La publicación del libro se hace en el marco de la conmemoración del 40.º aniversario de la primera reunión de los Servicios de Inteligencia del Cono Sur en la ciudad de Santiago de Chile, para coordinar la persecución, asesinatos y desapariciones de los disidentes políticos a las dictaduras de la región.

AA. VV.

Operación Cóndor

40 años después

ePub r1.0

Titivillus 30.06.2018

Título original: Operación Cóndor. 40 años después

AA. VV., 2015

Editor digital: Titivillus

ePub base r1.2

OPERACIÓN CÓNDOR. 40 AÑOS DESPUÉS

BAJO LA DIRECCIÓN DE

BALTASAR GARZÓN REAL

COORDINADORA GENERAL

STELLA CALLONI

COORDINADOR

GRÉGOIRE CHAMPENOIS

EQUIPO DE REDACCIÓN DEL INFORME

STELLA CALLONI - AGUSTÍN ALGAZE - MAURO ARLANDO

EXPERTAS Y EXPERTOS

MARTÍN ALMADA - SAMUEL BLIXEN

EDMUNDO CRUZ - JOHN DINGES

BALTASAR GARZÓN - IVAN CLÁUDIO MARX

MÓNICA GONZÁLEZ - J. PATRICE MCSHERRY

JOSÉ LUIS MÉNDEZ MÉNDEZ - MANUEL OLLÉ SESÉ

ENRIQUE SERRA PADRÓS - CARLOS POVEDA MORENO

GUSTAVO RODRÍGUEZ OSTRIA - MELISA SLATMAN

DANIEL TARNOPOLSKY - FEDERICO TATTER

INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN DERECHOS HUMANOS (IPPDH) DEL MERCOSUR

ÍNDICE

PRÓLOGO

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1. El contexto mundial: Guerra Fría y contrainsurgencia

1. La Guerra Fría

2. Conceptos y aplicaciones de la contrainsurgencia

CAPÍTULO 2. El contexto regional: América Latina en tiempos de las dictaduras de seguridad nacional

1. La política exterior de Estados Unidos hacia América Latina

2. Las dictaduras de seguridad nacional del Cono Sur

3. Las organizaciones político militares y la Junta de Coordinación Revolucionaria

4. Grupos paramilitares en la región

CAPÍTULO 3. Los antecedentes de la Operación Cóndor

1. El rol clave de Brasil y los primeros casos de cooperación bilateral (1964-1973)

2. Los antecedentes directos (1974-1975)

CAPÍTULO 4. ¿Qué fue la Operación Cóndor?

1. Características principales

2. Los preparativos (1974-1975)

3. El Cóndor se institucionaliza (noviembre, 1975)

4. Las reuniones y acuerdos durante la Operación Cóndor (1976-1980)

CAPÍTULO 5. Los casos emblemáticos

1. Jorge Fuentes Alarcón y Amilcar Santucho (Argentina-Paraguay-Chile, 1975-1976)

2. Agustín Goiburú (Argentina-Paraguay, 1977)

3. Los operativos contra el PVP uruguayo (Argentina-Uruguay-Paraguay-Brasil, 1976-1978)

4. Los brasileños en Argentina y argentinos en Brasil (1976-1980)

5. La participación de Ecuador y Perú (1976-1980)

6. Los niños de Cóndor (Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, 1976-1978)

CAPÍTULO 6. Los asesinatos de destacados dirigentes políticos y militares

1. Orlando Letelier (Washington, 1976)

2. Juan José Torres (Buenos Aires, 1976)

3. Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz (Buenos Aires, 1976)

4. Carmelo Soria (Santiago, 1976)

5. Joaquín Zenteno Anaya (París, 1976)

6. Antonio Maidana (Buenos Aires, 1980)

CAPÍTULO 7. Derivaciones de la Operación Cóndor en los años 80 y 90

1. La conexión centroamericana

2. El retorno democrático, la cofradía y el Caso Berríos

CAPÍTULO 8. Aportes de especialistas sobre la Operación Cóndor

1. El rol de Estados Unidos: J. Patrice McSherry, John Dinges

2. El Cóndor en América Latina: Melisa Slatman, Gustavo Rodriguez Ostria, Iván Claudio Marx, Mónica González, José Luis Méndez Méndez, Carlos Poveda Moreno, Federico Tatter, Edmundo Cruz, Samuel Blixen

3. La contracara de Cóndor: Daniel Tarnopolsky, Martín Almada, Manuel Ollé Sesé

EPÍLOGO. Cóndor y el largo camino de la verdad

ANEXOS DOCUMENTALES

1. Línea de tiempo de la Operación Cóndor y sus antecedentes

2. Listado de víctimas de la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur (1974-1981)

3. Abreviaturas de los centros de detención

4. Abreviaturas de los partidos o movimientos políticos, movimientos sindicales y movimientos estudiantiles

5. Mapa de los casos registrados en el Cono Sur: detenciones, desapariciones, asesinatos, intentos de asesinatos y robos de niños

6. Listado de los centros de detención más representativos

7. Testimonios de las víctimas

8. Archivos de la reunión inaugural de la Operación Cóndor: Programa y Acta de Clausura

9. El Acervo Documental Cóndor, por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del Mercosur

BIBLIOGRAFÍA

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

AGREMIL: Agregados militares

ALN: Acción Libertadora Nacional

CCD: Centro clandestino de detención

CEA: Conferencia de Ejércitos Americanos

CGT: Confederación General del Trabajo

CI: Contrainsurgencia

CIA: Agencia Central de Inteligencia

CID: Colegio Interamericano de Defensa

CIEx: Central de Informaciones del Exterior

CLAMOR: Comitê de Defesa dos Direitos Humanos para os Países do Cono Sul

CNI: Central Nacional de Inteligencia

CNT: Convención Nacional del Trabajo

CNV: Comissão Nacional da Verdade (Comisión Nacional de la Verdad)

CODEPU: Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo

CONADEP: Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas

CORU: Comando de Organizaciones Revolucionarias Unificados

CSN: Consejo de Seguridad Nacional

DDHH: Derechos Humanos

DINA: Dirección de Inteligencia Nacional

DINE: Dirección de Inteligencia del Ejército

DISIP: Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención

DNII: Dirección Nacional de Informaciones e Inteligencia

DOPS: Departamentos de Orden Político y Social

DSN: Doctrina de Seguridad Nacional

EEUU: Estados Unidos

ELN: Ejército de Liberación Nacional

ERP: Ejército Revolucionario del Pueblo

ESMA: Escuela de Mecánica de la Armada

ESMAGENFA: Segundo Departamento de Inteligencia del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas

FBI: Oficina Federal de Investigación

GTE: Grupo de Tareas Exteriores

INTERPOL: Organización Internacional de Policía Criminal

IPA: Academia Internacional de Policía

JCR: Junta de Coordinación Revolucionaria

JID: Junta Interamericana de Defensa

LAM: Liga Anticomunista Mundial

LSM: Ley de Seguridad Mutua

MIR: Movimiento de Izquierda Revolucionaria

MLN-T: Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros

MR8: Movimiento Revolucionario 8 de Octubre

OAS: Organización del Ejército Secreto

OCOA: Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas

OEA: Organización de los Estados Americanos

OPM: Organizaciones Político Militares

OTAN: Organización del Tratado del Atlántico Norte

PAM: Programas de Ayuda Militar

PRT: Partido Revolucionario de los Trabajadores

PVP: Partido para la Victoria del Pueblo

SID: Servicio de Informaciones de Defensa

SIDE: Secretaría de Inteligencia del Estado

SNI: Servicio Nacional de Informaciones

SOA: Escuela de las Américas

TIAR: Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca Triple A (o AAA): Alianza Anticomunista Argentina

URSS: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

PRÓLOGO

El Cóndor sigue pasando

BALTASAR GARZÓN[1]

1. Introducción

Este libro entra en la categoría del rito del reconocimiento y pretende el establecimiento de una certeza compartida: la valentía de quienes, frente a todas las adversidades, lucharon democráticamente frente a los que la negaban o hicieron y hacen un uso perverso de la misma para imponer ideas, negar derechos, masacrar arbitrariamente la esperanza, y acabar con toda idea de una justicia reparadora, por medio de la violencia, del terrorismo de Estado, del aprovechamiento de sus instituciones para la creación de espacios de impunidad y arbitrariedad con aspiración de consolidación. Es un grito contra la impunidad, especialmente contra esa impunidad apenas larvada y defendida con argumentos legales que destruyen la idea del derecho como instrumento y mecanismo reparador para quienes sufrieron las consecuencias de la negación como seres humanos.

Las víctimas de todos los operativos Cóndor del mundo, de antes y de ahora, aunque velados de buenas intenciones que, tan solo persiguen generar la indiferencia que cauteriza la conciencia frente a lo inaceptable. Antes fueron pactos de agresión y difusión de doctrinas de seguridad nacional que suponían la violación consciente de los derechos humanos de miles de personas; ahora son drones que destruyen científicamente a inocentes o “culpables” así declarados sin juicio alguno y matan el derecho. Es un homenaje a las víctimas que hoy siguen reclamando justicia a través de las miles de voces que representan a los torturados, desaparecidos, ejecutados, asesinados, exiliados, pero también a los perseguidos por puros intereses económicos o arrojados a la inmensidad de la desesperación por la incompetencia política o el interés económico de unos pocos. Son esas voces que esperan respuestas del Estado en forma de reparación a través de la verdad, la justicia y las garantías de no repetición, ahora y siempre renovadas frente a quienes niegan ese derecho inalienable de quienes han sufrido y sufren en el mundo la negación y el olvido de los victimarios.

La justicia, no debería ocultarse tras la cobardía, ni tampoco ser cómplice del poder, pero a veces sucede y entonces deja desamparadas a las víctimas y a la sociedad en su conjunto. Cuando eso ocurre, el Estado de derecho se quiebra y la democracia peligra o se pierde. Eso es lo que ocurrió un 11 de septiembre de 1973, o un 24 de marzo de 1976, o en tantas otras fechas y países que avergüenza pensar tan solo en la cifra. A cuatro décadas de un 25 de noviembre de 1975 contribuimos con este texto a que no se olvide aquella acción cobarde de quienes decían actuar en nombre de la patria, cuando en realidad la hundían en la oscuridad del oprobio fascista y que se conoce con el nombre de Operativo Cóndor.

Desde entonces hasta ahora, sigue estando presente más que nunca, la ignominia para quienes arteramente quebrantaron las leyes, y lo que aún es más grave, degradaron la confianza popular, masacraron la democracia y mancillaron los cuerpos. En especial quiero recordar a quienes, como el presidente constitucional Salvador Allende, querían un mundo diferente, más igualitario y justo, por el que todavía seguimos luchando con más energías y necesidad que nunca.

La justicia de entonces calló, como lo hizo después durante muchos años en muchos países de la región y del mundo. Fueron años de acero, de persecuciones, de negación de la libertad y la vida; fueron años en los que el cóndor pasó a ser el símbolo que representaba la represión organizada por una cuadrilla de criminales que se autopostularon como gobernantes, usurpando el poder democrático del pueblo y la legitimidad del mismo.

Ahora, cuarenta años después, en el país hermano de Argentina, se están investigando y juzgando a quienes desde allí colaboraron y codirigieron con los responsables de otros países como Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay y Perú, una de las mayores villanías de la historia de Latinoamérica: la desaparición y el asesinato transnacional organizado desde el terror del Estado y con la protección y apoyo del país del norte, cuyos presuntos responsables, con el secretario de Estado Kissinger a la cabeza, no han rendido aún cuentas ante la Justicia.

2. La experiencia personal y profesional

El 28 de marzo de 1996, 20 años y cuatro días después del golpe de estado en Argentina, incoé un procedimiento penal como magistrado juez central de instrucción N.º 5 de la Audiencia Nacional de España, a cuyo frente estuve por más de 26 años, por presuntos delitos de genocidio, terrorismo y torturas contra los máximos responsables de las Juntas militares argentinas en base a la aplicación del principio de jurisdicción universal, que permite perseguir a quienes sean responsables de crímenes internacionales —también los de lesa humanidad y de guerra— con independencia del lugar en el que se hubieran cometido y de la nacionalidad de las víctimas o perpetradores, con tal de que no se haya investigado y enjuiciado en el país de origen: es decir, si existe impunidad. Daban así inicio los que después se conocerían como los “Juicios de Madrid” y en los que se emitirían órdenes de detención contra aquellos máximos responsables, entre los que se hallaban Galtieri (primera orden de detención internacional en 1997) Videla, Massera, Augusto Pinochet, y en los que se detuvo e investigó a Adolfo Scilingo y Ricardo Miguel Cavallo, el primero condenado en España a 1046 años de cárcel y el segundo a cadena perpetua en Argentina después de que México lo entregara a España y España a Argentina en extradición. A éstos seguirían, los responsables del genocidio en Guatemala, El Salvador, Tíbet, Sahara y Guantánamo, entre otros.

Estas iniciativas comenzaron en marzo de 1996 con la presentación de la denuncia de la Asociación Progresista de Fiscales contra los responsables de las tres Juntas Militares que gobernaron Argentina con mano de hierro entre el 24 de marzo de 1976 y diciembre de 1983, y aplicaron un plan sistemático de eliminación de personas que alcanzó a 30.000 desaparecidos según las estadísticas de los organismos de derechos humanos.

El trabajo de esa asociación —la asociación progresista de fiscales—, y el consiguiente impulso de las víctimas y de unos pocos periodistas fue determinante para que esta iniciativa, pionera en la historia jurídica mundial, llegara hasta sede judicial. El 28 de marzo de aquel año el caso sobre la represión en Argentina arrancó definitivamente cuando admití la denuncia, dando así comienzo uno de los casos judiciales más intensos e importantes, por su impacto internacional, que he tenido a lo largo de mi carrera profesional. No imaginaba hasta qué punto este caso —y el de Pinochet, que asumí tiempo después— me iban a cambiar la vida profesional y personal.

El camino de la justicia penal universal que entonces pusimos en marcha todas las partes implicadas y concienciadas debió superar múltiples trabas de todo tipo, no solo jurídicas, sino principalmente políticas, económicas y diplomáticas.

La investigación no estuvo exenta de obstáculos intencionadamente añadidos a las propias dificultades de la investigación.

El gobierno español, conservador y dirigido por José María Aznar, y el Ministerio Fiscal, siguiendo sus directrices, no hizo nada oficialmente distinto a impedir, trabar e interrumpir el avance de las pesquisas judiciales. Esas dificultades se trasladaron también intencionadamente a los países de referencia —Chile y Argentina—, en donde se impidió cualquier tipo de cooperación.

En Argentina, incluso, el entonces presidente Carlos Menem aprobó, en 1997, un decreto que prohibía expresamente esa cooperación…[2]

Esta postura obstaculizadora se reiteraría durante la presidencia de Fernando De la Rúa, entre 1999 y 2001, hasta que en 2003, el presidente Néstor Kirchner, al que tuve el honor de conocer en julio de 2005, decidió su derogación y abrir con ella las puertas de la cooperación judicial, que nunca debieron cerrarse.

… Inspirado en la denuncia sobre la represión en Argentina, el caso Pinochet se inició en julio de 1996 en el Juzgado Central de Instrucción 6 y siguió su curso independiente del anterior. En abril de 1998 ambos procedimientos se conectaron a través de una pieza separada del caso Argentina abierta para investigar la llamada “Operación Cóndor” (para mi es más adecuado hablar de “Operativo”). Como ya sabrán, el operativo “Cóndor” integraba una red de perfecta coordinación criminal entre los servicios de inteligencia, policiales y otros cuerpos represores de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú y Bolivia en el Cono Sur con tentáculos que se extendían fuera de Latinoamérica para delinquir en Estados Unidos, Italia, Francia y España. El objeto del Operativo Cóndor fue secuestrar, asesinar y hacer desaparecer a los opositores políticos de las mencionadas dictaduras.

Pero aquel año 1998 tuvo importancia en mi vida muy especialmente por la decisión que tomé el 16 de octubre, sobre las 14:30 horas. Desde mi despacho del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional ordené la detención del ex presidente de Chile, Augusto Pinochet, que a la sazón se encontraba en Londres. Créanme si les digo que hasta ese momento había sido un día más. Había despachado otros asuntos y, como viernes y feria (la de San Lucas) de Jaén, mi tierra, mi aspiración más inmediata era ultimar los papeles de esa mañana relativos al caso KAS-EKIN, preparar una próxima operación contra ETA (tendría lugar a final de ese mes) y marcharme… a mi provincia natal…

Pero así es el destino, estaba escrito en algún lugar insondable que ese día se cruzaran definitivamente mi vida y la del dictador chileno. A Pinochet hasta ese momento solo había comenzado a investigarle muy lateralmente en la denominada Operación Cóndor, al estar más ocupado en el caso de las Juntas Militares Argentinas cuyo procesamiento estaba preparando (finalmente lo haría el 2 de noviembre de 1998 contra 98 personas, por los cargos de genocidio, terrorismo y torturas contra miles de personas, los mismos delitos que imputé al senador Pinochet). Curiosa coincidencia la de las fechas: 1998 fue el 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el procesamiento de Pinochet y el de la autorización para continuar la extradición del ministro del Interior británico Jack Straw el mismo día del aniversario (10/12/98). Ocho años después (10 de diciembre 2006) falleció el dictador.

Había estado toda la semana en contacto con el abogado Joan Garcés, impulsor de la acusación contra el dictador chileno, quien me había avisado de la presencia de Augusto Pinochet en Londres y al que le dije que las acciones en su contra (cualesquiera que fueran) debía afrontarlas el juez García-Castellón, ya que era él quien llevaba la causa principal (en el Juzgado Central número 6). No obstante, también le comenté que al tener la pieza sobre la Operación Cóndor abierta, que afectaba directamente a Pinochet, también actuaría pero de forma absolutamente reservada y discreta. Así que le pedí que solicitara el envío de una Comisión Rogatoria a mi colega y que hiciera pública la aceptación del juez y la inmediata remisión de la misma a las autoridades británicas. El efecto que se produjo era el que había previsto: toda la atención mediática se fijó en las decisiones que, eventualmente pudiera tomar el juez García-Castellón y eso me permitía moverme sin ningún tipo de presión. Así que comencé a solicitar información, sin conocimiento alguno por parte de nadie y vía Interpol, a las autoridades británicas. La primera respuesta se produjo, si la memoria no me falla, el miércoles 14 de octubre y fue bastante desabrida por parte de Scotland Yard. Más o menos venían a decirme: “a usted qué le importa, no se meta en asuntos que no le conciernen”. La respuesta me dejó bastante perplejo. No era forma de contestar una petición de un juez español, aunque pensé que estaban ajustando alguna vieja cuenta conmigo.

Lo cierto es que esa tarde, cuando tenía perdida cualquier esperanza de que diera resultado mi estrategia de discreción y reserva para no levantar sospechas del entorno de Pinochet, y pudiera trasladarme a Londres para tomarle declaración, recibí una llamada inesperada. El Ministro Consejero (la fortuna quiso que estuviera en funciones de embajador) de la embajada británica en España, John Deu, me llamó para pedirme disculpas por el tono y contenido de la contestación policial recibida y me dijo que cursara otra nueva petición de información (qué hechos se investigaban, cuáles se le imputaban, la calificación jurídica, el lugar donde se hallaba y la intención de interrogarle) y que sería contestada afirmativamente. En ese momento me di cuenta de la influencia que tiene la casualidad o el azar, como dice la canción de Joan Manuel Serrat: “fue sin querer, es caprichoso el azar…” en el devenir de los hechos y de la vida de las personas. Probablemente Pinochet no hubiera sido nunca detenido, si yo, un año antes, no hubiera criticado pública y durísimamente la falta de colaboración de los británicos con las autoridades judiciales españolas en las investigaciones sobre blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas en Gibraltar. Esto dio lugar a que John Deu me formulara una queja por mis palabras y yo le dije que, sin renunciar a lo dicho, no me importaba hablar con él en persona. Así comenzó una muy buena relación que aquel 14 de octubre de 1998 allanó el camino para continuar mi aproximación a Augusto Pinochet en Londres.

La respuesta policial llegó, mucho más amable que la anterior, y pudimos cruzar más datos para hacer posible el fin que pretendía. Finalmente el viernes 16 de octubre, después de haberles comunicado a las partes acusadoras (los abogados) que resolvería sobre la presentación de una querella de Izquierda Unida contra Pinochet ese día y la petición de declaración a través de Comisión Rogatoria, el lunes 19, les despedí sobre las 13:00 horas sin más novedades.

Pero cuál no sería mi sorpresa al recibir una comunicación de Interpol-Madrid cuando ya prácticamente estaba cerrando el despacho para salir de viaje hacia Jaén. En ella se me comunicaba que las autoridades británicas habían informado que el senador Augusto Pinochet, a pesar de que estaba convaleciente de una operación de hernia, había solicitado el alta voluntaria y se marchaba al día siguiente. Inmediatamente, requerí la posibilidad de que se le retuviera hasta recibirle declaración y la respuesta fue: “la única posibilidad de impedir que se marche es ordenando su detención”.

El shock que recibí en ese momento creo que es difícil imaginarlo. Ante mí tenía un panorama nada fácil y tenía que tomar una decisión inmediata en un sentido o en otro. Si dejaba pasar la insinuación que se me hacía desde Londres, nadie me lo reprocharía pues en definitiva había otro juez, García-Castellón, que llevaba la causa principal y que no había tomado, ni tomaría, una iniciativa de ese tipo. Además, la competencia de la jurisdicción española para los casos de Argentina y Chile estaba pendiente del recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal —después de estar más de un año sin hacerlo— por lo que la Sala (el tribunal de apelación) podía decidir que no éramos competentes y archivar todo. Y encima, para más complicación, tampoco tenía en ese momento todas las imputaciones contra Pinochet. Tenía sólo la Operación Cóndor, pero más del lado argentino, para tomar la decisión. Así estaban las cosas aquella tarde en la que mientras sopesaba mandar la orden de arresto contra el dictador, debo reconocerlo, pensaba que los británicos no cumplirían el mandato, de tal suerte que estaba convencido que las posibilidades de éxito eran nulas y las de fracaso, con fanfarria mediática incluida, seguras. Aun así me costó poco tiempo decidirme por la detención. Era la única opción coherente con la aplicación del principio de Justicia Penal Universal que había iniciado años antes y que justificaba la orden de detención del chileno, como lo había hecho un año atrás contra el ex presidente de la Junta Militar Argentina, Leopoldo Fortunato Galtieri por su presunta participación en los asesinatos y desaparición en Rosario (Argentina) de varios miembros de la familia española Labrador. Así que, tras el aviso de Londres, ordenar la detención de Pinochet era lo justo, lo que había que hacer y la única decisión que las víctimas entenderían. Además, nunca me habría perdonado a mí mismo no haber hecho algo por acabar con la impunidad que aún regía en Chile y no haber llevado a cabo todo lo que estaba en mi mano para conseguirlo. De modo que a las dos y media de la tarde aproximadamente llamé la atención del último funcionario que quedaba por mi planta de la Audiencia —todos se habían marchado ya— y le pedí que se quedara para transcribir una resolución urgente.

Me encerré en mi despacho, desconecté los teléfonos y ante la ausencia de los tomos del procedimiento —el funcionario encargado de la tramitación también se había ido— redacté de memoria los hechos y desarrollé los razonamientos jurídicos con los que imputaba a Augusto Pinochet como presunto autor de genocidio, terrorismo y torturas. La orden quedó hecha y apenas media hora después estaba saliendo por fax para Interpol a cuyo representante en Madrid advertí de la gravedad de que esta decisión pudiera filtrarse. En realidad esta advertencia sobraba porque el funcionario asumió la responsabilidad de silencio y cumplió su labor a la perfección. Pasaron unos minutos y sin retirarme del teléfono el funcionario me dijo: “Sr. juez la orden de detención internacional de Augusto Pinochet Ligarte está enviada a Londres”.

La sucesión de acontecimientos fue tan veloz que me impidió valorar lo sucedido hasta ese momento. Realmente había sucedido. La orden de detención estaba en Londres y ahora tocaba esperar los acontecimientos y estar preparado para recibir los ataques y críticas que vendrían con total seguridad de los más variados frentes tanto si lo detenían como si no. Pero habría merecido la pena y, para mí, como juez, no existía otra opción…[3]

Con esta carga encima comencé mi viaje hacia mi tierra jienense en mi Andalucía natal. Fue unas dos horas después, cuando iba por la carretera nacional IV, “… a la altura de Ciudad Real, con los molinos de viento al fondo, cuando recibí la llamada de John Deu diciéndome que la orden de detención había sido recibida y que Scotland Yard le daba trámite e iría a presentársela al juez para que decidiera. Me quedé sin habla y creo que más pálido aún de lo que estaba…”. Una vez en Jaén,

… de nuevo, sobre las 18:30 horas recibí una llamada de John diciéndome que el juez británico tomaría una decisión en pocas horas. Ustedes pueden pensar que un juez ni siente ni padece, que es inmune a sus propias decisiones y que un tipo siempre metido en asuntos en los que soy consciente que a veces me va la vida, ordena detener a un dictador como Pinochet y se queda tan fresco. Pues no. A mí me tiemblan las piernas, me emociono y me asusto como cualquier mortal. Cuando hablé con John, las pulsaciones debieron acelerarse al máximo porque mi mujer me preguntó qué era lo que me ocurría. Evidentemente no podía decirle nada en ese momento, de modo que, ya en el hotel, cuando una hora después recibí la nueva llamada de John diciendo que el juez inglés había firmado la orden de detención de Pinochet a efectos de extradición, me derrumbé sobre el sillón, me dirigí a ella y tomándole las manos le dije “Un juez británico acaba de ordenar la detención de Pinochet en Londres a petición mía y van a detenerlo; estoy muy asustado, pero seguro de lo que hecho”. Los que conocen a mi mujer saben que no miento ni exagero si les digo que es una persona extraordinaria y excepcionalmente lúcida. En ese momento, ella, con mirada serena y un atisbo de orgullo dijo: “no te preocupes Baltasar. Hemos estado en otras situaciones peores y hemos salido. Además era tu obligación hacerlo por las miles de víctimas que cayeron…”. La verdad es que sus palabras y su apoyo, como siempre, me dieron ánimo para aguantar la última fase de ese día: la materialización de la detención del dictador. No puedo precisar la hora, pero sí que pasaban de las 22:30 horas cuando John Deu me llamó una última vez esa noche para decirme que Augusto Pinochet estaba detenido. Me dije: “bien, ya está hecho, ahora a pelear jurídicamente por el caso”.

Los tentáculos de la impunidad se resisten a desaparecer, a pesar de las reiteradas resoluciones de Cortes Internacionales como la de DDHH Interamericana, que abandera internacionalmente la posición más firme contra la impunidad (Casos Barrios Altos, La Cantuta, Araguaia, Mozote, Campo Algodonero, la sentencia de la Cámara de Apelaciones del Tribunal Especial de Sierra Leona en el caso Kondewa de 2004 o la sentencia del Tribunal Constitucional de Sudáfrica en el caso Azapo (Azianian People’s Organization) y otros vs President of Republic of South Africa, entre otras muchas; o la sentencia de la Corte Suprema argentina, al confirmar la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, derogadas en la época del presidente Kirchner en Argentina) o de los diferentes Comités de NNUU. Buen ejemplo de ello es España que ha renunciado, hasta la fecha, en forma humillante y grosera para las víctimas a la exigencia más elemental de justicia, verdad y reparación para las víctimas de los crímenes franquistas, persiguiendo a quien trató de investigarlos y, con ello, permitiendo que Argentina, asuma el papel que correspondería a los tribunales españoles. La historia se repite, pero al revés.

La corrupción, está en la base de todos estos mecanismos brutales que los militares pusieron en marcha. A todos ellos se les llenaba la boca de honestidad, de defensa de la patria, pero realmente muchos de ellos fueron además de asesinos, ladrones y extorsionadores rampantes. Cuando se investiga, siempre aparece un general, un familiar o una persona próxima a quien ejerce el poder que resulta enriquecido. Y, en el caso argentino, con los propios bienes de los secuestrados, desaparecidos o asesinados.

La corrupción es asimismo uno de los soportes básicos de la impunidad, la realidad de los partícipes se concreta en la depredación de todo aquello que tiene valor, comenzando por la vida y acabando por la hacienda. En esta ceremonia de degradación, una vez más, los que taparon lo ejecutado adquirieron una participación gravísima, merecedora del reproche penal más firme.

En 1998 ordené, además de la detención, el bloqueo de todos los bienes y cuentas bancarias de Augusto Pinochet en cualquier parte del mundo. Esa orden no llegó a ejecutarse porque las autoridades británicas nunca llegaron a cumplimentar la comisión rogatoria librada al efecto. Pero el conocimiento público de aquella resolución hizo que el banco Riggs en Londres reintegrara varios millones de dólares que el Sr. Pinochet tenía en esa entidad bancaria. En los años siguientes la citada cantidad fue cobrada por los familiares, incluso hallándose el detenido en Londres (febrero de 2000). Como consecuencia de la investigación producida a raíz de aquel embargo se averiguó que el dictador y su familia habían tenido 27 millones de dólares depositados en el banco Riggs. Éste sufrió una fuerte sanción (unos 16 millones de dólares) y llegó a un acuerdo con las víctimas representadas por el letrado Juan Garcés de modo que con la autorización del juzgado, un total de 9 millones de dólares fue destinado al pago de indemnizaciones de las víctimas.[4]

3. Las víctimas y su derecho a la jurisdicción universal

El siglo XX, que contempló el ocaso, debilitamiento y quiebra de las ideologías con pretensiones universales y que soportó las mayores cotas de impunidad, descubrió que el único lenguaje común que perdura hasta hoy es el de los derechos humanos, como referentes que toda la humanidad necesita en una época de dimensiones planetarias, económicamente global, al borde del abismo y políticamente inestable, en el que comienzan a verse situaciones y reacciones que parecían superadas. En este contexto, en los últimos 18 años, la justicia también ha adquirido una dimensión universal frente a violaciones consolidadas y masivas de los derechos recogidos en aquella Declaración, como al desarrollo humano progresivo (Raúl Zaffaroni) o los de la naturaleza, que dan sentido a todos los demás, y de los que muchos no quieren reconocer como tales.

Pero para mirar hacia el futuro, debemos tener perfectamente definido el pasado y como dice Richard Goldstone, cada país ha de enfrentar su propia historia y qué tipo de justicia quiere. Representa un error de proporciones enormes adoptar la regla del olvido y la impunidad, porque una

… sociedad se fortalece a sí misma reconociendo lo que aconteció en un momento de su historia, así como los hechos que propiciaron su ruptura y la sumisión a la voluntad del dictador. Y, en ese sentido, no son el silencio y el olvido, ni la impunidad surgida de esa impúdica unión, los que deben prevalecer en la memoria de un pueblo, sino las decisiones que hicieron posible, la verdad, la justicia y la reparación de quienes sufrieron la represión y el dolor por parte de quienes tenían la obligación de protegerles y no lo hicieron.[5]

Por supuesto que, en estos casos, la acción de la justicia y, por ende, la verdad judicial que se forma con ella, no solo por medio de la sentencia sino con todo el proceso previo (especialmente en los supuestos en los que no haya juicio por incidencia procesales o materiales), contribuye en forma decisiva a combatir la impunidad y, con ello, nuevamente, satisface un derecho de las víctimas y transforma la realidad histórica oficial, bien por medio de la derogación o del desconocimiento de esas normas de impunidad, bien con la consecución de que cortes internacionales así lo declaren.

Sin embargo cuando nos enfrentamos al dilema de la persecución penal de los crímenes internacionales como medio de búsqueda de la verdad o a la impunidad, surge el rechazo por amplios sectores de la sociedad, sustentándolo en una serie de argumentos instrumentales tales como la necesidad de olvidar. Sin embargo, la historia reciente, demuestra que ninguna sociedad se rompe por la aplicación de la justicia, sino todo lo contrario. Y son esas tesis negacionistas y las construcciones formalistas que amparan el negacionismo buscando el olvido y la justificación de prácticas criminales que tanto daño causan a la humanidad las que constituyen el verdadero peligro de que los fenómenos se reproduzcan. “… es un error terrible el de aquellos países que han tratado de olvidar su historia, su pasado, porque cuando eso sucede, y la gente simplemente sigue adelante con su vida, es cuando la venganza y el odio aparecen”.[6]

En definitiva, verdad, justicia y reparación son el trípode sobre el que debe basarse una sociedad democrática para consolidarse como tal, no solo en los casos en los que se hayan sufrido los rigores de la represión o de la violación masiva de derechos humanos, sino como reconocimiento del carácter de victima universal que frente a este tipo de crímenes todos tenemos, y conseguir así las garantías reales de no repetición.

En este sentido, la omisión del Estado o la imposición del mismo en la prohibición de persecución de los crímenes de genocidio o contra la humanidad, en tiempo real, no solo ha generado impunidad de hecho o de derecho a través de amnistías o por leyes de perdón general, sino que también ha impedido que existiera una posibilidad de que la verdad judicial se configurara adecuadamente y se extendiera a otros ámbitos (el económico) al disponer de uno de los elementos que le son básicos, la proximidad de las pruebas y de los actores. Es por ello, que, en la mayoría de los casos, la verdad judicial, se ha tenido que elaborar en unas condiciones muy adversas, con lejanía de las fuentes de prueba, dilatada en el tiempo, o de los propios escenarios del conflicto, a través de la aplicación del Principio de Jurisdicción Universal o de tribunales internacionales, con graves dificultades para la materialización de las investigaciones y práctica de las pruebas.

Como una especie de fantasma, levita siempre el espectro de la impunidad, la “necesidad” de olvidar, de pasar página, la dificultad que para el Estado comportan estos hechos, la “tozudez” de las víctimas para exigir justicia.

Frente a este falso dilema recurrente, no debería de existir la mínima duda de que los perpetradores deberían rendir cuentas, con todas las garantías, ante la justicia.[7]

Para conseguir que ambas verdades se aproximen, se debe transformar la verdad judicial en una verdad colectiva e integral que dé más sentido a la justicia y a la reparación, porque cuando se trata de dar respuesta a la ejecución de crímenes masivos, como los que integraron el denominado Operativo Cóndor, con una aspiración de reparación integral y sostenible de las víctimas, la justicia no puede pretender cumplir su labor absolutamente con la respuesta meramente individual, sino que tiene la obligación ineludible de configurar un espacio mayor que integre el ámbito estrictamente procesal con el restaurativo por medio de una suerte de reparación colectiva de forma integral que precisa de la voluntad de los participantes, superando la tendencia natural de los victimarios a negar —como en Argentina, Chile, Guatemala, El Salvador, ex Yugoslavia—, o a deformar la verdad, tratando de justificar lo que se hizo —como en Colombia—. Esa comunión, se consigue con el desarrollo de un sistema mixto propio de la denominada justicia transicional, que no está exenta de críticas y dificultades, pero que se va imponiendo, al menos en algunos escenarios límite, como mecanismo de superación del conflicto que la motiva.

4. De Cóndor a los drones

El sueño de la Patria Grande latinoamericana, acuñado por Bolívar, San Martín, Belgrano y Güemes, tuvo su contracara en la realidad del denominado Plan Cóndor, una diabólica operación de inteligencia coordinada desde la CIA y las dictaduras militares latinoamericanas destinada a eliminar a los movimientos de izquierda en la región, a través de la detención, eliminación y desaparición de líderes políticos, sindicales o sociales de países como Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia o Brasil, entre otros.

El terrorismo de Estado se instaló en Latinoamérica y sembró el terror, la desaparición forzada de personas, las ejecuciones sumarias, la tortura y el robo de niños; la coordinación regional de la represión alcanzó niveles nunca imaginados, que hoy se investiga en algunos países, mientras que en otros, como Brasil, se desarrollan esfuerzos para hacerlo; sin embargo, en algunas naciones, esas actuaciones permanecen ocultas bajo losas de silencio oficial e impunidad. Es curioso, pero a todo tipo de hechos, como los acontecidos en Latinoamérica y a los que responde el excelente trabajo de Joao [Carvalho Pina], acompaña la cobardía de los que los auspiciaron, que mostraron su fuerza en la agresión y en su imposición de silencio, pero no al responder sobre los crímenes perpetrados.

Este Cóndor de terror, que se contrapone a la belleza del ave que le da nombre, desplegó sus alas más allá de los Andes, hacia el norte, hundiendo sus garras en México, y dirigió sus acciones más allá del océano Atlántico, hasta hacerse con presas en España, Italia o Francia. Aquel ejemplo nefasto de la Escuela de las Américas en Panamá, desarrollado en el Cono Sur, con reiteradas masacres en el mar de la impunidad, se reproduce hoy día, sin el mínimo pudor, en todo el mundo y con diferentes actores (al menos, en parte) pero responde a un mismo esquema de violación y anulación de los límites del Estado de derecho.

Acciones tales como los traslados ilegales de prisioneros por parte de la CIA a centros de detención clandestinos en los que son secuestrados, torturados o forzados a desaparecer, sin ningún tipo de control más que el derivado, de hecho, de la voluntad de quien dispone esas acciones; drones (aviones no tripulados) que eliminan, a control remoto y en forma, en ocasiones selectiva, en otras indiscriminadamente, a personas muchas veces ajenas al conflicto, a miles de kilómetros de donde se inicia la acción ilícita; espionajes masivos en países democráticos, en aras a la protección de unos supuestos derechos que se desconocen ostensiblemente, son prácticas habituales que se justifican con la necesidad de perseguir el terrorismo y que, en realidad, no son sino ejemplos del fracaso de un sistema que no ha sabido poner en práctica una seguridad que responda a las necesidades democráticas de los ciudadanos y no a la de los que nos dirigen.

En este mundo al revés, la impunidad borra toda crónica diferente de la oficial; históricamente han existido intentos de eliminar la realidad, desde el olvido inducido, como si no hubieran existido el genocidio, las masacres o las desapariciones forzadas de personas, hasta el olvido ordenado por ley, mediante amnistías, condonaciones de penas o indultos, so pretexto de garantizar la estabilidad política cuando en verdad lo que se buscaba es garantizar la impunidad.

Mientras tanto, las víctimas siguen siendo las grandes olvidadas en la mayoría de los países del mundo; a ellas se les arranca de cuajo su derecho humano a la verdad, la justicia y la reparación integral y constituyen las víctimas en sentido estricto y amplio, porque cuando se trata de crímenes de esta naturaleza (de guerra, genocidio o lesa humanidad), víctimas somos todos, universal y localmente. El concepto universal de víctima es un principio arraigado en el derecho penal internacional y de los derechos humanos. Eso hace que la lucha contra la impunidad sea obligación de todos, porque todos somos los afectados: la indiferencia de unos pocos nos marca a todos…

… En el 2013 se inició en Argentina el juicio a algunos responsables del Plan Cóndor, hecho histórico en la aplicación de la Justicia trascendiendo las fronteras de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. En este procedimiento judicial, los argentinos son minoría entre las víctimas de las desapariciones forzadas que cometieron las Fuerzas de Seguridad argentinas dentro y fuera del país, lo que demuestra la estrecha colaboración que existía entre las dictaduras del Cono Sur en su objetivo común de hacer desaparecer a los opositores políticos. Si bien este proceso es el inicio de un largo camino, no deja de marcar un hito regional en la lucha contra la impunidad. Estos avances judiciales son una demostración de que, poco a poco, se pierde el “respeto” o “miedo” a sentar en el banquillo a determinadas autoridades. Se toma conciencia de que la ley es igual para todos y de que no hay inmunidad que valga. Sin duda, nos encontramos con trabas en relación a hechos ocurridos en el pasado; es preciso recordar que estamos aplicando conceptos nuevos, y los inicios son siempre difíciles. No obstante, especialmente Argentina está sentando bases muy sólidas para el futuro, para que el Nunca Más sea una realidad definitiva.

Por supuesto queda mucho por hacer, pero no por ello debemos dejar de apreciar los avances experimentados en este ámbito y la buena evolución de los acontecimientos, aunque todavía hay ejemplos negativos en las más altas esferas judiciales uruguayas, brasileñas, guatemaltecas o españolas, entre otras, que no perciben la necesidad de saldar con justicia, verdad y reparación esa tremenda deuda histórica que existe con los miles y miles de víctimas que dieron su vida por desear un mundo mejor. Es esa insensibilidad la que, favoreciendo a unos pocos victimarios, daña a la generalidad de los ciudadanos, que se enfrentan a una realidad que desconoce oficialmente sus derechos.

A pesar de todo, se deben continuar los esfuerzos por vencer a los que sostienen la impunidad. Es un camino difícil en el que toda ayuda es poca, de ahí la importancia del compromiso de renovación generacional en la denuncia y el activismo contra la lacra que debe trascender pueblos y naciones, y superar la indiferencia. Los movimientos sociales de protesta y de exigencia de responsabilidades políticas a dirigentes democráticos, por aquello que no han hecho, que recorren el mundo en los últimos tiempos debe servir de “aviso a navegantes”: el arrecife de la impunidad y de la corrupción está ahí, siempre al acecho y dispuesto a quebrar el casco, siempre frágil, de los derechos humanos.

La lucha contra la impunidad debe ser un compromiso ético, de todos frente a todos, y no es solo responsabilidad del propio Estado, sino también de cada ciudadano, para conseguir una paz justa y sostenible y, con ello, la garantía de no repetición del fenómeno. Solo a través del conocimiento de la verdad histórica, de su análisis y de la verdadera comprensión de los motivos que llevaron a la sociedad a ese punto de conflicto puede garantizarse que no vuelva a ocurrir. La reflexión profunda de qué ocurrió y por qué nos permite identificar el riesgo y frenarlo a tiempo. En definitiva, la verdad nos proporciona las herramientas para evitar la repetición de hechos tan dramáticos como los que ha vivido Latinoamérica y otras muchas regiones del mundo.

Cualquier esfuerzo es necesario; todas las energías son precisas para que las miradas tristes y de dolor infinito de las víctimas se conviertan en sonrisas de esperanza.[8]

5. El laberinto de Cóndor

Lo que demuestra este libro es que el Operativo Cóndor tuvo antecedentes y características similares a los operativos diseñados en otros países como Argelia y Vietnam. Por su parte, en América Latina, desde los años 60 ya hubo una coordinación para luchar contra la “subversión”, concepto que se repetirá en forma insistente años después. El libro analiza los antecedentes directos del Operativo Cóndor, como los casos Prats, Fuentes y Santucho, y se detalla la reunión de 1975 en Chile, las características y diferentes fases de este operativo, analizándose también otros casos emblemáticos (dirigentes y grupos políticos). En este sentido, se demuestra que la persecución tenía, entre otras cosas, los objetivos siguientes: coordinar la represión en el Cono Sur, asesinar a los destacados dirigentes políticos en el continente y afuera, y difundir temor a los opositores en el exilio. En este importante trabajo, que ve la luz al cumplirse el 40 aniversario del Operativo Cóndor, se publica un listado de 377 víctimas, con datos como los nombres, sexo, edad, militancia, datos del secuestro, condición final y si hubo traslado a otro país de cada uno. Esta aproximación nunca se había realizado hasta ahora. Estos datos permitieron crear una infografía de las víctimas. Este listado es incompleto (solo constan los casos en los que se ha probado una coordinación) y el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), que me honré en presidir hasta enero de 2016, lo sigue cumplimentando. Para ello, se están utilizando los informes oficiales de los países Cono Sur (CONADEP, Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, entre otros) y los juicios que se han celebrado o se están celebrando tanto en el Cono Sur como en Europa. Agradezco a todo el equipo del CIPDH, a los y las participantes en este trabajo, específicamente a Stella Calloni, coordinadora del Informe; a los miembros de su equipo, Agustín Algaze y Mauro Arlando; y a Grégoire Champenois, coordinador del Proyecto para el CIPDH.

Agradezco también a todos los que fueron invitados a participar: Martín Almada, Samuel Blixen, Edmundo Cruz, John Dinges, Mónica González, J. Patrice McSherry, Ivan Claudio Marx, José Luis Méndez Méndez, Manuel Ollé Sesé, Enrique Serra Padrós, Carlos Poveda Moreno, Gustavo Rodríguez Ostria, Melisa Slatman, Daniel Tarnopolsky, Federico Tatter y los organismos de Derechos Humanos, el Ente Público Espacio Memoria (ex ESMA), el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del MERCOSUR, Memoria Abierta y el Museo de la Justicia-Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos de Paraguay, a quienes convocamos a seguir indagando en pos de la verdad, la justicia y la memoria.

INTRODUCCIÓN

STELLA CALLONI[1]

1. Los primeros esbozos de la Operación Cóndor

Una bola de fuego apareció y desapareció tan rápidamente que los pocos testigos que pudieron recordar algo, solo se acordarían de un resplandor brillante. En unos brevísimos segundos un fuego anaranjado brotó del piso del auto, y quemó el hombro izquierdo del chófer, llenó por completo el auto, chamuscó los pelos e hizo saltar las ventanas y luego se desvaneció en instantes. La bola de fuego fue comprimida en un impacto que arrancó y soltó el asiento trasero e hizo que el último recuerdo claro que el pasajero tuviese fuera el de un agudo silbido, como del vapor desprendiéndose de un metal caliente. Este impacto se llegaría a convertir en el momento congelado que obsesionaría las mentes de muchos extraños que oyeron el ruido, y por muchos años.

Esta fue la descripción del fiscal estadounidense Eugene M. Propper y el periodista Taylor Branch en el libro Laberinto sobre el atentado que, la mañana del 21 de septiembre de 1976, hizo volar el automóvil que conducía el ex canciller chileno Orlando Letelier, a cuyo lado estaba su secretaria norteamericana Ronni Moffitt y, en el asiento trasero, el esposo de la joven, Michael Moffitt.[2]

Sucedió en la calle Sheridan Circle, en el barrio de las embajadas en Washington DC. Atrapado en su asiento Letelier, horriblemente quemado, murió en el acto. Ronni sobrevivió escasos minutos y murió antes que llegaran las ambulancias. Michael quedó herido, con quemaduras e intentando salvar a su esposa.

Este fue uno de los mayores atentados de lo que se conocería entonces como Operación Cóndor, cuya mano en garra había llegado hasta Washington en un hecho que estaba demostrando la más descarnada impunidad con que se movían los autores y sus responsables intelectuales.

Dos años antes, la noche del 30 de septiembre de 1974, en un barrio residencial de Buenos Aires la luz se había cortado extrañamente, lo cual hizo que la explosión de un automóvil pareciera aún más intensa en la inmensa oscuridad de la calle Malabia, en el barrio de Palermo.

El general chileno Carlos Prats, refugiado en Buenos Aires junto a su esposa Sofía Cuthbert después del golpe del 11 de septiembre de 1973 en Chile, estaba llegando al edificio donde vivía, casi a la medianoche, después de una cena con amigos. Ante una serie de amenazas intentaba salir de Argentina, pero la embajada chilena de la dictadura le negaba el pasaporte.

Prats había mantenido comunicación directa y epistolar con el General Juan Domingo Perón, en esos momentos presidente de Argentina por tercera vez. Pero, en julio de 1974, Perón murió a escasos meses de haber asumido el poder, y Prats sabía que quedaba desguarnecido cuando la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) incrementaba los secuestros, asesinatos y atentados en todo el país.

Decenas de chilenos, brasileños y uruguayos —que se habían refugiado en Chile huyendo de las dictaduras en sus países— debieron salir en una fuga desesperada hacia Argentina cuando el golpe militar de septiembre de 1973 derrocó al presidente Salvador Allende instalando la dictadura criminal en esa nación trasandina. El doloroso nuevo éxodo pronto se convertiría en una trampa para los refugiados, espiados y perseguidos por la Triple A y los agentes chilenos, brasileños y uruguayos que mantenían acuerdos en sombras con sus pares argentinos, lo que facilitaría el camino hacia la red Cóndor.

Prats era uno de los más vigilados por los agentes chilenos aquí, que tenían sus contactos “fraternales” con los servicios de inteligencia locales, sectores policiales y militares, como se verá en el transcurso de este Informe.

En el momento en que Prats iba a entrar al garaje del edificio en que vivía, el automóvil voló en pedazos. La explosión sonó aterradora en medio de la soledad que mostraban las calles vacías por un apagón, provocado no casualmente en esa zona residencial de la capital argentina. Prats y su esposa murieron en el acto. Una bomba había sido colocada debajo del auto, con el que ambos recorrieron varias calles porteñas, y se hizo detonar en el momento preciso, accionada desde lejos por los asesinos.

En ambos casos, los más serios analistas consideraron que la mano del dictador Augusto Pinochet estaba detrás de estos asesinatos, pero todos sabían que no estaba solo en esta acción terrorista. Tenía cómplices y la certeza de que todo naufragaría en la impunidad.

El atentado contra Letelier iba a resultar difícil de ocultar para el secretísimo que requería este tipo de operación. Había sucedido en Washington, en el barrio de las Embajadas, poniendo además en peligro la vida de algunos diplomáticos, entre ellos dos israelíes cuyo automóvil estaba justamente detrás del que llevaba a Letelier cuando se produjo la explosión. De la misma manera, otro diplomático griego también pudo ser alcanzado cuando caminaba frente a una sede diplomática.

Fue muy difícil acallar las voces periodísticas en Washington. No estaba previsto que Letelier estuviera acompañado por su secretaria y el esposo de esta, ambos norteamericanos; tampoco estaba previsto que hubiera un sobreviviente, Michael Moffitt, quien iba a ser clave en la lucha por justicia y verdad ante la horrible muerte de su joven esposa.

Las investigaciones, obstaculizadas por sectores de la inteligencia estadounidense en momentos en que George H. W. Bush, quien luego sería presidente de Estados Unidos, era el jefe de la CIA (Agenda Central de Inteligencia), quedaron en manos de un fiscal —Eugene Propper— que no se rindió fácilmente. Rodeado de algunos periodistas serios e inquisitivos, juntos aunaron esfuerzos y asumieron el desafío para descubrir a los responsables del atentado.

Fue en esos momentos en que comenzó a aparecer la sombra de una operación secreta, que ya había sido mencionada por algunos colegas. El británico Richard Gott, en el periódico The Guardian, de Londres, escribía que “los especialistas que siguen de cerca la vida política de dicho continente [América Latina] afirman que se lleva a cabo allí algo semejante a la Operación Fénix”, una operación de la CIA en el sudeste asiático en 1965, uno de los antecedentes más importantes de lo que fue la Operación Cóndor.[3] Esta advertencia de Gott sucedía tres meses y diecisiete días antes del asesinato de Letelier y a solo dos días de la desaparición del ex presidente de Bolivia, el general Juan José Torres, el 2 de junio de 1976, en Buenos Aires, donde vivía en condición refugiado.

El 2 de agosto de 1979 el periodista Jack Andersen publicó en el Washington Post un artículo bajo el nombre de “El Cóndor: los criminales latinoamericanos”. Había accedido al informe del agente especial del FBI Robert Scherrer quien, ante el asesinato de Letelier, explicaba, en septiembre de 1976 y mediante un cablegrama despachado desde la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, que significaba la Operación Cóndor y su metodología.

En la histórica “Carta abierta a la Junta Militar” escrita por el periodista, escritor y militante argentino Rodolfo Walsh en 1977, al denunciar las desapariciones, crímenes, persecuciones en su país, ya mencionaba operaciones internacionales que se estaban desarrollando en la región. Walsh fue asesinado horas después de que su carta comenzara a circular clandestinamente en todo el país y llegara a distintos lugares del mundo. El 25 de marzo de 1977, después de lograr despachar esa carta, fue secuestrado en una calle en el sur de Buenos Aires por un grupo de tareas de la Armada, al que se resistió heroicamente, en soledad. Se lo llevaron herido y hasta hoy permanece desaparecido, aunque se conoce que pasó por el mayor centro clandestino de detención de Argentina, la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Antes de su muerte estaba detrás de la pista de la siniestra operación internacional que fue Cóndor.

2. La Operación Cóndor

Entre mediados de los años 70 y principios de los 80, en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) de Estados Unidos, en el contexto de la “Guerra Fría”, se desarrolló la Operación Cóndor, nombre asignado a un proyecto de inteligencia y coordinación entre los servicios de seguridad de los regímenes militares del Cono Sur.

La Operación Cóndor, cuya acta institucional data de una reunión sostenida en Santiago de Chile entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 1975, fue un sistema secreto de inteligencia, una coordinadora de las dictaduras del Cono Sur para intercambiar información y perseguir políticos, ubicados en sus lugares de refugio. A su vez, secuestraba, torturaba, y trasladaba a unos y otros a través de fronteras sin ningún trámite legal, y formaba comandos para asesinar a figuras consideradas enemigos claves para los dictadores en el país donde se encontraran. El terror borraría las fronteras.

Había suficientes experiencias previas bilaterales, intercambio de informaciones entre dictaduras e incluso con gobiernos supuestamente democráticos. Existen registros de entrega de prisioneros políticos desde los años 60 y principios de los 70, así como lo que varios investigadores han dado en llamar el pre-Cóndor, en los años 1974 y 1975.

Cada país había tenido experiencias criminales contrainsurgentes, paramilitares y parapoliciales desde mucho antes. Entre ellos, los Escuadrones de la Muerte en Brasil; La Triple A entre los años 1973 y 1976, y el modelo de contrainsurgencia que fue el Operativo Independencia de 1975 en el noroeste argentino; y los grupos civiles y militares que bajo la sigla de Patria y Libertad produjeron los asesinatos y acciones terroristas en Chile antes del golpe de Estado de 1973. J. Patrice Me Sherry resume:

La maquinaria de Cóndor fue un componente secreto de una estrategia más amplia de contrainsurgencia, dirigida por Estados Unidos para impedir o revertir los movimientos sociales que demandaban cambios políticos o socioeconómicos. La Operación Cóndor encarnaba un concepto estratégico clave de la Doctrina de Seguridad Nacional de la Guerra Fría; el concepto de defensa hemisférica que estaba definida por fronteras ideológicas y que sustituía la doctrina más limitada de defensa territorial [y añade que] (…) para los militares anticomunistas y sus patrocinadores estadounidenses, la Guerra Fría fue la Tercera Guerra Mundial, llamada guerra de las ideologías.[4]

El 22 de diciembre de 1992, en dependencias policiales del barrio de Lambaré, en Paraguay, el joven juez Agustín Fernández, acompañado por el profesor y pedagogo Martín Almada, familiares del desaparecido médico paraguayo Agustín Goiburú, y algunos periodistas, descubrió una cantidad de documentos de los llamados “archivos del horror” referidos a la larga dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989). Entre estos documentos se encontraron una serie de archivos referidos a la Operación Cóndor, el nombre que le otorgaron sus creadores en Chile en 1975.

El aspecto más secreto de Cóndor, la “Fase III”, fue su capacidad para asesinar líderes políticos especialmente temidos por su potencial para movilizar la opinión pública mundial y organizar amplia oposición a los Estados militarizados. Concebida en esos términos, esta operación —tal como la llevó adelante el general Augusto Pinochet en sus primeros momentos— podría ser catalogada como una acción “elitista”. Iba por figuras importantes política y militarmente, y por las jefaturas de las guerrillas surgidas en países del Cono Sur en los años 60 y 70.

En estos últimos años los medios de comunicación comenzaron a llamarle “Plan Cóndor”, aunque “Plan” es un trazado geoestratégico y el Cóndor fue una táctica contrainsurgente, una de las tantas operaciones que, como veremos, se utilizaron y siguen utilizándose contra pueblos y gobiernos en este siglo XXI.

En su trabajo sobre conducción política, el general Juan Domingo Perón, tres veces presidente de Argentina, derrocado por un golpe militar en 1955 cuando estaba en su segundo mandato (1946-1955), y elegido en 1973 por la misma y masiva voluntad popular, sostenía que “lo estratégico es la guerra, lo táctico es la batalla o las batallas. De esa manera es preciso comprender que aunque ambas cosas corresponden a lo mismo, pertenecen a actividades distintas. Así la táctica depende de la estrategia, y se realiza en absoluta dependencia de las finalidades fijadas por esta”.[5]

En los archivos de Paraguay, entre otros documentos, se encontró el acta fundacional de Cóndor, de noviembre de 1975, mediante la cual las dictaduras del Cono Sur, y el gobierno de Isabel Martínez de Perón en Argentina, “institucionalizaron” las operaciones bilaterales, que se habían incrementado en 1974 con los evidentes ensayos de la dictadura de Augusto Pinochet: el asesinato del general Prats y otros. Hay que mencionar, sin embargo que el esquema de Cóndor, tal como fue concebido comenzaría a funcionar integralmente con la llegada de los dictadores al poder en Argentina en marzo de 1976.

Hay que destacar la importancia de Brasil, que desde 1964 había impuesto una dictadura de la Seguridad Nacional y había convertido a su cancillería y sus comandos militares en los más importantes receptores de datos e informaciones de inteligencia de toda la región, como relatara el ex agente de la CIA Philip Agee en una entrevista de 2006.[6]

Una de las pruebas concretas sobre la red de Operación Cóndor fue la carta enviada en octubre de 1975 por el entonces coronel del Ejército chileno y director de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), Manuel Contreras, al jefe de inteligencia militar de Paraguay, general Benito Guanes Serrano, y al director de la policía paraguaya, general Francisco Brites. Se trataba de la invitación a participar en una “reunión de trabajo de carácter estrictamente secreto, a realizarse en Santiago entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 1975”, cita en la que se habría de materializar la propuesta planteada por Augusto Pinochet a su cómplice, Alfredo Stroessner, durante el viaje a Asunción del general chileno en 1974.

Aquella reunión secreta de 1975 contó con la asistencia de los encargados de seguridad y jefes de las policías secretas de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile. En ella quedó estructurada la coordinadora represiva.

De la misma manera, en una carta dirigida por Manuel Contreras a Pinochet a comienzos de 1976, el jefe de la DINA le solicitaba al dictador chileno un presupuesto adicional de 600 mil dólares con el argumento de que necesitaba fondos para el personal a su cargo que debía enviar a las misiones “diplomáticas” en Perú, Brasil, Argentina, Venezuela, Costa Rica, Bélgica e Italia, entre otros países, para la “neutralización de los principales adversarios de la Junta de Gobierno en el exterior” —principalmente en México, Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, Francia e Italia—, además de gastos para financiar “nuestras operaciones en Perú” y el “entrenamiento antiguerrillero de nuestros hombres en Brasil”.[7]

Como asistentes y asesores permanentes, las dictaduras contaban con la contrarrevolución cubana de Miami —la “cara” contrainsurgente de la CIA—, y los servicios secretos de Francia, cuando una buena parte de estos protegían a los criminales de la Organización Armada Secreta (OAS), ex militares de la guerra de Francia en Argelia. También colaboraron en Cóndor figuras clave de acción de los ejércitos secretos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que constituyeron —como se verá en este Informe— una organización terrorista que en Italia llevó adelante la Operación Gladio, que tomó otros nombres en los países de Europa en los que actuó, un hecho que ha permanecido en la impunidad. Esta impunidad hace posible, en el siglo XXI, que la OTAN continúe utilizando ejércitos mercenarios en las guerras coloniales de estos años.

Es imposible acceder a la génesis de esta operación contrainsurgente sin analizar la perspectiva global que rodeó ese momento. Sobre la base de dos dictaduras de viejo cuño en el Cono Sur, en Paraguay (1954-1989) y en Brasil (1964-1985), se produjo una verdadera “siembra” de golpes militares en función de los objetivos de la DSN estadounidense, estableciendo la práctica del terrorismo de Estado bajo control de Estados Unidos con el objetivo de eliminar las voces opositoras, principalmente de izquierda.

Las dictaduras abarcarían toda la subregión. Las de Bolivia (1971), Uruguay (1973), Chile (1973), Argentina (1976) se agregaron a las de Paraguay y Brasil.

A partir de noviembre de 1975, la Operación Cóndor estaba en marcha. Su cabeza operaba en Santiago de Chile. Aunque la coordinación represiva quedó aprobada y establecida en esa fecha, anteriormente ya se habían registrado acciones bilaterales conjuntas.

En 1974 se produjo el “ensayo” más cercano con el asesinato del general Prats y su esposa Sofía, y con el del militar uruguayo Ramón Trabal en París. En 1975 tuvo lugar el atentado contra el político democristiano chileno Bernardo Leighton y su esposa Ana, en Roma, que no logró su misión de asesinarlos pero dejó a ambos discapacitados de por vida. Este caso sería recordado luego, cuando ocurriera el asesinato de Letelier, porque el hecho se produjo en las cercanías del Vaticano, donde el político chileno tenía amigos y encontraba círculos de apoyo a sus denuncias contra Pinochet. También en 1975 se llevó adelante la llamada Operación Colombo. De ella participaron Argentina, Chile, Brasil, la CIA y, muy especialmente, la prensa de los tres países, que encararon una de las acciones de guerra psicológica más criminal que recuerde la historia de esos días, como se registrará más adelante en este Informe.

En todos estos últimos casos ya estaban comprometidos tres o más países, para sentar precedentes sobre la importancia de esta metodología. En marzo de 1976, con la llegada de la dictadura militar a Argentina, se completó el cuadro de la asociación ilícita, como fue calificada esta coordinación en los primeros juicios de Cóndor en Argentina en el año 2001.

Esto estará desarrollado a lo largo de este trabajo, que intenta sistematizar la información sobre la Operación Cóndor, enriquecida por los documentos descalificados en los últimos años, por el informe sobre la acción de la CIA en Chile, revelada ante el Congreso de ese país, en el año 75, por las investigaciones periodísticas y por el desarrollo de los juicios.

Fueron claves los aportes en el juicio llevado adelante por el juez Baltasar Garzón sobre esta Operación en España en los años 90. Así como el juicio por el asesinato de Letelier y su secretaria Moffitt en septiembre de 1976. En este caso, las investigaciones del fiscal Eugene Propper permitieron recorrer los caminos secretos de Cóndor y reunir documentación y testimonios dando luces sobre lo que fue esa Operación ya en el año 1979.

Este Informe intenta partir de los orígenes, del entorno mundial y regional en que transcurrieron estos hechos —los países de América Latina bajo dependencia—, para entender el verdadero laberinto de la Operación Cóndor, una táctica contrainsurgente que se destacó entre decenas de operaciones llevadas a cabo en todo el mundo.

Podría decirse que en sus orígenes fue una operación “elitista” por cuanto estaba dirigida a tratar de librar a las dictaduras del Cono Sur de importantes figuras que en el exilio eran reconocidas suficientemente como para influir con sus denuncias contra los dictadores. Pero también Cóndor “justificaba” su accionar, tal como surge de sus propios documentos, en la decisión de acabar con lo que los dictadores determinaban como una organización guerrillera “supra nacional”, en referencia a una Coordinadora Revolucionaria que habían creado los movimientos guerrilleros más importantes surgidos en el Cono Sur entre fines de los 60 y principios de los años 70. Sin embargo, ese proyecto de coordinación revolucionaria tuvo escasa vigencia y había sido duramente golpeado por las dictaduras, pero servía como argumento para establecer la contraparte criminal que abarcaría a los países del Cono Sur. Si esta Operación, una entre centenares que se han realizado en el oscuro laberinto de las contrainsurgencias, con su marco de ilegalidad y violación de todos los derechos adquiridos por los pueblos, tuvo tanta trascendencia fue porque la impunidad con que actuaban sus responsables intelectuales y directos los llevó a cometer asesinatos de figuras tan importantes, y en lugares “intocables” como Washington o Roma, que fue imposible esconder cadáveres bajo las alfombras del mundo.

Lo que los responsables de estos crímenes de lesa humanidad no previeron es que tanto Cóndor, como sus antecedentes más significativos —las Operaciones Phoenix (Fénix) en el sudeste asiático entre 1965 y 1973 o la Operación Gladio en la Italia de la postguerra, en la que actuaron los llamados “ejércitos secretos” de la OTAN conformados por criminales terroristas—, dejaron rastros imposibles de borrar.

En Europa, los grupos fascistas reincorporados a tareas “sucias” fueron protegidos y reclutados para cometer atentados de falsa bandera, asesinatos y secuestros destinados a acabar con el “peligro del comunismo”, como surge en el transcurso de este Informe.

Los jefes de estas operaciones criminales y los asesinos “estrellas” participaron de una a otra: de Phoenix a Gladio, de Gladio a Cóndor, los mismos nombres, las mismas metodologías que han dejado miles de víctimas, en una cadena que se desarrolló a lo largo de los años y en distintos lugares del mundo. De Cóndor a Guantánamo, de los centros clandestinos de detención en Vietnam a los establecidos en el Cono Sur en los años 70 y las cárceles secretas que ofenden a la humanidad en su conjunto en este siglo, y que han convertido a gobiernos y países europeos en cómplices de crímenes contra la humanidad.

A 40 años de la creación de la Operación Cóndor, este Informe es una respuesta a los que tomaron el nombre de un ave venerada por los pueblos indígenas del altiplano para ejecutar tareas de muerte, destrucción y desolación. Tendremos la palabra viva de víctimas, familiares, y de aquellos que, en cada uno de los países implicados, investigaron y juzgaron a los criminales de Cóndor para que Nunca más sea.

CAPÍTULO 1

El contexto
mundial: Guerra Fría
y contrainsurgencia

La Operación Cóndor fue creada en 1975 para estrechar vínculos entre los servicios de inteligencia y organismos represivos del Cono Sur y actuar coordinadamente en el territorio de los países miembros. La creación de esta organización terrorista transnacional se enmarcó en un contexto mundial de enfrentamiento entre los bloques capitalista y comunista, conocido como Guerra Fría. Como táctica dentro de esa contienda, los EEUU aplicaron esquemas contrainsurgentes para “contener” al comunismo internacional, destacándose la Operación Fénix en Vietnam y los ejércitos secretos de la OTAN en Europa, precedentes ambos de las prácticas terroristas clandestinas empleadas durante la Operación Cóndor.

1. La Guerra Fría

La Guerra Fría fue un conflicto entre los Estados Unidos de Norteamérica (EEUU) y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que se desarrolló entre la segunda posguerra mundial (1947) y la disolución del bloque socialista (1989-1991), tras la caída del Muro de Berlín y el desmembramiento del régimen comunista ruso.

Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Francia, Reino Unido, la URSS y los EEUU se habían aliado para enfrentar a las fuerzas del Eje, compuestas por la Italia fascista de Benito Mussolini, la Alemania nazi de Adolf Hitler y el imperio del Japón de Michinomiya Hirohito. Mientras la URSS y las tropas aliadas derrotaron a Alemania e Italia en Europa, EEUU consiguió la rendición definitiva del Japón tras la detonación de dos bombas nucleares en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, mostrando al mundo por primera vez el apocalíptico poder destructivo de la nueva tecnología atómica.

Terminado el conflicto bélico más grande de la historia de la humanidad, el sistema geopolítico mundial adquirió una fisonomía única. Las potencias tradicionales como Alemania, Francia o el Reino Unido estaban devastadas y habían perdido peso político internacional. Solo dos de los victoriosos estaban en condiciones de disputar el liderazgo: los EEUU y la URSS, que asumieron el rango de superpotencias y forjaron dos bloques políticos, económicos e ideológicos antagónicos.

La bipolaridad implicó la existencia de un modelo de “democracias liberales” capitalistas sostenido por los Estados Unidos, y un contra-modelo de “repúblicas populares” comunistas apoyado por la Unión Soviética. El bloque capitalista se consolidó fundamentalmente con el Plan Marshall de ayuda económica para la reconstrucción europea, los pactos militares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN, 1949) y la Organización del Tratado del Sudeste Asiático (SEATO, 1954), los organismos multilaterales de Bretton Woods (FMI, Banco Mundial, GATT) y la Comunidad Económica Europea (1957). Su contraparte comunista se basó en un acuerdo económico, el Consejo de Ayuda Mutua Económica (conocido por su sigla en inglés, COMECON, 1949), y uno militar-político, el Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua (popularmente conocido como Pacto de Varsovia, 1955). El símbolo de la bipolaridad fue el Muro que desde 1961 dividió en dos a Berlín, delimitando por tres décadas un sector comunista y otro capitalista.

Al comenzar la Guerra Fría, los norteamericanos contaban con el monopolio de la tecnología atómica. Solo dos años después, en 1949, la URSS había detonado su primera bomba atómica en el desierto de Kazajstán. Este hito terminó de definir el rasgo más evidente de la Guerra Fría: el enfrentamiento entre ambas superpotencias no podía ser a través de las armas nucleares porque significaba asumir un “pacto suicida”.[1] La paradoja de la carrera armamentística atómica disuadió cualquier estallido bélico abierto entre EEUU y la URSS, garantizando que los conflictos fueran limitados. Si bien, como afirmó el historiador Eric Hobsbawm, generaciones enteras crecieron con pánico por la posibilidad de un conflicto nuclear que arrasara a la humanidad, la amenaza de una “aniquilación mutua asegurada” impidió que los bandos destruyeran buena parte del planeta.[2]

En este esquema determinado por el temor atómico, hubo etapas de mayor y menor tensión, pero casi nunca paz, debido a las endémicas guerras que se desataban casi todos los años en algún punto del planeta. Entre las superpotencias, las hostilidades se desplegaron principalmente en el ámbito económico, diplomático, ideológico, armamentístico y de inteligencia-espionaje.

El enfrentamiento abierto no sucedió nunca en el “Primer Mundo” (el Oeste, la Europa occidental y el Atlántico Norte) ni en el “Segundo Mundo” (el Este, la Europa oriental y los aliados a la URSS), que transitaron el período de paz más extenso desde el siglo XIX.[3] El verdadero polvorín fue el denominado “Tercer Mundo” (América Latina, África y buena parte de Asia), donde se produjeron las guerras de Corea (1950-1953), Vietnam (1954-1975) y numerosos procesos de revoluciones nacionalistas y descolonizadoras, interpretados en su mayoría por los EEUU como un enfrentamiento Este-Oeste.

Las revoluciones, conflictos y crisis que caracterizaron al Tercer Mundo durante las primeras tres décadas de la posguerra fueron acompañadas por masivos movimientos sociales, de minorías étnicas, feministas, obreros y estudiantiles. Los procesos de descolonización se vieron respaldados por el surgimiento de un Movimiento de Países No Alineados (MPNA), liderado entre otros por la Yugoslavia de Tito, que pretendían forjar una opción por fuera del esquema bipolar para el Tercer Mundo. En 1955 durante la Cumbre de Bandung, en Indonesia, se reunieron representantes de países asiáticos y africanos, donde se sentaron las bases para una política de desarrollo anticolonialista que exigía el respeto de su neutralidad y soberanía territorial, luchando en soledad por la coexistencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos.

En síntesis, la Guerra Fría puede ser caracterizada como una hostilidad perpetua entre las superpotencias, combinada con su mutua determinación de no utilizar la fuerza para decidir definitivamente al ganador.[4] En esta competencia, los EEUU intentaban evitar una “hipotética supremacía mundial” de la URSS a futuro, mientras que la URSS luchaba contra la “hegemonía real” en el presente sobre todas las porciones del mundo no ocupadas por las tropas soviéticas.[5] Ambas potencias adoptaron una estrategia global de disuasión indirecta con guerras limitadas y flexibles en el Tercer Mundo.

1.1 La doctrina Truman. Contención del comunismo y guerra limitada

En 1946 George Kennan, un experto diplomático norteamericano en asuntos rusos, edificó uno de los pilares de la política exterior de los EEUU en la Guerra Fría. Mediante un telegrama y un artículo en una revista especializada, Kennan postuló que la hostilidad soviética sería constante por décadas, aunque no significaba necesariamente que buscara derrocar al sistema capitalista con plazos prefijados. La URSS, según Kennan, esperaba que el comunismo triunfara en el largo plazo sobre el capitalismo por la propia dinámica de cada sistema. Bajo esta perspectiva, lo mejor para los EEUU era la “contención a largo plazo, paciente pero firme y vigilante, de las tendencias expansionistas de los soviéticos”.[6] La contención implicaba que EEUU debía entrar en un prolongado conflicto “frío”, es decir, sin uso de las “calientes” armas nucleares.

Un año después, el presidente norteamericano Harry Truman coloco otro pilar con su discurso ante el Congreso que dio origen a lo que se conoció como “doctrina Truman”. El presidente planteó entonces que los EEUU solo podían sobrevivir en un mundo donde hubiera “libertad” y manifestó su voluntad de ayudar a los pueblos libres frente al “totalitarismo”, que ponía en jaque la paz internacional y por ende la seguridad de los EEUU. La contención, enfocada desde la óptica de Truman, implicaba reconocer que su país no era omnipotente, sino que debía priorizar la intervención allí donde pareciera que la URSS ampliaba su esfera de influencia.[7]

El anticomunismo que aparecía en la retórica oficial no era, sin embargo, el fundamento principal de la política exterior norteamericana en estos años.

Más bien se trataba de evitar que una potencia europea desequilibrara el tablero global, como lo había hecho Alemania en las dos guerras mundiales. El mismo Kennan consideraba que Rusia hubiese tenido que ser “contenida” aunque no fuera comunista.[8] Truman, por su parte, exageraba la “amenaza comunista” para lograr el apoyo del Congreso y movilizar a la opinión pública norteamericana que tradicionalmente era aislacionista.[9] El anticomunismo exaltado, que fue representado al interior de los EEUU por el “macartismo”,[10] fue siempre una herramienta sumamente útil para los presidentes norteamericanos. Presionados por el complejo militar-industrial, consiguieron así en muchas oportunidades elevar los impuestos y el gastos militares ante la sociedad.[11]

En los años 50 del siglo XX, la doctrina Truman y la contención se combinaron con la “teoría del dominó”, atribuida al Secretario de Estado John Foster Dulles. Proponía que si un Estado clave de una región pasaba a manos comunistas podía arrasar a las otras “fichas” en su caída. La “Teoría del dominó” permitía estirar los límites de aplicación de la “doctrina Truman” y la contención y se siguió aplicando hasta tiempos de Richard Nixon.[12]

El presidente Truman consiguió los fondos para ayudar a Grecia y Turquía en 1947 bajo la premisa de que representaban al mundo libre ante las guerrillas comunistas. Fue la primera aplicación concreta de la “contención”. Sin embargo, la “doctrina Truman” terminó de forjarse durante la Guerra de Corea (1950-1953), el primer enfrentamiento directo de la Guerra Fría desatado por una agresión de tropas norcoreanas comunistas sobre la Corea del Sur capitalista.

China, donde recientemente había triunfado una revolución comunista liderada por Mao Tse Tsung, abastecía formalmente a Corea del Norte, que también recibía apoyo encubierto de la URSS. Los EEUU temían que si no respondían a la agresión, todo el joven sistema de alianzas mundial caería como las fichas de un dominó. Con este diagnóstico, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió enviar tropas lideradas por el general norteamericano Douglas MacArthur, veterano de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Me Arthur concibió el conflicto como una “guerra total”, donde los EEUU debían atacar directamente a China para cortar los suministros. Sin embargo, el presidente Truman terminó relevando del cargo a Me Arthur, cercando el teatro de operaciones a Corea y evitando una situación que podía llevar al involucramiento soviético. Esa fue la primera experiencia norteamericana de “guerra limitada” combinando la disuasión con una respuesta flexible y selectiva. De allí en más, sería su estrategia dominante para toda la Guerra Fría.[13]

La dicotomía entre el mundo libre y el comunismo de Truman funcionó con relativo éxito para los EEUU hasta fines de los 60, cuando los reveses en la guerra de Vietnam desgastaron este “consenso anticomunista” que daba forma a la “contención”.[14]

1.2. Los años 60. De la crisis de los misiles a la Guerra de Vietnam

A comienzos de la década de 1960 la Guerra Fría entró en una etapa con fuertes claroscuros. Por un lado, había signos evidentes de “distensión”, en buena medida impulsados por una decidida reorientación de política exterior soviética con Krushev. La coexistencia pacífica basada en el temor al apocalipsis nuclear parecía encontrar un camino, mientras la última zona fronteriza en disputa se cerraba con la edificación del Muro de Berlín y se instalaba el famoso “teléfono rojo”, que conectaba directamente Moscú con Washington, para evitar malos entendidos que pusieran en riesgo la humanidad. Pero, por otro lado, unas pocas regiones del escenario mundial generaron fuertes tensiones.

El triunfo de la Revolución Cubana (enero de 1959), en una isla situada a 90 millas de Estados Unidos, se transformó en el mayor desafío a la hegemonía estadounidense en América Latina. Si al comenzar se proclamaba como una revolución nacionalista y tenía como objetivo derrocar al dictador Fulgencio Batista, la nueva Cuba de Fidel Castro rápidamente viró hacia el socialismo. La reacción de presidente John Fitzgerald Kennedy fue invadir la isla caribeña en Bahía de Cochinos. En esta acción participaron disidentes cubanos entrenados por la CIA y radicados en Miami, quienes conformarían en el futuro los llamados “grupos terroristas” que habrían de intervenir en la Operación Cóndor en los años 70.

El fracaso de la invasión de 1961 derivó en la instalación de plataformas de lanzamientos de misiles soviéticos defensivos en Cuba, lo que al año siguiente puso al mundo al borde de un enfrentamiento militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Fue el momento más grave de la Guerra Fría. La llamada “crisis de los misiles” se resolvió con el retiro de los proyectiles soviéticos de la isla a cambio de que EEUU retirara los suyos de Turquía y prometiera no derrocar al gobierno socialista cubano.

Las premisas de los años de Truman —contención del comunismo y EEUU como gendarme mundial de la “libertad”— fueron profundizadas por las administraciones de Kennedy (1961-1963), y su sucesor Lyndon Johnson (1963-1969). Los programas de ayuda económica iniciados por Truman fueron continuados con otros, como la Alianza para el Progreso destinada a América Latina. Sin embargo, las transferencias económicas y créditos de los EEUU se dirigieron casi en su totalidad a la ayuda militar: para 1963, año del asesinato de Kennedy, el 90% de la ayuda exterior estaba destinado a este rubro, y a mediados de la década había más de un millón de soldados norteamericanos acantonados en treinta países.[15]

Vietnam fue el caso más trágico y emblemático de la política exterior norteamericana de los 60. La antigua colonia francesa de Indochina[16] había sido invadida durante la Segunda Guerra Mundial por el imperio de Japón. En ese contexto, un movimiento de guerrillas comunistas lideradas por Lio Chi Min comenzó a luchar contra el invasor japonés. Terminado el conflicto mundial, Francia intentó reconquistar su posición dando inicio a un período de treinta años de guerra constante en Vietnam.

La potencia colonial francesa fue derrotada en la batalla de Dien Bien Phu, nueve años después de que Vietnam hubiera declarado su independencia. Terminada esta guerra de independencia (1946-1954), EEUU respaldó al régimen establecido por las potencias atlánticas en Vietnam del Sur, proporcionándole en, los 50, dinero, armamento y entrenamiento militar con presencia de oficiales de la CIA. A partir de 1957, las fuerzas guerrilleras comunistas en el sur —el Frente de Liberación Nacional de Vientam, conocido como “Vietcong”— comenzaron una nueva lucha por la liberación y por la unificación con la República Democrática del norte. El éxito de las acciones del Vietcong, apoyado no solo por Vietnam del Norte sino también por China y la URSS, apresuraron la intervención masiva de los EEUU a partir de 1963, transformando en conflicto en una disputa poscolonial atada al esquema bipolar.

A fines de 1964, el presidente Johnson comenzó las operaciones de represalias contra Vietnam del Norte: fueron estos los primeros ataques norteamericanos en tierras comunistas desde la Guerra de Corea. Un año después, las tropas norteamericanas en la región pasaron de unas 16.000 a más de 125.000; superándose el medio millón de soldados en 1969.[17] Las cifras de civiles muertos y heridos se contaban por cientos de miles a poco de comenzado el conflicto, y en solo tres años los EEUU habían descargado sobre Vietnam del Norte bombas por un tonelaje mayor que las lanzadas por las tropas aliadas en todo el mundo durante la Segunda Guerra Mundial.[18] Ante esta escalada, la posibilidad de una intervención directa china o soviética tuvo al mundo en vilo por varios años.

A pesar del gigantesco aparato bélico desplegado por los norteamericanos, la guerra de guerrillas desplegada por el Vietcong resistió. Con el paso de los años, se formó en suelo norteamericano un fuerte movimiento de rechazo y protesta contra la guerra que se tornaba cada vez menos popular. La opinión pública mundial, por otro lado, conocía por la cobertura periodística internacional las atrocidades de las tropas norteamericanas, como la matanza perpetrada en la aldea de My Lai (1969).

En este contexto, Richard Nixon comenzó su presidencia (1969-1974) prometiendo finalizar la guerra y repatriar a los soldados norteamericanos, operación concretada en 1972. EEUU continuó apoyando económica y militarmente al régimen del sur y bombardeando Vietnam del Norte.

Las negociaciones por la paz concluyeron en 1973, con la firma de alto el fuego en París y la retirada de Estados Unidos de Vietnam del Sur. No obstante, la guerra continuó por dos años más hasta la victoria total del Frente Nacional de Liberación y el fracaso definitivo de EEUU, con la toma de Saigón y la unión entre el Norte y el Sur bajo la República Socialista de Vietnam (abril de 1976).

1.3. Los años 70. La doctrina Nixon,
la détente y la crisis económica mundial

Vietnam marcó una profunda reorientación de la política exterior norteamericana, dado que el resultado adverso y los enormes costos económicos y humanos de la guerra socavaron la forma en que se venía aplicando la “contención” del comunismo. Al mismo tiempo, la Guerra Fría entró en una etapa bautizada con el vocablo francés détente, una distensión que reemplazó al modelo más rígido de enfrentamiento.

Este viraje significó el abandono definitivo de la “doctrina Truman” y el paso a la llamada “doctrina Nixon” o “doctrina Guam”. Al momento de asumir la presidencia Richard Nixon (1969-1974), EEUU estaba enfrascado en una guerra sin salida en Vietnam mientras se buscaba un determinado equilibrio con la Unión Soviética en los arsenales nucleares. Estos factores condujeron, en buena medida, a un reajuste estratégico a nivel doctrinal esbozado por Nixon durante una conferencia de prensa en la isla de Guam, en julio de 1969, donde declaró que EEUU “esperaba que sus aliados se hicieran cargo de su defensa militar y asumieran mayores responsabilidades en su propia seguridad regional”.[19]

En noviembre del mismo año, en un famoso discurso sobre Vietnam, Nixon confirmó esta reorientación, que fue llamada “vietnamización” de los conflictos. En lo sucesivo, EEUU respetaría todos los compromisos asumidos y escudaría frente a una potencia nuclear a todos los países libres que fueran estratégicamente vitales para su política exterior. Sin embargo, en caso de agresión, EEUU solo brindaría ayuda al agredido, quien debía cargar con el peso principal de la defensa.[20] Vietnam del Sur sería armado y equipado de la mejor manera posible pero no seguiría habiendo intervención directa, se iniciarían conversaciones de paz y las tropas norteamericanas se retirarían, hecho que, efectivamente, se concretó tres años después. La política internacional norteamericana bajo los años de Nixon, Gerald Ford y James Cárter, en los que se desarrolla la Operación Cóndor, se configuró de manera regional y multilateral. EEUU se apoyó en Estados claves en cada zona para sostener el equilibrio regional contra el comunismo. La concepción rígidamente bipolar de contención universal fue abandonada por esta estrategia de equilibrios de poder regionales, tendiente a fomentar la estabilidad y los statu quo para que los conflictos del Tercer Mundo no regresaran como un boomerang al centro del sistema internacional.[21] En este sentido, mientras Henry Kissinger cumplía funciones diplomáticas claves, EEUU reconoció los intereses legítimos de China (atrayéndola para contrabalancear el poder soviético en Asia, tras la ruptura entre Moscú y Pekín).

Un complemento esencial de esta reorientación estratégica norteamericana de los 70 fue la “distensión” entre las superpotencias, es decir, una coexistencia pacífica con la URSS cuyo signo más evidente fueron los acuerdos para el control de la carrera armamentista. Los pactos más importantes fueron los firmados como resultado de las Strategic Arms Limitation Talks (SALT) en 1972 y 1979. Los SALT ayudaron a reducir la ansiedad global y a asegurar la paridad que evitaba que una potencia atacara formalmente a la otra.[22] Pero, lo aquí expuesto se explica sobre todo a partir del cambio del telón de fondo sobre el que se escenificaba la Guerra Fría.

En principio, en 1973, una crisis económica larvada en el sistema capitalista internacional eclosionó cuando los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) embargaron las exportaciones de petróleo a las potencias atlánticas en el marco de una guerra árabe-israelí. El precio del crudo se cuadriplicó en cuestión de días.

Lo cierto es que, desde fines de los 60, el modelo de crecimiento de la posguerra basado en el petróleo barato, el sistema fordista de producción, el pleno empleo garantizado por el Estado en convenciones colectivas de trabajo, y la demanda agregada impulsada por el gasto público mostraba signos de agotamiento. Para EEUU, el problema fundamental era que su economía industrial había perdido competitividad frente a los nuevos exportadores mundiales: Japón y Alemania.[23]

El resultado de la ecuación era que la balanza comercial norteamericana comenzó a ser deficitaria en el mismo momento en que el presupuesto gubernamental alcanzaba picos históricos de déficit por los costos de la Guerra de Vietnam, generando inflación y debilidad del dólar. Ante la fuga de reservas, Nixon declaró la inconvertibilidad del dólar en oro y devaluó la moneda para mejorar la competitividad norteamericana.[24]

Sus nuevos competidores industriales, y los países en vías de industrialización de América Latina o el Sudeste Asiático, dependían estructuralmente del petróleo de la OPEP, ahora mucho más caro. En esta coyuntura, los industriales norteamericanos se vieron beneficiados a mediano plazo, al encarecerse los insumos básicos del resto. En lo inmediato, había mucha incertidumbre.

Aunque los profundos efectos de este inestable escenario económico internacional eran insospechables para mediados de los 70, el resultado claro fue que los países encararon la novedosa situación de inflación sin crecimiento conocida como “estanflación” con un progresivo ajuste neoliberal que implicó el recorte del gasto público, el control de la emisión monetaria, y la caída de los costes laborales y de la conflictividad obrera a través del desempleo, generalizado en parte por las nuevas tecnologías productivas que permitían reemplazar cada vez más al hombre por las máquinas robotizadas.

Como si fuera poco, a la incertidumbre económica generalizada y el desastre de Vietnam, EEUU sumó un nuevo fracaso durante la guerra de árabe-israelí de octubre de 1973. Cuando Egipto y Siria comenzaron la ofensiva durante el día de Yom Kippur, la alarma mundial se encendió para EEUU: el equilibrio de poder regional en el Cercano Oriente corría riesgo de torcerse en contra de su aliado principal, Israel. Los países árabes, apoyados por la URSS, fueron finalmente derrotados militarmente por Israel, pero EEUU fracasó rotundamente en conseguir el apoyo esperado de sus aliados occidentales, principalmente Inglaterra y Francia. La estrategia de contención de EEUU no concitaba apoyos necesarios tanto dentro su país como en la opinión pública mundial. Por último, durante la década de los 70 la otra superpotencia parecía estar equilibrando la balanza mundial o incluso inclinándola en su favor. La URSS había alcanzado la paridad estratégica con los EEUU, desarrollando su poderío militar y armamentístico.[25] Con el poder disuasorio equilibrado, lo que parecía torcer el destino a favor del “enemigo rojo” era el triunfo, promediando la década, de una serie de revoluciones en el Tercer Mundo que se transformaban casi en su totalidad en apoyos estratégicos de Moscú.[26]

Semejante escenario internacional determinó la reorientación estratégica de EEUU. Con un profundo realismo, las administraciones de Nixon, Ford y Cárter abrazaron la “distensión” y la “doctrina Nixon” como la mejor opción para conseguir los objetivos norteamericanos a bajo costo geopolítico y económico. La détente no significaba el fin de la “contención”, sino que la realidad imponía continuarla por otros medios.[27] El mundo se deslizaba lentamente hacia una “segunda guerra fría” y una economía internacional neoliberal, esquema triunfante durante los años 80.

EEUU aplicó a nivel global su estrategia de “vietnamización” de cada conflicto. Para evitar caer en manos comunistas, cada país perteneciente al bloque capitalista debía encargarse prioritariamente de su seguridad nacional sabiendo que contaba con la asistencia militar y financiera norteamericana, aunque la potencia occidental hubiera decidido no comprometer directamente a sus tropas. Para América Latina, esto significó que gobiernos como el de Salvador Allende en Chile o Juan José Torres serían desestabilizados por dictaduras de seguridad nacional apuntaladas por EEUU, siguiendo la vieja premisa de contención del comunismo.

2. Conceptos y aplicaciones de la contrainsurgencia

En palabras del investigador Gabriel Périés, la doctrina contrainsurgente, es una “normatividad específica codificada para el uso de la violencia (…) a los fines de sofocar una insurrección a mano armada”. Forjada a partir de las experiencias coloniales europeas, la contrainsurgencia (en adelante CI) sistematiza y legitima la intervención de “ejércitos especializados en el mantenimiento del orden” frente a quienes pretenden derrocarlo.[28] Sin embargo, entre los investigadores no existe un acabado consenso que permita dar una definición precisa de “contrainsurgencia”, por lo cual se aportaran diferentes aproximaciones a partir de algunas de sus características.

La CI es imposible de aprehender sin algunas referencias a la insurgencia, entendidas como dos polos opuestos de un conflicto militar.[29]

Desde la perspectiva militar, los denominados “insurgentes” son fuerzas irregulares que combaten a las estatales para lograr una radical transformación política, económica y/o social. La insurgencia —término también de definición huidiza[30]— combina tácticas de guerra de guerrillas con acciones de movilización política, propaganda, desobediencia civil, sabotaje y violencia para socavar lentamente la legitimidad de la autoridad gobernante en un determinado territorio. La base fundamental del éxito de la insurgencia es conseguir el apoyo y colaboración de la comunidad: en palabras de Mao Tse Tsung, sumergirse como el pez (núcleo insurgente) en el agua (población civil).

La CI intenta “aislar al pez del agua”: deslegitimar a los insurgentes mediante un plan integral de acciones económicas, políticas, sociales, de inteligencia, psicológicas, territoriales, militares y paramilitares. Frecuentemente, la campaña contrainsurgente es llevada a cabo por una fuerza de seguridad externa que intenta sostener gobiernos débiles y cercar al foco rebelde.

Si bien se pueden interpretar con estos términos algunos conflictos del siglo XIX, fue después de la Segunda Guerra Mundial que las potencias Europeas y EEUU delinearon la CI como doctrina, a partir de un conjunto abigarrado de métodos y prácticas militares particulares. Durante la Guerra Fría, el Tercer Mundo —donde los “insurgentes” fueron calificados mecánicamente como “subversivos marxistas”— fue el laboratorio de prueba y estudio para su formulación. La CI fue aplicada in extenso contra los movimientos anticoloniales y revolucionarios, con el propósito de garantizar el control social y la estabilidad política. La principal enseñanza de los primeros conflictos de la Guerra Fría fue que, para derrotar a las guerrillas, había que abandonar una concepción tradicional de la guerra centrada el estudio del terreno, el manejo de los recursos o el ejército enemigo. El tránsito de conflictos bélicos convencionales a otros irregulares obligó a los militares a replantear sus tácticas y estrategias: el foco debía estar puesto ahora sobre la población civil.[31]

Habiendo definido como objetivo primordial la penetración en las estructuras sociales para aislar a los insurgentes, la CI se caracteriza por dotar a las fuerzas de seguridad con funciones policiales y represivas amplísimas, tales como arrestos, allanamientos, interrogatorios y requisas al margen de la ley. Para ello, se potencian los organismos y prácticas de inteligencia y espionaje, estableciendo un régimen de vigilancia permanente en la región. El control sobre los hombres debe apuntar a ser total, incluyendo la restricción de su movilidad o los desplazamientos forzosos y masivos de zonas determinadas, estableciendo un anillo de contención.[32]

La guerra psicológica es la clave del éxito: se debe conquistar la mente y el alma del ser humano, influyendo en su fuero más íntimo para lograr que cese en su apoyo a las fuerzas insurgentes. Las operaciones psicológicas planificadas se basan en la propaganda “blanca” —a favor del gobierno—, “gris” —aprovechamiento de rumores— y “negra” —desinformación sobre el enemigo—, para desorientar a las poblaciones, confundirlas, e intimidarlas ante la “amenaza comunista”. Estas acciones buscan influir deliberadamente sobre el razonamiento, el comportamiento, las emociones de las personas, siendo acompañadas para garantizar su éxito por un uso extremo de la violencia.[33]

Otro componente básico es la utilización de fuerzas irregulares o paramilitares acompañando la acción de las militares. En la “lucha antisubversiva”, aquellas se amoldan a la perfección a un tipo de contienda donde la línea que divide civiles de combatientes es casi inexistente. Por un lado, es la forma más eficaz de garantizar un control cercano de la comunidad donde anida la insurgencia. Por otro, si la estrategia general es lograr adhesión al gobierno, el Estado no puede aplicar la violencia cruda contra los rebeldes, diseminados entre población civil.[34]

El Estado no responde por la brutalidad de los paramilitares a los que, en teoría, no controla. Esta práctica se vio profundizada a partir de la lección de Vietnam: la contención no debe implicar la acción directa y abierta de las tropas, porque conlleva altísimos costos políticos.[35] La doctrina de guerra de baja intensidad norteamericana, aplicada en Centroamérica en los 80, fue la máxima expresión de cómo llevar adelante un enfrentamiento bélico dejando las menores huellas posibles.

Tanto las operaciones de inteligencia formal como las actividades paramilitares ilegales se ejecutan rompiendo casi todas las reglas que norman el uso legal de la fuerza. Las acciones “contraterroristas”, la aplicación sistemática de torturas en interrogatorios, los asesinatos y desapariciones masivas se tornan moneda corriente bajo los esquemas contrainsurgentes. Para sintetizar, se puede retomar la caracterización de las operaciones contrainsurgentes de siglo XX —una de los cuales fue Cóndor— que ha propuesto la historiadora Patrice McSherry:

organización y utilización de fuerzas paramilitares irregulares bajo control estatal, tejiendo redes de informantes y auxiliares civiles para tareas de inteligencia y represión;

ampliación de las capacidades y agencias estatales de inteligencia para aumentar el control y vigilancia sobre la sociedad;

ejecución de acciones terroristas —denominadas “contraterrorismo”— para disciplinara a la población y eliminar opositores;

realización de campañas de guerra psicológica y propaganda negra para que ciudadanos atemorizados aceptaran la violencia estatal como la mejor salida posible al conflicto.[36]

En los años 70, financiadas, entrenadas y legitimadas por EEUU, las fuerzas militares contrainsurgentes brotaron como hongos por el mundo, organizando gigantescos aparatos estatales destinados a “labores de inteligencia, vigilancia y control social, incluidos en ellos sistemas secretos [de] tortura, (…) desaparición y (…) asesinato, y tecnologías nuevas de violencia para aterrorizar a poblaciones enteras”.[37] El Cono Sur se vio arrastrado por este torbellino.

2.1. De la guerra contrarrevolucionaria a la guerra contrainsurgente

Existen ejemplos exitosos de guerrillas apoyadas por la población civil desde tiempos de la Guerra de Independencia norteamericana (1775-1783) y de la resistencia europea contra Napoleón a comienzos del siglo XIX. También se sabe que, durante la primera mitad de la centuria pasada, Alemania, Gran Bretaña y Francia fueron los pioneros en desarrollar prácticas contrainsurgentes en sus territorios coloniales.[38] Sin embargo, los combates contra fuerzas insurgentes fueron marginales hasta la segunda mitad del siglo XX.

El período transcurrido entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y la década de 1960 fue la coyuntura clave para el nacimiento de la CI como doctrina. En esta etapa, las guerras revolucionarias de emancipación enfrentaron seriamente a los Estados coloniales forzando una renovación teórico-doctrinaria para las Fuerzas Armadas.[39] Hasta fines de los 50, los militares se concentraron en la praxis: experimentar, perfeccionar y aprender en los nuevos tipos de combate, con bajos niveles de teorización e intercambio de información entre los países.

Una de las experiencias seminales fue la de los británicos contra la insurrección comunista en Malasia (1948-1960), donde realizaron traslados sistemáticos de poblaciones de origen étnico chino hacia aldeas estratégicas y desfoliaron la selva.[40] Los desplazados fueron puestos en zonas seguras y con ellos se formaron cuerpos paramilitares para enfrentar la insurgencia. El plan también implicó: documentación de los malayos para facilitar las tareas policiales, arrestos y allanamientos sin órdenes judiciales, formación de una división especial de inteligencia policial, ayuda económica, operaciones de guerra psicológica[41] y la creación de unidades especiales comando como las Special Air Service (SAS).

Los franceses, a su vez, combatieron movimientos emancipatorios en sus territorios coloniales. Fundamentalmente, los militares franceses extrajeron las lecciones más importantes de sus combates en Indochina (1945-1954) y Argelia (1954-1962). A partir de ello, aportaron rasgos centrales de la CI y generaron una importante producción teórica.

Por último, continuando el terreno de las prácticas, los militares norteamericanos actuaron contra guerrillas insurgentes en Filipinas (1944-1946), Grecia (1946-1949) y en Corea (1950-1953). En estos conflictos, así como durante las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial, EEUU armó fuerzas paramilitares para que actuaran detrás de las líneas enemigas. La Central Intelligence Agency (en adelante CIA) participó activamente dirigiendo estas tempranas operaciones contrainsurgentes encubiertas, trascendiendo la pura esfera de la contención con acciones agresivas contra el comunismo.

La “agencia”, como se la conoce, había sido creada en 1947 por la Ley de Seguridad Nacional, junto al Consejo de Seguridad Nacional (CSN), bajo la presidencia de Truman. Desde un tiempo atrás las cúpulas militares norteamericanas planteaban la necesidad de aplicar tácticas no convencionales y psicológicas de combate, cuya responsabilidad debía recaer sobre las agencias de inteligencia civiles.

Una resolución de 1948 del CSN definió las tareas que debía cumplir la CIA, que incluían acciones encubiertas, propaganda, subversión contra Estados hostiles, sabotaje, guerra económica, asistencia a grupos resistentes clandestinos, y apoyo a elementos anticomunistas locales en países del mundo libre bajo “amenaza comunista”. Para ello, las operaciones debían ser realizadas de manera que el gobierno de los EEUU no tuviera relación con ellas y que, en caso de que fueran descubiertas, se pudiera negar cualquier responsabilidad estatal. Con este giro hacia las operaciones encubiertas, el CSN estimuló el reclutamiento para la CIA de agentes experimentados en combate de guerrillas en Grecia y Corea[42].

Los norteamericanos fueron también los primeros que financiaron un programa científico de investigación de la tortura como método contrainsurgente. Según el historiador Alfred McCoy, en los 50, el Programa MKULTRA estudió técnicas de manipulación, interrogación y tortura. La privación sensorial, la aplicación sistemática de dolor, el uso de drogas y otras prácticas difíciles de detectar fueron la base con la que se elaboraron los tristemente célebres manuales de interrogación de la CIA.[43] A partir de esta difusión, estos delitos fueron replicados por fuerzas de seguridad en el mundo entero.

En la década de 1960 fue cuando la doctrina alcanzó un nivel teórico integral. Militares británicos, franceses y norteamericanos fomentaron el intercambio de experiencias, sistematizaron los conocimientos adquiridos en la práctica y formularon teorías contrainsurgentes. La producción de escritos sobre la CI se multiplicó, tanto en manuales, libros y publicaciones sueltas como en revistas especializadas.[44] Las variantes nacionales confluyeron, circulando expertos de varios países entre diferentes instituciones relacionadas con la seguridad.[45] Los casos más conocidos fueron los de los franceses Roger Trinquier, Charles Lacheroy y Paul Aussaresses, que enseñaron en bases norteamericanas y tradujeron sus libros al inglés, y el británico Robert Thompson, principal asesor de EEUU en Vietnam del Sur sobre relocalizaciones de población.

Los pioneros en el esfuerzo teorizador fueron los franceses, que elaboraron a partir de su experiencia en Indochina y Argelia la doctrina de guerra contrarrevolucionaria.

En Argelia, durante el proceso de descolonización del Frente de Liberación Nacional (1954-1962), Francia reformuló su estrategia militar para evitar una derrota como la sufrida en Indochina. La guerra en Argelia fue la experiencia más fuerte hasta el momento de aplicación de un esquema contrainsurgente.[46] Los franceses aplicaron dispositivos de control territorial (quadrillage), torturas sistemáticas legitimadas para obtener información, desapariciones de personas (muchas de las cuales eran arrojadas desde helicópteros al mar), detenciones y allanamientos ilegales.[47]

De allí emergió el texto clásico de Trinquier La guerre moderne (1961), transformado al poco tiempo en un manual difundido en muchos países. Trinquier colocó al habitante en el centro del conflicto, involucrado por ambos bandos en una guerra donde los contrainsurgentes debían proceder en forma integral, interconectando acciones políticas, económicas, psicológicas, civiles y militares.[48]

A su vez, este veterano de la guerra de Indochina recomendaba el uso de grupos paramilitares. Según Alfred McCoy, ya en Indochina los oficiales más jóvenes del ejército francés miraban el escenario como un tablero de ajedrez donde podían mover como peones a tribus montañesas, bandidos y minorías religiosas, asegurando territorios para evitar la penetración del Vietminh. Como estas fuerzas irregulares no podían ser financiadas directamente, los franceses protegieron el negocio del opio que costeaba las actividades paramilitares, práctica luego continuada por los EEUU a través de la CIA.[49]

Quizá el aporte más dramático de Trinquier fue la legitimación teórica de la tortura, el terrorismo y los asesinatos que había practicado como base de la lucha contrarrevolucionaria. En su percepción, la tortura era determinante para la victoria, y estaba justificada porque los insurgentes no se comportaban como soldados merecedores de la protección de las leyes internacionales y convenciones de guerra. El anonimato y la clandestinidad de las fuerzas revolucionarias empujaban a las fuerzas contrasubversivas a identificarlos a cualquier costo.[50]

Los norteamericanos prestaron una particular atención a las elaboraciones europeas contrarrevolucionarias, al menos hasta los años 1960.[51] Las lecciones de Trinquier fueron aplicadas en Vietnam y luego en muchos otros conflictos en el mundo, a través del adiestramiento y la penetración ideológica de EEUU. La doctrina contrainsurgente norteamericana se diferenció de la contrarrevolucionaria francesa fundamentalmente porque esta última poseía un carácter esencialmente militarista, mientras la de EEUU se apoyaba más en las operaciones paramilitares y encubiertas.[52] A comienzos de los 60, el término “contrainsurgencia” apareció en varios memorandos de la seguridad nacional. De acuerdo al investigador Michael McCIintock, hasta entonces la doctrina antisubversiva norteamericana se había desarrollado en dos niveles conectados pero diferentes: el ofensivo —la formación de guerrillas, el método más experimentado hasta entonces—, y el defensivo —la “contrainsurgencia”, con sus implicaciones encubiertas.

Durante la presidencia de Kennedy, ambas corrientes comenzaron a fusionarse. En esta versión moderna de la CI, la gran novedad fue la subordinación de las técnicas y tácticas al principio de luchar “fuego con fuego”. Así, el elemento extralegal y no convencional fue legitimado como principio fundamental, prescribiéndose el “contraterror” como táctica privilegiada para volver simétrico un conflicto asimétrico.[53]

Esta fusión de las tácticas de guerrilla y de “contrainsurgencia”, a partir de la experiencia concreta de las Fuerzas Especiales del Ejército (Boinas Verdes),[54] se tornó el elemento central de las prácticas y doctrinas norteamericanas que se difundieron especialmente a los oficiales del Tercer Mundo, que se estaban entrenando para la próxima generación de conflictos y la reformulación de sus Estados según estas premisas.[55] Como sostiene Wasinski, EEUU fue un pivote central para la difusión de la CI, mediante la asistencia y el entrenamiento militar a ejércitos extranjeros, con especial influencia en el Cono Sur.[56]

Al tiempo que el cuerpo doctrinario terminaba de tomar forma, EEUU se dedicó a formar unidades especiales de comandos para la lucha antiguerrillera, como los Boinas Verdes. Estas pequeñas bandas con alto grado de autonomía se encargaban de la defensa interna en el extranjero, asegurándose sobre el terreno que los militares aliados no solo hubieran internalizado las nuevas premisas, sino que las pusieran en práctica.[57] La formación de estos hunter-killer teams (equipos de caza-asesinato) databa desde la guerra de Corea. Para los años 60 se habían multiplicado y actuaban con vestimenta y reglas guerrilleras.[58]

Los norteamericanos produjeron numerosos manuales contrainsurgentes. El manual de Operaciones Contrainsurgentes de 1960 fue uno de los primeros en tener una sección explícita de Operaciones Terroristas, táctica legitimada también desde revistas como Military Review, donde se asumía como necesario el secuestro y asesinato de élites políticas enemigas.[59] Un documento similar dedicado a Operaciones Psicológicas del Ejército de 1962 prescribía que, si las medidas iniciales tendientes a aislar a la insurgencia y debilitar a la guerrilla fracasaban, era necesario tomar medidas agresivas como los secuestros y el maltrato a líderes civiles.[60] Desde la CIA, se promovían expresamente técnicas de tortura como la descarga eléctrica, el uso de drogas, la hipnosis, la privación sensorial,[61] la aplicación del dolor, junto con los secuestros y asesinatos, tal como muestra el Manual Kubark[62] de Contrainteligencia en Interrogatorio (1963).[63] Por último, podemos citar otro manual de fines de la década (FM 31-16) que indicaba cómo crear fuerzas irregulares y organizar operaciones de guerra psicológica, sabotaje, espionaje, relocalizaciones, etc.[64]

A pesar de todas estas elaboraciones doctrinarias y teóricas, a comienzos de los 60 un instructor militar de alto rango en el US Army War College, en Pennsylvania, todavía manifestaba las dificultades para precisar la CI ante sus alumnos. Parafraseando un pasaje de Alicia en el País de las Maravillas, dijo “significa lo que yo quiero que signifique” (It means what I mean it to mean). Para el mayor Krulak, esto ilustraba lo problemático que resultaba —y resulta aún hoy— definir la CI.[65] Quizá esto siga sirviendo para encubrir las trágicas implicaciones concretas que implican los esquemas contrainsurgentes.

2.2. Operaciones contrainsurgentes en Vietnam y Europa

Dos operaciones contrainsurgentes marcaron los años 1970: una en Vietnam —Operación Fénix—, y la otra en Europa, comúnmente llamada Operación Gladio. Sus motivos políticos, sus influencias doctrinales, las características de su funcionamiento —así como algunas figuras implicadas—, conducen directamente a la Operación Cóndor.

2.2.1. Operación Fénix

La Operación Fénix fue un programa contrainsurgente para crear fuerzas paramilitares y terroristas con el objetivo de eliminar la infraestructura civil que apoyaba a la insurgencia del Frente Nacional de Liberación de Vietnam (FNLV-Viet Cong) durante la guerra de Vietnam. El programa estuvo en funcionamiento entre 1965 y 1972, aunque antes y después existían y continuaron existiendo iniciativas similares. Sus semejanzas con la Operación Cóndor fueron planteadas en 1976 por el periodista británico Richard Gott, en un artículo donde comparó ambas.[66]

William Colby fue enviado a Vietnam por el presidente estadounidense Lyndon Johnson —y por el director de la CIA, Richard Helms—, en 1968. Allí estuvo a cargo del programa Fénix, y dirigió los programas Civil Operations and Rural Development Support (CORDS, Operaciones Civiles y de Apoyo al Desarrollo Rural). Colby, a su llegada, decidió unificar todos los programas de operaciones encubiertas de la CIA en Vietnam del Sur bajo el nombre de Fénix, para eliminar a los miles de miembros del Vietcong.

La Operación Fénix incluyó el uso de sistemas computarizados de identificación de sospechosos, asesinatos masivos, la guerra psicológica, operaciones de caza y asesinato de objetivos prefijados. Para las “tareas sucias”, la CIA creó unidades paramilitares con libertad de acción integradas por voluntarios survietnamitas y marines norteamericanos.[67]

Se formaron equipos especiales que operaban de forma independiente llamados Counterterror Teams (CT, Equipos Contraterroristas), encargados de vigilar y eliminar a los sospechosos detectados por los servicios de inteligencia. Por si fuera poco, tropas regulares norteamericanas se agruparon en estructuras semiclandestinas dentro del ejército, como los Tiger Forces. Eran unidades especiales que actuaban de manera independiente y arbitraria detrás de las líneas enemigas como grupos comando, operando de hecho como paramilitares.[68] Según algunos testimonios, había hombres encargados de hacer la vigilancia y “marcar” el blanco, que se comunicaban luego con un equipo de asesinato, formado por una veintena de survietnamitas, conducidos por “Boinas Verdes”.[69]

Los norteamericanos, además, elaboraban listas de sospechosos, participaban en los interrogatorios y financiaban todos los programas. Un folleto de 1966 reconocía que se pegaban imágenes de unos grandes ojos en las casas de los sospechosos, para infundirles terror psicológico.[70] El centro de la operación fue la acción contra los civiles, que eran secuestrados, torturados e interrogados en centros de detención clandestinos. En muchas ocasiones, las atrocidades perpetradas eran atribuidas al Vietcong, como parte de la guerra psicológica.[71]

Este programa fue visto como una verdadera “campaña de asesinatos”, y una clara violación a los derechos humanos por parte de EEUU. Al retirarse de Vietnam, el grueso de las fuerzas militares fueron derivados a la desestabilización del gobierno de la Unidad Popular en Chile. Muchos de ellos, como Theodore Shackley o David Sánchez Morales, han sido relacionados a actividades CIA en Chile.

En 1971 William Colby reconoció ante la Comisión del Senado del Congreso de Estados Unidos que, mediante el programa Fénix, se mató a 20.587 sospechosos en Vietnam —según el gobierno de Saigón, el número de muertos fue de 40.994—. Cuando Colby se presentó ante el Congreso en las Audiencias del Senado, que fueron publicadas en el libro Los archivos de la CIA,[72] sostuvo por una parte que sus acciones tenían el visto bueno del gobierno de Estados Unidos, del Presidente del país, del Consejo de Seguridad Nacional, y que además el Congreso estaba informado.

2.2.2. Operación Gladio (las redes Stay-behind de la OTAN)

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los servicios norteamericanos y británicos decidieron crear grupos especiales clandestinos que operarían contra el comunismo, en especial en caso de que llegara al poder vía elecciones o por una invasión soviética en Europa, aun antes de la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).[73] Estas redes llevaron el nombre de stay-behind (“grupos de retaguardia” en inglés) pero comúnmente se las designa como Gladio (“Espada” en italiano), el nombre de la red italiana, ya que su existencia fue relevada públicamente el 24 de octubre de 1990 por el Presidente del Consejo de Ministros de Italia Giulio Andreotti.

Estas redes stay-behind se encuadraban dentro de la OTAN, creada mediante el Tratado de Washington de 1949, para unir a diez países de ambos lados del Atlántico[74] en una política de defensa mutua ante una agresión armada contra cualquiera de ellos. Según Christopher Simpson, EEUU consiguió, mediante una cláusula oculta de la OTAN, que los países miembros se comprometieran a oponerse a la influencia comunista, aunque fueran elegidos por sus habitantes. Para esta tarea debían crear ejércitos clandestinos como ramas de sus servicios secretos.[75] Estos “ejércitos secretos” fueron entrenados por la CIA y el Secret Intelligence Service (SIS o MI6) británico.

Las redes stay-behind se distinguieron rápidamente como promotores del terrorismo contra la izquierda. La denominada “estrategia de tensión” buscaba desestabilizar los países donde los partidos comunistas podían acceder legalmente al poder.[76]

En el caso de Italia, los miembros de extrema derecha del Gladio atribuyeron sistemáticamente la responsabilidad de sus atentados a la extrema izquierda, para deslegitimar al Partido Comunista italiano. Así ocurrió con el atentado de la Piazza Fontana en Milán del 12 de diciembre de 1969, que dejó dieciséis muertos y decenas de heridos. Finalmente, la justicia italiana procesó a miembros de la extrema derecha como sus responsables.

Las redes stay-behind comenzaron a actuar en Italia, y luego en Alemania, Francia, Bélgica, Austria, Holanda, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, España, Portugal, Luxemburgo y Turquía. Los proyectos de retaguardia de Europa se formulaban, según Patrice McSherry, en el Comité Clandestino de Coordinación de la Sede Suprema de las Potencias Aliadas de la OTAN.[77]

Sus miembros eran estrictamente anticomunistas de derecha, como los conocidos Stefano Delle Chiaie[78] —de la organización fascista Avanguardia Nazionale— e Yves Guérin-Sérac, antiguo oficial francés y miembro de la organización terrorista OAS (Organización del Ejército Secreto), que pretendía sabotear el proceso de independencia en Argelia.

Se sabe que Delle Chiaie puso su experiencia en Gladio al servicio de la Operación Cóndor, como pudo demostrar la jueza argentina María Servini de Cubría durante las investigaciones sobre el atentado contra el chileno Carlos Prats. Delle Chiaie encarnaba, como pocos, las conexiones entre las fuerzas anticomunistas a nivel global en un momento en que el Cono Sur se estaba transformando en el relevo regional de la contrainsurgencia, como lo demostraría la Operación Cóndor.[79]

CAPÍTULO 2

El contexto regional:
América Latina en
tiempos de las dictaduras
de seguridad nacional

En el contexto mundial de la Guerra Fría, América Latina recibió el asesoramiento, entrenamiento y apoyo de EEUU para implementar dictaduras de seguridad nacional que eliminaran la “subversión marxista”. Como fichas de un dominó, las democracias del Cono Sur cayeron progresivamente ante dictaduras militares que se proponían clausurar los espacios de participación política popular y eliminar los movimientos contestatarios. Para ello, desataron una escalada de violencia estatal y paraestatal que fue el marco regional de la Operación Cóndor.

1. La política exterior
de Estados Unidos hacia América Latina

En el contexto de la Guerra Fría, EEUU planificó su política exterior de acuerdo a su experiencia durante la Segunda Guerra Mundial, imaginando una posible guerra total con la URSS. Para América Latina, elaboró una doctrina de seguridad hemisférica contra el comunismo plasmada en la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), en 1947. Dicho tratado implicaba que las instituciones militares latinoamericanas actuarían como un bloque bélico dirigido estratégicamente por EEUU en una defensa colectiva continental ante agresiones externas.[1] Cinco años antes había creado la Junta Interamericana de Defensa (JID), que tenía como objetivo fomentar entre las repúblicas americanas el intercambio de puntos de vista, el estudio de problemas, la formulación de recomendaciones para la defensa del hemisferio y la colaboración de sus Fuerzas Armadas.[2] En el mismo sentido de defensa contra una agresión externa, en la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de 1948 —que proveía la base jurídico-política para articular el resto de las instituciones—, se pactó el deber de no intervención de un país americano en otro bajo ninguna causa.

Sin embargo, a poco de comenzar la guerra de Corea (1950-1953) el gobierno de Truman decidió cambiar esta estrategia de guerra total y defensa hemisférica por una de guerra limitada y flexible. Para este nuevo desafío, EEUU combinó las premisas de su política exterior con las de defensa nacional para instaurar una Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), que implicaba llevar la política de defensa interna contra el comunismo al terreno internacional. Así, la política exterior norteamericana hacia América Latina inició una transformación que derivó en un esquema de guerra limitada de baja intensidad, respuesta flexible y control de subversión interna de cada país.[3]

Según Ernesto López, con este viraje, “la cuestión de la seguridad regional como sumatoria de las seguridades internas de cada país reemplazó a la de defensa hemisférica [y] para los Estados Unidos, seguridad interna en los países de la región equivalía a control de la ‘subversión comunista’”.[4] En la Conferencia Interamericana de Caracas de 1954, EEUU consiguió aprobar una resolución que consideraba una amenaza para la soberanía de cualquier Estado latinoamericano el control de las instituciones estatales por el “movimiento comunista internacional”. En menos de tres meses, las declaraciones se transformaron en hechos con el golpe de Estado contra el gobierno progresista de Jacobo Árbenz en Guatemala. Luego, la Revolución Cubana de 1959 vino a confirmar para las autoridades norteamericanas la necesidad de profundizar esta reorientación estratégica.

La seguridad interna de cada país pasó a ser la prioridad. La misión de los latinoamericanos, para la política exterior de EEUU debía ser mantener la seguridad interior y posponer enfrentamientos entre sí, en una especie de división internacional del trabajo en materia de seguridad. Así, mientras EEUU se encargaba del enfrentamiento global contra los países soviéticos, los países latinoamericanos debían atacar, en el interior de sus territorios, las versiones locales del enemigo, fueran estas supuestas o reales.

Todo aquello que no se subordinase a los nuevos principios de la DSN fue catalogado bajo el difuso y multifacético concepto de “amenaza comunista”.[5] Dado que el nuevo enemigo era interno e internacional a la vez, las fronteras políticas eran obsoletas para delimitar las fuerzas en combate. Las fronteras ideológicas devinieron en el dogma central de la nueva doctrina. La batalla se libraba en todo el mundo y el enemigo estaba ahora en todas partes. Como resumió José Comblin,

… la seguridad nacional tal vez no sabía muy bien qué era lo que defendía, pero sab[ía] muy bien contra quien: el comunismo. Su indefinición es lo que hace a su eficiencia: el comunismo puede aparecer en todos los sectores de la sociedad; para luchar contra él es preciso un concepto muy flexible (…) La omnipresencia del comunismo se correspondía con la omnipresencia de la seguridad nacional.[6]

1.1. La Ley de Seguridad Mutua
y los Programas de Ayuda Militar

Una de las herramientas para la nueva política continental norteamericana fue la sanción de la Ley de Seguridad Mutua (LSM) de 1951, que autorizaba la ayuda militar, económica y técnica para países amigos con el objetivo de reforzar la seguridad mutua y defender los intereses nacionales de EEUU. Con esta medida, los países de América Latina pasaron a ser “elegibles” para recibir asistencia militar siempre que acordaran participar de la defensa del hemisferio occidental.[7] La traducción práctica de la LSM fue —a partir de 1952— la firma de convenios bilaterales llamados Programas de Ayuda Militar (PAM) que, a cambio del préstamo, venta o donación de material bélico, permitía la instalación de una misión en la comandancia máxima de cada Fuerza Armada latinoamericana para supervisar su utilización y colaborar con la instrucción de cuadros y tropas.[8] Los PAM fueron reemplazados por la Ley de Asistencia Exterior de 1961, de un tenor similar a los primeros. Este armazón de acuerdos bilaterales fue un eficaz vehículo para ejercer influencia sobre los cuerpos y doctrinas militares latinoamericanas, inculcando las premisas de la nueva DSN. En 1963, el Secretario de Defensa Robert Mc Namara reconoció este objetivo implícito manifestando que en esa década el armamento, equipos y entrenamiento suministrados por los PAM habían dejado de orientarse a la defensa hemisférica para hacerlo hacia “la seguridad interna en contra de subversiones de inspiración comunista o agresiones encubiertas”.[9] En el mismo sentido, una comisión parlamentaria de EEUU declaró, en 1970, que los PAM habían contribuido a “introducir eficazmente los dogmas antisubversivos en numerosos países amenazados” y habían permitido “desarrollar la influencia militar en los países beneficiarios con una muy baja relación costo beneficio”.[10]

1.2. Las Conferencias de Ejércitos
Americanos y el nuevo rol de los militares en la región

Al mismo tiempo que los PAM se dirigían a cuadros medios e inferiores, la JID elaboró un Plan Defensivo General destinado a la cúpula de las Fuerzas Armadas de la región. A esta iniciativa se sumó la creación de conferencias militares periódicas. La primera reunión fue una Conferencia Naval Interamericana, en Panamá, en 1959. Al año siguiente se desarrolló la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA) en el mismo país, y en 1961 se completó con la Conferencia de Jefes de las Fuerzas Aéreas Americanas.

Estas conferencias brindaron un medio para formular estrategias coordinadas por fuera del control civil, consolidaron la línea antisubversiva en los militares latinoamericanos y alentaron su participación en la política de cada país legitimando la autonomización de las Fuerzas Armadas respecto del poder civil.[11] Como destacó Jorge Tapia Valdéz, la aplicación de la doctrina norteamericana de seguridad nacional en América Latina implicó incrementar el rol político de las fuerzas de seguridad, preparándolas no solo para la guerra contrainsurgente sino también para dirigir los procesos económicos y sociales de cada país.[12]

De esta manera, la DSN significaba concebir militarmente el funcionamiento de la sociedad y del Estado, y legitimar la ocupación por parte de los militares de diferentes espacios institucionales, que trascendían las funciones castrenses. En buena medida ello sucedía porque la corporación militar se concebía a sí misma como la única fuerza política organizada, superior a cualquier fuerza civil, y que debía cumplir la misión histórica de integrar a la nación y tutelar sus intereses cuando los civiles perdieran el control social y político.[13]

Esta ocupación de las instituciones estatales por parte de los militares, en el marco de la DSN, se concretaba a partir de golpes de Estado. A partir de entonces, la lógica militar “amigo-enemigo” era aplicada concretamente al plano político y social transformando al adversario en enemigo, militarizando todo lo relacionado a la “seguridad”, y convirtiendo a todo el sistema social en un sistema bélico.[14]

1.3. El adiestramiento de los militares
latinoamericanos por los Estados Unidos

El correlato necesario de la DSN fue el entrenamiento de militares latinoamericanos en bases norteamericanas. Un antecedente de esta iniciativa fue la creación, en 1946, del National War College en Washington, por donde pasaron numerosos militares extranjeros. A partir de esa experiencia, se multiplicaron los centros especiales de entrenamiento y adoctrinamiento para militares del continente.[15] Según datos de la Agenda de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), entre 1950 y 1998, Estados Unidos capacitó a unos 125.000 militares de América Latina y el Caribe, casi la mitad de ellos pasó por bases en Panamá.[16] Entre estas se destacaban el Centro de Entrenamiento en la Selva (Jungle Warfare Training Center) en Fort Sherman, creado en 1953, y la tristemente célebre Escuela de las Américas (US School of the Americas, SOA) en Fort Gulick. Por la SOA, que impartía desde 1956 solo cursos en idioma castellano, pasaron entre 1961 y 1977 más de 33.000 militares latinoamericanos.[17] Asimismo, en Panamá estaba instalado el cuartel general del Comando Sur (The United States Southern Command, SOUTEICOM), que, a diferencia de los otros entes continentales, era una institución unilateral del sistema militar interamericano que garantizaba el dominio de EEUU en la región y supervisaba la ayuda militar prestada.[18]

Además de los centros de formación en bases territoriales y extraterritoriales norteamericanas, los militares eran adiestrados mediante la instalación de Grupos Móviles de Entrenadores (Mobile Training Teams, MTT’s) en los países firmantes de los PAM. Estos equipos móviles provenían, desde 1962, también de Panamá, donde estaba instalado el 8.º Grupo de Fuerzas de Acciones Especiales. Por último, también se instruía a la cúpula de las Fuerzas Armadas del continente en el Colegio Interamericano de Defensa (CID) en Washington, dependiente de la JID y la OEA. Creado en 1962, dentro de su primera promoción ya había representantes de 15 países americanos distintos, enfatizándose desde entonces su carácter internacional.[19]

El núcleo del adiestramiento provisto a los militares latinoamericanos residía en técnicas contrainsurgentes que implicaban no solo el combate a las guerrillas en escenarios hostiles, como la jungla centroamericana, sino también las técnicas terroristas y de tortura. En base a investigaciones recientes sobre los manuales utilizados en estos centros de entrenamiento, se puede afirmar que desde 1950 los militares norteamericanos enseñaban técnicas de asesinato. En los 60 ya se realizaba instrucción en métodos de tortura tales como descargas eléctricas, drogas, hipnosis, depravación sensorial, dolor y otros métodos de interrogatorio; métodos de asesinato y amenaza a miembros de la familia del prisionero para desmoronar su resistencia; y operaciones de guerra psicológica. A su vez, se instaba a montar fuerzas irregulares para combatir la subversión y a realizar operaciones terroristas como una táctica legítima de combate contrainsurgente.[20]

1.4. La CIA y el rol de los organismos de Inteligencia

En este entramado de instituciones y programas de la política exterior estadounidense en América Latina, la CIA cumplió un rol clave. A pesar de su nombre, la agencia no se dedicaba (ni se dedica) únicamente a realizar tareas de recolección de información de manera encubierta, sino que a través de la Dirección de Operaciones realiza acciones políticas y paramilitares concretas. La primera víctima latinoamericana de la CIA fue el mencionado gobierno guatemalteco de Jacobo Árbenz Guzman, en 1954. La operación encubierta, llamada PB Success, incluyó un bloqueo naval, apoyo aéreo, sabotajes y la entrega de armas y entrenamiento a las fuerzas exiliadas en Honduras comandadas por el golpista Castillo Armas. Guatemala fue la primera experiencia de la Guerra Fría donde se formaron escuadrones de la muerte antisubversivos y se practicaron desapariciones forzosas como parte de la guerra contrainsurgente.

En lo que respecta al Cono Sur, la CIA realizó numerosas operaciones importantes en la región, algunas de las cuales se comentarán en este informe. Las tareas de inteligencia resultaron ser la clave para afrontar lo que se conoció como “guerra psicológica”, una táctica fundamental dentro de la contrainsurgencia. Las fuerzas de seguridad estatales de Sudamérica tomaron el ejemplo de las instituciones norteamericanas de inteligencia y crearon sus homólogos latinoamericanos. Debido al rol específico que cumplía la región dentro del conflicto global, los servicios del Cono Sur nacieron militarizados y politizados. Debían actuar específicamente contra sus conciudadanos trazando “la delicada y fina línea entre quién es un enemigo, un ‘tonto útil’ o simplemente un ciudadano cándido”.[21]

Estos organismos operaron en general por encima de las jerarquías y cadenas de mando militares tradicionales, respondiendo a altas esferas de la política y la seguridad nacional.[22] A menudo contaron con empresas “fantasma” que permitían encubrir sus operaciones ilegales y se nutrieron de fuerzas civiles paramilitares. Algunos ejemplos de organismos de este tipo que operaron durante los años de Cóndor son: la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) —y su sucesora, la Central Nacional de Inteligencia (CNI)— en Chile; el Servicio de Informaciones de Defensa (SID) y la Dirección Nacional de Informaciones e Inteligencia (DNII) en Uruguay; el Segundo Departamento de Inteligencia del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas (ESMAGENFA) en Paraguay; la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la Jefatura II de Inteligencia del Ejército que utilizó al Batallón de Inteligencia 601 en Argentina; el Servicio Nacional de Informaciones (SNI), la Central de Informaciones del Exterior (CIEx), y los Departamentos de Orden Político y Social (DOPS) en Brasil.

El investigador Enrique Serra Padrós ha conceptualizado este amplio proceso de penetración ideológico-doctrinaria de los Estados Unidos como la “pentagonización” de América Latina. La densa red de relaciones tramada mediante las instituciones, agencias y programas mencionados comprendió el intercambio de información, la provisión de equipos militares, la instrucción para acciones encubiertas, el entrenamiento en seguridad interior y el acceso a escuelas militares norteamericanas. De esta manera, la “pentagonización” moldeó a las fuerzas de seguridad estatales (policiales y militares) y para estatales (paramilitares) del Cono Sur en las décadas de 1960 y 1970.[23]

2. Las dictaduras de seguridad nacional del Cono Sur

En el Cono Sur, las décadas de 1960 y 1970 se caracterizaron por la implantación de violentos regímenes autoritarios que llevaron a la práctica las líneas de la Doctrina de Seguridad Nacional. Los pioneros fueron Brasil y Argentina a mediados de los años 1960, y cada país se apropió de la DSN a su manera, generando distintas interpretaciones según cada contexto nacional y cada formación castrense. Tanto Perú como Ecuador siguieron una línea que los diferenció de sus pares, combinando postulados de la DSN con premisas desarrollistas.[24]

2.1. Crónica de los golpes de Estado

El país que ostentó la más larga dictadura de la región fue Paraguay. En 1954, el mismo año del derrocamiento de Árbenz en Guatemala, el general Alfredo Stroessner Matiuda dio un golpe de Estado en un país jaqueado en todo el siglo XX por gobiernos militares, proscripción de opositores y violencia política. Stroessner gobernó el Paraguay hasta 1989 mediante una cruenta dictadura, haciéndose reelegir en varias ocasiones como presidente en comicios viciados por la represión y el fraude.

En Brasil, Jóao Goulart llegó a la presidencia en 1961 tras la renuncia de Jamo Quadros. Heredero político de Getulio Vargas, Goulart impulsó reformas económicas, amplió la intervención estatal, realizó una reforma agraria, mejoró el acceso a la educación y consiguió mejorar la situación de los postergados en Brasil. Sin embargo, su orientación de centro izquierda, el apoyo conseguido de parte de los sindicatos y las medidas tomadas en dirección de recortar los beneficios de las multinacionales instaladas en Brasil determinaron que el de Goulart se convirtiera en uno de los gobiernos asediados en el continente por la política exterior norteamericana y por la férrea oposición de sectores de la derecha conservadora brasileña.

La CIA había intervenido, con una inversión de 20 millones de dólares, en las elecciones de 1962 para evitar que Goulart controlara el Congreso. Dos años después, un movimiento golpista liderado por Humberto Castelo Branco derrocó mediante un golpe de Estado al presidente, contando con el apoyo del embajador norteamericano en Brasil y el agregado militar Vernon Walters[25].

La dictadura brasileña fue la primera aplicación concreta de la DSN en la región. Los jefes militares suspendieron la Constitución, censuraron la prensa, proscribieron a numerosos políticos, se arrogaron la potestad de detener sin proceso judicial a cualquier sospechoso de “subversión”, e instauraron una feroz represión a toda disidencia. Los golpistas crearon, en 1964, un órgano para centralizar los servicios de inteligencia, el Servido Nacional de Infromaçoes (SNI), con facultades para actuar en todo el territorio brasileño que luego se ampliaron para incluir operaciones en el exterior.

La dictadura no cerró el Congreso, pero a partir de 1965 disolvió los partidos políticos existentes y conformó un partido oficial y uno opositor para recrear una supuesta democracia. En realidad, el poder siguió residiendo en los militares, que impusieron a colegas retirados de las fuerzas como presidentes hasta 1985.

El siguiente país en instaurar una dictadura de similares características fue Argentina. Con el peronismo proscripto, el radical Arturo lllia había sido elegido presidente en 1963 con solo un 25% de los votos. Su gobierno, débil desde el inicio por su escaso caudal electoral, estuvo jaqueado por los intereses económicos de grandes empresas extranjeras, por los militares y por campañas de desprestigio en la prensa. Las Fuerzas Armadas, acaudilladas por el general Juan Carlos Onganía, destituyeron a lllia en junio de 1966 y reemplazaron la Constitución Nacional por un Estatuto de la Revolución Argentina.

El régimen instaurado a partir de entonces se caracterizó por los intentos de disciplinar a la sociedad en todos los ámbitos (político, económico, social, cultural) y por la adopción de los lineamientos de la DSN. El clima social y político fue tomando carices revolucionarios hacia finales de la década de 1960, destacándose el movimiento de protesta conocido como “Cordobazo”.

Los militares planearon una salida del poder a través de nuevas elecciones, en las que el peronismo retornó al poder. Tras la breve presidencia de Eléctor Cámpora, Juan Domingo Perón fue elegido presidente nuevamente, acompañado como vicepresidenta por su esposa María Estela Martínez. El mandato de Perón fue turbulento y breve. El líder murió a mediados de 1974 y dejó en el poder a su mujer. El gobierno de Martínez de Perón, a su vez, estuvo marcado fundamentalmente por el crecimiento de la violencia, la aparición de una fuerza parapolicial (ver apartado Triple A) y la inestabilidad económica. Con su posición fortalecida frente a una clase política en descomposición y diezmada por la represión, las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. Instauraron un régimen de terror que duró hasta 1983 y dejó un saldo de decenas de miles de desaparecidos y asesinados.

En Bolivia, un país decano en golpes de Estado, Víctor Paz Estenssoro fue derrocado en 1964, quedando en el poder el general René Barrientos, cuyo régimen intentó establecer un pacto con sectores del campesinado al tiempo que reprimía al movimiento obrero, en especial a los mineros.

En tanto, se formaron algunas guerrillas rurales que fueron comandadas por Ernesto “Che” Guevara, quien no logró consolidar el movimiento. El “Che” fue capturado y luego asesinado en octubre de 1967. El comando boliviano que lo capturó y asesinó había sido adiestrado y asistido por fuerzas norteamericanas e incluía a agentes de la CIA como el exiliado cubano Félix Rodríguez, quien dio la orden para ejecutarlo. El mismo Rodríguez había participado de una serie de operaciones contrainsurgentes, entre ellas Fénix en Vietnam.

En 1969, Barrientes murió en un accidente y lo sucedió Luis Siles Salinas. Pero el general Alfredo Ovando Candía derrocó a Siles ese mismo año, inaugurando un gobierno militar que se acercó a la izquierda. Ovando nacionalizó concesiones de la Gulf Oil Company y favoreció al movimiento obrero. Sus tendencias izquierdistas canalizaron un nuevo golpe de Estado de los sectores conservadores del Ejército. El general progresista Juan José Torres resistió y triunfó ante los golpistas. Ovando, desgastado políticamente, dejó en la presidencia a Torres, quien promovió el acercamiento a sindicalistas y sectores estudiantiles, dándole participación a vastos sectores mediante la creación de una asamblea del pueblo.

Rápidamente, el gobierno de Torres se convirtió en una amenaza para las fuerzas de la seguridad nacional y en un nuevo objetivo prioritario. Los mismos sectores que fallaron en el golpe en 1970 emprendieron una ofensiva mucho más violenta y sangrienta, desalojando del poder a Torres en 1971 sin haber completado un año de mandato e imponiendo en su lugar a Hugo Banzer, graduado de la Escuela de las Américas y ex agregado militar en Washington. Banzer instaló una dictadura de seguridad nacional por siete años, y ordenó el asesinato de Torres (1976) mientras vivía exiliado en Buenos Aires.

En Perú, en 1963, triunfó en elecciones tuteladas por los militares Fernando Beláunde Terry. Su gestión incrementó el rol del Estado, amplió los servicios sociales y promovió una reforma agraria limitada. Los campesinos, desencantados, invadieron las propiedades rurales y surgió una guerrilla. Hacia 1966 el movimiento había sido ferozmente reprimido, dejando decenas de muertos. En medio de una crisis económica, el presidente fue derrocado por otro golpe militar, que dejó al mando a Juan Velasco Alvarado. El nuevo gobierno se propuso reformar el orden económico y social peruano, intentando disminuir las enormes desigualdades de su país.

Velasco, considerado un general progresista, realizó un vasto plan de nacionalización y estatización de empresas y concesiones claves en la economía peruana (petróleo, minería, pesca, comunicaciones, energía) y concretó una reforma agraria que redistribuyó más de 9000 hectáreas del escaso suelo fértil del país. También promovió una reforma educativa que implicó la enseñanza bilingüe y reconocer al quechua como lengua oficial del país junto al castellano. En política exterior, el presidente acercó posiciones con el gobierno cubano y con la URSS. Con estos antecedentes, fue considerado enemigo por las fuerzas contrainsurgentes, que dieron un golpe de Estado en 1975 encabezado por Francisco Morales Bermúdez, luego presidente hasta 1980. En las antípodas de Velasco Alvarado, Bermúdez fue acusado de violaciones a los derechos humanos y por su participación en la Operación Cóndor.

En Uruguay, a mediados de los años 1960 los sectores asalariados habían conseguido unificarse en torno a la Convención Nacional del Trabajo (CNT) y desde 1962 el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T) presionaba como guerrilla urbana para mejorar las condiciones sociales y económicas de la población. En 1967, una reforma constitucional que fortaleció la figura presidencial permitió al entonces jefe del ejecutivo, Jorge Pacheco Areco, iniciar un proceso de concentración de poderes que derivaría en una dictadura. Durante el “pachequismo” se intensificó la represión a militantes políticos y sindicales de izquierda, y se combatió a los Tupamaros. Pacheco combinó esta estrategia represiva con una política económica regresiva que eliminó las convenciones colectivas de trabajo.

En las elecciones de 1971 triunfó el oficialismo con Juan María Bordaberry. Pero en este escenario apareció una nueva fuerza política: el Frente Amplio, que núcleo sectores de izquierda, progresistas y demócratas cristianos. Ante esta situación, en 1973, el Parlamento suspendió las garantías individuales y votó el estado de guerra interna. La represión se tornó sistemática, desarticulando a los Tupamaros y persiguiendo a toda forma de oposición política o sindical. Al poco tiempo, se creó el Consejo de Seguridad Nacional, se terminó por disolver tanto el Parlamento como a la CNT, se censuraron varios periódicos opositores y se ilegalizaron todas las expresiones políticas progresistas. Este “golpe en cámara lenta” aplicó el terrorismo de Estado, como el resto de las dictaduras de DSN, y dejó un saldo de miles de torturados y exiliados.

En Chile se instaló también una dictadura feroz que terminaría siendo la cuna de la Operación Cóndor. A mediados de los años 1960, el gobierno conservador de Jorge Alessandri enfrentaba una situación política caracterizada por la polarización. Hacia las elecciones de 1964, la izquierda liderada por Salvador Allende estaba en condiciones de disputar la presidencia. Ante este contexto, los conservadores establecieron una alianza con los demócratas cristianos. Apoyados por una vasta operación de la CIA —que invirtió una veintena de millones de dólares en propaganda política y otras estrategias—,[26] estos sectores llevaron al poder a Eduardo Frei. Hacia 1970, Chile se aprestaba a celebrar unas nuevas elecciones. La izquierda formó la Unión Popular como coalición encabezada por Allende, la derecha conservadora promovió la vuelta al poder de Jorge Alessandri, y los demócratas cristianos llevaron como candidato a Radomiro Tomic. El resultado fue similar a lo que venía sucediendo desde hacía años: ninguna fuerza consiguió una victoria amplia. Allende logró un triunfo con el 36% de los votos, sobre el 35% de Alessandri. De acuerdo a la Constitución chilena, el Congreso debía ratificar la victoria de Allende. Desde ese momento comenzó, apoyado por la CIA, un complot militar y una campaña desestabilizadora acompañada de fuga de capitales. Las intervenciones de EEUU para impedir que Allende asumiera el poder y luego para derrocarlo, transformó el golpe de Estado en Chile en un modelo para toda la región.

2.2. Chile: un caso modelo

Aunque la acción estadounidense contra Chile era inocultable entre los años 1971-1973 y ya se denunciaba la aplicación de un esquema contrainsurgente, recién en 1998 la desclasificación de archivos en EEUU reveló al mundo su intervención directa. Una selección de cables de los Archivos de Seguridad Nacional de EEUU, permitió reconstruir una historia de brutal intervencionismo que ya había sido expuesta en el propio Congreso estadounidense en 1975 en el llamado “Informe Hinchey”.

Estos documentos fueron altamente censurados, intentando ocultar la complicidad de EEUU tanto en el asesinato de Letelier como en la desaparición de los norteamericanos Frank Teruggi y Frank Horman durante los primeros tiempos de la dictadura chilena. Con esta historia se realizó el filme Missing, dirigido por Costa Gavras, que se convirtió en un fuerte testimonio contra las acciones de Washington. Sin embargo, fue este abundante material probatorio lo que ha transformado al caso chileno en el ejemplo más claro de la intervención norteamericana en la región para instalar una dictadura de seguridad nacional. Miembros del Consejo de Seguridad Nacional sospechaban que, si asumía Allende, sería un pésimo ejemplo para la región porque llevaría al poder a un “marxista-leninista” elegido democráticamente y sin seguir el modelo revolucionario cubano.[27] Además, pensaban que Chile se convertiría en refugio de “subversivos” de la región[28].

En septiembre se realizó una campaña de desestabilización económica para “salvar a Chile”. En una reunión entre Nixon y Kissinger se ordenó iniciar un plan de acción de 48 hs en que proponían “hacer gritar a la economía”.[29]

En octubre de 1970, la CIA produjo un cable donde resumía: “es política firme y establecida de esta administración que Allende deber ser derrocado por un golpe militar”. Para ello la agencia envió un “grupo de Tareas” y consiguió el apoyo para su campaña de las compañías multinacionales norteamericanas.[30]

Pero que el general René Schneider fuera el jefe del Ejército complicaba las operaciones. Schneider era un militar constitucionalista que sostenía el sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder civil. El 22 de octubre de 1970, dos días antes de que el Congreso ratificara a Allende, un grupo de militares y civiles de Patria y Libertad lo emboscaron y le dispararon mientras circulaba en su automóvil: Schneider murió tres días después.

EEUU tuvo en este crimen un rol decisivo. Desde Washington, Henry Kissinger había dado órdenes precisas para que se ordenara actuar al general Roberto Viaux Marambio. Un cable de Richard Helms (director de la CIA) del día 16 de octubre de 1970 decía “Es imperativo que estas acciones se implementen (…) de manera que la mano norteamericana y la de su gobierno permanezcan bien ocultas…”[31]. En sus Memorias, Kissinger dice haber cancelado la operación el 17 de octubre y culpa de todo a Viaux.[32] Sin embargo, el “Informe Hinchey” señala que ese mismo día la CIA entregó armas de fuego a los complotados y luego le entregó 35.000 dólares “por razones humanitarias”.[33]

En el asesinato de Schneider actuó también Enrique Lautaro Arancibia Clavel, que fue uno de los personajes claves en la Operación Cóndor y también agente especial de la DINA, que sería la máxima creación de Augusto Pinochet después del golpe militar. A partir de los cables desclasificados, se supo que este primer complot contra el gobierno de Allende recibió el nombre de “Proyecto Fulbert”, y que fue dirigido por Thomas Karamessines, director de Planes de la CIA.[34]

La conspiración, apoyada por la derecha chilena, falló, y finalmente Allende asumió como el primer presidente socialista electo de la región. El gobierno de Allende intentó encaminar a Chile hacia el socialismo, nacionalizando recursos clave como el cobre, expropiando importantes empresas y concretando una vasta reforma agraria. Al tiempo que Allende gobernaba, sectores de la alianza en el poder apostaban por una vía revolucionaria al socialismo y veían con buenos ojos el crecimiento del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), una organización armada de izquierda creada en 1965.

La oposición de derecha chilena, con el apoyo de EEUU, que enviaba recursos y realizaba operaciones de desestabilización contra Allende, intentó obstaculizar la gestión del presidente. Pero las elecciones de medio término para renovar el parlamento revelaron que el gobierno se fortalecía. Este fue el último argumento de los sectores militares conservadores y opositores para promover el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que terminó con Allende muerto dentro del Palacio Presidencial y el general Augusto Pinochet en el poder. Comenzó entonces una de las más cruentas y largas dictaduras del Cono Sur, con miles de desaparecidos y asesinados por parte de un régimen de terror que continuó hasta 1990.

3. Las organizaciones político militares
y la Junta de Coordinación Revolucionaria

En la década de 1960 una generación de jóvenes desafió a los regímenes políticos que habían llevado al Cono Sur a la pobreza, la exclusión y la desigualdad. Los movimientos sociales radicalizados y las organizaciones político militares (en adelante OPM) rompieron con las formas establecidas de la política, criticando el reformismo de la izquierda tradicional y de los partidos progresistas. La revolución se convirtió en el camino para promover el cambio social, político, cultural y económico deseado.

Progresivamente, el programa de cambio se orientó en un sentido militarista, privilegiando en las discusiones, las formas de lucha armada por sobre la lucha política. La violencia se transformó en un recurso legitimado por la mayoría de los actores del sistema político regional siguiendo la lógica binaria de amigo-enemigo. Desde la nueva izquierda, la lucha armada se consolidó como el camino para tomar el aparato del Estado y realizar el proyecto del hombre nuevo antiimperialista y anticapitalista. Desde las fuerzas contrainsurgentes, la represión estatal era la herramienta para eliminar todo cuestionamiento social, político o cultural.

El éxito de la Revolución Cubana generó una réplica de las experiencias foquistas en el Cono Sur. La llamada teoría del foco, desarrollada por el “Che” Guevara, proponía que no era necesario esperar a que estuvieran dadas las condiciones para la revolución sino que, a partir de un pequeño foco guerrillero, se podía lograr una rápida expansión que consiguiera la adhesión de las masas y derrocara al régimen. En su visión tradicional, debían desarrollarse en zonas rurales, apoyándose en el campesinado. Posteriormente se intentó hacerlo desde la clandestinidad urbana. En muchos casos, se combinaron ambas opciones, impulsando una guerra popular prolongada tanto en zonas rurales como en las urbanas. Ello implicaba desarrollar un combate político, social, cultural, económico y militar conectando al núcleo guerrillero con los movimientos populares de masas y las clases medias urbanas. Para ello, se debía conquistar para la revolución a fracciones de los movimientos sociales de campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes, estudiantes, trabajadores, formando frentes intermedios que canalizaran sus reclamos. Así, los regímenes en el poder perderían legitimidad y se generaría una insurrección de masas que llevaría al ataque militar final.[35]

Fueron muchas las OPM que actuaron en la región, aquí solo se retoman los casos más representativos y se reconstruye el intento de coordinación con la Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR).

3.1. Las organizaciones político militares en el Cono Sur

En Brasil, al momento del golpe de Estado, no existían OPM, estas se formaron a partir de 1967. Fue justamente la dictadura de seguridad nacional implantada la que generó un replanteo estratégico de la izquierda brasileña, profundamente fragmentada.

La Acción Libertadora Nacional (ALN) se originó por la separación de Carlos Marighella del Partido Comunista Brasileño, liderado por una tendencia más moderada de Luís Carlos Prestes que no apoyaba la opción revolucionaria. Marighella, que había viajado a Cuba y China, fundó en 1968 la ALN como guerrilla urbana y rural, de tipo foquista. En 1969 Marighella se hizo mundialmente famoso por la publicación en varios idiomas de su Minimanual del Guerrillero Urbano, pero ese mismo año fue asesinado en una emboscada. Perseguida por la dictadura, la ALN realizó algunas acciones exitosas hasta 1973, cuando se disolvió.

Otra destacada OPM fue el Movimiento Revolucionario 8 de Octubre (MR8), descendiente de la Disidencia Comunista de Guanabara. Este movimiento contaba con fuertes apoyos en el medio universitario, promoviendo la lucha armada. Varios militantes fueron capturados en sus primeros años, pero el MR8 continuó su lucha. Para 1972, muchos de sus cuadros habían sido asesinados o vivían exiliados en Chile.

Por último, existió una importante guerrilla liderada por Mauricio Grabois que se asentó sobre el rio Araguaia, en la jungla del Estado de Pará, fundada por el Partido Comunista de Brasil de tendencia maoísta. Combatió a la dictadura brasileña desde 1967, pero tras varios operativos militares contrainsurgentes iniciados en la década del 70, estaba desarticulada para 1974. La masacre realizada superó un simple enfrentamiento armado: las Fuerzas Armadas de Brasil aplicaron una política de exterminio que apuntó a eliminar toda base de apoyo campesino al foco guerrillero. Al calor de las experiencias de Vietnam y Argelia, perpetraron cientos de secuestros, torturas, mutilaciones, ejecuciones y desapariciones. El caso fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que responsabilizó al Estado brasileño prescribiendo que investigue lo ocurrido, localice los restos de los desaparecidos, condene a los culpables e indemnice a las víctimas.

La más famosa experiencia foquista del Cono Sur se desarrolló en Bolivia, con la llegada encubierta de Ernesto “Che” Guevara en noviembre de 1966 y la formación del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La guerrilla estableció un campamento en diciembre cerca del río Ñancahuazú, donde participaron cubanos, bolivianos y el intelectual Régis Debray. Tras meses de inconvenientes y deserciones, el Che fue capturado junto con la mayoría de los sobrevivientes en octubre de 1967, siendo posteriormente asesinado. Una segunda etapa del ELN iniciada en 1969, fue la que lideró Inti Peredo, cofundador de la organización junto al Che. Tras el golpe de Banzer de 1971, la represión estatal terminó desarticulando al ELN en poco tiempo y muchos militantes se exiliaron en Chile.

En Chile, en agosto de 1965, se había formado el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) con la unificación de fracciones comunistas, socialistas, maoistas y trotskistas. Con una postura revolucionaria desde sus orígenes, cuestionaba el perfil reformista de los partidos comunista y socialista, aunque siempre fue un partido político sin un ejército específico. En 1967, cuando el ala más radicalizada de Miguel Enríquez conquistó su estructura directiva, el MIR se definió abiertamente por la insurrección armada, reestructurando sus cuadros. Al momento de asumir Allende, el MIR no participó de la coalición gobernante, la Unidad Popular, criticando su reformismo gradual. Pero, ante un gobierno socialista, suspendió la lucha armada y se concentró en desarrollar sus frentes.

Tras el golpe de Pinochet en 1973, el MIR inició un combate clandestino a la dictadura evitando exiliar a sus cuadros. Tras la experiencia de Allende, no contaba con el armamento ni la estructura necesaria para enfrentar la violenta represión estatal y paraestatal que terminó con la vida de Enríquez y muchos de sus líderes. Hacia 1975 el MIR había sido derrotado y sus miembros comenzaron a exiliarse. Algunas operaciones residuales contra Pinochet se realizaron durante los años 80.

En Uruguay, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) fue fundado, en 1962, a partir de sectores del comunismo, el socialismo, el anarquismo, el sindicalismo y el maoísmo. Su líder fue Raúl Sendic, dirigente sindical cañero de la Unión de Trabajadores del Azúcar de Artigas (UTAA). Desde el inicio no se conformó como un partido político sino como una guerrilla urbana, comenzando las acciones en 1963.

Entre 1968 y 1972, durante el gobierno de Pacheco Areco, los Tupamaros desarrollaron las operaciones más importantes con resultados diversos. En 1969 intentaron copar la ciudad de Pando, pero fueron derrotados. A partir de allí la organización se fortaleció, política y estructuralmente, contando con una fuerte adhesión popular. Al año siguiente, el MLN-T secuestró y ejecutó al agente norteamericano Dan Mitrione, en un caso mundialmente famoso, y luego concretó una fuga cinematográfica de más de 100 detenidos del penal de Punta Carretas.

En 1972, Sendic fue detenido por segunda vez, quedando encarcelado por trece años. Con el golpe de Bordaberry al año siguiente, la represión estatal terminó por desarticular al MLN-T, que ya había sido derrotado militarmente. Muchos militantes se exiliaron en Europa y en el resto del Cono Sur. Sus líderes fueron apresados como rehenes y trofeo de guerra hasta el retorno democrático, en 1985. Ya en democracia, Tupamaros se sumó a la arena política legal y se integró formalmente al Frente Amplio.

En Argentina, durante los 60 se formaron algunas OPM en el norte del país, como Uturuncos, el Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) y las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP). Uno de los más importantes fue el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), fundado en 1965 en Tucumán con una base de cañeros sindicalizados, grupos trotskistas y sectores indigenistas a los que se fueron sumando algunos militantes de diversos movimientos populares.

En 1970 un grupo guevarista encabezado por Roberto Mario Santucho obtuvo el liderazgo del PRT y, decidida ya la opción por la lucha armada, fundó —en 1970— la guerrilla del partido: el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). El PRT-ERP combatió a la dictadura de la Revolución Argentina, sufriendo importantes bajas y acelerando la caída del régimen. En agosto de 1972 varios de sus miembros, entre ellos Santucho, se fugaron junto a militantes peronistas de un penal en Rawson. Quienes no escaparon, fueron fusilados en una base militar en Trelew.

Bajo el gobierno peronista, el PRT-ERP inicialmente hizo una tregua. Pero luego del giro definitivo a la derecha de una parte del peronismo, retomó la lucha armada. Entre 1974 y 1976 sufrieron duros reveses militares —como el intento fracasado de copamiento de un arsenal militar en Monte Chingólo y el foco en Tucumán de la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez—, con gran cantidad de bajas. A ello se sumó el accionar represivo estatal y paraestatal, que diezmó y debilitó profundamente la organización. Tras el golpe de Estado de 1976, los líderes, incluido Santucho, fueron capturados o asesinados. Al año siguiente, tras la derrota definitiva, los cuadros sobrevivientes comenzaron un exilio que fragmentó y desarticuló el PRT-ERP. Una fracción liderada por Enrique Gorriarán Merlo combatió junto al Frente Sandinista de Liberación Nacional y ajustició al ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza en Asunción, en 1980.

Otra OPM destacada de la Argentina fue Montoneros. Formada durante la dictadura de Onganía entre grupos peronistas de izquierda, estuvo influenciada por el marxismo y el catolicismo tercermundista. Proponía la creación de un socialismo nacional y el retorno de Perón, con una retórica antiimperialista. En 1970 fueron conocidos a partir del secuestro, enjuiciamiento y asesinato del general Pedro Eugenio Aramburu, líder de la Revolución Libertadora y responsable del fusilamiento de militantes peronistas en 1956. Luego de esta acción, Montoneros creció rápidamente, consiguiendo apoyo popular. El mismo año tomaron una localidad en la provincia de Córdoba, copiando la toma de Pando realizada por los Tupamaros el año anterior. La organización fue duramente reprimida por la Revolución Argentina, pero sobrevivió hasta la vuelta del peronismo al poder.

En este nuevo contexto, Montoneros hizo una tregua, tras haber conseguido el retorno del líder desde el exilio español. La derecha peronista y las organizaciones paramilitares recrudecieron la represión sobre la organización, llegando a declarase ilegal luego de la muerte de Perón, momento en el que volvió a la clandestinidad. Desde entonces, profundizaron la lucha armada, con acciones en varios puntos del país. Luego del golpe de 1976, Montoneros continuó la lucha, destacándose el atentado de julio en la sede de Coordinación Federal de la Policía Federal. Sin embargo, la represión sistemática llevó a que muchos de los cuadros dirigentes se exiliaran, estableciendo un cuartel general en México y realizando viajes a Cuba. Desde allí se planeó y dirigió la “contraofensiva”, que implicó el retorno de grupos de Montoneros entrenados para acciones de guerrilla y propaganda entre 1979 y 1980. Ambas tentativas fracasaron y los militantes fueron alcanzados por la violencia estatal.

En Paraguay, por último, hubo algunas OPM que intentaron terminar con la dictadura de Stroessner, aunque todas fracasaron. Su nivel organizacional —más modesto—, de recursos y cuadros no era comparable con las que actuaron en el resto de la región. Los casos más importantes fueron: el Movimiento 14 de Mayo (M14), fundado en 1958 como guerrilla con rasgos foquistas; el Frente Unido de Liberación Nacional (FULNA) de la izquierda revolucionaria, operando en línea foquista a comienzos de los 60; y la Organización Político-Militar del Partido Comunista Paraguayo (PCP), más cercana al maoísmo a mediados de los 60.[36]

3.2. La Junta de Coordinación Revolucionaria

El “Che” Guevara había propuesto, en la Conferencia Tricontinental de La Habana, “crear dos, tres… muchos Vietnam”. A partir de esta convocatoria y de la conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad de 1967, donde se reunieron cientos de militantes de izquierda de la región, muchas OPM del continente se prepararon para respaldar la lucha del ELN.

La muerte del Che fue un catalizador para los contactos entre las OPM, iniciados en 1968 con la campaña de solidaridad del MIR con el ELN derrotado en Bolivia. Al mismo tiempo, todas las OPM se definieron por la lucha armada continental, que fue el consenso principal que permitió la colaboración. Para el momento de la segunda campaña del ELN, hubo acciones coordinadas entre la fracción chilena del ELN, el MIR, el PRT-ERP y el MLN-T. Como señala el investigador uruguayo Aldo Marchesi, “las experiencias de solidaridad alrededor de las dos campañas en Bolivia habían ayudado a generar una red informal de solidaridad y apoyo entre varias organizaciones armadas de la región”.[37]

Con la victoria de Allende, Chile se convirtió en un refugio seguro y elegido por los militantes para compartir experiencias y fortalecer los contactos, contando con el MIR como retaguardia estratégica. Allí se acercaban intelectuales, técnicos y políticos de todo el mundo para analizar la “vía chilena al socialismo”. Para 1971 se habían realizado encuentros bilaterales entre el ELN, el PRT-ERP, el MLN-T y el MIR en La Paz, Santiago y Montevideo.[38]

Las reuniones clave fueron las realizadas en noviembre de 1972 en Santiago de Chile. Allí las cúpulas del PRT-ERP, el MIR y el MLN-T acordaron crear una coordinadora regional al estilo de lo expresado por el “Che” en la Conferencia Tricontinental, realizar una declaración conjunta, crear una revista política y formar una escuela de cuadros. Según el relato de Gorriarán Merlo, fue Miguel Enríquez quien propuso crear un “instrumento de coordinación revolucionaria que implicara tanto el intercambio de experiencias políticas, como el intento de fijar posturas comunes (…) y el apoyo mutuo para solucionar la situación de compañeros perseguidos, los problemas financieros, de documentación, armamento…”.[39] Los militantes reunidos no imaginaban que en el mismo lugar, exactamente tres años, después se sellaría la Operación Cóndor.

En 1973 se formó la Escuela Internacional de Cuadros en Chile, se estableció un taller de fabricación de armas, comenzaron los intercambios sistemáticos de militantes entre las diversas OPM y se realizó una segunda reunión en Rosario, Argentina, donde se incorporó formalmente el ELN boliviano. Sin embargo, la experiencia chilena fue cortada abruptamente por el golpe de septiembre de 1973, transformándose Buenos Aires en la nueva retaguardia estratégica.

La cooperación se profundizó en Buenos Aires, oficializándose la existencia de la Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR) el 1.º de noviembre de 1974, con la publicación de la revista Che Guevara y el manifiesto A los pueblos de América Latina, traducido a varios idiomas y reproducido por las publicaciones de izquierda de todo el mundo. La JCR terminó de delinearse entonces como una coordinadora que mantenía la independencia estratégica y táctica de las OPM que la componían, intentando vincularlas y homogeneizarlas a partir del acuerdo por la opción armada.[40]

Entre 1974 y 1975, la JCR logró desarrollar cierta estructura logística, de propaganda y de armamentos, a partir del liderazgo del PRT-ERP ante la decisión del MIR de luchar contra la dictadura chilena y no exiliar sus cuadros. En esa lucha, Miguel Enríquez fue asesinado en octubre de 1974 y en el plenario del año siguiente se le realizó un homenaje en Buenos Aires, con la presencia de su hermano Edgardo. La Secretaría General de la JCR ya se había instalado definitivamente en esa ciudad.

La represión estatal y paraestatal ya había comenzado en la Argentina, por lo que no era una retaguardia amigable como el Chile de Allende. Para 1975, todas las organizaciones que componían la JCR habían sido fuertemente debilitadas. Asesinados sus líderes, desarticulado el PRT-ERP que conducía la JCR y con un escaso margen de maniobra, la JCR fue rápidamente eliminada en el marco de la dictadura argentina de 1976.

Los pocos sobrevivientes intentaron una nueva etapa en el exilio europeo y mexicano a partir de 1977, pero la fragmentación, la falta de liderazgos y le imposibilidad de retornar al Cono Sur imposibilitaron la tarea. En 1978 la JCR no existía más.

Así como los golpes que instauraron las dictaduras de seguridad nacional en la región no fueron producto de una necesidad militar porque las OPM estaban en la mayoría de los casos desarticuladas desde tiempos democráticos[41] la formación de la Operación Cóndor no fue el resultado necesario de la emergencia de una estructura coordinada de “subversión marxista”. En ambos casos las fuerzas de seguridad magnificaron su importancia, para legitimar ante la sociedad civil y la propia cadena de mandos militar, el terrorismo de estado y los proyectos políticos restrictivos.

4. Grupos paramilitares en la región

Las fuerzas contrainsurgentes en el Cono Sur no solo implementaron dictaduras de seguridad nacional para reprimir a los movimientos sociales, las organizaciones armadas y los partidos progresistas populares. Complementando la tarea del aparato represivo estatal, se formaron agrupaciones paramilitares y paraestatales que tenían íntimas conexiones con el Estado. Estos grupos de derecha que actuaban de manera terrorista operaron en muchos casos durante regímenes democráticos, preparando el terreno de lo que sería la represión posterior de las dictaduras. En este apartado, se analizan —como ejemplos ilustrativos de su accionar— a la Triple A, Patria y Libertad y los Escuadrones de la Muerte.

4.1. Alianza Anticomunista Argentina (AAA)

Entre 1973 y 1976 actuó en la Argentina una organización parapolicial bajo el nombre de Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), grupo terrorista fomentado, financiado y amparado por el Estado[42] desde el Ministerio de Bienestar Social a cargo de José López Rega (1916-1989).

La Internacional Fascista estuvo entre los nexos más fuertes de la Triple A. Madrid fue la ciudad de muchos refugiados nacionalistas de la derecha argentina durante el franquismo (1936-1975).[43] Allí, López Rega, excabo de la Policía Federal argentina, llegó a ser secretario privado —algunos investigadores afirman que se infiltró— del expresidente argentino Juan Domingo Perón. Tras la muerte del líder y durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, se convirtió en uno de los hombres con más poder del país. Fue el fundador de la Triple A, e incluyó dentro de sus filas a mercenarios y criminales de la Organización del Ejército Secreto (OAS) de Francia.[44]

También en esa misma ciudad López Rega se relacionó con dos personajes clave para conocer el entramado de operaciones de coordinación represiva de los 70 en Sudamérica: el neofascista italiano Stéfano Delle Chiaie y el embajador norteamericano en España Robert Hill. El primero, reclutado por la DINA, estuvo implicado en atentados realizados por la agencia chilena en coordinación con la Triple A por lo menos desde 1974. El segundo fue quizá el representante de Estados Unidos con más y mejor información sobre el terreno de la política en el Cono Sur, a lo que sumaba su vasta experiencia diplomática. Muchos de sus cables secretos han permitido reconstruir la historia de la Operación Cóndor.

López Rega fue un frecuente interlocutor del embajador estadounidense en España, Robert Hill, quien durante la presidencia de Dwight David Eisenhower (1953-1961) tuvo una activa participación en el derrocamiento del presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz (1951-1954).[45] Hill lo contactó con el coronel Máximo Zepeda, fundador y jefe del Escuadrón de la Muerte de Guatemala, la Nueva Organización Anticomunista (NOA) de Guatemala, y especialista en organizar grupos paramilitares para “aniquilar al enemigo”. El país centroamericano había sido el laboratorio de la CIA en materia de terrorismo derechista,[46] con un saldo de más de 200 mil muertos y desaparecidos. Fue allí, en la década de los años 60, donde se produjeron las primeras desapariciones masivas en América Latina.

Zepeda le brindó a López Rega los apoyos que recibiría por parte de la CIA para organizar las fuerzas de choque. “En Argentina no vamos a necesitar un millón de muertos como en Indonesia, porque con 10 mil se resuelve el problema”, le dijo López Rega al teniente coronel Jorge Osinde en una reunión en la que se discutía la creación de la organización paramilitar como recomendaba Zepeda.[47] Para eso, era necesario —según los manuales—, la eliminación de los dirigentes políticos sindicales, religiosos progresistas, cuadros encargados en tareas de movilización y periodistas opositores, todo con el objetivo de aterrorizar al conjunto y “purificar” el movimiento de “infiltración comunista”.

A mediados de junio 1973 López Rega y sus hombres regresaron a la Argentina acompañados por cinco terroristas europeos, tres de la OAS subordinados a Jean-Pierre Cherid, y dos del grupo de Mario Vannoli, miembro de la Operación Gladio en Italia.[48] Al coronel Osinde se le encargó el operativo de seguridad para el retorno definitivo de Juan Domingo Perón a la Argentina. El 20 de junio de 1973, mientras se esperaba el arribo de Perón, una verdadera masacre en el Aeropuerto de Ezeiza dejó el saldo de 15 muertos y unos 600 heridos. Los fallecidos, principalmente miembros de la izquierda peronista, fueron las primeras víctimas de López Rega.[49]

Paralelamente, el exagente de la CIA Robert Hill fue designado embajador en la Argentina bajo la administración republicana de Richard Nixon (1969-1974). A través de López Rega, tenía las puertas abiertas para las operaciones en Argentina. Esta vinculación de la Triple A con la CIA explica la presencia de muchos de sus agentes en la guerra centroamericana por parte de acciones estadounidenses, cubriendo el ‘ala sucia’ de sus acciones.[50] Se firmó en Buenos Aires, con el ministro, uno de los primeros convenios del continente para reprimir el narcotráfico donde López Rega comentó que “el combate contra las drogas forma parte de un plan político de lucha contra la subversión”.[51] Hasta la muerte del General Perón, la Triple A no se había adjudicado ninguna de las diferentes acciones terroristas. En esos meses fueron asesinados obreros sindicalizados, jóvenes peronistas, dirigentes villeros, médicos, abogados, estudiantes y políticos. Los paramilitares atentaron contra destacadas personalidades políticas del momento, como el abogado y senador radical Hipólito Solari Yrigoyen y el secretario del Movimiento Peronista Juan Manuel Abal Medina, y asesinaron a balazos al padre tercermundista Carlos Mujica.

Luego de la muerte del líder justicialista, el 1 de julio de 1974, la ofensiva de López Rega fue inmediata. Tenían impunidad absoluta. Entre julio y septiembre de 1974, la Triple A perpetró 22 atentados, 20 secuestros y 60 asesinatos.[52] Dos abogados defensores de presos políticos, Rodolfo Ortega Peña y Alfredo Curutchet, fueron acribillados a balazos. Otras víctimas fueron Silvio Frondizi (hermano del ex presidente Arturo Frondizi) y Atilio López, ex vicegobernador de la provincia de Córdoba. En total, la Triple A ejecutó a más de 2000 personas[53] mientras estuvo activa. Lo ocurrido en estos años, previo al golpe cívico militar de 1976, abrió un antecedente de lo que luego sucedería. Muchos de sus miembros continuaron “trabajando” en los grupos de tareas tras el inicio del denominado “Proceso de Reorganización Nacional”. El más conocido fue Aníbal Gordon, que de delincuente común pasó a ser uno de los jefes de la Triple A y miembro de la SIDE. Gordon, un nazi declarado, estuvo a cargo del centro clandestino de detención Automotores Orletti, punto neurálgico de la Operación Cóndor.

4.2. Patria y Libertad (Chile)

El Frente Nacionalista Patria y Libertad fue un movimiento terrorista paramilitar chileno de extrema derecha que buscó derrocar, a través de sabotajes y asesinatos, al gobierno democráticamente electo de Salvador Allende (1970-1973).

En 1970, cuando el parlamento chileno debía elegir quien asumiría la primera magistratura entre Allende (1908-1973) y el expresidente Jorge Alessandri (1958-1964) se creó oficialmente el Movimiento Cívico Independiente Patria y Libertad, cuyo líder fue el abogado Pablo Rodríguez Grez, con el objetivo de presionar al Congreso para impedir la asunción del candidato de la Unidad Popular.

En esas semanas en que el Congreso tenía que elegir al nuevo mandatario, las presiones fueron incesantes. Hubo atentados con explosivos en supermercados, empresas, en la Bolsa de Comercio y ciertos medios de comunicación, en cuyas inmediaciones se habían lanzado panfletos firmados por la BOC (Brigada Obrero Campesina). Esta fue la falsa herramienta utilizada para crear alarma, realizar libremente atentados, y que la opinión pública se lo atribuyera a la izquierda. En la coordinación de operaciones se encontraba Enrique Arancibia Clavel.

Según una investigación del periodista Manuel Salazar Salvo, promovida por EEUU a través de la CIA, se realizó una reunión en Washington en la que participó Agustín Edwards Eastman, el dueño de la cadena de diarios El Mercurio y diferentes facciones de la ultraderecha chilena que en aquella campaña presidencial se habían congregado en el Movimiento Alessandrista Independiente (MIA). Todos constituyeron el Frente Republicano Independiente (FRI), cuyo principal inspirador fue el general Eléctor Martínez Amaro, un nacionalista exacerbado que en 1970 fundó, con Franz Pfeiffer, el Partido Nacional Popular en el que intentó reagrupar vertientes nazis y oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas chilenas. Por otra parte, Martínez Amaro era uno de los principales operadores del general Roberto Viaux Marambio (1917-2005), líder de la rebelión militar conocida como “Tacnazo”, sublevación que ocurrió en Chile el 21 de octubre de 1969[54]

La elección de Allende por parte del parlamento chileno era inminente. El 22 de octubre fue herido gravemente el Comandante en jefe del Ejército, General René Scheneider, quien falleció tres días después. Con dicho atentado se buscaba provocar la intervención de las Fuerzas Armadas.[55] Tras la asunción de Salvador Allende, se decidió fundar, al año siguiente, el Frente Nacionalista Patria y Libertad. El hecho ocurrió en un acto en el Estadio Nataniel, el 1 de abril de 1971. El asta el derrocamiento del presidente de la Unidad Popular, este grupo terrorista realizó toda clase de sabotajes y atentados, muchos de ellos financiados por la CIA. El grupo contaba con un himno donde remarcaban su perfil nacionalista y anticomunista:

Adelante, los nacionalistas. La patria nos llama a combatir. Opongamos a la traición marxista, la fuerza insurgente de un pueblo viril. Adelante, los nacionalistas. Alzando la mirada, abierto el corazón, al viento la bandera, luchemos por la patria. Rompamos las cadenas por la liberación. Por la liberación. Adelante los nacionalistas. Adelante un nuevo amanecer. Si la muerte nos sale al camino, ni aún ella nos puede detener. Adelante, los nacionalistas, destruyamos el odio con amor. Por la unidad del pueblo, brindemos nuestras vidas. Entreguemos a Chile un destino mejor. Un destino mejor. Adelante. Adelante, los nacionalistas. Por la Patria y la libertad. La Patria y la libertad.

En 1972, uno de los fundadores de Patria y Libertad, Roberto Thieme, estuvo a cargo de un operativo por el cual logró ingresar al país 100 fusiles automáticos provenientes de la Argentina.

En 27 de julio de 1973, este grupo terrorista asesinó a balazos al edecán del presidente Allende, Arturo Araya Peeters. Por el hecho fueron detenidos varios miembros de la organización. El objetivo de este accionar era sacar de escena a una persona cerca al primer mandatario y que había defendido a Allende cuando, el 29 de junio de 1973, se había realizado una sublevación militar conocida como el “tanquetazo”, desarticulada por el Comandante en jefe del Ejército, General Carlos Prats.

En una entrevista de 2006 Thieme cuenta que, luego del fracaso del paro nacional en 1972, se iniciaron los contactos entre Patria y Libertad y un grupo de militares para acelerar el derrocamiento de Allende. La Marina le pidió al grupo terrorista iniciar una serie de atentados y sabotajes para entorpecer los flujos de combustibles, energía eléctrica y cortar algunos puentes y oleoductos. Vicente Gutiérrez, un ex militar del comando de infantes de marina con cursos de contrainsurgencia y operaciones de comandos en EEUU, fue el encargado de entrenar a las brigadas para realizar los atentados.[56]

El primer sabotaje se denominó “La noche de las mangueras largas”, que contó con el apoyo logístico por parte del vicealmirante José Toribio Merino. Allí se volaron varios ductos de combustibles. También se realizó un importante apagón en Chile mientras por Cadena Nacional hablaba Salvado Allende. Además, volaron unas torres de alta tensión.[57]

Durante el mes de agosto, los sabotajes continuaron. El golpe contra Allende era inminente y finalmente se concretó el 11 de septiembre de 1973. Dos días después, el Frente Nacionalista Patria y Libertad se disolvió ya que su objetivo había sido cumplido con éxito. Tras el golpe de Estado, varios de sus integrantes se incorporaron como agentes y colaboradores de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).[58] En 2006, durante los funerales del dictador Augusto Pinochet, varios de los miembros de Patria y Libertad fueron a rendirle homenaje.

4.3. Escuadrones de la Muerte (Brasil)[59]

Los Escuadrones de la Muerte (EM) fueron grupos de exterminio integrados por agentes estatales que actuaron durante las décadas de 1950 a 1970 en diversas regiones de Brasil. En sus filas había agentes, investigadores, delegados y otros funcionarios de la policía civil y militar. Inicialmente actuaban contra delincuentes, muchos de los cuales no tenían ninguna acusación o estaban detenidos por delitos de poca monta. Los EM estuvieron implicados en contravenciones como tráfico de drogas y de armas, robo de vehículos, venta de “protección policial” a comerciantes, extorsión, explotación de juegos ilegales, prostitución y tráfico de influencias. Contaban con la anuencia y asociación del poder político y garantía de protección. La impunidad fue parte de ese entramado y factor de intermediación entre los involucrados. La venganza policial fue otro de los móviles de los crímenes realizados. Prácticas de coacción, torturas, secuestros, ejecuciones y otras formas de violencia eran parte de la metodología de funcionamiento. El anonimato y el encubrimiento de los crímenes dificultaban su vinculación con autoridades y estructuras estatales. La eficiencia de ese dispositivo de control y exterminio se sostenía sobre una base de corrupción que se extendía por el ámbito estatal —local y nacional—, con apoyos en los poderes Judicial y Ejecutivo, el sistema político, la prensa y los círculos empresariales, lo que configuraba una trama compleja de connivencias, silencios y solidaridad represiva. En Río de Janeiro, su origen remonta al final de los años 50 cuando el comandante de la Policía, Amaury Kruel, creó un grupo especial de agentes con atributos paralelos a la institución oficial. La unidad de Kruel tenía autonomía para matar “bandidos”. En poco tiempo, cadáveres con señales de violencia eran abandonados en terrenos baldíos de favelas y barrios populares: un cráneo y dos huesos cruzados —símbolos del EM— y carteles con frases como “Yo era un ladrón” o “Yo vendía drogas”, conformaban la escena del crimen. El escuadrón secreto de Kruel inicia la degeneración del aparato policial. En el mismo período, había unidades semejantes conectadas a otras divisiones policiales —la Escudería Lecocq fue la más destacada—. La notoriedad de los hechos reforzó la percepción de una coordinación entre el sistema formal policial y el sistema informal de los escuadrones. Estos se multiplicaron por todo el país generando una cultura de exterminio de “bandidos” y consolidando la función de pistoleros de alquiler y grupos privados de exterminio.

En San Pablo, en el origen del EM está el gobernador Abreu Sodré, su secretario de Seguridad Hely Lopes Meireles y el temido delegado Sérgio Paranhos Heury, reconocida figura del DOPS. El accionar de este EM ocurrió entre 1968 y el final de los años 70, cuando cesó como consecuencia de las acusaciones de la Fiscalía y del Procurador de Justicia, Hélio Bicudo. Surge de las llamadas Rondas (patrullas) Unificadas do Departamento de Investigapóes (RUDI) y de las Rondas Noturnas Especiáis da Policía Civil (RONE), instituidas en 1958 y 1959 respectivamente, para combatir robos y asaltos en un contexto de inversiones extranjeras y modernización del parque industrial. La necesidad de convencer a los inversionistas de que el crimen no era tolerado llevó ciertos círculos del poder a difundir que Sao Paulo precisaba imponer orden con “mano dura” y efectuar una limpieza social, pues la justicia era lenta y las leyes impedían soluciones drásticas. Heury propuso una organización paralela y clandestina para eliminar indeseables y que procediera fuera de las formalidades legales. La aplicación de su propuesta corrobora la simbiosis orgánica con la fuerza policial e, indirectamente, con la administración estatal. Parte de los integrantes del EM de Heury pertenecían al DOPS, tenían entrenamiento para combatir a la oposición política del régimen (la “subversión comunista”, algo intencionalmente impreciso, indefinido y extremamente exagerado). Conocían técnicas de tortura y amedrentamiento y las utilizaron en la eliminación de pobres y desclasados. Después del endurecimiento de la dictadura con el Acto Institucional N.º 5, en 1969, incorporaron a sus objetivos la erradicación de grupos revolucionarios.

En otros Estados brasileños, como Alagoas y Espirito Santo, la formación de escuadrones resultó de la protección de los intereses de las élites locales entrelazando el latifundio, la administración pública, el sistema político y el coronelismo. Las ejecuciones de líderes rurales y cuadros de la Iglesia, el pánico sembrado entre pobladores y el encubrimiento de cementerios clandestinos constituyeron rutina en esas regiones.

Mientras los EM proliferaban, EEUU desarrollaba un nuevo programa de formación de grupos policiales especializados en control social —Dan Mitrione era uno de sus especialistas—, que pretendía que esas unidades se encuadrasen en el organigrama legal existente. Consideraban nociva la autonomía operativa de los EM en el combate al crimen y la “subversión”. Sin embargo, algunos de sus consultores colaboraban con ellos. Desde 1968 coexistieron, en Brasil, unidades policiales especiales (legales), con EM clandestinos. A pesar de no actuar de forma articulada, los efectos de su actuación se completaban irremediablemente.

Los EM fueron funcionales al sistema represivo y a los sectores económicos dominantes. Su experiencia fue incorporada a otras formas clandestinas de violencia estatal, exportada a países vecinos, y contribuyó en el montaje de la coordinación regional de seguridad nacional. Finalmente, parte de ellos fueron asimilados o desactivados por el Estado mientras otros se autonomizaron e incorporaron al crimen organizado.

CAPÍTULO 3

Los antecedentes
de la Operación Cóndor

El golpe de Estado de 1964 en Brasil transformó a este país en el primer caso de aplicación concreta de las premisas de la seguridad nacional en el Cono Sur. Los brasileños fueron pioneros en la creación de un servicio de inteligencia moderno con asesoramiento norteamericano, en el espionaje de sus connacionales en el exilio, en el entrenamiento de militares de la región en la guerra contrainsurgente y en la planificación y ejecución de operaciones bilaterales. Para fines de los años 60, las fuerzas de seguridad argentinas, bolivianas, brasileñas, chilenas, paraguayas y uruguayas contaban con algunas experiencias de colaboración en secuestros, traslados y desapariciones de exiliados, por fuera de sus fronteras nacionales.

En la década siguiente, esta colaboración se transformó, progresivamente, en coordinación. Algunos operativos ejecutados entre septiembre de 1974 y octubre de 1975 tuvieron las características de la Operación Cóndor aun antes de que esta fuera formalizada. Los casos de Carlos Prats, Ramón Trabal y los fusilados de Soca, Bernardo Leighton, la Operación Colombo y el Operativo Independencia implicaron atentados con explosivos, asesinatos en lugares públicos, campañas de desinformación periodística, acciones de represión contrainsurgente, secuestros, traslados ilegales y fusilamientos, tanto en el Cono Sur como en Europa.

1. El rol clave de Brasil y los primeros casos de cooperación bilateral (1964-1973)

La dictadura de seguridad nacional implementada en Brasil en 1964 fue la punta de lanza para las fuerzas contrainsurgentes en la región. Brasil promovió la cooperación entre los países del Cono Sur en materia de inteligencia, represión y operaciones militares, con el apoyo constante de la CIA y otras agencias estatales estadounidenses.

Durante los años 60 se capacitó en bases brasileñas a oficiales de inteligencia de la región en las nuevas formas de la guerra contrarrevolucionaria, incluidas las técnicas de interrogatorio. Los brasileños habían sido entrenados en estas faenas por especialistas franceses y de EEUU. Antes de estas iniciativas brasileñas, en 1961, el Ejército argentino había organizado el Primer Curso Interamericano de Guerra Contrarrevolucionaria en la Escuela Superior de Guerra bajo la impronta de la doctrina francesa que tenía una misión militar instalada. Este curso contó con la asistencia de oficiales brasileños, bolivianos, chilenos, ecuatorianos, peruanos, uruguayos y norteamericanos, entre otros.[1]

El intercambio de informaciones se realizaba en instituciones continentales no secretas como la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA), y circulaba a través de agregados militares (la red AGREMIL) destinados a sedes diplomáticas en cada país. Se sabe que, desde las primeras reuniones de la CEA en los 60, se alentaba el intercambio de información de inteligencia acerca de los grupos subversivos y el comunismo internacional, se impulsaba la formación de escuelas de inteligencia en cada país y se pactaban programas de capacitación en sistemas codificados de comunicaciones.[2]

Esta comunidad informativa continental devino un tema recurrente en las reuniones de la CEA entre fines de los 60 y principios de los 70. En la reunión de 1973, en Caracas, se consideró que la victoria contra la subversión solo era posible si los países miembros compartían la información y se prestaban asistencia técnica mutua, proponiéndose aumentar el intercambio de datos.[3] El mismo año, en una Conferencia de Jefes de Comunicaciones de Ejércitos Americanos realizada en Brasilia, se estableció una Comisión Permanente de Comunicaciones Militares Interamericana. Estas estructuras, según McSherry, pueden haber sido la base del sistema de comunicaciones utilizado luego bajo la Operación Cóndor.[4]

Un exoficial del Departamento de Orden Político y Social de San Pablo (DOPS-SP), y líder de un escuadrón de la muerte brasileño, reconoció con orgullo las conexiones que tenía por esos años con la CIA. Según este confidente, del adiestramiento recibido por la Agencia lo más útil era la instrucción sobre “seguimiento de subversivos” por fuera de las fronteras nacionales.[5] Para espiar a los brasileños en el exterior, la dictadura había creado, en 1966, el Centro de Informações do Exterior (CIEx), subordinado al Ministerio de Relaciones Exteriores, que vinculaba a los órganos diplomáticos y agregados militares —relacionados con los servicios de inteligencia de las respectivas armas—, con agentes del SNI. El CIEx recurría a varios métodos: infiltración de agentes en los grupos de exiliados, violación de correspondencia, secuestro de materiales personales y de las organizaciones, y rastreo de vehículos sospechosos en zona de frontera, entre otros.[6] En síntesis, la colaboración entre agencias estatales sudamericanas para perseguir al “enemigo interno” en toda la región era frecuente mucho antes de la Operación Cóndor y contaba con un sólido modelo de referencia en Brasil.

Hay abundantes documentos con pedidos de informaciones y seguimientos en todo el Cono Sur, y la existencia de operaciones realizadas o planificadas en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay permiten constatar el funcionamiento concreto de estas conexiones, el rol clave de la dictadura brasileña y el apoyo de la CIA antes de la Operación Cóndor.

Desde el comienzo, la dictadura brasileña se preocupó especialmente por hacer un seguimiento de los exiliados políticos que se refugiaban en Uruguay. Brasil intentaba desactivar la acción de los llamados “pombos correio”, un sistema de transmisión de información política entre los exiliados y sus pares en el país de origen. La región clave para controlar esta circulación era el Estado de Rio Grande Do Sul, por donde pasaron numerosos agentes de la dictadura brasileña tanto para controlar a exiliados como para entrenar a pares uruguayos en técnicas represivas. Allí, la acción del Departamento de Ordem Política y Social de Rio Grande Do Sul (DOPS/RS) como policía política del Estado fue central para las tareas de inteligencia y represión que llegaban hasta Montevideo.[7]

Recientemente el informe de la Comissão Nacional da Verdade (CNV) confirmó que Brasil realizó, a fines de los años 60, múltiples operaciones de vigilancia de exiliados en el Cono Sur que terminaron en detenciones, torturas, intercambio de prisioneros, desapariciones y muertes. Los casos más tempranos descubiertos ocurrieron en Uruguay. Allí habían infiltrado agentes entre sus exiliados nacionales. Uno de ellos fue Alberto Conrado Avegno, quien participaba en las reuniones de la Asociación de Exiliados Brasileños en el Uruguay. Este agente estuvo a cargo de los operativos de detención y tortura que llevaron al secuestro del coronel Jefferson Cardim de Alencar Osório, en Montevideo, y del mayor Joaquim Pires Cerveira, en Buenos Aires.[8]

Mediante las pruebas encontradas por la CNV se pudo reconstruir la colaboración de agentes brasileños y uruguayos en la detención de dos ciudadanos brasileños en Montevideo durante el año 1969. Wilson Nascimento Barbosa y Antonio Miranda Jordão fueron entregados en la frontera en Santana do Livramento-Rivera a autoridades brasileñas. La CNV concluyó que estos no fueron casos aislados, sino que las embajadas, consulados, el CIEx, los agregados militares, la Policía Federal y el DOPS estuvieron en contacto con el Departamento Nacional de Informaciones e Inteligencia uruguaya y las jefaturas policiales de ese país para detener brasileños en territorio uruguayo.[9]

Brasil y EEUU operaron en tierras uruguayas para que el gobierno consiguiera derrotar al “enemigo interno” encarnado en los Tupamaros y el Frente Amplio. Agentes encubiertos brasileños sabotearon las elecciones a comienzos de los años 70, ante el avance del Frente Amplio. El candidato Líber Seregni fue atacado más de una vez y se sospechaba de brasileños vinculados con la CIA. La Agencia venía trabajando desde la década anterior con la inteligencia militar, la policía y la Oficina de Seguridad Pública uruguaya.[10] Una figura clave de este entramado fue el tristemente célebre Dan Mitrione, que había sido enviado por la USAID a Montevideo para capacitar a los uruguayos en métodos de tortura. Mitrione estaba vinculado con la Academia Internacional de Policía (IPA) de Washington[11] por donde pasaron más de 5000 agentes extranjeros para capacitarse, entre otras cosas, en métodos de tortura contrainsurgentes. Mitrione había estado destinado en Brasil previamente, entre 1963 y 1971, cuando la IPA había enviado una consultoría con 23 especialistas policiales para reforzar el adiestramiento impartido a policías brasileños que habían asistido a la Academia[12].

En 1970, los Tupamaros secuestraron al cónsul brasileño en Montevideo Aloysio Dias Gomide y a Dan Mitrione. La colaboración se aceleró, y Brasil envió durante su cautiverio a especialistas en contrainsurgencia y escuadrones de la muerte para dar con su paradero, al tiempo que concentró unidades de paracaidistas en Rio Grande. Dias Gomide fue liberado luego de seis meses y Mitrione fue ejecutado ante la ruptura de negociaciones entre el gobierno y los Tupamaros[13] Un año después, los brasileños llegaron a preparar un operativo denominado “30 horas” que implicaba, ante eventual un triunfo del Frente Amplio en las elecciones, una invasión con el aval del gobierno uruguayo desplazado[14].

En cuanto a las operaciones binacionales entre Argentina y Brasil, la CNV ha reconstruido dos casos esclarecedores, que también evidencian conexiones con Uruguay y Chile.

El militar brasileño Jefferson Cardim de Alencar Osório fue director de una empresa estatal en Montevideo durante la presidencia de Goulart en Brasil. Luego del golpe, lideró un movimiento guerrillero pero fue apresado. Con la colaboración de su hijo y del exmayor Joaquim Pires Cerveira, consiguió escapar de prisión en 1968 y se refugió en varios países. En noviembre de 1970 viajó con su hijo y un sobrino desde Uruguay a Buenos Aires como escala para arribar luego a Chile, donde iba a trabajar para el gobierno de Allende. El viaje fue vigilado por agentes brasileños y uruguayos. Los brasileños se comunicaron con la Dirección de Coordinación Federal de la Policía Federal Argentina. Cardim y sus acompañantes fueron abordados cuando desembarcaban en Buenos Aires y fueron conducidos a dependencias policiales, donde los torturaron e interrogaron. Su sobrino fue devuelto a Montevideo. Cardim y su hijo, en cambio, fueron expulsados de la Argentina y llevados a Brasil en avión en diciembre, y quedaron detenidos y con un nuevo ciclo de torturas en la Base Aérea del Galeão. Cardim permaneció siete años preso, luego fue amnistiado y se exilió en Francia.[15] Edmur Pericles Camargo era un militante marxista que había sido expulsado de Brasil y vivía exiliado en Chile. En junio de 1971, Camargo viajó a Buenos Aires para realizarse un tratamiento médico. La comunidad informativa, que incluía infiltrados en la empresa aérea Lan-Chile, se movió rápidamente a través de la red AGREMIL en Santiago, Buenos Aires y Montevideo. Camargo fue detenido por la policía argentina en el aeropuerto de Ezeiza, fue entregado a autoridades brasileñas que habían viajado a verificar la operación y terminó llevado en un avión de la Fuerza Aérea brasileña con destino de la base militar de El Galeão, en Río de Janeiro.[16] Camargo permanece desaparecido.

Con respecto a las relaciones entre Chile y Brasil, se sabe que mientras se producía el golpe contra Allende había oficiales brasileños capturando connacionales en Santiago, y participando de interrogatorios con tortura. La CNV ha comprobado el accionar de agentes policiales y funcionarios diplomáticos brasileños en el Estadio Nacional de Santiago. Estos se ocuparon de evitar que muchos de sus connacionales que estaban siendo torturados pudieran retornar a su país e incluso participaron activamente de su calvario. Testimonios brasileños y chilenos dan cuenta de la presencia de los brasileños orientando los interrogatorios que realizaban los militares de Pinochet. Un sobreviviente declaró, en 2013, que fue interrogado —mientras era sometido al “pau de arara”, una forma de tortura mediante el cual se colgaba a las personas atadas de pies y manos a una madera, y a la picana— por tres agentes brasileños que le preguntaban por sus actividades y por sus conexiones con Brasil. Mientras, los chilenos miraban a través de un vidrio y se admiraban de su profesionalismo.[17]

Existió otra importante operación que implicó detenciones coordinadas en Río de Janeiro y Buenos Aires, con la participación de brasileños y argentinos. El francés Jean Henri Raya Ribard y el argentino Antonio Luciano Pregoni habían viajado a Río de Janeiro en noviembre de 1973, siendo posteriormente denunciados como desaparecidos ante la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas). Documentos recientes han demostrado que su desaparición está vinculada a la detención del exmilitar Joaquim Pires Cerveira, capturado en Buenos Aires pocos días después junto al joven estudiante João Batista Rita Pereda. Cerveira lideraba un pequeño grupo conocido como Frente de Liberación Nacional bajo el nombre falso de Walter de Moura. Se supo que fue detenido en su domicilio por policías argentinos, liderados por un brasileño, tras varias operaciones de vigilancia. Un testimonio reciente inculpó a Sergio Heury de su secuestro y traslado a Brasil, donde se presume que su cuerpo fue incinerado para borrar huellas.[18] Los casos de Rita y Cerveira fueron denunciados ante la CONADEP argentina y ambos permanecen desaparecidos.

Gladys Meilinger de Sannemann, una sobreviviente de la Operación Cóndor, ha reseñado algunos antecedentes de entregas bilaterales entre Paraguay y la Argentina, aún antes de que se descubrieran los Archivos del Terror. En 1961 el paraguayo Benigno Silvestre González, detenido por la gendarmería argentina en la provincia de Misiones, terminó en dependencias del Departamento de investigaciones de la Policía de Asunción, siendo luego desaparecido. Dos años después, la policía de Formosa (Argentina) entregó a sus pares paraguayos a Secundino Merzán, quien permaneció preso por diez años en ese país. Herminio Sumpfs, también paraguayo, fue detenido en un barrio de Buenos Aires por la policía local en 1971, y pasó ocho años detenido en el CCD de La Emboscada en Asunción.[19]

Por último, se sabe de dos bolivianos que fueron víctimas de la dictadura de Banzer en tierras chilenas. Jorge Ríos Dalenz fue detenido en Santiago, a pocos días del golpe, en un operativo coordinado con Chile. Había sido dirigente del MIR boliviano y vivía exiliado en Chile desde el golpe contra Torres. Su familia encontró su cuerpo con varios orificios de balas al poco tiempo de su secuestro. Jorge Gallardo Losada, ex ministro del Interior del presidente Torres, había escrito un libro donde reconstruía la trama multinacional que había detrás de su derrocamiento. Fue secuestrado en Santiago, donde también vivía exiliado, en noviembre de 1973, siendo llevado a Bolivia y luego a la Argentina.[20] Todos estos casos comentados aquí dan cuenta de la temprana existencia en la región de prácticas similares a las llevadas a cabo en la Operación Cóndor, realizadas por dictaduras militares y gobiernos democráticos entre las décadas de los años 1960 y 1970.

2. Los antecedentes directos (1974-1975)

Entre los años 1973 y 1975 se llevaron a cabo varias acciones que fueron un modelo de lo que sería la saga de terror de la Operación Cóndor, formalizada recién en noviembre de 1975. Entre ellas, se destacan el asesinato del general chileno Carlos Prats en Buenos Aires, el atentado contra el político chileno Bernardo Leighton en Roma, el homicidio del militar uruguayo Ramón Trabal, la Operación Colombo montada entre chilenos y argentinos, y el secuestro, traslado y fusilamiento de los militantes uruguayos aparecidos en Soca, Uruguay.

Otro de los antecedentes directos de la Operación Cóndor fue el Operativo Independencia, desarrollado en el noroeste argentino durante 1975. Esta fue una típica acción contrainsurgente, que incluyó secuestros, desapariciones, torturas, traslado de prisioneros y la instalación del primer centro clandestino de detención, “La Escuelita”, en la ciudad de Famaillá, provincia de Tucumán, por donde pasaron más de mil quinientas personas.

2.1. Carlos Prats (Buenos Aires, 1974)

Había una fuerte preocupación en Chile por las denuncias de los exiliados sobre las atrocidades que se estaban cometiendo. La coincidencia entre Washington y Santiago para internacionalizar el terror contra los círculos progresistas del continente ayudaron a ser parte de los esfuerzos conjuntos de la CIA y la DINA para la creación de Cóndor. La policía secreta de Pinochet comenzó a ocupar un papel subalterno principal de los servicios norteamericanos. Por eso, Manuel Contreras, a cargo de la DINA, firmaba los mensajes dirigidos a otros participantes de la “corporación de la muerte” como Cóndor 1.[21]

El General Carlos Prats González era un objetivo y muy peligroso para los intereses de la CIA y la DINA, ya que conocía demasiados secretos y denunciaba directamente la participación norteamericana en el golpe de Estado contra Allende. Incluso Washington silenció la desaparición de ciudadanos estadounidenses a manos de la dictadura.[22]

A pocos días que Salvador Allende asumiera la presidencia, el Comandante en Jefe del Ejército, General René Schneider fue asesinado con el fin de provocar conmoción en las Fuerzas Armadas e impedir el ascenso del candidato de la Unidad Popular. El presidente Eduardo Frei Montalva nombró en su reemplazo a Prats, cargo que fuera confirmado por Allende.

Carlos Prats había nacido el 2 de febrero de 1915 en la Ciudad de Talcahuano, Chile. A los 16 años ingresó al Ejército donde desarrolló su carrera militar. Fue un fiel defensor de la Constitución y de la decisión del voto popular. Impulsó la llamada doctrina Schneider, que afirmaba la subordinación militar al poder civil y la necesidad que los militares colaboraran en las transformaciones económicas que estaban comenzando.[23] Durante el gobierno de Allende llegó a ser Ministro del Interior, vicepresidente y Ministro de Defensa. Las presiones contra el gobierno en general, y a Prats en particular, fueron constantes, hasta que el 23 de agosto de 1973 renunció a todos sus cargos. Calloni explica:

… la campaña de prensa contra Prats, que era para los estadounidenses el “obstáculo principal” hacia las acciones civiles y militares que preparaban contra Allende, fue feroz en todo ese período de conspiración. En junio de 1973 hubo un intento de asesinato contra el general. Y en ese mismo mes Prats encabezó la resistencia a una división de tanques blindados que se levantó cercando el palacio presidencial. La campaña de prensa entonces no tuvo límites. Lo denostaron, injuriaron, inventaron casos de corrupción —que después se comprobó eran falsos— porque la meta era lograr que el general Augusto Pinochet llegara a ocupar el cargo de comandando en jefe, que por sucesión le correspondía.[24]

Con el golpe de Estado, Prats, consciente que su vida corría peligro, decidió marcharse a la Argentina donde mantuvo buenos contactos con Juan Domingo Perón, quien asumiría a los pocos días por tercera vez la presidencia. En la Argentina había nexos entre la DINA y la Triple A para llevar a cabo sus acciones. El 26 de septiembre de 1974, Prats mantuvo un encuentro con Gladys Marín, dirigente del Partido Comunista Chileno. Allí le confesó que recibía amenazas y tenía datos de que la CIA trabajaba con los servicios chilenos y grupos argentinos para asesinarlo.[25]

Prats y su mujer intentaban salir de la Argentina pero el Consulado Chileno demoraba sus documentos. Ambos vivían en la calle Malabia 3351 en un edificio rentado por el gobierno argentino. La noche del 29 de septiembre de 1974 salieron a cenar con unos amigos. Prats manejaba un auto Fiat 125. Mientras ambos cenaban los asesinos pusieron un explosivo debajo del vehículo que se accionaba a control remoto. Ya de madrugada, en la puerta del edificio, Prats bajó para abrir el portón de entrada, dejando a su esposa en el automóvil. En ese momento se accionó la bomba que mató a Sofía Curthbert instantáneamente, mientras que a Prats falleció unos minutos después, alcanzado por el fuerte explosivo. María Rufina Leyes de Trueco, una vecina del lugar, testificó en el juicio realizado en Buenos Aires por el atentado al matrimonio Prats que esa noche no había iluminación en la cuadra. Y, en su momento, había declarado que no eran normales los cortes de luz en ese lugar.[26]

En 1983, las hijas del matrimonio Prats, Sofía, María Angélica y Cecilia, denunciaron:

… por las actitudes que hemos visto en Chile, por la información obtenida en Estados Unidos, estamos definitivamente convencidas de que el crimen fue cometido por personal de la entonces Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) y que ahora es la Central Nacional de Informaciones (CNI). El autor material del asesinato es Michael Townley, quien pertenecía a la DINA y ésta era un organismo del gobierno de Augusto Pinochet.[27]

Michael Townley, un norteamericano que vivía en Chile desde niño y a quien se acusa de ser el autor de varios asesinatos, era un agente de la CIA que trabajó en conjunto con la DINA. Es protegido por el gobierno de EEUU para evitar que hable sobre el papel cumplido por la agencia estadounidense.[28]

A finales de diciembre de 1995, en la ciudad de Roma, ante la jueza argentina María Romilda Servini de Cubría —que estaba a cargo de la investigación el asesinato de Carlos Prats y su esposa—, los italianos Stéfano Delle Chiale y Vincenzo Vinciguerra admitieron que tanto Arancibia Clavel como Michael Townley estuvieron involucrados directamente en el atentado.[29]

Por otra parte, se conoció que Townley ingresó a la Argentina el 10 de septiembre de 1974 y se reunió con Arancibia Clavel. Y en la misma noche del asesinato de Prats salió del país, al parecer con rumbo a Montevideo, Uruguay, y unas horas más tarde se encontraba en Santiago de Chile, festejando la efectividad del atentado.[30]

El 19 de mayo de 1995, Townley prestó declaración ante el juez italiano Giovanni Salvi por el atentado contra Bernardo Leighton y su esposa Ana Fresno el 6 de octubre de 1975, también en el marco de la Operación Cóndor. Allí, el agente de la CIA imputó a Contreras, al coronel Eduardo Iturriaga Newman, y al ultraderechista italiano Giulio Crescenzi que, junto a Stéfano Delle Chiale trabajaron en conjunto con cubanos residentes en Miami en varios de los atentados cometidos.[31]

En una de las cartas de Arancibia Clavel dirigidas a un tal Santiago Luis Gutiérrez, con fecha 6 de diciembre de 1974, explica:

… se tomó contacto con Martín Ciga Correa, actual jefe de Seguridad de la Universidad de Buenos Aires, el cual ofreció toda clase de antecedentes de los chilenos docentes, no docentes y estudiantes que están en la universidad (…) el grupo que eliminó a Prats tendría una lista de 8 chilenos más, uno de éstos sería [el diplomático chileno amigo de Prats, Ramón] Huidobro, actualmente en EEUU.[32]

Cuando Arancibia Clavel fue detenido en 1978 en Argentina en el marco del conflicto limítrofe con Chile por el Canal de Beagle, reveló que era un hombre clave en la llamada Operación Cóndor, y que tenía sus socios en las Fuerzas Armadas y de seguridad en la Argentina.[33] En ese momento, la Policía Federal incautó documentos del agente del año 1974 donde se detallaban las actividades de Prats en la Argentina.[34]

2.2. Ramón Trabal y los fusilados
de Soca (París Buenos Aires Montevideo, 1974)

En diciembre de 1974, en uno de los períodos de pico de la represión en Uruguay, fue asesinado en París, Francia, el coronel Ramón Trabal. Trabal era agregado militar en la Embajada de la República Oriental del Uruguay en el país galo. Aquel 19 de diciembre de 1974, pasado el mediodía, el coronel se dirigía a su domicilio particular conduciendo su impecable Renault 12 TL azul cielo, con matrícula diplomática 116CD44. Vivía en el número 15 de la Avenida du Recteur Poincaré.

El estacionamiento reservado para Trabal era el primero de la derecha. Tenía la costumbre de hacer una maniobra marcha atrás para dejarlo siempre en posición de salida. Por la posición que quedó el auto, todo indica que estaba realizando esa maniobra cuando la primera bala calibre 7.65 mm atravesó el parabrisas y fue directo a su pómulo derecho. Inmediatamente cinco proyectiles más impactaron en él, todos disparados por la misma pistola según el informe de balística. Estos últimos cinco tiros ingresaron desde su izquierda a través de la ventanilla abierta. Una de las balas impactó en su cabeza; dos en el pecho; una en el hombro derecho y otra en el brazo izquierdo.[35] En total fueron 7 los disparos efectuados: 6 dieron en el blanco y el restante falló y apareció en el interior del auto.

El coronel Ramón Trabal no se mostraba dispuesto a participar en lo más oscuro de la represión que se estaba llevando a cabo en Uruguay. Se intentó atribuir su asesinato a una venganza de la izquierda. En junio de 1975, el periodista británico Richard Gott escribía en el diario The Guardian que no se pudo encontrar en París ninguna noticia, ni la más mínima insinuación, que los asesinos de Trabal pertenecieran a la izquierda: “Las sospechas recaían sobre el gobierno uruguayo y la CIA”. El coronel le había confesado en su momento al periodista sus simpatías por el movimiento de los militares de izquierda en Portugal y por los sectores progresistas de su país.[36]

Horas después a su asesinato, la agencia francesa France Press recibió un comunicado —que se comprobó era falso— enviado por una “Brigada Internacional Raúl Sendic”, —dirigente de los Tupamaros, quien se encontraba prisionero en Uruguay— adjudicándose el hecho.[37]

Como supuesta represalia, los militares uruguayos mataron a los tupamaros Graciela Estefanell, María de los Ángeles Corbo, Mirtha Hernández, Héctor Brum y Horeal García. Los cuerpos, acribillados a balazos, fueron encontrados detrás del cementerio de la localidad de Soca, Departamento de Canelones, en las primeras horas del 21 de diciembre de 1974, en plena zona rural, a trescientos metros de la intersección con la ruta 9.

El 8 de noviembre de 1974, en Buenos Aires, estos cinco exiliados uruguayos del MLN-T habían sido secuestrados por hombres armados junto a dos parejas y una mujer soltera en diversos domicilios en forma coordinada. Estuvieron detenidos en Argentina, donde fueron torturados. Se los trasladó a Uruguay en forma secreta en el trágico “Vuelo Cero”, y se los mantuvo desaparecidos en el centro de torturas de la casona de Punta Gorda hasta su ejecución. Se cree que miembros de la Triple A participaron de su traslado ilegal y algunos testigos refirieron la participación de efectivos de la Policía Federal Argentina, así como también se sabe de la participación de agentes uruguayos. La prensa uruguaya dio a conocer la situación y se corrió la versión de que habían sido ejecutados como represalia por el asesinato del coronel Ramón Trabal ocurrido solo un día antes.[38] El parte de Novedades Diarias de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia uruguaya del día siguiente al hallazgo de los cuerpos señala que “habían aparecido cinco personas, dos del sexo masculino y tres del femenino, con los ojos vendados, maniatados hacia atrás, presentado varios impactos de [bala] al parecer de distintos calibres”.[39] Entre los sobrevivientes del “Vuelo Cero” se encuentran Julio Abreu, que fue dejado en libertad cuatro días después y ha testimoniado lo sucedido,[40] y Amaral García, hijo de Horeal García y Mirtha Hernández, quien, a la edad de tres años estuvo desaparecido, fue recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo en Buenos Aires en 1985, y luego restituido a su familia. Este hecho es recordado como “Los fusilados de Soca”.

Ramón Trabal era descendiente de una familia militar y un ferviente partidario de la fidelidad de las Fuerzas Armadas a la Constitución de su país. Reprobaba las manifestaciones de corrupción. En febrero de 1973, meses antes del golpe militar en Uruguay, el coronel fue uno de los principales responsables de los comunicados 4 y 5 con los que se pronunciaron un grupo de oficiales progresistas.[41] Allí afirmaban que no estaban dispuestos a seguir siendo la “mano armada de los grupos económicos y políticos” y planteaban la necesidad de transformaciones democráticas que coincidían con la de los sectores populares y sindicales. Varios militares fueron dados de baja o mandados a prisión. A Trabal lo enviaron como Agregado Militar a Francia. Finalmente, el 27 de junio, Juan Carlos Bordaberry suspendió el Parlamento uruguayo y encabezó la dictadura militar.[42]

A fines de 1979 se filtró un documento secreto de la Comisión de Asuntos Extranjeros del Senado de Estados Unidos donde se aseguraba que el asesinato del militar uruguayo “pesa sobre la conciencia del Cóndor”.[43] A pesar de estos indicios, el crimen nunca ha sido esclarecido por completo. Desde la pionera investigación de Richard Gott —que inmediatamente relacionó lo sucedido con la información que tenía sobre los agentes de inteligencia del Cono Sur que circulaban clandestinamente por Europa—, todas las investigaciones posteriores sobre la Operación Cóndor han sugerido que es muy probable que el caso Trabal sea uno más de sus antecedentes directos.

2.3. Bernardo Leighton (Roma, 1975)

Bernardo Leighton era del ala de izquierda de la Democracia Cristiana chilena y repudiaba la dictadura de Pinochet, por lo cual había partido al exilio en febrero de 1974. En octubre, el gobierno chileno le prohibió regresar a su país, por lo que Leighton se radicó definitivamente en la calle Aurelia 45, a metros del Vaticano, en Italia.

El 6 de octubre de 1975 volvía a su casa luego de una tarde de compras por Roma junto a su esposa Ana Fresno. Cuando se disponía a abrir la puerta de su domicilio, un extraño gritó su nombre. Al girar para observarlo, recibió un disparo que le destrozó el rostro, al tiempo que su mujer recibió un balazo en el cuello. Varias personas se acercaron a socorrerlos, mientras Ana recordaba haber visto un hombre “rubio, alto, sin chaqueta”.[44] Aunque con secuelas permanentes, el matrimonio sobrevivió.

La prensa italiana rápidamente conectó lo sucedido con los asesinatos de Prats y Trabal, y apuntó hacia Pinochet. La dictadura chilena, por otra parte, acusó al “extremismo marxista” y lamentó lo sucedido. Leighton declaró posteriormente que el atentado fue una acción elaborada en la embajada de Chile en Madrid bajo la dirección de Pedro Eving, que había creado un centro especial para estas actividades. Este hombre estuvo involucrado en el caso Prats y la Operación Colombo, entre otros hechos. Según publicaciones españolas, en Madrid estaba el mayor centro europeo de operaciones secretas de la DINA.[45]

A fines de año, el Grupo Cero, una fracción del terrorista Movimiento Nacionalista Cubano con sede en Miami, se adjudicó el atentado, acusando a Leighton de “marxistizante”. En 1980, el Sunday News Journal, de EEUU, atribuyó el atentado en Roma a los contrarrevolucionarios cubanos y mencionó a Virgilio Paz. Se citaba como fuente al FBI.

Según las investigaciones italianas, también participaron miembros de Avanguardia Nazionale, la organización paramilitar neofascista dirigida por Stefano Delle Chiaie y contratada por Michael Townley.[46] Este agente de la CIA y la DINA se encontraba recorriendo Europa a la caza de exiliados políticos chilenos, como Carlos Altamirano, cuando Iturriaga Newman le asignó a Leighton como objetivo. Townley fue quien contactó a Delle Chiaie, quien vivía en Roma con un pasaporte falso a nombre de Alfredo Di Stefano (homónimo del famoso futbolista argentino), otorgado por la DINA. El italiano le facilitó los contactos con otros fascistas locales para concretar la operación.[47] La investigación sobre el caso Letelier aportó pruebas sobre el atentado a Leighton. A partir del juicio iniciado en Roma, se realizaron varias imputaciones. De la parte chilena, Manuel Contreras, el coronel Iturriaga Newman y Pedro Espinoza, todos de la DINA. Por Italia, fueron enjuiciados Giullio Cresenzi, por haber entregado el arma a los procesados como autores materiales, Pierluigi Concutelli y Delle Chiaie. También se sabe que participó Vincenzo Vinciguerra. Se han acumulado nuevas evidencias en su contra, pero no se los pudo procesar dos veces por el mismo acto.[48]

Durante el funeral de Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, los cubanos, italianos y chilenos involucrados se reunieron fraternalmente, encabezados por el general Pinochet, admirado por ellos como el nuevo paladín de la lucha contra el comunismo mundial ante la muerte del dictador español.

2.4. La operación Colombo (Chile-Argentina, 1975)

La Operación Colombo, también conocida como “El caso de los 119”, fue un operativo dirigido por la DINA, policía secreta del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), con el objetivo de encubrir la desaparición de personas y hacer creer a la opinión pública nacional e internacional que los mismos habían fallecido por enfrentamientos internos fuera del país.

Según el testimonio brindado por Rafael Castillo Bustamante, oficial de policía que investigó el accionar de la DINA en el juicio realizado en los tribunales argentinos por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa, Colombo

… se trató de los casos de personas que, según lo determinó la Comisión Rettig[49] sobre desaparecidos, aparecían oficialmente como muertas en la Argentina. A estas 119 personas se las quiso hacer aparecer como que habían huido a la Argentina, gracias a los documentos de identidad que se mandaban desde Chile.

Les hicieron creer a los familiares que estaban en algún lugar de la Argentina, cuando en realidad estaban detenidos clandestinamente en Chile.[50]

Luego del golpe de Estado y derrocamiento del gobierno de Salvador Allende (1970-1974), las presiones internacionales contra el régimen de Pinochet por las graves violaciones a los derechos humanos se incrementan. Para eso, la DINA ideó, en conjunto con otros servicios de inteligencia sudamericanos y en complicidad con grandes grupos mediáticos, una versión para convencer a la opinión pública que en el país no había desaparecidos, y que los mismos murieron, fuera de Chile, en enfrentamientos internos entre las diferentes organizaciones.

Tras el asesinato del General Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en 1974, quedó establecida la red exterior de la DINA, que contaba con personal y colaboradores necesarios para continuar con sus operaciones en la Argentina.[51]

Enrique Arancibia Clavel (1944-2011), ex agente de la DINA, fue uno de los responsables del éxito de la Operación Colombo. Luego de participar del asesinato del General René Schneider en 1970 se refugió en la Argentina. Con el golpe de Estado en Chile en 1973 se puso al servicio del régimen de Pinochet y se transformó en agente de la DINA en el exterior, donde estuvo involucrado en el asesinato de Prats, en Buenos Aires. Por el conflicto limítrofe entre Argentina y Chile, Arancibia Clavel fue detenido en 1978 e interrogado por los oficiales de la SIDE donde declaró que

… en 1975 con motivo de la llegada a Buenos Aires de otro agente de la DINA llamado Iturriaga [General Raúl Eduardo Iturriaga Newman] en esa época Mayor del Ejército, vuelvo a contactar a Martín Ciga Correa, ya que transcurridos algunos días de la llegada del citado agente, éste me refiere que volvía a Chile en razón de haber fracasado su objetivo. Inquiriéndole sobre los motivos de su fracaso y sugiriéndole la posibilidad de ayudarlo, Iturriaga me informa que su misión consistía en hacer aparecer en Argentina a un subversivo chileno cuyo nombre podría ser Simelman o algo parecido [David Silberman Gurovich], muerto en Chile. Habiendo bautizado este operativo como Operación Colombo.[52]

Martín Ciega Correa era un miembro de la Milicia Nacional Justicialista, conocido como Triple M, fracción de la Triple A. En una de las cartas que Arancibia Clavel escribe a Chile comentando el accionar del grupo paramilitar argentino, informó que “solo conocemos uno, Martín Siga Correa (M de Martín). Este grupo actuó en el caso Colombo, efectuando la primera etapa del trabajo en forma perfecta”.[53] Este mensaje manifiesta la conexión directa entre los diferentes países.

El oficial chileno Augusto Deichler Guzmán, quien se hacía llamar Vicente, era el encargado de la compra de la prensa para el éxito del operativo.[54] Arancibia Clavel informó a su país que

… el operativo publicidad comenzará utilizando los servicios de Carlos Manuel Acuña, Director de la Agencia Periodística Prensa Argentina y también periodista del diario La Nación de Buenos Aires. Prensa Argentina, es una agencia nacional que cubre con informaciones la mayoría de los diarios del interior. Se tiene contratado un servicio de recortes de diarios para este caso.[55]

Arancibia Clavel, refiriéndose a la prensa, destacaba en sus cartas el apoyo del periodista Acuña, vinculado a la CIA, y un acusador público de muchas personas que luego serían desaparecidas.[56]

En una de las misivas que Arancibia Clavel escribe a la DINA, fechada el 18 de abril de 1975, hace referencia al hallazgo del primer cadáver mutilado el día 12, que se atribuía a David Silberman Gurovich.[57] Su cédula de identidad semiquemada apareció en la Argentina junto a un cuerpo calcinado, presuntamente víctima de un atentado. Sin embargo, nunca fue identificado. Silberman Gurovich había desaparecido en Chile en 1974. Era un ingeniero civil, militante del Partido Comunista y condenado, luego de su detención el 11 de septiembre de 1973, a 13 años de prisión por un Consejo de Guerra.

Junto al supuesto cadáver de Silberman Gurovich, totalmente irreconocible, se encontraba un trapo blanco donde con letra rojas decía “Dado de baja por el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile) por el comando exterminio bolches”, firmado MMM. El mensaje era tanto para atribuir al MIR el asesinato como para informar a la DINA que el pacto se estaba cumpliendo.[58]

Días después, en otra carta, Aranciba Clavel escribía que “lamentablemente hasta el momento la publicidad sobre el caso Colombo ha sido casi nula” y agregaba que se iba a reunir con Martín Ciega Correa. Decía además que iban a aparecer otros dos cadáveres prometidos y que esperaba que la publicidad fuera mayor.[59]

El 11 de julio de 1975 dos cadáveres fueron hallados en Pilar por la policía argentina junto a un cartel que decía “Dados de baja por el MIR (Brigadanegra)”. Se los había identificado, en principio, como Jaime Robotham y Luis Guendelmann, ambos ciudadanos chilenos. Sin embargo, el hermano de Robotham que viajó a la Argentina no reconoció el cadáver (totalmente carbonizado) pero supo que no se trataba de su familiar. Su cédula de identidad estaba falsificada. En los días posteriores apareció también en Buenos Aires otro cadáver identificado como Juan Carlos Perelman Ide. Su familia, no obstante, no reconoció el cuerpo y su cédula de identidad también resultó falsa.[60]

El 6 de junio de 1975, el diario La Mañana de Talca, una población chilena, informaba que el capitán Osvaldo Heyder había sido asesinado por un grupo de extremistas. Y el diario La Tercera daba cuenta que el oficial estaba investigando un tráfico de armas en esa región en donde 2000 hombres se entrenaban para iniciar la guerra en Chile.

El modus operandi para el “operativo publicidad” era el siguiente: la DINA filtraba cierta información a los medios chilenos. Pero también era publicada en la Argentina, ya que se hacía referencia a grupos guerrilleros que se entrenaban en el país. A su vez, la información regresaba a Chile como originada en la Argentina. El diario La Tercera de Chile titulaba la nota publicada el 13 de junio de 1975 “Ejército guerrillero forman contra Chile”. Sobre este caso, el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) señala que…

en esta gran noticia dada en forma directa, afirmativa —no en condicional como lo acostumbraba la prensa mercurial antes del Golpe de Estado— de modo que no quedara duda, se transmiten dos importantes aseveraciones: la primera, la existencia de un Ejército Guerrillero que vendría a atacarnos, lo que obligatoriamente despierta y desencadena innumerables imágenes, representaciones y sentimientos de peligro, de desastres y hace aparecer la figura inmanente de la muerte. El segundo contenido, es la falsa verdad, lo que el régimen quiere transmitir: las personas nominadas como desaparecidas no sólo no lo están, sino que están presentes y vivas. Más aún, están recibiendo instrucción militar. Están preparándose para desencadenar la guerra en el país.[61]

En las noticias se hacía referencia a cadáveres mutilados aparecidos en la Argentina, personas imposibles de identificar por el estado en que se encontraba el cuerpo, y se los atribuía a ciudadanos chilenos detenidos ya que se aparecían junto a documentos de identidad. Señala CODEPU:

De los hombres y mujeres que murieron o desaparecieron en otras tierras y que suman al menos 80 personas, el gobierno de las Fuerzas Armadas nunca ha dado una respuesta. En cambio, curiosamente de otros, que sin lugar a dudas no desaparecieron ni murieron lejos de Chile, las explicaciones, las descripciones de sus posibles muertes en el extranjero, fueron informadas ampliamente sin omitir detalles.[62]

El 15 de julio de 1975 en Argentina apareció la revista Lea. Fue un único número pese a su anunciada periodicidad semanal. En una nota titulada “La vendetta chilena”, se hacía referencia a que, en los últimos tres meses, 60 extremistas chilenos habían sido eliminados por sus propios compañeros a lo largo y ancho de Latinoamérica y Europa. Se publicó el listado completo con nombre y apellido ordenados alfabéticamente. Esta información fue levantada por El Mercurio el 23 de julio de 1975. Al poco tiempo, medios chilenos informaron que en la Argentina habían sido exterminados otros 59 chilenos en la provincia de Salta en un operativo militar. Estas dos últimas noticias completaban la lista de los 119 desaparecidos chilenos reclamados.

Una investigación periodística argentina destaca que la revista Lea tenía editores y responsables fantasmas y que la dirección (Brandsen 4850) superaba la numeración de esa calle. Sin embargo, un sobre impreso despertó sospechas de la codificación correcta de la dirección y la misma correspondía a la Editorial CODEX, propiedad estatal y dependencia del Ministerio de Bienestar Social a cargo de López Rega.

En sus declaraciones, Arancibia Clavel menciona la cooperación de Brasil. El diario O Dia de Curitiba, publicó el 25 de junio de 1975 que las fuerzas argentinas habían matado a 59 militantes del MIR en Salta. Allí se dio a conocer el listado de los 119 nombres que sirvió para darle verosimilitud a la noticia levantada por los medios chilenos. O Día pertenecía a la Sociedad Periodística y Publicitaria Ltda., que había dejado de circular y volvió con esta noticia.[63]

La complicidad de muchos medios chilenos con el régimen dictatorial de Augusto Pinochetse ejemplifica con los titulares publicados en el contexto del Operativo Colombo: “Ejecutados por sus propios camaradas”, de El Mercurio; “Sangrienta pugna en el MIR”, de Ultimas Noticias; y “El MIR ha asesinado a 60 de sus hombres”, de La Tercera. El vespertino La Segunda llegó a publicar el título “Exterminan a miristas como ratas”. Y en una editorial del 25 de Julio de 1975, el periódico El Mercurio publicó:

Los políticos y periodistas extranjeros que tantas veces se preguntaron por la suerte de estos miembros del MIR y culparon al gobierno chileno de la desaparición de muchos de ellos, tienen ahora la explicación que rehusaron aceptar. Víctimas de sus propios métodos, exterminados por sus propios camaradas, cada uno de ellos señala con trágica elocuencia que los violentos acaban por caer víctimas del terror ciego e implacable que provoca, y que, puestos en ese camino, ya nada ni nadie puede detenerlos.

Según la denuncia de CODEPU en el inicio de su informe sobre el caso de los 119, “La Operación Colombo es uno de los más evidentes y exquisitos montajes de guerra psicológica realizado por la Dictadura Chilena. También, una de las más importantes maniobras efectuadas para ocultar los crímenes y mantener la impunidad”.[64]

2.5. El Operativo Independencia (Argentina, 1975)

El Operativo Independencia fue el mayor ensayo de contrainsurgencia antes de la instauración de la última dictadura cívico-militar en la Argentina, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. Prácticamente no hubo enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla ubicada en el monte de la provincia de Tucumán, sino que el combate se desarrolló en el plano eminentemente cultural a través de políticas de exterminio contra la población civil, persiguiendo, torturando y asesinando a estudiantes, artistas e intelectuales, entre otros. Estas prácticas fueron un ensayo de las acciones de terrorismo de Estado que se tornarían cotidianas durante la dictadura y caracterizaron a la Operación Cóndor.

La excusa utilizada por las Fuerzas Armadas argentinas para empezar a intervenir militarmente, primero en Tucumán y luego en el país, fue la instalación de la Compañía Monte Ramón Rosa Jiménez en aquella provincia del norte argentino en 1974, unidad que llevaba el nombre de un militante del ERP asesinado por la policía.

Por eso mismo, tras presiones de los militares, la presidenta María Estela Martínez de Perón firmó, junto a todo su Gabinete nacional, el decreto 261/1975 por el que se autorizó al Ejército a “ejecutar todas las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán,” dando comienzo al Operativo Independencia. Meses más tarde, el 6 de octubre de 1975, el presidente provisional del Senado en ejercicio de la Presidencia de la Nación, Ítalo Luder (1916-2008) firmó tres nuevos decretos, extendiendo a todo el territorio nacional las ejecuciones militares que se estaban desarrollando en el norte del país. En términos militares, aniquilar significa paralizar al contendiente. Los represores no solo lo interpretaron a su manera, sino que se escudaron en estos decretos.

Marcos Taire, periodista especializado en el Operativo Independencia, especificó en una nota publicada en el diario Miradas al Sur que…

… los militares conocían perfectamente la verdadera composición y fuerza del grupo guerrillero. Sabían que, en el marco de lo estrictamente bélico, no representaba un peligro militar. La Compañía de Monte fue infiltrada por los militares desde su instalación, lo que les permitió conocer en detalle la cantidad de combatientes que la integraban, su armamento y su equipamiento.[65]

Un informe de 1974 elevado por el entonces jefe de la Quinta Brigada, Luciano Benjamín Menéndez, comentaba que la Policía Federal no estaba entrenada para combatir contra la guerrilla, ya que su función era la de luchar contra la delincuencia. A su vez, informaba que los efectivos policiales no habían penetrado en el monte en busca de guerrilleros, y reclamaba que la Operación sea llevada a cabo por el Ejército utilizando a la Policía Federal para los interrogatorios. Por otra parte, se refería a someter a la justicia militar a los “guerrilleros” para lograr una represión rápida y efectiva. También Menéndez reclamaba el apoyo del Gobierno Nacional. Este informe fue parte del expediente N.º U2 40.298 “Secreto” del 17 de junio de 1974 que sirvió de argumento por parte del Ejército para que Isabel Martínez de Perón firmara el decreto ordenando el comienzo del Operativo Independencia.[66]

En los meses siguientes, hubo acciones por parte del ERP y enfrentamientos con las fuerzas policiales. Ante esta situación, el presidente del Senado, Ítalo Luder y el líder de la Unión Cívica Radical, Ricardo Balbín (19041981) negociaron una intervención militar en la provincia de Tucumán. En menos de 48 horas, el Congreso Nacional aprobó la Ley 20.840 de Seguridad Nacional que reprimía “los intentos de alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la Nación”.

En el mes de diciembre de 1974, el ministro de Bienestar Social, José López Rega, se reunió con el comandante en jefe del ejército, Teniente General Leandro Enrique Anaya (1922-2009) y organizaron lo que se denominaría el Operativo Independencia. El general Acdel Edgardo Vilas (1925-2010), fue designado al frente de la Quinta Brigada. Ese militar tenía una amistad con López Rega.[67] Fue entrenado en la escuela de comando y combate de EEUU y utilizaba la guía de táctica de los franceses contra la insurgencia. Era fiel lector de la obra Guerra, subversión y revolución del Coronel del ejército francés RogerTrinquier (1908-1986), una apología a la tortura y otras técnicas represivas.[68] Desde que el ERP se instaló a mediados de 1974 hasta que fueron retirados los últimos combatientes en 1976 “la guerrilla rural prácticamente no combatió, [y] la realidad es que el Ejército nunca se propuso buscar y combatir a la Compañía de Monte. En cambio, utilizó su presencia en la zona para descargar una brutal represión contra el pueblo tucumano”.[69]

Durante el Operativo Independencia los militares pusieron en práctica los métodos de la “guerra contrarrevolucionaria” aprendidos en las escuelas norteamericanas y francesas en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional. La tortura se convirtió en una técnica operativa normal. Se estableció el primer centro de detención clandestino de la Argentina conocido como “La Escuelita”, montado precisamente donde funcionaba una escuela, en la ciudad de Famaillá, Tucumán. Por ese lugar, 1507 personas acusadas de mantener estrechas relaciones con el enemigo fueron mantenidas en prisión.[70]

El ERP nunca había significado una verdadera amenaza para la Argentina. Lo sucedido en Tucumán fue distorsionado por los oficiales del Ejército, y sirvió como prueba para la institucionalización de las técnicas de la Triple A. Enfrentado contra 5000 hombres del Ejército, el ERP nunca superó algunas decenas de hombres en el campo de batalla, pobremente armados y entrenados, pese a que los militares y medios de comunicación afirmaban que eran 600 los guerrilleros.[71] Con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el plan represivo practicado con el Operativo Independencia en la provincia de Tucumán se extendió en todo el territorio nacional de manera sistemática y organizada.

CAPÍTULO 4

¿Qué fue
la Operación Cóndor?

La Operación Cóndor fue un acuerdo multilateral entre las dictaduras de seguridad nacional del Cono Sur dentro del sistema continental de contrainsurgencia promovido por los Estados Unidos. En noviembre de 1975, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay firmaron un pacto que permitía a sus fuerzas de seguridad coordinar la represión contra los exiliados políticos del Cono Sur por fuera de sus fronteras nacionales y atentar contra destacados dirigentes con influencia en la opinión pública internacional, incluso en Europa y Estados Unidos. A los países miembros iniciales, se sumó al poco tiempo Brasil, quien había asistido como observador. Posteriormente, adhirieron Ecuador y Perú, aunque con una participación más esporádica.

A pesar de que existían “acuerdos de caballeros” previos de carácter bilateral entre algunos de estos países para perseguir opositores, fue recién con la Operación Cóndor que se forjó una red multilateral de inteligencia institucionalizada, extendida y permanente. Para ello se montó una infraestructura burocrática y de comunicaciones con tecnología avanzada que tuvo por sede Santiago de Chile y, casi con certeza, en un segundo momento, Buenos Aires.

Las acciones principales que se llevaron a cabo dentro del marco de esta asociación ilícita fueron: intercambio de informes de inteligencia obtenidos a partir de torturas, pedidos de detención transfronterizos, formación de equipos multinacionales para atacar a los objetivos, colaboración de grupos paramilitares con las fuerzas estatales para encubrir el accionar ilegal, entregas bilaterales y traslados encubiertos de prisioneros, creación de centros clandestinos de detención, campañas de desinformación y guerra psicológica, apropiación de niños, ejecuciones sumarias y desapariciones. A pesar de tomarse como fecha de fundación la reunión de noviembre de 1975 en Santiago de Chile, existieron desde 1974 operativos conjuntos con características de Cóndor. El momento más intenso de la represión coordinada fue entre 1975 y 1978, destacándose especialmente el año 1976, con el golpe cívico militar en la Argentina y los atentados fuera de América Latina. Aunque todavía es imposible datar el fin de la Operación Cóndor, las investigaciones disponibles muestran una progresiva merma en su accionar a partir del inicio de la década de 1980. Esto no evitó que se perpetraran crímenes con el sello de Cóndor aún en tiempos democráticos, incluso en los años 90.

1. Características principales

Como hemos mencionado, la Operación Cóndor formaba parte del complejo sistema interamericano de contrainsurgencia promovido por la política exterior norteamericana. Mediante su accionar trasnacional, Cóndor complementaba las políticas represivas que las Fuerzas Armadas del Cono Sur ejercían dentro de sus territorios nacionales. Sus objetivos principales fueron los grupos de exiliados políticos que escapaban de las distintas dictaduras que fueron usurpando el poder político en la región. Integrado por fuerzas de inteligencia militar y policial así como también por grupos paramilitares de civiles antimarxistas, sus misiones fueron siempre secretas y encubiertas, intentando eximir de la responsabilidad a los gobiernos de los Estados miembros.

La Operación, como tal, fue institucionalizada en noviembre de 1975. Sin embargo, hubo varias acciones previas entre los años 1974 y 1975, modélicas de lo que sería la saga de secuestros, torturas, asesinatos, atentados, desapariciones y operaciones de propaganda negra que caracterizarían a Cóndor. De entre ellas, ya fueron mencionados los casos Prats, Leighton, Trabal, la Operación Colombo, y los Fusilados de Soca.

En este sentido, la conformación de Cóndor significó la creación de un marco multinacional que amparaba muchas operaciones que ya habían sucedido o estaban en marcha, facilitando las acciones encubiertas y materializando el pasaje paulatino de la cooperación a la coordinación represiva en el Cono Sur. A partir de su constitución, se fortaleció la red tramada previamente y se profundizó su organización, su equipamiento y capacitación, logrando sistematizar la planificación conjunta de operativos, las formas de comunicación y las cadenas de mando. Así, los Estados del Cono Sur que hasta hacía poco tiempo se consideraban enemigos potenciales pasaron a ayudarse mutuamente en la tramitación de documentos falsos, en la organización de viajes, en soporte logístico y operacional con vehículos sin identificación, vuelos clandestinos, sistemas de comunicación y entrega de fondos, entre otros procedimientos. Las antiguas operaciones de espionaje mantenidas en secreto se transformaron en una red multilateral de inteligencia institucionalizada, extendida y permanente.

La Operación funcionó en tres niveles o “fases”, que se desprenden fundamentalmente de un famoso cable redactado por el agente de la Oficina Lederal de Investigación (LBI) de Estados Unidos, Robert Scherrer. La Fase 1 consistía en el intercambio de información y la cooperación entre los servicios de inteligencia policiales y militares para conformar un banco de datos y coordinar la vigilancia sobre militantes políticos etiquetados como “subversivos”. Entre las tareas concretas figuraban el espionaje diario, las infiltraciones en organizaciones y las escuchas telefónicas, entre otras.

La Fase 2 significaba pasar de la información a la acción encubierta, superando las acciones tradicionales de las agencias de inteligencia, con operaciones transfronterizas que espiaban, disuadían, detenían, torturaban, interrogaban, trasladaban, asesinaban o desaparecían a los objetivos prefijados. Para ello se formaban equipos multinacionales de trabajo entre los países miembros que actuaban fuera de todo marco legal y utilizaban una red de centros clandestinos de detención en el Cono Sur.

La Fase 3 —la más secreta de todas—, implicaba atacar destacados dirigentes políticos que podían influir en la opinión pública internacional en contra de los regímenes militares de la región, como ejemplifica el caso de Orlando Letelier. Las operaciones podían llevarse a cabo dentro o fuera de su ámbito natural de acción, formándose equipos especiales con documentación falsa de los países miembros y reclutamiento de fuerzas paramilitares y terroristas por todo el mundo. En palabras de Scherrer, la Fase 3

… implica la formación de grupos especiales de los países miembros, que deberán viajar por cualquier parte del mundo hacia países no-miembros, para llevar a cabo sanciones incluido el asesinato contra terroristas o simpatizantes de organizaciones terroristas de los países miembros de la “Operación Cóndor”. Por ejemplo, en el caso de que un terrorista o simpatizante de una organización terrorista de un país miembro de la “Operación Cóndor” se encontrara en un país europeo, se enviará un grupo especial de la “Operación Cóndor” para localizar y vigilar al objetivo. Cuando hubiera terminado la operación de localización y vigilancia, se enviaría un segundo grupo de la “Operación Cóndor” para llevar a cabo el castigo real contra el objetivo. Los grupos especiales serían provistos de documentación falsa de los países miembros de la “Operación Cóndor” y podrán estar compuestos exclusivamente por individuos de una nación miembro de la “Operación Cóndor” o pueden estar compuestos por grupos mixtos de varias naciones miembros de la “Operación Cóndor”.[1]

La investigadora norteamericana Patrice McSherry, en su libro Los Estados depredadores…, ha conceptualizado las características principales de la Operación Cóndor definiéndola como “el brazo transnacional del Estado paralelo” que permitía eliminar objetivos por fuera de las fronteras nacionales, sin restricciones legales y camuflando su accionar criminal. Aquí hemos optado por resumirlas de la siguiente manera:

Especialidad en operativos transfronterizos y en el extranjero dirigidos contra personas exiliadas a partir del accionar de escuadrones conformados por militares, oficiales de inteligencia y redes paramilitares que vigilaban, seleccionaban, secuestraban, torturaban y trasladaban a sus enemigos.

Naturaleza multinacional, con unidades operativas compuestas por efectivos de dos o más países, según el modelo de las Fuerzas Especiales contrainsurgentes de EEUU. Estos equipos multinacionales se encargaban no solo de las acciones de caza y captura de los objetivos, sino también de los interrogatorios y de las operaciones de propaganda y desinformación.

Elección precisa y selectiva de disidentes, especializándose en las cúpulas de las dirigencias exiliadas o miembros prominentes de las organizaciones de izquierda o populares, no necesariamente conectados con organizaciones armadas.

Estructura paraestatal con fuerzas paramilitares patrocinadas por el Estado que complementaban el accionar de las fuerzas militares regulares, permitiendo hacer de manera secreta lo que era imposible de forma legal. Los grupos paramilitares actuaban como agentes de inteligencia y concretaban las acciones de secuestro, atentado, tortura, muerte y desaparición de los objetivos. Eran instrumentos ideales para el tipo de operaciones oscuras de la Operación Cóndor pues, al tiempo que eran secretas, permitían que los gobiernos negaran plausiblemente su responsabilidad en los hechos. Su carácter paramilitar no implicaba que estuvieran por fuera del Estado. Por el contrario, eran el rostro oculto del mismo, siendo sustentadas y dirigidas por él. Estaban formadas por unidades secretas de las fuerzas de seguridad y grupos de tareas e informantes civiles y utilizaban recursos que aportaba el Estado en forma clandestina, como autos sin identificación, armas y centros de detención, entre otros.

Tecnología avanzada, utilizando un sistema de comunicación télex llamado Condortel y un banco de datos computarizado con archivos fotográficos, microfichas, informes, perfiles y cualquier otra información sobre personas y organizaciones sospechosas. Según varias fuentes, detrás de la infraestructura informática de la Operación Cóndor estaba el apoyo de la CIA. La estación matriz del Condortel estaba en bases militares norteamericanas en Panamá.

Utilización de sindicatos del crimen y organizaciones extremistas de civiles para los operativos. El caso más famoso fue el de Michael Townley, miembro de la organización nacionalista chilena Patria y Libertad, conectada con agrupaciones similares de la Argentina como Milicia y la Triple A, que incluía al grupo de tareas liderado por Aníbal Gordon cuyo centro de operaciones era el CCD Automotores Orletti. También se cuentan entre las filas de estas organizaciones a los movimientos anticastristas cubanos y las organizaciones falangistas españolas y fascistas italianas.[2]

La extensión en el tiempo de la Operación Cóndor ha generado muchos debates, tomándose un rango de acciones que van generalmente desde 1973 hasta comienzos de la década de 1980, en ocasiones Incluyendo atentados residuales posteriores. Las operaciones modélicas anteriores a la constitución formal de Cóndor —agrupadas de diversas maneras como “pre-Cóndor” o “Prototipo Cóndor”— son de vital Importancia para entender lo que sucedería a futuro. La represión transfronterlza funcionaba efectivamente antes de noviembre de 1975, en base a acuerdos bilaterales (formales o tácitos) y mucho antes de que se formalizara la compleja Infraestructura operativa de Cóndor y su accionar.

Lo que sí ha tenido consenso entre los diversos Investigadores de Cóndor es considerar a los años 1975-1978 como el punto álgido de las operaciones, destacándose especialmente el año 1976 con el golpe cívico militar en la Argentina y los atentados fuera de América Latina. Esto no quiere decir que no se cometieran delitos posteriores con el sello de Cóndor o que los implicados dejaran de referirse a la Operación. En todo caso, solo sugiere que buena parte de los objetivos criminales habían sido alcanzados alrededor de 1980.

2. Los preparativos (1974-1975)

La trama que culminó en la institucionalización de Cóndor en 1975 comenzó a tejerse por lo menos un año antes. En febrero de 1974 se realizó en Buenos Aires el Primer Seminario de Policía sobre la Lucha Antisubversiva en el Cono Sur, al que asistieron jefes policiales de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Allí se analizó la realización de acciones de inteligencia y represivas coordinadas entre los países del Cono Sur. Según Pierre Abramovici, el delegado chileno propuso acreditar un agente de seguridad en cada embajada para concretar la coordinación, y el comisario Villar, representando la Argentina, adelantó que el departamento de Asuntos Extranjeros a su cargo se ocuparía de los extranjeros residentes en el país.[3]

Según un informe de la CIA, los argentinos ya estaban conduciendo operativos antisubversivos junto a chilenos y uruguayos, y lo que se buscaba era lograr mejores estrategias de coordinación. Los escritos de Arancibia Clavel y fuentes militares uruguayas confirmaron también que los primeros acercamientos datan de comienzos de 1974,[4] y de acuerdo a John Dinges, diplomáticos norteamericanos estaban informados de las reuniones periódicas que se realizaban entre los cinco países —y la participación ocasional de Brasil—, muchas de ellas en la base militar de Campo de Mayo, en Buenos Aires.[5] Además de esta reunión de febrero, en 1974 se realizaron otras conferencias bilaterales o multilaterales, algunas bajo el sistema militar interamericano y otras mediante organizaciones anticomunistas.

Katie Zoglin, en base a una investigación sobre los “Archivos del Terror” paraguayos, reconstruyó parte de esta historia. Las agencias de seguridad compartieron datos y pautaron acciones comunes en las distintas reuniones de la Confederación Anticomunista Latinoamericana, fundada en 1972. De ellas cobra especial importancia una de las celebradas por su Consejo, en 1974, donde se sabe que se acordó intercambiar experiencias e información confidencial concerniente a “marxistas” de la región como no se había hecho hasta entonces, para adoptar métodos conjuntos en el continente. Allí acudieron representantes de todos los países que serían fundadores de Cóndor, de Brasil y de cuatro países más de Centro y Sudamérica. La misma investigadora constató la existencia, por esos mismos años, de acuerdos y conferencias bilaterales, en muchos casos anuales, sostenidoa entre Paraguay, Argentina, Brasil, Chile.[6] Por ejemplo, entre Paraguay y Argentina, las relaciones de este tipo datan desde 1972, como muestra un documento desclasificado norteamericano donde se transcribe un acuerdo de intercambio de inteligencia entre las Fuerzas Armadas de ambos países. Entonces, “para coordinar acciones en la lucha contra la subversión”, ya se había acordado intercambiar informaciones a través de las agencias de inteligencia militares y policiales mediante reuniones periódicas, colaborar manteniendo alejadas de la frontera a los grupos que pudieren alentar la subversión del otro lado de la misma y se pautaron dos modelos de interrogatorios llamados Elementos Esenciales de Inteligencia y Otros Requerimientos de Inteligencia.[7] Según Zoglin, este tipo de reuniones se intensificaron en el año 1975, siendo crucial la sostenida entre el 30 de mayo y el 4 de junio en Santiago. Allí, se encontraron los jefes de los servicios de inteligencia nacionales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.[8]

Al tiempo que se establecían todos estos contactos, el que luego sería el mentor de la Operación Cóndor, Manuel Contreras comenzó sus viajes por el continente americano, y en marzo de 1974 llegó a Washington. Allí se entrevistó con Vernon Walters para asesorarse sobre la estructura de la DINA y consiguió el apoyo de la CIA, que envió en agosto de ese año ocho agentes a Santiago para colaborar con la agencia de inteligencia chilena. También en 1974, Contreras se reunió en Argentina con el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, Ramón Camps. En enero de 1975, el jefe de la DINA volvió a ir a Washington acompañado del coronel Pedro Espinoza y del capitán Cristoph Willeke para reunirse con oficiales de inteligencia lationamericanos y con Walters.[9]

En agosto de 1975 Contreras inició la sucesión de viajes que terminarían definitivamente con la formación de Cóndor. El siniestro periplo tuvo su punto de partida nuevamente en Washington con Walters, para seguir hacia Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil y Venezuela. Según el relato del jefe de la DINA, Pinochet había instruido al embajador estadounidense en Santiago para que su comitiva fuera recibida en la capital norteamericana. Si bien el asunto oficial a discutir era la posición de Chile sobre derechos humanos, es probable que se conversara sobre las formas de combatir la subversión en la región.

Dinges ha reconstruido una parada esencial para entender este viaje: la estadía en Venezuela de Contreras. En Caracas, junto a otro oficial, solo dos días después de su almuerzo con Walters, tuvo contactos con agentes de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). Según el agente de inteligencia venezolano Orlando García, Contreras presentó el plan de organización de lo que sería la Operación Cóndor, pidiendo colaboración para extraer sin trámites legales a exiliados chilenos en ese país. El intercambio de datos incluía obtener información a cambio de develar los planes de la Junta Coordinadora Revolucionaria de mudar su cuartel general a Caracas. El acuerdo implicaría que la DINA establecería un oficial de enlace en la embajada chilena. Según la misma fuente, Contreras dio los códigos para comunicarse por télex, mencionó la posibilidad de contar con computadoras e invitó a los agentes de la DISIP a un encuentro secreto a realizarse en Santiago, con los gastos pagos.

Venezuela no participó como miembro de la Operación Cóndor porque el presidente Carlos Andrés Pérez vetó la iniciativa.[10] Sin embargo, hay varias pistas que evidencian el conocimiento sobre su funcionamiento y cierta cooperación. Un pedido de informe de marzo de 1975, previo a la institucionalización de Cóndor, del paraguayo Benito Guanes Serrano y referido a una “Reunión de Extremistas Latinoamericanos”, incluye al agregado militar venezolano dentro de la difusión.[11] Según declaraciones del propio Orlando García, la DISIP también estuvo involucrada en el fallido operativo en París contra llich Ramírez Sánchez, más conocido como Carlos “el Chacal”.[12] Otro miembro de esta agencia, el cubano Rolando Otero, estaba contactado con la DINA, quien le encargó asesinar a Pascal Allende en Centroamérica. Por último, el cubano Luis Posada Carriles, jefe de operaciones de la DISIP y ex miembro de la policía secreta de Batista, participó de las redes terroristas de cubanos anticastristas nucleadas en la CORU, que entrenados y sostenidos por la CIA actuaron dentro de la Operación Cóndor. Está ampliamente probado que Posada Carriles, conocido en Venezuela como el “comisario Basilio”, trabajó para la CIA desde mediados de 1960, contactado desde entonces con Orlando Bosch. Fue encarcelado por ser responsable junto a Bosch de un atentado contra un avión de la aerolínea cubana en Barbados, en 1976, hecho que se cobró 73 vidas. Actualmente vive encubierto en Estados Unidos.[13]

Retomando los antecedentes inmediatos a la institucionalización de la Operación Cóndor, a fines de agosto de 1975 se iniciaron los preparativos para la XI Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA) en Montevideo. En declaraciones a la prensa, el presidente de la Conferencia, el mayor uruguayo Luis Vicente Queirolo, señaló la existencia de “una coordinación entre los ejércitos para combatir e impedir la infiltración marxista y cualquier otro tipo de subversión”.[14]

En septiembre, Contreras estuvo de nuevo en Santiago. En un famoso memorándum solicitó a Pinochet unos USD 600.000 para financiar operaciones de la DINA en el extranjero. Mientras, los dirigentes Jorge Fuentes Alarcón (MIR) y Amílcar Santucho (ERP) habían sido capturados y torturados por agentes de varios países en Asunción, Paraguay. Por esta acción conjunta, Contreras, exultante, envió una carta de agradecimiento a Pastor Coronel a fines de mes. El caso Fuentes-Santucho había sido clave en la formación de Cóndor, pues al mismo tiempo en que se celebraban reuniones y viajes, paraguayos, chilenos y argentinos habían colaborado concretamente en los interrogatorios en Asunción. Paraguay había accedido a trasladar clandestinamente a Fuentes. El modus operandi de Cóndor ya había fraguado.

En octubre, en Montevideo, se inauguró la XI CEA. Allí primaron los temas de inteligencia, logrando establecer enlaces informativos entre los ejércitos, que según el general uruguayo Julio César Vadora, ya existía en los hechos.[15] Aparentemente, allí se terminó de ultimar detalles sobre la reunión próxima a celebrarse en Santiago y se le planteó al FBI la necesidad de formalizar la coordinación existente.[16]

3. El Cóndor se institucionaliza (noviembre, 1975)

A comienzos de noviembre, el coronel de la DINA Mario Jahn arribó a Asunción portando una invitación formal del 29 de octubre para Francisco Brites, jefe de la policía paraguaya. Este documento, encontrado en los “Archivos del Terror” de Paraguay, es una de las pistas clave que permitió reconstruir la estructura y funcionamiento de la Operación Cóndor, dado que a la carta se agregaba el temario y la estructura organizativa propuesta. Según su propia declaración en la justicia chilena, Jahn entregó misivas similares a las fuerzas de seguridad de Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay.[17]

La DINA ofrecía a la policía paraguaya participar de “una Reunión de Trabajo de Inteligencia Nacional que se realizará en Santiago de Chile, entre los días 25 de Noviembre y 1 de Diciembre de 1975”[18] La reunión tendría “carácter de Estrictamente Secreta” y se esperaba que pudiera ser “la base de una excelente coordinación y un mejor accionar en beneficio de la Seguridad Nacional de nuestros respectivos países”. Dentro del temario, se incluían los siguientes “Fundamentos”:

La Subversión desde hace algunos años, se encuentra presente en nuestro Continente, amparado por concepciones políticas-económicas que son fundamentalmente contrarias a la Historia, a la Filosofía, a la Religión y a las costumbres propias de los países de nuestro Hemisferio.

Esta situación descrita, no reconoce Fronteras ni Países, y la infiltración penetra a todos los niveles de la Vida nacional.

La Subversión, ha desarrollado Mandos Internacionales, Continentales, Regionales y Subregionales, centralizados para coordinar las acciones disociadoras. A manera de ejemplo podemos citar la Conferencia Tricontinental de la Habana, la Junta Coordinadora Revolucionaria para el Sur, etc. (…)

En cambio los países que están siendo agredidos Política-Económica y Militarmente (desde adentro y fuera de sus fronteras), están combatiendo solos o cuando más con entendimientos bilaterales o simples “acuerdos de caballeros”.

Es para enfrentar esta Guerra Psicopolítica, hemos estimado que debemos contar en el ámbito Internacional no con un Mando centralizado en su accionar interno, sino que con una Coordinación eficaz que permita un intercambio oportuno de informaciones y experiencias además con cierto grado de conocimiento personal entre los Jefes responsables de la Seguridad.

De acuerdo al mismo documento, se proponía formar una Oficina de Coordinación y Seguridad para materializar los intercambios de información. La misma estaría formada por tres elementos:

a. Banco de datos: un “Archivo Centralizado de Antecedentes de Personas, Organizaciones y otras Actividades, conectadas directa o indirectamente con la Subversión. En líneas generales, algo similar a lo que tiene Interpol, en París, pero dedicado a la Subversión”;

b. Central de informaciones: un “Sistema de Comunicaciones moderno y ágil”, en base a transmisiones por Télex, medios de criptografía, teléfonos con inversores de voz y correos;

c. Reuniones de trabajo: para evaluar tareas, tratar problemas específicos y realizar contactos personales “deben programarse Reuniones de Trabajo en los Países cuyos servicios de Seguridad serán parte de este Sistema. También deben estimularse Reuniones de Trabajo bilaterales o extraordinarias cuando la situación así lo exija”.

La DINA se ofrecía como sede del sistema en Santiago. El personal técnico debía ser proporcionado en forma igualitaria por los miembros y contaría con inmunidad diplomática como agregado en las embajadas, respondiendo directamente a los servicios de inteligencia. El banco de datos y la central de informaciones serían financiados por los países miembros.

Según el cronograma de las reuniones, cada país expondría durante una hora y media sobre la situación y organización de sus servicios de inteligencia y de la lucha que entablaban contra la “subversión”. Luego se discutirían cuestiones específicas del sistema, recogiendo las sugerencias de los invitados. Además, la carta incluía tres anexos: uno con el organigrama propuesto, otro con los mecanismos de consulta de la base de datos y el último con el “Alfabeto de sustitución simple” para cifrar y descifrar los criptogramas enviados. Las delegaciones llegaron a Santiago para acreditarse el 25 de noviembre de 1975. La Primera Reunión Interamericana de Inteligencia Nacional comenzó la mañana siguiente, un miércoles de primavera, en la sede central de la DINA, en la Academia de Guerra del Ejército en Santiago, sita en la esquina de la avenida Alameda con la calle García Reyes. Los asistentes eran oficiales de alto nivel de fuerzas policiales y militares relacionados a tareas de inteligencia. Según el Acta de Clausura de la reunión, sobre la que nos detendremos más adelante, las delegaciones de los países estuvieron encabezadas por el capitán de navio Jorge Demetrio Casas, jefe de operaciones del Servicio de Inteligencia del Estado y luego de inteligencia naval (Argentina); el mayor del ejército Carlos Mena Burgos, del Servicio de Inteligencia del Estado (Bolivia); coronel del ejército Manuel Contreras Sepúlveda, cerebro de Cóndor y jefe de la DINA (Chile), el coronel del ejército Benito Guanes Serrano, jefe del II Departamento del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (Paraguay); el coronel del ejército José A. Fons, directivo del Servicio de Inteligencia de Defensa (Uruguay).

Brasil asistió como observador y por muchos años se desconoció la identidad de los delegados. Gracias a investigaciones del periodista Luiz Cláudio Cunha, se supo hace pocos años que el coronel Hávio de Marco y el mayor Thaumaturgo Sotero Vaz, agentes del Centro de Informaciones del Ejército (CIE), asistieron como “observadores”. El presidente Geisel les dio estrictas órdenes escritas de no firmar nada que vinculara a Brasil, y de escuchar más que de hablar, con el objetivo de no implicarse en ningún plan colectivo pero sí de salvar las relaciones bilaterales, dejando abierta la posibilidad de actuar cuando fuera necesario. De Marco y Thaumaturgo eran veteranos del combate en las selvas de Araguaia (1972-1974), el operativo militar contra el foco guerrillero más grande y duradero del país. Thaumaturgo, además, era egresado de la Escuela de las Américas y terminó siendo en los 80 director del centro en Manaos, en el que una década atrás había sido entrenada la DINA.[19]

En la organización, junto a Contreras, estuvieron involucrados miembros chilenos que fueron centrales para el funcionamiento de Cóndor: el coronel de la fuerza aérea Mario Jahn, encargado del proyecto general; el teniente coronel Pedro Espinoza, a cargo del enlace con la inteligencia brasileña y luego jefe de operaciones; el mayor Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, jefe del Departamento Exterior de la DINA; y el capitán Cristoph Willeke, que posteriormente reemplazaría a Iturriaga en su cargo. La primera velada terminó con una cena de gala en la ciudad de Meilipilla. Durante la estadía de las delegaciones, la DI NA se hizo cargo de todos los gastos, incluido los de transporte y alojamiento.[20] Tal como declaró años después el delegado uruguayo Fons, “Chile tenía los medios y la decisión para operar”.[21]

Durante la tarde del viernes 28 de noviembre, antes de lo pautado, se llegó a un acuerdo que quedó plasmado en el otro documento clave que permitió reconstruir la organización de la Operación Cóndor: el “Acta de clausura de la Primera Reunión Interamericana de Inteligencia Nacional”,[22] que contenía una serie de recomendaciones elaboradas durante las reuniones de trabajo y terminó de perfilar el esquema operativo.

Allí se recomendó iniciar los contactos bilaterales y multilaterales, como también formar un Sistema de Coordinación a partir de tres etapas de trabajo. Primero, se debía “establecer un Directorio completo con nombres y direcciones de aquellas personas que trabajen en Inteligencia para solicitar directamente los antecedentes de personas y organizaciones conectadas directa o indirectamente con el Marxismo”. Las peticiones ingresadas al sistema debían tener prioridad en las tareas de inteligencia, y se debía fomentar un contacto rápido e inmediato “cuando se expulse del país un individuo(s) o viaje un sospechoso, para alertar a los Servicios de Inteligencia”. Para esta etapa, también se aprobaba el uso del sistema criptográfico, proponiendo que a futuro fuera reemplazado por máquinas criptográficas automáticas. Los intercambios de información debían incluir la evaluación y estudio de los modelos de ficha de consulta propuestos, así como también los antecedentes técnicos y tecnológicos con que contaba cada servicio de inteligencia de los países miembros, promoviendo la circulación de agentes con conocimientos teóricos sobre el banco de datos y las transmisiones de antecedentes.

El manejo de información no solo involucraba antecedentes, resúmenes de interrogatorios y de otras tareas de inteligencia, sino que también se planteaba “facilitar los medios para publicar informaciones destinadas a atacar a la Subversión”, es decir, las tareas de propaganda, desinformación y acción psicológica que ya se habían ensayado con éxito durante la Operación Colombo. Por último, según este documento, se convino habilitar en las diferentes embajadas la presencia de agentes para lograr enlaces directos y personales, recomendación concretada fundamentalmente a través del sistema de agregados militares de AGREMIL, mencionado anteriormente. Esta estrategia permitía encubrir sus verdaderas faenas y mantener oculta la Operación Cóndor al conocimiento no solo de la población general sino también de muchos líderes y funcionarios civiles y militares. Algo similar había hecho por décadas la CIA, con agentes encubiertos generalmente bajo el paraguas de la USAID, como fue el caso de Dan Mitrione.

La segunda etapa implicaría evaluar los resultados obtenidos en la primera, elaborar y discutir un proyecto de factibilidad del sistema, e incrementar los lazos informativos y proponer nuevas estrategias. Por último, en la tercera, se debía dar la aprobación final del proyecto y dotarlo de fondos. Todas estas recomendaciones y propuestas debían ser ratificadas para el 30 de enero de 1976 por los jefes de los Servicios de Inteligencia de los países participantes.

El nombre “Cóndor” surgió también de esta reunión formativa. En el Acta de Clausura se puede leer: “el presente Organismo se denominará Cóndor, aprobado por unanimidad, conforme a la moción presentada por la Delegación de Uruguay en homenaje al país Sede”. En 1834, el ave, presente en los escudos de armas de varios países andinos, había sido adoptada junto al huemul para el escudo de armas chileno, convirtiéndose en un emblema nacional. Casi un siglo y medio después, tendría el triste honor de simbolizar la más cruenta operación contrainsurgente del Cono Sur.

Lo más llamativo para los agentes involucrados y lo que mejor ejemplifica el rol de EEUU en la Operación Cóndor es su complejo sistema de comunicaciones y su banco de datos computarizado. Dentro de la primera etapa descripta en el Acta de Clausura, se recomendaba “utilizar medios de enlaces ajenos a los países del Sistema, especialmente extracontinentales para obtener antecedentes sobre la Subversión”.

Este apartado ha atraído la atención de dos importantes investigadores norteamericanos, quienes han señalado la participación del FBI y la CIA. Tanto John Dinges como Patrice McSherry acuerdan que Estados Unidos brindó apoyo tecnológico y operativo esencial —y difícilmente accesible por otros medios— para el accionar de Cóndor. En principio, el uso de computadoras —aportadas según Scherrer por la CIA— en el banco de datos atraía a las diferentes agencias sudamericanas que todavía se manejaban con tarjetas mecanizadas. Luego, el sistema de comunicaciones también estaba en la vanguardia tecnológica, utilizando los últimos avances en comunicaciones vía télex, con terminales conectadas a máquinas encriptadoras automáticas. El télex era un sistema de comunicación textual por líneas similares a las telefónicas, desarrollado desde los años 30. La red de Cóndor era denominada Condortel y, según McSherry, fue implementada por la CIA en 1976. Los países miembros tenían nombre clave para las comunicaciones, siendo Chile “Cóndor” 1, Argentina 2, Uruguay 3, Paraguay 4, Bolivia 5 y Brasil 6. Según declaró el general paraguayo Alejandro Fretes Dávalos en 1978 al embajador norteamericano en su país, los miembros de Cóndor también tenían el acceso a una red de radio continental de EEUU con base en Panamá, así como a las autorizaciones, contraseñas e identificaciones necesarias para operar en el sistema de comunicaciones hemisférico.[23]

A pesar de que no ha quedado consignado en estos documentos fundacionales, Contreras habría propuesto explícitamente eliminar a los enemigos de las dictaduras del Cono Sur en todo el mundo. Esta versión surge de lo que ha relatado el coronel Fons, jefe de la delegación uruguaya, sobre la reunión.[24]

4. Las reuniones y acuerdos durante
la Operación Cóndor (1976-1980)

En la reunión formativa de 1975 se estableció que, mediante la aprobación del total de los firmantes, nuevos países podían ingresar al sistema Cóndor. Brasil había asistido a la reunión pero como observador. Su incorporación se efectivizó en junio de 1976 en momentos en que se realizaba en Santiago el segundo encuentro Cóndor. Había sido pactado en el Acta de Clausura, para realizarse “una semana antes de la Reunión de Comandantes en Jefe del Ejército en Chile”. Entonces, aprovechando la ocasión de la XII CEA a realizarse en la capital chilena, los miembros de la Operación se reunieron nuevamente. Allí se tomaron una serie de decisiones. En primer lugar, se pactó que la DINA mantendría la base de datos. Luego, se realizó un balance positivo de las acciones realizadas de tipo Fase 1 y 2. Por último, Chile, Argentina y Uruguay, —los miembros más activos—, acordaron dar un paso importante: concretar atentados de Fase 3 en territorio europeo, principalmente en París. Brasil decidió mantenerse al margen de estas operaciones.[25] Para llevar a cabo estas acciones, la SIDE coordinó un curso en Buenos Aires para quienes actuarían en Europa.[26]

Luego del asesinato del excanciller chileno Letelier, en septiembre de 1976, comenzaron una serie de viajes y encuentros que terminarían en la última reunión formal de la Operación Cóndor y en el traspaso del liderazgo de Santiago a Buenos Aires. El presidente de facto argentino Jorge Rafael Videla viajó a Bolivia en octubre, a Chile en noviembre y luego a Uruguay y a Paraguay. Los miembros estaban urgidos por consensuar la dirección a seguir después del revuelo por el atentado en el suelo norteamericano. Paralelamente, se llevaba a cabo el curso de entrenamiento pactado en Buenos Aires para los equipos que actuarían en París. Según fuentes norteamericanas, los uruguayos habían optado por limitar sus objetivos a “terroristas conocidos”, evitando actuar contra diplomáticos o políticos conocidos mundialmente.[27]

La tercera y aparentemente última reunión plenaria de los países miembros se realizó en diciembre de 1976 en Buenos Aires. La opinión de los servicios de inteligencia era tajante: la Fase 3 estaba colapsando. Según un informante de la CIA, Argentina tomó la responsabilidad por las fugas de información hacia otras agencias de inteligencia que habían abortado varias operaciones preparadas en Europa. Parte de la culpa fue vertida sobre los miembros chilenos, que habían sido demasiado audaces al cometer un atentado en la capital de Estados Unidos. Para entender esta mengua en las acciones de la Operación Cóndor, también se debe recordar que a partir de una fuga de dos detenidos había salido a la luz el más importante centro de detención clandestino de Cóndor: Automotores Orletti, en Buenos Aires.[28]

El fin de las reuniones plenarias de Operación Cóndor no significó que dejara de funcionar. Se siguieron celebrando acuerdos bilaterales de características contrainsurgentes entre los países miembros hasta bien entrada la década del 80. En 1978 se realizó una Segunda Reunión Bilateral de Inteligencia Argentina-Paraguay, en Asunción. Allí se ajustaron los mecanismos de intercambio de informaciones y prisioneros, y se planteó un esquema de tres fases casi en los mismos términos que en el cable de Scherrer. La primera fase sería de intercambio de información, la segunda refería a la identificación de los objetivos y la tercera implicaba la detención y traslado del objetivo a su país de origen. Se acordó también continuar el contacto directo entre los organismos de inteligencia a parir de los agregados militares.[29] También continuaron anualmente, por lo menos hasta 1982, los cursos superiores de inteligencia organizados por la SIDE para oficiales de alto nivel de países amigos, centrados en tareas de contrainsurgencia.[30]

Además de las acciones concretas que prueban su continuidad, documentos rutinarios siguieron haciendo referencia a Cóndor. Uno de ellos, de marzo de 1979, informaba el relevo y nombramiento de nuevos agregados en la embajada chilena en Brasilia. La Central Nacional de Informaciones le comunicaba al ministro de relaciones exteriores chileno el reemplazo de los agentes y declaraba seguir “empeñada en continuar manteniendo relaciones a este nivel con la República Federativa del Brasil”, por lo que había informado al SNI brasileño “de acuerdo a los estipulado en el Plan Cóndor”.[31]

En síntesis, la Operación Cóndor formalizó una serie de conexiones represivas existentes entre los países de la región y sentó bases sólidas sobre las que se apoyaron las dictaduras para eliminar a sus enemigos políticos fuera de sus fronteras, en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional. Las reuniones formales y la estructura burocrática quizá no cumplió con los objetivos iniciales, el funcionamiento no fue el imaginado y existieron conflictos entre los miembros, también se abortaron operaciones prematuramente y otras fallaron. Pero el saldo fue significativamente trágico, con cientos de secuestros, desaparecidos y atentados en tres continentes durante unos pocos años. Los capítulos siguientes reconstruyen los casos mejor investigados de la Operación Cóndor. Su lectura permite algo más que conocer ejemplos precisos de cómo se perpetraron los crímenes: recupera parte de las historias de sus víctimas, hombres y mujeres de carne y hueso que vivieron y padecieron los años del terror en el Cono Sur.

CAPÍTULO 5

Los casos emblemáticos

Esta selección de casos ya reconstruidos es un ejemplo para esclarecer el accionar de la Operación Cóndor. A partir de ellos se puede tener una idea acabada de la participación de sus miembros en acciones clandestinas bilaterales o multilaterales de secuestro, intercambio de prisioneros, desaparición, ejecución, extorsión, pillaje, propaganda y apropiación de niños. En algunos casos los victimarios han dejado importantes rastros documentales. En otros, las operaciones tuvieron inmediato eco en la prensa y la opinión pública internacional. Algunas víctimas sobrevivieron y aportaron invaluables testimonios de su calvario.

1. Jorge Fuentes Alarcón y Amilcar Santucho
(Argentina-Paraguay-Chile, 1975-1976)

El 16 de mayo de 1975 fue detenido en Asunción el abogado argentino Amilcar Santucho, hermano de Roberto Mario, fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), y cuatro días después fue apresado en la misma ciudad Jorge Isaac Fuentes Alarcón, sociólogo chileno. Ambos tenían documentos falsos a nombre de Juan Manuel Montenegro y Ariel Donarse Ledezma[1] respectivamente.

A ambos se los tomaba como altos dirigentes de la Junta Coordinadora Revolucionara (JCR). Según Pastor Coronel, quien era jefe del departamento de Investigaciones, cumplían una misión clandestina para establecer contactos en otros países de América con el objetivo de realizar una reunión en París. Fuentes Alarcón, quien vivía exiliado en Buenos Aires desde 1973, era considerado como un importante “correo” del Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR) de Chile, y un contacto clave con su líder, Edgardo Enríquez, que fuera detenido poco más de un año después.

El investigador John Dinges, al reconstruir el hecho, sostiene que en mayo de 1975 la Comisión Ejecutiva de la Junta Coordinadora Revolucionaria en París había decidido enviar a Santucho y a Fuentes Alarcón como emisarios en un viaje informativo por la región, para conocer el estado de los grupos revolucionarios latinoamericanos, consultar sobre la factibilidad de trasladar la sede de la Junta de Buenos Aires a Caracas o Lima, y construir nuevas alianzas.[2] A pesar de las advertencias de los contactos del MIR en Buenos Aires, dichos emisarios decidieron viajar en autobús desde Buenos Aires a Paraguay.

La detención de Fuentes y Santucho terminó siendo un caso revelador de los mecanismos de coordinación represiva en el Cono Sur, dejando un importante rastro documental en los archivos paraguayos, al tiempo que actúo como un catalizador para terminar de institucionalizar la Operación Cóndor. La Comisión Rettig estableció que, para su captura, los servicios de inteligencia argentinos aportaron datos acerca de la falsedad del pasaporte de Fuentes, que miembros de la Embajada norteamericana en Buenos Aires informaron a la Policía de Investigaciones en Santiago, sobre los interrogatorios realizados, y que la Policía paraguaya permitió el traslado clandestino de Jorge Fuentes Alarcón.[3] Según Dinges, el por entonces agregado legal de la embajada de Buenos Aires y agente del FBI, Robert Scherrer, señalaba —muchos años después— al caso Fuentes Alarcón-Santucho como el ejemplo clave de la coordinación formalizada en Operación Cóndor.

Los documentos de los archivos paraguayos muestran que la policía de ese país informó rápidamente de los arrestos a sus pares argentinos y chilenos, que participaron de los interrogatorios. Allí se encuentra, por ejemplo, una nota manuscrita por el jefe de inteligencia argentina Osvaldo Riveiro dirigida a Benito Guanes Serrano, conocida como “Cuestionario para el Nene” donde se indicaban las preguntas a realizarle en el interrogatorio a Fuentes, con el objetivo de encontrar en la Argentina a Edgardo Enríquez.[4] Las fuerzas de seguridad se interesaron por algunas de las informaciones que los detenidos tenían en sus agendas y documentos. Santucho informó que en una de sus sesiones de tortura e interrogatorio en las oficinas de Pastor Coronel pudo reconocer a varios argentinos, que creía miembros de la embajada en Paraguay, y que en ocasiones posteriores fue inquirido por oficiales militares chilenos, argentinos y uruguayos.[5]

La participación norteamericana está documentada por primera vez en este caso. El FBI, a través de Robert Scherrer, que conocía personalmente a Benito Guanes Serrano, avisó no solo a su país sino también a sus contactos en Chile. Según una carta de Scherrer al general chileno Ernesto Baeza encontrada en Paraguay, el FBI despachó agentes en EEUU para rastrear a dos personas que figuraban en la agenda de Fuentes.[6] Las ramificaciones del caso llegaron incluso a Francia, según el mismo Scherrer. En las agendas capturadas, el nombre “Carlos” de un contacto en París despertó la atención de los captores, quienes pensaban que refería a un seudónimo de Roberto Santucho. Las fuerzas de seguridad francesas fueron avisadas y llegaron a un departamento al que “Carlos” los dejó ingresar y en el que acribilló a tres agentes y a un informante, escapando luego. En lugar de Santucho, se habían topado con el venezolano llich Ramírez Sánchez, alias “Carlos El Chacal”.[7]

Las detenciones de los miembros de la JCR tuvieron repercusión internacional. La presión del gobierno alemán, Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas logró salvar la vida de Santucho. El 22 de septiembre de 1979 fue expulsado del Paraguay, puesto en un avión de Lufthansa hacia Frankfurt, para terminar exiliado en Suecia. Muchos años después, regresaría a su país natal.

Las gestiones tuvieron resultado diferente en el caso de Fuentes. Solo un día después de la salida de Santucho, su compañero había sido aparentemente expulsado del Paraguay, pero en realidad se lo había trasladado clandestinamente en un avión a Chile, con la intervención del coronel de la Fuerza Aérea Edgar Ceballos. En una ficha policial encontrada en Paraguay se puede leer: “Por orden superior fue puesto en libertad el 23-IX-75 y expulsado por Aeropuerto Pte. Stroessner”.[8] Dos días después, Manuel Contreras de la DINA escribió una famosa carta de agradecimiento a Pastor Coronel “por la cooperación prestada para facilitar las gestiones relativas a la Misión que debió cumplir mi personal en la hermana República del Paraguay, y estoy cierto que esta mutua cooperación continuará en forma creciente para el logro de los objetivos comunes coincidentes de ambos servicios”.[9] Fuentes Alarcón fue visto con vida en el centro clandestino de detención (CCD) Villa Grimaldi por Luz Arce, una militante socialista convertida en informante de la DINA, en muy malas condiciones de salud. Desde el 12 de enero de 1976 permanece desaparecido. Un caso conectado con la detención de Fuentes fue el de Jean Yves Claudet Fernández, un ingeniero de nacionalidad chilena y francesa, que actuaba como correo del MIR. Luego de la captura de Fuentes y otros importantes operativos contra la organización realizados en Chile, Claudet fue emboscado el 1 de noviembre de 1975 por el agente argentino del Batallón 601 Osvaldo Riveiro y agentes de la DINA. Portando importantes documentos microfilmados y dinero, se había registrado en el Hotel Liberty de Buenos Aires el día anterior. La información llegó a Santiago a través del contacto local de la DINA con Riveiro, el espía Enrique Arancibia Clavel.[10] Según el Informe Rettig, se presume que Claudet Fernández fue ejecutado en Argentina.

Las acciones contra los líderes del MIR continuaron luego de la formalización de la Operación Cóndor. Merced a la información obtenida de Fuentes, Claudet y de otros interrogatorios y acciones de espionaje, Edgardo Enríquez fue finalmente secuestrado el 10 de abril de 1976 en Buenos Aires, estando en compañía de la brasileña Regina Marcondes. Enríquez estaba bajo protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y tenía contactos con dirigentes del ERP en la Argentina. Según el Informe Rettig, fue secuestrado por la Policía Federal argentina en conjunto con la DINA, pasó por los CCD argentinos de El Olimpo, Campo de Mayo y ESMA, y terminó trasladado a Villa Grimaldi en Chile.[11] Un resumen semanal secreto de la CIA del 2 de julio indica que Enríquez ya había sido asesinado.[12] Sus restos nunca fueron hallados.

El último líder prominente del MIR secuestrado bajo la Operación Cóndor fue Patricio Biedma, un argentino de larga militancia y residencia en Chile, que había retornado a la Argentina luego del golpe de Pinochet. En julio de 1976 fue detenido en Buenos Aires y llevado a Automotores Orletti, donde fue interrogado por un militar chileno. No se tuvieron más rastros de él.

2. Agustín Goiburú
(Argentina-Paraguay, 1977)

El paraguayo Agustín Goiburú había sido fundador de una corriente interna del Partido Colorado, el Movimiento Popular Colorado (MOPOCO). Estaba casado con Elba Elisa Benítez, hija del coronel Rogelio Benítez, y era médico traumatólogo. Ante persecuciones en su propio país, Goiburú se asiló en la embajada uruguaya en Asunción en septiembre de 1959, para luego radicarse en Candelaria, ciudad de Misiones, Argentina. En la cercana Posadas continuó con su actividad política e identificó a muchos cadáveres de militantes paraguayos que aparecían en el río Paraná, con evidencias de tortura de la dictadura de Stroessner. Goiburú fue espiado casi constantemente durante 20 años.

En 1969 fue secuestrado por primera vez por la policía paraguaya en una excursión de pesca sobre el Paraná, frente a la ciudad de Posadas. Según el relato de su hijo Rolando, quien lo acompañaba en la excursión junto a dos personas más, fueron llevados a dependencias de la marina en suelo paraguayo, donde el Dr. Goiburú fue encerrado en una celda, atado con alambres y metido en una bañera. Al poco tiempo fue trasladado a Asunción.[13] En julio de 1970 fue encontrado por su esposa, en muy mal estado y enfermo. Planeó una fuga que se concretó en diciembre, mediante un túnel de 70 metros. Se asiló en la embajada de Chile en Asunción. Pasó un corto tiempo en Chile y volvió a Posadas en 1973. De estos años, en los archivos del Paraguay, hay casi un informe semanal sobre él. Un suceso importante en esta trama ocurrió en diciembre de 1974, cuando su esposa y sus hijos advirtieron la presencia de un extraño fotografiando la casa donde vivían. Capturaron al espía Bernardo Coceo, quien declaró ante la policía misionera que se había planeado un operativo desde Asunción para secuestrarlo. Para ello habían ido agentes paraguayos hasta la orilla argentina en un bote atracado cerca de su vivienda.[14] En ese mismo año de 1974, Stroessner detuvo a un grupo de paraguayos falsamente acusados. Entre los “complotados” estaba Carlos Mancuello, de nacionalidad argentina. Esto sirvió para denunciar el supuesto plan terrorista coordinado con el ERP. Mancuello y otros tres detenidos paraguayos fueron asesinados y desaparecidos en la prisión. Según los “interrogatorios”, se llegó a la acusación de que Goiburú y Ángel Horentín Peña eran los jefes militares de una célula terrorista.

Habiendo sufrido varios intentos de secuestro, Goiburú decidió trasladarse a Paraná, la capital de Entre Ríos, donde siguió practicando la medicina. A partir de allí, la ciudad estuvo fuertemente infiltrada por agentes de inteligencia paraguayos y brasileños, que trabajaban junto a fuerzas argentinas.[15] El 30 de septiembre de 1975 el general Benito Guanes Serrano informaba a Stroessner minuciosamente de los viajes de Goiburú hacia Misiones, señalando todos los lugares que visitaba. En octubre, el mismo Guanes redactó un informe titulado “Subversivos Paraguayos”. Dicho informe fue remitido al agregado militar en Buenos Aires, donde se lee “Se requiere con carácter urgente: (…) C. Localización y detención del Dr. AGUSTÍN GOIBURÚ, hombre importante, escurridizo y peligroso (…) Por ser de sumo interés, de resultar positivo, principalmente el punto C. de requerimientos, se solicita informar de inmediato a fin de viajar personal de ésta que trabaja especialmente en el caso”.[16]

Según el periodista Daniel Enz, el general Cristino Nicolaides, jefe del Ejército argentino en Corrientes, hablaba permanentemente con Stroessner y había planeado secuestrar al hijo de Goiburú, que estudiaba en esa provincia. El problema era que, para 1976, la inteligencia paraguaya le había perdido el rastro. Un equipo de militares paraguayos partió a la ciudad de Corrientes y secuestró al hijo mayor Rogelio en una residencia universitaria.

Goiburú se vio obligado a presentarse a la Subprefectura Naval para recuperar a su hijo.[17]

Desde el golpe cívico militar en la Argentina en marzo de 1976 la vigilancia fue febril. El 6 de febrero de 1977 el médico le advirtió a su esposa que lo seguían automóviles Ford Falcon[18] Finalmente, el miércoles 9 de febrero de 1977 Goiburú fue secuestrado en la calle Nogoyá 572, en Paraná, dentro del operativo denominado “Safari”. El plan fue chocar su automóvil mientras trabajaba en el Hospital San Martín. Cuando salió a verificar lo que ocurría fue interceptado por una camioneta verde, de la que descendieron dos personas armadas a las que se sumó un tercero. Lo tomaron de los brazos y lo introdujeron en un Ford Falcon verde. Según trascendidos, Goiburú estuvo preso unos días en jurisdicción de la Fuerza Aérea de Entre Ríos y fue entregado a Paraguay en Puerto Falcón, Formosa. A pesar de la búsqueda incansable de sus hijos Rogelio, Rolando y Jazmín, los restos del Dr. Agustín Goiburú continúan desaparecidos.

Como hemos dicho, el caso Goiburú se ha convertido en uno de los más emblemáticos de la Operación Cóndor a partir de las pruebas documentales que dejaron sus asesinos. En los Archivos del Terror paraguayos existe una carpeta de enero de 1977, probablemente de la inteligencia argentina, que contiene información detallada sobre su familia, sus cuentas bancarias, sus actividades cotidianas, sus amistades personales y los compañeros con que trabajaba, acompañada con fotografías. En un documento con un membrete del Hotel Guaraní se informaba: “El atentado se realizará en el trayecto de la Clínica a su domicilio. Se han marcado los lugares posibles y está todo arreglado para su regreso de vacaciones que se llevará a cabo a mediados de febrero (…) Intervendrá un solo grupo de 4 hombres, con dos vehículos y armas adecuados, cuyo manejo y prácticas se están ensayando”.[19]

Tres pruebas clave apuntan hacia Juan Amarilla como uno de los responsables del operativo. En días previos al secuestro, el capitán del Ejército argentino Vicente Castex Laprida le comunicaba a Pastor Milcíades Coronel el agente Amarilla que se había comunicado con autoridades argentinas, informándoles al detalle del operativo. En ese informe, Castex Laprida decía que se estaba “preparando su apresamiento, traslado vía aérea hasta Formosa (Capital) y entre los horarios de 01. A 03. Horas sería puesto en frontera, Puerto Falcón, en un automóvil, marca Ford, modelo 1976, color verde chapa patente Capital (C) conducido por Amarilla y personal a su cargo”.[20] Otra misiva entre Castex y Coronel, fechada el 8 de febrero de 1977, reconoce que Amarilla fue “munido por este Destacamento de los elementos necesarios de movilización y traslado”.[21] Por último, Amarilla firmó un recibo en Asunción donde aceptaba haber recibido ocho mil dólares de la policía paraguaya “en concepto de comisión y viático para trasladarme con personal a mi cargo hasta la provincia de Entre Ríos, Argentina, para tarea reservada”.[22]

3. Los operativos contra el PVP uruguayo
(Argentina-Uruguay-Paraguay-Brasil, 1976-1978)

El uruguayo Partido para la Victoria del Pueblo fue fundado por militantes de izquierda exiliados en Buenos Aires en julio de 1975. Sus primeros líderes fueron Gerardo Gatti y León Duarte. Los miembros exiliados de este partido en Argentina fueron alcanzados por la Operación Cóndor luego del golpe de Estado de marzo de 1976.

Tal como señala la Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos (IHDD), “las oleadas represivas contra el PVP ocurrieron en cuatro momentos y en el territorio de cuatro países”.[23] El primer momento ocurrió entre marzo y julio de 1976, en Buenos Aires, e incluyó el traslado clandestino de un contingente a Uruguay. El segundo fue entre agosto y octubre, también en Buenos Aires. El tercer y cuarto momento tuvieron por escenario Paraguay, en 1977, y Brasil, en 1978.

La operación contra los militantes del PVP es un ejemplo cabal de la coordinación entre fuerzas represivas de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y quizás Chile. Es un modelo en cuanto a las características de las acciones realizadas y sus participantes: actuación de fuerzas paraestatales en conjunto con las estatales, redadas nocturnas y asalto de los domicilios, grupos de tareas binacionales, detención, torturas e interrogatorios en CCDs, traslados aéreos clandestinos a los países de origen de los secuestrados, operaciones de prensa para desinformar a la opinión pública y “blanquear” los secuestros, desapariciones y ejecuciones. Aporta palmarias evidencias de dos tipos de delitos que escapaban a los supuestos objetivos de las fuerzas contrainsurgentes: el secuestro y apropiación de niños, y una debilidad particular por el robo, la extorsión y la estafa. Por último, la operación contra los militantes del PVP constituye una de las evidencias más fuertes contra la interpretación que sugiere que la Operación Cóndor fue una reacción dirigida especialmente contra la Junta Coordinadora Revolucionaria, dado que el PVP no fue miembro de la misma. En ese sentido, refuerza la hipótesis de que el fantasma de la JCR fue exagerado para justificar y legitimar la represión transnacional frente a la opinión pública y al interior de las propias cadenas de mando de las fuerzas represivas del Cono Sur.

3.1. Los secuestros en la Argentina
y los traslados clandestinos al Uruguay (1976)

La persecución de los militantes del PVP formaba parte de la “Operación Morgan”, desatada fundamentalmente en Uruguay, y que apuntó también hacia miembros del Partido Comunista, entre octubre de 1975 y marzo de 1976.[24]

La primera etapa de este operativo se desarrolló en Buenos Aires, entre marzo y julio de 1976. Comandos combinados argentino-uruguayos (con participación de la Policía Lederal Argentina, los organismos de inteligencia SIDE y SID, la Triple A y el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas —OCOA—) realizaron una verdadera cacería de militantes. El 9 de junio de 1976, la Policía Federal capturó en un departamento en Buenos Aires al líder Gerardo Gatti junto a María del Pilar Nores, con importantes documentos. El mismo mes, se produjo un asalto a la Comisión Católica de Inmigración en Buenos aires, robando listas de refugiados protegidos por ACNUR. Unos días más tarde, fueron secuestrados, torturados, amenazados y liberados 24 refugiados chilenos y uruguayos, que reconocieron haber sido interrogados en Argentina por oficiales de sus países.[25] En base a esta información, y la obtenida mediante la tortura, se perpetró la posterior segunda oleada represiva.[26] Para ese momento, Gatti y el resto de los detenidos sobrevivientes habían sido llevados al CCD Automotores Orletti, que sería la base de operaciones argentino-uruguaya. Como se puede leer en la IHDD de Uruguay, las bandas que operaban desde allí “mezclaban su celo en la lucha ‘antisubversiva’ con prácticas de extorsión personal y pillaje del ‘botín de guerra’ que bordeaban lo mafioso”.[27] Lo que buscaban era quedarse, por medios extorsivos, con el dinero del PVP había obtenido mediante el secuestro de un empresario holandés.

Para entablar las negociaciones, el 13 de junio agentes uruguayos armados se llevaron de su hogar al militante del PVP Washington Pérez. Junto a uno de sus hijos fue trasladado a Orletti, donde se entrevistó con los uruguayos Hugo Campos Hermida, José Niño Gavazzo, el coronel Barrios, el teniente José Silveira y el argentino Aníbal Gordon. Éstos le explicaron que querían que reconociera a un detenido y le pidieron USD 2.000.000 por la liberación de Gatti y otros diez detenidos en Uruguay. Una semana después, Eduardo Ruffo, un delegado de Gordon, llevó a Pérez nuevamente a Orletti, donde fue fotografiado con Gatti, que estaba con evidentes signos de haber sido torturado, leyendo un diario de la fecha como prueba de vida. Hacia fines de mes, Pérez logró llevar una contrapropuesta que fue rechazada por los captores, quienes le dieron una carta manuscrita de Gatti como otro elemento de negociación.[28]

Entre principios y mediados de junio, hubo más de una veintena de nuevas detenciones perpetradas por comandos argentino-uruguayos en lugares públicos, bares y domicilios particulares. Entre las víctimas estuvieron Carlos Enrique Rodríguez Larreta, Margarita Michelini, León Duarte, Enrique Rodríguez Larreta (padre de Carlos) y Sara Méndez, secuestrada junto a su hijo recién nacido Simón Riquelo. Para julio, todos estos detenidos estaban en Automotores Orletti, siendo torturados e interrogados sistemáticamente para obtener información sobre el dinero del PVP.

Sara Méndez dio varios testimonios de esta desgarradora historia, que en cierto sentido fue la de muchos exiliados del Cono Sur en esos tiempos de terror. Vivía en Buenos Aires junto a su marido Mauricio Gatti, hermano de Gerardo, todos militantes del PVP. Había conseguido alquilar una casa donde vivía con Asilú Maceiro, quien simulaba ser su madre. Cuenta Sara que cursando los últimos estadios de su embarazo, logró obtener un documento falso a nombre de Stella Maris Riquelo, simuló llegar desde el interior del país y gracias a una amiga que trabajaba en una clínica pudo parir a su hijo, bajo el nombre de Simón Riquelo.[29] Su detención se produjo el 13 de julio de 1976, cuando un grupo de unos quince hombres armados vestidos de civil —entre los que estaban Gavazzo y Gordon— violentaron su domicilio y torturaron a Sara y Asilú. Mauricio no estaba presente ni volvería por toda la noche. Los asaltantes les acercaban documentos que los implicaban con los militantes del PVP. Entre ellos, habían encontrado fotografías de Gerardo Gatti, su cuñado, una junto a Washington Pérez y otra con signos de torturas: eran las imágenes que estaban siendo utilizadas para la negociación por el dinero del PVP.[30]

La banda destruyó el lugar y se llevó todo lo que tenía valor, cargándolo en una camioneta. Cuenta Sara Méndez que “en un momento el mismo Gordon me alcanzó al niño, porque quería revisar el moisés donde estaba durmiendo. Destrozó todo con un cuchillo”. Ella se aferró desesperadamente al niño, pero el mayor Gavazzo se lo arrebató y le dijo: “A dónde vas no podés llevarlo. Él va a estar bien. Esta guerra no es contra los niños”.[31]

El paso por Orletti fue un verdadero calvario. Las pocas víctimas sobrevivientes han declarado haber sido amordazados, atados y cubiertos con bolsas en el traslado, padeciendo y presenciando múltiples torturas allí. Sara Méndez recuerda: “No imaginábamos el infierno que nos esperaba, […me] había propuesto no gritar porque era terrible escuchar los alaridos de los torturados, pero cuando estuve allí, cuando me colgaron y comenzaron con la picana eléctrica grité hasta que quedé sin voz. Y así fueron los días del horror”.[32]

Pérez intentó contactarse con los miembros del PVP durante dos semanas, pero recién a mediados de julio pudo hacerlo. Los represores de Orletti le solicitaron que acudiera con la carta de Gatti y cuando llegó, la entregó a los oficiales que le informaron que “el asunto Gatti ya estaba liquidado”. El mismo día, por la noche, le acercaron a Pérez una oferta similar, ahora por la vida de León Duarte. A partir de allí, no tuvo más contacto, las negociaciones se cortaron y Pérez pudo huir de la Argentina como refugiado de la ACNUR, con destino en Suecia.[33]

Durante julio comenzaron los traslados clandestinos de prisioneros a Uruguay. Esto se realizó tanto en forma individual o en pequeños grupos, en ocasiones en aviones comerciales y en otras en vuelos militares.

A mediados de julio, María Pilar Ñores fue llevada en un vuelo comercial junto a dos militares uruguayos al CCD de Punta Gorda. Entre el 24 y el 26 de julio fue trasladado a tierras orientales el llamado “Grupo de los 24” en un vuelo ordenado por el SID y piloteado por miembros de la Fuerza Aérea Uruguaya, que fue conocido como “primer vuelo”. Al tiempo que se efectuaban estos traslados, miembros del PVP en Buenos Aires planificaron un asalto a Orletti, que ya había sido identificado, pero lo suspendieron por la fuerte vigilancia a la que estaba sometido. Entre ellos estaba Gustavo Inzaurralde, de quien volveremos a hablar más adelante.[34]

3.2. La Operación Chalet Susy o Shangrilá
(agosto-octubre 1976)

El “Grupo de los 24” fue recluido inicialmente en Punta Gorda, y luego trasladado a una sede del SID, a mediados de agosto de 1976, donde comenzó una nueva etapa de interrogatorios y torturas al mando de Gavazzo. Una de las trasladadas, Sara Méndez, recuerda que les dieron a elegir entre “aparecer” como detenidos en Uruguay o regresar a la Argentina donde serían desaparecidos. Otro testimonio es el de Enrique Rodríguez Larreta, que afirmó que Gavazzo les dijo que debían

… simular una tentativa de invasión armada por un grupo guerrillero que había ingresado clandestinamente a la altura del Río Negro, donde sería “sorprendido” por tropas uruguayas (…) La totalidad de los secuestrados rechazó este planteo, negándose a firmar las actas con declaraciones que el Mayor Gavazzo ya traía confeccionadas.[35]

Las negociaciones continuaron ante la renuencia de los detenidos a participar del simulacro. Gavazzo prometió inicialmente condenas de entre 10 y 30 años de cárcel, oferta que fue nuevamente rechazada. A fines de mes, realizó un simulacro de fusilamiento de Margarita Michelini y Raúl Altuna. La nueva propuesta fue reducir las condenas a 2 o 3 años cada uno, penas que serían dictadas en un juicio simulado donde los detenidos debían desistir de elegir abogados y aceptar ser representados de oficio.[36] Según la IHDD “los detenidos se negaron a firmar documentos que negaban su secuestro en Buenos Aires, que desmentían las denuncias contra el régimen y que confesaban haber sido capturados en Uruguay para establecer otro foco guerrillero”.[37]

Luego las tratativas se realizaron de manera individual y Gavazzo pudo ir cerrando algunos acuerdos. En octubre se había terminado de diseñar el operativo para hacer “aparecer” a los detenidos que —recordemos— habían sido trasladados clandestinamente a Uruguay. Un grupo sería capturado en hoteles de Montevideo y otro en un chalet en el balneario de Shangrilá. Todos estarían acusados de pretender implantar un foco guerrillero desde la Argentina y serían detenidos con armas y documentación. A fines de mes, fue alquilado el “Chalet Susy” en la costa uruguaya y se les realizaron documentos falsos a los detenidos, fraguando registros en hoteles y pensiones de Montevideo.

Finalmente, la supuesta detención se realizó el 26 de octubre, habiendo sido trasladados previamente cinco militantes con soldados que simulaban ser parte del grupo. Quienes actuaron en la detención ni siquiera sabían que era una farsa. En la noche de ese mismo día, se concretaron “arrestos” de nueve prisioneros más en Montevideo.[38]

Dos días después, los militares uruguayos organizaron una conferencia de prensa en el chalet, con los catorce detenidos. Al día siguiente, se emitió el Comunicado Especial N.º 22 en el que se describió un inexistente plan subversivo del PVP. Los medios uruguayos replicaron inmediatamente el comunicado, amplificándolo y legitimándolo. El Diario, El país y La Mañana titularon respectivamente: “Duro golpe contra nuevo brote subversivo. Caen 62 sediciosos. Shangrilá: desbaratan base y les incautan armamento”; “Desbaratan temible organización terrorista”; “Fue desbaratado un nuevo movimiento subversivo; detienen 62 sediciosos”.[39]

La Operación Shangrilá o “Chalet Susy” fue la acción más importante de guerra psicológica realizada por los uruguayos. Tuvo especial importancia para el régimen por dos motivos. Por un lado, permitía “blanquear” prisioneros que habían sido detenidos y transportados ilegalmente. Por otro, demostraba la existencia de focos guerrilleros en Uruguay a solo un mes de que el congresista norteamericano Edward Koch hubiera conseguido suspender la ayuda militar norteamericana al país en base a denuncias por violaciones de los derechos humanos.

Los procesos de justicia militar contra los “arrestados” comenzaron en noviembre y en diciembre cinco fueron liberados. Uno de ellos, Enrique Rodríguez Larreta, comenzó una intensa campaña internacional de denuncia contra el régimen militar de su país.

Como mencionamos más arriba, hubo una segunda etapa de secuestros en Buenos Aires que se desarrolló mientras este primer grupo estaba ya en el Uruguay. Entre agosto y octubre de 1976, se calcula que fueron detenidos en similares circunstancias otros 26 ciudadanos uruguayos, que fueron trasladados a su país el 5 de octubre en lo que se llamó “el segundo vuelo”. Precisamente, en el Comunicado Especial N.º 22 de fines de octubre, el gobierno uruguayo menciona unos 62 detenidos en total, cifra que sería concordante con la cantidad de militantes del PVP y otras agrupaciones capturados en la Argentina hasta entonces.[40]

Ambos vuelos militares han sido confirmados en 2005 por autoridades de la Fuerza Aérea uruguaya, en un comunicado al por entonces presidente de la República Tabaré Vázquez. Allí se detallaba que partieron desde el Aeropuerto Jorge Newbery, en Buenos Aires, con destino de Aeropuerto de Carrasco, en Montevideo. Según el mismo documento, las operaciones les fueron solicitadas a la Fuerza Aérea por el SID, que se encargó del embarque, desembarque y posterior traslado de los detenidos.[41]

Esta gigantesca operación no escapó al conocimiento de Estados Unidos. Desde Buenos Aires, Robert Scherrer Informó en noviembre de estos sucesos a la Secretaría de Estado en Washington. Constató que el comunicado del gobierno uruguayo había tenido muy poca repercusión en los periódicos argentinos, y que ni siquiera reprodujeron los catorce nombres dados a conocer casi un mes antes. Scherrer descreyó la versión oficial e Informó a sus superiores que la mayoría de los nombres estaban en una lista de exiliados de la ACNUR, robada poco antes por agentes argentinos, uruguayos y chilenos. El agente del FBI suponía que argentinos y uruguayos habían participado en las detenciones y en los anuncios de prensa.[42]

Sin embargo, el gobierno uruguayo contaba con el ferviente apoyo del embajador norteamericano en Montevideo, Ernst Siracusa. El 29 y 30 de octubre de 1976 envió dos cables dirigidos a Washington, donde se reprodujo la Información del comunicado oficial sin mayores comentarlos, dándola por válida.[43] Siracusa había viajado previamente, en agosto, a Nueva York. Allí se entrevistó con Edward Koch y trató de convencerlo de que estaba equivocado en su opinión sobre los militares uruguayos, quienes mientras tanto tramaban para eliminarlo. El embajador Invitó al congresista a visitar Uruguay, dándole amplias garantías, Invitación que Koch rechazó cortésmente. En septiembre fue asesinado Leteller, en octubre, luego de la aprobación de la enmienda que recortó la ayuda militar norteamericana a Uruguay, el director de la CIA George Bush padre Informó a Koch que existía un plan para asesinarlo.[44] Las conexiones de la Operación Cóndor con las agendas de seguridad de los Estados Unidos no podrían ser más claras.

3.3. Los detenidos en Paraguay
(Inzaurralde, Santana Scotto, Landi, Logoluso, Nell, 1977)

Los uruguayos Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana Scotto escaparon a Paraguay en marzo de 1977 en busca de documentos falsos para ayudar a sus compañeros del PVP a salir de la Argentina. Inzaurralde había estado en Chile hasta el golpe de Estado. Luego se trasladó a Buenos Aires, donde posteriormente participó de la fundación del PVP. Santana había llegado a la Argentina en 1975, donde militó en dicha organización.

El 28 de marzo de 1977 algunos Involucrados en las tratativas para conseguir los documentos falsos fueron detenidos en Asunción. En los días sucesivos, Inzaurralde, Santana y tres argentinos residentes en una pensión —Marta Landi, José Nell y Alejandro Logoluso— también, fueron capturados y llevados al Departamento de Investigaciones de la Policía. Los paraguayos avisaron Inmediatamente a sus socios de Cóndor y se coordinaron las acciones. Los rastros de esas acciones han quedado registrados en los Archivos del Horror paraguayos. Uno de los documentos hallados es un Informe del torturador Alberto Cantero a Pastor Coronel, del 9 de abril de 1977, donde señalaba:

Tengo el honor de dirigirme a esa superioridad con el objeto de elevar a su conocimiento el resumen de las actividades del grupo de trabajo que se constituyó en esta Dirección [de Investigaciones] los días 5,6 y 7 (…), Integrado por el Sr. General Benito Guanes y el teniente Cnel., Galo Escobar del II Depto. Del E. M. G.; Tete. 1.ero. Ángel Spada y Sgto. Juan Carlos Camlcha de la Jefatura de Área 234 (argentinos), José Montenegro y Alejandro Spada, del SIDE de la República Argentina y el mayor Carlos Calcagno, del Servicio de Inteligencia del Ejército de Uruguay, con relación a los procedimientos efectuados últimamente por esta jefatura.[45]

Otros documentos dan cuenta de cómo se fueron ampliando los Informes a partir de los Interrogatorios. En uno de ellos concluyen que Landi y su esposo Logoluso no tenían vinculaciones con el resto. En otro se da cuenta de que al segundo día de Interrogatorios, participaron miembros de la SIDE argentina. El estudio de los resultados de cada interrogatorio era sistemático y se pedían datos específicos. También está archivada una carta de Marta Landi para que le permitieran comunicarse con sus padres. Por último, podemos mencionar una comunicación de Pastor Coronel a Stroessner donde le transmitía “la gratitud” que le habían expresado los ejércitos argentino y uruguayo por haber permitido que dos agentes de la SIDE argentina y un oficial uruguayo interrogaran a los prisioneros en Asunción.[46] La pieza clave para conocer su destino final fue un informe del mismo Cantero a Coronel, del 16 de mayo de 1977, que decía:

Tengo el honor de dirigirme a esa superioridad con el objeto de elevar a su conocimiento que en el día de la fecha, siendo las 16 y 34 horas, en un avión B1 reactor de la Armada Argentina, con matrícula 5730 0683, piloteado por el capitán de corbeta, José Abdala, viajaron con destino a la ciudad de Buenos Aires (R. A.) los siguientes detenidos (…) Insaurralde (…), Santana (…), Nell (…), Logoluso (…), y Landi (…). Las mencionadas personas fueron entregadas por conducto de esta Dirección [de Investigaciones] en presencia del Cnel. D. E. M. Don Benito Guanes y del Cap. De Fragata Lázaro Sosa, al Tte. 1.º José Montenegro y Juan Manuel Berret, ambos del SIDE.

La frase con la que posteriormente los paraguayos comunicaban a los familiares de Landi su destino fue “puesta en libertad el día 16 de mayo de 1977, ignorándose su paradero”.[47]

Testimonios argentinos ubican a Inzaurralde y Scotto en el CCD El Atlético, en Argentina, a mediados de 1977. Desde allí, no se sabe más nada de todos ellos. Las familias de Inzaurralde y Santana iniciaron procesos legales en Paraguay. En 1993, el juez Arnuldo Arias acusó a Guanes Serrano y Antonio Campos Alum. Guanes admitió el intercambio de presos y Campos Alum atestiguó que “el intercambio de detenidos era frecuente en la región”, y mencionó como buenos colaboradores a Calcagno y los argentinos Montenegro y Spada[48].

3.4. Las detenciones de Lilian Celiberti
y Universindo Rodríguez Díaz en Brasil (1978)

Las operaciones comenzaron en Montevideo, con seis detenciones de miembros del PVP. De la información obtenida mediante la tortura, los militares uruguayos concluyeron que había una fuerte pista que conducía a Porto Alegre.[49] Lilian Celiberti y Universindo Rodríguez Díaz vivían desde algunos meses allí, intentando reunir información para divulgar un dossier sobre violaciones de los derechos humanos en Uruguay. Tenían pasaportes falsos y habían regresado de su exilio por la ACNUR en Suecia e Italia. Lilian recuerda que creían que “había mayor limitación para que los policiales uruguayos actuaran en Brasil”.[50]

Su secuestro fue preparado desde Montevideo por la Compañía de Contra-Informaciones del Ejército. El exsoldado Rivas recuerda así que los uruguayos “primero lo planearon sin el consentimiento de los militares brasileños, pero luego vieron que podía ser peligroso, se podía crear un conflicto y optaron por tomar contacto con los brasileños y con el DOPS; formalizaron un acuerdo e inmediatamente el DOPS dijo que ellos le prestaban el apoyo para la operación”.[51] Para ello, los uruguayos se comunicaron con autoridades militares de Porto Alegre y Brasilia, desde donde se aprobó la colaboración y se designó al sistemático torturador Pedro Seelig —apodado “el Heury de las pampas”— como encargado de parte del DOPS/RS.[52]

Rivas, por su parte, confesó que desde allí partió hacia el Chuy una pequeña comitiva compuesta de un camión, una combi y un Fiat 128 con cuatro detenidos del PVP como “marcadores”, subalternos y cuatro agentes de la Compañía. Llegados a la frontera, solo dos agentes de la Compañía con tres de los detenidos prosiguieron hasta Porto Alegre con colaboración de la Policía brasileña.[53]

El objetivo primordial no era esta pareja de uruguayos, sino Plugo Cores, otro uruguayo que vivía en Brasil desde febrero de 1978 proveniente de su exilio francés y tras su paso por la Argentina hasta el golpe de Estado. En mayo de 1978, Cores estaba instalado en San Pablo y conectado con Lilian y Universindo. La operación se llamó “Zapatos rotos” o “Zapatos viejos” por el hábito de Cores de usar zapatos muy gastados. Se esperaba desarticular, a partir de su captura, al resto de los militantes del PVP en suelo brasileño. También se esperaba obtener el resto del famoso dinero de la organización, buscado desde años atrás.[54] Por la mañana del 12 de noviembre de 1978, Lilian fue detenida por un equipo binacional comandado por Seelig en la terminal de ómnibus. A pocas horas, y mientras se preparaban para asistir a un partido de fútbol, fueron secuestrados Universindo junto a los dos hijos de Lilian, Camilo y Francesca Casariego.

Todos fueron llevados al Palacio de la Policía local, donde fueron torturados por uruguayos y brasileños. Al día siguiente, los cuatro junto a los “marcadores” fueron llevados a la frontera Chui-Chuy, por donde fueron ingresados clandestinamente al Uruguay. El agente Rivas los recogió en la Policía Federal del Chuy, donde estaban alojados los niños en una pieza y los adultos en otra. Pasaron unas horas en la fortaleza de San Miguel, pero dada la cercanía con la frontera brasileña fueron nuevamente trasladados al fuerte de Santa Teresa, un poco más alejado. Antes de llegar allí, Lilian sufrió un simulacro de fusilamiento y fue amenazada con ser arrojada al Río de La Plata por el capitán Yannone.[55] De esos días ha quedado una trágica nota redactada por Lilian con una aguja en un papel de cigarrillo, dirigida a su madre, en la que decía: “vinimos juntos a la frontera, allí me bajaron y me dijeron: o ‘desaparecido’ o colaborás. Yo por supuesto dije colaboro (…) ya pasó lo peor, del proceso no me salvo pero es mejor que ser desaparecido”.[56]

Durante su cautiverio, Lilian pudo convencer a sus captores que debía contactarse con gente del PVP en Porto Alegre en dos días. Inmediatamente, los uruguayos decidieron trasladar a Universindo con los niños a Montevideo y llevar a Lilian de nuevo a tierras gauchas para armar una emboscada en su departamento. Estando allí, Celiberti dijo que si no realizaba un llamado a París todo se cancelaría. El 16 de noviembre llegó un telegrama de Francia pidiendo con urgencia que se comunicara. Ante las evidencias, fue llevada a la sede del DOPS para telefonear. En la conversación pidió que citaran a un tal Aguirre para que fuera a su departamento en la fecha convenida, y sus captores imaginaron que era el nombre clave de Cores.

En realidad “Aguirre” era el seudónimo de “prensa”. Cores conoció el asunto en San Pablo y aviso a la redacción de la revista Veja, que envió al periodista Luiz Cláudio Cunha y el fotógrafo J. B. Scalo de la sucursal local hasta el departamento. Su inesperada llegada el 17 de noviembre desbarató la “ratonera” y se decidió trasladar inmediatamente a Lilian hasta la frontera Lívramento-Rivera.[57]

La prensa brasilera realizó una importante cobertura del caso. El régimen uruguayo decidió entonces emprender una nueva operación de “guerra psicológica” para “blanquear” la situación. Lilian y Universindo aparecieron presos en Uruguay, donde el gobierno los acusó con un comunicado de intentar iniciar un nuevo foco subversivo: “[Las Fuerzas Conjuntas] Informan a la población que Universindo Rodríguez Díaz, Lilián Celiberti Rosas y los dos menores hijos de ésta, fueron detenidos al pretender ingresar clandestinamente al Uruguay, portando documentos falsos, trayendo material de propaganda subversiva, así como importante armamento”.[58]

Mientras, en Porto Alegre, comenzó a circular una versión que negaba el secuestro y que decía que los cuatro uruguayos habían llegado por sus medios a Bagé, en la frontera con el Uruguay, a menos de una semana de su secuestro. Se fraguaron documentos personales y de la estación de ómnibus de Bagé para que figuraran en un micro que había ingresado a la ciudad uruguaya de Meló, en Cerro Largo. El coronel brasileño Moacyr Coelho, director de la Policía Lederal de Porto Alegre, declaró “La pareja uruguaya no fue secuestrada. Salieron espontáneamente del país. El caso está cerrado”.[59] Sin embargo, el montaje fue más bien burdo, dado que la versión oficial uruguaya decía que habían sido detenidos en Aceguá, cuando ingresaban en dos automóviles con armas y material subversivo. Rivas relató esta farsa hace años, haciéndose cargo de su responsabilidad: “La policía declaró que Lilian y Universindo habían sido apresados en territorio uruguayo intentando entrar al país, portando armas, documentos falsos y propaganda subversiva. Todo esto es mentira. El armamento era de la misma ‘compañía’, los documentos falsos se los preparó la ‘compañía’. Yo les saqué las fotos, les saqué las huellas dactilares a ellos”.[60] Lilian y Universindo terminaron siendo juzgados y encarcelados en Uruguay. Unos meses después, Lilian supo que sus hijos estaban con sus abuelos. Esperaron hasta 1983 para salir en libertad. Consiguieron una indemnización del Estado de Rio Grande do Sul, aunque la Ley de Caducidad uruguaya protege aún a sus victimarios. Actualmente, en Italia, el juez Capaldo incluyó a Lilian, que tiene doble nacionalidad, dentro de la causa que juzga crímenes cometidos en el Cono Sur contra italianos.

En este caso también hay evidencias que dan cuenta de que Estados Unidos, por lo menos, tuvo un pronto conocimiento de la verdad tras estos hechos. Desde la embajada norteamericana en Montevideo se enviaron varios informes sobre el caso. En un cable del embajador Lawrence Pezzullo, reemplazante de Siracusa, fechado el 30 de noviembre de 1978, comunicaba que el Buenos Aires Herald y la Folha da Tarde de Porto Alegre habían publicado noticias del caso, confirmando que había sido un secuestro. En cambio, la prensa uruguaya se apegó a la línea bajada por su gobierno. Pezzullo cerró el sumario comentando que se conocían montajes de prensa similares realizados entre argentinos y uruguayos, pero que este era el primer antecedente de una cooperación similar entre el Uruguay y Brasil.[61]

4. Los brasileños en Argentina
y argentinos en Brasil (1976-1980)

La dictadura brasileña trabajó en estrecha conexión con sus pares argentinos para cumplir objetivos comunes. Como hemos visto, esta coordinación existía desde tiempos anteriores a la Operación Cóndor y continuó así a partir de su formalización. La dictadura en Brasil había diezmado a la izquierda y los movimientos guerrilleros con una feroz represión, sobre todo después de los operativos contrainsurgentes realizados en la zona centro y norte del país, a orillas del río Araguaia (1972-1975). Para 1976, la Operación Cóndor brindaba a los brasileños la oportunidad de terminar con los opositores políticos y los pocos sobrevivientes de las organizaciones armadas que seguían en el exilio. Al mismo tiempo, generaba el marco propicio para deshacerse de los exiliados problemáticos que residían en su territorio, provenientes de todo el Cono Sur. Esta perspectiva resultó particularmente atractiva para los argentinos a fines de la década.

Las acciones binacionales realizadas por las fuerzas militares de ambos países se cobraron menos víctimas que otras. A pesar de ello, la coordinación brasileña-argentina reviste especial importancia porque fue una de las claves de la represión de la Contraofensiva Popular Montonera, que pretendía derrotar a la dictadura argentina a finales de la década del 70. Además, aporta un ejemplo esclarecedor acerca de cómo se articulaban algunos operativos específicos de cada país en el marco general de la Operación Cóndor.

A las detenciones de ciudadanos brasileños en Buenos Aires descriptas anteriormente como antecedentes de la Operación Cóndor, se le sumaron nuevos casos a partir del año 1976. Uno de las víctimas fue Sidney Fix Marques dos Santos, militante de izquierda que vivía exiliado desde 1972 con su esposa Leonor Elivar Cristalli. El matrimonio se sabía perseguido por sus connacionales, y preparaba un viaje a Europa para partir a un nuevo exilio, cuando Sidney fue secuestrado el 15 de febrero de 1976, aparentemente por miembros de la Policía Federal Argentina. La familia rápidamente pidió información a las autoridades argentinas, pero ningún dato certero les fue aportado. El caso fue luego denunciado ante la CONADEP.[62] Circunstancias similares padecieron María Regina Marcondes Pinto, Sergio Fernando Tula, Jorge Alberto Basso, Walter Kenneth Nelson Heury y otros, entre 1976 y 1980.

El caso con más repercusión internacional fue el de Francisco Tenorio Cerqueira Júnior, alias “Tenorinho”, pianista brasileño que había venido a Buenos Aires por una gira en la que acompañaba a Vinicious de Moraes y Toquinho. En la madrugada del 18 de marzo de 1976, apenas una semana antes del golpe de Estado en Argentina, salió desde un hotel en la avenida Corrientes a comprar cigarrillos, avisando a sus compañeros. No se conocen las circunstancias exactas de su secuestro, pero se sabe que fue llevado a una dependencia de la Policía Federal Argentina y luego a la ESMA. Un exagente de inteligencia naval argentino, Claudio Vallejos, confesó haber participado en su cautiverio, reconoció su estadía en la ESMA, admitió que fue torturado por militares de ambos países y agregó que un diplomático brasileño se apersonó allí para tomar conocimiento de la situación.[63] Organismos de derechos humanos de Brasil concluyeron que el asesinato de Tenorinho se produjo poco después de aquella visita. Según Vallejos, descubrieron pronto que no tenía mayores contactos políticos. Pero, ante la posibilidad de que denunciara a los involucrados, los brasileños decidieron ultimarlo, ejecución que estuvo, presuntamente, a cargo del argentino Alfredo Astiz, el “El Ángel de la Muerte”.[64] Su cuerpo permanece desaparecido. En tierras brasileñas, los militares argentinos fueron correspondidos con la colaboración de sus socios de Cóndor, principalmente actuando contra militantes Montoneros. Un caso destacado fue el del periodista y escritor Norberto Armando Habegger, detenido por tres militares argentinos que contaban con apoyo de sus pares brasileños, en el aeropuerto de Río de Janeiro el 31 de julio de 1978. Habegger realizaba una intensa campaña internacional contra la organización del Mundial del Fútbol en la Argentina y provenía en un vuelo comercial desde México, donde muchos de sus compañeros vivían exiliados. A pesar de contar con documentos falsos a nombre de Héctor Esteban Cuello, las tareas de inteligencia coordinadas entre el CIE brasileño y el Batallón 601 argentino permitieron capturarlo.[65]

Según el testimonio reciente del militar brasileño Paulo Malhães ante la CNV, y documentos secuestrados de su domicilio, a fines de los 70 y comienzos de los 80 se llevó a cabo la Operación Gringo, que implicaba la vigilancia y detención de extranjeros dentro de Brasil. Malhães relató que los más altos mandos de Argentina y Brasil autorizaron las acciones conjuntas, que se iniciaron con encuentros e intercambio de informaciones. A partir de allí, los argentinos se habrían quedado un año entero trabajando con los brasileños, siendo supervisadas las acciones desde Brasilia. Según otro testimonio, la base de la operación fue la infiltración de un agente argentino en varias organizaciones, para la cual la Argentina enviaba miles de dólares mensuales.[66]

Las detenciones de los argentinos Plorado Domingo Campiglia y Mónica Susana Pinus de Binstock parecen también haber sido parte de la Operación Gringo. Ambos, importantes dirigentes de Montoneros, hicieron la última escala de su vuelo comercial en Río de Janeiro el 12 de marzo de 1980, provenientes desde México con destino a la Argentina. Tenían pasaportes falsos a nombre de Jorge Piñeiro y María Cristina Aguirre de Prinssot y su llegada se dio en el marco de la Contraofensiva que planeaba realizar la organización contra la dictadura argentina.[67] Agentes del Batallón 601 los capturaron al llegar a Brasil. Según algunas fuentes, las fuerzas represivas argentinas conocieron, mediante interrogatorios y torturas, la llegada de Campiglia, y se comunicaron con miembros de inteligencia militar brasileña para apresarlos. Un documento norteamericano elevado por James Blystone al embajador en Buenos Aires del 7 de abril de 1980 comenta, citando fuentes de inteligencia argentinas, que Campiglia y Pinus habían sido capturados vivos y llevados a la Argentina clandestinamente en un avión C-130, para quedar detenidos en el CCD “El Campito”, en la base militar de Campo de Mayo. Blystone relata allí que los brasileños autorizaron a viajar a los agentes argentinos, quienes dejaron un rastro de registros falsos a nombre de los detenidos para no alertar a sus compañeros.[68] Según un documento del teniente coronel argentino Eduardo Stigliano, el teniente general Leopoldo Galtieri se entrevistó con Campiglia, alias “Petrus” poco antes de que lo ejecutaran.[69]

En base a los documentos y testimonios de Stigliano y Malhães —ambos fallecidos—, ellos fueron quienes lideraron la captura de Campiglia y Pinus de Binstock en el Aeropuerto de el Galeão, quienes permanecen desaparecidos. Todas estas acciones contra Montoneros en el exterior se encuadraban dentro de lo que las fuerzas represivas argentinas llamaron el Operativo Murciélago, que consistió en la infiltración, vigilancia, seguimiento y eliminación de militantes Montoneros en el exterior para detener la Contraofensiva antes de que sus miembros ingresaran a la Argentina o, en su defecto, cuando salían del país. El operativo, organizado por el coronel Carlos Alberto Tepedino, se cobró la vida de quince militantes y sus perpetradores fueron condenados en un juicio en 2007.[70] Las acciones encuadradas dentro de los Operativos Murciélago y Gringo, amparadas bajo los acuerdos de la Operación Cóndor, no solo tuvieron a Río de Janeiro por epicentro. Otras importantes detenciones y desapariciones se llevaron a cabo en la frontera entre la provincia argentina de Corrientes y el Estado brasileño de Rio Grande do Sul.

En Paso de los Libres, Argentina, funcionó un CCD conocido como “La Polaca”, manejado por el ejército, donde se había montado un sistema de “marcadores” para identificar a Montoneros provenientes de Brasil.[71] En la ciudad brasileña de Uruguayana ya se había detenido a los argentinos José María Rodríguez y Jorge Alfredo Iturburu en junio de 1977, quienes fueron entregados al Ejército argentino y luego desaparecidos.[72] Tres años más tarde, en el paso fronterizo entre Brasil y Argentina, los argentinos Lorenzo Ismael Viñas y Jorge Oscar Adur fueron capturados, con solo horas de diferencia, el 26 de junio de 1980. Adur, un sacerdote relacionado con Montoneros en el exilio, había ingresado a la Argentina clandestinamente y fue detenido cuando intentaba volver a Brasil para dirigirse a Porto Alegre. Abordado en el puesto fronterizo dentro del ómnibus comercial en el que viajaba, Adur fue llevado a Paso de los Libres y luego a Buenos Aires. El joven universitario Viñas viajaba en un ómnibus desde Santa Fe hasta Rio de Janeiro, huyendo con documentos falsos ante el fracaso de la Contraofensiva. Se presume que fue detenido en el puente internacional, devuelto a autoridades argentinas, siguiendo el mismo recorrido que Adur. Otras informaciones afirman que ambos fueron torturados en el CCD “La Polaca”[73] Silvia Tolchinsky declaró haber visto a Campiglia, Pinus de Binstock y Lorenzo Viñas junto a otro prisionero, probablemente Adur, en el CCD de Campo de Mayo.[74] Todos continúan desaparecidos.

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos hicieron un amplio seguimiento de estos casos. Esto se hizo evidente por un cable enviado por Henry Kissinger, el 20 de julio de 1976, titulado “Southern Cone Security Practices”. Según Patrice McSherry, Kissinger decía conocer por fuentes brasileñas de confianza que se había suscrito un acuerdo entre Brasil y Argentina, mediante el cual ambos países formaban unidades militares conjuntas que buscaban y eliminaban terroristas que intentaban huir de Argentina a Brasil.[75] Además de los casos descriptos existieron varios operativos en la zona de la Triple Frontera e Iguazú.

5. La participación de Ecuador y Perú (1976-1980)

Con una participación más acotada, los últimos miembros de Cóndor se sumaron entre 1976 y 1978: Ecuador y Perú. Según un informe de la CIA del 14 de febrero de 1978, Ecuador se habría sumado ese año al sistema Cóndor. El organismo responsable era el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y participaba su Dirección Nacional de Inteligencia. El informe también da cuenta de que un militar argentino supervisó la instalación de la terminal Condortel en Quito y oficiales chilenos capacitaron a sus pares ecuatorianos en la Escuela de Inteligencia Militar en Santiago. Otra prueba que involucra a Ecuador es el famoso reporte del 22 de agosto de 1978 elaborado por la CIA y dirigido al embajador George Landau y al fiscal Eugene Propper, titulado “A brief look at Operation Condor”. En este se menciona que Ecuador y Perú se habían unido recientemente.[76] Sin embargo, no se conocen casos concretos que den cuenta de la participación ecuatoriana de la Operación Cóndor.

En cambio, Perú parece haber sido un miembro más activo aunque no al nivel de sus fundadores. Varios investigadores norteamericanos estiman que los peruanos comenzaron a colaborar hacia fines de los 70. McSherry y Dinges suman a los documentos de la CIA un memorándum chileno de 1978 en el que la CNI informa haber asignado un agente de Cóndor en Lima, y da cuenta del conocimiento por parte del director de inteligencia peruana de la posición del agente en la embajada chilena. El memo circuló “a través del sistema de Cóndor” vía Buenos Aires, la “Secretaría de la Comunidad”.[77]

Sin embargo, hay evidencias que apuntan a que la participación peruana puede datar por lo menos desde 1976. La misma investigadora cita otro documento de ese año donde Benito Guanes Serrano eleva un pedido de investigación dirigido a “Cóndor 1-SIE (Arg.)-AGREMIL (P y A)”, es decir, Manuel Contreras por la DINA, Servicio de Inteligencia del Ejército argentino y los agregados militares de Perú y Argentina.[78] Según un dirigente de izquierda peruano, Gustavo Espinoza, su país no habría participado de la reunión inaugural en 1975 porque tanto sus pares latinoamericanos como los norteamericanos desconfiaban de las Fuerzas Armadas. Velasco Alvarado había sido derrocado, pero todavía permanecían sectores leales a las posiciones progresistas del expresidente. Precisamente, cuando el general Francisco Morales Bermúdez demostró su alejamiento del pasado “velasquista”, Perú comenzó a gozar de la confianza de los miembros de Cóndor.[79]

El secuestro y desaparición en Lima del argentino Carlos Alberto Maguid, en 1977, revela la incorporación de Perú al Operativo. De acuerdo a la investigación de Alicia Pierini y Ernesto Jauretche, Maguid vivía en Perú como asilado político y estaba casado con Nora Nélida Arrostito, hermana de la líder montonera Norma Esther. La mañana del 12 de abril de 1977 Maguid fue secuestrado en la esquina de las avenidas Petito Tohouars y Javier Prado mientras esperaba un autobús. Según versiones periodísticas, los capitanes del ejército peruano Héctor Matta Rosingana y David Bravo Castrillón, y el comandante de policía limeña Julio Vargas Martínez, introdujeron a Maguid en un automóvil blanco conducido por el coronel José Vivero Arias. Tanto Arias como Rosignana eran miembros de los Servicios de Inteligencia Peruanos (SIEP).[80]

Dos informes del embajador norteamericano en Perú, Harry Schlaudeman, de 1977 y 1980, sostienen que funcionarios de organismos protectores de refugiados políticos conocían pormenores del secuestro de Maguid y de la coordinación de los militares peruanos con sus pares argentinos.[81]

Existe también un documento del día posterior al secuestro dirigido al comandante general del ejército peruano, Guillermo Arbulú Galliana, filtrado a la prensa peruana, donde se dice que “fue entregado el cadáver del sujeto ‘ar’ Carlos Alberto Maguid, al personal de Seguridad del Ejército argentino que se encuentra en Lima con autorización de ese Comando desde los primeros días del presente mes”. Según el mismo escrito, “en razón de que el convenio bilateral de Inteligencia suscrito con el Ejército argentino no prevé el caso de la muerte por interrogatorio de los extremistas capturados, solicito respetuosamente que el señor General de Brigada Director de Inteligencia lleve como ponencia este vacío para ser debatido en la próxima reunión bilateral”.[82] Sin embargo, las versiones sobre su destino final difieren. Fuentes peruanas apuntan a que fue llevado a dependencias del Ministerio de Guerra; sobrevivientes argentinos de la ESMA dicen haberlo visto allí en 1977, respaldando la versión de un traslado clandestino con vida en un avión a la Argentina. Gustavo Espinoza, por entonces secretario del PC peruano, compartió celda con Maguid por cinco días antes de su secuestro en abril y confirmó recientemente las dudas sobre su paradero final. Se había anunciado una visita del dictador Videla en marzo a Lima, por lo que fueron apresadas en Seguridad del Estado varias personas para “evitar posibles protestas”. Espinoza relata “Estuvimos presos cuatro o cinco días y nos dejaron libres. Un mes después Maguid fue secuestrado. En prisión me contó que la dictadura argentina lo perseguía. No se sabe si lo asesinaron en Lima o si se lo llevaron a la Argentina”.[83]

Lo que parece más seguro es que el interés por Maguid se debía a la pista del dinero de la organización Montoneros, obtenido por algunos secuestros exitosos, como el de Jorge y Juan Born. Maguid continúa desaparecido.[84]

Tal como sugieren Dinges y McSherry, en 1978 Perú participaba de operaciones con el sello de Cóndor. Sin embargo, los casos concretos, según lo que se desprende de documentos desclasificados por Estados Unidos, fueron reconstruidos a partir de testimonios e investigaciones de este lado del continente.

El 25 de mayo de 1978 los peruanos debían votar en elecciones para una Asamblea Constituyente, bajo el régimen de Morales Bermúdez. Ese mismo día se produjo una redada de trece políticos, militares, sindicalistas y periodistas peruanos. De ellos, han tomado estado público los testimonios de Alfonso Baella Tuesta[85] Ricardo Napurí y Javier Diez Canseco[86]. En base a sus relatos se ha podido reconstruir que fueron trasladados al aeropuerto militar de Limatambo, donde abordaron esposados y engrillados un avión de la Fuerza Aérea Peruana. Su primer destino fue la provincia argentina de Jujuy, ingresando por el aeropuerto de El Cadillal, donde fueron encarcelados como prisioneros de guerra en el Regimiento de Infantería de Montaña 20. En Jujuy, fueron recibidos por soldados argentinos y, según rememoró Napurí, el coronel argentino a cargo les informó que existía “un pacto entre los estados mayores de los ejércitos de argentina y Perú mediante el cual iba a haber un intercambio de prisioneros”[87]

Los detenidos fueron trasladados a Buenos Aires, alojados en la sede central de la Policía Federal. Napurí recuerda partes del calvario en la capital argentina: “nos separaron y nos pusieron en celdas cuyas paredes estaban casi todas escritas con sangre (…) era como tocar la muerte (…) nos pasaban cintas con los gritos de los torturados”[88]

La captura de los peruanos fue revelada por la publicación de una foto con la llegada del avión militar y los nombres de los prisioneros en un diario jujeño[89] y por la llamada que pudo realizar Napurí gracias a la colaboración de un suboficial[90]. La presión de la ACNUR y las campañas internacionales consiguieron salvar la vida de los peruanos, que fueron deportados a diversos países. En 2008, once dirigentes de la izquierda peruana presentaron un escrito ante la justicia italiana denunciando la participación de Morales Bermúdez en la Operación Cóndor. Según declararon entonces a la prensa, la colaboración argentina había sido la retribución por la operación realizada por los militares peruanos el año anterior contra Maguid.[91]

Se conoce otra importante operación contra argentinos en Perú, que prueba tanto una colaboración trilateral como la inserción del país andino en la Operación Cóndor. Los pormenores fueron conocidos gracias a la citada investigación de Pierini y Jauretche.[92] En junio de 1980, ocho oficiales del Ejército argentino, con nombres falsos y con ropas de civil, llegaron a Lima en un vuelo de Aerolíneas Argentinas trayendo por lo menos un rehén. El coronel al mando del operativo fue alojado en dependencias militares peruanas y se le facilitó un teléfono, un auto, un chofer y un guardaespaldas. El prisionero proveniente de Buenos Aires era Federico Frías Alberga, un obrero metalúrgico que había aceptado identificar a compañeros en Perú. El 11 de junio intentó fugarse, pero fue recapturado, salvajemente golpeado e internado en un hospital. Desde entonces no se sabe más de él.

Casi al mismo tiempo, María Inés Raverta, militante montonera que vivía con documentos falsos en Perú, fue secuestrada en la misma zona a plena luz del día. Escoltada hasta su domicilio por hombres armados, fue retenida hasta que llegó Julio César Ramírez. Capturado Ramírez, ambos fueron trasladados. Otra detenida en ese día fue la Madre de Plaza de Mayo Noemí Esther Gianetti de Molfino, quien había acudido a un diputado para informarle del secuestro de Raverta, y por la noche fue secuestrada de su domicilio. Según fuentes norteamericanas y del agente de inteligencia peruana Arnaldo Alvarado, el operativo que capturó a tres argentinos se realizó con equipos compuestos por peruanos del SIEP y argentinos del Batallón 601.[93]

Gracias al accionar del diputado Meza Cuadra, y a un periodista holandés que fue testigo de su secuestro, la denuncia se hizo pública. Las agencias de inteligencia y las embajadas norteamericanas también tuvieron un pronto conocimiento del asunto. La prensa peruana presionó para conocer del caso, así como también Amnistía Internacional y la ACNUR. Sin embargo, las víctimas no pudieron ser rescatadas.

Los prisioneros fueron llevados a Playa Hondable, un centro de recreo del ejército cerca de Lima, para luego ser trasladados ilegalmente a Bolivia. El 17 de junio, Raverta, de Molfino y Ramírez fueron entregados a Fernando Rivero, un paramilitar dependiente del coronel del Ejército boliviano Luis Arce Gómez. Estando en La Paz, fueron interrogados por varios argentinos, y aparentemente dos murieron. Los responsables habrían sido Néstor Vignola y el coronel Osvaldo Chimeno.

Dos días más tarde, el gobierno peruano reconoció este operativo con un comunicado en el que se informaba sobre la detención de cinco montoneros los cuales habían ingresado ilegalmente al país. También mencionaban que el día 17 fueron llevados “a Desaguadero y entregados a las autoridades de Migración de la República de Bolivia”. El comunicado solo dio los nombres de Gianetti, Raverta y Ramírez en la lista de los cinco detenidos, sembrando dudas sobre la identidad del resto y las conexiones con el caso Frías.[94]

Las redes de Cóndor llegaron incluso hasta Madrid en esta ocasión. El 16 de julio, dos argentinos alquilaron una habitación en un hotel madrileño. Dos días después, en un vuelo de Varig, llegó en una silla de ruedas la señora de Molfino, custodiada por una paramilitar encubierta como enfermera. El 21 de julio, la policía española encontró el cuerpo de la Madre de Plaza de Mayo en el departamento rentado, con signos de haber fallecido unos tres días antes. La autopsia mostró rastros de envenenamiento, y junto al cadáver se encontraron dos pasaportes falsos: uno utilizado por Gianetti de Molfino y otro de un tal Almirón. Este pasaporte fue comparado con una prueba dactiloscópica que llegó, al decir de Pierini y Jauretche, “con sospechosa celeridad” y que atribuyó la identidad a Ramírez, quien había fallecido en Bolivia días antes. Todo había sido planeado como una maniobra de propaganda, típica de la Operación Cóndor. Ningún cuerpo más fue encontrado hasta el día de hoy. Se sospecha que el fallecido miembro de la Triple A Rodolfo Almirón Sena pudo haber estado involucrado en la muerte de Giannetti de Molfino.

6. Los niños de Cóndor
(Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, 1976-1978)

La rapiña de los perpetradores de la Operación Cóndor no tuvo límites. El secuestro y apropiación de los niños fue, seguramente, el capítulo más trágico del “botín de guerra” arrancado a los militantes torturados, asesinados y desaparecidos. Sus historias, que reconstruiremos brevemente, son tan desgarradoras, complejas y llenas de matices. Muestran la participación en la comisión de estos delitos de la mayor parte de los miembros de Cóndor: Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay. También evidencian el carácter sistemático de la apropiación de niños por parte de la dictadura argentina que, en el marco de Cóndor, se cobró la mayoría de las víctimas entre los niños de los militantes uruguayos del PVP secuestrados en Buenos Aires. Anteriormente se ha sido referido la detención y secuestro de Sara Méndez y su hijo argentino recién nacido Simón Riquelo (Simón Antonio Gatti Méndez), en julio de 1976. El pequeño Simón fue llevado a una comisaría y adoptado por un comisario de la policía bonaerense. Su padre, Mauricio Gatti logró escapar de la Argentina pero murió sin encontrarlo. Su madre Sara, luego de los años de prisión en el Uruguay, buscó a su hijo por décadas, siguiendo pistas falsas. El reencuentro con su madre se produjo en el año 2002, cuando fue localizado por el senador uruguayo Rafael Michelini, hijo de Zelmar, y se sometió a pruebas genéticas que confirmaron su identidad.[95]

El 24 de agosto de 1976 la pareja argentina formada por Marcelo Ariel Gelman y María Claudia García Iruretagoyena Casinelli, embarazada de siete meses, fue secuestrada por un comando militar argentino-uruguayo en Buenos Aires. Ambos fueron llevados a Orletti, donde fueron brutalmente torturados. Marcelo fue ejecutado en octubre y su cuerpo fue hallado en 1989 dentro de un barril relleno de cemento que había sido arrojado a un arroyo en San Fernando, provincia de Buenos Aires. María Claudia fue trasladada clandestinamente en un vuelo a Montevideo, donde permaneció recluida en la sede del Servicio de Inteligencia de Defensa (SID). Desde ese lugar solo salió para ser llevada al Hospital Militar donde nació su hija Macarena. De nuevo en su lugar de cautiverio, solo pudo compartir unos días con su hija. Tiempo después fue sacada del SID y no se supo nunca más de ella. Aún continúa desaparecida.

Recién en el año 2000, luego de una fuerte campaña internacional encabezada por su abuelo, el poeta argentino Juan Gelman, la hija de Claudia fue encontrada en manos del policía uruguayo Ricardo Medina, quien desde enero de 1977 la había criado como su hija.[96] María Macarena descubrió entones su verdadera identidad y se reencontró con su familia biológica. El caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado uruguayo a indemnizar a la familia Gelman.

Jorge Zaffaroni Castilla y María Emilia Islas Gatti, uruguayos, fueron también víctimas de las redadas en Buenos Aires que terminaron en Orletti. Su hija Mariana, nacida en la Argentina en marzo de 1975, fue capturada junto a ellos en septiembre de 1976. Los padres fueron desaparecidos y la pequeña fue apropiada al poco tiempo por Miguel Ángel Furci, perteneciente a la SIDE y a la banda de Aníbal Gordon, quien la registró como Daniela Romina Furci.

A partir de denuncias periodísticas y la acción de Abuelas de Plaza de Mayo y CLAMOR, en 1983 fue ubicada en manos del matrimonio Furci. Ante las denuncias y procesos judiciales, el apropiador se fugó con la niña a Paraguay en 1985.[97] Existe documentación en los Archivos del Horror que demuestra que las autoridades paraguayas conocían la situación.[98] En 1992 el matrimonio fue localizado, siendo posteriormente condenado por la apropiación de Mariana, quien recuperó su identidad en 1993.[99]

Otro caso es el del matrimonio Mario Roger Julien Cáceres (uruguayo) y Victoria Lucía Grisonas (argentina-uruguaya), que vivían en San Martín, provincia de Buenos Aires, con sus hijos Anatole Boris y Eva Victoria Julien Grisonas, nacidos en Uruguay y Argentina respectivamente. Un comando de militares uruguayos y argentinos asaltó su casa en septiembre de 1976. Mario Roger fue asesinado en el lugar, y luego desaparecido y la madre como los niños fueron trasladados al temible CCD Automotores Orletti.

Testigos sobrevivientes de Orletti, confirmaron haber visto a los niños Julien Grisonas junto a Mariana Zaffaroni. Luego fueron trasladados a Uruguay, en octubre, en el mismo vuelo que María Claudia García Iruretagoyena, para llevarlos a la sede del SID.

De acuerdo a sobrevivientes de ese centro, entre ellos Sara Méndez, los niños Julien Grisonas estuvieron en un piso alto del edificio junto con María Claudia. Estos testimonios dieron cuenta del momento en que nació Macarena Gelman, mediante las conversaciones mantenidas con un soldado.

Un mes más tarde del nacimiento de Macarena, los niños Julien Grisonas fueron enviados en un avión junto a una mujer que se hacía llamar “tía Mónica” y otros guardias a Santiago de Chile, donde aparentemente los esperaba alguien que se apropiaría de ellos. La operación falló y los niños de cuatro años y dieciocho meses fueron abandonados en una plaza de Valparaíso.[100] Después de haber pasado por orfanatos y familias transitorias, fueron adoptados por un matrimonio chileno que desconocía su origen clandestino.

Un tiempo después fueron ubicados por su abuela y organismos de derechos humanos a partir de la publicación de sus fotos en un periódico venezolano. La situación generó un dilema, y para evitar una nueva pérdida familiar, se pactó que los niños continuaran con su familia adoptiva y mantuvieran lazos con su familia biológica en el Uruguay.[101] En ese momento, el Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay publicó una circular que decía “Ahora se prueba que el tráfico e intercambio de prisioneros secuestrados por las dictaduras del Cono Sur no se ha reducido a la deportación clandestina e ilegal hacia su país de origen: dos niños uruguayos secuestrados con sus padres en Argentina son encontrados en Chile”.[102]

Graciela Antonia Rutilo Artés, argentina, y Enrique Joaquín Lucas López, uruguayo, eran una pareja de militantes residentes en Bolivia. Anteriormente habían vivido en Perú, donde el 28 de junio de 1975 nació su hija, Carla Rutilo Artés. En 1976, madre e hija vivían en la ciudad boliviana de Oruro, mientras el padre de la niña lo hacía en Cochabamba. El 2 de abril de 1976, un grupo de hombres violentaron el hogar de Graciela y Carla, llevándolas prisioneras al Departamento de Orden Político. Al poco tiempo, las trasladaron a La Paz, donde fueron separadas. Graciela quedó detenida en dependencias del Ministerio del Interior boliviano, mientras que Carla fue ingresada en un orfelinato bajo la identidad falsa de Nora Nentala. Además de la trágica separación, la niña fue llevada en varias oportunidades ante su madre como una forma de tortura durante los interrogatorios. La abuela de Carla, Matilde Artés Company, también víctima de tortura y prisión bajo el gobierno de Bánzer en Bolivia, inició su búsqueda y consiguió que la niña fuera llevada a un segundo hogar de menores, donde fue registrada con su verdadero nombre.[103]

A mediados de agosto, un grupo de agentes de la Policía Federal Argentina llegó a La Paz para interrogar a Graciela junto con sus captores bolivianos. El 25 de agosto, la niña fue sacada por la fuerza del hogar de menores por miembros del Ministerio del Interior. A fines de mes, madre e hija fueron conducidas a la frontera con Argentina, en Villazón-La Quiaca y pasaron a manos de autoridades argentinas que las llevaron a Automotores Orletti.[104]

Carla fue apropiada por el Eduardo Alfredo Ruffo, miembro de la banda de Aníbal Gordon, e inscripta con el nombre falso de Gina Amanda Ruffo, como hija del matrimonio de su apropiador y de su esposa Amanda Cordero. Durante su infancia, padeció violencia psicológica, física y los abusos de Ruffo. Terminada la dictadura, la campaña de búsqueda de su abuela Matilde llegó a los medios de comunicación y Carla pudo ver su imagen y la de su madre en los medios. Su caso fue denunciado ante la CONADEP.[105]

A raíz de estas investigaciones, Carla fue recuperada nueve años después de su secuestro y mediante un operativo policial se detuvo a su captor y otros miembros de la banda de Gordon en una quinta en la provincia de Buenos Aires. Su abuela se hizo cargo de ella y, temiendo represalias en la Argentina, decidieron vivir durante años en España. Hoy reside con su familia en la Argentina, donde había nacido su madre desaparecida.[106] Los restos de su padre le fueron entregados en el año 2000 en Bolivia. También en abril de 1976, pero en Buenos Aires, fueron detenidos Frida Elena Laschan Mellado, chilena, y Ángel Ornar Athanasiu Jara, argentino, junto con su hijo de pocos meses Pablo Germán. La pareja vivía exiliada en la Argentina desde el golpe en Chile. Los pormenores de su detención no han sido aclarados y se presume que pasaron por Automotores Orletti. El niño fue apropiado por un matrimonio vinculado a fuerzas militares argentinas, y su familia chilena comenzó su búsqueda temprana, aún en tiempos de Cóndor. Pablo conoció su verdadera identidad en 2013.[107]

En diciembre de 1977 hubo tres detenciones en el conurbano de la provincia de Buenos Aires que terminaron implicando delitos de supresión de la identidad de menores, pasando todos por el CCD Pozo de Banfield.

En San Fernando, fueron secuestrados, en un operativo coordinado por uruguayos y argentinos, Julio César D’Elía Pallares y Yolanda Iris Casco Ghelfi, a quien le faltaban pocos días para dar a luz. Ambos fueron trasladados al CCD Pozo de Banfield y allí nació Carlos D’Elía Casco. El niño, cuyo nacimiento fue certificado por el médico Jorge Antonio Bergés, fue entregado a Carlos de Luccia, un miembro de inteligencia naval. En 1995, Abuelas de Plaza de Mayo logró que se realizaran análisis genéticos que revelaron la verdadera identidad de Carlos, a lo que se sumó la posterior confesión de su apropiadora en un juicio oral. Sus padres biológicos permanecen desaparecidos.[108]

El 30 de diciembre de 1977, en Berazategui, fueron capturados la uruguaya María Asunción Artigas Nilo, embarazada de solo un mes, y su esposo argentino Alfredo Moyano Santander. Luego de su paso por el Pozo de Quilmes, fueron llevados al CCD Pozo de Banfield donde, en agosto de 1978 nació María Victoria Moyano Artigas. La niña fue arrebatada de brazos de su madre al día siguiente de su nacimiento y apropiada por un matrimonio vinculado a fuerzas policiales bajo el nombre de María Victoria Penna Mauriño, con un certificado falso provisto por el doctor Jorge Vidal. En 1987, luego de una larga búsqueda, fue recuperada por su familia biológica. Desde entonces vivió con sus abuelos.[109]

En San Antonio de Padua, la uruguaya Aída Celia Sánz Fernández, embarazada de ocho meses y medio, fue detenida junto a su madre Elsa, quien había viajado desde Montevideo para presenciar el parto. Pocos días después del secuestro de Aída, fue detenido su compañero uruguayo Eduardo Gallo Castro, quien fue llevado al CCD Pozo de Quilmes. Desde entonces permanece desaparecido.

Aída, como otras mujeres en cautiverio, fue trasladada al Pozo de Banfield, donde dio a luz a Carmen, atendida por el médico Jorge Antonio Bergés, quien luego firmó un certificado falso de nacimiento.

En 1999 Carmen recuperó su identidad después de una larga búsqueda de su familia. Había sido adoptada por un matrimonio argentino que desconocía su procedencia clandestina, bajo el nombre de María de las Mercedes Fernández. Sus padres adoptivos siempre le informaron que ella era adoptada y la acompañaron en la lucha por conocer la verdad. En 2006 fue reinscrita con el nombre de Carmen Gallo Sanz. Su caso fue el primero que permitió condenar a los criminales Bergés y Miguel Etchecolatz por supresión de identidad.[110] Nunca se encontraron los restos de su madre y abuela.

El último caso de apropiación que se conoce en el marco de la Operación Cóndor fue el de Paula Eva Logares, nacida en Buenos Aires en 1976. Secuestrada junto a sus padres argentinos Claudio Ernesto Logares y Mónica Sofía Grispón en las calles de Montevideo durante mayo de 1978, la niña terminó siendo apropiada por el policía bonaerense Rubén Luis Lavallén y su concubina uruguaya Raquel Teresa Lira. Lavallén fue un conocido represor de San Justo, lugar por donde pasaron sus padres antes de ser llevados al Pozo de Banfield. Gracias a la tarea de CLAMOR y Abuelas de Plaza de Mayo, Paula Eva Logares Grispón fue la primera niña recuperada en democracia, utilizándose en 1983 pruebas de ADN. Un año y medio después, la justicia le restituyó su verdadera identidad y quedó a cargo de una de sus abuelas biológicas. Sus padres permanecen desaparecidos.

CAPÍTULO 6

Los asesinatos
de destacados dirigentes
políticos y militares

Los casos relatados en este capítulo dan cuenta de la capacidad de la Operación Cóndor para eliminar importantes personalidades políticas y militares. No solo se secuestró y asesinó a destacados exiliados y funcionarios de organismos internacionales en el Cono Sur, como los uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, el paraguayo Antonio Maidana, el español Carmelo Soria y el expresidente boliviano Juan José Torres. Como muestran la ejecución del militar boliviano Joaquín Zenteno Anaya y el atentado contra el diplomático chileno Orlando Letelier, la Operación Cóndor también actuó en París, para realizar una purga dentro de las Fuerzas Armadas bolivianas, y en Washington DC, para silenciar —a pedido de Pinochet— la voz disidente de un hombre con capacidad para influenciar la opinión pública internacional.

1. Orlando Letelier
(Washington, 1976)

El asesinato de Orlando Letelier fue, sin ninguna duda, el más emblemático de los crímenes de la Operación Cóndor. Excanciller chileno y personaje clave de la oposición a Pinochet, Letelier fue ultimado en pleno día, en las calles de la capital de los Estados Unidos, como resultado de una coordinación entre dictaduras del Cono Sur.

Activo compañero de Salvador Allende desde la década del 50, Orlando Letelier llegó a ser, durante el gobierno de la Unidad Popular, embajador de Chile en Estados Unidos, canciller, ministro del interior y, finalmente, ministro de defensa en el momento del golpe de Estado. El día del golpe fue detenido por sus mismos guardias y pasó por varios centros clandestinos de detención. Pero las presiones internacionales obligaron al gobierno de Pinochet a liberarlo un año después. Una vez exiliado en Estados Unidos, comenzó una campaña de denuncias sobre las graves violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo en Chile. En ese momento varias naciones rompieron relaciones con el gobierno de Pinochet mientras que congresistas norteamericanos comenzaron una investigación sobre la relación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el golpe de Estado.

En aquella época, Letelier vivía en Washington. La mañana del 21 de septiembre de 1976 manejaba su automóvil Chevrolet color celeste, acompañado por el matrimonio de Michael y Ronny Moffit, una joven de 25 años que trabajaba como su asistente. Cuando salieron a la calle Sheridan Circle, una plaza circular de la Avenida Massachusetts, desde un automóvil que los venía siguiendo, el contrarrevolucionario cubano José Dionisio Suárez apretó el botón del control remoto y activó una bomba colocada debajo del Chevrolet. Letelier falleció en el acto. Su secretaria Ronny unos minutos después, antes que llegaran las ambulancias. El marido de Ronny Michael Moffit logró sobrevivir al atentado.[1]

Inmediatamente, el director de la CIA, George Bush, luego presidente de Estados Unidos, dejó trascender que se trataba de un ajuste de cuentas entre grupos de izquierda al igual que como había sucedido en la Operación Colombo, y en los asesinatos de Leighton y Trabal. Las posteriores investigaciones sobre el asesinato de Orlando Letelier evidenciaron el papel del militar chileno Armando Fernández Lario y de los agentes de la DINA Michael Townley y Liliana Walker. En tanto que los cubanos involucrados —Virgilio Paz, José Dionisio Suárez, Alvin Ross y los hermanos Ignacio y Guillermo Novo Sampoll— eran todos miembros de la organización anticastrista Coordinadora de Organizaciones Revolucionarias Unificados (CORU) y la mayoría, a su vez, habían sido entrenados por la CIA.

Se comprobó que tanto Townley como Fernández Lario habían ingresado a Estados Unidos con pasaportes falsos visados por la Embajada norteamericana en Asunción, República del Paraguay. Por pedido directo de Pinochet, Conrado Pappalardo, un funcionario cercano al dictador paraguayo, fue quien presionó al embajador de Estados Unidos, George Landau, para que otorgara las visas. Previo a este hecho, el vicedirector de la CIA había visitado Paraguay y se había reunido con Pappalardo y otros altos oficiales.[2]

Según declaró Townley en Chile, el teniente coronel Pedro Espinoza le había comentado que, para asesinar a Letelier, viajarían con pasaportes paraguayos auténticos que serían entregados por la inteligencia de ese país, pero con nombres falsos. También le comunicó, que de la acción, iban a participar ciudadanos cubanos.[3]

Townley, acompañado por Paz, había colocado la bomba debajo del auto de Letelier la noche anterior, pero inmediatamente viajó a Miami para que no quedara su registro en el atentado perpetrado en la ciudad de Washington.

El asesinato de Orlando Letelier, fue el crimen que ofreció la pista más concreta sobre la Operación Cóndor, y el que dejó en evidencia las redes para cometer los asesinatos y la participación de la CIA.

2. Juan José Torres
(Buenos Aires, 1976)

En el poco tiempo que ejerció como presidente en Bolivia (1970-1971), el General Juan José Torres tomó decisiones contundentes a favor de la población y contra el capital extranjero, tales como la nacionalización de las minas de cinc, en propiedad de capitales norteamericanos. Por otra parte, rescindió contratos lesivos para el país y exigió la retirada del Centro de Transmisiones Estratégicas de Estados Unidos ubicado en El Alto.[4]

Ernest Siracusa, embajador en Bolivia y un alto funcionario de la CIA intentó influenciar a Torres, pero ante su negativa, “el embajador yanqui, un gran especialista en Golpes de Estado, comenzó entonces la preparación del derrocamiento violento del gobierno”,[5] escribió en su libro Jorge Gallardo Lozada, exministro del Interior del gobierno de Torres. Siracusa había participado en la invasión a Guatemala en 1954 y fue expulsado de Perú cuando se comprobó sus actividades desestabilizadoras y su trabajo en la CIA. Desde Buenos Aires, Hugo Banzer preparó el golpe contra Torres asesorado por dos altos inspectores de la CIA: el jefe de la Misión Militar de Estados Unidos en Buenos Aires y un jefe del Pentágono.[6] En Argentina, el gobierno de facto del General Agustín Lanusse aportó alrededor de 20 millones de dólares.

Tras el golpe de Estado en Bolivia, el general Torres se exilió a Chile, donde intentaron matarlo hasta que se trasladó a Buenos Aires. El 2 de junio de 1976, una llamada anónima a la comisaría de San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires, advertía que se encontraba el cuerpo de un hombre debajo de un puente a 16 kilómetros de esa localidad. El día anterior, la esposa de Torres, Emma Obleas de Torres había denunciado su desaparición. El General Juan José Torres fue asesinado con tres disparos: uno en la cabeza y dos en el cuello. Los ojos estaban vendados, sus muñecas lastimadas y en al dedo anular izquierdo le faltaba un anillo. Lo habían fusilado 14 horas antes según consta en la causa.[7]

El periodista argentino Martín Sivak investigó el caso y reconstruyó el plan criminal que ejecutó a Torres. Según Sivak, estuvieron implicados Banzer, Eduardo Banzer Ojopi, primo del dictador y cónsul boliviano en la ciudad de La Plata, Raúl Tijerina Barrientes, agregado militar boliviano en Buenos Aires, y Carlos Mena Burgos, agente de inteligencia boliviano.

Por el lado argentino se menciona a la banda de Aníbal Gordon, que de delincuentes comunes pasaron a ser miembros de la Triple A y luego, durante la dictadura, a “trabajar” en varios centros clandestinos de detención.

3. Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz
(Buenos Aires, 1976)

El 18 de mayo de 1976 fueron secuestrados en sus respectivos domicilios los políticos uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Su posterior asesinato refleja el modus operandi de la Operación Cóndor.

Michellini fue uno de los fundadores del Frente Amplio y senador electo. Desde su banca denunciaba el golpe que se estaba produciendo en cámara lenta en Uruguay. Por su parte, Gutiérrez Ruiz era presidente de la Cámara de Representantes y miembro del Partido Nacional (Blanco). Tras el golpe de Estado, ambos se exiliaron junto a sus familias en Argentina, donde de manera conjunta denunciaban las graves violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo en su país. Las autoridades uruguayas habían cancelado sus pasaportes en abril de 1975, lo que les impedía marcharse a países más seguros. Un año después, estas dos personalidades políticas se sabían bajo amenaza.“[8]

La madrugada del 18 de mayo, tres automóviles Lord Lalcon que transportaban a 15 personas fuertemente armadas se dirigieron a la calle Posadas 1011 de la Ciudad de Buenos Aires, donde en el piso 4 vivía Gutiérrez Ruiz y su familia. Pese a que en la zona había varias embajadas, el grupo no disimuló su accionar. Delante de su familia, que estaba amenazada, ataron Gutiérrez Ruiz mientras robaron los objetos de valor que había en el domicilio.[9] Luego se lo llevaron a medio vestir y con una funda de almohada cubriendo su cabeza.[10]

Los mismos secuestradores se dirigieron al Hotel Liberty, en el centro porteño, donde Michelini se encontraba alojado junto a su familia. Le vendaron los ojos delante de sus hijos, saquearon todo el departamento y se retiraron amenazando al personal del hotel. Margarita Michelini, hija del matrimonio, fue secuestrada poco tiempo después. Permaneció en el CCD Automotores Orletti y luego fue trasladada en un vuelo al cuartel general del SID (Servicio de Informaciones de Defensa), en Montevideo, donde declaró haber visto, en Orletti, la máquina de escribir de su padre.[11]

El 21 de mayo, según un informe de la Policía Lederal difundido por la agencia nacional TELAM, apareció una pick-up Torino de color rojo abandonada en la esquina de Perito Moreno y Dellepiane. Dentro del vehículo se encontraban muertos los legisladores junto a otros dos cuerpos. Se trataban de los militantes tupamaros Rosario del Carmen Barredo de Schoeder y William Withelaw Blanco, matrimonio que había desaparecido antes que los políticos. Los cuatro habían sido sometidos a violentas torturas. Michelini y Withelaw tenían disparos en la nuca. Barredo de Schoeder y Gutiérrez Ruiz entre los ojos. Dentro del automóvil había volantes del ERP responsabilizándose falsamente de lo sucedido. Este montaje para inculpar a grupos de izquierda de los asesinatos se repitió una y otra vez en los crímenes de Cóndor.

4. Carmelo Soria
(Santiago, 1976)

El diplomático español Carmelo Luis Soria Espinoza era Jefe del Departamento Editorial del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), organismo perteneciente a la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), dependientes ambos de la ONU. Residía en Chile cuando fue secuestrado, torturado y asesinado en julio de 1976 por agentes de la DINA. Su cadáver fue encontrado junto a su automóvil en el canal El Carmen, en Santiago de Chile. Sus secuestradores y asesinos fraguaron una nota, que metieron en un bolsillo, para simular que Soria se había suicidado por infidelidades de su esposa.

El agente de la DINA Michael Townley declaró, años después, que Soria fue conducido por miembros de la Brigada Mulchen de la DINA a la casa ubicada en el barrio Lo Curro, en Vitacura, en Vía Naranja 4925, donde funcionó un centro clandestino. Allí fue torturado (maniatado y con la cara vendada) durante varias horas y le rompieron casi todas las costillas mientras intentaban saber si tenía relación con el Partido Comunista de Chile.

Townley y su familia vivían en esa casa. La DINA había comprado la propiedad donde se instaló un laboratorio en el cual el químico Eugenio Berrios (alias Hermes) logró producir el gas sarín. Este pesticida neurotóxico líquido, incoloro e inodoro, había sido descubierto por los nazis en Alemania, aunque no se utilizó durante la segunda guerra mundial. Berrios consiguió dar con la fórmula y envasaba esta arma química en frascos de perfume Chanel N.º 5. El plan para su fabricación se denominó Operación Andrea. Mariana Callejas, esposa de Townley —y también agente de la DINA—, comentó que en esa casa se realizaron pruebas con el producto, primero en perros y luego en personas.[12]

Según la investigadora Patrice McSherry, Soria falleció durante las torturas. Otros indicios indican que pudo haber muerto producto del uso del gas sarín. En declaraciones ante el fiscal norteamericano Eric Marcy, Townley admitió haber llevado elementos para fabricar una bomba y el sarín —en un frasco de perfume Chanel N.º 5— a Estados Unidos. El plan para asesinar a Letelier con este gas mortal fracasó y por eso se decidió colocar una bomba debajo de su vehículo.[13]

En octubre de 2012, juez de la Audiencia Nacional española, Pablo Ruz, ordenó la búsqueda internacional y detención de Manuel Contreras; del jefe de la Brigada Guillermo Humberto Salinas Torres; los capitanes Jaime Lepe Orellana y Pablo Belmar Labbe; el teniente René Patricio Quiloth Palma, y el sargento José Remigio Ríos Sanmartín, junto con Michael Vernon Townley Welch, acusados de participar en el asesinato del diplomático español Carmelo Soria.

5. Joaquín Zenteno Anaya
(París, 1976)

Joaquín Zenteno Anaya fue un militar boliviano formado en Francia. En 1967, como comandante de la Octava División del Ejército, tuvo a su cargo todo el proceso de campaña contra los grupos guerrilleros comandados por Ernesto “Che” Guevara. Posteriormente, ante un tribunal militar declaró que permitió la actuación de los agentes de la CIA Félix Rodríguez y Eduardo González.

Muchas veces propuesto como futuro presidente, participó activamente en el golpe de Estado que derrocó al General Juan José Torres. Tanto él como su colega, el coronel Andrés Selich Chop poseían mucho poder dentro de las Fuerzas Armadas lo que provocaba ciertos temores a Hugo Banzer. En enero de 1972, Banzer envió a Selich como embajador a Paraguay, quien volvió a Bolivia en forma clandestina para conspirar contra el dictador.[14]

Selich fue secuestrado por sus propios colaboradores del Ministerio del Interior y asesinado a golpes en una sede oficial. Murió por traumatismos múltiples y estallido del hígado, aunque al principio se quiso atribuir su fallecimiento a un simple accidente.[15] Zenteno, quien supo desde un principio de qué se trataba la muerte de Selich, aprovechó su puesto de diplomático en París para huir.

El matrimonio Zenteno vivía en la Avenida Kléber n.º 44, entre el Arco del Triunfo y el Trocadero. La mañana del 11 de mayo de 1976, como lo hacía habitualmente, subió a su automóvil BMW 530 azul metalizado para llegar a la embajada ubicada sobre la Avenida Kennedy, frente al río Sena. En su despacho se le apareció José Antonio Arce Murillo con una carta firmada solo por Banzer y con fecha de enero, donde se lo designaba como ministro y consejero de la embajada. Zenteno llamó a su mujer sorprendido porque le pareció extraño que el nombramiento de Arce Murillo tuviera fecha de enero cuando ya estaban en mayo. Le comentó que también lo había invitado a tomar un café y que luego regresaría a su hogar. Esa fue la última comunicación que Joaquín Zenteno Anaya mantuvo con su esposa. Fue caminando hasta el bar de la esquina. Se sentó, tomó dos café y estuvo 20 minutos esperando a Arce Murillo que nunca se presentó. Cuando se dirigió a su auto, dos hombres de aproximadamente 30 años se acercaron y uno le disparó tres veces. Zenteno falleció a los pocos minutos. Los asesinos huyeron rápidamente por las escaleras del subterráneo a la estación Passy.[16] También entre la muchedumbre había un tercer hombre para asegurar el éxito de la operación.[17]

El periodista francés René Backman, de la revista Le Nouvelle Observateur, manifestó en una de sus notas que el crimen lo había cometido un comando compuesto por tres personas. El 2 de mayo, dos supuestos turistas latinoamericanos llegaron a París procedentes de Madrid. Durante días siguieron a Zenteno y volvieron a España con un informe. Eran miembros de una organización especializada en operaciones armadas cuya sede se encontraba en Iscar, cerca de Valladolid. En la misma había mercenarios procedentes de varios países que habían sido reclutados entre los veteranos de la OAS y de la Internacional Negra, el grupo paramilitar italiano donde estuvo Stefano Delle Chiaie (el mismo de las operaciones Gladio y Cóndor).

La misma tarde del asesinato de Joaquín Zenteno Anaya, las Brigadas Internacionales “Che” Guevara se adjudicaron el hecho mediante un comunicado enviado a la agencia France-Presse. Allí explicaban que el general era el responsable de la muerte de Ernesto Guevara en Bolivia en 1967. Luego se comprobó que esa organización nunca había existido y se trataba del mismo modus operandi de muchos de los crímenes cometidos dentro de la Operación Cóndor, por el que se culpaba a los grupos extremistas de izquierda de perpetrar los hechos. El asesinato de Zenteno Anaya demuestra que dicha Operación era aprovechada también para realizar las necesarias purgas dentro de las fuerzas de cada dictadura.

6. Antonio Maidana
(Buenos Aires, 1980)

Antonio Maidana fue un profesor de matemáticas comprometido con la democracia. Nació en la localidad de Encarnación, Paraguay, y desde muy joven militó en las filas comunistas, partido del que llegó a ser secretario general. Varias veces fue detenido en el transcurso de su vida en Paraguay.

La última vez que fue detenido pasó 18 años preso en Asunción, junto a sus compañeros Alfredo Alcorta y Julio Rojas. Durante su cautiverio permaneció largo tiempo aislado, soportando tormentos diarios, y durmiendo en el suelo por largos periodos de tiempo. Maidana y varios prisioneros denunciaron en su momento la presencia de agentes de la CIA que visitaban permanentemente la Comisaría Tercera, donde permanecía detenido.

Fueron muchas las presiones internacionales para mejorar las condiciones de detención. Finalmente Maidana fue libreado el 22 de enero de 1977, aunque debía ser vigilado las 24 horas. Amenazas diarias y constantes que padecía lo obligaron a exiliarse a Buenos Aires donde fue finalmente secuestrado el 27 de agosto de 1980 junto al veterano militante del movimiento obrero, Emilio Roa.

Algunas versiones indican que ambos fueron llevados al campo de concentración de Emboscada, otras los ubican en el penal de la isla de Peña Hermosa, en Fortaleza Esperanza, o en el desierto del Chaco paraguayo. Surgió también que Maidana nunca salió de la Argentina. En 1982, ante una demanda del Comité de Derechos Humanos de la ONU, el gobierno de la República del Paraguay respondió que “ni Roa, ni Maidana regresaron a Paraguay”.[18]

CAPÍTULO 7

Derivaciones
de la Operación Cóndor
en los años 80 y 90

Parte de los agentes, estructuras y modalidades de Cóndor se repitieron en otras operaciones en contextos regionales e históricos diferentes. Las conexiones de las fuerzas contrainsurgentes del Cono Sur con las atrocidades cometidas en Centroamérica y la tenaz persistencia de los crímenes en contra del descubrimiento de la verdad, aún en tiempos democráticos, merecerán un estudio específico, que tiene mucho por develar. Sin embargo, dos aspectos han sido cuidadosamente investigados: las relaciones de los agentes Cóndor argentinos con la contrainsurgencia en Centroamérica y el asesinato del químico chileno de la DINA Eugenio Berríos, un hombre que conocía demasiado.

1. La conexión centroamericana

Una de estas tramas conduce nuevamente a América Central. La región conocía el accionar de fuerzas paramilitares y la intervención militar de los Estados Unidos desde los años 30. Luego del golpe contra Árbenz, en 1954, Guatemala también fue el país que padeció las primeras desapariciones en el continente americano.

Para fines de los 70, Centroamérica vivía momentos de extrema tensión social, pobreza y desigualdad, tras décadas de represión, dictaduras y exclusión. Movimientos contestatarios y oposiciones moderadas rechazaban los regímenes en el poder, llevando esperanzas a los postergados sectores populares. En julio de 1979, en Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) derrotó, luego de años de lucha, a la Guardia Nacional de la dictadura de Anastasio “Tachito” Somoza Debayle. Fue el primer triunfo de un movimiento revolucionario desde la Revolución Cubana de 1959, alertando a las fuerzas contrainsurgentes en el “patio trasero” de Estados Unidos.

Para librar esta nueva batalla de la llamada Tercera Guerra Mundial contra el comunismo, la CIA y los gobiernos de América Central contaron con la colaboración estrecha de agentes de la Operación Cóndor.

En Guatemala, durante el año 1979, políticos moderados, socialistas y socialdemócratas fueron ejecutados en lugares públicos. La prensa denunció rápidamente la participación de paramilitares, militares argentinos y chilenos.

Atrocidades similares ocurrían en El Salvador. El 24 de marzo de 1980 el mundo se estremeció con el asesinato del monseñor Óscar Arnulfo Romero, consumado con un disparo en el pecho mientras oficiaba misa. Crítico y denunciante de los crímenes en su país, Romero era un objetivo marcado por el mayor Roberto D’Aubuisson, jefe de inteligencia militar y de los escuadrones de la muerte, conectado con las redes contrainsurgentes del Cono Sur, la CIA, y el entorno del presidente Reagan. Según investigaciones periodísticas, D’Aubuisson habría contratado a dos asesinos residentes en Miami que llegaron a El Salvador una semana antes del atentado, registrándose con identidad falsa. Todo indica que fueron Virgilio Paz y Dionisio Suárez, terroristas cubanos anticastristas que estuvieron involucrados en el asesinato de Letelier.[1]

Las operaciones mejor documentadas y comprobadas de los agentes de la Operación Cóndor en América Central fueron las relacionadas con la Contra nicaragüense, desde bases norteamericanos en Honduras. La campaña antisandinista comenzó a poco del triunfo de la revolución, e incluyó operaciones de prensa, secuestros, desapariciones y cientos de intervenciones de fuerzas paramilitares.

Hay evidencias que la colaboración argentina con la dictadura somocista data de antes, como parte de un proyecto que pretendía instalar a la dictadura argentina a la cabeza de la lucha internacional contra la subversión en el continente. Según Ariel Armony, los argentinos prometieron ayuda militar y financiera a Somoza en la reunión de la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA) en Managua, en 1977.[2] El régimen argentino creía que los Estados Unidos, bajo la administración Cárter, habían abandonado a sus “socios” a su suerte. Proponían entonces formar un ejército pan-latinoamericano, liderado por la Argentina, tal como lo expresó el general Roberto Viola en 1979, durante la siguiente reunión de la CEA, en Bogotá.[3] La CIA no pudo operar abiertamente hasta la presidencia de Reagan, en 1981. El grueso del trabajo sucio fue realizado por militares argentinos.

La operación en América Central fue bautizada como Charly. Se basó en un reparto inicial de tareas: los norteamericanos aportarían fondos y equipamiento, los argentinos, experimentados instructores y Honduras se prestaría como base de operaciones contra sus vecinos El Salvador, Guatemala y Nicaragua, recibiendo a la ex Guardia Nacional somocista que se agrupó en la Contra. De esta manera, la mano de Estados Unidos quedaría cubierta. La coordinación establecida implicó que los argentinos entrenaron a militares guatemaltecos, hondureños y paramilitares nicaragüenses en tácticas contrainsurgentes y métodos de secuestro, tortura, desaparición, y represión clandestina.

Estados Unidos también adiestró a escuadrones de la muerte, entre ellos al poderoso Batallón 3-16 de Honduras. Según Patrice McSherry, algunos de sus miembros fueron llevados a una base secreta en Texas para ser adiestrados.[4] Asimismo, los Contras recibieron asesoría de cubanos anticastristas como Félix Rodríguez, el agente de la CIA que interrogó al “Che” Guevara en sus últimos días, y Luis Posada Carriles.[5]

Bajo el primer gobierno conservador de Ronald Reagan (1981-1985), Estados Unidos aumentó los fondos destinados a las fuerzas contrainsurgentes centroamericanas y autorizó operaciones paramilitares secretas contra Nicaragua desde Honduras, convertida ya en centro militar norteamericano. En 1983 se estableció el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), donde miles de soldados eran Instruidos con manuales de tortura basados en la experiencia de Vietnam. Allí también funcionó un Centro Clandestino de Detención de prisioneros y la sede de una red de comunicaciones al estilo Condortel.[6] Los argentinos, por su parte, pasaron a actuar abiertamente bajo el gobierno de Reagan, como una fuerza expedicionaria extraterritorial.[7]

Existen numerosos testimonios de esa colaboración argentina-norteamericana en la represión contralnsurgente en América Central. Pedro Núñez de Cabeza, un ex miembro de la Contra, confesó haber realizado cursos en Buenos Aires junto con otros somoclstas en 1981.[8] El agente de Inteligencia argentino Carlos Alberto Lobo reconoció haber sido contratado por Somoza desde 1979.[9]

Se sabe también que en agosto de 1981 hubo reuniones en Buenos Aires entre líderes de la Contra y militares argentinos Involucrados, como el coronel Mario Davlco y el general Alberto Valín. Allí se acordó enviar consejeros argentinos a Tegucigalpa, en Honduras, y a San José, en Costa Rica. El jefe de operaciones en Honduras fue el coronel Osvaldo “Balita” Riveiro, quien coordinó años antes secuestros en Argentina con agentes de la DINA. Desde Miami actuaron Raúl Guglielminetti y Leandro Sánchez Relsse. En Costa Rica, operó “Héctor Francés”. La mayoría de los agentes destinados se movía por toda la reglón. Otro Cóndor argentino en Centroamérica fue Martín Clga Correa.[10]

Ese mismo mes, Guillermo Suárez Masón organizó un congreso de la Liga Antlcomunlsta Mundial (LAM) en Buenos Aires. Suarez Masón fue un hombre clave en la formación del Grupo de Tareas Exteriores (GTE), la unidad del Batallón 601 especializada en operaciones secretas fuera de la Argentina. El GTE era una pieza clave de la Operación Cóndor y era comandado por Riveiro, organizador a su vez del centro clandestino de detención El Camplto. En Centroamérlca, el GTE perseguía a exiliados militantes argentinos, muchos de los cuales se enrolaron en el sandinismo. Por otra parte, agentes argentinos entrenaban tanto a la Contra nicaragüense como a oficiales salvadoreños y guatemaltecos.

El GTE había participado activamente en el llamado “golpe de la cocaína” que, en julio de 1980, derrocó a la presidenta boliviana Lidia Gueiler y dejó en el poder al general Luis García Meza, vinculado al narcotráfico. Se sabe que buena parte del financiamiento de las actividades contrainsurgentes provino de estas y otras actividades ilegales, en una red clandestina que vinculaba a Miami, Buenos Aires, Paraguay y Centroamérica.

La colaboración argentina decayó progresivamente luego de la Guerra de Malvinas (abril-junio 1982), durante la cual la línea dura de la dictadura encabezada por el general Leopoldo Lortunato Galtieri imaginaba contar con el apoyo de los Estados Unidos. Ante el desencanto, Galtieri retiró muchos agentes de Centroamérica y la CIA quedó a cargo de la asistencia encubierta a la Contra, aunque el Congreso norteamericano hubiera prohibido ese mismo año las campañas contra el sandinismo. A fines de 1982 el agente argentino del Batallón 601, Estanislao Valdéz, bajo la identidad falsa de Héctor Francés García, brindó un detallado testimonio de estas conexiones. Capturado por los sandinistas, confirmó en televisión el entrenamiento de la Contra y los hondureños por argentinos bajo supervisión y financiamiento de la CIA. El mundo conoció así parte de la verdad.[11]

2. El retorno democrático, la cofradía y el Caso Berríos

En septiembre de 1982, en Bolivia, la dictadura militar de Luis García Meza restituyó el Congreso depuesto tan solo dos años antes. Hernán Siles Suazo, el candidato que pudo asumir por el golpe de Estado de Meza, fue consagrado presidente por el parlamento en octubre de 1982. Este fue el primer paso de un lento proceso de recuperación de la democracia en el Cono Sur.

En la Argentina, luego de siete años de dictadura y de una guerra internacional, se celebraron comicios a fines de 1983 en los que el voto popular consagró al radical Raúl Alfonsín como presidente. Un año después, en el vecino Uruguay, un proceso electoral con los principales candidatos proscriptos llevó a la presidencia a Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado. El régimen brasileño realizó una transición democrática desde 1982 tutelada por los militares, que culminó siete años más tarde con la elección como presidente de Fernando Collor de Mello, del Partido de la Reconstrucción Nacional. En Chile, tras la derrota en un plebiscito, el dictador Pinochet no renovó su candidatura presidencial para 1989 y el demócrata cristiano Patricio Aywin obtuvo el ejecutivo nacional en los comicios de fines de año. Paraguay, fue el último de los países de la región en llegar a un proceso democrático. En febrero de 1989, el consuegro de Stroessner, el general Andrés Rodríguez, dio un golpe de Estado, disolvió el parlamento y se proclamó presidente provisional. Al poco tiempo, fue electo presidente y encaró una reforma constitucional en 1992, que determinó el sistema democrático. Recién en 1993 se celebraron comicios electorales sin la tutela militar, en los cuales triunfó el colorado Juan Carlos Wasmosy, siendo el primer presidente civil en cuatro décadas.

Sin embargo, la recuperación del sistema democrático en la región no impidió que los agentes, conexiones y estructuras de los tiempos de Cóndor se siguieran utilizando durante años, en una nueva saga criminal internacional de la que todavía se sabe poco.

En Chile, a partir de la publicación del Informe Rettig en 1991, los represores de la dictadura de Pinochet comenzaron a ser doblemente asediados tanto por los procesos judiciales como por la investigación periodística. Al poco tiempo se realizaron investigaciones sobre un caso de tráfico de armas desde Carabineros a Croacia, que develaron la existencia de una organización secreta relacionada con la Operación Cóndor llamada La Cofradía o Sociedad Benefactora, formada por militares y agentes de inteligencia chilenos, con oficinas a metros del palacio de la Moneda. Esta organización, formada unos años antes, brindaba apoyo económico, legal y documentos falsos a quienes podían ser sometidos a juicios por delitos de lesa humanidad. Ello incluía un traslado a otros países bajo identidades encubiertas.[12]

El coronel chileno Gerardo Pluber Olivares fue uno de los involucrados en la causa por tráfico de armas. A fines de enero de 1992 desapareció misteriosamente y fue hallado muerto al poco tiempo en un río, en Santiago, con sus huellas dactilares borradas. Pluber, tercer hombre en la Logística del Ejército, estaba relacionado con La Cofradía. Las primeras versiones hablaron de suicidio, aunque la familia nunca lo creyó y estudios posteriores apuntaron a un asesinato. El caso nunca se esclareció.[13]

Uno de los contactos de Huber desde tiempos de Pinochet era el exagente Cóndor Eugenio Berríos,[14] quien en los 90 era proveedor de explosivos del Departamento de Logística del Ejército. Berríos era el famoso “Hermes Bravo”, el químico que había desarrollado el gas sarín, soman y tabun en la casa de Michael Townley, bajo la Operación Andrea. Luego de que Townley quedara expuesto en 1978 por las investigaciones sobre Letelier, Berríos trasladó el laboratorio al Complejo Químico e Industrial del Ejército en Talagante, bajo las órdenes de Huber.[15]

En el marco de nuevas investigaciones sobre el caso Letelier, el juez chileno Adolfo Bañados dictó, en noviembre de 1991, una orden de captura contra Berríos. Inmediatamente el juez supo que había escapado. Bañados desconocía que agentes infiltrados en su juzgado mantenían informado de todos los movimientos de la causa al general Fernando Torres Silva, auditor del Ejército, que buscaba impedir la condena de los militares pinochetistas.[16]

“Hermes” poseía una mina de información sobre temas mucho más peligrosos que el atentado en Washington, sobre el cual se conocía bastante. Estaba implicado en temas muy delicados: la producción de armas químicas por el ejército chileno, los asesinatos por envenenamiento de varios enemigos de Pinochet (entre ellos Carmelo Soria y el ex presidente Eduardo Frei) y los planes para usar agentes tóxicos contra la Argentina, entre otros. Y todos los caminos conducían a Pinochet.

Por intermedio de los contactos de La Cofradía, en 1991, habían escapado el capitán retirado Luis Arturo Sanhueza Ross y el mayor retirado Carlos Herrera Jiménez. En octubre tocó el turno a Berríos. Torres Silva delegó parte de la tarea en Arturo Silva Valdés, un hombre con vasta experiencia en estos temas. Según una investigación de Mónica González, Silva Valdés estaba íntimamente conectado con Pinochet y con Agustín Edwards, dueño del diario El Mercurio, cumpliendo para ambos tareas de jefe de seguridad. Por otra parte, era agente secreto de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE)[17]

En su trabajo, González reconstruyó que, en 1990, Silva Valdés había sido elegido para la Operación Control de Bajas, que implicaba la huida de Chile de militares en riesgo de ser condenados por delitos cometidos durante la dictadura militar. Dicha operación se gestó en una reunión entre los miembros de la Auditoría del Ejército, la DINE y los servicios secretos de la DINE, donde se analizaron que determinados juicios iniciados podían poner en peligro a diversos militares implicados. Diseñada la estrategia para proteger a hombres clave, se delegó la tarea en el Servicio Secreto de la DINE, creado bajo asesoría del MI6 británico. En estas funciones, Silva Valdés fue el hombre clave para las fugas de Sanhueza Ross, Herrera Jiménez y Berríos.[18]

También fue Silva Valdés quien envió al capitán Pablo Rodríguez a Punta Arenas (Chile) a preparar el terreno para la llegada de “Hermes”. Al poco tiempo, despachó a Raúl Lillo Gutiérrez con Berríos a igual destino. El 26 de octubre, Lillo, Berríos, Rodríguez y un hermano suyo, viajaron en automóvil hasta Río Gallegos, Argentina. Allí, el químico llegó con el nombre falso de Manuel Antonio Morales Jara.[19]

Luego, Silva Valdés viajó a Buenos Aires y allí esperó la llegada de Lillo y Berríos. Finalmente, el 29 de octubre, los tres llegaron a Colonia, Uruguay, y de allí a Montevideo, donde los esperaban Carlos Herrera y el teniente coronel uruguayo Tomás Casella.[20] Se supone que para toda la operatoria se utilizó la estructura de La Cofradía.[21]

“Hermes” fue alojado en un departamento en Montevideo. En enero de 1992 Herrera fue arrestado en Buenos Aires, por lo que los secuestradores debieron reconducir el operativo. En febrero, Berríos fue llevado a una nueva residencia en Pocitos, conviviendo con el teniente coronel Mario Enrique Cisternas Orellana. El químico comenzó a presionar para su regreso a Chile, a lo que sus “protectores” respondieron llevándole a su esposa, Gladys Schmeisser.[22]

Luego de meses, Berríos se contactó con miembros de la embajada chilena en Montevideo con la intención de entregarse. Aún no está claro quién de ellos alertó de la situación a Santiago, pero el caso es que “Hermes” fue trasladado a un bungalow a la localidad Parque del Plata, balneario ubicado a 50 km de la capital uruguaya. El 15 de noviembre evadió su custodia, salió de la casa y fue llevado por unos vecinos a la comisaría más cercana. Allí declaró ser prisionero de oficiales chilenos y uruguayos y sentirse amenazado por Pinochet. Al poco tiempo arribaron a la sede policial el coronel Eduardo Radaelli y el teniente coronel Tomás Casella, uruguayos, informando que habían perdido a un detenido chileno “desequilibrado”.[23]

Luego de pasar por un hospital, Berríos fue recapturado por los chilenos Silva Valdés y Jaime Torres Gacitúa, otro miembro de la DINE y del staff de seguridad personal de Pinochet. El mismo día del escape, Luis Arturo Sanhueza Ross, que permanecía detenido por una custodia similar cerca de Berríos, fue trasladado intempestivamente a otro domicilio, situación sobre la que prestó testimonio diez años después en presencia de Valdés, Torres y la jueza Olga Pérez.[24]

Los implicados borraron todas las huellas del paso de Berríos por la comisaría, el hospital, y requisaron el departamento donde lo tenían alojado. Pero por una carta anónima de policías uruguayos en junio de 1993, el caso explotó en la prensa y generó un escándalo político en Uruguay, obligando al presidente Lacalle a retornar de un viaje por Gran Bretaña y a Radaelli a volver de una misión de paz en Zaire. Se esperaban castigos para los involucrados, pero la presión militar clausuró cualquier iniciativa en esa dirección del presidente Lacalle.

El químico chileno permaneció desaparecido por algún tiempo. Se realizó una campaña de desinformación situándolo en Europa. Sin embargo, en abril de 1995 fueron encontrados restos óseos en un balneario cerca de Montevideo. Los análisis forenses confirmaron que era el cadáver de Berríos, con dos orificios de proyectil 9 mm en el cráneo y signos de haber sido maniatado y torturado. Se supo que sus ejecutores fueron Silva Valdés y Radaelli, un chileno y un uruguayo, para compartir responsabilidades. Torres Gacitúa fue testigo del hecho.[25] La fecha aproximada de muerte fue entre fines de 1993 y principios de 1994.[26]

Según investigaciones del diario La República, de Uruguay, en el traslado de Berríos hubo coordinación entre el agregado militar uruguayo en Santiago, coronel Héctor Lluis, y el agregado militar chileno en Montevideo, coronel Emilio Timmerman Unduriaga.[27] Se sabe, además, que en febrero de 1993 el comandante Casella, a cargo de su custodia, se reunió con Pinochet.[28]

En Uruguay, las obstrucciones a la justicia fueron constantes, y en 1996 se robaron documentos de una caja fuerte del Senado uruguayo. Fue la justicia chilena la que develó los pormenores de este caso.

En 1999, la jueza Olga Pérez inició un arduo proceso que llevó a la condena de catorce militares, tres de ellos uruguayos, tras una década de investigaciones. La justicia uruguaya rechazó numerosas diligencias despachadas por Pérez, y dilató cuestiones básicas como la verificación de la identidad de los restos. La jueza chilena dio un paso determinante cuando consiguió trasladar a Santiago, bajo absoluto secreto, a dos uruguayos que fueron testigos de los días de detención de Berríos. En octubre de 2002 el médico Juan Ferrari, quien atendió a “Hermes” luego del episodio de la comisaría, y Luis Minguez, conserje de uno de los domicilios donde fue alojado, identificaron sin hesitar a Silva Valdés, Torres Gacitúa y a Pablo Rodríguez ante la jueza.[29]

En enero de 2003 la jueza Pérez renunció a sus funciones y la causa pasó a manos del ministro Alejandro Madrid, quien continuó con las investigaciones viajando a Montevideo para conseguir nuevos testimonios y evidencias. En julio de 2006, el general retirado chileno Hernán Ramírez Rurange declaró ante Madrid que Pinochet le había ordenado sacar del país a Berríos por temor a lo que pudiera declarar en la causa Letelier.[30]

El ministro Madrid falló condenando a catorce militares implicados en septiembre de 2010. La causa pasó a la Corte de Apelaciones, que terminó aumentando las condenas tres años más tarde. En agosto de 2015 la Corte Suprema confirmó las penas de los catorce militares. A los pocos días, uno de estos criminales, el general retirado Ramírez Rurange, se suicidó de un disparo en la cabeza para evitar el traslado al penal de Punta Peuco. La mayor condena deberá cumplirla Arturo Silva Valdés.

Esta es, quizás, la más conocida de las oscuras historias de los agentes Cóndor en tiempos democráticos. Queda mucho por investigar para terminar de correr el velo que cubre aún rostros ocultos de la Operación y cumplir así con los reclamos de justicia de las víctimas y las democracias del Cono Sur.

CAPÍTULO 8

Aportes de especialistas
sobre la Operación Cóndor

El CIPDH invitó a importantes investigadores que se han especializado en la temática de las dictaduras militares del Cono Sur y de la Operación Cóndor para la realización del Informe “Operación Cóndor. 40 años después”. Los especialistas de América Latina, de Estados Unidos y de Europa abordan a continuación diversos temas sobre lo que significó esta Operación en cada uno de sus países.

1. El rol de Estados Unidos

1.1. Estados Unidos, Contrainsurgencia y la Operación Cóndor

por J. Patrice McSherry[1]

La Operación Cóndor nació dentro del sistema de contrainsurgencia interamericano, como un aparato transfronterizo y secreto para combatir “enemigos internos” que fueron exiliados o se hallaban fuera de sus países durante la Guerra Fría. La organización del régimen de contrainsurgencia fue un esfuerzo continental liderado por el gobierno norteamericano, en asociación con las elites anticomunistas y fuerzas militares locales, para prevenir o revertir cambios estructurales así como el ascenso de líderes izquierdistas al poder. El uso de escuadrones de la muerte y métodos ilegales fue legitimado por la Doctrina de la Seguridad Nacional y por conceptos de contrainsurgencia y guerra irregular. En general, la contrainsurgencia (llevada a cabo en las sombras, usando fuerzas clandestinas y ejércitos secretos que operaban fuera del sistema legal del Estado) era un medio para desmovilizar movimientos populares, aterrorizar a la sociedad, y solidificar las estructuras económicas y militares en la región. EEUU siempre había considerado a América Latina como su zona de influencia. Hubo muchas intervenciones en la región por parte de ese país desde el siglo XIX. Después de la Segunda Guerra Mundial, la posible amenaza de una revolución comunista internacional era la obsesión de los líderes de EEUU. Ellos interpretaban los conflictos internos, el malestar social y las rebeliones en el mundo en desarrollo como manifestaciones de la amenaza soviética y no de las condiciones sociales y políticas nacionales.

En 1947 Washington creó la Agencia Central de Inteligencia, CIA, una fuerza anticomunista y paramilitar para realizar operativos secretos y manipular la política de otros países de una manera encubierta. En 1948, los líderes de EEUU dieron inicio a un proyecto multibillonario para llevar a cabo una guerra encubierta mundial. El Consejo Nacional de Seguridad (documento 10/2) autorizó un vasto programa clandestino de…

propaganda, guerra económica, acciones directas preventivas, incluidas acciones de sabotaje, anti-sabotaje, demolición y medidas de evacuación (…) subversión contra Estados hostiles. Se incluyó la asistencia a los movimientos de resistencia subterráneos, a los guerrilleros y a grupos de liberación de refugiados, y apoyo a los elementos anticomunistas nacionales (…) [a ser realizado de manera tal que] cualquier responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos por ellas no sea evidente para personas no autorizadas y que, en caso de ser descubiertas, el Gobierno de los Estados Unidos pudiese negar, en forma plausible, toda responsabilidad.[2]

Con la intervención de la CIA en Guatemala en 1954 para derrocar al presidente nacionalista Jacobo Árbenz, Washington introdujo por primera vez la política contrarrevolucionaria y contrainsurgente a la región. La Guerra Fría era mucho más que un enfrentamiento con la URSS. Era una campaña para preservar y expandir la hegemonía de EEUU en América Latina y el mundo.

1.1.1. El mundo despierta

Después de la Segunda Guerra Mundial surgieron muchos movimientos de independencia y liberación en el así llamado Tercer Mundo. En América Latina, especialmente luego de la revolución cubana en 1959, nuevos movimientos progresistas y nacionalistas exigieron justicia social, control de los recursos nacionales, nacionalización de las empresas extranjeras, mayor participación política, reforma agraria. Exigían nuevos derechos, profundizar la democratización y la reestructuración del poder económico. También aparecieron varios movimientos guerrilleros. Había hambre de cambio social. En la medida en que dirigentes de izquierda y nacionalistas triunfaron en elecciones en los 60 y principios de los 70, y nuevos movimientos revolucionarios y progresistas ganaron fuerza, los estrategas estadounidenses de la seguridad nacional y sus contrapartes latinoamericanas empezaron a percibir a grandes sectores de estas sociedades como subversivos reales o potenciales.

Desde los años 40, funcionarios estadounidenses reorganizaron el sistema interamericano de seguridad para combatir a las fuerzas pro cambio social, ampliando la presencia militar estadounidense en la región e incorporando socios latinoamericanos al interior de una densa matriz de instituciones hemisféricas de seguridad (incluidas la Escuela de las Américas o SOA, 1946, y las Conferencias de los Ejércitos Americanos, en 1960). Se transformó totalmente el programa de estudios de la SOA, en 1961, para poner énfasis en la amenaza. Asesores estadounidenses reorganizaron y adiestraron a las fuerzas militares de América Latina para emprender operaciones contrainsurgentes agresivas dentro de sus propias sociedades. El sistema interamericano militar se convirtió en una vasta alianza anticomunista y antiprogresista. Las primeras reuniones de los militares americanos en los 60 se centraron en la creación de una doctrina continental para combatir el comunismo; intercambios de inteligencia entre los ejércitos sobre los grupos subversivos; el establecimiento de un Comité Permanente de Inteligencia Interamericano en la zona del Canal de Panamá; el establecimiento de Escuelas de Inteligencia en cada país; la creación de un Sistema Codificado de Telecomunicaciones permanente entre los ejércitos; y programas de adiestramiento en estrategias de contrasubversión, contrarrevolución y seguridad interna. La Operación Cóndor, evidentemente, derivó de esos programas y estructuras transnacionales.

Los oficiales estadounidenses transmitieron técnicas de guerra contrainsurgente que fueron perfeccionadas en Vietnam y trasladadas a toda la región. Los franceses también enseñaron sus métodos de guerra interna usados en Argelia y Vietnam. Personal de EEUU formó y patrocinó nuevas organizaciones contrasubversivas y de inteligencia en muchos países. Muchas de estas —como el Serviço Nacional de Informações o Sin, de Brasil; la Dirección Nacional de Inteligencia o DINA, de Chile; o la Dirección Nacional de Informaciones e Inteligencia o DNII, de Uruguay, entre otros— se convirtieron en aparatos terroristas y, luego, en el núcleo natural del Operación Cóndor.

Los militares latinoamericanos, alentados por sus socios estadounidenses, empezaron a colaborar en la represión de los movimientos de izquierdas, y actuaron incluso para derrocar a los gobiernos progresistas, mucho antes que la Operación Cóndor se instituyera oficialmente en 1975. El régimen militar de Brasil, el cual tomó el poder mediante un golpe de Estado en 1964, desempeñó un papel clave, al igual que lo hizo la CIA. Un oficial del SNI brasileño confirmó en 2000 que los oficiales de inteligencia de otros países latinoamericanos llegaban a tres bases de Brasil, en el decenio de 1960, para adiestrarse en guerra contrainsurgente, “técnicas de interrogatorio” y métodos de represión. Agentes de la CIA ayudaron a organizar reuniones de funcionarios militares y de policía de América Latina, miembros de la derecha política, y torturadores de escuadrones de la muerte, como Sergio Heury de Brasil. En los 70 hubo señales claras de una coordinación represiva cada vez más profunda entre los países. Es esencial darse cuenta que Washington temía a los dirigentes progresistas electos democráticamente tanto o más que a las guerrillas o grupos revolucionarias en la región, como se demostró con los complots contra Goulart y Allende, entre otros.

1.1.2. La formación de Cóndor

Cuando el jefe de la estación de la CIA en Chile ayudó a organizar la DINA (1973-1974), pidió específicamente a sus contactos militares brasileños que adiestraran a los agentes operativos de la DINA en tácticas “no convencionales”. EEUU entrenó entonces las policías en operaciones de contrainsurgencia, guerra urbana y “técnicas especiales de investigación”, a través de la Agency of International Development (AID). Algunos de sus “estudiantes” en Uruguay, por ejemplo, formaron un escuadrón de la muerte en los 70. Más tarde, algunos de los mismos formaron el llamado escuadrón de Cóndor que operaba en Buenos Aires. Hay ejemplos de secuestros y “desapariciones” entre 1973 y 1974 que tienen el sello de Cóndor. Es decir, antes de que el aparato de Cóndor adquiriera su nombre de código, los grupos contrainsurgentes crearon el prototipo de Cóndor para desaparecer, torturar y trasladar ilícitamente a los exiliados a través de las fronteras. La Operación Cóndor no se puede ver aislada del régimen contrainsurgente interamericano.

Varios documentos desclasificados de EEUU dan cuenta de una reunión de funcionarios de seguridad de cinco de los seis países miembros del sistema Cóndor en Buenos Aires en febrero de 1974. National Intelligence Daily, del 23 de junio de 1976, desclasificado en 2000, declaraba: “A principios de 1974, funcionarios de seguridad de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia se reunieron en Buenos Aires para organizar acciones coordinadas en contra de objetivos subversivos (…) Desde entonces (…) los argentinos han conducido operativos antisubversivos conjuntos con los chilenos y uruguayos”.[3] Los documentos secretos de Estados Unidos muestran que altos líderes y oficiales de seguridad nacional consideraban que el sistema Cóndor era un arma efectiva en la cruzada anticomunista hemisférica. Muchos se referían a Cóndor con lenguaje favorable. Un informe de 1976 de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) destacaba que una unidad de asesinatos de Cóndor estaba “estructurada de manera muy similar a un equipo estadounidense de Fuerzas Especiales” y describía las “operaciones conjuntas de contrainsurgencia” para “eliminar actividades marxistas terroristas”.[4]

Cables militares y de la CIA informaban acerca de las operaciones secretas de Cóndor, incluidas las desapariciones forzadas en Buenos Aires en 1976 de docenas de miembros del Partido de la Victoria del Pueblo del Uruguay.[5]

Oficiales en el Ejecutivo, en el Departamento de Estado, en el Departamento de Defensa, y la CIA estaban bien informados de las operaciones Cóndor, y a veces colaboraban activamente con algunas de las detenciones ilegales, como el caso del chileno Jorge Isaac Fuentes Alarcón, capturado por la policía de Paraguay cuando cruzaba la frontera con Argentina en 1975 y trasladado a Chile: oficiales de EEUU colaboraban con la búsqueda de sus contactos y compartían inteligencia con miembros de Cóndor. La CIA proveía al sistema Cóndor de computadoras de última generación y las agencias de seguridad de Estados Unidos suministraban inteligencia y cooperación.

Quizás la evidencia más contundente del involucramiento encubierto de Washington es que Cóndor tenía acceso autorizado al sistema continental de comunicaciones de Estados Unidos ubicado en la zona del Canal de Panamá.[6] Un cable del entonces embajador norteamericano en Paraguay, Robert White, en 1978, informó que un comandante paraguayo le había dicho que EEUU puso a disposición de la Operación Cóndor su red interamericana de comunicaciones. Es decir, los oficiales de Cóndor operaban en la sede militar estadounidense más importante del hemisferio. En esos años existía allí una gran estación de la CIA, la sede del Comando Sur, el centro de las Fuerzas Especiales y la SOA. La base siempre fue un nexo para las operaciones encubiertas y una plataforma para la intervención estadounidense en América Latina. Los oficiales de Cóndor usaron dicho sistema, “codificado dentro de la red de comunicaciones de EEUU”, para coordinar información de inteligencia en toda América Latina. Esta es una prueba crucial del rol de EEUU como patrocinador secreto. Demuestra que Washington consideró que Cóndor era una operación clave que servía a los intereses de EEUU.

1.1.3. Conclusión

Los orígenes de la Operación Cóndor pueden ser encontrados en las doctrinas y prácticas contrainsurgentes. Las características de dicha Operación reflejaban los principios de la guerra contrainsurgente que remodeló profundamente América Latina y tuvo como resultado un conjunto de Estados depredadores que se creían enfrascados en una guerra santa de tipo ideológico. Lejos de centrarse solamente en las guerrillas o grupos comunistas, los militares se fijaron por objetivo a vastos sectores de la sociedad. Esta guerra fue utilizada para desmovilizar los desafíos populares a las estructuras políticas y socioeconómicas existentes, preservando de esa manera los intereses de las élites gobernantes de América Latina y permitiendo el avance de los intereses hegemónicos de los EEUU. Como señalaba Michael McClintock, en el decenio de 1960 surgieron nuevos patrones de represión en América Latina, así como las formas organizativas para desarrollarlos, estrechamente asociados con los programas de seguridad de EEUU.

Una perspectiva comparativa permite ubicar el modelo de la Operación Cóndor como un componente top secret en la estrategia de EEUU. La destrucción de los “enemigos” dondequiera que estuvieran también fue parte de la “Guerra contra el Terrorismo”, con fuerzas estadounidenses involucradas en secuestros, traslados extralegales transfronterizos, centros clandestinos de tortura en varios países, y otros métodos de Cóndor.

La Operación Cóndor se evidencia en los casos aún no resueltos de desaparecidos en América Latina. Pese a algunos procesos judiciales importantes, especialmente en Argentina, muchas de las familias de víctimas de Cóndor aun no tienen información sobre lo que les pasó a sus seres queridos. El legado de la Operación Cóndor todavía proyecta una gran sombra sobre América Latina, Estados Unidos y el mundo.

1.2. Los Estados Unidos de América y la Operación Cóndor:
exposición y complicidad,

por John Dinges[7]

La participación del gobierno de los Estados Unidos en la Operación Cóndor tiene una historia compleja y, en cierto modo, secreta. Si bien el gobierno de los EEUU fue defensor y aliado de los gobiernos militares que conformaban la alianza de los seis países, Chile llevó a cabo el asesinato internacional más atroz de la Operación Cóndor con la muerte de Orlando Letelier y de la ciudadana estadounidense Ronni Moffitt, en la ciudad de Washington.

La historia de Estados Unidos de América y la Operación Cóndor puede describirse de modo más objetivo como una historia de exposición pública, complicidad secreta y, en última instancia, como un encubrimiento a lo largo de varios años. En primer lugar, analicemos el aspecto relacionado con la exposición. En tanto alianza militar secreta por parte de seis países cuyo objetivo era asesinar a los líderes de izquierda en todo el mundo, la Operación Cóndor pasó a ser de conocimiento público a partir de un almuerzo que tuvo lugar en Buenos Aires, el 28 de septiembre de 1976, entre el agente del FBI Robert Scherrer y un oficial de inteligencia del Ejército argentino.

Solo siete días antes de este evento, en una avenida de la ciudad de Washington, el estallido de una bomba instalada en su auto y detonada a control remoto mató a Letelier, ex Canciller de Chile y uno de los más notorios adversarios internacionales del dictador chileno, el General Augusto Pinochet. El oficial y coronel argentino estaba molesto, enojado. Haber matado a Letelier en el corazón de la capital estadounidense era un desastre, según le dijo a Scherrer, y probablemente se tratara de un “salvaje accionar de la Operación Cóndor” por parte del servicio de seguridad de Pinochet, la DINA. Según dijo la fuente, “esto arruinará la posibilidad de una operación exitosa”.

Por “exitosa” se refería a las operaciones conjuntas entre Chile, Argentina y Uruguay por cuyo accionar, en las semanas precedentes, se había logrado neutralizar a “objetivos terroristas” en Argentina. De este modo, se hacía referencia a la “eliminación” de la organización uruguaya OPR-33 y la captura de un “gran volumen de moneda estadounidense”, de acuerdo con los informes de Scherrer.[8] Los más altos líderes de las organizaciones MIR de Chile, Tupamaros de Uruguay y del ERP en Argentina también habían sido capturados y asesinados.

La fuente describió las tres fases de la Operación Cóndor. Las primeras dos consistían en un intercambio de inteligencia y de operaciones conjuntas entre los países miembros. Hizo hincapié en que estaba al tanto de las “acciones de la fase tres”, que implicaba los asesinatos de activistas de izquierda en Francia y Portugal, lo cual se estaba considerando llevar a cabo. El asesinato de Letelier, según informó Scherrer, también “podría haber sido parte de un accionar dentro del marco de la fase tres de la Operación Cóndor”. En consecuencia, el Departamento de Justicia de los EEUU y el FBI, con el consentimiento de la administración profundamente anticomunista del presidente Gerald Ford, inició una vigorosa investigación que estableció que el asesinato había sido planeado y ejecutado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile, cuyo jefe, en ese entonces el Coronel Manuel Contreras, dependía directamente del General Augusto Pinochet.

Los informes de Scherrer, que se filtraron a la prensa de los EEUU dos años después y se presentaron en un resumen en el contexto de un juicio oral y público en 1979, revelaron la existencia de la Operación Cóndor por primera vez de manera pública. Por más de dos décadas, estos documentos parecieron ser el relato definitivo sobre las operaciones relacionadas con los asesinatos, propias de la fase tres de la Operación Cóndor.[9] En el juicio, y también en las entrevistas con el autor, Scherrer informó que fue el primer oficial de inteligencia de los EEUU en enterarse de que la Operación Cóndor planeaba matar a los líderes de la oposición exiliados fuera de América Latina. Asimismo, informaba que se enteró de esa escalofriante operación de inteligencia con posterioridad a la muerte de Letelier.

Casi todo lo que se sabía sobre la Operación Cóndor se había revelado a través de la investigación del FBI liderada por Scherrer y otros agentes, junto con el testimonio de Michael Vernon Townley, un expatriado estadounidense que se desempeñaba como el principal asesino internacional de la DINA. La versión del FBI sobre esta operación era precisa y se vio confirmada posteriormente por desclasificaciones masivas de documentos estadounidenses, y por el descubrimiento de documentos militares sobre la Operación Cóndor en Paraguay y otros países en los años 90.

Decimos que dicha versión del FBI era precisa, excepto por una detalle crucial: Scherrer no fue el primero en enterarse de que Cóndor estaba planificando llevar a cabo asesinatos internacionales. La CIA estaba al tanto de la fase tres de la operación meses antes de que los agentes chilenos pusieran la bomba debajo del auto de Letelier y la detonaran en Washington. En ese detalle se esconde la otra parte de nuestra historia: la complicidad de los EEUU en los crímenes de lesa humanidad perpetrados por los gobiernos militares y el posterior intento de cubrir lo que EEUU sabía sobre la Operación Cóndor antes del asesinato de Letelier, antes de que Chile utilizara el aparato de Cóndor para cometer un acto de terrorismo internacional en las calles del principal defensor y aliado de Chile.

Es una historia plagada de profundas contradicciones, de acciones divergentes por parte de las agencias del gobierno estadounidense en lo que respecta a los delitos cometidos por los gobiernos militares en los 70. Los organismos estadounidenses, liderados por los presidentes (republicanos) Nixon y Gerald Ford, el Pentágono, el Departamento de Estado y la CIA habían fomentado los gobiernos militares como respuesta a la amenaza que parecía cernirse sobre la hegemonía estadounidense dentro de la región a causa de los gobiernos de izquierda, tales como el del socialista Salvador Allende en Chile y los movimientos revolucionarios radicales que ansiaban tomar las armas para hacer la revolución. Dentro de esta estrategia, América Latina jugaba el rol de una pieza de ajedrez en el tablero de la competencia global de la Guerra Fría contra la Unión Soviética y los movimientos comunistas presentes en otras regiones.

La espectacular explosión que mató a Letelier en su auto y la decisión de investigar este hecho como un acto de terrorismo hizo que estas contradicciones generaran un conflicto secreto dentro del gobierno estadounidense. En última instancia, se les requirió a las agencias del gobierno que ocultaran las relaciones cercanas que mantenían con los responsables del delito perpetrado y que mantuvieran en secreto todo lo que supieran sobre los planes internacionales de la Operación Cóndor antes del asesinato de Letelier.

Por un lado, la colaboración de los EEUU con Pinochet y la DINA; por otro, la investigación y exposición de sus crímenes. Las tan visibles contradicciones de las dos políticas nunca vieron la luz ni se han explicado en mayor detalle. Como mínimo, los lazos cercanos de la alianza entre el gobierno estadounidense y la dictadura de Chile al momento del asesinato de Letelier y otras actividades de la Operación Cóndor, abren el interrogante acerca del grado de inteligencia estadounidense sobre los crímenes llevados a cabo por las dictaduras nombradas. Como máximo, también debemos preguntarnos si las agencias estadounidenses tuvieron participación en la creación de la Operación Cóndor y en sus actividades delictivas.

En otras palabras, ¿qué sabían las agencias estadounidenses y desde cuándo? ¿Participaron la CIA u otros actores estadounidenses directamente de alguna actividad de la Operación Cóndor? Y finalmente, ¿podría haber sido evitado el asesinato de Letelier si las agencias estadounidenses hubieran actuado de acuerdo con lo que sabían? Por mi parte, investigué todas estas preguntas de la forma más exhaustiva y detallada posible en mi libro Operación Cóndor: Una década de terrorismo internacional en el Cono Sur.[10]

En breves palabras, al menos tres meses antes de que Scherrer escribiera sus informes para el FBI, las otras agencias estadounidenses (la CIA, el Departamento de Estado y el Pentágono) ya sabían que Chile conducía la Operación Cóndor, la cual había sido creada para capturar y matar a quienes se opusieran a los regímenes militares y vivieran fuera de sus países de origen. Además, la CIA había informado a Kissinger y a otros altos oficiales sobre una misión específica de la Operación Cóndor que se estaba generando en Chile, Argentina y Uruguay con el objetivo de asesinar adversarios en Europa. La información sobre Cóndor debe considerarse junto con una fuente de inteligencia por separado que reveló que Chile, al mismo tiempo, estaba intentando enviar dos agentes encubiertos a Washington. Hay decenas de documentos que tratan sobre la Operación Cóndor en las semanas previas al asesinato de Letelier, pero salvo algunas excepciones, se han tachado los párrafos claves.

Finalmente, creo con firmeza que si Kissinger y los oficiales estadounidenses hubieran actuado de acuerdo con lo que sabían respecto de la Operación Cóndor y otros aspectos de los planes de Chile, incluso la detección de un plan para enviar agentes encubiertos de la DINA a Washington, el asesinato de Letelier podría haberse evitado.

La sucesión de eventos que dan cuenta de la participación del gobierno de EEUU en la Operación Cóndor es compleja, pero comienza con una simple realidad. El gobierno estadounidense, en la década de los 70, defendía y promovía todos los gobiernos militares de derecha a medida que se iban creando, uno por uno, comenzando por Brasil en 1964. A medida que se iba dando lugar a operaciones de inteligencia secreta y seguridad —tales como la DINA en Chile pero también en otros países—, la CIA brindó entrenamiento y promovió un accionar conjunto de las operaciones de inteligencia. También se puso a disposición la ayuda material: equipamiento militar para el ejército regular y equipos de comunicaciones para las agencias de inteligencia que conformaban la red de la Operación Cóndor. La ayuda que tenía como objetivo directo beneficiar la red de la Operación Cóndor incluía el uso de un sistema de radio de alcance continental, comunicaciones en código en dicho sistema de radio —y en un sistema de télex que dentro del plan se denominó “Condortel”—, así como equipos de computadoras y apoyo para los bancos de datos entre varios países sobre activistas de izquierda sospechados de “subversión”. Los hechos que aquí se declaran se basan, sin excepción, en extensas colecciones de documentos estadounidenses (que llegan a casi 60.000 páginas) desclasificados a fines de los noventa, y en documentos adicionales que se obtuvieron en virtud de la Ley por la Libertad de la Información (FOIA) de los Estados Unidos de América. Debido a la naturaleza principalmente resumida del presente escrito, no es práctico aquí citar cada documento en el que se basa cada hecho mencionado. Las citas detalladas pueden encontrarse en Operación Cóndor.[11]

Las dictaduras militares habían estado colaborando entre sí al menos desde 1974, si bien un documento de la CIA del año 1976 informaba que “hasta hace poco tiempo no había pruebas de que esta cooperación fuera extensa o muy efectiva”. Pero un nuevo tipo de coordinación formal tuvo lugar en 1976, que fue objeto de un atento seguimiento por parte de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, según las instrucciones del Secretario de Estado, Henry Kissinger. Ocurrieron una serie de asesinatos de extranjeros que vivían en Argentina con posterioridad al golpe militar del 24 de marzo. Miles de exiliados que vivían en el país fueron arrestados.

Kissinger se estaba preparando para un importante viaje a Sudamérica en junio para asistir a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Kissinger había insistido para que la reunión de la OEA se realizara en Santiago y así impulsar la imagen internacional del gobierno de Pinochet, que era el blanco de los defensores de derechos humanos.

En un cable a las embajadas estadounidenses en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia y Brasil, Kissinger hizo una serie de preguntas sobre el “drástico incremento de los asesinatos de figuras políticas extranjeras que se encontraban exiliadas”, que, según dijo, era “un asunto que preocupaba al Departamento [de Estado]”. Una de las preguntas relevantes fue: “¿Cuenta usted con pruebas para sostener o negar las acusaciones de la existencia de acuerdos internacionales entre los gobiernos a fin de llevar a cabo dichos asesinatos o ejecuciones?”.

De hecho, al momento en que tuvo lugar el golpe en Argentina, la CIA ya había informado que cinco de los seis países habían creado un nuevo aparato que facilitaría, precisamente, ese tipo de coordinación antisubversiva. A principios de julio, los informes de la CIA comenzaron a utilizar el nombre de la organización, Operación Cóndor, y describieron su accionar en la Argentina.

Kissinger no mencionó nada sobre estos informes cuando se encontró el 9 de junio con el General Augusto Pinochet, a quien le comentó que iba a hablar sobre derechos humanos en su discurso a la OEA, pero que quería que Pinochet supiera que “nosotros apoyamos lo que usted está tratando de llevar a cabo aquí. Deseamos que a su gobierno le vaya bien”.

El Coronel Manuel Contreras, en su carácter de jefe de la DINA, estaba a cargo de la seguridad de la reunión de la OEA que tendría lugar en junio. Apenas terminada esta, organizó su propia reunión, que sería la segunda reunión de los jefes de inteligencia que conformaban la Operación Cóndor. Esta vez, Brasil fue un participante activo de dicha reunión, que tuvo lugar en las oficinas de la DINA en Santiago.

La CIA realizó un informe completo que se le envió a Kissinger y al Departamento de Estado. En dicho informe se establecía que el sistema Cóndor estaba expandiendo sus operaciones a fin de incluir misiones fuera de América Latina. Específicamente, Argentina, Chile y Uruguay prestaban su consentimiento a lanzar una misión contra los izquierdistas que se encontraban en París. Brasil y Argentina acordaban llevar a cabo operaciones conjuntas para “cazar y eliminar terroristas que tuvieran la intención de huir de la Argentina con destino a Brasil”.

El 30 de julio, los oficiales de la CIA en Washington mantuvieron una sesión informativa formal sobre la Operación Cóndor para los oficiales superiores del Departamento de Estado, en la cual se usaron expresiones más alarmantes: “Originalmente diseñada como un sistema de comunicaciones y banco de datos para facilitar la defensa contra la Junta Coordinadora Revolucionaria, la organización comenzaba a tomar un rol bastante más activo, que incluía específicamente el rol de identificar, localizar y ‘asestar golpes’ a líderes de la guerrilla.” En la jerga de la CIA, “asestar golpes” tenía un sentido unívoco: significaba asesinar.[12]

De este modo, lo que Robert Scherrer, del FBI, describiría luego como las fases uno, dos y tres (recolección de datos, operaciones conjuntas en los países miembros y los asesinatos internacionales, respectivamente) fue el tema de un informe y de un análisis formales en las oficinas de mayor privacidad de la CIA y del Departamento de Estado en julio de 1976, unos dos meses antes del asesinato de Letelier en Washington.

De hecho, en Chile, el Coronel Contreras ya había puesto en marcha la misión para matar a Letelier en Washington. Las órdenes para llevar a cabo esa operación se habían dado solo unos días después de la reunión que tuvo lugar en Santiago, y no más de dos semanas después de la reunión de Kissinger con Pinochet. El asesino internacional y veterano de la DINA, Michael Vernon Townley, dijo haber recibido las órdenes a fines de junio o principios de julio.

Que Contreras eligiera a Townley para desplegar las misiones letales de la DINA en territorio internacional, no parece ser algo casual. No solo era Townley un ciudadano estadounidense, sino que había tenido contacto previo con la CIA. Townley admitió haberse postulado como agente secreto para dicha agencia, la cual había confirmado este hecho y reconocía que Townley estaba sujeto a una verificación de seguridad (un paso preliminar para un agente encubierto) y que era “de interés” para la CIA en 1971.

Contreras mismo cultivaba un contacto fluido y muy cercano con la CIA, y puede decirse que intentaba utilizar sus relaciones con esta agencia para desviar la atención de los delitos internacionales de la DINA. Como mínimo, al cubrirse con el manto de la CIA, Contreras estaba seguro de que la CIA lo ayudaría a mantener en secreto el accionar de la DINA. A continuación, un breve resumen de la prueba de que Contreras manipulaba su relación con la CIA:

Contreras fue el primero en revelar, en una entrevista, que la CIA había enviado a agentes a Chile para entrenar la DINA, un hecho tardíamente confirmado por la CIA a una comisión investigadora del Congreso.

Contreras mismo tenía una cercana relación operativa con la CIA, acordando proveer inteligencia a cambio de un pago mensual (se materializó solo uno, en 1975, probablemente de USD 5.000). La CIA canceló el pago después de un mes, supuestamente debido a la preocupación por los derechos humanos.[13]

Según mi investigación, Contreras viajó a EEUU para consultar con altos oficiales de la CIA por lo menos en cinco oportunidades. Uno de los viajes coincide con la organización de Cóndor. En agosto de 1975, Contreras se reunió con el subdirector de la Agencia Central de Inteligencia, Vernon Walters. De Washington, Contreras se dirigió a reuniones con oficiales de inteligencia en Caracas, Venezuela, donde planteó sus planes para la Operación Cóndor. ¿Informó a Walters también sobre el plan Cóndor? La respuesta está escondida en documentos secretos de la CIA.

En julio de 1976, mientras el plan para matar a Letelier estaba a pocas semanas por cumplirse, Contreras visitó a Walters de la CIA nuevamente. No sabemos todo lo conversado, pero es claro que Contreras —una vez más— estableció un nuevo eslabón circunstancial entre sus planes por ejecutar y sus amigos en la CIA.

Finalmente, enjuiciado en el año 1978 por EEUU por el crimen de Letelier, Contreras presentó su defensa: que la CIA había infiltrado a la DINA para cometer crímenes con propósitos propios, que Michael Townley recibía órdenes de la CIA, y que la CIA, no la DINA, asesinó a Letelier en Washington.

Volvamos ahora a nuestra cronología de eventos respecto al involucramiento de Estados Unidos en la Operación Cóndor.

De este modo, entre julio y septiembre de 1976, al menos dos operaciones relacionadas con asesinatos se estaban gestando dentro del plan: matar a Letelier en Washington y a dos líderes de la JCR en París. Chile estaba involucrado en ambas, pero la CIA había detectado solo una.[14]

Michael Townley viajó primero a la Argentina, luego a Paraguay. Según un cable “Cóndor uno” a Paraguay que obtuvo el FBI, Chile estaba utilizando la red Cóndor a fin de obtener documentos para la misión. El viaje a Paraguay fue detectado por el embajador estadounidense, que hizo copias de los pasaportes y fotos falsos que resultaron ser de Michael Townley y de otro agente de la DINA. En ese punto, la inteligencia estadounidense estaba al tanto no solo de la Operación Cóndor y sus planes de “asestar un golpe” a los líderes de la JCR en París, sino que también sabía que la DINA chilena estaba intentando enviar dos agentes encubiertos en una misión sospechosa pero indeterminada a Washington.

En el séptimo piso del Departamento de Estado, la preocupación que se cernía sobre la Operación Cóndor impulsó una serie de reuniones, instructivos y memorandos de urgencia. El oficial superior de Kissinger para América Latina, Harry Shlaudeman, redactó un extenso análisis de 14 páginas solo para Kissinger titulado “The Third World War and South America” (El Tercer Mundo y América del Sur). Este documento concluía que los seis países del Cono Sur habían desarrollado una “mentalidad de asedio que lindaba con la paranoia”, y que se veían como “el último bastión de la civilización cristiana” que libraba una guerra tercermundista contra el marxismo. En este documento se resumían las tres fases de la Operación Cóndor y el blanco de la misma, “los subversivos”, entre los cuales se incluía a “casi cualquier persona que se opusiera a la política del gobierno”.

La preocupación de Shlaudeman versaba menos sobre los derechos humanos que sobre el temor de que la campaña antimarxista se fuera de las manos y pusiera en duda el liderazgo de Estados Unidos en la región. Los países sospechaban que “incluso los EEUU han ‘perdido la voluntad’ de enfrentarse firmemente contra el comunismo…”.

El debate sobre la Operación Cóndor y qué hacer (o no) con ella ocupó gran parte del mes de agosto de 1976. Este tema tomó carácter de mayor urgencia cuando la CIA informó que un equipo conformado por tres países estaba llevando a cabo un entrenamiento en Buenos Aires para ultimar detalles de la misión de asesinato en Europa.

A fines de agosto, Kissinger decidió que se debían tomar acciones (o lo persuadieron de ello). El 23 de agosto, Kissinger envió un extenso cable titulado “Operación Cóndor”, que detallaba un plan de acción para detener los asesinatos de la Operación Cóndor, e incluía órdenes directas a los embajadores estadounidenses en los seis países de la Operación. “Los asesinatos planificados y dirigidos por un gobierno dentro y fuera del territorio de los miembros de la Operación Cóndor tienen muy serias implicancias que debemos enfrentar estricta y rápidamente”, establecía dicho cable. Los embajadores en Chile, Argentina y Uruguay recibieron órdenes de reunirse “lo antes posible con un oficial pertinente de alto rango, preferentemente el jefe de estado” para enviar un mensaje. El mensaje en cuestión decía que Estados Unidos de América estaba al tanto de la alianza Cóndor y que:

Hay (…) rumores de que esta cooperación puede extenderse más allá de un mero intercambio de información y pasar a incluir planes de asesinar subversivos, políticos y personalidades prominentes tanto dentro de las fronteras nacionales de ciertos países del Cono Sur como fuera de ellas… Sentimos la imperiosa necesidad de hacerles llegar nuestra profunda preocupación.

Si estos rumores tuvieran un ápice de verdad, causarían un problema moral y político de lo más serio.[15]

Si bien se usa un lenguaje diplomático, el mensaje no podía estar más claro: sabemos lo que están planeando y no lo aprobamos. Deténganlo.

No se ha contado en forma completa la historia de lo que ocurrió durante el mes siguiente (desde el cable de Kissinger, el 23 de agosto, hasta la muerte de Letelier, el 21 de septiembre). Los documentos relevantes se han mantenido fuera del ojo público o han sido totalmente tachados.

Sabemos solamente que la orden de Kissinger de contactar a los más altos líderes de los países que estaban planeando los asesinatos internacionales nunca se llevó a cabo. El 20 de septiembre se les informó a los embajadores que la orden se había cancelado porque “no había habido informes en las últimas semanas que indicasen la existencia de activar la Operación Cóndor”.

Al día siguiente, un martes a la mañana, se detonó la bomba en el auto de Letelier cuando iba hacia su trabajo junto con su investigador asociado, Michael Moffitt, y su mujer, Ronni. La explosión mató a Letelier y a Ronni Moffitt. Michael Moffitt tuvo lesiones leves.

Volvamos a Robert Scherrer, el agente del FBI que se enteró sobre las tres fases de la Operación Cóndor por medio de un oficial de inteligencia argentino una semana después del asesinato. Scherrer, quien murió en 1995, dijo no saber nada sobre la historia que les acabo de contar, sobre los numerosos informes, instrucciones, memorandos y cables urgentes que contenían información sobre los planes asesinos de Cóndor y sobre el intento por parte de Kissinger, luego abortado, de detenerlos. Nada de esto se contó en el juicio llevado a cabo en 1979 contra los cubanos derechistas que ayudaron a Townley a matar a Letelier. Los oficiales del departamento de Estado que prestaron su testimonio en el juicio no dijeron nada sobre las semanas de debate acerca del involucramiento de Kissinger y la CIA con la Operación Cóndor. El procurador general por el Departamento de Justicia, Eugene Propper, en su libro Labyrinth expresa su ignorancia sobre el tema. Recibió extensas instrucciones por parte de la CIA sobre la Operación Cóndor, en las cuales se la describía como “una operación de inteligencia”, según escribe en su libro, “pero la Agencia no había mencionado los asesinatos”.[16]

Permítanme un matiz editorial sobre estas declaraciones: simplemente, ¡carecen de toda credibilidad!

La investigación por parte de Scherrer y del FBI resolvió el caso en lo que respecta a la identificación de los responsables, entre otros, la DINA, Townley y Contreras. Algunos de los culpables fueron detenidos por este delito.[17] Los oficiales estadounidenses de todas las agencias y en todos los niveles no tenían conocimiento u optaron por ocultar el avance, el conocimiento previo al caso Letelier sobre los planes de la Operación Cóndor y el fracaso por parte de Kissinger, los embajadores estadounidenses y la CIA de enfrentar a Chile, Argentina y Uruguay por sus planes de matar a todo disidente.

Si se hubiera transmitido esta advertencia a dichos países, ¿se habría evitado el asesinato de Letelier? Solo un oficial del Departamento de Estado ha brindado información al respecto. Hewson Ryan, Subsecretario Adjunto para América Latina, estuvo presente en la reunión de instrucción de la CIA llevada a cabo el 30 de julio de 1976 sobre la Operación Cóndor, que movilizó a Kissinger a decidir enviar el cable de advertencia. En una entrevista que brindó antes de morir, reflexionó sobre el asesinato de Letelier:

Sabíamos desde hacía bastante tiempo que los gobiernos de los países del Cono Sur estaban planeando algunos asesinatos en el exterior para el verano de 1976, o al menos hablaban sobre esa posibilidad. Si había o no una relación directa, lo desconozco. Si de haber intervenido nosotros [al comunicar la advertencia], hubiéramos podido evitar [el asesinato de Letelier], no lo sé. Pero no lo hicimos.[18]

Mi conclusión, que se basa en mi estudio de las pruebas disponibles, es que el asesinato de Letelier podría haberse evitado, y se habría evitado de hecho si el gobierno de los Estados Unidos hubiera enfrentado a Chile con conocimiento acerca de la Operación Cóndor. Pero la realidad no fue así.

La CIA y el ejército de los Estados Unidos sabían sobre la Operación Cóndor y se beneficiaron de la inteligencia obtenida mediante tortura en sus centros clandestinos. Pero no hay pruebas acerca de la participación de oficiales estadounidenses en los asesinatos. Hay muchas pruebas sobre el caso de Letelier, como se describió anteriormente y en mi libro, de la complicidad del gobierno estadounidense en la represión, pero la prueba no es compatible con la teoría, que promueven Contreras y otros autores, de que la CIA tuvo un papel en la muerte de Letelier.

Otra conclusión a la que puede arribarse es que los oficiales y agencias estadounidenses, desde Kissinger hacia abajo, ocultaron sistemáticamente lo que sabían e hicieron con anterioridad a la muerte de Letelier. No haber actuado sobre la inteligencia disponible acerca de la Operación Cóndor era tan vergonzoso que se tomó la decisión deliberada de evitar que los hechos salieran a la luz pública en el momento del juicio de 1979 y durante los posteriores veinte años. La desclasificación de los documentos en 1999 por parte del Presidente William Clinton reveló parte de la verdad. Pero las razones del fracaso y las responsabilidades individuales siguen enterradas en las páginas de los documentos todavía secretos y en las partes tachadas de los documentos ya liberados. En otras palabras, se trata de un encubrimiento que continúa hasta nuestros días.

2. El Cóndor en América Latina

2.1. Argentina en la Operación Cóndor,

por Melisa Slatman[19]

2.1.1. Caracterización general de la participación argentina en Cóndor

Argentina se insertó en la Operación Cóndor en un momento de transición política desde un gobierno formalmente democrático hacia una dictadura. Cuando se firmó el acuerdo, ya estaba en marcha el armado institucional del Estado terrorista. En este marco, el Operativo Independencia, el dictado posterior de los llamados “decretos de aniquilamiento”, la creación del Consejo de Defensa que ordenó a las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales su dedicación a la aniquilación de la “subversión”, y el dictado de directivas por los jefes de las Fuerzas Armadas, que las organizaron para actuar institucionalmente en la masacre que sobrevendría, permiten entender que en Argentina se vivía una situación política acorde con la situación del Cono Sur.

A fines de noviembre de 1975, cuando el almirante Jorge Demetrio Casas, segundo director de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y representante argentino en la Primera Reunión de Inteligencia Nacional firmó el acta de cierre, lo hizo representando a un Estado que estaba decidido a aniquilar a los opositores políticos.

La SIDE, un organismo de inteligencia civil militarizado desde la década de los 70, fue inicialmente el enlace argentino en Cóndor. Luego esas funciones fueron asumidas por la inteligencia militar.

En el momento de la firma del acuerdo que pondría en funcionamiento Cóndor, se encontraba bajo jurisdicción de la Armada, que luego fue desplazada por el Ejército, cuando Otto Paladino, que había sido hasta entonces Jefe II del Ejército, es decir, Inteligencia, pasaba a ocupar la dirección de este organismo, según la indicación del Consejo de Defensa.

Al momento de la firma del acuerdo para la creación de la Operación Cóndor, los intereses de los organismos argentinos eran diferentes a los que tenían los otros países que lo suscribieron.

Para el resto de los países la cuestión era desarticular a la oposición en el exterior, y esto incluía silenciar a las figuras principales, así como también a las redes de exiliados que articulaban sus denuncias en el plano internacional, y a las organizaciones que se preparaban, en la retaguardia, para poner en cuestión el poder en su país. Todos los países además, asumían tener un peligro común: la Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR), que integraba a organizaciones político-militares de Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia.

En el caso argentino la perspectiva era otra. Más allá del argumento del peligro que representaba la JCR, los exilios de argentinos eran incipientes y aun no estaban articulados, y las organizaciones que se consideraban el oponente principal aún estaban operativas en su territorio. En este aspecto, la suscripción de Cóndor por parte de Argentina fue preventiva, aunque luego se volvió “útil”.

A los organismos represivos argentinos les preocupaba más la cuestión de los bolsones de exiliados y las organizaciones que, en retirada por la represión en sus países, habían decidido montar su base de operaciones en Argentina.

En este sentido, la participación de Argentina en la Operación Cóndor tuvo que ver, en primer lugar, con poner a disposición del resto de los países de la región su estructura y metodología represiva, y en un segundo momento, luego del golpe de Estado, con requerir la reciprocidad para resolver, por medio de actividades represivas extraterritoriales o de operativos combinados, sus propios asuntos con los exiliados y las organizaciones que salían al exterior.

En cuanto a la forma, las actividades de Argentina en Cóndor fueron las mismas que las del resto de los países: intercambio de información, envío y recepción de agentes de organismos represivos para participar en interrogatorios, entrega y recepción de repatriados forzosos, y participación en operaciones de acción psicológica.

La puesta a disposición de la estructura represiva argentina implicó que el tratamiento de los detenidos extranjeros fuera similar al tratamiento de los detenidos locales: seguimiento de inteligencia, secuestro, traslado a centros clandestinos de detención e interrogatorios bajo tortura para avanzar en la desarticulación del núcleo al que pertenecía la víctima. Esto se combinó, en algunos casos, con la intervención de agentes del país de origen de las víctimas en los secuestros, en los interrogatorios y en la decisión sobre su destino final. El devenir de la represión y la centralidad que adquirió Argentina determinaron que, a fines de 1976, la oficina de Cóndor se instalara en Buenos Aires.

Las víctimas extranjeras en Argentina o bien fueron víctimas de repatriación forzada, o fueron asesinadas en el propio territorio. En contrapartida, también hubo argentinos repatriados forzosamente, en condiciones de clandestinidad, la mayoría de los cuales se encuentran desaparecidos, aunque también se dieron casos de sobrevivientes.

2.1.2. Aportes de la investigación sobre la participación argentina en Cóndor

La descripción anterior sirve para brindar un marco general sobre la participación argentina en Cóndor. A continuación se brindará un panorama del estado general de conocimiento sobre estos hechos, señalando los resultados de investigación producidos en diferentes ámbitos del conocimiento.

2.1.2.1. Informes de la verdad

Los informes de la verdad, de diferentes características, que se han producido en la región en los últimos años han traído novedades sobre la participación Argentina en la Operación Cóndor.

El Nunca Más argentino, que fue el primer informe de la verdad de la región, y fue un importante antecedente. Allí, sin mencionarse a la Operación Cóndor, se abordó la cuestión de la coordinación represiva regional. El informe no profundizó en el análisis específico de la participación de la dictadura argentina[20].

El informe de la Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación de Chile, más conocida como Comisión Rettig, abordó especialmente las relaciones de coordinación represiva establecidas entre ese país y Argentina.[21]

El primer informe en abordar de manera sistemática la cuestión de Cóndor fue el informe sobre desaparecidos de la Presidencia de la República del Uruguay y un informe subsidiario sobre la dictadura, publicado por la Universidad de la República.[22]

En estos informes, lo que se insinúa en los anteriores sobre las redes de coordinación aparece ampliamente documentado. Es copiosa la cantidad de documentación reproducida y transcripta sobre la participación argentina en Cóndor y, también los documentos que ahondan en la persecución a ciudadanos argentinos en Uruguay.

También analizó la cuestión de Cóndor la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay,[23] aunque mirando más sus aspectos globales y su relación con los Estados Unidos. Sin embargo, el informe en general permite ver la colaboración entre los dos países, en un período más largo que el específico de Cóndor y la dinámica de la “frontera caliente” al noreste de la Argentina.

En Brasil, se conformó una comisión nacional de la verdad que realizó una larga investigación sobre violaciones a los Derechos Humanos y que en su Relatorio final presenta un capítulo sobre la Operación Cóndor y analiza lo sucedido a varios ciudadanos brasileños en Argentina.[24]

En Brasil se crearon también Comisiones Estaduales de verdad. En este marco, la Comisión Estadual de Río de Janeiro recuperó el testimonio del Coronel Paulo Malhaes, que dio información sobre la participación brasileña en las redes de coordinación nacional.[25] Malhaes fue encontrado muerto en su domicilio poco después, en abril de 2014. En el marco de la investigación judicial por su muerte, fueron hallados en su domicilio documentos que dan cuenta de las actividades de coordinación represiva con Argentina y una clase de documentos de los que hasta ahora no se tenía conocimiento: informes de un militar argentino infiltrado en la comunidad de exiliados de esa ciudad.[26]

2.1.2.2. La investigación judicial

Son varios los juicios que han abordado, aunque parcialmente, aspectos de la Operación Cóndor. Aquí es necesario realizar un breve recuento de la evolución de los juicios en Argentina.

Luego del funcionamiento de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y de la elaboración del informe de la comisión, parte del cual se publicó con el título Nunca Más, una de las recomendaciones de la CONADEP fue la de iniciar acciones legales y entregó pruebas a la justicia.

En 1985 se realizó el juicio a las Juntas Militares. En el marco de esa causa, se investigaron actividades de coordinación represiva sobre ciudadanos extranjeros en Argentina y argentinos en el exterior. El impacto de este juicio y el inicio de nuevas investigaciones judiciales llevaron a una serie de conflictos políticos en Argentina, que incluyeron alzamientos militares. Fruto de la presión que estos ejercieron, en 1986 se dictó la ley de obediencia debida y en 1987 la de punto final —llamadas “leyes de impunidad”— cuyo efecto fue la clausura de las investigaciones y los procesos judiciales. El camino de la impunidad se vio acompañado por el dictado de los indultos presidenciales en 1989. Entre los indultados estuvieron militares uruguayos que habían participado de la Operación Cóndor, realizando actividades en Argentina.

La clausura de la posibilidad de juzgar excluyó una serie de delitos: la apropiación de menores y las violaciones. Esto permitió que, durante los años de impunidad, se investigaran y juzgaran algunos casos de apropiación de menores entre los que se encontraban niños apropiados en el marco de la colaboración represiva.

En este contexto de impunidad, los familiares y víctimas buscaron caminos alternativos para poder alcanzar la justicia. En noviembre de 1999 un grupo de familiares de víctimas se presentó a la justicia y solicitó que se comenzaran a investigar los crímenes ocurridos en el marco de la Operación Cóndor. Según explica Rodolfo Yanzón, la presentación se realizó contra militares extranjeros, ninguno de los cuales había sido beneficiado por las leyes de impunidad.[27] Este es el inicio de la causa conocida como “Operación Cóndor” en Argentina, cuya investigación estuvo a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 7 de la Capital Federal. De esa investigación, que continúa en proceso, se elevaron a juicio tres tramos en 2008, 2011 y 2012.

Por otra parte, en el marco de las investigaciones judiciales que sucedieron a la causa 13/84, había comenzado a tramitarse la causa 450, por los crímenes cometidos en el marco del primer cuerpo de Ejército. Esa causa se paralizó y fue reabierta luego de la anulación de las leyes de impunidad. En ese marco, desde 2004, se comenzaron a investigar los hechos acontecidos en el centro clandestino de detención (CCD) “Automotores Orletti”, dependiente de la SIDE y que tuvo actividades dentro de la jurisdicción del primer cuerpo de Ejército. De esa investigación se elevó a juicio oral un primer tramo por el que se dictó sentencia en 2010. Un segundo tramo de esa causa se elevó a juicio en 2011.

Por la conexión que existe entre las dos causas, el juicio por los tres primeros tramos de Operación Cóndor y el segundo tramo de Automotores Orletti se unificó en un solo debate que se encuentra en desarrollo desde marzo de 2013.[28]

Por otra parte, luego de la anulación de las leyes de impunidad, se prosiguió con la investigación de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.

La estructura de los juicios en Argentina, a grandes rasgos, está ordenada por la responsabilidad territorial de los imputados y por las actividades dentro de los centros clandestinos de detención. Durante la dictadura, el territorio argentino se dividió en cinco zonas (Zonas I, I, IV y V y el Comando de Institutos Militares), con subdivisiones internas, llamadas subzonas y áreas, que cumplían funciones diferentes. En este marco, se trató lo sucedido a ciudadanos extranjeros —por ejemplo en la causa por la responsabilidad de los jefes de área también conocida como “Olivera Róvere”—. En cuanto a los crímenes cometidos en el circuito de centros clandestinos de detención, pueden nombrarse como ejemplo las causas por lo sucedido en el circuito Atlético-Banco-Olimpo, en el Vesubio, así como también en el Pozo de Quilmes y Pozo de Banfield.

En estas causas, a diferencia de la causa por Operación Cóndor, el tratamiento de lo que sucedió con las víctimas extranjeras es el mismo que el que se les da a las víctimas argentinas, porque el objetivo es investigar lo sucedido durante el secuestro, tanto en los casos en los que hubo desaparición forzada como cuando se trata de homicidios o de privaciones de la libertad con o sin supervivencia. De hecho, incluso, en algunas sentencias ni siquiera se aclara la nacionalidad de los desaparecidos.

Otras causas en las que se investigó, aunque muy colateralmente, la actividad argentina en el marco de la Operación Cóndor fueron las dos seguidas contra el agente de inteligencia chileno Enrique Arancibia Clavel, la primera por el asesinatos del general del Ejército chileno Carlos Prats, y su mujer Sofía Cuthbert, ocurridos en Buenos Aires en 1974, y la segunda por la privación ilegítima de la libertad de Laura Elgueta Díaz y su cuñada Sonia Urea, que fueron secuestradas y mantenidas en cautiverio en el CCD “Club Atlético”.

Por último, otra megacausa que tuvo lugar en Argentina fue la causa por el plan sistemático de apropiación de menores, que fue la acumulación de varias denuncias realizadas por este delito. En este juicio se trató la práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad en el marco de un plan general de aniquilación que desplegó sobre parte de la población civil, con el argumento de combatir la subversión implementando métodos del terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar, según la sentencia, niños cuyos padres fueron víctimas de las redes de coordinación represiva.

2.1.2.3. Aportes desde el periodismo

La investigación periodística reconstruyó diferentes episodios de la participación argentina en la Operación Cóndor. En líneas generales, la investigación periodística trabajó en la línea de la reconstrucción biográfica, de individuos, grupos y organizaciones que fueron víctima de las redes de coordinación represiva y, a partir de allí, buscaron establecer responsabilidades de individuos y organismos represivos en los hechos. Esta línea impactó, además, en la ulterior investigación judicial.

Aquí debe distinguirse la investigación sobre lo sucedido a extranjeros en Argentina y lo sucedido a los argentinos en el exterior.

Hay trabajos que ya son clásicos, como los de Stella Calloni, Samuel Blixen, Francisco Martorell o John Dinges,[29] que abordaron ambos aspectos de la cuestión, en el marco del esfuerzo por brindar una caracterización general sobre la Operación Cóndor y por documentar los casos.

Los secuestros en Argentina de militantes uruguayos del Partido por la Victoria del Pueblo fueron abordados en dos trabajos biográficos. Uno, sobre Gerardo Gatti, de Ivonne Trías y Universindo Rodríguez Díaz,[30] y otro de Francoise Graña sobre María Emilia Islas y Jorge Zaffaroni.[31] Estos estudios tratan lo sucedido con estos tres militantes desaparecidos en Argentina luego de haber sido mantenidos en cautiverio en el CCD Automotores Orletti.

Martín Sivak investigó las actividades de coordinación entre Argentina y Bolivia, abordando la cuestión en general y centrándose en particular en el asesinato del ex presidente Juan José Torres.[32]

Daniel Enz realizó una investigación sobre la persecución al médico paraguayo Agustín Goiburú en Argentina, líder de la oposición colorada a Stroessner, el MOPOCO.[33] La cuestión también fue abordada por el médico paraguayo Alfredo Boccia en una notable biografía sobre Goiburú.[34]

Sobre las actividades represivas extraterritoriales argentinas, Miguel Bonasso estudió el operativo represivo contra un grupo de militantes montoneros en Uruguay[35] y también uno de acción psicológica en la que colaboraron militares uruguayos y argentinos para encubrir el secuestro de la madre de un desaparecido, Thelma Jara, por parte del grupo de tareas de la ESMA[36] También fue abordada la participación argentina en el secuestro y traslado al Uruguay de la ciudadana argentina María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y el secuestro de Macarena Gelman en el trabajo de Carlos Liscano[37] Marcelo Larraquy narró, por su parte, los sucesos conocidos como la contraofensiva montonera y en ese marco, la represión combinada a un grupo de militantes de esa organización, en Brasil y Perú[38] También sobre operativos represivos en Brasil trabajó Nilson Mariano.[39]

La cuestión de los casos de desaparecidos argentinos en Paraguay, y de los paraguayos desaparecidos en Argentina, también fue analizada en el libro Es mi informe de Alfredo Boccia y otros a partir del estudio de los documentos de la Policía de Investigaciones de Paraguay, exhumados y conservados en el denominado “Archivo del Terror”[40]

2.1.2.4. Aportes desde el campo académico

En el campo académico se han realizado estudios que parcialmente abordan la cuestión de la participación argentina en la Operación Cóndor. Son trabajos que en su mayoría provienen del campo de los estudios del exilio y que abordan los efectos de Cóndor en territorio argentino.

En este marco se pueden mencionar los estudios de María Antonia Sánchez y Luis Róniger y Gerardo Halpern sobre el exilio de paraguayos a la Argentina.[41]

Natalia Casola dedicó, en su libro sobre el Partido Comunista argentino durante la dictadura, un capítulo al análisis de la desaparición de militantes del Partido Comunista argentino y estudió un operativo de larga escala que incluyó también a miembros del Partido Comunista chileno.[42]

Alejandro Paredes también abordó la cuestión de los exiliados chilenos en la ciudad de Mendoza y la represión que los afectó.[43] Desde otro enfoque, Laura Rodríguez Agüero, en un estudio sobre la estructuración de la represión en la misma provincia, analizó la cuestión de la represión a exiliados chilenos y en particular, la desaparición de varios de ellos en esa provincia.[44]

Un poco más al sur, Mónica Gatica estudió las migraciones de chilenos en la Patagonia y, en este marco, estudió la persecución y represión en esa región argentina.[45] Cecilia Azconegui, por su parte, abordó las actitudes del gobierno argentino ante el exilio chileno y el efecto del terrorismo de Estado sobre este colectivo.[46]

En cuanto a la represión a los exiliados uruguayos, Vania Markarian analizó la cuestión de la represión a los uruguayos en Argentina en el marco de la Operación Cóndor en un trabajo que permitió corregir algunas hipótesis generales sobre este objeto.[47] También Enrique Serra Padrós abordó la cuestión de la represión a los uruguayos en Argentina en el marco de la Operación Cóndor.[48] Mirando la cuestión al revés, sobre la persecución a los argentinos en el exterior, la persecución a los Argentinos exiliados en Brasil, también desde un abordaje regional fue trabajada por Jorge Fernández para Porto Alegre,[49] y Samantha Quadrat para Río de Janeiro.[50]

Un estudio comparativo que apuntó a establecer características generales de la desaparición de argentinos en Brasil y de brasileños en Argentina, enmarcando la cuestión en la evolución de los destierros y la coordinación represiva regional, es el trabajo de Enrique Padrós y Melisa Slatman.[51]

Luis Roniger estudió el impacto en la evolución de la Operación Cóndor que tuvo la creación, por parte de los exiliados del Cono Sur, de las redes transnacionales de denuncia.[52]

Por último, debemos mencionar nuestros estudios específicos sobre la participación argentina en la Operación Cóndor. Fiemos publicado varios artículos sobre la cuestión, procurando hacer hincapié en sus aspectos institucionales.[53]

2.1.3. A modo de cierre

Como hemos visto, hasta el momento la investigación sobre la participación Argentina en Cóndor ha sido dispersa. Creemos que existen las condiciones para poder avanzar en los trabajos de esta materia, que a su vez permitirá abonar aún más a los procesos de memoria, verdad y justicia. Para ello, sería deseable una iniciativa unitaria que se propusiera partir de los resultados de la investigación judicial, integrar la perspectiva académica y periodística, así como también los resultados del trabajo de diferentes organismos gubernamentales y mixtos que han realizado grandes relevamientos de archivos, para avanzar en formas más globales de conocimiento.

2.2. El vuelo de Cóndor en Bolivia,

por Gustavo Rodríguez Ostria[54]

El dictador y general Hugo Banzer, que gobernaba Bolivia desde 1971, había lanzado su política de exterminio y muerte, contra el movimiento popular y las entidades de izquierda. Una de las fuerzas que sufrió la represión en grado extremo fue el Ejército de Liberación Nacional (ELN) fundado por el “Che” Guevara en marzo de 1967, y que protagonizó en 1970 un nuevo foco guerrillero en la zona de Teoponte. Tras el golpe militar del agosto de 1971, sus fuerzas, aunque mermadas, se concentraron en Cuba para entrenarse militarmente y relanzar la guerrilla. La caída de Salvador Allende, en septiembre de 1973, paralizó la operación pues el ELN pensaba usar a Chile como santuario y lugar de paso. En los meses sucesivos se abrió un álgido debate sobre el futuro de la organización. Se produjeron divisiones internas y se impuso un cambio de línea que se tradujo en abril de 1975 en la fundación en Lima, Perú, del Partido de los Trabajadores de Bolivia, PRT-B.

Entre septiembre y octubre de ese año la nueva entidad, de carácter político militar y que no seguía la línea foquista al pie de la letra, empezó a desplazar sus cuadros a Bolivia, algunos con fachada legal y otros clandestinos. El PRT-B formaba parte de la Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR), que comenzó a actuar en 1974. Para contraponer a la internacionalización de izquierda armada, los organismos represivos y de inteligencia crearon la Operación Cóndor. Formalmente, la Operación se constituyó en Santiago de Chile el 25 de noviembre de 1975, aunque las tareas de coordinación se remontan al menos a inicios de 1974. Según el libro del investigador boliviano Gerardo Irusta M.,[55] los principales operadores de Cóndor en Bolivia eran Carlos Mena Burgos y Ernesto Cadima Valdez, ambos oficiales de Ejército, el primero asistió incluso a la reunión de Santiago de Chile. El gobierno de Banzer, que enfrentaba una fuerte resistencia interna, concentró su represión contra sindicalistas, fuerzas de izquierda y, en particular, contra el PRTB. La Operación Cóndor supuso la coordinación represiva y un tránsito de información y personas entre Bolivia y los países vecinos. A fines de 1976, el PRT-B empezó a recibir severos golpes, pues muchos de sus integrantes cayeron prisioneros. Presos y presas fueron trasladados a las prisiones clandestinas, donde las prácticas de tortura y amedrentamiento continuaron como desde el inicio de la dictadura militar. El Ministro de Interior era por entonces el coronel de Fuerza Aérea Juan Pereda Asbún, que ocupaba el cargo desde el 9 de noviembre de 1974.

2.2.1. Hacia las prisiones argentinas

En ese marco, cuatro ciudadanos argentinos —Graciela Rutila Artes, Efraín Fernando Villa Isolda, Óscar Plugo Gonzales de la Vega y Luis Faustino Stamponi Corinaldesi—, militantes del PRT-B, fueron detenidos en 1976 en Bolivia. Artes o “EIa”, nacida en Buenos Aires el 29 de diciembre de 1951, fue arrestada junto a su pequeña hija Carla, en Oruro el 2 de abril. La niña era hija de Enrique Joaquín López, también militante del PRT-B que sería muerto por fuerzas represivas en Cochabamba el 17 de septiembre de 1976.

Gonzales, alias “Braulio”, cayó el 20 de julio en Cochabamba. Había nacido en Tartagal, Salta, el 30 de junio de 1951. Sus padres eran bolivianos y él había hecho el servicio militar en Bolivia, en consecuencia disponía de doble nacionalidad. Inicio sus estudios de medicina en la universidad de La Plata, y en 1976 se trasladó a Cochabamba donde se matriculó en la Universidad Mayor de San Simón. Stamponi, “Miseria” por nombre de guerra, nació el 15 de febrero de 1935 en Punta Alta (Bahía Blanca) Argentina, tenía una larga historia en la izquierda. Su nombre aparece en el Diario del “Che” como cabeza de uno de los grupos a ser convocados a integrarse a las fuerzas guerrilleras. Fue sin duda uno de los mentores del PRT-B. El 28 de septiembre fue apresado en Llallagua, importante e histórico centro del sindicalismo minero. Por su parte, Villa Isolda fue apresado en julio en Montero, Santa Cruz. Había nacido en Metán, Salta el 30 de noviembre de 1941.

Los cuatro, luego de permanecer presos en La Paz, interrogados por agentes argentinos y bolivianos, y torturados en las celdas del Ministerio del Interior, la Dirección de Orden Político (DOP) y la cárcel de Viacha, fue entregado, en distintos momentos, a la policía política argentina.

Rutila Artes y Villa Isolda fueron cedidos ilegalmente a las autoridades argentinas el 29 de agosto de 1976 en La Quiaca. Villa Isolda —alto y delgado— tenía quemaduras en los pies pues para impedir el traspaso, intentó suicidarse o herirse quemando el colchón de paja de su habitación, según recuerdan ex prisioneros políticos.

Testimonios de prisioneros y prisioneras dan cuenta de que el 25 de agosto de 1976 en la prisión de Viacha un grupo de civiles armados, conducidos por Guido Benavides Alvizuri, jefe de la DOP, introdujeron en un jeep rojo a Artes y su pequeña hija. Hasta la frontera los condujo el paramilitar Ormachea, alias “el Loco”, junto con otros agentes. Se tiene constancia que fueron derivados a la prisión clandestina de Automotores Orletti. Existen testimonios de sobrevivientes que vieron allí con vida a Rutila y Villa Isolda. La niña fue entregada como hija adoptiva a un represor argentino de nombre Eduardo Ruffo, y posteriormente recuperada por su abuela materna.

Stamponi y González, por su parte, fueron sacados de las celdas del DOP en el centro de La Paz y conducidos a la frontera boliviano argentina. El 15 de octubre fueron entregados a la gendarmería argentina en el puente internacional entre Villazón, Bolivia, y la Quiaca, Argentina. La madre de Stamponi, Mafalda Corinaldesi, de 64 años, arribó el 13 de noviembre a La Paz a indagar por su hijo. No obtuvo noticias fehacientes, salvo la constancia de que había sido “expulsado” (sic) a Argentina. Regresó el 19 del mismo mes a su país. Se instaló en el hotel Esmeralda, en el n.º 400 de calle del mismo nombre, en Buenos Aires. En la noche la arrestaron tres integrantes de la policía Lederal. Permanece como detenida-desaparecida.

El CCD Automotores Orletti, descrito por sobrevivientes como parecido al infierno de Dante, funcionó desde mediados de mayo hasta principios de noviembre de 1976. El tercer día de ese mes, la pareja de prisioneros compuesta por José Ramón Morales y su esposa Graciela Vidaillac lograron fugar, obligando al cierre de la prisión. Considerando la fecha en la que llegaron a Buenos Aires Stamponi y Gónzales, el 17 o 18 de octubre, cabe preguntarse si no los trasladaron a otro campo de prisioneros o si los eliminaron rápidamente, antes de desmantelar el campo. Existe incluso la posibilidad que González y Stamponi fueran conducidos a último momento a Uruguay, junto con presos de esa nacionalidad. ¿Se hallaban Gonzáles y Stamponi es este grupo? Es posible, considerando que llegaron justo al cierre de la prisión. Sin embargo es muy difícil determinar si ello efectivamente ocurrió. La documentación existente en la CONADEP contiene las denuncias sobre su desaparición, realizadas por familiares. El archivo correspondiente a Stamponi lleva el n.º 3378; el de Artes el n.º 6333; el de Villa Isolda el 1624 y el de González el 6586.

2.2.2. Rumbo a Chile

Chile fue, para el ELN —y posteriormente el PRT-B—, una fuente de abastecimiento de logística y militantes; de ahí que entre muertos, detenidos y transferidos, los ciudadanos de ese país ocuparan un lugar preponderante en las operaciones de Cóndor en Bolivia. En noviembre de 1976, nueve chilenos, tres mujeres y seis hombres, fueron entregados por el Ministerio del Interior de Bolivia a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) de Chile. Previamente habían sido interrogados y torturados en oficinas de la DOP y la prisión de Achocalla por agentes bolivianos y extranjeros, chilenos y brasileños.

Trasladados hasta Chile, fueron recluidos en la prisión de Cuatro Álamos. Ocho fueron liberados meses más tarde y sobrevivieron, salvo Julio del Tránsito Valladares Caroca, que permanece como detenido-desaparecido. Nació en Santiago de Chile el 1 de julio de 1948. Militante de Partido Socialista (PS), se afilió al Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Bolivia en 1971 o 1972. En 1972 viajó a Cuba, donde recibió entrenamiento militar en la cordillera de los Órganos junto a otros militantes del ELN, que buscaba restablecer un nuevo foco guerrillero en Bolivia.

Frustrada esta operación, en una fecha indeterminada de 1975, Valladares, militante del PRT-B, ingresó clandestino a Bolivia. El 2 de julio de 1976, fue arrestado en Santa Cruz de la Sierra por agentes de la DOP. Fue trasladado a La Paz, a dependencias de la DOP para interrogarlo. En 13 de noviembre de ese mismo año fue traspasado en la frontera de Charaña (Visviri) a la DINA en calidad de detenido. El sacerdote Roberto Leibrecht, párroco de Cristo Rey en La Paz, en carta fechada el 18 de noviembre de 1976, comunicó a la madre de Valladares, Leontina Caroca, que su hijo había sido trasladado a Chile el 13 de noviembre de ese año y que fue entregado a las autoridades chilenas, en virtud del Memorándum 645 del Ministerio del Interior de Bolivia.

La entrega se realizó dentro de los procedimientos del Plan Cóndor. Existe la Resolución 1285 del Ministerio del Interior de Chile, fechada el 22 de abril de 1977, en la cual se señala que Valladares fue detenido el 21 de noviembre de 1976, en virtud del Decreto Exento 2348, que estuvo en el Campamento de Detenidos Cuatro Álamos para posteriormente ser dejado en libertad, el 22 de noviembre de 1976, por Decreto Exento 2349, todo lo cual es un ardid para negar su detención. El Campamento de Cuatro Álamos, actualmente desmantelado, estaba situado en la excomuna de San Miguel, calle Canadá a la altura del 3000 de Vicuña Mackenna, Paradero 5, Santiago de Chile. Era administrado directamente por la DINA. Valladares, en rigor de verdad, no fue liberado y permanece como detenido-desaparecido. Sus familiares han interpuesto querella por su desaparición y muerte ante autoridades judiciales chilenas.

2.3. Los crímenes de la Operación Cóndor en Brasil

por Ivan Cláudio Marx[56]

Brasil tuvo un papel protagónico desde el inicio mismo de la Operación Cóndor, apoyando el golpe militar en Chile. Después de constituida la Operación, desaparecieron en Chile los brasileños Nilton Rosa da Silva, Túlio Roberto Cardoso Quintiliano, Luis Carlos de Almeida, Nelson de Souza Kohl, Wanio José de Mattos y Jane Vanini.

En el marco de los operativos con Argentina —incluyendo la Operación Cóndor—, los apoyos recíprocos se remontan a 1970, con el secuestro de los brasileños Jefferson Cardim y de su hijo con casi inmediata entrega a las autoridades brasileñas. Luego desapareció en Argentina Edmur Péricles Camargo, en 1971.

Posteriormente a la creación de Cóndor, desaparecieron en Argentina los brasileños Joaquim Pires Cerveira, João Batista Rita Pereda, Sidney Fix Marques dos Santos, Francisco Tenorio Cerqueira Júnior, Maria Regina Marcondes Pinto, Jorge Alberto Basso, Sérgio Fernando Tula Silberbeg, Walter Kenneth Nelson Heury, Roberto Rascado Rodríguez e Luiz Renato do Lago Faria. Entre ellos, se destaca el caso de Francisco T. C. Júnior, secuestrado en Buenos Aires el 18 de marzo de 1976 y muerto bajo tortura en la ESMA por funcionarios argentinos y brasileños.

Actuaciones conjuntas marcaron las desapariciones forzadas de argentinos, tales como los casos de Horado Domingo Campiglia, Monica Susana Pinus de Binstock, Norberto Armando Habegger, Cristina Gloria Fiori de Vino, Lorenzo Ismael Viñas y Jorge Oscar Adur, quienes fueran detenidos en territorio brasileño y luego enviados a su país. Antonio Ludano Pregoni, Enrique Ernesto Ruggia, Gregorio Bregstein, Antonio Gradani y Jean Henry Raya Ribard habrían desaparecido en Brasil.

También hay que hacer referenda el caso del expresidente brasileño João Belchior Marques Goulart-Jango. Depuesto por el golpe dictatorial en abril de 1964, Jango murió en 1976 en Argentina. Debido a las circunstancias especiales de la muerte surgió la sospecha de que Jango no murió de causas naturales, sino que fue víctima de un homicidio premeditado organizado dentro de la Operación Cóndor.

En relación a Uruguay, el hecho más destacado fue el secuestro en la ciudad de Porto Alegre, en 1978, del matrimonio de Universindo Rodríguez Díaz y Lilian Celiberti, además de sus hijos Camilo y Francesca, cometido por un Comando del ejército uruguayo con apoyo de autoridades brasileñas.

2.3.1. Solidaridad con las víctimas y denuncias de los crímenes

Una de las más importantes contribuciones en el caso de Cóndor fueron las actividades del Grupo Clamor, creado en 1978, vinculado a la Comissão Arquidiocesana de Pastoral dos Direitos Plumanos e Marginalizados de São Paulo. Este grupo actuaba de manera integrada con los grupos de familiares de víctimas y otras entidades de derechos humanos, por medio de denuncias y de ayuda humanitaria —apoyo y solidaridad a perseguidos y familiares—, incluso a los refugiados de la Operación, brasileños o no.

Mediante boletines se realizaron importantes denuncias sobre lo que pasaba, poniendo énfasis en los casos de niños desaparecidos. Cabe destacar que, en esa labor, el Grupo Clamor logró éxitos en la recuperación de niños, en los casos de Mariana Zaffaroni Islas, localizada en Argentina, y de los hermanos Anatole Boris y Victoria Eva Julien Grisonas, localizados en Chile. En los dos casos, los niños eran hijos de militantes uruguayos secuestrados en Buenos Aires en 1976.

Asimismo, fue importante el Movimento de Justiga e Direitos Humanos (MJDH), sociedad civil y apartidaria creada oficialmente en Porto Alegre, en marzo de 1979 por Jair Krischke, Celso Franco Geiger y el cura Albano Thrink, como órgano de defensa y promoción de los derechos humanos.

Muchas fueron sus actuaciones durante la Operación Cóndor. Se destacan la recolección de testimonios de familiares de desaparecidos realizada en 1980 en la ciudad de Porto Alegre y el apoyo prestado en la huida de perseguidos políticos. Incluso ahora, sigue siendo importante su aporte en la ubicación de exagentes de Cóndor prófugos de la acción de la justicia, como en el caso del militar uruguayo Manuel Cordero, en 2009, extraditado a Argentina.

Con relación a la denuncia de los hechos, y aunque sea anterior a la creación formal de Cóndor, corresponde mencionar la importancia del Tribunal Russell II en la difusión de las atrocidades cometidas en aquel momento, principalmente en Brasil, Chile y Argentina, marcando la reivindicación jurídico-política de los derechos negados y difundiendo los hechos ante la opinión pública internacional. Los documentos producidos por el Tribunal —creado por Lelio Basso en 1973 y realizado en Holanda e Italia entre los años 1974/1977— fueron digitalizados por la Comissão de Anistia Brasileña y formarán parte del centro de documentación del Memorial da Anistia.

Es importante hacer referencia de las importantes investigaciones sobre Operación Cóndor realizadas por periodistas del sur de Brasil. Se destacan las obras “As garras do Cóndor” de Nilson Mariano, en 2003 y “Operação Cóndor: o sequestro dos uruguaios” de Luiz Cláudio Cunha, en 2008. Más recientemente, historiadores como Enrique Serra Padrós también han aportado relevantes investigaciones.

2.3.2. Intentos judiciales

Pese a los numerosos casos y denuncias antes citados, solamente en dos hubo una reacción de la justicia durante la vigencia de la dictadura. El primero es el caso del secuestro del matrimonio uruguayo de Universindo R. Díaz y Lilian Celiberti. Por este hecho, cuatro funcionarios públicos brasileños fueron procesados y dos condenados en primera instancia. No obstante, al final del juicio únicamente uno fue efectivamente condenado. El segundo caso es el secuestro en Uruguayana, con posterior devolución a Argentina, de la ciudadana de esa nacionalidad Cristina G. F. de Vino, con participación de un policía argentino y de dos policiales civiles brasileños. El hecho ocurrió en 1979 y los dos policías civiles brasileños fueron procesados y condenados en primera instancia por el crimen de abuso de autoridad, aunque en segunda instancia la pena fue disminuida. Se descartó el delito de secuestro respecto a ellos, imputando al policía argentino, quien nunca fue juzgado.

Además también se produjo la tentativa de secuestro de la argentina-española Margarita Mengol Viñas de Moroz. Respecto a este último hecho, Brasil sostuvo que, como fue una tentativa y no se consumó, no hubo delito, por lo cual no se promovió acción alguna.

En ambos casos —secuestro de Cristina y tentativa de secuestro de Margarita— ha habido una clara intención de lograr impunidad para los policías brasileños y argentinos. Sin embargo en 2012 se reabrió una investigación que se tramita en Uruguayana intentando esclarecer la verdad de los hechos.

Después del regreso de la democracia, en 1985, la discusión sobre la necesidad de sancionar los crímenes de Cóndor solamente surgió en Brasil en el año 2007, cuando la justicia italiana anunció los pedidos de detención de más de 140 represores de América del Sur,[57] de los cuales trece eran brasileños, todos acusados por el secuestro de personas de ciudadanía italiana practicados durante las últimas dictaduras militares del continente.

En base a tales pedidos, el Ministerio Público Federal de la ciudad de Uruguayana solicitó a la Policía Federal la investigación del caso del ciudadano italo-argentino Lorenzo I. Viñas y del cura argentino Jorge O. Adur, quienes, al pretender evadirse por la frontera de Brasil, en 1980, habrían sido secuestrados y devueltos por las autoridades brasileñas a los militares argentinos. Esa investigación, marcó la primera de las nuevas tentativas de sancionar a los agentes del Estado por crímenes cometidos durante el régimen militar en Brasil.[58]

En 2009, el Supremo Tribunal Federal brasileño concedió la extradición, para ser procesado en Argentina, del coronel uruguayo Manuel Cordero, acusado de crímenes en el marco de la Operación Cóndor.

También en 2009 comenzaron dos investigaciones —una civil y otra criminal— sobre la muerte de João Goulart. En razón de que este caso estaba archivado bajo el equivocado argumento de la prescripción, solicitamos en 2011 una investigación al Juzgado Federal de Paso de Los Libres que resultó en la apertura de la causa n.º 2-21.458/11.

Durante la investigación civil brasileña sobre este caso, y con apoyo de la Secretaria de Direitos Humanos y de la Comissão Nacional da Verdade, en 2013, se realizó la exhumación del cuerpo de Jango, con la participación de peritos de Brasil, Uruguay, Argentina y Cuba, contando incluso con un equipo de la Cruz Roja como observador. Pero no se pudo llegar a una conclusión definitiva.

La creación, en 2011, del Grupo de Trabalho Justiça de Transição por el MPF, con el propósito de impulsar las investigaciones por los crímenes de la dictadura militar, ha sido importante en el avance de los casos. Investigaciones sobre argentinos secuestrados en Brasil y de brasileños secuestrados en Argentina también fueron instauradas por el MPF, en Río de Janeiro, en 2009 y en 2014.

En este mismo año, a su vez, se firmaron los Memorándums de Entendimiento para el intercambio de Documentación para el Esclarecimiento de Graves Violaciones a los Derechos Humanos, suscriptos entre Brasil y Argentina y entre Brasil y Chile.

En ese marco fueron creadas Comisiones Técnicas Mixtas de trabajo que realizan reuniones e intercambios documentales. Y fue también en 2014 cuando fueron encontrados, en la casa de campo del teniente coronel Paulo Malhães, ex agente de la represión, documentos referentes al seguimiento de más de 80 extranjeros que pasaron por Brasil. Los archivos, originarios del Setor de Operações do Centro de Informações do Exército, CIE, referíanse a los años de 1978 y 1979, fueron denominados “Relatório N.º 8/78-Palestra” y “Operação Gringo/Caco”.

En razón de eso, por medio de un acuerdo de cooperación internacional firmado entre Brasil y Argentina, se ha creado un equipo conjunto de investigación formado por fiscales federales de ambos países. Al final de 2014, el informe final producido por la Comissão Nacional da Verdade, brasileña (CNV), mencionó en un capítulo especial la participación del país en la Operación Cóndor.

Hubo un esfuerzo de la CNV junto a las autoridades chilenas para acompañar las investigaciones abiertas en aquel país[59] respecto de los brasileños que desaparecieron después del golpe militar que derrocó al presidente Allende. En relación a esto, la CNV hizo una presentación ante el MPF de Brasilia y se comenzó una investigación.

Recientemente, en julio de 2015, fue capturado en Brasil, para fines de extradición, el expolicial federal argentino Roberto Oscar González.[60] Investigado por muchos crímenes vinculados a la Operación Cóndor, tales como asesinato, tortura y desaparición forzada. Sin embargo, preocupa a las autoridades argentinas la posibilidad de que Brasil solo lo extradite por los delitos de desaparición forzosa. De hecho, ya en tres oportunidades el STF brasileño ha aprobado extradiciones a Argentina solamente para crímenes permanentes, negándola para los otros —como tortura y asesinato—, los cuales se encontrarían prescriptos de acuerdo al derecho brasileño.

2.3.3. Conclusión

Conforme se observa, Brasil ejerció un papel protagónico en la Operación Cóndor, incluso antes de su creación formal, por medio del apoyo a la instauración del régimen chileno. Sin embargo —y lamentablemente—, tal protagonismo no se observa en la sanción de los crímenes cometidos en aquella Operación.

2.4. Chile en la Operación Cóndor

por Mónica González[61]

Oficializada la Operación Cóndor en la reunión de noviembre de 1975 en Santiago de Chile, el golpe de Estado en Argentina en marzo de 1976 dio paso a una fase superior de coordinación de la represión. En los meses posteriores varios chilenos desaparecieron en Argentina, entre ellos Cecilia Magnet. El 3 de abril de 1976, agentes de la DINA junto a efectivos de la Policía Federal de Mendoza, secuestraron a Luis Muñoz Velásquez, Juan Hernández Zaspe (presidente de la Federación de Estudiantes Industriales y Técnicos de Chile, FEITECh) y a Manuel Tamayo Martínez, exdirigente de los estudiantes industriales, alumno de sociología e ingeniería comercial de la Universidad de Concepción. Los tres jóvenes trabajaban en la reorganización clandestina del socialismo chileno.[62]

En junio de 1976, las cárceles secretas sufrieron un remezón. Algunos detenidos fueron asesinados abruptamente y los movimientos se hicieron más secretos. Eran los preparativos para la Asamblea General de la OEA (Organización de los Estados Americanos) que se realizaría en Santiago y en la cual el problema de los derechos humanos en Chile y otros países del continente sería abordado por presión de la ONU. En la tarde del 8 de junio, hasta el piso 22 del Edificio Diego Portales, llegó Henry Kissinger, Secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos. En su amplio despacho lo esperaba un sonriente Pinochet. Un extracto de esa conversación se pudo conocer veintidós años más tarde gracias a una reveladora desclasificación.[63] En parte de ella, se escucha a Kissinger decir:

Kissinger: Mi evaluación es que usted es una víctima de los grupos de izquierda del mundo entero, y que, su mayor pecado ha sido derribar un gobierno que se estaba volviendo comunista. Sería de gran ayuda si nos permitiera conocer las medidas que está tomando en el campo de los derechos humanos. Nada de lo que decimos pretende socavar a su gobierno. Quiero que triunfe y conserve la posibilidad de ayuda. Si fracasa la Enmienda Kennedy —no sé si tenía intervenido mi teléfono, pero si lo hizo, me habrá escuchado dar las instrucciones a Washington para hacer un esfuerzo supremo para lograrlo enviaremos los F-5E, tal como lo acordamos…".

Pinochet: Estamos retornando a la institucionalización paso a paso. Pero somos atacados permanentemente por los democratacristianos. Su voz se hace escuchar en Washington. No con la gente del Pentágono, pero sí en el Congreso. Gabriel Valdés [líder democratacristiano, ex canciller de Eduardo Frei Montalva, Presidente de Chile que antecedió a Allende y en ese momento opositor a la dictadura] tiene llegada. También Orlando Letelier.

Kissinger: No he visto a un democratacristiano en años…

Pinochet: Letelier tiene acceso al Congreso. Sabemos que están proporcionando información falsa (…) En el área de los derechos humanos, estamos progresando de a poco. Ya hemos bajado a los 400 prisioneros. Fiemos liberado más…

Kissinger le pide que “se vean resultados” que pueda mostrar al Congreso de su país, que “agrupe las liberaciones” de prisioneros o "algo que no le resulte muy complicado. Pinochet le responde: “Nosotros los seguimos. Usted es el líder. Pero tienen un sistema que castiga a sus amigos”. Y Kissinger concluye: “Tiene razón en lo que dice… Son tiempos extraños en Estados Unidos”.

Tres meses y medio transcurrieron y Orlando Letelier, quien fuera Canciller de Allende y su último ministro de Defensa, el hombre que Pinochet sindicó ante Kissinger como el político escuchado en el Congreso de Estados Unidos que transmitía “información falsa”, fue el nuevo blanco de la DINA en el exterior. El 21 de septiembre de 1976, una bomba a control remoto —de similares características a la que se usó para asesinar a Carlos Prats dos años antes en Buenos Aires[64]— colocada en el auto que conducía Letelier en Sheridan Circle, el barrio de las embajadas de Washington, destrozó su cuerpo y el de su asistente, Ronnie Moffit. La bomba fue adosada al vehículo por Michael Townley, asistido por Virgilio Paz, un miembro del grupo nacionalista cubano Grupo Cero, quien también participó en el atentado a Bernardo Leighton en Roma.

George H. W. Bush —más tarde sucesor de Ronald Reagan en la presidencia de Estados Unidos (1989-1993)— era en ese momento director de la CIA[65] Y a pesar de la información interna que indicaba que el crimen de Letelier había sido digitado por la DINA en Chile[66] Bush autorizó una campaña de desinformación por la que buscó instalar una historia falsa: Letelier había roto con Cuba y los responsables de su muerte, el ala radical de la izquierda chilena, querían fabricarse un “mártir”[67] Fue también un intento de cortar la huella de su lazo con los miembros de Cóndor y sus crímenes.[68]

La prueba del conocimiento que tenía la CIA la dio un llamado telefónico que recibió, 22 días después del atentado a Letelier, Gabriel Valdés, el otro hombre influyente en el Congreso de Estados Unidos, que entonces debatía la Enmienda Kennedy que prohibía la exportación de armas a Chile en condena por las violaciones a los derechos humanos, y al que Pinochet mencionó en su conversación con Kissinger. En su despacho en la ONU, Valdés recibió la llamada de la embajadora de Estados Unidos ante ese organismo:

El gobierno americano me ha pedido que le comunique que a partir de este momento usted está bajo la seguridad americana", me dijo de manera muy solemne. “¿Por qué, señora?”, le digo. “Porque a usted lo van a matar”. “Pero ¿por qué?”, pregunto. “Eso lo sabrá usted”, responde y sin decir nada más me presentó al jefe de la seguridad del FBI en la ONU, un señor enorme, calvo y gordo… Debí cambiar de nombre y mi mujer partió a Caracas. Pasé seis meses viajando con un nombre falso, con una tarjeta American Express que no decía mi nombre. Me salvé porque estuve todo el tiempo acompañado por un oficial del FBI.[69]

La huella dejada por la DINA en el crimen de Letelier, perpetrado en el corazón de la ciudad de Washington, provocaría el más importante remezón interno que experimentaría la dictadura chilena. Pero pasarían aún muchos meses antes de que la DINA cambiara de nombre y se convirtiera en Central Nacional de Informaciones (CNI) y de que Manuel Contreras fuera pasado a retiro, un lapso en el que la represión interna y externa fue más brutal.

Fue entonces que el cuartel más secreto de la DINA, ubicado en Simón Bolívar 8800, y de cuya existencia solo se sabría en los años 2000 por una investigación judicial del juez chileno Víctor Montiglio, se convirtió en una cárcel de exterminio ya que ningún prisionero salió vivo de allí. Fue en esa cárcel donde actuaría el escuadrón de operaciones especiales —Brigada Lautaro—,[70] dirigido por el coronel Juan Morales Salgado,[71] además de uno de los agentes de la DINA del terrorismo internacional más importantes: Armando Fernández Larios, quien participó en los asesinatos del general Carlos Prats en Buenos Aires y de Orlando Letelier en Estados Unidos. Fernández Larios se llevaría en 1987 los secretos de esas operaciones[72] a Estados Unidos, a donde huyó y obtuvo refugio a cambio de su confesión en el crimen del excanciller de Allende.[73]

El cuartel Simón Bolívar ocultaba otros secretos. Porque hasta allí fueron llevados algunos de los prisioneros chilenos detenidos en Argentina en el marco de la Operación Cóndor. Otros relatos dieron cuenta del paso por el cuartel de Villa Grimaldi de ciudadanos argentinos.[74] En 2015, en una de las revelaciones más importantes de las investigaciones en derechos humanos, se confirmaría que efectivamente cinco personas detenidas en 1977 en Buenos Aires por agentes chilenos y argentinos, luego desaparecidas, fueron trasladadas a Chile y enterradas clandestinamente junto a otras víctimas de la DINA en Cuesta Barriga.

El 27 de mayo de 1977 fue detenido en Santiago Enrique Correa Arce cuando se retiraba del kiosco de diarios que atendía en el centro de la capital para almorzar. Correa formaba parte de un grupo de tres personas de la dirección del PC (Partido Comunista) cuyo objetivo era mantener la relación con la dirección exterior del partido y recibir los envíos de fondos para financiar la resistencia todavía pacífica a la dictadura. Correa nunca llegó a su casa, fue encontrado en la madrugada en un puente solitario y llevado a la morgue como víctima de un accidente. Su cuerpo presentaba heridas no atribuibles al accidente sino a torturas: una profunda herida punzante redonda en el cráneo que le llegaba hasta el hueso, violáceas las manos, muñecas y tobillos. Pero la policía cerró rápidamente el caso: accidente causado por el avanzado estado etílico de la víctima. La ausencia de testigos garantizó la impunidad.[75] Solo días más tarde, el 7 de junio, era detenido Hernán Soto Gálvez, de 52 años, el segundo integrante del grupo de la dirección del PC que integraba Correa. Su rastro se había perdido para siempre hasta que, en 2012, restos óseos encontrados en Cuesta Barriga, en un entierro clandestino de prisioneros desaparecidos, fueron identificados como los suyos. Debería pasar más tiempo aún para que todas las piezas calzaran en un esquema represivo que tuvo su punto de inicio en Buenos Aires, en la Operación Cóndor, cuando en el frontis del céntrico Hotel Bristol de esa ciudad fueron detenidos por agentes argentinos los ciudadanos chilenos Ricardo Ramírez, Héctor Velásquez y Alexei Jaccard. Cinco ciudadanos argentinos desaparecieron además en la operación, todos integrantes del Comité de Solidaridad con Chile. Su rastro se perdió desde entonces.

Ramírez era el encargado de finanzas del PC chileno en Buenos Aires, mientras que Alexis Jacquard,[76] militante comunista, acababa de aterrizar en la capital argentina, proveniente de Suiza, enviado por la dirección exterior de Chile con USD 20.000 en efectivo en un maletín que debía entregar a los dirigentes del partido. Aterrizó el domingo 15 de mayo de 1977 y entró en acción el operativo conjunto de la DINA con la Policía Federal Argentina. En algún papel encontraron nombres. Los datos proporcionados por Cóndor a la DINA en Chile permitieron que, días después, sus agentes detuvieran a los dos comunistas que debían recibir el dinero en Chile: Enrique Correa y Héctor Soto. El dinero también desapareció.[77]

Pero hubo más. Porque el 29 de mayo, trece días después de la detención de Ramírez, Velásquez y Jaccard, serían detenidos, también en Buenos Aires, Jacobo Stoulman y su esposa Matilde Pessa, a la llegada del vuelo Braniff que los traía de Santiago. Stoulman era un prominente hombre de negocios en Chile. Dueño de la empresa Cambios Andes, era muy conocido, especialmente en el circuito de inversionistas judíos.[78] El matrimonio Stoulman-Pessa no aparece en el Informe Rettig. No hubo convicción en 1991 de que su detención y posterior desaparición estuviera relacionada con el terrorismo de Estado. Deberían pasar 37 años para que fueran reconocidas como víctimas.

Cinco de las personas detenidas y desaparecidas en mayo de 1977 en Buenos Aires estaban estrechamente relacionadas con la cacería iniciada por la DINA en abril de 1976 para eliminar a la dirección clandestina del Partido Comunista. Entre septiembre y diciembre de ese año, se detuvo a 13 de sus dirigentes principales. A mediados de 1977, Manuel Contreras exhibió su balance: dos direcciones completas fueron aniquiladas y la casi totalidad de los prisioneros fueron a engrosar la larga lista de detenidos-desaparecidos. Una secuencia que tuvo la participación de la Operación Cóndor. La participación del aparato del SIE en la captura del dirigente del MIR Edgardo Enríquez, y la colaboración prestada para desarticular a buena parte de los dirigentes de la izquierda chilena no fue gratis. La DINA ofreció conectar los dos servicios en forma directa y permanente a través de un telex especial. Manuel Contreras cumplió: proporcionó y pagó los equipos para ambos organismos. En marzo de 1977, la coordinación de los servicios represivos secretos de Chile y Argentina pasó a un nivel superior. Un detalle sorprende. Revisando el archivo de la DINA que se encontró en poder de su jefe de red en Buenos Aires, Enrique Arancibia Clavel, se advierte que en noviembre de 1978, cuando la guerra entre ambos países era inminente, ese telex nunca dejó de funcionar. La guerra sucia no tuvo tregua.

2.5. La Operación Cóndor contra Cuba (1973-1983),

por José Luis Méndez Méndez[79]

El martes 3 de diciembre de 1974 arribó a Santiago de Chile el terrorista Orlando Bosch Ávila, de origen cubano. Se concretaba así un largo proceso de negociaciones entre algunos grupos extremistas de emigrados cubanos y la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile, por medio del cual aquellos realizarían operaciones punitivas contra refugiados chilenos opuestos a la dictadura militar, que se habían radicado en varios países de América Latina y Europa y desde allí expresaban su repulsa a lo que acontecía en Chile y en otras naciones de Sudamérica.

A cambio, los golpistas chilenos facilitarían a los terroristas de origen cubano recursos, medios y apoyo documental y logístico para las acciones que estaban en curso contra la República de Cuba a fin de derrocar su gobierno.

El criminal Bosch Ávila, principal figura de la llamada organización extremista Acción Cubana y prófugo de la justicia estadounidense desde 1974, se instaló en la calle Alameda 240 Torre 1, apartamento 24, del edificio Diego Portales en la capital chilena.

Como prueba irrefutable del sólido nexo entre este criminal y los golpistas chilenos se puede aportar que, en el momento de ser detenido —en febrero de 1976 en San José, Costa Rica, cuando se disponía a asesinar al ciudadano chileno Pascal Allende—, se identificó con un pasaporte chileno a nombre de Héctor Emilio Ramón Davanzo Cintolesi, nacido el 15 de agosto de 1927, de nacionalidad chilena, casado con Eleonor Marzner, residente en la calle Miguel Claro. No. 1129, Chile.

Los contactos entre los militares chilenos y los criminales de origen cubano radicados en Estados Unidos se habían iniciado desde antes del golpe fascista del 11 de septiembre de 1973. Se unieron en las acciones para derrocar el gobierno de Salvador Allende. Durante la década de los años sesenta, Michael Vernon Townley Welsch,[80] ciudadano estadounidenses sindicado de haber sido agente de la Agencia Central de Inteligencia y actuar al servicio de la DINA, había realizado contactos con algunos emigrados cubanos, entre ellos Aldo Vera Serafín, quien era un terrorista destacado en ese medio.

Después del golpe, la reacción universal en contra de la brutal represión desatada en Chile motivó que algunos golpistas viajaran al sur de la Florida para recabar el apoyo político del lobby cubano para mejorar su imagen internacional y legitimar su régimen. Los representantes del gobierno fascista fueron Julio Solórzano Guicelure, Sergio Crespo, cónsul general de Chile en la ciudad de Nueva York, y Ronald Mclnture, este último fungía como agregado naval chileno en los Estados Unidos. También participó Héctor Durán, agregado cultural del consulado de Chile en Miami. Por parte de la DINA, quien estaba a cargo de la colaboración de los mercenarios de origen cubano era el coronel Pedro Espinosa Bravo.

Estos establecieron nexos de colaboración con figuras del Movimiento Nacionalista Cubano, MNC, de tendencia fascista, que operaba en Miami, Nueva Jersey y Nueva York. Además con el llamado Frente de Liberación Nacional Cubano, FLNC, de igual tendencia violenta. Entre estos grupos se originaron conflictos en la disputa por los beneficios de los fascistas chilenos.

El coronel chileno Eduardo Sepúlveda se entrevistó, en busca de colaboración, con los criminales de origen cubano Armando Santana Álvarez, Dionisio Suárez Esquivel, Virgilio Paz Romero, este último se integró de forma permanente al escuadrón de exterminio formado por Tonwley, su esposa chilena Mariana Inés Callejas Honores, quien era funcionaria de planta de la DINA con el nombre de María Luisa Pizarro, y otros miembros de esa Agencia, quienes realizaron actos de terror contra refugiados chilenos y argentinos en México, Costa Rica, Italia, Francia y Alemania.[81]

Cabecillas extremistas de la emigración cubana como Ramiro de la Fe, Manuel Reyes Xiqués y Andrés Nazario Sargent, principal del grupos terrorista Alpha-66, recibieron propuestas de colaboración por parte de los militares chilenos, desde recibir documentación, armas, explosivos y facilidades económicas hasta ceder parte del territorio chileno para instalar y reconocer un gobierno cubano en el exilio. También utilizaron los servicios de la línea aérea LAN Chile, cuyas oficinas en algunos países eran centros fechada de la DINA. Muchas promesas se concretaron, otras quedaron solo en eso, pero los extremistas cubanos comenzaron a actuar y durante los siguientes años 1975 y 1976 ejecutaron importantes servicios a la dictadura chilena.

Los hechos más conocidos ejecutados por los terroristas de origen cubano, insertados en una internacional del crimen como la Operación Cóndor —y desde antes— fueron: los planes para asesinar al político chileno Andrés Pascal Allende en Costa Rica en febrero de 1976; el atentado contra el político demócrata cristiano chileno Bernardo Leighton y su esposa en octubre de 1975 en Roma; los planes para asesinar al dirigente socialista chileno Carlos Altamirano en 1975 y 1976 en Francia y Alemania; el asesinato del político chileno Orlando Letelier del Solar, en septiembre de 1976 en Washington, EEUU, y atentados terroristas contra refugiados chilenos y argentinos en México y Costa Rica en 1975 y 1976. Estos hechos están debidamente investigados por las autoridades estadounidenses, costarricenses e italianas, además de investigaciones privadas realizadas por el autor.

La mayoría de los ejecutores siguen impunes, y los menos fueron juzgados o recibieron breves condenas. Dan fe de estos hechos los documentos secretos estadounidenses desclasificados. Algunos de ellos evidencian la complicidad puntual de las Agencias de Estados Unidos por acción u omisión, al conocer de manera anticipada y no prevenir conjuras para cometer estos delitos.

La contrarrevolución cubana asentada en Estados Unidos, sirvió a los intereses de los golpistas chilenos, en su respaldo político, además con hombres entrenados y con experiencia en actos de terror dirigidos contra objetivos de la Operación Cóndor. Bajo su sombrilla crearon la Operación CORU, en junio de 1976, en la cual participaron representativos de grupos terroristas de origen cubano, jefes de la DINA, de la DISIP de Venezuela, del FBI, con sus fuentes, y la CIA, todo con el fin de articular, además, un vasto plan de agresiones contra las representaciones cubanas en el exterior.

Cabe destacar que el Movimiento Nacionalista Cubano expresó, por medio de su representante en esa cumbre criminal, que sus hombres se integrarían al operativo proyectado después de terminar un compromiso profesional que tenían concertado con la DINA, hecho que no fue otro, según informes secretos desclasificados por el FBI, que el asesinato de Orlando Letelier, que tuvo como daños colaterales la muerte de la joven estadounidenses Ronni Moffitt y las secuelas físicas y psicológicas producidas a su esposo, Michael Moffitt, también estadounidense.

La creación de la formación Coordinación de las Organizaciones Revolucionarias Unidas, CORU, que generó la operación homónima, asumió los métodos y medios de la Operación Cóndor, como el secuestro y la desaparición forzosa, nunca antes empleada por la contrarrevolución cubana en sus intentos por derrocar a la Revolución cubana. Más de 20 operaciones fueron ejecutadas en días posteriores de la fundación y puesta en marcha de la mencionada Operación, desde el envío de cartas y libros bombas hasta la colocación de artefactos explosivos en sedes diplomáticas cubanas y de países latinoamericanos y de Europa que mantenían relaciones con Cuba, en particular los países caribeños, que fueron hostigados y afectados en los meses de agosto a octubre de 1976.

Los nexos con la junta fascista chilena de prominentes ejecutivos de origen cubano de la DISIP de Venezuela, como Luis Posada Carriles y Rafael Rivas Vázquez, se mantuvieron aún después de ser detenido Posada Carriles, en octubre de 1976, por el derribo del avión de Cubana de Aviación. El 8 de agosto de 1982, el terrorista se fugó de una cárcel venezolana y se introdujo en la embajada de Chile en Caracas por medio de arreglos hechos entre el comisario de la DISIP, Arpad Bango, con sus contactos con miembros del CNI chileno, actualizada versión de la DINA.

En Francia, Italia, Portugal, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Ecuador y Estados Unidos esos mercenarios operaron con intensidad.

Se fraguaron varios intentos de derribar aviones civiles cubanos en pleno vuelo y se logró el estallido de uno de ellos cerca de las costas de Barbados, el 6 de octubre de 1976, hecho en el que murieron 73 personas, 57 de ellas cubanas, 11 guayanesas y 5 coreanos.

Se intentó secuestrar diplomáticos cubanos en México y se logró desaparecer, en Buenos Aires, Argentina, a dos jóvenes funcionarios que estuvieron desaparecidos por más de 35 años, trasladados al CCD de la Operación Cóndor denominado “Automotores Orletti”, donde se les torturó hasta la muerte y después, colocados sus restos en tanques de combustible a los que se le adicionó en su interior material fraguante, fueron lanzados a un basural donde permanecieron hasta su hallazgo en los años 2012 y 2013. Los investigadores John Dinges y Saúl Landau aseveran que el terrorista de origen cubano Guillermo Novo Sampoll, y el estadounidense Michael Tonwley, viajaron a Buenos Aires, el 11 de agosto de 1976 para interrogar a los diplomáticos cubanos secuestrados.[82]

Además, se atentó contra la vida del embajador de Cuba en Argentina en agosto de 1975, meses antes de la fecha oficial de la creación de la Operación Cóndor, en noviembre de 1975. Más de 17 argentinos y sus familiares, que laboraban en dependencias de la misión cubana en Argentina, que incluía su embajada y oficina comercial, fueron secuestrados y desaparecidos. Solo se ha podido hallar a María Rosa Clementi de Cancere, una joven argentina, auxiliar pedagógica de una escuela anexa a la embajada cubana en ese país.

Barcos cubanos fueron hundidos en 1977 en el puerto peruano de El Callao, en el marco de esa Operación.

El Movimiento Nacionalista Cubano no solo apoyó a los fascistas chilenos en sus operaciones punitivas por el mundo, además se inspiró en el fascismo de Augusto Pinochet para crear la organización terrorista Omega 7, que realizó, entre el 11 de septiembre de 1974 e igual fecha de 1983, 55 actos de terror dentro de Estados Unidos y Puerto Rico. Considerada por la CIA y el FBI como el grupo más letal dentro de su territorio en una década, cada 11 de septiembre en esa etapa ejecutaron actos violentos en saludo a la asolada fascista.

Los terroristas cubanos, después, continuaron con otras colaboraciones con los fascistas argentinos y chilenos durante la guerra de Estados Unidos en Centroamérica, inmediatamente después del triunfo de la Revolución sandinista en julio de 1979. Los extremistas de origen cubano radicados en Estados Unidos fueron enviados por la CIA a esa región donde se sumaron a los agentes del Batallón 601 de Inteligencia militar argentina.[83]

2.6. “El Condor 7”: Ecuador como parte de la máquina hemisférica de la muerte y del terror, por Carlos Poveda Moreno[84]

2.6.1. Contexto Histórico

La República del Ecuador históricamente ha tenido —al igual que otros países del hemisferio—, situaciones que no escapan a ser similares tanto en su problemática para acceder a la democracia, así como su lucha incesante por el manejo del poder económico que siempre se encuentra detrás del político.

Gobiernos caudillos, populistas y otros con la imagen de ser nacionalistas y desarrollistas no han sido la excepción en el contexto ecuatoriano, todos siempre con una imagen salvadora a los problemas de pobreza y gobernabilidad. Una de las figuras presidenciales más notorias fue la del Presidente José María Velasco Ibarra, quien fuera ungido a la primera magistratura con el apoyo popular en cinco ocasiones, a pesar de haber sido exiliado al menos en tres y proclamarse dictador por dos. Siempre acudía al llamado del pueblo y de las facciones partidistas que lo invocaban ejercer este mandato.

En estos períodos siempre contó con un ejercicio represivo instaurado con las fuerzas militares, silenciando a los grupos críticos de su régimen. La posición internacional del Presidente Velasco Ibarra fue la defensa de la soberanía y un enfrentamiento directo con Estados Unidos por diversas situaciones económicas e ideológicas, una de ellas el apoyo a China para su ingreso a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como acercamientos a gobiernos socialistas como Salvador Allende en Chile. La presencia militar y el desenlace final de sus periodos fueron decisivos así como la intervención dirimente de las Fuerzas Armadas del Ecuador, quienes decidían en sus cinco ejercicios presidenciales si ostentaba el poder o no.

Coincidentemente con su último período, se han elaborado informes sobre la participación de la Central de Inteligencia Americana (CIA) en su derrocamiento[85] apoyando a las fuerzas militares y una nueva dictadura a través del General Guillermo Rodríguez Lara —conocido como el “bombita”— quien en febrero de 1972, y por ser el militar de más antigüedad y comandante de las Fuerzas Armadas, ascendió al poder a través de un golpe militar bautizado con el nombre del “carnavalazo militar”.

Sus proclamas, al igual que Juan Velasco Alvarado en el Perú, eran las de un gobierno nacionalista, revolucionario, antioligárquico y desarrollista, y claro que lo podía hacer por cuanto Ecuador ingresaba a la época petrolera, cuyos ingresos por las exportaciones de este nuevo producto permitieron tener un estado de bienestar, lujo y derroche, así como de obra pública.

Sin embargo, el 12 de enero de 1976 fue “reemplazado” por un triunvirato militar conformado por Alfredo Poveda Burbano representante de la Marina, Guillermo Durán Arcentales del Ejército, y Luis Leoro Franco de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el primero de ellos ejerció la Presidencia del Consejo Militar. Según Rodríguez Lara fueron quienes se sintieron marginados en virtud de no haber sido atendidos en sus reclamos.

En las funciones de este Consejo existió represión social, persecución y aniquilamiento a líderes políticos como Abdón Calderón Muñoz, ejecución extrajudicial por la que el Ministro de Gobierno fue responsabilizado. Fueron responsables de la transición hacia la democracia, pero también fueron responsables de la injerencia de la función electoral.

En este período, Ecuador pasó de una posición cepalina a un voraz endeudamiento con la banca extranjera y los organismos internacionales. A pesar de estas actuaciones no se vislumbró ningún progreso o desarrollo para el país.

El ataque a sectores inconformes fue evidente, así tenemos la persecución al “Obispo de los Pobres”, monseñor Leónidas Proaño, quien comulgaba con la recién instaurada Teología de la Liberación; la matanza a los trabajadores de la empresa azucarera Aztra; la expulsión de sacerdotes extranjeros que se unían a estas nuevas tendencias liberadoras; la adquisición de armas y equipos de guerra, así como se predispuso mayor colaboración militar y capacitación a nivel internacional de las fuerzas militares.

Los gobernantes militares, como el general Rodríguez Lara, fueron entrenados y capacitados en la Escuela de las Américas, de la que inclusive fue instructor, así como obtuvieron formación en Argentina y Estados Unidos de Norteamérica.

El ejercicio de las funciones del consejo militar de facto fue hasta el 9 de agosto de 1979, ya que el 10 de agosto del mismo año Jaime Roídos Aguilera fue proclamado Presidente Constitucional de la República del Ecuador, mandatario elegido democráticamente por elección popular y previa la aprobación de la Constitución Política, vía referéndum.

El 24 de mayo de 1982 moriría trágicamente en un accidente de aviación junto a su cónyuge Martha Bucaram y su delegación presidencial.

2.6.2. El Plan Cóndor en Ecuador

En la década que rige a partir de 1970 a 1980, en Ecuador, por la inestabilidad democrática, sucedieron cuatro períodos presidenciales, comenzando por la quinta Presidencia de Velasco Ibarra en calidad de dictador, para dar paso a la dictadura militar del general Guillermo Rodríguez Lara. Luego de su “renuncia” asumió el Consejo Militar, presidido por el Vicealmirante Alfredo Poveda Burbano.

Todos ellos han negado en su momento la vinculación con el Plan Cóndor, a partir de sus primeros aparecimientos en 1963, y luego formalmente en noviembre de 1975 en Santiago de Chile. Sin embargo, es conocido el cable secreto desclasificado número 3952081[86] del 14 de Febrero de 1978 de la CIA, donde entre otras cosas señala que Ecuador —denominado “Cóndor 7”— se adhiere a la lucha contra el terrorismo, al igual que otros Estados de Sur América, a través del Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas, constituido por las tres ramas, las que tenían tareas específicas, así: Fuerza Terrestre, Aérea, Naval en labores de inteligencia (DNI) al igual que sus similares en Chile (DINA) por ejemplo; pero a la vez asigna a la última de ellas las telecomunicaciones, y la segunda, en tareas de guerra psicológica.

Se designa a un oficial argentino, coronel Luis Francisco Nigra, para que desde Quito supervise el sistema de telecomunicaciones que funcionaría desde las instalaciones del Ministerio de Defensa Nacional también llamado “Condortel”.

Finalmente se asigna al menos cuatro cupos para que militares ecuatorianos vayan a capacitarse en la Escuela de Inteligencia Chilena.

Adolfo Pérez Esquivel,[87] premio nobel de la Paz, refiere que en Ecuador, en un encuentro con religiosos y laicos realizado en agosto de 1976 en la ciudad de Riobamba, fueron detenidos y trasladados a un cuartel militar de la ciudad de Quito, y luego, a su retorno a la Argentina fue privado de libertad por la Policía Federal de ese país. En esa época los obispos ya denunciaban que existía un plan regional de persecución.

Igualmente, la presencia del genocida argentino Guillermo Suarez Masón en Ecuador en calidad de agregado militar fue aprovechada también para realizar enlaces y supervisar el plan comunicacional. A pesar de su arresto domiciliario, tal fue la relación vigente de este personaje con nuestro país, que en febrero de 2004 el embajador de Ecuador en Argentina, Germánico Carlos Molina Alulema, mientras el coronel Lucio Gutiérrez Borbúa se desempeñaba como Presidente Constitucional de Ecuador, burló las condiciones de su privación de libertad y lo acompañó en el vehículo oficial de nuestra embajada.

En el año de 2014, y durante el lanzamiento y proyección de un documental realizado por el cineasta Manolo Sarmiento sobre la muerte de Jaime Roídos Aguilera, su cónyuge y la comitiva presidencial, se puede demostrar a raíz de investigaciones en Bolivia, el Salvador y Argentina que nuestro expresidente luchaba incansablemente por una política soberana, así como también, por una férrea convicción por la defensa de los derechos humanos y el impulso de la Carta Democrática, situaciones que no fueron del agrado de los Estados Unidos y los dictadores que aún se encontraban en Chile, Nicaragua, Argentina y el Salvador.

Además, se demuestra que a Ecuador vinieron los perseguidos de esas latitudes y recibieron el apoyo del Presidente Roídos. Por otra parte, su liderazgo regional se hacía cada vez más fuerte, lo que pudo haber sido una de las causas para que se planificara su muerte. Existe constancia investigativa que meses antes a su fallecimiento, el 24 de mayo de 1982, se preveía un complot para acabar con su vida.

En aquellas imágenes, algunas obtenidas en Argentina, se puede ver al Vicealmirante Raúl Sorroza Encalada departiendo y celebrando con sus pares argentinos previo al magnicidio, lo que ocasionó que el primer mandatario haya pensado en su baja. Baja que nunca se efectivizó sino que, al contrario, fue premiado con el Ministerio de Defensa Nacional en el gobierno del exPresidente Oswaldo Hurtado Larrea.

La presencia de Pinochet en el escenario ecuatoriano tampoco fue novedosa, ya que se desempeñó como agregado militar, ejerció la docencia en la Academia Militar del Ejército ecuatoriano, e inclusive estudió Derecho en la Universidad Central del Ecuador, cuyas autoridades, como desagravio y ofensa a los derechos humanos, lo borraron de sus registros. Plasta ahora se recuerda sus visitas y las reuniones privadas ampliamente difundidas con sus compañeros civiles y militares en la ciudad de Quito.

La presencia de los representantes castrenses en los distintos cónclaves de las Conferencias de los Ejércitos Americanos toma notoriedad sobre todo en la reunión XII —julio de 1997—, en la que se designa al coronel del ejército ecuatoriano Jaime del Castillo Báez, como Secretario Ejecutivo recibiendo órdenes del militar paraguayo Francisco Ramón Ledesma, quien le envía un listado de subversivos paraguayos con el cual debía realizar la lista de estas personas en América Latina.[88]

De esas reuniones se obtuvieron diversos convenios de cooperación para intercambiar información, inteligencia y adiestramiento militar. La forma en la cual empezaron a generar espacios de estrecha colaboración fue los diversos convenios entre militares de esta región.[89]

En la actualidad, la Fiscalía General del Estado[90] ha establecido vahos indicios que demostrarían que el accidente de aviación donde falleciera el expresidente Roídos fue un acto de ejecución extrajudicial dentro del denominado “Plan Cóndor”, donde habría existido colaboración de militares chilenos y argentinos, así como la asesoría de los Estados Unidos y la CIA. Sin embargo, a pesar de sus cien folios, aún no existe nada concreto al respecto.

Para este efecto, se ha pedido acuerdos de colaboración con le República del Paraguay, en la desclasificación de documentos relacionados con la cooperación de Ecuador en este plan de terror, y Brasil, en las pericias de aviación. Argentina ha sido eficaz en los datos y esperan obtener mayor información; mientras que los funcionarios de los Estados Unidos han indicado que no tiene información de estos hechos.

Se puede concluir que el aporte de información desclasificada de estos gobiernos será de vital importancia para la judicialización de casos en el Ecuador.

La República del Ecuador siempre será un Estado clave por encontrarse en el centro del hemisferio, pero además por su posición geográfica para las telecomunicaciones.[91]

2.7. Paraguay en la Operación Cóndor, por Federico Tatter[92]

Una acotada mirada sistémica. Esta operación, que según documentos y consenso de investigadores nació en noviembre de 1975 en Santiago de Chile, utilizó sus canales para asistir al aparato represivo y de inteligencia de la dictadura paraguaya (1954-1989), por lo menos, hasta el inicio de los 80.

Durante el mes de setiembre de 1980 se verificó intercambio de inteligencia a través de los vínculos de Cóndor a propósito del atentado al derrocado presidente nicaragüense Anastasio Somoza y su primer anillo en la ciudad de Asunción.

Acerca de la doctrina. El anticomunismo fue el paraguas de justificación bajo el cual diversas administraciones conservadoras de Estados Unidos de América, sus aliados transatlánticos y las oligarquías criollas subordinadas de la región, en el marco de la guerra fría y la Doctrina de Seguridad Nacional, se cobijaron para blindar a Occidente pisando los derechos civiles, políticos, sociales y culturales del propio Occidente, desde el final mismo de la Segunda Guerra Mundial hasta —por lo menos— la caída del muro de Berlín, en 1989.

En el Paraguay, la Operación Cóndor se nutrió de una iniciativa transnacional anticomunista preexistente, nacida en los cincuentas en Taiwán, la World Anti-Communist League (WACL).

La influencia de la Doctrina de Seguridad Nacional tuvo inicios precoces en la dictadura paraguaya, con la creación de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos (DNAT), dependiente del Ministerio del Interior, en el año 1956. Esta dependencia, conocida como “La Técnica”, que se especializó en el seguimiento y combate al comunismo, se subordinó a las directrices de la Operación Cóndor mientras esta se mantuvo operativa.

Acerca del ámbito. La Operación Cóndor en el Paraguay, por tanto, no fue una acción aislada, sino un salto cualitativo de formalización de una relación de aparatos represivos regionales preexistentes varios años antes. La membresía paraguaya en el Cóndor, no fue ni ocasional, y menos tangencial.

Fue un capítulo dentro de un conjunto de operaciones contrainsurgentes que venían desplegándose a partir de iniciativas bilaterales y multilaterales de diverso origen, aunque todas subordinadas a un proceso de neocolonización del subcontiente que debió echar mano a medios terroristas operados desde dictaduras cívico-militares vernáculas. En extremo nacionalistas y anticomunistas en el discurso, en la misma medida que alineadas al control geopolítico ejercido por Estados Unidos desde el Departamento de Estado y el Comando Sur en lo político y militar.

Según el discurso dictatorial en el Paraguay, la implementación de Cóndor fue útil para cortar los lazos transnacionales de la subversión de origen marxista con soporte logístico continental y extracontinental en la segunda mitad de los 70. Pero, en realidad, y con cierta paradoja, se instrumenta precisamente cuando las insurgencias armadas de izquierdas o nacionalistas —que surgieron en los 70 en el Cono Sur— ya habían sido militar y políticamente desarticuladas, o cuando su emergencia —en el caso del Paraguay— no había sido más que incipiente. Cóndor funcionó como un tapón frente a cualquier forma de contestación antidictatorial más allá de las fronteras, y se articuló a nivel nacional con la práctica represiva ilegal permanente del régimen, que actuó como instrumento de control político y social desde el año 1954 hasta el año 1989, a través de leyes liberticidas 294, 209, y el art. 79 CN, de justificación del estado de sitio permanente durante 35 años.

Acerca de la multilateralidad y bilateralidad. La relación bilateral entre los aparatos represivos policiales y de seguridad, argentinos y paraguayos, cercanos a las fronteras, por ejemplo, para seguimiento mutuo de opositores políticos, tuvo antecedentes desde los años 50 del siglo XX, y varió en intensidad de acuerdo a la orientación política de los gobiernos fronterizos al Paraguay.

El Consulado paraguayo en la ciudad de Posadas, Argentina, contó con su titular, desde 1971 y hasta 1989, como un enlace encubierto de privilegio entre el general Alfredo Stroessner, su sistema represivo, y diversos organismos de seguridad argentinos del más alto nivel, que luego incluso integrarían la Operación Cóndor, como el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), quien aportó a Stroessner en forma regular, específicos informes de seguimiento de los exiliados paraguayos y sus diversos intentos de reorganización en la República Argentina antes, durante y después de la existencia formal de la Operación Cóndor.

Aunque existe aún un inexplicable subregistro, el impacto de la Operación Cóndor fue de mayor efectividad sobre la población paraguaya exiliada en la República Argentina por sobre la población paraguaya dentro del país, por demás controlada por otros y diversos dispositivos represivos militares, policiales y partidarios en forma continuada desde el inicio de la dictadura en Paraguay. Con Cóndor, el territorio paraguayo fue un efectivo colchón para controlar y evitar el libre ingreso o egreso de exiliados de los diversos países del Cono Sur.

La efectividad del control represivo del stronismo a nivel interno se centró en dos ejes. El primero, la llamada “democracia sin comunismo” que mantuvo la proscripción de todas las formaciones marxistas o consideradas como tales; y el segundo, la llamada “unidad granítica de la Fuerzas Armadas, el gobierno y el partido”, que se constituyó como un trípode de mutuo control político y social en todo el territorio, en ambos casos, durante los 35 años de existencia.

Toda la administración pública debió aportar al control, y el Ministerio de Relaciones Exteriores no fue una excepción. A través de las embajadas, consulados y agregadurías, pudieron desplegarse los brazos operativos locales de la Operación Cóndor, más allá de las fronteras nacionales y sin la necesidad de la creación de estructurales paralelas.

Una mirada al impacto de la Operación Cóndor sobre la población paraguaya. Al repasar la composición de las víctimas paraguayas durante la Operación Cóndor, vemos en su mayoría a exiliados y refugiados, y en segundo lugar, a emergentes dirigencias políticas, sociales y religiosas antidictatoriales, residentes en el Paraguay y en el cono sur.

En el caso del subcontinente, en el inicio de los 80, las democracias liberales se fueron reinstalando, con diversas y limitadas políticas de acceso a la verdad y la justicia sobre el impacto dictatorial y, especialmente, con la exigencia desde los organismos de derechos humanos y de familiares de investigación por las graves violaciones a los derechos humanos provocadas por la Operación Cóndor. Varias democracias limitadas, incluso, fueron más allá de los acotados márgenes del Consenso de Washington en búsqueda de más independencia real, y por tanto, de la mayor verdad y justicia. Fue la etapa del juicio y castigo a los responsables.

No obstante, el caso del Paraguay fue distinto, por ser una de las últimas y más longevas dictaduras anticomunistas en desmontarse. Al final de los 80, y por la vía de un golpe militar palaciego muy negociado desde el exterior, en febrero de 1989, conducido en una gran mayoría por militares y civiles del partido hegemónico que durante más de veinticinco años habían sido el soporte del régimen stronista, se inició un inusual y sinuoso proceso de transición tutelada hacia una desconocida democracia liberal de limitados alcances electorales, donde no cabían demandas de verdad y justicia, y menos las de juicio y castigo a todos los responsables.

Por tanto, en los inicios de los 90, toda iniciativa seria de investigación profesional y profunda sobre los horrores del terrorismo de Estado de los últimos 35 años en el Paraguay debió lidiar con la fuerte intermediación y desaliento del nuevo statu quo gobernante, que buscó rápidamente un par de chivos expiatorios del nivel operativo policial y civil para evitar echar luz sobre todo el sistema represivo, que tenía como cúspide al poder militar, y como brazos ejecutores a gran parte de las dependencias del Estado, las fuerzas policiales, el pleno del Poder Judicial, y el partido que mantuvo la hegemonía política durante los últimos sesenta años (1947-2008).La República del Paraguay nunca había vivido en democracia, en cualquiera de sus versiones. Por tanto, los diversos intentos de instalar dentro de la transición un proceso de verdad y justicia sufrieron fuertes presiones desde el Estado y desde el bloque conservador gobernante. La orientación del Estado paraguayo durante la transición ha oscilado del negacionismo abierto a la minimización selectiva. Jamás existió el espacio para la asunción plena de las responsabilidades, más allá de una tímida y tardía política de indemnizaciones parciales, que se estableció por ley 838 de reparación en el año 1996, antes incluso de la instalación de una Comisión de Verdad y Justicia (que funcionó entre el 2006 y el 2008).

A cuarenta años de la Operación Cóndor, existe en el Paraguay apenas una sola causa abierta y dormida en jurisdicción nacional, conocida como “Causa Cóndor”, a cargo de un juez de liquidación y sentencia que no ha emitido sentencia. Con la excepción de la condena a tres comisarios y el último responsable del Departamento de Investigaciones de la Policía. Uno a uno, los responsables militares y políticos de más alto nivel en la cadena de mandos del terrorismo de Estado involucrados en la Operación Cóndor han fallecido en libertad e impunidad, aun cuando en la actual legislación paraguaya no exista ninguna traba que impida la investigación de graves delitos de lesa humanidad imprescriptibles.

La realidad es que el sistema judicial paraguayo optó por la solución biológica, sin verdad y sin justicia para las víctimas de la Operación Cóndor y el terrorismo de Estado en Paraguay.

Diferente ha sido la suerte de los organismos de derechos humanos y de familiares de los desaparecidos paraguayos en la Argentina, quienes han acompañado procesos contra los responsables de la Operación Cóndor en ámbito jurisdiccional argentino, que alcanzarían una sentencia en el año 2015, cuarenta años después de los hechos.

Los resultados en la lucha por la verdad y la justicia en el Paraguay, han sido limitados por lo extendido del poder del conservadorismo político hasta nuestros días. La lucha ha tenido pequeños períodos de progreso y extensos de declinación. Ha tenido éxito parcial a nivel de sentencia en instancia interamericana, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque que hasta la fecha y desde el año 2007 el Estado paraguayo se halla en mora sistemática.

Han existido algunas localizaciones y exhumaciones de tumbas clandestinas de posibles desaparecidos políticos desde el año 2009, pero aun hoy, seis años después, el Estado no ha logrado una sola identificación efectiva que podría y debería reimpulsar querellas en jurisdicción nacional. A la gravedad de los crímenes perpetrados dentro de la Operación Cóndor en el Paraguay, se suma hoy, la gravedad de que éstos aún permanezcan inexplicablemente impunes. Vemos que el Estado paraguayo tiene dos velocidades: en extremo lento e indolente para investigar los hechos del pasado reciente dictatorial, en extremo acelerado para condenar a los infortunados más desprotegidos de un sistema de gran desigualdad, que es herencia directa de los años de la Operación Cóndor.

2.8. El paso de Cóndor por Perú, por Edmundo Cruz[93]

Perú tuvo una participación puntual y trascendente en la Operación Cóndor. En noviembre de 1975 no suscribió el Acta de Fundación, pero entre 1977 y 1980 ocurrieron en territorio peruano tres operativos con el perfil de ese plan represor: el secuestro del montonero argentino Carlos Alberto Maguid, el 12 de abril de 1977; la expulsión a Jujuy, Argentina, de 13 políticos peruanos de oposición recluidos en cárceles de la dictadura argentina, el 4 mayo de 1978; y el secuestro y torturas de los montoneros argentinos Federico Frías Alberga, María Inés Raverta Orosteaga, Noemí Esther Giannotti de Molfino (fundadora de las Madres de Plaza de Mayo) y Julio César Ramírez, en junio de 1980.

A estos operativos se suma una vinculación con el sistema Cóndor por el canal diplomático, establecida, según un informe de la propia Central Nacional de Informaciones (CNI) de Chile, del 14 de abril de en 1978. Ahí se afirma que Perú aprobó la acreditación de un representante de la CNI en la legación de Chile en Lima, bajo la cobertura de Agregado Civil. El CNI era entonces el cerebro de la Operación Cóndor. La aprobación fue comunicada a la CNI por el Director de Inteligencia Peruano vía teléfono, y “la misma información llegó a Chile a través del Consejero de la Embajada Peruana en Chile, Sr. Montagne, quien atiende los asuntos de Cóndor”, reveló el informe.[94] Estos hechos tuvieron influencia inmediata en el fenómeno de violencia política de 20 años (1980-2000) que se inició en mayo de 1980, concretamente en las corrientes antisubversivas aplicadas. Generales del Ejército Peruano como Luis Cisneros Vizquerra, ministro del Interior cuando secuestraron a Carlos Alberto Maguid, fueron después ideólogos de la política de “tierra arrasada”. Agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército Peruano (SIE) que participaron junto a los agentes del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército argentino tuvieron una actuación protagónica después en grupos operativos similares.[95]

2.8.1. Inhibición inicial

Las contradicciones geoestratégicas con Chile acentuadas en la década del 70 por el Centenario de la Guerra del Pacífico (1879-1883) constituyen un primer factor estratégico que explica porque Perú no fue fundador del Plan Cóndor. Otro factor político fue el ascenso de la izquierda. En un primer momento, la corriente izquierdista de Juan Velasco Alvarado aún mantenía fuerza cuando se fundó Cóndor, lo que imposibilitó la incorporación de Perú. En un segundo momento, la fuerza de la izquierda en medio del auge del movimiento popular fue vista como una amenaza por el gobierno de Morales Bermúdez. La represión contra esa corriente se acentuó y se produjo el acercamiento a Cóndor.

Chile no era el canal apropiado, se buscó otro: el Ejército argentino, ligado por una amistad histórica a su homólogo peruano. Jorge Rafael Videla tan luego tomó el poder activó las relaciones. Comandantes generales y jefes de estado mayor gauchos visitaron Lima cinco veces durante la gestión de Morales Bermúdez, dos de ellas a comienzos de 1977. En enero llegó Roberto Viola, jefe de Estado Mayor, y luego el propio comandante en jefe del Ejército y presidente de Argentina.

2.8.2. Secuestro de Maguid

Videla visitó la capital peruana del 3 al 5 de marzo. Por esos días, Carlos Alberto Maguid, asilado en Perú, fue detenido junto a otros izquierdistas, y luego liberado. Pero un mes después, el 12 de abril, agentes del SIE lo secuestraron y desaparecieron. Maguid había intervenido en un operativo emblemático del grupo montonero, el asesinato del general y expresidente argentino Pedro Aramburú en 1971. Por ese hecho fue condenado y amnistiado. Todos los actores de ese caso, fueron eliminados, él era el único sobreviviente. La Triple A lo perseguía. Por eso se asiló en Perú. De acuerdo a la versión más creíble, ese habría sido el motivo por el que una vez ubicado en Lima, el Cóndor argentino resolvió ultimarlo en territorio peruano. Las versiones sobre su ejecución difieren en cuanto a autoría y lugar.

2.8.3. La izquierda como amenaza

El 19 de julio de 1977 un paro nacional obligó al gobierno militar a convocar a una Asamblea Constituyente. Otro paro similar se produjo el 22-23 mayo de 1978. Al día siguiente el régimen militar expulsó violentamente del país a 13 promotores, todos izquierdistas, incluidos dos vicealmirantes velasquistas en retiro y un periodista conservador, Alfonso Baella. No se les indicó el destino —Argentina— si no al embarcarlos. Resistieron y los subieron a la fuerza al avión. Viajaron esposados y engrilletados a los asientos, resguardados por 40 hombres armados. Aterrizaron en Jujuy. “Y en eso soy terminante: fui y o quien dio la orden”, declaró Pedro Richter Prada, comandante general del ejército, ministro de Guerra y Premier, respecto al extrañamiento.[96] El 25 de mayo, la Agencia Alemana de Prensa comunicó que su corresponsal Baella estaba alojado en el Regimiento 20 de Jujuy. Estalló la protesta general en vísperas del mundial de fútbol en Argentina. Los expulsados fueron presionados a llenar solicitudes de asilo y se convirtieron en deportados. El 12 de junio empezaron a salir al exilio.

2.8.4. Caso Montoneros

En junio de 1980 iba a realizarse en Lima una reunión clandestina del Movimiento Peronista Montonero (MPM) presidida por Roberto Perdía, el N.º 3 del MPM. Los preparativos fueron detectados y un grupo de tareas del Batallón de Inteligencia 601 llegó a cazarlos. Se suponía que iban a atentar contra el presidente Videla, invitado a la trasmisión de mando del 28 de julio. Trajeron un rehén montonero, Federico Frías Alberga, quien sería usado como anzuelo.

El lunes 9, en el Cuartel General del Ejército, el grupo del Batallón 601 se reunió con sus pares peruanos para formar una suerte de comando binacional. Por el SIE estuvo su jefe, coronel Martín Martínez Garay, y por la parte argentina un coronel que se hacía llamar Rolando Rocha, más los oficiales y agentes operativos necesarios para la misión.

El 11, 12 y 13 de junio fueron de cacería y tormentos. Un intento de fuga de Federico Frías derivó a una comisaría y obligó al SIE a dar la cara para encubrir el operativo. El rehén fue llevado a Playa Hondable, centro de esparcimiento del Ejército.[97] Ahí se iniciaron las sesiones de torturas de perversa eficacia para obtener información que llevó a la captura de Raverta, Ramírez y Giannotti.

En una reciente investigación, en 2011, cuando un fiscal preguntó al general Richter Prada quiénes sabían que los detenidos fueron llevados a Playa Hondable respondió: “Yo sabía porque yo lo había aprobado”.[98]

El Batallón 601 vino proveído de personal especializado e instrumental propio para una novedosa tecnología de interrogatorio, la picana eléctrica, sistema de descargas eléctricas sobre las partes más sensibles e íntimas de las víctimas hasta el límite máximo de resistencia, de devastadora eficacia. Los agentes del SIE tenían su propia experiencia, pero como esta, ninguna.

Antes de ser capturada, la señora Giannotti pudo alertar a su hijo Gustavo y al congresista de izquierda Antonio Meza Cuadra.[99] Un manejo apropiado llevó el caso a la prensa. En su titular de portada del 14 de junio, El diario Marka denunció: “Secuestran 3 argentinos” e inició una cobertura diaria de revelaciones del hecho y emplazamientos al gobierno.

El 19 de junio, el ministerio del Interior informó en un comunicado oficial que los montoneros Raverta, Giannoti y Ramírez habían sido expulsados del país por la frontera con Bolivia y entregados a las autoridades vecinas. La presidenta boliviana Lidia Gueiler no tardó en aclarar que su gobierno no había recibido a ningún perseguido político.

En realidad, los tres expulsados fueron entregados a la Inteligencia militar boliviana para que esta, a su vez, los transfiriera a agentes del Batallón 601. En ese destino se perdió el rastro de Raverta y Ramírez. Las versiones coinciden en que fueron ultimados en territorio boliviano. El cadáver de Noemí Giannotti fue hallado el 18 de julio, abandonado en un hotel de Madrid, España.

El cuarto montonero, Federico Frías Alberga, no figura en el comunicado del ministerio del Interior. Su destino es hasta hoy desconocido. Las autoridades implicadas por este hecho se cuidan bien de no mencionarlo.

2.8.5. Cobertura de prensa e investigaciones

La cobertura periodística de El diario de Marka y de los semanarios Kausachum y Equis, constituyen la primera fuente de información de estos operativos. Entre las investigaciones periodísticas, la más notable es la del periodista Ricardo Uceda, contenida en su libro Muerte en el Pentagonito.[100]

En 1998, hurgando en los Archivos del Terror, de Asunción, Paraguay, el diario La República encontró 17 fichas de peruanos detenidos por la dictadura de Stroessner, entre 1969 y 1979. La mitad ocurrieron antes de la fundación de Cóndor.

En el campo académico hay una carencia de estudios académicos sobre el Plan Cóndor. “Es un tema donde hay más preguntas que respuestas, y uno de los problemas es fuentes. Si no hay acceso a los archivos peruanos, hay que voltear a otro lado, qué tienen los archivos chilenos, argentinos, brasileros, norteamericanos”, opina Norberto Barreto, profesor universitario.[101]

2.8.6. Investigaciones judiciales

En octubre de 1980, el juez instructor José Rivas Manrique abrió proceso por el secuestro de los montoneros. Comparecieron algunos testigos, pero las autoridades y agentes del SIE rehuyeron. Rivas fue cambiado a fines de 1980 y al año siguiente la investigación se archivó. En ese mismo mes, las Cámaras de Diputados y Senadores, a pedido de la bancada de izquierda, discutieron la formación de una Comisión Investigadora para el caso. La moción fue rechazada.

En los 30 años siguientes no se registró ninguna iniciativa judicial. Recién en el 2009, las resoluciones de la jueza italiana Luisianna Figliolia y del juez argentino Norberto Oyarbide, solicitando la extradición del expresidente peruano Francisco Morales Bermúdez, provocaron un pedido de juicio. El propio expresidente solicitó a una fiscalía peruana ser investigado por el secuestro de los montoneros, caso por el que la fiscalía italiana de Roma lo venía procesando “indebidamente”, según él. La fiscalía peruana defendió la jurisdicción universal que rige para los delitos de lesa humanidad frente al principio de territorialidad para ser juzgado donde se dieron los hechos, invocado por Morales Bermúdez. Su pedido fue rechazado, pero apeló y la instancia superior dio pase al juicio.

Un segundo proceso se abrió el 2012 por el caso de los 13 expulsados a Argentina en 1978, promovido por Ricardo Napurí Schapiro, uno de los agraviados. Como ambos casos se relacionan con el Plan Cóndor, se planteó su acumulación en una sola fiscalía. Esta puja retrasó los juicios y finalmente se decidió que marcharan paralelos.

Transcurridos seis y tres años, ambos seguían en la fase de investigación fiscal, enfrascados en diligencias que no conducen al esclarecimiento de los secuestros y las deportaciones. Se constata una inversión de tiempo de casi tres años solo para conocer quienes integraban la junta de gobierno presidida por Morales Bermúdez en 1978, se han concedido plazos ampliatorios solo para comisionar personal a la Biblioteca Nacional para averiguar ese dato. Consultado sobre el mismo punto, el ministerio de Defensa respondió después de varios meses que no cuenta con esa información. Y así varias otras diligencias. Es evidente una ausencia de voluntad de investigar. El Ministerio Público peruano ha posibilitado que el general Francisco Morales Bermúdez instaure en Perú un proceso por los mismos hechos que se le investiga en Italia.

2.9. El Cóndor en la justicia uruguaya, por Samuel Blixen[102]

A treinta años de la llamada reinstitucionalización, Uruguay sigue exhibiendo un estancamiento en el proceso de transición hacia una democracia plena. Con elecciones libres y transparentes, el ejercicio de las libertades de expresión y reunión y el funcionamiento sin restricciones de partidos políticos, las limitaciones de la justicia para investigar y castigar los crímenes de la dictadura militar cuestionan los cimientos del sistema democrático imperante. De hecho, la omertá que un puñado de militares mantiene sin fisuras a lo largo de las décadas, la complicidad de sus colegas en retiro y en actividad, la conducta “pragmática” y a menudo vergonzante de dirigentes políticos, y la pérdida de la independencia de los magistrados frente a las “señales” del poder político, ha desembocado en una división de la sociedad en dos, una mitad que exige la verdad sobre el pasado y otra que reclama “mirar hacia adelante”. Tal división está alimentada por una de las herencias más nocivas legadas por el Estado terrorista: la persistencia del miedo que el ciudadano común experimenta —a veces de forma consciente, a veces de manera intuitiva—, cuando asiste a la altivez de quienes reivindican sus crímenes y permanecen en libertad; o cuando decodifica el barroquismo de los argumentos legales y políticos que desembocan en la permanencia de la impunidad. Esa impunidad, a cuatro décadas de los hechos y a tres de la reinstitucionalización, sigue alimentando una estructura de convivencia con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, donde aquellos, los de primera, están al margen del principio de igualdad ante la ley.

En Uruguay, el carácter omiso de la justicia antes de 1985 respecto de los crímenes de lesa humanidad se explica por la violencia del poder militar contra la estructura administrativa civil. Una prueba de ello fueron las señales imperceptibles que algunos magistrados sembraron para la investigación del futuro cuando en las costas del Río de la Plata comenzaron a aparecer cadáveres mutilados arrojados desde aviones de la ESMA en vuelo y que la autoridad atribuyó a motines en barcos pesqueros coreanos.

Después de 1985, el carácter esquivo, ambiguo, del ejercicio de la justicia tiene su origen en la ley de título abstruso, Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, una amnistía encubierta que se superó a sí misma en la impunidad, puesto que la norma prohibía siquiera identificar a los presuntos responsables, ya no investigar y aclarar previo al perdón implícito. La vigencia de esta ley —pese a dos referendos populares y a un prolongado tironeo parlamentario entre la derogación y la anulación—, revela que la impunidad se explica por algo más que una determinación comprensible en evitar el castigo entre los responsables directos de los delitos de lesa humanidad, y que, aunque nunca se admita, responde a elementos esenciales de las relaciones de poder que refieren al sistema vigente y a sus valores.

La ley de caducidad ató de manos a los jueces, sin fisuras, desde su aprobación en diciembre de 1986, gracias a las resoluciones del presidente Julio María Sanguinetti, que ordenaban archivar todas las denuncias sobre torturas, violaciones, asesinatos o desapariciones atribuidas a militares o policías, a pesar de que el texto dejaba un resquicio para investigar las desapariciones forzadas.[103] Un viejo encono entre dos correligionarios históricos del Partido Colorado, Sanguinetti y Jorge Batlle (presidente en el período 2000-2005) comenzó a horadar la impunidad cuando el ajuste de cuentas facilitó la recuperación de Macarena Gelman, hija de la desaparecida María Claudia García de Gelman, secuestrada en Argentina y trasladada clandestinamente a Uruguay. En épocas tan tardías como 1999, cuando las investigaciones de militantes de derechos humanos y de periodistas habían confirmado que dos niños secuestrados en Buenos Aires en setiembre de 1976, los hermanos Anatole y Victoria Julién, habían permanecido cautivos en calabozos del Servicio de Información de Defensa (SID) en Montevideo[104] el presidente Sanguinetti había asegurado al poeta Juan Gelman que en Uruguay no se registraba ningún caso de niños secuestrados y desaparecidos por el terrorismo de Estado. Macarena, nacida en cautiverio, fue entregada a comienzos de 1977 a un alto funcionario policial después designado por Sanguinetti como Jefe de Policía del Departamento de San José.

La recuperación de Macarena, fruto del esfuerzo incansable de su abuelo, tuvo la virtud de despejar cualquier duda sobre los extremos más abominables de la Operación Cóndor, la estructura represiva y de coordinación de los aparatos de inteligencia del Cono Sur. Pero si bien el presidente Batlle dio el paso significativo de la restitución de la identidad de Macarena Gelman, se abstuvo de dar el paso fundamental de investigar la suerte de la madre María Claudia, y se amparó para ello en la Ley de Caducidad.

Para entonces, en plena campaña electoral, el candidato de la coalición Frente Amplio Tabaré Vázquez inauguraba una política oscilante en materia de derechos humanos: se comprometió a respetar la Ley de Caducidad pero a la vez aplicarla en toda su extensión. Así, una vez conquistada la presidencia, asumiendo que el texto autorizaba a investigar los casos de desapariciones, e interpretando que algunos delitos habían ocurrido en Argentina cometidos por personas que no se identificaban como militares, ordenó desarchivar algunos expedientes. De esa manera, la Operación Cóndor entró en la justicia uruguaya por la puerta del costado y aportó la gran mayoría de los escasos procesamientos y condenas (apenas una veintena) contra militares culpables de delitos de lesa humanidad. Muchos de esos procesados fueron quienes, entre 1975 y 1977, operaron clandestinamente en Argentina, primero desde una base en la localidad de San Justo, provincia de Buenos Aires, luego el centro de detención conocido como Automotores Orletti y finalmente en el Pozo de Banfield, en el Pozo de Quilmes y en la ESMA.

Aunque las primeras extradiciones clandestinas de uruguayos secuestrados en Argentina datan de 1975, los traslados masivos ocurrieron a partir de mediados de 1976. Cerca de 140 del total de 200 desaparecidos por la dictadura uruguaya fueron secuestrados y torturados en Argentina antes de ser trasladados a Uruguay, donde fueron finalmente asesinados. Los más notorios integrantes de los comandos que actuaron en Automotores Orletti fueron reclamados ante el Estado uruguayo por la justicia argentina para ser extraditados a efectos de ser enjuiciados en la causa caratulada “Suarez Masón y otros, privación de libertad”. En 1989, en un intercambio de favores con Sanguinetti, el presidente Carlos Menem otorgó el indulto a los cinco militares uruguayos acusados con el pretexto de que habían actuado como “asimilados” al Primer Cuerpo de Ejército. Sin embargo, hubo que esperar a setiembre de 2006 para que los militares fueran finalmente procesados por la justicia uruguaya por la desaparición de Adalberto Soba, treinta años antes, una de las víctimas de Automotores Orletti.

Soba compartió calabozos y torturas, en Orletti, con Marcelo Gelman y su esposa María Claudia, embarazada de siete meses al momento de su detención. No existe explicación convincente de por qué la joven, que no tenía ningún vínculo, ni político ni familiar, con Uruguay, fue trasladada a Montevideo poco antes de que Automotores Orletti fuera cerrado definitivamente. Salvo la explicación más evidente: la apropiación de un recién nacido destinado, por quién sabe qué compromisos entre represores, a crecer en un país diferente, con un nombre falso, avasallando su identidad e historia a una simple mentira. Para que todo ello fuera posible, era necesario matar a la madre.

La desaparición de María Claudia García de Gelman terminó siendo una piedra en el zapato de la impunidad, tanto de los ejecutores impunes como de los impunes cómplices civiles. Por la notoriedad del caso (por la denuncia implacable de Juan Gelman) el presidente Tabaré Vázquez incluyó el nombre de María Claudia en el primer puesto de una lista sobre la ubicación de los restos de prisioneros desaparecidos, cuya información reclamó vía el comandante del Ejército, al comienzo de las excavaciones en predios de unidades militares en busca de cementerios clandestinos. El comandante Angel Bertolotti encomendó al general Pedro Barneix recabar la información entre los directamente implicados. La información, a vuelta de correo, estimuló al Presidente a señalar, con 99% de certeza, el lugar exacto donde serían hallados los restos de María Claudia en terrenos del Batallón 13 de Infantería. La información era falsa, salvo la aportada por la Fuerza Aérea, que permitió la ubicación de restos de un prisionero. A la fecha solo se han ubicado los restos de cuatro desaparecidos.[105]

El caso Gelman provocó otras tribulaciones. La incapacidad del Estado para obtener la información que facilitara la verdad y la justicia desembocó tiempo después en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en 2011, condenó al Estado uruguayo por su responsabilidad en la desaparición forzada de María Claudia y posterior ausencia de investigación y juzgamiento de los responsables. En abril de 2015 un fiscal solicitó una condena de 30 años para siete represores procesados por la desaparición de María Claudia.[106]

Pero la sentencia de la Corte IDH en el caso Gelman tuvo otras repercusiones en la medida en que la resolución introdujo, con carácter general, la cuestión de la reparación integral a las víctimas, y declaraba nula la Ley de Caducidad, por lo que reclamaba “la remoción de los obstáculos que impiden la investigación de los crímenes y el castigo a los culpables. Incluido el castigo como crímenes de lesa humanidad”. La Suprema Corte de Justicia se opuso al criterio de considerar los delitos como de lesa humanidad, rechazó la preeminencia de los convenios internacionales sobre las normas nacionales, y descartó aplicar el concepto de imprescriptibilidad de los delitos. Desde entonces, la Suprema Corte ha aplicado variados criterios según su composición ocasional y los casos elevados a su consideración. Más de 100 expedientes en curso avanzan de forma lentísima mientras los magistrados deben decidir si aplican en toda su extensión la resolución de la CIDH. Por si fuera poco, los organismos del Estado, en especial el Ministerio de Defensa Nacional, siguen revelándose incapaces de ubicar los archivos de la represión que, además de alimentar las investigaciones judiciales, permitirían conocer la estructura represiva, administrativa, logística y diplomática de la sección uruguaya de Cóndor.

3. La contracara de Cóndor

3.1. Los organismos de derechos humanos coordinación internacional Cono Sur/América Latina, por Daniel Tarnopolsky[107]

A medida que las dictaduras cívico-militares se instalaron en América Latina, comenzaron a estructurarse diversos organismos de derechos humanos sobre la base de las organizaciones políticas tradicionales o de los contactos entre la víctimas y los partidos políticos proscriptos u opositores a los gobiernos de facto de cada país, reforzando su actividad primero en el plano doméstico, luego en el internacional. A esto se agregó la lucha de los familiares de las víctimas que despertó la solidaridad en el mundo, formando además sus propias organizaciones que serían claves cuando, con el retorno de las democracias, comenzó a reconstruirse la historia de los años de terror que vivió la región.

3.1.1. Cada país tuvo su propia experiencia:

Paraguay

En Paraguay, la dictadura del General Alfredo Stroessner (1954-1989) aisló a ese país en el terror durante 35 años. La difusión nacional e internacional de los crímenes de la dictadura fue muy difícil, tanto por lo extenso del régimen y el esquema de terror impuesto, como por las características sociales de la mayoría de las víctimas y su distribución geográfica en el territorio paraguayo (en el campo o la selva, lejos de los centros urbanos), lo que colaboró a silenciar los reclamos y a comprometer la organización de los familiares de las víctimas que, con enormes riesgos, hacían llegar información al exterior.

En setiembre de 1976, cuando finalmente la Liga Internacional por los Derechos Humanos logra constituir y difundir una primera lista de 203 prisioneros políticos en las cárceles paraguayas, algunos llevaban más de 18 años encarcelados. La lista incluía a los que murieron en las mismas cárceles. Desde su creación en ese mismo año, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, CIPAE, con el apoyo de varios organismos internacionales, desarrolló un sistemático proceso de registro y documentación de los hechos de violencia en el país. Como varias sedes religiosas sufrió persecución y allanamientos por parte de las fuerzas de seguridad, aunque se tomó la precaución de proteger la mayor parte de los archivos en casas de seguridad, imprimir copias dobles, y aún microfilmar la documentación. Se reconoce especialmente al reverendo Charles Harper, del Consejo Mundial de Iglesias en Ginebra, quien dio su apoyo total a la labor desarrollada por el CIPAE.

El 1984 el CIPAE instruyó a sus colaboradores que sistematizaran la información sobre la violencia y sus efectos en Paraguay, ante el temor de que la dictadura intentara silenciar a los organismos de derechos humanos que tenían enormes dificultades para acceder a las fuentes documentales básicas, ya que el miedo paralizaba a los familiares de las víctimas.

El resultado de las investigaciones fue publicado a partir de mayo de 1990 en una serie de cuatro tomos bajo el título general de Paraguay: Nunca Más, donde se registran numerosos hechos de violación de los derechos humanos durante la dictadura de Stroessner. En octubre de 2014, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas solicitó a Paraguay que investigue y juzgue a los responsables de las torturas y desapariciones forzadas cometidas durante la dictadura, y mostró su preocupación por “el reducido número de víctimas que habrían sido localizadas y que no habrían sido identificadas”.

Brasil

En Brasil (1964-1985), como sucedió en Paraguay, con un porcentaje relativamente menor de desaparecidos —no así de víctimas de secuestros y torturas— respecto de la población, la gran dispersión geográfica dificultó la tarea de organización de los familiares, así como el eco de su reclamo en el conjunto de la sociedad, con una especial excepción, la Iglesia brasileña.

Si bien en un principio esta apoyó oficialmente el golpe de Estado, recibió y sostuvo a los familiares que denunciaban los crímenes del régimen para convertirse con el correr de los años en uno de los pilares de la defensa de los derechos humanos y de oposición civil al gobierno.

En este caso, se registraron tempranamente denuncias a nivel internacional, pero recién en marzo de 2009 la Corte IDH actuó sobre una demanda presentada contra el Estado brasileño por familiares de víctimas de la emblemática “Masacre de la Guerrilla de Araguaia” perpetrada en 1982 y llevada ante la OEA en 2001.

Bajo el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, en 1995, se sancionó la primera ley de desaparecidos y se creó la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos. En 2011, la presidenta Dilma Rousseff (víctima sobreviviente de la dictadura) ordenó la instalación de la Comisión de la Verdad, fuertemente resistida por los militares y amplias capas de civiles cómplices de crímenes aberrantes. Condicionados por las diversas leyes de amnistía votadas por el régimen, hasta hoy estas comisiones solo pueden buscar la verdad y proponer indemnizaciones a familiares pero en ningún caso promover la búsqueda de justicia.

Uruguay

En Uruguay, el Organismo Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos comenzó a formarse a partir de la segunda mitad de los años 70 a raíz de las denuncias y las primeras investigaciones realizadas por familias de uruguayos detenidos-desaparecidas en Uruguay y en Argentina.

El grupo se consolidó en el año 1983 a partir de la unión de tres vertientes: Asociación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos (AFUDE), fundada en Europa por exiliados, Familiares de Uruguayos Desaparecidos en Argentina, que trabajaba desde 1977, y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos en Uruguay, que lo hacía desde 1982.

Afines de 1986, el Parlamento aprobó la ley de “Caducidad del Ejercicio de la Pretensión Punitiva del Estado”, a través de la cual el Estado uruguayo renunció a su poder/deber de juzgar penalmente a los responsables de violaciones de los derechos humanos hasta el 1.º de marzo de 1985. Esta ley fue plebiscitada y ratificada por la ciudadanía, acción que se repitió en octubre de 2009 y sigue vigente a pesar de la reciente condena de la Corte IDH a principios de 2011.

El fallo de la Corte IDH ha sido una herramienta útil para aquellos que buscan derogar la ley.

A pesar de las barreras sociales, políticas y legales, la búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido a los detenidos desaparecidos ha sido y sigue siendo mantenida y sostenida por familiares, acompañados de amplios sectores de la sociedad alentando los mecanismos institucionales del Estado de derecho.

Chile

En Chile cuando se produce el golpe de Estado de septiembre de 1973, la comunidad internacional estaba movilizada y dispuesta a hacerse eco de las repercusiones en materia de violaciones a los derechos humanos. La brutalidad del régimen deteniendo a miles de personas en grandes centros como el Estadio nacional, así como la gran cantidad de refugiados políticos —una mayoría brasileños— hizo posible que la difusión de las persecuciones fuera inmediata y de gran impacto a todo nivel.

El accionar de los perseguidos para denunciar los crímenes de la dictadura recibió apoyo en las diversas Iglesias locales que crearon, primero, el Comité por Paz, que luego de unos años de funcionamiento fue cerrado por la dictadura, pero reemplazado inmediatamente por la Vicaría de la Solidaridad, organizada y protegida por el Arzobispado de Santiago. Estas organizaciones recibieron las denuncias y apoyaron a las víctimas. La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo —CODEPU— es una organización no gubernamental de Derechos Humanos fundada durante la dictadura militar, el 8 de noviembre de 1980. Desde hace 30 años asiste a las víctimas y los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y lucha contra la impunidad.

En un primer informe reclamando al gobierno por violaciones de los derechos humanos, reclamos que se repiten año tras año así como ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la ACNUR, la Cruz Roja Internacional y Amnistía Internacional que recibieron a víctimas y familiares desde el mismo año 1973. También se fundaron organizaciones de familiares y de detenidos políticas.

Una vez terminada la dictadura y a pesar de los fuertes condicionamientos de la transición, el primer presidente del retorno a la democracia, Patricio Aylwin, creó en abril de 1990 La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación sobre las Violaciones a los Derechos Humanos acaecidos en Chile durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.

En Chile no se ha logrado establecer un criterio general de búsqueda de justicia, pero se han podido juzgar numerosos casos de asesinatos de manera nominativa pero aislada, sin que se pueda —al menos hasta el día de la fecha— juzgar a las Fuerzas Armadas en su globalidad ni se ha reconocido la persecución como un arma de políticas públicas decididas e implementadas desde las más altas jerarquías del Estado. De unos mil represores enjuiciados, solo alrededor de 80 cumplen condena efectiva.

Aun hoy se discuten en Chile el tenor y los alcances de las leyes reparatorias que no han podido ser concretizadas y existen casos de “extranjería” de presos políticos que siguen impedido de regresar a su país.

Bolivia

Una de las instituciones más importantes de Bolivia en la lucha por los derechos humanos durante las dictaduras fue la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH-Bolivia), que surgió en la clandestinidad en 1976 y logró su personería jurídica tres años después. Actuó en los momentos más difíciles de los gobiernos del general Hugo Bánzer (1971-1978) y de Luis García Meza (1980-1981).

En 1972 surge la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Bolivia, ante las violaciones de derechos humanos de la dictadura de Bánzer. También los movimientos sociales mineros, obreros, y familias de víctimas jugaron roles determinantes en la recuperación de la democracia y en sus denuncias en el exterior, como fue el caso de la dirigente minera Domitila Chungara. Uno de los mártires de la lucha por los derechos humanos fue el sacerdote jesuíta, Luis Espinal miembro de la APDH.

Argentina

En Argentina a partir del golpe de 1976, el incremento brutal de los asesinatos tanto en vía pública como en las propias cárceles (con la aplicación de la “ley de fugas”), y las desapariciones, provocaron la inmediata reacción de los organismos de derechos humanos preexistentes, fundamentalmente la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que comenzaron a recibir y canalizar las inquietudes y denuncias de familiares y amigos de las víctimas, lo que venían realizando desde años anteriores.

Los familiares se organizaron en comités, destacándose la Asociación de Familiares de Presos Políticos y de Desaparecidos, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, el Servido de Paz y Justicia (SERPAJ), etc., que siguen funcionando en la actualidad.

En septiembre de 1979, en plena dictadura, el esfuerzo de familiares y amigos de las víctimas y los organismos logró que la OEA realizara una visita a Buenos Aires con el objetivo de corroborar in situ las denuncias recibidas y recabar mayor cantidad de información sobre lo que estaba sucediendo. Las conclusiones del CIDH fueron demoledoras para con el régimen que no logró tapar la realidad de sus crímenes.

Argentina logró establecer un marco legal para la investigación y condena de los crímenes de la dictadura, y a pesar de presiones, idas y vueltas, y gradas a un fuerte apoyo político y social, ha logrado juzgar y condenar a centenares de militares y civiles responsables de miles de secuestros, torturas, violaciones, asesinatos, robo de bebés y robo de bienes.

3.1.2. Trabajo de denuncia y coordinación internacionales

Esta estructura de los organismos de derechos humanos a los que se suman otros nuevos nacidos en democracia, fueron claves cuando se descubren los Archivos del Terror en Paraguay, en 1992, y entre ellos decenas de documentos que ratificaban la existencia de la Operación Cóndor.

Especialmente esto ayudaría a agilizar las nuevas demandas sobre esta coordinación criminal de las dictaduras de la región. El repentino exilio de miles de chilenos a partir de 1973 y de argentinos a partir de 1976, asociados a la ya larga experiencia de paraguayos, brasileros y uruguayos, que trabajaban intensamente desde hacía muchos años en las denuncias tanto a nivel de sus respectivos países como en los distintos foros internacionales.

De alguna manera la respuesta actual es el avance en la relación de los organismos judiciales y el intercambio de informaciones y testimonios sobre las víctimas de Cóndor. En estos momentos, además de los juicios que buscan justicia para estas víctimas, la Operación Cóndor, por su significado y características, se ha instalado en el espacio de la Integración, como lo es el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) uno de los pasos más importantes y decisivos de los últimos tiempos.

3.2. Paraguay: El Archivo del Terror, la obstinada lucha por la Verdad y la Justicia, por Martín Almada[108]

En la mañana del 22 de diciembre de 1992 llegamos a la Sección de Producciones de la Policía Nacional, ubicada en Lambaré, cerca de Asunción, y fue como llegar al final de un largo recorrido. Tal como me habían informado, allí encontramos toneladas de papeles: los archivos militares/policiales de la dictadura stronista, reveladores del terrorismo de Estado aplicado en Paraguay y en América Latina. Y allí también estaban los primeros documentos de la Operación Cóndor, que justificaron plenamente nuestro trabajo de 18 años de investigaciones, el juicio, y muchas búsquedas intensas registradas por la prensa.

El descubrimiento fue el golpe de un ciudadano, víctima, que representó a miles de compatriotas paraguayos y latinoamericanos. El juez José Agustín Fernández concretó el allanamiento para atender, por vez primera, el recurso de habeas data al que yo tenía derecho por la nueva Constitución Nacional y que había solicitado el 11/9/1992, con las firmas de los abogados Pedro Portillo y Rodolfo Aseretto.

3.2.1. El juicio, el habeas data y el Archivo del Terror

Obstinado en mi lucha, regresé del exilio en 1989 y el 25 de mayo de ese año inicié el juicio contra el dictador Alfredo Stroessner y los cómplices y encubridores por la muerte de mi esposa Celestina Pérez de Almada, mi prisión y el saqueo de nuestros bienes (1974/1977).

El hallazgo del Archivo del Terror, denominado así por la prensa, fue para otras causas, la posibilidad de realizar juicios y alcanzar sentencias en muchos países, pero muy pocas en Paraguay. Con el Archivo del Terror no logré justicia. Mi caso avanzó inicialmente con valiosos testimonios y pedido de extradición para Alfredo Stroessner y Sabino Montanaro, finalmente fallecidos impunes. Lleva 26 años sin avances, y por ello, junto a otras víctimas, recurrimos, en agosto de 2013, a la jurisdicción universal, radicada en el Juzgado Federal N.º 5 la Argentina.

3.2.2. Mi testimonio: itinerario de un hallazgo

Mi testimonio está constatado en mi expediente judicial, archivos periodísticos y las investigaciones históricas de María Stella Cáceres, con el apoyo del equipo de nuestra Fundación. El martes 1.º de diciembre de 1992, regresado definitivamente al país, pedí al juez Fernández agilizar la búsqueda. La feria judicial era inminente y había un nuevo clima de confrontación política.

El jueves 3, entrevistamos al Jefe de Policía de la Capital, Cr. Ppal. Germán Franco Vargas, con la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Senadora Carmen Casco de Lara Casco y María Stella, en relación al plazo de 72 horas dado por el juez para responder. La respuesta llegó al día siguiente, explicando la desaparición de mis antecedentes personales durante el golpe que derrocó a Stroessner.

La expectativa crecía rápidamente con los desgarradores testimonios de víctimas de las Ligas Agrarias y otros, publicados por Noticias y ABC Color y las radios Ñandutí, Caritas y Cardinal.

El lunes 7, la Policía envió mi acta de nacimiento como único documento disponible. Mi indignación creció y recuperé mi matrícula de abogado para litigar directamente. Con el apoyo confirmado del Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencias a través del Director, Pastor Armín llhe, el viernes 18 pedí el allanamiento de la Sección Archivo del Departamento de Investigaciones de la Policía y el procesamiento de los responsables.

El Departamento de Investigaciones integró la red de la Operación Cóndor, dirigida por Pastor Coronel. Como antecedente del sitio, obraba la sentencia del Juez Luis María Benítez Riera en el proceso por la muerte en torturas del Profesor Mario Schaerer Prono, dirigente de la Organización Político Militar, de pocos meses antes.

El lunes 21, entrevisté al Ministro de la Corte Suprema de Justicia, Jerónimo Irala Burgos y al juez Fernández. El allanamiento ya estaba resuelto y fue rápidamente difundido. Una mujer me anticipó, en llamada anónima y solidaria, que el sitio era incorrecto. Informó que había entregado copia igual al Pte. de la Comisión Bicameral de Investigación de Ilícitos, Senador Francisco de Vargas, sin resultados.

En la tarde, llegó a mi oficina y me entregó copia del plano finalmente utilizado en Lambaré. Este coincidía con mis investigaciones anteriores sobre nuevas construcciones policiales y la reciente observación del sitio basada en los rumores de llantos de víctimas informados por vecinas. Explicó que su acción era solidaria y anónima para contribuir a la verdad. El 22 comuniqué la novedad el nuevo posible emplazamiento al juez y organizamos la salida con la orden de allanamiento que incluía otros lugares que yo podía solicitar. El juez y su Secretario, abogado Julio M. Vasconcellos, nos siguieron con su auto hasta la Dirección de Producciones de la Policía.

Compartí la información con el secretario de redacción del diario Noticias, Cristhian Torres. Generoso y discreto organizó el apoyo necesario durante todo el proceso. Llegado el momento, fue el primero en comprender la magnitud del acontecimiento. Llamó a los otros medios y los convocó al lugar, dejando de lado la primicia. Facilitó su teléfono celular todo el tiempo y finalmente ante la soledad y escasez extrema de recursos, consiguió el gran camión del Canal 13 para trasportar los documentos. Poco después entregó a María Stella, y a la BBC de Londres, copias de las filmaciones. Su gran acción silenciosa solo se rescata en la presencia continua y discreta en el registro fílmico.

A las 10:30 hs, nos recibió el Subjefe, Comisario Ismael Aguilera. La escena registrada del momento evidenció que algo había cambiado en Paraguay. Desubicado en relación al nuevo orden constitucional, impidió el acceso aludiendo que debía comunicar a sus superiores. El juez le dijo enfáticamente “Yo represento a la ley. Estamos en democracia y yo represento a la ley. Soy su mayor garantía.” Seguimos mis anotaciones y ante la habitación cerrada fue cortado el candado. A las 11 hs, apenas ingresados, entre sorpresas y emociones, comprendimos la magnitud del hallazgo. Allí estaban los documentos policiales con sus clásicos encuadernados: montañas de carpetas, libros, cajas de cassettes. Habíamos encontrado el archivo con las pruebas primeras de la Operación Cóndor que afectaba a paraguayos y latinoamericanos. El segundo hallazgo fue bajo un árbol: enterrados hallamos paquetes de fichas de migraciones, documentos de identidad y dos carnets, de Hitler y Bormann, evidencias de las conexiones nazis de la dictadura stronista. Confeccionada el acta y dado el parte al juez penal del Segundo Turno, Luis María Benítez Riera, el juez consideró que en esas condiciones no podía cumplir con la búsqueda de mis antecedentes. Resolvió el traslado de más de 700.000 piezas documentales lo que se cumplió azarosamente en un pasamano de muy pocas personas incluidos niños del vecindario resistiendo al calor y al cansancio, en una gran soledad. En ese pasaje algún despierto camarógrafo filmó páginas de los enormes libros negros de los informantes “Pyragués” registrado, partícipes de tantos crímenes y elementos fundamentales de la Operación Cóndor.

Los allanamientos continuaron al día siguiente, en la comisaría 3.ª, y en la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, donde había estado yo prisionero. De allí se extrajeron voluminosas cantidades de documentos. La gente no salía de su asombro y la noticia ya era mundial. Se necesitaba protección y el juez la solicitó. Nosotros buscamos ayuda en el PNUD, embajadas y organizaciones internacionales. Ya no se trataba de una causa personal, sino de la tragedia vivida por el pueblo paraguayo durante 35 años y, por ello, organizamos la reunión del 28 de diciembre en el Centro Municipal “Juan de Salazar” en la que pedimos la participación y la responsabilidad de todas las víctimas en la protección del acervo. La Senadora Lara Castro, que había cerrado los candados de “La Técnica” días antes, dio respaldo al encuentro junto el Prof. Luis Alberto Resck, el dirigente comunista Livio González Santander, y el Dr. Dionisio Gauto. Así fundamos la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Nunca Más al Terrorismo de Estado.

Para su protección, los archivos fueron depositados en una oficina del 8.º piso de los Tribunales. Asumieron los trabajos iniciales técnicos del CIPAE y del Centro de Investigación y Estudios. La Corte obtuvo apoyo financiero nada menos que de la Oficina de Cooperación del Gobierno de Estados Unidos.

El Poder Ejecutivo reconoció el valor de las evidencias de los crímenes cometidos y, en una breve ceremonia, el Presidente Andrés Rodríguez rodeado de jefes militares y embajadores, firmó el decreto 16078/1993 por el cual entró en vigencia la ley 1 del Congreso Nacional pendiente desde mayo de 1989, por la cual el Estado aceptó la competencia de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fuimos invitados con el Capitán Napoleón Ortigoza, Elisa Benítez de Goiburu y su hijo Rolando. Consideramos que fue el premio mayor a nuestra lucha.

Ignorantes del convenio con la USAID, reclamamos al Presidente Bill Clinton para el resarcimiento a las víctimas. Concurrimos a la Embajada de EEUU con la Senadora Lara Castro, Livio González Santander, Horencio Riveras Vázquez, María Stella y el Dr. Gauto, ya designado presidente de la Comisión mencionada. El embajador Jonathan Glassman nos recibió con indignación. Le insistimos que solo debía hacer llegar a la carta a su destinatario. Periodistas nacionales e internacionales recogieron la denuncia y el reclamo de la continua injerencia imperial en los países que finalmente se aliaron en la Operación Cóndor.

3.2.3. Las pruebas de la Operación Cóndor

Fui víctima de la Operación Cóndor, y en las cárceles, tres personas me informaron sobre ella: el Comisario Mario Mancuello, el argentino Amílcar Latino Santucho, que me refirió el caso del dirigente chileno Jorge Fuentes Alarcón, y la Dra. Gladys Meillinger de Sannemann.

En los montículos de carpetas encontramos una cordial invitación al Jefe de Policía, Gral. Francisco Brítez Borges a la reunión del 25 de noviembre de 1975, en Santiago, Chile, junto con un documento con el programa, el esquema de la red y las normas de seguridad para los asistentes. Llamé a eso el acta fundacional de la Operación Cóndor. Previamente, encontramos los manuales “Cómo mantener vivos a los torturados”, los télex sobre la cooperación del Coronel Robert K. Thierry (1956 a 1959?), fichas y documentos sobre el tránsito y posterior desaparición de prisioneros/as de la Operación en Paraguay.

El conjunto documental fue entregado al Juez Baltazar Garzón para el procesamiento de Pinochet (Audiencia Nacional, Madrid, diciembre 1998), y posteriormente aportado a los juicios respectivos en Italia, Francia, Uruguay y Chile. El juez paraguayo Gustavo Santander Dans en 2003 entregó oficialmente los documentos para favorecer los juicios en Argentina. Encontramos miles de documentos, fichas, antiguas fotografías de víctimas. La historia de 35 años de terror.

3.2.4. Un archivo para la humanidad

Tras pasar los afanes de las primeras clasificaciones, el Archivo fue constituido como Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, y depende directamente de la Corte Suprema de Justicia. Funciona en el primer piso del Palacio de Tribunales junto con el Museo de la Justicia. Dispone de un pequeño equipo técnico, del instrumental apropiado, de condiciones de seguridad. Atiende las solicitudes de habeas data, visitas de estudiantes, consultas de investigadores y periodistas y realiza actividades de difusión cultural. Integra la Red de Archivos de Derechos Humanos del Mercosur. La UNESCO lo declaró Memoria del Mundo en 2009, y así terminaron años de gestiones internacionales que impulsamos.

La tarea de difundir, incrementar y proteger el Archivo ha sido y es nuestra constante. Es un compromiso de vida, de alto costo. Estos archivos han sufrido, por parte del Poder Judicial, manipulación histórica, invisibilidad de algunos destacados autores, y —lo más grave— la ignorancia de jueces y fiscales ate semejante logro documental. Esto ayuda a mantener la impunidad y la fragilidad del sistema democrático. Los documentos encontrados favorecieron a la justicia que consagra el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, y con ello, las memorias constitutivas de la trasmisión y recreación de los valores que hacen posible la ética de la solidaridad, la libre participación democrática.

3.3. Informe de actuaciones judiciales en España en relación al Operativo Cóndor, por Manuel Ollé Sesé[109]

3.3.1. Introducción

En el año 1996 se iniciaron ante los tribunales españoles dos procedimientos judiciales por delitos de terrorismo, genocidio y tortura en América Latina. Se trataron del denominado Caso Chile/Pinochet (Sumario 1/98) y del Caso Argentina (19/97) instruidos ante el Juzgado Central de Instrucción N.º 5, de la Audiencia Nacional de España, a cargo del magistrado Baltasar Garzón.

Estos procedimientos se iniciaron en aplicación del principio de justicia universal previsto en el art. 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establecía la jurisdicción de los tribunales españoles para la investigación y enjuiciamiento de graves crímenes internacionales cometidos fuera del territorio nacional español y con independencia de la nacionalidad de víctimas y victimarios.

Los hechos denunciados se calificaron inicialmente como constitutivos de delitos de genocidio, terrorismo y tortura, lo que motivó, al constituir crímenes internacionales de primer grado, que los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional declarasen su competencia para su investigación y enjuiciamiento de los hechos. Jurisdicción que fue confirmada por los Autos del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 4 y 5 de noviembre de 1998.

En la actualidad, el ámbito de aplicación del principio de justicia universal ha sido restringido en España mediante la aprobación de dos reformas legislativas que han introducido determinados vínculos de conexión entre el hecho y el Estado español, como requisitos imprescindibles para el ejercicio universal.

3.3.2. Marco judicial de investigación y su relación con el caso Pinochet

El procedimiento penal por el denominado Caso Chile-Pinochet, como se ha señalado, se inició, ante los tribunales españoles contra el general Pinochet y otros responsables de la dictadura militar chilena por los crímenes cometidos durante la misma. Este procedimiento correspondió al Juzgado Central de Instrucción N.º 6 de la Audiencia Nacional Española, que fue quien inicialmente inició la investigación judicial de los hechos en julio de 1996.

Sin embargo, en el Juzgado Central de Instrucción N.º 5 de la Audiencia Nacional como se indicado, se había iniciado otro procedimiento por el denominado Caso Argentina, en marzo de 1996. En el marco de este procedimiento se abrió, entre otras, la Pieza Separada III denominada Operación Cóndor. El Juzgado acordó incoar esta pieza separada porque, al investigar los hechos ocurridos durante la dictadura militar argentina, evidenció que muchos de ellos estaban relacionados y formaban parte de la conocida como Operación Cóndor.

Para la investigación de estos hechos resultó esencial la participación, como acusación particular y popular, de numerosas organizaciones de derechos humanos y víctimas directamente afectadas o sus familiares. Muchos organismos de derechos humanos de Argentina, como las Madres de Plaza de Mayo o la Abuelas, y también de España, como la Asociación Pro Derechos Humanos de España, formaron parte de la acusación.

En octubre de 1998, el Juzgado Central de Instrucción N.º 6, que, como se ha referido, investigaba el Caso Chile/Pinochet se inhibió al Juzgado Central de Instrucción N.º 5 para que este Juzgado conociera del caso. La razón fue por la evidente conexión que existía entre la investigación del Caso Chile/Pinochet y la Pieza Separada III, Operación Cóndor, que se instruía ante el Juzgado Central de Instrucción N.º 5. A partir de entonces, y hasta la actualidad, se unificaron en un único procedimiento (Pieza Separada III: Operación Cóndor) las dos investigaciones, la correspondiente a los responsables de la dictadura militar chilena y Pinochet y la relativa a la Operación Cóndor.

El primer hecho judicial relevante de esta Pieza Separada III (Juzgado Central de Instrucción N.º 5) fue la orden de detención internacional con fines de extradición contra Pinochet, que se encontraba en Londres, del 16 de octubre de 1998. Con posterioridad, el 10 de diciembre de 1998, el mismo Juzgado dictó Auto de Procesamiento contra Pinochet, que fue ampliado por Auto de 30 de abril de 1999. En estas resoluciones se referenciaban hechos concretos relativos a la Operación Cóndor. Al general Pinochet y a otros se les imputaban delitos de terrorismo, genocidio y torturas. Entre otros hechos y, en síntesis, se les acusaba de ser los responsables de que más de 500.000 personas fueran privadas de libertad y sometidas a tortura, más de 100.000 personas expulsadas u obligadas a exiliarse y 5000 muertes y desapariciones forzadas. Además, estas resoluciones, reflejaron cómo se produjo la vulneración sistemática de otros derechos fundamentales, como el derecho a la información o a la educación. Entre las víctimas también se encontraban personas de nacionalidad española.

3.3.3. Hechos concretos de investigación

El referido auto de procesamiento del Juzgado Central de Instrucción N.º 5 de la Audiencia Nacional relataba como el 11 de septiembre de 1973 Augusto Pinochet Ligarte, junto con otros querellados, llevaron a cabo un plan criminal con el objetivo de la toma del poder en Chile. Tras un ataque violento al Palacio de la Moneda en el que hallaron muerto al Presidente constitucional Salvador Allende, se constituyó la autoproclamada e ilegal “Junta de Gobierno” y se designó a Augusto Pinochet Presidente de la República.

Ese fue el comienzo de un plan deliberado cuyo primer paso fue el levantamiento militar y posterior detención y desaparición, que permanece hasta el día de hoy, de los colaboradores del Presidente Allende.

Pinochet creó y lideró en el exterior de Chile una organización criminal. Para ello se coordinó y concertó con responsables militares que detentaban el poder en otros países de la zona, en concreto en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil y posteriormente Argentina. Esta organización delictiva estaba apoyada en las propias estructuras institucionales y su única finalidad era conspirar, desarrollar, y ejecutar un plan criminal sistemático de detenciones ilegales, secuestros, torturas seguidas de la muerte, desplazamientos forzosos y desaparición selectiva de personas.

El tribunal español calificó estos actos como delito de genocidio, ya que como se ha expuesto, la base de la acción delictiva estuvo formada por una motivación político-ideológica que tenía como finalidad la eliminación total o parcial de sectores del propio grupo nacional chileno, siendo habitual la eliminación selectiva del liderazgo de estos sectores. Que las víctimas fueran del propio grupo nacional no impidió que el delito de genocidio fuera catalogado como tal.

Asimismo, los hechos objeto de investigación eran constitutivos, para el tribunal español, de un delito de terrorismo, al haberse perpetrado mediante la ejecución de múltiples muertes, lesiones, detenciones, secuestros, colocación de explosivos e incendios con el fin de cercenar el Estado social y democrático de derecho a través de organizaciones que, pese a estar institucionalizadas, pueden ser catalogadas como terroristas.

Por último, junto al delito de genocidio, el tribunal español también era competente para la investigación y enjuiciamiento de los delitos de tortura, por ser hechos conexos al genocidio y en consideración de que prácticamente la totalidad de las personas detenidas arbitrariamente habían sido víctimas de crueles y sofisticadas torturas en los centros de detención clandestinos situados en los países que formaban parte de la Operación Cóndor.

3.3.4. Diligencias judiciales practicadas por el tribunal español

El procedimiento penal por el Caso Chile/Pinochet se inició por la denuncia interpuesta el 1 de julio de 1996, la cual fue ampliada el 20 de septiembre del mismo año sobre el Operativo Cóndor. El 6 de febrero de 1997 se dictó auto de admisión de la querella. El 20 de octubre de 1998, como se ha expuesto, el Juzgado Central de Instrucción N.º 6, a cargo del Caso Chile/Pinochet se inhibió a favor del Juzgado Central de Instrucción N.º 5, que tramitaba el Caso Argentina.

En el marco Caso Argentina (Sumario 19/97) y dependiendo del mismo, se incoó la Pieza Separada III por Auto de fecha 27 de abril de 1998.

En el marco de esta causa, las acusaciones populares solicitaron el interrogatorio de Pinochet como responsable del Operativo Cóndor, el 13 de octubre de este mismo año. El 15 de octubre se dispuso la ampliación de la querella y el 16 se dictó auto decretando la prisión provisional y la orden de captura internacional de Pinochet, que fue recurrida por la Fiscalía. El 18 de octubre se amplió la fundamentación de la prisión provisional.

Las actuaciones judiciales del año 1998 se completan con el auto solicitando la extradición de Pinochet a las autoridades británicas, de fecha 3 de noviembre de 1998, y el auto de procesamiento del militar por genocidio, tortura y terrorismo, de 10 de diciembre de 1998.

El 26 de marzo de 1999 se amplió la querella y el auto de procesamiento, por resolución de 30 de abril de 1999 y se ratificó la prisión provisional de Pinochet. Aunque los tribunales del Reino Unido dictaron resolución el 8 de octubre de 1999 autorizando la extradición del dictador a España, posteriormente fueron alegados problemas de salud para finalmente denegarla.

El 15 de abril de 2002 el Juzgado Central de Instrucción N.º 5 solicitó autorización para interrogar a Kissinger en Londres, pero finalmente no se practicó esa diligencia.

La investigación del juez Baltasar Garzón se extendió a los países referidos y a otras personas responsables de los hechos como, por ejemplo, Alfredo Stroessner. El mismo juez analizó innumerable documentación procedente de los países que conformaban la Operación Cóndor como, por ejemplo, la procedente de los Archivos del Terror, de Paraguay. Interrogó a numerosos testigos, como, por ejemplo, a Juan Gelman, llegó a identificar centros clandestinos de detención al servicio del Operativo Cóndor en Uruguay o Argentina (Automotores Orletti, entre otros), y a analizar los atentados en Estados Unidos y Argentina contra Orlando Letelier y Carlos Prats y su esposa, respectivamente. En el anexo adjunto a este informe se incluyen alguna de las resoluciones mencionadas.

3.3.5. Otros casos judiciales en Europa

En la lucha contra la impunidad por los graves crímenes internacionales perpetrados en el marco de la Operación Cóndor, en 2010 se dictó en París una condena histórica contra 15 altos cargos chilenos por detenciones, secuestros, detenciones ilegales y torturas de cuatro ciudadanos franco chilenos. Por primera vez en la historia de Chile, la justicia de otro país castigaba las conductas cometidas por estos victimarios entre los que se encuentran el general chileno Manuel Contreras, el brigadier Espinoza Bravo y Raúl Iturriaga Neumann. El Auto de Procesamiento contra Pinochet dictado por el tribunal español también hacía referencia a estas tres personas.

Además, también hay que destacar que, en Italia, la Sección Tercera del Tribunal Penal de Roma comenzó en febrero de 2015 las sesiones del juicio oral por distintos hechos cometidos por los tres altos cargos que fueron condenados en Francia, así como contra otros 18 miembros de las juntas militares y servicios de seguridad de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay. Aunque los procesados no se encuentran presentes, en este momento continúan las sesiones en el tribunal de Roma ya que en Italia el ordenamiento jurídico permite el juicio en ausencia.

Anexo: Auto disponiendo la prisión provisional de Pinochet por delitos de genocidio y terrorismo, y dictando orden de captura internacional, 16/10/1998

SUMARIO 19/97-L

TERRORISMO Y GENOCIDIO

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO

AUDIENCIA NACIONAL ESPAÑOLA

AUTO

En Madrid, a dieciséis de Octubre de mil novecientos noventa y ocho.

HECHOS ÚNICO. De lo actuado se desprende que en Chile, desde septiembre de 1973, y al Igual que en la República Argentina a partir de 1976, se producen toda una serle de acontecimientos y actividades delictivas cometidas bajo el manto de la más feroz represión ideológica contra los ciudadanos y residentes de estos países. Para el desarrollo de las mismas se siguen planes y consignas preestablecidas desde las estructuras de Poder, que tienen como fin la eliminación física, la desaparición, secuestro, previa la práctica generalizada de torturas de miles de personas, tal como se relata en el “Informe Rettig”.En el ámbito internacional se constata una coordinación que recibirá el nombre de “Operativo Cóndor”, en el que intervendrán diferentes países, entre ellos Chile y Argentina, y que tiene por objeto coordinar la acción represiva entre ellos.

En este sentido, Augusto Pinochet Ugarte, a la sazón Jefe de las Fuerzas Armadas y del Estado chileno, desarrolla actividades delictivas en coordinación con las autoridades militares de Argentina entre los años 1976-1983 (período al que se extiende la investigación en esta Causa) impartiendo órdenes para la eliminación física de personas, torturas y secuestro y desaparición de otras de Chile y de diferentes nacionalidades y en distintos países a través de las actuaciones de los Servicios Secretos (DINA) y dentro del precitado “Plan Cóndor”.

Entre estos casos se enumeran un total de setenta y nueve supuestos y, en concreto, sin perjuicio de ampliar los hechos, el secuestro en Chile de Edgardo Enríquez Espinosa el 10 de abril de 1976. Desde este país es trasladado hasta los campos de concentración de “El Olimpo”, “Campo de Mayo” y “Escuela Mecánica de la Armada” (ESMA) en Argentina, sin que posteriormente se hayan vuelto a tener noticias del mismo.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. Los hechos descritos, y sucintamente enumerados en esta Resolución y que se enmarcan en el contexto más general que se ampliará en resoluciones posteriores, podrían ser constitutivos de un presunto delito de genocidio del artículo 607 del Código Penal vigente en relación con el artículo 137 bis del Código Penal en vigor en 1976, del que se hallaba en vigor en 1976, y de un delito de terrorismo de los artículos 515, 571 y 577 del Código Penal vigente en relación con el artículo 260 y siguientes del Código Penal en vigor en 1976.

Tal como consta acreditado, se crea una organización armada, aprovechando la estructura militar y la usurpación del poder para, con impunidad, institucionalizar un régimen terrorista que subvirtió en sí mismo el orden constitucional para desarrollar con eficacia el plan de desaparición y eliminación sistemática de miembros de grupos nacionales, imponiéndoles desplazamientos forzosos, secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones, aprovechando la ayuda y coordinación con otros países, en particular Argentina.

SEGUNDO. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la jurisdicción española es competente para tramitar el Procedimiento, tal como está establecido en los Autos de 28 de junio de 1996, 25 de marzo y 11 de mayo de 1998 y en el de 16 de octubre de 1998, de admisión de querella. Por ello, y en atención a la gravedad de los hechos que se imputan y la situación del querellado, que se encuentra fuera del alcance de la jurisdicción española, procede acordar la prisión provisional incondicional de AUGUSTO PINOCHET UGARTE, al amparo de lo dispuesto en los artículos 503, 504 y 539 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación a los preceptos penales citados.

Por lo expuesto, y vistos los artículos citados y demás de general aplicación.

DISPONGO Decretar la prisión provisional incondicional de AUGUSTO PINOCHET UGARTE por los delitos de genocidio y terrorismo, librando órdenes de búsqueda y captura internacionales con fines de extradición.

Librar urgentemente la orden internacional de detención a las autoridades judiciales británicas para su ejecución.

Así lo manda y firma el Iltmo. Sr. D. Baltasar Garzón Real, Magistrado-Juez el Juzgado Central de Instrucción Número Cinco de la Audiencia Nacional, doy fe

DILIGENCIA; seguidamente se cumple lo acordado, Doy fe.

EPÍLOGO

Cóndor y el largo
camino de la verdad

STELLA CALLONI

El Informe presentado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) a 40 años de la institucionalización de la Operación Cóndor, es el comienzo de un proyecto de largo alcance que permitirá profundizar la investigación sobre las causas y las consecuencias de una típica acción contrainsurgente de las decenas que sucedieron en nuestro continente.

Es solo el inicio de un proceso superador para tratar de aportar la mayor cantidad de información posible a los familiares de las víctimas y a la justicia, por una parte, y por la otra para recorrer los itinerarios y laberintos del Cóndor e intentar acceder a la mayor cantidad de documentación, lo que en muchos casos ha permitido encontrar datos sobre otras operaciones que se escenificaron en el continente y sobre las dictaduras que las impusieron.

Hemos vivido siglos bajo la espada del colonialismo, la dominación neocolonial, el terror y la injusticia cotidiana, y en la búsqueda de la verdad histórica logramos desentrañar aspectos ocultos, negados y sepultados bajo espejos invertidos.

El mayor impulso es el coraje inigualable del amor y la buena obsesión por la verdad y la justicia de los familiares de las miles de víctimas de las dictaduras que se impusieron a lo largo del siglo XX en nuestros países —y también de democracias falsificadas a las que tan justamente llamó el entrañable escritor uruguayo Eduardo Galeano “democraduras”— que hizo posible desenterrar los espejos invertidos y resquebrajar los muros de la impunidad. También lo hicieron organismos de derechos humanos, abogados, investigadores, periodistas, maestros, religiosos, trabajadores, personas solidarias, muchos de los cuales se perdieron en “la noche y la niebla” de las desapariciones forzadas.

Hay un núcleo de hierro conformado por una legión que avanza con la sola armadura que dan los amores y las responsabilidades humanas de unos por los otros. Lo que une en ese maravilloso andar despejando telarañas, mentiras, buscando identidades en estas tierras nuestras es no solo llegar a los rescoldos de la verdad, sino que esto permanezca intangible para hacer posible ese Nunca más para hoy, para ahora, y para el futuro de la humanidad, que clama como nunca por su derecho a vivir como tal.

Este informe recoge buena parte de las investigaciones realizadas en nuestra América y también en Estados Unidos y Europa. Se tomaron algunos casos emblemáticos solo para establecer la dimensión perversa de un accionar detrás del cual existen oscuros intereses de dominación y control de naciones, que ya en el siglo XXI necesitan su definitiva independencia. Colaboraron importantes estudiosos e investigadores de Cóndor en nuestros países y otros lugares del mundo.

Como los archivos de Paraguay, se sabe que existen otros en los sótanos simbólicos —y no tanto de poderes fácticos—, ocultos no solo por los responsables directos de estos crímenes de lesa humanidad, sino sus encubridores, que están aún sentados en cómodos sillones sin advertir que la estructura que tanto les sirvió comienza a deshacerse.

Se trata de “globalizar” la justicia y la verdad, el derecho a la vida, sin impunidades cómplices, para un mundo nuevo que sabemos es posible.

El ejemplo de las Madres de Plaza de Mayo caminando en una ronda frente a los dictadores sin saber que cada paso que daban semana tras semana horadaba las bases dictatoriales, con pañuelos-palomas que volaron hacia el mundo, debe ser y es la inspiración de todo lo que hagamos: un símbolo que ha dejado de ser tal para ser una realidad en tiempos de regresos de fantasmas coloniales tardíos.

A medida que la verdad avanza, también desnuda las hipocresías de sistemas que ya no pueden ocultar sus verdaderas miserias ante una humanidad que esperaba vivir un siglo de paz, y está despertando a una realidad en la que los poderosos ya han perdido toda capacidad de mimetizarse y se muestran con sus rostros verdaderos, intentando imponer un terrorismo de Estado mundial, una gobernanza global.

Con este Informe el CIPDH comienza un camino necesario para llegar a fondo en las verdaderas causas de todos estos sucesos, en momentos de grandes avances en América Latina y especialmente en nuestros países, donde se ha iniciado un proceso para lograr una democratización verdadera, que incluye una renovada justicia y la recuperación de derechos perdidos, como el derecho a la información, a la verdad y a desterrar para siempre las impunidades sobre las que ha crecido un mundo injusto e inhumano.

Se trata de un Informe pensado para todos, no academicista, que trata de bucear en lo profundo de las causas —las razones de la sin razón con las que nos impusieron una Doctrina de Seguridad Nacional, ajena a nuestras necesidades de defensa común, y un esquema de contrainsurgencia—. Es necesario definir lo uno y lo otro en sus términos más sencillos y directos, y en el mejor lenguaje de la verdadera comunicación, tan depreciada en estos tiempos.

Pagamos un precio muy alto, un genocidio en el siglo XX si contamos las víctimas no solo de las dictaduras sino del saqueo, que arrojó a millones de latinoamericanos a los arrabales de la miseria inhumana.

No es Cóndor la operación que, como tal, dejó más víctimas en nuestra América, pero si es la concepción más acabada de lo que puede resultar un acuerdo de estas características supranacionales para dinamizar el terrorismo de Estado que se nos impuso simultáneamente a los países del Cono Sur, con sus extensiones a otras naciones y la aplicación de ese mismo esquema bajo otros nombres en Centroamérica en los años 1979-1980.

Es importante entender en su verdadera dimensión el precio que pagaron nuestros países y nuestros pueblos, convertidos en el “enemigo interno” de un proyecto que no era nuestro, en el que no teníamos ninguna posibilidad de defensa.

Si se instaló este esquema de dictaduras de la seguridad nacional simultáneamente, y si se sembraron dictaduras en toda América Latina en el siglo XX, es porque había resistencia, crecían las movilizaciones populares en todos los países del Cono sur con una intensidad asombrosa en función de un proyecto liberador, sin olvidar la historia aún no contada en su conjunto de la solidaridad en toda América Latina. Con la presentación de este Informe inicial se intenta comenzar un proceso de respuestas ante lo sucedido, algo que aún no tenemos resuelto en la dimensión en que se necesita. Los juicios contra los responsables están en desarrollo y permiten acceder, además, a testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas de esta operación, que funcionó dentro del esquema general de las dictaduras como una red secreta.

No se trata de enseñar nada, sino de aprender y aprehender colectivamente sobre sucesos que implican a millones de seres humanos en nuestro continente y en el mundo. En los anexos figura un listado que abarca a las víctimas ya registradas oficialmente, aunque las investigaciones sobre estos casos están ya en otra lista procesada en el CIPDH.

Lograr desentrañar la Operación Cóndor no solo importa para nuestro continente. Es una ventana abierta para otros pueblos del mundo. Para llegar a Cóndor, otros países han sufrido devastaciones y genocidios como muestran los antecedentes externos y locales de esta operación. Se está comenzando a recorrer un camino y tomando un compromiso de constante difusión de las investigaciones de la CIPDH y de otros equipos, y con esto acompañando el proceso colectivo ya iniciado —como vemos en los organismos de integración continental—, para que los vuelos del Cóndor no regresen a nuestro continente. Para que la verdad destierre todos los miedos que subsisten.

De acuerdo a los lineamientos del CIPDH, este es y será un proceso colectivo, abarcador, abierto y generoso en sus alcances, y liberador si entendemos que la verdad libera.

ANEXOS DOCUMENTALES

1. Línea de tiempo de la Operación Cóndor y sus antecedentes

2. Listado de víctimas de la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur (1974-1981)

Esta coordinación de las fuerzas de represión se formalizó en noviembre 1975 con el nombre Cóndor.

El listado empieza a partir de septiembre de 1974 ya que los mecanismos de coordinación entre los servicios de represión serán los mismos que utilizó la Operación Cóndor después de noviembre de 1975. Además, varias personas presas antes de la formalización de Cóndor seguirán detenidas durante años en manos de esta estructura transnacional. La fecha de inicio del listado se eligió por el simbolismo que representó el atentado contra Carlos Prats en Buenos Aires y por las características de la participación de por lo menos tres países en esa acción.

Se han tomado los datos ya comprobados oficialmente en los informes oficiales[1] y de los juicios que se vienen desarrollando en los países del Cono Sur. Existen otros extensos listados que están bajo investigación sobre las víctimas específicamente de la Operación Cóndor. El CIPDH irá aportando estas listas a medida que se vayan confirmando los datos.

2.1. Las 377 víctimas de la coordinación represiva (1974-1981)

3. Abreviaturas de los centros de detención

4. Abreviaturas de los partidos o movimientos políticos, movimientos sindicales y movimientos estudiantiles

5. Mapa de los casos registrados[2] en el Cono Sur: detenciones, desapariciones, asesinatos, intentos de asesinatos y robos de niños

6. Listado de los centros de detención más representativos

Los detenidos desaparecidos de la Operación Cóndor pasaron por algunos de los cientos de centros clandestinos de detención que ya funcionaban en el marco de la represión de las dictaduras del Cono Sur. Este listado solo recopila los centros que tuvieron un accionar sistematizado en el marco de la Operación Cóndor.

7. Testimonios de las víctimas

7.1. Testimonio de Federico Tatter sobre el secuestro y desaparición de su padre, Federico Jorge Tatter Morínigo

El 15 de octubre de 1976, a las 18 hs, irrumpió un grupo de tarea a nuestra casa y el taller que teníamos en la calle Urquiza 133 del barrio de Once. Vivíamos con mi madre Idalina Radice en lo que era el segundo exilio de la familia. Mis dos hermanas mayores estaban en Paraguay. Tenía entonces yo 17 años y me encontraba a unos metros de la casa y pude ver desde afuera el operativo. Vi cuando dos personas armadas salieron de la casa con papeles y documentos. Y luego cuando mi padre era llevado, escoltado por más de cinco hombres armados a bordo de dos vehículos Peugeot 504 de color claro.

Mi madre quedó secuestrada en la casa durante —por lo menos— tres días. Aproximadamente a las 19 horas yo logré ingresar a la casa y taller, haciéndome pasar por un cliente y pedí por una radio a reparar. Al ingresar al taller, pude divisar que tras anaqueles, en la penumbra, asomaban cuerpos y posibles armas. Mi madre se mantuvo tranquila y me dijo que no estaba aún el pedido y que volviera al otro día.

Desde allí me fui a casa de un familiar y luego, por cinco meses, a la ciudad de Asunción para avisar a familiares y hermanas.

Después del tercer día de secuestro, mi madre Idalina Radice, comenzó a realizar gestiones antes diversas instituciones policiales, militares, de seguridad, religiosas y políticas, sin obtener nunca una respuesta oficial.

Ese mismo día 15 de octubre, en horas de la mañana había sido secuestrado un buen amigo de la familia, también exiliado, Ricardo Barreto Dávalos. Todos los recursos de habeas corpus presentados por Idalina Radice de Tatter fueron rechazados. Incluso recurrió a la embajada paraguaya y a la embajada alemana, debido a la ascendencia de su esposo.

A mediados de 1977, a pedido de la embajada alemana, el gobierno argentino nombró a un oficial de enlace para dar respuesta a los más de 60 secuestrados alemanes o de ascendencia alemana. El enlace oficial se presentó con el nombre de Capitán Peña, quien resultaría ser el Mayor de Inteligencia Carlos Antonio Españadero y habría usado también el seudónimo de Mayor Payrano. Este enlace, en reuniones oficiales en la embajada alemana en Buenos Aires, dijo a mi madre que había visto a Federico Jorge detenido y en una zona cercana a Ezeiza, en una unidad a la que este oficial pertenecía. Incluso dio detalles de su fisonomía, de su estado de salud, y del estado de sus anteojos. Prometió dar más datos. Mi madre Idalina pidió verlo y exigió más datos sobre su estado. Esto último sin respuesta positiva por parte de Españadero, lo que produjo un distanciamiento de mi madre. La última respuesta que Españadero dio a Idalina fue que había perdido de vista a Federico Jorge, que en su unidad no habrían encontrado motivos para retenerlo, pero que posiblemente otra unidad habría pedido por él. La respuesta de Idalina, si no lo liberaban, no validaría ninguna reunión más en la embajada, y que las gestiones de Españadero ante la embajada alemana, no habían servido para lograr una sola liberación.

Españadero siguió yendo a la embajada alemana, hasta por lo menos el año 1980. La propia embajada alemana no profundizó gestiones en la búsqueda de Federico Tatter. Mucho menos la embajada paraguaya en Argentina, que se limitó a deslindar responsabilidad en tanto Tatter no residía en el Paraguay desde 1963 y era un conocido dirigente comunista.

Luego, en diciembre de 1992, en Lambaré, Paraguay, se hallaron trozos de lo que habría sido el archivo de la policía de investigaciones, la policía política de régimen stronista, y fue posible analizar mejor la relación represiva ilegal de las dictaduras, así como los antecedentes de lo que sería la llamada Operación Cóndor. El ordenamiento de dichos archivos llevó varios años, y tuvo diversos criterios y etapas.

Ante una solicitud de habeas data, fue posible obtener parte de los documentos y fotos acerca de las diversas detenciones arbitrarias de Federico Tatter Morínigo, los diversos seguimientos a toda su familia y a todas las personas que pudieron haber tomado contacto con él en la Argentina durante su exilio a lo largo de los años. Varios detenidos políticos fueron interrogados acerca de su relación con mi padre. También, en una primera búsqueda a cargo de los custodios del llamado Archivo del Terror, fue posible hallar un par de fotos originales que habían sido sacadas a otras fotos, y que no correspondían a los formatos utilizados por la policía política paraguaya.

En esas fotos Federico, mi padre, tenía la edad aproximada y la vestimenta cercana al día del secuestro, 15 de octubre de 1976, hecho que en una primera instancia hizo pensar a toda la familia que esas fotos habían sido sacadas en cautiverio en fecha posterior a octubre de 1976.

Pero fue necesaria una segunda búsqueda en serie a un cúmulo mayor de fotos de otros detenidos para constatar que las fotos de FedericoTatter, encontradas en el Archivo del Terror, correspondían en efecto, a la última detención sufrida por él en Coordinación Federal Argentina, en junio de 1972, junto a decenas de paraguayos exiliados. Las fotos están en la Caja N.º 1, páginas 42 a 53, del Archivo del Terror, y fueron aportadas a la Causa 1504 llamada Causa Cóndor. Hasta la fecha, 2015, no ha sido posible localizar los restos de mi padre Federico Jorge Tatter Morínigo así como tampoco ha sido posible establecer el circuito represivo por él sufrido. Siguen abiertas las hipótesis de que pudo haber transitado por un CCD conocido como Cuatrerismo, cerca del Puente 12 del Camino de Cintura, y habría testimonios de que pudo haber sido visto en el CCD El Olimpo, de la capital argentina.

7.2. Testimonio de Rosario Evangelina Quiroga[3][4]

… En octubre de 1977 decido radicarme en Uruguay, después de un año de vivir en pensiones y hoteles, lejos de mis hijas, para poder sortear la persecución. Al radicarme en Uruguay, me encuentro con Oscar De Gregorio, miembro importante del Peronismo Montonero, que es secuestrado por fuerzas uruguayas el 16 de noviembre de 1977 en el puerto de Colonia al hacer Migraciones para ingresar al país (…) El día 15 de Diciembre de 1977 fui secuestrada en el balneario de Lagomar, Canelones, Uruguay, en la ruta interbalnearia junto a Rolando Pisarello, por Fuerzas Conjuntas Uruguayas, aproximadamente a las 8:30 de la mañana. Veníamos caminando desde mi casa, donde habían quedado mis tres hijas, María del Huerto Milesi de Pisarello, la hija de ella María Laura, Susana de Barri y su hijita Alejandra. (…)

Yo había decidido no hablar, no decir una palabra, lo cual provocó mucha indignación en mis secuestradores quienes me golpearon salvajemente varias veces (…) La otra tortura era la presión con mis hijas de las cuales me traían pertenencias como un zapatito, un suéter o un vestidito, y me decían indistintamente que las torturarían en mi presencia, las harían presenciar mi tortura para enloquecerlas (…) En la habitación había unos 15 hombres entre uruguayos y argentinos. Los argentinos se presentan me dicen que me van a trasladar a Argentina en ese mismo momento. Luego supe que se trataba de miembros del G. T. 3.3.2. que nos fueron a buscar a Uruguay (…) En Buenos Aires supongo que aterrizamos en Aeroparque por el tiempo transcurrido entre la salida del aeropuerto y la llegada a la ESMA. Me llevan a mí en un automóvil y a mis hijas en otro a lo que me enteraría después era la ESMA (…) El 17 de Diciembre de 1977, en la ESMA, para mi gran sorpresa me encontré con Oscar De Gregorio o lo que de él quedaba, puesto que era la quinta parte de la persona que había visto hasta el 16 de Noviembre de 1977. Supe por él mismo, que luego de varios días de tortura en manos de las Fuerzas Conjuntas Uruguayas, que consistió en golpes, “submarino” y “picaña” aplicados sin piedad y en forma constante, trató de fugarse y fue herido, gravemente herido en el abdomen por un oficial uruguayo y que a pedido del Tte. de Navio Pernía “Trueno”, miembro del G. T.3.3.2. de la ESMA, fue sometido a una delicada operación para salvarle la vida y de esa forma tratar de arrancarle la información que querían. (…) Luego de haberse recuperado un poco fue trasladado en avión a Buenos Aires al interior del Casino de Oficiales de la ESMA. Un mes después es cuando yo lo veo y recién el día anterior había podido dar unos pasos. Inmediatamente comprendemos que mi rápido traslado a Argentina se debe a que yo soy una excelente presión para Óscar De Gregorio. Al no poder tocarlo (por su estado) lo amenazaban con torturarme a mí si ambos no colaborábamos en brindar la información que requerían (…) El lunes 24 de Abril de 1978 fue llevado al Hospital Naval con el temor en los ojos a no regresar, pero lo trajeron poco después de mediodía. La farsa debía continuar. Lo pusieron en la enfermería que no reunía las más mínimas condiciones de higiene y mucho menos de asepsia. Esa misma noche presentó una crisis profunda por lo que decidieron llevarlo nuevamente al Hospital Naval. En este viaje me hicieron acompañarlo. Se había presentado una infección, estaba muy débil, por lo que ordenaron una transfusión. Al regresar a la ESMA, el mismo médico que había manifestado que no había problemas, vino a darme explicaciones, a “lavarse las manos” (…) El martes 25 de Abril, experimentó una leve mejoría, volvió en sí por primera vez, me reconoció y pidió que rogara a Dios porque él ya no aguantaba un sufrimiento más. Se durmió tranquilo. Salí de la enfermería un momento para ir al baño y pude ver que entraba el enfermero de guardia, (me llamó la atención porque no era hora de aplicar inyecciones). No debo haber demorado 10 minutos en regresar, el enfermero ya no estaba y Óscar presentaba un cuadro de asfixia propio de los paros cardiacos. Pedí ayuda a gritos, por supuesto cuando alguien llegó a ayudar ya era demasiado tarde, además ni oxígeno había en esa enfermería. Óscar De Gregorio había dejado de existir con un plan orquestado: no debían quitarnos a los demás las expectativas de vida…

7.3. Testimonio de Enrique Rodríguez Larreta Piera[5][6]

En fecha 1.º de Julio de 1976 fui informado por mi nuera, Raquel Nogueira Paullier, de la desaparición de mi hijo Enrique Rodríguez Larreta Martínez, uruguayo, casado, de 26 años de edad, padre de un niño de 5 años, de profesión periodista y con residencia legal en la República Argentina desde el año 1973. De inmediato nos pusimos en contacto con un abogado y con su asesoramiento presentamos un recurso de habeas corpus (…) Varios días después se me informó que el recurso se archivaría ya que las autoridades habían informado que no se registraba pedido de captura contra mi hijo y que tampoco se encontraba detenido. En la noche del 13 al 14 de Julio una banda de entre 8 y 12 personas armadas, luego de penetrar en el edificio de departamentos en que se domiciliaban mi hijo y mi nuera, derribaron la puerta del departamento e irrumpieron en él sin exhibir ninguna orden de allanamiento (…) mi nuera y yo fuimos sacados de la casa y se nos introdujo en una camioneta cerrada. El vehículo en que viajamos se dirigió a otra casa; luego de estacionar unos minutos se introdujo junto a nosotros a una pareja, tras de lo cual se nos condujo a un local para entrar al cual fue necesario levantar una ruidosa cortina metálica de enrollar. Pude advertir de inmediato que en ese local se hallaba un número elevado de personas en las mismas condiciones que yo. Entre ellos identifico a mi hijo por su voz y porque habían utilizado para encapucharme una bolsa de azúcar de trama no muy cerrada, lo que me permitía ver las siluetas. Posteriormente, un guardia apercibe de que puedo distinguir algo, por lo que me da una golpiza y me venda los ojos fuertemente con un trapo. Pude reconocer también entre las personas que se hallaban allí a Margarita Michelini —hija de mi amigo el Senador Zelmar Michelini, asesinado poco tiempo antes— y León Duarte, dirigente obrero uruguayo de relevante actuación en el movimiento sindical de mi país. Mientras se me tortura me formulan preguntas sobre las actividades políticas de mi hijo y sobre mi participación en el Partido por la Victoria del Pueblo al que, según ellos, pertenecía mi hijo. Es en este cuarto donde puedo ver, en un momento en que por la copiosa transpiración se corre algo la venda, que en la pared hay colgado un retrato de Adolfo Hitler de regular tamaño. Luego de sufrir ese tratamiento se me reintegró a la planta baja y permanecí allí hasta el día en que fui trasladado al Uruguay. Reconozco claramente la voz de Gerardo Gatti Antuña a quien conozco desde hace mucho tiempo como dirigente sindical de los obreros gráficos del Uruguay. Por comentarios de otro de los secuestrados —en momentos de descuido de los guardias podemos cambiar algunas palabras en voz baja—, me entero que otra de las voces escuchadas en la planta baja es la de Plugo Méndez, otro sindicalista uruguayo que había sido secuestrado en Buenos Aires en el mes de Junio. Con el paso de los días puedo darme cuenta —por el contenido de las conversaciones y los modismos que emplean— que la gran mayoría de los que participaron en el operativo de secuestro y todos quienes nos custodian son argentinos. Algunos militares uruguayos pertenecían a un grupo llamado OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas) integrado por militares y policías uruguayos que se distinguen en el trato entre ellos, con el nombre de “Oscar” seguido de un número ordinal. El día 26 de Julio se nos dijo que nos preparáramos para ser trasladados. Ya lo habían dicho tres días antes pero en esa oportunidad, según comentarios de la guardia, el avión en el que debíamos viajar no llegó por la fuerte tormenta de ese día, por lo que se postergó la operación. Se nos colocó tela adhesiva en los ojos y en la boca… Nos hicieron subir a la caja de un camión y sentarnos en el piso… Finalmente partimos de la casa en la que habíamos permanecido secuestrados. En ese momento quedaron en ella Gerardo Gatti, León Duarte y Hugo Méndez sobre cuyo destino nunca más supe nada. El camión en que se nos trasladaba iba fuertemente custodiado a juzgar por el ruido de numerosas motos y automóviles a nuestro alrededor, que hacían sonar sirenas en los cruces para interrumpir el tránsito. Nos condujeron a la Base Militar contigua al Aeroparque de la ciudad de Buenos Aires. Pude darme cuenta de ello al descender, ya que con la transpiración producida por el encierro y la llovizna que estaba cayendo en esos momentos la tela adhesiva se había desprendido algo, dejando cierta visibilidad. Una vez descendidos del camión se nos hizo subir a un avión “Fairchild” de los que utiliza la Fuerza Aérea Uruguaya y están afectados a los servicios TAMU (Transporte Aéreo Militar Uruguayo) y PLUNA (Línea Nacional de Aeronavegación). (…) Al aterrizar y descender pude advertir que estábamos en la Base Aérea Militar N.º 1, contigua al Aeropuerto Nacional de Carrasco, en las afueras de Montevideo. La noche del día 14 de Agosto se nos sacó presurosamente del lugar en el que fuimos alojados. Realizamos un viaje de entre 20 y 30 minutos hasta nuestro nuevo destino…

El día 22 de Diciembre se me deja en libertad conduciéndoseme hasta mi domicilio. La casa donde fui secuestrado es propiedad de mi nuera Raquel Nogueira Paullier. Cuando ya liberado viajé a Buenos Aires visité a la misma, la cual había sido saqueada. Posteriormente se me informó que luego del secuestro fue clausurada con una faja que rezaba “Ejército Argentino”. El portero fue testigo presencial de los hechos ocurridos. Reitero que el inmueble es el sito en la calle Víctor Martínez 1480 de la Capital Federal. Cuando decidí salir del Uruguay para dar testimonio de estos hechos, viajé a la ciudad de Buenos Aires. Allí en contacto con integrantes de la colonia uruguaya de refugiados, pude enterarme que mi descripción coincidía con la que había hecho un matrimonio argentino que tiempo antes había logrado fugar de la casa en que se lo retenía ilegalmente y que ubicaron en la calle Venancio Hores esquina Emilio Lamarca. Concurrí al lugar y efectivamente es donde estuvimos detenidos. Es un antiguo taller que tiene en su frente un cartel que dice “Automotores Orletti”. Al ser liberado supe que en el mes de Setiembre de 1976 se había denunciado la desaparición de varias decenas de refugiados uruguayos en Buenos Aires, incluyendo tres niños de corta edad secuestrados junto a sus padres. Todo lo dicho implica una clara denuncia de intervención en un país extranjero a la vez que una violación de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el refugiado político.

7.4. Testimonio de Javier Diez Canseco[7][8]

Mi nombre es Javier de Canseco, tengo 54 años, he militado toda mi vida en la izquierda. He sido el primer Presidente de izquierda de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Lima en el año 70, el mismo año que fui separado de la Universidad por el primer paro de trabajadores y estudiantes en la Universidad a tres días de acabar mi licenciatura que no termine. Luego he sido Secretario general de Vanguardia Revolucionaria. (…) He sido Secretario general de Partido Unificado Mariateguista. Ahora soy parte de un proyecto que es un reagrupamiento de izquierda y centro izquierda que se denomina Partido Democrático Descentralista. Entre 1979 y 1995, he sido parte de lo que fue Izquierda Unidad; en representación de mi agrupación, he sido parte de la agrupación de la Dirección de Izquierda Unidad estando en el Congreso electo 6 veces (…). Postulé en 1995, con Fujimori en el Gobierno (…), ya esta vez congresista porque era Cámara única (…). Postulé en el año 2001 por Unión por el Perú como invitado (…) y actualmente estoy en el Congreso representando a la Ciudad de Lima.

[Después del paro general del 19 de Julio de 1977, la dictadura del general Francisco Morales Bermúdez se vio forzado en convocar a elecciones para una Asamblea Constitucional]

Vino el paro del 22 y 23 de Mayo del año 1978 que fue un paro más fuerte que el del 19 de Julio del año anterior y a pocos días de las elecciones para la Constituyente, circunstancia en la cual se produjo una represión nacional grande buscando capturar a los dirigentes particularmente de la oposición de izquierda y progresista entre los cuales, 9 fuimos detenidos y enviados a Jujuy al regimiento de montaña N.º 20. Nosotros llegamos en un avión militar, un Antonov, y aterrizó en el aeropuerto de Jujuy el día 25 de Mayo de 1978. Me acuerdo perfectamente porque cuando bajamos, el oficial que nos recibió (…) nos dijo: “hoy es el día nacional de la Argentina y Ustedes están aquí a cargo del Gobierno Argentino que está hoy ocupado en las cosas del Día Nacional; cuando decidamos qué hacer con Ustedes los comunicara y mientras tanto no hay ni preguntas ni respuestas”. Y nos subieron a unos camiones. Llevamos delante un camión con soldados, detrás un camión con soldados y delante de los camiones iban 2 camionetas, en una de ellas iba con 2 oficiales de la Marina [peruana] que habían sido deportados junto con nosotros aquí y, que increíblemente pero cierto, esperaban que los fueran a recibir Massera al aeropuerto y los invitaran al Mundial [de fútbol de 1978 en Argentina], en una lectura realmente increíble de lo que estábamos viviendo mientras los civiles estábamos discutiendo si salíamos vivos o no (…) Terminamos presos en un cuartel, lo que relevaba una relación muy fluida entre los mandos de los ejércitos. Y la relación posterior que estuvimos con autoridades argentinas también reveló el nivel de la relación porque la primera autoridad que trató con nosotros propiamente sobre nuestra situación fue un Vice Ministro de Relaciones Exteriores que fue hasta Jujuy anunciarnos que el Gobierno Argentino había acordado darnos asilo a todos los civiles en Jujuy. Nosotros rechazamos el asilo. Resolvieron traernos a Buenos Aires.

En Buenos Aires, llegamos en el aeropuerto que está aquí en plena ciudad (…). Aparecimos al rato en un edificio y después de haber salido identificamos como Coordinación Federal (…) Nos colocaron, no me acuerdo si en el tercero o quinto piso que era un piso llena de celdas de aislamiento con pasillos a los que se comunicaban estas celdas pero a su vez aislaban pasillo de otro. Y estuvimos ahí detenidos en una celda de aislamiento de 2,10 metros por 1,20 metro, eran muy estrechas, celdas que tenían un camastro muy a ras del piso con una colchoneta sin ningún tipo de cobertor y con la luz empotrada en el techo a un nivel muy alto inaccesible con una puerta, [y con una] plancha metálica que impedía ver hacía afuera. La luz estaba prendida todo el día y toda la noche y como nos quitaron] relojes, pasadores no podíamos tener nada para leer, escribir al principio. Uno perdía la noción del tiempo porque nos alimentaban una vez al día y esto era absolutamente arbitrario, podía ser a la mañana, a la tarde, podía ser a la noche. [Una comida] francamente desagradable. Los que tenían algún plato, tuvieron traído de la cárcel de Lima comían en plato, los otros comían en un periódico o comiendo en la mano y era el único momento en lo que nos veíamos al inicio (…) Estábamos exactamente con la misma ropa (…) y habíamos además encajado la situación de otro preso aparentemente brasileño que gritaba a la distancia aparentemente había perdido la razón (…) Nunca tuvimos claro quién era. Varias semanas después de estar ahí de pronto nos sacaron y nos llevaron (…) a una suerte de dirección de Migraciones o de Extranjería y nos colocaron en una oficina a los que estábamos ahí y estaba otra vez este Vice Ministro acompañado en esta ocasión de un oficial o representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidades para los Refugiados que nos traía cartas de familiares de Lima. Este personaje del Ministerio de Relaciones Exteriores (…) nos dijo: “Señores, Ustedes son huéspedes de la República Argentina, Ustedes no están detenidos, lo que ocurre es que estamos en el Mundial de fútbol, los hoteles están llenos, no hay donde alojarlos” (…) Una indignación total (…) Una burla absurda. El hombre nos dijo: “Ustedes tienen acceso al teléfono en cuanto esta reunión acaba”. [Respondimos] “¡No! Queremos todo aquí con el funcionarlo de Naciones Unidas presente, nos dan el teléfono en este Instante”. Y fue ahí que comenzamos a gestionar la posibilidad de salir de la Argentina y recibimos también pasaportes peruanos por primera vez con un enorme sello que decía “Expulsado” (…[Teníamos que resolver nuestros pasajes (…) Nos llegaron pasajes a destinos diversos, algunos de nosotros terminamos en París. Salimos por el aeropuerto de Ezeiza que, si mi recuerdo no me falla, estaba en construcción (…) Estuvimos en la comisaría y ahí estaba una señora argentina (…) que había estado presa varios años; su familia quería verla y no la dejaba verla entonces ahí también se armó una discusión en la comisaría con los policías y se logro que la señora pueda despedirse de sus familiares antes que la suban al avión. (…) Tuvimos este contacto con ella (…) hasta que llegó el vuelo nuestro. Nos entregaron al jefe del personal del vuelo de Air France, y le entregaron nuestros pasaportes y una carta para Migraciones Franceses entonces hubo una discusión ahí (…) con este señor reclamando de que como podía ser Air France una continuación de la cárcel argentina. Discutimos ahí si aceptábamos subir o no al avión en esa condición. Resolvimos que sería mejor la cárcel en todo caso en Francia que aquí. Este señor nos dijo (…): “Francia es un país democrático, somos solidarios con la gente que lucha por la democracia, suban, tomen asiento y en cuanto el vuelo parta y deje de tocar suelo argentino, yo les voy a devolverá Ustedes sus pasaportes”. Entonces nos sentaron, fue el único viaje que no hicimos esposados desde que nos habían echado del Perú (…) y efectivamente cuando partió el avión, vino este señor (…) con una señorita. Nos devolvieron nuestros documentos, rompió la carta (…) y dijo a la señorita: “¡Champagne para los señores!”.

Esta operación ya revelaba una relación estrecha de gobierno a gobierno. No solamente porque nos envía un avión militar peruano, nos recibió un mando militar, nos detuvieron en instalaciones militares, nos detuvieron indocumentados (…) y nunca tuvimos una presencia de la embajada peruana (…) Estuvo marcado por una situación peculiar y de suerte. El intento de traernos aquí en Argentina no era matarnos sino era retenernos, sacarnos fuera, quitarnos presencia electoral y luego tomar una decisión. Una cosa que nos ayudó es que cuando llegó el avión al aeropuerto de Jujuy, un periodista local le tomó la foto y la publicó en primera de su diario local al día siguiente (…) con la pregunta. ¿Qué hace un avión militar peruano en Jujuy? Esto fue, para mí, muy importante para acelerar el proceso.

8. Archivos de la reunión inaugural de la Operación Cóndor

8.1. Programa de la Primera Reunión de Trabajo de Inteligencia

Fuente: Archivo del Terror, Museo de la Justicia, Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, Asunción, Paraguay.

8.2. Acta de clausura de la Primera Reunión Interamericana de Inteligencia Nacional

9. El Acervo Documental Cóndor, por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del Mercosur

El proyecto del Acervo Documental Cóndor[9] (ADOC) surgió del mandato que recibió el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del Mercosur de brindar asistencia al Grupo Técnico de obtención de datos, información y relevamiento de archivos de las coordinaciones represivas del Cono Sur y en particular de la Operación Cóndor, que funciona en la órbita de la Comisión Permanente de Memoria, Verdad, y Justicia de la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos y Cancillerías del Mercosur y Estados Asociados (RAADDHH).

El ADOC tiene como objetivo general acompañar los procesos de verdad y justicia que se desarrollan en la región, a partir del relevamiento, organización, y puesta a disposición de información relativa al patrimonio archivístico que documenta las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de las coordinaciones represivas del Cono Sur. Asimismo, con esta iniciativa, se busca potenciar procesos internos, en cada país, vinculados con la identificación, ordenamiento, y publicidad de los archivos que registran el accionar represivo de los Estados de la región.

El ADOC describe brevemente el contenido de los archivos y fondos documentales relacionados con este tema en el Cono Sur. También da cuenta de las condiciones de preservación y niveles de acceso, especificando en cada caso si existen restricciones de carácter normativo o fáctico. Esta guía, que se confeccionó siguiendo los estándares internacionales para la descripción archivística, constituye un instrumento de búsqueda de documentos útiles para la investigación (judicial y administrativa), estudio e interpretación del pasado reciente.

A continuación se mostrará una serie de ejemplos seleccionados para ilustrar la variedad de recursos documentales integrados en la guía de búsqueda ADOC. Los criterios de selección respondieron a las diferentes características que constituyen una descripción archivística, tales como el valor patrimonial de los documentos, el tipo de productor, las condiciones de acceso o el estado de conservación de los documentos. Se eligió una descripción por los países siguientes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

9.1. Argentina - Fondo CAREF Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes

Área de identidad

Título: Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes

Fecha(s:): 1973-1995

Nivel de descripción: Fondo

Volumen y soporte: 434 cajas de archivo en soporte papel

Área de contexto

Nombre del productor: CAREF (1973 -)

Historia administrativa: CAREF fue creada en el año 1973 por las iglesias protestantes en Argentina y bajo mandato del Consejo Mundial de Iglesias para dar respuesta al ingreso masivo de refugiados políticos chilenos a Argentina como consecuencia del golpe militar que derrocó al presidente Salvador Allende. Desde su creación, CAREF comenzó una tarea de recepción y asistencia a los chilenos exiliados que encontraron en Argentina un primer lugar de refugio y continuó trabajando ininterrumpidamente a lo largo de todos los años que duró el gobierno militar en Argentina (1976-1983). Particularmente en este período, los coordinadores y trabajadores de CAREF debieron sortear persecuciones, allanamientos, amenazas y vigilancias que condicionaron los alcances de su ayuda pero no la limitaron completamente. En este marco, mientras una oleada significativa de argentinos, chilenos y uruguayos huían de Argentina por la escalada de violencia del régimen militar, en CAREF se mantuvieron las puertas abiertas. En este sentido, hubo otros casos de refugiados bajo el estatuto de ACNUR que se quedaron en Argentina en esos años y que requirieron de una gran atención por parte de la institución. Además de los refugiados latinoamericanos, CAREF recibió a migrantes provenientes de otras latitudes, por ejemplo, la inmigración recibida desde Laos, Camboya y Vietnam entre 1979 y 1981 que cuenta con un importante registro de expedientes en el archivo. Con la vuelta de la democracia al país, en 1983 CAREF continuó brindando asistencia a otras poblaciones de refugiados políticos de las dictaduras de la región (chilenos, paraguayos, uruguayos y bolivianos), y participó en programas de reinserción de exiliados argentinos retornados. A partir de los años noventa hasta la actualidad, se incorporó la atención de una población heterogénea de migrantes latinoamericanos, de Europa del este, asiáticos y africanos que llegaron a Argentina en búsqueda de oportunidades laborales, educativas o que llegaban al país solicitando refugio por distintos motivos. Esto significó para la institución una labor sistemática de atención y respuesta a distintas necesidades, tanto de asesoramiento para la regularización del estatus migratorio y como en el apoyo y orientación en casos de vulneración de derechos, incluyendo la falta de acceso a servicios sociales, educación y salud.

Área de contenido y estructura

Alcance y contenido: El archivo se conforma de la documentación producida por la Institución desde el momento mismo del inicio de sus actividades. Siempre permaneció en la misma localización física. En 1988 se definió por primera vez un lugar físico específico para la documentación y comenzaron a organizarse muchos de los Informes y documentos de trabajo producidos por los asistentes sociales en los años previos. El segundo esfuerzo de sistematización de los documentos se inició en el año 2009, pero no se continuó debido a ausencia de recursos, aunque se avanzó en la elaboración de un Inventarlo somero.

El fondo documental de CAREF está compuesto de dos grandes sedes:

• Documentación Institucional: reúne Información dese 1973 hasta 1990-95 (201 cajas de archivo). Entre los tipos documentales se encuentran las actas de la Institución, la correspondencia enviada y recibida entre las Iglesias con otros organismos ecuménicos y con el gobierno nacional, Informes de trabajo, rendiciones de Alcance y contenido cuentas, solicitudes de financiamiento, proyectos Institucionales y boletines y revistas de organizaciones. Mucha de esta documentación se relaciona con organismos Internacionales tales como el Consejo Mundial de Iglesias, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Comisión Católica Argentina, la Coordinadora de Acción Social, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Comité Ecuménico de Acción Social, Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), entre otros.

• La otra serie (separada físicamente de la primera) reúne 223 cajas de archivo que contienen los expedientes creados por la Institución entre 1973 y 1995. Los expedientes tienen fichas de Información básica de los migrantes y refugiados y un anexo de relatarías elaboradas por los asistentes sociales acerca de las entrevistas que tenían con los refugiados. En dichas relatarías se Indican los principales problemas por los que las personas llegaban a la Institución y las dimensiones de su vida cotidiana en la que requerían de una respuesta urgente.

Área de condiciones de acceso y uso

Condiciones de acceso: No existen condiciones materiales de acceso debido a que la documentación no está sistematizada ni existen herramientas para su consulta.

9.2. Bolivia - Fondo HBS Juicio de Responsabilidades al expresidente Gral. Hugo Banzer Suárez

Área de identidad

Título: Juicio de Responsabilidades al expresidente Gral. Hugo Banzer Suárez.

Fecha(s): 1979-1980

Nivel de descripción: Fondo

Volumen y soporte: 06 tomos

Área de contexto

Nombre del productor: Congreso Nacional de Bolivia/Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (1911 -)

Historia administrativa: El Congreso Nacional fue creado en 1826. La Vicepresidencia de la República desde 1826 fue establecida en la estructura jurídica-política de la Constitución Boliviana como parte del Estado, cumpliendo a partir de entonces funciones trascendentales tanto en el Poder Ejecutivo y Legislativo, respondiendo a las necesidades económicas, sociales y políticas del país. En 2009 el Congreso Nacional con la nueva Constitución Política del Estado, es remplazado por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La Asamblea Legislativa Plurinacional es el Poder Legislativo Nacional de Bolivia y sesiona en la ciudad de La Paz, sede del gobierno. Es bicameral, consistiendo de una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores o Senado.

El Senado tiene 36 miembros, cuatro representantes de cada Departamento. Los Senadores son elegidos de listas partidarias para un período de cinco años. La edad mínima para postular es de 30 años.

La Cámara de Diputados tiene 130 miembros: 68 diputados son elegidos por votación directa para representar un distrito electoral y los otros 62 son elegidos por representación proporcional desde las listas de cada partido en distrito único, todo el país. Los diputados también tienen un período de cinco años y deben tener como mínimo 18 años cumplidos al día de la elección.

Las dos cámaras de la Asamblea se reúnen en el Palacio Legislativo. Antes de ser el palacio legislativo, el edificio del congreso fue un convento y una universidad.

El Vicepresidente, en su calidad de Presidente de la Asamblea, cuenta con un despacho en un edificio en la Calle Mercado, en el centro de La Paz. Ese edificio de la Vicepresidencia fue construido en un inicio para ser local del Banco Central de Bolivia. Bajo el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993), el edificio se reasignó a la vicepresidencia pero la plantilla de asesores del vicepresidente no se mudó a ese local hasta 1997. En ese edificio también se encuentra la Librería de la Asamblea Legislativa y el Archivo de la Asamblea.

En el mismo edificio de la Vicepresidencia funciona la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional cumplió, el año 2011, cien años custodiando la memoria política y legislativa de Bolivia, después que un 14 de septiembre de 1911, a iniciativa del senador orureño Moisés Ascarrunz, el entonces Congreso Nacional autorizó la apertura de la biblioteca con un fondo bibliográfico de 5.000 volúmenes.

Su fondo documental se compone principalmente de colecciones oficiales de leyes, decretos, resoluciones camarales que se remontan inclusive hasta 1825.

Guarda también bibliografía sobre legislación, derecho, economía, ciencias políticas y sociología; seis mil monografías modernas; alrededor de cien títulos de libros antiguos; doscientos títulos de revistas; una hemeroteca compuesta por cerca de diez mil ejemplares de periódicos de dieciséis títulos de circulación nacional; la memoria política del Órgano Legislativo (el Fondo Senado Nacional, el Fondo Cámara de Diputados); los documentos de la Asamblea Constituyente de 2006-2007 (Fondo Asamblea Constituyente); audios de sesiones camarales y de legislatura desde 1947 hasta el año 2000 en diversos soportes, y publicaciones oficiales producidas o editadas por los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral o entidades con personería jurídica.

El Archivo y Biblioteca publicaba cada dos meses la revista Fuentes del Congreso, Revistas de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reunía un conjunto de ensayos, noticias e informes relativos a la historia, las bibliotecas, archivos, museos y libros.

La Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional cada dos meses presenta un informe de las actividades que realiza, para transparentar la gestión de los recursos y también para que se sepa las publicaciones que ingresan.

No tiene página web propia. Constan informaciones y referencias suyas en el portal de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, local en que se localiza su sede, en el subterráneo del edificio de la Vicepresidencia, en la calle Mercado, casi esquina Ayacucho, n.º 308 7056, en la ciudad de La Paz.

Área de contenido y estructura

Alcance y contenido: Tomos del juicio de responsabilidad de Hugo Banzer. En el conjunto de documentos constan informaciones relacionadas a su biografía, estudios militares realizados en la Argentina, donde también estuvo exiliado, y fue un activo participante del Plan Cóndor, la internacional represiva de las dictaduras latinoamericanas.

Dato relevante es que el juicio tuvo su interrupción con el golpe de Estado de Luís García Mesa que paró el proceso.

Área de contenido y estructura

Alcance y contenido: Potencialmente, los documentos posibilitan el estudio de las instituciones represivas, violaciones a los derechos humanos, víctimas de la represión, dictadura en Bolivia, entre otros.

Los documentos provienen de los medios de comunicación. Entregados por lo señores Raúl Garafulic Gutiérrez y Jorge Canelas Sáenz, Presidente y Director del Directorio del matutino La Razón son documentos textuales constituidos en conjuntos de expedientes.

Área de condiciones de acceso y uso

Condiciones de acceso: Su consulta es abierta al público sin restricciones. Existe una normativa institucional para consulta.

9.3. Brasil - Fondo DFANBSB, XX IE Centro de Informações do Exterior

Área de identidad

Título: Centro de Informações do Exterior

Fecha(s): 1966-1985

Nivel de descripción: Fondo

Volumen y soporte Textual(is): - sem especificação - 1,8 m lineares.

Área de contexto

Nombre del productor: Centro de Informações do Exterior – (CIEx) (1966-1985)

Historia administrativa: Integrante do Sistema Nacional de Informações (SISNI), o Centro de Informações no Exterior (CIEx) foi um órgão clandestino de segurança criado dentro do Itamaraty. Inspirado na experiência do monitoramento do exílio brasileiro no Uruguai, o embaixador do Brasil neste país, Manoel Pio Corrêa, redigiu a portaria ultrassecreta que criava o Centro de Informações do Exterior, vinculado ao Serviço Nacional de Informações (SNI) e subordinado à Secretaria Geral de Relações Exteriores, em 1966, sendo que esse sistema de informações perdurou até 1985. Funcionando com o nome de “Assessoria de Documentação de Política Exterior”, as atividades de espionagem funcionavam sob o nome de “Plano de Busca Externa”, com apoio dos agentes do SNI e dos adidos militares —geralmente vinculados aos serviços de inteligência de suas Forças—. Oficialmente, existia um centro responsável por fornecer informações estratégicas ao Itamaraty a fim de melhorar a execução política externa do país.

Área de contexto

Historia administrativa: Um dos requisitos básicos para ser um agente do CIEx era ter realizado o curso de planejamento estratégico da Escola Superior de Guerra (ESG) ou ter feito o treinamento de agente na Escola Nacional de Informações (EsNI). O próprio criador do CIEx era formado na ESG.

Esse órgão de espionagem ultrapassou o âmbito do Cone Sul, estendendo-se até a Europa, inclusive. Atuou nas embaixadas de Montevidéu, Buenos Aires, Santiago, Paris, Praga, Moscou e Lisboa (após a Revolução dos Cravos, em 1975). O grau de envolvimento com agências estrangeiras de informações foi intenso, principalmente com as do Cone Sul, havendo um amplo intercâmbio com órgãos de inteligência desses países. Constituiu-se em uma verdadeira “elite” do sistema de informação.

O CIEx teve como principal objetivo a espionagem, o controle e o monitoramento dos exilados brasileiros durante a ditadura: nos locais onde havia a maior concentração de exilados, era exatamente onde o CIEx mais agia. Desse modo, quando o Chile de Salvador Allende começou a ser o país de maior atração tanto dos exilados brasileiros que se encontravam em outros países, —como, por exemplo, no Uruguai—, assim como dos integrantes da chamada segunda geração do exílio —composta principalmente por integrantes da luta armada e do movimento estudantil—, a atuação do CIEx passou a ser mais intensa no Chile.

Para obter as informações desejadas sobre os exilados, esse centro de espionagem recorria a vários métodos: infiltração de agentes no meio dos exilados, violação de correspondência, apreensão de materiais pessoais e das organizações, rastreamento de veículos considerados suspeitos que circulavam pela fronteira, controle das atividades e dos “pombos-correios”, etc. Além disso, a contratação de informantes e, principalmente, a colaboração de forças policiais do país que abrigava os exilados era fundamental nas atividades exercidas pelo CIEx.

O CIEx não se envolvia diretamente em ações repressivas: estas ficavam a cargo do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) e dos órgãos militares. Cabia ao CIEx repassar as informações para o SNI, que depois as irradiavam para os órgãos de repressão direta. Além do CIEx, o SNI era auxiliado nas atividades de espionagem pelos serviços de inteligência das Forças Armadas: o Centro de Informações do Exército (CIE), o Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica (CISA) e o Centro de Informações da Marinha (CENIMAR). No âmbito civil, recebia ajuda na coleta de informações das diversas Divisões de Segurança e Informações (DSI) dos ministérios civis e dos DOPS. Os relatórios realizados por esses órgãos repressivos eram encaminhados ao SNI.

Os documentos do CIEx seguiam a padronização instituída pelo SNI, que determinava um modelo geral para a elaboração e classificação de documentos. Os informes eram avaliados pelo grau de confiabilidade das informações que continham, recebendo uma sigla correspondente: nesse sistema, “A1” indicava, para os padrões do SNI, fontes cem por cento seguras; enquanto que a avaliação C3 correspondia a fontes bem menos confiáveis (as avaliações eram A1, A2, A3; B1, B2, B3; C1, C2, C3).

Também era função do CIEx, além das já mencionadas, a produção de informações sobre áreas peculiares relacionadas ao Ministério das Relações Exteriores, como assuntos ligados à segurança nacional, subversão, terrorismo, corrupção, imagem do Brasil no exterior e contrainformação.

Ao longo de sua existência, o CIEx cumpriu diferentes funções e objetivos. Se, inicialmente, o maior volume de informes fazia referência à atuação dos exilados brasileiros, com o advento da distensão política e da Anistia, ocorreu um redirecionamento das atividades do CIEx, que passaram a refletir novas preocupações. Assim, mesmo que o CIEx continuasse mantendo a vigilância sobre atividades consideradas subversivas, o destaque passou para as análises de conjuntura internacional, análises de processos políticos de países que mais interessavam ao Brasil, temas como Direitos Humanos, atuação dos Estados Unidos na América Latina, e outros, distintos das atividades relacionadas à repressão. Outro aspecto relativo à documentação do CIEx é o de ela apontar que, bem antes de iniciativas conjuntas dos sistemas de informações dos países do Cone Sul terem sido implementadas —como a Operação Condor—, o Brasil já atuava no plano externo com grande desenvoltura.

Área de contenido y estructura

Alcance y contenido: Atividades de cidadãos brasileiros no exterior, acompanhamento de emissão de passaportes, vistos, naturalização e análise de conjuntura. Arquivo Permanente. O acervo está 100% identificado e organizado. Os procedimentos técnicos de organização arquivística encontram-se normalizados, e seguem as normas ISAD-G. O acervo conta com uma listagem e uma base de dados como instrumentos de pesquisa. A base de dados não está disponível via online.

Área de condiciones de acceso y uso

Condiciones de acceso: Edital N.º 1, de 17/05/2012. Arquivo Nacional (Brasil). Eventual requerimento de restrição de acesso aos documentos sobre uma determinda pessoa.

O decreto 7724 de 16/05/2012. Regulamenta a Lei 12.527 de 18/11/2011, Lei de acesso à Informação de 18 de novembro de 2011.

Portaria N.º 417, de 5 de abril de 2011. Regulamenta o procedimento de acesso aos documentos produzidos e acumulados por órgãos e entidades integrantes, direta ou indiretamente, do extinto Sistema Nacional de Informações e Contrainformação - SISNI, relacionados ao regime militar que vigorou entre os anos de 1964 e 1985, que estejam sob a guarda do Arquivo Nacional, e dá outras providências. Diário Oficial da União, n.º 66, Seção 1, pp. 66-67, 6 abril de 2011.

9.4. Chile - Unidad documental simple CL EJ 2182-98. Causa Episodio “Operación Cóndor”

Área de identidad

Título: Causa Episodio “Operación Cóndor”

Fecha(s): 1998

Nivel de descripción: Unidad documental simple

Volumen y soporte: s/d

Área de contexto

Nombre del productor: Ministro en Visita Extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago Corte Suprema de Justicia de Chile (1823 -)

Historia administrativa: La creación de la Corte Suprema de Chile se remonta a 1823. La Constitución Política de 1823 creó la “Suprema Corte de Justicia”, calificándola como la “primera magistratura judicial del Estado” (artículo 143), que debía “proteger, hacer cumplir y reclamar a los otros poderes por las garantías individuales y judiciales”, compuesta de 4 ministros, un presidente, más un “procurador nacional”. La instalación de la Corte se verificó el 29 de diciembre del mismo año, siendo sus primeros integrantes: José Gregorio Argomedo (Presidente), Francisco Antonio Pérez, Gaspar Marín y Lorenzo José Villalón (Ministros), y Mariano Egaña (Procurador Nacional). Posteriormente, cambió su denominación oficial a “Corte Suprema”, con la Constitución Política de 1828 (artículo 93). La Constitución Política de 1833 no la contempló, limitándose a dejar a la ley la determinación de la magistratura a cuyo cargo estuviere “la superintendencia directiva, correccional y económica sobre todos los Tribunales y juzgados de la Nación, con arreglo a la ley que determine su organización y atribuciones” (artículo 113), manteniendo la estructura y organización de los tribunales entonces vigente (derivada de la Constitución de 1823 y del “Reglamento de Administración de Justicia de 1824”), hasta la dictación de dicha norma legal.

Área de contenido y estructura

Alcance y contenido: El expediente es identificado como Causa Rol 2182-98, Episodio “Operación Cóndor”. Tuvo su origen en una querella presentada en 1998 en contra de Augusto Pinochet. En virtud de esta causa, la Corte de Apelaciones de Santiago dispuso en 2004 el desafuero como expresidente y senador vitalicio de Augusto Pinochet, por cargos de secuestro calificado, asociación ilícita y tortura (ya había sido desaforado con relación a otra causa en 2000, y se había rechazado su desafuero por otras dos causas en 2002 y 2003).

En 2002, la Corte Suprema de Justicia de Chile determinó que en la causa Rol 2182-98 se habían acumulado demasiadas causas en contra del mismo querellado. De tal modo, el juez interviniente, Juan Guzmán Tapia, separó 99 causas en cuadernos separados a los que denominó “episodios”. Debido a su gran volumen, traspasó algunas de ellas a otros jueces. El juez Guzmán quedó a cargo, entre otros, de los episodios “Operación Cóndor” y “Operación Cóndor II”.

El trámite del episodio “Operación Cóndor” está actualmente a cargo del Ministro en Visita Extraordinaria de la Corte de Apelaciones, Ministro Alejandro Madrid Croharé.

El objeto del expediente es perseguir la responsabilidad penal de quienes resulten responsables en calidad de autores, coautores y cómplices del secuestro calificado y desaparición de Jorge Isaac Fuente Alarcón, Juan Humberto Hernández Zazpe, Alexei Vladimir Jaccard Siegler, Luis Gonzalo Muñoz Velásquez, Matilde Pessa Mois, Jacobo Stulman Bortnik, Manuel Jesús Tamayo Martínez y Julio del Tránsito Valladares Caroca. Todos ellos fueron detenidos en el extranjero entre mediados de 1975 y mediados de 1977, incluyendo operaciones de secuestro en Argentina, Bolivia, Paraguay y Chile.

En el marco de este proceso judicial se ha dictado el procesamiento de 54 personas por los hechos sufridos por todas o algunas de las víctimas referidas, en dos resoluciones de fecha 22 de diciembre de 2003 y 31 de agosto de 2009. Los procesados son: Heriberto del Carmen Acevedo Acevedo, Hermon Elec Alfaro Mundaca, José Germán Ampuero Ulloa, Jorge Claudio Andrade Gómez, José Abel Aravena Ruiz, Germán Eduardo Ávalos Muñoz, Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, Héctor Wacinton Briones Burgos, Moisés Paulino Campos Figueroa, Demóstenes Eugenio Cárdenas Saavedra, Hugo Hernán Clavería Leiva, Silvio Antonio Concha González, Rodolfo Valentino Concha Rodríguez, Juan Manuel Contreras Sepúlveda, Hugo Rubén Delgado Carrasco, Juan Carlos Escobar Valenzuela, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Eugenio Jesús Fieldhouse Chávez, José Mario Friz Esparza, José Nelson Fuentealba Saldías, José Enrique Fuentes Torres, Gerardo Ernesto Godoy García, Olegario Enrique González Moreno, Orlando Guillermo Inostroza Lagos, Rufino Eduardo Jaime Astorga, Oscar Belarmino La Flor Flores, Ricardo Víctor Lawrence Mires, Carlos Eusebio López Inostroza, Carlos José Leonardo López Tapia, Jorge Segundo Madariaga Acevedo, Orlando José Manzo Durán, Lionel de la Cruz Medrano Rivas, Gerardo Meza Acuña, Carlos Enrique Miranda Mesa, Pedro Mora Villanueva, Jerónimo del Carmen Neira Méndez, José Alfonso Ojeda Obando, María Gabriela Órdenes Montecinos, Teresa del Carmen Osorio Navarro, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Juvenal Alfonso Piña Garrido, Osvaldo Enrique Pulgar Gallardo, Eduardo Antonio Reyes Lagos, Manuel de la Cruz Rivas Díaz, Roberto Hernán Rodríguez Manquel, José Domingo Seco Alarcón, Raúl Alberto Soto Pérez, José Javier Soto Torres, Ciro Ernesto Torré Sáez, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Luis René Torres Méndez, Juan Ángel Urbina Cáceres, Jorge Luis Venega Silva y Christoph Georg Paul Willeke Floel. Asimismo, el 7 de junio de 2005 la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el procesamiento de César Raúl Benavídes Escobar y de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, ahora fallecidos. El 14 de septiembre de 2005 la Corte Suprema de Justicia de Chile confirmó dicha revocación, fundada en razones de salud de Pinochet.

Entre los procesados, se encuentran integrantes de carabineros, de investigaciones, de la Fuerza Aérea, del Ejército, de la Armada y de Gendarmería, incluyendo, en algunos casos, personal civil.

Área de condiciones de acceso y uso

Condiciones de acceso: Todo el expediente se encuentra bajo secreto, conforme al Código de Proceso Penal antiguo de Chile que regula en el sistema inquisitivo la etapa de sumario.

9.5. Paraguay - Fondo AT - Archivo del Terror

Área de identidad

Título: Archivo del Terror

Fecha(s): 1927-1992

Nivel de descripción: Fondo

Volumen y soporte: Aproximadamente 300 metros lineales ubicados en diferentes contenedores. El tipo de soporte de los documentos es variado, desde el papel, archivado en biblioratos, encuadernado en libros y ordenado en Arkipeles, pasando por fotografías, cartulinas, cintas magnetofónicas.

Área de contexto

Nombre del productor: Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital (DIPC) (1954-1989)

Historia administrativa: El 15 de agosto de 1954 el general golpista Alfredo Stroessner Matiauda asume la presidencia de Paraguay. Se inicia así la llamada “era de Stroessner” con la alianza política entre el Partido Colorado, el militar golpista y las Fuerzas Armadas, que constituyen la unidad del sistema que perduró hasta 1989. La dictadura de Stroessner mantuvo una “unidad granítica” entre el gobierno de Stroessner, las Fuerzas Armadas y el Partido Colorado para el control total del Estado y de la sociedad, persiguiendo, eliminando, excluyendo, extirpando e incluso aniquilando cualquier foco, intento o proyecto de oposición y lucha, sean estos por la vía pacífica o armada.

La estructura represiva estaba centrada en la Policía de la capital y contaba con una compleja trama de informantes, delatores y uniformados que mantenían perfectamente vigiladas todas las actividades públicas o privadas que desarrollaba la población.

El centro neurálgico de la represión política era el Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital (DIPC), situado en pleno centro de Asunción, a poca distancia del Parlamento, del Arzobispado, del Correo, de la Universidad Católica, de la Catedral, del Oratorio Nacional, de la Federación de Educadores del Paraguay y del Palacio de Gobierno.

La estructura logística y operativa del aparato represivo estaba altamente coordinada entre unidades militares y policiales, con información de inteligencia provista por las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y por sus informantes, por la policía que contaba también con sus informantes, por servicios de inteligencia extranjeros y contó con el apoyo logístico y operativo de milicianos del Partido Colorado.

Las acciones obedecían a una rígida cadena de mandos altamente centralizada pero con una capacidad de maniobra rápida y fluida que terminaba en el comando estratégico dirigido por el general Alfredo Stroessner. Una de las diferencias importantes del aparato represivo paraguayo con respecto de otros de la región es que no crearon modelos paralelos autónomos y especializados o clandestinos de policía política con alcance nacional para abordar la subversión supuesta o real que enfrentó. Las unidades especializadas en el control y represión políticas estaban integradas a la institucionalidad del Estado y actuaban abiertamente dentro de la cadena de mandos, bajo el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, las militares, y bajo el Ministerio del Interior, las policiales, sin excepción.

La Policía de Investigaciones adquirió, de la mano de su director Pastor Coronel, que asumió su jefatura el año 1968, el carácter de principal fuerza represiva durante la década de los años setenta, hasta el asesinato del dictador nicaragüense Anastasio Somoza en setiembre de 1980, hecho que hizo declinar el poder de Pastor Coronel y con él el del Departamento de Investigaciones.

Entonces las Fuerzas Armadas y en particular el Ejército tuvieron un rol más central, no tan sólo en el plano estratégico, sino también en el plano operativo fundamentalmente a través del general Patricio Colmán y del Regimiento de Infantería N.º 14 (RI 14), bajo su comando.

La inteligencia policial especializada estuvo centralizada en el Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital (DIPC) que dirigía Pastor Coronel, y la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos (DNAT) dirigida por Antonio Campos Alum. Estas agrupaciones policiales de inteligencia dependientes del Ministerio del Interior, a través de la jefatura de Policía, tenían amplia capacidad para desplazarse y para establecer jurisdicción en cualquier punto del país, incluso dentro de los regimientos militares. Poseían además responsables de inteligencia policial en cada delegación de gobierno y también en comisarías de poblaciones especiales, con sus propias redes de informantes oficiales u oficiosos civiles en cada distrito, hasta llegar a la mínima unidad administrativa, que es la compañía o colonia rural. El DIPC y la DNAT se nutrían de elementos que preferentemente y casi exclusivamente —con la excepción de los infiltrados especiales— eran seleccionados dentro de los miembros del Partido Colorado, que tenía la misma organización y control territorial que la administración pública, la compañía o colonia rural, el barrio y la manzana urbana.

Las unidades operativas especializadas, que, de acuerdo a la magnitud de las acciones y al poder del adversario a enfrentar, siempre contaban con cobertura militar visible o encubierta del regimiento militar de la jurisdicción o de la unidad más pertrechada y territorialmente más cercana, se desplazaban libremente por el territorio integradas por personal que forma parte del DIPC y le la DNAT, contando además con el concurso de las comisarías zonales y en muchos casos con el acompañamiento armado de civiles del partido convertidos en milicianos, baqueanos, zapadores, entregadores, delatores y tropa. Que el aparato represivo no tuviera un importante nivel de sofisticación, por estar subordinado al esquema stronista, no significa que fuera ineficiente como aparato represivo.

Nombre del productor: Dirección Nacional de Asuntos Técnicos (DNAT)

Historia administrativa: La estructura represiva en Paraguay estaba centrada en la Policía de la Capital y contaba con una compleja trama de informantes, delatores y uniformados que mantenían perfectamente vigiladas todas las actividades públicas o privadas que desarrollaba la población.

Área de contexto

Historia administrativa: La estructura logística y operativa del aparato represivo estaba altamente coordinada entre unidades militares y policiales, con información de inteligencia provista por las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y por sus informantes, por la policía que contaba también con sus informantes, por servicios de inteligencia extranjeros y contó con el apoyo logístico y operativo de milicianos del Partido Colorado.

Las acciones represivas obedecían a una rígida cadena de mandos altamente centralizada pero con una capacidad de maniobra rápida y fluida que terminaba en el comando estratégico dirigido por el General Alfredo Stroessner. Una de las diferencias importantes del aparato represivo paraguayo con respecto de otros de la región es que no crearon modelos paralelos autónomos y especializados o clandestinos de policía política con alcance nacional para abordar la subversión supuesta o real que enfrentó. Las unidades especializadas en el control y represión políticas estaban integradas a la institucionalidad del Estado y actuaban abiertamente dentro de la cadena de mandos, bajo el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, las militares, y bajo el Ministerio del Interior, las policiales, sin excepción.

La inteligencia policial especializada estuvo centralizada en el Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital (DIPC) que dirigía Pastor Coronel, y la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos (DNAT) dirigida por Antonio Campos Alum. Estas agrupaciones policiales de inteligencia dependientes del Ministerio del Interior, a través de la jefatura de Policía, tenían amplia capacidad para desplazarse y para establecer jurisdicción en cualquier punto del país, incluso dentro de los regimientos militares. Poseían además responsables de inteligencia policial en cada delegación de gobierno y también en comisarías de poblaciones especiales, con sus propias redes de informantes oficiales u oficiosos civiles en cada distrito, hasta llegar a la mínima unidad administrativa, que es la compañía o colonia rural.

El DIPC y la DNAT se nutrían de elementos que preferentemente y casi exclusivamente —con la excepción de los infiltrados especiales— eran seleccionados dentro de los miembros del Partido Colorado, que tenía la misma organización y control territorial que la administración pública, la compañía o colonia rural, el barrio y la manzana urbana.

Nombre del productor: Ministerio del Interior del Paraguay (1855 -)

Historia administrativa: El Ministerio del Interior tiene sus orígenes remotos en el año 1855. Unos once años después de la Constitución de “Don Carlos

Área de contexto

Historia administrativa: Antonio López”, en 1855, el Gobierno Nacional dictó un decreto, que estableció la creación de los Ministerios y el Consejo de Ministros. En dicho decreto se consideraba “gravosa para el Jefe de Estado” la concentración de la autoridad administrativa, y se decidió dividirla entre diversas funciones y agentes. Para tal efecto se crearon los ministerios de Relaciones Exteriores, de Gobierno o del Interior, de Hacienda y el Ministerio de Guerra y Marina Fluvial.

La institución que llevó adelante la tarea policial en sus orígenes data del año 1843 durante la época del Segundo Consulado. Sin embargo, no se puede hablar de una Policía hasta el año 1935, ya que hasta esa fecha la función era ejercida por voluntarios y por la Guardia Territorial. Si bien en un principio estos agentes eran considerados eficaces para garantizar el orden y la tranquilidad de la población, dado el desarrollo económico y social del Paraguay para la fecha mencionada, la función policial debía constituirse como una profesión. A fin de disponer de agentes aptos para dicha tarea se crea la Escuela de Policía en la Capital. Esta organización se propuso mejorar con el correr del tiempo las capacidades de la Institución Policial para que las ciudades y municipios sean cubiertos por ciudadanos egresados de la escuela, miembros de esta institución, y no individuos tomados al azar.

Área de contenido y estructura

Alcance y contenido: Básicamente, el Archivo puede dividirse en dos partes, el llamado archivo pre-Stronista con documentos que datan de la década del 30, y el Archivo Stronista propiamente dicho, que abarca en su mayoría el período comprendido entre 1954 y 1992. El fondo documental es variado, contiene fichas prontuariales, informes policiales, conferencias, agenda de reuniones, declaraciones indagatorias de detenidos, libros de entrada y salida de detenidos, novedades de la guardia, cintas de audio de controles realizados, fotografías tomadas por la policía, materiales bibliográficos secuestrados en los allanamientos domiciliarios, etc. Los documentos, incautados en el procedimiento judicial realizado el 22 de diciembre de 1992, corresponden al departamento de Investigaciones de la Policía.

Los órganos especializados de la policía, el III Departamento de Investigaciones (DIPC), la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos (DNAT), y el propio Ministerio del Interior, pusieron especial énfasis en registrar, recabar información, amedrentar, reprimir y finalmente clausurar sistemáticamente los órganos de expresión o medio de comunicación que no estuviera bajo su directo control o bajo un debido control partidario, al margen de su importancia o capacidad de difusión de los puntos de vista disonantes con el discurso oficial.

Los hallazgos fueron demostrando una trama de control, seguimiento y vigilancia asustadoramente detallada sobre todos los aspectos de la actividad ciudadana (reuniones, manifestaciones, paneles, publicaciones, asambleas estudiantiles o gremiales, homilías de las misas, listas de asociados a entidades empresariales, control de compradores de mimeógrafos o máquinas fotocopiadoras). La planificación y desarrollo de las acciones represivas también quedaron documentados de forma exhaustiva.

Acerca de la Operación Cóndor, en los archivos se demuestran: el intercambio de prisioneros argentinos, uruguayos y chilenos que habían sido detenidos en el Paraguay; la presencia de interrogadores de esos países en el Departamento de Investigaciones; los viajes de oficiales paraguayos de Policía para interrogar a compatriotas presos en Argentina antes de que fuesen desaparecidos; y el fluido intercambio de informaciones sobre las actividades de los grupos subversivos.

Los “Archivos del Terror” están integrados, en su mayor parte, por material producido por la Policía. Además de un importante sector ocupado por documentos administrativos generados por la burocracia interna policial, la parte importante de esos papeles radica en los informes, fichas, estudios de inteligencia, listas de presos, libros internos vinculados a la represión social y política y a estudios de evaluación archivados por los jefes del Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital (DIPC) a lo largo de más de cuarenta años. Sin duda, la contribución más trascendente para este archivo fue la obsesión del jefe Pastor Coronel por archivarlo todo, de forma meticulosa y, en los casos en que fuese posible, por duplicado.

Los tipos documentales que pueden encontrarse en el archivo son:

- Informes confidenciales.

- Pedidos de búsqueda.

- Declaraciones indagatorias e informativas.

- Controles a partidos políticos de oposición.

- Controles a grupos estudiantiles.

- Controles a sindicatos.

- Controles de entrada y salida del país.

- Controles telefónicos.

- Vigilancia domiciliaria.

- Notas varias al Jefe del Departamento de Investigaciones.

- Publicaciones periodísticas.

- Fotografías.

- Libros de Novedades de la Guardia.

- Documentos de identidad (cédulas y pasaportes)

- Cassettes con grabaciones de paneles, conferencias, discursos, programas radiales, etc.

El llamado “Archivo pre-Sronista”, que proviene de la época anterior a 1954, cubre con distintas fuentes documentales, las décadas de los años 30 y los 40. Los documentos más antiguos provienen de 1917 y los más recientes datan de 1952, pero el Archivo es especialmente rico para el estudio de la dictadura del General Morínigo y de los gobiernos colorados previos al del Dr. Chávez. Consta de diversos cuerpos:

- Registro de comisiones directivas de sindicatos.

- Libros de antecedentes de la subsección obrera y de leyes especiales.

- 18 Volúmenes encuadernados con los prontuarios policiales.

- Dos carpetas poco voluminosas con documentos sin catalogar.

- Libros de entradas policiales.

- Listas de dirigentes obreros.

- Tres cajas de fichas prontuariales.

- Dos carpetas de fotografías documentales de 1946/1954.

Además de eso, los archivos tienen una sección de materiales confiscados por la DIPC en allanamientos: cartas personales, literatura política, fotos, panfletos, libros, recortes de periódicos, etc. En ningún otro lugar del Paraguay hay colecciones tan completas —y, a veces, tan bien encuadernadas— de los periódicos universitarios, pasquines opositores y revistas de la Iglesia, culturales y comunitarias potencialmente disidentes al gobierno.

En cuanto al volumen, hay 115 libros de Novedades de Guardia de la Dirección de Política y Afines, de la Dirección de Vigilancia y Delitos y del domicilio del jefe del Departamento de Investigaciones, Pastor Coronel. Los libros de Novedades incluyen los informes diarios de la guardia del Departamento de Investigaciones y presentan descripciones de los sucesos ocurridos cotidianamente en la dependencia.

Hay, del mismo modo, 8369 fichas de detenidos del Departamento de Investigaciones, Sección Técnica y Departamento Judicial. También existen fichas con los datos de personas que no habían sido detenidas pero que, por algún motivo, eran sospechosas para la Policía. En ellas figuran informaciones sobre la persona que eran actualizadas periódicamente, en lo relativo a domicilio, actividades laborales y salidas del país. Una vez detenido el sospechoso, había bastante trabajo adelantado.

Área de condiciones de acceso y uso

Condiciones de acceso: Sin restricciones de acceso.

Existen dispositivos legales que preservan la intimidad de las personas, en estos casos los nombres son tachados: ley 1682 y la ley 1969, que modifica y reglamenta la información de carácter privado.

Se consulta mediante acreditación de interés legítimo.

9.6. Uruguay - Fondo UY SECSEG COMIPAZ Comisión para la Paz - COMIPAZ - Secretaría de Seguimiento

Área de identidad

Título: Comisión para la Paz - COMIPAZ - Secretaría de Seguimiento

Fecha(s): 1968-06-13 / 1985-02-28 (Agregación)

Nivel de descripción: Fondo

Volumen y soporte: 50.000 imágenes en soporte electrónico formato JPG y TIF —150 metros lineales (Hojas A4 y Oficio) en papel. 109 cajas 425 × 325 × 255 (mm).

Área de contexto

Nombre del productor: Comisión para la Paz (COMIPAZ) (2000-2003)

Historia administrativa: Casi una década después de que se reinstalara la democracia uruguaya, una resolución de la Presidencia de la República creó la Comisión para la Paz.

La Comisión para la Paz fue creada por Resolución de la Presidencia de la República 858/2000, de 9 de agosto de 2000 (Diario Oficial 25.583 de 17 de agosto de 2000), atendiendo a la necesidad de “dar los pasos posibles para determinar la situación de los detenidos-desaparecidos durante el régimen de facto, así como de los menores desaparecidos en iguales condiciones”.

Conforme a la fundamentación expuesta en la Resolución, la creación de la COMIPAZ intentaba dar cumplimiento a “una obligación ética del Estado”, encarando “una tarea imprescindible para preservar la memoria histórica” de la Nación, así como para “consolidar la pacificación nacional y sellar para siempre la paz entre los uruguayos”.

La COMIPAZ estuvo integrada originariamente por Monseñor Nicolás Cotugno —quien la presidió—, el Presbítero Luis Perez Aguirre S. J, el Señor José D’Elia y los Doctores José Claudio Williman, Gonzalo Fernandez y Carlos Ramela Regules y sufrió un único cambio forzado en su integración inicial, a raíz del fallecimiento del Presbítero Luis Pérez Aguirre S. J., habiéndose designado para reemplazarlo al Presbítero Jorge Osorio, por resolución 486/2001.

La COMIPAZ fue instituida, en principio, para actuar por un plazo de ciento veinte días, habiéndose prorrogado sucesivamente su funcionamiento hasta el 30 de agosto de 2002 a través de resoluciones presidenciales dictadas a su expresa petición.

Desde un comienzo, más allá del objetivo último de “consolidar la pacificación nacional y sellar para siempre la paz entre los uruguayos”, la COMIPAZ tuvo en claro que le había sido asignada una tarea más inmediata: concretamente, la de averiguar la situación y el destino de los detenidos-desaparecidos durante el régimen de facto. En tal sentido, el Cuerpo ha tratado de actuar como una “Comisión de la Verdad”, de las que existen variados ejemplos en el derecho comparado; esto es, una Comisión destinada a constatar, en cuanto le fuere posible, la verdad de lo ocurrido con las personas que fueron denunciadas como detenidas y desaparecidas, dentro y fuera de fronteras, durante el gobierno de facto que se instaló en la República a partir del 27 de junio de 1973.

Por tales razones, más allá de las limitaciones obvias e iniciales de la COMIPAZ, que tuvo amplias facultades para recibir documentos y testimonios pero no tuvo potestades de orden coercitivo que son ajenas a su condición, todos sus miembros se han comprometido y esforzado por averiguar la verdad de lo ocurrido con los detenidos-desaparecidos, agotando las instancias y actuaciones a su alcance y procurando todos los contactos que fueron capaces de lograr por medio de la persuasión y el diálogo, tratando de dar cumplimiento a la tarea encomendada.

El 14 de abril de 2003 la COMIPAZ presentó su “Informe Final”, para que el Presidente de la República dispusiese las actuaciones que entendiera pertinentes sobre aquellos extremos que la Comisión no haya averiguado, de acuerdo a lo establecido en los artículos 4.º al 6.º de la resolución 858/2000. Del mismo modo, la Comisión presentó un resumen individual sobre cada caso de detenido-desaparecido que ha sido puesto a su consideración, el cual debe tomarse —a todos sus efectos— como parte integrante del Informe Final.

Área de contenido y estructura

Alcance y contenido: En este fondo documental se pueden encontrar documentos referentes a las investigaciones oficiales sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura militar en la República del Uruguay, a saber:

- Correspondencia institucional y particular.

- Colección de periódicos de diferentes medios de comunicación.

- Documentación de la Embajada del Uruguay en la Argentina.

- Documentación de la Justicia Militar.

- Documentación desclasificada de los Estados Unidos.

- Documentación relativa a Uruguay proveniente de otros países de la región en el marco del Plan Cóndor.

- Documentación jurídica.

- Expedientes vinculados con los trámites de reparación de víctimas y familiares.

- Expedientes de investigaciones oficiales de Uruguay sobre detenidos y desaparecidos.

- Listados de presos políticos.

- Informe de la Comisión para la Paz de 2003.

- Informes de inteligencia.

- Publicaciones y documentos de organismos internacionales.

- Requerimientos policiales.

- Testimonios de víctimas y familiares. Informe Final de La Comisión para la Paz (COMIPAZ).

Área de condiciones de acceso y uso

Condiciones de acceso: Con restricción parcial la documentación declarada como reservada por el productor de la documentación.

- Ley 18.381. Derecho acceso a la Información Pública.

- Ley 18.331. Habeas data. Protección de datos personales y sensibles (18/08/2008).

- Formulario de Consulta Acervo de la Comisión para la Paz.

Restricciones debido a la falta de organización o porque los documentos están en proceso de organización.

BIBLIOGRAFÍA

Las referencias compiladas sobre la Operación Cóndor abarcan las referencias citadas en el Informe y aquellas que fueron consultadas para su elaboración con el fin de ofrecer al lector un panorama sobre dicha operación. El otro criterio para la clasificación fue reunir el material según una perspectiva que va de lo general (la Operación Cóndor en su totalidad) a lo particular (casos particulares o características particulares de la Operación).

Libros citados en el Informe

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Notas

[1] Primer Presidente del Consejo de Administración del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), Categoría II UNESCO (22/01/2013-21/01/2016) y Director de la presente publicación. <<

[2] GARZÓN, BALTASAR, La Línea del Horizonte, Madrid, Debate, 2008. <<

[3] GARZÓN, BALTASAR, La Línea…, op. cit. <<

[4] Ibíd. <<

[5] GARZÓN, BALTASAR, “El lugar de la verdad, la justicia y la reparación”, en El País, Madrid, 01/04/2012. <<

[6] GARZÓN, BALTASAR, “El lugar de la verdad…”, op. cit. <<

[7] GARZÓN, BALTASAR, “Prólogo”, en A. Ramos Padilla, Crímenes de lesa humanidad en la Argentina. De la Cultura de la impunidad a la inexorabilidad del juicio, Bs. As, DI Plácido, 2012. <<

[8] GARZÓN, BALTASAR, “Prólogo”, en J. Carvalho Pina, Cóndor, Barcelona, Blume, 2014. <<

[1] Periodista, investigadora, docente y escritora, es la coordinadora del Informe. Ha escrito y colaborado en distintos medios de prensa del país y del mundo. Por su actividad periodística ha recibido numerosos homenajes y premios nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Rodolfo Walsh de la Facultad de Comunicación Social (UN La Plata). En 2014 fue distinguida como Personalidad en Defensa de los Derechos Humanos en la Región por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. <<

[2] PROPPER, EUGENE M. y BRANCH, TAYLOR, Laberinto, Bs. As., Vergara, 1990. <<

[3] GOTT, RICHARD, “Shots and Plots”, en The Guardian, Londres, 04/06/1976, pp. 17/18. <<

[4] MC SHERRY, J. PATRICE, Los Estados depredadores: la Operación Cóndor y la guerra encubierta en América Latina, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2009, p. 25. <<

[5] PERÓN, JUAN DOMINGO, Manual de Conducción Política, Bs. As., Subsecretaría de Informaciones de Presidencia de la Nación, 1953. <<

[6] Entrevista realizada por Stella Calloni a Philip Agee, diario La Jornada, 2006. <<

[7] CALLONI, STELLA, Paraguay: los años del lobo, Bs. As., Ediciones Mopassol, 1993. <<

[1] HOBSBAWM, ERIC, Historia del siglo XX, Bs. As., Crítica, 1998, p. 233 <<

[2] HOBSBAWM, ERIC, Historia…, ibíd., p. 230. <<

[3] Ibíd., p. 235. <<

[4] SPANIER, JOHN, La política exterior norteamericana a partir de la Segunda Guerra Mundial, Bs. As., Grupo Editor Latinoamericano, 1991. <<

[5] HOBSBAWM, ERIC, Historia…, op. cit., p. 238. <<

[6] SPANIER, JOHN, La política exterior…, op. cit. <<

[7] Ibíd. <<

[8] HOBSBAWM, ERIC, Historia…, op. cit., p. 237. <<

[9] SPANIER, JOHN, La política exterior…, op. cit. <<

[10] Práctica extendida de espionaje, interrogatorios, denuncias, listas negras y denuncias infundadas en los EEUU., impulsadas por el senador Joseph McCarthy durante los años 50. Tildado de “caza de brujas”, el macartismo acusó de comunistas no sólo a trabajadores sindicalizados o políticos, sino también a destacadas personalidades del mundo artístico norteamericano, como el actor y artista inglés Charles Chaplin. <<

[11] HOBSBAWM, ERIC, Historia…, op. cit., p. 237. <<

[12] TOVAR RUIZ, JUAN, “Cuatro momentos de la doctrina en política exterior estadounidense: ¿Entre la teoría y la práctica?”, en Revista CIDOB d’afers internacionals, n.º 95, 2011, pp. 165/187. <<

[13] LÓPEZ, ERNESTO, Seguridad nacional y sedición militar, Bs. As., Legasa, 1987, p. 47. <<

[14] SPANIER, JOHN, La política exterior…, op. cit. <<

[15] WYNN, NEIL, “La década de 1960” en W. P. Adams, Historia Universal. Los Estados Unidos de América, vol. 30, México DF, Siglo XXI, 2005. <<

[16] Indochina fue una colonia francesa que compendió hasta 1954 los actuales países de Camboya, Vietnam y Laos. <<

[17] BERG, HANS WALTER, “Indochina en pleno cambio de las constelaciones de poder”, en W. Benz y H. Graml (comps.) Historia Universal. El siglo XX. Problemas mundiales entre los dos bloques de poder, vol. 36, t. III, México DF, Siglo XXI, 1982 <<

[18] WYNN, NEIL, “La década de 1960”, op. cit. <<

[19] GONZÁLEZ SANTAMARÍA, ABEL E., La Gran Estrategia; Estados Unidos vs América Latina, Editorial Capitán San Luis, La Habana, 2013, p. 193. <<

[20] TOVAR RUIZ, JUAN, “Cuatro momentos…”, op. cit. <<

[21] TOVAR RUIZ, JUAN, “Cuatro momentos…”, ibíd. <<

[22] SPANIER, JOHN, La política exterior…, op. cit., p. 205. <<

[23] BRENNER, ROBERT, La economía en la turbulencia global, Madrid, Akal, 2010. <<

[24] VAN DER WEE, HERMAN, Prosperidad y crisis. Reconstrucción, crecimiento y cambio. 1945-1980, Barcelona, Crítica, 1985. <<

[25] SPANIER, JOHN, La política exterior…, op. cit., pp. 186, 193. <<

[26] HOBSBAWM, ERIC, Historia…, op. cit., p. 249. <<

[27] SPANIER, JOHN, La política exterior…, op. cit., p. 196. <<

[28] “La década del 80 fue clave para la evolución de la contrainsurgencia” (entrevista), en K. Derghougasslan (ed.), La Contrainsurgencia el Siglo XXI y su crítica, Cuadernos de actualidad en Defensa y Estrategia, n.º 3, Ministerio de Defensa, Presidencia de la Nación Argentina, Bs. As., 2009. <<

[29] DE BENEDETTI, DARÍO, “Insurgencia y contrainsurgencia en los Inicios del nuevo siglo”, en X Jornadas de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 2013. <<

[30] GARCÍA GUINEO, MIGUEL, “El concepto de Insurgencia a debate: una aproximación teórica”, en Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, Universidad de Santiago de Compostela, vol. 12, n.º 1, 2013, pp. 211/224. <<

[31] ZELIK, RAÚL, “La guerra asimétrica. Una lectura crítica de la transformación de las doctrinas militares occidentales”, en Estudios Políticos, n.º 39, Colombia, Instituto de Estudios Políticos Medellín, 2011, pp. 168/195. <<

[32] ZELIK, RAÚL, “La guerra asimétrica…”, ibíd. <<

[33] Ibíd. <<

[34] Ibíd. <<

[35] Ibíd. <<

[36] MCSHERRY, J. PATRICE, Los Estados depredadores: la Operación Cóndor y la guerra encubierta en América Latina, Montevideo, Banda Oriental, 2009, p. 40. <<

[37] Ibíd., p. 46. <<

[38] WASINSKI, CHRISTOPHE, “The will to put dowm: the transnational genealogy counter-insurgency”, en Cultures & Conflits [en línea] http://conflits.revues.org/18078; DOI: 10.4000/ conflits.1807879-80, consultado el 26/08/2015. <<

[39] DE BENEDETTI, DARÍO, “Insurgencia y contrainsurgencia…”, op. cit. <<

[40] LEPIC, ARTHUR, “1948-1960: ‘estado de emergencia’ en Malasia”, en Red Voltaire, 02/09/2005, [en línea] www.voltairenet.org/article126872.html <<

[41] KOOMER, ROBERT, The Malayan emergency in retrospect: organization o a successful counterinsurgency effort, Santa Mónica, Rand, 1972. <<

[42] MCCLINTCCK, MICHAEL, Instruments of Statecraft: U. S. Guerrilla Warfare, Counterinsurgency, and Counterterrorism, 1940-1990, 2002 [en línea] http://www.statecraft.org/ <<

[43] MCCOY, ALFRED, “Cruel Science: CIA Torture and U. S. Foreign Policy,” en New England Journal of Public Policy, vol. 19, ss. 2, article 15, 2005, [en línea] http://scholarworks.umb.edu/nejpp/vol19/¡ss2/15 <<

[44] MARCO, JORGE, “‘Una Corea en pequeño’. Contrainsurgencia y represión de la guerrilla en España (1939-1952)”, en Contenciosa, año 1, n.º 1, 2013. <<

[45] WASINSKI, CHRISTOPHE, “The will to put…”, op. cit. <<

[46] ROBÍN, M. M., Escuadrones de la muerte, Bs. As., Sudamericana, 2005. <<

[47] DE BENEDETTI, DARÍO, “Insurgencia y contrainsurgencia…”, op. cit. <<

[48] ZELIK, RAÚL, “La guerra asimétrica…”, op. cit. <<

[49] MCCOY, ALFRED, The politics of heroin: CIA complicity in the global drug trade, Afganistan, Southest Asia, Central America, Colombia, Chicago, Lawrence Hill Books, 2003. <<

[50] ZELIK, RAÚL, “La guerra asimétrica…”, op. cit. <<

[51] BIRTLE, ANDREW JAMES, U. S. Army Counterinsurgency and Contingency Operations Doctrine 1942-1976, Washington DC, CMH, 2006, pp. 134/142. <<

[52] DE BENEDETTI, DARÍO, “Insurgencia y contrainsurgencia…”, op. cit. <<

[53] MCCLINTOCK, MICHAEL, Instruments Statecraft…, op. cit. <<

[54] Las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos (en inglés United States Army Special Forces) es una unidad de operaciones especiales del Ejército norteamericano creada en 1952. <<

[55] MCCLINTOCK, MICHAEL, Instruments of Statecraft…, op. cit. <<

[56] WASINSKI, CHRISTOPHE, “The will to put…”, op. cit. <<

[57] ZELIK, RAÚL, “La guerra asimétrica…”, op. cit. <<

[58] MCCLINTOCK, MICHAEL, Instruments of Statecraft…, op. cit. <<

[59] MCSHERRY, J. PATRICE, “Tracking the Origins of a State Terror NetWork. Operation Condor” en Latin American Perspectives, vol. 29, n.º 1,2002, pp. 38/60. <<

[60] STORES, DOUG, “US Military Doctrine and Colombia’s Warfo Terror”, en Znet, 25/09/2002. <<

[61] Implica la restricción total o parcial de estímulos de uno o más sentidos. Ejemplos clásicos son el vendaje de ojos, capuchas, orejeras para anular los sentidos. <<

[62] Criptónimo que significa “CIA”. AGEE, PHILIP, La CIA por dentro. Diario de un espía, Bs. As., Sudamericana, 1987, p. 47. <<

[63] Este texto fue rebautizado dos décadas más tarde con el sugestivo título de Manual de Entrenamiento en la Explotación de Recursos Humanos. <<

[64] MCSHERRY, J. PATRICE, Los Estados depredadores…, op. cit., p. 43. <<

[65] Situación citada en FITZGERALD, DAVID, “Vietnam, Iraq and the Rebirth of Counter-Insurgency”, en Irish Studies in International Affairs, vol. 21, Clinton Institute for American Studies, School of History, 2010, pp. 149/159. <<

[66] GOTT, RICHARD, “Shots and Plots”, en The Guardian, Londres, 04/06/1976. <<

[67] MCSHERRY, J. PATRICE, “Tracking the Origins…”, op. cit. <<

[68] ZELIK, RAÚL, “La guerra asimétrica…”, op. cit. <<

[69] VALENTINE, DOUGLAS, “The Phoenix Program”, [en línea] http://www.american-buddha. com/phoenixprogtoc.htm, publicado por Universe, 2000. <<

[70] MCSHERRY, J. PATRICE, “Tracking the Origins…”, op. cit. <<

[71] VALENTINE, DOUGLAS, “The Phoenix Program”, op. cit. <<

[72] BOROSAGE ROBERT y MARES JOHN, Los archivos de la CIA, México DF, Diana, 1980. <<

[73] MCSHERRY, J. PATRICE, Los Estados depredadores…, op. cit., p. 74. <<

[74] Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. El número de miembros aumentó considerablemente con el tiempo. <<

[75] SIMPSON, CHRISTOPHER, Blowback, London, Windenfeld, 1988, pp. 100/102. <<

[76] GANSER, DANIELE, Los Ejércitos Secretos de la OTAN: Operación Gladio y el terrorismo en Europa Occidental, Madrid, El Viejo Topo, 2005. <<

[77] MCSHERRY, J. PATRICE, Los Estados depredadores…, op. cit., p. 72. <<

[78] Una biografía de este personaje en CHRISTIE, STUART, Stefano Delle Chiaie. Portrait of a black terrorist, Londres, Anachy Magazine, 1984. <<

[79] WASINSKI, CHRISTOPHER, “The will to put…”, op. cit. <<

[1] LEAL BUITRAGO, FRANCISCO, “La Doctrina de Seguridad Nacional: materialización de la Guerra Fría en América del Sur”, en Revista Estudios Sociales, n.º 15, Universidad de los Andes, Bogotá, 2003, pp. 74/87. <<

[2] Para un resumen de su historia, ver [en línea] www.jid.org <<

[3] TAPIA VALDÉS, JORGE, El terrorismo de Estado. La Doctrina de Seguridad Nacional en el Cono Sur, México DF, Nueva Imagen, 1980, pp. 45/46. <<

[4] LÓPEZ, ERNESTO, Seguridad nacional y sedición militar, Bs. As., Legasa, 1987, p. 50. <<

[5] LÓPEZ, ERNESTO, Seguridad nacional…, op. cit., pp. 66/67. <<

[6] Citado en SIMÕES FERNANDES, ANANDA, “A coordenação repressiva entre a ditadura civil-militar brasileira e o Uruguai (1964-1973)” en E. Serra Padrós (org.), Cone Sul em tempos de ditadura: reflexões e debates sobre a Historia Recente, Porto Alegre, EVANGRAF-UFRGS, 2013. <<

[7] VENERONI, HORACIO, Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de América Latina, Bs. As., Periferia, 1971, p. 58. <<

[8] LÓPEZ, ERNESTO, Seguridad nacional…, op. cit., p. 59. <<

[9] TAPIA VALDÉS, JORGE, El terrorismo de Estado…, op. cit., p. 65. <<

[10] LÓPEZ, ERNESTO, Seguridad nacional…, op. cit., p. 5. <<

[11] Ibíd., p. 71. <<

[12] TAPIA VALDÉS, JORGE, El terrorismo de Estado…, op. cit., p. 65. <<

[13] LEAL BUITRAGO, FRANCISCO, “La Doctrina…”, op. cit. <<

[14] Ibíd. <<

[15] SERRA PADRÓS, ENRIQUE, “As escolas militares dos Estados Unidos e a pentagonização das forças armadas da América Latina”, en Outros Tempos, vol. 1, esp., 2007, pp. 13/31. <<

[16] MAZZEI, DANIEL, Bajo el poder de la caballería. El Ejército Argentino (1962-1973), Bs. As., Eudeba, 2012, p. 158. <<

[17] SERRA PADRÓS, ENRIQUE, “As escolas militares…”, op. cit. <<

[18] MC SHERRY, PATRICE, Los Estados depredadores…, op. cit. <<

[19] Una breve pero interesante descripción de su historia, propósitos y objetivos, [en línea] www.colegio-id.org <<

[20] MC SHERRY, PATRICE, Estados depredadores…, op. cit. <<

[21] SOHR, RAÚL, “Reflexiones sobre los ámbitos de la seguridad y la defensa”, en Documentos Ocasionales, n.º 24, Bogotá, noviembre-diciembre 1991, p. 21.Cit. “As escolas militares…”, op. cit. <<

[22] WISE, DAVID, “Operaciones secretas en el extranjero: un panorama general”, en R. Borosage y J. Marks (eds.) Los archivos de la CIA, México DF, Editorial Diana, 1980; MCSHERRY, PATRICE, Los Estados depredadores…, op. cit. <<

[23] SERRA PADRÓS, ENRIQUE, “As escolas militares…”, op. cit. <<

[24] LEAL BUITRAGO, FRANCISCO, “La Doctrina…”, op. cit. <<

[25] WISE, DAVID, “Operaciones secretas en el extranjero: un panorama general”, en R. Borosage y J. Marks (eds.) Los archivos de la CIA, México DF, Editorial Diana, 1980; MCSHERRY, PATRICE, Los Estados depredadores…, op. cit. <<

[26] WISE, DAVID, “Operaciones secretas…”, op. cit. <<

[27] AMATO, ALBERTO, “Cómo Estados Unidos planeó el golpe contra Allende desde 1970”, Alberto Amato, Clarín, suplemento Zona, 21/02/1999, p. 9. <<

[28] AMATO, ALBERTO, “Cómo Estados Unidos…”, ibíd. <<

[29] ALISCIONI, CLAUDIO M. y BARÓN, ANA, “Los papeles secretos del golpe de 1973 en Chile”, Clarín, 15/11/1998, Bs. As., p. 34. <<

[30] MASHKIN, VALENTÍN, “Operación Cóndor, su rastro sangriento”, Bs. As., Cartago, 1985, p. 26; ALISCIONI, CLAUDIO M. y BARÓN, ANA, “Los papeles…”, op. cit. <<

[31] CALLONI, STELLA, Operación Cóndor. Pacto Criminal, México DF, La Jornada Ediciones, 2001, p. 46. <<

[32] KISSINGER, HENRY, White house years, Boston, Little Brown & Co, p. 674. <<

[33] CALLONI, STELLA, Operación Cóndor. Pacto Criminal, op. cit. <<

[34] ALISCIONI, CLAUDIO M. y BARÓN, ANA, “Los papeles…”, op. cit. <<

[35] GOICOVIC DONOSO, IGOR, “El internacionalismo proletario en el Cono Sur. La Junta Coordinadora Revolucionaria, un proyecto inconcluso”, II Jornadas de Historia Política de Chile, USACH, SANTIAGO, 9-10/11/2005, Centro de Estudios Miguel Enríquez, [en línea] http://www. archivochile.com <<

[36] CESPEDES, ROBERTO y PAREDES, ROBERTO, “La resistencia armada al stronismo: panorama general “en NovaPolis, Revista de Estudios Políticos contemporáneos, n.º 8, pp. 4/26, 2004. <<

[37] MARCEHSI, ALDO, “Geografías de la protesta armada: nueva izquierda y latinoamericanismo en el Cono Sur. El ejemplo de la Junta de Coordinación Revolucionaria”, en SocioHistórica, n.º 25, UNLF) 2009, pp. 41/72. <<

[38] GOICOVIC DONOSO, IGOR, “El internacionalismo proletario en el Cono Sur. La Junta Coordinadora Revolucionaria, un proyecto inconcluso”, ponencia presentada en las II Jornadas de Historia Política de Chile, USACH, SANTIAGO, 9-10 de noviembre, 2005. Centro de Estudios Miguel Enríquez, [en línea] http://www.archivochile.com; MARCEHSI, ALDO, “Geografías de la protesta armada: nueva Izquierda y latinoamericanismo en el Cono Sur. El ejemplo de la Junta de Coordinación Revolucionaria”, en SocioHistórica, UNLP, n.º 25, 2009, pp. 41/72. <<

[39] GORRIARÁN MERLO, ENRIQUE, Memorias de Enrique Gorriarán Merlo, de los sesenta a La Tablada, Bs. As., Planeta, 2003, p. 176. <<

[40] SIATMAN, MELISA, “Para un balance necesario: la relación entre la emergencia de la Junta de Coordinación Revolucionarla y el Operativo Cóndor. Cono Sur, 1974-78” en Testimonios. Revista de la Asociación de Historia Oral de la República Argentina, Bs. As., vol. 2, 2010, pp. 1/24. <<

[41] TCACH, CESAR, “Dictaduras y organizaciones guerrilleras en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: ejercicio de un análisis comparativo”, en Historia del Presente, n.º 10, 2007, pp. 89/114. <<

[42] Según el fallo del juez Norberto Oyarbide “… la existencia de la Triple A y los distintos hechos cometidos por sus miembros obedecieron a circunstancias políticas, enmarcadas en cuestiones ideológicas y fue montada desde el aparato del Estado, bajo cuyo amparo y garantía de impunidad actuó la asociación, en una práctica generalizada que de por sí constituyó una grave violación a los derechos humanos, justamente porque fueron implementados y llevados a cabo desde el Estado y por sujetos que respondían a ese poder…”. J. NAC. CRIM. Y CORRECC. FEC. N.º 5, Causa 1075/2006 “Triple A”, 26/12/2006 [en línea] http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/juicios/argentin/capital/aaa/resoluc/oyarbide_20061226.htm <<

[43] GONZÁLEZ JANZEN, IGNACIO, La Triple A, Bs. As., Contrapunto, 1986, p. 93. <<

[44] Organización política militar clandestina creada en 1961 para defender la presencia francesa en Argelia. La OAS cometió más de dos mil asesinatos. <<

[45] GONZÁLEZ JANZEN, IGNACIO, La Triple A, op. cit. <<

[46] Ibíd., p. 98. <<

[47] Ibíd., p. 99. <<

[48] Ibíd., pp. 100/101. <<

[49] Ibíd., p. 107. <<

[50] CALLONI, STELLA, Los años del Lobo: Operación Cóndor, Bs. As., Continente, 1999, p. 76. <<

[51] BARÓN, ANA, “Los dilemas de Mr. Hill”, en Los papeles secretos de la Embajada. Segunda Sección, Diario Clarín, 22/03/1998. <<

[52] GONZÁLEZ JANZEN, IGNACIO, La Triple A, op. cit., p. 127. <<

[53] Ibíd., p. 19. <<

[54] SALAZAR SALVO, MANUEL, “Cuando la derecha optó por las bombas”, en Punto Final, n.º 717, 03/09/2010, [en línea] http://www.puntofinal.cl/717/derechabombas.php <<

[55] Ver punto 2.2. “Chile: un caso modelo”. <<

[56] [En línea] http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20060211/pags/20060211180634.html <<

[57] [En línea] http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20060211/pags/20060211180634.html <<

[58] SALAZAR SALVO, MANUEL, (3 de septiembre de 2010), Cuando la derecha optó por las bombas. Punto Final. Edición N.º 717. 3 de septiembre de 2010. [En línea] http://www.puntofinal. cl/717/derechabombas.php <<

[59] Por Enrique Serra Padrós, investigador de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Brasil. <<

[1] MAZZEI, DANIEL, Bajo el poder de la caballería. El Ejército Argentino (1962-1973), Bs. As., Eudeba, 2012. <<

[2] MCSHERRY, PATRICE, Los Estados depredadores…, op. cit., p. 88. <<

[3] ABRAMOVICI, PIERRE, “‘Opération Condor’ cauchemar de l’Amérique latine”, en Le Monde Diplomatique, 2001, pp. 24/25. <<

[4] MCSHERRY, PATRICE, Los Estados depredadores…, op. cit., p. 89. <<

[5] Ibíd., p. 99. <<

[6] SIMOES FERNANDES, AMANDA, “A coordenação repressiva…”, op. cit. <<

[7] Ibíd. <<

[8] COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE (CNV), Relatório, vol. I, 2014, p. 229. <<

[9] Ibíd., pp. 230/232. <<

[10] MCSHERRY, PATRICE, Los Estados depredadores…, op. cit. <<

[11] La IPA fue creada en 1963, bajo la estructura de la Office of Public Safety, que a su vez era parte de la US Agency for International Development (USAID). <<

[12] SERRA PADRÓS, ENRIQUE, “As escolas militares…”, op. cit. <<

[13] Estos hechos fueron recreados con personajes de distinto nombre en el film Estado de sitio, Costa-Gavras (director), 1972, rodado en Chile, en 1971, durante el gobierno de Allende. <<

[14] Para un detalle de esta operación SERRA PADRÓS, ENRIQUE, "A ditadura brasileira de Seguranza Nacional e a Operação 30 horas: Intervencionismo ou neocisplatinização do Uruguaip. 227/249; “O Uruguai como alvo da ditadura brasileira de seguranza nacional” en Revista Maracanan, n.º 11, 2014, pp. 91/110. <<

[15] COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE (CNV), Relatório, Vol. I, 2014, pp. 233/235. <<

[16] Ibíd., pp. 235/36. <<

[17] Ibíd., pp. 240/43. <<

[18] Ibíd., pp. 245/249. <<

[19] MEILINGER DE SANNEMANN, GLADYS, Paraguay en el Operativo Cóndor. Represión e intercambio clandestino de prisioneros políticos en el Cono Sur, Asunción, RP ediciones, 1989, p. 19. <<

[20] MCSHERRY, PATRICE, Los Estados depredadores…, op. cit., 125/126. <<

[21] MAHSKIN, VALENTÍN, Operación Cóndor, su rastro sangriento, Bs. As., Catargo, 1985, p. 28. <<

[22] CALLONI, STELLA, Los años del Lobo…, op. cit., p. 47. <<

[23] Ibíd., p. 43. <<

[24] Ibíd. <<

[25] Ibíd., p. 48. <<

[26] CARRIÓ, ALEJANDRO, Los crímenes del Cóndor: El caso Prats y la trama de conspiraciones entre los servicios de Inteligencia del Cono Sur, Bs. As., Sudamericana, 2005, p. 93. <<

[27] SERPAJ, “A Prats lo mató la DINA y, la DINA es Pinochet”, en revista Paz y Justicia, año 2, n.º 11, 1984, pp. 24/25, [en línea] http://serpajamericalatina.org/web/wp-content/uploads/2013/04/Revista-Paz-y-Justicia-No.-11.pdf <<

[28] CALLONI, STELLA, Los años del Lobo…, op. cit., p. 49. <<

[29] Clarín, miércoles 9 de agosto de 1995. <<

[30] CALLONI, STELLA, Los años del Lobo…, op. cit., p. 50. <<

[31] Ibíd., p. 49. <<

[32] CARRIÓ, ALEJANDRA, Los crímenes del Cóndor…, op. cit., p. 41. <<

[33] CALLONI, STELLA, Los años del Lobo…, op. cit., p. 49. <<

[34] UBERTALLI, JORGE LUIS, Diario Noticias del Paraguay, 1996, p. 32. <<

[35] ISRAEL, SERGIO, El enigma Trabal: Una Investigación periodística sobre el coronel Ramón Trabal: su persona, su actividad militar y política, y su nunca aclarado asesinato en París, Montevideo, Trilce, 2002, p. 12. <<

[36] MAHSKIN, VALENTÍN, Operación Cóndor…, op. cit., p. 77. <<

[37] CALLONI, STELLA, Los años del Lobo…, op. cit., p. 58. <<

[38] PLENARIO INTERSINDICAL DE TRABAJADORES-CONVENCIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES, SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y POLÍTICAS SOCIALES, Dossier: El Capítulo uruguayo de la Operación Cóndor, Montevideo, 1999, p. 37. <<

[39] PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos. En cumplimiento del artículo 4° de la ley 15.848, t. 1, Montevideo, Presidencia de la República y Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales, 2007, p. 157, [en línea] http://archivo.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2007/06/2007060509.htm <<

[40] SILVA, ALBERTO, Julio Abreu, sobreviviente del Vuelo Cero, Montevideo, Editorial Primero de Mayo, 2014. <<

[41] MAHSKIN, VALENTÍN, Operación Cóndor…, op. cit., p. 77. <<

[42] CALLONI, STELLA, Los años del Lobo…, op. cit., p. 57. <<

[43] MAHSKIN, VALENTÍN, Operación Cóndor…, op. cit., p. 80. <<

[44] CALLONI, STELLA, Los años del Lobo…, op. cit., pp. 80/83. <<

[45] Ibíd. <<

[46] Ibíd. <<

[47] DINGES, JOHN, The Condor years: how Pinochet and his allies brought terrorism to three continents, Nueva York, The New Press, 2004, pp. 130/132. <<

[48] CALLONI, STELLA, Los años del Lobo…, op. cit., pp. 80/83. <<

[49] En 1990, el presidente chileno Patricio Aylwin (1990-1994) creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, un organismo que tenía como objetivo esclarecer las violaciones a los derechos humanos cometidos en Chile. Dicha Comisión fue presidida por el político y abogado Raúl Rettig (1909-2000) y de ahí su nombre. <<

[50] CARRIÓ, ALEJANDRO, Los crímenes del Cóndor…, op. cit., p. 113. <<

[51] COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO (CODEPU/DIT/T), Más allá de las fronteras: Estudio sobre las personas ejecutadas o desaparecidas fuera de Chile (1973-1990), 1996, p. 51. <<

[52] COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO (CODEPU/DIT/T), (1994) La Gran Mentira: El Caso de las “Listas de los 119”. Aproximaciones a la guerra Psicológica de la Dictadura Chilena. 1973-1990, 1994 [en línea] http://www.archivochile.com/Derechos_humanos/119/ ddh h 1190001.pdf <<

[53] COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO (CODEPU/DIT/T), La Gran Mentira…, op. cit. <<

[54] CALLONI, STELLA, Los años del Lobo…, op. cit., p. 63. <<

[55] COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO (CODEPU/DIT/T), La Gran Mentira…, op. cit. <<

[56] CALLONI, STELLA, Los años del Lobo…, op. cit., p. 69. <<

[57] COMITÉ DEFENSA LOS DERECHOS PUEBLO (CODEPU/DIT/T), La Gran Mentira…, op. cit.. <<

[58] CALLONI, STELLA, Los años del Lobo…, op. cit., p. 64. <<

[59] COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO (CODEPU/DIT/T), La Gran Mentira…, op. cit. <<

[60] CALLONI, STELLA, Los años del Lobo…, op. cit., pp. 64/65. <<

[61] COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO (CODEPU/DIT/T), La Gran Mentira…, op. cit. <<

[62] Ibíd. <<

[63] CALLONI, STELLA, Los años del Lobo…, op. cit., p. 68. <<

[64] COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO (CODEPU/DIT/T), La Gran Mentira…, op. cit. <<

[65] TAIRE, MARCOS, “La guerra antisubversiva en Tucumán: motivos y pretextos” en Miradas al Sur, 03/08/2013, [en línea] http://www.miradasalsur.com.ar/archivo/nota/2452/la-guerra-antisubversiva-en-tucuman-motivos-y-pretextos <<

[66] TAIRE, MARCOS, “La guerra antisubversiva…”, op. cit. <<

[67] ANDERSEN, MARTIN E., Dossier Secreto: El mito de la Guerra Sucia, Bs. As., Planeta, 1993, p. 159. <<

[68] Ibíd. <<

[69] TAIRE, MARCOS, “La guerra antisubversiva…”, op. cit. <<

[70] ANDERSEN, MARTIN E., Dossier Secreto…, op. cit., p. 161. <<

[71] Ibíd., p. 151. <<

[1] Este texto transcribe un fragmento del cable enviado por Robert Scherrer al director del FBI desde Bs. As. “Cóndor [SECRET]”, 28/09/1976. Dicho cable fue conocido como Chilbom. <<

[2] MCSHERRY, J. PATRICE, Los Estados depredadores…, op. cit., pp. 33/39. <<

[3] ABRAMOVICI, PIERRE, “‘Opération Condor’…”, op. cit., pp. 24/25. <<

[4] MCSHERRY, J. PATRICE, Los Estados depredadores…, op. cit., pp. 21/22. <<

[5] DINGES, JOHN, The Condor years…, op. cit., p. 71. <<

[6] ZOGLIN, KATIE, “Paraguay’s Archive of Terror: International Cooperation and Operation Cóndor” en InterAmerican Law Review, vol. 32, n.º 1, 2001. <<

[7] Documento 186F-1573, EMG-FF.AA. J-2, Asunción, Paraguay, titulado “Asunto: Acuerdo bilateral de Inteligencia FF. AA. Paraguay / Ejército Argentino”, firmado por Benito Guanes Serrano, 12/09/1972. <<

[8] ZOGLIN, KATIE, “Paraguay’s Archive of Terror…”, op. cit. <<

[9] DINGES, JOHN, The Condor years…, op. cit., pp. 101/103. <<

[10] Ibíd., pp. 105/106. <<

[11] CALLONI, STELLA, Operación Cóndor…, p. 176. <<

[12] DINGES, JOHN, The Condor years…, op. cit., p. 95. <<

[13] CALLONI, STELLA, Operación Cóndor…, p. 134/137; MCSHERRY, J. PATRICE, Los Estados depredadores…, op. cit., pp. 219/222; MÉNDEZ MÉNDEZ, JOSÉ LUIS, “Luis Posada Carriles, el terrorista mimado de la CIA”, 2011, [en línea] www.cubadebate.cu <<

[14] VISCONTI, SILVIA y RODRÍGUEZ DÍAZ, UNIVERSINDO, “Antecedentes de la Operación Cóndor: la Conferencia de Ejércitos Americanos (Montevideo, 1974) y la coordinación de los servicios de inteligencia y los aparatos represivos en el Cono Sur”, en Taller, segunda época, Revista de Sociedad, Cultura y Política en América Latina, vol. 1, n.º 1, 2012, p. 141. <<

[15] VISCONTI, SILVIA y RODRÍGUEZ DÍAZ, UNIVERSINDO, “Antecedentes…”, op. cit., pp. 139/50. <<

[16] MARRARAN, VANA, “Una mirada desde Uruguay a la coordinación represiva regional, 1973-1984”, en E. Bohoslavsky; M. Franco; M. Iglesias y D. Lvovich (comps.), Problemas de historia reciente del Cono Sur, Bs. As., Prometeo-UNGS, 2010. <<

[17] Declaraciones juradas de Mario Ernesto Jahn Barrera ante el juez Juan Guzman, 27/08/2003 y 13/10/2003, [en línea] www.johndinges.com/condor/documents/jahn.htm <<

[18] La fuente original completa se encuentra en los anexos documentales de este Informe. <<

[19] CUNHA, LUIZ CLAUDIO, Operação Condor: O seqüestro dos uruguaios: Umna reportagem dos tempos da ditadura, Porto Alegre, L&PM, 2009. También SETTI, RICARDO, “As garras do Brasil na nefanda ‘Operação Condor’ aliança clandestina entre órgãos de repressão das hoje extintas ditaduras militares do Cone Sul”, en Veja, 24/07/2012. El aporte de Cunha fue incorporado en el Informe de la Comissão Nacional da Verdade (CNV) publicado a fines de 2014. <<

[20] DINGES, JOHN, The Condor years…, op. cit., pp. 117/120. <<

[21] Ibíd., p. 15. <<

[22] La fuente original completa se encuentra en los anexos documentales de este Informe. <<

[23] MCSHERRY, J. PATRICE, Los Estados depredadores…, op. cit., pp. 146/147; DINGES, JOHN, The Condor years…, op. cit., pp. 120/122. <<

[24] DINGES, JOHN, The Condor years…, op. cit., p. 120. <<

[25] MCSHERRY, J. PATRICE, Los Estados depredadores…, op. cit., p. 158. <<

[26] MARKARIAN, VANIA, “Una mirada desde…”, op. cit. <<

[27] MCSHERRY, J. PATRICE, Los Estados depredadores…, op. cit., pp. 181/182. <<

[28] DINGES, JOHN, The Condor years…, op. cit., pp. 222/224. <<

[29] CALLONI, STELLA, Operación Cóndor…, op. cit., p. 175. <<

[30] ZOGLIN, KATIE, “Paraguay’s Archive of Terror…”, op. cit. <<

[31] CNI D. N.º 205193, del Director Nacional de Informaciones al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, Santiago, 02/03/1979. Objeto: Propone Oficial Jefe y SOM a la Embajada de Chile en Brasilia. <<

[1] BOCCIA PAZ, ALFREDO; GONZÁLEZ, MYRIAN ANGÉLICA y PALAU AGUILAR, ROSA, Es mi informe. Los archivos secretos de la Policía de Stroessner, Asunción, Centro de Documentación y Estudios, 1994, p. 288. <<

[2] DINGES, JOHN, The Condor Years…, op. cit., pp. 86/89. <<

[3] COMISIÓN NACIONAL DE VERDAD Y RECONCILIACIÓN, Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Santiago de Chile, Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, 1996, pp. 866/867. <<

[4] BOCCIA PAZ, ALFREDO; LÓPEZ, MIGUEL; PECCI, ANTONIO y GIMÉNEZ GUANES, GLORIA, En los sótanos de los generales. Los documentos ocultos del Operativo Cóndor, Asunción, Expolibro-Servilibro, 2002, pp. 233/234. <<

[5] DINGES, JOHN, The Condor Years…, op. cit., p. 97. <<

[6] BOCCIA PAZ, A.; LÓPEZ, M.; PECCI, A. y GIMÉNEZ GUANES, G., En los sótanos…, op. cit., p. 240. <<

[7] DINGES, JOHN, The Condor Years…, op. cit., pp. 93/94. <<

[8] BOCCIA PAZ, A.; LÓPEZ, M.; PECCI, A. y GIMÉNEZ GUANES, G., En los sótanos…, op. cit., p. 238. <<

[9] Ibíd. <<

[10] DINGES, JOHN, The Condor Years…, op. cit., pp. 115/116. <<

[11] COMISIÓN NACIONAL DE VERDAD Y RECONCILIACIÓN, Informe…, op. cit., pp. 866/867. <<

[12] MCSHERRY, J. PATRICE, Los Estados depredadores…, op. cit., p. 153. <<

[13] LEZCANO, JUAN CARLOS, “Historia de un secuestro”, en ABC Color, 21/02/2014. <<

[14] BOCCIA PAZ, A.; LÓPEZ, M.; PECCI, A. y GIMÉNEZ GUANES, G., En los sótanos…, op. cit., p. 22. <<

[15] CALLONI, STELLA, Operación Cóndor. Pacto Criminal, op. cit., p. 195 <<

[16] BOCCIA PAZ, A.; LÓPEZ, M.; PECCI, A. y GIMÉNEZ GUANES, G., En los sótanos…, op. cit., p. 24. <<

[17] CALLONI, STELLA, Operación Cóndor. Pacto Criminal, op. cit., p. 194. <<

[18] Ibíd., p. 193. <<

[19] BOCCIA PAZ, A., GONZÁLEZ, M. A. y PALAU AGUILAR, R., Es mi informe…, op. cit., pp. 316/317. <<

[20] MEILINGER DE SANNEMAN, GLACYS, Paraguay, la Operación Cóndor en los Archivos del Terror, Asunción, edición de la autora, 1994, p. 98. <<

[21] BOCCIA PAZ, A., GONZÁLEZ, M. A. y PALAU AGUILAR, R., Es mi informe…, op. cit., p. 320. <<

[22] CALLONI, STELLA, Operación Cóndor. Pacto Criminal, op. cit., p. 196. <<

[23] PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, Investigación Histórica…, op. cit., p. 105. <<

[24] Ibíd., p. 292. <<

[25] MCSHERRY, J. PATRICE, Los Estados depredadores…, op. cit., p. 159. <<

[26] PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, Investigación Histórica…, op. cit., pp. 109/110. <<

[27] Ibíd., p. 293. <<

[28] Ibíd., pp. 110/111. <<

[29] CALLONI, STELLA, Operación Cóndor. Pacto Criminal, op. cit., p. 282. <<

[30] PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, Investigación Histórica…, op. cit., pp. 483/487. <<

[31] CALLONI, STELLA, Operación Cóndor. Pacto Criminal, op. cit., p. 283. <<

[32] Ibíd., p. 285. <<

[33] PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, Investigación Histórica…, op. cit., p. 112. <<

[34] Ibíd., pp. 114/115. <<

[35] RODRÍGUEZ LARRETA, ENRIQUE, “Informe Orletti”, Londres, Amnistía Internacional, [en línea] http://elinforme.larreta.org/?q=node/9. Allí se revelan la estadía en Orletti y los pormenores de la negociación, 1977. <<

[36] RODRÍGUEZ LARRETA, ENRIQUE, “Informe Orletti”, op. cit. <<

[37] PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, Investigación Histórica…, op. cit., p. 116. <<

[38] Ibíd., p. 117. <<

[39] VISCONTI, SILVIA y RODRÍGUEZ DIAZ, UNIVERSINDO, “Antecedentes…”, op. cit., p. 148. <<

[40] PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, Investigación Histórica…, op. cit., pp. 119/122. <<

[41] Ibíd., p. 122. <<

[42] Robert Scherrer From: Amembassy Buenos Aires To: Secstate Washdc, Subject: GOA silent on Uruguay revelation of terrorist plot, 22/11/1976, [en línea] http://www.archives.gov/ <<

[43] Ernest Siracusa From: Amembassy Montevideo To: RUEFIC/SECSTATE WASFIDC, Subject: Terrorist organization broken up, 29 octubre 1976 y Ernest Siracusa From: Amembassy Montevideo To: RUEHC/SECSTATE WASHDC, Subject: GOU provides more info on captured terrorist and their plans, 30 101976, [en línea] http://www.archives.gov/ <<

[44] DINGES, JOHN, The Condor years…, op. cit., pp. 214/216. <<

[45] BOCCIA PAZ, A., GONZÁLEZ, M. A. y PALAU AGUILAR, R., Es mi informe…, op. cit., p. 327. <<

[46] CALLONI, STELLA, Operación Cóndor. Pacto Criminal, op. cit., pp. 180/181. <<

[47] BOCCIA PAZ, A., GONZÁLEZ, M. A. y PALAU AGUILAR, R., Es mi informe…, op. cit., pp. 330/332. <<

[48] CALLONI, STELLA, Operación Cóndor. Pacto Criminal, op. cit., p. 181. <<

[49] PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, Investigación Histórica…, op. cit., pp. 126/300. <<

[50] NILSON, MARIANO, Operación Cóndor: terrorismo de Estado en el Cono Sur, Bs. As., Lohlé-Lumen, 1998, p. 68. <<

[51] CALLONI, STELLA, Operación Cóndor, Pacto Criminal, op. cit., pp. 79/82, con cita de M. Gardo, Confesiones para un genocidio, Montevideo, TAE, 1987. <<

[52] SERRA PADROS, ENRIQUE, “El vuelo del Cóndor en la frontera uruguayo-brasileña: la conexión represiva internacional y el operativo Zapatos Rotos”, en Estudios Históricos, n.º 1, 2009; y SETTI, RICARDO, “As garras do Brasil…”, op. cit. <<

[53] RIVAS, HUGO, Memorias de un torturador, Bs. As., El Cid Editor, 1984, pp. 47/49. <<

[54] SERRA PADROS, ENRIQUE, “El vuelo del Cóndor…”, op. cit.; DOS REÍS, RAMIRO, “Operação Condor e o sequestro dos uruguaios nas rúas de um Porto nao multo Alegre”, tesis de maestría en Historia, UFRGS, Porto Alegre, 2012. Este trabajo de Investigación es el relato más detallado disponible de toda la operación. <<

[55] DOS REIS, RAMIROS “Operação Condore o sequestro…”, op. cit., pp. 93/94. <<

[56] SERRA PADROS, ENRIQUE, “El vuelo del Cóndor…”, op. cit. La nota original, fechada 13 de enero de 1979, se encuentra en el archivo personal de Omar Ferri. <<

[57] DOS REIS, RAMIRO, “Operação Condore o sequestro…”, op. cit., pp. 95/96. <<

[58] SERRA PADROS, ENRIQUE, “El vuelo del Cóndor…”, op. cit. <<

[59] Ibíd. <<

[60] CALLONI, STELLA, Operación Cóndor, Pacto Criminal, op, cit., pp. 79/82. con cita de M. Gardo, Confesiones para un genocidio. <<

[61] Lawrence Pezzullo, From: AmEmbassy Montevideo, To: Secstate Washdc, Subject: Alleged kidnapping in brazil, 30/11/1978, [en línea] http://www.archives.gov/ <<

[62] COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE (CNV), Relatório, vol. I, 2014, pp. 250/253. <<

[63] Ibíd., pp. 253/255; CALLONI, STELLA, Operación Cóndor. Pacto Criminal, op. cit., pp. 155/156. <<

[64] CALLONI, STELLA, Operación Cóndor. Pacto Criminal, op. cit., pp. 155/156. <<

[65] COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE (CNV), Relatório, vol. I, 2014, pp. 256/258. <<

[66] Ibíd., pp. 258/260. <<

[67] Ibíd., pp. 260/263. <<

[68] Memorándum: Date: 7 aprll 1980; Reply to Attm of: RSO/James J. Blystone, American Embassy, Buenos Aires; Subject: Conversation with Argentine Intelligence Source; To: The Ambassador. National Security Archive Electronic Briefing Book No. 73 Part I, [en línea] http://www.archives.gov/ <<

[69] RAGENDORFER, RICARDO, “El coronel brasileño asesinado era un especialista en secuestrar Montoneros”, en Tiempo Argentino, 08/07/2014. <<

[70] RAGENDORFER, RICARDO, “El coronel brasileño…”, op cit.; BONASSO MIGUEL, “Causa con Galtieri y los misterios. El Batallón 601 y la Infiltración en Montoneros durante la contraofensiva”, en Página/12, 14/07/2002. <<

[71] BONASSO, MIGUEL, “Causa con Galtieri…”, op. cit. <<

[72] FERNÁNDEZ, JORGE CHRISTIAN, “Anclaos en Brasil: a presenga argentina no Rio Grande do Sul (1966-1989)”, Tesis Doctorado, Porto Alegre, UFGRS, 2011, p. 217. <<

[73] NILSON, MARIANO, “O sequestro de Montoneros no Brasil”, en E. Serra Padrós; A. Barbosa Vánia; V. López y A. Simoes Fernandes, Ditadura de Seguranga Nacional no Rio Grande do Sul (1964-1985): historia e memoria, t. 3, Porto Alegre, Corag, 2009. <<

[74] PASTORIZA, LILA, “Nido de Cóndores brasileño en Campo de Mayo argentino”, en Página/12, 29/05/2000. <<

[75] MCSHERRY, J. PATRICE, Los Estados depredadores…, op. cit., p. 123. <<

[76] Documentos publicados en castellano en BOCCIA PAZ, A.; LÓPEZ, M.; PECCI, A. y GIMÉNEZ GUANEE, G., En los sótanos…, op. cit., p. 186; también MCSHERRY, J. PATRICE, Los Estados depredadores…, op, cit., p. 184. <<

[77] MCSHERRY, J. PATRICE, Los Estados depredadores…, op. cit., p. 185. Ver [en línea] http:// www.johndinges.com/condor/documents/Peru%20and%20Condor.htm <<

[78] MCSHERRY, J. PATRICE, Los Estados depredadores…, op. cit., p. 161. <<

[79] ESPINACA, GUSTAVO, “Perú en la Operación Cóndor”, [en línea] www.rebelion.org, 04/03/2012. <<

[80] PIERINI, ALICIA y JAURETCHE, ERNESTO, “Guerra sucia en el Perú” en Página/12, 07/02/1999. Caso también reconstruido en CALLONI, STELLA, Operación Cóndor. Pacto Criminal, op. cit., pp. 230/232. <<

[81] Harry Schclaudeman From: Amembassy Lima, To: Secstat Washdc, Subject: Case of Disappeared argentine Carlos Maguey, 18 julio 1977; y From: Amembassy Lima, To: Secstat Washdc, Subject: [Tachado] Amnesty International Inquiry about alleged argentine Montoneros, 22/07/1980, [en línea] http://www.archives.gov/ <<

[82] PIERINI ALICIA y JAURETCHE ERNESTO, “Guerra sucia…”, op. cit. <<

[83] NORIEGA, CARLOS, “El Cóndor voló en la Dictadura”, en Página/12, 18/01/2008; ESPINOZA, GUSTAVO, “Perú en la Operación Cóndor”, op. cit. <<

[84] PIERINI ALICIA y JAURETCHE ERNESTO, “Guerra sucia…”, op. cit., CALLONI, STELLA, Operación Cóndor. Pacto Criminal, op. cit., pp. 230/232. <<

[85] Publicó su relato al poco tiempo en BAELLA TUESTA, ALFONSO, Secuestro, Bs. As., Ediciones El Tiempo, 1978. <<

[86] Para mayor Información, ver el testimonio de Javier Diez Canseco en los anexos documentales de este Informe. <<

[87] CALLONI, STELLA, Operación Cóndor. Pacto Criminal, op. cit., p. 234-37. Entrevista realizada por la autora en 1998, Bs. As. <<

[88] Ibíd., p. 236. Entrevista realizada por la autora en 1998, Bs. As. <<

[89] NORIEGA, CARLOS, “Rechazaron la extradición de peruano Francisco Morales Bermúdez”, en Página/12, 06/04/2012. <<

[90] CALLONI, STELLA, Operación Cóndor. Pacto Criminal, op. cit., p. 236, Bs. As. Entrevista realizada por la autora en 1998. <<

[91] NORIEGA, CARLOS, “El Cóndor voló…”, op. cit. <<

[92] PIERINI ALICIA y JAURETCHE ERNESTO, “Guerra sucia…”, op. cit. <<

[93] Para las fuentes norteamericanas, DINGES, JOHN, The Condor years…, pp. 227/228; para el agente peruano, UCEDA RICARDO, Muerte en el Pentagonito. Los cementerios del ejército peruano, Colombia, Planeta, 2004. <<

[94] PIERINI ALICIA y JAURETCHE ERNESTO, “Guerra sucia…”, op. cit. <<

[95] GINZBERG, VICTORIA, “El fin de la larga búsqueda de Simón”, en Página/12, 20/03/2002; CALLONI, STELLA, “Confirman Identidad del hijo de la uruguaya Sara Méndez plagiado en la Operación Cóndor”, en La Jornada, 20/03/2002, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, Investigación Histórica…, op. cit., t. III, pp. 704/712. <<

[96] CALLONI, STELLA, Operación Cóndor. Pacto Criminal, op. cit., pp. 277/280; LÓPEZ SAN MIGUEL MERCEDES, “El martirio de María Claudia”, en Página/12, 22/03/2012, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, Investigación Histórica…, op. cit., t. III, pp. 713/723. <<

[97] PRESDENCIA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, Investigación Histórica…, ibíd., t. III, pp. 779/784. <<

[98] CALLONI, STELLA, Operación Cóndor. Pacto Criminal, op. cit., p. 215. <<

[99] Esta historia ha sido reconstruida detalladamente en GRANA, FRANÇOIS, Los padres de Mariana. María Emilia Islas y Jorge Zaffaroni: la pasión militante, Montevideo, Trilce, 2011. <<

[100] PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, Investigación Histórica…, op. cit., t. III, pp. 736/749; BLIXEN SAMUEL, “El caso de Anatole y Victoria Julien como ejemplo”, en Brecha, 09/12/2005. <<

[101] DANDAN, ALEJANDRA, “Victoria Julien Grisonas declaró en la causa por el plan sistemático de robo de bebés”, en Página/12, 09/11/2011. <<

[102] SECRETARIADO INTERNACIONAL DE JURISTAS POR LA AMNISTÍA EN URUGUAY, Circular N.º 25, París, 28/07/1979. <<

[103] CALLONI, STELLA, Operación Cóndor. Pacto Criminal, op. cit., pp. 203/206. <<

[104] SIVAK, MARTIN, El asesinato de Juan José Torres. Bánzer y el Mercosur de la muerte, Bs. As., Collhue, 1997, pp. 167/169. <<

[105] PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, Investigación Histórica…, op. cit., t. III, pp. 685-690. <<

[106] DANDAN, ALEJANDRA, “Me restituyeron el nombre y el amor” en Página/12, 12/10/2011; Martínez Juan Carlos, “El regreso de una nieta” en Página/12, 10/05/2011. <<

[107] COMISIÓN NACIONAL DE VERDAD Y RECONCILIACIÓN, Informe…, t. 2, op. cit., p. 872. <<

[108] PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, Investigación Histórica…, op. cit., t. III, pp. 691/693. <<

[109] Ibíd., pp. 755/762. <<

[110] Ibíd., pp. 696/699; METER, ADRIANA, “Mi nombre es Carmen Gallo”, en Páglna/12, 21/01/2006. <<

[1] Entrevista realizada por Stella Calloni a Michael Moffit para la Agencia Nueva Nicaragua (ANN), Managua, 1980. <<

[2] BRANCH, TAYLOR y PROPPER, EUGENE, Labyrinth, op. cit., pp. 1, 2, 6, 7, 10 y 13. <<

[3] MAHSKIN, VALENTÍN, Operación Cóndor…, op. cit., p. 63. <<

[4] CALLONI, STELLA, Los años del Lobo…, op. cit., p. 93. <<

[5] GALLARDO JORGE, De Torres a Banzer: diez meses de emergencia en Bolivia, Bs. As., Periferia, 1972, p. 269. <<

[6] MAHSKIN, VALENTÍN, Operación Cóndor…, op. cit., p. 51. <<

[7] SIVAK, MARTIN, El asesinato de Juan José Torres, Bs. As., Ediciones Serpaj, 1997, p. 20. <<

[8] MCSHERRY, J. PATRICE, Los estados depredares…, op. cit., pp. 192/193. <<

[9] CALLONI, STELLA, Los años del Lobo…, op. cit., p. 87. <<

[10] MCSHERRY, J. PATRICE, Los estados depredares…, op. cit., p. 193. <<

[11] Ibíd., p. 194. <<

[12] CALLONI, STELLA, Los años del Lobo…, op. cit., p. 97. <<

[13] Ibíd., p. 98. <<

[14] SIVAK, MARTÍN, El asesinato de…, op. cit., pp. 130/131. <<

[15] CALLONI, STELLA, Los años del Lobo…, op. cit., p. 94. <<

[16] SIVAK, MARTÍN, El asesinato de…, op. cit. <<

[17] Ibíd., p. 145. <<

[18] CALLONI, STELLA, op. cit., p. 152. <<

[1] CALLONI, STELLA, Operación Cóndor. Pacto Criminal, op. cit. <<

[2] ARMONY, ARIEL, La Argentina, los Estados Unidos y la cruzada anticomunista en América Central, 1977-1984, Bernal, UNQUI, 1999. <<

[3] SEOANE, MARIA, “Los secretos de la guerra suda continental de la dictadura”, en Clarín, suplemento especial A 30 años de la noche más larga, 24/03/2006. <<

[4] MCSHERRY, PATRICE, Los Estados depredadores…, op. cit., p. 270. <<

[5] CALLONI, STELLA, Operación Cóndor. Pacto Criminal, op. cit., p. 251. <<

[6] MCSHERRY, PATRICE, Los Estados depredadores…, op. cit., p. 295. <<

[7] SEOANE, MARIA, “Los secretos de…, op. cit. <<

[8] CALLONI, STELLA, Operación Cóndor. Pacto Criminal, op. cit. <<

[9] MCSHERRY, PATRICE, Los Estados depredadores…, op. cit., 276/277. <<

[10] CALLONI, STELLA, Operación Cóndor. Pacto Criminal, op. cit., pp. 252/254. <<

[11] Ibíd., p. 254. <<

[12] CAMUS, MARIA EUGENIA, “Una Odessa chilena. La Cofradía de los ex agentes”, en Revista APSI, Santiago de Chile, n.º 441, enero 1993; y “A quién encubre El Fanta”, en Revista APSI, Santiago de Chile, n.º 443, febrero 1993. <<

[13] CAMUS, MARIA EUGENIA, “Una Odessa…”, op. cit.; LÓPEZ, FEDERICO, “Caso Huber. El silencio de los culpables”, en Revista Punto Final, Santiago de Chile, octubre de 1995. <<

[14] Para una biografía de Eugenio Berríos y sus conexiones con el asesinato de Eduardo Freí, MOLINA SANHUEZA, JORGE, Crimen Imperfecto. Historia del químico DINA Eugenio Berríos y la muerte de Eduardo Frei Montalva, Santiago de Chile, LOM ediciones, 2002. <<

[15] GONZÁLEZ, MÓNICA, “Todas las muertes conducen a Berríos”, [en línea] http://c¡perch11e. cl/2009/12/08/todas-las-muertes-conducen-a-berrlos/, 08/12/2009. <<

[16] GONZÁLEZ, MÓNICA, “La ‘Operación Cóndor’ de los ’90. Así actuó la red que secuestró y asesinó a Eugenio Berríos”, en Siete+7, edición especial n.º 32, 2002, [en línea] http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/asi-actuo-la-red-que-secuestro-y-asesino-a-eugenio-berrios.pdf <<

[17] GONZÁLEZ, MÓNICA, “Mayor (R) Arturo Silva Valdés. El hombre que disparó a Berríos”, en Siete+7, edición n.º 33, 2002, [en línea] http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/el-asesinode-eugenio-berrios.pdf <<

[18] GONZÁLEZ, MÓNICA, “Mayor (R) Arturo Silva Valdés…, op. cit. <<

[19] GONZÁLEZ, MÓNICA, “La ‘Operación Cóndor’ de los ’90…”, op. cit. <<

[20] Ibíd. <<

[21] FERREIPA MARIO, “La Cofradía. La conexión uruguaya” en Revista APSI, Santiago de Chile, n.º 452, junio 1993. <<

[22] GONZÁLEZ, MÓNICA, “La ‘Operación Cóndor’ de los ’90…”, op. cit. <<

[23] Ibíd. <<

[24] Ibíd. <<

[25] GONZÁLEZ, MÓNICA, “Mayor (R) Arturo Silva Valdés…, op. cit. <<

[26] CALLONI STELLA, Operación Cóndor, Pacto Criminal, op. cit., pp. 261/264. <<

[27] BLIXEN, SAMUEL, “Pinochet’s mad scientist”, 2006, [en línea] https://consortiumnews. com/2014/12/15/pinochets-mad-scientist/ <<

[28] BLIXEN, SAMUEL, “Pinochet’s mad scientist”, op. cit. <<

[29] GONZÁLEZ, MÓNICA, “La ‘Operación Cóndor’ de los ’90…”, op. cit. <<

[30] “Ex jefe de la DINE dejó carta a su familia explicando su suicidio” en El Mercurio, 14/08/2015. <<

[1] Autora. Profesora de Ciencias Políticas (Long Island University, Nueva York). <<

[2] SIMPSON, CHRISTOPHER, Blowback: America’s Recruitment of Nazis and Its Effects on the Cold War, Nueva York, Macmillan, Colller Books, 1988, p. 102, con cita de US Senate, Church Committee Report, Book IV, 1976, pp. 29/31.29-31. <<

[3] CIA, National Intelligence Daily (Top Secret), 23/06/1976. <<

[4] DEFENSE INTELLIGENCE AGENCY (DIA), “Special Operations Forces”, (Washington, DC: US Army, Defense Intelligence Agency, DIA), 01/10/1976. <<

[5] DEFENSE INTELLIGENCE AGENCY (DIA), “Special..”, op. cit. <<

[6] Ver mi Estados depredadores: La Operación Cóndor y la Guerra Encubierta en América Latina para más sobre conexiones secretas entre EEUU y Cóndor; ver también ROBERT WHITE, telegrama al secretario de estado, 13 de octubre de 1978 [en línea] www.foia.state.gov/documents/StateChile3/000058FD.pdf <<

[7] Profesor emérito de periodismo Godfrey Lowell Cabot (Universidad de Columbia). Fue corresponsal en Chile para publicaciones estadounidenses durante los primeros cinco años de la dictadura pinochetista. Es cofundador y excodirector del Centro de Investigación Chileno CIPER. Autor de varios libros sobre la Operación Cóndor y la contrainsurgencia en América Latina. Derechos de propiedad intelectual (c), 2015. <<

[8] El informe de Scherrer sobre la descripción del oficial argentino de la Operación Cóndor se detalla en un cable dirigido al FBI y en un cable de la Agencia de Inteligencia de Defensa, ambos con fecha 28/09/1976. Además, Scherrer describió la reunión en una serle de entrevistas con el autor en 1979. Conseguí casi la totalidad del texto del todavía secreto Informe de Scherrer para las oficinas del FBI, que publiqué por primera vez en mi libro Assassination on Embassy Row, NY, Pantheon 1980 (Asesinato en Washington, Santiago de Chile, Planeta, 1990). El cable del FBI se desclasificó en la década del 80, e Incluso se desclasificó aun más material a fines de los 90. <<

[9] Tanto el así llamado “Archivo de Terror” descubierto en Paraguay en 1992 como las copias de los documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores obtenidos por el diario La Nación unos años después contienen documentación militar importante sobre Cóndor, pero ninguno alude a la fase tres y a los planes de las operaciones de asesinato fuera de América Latina. <<

[10] DINGES, JOHN, Operación Cóndor: Una década de terrorismo internacional en el Cono Sur, Santiago de Chile, Ediciones B, 2004. <<

[11] DINGES, JOHN, Operación Cóndor…, op. cit. <<

[12] DINGES, JOHN, Operación Cóndor…, op. cit., p. 170. <<

[13] CENRTAL INTELLIGENCE AGENCY, “The Hinchey Report: CIA Activities in Chile” (september 18, 2000) [en línea] https://www.cia.gov/library/reports/general-reports-1/chile/. Se realizó un depósito de USD 5.000 a una cuenta del Riggs Bank a nombre de Contreras en ese momento. En 1991, la CIA reconoció haber destruido el archivo de seguridad que había conservado sobre Contreras desde 1974 a 1979. <<

[14] Otras operaciones que nunca se ejecutaron de forma completa podrían haber estado en marcha también. Se conocen pocos detalles, pero las fuentes establecen una variedad de objetivos Cóndor de alto perfil: Carlos Altamirano (Chile), Gabriel Valdes (Chile), el congresista Edward Koch (Chile y Uruguay), Wilson Ferreira (Uruguay), Ilich Ramírez Sánchez (también conocido como Carlos “el Chacal”) y el FPLP (Frente Popular para la Liberación de Palestina, con el cual estaba asociado Ramírez Sánchez). También hay pruebas de que Chile o la Operación Cóndor habían entablado relaciones con fuerzas de Inteligencia en la Sudáfrica de los tiempos del Apartheid, Alemania Occidental, Irán. <<

[15] DINGES, JOHN, Operación Cóndor…, op. cit., pp. 182/183. <<

[16] PROPPER, EUGENE y BRANCH, TAYLOR, Labyrinth, op. cit. Se puede demostrar que la declaración de Propper no es verdadera. Ahora tenemos acceso a los documentos de Instrucción que usó la CIA en sus reuniones con el fiscal. Incluyen la misma Información sobre las tres fases, Incluidos los asesinatos Internacionales, que brindó Kissinger antes del asesinato. <<

[17] Townley cumplió cerca de cinco años de una sentencia de 10 años. Manuel Contreras y su jefe de operaciones de la DINA, Pedro Espinoza, fueron acusados por Estados Unidos pero Chile rechazó la extradición. Cuando terminó la dictadura chilena, ambos fueron finalmente enjuiciados por diversos cargos relacionados con derechos humanos y recibieron largas condenas. Contreras murió en la cárcel en el 2015. Townley está libre y vive en Estados Unidos bajo otra Identidad. <<

[18] DINGES, JOHN, Operación Cóndor…, op. cit. Las citas específicas de todos los documentos mencionados en el presente pueden encontrarse en las notas del capítulo 11, “Un asesinato que pudo haberse evitado”. <<

[19] Investigadora. <<

[20] COMISIÓN NACIONAL PARA LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS (CONADEP), Nunca más, Bs. As., Eudeba, 1984. <<

[21] COMISIÓN NACIONAL DE VERDAD Y RECONCILIACIÓN, Informe…, op. cit. <<

[22] PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, Investigación Histórica…, op. cit.; RICO, ÁLVARO, Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985), vol. 2, Montevideo, Universidad de la República, 2008. <<

[23] COMISIÓN DE VERDAD Y JUSTICIA, PARAGUAY, Informe Final, 2009 <<

[24] COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE (CNV), Relatório, vol. I, 2014. <<

[25] Para la declaración de Malhaes ver [en línea] http://www.cev-rio.org.br/destaque/teste/ <<

[26] Estos informes fueron publicados por el Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro, [en línea] http://www.prrj.mpf.mp.br/institucional/mpf-na-capital/atuacao/portaria-icps <<

[27] YANZÓN, RODOLFO, “Los juicios desde el fin de la dictadura hasta hoy”, en G. C. Andreozzi (ed.) Juicios por crímenes de lesa humanidad en Argentina, Bs. As, Cara o ceca, 2011. <<

[28] Una referencia con más detalle sobre estas causas, sus objetivos y contenido documenta puede consultarse [en línea] http://atom.ippdh.mercosur.int/index.php/causa-plan-condororletti-ii. Una explicación detallada de las características y objetivos del juicio puede encontrarse en la entrevista al fiscal general Pablo Ouviña, [en línea] https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/juicio-a-los-responsables-del-plan-condor-todos-nuestros-vecinos-nosestan-mirando-para-ver-que-hacemos/?hl=Operacion%20Condor <<

[29] CALLONI, STELLA, Los años del Lobo…, op. cit.; DINGES, JOHN, Operación Cóndor…, op. cit.; MARTORELL, FRANCISCO, Operación Cóndor, el vuelo de la muerte: la coordinación represiva en el Cono Sur, Santiago de Chile, LOM, 1999; BLIXEN, SAMUEL, El vientre del Cóndor, Montevideo, Brecha, 1995. <<

[30] TRÍAS, IVONNE y RODRÍGUEZ DIAZ, UNIVERSINDO, Gerardo Gatti: revolucionario, 2.ª ed., Montevideo, Trilce, 2013. <<

[31] GRANA, FRANÇOIS, Los padres de Mariana…, op. cit. <<

[32] SIVAK, MARTIN, El asesinato de Juan José Torres…, op. cit. <<

[33] ENZ, DANIEL, Rebeldes y ejecutores. Historias, violencia y represión durante la década del 70 en Entre Ríos, Paraná, edición del autor, 2009. <<

[34] BOCCIA PAZ, ALFREDO, Goiburú. La odisea del Insumiso, Asunción, Servilibro, 2014. <<

[35] BONASSO, MIGUEL, Recuerdo de la muerte, Bs. As., Planeta, 1984 <<

[36] BONASSO, MIGUEL, “La increíble historia de Thelma Jara de Cabezas en manos del represor Cavallo. Un viaje por los abismos de la ESMA”, en Página/12, 04/11/2000. <<

[37] LISCANO, CARLOS, Ejercicio de la impunidad. El caso Gelman, Bs. As., Distal, 2009. <<

[38] LARRAQUY, MARCELO, Fuimos soldados: historia secreta de la contraofensiva Montonera, Bs. As., Aguilar, 2006. <<

[39] MARIANO, NILSON CEZAR, Operación Cóndor…, op. cit., y Montoneros no brasil. Terrorismo de Estado no seqüestro-desaparecimento de seis guerrilheiros argentinos, Tesis de Maestría en Historia, Universidad de Campiñas, Porto Alegre, 2006. <<

[40] BOCCIA PAZ, A., GONZÁLEZ, M. A. y PALAU AGUILAR, R., Es mi informe…, op. cit. <<

[41] HALPERN, GERARDO, Etnicidad, inmigración y política: representaciones y cultura política de exiliados paraguayos en Argentina, Bs. As., Prometeo Libros, 2009; y SÁNCHEZ, MARÍA ANTONIA y RONIGER, LUIS, El destierro paraguayo: aspectos transnacionales y generacionales, en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, LII (208), 2010, pp. 135/158. <<

[42] CASOLA, NATALIA, El PC argentino y la dictadura militar. Militancia, estrategia política y represión estatal, Bs. As., Imago Mundi, 2015. <<

[43] PAREDES, ALEJANDRO, “Exiliados en la frontera: la marginación y el temor a la persecución de los exiliados chilenos en Mendoza”, Argentina en C. Sanhueza, y J. Pinedo, (eds.), La patria interrumpida. Latinoamericanos en el exilio. Siglos XVIII-XX, Santiago de Chile, Lom Ediciones, 2010. <<

[44] RODRÍGUEZ AGÜERO, LAURA, “Centralización de la represión, violencia paraestatal y redes internacionales represivas en la Mendoza predictatorial”, en Sociohistórica 33, [en línea] http://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/article/view/SH2014n33a02/5985 <<

[45] GATICA, MÓNICA, ¿Exilio, migración, destierro? Trabajadores chilenos en el noreste de Chubut, 1973-2010, Bs. As., Prometeo Libros, 2012. <<

[46] AZCONEGUI, CECILIA, “Chilenos en Argentina. Entre la protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la política de expulsión de la Dictadura Militar, en S. Jensen y M. S. Lastra (eds.), Exilios, militancia y represión. Nuevas fuentes y nuevos abordajes de los destierros de la Argentina de los años setenta, La Plata, Universidad de la Plata, 2014. <<

[47] MARRARÍAN, VANIA (2011) “Una mirada desde Uruguay a la coordinación represiva regional, 1973-1984”, en E. Bohoslavsky, M. Franco, M. Iglesias y D. Lvovich (comps.), Problemas de historia reciente del Cono Sur, Bs. As., Prometeo-UNGS, 2011. <<

[48] PADRÓS, ENRIQUE SERRA, Como el Uruguay no hay: terror de estado e seguranga nacional: Uruguai (1968-1985): do pachecato á ditadura civil-militar, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, 2005. <<

[49] FERNÁNDEZ, JORGE CHRISTIAN, “Anclaos en Brasil…”, op. cit. <<

[50] QUADRAT, SAMANTHA VIZ, “A repressão sem fronteiras. Perseguição política e colaboração entre as ditaduras do Cone Sul”, Doctorado, RJ: UFF, Niterói, 2005. <<

[51] SLATMAN, MELISA y PADRÓS, ENRIQUE SERRA, “Brasil y Argentina: modelos represivos y redes de coordinación durante el último ciclo de dictaduras del Cono Sur. Estudio en clave comparativa y transnacional”, en S. Jensen y M. S. Lastra (eds.) Exilios…, op. cit., [en línea] http:// www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.371/pm.371.pdf <<

[52] RONIGER, LUIS, “El exilio político y los límites de las Doctrinas de Seguridad Nacional”, en Revista de Estudios sobre Genocidio, n.º 2, 2008, pp. 69/86. <<

[53] SLATMAN, MELISA, “Un ejercicio cuantitativo y cualitativo sobre la desaparición y ejecución extraterritorial de ciudadanos argentinos en el Cono Sur (1975-1980)” en Historia, Voces y Memoria. Revista del Programa de Historia Oral, 1(1), Facultad de Filosofía y Letras, UBA, pp. 149/179, 2009; “Para un balance necesario: la relación entre la emergencia de la Junta de Coordinación Revolucionaria y el Operativo Cóndor. Cono Sur, 1974-1978”, en Testimonios. Revista de la Asociación de Historia Oral de la República Argentina, 2, 2010, pp. 1/24; “Actividades extraterritoriales represivas de la Armada Argentina durante la última dictadura civil-militar de Seguridad Nacional (1976-1983)”, Revista do Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 19(35), 2012, pp. 233/256; “Un espía chileno en Buenos Aires. Los documentos de Arancibia Clavel y la multiplicidad de niveles de la participación argentina en las redes de coordinación represiva”, en E. Serra Padrós, (ed.), Cone Sul en tempos de ditadura, Porto Alegre, UFRGS, 2013. <<

[54] Historiador boliviano. <<

[55] IRUSTA M., GERARDO, Espionaje y servidos secretos en Bolivia y el Cono Sur: Nazis en la Operación Cóndor, La Paz, 1997. <<

[56] Autor del libro Justicia Transicional. Necesidad y factibilidad de los juicios en Brasil, La Plata, Ediciones Al Margen, 2013. <<

[57] El juicio de la Operación Cóndor se encuentra en proceso en Italia. Otro similar será juzgado en Argentina al final del presente año. <<

[58] El caso resultó archivado en 2012 por falta de pruebas de que los secuestros hayan ocurrido en Brasil, o Incluso de que represores brasileños hayan colaborado en su práctica. <<

[59] El MPF brasileño ya había aportado datos en tales Investigaciones por medio de la cooperación directa. <<

[60] Otro perpetrador argentino, Pedro Osvaldo Salvia, que se refugiaba en Brasil juntamente con González, murió en junio de este año. <<

[61] Extracto del informe enviado por la periodista e investigadora chilena Mónica González sobre la Operación Cóndor, que publicará la CIPH próximamente. <<

[62] Dos testigos presenciaron su detención: José Cerda y Alex Muñoz. Fueron llevados aun regimiento de Mendoza y en la noche trasladados a Chile por el paso fronterizo “Los Libertadores”, en una camioneta con toldo, para ser entregados en el campo de prisioneros Cuatro Álamos. A la mañana siguiente fueron trasladados a Villa Grimaldi, donde fueron vistos aún con vida por varios de los prisioneros que sobrevivieron. <<

[63] La escritora Lucy Komisar pidió esa desclasificación, la que se encuentra en el National Security Archive, en Estados Unidos. Acompañaban a Pinochet, su canciller, Patricio Carvajal; el Embajador en Estados Unidos, Manuel Truco y el empresario chileno Ricardo Claro. A Kissinger lo escoltaba Wiliam D. Rogers, Secretario Asistente de Asuntos Interamericanos. <<

[64] En el juicio que se hizo en Estados Unidos por el crimen de Letelier, uno de los momentos más impactantes fue cuando se recreó el atentado con un vehículo idéntico al que conducía Letelier, y confeccionando la bomba y su ubicación según las instrucciones que dio ante el jurado Michael Townley. <<

[65] Su hijo —que lleva el mismo nombre— sería también presidente de EEUU entre 2001 y 2009. <<

[66] Incluyendo el informe entregado por el embajador de Estados Unidos en Paraguay que dice que los autores del atentado habían buscado en ese país, con la complicidad de la inteligencia de Stroessner, obtener pasaportes falsos para viajar a Estados Unidos. Las fotos que guardó el embajador Georges Landau serían más tarde pieza clave para la identificación de los autores chilenos del atentado. <<

[67] En secretas comunicaciones a través de un sistema brasileño llamado “Condortel”, Chile se auto-designó como “Cóndor Uno”. En un documento del FBI obtenido por primera vez por el periodista John Dinges, autor del libro “Los Años del Cóndor”, es una transcripción de un cable enviado por Manuel Contreras a Paraguay el 17 de julio de 1976, en relación a la misión de asesinar a Orlando Letelier en Washington, D. C., la que se materializó dos meses más tarde. En el cable, Contreras solicita que el servicio de inteligencia paraguayo “acceda a la solicitud que [dos agentes de la DINA] le harían cuando lleguen a Asunción”, consistente en dos visas falsas a Estados Unidos. “Cóndor Uno”, señala el cable, enviaría más antecedentes a Paraguay sobre esas visas una vez que llegaran los agentes. <<

[68] Memorándums y documentos de la CIA y el Departamento de Estado desclasificados 25 años más tarde indican que la CIA conoció a fines de 1974 que los servicios secretos de las dictaduras del Cono Sur, y luego bajo la coordinación de la Operación Cóndor, estaban asesinando y planificando acciones terroristas contra opositores que ejercían su acción a través de una vía pacífica y no la vía armada, como Orlando Letelier. <<

[69] Entrevista de la autora con Gabriel Valdés. <<

[70] La Brigada Lautaro de la DINA se formó el 1 de abril de 1974 y funcionó primero en un departamento expropiado ubicado en la Torre 5 de la Remodelación San Borja, en Santiago. Seis mujeres hubo entre sus agentes, entre ellas la enfermera del Regimiento Tejas Verdes, Gladys Calderón, quien les inyectaba cianuro a los prisioneros que iban a lanzar al mar. A mediados de 1975, coincidiendo con que Manuel Contreras se cambió de un modesto departamento a una amplia casa en el barrio alto de Santiago, la brigada se mudó al nuevo cuartel de Simón Bolívar 8800, muy cerca de la residencia del director de la DINA. <<

[71] En la prisión especial para militares condenados por crímenes durante la dictadura, por su participación en el asesinato del general Carlos Prats y su esposa. Procesado además en otros juicios por detenidos desaparecidos. <<

[72] El ex agente de la DINA, Emilio Troncoso Vivallos, quien está procesado por el caso de los detenidos desaparecidos miembros de la dirección del PC que cayeron en manos de la DINA en una ratonera efectuada a una casa ubicada en la calle Conferencia, declaró en 2014: “Cuando se cerró la DINA, permanecimos como Brigada Lautaro en el cuartel Simón Bolívar bajo el mando de Armando Fernández Larios, quien reemplazó a Juan Morales Salgado. En este periodo fuimos trasladados al Cuartel Loyola (ubicado en la calle Loyola de la entonces comuna de Pudahuel). <<

[73] La salida de Chile de Armando Fernández Larios quedó registrada el 22 de enero de 1987 hacia Brasil. En ese país lo recogió el agente del FBI, Cárter Cornick, quien lo llevó a Estados Unidos, donde ya había sido procesado en 1978 por un tribunal federal de Washington por su participación en el crimen de Orlando Letelier y de su asistente Ronnie Moffit. Se pidió su extradición a Chile. Se rechazó. En 1987 negoció un acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU —a través del ex vocero de la Junta Militar Federico Willoughby— por el cual se declaró cómplice del crimen a cambio de poder vivir y trabajar en ese país tras cumplir su condena, y bajo la garantía de que no sería extraditado a Chile ni a ningún otro país que lo reclamara. Recuperada la democracia en Chile, se pidió su extradición por su participación en los asesinatos de más de 70 víctimas de la llamada “Caravana de La Muerte”. Fue rechazada. Aparece en múltiples procesos por detenidos desaparecidos. Actualmente vive en un condominio en Miami-Dady County en el Estado de Florida. <<

[74] El 8 de septiembre de 2014, el ex agente de la DINA, Jorge Iván Díaz Radulovich, quien está comprobado que subió a un avión Puma del Ejército con 10 cuerpos ensacados, los que fueron lanzados al mar en la costa de la Quinta Reglón, declaró: “Debo señalar que en una oportunidad me correspondió acompañar a Marco Antonio Blterllch y Torrejón (enfermero) hasta el cuartel de la DINA de Villa Grimaldi para recibir Instrucciones de Ricardo Lawrence, en donde me pude percatar que había una pareja de muchachos jóvenes de nacionalidad argentina —un hombre y una mujer— en el patio de la villa, de lo que me enteré por los mismos agentes que allí estaban. Ignoro su destino”. <<

[75] Al día siguiente del hallazgo del cadáver de Enrique Correa su familia Interpuso un recurso de amparo en tribunales, patrocinado por la Vicaría de la Solidaridad, y al subsiguiente presentaron una querella criminal. En ella se acompañó la declaración de un testigo presencial del asesinato: un hombre de muy escasos recursos y poca educación (vivía en una precaria pieza de madera al lado del puente), quien les relató que en la madrugada sintió el freno muy fuerte de un vehículo, lo que lo hizo salir de su pieza hacia el puente. Allí vio sobre el pavimento un bulto y un vehículo que venía de oriente a poniente, que retrocede y luego pasa sus ruedas sobre el bulto. Asustado, vuelve a su pieza, deja pasar un rato y vuelve a salir y constata que el bulto era una persona: un caballero bien vestido y con zapatos de buena calidad, lo que recuerda porque pensó sacárselos pero desistió“. La policía desestimó de Inmediato el testimonio. Treinta ocho más tarde, un agente de la DINA relataría cómo los agentes después de torturarlo, lo obligaron a Ingerir grandes cantidades de alcohol, luego, en la madrugada, lo Introdujeron en un vehículo y lo fueron a tirar a la calle. <<

[76] Alexei Jaccard, Ingeniero, había sido detenido por un oficial de la Marina el 2 de octubre de 1973 y acusado de pertenecer al servicio de Inteligencia del MIR, de haber robado documentos técnicos de Indus Lever, y de haber hecho Instrucción paramilitar a los obreros de dicha fábrica. Se le hizo Consejo de Guerra y el 6 de noviembre de 1974 fue sobreseído temporalmente. En el exterior, se casó con la abogada Paulina Veloso, quien fue ministra del primer gobierno de Michelle Bachelet y luego pasó a Integrar el Consejo de Defensa del Estado (CDE). <<

[77] Al matrimonio Stoulman-Pessa la Operación Cóndor también los despojó de dinero. Los socios del empresario chileno-judío en la Casa de Cambios Andes declararon a la justicia que, tras el secuestro, se realizaron giros por hasta USD 10.000 que habrían sido obtenidos por los captores con documentos firmados por el mismo Stoulman. Uno de ellos señaló que el abogado chileno Ambrosio Rodríguez le dijo a la familia que esos fondos eran considerados como un “botín de guerra por los argentinos”. <<

[78] Tras el secuestro de la pareja, su familia recurrió al abogado Ambrosio Rodríguez, a quien se le pagó para viajara a Argentina y averiguara su paradero. Rodríguez era un hombre cercano al régimen. Fue asesor jurídico del Ministerio del Interior, y en los años 80 nombrado Procurador General de la República. Hoy es presidente del Tribunal Supremo de Renovación Nacional. En Argentina, se juntó con el jefe de la red de la DINA en Buenos Aires, Enrique Arancibia Clavel. Un Informe escrito por el propio Arancibia, descubierto en 1986 en los archivos que tenía el jefe de la DINA en Buenos Aires en su poder, enviado el 8 de julio de 1977 a su jefatura en Santiago, dice que Ambrosio Rodríguez se había contactado con altos mandos del Ejército argentino, quienes le habían Indicado que el matrimonio Stoulman-Pessa “ya no existía” y que la Información oficial entregada por el 1.er Cuerpo del Ejército argentino, la unidad que controlaba la capital trasandina, “es que fueron entregados a funcionarios de la DINA”. <<

[79] Escritor y profesor universitario cubano. <<

[80] El 19 de julio de 2004, el general Manuel Contreras le afirmó al autor de este trabajo que Townley era agente de la CIA y había sido contratado por la DINA, por sus conocimientos y habilidades en explosivos, para realizar algunas operaciones especiales. <<

[81] Para más información, MÉNDEZ MÉNDEZ, JOSÉ LUIS, Bajo las alas del Cóndor, La Habana, Editorial Capitán San Luis, 2006; y Operación Cóndor contra Cuba, Bs. As., 2012. <<

[82] Para más información, DINGES, JOHN y LANDAU, SAÚL, Asesinato en Washington…, op cit., p. 207. <<

[83] Para más información MÉNDEZ MÉNDEZ, JOSÉ LUIS, Mensajeros de la muerte. Centroamérica la punta del iceberg. 1959-2014, La Habana, La Habana, Editorial Capitán San Luis, 2014. <<

[84] Doctor en jurisprudencia. Ex juez penal. Magister en Derecho Procesal. Catedrático (Universidad Andina Simón Bolívar). Ex coordinador técnico de la veeduría internacional sobre la reforma judicial en Ecuador. Experto independiente de FIBGAR. Asesor de la Comisión de la Verdad. Abogado litigante en casos de la Comisión de la Verdad de Ecuador. <<

[85] AGEE, PHILIP, Inside the Company CIA Diary, Londres, Penguin, 1975. <<

[86] Documento obtenido en las investigaciones judiciales realizadas por el juez Baltasar Garzón Real. Se conoce que este instrumento se encuentra agregado al expediente de la Fiscalía General del estado del Ecuador en la investigación sobre la muerte del ex presidente del Ecuador Jaime Roídos Aguilera. <<

[87] PEREZ ESQUIVEL, ADOLFO, Carta Vuelo a la muerte, 1977. <<

[88] Diario El Telégrafo, Quito, 17/06/2013. <<

[89] Afirmación del General del Ejército ecuatoriano Richeliu Levoyer quien manifestó que el Presidente Roídos se opuso a este tipo de convenios, que formaban parte de la Operación Cóndor. <<

[90] Informe de actividades entregado a la Asamblea Nacional por el Fiscal General del Estado Galo Chiriboga en marzo de 2015. <<

[91] Entre las provincia de Pichincha y Cotopaxi los EEUU ubicó en 1957 a través de la NASA la estación denominada Mini Track donde funcionaban torres de control de satélites y servía para apoyar las misiones espaciales de los norteamericanos, así como emitir Información del clima. Actualmente ejerce este control la Agencia Espacial del Ecuador. <<

[92] Ex Investigador de la Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay (2008). <<

[93] Periodista, escritor, investigador especializado en derechos humanos, Operación Cóndor y otros. Nota escrita con la colaboración de Jonathan Castro, Jenny Cabrera y Elizabeth Prado. <<

[94] Hallazgo del periodista norteamericano John Dinges publicado el 2004. Un reporte secreto del gobierno norteamericano emitido el 22 de agosto 1978 y desclasificado en julio del 2000 confirmó la Incorporación: “Perú y Ecuador recientemente se convirtieron en miembros”, Informó. <<

[95] El coronel PNP Manuel Tumba, asesinado por Sendero Luminoso en 1992, y Julio Chuqul Agulrre, agente del SIE, Integraron el Grupo Colina de operaciones especiales de Inteligencia. Ambos Intervinieron en el secuestro de los montoneros. <<

[96] Diario El Comercio, Lima, 21/01/2008. <<

[97] Ubicado a 43 km al norte de Lima (Perú). <<

[98] Declaración fiscal de Pedro Richter Prada, 27/06/2011. <<

[99] Antonio Meza Cuadra, Javier Diez Canseco y Manuel Danmert, recién electos congresistas, se constituyeron la madrugada del viernes 13 en la casa del jirón, Madrid 146, Miraflores, donde se alojaba la señora Giannotti, solo encontraron desorden e indicios de violencia. <<

[100] UCEDA, RICARDO, Muerte en el Pentagonito. Los cementerios secretos del Ejército Peruano, Bogotá, Planeta, 2004 <<

[101] Docente de la Universidad del Pacífico, autor del ensayo La Operación Cóndor: un enfoque comparativo. <<

[102] Periodista, docente y escritor. Investigador de Operación Cóndor. <<

[103] Quizás la premura de la mayoría parlamentaria en aprobar un texto que se adelantara a expresiones más contundentes del “partido militar” dejó un resquicio, por ausencia de definición, sobre la situación de los civiles involucrados en los delitos de la dictadura. Así, el primer procesamiento recayó sobre la figura del ex canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, quien había exhibido una dedicada militancia en el apoyo diplomático a la red represiva de Cóndor, con un protagonismo particular en los episodios que desembocaron en el secuestro y asesinato de los legisladores uruguayos exiliados en Buenos Aires, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Blanco fue investigado por el Parlamento siendo él mismo senador del Partido Colorado cuando a la aparición de un documento de Cancillería confirmó el destino final de una maestra, Elena Quinteros quien, escapando de sus captores logró entrar en los jardines de la embajada de Venezuela, a mediados de 1976. A raíz de la crisis diplomática desatada por el secuestro de Quinteros de los jardines de la embajada, la Cancillería deslindó cualquier responsabilidad. Pero el citado documento reveló que el ministro Blanco había aconsejado a la Junta de Comandantes en Jefe “no entregara la mujer”, tal como reclamaba el gobierno de Carlos Andrés Pérez. <<

[104] Anatole y Victoria fueron abandonados en una plaza de Viña del Mar, Chile, a fines de 1976, y adoptados por una familia chilena sin que se sepa hasta ahora quién y por qué los abandonó, aunque se presume que su traslado desde Montevideo a Viña del Mar fue un operativo de Cóndor. <<

[105] La elección del general Barneix como uno de los tres altos oficiales encargados de recabar la Información sobre desaparecidos es sintomática de la manera que el Ejército se maneja en la Interna. Dos años después del engaño al Presidente, Barneix resultó comprometido en el asesinato de un heladero de la ciudad de Carmelo, a quien directamente Interrogó y torturó en el cuartel de Colonia, en 1974. El protagonismo de Barneix en los secretos de la dictadura debe ser más profundo de lo que se conoce porque hasta hoy, cinco años después de iniciada la Investigación judicial, ha logrado eludir el procesamiento por “homicidio político”, mediante “chicanas” de sus abogados, Insólitamente toleradas. <<

[106] Cinco de los siete procesados por la desaparición de María Claudia —José Gavazzo, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Luis Maurente (todos militares retirados)— ya permanecían en prisión por delitos cometidos en el marco del Plan Cóndor. <<

[107] Integrante del Directorio de Organismos de Derechos Humanos del Ente Público Espacio Memoria (ex ESMA). <<

[108] Pedagogo y abogado. Víctima de la dictadura y descubridor de los Archivos del Terror, en Paraguay. <<

[109] Profesor de Derecho Penal Internacional (Universidad Complutense, Madrid). El autor agradece a Ricardo Ferrero Hernández y Jorge Rublo Sánchez su Inestimable aportación a este trabajo. <<

[1] Informes de: la Comisión Nacional sobre la Desapariciones de Personas (Argentina), la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Chile), la Comisión de Verdad y Justicia (Paraguay), la Comissão Nacional da Verdade (Brasil), la Comisión para la Paz; y datos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República (Uruguay). <<

[2] Las víctimas están contabilizadas aquí tantas veces como hayan sido trasladadas. <<

[3] Testimonio de Rosario Evangelina Quiroga ante Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 7, de la ciudad de Buenos Aires, el 4 de mayo de 2000. <<

[4] MADRES Y FAMILIARES DE URUGUAYOS DETENIDOS DESAPARECIDOS, A todos ellos, Montevideo, Editado por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, 2004, pp. 131/133. <<

[5] Extractos de la denuncia de Enrique Rodríguez Larreta Piera, legajo n.º 2539 CONADEP. <<

[6] CONADEP, Nunca más. Informe de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas, 7.ª ed" Bs. As., Eudeba, 2006, pp. 272/274. <<

[7] Extractos de la transcripción de la entrevista audiovisual de Javier Diez Canseco, Congresista de la República del Perú, Buenos Aires (Argentina), 03/09/2002. <<

[8] “Testimonio de Javier Diez Canseco”, en Memoria Abierta, Bs. As., 2002. <<

[9] [En línea] http://adoc.ippdh.mercosur.int/ArchivoCondor. <<