Prólogo

Imágenes del mundo oscuro

Junio de 2018. Aquel domingo, a la Ciudad de México la despertó una escena escalofriante: dos hombres cortados en decenas de pedazos fueron abandonados en el Puente de Nonoalco, al lado de una manta que advertía: "Empezó la limpia".

El hallazgo ocurrió en la columna vertebral de la metrópoli: su avenida central. La calle que la cruza de norte a sur y da la impresión de partirla en dos. Era el corolario de una espiral de horror. El capítulo supremo de una guerra por la droga y la extorsión, en la que se mata, se entamba, se encobija y se descuartiza.

La Ciudad de México lleva años sumergida en esa espiral de salvajismo creciente, pero nunca se había visto nada como esto.

La gente miraba horrorizada el boletín de prensa que envió el crimen organizado: dicho mensaje anunciaba a los ciudadanos lo que ellos ya sabían y el gobierno capitalino se empeñaba en negar: las calles de la Ciudad de México han dejado de ser suyas y ahora pertenecen a grupos del narcotráfico.

Semanas más tarde, varios hombres se disfrazaron de mariachi en un local de República de Nicaragua y avanzaron en la oscuridad hacia la Plaza Garibaldi. Era la noche del 14 de septiembre de 2018. Luego de deambular por la plaza, se dirigieron a una "chelería" ubicada en la esquina de Honduras y el callejón de la Amargura. Ahí abrieron los estuches de instrumentos musicales que llevaban en las manos. En vez de guitarras y trompetas, extrajeron armas largas y abrieron fuego contra 11 personas que se hallaban a las puertas del lugar. Se escucharon gritos, súplicas. Un testigo oyó a uno de los asesinos gritar: "¡Por todo lo que debes, hijo de la chingada!"

Otro hecho nunca visto: 11 rafagueados en la Plaza Garibaldi, uno de los puntos turísticos por excelencia en la Ciudad de México.

¿Cómo llegamos a este páramo de sangre? Tres reporteros mexicanos se hacen esta pregunta: Sandra Romandía, David Fuentes y Antonio Nieto. Desde el fragor de la nota diaria, desde la urgencia de la vida de redacción, los periodistas remueven, escarban en el festín de sangre que el crimen organizado celebra en la Ciudad de México, en busca de un hilo conductor.

Al final, entregan un libro cargado de revelaciones.

Las señales de lo que el gobierno negaba —"hechos aislados", "problemas entre vendedores de droga", "venganzas entre delincuentes"—estaban ahí desde hace tiempo, hablando de un hecho mayor.

Según los autores de Narco CDMX, dichas señales aparecieron por primera vez de manera clara el 15 de diciembre de 2007. La guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno de Felipe Calderón cumplía un año. Aquel día fue la primera madrugada de horror.

En las inmediaciones del aeropuerto aparecieron, en bolsas de plástico, las cabezas de dos empleados de Jet Service, una empresa de almacenamiento de carga aérea. Los cuerpos no estaban. Serían localizados más tarde en el Estado de México.

Aquellas decapitaciones, se sabría luego, eran la respuesta al decomiso de media tonelada de cocaína perteneciente al Cártel de Sinaloa y sus operadores principales: los hermanos Beltrán Leyva.

El hallazgo de las cabezas del aeropuerto, se lee en el libro, fue como "una gran pedrada sobre el agua de un lago, cuyas ondas empezaron a expandirse de adentro hacia fuera".

El Cártel de Sinaloa era una de las organizaciones criminales con mayor presencia en la ciudad. Controlaba un punto crucial en la recepción de drogas procedentes de Colombia: el aeropuerto capitalino.

Para entonces, al menos dos cárteles, el de Juárez y el de Tijuana, habían mantenido relaciones constantes con grupos de narcomenudistas asentados, entre otros sitios, en Tepito. El barrio bravo ha sido desde siempre "el gran centro neurálgico de la distribución de drogas" en la capital del país.

Todo cambió a partir de mayo de 2010. Ésa es una de las grandes revelaciones de este libro. En ese tiempo, el operador principal y sicario de altos vuelos de los Beltrán Leyva convocó a una junta a los principales distribuidores de drogas de Tepito. Se celebró en una vecindad de la calle de Hojalateros. La idea era ponerse de acuerdo para reunir a todos en un solo grupo. Las consecuencias de aquella reunión fueron devastadoras para la Ciudad de México.

Los autores indican que entre los convocados se hallaba un expolicía judicial federal que usaba sus conexiones para dar protección a criminales de Tepito: Ricardo López Castillo, alias El Moco.

Y estaban también los hermanos Francisco y Armando Hernández Gómez, apodados, respectivamente, Pancho Cayagua y El Ostión. Los hermanos Hernández Gómez eran los principales distribuidores de droga en el corredor Insurgentes-Zona Rosa.

Cuando la junta terminó, había nacido La Unión Tepito.

Antes de despedirse, La Barbie dio una orden a sus nuevos socios: deshacerse de las familias de narcomenudistas que se negaran a entrar en el acuerdo.

Esto ocurrió hace ocho años. A partir de aquella tarde, los nombres de Armando y Francisco Hernández Gómez "comenzaron a repetirse [...] como un eco". El libro fija la primera incursión de La Unión Tepito en octubre de 2010. Entre las familias que no estaban en el acuerdo se hallaba una que había estado ligada al narcomenudeo desde hacía muchos años: la Fortis Mayén, cuyo centro de operaciones era la calle Libertad.

En la fecha antes señalada, el cuerpo de Teresa Fortis Mayén, maniatado y con heridas de bala, fue abandonado en una calle de la delegación Gustavo A. Madero. De algún modo, todo lo que vino después se relaciona con este hecho.

Según los autores, a La Barbie debemos acreditar una segunda pesadilla urbana: el surgimiento de La Mano con Ojos.

Al ser detenido por fuerzas federales, La Barbie ordenó desde la cárcel que los territorios del entonces Distrito Federal y el Estado de México que habían pertenecido a los Beltrán Leyva fueran tomados por sus hombres para evitar que otros grupos criminales entraran en ellos.

Con esas instrucciones, en 2010 se llevó a cabo una reunión en un rancho del Ajusco. Asistieron personajes del sur y el oriente de la ciudad, así como narcotraficantes que operaban en Huixquilucan y Naucalpan, entre otros municipios mexiquenses.

En esa reunión, la voz cantante la llevó Óscar Oswaldo García Montoya, conocido como El Compayito, a quien más tarde se identificó también como La Mano con Ojos. García Montoya era un sádico expolicía de Los Mochis que había servido a los Beltrán Leyva. Confesó haber asesinado con sus propias manos a más de 300 personas.

La junta terminó con una determinación: absorber a los narcomenudistas de aquellos territorios y eliminar a quienes se negaran a sumarse a la Nueva Administración.

Entre el universo de células criminales se hallaba la de Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos. Este grupo cobró relevancia tras la captura del Compayito, y lentamente se apoderó de las operaciones criminales del sur y del oriente de la capital.

A lo largo de las páginas de Narco CDMX desfilan hechos que han estrujado la ciudad en la última década: la ejecución de 24 albañiles en La Marquesa; el secuestro de 13 jóvenes en el Bar Heaven; la estrategia de apoderamiento de la vida nocturna mediante el cobro de piso en los bares y en los antros; las ejecuciones del Bar Living y el Bar Black; la irrupción del narcomenudeo en Ciudad Universitaria; la ruptura de La Unión Tepito y el pleito a muerte entre sus líderes; el surgimiento de la Fuerza Anti-Unión; el reacomodo de los grupos criminales tras el asesinato de Pancho Cayagua, líder de La Unión, así como el abatimiento de Felipe de Jesús Pérez Luna, líder del Cártel de Tláhuac.

"La problemática actual relacionada con el narco en la Ciudad de México tiene sus raíces en tres acontecimientos significativos: la captura de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, en 2010; la creación, meses antes, de La Unión, así como los asesinatos de Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, y de Francisco Javier Hernández Gómez, Pancho Cayagua, en 2017. La lucha de esos capos por dominar los lugares estratégicos ha tenido en vilo a la Ciudad de México", escriben los autores.

El periodismo narra, explica, aclara. Quita velos. Precisamente desde el periodismo, Sandra Romandía, David Fuentes y Antonio Nieto revelan el mundo oscuro que las autoridades, omisas o acaso coludidas, se empeñaron en ocultar.

HÉCTOR DE MAULEÓN

Introducción

Un hombre carga con dificultad una caja de madera del tamaño de un ataúd en el barrio bravo de Tepito. Son casi las 8:30 p.m. No le importa pasar frente a una cámara de seguridad del gobierno capitalino ese martes 4 de septiembre de 2018, mientras comerciantes van y vienen guardando sus mercancías. Arroja la caja en un montón de basura, en la esquina de Jesús Carranza y Peñón. Se retira como si no hubiera pasado nada. Dentro del contenedor está el cuerpo de José Eduardo Sánchez, de 30 años, a quien dos días antes secuestraron junto con su esposa, Laura Alejandra Andrade.

En la acción despreocupada del hombre encargado de arrojar los restos a la calle, como quien tira una bolsa de desechos de comida, se revela una realidad que crece en la Ciudad de México: cada vez es más fácil matar sin que haya consecuencias para los responsables.

La presencia del narco en la Ciudad de México creció sin control frente a los ojos ciegos y los oídos sordos de las autoridades, al menos eso aparentaron. El fenómeno se explica en las historias de este libro que narra diversos capítulos icónicos de los últimos 10 años, un periodo que desembocó en la actual realidad de una capital controlada por grupos que venden droga y tienen lazos con los grandes cárteles mexicanos. Algo que el gobierno de la ciudad se empeñó en negar durante años.

Desde 2007, un informe en poder de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal advertía de una "alerta naranja" para la ciudad por la presencia de cárteles relacionados con grupos de narcomenudeo.

En un documento llamado Panorama Estratégico Final, el cual se presentó en el Foro Nacional contra el Narcomenudeo, la procuraduría capitalina advertía que los cárteles de Sinaloa, Juárez y Tijuana tenían influencia en la Ciudad de México. La alerta significaba que el crimen organizado ya registraba "acciones proactivas" en este territorio. "Se requiere de un 'plan integral' para el combate al narcotráfico y/o delincuencia organizada", señalaba el reporte que estuvo en manos de las autoridades cuando el jefe de gobierno era Marcelo Ebrard, ahora canciller del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ni él ni su equipo parecieron atender la alerta. Muestra de ello fueron los episodios de sangre que empezaron a manchar la historia de la ciudad narrados en este libro. Tampoco escuchó la alarma Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de 2012 a 2018, quien además había sido procurador con su antecesor. El discurso predominante en ambos gobiernos fue la negación del problema: "hechos aislados", "la ciudad está blindada", "no hay narco en la ciudad", fueron algunas de las frases que barajearon ambos gobernantes.

Lo cierto es que, año tras año, actos cotidianos como caminar por áreas turísticas como Garibaldi, la Zona Rosa o la Condesa se han visto amenazados por grupos del narcotráfico, cuya presencia es cada vez más dominante. Esto se ve en las extorsiones, cobro de piso o venta de droga en bares de la Roma, la Condesa y la Del Valle, colonias que antes se consideraban seguras y protegidas frente a actos violentos o fuera de la ley.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Gobernación, son contundentes: en 2015, por ejemplo, la tasa de homicidios dolosos por habitante en la Ciudad de México era de 9.01. En 2016 subió a 10.26 y en 2017 aumentó a 11.89. El número total de asesinatos también creció en los últimos años. En 2015 se registraron 798, de los cuales 457 fueron con arma de fuego; mientras que en 2016 el número subió a 906 y 556 respectivamente. En 2017, los homicidios dolosos prácticamente se duplicaron y el año cerró con 1 816, de los cuales 1 048 fueron con arma de fuego. De modo que en la Ciudad de México se registraron en promedio 151 asesinatos al mes, muchos de los cuales se relacionaron con bandas criminales y pleitos entre grupos.

En tales circunstancias, este libro busca explicar cómo escaló el control de los grupos criminales ligados a los cárteles de la droga sobre demarcaciones específicas de la capital del país. Desde Tepito hasta el Centro Histórico; desde los bares de Insurgentes Sur hasta la Zona Rosa, desde Polanco hasta la Condesa y la Roma: de una calle a otra, bandas antagónicas pelean cada cuadra para vender drogas, cobrar cuotas a comerciantes y administrar otras mercancías ilícitas como la piratería. Desde el aeropuerto de la Ciudad de México y los primeros decapitados en sus alrededores, hasta Tláhuac y los taxis organizados que intentaron proteger a un capo hoy abatido.

Los números, informes, expedientes y muertos cuentan una historia de la que hasta ahora no parece haber visos de un final alentador.

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Las cabezas alrededor del AICM
(o cómo se pierde la normalidad)

El rostro de Gerardo Santos Iglesias no se mueve. No sonríe, no afirma, no niega. Es la mañana del 15 de diciembre de 2007. Su cabeza está petrificada. Sólo su dedo índice derecho, sin el resto de la mano, permanece dentro de su boca semiabierta. El cuerpo no está. Como tampoco está el de Carlos Tapia Rosillo. Las dos cabezas descansan en bolsas de plástico sobre una camioneta estacionada en la colonia Peñón de los Baños, con el sonido de aviones aterrizando y despegando de fondo.

Miguel, un alto mando de la policía capitalina de ese entonces, describe la escena 10 años después de que la vivió. Ahora está sentado en una cafetería de la colonia Condesa mientras recuerda el episodio. "Se me paralizó el cuello", relata mientras hace una expresión de asco con la boca y la nariz.

Peñón de los Baños es un barrio contiguo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). En la época prehispánica fue un centro importante por sus aguas termales, donde acudían los gobernantes antes de la Conquista, y también después, en el imperio de Maximiliano y Carlota, o incluso durante el porfiriato. Las aguas que ahí corren son ricas en minerales curativos, según han dictaminado geólogos de UNAM. Ahora sus calles asfaltadas y casas construidas sin uniformidad y a medio pintar no muestran ese esplendor, aunque los baños permanecen junto a una iglesia de belleza particular de la época colonial sobre la calle Puerto Aéreo. Hoy es una de las colonias con la mayor concentración de habitantes recluidos en penales por metro cuadrado.

Fue cerca de ese centro de aguas curativas donde terminaron las cabezas de Gerardo y Carlos, empleados de la agencia Jet Service, cuyas oficinas estaban a unos pasos de ahí, en la terminal aérea.

Apenas en marzo de 2007, la aerolínea alemana Lufthansa había anunciado su nuevo departamento Lufthansa Cargos y Servicios Logísticos en la Ciudad de México, cuyos servicios de administración y almacenamiento los gestionaría la empresa Jet Service S.A. de C.V. "Este recinto cuenta con racks, un almacén refrigerado, andenes, circuito cerrado de cámaras y otros sistemas de seguridad, además del elemento humano para manejar adecuadamente la carga aérea. Trabajaremos en reducir la estadía de las mercancías en el almacén, principalmente para aquellas que se destinen al comercio exterior", declaró al portal noticioso T21 Heinz Schinkel, entonces gerente de Lufthansa Cargo.

El anuncio de la contratación de servicios de una empresa ajena a la aerolínea para el almacenamiento se dio después de que en febrero y marzo de ese mismo año las autoridades decomisaran 2.5 toneladas de efedrina en las bodegas de la compañía alemana.

Lufthansa es una de las aerolíneas de mayor prestigio en el mundo y la más grande de Europa; hasta 1994 la tercera parte de sus acciones aún pertenecían al gobierno alemán. En 2016 se coló como la número 10 mejor evaluada en los World Airline Awards, que son como los Oscar en el mundo de la aviación.

A la empresa le interesaba desligarse de los escándalos por la droga encontrada y decidió contratar una agencia externa. Las operaciones con Jet Service iniciaron el 1º de abril de 2007 sin aparentes contratiempos, pero el 12 de diciembre, ocho meses después del anuncio, un nuevo escándalo sacudió a la aerolínea. Agentes de la Policía Federal y de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria encontraron media tonelada de cocaína procedente de Colombia en los almacenes de Jet Service.¹ Años después, narcotraficantes detenidos confesaron que la mercancía pertenecía al Cártel de Sinaloa.

Los hermanos Beltrán Leyva, que en ese entonces eran aliados de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, líder de ese cártel, ordenaron torturar y asesinar a los que consideraron los responsables dentro de la empresa de que se confiscara esa droga, lo cual significó para ellos una pérdida millonaria.

En aquel momento la Ciudad de México se consideraba una zona relativamente pacífica, lejos de ajustes de cuentas del narcotráfico. Aun así, las cabezas de Gerardo y Carlos en Peñón de los Baños conmocionaron a la opinión pública, que por primera vez empezó a cuestionarse sobre la presencia de cárteles en la capital. La escena fue como una gran pedrada sobre el agua de un lago, cuyas ondas empezaron a expandirse de adentro hacia fuera. El resto de los cuerpos se encontraron en Tlalnepantla, Estado de México, un municipio conurbado dentro de la mancha metropolitana, conocido por ser una zona industrial con un alto índice de criminalidad.

Cuatro años después de ese episodio, el 12 de septiembre de 2011, detuvieron en Puebla a Sergio Villarreal Barragán, El Grande, un miembro de los Beltrán Leyva. Entonces se supo cómo y por qué murieron Gerardo, Carlos y también Jorge Villegas Valdivia, cuyo cuerpo se encontró en el municipio de Otumba tres días después del hallazgo de sus compañeros.

Según las confesiones del Grande en la Procuraduría General de la República (PGR), cuatro hombres que se hicieron pasar por policías federales secuestraron a los trabajadores. Horas antes de matarlos llegaron a las oficinas de la empresa situada a unos metros del aeropuerto en la colonia Moctezuma. Preguntaron por ellos y se los llevaron en una camioneta negra. "El primero [en ser asesinado] fue Carlos Alberto Tapia, con quien me arreglé para que recibiera la droga", confesó Sergio Villarreal.²

Un año antes del siniestro descubrimiento de las cabezas en Peñón de los Baños en 2007, el presidente Felipe Calderón había puesto en marcha el primer gran operativo de su gobierno contra bandas de narcotraficantes. A petición del gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, se inició una ofensiva con miles de soldados en esa entidad. No obstante, tan sólo un año después, la violencia aumentó, así como las denuncias por desapariciones, que al final del sexenio del panista sumarían casi 30 mil.

En la mira del gobierno federal estaba el grupo llamado La Familia, asentado sobre todo en Michoacán, además, supuestamente, también estaba el Cártel de Sinaloa, el del Golfo y Los Zetas.

Según reportes de inteligencia, en aquellos meses los Beltrán Leyva fueron tachados de traicioneros por gente del Chapo Guzmán, quien descubrió que ese grupo le daba información a las autoridades para que se decomisara la droga, y luego agentes federales se las vendían a ellos mucho más barata.

El presidente aseguraba que lo alarmante de la situación era que una buena parte de la droga que se traficaba hacia Estados Unidos se estaba quedando en el país para "envenenar" a los jóvenes mexicanos.

De acuerdo con el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, el aeropuerto de la Ciudad de México se volvió un punto crucial para el trasiego de drogas, pero también para su recepción y distribución en la propia capital, donde la mayoría de los consumidores son jóvenes de entre 15 y 25 años. En ese recinto se trasladan anualmente 44 millones de pasajeros y llegan 537 mil toneladas de cargamentos desde una decena de países. El AICM ocupa el lugar 45 entre los aeropuertos más transitados del planeta. Por su ubicación entre barrios y zonas habitacionales, es más fácil la distribución de sustancias ilegales que se sacan de ahí sin problema y se esconden en casas de seguridad a unos pocos metros.

La mañana de 2007, cuando los capitalinos amanecieron con la noticia de que había decapitados en su ciudad, se replicó casi de manera idéntica semanas más tarde. El 14 de enero de 2008, un vecino de la colonia Peñón de los Baños salió a pasear a su perro alrededor de las 2:30 de la madrugada sobre la calle Durango, cuando al caminar cerca del número 138, frente a un pequeño parque, al lado de una iglesia, la mascota se acercó a dos bolsas de plástico y las rasgó. El hombre pudo ver en el interior las cabezas de dos jóvenes. Una tenía un arete en el lóbulo derecho, era de Luis Felipe Villagómez Hernández, un pasante de derecho de 37 años de edad. La otra era de su primo, Sergio Armando Villagómez Junco, 10 años menor que él.

Algunas horas después, tras recibir la noticia del hallazgo, los familiares de los muertos merodeaban en las oficinas de la agencia 66 del Ministerio Público en espera de ver las cabezas. A los allegados les informaron que no había dudas, que eran ellos los mismos que habían desaparecido dos días atrás, luego de que salieron de la casa de Luis Felipe en una motocicleta. Ésa fue la última vez que sus padres los vieron vivos y completos.

Ambos vivían en el barrio de Tepito, el centro neurálgico de distribución y venta de drogas en la Ciudad de México. La zona se encuentra a unas cuadras de sitios turísticos internacionales como la plaza Garibaldi, donde decenas de mariachis ofrecen rondas de canciones. Situado en la colonia Morelos, el barrio abarca unas 25 manzanas con habitantes de clase media y baja. Ahí también se comercializan armas y otros artículos ilegales en casas escondidas entre los infinitos puestos de ropa, perfumes, aparatos electrónicos y zapatos.

Óscar Villagómez, primo de Luis Felipe, fue quien acudió al Ministerio Público. Ahí aseguró que su pariente había terminado la carrera de derecho en la Universidad del Valle de México y era litigante.

Días más tarde, Rodolfo Félix Cárdenas, el procurador capitalino, aseguró a los medios de comunicación que los jóvenes asesinados tenían antecedentes penales y que pertenecían a grupos que buscaban el control del narcomenudeo en Tepito, pero también en el aeropuerto. La muerte de ambos marcó un capítulo lúgubre en la historia de la ciudad, con tesis similares a los casos anteriores: bandas de narcotraficantes ligadas con cárteles peleaban el control del puerto aéreo y lo hacían de la manera más violenta.

Especialistas en el tema como Eduardo Torres, profesor de derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, consideraron las decapitaciones como "una expresión extrema de la violencia" para generar terror y establecer zonas de control. Eran parte ya de la semiótica del delito, con la que empezaron a convivir los mexicanos y, a partir de ese momento, los capitalinos.

En 1989, el narcotraficante sinaloense Héctor El Güero Palma recibió en una caja enviada desde Venezuela la cabeza de su esposa. El hecho causó horror en la prensa mexicana; 18 años después ese tipo de escenas se replicaban de manera habitual a lo largo del territorio nacional.

La alerta estaba encendida. Según el documento Foro nacional contra el narcomenudeo; análisis situacional del narcotráfico, elaborado por la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, el cual no se ha dado a conocer públicamente, desde mayo de 2007 se advirtió sobre la presencia de grupos de narcotraficantes en la capital. En el apartado "Cárteles de la droga" de ese documento, en la capital se ubicaron grupos clasificados como "cárteles locales D. F.": Tepito, Iztapalapa, V. Carranza, Gustavo A. Madero y La Charola. Además se describía que "grupos de asiáticos establecieron relación con el desaparecido Amado Carrillo, y los hermanos Arellano Félix [...] En el Distrito Federal se tiene fuerte presencia de la colonia coreana en el barrio de Tepito". Según el apartado "Grupos de narcotraficantes y los estados de influencia", los cárteles de Tijuana, Colima, Juárez, Sinaloa, Golfo y Oaxaca tenían presencia en la Ciudad de México.

Como conclusiones, la procuraduría señaló en el documento que "se podrán incrementar los hechos violentos, como ajuste de cuentas por la lucha de plazas y mercado interno [y] se podrán agudizar las acciones violentas hacia funcionarios que combatan la delincuencia". Los líderes de los principales cárteles ya rondaban en la ciudad sede de los poderes administrativos del país. Y desde su impunidad decidían quién moría y quién vivía.

En febrero de 2008, una bomba le explotó a un hombre que la iba cargando, pero cuyo objetivo era llevarla hasta las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública ubicadas en la glorieta de Insurgentes, en la colonia Juárez. Según las investigaciones, el atentado iba dirigido a un mando de la corporación por órdenes de gente de los Beltrán Leyva.

Otra muestra de la presencia de los cárteles en la Ciudad de México ocurrió el 31 de octubre de 2009, cuando encontraron en una camioneta el cadáver de Héctor Mauricio Saldaña Perales, El Negro, y tres personas más, integrantes del grupo de los Beltrán Leyva. Saldaña había amenazado de muerte al alcalde electo de San Pedro Garza García, Nuevo León, Mauricio Fernández, quien lo acusaba de ser el líder de bandas de secuestro en ese municipio.

Durante su toma de protesta, el político anunció la muerte de Saldaña, cuando los policías capitalinos aún no habían encontrado los cadáveres. La noticia la dio a las 12 del día y el hallazgo de los cadáveres, en la colonia Daniel Garza de la delegación Miguel Hidalgo, ocurrió a las tres de la tarde.

Según las investigaciones de autoridades federales, Arturo Beltrán Leyva había llamado a la capital al Negro y a otros colaboradores para una "reunión urgente". Quien los recibió, un comisario de Arturo, les montó una trampa, los torturó y asesinó porque tenían información de que estaban cometiendo secuestros sin comunicárselo a sus jefes. Y el escenario que eligieron para ejecutar el plan fue la Ciudad de México. El mensaje fue claro: en la capital del país los capos de los grandes cárteles podían vivir, operar y matar.

¹ Expediente PGR/SIEDO/279/07.

² Averiguaciones TLA/I/7422/2007/12-T y OTU/II/1950/2007.

2

El día que La Barbie paralizó Tepito

La tarde del 18 de mayo de 2010, Andrés Velasco, comandante de la Policía Judicial del Distrito Federal, recibió una alerta en su radio Nextel. Uno de sus elementos en el Operativo Tepito le avisó que algo inusual estaba sucediendo: unos 100 hombres con gorras negras bajaban de varios autobuses carreteros y se distribuían por las calles del barrio.

Eran aproximadamente las 15:00 horas y la cantidad de individuos apostándose de forma ordenada en las esquinas de Tepito llamó la atención. Al comandante Velasco le notificó lo sucedido un compañero que estaba con los operadores de las cámaras de vigilancia de la delegación Venustiano Carranza. Le detalló que los sujetos parecían tener muy claro dónde pararse, separándose de manera ordenada en grupos de cuatro o cinco. El comandante, que llevaba más de 30 años de servicio, decidió acudir al lugar con algunos de sus agentes.

En Tepito las cosas extrañas se vuelven un paisaje común, apenas perceptible, tanto para sus habitantes como para los policías que han trabajado durante mucho tiempo en la zona. Pero esta vez la escena resultaba desconcertante no sólo por el número de hombres cuya insignia de identificación eran las gorras negras, sino porque al paso de los minutos no hicieron absolutamente nada más que estar de pie, sin platicar entre ellos, como si esperaran algo. Tampoco parecían demasiado atentos, a decir del comandante Velasco. No había señales de intranquilidad en su comportamiento. No portaban armas de fuego, al menos no a simple vista. Algunos traían cangureras o lentes de sol, nada más.

Cuando el comandante Velasco se dirigía al sitio en una patrulla de la procuraduría capitalina, el mismo agente que le dio aviso precisó que el grupo más numeroso de sospechosos se hallaba sobre la calle Ferrocarril de Cintura. Otros se colocaron en las calles Hortelanos, Panaderos, Mineros y Hojalateros, mientras los autobuses permanecían con los motores encendidos en el Eje 1 Norte, que marca el inicio del barrio desde Paseo de la Reforma, la avenida más simbólica de la Ciudad de México.

Velasco ordenó vigilar a distancia. Cada cinco minutos comunicaba novedades a sus superiores, incluyendo a Raúl Peralta Alvarado, quien tenía unos días de haber sido nombrado jefe general de la corporación por Miguel Ángel Mancera, entonces procurador de la ciudad. Velasco también reportaba a Carmen Núñez Vélez, titular del Estado Mayor Policial, el área de Inteligencia de la procuraduría. La instrucción era permanecer en "clave 6", es decir, pendientes. Sin embargo, las horas se fueron consumiendo sin que nada sucediera. Los hombres simplemente seguían ahí, indiferentes a las patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública local que iban y venían, al paso constante de vecinos, comerciantes y taxistas. Las cámaras de la delegación los enfocaban, hacían acercamientos para detectar si portaban armas, se dirigían de un grupo a otro sin que sus operadores descubrieran algo ilegal. La incertidumbre comenzó a inquietar a los jefes de Velasco.

Después de que el jefe de gobierno Marcelo Ebrard colgó el teléfono tras hablar con su procurador, el nerviosismo se contagió a través de la cadena de mando. Pero el comandante Velasco llevaba tantos años en la policía que solía decir que la única persona que lo podía perturbar era su mujer. Había estado suficiente tiempo en Tepito como para tener decenas de informantes, pero esa tarde ninguno le contestaba la llamada. Ya habían transcurrido un par de horas y nada cambiaba. Velasco seguía reportando, pero cada vez con menos frecuencia. De pronto le pareció extraño que sus superiores le ordenaran, casi como advertencia, no comentar nada con personal de las autoridades federales. Entonces Velasco comprendió: los sujetos muy probablemente eran integrantes de un grupo de narcotráfico, pero "¿qué chingados estaban haciendo ahí?", recordó en una charla para esta investigación.

Por fin, uno de los soplones de Velasco le contestó el teléfono. Se oía cortante y lo único que le dijo fue que varias personas se presentaron en dos vecindades de la calle Hojalateros. Tres entraron y el resto se quedó afuera. No quiso precisar el número que marcaba la vecindad, pero Velasco sabía que en Hojalateros habían vivido algunos de los capos más notorios de Tepito. Él mismo había entrado en esos sitios muchas veces. Desde afuera, las viviendas se veían sucias, viejas, cavernosas, por las noches apenas las iluminaban los altares a la Santa Muerte y San Judas Tadeo. Adentro generalmente resguardaban cargamentos de aparatos electrónicos robados, joyas, animales exóticos, botellas de alcohol fino y, por supuesto, paquetes con cocaína o marihuana. Además, los departamentos que alguna vez alojaron a los capos durante su infancia, ahora eran oficinas con conductos secretos para conectarlas con otras viviendas, bajo resguardo de celosos sicarios y halcones. Algunas estaban equipadas como salas de juntas similares a las de cualquier empresa de medio pelo para arriba. Tenían largos sillones de cuero, mesas de caoba, pantallas de televisión, cocina y cantina con las bebidas más lujosas.

Velasco empezó a convencerse de que el grupo que llegó al barrio no iba a cometer ningún secuestro ni ningún asesinato, de otro modo lo hubieran hecho lo más rápido posible. Esa tarde no iba a haber balazos sino algo más relevante, aunque menos definitivo que la muerte que causan las armas: un pacto entre narcos.

Cuando la noche cayó en Tepito, el comandante Velasco recibió dos llamadas en un lapso de 15 minutos. La primera fue de su mando inmediato, quien le ordenó acercarse a los sospechosos y averiguar algo, lo que fuese. Velasco delegó el mandamiento y dos de sus agentes a bordo de una patrulla de la procuraduría atendieron su solicitud. Un par de minutos después, uno de ellos le marcó a Velasco y le dijo algo que lo sorprendió: los individuos con gorra eran parte del equipo de un líder de comerciantes y aguardaban la orden de tomar el Eje 1 Norte para protestar contra algunas medidas del gobierno de Marcelo Ebrard contra el ambulantaje. Al menos eso les quisieron hacer creer, le recalcó el policía al comandante. Como el bloqueo de la vía no se hizo, ya sólo estaban esperando la salida de su patrón. Velasco preguntó si tenían acento de otra entidad del país, a lo que el judicial contestó que no, pero que definitivamente no eran del Distrito Federal, pues no supieron decir ni en qué calle estaban parados.

La segunda llamada llegó unos 15 minutos más tarde. La nueva instrucción era no volver a acercarse, "hacer 14", es decir, retirarse y por ningún motivo asentar el hecho en ningún informe. Velasco se comunicó con un amigo del Grupo Especial de Reacción e Intervención y le preguntó si también a ellos les habían ordenado irse. Si a ellos los mantenían en sus puestos no significaría otra cosa más que un operativo. Pero su amigo le respondió que también debían retirarse e inclusive bromeó con la posibilidad de haber pasado a la historia como los policías que participaron en el tiroteo más cabrón que haya ocurrido en la capital.

A las 21:20 horas de ese 18 de mayo de 2010, las cámaras delegacionales captaron por última vez al grupo de hombres con gorra. Ninguno usó su celular, el mandato se pasó de voz en voz: desaparecer de Tepito. Subieron a los autobuses y un reducido grupo hizo lo propio a una Caravan dorada y a una pick up blanca. Así como llegaron se fueron del barrio más estigmatizado de la Ciudad de México por su criminalidad heredada durante generaciones.

Días después, contó el comandante Velasco, vio al informante que le respondió el llamado cuando averiguaba qué hacían ahí los forasteros. Le confirmó que estaban cuidando a un toro, una expresión originaria del norte de México para referirse a un mafioso de alto vuelo. El soplón insistió en que se trataba del "mero toro". Cuando Velasco lo presionó, su interlocutor cedió y le dijo a regañadientes el nombre del sujeto, como si hubiera esperado un pago por la información. "¿Quién era, pues?" "La Barbie, ese que trae vuelta loca a la federal."

Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, era uno de los narcotraficantes más buscados del país. De acuerdo con pesquisas de la PGR, el capo nació en Estados Unidos y vivió su infancia en Laredo, Texas. Colaboró con el Cártel de Sinaloa y después con los hermanos Beltrán Leyva, pero para 2010 ya tenía su propia estructura criminal y su ruta para importar cocaína desde Colombia: la ruta Panamá, como él mismo confesó a la PGR y la Policía Federal.

En diciembre de 2009, cuando mataron a su jefe Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca, La Barbie se enemistó con sus antiguos socios: Héctor Beltrán Leyva y Sergio Villarreal Barragán, pues lo acusaban de no haber ayudado a Arturo en su enfrentamiento con los marinos. Cuatro meses antes de que lo detuvieran en el Estado de México, La Barbie fue a Tepito con una centena de pistoleros. Días posteriores al 18 de mayo de 2010, personal de la judicial adscrita a Cuauhtémoc 3 y Venustiano Carranza 3, las agencias ministeriales de la zona, se topó en sus patrullajes con agentes federales de Inteligencia. Merodeaban las cercanías a la vecindad donde La Barbie se internó con dos acompañantes. Querían estar al tanto de lo que había sucedido esa tarde tras las paredes derruidas de la calle Hojalateros. La procuraduría capitalina lo supo a la par que las instancias federales. Édgar Valdez Villarreal organizó una junta con los principales distribuidores de drogas en Tepito. El propósito era unificar a los grupos y las familias que dominaban el barrio.

La reunión duró unas seis horas, con recesos aderezados con una comida y brindis. Así lo relató el propio Valdez Villarreal, quien admitió que sólo conocía a uno de los asistentes: Ricardo Castillo López, El Moco, un expolicía judicial federal que comenzó a tratar en Nuevo Laredo, Tamaulipas, sin recordar la fecha, cuando La Barbie daba sus primeros pasos en el narcotráfico.¹ Según La Barbie, Castillo López era compadre de un importante miembro de Los Zetas y solía actuar como facilitador cuando algún miembro de la Última Letra tenía negocios en la capital.

En la junta, donde había alrededor de 20 personas, se pactó una unión de las bandas delictivas de Tepito bajo el padrinazgo de Valdez Villarreal, quien les surtiría cocaína y anfetaminas a un precio apenas por abajo del establecido en ese entonces: 180 mil pesos el kilo. La cocaína no era pura, estaba cortada y marcada por la gente de La Barbie. El capo también prometió compartir algunos de sus protectores en la PGR y la Policía Federal. Al parecer, lo que pretendía era tener una fuente de ingreso paralela y segura, pues la cacería en su contra emprendida por las autoridades le había dificultado pasar sus cargamentos a Estados Unidos. Además, la guerra que sostenía contra Héctor Beltrán Leyva le generaba pérdidas. El trato incluía no sólo la venta de droga, sino también una modalidad delictiva que hasta esas fechas no se había explotado en la Ciudad de México: el cobro de derecho de piso, es decir, una cuota que comerciantes y empresarios debían pagar como "protección" para que los dejaran trabajar.

Así, ese 18 de mayo de 2010 nació La Unión, banda criminal que se apoderó a sangre y fuego del mercado capitalino de estupefacientes. La conformaron los hermanos Francisco Javier y Armando Hernández Gómez; la familia Castro, cuyo líder, Jorge Castro Moreno, El Abuelo, estaba en prisión; los hermanos Romero Romero, quienes presumían relaciones cercanas con los líderes de comerciantes ambulantes vinculados con el PRD, y los hermanos Magaña, que dominaban desde hacía décadas el corredor de Insurgentes y la Zona Rosa. Las familias y bandas que no fueron incluidas en el trato se someterían al nuevo orden o las eliminarían.

Así ocurrió: el 1 de octubre de 2010, La Unión se adjudicó su primer asesinato. Para presionar a la familia Fortis Mayén —dedicada al narcomenudeo desde la década de los ochenta— a adherirse al nuevo orden, secuestraron y asesinaron a María Teresa Fortis Mayén, de 35 años de edad, y a Yéssica Crisostomo Rico, de 27. Sus cuerpos los encontraron al pie de la banqueta en la calle Tepalcatzin, en la colonia Santa Isabel Tola de la delegación Gustavo A. Madero. Estaban tendidas bocabajo, maniatadas y con cinta industrial en los ojos. Ambas recibieron el tiro de gracia.²

Un detalle que llamó la atención de los investigadores fue que los secuestradores, según testigos, portaban chalecos antibalas con la leyenda "Policía Federal". Hasta el surgimiento de La Unión, en la Ciudad de México no era usual que los levantones (como se le conoce a la privación de la libertad de personas sin pedir rescate) los perpetraran hombres vestidos como agentes federales. A partir de 2010 sería una constante.

María Teresa vivía en el 138 de Libertad, una calle afamada por congregar a adictos a las drogas las 24 horas del día, de lunes a domingo. Vivía en unión libre con Miguel Salazar, un individuo que había sido empleado del gobierno capitalino hasta principios de 2001. Yessica, por su parte, vivía en el 134 de Libertad y estaba casada con Jesús Nolasco, un prisionero del Reclusorio Oriente. La familia Fortis Mayén, así como otras consideradas tradicionales en el mapa del narcomenudeo en Tepito, nunca contó con la capacidad de fuego de La Unión, que de la noche a la mañana se hizo de un ejército de asesinos a sueldo. Una a una, las familias históricas tuvieron que ceder.

Veintiséis días después del homicidio de María Teresa y Yessica, La Unión dio otro golpe de autoridad. Eran las 18:30 horas cuando un grupo de jóvenes se reunió afuera de una tienda de abarrotes frente al 130 de Granada, esquina con avenida del Trabajo, en Tepito. Ese 27 de octubre llevaban esculturas de san Judas Tadeo y playeras alusivas al santo de las causas perdidas, cuya fiesta comenzaría a medianoche. Habían bebido cerveza y fumado marihuana. Estaban por partir hacia la iglesia de san Hipólito, ubicada en Paseo de la Reforma y avenida Hidalgo. Como ellos, miles de adeptos a san Judas peregrinan una vez al mes desde sus casas a san Hipólito en un acto de fe. Las andanzas de algunos de los creyentes rumbo a la iglesia se convierten, no pocas veces, en pretexto para convivir con los amigos, drogarse y consumir alcohol.

La tarde del 27 de octubre, aquellos muchachos no caminaron ni siquiera una cuadra en la peregrinación. Cuando estaban por partir, un comando armado los cercó y abrió fuego contra ellos más de 100 veces.³ Se usaron dos calibres: 9 mm y 223, este último perteneciente a rifles de asalto AR15. Seis de los muchachos fueron asesinados en el sitio, pero un sobreviviente fue detenido por la recién creada Policía de Investigación (PDI). Este joven reveló a las autoridades lo que sospechaban desde hacía unos meses: La Unión era una realidad que vaticinaba más muertes.

Irving Alexis Martínez Olvera, de 21 años, declaró que lo contrataron para conducir la camioneta en la que los sicarios llegaron al lugar, pero quedó en medio del fuego y resultó herido. Aseguró que a los gatilleros los dirigía Yair Altamirano Galicia, El Yeyo, y que el objetivo era matar a Óscar Jonathan Aguinaga Torres, El Cholo, líder de narcomenudistas en la calle Granada.

Desde hacía algunas semanas, relató Irving, El Cholo estaba nervioso, dormía con una Glock 9 mm bajo la almohada porque vivía bajo amenaza de un nuevo grupo, La Unión, el cual había asesinado a dos mujeres del barrio, María Teresa y Yessica. La Unión le advirtió que por la marihuana sintética o hidropónica que comerciaba tenía que pagar una cuota por kilo vendido o de lo contrario debía cambiar de oficio. "Me dijo que el grupo que quería apropiarse de la venta de droga era La Unión, cuyos integrantes se dedican a la venta de protección a comerciantes", afirmó Irving a los investigadores.

A partir de entonces, los nombres de Armando y Francisco Javier Hernández Gómez, cabecillas de esta nueva organización delictiva, comenzaron a repetirse en las indagatorias como un eco. Armando Hernández Gómez, El Ostión, y Francisco Javier Hernández Gómez, Pancho Cayagua, vivirían a la postre la parábola del narco: un ascenso veloz hasta la cumbre de la mafia capitalina y una caída inevitable marcada siempre por muertes propias y ajenas.

¹ Averiguación PGR/SEIDO/UEIDCS/112/2010.

² Averiguación FAS/T2/841/10-09, iniciada en la procuraduría capitalina.

³ Expediente FCUH/CUH-3/T1/1031/10-10.

3

El pacto del Ajusco

Desde el penal del Altiplano, Édgar Valdez Villarreal mandó un mensaje a los miembros de su grupo criminal: debían hacerse del control de los territorios del Distrito Federal y el Estado de México, en su mayor parte bajo el mando de los Beltrán Leyva. El plan fue confirmado por la persona a quien le encomendó la tarea: Óscar Oswaldo García Montoya, El Compayito.¹ Valdez Villarreal había sido capturado el 30 de agosto de 2010. Para evitar que le arrebataran las zonas que compartía con su compadre Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio —encarcelado cinco meses antes—, organizó una reunión entre narcotraficantes similar a la que dio inicio a La Unión en Tepito. El acto se llevaría a cabo en un rancho a las afueras de San Miguel Ajusco, en la delegación Tlalpan, una localidad al sur de la Ciudad de México que colinda con el Estado de México y Morelos.

De amplias caballerizas, terreno de siembra y asentado en un área semiboscosa, el rancho acogió a varios personajes que crecieron en el mapa criminal bajo el manto protector de los Beltrán Leyva. Era propiedad de Eznel Cortés Jiménez, El Teniente, un exmando de la Policía Federal que desertó en 2008 para aliarse con La Barbie y El Indio. Cortés había sido arrestado el 14 de junio de 2010 en Acapulco, pero no pasó mucho tiempo en prisión. El 4 de octubre de ese año abrió las puertas de su rancho para recibir a los hombres que durante los próximos dos años serían protagonistas de una sangrienta guerra por la capital.

Valdez Villarreal tenía a sueldo a un custodio en el Altiplano con el que estrechó una suerte de amistad.² El guardia se encargaba de llevar dinero a sus mandos para que el capo pudiera tener televisión, hojas de papel y pluma para escribir, además de alcohol y mujeres. A través de ese individuo, La Barbie hizo llegar el mensaje de sus pretensiones a Cortés Jiménez y éste, a su vez, se comunicó con las células criminales de Acapulco, Estado de México, Morelos y la Ciudad de México.

Las intenciones de La Barbie de llegar a un pacto fracasaron en Acapulco y Morelos. Lo anterior debido a su pugna con Héctor Beltrán Leyva y Sergio Villarreal Barragán, quienes lo acusaron, como se ha dicho, de haber traicionado a Arturo Beltrán Leyva, cuya imagen le dio la vuelta al mundo en diciembre de 2009 tras caer a manos de la Marina, cuando exhibieron su cuerpo ensangrentado con billetes pegados. Ese hecho fracturó al cártel. Las células de la Ciudad de México eran leales a La Barbie y por esa razón fueron a la reunión, pero no ocurría lo mismo con las bandas del Estado de México.

Al rancho de Cortés Jiménez llegó Óscar Oswaldo García Montoya, El Compayito, exescolta personal de Arturo Beltrán Leyva y en ese momento líder de la estructura que La Barbie había dejado en la capital. Se presentaron también Emilio Chamorro Almazán, El Tejón, hombre de confianza del Indio en Naucalpan, y Juan Casas Rodríguez, El Casas, guardaespalda de los hermanos Mario y Alberto Pineda Villa, socios de los Beltrán Leyva en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Asimismo, se dieron cita Alessandro Barocio Ricalde, El Ricalde, un expolicía municipal encargado en esa época de Huixquilucan, y Carlos Montemayor González —suegro de La Barbie—, a quien detuvieron un mes después en la zona comercial de Santa Fe.

Según lo que narraron a las autoridades capitalinas algunos de los asistentes, como Raúl Franco Hernández, El Rulas, operador del Compayito en Tlalpan, la junta transcurrió en un ambiente tenso. No había simpatía entre la mayoría de los capos y cada uno pretendía imponer su voluntad y conservar sus territorios. Franco recordó que el rancho estaba rodeado por camionetas blindadas, algunas con logotipos de la Policía Federal, y que tanto los asistentes como sus escoltas debieron desarmarse y entregar sus teléfonos y radios de comunicación mientras estuvieron ahí.

Hubo dos ausentes que por ello ganaron enemistades a muerte. El primero, José Jorge Balderas Garza, El JJ, un sinaloense que adquirió fama por balear al futbolista del América, Salvador Cabañas, en el Bar Bar de la delegación Álvaro Obregón. Sin haber tenido instrucción policiaca o algún cargo en la organización criminal de los Beltrán Leyva, al JJ —según declaró García Montoya luego de ser aprehendido en agosto de 2011— se le asignó el lujoso municipio mexiquense de Huixquilucan junto con El Ricalde. Esa situación molestaba a García Montoya, quien sentía que por tener más tiempo con los Beltrán Leyva, y por haber sido tan cercano a Arturo Beltrán Leyva y a La Barbie, merecía ese codiciado territorio. Esta aversión hacia El JJ la dejó clara cuando, tras ser capturado, lo entrevistó el procurador mexiquense Alfredo Castillo y algunos fragmentos del encuentro se difundieron en video.

El segundo que no acudió a la cita fue Adrián Soria Ramírez, El Hongo, que rivalizaba con García Montoya en la antigüedad que cada uno tenía en el cártel. En 2008, Soria Ramírez y García Montoya eran sicarios bajo el mando de Raúl Ortega Villa, El R, de acuerdo con lo que admitieron ambos en sus declaraciones ante las autoridades del Estado de México. Los dos participaron en el secuestro de 24 hombres que se encontraban en una vivienda del Olivo, Huixquilucan; el 12 de septiembre de 2008 los transportaron en un microbús y luego los asesinaron en un paraje de La Marquesa. Todos recibieron un tiro en la nuca proveniente de la misma pistola, calibre 9 mm, propiedad del R, hasta ahora prófugo. Soria Ramírez escaló después en el organigrama delictivo de los Beltrán Leyva debido a sus conexiones en municipios que el clan no había explorado: Tultitlán, Ecatepec y Tecámac, mucho tiempo codiciados por La Familia Michoacana y Los Zetas. Como Soria Ramírez impidió la incursión de los enemigos de los Beltrán Leyva al norte del Estado de México, El Indio lo convirtió en jefe. Su ausencia en la junta molestó a García Montoya y desde entonces germinó una fuerte enemistad.

García Montoya fue bautizado como El Compayito por Arturo Beltrán Leyva, cuando iba a la residencia del capo en Jardines del Pedregal, al sur de la Ciudad de México, y el capo lo llamaba "el compa". Con el tiempo, debido al cariño y a su metro sesenta y cinco de estatura, "compa" derivó en Compayito. La historia de este individuo es fundamental para comprender las vendettas que en los años posteriores pusieron en jaque a las autoridades federales y locales, pues lo caracterizaba una particular crueldad.

El 11 de agosto de 2011, personal de la procuraduría mexiquense arrestó a García Montoya. Entonces lo entrevistaron un ministerio público, el procurador Alfredo Castillo y Tomás Zerón de Lucio, el director de Inteligencia que años más tarde estuvo al frente de la Agencia de Investigación Criminal durante el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La charla con los tres funcionarios se grabó y la procuraduría difundió algunos pasajes. La plática duró casi seis horas.

García Montoya relató cómo se involucró en el narco y con los Beltrán Leyva. Según sus dichos, era un policía municipal de Los Mochis, Sinaloa, cuando conoció a Raúl Ortega Villa, un hombre cercano a Arturo Beltrán Leyva. Ortega Villa lo invitó a formar parte de la Policía Ministerial de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, con un generoso aumento de sueldo siempre y cuando trabajara para "don Arturo".

García Montoya aceptó la oferta junto con otros policías y a los pocos días llegó a un hotel del puerto michoacano. Cuando parecía que los habían olvidado en ese lugar, Ortega Villa les encargó su primera tarea: secuestrar y asesinar a varios miembros de La Familia. Esa acción, cumplida dos días después, se compensaría con su nombramiento como policías ministeriales en la zona, pero pronto García Montoya se dio cuenta de que los habían engañado. Los puestos como ministeriales no existían. Pasaron algunos meses y el grupo recaló en Ixtapa Zihuatanejo, donde continuaron trabajando como sicarios para Ortega Villa. Por increíble que parezca, Ortega Villa finalmente les dijo la verdad sobre que no serían policías ministeriales sino sicarios y les dio la oportunidad, a los que así lo desearan, de regresar a Los Mochis.

García Montoya fue el único de los siete reclutas que decidió quedarse en Guerrero y servir al R. Eso le permitió ganarse la confianza de los allegados al clan de los Beltrán Leyva, hasta que formó parte de las fuerzas especiales de Arturo y se convirtió en su escolta personal. Lo seguía frenéticamente de Morelos a Guerrero, de Sinaloa a Sonora y de Sonora a la Ciudad de México. En el pacto del Ajusco, la voz cantante fue la de García Montoya, quien, junto con el exagente federal Eznel Cortés, decidió absorber a las familias dedicadas al narcomenudeo que pretendían volverse independientes o aliarse con alguien más tras la caída de La Barbie.

El pueblo de San Miguel Ajusco se ubica a las faldas del cerro del Ajusco y es usualmente frío. Sus habitantes son de tradiciones muy arraigadas. Cada 29 de septiembre comienzan festejos de varios días en honor a san Miguel Arcángel y luego los pobladores acostumbran un recogimiento casi absoluto. No obstante, en 2010 la fiesta religiosa tuvo un colofón inédito: asesinaron a balazos a cinco integrantes de una familia.³ La procuraduría local documentó la masacre que obligó a la sociedad capitalina a poner atención en una zona cuyas vicisitudes normalmente están reservadas sólo para los lugareños.

Tras la reunión que tuvieron los narcotraficantes en el rancho cercano, García Montoya, respaldado por La Barbie, ordenó eliminar a la familia Sánchez Pérez, cuyo líder era Clemente Sánchez Salinas. La muerte de este viejo lobo de mar en el tráfico de drogas serviría como escarmiento para aquellas familias que no quisieran acatar el nuevo orden.

De acuerdo con lo que Raúl Franco Hernández le dijo a las autoridades, apenas terminó la junta, la noche del 4 de octubre, García Montoya le marcó por teléfono y le pidió que acercara su camioneta porque irían a un "operativo". Franco Hernández obedeció y minutos después se reunieron con Marco Antonio Hernández, El Comandante, brazo derecho de García Montoya. Junto con otros sicarios bajaron casi un kilómetro hacia el pueblo y en un camino de terracería se encontraron con Eznel Cortés Jiménez, Emilio Chamorro Almazán y Juan Arturo Casas Rodríguez.

Según declaraciones asentadas en la averiguación, Cortés Jiménez les dio a todos chalecos antibalas con la leyenda "Policía Federal", pasamontañas y gorras azul marino. Chamorro Almazán iba con su cuerpo de guardaespaldas: tres policías municipales de Naucalpan y tres pistoleros que la PGR había vinculado en años anteriores con Los Zetas. Sumaron unos 20 hombres, armados con fusiles de asalto AR-15 y AK-47, y enfilaron hacia una calle cerrada, La Herradura, casi esquina con Guadalupe Victoria. Llegaron hasta una casona protegida por muros de concreto de 15 metros, un portón blanco reforzado y una fila de coches que bloqueaban el paso a transeúntes. Ahí vivía la familia Sánchez.

Durante la reunión en el rancho, García Montoya esparció la versión de que algunas familias se negaban a pagar la droga que les proporcionaba el cártel de los Beltrán Leyva, luego de enterarse de la división interna. Por ello, debían asesinar a los Sánchez, particularmente a Giovanni Sánchez Pérez —hijo de Clemente—, quien aparentemente debía kilo y medio de cocaína. Este joven era el heredero del negocio de drogas de su padre, pero inició su carrera delictiva robando autos, según informes de la procuraduría local.⁴ Posteriormente, de acuerdo con los documentos, Giovanni se dedicó de lleno al narcomenudeo y en 2006 lo arrestaron agentes federales, por lo cual pasó cinco meses en el Reclusorio Sur, acusado de distribuir cocaína.

Eran las dos de la mañana del 5 de octubre de 2010 cuando el comando armado rodeó la casona. La familia dormía. Entre una fría neblina, uno de los pistoleros, Pedro Pablo Olvera Jiménez, comenzó a golpear la chapa del portón con un marro. El ruido alertó a algunos vecinos, los cuales salieron de sus casas y al pensar que lidiaban con policías amagaron con hacer una revuelta. Sabían quiénes habitaban la casona sin número y por eso se envalentonaron. "¡Nos vale madre, somos la federal!", replicó uno de los sicarios y apuntó con su AR-15 a una de las mujeres que pedía a gritos que se reunieran los vecinos para apedrear a los federicos (federales).

Cuando detonaron los primeros tiros contra el portón y la fachada de la casa, los lugareños se refugiaron en sus hogares. La familia Pérez despertó con los estruendos. Había 14 de ellos en el lugar, repartidos en las habitaciones, según manifestaron después ante las autoridades ministeriales. Los sicarios los sometieron y los condujeron a empellones a la sala principal. En uno de los cuartos del segundo nivel estaba Clemente Sánchez Salinas, de 51 años. Vestía una playera café y bóxer negros con estampados. No pudo ni siquiera incorporarse sobre la cama, pues recibió una ráfaga de balazos y murió. Junto a la cama, recargada en un muro, estaba una cubeta con poco más de un kilo de cocaína. Había cuatro bolsas con marihuana y una báscula. La habitación tenía una repisa con figuras de la Santa Muerte, un macho cabrío y animales con cuerpo humano y guadañas. Los asesinos no se llevaron la droga, pero revolvieron cajones y derribaron muebles, como si hubiesen buscado otra cosa. Uno de los Sánchez, Banyini, de 24 años, alcanzó a subir a la azotea y brincar a la propiedad de un vecino. Durante dos horas se ocultó debajo de un lavabo. Mientras tanto, en la sala, arrodillados y con la cabeza sujetada por los pistoleros, se hallaban los otros miembros de la familia. A Irma Pérez Elisea, de 45 años, esposa de Clemente, a su hijo, Giovanni Sánchez Pérez, y a sus sobrinos, Diego Ulises Pérez y Luis Antonio Pérez, los sacaron de la casa y los metieron en una camioneta Lincoln. Los maniataron, les taparon los rostros con playeras y pasamontañas. Los tendieron en los asientos traseros y a uno de los hombres lo pusieron en la cajuela, atado de pies y manos con cinta canela. Uno de los homicidas condujo la Lincoln hasta 16 de Septiembre y Cruz Eslava, a unos 15 minutos a pie de la casa, seguido por otros de sus cómplices a bordo de más vehículos.

Apenas se detuvieron, García Montoya ordenó abrir fuego contra los Pérez. Cuarenta impactos de bala recibió la Lincoln y las víctimas murieron al instante, al tiempo que en la vivienda se prolongaba el calvario del resto de la familia. Vía telefónica, García Montoya dijo a sus subordinados que también los mataran, pero la suerte estuvo de su lado. Los testimonios de los delincuentes, capturados 16 días más tarde, señalan que al primero que iban a matar dentro del domicilio era Donovan Sánchez Pérez. Él mismo relató a los investigadores: "Me sacaron a un terreno baldío junto a la casa y me arrodillaron, uno de los sujetos me advirtió que me arrodillara bien, que iba a darme fierro". En ese momento se oyeron detonaciones y uno de los asesinos gritó que ya había llegado la policía, pero en realidad ninguna autoridad pasó por el lugar durante los casi 40 minutos que duró la operación criminal. Eran las ametralladoras que se descargaron contra los Pérez atrapados en la Lincoln. Donovan Sánchez Pérez recordó que escuchó una breve discusión entre sus captores. Decidieron dejarlo y escapar. Atrás de él, en el patíbulo, estaban su esposa Karla y su hijo de ocho meses. Antes de perderse entre los caminos de terracería al pie del Ajusco, los pistoleros le advirtieron a Donovan y al resto de su familia que sobrevivió que las reglas del juego habían cambiado. A partir de entonces, las autoridades atribuyeron el crimen a lo que llamaron la Nueva Administración.

Para entender cómo se cocinó el plan de matar a los Pérez surgió un testigo que en su momento fue relevante para la procuraduría local: Jaime Fuentes García, El Raya, apresado el 13 de noviembre de ese mismo año, un distribuidor de drogas en la zona del Ajusco que trabajó durante años para la familia Pérez. Según su propio testimonio, asentado en el expediente de la fiscalía, fue él quien les dio información a García Montoya y a Cortés Jiménez para que localizaran y acribillaran a la familia. Lo tuvo que hacer, aseguró, pues Clemente Sánchez Salinas le había puesto precio a su cabeza luego de que supuestamente lo descubriera alterando los registros de las cuentas, con el fin de robar dinero producto del narcomenudeo.

Por ello, Fuentes García no lo dudó cuando la Nueva Administración lo secuestró para obligarlo a cambiarse de bando. Dio santo y seña de los movimientos de los Pérez, los policías que los protegían, las ganancias y la ubicación de sus tiendas. Poco después del multihomicidio, el propio García Fuentes tuvo que esconderse de sus nuevos socios, pues hurtó un kilo de cocaína. Lo detuvo la Dirección de Inteligencia de la procuraduría y confirmó lo que se sospechaba: un nuevo grupo dedicado a la venta de droga, caracterizado por su extrema violencia, pretendía tomar el sur de la Ciudad de México.

Al tiempo que la Nueva Administración comenzaba a operar en la delegación Tlalpan, en Huixquilucan se gestaba el siguiente paso de García Montoya para hacerse de los territorios del Indio, su antiguo jefe y en ese entonces encarcelado y bajo proceso por narcotráfico.

En la reunión del Ajusco se decidió que García Montoya tendría el control de Huixquilucan, ubicado al poniente del valle de México hacia Toluca. Pero a oídos de él llegó la contestación de José Jorge Balderas Garza: la zona era suya y pelearía. El JJ era conocido por frecuentar exclusivos antros y bares, codearse con estrellas de televisión, edecanes y deportistas. De hecho tuvo una hija con Silvia Irabién, La Chiva, la participante del reality show conocido como Big Brother. Medía casi 1.90 y había estudiado artes marciales, pero nunca había vivido en carne propia ninguna batalla violenta entre narcotraficantes.

A principios de noviembre de 2010, cuando desconoció el liderazgo de García Montoya, Balderas Garza se encontraba oculto en una casa de Interlomas, pues lo buscaban por dispararle al futbolista Salvador Cabañas. A partir de ese momento, las procuradurías del Estado de México y de la capital tuvieron que trabajar codo a codo, pues los asesinatos que ocurrirían en ambas entidades estarían relacionados entre sí. Una ola de violencia, inédita hasta entonces, acapararía la atención de gobernantes y medios de comunicación. La Ciudad de México, un falso oasis donde supuestamente no llegaban las decapitaciones y balaceras que sí acosaban desde hacía años a otros territorios de la República, viviría un periodo rojo que desnudaría la mentira de las autoridades. La realidad es que el narco sí operaba en la capital.

¹ Causa penal 086/2011.

² Ibid.

³ Expediente FTLP/TLP-2/T3/2070/10-10.

⁴ En estos informes se citan los números de expediente que se abrieron después de que detuvieron a Giovanni, como el TLP-2/T3/182/06-03.

4

Estado de México: el cinturón violento
que rodeó a la ciudad

Un día de septiembre de 2008, Marco, Heros y Marcos, todos de apellido Hernández, salieron de Chiapa, en el municipio de Xochiatipan, Hidalgo, buscando oportunidades de emplearse como albañiles en la Ciudad de México. El pueblo, ubicado en la huasteca hidalguense, es uno de las más pobres de México. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), más de la mitad de la población de ese municipio tiene carencias en su acceso a la alimentación, y el promedio de estudio es de apenas cinco años, comparado con los 8.1 de la media nacional.

De ese territorio pobre, verde y húmedo salieron los tres muchachos, que eran primos y amigos; se conocían desde niños, juntos vagaron por las calles de Chiapa. La precaria situación en la que vivían los orilló a emigrar dos meses antes de la celebración del día de muertos, cuando se hacen los festejos del Xantolo en esa localidad. La festividad se vive a lo grande, así que para esas fechas había que conseguir dinero extra y con esa intención partieron. Pero ya no regresaron vivos.

El 12 de septiembre de 2008, sus cuerpos, junto con los de 21 personas más, aparecieron en el paraje de La Loma, en La Marquesa, una zona boscosa del Estado de México donde hay parques recreativos que visitan mexiquenses y capitalinos. Fue la masacre más sangrienta registrada hasta entonces en esa entidad. Los 24 cuerpos yacían sobre el pasto con las manos amarradas con cinta, algunos no tenían camisa y llevaban los shorts abajo. Cuando los encontraron, todos con el tiro de gracia, habían pasado pocas horas desde su muerte, según los exámenes del Servicio Médico Forense del Estado de México.

Días después, las autoridades reconocieron que la mayoría vivía en una casa humilde en Huixquilucan; provenientes de distintos estados, habían llegado por un contacto que les prometió trabajo en la construcción. "Ellos llegaron engañados; era gente inocente... pero ya habían visto caras", declaró Óscar García Montoya, El Compayito, frente a las cámaras de la Policía Federal después de su detención en 2011. Para esas fechas, García Montoya, también conocido como La Mano con Ojos, estaba a cargo de la distribución de enervantes, los secuestros y el cobro de piso; además, había ordenado el asesinato de unas 300 personas e incluso había matado de propia mano a otras 300, según sus propias declaraciones.

La escena de los cuerpos espolvoreados en el bosque quedó en la memoria de las páginas de la prensa local y nacional que destacaron el hecho como uno de los más sangrientos en la historia del centro del país. Así se abrió un capítulo de sangre y narcotráfico en los alrededores de la Ciudad de México, en específico en su frontera con el Estado de México, entidad que abraza a la capital al norte, poniente y oriente.

La burbuja en la que en ese entonces el jefe de gobierno Marcelo Ebrard intentó meter a la Ciudad de México, respecto a la intromisión de la delincuencia organizada en el país, se fue reventando. Desde 2007, en el Estado de México se empezó a gestar y a documentar la presencia de cárteles poderosos como La Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, el Cártel de Sinaloa y los grupos que después conformarían el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Una vez tras las rejas, García Montoya relató a las autoridades sus crímenes. Sobre la masacre de los 24 albañiles en La Marquesa, en la confesión grabada por la procuraduría mexiquense, García Montoya dijo que los asesinaron después de que a su organización criminal le llegó información —errónea— que detallaba que el domicilio donde vivían los trabajadores de la construcción era supuestamente un punto de reunión de La Familia Michoacana, quienes pretendían empezar una lucha para controlar la zona.

El número de trabajadores y personas que merodeaban ese lugar, con características físicas y rasgos "diferentes" a los de los pobladores locales, elevaron sus sospechas. Esa noche llegó un convoy armado de casi 40 personas y sometió a los albañiles. Nadie opuso resistencia, nadie se defendió, pues no tenían con qué. Ninguna de sus víctimas entendía qué pasaba, según la crónica de García Montoya, quien aseguró que en el secuestro y posterior asesinato de los 24 albañiles él no participó directamente, sino que el encargado fue Raúl Villa Ortega, uno de sus sicarios.

Desde que ocurrió aquella masacre, cualquier discurso que aseguraba que los criminales sólo se mataban entre ellos quedó precisamente en eso, en mero discurso. El evento cimbró a los habitantes de Huixquilucan, un municipio que alberga uno de los escenarios con mayores contrastes socioeconómicos del Estado de México. Ahí viven capitalinos que se rehúsan a los pequeños departamentos de la aglomerada Ciudad de México y prefieren casas amplias, de hasta mil o 2 mil metros, con jardines y estacionamientos. El bosque, la humedad y la altura de la zona brindan una sensación de aislamiento y protección de caos de la ciudad. Para la gente que les provee servicios a los habitantes acomodados, hay barrios enteros de casuchas sin pintar, construidas de manera irregular, que fueron montadas con las manos de sus propietarios. En ese sitio rentaron una propiedad los albañiles a los que asesinaron y abandonaron en las inmediaciones de La Marquesa y que buscaban ganar más de los 80 pesos diarios que en promedio ganan en las zonas marginadas.

En 2011, La Familia Michoacana figuraba como una de las organizaciones criminales más poderosas del país y ya había dado pasos en el Estado de México, según un informe de la PGR denominado Organización y segmentación de células criminales en el Estado de México. Este documento reveló que ese año La Familia Michoacana tenía presencia en 81 de los 125 municipios del estado. Sin embargo, la persecución que las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina emprendieron contra sus principales líderes los fue mermando poco a poco. La "cacería" fue dejando espacios vacíos en los municipios donde ejercían influencia. Mientras tanto, los grupos rivales aprovecharon la circunstancia para pelear por esos territorios, lo cual incrementó la violencia y los homicidios dolosos en la frontera con la Ciudad de México.

Un año y medio antes del episodio de La Marquesa, la madrugada del 7 de marzo de 2007, dos hombres altos y de complexión gruesa visitaron el centro nocturno Mi Viejo Bar, en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Llegaron en una camioneta Ram guinda de doble cabina, entraron en el local y pidieron una cerveza. Después de varios tragos, uno de ellos se levantó y disparó directamente contra Irving de 30 años, el encargado del lugar que atendía la caja registradora. El bar estaba al servicio de La Familia Michoacana. Los atacantes, según la conclusión a la que llegaron los agentes de investigación de la procuraduría del estado, pertenecían al clan que en ese entonces se conocía como el Cártel del Milenio, antecedente del CJNG. En aquel momento su intención era hacer alianzas en el centro del país para controlar espacios, según los expedientes del caso.

La información que recabaron los agentes policiacos apuntaba a que La Familia Michoacana despachaba desde varios centros nocturnos en esa región, negocios que al igual que los integrantes de ese cártel fueron cayendo uno a uno. Mi Viejo Bar era de los puntos neurálgicos; ahí se organizaban las reuniones con los capos locales y se tomaban decisiones.

Esa noche, las detonaciones hicieron que el cantinero se tirara al piso para intentar protegerse, pero ahí mismo el segundo gatillero le dio dos balazos en la espalda. Después de asesinar a Irvin, el primer sicario disparó al aire para amedrentar a los clientes, y una bala perdida lastimó a una comensal. El saldo final: un muerto y dos heridos, una mujer de gravedad y 21 personas detenidas en calidad de testigos, de las cuales ninguna quiso proporcionar más detalles de los hechos a los agentes de investigación.

Después de la balacera, cerraron el local de Mi Viejo Bar. A este incidente le siguieron una serie de asesinatos en Atizapán. Según datos de la fiscalía estatal, fueron 95, la mayoría perpetrados con armas de grueso calibre, como la R-15 y la AK-47, lo cual era un hecho sin precedentes en ese municipio, pues, aunque la cultura del narco ya había penetrado el Estado de México, nunca habían atestiguado tantos homicidios dolosos.

El mismo informe, Organización y segmentación de células criminales en el Estado de México, se compartió con el gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas y con el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera Espinosa. En ese documento se ponía de relieve que los grupos criminales en el Estado de México habían crecido y buscaban expandirse hacia la Ciudad de México. Asimismo, se puntualizaba que en 2011 se registraron células delictivas (narcomenudistas) ligadas con cárteles nacionales de la droga en 81 municipios, y que para 2014 ya ocupaban 96. Se destacaba incluso que en 10 delegaciones de la Ciudad de México había puntos de venta de estupefacientes de esos mismos grupos.

Eruviel Ávila y Miguel Ángel Mancera no tomaron en serio la alerta de las autoridades federales, a pesar de que en el informe también se manifestaba la preocupación de la PGR por el crecimiento de un grupo conocido como el Cártel Nuevo Imperio, el cual operaba con apoyo de lugartenientes del CJNG. Además, quienes vendían su droga incrementaron gradualmente la violencia para erradicar a su competencia, por lo que empezaron a ser cada vez más frecuentes los decapitados, los mutilados y las narcomantas con amenazas a comandantes y policías de los municipios donde tenían injerencia.

Incluso para los oficiales más descreídos, los mensajes fueron contundentes: ataques armados a patrullas y mensajes en las puertas de sus casas los llevaron a no involucrarse en la lucha contra la delincuencia en los pequeños municipios, donde los agentes y los vehículos nunca eran suficientes.

Entre otras organizaciones criminales con presencia en el Estado de México, La Familia Michoacana, Los Zetas, los Caballeros Templarios, el Cártel de Sinaloa y el CJNG se disputaban a discreción algunas colonias cercanas a la Ciudad de México, pues buscaban penetrar hasta el corazón de la capital.

En 2013 la procuraduría también alertó sobre la actividad del grupo conocido como Guerreros Unidos en 15 municipios del Estado de México. Su crecimiento comenzaba a ser significativo y ya disputaban una parte del territorio. Sin embargo, en 2014, cuando ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la banda fue vinculada con el caso, tras lo cual las autoridades iniciaron una persecución en su contra.

En 2015 casi 50% de los homicidios registrados en las 32 entidades del país había ocurrido en el Estado de México. Cada cinco horas había un asesinato. Muchos de ellos se cometían en el contexto de las pugnas entre grupos de narcotráfico que el gobierno de la Ciudad de México insistía en negar. Miguel Ángel Mancera sostenía públicamente la hipótesis de que en su ciudad sólo había problemas de narcomenudeo en algunas zonas puntuales de las delegaciones Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Tláhuac.

La situación continuó empeorando. En 2016 las cifras colocaron al Estado de México como el más inseguro, el más violento y donde más homicidios dolosos se registraron: 2 mil 749, de acuerdo con el Inegi. Le siguió Guerrero con 2 mil 542 asesinatos. En tal circunstancia, no se puede pasar por alto otra estadística del mismo instituto: la Ciudad de México y el Estado de México concentran poco más de 22% de la población del país, en su mayoría jóvenes de entre 18 y 35 años de edad.

Entre tanto, para 2017, el CJNG ya había logrado un crecimiento exponencial. La extinción de La Familia Michoacana y Los Zetas le permitió quedarse con gran parte del Estado de México, y a la fecha ha conservado una relación cercana con grupos de Tepito a los que les han dejado el control de los negocios ilícitos en Cuajimalpa, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

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Heaven: un día el narco se llevó a 13

El día que los amigos de César lo vieron por última vez se burlaron de su físico. "Ya deja de tomar esteroides", le dijeron. "Es que hoy me toca hacerla de stripper en el Living", contestó César, con sorna. En realidad, César Rivero Martínez, de 17 años, había embarnecido porque practicaba lucha olímpica en un gimnasio de Tepito. En su respuesta había una verdad y una mentira. La verdad era que en efecto acudió al antro Living; la mentira: no iba a bailar, sino a vender drogas. Esos mismos amigos revelaron la conversación cuando, horas después, tuvieron que testificar ante el Ministerio Público de la procuraduría capitalina.¹ Relataron que acompañaron a César y estuvieron con él en la fila de ingreso, afuera del Living, el cual estaba sobre Bucareli, unas de las avenidas más emblemáticas del centro de la Ciudad de México, tan sólo a cinco calles de las oficinas de la Secretaría de Gobernación. La fachada del bar era la de una casona del siglo XIX, con dos plantas y balcones de cemento amarfilado. Se hallaba en la colonia Juárez, la misma que alberga a la turística Zona Rosa. Ahí, la noche del 11 de enero de 2013 se consumó la ruptura de La Unión y con ella el destino de César.

A pesar de que era menor de edad, a César lo dejaron pasar al Living junto con su amigo Felipe de Jesús Martínez Mendoza, El Oso. Los otros amigos de César no pudieron ingresar porque también tenían 17 años de edad. A César y al Oso se les permitió el acceso porque vendían estupefacientes en el lugar.² Ambos estudiaban en el Centro de Estudios Universitarios Grupo Sol. El Oso estaba inscrito en la carrera de mercadotecnia y César en el bachillerato. También eran vecinos de la calle Lecumberri, en el centro, a tres cuadras de Tepito.

Eran aproximadamente las 22:30 horas de ese 11 de enero y unas 150 personas oían las mezclas de un DJ de música electrónica. El Living se caracterizaba por congregar a jóvenes de la comunidad gay y hasta esa fecha sólo había sorteado suspensiones de actividades por faltas administrativas. Sin embargo, según las investigaciones de la procuraduría, basadas en testimonios y trabajo de inteligencia, el comercio de tachas, LSD y cristal era rutinario en el lugar. El precio de cualquiera de los tres productos no rebasaba los 150 pesos. Tanto César como El Oso se confundían con la clientela, bailaban y platicaban con conocidos e incluso con algunos de los empleados. La oscuridad del centro nocturno ocultaba sus ventas hasta entrada la madrugada.

A la una y media de la mañana, consta en el expediente, siete individuos encararon a la pareja. César era fornido y no se dejó intimidar. "No me gusta cómo bailas", le reclamó uno de los agresores. Según lo que testigos declararon ante las autoridades, César respondió que la valía madres. Hubo insultos y jaloneos, pero no fue hasta que personal de seguridad intervino, cuando sacaron a César y al Oso a empellones. La disputa no acabaría afuera del Living, donde ambos llamaron por teléfono a los amigos que no habían podido entrar. Enseguida, los siete sujetos los alcanzaron y los volvieron a increpar. Hubo amagos y golpes. A César y sus compañeros los superaban en número. Más aún cuando llegaron un Sentra blanco y un taxi Tsuru, de donde bajaron otros cuatro hombres que sometieron a César y al Oso.

En medio de la trifulca se interpuso un agente de la procuraduría: Luis Guillermo Flores Capetillo, apodado El Muñequito de Pastel, pues solía vestir impecablemente. También había una patrulla de la policía preventiva, pero sus uniformados nunca descendieron del vehículo y se retiraron cuando un trabajador del Living les informó que habían sacado a los dos muchachos por pelearse.

En sus declaraciones ante la fiscalía, los amigos de César y El Oso dijeron que supusieron que el agente Flores Capetillo separaría a los bandos y el conflicto terminaría ahí. Sin embargo, lo que ocurrió minutos después los desconcertó: el policía esposó a los jóvenes y los subió a su patrulla, marcada con el número 3094. De inmediato, Flores Capetillo subió al asiento del conductor, donde lo acompañaba como copiloto Alejandro Carreto Zavala, el gerente del Living.

Casi 20 minutos más tarde, los amigos de César y El Oso se presentaron en la agencia del Ministerio Público de Cuauhtémoc para saber si habían trasladado ahí a los jóvenes. Cuando no los encontraron, comenzaron un peregrinar por otras agencias cercanas. Se sumaron los familiares de la pareja y para las cinco de la mañana la extrañeza y la mortificación los invadieron a todos. Una hora después, localizaron los cadáveres de César y El Oso sobre la calle, en la colonia Agrícola Oriental, en Iztacalco, a unos ocho kilómetros del Living. Según el expediente del caso, ambos estaban amordazados, maniatados y con un balazo en la cabeza. No era todo: tenían sendos golpes en el rostro, les habían extraído los ojos con un objeto punzocortante y les habían fracturado algunos dedos de la mano.

Semanas después, la procuraduría detuvo y arraigó al agente Flores Capetillo. Videos de las cámaras de la delegación Cuauhtémoc delataron su participación en el secuestro de los muchachos. También lo hizo el GPS de su patrulla, el cual reveló que condujo por Bucareli hasta avenida Chapultepec; siguió hacia el oriente e incluso pasó a un costado de las instalaciones centrales de la PGJ. Continuó por Fray Servando Teresa de Mier y desde ahí subió un puente vehicular hacia la colonia Romero Rubio, en la delegación Venustiano Carranza. En el cruce de la calle Marruecos y África se detuvo unos 10 minutos. Las indagatorias confirmaron que en ese sitio Flores Capetillo entregó a César y al Oso a un grupo armado que finalmente los asesinó.

La colonia Romero Rubio se ubica al oriente de la Ciudad de México, no muy lejos del aeropuerto y a unos 4 kilómetros del municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Ese territorio era el bastión de Los Pellejos, antes conocidos como Los Malandros, debido a que a su líder, Germán Magaña, lo apodaban El Malandrín. Este hombre tenía dos hermanos, Manuel y César, quienes dominaron la venta de drogas en la Zona Rosa desde 2001, y lograron extender su influencia a lo largo de la avenida Insurgentes, que cruza la Ciudad de México de norte a sur, y que a partir de Paseo de la Reforma es iluminada por cientos de tiendas de ropa, edificios de oficinas, bancos, restaurantes y, por supuesto, discotecas. Según informes de la procuraduría local y de la PGR, Los Pellejos tenían vínculos cercanos con el cártel de los Beltrán Leyva:

La organización delictiva Los Pellejos y La Unión dependen del cártel de los Beltrán Leyva, misma que de los elementos agregados a la presente indagatoria se evidencia la existencia de una organización criminal dedicada a cometer ilícitos como la extorsión, secuestro, homicidio, violación a la ley federal de armas de fuego, en la que cada uno de sus integrantes realiza una función determinada para lograr su cometido.³

Los hermanos Magaña eran la vieja guardia del grupo delictivo, pero le heredaron la operación a un sobrino: Edwin Agustín Cabrera Jiménez, El Antuán. En 2013, Los Pellejos sostenían el pacto con los hermanos Francisco Javier y Armando Hernández Gómez, capos de Tepito, que propuso Édgar Valdez Villarreal en 2010, cuando los reunió en el barrio. Pero la aprehensión de La Barbie, la fractura de los Beltrán Leyva y sus células enfrió la relación entre los bandos hasta que germinó una guerra abierta. El homicidio de los jóvenes raptados afuera del bar Living llevó la pugna al siguiente nivel.

Con anterioridad, se habían suscitado amagos y asesinatos que parecían aislados, es decir, fuera de la zona de influencia tanto de los de Tepito como de Los Pellejos, pero lo del Living representó el inicio de un periodo de suma violencia para la Ciudad de México, que vio su momento más álgido el 26 de mayo de 2013, cuando 13 muchachos, algunos avecindados en el barrio bravo, fueron secuestrados del bar Heaven.

Según las pesquisas de la PGR, César Rivero Mendoza y su amigo Felipe de Jesús Martínez, El Oso, eran distribuidores de droga relacionados con La Unión. A pesar del pacto, el hecho de que invadieran los bares y antros que controlaban Los Pellejos ocasionó la ruptura. Con El Antuán como líder, Los Pellejos se dieron a la tarea de expulsar a los de Tepito del corredor Insurgentes, Zona Rosa y Condesa.

Por su lado, los hermanos Hernández Gómez ordenaron a su gente la incursión en esos territorios, principalmente en centros nocturnos, pues las ganancias que generaba la venta de droga oscilaban entre 400 mil y 600 mil pesos por fin de semana, según el testimonio de miembros de Los Pellejos detenidos y que forman parte de numerosas indagatorias locales y federales.

El 20 de abril de 2013 ocurrió una acción con el mismo modo de operar: en el antro Virtual Mix sacaron a cinco jóvenes que ofrecían drogas y los secuestraron. El centro nocturno estaba en el 1785 de Insurgentes Norte, colonia Tepeyac, en la delegación Gustavo A. Madero, al norte de la ciudad, en los límites con el municipio de Ecatepec. Este caso fue un preámbulo del Heaven, pero no se dio a conocer hasta junio de ese año. En su momento, estos secuestros se archivaron a la sombra del conocimiento público, inclusive los padres de las víctimas guardaron silencio hasta que dejaron de confiar en las autoridades y decidieron hablar con los medios de comunicación, inspirados por las familias de Tepito que hicieron lo mismo como recurso para ejercer presión.

Alejandro vivió para contarla. Era la madrugada del 13 de septiembre de 2012 y se encontraba en el bar Troya, en el 186 de la calle Puebla, esquina con Insurgentes, a una cuadra de la glorieta que lleva el mismo nombre, en la colonia Roma Norte. En su declaración ministerial ante la PGR, Alejandro contó que aproximadamente a la una de la mañana fue a la barra del lugar por una cerveza. Cuando regresó con su amigo, Jonathan Astivia Velázquez, de 27 años, vio que lo rodeaban varios individuos. Las luces neón y el bullicio le impidieron observar con claridad lo que ocurría. Cuando Jonathan se quedó solo, Alejandro se le acercó. "¿Qué pasó?", le preguntó a su amigo, pero éste solamente negó con la cabeza. "A ver, ven para acá, güey", oyó Alejandro a sus espaldas. Los sujetos nuevamente se acercaron y se dirigieron a él. "¿Tú vienes con él?", le preguntaron al mismo tiempo que lo rodeaban. Cuando Alejandro contestó afirmativamente, un hombre lo jaló del brazo mientras otro lo sometió sujetándolo por el cuello. Tanto a él como a Jonathan los llevaron a la salida de emergencia, donde a unos pasos de la puerta los colocaron contra la pared. Los rostros de los agresores se iluminaban de forma intermitente, a fogonazos de luces rojas y púrpuras. "¡A ver, saquen todo lo que traigan!", ordenó uno. "¿Qué pedo, güey?", preguntó Alejandro a su amigo, ya con la tensión engarrotando sus piernas. Jonathan entregó un celular, su cartera y un pequeño recipiente transparente donde había varias pastillas y cuadros de cartón con gotas de LSD.⁴ "Ya valió madres", soltó Jonathan antes de recibir un puñetazo en el rostro. Alejandro narró en su testimonio:

En ese momento nos empiezan a golpear, quitándonos todo lo que traíamos; en ese momento llegan otros dos chavos más a la salida de emergencia y nos dicen que por esta vez nos iban a dejar ir, pero que tenían nuestras identificaciones y si hacíamos pedo iban a hacer un desmadre a nuestras casas. Nos advierten que no nos querían ver en ninguno de los antros donde operaban, es decir, el Troya, el Blue y el Deep, ya que eran de La Unión.

Alejandro aceptó que dejó de frecuentar esos antros. Caso contrario al de Jonathan, quien trabajaba como estilista en una estética de la colonia Obrera, en el Eje Central Lázaro Cárdenas, a unos 10 minutos a pie del centro de la ciudad. La noche del 20 de abril de 2013 fue al Virtual Mix en Insurgentes Norte, el cual estaba bajo el dominio de Los Pellejos. Jonathan y otros cuatro amigos, Rodrigo González Villegas, Jorge Daniel Casasola López, Jonathan Barrios Ferreira y Luis Orlando Flores García. En esa ocasión a Jonathan también lo agredieron varios sujetos que lo increparon por supuestamente vender drogas en el sitio, pero ya no tuvo una tercera oportunidad: lo secuestraron junto con sus cuatro acompañantes y hasta hoy se desconoce su paradero.

Abarrotado, el Virtual Mix seguía recibiendo clientela a las tres de la mañana. Jonathan llegó con sus amigos. Su ingreso quedó registrado por las cámaras de circuito cerrado del lugar. Adentro, las luces neón bañaban los cuerpos bailando en la pista, rodeados por mesas y sillones de cuero falso. Un stripper animaba al público desde un pedestal y hasta entonces todo transcurría sin contratiempos.

El rapto de Jonathan y sus amigos parece una calca de lo que sucedió el 11 de enero de 2013 en el Living. Pero el caso del Virtual está rodeado de misterio porque, a más de cuatro años, ni siquiera los cuerpos de las víctimas han aparecido, pese a que algunos de los sospechosos detenidos revelaron a las autoridades que los asesinaron y los enterraron en una fosa clandestina.

Esa madrugada, el quinteto realizó movimientos extraños: salieron una vez del antro y volvieron una hora y media después. Les permitieron el acceso, pero detrás de ellos iba un individuo al que los empleados reconocieron como dealer en sus declaraciones ministeriales ante la PGR.

El testimonio que más despejó dudas a los investigadores fue el de Édgar Iván Quiroz González, trabajador de seguridad y policía del Estado de México. El hombre confirmó lo que los agentes federales sospechaban: los cinco fueron secuestrados por vender drogas dentro del Virtual Mix, sitio controlado por Los Pellejos, en algún momento socios de La Unión, pero que entonces estaban enemistados con ellos y sus jefes de Tepito. Édgar Iván, quien cobraba 200 pesos por ocho horas de labor, ayudó a someter a las víctimas por órdenes del gerente, Jovany Jiménez Desales; ahora espera sentencia en un penal federal.

Después de quedar bajo arresto, el 27 de junio de 2013 Édgar refirió lo siguiente:

En ese momento vi bajar a siete personas que venían con cinco chicos bajando como a la fuerza, y Jovany venía con ellos, siete personas que en el medio son conocidos como dealers, que eran los que llevaban a la fuerza a los chicos. Jovany me dijo: "Édgar, ven y saca a estos tipos que están vendiendo droga", y yo obedecía órdenes; como era de seguridad ayudé a sacarlos, sólo por seguir órdenes. Después de eso, al sacarlos del bar, vi llegar un Seat gris con canastilla, y de ahí salió un tipo con una ametralladora y me dice: "Tú también", pero una de las dealer que apodaban La Gorda le dijo que no, que yo era de seguridad y me dejaron ir y me metí al bar. La verdad quienes sacaron a esos chicos son los dealers que Jovany me había dado órdenes de no revisar nunca, que los dejara pasar, pues ellos se dedicaban a la venta de droga en el bar [...] Entraron por los chicos porque estaban vendiendo droga en una zona que Jovany me había dicho que no era suya, sino de Los Pellejos, quienes controlaban también la Zona Rosa.

De los siete sujetos que participaron en el plagio de los jóvenes, ninguno logró ser plenamente identificado, mucho menos encarcelado. Jovany era el gerente y copropietario, el otro era su hermano, Yosafat Jiménez Desales. Los dos fueron detenidos con base en los testimonios de nueve empleados, entre ellos la hermana de Édgar. No obstante, a ninguno le constaba el destino ni la ubicación de las cinco víctimas, tampoco los nombres de los narcos que controlaban a los secuestradores.

Los hechos de violencia relacionados con grupos criminales en la Ciudad de México se hilaban uno con otro. Y no cesaban. El 26 de mayo de 2013, el caso culminante de esta serie ocurrió en el corazón de la turística Zona Rosa. Los Pellejos sacaron del bar Heaven a 13 muchachos y los secuestraron. Con la fuerza que obtuvieron tras los casos del Living y el Virtual, ese grupo decidió apropiarse del nombre de La Unión, añadiéndole Insurgentes, para dejar claro que controlaban esa avenida de norte a sur.

Pese a que no había evidencia de que los cinco raptados del Virtual fueran colaboradores de La Unión, los investigadores creían que Los Pellejos así lo pensaban, posiblemente porque vivían y trabajaban en colonias relativamente cercanas al barrio bravo y al centro. Las cinco víctimas se conocían porque dos de ellos iban a la citada estética de Eje Central, cuya vía conduce a Tepito en no más de 10 minutos en transporte público. Jonathan Astivia Velázquez era vecino en la colonia Santa María la Ribera, próxima a la Tabacalera, donde vivía el resto. Esta colonia está frente a la Zona Rosa, a un costado de Insurgentes y Reforma, justo en el centro del corredor que Los Pellejos clamaron como suyo.

Por un lado, La Unión estaba enfocada en agrupar a las familias de Tepito, como habían acordado con Édgar Valdez Villarreal. Por otro, Los Pellejos rompieron el pacto asesinando a las víctimas del Living y fueron replegando a sus contrincantes de la Zona Rosa, Insurgentes y la codiciada Condesa. Los hermanos Hernández Gómez, cabecillas de La Unión, llevaban desde 2010 ordenando vendettas en el centro de la ciudad y el barrio bravo; sus nombres y fotografías ya se conocían y vivían escapando tanto de enemigos como de las autoridades. En contraste, Los Pellejos habían operado hasta 2013 con un perfil bajo. Aunque eran amos y señores del corredor de Insurgentes, su nombre no aparecía en las páginas de los periódicos. Fue hasta poco antes del caso Heaven cuando cobraron notoriedad como Unión Insurgentes.

El nombre de La Unión adquirió fama y significaba terror entre sus oponentes; se convirtió en una marca empresarial que hasta ahora usan diversos grupos delictivos para extorsionar o intimidar. Con el caso Heaven surgió la división entre La Unión Tepito y La Unión Insurgentes, la cual prácticamente se apropió del nombre, dejando atrás el de Los Pellejos. El 26 de mayo de 2013 tuvo lugar el acto cumbre de La Unión Insurgentes o La U, con el plagio de los jóvenes originarios del barrio bravo.

Dos días antes, en un bar de la Condesa, ubicado a 200 metros de la librería Rosario Castellanos, los hermanos Hernández Gómez contraatacaron por lo del Living: mataron a Horacio Vite Ángel, primo de Edwin Agustín Cabrera Jiménez, El Antuán, líder máximo de La U. Vite era oriundo del municipio de Tultitlán, al norte de la zona conurbada del Valle de México, y se dedicaba al comercio de zapatos. Cuando peritos de la procuraduría inspeccionaron sus pertenencias en el anfiteatro, le encontraron 30 pastillas psicotrópicas, 10 envoltorios con cocaína y 150 pesos. En los antros de la Zona Rosa y la Condesa lo conocían como El Oaxaco o El Chaparro, porque era de tez morena, rasgos toscos, baja estatura y complexión rolliza.⁵

Antes del asesinato del Chaparro, La Unión Insurgentes dominaba la venta de estupefacientes en los centros nocturnos. Se comerciaba cocaína, metanfetaminas, LSD y en menor medida marihuana. En Tepito, por ejemplo, una grapa de cocaína puede conseguirse en 80 o 100 pesos; una pastilla de anfetamina, como la tacha, se ofrece entre 50 y 70 pesos, pero en el corredor Roma-Condesa, estos precios se triplican. Una grapa de cocaína se vende hasta en 300 pesos. Las ganancias que dejaba esta actividad en la zona eran lo suficientemente jugosas como para pelear a muerte por su control.

La noche del 23 de mayo, El Chaparro llegó al bar Black, en la calle de Tamaulipas, con el fin de abastecer a los dealers.⁶ En ese punto, en la esquina con la calle de Campeche, los jóvenes hípsters terminan sus madrugadas comiendo tacos al pastor en El Tizoncito.

En el Black, El Chaparro se topó con los tepiteños. Videos de las cámaras del sitio lo captaron todo: El Chaparro fue rodeado por unos 10 individuos, entre los que estaban Omar Romero, El Colosio; Jesús Abdiel Vega Lemus, El Grande; Bryan Enrique Torres Razo, El Pecas, y Mario Cerón García, El Ratón. Entre todos le propinaron una golpiza al Chaparro, lo sacaron del bar y junto a una jardinera El Grande lo asesinó a balazos.

Entrada la mañana del 24 de mayo, peritos de la procuraduría levantaron el cuerpo. El caso suscitó revuelo entre los vecinos, los medios de comunicación y la opinión pública. En la Condesa no había ocurrido un homicidio así, no a causa de la pugna entre narcomenudistas.

En interrogatorios con agentes de investigación, miembros de La Unión Insurgentes detenidos coincidieron en que cuando sus jefes se enteraron del hecho fijaron 24 horas para encontrar a los responsables, de lo contrario, eliminarían a los sicarios que debieron haber cuidado al Chaparro y todos los que hubieran estado trabajando esa noche.

El responsable de la seguridad de los dealers era José Joel Rodríguez Fuentes, El Javis, quien contaba con un séquito de pistoleros que lo seguían a donde fuera. Él recibió el amago de su patrón y bajo presión decidió que vengarían el crimen del Chaparro a como diera lugar. Él mismo lo admitió un año después, cuando lo capturó el área de Inteligencia de la procuraduría. Al Javis lo interrogó Fernando de Anda Ríos, titular de Base Aquiles, a quien le contó cómo decidieron vengar al Chaparro con el secuestro de 13 personas que dos días más tarde se divertían en el bar Heaven:

Antuán nos dio a todos 24 horas para que le lleváramos las cabezas de los tepiteños, diciéndonos que si no, la íbamos a pagar nosotros, porque El Chaparro no debía haber estado solo, pero lo que pasó es que a él lo engañaron para que fuera al Black, una chava que conoció en Facebook lo citó y por eso fue solo. Su hermano El Chino fue el que nos dijo y también mencionó que él conocía al gerente del Heaven, uno al que le decían El Polo y que llevaba muchos años en el negocio de llevar gente a los afters; él fue el que organizó la movida para invitar a los tepiteños, para que así nosotros hiciéramos el operativo y cumpliéramos con lo que nos ordenó Antuán.

En pocos años El Javis había pasado de ser un distribuidor común a un jefe de sicarios que se paseaba por la Roma-Condesa en un Camaro amarillo último modelo. En mayo de 2011 lo arrestaron junto con dos hombres afuera del antro Fever, en avenida Nuevo León, a unos pasos de la librería El Péndulo. Policías de la Secretaría de Seguridad Pública local lo detuvieron con 27 tachas, 31 envoltorios con cocaína y nueve con crack. Esa noche, El Javis dijo llamarse Carlos Iván Martínez Hernández y estuvo en un cuartel policiaco aproximadamente una hora y media antes de que lo llevaran al Ministerio Público Federal.

En ese entonces, el jefe policiaco del sector Roma-Condesa era Felipe Rosales Gamboa, hermano de Luis, El Jefe Apolo, quien fue subsecretario de Operación Policial durante varios años, inmerso en polémica por nepotismo, actos de corrupción y señalamientos por abusos contra sus elementos.

Esa noche, cuando llevaron al Javis a unas oficinas de la PGR en la glorieta de Insurgentes, dos policías de Investigación se presentaron afuera del MP para interceder por él. Aún estaba en la patrulla. Los elementos policiacos se negaron. Tanto El Javis como Rafael Juárez Limón y Geovanni Benjamín Beuchot Amado llegaron a las galeras de la PGR. Entonces los policías presentaron menos droga de la que habían decomisado y aseguraron que quien la tenía era Juárez Limón, y que los otros dos simplemente habían estado con él al momento del arresto. Esto facilitó que El Javis obtuviera su libertad unas horas después y que reasignaran a otro sector a los agentes que hicieron la detención. Uno de ellos reveló, a condición de permanecer anónimo, que la orden de ordeñar la droga vino desde el jefe de patrullas, de apellido Contreras y con indicativo Delta Roma.

Fue así como El Javis libró la cárcel por segunda vez, pues meses atrás ya lo habían capturado y presentado ante la misma PGR por portación de arma de fuego. De hecho, el periódico Reforma publicó una fotografía donde aparece El Javis bajo arresto por posesión de drogas, la cual sirvió años más tarde para que lo identificaran detectives de la PGJ que lo perseguían por el caso Heaven.

Dos años después de esas detenciones, El Javis ya no era un dealer común y corriente, sino el jefe de sicarios de La Unión Insurgentes. Tenía bajo su mando a una veintena de secuaces y manejaba su Camaro amarillo que le ganó el apodo de Joel, El del Camaro. Se le veía todos los viernes y sábados en el Fever, un antro de música electrónica frecuentado por jóvenes de clase media alta y extranjeros, atraídos por su decoración psicodélica y la presentación en vivo de afamados DJ. A unos pasos de ese centro nocturno está todavía hoy el bar Pata Negra, donde hizo su nido el jefe inmediato del Javis, Luis Felipe Chávez Cabrera, El Pavo o El Damián, primo del Antuán y segundo en la estructura piramidal de la organización. La U se apoderó de la vida nocturna en la Roma-Condesa y en Insurgentes de sur a norte.

La noche del 25 de mayo de 2013 ya estaba planeado el secuestro de 13 jóvenes en el bar Heaven. Cerca de la una y media de la mañana del 26 de mayo, algunas de las víctimas estaban en el antro Crystal, también en la Zona Rosa, cuando los propios meseros los invitaron al Heaven pues iban a cerrar a las dos. Les prometieron mejor ambiente. A esa misma hora, una de las víctimas y pieza clave del rompecabezas del caso, Jerzy Ortiz Ponce, de 16 años, recibió una alerta en su Nextel: era su madre, Leticia Ponce, a quien le avisó que iría con unos amigos al Heaven. Ella le pidió que no demorara demasiado, pues la noche de ese domingo iban a ir al Estadio Azteca para ver la final del futbol mexicano entre América y Cruz Azul. Jerzy le contestó que no se preocupara. Fue la última vez que la mujer tuvo comunicación con el adolescente. El Crystal cerró sus puertas, pero ahí permanecieron los clientes, entre ellos algunas de las víctimas.

Alrededor de las nueve de la mañana Jerzy y su amigo Said Sánchez García, de 19 años, llegaron al Heaven con otros amigos de Tepito. Jerzy era hijo de Jorge Ortiz, El Tanque, jefe de una pandilla criminal del barrio hasta que lo encarcelaron en 2003. El Tanque estuvo muchos años bajo el manto protector de los hermanos Hernández Gómez, fundadores de La Unión Tepito, aunque luego creó su propio grupo delictivo. En la actualidad se encuentra en un penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora, sentenciado por extorsión y delincuencia organizada. Said, por su parte, era hijo de uno de los socios del Tanque, también en prisión, Alejandro Sánchez Zamudio, El Papis.

En el Heaven estaban, además de Jerzy y Said, los hermanos Josué y Aarón Piedra Moreno. El primero, de 29 años, quería ser chef y trabajaba en un comercio del barrio bravo. Aarón, de 20, aspiraba a ser DJ; en 2008, cuando tenía 16, sobrevivió a una estampida en la discoteca New's Divine, al norte de la Ciudad de México, donde murieron nueve chicos que intentaban salir del lugar debido a una fallida redada de la policía. También estaba con ellos Eulogio Fonseca Arreola, de 26 años, quien vendía accesorios para celulares en el centro.

Gabriela Téllez Zamudio, de 34 años y vecina del barrio, tenía una hija de 19 años de edad con la que salió de fiesta esa misma noche, pero la muchacha se regresó a casa y su madre decidió acompañar a sus amigos al Heaven. Con ella iban otras dos de las víctimas, Jennifer Robles González, de 23 años, y Monserrat Loza Fernández, de 28. Ellas también eran madres solteras, como Gabriela, y habían estado en el Crystal. A las 8:38 horas del 26 de mayo de 2013, Jennifer publicó en su Facebook: "Vámonos con Tokyo aaaa Heaven y seguimos en la party, venga" (sic). Las tres eran vecinas de la colonia Moctezuma, al norte de la ciudad.

El noveno secuestrado fue Rafael Rojas Merines, padre de una niña de 15 años y vendedor de lentes en Tepito. Había estado seis años en prisión por robo y era afecto a las motocicletas. También estaba Gabriela Ruiz Martínez, de 25 años, una escort que vivía con otras chicas en un departamento de la colonia Nápoles, al sur de la ciudad. Había vivido algunos años en Canadá y era soltera. Las víctimas 11 y 12 fueron Alan Omar Atiencia Barranco, de 26 años, y su esposa Guadalupe Karen Morales Vargas, de 25. Tenían tres hijos y vivían en una vecindad de Tepito. El último fue Alan Francisco Menchaca Bazán, de 31 años, amigo de los hermanos Josué y Aarón Piedra Moreno. De acuerdo con las indagatorias, él convenció a los hermanos, así como a Jerzy y Said, de ir al Heaven. Aunque nunca lo acreditó la procuraduría, entre los detectives existió la sospecha de que él sabía lo que pasaría en la discoteca, y que fue él quien llevó hasta su muerte a la mayoría de las víctimas, pero al final lo asesinaron por ser un cabo suelto para La U.

Según estadísticas oficiales de la procuraduría capitalina, desde 2012 hasta 2018 existen 3 mil 140 personas reportadas como desaparecidas a las que no han localizado. Otras 254 fueron halladas sin vida durante el mismo lapso. El Estado de México y Guerrero son las entidades que superan a la capital en este rubro, con 4 mil 950 y 3 mil 884 desaparecidos hasta junio de 2018. Durante casi tres meses, las 13 personas raptadas del bar Heaven formaron parte de esa cifra, hasta que las localizaron sin vida en un rancho de Tlalmanalco, Estado de México. Las autoridades de la ciudad siempre aseguraron que eran "ausentes" y tardaron en admitir que un grupo armado las obligó a salir de la discoteca para subirlas a varios vehículos. De hecho, el caso lo dieron a conocer los propios familiares el 30 de mayo, cuando se manifestaron con pancartas y bloqueos a la circulación en Eje 1 Norte, la avenida que cruza el barrio de Tepito y que lo divide del Centro Histórico.

El secuestro de 13 jóvenes en un after era un hecho inédito. El propio jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, sostuvo con hilos muy frágiles la postura de que en la capital no había crimen organizado, y aun después del caso Heaven alegó que La Unión Insurgentes y La Unión Tepito no eran más que "pandillas". Todo lo contrario: el hecho exhibió que había dos organizaciones delictivas que fueron socias de los Beltrán Leyva y que tenían suficiente capacidad de fuego para montar un acto de tal magnitud.

La mañana del 26 de mayo de 2013 el crimen se llevó a 13 jóvenes del corazón de la Zona Rosa, a unas cuadras de la embajada de Estados Unidos y del monumento más emblemático de la ciudad: el Ángel de la Independencia. Por si fuera poco, el secuestro ocurrió en pleno paseo ciclista, una actividad que instauró Mancera sobre Paseo de la Reforma, cerrando la vía al paso vehicular y dejándola libre para actividades familiares recreativas.

Aproximadamente a las 10 de la mañana del 26 de mayo, las luces del Heaven se encendieron. Afuera, una torreta policial sonó y las puertas del antro se abrieron para que entrara una veintena de individuos armados. Se trataba de un falso operativo. El gerente del Heaven era Ismael García, El Polo, quien esa mañana vestía una gabardina oscura y se le veía nervioso, caminaba de un lado a otro con el celular en el oído. Grabaciones de una cámara de seguridad ubicada en un negocio aledaño captaron al Polo conversando con los responsables del rapto minutos antes de que se consumara. Habían llegado en varios coches, entre ellos un Suzuki Swift azul, en el cual iba El Javis.

Los 13 jóvenes estaban en el segundo nivel, cerca de la zona VIP, adonde los había invitado El Polo, aparentemente con la intención de concentrarlos y facilitar su secuestro. El expediente se llenó de testimonios de cómo plagiaron a las víctimas.⁷ La Chivis, la responsable del guardarropa, relató que un hombre de baja estatura, tez morena y complexión mediana, entró en el Heaven y de inmediato se dirigió a uno de los meseros, quien le indicó con el pulgar que los 13 estaban arriba. Era El Chino, hermano de Horacio Vite Ángel. Apenas vio a las víctimas, se abalanzó contra Eulogio Fonseca Arreola. "¿Qué pedo? ¿Quién mató a mi carnal? ¿Quién fue el que se pasó de verga?", preguntó ya con varios de sus cómplices armados detrás de él. Enseguida, contaron testigos, golpeó en el rostro a Eulogio, quien se encogió y contestó que no sabía de lo que estaba hablando.

Según las investigaciones de la procuraduría, la realidad es que algunos de los 13 sí sabían lo que había ocurrido dos días antes en el bar Black, donde asesinaron a Vite. Había indicios de que Jerzy y su amigo Said frecuentaban los bares de la Zona Rosa y la Condesa, incluido el Black, donde una vez tuvieron un roce con Vite. La fama de sus padres los antecedía más allá de los confines de Tepito y los hacía visibles en el mundo de la mafia. Rafael Rojas Marines y los hermanos Piedra Moreno también sabían de la vida nocturna en la zona, inclusive los habían señalado, en testimonios e informes de investigación de la policía, como narcomenudistas ocasionales. De hecho, el día de los secuestros en el Heaven, dos vecinos del barrio bravo, identificados como El Toñín y El Barrigas, no sólo convivieron con las víctimas, sino que los vieron consumiendo y ofreciendo pastillas psicotrópicas a algunos de los clientes.

En contubernio con El Polo, La Unión Insurgentes tenía a su propio dealer en el Heaven: Horacio Vite Ángel, cuya muerte abrió paso al Toñín y al Barrigas. Cuando los pistoleros de La Unión Insurgentes sometieron a los 13 jóvenes, los narcomenudistas tepiteños huyeron por la azotea. Nunca testificaron ante la PGJ, pero familiares de las víctimas localizaron al Toñín, quien admitió que probablemente los objetivos de los asesinos eran él y El Barrigas. Esto sólo lo supieron, a ciencia cierta, El Antuán, El Chino, El Damián, El Polo y El Javis, pero las autoridades pudieron arrestar sólo al Damián y al Javis. El primero nunca habló sobre el Heaven, sobre todo porque no había un mandamiento judicial en su contra ni se le vio en los videos del falso operativo. Aunque era cabecilla de La Unión Insurgentes y primo del Antuán, nunca se le pudo relacionar directamente con este caso ni con el del Virtual Mix. Hubo señalamientos vagos, pero no pruebas suficientes. Mientras tanto, El Javis, capturado en el Estado de México un año después de los hechos, se limitó a decir que iban por los tepiteños debido a la presión que les metió El Antuán.

El comandante del equipo que lo atrapó, Fernando de Anda Ríos, le preguntó si los 13 eran inocentes. El Javis contestó con evasivas, con versiones ilógicas, pero sí aclaró que los que mataron a Horacio Vite no eran los mismos que estaban en el Heaven.

Cuando llevaron a los 13 jóvenes a la planta baja del antro, les quitaron sus teléfonos, sus carteras y joyería. Según el testimonio de La Chivis, Jennifer Robles Domínguez, una de las víctimas, le pasó su celular discretamente. De este dispositivo se extraerían más tarde las fotografías de la convivencia previa al plagio, lo cual confirmó a las autoridades que tanto ella como varios de sus amigos de Tepito habían estado en el Heaven.

Pese a los indicios, la procuraduría, a cargo de Rodolfo Ríos Garza, negó durante semanas no sólo que a los desaparecidos del Heaven los habían raptado, sino que también habían estado juntos el 26 de mayo. Las indagatorias revelarían que a los 13 los engañaron con la farsa de un operativo policial, razón por la cual en los videos se aprecia, a simple vista, que salieron del centro nocturno por su propio pie, sin ser amagados con pistolas.

Sin embargo, cuando metieron a las víctimas en vehículos diferentes a las camionetas que usan las autoridades policiacas, para otros clientes resultó evidente que se trataba de un secuestro. Nadie lo quiso decir como tal. A pocos de los que estaban esa mañana los ubicaron para que rindieran su testimonio. Aun así, los relatos que obtuvieron los detectives resultaron exagerados, por ejemplo, que los captores habían llegado en camionetas con logotipos de la PGR o de la Policía Federal, que portaban pasamontañas y chalecos antibalas. Todo era falso, salvo que una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública local ayudó a los responsables. Las grabaciones y el GPS de la patrulla confirmaron la complicidad del agente Édgar Gutiérrez Vera, adscrito al sector Ángel-Zona Rosa, y de César Iván Romero Reyes. El primero manejaba la patrulla que hizo sonar la torreta para que el gerente, El Polo, diera la orden a sus trabajadores de encender las luces del antro. El segundo iba como copiloto y fue quien se comprometió a servir como muro a los diferentes automóviles que se estacionaron afuera del sitio para posicionar a los sicarios. Estos policías tenían seis años en la SSP y recibían sobornos de entre 1 000 y 2 mil 500 pesos semanales por colaborar con La Unión Insurgentes. Ambos esperan sentencia en la cárcel.

El mismo 26 de mayo llevaron a las 13 víctimas a un rancho conocido como La Negra, en el municipio de Tlalmanalco, en la zona mexiquense conocida como Volcanes, cerca de la autopista México-Puebla. A la cabeza de los secuestradores iba El Javis, quien ordenó confinarlos en un cuarto del rancho. En un área de alrededor de ocho hectáreas, el sitio tenía caballerizas, un pequeño lienzo charro, bodegas, un sótano cubierto con tierra y una pequeña explanada en cuya esquina más próxima al portón principal había un árbol de unos 15 metros de altura. Los investigadores que acudieron al lugar el 22 de agosto de 2013 confirmaron que aquella misma tarde se había celebrado una fiesta. Cientos de envases de caguamas estaban regados al pie del árbol; también había botellas vacías de whisky, platos sucios, vasos de plástico y basura.

Alrededor del rancho no había sino caminos de terracería, cerros donde se siembran pinos y, a poco más de kilómetro y medio, una caseta de vigilancia. El rancho era propiedad del Antuán, quien lo adquirió por medio de prestanombres, según las pesquisas de la procuraduría local. Durante la fiesta, a las mujeres raptadas del antro las violaron y luego las estrangularon hasta la muerte. A los hombres los golpearon y los obligaron a desnudarse, según admitieron los miembros de La Unión Insurgentes detenidos. Cuando El Antuán y El Javis dieron la orden, los jóvenes, que estaban atados de pies y manos, fueron tendidos afuera del predio, en una pequeña loma, y asesinados a tiros.

José y Pedro del Pilar Valles, Los Durango, socios del Antuán, explicaron a los sicarios de La Unión Insurgentes cómo descuartizar a los cadáveres. Sólo quedaba uno vivo, se trataba de Jerzy Ortiz, quien según Francisco Pedro Paz López, El Mariguano, uno de los pistoleros que participó en el rapto, no paraba de llorar mientras El Antuán le decía que "por pasado de lanza se iba a morir". Entonces El Javis ordenó que lo decapitaran vivo con una segueta. El Mariguano obedeció y confesó los hechos en septiembre de 2013, cuando lo capturaron agentes federales. Su testimonio puso en evidencia que la búsqueda de cinco meses que emprendieron las autoridades para dar con el paradero de los 13 había sido en vano. Las indagaciones en Texcoco, Veracruz y Morelos nunca tuvieron sentido. Los miembros de La U que arrestaron las semanas siguientes al secuestro tenían la instrucción de mentir y confundir a los investigadores sobre el destino de los 13. Incluso algunos de sus dichos condujeron al posible lugar donde enterraron a otras víctimas de la organización criminal, como los del bar Virtual Mix y otros dos hombres plagiados en un antro de la Condesa y otro en la Roma, pero ninguno aportó información veraz para encontrar a los secuestrados del Heaven.

Los rastreos estaban destinados a fracasar: a las víctimas las ultimaron el mismo día que las raptaron. Desde el principio, la orden fue matarlas, enterrarlas en una fosa, cubrirlas con cal y esperar a que sus restos se consumieran poco a poco. El 22 de agosto de 2013, gracias al testimonio de un santero que solía hacer limpias a los jefes de La U, personal de la PGR localizó el rancho y el predio donde enterraron a los jóvenes. Sus ropas no se hallaron, sólo las de otras posibles víctimas cuya identidad nunca se ha confirmado.

¹ Averiguación FIZC/IZC-3/T1/65/13-01.

² Causa penal 32/2013.

³ Expediente PGR/SDHPDSC/M7/100-2013.

⁴ Testimonio de Alejandro, anexado a la averiguación PGR/SDHPDSC/M7/100/2013.

⁵ Con base en lo que sus familiares detallaron en las testimoniales, anexadas a la causa penal 35/2014.

⁶ Expediente 35/2014.

⁷ Expediente DGAVD/CAPE/T2/891/13-05.

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Cobro de piso

"Un día entraron, mandaron a alguien y lo pusieron a cuidar mi caja registradora... lo conocía, le decíamos El Chino, era el que vendía droga en el bar. Nos dijo que en vez de droga nos iba a checar cuánto vendíamos y se lo iba a reportar a sus jefes. Mocoso, hijo de la chingada, me dieron ganas de sacarlo a patadas", recuerda Rodrigo. Esa noche de abril de 2015 fue diferente para él y para todo el corredor Roma-Condesa: el Cártel de Tepito se había infiltrado de otra manera en sus vidas.

Su negocio estaba sobre la calle Amberes de la colonia Juárez, específicamente en la Zona Rosa. Tanto en esa área como en el corredor Roma-Condesa, las mafias locales habían llegado a exigir el cobro de piso; los antreros ya eran víctimas de la extorsión frente a las autoridades, pero nadie denunciaba, por lo cual también eran cómplices.

El cobro de piso, actividad poco conocida en la Ciudad de México hasta hace algunos años, empezó con las mafias italianas, y no es otra cosa que el pago en efectivo por parte de comerciantes, empresarios o cualquier hombre de negocios a mafias locales a cambio de "protección", para salvar sus vidas, las de sus clientes y conservar su negocio.

"Para nosotros eso era impensable. Aquí se habla y se conoce de corrupción, de que hay que dar dinero para hacer ciertos trámites, para agilizar otras cuestiones, para que no te clausuren por la falta de algún documento o que si te falta un extintor, o si la salida de emergencia no está bien definida, eso sí lo conocíamos y lo manejábamos bien... pero el cobro de piso jamás", detalla el empresario, quien después de la experiencia y las pérdidas económicas, no volvió a recuperarse ni a invertir en este giro.

Del cobro de piso habían escuchado que sucedía sólo en el norte del país: Coahuila, Tijuana, Ciudad Juárez, incluso en estados cercanos como Michoacán o Guerrero. En estos dos últimos, productores de limón o aguacate, así como ganaderos y empresarios del ramo restaurantero, debieron someterse a la delincuencia organizada o a facciones de cárteles que poco a poco se habían desmoronado y que comenzaron a presionar a la iniciativa privada al ver sus ganancias mermadas por el escaso tráfico de drogas y el embate de las fuerzas federales. En esos sitios, el cobro de piso se volvió un verdadero negocio para los cárteles. Los grupos armados se disputaban violentamente las plazas, mientras las policías municipales y estatales estaban rebasadas. En tal contexto, intervino la autoridad federal: efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal Preventiva e incluso la Marina en algunas regiones, se vieron obligados a salir a patrullar las calles.

Para marzo de 2015, en el norte, el Bajío y el centro del país el cobro de piso era una realidad. El reporte Índice de Paz México 2015, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), detalló que las pérdidas de la iniciativa privada que accedía a pagar esta extorsión afectaban severamente su productividad y las ganancias de los inversionistas, pues en promedio los empresarios pagaban entre 20 mil y 50 mil pesos mensuales a los cárteles de esas entidades. Por su parte, los ganaderos o agricultores tenían que pagar hasta 15% de la producción de limón o aguacate.

Aunque en la Ciudad de México los encargados de la jefatura de gobierno aseguraban que sí había estado de derecho, el incremento en la incidencia delictiva y la evidencia cada vez más palpable de los asesinatos relacionados con el narcomenudeo revelaban lo contrario e intimidaban a los empresarios de diversas zonas.

Víctor Hugo, quien administró un bar frente al Parque México que pagó derecho de piso, detalló para esta investigación:

Nadie vio venir esa situación, nos tomó por sorpresa a todos y no tuvimos ni a dónde ir a pedir ayuda. Simplemente estábamos a merced de ellos, aquí eran los dueños de las calles, de la noche, de los antros, no les podíamos decir nada, luego, hasta aprendimos a vivir con ellos porque estaban todos los días vendiendo coca, papelitos, marihuana y de todo, nos acostumbramos a ellos y no nos molestaba porque mucha gente los buscaba, desde esos años ya había mucho adicto aquí.

Creo que hasta ahí fue en parte nuestra culpa, pero lo más complicado vino después, ya cuando nos empezaron a afectar en nuestras ganancias, cuando se llevaban dinero de nuestros bolsillos fue que pegamos el grito y pedimos ayuda. Pero ya era muy tarde, se habían metido en todos los rincones, en todos los negocios, en la policía y en todos lados.

El episodio del bar Heaven en 2013 fue lapidario para las mafias locales o "pandillas" —como llamaba Miguel Ángel Mancera a los cárteles de la ciudad—, ya que se les forzó a vivir escondidos en sus propios barrios, algunos a salto de mata y otros con un perfil aún más bajo al que estaban acostumbrados. El secuestro de los 13 tepiteños marcó un impasse tanto para los involucrados en el negocio de la venta de drogas al menudeo como para las autoridades locales.

Jesús Rodríguez Almeida, al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, quien venía recién desempacado de Ciudad Juárez, donde fue director general del Centro de Readaptación Social y le tocó lidiar con Los Aztecas, brazo ejecutor del Cártel de Juárez, se aferraba al discurso de que la normalidad volvía a la ciudad.

El funcionario conocía a los grupos delincuenciales en la frontera del país. A Los Artistas Asesinos, por ejemplo, antagonistas de Los Aztecas, quienes estuvieron al servicio del Chapo Guzmán durante los años de ofensiva al narco que emprendió Felipe Calderón en aquella ciudad fronteriza; conocía el sicariato y sobre todo cómo operaban los menudistas o puchadores, como se les conoce en esa región.

El impasse fue largo y las autoridades actuaron con lentitud. El 10 de junio de 2013 el entonces procurador Rodolfo Ríos Garza recorrió las calles de Tepito, llegó acompañado de 350 agentes de la PDI y 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Caminó por el Eje 1 Norte, por las calles de Peralvillo, Jesús Carranza y Libertad, donde dio el banderazo del operativo Blindar Tepito, ése fue uno de los primeros despliegues importantes con ese nombre que las autoridades locales desplegaron en el lugar. Desde esa fecha, 300 agentes de la policía preventiva y 100 de la PGJ vigilan constantemente el sector.

Los operativos afectaron en diferentes sentidos a las mafias de Tepito que estaban acostumbradas al dinero fácil. Para no perder la vida glamurosa que les había dado el narco, necesitaban efectivo y debían conseguirlo a como diera lugar. Así fue como se dio paso a la mutación de los cárteles locales: empezaron a extorsionar bajo las narices de las propias autoridades.

Los primeros en pagar las cuotas fueron los dueños de tiendas de abarrotes, comerciantes de la misma zona de Tepito, locatarios de la Plaza Meave y la Plaza de la Computación, así como aquellos establecidos sobre el Eje Central, en pleno centro de la ciudad. Empresarios textiles, familiares de internos de los ocho centros penitenciarios de la ciudad y otros giros: todos eran una mina de oro. Los extorsionados no sabían a qué se enfrentaban, aquí no se conocía ese código, de modo que opusieron resistencia natural. La respuesta de la mafia fue asesinar a quienes no pagaban.

Las extorsiones de La Unión poco a poco se fue extendiendo hacia las zonas de más flujo de efectivo, dos años después, para junio de 2015, por lo menos 15 negocios del corredor Roma-Condesa y la Zona Roza ya tenían a un infiltrado de la mafia supervisando sus cajas registradoras y reportando a los capos locales cuánto vendían. Para demostrar que el cobro de piso iba en serio y no eran sólo amenazas al aire, los de Tepito asesinaron a uno de los empresarios que levantó la voz y se negó a pagar, quien además alentó a los antreros a denunciar y no ser víctimas de la extorsión.

La madrugada del domingo 28 de junio de 2015, una camioneta tipo Durango le cerró el paso al vehículo de Marco Antonio Cardona. Del auto bajaron dos jóvenes armados y abrieron fuego contra él y su acompañante, una mujer a quien los gatilleros le perdonaron la vida; aunque la trasladaron a un hospital, horas después se reportó fuera de peligro.¹

El cuerpo del empresario y dueño del bar Life quedó dentro de su Mini Cooper entre las calles Alfonso Reyes y Saltillo. Éste fue el primer asesinato en el corredor Roma-Condesa desde 2013, cuando ocurrió el homicidio del presunto narcomenudista Horacio Vite Ángel afuera del Black. En esta ocasión, según la investigación, el homicidio estaba relacionado con la extorsión y con la negativa a pagar el derecho de piso en ese sector dorado.

Testimonios de empresarios vecinos de Marco Antonio Cardona revelaron a las autoridades que él buscaba terminar las extorsiones. A pesar de su lucha, después de su muerte nadie más protestó y los antreros no tuvieron más opción que pagar 20% que exigían los de Tepito, de lo contrario, ya sabían su suerte.

Una noche de mayo de 2014, todo cambió para Ramiro, el propietario de un bar de la Roma Sur, uno de los barrios donde ya era tradicional ir en busca de alguna cantina de moda, en las mañanas salir a beber un buen café o desayunar en los restaurantes y fondas de cocina internacional o vegana.

Ese sábado, recuerda Ramiro, parecía normal, como cualquier otro, según él, tenía todo bajo control: las meseras habían llegado, los meseros con sus mandiles estaban listos, las lámparas, las comandas, las mesas perfectamente divididas y ordenadas por los garroteros, el personal de seguridad con radios de comunicación cargados para que aguantaran el trajín de la noche.

Afuera los valet acomodaban algunos carros y reservaban con botes y piedras por lo menos 40 espacios en la calle de Monterrey. Las cámaras de seguridad estaban encendidas. La barra con hielos, vasos, 300 cartones de cervezas de todas las marcas, con la reserva suficiente de ron, whisky y tequila. Nada podía salir mal, pues ya no tenía que lidiar con El Chino, miembro de una banda de Tepito que los fines de semana acudía al sitio y se escondía en el baño para vender cocaína.

Una sola vez Ramiro increpó al Chino, le habló fuerte y le ordenó que se fuera. El Chino se retiró sonriendo, pero con una mirada retadora. Quince minutos después regresó escoltado por una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública: "¿Que le vas a hablar a quién?", le dijo a Ramiro mientras continuó su camino hacia su mesa favorita y donde a gritos pidió que lo atendieran. "¿Qué podía hacer? La misma policía lo trajo, el mensaje era muy claro... ¡Hijos de puta!", eleva la voz el empresario al recordar lo sucedido.

El Chino se fue durante un tiempo, pero una noche regresó y sorprendió a Ramiro. En aquella ocasión no se dirigió al baño: le mostró una cangurera para que viera que no tenía droga, pues su intención no era vender. Llegó, se puso a un lado de la caja registradora y no habló más. De ahí no se movió. Una vez instalado le dijo a sus otros dos acompañantes que se fueran, que todo estaba bien y que él se encargaba.

"¿Y ahora qué te trae por aquí? Ya tenías rato de no venir", dijo Ramiro. La respuesta fue tajante, las palabras del Chino lo dejaron helado, arrinconado, sin saber qué hacer. No había nadie cerca a quien pedir ayuda; el dueño del restaurante ya sabía que con la policía no se podía contar.

"Nada, el muy cabrón con muchos huevos me dijo que se iba a quedar en la caja registradora para ver cuánto se vendía por día, cuánto se vendía entre semana y cuánto los fines de semana, después me pidió que llevara el conteo, y a partir de eso les tenía que dar 20% de las ventas. Así nomás, así de cabrón estaba el pedo, y si no quería o la hacía de pedo, pues ya sabía lo que me iba a pasar", detalla Ramiro. Ese día se quedó petrificado a pesar de su fuerte carácter, simplemente salió del local, prendió un cigarro y empezó a inhalar. Sentía que su negocio poco a poco le empezaba a dejar de pertenecer.

"Estos hijos de la chingada llegaron a extorsionarme, tengo un pendejo aquí junto a la caja y dice que va a ver cuánto vendo y que a la semana tengo que darle 20%, ¿cómo ves?", le dijo Ramiro a su vecino de local.

"Hermano, aquí ya me madrearon a un guardia y tengo una pistola en la cabeza, ni la hagas de pedo", fue la respuesta que recibió.

Para ese momento, los de Tepito ya estaban diseminados en todo el corredor.

Ramiro se terminó el cigarro, se tragó el coraje y el miedo, entró a su local, aplaudió y les dio ánimos a sus empleados: 'Vamos, vamos, no pasa nada, a darle que la noche es larga', fue lo primero que se me ocurrió decirles; creo que en ese momento no dimensionábamos lo que estaba pasando, pero también me quedó claro que los empleados no tenían la culpa, los clientes no tenían la culpa y había que ponerles buena cara porque ahora había que ganar más dinero".

Ramiro no dejaba de gritar con euforia para alentar a sus empleados, que en ese tiempo "eran buenos y fieles, ellos entendieron y le seguimos dando", expresó quien pagó el cobro de piso durante casi tres años; después de eso no pudo más y se retiró del negocio, ahora administra una preparatoria en la misma colonia Roma.

Para mayo de 2015 la mafia de Tepito estableció las reglas con claridad. A quien se oponía le decían que tenían el respaldo del Cártel Jalisco Nueva Generación. Tres asesinatos de restauranteros y dos secuestros de antreros fueron una clara muestra de que hablaban en serio y había que acatar la orden.

Un antrero recuerda:

Un amigo me contó que fue a denunciar que nos estaban extorsionando al mero búnker. Llegó, se sentó frente a un ministerio público y empezó a contar todo, todo, con pelos y señales. Media hora después de que contó todo, el que estaba escribiendo le pidió permiso para ir al baño y se levantó. En ese momento le hablaron a su celular y le dijeron que si denunciaba, mataban a su familia. Los hijos de la chingada estaban afuera de su casa. Cuando el agente regresó del baño y le dijo que siguiera contando, este amigo salió corriendo. De ese tamaño es su poder, estaban en todos lados. ¿Cómo sabían que los iban a denunciar?, pues porque estaban coludidos con los mismos policías, sabían todo de nosotros, cuánto pagábamos de renta, en dónde estaban nuestras casas, quiénes eran nuestra familias, a qué escuela iban nuestros hijos, todo, de verdad todo, y estaban hasta en la policía, entonces ¿con quién íbamos, a quién le pedíamos ayuda?

La embestida de los de Tepito en esta mutación no fue fortuita. Un mes antes de que irrumpieran local por local en los poco más de 50 antros, restaurantes y cantinas de la Zona Rosa que pagaron derecho de piso, secuestraron a dos personajes clave que conocían a detalle quiénes eran los empresarios que rentaban los locales tanto de esa área como del corredor Roma-Condesa. Los conocían a todos porque eran sus arrendadores, según la denuncia asentada en febrero de 2015 en la procuraduría capitalina por el delito de secuestro.

Los de Tepito secuestraron al propietario de varios locales de la Zona Rosa y a su contador. El plagio ocurrió en su domicilio, un departamento de lujo frente al Parque España, en la Condesa. Cuatro jóvenes armados raptaron al heredero de la familia Alatriste y a su contador. No les pidieron dinero y les dijeron que no molestarían a sus familias. Lo que querían los tepiteños era información. A cambio de dejarlos en paz, les pidieron los datos de sus arrendatarios. Domicilios particulares, datos de las familias, si tenían hijos, en qué escuela estudiaban, cuánto pagaban de renta mensual, cuánto vendían en promedio al día y, sobre todo, cuánto les quedaba de ganancia.

Estos personajes que se identificaron como miembros del Cártel de La U de Tepito dispusieron todo para llegar a extorsionar con algo más contundente e intimidante que las armas: información privilegiada de la familia y los seres queridos de los empresarios; datos sensibles de los movimientos de los restauranteros y antreros del sector. De este modo, visitaron la gran mayoría de los negocios para exigir que cada semana les entregaran 20% de las ganancias. El más pequeño pagaba entre 5 mil y 7 mil pesos, los más grandes dejaban ganancias de entre 20 mil y 40 mil pesos. Ese dinero ingresaba en las arcas del cártel sin complicaciones de ningún tipo y podían utilizarlo para seguir dándose la vida a la que estaban acostumbrados.

Así transcurrió casi un año, periodo en el cual la procuraduría capitalina no tuvo una sola denuncia por esos hechos. Los empresarios extorsionados tenían miedo de acudir a las autoridades, pues no confiaban en ellas. "Ni te acerques a denunciar porque tenemos oídos y ojos en todos lados", eran las palabras de los delincuentes. La advertencia iba en serio, ya existía el antecedente del antrero que se atrevió a denunciar y frente al ministerio público le llamaron a su teléfono particular para intimidarlo.

"Todavía tenían el descaro de pagar con el dinero que les dábamos, lo que consumían en toda la semana, de verdad era increíble el descaro con el que se movían, se sentían protegidos e intocables", recuerda Ramiro, que actualmente sólo tiene una fonda de comida rápida sobre la calle Niza. De antros y desveladas se olvidó, "ya no tengo estómago para eso", puntualizó.

A finales de 2015 el rumor de que los empresarios del corredor Roma-Condesa, la Zona Rosa y el Eje Central padecían extorsiones era cada vez más fuerte: los periódicos Reforma, El Universal y la revista Proceso empezaron a investigar el tema. Nadie quería hablar por dos razones básicas: el miedo a los delincuentes y el miedo a perder la clientela.

Ramiro recuerda:

Teníamos miedo a que estos cabrones nos hicieran algo y a perder la clientela, de la que vivíamos y eso sería fatal para nosotros. Sabíamos que la gente venía aquí a distraerse, a convivir, a disfrutar de la vida y no le podías decir que el narco estaba en todos los lugares, no nos podíamos dar ese lujo; luego empezamos a acudir a los medios de comunicación, a los periódicos, para que los policías se enteraran de lo que estaba pasando.

Fue entonces cuando las noticias de las extorsiones por fin lograron mover a las autoridades. En octubre de 2015, el procurador Rodolfo Ríos Garza dio a conocer que por órdenes del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, se realizaría un "mega operativo" para terminar con la extorsión y regresar la tranquilidad a la zona dorada de la ciudad.

Su departamento de Comunicación Social montó un show con cámaras de televisión, fotógrafos y reporteros de radio flanqueados con elementos de la PDI, y así recorrieron los sitios donde se decía que extorsionaban a los empresarios. La acción tomó por sorpresa a todos, no sólo por el movimiento policiaco, sino por la manera en que irrumpían en los locales. El gran despliegue desató pánico entre los comensales, quienes dejaban sus mesas para que las cámaras no los captaran.

Con micrófono en mano, Ríos Garza cuestionaba a los empleados de los restaurantes y antros por los que pasaba sí en verdad los estaban extorsionando. Los policías de Investigación repartían trípticos que detallaban los pasos a seguir en caso de ser víctima de una extorsión: pedir ayuda al policía más cercano, no enfrentar a los delincuentes ni discutir con ellos; en caso de que la extorsión fuera vía telefónica, se recomendaba simplemente colgar y bloquear el número.

Para los empresarios este operativo fue una burla. No sólo eso, se asustaron más, llegaron a creer que las autoridades de la PGJ de la Ciudad de México podrían estar coludidas con quienes decían pertenecer a La U de Tepito.

A pesar de la pifia, la delincuencia organizada pareció entender el mensaje. Se dieron cuenta de que los locatarios ya no estaban dispuestos a pagar, y algunos se fueron retirando poco a poco. Así como entraron se fueron: sin dar explicaciones. El Chino y compañía dejaron de husmear en las cajas registradoras, las ganancias volvieron a ser las mismas de antes y los locatarios regresaron de forma gradual a supervisar sus negocios. No obstante, varios locales siguieron pagando.

Los integrantes del Cártel de La U de Tepito continuaron replegándose. Para dar algunos golpes de autoridad, en un lapso de tres meses la procuraduría capturó a cinco presuntos extorsionadores. Los presentaron ante los medios de comunicación y las autoridades aseguraron que sí combatían ese flagelo. Entonces los de Tepito quedaron recluidos a los mercados y locales cercanos al barrio bravo, donde siguieron extorsionando, pues se dieron cuenta de que era un buen negocio. Su zona de acción se redujo a los mercados de Sonora, La Merced, La Viga y los locatarios del Eje Central y la Central de Abasto, donde las ganancias son millonarias y las autoridades no ponen mucha atención.

Sin embargo, los locatarios de los mercados denunciaron en redes sociales a los extorsionadores, publicaron fotografías, las direcciones de sus centros de operación e incluso los días en que iban a cobrar la cuota. Revelaron todo con tal de que las autoridades voltearan hacia ellos y les pusieran atención, pues nuevamente la procuraduría aseguraba que no pasaba nada y que las quejas de extorsión eran una suerte de leyenda urbana.

Como respuesta, los locatarios del Eje Central y los mercados de las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztacalco difundieron un video en YouTube donde detallaban el modus operandi de los extorsionadores. De manera directa señalaron a Pancho Cayagua, El Betito, El Chori, El Huguito, El Chaparro y El Elvis como responsables de la extorsión. La procuraduría hizo caso omiso y calificó las denuncias como un simple rumor.

El 6 de julio de 2015, en una entrevista telefónica con Adela Micha para Grupo Imagen, el procurador Ríos Garza minimizó el fenómeno:

El operativo obedece a los rumores que se dieron en algunos medios de comunicación sobre el tema de extorsión en los establecimientos que se encuentran en el corredor Roma-Condesa, pero todos los comerciantes negaron eso. La única denuncia que tenemos por extorsión se dio en el mes de febrero y detuvimos a una persona que está sujeta a proceso.

El sábado en la noche me encontré con establecimientos llenos, con muchos jóvenes que habían ido a divertirse. El domingo, familias comiendo, tomando café con todos. Los gerentes salieron a platicar y todos negaron una presencia delictiva y que no se han encontrado con este problema.

Mientras tanto, los comerciantes actuaron. En enero de 2017 los propietarios de los locales que pagaban el derecho de piso sobre el Eje Central, la Central de Abasto y los mercados de Sonora, La Merced y La Viga se reunieron y tomaron una decisión importante para enfrentar a La Unión. Prefirieron usar el dinero que destinarían al pago de la extorsión para contratar sicarios locales. Y entonces advirtieron a los de Tepito: "No se acerquen o correrá sangre". La mafia tepiteña no los tomó en serio y se mofó de ellos.

Dos meses después, cuando pasaron a cobrar la extorsión en tres comercios del Eje Central, los gatilleros contratados por los locatarios entraron en acción; a tiros impidieron la extorsión en medio de un tumulto en la Plaza Meave. Los extorsionadores se vieron sorprendidos y dos de ellos cayeron muertos, otros dos huyeron.

Un mes más tarde acudieron al mercado de Sonora a cobrar la extorsión y la situación fue la misma, una balacera dejó dos extorsionadores muertos. El mensaje fue claro para los de Tepito; los comerciantes se habían cansado de pagar. La procuraduría capitalina nuevamente guardó silencio y aseguró que se trataban de "incidentes aislados", nada relacionado con la extorsión y el crimen organizado.

Lo cierto es que después de esa fecha la extorsión fue mucho menor. La Unión de Tepito se limitó a los puestos ambulantes del mismo barrio bravo. Las denuncias públicas detallan que desde 2017 cobran entre 300 y 500 pesos. En ese aspecto sus ganancias mermaron, pero al mismo tiempo regresaron a sus orígenes: la venta de drogas al menudeo en el centro, la Zona Rosa, el corredor Roma-Condesa e incluso en antros de las delegaciones Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

Las investigaciones posteriores sobre la contratación de sicarios locales para hacerles frente a los extorsionadores de Tepito dan cuenta de que fue en ese momento cuando surgió la célula delictiva autodenominada Fuerza Anti-Unión, encabezados por Jorge Flores Conchas, El Tortas. Este grupo saltó a la luz pública el 17 de junio de 2018, cuando dejaron dos cuerpos desmembrados sobre Insurgentes.

¹ Averiguación previa FCH/CUH-7/ T1/00437/15-06, asentada en la Fiscalía de Homicidios de la PGJ-CDMX.

7

El Cártel de Tláhuac

El jueves 20 de julio de 2017 nada parecía especial en las calles de la colonia La Conchita Zapotitlán de la delegación Tláhuac. Aunque entre vecinos ya se hablaba de asesinatos por venganzas entre vendedores de droga, la palabra "cártel" era cada vez más frecuente, y a menudo se escuchaban disparos de arma de fuego por la noche, no estaban preparados para lo que venía.

Ese día, la Inteligencia de la Armada de México dio un golpe certero. Ocurrió algo jamás pensado por los habitantes de la Ciudad de México: un enfrentamiento entre marinos y sicarios pertenecientes a una organización criminal que corrompió corporaciones policiacas y que se organizó de manera piramidal con lugartenientes en varios puntos de la capital, incluso del Estado de México y Morelos: el Cártel de Tláhuac.

El reporte oficial dice que aquel día los marinos hacían un recorrido por esa demarcación. En el camino, encontraron a personas con "actitud sospechosa", les marcaron el alto para una inspección de rutina, pero escaparon y se dirigieron a un domicilio donde se encontraba el líder de la organización: Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos. Ahí los recibieron a tiros y comenzó un enfrentamiento que derivó en la muerte del capo.

Al principio, los vecinos de la calle Simón Álvarez no se percataron de la llegada de los más de 80 efectivos y las tres unidades militares que rodearon la colonia La Conchita Zapotitlán. A las 11:30 de la mañana de ese jueves se enteraron de que los marinos estaban en su calle cuando iniciaron las detonaciones, que se fueron casi cinco minutos después. Se escucharon gritos, después todo fue silencio y enseguida se oyó el llanto de varias mujeres.

El ataque dejó ocho muertos. Las autoridades de la Marina aseguran que el cadáver del Ojos quedó dentro de una camioneta Caravan verde; aparentemente había intentado escapar. La pared y el portón de la casa registraban diversos impactos de balas. Adentro de la vivienda había cuerpos tirados en medio de charcos de sangre, junto a fusiles R-15, papeles de oficina, cajones de roperos desordenados y rastros de droga, marihuana principalmente. Una de las personas muertas llevaba camisa blanca, pantalón de mezclilla deslavado y botas vaqueras, y empuñaba un rifle de asalto AK-47. Al fondo se apreciaban tres cuerpos más, dos de los cuales estaban juntos debajo de una mesa; la posición indicaba que buscaban un sitio donde esconderse. Junto a una especie de barra se hallaba un joven con vestimenta negra. En otra esquina yacía uno de los presuntos gatilleros del Ojos junto a una bicicleta y dos bolsas negras de plástico, vestía playera blanca sin mangas, pantalón de mezclilla y zapatos negros; debajo de él había un R-15. Afuera, en la camioneta donde supuestamente murió el capo, se encontró otro cuerpo, un joven sentado del lado del copiloto.

Los cuerpos de cuatro personas no fueron reclamados de forma inmediata: el de Felipe de Jesús Pérez Luna; el de su abogado defensor, Delfino López Álvarez, un penalista egresado de la UNAM; así como los de dos supuestos sicarios que identificó la procuraduría capitalina, uno proveniente de Reynosa, Tamaulipas, y otro de Suchiate, Chiapas.

En una conferencia de prensa a la que asistió Miguel Ángel Mancera, las fuerzas federales dieron a conocer de manera oficial que el operativo contra El Ojos se planeó con siete meses de antelación, identificando primero la ubicación de narcomenudistas que presuntamente se dedicaban a la extorsión y el secuestro en delegaciones como Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco e Iztapalapa.

La Marina detalló en el comunicado de prensa número 131/17:

El enfrentamiento se originó tras el seguimiento coordinado de fuerzas federales y de la Ciudad de México a presuntos infractores de la ley, en inmediaciones de la delegación Tláhuac, el cual derivó en una agresión directa con armas de alto poder de los presuntos infractores contra personal naval [...]

Esta acción permitió que personal naval controlara la agresión resultando de dicha acción que fallecieran ocho presuntos infractores de la ley, entre ellos Felipe de Jesús "N", quien era cabeza de una organización delictiva extremadamente violenta y que opera en las delegaciones de Tláhuac e Iztapalapa. En el lugar se encontraron diversas armas largas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Tláhuac es una delegación ubicada en el sureste de la Ciudad de México. Cuenta apenas con 83 kilómetros cuadrados de territorio. Es una de las demarcaciones más pequeñas y al mismo tiempo una de las más pobladas. Está conformada por los pueblos de San Pedro Tláhuac, San Francisco Tlaltenco, San Andrés Mixquic, Santiago Zapotitlán, Santa Catarina Yecahuízotl, San Juan Ixtayopan y San Nicolás Tetelco, donde aún se rigen por usos y costumbres y se dicen gobiernos autónomos. Se ubica además en un punto estratégico, pues hace frontera con Morelos y el Estado de México y colinda con las delegaciones Iztapalapa, Xochimilco y Coyoacán. Según las estadísticas de la procuraduría capitalina, hasta 2015 era una de las zonas más seguras de la ciudad con el décimo lugar en incidencia delictiva. Los robos a transeúntes, transporte público y comercios eran menores, apenas se denunciaban 300 casos al año, en contraste con Iztapalapa, por ejemplo, donde la cifra ascendía a 1 200. Entre tanto, la demarcación apenas contaba con 200 policías.

Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, formó parte de una banda de secuestradores que lideró Andrés Caletri en los noventa. Después de que se desintegró, El Ojos decidió crear su propio grupo delictivo. Poco a poco, por omisión o descuido de las autoridades, creció en el narcomenudeo y la extorsión, convirtiéndose en uno de los principales generadores de violencia de la zona sur de la ciudad.

Desde hacía varios años, El Ojos había conformado una organización con distintas jerarquías y poder corruptor; sin embargo, los primeros y escasos registros de su actividad por parte de la procuraduría capitalina son apenas de 2010, cuando se tuvo conocimiento de que el capo dominaba la venta de drogas en Iztapalapa, Xochimilco, Coyoacán, Milpa Alta y Tlalpan.

En el expediente criminal se detalla que en un principio El Ojos fue aliado de los Beltrán Leyva, quienes desde Morelos y Guerrero proveían al creciente Cártel de Tláhuac. Posteriormente, El Ojos se abrió paso también en el secuestro, la extorsión, el robo de autos, la venta de piratería e incluso en negocios prohibidos como las decenas de mototaxis que operan en Tláhuac, así como la renta de puestos en los tianguis de la frontera con el Estado de México. Debido a la situación geográfica de Tláhuac, contaba con una ruta para el trasiego de drogas que partía de Morelos y pasaba por el Estado de México a través del Valle de Chalco, donde vivía una buena parte de su equipo criminal.

Las autoridades le adjudican haber corrompido a corporaciones policiacas locales tanto en la capital como en el Estado de México. Asimismo, según los registros de la procuraduría capitalina, en su nómina tenía a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y a funcionarios de la propia dependencia investigadora. A principios de agosto de 2017, la SSP-DF dio de baja a tres mandos de la corporación por estar coludidos y brindarle protección al capo. Los sistemas de GPS de sus patrullas revelaron que con frecuencia "vigilaban" los puntos de venta de droga del Cártel de Tláhuac.

Ese mismo mes, el fiscal desconcentrado de investigación en Tláhuac, José Manuel Everardo, fue removido de su cargo. Luego se dio a conocer que él y todo su personal se sometería a interrogatorios en calidad de testigos por sus presuntos nexos con el Cártel de Tláhuac. La procuraduría reveló también que 24 agentes del Ministerio Público, 18 oficiales secretarios y 35 elementos de la PDI al mando del fiscal de Tláhuac fueron investigados y declararon para determinar posibles actos de corrupción en el área.

El 15 de agosto, en una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida, detalló que desde diciembre de 2016 ya se investigaban a 10 elementos de la corporación por sus posibles vínculos con ese grupo delictivo. El funcionario también señaló que investigaron a más de 100 elementos de la zona, y revisaron más de 250 horas de video del sistema de localización de 40 patrullas. Por último, informó que han aplicado 379 amonestaciones, derivadas en 3 mil 117 arrestos de 12 horas, 385 arrestos de 24 horas y 75 arrestos de 36 horas, pues encontraron "infiltrados" del Cártel de Tláhuac en la policía.

Del mismo modo, se hizo una investigación en las coordinaciones territoriales de la demarcación, donde no había una sola denuncia contra El Ojos, y las pocas que llegaron por quejas de la venta de drogas se "perdieron" entre todos los expedientes. Además, en los informes que la procuraduría local entregó a la PGR destacaba que la célula del Ojos "era una asociación delictiva de un grupo de personas que operaban de manera sumamente violenta".

Las investigaciones de la PGR y la Policía Federal establecieron que para 2016 Felipe de Jesús Pérez Luna tenía el control de más de 3 mil puntos de venta de drogas al menudeo en las delegaciones Iztapalapa, Milpa Alta, Tlalpan, Coyoacán, Xochimilco y Tláhuac en la Ciudad de México, así como en Chalco, Valle de Chalco, Texcoco y Amecameca en el Estado de México. El crecimiento exponencial del Ojos preocupaba a las autoridades de inteligencia federal, ya que a ese ritmo podría expandir sus dominios hacia la zona centro de la capital y entrar en conflicto con las bandas de Tepito. Aunque en principio, según los informes de la PGR, al líder del Cártel de Tláhuac le interesaba más abrirse camino hacia el Estado de México.

El Ojos tejió una compleja red de espías y traficantes, "apadrinando" a poco más de 10 mil familias que supuestamente no encontraban oportunidades de empleo en aquella demarcación y se dedicaron al negocio de los mototaxis. Entre la población casi rural de Tláhuac, este medio de transporte creció rápidamente, mientras sus conductores tenían la consigna de informar lo que pasaba en las calles. Avisaban de operativos de la policía, ubicaban a personas y, según el cruce de información de la procuraduría local con la PGR, en ocasiones los mototaxis se usaban también para transportar droga desde el valle de Chalco hasta Xochimilco y Coyoacán.

Los mototaxis o golfitaxis son ilegales, pues las autoridades los consideran un riesgo para el conductor y el pasajero. La Secretaría de Movilidad ha implementado varios operativos para retirarlos de las calles al carecer de permiso o concesión, pero nunca lo han logrado. En 2016, la dependencia identificó 30 mil mototaxis y golfitaxis agrupados en 52 organizaciones. Al menos 10 mil trabajaban para El Ojos, quien otorgó los "permisos" y financió la adquisición de las motocicletas y los carritos de golf. Lo anterior según las versiones de choferes registradas en una carpeta de la procuraduría capitalina, la cual puso en marcha una investigación después de que varios padres de familia denunciaran que gente del Ojos ordenó secuestrar a jóvenes que se negaron a trabajar para él en los mototaxis.¹

La fuerza y la "fidelidad" que le tenían los mototaxistas al capo quedó de manifiesto el día que la Marina lo mató. Como nunca antes, sus seguidores protestaron violentamente contra la autoridad; se manifestaron con pancartas y pintas en sus unidades así como en los camiones del transporte público. "La gente lo quiere y lo respeta", "Estamos con usted, siempre fieles", "El señor Felipe no es ningún secuestrador o delincuente", se leía en las consignas.

La turba quemó tres microbuses y un camión de volteo para impedir que los policías locales llegaran a otras supuestas "casas de seguridad" del capo. El caos duró 36 horas hasta que la vigilancia se reforzó en toda la delegación; se detuvieron a 16 personas como responsables de los disturbios, pero sólo permanecieron algunas horas en el Ministerio Público.

Con el capo muerto, surgieron voces que exigían justicia y que la tranquilidad regresara a la demarcación. Convencidos de que el reinado de Felipe de Jesús Pérez Luna había terminado, algunas personas se acercaron a la procuraduría local y denunciaron la desaparición de 64 jóvenes que entre 2016 y 2017 trabajaban como mototaxistas y no se quisieron "alinear". Apenas encontraron a siete cuerpos sin vida. Los afectados explicaron a las autoridades que las denuncias por desaparición las hicieron en la fiscalía de Tláhuac, pero nadie los ayudó, no los escucharon y no los tomaron en serio. Sesenta de esas familias aún buscan a sus seres queridos, que simplemente se negaron a ser halcones del Ojos.

* * *

Al Ojos lo despidieron como a los grandes capos. Al sepelio acudieron cerca de 300 seguidores que vitoreaban su nombre al ritmo de la música de banda y narcocorridos que se escuchó en el trayecto desde Tláhuac hasta el Panteón Civil San Lorenzo Tezonco en Iztapalapa. "Se ve, se siente, Felipe está presente", gritaban los asistentes, entre el fuerte dispositivo de seguridad que implementó la Secretaria de Seguridad Pública con 800 policías y un helicóptero.

El acto recordaba a la despedida que familiares y colaboradores le hicieron a Arturo Beltrán Leyva en Sinaloa en 2009; al homenaje que recibió Ignacio Coronel en su funeral, también en Sinaloa en 2010; o a los honores que le rindieron los Caballeros Templarios a su líder espiritual Nazario Moreno González, El Chayo, en Michoacán en 2014.

"El señor Ojos no roba, no secuestra, no extorsiona, le da trabajo a la gente"; "El señor Ojos no es un delincuente, ayuda a la gente", se podía leer en los letreros que la gente llevó al velorio, durante el cual detuvieron a siete personas y las remitieron a la autoridad; tres portaban armas de fuego que detonaron cuando cayó "el último puño de tierra" del entierro. Al final, la ceremonia se realizó con calma, con dos de las parejas sentimentales del capo y sus tres hijos presentes

El capítulo del Ojos se cerró, pero la violencia no terminó. Con su partida, la organización criminal que fundó a principios de 2010 pasó por una ola de traiciones y muertes. En informes de la Secretaría de Seguridad Pública se señala que uno de sus hijos, Miguel Ángel Pérez Ramírez, El MK, y su madre, María de los Ángeles, La Jefa, se convertirían en los dirigentes de la agrupación, que tenía como principal enemigo al Cártel del Oriente, liderado por Gastón Montealegre Medina. No obstante, El MK, que estaba en prisión, no logró consolidar su liderazgo. Ricardo Ferro Pérez, sobrino del Ojos, tomó temporalmente el mando, pero lo asesinaron en un operativo policiaco en enero de 2018. Así fue como el otro hijo del Ojos, Luis Felipe Pérez Flores, El Felipillo, llegó a la cima de la mafia de Tláhuac.

Los documentos refieren que El Felipillo es más violento que su hermano, El MK, conocido más bien por su afición a las motocicletas de carreras, a la fiesta y el gimnasio. El hijo menor del Ojos es padre de familia y está dedicado por completo a la organización. Según los trabajos de inteligencia de la PDI, tiene su base de operaciones en las colonias Ampliación La Conchita, Del Mar y Agrícola Metropolitana. Gusta de los coches deportivos, como el Mini Cooper, y las camionetas blindadas. Se le relaciona con el homicidio de los hermanos Juan Manuel y Carlos Amador Carreto, presuntos vendedores de drogas y contrincantes del Cártel de Tláhuac; a ambos los mataron el 23 de mayo de 2016, luego de salir de un ensayo para ser chambelanes en una fiesta de 15 años.

Tras la caída del Ojos, la banda se reorganizó y se alió con los Rodolfos, amos y señores de Xochimilco, aunque perdió terreno en Iztapalapa. En el Estado de México, principalmente en Valle de Chalco y Chalco, Gastón Montealegre recuperó algunas zonas que el mismo Ojos le había arrebatado por medio de una serie de asesinatos entre 2016 y 2017.

En la actualidad la pugna continúa y se ha extendido a Ixtapaluca, según los informes más recientes de la procuraduría local. Una parte del crecimiento del Felipillo se debe a que las autoridades lo subestimaron por su edad, 22 años, y porque no tenía antecedentes de una gran carrera delictiva. Desde junio de 2018, los reportes de agentes de inteligencia lo consideran ya un objetivo primario para atenuar la violencia al oriente de la ciudad.

¹ Expediente FTH/TLH-1/UI-1S/D/1324/07-2016.

8

Ciudad Universitaria

Para nadie es un secreto que en los pasillos de Ciudad Universitaria, prácticamente desde su fundación, han corrido drogas ilegales: marihuana, tachas, después cocaína y heroína. La mercancía se vendía a discreción y sin llamar la atención. En el año 2000, cuando el Consejo General de Huelga (CGH) se apoderó del auditorio Justo Sierra, conocido ahora como Che Guevara, se podía incluso caminar hasta ese punto en la Facultad de Filosofía y Letras para comprar estupefacientes.

En 2010, la PGR volteó los ojos a la máxima casa de estudios, pues diversas denuncias dieron cuenta de la presencia de narcomenudistas que distribuían enervantes de manera "descarada" en los pasillos de CU. Los grupos que más les preocupaban a las autoridades federales fueron los que se identificaron como miembros del Cártel de Tláhuac.

Según un informe federal, al cual tuvimos acceso, la presunta célula delictiva de Tláhuac obtenía ganancias considerables de la venta de drogas a estudiantes. Ese mismo año la matrícula en CU era de 204 mil 088 alumnos, según el portal de estadística universitaria. El documento detallaba que el grupo criminal se aprovechó de la famosa autonomía de CU, adonde no entra la policía. Tres años después, este mismo expediente se compartió con directivos de la UNAM, así como con la Secretaría de Seguridad Pública y la procuraduría capitalinas, las cuales acabaron por declararse incompetentes para investigar y realizar detenciones dentro del recinto educativo.

El poder los embriagó. Los vendedores de drogas comenzaron a adquirir más confianza en los pasillos y a veces entraban hasta los salones. Si alguien pasaba cerca de ellos con su celular prendido corría el riesgo de ser víctima de agresión, pues los narcomenudistas pensaban que podían grabarlos.

A partir de 2011, se incrementaron las denuncias de agresiones y robos en la zona conocida como el Frontón. Los actos se denunciaron en redes sociales, y también se dio aviso a los vigilantes de Auxilio UNAM, a los profesores, a los directores de carreras e incluso al rector en turno, pero no pasaba nada.

La PGR logró identificar la intromisión del Cártel de Tláhuac en la universidad. En un inicio, según las investigaciones, en 2010 un joven estudiante que vivía en Coyoacán le propuso a Miguel Ángel Pérez Ramírez, El Micky, hijo del Ojos, vender marihuana y cocaína en el área conocida como Las Islas, sobre todo los fines de semana cuando había eventos deportivos o se hacían fiestas.

En sólo dos meses, el Cártel de Tláhuac ya se había adueñado de CU y tenía vendedores en el Frontón, en las cercanías de las esculturas de los Bigotes, en el auditorio Justo Sierra, en la explanada del estadio y en la Facultad de Filosofía y Letras. Además, en el circuito vehicular, donde los autos pasan a todas horas, ya había personal para vender a quien pidiera algo desde su coche.

A decir del trabajo de la corporación federal, sus ganancias ascendían casi a medio millón de pesos mensuales. El Micky escaló en la estructura de su padre y se apoderó del recinto educativo; poco a poco se acercó a los vigilantes de Auxilio UNAM y les ofreció sobornos. Una vez que la información sobre la infiltración del Cártel de Tláhuac en el recinto se hizo pública, las investigaciones de la PGR detallaron que a cada guardia le pagaban entre 5 mil y 7 mil pesos mensuales, a cambio ellos alertaban sobre operativos policiacos, la presencia de "gente extraña" o reporteros, e incluso ahuyentaban a los estudiantes revoltosos y señalaban a aquel que se quejaba de la venta de drogas.

Con todo, estudiantes y catedráticos empezaron a levantar la voz y a denunciar el hecho de manera pública. En 2015, Proceso documentó la venta de drogas en Las Islas, en 2017 El Universal y Reforma continuaron la investigación, y por fin se logró que las autoridades locales se dieran cuenta de lo que sucedía en CU.

El cártel se estableció en las colonias Santo Domingo y Romero de Terreros, desde donde se puede ingresar con rapidez a Ciudad Universitaria. En ambas colonias tenían por lo menos dos casas de seguridad y bodegas. Desde ahí, los liderados por El Micky sabían meter la droga; por las mañanas, como si fueran estudiantes, pasaban con sus mochilas cargadas con marihuana, cocaína, pastillas, hachís y hasta heroína, según reportes de inteligencia. Las nulas medidas de seguridad para ingresar en el recinto universitario les facilitaban las cosas a los dealers.

Desde las 11 de la mañana, en las zonas del Frontón y de los Bigotes ya se exhibía la mercancía. Las fotografías que se integraron al expediente —varias de las cuales se difundieron en Proceso, Reforma y El Universal— daban cuenta de que los consumidores incluso hacían fila para comprar marihuana.

Mientras en las canchas se jugaba frontón, los traficantes tiraban dos o tres maletas en el piso, acto seguido las abrían y mostraban su producto. A pocos metros de distancia, una patrulla de Auxilio UNAM hacía como que vigilaba, pero más bien cuidaba que nadie los molestara y sólo intervenía si algún estudiante se quejaba o si se enteraban de que policías de Investigación estaban en los pasillos.

Carrujos de marihuana en 50 pesos, cocaína en 200 pesos y tres pastillas por 100 pesos, eran los precios que manejaban. En los informes se dice que más o menos a las dos de la tarde la mercancía se terminaba y se repetía el proceso. Falsos estudiantes acudían a las bodegas de las colonias Santo Domingo y Romero de Terreros por más producto y se lo dejaban al segundo turno. A las 19:00 horas, El Micky, custodiado por motociclistas armados, recogía las ganancias del día.

El operativo de salida de los narcotraficantes de CU también estaba bien diseñado. Esperaban a que los verdaderos estudiantes salieran en grandes grupos y luego se mezclaban para evitar detenciones. Sabían que si algún agente intentaba aprehenderlos, de inmediato se organizaría una suerte de revuelta que impediría la acción de la justicia con el argumento de la "autonomía universitaria". Enseguida llegaban a la estación del Metro, desde donde partían en motocicletas hasta Tláhuac, donde tenían la protección de los policías.

Con el tiempo se despertó el interés de otros grupos criminales por apoderarse del lugar. En noviembre de 2016, la PGR advirtió la presencia de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación merodeando CU. Se habían infiltrado para conocer a detalle la operación y las ganancias que se generaban ahí. No obstante, permanecieron al margen para no entrar en conflicto con El Ojos.

Y luego comenzó la "cacería". En mayo de 2017, El Micky, quien tenía el control de los enervantes en CU, fue detenido en Acapulco cuando se alistaba para participar en el Festival Aca-Moto 2017. El joven, de apenas 25 años, tenía una cuadrilla de motos, así como una buena cantidad de autos que concursaban en certámenes de vehículos modificados. El arresto lo realizaron policías de Investigación de la procuraduría capitalina en colaboración con la de Guerrero.

Tras la caída del Micky, el Cártel de Jalisco empezó a cobrar fuerza en CU, relegando a los de Tláhuac a la zona de los Bigotes y a ciertos puntos del circuito universitario donde vendían sólo pequeñas cantidades. Avenidas como Delfín Madrigal y un sector del estadio universitario —durante los partidos de fútbol— eran de los locales, el resto ya era dominado por los del CJNG hasta los últimos informes.

9

Lo que sigue

La problemática actual relacionada con el narco en la Ciudad de México tiene sus raíces en tres acontecimientos significativos: la captura de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, en 2010; la creación, meses antes, de La Unión, así como los asesinatos de Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, y de Francisco Javier Hernández Gómez, Pancho Cayagua, en 2017. La lucha de esos capos por dominar los lugares estratégicos ha tenido en vilo a la Ciudad de México.

Si con la desarticulación del cártel de los Beltrán Leyva, el de mayor presencia en la capital, surgieron remanentes delictivos que se enfrentaron entre sí, con la caída del Ojos y de Pancho Cayagua aparecieron remanentes de los remanentes. Las antiguas alianzas de Pérez Luna se debilitaron tras su asesinato, como ocurrió con el grupo delictivo los Rodolfos, asentado en Xochimilco, los cuales tuvieron que reagruparse y aumentar su seguridad para evitar que otras bandas invadieran sus territorios.

Estadísticas de la procuraduría local precisan que de julio de 2016 a julio de 2017 —cuando murió El Ojos— se contabilizaron nueve asesinatos relacionados con la mafia en Xochimilco, mientras que de julio de 2017 a junio de 2018 dicha cifra se duplicó a 20.

En Iztapalapa, donde el Cártel de Tláhuac irrumpió desde 2016, se dio otra atomización de organizaciones dedicadas a la venta de droga. Se dice que El Nacho, quien fuera socio del Ojos, es uno de los remanentes que ahora busca llenar el vacío delincuencial en Iztapalapa y sus límites con Tláhuac. Asentado en la colonia San Miguel Teotongo, El Nacho, quien fuera agente de la AFI y de la PGR, lucha contra numerosas bandas por el control del narcomenudeo.

Sin embargo, la batalla más álgida se halla en el centro de la ciudad. Empezó en octubre de 2017, cuando el líder de La Unión Tepito, Francisco Javier Hernández Gómez, Pancho Cayagua, fue acribillado dentro de un coche en la colonia Tepeyac Insurgentes, en la delegación Gustavo A. Madero. Desde hacía meses, Pancho Cayagua había adoptado un bajo perfil: usaba un Renault Fluence y salía de su casa sólo para ir al gimnasio. Después de pasar un tiempo en Cancún, a su regreso se topó con que su antiguo empleado, Roberto Mollado Esparza, El Betito, ya tenía su propia organización criminal, sicarios entrenados y bases de operación en Tepito, el centro, la Guerrero e Iztacalco.

Mientras tanto, Pancho Cayagua y su hermano, Armando, El Ostión, intentaron mantener a flote a La Unión Tepito. Tenían negocios aparentemente lícitos, como uno asentado en el número 43 de la calle República de Argentina, en el centro, y seguían gozando de protección de ciertas autoridades.¹

A Pancho Cayagua lo encarcelaron en 2016, acusado de homicidio junto con uno de sus pistoleros, Ismael Muñoz Rosario, El Men. Durante su proceso² el juez que llevó el caso consideró deficiente la investigación de la procuraduría y absolvió a Pancho Cayagua, pese a que testimonios lo imputaban directamente. La ventaja que tuvo el capo fue que el crimen había ocurrido hacía más de 11 años, tiempo durante el cual desgastaron a la familia de las víctimas con amenazas de muerte. Además, El Men se autoinculpó en la audiencia; aseguró haber sido el único atacante, pese a la hazaña que habría significado disparar contra las víctimas y conducir una motoneta al mismo tiempo.

La PGJ apeló la determinación del juez, razón por la cual Pancho Cayagua se vio obligado a tener comunicación constante con su abogado. De hecho, según la indagatoria citada, fue con su defensor con quien el capo habló por última vez, pues apenas colgaron, lo asesinaron a balazos. Dentro de su Renault Fluence terminó una carrera delictiva que duró casi dos décadas, y un reinado en Tepito que sobrevivió poco más de siete años, desde que fundó La Unión bajo el padrinazgo de La Barbie y Ricardo Castillo, El Moco, un exagente federal y colaborador de Los Zetas, arrestado en mayo de 2018.

Armando Hernández Gómez, El Ostión, ha luchado a sangre y fuego por defender las narcotiendas y el negocio de la extorsión que impusieron en el centro de la capital, pero al parecer no ha alcanzado el peso que tenía su hermano. Ya en 2013 lo habían detenido por el caso Heaven, en aquella ocasión aportó información sobre los responsables del rapto y homicidio de los 13 jóvenes, pero también expuso de alguna manera a su hermano y a la organización delictiva, la cual empezó a aparecer en los medios de comunicación. El Ostión aseguró ante el ministerio público que él, Pancho Cayagua y el resto de su familia se dedicaban a la venta de zapatos. Asimismo, alegó que conocían perfectamente tanto el centro como Tepito, y por eso ubicaban a los responsables de asesinar a cuatro personas dentro de un gimnasio en el barrio bravo. Afirmó que tenían pactos con agentes federales y que sabían el motivo del secuestro de los muchachos en el bar Heaven.³

A cambio de la información proporcionada a la procuraduría capitalina, al Ostión y sus sobrinos los consignaron por delitos menores y días más tarde obtuvieron su libertad.

A partir del caso Heaven, La Unión se dividió: por un lado, estaban los fundadores tepiteños, como los hermanos Hernández Gómez, y por otro La Unión Insurgentes, exsocios asentados en la colonia Romero Rubio que dominaban la vida nocturna desde Gustavo A. Madero hasta Álvaro Obregón, por avenida Insurgentes.

Esa fractura ha tenido resonancias hasta 2018. De acuerdo con reportes de la PGJ, la SSP y la PGR, Roberto Mollado Esparza, El Betito, tejió alianzas con La Unión Insurgentes, mermada después de que a sus miembros los persiguieran por el propio caso Heaven, así como por otros hechos de violencia y extorsión en la Roma-Condesa.

El pacto se consumó con Edwin Agustín Cabrera Jiménez, El Antuán, el cerebro detrás del Heaven y hoy prófugo de la justicia. Sobrino de los hermanos Magaña, viejos lobos de mar en el ambiente delictivo capitalino, y con fuertes conexiones con grupos criminales asentados en Morelos y Guerrero, Edwin le abrió las puertas de la Roma-Condesa al Betito. Este hombre es oriundo de la colonia Guerrero, lo apodan también Mini Aleks Syntek o El Chaparrito de la B. Tiene entre 35 y 40 años de edad y empezó su carrera delictiva hurtando relojes de lujo en Polanco. Por este ilícito lo capturaron en junio de 2008, luego de asaltar al comensal de un restaurante y despojarlo de un Rólex. Tras salir del Reclusorio Norte en 2009, El Betito se enroló en el narcomenudeo, formando junto con sus familiares de sangre y políticos una pandilla delictiva que se asoció con La Unión Tepito. A la sombra de los hermanos Hernández Gómez, El Betito estuvo en el anonimato hasta marzo de 2013, cuando lo denunciaron por un asesinato en la colonia Morelos. Eran aproximadamente las dos de la mañana. En el bar El Refugio sonaban canciones rancheras y había una promoción de dos por uno en cervezas. Carlos Alan Santos Cruz, El Perro, de 23 años, brindaba con sus amigos Daniel, Jonathan, Gustavo y Eduardo. El bullicio era el usual, lo mismo que la clientela: puro vecino de la colonia Morelos. Asentado en el número 49 de la calle Mecánicos, El Refugio era, precisamente, refugio de algunos de los pistoleros del barrio: sus puertas sólo se abrían para gente conocida, no había mayor letrero en la calle que el número marcado en un muro. La música salía de una rocola y las mesas estaban distribuidas en un espacio no mayor a 150 metros cuadrados. Carlos Alan era conocido en el vecindario, su familia se dedicaba al comercio, pero corría el rumor de que un grupo de asesinos a sueldo, traídos de afuera de Tepito, tenían la orden de matarlo.

Esa madrugada, una camioneta Honda CRV gris y tres motonetas Yamaha, una azul, otra negra y otra más roja, se detuvieron frente al bar.⁴ Según las declaraciones de testigos ante el ministerio público, de la camioneta descendió Eduardo Ramírez Tiburcio, El Chory, y de las motonetas bajaron El Irving, El Jordan, El Elvis y El Betito. Irrumpieron en el sitio y abrieron fuego contra El Perro y sus acompañantes. El primero murió y el resto quedó lesionado. Las paredes de El Refugio se llenaron de orificios de bala y la sangre de las víctimas se mezcló con la cerveza derramada. Los atacantes no iban encapuchados y algunas personas lograron ver sus rostros. De los testimonios ministeriales, los investigadores obtuvieron complexión, estatura y rasgos físicos de los agresores; sus apodos los proporcionó la familia del Perro con base en sus propios informantes del barrio. En los informes policiales, los agentes se limitaron a hacer recorridos en diferentes colonias para ubicar al Betito y su gente. Aunque este caso sigue abierto, no hay responsables bajo proceso. No obstante, El Betito ya estaba en el radar.

En los reportes de inteligencia se presume que La Unión Tepito decayó luego del escándalo del Heaven. Pancho Cayagua abandonó su zona de confort en el barrio bravo, escapó hacia el norte del país y más tarde se asentó en Cancún. Otro de los fundadores del grupo criminal, Ricardo Castillo, El Moco, se desligó de los hermanos Hernández Gómez al descubrir que lo habían acusado de matar a Horacio Vite Ángel, miembro de La Unión Insurgentes, y de que se había librado una orden de aprehensión en su contra. Decidió cambiarse el nombre, mudarse a Naucalpan y Tlalnepantla, donde prefirió pagar por protección a policías del Estado de México que llevar a su propia gente. Lo detuvieron en mayo de 2018. En esa circunstancia, Pancho Cayagua tuvo que aliarse con El Betito, sin prever que éste tomaría ventaja de la precaria situación de La Unión Tepito y se apoderaría de sus aliados en diferentes corporaciones policiacas y de sus narcotiendas.

En septiembre de 2015, apareció una serie de videos en YouTube, donde una mujer oculta en una cobija negra y lentes de sol, expuso al Betito y a sus subordinados. Detrás de las acciones estuvo Pancho Cayagua; los investigadores saben que ordenó a sus colaboradores contrarrestar con "mala publicidad" al creciente grupo delictivo del Betito. Quienes subieron la información se hicieron pasar por comerciantes de la plaza de Santo Domingo y del Centro Histórico, hartos del cobro de piso. Los vendedores efectivamente estaban cansados de las extorsiones, pero cuando decidieron unirse y denunciar al Betito, él y sus sicarios asesinaron a varios de ellos.

En respuesta a los videos, El Betito publicó otros donde apareció su primera fotografía, pero fue un engaño, pues la imagen correspondía a una de sus víctimas, quien tenía cierto parecido con él. Posteriormente, la procuraduría local capturó a Juan Antonio Ruiz Maciel, encargado de extorsiones y venta de droga para El Betito. En una publicación de Reforma, el entonces subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas, Óscar Montes de Oca, afirmó que Maciel era El Betito, con el propósito de que los medios de comunicación dejaran de presionar a la institución con su arresto. Pronto se supo que en realidad era Maciel, a pesar de que compartían rasgos físicos como el sobrepeso y la calvicie. Esta confusión benefició al Betito, quien burló no sólo a sus contrincantes, sino a los medios de comunicación.

Las autoridades descubrieron que El Betito había dejado de vivir en la ciudad desde abril de 2016, cuando tras asistir a la lucha libre en la Arena México baleó a varias personas en uno de los estacionamientos. La agresión quedó grabada y la difundió Reforma. En aquella ocasión, el rostro de Mollado Esparza quedó expuesto, por lo que decidió huir. Informantes de la policía lo ubicaron entonces en el Estado de México y Guanajuato. Cuando regresaba a la ciudad lo hacía de forma sigilosa, custodiado por una legión de pistoleros y frecuentemente bajo la fachada de que asistía a una estética en Santa María la Ribera, muy cerca de la delegación Cuauhtémoc. Al mismo tiempo, siguió ordenando asesinatos y el cobro de piso se extendió a actividades como la prostitución. Ello se reveló tras las investigaciones sobre los asesinatos de Karen Grodziñski, de origen argentino, y Génesis Gibson Jaimes, de Venezuela.⁵ A ellas las extorsionaban los sicarios del Betito, algunos de los cuales las habían introducido en su mundo fingiendo ser jóvenes influyentes, juniors o propietarios de antros. Ambas se involucraron de más con los pistoleros y las asesinaron en hoteles.

El caso más representativo, debido a que dejó su testimonio en video, es el de Kenny Finol, también venezolana, a quien mataron el 25 de febrero de 2018 en Ecatepec luego de asistir a un supuesto festival de música electrónica. Finol dejó varios videos que se difundieron en los medios de comunicación. En ellos expuso el maltrato, las golpizas y las amenazas de muerte que recibía de un sujeto apodado El Pozoles, quien resultó ser operador del Betito. Al mismo tiempo, Reforma dio a conocer fotografías donde se aprecia a Kenny posando con armas de uso exclusivo del Ejército y paquetes con cocaína pura, lo que reveló a los investigadores que su vínculo con El Pozoles y el crimen organizado fue demasiado lejos.

Kenny grabó algunos videos para una amiga y otros para El Pozoles, con quien al parecer tenía una relación sentimental. En uno de ellos dice:

Yo ya mandé quitar todo de las páginas, sólo estoy esperando que se me quite un poquito lo inflamado de la cara, ya mañana me movilizo, pues es que ahorita no me puedo levantar de la cama, no he comido nada ni orinado nada [...] En la boca, no sé si me la ves, tengo un hueco ahí en la garganta horrible, me abriste como un hueco y estoy demasiado inflamada, espérate que se me pase un poquito para yo poder movilizarme.

Las pesquisas arrojaron que a Kenny la usaban para enganchar a víctimas de secuestro y extorsión, como dueños de bares y giros negros. De igual modo la utilizaron para trasladar y ocultar droga, al tiempo que ella anunciaba sus servicios sexuales en el portal Zona Divas, creado por la mafia argentina hace casi dos décadas. El miedo de las escorts a hablar con las autoridades ha complicado las pesquisas; en ese caso resultó que nadie conocía al Pozoles, aunque en diferentes redes sociales aparecía con edecanes y otras sexoservidoras de Zona Divas.

EL DÍA QUE LA POLICÍA NO QUISO DETENER AL BETITO

La noche del sábado 30 de junio de 2018, la policía capitalina cercó a Roberto Mollado Esparza, El Betito, pero no lo detuvo.

El plan para arrestarlo había comenzado semanas antes con la detención de un individuo que conocía bien sus andanzas y que se convirtió en informante de agentes del Estado Mayor Policial, dirigido por el comandante Hermenegildo Lugo Lara. El hombre les aseguró que entre el jueves 28 y el sábado 30, El Betito llegaría a la Ciudad de México para participar en una reunión, pues los conflictos con grupos rivales habían escalado a niveles insospechados. Había sido tanto el desgaste que llegó a considerar la posibilidad de abandonar su objetivo de conquistar el mercado de drogas capitalino.

El 17 de junio de 2018, El Betito ordenó el secuestro y homicidio de dos narcomenudistas que trabajaban para Jorge Flores Conchas, El Tortas, líder de un grupo delictivo de Garibaldi con quien ya tenía un encono personal. Arrojaron los cuerpos de las víctimas desde un puente vehicular en Insurgentes Norte y los restos cayeron justo donde pasa el Metrobús hacia el sur. El caso desató polémica, pues la procuraduría local aseguró a los medios de comunicación que las cámaras del C2 —que tanto había presumido el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera— no captaron el hecho. No obstante, el portal de noticias La Silla Rota dio a conocer las imágenes grabadas por una de esas cámaras, donde se aprecian los cuerpos pocos segundos después de que los aventaron.

La presión recayó en el procurador Edmundo Garrido Osorio y en el secretario de Seguridad, Hiram Almeida, quienes ordenaron a sus subalternos apurar las indagatorias y endurecer los operativos contra El Betito y El Conchas. Por ello Almeida le encargó el trabajo al comandante Lugo Lara, con experiencia de más de 30 años en diferentes corporaciones policiacas y conocido como uno de los agentes más sobresalientes de la capital.

Los policías de Lugo, que siempre visten de civil, obtuvieron información de que Mollado Esparza iba a estar en la ciudad entre el 28 y el 30 de junio. El lugar: una vecindad marcada con el número 62 de la calle Paraguay en el centro. Dicha vecindad ha sido refugio de ladrones y narcomenudistas prácticamente desde que se urbanizó el centro. Las familias asentadas ahí no se han ido al paso de las décadas y de los diferentes gobiernos locales. El 62 de Paraguay, según los informes de inteligencia con los que cuenta la SSP, por medio del Estado Mayor Policial, era el centro de operaciones del Betito. La vecindad tiene alrededor de 40 viviendas y se conecta con otras. En el día está flanqueada por comercios establecidos y vendedores ambulantes. Las 24 horas la custodian vigilantes, generalmente menores de edad, que ocultan sus rostros con gorras y usan WhatsApp para avisar sobre cualquier movimiento extraño. En la zona se montó un operativo discreto. Los agentes se hicieron pasar por comerciantes, compradores y hasta personas en situación de calle para vigilar las entradas y salidas en la vecindad. Mientras tanto, un juez concedió una orden de cateo y personal de la SSP contactó a la procuraduría para coordinar el operativo.

Un mando de la SSP que estuvo en la investigación desde el principio dijo que la titular de la Fiscalía para la Atención del Delito de Narcomenudeo, Mireya Gómez Ríos, se entusiasmó con lo que se preparaba. Con la condición de permanecer en el anonimato, el oficial ahondó en algunos detalles:

A la fiscal se le platicó el tema, se le mostró evidencia, se le desarrolló la logística y se le dijo exactamente cómo se ejecutaría el cateo, ella nos apoyó al 100 y ya con el papelito del juez todo estaba a pedir de boca para que agarráramos al Betito, que además iba a estar acompañado de varios sujetos de nuestro interés, entre ellos El Pozoles, imputado por matar a la joven venezolana Kenny Finol; habría armamento, droga e incluso sabíamos que habría indicios de cómo usan el 62 de Paraguay como casa de seguridad, ahí han tenido gente secuestrada, hay colchonetas, rastros de sangre, hay muchas cosas de las que ya teníamos evidencia. Se le enseñó todo a la fiscal y ella fue apoyada por sus superiores, tengo entendido que hasta el más alto nivel de la procuraduría estaban enterados.

Todo era cuestión de protocolo para que se consumara la orden de cateo. La madrugada del 30 de junio, elementos del Estado Mayor Policial tenían confirmada la llegada del Betito. En sus oficinas en Azcapotzalco, la fiscal giró un oficio a policías de Investigación para que apoyaran en el operativo y estuvieran acompañados de peritos especializados que se encargarían de recolectar la evidencia. Sin embargo, la respuesta fue no. Con el argumento de que se trataba de un operativo de alto riesgo, la PDI se rehusó. El coordinador de la PDI para la fiscalía contra el narcomenudeo era Romel Javier Valdés Silva, pero en esos días había solicitado un permiso de ausencia tras el fallecimiento de su madre. Tras regresar de provincia, donde estuvo para los funerales, el comandante Valdés Silva presentó problemas de salud por estrés y sobrepeso. De esta forma, la PDI en Narcomenudeo estaba acéfala y la decisión de no participar en el operativo la tomaron agentes de guardia y mandos medios, sin que se sepa si el jefe general, Raúl Peralta Alvarado, fue enterado de la situación.

La SSP ofreció a la PGJ apoyo de 300 elementos para resguardar la zona en caso de enfrentamiento, así como dos helicópteros y el 100% de los operadores del C2 y el C5, pero la fiscal no logró convencer a los superiores de la PDI de que dieran la orden de intervenir. El operativo no pudo llevarse a cabo, al ser la procuraduría la que oficialmente debía cumplir el mandato del juez, en este caso con información de la SSP, la cual carece de facultades para hacerlo.

Ante esta situación, el juez advirtió a la procuraduría que si ya había solicitado la orden, de no ejecutarla se haría acreedora a una medida de apremio, en este caso una multa y una amonestación por escrito. La negativa de la PDI persistió, por lo que el juez hizo efectiva su medida. La situación llegó a oídos de las altas esferas de la procuraduría y el gobierno central, que determinaron investigar a los agentes que se negaron a participar y a sus mandos.

Esa madrugada, continuó la vigilancia sobre la calle de Paraguay. Al día siguiente El Betito salió con sus escoltas. Se vistió como anciano, usó una silla de ruedas y a su lado estaba una supuesta enfermera. Los agentes lo detectaron, pero no podían arrestarlo, pues ya no habría flagrancia con las armas y la droga. Por si fuera poco, El Betito sólo contaba con tres averiguaciones por homicidio doloso y lesiones calificadas, pero hasta ese momento ninguna se había convertido en orden de aprehensión. Las autoridades que lo seguían, incluyendo al Estado Mayor Policial, le volvieron a perder la pista.

EL TORTAS, GRADUADO EN PRISIÓN

La tarde del 8 abril de 2015 tres amigos comían en el restaurante La Soldadera, ubicado frente al Monumento a la Revolución. De pronto dos hombres los sometieron a punta de pistola. Uno de los agresores era Jorge Flores Conchas, El Tortas o Comandante T, quien también estaba vinculado con la venta de droga y la extorsión en Garibaldi y una parte del Centro Histórico. Se trataba de un secuestro cuya finalidad era el beneficio económico, pero también la venganza, pues uno de los amigos ya había denunciado al Tortas en otra ocasión.

Según la averiguación, ese día El Tortas raptó a dos de los tres comensales. Uno era Víctor Hugo y el otro José Luis.⁶ "Te doy 35 minutos para que me des 100 mil pesos o los voy a matar a todos", advirtió El Tortas, de acuerdo con el testimonio ministerial del tercer amigo, al que no secuestraron para que consiguiera el efectivo. Cuando los policías llegaron al restaurante, el hombre, que se identificó como Arturo Elías, estaba escondido en la cocina.

Agentes de la policía capitalina adscritos al Estado Mayor Policial planearon cómo rescatar a los secuestrados esa misma tarde. A espaldas de la delegación Cuauhtémoc pactaron el pago y la liberación. Dentro de un automóvil sedán rojo esperaban El Tortas y Carlos Alberto Maldonado Vilchis. Cuando El Tortas se bajó del coche para recibir el dinero, los policías lo arrestaron junto con su cómplice. No muy lejos de ahí, liberaron a los plagiados sanos y salvos, luego de que el mismo Tortas diera la orden. Según el informe de los oficiales, el delincuente supuso que podría sobornarlos a cambio de que no lo llevaran al Ministerio Público y por eso accedió a liberar a las víctimas.

"Yo sé que estoy torcido, hazme paro y te voy a dar 100 mil pesos porque no sabes para quién trabajo, mejor recíbeme el dinero o te vas a meter en pedos; yo trabajo para el Jefe Hades y para el jefe del sector Centro, alias El Chavito y Centro Delta", presumió El Tortas, según el parte informativo de los policías que lo arrestaron.

El Tortas mencionó al Jefe Hades, que en ese entonces era Ricardo Bautista García, con grado de primer inspector en la policía y muy cercano a Luis Rosales Gamboa, subsecretario de Control de Tránsito y durante muchos años el mandamás de la operatividad de la SSP capitalina. En septiembre, a Bautista lo separaron del cargo aparentemente por motivos de salud, aunque siguió estando en la nómina de la SSP.

Tras fracasar en su intento de sobornar a los oficiales, El Tortas y su cómplice, Maldonado Vilchis, fueron detenidos. Los consignaron al Reclusorio Oriente por secuestro, delito grave que se castiga hasta con 50 años de prisión según el Código Penal vigente. Pero ahí no acabó la carrera criminal del Tortas, sino que despegó. En el reclusorio, según informes de la procuraduría capitalina, conoció a Paolo Sergio Contreras Hernández, El Avispa, y a Ricardo Andueza Velázquez, El Miraviones. El trío consolidó un grupo delictivo tras las rejas, y comenzaron una disputa por el control de la venta de droga contra Luis Eusebio Duque Reyes, El Duke.

Desde la cárcel ambos bandos ordenaron asesinatos de custodios que presuntamente trabajaban para uno u otro. Hubo plagios, atentados y una serie de crímenes cuyo punto más álgido llegó el 19 de octubre de 2015, cuando un cadáver amordazado apareció colgado del puente de la Concordia, en Iztapalapa. Entre 2015 y 2016 hubo cerca de 11 asesinatos relacionados con la pugna, ante lo cual las autoridades ordenaron reubicar a sus protagonistas. Al Duke lo trasladaron a un penal en Chihuahua, mientras al Avispa, al Miraviones y al Tortas los llevaron al Reclusorio Norte.

En 2017, El Tortas obtuvo su libertad y se volvió el principal narcomenudista de Garibaldi. A finales de ese año conformó el grupo delincuencial Fuerza Anti-Unión. El objetivo: derrocar a La Unión del Betito y ocupar sus territorios de influencia, como Tepito, el centro, Insurgentes norte-sur, el corredor Roma-Condesa y parte de la delegación Iztacalco.

El Tortas asesinó a personajes importantes en el organigrama del Betito, como Omar Sánchez Oropeza, El Gaznate, y Juan Iván Arenas Reyes, El Pulga. Este último fue el brazo derecho del Betito y su negociador en Cancún, adonde lo enviaron para buscar una alianza con Leticia Rodríguez Lara, Doña Lety, en ese entonces la líder del narcotráfico en Quintana Roo.

Las áreas de Inteligencia de la ciudad y de la federación descubrieron la trama anterior después del tiroteo en el bar Blue Parrot de Playa del Carmen, en febrero de 2017, donde murieron seis personas. Ahí se llevaba a cabo un festival de música electrónica, pero en el trasfondo el verdadero negocio era la venta de droga. El propietario, Grégory Sénecal, un canadiense ligado con la mafia de Montreal, acordó con el crimen organizado local repartirse las ganancias por la distribución de cocaína y metanfetaminas esa noche. Pero las indagatorias concluyeron que hubo un desencuentro entre el dueño, sus empleados y los narcomenudistas, tras lo cual un sicario que llegó en un taxi al sitio abrió fuego contra los organizadores y clientes.

Según consta en informes de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, en el festival se hallaba El Pulga. Su presencia no era coincidencia. En los expedientes se consigna que desde finales de 2016 El Betito le había encomendado abrirse paso en Cancún y establecer casas de seguridad para producir, almacenar y empaquetar metanfetaminas y cocaína. Para ello, El Pulga presuntamente se asoció con propietarios de antros para que sirvieran como "oficinas" del grupo criminal.

El 9 de junio de 2018, cuando llegaba a casa de sus padres en la delegación Cuauhtémoc, El Pulga fue acribillado. En venganza, se dijo en algunas versiones, El Betito raptó a dos hombres bajo el mando del Tortas y descuartizó sus cuerpos, los cuales aparecieron en Insurgentes Norte, a la altura de la colonia Guerrero. No obstante, agentes de Inteligencia consultados que pidieron el anonimato señalaron que el crimen del Pulga apuntaba más bien a Cancún y al Cártel de Jalisco Nueva Generación, el cual también ha enviado células a la capital que hasta ahora han operado de manera discreta.

Dos meses después, el 8 de agosto, agentes antidrogas de la Policía Federal detuvieron al Betito en la delegación Tlalpan; se había injertado cabello y había perdido varios kilos debido a una cirugía para adelgazar.

Después de su captura, el liderazgo del narcomenudeo en la ciudad entraría en disputa. Informes de la SSP y la procuraduría de la capital han dado cuenta de cuatro organizaciones criminales fuertes que podrían hacerse del control. En primer lugar estaría el grupo comandado por Luis Eusebio Duque Reyes, El Duke; en segundo, Rodolfo Morales Rodríguez, El Gordo, líder de Los Rodolfos; en tercero, Luis Felipe Pérez Flores, El Felipillo, cabeza del Cártel de Tláhuac, y en cuarto, David García Ramírez, El Pistache, quien trabajaba para El Betito.

El Duke tiene una alianza con el CJNG, además de fuertes lazos con Rafael Caro Quintero; por lo demás, ya se ha apoderado de los negocios ilícitos en el Reclusorio Oriente, Neza-Bordo y Chiconautla. Según reportes de inteligencia, en su estructura delictiva cuenta con expolicías de la SSP y exagentes federales. Desde que obtuvo su libertad en 2017, ostenta vínculos en Morelos y Ciudad Juárez, donde estuvo recluido.

Por su parte, Los Rodolfos, según las fuentes consultadas, se considera una banda delictiva aún en ciernes, que se fortaleció con su alianza con El Ojos, pero que se ha mermado de forma reciente al ser blanco de operativos de la PDI. Pese a ello, su líder, El Gordo, ha extendido sus actividades en la delegación Tlalpan.

El Felipillo, de acuerdo con los informes, asumió el control del Cártel de Tláhuac sin contar con una larga trayectoria en el hampa, más bien lo impulsó la necesidad de que un familiar directo sucediera al Ojos tras su muerte en julio de 2017. El poderío de los de Tláhuac todavía tiene en alerta a las autoridades capitalinas, que junto con el gobierno federal consiguieron evitar su expansión, pero no desmantelaron al cártel en su totalidad.

Por último, El Pistache está relacionado con varios homicidios; lo detuvieron en marzo de 2017, pero el 10 de abril de 2018 consiguió su libertad.⁷ Se llama Daniel García Ramírez y su perfil es de narcojunior, frecuenta antros de moda, usa ropa de marca y se encarga de la venta de droga y las extorsiones en Polanco y el corredor Roma-Condesa. Las ganancias que obtiene y que compartía con El Betito lo hacen una figura importante de la mafia capitalina, además de que presuntamente cuenta con decenas de sicarios a su mando. Su flanco débil es la posible pugna contra otros miembros de La Unión del Betito, quien desde prisión muy probablemente sigue buscando cómo controlar sus zonas de influencia.

Y LLEGARON LOS JALISCIENSES

Su indicativo en la Secretaría de Seguridad Pública capitalina era Jefe Álamo y lideraba un grupo de policías de élite dedicados a combatir delitos de alto impacto, adiestrados en el uso de armamento de alto poder y en la desactivación de bombas. De carácter duro, pero rasgos físicos finos, lo mismo sabía de combate cuerpo a cuerpo que de tácticas antiguerrilla. Tenía apenas cinco años en la corporación y su ascenso fue tan rápido como estrepitosa su salida, cuando lo acusaron de robo. Se llama Luis Eusebio Duque Reyes y exige que lo llamen El Duke.

En 2005 el Consejo de Honor y Justicia de la SSP determinó su baja de la dependencia. Entonces El Duke se volvió otro expolicía que se sumó a las filas del narcotráfico. Los reflectores lo pusieron bajo el ojo público en 2015, luego de que aparecieron varias cartulinas junto a cadáveres, ya sea con amenazas hacia su persona, o firmadas por él mismo. Todo por el control del Reclusorio Oriente. Hoy, El Duke es un personaje de la mafia que no ha recibido la publicidad de otros, pero de acuerdo con autoridades locales y federales, será una pieza clave para entender el panorama delictivo del valle de México y Morelos, además de que se le atribuye el haber abierto la puerta de la capital a la que quizás sea la organización criminal más poderosa en la actualidad el CJNG.

De acuerdo con el documento Informe reclusorios, elaborado por el área de Inteligencia de la SSP, El Duke tuvo su primer encuentro con los capos del narcotráfico el 8 de julio del 2000, cuando ingresó en el Reclusorio Oriente siendo aún policía activo. Siguió en la nómina de la SSP hasta su baja en 2005, con el número de empleado 807304, según los registros de la propia secretaría. En prisión se volvió líder debido a su experiencia en la corporación, a los contactos que hizo durante su servicio y a los familiares que encontró adentro. Pero la principal causa de su ascenso fue la confianza que se ganó con el mandamás del reclusorio en ese entonces: Juan José Quintero Payán, Juanjo, uno de los fundadores del Cártel de Juárez, encarcelado desde 1999; asimismo, tío de Rafael Caro Quintero, hoy libre y presunto protector del Duke.

El informe dice que El Duke se hizo empleado de Quintero Payán en 2000, cuando Juanjo le encargó formar parte del cuerpo de seguridad de Gustavo Neri Delgado, recién internado por acopio de armas. En 2010, cuando extraditaron a Juanjo a Estados Unidos, Neri Delgado se volvió amo y señor de la cárcel. Tenía una celda especial, con cocina, dos refrigeradores y adornos.⁸ Ocho años más tarde, Neri Delgado obtuvo su libertad, pero le dejó al Duke el control de la prostitución, la extorsión, la venta de droga y los custodios. En teoría, El Duke estaría recluido 27 años y 22 días⁹, pero cumplió poco menos de 16 años y obtuvo su libertad el 12 de junio de 2017.

No obstante, un año antes de que accediera al privilegio de la libertad anticipada que le dio el Juzgado Segundo de Ejecución de Sanciones Penales, El Duke conoció a José Pineda Arzate, El Avispón, contador del CJNG y muy cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. Según la indagatoria de la SSP —información con la que también cuentan la PGR y el Cisen—, El Duke le brindó seguridad al Avispón y le compartió sus privilegios carcelarios, como tajadas de ganancias de todos los negocios ilícitos. Ambos presuntamente se asociaron, y cuando El Duke salió libre, el contacto persistió. Y es que Duque Reyes ya ostentaba experiencia en tratar con capos y forjar lazos, pues en 2011 lo trasladaron al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez. Ahí conoció a Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y a otros traficantes de altos vuelos. En 2013 lo llevaron al Centro de Reinserción Social 3, de Ciudad Juárez, donde fraternizó con miembros del Cártel de Juárez gracias a su amistad con Quintero Payán. De esta forma, el currículum del Duke lo volvió un personaje conocido cuya relación con el CJNG propició un reordenamiento delincuencial en el valle de México, tanto en sus penales como en sus calles.

El primer incidente del CJNG en la Ciudad de México que se asentó en una averiguación ocurrió en diciembre de 2017.¹⁰ A un dealer apodado El Márquez lo secuestraron y lo asesinaron en la colonia San Felipe de Jesús, en la delegación Gustavo A. Madero. Junto al cuerpo se encontró un mensaje firmado por el CJNG, donde advertían que iban a tomar los territorios de bandas delictivas locales. Y así lo hicieron poco a poco.

En un principio las autoridades asumieron que se trataba de imitadores, pero, derivado del intercambio de información entre la fiscalía mexiquense, la Policía Federal y la procuraduría capitalina, se notaron patrones, como el uso de armamento exclusivo del Ejército y la eliminación paulatina de narcomenudistas que se consideraban cabecillas.

La fiscalía del Estado de México informó que en agosto de 2016 la Marina y agentes federales arrestaron a José Catalino Díaz, El Cuatro Mil, líder regional del CJNG en el municipio de Melchor Ocampo, tras un enfrentamiento que dejó un muerto y varios lesionados. El Cuatro Mil reveló que operaba en 13 municipios mexiquenses, entre ellos Tlalnepantla, Coacalco, Cuautitlán, Nicolás Romero y Atizapán. Además, en su entrevista con agentes de investigación, señaló que sus células incursionaron en Ecatepec y Nezahualcóyotl, donde enfrentaron a Josué Ramírez Cabrera, El Tuerto, líder de La Familia. Con esta información, la procuraduría de la Ciudad de México orientó sus pesquisas hacia la posibilidad de que una nueva organización criminal estuviera detrás de los homicidios. Un mes después del crimen de la Gustavo A. Madero apareció otro caso. En enero de 2018, el CJNG continuó su incursión en la capital al colgar dos mantas en Periférico poniente, frente al hospital Naval Militar, en la colonia Progreso de la delegación Álvaro Obregón.¹¹ En los mensajes se leían amenazas contra la Policía Federal y elementos de la fiscalía contra el narcomenudeo, además del anuncio de que el CJNG ya estaba en la capital. Los asesinatos de dealers se extendieron a Coyoacán y Tlalpan para eliminar a los grupos dominantes de esas zonas; algunos asentados ahí desde hacía ya varios años, como la banda del H, también conocido como Pepe Hijo de Pancho, El Perro.

Un mes después se halló otra manta donde el CJNG le declaraba la guerra a Los Rodolfos en Xochimilco, y a La Unión del Betito, en el centro y Tepito. Las amenazas hacían énfasis en miembros de La Unión como El Pulga, a quien terminaron asesinando. Para los servicios de Inteligencia de las distintas corporaciones era claro que el CJNG había hecho sentir su poder, desde el norte hasta el sur de la ciudad, en el centro y en varios municipios del Estado de México. La violencia se extendió desde Iztapalapa hasta Nezahualcóyotl y Ecatepec, desde el penal Neza-Bordo hasta el Reclusorio Oriente y el penal de Chiconautla.

En este punto es donde reaparece El Duke en las pesquisas. Según el citado informe de la SSP, este individuo tiene a su mando sicarios y colaboradores dentro y fuera de las cárceles capitalinas y mexiquenses. Afuera, su principal operador es Enrique Labastida Cortés o Heriberto Murrieta Jasso, La Pepa, un exagente de la policía capitalina. El hermano de Murrieta, Ignacio, también fue policía hasta 2011, cuando causó baja. Ambos son sospechosos de varios asesinatos a civiles y custodios, en los que han dejado mensajes intimidatorios. Adentro del Reclusorio Oriente, El Duke tiene varios cómplices, como Arturo Israel Mar Quiroz, El Gogo, recluido por homicidio, Abraham Gómez González y Jesús Adrián Giles Vázquez.

El supuesto apoyo del CJNG se pactó para tomar todas las cárceles de la capital y el Estado de México. En el penal Neza-Bordo el objetivo sería matar a Ricardo Andueza Velázquez, El Miraviones, proveniente de una familia relacionada con asaltos y extorsiones, y con quien El Duke ya se había confrontando en el Reclusorio Oriente. En el Sur y Oriente la pugna es contra Ismael Enrique Trujillo Vázquez, El Kike, aliado del Avispa, cuñado del Miraviones y sobreviviente ya de varios atentados. El Kike era la voz cantante en el Reclusorio Sur, pero por las constantes peleas lo trasladaron al Diamante, la zona de máxima seguridad del Reclusorio Oriente.

Las alianzas, las que se respetan y las que se rompen, son parte del día a día en las cárceles, donde hay una guerra abierta. La información de la SSP, cuyos agentes las han recorrido e inspeccionado, detalla que El Gogo domina a un grupo de sexoservidoras dentro del Reclusorio Oriente y que en algún momento fue aliado del Avispa. Sin embargo, El Duke lo convenció de unirse a su grupo criminal con la protección del CJNG.

En el informe se desliza una relación peligrosa: un transexual, identificado como Samantha Carolina Gómez Fonseca, quien fue candidata a diputada federal por Nueva Alianza, es íntimo amigo del Gogo y un presunto enlace con Hazael Ruiz Ortega, subsecretario del Sistema Penitenciario. Hazael ha sido blanco de amenazas por parte de bandas delictivas opuestas al Duke y lo han acusado de proteger el narcomenudeo, la extorsión y la prostitución. En la investigación de la SSP se agrega que Samantha Gómez se presenta como defensor de derechos humanos de la comunidad gay y transexual, además de los reos. No obstante, los registros oficiales de la procuraduría capitalina indican que tiene un ingreso a prisión en el año 2000 por privación ilegal de la libertad con el nombre de Felipe Samuel López Barrios. Para los agentes de inteligencia, esta persona es clave para desentrañar las posibles colusiones del Duke con custodios y mandos del sistema penitenciario, aunque hasta ahora no pesa ningún mandamiento judicial en su contra.

Las autoridades del gobierno de la capital han insistido en que en la ciudad no operan cárteles, pero esta serie de sucesos son constantes y visibles. Cuando los Beltrán Leyva, La Barbie y el Cártel de Sinaloa peleaban por todo el país, hubo réplicas en la CDMX y en el Estado de México, pero los casos eran intermitentes o por lo menos no se atribuían a los cárteles, pese a que en medio de la disputa hubo asesinatos de testigos protegidos, mandos de la Policía Federal y comandantes de la procuraduría local.

Ahora, el objetivo de la gente del Mencho es controlar puntos neurálgicos del valle de México, montar "oficinas" desde donde pueda dirigir bandas locales dedicadas al narcomenudeo, el cobro de piso y establecer relaciones con las autoridades locales. De aquí ha surgido una alianza entre El Duke y El Tortas, que hace unos años se hubiera antojado imposible. Como se sabe, este último era socio del Avispa y El Miraviones, y durante 2015 y 2016 ordenó muertes y secuestros de personas vinculadas con El Duke.

El Tortas estaba en el Reclusorio Oriente por el secuestro de dos personas en el restaurante La Soldadera en abril de 2015. Tras quedar libre en 2017, regresó a Garibaldi, donde cada año llegan miles de turistas para oír mariachis y comer en sus diferentes cantinas. Desde ese feudo, El Tortas fundó la banda criminal Fuerza Anti-Unión, bajo el cobijo del CJNG y con la misión de acabar con La Unión del Betito, objetivo que para mediados de 2018 se estaba consumando.

Entre tanto, la ciudad es protagonista, como nunca antes, del asentamiento del CJNG, que mientras camina por las calles va dejando un rastro de sangre y olor a plomo. De este cártel, del Duke y del fin absoluto de los grupos que dejaron los Beltrán Leyva, es de lo que se hablará próximamente. No se podrá ocultar más que en la Ciudad de México no sólo operan los cárteles, sino que por las boyantes ganancias del tráfico de drogas, han hecho de la capital un codiciado trofeo.

¹ Expediente FGAM/GAM-1/UI-1S/D/1588/10-2017.

² Asentado en la causa penal 188/206.

³ Averiguación DGADVD/CAPE/T2/0089/13-05 D1.

⁴ Averiguación FVC/VC-3/T1/522/03-2015.

⁵ Averiguaciones BJ-1/UI-1S/D/7547/12-2017 y VC-1/UI-1S/D/1436/11-2017.

⁶ Averiguación FAS/T2/00331/15-04.

⁷ Averiguaciones FMH/H2/T2/139/15-11 y FCH/CUH-7/UI-3S/D/3211/12-2016.

⁸ Véase Óscar Herrera t al., "Reclusorio Oriente, el otro paraíso, encierro de cinco estrellas", El Universal, 11 de septiembre de 2000.

⁹ Sentencia 112/2001.

¹⁰ Expediente FGAM/GAM-2/UI-1C/D/1954/12-2017, iniciado en la PGJ-CDMX.

¹¹ Indagatoria CI-FAO/AOB-3/UI-3C/D/584/01-2018.

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La violencia desatada por La Mano con Ojos

Numerosas ejecuciones de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública en la zona conurbada de Huixquilucan, Naucalpan, Toluca y en la frontera con la Ciudad de México, en puntos como La Marquesa, Contadero y Cuajimalpa, se relacionaron con la organización delictiva que dirigía Óscar Oswaldo García Montoya, La Mano con Ojos o El Compayito, a quien la Fiscalía Especializada en Homicidios del Estado de México le atribuyó más de 600 asesinatos de 2010 a 2011, año en que detuvieron a este sanguinario capo.

Los trabajos de inteligencia consultados para la elaboración de esta investigación dan cuenta de cómo García Montoya tejió su red criminal sobornando a policías municipales y de tránsito, así como a los del área de Investigación de la fiscalía. A quien se oponía lo mataba. Así, se encontraron cuerpos mutilados y con mensajes en los cuales el delincuente dejaba claro que los asesinaba de manera cruel por no trabajar para su organización.

Quienes se "alineaban" con García Montoya recibían como pago 5 mil pesos mensuales y "regalitos" que consistían en dosis importantes de droga para consumo personal de los comandantes, o incluso para que los altos mandos los vendieran y obtuvieran más ingresos que superaban su precario sueldo como agentes del orden, que en aquella época ascendía apenas a 10 mil pesos mensuales.

García Montoya sostuvo batallas con integrantes de La Familia Michoacana, en específico con Nazario Moreno González, también conocido como El Chayo o San Nazario, así como con el lugarteniente de los Beltrán Leyva en la región, Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio. Los primeros se fueron poco a poco del Estado de México a raíz de los operativos federales contra los de Michoacán, pero con los segundos la batalla por la plaza dejó una estela de muertos.

El incremento de los homicidios dolosos comenzó en abril de 2010, cuando detuvieron a Álvarez Vázquez tras un enfrentamiento con militares en Huixquilucan. Durante la década de 1990, El Indio fue el lugarteniente de los Beltrán Leyva en el Estado de México, Morelos, Guerrero, Querétaro y hasta Jalisco. Con Álvarez Vázquez fuera de las calles, García Montoya empezó a mostrar su poderío criminal ejecutando y mutilando a sus rivales.

Así se asentó en los expedientes policiacos que documentaron el primer hecho violento que puso al descubierto la rivalidad entre El Indio y El Compayito.¹ El 20 de noviembre de 2010, en un paraje de Huixquilucan se halló decapitado el cuerpo de Pedro Martínez Álvarez, un policía de tránsito de ese municipio adscrito a la agrupación de motociclistas.

Al oficial le dispararon en 17 ocasiones con un cuerno de chivo. Una vez muerto, lo decapitaron. El informe detalla que entre la cabeza y el cuerpo había una cartulina que decía: "Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio, no estoy muerto ni preso. Esto les va a pasar a los traidores, siguen ustedes, Compayo, lento y comandantes". Los reportes oficiales revelaron que el policía trabajaba para García Montoya y por eso lo mataron.

La respuesta del Compayito no se hizo esperar. El 14 de diciembre de ese mismo año, sobre la calle 5 de Febrero, en Huixquilucan, se encontraron dos cuerpos decapitados, también eran agentes de la Secretaría de Seguridad Pública municipal. Según los reportes periciales, a las víctimas les cortaron las orejas, les quemaron los pies y después les dieron el tiro de gracia. ²

Cada uno de los cadáveres tenía una cartulina con un mensaje intimidatorio dirigido al grupo rival. El primero decía: "Me llamo Eduardo Chávez, esto a mí me pasó por extorsionar a los comerciantes por órdenes del comandante Monroy de la PGR de Naucalpan, y lo mismo le va a pasar a los que no respeten mi plaza, uniformados y civiles. Atte, La Mano con Ojos". Sobre el segundo cuerpo se leía: "Soy Norberto Velázquez, esto me pasó por morder la mano que me dio de comer y por ser mensajero del JJ. Lo mismo les pasará a los chapulines, asaltantes, secuestradores, violines y traidores. Atte, La Mano con Ojos". Con este modus operandi aparecieron más de 1 800 cuerpos durante los siguientes meses. La mayoría de los crímenes se atribuyeron al Compayito, en su disputa por el Estado de México contra El Indio, El Chayo y El JJ.

LA POLICÍA QUE HACÍA EL TRABAJO SUCIO

En septiembre de 2008, la masacre de 24 personas cuyos cuerpos fueron hallados cerca de La Marquesa evidenció la infiltración de La Mano con Ojos en las corporaciones policiacas del Estado de México. Tras el incidente, agentes de la SIEDO detuvieron a tres sujetos a los que se les identificó como El Topil, El Vaca y El Potro³. Se trataba de policías municipales de Huixquilucan que estaban bajo las órdenes de Marco Antonio Hernández García, alias El Calva, un comandante de esa corporación que se encargaba de reclutar a oficiales policiacos para trabajar con el cártel de La Mano con Ojos en Naucalpan, Toluca y el Valle de Chalco, según las declaraciones de los detenidos.

La contraparte era otro excomandante municipal de Huixquilucan conocido como El Ricalde o El señor R, quien hacía las mismas funciones de reclutamiento de sus subordinados, pero para el cártel de los Beltrán Leyva. De modo que los policías municipales estaban entre dos fuegos enemigos: o se empleaban para El Compayito o para El señor R... o los ejecutaban.

Entre 2010 y 2011, tan sólo en la zona conurbada de Huixquilucan asesinaron a 127 oficiales policiacos que se negaron a trabajar con la delincuencia. Al sentirse presionados por la mafia, intentaron pedir ayuda: primero a sus superiores, quienes los ignoraron, después acudieron de manera individual a las instancias federales a explicarles cómo las corporaciones estaban infiltradas y podridas.

En aquel tiempo 90% de los uniformados trabajaba para los criminales, haciendo el trabajo sucio. Desde cuidar a los capos, permitir el trasiego de grandes cantidades de drogas y venderlas en las calles, hasta asesinar a los contrarios que muchas veces eran sus compañeros de trabajo.

Levantar la voz tuvo consecuencias: en enero de 2010 atacaron a tiros a los policías Samuel Rojas Peralta y José Romero Ledezma, así como a tres oficiales más, quienes iban a bordo de sus patrullas. Los dos primeros murieron en el lugar y el resto horas más tarde en un hospital de la localidad. En las filas de la Policía Municipal corrió el rumor de que los muertos eran los que se habían acercado a las autoridades federales a pedir ayuda. Tras aquella agresión, casi nadie más opuso resistencia.

Después del 11 de agosto de 2011, cuando detuvieron al Compayito, la violencia disminuyó de manera considerable en la zona. Las corporaciones poco a poco se fueron limpiando y, aunque la droga siguió circulando por las calles y los ajustes de cuentas no cesaron, quienes trabajaban para él o para el grupo rival hicieron revelaciones importantes.

Las autoridades de investigación mexiquenses lograron llegar a la conclusión de que la atomización de la violencia durante aquel periodo sangriento entre 2010 y 2011 derivó de que la propia SIEDO liberó a los policías identificados como El Topil, El Vaca y El Potro, así como al comandante Marco Antonio Hernández García, los ya mencionados reclutadores que asesinaron a los agentes que se negaron a trabajar para ellos.

¹ Averiguación DGIPH/TLA/III/218/2010.

² Averiguación DGIPH/TLA/III/271/2010.

³ Averiguación DGIPH/TLA/III/017/2010.

Portada para sinopsisEl Narco inunda el país... ¿excepto la ciudad de México?

Por increíble que parezca, ése ha sido el discurso oficial de todos los gobernantes que ha tenido la capital del país. Ningún jefe de gobierno, nunca, ha aceptado que los cárteles campean en el corazón de México.

Este libro los refuta y evidencia el problema. Caso a caso, documenta qué grupos se pelean las 16 alcaldías, cómo operan, qué está en juego y de qué tamaño es el monstruo que las autoridades se niegan a ver. Aquí está todo.

Así, Narco CDMX demuestra que, en el ajedrez del crimen organizado, la Ciudad de México juega un rol muchísimo más importante de lo que se pensaba. Y alerta: seguir ignorando el desastre pone en riesgo la viabilidad de toda la nación. Es la última llamada.

Sandra Romandía es periodista de investigación. Ha sido jefa de información en el programa de reportajes Punto de Partida, en Televisa; editora en El Universal y reportera en varios medios de comunicación. Es coautora del libro Los 12 mexicanos más pobres. Ha dictado talleres de investigación y emprendimiento, entre ellos uno para el International Center for Journalists. Se especializa en coordinar equipos de periodismo de investigación en narcotráfico, derechos humanos, corrupción, conflicto de interés y tráfico de influencias. Actualmente es directora editorial de La Silla Rota.

Antonio Nieto tiene más de una década como reportero de investigación policiaca, narcotráfico y asesinatos seriales. Es ganador del Premio Cuento Breve (2005) por la revista Punto de Partida, y ha impartido materias en diplomados de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado en El Universal, Reforma y Revista Generación, entre otros. Es reportero de La Silla Rota.

David Fuentes es reportero con más de 15 años de experiencia cubriendo asuntos de seguridad y crimen organizado, desde Ciudad Juárez hasta Tepito. Ha trabajado para El Universal y agencias informativas. Ganador de premios en Chihuahua, Tijuana y Tamaulipas, colaboró en el cortometraje La Nota Roja, de la cineasta Alice Colomer-Kang; ha participado en documentales para CNN, Discovery Channel y History Channel sobre la violencia en Ciudad Juárez. Es reportero de la sección Metrópoli de El Universal.

Narco CDMX
El monstruo que nadie quiere ver

Primera edición digital: marzo, 2019

D. R. © 2018, Sandra Romandía, David Fuentes y Antonio Nieto

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