealtades partidistas. Además, no les interesaba defender al campesinado menos afortunado, que proporcionaba mano de obra barata.

La pauta de acontecimientos en el departamento de El Quindío, que ha sido estudiada por Carlos Enrique Ortiz, ilustra el carácter provinciano y las alianzas entrecruzadas de la violencia en esta región. Al estallar el conflicto, el poder local residía en los terratenientes, liberales o conservadores, que mantenían extensas redes clientelares. Las personas de una localidad determinada dependían unas de otras en lo que se refería a prestar servicios, velar por la ley y el orden y mantener los cultos religiosos del lugar. La lealtad a un partido u otro dependía principalmente de dónde hubieras nacido. En la vida cotidiana estas lealtades arraigadas eran más importantes que las divisiones clasistas.

A falta de hacendados, que habían huido de la inestabilidad, los principales beneficiarios de la violencia en El Quindío fueron los agregados o terrazgueros ricos. Quedaron al frente de inmensas propiedades y trataban directamente con los fonderos (comerciantes en café) establecidos en las poblaciones pequeñas. Estos comerciantes también se beneficiaron de la gran cantidad de dinero que circulaba a resultas de la falta de control por parte de los terratenientes, así como del hecho de que estaban comprando café robado en las plantaciones abandonadas. La antigua pauta clientelista se reprodujo bajo el nuevo liderazgo de los agregados y los fonderos, que utilizaban sus «pájaros» (séquitos armados) como bandas de ladrones en las plantaciones y factores del control político rural y de la venganza sanguinaria. En este contexto, la ofensiva contra los liberales después de 1946 y la respuesta a la misma no tuvieron un claro enfoque clasista. Eran los jornaleros, independientemente de su afiliación política, sus víctimas más frecuentes, aunque los supervivientes gozaban de salarios más altos que los de antes. Por otra parte, había también choques locales entre empresarios liberales y conservadores que competían por obtener tierra, control comercial e influencia política. La religión parecía ser un factor más importante que la clase y el clero aprovechó la oportunidad para emprender una cruzada y predicar contra los liberales. Después de 1950 grupos de liberales perseguidos huyeron a las alturas de la sierra, formaron guerrillas e hicieron una solitaria guerra de bandidaje; pero no tenían ningún proyecto político de redistribución o reforma agraria que ofrecer. Luchaban por la restauración del statu quo, por el retomo de sus tierras y sus antiguos patronos[61].

No alivió la situación de violencia la actitud del presidente Laureano Gómez (1949-1952), que quería arrancar de raíz todas las posibles influencias liberales e izquierdistas. Ante la perspectiva de que la nación se disolviera, el ejército decidió apoyar al general Rojas Pinilla (1953-1957), que cortejó a los sindicatos y recurrió a una estrategia de reconciliación. La estrategia distó mucho de dar buenos resultados: en 1954 el ejército mató a estudiantes que protestaban en el centro de Bogotá y reanudó la persecución de campesinos. Además, Rojas Pinilla despertó la animosidad de la burguesía, y en particular del siempre poderoso sector cafetalero, al tratar de poner freno a la inflación por medio de impuestos sobre las exportaciones. También fracasó en su intento de crear una especie de versión colombiana del peronismo, toda vez que su manipulada «reelección» en 1957 fue repudiada universalmente. Entonces pareció que la única alianza posible era entre las alas moderadas de los dos partidos —el Liberal y el Conservador—, que formaron un gobierno conjunto que duró de 1958 a 1962. En este último año un vástago liberal, Alfonso López Michelsen, ganó las elecciones presidenciales, no como tradicional candidato liberal, sino como supuesto populista. Sin embargo, López Michelsen y su Movimiento Liberal Revolucionario no lograron unir a las fuerzas moderadas y populares. Como veremos, su gobierno tuvo que hacer frente a la guerra de guerrillas, que él y sus sucesores sólo pudieron resolver mediante la represión militar declarada.

Guatemala

En 1945 veintidós familias poseían la mitad de la tierra cultivable de Guatemala. La mayor parte del resto pertenecía a 300.000 campesinos, la mayoría de ellos miembros de comunidades indias, pero había también un número significativo de pequeños agricultores independientes que eran ladinos (no indios). Los grandes latifundios producían principalmente café en las tierras altas y plátanos en las tierras bajas de la costa para el mercado mundial y utilizaban tanto mano de obra permanente como temporera, esta última procedente de las comunidades indias. El presidente Juan José Arévalo, que había sido elegido democráticamente en diciembre de 1944 después de catorce años de dictadura, declaró que tenía intención de poner en marcha un proceso de reforma social. Su gobierno, en el que predominaba la clase media, preparó un proyecto de reforma agraria, aunque sin mostrar grandes deseos de ponerlo en práctica. El sucesor de Arévalo, Jacobo Arbenz, fomentó la propagación de sindicatos urbanos y rurales y llevó el decreto de Reforma Agraria al Congreso, donde fue aprobado en 1952. Su objetivo principal era expropiar y redistribuir los latifundios cuya extensión superase las noventa hectáreas, en particular los que permanecieran improductivos o no se estuvieran cultivando adecuadamente. El escenario de sus primeros experimentos fue el departamento de Escuintla, el más rico del país, donde la United Fruit Company tenía importantes intereses. En las aldeas de todos los departamentos se crearon comités agrarios locales siguiendo el modelo mexicano. En las comunidades indias estos comités, junto con las delegaciones de los partidos políticos y las ligas campesinas, se convirtieron en importantes focos de cambio social.

De 1952 a 1954 casi 500 fincas y plantaciones se vieron legalmente afectadas y se expropiaron casi 700.000 hectáreas para redistribuirlas (de las cuales 300.000 le fueron expropiadas a la United Fruit Company). Pero en 1954 una revuelta militar financiada por la United Fruit Company e instigada por el Departamento de Estado norteamericano y la CIA puso fin a la administración Arbenz y entregó el poder a un grupo de oficiales del ejército cuya tarea principal fue desmantelar las reformas hechas en los años anteriores y reprimir y asesinar a quienes las apoyaran[62].

Aunque en los años veinte y treinta existían algunos sindicatos rurales que desempeñaron un papel importante en varios levantamientos (como el que tuvo lugar en Suchitepéquez), la dictadura de Ubico prácticamente los había abolido. Recuperaron su estatuto jurídico gracias a la Constitución de 1945 y luego al Código del Trabajo de Arévalo de 1947 (reforzado por un decreto de 1949 que eliminó todas las restricciones que pesaban sobre los sindicatos rurales). Los sindicatos organizaron varias huelgas importantes: dos ejemplos famosos fueron las que en 1948-1949 hubo en las plantaciones de la United Fruit en Tiquisate y Bananera. En 1954 existían varios cientos de «sindicatos de finca» (sindicatos de peones) y «sindicatos campesinos» (ligas campesinas o asociaciones de pequeños agricultores independientes). A su vez, estos sindicatos pasaron a estar dominados por dos grandes federaciones nacionales: la Confederación General de Trabajadores de Guatemala (CGTG) y la Confederación Nacional Campesina de Guatemala (CNCG), que conjuntamente monopolizaban la representación popular durante el gobierno de Arbenz[63]. Al igual que en otras organizaciones de trabajadores del país, en ambas, y en particular en la CGTC, influía mucho el Partido Comunista, que fue legalizado en 1949. Sin embargo, algunos sindicatos de finca mostraban un alto grado de iniciativa e independencia, especialmente los de los trabajadores de la United Fruit. Las delegaciones locales de las ligas campesinas también desplegaban gran actividad entre los agricultores ladinos independientes, especialmente en el este, donde el elevado crecimiento demográfico no disponía de una salida fija de mano de obra temporera que emigrara a las fincas, como ocurría en las comunidades indias.

Las tareas principales de las federaciones en el nivel local eran, en primer lugar, ayudar a encontrar cauces jurídicos para la resolución de problemas apremiantes; y, en segundo lugar, adoctrinar e incitar a la huelga para exigir mejoras de los salarios y las condiciones de trabajo. Pero, después de 1952, también fomentaron la creación de comités agrarios que pidieran tierra en los municipios y los departamentos. El régimen no aprobaba las ocupaciones espontáneas de tierras, como la que tuvo lugar en Patzicía, en el departamento de Chimaltenango, poco después de la caída de Ubico[64]. No obstante, los «finqueros», que estaban agrupados en la Asociación de Empresarios Agrarios, afirmaban que las ocupaciones anárquicas de tierras eran un fenómeno muy extendido, que la anarquía proliferaba en las zonas rurales y que los culpables de esta amenaza grave que se cernía sobre la prosperidad nacional eran los comunistas infiltrados en el gobierno. Hasta los sectores de clase media que simpatizaban con Arbenz miraban con recelo el crecimiento de la conciencia campesina, en especial al asociarla con el «levantamiento de los indios contra la civilización». Este tipo de justificación fue la que se usó al desencadenar en 1954 la represión masiva contra los activistas rurales, que tal vez causó hasta 9.000 muertos[65].

Menos de cinco años después del golpe, el 90 por 100 de las tierras de fincas afectadas habían sido devueltas a sus anteriores propietarios. En 1961 existían sólo siete sindicatos de finca que habían sobrevivido a las purgas. Según las nuevas disposiciones, para ser legal un sindicato tenía que «probar» que estaba totalmente libre de infiltración comunista y que no llevaba a cabo ninguna actividad política. En cuanto a las ligas campesinas, desaparecieron por completo hasta 1961, año en que los democratacristianos empezaron a reorganizarlas basándose en un nuevo código del trabajo[66]. Cabría plantear la hipótesis de si, además de sufrir la violencia de los militares, las organizaciones de bases se disolvieron por falta de líderes locales y de dinamismo autónomo. Puede que esto también esté relacionado con la escisión que se produjo en muchas comunidades entre la autoridad tradicional de los ancianos y los nuevos procedimientos electorales y asociativos que instauró la revolución[67]. En cualquier caso, el experimento populista no pudo crear medios eficaces de movilizar a las masas en su defensa, toda vez que el gobierno Arbenz tenía que competir por el favor de las masas con sus propios seguidores divididos, en particular el Partido Comunista, cuya creciente influencia fue un factor decisivo entre los que provocaron el golpe militar[68].

Bolivia

Ya en 1936 —un año después de terminar la guerra del Chaco— se creó un sindicato campesino en la provincia de Cliza, en el valle de Cochabamba, donde la comercialización agrícola, las comunicaciones y luego el reclutamiento militar habían dado lugar a la aparición de una conciencia de clase y cívica entre el campesinado. El objetivo del sindicato era negociar mejores condiciones para los colonos y los pegujaleros, que en la práctica seguían sometidos a obligaciones laborales de tipo feudal con los terratenientes. El sindicato, que era aconsejado por maestros rurales, tuvo un éxito moderado y se extendió a otras provincias, pero en 1939 una coalición de terratenientes compró las haciendas donde el activismo era más fuerte y procedió a desahuciar a los colonos y los pegujaleros. La medida desencadenó una reacción violenta de las bases, aunque finalmente fue derrotada. En los mismos años y durante todo el decenio de 1940 en la vecina sierra de Ayopaya hubo numerosos incidentes violentos entre, por un lado, campesinos propietarios de su tierra y colonos y, por otro lado, las haciendas. Ciertos líderes sindicales se pusieron en comunicación con kurakas del Altiplano que también habían capitaneado huelgas contra los terratenientes.

El coronel Gualberto Villarroel, que se hizo con el poder en diciembre de 1943, no sólo contaba con el apoyo de oficiales descontentos, sino que también atrajo al Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), que pretendía ser un movimiento nacionalista, multiclasista y pluralista. Los líderes del MNR eran intelectuales socialistas moderados y el movimiento acabó aliándose con la Federación de Sindicatos de Mineros Bolivianos, que tenía 50.000 afiliados y estaba dominada por los trabajadores de las minas de estaño, en los que a su vez influía la izquierda trotskista (es decir, el Partido Obrero Revolucionario o POR). Villarroel, que era natural de Cochabamba y hablaba quechua, animó a los grupos emergentes en el campo a organizar congresos regionales indígenas y luego un congreso indígena nacional en 1945[69].

En los congresos la conciencia étnica transcomunal creada en decenios anteriores —a diferencia de México, Guatemala y Perú, donde los indios seguían manifestando un fuerte «etnocentrismo comunitario», como ha dicho Gonzalo Aguirre Beltrán[70]— se expresó por medio de resoluciones contra las leyes, regulaciones y usos discriminatorios antiindios (los servicios laborales forzosos todavía se consideraban naturales, lo mismo que la exclusión de los indios de los lugares públicos en las ciudades). Pero era el poder simbólico de las multitudes indias marchando por el centro de las ciudades, especialmente en La Paz, lo que asustaba a las fuerzas antirreformistas, a lo que se llamaba «la rosca»: los parasitarios terratenientes y barones del estaño y sus aliados en los altos círculos militares. En el congreso nacional, que fue inaugurado personalmente por el presidente Villarroel, se propusieron varios proyectos de cambio agrario que oscilaban entre uno moderado que presentó el MNR para colonizar las tierras improductivas y el del Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR; grupo marxista prosoviético) para desmembrar y redistribuir todas las fincas rústicas de propiedad privada. Sin embargo, al final la cuestión agraria no se resolvió. Y los terratenientes a menudo se negaban a obedecer las disposiciones que abolían las obligaciones laborales de los indios, lo cual provocó una oleada de huelgas en todo el país e incluso un levantamiento (en Las Canchas, Potosí) que fue sofocado por el propio gobierno. En julio de 1946 una muchedumbre urbana instigada por «la rosca» saqueó La Paz y linchó al presidente; poco después la represión militar contra las movilizaciones campesinas permitió restaurar el trabajo forzoso. El PIR, que había apoyado a la multitud contra Villarroel, perdió la simpatía de muchas organizaciones campesinas, cuyos miembros lloraban al presidente linchado y ahora convertido en héroe mítico. Seis meses después de su muerte, utilizaron su nombre como grito de guerra los participantes en el gran levantamiento de Ayopaya (Cochabamba), donde varios miles de indios, cuyos líderes tenían contactos con los sindicatos mineros, atacaron haciendas durante una semana entera antes de que las autoridades pudieran pararles los pies. El ejército incluso los bombardeó desde el aire. Después del de Ayopaya, hubo también levantamientos en el Altiplano y en el sur, que a veces recibían apoyo de grupos obreros trotskistas y anarquistas de La Paz[71].

Los candidatos del MNR, Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Zuazo, obtuvieron una victoria aplastante en las elecciones nacionales de mayo de 1951. Aunque un golpe militar impidió la transición pacífica de un gobierno a otro, las divisiones en el seno del ejército finalmente permitieron que Paz Estenssoro ocupara la presidencia en abril de 1952. Juan Lechín, el líder de los mineros del estaño, fue nombrado ministro de Minas y Petróleo y dirigió un programa cuyo objetivo era nacionalizar los grandes consorcios mineros. Sin embargo, entre los miembros del nuevo gobierno había un grupo de militares que se oponían a la reforma agraria y no se tomó ninguna medida para ponerla en práctica hasta que el campesinado obligó a ello.

El punto central de la nueva movilización campesina era Ucureña, en Cochabamba, donde la antigua coalición de maestros y sindicatos campesinos existía desde 1936 y donde dos líderes locales, Sinforoso Rivas y José Rojas, tenían larga experiencia en la lucha social y política. Es interesante observar que los tipos tradicionales de instituciones comunales y sistemas de autoridad eran mucho más débiles en Cochabamba que, por ejemplo, en el Altiplano o Potosí del Norte. Así pues, los sindicatos no sustituyeron ni compitieron con ninguna organización popular que ya existiera, sino que vinieron a llenar un vacío. Rivas creó una federación campesina e inició tratos con Lechín y su recién creada Central Obrera Boliviana (COB), a la que empleó para encauzar peticiones y proponer cambios jurídicos. Pero Rojas fundó una organización más independiente y combativa, la Central Sindical Campesina del Valle, cuyos seguidores se convirtieron en milicianos armados, se apoderaron de algunas haciendas y expulsaron a los terratenientes. De hecho, los terratenientes se habían convencido de su derrota y habían huido a las ciudades o incluso a otros países. Tanto Rivas como Rojas, con el patronazgo del MNR, fomentaron la creación de sindicatos combativos en otras regiones del país —por medio de los cuales establecieron redes clientelares— que también exigieron al gobierno el reparto de tierra y se apoderaron de haciendas. Pero florecieron milicias campesinas paralelas en todas partes, con frecuencia fundadas por estudiantes del MNR procedentes de La Paz, como ocurrió en la provincia de Nor Yungas, donde no se habían dado casos de movilización espontánea[72]. Finalmente, el 2 de agosto de 1953 Paz Estenssoro firmó el decreto de Reforma Agraria en Ucureña, ante una asamblea de 100.000 campesinos llegados de todas partes de Bolivia[73].

La estructura latifundista dejó de existir y los colonos pasaron a ser propietarios legítimos de tierras de haciendas: 200.000 familias recibieron casi 10.000.000 hectáreas. Aunque la ley reconocía los tradicionales derechos de propiedad de las comunidades, la mayoría de los que se beneficiaron del reparto de haciendas tenían su tierra en régimen de propiedad privada. La productividad agrícola no se resintió del reparto, toda vez que la mayor parte de la tierra continuó cultivándose como antes. La palabra «indios» fue abolida del vocabulario oficial debido a sus connotaciones coloniales: ahora sólo habría campesinos, ciudadanos con todos los derechos como los demás. La educación rural experimentó una evolución prodigiosa. La prohibición de los servicios obligatorios estimuló el mercado de trabajo, incrementó la movilidad social y contribuyó a aliviar la escasez de mano de obra en las tierras bajas. En cambio, la mayoría de los campesinos aún tenían muy poca tierra cultivable buena y —como sucedió en muchos ejidos mexicanos— sus posibilidades de acceder a créditos, tecnología y cauces de comercialización seguían siendo muy restringidas. La antigua clase terrateniente reapareció en las ciudades bajo la forma de prestamistas e intermediarios comerciales y a menudo éstos reinstauraban las relaciones de patronazgo con «sus indios». Pero una nueva red de patronazgo político y faccionalismo la estaba creando el propio MNR, alrededor de líderes que en niveles diferentes competían enconadamente por cargos políticos e influencia. Hombres como Lechín y Rojas —que más adelante fue nombrado ministro de Asuntos Campesinos— eran ahora los grandes líderes que creaban divisiones peligrosas, no sólo dentro de los cuadros de mando del MNR, sino también entre la clase trabajadora y el campesinado en general. Tales divisiones no hacían más que aumentar cuando los sindicatos campesinos se negaban a prestar apoyo a las protestas de los mineros contra el gobierno, que ahora era el propietario de una industria minera más bien decadente. Al mismo tiempo, el Departamento de Estado norteamericano, tras decidir que la revolución boliviana —a diferencia de la guatemalteca— no era «de orientación comunista», permitió que Bolivia recibiera abundante ayuda estadounidense, con la condición de que se mantuviese la política moderada[74]. Al convertirse en presidente en 1956, después de unas elecciones muy manipuladas, Hernán Siles Zuazo se aplicó a la tarea de marginar al ala izquierda del MNR. En 1964, apenas transcurrido un decenio desde la revolución, un golpe militar puso al general René Barrientos en la presidencia; pero la reforma agraria continuó.

El noreste de Brasil

En el noreste de Brasil la impunidad con que los coronéis reclutaban ejércitos privados disminuyó considerablemente durante el Estado Novo (1937-1945). Pero tanto su dominio de la economía regional como la naturaleza de las relaciones laborales en las regiones permanecieron virtualmente intactas. Las plantaciones de caña de azúcar y las de algodón seguían basándose en el trabajo de moradores y foreiros (aparceros y terrazgueros), que estaban subordinados por medio de instituciones tales como el cambão (obligaciones laborales no remuneradas) y el barração (especie de «economato de empresa»)[75]. Tras la segunda guerra mundial empezó una transformación radical en la estructura de la economía del azúcar producida por la apertura y la expansión del mercado internacional. Los viejos senhores de engenho e incluso los relativamente modernizados usineiros empezaron a especializarse en la producción de caña y dejaron gran parte del proceso de industrialización en manos de las refinerías del centro-sur, cuya tecnología era más avanzada. Con el fin de ampliar la zona dedicada al cultivo de caña de azúcar e incrementar la productividad, era urgente poner fin al viejo sistema de terrazgo y aparcería y proletarizar a los trabajadores. Pero la nueva situación no resultó ventajosa para éstos: los salarios eran inferiores a la media nacional, los cortadores de caña carecían de cualquier clase de beneficios secundarios, y los sindicatos estaban prácticamente prohibidos[76]. A su vez, la agricultura independiente de los campesinos propietarios de sus tierras dependía cada vez más, y a menudo de forma desventajosa, de los mercados urbanos y los intermediarios[77]. La ascensión de las ligas campesinas en los decenios de 1950 y 1960 expresó el descontento de una población desarticulada, así como la resistencia de moradores y foreiros que luchaban contra el desahucio. De modo significativo, un aspecto inicial de su emergente ideología colectiva fue la idealización del pasado, la visión idílica de las relaciones paternalistas en las viejas plantaciones[78].

La primera liga nació en 1955, entre foreiros del Engenho Galileia, en el estado de Pernambuco, como sociedad de socorros mutuos: la Sociedade Agrícola de Plantadores e Pecuaristas de Pernambuco (SAPPP). La SAPPP encontró a un consejero en Francisco Julião, abogado y diputado socialista de Recife al que apoyaban tanto el Partido Socialista Brasileño (PSB) como el semilegal Partido Comunista. Julião —que casualmente era vástago de una familia terrateniente muy conocida— logró inscribir la Sociedade como asociación civil (una institución sin fines de lucro, de orientación asistencial, según la tradición jurídica ibérica), toda vez que el reconocimiento oficial como sindicato hubiera sido virtualmente imposible. Julião también puso la situación de Galileia en conocimiento de un público más amplio e influyente. El Congresso Camponés de Pernambuco fue convocado por la SAPPP en septiembre de 1955 y atrajo a más de 3.000 personas, entre las que había foreiros, moradores, trabajadores asalariados y algunos campesinos propietarios de su tierra. Bajo el liderazgo de Julião, la asociación adquirió importancia en todo el estado: su estructura centralizada, con la oficina central en Recife y delegaciones en engenhos, aldeas y poblaciones, permitió organizar con eficacia la agitación, marchas y mítines masivos a pesar del continuo hostigamiento por parte del gobierno del estado. En 1958 la prensa nacional informó ampliamente de acontecimientos tales como la «marcha del hambre» en Recife y el multitudinario Congresso de Lavradores, Trabalhadores Agrícolas e Pescadores, ambos organizados por la SAPPP. Hubo también un número significativo de victorias jurídicas para los foreiros, no sólo en casos de desahucio e incremento de alquileres, sino también en relación con sus derechos sobre las mejoras hechas en la tierra.

Bajo la presidencia reformista de João Goulart (1961-1964) no se promulgaron leyes con vistas a reformar la estructura de la tenencia de la tierra, aunque se aprobó un nuevo código del trabajo en 1963. Este código fomentaba la sindicación de los jornaleros rurales, lo que hasta cierto punto competía con otras formas de asociación, ya que la SAPPP sólo tenía una minoría de seguidores proletarizados[79]. A partir de los primeros años cincuenta, y en particular desde que el movimiento de Pernambuco fue conocido en toda la nación, la Iglesia católica —con el fin de crear una opción alternativa a la «agitación comunista»— había organizado sus ligas y sindicatos propios en el noreste, entre los bóiafrias (trabajadores eventuales) de la región de São Paulo y los posseiros (ocupantes ilegales de tierras improductivas) desahuciados de Minas Gerais. El padre Meló y el padre Crespo, organizadores de la Federación de Trabajadores Rurales de Pernambuco y defensores de las huelgas no violentas, destacaron como importantes nuevos líderes sociales, posibles rivales de Francisco Julião[80]. A su vez, el Partido Comunista, especialmente después de su congreso de 1960, se había apartado de las ligas campesinas de Pernambuco y sus asociaciones hermanas y acabaría enfrentándose a ellas. El partido decía ahora que había que formar sindicatos rurales, pero que la revolución no podía empezar en el campo; en vez de ello, era necesario formar una amplia alianza entre el proletariado (urbano y rural) y la burguesía progresista con el fin de destruir el viejo orden rural de carácter feudal, del cual el campesinado formaba parte. Vistas las cosas con esta perspectiva, sólo debían expropiarse los latifundios improductivos. En cambio, las ligas, si bien carecían de un programa concreto para la organización del uso de la tierra (parcelas individua-les/familiares o entidades colectivas), defendían la necesidad de una reforma agraria general que pusiera toda la tierra bajo el control de los campesinos.

El propio Julião, que era diputado federal desde 1961, no tenía muy claro cuál era el modelo de reforma agraria que había que seguir. Pero estaba convencido de que el campesinado era una clase revolucionaria, probablemente la clase revolucionaria por antonomasia en Brasil. Al producirse el golpe militar de 1964, estaba preparando dos posibles estrategias: por un lado, había convertido la SAPPP en una organización nacional: las Ligas Camponesas do Brasil, que fácilmente podrían convertirse en un partido político socialista agrario; por otro lado, estaba preparando a algunos de sus seguidores para la guerra de guerrillas. En Pernambuco las ligas respaldaban a Miguel Arraes, el nuevo gobernador, que ocupó el cargo como representante de una victoriosa coalición popular, en su defensa y su estricta aplicación del código del trabajo rural; pero su desacuerdo relativo a la expropiación de tierras fue obvio cuando Arraes no apoyó la ocupación de dos engenhos, aunque finalmente uno de ellos se expropió por decreto, para evitar la violencia. Tanto en esta región como en el nivel nacional las ligas estaban perdiendo cohesión y afiliados, ya que el gobierno favorecía a los sindicatos, tanto católicos como comunistas. Cuando empezó la represión militar y la mayoría de los líderes fueron encarcelados o se exiliaron (el propio Julião pasó varios meses en una prisión federal antes de trasladarse a México) sólo la católica Federación de Trabajadores Rurales logró sobrevivir, pero sin su ímpetu y su mística de antes.

Perú

En el Perú de 1956, al terminar la dictadura del general Manuel A. Odría (1948-1956), el presidente Manuel Prado levantó la prohibición de crear sindicatos rurales y permitió que tanto el APRA como los comunistas actuaran libremente. Los principales beneficiarios de esta apertura política fueron los proletarios agroindustriales de la costa, que se organizaron oficialmente en dos grandes federaciones: la Federación de Trabajadores Azucareros del Perú (FTAP) y la Federación Nacional de Campesinos Peruanos (FENCAP). Ambas estaban dominadas por el APRA y ambas se mostraron bastante indiferentes a las reivindicaciones del campesinado de la sierra, donde los latifundistas seguían siendo propietarios de hasta el 70 por 100 de la tierra, que pedía que se repartieran tierras y se abolieran los servicios laborales. Al igual que los comunistas brasileños, los apristas consideraban que los campesinos eran un vestigio feudal cuya proletarización total no era sólo inevitable, sino también muy de desear. Sin embargo, el partido de Haya de la Torre no abogaba por una revolución proletaria; de hecho, desde que el gobierno de Prado lograra atraer a los líderes del APRA, los sindicatos de la costa limitaban sus reivindicaciones a la seguridad de los puestos de trabajo, el aumento de los salarios y las mejoras de las condiciones de vida y de trabajo, sin insistir demasiado en ellas. En 1959-1960 hubo dos grandes movilizaciones y huelgas en Casagrande —la mayor plantación de caña de azúcar del país— y Paramonga que ocasionaron una represión sangrienta por parte de la policía. Pero después de 1960 las huelgas en las plantaciones fueron rarísimas. Cuando una oleada de ocupaciones de tierras empezó en la sierra en los primeros años sesenta sólo recibió apoyo de un pequeño sector disidente de los apristas (los simpatizantes de la revolución cubana, la llamada «APRA rebelde»)[81].

Podría formularse la hipótesis de que las condiciones en Perú estaban maduras para una revolución agraria de signo popular parecida a la de Bolivia pero que la impidieron la extremada prudencia (¿u oportunismo?) del APRA, la falta de lazos significativos entre los diferentes sectores de campesinos y trabajadores y la importante fuerza de los militares peruanos, en comparación con el ejército boliviano, que se había encontrado sumido en la confusión en la época de las ocupaciones de tierras en gran escala. Y, en estas circunstancias, el camino estaba despejado para que la izquierda radical actuara con libertad entre el campesinado de las tierras altas. Además, en el despertar político de los campesinos influyeron su participación como jornaleros eventuales en el gran enclave minero de Cerro de Pasco y en las refinerías de acero de La, Oroya, ambos en la sierra Central y ambos con sindicatos combativos; su contacto con la vida ciudadana al emigrar temporalmente a Lima; su contacto con los parientes y convecinos que habían ido a la costa para trabajar o estudiar y se habían quedado allí; y debido al aumento de la alfabetización y la información política[82].

La primera organización campesina radical apareció en los valles de las tierras altas orientales de La Convención y Lates, que era una región fronteriza del departamento de Cuzco y estuvo poco poblada hasta que en el decenio de 1930 se erradicó la malaria y se construyó un ferrocarril. La tierra era propiedad exclusiva de las grandes haciendas (había casi 100) y era cultivada en parte por «arrendires» (terrazgueros) que recibían parcelas en las laderas de las montañas para cultivar sus alimentos a cambio de un número fijo de días de trabajo y cuyo acceso al mercado se hacía por medio de los terratenientes. En el decenio de 1940 los hacendados respondieron a la gran demanda de café en el mercado internacional fomentando su cultivo en la mejor tierra, que era precisamente la de las laderas de las montañas; pero al cabo de un tiempo los arrendires —como había sucedido en Colombia— descubrieron que podían aumentar su producción de café en terrenos desocupados y venderlo directamente a los intermediarios. Así pues, empezaron a negarse a prestar servicios laborales en las tierras llanas, donde se cultivaban productos menos rentables (caña de azúcar, cacao, coca). La población de los valles se multiplicó por dos entre 1940 y 1960 (de 30.000 a más de 60.000 personas, de las cuales unas 10.000 eran terrazgueros), debido a la llegada de inmigrantes a los que atraía la posibilidad de ganar dinero con la expansión del mercado agrícola. Quillabamba, la principal población de los valles, se convirtió en un próspero mercado donde los agricultores podían obtener crédito de los rescatistas (intermediarios)[83]. Una nueva categoría social cobró importancia: los «allegados», que solían ser inmigrantes indios llegados recientemente que trabajaban para arrendires durante las temporadas de plantación y recolección y recibían de ellos pequeñas parcelas para la agricultura de subsistencia.

Ya en 1951 los arrendires intentaron crear un sindicato y recabaron ayuda de la Federación del Trabajo de Cuzco, en la que influían los comunistas, y abogados de Cuzco que defendieran sus peticiones de mejores condiciones de trabajo ante el Ministerio de Agricultura. De hecho, a pesar de las furiosas reclamaciones de los terratenientes, el gobierno no envió tropas para que hicieran cumplir los servicios laborales y en 1958 el gobierno Prado reconoció legalmente a la Federación Campesina Provincial de La Convención, que comprendía ocho sindicatos de trabajadores de haciendas. En 1960 ya había 130 sindicatos y más de 11.000 afiliados (arrendires y allegados) en la federación. El Ministerio de Trabajo llevó a cabo una investigación y recomendó que los contratos de trabajo asalariado sustituyeran la institución de los servicios laborales forzosos. El cumplimiento de esta recomendación, que también significaba que se dispondría de tierra desocupada para arrendarla, pasó a ser el objetivo principal de la federación. Sin embargo, se llegó a un momento crítico cuando un agrónomo y agitador trotskista de veinticinco años, Hugo Blanco, que era hijo de un abogado de Cuzco, ocupó la jefatura de uno de los sindicatos y persuadió a sus seguidores a exigir la expropiación total de las haciendas y su reparto entre los verdaderos productores agrícolas. Esto causó una grave división entre los partidarios de Blanco y los arrendires cuyo objetivo era convertirse en empresarios cafeteros y no simpatizaban con la idea de una revolución agraria regional capitaneada por un trotskista. Blanco reunió a los sindicatos más radicales bajo la consigna de «Tierra o muerte» y en 1962 ganó las elecciones para el puesto de secretario general de la Federación Campesina; pero su victoria fue impugnada y se desencadenó una serie de incidentes violentos en los cuales murieron varios policías. Hugo Blanco fue considerado responsable de la violencia y encarcelado a finales de 1962; no obstante, las dos fracciones opuestas de la federación acordaron boicotear a los hacendados y negarse tanto a prestar servicios laborales como a pagar el alquiler de sus parcelas. La junta militar que derribó a Prado en julio de 1962 tomó la sorprendente decisión de poner freno al creciente conflicto y decretó que los agricultores podían obtener el título de propiedad de la tierra que trabajaban por el simple procedimiento de pagar su valor escriturado al gobierno, que a su vez pagaría la correspondiente compensación a su anterior propietario. El presidente Fernando Belaúnde Terry, que fue elegido en julio de 1963, respetó esta decisión. Sin embargo, el ímpetu de la federación disminuyó, toda vez que se produjeron nuevas divisiones, en particular entre los arrendires y los allegados, que eran menos afortunados[84].

Mientras tanto, muchas otras zonas de las sierras del centro y del sur resultaron conmocionadas por huelgas de colonos y todavía más por ocupaciones de haciendas. Mientras que los huelguistas exigían que se pusiera fin a las obligaciones laborales, los comuneros que ocupaban haciendas, tales como los aldeanos de Yanacacha, Raneas y Yanahuanca, en el departamento de Pasco, afirmaban que la tierra estaba reconocida oficialmente como propiedad comunal. En los años comprendidos entre 1959 y 1963 hubo como mínimo 100 ocupaciones y la mayoría de ellas tuvieron lugar en los meses que transcurrieron entre la caída de Prado y la elección de Belaúnde Teny, durante los cuales la cuestión agraria fue objeto de un vehemente debate nacional. En los departamentos de Pasco y Junín la presencia del ala izquierda del aprismo hizo que estas movilizaciones fueran alentadas por la FENCAP; en otras partes fue la Confederación Campesina de Perú (CCP), fundada en 1956 y bajo la influencia de los comunistas, la que proporcionó asesoramiento y apoyo organizativo. Sin embargo, las disensiones entre facciones dentro de ambas organizaciones y la represión impidieron que llegaran a ser dos frentes amplios y compactos para la defensa de las reivindicaciones de los campesinos. En muchos casos, por ejemplo en el valle de Yanamarca (Jauja) y la aldea de Huasicancha (Junín), las organizaciones locales eran lo bastante fuertes como para negociar y escoger sus alianzas con la federación o el partido que más conviniera a sus intereses[85]. En el departamento de Puno, las reivindicaciones campesinas sobre las condiciones de trabajo y la devolución de tierras comunales se encauzaron principalmente por medio de dos federaciones de orientación democratacristiana: el Frente Sindical Campesino y el Movimiento Sindical Cristiano del Perú. Ambas obtuvieron cargos políticos para sus líderes, pero no lograron llevar a cabo cambios reales en la estructura agraria[86]. En suma, en 1963, aunque los conflictos y las movilizaciones locales y regionales consiguieron obtener resultados en algunos casos, no había ninguna alianza de alcance nacional que pudiera ejercer presión sobre el gobierno de Belaúnde Terry para que se embarcase en un programa serio de reforma agraria. A pesar de las promesas que Belaúnde Terry hiciera durante la campaña y de la aprobación real de una ley agraria en 1964 que preveía la expropiación de haciendas grandes a favor de los colonos y las comunidades sin tierra, la situación de la tenencia de la tierra cambió muy poco. De hecho, después de una política inicial de conciliación, el régimen actuó de forma cada vez más represiva contra los campesinos rebeldes y las nuevas leyes quedaron prácticamente olvidadas.

Una nota sobre el indigenismo

Virtualmente en todos los casos de movilización rural habidos en América Latina entre los decenios de 1930 y 1960 se produjo una evolución significativa en la naturaleza de las reivindicaciones campesinas y de la abolición de las obligaciones laborales de tipo «feudal» se pasó a la expropiación de haciendas y la distribución de tierras. Esta evolución fue reconocida debidamente y a veces fomentada de modo directo por organizaciones populistas y también por ciertos sectores de la izquierda. Pero, como había manifestado con fuerza Mariátegui, el asunto de la expropiación de latifundios estaba estrechamente relacionado con «la cuestión india», esto es, el reconocimiento de los agravios causados injustamente a los pueblos indígenas, que en países tales como Bolivia, Perú, Ecuador y Guatemala, y en ciertas regiones de Colombia y de México, todavía formaban el grueso de la población. Así pues, la evaluación positiva de los indios y su importantísima aportación a la identidad nacional pasó a ser un aspecto importante de los discursos populistas. Igualmente importante era encontrar una metodología correcta para evaluar y aliviar sus problemas y se suponía que dicha metodología sería obra de antropólogos, sociólogos e historiadores profesionales. «Indigenismo» fue el nombre que se dio luego a esta mezcla de análisis social y planificación política que pretendía movilizar a la población indígena en un proceso de edificación nacional. El indigenismo defendía invariablemente los derechos que tenían los indios sobre la tierra que cultivaban, no sólo porque fuera suya desde el punto de vista histórico, sino fundamentalmente porque su dependencia de los terratenientes constituía un factor de pobreza y exclusión que les impedía convertirse en ciudadanos con igualdad de derechos. Sin embargo, el indigenismo también proclamaba la necesidad de que los indios pasaran a ser plenamente miembros de la sociedad nacional: esto es, que perdieran su identidad india. Como dijo el principal ideólogo indigenista de México, Manuel Gamio, la incorporación de los indios era una obligación urgentísima de todo gobierno progresista.

En 1940 se celebró el primer Congreso Indigenista Interamericano en Pátzcuaro, México, bajo los auspicios del gobierno de Lázaro Cárdenas y con la presencia de delegados —científicos, políticos y líderes sociales— de todo el continente, pero sin que ningún grupo indio estuviera representado oficialmente. En su discurro inaugural el presidente Cárdenas insistió en la importancia del mestizaje —la nueva raza mixta, la nueva cultura mixta— para la identidad nacional; dijo que, en lo que se refería al gobierno de México, el objetivo no era «indianizar» la nación, sino «mexicanizar» a los indios. El congreso resolvió que en todos los países debían crearse instituciones especiales que se encargaran de representar a la población india, ejercer presión para que se promulgasen leyes protectoras y fomentar y poner en práctica con decisión programas sociales, económicos y educacionales. Una recomendación importantísima fue la reforma agraria, que incluiría el reconocimiento y la protección de la propiedad colectiva. Resultado directo del congreso fue la fundación del Instituto Indigenista Interamericano, que ha fomentado el estudio, las publicaciones y los debates sobre los problemas de los indios y sus soluciones. En muchos países empezaron a funcionar institutos u organismos parecidos, pero no siempre fueron muy eficaces[87]. Por ejemplo, en Guatemala la Oficina para la Integración Social no pudo detener las matanzas de indios que perpetraron el ejército y los plantadores después del golpe de estado de 1954. En México, el Instituto Nacional Indigenista (INI), que recibía amplio apoyo del gobierno, tenía por principal función el control social y el papel de intermediario entre los grupos indígenas y el aparato estatal y, por consiguiente, todo intento de potenciar la representación política basándose en tradiciones comunales o en nuevas instituciones autónomas inevitablemente creaba tensiones. A pesar de los esfuerzos de antropólogos bienintencionados del INI tales como Julio de la Fuente, Maurilio Muñoz y Gonzalo Aguirre Beltrán, las zonas indias de México todavía se caracterizaban (y se caracterizan) por la falta de ayuda estatal, la extrema pobreza y la explotación de los peones. En Perú, el Instituto Indigenista se convirtió en un organismo bastante débil e ineficaz para el desarrollo comunitario. En Bolivia, el MNR, después de conseguir apoyo masivo de los indios, se negó explícitamente a reconocer la identidad india y las autoridades comunales. No es extraño, pues, que todas las organizaciones (étnicas) indias independientes que surgieron en América Latina mantuvieran relaciones ambiguas tanto con los partidos populistas como con la política indigenista.

DEL DECENIO DE 1960 AL DE 1980

Después de 1960, en muchos países de América Latina el gobierno, el ejército, las élites nuevas y viejas y los intereses extranjeros, así económicos como políticos, se realinearon contra la agitación popular, real o potencial. Entre las clases gobernantes la victoria del castrismo en Cuba —una revolución populista que se volvió comunista— intensificó los temores de subversión izquierdista y los recelos que inspiraban las organizaciones populares. En el contexto de la consolidación de los estados-nación centralizadores, el ejército se había convertido en un actor privilegiado, no sólo en países como Paraguay, El Salvador y Nicaragua, donde persistía el autoritarismo tradicional, sino también en países donde grupos populares y de clase media habían obtenido el reconocimiento político. Regímenes militares duraderos subieron al poder en Guatemala en los años cincuenta, en Brasil, Bolivia, Argentina y Perú en los sesenta; y en Uruguay y Chile (supuestos refugios de democracia civil) en los setenta. La mayoría de los nuevos gobiernos militares abolieron los partidos políticos y los grupos de oposición, sofocaron las manifestaciones de disentimiento popular y violaron sistemáticamente los derechos humanos. No se tomaron la molestia de crear otros sistemas de representación política. Sin embargo, afirmaron invariablemente que gobernaban en nombre de las clases medias y los sectores populares.

La relación entre los nuevos gobiernos autoritarios y las organizaciones agrarias variaba de un país a otro. La mayoría de las veces la represión era un rasgo de estas relaciones. Las organizaciones corporativistas eran ahora más manipuladoras que representativas. Con la notable excepción del ejército peruano, los militares desconfiaban de la política de reforma agraria porque creían que sólo las empresas privadas «modernas» y muy capitalizadas, con trabajadores disciplinados, podían crear un excedente agrícola y competir en el mercado internacional, creencia que después de 1970 compartieron los tecnócratas de los gobiernos no militares (en México y Venezuela, por ejemplo).

Hay que reconocer que a finales de los años sesenta era claro que los programas de reforma agraria existentes no habían logrado resolver los problemas del paro rural, la escasez de alimentos y la pobreza. La Alianza para el Progreso impulsada por los Estados Unidos también había fracasado. A su vez, las doctrinas de la CEPAL fueron denunciadas. El contexto económico de la América Latina rural había cambiado, en parte debido a las reformas introducidas por las alianzas populistas, pero también a causa de la internacionalización de la agricultura. Incluso ciertos sectores de la izquierda tenían sus dudas acerca de los programas de reforma agraria y los tachaban de «mistificaciones» y de mecanismos para la «recampesinación» que perpetuarían las reservas de mano de obra barata y la pasividad política. La izquierda invocaba frecuentemente el ejemplo de Cuba —fuente de intensa fascinación durante los años sesenta y setenta— en las cuestiones agrarias además de en las políticas: Cuba no creó un programa agrícola reformista, sino un programa revolucionario de colectivización total.

El debilitamiento o el desmantelamiento de los programas populistas —y la subversión de las reglas permanentes de participación y de juego limpio en política— no significaba necesariamente que se consolidase una nueva hegemonía. Los campesinos y los trabajadores rurales seguían luchando para obtener tierra y acceso a créditos, tecnología y cauces de comercialización, además de exigir un trato mejor en el mercado de trabajo, sin tener claro qué posibilidades de negociación había. Su principal enemigo visible ya no era la clase terrateniente —que en México, Bolivia y hasta Venezuela se había conseguido neutralizar o incluso destruir—, sino más bien los aparatos gubernamentales, toda vez que, de hecho, los nuevos regímenes autoritarios habían fortalecido la estructura de intervención estatal muy centralizada en el campo. Por consiguiente, aparecieron (o reaparecieron) varias organizaciones rurales combativas cuya relación con el gobierno a menudo resultaba difícil por culpa de los deficientes mecanismos de representación o mediación. En varios países las fuerzas de oposición, al verse desplazadas, recurrieron a la guerra de guerrillas organizada, que sólo en unos cuantos casos recibió apoyo significativo de los habitantes de las aldeas y villorrios y que sólo mereció una aprobación parcial y ambigua de la izquierda.

En 1979 la caída de Somoza señaló el comienzo de un nuevo período de democratización en América Latina. Al desmoronarse los gobiernos autoritarios y aparecer nuevos gobiernos civiles, el campo volvió a ser escenario de múltiples movilizaciones. Pero la estructura de éstas estaba cambiando: en lugar de sindicatos y ligas vinculados a partidos políticos y organizaciones nacionales proliferaron los grupos autónomos cuyas reivindicaciones y estrategias se definían por medio de un alto grado de participación de las bases locales. Con frecuencia sus objetivos ya no se expresaban en términos de intereses de clase, sino más bien en términos de derechos humanos, valores religiosos, igualdad de los sexos, conciencia ecológica, ciudadanía e identidades étnicas y comunales nuevas o recuperadas. La reforma agraria seguía siendo una reivindicación importantísima de ciertos grupos rurales movilizados; pero ya no iba ligada necesariamente a planes para la producción cooperativa dirigida por un estado centralizado. En vez de ello, los años ochenta presenciaron la aparición de un sector de pequeños y medianos agricultores con capital a los que unían redes flexibles de ayuda recíproca. La desconfianza que suscitaba la dependencia del estado tenía relación con la corrupción y la ineficiencia generalizadas de las instituciones públicas durante los años de autoritarismo y con el derrumbamiento financiero de muchos gobiernos durante el decenio de 1980, que dio por resultado la privatización de empresas públicas y la suspensión de planes de desarrollo y bienestar.

Esta sección empieza con el efecto que el ejemplo de Cuba y la doctrina del foquismo tuvieron en las relaciones entre la izquierda política organizada y las movilizaciones rurales armadas que no llegaron a convertirse en movimientos de masas en Venezuela, Colombia y Bolivia en los primeros años sesenta. En estos tres países la represión militar fue un factor crucial que determinó la suerte de la protesta popular, pero al mismo tiempo las fuerzas de oposición no pudieron articular un programa político capaz de obtener apoyo masivo. Tras el fracaso de la guerrilla, la aparición en 1967 de la ANUC en Colombia representó el último esfuerzo importante por crear una organización rural en gran escala en el hemisferio. La ANUC abordó explícitamente (y al principio con bastante éxito) la naturaleza heterogénea de las reivindicaciones de las bases. Su posterior desaparición la explican sus ambiguas relaciones con un estado que vacilaba entre las prácticas clientelares y las autoritarias y también la competencia interna por un liderazgo centralizado. A diferencia de Venezuela, Colombia y Bolivia, la insurrección rural en tres países centroamericanos —Guatemala, El Salvador y Nicaragua— gozó de la simpatía y el apoyo activo de los sectores populares, en parte debido a la intervención de un actor impensado: la Iglesia católica, que denunció públicamente las causas estructurales de la injusticia social en el hemisferio, después de los vientos renovadores del Concilio Vaticano II (1962-1965) y en particular la Conferencia de Obispos celebrada en Medellín en 1968. Después del fracaso de la guerrilla en Perú a comienzos de los años sesenta el propio régimen militar (1968-1980) puso en práctica un programa de reforma agraria. El retomo al gobierno civil en 1980, sin embargo, coincidió con la aparición de un nuevo movimiento insurreccional llamado Sendero Luminoso, que encontró apoyo entre una población rural desarticulada. Hubo significativas movilizaciones rurales en Chile durante las administraciones de Eduardo Frei (1964-1970) y Salvador Allende (1970-1973) antes de la instauración del régimen represivo de Pinochet (19731990). En México el intento del presidente Echeverría (1970-1976) de crear una nueva organización de masas en las zonas rurales fue un fracaso y sus sucesores resultaron incapaces de asimilar a la multitud de movilizaciones que nacieron a finales de los setenta y durante los ochenta.

Venezuela, Colombia, Bolivia

Entre diciembre de 1956 y enero de 1959 un levantamiento revolucionario capitaneado por Fidel Castro logró derrocar el gobierno dictatorial y corrupto de Fulgencio Batista en Cuba. El Partido Comunista, que en los años veinte había interpretado un importante papel de agitador entre el abundante proletariado rural pero luego se vio debilitado y reducido a la semiclandestinidad, contempló con extrema suspicacia la aventura de Castro. Los primeros partidarios de la guerrilla de Castro en sierra Maestra procedían de un sector bastante insólito de la población rural: los ocupantes ilegales expulsados de las plantaciones de caña de azúcar de las llanuras que habían emigrado a las zonas altas en busca de tierras desocupadas. Por su parte, el grupo de Castro dejó bien claro que con el triunfo de la revolución se redistribuiría toda la tierra. En septiembre de 1958, en medio de la campaña de la guerrilla, se celebró un congreso agrario y al cabo de menos de un mes se aprobó la Ley Agraria de la Sierra, que pretendía cumplir el compromiso que el propio Castro había contraído en su famoso discurso de 1953.

La historia me absolverá[88]. Una vez en el poder, los ex rebeldes cumplieron su u promesa de dar tierra a los ocupantes ilegales, los terrazgueros y los peones rurales. Durante los años siguientes (después de que en 1963 se aprobara una nueva ley agraria) idearon un complejo aparato para que se encargase de fomentar y administrar la producción colectiva en el campo.

Partiendo de la experiencia cubana, Ernesto «Che» Guevara proclamó una nueva teoría de la revolución. Esta teoría tenía dos puntos principales: «un pequeño grupo de hombres resueltos» con una ideología revolucionaria y actuando en la clandestinidad podían crear un foco, es decir, una chispa poderosa desde la cual el fuego del cambio radical se propagaría a todo un país y culminaría con la derrota de un ejército profesional; y esta revolución en América Latina debía empezar en las zonas rurales[89]. Guevara —marxista declarado desde el principio, a diferencia de Castro— desarrolló estas ideas en su tratado sobre la guerra de guerrillas. Más adelante recibieron un matiz filosófico del profesor francés Regis Debray en su libro ¿Revolución en la revolución? El foquismo, que ponía en entredicho el principio leninista del dominio supremo del partido, al principio fue denunciado por la izquierda ortodoxa, que lo tachó de aventurismo irresponsable. Pero hubo algunos partidos comunistas, tales como los de Venezuela, Colombia y Bolivia, en los cuales la experiencia cubana dejó una huella profunda y dio lugar a una transformación de sus actitudes y métodos.

En Venezuela, la dictadura represiva de Marcos Pérez Jiménez terminó en 1958 después de diez años en el poder. Elegido presidente en diciembre de 1958, Rómulo Betancourt, el líder de la Acción Democrática (AD), formó un gobierno de coalición con los democratacristianos (COPEI) y la centroizquierdista Unión Republicana Democrática (URD). Sin embargo, la URD salió de la coalición al cabo de un año, en parte porque la AD había perdido su ímpetu radical. Además, los afiliados más radicales de la AD la abandonaron para crear el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, y el principal asesor agrario de Betancourt se puso al frente de otro grupo disidente, la AD-ARS. Durante la permanencia de la AD en el poder, de 1945 a 1948, se puso en práctica un programa de reforma agraria por medio del cual el gobierno podía expropiar tierras improductivas y arrendarlas a los campesinos. Sin embargo, el gobierno de la AD en 1958 estaba convencido de que la moderación era necesaria: no quería indisponerse con los Estados Unidos ni perder los lucrativos ingresos que recibía de las compañías petroleras norteamericanas. Las leyes agrarias aprobadas en 1960 sólo expropiaron haciendas desocupadas (no cultivadas) —a cuyos propietarios se compensó generosamente— y tierra pública, que luego se repartieron en forma de propiedades privadas. Los latifundios improductivos situados en montañas empinadas no se tocaron; en vez de ello, se alentó a los campesinos a dedicar nuevas tierras al cultivo en la región llana de la costa. Antes de que hubieran transcurrido cinco años, Betancourt y su sucesor, Leoni, lograron poner coto a las ocupaciones de tierras por parte de los campesinos. El programa agrario creó 700 asentamientos y concedió casi tres millones de hectáreas a más de 100.000 familias, que también recibieron créditos, servicios de extensión, ayuda técnica y la aprobación de la Alianza para el Progreso[90]. Al finalizar los años sesenta, un observador independiente afirmó que el éxito económico de la reforma venezolana había sido superior al de sus precursoras mexicana y boliviana[91]. En el plano político, el éxito fue todavía mayor: el programa había reactivado las redes clientelares entre la AD y la población rural. Con todo, el problema de la pobreza rural seguía existiendo y un resultado obvio del mismo era el masivo éxodo de las zonas rurales a las ciudades, así como la visible proliferación de barrios de chabolas en el extrarradio de las ciudades.

La izquierda marxista —los comunistas y el MIR— no compartía las tesis de Betancourt. En 1960 ambos grupos declararon que aprobaban la lucha armada en Venezuela. En enero de 1962 aparecieron las primeras señales de actividad de guerrilleros en las montañas del este (Turimiquire, en el estado de Sucre) y en el estado occidental de Lara. Durante los meses siguientes el ejército localizó como mínimo una docena de grupos de guerrilleros y les infligió una grave derrota, pero varios miembros de las fuerzas armadas se pasaron a los rebeldes. En febrero de 1963 cinco grupos insurgentes —mezcla de elementos del MIR, comunistas y ex militares— se reunieron para fundar oficialmente las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN). Al mismo tiempo, los comunistas fundaron el Frente de Liberación Nacional (FLN), tiente político civil encargado de concebir estrategias generales, a largo plazo. Pero el apoyo de los campesinos a la revolución no se veía por ninguna parte. El entusiasmo radical de los grupos urbanos había disminuido, mientras que la influencia y la fuerza del ejército crecieron. Muchos líderes, tanto insurgentes como civiles, fueron capturados y encarcelados. Cuando Leoni, el nuevo candidato presidencial de la AD, fue elegido y tomó posesión del cargo en 1964 ofreció la legalización a todas las organizaciones no violentas. El gesto causó una escisión en el FLN, que era un grupo urbano, aunque las FALN, que eran una organización rural, continuaron sobre las armas. En 1965 el Partido Comunista venezolano, al parecer bajo la influencia de las opiniones de los partidos ortodoxos de Europa, retiró oficialmente su apoyo a la lucha armada, lo cual produjo una drástica reorganización del FLN/FALN. A pesar de que llevaron a cabo muchas acciones osadas, la capacidad combativa de los guerrilleros supervivientes ya era insignificante al finalizar el decenio[92].

Al contrario de los de Venezuela, los guerrilleros rurales de Colombia, como hemos visto, tenían una larga historia y un liderazgo fuerte que era a la vez comunista y de origen campesino. Contaban con el apoyo de un número relativamente grande de campesinos anticonservadores, movilizados. Después del desmantelamiento de El Davis en 1953 (según hemos visto) se habían instalado otros campamentos de guerrilleros en Marquetalia (sur de Tolima), Río Chiquito (noreste de Cauca), El Pato y Guayanero (este de Huila), Viotá (este de Tolima), Tequendama y Sumapaz (Cundinamarca), que pasaron a ser conocidos por el nombre de «las repúblicas campesinas independientes». Eran, de hecho, verdaderos reductos de gobierno comunista, con sus propios sistemas de producción, policía, fuerzas armadas y administración de justicia. Marquetalia era el mayor de ellos: tenía una extensión de aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados y albergaba hasta 4.000 familias. Sus famosos líderes, Fermín Charry («Charro Negro»), Manuel Marulanda («Tirofijo») e Isauro Yossa eran todos veteranos de El Davis y miembros del comité central del Partido Comunista de Colombia. Sin embargo, hasta mediados de los años sesenta la política oficial del partido no era favorable a la insurrección armada. Contra esta pasividad e inspirándose en la revolución cubana, un grupo de estudiantes de Bogotá fundó el Movimiento de Obreros, Estudiantes y Campesinos (MOEC) en 1960. Casi al mismo tiempo un grupo de intelectuales encabezados por Gloria Gaitán (la hija del líder populista Eliecer Gaitán) creó el Frente Unido de Acción Revolucionaria (FUAR). Tanto el MOEC como el FUAR llevaron a cabo operaciones sin éxito. Mientras tanto, los sucesivos gobiernos del Frente Nacional, presionados por los Estados Unidos y con la ayuda del dinero y asesores de la CIA lanzaron una gran ofensiva contra los insurrectos cuyo objetivo era la destrucción total de los baluartes de los guerrilleros. En 1964 la «Operación Marquetalia» contó con la participación de 16.000 soldados (un tercio de todo el ejército colombiano), así como docenas de helicópteros y aviones de combate, que obligaron a disolver Marquetalia. Las demás «repúblicas campesinas» cayeron durante el período 1964-1965. Pero las operaciones hicieron que miles de campesinos volvieran a ponerse en marcha y muchos de ellos se dedicaron al bandolerismo. Otros organizaron bandas de guerrilleros móviles. Estas bandas celebraron varias conferencias bajo la presidencia de Tirofijo; y en 1966 —ahora con la aprobación oficial del X Congreso del Partido Comunista— decidieron fundar una organización global: las Fuerzas Armadas de la Revolución Colombiana (FARC)[93].

El Partido Comunista era francamente favorable a la insurrección rural debido, por un lado, al creciente prestigio del régimen cubano entre las fuerzas progresistas de América Latina y a su amistad con la Unión Soviética, y, por otro lado, al temor a que lo desplazaran otros grupos radicales (por ejemplo, los maoístas), en el contexto de la decepción generalizada que el Frente Nacional había causado a la izquierda colombiana. Motivo especial de frustración era el ineficaz Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), fundado en 1961 para que reorganizase el sistema de tenencia de la tierra y cambiase la dinámica social de la agricultura. Mientras tanto, en 1964-1965, estudiantes (antiguos miembros del MOEC) y campesinos habían creado otro foco en las montañas de Santander: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuyo jefe, Fabio Vásquez, intentó luego formar una alianza con Tirofijo y las FARC. Sin embargo, la respuesta que recibió Vásquez fue que el ELN debía subordinarse al comité central del Partido Comunista, pero él se negó a obedecer. No obstante, el ELN se hizo mundialmente famoso cuando adquirió un nuevo miembro, el joven sacerdote católico Camilo Torres, la figura más carismática de Colombia.

El padre Torres había estudiado sociología en Lovaina (Bélgica) y dirigía estudios críticos, seminarios universitarios y grupos de debate sobre las condiciones sociales y políticas de Colombia. A resultas de ello, se convenció de que el gobierno no quería y no podía romper con la oligarquía reaccionaria y que los partidos tradicionales habían perdido la capacidad de crear conciencia social entre las masas. En marzo de 1965 publicó un documento titulado Plataforma para un movimiento de unidad popular en el que resumía sus ideas sobre la reforma agraria y la nacionalización económica y pedía que se formara una coalición no partidista de fuerzas progresistas. Este documento causó gran revuelo en las ciudades. Debido a ello, perdió su empleo en la universidad y más adelante las autoridades eclesiásticas le despojaron de sus funciones sacerdotales. Durante 1965 Camilo Torres hizo campaña por todo el país a favor de su incipiente y no sectario Frente Unido. Tratando de obtener el máximo apoyo posible, negoció con los comunistas y los radicales, así como con el ala izquierda de los liberales y con los católicos progresistas. Con todo, esta misma flexibilidad le indispuso con la izquierda organizada[94]. Pese a la enorme popularidad personal del sacerdote, el Frente Unido hizo muy pocos progresos. Torres, desilusionado, se retiró a las montañas y se unió al ELN. A su modo de ver, el ELN compartía sus ideales de compromiso no sectario con las masas y Torres creía que su campaña a favor de la reforma agraria despertaría el entusiasmo del campesinado. Pero el 15 de febrero de 1966 fue muerto en una emboscada que le tendió el ejército.

En realidad, ni las FARC, ni el ELN, ni el Ejército Popular de Liberación (EPL), que era maoísta y surgió en 1968, gozaron de la amplia participación de los levantamientos de campesinos durante los años de la violencia. Además, a finales del decenio de 1960 ya habían quedado reducidas a bandas pequeñas, marginadas y mal organizadas. El ejército, cuyo presupuesto creció hasta representar casi el 30 por 100 del PNB durante los años sesenta, se había especializado en la caza de guerrilleros. Asimismo, el discurso de las fuerzas militares y el Frente Nacional contra la violencia y contra el bandidaje resultaba muy atractivo para la atemorizada población rural, después de cerca de treinta años de continuo horror[95].

El golpe más duro que recibió la teoría foquista fue la derrota en 1967 de su abanderado, Che Guevara, en Bolivia. Los sindicatos rurales bolivianos seguían conectados con el estado por medio de la negociación de alianzas y los lazos clientelares, aun cuando una junta militar encabezada por los generales Barrientes y Ovando había sustituido al MNR en 1964. Los militares tuvieron enfrentamientos graves con los mineros, pero se granjearon la simpatía de los campesinos. Los sindicatos campesinos incluso firmaron lo que daría en llamarse el «pacto militar-campesino», y fue gracias a su apoyo que Barrientes salió elegido presidente en 1966. Hay que recordar que el ejército posrevolucionario, que fue reorganizado por el MNR, era de extracción popular. Sus soldados eran bien considerados en muchas zonas rurales, donde habían participado en proyectos de desarrollo y de asistencia social. El propio Barrientes —al igual que el general Gualberto Villarroel, el promotor de los congresos indígenas en los años cuarenta— era miembro de una familia de Cochabamba que hablaba quechua. Sin embargo, el gobierno militar procedió a desarmar a las milicias campesinas con el fin de evitar complicaciones. Mientras que los máximos líderes del MNR se exiliaron, los partidos de la izquierda fueron perseguidos sin disimulo, en particular los que más influencia tenían entre los mineros, tales como el Partido Revolucionario, que era trotskista, y el Partido Revolucionario de Izquierda Nacional (PRIN) de Juan Lechín, fruto de una escisión del MNR; pero también el prosoviético Partido Comunista de Bolivia (PCB), que sustituyó al debilitado Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR).

A principios de 1966 el secretario general del PCB, Mario Monje Molina, acordó en principio colaborar con Che Guevara en la creación de un foco revolucionario en la jungla boliviana. Como mínimo dos miembros del comité central del PCB, los hermanos Peredo, fueron enviados a Cuba para adiestrarse en las tácticas de la guerra de guerrillas. Sin embargo, después de diciembre de 1966, la relación entre el Che y Monje se volvió tensa debido al asunto del liderazgo. A causa de ello, el reclutamiento de bolivianos para la fuerza de combate se hizo por medio de las redes personales de los Peredo y entre los mineros sin empleo. A principios de 1967 la fuerza tenía cincuenta hombres: veintinueve bolivianos, diecisiete cubanos, tres peruanos y el propio Che Guevara. La guerrilla eligió para sus operaciones una zona aislada y montañosa situada al sur de la ciudad de Santa Cruz. La población de la zona era escasa y la componían agricultores y peones temporeros (que encontraban puestos de trabajo relativamente atractivos en los campos de petróleo de Camiri) que no mostraron simpatía por los guerrilleros. Después del primer enfrentamiento entre los rebeldes y el ejército en marzo de 1967, Barrientes —que era asesorado por «expertos en antisubversión» norteamericanos y agentes de la CIA— puso todo el sureste del país directamente bajo gobierno de los militares. A las personas a las que se encontraba haciendo de contactos entre los guerrilleros y el mundo exterior (las ciudades bolivianas y el ámbito internacional) se les daba muerte o eran capturadas por el ejército, como le ocurrió a Regis Debray, que había llegado a Bolivia fingiéndose periodista. A pesar de esto, grupos de mineros mostraron su apoyo a la causa de los guerrilleros y algunos sindicatos recaudaron dinero para ella. En la gran mina de estaño Siglo Veinte había incluso un campo donde se adiestraba en la guerra de guerrillas, lo cual provocó una sangrienta incursión de los soldados, en junio de 1967, que causó docenas de muertos. Otros posibles partidarios de los guerrilleros no quisieron o no pudieron hacer nada. El 8 de octubre de 1967 Che Guevara, cuyo grupo había quedado reducido a sólo diecisiete hombres, fue herido en combate y capturado por una patrulla militar. Al cabo de unas horas, fue muerto a tiros, a sangre fría[96].

Según parece, el fracaso de los grupos de guerrilleros de Venezuela, Colombia y Bolivia en sus intentos de convertirse en auténticos focos —esto es, atraer el apoyo generalizado de otros sectores movilizados— obedeció a tres factores principales. En primer lugar, la población en general no percibió los objetivos de los guerrilleros como parte de un programa exhaustivo de cambio social, económico y político aceptable. Esto se debió a que los gobiernos pudieron presentar a los guerrilleros como bandidos o extremistas locos y también a que las organizaciones políticas de la izquierda (que a menudo estaban muy divididas) no pudieron o no quisieron presentar públicamente tales objetivos bajo una luz favorable. En segundo lugar, la gente no había perdido la fe en los medios legales y pacíficos de conseguir los cambios deseados. Este fue en particular el caso de Venezuela, donde se había restaurado la democracia formal después de diez años de dictadura; el gobierno de la AD combinó la represión con la negociación y el patronazgo y puso en práctica una reforma agraria moderada. Incluso en Colombia, donde el 75 por 100 del electorado se abstuvo de votar en 1966, la gente sabía que los medios no pacíficos habían resultado desastrosos, después de una guerra civil aparentemente interminable. Y en Bolivia, a pesar del agitado clima político, se preferían las movilizaciones cívicas a la guerra civil. En tercer lugar, los grupos gobernantes y sus ejércitos presentaban una imagen de fuerza —debido en parte a la ayuda norteamericana— aun cuando en los regímenes colombiano y boliviano hubiera profundas y persistentes divisiones internas.

En Colombia, la apertura democrática que tuvo lugar después de 1966 permitió que surgiese la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), que se convirtió probablemente en la organización de masas más importante de la América Latina rural durante los últimos años sesenta y los primeros setenta. Sus características más destacadas eran: a) la consolidación de la legitimidad representativa, institucional, en el nivel nacional; b) la coordinación de reivindicaciones heterogéneas (peticiones de tierra, acceso a créditos y mercados, participación política, resurgimiento étnico) en un solo frente unido, y c) la creación de una posición política independiente desde la cual la ANUC pudiera negociar tanto con el estado como con la izquierda política. Como León Zamosc ha explicado claramente en su brillante estudio de la ANUC, estas características son el resultado de una convergencia de múltiples fuerzas históricas, entre las que se incluyen el agotamiento de la guerrilla, las nuevas estrategias hegemónicas del Frente Nacional y la continuación de las movilizaciones rurales masivas[97].

Por primera vez en la historia de Colombia —y con el apoyo de la clase integrada por los industriales— el presidente liberal Carlos Lleras Restrepo (19661970) ideó un plan para alentar a la población rural a participar en una organización patrocinada por el estado en calidad de usuarios de servicios gubernamentales en el campo. Para ello se requería dar nuevo ímpetu al Instituto de Reforma Agraria (INCORA), al que el gobierno impulsó a preparar medidas eficaces para efectuar dicha reforma: en los años comprendidos entre 1966 y 1970 el INCORA redistribuyó el doble de tierra del que había redistribuido en el anterior período presidencial. También significó el encauzamiento institucional de las reivindicaciones populares en las zonas rurales. Estas reivindicaciones estaban claramente diversificadas, en términos de regiones y estructuras productivas. La principal reivindicación de los campesinos sin tierra (el conjunto de terrazgueros, aparceros y peones) de las haciendas tradicionales de la costa del departamento de Atlántico y de las llanuras orientales era que se expropiaran y redistribuyeran los latifundios, especialmente en las zonas donde se estaba desahuciando a los campesinos de la tierra que ellos habían sido los primeros en dedicar al cultivo. Para los habitantes de los municipios indígenas de Cauca y el sur de Tolima la redistribución de la tierra debía ir acompañada de la restauración de los antiguos resguardos comunales. En las zonas de pequeñas propiedades de orientación comercial —las laderas de la cordillera de los Andes y los valles del interior— los problemas principales eran el acceso a créditos, tecnología, mercados y precios razonables. Comunicaciones, comercialización y servicios básicos también formaban parte de las reivindicaciones de los pequeños y medianos propietarios de las zonas recién colonizadas de la costa del Pacífico y junto a la frontera con Venezuela. Finalmente, el proletariado rural de las haciendas modernizadas del norte y el oeste quería que sus puestos de trabajo fueran seguros y sus salarios, justos; y que se redistribuyese la tierra si estas reivindicaciones no eran atendidas debidamente. La ANUC se creó en 1967 para que cumpliese la importante función de coordinar y negociar con el estado.

En 1968 los afiliados a la ANUC eran 600.000; tres años después, casi alcanzaban el millón —el 50 por 100 de los cuales eran pequeños propietarios— agrupados en 634 asociaciones municipales y 28 asociaciones departamentales. Su éxito estuvo relacionado con la satisfacción de reivindicaciones y el ambiente de participación en todos los niveles, lo que a su vez hizo que poco a poco se multiplicaran las peticiones y las marchas públicas y aumentaran las ocupaciones de tierras. Después de 1970, el presidente conservador Misael Pastrana mostró mucha menos simpatía por la ANUC. Por un lado, la clase terrateniente, que era la espina dorsal del partido de Pastrana, se mostró partidaria de la explotación agrícola en gran escala para aprovechar el nuevo auge que se registraba en el mercado internacional. Por otro lado, después de la calma y la prosperidad relativas del período de Lleras Restrepo, la burguesía industrial ya no estaba convencida de la necesidad de una reforma agraria radical. Ante esta situación los líderes de la ANUC se dividieron: los seguidores del ex presidente Lleras Restrepo y los democratacristianos defendían la necesidad de mantener una relación negociadora con el gobierno, mientras que la izquierda (trotskistas y comunistas) era partidaria de una estrategia de enfrentamiento no violento. En la Segunda Asamblea Nacional de la ANUC (enero de 1971) la postura radical cobró fuerza, lo que dio lugar a una nueva oleada de ocupaciones de tierras y oficinas gubernamentales (especialmente en la costa del departamento de Atlántico), así como manifestaciones públicas, campañas de desobediencia civil y afirmaciones radicales sobre la necesidad de abolir los latifundios por completo. En enero de 1972 el llamado Pacto de Chicoral dispuso que el INCORA no expropiara las propiedades que pagaran debidamente sus impuestos, que se fijaban de acuerdo con los valores de un censo agrario revisado. Cuando el gobierno convocó un congreso nacional de la ANUC en Armenia, en noviembre de 1972, la mayoría antigubernamental organizó su propio congreso en Sincelejo, al que asistieron delegados de todos los departamentos, y lo empezó con una manifestación de más de 10.000 campesinos. Entonces las autoridades declararon ilegal el Congreso de Sincelejo y utilizaron la fuerza pública para responder a las ocupaciones de tierras. A pesar de esto, ambas facciones de la ANUC rechazaron el programa de violencia que propusieron dos grupos prochinos: las Ligas Marxistas-Leninistas y el Partido Comunista Marxista-Leninista de Colombia, que habían encontrado cierto número de seguidores entre los aparceros desplazados de Sucre, Córdoba, Bolívar y Antioquía y creían que en Colombia existía una «situación de insurrección».

El gobierno López Michelsen (1974-1978) intentó llegar a un acuerdo tanto con los terratenientes como con la población rural. Por un lado, puso en marcha un programa de créditos y asistencia técnica para los pequeños propietarios, así como de servicios tales como educación y electricidad para todas las zonas rurales, incluidas las veredas (aldeas) aisladas. Asimismo, la Ley de Aparcería de 1975 instauró normas de protección para los aparceros y obligó a los grandes terratenientes (más de 200 hectáreas) a proporcionar parcelas de subsistencia a sus peones. Por otro lado, se ofreció inmunidad frente a las expropiaciones de tierras a los terratenientes que cumplieran estas disposiciones[98]. La ANUC de Sincelejo denunció la Ley de Aparcería diciendo que era una maniobra desvergonzada y volvió a hacer un llamamiento a luchar para obtener tierras. El llamamiento provocó una nueva respuesta represiva del gobierno e incluso hubo una oleada de asesinatos perpetrados por los terratenientes, la policía y el ejército; igual que en los días de la violencia, aunque no exactamente en las mismas zonas. Con todo, las invasiones de tierra solían ser un arma muy eficaz, como en el caso de varios municipios de Tolima, Huila y Córdoba, donde los ocupantes ilegales resistieron durante varias semanas, hasta que los representantes del INCORA negociaron una solución con los terratenientes[99].

Sin embargo, la ANUC radical perdió fuerza después de 1976. La mayoría de los afiliados a la ANUC eran pequeños propietarios y muchos de ellos adoptaron una actitud moderada y pro gubernamental debido a los servicios que se les habían proporcionado en los años anteriores. Otro factor que contribuyó a su moderación fueron las condiciones favorables del mercado, en particular para los cultivadores de café. Aun cuando sólo 66.000 familias se habían beneficiado del programa de reforma agraria —número más bien pequeño en comparación con México, Bolivia e incluso Venezuela—, la Ley de Aparcería consiguió calmar la combatividad de muchos de los grupos que pedían tierra, especialmente en las zonas recién colonizadas junto a la frontera con Venezuela, donde se habían instalado en masa campesinos sin tierra y donde muchos de ellos obtenían buenos ingresos cultivando marihuana[100]. Otros factores que dieron lugar a la decadencia de la asociación y a la dispersión de sus afiliados fueron una burocracia central rígida y las peleas internas entre facciones que competían por el liderazgo.

A finales de los años setenta nuevos grupos de guerrilleros como el Movimiento 19 de Abril (M-19) formado por ex militantes de la Alianza Nacional Popular (ANAPO, fundada en 1966 por el ex presidente Rojas Pinilla) y grupos antiguos como las FARC —vinculadas al Partido Comunista desde los años sesenta— y el EPL volvieron a encontrar apoyo entre la población rural desarticulada. Junto con los barones de la droga, redujeron así al estado colombiano a una situación de debilidad casi tan crítica como el decenio de 1940. El presidente Belisario Betancur (1982-1986) ofreció una amnistía a los guerrilleros que fue aceptada pragmáticamente por un segmento de las FARC, pero no por el M-19, que renovó sus actos de insurrección y les dio mucha publicidad[101]. Los gobiernos de los presidentes Barco (1986-1990) y Gaviria (1990-1994) también intentaron negociar con los guerrilleros e incluso con los barones de la droga. El EPL y el M-19 parecían haber depuesto las armas —de hecho, el M-19 se transformó en un partido político legal—, pero la violencia continuó. La suspensión de la reforma agraria y de las medidas de desarrollo rural desde las postrimerías del decenio de 1970 no había contribuido al proceso de paz en el campo.

América Central

En los países centroamericanos (con la excepción de Costa Rica), a pesar de períodos de crecimiento económico global (principalmente durante los años sesenta y primeros setenta) debido al auge de la agricultura de exportación y a una industrialización de sustitución de importaciones relativamente próspera, la población, que iba en aumento, se encontraba ante los problemas perennes de desigualdad, racismo, fragmentación social, gobiernos antidemocráticos y dependencia de los Estados Unidos. A pesar de sus rencillas internas, las insurrecciones armadas en Guatemala, El Salvador y Nicaragua hallaron apoyo en grandes sectores de la población, tanto urbana como rural, por representar la única estrategia posible para alcanzar la justicia social y la liberación nacional. Sin embargo, la historia de estas luchas también es trágica y su efecto real en las reformas sociales todavía no se ha evaluado.

Los guerrilleros de Guatemala tenían su origen en una revuelta militar que fracasó, el 13 de noviembre de 1960, en la cual un grupo de oficiales nacionalistas intentó impedir que el gobierno del general Miguel Ydígoras Fuentes permitiera que cubanos anticastristas y la CIA instalasen campamentos secretos de instrucción militar en territorio guatemalteco. Tres supervivientes, Marco Antonio Yon Sosa, Luis Turcios Lima y Alejandro de León, huyeron a México —con la ayuda de campesinos simpatizantes— y luego volvieron a Guatemala para organizar una fuerza de combate rebelde[102]. Los tres habían recibido instrucción militar del ejército de los Estados Unidos, lo cual no fue óbice para que se opusieran enérgicamente a la intervención norteamericana. De León fue localizado y muerto por la policía política en julio de 1961. En febrero de 1962 el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR-13), cuyos líderes eran Yon Sosa y Turcios Lima, empezó a actuar desde la sierra de Minas, en el departamento oriental de Izabal. Al cabo de un mes, el coronel Paz Tejada fundó otro grupo rebelde, el Frente 20 de Octubre (fecha de la revolución de Arévalo en 1944); y durante los meses siguientes hubo motines de campesinos y marchas estudiantiles de apoyo a los guerrilleros. Pero el general Ydígoras aplastó toda oposición en las ciudades y los rebeldes se replegaron a las montañas. En diciembre de 1962 el MR-13 promovió la formación de una alianza, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), con el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) —el Partido Comunista reducido a la condición de clandestino— y con un grupo estudiantil llamado Movimiento 12 de Abril (fecha de unos recientes disturbios estudiantiles en la ciudad de Guatemala). En marzo de 1963 Ydígoras fue depuesto por el coronel Peralta Azurdia, que canceló las elecciones que se habían anunciado y puso el país entero en virtual estado de sitio, situación que duró hasta 1966. Mientras tanto, las FAR, y en particular el M-13, consiguieron organizar comités clandestinos de campesinos armados en el noreste, principalmente en las zonas que habían sufrido las consecuencias de la revocación de la reforma agraria de Arbenz después del golpe de 1954. En 1964 los líderes del M-13, en particular Yon Sosa y Francisco Amado Granados, habían caído bajo la influencia del trotskismo, lo cual causó una escisión con el prosoviético PGT y también recelos por parte del segmento que encabezaba Turcios Lima, que simpatizaba con Castro pero cuya actitud no era comunista.

En mayo de 1966 hubo elecciones nacionales y el vencedor fue el Partido revolucionario (PR), el heredero legal de la revolución de Arévalo, con el apoyo del PGT. El nuevo presidente, Julio César Méndez Montenegro, ofreció una amnistía a los insurgentes, pero tanto el grupo de Yon Sosa como el de Turcios Lima la rechazaron argumentando que el ejército y la clase terrateniente no permitirían que Méndez pusiera en práctica su programa de reformas democráticas. Tenían razón. Durante todo el decenio de 1960 el ejército instauró una red de «comisionados militares» que se encargarían de coordinar la actuación de los espías y los vigilantes armados que proporcionaron los terratenientes locales. Al mismo tiempo, varias organizaciones terroristas y secretas de signo derechista, tales como la Mano Blanca y el Frente de Resistencia Nacional, a menudo protegidas por los «comisionados», acometieron la tarea de asesinar a las personas que eran sospechosas de apoyar a los guerrilleros o de tener ideas subversivas. Posiblemente, el accidente de automóvil en el cual Turcios Lima perdió la vida en octubre de 1966 lo urdieron el ejército y sus espías. En 1967-1968 el ejército, con la ayuda de los boinas verdes, las «fuerzas especiales» estadounidenses, se puso a trabajar para destruir a los grupos de campesinos armados, especialmente en las montañas del noreste (la zona de Izabal-Zacapa-Alta Verapaz-Chiquimula) y para localizar y matar a los «guerrilleros de la noche» (las personas que llevaban una vida normal durante el día y participaban en acciones armadas durante la noche). En la zona costera de Escuintla estos «guerrilleros de la noche» eran coordinados por una nueva organización radical que nació de los sindicatos de los años de Arbenz, el Partido de Unión Revolucionaria. Al finalizar el mandato de Méndez Montenegro (1970), el país ya se encontraba «realmente en estado de guerra civil clandestina». Las fuerzas rebeldes obtenían dinero y armas en sus incursiones contra puestos militares y secuestrando a personas para exigir rescate por ellas; pero también recibían ayuda de civiles rurales y urbanos (de estudiantes, por ejemplo), así como de sus contactos en México y de gobiernos socialistas simpatizantes[103]. No hay ninguna prueba de que existieran fuertes lazos entre los rebeldes y los sindicatos y ligas rurales legales que aún quedaban (que eran menos de 100 en todo el país y se encontraban en una situación de debilidad ante los patronos y los terratenientes); no obstante, estas organizaciones legales eran hostigadas por los comisionados militares y las bandas terroristas de derechas[104].

En 1970 Yon Sosa fue muerto por el ejército mexicano cuando cruzaba la frontera; pero las FAR volvieron a unir a los guerrilleros y continuaron sus operaciones hasta 1975, año en que fueron disueltas por las fuerzas antisubversivas. Durante el mismo año un nuevo frente rebelde, el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), se hizo con el poder en el norte de Quiché. A finales de los años setenta unas FAR renovadas y la emergente Organización del Pueblo en Armas (OPA) encontraron muchos seguidores entre los indios pobres que habían inmigrado para trabajar de peones en las zonas occidentales de El Quiché, Huehuetenango, Quetzaltenango y San Marcos, donde el cultivo de subsistencia había sufrido graves trastornos debido a la invasión por parte de fincas dedicadas a cultivar productos para la exportación[105]. En las aldeas, fue por medio de las organizaciones rituales tradicionales y las redes de parentesco, así como de las comunidades de base cristianas —las asociaciones que fomentaba el clero católico de talante progresista— que el EGP, las FAR y la OPA pudieron crear mecanismos de comunicación y reclutamiento[106].

Después de 1970 sucesivos gobiernos militares continuaron la represión masiva e indiscriminada en las zonas rurales donde real o supuestamente actuaban los rebeldes. Lucas García (1978-1982) y Ríos Montt (1982-1983) lanzaron una ofensiva genocida contra las aldeas indias —150.000 personas fueron muertas en siete años— nutrida por un discurso racista contra «los bárbaros» parecido a las justificaciones ideológicas de las matanzas de indios perpetradas en Bolivia a finales del siglo XIX y en El Salvador en 1932. Miles de personas aterrorizadas huyeron al estado mexicano de Chiapas, donde en 1984 había 149 campamentos con casi 200.000 refugiados guatemaltecos[107]. Sin embargo, la resistencia popular perduró, y no sólo entre las comunidades indias. En las plantaciones de la costa y en las fincas modernizadas de las tierras altas una nueva federación de peones rurales, el Comité de Unidad Campesina, fundado en 1978, consiguió movilizar tanto a indios como ladinos para que participasen en huelgas y marchas —por ejemplo, la huelga nacional de marzo de 1980, en la que 80.000 peones paralizaron catorce refinerías de azúcar y setenta fincas grandes— y negoció mejores condiciones de trabajo, a pesar de las constantes agresiones por parte del ejército y de grupos de vigilantes[108].

En Guatemala, el apoyo de los campesinos a la guerrilla estaba enraizado en el profundo rencor que habían creado el desmantelamiento de la reforma agraria de Arbenz y la represión sufrida por los sindicatos y las ligas después de 1954. Tal apoyo era más intenso entre los grupos rurales menos afortunados: los cultivadores precarios que habían tenido que abandonar sus aldeas periódicamente para trabajar de peones eventuales que iban de finca en finca buscando trabajo mal pagado y que, además, sufrían discriminación racista por parte de la población no india (ladina). En cambio, los peones fijos de las fincas y los pequeños propietarios se mostraban menos inclinados a unirse a los rebeldes. En El Salvador, los grupos rurales radicalizados que aparecieron en los años setenta también se componían principalmente de peones temporeros sin puesto de trabajo fijo. Pero en el caso salvadoreño vemos un proceso más acelerado de pauperización rural e incluso de «descampesinación» que estaba relacionado con la gran densidad demográfica y la redoblada voracidad de tierra que sentía la clase terrateniente, deseosa de cultivar productos para la exportación: caña de azúcar además de café y algodón. En 1975 el 40 por 100 de las familias rurales carecían de tierra y la extensión del 50 por 100 de las propiedades no llegaba a una hectárea[109]. Había escasez crónica de cereales y alimentos básicos, ya que su cultivo se relegaba a las tierras marginales. Al mismo tiempo, había excedente de mano de obra; hablando en rigor, no hubo una proletarización total, ya que los patronos no ofrecían muchos empleos de dedicación exclusiva; y los salarios rurales se mantenían en un nivel muy bajo. El paro rural se intensificó cuando el gobierno hondureño expulsó a más de 100.000 inmigrantes salvadoreños, el incidente que causó la «guerra del fútbol» en 1969.

La Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños (FECCAS) fue la primera organización rural independiente que apareció en un país donde las libertades civiles virtualmente no habían existido durante casi cuarenta años. La FECCAS, que era protegida por la Iglesia católica, creó comités locales en defensa de los derechos de los campesinos y los trabajadores rurales. Tenía lazos estrechos con otros movimientos católicos progresistas, tales como los Delegados del Verbo y las comunidades de base cristianas, que trabajaban para aumentar la conciencia individual y social entre sus miembros. Después de 1974 la FECCAS participó en un amplio frente rural y urbano que protestaba contra los salarios bajos y el elevado coste de la vida, el Frente de Acción Popular Unificada (FAPU). Este frente estableció vínculos con el Partido Demócrata Cristiano (PDC) —que había sido fundado en 1960 y desde 1964 controlaba varios consejos municipales, entre ellos el de San Salvador, y un tercio de los escaños legislativos en la asamblea nacional—, así como con sindicatos urbanos patrocinados por la Iglesia católica y la semiclandestina Confederación General de Trabajadores de El Salvador (CGTS)[110].

En enero de 1970 la asamblea nacional convocó un congreso de reforma agraria por el que también abogaron el democratacristiano José Napoleón Duarte, alcalde de San Salvador; Guillermo Ungo, líder del Movimiento Revolucionario Nacional (MRN), de ideología socialdemócrata; y hasta el arzobispo Luis Chávez y González. Todos los sectores y organizaciones de la sociedad salvadoreña enviaron delegados. Pero cuando el Congreso recomendó varias medidas, entre ellas «la expropiación masiva por el bien común», los representantes de las empresas se retiraron y el gobierno sencillamente no se dio por enterado del asunto. Mientras tanto, varios terratenientes y oficiales del ejército habían creado un grupo paramilitar en el campo, la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN), dedicada a luchar contra el «comunismo». Esta organización consiguió apoyo de los campesinos por medio de mecanismos clientelares y fue reforzada después del Congreso Agrario de 1970[111]. Cuando se celebraron elecciones nacionales en 1972 la reforma agraria total fue una consigna destacada de las campañas de la Unión Nacional Opositora (UNO), coalición de los tres partidos más importantes de la oposición: la DC, el MNR y la Unión Democrática Nacional (UDN). (El clandestino Partido Comunista, prohibido desde 1932, también apoyó a la UNO). Ningún candidato obtuvo la mayoría de los votos y la asamblea nacional nombró al coronel Arturo Armando Molina, el candidato del partido gobernante, el Partido de Conciliación Nacional —el de las fuerzas armadas—, en medio de acusaciones generalizadas de fraude, toda vez que en el campo las votaciones habían estado controladas estrechamente por la guardia nacional, la ORDEN y los terratenientes.

Mientras tanto, gracias a la red de información que proporcionaban las organizaciones de base católicas, tanto el fraude electoral como las medidas que bloqueaban la reforma agraria fueron conocidos y muy comentados en las zonas rurales. Por ejemplo, en Aguijares, región productora de caña de azúcar situada en el centro-oriente —donde la mayoría de los campesinos habían sido expulsados de los valles por las grandes fincas y vivían en precarias parcelas de subsistencia en las colinas y trabajaban de temporeros cortando caña—, miembros de las comunidades de base cristianas decidieron mandar delegados a los seminarios de la FECCAS y a las manifestaciones del FAPU con el propósito explícito de sumarse a la lucha política por la justicia social y a favor de la redistribución de la tierra. Una movilización parecida tuvo lugar en la zona productora de café de San Martín. Según el detenido estudio de ambos casos (Aguilares y San Martín) que hizo Carlos Cabarrús, los campesinos a los que se movilizaba con más facilidad (principalmente contra el régimen pero también a favor de la ORDEN) eran los que conservaban la afiliación a su comunidad y cierta autonomía económica reforzada por la solidaridad de la familia, pero que se habían visto semiproletarizados y eran objeto de hostigamiento por parte de los plantadores y los terratenientes. De 1972 a 1975 la FECCAS llevó a cabo una afortunada campaña de captación de miembros y fundación de comités locales y consejos regionales en varias zonas del país. En julio de 1975 la FECCAS y la Unión de Peones Rurales —que había empezado como movilización patrocinada por estudiantes y había crecido hasta convertirse en una organización bien coordinada de peones— tomaron parte en un mitin que se celebró en la catedral de San Salvador para formar el Bloque Popular Revolucionario (BPR). El BPR redactó un amplio programa político que incluía: a) libertades democráticas, elecciones limpias y el fin de la represión militar; b) reforma agraria, y c) alianzas entre peones urbanos y rurales, y con maestros y estudiantes, para obtener mejores salarios y condiciones de trabajo, y a favor de un régimen de justicia e igualdad[112].

En 1976 ya se había hecho manifiesta la hostilidad entre los militares y la Iglesia, muchos de cuyos miembros tomaban parte en la defensa y la organización de las clases desposeídas, en particular los campesinos. Después de otras elecciones fraudulentas en 1977 que dieron la presidencia al general Carlos Humberto Romero, el ministro de Defensa de Molina, una organización de vigilantes derechistas, la Unión Guerrera Blanca (UGB), empezó a asesinar y amenazar a los sacerdotes[113]. El recién nombrado arzobispo monseñor Óscar Amulfo Romero (que tenía el mismo apellido que el presidente, pero era su adversario ideológico), expresó su profundo rechazo de la violencia del régimen. Un grupo de estudiantes y trabajadores fundó entonces las Ligas Populares (LP-28), vinculadas a una organización de guerrilleros integrada por democratacristianos radicalizados, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que existía desde 1971, pero que hasta entonces no había contado con muchos seguidores. Otras guerrillas emergentes también se aliaron con coaliciones populares durante 1977. Por ejemplo, las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL-FM), dirigidas por los comunistas, crearon un vínculo de cooperación con el BPR. De modo parecido, el FAPU se convirtió en el ala civil de las Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional (FARN), fruto de una escisión en el ERP. En abril de 1977 los campesinos organizados ocuparon pacíficamente grandes propiedades en la región de Aguilares a la vez que se declaraban huelgas en otras zonas de plantaciones para exigir un aumento salarial. Ambos tipos de movilización provocaron reacciones brutales, en particular después de que en diciembre de 1977 se aprobara la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público. Al aumentar la represión de que eran objeto las organizaciones populares, aumentó también el apoyo a la insurrección armada. Las FPL-FM protagonizaron frecuentes enfrentamientos con la ORDEN; las FARN recaudaron grandes cantidades de dinero mediante el secuestro de hombres de negocios extranjeros; y el ERP eligió a miembros de las fuerzas de seguridad como blanco. Gozaba ya de aceptación general entre la oposición combativa la idea de que una revolución popular era la única forma real de acabar con el terror militar[114]. Otros dos grupos insurgentes aparecieron a finales de los años setenta: las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC).

Horrorizado por el historial de brutalidad y violación de los derechos humanos del general Romero, el presidente norteamericano Cárter dio su aprobación a un golpe de estado que colocó en el poder a una junta civil-militar en octubre de 1979. Al principio el MNR de Ungo apoyó a dicha junta, hasta que se vio claramente que el nuevo gobierno no podía controlar las fuerzas paramilitares o escuadrones de la muerte derechistas que continuaban devastando y saqueando las zonas rurales (mataron a más de 3.000 campesinos sólo en 1980), además de sembrar el terror en los vecindarios de clase trabajadora de las ciudades. (Estas fuerzas asesinaron al arzobispo Óscar Amulfo Romero en marzo de 1980). En 1980 los diversos grupos de guerrilleros y las coaliciones populares, así como el MNR, convergieron para formar el Directorio Revolucionario Unificado y luego el Frente Democrático Revolucionario y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FDR/FMLN). En 1982, cuando el presidente norteamericano Reagan intensificó la ayuda militar y técnica al gobierno salvadoreño, el FDR/FMLN controlaba militarmente más del 20 por 100 de las zonas rurales. En 1983, a pesar de frecuentes choques entre diferentes facciones de la guerrilla, los insurgentes estaban ganando la guerra. Hablan efectuado compras inmensas de armas con el dinero de los rescates; y estaban recibiendo armas, medicinas y fondos de Etiopía y el Vietnam (que aviones cubanos y nicaragüenses se encargaban de transportar), así como de asociaciones civiles de la Europa occidental, los Estados Unidos y México. Existía la creencia general de que el gobierno no podría sostenerse en pie sin la ayuda de los Estados Unidos. Al finalizar el decenio, el FDR/FMLN virtualmente reinaba en una tercera parte del país, incluidos los departamentos septentrionales que lindaban con Honduras y la parte occidental de la costa salvadoreña del Pacífico, mientras vastas zonas de la región centro-occidente eran escenario de enfrentamientos endémicos entre los rebeldes y el gobierno.

Los orígenes sociales de los líderes de las guerrillas rurales latinoamericanas de los años sesenta y setenta eran heterogéneos: intelectuales de clase media, militares disidentes, estudiantes y clérigos radicales; pero también había gente de origen campesino, como en las «repúblicas campesinas» de Colombia y los grupos de combate surgidos de las comunidades de base cristianas de El Salvador y Guatemala. En Nicaragua, la proliferación de los grupos de base cristianos también fue decisiva tanto para la aparición de líderes campesinos como para la organización de la resistencia popular. En los primeros años setenta el poeta-sacerdote Ernesto Cardenal se convirtió en una figura simbólica de la nueva Iglesia. Al mismo tiempo las comunidades de base cristianas proliferaron en la zona rural de Zelaya bajo el liderazgo de los padres capuchinos, y los jesuitas crearon el Centro para la Educación y la Promoción Agrarias (CEPA), que llevaba a cabo su labor en el oeste, especialmente en los departamentos de Carazo, Masaya y Estelí. Estas organizaciones proporcionaron un espacio donde el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) podía reunirse con grupos rurales en los que se había despertado la conciencia social. El FSLN fue creado en 1962 y articulaba una ideología que era una combinación de marxismo, foquismo, nacionalismo antiimperialista —su figura emblemática era Augusto César Sandino— y cristianismo. Durante los años sesenta y setenta tuvieron lugar varias movilizaciones campesinas y ocupaciones de tierras, tanto inspiradas por el CEPA como espontáneas, principalmente en la costa del Pacífico, donde la expansión de las plantaciones de algodón había causado el desahucio forzoso de los pequeños propietarios. Con el fin de poner freno a la protesta popular, incrementar el control sobre el campesinado y estimular la producción de alimentos, el régimen puso en marcha una reforma agraria que consistía en colonizar tierras despobladas de la costa del departamento de Atlántico. El proyecto era muy parecido al que se puso en práctica en Venezuela, que también recibió apoyo total de la Alianza para el Progreso. Aunque la reforma permitió reubicar a la población rural, las invasiones de tierras continuaron. La tendencia a producir para la exportación causó una escasez de cereales básicos, mientras que los salarios reales bajaron en las zonas rurales. A pesar de la represión por parte de la guardia nacional, miles de peones de las plantaciones se afiliaron a la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), promovida por el FSLN durante los últimos años setenta. En Las Segovias —escenario de las operaciones de Sandino en los años veinte— los guerrilleros del FSLN encontraron apoyo entre los pequeños propietarios empobrecidos y los campesinos desahuciados que nunca se beneficiaron de la reforma agraria[115].

En enero de 1978, después del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, director del periódico conservador La Prensa y fundador de la Unión Democrática de Liberación (UDEL), el Frente Amplio de Oposición (FAO) sustituyó a la UDEL y acabó forjando una fuerte alianza con el FSLN cuyo objetivo era derrocar a Somoza, que había perdido el respaldo de la administración Cárter. Una oleada de huelgas rurales y urbanas señaló el principio de una insurrección en masa cuyo resultado fue la toma de Carazo, Chinandega y la ciudad de León y el control del noroeste de Nicaragua por parte del FSLN. Para resolver el problema del suministro de alimentos en las zonas liberadas, los rebeldes organizaron las Comunas Agrícolas Sandinistas (CAS), también con la ayuda de grupos populares cristianos. Las CAS, de hecho, constituían una estructura de gobierno local y regional y pusieron en marcha un programa de redistribución de tierras. Después de la caída de Somoza en julio de 1979, a raíz de una huelga general y de una victoriosa ofensiva militar contra los restos de la guardia nacional, las CAS fueron el modelo para una organización de cooperativas rurales a escala nacional[116].

Sin embargo, el gobierno sandinista no intentó expropiar toda la tierra ni colectivizar la agricultura. Los decretos agrarios del nuevo gobierno en 1979-1980 expropiaron las posesiones de la familia Somoza y sus colaboradores más allegados —un millón de hectáreas en total— y crearon nuevas reglas para los sistemas de aparcería y terrazgo. Las posesiones expropiadas sirvieron para formar el Área de Propiedad del Pueblo, que fue reorganizada en empresas estatales. En julio de 1982 una Ley de Reforma Agraria bastante moderada dispuso que se repartieran los terrenos abandonados, así como los latifundios que fuesen improductivos o se cultivaran de forma deficiente, o por medio de aparceros y terrazgueros. A finales del citado año aproximadamente 6.000 familias rurales habían recibido casi 150.000 hectáreas. Cuatro años más tarde se habían alcanzado virtualmente los objetivos de la reforma sandinista relativa a la asignación de tierras: casi 100.000 familias estaban en posesión de dos millones de hectáreas. La ATC se convirtió en la organización de masas del sandinismo para los peones asalariados rurales y se creó la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) para los medianos y pequeños propietarios de tierras, que podían afiliarse a la CAS o a otra organización cooperativa para obtener crédito y servicios. Estas organizaciones e instituciones no presentaban la marcada inclinación clientelar y corporativista de sus equivalentes de México, Bolivia y Venezuela; pero seguían proporcionando una base de apoyo al régimen revolucionario que era fácil de movilizar, toda vez que gran parte de la población rural había participado realmente en la insurrección contra Somoza y se identificaba con ella[117].

La paz para Nicaragua se alcanzó tras un proceso lento y difícil. Varios grupos antisandinistas —los «contras», que abarcaban desde liberales descontentos hasta ex somocistas— hicieron la guerra al régimen, con fondos que los Estados Unidos proporcionaron sin disimulo. La guerra terminó cuando la líder de la oposición, Violeta Chamorro (la viuda de Pedro Joaquín), ganó las elecciones nacionales en 1990, aunque la estabilidad política siguió estando en juego, toda vez que el país hacía frente a enormes problemas económicos. Mientras tanto, un nuevo presidente en El Salvador, Alfredo Cristiani, que tomó posesión del cargo en junio de 1989, empezó a negociar con los rebeldes, presionado por el secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar. El 15 de enero de 1991 se firmó el acuerdo de paz de Chapultepec por parte del gobierno salvadoreño, los representantes de las guerrillas y testigos distinguidos: los representantes de la ONU y varios presidentes y embajadores latinoamericanos. El acuerdo dio paso a un alto el fuego y a un proceso de desarme bilateral, aunque quedó sin resolver uno de sus puntos cruciales: el reparto de tierra a los ex insurrectos. A su vez, la violencia en Guatemala también parecía ir disminuyendo. Jorge Serrano, presidente desde 1990, ofreció una amnistía a los exiliados y fugitivos políticos; y el ejército y la élite recibieron un revés cuando en 1992 se concedió el Premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú, india guatemalteca y activista a favor de los derechos humanos.

Perú

Aunque las tierras altas peruanas fueron el escenario de múltiples movilizaciones campesinas en los primeros años sesenta, varios disidentes del APRA —miembros del APRA Rebelde, que más adelante se convertiría en el Movimiento de Izquierda revolucionaria (MIR)— adoptaron la doctrina del foquismo e hicieron la guerra de guerrillas en la sierra Central durante el período 1964-1965. Anteriormente, en 1962, Luis de la Puente, líder e ideólogo del MIR, se había entrevistado con Hugo Blanco, el líder trotskista de La Convención, sin llegar a un acuerdo. El Partido Comunista de Perú declaró su simpatía por la causa de los guerrilleros, pero no estaba seguro de cuál sería el mejor momento para actuar; y los emergentes grupos maoístas desaprobaban con vehemencia los vínculos del MIR con «revisionistas» y trotskistas[118]. La única alianza firme era la que existía entre el MIR y el Ejército de Liberación Nacional (ELN); sin embargo, sus acciones conjuntas duraron poco y terminaron con la derrota y la muerte violenta de varios revolucionarios destacados, entre ellos Luis de la Puente. Éste había elegido las escarpadas montañas de La Convención como teatro de sus operaciones, pero encontró allí pocos simpatizantes y al final una campesina le denunció al ejército[119].

La falta de apoyo a los guerrilleros estaba relacionada con las grandes expectativas que habían despertado las promesas de reforma agraria que hiciera el presidente Fernando Belaúnde Terry, elegido en 1963. Sin embargo, cinco años más tarde sólo 2.625 familias habían recibido realmente tierra, en general de mala calidad, y las proliferantes (aunque muy divididas) ligas y sindicatos rurales volvían a dar señales de malestar. En octubre de 1968 Belaúnde Terry fue depuesto por un golpe militar que se justificó a sí mismo prometiendo el cambio social y apelando al orgullo peruano. En esta ocasión los militares pusieron realmente en práctica su discurso nacionalista y reformista: nacionalizaron compañías petroleras y enclaves agromineros y en junio de 1969 pusieron en marcha una reforma agraria. La ley correspondiente tenía cuatro objetivos: modernizar la agricultura «feudal» de la sierra; recuperar para la nación las plantaciones modernas de propiedad extranjera; derrocar definitivamente a la parasitaria clase de los hacendados; y apaciguar a la población rural, cada vez más descontenta a causa de sus limitadas oportunidades de participar en la economía de mercado, que estaba en expansión. Además, la ley aportaría credibilidad al programa social de los militares, y tanto el APRA como la izquierda serían excluidos del liderazgo popular.

Sin ninguna excepción, la Ley Agraria expropió las fincas que tuvieran más de 150 hectáreas de tierras de regadío (o el equivalente en pastizales regados por la lluvia). Entre 1969 y 1974, 175.000 familias recibieron casi cuatro millones y medio de hectáreas. Estas cifras se habían multiplicado por dos en 1977[120]. Las propiedades agrarias no fueron divididas, sino convertidas en cooperativas oficialmente autónomas: las Cooperativas Agrícolas de Producción (CAPS), en la costa, y Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS) en la sierra; estas últimas incluían tierras tanto de las antiguas haciendas como comunitarias. Diez años después de la Ley Agraria, aún había como mínimo 250.000 peones rurales sin tierra; era materialmente imposible dar tierra a todo el mundo y el programa agrario tuvo que idear diversas maneras de excluir a la gente. Por ejemplo, sólo los peones que trabajaban con dedicación exclusiva en las haciendas y las plantaciones y los miembros residentes de comunidades afiliadas a las SAIS tenían derecho a ser miembros de las cooperativas; y no cambió la condición de los trabajadores eventuales y temporeros ni la de los aparceros y terrazgueros temporales. No se tuvieron automáticamente en cuenta los derechos de las aldeas sobre la tierra comunal. A menudo una extensión considerable de tierra de una hacienda era reivindicada por una aldea vecina; por ende, persistieron las hostilidades de antaño, que ahora iban dirigidas contra las cooperativas. Dentro de muchas SAIS también eran frecuentes las hostilidades entre comuneros y antiguos trabajadores de las haciendas. Campesinos que antes tomaban en arriendo tierras de haciendas colindantes ahora no podían seguir utilizando aquellos campos —a menos que aquella tierra se hubiese convertido en parte de la misma SAIS donde se les reconocía como miembros, lo que a menudo no ocurría— y tampoco podían tomar en arriendo otras tierras de una cooperativa. Los efectos resultaron especialmente perjudiciales para los «huacchilleros» —terrazgueros de pastizales en las tierras altas—, que en otros tiempos habían disfrutado de un negocio relativamente próspero criando ovejas[121]. En este contexto, la izquierda organizó ligas de campesinos sin tierra o insatisfechos que se unieron en la Confederación Campesina del Perú (CCP). Estas ligas ocuparon tierras en zonas pobres tales como Piura y protagonizaron frecuentes enfrentamientos armados con los nuevos propietarios. Sin embargo, para la mayoría de la gente sin tierra la verdadera opción era emigrar a las ciudades, en particular a Lima, que en los años setenta y ochenta acogió a cientos de miles de habitantes de las tierras altas que se dedicaron a la economía informal para sobrevivir[122].

El principal mecanismo público para el control social, el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS), era una movilización desde arriba, gigantesca e institucionalizada. Entre los objetivos del SINAMOS, que integró a antiguos cuadros de mando del APRA e incluso a ex líderes de la guerrilla, y cuyos agentes eran a menudo estudiantes y maestros, estaba el de ayudar a los grupos populares en sus tareas productivas y organizativas. También debía ejercer de mediador corporativista en casos de conflicto, junto con la amplia organización rural fundada bajo los auspicios del gobierno militar: la Confederación Nacional Agraria (CNA), que representaba los intereses de los beneficiarios de la reforma agraria. En la práctica, el SINAMOS trataba de competir con el APRA y la izquierda como mecanismo de reunión de los peones rurales y urbanos, aunque en las zonas más aisladas formó alianzas pragmáticas con la CCP con el fin de acelerar la organización local para la redistribución de la tierra. Después de dos o tres años, la naturaleza autoritaria del SINAMOS se hizo evidente: sus líderes jamás eran elegidos, sino nombrados desde arriba, y sólo tenían que rendir cuenta al gobierno. Era acusado frecuentemente de ineficiencia y corrupción, o al menos de burocratización extrema. El régimen militar peruano no era represivo y sanguinario, pero sí intolerante: los medios de comunicación fueron nacionalizados o controlados rigurosamente, y las personas que se oponían abiertamente al régimen iban a parar a la cárcel o eran deportadas. Por medio del SINAMOS esta intolerancia se extendió del nivel nacional al local[123].

Después de 1974, al aumentar la inflación, bajar los precios internacionales y decaer la economía basada en la exportación, el SINAMOS y el régimen empezaron a recibir críticas, no sólo de la CCP, sino incluso de la CNA. Proliferaron los actos autónomos de las bases, entre ellos movilizaciones para pedir servicios y formas colectivas de seguridad local y ayuda mutua. En muchos casos la aparición de una ideología favorable a nuevos tipos de solidaridad, así como a la conciencia social y la participación igualitaria, era, de hecho, fruto de prácticas instituidas por medio de las cooperativas rurales, cuyos miembros se daban cuenta de la importancia de establecer vínculos horizontales entre ellos, y donde todos tenían derecho a expresar sus opiniones y a votar en las reuniones públicas. Y, sin embargo, después de diez años la administración oficial de las cooperativas era rechazada de forma casi universal. Además, los resultados económicos de las cooperativas habían empeorado, lo cual se debía en parte a la falta de incentivos para la productividad individual[124]. En 1980 los militares decidieron renunciar al poder y convocar elecciones nacionales. El vencedor fue Belaúnde Terry, que desmanteló el SINAMOS, pero respetó la estructura de la reforma agraria. Ni él ni su sucesor —Alan García, el primer presidente aprista de la historia de Perú— pudieron reactivar la producción agrícola o recuperar la confianza de la población rural. En vez de ello, tuvieron que hacer frente a un nuevo estallido de la guerra de guerrillas que se transformó en una insurrección en masa y sacudió los cimientos del estado.

Sendero Luminoso es el nombre por el que se conoce popularmente al Partido Comunista del Perú Marxista-Leninista Pensamiento Mao Tse-tung. Fue creado en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (departamento de Ayacucho, en las tierras altas del sur de Perú), entre los últimos años sesenta y los primeros setenta, por un grupo de jóvenes profesores de la Facultad de Educación cuyo líder era Manuel Abimael Guzmán Reynoso (seudónimo: camarada Gonzalo o presidente Gonzalo). En la ideología de Sendero Luminoso se combinan el análisis de Perú como «sociedad feudal» que hizo Mariátegui y las estrategias revolucionarias que ideó Mao para transformar la China feudal. Dicho de otro modo: dado que la democracia no puede existir bajo el feudalismo, la defensa de las instituciones democráticas es una farsa, un disfraz para la ascensión del fascismo. La única posibilidad de cambio es el derrocamiento violentó del orden existente por parte de las masas, a las que dirigirá el campesinado, la clase oprimida por excelencia. Es paradójico que estas ideas florecieran precisamente en el momento en que se estaban desmantelando las grandes fincas. Pero, según Sendero Luminoso, la reforma agraria debe verse sencillamente como una estratagema del estado fascista[125].

Los primeros cuadros de mando del movimiento revolucionario se reclutaron entre los estudiantes universitarios y en particular entre los que serían maestros en las escuelas secundarias de las zonas rurales. Posteriormente, el reclutamiento tuvo lugar en las escuelas secundarias. Los estudiantes con más posibilidades de unirse al movimiento eran aquellos cuyas familias vivían en aldeas donde existía un alto grado de diversificación económica, donde las ocupaciones tradicionales no podían satisfacer las aspiraciones de los jóvenes y donde la producción campesina se encontraba a menudo en una situación caótica. Las aldeas de este tipo han enviado cientos de miles de emigrantes a las ciudades y también a muchos jóvenes con aspiraciones a las instituciones de educación media y superior[126]. Sin embargo, la crisis peruana, que va en aumento, ha frustrado cruelmente las expectativas de movilidad social ascendente de estos jóvenes. Como el sector público ha sido el mayor patrono de personas con credenciales educacionales, la crisis financiera del estado —que se expresa, por ejemplo, mediante la contracción de la demanda de burócratas y maestros, así como mediante un drástico descenso de los salarios reales— se convirtió en causa de gran frustración para la juventud «integrada». Por otro lado, los que predican la revolución también encontraron terreno fértil en como mínimo algunas comunidades campesinas aisladas en la puna, es decir, las regiones superiores de las tierras altas. Hay que recordar que al amparo de la reforma agraria estos campesinos habían recibido tierra de calidad inferior; suponiendo que hubieran recibido algo de tierra. Y tampoco se habían beneficiado de los programas de desarrollo estatales. Por consiguiente, los campesinos de la puna veían en los activistas de Sendero Luminoso a unos jóvenes entusiastas que, además de hablar quechua y cumplir escrupulosamente las obligaciones comunales, incluidas las tareas religiosas, expresaban muchas de las quejas justas de los aldeanos contra el gobierno.

En mayo de 1980 Sendero Luminoso recibió publicidad por primera vez después de quemar las listas electorales en la pequeña aldea de Guschi. Durante los meses siguientes se produjeron varias explosiones de dinamita en diversas poblaciones, principalmente en las tierras altas del sur. A partir de noviembre de 1980 los incidentes se hicieron más frecuentes y violentos: ocupación o incendio de edificios públicos y granjas, demolición de puentes, corte de cables de electricidad y tuberías de agua y muerte violenta de muchas personas. En el departamento de Ayacucho y luego en Huancavelica y Apurímac numerosos puestos rurales de la guardia civil fueron destruidos sistemáticamente y los miembros de este cuerpo, además de los funcionarios, tuvieron que huir para no ser linchados. Así pues, a efectos prácticos, el estado peruano dejó de existir en zonas inmensas de la sierra. Mientras tanto, en la propia Lima múltiples actos de sabotaje y terrorismo, entre ellos un espectacular apagón la víspera de Año Nuevo, indicaron claramente que Sendero Luminoso también tenía simpatizantes en la capital. El gobierno central reaccionó con mucha lentitud a los ataques del movimiento, que crecía rápidamente, hasta que finalmente, en 1982, encargó al ejército la misión de combatir a los rebeldes.

A pesar de su rápida victoria, Sendero Luminoso también despertó hostilidad y profundo resentimiento entre la población. Sus métodos han seguido siendo autoritarios: participar es obedecer; el partido siempre tiene razón porque representa los verdaderos intereses del pueblo; protestar es un acto de traición; los traidores deben ser castigados e incluso ejecutados. En las zonas rurales, los «enemigos feudales» —los antiguos gamonales y recaudadores de impuestos— habían desaparecido en gran parte con la reforma agraria, por lo que «la revolución» tomó con frecuencia la forma de venganzas mezquinas y volvió a despertar viejas rencillas entre familias locales, así como entre aldeas con rivalidades étnicas o económicas. Además, Sendero Luminoso trató de imponer una especie de sistema económico agrario de carácter autárquico en las zonas que tenía dominadas: prohibió a los campesinos que asistieran a las ferias de las poblaciones vecinas y de las capitales provinciales. La prohibición constituyó un duro golpe al bienestar de muchos aldeanos cuya economía se basaba históricamente, no en la agricultura de subsistencia, sino en una compleja mezcla de producción para el consumo y para el mercado, en oficios especializados y manufacturas tradicionales y también en actividades comerciales dentro de una amplia zona. Ya fuera inspirada por los jemeres rojos o por el matrimonio de Mariátegui y Mao, tal estrategia a veces provocaba reacciones violentas de los aldeanos.

El gobierno Belaúnde Terry fue incapaz de controlar la situación por medio de la fuerza, o de idear algún tipo de política social y económica que pudiera vencer el descontento generalizado. Además, al finalizar su mandato, Belaúnde Terry parecía haber cedido a las presiones de los militares para que permitiera un incremento de las incursiones represivas del ejército en toda la sierra. Después de 1985 un nuevo gobierno, encabezado por el APRA, no logró concertar una tregua ni entablar ninguna clase de negociaciones con los rebeldes. A partir de finales del decenio de 1980 Sendero Luminoso encontró una nueva zona de operaciones en el valle superior del Huallaga, en el este de Perú, gracias a sus alianzas con los campesinos que se dedicaban al cultivo y contrabando de coca y a los que el ejército perseguía violentamente. Se decía que Sendero Luminoso estaba recibiendo generosa ayuda económica de los llamados «barones de la droga».

El APRA fue derrotado en las elecciones nacionales de 1990, en medio de acusaciones de corrupción e ineficiencia. Alberto Fujimori, el nuevo presidente, dio más poderes a los militares, que consiguieron capturar a varios importantes líderes senderistas, entre ellos al propio «presidente Gonzalo», que fue encarcelado en septiembre de 1992. Pero Sendero Luminoso siguió estando vivo y sano y continuó sembrando el terror entre los civiles.

Chile

En Chile los campesinos representaban sólo el 30 por 100 de la población activa. Hasta el decenio de 1950 estaban muy dispersos en fincas extensas y administradas de forma tradicional (fundos) que seguían una pauta de cultivo descentralizada: la tierra se daba a terrazgueros (inquilinos) y éstos daban al terrateniente parte de lo que producían y le prestaban servicios laborales. Los sindicatos rurales fueron legalizados en 1937, pero estaban sujetos a gran número de complejos detalles técnicos y era prácticamente como si no existiesen. Para atraer los votos de los campesinos, diferentes candidatos nacionales habían utilizado la consigna de la sindicación universal y la reforma agraria desde los años veinte, en particular el primer presidente triunfante del Frente Popular, Pedro Aguirre Cerda (1938-1942) y el viejo caudillo nacionalista Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958). Pero hasta la administración del democratacristiano Eduardo Frei Montalva (1964-1970) no se convirtió dicha consigna en un proyecto político real. En cuanto Frei tomó posesión del cargo, su gobierno organizó una masiva campaña de sindicación (que contó con el apoyo del Partido Radical, los socialistas y los comunistas). La respuesta entusiástica de los habitantes de las zonas rurales se debió probablemente al hecho de que, por lo menos desde 1955, muchos fundos del rico valle Central experimentaron un proceso de modernización y de expansión capitalista, quitando tierra a los inquilinos para aumentar la que era objeto de cultivo directo, creando una población proletarizada e incluso expulsando a los peones sobrantes de sus antiguos lugares de trabajo. Esto significó la ruptura del antiguo vínculo paternalista entre el peón y el patrono[127]. Al principio, los sindicatos emergentes lucharon para establecer su condición negociadora, para incrementar los salarios y mejorar las condiciones de trabajo además de proteger a los inquilinos del desahucio. Pero pronto organizaron huelgas con el fin de presionar para que se llevase a cabo la reforma agraria porque Frei tardó tres años en generar sus propias leyes y un programa que pudiera llevarse a cabo. Algunos grupos de campesinos combativos respondieron a esa lentitud empezando a ocupar latifundios. Como demuestra el caso del fundo de Culiprán, en el valle Central, estudiado por James Petras y Hugo Zemelman, este tipo de movilización ocurrió en ciertas condiciones concretas. En Culiprán, la decisión de ocupar la tierra (en febrero de 1965) la tomaron los inquilinos y los peones tras una serie de enfrentamientos con el terrateniente al negarse éste a pagar el salario mínimo y exigir el pago del arrendamiento por el uso de pastizales y animales de tiro (que antes se incluían en el contrato de terrazgo). Gracias a las campañas de los partidos políticos, así como al hecho de saber leer y escribir y tener acceso a la prensa, los campesinos de Culiprán también sabían que el presidente se había comprometido con la idea de repartir tierras; que había organismos del gobierno (CORA: Corporación de la Reforma Agraria, e INDAP: Instituto de Desarrollo Agropecuario) encargados de planificar y finalmente poner en práctica el reparto; y que la opinión pública estaba generalmente a favor de ellos. Así pues, se negaron a obedecer a las fuerzas de policía que el terrateniente mandó para que los expulsaran. De hecho, la policía no se atrevió a utilizar la violencia contra los ocupantes ilegales. En noviembre de 1965 el propio terrateniente tuvo que irse después de que el gobierno reconociera Culiprán como primer asentamiento agrario instituido al amparo de la Ley Agraria, en el cual 250 campesinos tenían derechos colectivos sobre 10.500 hectáreas, de las cuales 2.500 eran de regadío[128].

El ejemplo de Culiprán lo siguieron los peones de más de cincuenta fundos entre 1966 y 1969. Había también comunidades indígenas en el sur que, con el apoyo de la emergente Federación Campesina e India (PCI), arrebataron sus antiguas tierras comunales de los latifundios y lograron que se les reconociera como propietarios legítimos[129]. Sin embargo, en 1970 el número de beneficiarios de la reforma agraria era sólo de 20.000 en vez de los 100.000 que Frei había prometido en su campaña. Y esto era así a pesar de que las nuevas leyes permitían al gobierno expropiar todas las fincas que tuvieran más de ochenta hectáreas «estandarizadas» (se definía la hectárea estandarizada como la que era muy productiva). No es raro que los años del PDC se caracterizaran por literalmente cientos de huelgas locales, orquestadas por las crecientes federaciones de sindicatos campesinos —en los que influía principalmente la izquierda—, que culminaron en una huelga nacional en mayo de 1970. En septiembre, Salvador Allende, candidato de la Unidad Popular (UP), coalición formada por socialistas, comunistas y radicales, ganó las elecciones presidenciales y heredó una situación de virtual insurrección en el campo.

En tres años, el gobierno de la UP aumentó el número de beneficiarios de la reforma agraria hasta que se cifraron en 75.000. También intervino en los fundos donde aún no se habían resuelto las disputas entre terratenientes y huelguistas. Pero por lo menos 150.000 campesinos seguían sin tener tierra y en muchos de los nuevos asentamientos agrarios había más miembros de los que era razonable esperar que pudieran vivir de la tierra. También iban en aumento las tensiones entre, por un lado, los organizadores de la UP que eran partidarios de la propiedad y la gestión colectivas, y, por otro lado, numerosos beneficiarios que querían la propiedad y la gestión individuales de sus parcelas y, por consiguiente, estaban a favor del reparto diferencial de los beneficios. Otras tensiones dentro del bando de Allende las creaban grupos de estudiantes ultrarradicales afiliados al Movimiento de Izquierda Revolucionaria y a la Federación de Estudiantes Revolucionarios, los cuales capitanearon docenas de invasiones de tierras en el sur de Chile. Mientras tanto, la demanda de alimentos fue en aumento en las ciudades, debido a la mejora generalizada de los salarios y a la política de bienestar social que seguía la UP; pero la productividad agrícola descendió. Durante todo el año 1972, por si fuera poco, la escasez de moneda fuerte impidió importar productos agrícolas que habían estado al alcance de los ciudadanos durante más de veinte años. Se suspendieron los créditos y un desorbitado régimen de lluvias se sumó a las persistentes huelgas de los empresarios del transporte y del comercio (financiadas por la CIA) y creó problemas en el suministro de alimentos y una elevada tasa de inflación[130]. En 1973 la UP ya estaba internamente dividida por graves rencillas partidistas que repercutían en la dirección política de las organizaciones rurales, que se mostraban cada vez más combativas. El golpe militar de septiembre de 1973 no encontró resistencia significativa por parte de los campesinos movilizados. En cualquier caso, el derrocamiento del gobierno legítimo fue seguido del asesinato de cientos de miembros de sindicatos y asentamientos agrarios, a la vez que otros miles eran encarcelados y torturados.

Entre 1973 y 1976 los militares devolvieron a sus anteriores propietarios todas las granjas intervenidas y ocupadas ilegalmente, así como alrededor del 25 por 100 de la tierra afectada por la reforma agraria. Pero no desmantelaron por completo el aparato de la reforma agraria: sustituyeron la CORA por una oficina de «normalización agraria» y asignaron parcelas a los seguidores del nuevo régimen —que tenían que pagarlas— al tiempo que expulsaban de los asentamientos a las personas sospechosas de izquierdismo. De acuerdo con las inclinaciones neoliberales del general Pinochet, el nuevo sistema favoreció la aparición de unidades familiares privatizadas y viables desde el punto de vista económico, aunque no se prohibieron las cooperativas. Sin embargo, el gobierno redujo drásticamente las subvenciones a los inputs productivos, y mantuvo los índices de crédito muy por encima de la inflación. En estas circunstancias, los nuevos agricultores tenían escasas posibilidades de participar en la lucrativa producción para la exportación (frutas y verduras), que requiere grandes inversiones. Muchos agricultores vendieron las parcelas que habían recibido porque les resultaba muy difícil pagar sus deudas. Aunque la élite económica chilena no recuperó su posición dominante de señores casi feudales, reapareció en un sector nuevo que consistía en granjas medianas y modernizadas. Algunas de estas granjas estaban muy capitalizadas; otras se especializaban en cultivos que requerían mucha mano de obra; pero todas se beneficiaron de las duras medidas de control social y político que tomaron los militares, y crearon lazos estrechos con compañías multinacionales. Así pues, aunque el régimen tratara de hacerse una clientela rural manteniendo el principio de distribución de tierra, al final perdió apoyo político —como quedó demostrado en el plebiscito de 1988 y las elecciones nacionales de 1990—, ya que la auténtica heredera de la «reforma» de Pinochet había sido en su mayor parte la misma minoría privilegiada de antaño[131].

México

Durante la presidencia de Echeverría (1970-1976), el superpoblado campo mexicano sufrió una nueva crisis debido a que continuaron existiendo deficientes condiciones estructurales (en la financiación, la tecnología y la comercialización) y a causa también de las fluctuaciones del mercado internacional y sus efectos en productos clave tales como el algodón, la fruta y las verduras. En 1974 el país ya no podía abastecerse a sí mismo de alimentos básicos, debido al crecimiento demográfico y a que las inversiones se destinaban a cosechas más lucrativas[132]. El abismo entre los pequeños propietarios pauperizados y los agricultores y rancheros prósperos —que a menudo eran las autoridades del PRI en sus localidades y regiones— era más profundo que nunca. El conjunto de campesinos sin tierra —los numerosos hijos de ejidatarios y pequeños propietarios que quizá no heredarían nada de tierra— crecía todos los años. En 1970 los beneficiarios de la reforma agraria representaban sólo el 27 por 100 de la población activa rural (comparados con el 40 por 100 en 1940)[133]. Mientras tanto, la agitación rural se convirtió en un fenómeno común en todas las regiones de México; sin embargo, al igual que en Colombia y otras naciones latinoamericanas, se caracterizaba por una heterogeneidad y una dispersión extremas. En las zonas septentrionales de agricultura muy capitalizada los peones pedían mejoras salariales y también la expropiación de latifundios encubiertos. En el centro y el sureste los ejidatarios que producían caña de azúcar y sisal protestaban por el retraso con que recibían los créditos del estado y los bajos precios que se pagaban por sus productos. En muchos estados del sur los campesinos invadían tierras y ocupaban oficinas del gobierno para protestar contra la ocupación de sus tierras, los caciques corruptos, la manipulación política y la brutalidad de la policía. Había marchas y cortes de carreteras por todas partes, como señal de descontento con la falta de créditos y las malas condiciones de comercialización. Las autoridades mandaban con frecuencia al ejército a disolver las movilizaciones, a veces con increíble brutalidad (en cierta ocasión una aldea de Puebla fue bombardeada con napalm). Sólo las montañas de Guerrero, una de las zonas pobres del país, fueron escenario de una insurrección armada: la guerrilla capitaneada por dos maestros rurales, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, que en 1975 ya había sido aniquilada por completo[134].

La pérdida de legitimidad del estado preocupaba a Echeverría, que intentó reavivar las alianzas populistas del estado mexicano anunciando una reactivación del reparto de tierras, un incremento de la inversión pública en el campo y la creación de nuevas empresas estatales para el desarrollo regional y la promoción de cosechas concretas. Echeverría resucitó la idea de los ejidos colectivos y su gobierno empezó a ponerla en práctica. También visitó cientos de comunidades campesinas (siguiendo el ejemplo de Cárdenas) e hizo uso de una retórica radical, manifestando incluso la aprobación que le merecían las invasiones de tierras en los casos de extrema monopolización de la tierra o de explotación de los peones. En 1971 se promulgaron nuevas leyes agrarias y de control del agua con el fin de reforzar los ejidos e imponer más restricciones a la concentración de propiedades privadas (mediante la prohibición explícita de la práctica común que consistía en dividir un latifundio entre miembros de la misma familia)[135]. Además, el presidente se mostró favorable a que se creara una nueva organización de masas que hiciese de intermediaría, el Congreso Permanente Agrario, que juntó a la CNC, la no comunista CCI, la UGOCM y el CAM (Congreso Agrario Mexicano, que era una organización de campesinos sin tierra controlada por el PRI) en el Pacto de Ocampo (1974). Sin embargo, esta organización (a diferencia de la ANUC en sus etapas iniciales) no pudo integrar a la mayoría de los grupos movilizados existentes, por tres razones principales: no ofrecía un programa amplio y viable para negociar las reivindicaciones rurales; se la veía como una organización dominada por la misma camarilla de líderes oportunistas de siempre que competían entre sí por las presas políticas y económicas; y a menudo se enfrentaban a ella asociaciones locales y regionales que valoraban su autonomía y no tenían interés en que las devorase una gran burocracia. Hay que señalar que las emergentes organizaciones izquierdistas, tales como la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, que era dirigida por los comunistas y nació de la CCI de Danzós, apoyaron muchas movilizaciones, pero no absorbieron a los grupos autónomos locales.

Las reformas institucionales de Echeverría, así como la ambigüedad que mostró ante la agitación popular, alarmaron a la clase empresarial, que se unió para defender la propiedad agraria privada y la dominación política y económica que la clase integrada por los agricultores privados venía ejerciendo desde después de la revolución[136]. Echeverría accedió a crear una comisión nacional de consulta agraria en la que habría representantes del gobierno, terratenientes —la emergente Unión Agrícola Nacional (UNAN) y organizaciones oficiales agrarias—: el Pacto de Ocampo. Pero los grupos campesinos independientes no se dieron por satisfechos: en abril de 1976 uno de ellos fundó en Sonora el Frente Campesino Independiente (FCI) y procedió a invadir tierras de regadío en los valles del Yaqui y del Mayo. Echeverría viajó a Sonora en persona y condenó las ocupaciones (que también tenían lugar en Sinaloa, Veracruz, Chiapas y Jalisco), pero también anunció la creación de nuevos ejidos. Durante todo el verano de 1970, Sonora fue escenario del enfrentamiento entre la UNAN y el gobierno federal. En noviembre, unos cuantos días antes de dejar el cargo, Echeverría decretó la expropiación de más de 100.000 hectáreas en Sonora y de casi 500.000 más en otras partes de la nación en su último día en la presidencia. Al mismo tiempo, varias organizaciones rurales —dentro y fuera del Pacto de Ocampo— invadieron grandes propiedades en Durango y Sinaloa[137]. El gobierno parecía estar perdiendo el control de los grupos rurales; incluso en Yucatán, tradicional baluarte de la CNC, los ejidatarios productores de sisal organizaron con éxito protestas independientes para pedir que el oficial Banco Rural les pagase mejor[138].

Echeverría terminó su sexenio en medio del descontento generalizado. Su sucesor, José López Portillo, buscó la reconciliación con los sectores empresariales, pagó compensaciones a los terratenientes expropiados y se distanció de la «demagogia populista». Con los grupos populares rurales siguió la típica política consistente en dar una de cal y otra de arena. Por un lado, López Portillo no titubeaba en enviar el ejército a desalojar a los ocupantes ilegales o meter a los líderes independientes en la cárcel. A efectos prácticos, el Pacto de Ocampo quedó anulado. Por otro lado, aprovechó el auge de los precios internacionales del petróleo y los empréstitos exteriores para hacer grandes inversiones en el campo y, en particular, para poner en marcha un vasto programa de subvenciones a los ejidatarios y los pequeños propietarios privados con el fin de recuperar la autosuficiencia alimentaria (el llamado Sistema Alimentario Mexicano). Con su Ley de Fomento Agropecuario permitió que los ejidos se asociaran con terratenientes privados para producir cosechas seleccionadas y criar ganado. En la práctica, esta medida abrió la puerta a la incorporación legal de tierra de los ejidos en las empresas privadas, lo que con frecuencia significaba que los ejidatarios eran excluidos de todas las decisiones administrativas.

No obstante, continuaron floreciendo grupos rurales independientes de todo tipo. Un caso interesante es el de la nueva Coalición de Ejidos Colectivos de los valles del Yaqui y del Mayo, que rompió con la CNC, se negó a pagar compensaciones a los antiguos terratenientes y negoció provechosamente con organismos públicos para obtener crédito y ayuda técnica[139]. De modo parecido, asociaciones combativas de todos los estados se reunieron en 1979-1980 —sin perder su independencia y su identidad orgánica— para formar la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), que celebraba una audiencia mensual con el ministro de Agricultura. Otras organizaciones identificadas claramente con la izquierda oficial, tales como la CIOAC, también formaron vínculos con numerosas movilizaciones locales ofreciendo asesoramiento jurídico y sumándose a sus mítines y manifestaciones[140]. Finalmente, durante la presidencia de López Portillo se fundaron sindicatos rurales de peones asalariados, cuya importancia era tal, que la CNC trató de crear su propia versión, sin mucho éxito, toda vez que no gozaba de la simpatía del presidente.

En 1980 ya era claro que la CNC había perdido su influencia como mecanismo corporativista de control. La distribución de tierras durante el decenio no había sido fruto de su mediación, sino de la presión popular. Debido a la proliferación de organismos del gobierno relacionados con el desarrollo, que iban del nivel nacional al local, los grupos rurales podían prescindir de la CNC en sus negociaciones con las autoridades para obtener crédito y ayuda técnica[141]. Además, las comunidades rurales dejaron de aceptar la legitimidad de los alcaldes y los funcionarios municipales impuestos por la CNC. Para protestar contra tales imposiciones, cientos de aldeas se movilizaron y llevaron a cabo marchas e invasiones de edificios municipales que a veces duraban meses hasta que el gobierno accedía a sustituir a las autoridades por nuevos funcionarios. Después de que en 1978 se promulgasen leyes electorales de carácter más liberal, la organización de muchas movilizaciones municipales fue obra de partidos izquierdistas, los cuales reunían a campesinos y grupos urbanos tales como los estudiantes y los obreros industriales, e incluso se las arreglaron para ganar en las elecciones municipales. Esto sucedió en, por ejemplo, Juchitán (Oaxaca), Ciudad Cuauhtémoc (Chihuahua), Alcozauca (Guerrero) y Tuxcueca (Jalisco)[142]. A pesar de la persistencia del hostigamiento y del descarado fraude electoral, el despertar político de los aldeanos y la lucha contra los caciques del PRI continuó en los años noventa.

Bajo la presidencia de Miguel de la Madrid (1982-1988), el gobierno mexicano confirmó su intención de favorecer a los agricultores privados, en particular a los ganaderos, y fomentar la asociación entre ejidos y empresas privadas. De la Madrid, en un contexto de galopante crisis económica, también abolió la política de subvenciones y dejó que tanto los precios de los productos agrícolas básicos como los de los inputs subieran libremente, lo cual tuvo resultados desastrosos para los pequeños productores[143]. Las movilizaciones rurales continuaron y pusieron de relieve la descorporativización y la descentralización, a la vez que combinaban diversas reivindicaciones, así económicas como políticas, al amparo de organizaciones tales como la CNPA, la CIOAC, y la Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Autónomas (UNORCA), creada en 1985. Durante todo el decenio de 1980, nuevos tipos de reivindicaciones e identidades sociales definieron las movilizaciones rurales: no sólo la demanda de democracia, sino también de igualdad entre los sexos, educación, y el reconocimiento de valores étnicos. La importancia de las reivindicaciones democráticas resultó obvia cuando en 1988 la mayoría de las organizaciones populares independientes respaldaron la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas —hijo de Lázaro Cárdenas— contra el PRI. Después de su muy discutida victoria electoral, el presidente Carlos Salinas restableció el Congreso Agrario Permanente, no como organización corporativista, sino como espacio para la negociación con grupos independientes[144].

Una nota sobre las movilizaciones étnicas

Durante el decenio de 1970 organizaciones que representaban a indios de toda América celebraron una serie de conferencias internacionales, a pesar de la desaprobación de sus gobiernos respectivos[145]. Todas estas conferencias insistieron en tres puntos. En primer lugar, el problema de la supervivencia material de los grupos indios no puede plantearse al margen del de su supervivencia cultural. En este sentido, el etnocidio no es menos criminal que el genocidio; además, obligar a un grupo humano a desprenderse de su cultura suele significar condenarlo a muerte. En segundo lugar, un aspecto central de la cultura india en general es el valor sagrado que se deposita en el vínculo entre el indio y la tierra; este vínculo lo rompió violentamente la conquista española y necesita una reparación, pero no por medio de programas de desarrollo impuestos por gobiernos no indios, sino mediante la libre acción de los propios indios. En tercer lugar, las llamadas naciones de América Latina son entidades artificiales; las naciones reales son las indias, a las que debería concederse autonomía política. La lucha de clases, aun siendo importante, no es la única llave que abriría la puerta a una sociedad nueva, libre; para los indios, la lucha cultural es todavía más importante[146].

El nuevo indianismo (como lo llamaron para distinguirlo del antiguo indigenismo) no estaba relacionado con los movimientos de masas, sino con las movilizaciones y organizaciones regionales y locales. Como hemos visto, en el norte de Guatemala la conciencia étnica fue un elemento importante de la resistencia armada que las aldeas indias opusieron al gobierno militar. En Nicaragua el gobierno sandinista también se vio desafiado por los misquitos de la costa del departamento de Atlántico cuando intentó imponerles un rígido sistema de control económico, político e ideológico[147]. En Colombia, el Consejo Nacional de los Indios Caucas (CRIC), creado en 1971 en el departamento de Cauca, apoyó a la ANUC en sus peticiones de reparto de tierras; pero el CRIC también luchó por la necesidad de combinar la recuperación de los «resguardos» ancestrales con un fuerte programa cultural y político, que incluiría el estudio de las lenguas y la cultura indígenas, la formación de maestros que iniciaran a los niños en el estudio de su propia historia, el debate en torno a las leyes que afectaran a la tierra y las costumbres de los indios, el fortalecimiento de las instituciones locales de gobierno (cabildos), y la creación de un organismo de representación política en el nivel regional. Cuando la ANUC fue reprimida y virtualmente disuelta el CRIC continuó actuando por medio de una red de cooperativas y cabildos[148]. Durante los años ochenta, a pesar del hostigamiento por parte del ejército, pretextando que existían alianzas entre el M-19 y el CRIC, los indios caucas continuaron luchando por la autonomía regional y cultural.

El movimiento conocido por el nombre de «katarismo» en Bolivia representó un intento de redemocratizar los sindicatos campesinos al tiempo que se recreaba la solidaridad étnica aymara. Lo formaron en los primeros años setenta estudiantes de origen aymara en La Paz y jóvenes campesinos aymaras de las tierras altas que se habían educado en las escuelas que fundara el gobierno del MNR. Aunque el movimiento se había infiltrado en la dirección nacional de la poderosa Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CNTCB), no tenía una estructura centralizada. En julio de 1973 la red de grupos que habían adoptado el nombre de «katarismo» se reunió en La Paz y publicó el famoso Manifiesto de Tiahuanaco, en el cual los indios bolivianos se definían a sí mismos como «extranjeros en su propia patria». El citado manifiesto repudiaba tanto la política integradora de los gobiernos del MNR, en la cual se negaba rotundamente la identidad étnica de por lo menos el 60 por 100 de la población boliviana, como el represivo pacto militar-campesino de Barrientos y Bánzer[149]. Después de la represión y muerte de campesinos movilizados que protestaban contra la política neoliberal de Bánzer en el valle de Cochabamba, en enero de 1974, la influencia de los líderes kataristas independientes en los sindicatos campesinos adquirió nueva fuerza. Mientras tanto, los kataristas y diversas organizaciones no gubernamentales promovieron conjuntamente numerosos actos a favor de la lengua y la cultura aymaras. Ejemplo notorio de ello fueron la publicación y la distribución de una biografía de Túpac Katari, el héroe legendario, a un público masivo, por medio de folletos y programas de radio producidos por el Centro de Estudio y Promoción Campesinos, institución que patrocinaban los jesuitas. Después de 1978, el katarismo estuvo vinculado a un movimiento campesino independiente que adoptó el nombre de Túpac Katari; a una nueva federación hegemónica de sindicatos campesinos (la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia o CSUTCM); y a numerosas asociaciones cívicas en zonas urbanas y rurales que se convirtieron en factores cruciales para el triunfo de un renovado MNR cuando la democracia electoral estable volvió a Bolivia en los años ochenta. Una innovación importante en el movimiento fue la aparición de «Bartolina Sisa» (nombre de la esposa de Túpac Katari), organización para campesinas que en varios congresos y movilizaciones exigió mejor trato para las mujeres indias, no sólo en los ámbitos del trabajo, la sindicación y la política, sino también en el doméstico. El movimiento katarista en conjunto no encontró muchos seguidores no aymaras (es decir, quechuas y cambas) y se resintió de divisiones internas relacionadas con afiliaciones partidistas e ideológicas. Sin embargo, quizá la falta de centralización burocrática fue lo que dio al katarismo una presencia flexible y múltiple en la articulación de un nuevo consenso nacional, después de casi veinte años de dictadura militar[150].

En México, el presidente Echeverría intentó integrar las emergentes movilizaciones étnicas mediante la creación de organismos intermediarios o «consejos supremos» en las diferentes regiones indias del país. En realidad, los citados organismos se convirtieron en delegaciones del PRI o en dependencias clientelares del Instituto Nacional Indigenista. Al mismo tiempo, la etnicidad reapareció como componente esencial de muchas movilizaciones en petición de tierra, entre ellas las que hubo en Sonora en 1976. En 1974 se fundó la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI) en la población de Juchitán, situada en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, que tenía una larga tradición de revueltas en defensa de la tierra comunal[151]. Los zapotecas, el grupo étnico que predominaba en esta región, vivían tanto en el campo como en las ciudades. Si bien estaban plenamente integrados en la economía comercial de Oaxaca, conservaban su lengua, su indumentaria tradicional y sus rituales sincréticos. La COCEI empezó como intento de recuperar tierra india que estaba en poder de rancheros privados, pero pronto decidió presentar candidatos independientes en las elecciones municipales, cuyo triunfo se impidió por medios fraudulentos tanto en 1974 como en 1977. Sin embargo, de 1974 a 1980 la COCEI construyó una identidad bien definida al tiempo que articulaba gran número de reivindicaciones: la devolución de tierra a las comunidades; la democracia electoral; el fin de la represión contra los candidatos independientes y sus partidarios; la defensa de la cultura zapoteca y de los recursos naturales del istmo; y la recuperación de la economía regional. Entre sus afiliados había campesinos sin tierra, trabajadores de las plantaciones de arroz locales, estudiantes de ascendencia zapoteca del instituto técnico local y estudiantes e intelectuales que vivían en la capital de Oaxaca y en Ciudad de México. En 1980 la COCEI unió sus fuerzas a las del Partido Comunista para crear una especie de frente popular con vistas a las elecciones locales en el estado de Oaxaca. De nuevo triunfó el PRI en todos los municipios. En Juchitán el fraude fue tan descarado, que, después de masivos actos de protesta —entre ellos la ocupación del ayuntamiento— y acusaciones en la prensa nacional, se celebraron nuevas elecciones y el candidato de la COCEI se convirtió en alcalde de la ciudad[152]. De 1981 a 1984, la región fue escenario del enfrentamiento entre la COCEI y el PRI, así como laboratorio para el renacimiento de la cultura zapoteca: el alcalde pronunciaba discursos en lengua zapoteca; los comunicados oficiales se publicaban tanto en esta lengua como en español; el gran pintor juchiteca Francisco Toledo volvió de Ciudad de México para fundar y dirigir el Instituto de Arte y Cultura de Juchitán, donde se utilizaban complejas técnicas artísticas para recuperar las formas y tradiciones locales; se publicaron textos literarios e historiográficos en lengua zapoteca y se distribuyeron entre los niños. Este renacimiento también tenía por objeto fortalecer la identidad regional: el grupo de referencia no eran los zapotecas en general (porque hay zapotecas en otros lugares de Oaxaca), sino la gente de Juchitán. Sin embargo, la rica clase de los comerciantes zapotecas de la población se sintió amenazada por el aumento de la movilización y el discurso radical de la COCEI y volvió a dar su apoyo al PRI. De hecho, la estructura de la COCEI dejaba poco espacio para los comerciantes ricos, ya que consistía en comités de artesanos y vendedores ambulantes de la población, campesinos de las aldeas y trabajadores de las agroempresas (plantaciones de arroz y refinerías de caña de azúcar) locales y vecinas y en las emergentes instalaciones petroleras del puerto de Salina Cruz, en el istmo[153]. Quizá el estallido de agitación laboral y la seria amenaza que representaban para los sindicatos del PRI en una región con valor estratégico para la expansión de la economía petrolera fueron los factores que en agosto de 1984 indujeron al gobierno del estado, con la ayuda del ejército, a derribar a las autoridades municipales de Juchitán, acusándolas de subversión. Pero el movimiento continuó.

Tanto el katarismo como la COCEI contaban entre sus afiliados con estudiantes e intelectuales para los cuales la identidad étnica y regional tenía tal vez más valor que la pertenencia a una clase social, pero sus demandas organizativas sólo se entienden en el contexto del enfrentamiento clasista. La persistencia de un discurso expresado en términos de valores étnicos y regionales realza la importancia de la mediación cultural en la aparición de movimientos de base, pero también el posible agotamiento de los tradicionales partidos de clase o populistas. Un discurso parecido se encuentra en la Unión de Comuneros Emiliano Zapata (UCEZ), una de las organizaciones asociadas a la red del CPA. La UCEZ fue creada en 1979 por representantes de comunidades indias y ejidos del oeste de México en un mitin celebrado en Tingambato, Michoacán, con el propósito explícito de defender las tradiciones culturales comunales y las propiedades agrarias. Encontró la mayoría de sus seguidores en las aldeas de la región de Purhepecha (o Tarasca) del estado de Michoacán, donde las empresas forestales en las tierras altas, los ganaderos en los valles y la industria del turismo en las orillas del lago Patzcuaro habían invadido tierras comunales. Desde su fundación la UCEZ, cuyo líder era un abogado de origen campesino, definió su papel como proveedora de asistencia jurídica a organizaciones comunales y como coordinadora de mítines y manifestaciones de masas donde personas procedentes de muchas comunidades se juntaban para hablar y presentar sus reivindicaciones a los organismos del gobierno. Estos mítines (que a menudo terminaban con la ocupación de edificios públicos) recibían apoyo de sacerdotes católicos progresistas y partidos políticos de izquierdas, pero la UCEZ evitaba cuidadosamente identificarse con grupos religiosos o partidos. De 1979 a 1983 el movimiento consiguió poner freno a los actos violentos contra comuneros y ejidatarios y envió a los asesinos de indios a la cárcel, expulsó a los ocupantes de tierras comunales en varias aldeas e incluso obligó a dimitir al corrupto delegado del Ministerio de Reforma Agraria en Michoacán. En 1983-1984 la UCEZ pasó a ser conocida en toda la nación como uno de los principales miembros de la CNPA y empezó a prestar asistencia jurídica y a preparar cuadros de mando para otras organizaciones[154]. En 1984, sin embargo, ya había adquirido una fuerte identidad étnica que se basaba en el uso de la lengua purhepecha. Probablemente este factor debilitó su influencia nacional, pero reforzó sus raíces regionales. Además, la afiliación étnica proporcionó un criterio estratégico para legitimar el acceso a recursos comunales tales como tierra de cultivo, agua, bosques y aserraderos. Aunque la UCEZ haya recibido críticas por negarse a participar en la política electoral como organización, su independencia, sus objetivos pragmáticos y su atractivo cultural contribuyeron a su éxito y su crecimiento. El líder del movimiento fue acusado de interpretar el papel de cacique —su éxito personal nació de sus aptitudes como intermediario cultural—, pero al mismo tiempo respetó la autonomía de las organizaciones de base en las aldeas y se negó a convertir la UCEZ en una entidad corporativista. En este caso, al igual que en los de la COCEI y el katarismo, el orgullo étnico —la valoración positiva de la cultura local y regional— se convirtió en antídoto contra la manipulación por parte de agentes externos.

Una nota sobre las movilizaciones en la Amazonia brasileña

Las movilizaciones en la Amazonia brasileña en defensa de la selva llamaron la atención de la prensa mundial cuando en 1988 el asesinato de Chico Mendes, líder pacifista de los caucheros del estado brasileño de Acre, levantó protestas de las asociaciones de defensa de los derechos humanos y la ecología en los Estados Unidos y Europa. Pero la historia de la lucha empezó cuando, veinte años antes, el gobierno militar decidió colonizar la Amazonia y convertir miles de hectáreas de selva tropical en tierra de labranza y ranchos ganaderos. Durante todo el decenio de 1970 se quemó y taló la selva. Esto provocó enfrentamientos con los colonizadores que ya vivían allí, tales como los caucheros, que veían cómo su medio de vida era destruido, y el desahucio y asesinato de indios, que la Fundación Nacional India (FUNAI), la institución indigenista oficial, poco podía hacer por evitar[155].

La política indigenista oficial del gobierno militar de Brasil insistía en que la integración de los indios era inevitable[156]. Sin embargo, para los indios la construcción de carreteras y la tala de bosques en la Amazonia no significaban integración: en realidad significaban su desaparición. De nuevo fue el ala progresista de la Iglesia la encargada de proponer un nuevo tipo de política para los indios. Creado en 1973 por los jesuitas con el apoyo de un grupo de obispos, el Consejo de Misiones Indígenas (CIMI) organizó mítines para jefes indios en 1974, 1975 y 1976; sugirió proyectos razonables de desarrollo a la FUNAI; y denunció matanzas de indios tales como la muerte de bororós a manos de rancheros en General Cameiro, en el estado de Mato Grosso, en 1976[157].

En 1975 la Iglesia católica creó la Comisión Pastoral para la Tierra, que fundó capítulos en varias poblaciones amazónicas, y ciertos sacerdotes se sintieron animados a emprender la defensa del bosque y sus habitantes. La propagación de las comunidades de base cristianas significó que la gente podía reunirse y hablar de sus problemas y de las posibles soluciones, entre ellas lo que había que hacer para obtener mandamientos judiciales contra los rancheros invasores y organizar sindicatos de campesinos y peones acosados. El Sindicato de Caucheros de Acre era un ejemplo destacado. Su fundador, Wilson Pinheiro, tuvo conflictos tanto con los rancheros como con los capitostes del caucho, ya que pidió a estos últimos que mejorasen el salario y las herramientas de los caucheros. A causa de ello fue asesinado en 1977.

El sucesor de Pinheiro, Chico Mendes, prosiguió la lucha. Con la ayuda de varios amigos antropólogos organizó un mitin nacional de caucheros en 1985 y hasta forjó una alianza entre sus sindicatos y grupos indios. Sin embargo, los sindicatos y las comunidades de base cristiana conservaron su independencia. Con la llegada de la democracia a Brasil, Mendes se convirtió en miembro activo del socialista Partido dos Trabalhadores (PT). En 1987 volvió a llamar la atención de los medios de comunicación cuando viajó a los Estados Unidos, donde se entrevistó con funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial y les persuadió a dejar de financiar una carretera transamazónica —que hubiera incrementado la oleada de colonizadores destructivos— y a apoyar un plan productivo de agrosilvicultura. Chico Mendes no vivió para ver su puesta en marcha: fue asesinado por una asociación derechista de rancheros. Pero su sindicato, junto con muchos otros grupos, continuó la campaña para proteger los derechos humanos en la Amazonia y salvar uno de los tesoros naturales más ricos del mundo.

La proliferación y la persistencia de movilizaciones rurales en toda América Latina, a pesar de la oleada de autoritarismo de los años sesenta y setenta, dejó un legado importante, multidimensional. En primer lugar, la vieja oligarquía hacendada prácticamente desapareció como importante fuerza política y económica en el hemisferio, exceptuando, quizá, Guatemala, Paraguay y El Salvador (y en este último país empezó un programa de distribución de tierra a mediados de los ochenta). Incluso en Brasil, donde nunca se llevó a cabo la reforma agraria, el poder de los coronéis era cosa del pasado. En segundo lugar, ya no era posible que un partido político o una organización política nacional hiciera oídos sordos a las reivindicaciones de la población rural o quitara importancia a la fuerza de los campesinos y de los peones organizados en el campo. En tercer lugar, los grupos populares rurales se hicieron más visibles: forjaron vínculos con muchos sectores de la sociedad civil, lo cual permitió que sus voces se oyeran en los ámbitos nacional e internacional. Hasta en los peores períodos de represión fue imposible silenciar o excluir por completo a los actores rurales, gracias a los espacios que crearon instituciones tales como la Iglesia católica. Sin embargo, las movilizaciones rurales no habían cambiado el hecho de que los sectores populares rurales en conjunto, y los campesinados en particular, aun cuando muy diferenciados, seguían siendo el sector menos privilegiado de la sociedad latinoamericana. Las diferencias de la población rural y sus alianzas han multiplicado las causas de su agitación, de ahí la extrema heterogeneidad de las movilizaciones y las organizaciones contemporáneas. Tal heterogeneidad no se ha limitado a causar dispersión y caos, sino que también ha dado por resultado un creciente deseo de pluralismo político y flexibilidad social. El debate del desarrollo agrario ha vuelto a abrirse, pero no hay ninguna respuesta clara. Aunque los dogmas populistas no han recuperado su atractivo, las certidumbres tecnocráticas se han visto puestas en entredicho por la realidad misma.

CONCLUSIÓN

Una tarea fundamental del presente capítulo ha sido examinar las relaciones entre las movilizaciones rurales concretas y el contexto político y económico general en diferentes períodos. Se ha prestado atención especial a las alianzas y antagonismos entre grupos locales de campesinos y peones agrícolas de varias clases, y otros actores políticos que actúan en el nivel nacional y usan o cambian las instituciones del estado de acuerdo con sus propósitos particulares. El contexto económico se ha tenido en cuenta en la medida en que los pactos o los conflictos políticos suelen estar relacionados con la capacidad diferencial de los productores rurales para responder a las oportunidades de apropiarse de recursos estratégicos, tales como tierra, capital y acceso al mercado. Un argumento fundamental en todo el capítulo es que los grupos de base rurales no han sido recipientes pasivos, sino participantes activos en los vastos cambios políticos y económicos que caracterizan la historia contemporánea de América Latina.

El examen de las movilizaciones rurales también ha demostrado que es engañoso emplear una fórmula general como, por ejemplo, «resistencia a la modernización» para referirse a ellos. Es verdad que la agitación campesina ha entrañado el rechazo de los efectos negativos de la concentración de capital: las protestas contra el desahucio de aparceros y terrazgueros, como en el valle de Cochabamba, Bolivia, y el noreste de Brasil en los años cuarenta y cincuenta o contra las condiciones desfavorables de comercio y crédito para los pequeños propietarios, como en los trastornos habidos en México en los años setenta. Pero tales protestas no querían decir que la gente se negara a participar en calidad de ciudadanos en los sistemas de gobierno de sus respectivas naciones, o como productores o peones individuales en una economía más amplia. Además, una frecuente reivindicación de las bases ha sido el acceso directo a la tierra y la comercialización con el objeto de participar más en los períodos de expansión económica nacional. Los casos del sur de Tolima (Colombia) en los años cuarenta y del valle de la Convención (Perú) en los sesenta tipifican la lucha del campesinado por hacerse con el control de los recursos que les permitieran cultivar productos lucrativos y venderlos sin una costosa intermediación. Hasta las «repúblicas campesinas» de los guerrilleros colombianos estaban conectadas con el mercado exterior; de hecho, la estratificación interna resultante de los vínculos comerciales generó problemas entre las personas que vivían en ellas. Desde 1930, los únicos experimentos significativos de aislamiento económico han sido las colonias sinarquistas de la Baja California y las aldeas autárquicas controladas estrictamente por Sendero Luminoso en las tierras altas de Perú. En ambos casos este aislamiento forzoso dio origen a un profundo descontento.

Ciertos símbolos y mitos convincentes que los grupos rurales movilizados adoptaron como señales de identidad —por ejemplo, el personaje legendario de Túpac Katari, la utilización de lenguas y formas de vestir indígenas, el mito de la tierra ancestral— no deberían interpretarse apresuradamente como señales de una mentalidad «premoderna». Puede que los líderes de las grandes revueltas indias que hubo en los Andes y El Salvador antes de la segunda guerra mundial articulasen un discurso nativista utópico; pero los problemas reales eran las leyes agrarias, el comercio libre, las elecciones locales, la imposición discriminatoria y el reclutamiento para el servicio militar: todos ellos se referían a la inserción de la población india en los modernos sistemas de gobierno emergentes. De modo parecido, el discurso indianista de los últimos veinte años puede proclamar la ilegitimidad de las naciones no indias; pero los pertinentes nuevos movimientos étnicos (en Colombia, Bolivia, México) señalan una reaparición de la solidaridad de las bases como instrumento para construir la democracia política y económica dentro de un contexto social más amplio. Esto no equivale a decir que la etnicidad pueda reducirse a una especie de estratagema pragmática en la lucha de clases. El fracaso de las teorías de progreso monolíticas nos ha obligado a evaluar de nuevo la importancia de las identidades culturales diversificadas y de las soluciones plurales de los problemas humanos. Pero estas identidades (étnicas, regionales, religiosas, filosóficas) no son pasaportes para viajar al pasado fragmentario, sino las llaves para acceder a un futuro convergente.

En base a los datos que se presentan en este capítulo, es imposible definir tipos de habitantes rurales en términos de su proclividad a la movilización o su repugnancia a movilizarse. Hemos encontrado comuneros movilizados en los Andes, América Central y México; terrazgueros y aparceros en Brasil, México, Colombia y Perú; ocupantes ilegales en Cuba; peones emigrantes en América Central; pequeños propietarios en Colombia y México. Las diferencias en la posición económica contribuyen a explicar la naturaleza variada de los agravios objetivos que pueden empujar a la gente a manifestar su descontento. Sin embargo, la oportunidad, la motivación explícita, el liderazgo, la solidaridad existente y la pertinencia cultural e ideológica son factores variables necesarios, no sólo para distinguir si la gente estaría dispuesta a actuar o no, sino también para determinar los objetivos, las estrategias y el alcance específicos de tal actuación.

Hemos adoptado una periodización orientativa para entender mejor ciertas variaciones que siguen una pauta en la articulación de los grupos locales con la política nacional. La caída de las repúblicas oligárquicas y sus sistemas de orden público, que eran sumamente personalizados y fragmentarios, en los años veinte y treinta desencadenó conflictos entre los viejos y nuevos tipos de patronos e intermediarios que competían por obtener clientela e importancia. A pesar de sus diferencias de ideología y posición, coronéis, gamonales, caudillos agrarios, bandidos y caciques revolucionarios definían igualmente un tipo de movilización «desde arriba» que negociaba la dirección de las reivindicaciones populares en un contexto de instituciones estatales inestables. Al mismo tiempo, otras movilizaciones con alto grado de participación no manipulada de las bases, tales como las revueltas indias del decenio de 1930, carecían de acceso a la mediación institucional o personal para negociar sus reivindicaciones, y con frecuencia eran objeto de represión por parte del estado o directamente por parte de la antigua clase hegemónica. Luego, entre los años treinta y los sesenta, nuevos grupos de poder nacionales y clases hegemónicas emergentes fundaron partidos políticos con una gigantesca doble tarea: reforzar las instituciones de un estado nuevo, centralizado, basado en un pacto social totalmente inclusivo; e incorporar a los sectores populares por medio de la educación, la distribución de tierra, la sindicación y la concesión del derecho al voto. La distribución de tierra era la consigna principal para movilizar a los seguidores rurales a favor de partidos populistas que alcanzaron el poder en México, Colombia, Guatemala, Bolivia y, más adelante, Venezuela y Chile; pero sólo en México y Venezuela lograron tales partidos instaurar un pacto social relativamente estable. El grueso de las movilizaciones rurales habidas en este período tenían relación con algún tipo de política de partidos. Hasta la lucha de clases adoptaba con frecuencia la forma de conflictos entre partidos o dentro de los partidos. Al mismo tiempo, a medida que la reforma agraria o la expansión burocrática (o ambas cosas a la vez) mermaba el poder de la clase terrateniente, las protestas rurales empezaron a ir dirigidas de forma creciente contra los organismos del estado. La ascensión de los militares y el uso explícito de la fuerza pública en vez de la negociación política durante los años sesenta y setenta reflejó el fracaso del reformismo populista. Las movilizaciones armadas en el campo proliferaron; en Guatemala, Nicaragua, El Salvador y luego en Colombia estas revueltas adquirieron dimensiones nacionales.

En los decenios de 1970 y 1980 la continua efervescencia de la América Latina rural no encontró una estructura de mediación nueva y bien definida. Los intentos de recuperar las antiguas alianzas populistas entre los partidos de masas y los grupos rurales (principalmente en Colombia, Nicaragua, Perú y México) fracasaron. La crisis económica de los años ochenta impuso limitaciones drásticas que no existían en el período 1940-1960. La heterogeneidad de la producción agrícola exigía medidas complejas y mecanismos matizados de consenso. La anterior fe en los estados centralizados, las organizaciones en gran escala y las soluciones bien definidas se había perdido. Cuba ya no era el paradigma, sino más bien una lección dolorosa. La pertinencia y las modalidades de la reforma agraria volvían a ser asuntos por resolver. La red de grupos autónomos emergentes que estaban cobrando ímpetu en el contexto de un naciente pluralismo democrático a finales de los ochenta y comienzos de los noventa se encontraba ante la enorme tarea de idear sendas de consenso viables para el futuro.

Capítulo 5
LOS MILITARES EN LA POLÍTICA
LATINOAMERICANA DESDE 1930

El trastorno del orden económico y político mundial que causó la Depresión de 1929 fue el comienzo de un período de intensa turbulencia en la política latinoamericana durante el cual hicieron su aparición irreversible en la escena política los ejércitos modernos, es decir, organizados y pertrechados a imitación de los modelos europeos más prestigiosos y mandados por oficiales de carrera, profesionales. Entre febrero y diciembre de 1930 los militares estuvieron envueltos en el derrocamiento del gobierno en no menos de seis naciones muy diferentes de América Latina: Argentina, Brasil, República Dominicana, Bolivia, Perú y Guatemala. En aquel mismo año se produjeron también cuatro intentos fallidos de hacerse con el poder por la fuerza en otros países latinoamericanos. Durante los dos años siguientes Ecuador y El Salvador en 1931 y Chile en 1932 se sumaron a la lista de países donde los militares habían provocado cambios imprevistos en la política y en el ejecutivo.

Con todo, la diversidad de situaciones —de hecho, la heterogeneidad de las sociedades y los sistemas políticos de América Latina— no permite hacer generalizaciones fáciles. Siguiendo la lógica del propio método comparativo, al estudiar el asunto desde una perspectiva continental hay que prestar la debida atención a los matices, las reservas y las excepciones. Tendencias que parecen darse en la mayoría de los países dejan otros países al margen, e incluso donde están presentes pueden tener resultados distintos, hasta contradictorios. Así, Venezuela, bajo la mano de hierro del «patriarca» Juan Vicente Gómez, se libró de la crisis política que sacudió al continente y parece que no entró en el siglo XX hasta la muerte del dictador en 1935. En la vecina Colombia la estabilidad institucional también perduró y se consolidó bajo la hegemonía liberal, debido en parte a la llamada «revolución en marcha» (1934-1938), amplio programa reformista dentro de un marco de democracia liberal en el cual los militares no desempeñaron ningún papel. De la misma manera, en México el orden revolucionario se fortaleció al desmilitarizarse organizando una amplia participación popular bajo la égida del estado. Además, si 1930 representa una línea divisoria mucho más clara para Argentina y Brasil que para las otras naciones del continente, con un «antes» y un «después» definidos en gran parte por la magnitud de la intervención militar en la política, los resultados de las «revoluciones» del 6 de septiembre y del 3 de octubre parecen ser diametralmente opuestos. En Brasil los militares interpretaron un papel decisivo en el movimiento que puso fin al sistema oligárquico de la Primera República, mientras que en Argentina contribuyeron a devolver el poder a las clases tradicionalmente dominantes después de un período durante el cual la política había estado abierta a una participación popular más amplia.

Es cierto que en el continente soplaba un viento militar. En vísperas de la segunda guerra mundial, la mayoría de las repúblicas de América Latina eran gobernadas por militares, a la vez que varias naciones que en apariencia eran controladas por civiles tenían a un general por presidente (Uruguay y México) o eran gobernadas por regímenes que eran fruto de «revoluciones» en las cuales los militares habían desempeñado un papel clave (Brasil y Argentina). Con todo, esta visión debe atenuarse, y no sólo porque ciertos países —por ejemplo, el Chile frentepopulista gobernado por el educador Pedro Aguirre Cerda, o la Colombia liberal presidida por el escritor Eduardo Santos— constituyeran claras excepciones de la regla. También deberíamos preguntamos si la categoría «militar», cuando se emplea de esta manera, es suficientemente homogénea o siquiera pertinente. De hecho, el mismo concepto o la misma graduación militar puede ocultar realidades profundamente distintas y sistemas políticos totalmente inconmensurables. Cárdenas en México, Baldomir en Uruguay, Ubico en Guatemala, Trujillo en la República Dominicana, Carias en Honduras, Benavides en Perú, López Contreras en Venezuela, Peñaranda en Bolivia y Estigarribia en Paraguay ostentaban la graduación de general. Sin embargo, llegaron al poder de forma muy diversa y también eran muy diferentes los regímenes que presidían. Un gobierno «militar» no puede definirse meramente por la profesión del jefe del ejecutivo. (De aplicar semejante criterio, la quinta república francesa bajo el general De Gaulle no podría considerarse un gobierno constitucional, a la vez que el régimen uruguayo posterior a 1973 no aparecería como era, una dictadura de las fuerzas armadas, porque nominalmente lo presidía un civil).

En las sociedades con niveles muy dispares de modernización del estado y de complejidad social y, por consiguiente, de diferenciación funcional, un general latinoamericano hacia 1930 podía ser un maestro de escuela primaria transformado en caudillo político y líder de hombres en medio de la confusión de la revolución mexicana (Calles); o un modesto funcionario municipal nombrado arbitrariamente capitán al alistarse en los ejércitos de aquella misma revolución (Cárdenas); o un mecanógrafo del ejército cubano, un simple sargento que se había ascendido a sí mismo después de un golpe de estado (Batista); o, en Venezuela, un cortesano que debía los galones a sus méritos burocráticos y al favor del «príncipe» (López Contreras), o, en Nicaragua, a la gracia de una potencia extranjera que ocupaba el país (Somoza). Pero un general latinoamericano del mismo período también podía ser un oficial de carrera, a veces formado en una academia militar del país o del extranjero, que había ascendido en el escalafón por méritos o antigüedad y cuya única ocupación había consistido en mandar tropas. Del mismo modo, clases muy diversas de gobierno se definen atendiendo a los diferentes grados de intervención institucional por parte de las fuerzas armadas permanentes en la transmisión del poder y en los procesos de toma de decisiones sobre importantes cuestiones políticas.

Estas observaciones metodológicas, que son esenciales para el estudioso del comportamiento político de los militares, ¿dan a entender que debido al reconocimiento de particularidades de tipo nacional y organizativo es imposible descubrir principios de comprensión comunes en todos los fenómenos a los que hemos hecho referencia? ¿El carácter irreductible de las realidades históricas nos deja sin más opción que resignamos a un planteamiento puramente descriptivo? Siempre y cuando se evite la tentación de reducir todos los casos a un solo modelo o línea de interpretación, no es infructuoso hacer las mismas preguntas en relación con el papel de las fuerzas armadas y su modus operandi en las diversas sociedades latinoamericanas desde 1930. En particular si se tiene en cuenta que estas sociedades, a pesar de su heterogeneidad interna, hacían frente a condiciones externas homogéneas que daban origen a líneas de desarrollo generalmente paralelas. No hay que subestimar el efecto del contexto internacional en los fenómenos políticos nacionales durante el decenio de 1930 y, sobre todo, después de la segunda guerra mundial, especialmente cuando se analiza el comportamiento de instituciones cuya tarea es por definición la defensa nacional. Un estudio de la gran variedad de respuestas que en América Latina se han dado a estas limitaciones externas forzosamente arrojará luz sobre los mecanismos generales del poder militar así como sobre las particularidades nacionales.

LAS FUERZAS ARMADAS: EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y EXPERIENCIAS NACIONALES

Aunque no hay militarismo en el sentido riguroso de la palabra antes de que existiesen ejércitos permanentes y oficiales de carrera, las instituciones militares toman forma a imagen de las naciones en las cuales aparecen. No sólo reflejan las particularidades de la cultura nacional, sino que son representativas de la naturaleza y el grado de complejidad del estado nacional. Como brazo armado del aparato del estado, no pueden por menos de ajustarse a los modos de evolución del mismo. Por esta razón, las fuerzas armadas de la mayoría de los países suramericanos no pueden equipararse a las de ciertas naciones caribeñas o centroamericanas, no sólo por la diferencia de tamaño, sino, sobre todo, debido a la tardía aparición del estado en dichas naciones, y del contexto colonial en que apareció. Así, Nicaragua, la República Dominicana, Cuba y Haití (aunque no Guatemala ni El Salvador), que empezaron tarde la construcción del estado, en los comienzos del siglo XX apenas habían salido de las guerras entre clanes y caudillos. Todas estas naciones pasaron por un largo período de ocupación norteamericana[1], cuya finalidad, según el «corolario (Theodore) Roosevelt de 1904» de la Doctrina Monroe, era poner fin a lo que, al modo de ver de Washington, era un desmoronamiento general de la sociedad civilizada. Los Estados Unidos, antes de retirar su «protección», se esforzaron por crear en estos países cuerpos de policía uniformada local cuyos oficiales pertenecían a la infantería de marina norteamericana. A juicio de su creador, estas guardias nacionales tenían que ser independientes de las facciones locales y poner freno a los «ejércitos» privados, con lo cual garantizarían el orden, la paz y la defensa de los intereses de los Estados Unidos. Aunque tales fuerzas auxiliares cumplieron eficazmente esta última misión, no aportaron el impulso necesario para un proceso coherente e independiente de edificación estatal. En por lo menos dos de los países que recibieron este tratamiento, las «guardias nacionales» que legó la ocupación norteamericana se convirtieron, en el contexto patrimonial de la sociedades nicaragüense y dominicana, en los ejércitos privados de sus líderes y, en años posteriores, en los «guardianes de la dinastía» de los Trujillo y los Somoza.

En los países suramericanos y en ciertos estados centroamericanos (al menos en Guatemala y El Salvador), se distinguen tres etapas principales en la evolución del estamento militar y su papel en la política. Sin embargo, dentro de cada una de estas etapas aparecen fluctuaciones que corren parejas con las vicisitudes de la diplomacia continental e importantes disparidades cuyas raíces están en las particularidades irreductibles de la historia de cada nación. El primer período, que va aproximadamente de 1860 al decenio de 1920, fue el de la creación de los ejércitos modernos. En el segundo período, que empieza alrededor de los años veinte o treinta, entramos en la era militar, en la cual las fuerzas armadas profesionales comenzaron a desempeñar un papel en la vida política. Durante el tercer período, que empezó en el decenio de 1960, el papel de los militares adquirió un tono internacional, en el marco de la hegemonía de los Estados Unidos y bajo el efecto de la guerra fría. Esta última etapa puede a su vez dividirse en secuencias breves y contrastadas cuyos factores determinantes eran la situación mundial y la política de Washington.

Las fuerzas armadas de un país son símbolos de su soberanía nacional. A finales del siglo pasado y comienzos del presente eran también emblemas de progreso tecnológico y de modernidad. La creación de fuerzas armadas permanentes y dotadas de una oficialidad profesional formaba parte de una modernización de cara al exterior vinculada de modo inseparable al crecimiento hacia afuera de las economías nacionales. No era una inconsecuencia que la modernización del aparato del estado empezara por su brazo militar. Es obvio que las fuerzas armadas de estas naciones dependientes y no industrializadas sólo podían transformarse —y, en particular, elevar su nivel tecnológico— imitando prototipos extranjeros. Llevaron a cabo su modernización dependiente no sólo comprando armas a los países europeos, sino también adoptando los modelos de organización y formación, e incluso las doctrinas militares, de los países avanzados. A finales del siglo pasado y comienzos del actual existían sólo dos grandes ejércitos (que, además, eran enemigos), dos modelos militares universalmente válidos: el de Alemania con su tradición prusiana, y el de Francia. Durante el período que va de la guerra francoprusiana a la primera guerra mundial, estas dos potencias rivales se lanzaron a una lucha despiadada en pos de influencia en América Latina como extensión de la competencia que se hacían en Europa. Lo que estaba en juego no era poco, ya que al escoger un modelo militar, una nación latinoamericana fundaba una relación especial en la esfera diplomática, pero, sobre todo, en el comercio armamentístico.

Las decisiones que los países suramericanos tomaban en este sentido eran dictadas por sus propias rivalidades tanto como por imperativos europeos. Argentina y Chile solicitaron el envío de misiones militares alemanas que se encargasen de reformar sus ejércitos, y a principios de siglo ambos países enviaron un número importante de oficiales a Alemania para que recibieran instrucción avanzada en unidades del ejército alemán. En muchos aspectos, los ejércitos argentino y chileno adquirieron carácter alemán. La transformación afectó sus armamentos, uniformes y formas de desfilar, pero también sus ordenanzas internas, la organización de sus unidades y su manera de observar los problemas internacionales. No se debió a una simple coincidencia que Chile y Argentina fuesen los dos países latinoamericanos que resistieron durante más tiempo las presiones norteamericanas para que abrazasen la causa aliada durante la segunda guerra mundial. (Ninguno de los dos países declaró la guerra antes de 1945). Chile, que se convirtió en una especie de Prusia latinoamericana, transmitió el modelo militar alemán a otros países del continente enviando misiones del ejército o recibiendo y formando a oficiales colombianos, venezolanos, ecuatorianos y hasta salvadoreños. Francia, por su parte, contribuyó a la modernización de los ejércitos peruano y brasileño. Los franceses se basaron en su experiencia colonial para reorganizar y formar al ejército peruano desde 1896 hasta 1940, sin más interrupción que la primera guerra mundial. Los brasileños esperaron hasta el final de dicho conflicto antes de decidirse, en 1919, a invitar a una misión militar francesa, encabezada al principio por el general Gamelin, que permaneció en el país hasta 1939 y transformó por completo el ejército brasileño. La instrucción francesa dejó una huella profunda y duradera en los militares brasileños: de 1931 a 1960 virtualmente todos los ministros de la Guerra que tuvo Brasil se habían formado con los franceses. La admiración que los oficiales brasileños sentían por los modelos franceses sólo podía compararse con el respeto que los argentinos mostraban para con sus instructores alemanes.

Parece ser que la aceptación de esta ayuda militar, con sus consecuencias duraderas, no resultaba políticamente incomoda para quienes la recibían. Alemania y Francia no eran las potencias que dominaban la economía latinoamericana, aunque ambas (y Alemania en particular) intentaron establecer su presencia en varios sectores antes de la primera contienda mundial y durante el período de entreguerras. En lo relativo a la esfera militar, Gran Bretaña, la indiscutible metrópoli económica, se limitó a instruir al personal de la marina y a construir buques de guerra. Así pues, durante este período la dependencia de las naciones latinoamericanas estuvo diversificada y seguiría estándolo hasta después de la segunda guerra mundial.

La modernización de los ejércitos latinoamericanos llevó aparejadas dos reformas clave: el reclutamiento de oficiales por medio de academias militares especializadas y su formación en ellas; y la instauración del servicio militar obligatorio. En el «ejército antiguo» los hombres eran generalmente soldados profesionales que en un principio habían sido reclutados o que a veces se alistaban en el ejército por orden de los tribunales, para cumplir sentencia por algún delito, mientras que los oficiales solían ser hijos de familias respetables, provistos de la recomendación de algún patrocinador influyente, que aprendían su profesión sobre la marcha. La instauración del servicio militar obligatorio cambió la situación. En lo sucesivo la tropa la constituyeron «civiles» mientras que los profesionales permanentes con instrucción técnica fueron los oficiales. Además, el servicio militar universal creó responsabilidades especiales para el «ejército nuevo». Tenía que inculcar un sentido cívico y moral en los futuros ciudadanos que eran puestos a su cargo y fomentar su espíritu nacional. El servicio militar obligatorio, que se instauró entre 1900 (en Chile) y 1916 (en Brasil), precedió al sufragio universal en la mayoría de los países de América Latina. El ciudadano, pues, fue soldado antes de convertirse en votante, detalle cronológico que no deja de ser significativo. Asimismo, los nuevos oficiales, a los que se reclutaba basándose en sus méritos y se formaba en el molde común de sus academias militares, asumieron una posición especial en el estado. Cooptados por sus iguales, liberados en teoría de la dependencia del favor de personas importantes de la política o la sociedad, los oficiales formados en academias constituían un conjunto de funcionarios estables y permanentes con una carrera regulada, lo cual ofrecía un gran contraste con los aficionados intercambiables que predominaban en el resto de la maquinaria del estado.

Debido a sus responsabilidades cívicas y nacionales, así como a la independencia de que gozaban sus oficiales, los nuevos ejércitos no estaban predispuestos a permanecer callados en lo que se refería a la política. Las personas que habían creído que la profesionalización garantizaría unas fuerzas armadas apolíticas tendrían ocasión de comprobar su gran error. A los militares no les resulta fácil permanecer neutrales en política cuando se encuentran muy ocupados en las tareas de edificación nacional y estatal y se les han encomendado importantes funciones relacionadas con la defensa interna. Los recursos que las reformas pusieron a disposición de los oficiales hicieron el resto. Los oficiales, que eran técnicos muy preparados que perfeccionaban constantemente su formación, eran ahora responsables del contingente anual de reclutas y por ende, a su modo de ver, de la juventud del país y del porvenir de éste. ¿Acaso no eran también ellos los más indicados para juzgar la situación internacional, dado que su misión específica consistía en escudriñar el horizonte por si aparecía alguna amenaza extranjera? Patriotas profesionales y precursores de la modernización del estado, estos nuevos oficiales no podían por menos de adquirir una «conciencia de competencia» que les llevaría a intervenir con todo su peso, que no era poco, en la vida pública.

En los decenios de 1920 y 1930 el activismo político de los militares como institución, que era totalmente distinto de los tradicionales pronunciamientos de generales ambiciosos o descontentos, aumentó de manera notable en gran número de países. Generalmente, los oficiales se levantaban contra el statu quo y por ello puede decirse que las fuerzas armadas entraron en la política por la izquierda del escenario. Por lo general, estas intervenciones, en las cuales sólo participaban sectores minoritarios del estamento militar, resultaban eficacísimas. En 1924 un grupo de jóvenes oficiales chilenos obligó al Congreso, donde dominaban los conservadores, a promulgar inmediatamente una serie de leyes sociales de carácter progresista cuya aprobación venía retrasándose desde hacía meses o años. Pidió luego el grupo que se disolviera la asamblea legislativa e inició así una época de agitación, inestabilidad y reformas. El espíritu de los oficiales que participaron en las revueltas de 1924-1925 se encamó sucesivamente en la dictadura del general Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931) y luego fugazmente, aunque no sin brío, en la efímera república socialista de junio de 1932, que fue instaurada por el coronel Marmaduke Grove, oficial formado por los alemanes que mandaba la recién creada fuerza aérea chilena y que poco después sería uno de los fundadores del Partido Socialista de Chile.

En 1922 varios jóvenes oficiales brasileños, los llamados tenentes, tomaron parte en una serie de rebeliones esporádicas, improvisadas y no coordinadas cuya causa fue el descontento político-militar generalizado que provocaron la corrupción y las prácticas restrictivas de la Primera República. La revuelta y la muerte de un puñado de tenientes en Copacabana, en julio de 1922, año en que se conmemoraba el centenario de la independencia, pasaron a simbolizar a ojos de las clases medias brasileñas sus propias aspiraciones de cambio político y social. En 1924 surgieron nuevos movimientos tenentistas en el sur del país. Los supervivientes de uno de estos levantamientos fallidos emprendieron la travesía de la inmensa nación en una «larga marcha» que sería celebrada como gesto heroico para la «regeneración» de Brasil. Se trataba de la famosa columna Prestes-Costa, que no logró reclutar a los caboclos en el interior del país y terminó sus andanzas en lamentable estado tres años después en Bolivia. Luis Carlos Prestes, «el caballero de la esperanza» al que cantara Jorge Amado, abandonó el ejército por el Partido Comunista de Brasil y estuvo al frente de éste desde los años veinte hasta los ochenta. Otros tenentes apoyaron a Getúlio Vargas en la revolución de 1930, que puso fin a la república oligárquica. Algunos de ellos estarían entre los instigadores del golpe de estado de 1964 y participarían en el régimen militar de 19641985. En la diversidad de estas historias personales se advierte la ambigüedad del propio tenentismo.

El militarismo reformista también afectó a Ecuador. En julio de 1925 una liga de jóvenes oficiales derrocó al presidente liberal, que dependía principalmente de la burguesía exportadora y financiera de Guayaquil. La revolución «juliana» (de julio), primer golpe de estado en la historia de Ecuador que no fue un simple ajuste de cuentas entre grupos gobernantes, se impuso como objetivo la instauración de «la igualdad para todos y la protección del proletariado». Durante los cinco años siguientes se aprobaron las primeras leyes de asistencia social del país y se fundaron instituciones que se encargarían de su puesta en práctica. En 1931 otro golpe de estado militar, que esta vez era de carácter conservador y tema a su favor los elementos más reaccionarios de la sierra, finalmente puso fin al experimento reformista.

En Bolivia los oficiales jóvenes arrebataron el poder a los políticos tradicionales, a los que juzgaban incompetentes y corruptos, un poco más tarde, después de que el país fuera derrotado por Paraguay en la guerra del Chaco (1932-1935). Se propusieron llevar a cabo reformas y combatir la influencia de los intereses extranjeros, especialmente en la industria del petróleo, a los que atribuían la responsabilidad decisiva del conflicto que acababa de terminar. La camadería de las trincheras no desempeñó un papel insignificante en la formación de una conciencia nacional boliviana. De 1936 a 1939 los coroneles David Toro y Germán Busch presidieron un régimen autoritario, progresista y antioligárquico con un matiz de xenofobia. Sin embargo, ciertas leyes sociales, así como ciertas medidas encaminadas a extender el control estatal sobre el sistema financiero y los recursos del subsuelo (en 1937 se nacionalizó la Standard Oil), chocaron con la poderosa oposición de las grandes compañías mineras. A partir de 1939, generales vinculados a la «rosca» minera permitieron que se anularan las innovaciones de los coroneles. Con todo, en 1943 el coronel Gualberto Villarroel, can el apoyo del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que expresaba las aspiraciones de la generación del Chaco a un resurgimiento nacional, se apoderó del control del gobierno. Acusado de simpatizar con los nazis, Villarroel se esforzó de manera autoritaria por movilizar a las masas desposeídas alrededor de un programa de reformas sociales profundas que amenazaban directamente a los intereses mineros y de los grandes terratenientes. En 1946, sin embargo, una insurrección «popular» en La Paz, desatada por la oposición «democrática», a la que alentaban los Estados Unidos, linchó al presidente y, con gran satisfacción de los «señores del estaño», puso fin al régimen nacional-militar.

Argentina representa la nota discordante en este concierto militar que, si bien no siempre fue progresista, al menos era hostil al statu quo. El primer golpe de estado de este siglo que derribó a un gobierno legal y elegido de modo democrático en Buenos Aires era claramente conservador. En septiembre de 1930 el general José Uriburu y los cadetes del Colegio Militar fueron aplaudidos por la oligarquía cuando expulsaron del poder a Hipólito Yrigoyen, el presidente radical que habían elegido las clases media y baja. La restauración de las élites conservadoras estuvo a la orden del día. El sistema democrático ampliado que se adoptara en 1912 fue sustituido por un régimen representativo basado en la participación limitada y suavizado por el fraude. El general Uriburu estaba personalmente a favor de una revisión corporativista de la Constitución que, sin embargo, nunca llegó a hacerse. Tenía a su lado una serie de capitanes exaltados que simpatizaban con el fascismo y reaparecerían, convertidos en coroneles o tenientes coroneles «nacionalistas», durante el golpe de junio de 1943, del cual saldrían el coronel Juan Domingo Perón y el «peronismo».

El nacionalismo era tal vez, en este periodo, el común denominador que podía identificarse en las orientaciones políticas de los diversos países latinoamericanos. El comportamiento aparentemente ambiguo de los oficiales, a menudo más autoritario que reformista incluso en los experimentos «revolucionarios», tenía siempre sus raíces en la preocupación subyacente, incluso en la búsqueda de la justicia social, por reforzar el potencial humano, económico y, por ende, militar de sus naciones respectivas. Esta orientación concordaba con la política de desarrollo autárquico, encerrado en sí mismo, por medio de la industrialización de sustitución de importaciones, que empezaba a adoptarse en aquel tiempo. Esta corriente nacional-militarista, que no se oponía sistemáticamente al cambio si se llevaba a cabo de manera ordenada, y tampoco a la mejora de las condiciones de las clases trabajadoras si se efectuaba bajo la tutela del estado, parece que predominaba en las fuerzas armadas. Sin multiplicar los ejemplos, basta con recordar que en Brasil numerosos oficiales no sólo demostraron afinidad con el integralismo, sino que el propio Estado Novo fue fundado en 1937 por un estado mayor impregnado de actitudes parecidas. El general Pedro Góes Monteiro, ministro de la Guerra (1934-1937) y jefe del estado mayor del ejército (1937-1944), que albergaba la esperanza de incrementar «progresivamente el poder del estado» y del que se decía que simpatizaba con el nazismo y era proalemán, citaba entre los hombres del momento que encamaban los experimentos políticos que él admiraba a «Mussolini, Hitler, Stalin, Mustafá Kemal, Roosevelt y Salazar». A su modo de ver, cada uno a su manera había conseguido «crear nuevos órganos y nuevas instituciones estatales, proporcionando así al estado los medios necesarios para superar la crisis nacional». El ideal político del potentado militar más importante del Estado Novo era, en resumen, que «el estado debe tener la facultad de intervenir para regular la totalidad de la vida colectiva y disciplinar a la nación»[2].

Sin embargo, este culto al estado, que era fácil de explicar en una república federal donde el ejército nacional no había empezado a tener ascendiente sobre las fuerzas locales hasta 1937, no estaba limitado a los militares brasileños. Por su preparación y su organización, las fuerzas armadas suramericanas pertenecían al estado más que a la sociedad. Su nacionalismo de orientación estatal concordaba con sus intereses colectivos en expansión. En Bolivia, los oficiales de la generación del Chaco pretendían instaurar un estado fuerte con el fin de fundar un nuevo orden «socialista de orientación nacional». Adaptado a las condiciones de entreguerras en Bolivia, procedía, no obstante, de la misma matriz institucional que el «estado nacionalsocialista» por el que, al cabo de más de treinta años, con una ingenuidad histórica total, seguía clamando un general industrial argentino[3].

Sin embargo, la recurrente decisión de los militares de diversos países latinoamericanos, en este período y más adelante, de «liberar el estado» de la sociedad civil, también estaba vinculada a la situación internacional y la consiguiente crisis de las clases gobernantes locales. Aunque el nacionalismo antiimperialista de los militares bolivianos, escandalizados por el demoentreguismo y la cleptocracia de la oligarquía minera antinacional[4], no existía entonces en otras fuerzas armadas del continente, las perturbaciones que a la sazón sufría el sistema económico liberal habían desacreditado, entre las fuerzas armadas continentales, tanto el liberalismo político como las metrópolis capitalistas que lo practicaban. También favorecían la afirmación del poder militar las divisiones de las clases gobernantes sobre cómo había que afrontar la crisis y las transformaciones económicas y sociales que se estaban produciendo. Las clases dominantes fueron quedando cada vez más aisladas y perdieron progresivamente su capacidad de organizar el asentimiento de los grupos sociales subordinados. Las élites socioeconómicas estaban divididas sobre el modo de industrialización que debía adoptarse y sobre la actitud que había que mostrar ante una clase trabajadora en expansión y cada vez más combativa. Desorientadas, conmocionadas, en algunos casos totalmente fragmentadas, carecían de los medios necesarios para imponer su liderazgo y un proyecto propio al conjunto de la sociedad. Había llegado el momento propicio para el nacional-militarismo. A falta de la definición de un interés general claro por parte de la burguesía, el interés de los generales ocuparía su lugar. Durante un tiempo serían los militares quienes, de acuerdo con sus propios valores de orientación estatal y autoritarios, definirían lo que era mejor para la nación, en nombre de la seguridad de la misma y, por ende, la defensa de los elementos esenciales del statu quo[5].

El derrocamiento de Vargas en Brasil en 1945 y el asesinato de Villarroel en Bolivia en 1946, aunque estimulados por la derrota del Eje, fueron el resultado de intervenciones militares «democráticas» de índole claramente conservadora. Sin embargo, en otras partes de América Latina el final de la segunda guerra mundial se caracterizó por manifestaciones de un militarismo «popular», de hecho, izquierdista, que se diferenciaba fundamentalmente del nacional-militarismo que acabamos de mencionar. Éste manifestaba sus simpatías por el Eje y los regímenes autoritarios, mientras que aquél estaba relacionado con el frente popular mundial constituido por la alianza entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Este nuevo reformismo militar recibió la bendición del Departamento de Estado norteamericano, que deseaba vivamente librarse de las dictaduras incómodas y desacreditadas a las que los Estados Unidos habían continuado apoyando debido a las exigencias de la guerra. También se vio favorecido por la influencia moderadora que el browderismo tenía en el movimiento comunista latinoamericano.

En este efímero clima de euforia democrática, militares y estudiantes de El Salvador derrocaron en mayo de 1944 al dictador Maximiliano Hernández Martínez, que había perdido el apoyo de su propio ejército. En julio del mismo año, Ubico cayó en Guatemala y el general que le sucedió fugazmente fue expulsado del poder por una revuelta militar. En las elecciones presidenciales libres que se celebraron en diciembre, la junta que gobernaba Guatemala apoyó al candidato civil y progresista de la antigua oposición, Juan José Arévalo, que obtuvo una victoria arrolladora. En Ecuador, después de la revolución de mayo de 1944, las fuerzas armadas, con el consentimiento de todos los partidos de izquierdas, llamaron al popular José María Velasco Ibarra a la presidencia y convocaron una asamblea constituyente. En Venezuela, el derrocamiento del sucesor de Gómez en 1945, en un golpe militar, y la asunción del poder por parte de la Acción Democrática formaron parte de la misma oleada democrática. Los tiempos eran favorables a la liberalización política, especialmente en las zonas que estaban bajo la influencia directa de los Estados Unidos. Hasta Somoza liberalizó su régimen en Nicaragua, al menos superficialmente, sin duda porque tenía presente la suerte que habían corrido los dictadores vecinos.

La segunda guerra mundial había consagrado la hegemonía absoluta de los Estados Unidos sobre el continente. Después de la contienda, Washington instauró en primer lugar los instrumentos diplomáticos y luego las disposiciones militares que se requerían para una coordinación poco rígida de las fuerzas armadas latinoamericanas bajo la égida del Pentágono. En 1947, el Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca, firmado en Río de Janeiro y conocido por el nombre de Tratado de Río, estableció principios de solidaridad colectiva con el fin de afrontar cualquier agresión que procediera del exterior del continente. Después de estallar la guerra de Corea, los Estados Unidos, entre 1952 y 1955, firmaron pactos bilaterales de ayuda militar con una decena de países latinoamericanos en el marco de la Ley de Seguridad Mutua que el Congreso aprobó en 1951. Washington no tenía interés por crear un sistema de defensa integrado para América Latina parecido al que la OTAN representaba para los países del Atlántico Norte, toda vez que, a ojos de los norteamericanos, América Latina no era una zona militar de gran prioridad. En opinión de Washington, a pesar de la «alarma» guatemalteca de 1954, en aquellos momentos el comunismo no representaba un peligro claro en la región[6].

Sin embargo, a principios del decenio de 1960 la sombra del conflicto entre el Este y Occidente cayó con retraso sobre América Latina. La revolución cubana, la ruptura del régimen de Castro con los Estados Unidos en 1960 y la instauración de un régimen comunista a unos 140 kilómetros de Florida, en el Mediterráneo americano, crearon una situación política totalmente nueva en América Latina Un «gran temor» al castrismo recorrió el continente entero al reactivarse la izquierda y aparecer la guerrilla en numerosos países. Los Estados Unidos modificaron sus conceptos estratégicos. A su vez, los ejércitos latinoamericanos, empujados por el Pentágono, adoptaron nuevas hipótesis estratégicas y tácticas para ajustarse al tipo de amenaza que en lo sucesivo se cerniría supuestamente sobre ellos. La «mutación Kennedy» en el papel de los militares llevó aparejadas una redefinición del enemigo y la adopción de doctrinas cargadas de consecuencias políticas inmediatas. A partir de aquel momento se dio la máxima prioridad a la lucha contra el «enemigo interno». Ante el peligro de «subversión comunista», las fuerzas armadas del continente se prepararon para la guerra contrarrevolucionaria. La seguridad nacional sustituyó a la defensa nacional. La vigilancia alarmista de los militares, alentada por Washington, les hacía ver comunismo en todas partes. Cualquier intento de cambio social, en especial si lo apoyaban los partidos izquierdistas del país, era tachado indiscriminadamente de revolucionario. De esta forma, entre 1962 y 1966, los nuevos «cruzados» de la guerra fría desencadenaron una serie de nueve golpes de estado en la región. Como medida preventiva, las fuerzas armadas derrocaron a los gobiernos a los que se juzgaba «blandos» con el comunismo o tibios en su solidaridad con los Estados Unidos[7] En este período, de acuerdo con la teoría de las fronteras ideológicas, la idea un tanto mal definida del «Occidente cristiano» parecía haber sustituido al estado-nación en la jerarquía de las lealtades militares.

El régimen cubano, por su parte, intentó convertirse en un foco mundial de influencia y acción revolucionarias. Así, en enero de 1966 La Habana fue sede de la Conferencia Tricontinental, una nueva Bandung revolucionaria. En julio y agosto de 1967 la conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) se reunió en la capital cubana para dar su aprobación oficial a los numerosos intentos de crear focos de guerra de guerrillas en América Latina de acuerdo con la estrategia castrista. Sin embargo, el fracaso en Bolivia de un atrevido intento de convertir los Andes en la Sierra Maestra de América del Sur, intento que concluyó en octubre de 1967 con la muerte de Ernesto «Che» Guevara, el legendario lugarteniente de Castro, simbolizó el final de un período y señaló el comienzo de la retirada cubana.

En 1968 empezó a tomar forma una coyuntura nueva que haría sentir sus efectos en las orientaciones políticas de los militares latinoamericanos hasta 1973. Este período de distensión fue resultado de varias causas distintas y concurrentes. Cuba, encerrada en sí misma, había empezado un período durante el cual los problemas nacionales tendrían precedencia sobre las solidaridades internacionalistas. La presión que la Unión Soviética ejerció sobre La Habana contribuyó en gran medida a que Cuba aplazara indefinidamente sus esperanzas de crear «varios Vietnams» o instaurar «una segunda Cuba» en América Latina. La ayuda económica, financiera y militar de Moscú era importantísima para la continuación del experimento cubano y la URSS había expresado claramente la desaprobación que le merecía la política «aventurista» de lucha armada de los cubanos. Y, aunque los Estados Unidos en modo alguno habían olvidado que en el Caribe existía un estado comunista, Vietnam y Oriente Medio eclipsaron la «amenaza castrista». La recién elegida administración republicana de Richard Nixon optó por adoptar una actitud discreta en América Latina.

Fue en estas circunstancias cuando los militares latinoamericanos, que se hicieron con el poder en varios estados entre 1968 y 1972, retomaron durante un tiempo los hilos del militarismo nacionalista y reformista de un período anterior. Había sonado la hora de «la revolución por parte del estado mayor», a juicio de los oficiales peruanos que, capitaneados por el general Juan Velasco Alvarado, derrocaron a las autoridades civiles del país en octubre de 1968, y también del general Ornar Torrijos, que tomó el poder de forma casi simultánea en Panamá. En Bolivia, la oportunista desviación hacia la izquierda de un régimen militarizado conservador bajo el general Alfredo Ovando Candía dio paso en 1970 al fugaz gobierno popular del general Juan José Torres González. Una versión más matizada del «pretorianismo radical» peruano y panameño apareció en Ecuador en 1972. En diciembre de aquel mismo año los oficiales hondureños también se desviaron hacia la izquierda e instauraron un gobierno militar que debía encargarse de «poner al día la economía y la sociedad nacional», en particular por medio de la reforma agraria. En otras regiones del continente se registrarían acontecimientos parecidos. En Argentina, por ejemplo, durante los primeros meses que sucedieron al retomo del peronismo al poder en 1973 se produjo un efímero avance del nacionalismo militar. En el citado año, durante la reunión de los comandantes en jefe de los ejércitos americanos que se celebró en Caracas, el general argentino Carcagno y el general peruano Mercado Jarrín apoyaron conjuntamente teorías heréticas sobre la seguridad económica, el desarrollo autónomo y la justicia social, en contraposición a la doctrina de la seguridad nacional. Sin embargo, estos «días más luminosos» (o esta aventura) duraron poco.

En el año 1973 la Unidad Popular chilena sucumbió ante unos militares que hasta entonces habían respetado la democracia y en aquel mismo año Uruguay, la «Suiza de América del Sur», cayó bajo el poder de sus propias legiones. En marzo de 1976 una nueva intervención militar en Argentina enterró toda esperanza de instaurar una democracia duradera en el país: los militares argentinos habían renunciado al poder tres años antes, pero ahora volvían a él con todas sus fuerzas. La coyuntura histórica volvía a estar en manos del militarismo conservador o incluso contrarrevolucionario.

REGÍMENES MILITARES: MODELOS Y MECANISMOS DEL MILITARISMO CONTEMPORÁNEO

Si bien todos los regímenes militares se parecen, aunque sea solamente por la naturaleza de la institución que usurpa el poder, los regímenes militares latinoamericanos del período comprendido entre los años treinta y ochenta eran, de hecho, muy diversos. No obstante, es posible elaborar una útil tipología de los regímenes militares, atendiendo a un reducido número de criterios clave, que tal vez nos ayude a orientarnos en medio del gran número de casos empíricamente singulares. Al elaborar dicha tipología, dejaremos a un lado las dictaduras patrimoniales o sultánicas de América Central y el Caribe durante el período de entreguerras, ya que su naturaleza militar es como mínimo discutible. Aunque el primer Somoza, Trujillo y Batista dependieran de las guardias pretorianas bajo su mando para instaurar sus dictaduras personales, el origen militar de su poder no bastaba para conferirle una naturaleza rigurosamente militar. Los regímenes dominicano y nicaragüense en particular, con su práctica del «gangsterismo de estado» y el enriquecimiento familiar, están más cerca del caudillismo tradicional que del militarismo moderno.

A efectos del análisis, podemos distinguir entre militarismo reiterado, casi institucionalizado, y autoritarismo llamado «cataclísmico» o «de ruptura», así como entre regímenes militares con proyectos socioeconómicos conservadores o contrarrevolucionarios y ciertas formas de militarismo reformista o progresista. Estas distinciones nos permiten discernir tres modos dominantes de poder militar en la América Latina contemporánea. La primera forma, que es sin duda la más característica, la constituye una tutela militar virtualmente permanente, aunque no estable, en la cual la excepción en términos constitucionales se ha convertido, de hecho, en la regla. Bajo una forma u otra, existieron repúblicas pretorianas de esta clase en Argentina y Brasil, así como en El Salvador y Guatemala, hasta mediados del decenio de 1980. En segundo lugar, Uruguay y Chile después de 1973 fueron ejemplos del «militarismo catastrófico», en el cual unos militares que antes respetaban una tradición democrática arraigada trataron de fundar un estado contrarrevolucionario. Finalmente, en el decenio de 1970, se intentó hacer revoluciones militares que abarcaban una amplia serie de actitudes reformistas y nacionalistas, sin participación de las masas pero no sin connotaciones populistas, en Perú, Bolivia y Panamá en particular, pero también, hasta cierto punto, en Ecuador y Honduras.

Repúblicas pretorianas: Argentina y Brasil

El militarismo latinoamericano contemporáneo se ha caracterizado por el dominio estable que los militares han ejercido sobre el estado más que por golpes de estado aislados y devastadores. La hegemonía militar duradera, donde ha existido, databa en su mayor parte de los años treinta. La tutela militar, que duró medio siglo, quedó prácticamente institucionalizada y el «factor militar» consiguió la categoría de socio político casi legítimo. Este papel militar recurrente transformó tanto el estado como las fuerzas armadas y éstas, cuya participación ya era cosa corriente, constituían fuerzas verdaderamente políticas. Esta clase de institucionalización no necesitaba seguir, como ocurrió en El Salvador después de 1948, el modelo canónico de «partido de los coroneles» que dominase la política y legitimase las ambiciones corporativistas de los militares. Incluso era posible que los militares no ejercieran el poder directamente, como en Brasil antes de 1964, o que periódicamente devolvieran el gobierno a los civiles, como en Argentina entre 1930 y 1983.

En Argentina, la hegemonía militar adoptó muchas formas diferentes. El poder militar que tan brutalmente se instauró en marzo de 1976 no tuvo más de accidente imprevisible o infracción excepcional de las reglas que las dictaduras más benévolas que lo precedieron en 1943, 1955, 1962 y 1966. De los veintitrés presidentes, elegidos o no elegidos, que gobernaron Argentina entre 1930 y 1983, quince eran militares. Sólo dos presidentes elegidos concluyeron su mandato legal y ambos eran generales que jamás habrían alcanzado la presidencia de no haber sido por un oportuno golpe de estado: el general Agustín Pedro Justo, elegido en noviembre de 1931, después de que el golpe de estado del 6 de septiembre de 1930 derrocara al presidente radical Hipólito Yrigoyen; y el general Juan Domingo Perón, que fue elegido constitucionalmente en febrero de 1946 con el respaldo del movimiento obrero, pero que ya era el hombre fuerte del régimen militar instaurado por la «revolución» del 4 de junio de 1943. En todo este período ningún presidente elegido en el marco de una sucesión normal logró jamás llegar hasta el final de su mandato.

La estabilidad de las autoridades legalmente constituidas en Argentina estaba condicionada por el apoyo que recibían de los militares, entre otros factores. Pero el recurso constante a las fuerzas armadas produjo una fragilidad crónica del poder civil. Por su parte, los militares, especialmente al proscribir a los que ganaban (o hubieran ganado) las elecciones, convirtieron Argentina en un país ingobernable. De 1930 a 1943 el Partido Radical fue víctima de prohibiciones o fraude electorales. A partir de entonces el peronismo, que salió victorioso de las elecciones presidenciales de 1946 y 1951, estuvo prohibido desde 1955, el año del golpe de estado «liberador» que derrocó a Perón, hasta 1973. La consecuencia de estos anatemas militares fue una serie de golpes de estado y una sucesión de jefes ejecutivos no elegidos o elegidos falsamente. Además, los presidentes minoritarios que tomaron posesión del cargo estuvieron sometidos a la vigilancia rigurosa de unas fuerzas armadas divididas en grupos con decididas afinidades civiles. Por que no sólo llamaban los civiles a la puerta de los cuarteles con el fin de resolver sus conflictos, sino que también los militares buscaban aliados civiles con el objeto de no ceder terreno en las luchas intestinas del «partido militar».

Las relaciones entre civiles y militares en Argentina, al menos hasta 1983, se concebían de forma totalmente distinta, y despertaron una serie profundamente distinta de expectativas, de las que predominan en los sistemas representativos, estables y pluralistas. Si la intervención militar en política no era legítima, al menos era legitimada por amplios sectores de la opinión pública. Lejos de provocar una santa alianza de toda la clase política o de fuerzas cívicas organizadas en defensa de instituciones representativas, cada levantamiento militar recibía el apoyo público o privado de los que se oponían a los que estaban en el poder. Los llamamientos a los militares no eran sólo un medio de venganza política al alcance de sectores minoritarios. El militarismo no perdonaba a ningún partido. En las afirmaciones de la clase política las fuerzas armadas, a pesar de sus tendencias manifiestamente conservadoras y su histórico anticomunismo, no eran presentadas (ni siquiera después de 1976) como partidarias, por definición o por naturaleza, de un sector ideológico o social concreto y exclusivo. No fueron sólo los peronistas de derechas y de izquierdas quienes cortejaron a los militares, sino que el propio Partido Comunista y casi todas las facciones de la extrema izquierda no violenta aspiraban a una alianza con «oficiales patrióticos y progresistas» y continuaron albergando la esperanza de que se produjera una improbable «revolución nasserista». Por tanto, las fuerzas armadas argentinas, cuando intervenían, nunca eran condenadas de manera unánime como peligro para el libre desenvolvimiento de la vida política o simple «instrumento de las clases dominantes». Más bien se percibía a los militares como socios difíciles, imprevisibles grandes electores en un complejo juego de astucia en el cual nada podía hacerse contra ellos ni sin ellos.

En Brasil, las fuerzas armadas tuvieron el poder durante veintiún años después del golpe de estado de 1964. Pero, a diferencia de Argentina, esta situación fue excepcional, ya que, de hecho, nunca se había producido desde la caída del imperio en 1889. No obstante, la novedad radical de la actuación de los militares brasileños en términos institucionales fue acompañada de ideas y medidas más tradicionales en los terrenos económico y político, lo cual contradecía el concepto de una ruptura total con el pasado. A decir verdad, si consideramos las seis intervenciones militares habidas en Brasil desde 1930 (las cinco anteriores a 1964 no dieron lugar a una toma directa del poder), vemos que las fuerzas armadas intervinieron cuatro veces contra la democracia pluralista (en 1937, 1954, 1961 y 1964), y sólo dos veces para garantizar la legalidad constitucional (en 1945 y 1955). Dos intervenciones anteriores a la de 1964 (las de 1954 y 1961) pueden considerarse igualmente favorables a proyectos de desarrollo antinacionalistas y liberales desde el punto de vista económico. Ciertos observadores incluso han dicho de estas intervenciones que fueron «golpes de estado de prueba» contra el sistema político establecido.

Esta secuencia de presiones e intervenciones reguladoras, en direcciones alternas, ha apoyado la tesis de que hasta 1964 las fuerzas armadas brasileñas ejercieron un «poder moderador» que habían heredado del emperador. Pero reducir los militares a este modelo atribuye a su comportamiento una coherencia política y una unidad de puntos de vista de las que carecía por completo. Las fuerzas armadas no intervenían en la vida pública porque estuviesen más unidas y fueran más eficaces o más capaces de mantener la continuidad en la política nacional. Más bien parece que ocurría lo contrario. Aunque, después de 1930, los militares brasileños en general, y el ejército en particular, constituyeron una autoridad por encima de las autoridades legales y contra la cual era imposible gobernar, entre 1930 y 1964 las fuerzas armadas, profundamente politizadas o por lo menos «ideologizadas», estuvieron divididas en dos tendencias principales cuyos enfrentamientos públicos interrumpían la vida política. Las mayorías cambiantes o, mejor dicho, los cambios de los grupos dominantes en el seno de las fuerzas armadas, unas veces favorables a una política populista y nacionalista que estaba cerca de la de Vargas y sus herederos, y otras veces cerca de las posturas de los liberales conservadores, fijaban los límites y las garantías de la autonomía gubernamental. No sólo ocurría que el sector hegemónico dentro de las fuerzas armadas sancionaba y ratificaba los resultados electorales, sino que, además, todos los gobiernos tenían que neutralizar a sus adversarios en las fuerzas armadas con el fin de tener libertad de acción. Sin tal «dispositivo militar», expresión semioficial que se refería a lo que era virtualmente una institución, la estabilidad política era inalcanzable.

Por otra parte, las actividades de los partidos y grupos políticos se extendieron a las fuerzas armadas, de manera más o menos institucionalizada. El partido conservador, la Uniáo Democrática Nacional (UDN), tenía su equivalente en la cruzada democrática, llamada a veces «la UDN militar», cuyos líderes se hicieron con el poder en 1964. A la inversa, los líderes de las fuerzas armadas organizaban clientelas y alianzas civiles y los oficiales pasaban constantemente de la actividades militares a la política. En las elecciones presidenciales de 1945, por ejemplo, los abanderados de los dos bandos opuestos eran generales: el mayor general Eduardo Gomes por la UDN y el general Eurico Dutra por los getulistas del Partido Social Democrático (PSD). De acuerdo con la lógica pretoriana, cada uno de los grupos políticos se esforzaba por obtener apoyo de los militares con el fin de incrementar su propio poder. Y tampoco disminuía el ardor militarista de los perdedores cuando sus adversarios conseguían el favor de los militares. Bajo el Estado Novo los liberales siguieron confiando en que los militares restaurasen la democracia[8], e incluso después del golpe de estado de 1964 parte de la izquierda continuó proclamando su fe en el espíritu popular y democrático de las fuerzas armadas nacionales.

Algunos observadores se han preguntado por qué, en 1964, las fuerzas armadas brasileñas no se limitaron a efectuar una simple intervención correctiva, como en ocasiones anteriores. Dejando aparte las justificaciones oficiales o semioficiales que han presentado tanto civiles como militares, parece ser que los factores determinantes de los acontecimientos de 1964, en el clima de guerra fría que imperaba en América Latina, fueron complejísimos. La «crisis del estado populista» —que era atribuible al agotamiento de su proyecto de desarrollo nacional y a la inversión de su relación con los trabajadores (que antes estaban bajo un control paternalista y ahora empezaban a ejercer fuertes presiones sobre él— fue, de hecho, una crisis del estado en general. La «revolución» de 1964 fue en cierto sentido un «golpe para el estado», esto es, una fractura institucional cuyo propósito era reconstituir, sobre nuevos cimientos, una organización estatal reforzada.

En la esfera militar la comente nacionalista también había perdido terreno ante la ofensiva ideológica de la tendencia llamada «democrática», que estaba estrechamente vinculada a las fuerzas armadas de los Estados Unidos. La guerra fría y la iniciación de una nueva fase de desarrollo industrial que llevaba aparejada una modificación del modelo de distribución de la renta fortalecieron la posición de los «atlantistas» liberales, entre los cuales predominaban antiguos miembros del cuerpo expedicionario brasileño (FEB) que había participado en la segunda guerra mundial. Estos oficiales brasileños, que habían combatido al lado del cuarto cuerpo de ejército norteamericano en la campaña de Italia, eran antigetulistas y partidarios de la libre empresa. Habían desempeñado un papel importante en la formulación, en la Escola Superior de Guerra, de la doctrina de la seguranza nacional, que vinculaba el desarrollo y la seguridad y, al asignar a los militares la función de definir «los objetivos nacionales permanentes», justificaba sus usurpaciones políticas en nombre de los valores de la guerra fría.

Sin embargo, en 1964 el general Castello Branco, el líder de la «revolución», no pensaba instaurar una verdadera dictadura militar. Los vencedores de abril eran liberales autoritarios que pretendían reforzar y proteger al estado purificando —y no aboliendo— el sistema democrático existente. Para ellos se trataba de defender las instituciones heredadas de la Constitución de 1946 proscribiendo a sus supuestos adversarios, los líderes de la izquierda y los políticos populistas. No tardó en verse que este proyecto «moderado» para una democracia supervisada no era factible, dada la fuerza de los partidos tradicionales y las presiones de los sectores duros de las fuerzas armadas y a consecuencia también de las medidas económicas elegidas y del descontento popular que provocaban. A raíz de varios reveses electorales y de una peligrosa movilización de las masas contra las limitaciones impuestas a la democracia, la Ley Institucional n.º 5 de diciembre de 1968, que daba al presidente poderes dictatoriales, sancionó la evolución hacia un régimen autoritario que, no obstante, conservó una fachada parlamentaria. Así pues, el sistema dominado por los militares pasó de una «democracia manipulada» a una forma de estado autoritario y modernizador en el cual la tolerancia de la competencia política marginal suponía la consagración popular de un régimen de emergencia.

En las repúblicas pretorianas, las fuerzas armadas, una vez en el poder, tendían a invadir el estado, sin que importase el respeto que sus líderes siguieran concediendo a las instituciones representativas. En Brasil, el régimen, siempre dispuesto a modificar las reglas del juego cuando quiera que no le fuesen favorables, no titubeó en concentrar en el ejecutivo los atributos de los demás poderes. De forma parecida, las instituciones burocrático-militares o predominantemente militares florecieron como lugares donde residía la autoridad ejecutiva y se tomaban decisiones. Entre ellas podemos señalar el alto mando del ejército, el Serviço Nacional de Informações (SNI) y el Consejo Nacional de Seguridad. El SNI llegó a constituir una especie de «gobierno invisible» y en las manos de su director se concentraban recursos políticos tan grandes, que el cargo se convirtió en el camino a la presidencia. En cuanto al Consejo Nacional de Seguridad, cuya creación por decreto-ley no tuvo lugar hasta 1968, la reforma constitucional de 1969 le confió nada menos que la tarea de «fijar los objetivos y las bases permanentes de la política nacional».

En Argentina, donde las intervenciones militares suspendieron por completo los procedimientos representativos, la militarización era todavía más patente, pero tomó formas variables bajo diferentes regímenes militares. Las instituciones burocrático-políticas que se instauraron después del golpe de estado de 1966 no eran las mismas, por ejemplo, que las instauradas tras el golpe de 1976. En el primero de los dos regímenes, el general-presidente, Juan Carlos Onganía, asumió todo el poder. Las fuerzas armadas como tales no gobernaban. Esto no quería decir que no hubiera intereses militares en las orientaciones del régimen y de sus instituciones. El ejecutivo monárquico que creo el general Onganía fue legitimado en términos de la defensa nacional y la inspiración de las nuevas leyes que se promulgaron fueron las hipótesis estratégicas del estado mayor y los requisitos nacionales tal como él mismo los definía. El poder militar más allá de las paredes de los cuarteles también era visible en las amplias prerrogativas que se asignaron al CONASE (Consejo Nacional de Seguridad) y al SIDE (Servicio de Inteligencia del Estado). No obstante, hasta la caída de Onganía en junio de 1971, las fuerzas armadas propiamente dichas no estuvieron en el poder y los oficiales ejercieron un número relativamente limitado de funciones ejecutivas.

La situación fue totalmente distinta tras el golpe de estado de 1976. La experiencia de los militares bajo Onganía y, sobre todo, los requisitos y las consecuencias de la «guerra sucia» contra la subversión dieron lugar a una inversión en la relación entre el presidente y la junta de comandantes en jefe. La monarquía militar fue sustituida por un cuerpo colegiado. Esta nueva estructuración del poder reflejaba la decisión de los militares de gobernar durante un período largo, su deseo de llevar siempre la iniciativa en sus relaciones con los civiles y su interés en asegurar la continuidad sin que surgieran discordias en el seno de las propias fuerzas armadas. El objetivo crucial era evitar los conflictos intra-militares o por lo menos institucionalizarlos.

El autoritarismo entraña invariablemente una expansión de la burocracia política responsable de la vigilancia y la represión de los disidentes y los adversarios. Pero la inclinación natural de los tecnócratas uniformados, sean cuales sean los objetivos y la ideología que proclamen, hace que, además, en la mayoría de los casos, sean partidarios del aumento de la planificación gubernamental y de la expansión del papel económico del estado. La colonización del aparato del estado por parte de los militares es uno de los rasgos más destacados de las repúblicas pretorianas de América Latina.

En Argentina, y en este sentido, el estado fue militarizado pronto. Los militares argentinos, preocupados por la «crítica dependencia estratégica» de un país agrícola y no industrializado, manifestaron interés por la industria desde principios de siglo y desempeñaron el papel de grupo de presión favorable a la industrialización frente a una burguesía que estaba convencida de la excelencia del laissez-faire y de la permanencia de las ventajas relativas de su país. El nacionalismo militar se manifestó en la persona del general Enrique Mosconi y en la del general Alonso Baldrich, que insistían en que el país tenía que explotar sus propios recursos petroleros, y del general Manuel S. Savio, que abogaba por la creación de una industria siderúrgica argentina que, sin embargo, tardó muchos años en hacerse realidad. No obstante, en 1927 el general Justo, que a la sazón era ministro de la Guerra en la administración Alvear, inauguró una fábrica de aviones en Córdoba que durante el año siguiente empezó a producir en pequeña escala bajo licencia europea. La fecha clave, sin embargo, fue 1941, durante la segunda guerra mundial, año en que se creó por ley la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), entidad autónoma dentro del Ministerio de la Guerra. Según los definía la ley, sus objetivos iban mucho más allá de la simple producción de armas y municiones. La DGFM también debía encargarse de compensar las deficiencias de la industria privada en el «campo de la producción industrial para el consumo civil». Aunque provocaron una grave desindustrialización del aparato productivo, el liberalismo sin control que caracterizó al régimen presidido por el general Videla a partir de 1976 y la filosofía antiestatista de José A. Martínez de la Hoz, su ministro de Economía, virtualmente no surtieron ningún efecto en las responsabilidades económicas del estado y, en particular, en las de Fabricaciones Militares. Parece que el tratamiento de choque monetarista y la ideología ultraliberal toparon con el comportamiento estatista de los militares, pero también con sus intereses creados, que habían aumentado a consecuencia de la reciente colonización del estado.

En Brasil, el régimen que se instauró después del golpe de estado de 1964 propuso ideas ultraliberales en los asuntos económicos. Con todo, uno de sus rasgos destacados fue la expansión del sector público y del capitalismo de estado. El crecimiento del sector industrial estatal, en particular, fue uno de los rasgos más paradójicos de Brasil bajo los militares. Si el control del ahorro y la distribución dio al estado su enorme poder, su papel en la producción, que databa de mucho antes de 1964, le confirió una preponderancia aparentemente abrumadora. De las cien empresas más poderosas del país, en 1970 cuarenta eran de propiedad pública —cuarenta y seis en 1972—, y de las cerca de seiscientas empresas que el estado controlaba en 1980, aproximadamente doscientas se habían fundado después de abril de 1964. Esta situación empujó a ciertos sectores económicos a poner en marcha, en 1975-1976, una gran campaña anti-estatização contra el «estado tentacular», y algunos liberales impenitentes llegaron al extremo de acusar a la administración del general Ernesto Geisel (1974-1979) ¡de ser «socialista»! Las actividades estatistas y centralizadoras de las fuerzas armadas brasileñas son una realidad histórica que se remonta sin interrupción hasta los presidentes militares de los primeros tiempos de la Primera República. Pero no pueden pasarse por alto las numerosas manifestaciones de un comportamiento estatista parecido en otros estados militarizados.

El estado contrarrevolucionario: Chile y Uruguay después de 1973

En 1973 Chile y Uruguay, a pesar de su larga tradición de estabilidad democrática y de sumisión militar a la autoridad civil, sufrieron, de forma virtualmente simultánea, feroces y duraderas intervenciones militares. En Chile, la subordinación militar no se había visto seriamente amenazada desde 1932. En Uruguay, los militares nunca habían tenido parte en el poder durante el siglo XX. (Se ha dicho que a principios del decenio de 1960 los uruguayos habían olvidado que su ejército existía). No obstante, las dictaduras militares que en 1973 se instauraron en estas dos ex islas de democracia resultaron estar entre las más represivas del continente. En Chile, el golpe de estado fue uno de los más sangrientos de la historia del continente.

La explicación del cambio radical que se produjo en la actitud de los militares chilenos está tanto en las mutaciones habidas en el sistema político y las fuerzas armadas como en la inesperada elección de un presidente socialista minoritario en 1970. En 1964, para hacer frente a la ascensión de la izquierda agrupada alrededor de la figura de Salvador Allende, los democratacristianos, con la ayuda de los Estados Unidos, habían presentado un programa ambicioso e innovador para una «revolución en libertad», pensado para colocar a Chile en una senda «no capitalista» y sin riesgos que llevaría el país al desarrollo, en consonancia con la «doctrina social de la Iglesia». Eduardo Frei, el candidato demócrata-cristianó, elegido presidente por una inmensa mayoría (gracias a los partidarios de la derecha, que votaron al mal menor), pensaba buscar el apoyo de sectores sociales que tradicionalmente eran excluidos del proceso político al mismo tiempo que modernizaba el aparato productivo del país. Al prometer la justicia social y el incremento ininterrumpido de los salarios, Frei alentó las expectativas de la población trabajadora. Sin embargo, al entrometerse en la situación del campesinado, al que en lo sucesivo se le permitió formar sindicatos, los democratacristianos desataron fuerzas a las que ni pudieron satisfacer con rapidez ni controlar políticamente. Los líderes del sector empresarial se mostraron inquietos y la burguesía terrateniente se sintió expoliada por una reforma agraria que, aun siendo gradual, liberó a sus inquilinos. Los conservadores que habían votado a Frei se sintieron traicionados y la derecha estuvo cerca de pensar que el presidente democratacristiano había preparado el camino para el comunismo. El espectro político fue radicalizándose de forma creciente al volverse más violentos los conflictos sociales y escindirse el propio partido. Al fomentar la participación de los tradicionales marginados de Chile, Frei había abierto la caja de Pandora y violado con ello el «pacto social implícito» en que se apoyaba la estabilidad del modelo político de Chile. La movilización de las masas que fomentaron los democratacristianos alteró el frágil equilibrio que permitía la disyunción entre el sistema político y el sistema de desigualdad social[9]. Al desestabilizarse la balanza en el plano social, el antiguo equilibrio dejó de ser viable.

En estas circunstancias, nació y se propagó entre la derecha chilena una nueva ideología «antidemocrática» que asignó a las fuerzas armadas un papel que sintonizaba mejor con los peligros del momento. Sus autores desafiaron el tradicional concepto de un estamento militar que adoptaba una actitud de ciega sumisión ante las autoridades civiles. Su «neocorporativismo» supuestamente portaliano asignó a las fuerzas armadas un lugar esencial en la estructura de un nuevo estado. Esta formación ideológica subterránea coincidió con el ascenso a puestos de mando de una generación de oficiales formados durante la guerra fría después de la desviación, inspirada por los Estados Unidos, hacia una estrategia antisubversiva. Estas nuevas orientaciones eran especialmente pronunciadas en un país donde, a pesar de no haber guerrilleros, el Pentágono consideraba que la «amenaza comunista» era grave, no sólo porque el Partido Comunista chileno era el más poderoso del continente, sino también a causa de la evolución del Partido Socialista chileno hacia posturas procubanas.

Este fue el contexto en que Salvador Allende, el candidato de la Unidad Popular, resultó elegido presidente de Chile en 1970, con sólo el 36 por 100 de los votos. Su programa para una transición pacífica y parlamentaria al socialismo se vio sometido desde el primer momento a condiciones paralizantes, ya que, siquiera para sobrevivir, el gobierno de la Unidad Popular tenía que permanecer dentro del marco de las instituciones burguesas y respetar el sistema constitucional que le había permitido acceder al poder. Se dice que Allende declaró que «la legalidad es mi fuerza», pero era también su debilidad al encontrarse ante un Congreso, una judicatura y un funcionariado, así como la mayoría del electorado, que sin excepción eran hostiles a su programa. Las fuerzas armadas, celosas de su monopolio de la violencia y las armas, habían constituido la piedra de toque y la garantía de las instituciones del país. Ahora se convirtieron en el terreno donde tendrían lugar los principales enfrentamientos políticos que empezaban a producirse, además de ser lo que realmente estaba en juego en ellos.

El asesinato, en octubre de 1970, del general René Schneider Chereau, el comandante en jefe del ejército, por parte de un torpe grupo de conspiradores de derechas convenció al Congreso para que ratificase la elección minoritaria de Allende a la presidencia. La muerte del general santificó en el ejército la lealtad constitucional que Schneider había defendido y que le había costado la vida. No cabe duda de que a partir de entonces la «doctrina Schneider» fue una fuerza poderosa en la neutralización, o al menos la moderación, de los impulsos golpistas de la fracción del alto mando —que al principio era pequeña pero que ahora iba creciendo— a la que estaban conquistando las posturas sediciosas, contrarrevolucionarias. Así, las fuerzas armadas apoyaron lealmente a Allende durante tres años y en nombre de la defensa de la Constitución garantizaron la supervivencia de la experiencia socialista. Luego serían los sepultureros tanto de la Unidad Popular como del régimen democrático.

Las fuerzas armadas chilenas mantenían lazos muy estrechos con los Estados Unidos. A decir verdad, Chile era uno de los principales beneficiarios de la ayuda militar que los norteamericanos prestaban a América Latina, superado sólo por Brasil y delante de países tales como Perú, Colombia y Bolivia, que tenían que luchar contra guerrilleros casuistas. Chile, donde unos sesenta mil hombres estaban sobre las armas en 1970, recibió 169 millones de dólares estadounidenses en ayuda militar de los programas militares de los Estados Unidos entre 1946 y 1972 (122 millones de dólares estadounidenses sólo entre 1962 y 1972). Entre 1950 y 1970 un total de 4.374 militares chilenos fueron enviados a recibir instrucción en instalaciones militares norteamericanas en Panamá o en los Estados Unidos. Unos dos mil de estos militares recibieron instrucción entre 1965 y 1970, lo cual es prueba del alcance y la intensificación de la influencia norteamericana durante la administración Frei. De hecho, a partir de 1965 prácticamente todos los oficiales chilenos pasaron algún tiempo en escuelas militares norteamericanas. Por supuesto, las consecuencias de estos períodos de instrucción no eran ni uniformes ni automáticas[10]. En efecto, el propio Carlos Prats González, el «general democrático», comandante en jefe del ejército bajo Allende, había pasado un año en Fort Leavenworth. Durante la administración Allende, mientras reducían o interrumpían el apoyo económico a Chile, los Estados Unidos mantuvieron y hasta aumentaron la ayuda militar. Esta clase de ayuda, que se había reducido hasta quedar en 800.000 dólares estadounidenses en 1970, se incrementó hasta alcanzar 5,7 millones de dólares en 1971 y 10,9 millones en 1972, momento en que era la única ayuda que los Estados Unidos prestaban a Chile.

Allende disponía de pocos medios para contrarrestar la influencia de los Estados Unidos sobre las dependientes fuerzas armadas chilenas. Podía contar con el constitucionalismo de parte de la jerarquía y con la estricta disciplina vertical que el ejército chileno respetaba, pero no podía impedir que se imbuyera a los oficiales jóvenes de la mentalidad antisubversiva que enseñaban los Estados Unidos. Mientras tanto, la burguesía chilena, sus partidos además de sus organizaciones gremiales y profesionales, no permaneció inactiva ante las transformaciones estructurales que la amenazaban. El sabotaje económico y el obstruccionismo parlamentario exacerbaron una situación social que ya era tensa y acentuaron la polarización del país. En medio de un clima de guerra civil, se hizo en el Congreso una implacable guerra de guerrillas con el fin de empujar al gobierno a ir más allá de los límites que autorizaban las leyes. El golpe de estado ya estaba en marcha, pero faltaba concebir los acontecimientos que hicieran de detonador y derribar las últimas barreras que se alzaban ante el movimiento. La actitud de la extrema izquierda, que trató de llevar la lucha de clases al seno de las propias fuerzas armadas, contribuyó a unificar a la oficialidad. Finalmente, el 22 de agosto de 1973, la mayoría de la oposición en la cámara de diputados aprobó una resolución dirigida explícitamente a, entre otros, los miembros militares del gabinete de Allende, acusando al gobierno de haber ocasionado, con su conducta sistemática, la «grave ruptura del orden constitucional y jurídico». Al día siguiente desapareció el último obstáculo que impedía la intervención militar cuando el general Prats, desacreditado por las provocaciones y casi sin apoyo entre sus iguales, dimitió como ministro de Defensa Nacional y como comandante en jefe del ejército. Su sucesor, el general Augusto Pinochet Ugarte, a quien se tenía por «demócrata», se negó a destituir a los golpistas más notorios. Durante los días siguientes el futuro dictador traicionó la confianza depositada en él, pero lo que hizo, sobre todo, fue seguir a sus tropas. En la mañana del 11 de septiembre de 1973 el mundo fue testigo, no de la guerra civil que se esperaba desde hacía mucho tiempo, sino de un ejercicio de brutal terror blanco.

La violencia del golpe de estado chileno fue inesperada. El movimiento contrarrevolucionario no se parecía en nada a los golpes pacíficos, análogos a las crisis ministeriales en los regímenes parlamentarios, que habían salpicado la historia de otros países latinoamericanos y en particular de las repúblicas pretorianas que existían desde hacía mucho tiempo. La inexperiencia política de los militares chilenos, que sólo sabían hacer la guerra, no era la única explicación. El carácter sanguinario de las operaciones militares lo dictaron los imperativos de la situación tal como la percibían los líderes de la rebelión. El terror, la intimidación primero del personal militar leal y luego de los civiles que habían apoyado al régimen caído, tenía por objetivo hacer que futuros acuerdos resultaran imposibles. La sangre derramada descartaba la opción de que se restaurase la derecha civilizada. Los golpistas no habían actuado para favorecer los intereses de los democratacristianos, a pesar de la ayuda importante que éstos les habían prestado. Los adversarios de Allende que albergaban la esperanza de que la eliminación del gobierno marxista condujese a una vuelta a la belle époque de antes de 1970 se llevarían una gran decepción. El golpe de estado del 11 de septiembre tenía por finalidad ser una verdadera ruptura histórica. Para salvar al país del «cáncer marxista» y para «proteger la democracia» las fuerzas armadas destruyeron de forma irreversible el «estado de la conciliación» y proclamaron un «estado de sitio». Era evidente, a juzgar por la represión generalizada y el prolongado terror de estado, que el golpe no representaba un simple rechazo de la «vía chilena al socialismo» ni una respuesta «técnica» al punto muerto en que se encontraban las relaciones entre el ejecutivo y el Congreso.

Tomó forma un régimen contrarrevolucionario que, en nombre de la cruzada contra el comunismo, rechazó la culpable debilidad de la democracia representativa e impuso su propio proyecto socioeconómico. Se fundaría una democracia «protegida», «sin riesgos», basada en una reestructuración capitalista y la consiguiente reorganización de la sociedad. La obsesión antimarxista de los militares convergió, en este sentido, con las preocupaciones ideológicas e interesadas de sus aliados civiles. En la historia de Chile el papel económico de los militares siempre había sido escaso. Así pues, la adopción y la puesta en práctica de los principios ultraliberales de Friedman habían encontrado menos resistencia en Santiago que en otras áreas de América Latina. Asimismo, la deificación del mercado era compatible en líneas generales con la lógica de los militares chilenos en el poder. La aplicación generalizada de los principios del mercado y la resultante desestabilización de numerosas instituciones y actividades tenían por fin privatizar las demandas sociales y poner fin así a la acción colectiva y quizá incluso a la política. A ojos del general Pinochet, esta desestructuración del tejido social por parte de una «revolución capitalista» garantizaría un futuro libre de preocupaciones. La operación quirúrgica practicada por las fuerzas armadas aseguraría la reproducción del sistema sin tener que recurrir de nuevo a la fuerza. A tal efecto, las empresas de las que se había hecho cargo el estado bajo Allende, así como la tierra afectada por la reforma agraria, se devolvieron al sector privado. Pero la privatización también se hizo extensiva a las empresas que llevaban mucho tiempo bajo el control del gobierno, así como, dentro de los límites de lo posible, a la sanidad pública, la educación y el sistema de pensiones. La liberalización del comercio hizo daño a la industria del país, pero también tuvo el efecto de reducir el tamaño del proletariado.

Si en Chile la existencia de un proyecto de transformación socialista provocó un giro de 180 grados bajo la égida de los militares, en 1973 Uruguay, que era gobernado por el presidente civil de derechas Juan María Bordaberry, parecía estar a salvo de una ruptura institucional parecida. En efecto, de lo que se trataba no era de la orientación política del gobierno, sino de la bancarrota de determinado modo de desarrollo nacional. Debido a sus ventajas naturales y a su población relativamente pequeña y homogénea, de origen predominantemente europeo, a principios de siglo Uruguay se había convertido en un importante exportador de carne y lana. El éxito de la ganadería permitió al país introducir muy pronto una legislación social avanzada. De esta manera, el estado redistribuyó una parte significativa de la renta que generaba el comercio exterior. Sin embargo, la excesiva urbanización de esta ciudad-estado y la expansión de la burocracia pública contribuyeron a perpetuar las estructuras agrarias tradicionales, cuya productividad era baja. La agricultura no sólo había financiado el desarrollo urbano uruguayo, sino que también había contribuido significativamente a la armonía social. En cierto sentido, los latifundios eran la base del estado del bienestar. Las grandes propiedades agrarias coexistían con una especie de socialismo urbano, de tal modo que las pautas de consumo de un país desarrollado dependían de una economía subdesarrollada. Se había logrado la estabilidad social y política, pero el precio habían sido unos bajos niveles de eficiencia productiva y una mediocre capacidad de adaptación a los cambios del entorno económico.

Inmediatamente después del auge económico que creó la guerra de Corea, hacia 1955, el descenso de la demanda de lana y, en general, la caída de los precios de los principales productos de exportación del país revelaron la falta de dinamismo del sistema y pusieron en entredicho la validez del modelo mismo. Los diversos grupos sociales se esforzaron por incrementar su parte de un producto nacional que decepcionaba por su estancamiento, con la inflación como único resultado visible. La «pauperización» de un país que era «europeo» en su cultura y sus pautas de consumo creó tensiones que pusieron en peligro el consenso social. En este contexto, los que controlaban los principales medios de producción —es decir, los grandes terratenientes, pero también el sector financiero y exportador— pretendieron modificar las reglas sociales y políticas del juego. Expresaron su oposición a las medidas redistributivas del estado del bienestar, así como a los traspasos que beneficiaban a los asalariados y favorecían a las industrias que producían para el mercado nacional. Los grupos dominantes en Uruguay, que parecían olvidar el papel que interpretaban el dirigismo y el paternalismo estatal en el mantenimiento de la paz social y el statu quo, predicaban austeridad y reducciones en los gastos públicos.

El control directo del gobierno era indispensable para alcanzar estos objetivos. Después de que Jorge Pacheco Areco, el líder del ala derecha del Partido Colorado, ocupara la presidencia a finales de 1967, un nuevo equipo integrado por hombres de empresa y banqueros trató de imponer un plan de estabilización y recuperación de la economía del cual formaban parte arbitrarias limitaciones salariales. El gobierno respondió a la oleada de huelgas que sacudió el país con la movilización temporal de los empleados de los bancos nacionalizados y la proclamación de un estado de sitio muy atenuado. En este tenso clima de decadencia y caída apareció una oposición joven, clandestina y extraparlamentaria, el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), es decir, los tupamaros, que por medio de actos de «violencia simbólica» primero debilitaron la autoridad del gobierno y finalmente provocaron la desintegración del régimen. La policía no pudo hacer nada para responder al desafío de los tupamaros, que se beneficiaron de una popularidad innegable, y el clima político degeneró rápidamente. Bajo el estado de emergencia se cometieron violaciones de las libertades civiles. Uruguay aparecía cada vez más «latinoamericanizado» a medida que se acercaban las elecciones de 1971, en las cuales los dos partidos tradicionales, los blancos y los colorados, se encontraron con que les hacía la competencia un frente amplio de la izquierda unida, que contaba con el apoyo de los tupamaros. Aunque Juan María Bordaberry (1972-1976), el candidato que representaba la continuidad política, ganó las elecciones presidenciales, la coalición izquierdista obtuvo el 30 por 100 de los votos en Montevideo. La izquierda bajo sus diversas formas causaba alarma y el endurecimiento del sentir conservador, enraizado en el miedo tanto al cambio como a la violencia, no auguraba nada bueno para las probabilidades de encontrar soluciones políticas de los problemas de la nación.

Hasta entonces las fuerzas armadas uruguayas habían permanecido más ausentes que calladas. El Partido Colorado, que gobernó sin interrupción durante noventa y tres años, de 1865 a 1958, como partido hegemónico y modernizador, creó las fuerzas armadas a su propia imagen: civilistas (contrarias a que los militares participaran en política) y coloradas. Este hecho se ha citado como una de las razones del historial no intervencionista de los militares uruguayos. En realidad, las fuerzas armadas no eran autónomas y, al estar vinculadas a una familia política concreta, no se consideraban situadas por encima de los partidos, con derecho a erigirse en autoridad suprema y garante de los intereses nacionales. Las nuevas atribuciones que Pacheco Areco les asignó poco antes de las elecciones de noviembre de 1971 les permitieron asumir finalmente tal papel. A partir de entonces las fuerzas armadas consideraron que se les había confiado la responsabilidad de suprimir las actividades subversivas.

Cuando, después de la derrota electoral de la izquierda, los tupamaros se entregaron todavía más a la lucha armada y atacaron directamente a los militares y la policía, la asamblea legislativa amplió aún más la autoridad de los militares. La ofensiva de las fuerzas armadas contra la guerrilla urbana fue indiscriminada y extremadamente mortífera. Montevideo fue puesta en pie de guerra y los militares aterrorizaron a los «terroristas», que se vieron obligados a ponerse a la defensiva. En septiembre de 1972 el Movimiento de Liberación Nacional ya estaba desmantelado. Pero, aunque el MLN ya estuviera agonizando, las fuerzas armadas, lejos de abandonar el escenario político, aumentaron sus pretensiones. La indisciplina y la arrogancia crecientes de los militares reducían diariamente la ya precaria autoridad del presidente. Al dar a las fuerzas de seguridad combinadas (fuerzas armadas y policía) carta blanca para que liquidasen la sedición empleando todos los medios que hicieran falta, el nuevo presidente, Bordaberry, había corrido un riesgo político que acabaría resultando fatal para él. Los militares uruguayos, convencidos de estar defendiendo los intereses nacionales, no estaban dispuestos a adaptarse ni siquiera a los derechos y prácticas más básicos de la democracia. Los comunicados oficiales del estado mayor denunciaban las mociones legislativas que condenaban las exacciones militares tachándolas de complicidad con la subversión.

La prueba de fuerza empezó en julio de 1972. El ejército protestó contra el nombramiento de un nuevo ministro de Defensa, fijó sus condiciones y anunció su programa. Éste era extraordinariamente ambiguo y revelaba la diversidad de opiniones que existía dentro del estamento militar. Ciertas figuras de la izquierda detectaron en el programa la existencia de una corriente progresista, «peruana». En efecto, varios comunicados militares propusieron reformas estructurales profundas. Sin embargo, esto no era lo esencial del asunto. El deseo fundamental de los militares era estar representados en todas las esferas de la vida nacional. El poder militar quedó institucionalizado cuando en febrero de 1973 se creó el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), cuyo secretario general era el jefe del estado mayor de las fuerzas combinadas y al que se asignó la tarea de ayudar al presidente en «la realización de los objetivos nacionales». El 27 de junio de 1973 el interminable golpe de estado culminó con la disolución de ambas cámaras legislativas y la creación de un consejo de estado por designación que heredó sus poderes. Pero, con un sumiso Bordaberry todavía en la presidencia, el orden militar conservó una fachada civil. Los sindicatos y los partidos de izquierdas continuaron buscando alianzas con la escurridiza ala «peruana» de las fuerzas armadas. Los partidos políticos que se opusieron al golpe de estado fueron proscritos a finales de 1973, pero el Partido Comunista, aunque ciertos líderes suyos habían sido detenidos anteriormente, no fue objeto de ataques sistemáticos hasta 1975.

A medida que iba acercándose el mes de noviembre de 1976, fecha en que debían celebrarse elecciones generales, los militares, «con el fin de defender las tradiciones democráticas», destituyeron finalmente a Bordaberry alegando que estaba a favor de un estado autoritario. Sin embargo, se mantuvo la ficción de que en el país había un gobierno civil mediante el nombramiento de un presidente del consejo de estado que supuestamente encamaba al ejecutivo. Una serie de «leyes institucionales» reestructuró por completo el sistema político, militarizándolo en nombre de la «lucha contra la sedición». Toda oposición fue aplastada sin piedad. La inseguridad generalizada reinaba en nombre de la seguridad nacional. Un estado-guarnición había sustituido al estado del bienestar. En la esfera económica el régimen seudocivil de Uruguay adoptó una lógica ultraliberal parecida en muchos aspectos a la de los «muchachos de Chicago» del general Pinochet. Las medidas neoliberales del nuevo régimen tenían por fin promover —mediante la drástica reducción de los gastos públicos, la apertura de las fronteras del país y la concentración de la renta— la especialización de Uruguay en las industrias que pudieran competir eficazmente en los mercados internacionales. Algunos soñaban con transformar Uruguay en una especie de Hong-Kong suramericano, pero el esperado milagro uruguayo nunca se hizo realidad.

Revoluciones militares: Perú, Bolivia, Panamá, Ecuador

Los golpes de estado militares que se autoproclaman progresistas, cuyos líderes afirman estar al lado del pueblo, generalmente inspiran un profundo escepticismo cuando aparecen en América Latina. Los observadores han tendido a atribuir la nueva postura de las fuerzas armadas a una estrategia del «imperialismo» o al oportunismo de los militares. Sin embargo, el golpe de estado peruano del 3 de octubre de 1968 no puede equipararse sencillamente con los de Brasil en 1964, Argentina en 1966 y 1976 o Chile y Uruguay en 1973. Y tampoco fue el «nacionalismo revolucionario» de los militares peruanos un caso aislado, fruto de una singularidad nacional intransferible. La subida al poder en Bolivia del general Ovando en septiembre de 1969, y, transcurridos unos meses, del general Torres, pareció confirmar la experiencia peruana despojándola de su singularidad. El estilo de actuación que en el mismo período, en un contexto geopolítico e institucional muy diferente, adoptó la guardia nacional panameña a instancias del general Torrijos mostraba un parecido suficiente con los dos regímenes andinos para descartar toda explicación estrictamente geográfica del fenómeno. Las fuerzas armadas que se hicieron con el poder en Ecuador en febrero de 1972 también apelaron al nacionalismo revolucionario al promulgar sus reformas. Y sus medidas se hicieron eco del programa «destinado a poner al día la economía y la sociedad nacional» que los militares hondureños estaban tratando de poner en práctica en su país en aquel momento.

Este reformismo militar parece una especie de retomo a las fuentes del militarismo latinoamericano contemporáneo. Sin embargo, nunca dejó de haber cierta ambigüedad en estos experimentos. En la lista de honor de las revoluciones fracasadas, las dirigidas por militares se encontrarían sin duda en el primer puesto. Los experimentos progresistas efectuados por las fuerzas armadas a menudo han terminado bruscamente, o incluso se han transformado en una contrarrevolución declarada. El gobierno de los militares parece caracterizarse de forma especial por regresiones bruscas, inesperadas oscilaciones del péndulo y giros de 180 grados. Los acontecimientos de Bolivia, Ecuador y Perú dan testimonio de esta tendencia, como lo dan también los de Honduras, aunque en este país la desviación fue en sentido contrario desde el punto de vista político. Sin embargo, no deja de ser interesante examinar las raíces y los objetivos de estas revoluciones dirigidas por el estado mayor.

Según parece, en Perú los militares tomaron el poder con el fin de llevar a cabo desde una posición de fuerza las reformas que el débil gobierno civil derrocado por ellos había sido incapaz de poner en práctica. A tal efecto, la junta que sustituyó al presidente Fernando Belaúnde Terry lucharía en dos frentes: la modernización de la sociedad peruana, que seguía siendo extremadamente arcaica; y la reducción de la dependencia exterior del país sin perder de vista las limitaciones geopolíticas. La iniciativa más significativa del nuevo régimen fue la preparación y puesta en práctica de una ley de reforma agraria. Las pautas de la reforma, que constituía la piedra angular del cambio social, se crearon para responder al descontento rural que había dado pábulo al levantamiento de la guerrilla en 1965, al éxodo masivo de la sierra a Lima y a la insuficiencia de la producción nacional de alimentos, con el consiguiente aumento de las importaciones agrícolas. El objetivo de la reforma era reducir el dualismo de la sociedad peruana, hacerla más fluida mediante la destrucción de los cimientos agrarios de las grandes familias oligárquicas a la vez que constituía una «racionalización económica» destinada a transferir ingresos a los sectores modernos de la economía.

El gobierno militar puso en práctica toda una serie de otras medidas, que se fundaron en la preponderancia del sector público, orientadas en la misma dirección. La nacionalización del comercio de exportación de ciertos productos principales como, por ejemplo, los minerales y la harina de pescado, la reforma bancaria que limitó la participación del capital extranjero y la «ley general sobre la industria» que creó una especie de asociación entre el capital y el trabajo, se concibieron de manera que ayudasen a encauzar las inversiones nacionales hacia el sector productivo poniendo freno a la huida de capitales y a la «desnacionalización».

El experimento peruano, que algunos observadores han considerado único, no continuó después de la caída del general Velasco Alvarado a finales de 1975. ¿Cuáles fueron las causas subyacentes de esta imprevista «revolución» militar? Dejando a un lado las explicaciones fantásticas basadas en la supuesta utilización de los militares como instrumento por parte de fuerzas exteriores, y limitándonos a las interpretaciones centradas en la aparición de una «nueva mentalidad militar» en Perú, puede proponerse un número sorprendente de factores explicativos, ninguno de los cuales parece haber sido suficiente por sí solo, pero en todos los cuales hay algo de verdad. En pocas palabras, los comentaristas han citado: los orígenes relativamente humildes de los oficiales peruanos y su aislamiento social de las clases altas; su profundo conocimiento de las realidades nacionales; el efecto que en ellos tuvo en 1965 la sublevación de la guerrilla en el campo y que tuvieron que reprimir, pero que despertó en ellos una nueva conciencia social; y la desviación circunstancial hacia la derecha de su adversario tradicional, el partido populista, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) (que luego volvió al redil de la socialdemocracia latinoamericana), lo cual, en su opinión, los liberó de su anterior alianza con la oligarquía. Finalmente, a veces se ha presentado como decisiva la legendaria influencia del Centro para Altos Estudios Militares (CAEM), donde, a partir de 1951, los oficiales peruanos estudiaron las realidades nacionales y donde se daban clases de economía y sociología.

Con todo, es necesario poner en perspectiva buen número de estos factores. El origen social de los oficiales peruanos no era diferente en los cincuenta años anteriores a 1968, durante los cuales los militares parecieron servir fielmente en calidad de «perros guardianes de la oligarquía». Los oficiales chilenos, por su parte, no estaban menos aislados de las élites civiles que sus vecinos del norte. Los ejércitos suramericanos se caracterizaban sin excepción por el hecho de que sus guarniciones estaban distribuidas por todo el territorio nacional, así como por el contacto humano y la relación social de oficiales y soldados resultante de la obligatoriedad del servicio militar. Y la experiencia traumática de la guerra de guerrillas en otras repúblicas, lejos de tener consecuencias progresistas, había empujado a los militares en una dirección contrarrevolucionaria, antirreformista. La influencia aprista en la ideología militar y las excelentes relaciones de ciertos líderes militares con los del APRA, cuya alianza con la derecha era sólo táctica, también contradicen las explicaciones fundadas en una supuesta evolución compensatoria de los dos viejos enemigos, entre los cuales existía una relación íntima. En cuanto al CAEM y sus profesores progresistas, plantea más preguntas de las que responde. Es el eterno enigma del huevo y la gallina: para empezar, ¿cómo sucedió que unos intelectuales izquierdistas radicalizados llegaran a dar clases en una escuela de altos estudios militares? Podemos sugerir, de forma resumida, que la doctrina de la «seguridad integral» (la antítesis de la doctrina de la seguridad nacional que estaba de moda en las fuerzas armadas de los países vecinos), que asignaba un lugar de honor entre los objetivos militares a la lucha contra el subdesarrollo y la pobreza, era fruto de una coyuntura nacional e internacional específica. En realidad, los oficiales reformistas que se hicieron con el poder en 1968, aprovechando el punto muerto en que se hallaba la política, no eran más que una minoría y el grueso de las fuerzas armadas, que era más bien conservador y pasivo como en otras partes del continente, siguió su ejemplo un poco a regañadientes y sólo durante unos cuantos años.

En Bolivia, la experiencia reformista fue todavía más breve y su desenlace, más trágico. El oportunismo nacionalista de una parte del estamento militar creó la ilusión de una revolución por sorpresa, sin una base real, que seria rápidamente sustituida por una clásica dictadura militar de derechas que duró diez años. Tras la muerte accidental, en 1969, del general René Barrientes Ortuño, que estaba en el poder desde 1964, su principal ayudante, el general Alfredo Ovando, dio un golpe de estado que triunfó. Sin embargo, el programa del nuevo presidente divergía decisivamente de la política anticomunista, de mano dura, de su predecesor. El nacionalismo y la liberación económica pasaron a estar a la orden del día.

Al parecer, la oficialidad de las fuerzas armadas bolivianas aceptó este giro a la izquierda con el fin de proteger las instituciones militares mismas, cuya impopularidad estaba en su apogeo. Obsesionados por el espectro de otro «9 de abril» —esto es, de una explosión civil como la de 1952 que volviera a destruir a las fuerzas armadas—, los militares decidieron sustituir una estrategia de coacción por otra de seducción. No obstante, las fuerzas armadas estaban muy divididas entre un ala «nacionalista» agrupada alrededor del general Juan José Torres, y lo que era, con toda probabilidad, el sector mayoritario, más preocupado por el orden público y la lucha antisubversiva.

Los logros prácticos del gobierno «revolucionario-nacionalista» de Ovando fueron escasos. Envuelto en contradicciones paralizantes, el gobierno duró sólo hasta el golpe de estado derechista del 4 de octubre de 1970 y no pudo cumplir las promesas del «mandato de las fuerzas armadas» que había publicado y que preveía la recuperación de los recursos naturales de la nación, la instalación de refinerías para tratar los minerales extraídos en el país, la creación de industria pesada, una política exterior independiente y la participación de los trabajadores en los beneficios. No obstante, hay que reconocerle a su gobierno el mérito de haber revocado el código del petróleo, que había favorecido a las compañías extranjeras, con la nacionalización de la Bolivian Gulf Oil y, sobre todo, el mérito de haber puesto fin a la ocupación militar de las poblaciones mineras del altiplano y de haber restaurado los derechos de los sindicatos.

Cuatro días después de la caída de Ovando, el general Torres, con el apoyo de una «unión de fuerzas populares» (el movimiento obrero, los partidos políticos de izquierdas y los estudiantes) se hizo a su vez con el poder en un contragolpe. El hecho de que se apoyara en la ayuda de civiles revelaba la debilidad intrínseca del ala progresista de las fuerzas armadas. Pero Torres, aislado y casi privado de una base militar de apoyo, tomaría una serie de medidas muy deseadas en los medios populares urbanos y entre los mineros. Expulsó al Peace Corps, nacionalizó una mina de cinc que había sido privatizada en circunstancias sospechosas, y, sobre todo, aumentó los salarios de los mineros, que en 1965, bajo Barrientos, habían sufrido un recorte del 40 por 100. Aunque Torres fue un «golpe de suerte» para la izquierda boliviana, en realidad firmó un pacto suicida con sus aliados al aceptar que se instaurase una asamblea popular que se componía de representantes de los sindicatos y los partidos marxistas, se erigió en órgano del poder dual y sacrificó a los militares progresistas, sin los cuales nada hubiera sido posible, en aras de la ortodoxia revolucionaria. El 21 de agosto de 1971, el coronel derechista Hugo Bánzer Suárez, apoyado por los sectores empresariales (especialmente de la región de Santa Cruz) y al principio también por el MNR de Paz Estenssoro, derrocó a Torres y puso fin a lo que Augusto Céspedes calificó como pirotecnia de la izquierda infantil[11]. Con el tiempo, el gobierno de Bánzer, que duró hasta 1978, se parecería a otras dictaduras militares suramericanas de derechas del período.

En Panamá, la orientación nacionalista del gobierno de la guardia nacional, fruto del golpe de estado del 8 de octubre de 1968, fue otra «sorpresa divina». Los objetivos principales del general Omar Torrijos, jefe de la junta de gobierno que, a partir de febrero de 1969, adoptó una actitud intransigente ante Washington, eran reconquistar la soberanía sobre la Zona del Canal de Panamá, ocupada por los Estados Unidos, y recobrar el canal interoceánico. El canal de Panamá era la clave de la política exterior del régimen y puede que también explique la política de movilización y armonía nacional que el nuevo gobierno procuraba fomentar en el país. Así, nuevas leyes laborales protegían a los sindicatos y preveían un salario mínimo, convenios colectivos de trabajo e indemnizaciones por despido. En las zonas rurales, Torrijos promulgó una reforma agraria moderada y gradual que afectó de manera progresiva a los latifundios improductivos y a gran parte de las propiedades agrarias que pertenecían a extranjeros.

Al igual que otras revoluciones militares, al régimen de Torrijos no le importaban la coherencia ni la pureza ideológica. Flirteó con Cuba y en 1974 reanudó las relaciones diplomáticas con Castro y con los países socialistas. Panamá apoyó a Salvador Allende y a la «revolución» de los militares peruanos, con los cuales la guardia nacional en el poder mantenía estrechas relaciones. El general Torrijos se manifestó claramente a favor de la causa sandinista y prestó ayuda directa e importante a los guerrilleros en su lucha por derrocar a Somoza. Así pues, el gobierno de la guardia nacional parecía ponerse del lado de las fuerzas y los regímenes «antiimperialistas» cada vez que se le presentaba la oportunidad. Al mismo tiempo, sin embargo, aprovechando la libre circulación del dólar estadounidense en Panamá, el régimen militar convirtió el país en un refugio bancario al eliminar todas las restricciones a las transferencias de divisas, garantizar el carácter confidencial de las transacciones financieras y decretar la exención fiscal para los movimientos de fondos. A resultas de ello, Panamá se convirtió en el centro financiero más importante de América Latina.

En 1977, después de prolongadas y laboriosas negociaciones, se llegó a un acuerdo con Washington sobre un nuevo tratado que preveía que Panamá recuperaría plenamente el canal en el año 2000 y los Estados Unidos evacuarían la Zona del Canal. Pero las especulaciones en el sentido de que el tratado señalaría el final de la era de Torrijos y su alianza nacionalista en Panamá resultaron erróneas. Hasta su muerte accidental en agosto de 1981, Torrijos fue el régimen e incluso se planteó el interrogante de si era apropiado considerar que su gobierno era un sistema de dominación militar o si no era, más bien, el gobierno de un caudillo progresista que reunía muchas de las características del modelo tradicional. Sin embargo, el peso de los comandantes de la guardia nacional en el régimen semiconstitucional que se instauró tras la muerte de Torrijos no dejó lugar para las dudas sobre la naturaleza militar del régimen mismo. Los presidentes civiles resultaron ser figuras decorativas efímeras e intercambiables y las manifestaciones de la oposición que a finales de los años ochenta exigían que el general Manuel Noriega se marchara no se equivocaron sobre quién ejercía realmente el poder en Panamá.

No podemos examinar aquí todos los intentos más o menos fallidos de instaurar un «pretorianismo radical» en América Latina. No obstante, merece la pena hacer una pausa para considerar el golpe de estado aparentemente muy institucional que en febrero de 1972 hubo en Ecuador y que coincidió con el auge transitorio del petróleo que se registró en el país. El nuevo régimen, bajo la presidencia del general Guillermo Rodríguez Lara, se autoproclamó «revolucionario, nacionalista, social-humanista y a favor de un gobierno independiente». Contaba entre sus objetivos mejorar la distribución de la renta, luchar contra el paro y llevar a cabo la reforma agraria y la reforma fiscal. Promulgó un «plan integral de transformación y desarrollo» para 1973-1977 que preveía el fortalecimiento del sector público. Pero fue en la esfera de los recursos petroleros donde los militares se mostraron más activos y decididos. En 1972 el general Rodríguez Lara creó una administración nacional de hidrocarburos, la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), para que supervisase la explotación del petróleo de la nación, descubierto poco tiempo antes. En un momento en que Ecuador se había convertido en el cuarto exportador de petróleo del continente, el estado, que repasaba todos los contratos y concesiones, controlaba más del 80 por 100 de la explotación petrolera. Pero este maná convirtió a Ecuador en un país rentista y la retórica reformista tendió a quedar en letra muerta. La burocracia creció. La especulación enriqueció a una «nueva clase» de la cual formaban parte los militares. Los comerciantes de Guayaquil acusaron al gobierno de comunista cuando intentó frenar la hemorragia de divisas extranjeras reduciendo las importaciones. El 11 de enero de 1976, Rodríguez Lara fue destituido por los jefes de los estados mayores del ejército, la marina y la aviación, a consecuencia del malestar que existía en los círculos empresariales y de las graves tensiones sociales.

Estos diversos experimentos de reformismo militar tuvieron muchas cosas en común. Los regímenes que los llevaron a cabo se distinguían por su paternalismo. Invitaban al pueblo a limitarse a ser espectadores de los cambios que lo beneficiaban. En Perú, se trataba de «humanizar la sociedad por decreto». La combinación de autogestión y autoritarismo inspirada por los militares nació de un concepto de la participación que era esencialmente «antipolítico». Así, el general Velasco Alvarado siempre se negó a pensar en la creación de un partido de la revolución peruana y se contentó con fundar, en 1971, un organismo burocrático de movilización llamado «Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social» (SINAMOS). El papel de dicho organismo nunca rebasó el de un instrumento de manipulación social cuya finalidad era debilitar a los sindicatos marxistas y apristas, y durante su existencia sus fracasos fueron mucho más numerosos que sus éxitos. La historia presenta pocas diferencias en Bolivia y Ecuador, o incluso en Panamá, donde el partido oficial, que era un grupo dispar de hombres de empresa e intelectuales inspirados por Marx o Fanón, se mantenía unido sólo por su afición al poder y por la tutela militar.

Desde luego, había minorías radicales o al menos progresistas en la mayoría de las fuerzas armadas del continente, incluso en aquellas donde siempre predominaban las tendencias conservadoras. Lo que requiere explicación es por qué y cómo, en ciertos momentos y lugares, estas minorías lograron asumir el mando y neutralizar la inercia contrarrevolucionaria o por lo menos conformista de sus compañeros de armas. En este sentido, parece que las características del período 1968-1972 desempeñaron un papel en modo alguno insignificante. Las evoluciones paralelas que hemos examinado tuvieron lugar en un momento propicio desde el punto de vista histórico. Sin duda hubieran sido imposibles de no haber existido un clima de distensión en todo el continente. La nueva configuración de las fuerzas que actuaban en el hemisferio occidental fue lo que permitió la innegable oleada de nacionalismo que atravesó el continente y abrió paso a los sectores progresistas de ciertas fuerzas armadas nacionales. Este deshielo hemisférico reflejó las modificaciones habidas en la estrategia local de las dos grandes potencias y, de forma más precisa, un cambio en la actitud de los dos polos regionales representados por Cuba y los Estados Unidos. La Habana, después de sus reveses en el continente, había aceptado la doctrina del «socialismo en un solo país» y una política de coexistencia «tácita» con los Estados Unidos. Por su parte, Washington, que estaba empantanado en Vietnam y tenía que hacer frente al problema de Oriente Próximo, en lo sucesivo pudo prestar menos atención al castrismo. Una política de «benévolo olvido» requería prudencia y discreción. Por consiguiente, los Estados Unidos estaban dispuestos, provisionalmente, a adaptarse a la ola nacionalista que se registraba en América Latina. Hasta 1973 no empezaron a endurecerse de nuevo las posiciones. Sin embargo, los movimientos reformistas militares que hemos examinado no eran, como han sugerido algunos, «la recuperación de fuerzas después de un esfuerzo arduo por parte del imperialismo» ni una «maniobra del Pentágono» destinada a crear una imagen amable para las fuerzas armadas latinoamericanas. El neomilitarismo radical no fue ni una curiosidad histórica ni una estrategia reaccionaria, sino un reflejo tanto de una política cuyo origen estaba en las fuerzas armadas de cada país como de fluctuaciones en la situación interamericana.

LOS LÍMITES DEL MILITARISMO: «ESTADOS CIVILES»

Se ha sugerido a veces que las estructuras sociales de las naciones latinoamericanas eran poco propicias a la expansión de la democracia representativa. Sin embargo, es innegable que existe un reducido número de países, dispersos por toda la región, donde el gobierno civil ha predominado durante períodos relativamente largos. Los militares no intervencionistas no son una especie totalmente desconocida en América Latina.

A finales del decenio de 1980, cuatro naciones latinoamericanas sobresalían por haber disfrutado de treinta años de gobierno civil y subordinación militar ininterrumpidos. No vamos a decir que estos cuatro países favorecidos hayan sido dechados de virtudes democráticas, ni que en ellos no se hayan producido intentonas de golpe de estado. Ocurre sencillamente que Costa Rica, Venezuela, México y Colombia son los únicos estados latinoamericanos donde, durante más de un cuarto de siglo, las relaciones entre civiles y militares no han sido pretorianas y donde los golpistas, cuando los ha habido, no han tenido éxito.

¿Cuáles han sido los medios y las causas de la instauración de esta supremacía civil? No cabe duda de que estos cuatro estados «civiles» pueden damos algunas lecciones útiles sobre las relaciones entre los militares y la política en las sociedades latinoamericanas. Su experiencia también puede proporcionamos pistas que nos permitan comprender mejor el proceso de desmilitarización que estaba en marcha en otros estados de la región en el decenio de 1980.

Es obvio que Costa Rica es el país de América Latina que se lleva la palma en lo que a democracia se refiere. Este pequeño país, pacífico pese a estar situado en una región propensa a la dictadura y a las agitaciones populares, no ha sufrido un golpe de estado militar desde 1917 y, de hecho, no ha tenido fuerzas armadas desde 1948. Los costarricenses se enorgullecen de tener el doble de maestros de escuela primaria que de policías (las únicas fuerzas de seguridad). Para comprender la reciente evolución política de Costa Rica, es necesario retroceder hasta la guerra civil de 1948, que señaló un punto de ruptura sin retomo en la historia institucional del país. La administración de Rafael Ángel Calderón Guardia (1940-1944) y la de su sucesor, Teodoro Picado (1944-1948), habían disgustado a la gran burguesía del café, que reaccionó contra sus tendencias reformistas, pero también a las nuevas clases medias, que rechazaban su corrupción y su desprecio de las garantías constitucionales. Al finalizar la administración Picado, el gobierno se negó a aceptar los resultados de las elecciones para la presidencia celebradas poco antes, que eran desfavorables a Calderón Guardia, que, aliado con el Partido Comunista y apoyado por la Iglesia, aspiraba a un segundo mandato. A consecuencia de ello, en febrero de 1948, la oposición, tan dispar en su composición como la coalición gobernante, sacó la conclusión de que la ruta electoral estaba cerrada y emprendió un levantamiento militar que, en el clima de guerra fría imperante, recibió la aprobación de los Estados Unidos. El núcleo de la alianza antigubernamental era un grupo de empresarios modernos y de sectores urbanos que abogaban por la reforma y defendían principios socialdemócratas. Sin embargo, también contaban con el apoyo de la oligarquía del café, del sector financiero, de los grandes comerciantes y de la mayoría de los partidos tradicionales.

Las fuerzas de la oposición, es decir, el Ejército de Liberación Nacional mandado por José Figueres Ferrer, salieron victoriosas. Hasta después del derrumbamiento de las fuerzas del gobierno, que eran de mediocre calidad y estaban debilitadas por la falta de profesionalismo, no empezaron las verdaderas dificultades para la alianza oportunista que había derrocado al régimen anterior. De hecho, el único objetivo de la gran burguesía había sido poner fin al «peligro rojo». Sin embargo, Figueres y sus liberacionistas se negaron a revocar las reformas que había llevado a cabo el gobierno derrotado. Además, los vencedores, aunque declararon fuera de la ley al Partido Comunista, también nacionalizaron los bancos, promulgaron un impuesto sobre el capital y ampliaron las responsabilidades económicas del estado. También albergaban la esperanza de institucionalizar el ejército de «liberación» que les había dado la victoria. La gran burguesía y los grupos conservadores, tan debilitados políticamente que se habían visto obligados, para recuperar el poder, a formar una alianza con los «recién llegados», no disponía de ninguna organización militar y deseaba reconstituir el ejército permanente. Los conservadores dominaban la asamblea constituyente elegida en 1949, pero Figueres y los liberacionistas tenían la fuerza de su lado. La solución intermedia a la que se llegó finalmente llevaba aparejada la abolición jurídica de todas las instituciones militares. Esta medida iba destinada principalmente a desarmar a lo que en 1951 se convertiría en el Partido de Liberación Nacional (PLN), pero también ofreció a los vencedores de la guerra civil la garantía de que la oligarquía no iba a reconstituir una fuerza militar estatal con la que oponerse a ellos.

La simetría de esta solución demasiado perfecta era engañosa. En realidad, las «fuerzas de seguridad», especie de cuerpo nacional de policía que se creó tras la desaparición de los dos ejércitos, se reclutaron principalmente entre los hombres del carismático «don Pepe» Figueres, que fue elegido presidente en 1953. Pero aunque desde entonces el PLN ha sido la principal formación política de Costa Rica, no ha ganado todas las elecciones presidenciales. Ha sido históricamente el mayor partido, pero nunca ha sido un partido hegemónico y mucho menos único. Siempre que la formación de un presidente en el poder ha sido derrotada en las siguientes elecciones presidenciales, la nueva administración ha recurrido al reparto de prebendas entre los oficiales con el fin de impedir la creación subrepticia de una fuerza armada partidista. Así pues, a diferencia de sus colegas de la mayoría de las fuerzas armadas del resto de América Latina, los oficiales de la policía nacional no tienen garantizado que harán carrera gracias a sus méritos. La debilidad organizativa que nace de ello no favorece la transformación en ejército permanente de un cuerpo de policía con tan escasa independencia de las autoridades políticas que se turnan en el poder. A la inversa, el caso costarricense tiende a sustentar la hipótesis de que la autonomía de las instituciones armadas es en verdad un factor que explica su activismo político. En Costa Rica, los burócratas civiles están más profesionalizados que las fuerzas de seguridad, lo cual hace que la militarización de éstas sea virtualmente imposible y, por consiguiente, que la supremacía civil sea absoluta[12].

Venezuela, que durante el primer tercio del siglo fue el clásico país de tiranía tropical, durante más de treinta años después de 1958 fue una democracia modélica donde la alternancia en el poder de socialdemócratas y democratacristianos iba acompañada de niveles sin precedentes de participación electoral. El cambio empezó en 1945. En octubre de aquel año un grupo de oficiales jóvenes y el partido socialdemócrata Acción Democrática (AD) derrocaron el gobierno del general Isaías Medina Angarita (1941-1945), el segundo sucesor militar del general Juan Vicente Gómez, a cuya larga dictadura, de 1908 a 1935, sólo la muerte había dado fin. Una junta que presidía Rómulo Betancourt, y después el presidente electo Rómulo Gallegos, intentó durante tres años instaurar una democracia avanzada con tendencias socialistas, pero sus esfuerzos se vieron interrumpidos en 1948 por un golpe de estado de signo conservador. Después de eliminar a sus rivales, el coronel Marcos Pérez Jiménez instauró una nueva dictadura que duraría un decenio y en el transcurso de la cual pareció que Venezuela había pasado del caudillismo al pretorianismo sólo para caer nuevamente en un sistema apenas modernizado de poder personal. En enero de 1958, elementos de las fuerzas armadas expulsaron finalmente a Pérez Jiménez del poder. Desde entonces el país ha tenido gobiernos civiles.

Las vicisitudes de los trece años turbulentos que van de 1945 a 1958 no dejaron de ejercer influencia en el éxito del nuevo régimen. Los beneficiarios del golpe de estado de 1945, que careció del apoyo unánime de la oposición, habían monopolizado el poder a la vez que confiaban en la movilización de las masas, lo cual asustaba a la opinión moderada. Deseando vivamente poner en práctica su programa sin demora, habían emprendido simultáneamente una serie de reformas que incrementaron el número de sus adversarios, entre los que se incluiría la Iglesia así como las élites dueñas de propiedades, los políticos conservadores y las compañías extranjeras. Lejos de afirmar su legitimidad, las mayorías abrumadoras que las nuevas autoridades obtenían siempre en los comicios no hacían más que aumentar la fragilidad de su posición. El excesivo predominio de la AD y su supuesto sectarismo eran, pues, sus principales puntos débiles y la experiencia no caería en el olvido. La restauración de la democracia diez años después y su consolidación debieron mucho a las lecciones de este doloroso proceso de aprendizaje. En lo sucesivo la mayor prioridad sería construir una democracia estable y duradera. Los diversos partidos llegaron a un acuerdo sobre un código de conducta y coexistencia. Suele decirse que la riqueza procedente del petróleo desempeñó un papel positivo porque ayudó a rebajar lo que estaba en juego desde el punto de vista político. La búsqueda de soluciones técnicas para los problemas, es más, su despolitización, no hubiera sido posible sin esta bendición del cielo. No obstante, estos recursos naturales no poseen necesariamente en sí mismos la virtud de garantizar la estabilidad política. Más bien habría que citar el papel importantísimo que desempeñaron unos líderes políticos prudentes y firmes, entre ellos Rómulo Betancourt, elegido presidente en 1958 y patriarca de la democracia venezolana hasta su muerte en 1981. Sin embargo, durante su mandato (19591964) no faltaron las intentonas golpistas tanto de la derecha como de la izquierda. Tampoco facilitaron las tareas del presidente constitucional la guerra de guerrillas que hicieron los castristas y los ataques del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Tanto la derecha militar, que era partidaria de Pérez Jiménez, el dictador caído, como elementos militares castristas se sublevaron dos veces durante estos años. Betancourt siempre sofocó con mano firme las rebeliones militares al tiempo que mostraba gran preocupación por las fuerzas armadas, a las que trataba como algo muy suyo. Demostró una habilidad consumada valiéndose del peligro que representaban las bandas de guerrilleros izquierdistas para hacer que los antiguos enemigos de su partido —la Iglesia, las fuerzas armadas y los círculos empresariales— se agruparan en torno a las instituciones del país. El fracaso mismo de los guerrilleros y, a raíz de una amnistía, la reintegración en el concierto democrático de los partidos de izquierdas que habían optado por una estrategia de lucha armada contribuyeron en no poca medida a la consolidación de la democracia venezolana.

Desde la administración Betancourt hasta comienzos de los años noventa, las fuerzas armadas venezolanas permanecieron calladas en lo que se refiere a la política. Sin embargo, no carecían de poder y los medios que se emplearon para garantizar el control de los civiles no se limitaban estrictamente a los que se detallaban en la Constitución del país. A partir de la época de Betancourt, las fuerzas armadas venezolanas, que estaban bien pertrechadas y disponían de un presupuesto impresionante, se caracterizaron por la fuerte influencia que la Acción Democrática ejercía en su oficialidad. También se integró a los militares en el mundo de los encargados de tomar decisiones, lo cual incrementó su autoridad. Los oficiales cumplían numerosas funciones extramilitares en el sector nacionalizado de la economía y en la gestión de los programas de desarrollo. Cabe preguntarse si la asignación de tales tareas a las fuerzas armadas fue sencillamente una utilización sensata de los conocimientos de los militares o si fue principalmente un medio ambiguo —y quizá, a la larga, ineficaz o incluso contraproducente— de controlar a los civiles.

En el México posrevolucionario, la fuerza del estado y la legitimidad del partido oficial identificado con él han sido las bases principales de una estabilidad y una preponderancia civil probadas. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) es todopoderoso y nada hay que se considere ajeno a su competencia. No es extraño que semejante sistema, que controla la totalidad de la vida nacional, controle también a los militares. Para entender esta preponderancia civil, de partido único, es necesario examinar brevemente la historia de la revolución que empezó en 1910-1911. En 1914-1915 el ejército federal del dictador Porfirio Díaz ya había sido derrotado y desmantelado y había empezado el reinado de los caudillos. Cada caudillo era amo de su propio ejército y, por ende, del territorio que ocupaba. La mayoría de los caudillos revolucionarios eran de origen civil. No es extraño, pues, que estos generales improvisados, que precisamente habían ascendido en la lucha contra los rurales (la policía federal) y el ejército de Díaz, manifestaran un antimilitarismo violento que nunca ha desaparecido por completo de la ideología oficial. Pancho Villa siempre se opuso a la creación de un ejército permanente, a la vez que Venustiano Carranza rechazó el título de generalísimo y se hacía llamar, modestamente, «primer jefe». En realidad, los caudillos mexicanos capitaneaban partidos políticos en armas y no instituciones militares.

Estos ejércitos depredadores, que vivían de la tierra y eran difíciles de desmovilizar, resultaban caros. La existencia de múltiples centros de poder y violentas rivalidades políticas desgarró el estado y debilitó una nación cuya economía estaba en ruinas. La reconstrucción exigía que se hiciera entrar en vereda a los «generales» turbulentos y que se unificaran las numerosas fuerzas centrífugas. Álvaro Obregón y luego, sobre todo, el «caudillo máximo», Plutarco Elias Calles, cuya influencia fue considerable de 1924 a 1935, echaron los cimientos del moderno sistema mexicano. Después de la eliminación violenta de caudillos recalcitrantes (en particular de Emiliano Zapata y Pancho Villa), pusieron fin al poder de los caciques regionales al crear simultáneamente un ejército de verdad e instituciones políticas centralizadas. Con el fin de desmilitarizar la política, era en verdad necesario militarizar a los militares. Sin embargo, el problema esencial consistía en obligar a los «revolucionarios» a unirse y a aceptar ciertas reglas de juego, la primera de las cuales era resolver sus diferencias por medio de las instituciones políticas en vez de recurriendo a la violencia. La unificación de la familia revolucionaria iba a ser la tarea del partido de la revolución.

Este partido, que nació del estado en vez de formarse para ganar elecciones, tuvo por primera misión unificar y dominar a las facciones armadas. Era el único foro político legítimo donde las fuerzas de la revolución podían hablar de sus intereses comunes. El partido puso así fin a la confusión de los papeles militar y civil cuando quiera que semejante mezcla resultara disfuncional para el fortalecimiento del estado. Durante un tiempo, el ejército que se acababa de reestructurar incluso estuvo integrado en el Partido Nacional Revolucionario (PNR), el antecesor del PRI, de acuerdo con el modelo corporativista de los regímenes totalitarios de Europa. Así pues, paradójicamente, se politizó a los militares con el objeto de desmilitarizar la política y neutralizarlos incorporándolos a la estructura del poder en una posición subordinada.

Desde entonces pocas fuerzas armadas del continente han adoptado una actitud discreta. Durante algún tiempo los líderes militares mexicanos apenas se distinguían de la clase política y no necesitaban intervenir militarmente para manifestar su poder. Una vez los oficiales formados en la academia alcanzaban los puestos militares más elevados, los modestos recursos humanos y el presupuesto limitado de las fuerzas armadas se encargaban de que continuaran siendo débiles. En vista de la importancia del país, de la extensión de su territorio, de su riqueza y de su papel en la región, estas limitaciones impuestas a los militares pueden resultar sorprendentes. México, cuya población era la segunda en importancia numérica de América Latina, tenía 175.000 hombres sobre las armas en 1992 (a mediados del decenio de 1970 tenía sólo 80.000). Sus fuerzas armadas ocupaban, pues, el segundo o el tercer lugar en la región, muy por debajo del lugar correspondiente a las brasileñas y aproximadamente en el mismo nivel que las de Cuba. Sin embargo, los gastos mexicanos en defensa ocupaban sólo el sexto lugar en la región (detrás de los de Brasil, Venezuela, Argentina, Cuba y Colombia) y, entre los países importantes de América Latina, México mantenía el porcentaje más bajo de su población sobre las armas y dedicaba el porcentaje más bajo de su producto nacional a la defensa. Por supuesto, los militares mexicanos no están totalmente ausentes del escenario político. No cabe duda de que se les consulta sobre todos los problemas relacionados con el orden público. Pero su espació para maniobrar es limitado a causa de la fortaleza y la cohesión del partido y el estado. Lejos de dominar el sistema político, a los oficiales se les integra de forma selectiva en él por medio del clientelismo.

Si atendemos a criterios económicos y sociales para evaluar la situación, en el siglo XX Colombia parecería uno de los países latinoamericanos que reúne menos condiciones para el progreso de la democracia. El país se ha distinguido históricamente por la pobreza generalizada, los elevados niveles de analfabetismo, la deficiente integración nacional tanto desde el punto de vista geográfico como desde el humano, una poderosa Iglesia católica tentada por el poder secular, propiedades agrarias en gran escala que durante mucho tiempo fueron inmunes al cambio y una tradición de violencia política a caigo de grupos de guerrilleros marxistas imposibles de erradicar y de traficantes de drogas. Sin embargo, desde comienzos de siglo Colombia ha disfrutado de un sistema político bipartidista que ha garantizado una continuidad constitucional que es rara en el continente. Se ha afirmado frecuentemente que la democracia colombiana ha sido de tipo limitado, «ateniense», caracterizada por elevados índices de abstención electoral y un sistema oligárquico bipartidista. Pero, a pesar de ello, ha sido una democracia, suspendida una sola vez durante un período de cuatro años (1953-1957), durante los cuales se impuso una dictadura militar presidida por el general Gustavo Rojas Pinilla, que contaba con el apoyo de una mayoría de ambos partidos tradicionales, el Conservador y el Liberal, con el objeto de poner fin a la guerra civil no declarada que se conoce por el nombre de «la violencia».

Las fuerzas armadas colombianas han sido tradicionalmente débiles, pobres y carentes de prestigio. En Colombia la tarea de crear una organización militar profesional se emprendió más tarde que en la mayoría de los demás países suramericanos importantes. Las fuerzas colombianas también se han diferenciado de otras del continente por el hecho de que durante casi medio siglo han estado ocupadas de forma constante en operaciones militares activas. La expansión del papel de los militares estuvo estrechamente vinculada al fenómeno rural y político de «la violencia». Al desaparecer gradualmente, este enfrentamiento no declarado entre liberales y conservadores, que se calcula que causó 200.000 muertos entre 1948 y 1956, no hizo más que dar paso a la guerra de guerrillas castrista o maoísta. Así pues, el ejército siempre ha estado dividido en unidades pequeñas y disperso por el país, patrullando y rastreando por las zonas inseguras, rebeldes u hostiles. Acostumbrado a la guerra antisubversiva, compuesto por pequeños destacamentos, no ha sido el tipo de ejército que organiza golpes de estado. Y, sin embargo, no carece de poder, al menos en el nivel local, donde sus cuadros de mando sustituyen con frecuencia a una administración civil que es incapaz de cumplir sus tareas. Tiene, pues, un lugar en el corazón del sistema de poder, pero el militarismo tradicional, usurpador, ha aparecido una sola vez en la historia de la Colombia contemporánea.

Aunque nacieron bajo la égida del Partido Conservador, las modernas fuerzas armadas colombianas se adaptaron bien al sistema liberal-conservador. En el período de posguerra los militares han interpretado el papel esencial de defensores del sistema bipartidista. Su tarea ha consistido en liquidar toda opción política que el sistema no haya podido absorber por medio de la asimilación y el transformismo. El método empleado ha consistido en cerrar todas las salidas legales a los de fuera, recurriendo a las fuerzas armadas para acabar con los intransigentes que se hayan visto empujados a utilizar la violencia. Esta fue la suerte que corrieron los liberales reformistas en 1948, la ANAPO del ex dictador Rojas Pinilla en 1970 y el Frente Unido del sacerdote y sociólogo Camilo Torres, al que mataron en 1966 cuando combatía en las filas del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Así pues, las fuerzas armadas han constituido un elemento importante del régimen establecido al que, según se ha dicho, respetan sólo mientras el gobierno en el poder no cambie el trato que dispensa a los militares. Parece que dentro de este marco las fuerzas armadas colombianas poseen poder suficiente para satisfacer sus deseos. Si les dejan las manos libres, o casi libres, en la lucha contra la guerrilla, y si se les da suficiente autonomía en las cuestiones relativas a las finanzas y la organización interna, los militares han aceptado sin reparos que las demás esferas del estado están fuera de su control. El estado colombiano es débil, se encuentra cercado por organizaciones empresariales en las que ha delegado amplios poderes (el sector privado, por ejemplo, tiene a su cargo muchas responsabilidades económicas que en otras partes son gubernamentales). Los militares parecen ocuparse de cuestiones relacionadas con el orden público, en el sentido amplio de la expresión, con una libertad casi total. Los partidos políticos se reparten las prebendas del estado y reparten sinecuras de acuerdo con la más pura tradición del clientelismo. Por lo menos hasta hace poco, esta parcelación del poder, con cada sector recibiendo su parte, ha logrado garantizar una especie de equilibrio y de estabilidad política.

Después de examinar estos cuatro casos podemos preguntar cuáles son los principales factores que tienden a limitar el militarismo. Diñase que son simultáneamente militares y sociopolíticos, y, a decir verdad, la presencia de elementos de ambos tipos parece ser generalmente indispensable. En el lado militar y contrariamente a lo que se suele creer, la profesionalización débil o tardía ha servido para reforzar el ascendiente civil. La fusión y la confusión de los papeles políticos y militares, que fueron origen de inestabilidad en el siglo XIX, han aparecido como medio de controlar a las fuerzas armadas en el XX. La fuerza y la coherencia del sistema de partidos también parecen haber desempeñado un papel decisivo, a veces, como en Colombia, porque el sistema profundamente arraigado se ha identificado con la sociedad civil; otras veces, como en el caso de México, porque el sistema de partidos se ha confundido con el estado, en una situación de monopolio legitimado históricamente.

La democracia entendida como fórmula conciliatoria y como acuerdo, tácito o de otra clase, para la cooperación social significa necesariamente que lo que está en juego desde el punto de vista social es poco y que existe un pacto que prohíbe el recurso a las fuerzas armadas contra el gobierno que está en el poder. Por decirlo de otro modo, un régimen político en el cual la oposición esté situada dentro del sistema institucional, en el cual las fuerzas políticas progresistas y las sindicales sean débiles y en el cual la participación de las masas sea controlada y encauzada, o marginada, tiene cierta probabilidad de resistir la militarización. Sin embargo, no hay métodos infalibles para asegurar el ascendiente civil, del mismo modo que no hay ningún modelo para la desmilitarización duradera y garantizada. En este sentido, la única constante en América Latina ha sido el carácter efímero e inestable de los regímenes militares de la región.

¿DESMILITARIZACIÓN? LOS AÑOS OCHENTA Y DESPUÉS

En otros momentos del siglo en curso, las dictaduras militares latinoamericanas han dado paso a instituciones civiles, representativas. Con todo, es raro presenciar una retirada militar general del poder como la que se produjo durante el decenio de 1980. En efecto, a mediados de 1990 en ningún país de América Latina seguía en el poder un gobierno militar en el sentido riguroso de la expresión. Sólo en Paraguay había aún un general en la presidencia, pero se trataba de un general que en 1989 había puesto fin al largo reinado del general Stroessner e iniciado un proceso de liberalización. El gobierno civil fue restaurado en once naciones latinoamericanas (doce contando Paraguay) entre 1979 y 1990.[13] Asimismo, en 1989 cayó el régimen de Duvalier en Haití y, después de un intervalo dominado por el ejército, un sacerdote católico, el padre Aristide, que había ganado en unas elecciones libres, tomó posesión del cargo de presidente en febrero de 1991. En estos países el traspaso del poder de los presidentes civiles a sucesores también civiles y elegidos libremente puede interpretarse como uno de los indicios de la solidez de la desmilitarización. En 1990 el poder ya había cambiado de manos entre civiles elegidos trece veces en los primeros nueve países «desmilitarizados»[14].

El reflujo de la marea militar en América Latina fue fruto de factores mundiales, regionales y locales. Que la vuelta al gobierno civil se produjera durante un período de doce años (1979-1990) nos indica que las causas continentales no produjeron efectos simultáneos o uniformes en cada país, y que las características nacionales desempeñaron un papel clave en lo que se refiere a determinar el momento, así como las condiciones y las consecuencias, de la retirada militar. Sin embargo, pueden identificarse dos elementos contextuales que tendieron a favorecer el proceso de desmilitarización en gran número de casos.

El primero fue la crisis económica mundial, con sus repercusiones en América Latina, entre las que destaca el problema de la deuda exterior. Generalmente los tiempos difíciles favorecen los cambios de gobierno. Allí donde los militares habían subido al poder prometiendo mejorar los índices de desarrollo mediante una reorganización y una modernización, progresistas o conservadoras, del orden socioeconómico, la crisis tuvo efectos deslegitimadores especialmente fuertes. La erosión del apoyo se reflejó, entre otras maneras, en un aumento de la «reivindicación democrática» por parte de sectores que antes habían dado pocas señales de desear niveles de participación más elevados.

El segundo de los dos elementos fue la política regional de los Estados Unidos a favor del predominio (al menos superficial) de las formas civiles, representativas y democráticas. Durante su presidencia el demócrata Jimmy Cárter (1977-1981) dio más importancia que sus predecesores a las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, a pesar de cometer algunos errores, sus esfuerzos contribuyeron a poner en marcha el movimiento de desmilitarización. Los presidentes republicanos Ronald Reagan (1981-1989) y George Bush (1989-1993) no compartían la actitud moralista, orientada a los derechos humanos, de Cárter, pero, a pesar de ello, no abandonaron la actitud de oposición al militarismo usurpador que había adoptado la administración demócrata. En efecto, de 1976 a mediados de 1990, período que abarca la totalidad de los ocho años de Reagan en la presidencia y el primer año y medio de Bush, ninguna democracia del continente sucumbió ante un golpe de estado militar, y nueve de los once países latinoamericanos (diez de doce si se incluye Paraguay) que volvieron al control civil entre 1979 y 1990 efectuaron el cambio durante los gobiernos de Reagan y Bush.

Puede que en vista de los resultados contraproducentes de la política norteamericana en la Cuba y la Nicaragua prerrevolucionarias, Reagan, Bush y sus asesores acabaran sacando la conclusión de que apoyar a dictaduras impopulares tenía una tendencia desconcertante a entregar el control a los comunistas. Por otra parte, parecía poco probable que las elecciones que se celebraran en América Latina en los años ochenta fueran a dar la victoria a las izquierdas. Pero parece que lo que dictó la postura norteamericana ante la democratización fueron, sobre todo, bajo los dos presidentes republicanos, los requisitos de la política de Washington en América Central. Las actividades de las administraciones Reagan y Bush en el istmo giraban en torno a dos polos: la hostilidad absoluta contra el régimen sandinista de Nicaragua y el apoyo asiduo al gobierno salvadoreño en su lucha contra la guerrilla. La cruzada centroamericana de Washington, que oficialmente se llevó a cabo en nombre de la democracia en su lucha contra el totalitarismo, obligó a crear, entre sus aliados en la zona, regímenes que respetasen por lo menos las formas de la democracia. (En este sentido también desempeñaron un papel significativo las presiones que el Congreso ejerció sobre los que tomaban las decisiones del ejecutivo en Washington). La credibilidad de la política norteamericana en América Central aumentaría si en América del Sur se seguía una política de rechazo de las dictaduras militares. La actitud de la administración republicana fue sin duda fruto de una mezcla de convicciones democráticas y de cálculos tácticos teñidos de hipocresía. Por ejemplo, Washington aplaudió ruidosamente las elecciones presidenciales que en mayo de 1984 se celebraron en El Salvador y que ganó Napoleón Duarte, pero negó todo efecto legitimador a las elecciones presidenciales, posiblemente más democráticas, que sólo seis meses después, en noviembre, se celebraron en Nicaragua y en las cuales triunfó el líder sandinista Daniel Ortega. Por otra parte, la administración Bush blandió la restauración de la democracia como una de las justificaciones de la invasión norteamericana de Panamá en diciembre de 1989. No obstante, la política que siguieron Reagan y Bush favoreció objetivamente la tendencia a la desmilitarización en toda América Latina.

Aunque estos factores generales intervinieron en muchas dé las transiciones del gobierno militar al civil, el proceso siguió caminos distintos en cada uno de los diversos países que volvieron al gobierno civil.

A mediados de los años setenta, tanto Perú como Ecuador eran gobernados por regímenes militares de carácter progresista y fundados respectivamente en 1968 y 1972. En ambos, los programas reformistas estaban muy identificados con los que encabezaron los regímenes en sus primeros tiempos y que luego cayeron —el general Velasco Alvarado en 1975 y el general Rodríguez Lara en 1976— después de perder apoyo dentro de las fuerzas armadas. En Quito, el nuevo Consejo Supremo de Gobierno militar se apresuró a anunciar la vuelta al gobierno civil. Aunque la economía ecuatoriana, con el petróleo como elemento principal, era bastante fuerte, el gobierno militar se había visto atacado, por razones contradictorias, tanto por los intereses empresariales como por las organizaciones de los trabajadores, y veía con especial preocupación cómo se agudizaban las divisiones en el seno del propio ejército. En Perú, el sucesor de Velasco Alvarado, el general Francisco Morales Bermúdez, también se encontraba ante la oposición de ambos extremos del espectro político, con la izquierda exigiendo la aceleración de las reformas y los partidos tradicionales, la vuelta al gobierno constitucional. Además, tuvo que hacer frente al empeoramiento de la situación económica, que en gran medida era atribuible a los defectos del programa inicial del régimen. Sin embargo, al principio los militares peruanos no parecieron dispuestos a entregar el poder, en parte, al parecer, porque en el ejército había elementos que seguían comprometidos con el programa revolucionario, y en parte porque las fuerzas armadas deseaban prepararse para lo que veían como un probable enfrentamiento armado con Chile.

Los militares retuvieron el poder durante tres años más en Quito, pero en 1978 organizaron un referéndum sobre una nueva Constitución y en 1979 supervisaron unas elecciones. En Perú, la «segunda fase» de las reformas resultó incoherente e inútil. A principios de 1977, Morales Bermúdez, al ver que se intensificaba la oposición en el país al tiempo que la economía empeoraba rápidamente, convocó por fin una asamblea constituyente que empezó sus sesiones después de la votación que se celebró al cabo de un año. No obstante, el régimen logró aplazar las elecciones presidenciales y legislativas bajo la nueva Constitución hasta mediados de 1980. Tanto en Ecuador como en Perú, los regímenes salientes intentaron guiar la selección del primer presidente civil. En Quito, la manipulación de las leyes electorales bloqueó la candidatura de Assad Bucaram, la pesadilla populista de los militares, pero no pudo impedir la elección de Jaime Roldós, esposo de la sobrina de Bucaram. (Roldós, sin embargo, pronto rompió con el clan Bucaram). En Lima, ironía de ironías, el ejército mostró preferencia por el candidato de su enemigo histórico, el APRA, pues pensaba que mantendría las reformas efectuadas por el régimen militar sin una peligrosa radicalización. Acto seguido, los votantes peruanos eligieron a Fernando Belaúnde Terry, el mismo hombre al que los militares habían depuesto en 1968 y adversario intransigente del régimen anterior. Sin embargo, tanto en Ecuador como en Perú las fuerzas armadas se retiraron a sus cuarteles en buen orden. Continuaron disponiendo de mucha autonomía y siendo un actor político al que había que tener en cuenta.

En Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, regímenes militares de signo conservador se habían hecho con el poder para «proteger» la democracia de peligrosos movimientos «subversivos». Se propusieron llevar a cabo programas de reorganización nacional que restaurarían la autoridad del estado, pondrían fin al «desorden» social y superarían el estancamiento económico, con lo que eliminarían de forma permanente toda futura amenaza izquierdista. El momento y la manera en que estos regímenes se retiraron del poder los determinó una combinación de factores. Entre ellos cabe citar las tradiciones políticas nacionales, la naturaleza de la crisis que había provocado el golpe de estado fundador del régimen, las divisiones en las fuerzas armadas resultantes de su politización, el éxito del programa del régimen para reestructurar la sociedad y la economía de la nación y, en el caso de Argentina, el desastroso episodio de las Malvinas.

En Argentina, incluso antes de la guerra de 1982, las luchas intestinas y la bancarrota de sus programas socioeconómicos habían debilitado al régimen. Paradójicamente, también lo debilitó el éxito de la «guerra sucia» que había hecho contra los enemigos interiores. Los que habían promovido la toma del poder por las fuerzas armadas ya no experimentaban la necesidad de protección militar, a la vez que los enormes abusos cometidos provocaban repulsión incluso entre ciertos elementos que antes apoyaban al régimen. En gran medida, se decidió lanzar el ataque contra las Malvinas para apuntalar el flaqueante apoyo político en el país. Es indudable que sin su derrota militar las fuerzas armadas hubieran podido prolongar su régimen durante años y negociar condiciones favorables para abandonar el gobierno. La rendición en las Malvinas precipitó una segunda rendición, ésta en el propio país, que dejó a las fuerzas armadas a merced de sus adversarios políticos, al menos temporalmente.

En Brasil, el régimen semiautoritario y semicompetitivo que se instauró en 1964 nunca había abolido por completo los procedimientos representativos ni prohibido los partidos políticos. En 1974 el propio gobierno inició un «deshielo» que debía culminar con la «legalización» o la legitimación constitucional del régimen mediante el uso de subterfugios electorales y jurídicos que permitieran que el partido oficial, pese a ser minoritario, siguiera controlando el poder. Esta estrategia de institucionalización —que empleó de manera eficaz dispositivos políticos que ya existían, modificados apropiadamente, en beneficio del régimen— y los continuos éxitos económicos del régimen permitieron a los militares prolongar su control durante más de diez años. Sin embargo, a principios del decenio de 1980, debido a las crecientes diferencias de opinión dentro de las fuerzas armadas y, sobre todo, a una grave crisis económica, los militares perdieron gradualmente el control del proceso. En las elecciones presidenciales indirectas de 1985 (el régimen se había negado a introducir de nuevo la votación directa a pesar de las fuertes presiones populares), el ímpetu del movimiento democrático llevó a la victoria de Tancredo Neves, el candidato de la oposición, lo cual contrarió las intenciones y expectativas oficiales. Sin embargo, debido a la muerte prematura de Neves, el primer presidente de la «nueva república» sería José Samey, el candidato de la oposición a la vicepresidencia, que, no obstante, en otro tiempo había sido uno de los líderes civiles del partido militar y hacía poco tiempo que se había declarado partidario del cambio político. Además, Sarney tomó posesión del cargo bajo la constitución del régimen anterior y con las fuerzas armadas instaladas todavía en los puestos estatales que habían adquirido durante sus veintiún años de gobierno.

En Uruguay y en Chile, al igual que en Argentina, los regímenes militares habían sido extremadamente represivos. No obstante, las sólidas tradiciones democráticas de los dos países continuaron existiendo en gran parte e influyeron en la transición al gobierno civil. En el caso de Uruguay, en 1980 la izquierda armada había sido eliminada y las reformas liberales que el gobierno había hecho en la economía parecían dar resultados. El gobierno colegiado de los militares estaba preocupado porque la excesiva politización amenazaba la unidad de las fuerzas armadas, de modo que decidió convocar un plebiscito sobre una nueva Constitución, con la promesa de celebrar elecciones regulares en 1981. No sólo el régimen, sino también sus adversarios quedaron estupefactos cuando los votantes rechazaron masivamente la Constitución que se les proponía. A partir de entonces los militares nunca recuperaron la iniciativa mientras los antiguos partidos civiles se reorganizaban y la economía empeoraba. En el seno de las fuerzas armadas, los elementos que estaban a favor de una retirada negociada del poder consiguieron imponerse poco a poco. Hubo encuentros entre jefes militares y representantes de los partidos políticos que culminaron en el famoso Pacto del Club Naval, que más adelante sena oficializado en una serie de cláusulas constitucionales provisionales que ofrecerían a los militares garantías para la autonomía de las fuerzas armadas y les daría derecho a supervisar la democracia restaurada durante un tiempo. En las elecciones presidenciales y legislativas de 1984, la fuerza relativa de los partidos políticos tradicionales y de la izquierda moderada hizo que el porcentaje de votos que obtuvieron se aproximara al que habían obtenido en las últimas elecciones libres, celebradas en 1971.

En Chile, la personalización del poder en manos del general Pinochet disminuyó el riesgo de que surgieran divisiones políticas entre las organizaciones militares o dentro de ellas y proporcionó cierta coherencia y cierta continuidad a la política del régimen. Para las fuerzas armadas, pero también para los sectores civiles que temían una vuelta a la situación anterior a 1973, la fuerza tradicional de la izquierda era un argumento favorable a la prolongación del régimen militar hasta que pudieran arraigar las reformas políticas y socioeconómicas que había puesto en marcha. En 1980, aprovechando un efímero auge económico, el régimen, al igual que el uruguayo, decidió convocar un plebiscito sobre una nueva Constitución. Sin embargo, el nuevo texto constitucional, que instauraría una nueva democracia «autoritaria», no entraría plenamente en vigor hasta 1989 en el mejor de los casos. Una serie de disposiciones provisionales nombraban al géneral Pinochet presidente durante el período comprendido entre 1981 y 1989, prolongaban sus poderes dictatoriales esencialmente tal como estaban y determinaban que en 1988 el propio régimen nombraría al candidato único que se propondría a los votantes en un plebiscito presidencial. Sólo si el candidato del régimen era rechazado se celebrarían finalmente elecciones presidenciales abiertas en 1989, cuyo ganador tomaría posesión del cargo en 1990.

Por las buenas o por las malas, el régimen chileno ganó su plebiscito constitucional. Durante el decenio siguiente, la Constitución de 1980 y el programa que la misma fijaba se convirtieron en el elemento central de la estrategia política del gobierno militar. Al principio la oposición rechazó la legitimidad del plebiscito, de la Constitución y de sus disposiciones provisionales. En 1983 y 1984, con el país sumido en una grave crisis económica, organizó grandes manifestaciones que amenazaron la perduración del régimen. Pero al mejorar la situación económica, la mayoría de los líderes de la oposición reconocieron de mala gana que sólo podrían derribar a los militares jugando de acuerdo con las reglas del régimen. En el plebiscito presidencial de octubre de 1988, el general Pinochet, que era el candidato oficial, fue derrotado después de la vigorosa campaña que contra él encabezaron los partidos de centro y de izquierda. (El general, pese a todo, obtuvo el 43 por 100 de los votos). Los elementos del ejército que tal vez se hubieran negado a aceptar la derrota de Pinochet fueron neutralizados por el apoyo civil casi unánime a la vuelta a la «normalidad», así como por la oposición de ciertos militares, en particular los jefes de las otras armas. Durante los meses siguientes, el gobierno y la oposición negociaron varias enmiendas constitucionales que modificaban algunas de las disposiciones más agresivamente antidemocráticas de la ley fundamental. No obstante, la Constitución de 1980 seguía esencialmente intacta cuando el democratacristiano Patricio Aylwin, el candidato de la coalición opositora en las elecciones presidenciales de diciembre de 1989, tomó posesión del cargo en marzo de 1990.

En Bolivia, el proceso de vuelta al gobierno civil fue especialmente caótico[15]. El gobierno de La Paz estuvo en manos militares de 1964 a 1982, sin más interrupción que tres breves intervalos civiles. No obstante, durante aquel período Bolivia tuvo no menos de diecisiete presidentes, ocho de los cuales (seis militares y dos civiles) ocuparon el cargo durante los últimos cuatro años de dominación militar. Los numerosos traspasos del poder entre militares se efectuaban regularmente por medio de un golpe de estado. En Bolivia, pues, las disensiones en el seno de las fuerzas armadas, y en especial del ejército, alcanzaron niveles que generalmente eran desconocidos en otros países, en parte a consecuencia de la similar fragmentación de los grupos civiles.

Hugo Bánzer Suárez, el más significativo de los presidentes militares, logró gobernar durante siete años, desde agosto de 1971, fecha en que derrocó al general Torres. Asumió el cargo con el fin de eliminar una supuesta amenaza izquierdista, con el apoyo de elementos de las fuerzas armadas, pero también de sectores empresariales y, al principio, del MNR de Paz Estenssoro. El gobierno de Bánzer, que fue militarizándose progresivamente después de 1974, solía hablar mal de la democracia, aplastó a los disconformes en el país y proclamó sus convicciones neoliberales en materia económica. A pesar de ello, en noviembre de 1977 se anunció que habría elecciones en julio de 1978. Sobre esto parece que Bánzer cedió a regañadientes ante las presiones de ciertos sectores militares. El descontento de estos sectores tenía diversas raíces, entre ellas la preocupación que causaban las crecientes divisiones en las fuerzas armadas, las malas perspectivas personales de hacer carrera y el compromiso con el constitucionalismo. El prestigio de Bánzer en los círculos militares también había sufrido un golpe a resultas del fracaso de las negociaciones con Chile para crear un pasillo hasta el Pacífico. La exigencia de elecciones se vio reforzada por una débil pero creciente oposición civil y por la influencia de la administración Cárter, aunque no por dificultades económicas, que no empezaron a ser graves hasta 1978. Bánzer tenía intención de utilizar el proceso electoral para legitimar su propia continuidad en el cargo. Fueron las fuerzas armadas, de nuevo, quienes rechazaron su candidatura e impusieron la del general de aviación Juan Pereda Asbún. Sin embargo, las elecciones generaron su dinámica propia y, a pesar de que el fraude fue considerable, Pereda perdió la votación del 18 de julio de 1978. El vencedor por mayoría fue aparentemente Hernán Siles Zuazo, candidato de la coalición izquierdista Frente de Unidad Democrática y Popular (FUDP o UDP). Las elecciones fueron anuladas inmediatamente. Aunque Bánzer estuvo tentado de aferrarse al poder, el apoyo de las fuerzas armadas a Pereda fue más fuerte y éste, a pesar de los resultados electorales, prestó juramento como presidente.

La caída de Bánzer señaló el final del gobierno militar coherente. El período comprendido entre 1978 y 1982 fue de anarquía política[16]. Durante estos años turbulentos, ciertos elementos de las fuerzas armadas, por razones ideológicas y corporativas (interés en forjarse una carrera, miedo a un aumento de la fragmentación y la desprofesionalización), tendieron a apoyar la vuelta al gobierno civil y las formas democráticas. Estas posturas estaban asociadas, por ejemplo, con el nombre del general David Padilla, que derrocó a Pereda en noviembre de 1978 y bajo el cual, en julio de 1979, se celebraron elecciones que fueron libres pero no dieron ningún resultado definitivo. Otros elementos tendían a favorecer la continuación del control militar, por motivos muy diversos. Entre tales motivos cabe citar la reticencia a entregar el gobierno a civiles de inclinaciones izquierdistas, el deseo de proteger a las fuerzas armadas de las represalias de los civiles y el interés personal, profesional pero también pecuniario. El año que el general Luis García Meza pasó en la presidencia (de julio de 1980 a agosto de 1981) permanecerá en los anales del poder militar como ejemplo de la corrupción a cargo de los militares de derechas y el gangsterismo centrado en el tráfico de drogas. Sin embargo, el comportamiento civil también contribuyó a que los militares siguieran metidos en política. La fragmentación de las fuerzas políticas y sociales de carácter civil y las rivalidades entre ellas (fruto con frecuencia de la ambición personal) impidieron que apareciese una opción coherente que pudiera sustituir al gobierno militar. Además, los civiles continuaban llamando a la puerta del cuartel para resolver sus propias disputas políticas.

El golpe de estado de García Meza sobrevino el 17 de julio de 1980, justo después de que las terceras elecciones en menos de dos años (el 29 de junio de 1980) hubieran vuelto a dar una mayoría, esta vez importante, a Siles Zuazo. Cuando en 1982 los militares de nuevo devolvieron el poder a los civiles se convocó el Congreso elegido en 1980. Acto seguido Siles Zuazo fue elegido presidente, con el apoyo de su propia coalición y de todos los demás partidos excepto la Acción Democrática Nacionalista (ADN) del general retirado Bánzer. El precedente período anárquico había reforzado a los elementos militares y civiles que eran partidarios de que las fuerzas armadas volviesen a sus cuarteles. En el lado militar, el constante cambio de presidentes corroboraba las advertencias de los que habían predicho que se exacerbaría la fragmentación institucional, y empujó a un lugar destacado a oficiales de escaso prestigio profesional, como García Meza, cuya conducta había desacreditado a las instituciones militares. Quizá fue más importante el hecho de que los acontecimientos del período convencieron a los civiles derrotados en las elecciones, y a los grupos conservadores en general, de que un gobierno de la UDP sería menos pernicioso para sus intereses que la continuidad de un desordenado gobierno militar. El peso electoral de la ADN de Bánzer sirvió para garantizar a la derecha un portavoz importante en un Congreso en el cual la UDP de Siles Zuazo no estaba en mayoría.

En Paraguay, el general Alfredo Stroessner cayó el 3 de febrero de 1989, después de treinta y cuatro años en el poder. El gobierno personalista de Stroessner se había apoyado en tres columnas: el aparato estatal, el Partido Colorado, que tenía su base en las masas, y las fuerzas armadas (a cuyos oficiales se les exigía también afiliarse al partido). En el decenio de 1980, cuando la decadencia del avejentado dictador provocó una crisis sucesoria, una grave escisión en el partido gobernante hizo que su facción más moderada (los «tradicionalistas») fuera expulsada por la más allegada a Stroessner (los «militantes»). A principios de 1989, Stroessner y los militantes trataron de hacer extensiva la purga a las fuerzas armadas. Cuando el general Andrés Rodríguez Pedotti, la figura militar más importante del régimen después del propio dictador, se vio obligado a escoger entre el retiro involuntario y la revuelta, se rebeló victoriosamente[17]. Por supuesto, el derrocamiento de Stroessner no fue sólo la consecuencia de luchas internas entre facciones. Durante los últimos años del dictador, Paraguay tuvo que hacer frente a dificultades económicas y sociales cada vez mayores. Elementos del mundillo empresarial, del Partido Colorado y de las propias fuerzas armadas reconocían que tales dificultades no podrían superarse sin una actuación más eficaz del estado, inimaginable bajo el corrupto viejo sistema. El general Rodríguez convocó elecciones para mayo de 1989. Los partidos oposicionistas, diezmados por decenios de represión, tuvieron poco tiempo para organizarse y el propio Rodríguez ganó la presidencia con el 73 por 100 de los votos. Una asamblea constituyente que se eligió en diciembre de 1991, y en la cual el partido del gobierno tenía una mayoría absoluta, votó, pese a ello, en contra de conceder al general-presidente el derecho a presentarse a la reelección en mayo de 1993. Se esperaba que el siguiente presidente fuera un civil, aunque era obvio que se vería obligado a buscar un acuerdo con unos militares que seguían siendo poderosos y tenían apego a sus prerrogativas y privilegios.

La influencia de Washington fue el factor de más peso en la vuelta al gobierno civil en América Central. Fue sin duda el factor dominante entre los que pusieron fin al gobierno directo de los militares en El Salvador, donde en 1984 el ejército aceptó la victoria electoral del mismo Napoleón Duarte al que había negado la presidencia en 1972, y en Honduras, donde después de las elecciones de 1981 una dictadura militar con sesgo civil fue sustituida por un régimen constitucional muy militarizado. En cuanto a Panamá, aunque había oposición interna al general Manuel Noriega, éste no cayó hasta que fuerzas de los Estados Unidos invadieron el país y lo destituyeron el 20 de diciembre de 1989. Guatemala representa un caso aparte. Los militares guatemaltecos, a diferencia de los salvadoreños, lograron neutralizar brutalmente la amenaza de la guerrilla del país sin recurrir a la ayuda norteamericana (interrumpida a causa de las violaciones de los derechos humanos), y Guatemala, que a diferencia de Honduras, no tenía fronteras comunes con Nicaragua, pudo permanecer relativamente distanciada del conflicto de Washington con los sandinistas. Los militares guatemaltecos decidieron convocar elecciones para una asamblea constituyente en 1984, a las que seguirían elecciones presidenciales y legislativas en 1985. Esta decisión fue esencialmente resultado de causas locales: dificultades económicas, la búsqueda de legitimidad política, la inquietud ante la politización y la fragmentación crecientes del estamento militar. Vinicio Cerezo, el democratacristiano que ganó las elecciones presidenciales, no era el candidato preferido de las fuerzas armadas, pero, consciente de las realidades guatemaltecas, reconoció francamente que tendría que compartir el poder con los militares.

Podría decirse que en los países donde se restauró el gobierno civil entre 1979 y 1990, los regímenes acabados de instaurar no siempre dominaban por completo, o sencillamente controlaban, sus fuerzas armadas[18]. En particular, el período inicial después de la retirada de los militares del poder solía caracterizarse por las fricciones declaradas entre las autoridades militares y las civiles. Donde la represión política había sido especialmente brutal, el asunto más delicado que debían afrontar los civiles recién elegidos era el de las sanciones que tenían que imponerse por las violaciones de los derechos humanos cometidas bajo el régimen militar. El gobierno civil tenía que decidir si iba a procesar o no a los responsables y esta decisión dependía, en cada caso, de la solidez de su posición política, de la gravedad de los crímenes cometidos y de la presión pública para que se hiciera algo al respecto; pero también dependía de lo que opinaban los nuevos líderes sobre si el efecto del enjuiciamiento de los responsables sería acelerar o retrasar el proceso de desmilitarización. No sancionar a los culpables podía equivaler a dar validez a la visión que tenían los militares de la historia reciente de la nación y sentar un precedente peligroso, pero una larga serie de investigaciones y procesos, seguidos tal vez de penas de prisión para los culpables, podía hacer que los militares tardaran más en concentrarse en sus asuntos profesionales.

En Argentina, donde los crímenes cometidos eran especialmente numerosos, y donde unos militares debilitados por la derrota en la guerra se habían visto obligados a abandonar el poder de forma precipitada, el presidente radical Alfonsín adoptó al principio una actitud severa ante las violaciones de los derechos humanos, convencido de que tratar de modo ejemplar a los oficiales culpables podía contribuir a romper el dominio del poder que desde hacía medio siglo ejercían los militares. El gobierno civil repudió la amnistía que las fuerzas armadas se habían concedido a sí mismas en los últimos días del régimen militar, encargó la elaboración de un controvertido informe sobre las exacciones cometidas y procesó y encarceló a los principales líderes del régimen anterior. Sin embargo, las protestas de las fuerzas armadas se hicieron más ruidosas cuando las investigaciones y los sumarios amenazaron con afectar a cientos de oficiales de graduación inferior. Alfonsín, previendo la explosión que se avecinaba, tomó medidas para limitar el alcance de los procesamientos, pero en abril de 1987 una revuelta del ejército capitaneada por oficiales de graduación media puso en marcha una espiral de presiones militares (entre las que hubo otros dos levantamientos, en enero y en diciembre de 1988) y concesiones civiles. El peronista Carlos Menem, que sucedió a Alfonsín en 1989, quitó hierro al problema aceptando las condiciones de los militares y perdonando a todos los oficiales que habían recibido sentencias condenatorias, sin olvidar a los líderes del régimen anterior, y absteniéndose de llevar a cabo nuevos enjuiciamientos. Sin embargo, se ha mostrado inflexible con los participantes en una cuarta revuelta que estalló en diciembre de 1990, cuando todos los problemas anteriores estaban a punto de resolverse.

En Brasil, Uruguay y Chile, los militares se encontraban en una posición más fuerte que en Argentina cuando dejaron el poder. En Brasil, donde el nivel de represión había sido relativamente bajo, el Congreso dominado por los militares votó a favor de una amnistía, en 1979, por los delitos cometidos desde 1964. El nuevo gobierno civil que accedió al poder en 1985 respetó esta medida y los delitos cometidos después de 1979 no se investigaron con mucho empeño. En Uruguay, la retirada negociada de los militares del poder abarcó una amnistía implícita que en 1986 fue sancionada en una ley que votó el nuevo Congreso, elegido democráticamente. Sin embargo, los que estaban en contra de esta medida recogieron firmas suficientes para someter la ley de amnistía a plebiscito. En abril de 1989, el 56,7 por 100 de los votantes confirmaron la amnistía, en parte, sin duda, debido a los problemas que en aquellos momentos se registraban en la vecina Argentina.

En Chile, la administración Aylwin procuró sacar provecho de la experiencia de Alfonsín. Al igual que en Argentina, se creó una comisión que se encargaría de investigar los delitos cometidos bajo el régimen militar y, además, se promulgaron leyes que otorgaban compensaciones a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y a sus familias. Sin embargo, el nuevo gobierno chileno, a pesar de las declaraciones en sentido contrario que hiciera durante la campaña, finalmente optó por aceptar la amnistía decretada por el régimen militar en 1978 para los delitos cometidos desde el golpe de estado de 1973. La amplia jurisdicción que tenían los tribunales militares en Chile también protegió a los acusados en muchos casos. No obstante, la administración Aylwin se mostró a favor del enjuiciamiento cuando se trataba de violaciones de los derechos humanos perpetradas entre 1978 y 1990 y, además, a instancias del ejecutivo, los tribunales civiles de Chile tendían cada vez más a opinar que los acusados podían beneficiarse de la amnistía de 1978 sólo después de una investigación judicial en toda regla de los cargos presentados contra ellos. Las investigaciones en marcha o potenciales de las violaciones de los derechos humanos, que amenazaban a numerosos oficiales, fueron una de las causas principales de la inquietante demostración de fuerza que en diciembre de 1990 llevó a cabo el ejército y que creó gran inquietud en los círculos civiles. Era claro que el ejército prefería que a los oficiales amnistiados se les separara del servicio sin investigación y la amnistía misma se hizo extensiva hasta marzo de 1990.

En América Central el tratamiento del asunto de los derechos humanos en El Salvador y Guatemala presenta un contraste revelador. Debido al importantísimo papel que los Estados Unidos desempeñaron en la guerra civil de El Salvador, el presidente Duarte y su sucesor, Alfredo Cristiani, elegido en 1989, pudieron aprovechar la influencia de Washington en sus luchas contra sus propios militares. Además, si se quería llevar a buen término las negociaciones con la guerrilla, que se habían iniciado en serio en 1990 con el apoyo de una fracción importante de la derecha salvadoreña, el gobierno tenía que dar alguna satisfacción a las exigencias de los rebeldes, que no habían sido derrotados, en el sentido de que se llevara a cabo una purga de los elementos del ejército que habían cometido graves violaciones de los derechos humanos. Por tanto, en algunos casos las administraciones civiles pudieron imponer (o prometer que impondrían) sanciones limitadas de carácter penal y profesional, con como mínimo algún significado simbólico, a los delincuentes militares más notorios[19]. En Guatemala, donde el ejército aplastó a la guerrilla sin recurrir a la ayuda de Washington, el gobierno civil de Vinicio Cerezo no pudo poner fin a las masivas violaciones de los derechos humanos y mucho menos procesar a los perpetradores de delitos anteriores.

Aparte del asunto de los derechos humanos, cabe preguntarse qué grado de influencia política en general retuvieron los militares en los países donde se eligieron presidentes y asambleas legislativas civiles. Después de todo, en diciembre de 1977 el general Morales Bermúdez en Perú dijo sin inmutarse que los militares pensaban traspasar el «gobierno» pero no el «poder» a los civiles[20]. Parece útil, a modo de esquema orientativo, hacer una distinción entre el papel de los militares en las cuestiones que, en las democracias occidentales, normalmente se consideran ajenas a su competencia y la influencia que ejercen en los asuntos que generalmente se reconocen como propios de las fuerzas armadas. En los casos de este segundo tipo, es necesario comprobar si los militares se limitan a desempeñar el papel de asesores o si pueden imponer sus propios puntos de vista. Además, la influencia política de los militares y su inclinación a ejercerla no son fenómenos estáticos y pueden aumentar o disminuir después de que las fuerzas armadas abandonen el gobierno.

En Argentina, el poder político de los militares se hallaba en un nivel más bajo que nunca cuando el presidente Alfonsín tomó posesión del cargo en 1983. El nuevo gobierno aprovechó que su posición era fuerte para jubilar a docenas de oficiales de alta graduación, crear y dar a un civil el puesto de ministro de Defensa (reduciendo los jefes de las tres armas a una categoría subministerial), redefinir la misión de las fuerzas armadas (limitándola a la defensa exterior), reorganizar la estructura de mando militar y recortar el presupuesto de defensa y el servicio militar obligatorio[21]. Las revueltas militares de 1987-1989, que consiguieron poner fin a los enjuiciamientos por violaciones de los derechos humanos, también expresaron la resistencia a estos cambios organizativos y limitaciones presupuestarias impuestos por civiles. Sin embargo, aunque las rebeliones hicieron que el gobierno fuera más cauto al tratar con los militares, no obligaron a la administración Alfonsín a hacer concesiones en estos asuntos estructurales. El presidente Menem, por su parte, en ciertos aspectos fue más lejos que su predecesor y ordenó que se efectuaran recortes significativos en el número de militares profesionales (no sólo reclutas) y se interrumpiesen prestigiosos proyectos de fabricación de armas, entre los que destacaba el correspondiente al proyectil Cóndor II. La influencia de los militares argentinos fuera de la esfera de la defensa nacional también decayó después de 1983. Y el programa económico neoliberal de Menem, que hacía hincapié en el traspaso de compañías públicas al sector privado, no pasó por alto las empresas que tradicionalmente se hallaban bajo control militar.

En Brasil, las fuerzas armadas conservaron gran influencia bajo el presidente Samey (1985-1990). En el gabinete Samey había seis generales en activo: los tres ministros de las fuerzas armadas, pero también el jefe del Gabinete Militar, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y el director del Servido Nacional de Informações (SNI). Estos y otros representantes militares no titubeaban en intervenir en numerosas cuestiones muy ajenas a la defensa nacional. Los militares, por ejemplo, contribuyeron en gran medida a desbaratar los programas de reforma agraria. Y tampoco los militares tenían motivos para quejarse del trato que el gobierno dispensaba a las fuerzas armadas. El presupuesto de defensa (que el régimen militar había mantenido relativamente bajo) fue incrementado en términos reales y Samey no hizo ningún intento serio de limitar la autonomía institucional de los militares. Así, por ejemplo, no se atendieron las sugerencias para que se crease un Ministerio de Defensa unificado y los militares se salieron con la suya cuando se negaron a reincorporar a oficiales a los que se había dado de baja por oponerse al régimen anterior[22].

Sin embargo, con el paso del tiempo el papel preponderante de las fuerzas armadas brasileñas en política ha empezado a disminuir. El presidente Fernando Collor de Mello, que sucedió a Samey en marzo de 1990, limitó la representación militar en su gabinete a los tres ministros de las fuerzas armadas. Bajo Collor los militares generalmente desistieron de intervenir de manera abierta en los debates públicos en torno a asuntos controvertidos que no tuvieran relación directa con la defensa nacional. No obstante, en 1991-1992 las fuerzas armadas expresaron francamente su descontento ante la reducción de los presupuestos de defensa (que el gobierno justificó diciendo que formaba parte de su programa de austeridad) y la baja paga que percibían. Dieron a conocer su descontento por medio de los cauces regulares, pero también mediante otros métodos más antiguos, entre ellos las declaraciones de las organizaciones de oficiales jubilados e incluso las manifestaciones públicas. En abril de 1990, tampoco fue bien recibida la decisión de abolir el SNI y sustituirlo por un organismo dirigido por civiles, la Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE). Sin embargo, durante el enjuiciamiento del presidente Collor en 1992, los jefes de las fuerzas armadas mantuvieron un silencio sepulcral que sólo rompieron muy de vez en cuando para recalcar su apoyo a los procedimientos constitucionales. Su comportamiento contrastó mucho con la franca intervención de los militares a favor del presidente Samey a finales del decenio de 1980, cuando en el Congreso se estaba debatiendo la reducción de su mandato.

La nueva Constitución brasileña, que fue promulgada en 1988, asigna a las fuerzas armadas un papel político más restringido que las constituciones anteriores, pero sus redactores rechazaron las propuestas de limitar las actividades de las fuerzas armadas a la defensa exterior. Incluyeron entre los deberes de los militares «la defensa de los poderes del gobierno establecidos constitucionalmente (poderes constitucionais) y, por iniciativa de cualquiera de ellos, de la ley y el orden»[23]. Además, dos administraciones civiles sucesivas no han conseguido reducir de modo significativo la autonomía de las fuerzas armadas ni desalojar a los militares de ciertos cargos de nivel alto y mediano ajenos a la defensa.

La transición chilena al gobierno civil fue un caso excepcional en América del Sur. Sólo en Chile dejaron los militares el poder sin haber perdido un ápice de confianza en sí mismos, absolutamente orgullosos de los dieciséis años de su gobierno. El país, en efecto, se encontraba en medio de un impresionante auge económico que las fuerzas armadas atribuían, con cierta razón, a la política económica y social que habían impuesto dictatorialmente. Y, en Chile, los militares habían logrado, en la Constitución de 1980, poner a su gusto los cimientos institucionales del nuevo orden civil y de las relaciones de éste con las fuerzas armadas. Éstas, y en particular el ejército, no ocultaban su intención de asegurarse de que el nuevo gobierno civil continuara respetando «su» Constitución. A tal efecto, podían apoyarse en el monopolio de la fuerza, pero también en su considerable influencia política, que se basaba de modo un tanto amorfo en el prestigio que habían adquirido gracias a los éxitos económicos del régimen militar, pero también, de manera más concreta, en la alianza de facto con la derecha, cuyos puntos de vista en varios asuntos coincidían con los suyos.

La Constitución de 1980 asignaba explícitamente a las fuerzas armadas y a los carabineros (la policía) la misión de garantizar «el orden institucional de la república», y en los meses que precedieron a la toma de posesión de su cargo por parte de Aylwin en marzo de 1990, el alto mando del ejército subrayó que estaba decidido a cumplir este papel, si hacía falta «mediante el uso de la fuerza legítima». La Constitución creó un Consejo de Seguridad Nacional (cuatro de cuyos miembros son los comandantes de las tres armas y el director de los carabineros) entre cuyas funciones está la de «hacer presente a cualquiera de las autoridades establecidas por la Constitución» cualquier amenaza a «las bases de la institucionalidad» de la nación o a la seguridad nacional. Asimismo, la Constitución disponía que, en lo referente al nombramiento de los comandantes en jefe de las fuerzas armadas y los carabineros, el presidente sólo podía escoger entre los cinco generales de más alta graduación, y disponía también que, una vez nombrados, el presidente no podía destituirlos durante los cuatro años que permanecerían en el puesto. Una disposición provisional de carácter especial permitía a los comandantes que servían en el momento de entrar en vigor la nueva Constitución, en 1990, continuar en sus puestos hasta 1998. (De esta manera el general Pinochet quedaba firmemente instalado en su puesto de comandante en jefe del ejército). El texto constitucional se complementó con una serie especial de «leyes orgánicas constitucionales» para las fuerzas armadas y los carabineros que disponían, entre otras cosas, que la facultad presidencial de nombrar, ascender o jubilar a los oficiales sólo pudiera ejercerse de acuerdo con las recomendaciones de los comandantes de las fuerzas armadas, y que los futuros presupuestos de defensa no fueran inferiores al de 1989, ajustados a la inflación[24].

Después de marzo de 1990, las fricciones declaradas entre civiles y militares, que afectaron de forma particular al ejército, se centraron en gran medida, aunque no de forma exclusiva, en el tratamiento de las violaciones de los derechos humanos, los casos de corrupción militar en el pasado y la confirmación del general Pinochet en el cargo de comandante en jefe del ejército. Sin embargo, dada la circunspección del nuevo gobierno al tratar con las fuerzas armadas, y la conciencia por parte de éstas de que una nueva aventura militar no encontraría apoyo popular, parece que estos asuntos no representaron una amenaza grave para la democracia restaurada. Al mismo tiempo, las autoridades civiles han resultado incapaces de liberarse del yugo de numerosas disposiciones constitucionales y casi constitucionales, no sólo las que atañen directamente a los militares, sino también otras —por ejemplo, las que fijan las mayorías especiales que se requieren en el Congreso para enmendar la Constitución o las leyes orgánicas, las que prevén el nombramiento de un número significativo de senadores no elegidos y establecen las reglas que rigen la elección de ambas cámaras del Congreso— que han mermado la capacidad del nuevo gobierno para llevar a cabo sus programas en muchos campos diferentes.

En Perú, el rumbo de las relaciones entre civiles y militares después de 1980 lo determinó en gran parte el fenómeno imprevisto del movimiento revolucionario Sendero Luminoso. El primer presidente civil, Belaúnde Terry, desconfiaba de las fuerzas armadas, que le habían depuesto en 1968, pero, quizá por esta misma razón, optó desde el principio por tratarlas con cautela, absteniéndose de todo intento de incidir en su autonomía institucional y mostrándose generoso en sus asignaciones presupuestarias[25]. Por su parte, los militares, que estaban desencantados de su experiencia gubernamental y sometidos a la animosidad pública, parecían dispuestos a permitir que los civiles gobernasen, siempre y cuando respetaran su autonomía institucional. Sin embargo, la aparición de Sendero Luminoso volvería a colocar a las fuerzas armadas en el centro del escenario político. A finales de diciembre de 1982, con el movimiento de guerrilleros creciendo rápidamente a pesar de la represión policial, tanto Belaúnde Terry como el mando de las fuerzas armadas se vieron obligados a reconocer que los militares tendrían que hacerse cargo del control de las operaciones antisubversivas, pese a que estaban en gran parte poco preparados para la tarea[26]. Los comandantes militares locales fueron investidos por decreto de autoridad política y militar sobre las zonas afectadas por la insurrección. A lo largo de los años estas zonas han ido abarcando gran parte del territorio nacional.

A partir de 1983, Belaúnde Terry y sus dos sucesores civiles, Alan García (1985-1990), el primer presidente del APRA en la historia de Perú, y Alberto Fujimori (1990-), dejaron a las fuerzas armadas las manos libres, dentro de unos amplios límites, para decidir la estrategia y las tácticas militares para combatir la insurrección. Los propios militares, sin embargo, tuvieron dificultades para definir una respuesta coherente y eficaz a Sendero Luminoso y ciertos jefes militares predicaron y aplicaron un clásico y letal método de «guerra interna», mientras que otros insistían en la importancia de atacar las raíces socioeconómicas de la insurrección. Durante los últimos años de la administración García, con el país bajo los efectos de una grave crisis económica, la campaña antisubversiva se resintió también de la escasez de recursos[27].

Debido a la negativa intransigente de Sendero Luminoso a pensar en una solución negociada, sucesivos gobiernos se vieron obligados hasta cierto punto a dar una respuesta en gran parte militar a los guerrilleros. Esto no quiere decir que los presidentes civiles se limitaran siempre a aceptar pasivamente los puntos de vista o el proceder de los militares. Los asuntos relacionados con los derechos humanos eran la causa más frecuente y visible de fricciones entre civiles y militares, pero los conflictos relacionados con los derechos humanos también llevaban aparejados de manera implícita los interrogantes sobre cuál era la mejor forma de derrotar la insurrección. Belaúnde Terry trató con relativa indulgencia a las fuerzas armadas en lo que se refiere a estas cuestiones. Al tomar posesión del cargo, Alan García al principio hizo hincapié en que estaba comprometido a reducir las violaciones de los derechos humanos. Al parecer, el número de grandes matanzas de campesinos perpetradas por las fuerzas del gobierno disminuyó después de 1986, ya fuera gracias a los esfuerzos de García o porque los propios militares pudieron comprobar que resultaban contraproducentes. Pero, a pesar de la destitución esporádica y espectacular de oficiales de alta graduación, los militares siguieron dominando la formulación de la política antisubversiva y beneficiándose de una impunidad casi total al aplicarla. El presidente Fujimori, incluso antes de los acontecimientos de 1992, había demostrado sobradamente su sumisión a la autonomía de los militares en asuntos relacionados con la lucha antisubversiva[28].

El 5 de abril de 1992, Fujimori disolvió el Congreso peruano y asumió personalmente el poder en un «autogolpe», es decir, un golpe de estado por parte de los que se hallan en el poder. Es claro que no hubiera podido actuar sin informar antes al alto mando militar y recibir el consentimiento de éste. Una analista perspicaz de los asuntos peruanos ha sugerido que lo que ocurrió después de 1980 no fue que los valores de la democracia liberal conquistasen a las fuerzas armadas peruanas, sino más bien que éstas se convencieron de que, para ellas, la democracia representativa se había convertido en una opción «estratégica» inevitable, toda vez que la reimposición del gobierno militar directo hubiera chocado con la resistencia generalizada de los civiles y quizá hubiera sumido el país en una guerra civil[29]. El golpe de estado «civil» de 1992 confirmó en cierto sentido la intuición de que los militares no querían arriesgarse a tomar el poder en nombre propio.

En una población desilusionada después de doce años de gobierno democrático, la toma del poder por parte del presidente civil se benefició de un apoyo público que tal vez no hubieran recibido los militares de haber tomado el poder directamente. La rápida decisión de Fujimori de convocar elecciones para un nuevo «Congreso constituyente democrático», que empezaría sus sesiones en diciembre de 1992, indicó que reconocía la necesidad de presentar por lo menos una fachada democrática. Su posición se vio reforzada cuando en septiembre de 1992 fue capturado en Lima el «presidente Gonzalo», Abimael Guzmán, el legendario fundador y líder de Sendero Luminoso, cuyo encarcelamiento debilitó seriamente la organización y la moral de los guerrilleros. Pero las relaciones de Fujimori con las fuerzas armadas siguieron siendo problemáticas, sobre todo en vista de sus intentos persistentes de aumentar su control personal sobre ellas[30].

Estos cuatro casos ilustran, cada uno a su manera, el hecho de que la desaparición del gobierno militar no garantiza automáticamente la extinción de la influencia política ni la autonomía de las fuerzas armadas. Podrían citarse sin dificultad otros ejemplos correspondientes a otras naciones suramericanas, y aún sería más fácil aportar ejemplos centroamericanos[31]. Asimismo, volvió a instaurarse un gobierno militar en Haití en septiembre de 1991, aunque el ejército trató de disimular nombrando un primer ministro civil. Y lo más inquietante es que en Venezuela, que suele citarse como el modelo de institucionalización democrática en América Latina, dos intentos de golpe de estado militar, en febrero y noviembre de 1992, estuvieron peligrosamente cerca de derrocar el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, que era constitucional pero muy impopular. Así pues, no es posible afirmar que los militares latinoamericanos se hayan resignado universalmente a desempeñar un papel político secundario, o siquiera a ejercer entre bastidores una influencia que en algunos casos continúa siendo preponderante.

Con todo, es probable que la influencia de los Estados Unidos, en los años noventa, sea un factor favorable al mantenimiento de regímenes civiles en América Latina. El apoyo a las instituciones democráticas en regla sigue constituyendo un instrumento importante de la política exterior de los Estados Unidos en todo el mundo. También es posible que, con el final de la guerra fría, los Estados Unidos sean menos sensibles a la supuesta amenaza que para la seguridad representan los regímenes progresistas situados al sur. Sin embargo, el interés de Washington en suprimir la producción y el tráfico de drogas podría tender, una vez más, a crear una relación especial entre los militares norteamericanos y ciertos militares de América Latina, así como a implicar a las fuerzas armadas locales en lo que, desde el punto de vista de éstas, son controvertidos asuntos políticos de signo nacional.

No obstante, lo más probable es que el futuro papel político de los militares latinoamericanos dependa principalmente de la voluntad y la capacidad de los civiles de las diversas naciones para dar forma a sistemas políticos ordenados y eficaces, que puedan definir de manera convincente objetivos viables, resolver los inevitables conflictos políticos y sociales y reducir de esta manera el apoyo interesado o los llamamientos de los civiles a la intervención militar. Si, después de agotar los votantes todas las opciones políticas a su disposición, los gobiernos elegidos no son capaces de limitar de forma apropiada las aspiraciones populares mientras satisfacen las reivindicaciones razonables de sus ciudadanos, puede que quede abierto el camino para más formas de gobierno autoritario que dependan del respaldo y la participación de los militares, aunque las fuerzas armadas, como en Perú, no ejerzan el poder directamente.

En los países suramericanos donde las fuerzas armadas tuvieron el poder en los años setenta y ochenta, parece relativamente improbable que vuelvan a oírse voces civiles pidiendo la intervención directa de los militares en la política. En todos estos países (excepto en Perú) el apoyo a las soluciones izquierdistas de tipo radical para los problemas socioeconómicos de la nación ha menguado, al menos temporalmente. Además, anteriores experiencias de reforma socioeconómica dirigidas por los militares generalmente han fracasado, por lo que parece que los civiles han perdido la confianza que tuvieran en la capacidad de las fuerzas armadas para resolver los dilemas de la nación. Poseen también un recuerdo vivo y punzante del autoritarismo militar y de las violaciones de los derechos humanos. Si, en Venezuela, pareció que a raíz del levantamiento militar de febrero de 1992, muchos civiles pensaron que quizá un régimen militar sería un mal menor que el gobierno civil a la sazón en el poder, sin duda fue debido en parte a que las pretensiones de neutralidad política y competencia tecnocrática de las fuerzas armadas no habían sido puestas a prueba en ningún momento reciente que siguiera en el recuerdo.

Finalmente, deberíamos plantear la cuestión de la actitud de los militares ante su propio papel político en el futuro. El «nuevo profesionalismo» de los años sesenta, que incitó a las fuerzas armadas a desempeñar un papel mayor en los asuntos nacionales, se caracterizó por un orgullo desmesurado. Después, la confianza de los militares en su propia capacidad para resolver problemas se vio mermada, sobre todo en los países suramericanos, al enfrentarse a problemas irresolubles. Por tanto, allí donde han gobernado recientemente, las fuerzas armadas en general no parecen ansiosas de cargar otra vez con la tarea de resolver asuntos políticos y socioeconómicos complejos y problemáticos. En toda América Latina, la dura experiencia enseñó también a las fuerzas armadas que el ejercicio del poder político tendía a perjudicar su unidad, su profesionalismo, y, en consecuencia, su capacidad militar. En este sentido, la humillante derrota que las fuerzas armadas argentinas sufrieron en la guerra de las Malvinas fue ejemplar. Pese a la compra de grandes cantidades de armamentos modernos, los muy politizados militares argentinos, consumidos por sus responsabilidades de gobierno y divididos por feroces luchas intestinas, resultaron incapaces de planear y ejecutar una campaña coordinada ni, en la mayoría de los casos, de reunir siquiera el espíritu combativo suficiente para enfrentarse a las bien preparadas tropas británicas. La catástrofe argentina sirvió de advertencia a los militares de todo el continente.

No obstante, parece que los militares de América Latina siguen creyendo que son el baluarte y la encarnación de sus respectivas naciones, los guardianes de sus fronteras, pero también de sus instituciones, de su modo de vida y, trascendentalmente, de su alma misma. Es revelador que, en el Cono Sur, las fuerzas armadas nunca hayan expresado institucionalmente remordimiento alguno por las «guerras sucias» que hicieron en el interior de sus países respectivos en los decenios de 1970 y 1980. Al contrario, persisten en jactarse de que su mejor momento fueron los años que dedicaron a acabar con la «subversión». Con el final de la guerra fría, las ideas políticas de los militares podrían evolucionar, especialmente entre los oficiales suramericanos jóvenes, hacia una actitud más nacional-populista, «antiyanqui», a modo de respuesta, en parte, a la aplicación de una política económica neoliberal inspirada por los Estados Unidos. Sin embargo, esto no alteraría necesariamente —e incluso podría confirmar— el concepto subyacente que tienen los militares del papel político que les corresponde legítimamente en la nación y el estado. De hecho, los líderes de las revueltas militares argentinas de 1987-1990 y de los levantamientos militares venezolanos de 1992 emplearon, entre otras justificaciones de sus actos, precisamente esta clase de vaga referencia nacional-populista.

En 1985, en Argentina, el ministro de Defensa del presidente Alfonsín comentó que «la normalización de las fuerzas armadas requerirá probablemente entre quince y dieciocho años»[32]. Para efectuar esta «normalización», las autoridades civiles y militares de cada país tendrían que comprometerse conjuntamente a redefinir la doctrina militar y crear para las fuerzas armadas una función convincente que las alejara de las preocupaciones políticas nacionales. Hay pocas señales de que se estén haciendo grandes esfuerzos en este sentido, o de que donde se han intentado (por ejemplo, en Argentina) hayan tenido mucho éxito. Pero ¿en qué consiste exactamente un papel «militar» apropiado para las fuerzas armadas de una región en la cual se ha esfumado la amenaza extracontinental (que siempre fue algo ilusoria), en la cual los conflictos fronterizos son raros y limitados y en la cual las amenazas físicas al estado, en caso de que surjan, en realidad parecen más propensas a expresarse por medio de actores locales?

CONCLUSIÓN

Las fuerzas armadas y el militarismo, su manifestación sociopolítica, parecen temas difíciles de abordar de manera seria, propia de estudiosos. Los observadores tienden a hacer juicios de valor sobre la actuación extramilitar de las fuerzas armadas, ya sea para aprobarla o para condenarla. Algunos de ellos dan la impresión de estar embarcados, sobre todo, en una búsqueda de los responsables o, mejor dicho, los culpables de la usurpación militarista. Dado que el gobierno militar se percibe como una patología de la vida política, una anomalía en relación con el bien supremo de la democracia pluralista, estos observadores, indignados e impacientes, a veces se ven empujados a sacar la conclusión de que han descubierto explicaciones generales —o incluso la única clave— de un fenómeno que tal vez no habrán examinado y descrito por no haberse dado a sí mismos tiempo suficiente para ello. No obstante, no es posible pasar sencillamente por alto las interpretaciones libres e instrumentales que han proliferado en este campo. Tanto más cuanto que nuestro interés por los militares como tales sólo puede justificarse si estas visiones metafóricas del militarismo, que atribuyen la hegemonía militar a «otro lugar» histórico, geográfico o social y consideran las fuerzas armadas mismas como «cajas negras» indescifrables, resultan discutibles o, de hecho, erróneas.

Al parecer, el resultado de la continuidad histórica del militarismo, que no es un fenómeno exclusivamente contemporáneo, no ha consistido en ahondar nuestra comprensión relativa del fenómeno por medio de la confrontación de numerosas experiencias de períodos diferentes, sino que ha consistido principalmente en ocultar sus mecanismos mediante la simple proyección del presente sobre el pasado o, todavía más comúnmente, del pasado sobre el presente. El peso de la historia se manifiesta en la importancia que adquieren las interpretaciones deterministas de toda clase, a la vez que la indignación cívica ante la traición pretoriana ha inspirado varias explicaciones conspirativas de la intervención de los militares en la vida política.

Dado que gran parte de nuestro léxico relativo al poder militar se deriva del español (juntas, pronunciamientos), y dado que la mayoría de los países latinoamericanos fueron colonizados por España, a menudo se ha sacado la conclusión, de un modo un tanto precipitado, de que existe un tipo de relaciones entre civiles y militares que es peculiar del mundo «hispánico» y que la tradición jurídica «íbero-latina» explica la incapacidad crónica de los estados latinoamericanos para sostener regímenes democráticos estables. Con todo, la existencia, que ya es corriente, de regímenes militares en todo el mundo subdesarrollado, y especialmente en el África subsahariana, sería suficiente para indicar los límites de tal tesis. En la propia América Latina no faltan ejemplos de gobiernos militares en países no «ibéricos». Surinam, donde el ejército se hizo con el poder en 1980 y de nuevo en 1990, fue una colonia de los Países Bajos hasta 1975, y la mayoría de sus habitantes son de ascendencia asiática, a la vez que Haití, que ha estado básicamente bajo el gobierno de los militares desde la caída de «Baby Doc», es una ex colonia francesa poblada principalmente por descendientes de habla criolla de esclavos africanos.

A veces se ha presentado una versión más compleja de esta explicación. Según esta formulación historicista, en el militarismo latinoamericano contemporáneo debería verse al heredero y continuador del caudillismo de antaño, que surgió de la anarquía de las guerras de independencia. Veintiún años de gobierno militar en Brasil (1964-1985) bastarían por sí solos para demostrar la falsedad de esta hipótesis, dado el carácter «negociado» y pacífico de la emancipación de dicho país de Portugal en 1822. Además, en varios de los países donde los caudillos del siglo XIX desempeñaron un papel importante no se observa ninguna continuidad entre el poder depredador de dichos caudillos y las formas contemporáneas de gobierno nacional. En México, donde el caudillismo predominó desde el imprevisible presidente Antonio López de Santa Anna a mediados del siglo pasado hasta los jefes del período revolucionario, no ha habido ningún intento de golpe de estado durante cincuenta años. De modo parecido, Venezuela, donde prácticamente desde la independencia hasta 1940 gobernaron hombres fuertes que se habían apoderado por la fuerza del gobierno central, fue modelo de democracia estable y representativa durante más de treinta años después de 1958. A la inversa, otros países latinoamericanos que en decenios recientes han sido tristemente célebres por la inestabilidad y el militarismo, en el pasado, después de los disturbios y las incertidumbres de la época de la independencia, conocieron largos períodos de ascendiente civil y una serie ininterrumpida de gobiernos elegidos legalmente. Argentina de 1862 a 1930, pero también Perú, Chile, Bolivia o El Salvador a finales del siglo XIX, entre otros países, nos proporcionan ejemplos de esta pauta.

Además, para delimitar el militarismo en sus límites históricos apropiados, es importante insistir en que los jefes de las bandas armadas embarcados en las guerras civiles, militares aficionados aunque adornados a menudo con títulos rimbombantes, no pueden equipararse a los oficiales de carrera profesionales. El caudillo, guerrero improvisado, era en realidad fruto del derrumbamiento del estado colonial español y de la desorganización social. El oficial, por el contrario, es un hombre de organización y existe sólo por y para el estado. Las organizaciones militares modernas son instituciones públicas y burocratizadas que tienen el monopolio técnico del uso de la violencia legal, mientras que el caudillo representaba la violencia privada que se alzaba contra el monopolio del estado o sobre sus ruinas. Confundiendo los actores y su naturaleza no es como podemos utilizar el pasado para facilitar nuestra comprensión del presente.

Más cerca de nuestro propio tiempo, las teorías conspirativas de la historia, que generalmente van acompañadas de cierto economicismo desprovisto de sentido crítico, han hecho que tuvieran aceptación las interpretaciones instrumentalistas del poder militar. Después del golpe de estado de 1964 en Brasil y, sobre todo, después del de 1973 en Chile, ha ganado adeptos la idea de que las fuerzas armadas latinoamericanas son manipuladas desde el extranjero. Por ende, se tiende a desviar la responsabilidad de la usurpación militarista hacia la potencia tutelar. Se presenta a los militares latinoamericanos como simples prolongaciones del aparato militar de Washington y como los defensores reconocidos de los intereses norteamericanos. En opinión de algunos, las fuerzas armadas de América Latina apenas son algo más que los «partidos políticos del capital internacional». Así pues, la instauración de regímenes autoritarios desde los años sesenta hasta los ochenta respondería a las necesidades de la fase contemporánea del desarrollo capitalista, ya fuera porque el capital multinacional y la nueva división internacional del trabajo requerían gobiernos fuertes y represivos que frenasen los movimientos sociales y garantizasen las inversiones, o porque la transición de la industria ligera a la producción de bienes intermedios y bienes de capital no era posible dentro de un marco civil y democrático. Según esta hipótesis, en cierto sentido los militares latinoamericanos habían sido «programados» para garantizar la «profundización» del proceso de industrialización.

Hay que reconocer que en tales interpretaciones hay algo de verdad. Sus defensores recalcan apropiadamente el hecho de que los militares latinoamericanos han dependido del Pentágono en decenios recientes y recuerdan la influencia crucial que Washington ejerció sobre las fuerzas armadas latinoamericanas por medio de los programas de instrucción que se ofrecían en sus escuelas militares, especialmente en la Zona del Canal de Panamá. Insisten en el ascendiente de la doctrina de la seguridad nacional, que enseñó a los estados mayores latinoamericanos a considerar que el enemigo interno era la amenaza principal, y que, a partir de 1960, definió el objetivo más importante de las fuerzas armadas de la región como la defensa de «fronteras ideológicas». Finalmente, la forma en que ciertas multinacionales han actuado con los gobiernos democráticos y reformistas (por ejemplo, la conducta de la ITT en Chile durante el gobierno de la Unidad Popular) y la afinidad activa con las dictaduras por parte de importantes sectores económicos extranjeros son una demostración suficiente del papel directo que las multinacionales desempeñaron en el advenimiento de los regímenes militares del período. No obstante, esta clase de interpretaciones instrumentalistas tienen sólo un alcance analítico muy limitado, en la medida en que no toman en cuenta los mecanismos específicos que intervienen en los procesos políticos. La suposición de que los beneficiarios de los actos de un gobierno necesariamente instigaron y patrocinaron su ascenso al poder manifiesta una simplicidad conmovedora y requiere que no se preste la menor atención a las mediaciones, los bajones no controlados y las consecuencias imprevistas (y tal vez no deseadas) que son características de toda acción colectiva.

Asimismo, los regímenes autoritarios de América Latina nacieron mucho antes de «la internacionalización de los mercados nacionales» que caracteriza a la fase reciente de desarrollo económico. Si la teoría se reduce a la proposición de que los inversionistas extranjeros prefieren los regímenes basados en la ley y el orden a los gobiernos populares, lo que hace es sencillamente proclamar una verdad muy vieja, bien mirado, una perogrullada. Al mismo tiempo, ¿cómo se puede afirmar que, en años recientes, ha habido una correlación mecánica entre los movimientos del capital internacional y el advenimiento de regímenes autoritarios, cuando la realidad histórica desmiente rotundamente una afirmación que en gran parte es mítica?

¿Qué cabe decir de la renuencia de las multinacionales industriales a invertir en Chile a pesar de los «Chicago boys», en el Uruguay «liberalizado» de después de 1973 o en la abierta Argentina de Martínez de Hoz, ministro extraordinario de Economía bajo la dictadura de 1976? El capital internacional parecería capaz de instaurar regímenes a su gusto pero incapaz de aprovecharse de ellos: piénsese en la política de desinversión que siguieron en Argentina las filiales locales de las compañías extranjeras entre 1978 y 1982. Finalmente, ¿cómo es posible, en el marco de este rígido concepto, explicar la disminución del número de dictaduras militares en el periodo que tuvo comienzo en 1979, durante el cual las fuerzas armadas han vuelto a sus cuarteles en virtualmente todos los países del continente? El «imperialismo norteamericano» y aquellos enormes monstruos que son los grandes conglomerados industriales parecerían asombrosamente inconstantes. ¿Por qué la necesaria complementariedad, estigmatizada en 1976, del capital y el militarismo represivo sencillamente se habría evaporado en los decenios de 1980 y 1990?

La influencia militar de los Estados Unidos en las fuerzas armadas latinoamericanas es innegable, como lo es también el hecho de que, desde los años sesenta, uno de los objetivos políticos de Washington ha sido convencer a las élites militares del continente de la bondad de las perspectivas estratégicas estadounidenses y utilizar a dichas élites como elementos transmisores de la influencia norteamericana. Pero hay cierta ingenuidad en la afirmación de que el éxito de este proyecto fue total y que todos los militares latinoamericanos, víctimas de una «estrecha socialización» en beneficio del imperio norteamericano, repudiaron sus valores nacionales. El régimen de Velasco Alvarado en Perú con sus coroneles de inclinaciones socialistas, el gobierno progresista de Torres en Bolivia y el régimen nacionalista de Torrijos en Panamá surgieron, a finales de los sesenta y principios de los setenta, a pesar del papel del Pentágono en la definición de las misiones de las fuerzas armadas de la región y a pesar de la instrucción que los militares latinoamericanos habían recibido en Panamá. Tampoco deberíamos olvidar a los jóvenes oficiales guatemaltecos que acababan de asistir a los cursos de lucha antisubversiva del Pentágono y que figuraron entre los principales líderes de la guerrilla de su país en los años sesenta. Ya ha pasado mucho tiempo desde que se reconoció que el adoctrinamiento, sea cual sea su naturaleza, a menudo produce resultados ambivalentes.

El militarismo contemporáneo no fue un fenómeno preordinado, ni histórica ni geográficamente. Y tampoco el determinismo cultural o la manipulación extranjera es suficiente para explicar un fenómeno complejo en el cual se entremezclan factores nacionales y transnacionales. Al intentar evaluar el papel político de los militares latinoamericanos a largo plazo, vemos claramente que las fuerzas armadas de la región muy raras veces han sido sencillamente instrumentos pasivos de fuerzas nacionales o extranjeras, aunque tales fuerzas con frecuencia hayan tratado de aprovechar el poder de los militares para sus propios fines. El papel político de las fuerzas armadas del continente ha variado en el espacio y en el tiempo. No lo ha determinado una sola causa ni causas sencillas. Ha reflejado configuraciones sociales y modelos de desarrollo que no eran propicios a la democracia representativa, pero también ha dependido de la naturaleza de las fuerzas armadas latinoamericanas, de su inserción en la sociedad y en el estado. Por supuesto, las raíces más profundas de la hegemonía militar no están en la sociedad militar, del mismo modo que no se puede considerar que las fuerzas armadas sean las principales responsables de la inestabilidad crónica de ciertas regiones. Pero la naturaleza del poder de los militares en América Latina en el período que empieza en 1930 sigue siendo ininteligible si no se presta la debida atención a coyunturas históricas determinadas, y si no se hace ningún esfuerzo por comprender a las propias fuerzas armadas latinoamericanas, su formación original, su posterior evolución y su modo de actuación específicamente política.

ABREVIATURAS

AESC | Annales: Économies, Sociétés, Civilisations
BLAR | Bulletin of Latin American Research
CEPAL | Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas
CHIA | Cambridge History of Latin America
CSSH | Comparative Studies in Society and History
DE | Desarrollo Económico
HAHR | Hispanic American Historical Review
HALC | Historia de América Latina de Cambridge
HM | Historia Mexicana
JIAS | Journal of Inter-American Studies and World Affairs
JLAS | Journal of Latin American Studies
LAP | Latin American Perspectives
LARR | Latin American Research Review
RMS | Revista Mexicana de Sociología
SALA | Statistical Abstract of Latin America
TA | The Americas

ENSAYOS BIBLIOGRÁFICOS[*]

1. La democracia en América Latina desde 1930

A pesar de que la bibliografía que se ocupa de la democracia en América Latina parece abundantísima, hay en ella muchas lagunas sorprendentes, en particular en lo que se refiere a la elaboración de estudios verdaderamente comparables entre países y a lo largo del tiempo. El estudio de las instituciones gubernamentales y políticas, que llamó especialmente la atención entre los científicos políticos norteamericanos que estudiaban América Latina en los años cuarenta y cincuenta, fue cayendo progresivamente en desuso durante los años sesenta y setenta. Al principio esto se debió al formalismo a veces excesivo de lo que se había escrito antes sobre el tema, así como a la arremetida de las perspectivas conductistas (que dieron lugar a muchos estudios electorales); posteriormente reflejó los efectos de los métodos basados en la dependencia que a menudo veían los procesos políticos como epifenómenos, y luego de la oleada de gobiernos militares que barrió la región a finales de los años sesenta y en los setenta. Con las transiciones al gobierno civil a finales de los setenta y en los ochenta y una revalorización concomitante de la democracia política y de la importancia del estudio de las instituciones, aparecieron numerosas obras sobre la democracia en diversos países latinoamericanos, así como obras que ofrecían una perspectiva comparativa.

El presente ensayo se centra de forma casi exclusiva en las publicaciones comparativas, aparte de una lista escogida de obras constitucionales. Varios de los actores sociales o corporativos que son fundamentales en la democracia, tales como los trabajadores, la izquierda y los militares, reciben atención especial en otros ensayos bibliográficos y apenas se mencionan en este. Los ensayos bibliográficos dedicados a países concretos proporcionan referencias a las obras esenciales que hablan de aspectos tales como la historia de la democracia, los partidos políticos, las elecciones y la política pública.

Constitucionalismo y presidencialismo

La mayoría de los países latinoamericanos tienen compendios y análisis útiles de sus constituciones, toda vez que el estudio del derecho constitucional tiene una larga historia en la región. Aunque son utilísimos, muchos de estos estudios no pasan de ser un análisis formal de doctrinas y reglas constitucionales. Para Argentina, por ejemplo, véanse José Roberto Dromi, Constitución, gobierno y control, Buenos Aires, 1983; Arturo Enrique Sampay, La reforma constitucional, La Plata, 1949; Arturo Enrique Sampay, ed., Las constituciones de la Argentina, 1810-1972, Buenos Aires, 1975; Germán José Bidart Campos, Historia política y constitucional argentina, Buenos Aires, 1976; Segundo V. Linares Quintana, Derecho constitucional e instituciones políticas: teoría empírica de las instituciones políticas, Buenos Aires, 1970; y Jorge R. Vanossi, Teoría constitucional, 2 vols., Buenos Aires, 1975-1976. Para Brasil, véanse Constituçães do Brasil, Río de Janeiro, 1976; y Odacir Soares, A nova constituido, Brasilia, 1988. Para Chile, véanse Alejandro Silva Bascuñán, Tratado de derecho constitucional, 3 vols., Santiago, Chile, 1963; Enrique Silva Cimma, Derecho administrativo chileno y comparado, Santiago, Chile, 1969²; y Sergio Carrasco Delgado, Génesis y vigencia de los textos constitucionales chilenos, Santiago, Chile, 1980. Para Colombia, véanse Diego Uribe Vargas, Las constituciones de Colombia. Segunda edición ampliada y actualizada, vols. 1, 2, y 3, Madrid, 1985; Jaime Vidal Perdomo, La reforma constitucional de 1968 y sus alcances jurídicos, Bogotá, 1970; y Luis Carlos Sachica y Jaime Vidal Perdomo, Aproximación crítica a la Constitución de 1991, Bogotá, 1991. Entre las fuentes constitucionales costarricenses se cuentan Marco Tulio Zeldón y otros, Digesto constitucional de Costa Rica, San José, Costa Rica, 1946; Marco Tulio Zeldón, Historia constitucional de Costa Rica en el bienio 1948-1849, San José, Costa Rica, 1950; Óscar R. Aguilar Bulgarelli, Evolución político-constitucional de Costa Rica: síntesis histórica, San José, Costa Rica, 1976; y Mario Alberto Jiménez, Historia constitucional de Costa Rica, San José, Costa Rica, 1979, y Constitución política de la República de Costa Rica: anotada y concordada, San José, Costa Rica, 1985. Sobre Perú, véanse Lizardo Alzamora Silva, Derecho constitucional general y del Perú, Lima, 1942; Enrique Chirinos Soto, La nueva Constitución al alcance de todos, Lima, 1979; y Moisés Tambini del Valle, Las constituciones del Perú, Lima, 1981. Los textos constitucionales uruguayos están recopilados en Héctor Gros Espiell, Las constituciones del Uruguay, Madrid, 1956, y Madrid, 1978². Y, para Venezuela, véanse Ernesto Wolf, Tratado de derecho constitucional venezolano, 2 vols., Caracas, 1945; Esteban Agudo Ereytes y otros, Estudios sobre la Constitución, 4 vols., Caracas, 1979; y Allan Randolph Brewer-Carías, Instituciones políticas y constitucionales, 2 vols., Caracas, 1985, y Problemas del estado de partidos, Caracas, 1988.

Los estudios de constitucionalismo latinoamericano comparado son raros. Antonio Colomer Viadel, Introducción al constitucionalismo iberoamericano, Madrid, 1990, proporciona una introducción útil al constitucionalismo latinoamericano comparado. Jorge Mario Eastman, Constituciones políticas comparadas de América del Sur, Bogotá, 1991, da un valioso resumen comparado de las constituciones suramericanas a la luz de las reformas de la Constitución colombiana. Un estudio convincente del tratamiento de los derechos humanos y la seguridad nacional en América Latina es Hernán Montealegre, La seguridad del estado y los derechos humanos, Santiago, Chile, 1979.

El estudio clásico del constitucionalismo y el presidencialismo en América Latina es «The balance between legislative and executive power: A study in comparative constitutional law», The University of Chicago Law Review, 5 (19371938), pp. 566-608. Otro de los primeros análisis de la naturaleza presidencial y semiparlamentaria de diferentes gobiernos latinoamericanos se encuentra en Russell H. Fitzgibbon, ed., «Latin America looks to the future», sección especial de la American Political Science Review, 39 (junio de 1945), pp. 481-547, especialmente los artículos de Russell H. Fitzgibbon, «Constitutional development in Latin America: A synthesis», pp. 511-521, y William S. Stokes, «Parliamentary government in Latin America», pp. 522-535. Véanse también Carl J. Friedrich, Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and Latin America, Boston, 1941 (hay trad. cast.: Gobierno constitucional y democracia: teoría y práctica en Europa y América, 2 vols., Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1975), y W. W. Pierson, ed., «Pathology of democracy in Latin America: A symposium», American Political Science Review, 44 (marzo de 1950), pp. 100-149, en especial los artículos de Arthur P. Whitaker, «Pathology of democracy in Latin America: A historian’s point of view», pp. 101-118, y Russell Fitzgibbon, «A political scientist’s point of view», pp. 118-128. Véanse también William W. Pierson y Federico G. Gil, Governments of Latin America, Nueva York, 1957; Harold Davis, ed., Government and Politics in Latin America, Nueva York, 1958; y Thomas Dibacco, ed., Presidential Power in Latin American Politics, Nueva York, 1977.

La prestigiosa revista mexicana de derecho constitucional Boletín Mexicano de Derecho Comparado ha publicado valiosos artículos sobre regímenes presidenciales en el continente. Véanse Salvador Valencia Carmona, «Las tendencias contemporáneas del ejecutivo latinoamericano», 11, 31-32 (1978), pp. 133-156, y Monique Lions, «Referéndum, la delegación del poder legislativo y la responsabilidad de los ministros en América Latina», 5, 15 (1972), pp. 463-485. Un reciente intento exhaustivo de evaluar regímenes presidenciales prestando mucha atención a los casos latinoamericanos es Richard Moulin, Le presidentialisme et la classification des régimes politiques, París, 1978.

El interés por el presidencialismo en América Latina aumentó de manera enorme a finales del decenio de 1980 y comienzos del de 1990. Consejo para la Consolidación de la Democracia, eds., Presidencialismo vs. parlamentarismo: Materiales para el estudio de la reforma constitucional, Buenos Aires, 1988, es una útil recopilación de artículos; una publicada en inglés con ligeras modificaciones es Juan Linz, «The perils of presidentialism», Journal of Democracy, 1 (1990), pp. 51-69. Véase también Dieter Nohlen y Mario Fernández, eds., Presidencialismo versus parlamentarismo, América Latina, Caracas, 1991. Juan Linz, Arturo Valenzuela y colaboradores examinan asuntos generales y países individuales en Linz y Valenzuela, eds., The Failure of Presidentialism: The Latin American Experience, Baltimore, 1994; véase también Scott Mainwaring, «Presidentialism in Latin America», LARR, 25, 2 (1990), pp. 159-179.

Son notablemente escasas las obras en que se comparan distintas legislaturas latinoamericanas. Tres libros de varios autores que incluyen diversos capítulos que comparan legislaturas latinoamericanas son Allan Komberg y Lloyd Musolf, eds., Legislatures in Developmental Perspective, Durham, Carolina del Norte, 1970; Weston H. Agor, ed., Latin American Legislatures: Their Role and Influence, Nueva York, 1971; y Joel Smith y Lloyd D. Musolf, eds., Legislature in Development: Dynamics of Change in New and Old States, Durham, Carolina del Norte, 1979. Véase también Steven Hughes y Kenneth Mijeski, Legislative-Executive Policy-Making: The Cases of Chile and Costa Rica, Beverly Hills, California, 1973.

Participación, partidos y elecciones

En la actualidad no existe una base centralizada de datos electorales correspondientes a América Latina y tampoco un archivo de los sondeos de opinión efectuados en la región. Fuente útil de estadísticas políticas es el anuario Statistical Abstract of Latin America, Los Ángeles, que viene publicándose desde 1955. El Roper Center, University of Connecticut in Storrs, Connecticut, y el Institute for Research in the Social Sciences, University of North Carolina in Chapel Hill, Carolina del Norte, están empezando a recopilar sondeos de la opinión pública latinoamericana de forma accesible a todos los estudiosos.

La participación política se ha estudiado generalmente refiriéndose a países concretos o comparando las actividades políticas de determinados grupos, tales como el trabajo o el campesinado. Una valiosa recopilación de artículos es John A. Booth y Mitchell Seligson, eds., Political Participation in Latin America, 2 vols., Nueva York, 1978-1979. Véase también Howard Handelman, «The political mobilization of urban squatter settlements», LARR, 10 (1975), pp. 35-72. En gran parte, las mejores fuentes sobre el populismo también se refieren a países concretos. Sin embargo, véanse Torcuato S. Di Telia, «Populism and reform in Latin America», en Claudio Véliz, ed., Obstacles to Change in Latin America, Nueva York, 1965 (hay ed. cast.: Obstáculos para la transformación de América Latina, Fondo de Cultura Económica, México, 1969); Helio Jaguaribe, Political Development: A General Theory and a Latin American Case Study, Nueva York, 1973; A. E. Niekerk, Populism and Political Development in Latin America, Rotterdam, 1974; Octavio Ianni, A formação do Estado populista na América Latina, Río de Janeiro, 1975 (hay trad. cast.; La formación del Estado populista en América Latina, Era, México, D. F., 1975); São Paulo, 1989²; Michael L. Conniff, ed., Latin American Populism in Comparative Perspective, Albuquerque, Nuevo México, 1982; y Robert H. Dix, «Populism: Authoritarian and democratic», LARR, 20, 2 (1985), pp. 29-52.

Se han llevado a cabo estudios extensos sobre partidos individuales y líderes de partidos. Véanse los ensayos bibliográficos sobre países concretos. Un volumen importante que incluye estudios de algunos casos latinoamericanos es Seymour Martin Lipset y Stein Rokkan, eds., Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives, Nueva York, 1967; véase especialmente el capítulo de Lipset y Rokkan «Cleavage structures, party systems, and voter alignments: An introduction». Véase también Giovanni Sartori, Parties and Party Systems: A Framework for Analysis, Cambridge, 1976 (hay trad. cast.: Partidos y sistemas de partidos: marco para un análisis. Alianza, Madrid, 1980). Entre las obras de carácter general que se concentran en América Latina hay que citar: Robert J.

Alexander, Latin American Political Parties, Nueva York, 1973; Ronald McDonald, Party Systems and Elections in Latin America, Chicago, 1971; Jean-Pierre Bernard y otros, Guide to the Political Parties of South America, Harmondsworth, 1973 (ed. original francesa: Tableau des partís politiques en Amerique du Sud, Armand Collin, París, 1969); Robert J. Alexander, ed., Political Parties of the Americas, Westport, Connecticut, 1982; Ernest A. Duff, Leader and Party in Latin America, Boulder, Colorado, 1985; Rolando Peredo Torres, Partidos Políticos en América Latina, Lima, 1986; Ronald McDonald y J. Mark Ruhl, Party Politics and Elections in Latin America, Boulder, Colorado, 1989; y Scott Mainwaring y Timothy Scully, eds., Building Democratic Institutions: Parties and Party Systems in Latin America, Stanford, California, 1994. Se encuentra material extenso sobre partidos políticos y su evolución en ocho países latinoamericanos, especialmente en lo que se refiere a la incorporación del trabajo, en Ruth Berins Collier y David Collier, Shaping the Political Arena: Critical Junctures, the Labor Movement, and Regime Dynamics in Latin America, Princeton, Nueva Jersey, 1991. Sobre los partidos del Cono Sur, véase Marcelo Cavarozzi y Manuel Antonio Garretón, eds., Muerte y resurrección: Los partidos políticos en el autoritarismo y las transiciones en el Cono Sur, Santiago, Chile, 1989; véase también, sobre Argentina y Chile, Karen Remmer, Party Competition in Argentina and Chile: Political Recruitment and Public Policy, 1890-1930, Lincoln, Nebraska, 1984. Los partidos democratacristianos se examinan en Edward J. Williams, Latin American Christian Democratic Parties, Knoxville, Tennessee, 1967. Los cambios en los partidos centroamericanos se estudian en Louis W. Goodman, William M. LeoGrande y Johanna Mendelson Forman, eds., Political Parties and Democracy in Central America, Boulder, Colorado, 1992.

Entre los primeros artículos comparativos están Robert J. Alexander, «The Latin American Aprista parties», Political Quarterly, 20 (1949), pp. 236-247; Federico G. Gil, «Responsible parties in Latin America», Journal of Politics, 15 (1953), pp. 333-348; y Russell H. Fitzgibbon, «The Party Potpourri in Latin America», Western Political Quarterly, 10 (marzo de 1957), pp. 3-22. Entre posteriores intentos de describir partidos latinoamericanos citaremos John D. Martz, «Studying Latin American political parties: Dimensions past and present», Journal of Politics, 26 (1964), pp. 509-531; Alan Angell, «Party Systems in Latin America», Political Quarterly, 37 (1966), pp. 309-323; Robert E. Scott, «Political parties and policy-making in Latin America», en Joseph LaPalombara y Myron Weiner, eds., Political Parties and Political Development, Princeton, Nueva Jersey, 1966; Peter Ranis, «A two-dimensional typology of Latin American political parties», Journal of Politics, 38 (1968), pp. 798-832; Douglas Chalmers, «Parties and society in Latin America», Studies in Comparative International Development, 1 (verano de 1972), pp. 102-128; Robert Kaufman, «Corporatism, clientelism, and partisan conflict: A study of seven Latin American countries», en James M. Malloy, ed., Authoritarianism and Corporatism in Latin America, Pittsburgh, Pensilvania, 1977; y Mary J. R. Martz, «Studying Latin American political parties: dimensions past and present», JLAS, 12 (1980), pp. 139-167. Algunos artículos comparativos más recientes son Liliana De Riz, «Política y partidos: Ejercicio de análisis comparado: Argentina, Chile, Brasil y Uruguay», DE, 25 (enero de 1986), pp. 659-682; Scott Mainwaring, «Political parties and democratization in Brazil and the Southern Cone», Comparative Politics, 21 (octubre de 1988), pp. 91-120; y Robert H. Dix, «Cleavage structure and party Systems in Latin America», Comparative Politics, 22 (octubre de 1989), pp. 23-37. Finalmente, véanse tres bibliografías útiles: Harry Kantor, Latin American Political Parties: A Bibliography, Gainesville, Florida, 1968; Alejandro Witkes Velásquez, Bibliografía latinoamericana de política y partidos políticos, San José, Costa Rica, 1988; y Manuel Alcántara, Ismael Crespo y Antonia Martínez, Procesos electorales y partidos políticos en América Latina (1980-1992): Guía bibliográfica, Duke-University of North Carolina Program in Latin American Studies, Working paper n.º 8, Durham y Chapel Hill, Carolina del Norte, 1993.

Se han publicado muchos análisis de las elecciones en países latinoamericanos, aunque también en este caso la mayor parte se refiere a países concretos. De 1963 a 1969 el Institute for the Comparative Study of Political Systems publicó «guías electorales» de calidad variable en las que se analizaban elecciones concretas en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Uruguay como parte de su Election Analysis Series. Enrique C. Ochoa, «The rapid expansión of voter participation in Latin America: Presidential elections, 1845-1986», SALA, 25 (1987), pp. 869-911, proporciona un valioso compendio de estadísticas referentes a la participación electoral en la región. El análisis y la recopilación más completos de las leyes electorales, los índices de participación y los resultados de las votaciones se encuentra en Dieter Nohlen, ed., Enciclopedia electoral latinoamericana y del Caribe, San José, Costa Rica, 1993.

En el decenio de 1980 el Centro Interamericano de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), cuya sede está en San José, Costa Rica, empezó a editar lo que se ha convertido en una larga lista de publicaciones que examinan diferentes rasgos del constitucionalismo, las leyes y los procedimientos electorales, los partidos y los sistemas de partidos en América Latina y en países latinoamericanos concretos. Entre las publicaciones generales del CAPEL pueden citarse: Marcos Kaplan, «Participación política, estatismo y presidencialismo en la América Latina contemporánea», Cuadernos de CAPEL, 1 (San José, Costa Rica, 1985); Francisco Oliart, «Campesinado indígena y derecho electoral en América Latina», Cuadernos de CAPEL, 6 (San José, Costa Rica, 1986); Rolando Franco, «Los sistemas electorales y su impacto político», Cuadernos de CAPEL, 20 (San José, Costa Rica, 1987); Augusto Hernández Becerra y otros, Legislación electoral comparada: Colombia, México, Panamá, Venezuela y Centroamérica, San José, Costa Rica, 1986; Jorge Mario García Laguardia, El régimen constitucional de los partidos políticos en América Latina, San José, Costa Rica, 1986; Dieter Nohlen, La reforma electoral en América Latina: Seis contribuciones al debate, San José, Costa Rica, 1987; Manuel Aragón Reyes y otros, Elecciones y democracia en América Latina, San José, Costa Rica, 1987; y Juan Jaramillo, Marta León Roesch y Dieter Nohlen, eds., Poder electoral y consolidación democrática: Estudios sobre la organización electoral en América Latina, San José, Costa Rica, 1989. Véase también Jorge R. Vanossi y otros, Legislación electoral comparada: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, Montevideo, 1988; y Gabriel Murillo Castaño y Marta María Villaveces de Ordóñez, eds., Conferencia interamericana sobre sistemas electorales, Caracas, 1990.

Con la transición a la democracia en los años ochenta aparecieron varios estudios comparativos de elecciones, entre ellos Paul W. Drake y Eduardo Silva, eds., Elections and Democratization in Latin America: 1980-1985, San Diego, California, 1986, y John A. Booth y Mitchell A. Seligson, eds., Elections and Democracy in Central America, Chapel Hill, Carolina del Norte, 1989. Se incluyen varios casos latinoamericanos en Myron Weiner y Ergun Ozbudun, eds., Comparative Elections in Developing Countries, Durham, Carolina del Norte, 1987.

Entre los artículos que comparan aspectos de las elecciones en América Latina cabe citar Ronald H. McDonald, «Electoral fraud and regime Controls in Latin America», Western Political Quarterly, 25 (1972), pp. 81-93; Martín C. Needler, «The closeness of elections in Latin America», LARR, 12 (1977), pp. 115-121; y Scott Mainwaring, «Politicians, parties and electoral systems: Brazil in comparative perspective», Comparative Politics, 24 (1991), pp. 21-43.

Perspectivas teóricas

Algunos tratadistas ven con perspectiva principalmente cultural el presidencialismo, el centralismo y las posibilidades de que haya democracia. Una exposición que tiene especial valor es Richard Morse, «The heritage of Latin America», en Louis Hartz, ed., The Founding of New Societies, Nueva York, 1964. Véanse también Claudio Véliz, The Centralist Tradition of Latin America, Princeton, Nueva Jersey, 1980 (hay trad. cast.: La tradición centralista de América Latina, Ariel, Barcelona, 1984); Howard Wiarda, The Continuing Struggle for Democracy in Latin America, Boulder, Colorado, 1980, y Political and Social change in Latin America: The Distinct Tradition, 1974; Amherst, Massachusetts, 1982², Boulder, Colorado, 1992³; Glen Dealy, The Public Man: An Interpretation of Latin America and Other Catholic Countries, Amherst, Massachusetts, 1977; y Lawrence Harrison, Underdevelopment Is a State of Mind: The Latin American Case, Lanham, Maryland, 1985 (hay trad. cast.: El subdesarrollo está en la mente: el caso latinoamericano, Playor, Madrid, 1987).

Entre los estudios de la cultura política más empíricos o propios de una tradición filosófica diferente están los siguientes: Susan Tiano, «Authoritarianism and political culture in Argentina and Chile in the mid-1960s», LARR, 21 (1986), pp. 73-98; Norbert Lechner, ed., Cultura política y democratización, Santiago, Chile, 1987; y Susan C. Bourque y Kay B. Warren, «Democracy without peace. The cultural politics of terror in Perú», LARR, 24 (1989), pp. 7-34.

En las postrimerías del decenio de 1950 y durante el de 1960 se publicaron interpretaciones en general más optimistas de la democracia latinoamericana, construidas alrededor de una perspectiva de modernización. Una interpretación inspirada por la escuela estructural-funcionalista se encuentra en george Blanksten, «The politics of Latin America», en Gabriel Almond y James Coleman, eds., The Politics of Developing Areas, Princeton, Nueva Jersey, 1960. Entre las perspectivas que en líneas generales se enmarcan en la escuela de modernización y que combinan puntos de vista culturalistas, institucionales y conductistas se hallan John J. Johnson, Political Change in Latin America: The Emergence of the Middle Sectors, Stanford, California, 1958; Robert J. Alexander, Latin American Politics and Government, 1965; Charles W. Anderson, Politics and Economic Change in Latin America, Princeton, Nueva Jersey, 1967 (hay trad. cast.: Cambio político y económico en la América Latina, FCE, México, 1974); Jacques Lambert, América Latina: estructuras sociales e instituciones políticas, Ariel, Barcelona, 1964; Seymour Martin Lipset y Aldo Solari, eds., Elites in Latin America, Nueva York, 1967 (hay trad. cast.: Élites y desarrollo en América Latina, Paidós, Buenos Aires, 1967); Harry Kantor, Patterns of Politics and Political Systems in Latin America, Chicago, 1969; y Kalman Silvert, Essays in Understanding Latin America, Filadelfia, 1977.

En los años sesenta se produjo en América Latina una fuerte reacción a las perspectivas de modernización, estructural-funcionalistas y conductuales que parecían restarle importancia a los efectos del papel de los Estados Unidos y del conflicto entre las clases sociales. Los puntos de vista que subrayaban la dependencia, el imperialismo y la dominación clasista tendían a descartar la democracia política por considerarla una fachada, no viable o posible instrumento para alcanzar el socialismo revolucionario. Dos interpretaciones clásicas, y muy diferentes, son André Gunder Frank, Capitalism and Underdevelopment in Latin America, Nueva York, 1967 (hay trad. cast.: Capitalismo y subdesarrollo en América Latina, Siglo XXI, México, 1970); y Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto, Dependencia y desarrollo en América Latina, México, D. F., 1969. Véanse también Theotonio Dos Santos, Socialismo o fascismo: Dilema latinoamericano, Santiago, Chile, 1972², y Rodolfo Stavenhagen, «The future of Latin America: Between underdevelopment and revolution», LAP, 1 (1974), pp. 124149. Entre las colecciones importantes de artículos se cuentan James Petras, ed., Latin America: From Dependence to Revolution, Nueva York, 1973; James Petras y Mauricio Zeitlin, Latin America: Reform or Revolution?, Greenwich, Connecticut, 1968 (hay trad. cast.: América Latina: ¿reforma o revolución?, Tiempo Contemporáneo, 1973²); y Ronald H. Chilcote y Joel C. Edelstein, eds., Latin America: The Struggle with Dependency and Beyond, Nueva York, 1974.

La oleada de golpes militares que hubo en los años sesenta y primeros setenta, incluso en los países más industrializados de América Latina, dio lugar a nuevas interpretaciones de las dificultades de la democracia en la región. La más significativa fue la de Guillermo O’Donnell, Modernization and Bureaucratic-Authoritarianism: Studies in South American Politics, Berkeley, 1973; sus argumentos fueron objeto de una reseña extensa y crítica en David Collier, ed., The New Authoritarianism in Latin America, Princeton, Nueva Jersey, 1979. En la misma época aparecieron también interpretaciones no culturalistas y corporativistas de los problemas de la democracia en América Latina; una de las más influyentes fue Philippe C. Schmitter, «Still the Century of Corporatism?», Review of Politics, 36, 1 (1974), pp. 85-131. Una notable interpretación estructuralista de los motivos de las variaciones de las experiencias democráticas en América Latina en un marco comparativo que también examina casos europeos es Dietrich Rueschemeyer, Evelyne Huber Stephens y John D. Stephens, Capitalist Development and Democracy, Chicago, 1992. Goran Therborn, «The travail of Latin American democracy», New Left Review, n.os 113-114 (1979), pp. 77-109, es una aportación interesante. Se centra más en los movimientos sociales Alain Touraine, Actores sociales y sistemas políticos en América Latina, Santiago, Chile, 1987. Un marco interpretativo valioso, aunque ecléctico, y capítulos que examinan el historial democrático de diez países latinoamericanos se encuentran en Larry Diamond, Juan J. Linz y Seymour Martín Lipset, eds., Democracy in Developing Countries, vol. 4: Latin America, Boulder, Colorado, 1989.

Comprender el papel de los Estados Unidos es fundamental en muchos de estos debates en torno a la democracia en América Latina. Sobre primero el avance y posteriormente el retroceso de la democracia y la influencia, directa e indirecta, de los Estados Unidos en ambos fenómenos durante el período inmediatamente posterior a la segunda guerra mundial, véase Leslie Bethell e Ian Roxborough, eds., Latin America between the Second World War and the Coid War, 1944-1948, Cambridge, 1992. Una visión escéptica de las elecciones patrocinadas por los Estados Unidos como democracia es Edward S. Herman y Frank Brodhead, Demonstration Elections: U. S.-Staged Elections in the Dominican Republic, Vietnam, and El Salvador, Boston, 1984. Se encuentran opiniones divergentes en Julio Cotler y Richard R. Fagen, eds., Latin America and the United States: The Changing Political Realities, Stanford, California, 1974 (hay trad. cast.: Relaciones políticas entre América Latina y Estados Unidos, Amorrortu, Buenos Aires, 1974). También son útiles los artículos de Howard J. Wiarda, «Can democracy be exported? The quest for democracy in U. S.-Latin American Policy», y Guillermo O’Donnell, «The United States, Latin America, democracy: Variations on a very old theme», ambos en Kevin Middlebrook y Carlos Rico, eds., The United States and Latin America in the 1980s: Contending Perspectives on a Decade in Crisis, Pittsburgh, Pensilvania, 1986, y varios artículos en Robert A. Pastor, ed., Democracy in the Americas: Stopping the Pendulum, Nueva York, 1989. Un examen detallado de los Estados Unidos y la democracia en América Latina en el siglo XX se encuentra en Abraham F. Lowenthal, ed., Exporting Democracy: The United States and Latin America, Baltimore, 1991. Véase también Thomas Carothers, In the Name of Democracy: U. S. Policy Toward Latin America in the Reagan Years, Berkeley, 1991.

Otro centro de atención especialmente en los años ochenta y primeros noventa ha sido la relación entre los problemas económicos y la democracia. Véanse Jonathan Hartlyn y Samuel A. Morley, eds., Latin American Political Economy: Financial Crisis and Political Change, Boulder, Colorado, 1986; John Sheahan, Patterns of Development in Latin America: Poverty, Repression, and Economic Strategy, Princeton, Nueva Jersey, 1987; Barbara Stallings y Robert Kaufman, eds., Debí and Democracy in Latin America, Boulder, Colorado, 1989 (hay trad. cast.: Banquero para el Tercer Mundo: inversiones de cartera de Estados Unidos en América Latina, 1900-1986, Alianza Editorial de México-Consejo de la Cultura y las Artes, México, D. F., 1990); Jeffry A. Frieden, Debí, Development and Democracy: Modern Political Economy and Latin America, 1965-1985, Princeton, Nueva Jersey, 1991; y Stephen Haggard y Robert Kaufman, eds., The Politics of Economic Adjustment: International Constraints, Distributive Conflicts and the State, Princeton, Nueva Jersey, 1992.

Al lado de los puntos de vista culturalistas y estructuralistas de la democracia en América Latina otros han hecho hincapié en rasgos y procesos políticos e institucionales durante momentos críticos. Juan Linz y Alfred Stepan, eds., The Breakdown of Democratic Regimes, Baltimore, 1978, analizan cuándo, cómo y por qué fracasan las democracias [Juan Linz ha publicado en castellano La quiebra de las democracias, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1990]. Véanse la introducción general de Juan Linz, un capítulo cuya extensión es de libro sobre Chile y la ruptura de 1973 escrito por Arturo Valenzuela, y capítulos de otros autores, algunos con una interpretación más histórico-cultural, sobre otros cinco países latinoamericanos.

Las obras más orientadas al proceso y centradas en cuestiones de elección institucional y política son especialmente evidentes en el análisis de las transiciones democráticas, en particular la oleada de transiciones de finales de los años setenta y los ochenta. Un artículo influyente que se cuenta entre los primeros fue Dankwart Rustow, «Transitions to democracy: Toward a dynamic model», Comparative Politics, 2 (1970), pp. 337-363.

Una fuente esencial es Guillermo O’Donnell, Philippe C. Schmitter y Laurence Whitehead, eds., Transitions from Authoritarian Rule, Baltimore, 1986 (hay trad. cast.: Transiciones desde un gobierno autoritario, Paidós, Barcelona, 1989), que contiene varios capítulos comparativos, el estudio de ocho países latinoamericanos y una larga conclusión. Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, Norman, Oklahoma, 1991 (hay trad. cast.: La tercera ola: la democratización a finales del siglo XX, Paidós, Barcelona, 1994), contiene muchos casos latinoamericanos. Véanse también Enzo Faletto, ed., Movimientos populares y alternativas de poder en Latinoamérica, Puebla, 1980; Robert Wesson, ed., Democracy in Latin America: Promises and Problems, Stanford, California, 1982; Archibald Ritter y David Pollack, eds., Latin American Prospects for the 1980s: Equity, Democracy and Development, Nueva York, 1983; Francisco Orrego Vicuña y otros, Transición a la democracia en América Latina, Buenos Aires, 1985; Alain Rouquié, Bolívar Lamounier y Jorge Schvarzer, eds., Como renascem as democracias, São Paulo, 1985; Scott Mainwaring y Eduardo Viola, «Transitions to democracy: Brazil and Argentina in the 1980s», Journal of International Affairs, 38 (1985), pp. 193-219; Karen Remmer, «Redemocratization and the impact of authoritarian rule in Latin America», Comparative Politics, 17 (1985), pp. 253-275; James Malloy y Mitchell Seligson, eds., Authoritarians and Democrats: Regime Transition in Latin America, Pittsburgh, Pensilvania, 1987; Enrique Baloyra, ed., Comparing New Democracies: Transitions and Consolidations in Mediterranean Europe and the Southern Cone, Boulder, Colorado, 1987; «Transición y perspectivas de la democracia en Iberoamérica», Pensamiento Iberoamericano, Revista de Economía Política, 14 (1988), pp. 7-317; Dieter Nohlen y Aldo Solari, eds., Reforma política y consolidación democrática: Europa y América Latina, Caracas, 1988; Edelberto Torres Rivas, Centroamérica: la democracia posible, 1.ª ed., Editorial Universitaria Centroamericana, Ciudad Universitaria Rodrigo Fació, Costa Rica, 1987; Carlos Barba Solano, José Luis Barros Horcasitas y Javier Hurtado, eds., Transiciones a la democracia en Europa y América Latina, México, D. F., 1991; Manuel Alcántara Sáez, ed., «Número monográfico sobre política en América Latina», Revista de Estudios Políticos, 74 (1991); y John Higley y Richard Gunther, eds., Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe, Cambridge, Inglaterra, 1992.

Un intento de medir la democracia en América Latina basándose en las opiniones de un grupo de expertos lo empezó Russell H. Fitzgibbon y se ha actualizado periódicamente. Véanse Russell H. Fitzgibbon, «Measuring democratic change in Latin America», Journal of Politics, 39, 1 (1967), pp. 129-166; Kenneth F. Johnson, «Measuring the scholarly image of Latin American democracy: 1945 to 1970», en James W. Wilkie y Kenneth Ruddle, eds., Methodology in Quantitative Latin American Studies, Los Ángeles, 1976; Kenneth J. Johnson, «Scholarly images of Latin American political democracy in 1975», LARR, 11, 2 (1976), pp. 129-140; y Kenneth F. Johnson, «The 1980 Image-Index Survey of Latin American political democracy», LARR, 17, 3 (1982), pp. 193-201.

Una de las tareas más difíciles sigue siendo la conceptualización de la democracia política y la creación de tipologías de la democracia. Una fuente inicial y esencial es la obra de Robert A. Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition, New Haven, Connecticut, 1971 (hay trad. cast.: La poliarquía: participación y oposición, Tecnos, Madrid, 1990). Muchos de los autores que hemos citado (entre ellos Linz y Stepan; O’Donnell, Schmitter y Whitehead; Diamond, Linz y Lipset; Rueschemeyer, Stephens y Stephens; Wiarda; y Johnson) han intentado crear tipologías de la democracia basándose en factores que van de la estabilidad al grado de respeto por las libertades civiles y los derechos políticos, de participación de la población en el sistema de gobierno democrático, de control de las fuerzas armadas por parte de civiles, a la ampliación de la democracia en el terreno de lo social y lo económico.

2. La izquierda en América Latina desde c. 1920

Para los primeros años del movimiento comunista en América Latina, véanse Robert Alexander, Communism in Latin America, New Brunswick, Nueva Jersey, 1957, y Trotskyism in Latin America, Stanford, California, 1973; y Rollie Poppino, International Communism in Latin America: A History of the Movement, 1917 to 1963, Nueva York, 1964. Para excelentes colecciones de documentos, véanse Stephen Clissold, ed., Soviet Relations with Latin America, 1918 to 1968: A Documentary Survey, Londres, 1970, y Luis Aguilar, ed., Marxism in Latin America, Filadelfia, 1978.

Las relaciones entre América Latina y el Komintern se tratan de manera provocativa en Manuel Caballero, La Internacional comunista y la revolución latinoamericana: 1919-1943, Nueva Sociedad, Caracas, 1987. Es muy sobresaliente el análisis detallado del Komintern en América Central que aparece en Rodolfo Cerdas, La Internacional Comunista, América Latina y la revolución en Centroamérica, San José, Costa Rica, 1986. Dos libros proporcionan información exhaustiva de las relaciones entre América Latina y la Unión Soviética: Nicola Miller, Soviet Relations with Latin America, 1959-1987, Cambridge, Inglaterra, 1989, y Eusebio Mujal-León, ed., The USSR and Latin America: A Developing Relationship, Londres, 1989. Véanse también el artículo de Rodolfo Cerdas Cruz «New directions in Soviet policy towards Latin America», JLAS, 21, 1 (1989), pp. 1-22, y Fernando Bustamante, «Soviet foreign policy toward Latin America», JLAS, 32, 4 (1990), pp. 35-65. Colé Blasier examina las percepciones soviéticas de América Latina en The Giant’s Rival: The USSR and Latin America, Pittsburgh, Pensilvania, 1983. Véanse también J. G. Oswald, ed., The Soviet Image of Contemporary Latin America: A Documentary History, 19601968, Austin, Texas, 1970; William E. Ratliff, Castroism and communism in Latin America, 1959-1976, Washington, D. C., 1976; Augusto Varas, ed., Soviet-Latin America relations in the 1980s, Boulder, Colorado, 1986; y Robert Leiken, Soviet Strategy in Latin America, Washington, D. C., 1982. Para las actividades de la Internacional Socialista en América Latina, véase Felicity Williams, La Internacional Socialista y América Latina, México, D. F., 1984.

La polémica entre Mariátegui y el Komintern fue el primero de muchos debates entre la ortodoxia y la «herejía» en el mundo del comunismo latinoamericano. Sobre dicho debate, véanse Alberto Flores Galindo, La agonía de Mariátegui: La polémica con la Komintern, Lima, 1980; Carlos Franco, Del Marxismo eurocéntrico al Marxismo latinoamericano, Lima, 1981; Harry Vanden, «Mariátegui, marxismo, comunismo and other bibliographical notes», LARR, 14, 3 (1979), pp. 61-86, y National Marxism in Latin America: José Carlos Mariáte-gui’s Thought and Politics, Boulder, Colorado, 1986; y Ricardo Martínez de la Torre, Apuntes para una interpretación marxista de la historia social del Perú, Lima, 1947. El más conocido de los libros de Mariátegui es Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Lima, 1928.

Los estudios de la importancia del marxismo como ideología en América Latina son bastante escasos y decepcionantes. Sin embargo, hay excepciones, especialmente en los escritos de José Aricó: véanse Marx y América Latina, Lima, 1980, y «El Marxismo en América Latina», en Fernando Calderón, ed., Socialismo, autoritarismo y democracia, Lima, 1989. Otro observador agudo es Tomás Moulián, Democracia y socialismo en Chile, Santiago, Chile, 1983. Una excelente y detallada exposición de ideas marxistas sobre el subdesarrollo es Gabriel Palma, «Dependency: A formal theory of underdevelopment or a methodology for the analysis of concrete situations of underdevelopment», World Development, 6, 7-8 (1978), pp. 881-924. Sheldon Liss, Marxist Thought in Latin America, Berkeley, 1984, es detallada pero bastante desprovista de sentido crítico. Una antología útil es Michael Lowy, ed., El marxismo en América Latina de 1909 a nuestros días, México, D. F., 1982. Un intento de salvar la tradición marxista para la izquierda latinoamericana contemporánea es Richard Harris, Marxism, Socialism and Democracy in Latin America, Boulder, Colorado, 1992. Véanse también los artículos que contiene el NACLA Report, The Latin American Left: A Painjul Rebirth, 25, 5 (1992).

Aunque no tiene relación directa con el marxismo, hay un examen interesante de la relación entre la izquierda y la cultura en Jean Franco, The Modern Culture of Latin America: Society and the Artist, Londres, 1967 (hay trad. cast.: La cultura moderna en América Latina, Joaquín Mortiz, México, D. F., 1971), y en su libro sobre el poeta peruano César Vallejo titulado César Vallejo: The Dialectics of Poetry and Silence, Cambridge, 1976 (hay trad. cast.: César Vallejo: la dialéctica de la poesía y el silencio, Sudamericana, Buenos Aires, 1976). Gerald Martin, Journeys through the Labyrinth: Latin American Fiction in the Twentieth Century, Londres, 1989, entre sus muchas otras cualidades, investiga el compromiso político de los escritores latinoamericanos. Uno de los pocos estudios específicos que se toman en serio las ideas y las ideologías, aunque algunas de tales ideas fuesen extrañas, es Donald Hodges, Intellectual Foundations of the Nicaraguan Revolution, Austin, Texas, 1986. La importancia ideológica y política de la guerra civil española para los países latinoamericanos está bien tratada en Mark Falcoff y Frederick Pike, eds., The Spanish Civil War: American Hemispheric Perspectives, Lincoln, Nebraska, 1982. Para el importante período que siguió a la segunda guerra mundial, véase Leslie Bethell e Ian Roxborough, eds., Latin America between the Second World War and the Coid War, 1944-1948, Cambridge, 1992.

Los libros de memorias de marxistas o ex marxistas son relativamente escasos y no siempre dignos de confianza. Pero merece la pena leerse, para Chile, Elías Lafertte, Vida de un comunista, Santiago, Chile, 1961; Pablo Neruda, Confieso que he vivido: Memorias, Barcelona, 1983; y el ex agente del Komintern convertido en anticomunista combativo Eudocio Ravines, The Yenan Way, Nueva York, 1951. Para México, véase Valentín Campa, Mi testimonio: Experiencias de un comunista mexicano, México, D. F., 1978. Es muy notable el relato que hace Roque Dalton de la vida del veterano comunista salvadoreño Miguel Mármol: Miguel Mármol: los sucesos de 1932 en El Salvador, San Salvador, 1972; Editorial Universitaria Centroamericana, EDUCA, s. 1., 1982². Sobre otra destacada figura salvadoreña, véase Jorge Arias Gómez, Farabundo Martí: Esbozo biográfico, San José, Costa Rica, 1972. Para Argentina, véanse José Peter, Historia y luchas de los obreros del carne, Buenos Aires, 1947, y Crónicas proletarias, Buenos Aires, 1968. Para las memorias de un importante agente del Komintern que actuó en México, véase M. N. Roy, Memoirs, Bombay, 1964. Y para las memorias de un activista obrero del extremo opuesto del espectro político, véase Serafino Romualdi, Presidents and Peons: Recollections of a Labor Ambassador in Latin America, Nueva York, 1967.

Sobre el comunismo chino en América Latina después de la ruptura entre la Unión Soviética y China, véanse Cecil Johnson, Communist China and Latin America, 1959-1967, Nueva York, 1970, y «China and Latin America: New ties and tactics», Problems of Communism, 21, 4 (1972); J. L. Lee, «Communist China’s Latin America policy», Asían Survey (noviembre de 1964); Alain Joxe, El conflicto chinosoviético en América Latina, Montevideo, 1967; y Alan Angell, «Classroom maoists: The politics of Peruvian schoolteachers under military government», BLAR, 1, 2 (1982), pp. 1-20. Véase también Ernest Halperin, «Peking and the Latin American communists», China Quarterly (enero de 1967).

Las guerrillas que surgieron a raíz de la revolución cubana se comentan con mucho detalle, pero escaso sentido critico, en Richard Gott, Rural Guerrillas in Latin America, Londres, 1973. La estrategia de las guerrillas se derivaba de la crónica influyente pero parcial que Regis Debray hizo del éxito de la revolución cubana en Revolution in the Revolution?, Londres, 1968 (hay trad. cast.: ¿Revolución en la revolución?, Fondo de Cultura General, Lima, s. f.). Más adelante Debray escribió una obra en dos volúmenes titulada La crítica de las armas, México, D. F., 1974, que expone sus teorías revisadas e incluye estudios sobre la guerrilla en Venezuela, Guatemala y Uruguay. El diario del Che en Bolivia, México, D. F., 1968, revela muy bien los problemas que se les plantean a los guerrilleros rurales. Véase también I. L. Horowitz, Latin American Radicalism: A Documentary Report on Left and Nationalist Movements, Londres, 1969. Una crónica más reciente de la izquierda revolucionaria es Ronaldo Munck, Revolutionary Trends in Latin America, Monograph Series, n.º 17, Centre for Developing Area Studies, McGill University, Montreal, 1984. Véase también el perceptivo artículo de Steve Ellner titulado «The Latin American Left since Allende: Perspectives and new directions», LARR, 24, 2 (1989), pp. 146-167.

Sobre la revolución cubana se ha escrito muchísimo. Entre las obras que la examinan con perspectiva comparativa o teórica están James O’Connor, The Origins of Socialism in Cuba, Ithaca, Nueva York, 1970 (hay trad. cast.: Los guerrilleros en el poder, Seix Barral, 1972, s. 1.); K. S. Karol, Guerrillas in Power, Nueva York, 1970; D. Bruce Jackson, Castro, the Kremlin and Communism in Latin America, Baltimore, 1969; Andrés Suárez, Cuba, Castro and Communism, 19591966, Cambridge, Massachusetts, 1967; Bertram Silverman, ed., Man and Socialism in Cuba, Nueva York, 1972; Jorge Domínguez, Cuba: Order and Revolution, Cambridge, Massachusetts, 1978. El marxismo en Cuba antes de Castro se describe en Sheldon Liss, Roots of Revolution: Radical Thought in Cuba, Lincoln, Nebraska, 1987. Sobre el Partido Comunista antes de Castro, véanse Harold Sims, «Cuban labor and the Communist Party, 1937-1958», Cuban Studies, 15, 1 (1985); y Antonio Ávila y Jorge García Montes, Historia del Partido Comunista de Cuba, Miami, 1970. Maurice Zeitlin, Revolutionary Politics and the Cuban Working Class, Nueva York, 1967, investiga las ideas políticas de los cubanos normales y corrientes.

La calidad de las obras que tratan de los movimientos izquierdistas en los distintos países por separado es muy variable. En general, hay demasiados trabajos escritos por partidarios apasionados o por no menos apasionados detractores.

Argentina

Un tratamiento insólitamente erudito de la guerrilla urbana en Argentina es Richard Gillespie, Soldiers of Perón: Argentina’s Montoneros, Oxford, 1982; pero véase la reseña de dicho libro que hizo Celia Szusterman, en JLAS, 16, 1 (1984), pp. 157-170. Las relaciones entre Argentina y la URSS reciben un tratamiento acertado en Mario Rapoport, «Argentina and the Soviet Union: History of political and commercial relations, 1917-1955», HAHR, 66, 2 (1986), pp. 239-285; y en Aldo Vacs, Los socios discretos: el nuevo carácter de las relaciones entre la Argentina y la Unión Soviética, Sudamericana, Buenos Aires, 1984.

Para las ideas políticas de la izquierda en Argentina durante el periodo de entreguerras, véanse Horoschi Matsushita, El movimiento obrero argentino, 1930-1945, Buenos Aires, 1983, y David Tamarin, The Argentine Labor Movement, 1930-1945: A Study in the Origins of Peronism, Albuquerque, Nuevo México, 1985. Sobre el movimiento obrero también son útiles Samuel L. Baily, Labor, Nationalism and Politics in Argentina, New Brunswick, Nueva Jersey, 1967 (hay trad. cast.: Movimiento obrero, nacionalismo y política en la Argentina, Paidós, Buenos Aires, 1984), y Ronaldo Munck, Argentina from Anarchism to Peronism, Londres, 1987. La mejor valoración de la forma en que el peronismo se ganó el apoyo de la clase trabajadora argentina es Daniel James, Resistance and Integration: Peronism and the Argentine Working Class, 1946-1976, Cambridge, 1988 (hay trad. cast.: Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976, Sudamericana, Buenos Aires, 1988). Un ataque feroz contra el Partido Comunista argentino es el que Jorge Abelardo Ramos lanza en Historia del estalinismo en Argentina, Buenos Aires, 1969. Un estudio más reciente es Ricardo Falcón y Hugo Quiroga, Contribución al estudio de la evolución ideológica del Partido Comunista Argentino, Buenos Aires, 1984. Para la crónica oficial de las relaciones del Partido Comunista con el peronismo, véase Óscar Arévalo, El Partido Comunista, Buenos Aires, 1983. Para un punto de vista peronista de izquierdas, véase Rodolfo Puiggrós, Las izquierdas y el problema nacional, Buenos Aires, 1973. Sobre el Partido Socialista, véase Richard J. Walter, The Socialist Party of Argentina, 1890-1930, Austin, Texas, 1977. Para el trotskismo, véase Osvaldo Coggiola, El trotskismo en la Argentina, 1960-1985, 2 vols., Buenos Aires, 1986.

Brasil

Hay varios estudios interesantes de la izquierda brasileña. Para los primeros años, véanse Astrojildo Pereira, Formação do PCB, Río de Janeiro, 1962; John W. F. Dulles, Anarchists and communists in Brazil, 1900-1935, Austin, Texas, 1973; y Sheldon Maram, «Labor and the Left in Brazil, 1890-1921», HAHR, 57, 2 (1977), pp. 254-272. Para un examen detenido y crítico de un período más largo, véase Ronald Chilcote, The Brazilian Communist Party; Conflict and Integration 1922-1972, Nueva York, 1974. Sobre el Partido Comunista, véase también Leoncio Martins Rodrigues, «O PCB: os dirigentes e a organizaçáo», en Boris Fausto, ed., Historia geral de la civilização brasileira, vol. 10, São Paulo, 1981. Los problemas que se le plantearon a la izquierda brasileña al tratar de hacer frente a la importante coyuntura posterior a la segunda guerra mundial aparecen bien ilustrados en Leslie Bethell e Ian Roxborough, eds., Latin America between the Second World War and the Coid War, 1944-1948, Cambridge, 1992, y en John French, «Workers and the rise of Adhemarista populism in São Paulo, Brazil 1945-1947», HAHR, 68, 1 (1988), pp. 1-43. Para la manera en que el estado brasileño controlaba al trabajo, véase Kenneth P. Erickson, The Brazilian Corporate State and Working Class Politics, Berkeley, 1977. Véase también John W. F. Dulles, Brazilian Communism 1935-1945: Repression during world upheaval, Austin, Texas, 1983. Defensor de la lucha armada es João Quartim, Dictatorship and Armed Struggle in Brazil, Londres, 1971; y un participante que luego moriría en un enfrentamiento con el ejército es Carlos Marighela For the Liberation of Brazil, Londres, 1971. Véase también Jacob Gorender, Combate nas trevas: A esquerda brasileira; das ilusões perdidas à luta armada, São Paulo, 1987. Sobre el Partido dos Trabalhadores, véanse Rachel Meneguello, PT: A formação de un partido, 1979-1982, São Paulo, 1989, y Leoncio Martins Rodrigues, Partidos e sindicatos, São Paulo, 1990. Dos estudios recientes del Partido dos Trabalhadores son Emir Sader y Ken Silverstein, Without Fear of Being Happy: Lula, the Workers Party and Brazil, Londres, 1991; y el notable libro de Margaret Keck, The Workers Party and Democratizaron in Brazil, New Haven, Connecticut, 1992.

Chile

La izquierda chilena ha recibido mucha atención, lo cual refleja su importancia en la política del país. Una excelente interpretación global es Julio Faúndez, Marxism and Democracy in Chile: From 1932 to the Fall of Allende, New Haven, Connecticut, y Londres, 1988. El pionero de los estudios obreros en Chile escribió extensamente sobre las ideas políticas del movimiento sindical: véase Jorge Barría, Trayectoria y estructura del movimiento sindical chileno, Santiago, Chile, 1963, e Historia de la CUT, Santiago, Chile, 1971. Las relaciones entre los partidos de la izquierda y los sindicatos también se comentan en Alan Angell, Politics and the Labour Movement in Chile, Oxford, 1972. Crónica brillante de la ocupación de una fábrica por los trabajadores bajo el gobierno de Allende es Peter Winn, Weavers of Revolution: The Yarur Workers and Chile’s Road to Socialism, Nueva York, 1986.

Hernán Ramírez Necochea ofrece la interpretación oficial del Partido Comunista en su influyente Origen y formación del Partido Comunista de Chile, Santiago, Chile, 1965. Una tesis de doctorado excelente e inédita es Andrew Barnard, «The Chilean Communist Party, 1922-1947», Universidad de Londres, 1977. Entre los estudios más recientes cabe citar Carmelo Furci, The Chilean Communist Party and the Road to Socialism, Londres, 1984; Eduardo Godard Labarca, Corvalán, 27 horas, Santiago, Chile, 1973; y Augusto Varas, ed., El Partido Comunista en Chile, Santiago, Chile, 1988. Ernest Halperin se ocupa de las relaciones entre los socialistas y los comunistas en Nationalism and Communism in Chile, Cambridge, Massachusetts, 1965. Sobre los socialistas, véase Julio César Jobet, El Partido Socialista de Chile, 2 vols., Santiago, Chile, 1971; Fernando Casanueva y Manuel Fernández, El Partido Socialista y la lucha de clases en Chile, Santiago, Chile, 1973; y Benny Pollack y Hernán Rosenkranz, Revolutionary Social Democracy: The Chilean Socialist Party, Londres, 1986. Tres libros tratan del replanteamiento del socialismo en Chile: Jorge Arrate, La fuerza democrática de la idea socialista, Santiago, Chile, 1987, y, en edición del mismo autor, La renovación socialista, Santiago, Chile, 1987; y Ricardo Lagos, Democracia para Chile: Proposiciones de un socialista, Santiago, Chile, 1986. La crónica más minuciosa de la evolución del Partido Socialista es Paul Drake, Socialism and Populism in Chile, 1932-1952, Urbana, Illinois, 1978. Una crónica estimulante y más reciente es Ignacio Walker, Socialismo y democracia: Chile y Europa en perspectiva comparada, Santiago, Chile, 1990.

Se han publicado muchísimas obras sobre el gobierno de Allende. Para crónicas que tienen relación con el presente capítulo, véase Eduardo Labarca Godard, Chile al rojo, Santiago, Chile, 1971, que hace una crónica fascinante de los orígenes del gobierno. Para una buena reseña de lo que se ha publicado sobre el asunto, véase Lois Hecht Oppenheim, «The Chilean road to socialism revisited», LARR, 24, 1 (1989), pp. 155-183. Las ideas de Allende se examinan en Regis Debray, Conversations with Allende, Londres, 1971. Una crónica de interés escrita por un ayudante del presidente es Joan Garcés, Allende y la experiencia chilena, Barcelona, 1976. La mejor crónica de la economía política del periodo es Sergio Bitar, Transición, socialismo y democracia: La experiencia chilena, México, D. F., 1979. Un buen tratamiento de las relaciones con la Unión Soviética es Isabel Turrent, La Unión Soviética en América Latina: el caso de la Unidad Popular chilena, México, D. F., 1984.

Uruguay

Para la historia del comunismo en Uruguay, véase Eugenio Gómez, Historia del Partido Comunista del Uruguay, Montevideo, 1961. Para el movimiento sindical, véanse Francisco Pinto, Historia del movimiento obrero del Uruguay, Montevideo, 1960, y Héctor Rodríguez, Nuestros sindicatos, 1865-1965, Montevideo, 1965. Para la lucha armada en Uruguay, véase la crónica demasiado favorable de Alain Labrousse, The Tupamaros, Londres, 1973.

Bolivia

El texto básico sobre la izquierda boliviana es la obra del historiador y activista trotskista Guillermo Lora, Historia del movimiento obrero boliviano, 4 vols., Los Amigos del Libro, La Paz, 1968-1980. Un libro bastante diferente es obra de un funcionario del USAID, John Magill, Labour Unions and Political Socializaron: A Case Study of the Bolivian Workers, Nueva York, 1974. Un examen detallado de los problemas de la izquierda contemporánea en Bolivia es James Dunkerley, Rebellion in the Veins: Political Struggle in Bolivia, Londres, 1984. El comportamiento electoral del sector más radical de la población activa se examina en Laurence Whitehead, «Miners as voters: The electoral process in Bolivia’s mining camps», JLAS, 13, 2 (1981), pp. 313-346.

Colombia

La versión oficial de la historia moderna de Colombia tal como la ve el Partido Comunista del país es Treinta años de lucha del Partido Comunista de Colombia, Bogotá, 1960. Los puntos de vista del partido relativos al movimiento sindical se expresan en Edgar Caicedo, Historia de las luchas sindicales en Colombia, Bogotá, 1977. Una crónica marxista de las luchas populares es Manuel Moncayo y Fernando Rojas, Luchas obreras y política laboral en Colombia, Bogotá, 1978. Dos obras importantes sobre el trabajo visto con perspectivas diferentes son Miguel Urrutia, Development of the Colombian Labor Movement, New Haven, Connecticut, 1969, y Daniel Pécaut, Política y sindicalismo en Colombia, Bogotá, 1973. Una crónica clásica de un activista comunista en los años veinte y treinta es Ignacio Torres Giraldo, Los Inconformes, Bogotá, 1978. Para el primer período, véase también Gonzalo Sánchez, Los «bolcheviques» de El Líbano, Bogotá, 1976. Sobre Gaitán, véase Herbert Braun, The Assassination of Gaitán: Public Life and Urban Violence in Colombia, Madison, Wisconsin, 1985 (hay trad. cast.: Mataron a Gaitán: vida pública y violencia urbana en Colombia, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1987). Sobre la violencia, véase Paul Oquist, Violence, Conflict and Politics in Colombia, Nueva York, 1980.

Perú

Un buen artículo sobre la izquierda peruana es Evelyne Huber Stephens, «The Peruvian military government, labor mobilization and the political strength of the left», LARR, 18, 2 (1983), pp. 57-93. Véase también Jorge Nieto, Izquierda y democracia en el Perú, 1975-1980, Lima, 1983, y Guillermo Rochabrún, «Crisis, democracy and the left in Perú», LAP, 15, 3 (1988), pp. 77-96. Un artículo excelente sobre la guerrilla es León Campbell, «The historiography of the Peruvian guerrilla movement, 1960-1963», LARR, 8, 1 (1973), pp. 45-70; y para una crónica escrita por un participante, véase Héctor Béjar, Perú 1965: Apuntes sobre una experiencia guerrillera, Lima, 1969. El organizador sindical trotskista da su versión de la lucha campesina en Hugo Blanco, Tierra o muerte: las luchas campesinas en Perú, Siglo XXI, México, 1972, y sobre Hugo Blanco, véase Tom Brass, «Trotskyism, Hugo Blanco and the ideology of a Peruvian peasant movement», Journal of Peasant Studies, 16, 2 (1989), pp. 173-197. El secretario general del Partido Comunista, Jorge del Prado, ha escrito 40 años de lucha, Lima, 1968. Sobre Sendero Luminoso, véanse Gustavo Gorriti, Sendero: Historia de la guerra milenaria en el Perú, Lima, 1990; Cynthia McClintock, «Peru’s Sendero Luminoso rebellion: Origins and trajectory», en Susan Eckstein, ed., Power and Popular Protest, Berkeley, 1989; y Carlos Iván Degregori, Ayacucho 1969-1979: El surgimiento de Sendero Luminoso, Lima, 1990.

Venezuela

Sobre Venezuela, Rómulo Betancourt, Venezuela, política y petróleo, México, D. F., 1956, es una fuente básica para muchos aspectos de la política del país. Véase también la biografía escrita por Roben Alexander, Rómulo Betancourt and the Transformation of Venezuela, New Brunswick, Nueva Jersey, 1982. Un activista comunista hace su crónica en Juan Bautista Fuenmayor, Veinte años de historia, Caracas, 1980. Para el primer período del movimiento comunista, véase Manuel Caballero, Entre Gómez y Stalin, Caracas, 1989. Para la lucha entre la Acción Democrática y el Partido Comunista en los sindicatos, véanse Steve Ellner, Los partidos políticos y su disputa por el control del movimiento sindical en Venezuela, 1936-1948, Caracas, 1980; y, del mismo autor, «The Venezuela left in the era of the Popular Front», JLAS, 11, 1 (1979); Héctor Lucena, El movimiento obrero y las relaciones laborales, Carabobo, 1981; y Alberto Pía y otros, Clase obrera, partidos y sindicatos en Venezuela, 1936-1950, Caracas, 1982. Una crónica de la experiencia de la guerrilla escrita por una participante desilusionada es Angela Zago, Aquí no ha pasado nada, Caracas, 1972. Un estudio notable de la izquierda venezolana en años más recientes es Steve Ellner, Venezuela’s Movimiento al Socialismo: From Guerrilla Defeat to Innovative Politics, Durham, Carolina del Norte, 1988. Un destacado miembro de la nueva izquierda, Teodoro Petkoff, ha escrito ¿Socialismo para Venezuela?, Caracas, 1970, Razón y pasión del socialismo, Caracas, 1973, y Del optimismo de la voluntad: Escritos políticos, Caracas, 1987.

México

La principal obra sobre la izquierda mexicana es Barry Carr, Marxism and Communism in Twentieth-Century Mexico, Lincoln, Nebraska, 1992. Una excelente serie de ensayos sobre México que abarca todo el período es Amoldo Martínez Verdugo, ed., Historia del comunismo en México, México, D. F., 1983. Los primeros años de la izquierda mexicana se examinan minuciosamente en Barry Carr, El movimiento obrero y la política en México, 1910-1929, México, D. F., 1981; y véanse también Arnaldo Córdoba, La clase obrera en la historia de México; vol. 9: En una época de crisis, 1928-1934, México, D. F., 1980, y Manuel Márquez Fuentes y Octavio Rodríguez Araujo, El Partido Comunista Mexicano, 1919-1943, México, D. F., 1973. Para los cruciales años de Cárdenas, véanse Samuel León e Ignacio Marván, La clase obrera en la historia de México: En el cardenismo 1934-1940, México, D. F., 1985, y Arturo Anguiano, Guadalupe Pacheco y Rogelio Viscaino, Cárdenas y la izquierda mexicana, México, D. F., 1975. El influyente artista y miembro destacado del Partido Comunista David Alfaro Siqueiros ha escrito sus memorias, Me llamaban el Coronelazo, México, D. F., 1977. Una buena crónica de los primeros tiempos de la izquierda es Gastón García Cantó, El socialismo en México, México, D. F., 1969. No hay ninguna biografía satisfactoria del influyente Lombardo Toledano; véase, sin embargo, R. Millón, Mexican Marxist: Vicente Lombardo Toledano, Chapel Hill, Carolina del Norte, 1966. Karl Schmitt, Communism in Mexico, Austin, Texas, 1965, contiene información útil. Barry Carr, «Mexican communism, 1968-1981: eurocommunism in the Americas?», JLAS, 17, 1 (1985), pp. 201-228, es un artículo importante. El miedo de las clases medias al marxismo se describe bien en Soledad Loaeza, Clases medias y política en México, México, D. F., 1988. Para el período reciente, véanse Barry Carr y Ricardo Anzaldua Montoya, eds., The Mexican Left, the Popular Movements, and the Politics of Austerity, San Diego, California, 1986; y también de Barry Carr, «The creation of the Mexican Socialist Party», Journal of Communist Studies, 4, 3 (1988).

América Central

Un estudio soberbio de América Central con mucha información que ayuda a comprender los éxitos y los fracasos de la izquierda en esta región es James Dunkerley, Power in the Isthmus: A Political History of Modern Central America, Londres, 1988; véase también Robert Wesson, ed., Communism in Central America and the Caribbean, Stanford, California, 1982. Un buen ensayo es John Booth, «Socioeconomic and political roots of national revolts in Central America», LARR, 26, 1 (1991), pp. 33-74. Para el interés del socialismo europeo por América Latina, véase Eusebio Mujal León, European Socialism and the Crisis in Central America, Washington, D. C., 1989.

Sobre los trágicos acontecimientos de 1932 en El Salvador, véanse Thomas Anderson, Matanza: El Salvador’s Communist Revolt of 1932, Lincoln, Nebraska, 1971, y Vinicio González, «La insurrección salvadoreña de 1932 y la gran huelga hondureña de 1954», RMS, 40, 2 (1978). Sobre El Salvador, véanse también Tommie Sue Montgomery, Revolution in El Salvador, Boulder, Colorado, 1982; Enrique Baloyra, El Salvador in Transition, Chapel Hill, Carolina del Norte, 1982; James Dunkerley, The Long War: Dictatorship and Revolution in El Salvador, Londres, 1982; y Jenny Pearce, Promised Land; Peasant Rebellion in Chalatenango, El Salvador, Londres, 1986, crónica favorable a los guerrilleros. Sobre Honduras, véanse Víctor Meza, Historia del movimiento obrero hondureño, Tegucigalpa, 1980, y Mario Posas, Lucha ideológica y organización sindical en Honduras, Tegucigalpa, 1980.

La biografía clásica del nicaragüense Sandino es Neill Macaulay, The Sandino Affair, Chicago, 1967; véanse también Gregorio Selser, Sandino: General de hombres libres, Buenos Aires, 1959; y Sergio Ramírez, El pensamiento vivo de Sandino, San José, Costa Rica, 1974. Una visión oficial del movimiento sandinista es Humberto Ortega, 50 años de lucha sandinista, Managua, 1979. De las numerosísimas crónicas de la revolución, el libro de George Black es útil porque se concentra en los aspectos ideológicos, Triumph of the People: The Sandinista Revolution in Nicaragua, Londres, 1981. Sobre Costa Rica, la importante guerra civil de 1948 se examina en John P. Bell, Crisis in Costa Rica: The 1948 Revolution, Austin, Texas, 1971. Véase también Gilberto Calvo y Francisco Zuñigo, eds., Manuel Mora: Discursos 1934-1979, San José, Costa Rica, 1980. Aunque es una obra escrita con una perspectiva decididamente propia de la guerra fría, hay mucha información útil en Ronald Schneider, Communism in Guatemala 1944-1954, Nueva York, 1958 (hay trad. cast.: Comunismo en Latinoamérica: el caso Guatemala, Agora, Buenos Aires, 1959). Una visión bastante distinta es la que se ofrece en Eduardo Galeano, Guatemala: país ocupado, Nuestro Tiempo, México, D. F., 1967.

3. La clase trabajadora urbana y el movimiento obrero en América Latina desde 1930

Las más abundantes entre las obras que se han publicado sobre los movimientos obreros y la clase trabajadora en América Latina en el período transcurrido desde 1930 son las que se refieren a Brasil y México, seguidas de las que tratan de Argentina, Chile, Colombia y Perú. Sobre los demás países se ha escrito poco. Hemos omitido las obras que hablan específicamente de la estructura ocupacional y de los partidos políticos de la izquierda, toda vez que se citan en otros ensayos bibliográficos del presente volumen. También se han omitido las obras referentes al derecho laboral, a menos que su carácter histórico haya aconsejado lo contrario.

Hay varios estudios generales de la materia. Tal vez los más interesantes (aunque también son muy discutidos) sean R. B. Collier y D. Collier, Shaping the Political Arena, Princeton, Nueva Jersey, 1991, y C. Bergquist, Labor in Latin America, Stanford, California, 1986. El primero constituye un gran esfuerzo interpretativo de la incorporación política del trabajo y sus efectos en la evolución de la política en ocho países: Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Colombia, Venezuela, Perú y México. El segundo, que emplea un esquema interpretativo sacado de las teorías de la dependencia y el proceso de trabajo, hace comparaciones entre Chile, Argentina, Venezuela y Colombia. Una obra anterior que todavía es una introducción útil y digna de confianza es Hobart Spalding, Jr., Organized Labor in Latin America, Nueva York, 1977. Véanse también Moisés Poblete Troncoso y Ben Bumett, The Rise of the Latin American Labor Movement, Nueva York, 1960; R. J. Alexander, Labor Relations in Argentina, Brazil and Chile, Nueva York, 1962; Víctor Alba, Historia del movimiento obrero en América Latina, Libreros Mexicanos Unidos, México, D. F., 1964; Carlos Rama, Historia del movimiento obrero y social latinoamericano contemporáneo, Barcelona, 1976; y Moisés Poblete Troncoso, El movimiento obrero latinoamericano, México, D. F., 1976. Una meticulosa crónica marxista es J. Godio, Historia del movimiento obrero latinoamericano, 3 vols., San José, Costa Rica, 1979-1985. Hay también una colección de cuatro volúmenes de estudios de países (de calidad desigual); Pablo González Casanova, ed., Historia del movimiento obrero en América Latina, México, D. F., 1984.

Entre los estudios historiográficos y teóricos de la historia obrera de América Latina cabe citar Kenneth Paul Erickson y otros, «Research on the urban working class and organized labor in Argentina, Brazil and Chile: What is left to be done?», LARR, 9, 2 (1974); Charles Bergquist, «What is being done? Some recent studies on the urban working class and organized labor in Latin America», LARR, 16, 2 (1981), pp. 203-223; y Emilia Viotti da Costa, «Experience versus structures: New tendencies in the history of labor and the working class in Latin America». What do we gain? What do we lose?, International Labor and Working-Class History, 36 (otoño de 1989). Un estudio con orientación histórica de las obras sociológicas es Francisco Zapata, «Towards a Latin American sociology of labour», JLAS, 22, 2 (1990), pp. 375-402. Véase también, con perspectiva sociológica, dos libros de carácter general de Francisco Zapata, Trabajadores y sindicatos en América Latina, México, D. F., 1988, y El conflicto sindical en América Latina, México, D. F., 1986. El primero contiene una serie de ensayos sobre temas generales y algunos estudios de sindicatos chilenos y mexicanos. El segundo es la única obra comparativa completa sobre la actividad huelguística en América Latina.

Varias obras que se ocupan específicamente de las trabajadoras se mencionan en los apartados dedicados a distintos países. Además, June Nash y Helen Icken Safa, eds., Sex and Class in Latin America, Nueva York, 1980, contiene varios trabajos sobre las obreras, y lo mismo cabe decir de Magdalena León, ed., Sociedad, subordinación y feminismo, vol. 3, Bogotá, 1982.

Dos artículos examinan de forma sistemática la diversidad de experiencias latinoamericanas y ofrecen tipologías: Samuel Valenzuela, «Movimientos obreros y sistemas políticos: Un análisis conceptual y tipológico», DE, 23, 91 (1983), e Ian Roxborough, «The analysis of labour movements in Latin America: Typologies and theories», BLAR, 1, 1 (1981), pp. 81-95.

Sobre el trabajo al terminar la segunda guerra mundial y empezar la guerra fría, véase Leslie Bethell e Ian Roxborough, eds., Latin America between the Second World War and the Coid War, 1944-1948, Cambridge, 1992. Diversas obras analizan los aspectos internacionales del trabajo latinoamericano entre los años treinta y los cincuenta. Véanse J. Kofas, The Strugglefor Legitimacy: Latin American Labor and the United States, 1930-1960, Tempe, Arizona, 1992, que se documenta en archivos de los Estados Unidos; L. Quintanilla Obregón, Lombardismo y sindicatos en América Latina, México, D. F., 1982, sobre la CTAL; y dos obras que se ocupan de América Latina como parte de un proyecto político internacional: Ronald Radosh, American Labor and United States Foreign Policy, Nueva York, 1969, y Gary Busch, The Political Role of International Trade Unions, Londres, 1983. La crónica autobiográfica de Serafino Romualdi, Presidents and Peons: Recollections of a Labor Ambassador in Latin America, Nueva York, 1967, también merece mencionarse.

Edward Epstein, ed., Labor Autonomy and the State in Latin America, Boston, 1989, proporciona una perspectiva general de las relaciones laborales en los decenios de 1970 y 1980. Francisco Zapata y otros, El sindicalismo latinoamericano en los ochenta, México, D. F., 1986, contiene ensayos sobre los años ochenta escritos por algunos de los principales especialistas en América Latina.

México

Sobre México, entre las interpretaciones en un solo volumen que sirven como útil punto de partida cabe citar I. Bizberg, Estado y sindicalismo en México, México, D. F., 1990. Una obra más ambiciosa es la colección en 17 volúmenes dirigida por P. González Casanova La clase obrera en la historia de México, México, D. F., 1980-1988. Los volúmenes 9-15 abarcan el período que empieza en 1930. Véanse, en particular, A. Córdova, En una época de crisis (1928-1934), México, D. F., 1980; J. Basurto, Del avilacamachismo al alemanismo (19401962), México, D. F., 1984; y J. L. Reyna y R. Trejo Delarbe, De Adolfo Ruiz Cortines a Adolfo López Mateos (1952-1964), México, D. F., 1981. Entre las colecciones de papeles de conferencias sobre la historia del trabajo en México que se han publicado destacan: José Woldenberg y otros, Memorias del encuentro sobre historia del movimiento obrero, 3 vols., Puebla, 1980-1981; Miguel Ángel Manzano y otros, Memoria del primer coloquio regional de historia obrera, México, D. F., 1977; Guillermina Bahena y otros, Memoria del segundo coloquio regional de historia obrera, 2 vols., México, D. F., 1979; y Elsa Cecilia Frost y otros, eds., El trabajo y los trabajadores en la historia de México, México, D. F., 1979.

El decenio de 1930 y en particular la presidencia de Cárdenas (1934-1940) es un período que ha atraído a los investigadores y ha producido diversas obras polémicas. Entre las que se centran en el trabajo están A. Anguiano, El estado y la política obrera del cardenismo, México, D. F., 1975; J. Basurto, Cárdenas y el poder sindical, México, D. F., 1983; J. Ashby, Organized Labor and the Mexican Revolution under Lázaro Cárdenas, Chapel Hill, Carolina del Norte, 1963. Dos volúmenes de la sene bajo la dirección general de Daniel Cosío Villegas y publicada por el Colegio de México Historia de la Revolución Mexicana, 23 vols., México, D. F., 1977-, son interesantes por sus interpretaciones del movimiento obrero: L. Meyer, El conflicto social y los gobiernos del Maximato, vol. 13, México, D. F., 1978, y A. Hernández Chávez, La mecánica cardenista, vol. 16, México, D. F., 1979.

Los acontecimientos de los años cuarenta y el charrazo de 1948 se detallan en tres obras excelentes: V. M. Durand Ponte, La ruptura de la nación, México, D. F., 1986; V. M. Durand Ponte y otros, Las derrotas obreras, 1946-1952, México, D. F. 1984; y R. Loyola, ed., Entre la guerra y la estabilidad política: El México de los 40, México, D. F., 1986. Hay también comentarios importantes sobre el trabajo durante este período en tres de los volúmenes de la serie Historia de la Revolución Mexicana: L. Medina, Del cardenismo al avilacamachismo, vol. 18, México, D. F., 1978; B. Torres, México en la segunda guerra mundial, vol. 19, México, D. F., 1979; y L. Medina, Civilismo y modernización del autoritarismo, vol. 20, México, D. F., 1979.

Un estudio útil del decenio de 1950 es la obra de O. Pellicer de Brody y J. L. Reyna, El afianzamiento de la estabilidad política, México, D. F., 1978, vol. 22 de la serie del Colegio de México. Las diversas obras sobre los trabajadores ferroviarios que se citan más adelante también merecen consultarse para este período.

Del período de activismo sindical en los años setenta se ocupa R. Trejo Delarbe, Este puno si se ve, México, D. F., 1987. El mismo autor también ha producido Crónica del sindicalismo en México (1976-1988), México, D. F., 1990, que es muy útil y consiste en una crónica de los conflictos laborales de este período que examina las industrias de una en una. Otra cronología son los cuatro volúmenes de José Luis Cecena Gámez, ed., Movimiento obrero, 1970-1980 (Cronología), México, D. F., 1981.

Para México hay varios estudios monográficos de industrias, sindicatos y confederaciones obreras. El estudio más minucioso de las organizaciones sindicales en los años setenta es una obra que produjo el departamento de investigación del Ministerio de Trabajo: C. Zazueta y R. de la Peña, La estructura del Congreso del Trabajo, México, D. F., 1984. Una colección útil sobre los principales sindicatos, basada en gran parte en fuentes periodísticas y secundarias, son los cinco volúmenes dirigidos por J. Aguilar, Los sindicatos nacionales, México, D. F., 1986-1989. Existe también J. Aguilar, ed., Historia de la CTM, 1936-1990, 2 vols., México, D. F., 1990, aunque también ésta se basa mucho en fuentes periodísticas y secundarias. También sobre la CTM hay A. Aziz Nassif, El estado mexicano y la CTM, México, D. F., 1989; S. Yáñez Reyes, Génesis de la burocracia sindical cetemista, México, D. F., 1984. Ninguna de las demás confederaciones ha recibido tanta atención, aunque el excelente libro de F. Barbosa Cano La CROM de Luis N. Morones a Antonio Hernández, Puebla, 1980, dedica unas cuantas páginas a la CROM en los años treinta y cuarenta. Sobre los trabajadores del petróleo, véanse A. Alonso y R. López, El sindicato de trabajadores petroleros y sus relaciones con PEMEX y el estado, 1970-1985, México, D. F., 1986; y V. Novelo, La difícil democracia de los petroleros, México, D. F., 1991. Sobre los mineros, véanse J. L. Sariego, Enclaves y minerales en el norte de México: Historia social de los mineros de Cananea y Nueva Rosita, 1900-1970, México, D. F., 1988, y L. Reygadas, Proceso de trabajo y acción obrera: Historia sindical de los mineros de Nueva Rosita, 1929-1979, México, D. F., 1988. Hay diversas obras sobre los trabajadores ferroviarios y en la mayoría de ellas se analizan las huelgas de 1958: A. Alonso, El movimiento ferrocarrilero en México, 1958/1959, México, D. F., 1972, y E. Stevens, Protest and Response in Mexico, Cambridge, Massachusetts, 1974. El activismo sindical en la industria del acero en los años setenta se trata en I. Bizberg, La acción obrera en Las Truchas, México, D. F., 1982. Los sindicatos en la industria productora de electricidad se analizan en S. Gómez Tagle, Insurgencia y democracia en los sindicatos electricistas, México, D. F., 1980, y Mark Thompson, «Collective bargaining in the Mexican electrical industry», British Journal of Industrial Relations, 8, 1 (1970). Para los maestros de escuela secundaria y sus sindicatos, véanse A. Loyo Brambila, El movimiento magisterial de 1958 en México, México, 1979; Enrique Ávila Carrillo y Humberto Martínez Brizuela, Historia del movimiento magisterial, 1910-1989, México, D. E, 1990; y dos libros de G. Peláez: Las luchas magisteriales de 1956-60, México, D. F., 1984, e Historia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, México, D. F., 1984; así como Stevens, Protest and Response, citada anteriormente. Hay varias obras sobre la industria del automóvil. I. Roxborough, Unions and Politics in Mexico: The Case of the Automobile Industry, Cambridge, Inglaterra, 1984, y J. Aguilar, La política sindical en México: Industria del automóvil, México, D. F., 1982, se ocupan de la industria en los años setenta. Un comentario amplio de estas obras es Kevin Middlebrook, «Union democratization in the Mexican automobile industry: A reappraisal», LARR, 24, 2 (1988), pp. 69-93. Dos estudios más recientes con perspectiva del proceso de trabajo son J. Carrillo, ed., La nueva era de la industria automotriz en México, Tijuana, 1990, e Y. Montiel, Proceso de trabajo, acción sindical y nuevas tecnologías en Volkswagen de México, México, D. F, 1991.

Existe una útil colección en dos volúmenes de monografías sobre las trabajadoras: Jenifer Cooper y otros, eds., Fuerza de trabajo femenino urbano en México, México, 1989. También merecen señalarse Vicki Ruiz y Susan Tiano, eds., Women on the U. S. —Mexico Border, Boston, 1987; Lourdes Benería y Martha Roldán, The Crossroads of Class and Gender: Industrial Homework, Subcontracting, and Household Dynamics in Mexico City, Chicago, 1987; y María Patricia Fernández-Kelly, For We Are Sold. I and My People: Women and Industry in Mexico’s Frontier, Albany, Nueva York, 1983.

Muchos líderes obreros importantes todavía no han encontrado biógrafo y la mayoría de las biografías que existen carecen de equilibrio y objetividad. Sobre Vicente Lombardo Toledano existe R. Millón, Mexican Marxist —Vicente Lombardo Toledano, Chapel Hill, Carolina del Norte, que es una obra hagiográfica, y F. Chassen de López, Lombardo Toledano y el movimiento obrero mexicano (1917/1940), México, D. F., 1977, que es casi diametralmente opuesta a la anterior. En fechas más recientes han aparecido varios libros en gran parte periodísticos sobre Fidel Velázquez, entre los que se cuentan: Fernando Amilpa Trujillo, Fidel Velázquez: Mi amigo Amilpa, México, D. F., 1991; Agustín Sánchez González, Fidel: Una historia de poder, México, D. F., 1991; Jorge Mejía Prieto, Fidel Velázquez: 47 años de historia y poder, México, D. F., 1980; y Carlos Velasco, Fidel Velázquez, México, D. F., 1986. Una biografía interesante es Valentín Campa, Mi testimonio: Memoria de un comunista mexicano, México, D. F., 1978. Campa fue líder de los trabajadores del ferrocarril y tiene mucho que decir acerca de los años cuarenta y cincuenta.

Sobre la historia de los salarios en México, hay dos estudios minuciosos: P. Gregory, The Myth of Market Failure: Employment and the Labour Market in Mexico, Baltimore, 1986, y J. Bortz, «El salario obrero en el Distrito Federal, 1939-1975», Investigación Económica (octubre-diciembre de 1977). Finalmente, existe un libro de fotografías: Victoria Novelo, ed., Obreros somos: Expresiones de la cultura obrera, México, D. F., 1984.

Brasil

No se han publicado buenos estudios en inglés del trabajo brasileño desde 1930, aunque la tesis de doctorado de Timothy Harding, «The political history of organized labor in Brazil», Universidad de Stanford, 1973, puede recomendarse como punto de partida. Una introducción muy buena en portugués es Leôncio Martins Rodrigues, «Sindicalismo e classe operária (1930-1964)», en B. Fausto, ed., História geral da civilização brasileira, vol. 10, São Paulo, 1981. Una interpretación marxista ortodoxa, con muchos detalles y una periodización acertada, es L. Wemeck Vianna, Liberalismo e sindicato no Brasil, Río de Janeiro, 1978. Una obra clásica que se ocupa del estado de São Paulo es A. Simão, Sindicato e estado, São Paulo, 1966. Eder Sader y otros, Movimiento operário brasileiro, 1900-1979, Belo Horizonte, 1980, es una serie de breves ensayos interpretativos. Kenneth Paul Erickson, The Brazilian Corporative State and Working-Class Politics, Berkeley, 1977, se centra en la cuestión del corporativismo y el control del estado. Leôncio Martins Rodrigues ha realizado dos interesantes ensayos generales: Trabalhadores, sindicatos e industrialização, São Paulo, 1974, y La clase obrera en el Brasil, Buenos Aires, 1969.

En lo que se refiere a la historiografía, el período entre 1930 y 1945 es un verdadero campo de minas. Los historiadores de este período han discutido la relación entre movimiento obrero y el estado: algunos ven el Estado Novo como un proyecto político en gran parte independiente de las fuerzas sociales organizadas y otros opinan que tanto el trabajo como los industriales ejercieron mucha influencia en la formulación de la política que debía seguirse durante el Estado Novo. Entre las obras publicadas más importantes están: Robert Rowland, «Classe operária e estado de compromiso», Estudos CEBRAP, 8 (1974); R. Barbosa de Araujo, O Batismo do trabalho: A experiencia de Lindolfo Collor, Río de Janeiro, 1981; Angela María de Castro Gomes, A Invenção do trabalhismo, Río de Janeiro, 1988; R. Antunes, Classe operária, sindicatos e partido no Brasil: Da revolução de 30 até a Aliança Nacional Libertadora, São Paulo, 1982; y la breve pero interesante Kazumi Munakata, A legislação trabalhista no Brasil, São Paulo, 1981, todas las cuales se centran en el decenio de 1930. Zélia Lopes da Silva, A domesticação dos trabalhadores nos anos 30, São Paulo, 1990, y René Gertz, «Estado Novo: Um inventário historiográfico», en José Luiz Wemeck da Silva, ed., O Feixe e o prisma: una revisão do Estado Novo, Río de Janeiro, 1991, hablan de algunos de los asuntos historiográficos. Angela María de Castro Gomes, Burguesía e trabalho: Política e legislação social no Brasil, 1917-1937, Río de Janeiro, 1979, aunque se ocupa principalmente de un período anterior, es también muy útil. João Almino, Os demócratas autoritários: Liberdades individuáis, de associação política e sindical na constituinte de 1946, São Paulo, 1980, comenta los debates en torno a la Constitución de 1946 y hace especial hincapié en el trabajo. Hay un estudio del período del Estado Novo en A. C. Bernardo, Tutela e autonomía sindical: Brasil, 1930-1945, São Paulo, 1982. Del crucial período de mediados de los cuarenta se ocupa muy detalladamente John French, The Brazilian workers’ ABC, Chapel Hill, Carolina del Norte, 1992, que, como indica el título, es un estudio de la región ABC de São Paulo. Un estudio minucioso del período que va de 1945 a finales de los sesenta es Heloisa Helena Teixeira de Souza Martins, O estado e a burocratização do sindicato no Brasil, São Paulo, 1979. Viene a llenar un hueco J. A. Moisés, Greve de massa e crise política, São Paulo, 1978, que es un estudio de la «huelga de los trescientos mil» en São Paulo en 1953-1954 y señala que incluso en los «años tranquilos» había mucho activismo sindical.

El período de insurrección obrera durante la presidencia de Goulart a comienzos de los años sesenta se estudia en varias obras generales que se ocupan de este período, entre ellas Erickson, The Brazilian Corporative State and Working Class Politics, citado anteriormente. Tratan específicamente del PTB y del CGT (y a veces abarcan un período histórico más amplio) Lucília de Almeida Neves Delgado, CGT no Brasil, 1961-1964, Belo Horizonte, 1981, y PTB: Do Getulismo ao reformismo, 1945-1964, São Paulo, 1989; Luis Alberto Moniz Bandeira, Brizóla e o trabalhismo, Río de Janeiro, 1979; María Victoria Benevides, O PTB e o trabalhismo, São Paulo, 1989; y María Andrea Loyola, Os sindicatos e o PTB: Estudo de um caso em Minas Gerais, Petrópolis, 1980.

La obra definitiva sobre las tendencias de los salarios brasileños es John Wells, «Industrial accumulation and living standards in the long-run: The São Paulo industrial working class, 1930-75», partes 1 y 2, Journal of Development Studies, 19, 2-3, (1983).

Varios de los primeros estudios hechos por sociólogos proporcionan una visión interior de las relaciones industriales en los años cincuenta y sesenta. J. Brandao Lopes en Crise de Brasil arcaico, São Paulo, 1967, se ocupa de la industria textil en 1958, y en Sociedade industrial no Brasil, São Paulo, 1964, informa de dos casos de fábricas estudiadas en 1957. L. Martins Rodrigues, Industrialização e atitudes operárias, São Paulo, 1970, da cuenta de los resultados de un estudio efectuado en una fábrica de automóviles de São Paulo en 1963. Estudios sociológicos y antropológicos más recientes que merecen mencionarse son: V. M. Candido Pereira, O coração da fábrica, Río de Janeiro, sobre los trabajadores textiles en Río, y J. S. Leite Lopes, O vapor do diabo, Río de Janeiro, 1978, sobre la industria del azúcar en Pernambuco. J. S. Leite Lopes, A Tegelagem dos conflictos de classe, São Paulo, 1988, es un estudio de la ciudad textil de Paulina, Pernambuco, que se apoya en el trabajo de campo de los antropólogos para reconstruir la historia de una ciudad de este tipo a mediados del siglo XX.

La organización y la dirección de sindicatos en Brasil han sido objeto de muchos estudios. J. A. Rodrigues, Sindicato e desenvolvimento no Brasil, São Paulo, 1968, es un estudio general de la organización sindical brasileña con datos que llegan hasta 1961. O. Rabello, A rede sindical paulista, São Paulo, 1965, proporciona una instantánea útil de organizaciones sindicales en São Paulo en 1964, y puede complementarse con un estudio de líderes sindicales de São Paulo que en 1963 llevó a cabo J. V. Freitas Marcondes, Radiografía da liderança sindical paulista, São Paulo, 1964. Hay un estudio útil de la Confederado Nacional dos Trabalhadores na Industria (CNTI) en S. A. Costa, Estado e contróle sindical no Brasil, São Paulo, 1986. Sobre las organizaciones sindicales de los años ochenta, hay cuatro excelentes estudios breves de L. Martins Rodrigues: Partidos e sindicatos, São Paulo, 1990, CUT: Os militantes e a ideología, São Paulo, 1990, Força sindical, São Paulo, 1993, y Retrato da CUT, São Paulo, 1991. También cabe citar M. Grondin, Perfil dos dirigentes sindicáis na Grande São Paulo, São Paulo, 1985.

La importancia de São Paulo, especialmente en los decenios de 1970 y 1980, ha dado lugar a que se publicaran numerosísimas obras sobre las industrias metalúrgicas. Muchas de ellas se indican en la sección que trata de la insurrección de los años setenta y ochenta. Además, se han de mencionar: Braz José de Araujo, Operários em luta: Metalúrgicos da Baixada Santista (1933-1983), Río de Janeiro, 1985; Dennis Linhares Barsted, Medição de forças: O movimento grevista de 1953 e a época dos operários navais, Río de Janeiro, 1982; y el estudio que José Ricardo Ramalho hizo de una fábrica de automóviles de propiedad estatal en los años cuarenta y cincuenta, Estado-patrão e luta operária, São Paulo, 1989. El sindicato de metalúrgicos de São Bernardo publicó una fascinante colección de fotografías: Aloízio Mercante Oliva, ed., Imagens da luta, 1905-1985, São Bernardo, 1987.

Una historia excelente de un sindicato minero brasileño es la obra de Y. de Souza Grossi, Mina de Morro Velho: A extração do homen, Río de Janeiro, 1981. Una historia de los empleados de banco de São Paulo entre 1923 y 1944 es L. Bicalho Cañedo, O sindicalismo bancário em São Paulo, São Paulo, 1978. La historia del sindicato de los trabajadores de las industrias química y farmacéutica de São Paulo es obra de A. Troyano, Estado e sindicalismo, São Paulo, 1978. De los trabajadores portuarios se ocupan Barsted, citado anteriormente (para Río de Janeiro) e Ingrid Sarti, Porto Vermelho, Río de Janeiro, 1981 (para el puerto de Santos).

La insurrección sindical a partir de los años setenta ha recibido un tratamiento extenso, principalmente de los científicos sociales. Muchas de estas obras se concentran en los metalúrgicos del Gran São Paulo. Entre las más útiles están: J. Humphrey, Capitalist Control and Workers Struggle in the Brazilian Auto Industry, Princeton, Nueva Jersey, 1982; V. M. Durand Ponte, Crisis y movimiento obrero en Brasil: Las huelgas metalúrgicas de 1978-1980, México, D. F., 1987; Eder Sader, Quando novos personagens entraram em cena: Experiencias e luías dos trabalhadores da Grande São Paulo, 1970-1980, Río de Janeiro, 1988; y María Herminia Tavares de Almeida, «O sindicalismo brasileiro entre a conservação e a mudanza», en Bernardo Sorj y María Herminia Tavares de Almeida, eds., Sociedade e política no Brasil pós-64, São Paulo, 1983.

Sobre la situación en los años ochenta, dos obras útiles son: Armando Boito, O sindicalismo de estado no Brasil, São Paulo, 1991, y Armando Boito, ed., O sindicalismo brasileiro nos anos 80, São Paulo, 1991. Un estudio útil en inglés es Margaret Keck, «The new unionism in the Brazilian transition», en Alfred Stepan, ed., Democratizing Brazil, Nueva York, 1989. Un ensayo interesante y de amplio alcance es Antonio Guimarães y Nádya Araujo Castro, «Espacios regionales de construcción de la identidad: la clase trabajadora en Brasil después de 1977», Estudios Sociológicos, 8, 21 (1989).

Las trabajadoras han sido relativamente bien estudiadas en Brasil. Rosalina de Santa Cruz Leite, A operária metalúrgica, São Paulo, 1984, da cuenta de extensas entrevistas con trabajadoras metalúrgicas; Jessita Martins Rodrigues, A mulher operária, São Paulo, 1979, es un estudio de trabajadoras de la industria textil en San José dos Campos, en el estado de São Paulo. Un meticuloso tratamiento sociológico es John Humphrey, Gender and Work in the Third World: Sexual Divisions in Brazilian Industry, Londres, 1987.

Argentina

Una útil introducción en inglés a la historia del movimiento obrero en Argentina desde una perspectiva marxista es la obra de R. Munck, Argentina: From Anarchism to Peronism, Londres, 1987. En español, también con perspectiva marxista, tenemos la visión general en cinco volúmenes de Julio Godio, El movimiento obrero argentino, Buenos Aires, 1987-1991. Un número especial del Boletín de Estudios Latinoamericanos y el Caribe, 31 (diciembre de 1981), está dedicado a las perspectivas históricas de la clase trabajadora de Argentina y Chile. Carlos Waisman, Modernization and the Working Class, Austin, Texas, 1982, es un estudio de orientación teórica realizado por un sociólogo que trata de la incorporación del proceso de trabajo en Argentina, Alemania e Inglaterra.

Por supuesto, la mayor parte de la labor que se ha hecho sobre el sindicalismo argentino está estrechamente vinculada a los debates en torno a los orígenes y la naturaleza del peronismo. Los años treinta suelen verse o bien como preludio del peronismo o como las últimas etapas de un proyecto opcional de sindicalismo (potencialmente) socialista. Sobre los orígenes del peronismo, una obra antigua pero todavía útil es Samuel Baily, Labor, Nationalism, and Politics in Argentina, New Brunswick, Nueva Jersey, 1967 (hay trad. cast.: Movimiento obrero, nacionalismo y política en la Argentina, Paidós, Buenos Aires, 1984). La visión del peronismo que hacía hincapié en la importancia de la reciente emigración a la ciudad y la «masificación» de la clase trabajadora fue puesta en duda por una oleada de historiografía revisionista. La obra precursora fue M. Murmis y J. C. Portantiero, Estudios sobre los orígenes del peronismo, Buenos Aires, 1971, donde los autores afirmaban que el apoyo popular a Perón salía tanto de la clase trabajadora arraigada como de los inmigrantes llegados recientemente a la ciudad. Este argumento se vio reforzado por la publicación del artículo de Juan Carlos Torre «Sobre as origens do peronismo —a CGT e o 17 de outubro de 1945», Estudos CEBRAP, 16 (1976). Otro artículo importante es Daniel James, «October 17th and 18th, 1945: Mass protest, Peronism and the Argentine working class», Journal of Social History, 21 (1988), pp. 441-461. Esto dio lugar a un animado debate, cuyo foro principal fueron las páginas de la publicación Desarrollo Económico. Varios de los artículos de dicho debate aparecen reproducidos en Juan Carlos Torre, ed., La formación del sindicalismo peronista, Buenos Aires, 1986. Entre las crónicas de los orígenes del sindicalismo peronista que tienen en cuenta tanto las posturas ortodoxas como las revisionistas cabe citar: J. C. Torre, La vieja guardia sindical y Perón, Buenos Aires, 1990; H. Matsushita, Movimiento obrero argentino, 1930-1945, Buenos Aires, 1983; Elena Susana Pont, Partido Laborista: estado y sindicatos, Buenos Aires, 1984; y H. del Campo, Sindicalismo y peronismo, Buenos Aires, 1983. Un estudio que se centra en los trabajadores ferroviarios es D. Tamarin, The Argentine Labor Movement, 1930-1945, Albuquerque, Nuevo México, 1985. También sobre los trabajadores del ferrocarril, véase Joel Horowitz, «Los trabajadores ferroviarios en la Argentina (1920-1943): La formación de una élite obrera», DE, 25, 99 (1985).

Paul Buchanan, «State corporatism in Argentina: Labor administration under Perón and Onganía», LARR, 20, 1 (1985), pp. 61-95, examina el papel del Ministerio de Trabajo. Algunos de los artículos publicados en Torre, ed., La formación del sindicalismo peronista, citado anteriormente, tratan del período de los primeros gobiernos peronistas (1946-1955), y Álvaro Abós, La columna vertebral: Sindicatos y peronismo, Buenos Aires, 1983, examina ampliamente el sindicalismo en Argentina de 1946 a 1976.

De la proyección internacional del sindicalismo peronista por medio de la Agrupación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas (ATLAS) da noticia la mayoría de los libros que se ocupan del sindicalismo internacional y que hemos citado anteriormente; además, la han tratado de manera específica Manuel Urriza, CGT y ATLAS: Historia de una experiencia sindical latinoamericana, Buenos Aires, 1988, y Daniel Parcero, La CGT y el sindicalismo latinoamericano, Buenos Aires, 1987.

Las relaciones entre el gobierno militar que derrocó a Perón en 1955 y los sindicatos se estudian en Juan Carlos Torre y Santiago Senén González, Ejército y sindicatos (los 60 días de Lonardi), Buenos Aires, 1969. La obra más importante sobre el período de «resistencia» peronista entre el derrocamiento de Perón en 1955 y la vuelta de los peronistas al poder en 1973 es Daniel James, Resistance and Integration: Peronism and the Argentine Working Class, 1946-76, Cambridge, 1988 (hay trad. cast.: Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976, Sudamericana, Buenos Aires, 1988), que contiene un análisis sutil y depurado de los factores que crearon una identidad obrera específicamente peronista. Otro estudio general del mismo período es Graciela Ducatenzeiler, Syndicats et politique en Argentine, 1955-1973, Montreal, 1980. Una obra importante sobre el gobierno Frondizi de finales de los años cincuenta es Marcelo Cavarozzi, Sindicatos y política en Argentina, Buenos Aires, 1984. Ernesto Salas ha escrito un estudio detallado de la ocupación de una industria cárnica por parte de los trabajadores en 1959: La resistencia peronista: La toma del frigorífico Lisandro de la Torre, 2 vols., Buenos Aires, 1990. Un estudio sociológico de la clase trabajadora argentina que se hizo a mediados de los años sesenta ha vuelto a publicarse recientemente: Torcuato Di Telia, Política y clase obrera, Buenos Aires, 1983.

De los decenios de 1960 y 1970 se ocupan Osvaldo Calello y Daniel Parcero, De Vandor a Ubaldini, 2 vols., Buenos Aires, 1984. La relación entre los sindicatos y la dictadura militar de 1966-1973 se estudia en Álvaro Abós, Las organizaciones sindicales y el poder militar (1976-1983), Buenos Aires, 1984. Daniel Rodríguez Lamas se centra más directamente en los partidos Radical y Justicialista en Radicales, peronistas y el movimiento obrero (1963-1973), 2 vols., Buenos Aires, 1989. Arturo Fernández también ha publicado un estudio de la ideología de los líderes sindicales peronistas durante este periodo: Ideologías de los grupos dirigentes sindicales (1966-1973), 2 vols., Buenos Aires, 1986.

Los sucesos del «cordobazo» de 1969 se comentan en F. Delich, Crisis y protesta social: Córdoba, mayo de 1969, Buenos Aires, 1970, y en Beba C. Balvé y Beatriz S. Balvé, ‘69: Huelga política de masas, Buenos Aires, 1989. La segunda ronda, la de 1971, es el tema de B. Balvé y otros, Lucha de calles, lucha de clases, Buenos Aires, 1973.

Juan Carlos Torre, Los sindicatos en el gobierno, 1973-1976, Buenos Aires, 1983, es la obra más digna de confianza y útil entre las que se ocupan del movimiento obrero durante el efímero gobierno peronista de 1973-1976.

La dictadura militar de 1976-1983 se estudia en Bernardo Gallitelli y Andrés Thompson, eds., Sindicalismo y regímenes militares en Argentina y Chile, Amsterdam, 1982, y en Pablo Pozzi, Oposición obrera a la dictadura, Buenos Aires, 1988.

Hay varias obras de científicos sociales que abarcan el período transcurrido desde la restauración de la democracia en 1983. La más útil es R. Gaudio y A. Thompson, Sindicalismo peronista/gobierno radical: Los años de Alfonsín, Buenos Aires, 1990. El artículo de James McGuire «Union political tactics and democratic consolidation in Alfonsin’s Argentina, 1983-1989», LARR, 27, 1 (1992), pp. 37-74, es especialmente útil para explicar la compleja alineación de las facciones en la CGT. Sobre las relaciones entre trabajadores y patronos, O. Moreno, La nueva negociación: La negociación colectiva en la Argentina, Buenos Aires, 1991, es muy útil. El Ministerio de Trabajo publicó dos útiles colecciones de datos estadísticos: Sindicatos: Elecciones 1984-1986, Buenos Aires, 1988, y Estructura sindical en la Argentina, Buenos Aires, 1987.

Se ocupa detalladamente de la organización sindical Rubén Zorrilla, Estructura y dinámica del sindicalismo argentino, Buenos Aires, 1974. Entre los estudios de los líderes y sus tendencias políticas pueden citarse: Alejandro Francisco Lamadrid, Política y alineamientos sindicales, Buenos Aires, 1988; Rubén Zorrilla, Líderes del poder sindical, Buenos Aires, 1988 y, del mismo autor, El liderazgo sindical argentino, Buenos Aires, 1988. Los niveles de vida de la clase trabajadora se examinan en Adriana Marshall, «La composición del consumo de los obreros industriales de Buenos Aires, 1930-1980», DE, 21, 83 (1981).

En vista de la importancia del trabajo organizado en Argentina, quizá resulta un poco extraño que no haya más estudios de distintas industrias o sindicatos. Son excepciones notables: I. M. Roldán, Sindicatos y protesta social en la Argentina: Un estudio de caso: El Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba (1969-1974), Amsterdam, 1978; Federico Neiburg, Fábrica y villa obrera: Historia social y antropología de los obreros del cemento, 2 vols., Buenos Aires, 1988, y Natalia Duval, Los sindicatos clasistas: SiTraC (1970-1971), Buenos Aires, 1988, estudio de los trabajadores del automóvil. Un estudio de las condiciones de trabajo de los maestros en los años setenta es Mariano Narodowski y Patricio Narodowski, La crisis laboral docente, Buenos Aires, 1988.

Uruguay y Paraguay

Sobre Uruguay, véanse Enrique Rodríguez, Un movimiento obrero maduro, Montevideo, 1988, y Francisco Pintos, Historia del movimiento obrero del Uruguay, Montevideo, 1960. Sobre Paraguay, véase Ramiro Barboza, Los sindicatos en el Paraguay: Evolución y estructura actual, Asunción, 1987.

Chile

La monografía de Alan Angell Politics and the Labour Moyement in Chile, Londres, 1972, sigue siendo una obra clásica de consulta para la estructura y la organización del trabajo chileno hasta el decenio de 1960. Véanse también Jorge Barría, El movimiento obrero en Chile, Santiago, Chile, 1971, y James Petras y Maurice Zeitlin, El radicalismo político de la clase trabajadora chilena, Buenos Aires, 1969. Sobre las minas de cobre en los años sesenta, véanse Jorge Barría, Los sindicatos de la gran minería del cobre, Santiago, Chile, 1970, y Manuel Barrera, El conflicto obrero en el enclave cuprífero, Santiago, Chile, 1973. Francisco Zapata dedica un capítulo de su obra Trabajadores y sindicatos en América Latina, México, D. F., 1987, a las minas de cobre durante la dictadura de Pinochet. También ha escrito otras dos obras breves: Los mineros de Chuquicamata: ¿Productores o proletarios?, México, D. F., 1975, y Las relaciones entre el movimiento obrero y el gobierno de Allende, México, D. F., 1974. Se encuentra información relativa a las huelgas y a las actitudes de los líderes sindicales en los años sesenta en Manuel Barrera, El sindicato industrial como instrumento de lucha de la clase obrera chilena, Santiago, Chile, 1971. Un pequeño clásico es Torcuata Di Telia y otros, Sindicato y comunidad, Buenos Aires, 1967, que compara el activismo sindical en las minas de carbón de Lota y en la planta siderúrgica de Huachipato basándose en un trabajo de campo efectuado a mediados de los años cincuenta.

La obra más interesante sobre el período de Allende es Peter Winn, Weavers of Revolution, Nueva York, 1986. Es un estudio detallado de una fábrica textil que fue expropiada durante el gobierno de la Unidad Popular y describe la manera en que la micropolítica de la fábrica se articuló con la política nacional. Los resultados de un estudio de la participación de los trabajadores en la dirección de 35 empresas durante el gobierno de Allende se analizan en Juan Espinosa y Andrew Zimbalist, Economic Democracy: Workers’ Participation in Chilean Industry, 1970-1973, Nueva York, 1978.

Sobre el período de Pinochet, véanse Jaime Ruiz-Tagle, El sindicalismo chileno después del Plan Laboral, Santiago, Chile, 1985; Guillermo Campero y José Valenzuela, El movimiento sindical chileno en el capitalismo autoritario, Santiago, Chile, 1981; Manuel Barrera y otros, Sindicatos y estado en el Chile actual, Ginebra, 1985; Manuel Barrera y Gonzalo Falabella, eds., Sindicatos bajo regímenes militares, Ginebra, 1989, que se ocupa de Argentina, Brasil y Chile; Francisco Zapata y otros, El sindicalismo latinoamericano en los ochenta, Santiago, Chile, 1986; J. Samuel Valenzuela y Arturo Valenzuela, eds., Military Rule in Chile, Baltimore, 1986; y Rigoberto García, ed., Chile 1973-1974, Estocolmo, 1985.

Bolivia

La historia obrera boliviana aparece dominada por la obra en cinco volúmenes del trotskista Guillermo Lora, Historia del movimiento obrero boliviano, 4 vols., Los Amigos del Libro, La Paz, 1968-1680. Véase también Jorge Lazarte, Movimiento obrero y procesos políticos en Bolivia, La Paz, 1989, y Steven Volk, «Class, unión, party: The development of a revolutionary unión movement in Bolivia (1905-1952)», Science and Society, 39, 1 (1975). John Magill, Labor Unions and Political Socializjation: A Case Study of Bolivian Workers, Nueva York, 1974, se ocupa específicamente de los mineros. También habla de los mineros Laurence Whitehead, «Sobre el radicalismo de los trabajadores mineros de Bolivia», RMS, 42,4 (1980). June Nash, We Eat the Mines and the Mines Eat Us, Nueva York, 1979, es una interesante crónica antropológica del papel que los sistemas de creencias desempeñan en el proceso creador de cohesión comunitaria y ocupacional entre los mineros del estaño. Domitila Barrios de Chungara, Si me permiten hablar…: testimonio de Domitila, una mujer de las minas de Bolivia, Siglo XXI, México, 1984⁸, es el convincente testimonio de una activista de los campos mineros.

Perú y Ecuador

Para Perú el punto de partida obvio es la obra de Denis Sulmont, El movimiento obrero peruano (1890-1980), Lima, 1980. Un antiguo e influyente análisis del trabajo peruano es James Payne, Labor and Politics in Perú, New Haven, Connecticut, 1965, que se basa en el concepto de la «negociación política» y se centra en los últimos años cincuenta y primeros sesenta. Un estudio de los trabajadores de la industria textil a finales de los cincuenta es David Chaplin, The Peruvian Industrial Labor Forcé, Princeton, Nueva Jersey, 1967. Piedad Pareja, Aprismo y sindicalismo en el Perú, Lima, 1980, es la mejor fuente de información sobre el gobierno Bustamante de 1945-1948. La estructura de la clase trabajadora en los años setenta se examina en Pedro Galín y otros, Asalariados y clases populares en Lima, Lima, 1986, y un análisis complejo de la identidad propia de los trabajadores es Jorge Parodi, «Ser obrero es algo relativo»: Obreros, clasismo y política, Lima, 1986. Otras obras generales son José Barba Caballero, Historia del movimiento obrero peruano, Lima, 1981, y Alberto Moya Obeso, Sindicalismo aprista y clasista en el Perú (1920-1956), Trujillo, Perú, 1977. Tratan específicamente de los mineros: Jaysuno Abramovich, Análisis socioeconómico del trabajador minero en el Perú, Lima, 1983; Julián Laite, Industrial Development and Migrant Labour, Manchester, 1981; Heraclio Bonilla, El minero de los Andes, Lima, 1974; Dirk Kruijt y Menno Vellinger, Labor Relations and Multinational Corporations, Assen, Países Bajos, 1979. Dos obras se ocupan del papel de la dirección obrera en las comunidades industriales que se crearon bajo el gobierno militar de Velasco Alvarado: Giorgio Alberti y otros, Estado y clase: La comunidad industrial en el Perú, Lima, 1977, y Evelyne Hubert Stephens, The Politics of Workers’ Participation, Nueva York, 1980.

Sobre Ecuador, véanse Osvaldo Albornoz, Historia del movimiento obrero ecuatoriano, Quito, 1983; Osvaldo Albornoz y otros, 28 de mayo y fundación de la CTE, Quito, 1984, que se centra en Ecuador en el decenio de 1940; y Juan-Pablo Pérez Sainz, Clase obrera y democracia en el Ecuador, Quito, 1985.

Colombia

Una buena introducción al trabajo en Colombia es la de Daniel Pécaut, Política y sindicalismo en Colombia, Bogotá, 1973. También merecen consultarse: Edgar Caicedo, Historia de las luchas sindicales en Colombia, Bogotá, 1982, y Víctor Manuel Moncayo y Fernando Rojas, Luchas obreras y política laboral en Colombia, Bogotá, 1978. Otro estudio, que utiliza el concepto de la «negociación política» de Payne, es Miguel Urrutia, The Development of the Colombian Labor Movement, New Haven, Connecticut, 1969. Mauricio Archila Neira ha escrito dos obras que se analizan en la identidad cultural de la clase trabajadora colombiana en sus primeros tiempos: Aquí nadie es forastero: Testimonios sobre la formación de una cultura radical: Barrancabermeja, 1920-1950, Bogotá, 1986, y Cultura e identidad obrera: Colombia, 1910-1945, Bogotá, 1991. Kenneth Medhurst se centra en la Iglesia católica y en la formación de la Unión de Trabajadores de Colombia en 1946 y su posterior evolución en The Church and Labour in Colombia, Manchester, 1984. La condición de la clase trabajadora de Bogotá en los años cincuenta se describe en líneas generales en Camilo Torres, La proletarización de Bogotá, Bogotá, 1987. Un estudio interesante y detallado de los obreros de fábrica en Medellín en los años sesenta es Charles Savage y George Lombard, Sons of the Machine: Case Studies of Social Change in the Workplace, Cambridge, Massachusetts, 1986. Otro estudio útil que data de los años sesenta, en este caso de una ciudad petrolera, es A. Eugene Havens y Michel Romieux, Barrancabermeja: Conflictos sociales en torno a un centro petrolero, Bogotá, 1966. La situación de los sindicatos en los años setenta y primeros ochenta se expone en una serie de excelentes estudios de casos en Hernando Gómez Buendía y otros, Sindicalismo y política económica, Bogotá, 1986.

Venezuela

Julio Godio ha escrito una obra en tres volúmenes sobre el trabajo en Venezuela que reproduce y resume gran número de documentos: Julio Godio, El movimiento obrero venezolano, 3 vols., Caracas, 1980, 1982 y sin fecha. El primer volumen abarca el período 1850-1944; el segundo, 1945-1980; y el tercero, 19651980 de forma más detallada. Godio también ha escrito una historia de la Confederación de Trabajadores de Venezuela: 50 años de la CTV (1936-1986), Caracas, 1986. Sobre el crucial período de los años treinta y cuarenta la mejor fuente es Steve Ellner, Los partidos políticos y su disputa por el control del movimiento sindical en Venezuela 1936-1948, Caracas, 1980. Un estudio de los trabajadores del petróleo durante el periodo 1936-1957 es Héctor Lucena, El movimiento obrero petrolero, Caracas, 1982. Un estudio de la organización del trabajo en los años setenta es Cecilia Valente, The Political, Economic, and Labor Climate in Venezuela, Filadelfia, 1979.

América Central

Un estudio general del mercado de trabajo en América Central durante la posguerra se elaboró bajo los auspicios de la OIT: Guillermo García Huidobro y otros, Cambio y polarización ocupacional en Centroamérica, San José, Costa Rica, 1986. Manning Nash, Machine Age Maya: The Industrialization of a Guatemalan Community, Chicago, 1958, es un estudio antropológico de la adaptación de los trabajadores a la disciplina industrial en una fábrica de tejidos de las tierras altas de Guatemala en los años cincuenta. Sobre Honduras, véase Mario Posas, Luchas del movimiento obrero hondureño, San José, Costa Rica, 1981. Sobre El Salvador, véase Rafael Menjívar, Formación y lucha del proletariado industrial salvadoreño, San Salvador, 1979. Para Costa Rica hay Daniel Camacho, ed., Desarrollo del movimiento sindical en Costa Rica, San José, Costa Rica, 1985, que, después de un breve estudio histórico, se ocupa principalmente del período de posguerra.

Una crónica clásica de la historia del trabajo en Nicaragua es Carlos Pérez Bermúdez y Onofre Guevara, El movimiento obrero en Nicaragua, Managua, 1985. Una interesante crónica revisionista de las relaciones entre el trabajo y el régimen de Somoza en sus primeros tiempos es Jeffrey Gould, «“For an organized Nicaragua”: Somoza and the labour movement, 1944-1948», JLAS, 19, 2 (1987), pp. 353-387. Estudia el papel del trabajo en la revolución de 1979 Carlos Vilas en «“The workers” movement in the Sandinista Revolution», en Richard Harris y Carlos Vilas, eds., Nicaragua: A Revolution Under Siege, Londres, 1985.

Cuba

Existen pocas obras de estudiosos que se ocupen de la historia del movimiento obrero cubano, lo cual no es raro. Jean Stubbs, Tobacco on the Periphery: A Case Study in Cuba Labour History, 1860-1958, Cambridge, Inglaterra, 1985, sobresale como excepción e indica tanto lo que puede hacerse como lo que todavía no se ha hecho. Un estudio sociológico basado en el que en 1962 llevó a cabo Maurice Zeitlin, Revolutionary Politics and the Cuban Working Class, Princeton, Nueva Jersey, 1967, nos proporciona una visión detallada de las actitudes de los trabajadores cubanos en la primera fase de la revolución. Una crónica muy anticomunista es Rodolfo Riesgo, Cuba: El movimiento obrero y su entorno sociopolítico, Miami, 1985. Una serie de ensayos en torno a la condición económica de la clase trabajadora cubana entre 1933 y 1958 es Carlos del Toro, Algunos aspectos económicos, sociales y políticos del movimiento obrero cubano, La Habana, 1974. El período posrevolucionario se examina en Linda Fuller, Work and Democracy in Socialist Cuba, Filadelfia, 1992.

4. Las movilizaciones rurales en América Latina desde c. 1920

Tres intentos muy conocidos de construir una tipología de los movimientos campesinos en América Latina en el siglo XX son: Aníbal Quijano, «Contemporary peasant movements», en Seymour Lipset y Aldo Solari, eds., Elites in Latin America, Nueva York, 1967 (hay trad. cast.: Élites y desarrollo en América Latina, Paidós, Buenos Aires, 1967); Henry A. Landsberger, «The role of peasant movements and revolts in development», en H. A. Landsberger, ed., Latin American Peasant Movements, Ithaca, Nueva York, y Londres, 1969; y Gerrit Huizer, El potencial revolucionario del campesinado, México, D. F., 1973.

Otras útiles colecciones de artículos sobre la agitación rural son: Rodolfo Stavenhagen, ed., Agracian Problems and Peasant Movements in Latin America, Nueva York, 1970; Ernest Feder, ed., La lucha de clases en el campo: Análisis estructural de la economía latinoamericana, México, D. F., 1975; y Henri Favre, ed., «Les mouvements indiens paysans aux XVIIIe, XIXe et XXe siècles», Actes du XLIIe Congrès International des Américanistes, París, 1976. Pero la más completa y actualizada de las obras colectivas es Pablo González Casanova, ed., Historia política de los campesinos latinoamericanos, 4 vols., México, D. F., 1984-1985, que contiene capítulos sobre todos los países latinoamericanos. Una síntesis iluminadora es Henri Favre, «L’État et la paysannerie en Mésoamérique et dans les Andes», Études Rurales, 81-82 (1981), pp. 25-55. De manera más abstracta proporciona un modelo de la cambiante naturaleza del orden social rural y la creciente diversificación de los actores rurales Eric R. Wolf, «Fases de la protesta rural en América Latina», en Feder, ed., La lucha de clases en el campo.

Sobre la importancia de los caudillos y los caciques, véanse los innovadores ensayos de Eric R. Wolf, «Aspects of group relations in a complex society: Mexico», American Anthropologist, 58 (1956), pp. 1.065-1.078, y François Chevalier, «“Caudillos” et “caciques” en Amérique: Contribution à l’étude des liens personnels», Mélanges offerts à Marcel Bataillon par les hispanistes français, Bulletin Hispanique, 51 (1962). Véanse también Eric R. Wolf y Edward C. Hansen, «Caudillo politics: A structural analysis», CSSH, 9 (1967), pp. 168-179, y Guillermo de la Peña, «Poder local, poder regional: Perspectivas socioantropológicas», en Jorge Padua y Alain Vanneph, eds., Poder local, poder regional, México, D. F., 1986, pp. 27-56.

La clásica crónica «prerrevisionista» del bandidaje en el noreste de Brasil es Mana Isaura Pereira de Queiroz, Os cangaceiros: Les bandits d’honneur brésiliens, París, 1968, en la cual se basó Eric J. Hobsbawm para su obra Bandits, Londres, 1969 (hay trad. cast.: Bandidos, Ariel, Barcelona, 1976). Entre las obras revisionistas cabe citar Peter Singelmann, «Political structure and social banditry in Northeast Brazil», JLAS, 1, 1 (1975), pp. 59-83; Billy Jaynes Chandler, The Bandit King: Lampiño of Brazil, College Station, Texas, 1978; y Linda Lewin, «The oligarchical limitations of social banditry in Brazil: The case of the “Good Thief” Antonio Silvino», Past and Present, 82 (1979), pp. 116-146. En una obra por lo demás encomiable, «Los campesinos y la política en Brasil», en P. González Casanova, ed., Historia política de los campesinos latinoamericanos, vol. 4 (1985), pp. 9-83, José de Souza Martins parece hacer caso omiso de las obras revisionistas y se muestra a favor de la visión de Pereira de Queiroz y Hobsbawm. Una síntesis inteligente y moderadamente antirrevisionista es Gilbert Joseph, «On the trail of Latin American bandits: A reexamination of peasant resistance», LARR, 25, 3 (1990), pp. 7-53. El exhaustivo estudio de Lewis Taylor titulado Bandits and Politics in Perú: Landlord and Peasant Violence in Hualgayoc, 1900-30, Cambridge, 1988, es la fuente más valiosa para una historia del conflicto en la sierra del norte de Perú durante el período de Leguía.

Son crónicas generales de la situación agraria y las actividades de las ligas campesinas en el México posrevolucionario: Eyler N. Simpson, The Ejido: Mexico’s Way Out, Chapel Hill, Carolina del Norte, 1937; Gerrit Huizer, La lucha campesina en México, México, D. F., 1970; y Armando Bartra, Los herederos de Zapata: Movimientos campesinos posrevolucionarios en México, México, D. F., 1985. Hay una extensísima bibliografía sobre caudillos agraristas mexicanos. Felipe Carrillo Puerto ha sido ensalzado por Francisco José Paoli y Enrique Montalvo en El socialismo olvidado de Yucatán, México, D. F., 1980. Una visión más crítica (aunque todavía favorable) del mismo personaje se encuentra en Gilbert Joseph, «Mexico’s “Popular” Revolution: Mobilization and myth in Yucatán», LAP, 6, 3 (1979), pp. 46-65; véase también su Revolution from Without: Yucatán, Mexico and the United States, Cambridge, 1982 (hay trad. cast.: Revolución desde afuera: Yucatán, México y los Estados Unidos: 1880-1924, FCE, México, 1992). Las memorias de José Guadalupe Zuño, Reminiscencias de una vida, Guadalajara, 1956, es un documento útil sobre su mandato como gobernador de Jalisco. Una buena biografía de Francisco J. Múgica (escrita cuando el caudillo tenía 55 años) es Armando de María y Campos, Múgica, México, D. F., 1939. Son crónicas más analíticas las de Heather Fowler Salamini, «Revolutionary caudillos: Francisco Múgica and Adalberto Tejada», en D. A. Brading, ed., Caudillo and Peasant in the Mexican Revolution, Cambridge, 1980 (hay trad. cast.: Caudillos y campesinos en la revolución mexicana, FCE, 1985), y Jorge Zepeda Patterson, «Los caudillos en Michoacán: Francisco J. Múgica y Lázaro Cárdenas», en Carlos Martínez Assad, ed., Estadistas, caciques y caudillos, México, D. F., 1988. La obra de Paul Friedrich Agrarian Revolt in a Mexican Village, Chicago, 1977² (hay trad. cast.: Revuelta agraria en una aldea mexicana, FCE, México, 1981), no es sólo la mejor descripción de Primo Tapia y sus seguidores, sino también un análisis lúcido del caciquismo en el Michoacán posrevolucionario. Es igualmente valiosa la continuación de este libro, también de Friedrich: Princes of Naranja: An Essay in Anthrohistorical Method, Austin, Texas, 1986 (hay trad. cast.: Los príncipes de Naranja, Grijalbo, México, D. F., 1992). Sobre Adalberto Tejada y las ligas campesinas de Veracruz, Heather Fowler Salamini ha escrito una notable monografía: Agrarian Radicalism in Veracruz, 1920-38, Lincoln, Nebraska, 1978 (hay trad. cast.: Movilización campesina en Veracruz: 1920-1938, Siglo XXI, México, 1979); Romana Falcón y Soledad García adoptan un método biográfico en La semilla en el surco: Adalberto Tejada y el radicalismo en Veracruz, México, D. F., 1986. El ejército campesino de Saturnino Cedillo está bien retratado en varios libros: Beatriz Rojas, La pequeña guerra: Carrera Torres y los Cedillo, Zamora, 1983; Dudley Ankerson, Agrarian Warlord: Saturnino Cedillo and the Mexican Revolution in San Luis Potosí, DeKalb, Illinois, 1984; y, en particular, Romana Falcón, Revolución y caciquismo: San Luis Potosí, 1910-1938, México, D. F. 1984. Las condiciones sociales para la aparición del movimiento cedillista se analizan en Mari-Jose Amerlinck, «From hacienda to ejido: The San Diego de Río Verde case» (tesis de doctorado inédita, Universidad de Nueva York, Stony Brook, 1980), y Victoria Lemer, «Los fundamentos socioeconómicos del cacicazgo en el México posrevolucionario: El caso de Saturnino Cedillo», HM, 23, 3, 1980.

De los numerosos estudios de las estrategias agrarias de Lázaro Cárdenas, véanse en particular: Eyler N. Simpson, The Ejido: Mexico’s Way Out, Chapel Hill, Carolina del Norte, 1937, testimonio honrado y análisis riguroso; Arnaldo Córdova, La política de masas del cardenismo, México, D. F., 1974; Luis González, Los días del presidente Cárdenas, México, D. F., 1981 (Historia de la Revolución Mexicana, 15); y Nora Hamilton, The Limits of State Autonomy: Postrevolutionary Mexico, Princeton, Nueva Jersey, 1982. Un punto de vista crítico de las relaciones entre el cardenismo y los campesinos se ofrece en Marjorie Becker, «Black and white and color: Cardenismo and the search for a Campesino ideology», CSSH, 29 (1987), pp. 453-465. Sobre el sinarquismo, Nathan Whetten escribió un lúcido capítulo en su Rural Mexico, Chicago, 1948. Proporcionan análisis recientes: Jean Meyer, El sinarquismo ¿un fascismo mexicano?, México, D. F., 1979; Servando Ortoll, «Las legiones, la base y el sinarquismo: ¿Tres organizaciones distintas y un solo fin verdadero?», en Jorge Alonso, ed., El PDM, movimiento regional, Guadalajara, 1989, pp. 17-64; y Rubén Aguilar y Guillermo Zermeño, Hacia una reinterpretación del sinarquismo actual, México, D. F., 1988. César Moheno da el punto de vista de los campesinos que apoyaban al movimiento en Las historias y los hombres de San Juan, Zamora, 1985.

James Dunkerley, Power in the Isthmus: A Political History of Modern Central America, Londres, 1988, examinan las movilizaciones rurales en los años veinte y treinta. Sobre Sandino, véase Gregorio Selser, Sandino: General de hombres libres, San José, Costa Rica, 1972². Sobre el ejército de Sandino da un poco de información Jaime Wheelock Román, Imperialismo y dictadura: Crisis de una formación social, México, D. F., 1975, pero todavía no tenemos un estudio minucioso de la organización interna del movimiento. Sobre el levantamiento de 1932 en El Salvador y la subsiguiente matanza, véanse Thomas R Anderson, Matanza: El Salvador Communist Revolt of 1932, Lincoln, Nebraska, 1971 —que contiene datos buenos pero cuyo título es engañoso: la revuelta fue más étnica que «comunista»—, y Rafael Menjívar Latín, El Salvador: El eslabón más pequeño, San José, Costa Rica, 1980. Roque Dalton construyó un «collage» irónico con diferentes versiones de la matanza en su obra Historias prohibidas del Pulgarcito, México, D. F., 1977. Dalton también transcribió las memorias de uno de los líderes comunistas de la revuelta y se encargó de la edición: Miguel Mármol: Los sucesos de 1932 en El Salvador, San Salvador, 1972.

Sobre la resistencia india en la región andina de Bolivia entre las dos guerras mundiales, véanse los primeros capítulos de dos libros exhaustivos sobre el tema: Fernando Calderón y Jorge Dandler, eds., Bolivia: La fuerza histórica del campesinado, Cochabamba, 1984, y Silvia Rivera Cusicanqui, «Oprimidos pero no vencidos»: Luchas del campesinado aymara y qhechwa de Bolivia, 1900-1980, Ginebra, 1986. Dos crónicas excelentes de los cambios en la sierra Central de Perú son: Norman Long y Bryan Roberts, eds., Peasant Cooperation and Capitalist Expansión in Central Perú, Austin, Texas, 1978 (el capítulo de Carlos Samaniego viene especialmente a propósito para comprender el decenio de 1930), y Florencia E. Mallon, The Defense of Community in Peru’s Central Highlands, Princeton, Nueva Jersey, 1983. Lectura obligatoria y absorbente es el clásico de José Carlos Mariátegui Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Lima, 1928. Sobre los efectos rurales de las reformas de Leguía, véanse François Chevalier, «Official indigenismo in Perú in 1920: Origins, significance, and socioeconomic scope», en Magnus Mörner, ed., Race and Class in Latin America, Nueva York, 1970; y Wilfredo Kapsoli y Wilson Reátegui, El campesinado peruano, 1919-1930, Lima, 1987.

Sobre la historiografía de la agitación rural y la política en Colombia, véase Jesús Antonio Bejarano, «Campesinado, luchas agrarias e historia social en Colombia: Notas para un balance historiográfico», en P. González Casanova, ed., Historia política de los campesinos latinoamericanos, vol. 3, pp. 9-72. Una descripción clásica de La Violencia es Germán Guzmán, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, La Violencia en Colombia, 2 vols., Bogotá, 1963-1964. En su artículo «Violence and the breakup of tradition in Colombia», en Claudio Véliz, ed., Obstacles to Change in Latin America, Nueva York, 1965, Orlando Fals Borda hizo hincapié en el conflicto en el seno de la élite como detonador principal del conflicto endémico. El libro de Paul Oquist Violence, Conflict and Politics in Colombia, Nueva York, 1980, es un estudio de las raíces históricas y las causas estructurales heterogéneas de este período. John Walton utiliza el caso colombiano como ejemplo de las relaciones entre movimientos campesinos aparentemente limitados a un lugar y los conflictos políticos nacionales en su Reluctant Rebels: Comparative Studies of Revolution and Underdevelopment, Nueva York, 1984. Un estudio regional detallado e innovador es Carlos Miguel Ortiz Sarmiento, Estado y subversión en Colombia: La Violencia en El Quindío, años 50, Bogotá, 1985. Sobre la importancia del bandidaje, véase Darío Betancourt y Martha L. García, Matones y cuadrilleros: Origen y evolución de la violencia en el occidente colombiano, Bogotá, 1991².

La mejor visión general de la historia social y política de Guatemala durante los años de reformas populistas y sus trágicas repercusiones sigue siendo la de Richard Newbold Adams, Crucifixión by Power: Essays on Guatemalan National Social Structure, 1944-1966, Austin, Texas, 1970, que incluye un capítulo de Brian Murphy titulado «The stunted growth of campesino organizations» (pp. 438478). Igualmente útil como fuente de datos económicos y sociales es Nathan L. Whetten, Guatemala: The Land and the People, New Haven, Connecticut, 1961. Whetten compara explícitamente los programas de reforma agraria mexicano y guatemalteco. Se encuentra una defensa lírica del indio guatemalteco y la necesidad de la reforma agraria en Guatemala: Las líneas de su mano, de Luis Cardoza y Aragón, México, D. F., 1955. Neale J. Pearson, «Guatemala: The peasant unión movement, 1944-1954», en H. Landsberger, ed., Latin American Peasant Movements, contiene muchos datos útiles sobre las federaciones. A su vez, las entrevistas que Stokes Newbold (seudónimo de Richard N. Adams) hizo a campesinos encarcelados —partidarios de Arbenz y afiliados a sindicatos— después del golpe muestran que la revolución guatemalteca contenía un amplio espectro de ideas sobre la reforma social, y la ideología y la afiliación políticas: «Receptivity to Communist-fomented agitation in rural Guatemala», Economic Development and Cultural Change, 5, 4 (1957). Thomas y Marjorie Melville, que vivieron varios años como misioneros en la Guatemala rural, hacen una crónica conmovedora tanto de los cambios habidos bajo Arbenz como de la represión despiadada contra miles de indios después del golpe militar en Guatemala: The Politics of Land Ownership, Nueva York, 1971. Un estudio reciente e indispensable es Piero Gleijeses, Shattered Hope: The Guatemalan Revolution and the United States, 1944-54, Princeton, Nueva Jersey, 1991.

Sobre las movilizaciones agrarias que siguieron a la revolución boliviana, Robert J. Alexander, The Bolivian National Revolution, New Brunswick, Nueva Jersey, 1958, afirmó que no fueron espontáneas, sino organizadas desde arriba, mientras que Richard W. Patch, «Bolivia: U. S. assistance in a revolutionary setting», en Richard N. Adams y otros, Social Change in Latin America Today, Nueva York, 1960, pp. 108-176, defendió exactamente el punto de vista contrario. Estudios posteriores han demostrado que la naturaleza de las movilizaciones varió según la región. Por ejemplo, la fuerza de las organizaciones de base en Cochabamba y la claridad de sus reivindicaciones han sido documentadas minuciosamente por Jorge Dandler en El sindicalismo campesino en Bolivia: Los cambios estructurales en Ucureña, México, D. F., 1969; véanse también sus capítulos (con Juan Torruco) «El Congreso Nacional Indígena de 1945 y la rebelión campesina de Ayopaya (1947)» y «Campesinado y reforma agraria en Cochabamba (1952-3): Dinámica de un movimiento campesino en Bolivia», en F. Calderón y J. Dandler, eds., Bolivia: La fuerza histórica del campesinado. Dwight B. Heath muestra una situación de pasividad campesina en las tierras bajas del este en «Bolivia: Peasant syndicates among the Aymara of the Yungas —a view from the grass roots», en H. A. Landsberger, Latin American Peasant Movements. Véase también Silvia Rivera Cusicanqui, Oprimidos pero no vencidos, citada anteriormente. Sobre las consecuencias de la reforma agraria, véanse Jonathan Kelley y Herbert S. Klein, Revolution and the Rebirth of Inequality: A Theory Applied to the National Revolution in Bolivia, Berkeley, 1966, y Andrew Pearse, «Campesinado y revolución: El caso de Bolivia», en Calderón y Dandler, eds., Bolivia.

La historia de las Ligas Camponesas en Brasil la ha escrito de forma muy favorable a ellas Clodomiro Santos de Moraes, «Peasant Leagues in Brazil», en R. Stavenhagen, ed., Agrarian Problems and Peasant Movements in Latin America. Moraes, que participó en ellas, lamenta amargamente las peleas internas entre miembros campesinos y los frecuentes errores estratégicos de los líderes. Todavía favorables pero más analíticas son las obras de Cynthia N. Hewitt, «Brazil: The peasant movement of Pernambuco, 1961-1964», en H. Landsberger, ed., Latin American Peasant Movements, citada anteriormente, pp. 374-398; Shepard Forman, The Brazilian Peasantry, Nueva York, 1975; y Fernando Antonio Azevedo, As Ligas Camponesas, Río de Janeiro, 1982. Francisco Julião da su propia versión en tres libros: Que sao Ligas Camponesas, Río de Janeiro, 1962, Cambão: La cara oculta de Brasil, México, D. F., 1968; y Brasil: Antes y después, México, D. F., 1968. Un análisis crítico de la organización y su líder principal se encuentra en Anthony Leeds, «Brazil and the myth of Francisco Julião», en Joseph Maier y Richard Weatherhead, Politics of Change in Latin America, Nueva York, 1964, pp. 190-204. A las acusaciones de Leeds —en el sentido de que Julião era un arribista, que sus métodos eran sumamente paternalistas, que no había auténticos líderes populares en Brasil, y que toda la movilización de Pernambuco fue consecuencia de peleas internas de la élite—, José de Souza Martins, en «Los campesinos y la política en Brasil», citada anteriormente, opone una visión en la cual la agitación rural se explica atendiendo a las profundas contradicciones que existían en la economía agraria brasileña —y no sólo en el noreste—, aunque reconoce las divisiones y los titubeos de los partidos políticos y los grupos urbanos que se disputaban el apoyo de la población rural.

Se encuentra una perspectiva general de la violencia rural en la sierra antes del golpe militar de 1968 en Howard Handelman, Struggle in the Andes: Peasant Mobilization in Perú, Austin, Texas, 1975. Véase también Edward Dew, Politics in the Altiplano: The Dynamics of Change in Rural Perú, Austin, Texas, 1969, sobre las movilizaciones campesinas en el Departamento de Puno. El mejor análisis del movimiento de La Convención y Lares es Eduardo Fioravanti, Latifundismo y sindicalismo agrario en el Perú, Lima, 1972. Véase también Wesley W. Craig, Jr., From Hacienda to Community: An Analysis of Solidarity and Social Change in Perú, Ithaca, Nueva York, 1967. Eric Hobsbawm analiza la situación de las haciendas y las condiciones de trabajo de las que surgió el movimiento en «A case of neo-feudalism: La Convención, Perú», JLAS, 1, 1 (1969), pp. 31-50. William F. Whyte utiliza el caso de La Convención, entre otros, como argumento contrario a la tesis de «la pasividad política» de los campesinos en «Rural Perú —peasants as activists», en D. B. Heath, ed., Contemporary Cultures and Societies in Latin America, Nueva York, 1974², y Hugo Blanco (el líder trotskista) hace su propia crónica en Tierra o muerte: las luchas campesinas en Perú, Siglo XXI, México, D. F., 1972. Una crónica interesante de la lucha agraria en una sola aldea durante todo el decenio de 1960 es Gavin Smith y Pedro Cano, «Some factor contributing to peasant land occupations in Perú: The example of Huasicancha, 1963-1968», en Long y Roberts, Peasant Cooperation and Capitalist Expansión in Central Perú, pp. 163-190.

Una selección muy útil de textos sobre la historia del indigenismo, escritos desde un punto de vista crítico, es Claude Bataillon y otros, Indianidad, etnocidio e indigenismo en América Latina, México, D. F., 1988; véanse también Marie-Chantal Barre, Ideologías indigenistas y movimientos indios, México, D. F., 1983, e Instituto Nacional Indigenista, ed., INI: 40 años, México, D. F., 1940. Los escritos de Gonzalo Aguirre Beltrán son una defensa inteligente del indigenismo oficial mexicano: véanse, por ejemplo, su Teoría y práctica de la educación indígena, México, D. F., 1973, y su clásica obra El proceso de aculturación y el cambio sociocultural en México, México, D. F., 1970. Sobre el caso peruano, véase Thomas Davies, Iridian Integration in Perú: A Half Century of Experience, Lincoln, Nebraska, 1974.

Sobre la situación en el campo mexicano de 1940 a 1970, los escritos de Arturo Warman, Los campesinos, hijos predilectos del régimen, México, D. F., 1972, y Ensayos sobre el campesinado mexicano, México, D. F., 1980, y Roger Bartra, Estructura agraria y clases sociales en México, México, D. F., 1974, y Campesinado y poder político en México, México, D. F., 1982, todavía son útiles como representativos de dos tendencias teóricas contrarias: Warman defiende una «campesinación» de la agricultura mexicana, mientras que Bartra ve el futuro en la «proletarización». Además, Warman escribió un notable estudio regional de Morelos: …Y venimos a contradecir: los campesinos de morelos y el estado nacional, Secretaría de Educación Pública, México, D. F., 1976. Sobre la domadura de la CNC, véase Moisés González Navarro, La Confederación Nacional Campesina: Un grupo de presión en la reforma agraria mexicana, México, D. F., 1968. No hay estudios detallados del funcionamiento regional de la UGOCM y la CCI, pero se encuentra material bueno sobre casos en monografías tales como Fernando Salmerón Castro, Los límites del agrarismo: Proceso político y estructuras de poder en Taretán, Michoacán, Zamora, 1989. Sobre Jaramillo, véanse Rubén M. Jaramillo y Froylán C. Manjarrez, Rubén Jaramillo: Autobiografía y asesinato, México, D. F., 1967; Raúl Macín, Rubén Jaramillo: Profeta olvidado, Montevideo, 1970, y los reportajes de Carlos Fuentes en la revista Política e incluidos en su Tiempo mexicano, México, D. F., 1973. David Rondfeldt, Atencingo: The Politics of Agrarian Struggle in a Mexican Ejido, Stanford, California, 1973, es la crónica de la represión dirigida contra los campesinos y la resistencia campesina de 1940 a 1970. Sobre las guerrillas de Guerrero, hay sólo un breve artículo de Francisco Gómezjara, «El proceso político de Genaro Vázquez hacia la guerrilla campesina», Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 88 (1977), y dos crónicas periodísticas: Orlando Ortiz, Genaro Vázquez, México, D. F., 1974, y Luis Suárez, Lucio Cabañas, el guerrillero sin esperanza, México, D. F., 1984.

Para una brillante síntesis de las condiciones existentes en la Cuba rural a finales de los años cincuenta, véase Eric Wolf, Peasant Wars in the Twentieth Century, Nueva York, 1969, cap. 6 (hay trad. cast.: Las luchas campesinas del siglo XX, Siglo XXI, Madrid, 1972). Para una versión oficial y bastante retórica de la participación de los campesinos en la revolución cubana, véase Adolfo Martín Barrios, «Historia política de los campesinos cubanos», en Pablo González Casanova, ed., Historia política de los campesinos latinoamericanos, vol. 1, pp. 4092. Una visión general y descriptiva y a la vez testimonio apasionado y fascinante de la lucha armada en América Latina durante todo el decenio de 1960 es Richard Gott, Rural Guerrillas in Latin America, Londres, 1970. Adolfo Gilly, periodista y militante trotskista, también escribió un testimonio personal de la guerrilla en aquellos años: La senda de la guerrilla, México, D. F., 1986. Para un interesante análisis de las condiciones de viabilidad de la guerrilla, véase Timothy P. Wickham-Crowley, «Winners, losers, and alsorans: Toward a comparative sociology of Latin American guerrilla movements», en Susan Eckstein, ed., Power and Popular Protest: Latin American Social Movements, Berkeley, 1989, pp. 132-181. Véase también Regis Debray, «Latin America: The Long March», New Left Review, 3 (1965). (Diez años después, Debray escribió un análisis autocrítico, La crítica de las armas, México, D. F., 1974, 2 vols.) Sobre la Federación Campesina Venezolana, véase John Duncan Powell, Political Mobilization of the Venezuelan Peasant, Cambridge, Massachusetts, 1971. Un panegírico personal y muy emotivo de Camilo Torres, que contiene cartas y documentos privados, es Germán Guzmán Campos, Camilo: Presencia y destino, Bogotá, 1967. De la desastrosa aventura de Che Guevara en Bolivia dejaron constancia sus dos protagonistas principales: véanse El diario del Che en Bolivia, México, D. F., 1967, e Inti Peredo, Mi campaña con el Che, México, D. F., 1971. Una crónica desfavorable pero minuciosa es Robert F. Lamberg, «El Che en Bolivia: La “Revolución” que fracasó», Problemas del Comunismo, 27, 4 (1970), pp. 26-38.

La tragedia centroamericana de represión y violencia de los años sesenta a los ochenta se documenta en los libros (ya citados) de Adams, North, Gott y Dunkerley. Una útil selección de textos es Daniel Camacho y Rafael Menjívar, eds., Movimientos populares en Centroamérica, San José, Costa Rica, 1985; la perspectiva comparativa también la usa explícitamente John Booth, «Socioeconomic and political roots of national revolts in Central America», LARR, 26, 1 (1991), pp. 33-74. Un estudio minucioso de la revolución campesina salvadoreña en dos regiones concretas es Carlos Rafael Cabarrús, Génesis de una revolución: Análisis del surgimiento y desarrollo de la organización campesina en El Salvador, México, D. F., 1983; menos analítica pero igualmente instructiva es Jenny Pearce, Promised Land: Peasant Rebellion in Chalatenango, El Salvador, Londres, 1986. Sobre la situación de El Salvador después de 1980, véase Ignacio Medina Núñez, El Salvador: entre la guerra y la esperanza, Guadalajara, 1990. Sobre el crucial papel revolucionario que desempeñaron los peones ambulantes, véanse dos artículos de Jeffrey Paige: «Social theory and peasant revolution in Vietnam and Guatemala», Theory and Society, 12 (1983), pp. 699-737, y «Cotton and revolution in Nicaragua», en Peter Evans, Dietrich Rueschemeyer y Theda Skocpol, eds., State versus Market in the World System, Beverly Hills, California, 1985. Una versión oficial pero bien informada de la reforma agraria nicaragüense es Jaime Wheelock Román, Entre la crisis y la agresión: La reforma agraria sandinista, Managua, 1985.

Los mejores datos sobre los primeros pasos de la reforma agraria peruana son todavía los que dan José María Caballero y Elena Álvarez, Aspectos cuantitativos de la reforma agraria, Lima, 1980; véase también José Matos Mar y José Manuel Mejía, La reforma agraria en el Perú, Lima, 1980. Cynthia McClintock llevó a cabo un estudio a fondo de nueve cooperativas y una comunidad de control que le permitió escribir un libro lúcido: Peasant Cooperatives and Political Change in Perú, Princeton, Nueva Jersey, 1981. Un detallado análisis de nivel local del funcionamiento de los nuevos organismos gubernamentales se encuentra en Norman Long y David Winder, «From peasant community to production cooperative», Journal of Development Studies, 12, 1 (1975), pp. 75-94. Una revaluación del proceso de reforma social después de diez años se encuentra en Abraham Lowenthal y Cynthia McClintock, eds., The Peruvian Experiment Reconsidered, Princeton, Nueva Jersey, 1983. Abarca un período más largo Tanya Korovkin, Politics of Agricultural Cooperativism: Perú, 1969-1983, Vancouver, Canadá, 1990, aunque se centra en el análisis de tres fincas algodoneras.

Sobre el trasfondo de la agitación campesina en Chile, véanse Almino Affonso y otros, Movimiento campesino chileno, Santiago, Chile, 1970, y Amold Bauer, Chilean Rural Society to 1930, Cambridge, 1975. Robert Kaufman, The Politics of Latid Reform in Chile, Cambridge, Massachusetts, 1972, analiza minuciosamente las complicadas alianzas y divisiones entre clases y grupos en el campo chileno. Véase también Brian Loveman, Struggle in the Countryside: Politics and Rural Labor in Chile, 1919-1973, Bloomington, Indiana, 1976. La reforma agraria de Frei vista desde las bases se encuentra en James Petras y Hugo Zemelman, Peasants in Revolt: A Chilean Case Study, 1965-1971, Austin, Texas, 1972. Sobre la experiencia socialista chilena, una buena perspectiva general está en J. A. Zammit, ed., The Chilean Road to Socialism, Brighton, 1973. Véase también Fernando Mires, La rebelión permanente: Las revoluciones sociales en América Latina, México, D. F., 1988, cap. 6. Una evaluación crítica de la situación agraria bajo Frei, Allende y Pinochet es Leonardo Castillo y David Lehmann, «Chile’s three agrarian reforms: The Inheritors», BLAR, 1, 2 (1982), pp. 21-44, que complementa la anterior crónica del período de Frei que escribió Lehmann, «Agrarian reform in Chile: An essay in contradictions», en D. Lehmann, ed., Agrarian Reform and Agrarian Reformism, Londres, 1974. Un análisis general de los años de Pinochet lo escribieron Sergio Gómez y Jorge Echenique, La agricultura chilena: Las dos caras de la modernización, Santiago, Chile, 1988.

De la ascensión y la decadencia de la ANUC en Colombia hace una crónica y un análisis lúcidos León Zamosc, The Agrarian Question and the Peasant Movement in Colombia, Cambridge, 1986. Una síntesis puesta al día de la misma obra es «Peasant struggles in the 1970s in Colombia», en Susan Eckstein, ed., Power and Popular Protest. Véanse también Silvia Rivera Cusicanqui, Política e ideología en el movimiento campesino colombiano: El caso de la ANUC, Ginebra y Bogotá, CINEP, 1987, y Cristina Escobar y Francisco de Roux, «Movimientos populares en Colombia (1970-1983)», en Daniel Camacho y Rafael Menjívar, eds., Los movimientos populares en América Latina, México, D. F., 1989.

La diversificación y la capitalización de la agricultura campesina se analizan en Guillermo de la Peña, A Legacy of Promises: Agriculture, Politics and Ritual in the Morelos Highlands of Mexico, Austin, Texas, 1981. Una perspectiva general de la agitación rural en México de 1970 a mediados de los años ochenta es Blanca Rubio, Resistencia campesina y explotación rural en México, México, D. F., 1987; véase también una interpretación más analítica en Michael W. Foley, «Agenda for mobilization: The agrarian question and popular mobilization in contemporary Mexico», LARR, 26, 2 (1991), pp. 39-74. La crisis del control de la CNC en una región determinada se narra en Eric Villanueva, Crisis henequenera y movimientos campesinos en Yucatán, 1966-1983, México, D. F., 1985; véase también Clarisa Hardy, El estado y los campesinos: La Confederación Nacional Campesina (CNC), México, D. F., 1984. Sobre los años de Echeverría, véanse Steven E. Sanderson, Agrarian Populism and the Mexican State: The Struggle for Land in Sonora, Berkeley, 1981, y Fernando Rello, Burguesía, campesinos y estado en México: El conflicto agrario de 1976, Ginebra, 1987. Sobre la lucha por el control político local, véase Adriana López Monjardín, La lucha por los ayuntamientos: Una utopía viable, México, D. F., 1986. La expansión del peonaje rural se documenta en Luisa Paré, El proletariado agrícola en México: ¿Campesinos sin tierra o proletarios agrícolas?, México, D. F., 1977, y Enrique Astorga Lira, Mercado de trabajo rural en México: La mercancía humana, México, D. F., 1985. Sobre el último decenio, véanse Luisa Paré, «Movimiento campesino y política agraria en México, 1976-1982», RMS, 47, 4 (1985), pp. 85-111; Gustavo Gordillo, Campesinos al asalto del cielo: De la expropiación estatal a la apropiación campesina, México, D. F. 1988. Jonathan Fox y Gustavo Gordillo, «Between State and market: The campesino’s quest for autonomy», en Wayne Cornelius y otros, Mexico’s Alternative Political Futures, La Jolla, California, 1989, pp. 131-172; y, sobre todo, Neil Harvey, Peasant Movements and the Mexican State, 1979-1990, Londres, 1991. La suerte (mala) de la agricultura y de los grupos de pequeños propietarios de México durante los años de De la Madrid se describe en José Luis Calva, Crisis agrícola y alimentaria en México, 19821988, México, D. F., 1988.

La magnitud de la agitación y la resistencia campesinas al SINAMOS después de la reforma agraria peruana se examina en Diego García Sayán, Tomas de tierras en el Perú, Lima, 1982. Informa de la ascensión de Sendero Luminoso Raúl González en sus artículos «Por los caminos de Sendero», Quehacer (Lima), 19 (octubre de 1982), y «Las batallas de Ayacucho», Quehacer, 21 (febrero de 1983). Carlos Iván Degregori se ocupa de los orígenes regionales, el contexto social y la evolución del movimiento en dos ensayos lúcidos e informativos: «Sendero Luminoso: Los hondos y mortales desencuentros», Instituto de Estudios Peruanos, Documentos de Trabajo, Serie Antropología, n.º 2 (Lima, 1985), y «Sendero Luminoso: Lucha armada y utopía autoritaria», Instituto de Estudios Peruanos, Documentos de Trabajo, Serie Antropología, n.º 3 (Lima, 1985). Henri Favre adopta una amplia perspectiva analítica que vincula Sendero Luminoso a la formación del estado peruano en «Perú: Sendero Luminoso y horizontes ocultos», Cuadernos Americanos, 4, 4 (1987), pp. 29-58; véase también la entrevista con Henri Favre (efectuada por Carlos Iván Degregori y Raúl González) en Quehacer (Lima), 54 (1988), pp. 48-58. A su vez, Cynthia MacClintock hace hincapié en la particular situación de empobrecimiento del campesinado de las tierras altas del sur en su monografía «Why peasants rebel: The case of Peru’s Sendero Luminoso», World Politics, 37, 1 (1984), pp. 48-85. Sobre la renovada crisis del estado colombiano, véanse Comisión de Estudios sobre La Violencia, ed., Colombia: Violencia y democracia: Informe presentado ante el Ministerio de Gobierno, Bogotá, 1987, que incluye un estudio de los problemas rurales, pp. 190-210; Fabio Castillo, Los jinetes de la cocaína, Bogotá, 1987; y Jenny Pearce, Colombia: Inside the Labyrinth, Londres, 1990, especialmente la 3.a parte (hay trad. cast.: Colombia dentro del laberinto, Altamir, s. l., 1992); véase también la reseña de Wolfgang Heinz, «Guerrillas, political violence, and the peace process in Colombia», LARR, 14, 3 (1989), pp. 249-258.

Buena parte de lo que se ha publicado sobre los «nuevos movimientos sociales» se examina en la colección de monografías con edición a caigo de David Slater New Social Movements and the State in Latin America, Amsterdam, 1985; véanse también Fernando Calderón, ed., Los movimientos sociales ante la crisis, Buenos Aires, 1986, y Elizabeth Jelin, ed., Ciudadanía e identidad: Las mujeres en los movimientos sociales latinoamericanos, Ginebra, 1987. Sobre la invasión del Amazonas brasileño después de 1970, véanse Joe Foweraker, The Struggle for Land: A Political Economy of the Pioneer Frontier in Brazilfrom 1930 to the Present Day, Cambridge, 1981, y dos libros de José de Souza Martins, Expropriação e violencia: A questão política no campo, São Paulo, 1980, esp. cap. 4, y A militarização da questao agraria no Brasil, Petrópolis, 1984. Se encuentra abundante documentación sobre las nuevas organizaciones indias en toda América Latina en Guillermo Bonfil, ed., Utopía y revolución: El pensamiento político contemporáneo de los indios en América Latina, México, D. F., 1981. Véanse también Claude Bataillon y otros, Indianidad, etnocidio e indigenismo en América Latina, y Marie-Chantal Barre, Ideologías indigenistas y movimientos indios, citada anteriormente. Sobre la aparición de nuevos actores políticos (entre ellos el movimiento katarista) en Bolivia, véase James M. Malloy y Eduardo Gamarra, Revolution and Reaction in Bolivia, 1964-1985, New Brunswick, Nueva Jersey, 1988. Sobre el katarismo, la mejor crónica sigue siendo Silvia Rivera Cusicanqui, Oprimidos pero no vencidos, citada anteriormente, 3.a parte. Véase también Xavier Albó, «From MNRistas to Kataristas to Katari», en Steve J. Stern, ed., Resistance, Rebellion and Consciousness in the Andean World, 18th to 20th Centuries, Madison, Wisconsin, 1987 (hay trad. cast.: Resistencia, rebelión y conciencia campesina en los Andes: siglos XVIII al XX, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1990). Sobre la COCEI en Oaxaca, véase Mari-France Prevot-Shapira y Heléne Riviére D’Arc, «Les zapoteques, le PRI et la COCEI: Affrontements autour des interventions de l’État dans l’Isthme de Tehuantepec», Amérique Latine, 15 (1983), pp. 64-71. Sobre la UCEZ en Michoacán, véase Jorge Zepeda Patterson, «No es lo mismo agrio que agrario ni comunero que comunista, pero se parecen», en J. Tamayo, ed., Movimientos sociales en el occidente de México, Guadalajara, 1986. Una perspectiva más crítica de la UCEZ y las nuevas organizaciones políticas étnicas está en Luis Vázquez León, Ser indio otra vez: La purepechización de los tarascos serranos, México, D. F., 1992.

5. Los militares en la política latinoamericana desde 1930

Pocas instituciones políticas o grupos sociales de América Latina han despertado tanto interés sostenido entre los estudiosos como los militares. La bibliografía académica de este tema consiste principalmente en estudios sobre los aspectos institucionales, conductuales y culturales de las fuerzas armadas como actores políticos. En menor medida, la bibliografía contiene también historias militares institucionales además de estudios sociológicos de las organizaciones militares como grupos sociales.

El presente ensayo bibliográfico da preferencia a las publicaciones académicas que se ocupan del papel que los militares latinoamericanos han desempeñado en la política nacional de sus respectivos países. No se incluyen en él las historias de tipo convencional que examinan las instituciones militares atendiendo exclusivamente a sus manifestaciones militares: la guerra del Chaco, la Fuerza Expedicionaria Brasileña y, de modo más significativo, la guerra de las Malvinas. También se excluyen las historias y biografías institucionales que han recibido la aprobación oficial de los diversos estamentos militares. Las publicaciones militares oficiales y las revistas de las propias fuerzas armadas constituyen un conjunto de escritos muy distinto de los estudios académicos. Para un soberbio análisis académico del conjunto de publicaciones militares oficiales en América Latina y otras partes, véase Frederick M. Nunn, The Time of the Generáis: Latin American Professional Militarism in World Perspective, Lincoln, Nebraska, 1992. Sin embargo, esta exclusión no abarca libros escritos por personal militar en su calidad de individuos, tales como obras académicas y autobiografías.

América Latina

El decenio de 1960 fue una época de obras académicas precursoras en el nuevo campo multidisciplinario de los Estudios de Zona. Estos años también representaron el cénit de la «revolución conductista» que a la sazón tenía lugar en la disciplina de las ciencias políticas en las universidades de América del Norte y hacía hincapié en estudios analíticos que fuesen empíricos, cuantitativos, comparativos e interdisciplinarios. Fue en este clima intelectual cuando se escribieron las obras clásicas sobre los militares y la política en América Latina. Después del «ocaso de las tiranías» de la región a finales de los años cincuenta no tardó en producirse una nueva oleada de golpes militares cuyo resultado fue la instauración de un nuevo género de regímenes castrenses que parecían ser más duraderos que sus predecesores. En otras regiones del mundo, la descolonización de los antiguos dominios europeos había dado lugar a la aparición de gran número de estados nuevos en los cuales el estamento militar pronto dominaría el proceso político y con ello prepararía el terreno para los estudios comparados de los militares y la política en Asia, África y América Latina.

Es interesante observar que pese a la moda imperante en el mundo académico, la bibliografía sobre los militares y la política en América Latina en los años sesenta nunca estuvo dominada por las obras analíticas cuantitativas y en su mayor parte permaneció arraigada firmemente en la tradición analítica histórica. Al compararla con los actuales niveles de rigor académico en la investigación social y política, la bibliografía clásica frecuentemente parece impresionista, además de estar llena de errores de hechos. Sin embargo, esto no debe quitar méritos a las obras precursoras. John J. Johnson, The Military and Society in Latin America, Stanford, California (hay trad. cast.: Militares y sociedad en América Latina, Solar/Hachette, Buenos Aires, 1966), es un ejemplo de la mejor bibliografía clásica sobre los militares y la política en América Latina. Los dos libros de Edwin Lieuwen, Arms and Politics in Latin America, Nueva York, 1961, y Generáis vs. Presidents: Neomilitarism in Latin America, Londres, 1964, ejercieron muchísima influencia en su tiempo. Otras obras importantes de este género académico son: Gino Germani y K. H. Silvert, Estructura social e intervención militar en América Latina, Buenos Aires, 1965; Willard F. Barker y C. Neale Ronning, Internal Security and Military Power: Counter-Insurgency and Civic Action in Latin America, Columbus, Ohio, 1966; y José Nun, Latin America. The Hegemonic Crisis and the Military Coup, Berkeley, 1969. También son dignas de atención en este contexto: Irving L. Horowitz, «The military élites», en Seymour M. Lipset y Aldo Solari, eds., Elites in Latin America, Nueva York, 1967 (hay trad. cast.: Élites y desarrollo en América Latina, Paidós, Buenos Aires, 1967); José Nun, «The middle-class military coup», en Claudio Véliz, ed., The Politics of Conformity in Latin America, Nueva York, 1967; y Lyle McAlister, «The Military», en John J. Johnson, ed., Continuity and Change in Latin America, Stanford, California, 1964.

Aparte de la bibliografía académica que se ocupa específicamente de los militares y la política en América Latina, en los años sesenta se publicaron otros estudios sobre los militares y la política en general. Sigue siendo un clásico entre ellos Samuel Finer, The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics, Londres, 1962. Morris Janowitz, The Military in the Political Development of New Nations: An Essay in Comparative Analysis, Chicago, 1964, es otra obra excelente. Tanto Finer como Janowitz aluden con frecuencia a ejemplos latinoamericanos en sus libros. William Gutteridge, Military Institutions and Power in the New States, Londres, 1964, se basa mucho más en ejemplos africanos, pero, a pesar de ello, merece estudiarse. Véase también John J. Johnson, ed., The Role of the Military in Underdeveloped Countries, Princeton, Nueva Jersey, 1962. Otra obra significativa en este campo es Samuel P. Huntington, ed., Changing Patterns of Military Politics, Nueva York, 1962. En sus obras posteriores The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations, Cambridge, Massachusetts, 1967, y Political Order in Changing Societies, New Haven, Connecticut, 1968 (hay trad. cast.: El orden político en las sociedades en cambio, Paidós, Barcelona, 1972), hizo hincapié en la debilidad de las instituciones de los estados civiles como factor causal de los golpes militares y muchos de sus contemporáneos opinaron que este análisis era a la vez normativo y tautológico.

Los tratados académicos sobre sociología castrense son una parte importante de la bibliografía sobre los militares y la política. Dos estudios de Morris Janowitz, Sociology and the Military Establishment, Nueva York, 1959, y The Professional Soldier: A Social and Political Portrait, Glencoe, Illinois, 1960, pueden considerarse precursores. Morris Janowitz, ed., The New Military: Changing Patterns of Organization, Nueva York, 1964, y dos libros cuya edición estuvo a cargo de Jacques Van Doom, Armed Forces and Society: Sociological Essays, La Haya, 1968, y The Military Profession and Military Regimes: Commitments and Conflicts, La Haya, 1969, contienen muchas aportaciones valiosas. El género avanzó y se consolidó en dos volúmenes de cuya edición se encargaron conjuntamente Janowitz y Van Doom, On Military Ideology y On Military Intervention, Rotterdam, 1971.

Finalmente, entre las obras clásicas sobre los militares y la política en América Latina también hay estudios comparados de países específicos. Véanse, por ejemplo, Luigi Einaudi y Alfred C. Stepan, Latin American Institutional Development: Changing Military Perspective in Perú and Brazil, Santa Mónica, California, 1971; Liisa North, Civil-Military Relations in Argentina, Chile and Perú, Berkeley, 1966; Lyle N. McAlister, Anthony Maingot y Robert Potash, eds., The Military in Latin American Sociopolitical Evolution: Four Case Studies, Washington, D. C., 1970; y Charles D. Corbett, The Latin American Military as a Socio-Political Forcé: Case Studies of Bolivia and Argentina, Miami, 1972.

El estudio que de forma más clara señala una ruptura con las obras clásicas sobre los militares y la política latinoamericana es Guillermo O’Donnell, Modernization and Bureaucratic-Authoritarianism: Studies in South American Politics, Berkeley, 1973. El modelo BA de O’Donnell ejerció una influencia enorme en las obras posteriores. Dos respuestas eruditas son Karen L. Remmer y Gilbert W. Merkx, «Bureaucratic-Authoritarianism revisited», LARR, 17, 2 (1982), pp. 340, y Fernando Henrique Cardoso, «On the characterization of authoritarian regimes in Latin America», en David Collier, ed., The New Authoritarianism in Latin America, Princeton, Nueva Jersey, 1979 (hay trad. cast.: El nuevo autoritarismo en América Latina, FCE, México, D. F., 1985).

Aparte de Guillermo O’Donnell, en los años de apogeo de los gobiernos castrenses se publicaron otros estudios académicos de los militares y la política en América Latina. Los más dignos de atención entre ellos son: Virgilio Beltrán, El papel político y social de las FFAA en América Latina, Caracas, 1970; Philippe C. Schmitter, ed., Military Rule in Latin America: Function, Consequences and Perspectives, Beverly Hills, California, 1973; Jacques van Doom, The Soldier and Social Change, Beverly Hills, California, 1975; Guido Vicario, Militari e política in America Latina, Roma, 1978; Mauricio Solaún y Michael A. Quinn, Sinners and Heredes: The Polines of Military Intervention in Latin America, Urbana, Illinois, 1973; Isaac Sandoval Rodríguez, Las crisis políticas latinoamericanas y el militarismo, México, D. F., 1976; Mario Esteban Carranza, Fuerzas armadas y estado de excepción en América Latina, México, D. F., 1978; James M. Malloy, ed., Authoritarianism and Corporatism in Latin America, Londres, 1977; e Irving Louis Horowitz y Ellen Kay Trimberger, «State power and military nationalism in Latin America», Comparative Politics, 8, 2 (1976). Roberto Calvo, La doctrina militar de la seguridad nacional: Autoritarismo político y neoliberalismo económico en el Cono Sur, Caracas, 1979, es un libro en especial estimulante. Denis Martin, Alain Rouquié, Tatiana Yannapolous y Philippe Decraene, Os militares e o poder na América Latina e na Africa, Lisboa, 1975, presenta una comparación fascinante entre las dos regiones.

Otros estudios significativos sobre los militares y la política que datan de los años setenta y citan casos latinoamericanos son: Bengt Abrahamson, Military Professionalism and Political Power, Beverly Hills, California, 1972; Edward Feit, The Armed Bureaucrats: Military Administrative Regimes and Political Development, Boston, 1973; Eric A. Nordlinger, Soldiers in Politics: Military Coups and Governments, Englewood Cliffs, Nueva Jersey, 1977; Catherine McArdle Kelleher, ed., Political-Military Systems: Comparative Perspectives, Beverly Hills, California, 1974; Claude E. Welch, Jr., ed., Civilian Control of the Military: Theory and Cases from Developing Countries, Albany, Nueva York, 1976; Sheldon W. Simón, ed., The Military and Security in the Third World: Domestic and International Impacts, Boulder, Colorado, 1978; Morris Janowitz, Military Institutions and Coerción in the Developing Nations, Chicago, 1977; Amos Perlmutter, The Military and Politics in Modern Times: On Professionals, Praetorians and Revolutionary Soldiers, New Haven, Connecticut, 1977 (hay trad. cast.: Lo militar y lo político en los tiempos modernos, Servicio de Publicaciones del Estado Mayor del Ejército, Madrid, 1982); y Alain Rouquié, ed., La politique de Mars: Les processes politiques au sein des partís militaires, París, 1981.

Tras la reinstauración de la democracia en la región durante los años ochenta se han publicado algunos libros excelentes sobre los militares y la política en América Latina. Frederick M. Nunn, Yesterday’s Soldiers: European Military Professionalism in South America, 1890-1940, Lincoln, Nebraska, 1983, proporciona información histórica esencial. Alfred Stepan, Rethinking Military Politics: Brazil and the Southern Cone, Princeton, Nueva Jersey, 1988, es excepcional. Alain Rouquié, L’État militaire en Amérique Latine, París, 1982: traducción española, El estado militar en América Latina, Buenos Aires, 1984, es uno de los mejores libros que jamás se hayan publicado sobre los militares y la política en América Latina. También es importante Genaro Amagada Herrera, El pensamiento político de los militares: Estudios sobre Chile, Argentina, Brasil y Uruguay, Santiago, Chile, 1986². Entre otras obras citaremos: George Philip, The Military in South American Politics, Londres, 1985; Karen L. Remmer, Military Rule in Latin America, Boston, 1989; Paul Cammack y Philip O’Brien, eds., Generáis in Retreat: The Crisis of Military Rule in Latin America, Manchester, Inglaterra, 1985; Augusto Varas, La política de las armas en América Latina, Santiago, Chile, 1988; Pablo González Casanova, Los militares y la política en América Latina, México, D. F., 1988; Augusto Varas, ed., La autonomía militar en América Latina, Caracas, 1988; y Abraham F. Lowenthal y J. Samuel Fitch, eds., Armies and Politics in Latin America, Nueva York, 1986. También merecen leerse los dos libros siguientes: Robert Wesson, ed., New Military Politics in Latin America, Nueva York, 1982, y The Latin American Military Institution, Nueva York, 1986. Finalmente, John Markoff y Silvio R. Duncan Baretta, «What we don’t know about military coups: Observations on recent South American politics», Armed Forces and Society, 12, 2 (1986), es un artículo bien escrito que hace pensar.

Brian Loveman y Thomas M. Davies, Jr., eds., The Politics of Antipolitics: The Military in Latin America, Lincoln, Nebraska, 1989², es una útil recopilación de materiales de lectura sobre los militares y la política en América Latina. Amos Perlmutter y Valerie Plave Bennett, eds., The Political Influence of the Military: A comparative Reader, New Haven, Connecticut, 1980, también contiene material referente a otras regiones.

Alain Rouquié, «Demilitarization and the institutionalization of military-dominated polities in Latin America», en Guillermo O’Donnell, Philippe Schmitter y Laurence Whitehead, eds., Transitions from Authoritarian Rule: Prospects for Democracy, Baltimore, 1986 (hay trad. cast.: Transiciones desde un gobierno autoritario, Paidós, Barcelona, 1989), es uno de los mejores trabajos sobre el proceso de transición del gobierno autoritario militar a alguna forma de gobierno democrático civil hecho desde la perspectiva de los estamentos castrenses. James M. Malloy y Mitchell A. Seligson, eds., Authoritarians and Democrats: Regime Transition in Latin America, Pittsburgh, Pensilvania, 1987, es otra obra útil sobre este tema. También son dignas de leerse Martin C. Needler, «The military withdrawal from power in South America», Armed Forces and Society, 6, 4 (1980), y Karen L. Remmer, «Redemocratization and the impact of authoritarian rule in Latin America», Comparative Politics, 17, 3 (1985), pp. 253-275. Samuel E. Finer, «The retreat to the barracks: Notes on the practice and theory of military withdrawal from seats of power», Third World Quarterly, 7, 1 (1985), y Talukder Maniruzzaman, Military Withdrawal from Politics: A Comparative Study, Cambridge, Massachusetts, 1987, son los mejores estudios multirregionales de la retirada de los militares del poder.

En las situaciones políticas postautoritarias, las relaciones que el régimen democrático civil establece con sus instituciones militares es un factor de importancia cardinal en la consolidación de la democracia. La mejor obra sobre este importantísimo tema es, con mucho, Louis W. Goodman, Johanna S. R. Mendelson y Juan Rial, eds., The Military and Democracy: The future of Civil-Military Relations in Latin America, Lexington, Massachusetts, 1990. El artículo de Merilee S. Grindle «Civil-military relations and budgetary politics in Latin America», Armed Forces and Society, 13, 2 (1987), examina un campo importante de polémicas entre civiles y militares. Otro libro excelente es Paul W. Zagorski, Democracy vs. National Security: Civil-Military Relations in Latin America, Boulder, Colorado, 1992, que contiene análisis comparativos de las relaciones entre civiles y militares en los terrenos de los derechos humanos, la seguridad interna, la reforma militar y la reforma del estado. La novedad de este libro radica en que analiza de manera sistemática los diversos campos de polémicas entre civiles y militares que surgen en el periodo postautoritario. Finalmente, Morris Janowitz, ed., Civil-Military Relations: Regional Perspectives, Beverly Hills, California, 1981, presenta una visión comparada con otras regiones.

Las publicaciones anuales del International Institute of Strategic Studies (IISS), Londres, y el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) contienen información actualizada sobre dos asuntos relacionados: los gastos militares y las compras de armas. World Military Expenditures and Arms Transfers, la publicación oficial de la U. S. Arms Control and Disarmament Agency (ACDA), también es una útil fuente de información. Entre las obras significativas sobre los gastos militares en América Latina que han ido publicándose a lo largo de los años cabe citar Joseph E. Loftus, Latin American Defense Expenditures: 1938-1965, Santa Mónica, California, 1968, y Gertrude E. Heare, Trends in Latin American Military Expenditures, 1940-1970: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Perú, and Venezuela, U. S. Department of State, Office of External Research, Publication 8618, Washington, D. C., 1971. Otra aportación valiosa es Geoffrey Kemp, «The prospects for arms control in Latin America: The strategic dimensión», en Philippe C. Schmitter, ed., Military Rule in Latin America: Function, Consequences and Perspectives, Beverly Hills, California, 1973. Josef Goldblat y Víctor Millán, The Falklands/Malvinas War: Spur to Arms Buildup, Estocolmo, 1983, también es útil. Augusto Varas, Militarization and the Internal Arms Race in Latin America, Boulder, Colorado, 1985, es el mejor libro sobre el asunto. Robert E. Looney, The Political Economy of Latin American Military Expenditures: Case Studies of Venezuela and Argentina, Lexington, Kentucky, 1986, es un excelente estudio comparado.

John Child, Unequal Alliance: The Interamerican Military System, 1938-1978, Boulder, Colorado, 1980, es una soberbia historia del sistema militar multilateral dominado por los Estados Unidos que existe en el hemisferio occidental. Jan Knippers Black, Sentinels of Empire: The United States and Latin American Militarism, Nueva York, 1986, es otro estudio útil de las relaciones militares entre los Estados Unidos y América Latina. Lars Schoultz, National Security and United States Policy Toward Latin America, Princeton, Nueva Jersey, 1987, también contiene material importante sobre este tema. Philippe C. Schmitter, «Foreign military assistance, national military spending and military rule in Latin America», en Schmitter, ed., Military Rule in Latin America: Function, Consequences and Perspectives, Beverly Hills, California, 1973, es una aportación importante. Una publicación interesante y relacionada es «Some relationships between U. S. military training in Latin America and weapons acquisition patterns: 1959-1969», Arms Control Project, Center for International Studies, MIT (febrero de 1970). J. Samuel Fitch, «The political impact of U. S. military aid to Latin America», Armed Forces and Society, 5, 3 (1979), es una lectura interesante.

En la tradición militar latinoamericana se ha asignado un lugar importante a los libros que tratan de geopolítica, que es uno de los temas favoritos sobre los cuales han escrito los generales y los almirantes de la región. Destacan los nombres de los generales brasileños Golbery do Couto e Silva (Geopolítica do Brasil, Río de Janeiro, 1967) y Carlos de Meira Mattos (A geopolítica e as projeções do poder, Río de Janeiro, 1977); de los generales chilenos Chrismar Escuti (Geopolítica: Leyes que se deducen del estudio de la expansión de los estados, Santiago, Chile, 1968) y Augusto Pinochet Ugarte (Geopolítica: Diferentes etapas para el estudio geopolítico de los estados, Santiago, Chile, 1968); y del general argentino Juan E. Guglialmelli (numerosos artículos en Estrategia, Buenos Aires). John Child, Geopolitics and Conflict in South America: Quarrels Among Neighbors, Nueva York, 1985, es una obra excelente que resume los diversos puntos de vista nacionales. Los almirantes argentinos y chilenos han escrito innumerables libros y artículos sobre la Antártida y los territorios insulares en disputa que hay en el Atlántico Sur. Virginia Gamba-Stonehouse examina de manera soberbia estos puntos de vista diferentes en su libro Strategy in the Southern Oceans: A South American View, Londres, 1989.

Military Balance, la publicación anual del IISS, Londres, es la fuente clásica sobre arsenales comparados. Los dos libros de Adrián J. English, Armed Forces of Latin America: Their Histories, Development, Present Strength and Military Potential, Londres, 1984, y Regional Defence Profile n.º 1: Latin America, Londres, 1988, son soberbios.

No hay ningún estudio académico del proceso de instrucción y socialización en las academias militares de América Latina, ya sea comparado o dedicado a un país concreto. Sin embargo, Michael D. Stephens, ed., The Educating of Armies, Londres, 1989, contiene un capítulo sobre la educación militar en la Cuba posrevolucionaria.

Casi todas las obras que hemos citado tienen relación con los ejércitos latinoamericanos y la mayoría de los estudiosos cometen el error de tomar la palabra «ejército» como sinónimo de «militar». Por tanto, Robert L. Scheina, Latin America: A Naval History 1810-1987, Annapolis, Maryland, 1987 (hay trad. cast.: Iberoamérica: una historia naval 1810-1987, San Martín, Madrid, 1987), es un valioso complemento de lo que se ha escrito sobre los militares y la política en América Latina.

Argentina

Hay dos estudios excelentes del ejército argentino: Robert A. Potash, The Army and Politics in Argentina, es el resultado de muchos años de erudición constante y concentrada. El primer volumen, que lleva el subtítulo de Yrigoyen to Perón, Stanford, California, 1969 (hay trad. cast.: El ejército y la política en la Argentina, 1928-1945, Sudamericana, Buenos Aires, 1981), abarca los años 1928-1945. Perón to Frondizi, Stanford, California, 1980 (hay trad. cast.: El ejército y la política en la Argentina, 1945-1962, Sudamericana, Buenos Aires, 1981), analiza los acontecimientos hasta 1962 y es muy de desear que se publique otro volumen en el futuro. Alain Rouquié, Poder militar y sociedad política en la Argentina, Buenos Aires, 1981/1982 (original francés: Pouvoir militaire et société politique en République Argentine, París, 1978), también se ha publicado en dos volúmenes, el primero de los cuales abarca el período hasta el golpe del GOU en 1943 y el segundo continúa hasta el regreso de Perón en 1973. Tanto Potash como Rouquié han escrito historias políticas magníficas, pero difieren en perspectiva: el primero aborda el tema como historiador y el segundo, como científico político. En conjunto dan al lector el tratamiento acadéipico más fidedigno que jamás se haya dedicado a una institución militar latinoamericana y su papel en política. Véase también F. Lafage, L’Argentine des dictatures, 1930-1983: Pouvoir militaire et idéologie contrerévolutionnaire, París, 1991.

Los militares argentinos y la política en el período comprendido entre la caída de Perón en 1955 y la de Frondizi en 1962 se examinan en Carlos A. Florit, Las fuerzas armadas y la guerra psicológica, Buenos Aires, 1963, y Rogelio García Lupo, La rebelión de los generales, Buenos Aires, 1963. J. Ochoa de Eguileor y Virgilio R. Beltrán, Las fuerzas armadas hablan, Buenos Aires, 1968, es un estudio útil de un período ligeramente posterior. Una perspectiva izquierdista del militarismo argentino se encuentra en Jorge Abelardo Ramos, Historia política del ejército argentino, Buenos Aires, 1973. Jorge A. Paita, ed., Argentina: 1930-1960: Sur, Buenos Aires, 1961, contiene un capítulo excelente de Horacio Sueldo sobre las fuerzas armadas. Marvin Goldwert, Democracy, Militarism, and Nationalism in Argentina, 1930-1966: An Interpretation, Austin, Texas, 1972, es otro estudio valioso de los militares argentinos y la política. Goldwert clasifica analíticamente las fuerzas armadas argentinas en dos grupos opuestos: los «nacionalistas liberales» y los «nacionalistas integrales» y hay que señalar que esta clasificación es a la vez interesante e iluminadora.

Guillermo O’Donnell, 1966-1973, el estado burocrático autoritario y William C. Smith, Authoritarianism and the Crisis of the Argentine Political Economy, Stanford, California, 1989, aportan dos libros notables sobre los regímenes militares de la «revolución argentina». Al igual que en el caso de Potash y Rouquié, lo mejor es leer juntos estos dos estudios eruditos. Sin embargo, lejos de complementarse recíprocamente, O’Donnell y Smith contemplan los militares argentinos y la política en general y el período 1966-1973 en particular desde perspectivas radicalmente distintas. Y, a diferencia de O’Donnell, cuyo libro se centra en el citado período, Smith analiza también el período 1976-1983. Otros libros sobre el período 1966-1973 que merecen leerse son: Roberto Roth, Los años de Onganía: Relato de un testigo, Buenos Aires, 1980; Rubén M. Perina, Onganía, Levingston, Lanusse: Los militares en la política argentina, Buenos Aires, 1983; y Carlos Alberto Quinterno, Militares y populismo (La crisis argentina desde 1966 hasta 1976), Buenos Aires, 1978.

Darío Cantón, La política de los militares argentinos: 1900-1971, Buenos Aires, 1971, es magnífica por su análisis de los militares argentinos y la política en el siglo XX vistos desde la destitución del general Onganía y el derrumbamiento de la llamada «revolución argentina» de 1966. Robert Potash examina el mismo período desde el punto de vista del profesionalismo militar en «The impact of professionalism on the twentieth century Argentine military», Program in Latin American Studies, Occasional Papers Series, n.º 3, University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts, 1977. Félix Luna, De Perón a Lanusse, Buenos Aires, 1972, se ocupa del período que va de la caída de Perón hasta su regreso final del exilio. Uno de los mejores artículos generales sobre los militares argentinos y la política es James Rowe, «Argentina’s restless military», en Robert D. Tomasek, ed., Latin American Politics: Studies of the Contemporary Scene, Nueva York, 1970. Philip B. Springler, «Disunity and disorder: Factional politics in the Argentine military», en Henry Bienen, ed., The Military Intervenes: Case Studies in Political Development, Hartford, Connecticut, 1968, analiza fisuras y divisiones en el seno de las instituciones militares argentinas. Véase también Silvio Waisbord, «Politics and identity in the Argentine army: Cleavages and the generational factor», LARR, 26, 2 (1991), pp. 157-170.

Nunca más, Londres, 1986, el informe oficial de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas (CONADEP) que la administración Alfonsín creó para que investigase las «desapariciones» de la «guerra sucia», es con mucho la mejor crónica del terror extralegal que el estado militar desató durante el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). Juan E. Corradi, «The mode of destruction: Terrorism in Argentina», Telos, 54 (invierno de 1982-1983), es un buen artículo sobre este lúgubre tema. Entre otros artículos que son útiles para el período del Proceso se cuentan Ronaldo Munck, «The “módem” military dictatorship in Latin America: The Case of Argentina (1976-1982)», LAP, 12, 4 (1985), pp. 41-47, y David Pion-Berlin, «The fall of military rule in Argentina: 1976-1983», JLAS, 27, 2 (1985), pp. 55-76. Véase también Andrés Fontana, «Political decisión making by a military Corporation, 1976-1983», tesis de doctorado inédita, Universidad de Texas, Austin, 1987.

Han aparecido varios artículos que hablan del proceso de transición del gobierno autoritario de los militares al democrático de los civiles en Argentina. Los más útiles e interesantes son: Alain Rouquié, «Argentina, the departure of the military: End of a political cycle or just an episode?», International Affairs (Londres), 59, 4 (1983), pp. 575-586, y Ronaldo Munck, «Democratization and demilitarization in Argentina, 1982-1985», BLAR, 4, 2 (1985), pp. 85-93. Véase también Andrés Fontana, Fuerzas armadas, partidos políticos y transición a la democracia en Argentina, Buenos Aires, 1984. Un motivo importante de polémicas entre civiles y militares durante el gobierno de Alfonsín fue la reforma militar. Carlos J. Moneta, Ernesto López y Aníbal Romero, La reforma militar, Buenos Aires, 1985, y Augusto Varas, «Democratización y reforma militar en la Argentina», Documento de Trabajo, FLACSO (Santiago, 1986), son las aportaciones académicas que más hacen pensar. Las relaciones entre civiles y militares durante el gobierno de Alfonsín se analizan magníficamente en David Pion-Berlin, «Between confrontation and accommodation: Military and government policy in democratic Argentina», JLAS, 23, 3 (1991), pp. 543-571.

Félix Luna, Golpes militares y salidas electorales, Buenos Aires, 1983, es un breve resumen de los militares argentinos y la política desde 1930. Los estudios eruditos de este tema chocan con el grave impedimento que supone la falta de libros de memorias de los militares argentinos. Una grata excepción de esta regla general son las memorias más recientes del general Alejandro Lanusse, Protagonista y testigo (Reflexiones sobre 70 años de nuestra historia), Buenos Aires, 1989. Este libro reemplaza sus memorias anteriores, Mi testimonio, no sólo debido a la fecha de publicación, sino también a que la segunda versión es mucho menos interesada que la primera. Rogelio García Lupo, «Los Alsogaray: Una dinastía militar», Política, 7, 71-72 (1968), es un artículo excelente sobre una de las familias de patricios militares de Argentina.

Aunque las revistas que publican las instituciones castrenses argentinas suelen llevar artículos y ensayos de sociología militar, los estudiosos se han ocupado muy poco de este campo. La única excepción obvia es el pequeñísimo capítulo sobre los militares que se encuentra en José Luis de Imaz, Los que mandan (Those Who Rule), Albany, Nueva York, 1970. Desde mediados de los años ochenta el periódico bonaerense La Nación ha publicado varios artículos sobre sociología militar escritos por Carlos Raimondi, capitán retirado de la marina. Sin embargo, el estudio del general Benjamín Rattenbach Sociología militar: Una contribución al estudio, Buenos Aires, 1958, es todavía la mejor aportación sobre este tema publicada en forma de libro por un militar.

Finalmente, la mayoría de las obras que tratan de los militares argentinos y la política se centran en el ejército y tienden a olvidar o marginar el papel que desempeñaron las demás instituciones castrenses. Para una perspectiva diferente del papel de las fuerzas armadas en la historia política de Argentina, véase Varun Sahni, «The Argentine navy as an autonomous actor in Argentine politics», tesis de doctorado inédita, Universidad de Oxford, 1991.

Brasil

La bibliografía académica sobre los militares brasileños y la política desde el decenio de 1930 es muy numerosa y de una calidad siempre elevada. La mayor parte de ella se ocupa del período militar 1965-1985, lo cual es comprensible. Por suerte, los estudiosos no han descuidado por completo el período anterior. José Murilo de Carvalho, «Armed forces and politics in Brasil: 1930-1945», HAHR, 62, 1 (1982), pp. 193-223, es excelente. Véase también Frank D. McCann, «The Brazilian army and the problem of mission, 1939-1964», JLAS, 12, 1 (1980), pp. 107-126. Thomas E. Skidmore, Politics in Brazil, 1930-1964, Nueva York, 1967, es indispensable. John W. F. Dulles, Unrest in Brazil: Political Military Crisis 1955-1964, Austin, Texas, 1970, también se ocupa de los militares brasileños y la política durante el período anterior al golpe de 1964. Nelson Wemeck Sodré, História militar do Brasil, Río de Janeiro, 1965, es un libro favorable a los militares escrito por un historiador izquierdista inmediatamente después del golpe. Un gran estudio del derrocamiento del gobierno de Goulart en 1964 es Phyllis R. Parker, Brazil and the Quiet Intervention, 1964, Austin, Texas, 1979.

La obra más importante sobre los 21 años de gobierno militar que siguieron al golpe de 1964 es Thomas E. Skidmore, The Politics of Military Rule in Brazil, 1964-1985, Oxford, 1988. Durante el período militar mismo se publicaron fuera de Brasil varios estudios útiles del régimen y, después de la apertura que inició el gobierno de Geisel, también en el propio Brasil. El más notable de ellos es Alfred Stepan, The Military in Politics: Changing Patterns in Brazil, Princeton, Nueva Jersey, 1971; Ronald M. Schneider, The Political System of Brazil: The Emergence of a «Modernizing» Authoritarian Regime, Nueva York, 1971; Alfred Stepan, ed., Authoritarian Brazil: Origins, Policies, Future, New Haven, Connecticut, 1973; Eliezer Rizzo de Oliviera, As forças armadas: Política e ideología no Brasil, 1964-1969, Petrópolis, 1976; Edmundo Campos Coelho, Em busca de identidade: O exército e a política na sociedade brasileira, Río de Janeiro, 1976; Alfredo Amaral Gurgel, Segurança e democracia, Río de Janeiro, 1975; y Henry H. Keith, ed., Perspectives on Armed Politics in Brazil, Tempe, Arizona, 1976. Un análisis interesante del primer decenio de gobierno militar se encuentra en Barry Ames, Rhetoric and Reality in a Military Regime: Brazil since 1964, Beverly Hills, California, 1975. Véase también Carlos Castelo Branco, Os militares no poder, 2 vols., Río de Janeiro, 1977/1978. Alain Rouquié, ed., Les partís militaires au Brésil, París, 1980, y Philippe Faucher, Le Brésil des militaires, Montreal, 1981, son libros significativos sobre los militares brasileños y la política, así como las mejores aportaciones en francés al estudio de este tema. Otras aportaciones importantes escritas durante los años de gobierno militar son la tesis de doctorado de Alexandre de Souza Costa Barros, «The Brazilian military: Professional socialization, political performance and State building» (University of Chicago, 1978), y el artículo de Frank McCann «Origins of the “new professionalism” of the Brazilian military», JLAS, 21, 4 (1979).

Se ha dado mucha importancia al papel ideológico de la Escola Superior de Guerra en el golpe de 1964 y el subsiguiente período militar. Antonio de Arruda, ESG: Historia de sua doutrina, Río de Janeiro, 1980, es una obra útil sobre este asunto. En conjunción con este estudio merece la pena leer las siguientes publicaciones de la ESG: Doutrina básica (Río de Janeiro, 1979), Complementos da doutrina (Río de Janeiro, 1981), y Fundamentos da doutrina (Río de Janeiro, 1981).

Durante los gobiernos de Costa e Silva y Medici el servicio de información del ejército, el Servido Nacional de Informações (SNI), se convirtió virtualmente en un «ejército dentro de un ejército». Una obra excelente sobre esta cuestión es Ana Lagda, SNI: Como nasceu, como fondona, São Paulo, 1983. Alfred Stepan, Rethinking Military Politics: Brazil and the Southern Cone, Princeton, Nueva Jersey, 1988, es un notable estudio comparado que ilumina el período militar de 1964-1985 con una percepción retrospectiva muy necesaria. Un buen libro sobre las instituciones militares brasileñas en los comienzos del período postautoritario es Eliezer Rizzo de Oliviera, ed., Militares, pensamento e agao política. Campiñas, 1987. Stanley Hilton, «The Brazilian Military: Changing strategic perceptions and the question of mission», Armed Forces and Society, 13 (1987), es otra aportación valiosa.

Para una historia política amplia del ejército brasileño, véase el excelente estudio de Frank D. McCann A nação armada: Ensaios sobre a história de exército brasileiro, Recife, 1989. Frederick M. Nunn, «Military professionalism and professional militarism in Brazil, 1870-1970», JLAS, 4, 1 (1972), pp. 29-54, es otra aportación significativa. Robert A. Hayes, The Armed Nation: The Brazilian Corporate Mystique, Tempe, Arizona, 1989, la leerán también con gran provecho los estudiosos de los militares brasileños y la política.

Chile

A pesar de que Chile tiene una larga historia de gobierno representativo estable y de partidos políticos institucionalizados y fuertes, los estudiosos no descuidaron las instituciones militares chilenas durante el período anterior al golpe de 1973. La tesis de doctorado inédita de Roy Allen Hansen «Military culture and organizational decline: A study of the Chilean army», Universidad de California, Los Ángeles, 1967, y Alain Joxe, Las fuerzas armadas en el sistema político chileno, Santiago, Chile, 1970, fueron importantes estudios de las instituciones militares de Chile y de los militares chilenos y la política publicados antes de 1973. También merece mencionarse en este contexto Frederick M. Nunn, Chilean Politics, 1920-1931: The Honorable Mission of the Armed Forces, Albuquerque, Nuevo México, 1970. Publicada poco después del golpe de 1973, la obra de Liisa North, The Military in Chilean Politics, Torento, 1974, fue una aportación importante a las obras sobre los militares chilenos y la política. Otro libro excelente que abarca el período anterior al golpe es Frederick M. Nunn, The Military in Chilean History: Essays on Civil-Military Relations, 1810-1973, Albuquerque, Nuevo México, 1976.

Sobre el golpe de 1973, Paul E. Sigmund, The Overthrow of Allende and the Politics of Chile, 1964-1976, Pittsburgh, Pensilvania, 1977, y Arturo Valenzuela, The Breakdown of Democratic Regimes: Chile, Baltimore, 1978 (hay trad. cast.: El quiebre de la democracia en Chile, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Santiago, Chile, 1988), son las mejores obras académicas. Estudios menos objetivos del golpe son: Pío García, ed., Fuerzas armadas y el golpe de estado en Chile, México, D. F., 1974, y James Petras y Morris Morley, The United States and Chile: Imperialism and the Overthrow of the Allende Government, Nueva York, 1975. Nathaniel Davis, The Last Two Years of Salvador Allende, Ithaca, Nueva York, 1985, es una crónica notablemente sincera del que fue embajador norteamericano en Chile durante la administración Allende.

Uno de los mejores estudios del período de Pinochet es Samuel Valenzuela y Arturo Valenzuela, eds., Military Rule in Chile: Dictatorship and Oppositions, Baltimore, 1986. Brian Loveman, «Military dictatorship and political opposition in Chile, 1973-1986», JLAS, 28, 4 (1986-1987), pp. 1-38, abarca terreno parecido. El capítulo de Augusto Varas «The crisis of legitimacy of military rule in the 1980s», en Paul W. Drake e Iván Jaksic, eds., The Struggle for Democracy in Chile, 1982-1990, Lincoln, Nebraska, 1991, es soberbio. La segunda parte del libro de Karen L. Remmer, Military Rule in Latin America, Boston, 1989, se centra en el período de Pinochet y presenta un útil análisis de las iniciativas políticas del régimen militar y de sus efectos en Chile. Manuel Antonio Gametón, El proceso político chileno, Santiago, Chile, 1983, también merece estudiarse.

La característica que más diferencia el régimen dictatorial chileno posterior a 1973 de sus equivalentes en la región es su naturaleza personalista. El mejor estudio de la monopolización del poder por parte de Pinochet es Arturo Valenzuela, «The military in power: the consolidation of one-man rule», en Drake y Jaksic, eds., The Struggle for Democracy in Chile. Un libro fascinante en este contexto es Ascanio Cavallo, Manuel Salazar y Óscar Sepúlveda, La historia oculta del régimen militar, Santiago, Chile, 1988. Genaro Amagada, La política militar de Pinochet, Santiago, Chile, 1985, es otra obra estimulante e interesante. La lucha política más significativa dentro de las fuerzas armadas chilenas después del golpe de 1973 fue entre Pinochet y el general Gustavo Leigh, jefe de las fuerzas aéreas. Al ser destituido Leigh en 1978, la posición de Pinochet se hizo inexpugnable. Este episodio crucial se estudia en Florencia Varas, Gustavo Leigh: El general disidente, Santiago, Chile, 1979, que consiste en una serie de entrevistas.

Algunos de los mejores estudios de los militares chilenos y la política durante el período de Pinochet los publicó la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), cuya sede está en Santiago, durante el período que siguió a la Constitución de 1980: Augusto Varas, Felipe Agüero y Fernando Bustamante, Chile, democracia, fuerzas armadas, Santiago, Chile, 1980; Varas y Agüero, El proyecto político militar, Santiago, Chile, 1982; Hugo Frühling, Carlos Portales y Varas, Estado y fuerzas armadas en el proceso político, Santiago, Chile, 1983; y Varas, Los militares en el poder: Régimen y gobierno militar en Chile, 19731986, Santiago, Chile, 1987. Stephen Suffern, «Les forces armées chiliennes entre deux crises politiques: 1973-1989», Problémes d’Amérique Latine, 85, 3 (1987), es una aportación útil.

Para examinar la política chilena «a vista de dictador», véase Augusto Pinochet Ugarte, Política, politiquería, y demagogia, Santiago, Chile, 1983. Véase también su El día decisivo: 11 de septiembre de 1973, Santiago, Chile, 1980. Los primeros dos volúmenes de la autobiografía de Pinochet tienen escaso interés: Camino recorrido: Memorias de un soldado, Santiago, Chile, 1990. El primer volumen abarca el período que termina en 1973; y el segundo, el período 19731980; sin duda habrá más. Otra autobiografía militar digna de mencionarse es la del predecesor de Pinochet, el general Carlos Prats González, Memorias: Testimonio de un soldado, Santiago, Chile, 1985.

Sobre las relaciones entre civiles y militares durante y después de la transición a la democracia, véase Brian Loveman, «¿Misión cumplida? Civil-Military relations and the Chilean political transition», JLAS, 33, 3 (1991). El Informe Rettig (Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación), 2 vols., Santiago, Chile, 1991, es el equivalente chileno del argentino Nunca más. La comisión la creó el gobierno de Aylwin para informar oficialmente de las violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar.

Perú

La intervención de los militares peruanos en política se identifica principalmente con el régimen militar reformista que subió al poder tras el golpe «izquierdista» de 1968. Sobre los militares antes de 1968, el mejor libro es el de Víctor Villanueva, El militarismo en el Perú, Lima, 1962. Véase también Allen Gulach, «Civil-military relations in Perú: 1914-1945», tesis doctoral inédita, Universidad de Nuevo México, México, 1973. Jorge Rodríguez Beruff, Los militares y el poder: Un ensayo sobre la doctrina militar en el Perú, 1948-1968, Lima, 1983, es un excelente estudio de los militares peruanos y la política antes del golpe que dio el general Velasco Alvarado en 1968. Otra aportación importante en este contexto es Frederick Nunn, «Professional militarism in twentieth century Perú: Historical and theoretical background to the Golpe de Estado of 1968», HAHR, 59, 3 (1979), pp. 391-417. El libro de Luigi Einaudi The Peruvian Military: A Summary Political Analysis, Santa Ménica, California, 1969, escrito poco después del golpe de 1968, también es una buena lectura. Daniel M. Masterson, Militarism and Politics in Latin America: Perú from Sánchez Cerro to Sendero Luminoso, Nueva York, 1991, es excelente.

Una serie de libros interesantes sobre los militares peruanos y la política fue la que escribió Víctor Villanueva en los primeros años del gobierno revolucionario de las fuerzas armadas, entre los cuales están: ¿Nueva mentalidad militar en el Perú?, Buenos Aires, 1969, y Ejército peruano: Del caudillo anárquico al militarismo reformista, Lima, 1973. Dos artículos de Julio Cotler son esenciales: «Political crises and military populism in Perú», Studies in Comparative International Development, 6, 5 (1970-1971), y «Concentración del ingreso y autoritarismo político en el Perú», Sociedad y Política, 1, 4 (1973); de hecho, este último trabajo dio lugar a que Cotler fuera expulsado del país. Véanse también José Z. García, «Military government in Perú, 1968-1971», tesis de doctorado inédita, Universidad de Nuevo México, 1973; Luigi Einaudi, «Revolution from within: Military rule in Perú since 1968», Studies in Comparative International Development, 8, 1 (1973); Jane S. Jaquette, «Revolution by fiat: The context of policy-making in Pera», Western Political Quarterly, 25, 4 (1972); y Carlos A. Astiz y José Z. García, «The Peruvian Military: Achievement orientation, training, and political tendencies», Western Political Quarterly, 25, 4 (1972). El papel ideológico atribuido al Centro de Altos Estudios Militares (CAEM) en el Perú posterior a 1968 es idéntico al de la Escola Superior de Guerra en Brasil después de 1964. Por tanto, el libro de Víctor Villanueva sobre el tema, El CAEM y la revolución de las fuerzas armadas, Lima, 1972, es una obra de cierta importancia. Otro libro de Villanueva, Cien años del ejército peruano: Frustraciones y cambios, Lima, 1971, y Francisco José del Solar, El militarismo en el Perú, Caracas, 1976, son estudios a largo plazo de los militares peruanos y la política escritos durante el período de los militares reformistas.

El régimen militar de después de 1968 despertó muchísimo interés entre los estudiosos extranjeros. Tres estudios magníficos que aparecieron durante el período militar son: Abraham F. Lowenthal, ed., The Peruvian Experiment: Continuity and Change Under Military Rule, Princeton, Nueva Jersey, 1975; K. J. Middlebrook y D. Scott Palmer, Military Government and Political Development: Lessons from Perú, Beverly Hills, California, 1975; y Alfred Stepan, The State and Society: Perú in Comparative Perspective, Princeton, Nueva Jersey, 1978. George Philip, The Rise and Fall of the Peruvian Military Radicals, Londres, 1978, es otra aportación útil sobre los militares y la política después de 1968. Véase también David Booth y Bernardo Sorj, eds., Military Reformism and Social Classes: The Peruvian Experience, 1968-90, Londres, 1983.

Una mirada retrospectiva al período de reformismo militar, una mirada atenta, que hace pensar, la presentan Cynthia McClintock y Abraham Lowenthal, eds., The Peruvian Experiment Reconsidered, Princeton, Nueva Jersey, 1983. Evelyne Stephens, «The Peruvian military government, labor mobilization, and the political strength of the Left», LARR, 18, 2 (1983), pp. 57-93, hace un examen muy necesario del importantísimo asunto de la posición de los grupos izquierdistas durante el gobierno revolucionario de las fuerzas armadas. Alan Angell, «El gobierno militar peruano de 1968 a 1980: El fracaso de la revolución desde arriba», Foro Internacional, 25 (1984), es un útil resumen del período militar.

América Central y el Caribe

El estudio de la guardia nacional somocista que escribió Richard Millett, Guardians of the Dynasty: A History of the Guardia Nacional and the Somoza Family, Maryknoll, Nueva York, 1977, es tal vez la mejor obra sobre una institución militar en América Central. La tesis de doctorado de Constantino Urcuyo Fournier, «Les Forces de sécurité publique et la politique au Costa Rica, 19601978», Universidad de París-V, 1980, es una valiosa aportación sobre los militares y la política en un país que abolió oficialmente sus fuerzas armadas hace cuatro decenios. Entre los trabajos útiles sobre los militares guatemaltecos y la política cabe citar: Kenneth J. Grieb, «The Guatemalan Military and the Revolution of 1944», TA, 32, 4 (1976); Richard N. Adams, «The Guatemalan Military», Studies in Comparative International Development, 4, 5 (1968); y la aportación de George Black en «Garrison Guatemala», NACIA’s Report of the Americas, 17, 1 (1983). El panorama de los militares salvadoreños y la política que se presenta en Charles W. Anderson, «El Salvador: The Army as reformer», en Martin C. Needler, ed., Political Systems of Latin America, Nueva York, 1970, debería compararse con el que se presentó un decenio después en William M. LeoGrande y Carla Anne Robbins, «Oligarchs and officers: The crisis in El Salvador», Foreign Affairs, 58 (verano de 1980). Una aportación importante y reciente es Alain Rouquié, Guerres et paix en Amérique Céntrale, París, 1992. Steve C. Ropp, Panamanian Politics: From Guarded Nation to National Guará, Nueva York, 1982, es un estudio excelente del período de Ornar Torrijos. Renato Pereira, Panamá: Fuerzas armadas y política, Panama City, 1979, es otro libro valioso sobre los militares panameños y la política antes de Noriega. G. Pope Atkins, Arms and Politics in the Dominican Republic, Boulder, Colorado, 1981, es una obra excelente. Véase también Howard J. Wiarda, Dictatorship and Development: The Methods of Control in Trujillo’s Dominican Republic, Gainesville, Florida, 1968. El estudio comparado de Marvin Goldwert The Constabulary in the Dominican Republic and Nicaragua, Gainesville, Florida, 1962, es una lectura interesante. Luis Humberto Guzmán, Políticos en uniforme: Un balance de poder del EPS, Managua, 1992, es el único estudio con extensión de libro que se ha hecho del ejército sandinista.

El papel de los Estados Unidos en América Central y el Caribe sigue siendo un factor de la mayor importancia. Un excelente estudio sobre este asunto es Don L. Etchison, The United States and Militarism in Central America, Nueva York, 1975. John Saxe-Femández, «The Central American Defence Council and Pax Americana», en Irving Louis Horowitz, ed., Latin American Radicalism: A Documentary Report on Left and Nationalist Movements, Nueva York, 1969, es un buen complemento del estudio de Etchison. En este contexto el libro del depuesto líder dominicano Juan Bosch, El pentagonismo: sustituto de imperialismo, constituye un testimonio interesante y polémico.

Los militares cubanos y la política en el período anterior a la revolución cubana son objeto de un magnífico estudio en Louis A. Pérez, Jr., Army Politics in Cuba, 1898-1958, Pittsburgh, Pensilvania, 1976. Otro estudio digno de consideración es Rafael Fermoselle, The Evolution of the Cuban Military, 1492-1986, Miami, 1987. Jaime Suchlicki, ed., The Cuban Military Under Castro, Coral Gables, Florida, 1989, y Jorge I. Domínguez, «The civic soldier in Cuba», en Catherine Kelleher, ed., Political-Military Systems: Comparative Perspectives, Beverly Hills, California, 1974, analizan las relaciones entre civiles y militares en el período de Castro.

Bolivia

Gary Prado Salmón, Poder y FF. AA., 1949-1982, La Paz, 1984, es un estudio de los militares bolivianos y la política que bien podría convertirse en un pequeño clásico. James Dunkerley, Orígenes del poder militar: Historia política e institucional del ejército boliviano hasta 1935, La Paz, 1987, ya lo es. Aunque este libro sólo abarca el período que termina con el final de la guerra del Chaco, merece su inclusión en esta bibliografía posterior a 1930 porque contribuye en gran medida a explicar el trasfondo histórico de las intervenciones militares que han plagado la política boliviana a partir de finales de los años cuarenta. Los artículos de Herbert S. Klein «David Toro and the establishment of “Military Socialism” in Bolivia», HAHR, 45, 1 (1965), y «Germán Busch and the era of “Military Socialism” in Bolivia», HAHR, 47, 2 (1967), examinan detenidamente el breve período «socialista militar» que siguió a la guerra del Chaco. El libro de Dunkerley, Rebellion in the Veins: Political Struggle in Bolivia, 1952-1982, Londres, 1984, contiene un tratamiento excelente de los militares bolivianos y la política. Guillermo Bedregal, Los militares en Bolivia: Ensayo de interpretación sociológica, La Paz, 1971, merece estudiarse. William H. Brill, Military Intervention in Bolivia: The Overthrow of Paz Estenssoro and the MNR, Washington, D. C., 1967, no ha perdido su atractivo académico con el paso de los años. Jean-Pierre Lavaud, L’instabilité politique de l’Amérique Latine: le cas bolivien, París, 1991, es una aportación reciente y magnífica gran parte de la cual se ocupa específicamente de los militares.

Colombia y Ecuador

Un artículo útil sobre los militares colombianos y la política en el período posterior a «la violencia» es J. León Helguera, «The changing role of the military in Colombia», JLAS, 3, 3 (1961), pp. 35-38. El libro de Richard Maullin Soldiers, Guerrillas, and Politics in Colombia, Lexington, Massachusetts, 1973, sigue siendo un estudio clásico de los militares colombianos y la política. J. Mark Ruhl, Colombia: Armed Forces and Society, Syracuse, Nueva York, 1980, fue una grata aportación al conjunto de obras que tratan este tema. Otros libros que merecen citarse entre los que se han publicado en años recientes sobre los militares colombianos y la política son: Álvaro Echeverría, El poder y los militares: Un análisis de los ejércitos del continente y Colombia, Bogotá, 1978, y Alfredo Peña, Democracia y golpe militar, Bogotá, 1979. Una historia útil de los militares colombianos y la política se encuentra en Gonzalo Bermúdez Rossi, El poder militar en Colombia: De la Colonia al Frente Nacional, Bogotá, 1982. Olga Behar, Las guerras de la paz, Bogotá, 1985, merece leerse. El ex comandante en jefe del ejército colombiano, general Fernando Landazábal Reyes, escribió una serie de libros interesantes sobre varios aspectos de los militares y la política en los años ochenta, entre ellos: Conflicto social, Medellín, 1982; Páginas de controversia, Bogotá, 1983; El precio de la paz, Bogotá, 1985; y La integración nacional, Bogotá, 1987.

J. Samuel Fitch, The Military Coup d’Etat as a Political Process: Ecuador, 1948-1966, Baltimore, 1977, es un útil estudio de los militares ecuatorianos y la política durante el período de posguerra. Augusto Varas y Fernando Bustamante, Fuerzas armadas y política en Ecuador, Quito, 1978, y Anita Isaacs, Military Rule and Transition in Ecuador, 1972-1992, Oxford, 1993, complementan bien el libro de Samuel Fitch. Véase también Anita Isaacs, «Problems of democratic consolidaron in Ecuador», BLAR, 10, 2 (1991), pp. 221-238.

México

Aunque México es uno de los países más importantes de la región y tiene una larga frontera terrestre con los Estados Unidos, el estamento militar mexicano ha sido muy poco estudiado. La razón de este descuido es obvia: las instituciones militares mexicanas han permanecido en la periferia del proceso político desde finales de los años treinta. Por consiguiente, David Ronfeldt, ed., The Modern Mexican Military: A Reassessment, La Jolla, California, 1984, y Roderic A. Camp, Generáis in the Palacio: The Military in Modern Mexico, Nueva York, 1992, llenan un enorme vacío en las obras de ciencias políticas sobre México. Edwin Lieuwen, Mexican Militarism: The Political Rise and Fall of the Revolutionary Army, 1910-40, Albuquerque, Nuevo México, 1968, es un magnífico estudio del poder político del ejército en los años que siguieron a la revolución mexicana y su marginación final después de que la revolución se «institucionalizase» en el decenio de 1930. Otros libros importantes sobre los militares mexicanos son: Jorge Alberto Lozoya, El ejército mexicano: 1911-1965, México, D. F., 1971, y Guillermo Boils, Los militares y la política en México: 1915-1974, México, D. F., 1975. El artículo de Franklin D. Margiotta «Civilian control and the Mexican Military: Changing patterns of political influence», en Claude E. Welch, Jr., ed., Civilian Control of the Military: Theory and Cases from Developing Countries, Albany, Nueva York, 1976, es una aportación útil al conjunto de obras que se ocupan de los militares mexicanos y la política.

Paraguay y Uruguay

Para Paraguay, Andrew Nickson, «The overthrow of the Stroessner regime: Reestablishing the statu quo», BLAR, 8, 2 (1989), pp. 185-209, no sólo se ocupa del golpe de febrero de 1989 contra Stroessner, sino que también contiene un excelente estudio histórico de las relaciones entre los militares y el Partido Colorado.

Escrita mientras iba fraguándose la tormenta que finalmente daría lugar a la intervención directa de los militares en Uruguay en 1973, Gabriel Ramírez, Las FFAA uruguayas y la crisis continental, Montevideo, 1972, es una interesante lectura retrospectiva. En años recientes el conjunto de obras que se ocupan de los militares uruguayos y la política ha recibido un enorme estímulo con los escritos de Carina Perelli y Juan Rial. Perelli y Rial, De mitos y memorias políticas: La represión, el miedo y después…, Montevideo, 1986, es un libro soberbio sobre la represión durante el período militar. Véase también Paul C. Sondrol, «1984 revisited? a re-examination of Uruguay’s military dictatorship», BLAR, 11, 2 (1992), pp. 187-203. Juan Rial, Las FFAA: ¿Soldados políticos garantes de la democracia?, Montevideo, 1986, y Carina Perelli, Someter o convencer: El discurso militar en el Uruguay de la transición y la redemocratización, Montevideo, 1987, son aportaciones excelentes que tratan de los militares durante la transición democrática. Charles G. Gillespie, Negotiating Democracy: Politicians and Generáis in Uruguay, Cambridge, Inglaterra, 1991, es magnífica. Véase también Cristina Torres, «Las fuerzas armadas en la transición hacia la democracia», en Charles Gillespie, ed., Uruguay y la democracia, Montevideo, 1985. Carina Perelli, Los militares y la gestión política, Montevideo, 1990, y Juan Rial, Las fuerzas armadas en los años 90: Una agenda de discusión, Montevideo, 1990, presentan opiniones que hacen pensar sobre el futuro de las relaciones entre civiles y militares en Uruguay.

Venezuela

Pese a los años que han transcurrido desde su publicación, Winfield J. Burggraaff, The Venezuelan Armed Forces in Politics, 1935-1959, Columbia, Missouri, 1972, es todavía el estudio clásico de los militares venezolanos y la política. Ángel Ziems, El gomecismo y la formación del ejército nacional, Caracas, 1979, es una estupenda obra histórica. José Vicente Rangel, Luis Esteban Rey, Pompeyo Márquez y Germán Lariet, Militares y política (Una polémica inconclusa), Caracas, 1976, es una estimulante aportación al tema. Otro libro digno de mencionarse es Aníbal Romero, Seguridad, defensa y democracia, Caracas, 1980. Gene E. Bigler, «The armed forces and patterns of civil-military relations», en John D. Martz y D. J. Myers, eds., Venezuela: The Democratic Experience, Nueva York, 1977, es un estudio asequible y exhaustivo. Luis Enrique Rangel Bourgoin, Nosotros los militares, Caracas, 1983, merece mencionarse.

Los estudiosos de los militares latinoamericanos y la política tienden a hacer caso omiso de los países en los cuales las fuerzas armadas parecen estar sometidas a un firme control civil. El peligro inherente a esta omisión por parte de los eruditos es que con el paso del tiempo una institución militar no estudiada puede convertirse en una «zona prohibida» para los estudiosos y, en consecuencia, en tierra incógnita. El caso de Venezuela es un buen ejemplo de este peligro. La escasez de estudios académicos sobre los militares venezolanos y la política a lo largo de los años ha dado lugar a una lamentable insuficiencia de nuestro conocimiento colectivo del asunto. La incapacidad de los estudiosos para explicar los acontecimientos de 1992 es evidentísima.

ÍNDICE ALFABÉTICO

ABC, región, en São Paulo, 179

Acción Democrática (AD), de Venezuela, 31-33, 48, 56, 57, 75, 80, 81, 92-93, 95, 105, 125, 149, 155, 164, 170-171, 181, 244-245, 249, 314

Acción Democrática Nacionalista (ADN), de Bolivia, 32

Acción Popular (AP), de Perú, 60

Acuerdos del Club Naval (1984), de Uruguay, 53, 323

administración pública, 71

agitación rural, 194, 195-196

agricultura: capitalización de la, 193; México, 220-221; modernización de la, 215; producción, 193, 280; trabajadores, 108; tradicional, 134; Uruguay, 303-304

Aguascalientes (México), 219

Aguilar, Cándido, 204

Aguirre Beltrán, Gonzalo, 231

Aguirre Cerda, Pedro, 145, 265, 282

Alegría, Ciro, 214; El mundo es ancho y ajeno, 214

Alemán, Miguel, gobierno de, 91, 98, 153-154, 170, 220

Alemania: y Argentina, 285; y Chile, 285

Alessandri, Arturo, administración conservadora de, 145

Alfonsín, Raúl, gobierno de, 59, 184, 188, 319 n., 328, 330 algodón, 209, 217, 218

Aliança Renovadora Nacional-ARENA, Brasil, 61

Alianza Nacional Popular (ANAPO), de Colombia, 32, 48, 251, 318

Alianza para el Progreso, 48, 103, 215, 241, 258

Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), de Perú, 18, 27, 31, 32, 35, 46, 48, 59-60, 61, 75, 77, 79-81, 83, 84, 117, 121, 146, 155, 180, 217, 236, 237, 264-265, 308, 322; véase también aprismo alimentos, provisión comunal de, 188

Almanza, Manuel, 204, 205

Almeyda, Clodomiro, 120, 124

Altos de Jalisco (México), 219

Alvarado, Salvador, 199

Alvarez, Waldo, 146

Allende, Salvador, administración de, 26, 30, 33, 51-52, 76, 112, 113, 243, 266-267, 300, 301, 302

Amado, Jorge, 78, 287

América Central: comunismo en, 85; democracia en, 12; desmilitarización en, 329; fuerzas armadas en, 283; guerrillas, 106-107; militares en, 335; movilización rural en, 208-211, 252-260; movimientos insurgentes de izquierdas, 114, 129-130; Partido Comunista en, 85; y Estados Unidos, 215, 320-321

American Federation of Labor (AFL), 150, 155

Aimlpa, Fernando, 144-145

analfabetismo: Brasil, 42; Perú, 42

anarcosindicalismo, 99

anarquismo, 86, 99

Andes, movilizaciones rurales en los, 211-214

anticatolicismo, 203; en México, 203

anticomunista, campaña, 151; en Chile, 154

antidemocrática, ideología, en Chile, 300

aparceros, 250, 278, 279

aprismo, 78, 80, 87; véase también Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA)

Araujo, Arturo, 209

Arbenz, Jacobo, gobierno de, 98, 229

Área de Propiedad del Pueblo, en Nicaragua, 259

Arévalo, Juan José, 98, 229, 290

Argentina: autoritarismo, 44; clase trabajadora, 132, 173; clase trabajadora urbana, 141, 142, 143, 149; comunismo, 95-96, 157-158; constitucionalismo presidencial, 26; constituciones, 20, 22; crisis económica, 183; democracia, 12, 14, 15, 44, 45, 46-47, 50, 58-59; desmilitarización, 319 n., 328, 330; dictaduras, 45; elecciones, 38, 42; fuerza de trabajo, 160, 167; fuerzas armadas, 294, 295; golpes militares, 46, 48, 49, 58, 64, 157; guerra civil, 47; guerrillas, 107; huelgas, 158, 159, 168, 175, 188; Iglesia en, 109; militares, 50, 111, 281, 282, 285, 288, 292-293, 322, 337; movimientos obreros, 157; movimientos radicales, 48; niveles de salarios, 166, 183-184, 185; Partido Comunista, 81, 91-92, 111, 142, 295; Partido Radical, 58, 59, 68, 81, 294; Partido Socialista, 80; partidos políticos, 35, 36; partidos populistas, 32; presidencialismo, 25; reelección presidencial, 24; relaciones industriales, 173-174; relaciones laborales, 164; represión, 49; sector manufacturero, 185; sindicatos, 157 y n., 158, 167, 173, 179, 183; sufragio, 41, 43; y Alemania, 285; y Unión Soviética, 111

Aristide, padre Jean-Bertrand, 319

Arosemena Monroy, C. Julio, 291 n.

Arraes, Miguel, 236

artesanos, 190

asalariados no manuales, 133, 168, 182

Asamblea Popular, de Bolivia, 182

asentamientos agrarios, 266-267

Asociación de Empresarios Agrarios, de Guatemala, 230

Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), de Nicaragua, 258, 259

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), de Colombia, 242, 249-251, 272

automóvil, industria del, 175, 190

autoritarismo: Argentina, 44; Bolivia: 242; Brasil, 20, 44; Chile, 50; Colombia, 20; Guatemala, 112; México, 19, 34, 242; Nicaragua, 241; Paraguay, 241; Perú, 21, 44; Salvador, El, 241; Uruguay, 20; Venezuela, 242

Ávila Camacho, Manuel, 91, 152, 220, 222

Ayacucho, región de, en Perú, 122

Aylwin Azocar, Patricio, 52, 188, 319 n., 324, 332

Ayuda Roja Internacional, 85 azúcar, producción de, 218, 234, 256

Bajío, el, en México, 219

Baldrich, Alonso, general, 298

Banco Interamericano de Desarrollo, 277

Banco Mundial, 277

Bánzer Suárez, Hugo, coronel, 309, 324-325, 326

Barbusse, Henri, novelista francés, 77

Barco, Virgilio, gobierno de, 252

Barrantes, Alfonso, 122-123

Barrientes Ortuño, Rene, general, 308

Barrios, Carlos Jonquitud, 186

Batista, Fulgencio, gobierno de, 93, 155, 174, 243

Bayo, Alberto, 89

Belaúnde Terry, Fernando, gobierno de, 60, 105, 122, 180, 238, 260-261, 262, 264, 307, 319 n., 322, 333

Benavides, Óscar, general, 146

Betancourt, Rómulo, 32, 56, 92, 244, 314, 315

Betancur, Belisario, presidente, 251

Blanco, Hugo, 106, 121, 238, 260

Bloque de Unidad Obrera, de México, 164

Bloque Popular Revolucionario (BPR), de El Salvador, 256

Bogotá, 156; Partido Comunista de, 226, 227 «cogotazo», 156

boinas verdes, fuerzas especiales estadounidenses, 253

Bolivia: autoritarismo, 242; clase trabajadora, 137; corporativismo, 164; democracia, 14; desmilitarización, 319 n., 324-326; golpe de estado, 308; guerrillas, 106, 107; huelgas, 156-157, 168, 174; izquierda en, 99; militares, 182, 241, 281, 282, 287, 289, 306-312; movilización rural, 211, 231-234, 243-252, 278, 280; movimientos obreros, 174; Partido Comunista, 99, 244, 248; sindicatos, 156, 183; y Chile, 325

Bolivian Gulf Oil, nacionalización de la, 309

Bordaberry, Juan María, gobierno de, 53, 303, 304, 305

Borja, Rodrigo, 118

Bosch, Juan, 291 n.

Braden, Spruille, 158

Brasil: analfabetismo, 42; autoritarismo, 20, 44; clase trabajadora, 96; clase trabajadora urbana, 133, 136, 137, 142, 143, 149; constituciones, 20, 22; crisis de la deuda, 62, 188; crisis económica, 183; democracia, 12, 44, 45, 46, 50, 61-62, 151; desmilitarización, 328; dictaduras, 45, 61; elecciones, 39, 42; fuerza de trabajo, 108, 160, 166; fuerzas armadas, 295-298, 330; golpe de estado, 108; golpes militares, 46, 48, 49, 64; guerra civil, 47; huelgas, 149, 168-169, 178, 186, 188; Iglesia de, 109-110; legislación laboral, 162; militares, 61, 111, 241, 281, 282, 288, 338; movilización rural, 234-236; movimientos obreros, 145, 169; movimientos radicales, 48; nivel de los salarios, 166, 184-185; Partido Comunista, 18, 47, 78, 87, 96, 97, 143, 149, 235, 287; Partido Socialista, 81, 234; partidos políticos, 35, 36, 50; partidos populistas, 32; patrones y clientes, pautas de autoridad entre, 34; presidencialismo, 25; reelección presidencial, 24; relaciones laborales, 164; represión, 49; sindicatos, 142, 151, 161, 168, 178-179, 183, 185; sistema corporativista, 161, 164; sufragios, 41; y Francia, 285; y Portugal, 19, 338

Bravo, Douglas, 105

Brezhnev, Leónidas I., 129

Brizóla, Leonel, 62, 127, 128

browderismo, 90, 149, 150

Bucaram, Assad, 322

Buenos Aires, 80, 136, 137, 142, 158, 188, 192, 288

burguesía latinoamericana, 81, 83, 85

Buró Latinoamericano, 82

Busch, George, 320

Busch, Germán, 146, 287

Bustamante, José Luis, 27, 155-156

Caballero, Manuel, 84

Cabañas, Lucio, 268

Cabarrús, Carlos, 256

caciques, 196 n., 201, 218

caciquismo, 196, 198

café, producción de, 226, 227; en El Salvador, 209; en Guatemala, 208

Caldera, Rafael, 56, 57

Calderón Fournier, Rafael, 34

Calderón Guardia, Rafael Ángel, 313

California, Baja, 218, 278

Calles, Plutarco Elías, 144, 200, 203, 205-206, 217, 218, 316

Cambio 90, partido, en Perú, 117

campesinado, 82; conciencia de clase y cívica entre el, 231; conversión en proletarios, 194; Cuba, 101; en las movilizaciones rurales, 197; México, 197; Salvador, El, 85, 209; y los trabajadores rurales, 197; véase también movilizaciones rurales

Canchas, Las (Bolivia), 232

capital extranjero, 151, 217

capitalismo, 33; y la clase trabajadora urbana, 137-138

carabineros, en Chile, 332

Caracas, 188, 292

Carcagno, Jorge, general argentino, 292

Cardenal, Ernesto, poeta-sacerdote, 258

Cárdenas, Cuauhtémoc, 119, 187, 271

Cárdenas, Lázaro, gobierno mexicano de, 75, 79, 88, 90, 91, 98, 118, 144, 145, 149, 152, 162, 199, 201, 203, 216, 218, 220

Caribe, fuerzas armadas en el, 283

Carranza, Venustiano, 198, 316

Carrera Torres, hermanos, 206

carreteras, construcción de, 190

Carrillo Puerto, Felipe, 199, 200

Cárter, Jimmy, presidente, 257, 320

Castas, guerra de 1847, en México, 199

Castello Branco, Humberto, general, 297

Castro, Fidel, 100-101, 103, 104, 116, 129, 174, 243, 244

Cataví, mina de, en Bolivia, 147, 157

católica, Iglesia, 29, 33, 48, 64, 78, 80, 109, 115, 117, 130, 176, 198, 235, 255, 277, 317; y los indios, 276

catolicismo, 13, 21, 75, 79, 91, 117, 171, 201; y comunismo, 108

caudillismo, 196, 197, 198, 207-208, 314, 338

caudillos, 46, 196 n., 199, 215, 338-341

Cedillo, Saturnino, 199, 206, 207; cedillismo 206

Central Campesina Independiente (CCI), de México, 220, 223, 269

Central Geral dos Trabalhadores (CGT), de Brasil, 179, 185

Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), de México, 269, 271

Central Obrera Boliviana (COB), 99, 174, 232

Central Sindical Campesina del Valle, de Bolivia, 232

Central Única de Trabajadores (CUT), de Chile, 153

Central Única dos Trabalhadores (CUT), de Brasil, 176, 179, 182, 185-186

Central Unitaria de Trabajadores, de Colombia, 117

Centro para Altos Estudios Militares (CAEM), 308

Centro para la Educación y la Promoción Agrarias (CEPA), de Nicaragua, 258

Cerezo Arévalo, Vinicio, 319 n., 329

Céspedes, Augusto, 309

Chaco, guerra del (1932-1935), 146, 211, 212, 231, 287

Chamorro, Pedro Joaquín, 259

Chamorro, Violeta, 130, 260

Chaparral (Colombia), 225-226

Charry, Fermín, 246

Chicoral, Pacto de (1972), en Colombia, 250

Chile: autoritarismo, 50; clase trabajadora, 132, 171, 172; clase trabajadora urbana, 133, 137; constitucionalismo presidencial, 28; constituciones, 22; corporativismo, 164; crisis de la deuda, 188; democracia, 12, 14, 15, 43-44, 45, 51-52, 124; democratacristianos, 33, 51, 60, 113, 116, 173; desmilitarización, 319 n., 323, 328, 331-332; elecciones, 39, 40; fuerza laboral, 160; fuerzas armadas, 301, 302; golpes militares, 45, 46, 49, 64; guerra civil, 154, 302; huelgas, 154, 168, 172-173, 181-182, 188, 267; Iglesia, 109-110; izquierda, 112-114, 116, 323; militares, 50, 111, 241, 281, 285, 286, 293, 303, 322, 339; movimientos obreros, 154, 155; movimientos radicales, 48; nivel de salarios, 166, 184; orden constitucional, 43-44; Partido Comunista, 81, 89, 97, 102-103, 113, 120-121, 129, 171-172, 300; Partido Radical, 81; Partido Socialista, 81, 89, 94, 123-124, 145, 171-172, 287; partidos populistas, 32; partidos y sistema de partidos, 29-30, 34, 35, 36, 50; patrones y clientes, pautas de autoridad entre, 34; reelección presidencial, 24; reestructuración industrial, 188; represión, 49; sindicatos, 167, 172, 181, 183; sufragio, 41; y Alemania, 285; y Bolivia, 325; y Estados Unidos, 97, 302; y Europa, 112, 121; y Unión Soviética, 120, 121

China: y la Unión Soviética, 102, 104, 121; y Perú, 103

Christian Democracy Union, 34

Chrysler, compañía, 178

ciudadanía, 37-43, 67-72; derechos de la, 21, 70, 139-140; desarrollo de la, 69; ética individualista de la, 69; expansión de la, 139; imagen privatizada de la, 69; modelo universal de la, 69; y democracia, 139-140; y la clase trabajadora urbana, 139; y los movimientos sociales urbanos, 176

civiles, estados: Colombia, 312, 317-318; Costa Rica, 312; México, 312, 316; Venezuela, 312

civiles y militares, relaciones entre, 312, 333-334; véase también militares

clase, identificación de, 133, 134-135

clase media, 134; partidaria de la democracia, 156; y la democracia, 48-49

clase trabajadora, 46, 81, 192; Argentina, 132, 173; Brasil, 96; Chile, 132, 171, 172; Colombia, 171; como élites distintivas, 132; definición de, 132; etnicidad de la, 133; expansión de, 136; identidad de, 134; México, 170; noción de, 191-192; organización de la, 160

clases, conflicto de, 226, 227

clases, formación de las, 134

Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI), 273-276

cobre, minas de, 172

Cochabamba, valle de, en Bolivia, 278

Código del Trabajo de Arévalo de 1947, de Guatemala, 229-230

código del trabajo rural, de Brasil, 236

Codovilla, Víctor, 89

colectivización, 242

Colegio Militar, de México, 90

Colombia: autoritarismo, 20; clase trabajadora, 171; constitucionalismo presidencial, 28; constituciones, 22; corporativismo, 164; crisis de la deuda, 187; democracia, 12, 15, 44, 45, 47, 50, 55, 317-318; democratacristianos, 33; elecciones, 38, 41, 42; fuerza laboral, 108; fuerzas armadas, 317-318; guerra civil, 47; guerrillas, 48, 104, 111-112, 278; huelgas, 168, 171, 180; Iglesia, 31, 109; izquierda, 117; militares, 54, 281; movilización rural, 223-228, 242-243, 280; movimiento obrero, 156; nivel de salarios, 166, 184; orden constitucional, 44; Partido Comunista, 47, 92, 104, 118, 224, 243, 246; Partido Conservador, 46, 54, 224, 225, 226, 227, 317; Partido Liberal, 30, 46, 54, 79, 92, 224, 225-228, 317; partidos populistas, 32; partidos y sistema de partidos, 29, 30, 35, 36; patrones y clientes, pautas de autoridad entre, 34; presidencialismo, 25; reelección presidencial, 25; sindicatos, 81-82, 156, 167; sufragio, 41; y Cuba, 104; y Estados Unidos, 227

colonialismo, 13

colonización, en Venezuela, 251

colonos, 223, 224, 251, 268, 279

Collor, Lindolfo, 142

Collor de Mello, Femando, gobierno de, 62, 186, 331

Comando Geral dos Trabalhadores (CGT), de Brasil, 169

comercio internacional, 208

Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 215, 241

Comisión Nacional Agraria, de México, 198

Comité de Unidad Campesina, de Guatemala, 254

Comunas Agrícolas Sandinistas (CAS), en Nicaragua, 259

comuneros, 279

comunidades de base cristianas, 255, 258, 276

comunismo, 17-18, 31, 291; América Central, 84-85; América Latina, 76; Argentina, 95-96, 157-158; chino, 103; Nicaragua, 84, 93; Perú, 79; Salvador, El, 84; y catolicismo, 108; y Estados Unidos, 151; y los sindicatos, 150-152, 154, 155

Concepción (Chile), 137

Concilio Vaticano II (1962-1965), 109

Cóndor II, proyectil, 330

Confederação dos Trabalhadores do Brasil (CTB), 152

Confederación Campesina de México (CCM), 217

Confederación Campesina de Perú (CCP), 239, 261

Confederación Campesina Mexicana (CCM), 207

Confederación de Trabajadores de América Latina (TAL), 91, 97, 141, 147-151, 153, 155

Confederación de Trabajadores de Chile (CTCh), 146

Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), 148, 156, 171, 180-181

Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC), 147, 155

Confederación de Trabajadores de México (CTM), 90, 91, 137, 144, 145 y n., 152, 153 y n., 162, 163-164, 187, 217, 220

Confederación de Trabajadores de Perú (CTP), 155-156

Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), 170-171, 181

Confederación General de Trabajadores de El Salvador (CGTS), 255

Confederación General de Trabajadores de Guatemala (CGTC), 229

Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), 146, 180

Confederación General del Trabajo (CGT): Argentina, 158-159, 173, 185, 186; Colombia, 171, 181

Confederación Internacional de Sindicatos Libres, en 1949, 150

Confederación Mundial de Sindicatos, 150

Confederación Nacional Agraria (CNA), de Perú, 262

Confederación Nacional Campesina (CNC), de México, 217, 220, 270-271

Confederación Nacional Campesina de Guatemala (CNCG), 229

Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CNTCB), 272

Confederación Nacional Obrera de Cuba (CNOC), 87

Confederación Obrera Boliviana (COB), 146

Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), 143, 144, 164, 200-201, 204, 205

Confederación Revolucionaria de Obreros y

Campesinos (CROC), de México, 164

Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo (CRMDT), 203

Confederación Sindical de Colombia, 148

Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia (CSTB), 146, 156

Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC), 171, 181

Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCM), 273

Confederación Sindical Unitaria, de México, 217

Conferencia Agraria de 1930, en México, 203

Conferencia de Obispos, de Medellín en 1968, 243

Conferencia Tricontinental (1966), de La Habana, 291

conflictos laborales, 140, 191

conflictos raciales, 112

Congreso agrario de 1958, en Cuba, 243

Congreso Agrario Mexicano (CAM), 269

Congreso Agrario Permanente, de México, 271

Congreso de Reforma Agraria de 1970, de El Salvador, 255

Congreso del Trabajo, de México, 164, 186

congreso indígena nacional en 1945, de Bolivia, 231

Congreso Indigenista Interamericano (1940) en Pátzcuaro, de México, 240

Congreso Nacional de Ligas Agrarias, de México, 205

Congreso Permanente Agrario, de México, 269

Congress of Industrial Organizations (CIO), 141

Congresso Camponés de Pernambuco, 235

Congresso de Lavradores, Trabalhadores Agrícolas e Pescadores, en Pernambuco, 235

Cono Sur: clases trabajadoras, 136, 137; fuerzas armadas en el, 337; rebelión rural en el, 107; regímenes autoritarios en el, 111

Consejo de Misiones Indígenas (CIMI), 276

Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), de Uruguay, 305

Consejo de Seguridad Nacional, en Chile, 332

Consejo Nacional de los Indios Caucas (CRIC), de Colombia, 272

Consejo Nacional de Seguridad (CONASE), de Argentina, 297-298

conservadores, 29, 31

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), en 1943 de Brasil, 143, 151

constitucionalismo, 12-13

constituciones, 20-28

contracción estatal, 66

contrarrevolucionario, estado: Chile, 299-306; Uruguay, 299-306

«contras», en Nicaragua, 259

Convención, valle de la, en Perú, 278

Convención Agraria Nacional, Primera, en Ciudad de México, 202

Convergencia Socialista, de Brasil, 128

Cooperativas Agrícolas de Producción (CAPS), de Perú, 261

Coordenação Nacional da Classe Trabalhadora (CONCLAT), de Brasil, 179

Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), de México, 270, 271

COPEI (Comité de Organización Política Electoral Independiente), de Venezuela, 32, 33, 56, 57, 125, 244

Córdoba (Argentina), 137, 175

«cordobazo», 175, 176

Corea, guerra de, 290, 304

coronelismo, 197

Corporación de la Reforma Agraria (CORA), de Chile, 266, 267

Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), 311

correos, empleados de, 168

corrupción, en Venezuela, 57

Costa Rica: constitucionalismo presidencial, 26; constituciones, 22; democracia, 12, 14, 15-16, 17, 44, 45, 47, 50, 57-58, 312; democratacristianos, 33; elecciones, 39, 41; fuerzas armadas, 17; guerra civil, 14, 41, 47, 48, 87, 97; orden constitucional, 44; Partido Comunista, 47, 77, 86, 87, 97, 118, 313; partidos populistas, 32; partidos y sistema de partidos, 34, 35; populismo, 32; sufragio, 41

crisis económica, 183-184; Argentina, 183; Brasil, 183; Perú, 50, 183; y la desmilitarización, 320; y los movimientos sociales, 188

cristero, movimiento, en México, 219

Cristiani, Alfredo, 260, 329

Cuba: campesinado, 101; fuerzas armadas, 283; huelgas, 147, 174; izquierda, 76, 129; movimiento obrero, 174; Partido Comunista, 87, 93, 100, 243; sindicatos, 155, 164, 174; sistema corporativista, 164; y Colombia, 104; y Estados Unidos, 48, 101, 283 n., 312, 320; y Unión Soviética, 101, 292

cuerpo expedicionario basileiro (FEB), 297

Culiprán (Chile), 265

D’Escoto, Miguel, sacerdote jesuita, 110

Dahl, Roben, 12, 15

Danzos Palomino, Ramón, 223, 269

darwinismo social, 208

Davis, El (Colombia), 227

De Barros, Adhemar, 97

De Gaulle, Charles, general, 282

De la Cruz, Joaquín, 202

De la Huerta, Adolfo, general, 200, 202, 204

De la Madrid, Miguel, presidente mexicano, 186, 271

De la Puente, Luis, 260

De León, Alejandro, 252

Debray, Regis, 244, 248

Declaración de los Obispos Latinoamericanos en Medellín, en 1968, 109

Decreto de Reforma Agraria de 1953, de Bolivia, 233

democracia, 96; Argentina, 12, 14, 15, 44, 45, 46-47, 50, 58-59; Bolivia, 14; Brasil, 12, 44, 45, 46, 50, 61-62, 151; Chile, 12, 14, 15, 43-44, 45, 51-52, 124; clasificación de los regímenes, 45; Colombia, 12, 15, 44, 45, 47, 50, 55, 317-318; consolidación de la, 13-14, 16, 65, 66; constitucional, 12-13, 14; definición de, 12, 43; Costa Rica, 12, 14, 15-16, 17, 44, 45, 47, 50, 57-58, 312; desarrollo de la, 14; evolución de la, 65; experiencias, 43-63; fracasos de la, 65; fuerzas antidemocráticas, 18; México, 12, 19; oligárquica, 11, 46; orígenes y evolución de la, 11; Perú, 44, 45, 47, 50, 59-61; problemas irresolubles, 17; reversible, 18; rupturas del sistema, 24, 49; Salvador, El, 14, 290; semidemocracia, 17; Uruguay, 12, 14, 15, 43-44, 45, 46, 50, 52-54; Venezuela, 12, 16, 44, 45, 46-47, 50, 56-57, 314-315, 338-339; y ciudadanía, 139-140; y desmilitarización, 320; y la clase media, 48-49; y los movimientos sociales, 177; y modernización, 44

democratacristianos, 30, 48, 60, 107, 109, 120, 124, 126, 172, 181, 182, 188, 230, 250, 300, 302; Chile, 33, 51, 60, 113, 116, 173; Colombia, 33; Costa Rica, 33; Perú, 33; Venezuela, 33

Departamento de Estado norteamericano, 150, 158

Departamento de Orden Político e Social (DOPS), de Brasil, 143, 162

Depresión de 1929, 16, 23, 27, 44, 45, 65, 140-148, 281; en Chile, 145; en Colombia, 147; en Perú, 146

derechos civiles, 67-68, 69, 70, 177

derechos humanos, 111, 320, 328, 330, 334

derechos políticos, 70

derechos sociales, 68-69, 72; Argentina, 70

desempleo, 183, 209; en Argentina, 185

desindustrialización, 189; Argentina, 185

desmilitarización, 319-337; y democracia, 320; y la crisis económica, 320

deuda, crisis de la, 71, 116, 183-189, 320; Brasil, 62, 188; Colombia, 187; impacto de la, 183-184; México, 186

Diario, El, de Lima, 122

Díaz, Porfirio, dictador, 208, 316

Díaz de León «el Charro», Jesús, 154

dictaduras, 96; Argentina, 45; Brasil, 45; Nicaragua, 68; Perú, 45; República Dominicana, 68; Uruguay, 45; Venezuela, 45; y los movimientos sociales, 177

diferenciación social, 14

drogas, tráfico de, 61, 317, 335

Duarte, José Napoleón, gobierno de, 319 n., 321, 327, 329

Dutra, Eurico Gaspar, general, 152, 296

Echeverría, Luis, gobierno de, 243, 268-270, 273

Ecuador: desmilitarización del, 319 n., 321; militares, 281, 287, 290, 292, 306-312; Partido Comunista, 111; sindicatos, 81

educación rural, 233

Eje, potencias del, 148, 158, 290

Ejército de Liberación Nacional (ELN): Colombia, 104, 246, 247, 318; Perú, 105, 260

Ejército de Liberación Nacional de Costa Rica, 313

Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), de Guatemala, 254

Ejército Popular de Liberación (EPL), de Colombia, 104, 247, 251, 252

Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP): Argentina, 106 n., 180; El Salvador, 257

ejidatarios, 202, 218-219

elecciones, 37-43; Argentina, 38, 42; Brasil, 39, 42; Chile, 39, 40; Colombia, 38, 41, 42; corrupción en, 34-35; Costa Rica, 39, 41; fraudes en las, 17, 37, 38, 39; irregularidades en, 37; libres, 177; Perú, 39, 42; Uruguay, 39, 40, 42, 126; Venezuela, 39, 41-42, 125; y los partidos y sistemas de partidos, 40; véase también sufragio

electricidad, suministro de, 137, 144, 177

empleados municipales, 135

empleo: declive del, 140; estadísticas del, 160; protección del, 166 y n., 168

empleo público, masifícación del, 134

Endara Galimany, Guillermo, 319 n.

Erundina, Luiza, 127

Escuela Espiritual Magnética de la Comuna Universal, 86

España: y América Latina, 19, 89, 338; y México, 88

Esquipulas II, acuerdos de, 329 n.

Estado Novo (1937-1945), de Brasil, 44, 46, 143, 149, 151, 152, 234, 289, 296

Estados Unidos de América: y América Central, 215, 320-321; y América Latina, 19, 20, 64, 97, 98, 103, 150, 283-284, 301, 335-336, 340-341; y Chile, 97, 302; y Colombia, 227; y Cuba, 48, 101, 283 n., 312, 320; y El Salvador, 321; y Guatemala, 253; y la izquierda, 130; y la Unión Soviética, 98, 290; y los comunistas, 151; y Nicaragua, 58, 260, 320-321; y Panamá, 301, 309-310; y Perú, 105

estalinismo, 102-103, 119

estaño, minas de, 174, 248

Estrada, Manuel, general, 201, 202

estructura social, desarrollos en, 189

étnico, carácter, 210; Bolivia, 211-212; Costa Rica, 210; El Salvador, 211; minorías, 176; movilizaciones, 271-276

eurocomunismo, 113; y la Unión Soviética, 120

Europa: y América Latina, 63, 81; y Chile, 112, 121

Falange Nacional, de Chile, 33

Falkland, islas, véase Malvinas, islas

fascismo, 44-46, 88, 263

Federación Campesina e India (PCI), de Chile, 266

Federación Campesina Provincial de La Convención, de Perú, 238

Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños (FECCAS), 255-256

Federación de Estudiantes Revolucionarios, de Chile, 267

Federación de Obreros de Chile (FOCh), 146

Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), de México, 163

Federación de Trabajadores Azucareros de Perú (FTAP), 236

Federación de Trabajadores Rurales, de Brasil, 236

Federación de Trabajadores Rurales de Pernambuco, 235

Federación del Trabajo de Cuzco, 237

Federación Nacional de Campesinos Peruanos (FENCAP), 236, 239

Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), 156, 231

Fernández Anaya, Jorge, 85

Ferreira, Wilson, 53

ferrocarriles, 143, 153

ferroviarios, trabajadores, 136, 145

feudalismo, 213

Figueres Ferrer, José («Pepe»), 32, 97, 313

Flores Magón, hermanos, 201

Fonseca, Carlos, 115

Força Sindical, de Brasil, 186

Francia: y Brasil, 285; y Perú, 285

Frei Montalva, Eduardo, gobierno de, 33, 51, 243, 265, 300-301

Frei Ruiz-Tagle, Eduardo, 52

Frente 20 de Octubre, de Guatemala, 252

Frente Amplio, de Uruguay, 30, 52-54, 107, 126-127

Frente Amplio de Oposición (FAO), de Nicaragua, 259

Frente Auténtico del Trabajo (FAT), de México, 164, 177

Frente Campesino Independiente (FCI), de México, 269

Frente de Acción Popular (FRAP), de Chile, 30

Frente de Acción Popular Unificada (FAPU), de El Salvador, 255, 256

Frente de Liberación Nacional (FLN), de Venezuela, 245

Frente de Resistencia Nacional, de Guatemala, 253

Frente de Unidad Democrática y Popular (FUDP), de Bolivia, 325

Frente Democrático Nacional (FDN), de México, 119

Frente Democrático Revolucionario, de El Salvador, 257

Frente Electoral del Pueblo, de México, 223

Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), de El Salvador, 114, 257, 258

Frente Nacional, de Colombia, 42, 44, 54-55, 246, 247

Frente Patriótico, de Chile, 120

Frente Popular de Chile, 30, 89

Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), de Nicaragua, 110, 114, 115, 258, 259; véase también sandinistas

Frente Sindical Campesino, de Perú, 239

Frente Unido de Acción Revolucionaria (FUAR), de Colombia, 246, 247

Frondizi, Arturo, 47, 58, 291 n.

Fuentes, Carlos, 78

fuerzas armadas: actividades de los partidos y grupos políticos en las, 296; Alemania, 285; América Central, 283; Argentina, 294-295; Brasil, 295-298, 330; Chile, 301, 302; Colombia, 317-318; como símbolos de soberanía nacional, 284; Costa Rica, 17; creación de, 283, 284; Cuba, 283; evolución histórica, 283-293; Francia, 284; Haití, 283; influencia política y autonomía de las, 335; internacionalismo de las, 284-285; México, 317; modernización de las, 284-285; Nicaragua, 283; normalización de las, 336-337; Panamá, 341; Perú, 333, 334; responsabilidades cívicas y nacionales, 286; Uruguay, 305; Venezuela, 245, 314-315; y el militarismo, 337-338; véase también militares

Fuerzas Armadas de la Revolución Colombiana (FARC), 104, 111, 246, 247, 251

Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), de El Salvador, 257

Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), de Venezuela, 245

Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional (FARN), de El Salvador, 257

Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), de Guatemala, 252-253, 254

Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL-FM), de El Salvador, 257

Fujimori, Alberto, 27, 61, 117, 187, 333, 334, 335

Fundación Nacional India (FUNAI), de Brasil, 276

fundamentalismo religioso, 130

Gaitán, Gloria, 246

Gaitán, Jorge Eliécer, 156, 224, 246

Galván, Úrsulo, 204, 205-206

Gallegos, Rómulo, presidente, 314

Gamio, Manuel, 240

ganadería, 218

gangsterismo de estado, 293

García, Alan, gobierno de, 187, 263, 333, 334

García, Lucas, 254

García Lorca, Federico, 88

García Meza, Luis, general, 325-326

Garzón, Alfonso, 223

Gaviria, César, gobierno de, 252

Gay, Luis, 159

Geisel, Ernesto, general, 62, 299

Góes Monteiro, Pedro, general, 152, 288

golpe de estado: Bolivia, 308; Brasil, 108;

Guatemala, 100; Panamá, 309; Perú, 307; Venezuela, 314

golpes militares: Argentina, 46, 48, 49, 58, 64, 157; Brasil, 46, 48, 49, 64; Chile, 46, 49, 64; Perú, 49, 64; Uruguay, 46, 49, 64

Gomes, Eduardo, general, 296

Gómez, Juan Vicente, gobierno de, 20, 46, 282, 314

Gómez, Laureano, presidente, 228

Gómez Z., Luis, 154

González, Felipe, partido socialista de, 123

González Torres, Juan José, general, 111, 182, 292, 306, 309

González Videla, Gabriel, 97, 154

Gorbachov, Mijail, 129

Goulart, João, 169, 235, 291 n.

Granados, Francisco Amado, 253

Grau San Martín, Ramón, 94, 155

Grove Vallejo, Marmaduke, coronel, 81, 286

guardia civil: México, 204, 205, 214; Perú, 264

Guardia Nacional, 283; Nicaragua, 258; Panamá, 306, 309-310; Salvador, El, 256

Guatemala: autoritarismo, 112; desmilitarización, 319 n., 327, 329; golpe de estado, 100;

guerra civil, 254; guerrillas, 106-107, 252; militares, 241, 281, 282, 290; movilización rural, 228-230, 254-255, 277, 280; Partido Comunista, 98, 106, 230; y Estados Unidos, 253

Guayaquil, 287

guerra civil: Argentina, 47; Brasil, 47; Chile, 154, 302; Colombia, 47; Costa Rica, 14, 41, 47, 48, 87, 97; El Salvador, 329; Guatemala, 254; Perú, 47; Venezuela, 47

guerra civil española, 75, 77, 88

guerra fría, 44, 47, 58, 64-66, 94, 95-100, 140, 149-159, 291, 296, 297, 300, 313, 335, 337

guerra mundial, primera, 284, 285

guerra mundial, segunda, 12, 23, 44, 46, 64, 65, 88, 90, 93-100, 140-159, 194, 218, 278, 282, 285, 290, 297, 299

Guerrero, Xavier, 78

guerrillas, 50, 52-53, 55-56, 61, 62, 89, 103, 109, 121, 125, 180, 226, 227, 242, 246, 248, 251, 258, 291, 301, 315, 317, 329, 333; Argentina, 107; Bolivia, 106, 107; Colombia, 48, 104, 111-112, 278; Guatemala, 106-107, 252; Perú, 48, 105, 112; Salvador, El, 116; Uruguay, 48, 107; Venezuela, 48, 104-105, 107

Guevara, Ernesto «Che», 101, 106, 244, 247, 248, 292

Guillen, Abraham, 89

Guzmán Reynoso, Manuel Abimael, «presidente Gonzalo», 122, 263, 335

Habana, La, 136, 155

haciendas, sistema de, 193, 201, 202

Haití, 338; fuerzas armadas, 283; reelección presidencial, 25

Haya de la Torre, Víctor Raúl, 18, 32, 60, 74, 77, 83, 84, 124, 236

Henríquez Guzmán, Miguel, 222

henriquismo, 222

Hernández Galicia, «La Quina», Joaquín, 187

Hernández Juárez, Francisco, 178

Hernández Martínez, Maximiliano, 210, 290

Hitler-Stalin, pacto (1939-1941), 141

Honduras: desmilitarización, 319 n.; militares, 282; movilización rural, 255

Huamanga (Perú), 214

huelgas: Argentina, 158, 159, 168, 175, 188; Bolivia, 156-157, 168, 174; Brasil, 149, 168-169, 178, 186, 188; Chile, 154, 168, 172-173, 181-182, 188, 267; Colombia, 168, 171, 180; Cuba, 147, 174; México, 149, 168, 170, 187; Perú, 168, 180; São Paulo, 169; Venezuela, 181

Ibáñez, Bernardo, 150, 154

Ibáñez del Campo, Carlos, 26, 286

identidad social, formas de, 132

Iglesia, véase católica, Iglesia; protestantismo

Illia, Arturo, 58, 291 n.

imposto sindical, 161

indigenismo, 239-241

indigenista, política, 276

indios, 194, 199, 204, 210-214, 231-232, 233, 239-241, 254, 276-280; revueltas en El Salvador, 278; y el indianismo, 272; y la Iglesia católica, 276

Industrial Workers of the World (IWW), 201

industrial, reestructuración, 183-189; Chile, 188; Perú, 187

industrialización, 14, 29, 135-136, 189; Argentina, 298; y los militares, 339

industrialización de sustitución de importaciones (ISI), 31, 142, 165, 214

inflación, 169, 171, 173, 183-184, 186, 304

Instituto de Arte y Cultura de Juchitán, en México, 274

Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), de Perú, 266

Instituto de Reforma Agraria (INCORA), de Colombia, 249, 250, 251

Instituto Nacional Indigenista (INI), de México, 240, 273

insurrección urbana, 176

intelectualismo, 77, 78, 93, 110, 131, 308, 311

Internacional Comunista, véase Komintern

Internacional Socialista, 34

inversiones, 215

Izquierda Democrática, de Ecuador, 118

Izquierda Socialista, de Perú, 123

Izquierda Unida (IU), de Perú, 60, 117, 122-123

Jalisco (México), 200, 201, 205

Jara, Heriberto, 205

jaramillismo, 220, 222

Jaramillo, Porfirio, 222

Jaramillo, Rubén, 222-223

Jarrín, Mercado, general peruano, 292

Jruschov, Nikita, 102, 103

Julião, Francisco, 234, 235

Justo, Agustín Pedro, general, 294, 298

Katari, Túpac, 273, 278

katarismo, 273, 275, 276

Kennedy, John R, presidente, 103

Kirchheimer, Otto, 34

Kissinger, Henry, 113

Knight, Alan, 90

Komintern (Internacional Comunista), 76-95, 141, 148; Nicaragua, 86

Krause, Karl, filósofo alemán, 84

Kubitschek, Juscelino, administración, 169

kurakas, autoridades locales tradicionales, 211, 212

Lacalle, Luis Alberto, 54

Laguna, La, región de, en México, 217-218

laissez-faire, 298

Lame, Manuel Quintín, 224, 226

Larrazábal, Wolfgang, 32

latifundios, sistema de, 214

Lechín, Juan, 99, 157, 174, 232, 248

legislación laboral: Brasil, 162; México, 162

legislaturas bicamerales, 20

legislaturas unicamerales: América Central, 20; Costa Rica, 20; Ecuador, 20; Guatemala, 20; Honduras, 20; Salvador, El, 20

Leguía, Augusto, gobierno de, 25, 213

leninismo, 73, 74, 82, 83, 124, 244

León (Nicaragua), 220

Ley Agraria de 1936, de México, 218, 226

Ley Agraria de 1964, de Perú, 239, 261, 266

Ley de Aparcería de 1975, de Colombia, 251

Ley de Reforma Agraria de 1915, de México, 198, 202

Ley de Reforma Agraria de 1936, de Colombia, 224

Ley de Reforma Agraria de 1958, de Cuba, 243

Ley de Reforma Agraria de 1982, de Nicaragua, 259

Ley de Seguridad Mutua (1951), 290

Ley Institucional n.º 5 de diciembre de 1968, de Brasil, 297

Ley para la Defensa de la Democracia (1948), de Chile, 97, 154

Ley Taft-Hartley (1947), 151

liberalismo, 19, 23, 45, 68, 69-70

libertades civiles, 304

Liga Antiimperialista, en Nicaragua, 86

Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz (LCAEV), de México, 204

Liga de Comunidades Agrarias Úrsulo Galvan, de México, 217

Liga de Comunidades Agraristas de Jalisco, 200-201

Liga de Comunidades y Sindicatos Agraristas de Michoacán, 202

Liga de Defensa Pro India, de Bolivia, 211-212

Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, de México, 88

Liga Roja, de El Salvador, 209

Ligas Agraristas, de México, 198

Ligas Campesinas, de Brasil, 234-236

ligas campesinas, de Guatemala, 229-230

Ligas de Resistencia en las comunidades rurales, de México, 199

Ligas Marxistas-Leninistas, de Colombia, 250

Ligas Populares (LP-28), de El Salvador, 257

Lima, 122-123, 237, 264

Lleras Restrepo, Carlos, presidente, 104, 249, 250

Loewenstein, Karl, 25, 26

Lombardo Toledano, Vicente, 91, 93, 97, 98, 141, 144, 145, 153, 221

López, Jacinto, 221

López, Pedro, 202

López Contreras, Eleazar, 20, 282

López Mateos, Adolfo, 222

López Michelsen, Alfonso, 228

López Portillo, José, 270

López Pumarejo, Alfonso, 30, 95, 148

M-19, grupo guerrillero de Colombia, 48, 104, 251-252, 272

Machado, Gerardo, gobierno de, 147

maestros y educación, 167, 177

Magdalena, río, en Colombia, 135

Magri, Rogerio, 186

Malvinas, islas, 58, 322, 336

Managua, terremoto de, 115

Mano Blanca, organización terrorista derechista, de Guatemala, 253

manufacturero, sector, en Argentina, 185

maoísmo, 103, 247; en Perú, 106, 121, 122

Mariátegui, José Carlos, 74, 77, 82, 83, 84, 212-213; Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, 212-213

Marinello, Juan, 94

Mármol, Miguel, 79, 85

Marquetalia (Colombia), 245, 246

Marshall, T. H., 70

Martí, Farabundo, 86, 209, 210

Martí, José, 84

Martínez de Hoz, José A., 299

Marulanda, Manuel («Tirofijo»), 246

marxismo, 33, 44, 45, 48, 73-76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 109, 110, 111, 115, 119, 127, 129, 131, 209, 212, 258, 303

marxismo-leninismo, 74, 119; véase también leninismo

Medeiros, Luiz Antonio, 186

Medina, Medófilo, 225

Medina Angarita, Isaías, general, 92, 93, 149, 314

Menchú, Rigoberta, 260

Mendes, Chico, 277

Méndez Montenegro, Julio César, 253

Mendieta, Carlos, presidente, 147

Menem, Carlos Saúl, 59, 185, 328, 330

Mercante, Domingo, coronel, 157

Mesa Redonda de los Marxistas Mexicanos, 153

metalúrgica, trabajadores de-la industria, 133, 137, 143, 168, 175, 189, 190

México: autoritarismo, 19, 34, 242; campesinado, 197; clase trabajadora, 136, 137, 143, 170; constituciones, 20, 22; crisis de la deuda, 186; democracia, 12, 19; fuerza laboral, 108, 160, 167; fuerzas armadas, 317; huelgas, 149, 168, 170, 187; izquierda en, 119; legislación laboral, 162; militares, 281-282, 316-317; movilización rural, 197-208, 217-223, 268-271, 280; movimiento obrero, 144-145, 187; nivel de salarios, 166, 170, 184; Partido Comunista, 75, 82, 86, 90-91, 96, 98, 118, 144; partidos populistas, 279; partidos y sistema de partidos, 18; producción de petróleo, 75; relaciones laborales, 164; sindicatos, 152, 163-164, 167, 177-178, 183; sistema corporativista, 162, 164; y Afganistán, 119; y Checoslovaquia, 119; y España, 88

México, Ciudad de, 91, 136, 144, 153, 205, 274

Michoacán (México), 200, 202

militar-campesino, pacto (1966), en Bolivia, 247

militares, 49, 64-65; activismo político de los, 286; Argentina, 50, 111, 281, 282, 285, 288, 292-293, 322, 337; Bolivia, 182, 241, 281, 282, 287, 289, 306-312; Brasil, 61, 111, 241, 281, 282, 288, 338; Chile, 50, 111, 241, 281, 285, 286, 293, 303, 322, 339; Colombia, 54, 281; Ecuador, 281, 287, 290, 292, 306-312; en la política latinoamericana desde 1930, 281-341; Guatemala, 241, 281, 282, 290; Honduras, 282; México, 281-282, 316-317; modelo alemán, 285; modelos y mecanismos, 293-312; Panamá, 306-312; Paraguay, 282; Perú, 50, 111, 241, 281, 282, 306-312; radicalismo de los, 111; República Dominicana, 281, 282; Salvador, El, 281; Uruguay, 50, 111, 241, 282, 303, 304, 322; Venezuela, 54, 281, 282, 335, 336; y Estados Unidos, 291; y la Iglesia, 256-257; y la industrialización, 339; y los movimientos obreros, 177; y los sindicatos, 165, 175, 180; véase también desmilitarización; fuerzas armadas

militarismo: continuidad histórica del, 338; y los «estados civiles», 312-319

mineros y minería, 135, 137, 143, 154, 156, 157, 172, 190; de Bolivia, 99-100; descontento de los, 216; huelgas de, 168, 169

modernización, 104; y democracia, 43-44; y

movilización rural, 278

Molina, Arturo Armando, coronel, 256

Molina, Mario Monje, 248

Monroe, Doctrina, 283

Monterrey (México), 137, 164

Montevideo, 126

montoneros, 48, 107-108, 109, 180

Morales Bermúdez, Francisco, general, 180, 321, 329

Morelia (México), 202, 220

Mosconi, Enrique, general, 298

movilización política, 193

movilizaciones rurales: Bolivia, 211, 231-234, 243-252, 278, 280; Brasil, 234-236; Chile, 243, 265-267, 279; Colombia, 223-228, 242-243, 280; de los decenios de 1920 y 1930, 196-214; de los decenios de 1930 al de 1960, 214-241; de los decenios de 1960 al de 1980, 241-271; Guatemala, 228-230, 254-255, 277, 280; Honduras, 255; México, 197-208, 217-223, 268-271, 280; Paraguay, 277; Perú, 236-239, 260-265; Salvador, El, 255, 277; Venezuela, 243-252

Movimento Democrático Brasileiro-MDB, 61

Movimento Unifícador dos Trabalhadores (MUT), de Brasil, 96, 152

movimiento agrario, tendencias más radicales en el, 201

Movimiento 19 de Abril, véase M-19, grupo guerrillero de Colombia

Movimiento al Socialismo (MAS), de Venezuela, 125

Movimiento Cívico, de Colombia, 117

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR): Bolivia, 118; Chile, 113, 267; Perú, 105, 260; Venezuela, 48, 245

Movimiento de Liberación Nacional (MLN): México, 223; Uruguay, véase tupamaros

Movimiento de Obreros, Estudiantes y Campesinos (MOEC), de Colombia, 246

Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), de Bolivia, 95, 99, 100, 103, 146, 156, 174, 212, 216, 231-234, 288, 309

Movimiento por el Gobierno del Pueblo, de Uruguay, 126

Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR-13), de Guatemala, 252

Movimiento Revolucionario Nacional (MRN), de El Salvador, 255

Movimiento Sindical Cristiano del Perú, 239

movimientos obreros, 79, 80, 91-92, 132, 192; Argentina, 157; Bolivia, 174; Brasil, 145, 169; Chile, 154, 155; Colombia, 156; Cuba, 174; evolución de los, 140, 160; historia de los, 140; institucionalización de los, 161; México, 144-145, 187; pauta general en la evolución de, 192; politización de los, 165, 168-169; y el sistema jurídico, 165; y la sociedad, 189; y las dictaduras, 177; y los militares, 177; y los sistemas políticos, 160

movimientos radicales: Argentina, 48; Brasil 48; Chile, 48

movimientos sociales: desarrollo de los, 141; nuevos, 176; urbanos, 176; y democracia, 177; y la crisis económica, 188

Múgica, Francisco J., 199, 202

Mujal, Eusebio, 150, 155

mujeres: como sirvientas domésticas, 133; en el sector servicios, 133; en la industria textil, 133, 135; sufragio universal de las, 40, 41, 42

multinacionales, compañías, 194, 267

nacionalismo, 288

narcóticos, tráfico de, 50; véase también drogas, tráfico de

negociación colectiva, 165, 174, 177

neolatifundismo, 221

Neruda, Pablo, 77, 88

Neves, Tancredo, 62, 323

Nicaragua: autoritarismo, 241; clase trabajadora, 149; comunismo, 84, 93; dictaduras, 68; fuerzas armadas, 283; Iglesia católica, 110; insurrección, 86; izquierda, 114-116; Partido Comunista, 115, 116; Partido Conservador, 93; reelección presidencial, 25; y Estados Unidos, 58, 260, 320-321

Niemeyer, Osear, arquitecto, 78

nivel de vida, 176

Noriega, Manuel, general, 310, 327

Nueva Rosita (México), 170

Nuevo Espacio, partido de Uruguay, 126

O’Donnell, Guillermo, 58

Oaxaca (México), 274

Obregón, Alvaro, 198, 316

Ocampo, Pacto de (1974), en México, 269, 270

Odría, Manuel A., general, 47, 59, 60, 236

Oficina de Asuntos Indígenas, de Perú, 213

Oficina para la Integración Social, de Guatemala, 240

oficinistas, 133, 168

Onganía, Juan Carlos, general-presidente, 58, 174, 298

Ongaro, Raimundo, 175

oposición «leal»: concepto de, 13; legitimidad de, 16

Oposición de Unidad, de Costa Rica, 57

Organización del Pueblo en Armas (OPA), de Guatemala, 254

Organización Democrática Nacionalista (ORDEN), de El Salvador, 256, 257

Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), en 1967 de La Habana, 292

organización social, 135

organizaciones controladas por el estado, 194

Ortega, Daniel, líder sandinista, 321

Ortiz Rubio, Pascual, 217

Ortiz Sarmiento, Carlos Enrique, 227

Ovando Candía, Alfredo, general, 292, 306, 308

pactos, véase Chicoral; militar-campesino; Ocampo; Punto Fijo

Pacheco Areco, Jorge, 304, 305

Padilla, David, general, 325

País, Frank, 174

Palma, Gabriel, 75

Panamá: desmilitarización, 319 n.; fuerzas armadas, 341; golpe de estado, 309; militares, 306-312; y Estados Unidos, 301, 309-310

Panamá, Zona del Canal de, 310

Paraguay: autoritarismo, 241; desmilitarización, 319 n., 326; militares, 282; movilización rural, 277

paramilitares, grupos, 45

Partido Agrario Obrero de Morelos, de México, 222

Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), 119

Partido Blanco (Nacional), de Uruguay, 52, 53

Partido Civilista, de Perú, 213

Partido Colorado: Paraguay, 326-327; Uruguay, 52, 75, 81, 304-305

Partido Comunista, 73-74; América Central, 85; Argentina, 81, 91-92, 111, 142, 295; Bolivia, 99, 244, 248; Brasil, 18, 47, 78, 87, 96, 97, 143, 149, 235, 287; Chile, 81, 89, 97, 102-103, 113, 120-121, 129, 171-172, 300; Colombia, 47, 92, 104, 118, 224, 243, 246; Costa Rica, 47, 77, 86, 87, 97, 118, 313; Cuba, 87, 93, 100, 243; Ecuador, 111; Guatemala, 98, 106, 230; Italia, 104-105, 113, 118, 125; México, 75, 82, 86, 90-91, 96, 98, 118, 144; Nicaragua, 115, 116; Perú, 47, 111, 121, 146, 180, 212, 260; República Dominicana, 89; Salvador, El, 85, 115, 210; Uruguay, 30, 111; Venezuela, 92, 104, 125, 244

Partido Comunista Brasileiro (PCB), 103, 127

Partido Comunista del Perú Marxista-Leninista Pensamiento Mao Tse-Tung, 263

Partido Comunista do Brasil (PCB do B), 96-97, 103

Partido Comunista italiano, 104-105, 113, 118, 125

Partido Comunista Marxista Leninista (PCML), de Bolivia, 103

Partido Comunista Marxista-Leninista de Colombia, 250

Partido Comunista Mexicano (PCM), 118

Partido Conservador, 215; Colombia, 46, 54, 224, 225, 227, 317, 318; Nicaragua, 93

Partido de Acción Nacional (PAN), de México, 187

Partido de Conciliación Nacional, de El Salvador, 256

Partido de la Izquierda Revolucionaria (PIR), de Bolivia, 99, 232, 248.

Partido de la Revolución Democrática (PRD), de México, 187

Partido de la Revolución Mexicana (PRM), 217, 220

Partido de Liberación Nacional (PLN), de Costa Rica, 31, 32, 57, 87, 313

Partido de Unión Revolucionaria, de Guatemala, 253

Partido Demócrata Cristiano (PDC), de Chile, 33, 51, 60, 173, 255

Partido dos Trabalhadores (PT), de Brasil, 35, 62, 117, 127, 128, 176

Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), 106-107, 252-253

Partido Justicialista (Peronista), 58, 75; véase también Perón, Juan Domingo

Partido Laborista, de Argentina, 158-159

Partido Liberal, 29, 215; Colombia, 30, 46, 54, 79, 92, 224, 226-228, 317

Partido Mexicano de Trabajadores (PMT), 119

Partido Nacional Agrarista (PNA), de México, 198

Partido Nacional Revolucionario (PNR), de México, 316

Partido Obrero Revolucionario (POR), de Bolivia, 94, 99, 100, 147, 231

Partido Popular (PP), de México, 153, 221

Partido Popular Socialista (PPS), de México, 119

partido por la Democracia (PPD), de Chile, 1 124-125

Partido Radical: Argentina, 58, 59, 68, 81, 294; Chile, 81

Partido Revolucionario (PR), de Guatemala, 248, 253

Partido Revolucionario Cubano-Auténtico (PRC-A), 87

Partido Revolucionario de Izquierda Nacional (PRIN), de Bolivia, 248

Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), de México, 119

Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC), 257

Partido Revolucionario Democrático (PRD), de México, 119

Partido Revolucionario Institucional (PRI), de México, 118, 119, 178, 187, 223, 271, 315

Partido Social Democrático (PSD), de Brasil, 151-152, 296

Partido Social Democrático Brasileiro (PSDB), 128

Partido Socialista, 52, 79, 80, 81, 83, 113, 123; Argentina, 80; Brasil, 81, 234; Chile, 81, 89, 94, 123-124, 145, 171-172, 287, 300; Perú, 83-84

Partido Socialista Brasileiro (PSB), 234

Partido Socialista del Sureste (PSS), de México, 199-200

Partido Socialista Independiente, de Argentina, 80

Partido Socialista Michoacano, de México, 202

Partido Socialista Nicaragüense (PSN), 93, 115

Partido Socialista Revolucionario, de Colombia, 224

Partido Socialista Unificado de México (PSUM), 119

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), 32, 75, 151, 152

Partido Unidad Social Social Cristiana (PUSC), de Costa Rica, 34, 57

Partido Vanguardia Popular (PVP), de Costa Rica, 118

partidos populistas: Argentina, 32; Brasil, 32; Chile, 32; Colombia, 32; Costa Rica, 32; Perú, 31-32; Venezuela, 32

Pastrana, Misael, 250

Patria Roja, partido maoísta de Perú, 121

patrones y clientes, pautas de autoridad: Brasil, 34; Chile, 34; Colombia, 34

Paz, La (Bolivia), 157, 211, 231-232, 233, 272-273, 288, 324

Paz Estenssoro, Víctor, 232, 233, 291 n., 309, 324

Peace Corps, 309

Pearl Harbor, 148

Peláez, Manuel, 204

Peña Rival, Lázaro, 155

Peralta Asbún, Juan, general de aviación, 325

Peralta Azurdia, Enrique, coronel, 253

Pérez, Carlos Andrés, presidente, 56, 125, 181, 335

Pérez de Cuéllar, Javier, secretario general de la ONU, 260

Pérez Jiménez, Marcos, dictadura del coronel, 20, 32, 33, 47, 105, 170, 244, 314, 315

Pernambuco (Brasil), 235, 236

Perón, Juan Domingo, 18, 20, 24, 32, 42, 46, 58, 59, 92, 95, 108, 139, 149, 156, 157-159, 175, 180, 185, 288, 294, 295

Perón, María Estela (Isabel) Martínez de, 58

peronistas, véase Perón, Juan Domingo

Perú: analfabetismo, 42; autoritarismo, 21, 44; clase trabajadora, 137, 149; comunismo, 79; constitucionalismo presidencial, 26-27; constituciones, 22; corporativismo, 164; crisis económica, 50, 183; democracia, 44, 45, 47, 50, 59-61; democratacristianos, 33; desmilitarización, 319 n., 321, 333; dictaduras, 45; elecciones, 39, 42; fuerzas armadas, 333, 334; golpe de estado, 307; golpes militares, 49, 64; guerra civil, 47; guerrillas, 48, 105, 112; huelgas, 168, 180; izquierda, 122-123; militares, 50, 111, 241, 281, 282, 306-312; movilización rural, 236-239, 260-265; nivel de salarios, 166, 184; Partido Comunista, 47, 111, 121, 146, 180, 212, 260; Partido Socialista, 83-84; partidos populistas, 31-32; partidos y sistema de partidos, 35, 36; reelección presidencial, 25; relaciones entre civiles y militares, 333-334; relaciones laborales, 164; reestructuración industrial, 187; sindicatos, 155, 167, 180, 183; sufragio, 41; y China, 103; y Estados Unidos, 105; y Francia, 285

Peter, José, 159

Petras, James, 265

petróleo: en México, 75; producción de, 135, 143, 177, 203, 287; trabajadores del, 145, 224

petroquímicas, refinerías, 175, 190

Picado, Teodoro, 313

Pinheiro, Wilson, 276

Pinochet Ugarte, Augusto, régimen del general, 20, 27, 52, 120, 121, 124, 182, 188, 243, 267, 302, 306, 323-324, 332

Plan Cruzado, de 1986 en México, 186

Plan Triangular (1961), de Bolivia, 174

plantaciones, 194

plátanos, plantaciones de, 208

pluralismo político, 14

población activa rural, 194

«pobladores», 109

política social, en Argentina, 70-71

populismo, 70; Costa Rica, 32; fracaso del, 216; ideología, 139; movimientos, 48, 78, 80; Venezuela, 32

populismo agrario: Bolivia, 216; México, 216

Portes Gil, Emilio, presidente mexicano, 217

Portinari, Cándido, pintor, 78

portuarios, trabajadores, 136

Portugal, y Brasil, 19, 338

Potosí (Bolivia), 157

Prado y Ugarteche, Manuel, gobierno de, 60, 146, 155, 236, 291 n.

Prats González, Carlos, 301

presidencialismo, 22; Argentina, 25; Brasil, 25; Colombia, 25; dilema del, 18

Prestes, Luis Carlos, 87, 97, 102, 287

Primera República (1889-1930), de Brasil, 287, 299

proletariado: argentino, 142; uso del término, 132, 133, 134, 135

protestantismo, 109

Puebla (México), 137, 141

Punto Fijo, Pacto de (1958), en Venezuela, 28

Quadros, Janio, 25

Querétaro (México), 207

Quillabamba (Perú), 237

Quintero, Luis, 144

Quiñones, Alfonso, 209

Quito, 321-322

Reagan, Ronald, presidente norteamericano, 257-258, 320

rebeliones estudiantiles, 110, 119

recesión económica, 130, 171, 173, 185-186, 188

reforma agraria, 215, 229, 241, 242, 250, 252, 263, 280

represión, 143, 214, 241; Argentina, 49; Brasil, 49; Chile, 49; Uruguay, 49

República Dominicana: dictaduras, 68; fuerzas armadas, 283; militares, 281, 282; Partido Comunista, 89; reelección presidencial, 25

repúblicas pretorianas: Argentina y Brasil, 294-299

revolución boliviana de 1952, 99, 100, 146, 174, 233-234

revolución cubana de 1959, 47, 48, 64, 65, 74, 75, 76, 82, 100-112, 123, 241, 243-244, 291; y el comunismo internacional, 102; y el Partido Comunista, 100

Revolución Libertadora (1955), Argentina, 47

revolución mexicana (1910), 119, 144, 198, 203, 219, 316

revolución nicaragüense (1979), 74, 76, 112, 115, 130

revolución rusa (1917), 66, 74, 76, 77, 85

Reyes, Cipriano, 159

Río, Tratado de (1947), 290

Río de Janeiro, 96, 97, 137, 151

Ríos, Juan Antonio, presidente de Chile, 26

Ríos Montt, Efraín, 254

Rivas, Sinforoso, 232

Rivera, Diego, pintor, 78

Rodríguez, Abelardo, 217

Rodríguez, Carlos Rafael, 94

Rodríguez Lara, Guillermo, gobierno militar del general, 111, 310, 311, 321

Rodríguez Pedotti, Andrés, general paraguayo, 319 n., 326-327

Rojas, José, 232-233

Rojas Pinilla, Gustavo, dictadura militar del general, 28, 47, 104, 228, 317

Roídos Aguilera, Jaime, presidente de Ecuador, 319 n., 322

Romero, Carlos Humberto, general, 257

Romero, Óscar Arnulfo, arzobispo, monseñor, 257

Romero Bosque, Pío, presidente, 209

Romualdi, Serafíno, «embajador volante» de la AFL, 150

Roosevelt, Franklin D., 24

Rosario (Argentina), 137, 175

Roy, M. N., 82

Rucci, José, secretario general de CGT, 180

Ruiz Cortines, Adolfo, presidente de México, 221

Sabroso, Arturo, 150

salariales, leyes, 23

salarios, nivel de los, 115, 136-137, 140, 145, 148 y n., 155, 165-168, 183; Argentina, 166, 183-184, 185; Brasil, 166, 183-184; Chile, 166, 184; Colombia, 166, 184; México, 166, 170, 184; Perú, 166, 184; Venezuela, 184; y los sistemas corporativistas, 166

Salinas de Gortari, Carlos, presidente, 186, 187, 271

Salles Oliveira, Armando de, 296 n.

Salvador, El: autoritarismo, 241; campesinado, 85, 209; comunismo, 84; democracia, 14, 290; desmilitarización, 319 n., 327, 329; guerra civil, 329; guerrillas, 116; insurrección, 86; militares, 281; movilización rural, 255, 277; Partido Comunista, 85, 115, 210; y Estados Unidos, 321

San Luis Potosí, 206, 207

San Salvador, 209

Sánchez, Guadalupe, comandante militar, 204

Sánchez Cerro, Luis, gobierno militar de, 146, 204

Sánchez Madariaga, Adolfo, 144

sandinistas, 110, 114, 116, 130 n., 258-259, 272, 320; véase también Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)

Sandino, Augusto César, 86, 258

Sanguinetti, Julio María, presidente de Uruguay, 53, 319 n.

sanidad, trabajadores de, 168

sanitarios, servicios, 31

Santa Ana (El Salvador), 209

Santa Anna, Antonio López de, presidente de México, 338

Santiago (Chile), 136, 137, 182

Santo André, en São Paulo, 179

Santos, Eduardo, gobierno liberal de Colombia, 137, 148, 282

São Bernardo, región de São Paulo, 179

São Caetano, región de São Paulo, 179

São Paulo, 96, 127, 136, 137, 142, 151, 161, 179, 192, 319, 323, 330-331; huelgas en, 169

Sarney, José, gobierno de Brasil de, 62, 185, 188

Savio, Manuel S., general argentino, 298

Schlesinger, Arthur, 48

Schneider Chereau, Rene, general, 301; doctrina, 301

Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE), de Brasil, 331

sector informal, 190; trabajadores del, 133

sector popular, 163

sector servicios, 135, 167

segurança nacional, doctrina de la, 297

seguridad social, 31, 167

Sendero Luminoso, guerrilleros de Perú, 61, 112, 121-122, 243, 263-265, 278, 333-334

Serrano, Jorge, presidente de Guatemala, 260

Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE), de Argentina, 298

servicios urbanos, 176

Serviço Nacional de Informações (SIN), de Brasil, 297, 330

siderúrgica, industria, 175, 177; Argentina, 298

Siles Zuazo, Hernán, presidente de Bolivia, 232, 234, 319 n., 325, 326, 335 n.

Silva, Luís Inácio da (Lula), 62, 127

sinarquistas, véase Unión Nacional Sinarquista

sindicalismo, 99; nuevo, 140, 175-183

Sindicato de Caucheros de Acre, de Brasil, 276

sindicato de ferroviarios de México, 154

Sindicato de Luz y Fuerza, de Argentina, 179

sindicato de maestros peruano (SUTEP), 121-122

Sindicato de Metalúrgicos de la ciudad de São Paulo, 179, 186

sindicato de trabajadores de la electricidad, de México, 175

Sindicato de Trabajadores de Teléfonos, de México, 178

sindicato de trabajadores del petróleo, de México, 154

sindicato de trabajadores marítimos, de Cuba, 155

Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), 187

sindicatos: Argentina, 157 y n., 158, 167, 173, 179, 183; Bolivia, 156, 183; Brasil, 142, 151, 161, 168, 178-179, 183, 185; Chile, 167, 172, 181, 183; Colombia, 81-82, 156, 167; Cuba, 155, 164, 174; Ecuador, 81; estadísticas de afiliación, 163 n.; México, 152, 163-164, 167, 177-178, 183; Perú, 155, 167, 180, 183; Venezuela, 155, 167

Siqueiros, David, 78

Sistema Alimentario Mexicano (SAM), 270

Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS), 262, 311

social católica, doctrina, 33

sociedad, véase darwinismo social; derechos sociales; diferenciación social; estructura social; identidad social; movimientos sociales; política social; seguridad social

Sociedade Agrícola de Plantadores e Pecuaristas de Pernambuco (SAPPP), 234, 235-236

Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS), de Perú, 261

Sociedades de Crédito Ejidal, de México, 221

Somoza Debayle, Anastasio, 93, 242

Sonora (México), 269

Stalin y Trotski, disputas entre, 74

Stroessner, Alfredo, general paraguayo, 319, 326

Suazo Córdova, Roberto, presidente de Honduras, 319 n.

subversión, lucha contra la, 48, 248

sufragio, 37-43; véase también elecciones

supermercados, saqueos de, 188

Surinam, 338

Szulc, Tad, periodista, 47

Tapia, Primo, campesino indio, 201, 202

Tejada, Paz, coronel, 252

Tejeda, Adalberto, 199, 204

Tendencia Democrática, de México, 177, 178

Terra, Gabriel, presidente de Uruguay, 20, 27

terratenientes y aparceros, 251

terroristas, organizaciones, de Guatemala, 252-253

textil, industria, 135, 161, 190, 203, 204; trabajadoras de la, 133, 135

Tiahuanaco, Manifiesto de (1973), de Bolivia, 273

tierras: acceso a las, 176; expropiaciones de, 251; movilización rural, 198; ocupaciones de, 250; propiedad de, 193; reparto de, 198, 205, 218, 261, 268, 279

Toledo, Francisco, pintor juchiteca, 274

Tomic, Radomiro, 33

Toro, David, coronel, 146, 287

Torres, Camilo, sacerdote y sociólogo, 246, 318

Torrijos, Ornar, general panameño, 111, 292, 306, 309, 310

Tosca, Agustín, sindicalista argentino, 179

trabajadores manuales, 133, 192

trabajo especializado, 136, 190

transportes, 190

Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca (1947), véase Río, Tratado de

tribunales laborales, 165

Trotski, asesinato de, 91

trotskismo, 74, 78, 106, 107, 121, 122, 128, 157, 253; en Bolivia, 94

Trujillo, Rafael Leónidas, dictador dominicano, 315

Truman, Harry, presidente norteamericano, 151

tupamaros, en Uruguay, 53, 108, 304, 305

Turcios Lima, Luis, 252, 253

Ubaldini, Saúl, 185

Ubico, Jorge, dictadura de, 229

Ucureña (Bolivia), 232

União Democrática Nacional (UDN), de Brasil, 151, 296

Unidad Obrera Independiente, de México, 164

Unidad Popular (UP), de Chile, 30, 76, 112, 114, 123, 124, 181, 266-267, 301

Unión Agrícola Nacional (UNAN), de México, 269

Unión de Comuneros Emiliano Zapata (UCEZ), 275

Unión de Peones Rurales, de El Salvador, 256

Unión de Trabajadores de Colombia (UTC), 156, 171, 180

Unión Democrática de Liberación (UDEL), de Nicaragua, 259

Unión Democrática Nacional (UDN), de El Salvador, 256

Unión Democrática, de Argentina, 158

Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), 154, 220

Unión Guerrera Blanca (UGR), de El Salvador, 257

Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), de Nicaragua, 259

Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR), de Colombia, 224, 226

Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Autónomas (UNORCA), de México, 271

Unión Nacional Odriísta (UNO), de Perú, 32, 60

Unión Nacional Opositora (UNO), de El Salvador, 256

Unión Nacional Sinarquista (UNS), de México, 219

Unión Obrera Independiente (UOI), de México, 177

Unión Obrera Metalúrgica (UOM), de Argentina, 173

Unión Republicana Democrática (URD), de Venezuela, 244

Unión Soviética, 78, 82, 93, 95, 129; y América Latina, 73-74, 102, 129; y Argentina, 111; y Chile, 120, 121; y China, 102, 104, 121; y Cuba, 101, 292; y el eurocomunismo, 113, 120; y Estados Unidos, 98, 290

United Automobile Workers (UAW), 151

United Fruit Company, 208, 224, 229

urbanización, 29, 133, 189-190; y el nivel de vida, 176

Uriburu, José, general argentino, 288

Uruguay: autoritarismo, 20; constitucionalismo presidencial, 26-28; constituciones, 22; democracia, 12, 14, 15, 43-44, 45, 46, 50, 52-54; desmilitarización, 319 n., 323, 328; dictaduras, 45; elecciones, 39, 40, 42, 126; fuerza laboral, 160; fuerzas armadas, 305; golpes militares, 46, 49, 64; guerrillas, 48, 107; Iglesia, 109; izquierda, 126; militares, 50, 111, 241, 282, 303, 304, 322; orden constitucional, 43-44; Partido Comunista, 30, 111; partidos y sistema de partidos, 29, 30, 34, 35, 36-37, 50; reelección presidencial, 24;represión, 49; sufragio, 41

Valle del Maíz, en México, 206

Vallejo, César, poeta peruano, 77

Vandor, Augusto, 173

Vargas, Getúlio, presidente de Brasil, 20, 32, 46, 47, 88, 142, 143, 148, 169, 287, 290, 296

Vargas Llosa, Mario, 61, 187

Vásquez, Fabio, 246

Vázquez, Genaro, 268

Vázquez Vela, Gonzalo, 206

Velasco Alvarado, Juan, presidente peruano, 75, 164, 180, 292, 307, 311, 321, 341

Velasco Ibarra, José María, gobierno peruano del general, 121, 122, 290

Velázquez, Fidel, 91, 144, 170, 187

Venezuela: autoritarismo, 242; clase trabajadora, 149; constitucionalismo presidencial, 28; constituciones, 20, 21, 22; democracia, 12, 16, 44, 45, 46-47, 50, 56-57, 314-315, 338-339; democratacristianos, 33; dictaduras, 45; elecciones, 39, 41-42, 125; fuerza laboral, 160; fuerzas armadas, 245, 314-315; golpe de estado, 314; guerra civil, 47; guerrillas, 48, 104-105, 107; huelgas, 181; Iglesia, 314; militares, 54, 281, 282, 335, 336; movilización rural, 243-252; nivel de salarios, 184; orden constitucional, 44; Partido Comunista, 92, 104, 125, 244; partidos populistas, 31, 32, 279; partidos y sistema de partidos, 34, 35, 36; populismo, 32; relaciones laborales, 164, 170; sindicatos, 155, 167; sufragios, 41, 43

Veracruz (México), 137, 203

Videla, Jorge, presidente y general argentino, 59

Vietnam, guerra del, 312

Villa, Francisco «Pancho», 316

Villalba, Jóvito, 32

Villarroel, Gualberto, presidente boliviano, 99, 156, 231, 247, 287, 290

Villeda Morales, Ramón, presidente hondureno, 291 n.

violencia, 17, 131, 302; en Colombia, 156; rural, 225; social, 193; tipos de, 225; y la polarización política, 180

«violencia, la», en Colombia, 31, 103, 251

violencia rural, 225

Volkswagen, compañía, 178

voto secreto, 38, 39

Ydígoras Fuentes, Miguel, presidente guatemalteco, 106, 252, 291 n.

Yon Sosa, Marco Antonio, líder del M-13, 252, 253, 254

Yossa, Isauro, líder sindical colombiano, 226, 246

Yrigoyen, Hipólito, presidente radical argentino, 288, 294

Yucatán, 199, 200

Yurén, Jesús, 144

Zacapu (México), 202, 203

Zacatecas, estado de (México), 207

Zamosc, León, 249

Zapata, Emiliano, 206, 316

zapoteca, cultura, 274

Zarate Willka, Pablo, mallku (cacique) aymara, 211

Zavaleta Mercado, Rene, 212

Zemelman, Hugo, 265

Zuño, José Guadalupe, gobernador mexicano, 199, 200, 205

ÍNDICE DE FIGURAS

1.1. Población del Cono Sur y Brasil que votó en las elecciones presidenciales, 1846-1984

1.2. Población de la región andina y Costa Rica que votó en las elecciones presidenciales, 1845-1986

ÍNDICE DE CUADROS

1.1. Constituciones de América Latina

1.2. Expansión del sufragio en América Latina

1.3. Clasificación de los regímenes, 1930-1990

Notas

[*] Agradecemos los comentarios de Manuel Alcántara, Michael Coppedge, Bolívar Lamounier, Fabrice Lehoucq, Cynthia McClintock, Carina Perelli y miembros del grupo de estudios políticos comparados de la Universidad de Carolina del Norte, especialmente Evelyne Huber, Gary Marks y Lars Schoultz. Eduardo Feldman ayudó a preparar el ensayo bibliográfico. Hemos contraído una deuda especial de gratitud con Leslie Bethell por su paciencia y sus indispensables consejos. <<

[1] Estamos en deuda con la influyente obra de Robert Dahl para las partes primera y tercera de esta definición de la democracia. Véase Robert Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition, New Haven, Connecticut, 1971. La definición de la democracia que recalca la importancia de la competencia para el liderazgo político como elemento decisivo procede de la obra innovadora de Joseph A. Schumpeter Capitalism, Socialism and Democracy, Nueva York, 1942. <<

[2] Reconocemos que de haber incluido una visión general más exhaustiva de la región, dando cabida en ella a Haití, Cuba, la República Dominicana y los países de América Central, la trayectoria de la democracia sería menos optimista. En los citados países unas estructuras sociales muy estratificadas, las marcadas disparidades en el poder, la debilidad del proceso político y de las instituciones y la intervención de los Estados Unidos fueron factores contrarios a la instauración de la democracia constitucional. <<

[3] Cuba y Panamá promulgaron sus primeras constituciones poco después de obtener la independencia, en 1901 y 1904, respectivamente. <<

[4] Solamente Liberia (1847) y las Filipinas (1935) adoptarían el modelo estadounidense antes de la segunda guerra mundial y la proliferación de estados nuevos resultante de la desmembración de los imperios europeos. <<

[*] Reinstauración de la Constitución de 1957. <<

[5] En 1993, reflejando las continuas frustraciones que causaban los conflictos entre el ejecutivo y el legislativo, así como el deseo de un «liderazgo fuerte» en el contexto de una grave crisis socioeconómica además de política, el presidente de Perú, Fujimori, consiguió que en un referéndum se aprobara una nueva Constitución que permitía su reelección inmediata, en el mismo momento en que en Argentina el presidente Menem quería que se modificase la Constitución de modo que pudiera ser reelegido en 1995. <<

[6] Karl Lowenstein, «The Presidency Outside the United States», Journal of Politics, II, 1 (1949). <<

[7] La Constitución colombiana de 1991 permitía no sólo que se interpelara a los ministros, sino también que se les censurase. <<

[8] Se incluyeron estipulaciones parlamentarias parecidas en las reformas constitucionales que se hicieron en Cuba en 1940. Véase William S. Stokes, «The Cuban Parliamentary System in Action, 1940-1947», Journal of Politics, II, 2 (1949). También se incluyeron en la Constitución venezolana de 1947. <<

[9] Russell H. Fitzgibbon, «Adoption of a Collegiate Executive in Uruguay», Journal of Politics, 14, 4 (1952). <<

[10] Para consideraciones extensas de los partidos comunistas y socialistas de América Latina y su papel en la política democrática, así como en la lucha armada revolucionaria, véase el capítulo 2 del presente volumen. <<

[11] Samuel Valenzuela, «Labor Movement Formation and Politics: The Chilean and French Cases in Comparative Perspective, 1850-1950», tesis de doctorado, Universidad de Columbia, 1979. <<

[12] Véase Paul Drake, «Conclusión: a réquiem for populism», en Michael Conniff, ed., Latin American Populism in Comparative Perspective, Albuquerque, Nuevo México, 1982. <<

[13] Otto Kirchheimer, «The transformation of the Western European party system», en Joseph LaPalombara y Myron Weiner, eds., Political Parties and Political Development, Princeton, Nueva Jersey, 1966. <<

[14] Scott Mainwaring, «Brazilian Party Underdevelopment», Political Science Quarterly, 107, 4 (1992), pp. 677-707, y «Brazil: weak parties, feckless democracy», en Scott Mainwaring y Timothy R. Scully, eds., Building Democratic Institutions: Parties and Party Systems in Latin America, Stanford, California, 1993. <<

[15] En un sistema bipartidista cabría esperar que cada uno de ellos pudiera ganar unas elecciones presidenciales, aun en el caso de que uno de los dos suela hacerse con la presidencia. En un sistema de dos partidos y medio habría un tercer partido que recibiría algún porcentaje constante de los votos y mantendría una presencia minoritaria en la asamblea legislativa, pero al que no se consideraría un aspirante significativo a ganar la presidencia. <<

[*] El Código Electoral de 1932 imponía severas multas a las personas que tuvieran derecho a votar y no se inscribiesen, aunque no utilizaba las palabras «obligatoriedad de votar». <<

[**] En 1936 se aprobó una ley, pero posteriormente se suspendió. En 1959 la obligatoriedad de votar se incluyo en el texto de la Constitución. <<

[*] Democráticos: gobierno constitucional, alta competencia, alta inclusión (sufragio universal para los varones o alto conocimiento de leer y escribir compensando las restricciones). <<

[**] Semidemocráticos: restricciones constitucionales a la competencia (por ejemplo, el Frente Nacional en Colombia) o al sufragio (véase el cuadro 1.2), o restricciones de facto a la competencia (por ejemplo el Pacto de Punto Fijo de 1958 en Venezuela o el fraude y la manipulación clientelista del electorado, tal como se daba en Argentina o Colombia en los años treinta), pero, en general, elecciones competitivas y abiertas para determinar puestos clave en el gobierno. <<

[***] Híbridos: Extensa injerencia militar y frecuente intervención directa de los militares. <<

[16] Sobre el trabajo y la política, democrática y autoritaria, en Argentina y Brasil y cinco de los otros países que se estudian en el presente capítulo (Chile, Uruguay, Colombia, Venezuela y Perú), véase Ruth Berins Collier y David Collier, Shaping the Political Arena: Critical Junctures, the Labor Movement, and Regime Dynamics in Latin America, Princeton, Nueva Jersey, 1991. <<

[17] Sobre el avance y el retroceso de la democracia a mediados del decenio de 1940, véase Leslie Bethell y Ian Roxborough, eds., Latin America between the Second World War and the Coid War, 1944-48, Cambridge, 1992. <<

[18] Aunque la mayoría de los partidos comunistas fueron legalizados después, en Brasil y en el Cono Sur volvieron a sufrir proscripciones durante los períodos de gobierno militar en los años sesenta y setenta. <<

[19] Carta del 18 de octubre de 1989 a Tony Smith, citada en Tony Smith, «The Alliance for Progress: the 1960s», en Abraham F. Lowenthal, ed., Exportirtg Democracy: The United States and Latin America, Baltimore, Maryland, 1991, p. 87, n. 12. <<

[20] Véase David Collier, ed., The New Authoritarianism in Latin America, Princeton, Nueva Jersey, 1979, capítulo de O’Donnell. <<

[21] Se encuentran historias políticas en otros volúmenes de esta Historia de América Latina: el capitulo sobre Costa Rica en HALC, vol. 14; los capítulos sobre Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela en HALC, vols. 15 y 16; y los capítulos sobre Brasil en HALC, vol. 17 (en preparación). <<

[*] Traducción castellana de Magdalena Chocano. <<

[1] Por ejemplo, se concedió el sufragio femenino y Eva Perón se convirtió en un símbolo de esperanza, no sólo para los pobres, sino para las mujeres pobres en particular. La compleja cuestión del género no puede omitirse en los análisis de ciudadanía. <<

[2] Ernesto Isuani y Emilio Tentó, eds., Estado democrático y política social, Buenos Aires, 1989, pp. 17 ss., describen la tensión entre los dos principios, incluso en el área de salud pública (donde el principio de cobertura universal se afirmó más enérgicamente) y en la de seguridad social. El capítulo de Pérez Irigoyen subraya la sucesión de cambios en las políticas sanitarias desde 1955, que han agravado acumulativamente los defectos del sistema público, hasta que en los años ochenta la salud privada se expandió para llenar el vacío. <<

[3] Georges Midré, «Bread or solidarity? Argentine social policies, 1983-1990», Journal of Latin American Studies, 24, 2 (1992), pp. 343-373. Para un análisis de los movimientos de mujeres y por sus derechos, incluido el voto, véase Asunción Lavrin, «Women in twentieth-century Latin American society», en CHLA, vol. VI, Segunda parte, 1994, también omitido aquí por razones de espacio. <<

[4] Un caso célebre fue el Tribunal Supremo de Elecciones y el Registro Civil, establecido en Costa Rica, en 1949, que hacia 1986 empleaba 574 personas, y que emitía un documento de identidad con una fotografía a todo ciudadano costarricense de más de 18 años de edad, que era válida por diez años y debía mostrarse al ser requerido. Véase Rafael Villegas, El Tribunal Supremo de Elecciones y El Registro Civil de Costa Rica, San José, 1987. El modelo costarricense ha sido ampliamente imitado y el Centro Interamericano de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), cuya sede está en San José, realiza la función especializada de promover un intercambio de conocimiento y experiencia en esta área en toda América Latina, incluidos los servicios de observadores internacionales para muchas elecciones en la región. Véase, por ejemplo, sus otros cuadernos, tales como Julio Brea Franco, Administración y elecciones: La experiencia dominicana de 1986, San José, 1987. <<

[*] Quisiera dar las gracias a Víctor Hugo Acuña, Carol Graham, María D’Alva Kinzo, Roben Leiken, Juan Maiguascha, Nicola Miller, José Álvaro Moisés, Marco Palacios, Diego Urbaneja, Laurence Whitehead y Samuel Valenzuela por sus comentarios y su ayuda, y, en particular, a Malcolm Deas por sus críticas y a James Dunkerley por su aliento. <<

[1] Gabriel Palma, «Dependency: a Formal Theory of Underdevelopment or a Methodology for the Analysis of Concrete Situations of Underdevelopment?», World Development, 6, 7/8 (1978), p. 900. <<

[2] Sin embargo, es igualmente posible ver el comunismo como una extensión de las creencias positivistas en el siglo XX. La idea de progreso, de leyes que gobiernan el desarrollo social, de la necesidad de una élite ilustrada, eran conceptos que podían trasladarse con facilidad del positivismo del siglo XIX al comunismo del XX. Tanto en el positivismo como en el comunismo se encomendaba a una élite ilustrada un papel decisivo por ser el grupo más capacitado para interpretar las leyes del progreso histórico. <<

[3] Citado en Nicola Miller, Soviet Relations with Latin America, Cambridge, 1989, p. 24. <<

[4] Véase Roque Dalton, Miguel Mármol, San Salvador, 1972. <<

[5] Refiriéndose al Partido Socialista argentino, Charles Hale ha escrito: «Se dirigía a los trabajadores como consumidores y no como productores: era favorable al librecambio: no hacía ninguna distinción entre el capital extranjero y el nativo; titubeaba en la abolición de la propiedad privada. Como el partido nunca impuso un control efectivo a los trabajadores, que en su mayor parte eran extranjeros que no votaban, tanto el socialismo como el movimiento obrero tuvieron dificultades en los años que siguieron a 1920». «Ideas políticas y sociales en América Latina, 1870-1930», en HALC, vol. 8, 1986, p. 54. <<

[6] Esta sección se basa en gran parte en Rodolfo Cerdas, La hoz y el machete: la internacional comunista, América Latina, y la revolución en Centroamérica, San José, 1986. <<

[7] Véase Harry Vanden, «Mariátegui, “Marxismo”, “Comunismo” and other Bibliographical Notes», Latin American Research Review, 14, 3 (1979), pp. 61-86. <<

[8] Haya de la Torre, Treinta años de aprismo, México, D. F., 1956, pp. 29, 54. <<

[9] Este es el tema de Manuel Caballero, Latin America and the Comintem, 1919-1943, Cambridge, 1986. <<

[10] Sobre América Central, véase James Dunkerley, Power in the Isthmus: a Political History of Modern Central America, Londres, 1988, esp. caps. 6 y 8 para Nicaragua y El Salvador. <<

[11] Dalton, Miguel Mármol. <<

[12] La Liga Antiimperialista era una entre varias organizaciones pantalla que creó el Komintern para movilizar apoyo, esencialmente de intelectuales que no estaban afiliados al Partido Comunista. La Liga Antiimperialista se fundó en 1928 y tenía sus oficinas principales en los Estados Unidos y México. Celebró varios congresos internacionales de escritores, artistas e intelectuales. Haya de la Torre fue sólo un destacado latinoamericano que tomó parte activa en la Liga en sus primeros tiempos. <<

[13] Donald Hodges, Intellectual Foundations of the Nicaraguan Revolution, Austin, Texas, 1986, p. 6. <<

[14] Rodolfo Cerdas, La hoz y el machete, pp. 328 y 330. <<

[15] Louis A. Pérez Jr., «Cuba c. 1930-1959», en CHLA, vol. VII, 1990, p. 421 (trad. cast. en HALC, vol. 13, en preparación). <<

[16] T. G. Powell, «México», en Mark Falcoff y Frederick B. Pike, eds., The Spanish Civil War, 1936-1939; American Hemispheric Perspectives, Lincoln, Nebraska, 1982. Hasta tal punto continuaba la mitología, que en una visita a España en 1977 el presidente mexicano López Portillo dijo que el mito de la guerra civil continuaba desempeñando un papel importante en el sostenimiento de la imagen que el PRI tiene de si mismo como régimen político legitimo que cuenta con la aprobación del pueblo (p. 54). <<

[17] Pablo Neruda, Confieso que he vivido, Barcelona, 1983, pp. 186-187. <<

[18] Robert J. Alexander, Communism in Latin America, New Brunswick, Nueva Jersey, 1957, p. 300. <<

[19] Paul Drake, «Chile», en Falcoff y Pike, The Spanish Civil War, p. 278. <<

[20] Andrew Barnard, «The Chilean Communist Party, 1922-1947», tesis de doctorado inédita, Londres, 1977, p. 263. <<

[21] Esta y otras secciones sobre México se basan en gran parte en los escritos de Barry Carr. Véase especialmente «Mexican Communism, 1968-1981: Euro Communism in the Americas?», Journal of Latin American Studies, 17, 1 (1985), pp. 201-208. <<

[22] Alan Knight, «México, c. 1930-1946», en CHIA, vol. VII, 1990, p. 27 (trad. cast. en HALC, vol. 13, en preparación). <<

[23] Jeffrey Gould hace una crónica excelente de la política de este periodo en «Somoza and the Nicaraguan Labor Movement 1944-1948», Journal of Latin American Studies, 19, 2 (1987), pp. 353-387, y «Nicaragua», en Leslie Bethell e Ian Roxborough, eds.. Latin America between the Second World War and the Coid War, 1944-1948, Cambridge, 1992. <<

[24] A raíz de las divisiones que se produjeron en el trotskismo internacional en su conferencia de Berlín en 1935 en relación con el infiltracionismo, el POR se escindió en dos y nunca recuperó la influencia que tenía antes. <<

[25] Esta sección sobre Brasil se basa en gran parte en Leslie Bethell, «Brazil», en Leslie Bethell e Ian Roxborough, eds.. Latin America between the Second World War and the Cold War, 1944-1948, Cambridge, 1992. <<

[26] Sin embargo, Arévalo se tenía a sí mismo por socialista, aunque de tipo espiritual y sostenía que su socialismo no aspiraba a la distribución de bienes materiales ni a la igualación de hombres que son diferentes desde el punto de vista económico, sino a liberar al hombre psicológica y espiritualmente, pues el materialismo se había convertido en una herramienta en manos de fuerzas totalitarias. Según él, el comunismo, el fascismo y el nazismo habían sido también socialistas, pero con menosprecio de las virtudes morales y cívicas del hombre. Juan José Arévalo, Escritos políticos, Guatemala, 1945, citado en James Dunkerley, «Guatemala since 1930», CHIA, vol. VII, 1990, p. 220 (trad. cast. en HALC, vol. 14, en preparación). <<

[27] Laurence Whitehead, «Miners as Voters: the Electoral Process in the Bolivian Mining Camps», Journal of Latin American Studies, 13, 2 (1981). <<

[28] Citado en Ronald Chilcote, The Brazilian Communist Party: Conflict and Integration 1922-1972, Nueva York, 1974, p. 80. <<

[29] Christopher Abel y Marco Palacios, «Colombia since 1958», en CHIA, vol. VIII, 1991, p. 655 (trad. cast. en HALC, 16, en preparación). <<

[30] La derrota de la guerrilla peruana dio lugar a un debate acalorado en el seno del movimiento maoísta de Perú. La mayoría de los maoístas consideraron que la denota demostraba que la base de la revolución tenía que ser urbana más que rural. Un grupo encabezado por Abimael Guzmán discrepó de esta opinión y continuó presionando a favor de la lucha armada en las zonas rurales. Andando el tiempo, este grupo abandonó el partido y formó Sendero Luminoso en 1969-1970. <<

[31] El trotskismo en otras áreas de América Latina nunca se perdió de vista: como mínimo era un refugio para los que se sentían desilusionados con el comunismo ortodoxo pero a los que no convencía la estrategia de guerrilla rural que proponían los casuistas. Una guerrilla trotskista, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) estableció una base en la provincia argentina de Tucumán a finales de los años sesenta y principios de los setenta. Fue eliminada por los militares después de 1976 cuando trató de enfrentarse al ejército. El partido trotskista argentino, llamado Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), disolvió oficialmente su ala militar en 1977 (aunque hay algunos indicios de que guerrilleros trotskistas estuvieron detrás del desventurado asalto a un cuartel militar [en Argentina] en 1989). Hay como mínimo cuatro partidos trotskistas en Argentina, los cuales pasan mucho tiempo recriminándose mutuamente. La existencia de estos partidos refleja en parte la hostilidad que despierta la postura del prosoviético Partido Comunista, al que se considera demasiado próximo al régimen militar que tomó el poder en el golpe de 1976. De modo parecido, en México un partido trotskista —el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)— mantuvo vivo el recuerdo de Trotski, que se exilió, y reflejó la condena de la perpetua incertidumbre del promoscovita Partido Comunista en lo que se refiere a sus relaciones a largo plazo con el PRI. <<

[32] Citado en Regis Debray, The Revolution on Triol, Londres, 1978, p. 205. <<

[33] Este fue el período en que florecieron editoriales izquierdistas tales como Siglo XXI. Dos libros en particular circularon mucho por América Latina y contribuyeron a formar las opiniones políticas de una generación de estudiantes: Marta Hamecker, Los conceptos elementales del materialismo histórico, México, D. F., 1969; y Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, México, D. F., 1971. <<

[34] Citado en Donald Hodges, Intellectual Foundations, p. 270. <<

[35] Citado en Isabel Turrent, La Unión Soviética en América Latina: el caso de la Unidad Popular chilena, México, D. F., 1984, p. 226. <<

[36] Esta sección se basa en gran parte en Lewis Taylor, «One step forwaid, two steps back: the Peruvian Izquierda Unida 1980-1990», Journal of Communist Studies, 6, 1 (1990). <<

[37] Citado en Jorge Arrate, La fuerza democrática de la idea socialista, Santiago, 1985, p. 82. <<

[38] Steve Ellner, Venezuela’s Movimiento al Socialismo: from guerrilla defeat to innovative politics, Chapel Hill, Carolina del Norte, 1988, es uno de los pocos estudios eruditos de un partido izquierdista de América Latina. <<

[39] Citado en una entrevista con Lula en Adelante, Londres,~enero de 1981, p. 6. <<

[40] Entrevista con José Aricó en NACLA, Report on the Americas: the Latin American Left, vol. XXV, n.º 5, mayo de 1992, p. 21. <<

[41] La confusión del movimiento sandinista aparece bien captada en esta declaración de José Pasos, subjefe del departamento internacional del FSLN: «Tenemos que convertimos en un partido moderno. Hay algunos principios que no cambian: el pluralismo político, la no alineación, la economía mixta. Nuestro antiimperialismo permanece igual, pero no es el antiimperialismo de Marx o Lenin. Para nosotros significa la no injerencia en nuestros asuntos internos y son los Estados Unidos los que se injieren. Nosotros continuamos creyendo que el socialismo es la meta. Pero indudablemente no es el socialismo que ha surgido en el este, y tampoco el socialismo de Cuba, ni la perestroika. Quizá lo más aceptable para nosotros sería el socialismo sueco, pero resulta muy caro. Qué clase de socialismo puede tener un país pobre es una cuestión que ahora vamos a empezar a debatir». De una entrevista en The Guardian, Londres, 30 de abril de 1990. <<

[1] Véase, por ejemplo, Manuel Castells, La lucha de clases en Chile, Buenos Aires, 1971, pp. 250-319. <<

[2] IBGE, Estatísticas históricas do Brasil, Río de Janeiro, 1987, p. 75; INEGI, Estadísticas históricas de México, México, D. F.\ 1986, p. 252. <<

[3] Una forma reciente y sutil de utilizar este dilema para analizar los movimientos obreros es Ruth Berins Collier y David Collier, Shaping the Political Arena: Critical Junctures, The Labor Movement and Regime Dynamics in Latin America, Princeton, Nueva Jersey, 1991. <<

[4] Véase el capitulo «La izquierda en América Latina desde c. 1920» en el presente volumen. <<

[5] Según Ronaldo Munck, en 1930 la CGT organizó a 200.000 de los cuatro millones y medio de trabajadores de Argentina. En 1936 el número de afiliados a la CGT era de 262.000 y en 1941 había subido hasta quedar en 330.000. El número de afiliados al conjunto del movimiento sindical pasó de 369.000 en 1936 a 506.000 en 1941. R. Munck, Argentina: from Anarchism to Peronism, Londres, 1987, pp. 108-115. <<

[6] R. Munck, Argentina, pp. 100 y 124. <<

[7] António Carlos Bernardo, Tutela e autonomía sindical: Brasil, 1930-1945, São Paulo, 1982, p. 113. En 1936 el número de sindicatos había subido hasta 823, y el número de trabajadores sindicados, hasta 308.000. Sin embargo, debido al cambio del requisito legal para la inscripción sindical en los años treinta es difícil hacer una estimación fidedigna de las tendencias. <<

[8] Aziz Simão, Sindicato e estado, São Paulo, 1966, p. 142. <<

[9] J. Wilkie, The Mexican Revolution, Federal Expenditure and Social Change since 1910, Berkeley, California, 1967, p. 184. <<

[10] D. La Botz, The Crisis of Mexican Labor, Nueva York, 1988, p. 61. <<

[11] Durante una escisión temporal ocurrida en la CTM en 1937 ambos bandos hicieron declaraciones sobre el número de sus aliados. La izquierda dirigida por los comunistas afumó que controlaba a 366.000 trabajadores frente a los 292.000 que controlaban los «cinco lobitos». Lombardo Toledano, que a la sazón estaba aliado con los «cinco lobitos», afirmó que los comunistas controlaban a 139.000 trabajadores y los conservadores, a 597.000. A pesar de las grandes discrepancias, que son típicas de las estadísticas sobre la sindicación (especialmente en el caso de México), estas cifras sugieren que el número total de afiliados era de unos 700.000. J. F. Leal, Agrupaciones y burocracias sindicales en México, 1906/1938, México, D. F., 1985, pp. 124-125. 5. <<

[12] Paul Drake, Socialism and Populism in Chile, 1932-52, Urbana, Illinois, 1978, p. 178. <<

[13] S. Stein, Populism in Perú, Madison, Wisconsin, 1980, p. 114. <<

[14] Aleida Plasencia Moro, «Historia del movimiento obrero en Cuba», en Pablo González Casanova, ed., Historia del movimiento obrero en América Latina, vol. I, México, D. F., 1984, p. 137. <<

[15] M. Urrutia, The Development of the Colombian Labor Movement, New Haven, Connecticut, 1969, p. 183. En 1942 el número de afiliados a los sindicatos había aumentado hasta quedar en 95.000. <<

[16] A falta de un estudio definitivo, sigue habiendo cierta polémica en torno a la tendencia de los salarios reales durante la segunda guerra mundial. Es casi seguro que la restricción del mercado de trabajo dio lugar a cierta deriva de los salarios porque los trabajadores hacían más horas extras y los patronos competían entre ellos por categorías de mano de obra que escaseaban. Es probable que el incremento en el número de miembros sin cualificar que tenían un empleo remunerado a resultas de la expansión del empleo industrial y la entrada de mujeres en el mercado de trabajo también tuvieran el efecto de hacer subir los ingresos familiares reales. Contra estos factores actuaban un incremento de la emigración de las zonas rurales a las urbanas (lo cual contrarrestaba la restricción del mercado de trabajo) y las promesas de no ir a la huelga que hacían los sindicatos ante el aumento de la inflación. Es probable que el resultado neto fuera un descenso importante de los ingresos de la clase trabajadora. Desde luego, las estadísticas de que disponemos sobre los salarios de los trabajadores industriales en este período indican un descenso generalizado e importante de los salarios reales durante la guerra. <<

[17] Esta sección se basa en gran parte en Leslie Bethell e Ian Roxborough, eds.. Latin America between the Second World War and the Coid War, 1944-8, Cambridge, 1992. <<

[18] La frecuencia de las huelgas bajo Cárdenas había alcanzado un máximo de 642 en 1935 y 674 en 1936 (con 145.000 trabajadores participando en huelgas durante el primer año y 114.000 durante el siguiente). En 1943 y 1944 hubo 766 y 887 huelgas, respectivamente, y las cifras sobre la participación de trabajadores fueron 82.000 y 166.000. Wilkie, The Mexican Revolution, p. 184. <<

[*] Término que procede del lema «Queremos a Getúlio». (N. del t.). <<

[19] Salvador Sandoval, «Strikes in Brazil: 1945-1980», tesis de doctorado inédita, Universidad de Michigan, 1984, p. 29. <<

[20] La CTM conservó unos 100.000 miembros, mientras que los sindicatos industriales nacionales controlaban a unos 200.000 trabajadores. Además, un grupo lombardista, la Alianza de Obreros y Campesinos de México, afirmaba representar a unos 130.000 trabajadores y las restantes organizaciones (CROM, CGT, etcétera) daban una cifra muy inflada: 400.000 afiliados. Luis Medina, Civilismo y modernización ¿el autoritarismo, México, D. F., 1979, p. 146. <<

[21] Julio Godio, El movimiento obrero venezolano, 1945-1980, Caracas, 1982, p. 39. <<

[22] Denis Sulmont, El movimiento obrero peruano (1890-1980), Lima, 1980, p. 212. <<

[23] Urrutia, The Development of the Colombian Labor Movement, p. 183. <<

[24] June Nash, We Eat the Mines and the Mines Eat Us, Nueva York, 1979, pp. 87-120. <<

[25] En 1945 el número total de afiliados a sindicatos era de un poco más de medio millón. En 1947 la CGT afirmaba tener alrededor de un millón de afiliados y en 1950, cinco millones, aunque es claro que se trata de una exageración y probablemente no más de dos millones o dos millones y medio de trabajadores se afiliaron a la CGT en toda su historia. Rubén Rotondaro, Realidad y cambio en el sindicalismo, Buenos Aires, 1971, p. 145; Louise M. Doyon, «El crecimiento sindical bajo el peronismo», en Juan Carlos Torre, ed., La formación del sindicalismo peronista, Buenos Aires, 1988, pp. 174-178. <<

[26] Las actas de este mitin se reproducen en Torre, ed., La formación del sindicalismo peronista, pp. 153-168. <<

[27] Munck, Argentina, p. 144. <<

[28] Inter-American Development Bank, Economic and Social Progress in Latin America: 1987 Report, Washington, D. C., 1987, pp. 98-99. Las cifras son: Brasil, 2.965.000 a 11.767.000; México, 1.482.000 a 6.451.000; Venezuela, 357.000 a 1.406.000. El número de trabajadores industriales se multiplicó por más de dos en Colombia (711.000 a 1.877.000) y Perú (471.000 a 980.000). <<

[29] Véase el capitulo de Orlandina de Oliveira y Bryan Roberts, «El crecimiento urbano y la estructura social urbana en América Latina, 1930-1990», HALC, vol. 11,1997, pp. 216-277, para un estudio del cambio de ocupaciones y su relación con la estratificación social. <<

[30] Mario Ramírez Rancaño, Crecimiento económico e inestabilidad política en México, 3, México, D. F., 1977, p. 41. <<

[31] Si bien las estadísticas son poco fiables, las estimaciones del número de afiliados al sindicato de trabajadores del ferrocarril en los años setenta eran de entre 60.000 y 100.000; el sindicato de mineros tenía probablemente unos 70.000 afiliados; los dos sindicatos de la industria eléctrica juntos, unos 80.000; el sindicato de trabajadores del petróleo unos 70.000; y el de trabajadores de teléfonos, unos 18.000. Francisco Zapata. «Afiliación y organización sindical en México», en José Luis Reyna, Francisco Zapata, Marcelo Miquet Fleury y Silvia Gómez-Tagle y otros, Tres estudios sobre el movimiento obrero en México, México, D. F., 1976, p. 123; y Manuel Camacho, El futuro inmediato, México, D. F., 1980, pp. 126-127. <<

[32] Ha habido grandes variaciones entre países en términos de protección del empleo y muchos trabajadores de México gozan de considerables derechos de estabilidad laboral mientras que parece que los patronos brasileños recurrían con mucha más frecuencia al despido para controlar los costes de la mano de obra. Para ejemplos sacados de la industria del automóvil, véase John Humphrey, Capitalist Control and Workers’ Struggle in the Brazilian Auto Industry, Princeton, Nueva Jersey, 1982, pp. 105-114; e Ian Roxborough, Unions and Politics in México: the case of the automobile industry, Cambridge, 1984, pp. 61-64. <<

[33] John Martin, «Labor’s Real Wages in Latin America Since 1940», Statistical Abstract of Latin America, 18 (1977), pp. 211-232. <<

[34] Víctor Alba, Politics and the Labor Movement in Latin America, Stanford, California, 1968, p. 211. <<

[35] Hay que recalcar que se trata sólo de órdenes de magnitud. Véase Francisco Zapata, El conflicto sindical en América Latina, México, D. F., 1986, p. 159. <<

[36] Francisco Zapata, El conflicto sindical, pp. 155-175. <<

[37] Leôncio Martins Rodrigues, «Sindicalismo e classe operária (1930-1964)», en Boris Fausto, ed., História geral da civilizando brasileña, vol. 10, São Paulo, 1981, p. 531. <<

[38] Rocío Londoño, «La estructura sindical colombiana en la década del 70», en Hernando Gómez Buendía, Rocí Londoño Bolero y Guillermo Perry Rubio, Sindicalismo y política económica, Bogotá, 1986, p. 109. <<

[39] Alan Angell, Politics and the Labour Movement in Chile, Oxford, 1971, p. 218. <<

[40] Angell, Politics, p. 54. <<

[41] Angell, Politics, p. 76; y Brian Loveman, Chile: the Legacy of Hispanic Capitalism, Nueva York, 1979, p. 266. Hay que tomar nota de que quizá el elevado número de huelgas en los últimos años sesenta reflejara un incremento de las huelgas protagonizadas por trabajadores agrícolas. <<

[42] Véase Daniel James, Resistance and Integration: Peronism and the Argentine Working Class, 1946-1976, Cambridge, 1988, pp. 97-100. <<

[43] Véase Maurice Zeitlin, Revolutionary Politics and the Cuban Working Class, Princeton, Nueva Jersey, 1967. <<

[44] María Herminia Tavares de Almeida, «O sindicalismo brasileiro entre a conservação e a mudarla», en Bernardo Sorj y María Herminia Tavares de Almeida, eds., Sociedade e política no Brasil pós-64, São Paulo, 1983, p. 194. <<

[45] Daniel Pécaut, «Colombia», en Jean Carriére, Nigel Haworth y Jacqueline Roddrick, eds., The State, Industrial Relations and the Labor Movement in Latin America, Londres, 1989, p. 292; Londoño, «La estructura», p. 109. <<

[46] Christopher Abel y Marco Palacios, «Colombia, 1930-1958», CHLA, vol. VIII, 1991, p. 664 (trad. cast. en HALC, vol. 16, en preparación). <<

[47] Charles Davis y Kenneth Coleman, «Political Control of Organized Labor in a Semi-Consociational Democracy: The Case of Venezuela», en Edward Epstein, ed., Labor Autonomy and the State in Latin America, Boston, Massachusetts, 1989, p. 259. <<

[48] Alan Angell, «Chile since 1958», CHLA, vol. VIII, Cambridge, 1991, p. 347 (trad. cast. en HALC, vol. 15, en preparación). <<

[49] Ibid., p. 355. <<

[50] Ibid., p. 352. <<

[51] CEPAL, Preliminary OverView of the Latin American and Caribbean Economy: 1991, Santiago, 1992, pp. 41-42. <<

[52] Héctor Palomino, Cambios ocupacionales y sociales en Argentina, 1947-1985, Buenos Aires, 1987, p. 83. <<

[53] Organización Internacional del Trabajo (OIT), Yearbook of Labour Statistics 1991, Ginebra, 1991, p. 1.040. <<

[1] En el siglo XIX los «caudillos» eran hacendados poderosos que asumían funciones de gobierno en las regiones después de la destrucción de las instituciones políticas coloniales. Mandaban ejércitos privados y competían por el poder nacional. En cambio, en el siglo XX las caudillos no eran sólo miembros de la clase terrateniente, sino también militares e incluso (en particular en el caso de México) políticos con aspiraciones que construían dominios de poder independientes en las regiones con la ayuda de las masas que les seguían. A diferencia de ellos, los caciques salían de las profundidades de las masas rurales, o de las clases medias bajas. En sus aldeas o poblaciones de origen cumplían funciones propias de una autoridad local, pero también de intermediación política y cultural. Los caciques raramente mandaban séquitos armados permanentes, pero podían provocar estallidos de violencia (jacqueries). En la primera mitad del siglo XX su papel estuvo relacionado con el reclutamiento de la población rural para las disputas entre caudillos, pero también con la resistencia campesina contra los impuestos, la expropiación de tierras o la alteración de la vida tradicional en las aldeas. Debido a la influencia decisiva de los caciques, así como a su capacidad de intermediación, los movimientos de las bases podían desempeñar un papel importante en el campo más amplio de las rivalidades entre facciones. Un tercer personaje destacado en las convulsiones rurales de este período, especialmente en el noreste de Brasil, pero también, por ejemplo, en la sierra del norte de Perú, era el bandido. De vez en cuando, también desempeñaba el papel de intermediario político. A menudo era un instrumento de los intereses regionales dominantes en sus desafíos al poder central y sus intentonas en la política de facciones. Pero sus actos —al igual que los actos de los caciques y caudillos— se veían igualmente condicionados por la naturaleza y las reivindicaciones de los grupos populares rurales, en particular los grupos campesinos. Para un estudio de lo que se ha escrito sobre el bandidaje social, que por falta de espacio se ha omitido del presente capítulo, véase el ensayo bibliográfico. <<

[2] Véanse Jesús Silva Herzog, El agrarismo mexicano y la reforma agraria, México, D. F., 1964, pp. 280-287; Armando Bartra, Los herederos de Zapata. Movimientos campesinos posrevolucionarios en México, México, D. F., 1985; Jaime Tamayo, La clase obrera en la historia de México, vol. 7: en el interinato de Adolfo de la Huerta y el gobierno de Álvaro Obregón (1920-1924), México, D. F., 1987. <<

[3] Francisco A. Gómez Jara, El movimiento campesino en México, México, D. F., 1970, pp. 30-39 y 49-55. <<

[4] La falta de espacio impide hablar de Tomás Garrido Canabal en Tabasco, Emilio Portes Gil en Tamaulipas, Saturnino Osomio en Querétaro, entre otros. Sobre Garrido, véanse Carlos Martínez Assad, «Los caudillos regionales y el poder central», en Carlos Martínez Assad y otros, Revolucionarios fueron todos, México, D. F., 1982, pp. 154-160; y Carlos Martínez Assad, El laboratorio de la revolución: el Tabasco garridista, México, D. F., 1979; sobre Portes Gil, Arturo Alvarado, «Perfil político de Emilio Portes Gil», en Carlos Martínez Assad, ed., Estadistas, caciques y caudillos, México, D. F., 1988, pp. 730-796; sobre Osomio, Martha García Ugarte, «Saturnino Osomio: remembranzas de una época en Querétaro», en ibid., pp. 335-362. <<

[5] Véanse Gilbert Joseph, Revolution from without: Yucatán, México, and the United States, 1880-1924, Cambridge, 1982; Francisco J. Paoli, Yucatán y los orígenes del nuevo estado mexicano, México, D. F., 1984; Gilbert M. Joseph, «Caciquismo and revolution: Carrillo Puerto in the Yucatán», en D. A. Brading, ed., Caudillo and Peasant in the Mexican Revolution, Cambridge, 1980; véanse también Rita Ortiz, Enrique Arrióla y Pedro Siller, «Los gobiernos de Alvarado y Carrillo Puerto», Historia Obrera, México, D. F., sin fecha, y Beatriz González Padilla, «La dirigencia política en Yucatán, 1909-1925», en L. Millet Cámara y otros, Hacienda y cambio social en Yucatán, Mérida, 1984, pp. 103-166. <<

[6] Véanse Jaime Tamayo, «Los movimientos sociales, 1917-1929», en M. A. Aldana Rendón, ed., Jalisco desde la Revolución, vol. IV, Guadalajara, 1988, pp. 161-166; Guillermo de la Peña, «Populism, Regional Power, and Political Mediation: Southern Jalisco, 1900-1980», en Eric Van Young, ed., Mexican regions: Comparative History and Development, San Diego, California, 1993, pp. 201-207. <<

[7] Este párrafo y los siguientes se basan en gran parte en el clásico de Paul Friedrich Agrarian revolt in a Mexican village, Chicago, Illinois, 1977², y Jorge Zepeda Patterson, «Los caudillos en Michoacán: Francisco J. Múgica y Lázaro Cárdenas», en Carlos Martínez Assad, ed., Estadistas, caciques y caudillos, p. 248. Véase también Fernando Salmerón Castro, Los límites del agrarismo. Proceso político y estructuras de poder en Taretán, Michoacán, Zamora, 1989, pp. 104-122. <<

[8] Gerrit Huizer, La lucha campesina en México, México, D. F., 1970, p. 49; Paul Friedrich, Agrarian revolt in a Mexican village, pp. 105-112. <<

[9] Luis González, Pueblo en vilo, México, 1968; véanse también sus monografías Zamora, Morelia, 1978, y Sahuayo, Morelia, 1979. <<

[10] Jorge Zepeda Patterson, «Los caudillos de Michoacán», pp. 256-261. <<

[11] Paul Friedrich, The Princes of Naranja. An Essay in Anthrohistorical Method, Austin, Texas, 1986, p. 134. <<

[12] Leonardo Pasquel, La revolución en el estado de Veracruz, vol. 1, México, D. F., 1971, pp. 85-87; véase también Heather Fowler Salamini, Agrarian Radicalism in Veracruz, 1920-38, Lincoln, Nebraska, 1978. <<

[13] Romana Falcón y Soledad García, La semilla en el surco. Adalberto Tejada y el radicalismo en Veracruz, 1883-1960, México, D. F., 1986, pp. 169-170. <<

[14] Carlos Martínez Assad, «Los caudillos regionales y el poder central», en C. Martínez Assad y otros. Revolucionarios fueron todos, México, D. F., 1982, pp. 154-160. <<

[15] Salamini, Agrarian Radicalism, pp. 121-136. <<

[16] Romana Falcón, El agrarismo en Veracruz. La etapa radical, 1928-1935, México, D. F., E, 1977, pp. 214-217. <<

[17] Véase Beatriz Rojas, La pequeña guerra. Los Carrera Torres y los Cedillo, Zamora, 1983. <<

[18] Martínez Assad, «Los caudillos regionales y el poder central», pp. 187-196. <<

[19] Graham Greene, The Lawless Roads, Londres, 1987, pp. 52-61. (Publicado por primera vez en 1939). <<

[20] Lorenzo Meyer, «El conflicto social y los gobiernos del Maximato», en Historia de la revolución mexicana, vol. 13, México, D. E, 1978, pp. 307-316; Romana Falcón, Revolución y caciquismo. San Luis Potosí, 1910-1938, México, D. E, 1984, cap. IV. <<

[21] Martínez Assad, «Los caudillos regionales y el poder central», pp. 196-207. <<

[22] Ralph Lee Woodward, Jr., Central America. A nation divided, Nueva York, 1985, cap. 8, y passim. Véase también James Dunkerley, Power in the Isthmus. A political history of modern Central America, Londres, 1988, cap. 2. <<

[23] David Browning, El Salvador, Landscape and Society, Oxford, 1971, p. 271; Liisa North, Bitter Ground: Roots of revolt in El Salvador, Londres, 1982, pp. 22-24. <<

[24] Alejandro D. Marroquín, «Estudio sobre la crisis de los años treinta en El Salvador», en Pablo González Casanova, ed., América Latina en los años treinta, México, D. E, 1978, pp. 142-143. <<

[25] Rafael Guidos Véjar, El ascenso del militarismo en El Salvador, San Salvador, 1980, p. 102; Rafael Menjívar Larín, El Salvador: el eslabón más pequeño, San José, 1980, p. 55. <<

[26] Thomas R Anderson, Matanza: El Salvador Communist Revolt of 1932, Lincoln, Nebraska, 1971, pp. 131-136; Rafael Guidos Véjar, El ascenso del militarismo en El Salvador, pp. 135-137. <<

[27] Richard N. Adams, «The Conquest Tradition of Mesoamerica», Texas Papers on Latin America, Institute of Latin American Studies, University of Texas at Austin, 1987. <<

[28] Silvia Rivera Cusicanqui, «La expansión del latifundio en el Altiplano boliviano: elementos para una caracterización de una oligarquía regional», en Enrique Florescano, ed., Orígenes y desarrollo de la burguesía en América Latina, 1700-1955, México, D. F., 1985, pp. 357-386; véase también Erick D. Langer, Rural Society and the Mining Economy in Southern Bolivia, Stanford, California, 1989. <<

[29] Gonzalo Flores, «Levantamientos campesinos durante el período liberal», en Fernando Calderón y Jorge Dandler, eds., Bolivia: la fuerza histórica del campesinado, Cochabamba, 1984, pp. 121-132; Silvia Rivera Cusicanqui, «Oprimidos pero no vencidos», Luchas del campesinado aymara y qhechua de Bolivia, 1900-1980, Ginebra, 1986, cap. II. <<

[30] Erick D. Langer, «The great Southern Bolivian Indian rebellion of 1927: a microanalysis», monografía presentada en el 46.° Congreso Internacional de Americanistas, Amsterdam, julio, 1988. <<

[31] David Preston, Farmers and Towns. Rural-Urban Relations in Highland Bolivia. Norwich, Inglaterra, 1978, pp. 1-2. <<

[32] René Zavaleta Mercado, Bolivia: el desarrollo de la conciencia social, Montevideo, 1967; también «Notas sobre la cuestión nacional en Bolivia», en Marco Palacios, ed.. La unidad nacional en América Latina. Del regionalismo a la nacionalidad, México, D. F., 1983, pp. 87-98. <<

[33] José Carlos Mariátegui, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, México, D. F., 1979, pp. 35-92. (Publicado por primera vez en Lima en 1928). <<

[34] Richard W. Patch, «How Communal are the Communities?», American Universities Field Staff, América Latina (Perú), 12 de junio de 1959, pp. 11-12; Thomas M. Davies, Jr., Indian integration in Perú: a half century of experience, Lincoln, Nebraska, 1970. <<

[35] Henri Favre, «Capitalismo y etnicidad: la política indigenista del Perú», en Claude Bataillon y otros, Indianidad, etnocidio, indigenismo en América Latina, México, D. F., 1988, pp. 118-119. <<

[36] Eric Mayer, «State Policy and Rebellion in Ayacucho: the campesino movement in La Mar, 1922-1923», monografía presentada en el 46° Congreso Internacional de Americanistas, Amsterdam, 1988. <<

[37] Patch, «How Communal are the Communities?», pp. 12-17. <<

[38] Gerrit Huizer, La lucha campesina en México, pp. 63-67. <<

[39] Francisco Gómez Jara, El movimiento campesino en México, pp. 72-94; Gerrit Huizer, La lucha campesina en México, pp. 59-72. <<

[40] Gerrit Huizer, La lucha campesina en México, pp. 69-73. <<

[41] David Ronfeldt, Atencingo. The Politics of Agrarian Struggle in a Mexican Ejido, Stanford, California, 1973, cap. 3. <<

[42] Eyler N. Simpson, The Ejido: Mexico’s way out, Chapel Hill, Carolina del Norte, 1937, p. 339; Guillermo de la Peña, «Commodity production, class differentiation and the role of the State in the Morelos highlands: an historical approach», en B. S. Orlove, M. W. Foley y T. F. Love, State, capital, and rural society. Anthropological perspectives on political economy y in México and the Andes, Boulder, Colorado, 1989, pp. 87-92. <<

[43] Ramón Ramírez Melgarejo, «La bola chiquita: un movimiento campesino», en Arthur Warman y otros, Los campesinos de la tierra de Zapata, 1: Adaptación, cambio y rebelión, México, D. F., 1974, pp. 165-221; G. de la Peña, A Legacy of Promises. Agriculture, Politics and Rituals in the Morelos Highlands of México, Austin, Texas, 1981, pp. 101-102. <<

[44] Nathan L. Whetten, Rural México, Chicago, Illinois, 1948, cap. XX. <<

[45] Gonzalo Aguirre Beltrán, Formas de gobierno indígena, México, D. F., 1953, pp. 201207; Jean Meyer, El sinarquismo ¿un fascismo mexicano?, México, D. F., 1979, pp. 185-197. Después de 1940 la política moderada de la administración Ávila Camacho convenció a algunos sinarquistas destacados para hacer un pacto de cooperación con el gobierno. El ala ortodoxa, encabezada por Salvador Abascal, organizó una campaña de colonización agrícola en las playas desérticas del golfo de Cortés. Se creó una especie de sociedad milenarista inspirada en el Evangelio y en la doctrina de Tomás de Aquino. Las colonias recibieron la visita de Lázaro Cárdenas (a la sazón ministro de Defensa) en 1942, el cual manifestó simpatía por la idea de la colonización. Pero el experimento salió bastante mal: en la mayor de las colonias había menos de sesenta familias viviendo en pésimas condiciones económicas. El sinarquismo se vio debilitado por acusaciones calumniosas de estar al servicio del Eje. Con el pretexto de sus violentas manifestaciones contra el gobierno (tachadas de «antipatrióticas»), en varios estados se prohibió a los sinarquistas participar en la política pública. Pero a menudo reaparecían con otros nombres, ganaron en algunas elecciones locales y sufrieron represión con frecuencia; tal como la matanza que tuvo lugar en León en 1946. <<

[46] Véase Susana Glantz, El ejido colectivo de la Nueva Italia, México, D. F., 1974, caps. 7 y 9, y Manuel, Una biografía política, México, D. F., 1979. <<

[47] Armando Bartra, Los herederos de Zapata, p. 72. <<

[48] Véase Gerrit Huizer, La lucha campesina en México, cap. 3; Cynthia Hewitt de Alcántara, The Modernization of Mexican Agriculture, 1940-1970, Ginebra, 1973. <<

[49] Véase Arturo Warman, Los campesinos, hijos predilectos del régimen, México, D. F., 1972. <<

[50] Ronfeldt, Atencingo, pp. 82-105. <<

[51] Véase Froylán C. Manjarrez, «La matanza de Xochicalco», en Rubén Jaramillo. Autobiografía y asesinato, México, D. F., 1957. <<

[52] Véase Diego Castrillón Arboleda, El indio Quintín Lame, Bogotá, 1973. <<

[53] Salomón Kalmanovitz, Economía y nación. Una breve historia de Colombia, Bogotá, 1985, pp. 268-273. <<

[54] Paul Oquist, Violence, Conflict, and Politics in Colombia, Nueva York, 1980, pp. 4-11. 1. <<

[55] Hernán Toro Agudelo, «Planteamiento y soluciones del problema agrario», en Gonzalo Catado, ed., Colombia: estructura política y agraria, Bogotá, 1971, pp. 164-169. <<

[56] Pierre Gilhodes, La question agraire en Colombie, París, 1974. <<

[57] Oquist, Violence, p. 17. Véase también Darío Fajardo, «La Violencia, 1946-1964. Su desarrollo y su impacto», monografía presentada en un seminario, La Cuestión Regional y la Cuestión Nacional en América Latina, El Colegio de México, noviembre de 1981. <<

[58] Véase Medófilo Medina, «La resistencia campesina en el Sur de Tolima», en Ensayos sobre La Violencia, Bogotá, 1983, pp. 233-265. <<

[59] Véase Castrillón Arboleda, El indio Quintín Lame. <<

[60] Marco Palacios, Coffee in Colombia, 1850-1970. An Economic, Social and Political History, Cambridge, 1973, pp. 68-70. <<

[61] Véase Carlos Miguel Ortiz Sarmiento, Estado y subversión en Colombia. La Violencia en el Quindío, años 50, Bogotá, 1985. <<

[62] Neale J. Person, «Guatemala: the peasant unión movement, 1944-54», en Henry A. Landsberger, ed., Latin American peasant movements, Ithaca, Nueva York, 1969, pp. 323-373. <<

[63] Brian Murphy, «The Stunted Growth of Campesino Organizations», en Richard N. Adams, Crucifixión by Power. Essays on Guatemalan social structure, 1944-1966, Austin, n, Texas, 1970, pp. 441-448 y 454-459. <<

[64] Luis Cardoza y Aragón, Guatemala: las líneas de su mano, México, D. F., 1955, pp. 272-273. <<

[65] Julio Castellanos Cambranes, «Origins of the crisis of the established order in Guatemala», en Steve C. Ropp y James A. Morris, eds., Central America. Crisis and Adaptation, Albuquerque, Nuevo México, 1984, pp. 140-143. <<

[66] Bryan Murphy, «The stunted growth», pp. 449-452. <<

[67] Véase Richard N. Adams, ed., Political Changes in Guatemalan Indian Communities, Middle American Research Institute, Nueva Orleans, 1957. <<

[68] Ralph Lee Woodward, Central America, pp. 236-240. <<

[69] Richard W. Patch, «Bolivia: U. S. assistance in a revolutionary setting», en Richard N. Adams y otros, Social Change in Latin America Today, Nueva York, 1960, pp. 108-176; Jorge Dandler, El sindicalismo campesino en Bolivia: los cambios estructurales en Ucureña (1935-1952). México, D. F., 1969. <<

[70] Gonzalo Aguirre Beltrán, El proceso de aculturación, México, D. F., 1957. <<

[71] Jorge Dandler y Juan Torruco, «El Congreso Nacional Indígena de 1945 y la rebelión campesina de Ayopaya (1947)», en Calderón y Dandler, eds., Bolivia: la fuerza histórica del campesinado, pp. 133-200; Silvia Rivera Cusicanqui, Oprimidos pero no vencidos», cap. IV. <<

[72] D. B. Heath, «Peasant syndicates among the Aymara of the Yungas —a view from the grass roots», en Landsberger, ed., Latin American peasant movements, pp. 170-209. <<

[73] Jorge Dandler, «Campesinado y reforma agraria en Cochabamba (1952-1953): Dinámica de un movimiento campesino en Bolivia», en Calderón y Dandler, Bolivia: la fuerza histórica del campesinado, pp. 201-239. <<

[74] Richard W. Pateh, «Bolivia: U. S. assistance in a revolutionary setting», pp. 124-137; Jonathan Kelley y Herbert S. Klein, Revolution and the Rebirth of Inequality. A theory applied to the national revolution in Bolivia, Berkeley, California, 1964; D. B. Heath, «Bolivia: peasant syndicates among the Aymara of the Yungas». <<

[75] Véase Francisco Julião, Cambáo: la cara oculta del Brasil, México, D. F., 1968. <<

[76] Véase Fernando Antonio Azevedo, As Ligas Camponesas, Río de Janeiro, 1982, cap. 2. <<

[77] Véase D. E. Goodman, «Rural Structures, Surplus Mobilization, and Modes of Production in a Peripheral Región: the Brazilian Northeast», Journal of Peasant Studies, 5, 1 (1977), pp. 3-32, para un resumen crítico de los debates en torno a la naturaleza de los cambios agrícolas en la región. <<

[78] Azevedo, As Ligas Camponesas, pp. 50-51. <<

[79] Azevedo, As Ligas Camponesas, pp. 82-85. <<

[80] Shephard Forman, The Brazilian Peasantry, Nueva York, 1975, pp. 188-189. <<

[81] Mariano Valderrama, «Historia política del movimiento campesino peruano en el siglo XX», en Pablo González Casanova, ed., Historia política de los campesinos latinoamericanos, vol. 3, México, D. F., 1985, pp. 136-138. <<

[82] H. Handelman, Struggle in the Andes. Peasant Political Mobilization in Perú, Austin, Texas, 1975, cap. 4; Julio Cotler y Felipe Portocarrero, «Perú: peasant organizations», en Landsberger, ed.. Latin American Peasant Movements, pp. 299-300. <<

[83] Eric J. Hobsbawm, «La Convención, a case of neo-feudalism», Journal of Latin American Studies, I, 1 (1969), pp. 31-50. <<

[84] Wesley W. Craig, «The Peasant Movement of La Convención», en Landsberger, ed., Latin American Peasant Movements, pp. 274-296. <<

[85] Handelman, Struggle in the Andes, pp. 62-65; Cotler y Portocarrero, «Perú: peasant organizations», pp. 315-317; William F. Whyte, «Rural Perú —peasants as activists», en D. B. Heath, ed., Contemporary Cultures and Societies in Latin America, Nueva York, 1974², pp. 528-530; Gavin A. Smith y Pedro Cano, «Some Factors Contributing to Land Occupations in Perú; the example of Huasicancha, 1963-1968», en Norman Long y Bryan Roberts, eds., Peasant Cooperation and Capitalist Expansión in Central Perú, Austin, Texas, 1978, pp. 168-171. <<

[86] Véase Edward Dew, Politcs in the Altiplano. The Dynamics of Change in Rural Perú, Austin, Texas, 1969. <<

[87] Marie-Chantal Barre, Ideologías indígenas y movimientos indios, México, D. F., 1983, pp. 34-41. <<

[88] Eric R. Wolf, Peasant Wars of the Twentieth Century, Nueva York, 1969, pp. 260-263 y 269-273; Adolfo Martín Barrios, «Historia política de los campesinos cubanos», en González Casanova, Historia política de los campesinos latinoamericanos, pp. 79-82. <<

[89] Citado en Richard Gott, Rural Guerrillas in Latin America, Londres, 1973, p. 30. <<

[90] John Duncan Powell, «Venezuela: the peasant unión movement», en Landsberger, ed., Latin American Peasant Movements, p. 571. <<

[91] Charles Erasmus, «Agrarian Reform Versus Land Reform: three Latin American countries», en D. B. Heath, ed., Contemporary Cultures and Societies in Latin America, pp. 143157. <<

[92] Gott, Rural Guerrillas in Latin America, pp. 195-255; Robert J. Alexander, The Communist Party of Venezuela, Stanford, California, 1969. <<

[93] Gott, Rural Guerrillas, pp. 279-320. <<

[94] Pasajes de los principales escritos de Camilo Torres, entre ellos Platform, su famoso mensaje a los estudiantes, y el manifiesto personal que anuncia su decisión de unirse al ELN, aparecen reproducidos en Germán Guzmán, Camilo. Presencia y destino, Bogotá, 1967. Véase también Adolfo Gilly, La senda de la guerrilla, México, D. E, 1986, pp. 157-176. <<

[95] Francisco Leal Buitrago, Estado y política en Colombia, Bogotá, 1984, pp. 213-220; Jesús Antonio Bejarano, «Campesinado y luchas agrarias en Colombia», en González Casanova, ed., Historia política de los campesinos latinoamericanos, vol. 3, pp. 59-61. <<

[96] Gott, Rural Guerrillas in Latin America, pp. 480-561. <<

[97] Véase León Zamosc, La cuestión agraria y el movimiento campesino en Colombia. Luchas de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, 1967-1981, Ginebra, 1987. Véase también Silvia Rivera Cusicanqui, Política e ideología en el movimiento campesino colombiano. El caso de la ANUC, Ginebra, 1987. <<

[98] Alcides Gómez, «Política agraria de López y Ley de Aparcería», Ideología y Sociedad (Bogotá), 14-15 (1975), pp. 47-63. <<

[99] Zamosc, La cuestión agraria, pp. 143-149. <<

[100] León Zamosc, «Peasant struggles of the 1970s in Colombia», en Susan Eckstein, ed., Power and Popular Protest: Latin American Social Movements, Berkeley, California, 1989, pp. 120-123. <<

[101] Fernando Rojas, «Crisis económica y crisis política bajo el gobierno de Betancur», en Fernando Calderón, ed., Los movimientos sociales frente a la crisis, Buenos Aires, 1986, pp. 225-262. <<

[102] Adolfo Gilly, La senda de la guerrilla, pp. 62-67. <<

[103] Véase Adams, Crucifixión by Power, pp. 142-143, 214-217 y 267-277. La cita es de la p. 142. <<

[104] Brian Murphy, «The Stunted Growth of Campesino Organization», en Richard N. Adams, Crucifixión by Power, pp. 476-477. <<

[105] Jeffrey M. Paige, «Social Theory and Peasant Revolution in Vietnam and Guatemala», Theory and Society, 12 (1983), pp. 699-737; James Dunkerley, Power in the Isthmus, pp. 73-75. <<

[106] Antonio Bran, «Guatemala: organización popular y lucha de clases en el campo», en González Casanova, ed., Historia política de los campesinos latinoamericanos, vol. 2, pp. 14-17. <<

[107] Woodward, Central America. A Nation divided, pp. 242-245. <<

[108] Antonio Bran, «Guatemala; organización popular y lucha de clases en el campo», pp. 18-20. <<

[109] David Browning, El Salvador: Landscape and Society, pp. 225-235; Carlos Rafael Cabarrús, Génesis de una revolución. Análisis del surgimiento y desarrollo de la organización t campesina en El Salvador, México, D. F., 1983, pp. 58-59. <<

[110] Rafael Menjívar, Formación y lucha del proletariado industrial salvadoreño, San Salvador, 1979, pp. 90-92. <<

[111] North, Bitter Grounds: Roots of Revolt in El Salvador, pp. 68-71. <<

[112] Cabarrús, Génesis de una revolución, pp. 174-194 y 234-240. <<

[113] North, Bitter Grounds: Roots of Revolt in El Salvador, pp. 74-77. <<

[114] Cabarrús, Génesis de una revolución, pp. 281-326; North, Bitter Grounds: Roots of Revolt in El Salvador, pp. 77-84. <<

[115] Woodward, Central America, pp. 259-262; Orlando Núñez Soto, «Los campesinos y la política en Nicaragua», en González Casanova, Historia política, vol. 2, pp. 122-126. <<

[116] Orlando Núñez Soto, «Los campesinos y la política en Nicaragua», pp. 127-131; Rafael Menjívar, Sui Moy Li Kam y Virginia Portuguez, «El movimiento campesino en Nicaragua», en Daniel Camacho y Rafael Menjívar, eds.. Movimientos populares en Centroamérica, San José, 1985, pp. 418-420. <<

[117] Rafael Menjívar y otros, «El movimiento campesino en Nicaragua», pp. 420-435. <<

[118] Gott, Rural Guerrillas in Latin America, pp. 448-457. <<

[119] Whyte, «Rural Perú —Peasants as Activists», en D. W. Heath, ed., Contemporary Cultures and Societies of Latin America, pp. 534-536. <<

[120] Cynthia McClintock, Peasant Cooperatives and Political Change in Perú, Princeton, ti, Nueva Jersey, 1981, pp. 60-62. <<

[121] Véase Juan Martínez Alier, Los huacchilleros del Perú, Madrid, 1973. <<

[122] Véase Hernando de Soto, El otro sendero: la revolución informal, Lima, 1986. <<

[123] Penny Lemoux, «Los generales como revolucionarios», Plural, 39 (1974), pp. 38-43; Cynthia McClintock, Peasant Cooperatives, pp. 42-59 y 296-313. <<

[124] Cynthia McClintock, Peasant Cooperatives, pp. 217-218 y 252-255; cf. Eduardo Bailón, «El proceso de constitución del movimiento popular peruano», en Daniel Camacho y Rafael Menjívar, eds., Los movimientos populares en América Latina, México, D. F., 1989, pp. 328-338. <<

[125] Véase Henri Favre, «Perú: Sendero Luminoso y horizontes ocultos», Cuadernos Americanos, 4, 4 (1987), pp. 41-48. <<

[126] Ibid., pp. 56-57. <<

[127] Leonardo Castillo y David Lehmann, «Chile’s Three Agradan Reforms: the inheritors», Bulletin of Latin American Research, I, 2 (1982), pp. 23-25. <<

[128] James Petras y Hugo Zemelman, Peasants in Revolt. A Chilean Case Study, 19651971, Austin, Texas, 1972, esp. pp. 14-34. <<

[129] Gerrit Huizer, El potencial revolucionario del campesino en América Latina, México, D. F., 1973, pp. 74-91. <<

[130] Jacques Chonchol, «La reforma agraria en Chile (1964-1973)», en Antonio García, ed.. Desarrollo agrario y la América Latina, México, D. F., 1981, esp. pp. 763-765. <<

[131] Castillo y Lehmann, «Chile’s Three Agradan Reforms», pp. 37-40. <<

[132] Véase David Barkin y Blanca Suárez, El fin de la autosuficiencia alimentaria, México, D. F., 1985. <<

[133] Susan R. Walsh Sanderson, Land Reform in México, 1910-1980, Nueva York, 1984, pp. 90-99. <<

[134] Bartra, Los herederos de Zapata, pp. 103-111 y 120-125; Orlando Ortiz, Genaro Vázquez, México, D. F., 1974; Luis Suárez, Lucio Cabañas, el guerrillero sin esperanza, México, D. F., 1984. <<

[135] Steven E. Sanderson, Agrarian Populism and the Mexican State. The Struggle for Land in Sonora, Berkeley, California, 1981, pp. 172-175. <<

[136] Fernando Rello, Burguesía, campesinos y Estado en México: el conflicto agrario de 1976, Ginebra, 1987, pp. 25-36. <<

[137] Sanderson, Agrarian Populism, pp. 191-200. <<

[138] Eric Villanueva, Crisis henequenera y movimientos campesinos en Yucatán, 19661983, México, D. E, 1965, pp. 154-161. <<

[139] Véase Gustavo Gordillo, Campesinos al asalto del cielo: De la expropiación estatal a la apropiación campesina, México, D. E, 1988. <<

[140] Véase Luisa Paré, «Movimiento campesino y política agraria en México, 1876-1982», Revista Mexicana de Sociología, XLVI, 4 (1985), pp. 85-111. <<

[141] Véase Clarisa Hardy, El Estado y los campesinos: la Confederación Nacional Campesina (CNC), México, D. F., 1984. <<

[142] Véase Adriana López Monjardín, «Los procesos electorales como alternativa para la disidencia rural», en Jorge Zepeda Patterson, ed., Las sociedades rurales, hoy, Zamora, 1988, pp. 449-464, y La lucha por los ayuntamientos: una utopía viable, México, D. F., 1986. <<

[143] Véase José Luis Calva, crisis agrícola y alimentaria en México, 1982-1988, México, D. F., 1988; John Heath, «El financiamiento del sector agropecuario en México», en Zepeda Patterson, ed.. Las sociedades rurales, hoy, pp. 129-142. <<

[144] Véase Neil Harvey, The New Agrarian Movement in México, 1979-1990, Research Paper, 23, Institute of Latin American Studies, Londres, 1990. <<

[145] Marie-Chantal Barre, Ideologías indigenistas y movimientos indios, pp. 153-160. <<

[146] Guillermo Bonfil Batalla, ed., Utopía y revolución. El pensamiento político contemporáneo de los indios en América Latina, México, D. F., 1981. <<

[147] Marie-Chantal Barre, «La presencia indígena en los procesos sociopolíticos contemporáneos de Centroamérica», Cuadernos Americanos (Nueva Época), III, 6 (1989), pp. 120-146. <<

[148] Christian Gros, «Una organización indígena en lucha por la tierra», en C. Bataillon y otros, Indianidad, etnocidio e indigenismo en América Latina, pp. 235-258. <<

[149] Yvon LeBot, «Extranjeros en nuestro propio país. El movimiento indígena en Bolivia durante los años 70», en Claude Bataillon y otros, Indianidad, etnocidio e indigenismo en América Latina, pp. 222-232. <<

[150] Véanse Silvia Rivera Cusicanqui, Oprimidos pero no vencidos, pp. 117-153; Rosario León, «“Bartolina Sisa”; la organización de mujeres campesinas en Bolivia», en Elizabeth Jelin, ed.. Ciudadanía e identidad. Las mujeres en los movimientos sociales latinoamericanos, s, Ginebra, 1987, pp. 223-252. <<

[151] John Tutino, «Rebelión indígena en Tehuantepec», Cuadernos Políticos, 24 (1980); Víctor de la Cruz, «La rebelión de los juchitecos y uno de sus líderes; Che Gómez», Historias, 17 (1987), pp. 57-82. <<

[152] López Monjardín, La lucha por los ayuntamientos: una utopía viable, pp. 120-125. <<

[153] Héléne Riviére d’Arc y Marie-France Prevot-Schapira, «Les zapoteques, le PRI et la COCEI. Affrontements autour des interventions de l’État dans l’Isthme de Tehuantepec», Amerique Latine, 15 (junio de 1983), pp. 64-71. <<

[154] Jorge Zepeda, «No es lo mismo agrario que agrio, ni comuneros que comunistas, pero se parecen. La UCEZ en Michoacán», en Jaime Tamayo, ed.. Perspectivas de los movimientos sociales en la región centro-occidente, Guadalajara, 1986, pp. 323-378. <<

[155] Patrick Menger, «Reflexiones sobre el derecho y la existencia de las comunidades indígenas en Brasil», en Bataillon y otros, Indianidad, etnocidio e indigenismo en América Latina, pp. 183-196; Shelton H. Davis, Victims of the Miracle: development and the Indians of Brazil, Cambridge, 1977; Darcy Ribeiro, Fronteras indígenas de la civilización, México, D. F., 1971, pp. 108-110 y 242-257. <<

[156] Ismarth Araujo Oliveira, «Política indigenista brasileña», América Indígena, 37, 1 (1977), pp. 41-63. <<

[157] Greg Urban, «Missions and Indians in Brazil», Cultural Survival Quarterly, 7, 3 (1983), pp. 18-19; Margarita Zárate y Florence Rosemberg, eds., Los indios de Brasil. Su proceso de lucha (Documentos), México, D. F., 1989, pp. 49-58, 79-80, 95-105, 110-117 y 130-131. <<

[1] Los Estados Unidos ocuparon Cuba en 1898, después de que su victoria en la guerra con España condujera a la independencia de la isla, y de nuevo entre 1906 y 1909. La República Dominicana estuvo ocupada entre 1916 y 1924, y Nicaragua también, en dos ocasiones, de 1912 a 1925 y de 1926 a 1933. Haití estuvo «protegido» por la infantería de marina norteamericana ininterrumpidamente entre 1915 y 1934. <<

[2] General Pedro Góes Monteiro, A revolução de 30 e a finalidade política do exército, (Esboço histórico), Río de Janeiro, 1937, pp. 158 y 183. <<

[3] General E. J. Uriburu, «El equipamiento de las fuerzas y su relación con el desarrollo nacional», Estrategia (noviembre de 1971), Buenos Aires, pp. 98-99. <<

[4] Como Augusto Céspedes, uno de los más francos de los fundadores del MNR, dijo mordazmente en su libro El presidente colgado, Buenos Aires, 1966, p. 14. <<

[5] Para un estudio de los límites del reformismo militar, véase Alain Rouquié, «Le camarade et le commandant: reformisme militaire et légitimité institutionnelle», Revue Française de Science Politique, junio de 1979. <<

[6] En la X Conferencia Interamericana, celebrada en Caracas en marzo de 1954, los Estados Unidos lograron que se aprobara una resolución condenando el comunismo y declarando que la instauración de un régimen comunista en el continente pondría en peligro la paz. Esta resolución se adelantó en unos cuantos meses al derrocamiento, que fue obra de mercenarios preparados por los Estados Unidos en Honduras, del gobierno democrático y reformista del presidente Arbenz en Guatemala, que contaba con el apoyo del Partido Comunista guatemalteco. <<

[7] Cronología de los golpes de estado habidos en el decenio de 1960:

Fecha

País

Presidente derrocado

Marzo de 1962

Argentina

Arturo Frondizi

Julio de 1962

Perú

Manuel Prado y Ugarteche

Marzo de 1963

Guatemala

Miguel Ydígoras Fuentes

Julio de 1963

Ecuador

C. Julio Arosemena Monroy

Septiembre de 1963

República Dominicana

Juan Bosch

Octubre de 1963

Honduras

Ramón Villeda Morales

Abril de 1964

Brasil

João Goulart

Noviembre de 1964

Bolivia

Víctor Paz Estenssoro

Junio de 1966

Argentina

Arturo Illia

<<

[8] Este fue el caso, por ejemplo, de Armando de Salles Oliveira, el principal candidato de la oposición en la fallida campaña para las elecciones presidenciales de 1937, que fue obligado a exiliarse poco después. Véase Thomas E. Skidmore, Politics in Brazil, 1930-1964: An Experiment in Democracy, Londres, 1967, pp. 57-59. <<

[9] Liliana de Riz, Sociedad y política en Chile (de Portales a Pinochet), México, D. F., 1979, pp. 60-63. <<

[10] Véase Alain Rouquié, The Military and the State in Latin America, Berkeley, California, 1987, cap. 5. <<

[11] Augusto Céspedes, «Bolivia, un Vietnam simbólico y barato», Marcha, Montevideo, 1 de octubre de 1971. <<

[12] Por supuesto, la desmilitarización duradera y, por ende, la singularidad de Costa Rica en América Latina deben verse también teniendo en cuenta su pasado colonial y su formación social, que fueron distintivos. <<

[13] El calendario de la democratización fue el siguiente:

Fecha

País

Primer presidente civil

1979

Ecuador

Jaime Roldós Aguilera

1980

Perú

Fernando Belaúnde Terry

1982

Honduras

Roberto Suazo Córdova

Bolivia

Hernán Siles Zuazo

1983

Argentina

Raúl Ricardo Alfonsín

1984

El Salvador

José Napoleón Duarte

1985

Uruguay

Julio María Sanguinetti

Brasil

José Samey

1986

Guatemala

Vinicio Cerezo Arévalo

1989

[Paraguay]

[General Andrés Rodríguez Pedotti]

Panamá

Guillermo Endara Galimany

1990

Chile

Patricio Aylwin Azócar

<<

[14] Dos veces en Ecuador, Perú, Honduras y Bolivia, y una vez en Argentina, El Salvador, Uruguay, Brasil y Guatemala. <<

[15] Para un análisis del caso boliviano, véase Jean-Pierre Lavaud, L’instabilité politique de l’Amérique Latine: le cas bolivien, París, 1991, passim, pero en particular pp. 73-142 y 273-282. <<

[16] Los dos presidentes civiles durante este período fueron Walter Guevara Arce (8 de agosto-1 de noviembre de 1979) y Lidia Gueiler Tejada (16 de noviembre de 1979-17 de julio de 1980). Los cinco presidentes militares que siguieron a Pereda fueron el general David Padilla Arancibia (que derrocó a Pereda en noviembre de 1978); el coronel Alberto Natusch Busch (que derrocó al civil Walter Guevara Arce el 1 de noviembre de 1979); el general Luis García Meza Tejada (que derrocó a la civil Lidia Gueiler Tejada en julio de 1980); el general Celso Torrelio Villa (nombrado presidente por una junta militar en septiembre de 1981, un mes después de la calda de García Meza); y el general Guido Vildoso Calderón (nombrado presidente en julio de 1982 después de la dimisión forzosa de Torrelio, y que dio paso al acceso de Hernán Siles Zuazo a la presidencia en octubre de 1982). <<

[17] A pesar de sus lazos familiares con Stroessner, cuya hija estaba casada con su hijo. <<

[18] En las páginas siguientes nos hemos beneficiado de los planteamientos de Alfred Stepan en su estudio Rethinking Military Politics: Brazil and the Southern Cone, Princeton, Nueva Jersey, 1988, pp. 68-127, aunque no hemos respetado estrictamente la distinción que hace entre «contestación militar» y «prerrogativas militares». <<

[19] En conformidad con los acuerdos de Esquipulas II, que fueron adoptados por los presidentes centroamericanos en agosto de 1987, el gobierno salvadoreño promulgó una amnistía (desoyendo las objeciones de la izquierda, que opinó que la medida beneficiaba principalmente a los militares). Los acuerdos de paz que se firmaron en enero de 1992 preveían que se constituiría una comisión especial que llevaría a cabo una purga del ejército, y también obligaban al gobierno salvadoreño a efectuar una reducción general y una reorganización del ejército. Sobre el proceso de paz en El Salvador, véase Alain Rouquié, Guerres et paix en Amérique Centrale, París, 1992, pp. 362-377. <<

[20] Citado por Julio Cotler, «Military Interventions and “Transfer of Power to Civilians” in Perú», en Guillermo O’Donnell, Philippe C. Schmitter y Laurence Whitehead, eds., Transitions from Authoritarian Rule: Latin America, Baltimore, Maryland, 1986, p. 168. <<

[21] En Argentina, los gastos militares fueron un 21 por 100 más bajos en 1983 que en 1982. Después de una ligera subida en 1984, tendieron a bajar hasta 1987, año en que fueron un 24 por 100 más bajos que en 1983. Después de dos años en que fueron ligeramente más altos, volvieron a descender de forma acentuada en 1990 hasta quedar en un 33 por 100 más bajos que en 1987. En 1990 los gastos militares representaban, pues, sólo el 41 por 100 de los de 1982 y el 51 por 100 de los de 1983. SIPRI Yearbook 1992: World Armaments and Disarmament, Stockholm International Peace Research Institute, Oxford, 1992, p. 263. Aquí y más adelante, hemos optado por comparar los cambios en los gastos militares reales de un año a otro en vez de los cambios como porcentaje del gasto público total o del producto nacional bruto. <<

[22] Los gastos militares brasileños fueron un 4 por 100 más elevados en 1985 que en 1984, y un 15 por 100 más altos en 1986 que en 1985. De 1987 a 1989 bajaron hasta aproximadamente el nivel de 1985, luego, en 1990, experimentaron un importante aumento del 26 por 100. El régimen militar, en sus últimos años, había reducido los gastos militares. Los gastos correspondientes a 1984 fueron un 18 por 100 más bajos que en 1982. Los gastos militares no superaron finalmente (en un 8 por 100) la cifra de 1982 hasta 1990. SIPRI Yearbook 1992: World Armaments and Disarmament, p. 263. <<

[23] Artículo 142 de la Constitución brasileña de 1988. <<

[24] Nos referimos al texto de la Constitución de 1980 tal como fue enmendado en el plebiscito de julio de 1989. Sobre cuestiones militares, véanse el artículo 90 (sobre el papel de las fuerzas armadas), los artículos 95 y 96 (sobre el Consejo de Seguridad Nacional) y la octava cláusula provisional (autorizando al general Pinochet y a los otros comandantes en jefe a permanecer en sus puestos hasta 1998). <<

[25] En 1981 y 1982 los gastos militares anuales de Perú subieron en comparación con los de 1979 y 1980. Los gastos militares alcanzaron su nivel más alto en 1982, año en que fueron un 168 por 100 más altos que en 1979 y un 94 por 100 más altos que en 1980. Aunque los gastos entre 1983 y 1985 fueron muy inferiores a los de 1982, continuaron siendo significativamente superiores a los de 1979-1980. SIPRI Yearbook 1989: World Armaments and Disarmament, Oxford, 1989, p. 187. <<

[26] El antiguo régimen tenía confianza en su programa de reformas y había descartado la probabilidad de un grave levantamiento de la guerrilla. Sus costosos programas de armamentos habían hecho hincapié en la compra de armas pesadas adaptadas a la guerra convencional en la frontera contra Chile o Ecuador, pero que poco o nada valían en la sierra peruana. <<

[27] Los gastos militares anuales de Perú aumentaron mucho en 1985 (17 por 100) y en 1986 (13 por 100), descendieron considerablemente en 1987 (17 por 100), volvieron a subir en 1988 (51 por 100), luego cayeron en picado en 1989 (38 por 100) y siguieron cayendo en 1990 (16 por 100). Los gastos de 1990 fueron los más bajos desde hacía un decenio y representaban sólo el 54 por 100 de los de 1982 y un 52 por 100 de los de 1988, los dos años máximos. SIPRI Yearbook 1992: World Armament and Disarmament, p. 263. <<

[28] También es posible que las fuerzas armadas no sean totalmente neutrales en política electoral. A finales del decenio de 1980, cuando durante un tiempo pareció probable que Alfonso Barrantes, el esperado candidato de la coalición Izquierda Unida, ganara las elecciones presidenciales de 1990, en Perú se habló sin disimulo de si los militares aceptarían una victoria de la izquierda, aunque fuese la izquierda moderada, en los comicios. <<

[29] Véase Cynthia McClintock, «The Prospects for Democratic Consolidation in a “Least Likely” Case: Perú», Comparative Politics, 21, 2 (1989), pp. 127-148. <<

[30] De hecho, en noviembre de 1992 Fujimori tuvo que hacer frente a la rebelión de un reducido grupo de tropas del ejército bajo el mando de un destacado general jubilado, aparentemente a favor de una rápida vuelta al gobierno constitucional. <<

[31] En Bolivia, Hernán Siles Zuazo tuvo que hacer frente a no menos de cuatro intentos de golpe militar durante su mandato. En América Central los rumores sobre una intervención militar eran especialmente abundantes en Guatemala y Honduras. En Nicaragua, los sandinistas siguieron controlando el ejército después de su derrota electoral de 1990, lo cual creó una situación bastante insólita en la que un gobierno civil se vera sometido a la vigilancia de unas fuerzas militares de orientación izquierdista. Por supuesto, el anterior gobierno, sandinista, no fue un régimen «militar». <<

[32] Citado por Ricardo Sindicato, «Trois ans de démocratie en Argentine (1983-1986)», Problémes d’Amérique Latine, 82 (1986), La Documentation Française, Notes et Études Documentaires, 4822, p. 15. <<

[*] Los ensayos bibliográficos han sido escritos por los autores de los respectivos capítulos, excepto el ensayo 5 (realizado por Varun Sahni). <<