Dirigida por Juan Pablo Fusi

Ángeles Lario (Ed.)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

PRESENTACIÓN. LOS ESTUDIOS SOBRE MONARQUÍA Y REPÚBLICA. NUEVOS PARADIGMAS INTERPRETATIVOS, Ángeles Lario

1. MONARQUÍA Y REPÚBLICA: EVOLUCIÓN HISTÓRICA

CONFERENCIA INAUGURAL: MONARQUÍA Y REPÚBLICA EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA, Miguel Artola

LA MONARQUÍA, DEL LIBERALISMO A LA DEMOCRACIA, Ángeles Lario

REPUBLICANISMO ESPAÑOL: DE LA REVOLUCIÓN AL FIN DE SIÉCLE. MISMO VINO, MISMOS ODRES, Demetrio Castro

II. MONARQUÍA Y REPÚBLICA ANTE LA REVOLUCIÓN

LIBERALISMO Y REPÚBLICA EN LA REVOLUCIÓN FRANCESA, María Luisa Sánchez Mejía

LA IMAGEN DEL REY EN EL OCASO DEL IMPERIO ESPAÑOL EN AMÉRICA. EL CASO MEXICANO, Marco Antonio Landavazo

III. MONARQUÍA Y REPÚBLICA EN EL LIBERALISMO POSREVOLUCIONARIO

LA FICCIÓN MONÁRQUICA Y LA MAGIA DE LA NACIÓN EN EL PROGRESISMO ISABELINO, María Cruz Romeo Mateo

LA MONARQUÍA EN EL PENSAMIENTO DEL PARTIDO MODERADO, Raquel Sánchez García

Los SIGNIFICADOS DE REPÚBLICA. REPUBLICANOS Y DEMÓCRATAS EN EL PERÍODO ISABELINO, Florencia Peyrou

IV. DE LA PRIMERA DISCUSIÓN DE LA MONARQUÍA A LA PRIMERA REPÚBLICA

LA MONARQUÍA HERIDA DE MUERTE. EL PRIMER DEBATE MONARQUÍA/REPÚBLICA EN ESPAÑA, Ángeles Lario

MONARQUÍA Y REPÚBLICA EN LA ESPAÑA REVOLUCIONARIA (1868-1873), Gregorio de la Fuente Monge

CULTURAS POLÍTICAS REPUBLICANAS Y REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LA ESPAÑA DEL XIX, Román Miguel González

V.LA MONARQUÍA Y LA REPÚBLICA ANTE LA SOCIEDAD DE MASAS

HACIA UN ESTADO SOCIAL DE DERECHO. MONARQUÍA Y REPÚBLICA EN EL KRAUSISMO ESPAÑOL, Gonzalo Capellán de Miguel

EL REY PATRIOTA ALFONSO XIII Y EL NACIONALISMO ESPAÑOL, Javier Moreno Luzón

EL SOCIALISMO ESPAÑOL Y LAS FORMAS DE GOBIERNO (1879-1975), Pedro L.Angosto

VI. DE LA SEGUNDA REPÚBLICA A LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

DEMOCRACIA Y REPÚBLICA EN EL PENSAMIENTO DE MANUEL AZAÑA: LA REPÚBLICA DE AZAÑA, Ángeles Egido

HACIA LA TRANSICIÓN: MONARQUÍA Y REPÚBLICA EN LOS DEBATES DE LA PRENSA (19621978), Javier Muñoz Soro

LA CONTRIBUCIÓN DE LA PRENSA AL CONSENSO MONÁRQUICO. EL DIARIO EL PAÍS Y LA MONARQUÍA EN EL TARDOFRANQUISMO Y LA TRANSICIÓN, Susana Sueiro

CONCLUSIONES, Ángeles Lario

NOTAS SOBRE LOS AUTORES

ÁNGELES LARIO

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Resulta de gran actualidad y de gran utilidad el análisis histórico del desenvolvimiento de la Monarquía y la República en la época constitucional, desde el inicio del Liberalismo hasta la Democracia. La comprensión de las culturas y de los modelos políticos surgidos a lo largo de nuestra historia contemporánea, de los conceptos que los acompañaron, sus usos y significados, es el instrumento básico que todo ciudadano debería poder manejar actualmente, al menos si está interesado en analizar la viabilidad de nuestro modelo político actual y el sentido que pudiera tener la defensa de modelos alternativos. Conocer lo que ya se discutió a lo largo de nuestra historia, lo que tuvo éxito y lo que fracasó, lo que se observó como positivo y como negativo para nuestra vida en común por nuestros padres constituyentes de diferentes épocas, por nuestros pensadores y activistas políticos, debe ser tan útil como lo es para un médico que analiza una dolencia conocer la historia clínica del paciente: es imprescindible y paso obligado antes de ofrecer un diagnóstico definitivo.

Con ocasión del setenta y cinco aniversario de la Segunda República y de los 30 años cumplidos de nuestra Monarquía Democrática, en mayo de 2006 se llevó a cabo un Congreso sobre Monarquía y República en la España Contemporánea. La base del mismo fue un proyecto de investigación que vengo desarrollando en el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED en tomo al estudio de los proyectos políticos habidos en la España constitucional, desde el punto de vista de las formas de gobierno. El congreso, que se llevó a cabo como actividad del departamento, fue patrocinado por el dentro de Estudios Políticos y Constitucionales, siendo inaugurado en el citado dentro por su director, don José Álvarez Junco, y el director del Departamento de Historia Contemporánea de la UNED, don Julio Gil Pecharromán. La conferencia inaugural la dictó el Académico de la Historia, don Miguel Artola.

En este libro se recogen las ponencias de dicho congreso adaptadas para su publicación a excepción de la conferencia inaugural en la que colaboró con la transcripción desde la grabación existente la doctoranda de la UNED Paloma Díaz. Con ellas se abarca el proceso político que tuvo lugar en España desde la revolución de 1808 hasta la Democracia actual, en cuanto al diseño político y los avatares ocasionados por la conformación de la Monarquía y la República constitucionales. Se lleva a cabo desde el punto de vista de los proyectos gestados y puestos en práctica en cuanto al diseño político y las posibilidades ofrecidas por la organización monárquica o republicana a lo largo de los dos siglos que nos ocupan. Se atiende a las culturas y las ideas políticas que fueron surgiendo y conformándose de acuerdo a las necesidades históricas y a las tradiciones existentes que en todos los casos tuvieron que evolucionar y adaptarse. El modo como se adaptaron y evolucionaron es un reflejo ilustrativo de las épocas que se vivían, de las necesidades que había que satisfacer, de la situación del país en el que se querían desenvolver. Observar cómo se fueron modelando y poniéndose en práctica los idearios previos es una atalaya privilegiada desde donde observar las posibilidades de cada época. La visión de los diferentes partidos y escuelas políticas: Progresistas, Moderados, Demócratas, Socialistas, Krausistas, Republicanos. La realidad de los distintos momentos relevantes: desde la revolución al Bienio Progresista, al Sexenio Revolucionario, al cambio de siglo, a la crisis liberal, a la República y la Democracia. Todo ello ofrece un panorama que presentado en conjunto resulta revelador del gran proceso creador de modelos y prácticas políticas según los momentos, las necesidades y las culturas existentes.

En el primer capítulo, en el discurso inaugural, el profesor Artola nos presenta una reflexión sobre el proceso revolucionario que introdujo en la época contemporánea la tradición de las Constituciones escritas. En ese proceso, nos indica, el principal problema fue el creado entre la antigua soberanía real y la nueva soberanía nacional, que se manifestó en la lucha entre el poder de la Corona y las Cortes. A partir de ahí explica la terminología que utiliza para diferenciar los modelos creados, según donde se localice la residencia de la última decisión. Eso hace que esa terminología no encaje con la utilizada en el campo del Derecho constitucional, de la Ciencia Política, o en otras historiografias, porque parte de unos criterios diferentes a los usuales en las clasificaciones de modelos políticos. Por ello vemos que para él Monarquía Parlamentaria es la de 1812, aquella en la que, a pesar de ser la única española en que no se produce la convivencia de poderes propia del Gobierno parlamentario y que sólo volverá a suceder en la Constitución de la Primera República - la decisión última estaría en la Asamblea y no en el Rey. Por esa razón, el término de Monarquía Constitucional, en un sentido restringido, lo reserva para las siguientes Constituciones en las que, a pesar de producirse ya el Gobierno parlamentario, encuentra la decisión última en el Rey y no en las Cortes. Ciertamente en esta ocasión ya hace referencia a la posible evolución parlamentaria de esa Monaquía, rompiendo con la usual contraposición en nuestra historiografia entre ambos modelos la Monarquía Constitucional y la Monarquía Parlamentaria-, lo que se produciría en el caso de que el Rey no usara sus poderes y trasladase la última decisión a las Cortes. Claro que eso era posible únicamene porque las Constituciones posrevolucionarias diseñaron una Monarquía Constitucional de Gobierno parlamentario, de confluencia de poderes, en la que el Gobierno de gabinete podía tomar el relevo en el poder ejecutivo, que era dual, y pasar a ser el poder efectivo, el que tenía mayoría en las Cortes, donde se sentaban y votaban los ministros, y ante la que era responsable políticamente, pasando a ser esta dependencia la primera y principal. No habría podido producirse así en la Monarquía de 1812 en la que el Rey era el único poder ejecutivo, sin un cuerpo intermedio, el gobierno, extraído de y responsable ante las Cortes, pues con aquella Constitución los Secretarios eran únicamente responsables ante el Rey y no tenían asiento en la Asamblea, de la que no dependían políticamente. Era la lógica de la estricta separación de poderes que impedía una comunicación fluida entre los mismos, como se vio tan pronto en el Trienio y frente a la que se buscó un modelo de convivencia.

Es por ello que al tratar de «La Monarquía, del Liberalismo a la Democracia», defiendo el uso de los conceptos con su sentido histórico para la clasificación y estudio de esa evolución de las diferentes culturas monárquicas desde la Revolución a la estabilización liberal. Ésa es la razón de la diferencia existente en los términos empleados para definir los diferentes modelos monárquicos, respecto de los utilizados por el profesor Artola - de cuyas clases en la Universidad Autónoma de Madrid sobre Historia de los Sistemas Políticos e Historia del Siglo xix soy deudora en estas preocupaciones, al lado de las impartidas por el profesor Calero sobre Historia de las Doctrinas Políticas-. En el texto se presentan los diferentes modelos de Monarquía Constitucional que fueron surgiendo tras las revoluciones, y se explican las razones de la importancia concedida al uso «histórico» de los términos «Monarquía constitucional» y «Monarquía parlamentaria». Esas razones son facilitar no sólo la comprensión del proceso por el que se produjo la evolución de la Monarquía desde la revolución liberal, sino su estudio comparado con otras historiografias y el manejo de las herramientas que nos proporcionan otras ciencias, como la política y el Derecho constitucional. Ese punto de partida me permite centrarme en lo que entiendo que fue trascendental en la evolución de la Monarquía y, en general, en todos los modelos surgidos de las revoluciones liberales; es decir, la necesidad de incrementar el poder ejecutivo tras los primeros momentos revolucionarios, a expensas de la desconfianza que se sintió en la primera hora hacia ese poder, igual en Europa que en América. Las características de la Monarquía, con un poder permanente, exigieron un modelo específico para conseguirlo sin volver al absolutismo, y eso fue lo que definió y distinguió la tradición parlamentaria europea de la presidencialista americana, y eso fue lo que distinguió, a su vez, los modelos revolucionarios de primera hora - el confederal de las 13 colonias, o los monárquicos de 1791 y 1812, de los surgidos con su corrección mediante el incremento y mayor confianza en el poder ejecutivo: el modelo de Gobierno parlamentario de la Europa posnapoleónica, o el presidencial de la Unión. Sólo el desarrollo del Gobierno parlamentario llevará a la Monarquía a su acoplamiento con la Democracia a través de la plena parlamentarización.

En el terreno de la República, Demetrio Castro nos muestra la evolución de la idea y actividad republicana desde la revolución hasta el cambio de siglo. La posibilidad de la evolución del republicanismo desde la cultura de la insurrección y la violencia - que él presenta como inherente al movimiento republicano en aquellos momentos - hacia el civilismo la encuentra frustrada incluso en la nueva generación que abre el republicanismo del xx, representado en Lerroux, Soriano o Blasco Ibáñez. Nos presenta una cultura republicana formada más en la experiencia de la historia política vivida que en la teoría constitucional, recordándonos que la tradición republicana española nada había recogido directamente de Harrington o Milton, y que sus argumentaciones descansaban fundamentalmente en la contraposición república/monarquía, de forma análoga a como podría encontrarse en publicistas menores del xvü. Nos muestra un republicanismo que, a pesar de disponer a final de siglo del modelo de la Tercera República francesa, se parecía más al inglés, por su carácter marginal, de radicalismo desde abajo. Así es que sólo hombres nuevos y el desmoronamiento interno de la monarquía harían posible el triunfo de la Segunda República. Es ésta una característica que puede ser una de las claves para la interpretación de esa experiencia republicana.

Después de estos análisis de largo proceso, nos adentramos con el segundo capítulo en el análisis cronológico, de soluciones y modelos concretos que se fueron diseñando, y se abre con una aportación básica sobre lo que fue el pensamiento gestado durante la revolución francesa para buscar una salida estable al nuevo régimen. Es María Luisa Sánchez Mejía quien nos adentra en el problema de esa búsqueda, de esa construcción política, al hilo de las reflexiones de Constant, Roederer, Necker y Sieyés durante la revolución, para crear modelos adecuados a las exigencias del momento, fueran monárquicos o republicanos. Ciertamente Constant parte de la tradición republicana transmitida por Aristóteles, Maquiavelo y Montesquieu, que centraba en la virtud cívica, la libertad política y el reparto y control del poder las características básicas del buen gobierno. Y eso, precisamente, es lo que parecía imposibilitar ese modelo republicano en los grandes y viejos Estados de la época, como había previsto Montesquieu o el propio Rousseau. Sólo el título de un manuscrito de Constant - Sobre la posibilidad de una constitución republicana en un gran país-, como anota la autora, nos ilustra al respecto. La República aparecía lastrada en Europa porque no se podían deshacer los Estados para iniciar una federación de pequeñas sociedades en las que fuera viable la práctica republicana, como en el caso de las Trece Colonias. A partir de ahí, se abre ya otra perspectiva desde la que analizar los diferentes modelos europeos y americanos. Adelantando la tesis que defiendo, diré que se sostiene mejor la idea de que la República en Europa no pudo sino imitar, ser deudora, del modelo diseñado para la Monarquía contemporánea. Precisamente la autora nos acerca al análisis de la virtualidad de la Monarquía en el momento mismo en que la revolución urgía soluciones inmediatas y eficaces. Y así, entre la República monárquica de Sieyés y la Monarquía republicana de Constant - que diseñando un modelo republicano encontró las ventajas de la Monarquía para la estabilidad por la posibilidad de un poder neutro—, se fue formando el modelo posrevolucionario para Europa, materializando la ambigüedad entre las formas de Gobierno y, en cualquier caso, dictando el modelo que podría hacer pervivir la Monarquía en el régimen constitucional; éste era el que alejaba al Rey de todo poder efectivo y situaba en él el poder moderador que le parecía imprescindible a Constant para toda nueva república. Hay por tanto una nueva definición de Monarquía que ahora puede llamarse «republicana» y que inutilizó la distinción clásica entre Monarquía y República; para algunos, como Sieyés, la diferencia entre ambas se reducía al carácter del ejecutivo, colectivo o unipersonal. Las ventajas que tenía la unidad en ese poder puso por delante la «monarquía» - que ahora pasaba a tener el sentido de unidad en el ejecutivo-, y que podía ser electiva o hereditaria, encontrando de nuevo más ventajas a la segunda. Esto restó drásticamente terreno a la lucha por una Jefatura de Estado electiva, de tal modo que los republicanos se fueron definiendo progresivamente meramente frente «al otro», es decir, frente a una hipotética Monarquía liberal fracasada, lo que se materializó finalmente por el terror de los liberales a la cuestión social, que los llevó a ampararse bajo un modelo de Monarquía necesariamente no democrática, que daría a la República una nueva razón de ser.

El peso de la Monarquía, que en Europa parecía ir creciendo tras la revolución, como hemos visto, nos lo presenta Marco Landavazo también en el México que se independizaba. En una visión novedosa de la historia del México liberal e independiente, y que se hace extensivo a otros países latinoamericanos', nos muestra cómo la tradición monárquica no sólo afectó a Europa sino que traspasó la frontera atlántica en el caso de los antiguos territorios americanos de la Corona española. Esta dificultad de desprenderse del peso monárquico se materializó en proyectos políticos que a lo largo del xix tuvieron dos expresiones sucesivas en el imperio de Iturbide y en el de Maximiliano, y a los que no fue ajena la diplomacia española; dificultados por la carencia de una familia reinante, lo que favorecía decididamente el orden republicano. También el análisis de esa confrontación de modelos monárquico y republicano nos informa sobre las limitaciones y contradicciones de los propios partidos Liberal y Conservador a la hora de diseñar las instituciones políticas. En este texto se analizan los fundamentos del proyecto monárquico de Iturbide, y de qué modo la invocación del Rey Fernando VII sirvió tanto a los creadores del nuevo Estado como a los defensores de lo establecido. Se muestra así lo complejo del proceso de independencia a la hora de buscar un modelo político para organizar la nueva nación, siendo los años 40 cuando se logra conformar un discurso monárquico más sólido en tomo a la convivencia de orden y libertad frente a los excesos republicanos. También allí muchos veían la Monarquía como el soporte más apropiado para lograr esa convivencia, favorecido en el caso de México por suponer una mayor lejanía de la temida República del Norte.

La visión que los partidos Moderado y Progresista tenían de las formas de gobierno se presentan en el tercer capítulo. María Cruz Romeo nos muestra un Partido Progresista forjador del liberalismo español posrevolucionario, frente a las tendencias historiográficas dominantes que lo sitúan en la cola del liberalismo, sin fuerte posición ideológica ni política. La autora, demostrando lo útil que resulta cambiar las concepciones tradicionales respecto a nuestro modelo liberal en el que se habría diseñado una Monarquía Constitucional, concebida como contraria a la Monarquía Parlamentaria, parte de que, como yo misma sostengo y es fácil comprobar, el modelo político español tras la muerte de Fernando VII fue una Monarquía Constitucional de Gobierno parlamentario, al estilo dominante en Europa2. Por ello defiende que serían precisamente los progresistas y no los moderados quienes habrían impuesto el carácter del pacto que significó 1837. Es muy importante esta reflexión porque enlaza con los más recientes análisis sobre el período, como el de Isabel Burdiel o el de Raquel Sánchez. Tanto la obra de Isabel Burdiel como los estudios aquí recogidos sobre el Partido Moderado y el Partido Progresista permiten deducir que los moderados partían del modelo de «Monarquía puramente constitucional» de tradición alemana --que, como ya tuve ocasión de escribir en varias ocasiones, no da a las Cortes un poder autónomo y no establece la convivencia de poderes, pero ese modelo no fue el que se impuso en 1837 que introdujo esa convivencia a través del Gobierno parlamentario; ésta, sostiene María Cruz Romeo, era la propuesta de los progresistas. Bien puede decirse que en el momento de transacción que supuso esa fecha, y en el contexto de la guerra carlista, fue aceptado por los moderados en su forma externa, aunque en la práctica procuraron adaptarlo a su concepto de Monarquía. Cada vez parece más cerca el acuerdo en torno a estos temas, lo que cambia radicalmente el paradigma explicativo del siglo xix.

Raquel Sánchez expone la doctrina moderada en todas sus variantes. En primer lugar la más conservadora de Donoso y Alcalá Galiano - o incluso Balmes fuera del partido, antiliberal y claramente defensor de una Monarquía tradicionalista-, que no quieren una Monarquía de Gobierno parlamentario especialmente el primero con lo que significa de convivencia entre los poderes y deriva democrática, porque defienden lo que, ellos sí, denominan «Monarquía Constitucional», en referencia a la «puramente constitucional» definida por la teoría alemana, en la que el Rey es el poder y las Cortes no tienen iniciativa de gobierno sino tareas meramente de control; esa Monarquía Constitucional sería incompatible con la Monarquía Democrática. En segundo lugar, la versión moderada más acorde con la doctrina imperante del poder moderador que defiende Andrés Borrego para el que la Corona no es fuente de poder sino una institución más, y que abre el liberalismo a las necesidades sociales, es atacada duramente por Donoso por entender que promueve una Monarquía democrática. Destaca la autora que en la línea predominante, la primera, se siguen las doctrinas de Jovellanos mientras que se rechazan las teorías de Constant. Es de extraordinaria importancia el apunte que hace respecto a la combinación a la que quieren llegar al adaptar esos principios «puros» a la existente Monarquía isabelina, que está organizada en torno a la convivencia institucional en la que los ministros sí son responsables políticos ante las Cortes; unas Cortes que al contrario que en su modelo son un poder con iniciativa legislativa y autonomía organizativa, como puede verse en los Reglamentos que las rigen. Por eso, en dirección opuesta a las consecuencias generalmente admitidas de que el que tiene la responsabilidad tiene la iniciativa del poder, los moderados quisieron utilizar esa responsabilidad de los ministros como instrumento para reforzar el poder de la Corona que podía ampararlos frente al Parlamento, con lo que se sorteaba el temido poder popular - lo que nos podría explicar mucho de la práctica política de la época-. Puede decirse que esta teoría no llegaba al nivel de una teoría de gobierno que pudiera enfrentarse a la de Constant, pero, a cambio, contribuyó a crear un gran confusionismo y tergiversación del modelo en España. No en vano sostenían unos principios de preponderancia regia que no encajaban en el modelo diseñado constitucionalmente ni en las prácticas admitidas para su desarrollo. La cosoberanía de los poderes constituidos la interpretaron como predominio del Rey, lo que retrotraía al conflicto Rey/Cortes del modelo revolucionario, en un sentido inverso, y que era lo que el modelo parlamentario estaba destinado a evitar; no aceptaron el sistema de «Rey en Parlamento» inglés. De ahí resultó la peculiar práctica política española de esta Monarquía Constitucional de Gobierno parlamentario, que colocó en una difícil situación a los progresistas, cuya defensa de la soberanía nacional se les volvió en contra con el ascenso de los demócratas, quienes llevaron hasta sus últimas consecuencias sus propuestas. Así es que la versión moderada más acorde con la doctrina imperante del poder moderador que defendió Borrego no tuvo el peso suficiente para imponerse en el partido.

Todavía en este capítulo, y en el campo de la República, Florencia Peyrou expone en detalle la evolución de los significados de republicanismo, hasta la actualidad en que retoman de nuevo el sentido clásico3. Pero en el xix predominó el dualismo Monarquía/ República, ayudado por Montesquieu y las revoluciones americana y francesa y quizá, como ya se apuntó, por el eficaz modelo de Constant-. La autora se centra en el nacimiento de la cultura republicana en la España Contemporánea y se adentra en su evolución en la época isabelina. Destaca la importancia del cambio conceptual que significó el modelo gaditano, el revolucionario, centrado en la preocupación por garantizar la soberanía nacional y la sujeción de la Monarquía a la voluntad de la nación, con lo que quedaban difuminadas las diferencias en la forma de gobierno. Así es que la posibilidad de la República surgió más como rechazo de las tendencias absolutistas de la Monarquía que por las cualidades intrínsecas del modelo republicano. Hasta la segunda mitad del xix, la República como forma de gobierno quedaría relegada en España a un segundo plano por detrás de la soberanía nacional; sólo cuando la Monarquía se fue interpretando como incompatible con la libertad democrática comenzó aquélla a ganar terreno. La autora destaca las deficiencias teóricas del republicanismo en temas de tanto interés como el poder ejecutivo o la organización territorial de los poderes, lo que impidió la creación de un partido republicano fuerte. No parece que se pararon el tiempo suficiente para reflexionar en la forma constitucional de la República, lo que se puso de manifiesto en las dos ocasiones que ésta tuvo de materializarse.

En el capítulo cuarto analizo el primer proceso constituyente en el que se ofrece como motivo de discusión la alternativa republicana, presentando las razones por las que todavía los demócratas y, desde luego, los progresistas, siguen manifestándose mayoritariamente monárquicos o, al menos, no abiertamente republicanos con la única excepción de Orense, el marqués de Albaida-. Las críticas a la Monarquía tienen que ver con el papel que le asignan los propios liberales, y su escaso o nulo papel de poder moderador - como se volverá a hacer en el Sexenio-. Pero el Bienio también es el momento en que se pide por primera vez en un debate constituyente el reconocimiento de derechos sociales. Soberanía nacional, poder popular y derechos sociales, lo que se entendía por Democracia, «principio eterno», fueron colocados abiertamente por los demócratas por delante de la República, «forma pasajera», a pesar del empeño de los monárquicos de asociarlos a esa forma de gobierno. Se gestó la idea que retomaría Cánovas de que fuera de la Monarquía tal y como ellos la entendían sólo había socialismo, que se asociaba a democracia, y frente al peligro demócrata y republicano surgió la Unión Liberal. En torno a la soberanía nacional se fraguó el enfrentamiento directo de moderados y demócratas dejando sin espacio político a los progresistas que no supieron o no quisieron frenar el enfrentamiento que aquéllos establecieron entre Monarquía y Democracia, y es que los progresistas estaban de acuerdo con los moderados en cuanto a la soberanía compartida de los poderes constituidos, mientras que coincidían con los demócratas en cuanto a la soberanía nacional en origen, en el poder constituyente, y con ninguno de los dos llegaban a acoplarse ni distanciarse decididamente, paralizados por el temor social. Así es que, cuando los progresistas llegaban al poder, los más radicales de los suyos los acusaban de traicionar los principios defendidos, y los moderados lo hacían por depender de ese sector más radi cal que, según ellos, alimentaban con sus contradicciones - es decir, su defensa de la soberanía nacional, padeciendo el típico problema de un partido de centro. El peor momento para los progresistas llegó con el ascenso de los demócratas, que los dejaron, sobre todo tras el Bienio, sin espacio político, pues ya no sólo se fijaban en el principio de la soberanía nacional sino en una política social que ponía a prueba la pretendida radicalidad progresista frente a los moderados. Se abría así un camino que no sería feliz para la propia Monarquía ni para el Liberalismo, desde el momento en que luchar por la democracia comenzó a significar luchar contra la Monarquía en la que se amparaban progresistas y moderados frente al peligro social y democrático.

Gregorio de la Fuente nos presenta el proceso revolucionario democratizador de los setenta. Comienza señalando la decisión de los revolucionarios de 1868 de no manifestarse en cuanto a la forma de gobierno ni solucionarlo a través de un plebiscito. Serían unas Cortes Constituyentes las que decidieran, estando todos dispuestos a aceptar su decisión soberana: de nuevo se ponía por delante de la República la soberanía nacional. Ciertamente, y antes de que se produjeran las elecciones, el gobierno salido de la revolución tuvo a bien manifestarse a favor de la Monarquía, rompiendo el primer acuerdo. La razón de esa preferencia era la misma que había visto Constant: la facilidad de la institución permanente para ejercer el poder moderador, además de ser la forma de gobierno predominante entonces en Europa. La coalición antiborbónica criticaba la mala práctica de la Monarquía Constitucional de Gobierno parlamentario, el fracaso de Isabel II como poder moderador que se derivaba de ese modelo, y que se manifestaba incluso en el predominio clerical, con lo que faltaba también al sostenimiento del poder civil. Por ello, en lo que puede interpretarse como un intento de repetir los casos inglés y francés, quisieron acabar con los Borbones como dinastía representante del poder absoluto y traer una nueva que pudiera poner en práctica, no sólo en la letra constitucional sino en su espíritu - que era lo que no aceptaba la corriente moderada dominante, el modelo constitucional diseñado para la Monarquía. Por ello volvieron a insistir en que la soberanía en origen, el poder constituyente, estaba únicamente en la nación - con independencia de que constitucionalmente los poderes se volvieran a organizar en torno al ejercicio compartido. Por eso hablaron de «verdadera Monarquía Constitucional» y en las Cortes se volvió a poner por delante de la discusión sobre la forma de gobierno, como en el Bienio, la necesidad de democracia; a su vez los unionistas lo aceptaron a cambio del mantenimiento de la Monarquía. Tras la abdicación del Rey y la proclamación de la Primera República, se nos muestra el proyecto de los federales pactistas como un modo alternativo de organizar horizontalmente los poderes, que no defendían una confederación a pesar del éxito del caso suizo sino organizar la nación de otro modo. Se puede observar cómo ya en estos años se planteaba la cuestión de la federación y la confederación, la imposibilidad de federar mediante pacto una nación de antiguo constituida.

Pero en el caso de la Primera República, es Román de Miguel quien nos enumera y explica los grupos y culturas que desembocan en ella, dibujándonos casi visualmente la composición republicana de la cámara, lo que, colocado en la visión más amplia del proceso del sexenio que presenta Gregorio de la Fuente, nos da una visión cumplida de la época y los planteamientos políticos que nos ocupan. El autor hace hincapié en la importancia de la nueva metodología histórica que se centra en los marcos culturales, en los conceptos, para la reflexión y la investigación teórica de las ciencias sociales y humanas. Destaca la percepción que hoy es central en el análisis histórico y cultural de que los sujetos colectivos están sometidos a la variabilidad histórica en la formación de su propia identidad, de sus modos de sociabilidad, en su interpretación del pasado y en sus expectativas; de ahí la importancia de buscar el origen y desenvolvimiento de sus identidades y culturas políticas, que es lo que el autor hace respecto a las republicanas, como acabamos de apuntar, además de afrontar sus prácticas sociales en el Sexenio Democrático. Aborda el interesante tema de las razones por las que no apareciera reflejada esa multiplicidad de culturas políticas republicanas antes del Sexenio, incluso hasta la Restauración, explicado por su construcción frente «al otro», frente a la Monarquía constitucional, como ya quedó dicho, que los reunía en un único cuerpo que, además, no fue capaz de configurar un modelo político concreto. Por ello, cuando tuvieron que afrontar la construcción de un régimen, tras la abdicación de Amadeo, salieron a la luz las múltiples ideas, las múltiples concepciones y proyectos que convivían en el republicanismo, y ello supuso el enfrentamiento interno que impidió la construcción sólida de una República. Aunque todavía hay que llegar a un acuerdo sobre el número de culturas republicanas, lo cierto es que a través de ellas queda mucho mejor explicada la evolución y muerte de la Primera República, en la que se opusieron, al menos, dos modelos políticos directamente enfrentados entre sí.

En el siguiente capítulo, que avanza ya hacia el siglo xx, Gonzalo Capellán centra su estudio en un grupo, una cultura política que tuvo gran interés e influencia en nuestra propia tradición liberal. Ellos materializaron y empujaron la evolución liberal hacia las cuestiones sociales y la democracia, diseñando un «nuevo liberalismo» sin rechazar la posibilidad de una Monarquía democrática. Efectivamente, se nos muestra a los krausistas no como grupo republicano, sino como accidentalistas pragmáticos que colaboraron tanto con la Monarquía parlamentaria como con la República unitaria porque su ideal no radicaba en las formas externas del gobierno sino en el fondo que éstas cubrieran, que debía ser el liberalismo democrático. Unos krausistas que van de monarquía a monarquía pasando por la república y que finalmente se caracterizan fundamentalmente por su reformismo, que en forma de partido político representó el de Melquíades Álvarez, o el propio Azaña. Efectivamente, los krausistas tienen un principio básico de todo su pensamiento en el Estado de Derecho de construcción alemana, y es a través de ellos como se propone en España la construcción del Estado social de Derecho que será propio del siglo xx, aunque no cuajó cuando ellos lo propusieron ni con todas las características de los años 204. Por esta vía encontraron lo que los monárquicos no acababan de hallar bajo el principio de la soberanía nacional, al que no podían renunciar aunque no practicaran plenamente; ese algo fue el Derecho como anterior y superior a la propia soberanía, lo que bloqueaba el temor al número, pues el Derecho siempre estaría por encima y primero que ella. Se debe a los krausistas de finales del xix y principios del xx la introducción en España de las doctrinas políticas europeas y norteamericanas, añadido al gran peso de la filosofía del Derecho alemán en su doctrina. En el tema que nos ocupa siguen defendiendo a finales de siglo la doctrina del poder mode rador que Constant había diseñado, como hemos podido ver, casi cien años antes, desde la tradición y práctica política de la Monarquía inglesa, como muestra la obra de uno de los krausistas más representativos, Azcárate, quien escribió sobre la Monarquía Doctrina, o la Constitución Inglesa.

El reformismo liberal nos lleva directamente a la Monarquía de Alfonso XIII. Javier Moreno Luzón nos acerca a la idea que el propio Rey tenía de la Monarquía del siglo xx y de su papel en una España que se encontraba transitando del Liberalismo a la Democracia habiendo pillado desprevenidos a los propios partidos liberales que deberían haber sido los encargados de adecuar las vías de comunicación a las exigencias del tiempo. Las críticas de Azcárate --que ya nos presentó Gonzalo Capellán sobre cómo se organizaba esa Monarquía, a los propios partidos liberales que no habían sabido adaptarse a la democracia, nos dejan planteada la situación en la que se movía la Monarquía de Alfonso XIII. Si Alfonso XII y María Cristina se enfrentaron con la reconstrucción de una nueva Monarquía Constitucional de Gobierno parlamentario, la crisis de fin de siglo, los avances regionalistas-nacionalistas, las exigencias militares, la crisis del liberalismo, el problema social, la expansión colonial, planteó al nuevo reinado y al nuevo Rey una dificil situación que no ayudaba a resolver la crisis de los partidos y del sistema del turno que había quedado establecido a la muerte de Alfonso XII. Se nos presenta una Monarquía que busca soluciones por la vía de asociarse a la nación, para lo que se elaboran diferentes estrategias, y se renuevan los mitos nacionales y sus conmemoraciones que, como Numancia y otros, habían servido también, incluso desde Cádiz, curiosamente, para amparar la «histórica» soberanía nacional, al igual que se hizo durante el Bienio. Observamos a un Rey que, afectado directamente por la humillación del 98 en el momento en que las potencias se expandían por el mundo, mostraba una elevada conciencia nacional, que él situaba por encima de otras prioridades, como la dinastía, la religión o el propio régimen constitucional aunque Azaña decía de él que ponía la dinastía por delante de la nación, como recoge Ángeles Egido. Un nacionalismo que pasó por el interés hacia las propuestas de Cataluña y el País Vasco. Un Rey imbuido ya más que los propios políticos liberales - de la necesidad de prescindir del amparo de la tradición y buscar la simpatía y el apoyo de la población mediante estrategias para promoverla, que, sin embargo, no pasaron por la aceptación de las propuestas reformistas, del nuevo liberalismo para incorporar la sociedad al Estado - como la única posibilidad de reforma liberal existente, sin duda influido por el impacto de la revolución rusa, más que de la Primera Guerra Mundial. Esto explica mucho de la inversión de términos que sufrió ese reinado; ejemplificó la desviación del modelo monárquico que hacía más de un siglo se había establecido como posible en un régimen constitucional y que requería un gobierno fuerte y unas Cortes capaces de engendrarlo y de mantenerlo unido a la sociedad. Frente a ello la inversión citada supuso el crecimiento de la figura del Rey frente a la merma de los políticos.

En el mismo capítulo V, Pedro Luis Angosto nos presenta la posición histórica del Partido Socialista ante la cuestión de la Monarquía y la República. Como partido que abría y caracterizaba las preocupaciones del siglo xx, su visión de esta cuestión tiene una gran importancia. El autor hace especial hincapié en el período de nacimiento y formación del Partido Socialista Obrero, sobre todo en su primera etapa guesdista, un período en el que el partido parece no dar demasiada importancia a las formas de gobierno y en el que se niega a colaborar con los diversos partidos republicanos. Ha tratado también detenidamente el reinado de Alfonso XIII cuando este grupo se acogió a los postulados democráticos, reformistas y republicanos; a partir de ahí lleva a cabo un análisis más sintético intentando acoger en pocas páginas una visión general de la posición socialista hasta la actualidad. El relato tiene la virtualidad de recoger toda la evolución histórica del partido centrado en el tema que nos ocupa: desde la visión de los republicanos como rivales bajo la influencia de Guesde, hasta el giro que llevó a la colaboración con ellos en el cambio de siglo bajo la influencia de Kautsky y Jaurés y la fijación en la persona del Rey como enemigo principal tras las medidas de sostenimiento en la crisis de principios de siglo, y especialmente tras la Semana Trágica. Luego la revolución rusa les llevó a dar por terminada la Monarquía, tanto la tradicional, «cuando el héroe se ha hecho multitud» en palabras de Araquistain, como la liberal, la del autómata que firma lo que quieren sus ministros. Por ello en el Congreso de 1918 los socialistas colocaron entre sus objetivos prioritarios la abolición de la Monarquía, para volver sucesivamente con la dictadura de Primo de Rivera a los postulados guesdistas y con la Segunda República a la participación política - con gran influencia en el texto constitucional, en la «Constitución de izquierdas» que dijo Jiménez de Asúa, aunque parecía interesarles poco el parlamentarismo que en sus filas representaban «intelectuales burgueses» como Fernando de los Ríos o Besteiro - hasta que la Ejecutiva del exilio vuelve primeramente a un cierto guesdismo para retomar desde los años 50 a la exigencia de República. Pero entonces en los socialistas del interior pasa a ser la democracia el objetivo prioritario, en una reproducción de la postura de los demócratas del xix, con lo que se gesta la posibilidad de la transición y la aceptación de la monarquía parlamentaria como un régimen perfectamente legítimo.

En el último capítulo, en el que se transita desde la Segunda República a la Transición, y, como en el caso de Alfonso XIII, otro jefe de Estado, ahora republicano, personaliza la evolución de la idea de República según nos acercamos a la historia más cercana; es una exigencia de las propias tendencias historiográficas que quizá reflejen, a su vez, la sensación de personalismo en las soluciones, frente a proyectos y análisis que podrían establecerse según las tendencias de una época o de una cultura política dominante. Como sostiene Ángeles Egido, «desde los comienzos del régimen se identificó a Azaña con la República y a la República con Azaña», quizá porque era quien más clara tenía una idea de República, cuyo estudio ya le ocupaba desde su estancia en París y su profundización en la Tercera República francesa, el modelo de República parlamentaria por excelencia. En este texto se nos presenta el modelo republicano de Azaña desde su reformismo monárquico y su preocupación por el «problema de España» que caracterizó a la Generación del 14, la llamada primera generación europea, hasta su apelación por la República en 1924. Azaña, como ya habían hecho los demócratas de mitad del xix, y antes los radicales del Trienio Liberal, buscaba en la historia de España la tradición demócrata, que encontraba representada especialmente en los comuneros. El texto da fe del acendrado liberalismo de Azaña para poner en cuestión la posible deriva de «su» República hacia soluciones antiliberales - como propone alguna tendencia interpretativa que llevaría hacia la inevitabilidad de la guerra. Ese acendrado liberalismo es lo que lo lleva a la República, en el mismo proceso por el que los demócratas del xix se convierten en republicanos: en busca de la democracia. En ese camino Azaña llevó a cabo, con su asociación con los socialistas, lo que la Monarquía no había hecho: la incorporación del problema social directamente a la gobernación del Estado para evitar la revolución. Eso estaba en la línea de lo que los reformistas venían proponiendo desde los años 10 a través de su proyecto de reforma liberal hacia un libe ralismo social, o socialismo liberal, que fundamentara la construcción de un Estado Social de Derecho que tardó todavía bastante en establecerse como modelo democrático incuestionable. El problema era que a esas alturas los proyectos socialistas desbocaban el ideal reformista que en sus propias filas, como se dijo, representaban Fernando de los Ríos o Besteiro.

Si Pedro L.Angosto nos adelantó la división socialista durante el franquismo y la deriva del grupo del interior hacia la búsqueda democrática a través del pacto con todas las fuerzas opositoras, en este último capítulo Javier Muñoz Soro nos ilustra sobre cómo se fue gestando y presentando a través de los medios impresos una salida monárquica de la dictadura. La Monarquía, otra vez, y, dada la situación del régimen, los preparativos de Franco, y la positiva opinión exterior - de nuevo la anglosajona como cuando en el xix apoyaba la reforma parlamentaria de la Monarquía desde el Trienio hasta 1837, iba a ser utilizada para abrir un nuevo período histórico en España que se pretendía que fuera tranquilo y duradero. Para ello se la percibía, como decía Aranguren en 1974, como «pacificante» y «tranquilizadora» frente al peligro militar. Fue tras la ley de prensa de 1966 cuando la oposición moderada pudo ir mostrando su postura; mientras tanto, el propio proceso de institucionalización del régimen planteó inevitablemente la cuestión de la forma de gobierno. Primero, hasta 1947, cuando parecía inminente la restauración monárquica; después, tras el referéndum para la sucesión de la Jefatura del Estado y el aplazamiento de esa sucesión sine die, en un largo período de consolidación del régimen que estableció una hipotética monarquía sin Rey y sin organización política. Luego, tras el nuevo gobierno de 1962 y la citada ley de prensa, el ya inevitable proceso de institucionalización hizo saltar la cuestión de la sucesión y las formas de gobierno a la prensa, aunque fuera a la segunda o tercera página; hasta que en 1969 se proclamó en las Cortes a Juan Carlos como sucesor. Pero todavía, nos dice el autor, la polémica sobre la sucesión no marcaba el camino de la reforma, ni siquiera entre los aperturistas. Esa polémica demostró también que la fractura no estaba entre monárquicos y republicanos, pues, al contrario de lo sucedido hasta los años 30, monárquicos y republicanos no parecían representar, dice Muñoz Soro, diferentes culturas políticas. Estaba, sí, la afición republicanizante de muchos falangistas, aunque coartada porque la República era el régimen de los vencidos, lo que les hizo optar por un sistema regencial. La cuestión era el tipo de Monarquía que sucedería a Franco: o una Monarquía social, heredera del «Movimiento», o una Monarquía que formalmente garantizara la continuidad para acoger un tránsito pacífico hacia la democracia, como parecía pretenderse desde la oposición moderada que representaba Ruiz Jiménez. Era la dicotomía planteada por Tierno Galván ya vimos la disposición de los socialistas entre una «monarquía-salida» o una «monarquía-solución». En ese contexto de una «monarquía-salida» Jiménez de Parga habló del «Rey de los republicanos». Parece que por primera vez desde una parte del conservadurismo se reconoció la importancia del Rey imparcial, del Rey que no gobierna como medio de hacer perdurar las Monarquías, buscando en el ejemplo sueco la virtualidad práctica de la institución así entendida, sobre todo para llegar a la democracia. Se nos presenta esta alternativa como la de la oposición moderada que extendía su influencia social a través de editoriales y revistas ajenos a los monopolios de la prensa diaria. La nueva monarquía no iba a depender de una sino de varias legitimidades que sumadas justificaría su reposición. De nuevo la monarquía tenía que exponerse al alto riesgo de apuntarse a una solución política, en este caso la salida democrática, a pesar de que su modelo debía ser el del arbitraje por encima de lo político - alguno pedía para ella poder efectivo en la cohesión territorial. En esta situación se nos presenta el acierto de Juan Carlos de ir abriendo las posibilidades de la Monarquía a las exigencias exógenas, ampliando los límites establecidos por Arias-Fraga, con buena y rápida capacidad de decisión. La simbiosis entre Monarquía y democracia quedó simbolizada en la corona enviada al campo de concentración de Mauthausen donde murieron y sufrieron los republicanos españoles sin patria durante el franquismo. Finalmente se destaca el gran papel de la prensa española y extranjera en la legitimación de la Monarquía.

Precisamente, en el último texto Susana Sueiro incide en el caso más representativo y eficaz de ese apoyo de la prensa a la Monarquía, analizando los orígenes monárquicos de El País y su perseverancia en la defensa de la Monarquía cuando se produjo la deriva hacia la izquierda y la salida de muchos de sus promotores y accionistas. Nos presenta a los promotores, José Ortega Spottorno, Carlos Mendo y Darío Valcárcel; a los accionistas del diario, quienes proceden mayoritariamente del régimen, de los vencedores de la guerra, se hayan distanciado o no, y que aspiran a una solución democrático-liberal. La autora nos refiere la trayectoria de los más relevantes, casi siempre de ascendencia monárquica también algún republicano como Julián Marías - y que en muchos casos abandonaron al régimen por don Juan, quien patrocinó el proyecto (Areilza, Satrústegui), o participaron en el encuentro de Múnich (Álvarez de Miranda, Íñigo Cavero, Vidal Beneyto, Satrústegui). El objetivo era una Monarquía constitucional, la integración en las instituciones europeas y la reconciliación nacional. Coincidían en la convicción, como decía Areilza, de que la Monarquía era el camino más corto y seguro a la democracia. Se narra el rechazo del diario a Suárez por la pluma de Ricardo de la Cierva, ante la sorprendente resolución del Rey, apoyado en Torcuato Fernández Miranda, al elegirlo como presidente contra todo pronóstico. Pero, aun así, apoyan sin condiciones al joven monarca, el «motor» del cambio, en palabras de Areilza y que sirvió, según el diario, para unir ya sin remisión la democracia a la institución monárquica. Destaca la influencia que tuvo una redacción joven y «progre», incluso de izquierdas, por la dificultad que supuso reunir en una aventura incierta a periodistas consagrados. Esa redacción y la conjunción Cebrián-Polanco dificultaría el deseo de sus promotores y accionistas de controlarlo, por lo que acabarían yéndose y vendiendo sus acciones en gran número, a pesar de lo cual el diario no dejó de ser monárquico y contribuyó a la general aceptación de la futilidad de la disyuntiva Monarquía y República cuando lo que interesaba era la de Dictadura y Democracia, calificándola a finales de 1977 como la «polémica irreal».

En este final conviene destacar, en la situación presente, el peligro de retrotraernos a las luchas intestinas del xix que acabaron sobreponiéndose a los verdaderos intereses del país y llevando al fracaso de la propia Monarquía convertida en ariete político. Es lo que puede resultar del posible cambio, que Muñoz Soro apunta, dentro de algunos partidos políticos en tomo a las formas de gobierno, en que la Monarquía pasara a estar, de nuevo, en el programa político de la izquierda y de la derecha, en un caso para discutirla y en otro para subsumirla en un proyecto unitario y católico. Es en ese sentido en el que las lecciones de la Historia deben tomarse en cuenta, tanto en sus éxitos como en sus fracasos, en las trabadas construcciones teóricas que han sido eficaces en la práctica, como en la falta de diseño político adecuado que han llevado al fracaso de experiencias esperanzadoras.

Así es que las novedades que propone este libro son tales como mostrar el cierre al republicanismo clásico que supuso la teorización de Constant de una Monarquía repu blicana o una República monárquica, confundiendo las formas de gobierno en aras de un modelo liberal eficaz y, podríamos decir hoy día, del ideario básico republicano, la virtud cívica, el buen gobierno y el interés colectivo, que es como actualmente se entiende el término «republicanismo» todavía débilmente en Europa pero con fuerza en Estados Unidos, que ya no apunta a un enfrentamiento con la forma monárquica, sino con el fondo de individualismo radical y egoísta. Asimismo, el cambio de paradigma interpretativo en el liberalismo del xix al confluir las nuevas aportaciones sobre las culturas y modelos monárquicos constitucionales con los más recientes análisis sobre el Partido Progresista y el Partido Moderado. Ello es lo que permite sostener que el modelo moderado fue el que finalmente no triunfó en España, pues sostenía una «Monarquía puramente constitucional» - el modelo alemán frente al modelo progresista de Monarquía Constitucional de Gobierno parlamentario, frenada constantemente en la práctica, eso sí, por la «interpretación» moderada del modelo. Se plantea que fue precisamente esa «interpretación» moderada y la desconfianza progresista hacia la cuestión social lo que frenó decisivamente el avance de la Monarquía hacia la democracia, abriendo el campo a la opción republicana que hasta entonces se había quedado casi en el vacío. Pero esa vía republicana, cuyas culturas políticas se presentan y analizan, con su mera existencia frente al otro no es capaz de crear un modelo político coherente sino que, a su vez, es un campo de lucha política paralelo hasta que ya en el siglo xx el derrumbamiento monárquico y seguramente la idea republicana de Azaña consiguen dar un perfil liberal demócrata a la Segunda República, transitada, sin embargo, por otras muchas fuerzas y posiciones. Hasta entonces, la Monarquía ya inexistente se había esforzado en ser nacional pero sin absorber las masas emergentes, mientras que la República recuerda su razón de ser frente a la Monarquía: su sentido social y democrático, y convierte en cuestión de Estado lo que hasta entonces había sido preterido. Finalmente, la Monarquía se convierte, a la salida de la dictadura - como se había convertido a la salida del Antiguo Régimen en la pluma de Constant, en el medio más corto y directo de llegar a la democracia, por lo que un diario emblemático de ésta, El País, se convierte en su mejor aliado a pesar de todos lo virajes producidos desde sus comienzos.

MIGUEL ARTOLA

Real Academia de la Historia

El planteamiento de la forma de gobierno se mueve en la dicotomía, en la alternativa Monarquía-Republica como las soluciones posibles que surgen con la aparición del Constitucionalismo. La Constitución describe un proyecto de futuro: no recoge el pasado sino que se crea cuando lo que se quiere es organizar el futuro. De ahí que inevitablemente toda Constitución contenga un margen de imprecisión, de indeterminación que ha de ser rellenado en la práctica a la vista de las posibilidades que ofrece el texto constitucional. La bondad o la inconveniencia de la Constitución es un problema por determinar con la propia práctica constitucional.

La Constitución, como tal proyecto de futuro, simboliza la participación de un actor que hasta ese momento no ha tenido la posibilidad, precisamente, de intervenir en su construcción. Si uno está en el poder, para llevar a cabo cualquier política le basta el ejercicio sobre el poder que tiene; es el caso de la Monarquía absoluta que actuaba de acuerdo con los medios políticos que le ofrecía la Constitución no escrita del país. Es así que el nacimiento de la Constitución escrita necesitó de un proceso revolucionario. Es decir, las primeras Constituciones escritas son el resultado de un proceso revolucionario. El éxito del sistema constitucional convencerá a los reyes, problema éste más arduo, de la conveniencia de gobernar con este sistema. De tal forma que el éxito del constitucionalismo se puede observar en que, salvo Inglaterra, que mantiene una Constitución no escrita, todos los países han tenido varias Constituciones sin necesidad de que se produzcan revoluciones, como las que gestaron las primeras.

Una revolución consiste en la conquista del poder por los revolucionarios, y la conquista de dicho poder es lo que permite cambiar el Sistema político anterior, el absolutismo. Las primeras Constituciones, la de Estados Unidos, la francesa, la española, la portuguesa, las americanas y alguna de las italianas son Constituciones revolucionarias. La revolución es el fenómeno primero que caracteriza la conquista del poder, y luego se plantea qué se hace con este poder, que es distinto en unos casos que en otros. En algunas ocasiones lo que se hace es un cambio del Sistema político, en otras se intenta, además, un cambio de sociedad. Eso conlleva que las revoluciones sean más o menos violentas según el objetivo planteado.

El problema, para ceñirnos al tema de Monarquía o República, se centra en dos conceptos, en dos fórmulas fundamentales, una es la de la soberanía o más exactamente la titularidad de la soberanía. La soberanía, nombre mágico en el cual se producen la mayoría de las revoluciones, se reduce a designar quién toma la última decisión en casos de conflicto. Cuando no hay conflicto no hay problema ninguno, las cosas ruedan de acuerdo con la Constitución. Por tanto, el problema que nace de la Constitución es que crea un conflicto de soberanías. Frente a la soberanía real que es un postulado de siglos de existencia, se alza la soberanía nacional como alternativa. La existencia de dos soberanías, que van a tener que enfrentarse en multitud de ocasiones, plantea la disyuntiva de quién tiene la última palabra en caso de conflicto, la última decisión. La última decisión es un concepto político, no constitucional, pero es un elemento capital para la comprensión de un sistema político, de un sistema constitucional.

El planteamiento de quién tiene la última decisión surge cuando el poder ha dejado de ser único para convertirse en plural cuando se ha establecido la división de poderes. Mientras lo que hubo fue la unidad de poder no había cuestión acerca de quién tenía la última decisión; quien tiene el poder tiene la última decisión automáticamente; con la división de poderes, evidentemente, se crea la posibilidad de un conflicto entre los sujetos de los distintos poderes, y se crea un conflicto que va a dar lugar a tensiones radicales en ocasiones y va a dar lugar, sobre todo, a construcciones políticas distintas, Monarquías o Repúblicas, a sistemas parlamentarios o constitucionales. El significado de la palabra constitucional tiene muchas acepciones y en este caso tiene una acepción específica. Esa diversidad de sujetos, esa existencia de conflicto, es lo que da lugar a la aparición de ese elemento político que es la última decisión. ¿Quién decide en caso de conflicto?

Evidentemente las posibilidades son dos: o decide la Corona, o decide el pueblo a través de la representación nacional. O la Corona o las Cortes; son los únicos sujetos posibles para tomar la última decisión. La última decisión es formalmente algo fácil de comprender. La decisión que toma un sujeto no puede ser modificada por nadie; a partir de un momento la decisión es intangible y lo único que se puede hacer es comunicarla a través del Boletín Oficial y aplicarse. Ni siquiera los jueces pueden ignorar la Constitución, interpretarán las leyes sobre el texto de la Constitución, pero no invocarán ningún poder supremo. Entre estos dos sujetos, la Corona y la representación nacional la Asamblea, se libra el gran conflicto político del siglo xix que se plantea como un conflicto en torno a puntos muy concretos.

Los puntos esenciales donde la última decisión se manifiesta son tres: en primer lugar, la capacidad o la no capacidad de la Corona de disolver anticipadamente las Cortes; en segundo lugar, la sanción del Rey y, en tercer lugar, se encuentra el problema de que para gobernar se necesita la confianza del Rey. Con referencia al primer punto, en un conflicto entre las Cortes y la Corona, representada por el gobierno, éste se puede resolver de dos formas, o bien el gobierno obtiene el acta de disolución de la Corona, o bien ésta a través del gobierno se verá obligada a someterse a la voluntad de la Asamblea, lo que se traducirá en el cambio del ejecutivo. En cuanto a la obligatoriedad de la sanción del Rey a las leyes votadas en Cortes, tiene como resultado que en caso de con flicto la Corona puede anular el trabajo del Parlamento. Por último, la necesidad que tiene el gobierno de contar con la confianza de la Corona crea una dependencia de ésta para poder gobernar. En esos tres puntos se produce todo el conflicto político y que da lugar a la existencia de tres modelos históricos de Monarquía. Hay tres formulaciones posibles de Monarquía que en el fondo revelan un conflicto básico entre los dos poderes, entre la Asamblea y la Corona.

Los revolucionarios en Europa continental, a diferencia de lo que ocurrió en Inglaterra y en Estados Unidos, no eran la clase dominante de la sociedad y por tanto quisieron cambiar la organización de ésta, aparte de cambiar el sistema político. Los revolucionarios van a hacer una doble revolución violenta en Francia, en España, en Italia, en Portugal, que no se dio en Inglaterra, o se dio en menor medida, porque fue la aristocracia la que derribó a la Corona. El problema, por tanto, es quién va a tener la última decisión: la Corona o las Cortes. En torno a esa alternativa se va a desarrollar el constitucionalismo europeo.

La primera formulación revolucionaria se planteó la imposibilidad de hacer la revolución social burguesa en el caso de no disponer de la última decisión, en el caso de que la Corona pudiera bloquear las decisiones de la Asamblea. Entonces la Constitución francesa del 91, así como la Constitución española del 12, ofrecieron a la Corona un lugar en el sistema político, le ofrecieron un poder, pero un poder limitado porque la última decisión correspondía a las Cortes. Si la voluntad de las Cortes era anulada por el veto del Rey, la Constitución, al disponer que el veto sólo fuera suspensivo, posibilitaba que la insistencia de las Cortes pudiese superar la resistencia del Rey.

La Constitución de Cádiz, por otra parte, no contemplaba la posibilidad de la disolución anticipada. Así el Rey no podía quitarse de en medio a un Parlamento molesto. Este sistema es lo que da lugar a la aparición de la fórmula constitucional que llamamos Monarquía Parlamentaria. Hay un Rey que tiene una serie de funciones pero que no tiene las decisivas; la última decisión legislativa no le corresponde; la última decisión en la existencia del propio Parlamento no le corresponde; el Parlamento escapa al control real y, por consiguiente, el Rey se convierte en una figura política más simbólica que efectiva. A ésta se le concedía, no obstante, mayores competencias de las que tiene ahora un Monarca parlamentario.

Las Constituciones que crean Regímenes Parlamentarios y Monárquicos son muy pocas, las citadas más arriba, todas ellas fruto de un proceso revolucionario. Después de la caída de Napoleón los Reyes más sagaces, más conscientes de la evolución de los tiempos, inventaron una respuesta que consistía en mantener todo el espectáculo constitucional, Instituciones, Cortes, Asambleas, etc. pero sin ninguna realidad, sin ningún poder práctico. ¿Cómo? mediante las Cartas Otorgadas. El problema de las Cartas Otorgadas no es que fuesen o no otorgadas, sino que un texto que dice que los representantes no tienen iniciativa legal ni capacidad de enmiendas y que sólo pueden aprobar los Proyectos de ley que les llegan no es más que un constitucionalismo aparente, no hay más que el espectáculo, pero no hay ninguna realidad. La palabra «constitucionalismo» yo la había creado con gran satisfacción y descubrí, cosa muy natural por otra parte, que la habían inventado los alemanes que vivían en esas monarquías constitucionales y que en Alemania del sur figuraban como una gran creación, pero en el sur de Alemania lo que había no eran más que Cartas Otorgadas.

La Constitución francesa de 1799, realizada por Bonaparte, no fue sino una Carta Otorgada. En ella no hay más que espectáculo, no hay ninguna participación de la opi nión en la vida política, constitucionalmente no vale nada. Ahora bien, lo que a los historiadores nos ha costado mucho tiempo descubrir a los contemporáneos les costó muy poco porque vieron que el poder que tenían no les servía para nada: uno era nombrado diputado, pero no le permitían ir más allá. Todos los Parlamentos tuvieron que hacer las trampas que pudieron, para conseguir cosas como las tablas de derechos, reivindicando lo que se consideraban ideas irrenunciables del constitucionalismo, pero eso fue rechazado rápidamente. Entonces surgió una solución que va a ser la más duradera, la experiencia constitucional más larga de la historia; va a ser lo que la ortodoxia llama la Monarquía Constitucional, aunque no todos leemos la Monarquía Constitucional del mismo modo. La Monarquía Constitucional es un sistema político en el cual hay un reparto real de competencias, hay una división de poderes eficaz, aunque sólo hasta un cierto punto, porque es importante saber quién tiene la última decisión.

La Monarquía Constitucional tiene un padre conceptual, Benjamín Constant y un padre real que es don Pedro de Brasil, gran admirador, lo mismo que su padre, de Constant, y que concede una Carta Otorgada. Sin embargo, a pesar de su nombre, su contenido no es el de una Carta Otorgada; en ella hay iniciativas para los diputados, hay posibilidad de presentar enmiendas a los Proyectos de ley y por tanto hay vocación de que la Asamblea actúe, bien es verdad, que la última decisión se reserva a la Corona. En caso de conflicto la Corona puede disolver anticipadamente, puede sancionar o no; las últimas decisiones quedan reservadas a la Corona. Este suceso plantea una serie de problemas conceptuales, porque significa una temprana y radical reconversión por parte de los liberales progresistas.

Los progresistas son quienes en un determinado momento llevan a cabo revueltas, más que revoluciones, para cambiar el sistema político: son las revoluciones del 30, la del 31 en Bélgica, el motín de la Granja en España, y esto da lugar a la conquista del poder. En todos estos países los revolucionarios se hacen con el poder, pero curiosamente ejercen el poder no para hacer lo que hicieron sus predecesores, los primeros revolucionarios, sino para construir un sistema que integre a la Corona, para lo cual le hacen una oferta con un significado profundo, realmente importante, que es darle la última decisión en las cuestiones críticas. Ésa es la oferta de la burguesía revolucionaria a la Corona, una oferta que lleva subyacente la confianza de que la Corona va a aceptar el juego constitucional.

En 1830 los revolucionarios franceses conquistan el poder, el Rey huye y los que tienen el poder hacen la Constitución. En realidad lo que hacen es revisar dos artículos de la Carta de Luis XVIII, para introducir a favor de las Cortes la iniciativa de Ley y la posibilidad de enmiendas. Hecho esto y sin ninguna necesidad, le llevan la Corona a Luis Felipe para que decida si la quiere en esas condiciones. Esto es lo explícito y lo implícito, el problema que tiene es que uno siempre puede interpretar que esto inaugura una nueva etapa política. En 1831 los belgas rompen el Reino Unido y se hacen con el poder, promulgando una nueva Constitución, en este caso una Constitución entera, completa y modélica, modélica porque va a ser el modelo que copiará todo el mundo durante muchos años, y una vez que tienen la Constitución buscan un Rey y se la ofrecen. Tiene que ser Rey con este sistema. La historia más significativa, si cabe, es el caso español. El motín de la Granja, que debería ser analizado porque es inconcebible que se diese como se dio, restablece la Constitución de Cádiz sólo como paso previo para hacer la Constitución del 37 y la Constitución del 37 está inspirada en el modelo de las Monarquías Constitucionales donde la Asamblea tiene una participación efectiva y la Corona tiene la última decisión, bien entendido que la última decisión al ser personal genera una responsabilidad política, no una responsabilidad penal, pero evidentemente un Rey que se dedique a negar sistemáticamente, es decir, a vetar las decisiones del Parlamento está condenado a corto o medio plazo a perder el Trono. Es la historia que se dio entre nosotros.

Lo explícito es el sistema de Monarquía Constitucional, lo implícito es la Monarquía Parlamentaria. La Monarquía Constitucional puede funcionar como una Monarquía Parlamentaria si el Rey respeta las decisiones de las Cortes, del Parlamento. El sistema inglés no tiene una Constitución escrita, pero su Constitución histórica es la propia de una Monarquía Constitucional; el Rey tiene esos poderes y los constitucionalistas ingleses actuales aseguran que los sigue teniendo aunque no los ejerce desde el siglo xviii pero que teóricamente los podría ejercer. No hace falta decir que no hay ningún rey inglés lo suficientemente loco para intentar ejercer los poderes que según los constitucionalistas le corresponden en Inglaterra.

¿Cuál es el funcionamiento de las Monarquías Constitucionales? En Inglaterra es perfecto, una Monarquía Constitucional que gracias a la aceptación por el Rey de los valores implícitos en su Constitución no escrita funciona de hecho como una Monarquía Parlamentaria mientras que en todos los países el funcionamiento de la Monarquía Constitucional deja mucho que desear, en España de manera particular. En la época de la Monarquía Constitucional gozamos del mayor número de crisis políticas, del mayor número de elecciones generales, la vida media de un gobierno en la España de la Monarquía Constitucional era de seis meses, eso da una idea de una inestabilidad que no tiene nada que ver con los partidos o con la vida parlamentaria. Las intervenciones de la Corona eran causa, en gran parte, de esa inestabilidad política.

En el campo de la República, uno de los problemas con los que se encontró fue que comenzó siendo una alternativa, una alternativa con la que se encontraron los revolucionarios cuando defenestran al Rey o cuando lo ejecutan. Fue posteriormente cuando la República se formula constitucionalmente, a partir de la posibilidad real de la implantación de la República, cuando comienza la elaboración de un pensamiento republicano. No es que no hubiera discursos republicanos en la literatura antes de esta época, pero evidentemente sin ninguna entidad, sin ninguna posibilidad práctica.

La República llega a los países por la dificultad de armonizar la voluntad de la Corona con la de las Cortes. Éste es el caso español, nosotros llegamos a dos Repúblicas como resultado de una crisis del régimen monárquico reflejada en las diferencias, en la ignorancia de la vida parlamentaria. En un caso, la República del 73, ésta llega por el cansancio de la Corona que considera que no puede ejercer sus poderes constitucionales. Cuando a una Asamblea la institución monárquica le dice que abdica, o cuando uno decide poner en prisión al Rey no queda otra solución que la República. Una República que en cada caso hubo que inventar. La Constitución no promulgada del 73 es una Constitución apresurada, tan apresurada que no fue capaz de construir un sistema viable, contando, asimismo, con que los acontecimientos no dejaron que la República desarrollase sus posibilidades.

La República del 31 proviene, evidentemente, de una muerte anunciada desde el momento en que el Rey había violado la Constitución, no al dar el poder a Primo de Rivera, ni al disolver siquiera la Cortes, porque estaba en sus facultades, pero sí al negarse a convocar Cortes a los tres meses de la disolución. Esto dio lugar a un acontecimiento que Javier Tusell describió intensamente en su biografía de Alfonso XIII. Los presidentes de las dos Cámaras, Romanones y Melquíades Álvarez, piden audiencia al Rey al mes y medio del Golpe, para recordarle lo que la Constitución determina en su artículo 32 por lo que le queda un mes para convocar elecciones. La entrevista debió de ser muy tensa porque conocemos el texto de la carta que le escribió a Romanones, quejándose de los insultos que había recibido incluso acusándole de prevaricación. El gran problema era que la Constitución de 1876 no era ya operativa en 1923. Al caer la Dictadura, la Constitución del 76 ya no es aceptada porque ha sido suspendida, ha sido violada; eso hace que se sienta la necesidad de un cambio de régimen que no puede ser monárquico, porque la Corona ha sido arrastrada por la Dictadura en su caída. Aparece de nuevo como solución forzada la República. La Constitución de la Segunda República es un gran esfuerzo en cuanto al tiempo y en cuanto al contenido, es un proceso constituyente rápido, para lo que eran los usos de la época, e importante en cuanto al contenido, por cuanto en él se plantea una declaración de principios que contiene un capítulo sobre organización nacional, y relativo a los derechos y deberes, en los cuales la República defiende sus conceptos fundamentales sobre familia, economía y cultura.

La solución al conflicto, ya histórico, entre Corona y Cortes se había resuelto finalmente a favor del Parlamentarismo, lo que ocurre en ese momento en que se vuelve a Cádiz, porque lo que se dibujaba en Cádiz era una Monarquía Parlamentaria y la República es parlamentaria por definición. Los nuevos problemas que se plantean ahora es que hay una doble contestación que es la contestación social y la contestación nacional, consecuencia del problema del nacionalismo proveniente del regionalismo. Ésta es la secuencia de las formas de gobierno a las cuales he dado una importancia relativa en función de su vigencia, de su duración.

ÁNGELES LARIOI

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LA MONARQUÍA Y SUS CLASIFICACIÓNES. EL CONCEPTO: NO SÓLO CUESTIÓN DE TÉRMINOS

La Monarquía sobrevivió a la revolución liberal y adoptó formas nuevas que la hicieron viable en el Nuevo Régimen.

La influencia del primer constitucionalismo fue evidente en los momentos revolucionarios que dieron como fruto en Europa las Monarquías de Asamblea o, como Martínez Sospedra denominó a la española, presidencialistas - también a la primera República constitucional 2. El origen común es la corriente de pensamiento que recorre Europa desde la revolución inglesa y los escritos de Locke en el xvii, difundidos por el continente en el XVIII en la versión de Montesquieu, y la interpretación inglesa que de éste hace Blackstone3. La teoría aceptada parecía clara; había que dividir el poder, que había sido de uno solo y limitar al Rey a uno de los poderes, el ejecutivo. La aplicación de esta teoría fue ya más complicada.

En la doctrina y cultura política del momento predominaba la desconfianza hacia el Ejecutivo, residencia del que hasta entonces había sido el único poder. El objetivo primero de toda revolución liberal fue limitarlo. Así sucedió, en primer lugar, en las Trece Colonias al formar su nuevo Estado independiente de Gran Bretaña, y así sucedió también en la Francia revolucionaria unos años después.

De esa forma, cuando se intentó fortalecer el ejecutivo, como paso ineludible que sufrieron todos los procesos revolucionarios, la primera República constitucional cambió el modelo asambleario de la Confederación - con un endeble poder ejecutivo que tenía como única cohesión la del presidente del Congreso renovable anualmente, por el presidencial de la Unión, con un importante incremento del citado poder, con lo que se logró superar el extremo rechazo hacia el mismo por la personalidad y relevancia de su primer presidente, George Washington, quien ascendía a la presidencia con un halo de confianza y respeto por parte de los constituyentes americanos. Éstos eran buenos conocedores de la teoría política inglesa y los conflictos entre autoridad gobernante y soberanía de la nación, especialmente John Adams, Thomas Jefferson y James Madison4. Y es que también allí coincidió la independencia con el predominio, en las interpretaciones más difundidas, del poder legislativo frente al ejecutivo. Ciertamente Washington se esforzó en no actuar «de forma demasiado regia», optando por la fórmula de «Señor Presidente» para dirigirse a su persona, aunque tampoco quiso «actuar de forma demasiado igualitaria» y «prefería hacer una reverencia a sus invitados en vez de darles la mano»5.

Pero mientras la República pudo sortear los problemas más temidos: el despotismo y la acumulación de poder; la Monarquía no podía incrementar fácilmente el poder del ejecutivo, del que era titular, sin caer en el peligro de un retorno al Antiguo Régimen; si quería ser constitucional no podría ir por ese camino. La incompatibilidad de Presidencialismo y Monarquía constitucional' hizo que todas las miradas se volvieran a lo que venía funcionando suficientemente bien en Inglaterra, y que Burke ya había definido como gobierno de gabinete: el Gobierno parlamentario o de ejecutivo dual.

Así es que para la Monarquía también había un medio de incrementar el ejecutivo sin incurrir en la concentración de poder, tal y como demostró la práctica inglesa con su Monarquía constitucional funcionando desde el xvii y capaz de sortear los peligros revolucionarios. Lo fue mostrando también la teoría surgida durante la Revolución francesa, sobre todo a través del republicano Constant, quien mientras buscaba un modelo de República para Europa fue descubriendo «las ventajas de la monarquía», pues diseñaba ya un Gobierno parlamentario en el que necesitaba un «Poder neutro». Esa necesidad suprapartidista que tan bien podía simbolizar el Rey y que representó adecuadamente Washington fue sentida asimismo por algunos constituyentes hispanoamericanos y puesta en práctica durante algún tiempo en el presidencialismo chileno de Diego Portales que en la Constitución de 1833 diseñó una presidencia abstracta e impersonal, sustituyendo el símbolo del Rey por la religión del gobierno fuerte, la patria y la unidad nacional, lo que ya no se pudo mantener tras el desarrollo del gobierno por partidos la gran dificultad del poder moderador en una República 7. Esa misma necesidad explica la permanencia de la Monarquía en los momentos revolucionarios, aun con formas republicanas. Y es que el republicanismo clásico, además de no estar previsto para grandes Estados, no era necesariamente antimonárquico, y, aún más, se entendía que una República bien constituida necesitaba un componente monárquico, unitario'.

Por tanto, lo que se pudo resolver fácilmente en la primera República Constitucional, en la Monarquía requirió un cambio más profundo en el modelo político, lo que nunca dejó de ocasionar problemas teóricos, sobre todo en los países que, como España, sufrieron una multiplicidad de procesos constituyentes a lo largo del xix. Ese cambio de modelo implicó, como se viene diciendo, introducir desde Inglaterra el Gobierno de gabinete, el régimen parlamentario que los franceses mejor que nadie teorizaron y que en su formación, durante el siglo xix, adoptó la forma «empírica» o «clásica», que lo distingue del parlamentarismo racionalizado del siglo xx; es lo que Pierre Rosanvallon denomina el «momento inglés» - que sustituiría al «momento jacobino» - cuando explica la Monarquía francesa de las Cartas9. De ahí que sea determi nante la existencia de la Monarquía en Europa para entender el diseño político que pervive hasta hoy día, el parlamentario.

Esta importancia decisiva de la Monarquía en la conformación constitucional de Europa se inicia con las primeras Constituciones, en las que no es que se rechace el modelo americano, con su República federal, es que no se tiene en cuenta; primero porque la idea de República en la época, que había recogido Montesquieu, es que sólo funciona en Estados pequeños, casi como democracia directa; segundo porque en el caso de las 13 colonias hay República porque no tienen Rey: es una carencia; tercero, porque que sea Federal es la consecuencia lógica de esa carencia, de la misma República. En Europa, la de los grandes y antiguos Estados, tienen que diseñar algo diferente que sirva para constitucionalizar la Monarquía, y de ahí surgió, tras los fracasos de primera hora, el parlamentarismo. Además, recuerda Blanco Valdés, en las Monarquías europeas había que unificar los ordenamientos jurídicos, por lo que la Constitución se convirtió en el fundamento mismo de la construcción de la Nación10.

Por eso, antes de seguir hay que dejar constancia del conflicto terminológico que existe en nuestra historiografia al estudiar el liberalismo y la Monarquía del siglo xix. Hasta hace muy poco tiempo, entre los historiadores no se abordaba con claridad el modelo político-constitucional de referencia a la hora de analizar aquella época. Los términos de «Monarquía doctrinaria» o «Monarquía constitucional» eran los exclusivos en nuestra historiografia, y «doctrinaria» se asociaba a «constitucional», e implicaba un modelo contrapuesto al parlamentario. Y ahí llegan los problemas para el analista de la Monarquía del siglo xix.

En los estudios comparados, en el resto de historiografias y en los análisis de los politólogos y constitucionalistas, «parlamentario» está asociado inextricablemente con el gobierno de gabinete, un gobierno que saliendo de las Cortes es nombrado por el Rey y ante ambas instancias es responsable - el momento inglés ; está asociado a la confluencia de poderes frente a la primera radical separación - el momento jacobino-. Cierto que en su infancia, en el xix, el régimen parlamentario, aunque posibilitado por correcciones en algunos artículos clave de la Constitución y en los Reglamentos de las Cortes, funcionó y se desarrolló mediante convenciones en la práctica política; de ahí el calificativo de «empírico» a ese primer desarrollo o momento clásico del parlamentarismo.

La importancia de esta precisión de conceptos es que, si convenimos en que en España el modelo establecido a la muerte de Fernando VII era el régimen parlamentario - como efectivamente lo era - y a la Monarquía diseñada por ese modelo la calificamos no sólo genéricamente de Constitucional - que todas las Monarquías liberales y democráticas lo son sino de Monarquía Constitucional de Gobierno parlamentario, con todo lo que significa, disponemos de las herramientas necesarias para analizar comparativamente nuestro liberalismo de acuerdo con los patrones establecidos por ese modelo en las demás Monarquías del continente, con la excepción del ámbito alemán. Partiendo de esa premisa, del camino abierto hacia la plena parlamentarización, podemos analizar los fallos y tergiversaciones del régimen - o sus logros-, en términos de teoría y convenciones admitidas y práctica efectivamente llevada a cabo. Ésa es la importancia de manejar con precisión y acuerdo los conceptos; acuerdo con otras ciencias, como las políticas, la historia constitucional y con otras historiografias. Y ese acuerdo quizá sólo pueda llegar con la recuperación del sentido histórico del propio concepto, del sentido original con el que se manejó en la época analizada. Es el medio más directo para conocer la verdadera dimensión y significado de las incorporaciones teóricas y prácticas que se fueron haciendo en el transcurso de nuestro liberalismo. Aún más, hay que perseguir la evolución histórica del propio concepto, de la propia idea que de la Monarquía Constitucional o del Gobierno parlamentario tenían sus usuarios, para ajustar en cada momento su adecuación a la práctica política. No en vano estamos en pleno resurgimiento de la corriente historiográfica que destaca la necesidad de incidir en la «historia de los conceptos», en la relación entre el cambio conceptual y las transformaciones factuales".

Sirva como ejemplo que el mismo diseño y el término con que se la califica de la Monarquía «puramente» Constitucional alemana se hizo partiendo del rechazo a la Monarquía Constitucional de Gobierno parlamentario que implicaba la introducción en el Continente, a través de la Carta de 1814 en Francia, del modelo inglés de Gobierno de gabinete12. Y fue precisamente la influyente teoría del Estado y de la Monarquía Constitucional alemana la que introdujo en España esa «confusión terminológica» que varios especialistas en historia constitucional hace tiempo que han señalado. Pero ese modelo alemán, la que se consideró Monarquía puramente constitucional - que con el régimen presidencialista sostenía la separación estricta de poderes, a pesar de ciertas interpretaciones actuales13, no tenía salida parlamentaria y la historia ha demostrado que la Monarquía o es parlamentaria o no puede coexistir con la Democracia.

En resumen, en el xix se reconocen tres modelos de Monarquía constitucional: la de Asamblea, con separación estricta de poderes y predominio del legislativo en los momentos revolucionarios; la «puramente» constitucional, o alemana, con separación estricta de poderes y predominio del Rey, y finalmente, la de Gobierno parlamentario, con confluencia de poderes en el gobierno que nombrado por el Rey debe corresponder a la mayoría existente en las Cortes y ser ante ellas responsable14. Sólo esta última sobrevivió en el Liberalismo y pudo adaptarse a la Democracia, y ha llegado hasta hoy día a través de su plena parlamentarización. Fue ese modelo monárquico el que acabó influyendo decisivamente en la conformación constitucional europea, incluso cuando se prescindió de la Monarquía.

LA MONARQUÍA Y LA REVOLUCIÓN LIBERAL

Limitar al único poder hasta entonces, el Rey, a uno de los poderes, el ejecutivo, es lo que trataron de hacer las revoluciones liberales. Y el primer modelo aplicado para ello fue el revolucionario, la Monarquía de Asamblea.

En este modelo, y al lado del Rey, de modo preeminente se colocó la Asamblea, la representación de la sociedad que detentaría el poder legislativo, y mucho más, puesto que en la primera hora revolucionaria, en Cádiz, se separaron los poderes radicalmente, siguiendo las doctrinas políticas dominantes en esas fechas, por la desconfianza que provocaba el ejecutivo, hasta entonces todopoderoso, y que era necesario mantener alejado de toda presencia e influencia en el cuerpo representativos. Ello implicó la incompatibilidad entre Secretario del Rey o empleado del gobierno y Diputado para no exten der «las facultades del gobierno»16. Con el tiempo algunos de sus constituyentes, especialmente Argüelles, dirán que las circunstancias impelían a cometer el error de limitar exageradamente los poderes del Rey; en parte por inexperiencia, y en parte por imperativo de la situación, en referencia a la desconfianza absoluta hacia el ejecutivo en el momento revolucionario. Esta desconfianza obligó al poder ejecutivo a residir en el lugar del «Congreso nacional», añadiéndose que «no podrán pernoctar fuera del lugar de su residencia sin conocimiento de las Cortes, y ninguno de ellos podrá ausentarse sin licencia expresa de ellas»17.

De acuerdo al principio de la soberanía nacional, la Asamblea tomó los títulos que hasta entonces correspondían al Rey; así, nada más reunirse, por el Decreto citado se otorgó a las Cortes el tratamiento de Majestad y al poder ejecutivo «durante la ausencia de Fernando VII» el de «Alteza». Los regentes tenían tratamiento de Excelencia, y cobraban menos que los Secretarios de Despacho. En estos momentos fue determinante la ausencia del Rey, pues nunca se le pretendió igualar la posición del Consejo de Regencia, y sólo se le otorgaron honores de Infante de España. En el mismo sentido se produjeron los acontecimientos en Francia en 1791, cuando la posición del Rey, hasta el día anterior soberano, quedaba a la misma altura literalmente hablando, que el presidente de la Asamblea, quitándole a la par el tratamiento de Sire y de Majestad`

En este primer momento constitucional a nadie se le ocurrió hablar de soberanía compartida - sí a Jovellanos en la Junta Central que buscó la Constitución histórica-. Tampoco se habló de responsabilidad política de unos secretarios que lo eran del Despacho del Rey, y que, por tanto, no podían sentarse en las Cortes a las que inevitablemente intentarían coartar. Lo principal era alejar el peligro de la intromisión del ejecutivo. Ni por asomo se pensó en dar al Rey poder sobre la vida de las Cortes, y mucho menos capacidad de disolverlas`.

Pero, al contrario que un Presidente electo en una nueva República, la Monarquía no podía convivir con este primer modelo revolucionario, como demostró la propia historia francesa y española, especialmente en el Trienio, la única ocasión que tuvo este modelo de aplicarse con el Rey presente. En el país vecino se cortó la cabeza al Rey, en el nuestro, se acabó con la Asamblea y se volvió por dos veces a la Monarquía absoluta.

La recriminación de Flórez Estrada a Fernando VII por ello no fue pequeña: «¡Y será creíble que a unos hombres, a quienes dos veces V. M. debía el trono, gratuitamente concedido y heroicamente conquistado, sin más motivo que el de haberlo constituido tal como lo tiene el monarca más poderoso y feliz, se les haya condenado a las penas más infames, dictadas por aquellos mismos que habían vendido la Nación... !»20

LA MONARQUÍA Y EL ASCENSO DEL EJECUTIVO. EL NUEVO MODELO CONSTITUCIONAL

En la Monarquía se tuvo que crear «otro ejecutivo», el elegible, para poder incrementar éste sin caer de nuevo en la Monarquía Absoluta.

En el desarrollo del poder ejecutivo que sufrieron todos los procesos revolucionarios21, también en el caso español fue decisivo el simple conocimiento de la práctica política en Inglaterra y el cambio en el mismo sentido en Francia desde las Cartas de 1814 y 1830, así como la Constitución belga de 1831 (coincidiendo con los dos exilios españoles) y, desde luego, los nuevos diseños políticos de Constant, la difusión de la interpretación de Burke del sistema inglés y el predominio del utilitarismo de Bentham22.

Dar el paso no fue sencillo, pues se debió avanzar e incluso saltar sobre la teoría admitida hasta entonces, sobre todo en cuanto a la estricta separación de poderes. El medio fue hacer «otro ejecutivo», el activo, al lado del Rey, el dignificado. Ese «otro ejecutivo» fue el gobierno, la parte variable y por tanto controlable del ejecutivo que, si bien dependía del titular del poder, debía salir de las Cortes. De este modo ya no era tan peligroso incrementar el poder ejecutivo en una Monarquía Constitucional23.

Este incremento se haría, en la Constitución, allí donde había sitio para hablar del poder ejecutivo, en el ámbito de la Corona, pero, en la práctica, quedaría transferido ese poder al «otro ejecutivo», al activo, al Consejo de Ministros pasando el Rey, de hecho a un cuarto poder. Éste era el espíritu y la realidad de un sistema que permitía desarrollar el Gobierno constitucional con una Monarquía. Realmente podemos decir que se quiso establecer bajo la forma monárquica un ejecutivo republicano, con igual legitimidad que el legislativo.

El punto de inflexión para la implantación de este modelo estuvo en el momento de la Restauración europea, cuando en Francia se asiste en 1814 a «una reinvención de un modelo de ambigua cosoberanía» para establecer dos poderes iguales y evitar la preponderancia de cualquiera de ellos: se trataba de conjugar autoridad tradicional y libertad, convirtiéndose la «Francia post-revolucionaria (en) un laboratorio extraordinario de ideas y de categorías imprescindibles para la formación del universo ideológico contemporáneo»24. El constitucionalismo europeo evolucionó entonces hacia una ambigüedad exigida por la presencia de una autoridad tradicional - el principio monárquico - en el sistema constitucional fruto de la lucha revolucionaria y el liberalismo. Aquél representaba el orden y la unidad de acción, mientras que éstos eran la lucha constante, el avance imparable. Eran dos términos que no estaban destinados a encontrarse con fluidez, y la práctica política fruto de ese encuentro representa la variada historia de los procesos liberales nacionales.

Así es que los constituyentes posrevolucionarios tuvieron que acoplar la Constitución a la Historia, produciéndose una dicotomía dificil de conjugar entre Constitución racional y Constitución histórica25; el propio Constant reconoce esa necesidad y establece la historia como fundamento de la teoría política. Pero el peso de la historia hace más liviana la presencia de la teoría, de los principios absolutos que enlazan con la democracia, como el de soberanía nacional, principio que se quiere neutralizar. En España se habla de disminuir el peso de la filosofia política y atender más al hecho mismo del ejercicio de la soberanía, del gobierno cotidiano. En ese campo los liberales dominaban, pues en el Gobierno parlamentario intervenían tanto el Rey como las Cortes, poniéndose en práctica la «soberanía fraccionada» inglesa. Por ello decía Guizot en 1830 que «el principio que ha presidido nuestra revolución no debe presidir nuestro gobierno»: sirvió el principio para llegar, pero no para continuar, había que parar ahí y comenzar a construir, a gobernar26. Se empezó a ver en la soberanía nacional el instrumento de todas las revoluciones, y temieron por su permanencia frente a las tendencias sociales y democráticas.

En esta ocasión conviene mencionar sólo brevemente los cambios consecuentes en el modelo político. Es básico el robustecimiento de los poderes de la Corona (base de la reforma constitucional de 1812 en 1837 en España) que ahora sí interviene en la vida de las Cortes con la disolución, suspensión y convocatoria, que sigue interviniendo en la legislación con la sanción o incluso el veto. La Asamblea única se sustituye por un sistema bicameral; el sufragio pasa a ser directo y censitario; los antiguos secretarios del Rey, ahora ministros del Rey, tienen asiento en el órgano representativo y, aún más, pasan a ser ante él responsables, aunque todavía lo recojan únicamente los reglamentos de las Cámaras. En definitiva, el cambio básico es la parlamentarización de la Monarquía que se introdujo por vía práctica, la denominada forma empírica o clásica del régimen parlamentario. Por eso Guizot decía que la Carta de 1814 fue la obra de la necesidad y de la razón del tiempo. Por eso, también en España se justifica este modelo «aunque no esté escrito en ninguna Constitución», porque es un principio admitido por los mejores publicistas y acatado en los países en que no se ha falseado y adulterado el gobierno representativo'.

Éste fue el momento en que ya había pasado la desconfianza hacia el ejecutivo y había comenzado el temor hacia el excesivo dominio del legislativo, máxime cuando tras 1848 parecía imparable el avance hacia la democracia y el socialismo. Es el momento y el modo en que en una Monarquía Constitucional se pudo incrementar el poder del ejecutivo para imponer orden y estabilidad. En España, además, la Monarquía fue sostenida por los liberales frente a los carlistas, y la unión entre Corona y Constitución parecía indestructible. El nivel y los límites de ese incremento del ejecutivo y del temor hacia el legislativo dan el tono a los diferentes procesos nacionales.

PROBLEMAS Y PRÁCTICA DE ESTE MODELO POSREVOLUCIONARIO

Conjugar ese principio de soberanía nacional con la práctica de la soberanía fraccionada será el gran problema del modelo

El primer problema es la existencia de una diferencia básica entre el modelo inglés y el posrevolucionario del continente. Mientras que el modelo inglés se basa en la soberanía fraccionada de las tres formas puras del Estado: democracia, aristocracia y monarquía (Cámara Baja, Alta y Rey), el modelo posrevolucionario no puede evitar el predominio racionalista, es decir, el concepto de soberanía «absoluta», la nacional. Conjugar ese principio de soberanía nacional con la práctica de la soberanía fraccionada será el gran problema del modelo. Y eso se reflejará en toda nuestra lucha política del xlx, entre Progresistas y Moderados, produciéndose conflictos que tienen a veces más que ver con un principio filosófico sin trascendencia práctica inmediata, que con reivindicaciones que afecten a los gobernados directamente, y es que se originan por la propia confusión del modelo, por el dificil encaje entre la razón y la necesidad.

España, como la Francia monárquica, sufrieron profundamente ese conflicto. En Francia los políticos más relevantes de la monarquía abrieron el camino a la aplicación de este modelo: Thiers (la mano izquierda de Luis Felipe) introdujo de hecho un principio no escrito pero básico del mismo: la dependencia ante las Cámaras del propio Rey al escoger a sus ministros para que la Administración tuviera el apoyo de las Cortes: una cuestión práctica que pasó a ser principio-. Lo hizo cuando bajo Carlos X se devaluó el sistema representativo; entonces Thiers escribió en Le National en enero de 1830 que la Monarquía Parlamentaria era aquella en la que la mayoría debe poder prevalecer contra el Ministerio, que todavía tenía un principio de responsabilidad poco definido. Así los diarios y la tribuna difundieron en esos momentos reivindicaciones parlamentarias. La revolución de 1830 en Francia se presentó como una respuesta legítima a una «insurrección del poder», con el objetivo de restablecer el orden legal. Significativamente el grito fue «Vive la Charte! »; propuso como paradigma la Gloriosa Revolución inglesa de 1688, en el sentido de restaurar antiguas libertades violadas; para ello buscó que el príncipe ofreciera garantías políticas y constitucionales lo más próximo posible al monarca depuesto: Luis Felipe era primo de Carlos X y, por tanto, Borbón. Se consiguió así la casi legitimidad para mantener una monárquica ajena al voto popular23. Para compensar, Guizot (la mano derecha de Luis Felipe) nos ilustró en 1842 sobre el funcionamiento mismo del Gobierno parlamentario en la época; sostuvo que «los tres poderes constitucionales (Cámara Baja, Senado y Rey) somos los únicos órganos legítimos y regulares de la soberanía nacional»29.

En España, siguiendo la misma corriente, Vicente Sancho, quien dominó la comisión constituyente del 37, impuso su lema de «un Rey, una Asamblea y un Senado igualmente fuertes». Olózaga en esa coyuntura justificó el término de veto absoluto - que tanto temía Argüelles, por la necesidad de introducir la «soberanía a la inglesa» - la de los poderes constituidos, aceptando el reparto del ejercicio de la soberanía, aunque no su origen, como dirían en el Bienio. Así es que la Monarquía quedó asociada a la estabilidad posrevolucionaria y al Gobierno parlamentario. En los 50 se dijo que «el Trono constitucional» era el sistema político europeo, y lo mismo se pensaba en Francia, donde «le régime parlementaire (est assimilé) au systéme monarchique» por los mismos revolucionarios de 1848, que, consecuentemente, buscaron la alternativa en el modelo presidencialista americano al establecer la Segunda República3o

Para el sostenimiento y defensa de la Monarquía, no era baladí, y así se recordaba, que los países más adelantados de la época lo eran. Y en el Bienio o en el Sexenio, como se puede ver en este volumen, se defendió el mantenimiento de la Monarquía, no atreviéndose siquiera los demócratas en los 50 a calificarse de republicanos - excepto Orense en las Cortes. Se reconoció por un antiguo socialista radical - según advertía el mismo Orense - la necesidad de la Monarquía para frenar el constante avance del proceso constitucional tomando como base la soberanía nacional. Muchos progresistas, además, eran monárquicos incondicionales desde que a la muerte de Fernando VII, recordaba Prim, lucharon al lado de la Monarquía liberal frente a los carlistas, y se considera que por esa razón tardó mucho tiempo en oírse la palabra República. Hay que señalar que, de todos modos, ya en los cincuenta algunos demócratas se atreven a señalar que la Monarquía había cumplido su función en la transición del Antiguo al Nuevo Régimen.

En esa defensa de la Monarquía como estabilizadora de la revolución y el dificil anclaje en la misma de la soberanía nacional que exigía procesos constituyentes abiertos, se encontró finalmente el mayor problema de este modelo. Éste se materializó en el desacuerdo entre moderados y progresistas en torno a la soberanía compartida, que los primeros querían establecer como principio que afectara incluso a la formación de la Constitución, y los segundos sólo querían como práctica de gobierno (el propio Olózaga dijo en 1855 que una cosa era el principio y otra la aplicación)31

LA EVOLUCIÓN DEL MODELO EN ESPAÑA

La extensión de las facultades del ejecutivo se produce en España en el tránsito de la Constitución gaditana a la de 1837, pasando por la experiencia del radicalismo liberal del Trienio, en el que la lucha de los conservadores fue corregir el código del 12 - sobre todo con la segunda Cámara, reconociéndose en 1837 que fue el eje de todos los conflictos políticos de esa época, pero sin tener claramente establecido un proyecto político alternativo, pues, en la lógica del momento, se balanceaban las propuestas entre el modelo asambleario de los radicales, y el presidencialista de los reformistas doceañistas, incorporando unos y otros, a veces indistintamente, mecanismos propios del Gobierno parlamentario32. Con el Estatuto, tras la muerte de Fernando VII, se convocaron Cortes organizadas ya bajo el criterio parlamentario, sin necesidad de establecer abiertamente los demás poderes y con influjo directo inglés - se introdujo el bicameralismo y la compatibilidad de ministro y diputado-33. Pero pronto, ante las exigencias manifestadas en los dos años siguientes, se constituyó por fin plenamente en la nueva dirección establecida por el Estatuto pues sólo se restableció la Constitución de 1812 para reformarla.

Surgió así la Constitución por excelencia del liberalismo posrevolucionario, la de 1837, que no era de partido y que podía haber servido sin modificación alguna para llegar a la plena parlamentarización propia de los sistemas democráticos. Con ella se ratificó el bicameralismo y se robusteció decisivamente el ejecutivo, aunque para algunos todavía no fuera suficiente, como se vio en 184534

Una de las consecuencias más ilustrativas del final de la época revolucionaria fue que tras la muerte de Fernando VII ya no había más que nación constituida, pues el Rey pasó a intervenir en todo proceso legal, incluida la reforma constitucional en potencia, ya que no se estableció método especial para ella y a pesar de la interpretación que hizo a posteriori Olózaga, en el sentido de que el preámbulo de 1837 garantizaba la autonomía constituyente de la nación. El mismo Argüelles rechazó abiertamente cualquier fórmula revisora. Pero no le gustaba el término de veto absoluto, «propio para sobrecoger el ánimo de los que oyen»; por eso prefirió distinguir entre sanción libre o limitada. Olózaga, sin ningún miedo al término, vimos que lo justificó «para introducir la soberanía a la inglesa», aclarando que se quiso introducir el veto absoluto «aunque la comisión no había empleado esta palabra por no ser ni castellana, ni tampoco legal» 3s Algunos, como Fermín Caballero o Joaquín María López, vieron en todo ello la anulación en la práctica del principio de la soberanía nacional36.

Pero la obsesión por el reforzamiento del ejecutivo en España, en detrimento del poder parlamentario, se materializó en la ruptura constitucional, en la ruptura del pacto que había significado la Constitución del 37 iniciándose el constitucionalismo de partido, con la Constitución de 1845, especialmente en el contexto del fin de la guerra carlista y del trasvase de buena parte de este ideario al Partido Moderado, y ya dentro de una «salvaje lucha de partidos» 37.

Se exacerbó así la lucha doctrinal, mermándose las posibilidades de progreso pacífico; «quiero un freno que sujete para siempre a los partidos», dijo la comisión; es decir, se quería controlar al Partido Progresista que no parecía ya tan necesario, y con él el principio considerado peligroso aunque inevitable de la soberanía nacional; y se quería hacerlo utilizando a la Corona frente a las Cortes, que se retrotraía así casi a un proyecto absolutista. Se justificó, entre otras cosas, por la imposición y humillación que supuso para el Trono la sublevación de la Granja, que habría colocado, igual que en 1812, al poder real por debajo del poder legislativo, lo que había que corregir al llegar la mayoría de edad de la Reina38.

Incluso los propios moderados advertían contra el uso de la Corona en esta feroz lucha, pues nada ganaba para ella y podía perderlo todo, insistiéndose, ahora sí con más fuerza, en que la reforma no fortalecía al poder real sino al ministerial, como tronaba Orense, que habló de las «prerrogativas del Ministerio», recordando Romero Giner que ni siquiera a través de la reforma del Senado salía beneficiado el Trono. El argumento de los que se oponían a esta reforma fue siempre y reiteradamente la absoluta falta de necesidad de llevarla a cabo, advirtiendo Blanco que, al estar ya los principios moderados recogidos en la de 1837, habría bastado con su desarrollo en leyes orgánicas39.

Imperó tras esas fechas una política del miedo a la sublevación o avance social - «junta Central significa Convención», decía Martínez de la Rosa en 1844 40; temor que fue creciendo con el tiempo y el auge de los principios democráticos tras el 48. Por eso, tanto en el Bienio como en la revolución de Septiembre, se cerraron filas en tomo a la Monarquía, y lo hicieron los propios progresistas, e incluso parte de los demócratas personificados en el Sexenio en Rivero.

Los progresistas desde el Bienio como mínimo pero con la tendencia marcada desde el 37 habían ido cerrándose el camino con una política de temor a lo social y a los avances democráticos que los inclinaban hasta confundirlos con los moderados. Más tarde Castelar criticó a Olózaga por haber impreso esta orientación al partido y haber impedido con ello el avance natural hacia la democracia41. Desde esas fechas, se colocó abiertamente a la Monarquía como freno de la democracia; se la pensó más que nunca sinónimo de liberalismo y unidad, y antónimo de democracia y federalismo, y no sólo en España42, triunfando en esencia la Unión Liberal que, si como partido único tuvo corta vida, como tendencia dominó toda la época y se materializó en la Restauración con el pacto para el turno pacífico entre Conservadores y Liberales.

En el Sexenio se siguió defendiendo como «correctivo», que decía Cánovas - que sobrepasó con creces a Ríos Rosas en su moderantismo-43, como una transacción de los demócratas («¿qué importa la forma de gobierno?»), que decía Moret. Cirilo Álvarez la veía como una «institución y símbolos necesarios»; otros, simplemente, como necesidad frente al ideal republicano que decía Calavia44. Más tarde Sardoal dijo que la Constitución de 1869 fue «para la Nación española» y no «para la Monarquía ni para la República», justificando su monarquismo en la coyuntura histórica en la que tenía «mayor garantía... la forma monárquica.. .»45. Pero lo cierto es que lo primero que se hizo, tras triunfar la revolución, fue declarar la situación monárquica, como el primer y más eficaz remedio a los temidos excesos, a pesar de manifestarse las fuerzas revolucionarias contra Isabel II y su dinastía; no se pronunciaron a favor de una forma de gobierno, y no se llegó a cuestionar este pacto de silencio por los pronunciados ni por las Juntas revolucionarias. El triunfo definitivo llegó cuando el jefe demócrata Rivero aceptó el Gobierno monárquico pactado en Cádiz y la formación del mismo por Serrano que acabó componiéndose únicamente de unionistas y progresistas. Se rompía así la coalición revolucionaria con los demócratas, que acabaron siendo, como en el Bienio, los «ilotas» de la situación46. Fue ése el momento en que ya los demócratas se dividieron entre los que aceptaron la Monarquía decididamente, los denominados «cimbrios» y los que crearon, por fin, un partido denominado republicano, el Republicano Demócrata Federal, cuyos tres términos nos ilustra sobre la idea de República en la época aunque no responda a una única cultura política, como se demostró en poco tiempo con la diferenciación de varios partidos47.

Este proceso de bloqueo a la revolución, de blindaje de la Monarquía, culminó con la Restauración, cuando se estableció como indiscutible la forma de gobierno; sencillamente la Monarquía no se puso a discusión: «absteneos de juzgar sobre lo que no es de vuestra competencia... discutid todo lo mudable», decía la Comisión al presentar al Congreso el proyecto de Constitución, a los que eran «representación pasajera, aunque legítima, de nuestro pueblo» pero que no eran «la raza española», no eran «su historia... ni la España que pasó ni la que ha de venir» - de este modo se establecía lo que se consideraba Constitución histórica 48. Se les recordó que no eran un poder constituyente sino constituido, «funcionando ya dentro de su órbita legítima todos los Poderes legales», conformado ya «el régimen monárquico-parlamentario en el que felizmente se armonizan la tradición y el progreso, la autoridad y la libertad». A pesar de todo, se necesitó una votación para aprobar más bien legalizar que no se discutiera la Monarquía, a lo que sacó lógica punta el marqués de Sardoal al preguntar que, si no fuera discutible la forma de gobierno, «¿tendríais necesidad de venir a pedirnos permiso para que no se discutiera?»49.

Cánovas quiso legitimar de un modo particular el proceso, al reunir una Asamblea con legisladores de todas las Cámaras desde 1845, que presentó como «depositaria de las tradiciones y enseñanzas de nuestra historia constitucional», aunque insistiendo en que «sin mandato alguno entonces». Se partía de la poca variedad entre las Constituciones monárquicas, «cifrándose sólo las diferencias en unas cuantas proposiciones o principios cardinales» que no afectaban a la forma de gobierno, que «por espontánea y unánime aclamación» era la Monarquía. Se justificó por ello que no se volviera sobre los aspectos consensuados históricamente, y que no se organizaran de nuevo los poderes que ya «se han discutido muchas veces al formar los diversos Códigos políticos que desde 1812 se han sometido al voto de todas las Asambleas», pues «nadie que sinceramente sea monárquico constitucional discute en España, ni pone en duda, mucho tiempo hace, los atributos esenciales de la Monarquía hereditaria»50.

Se consideró que «la verdadera novedad que en nuestras tradiciones parlamentarias ofrece el proyecto» se refería únicamente al título primero que recogía los derechos, y el título tercero que conformaba el Senados'; sería lo único que merecía la pena discutir. Se reconoció ahora abiertamente que se trataba de defender «los intereses permanentes de la sociedad» frente a las «oleadas revolucionarias», a la vez que «facilitar el turno pacífico y regular de los partidos en el mando»52. Unos días después de presentado el proyecto por el gobierno, la comisión nombrada para examinarlo, presidida por Alonso Martínez y con Francisco Silvela como secretario, propuso una resolución previa con un único artículo que declaraba aprobados «y sin otra discusión» los títulos referidos al Rey y sus ministros, el de la sucesión de la Corona y el de la menor edad del Rey y la Regencia; lo hizo «teniendo en cuenta las razones por (el gobierno) expuestas en el preámbulo del referido proyecto de Constitución, y considerando «que la Monarquía Constitucional funciona hoy ya legítimamente en España, con todos sus atributos esenciales»; y, efectivamente, el proyecto que pasó a considerar la comisión ya no incluía los tres títulos referidosss

Entendía Cánovas que lo que en ese momento dividía a los partidos era la lucha entre el individualismo y el socialismo, y lo que se trataba de hacer era «hallar una síntesis feliz que armonice el derecho del individuo con el de la sociedad». Por ello el tema Monarquía/ República estaba fuera de la discusión política, al menos de la que él estaba dispuesto a sostener, repitiendo que la Monarquía y el Gobierno parlamentario son «las únicas cosas esenciales para mí en la política»54. El sentido de esa Monarquía indiscutible lo denuncia el que tan temprano como en la discusión de la Constitución surgiera ya la acusación, que se agudizó en momentos de crisis, de que «la inviolabilidad del Monarca está sirviendo de escudo a las responsabilidades de los Ministros»55. Y es que lo que sí se preveía, en línea con lo sucedido desde la muerte de Fernando VII de reforzamiento del ejecutivo, era que se «afirmara la autoridad del Rey y de su Gobierno responsable», y sin discusión tanta como había provocado ya desde 1837. Pidal y Mon calificó este acontecimiento de «feliz inconsecuencia del Gobierno», y habló de «doctrinarismo vergonzante» 56

Incluso la oposición, en la persona del marqués de Sardoal, reconocía lógicos los poderes que este sistema daba al Jefe del Estado, incluido el veto «que se le reconoce al Presidente de la República de los Estados Unidos». La diferencia es que no quieren confundir, siguiendo la tendencia descrita, el hecho de compartir los poderes con la soberanía nacional compartida; no confunden, utilitariamente, el ejercicio del poder constituido con el origen del poder: «¿Cómo el poder constituido puede ser poder constituyente?» 57. Vemos, pues, que, durante la Restauración, se mantenía el problema típico de este modelo, que era hacer convivir la teoría de la soberanía nacional, como poder constituyente, con la práctica de la soberanía compartida en los poderes constituidos, sobre todo porque esa práctica se quiso elevar por los conservadores al grado de principio político, sorteando la característica básica de la revolución liberal, lo que no podían aceptar públicamente los más avanzados.

El miedo de Cánovas a la «democracia mal entendida», a la deriva socialista, impidió un paulatino desarrollo de esta Monarquía liberal hacia la democracia, pues, cuando Sagasta introdujo las reformas democráticas, tras la prematura muerte de Alfonso XII y el pacto consiguiente, éstas no se llevaron a cabo con las garantías necesarias para su correcto desenvolvimiento. De nuevo la defensa del modelo de sociedad se puso por encima de la propia Monarquía que tanto se decía defender. Por eso en el cambio de siglo se buscó al Rey para que regenerara la política, papel que le correspondió ejercer a Alfonso XIII, con la consecuencia final de la caída de la Monarquía liberales

LA MONARQUÍA DEMOCRÁTICA COMO «MOTOR DEL CAMBIO» Y «BISAGRA» ENTRE EL ESTADO Y LA SOCIEDAD

La Monarquía democrática llegó finalmente tras una corta pero intensa República, una dramática guerra civil y una larga dictadura, y a través de un proceso de transición que fue visto como modélico, auque no fuera perfecto 59

Frente a los deseos de la dictadura - que preparó otro modelo monárquico-60, la Monarquía venía a enlazar con el pasado liberal en una especie de símbolo de paz donde no estuvieran representados ni vencedores ni vencidos, un retorno a lo anterior al desen lace final del conflicto, tomando formas históricas para reconstruir el inevitable entramado democrático que se inició con la Segunda República y haciendo bueno lo que decían los demócratas en el Bienio; esto es, que la democracia era lo fundamental, lo imperecedero frente a la eventualidad de las formas de gobierno. De alguna forma también triunfaron, al menos en parte, aquellos liberales de ascendencia krausista que desde la segunda mitad del xix defendieron la «virtud» republicana y, progresivamente, la construcción de un Estado social de Derecho, de un «Nuevo Liberalismo» o Liberalismo social, ante lo cual la forma de gobierno era accidental61

Efectivamente, predominó en la Transición un espíritu de indiferencia ante las formas de gobierno, primando el deseo de democracia62. Por su parte, y por diversas razones, de nuevo la Monarquía se presentó como el mejor instrumento para practicar el parlamentarismo, al ejercer la Corona el «arbitraje del diálogo» que caracteriza el Gobierno parlamentario63, en línea con el origen del Gobierno parlamentario y su deuda indiscutible con la existencia de la Monarquía. No se olvida recordar en esta época su larga historia y su carácter de símbolo del patrimonio histórico64. Pero la Monarquía sirvió también, incluso para los más reacios, como Ezquerra de Cataluña o la izquierda nacionalista vasca, para buscar en la Monarquía histórica el símbolo de la «unión» y la «solidaridad» de los «pueblos de España» 65

La UCD, a través de Herrero de Miñón, consideró a la Monarquía «el motor que ha permitido la pacífica instauración de la democracia, y es hoy, en nuestra peripecia actual, el más poderoso estrato protector de la misma»66. Santiago Carrillo, por el Partido Comunista dijo que el Rey «ha desempeñado el papel de bisagra entre el aparato del Estado... y las profundas aspiraciones democráticas de la sociedad civil», que de otro modo «hubieran chocado». Recordó la accidentalidad histórica de su partido ante las formas de gobierno, explicando su lucha contra la Monarquía en los años 20 porque «la Monarquía conculcó la Constitución... los comunistas, que no habíamos hecho nunca de la forma política el objetivo esencial de nuestra lucha... llegamos a la conclusión que... no quedaba más opción que reemplazarla por la República»; para volver más tarde, en los años de la dictadura franquista, cuando el objetivo fue «la política de reconciliación nacional», a obviar la forma de gobierno para luchar por la democracia. Pero, además, añadió, «en el proceso de cambio, hemos ido viendo que el Jefe del Estado ha sabido hacerse eco de las aspiraciones democráticas y ha asumido la concepción de una Monarquía democrática y parlamentaria». Su pragmática posición le hizo recordar que «la realidad no corresponde siempre al ideal imaginado» y que, si alguien decidiera luchar por la República, «no obtendríamos la República, pero perderíamos la democracia». Afirmó, finalmente, que «mientras la Monarquía respete la Constitución y la soberanía popular, nosotros respetaremos la Monarquía». El mismo Carrillo reconoció en el debate general sobre el Dictamen del Proyecto de Constitución que se había conseguido el consenso «en torno al problema de la forma de gobierno», felicitándose de la misma posición del Grupo Socialista, «colocado en una situación semejante a la nuestra», lo que ratificó Peces-Barba67. Para los nacionalistas vascos, el sentido que tenía la Monarquía era la «renovación del pacto con la Corona», y su «valor especial y específico» era el de «constituir (...) el punto de confluencia y el lazo de unión de pueblos libres». No se olvidó reconocer Arzalluz que «la Corona ha contraído méritos considerables en el proceso de democratización emprendido»68.

Son las minorías como Ezquerra de Cataluña o la Izquierda Abertzale vasca, que tienen uno o dos diputados, los que se manifiestan republicanos o piden un referéndum sobre la forma de gobierno que lavaría a la Monarquía, si ganara, «del pecado original franquista, aun sin dejar de reconocer «la alta consideración que nos merece a todos la persona del Rey, las grandes cualidades personales que ha demostrado», porque «¿Quién realmente puede negar el papel extraordinariamente positivo que ha tenido la Corona en este proceso de transición de la dictadura a la democracia incipiente? ¿Quién lealmente puede estar seguro de que este papel ya ha terminado?», aludiendo a la garantía que supone «contra cualquier veleidad de intervensionismo extemporáneo de las Fuerzas Armadas» 69.

Ciertamente la Monarquía democrática corona un Estado que la Constitución establece como Social y de Derecho70, en el que el ejecutivo dual del xix se transformó en un ejecutivo monista, cuyo titular es el propio gobierno, mientras que el Rey pasa a ser Jefe del Estado - «en la misma relación que otros Jefes de Estado, sean Monarcas, sean Presidentes de la República (...) cuando se opta por un sistema parlamentario de gobierno»--, símbolo de su unidad y permanencia, que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones (art. 56)71. Ello es fruto del parlamentarismo racio nalizado propio del siglo xx, por el que se escribe en la Constitución y se organiza racionalmente lo que hasta la Constitución de la Segunda República eran prácticas admitidas. Fue, efectivamente, en 1931 cuando por primera vez se incorporó en España el constitucionalismo racionalizado que, como no podía ser menos, y en el marco de una Monarquía, reintrodujo la Constitución actual lo evidencian así las constantes referencias a esa Constitución por diversos padres constituyentes72.

Pero sabemos que hoy día no todos los analistas y constitucionalistas están de acuerdo en la función del Rey democrático, que parte de la discusión en tomo a lo que significa «poder moderador», tan antigua ya como el propio modelo, que implica un reconocimiento o no de poderes concretos para el Rey en el ejercicio de ese poder, y que sería algo más que una institución de representación social`. Ese temor a un resquicio de poder personal en el Jefe del Estado lo muestra la enmienda de Barrera Costa, que, si bien fue rechazada, ocasionó 117 abstenciones de los 254 votos emitidos - contestada por Pérez Llorca, por UCD, y lo alimentan las enmiendas de Alianza Popular. Se presenta la Constitución sueca como prototipo de Monarquía democrática, el «modelo ideal» que dice Barrera y que recoge Pérez Llorca (se entregó a los constituyentes una traducción de esa constitución) al asegurar que la nuestra «es absolutamente similar» en cuanto a los poderes del Jefe del Estado, recordando que el término «arbitrar» es «absolutamente tradicional en nuestro Derecho». Pero Fraga Iribame, por Alianza Popular, añade otro sentido de ese poder de la Corona que requeriría no «estar enfeudado solamente en manos del gobierno», tener autonomía de acción74.

En su discurso en la apertura de las primeras Cortes democráticas, el Rey reivindicó para la Corona ese papel que le corresponde «Como monarca constitucional», al que «no incumbe... tareas concretas... (que son) cometido de los poderes políticos» pero sí «la función integradora... y su poder arbitral». En ese discurso dominaron las referencias a la «concordia nacional» que exigía «la participación de todos» y que partía del «reconocimiento de la soberanía del pueblo español», que tenía «su superior personificación en la Corona» 75. Esta máxima representación, que exige un acuerdo puntilloso con la voluntad nacional, está presente desde la propia configuración del Rey como poder moderador, como poder neutro y ajeno a las luchas políticas, en el nacimiento mismo del liberalismo posrevolucionario que venimos observando. En realidad es la justificación misma de su permanencia y la verdadera razón de su eficacia en el Gobierno parlamentario, como hemos visto que algún diputado recordó, y como ya sabemos que diseñó el propio Constant.

La adopción del término de «Monarquía Parlamentaria» como «forma política del Estado español» 76, siendo una redacción novedosa, originó enmiendas a favor de los términos «forma de Estado» y del clásico «forma de gobierno». Sin embargo, en este caso, no fueron aceptadas por la Ponencia. Alguno lo calificó de «malentendido» que tenía la ventaja de ser «una expresión (...) más genérica y amplia que las propuestas», como recoge la misma Comisión para explicar el rechazo de esas enmiendas. Tampoco se aceptaron las enmiendas sobre la propia expresión de «Monarquía Parlamentaria», pues se consideró «técnicamente más precisa». La mezcla de los términos «forma de Estado» y «forma de gobierno» la explica Jiménez de Parga (UCD) porque se partía de la Monarquía como Forma de Estado, en el sentido de que sólo al Estado afecta - en su jefatura, por ejemplo - y no a la forma de gobierno, que no puede ser otra que la parlamentaria, como «la única Monarquía posible en el mundo democrático contemporáneo» 77; se le daba toda la importancia a la segunda parte del término, Gobierno/Estado, frente a la primera parte que se refería a la forma externa en contraposición al fondo, y así se rompe con la tradición del xix.

La lucha, infructuosa, se mantuvo desde las filas de Alianza Popular por construir una Monarquía más activa, con Consejo propio, fuera del Consejo de Ministros, y representatividad mayor que la Jefatura del Estado, frente a las filas socialistas y de UCD, entre los grupos mayoritarios, que rechazaron las enmiendas en ese sentido78.

Se materializó finalmente en España el último estadio evolutivo de la Monarquía Constitucional en la que encaja la forma de gobierno democrática, que pasa a ser la fun damental. Algunos restos del pasado en su organización, como la preferencia del varón, pasaron, al decir de Barrera Costa, por mor del consenso. En el voto de este artículo destaca el alto número de abstenciones, 123, frente a los 132 votos favorables. La abstención se produjo por lo que significaba de discriminación por razón de sexo y partió del grupo socialista y de la parte masculina del grupo comunista. Los 15 votos en contra llegaron de las diputadas del partido comunista, entre otros grupos, anticipando ya un proyecto de reforma que se estaba gestando -y que se anunció el día de la votación79.

APUNTE FINAL

Se puede concluir que en España existió una defensa de la Monarquía excesivamente utilitaria, sin grandes elaboraciones sobre sus virtualidades esenciales, por el camino que había iniciado Constant, sino como arma o instrumento para el freno del que parecía inevitable avance social. Este excesivo utilitarismo de la función regia, como freno a la democracia y al socialismo, no ayudó a la virtualidad de la Monarquía para asumir los nuevos retos que planteaba el siglo xx, en cuanto a ascenso de las masas a la política, y tampoco contribuyó a ejercer el papel que la podía hacer sobrevivir, la del poder neutro. Por el contrario, la encerró en unas limitaciones poco saludables para el futuro de la institución. Y es que, a pesar de la letra constitucional que la hacía irresponsable, la realidad es que estaba plenamente inmersa en la responsabilidad política desde el momento que un partido y finalmente ambos, tanto el Moderado como el Progresista primero, y el Conservador y Liberal después, la utilizaron como medio de sostenimiento de su proyecto político aun a costa de la institución misma. Esa responsabilidad, en la que se amparó la irresponsabilidad de los ministros, la recordó en la Restauración el propio Pidal, como se ha visto, al ver «en todas partes Ministros responsables de Doña Isabel II»: «Doña Isabel II es la única que ha respondido de las torpezas de sus Ministros ante la revolución de Septiembre».

Así, cuando en el siglo xx democracia y socialismo pasaron a ser los protagonistas, la República se fue asimilando a democracia y avance social frente a la Monarquía, y a pesar de los mismos republicanos conservadores. A los conservadores, o liberales clásicos, no les parecía interesar una Monarquía que no hiciera de freno social, y la Monarquía no se sentiría amparada en una posible actuación de manto acogedor de todas las posiciones políticas. Fuera del enfrentamiento político, del encajonamiento en que pareció encontrarse la Monarquía de Alfonso XIII, que en algunos aspectos pareció entrar en las mismas difíciles circunstancias que las de Isabel II, sólo quedaba, de nuevo, el recurso al amparo militar. Con ese recurso a un General se gestó finalmente el fin de la Monarquía liberal. La Monarquía democrática llegó ya en el último cuarto del siglo, a la salida de la dictadura y, ahora sí, como institución necesariamente neutra que sería capaz de acoger a todas las tendencias políticas dramáticamente divididas desde los años 30.

DEMETRIO CASTRO

Universidad Pública de Navarra

A lo largo del siglo XIX el republicanismo español se manifestó casi siempre como una fuerza política de estructura confusa y definición programática simplificadora y con frecuencia divergente en puntos algo más que secundarios. Porque, como es sabido, esa fuerza política no fue nunca unitaria, y, por el contrario, tras haber actuado durante un par de decenios en un partido heterogéneo e internamente dicótomo, el Demócrata, se organizó desde el Sexenio y ya para siempre en partidos diferentes a veces muy distanciados. Esa diversidad se puede adivinar ya en la enmarañada prehistoria del republicanismo español, grosso modo, en un período de tres lustros que acabaría en 1849, si bien siempre será posible rastrear tomas de posición o actitudes individuales y de pequeños grupos con algún rasgo de sentido republicanizante anteriores. Durante los años de las dos regencias y comienzos de la Década Moderada con los primeros gobiernos de Narváez fueron perfilándose las posiciones específicamente republicanas al desmezclarse del confuso magma de progresismo puro y radicalismo en el que hasta entonces había venido expresándose'. Un núcleo no muy amplio de escritores, profesionales titulados, algún propietario u hombre de negocios, militares y estudiantes articularon un discurso de contenidos jacobinos y modos populistas, difundiéndolo a través de periódicos de escasa circulación, reuniones de café o centros similares e incluso mediante alguna voz en la tribuna parlamentaria. En esencia, ese discurso venía a sostener que la revolución liberal en España había sido traicionada o contenida; en cualquier caso había sido un proceso inacabado que había que cerrar. Precisamente sus postulados suponían esa meta todavía no alcanzada y haciéndolo sería posible cerrar el ciclo de enfrentamientos civiles para dar paso a una sociedad armónica y fraternal.

En la batalla política inmediata, la librada para hacer oposición y a ser posible derribar al gobierno en ejercicio, ese discurso planteó como eje central y rasgo distintivo de la facción republicana la cuestión de la soberanía. En el seno del Partido Demócrata hubo siempre un sector, que sería el específicamente democrático, para el que una jefatura del Estado monárquica sin atribuciones ejecutivas relevantes culminando un orden político y administrativo democrático, con plena vigencia de los derechos ciudadanos y reconocimiento del sufragio universal masculino, sería plenamente aceptable. Otro sector, sin embargo, sobre juzgar esa posibilidad impracticable en la situación española y con la dinastía reinante remitía a cuestiones de principio relativas al fundamento de la igualdad y a la idea misma de soberanía para rechazar el principio monárquico. Su misma esencia era contraria a la igualdad tanto por el principio hereditario como mecanismo de provisión de la jefatura del Estado como por la dignidad y privilegios anejos a la realeza, a la familia real y a sus allegados. E, igualmente, negaba el principio según el cual la soberanía política residía en el pueblo sin que pudiera ser recortada, condicionada o compartida en ninguna de sus manifestaciones o formas de ejercicio. Las prerrogativas que al trono reconocían las constituciones de 1837 y 1845 significaban, según este punto de vista, una directa restricción y aun desposesión de la soberanía del pueblo.

Pero hasta de ahí surgiría la divergencia en el seno de la corriente republicana, porque reproduciendo la ya antigua cuestión alumbrada en la Francia revolucionaria de 1790 había quien entendía esa soberanía como nacional, es decir, indivisible y encarnada y operativa en las instituciones parlamentarias representativas, constituidas mediante la designación por sufragio de diputados, y quien en consonancia con la constitución jacobina de 1793 la pretendía popular, es decir, preexistente e independiente de cualquier institución parlamentaria, siempre en manos de los individuos componentes del pueblo pudiendo éstos ejercerla de forma directa desautorizando a los representantes o en casos graves creando organismos de gobierno especiales y de emergencia como las juntas. Esta idea y los ejemplos del juntismo en las situaciones de trastorno político conocidas desde comienzos del siglo xix no debieron de contribuir mucho a ganar adeptos a las doctrinas republicanas entra las clases medias. De esta manera, la línea de fractura entre el entendimiento liberal moderado o doctrinario de la soberanía compartida, con el siempre vidrioso asunto de en qué términos y con qué proporciones compartían el trono y las cámaras, algo que por definición excluye la equipolencia, se transfirió a una quiebra interna del republicanismo entre partidarios de la soberanía de la nación y partidarios de la soberanía del pueblo.

Un segundo plano de desacuerdo se plasmó en cuanto a la organización territorial del Estado. Dentro de un entendimiento positivo de la unidad de la nación española como un valor político primordial y un hecho histórico y social incuestionable, apuntaron propuestas de descentralización política y creación de centros de poder locales y regionales, procediendo para ello a una delimitación más o menos caprichosa de esas unidades de poder sobre bases de carácter territorial e histórico. Aunque con propuestas muy anteriores, como la de Puigblanch que podían inspirarse en el federalismo girondino o norteamericano, fue la recepción de Proudhon lo que pudo dotar de sus tancia al federalismo republicano hasta convertirlo en una de sus corrientes más destacadas en el último cuarto del xix.

Los republicanos entendieron, desde bases filosóficamente iusnaturalistas, que el individuo es titular de un conjunto de derechos anejos a su misma condición de persona, derechos imprescriptibles e ilegislables respecto a los cuales a la sociedad políticamente constituida no cabe otro cometido que velar por su plenitud pero nunca restringirlos o condicionarlos, precisamente por ser anteriores a la sociedad en sí y base de la misma. La definición de la extensión y forma de ejercicio de esos derechos no creó graves discrepancias entre los primeros republicanos pero sí fue más espinoso catalogarlos, y no los civiles, personales y políticos, sino los que podrían denominarse sociales, aquellos que apuntaban a una especial garantía y protección para los individuos económicamente menos beneficiados, y en concreto por su pertenencia a una categoría social particular como la de trabajador manual asalariado. En la medida en que ello podía entrar en conflicto con otros derechos como la libertad de contratación o el de propiedad, abrió un nuevo frente de desacuerdo entre republicanos individualistas y quienes se dejaron llamar socialistas por sus principios intervencionistas.

Finalmente, los republicanos adquirieron su identidad política en un contexto, el de las regencias, marcado entre otras cosas por la interpretación de la política como actividad para excluir al competidor, la desconfianza y deslegitimación de las instituciones y el recurso a la conspiración como medio apropiado, cuando no imprescindible, de alcanzar fines políticos al margen de su coste. Pudiera pensarse que esos rasgos hubieron de ser necesariamente reflejo propio tanto de la coyuntura como de la inexperiencia de quienes dieron cuerpo teórico y social al naciente republicanismo, de forma que el paso del tiempo podría matizar o transformar. Sin embargo, ese aspecto de carácter estratégico se perfila, junto a las divergencias doctrinales, como un rasgo duradero de la práctica política republicana y que la propia marginalidad de los grupos que lo representaron, nunca en posiciones de desempeñar papeles políticos relevantes y menos decisivos, no haría más que acentuar dibujando un nuevo ámbito de disentimiento interno entre republicanos revolucionarios, es decir, conspirativos y legalistas.

En los años en tomo al cambio del siglo xix al xx, más o menos coincidiendo con la mayoría de edad y advenimiento al trono de Alfonso XIII, se registró en el seno de los partidos republicanos un apreciable relevo generacional. Su aspecto más perceptible fue la desaparición, en un lapso de tiempo relativamente corto, de algunas de las figuras más representativas durante casi medio siglo de las ideas y las políticas republicanas en sus distintas facciones. En efecto, Ruiz Zorrilla murió en 1895, Castelar en 1899, Pi y Margall en 1901, Salmerón en 1908. Nacidos en el tercer decenio del xix (Pi, el más longevo, nació en 1824), habían sido en su juventud activistas del Partido Demócrata y dirigentes de la Revolución de 1868, y luego durante su madurez, sin demasiados resultados concretos en ninguna de ambas actividades, conspiradores o censores tribunicios de la Restauración. Renovación no supone aquí necesariamente ruptura, siendo evidentes los vínculos entre una generación y la otra, así como la identificación de los componentes de ambas con un mismo cuerpo de ideas básicamente homogéneo, más al menos de lo que ellos mismos estarían dispuestos a reconocer a la vista de las diferentes obediencias, e igualmente los aproximaba su concurrencia conjunta en los espacios de la actividad política.

Por ejemplo, la composición de la relativamente nutrida (35 diputados) minoría republicana llegada a las Cortes de 1903 en virtud del acuerdo de la llamada Unión Republicana pone de relieve esa agregación generacional. En el grupo, en efecto, se contaron, además del ya anciano Llano y Persi (nacido en 1826), sexagenarios como Nicolás Estévanez (1838), Miguel Morayta (1843) o Azcárate (1840), junto a una buena representación de treintañeros como Pi y Arsuaga (1866), Blasco Ibáñez (1867) o Lerroux (1864). La edad media del grupo rondaba los 50 años y eran los hombres de en torno a esa edad quienes componían el núcleo de la minoría: Costa (1846), Vallés y Ribot (1849), Jacinto Octavio Picón (1852) y Miguel Moya (1856). Ninguno de ellos podía, sin embargo, rivalizar con la autoridad de un Salmerón (1837), último representante de las personalidades de primera fila en los días de la República de 1873.

Pese a las diferencias en sus convicciones y estrategias, pese a los personalismos y querellas que abrieron entre unas y otras facciones disentimientos imposibles de salvar no obstante ocasionales acercamientos, aquellos hombres cuya estrella pública había brillado y declinado en el Sexenio tenían mucho en común. No sólo en cuanto a algunas de sus convicciones básicas, sino prosopográficamente, en cuanto políticos en activo hasta el final de sus días. Quizá el rasgo más sobresaliente fuese la experiencia de todos ellos en el desempeño de responsabilidades ministeriales y otras de carácter ejecutivo, sin que de ello se hubiera derivado, no al menos de manera general y constante, una concepción pragmática de la política, y aquí pragmática ha de entenderse del modo más neutro, es decir, la determinación de fines concretos, asequibles de un modo práctico con costes razonables y sin necesariamente engolfarse en el puro oportunismo. Por más que el sistema político de la Restauración les dejase espacio muy angosto, una de las razones de su marginalidad e irrelevancia efectiva durante el período derivó de esa limitación, del ejercicio de la política ante todo (y casi exclusivamente) como la reiteración de un discurso de los principios y de la irreductibilidad. Aunque llegado el caso cupiese el chalaneo con el poder, la búsqueda de favores personales y recomendaciones, la utilización de las prácticas de intercambio propias de la política de notables y patronazgo, los dirigentes republicanos aleccionaron incansablemente a sus seguidores con la doctrina de la pureza intangible de los principios, una fijación bien enraizada en el repertorio argumental del liberalismo desde sus orígenes y que se expresaba para los republicanos finiseculares en rigurosa separación respecto a quienes ocupaban el poder y repudio de sus usos. Merced a ello el campo para la práctica de políticas de transacción quedaba de hecho anulado. Ciertamente, el propio sistema de la Restauración no daba lugar a otra cosa, pero los dirigentes republicanos que actuaron durante la primera etapa del régimen pensaron e hicieron pensar a quienes los seguían en deponer o derrocar, como una opción posible y además deseable, y no en alterar o modificar instalándose en los resquicios que la situación pudiera deparar. En gran medida, la suya seguía siendo la visión romántica del cambio político, la de la jornada auroral de barricadas y entusiasmos populares levantados por un puñado de individuos resueltos, varios de ellos, a ser posible, de uniforme y con mando de tropa. Todavía en 1916 un representante de las nunca muy definidas nuevas orientaciones o inquietudes del republicanismo, las que buscaban la renovación de los viejos principios en la integración de las categorías sociales vinculadas al trabajo industrial, diagnosticaba que entre los lastres de las fuerzas republicanas se contaba, junto a un ejercicio de la política centrado en la logomaquia retórica y los enunciados de principio, la fijación por los militares como ejecutores idóneos del acceso al poder. Álvaro de Albornoz, en efecto, lamentaba la vigencia, entre los planteamientos republicanos, de una constante «falta de civilismo», de una «eterna nostalgia de la conspiración y el pronunciamiento», de forma, concluía, que «el republicanismo progresista lleva cuarenta años esperando ver surgir la República de la espada (...) de un general de fortuna»2.

Bien es cierto que ese espejismo no era, aunque mayoritario, universal. El propio Albornoz precisa que habla preferentemente de la fracción de los Progresistas, y que, especialmente desde el fracaso de la asonada de Villacampa, y en la segunda mitad del decenio de 1880 se fue haciendo patente una corriente más civilista con cierta fe en las posibilidades de la acción legal y parlamentaria, pero resulta dificil saber en qué medida esas concepciones tuvieron algo más que un carácter táctico, y no es aventurado suponer que su capacidad de convencimiento entre las bases republicanas fue más bien poca. Quien más resueltamente abandonó, escarmentado de arrebatos populares, las vías que transitaban por el golpe de fuerza, Castelar, acabó de hecho fuera del campo republicano y repudiado. Cuando todavía creía posible, en la primavera de 1874, dar cauce a una «templada y sensata y prudentísima República», proclamaría «no hay otro medio de mejorar esta sociedad que huir de las revoluciones violentas y apelar a las reformas pacíficas», de modo que, exhortaba, «no realicemos sino aquellas ideas que pueda soportar la impura realidad»3, un criterio al que se mantuvo fiel durante veinte años pero que entre sus correligionarios se tendría por cándido cuando no pérfido. Un republicano de la nueva hornada (nacido en 1864), Melquíades Álvarez, llegó ya en 1912 a dar el paso de brindarse a gobernar con la monarquía, admitiendo la accidentalidad de la forma de gobierno en aras de la sustancialidad de un programa democratizador y de reforma social, pero ni al rey sugestionó el trueque ni a la mayor parte de los republicanos les pareció otra cosa que un enjuague que lo desacreditó para siempre. Ni aun el haber tomado parte activa en la tramoya política de la asonada de 1917 lo liberó ya de un estigma que hubo de pesar en su trágico destino en 1936.

La generación que hacia 1895 ó 1900 tomaba el relevo al frente de las organizaciones republicanas tenía, con todo, un perfil algo diferente a la precedente. No sólo porque su entorno profesional no era, como el de sus mayores, el bufete saneado compatible con la cátedra universitaria servida sin mucha entrega o la actividad publicística más o menos rentable, todo ello con un aura de respetabilidad, y sí más bien el periodismo de batalla, sino igualmente por la desenvoltura con la que apelaban a la revolución pensando, más que en 1868 ó 1873, en un futuro próximo. Unos dirigentes fogueados en asonadas anticlericales y choques con carlistas o solidarios, para muchos de los cuales tiros y bastonazos eran elementos convencionales para actuar políticamente a fin de que «en breve ondee la bandera republicana sobre los escombros humeantes de la monarquía y la Iglesia»4. De forma que también con ellos la distancia respecto a la política vigente y el alejamiento respecto al mundo oficial resultaban inmensos, la incompatibilidad absoluta; con el añadido de cierta transgresión de los convencionalismos respecto a lo estimado como socialmente decoroso en cuanto a lenguaje y modos de proceder dificil de imaginar en quienes habían representado las opciones republicanas decenios antes. No dejó de haber perfiles distintos, más afines a la generación anterior en eso, como el propio Melquíades Álvarez, catedrático y diputado casi al mismo tiempo en 1899 y 1900 y abogado de nota, pero quienes habrían de sugestionar a las bases políticas republicanas y convertirse en portavoces de las mismas serían individuos como Lerroux, Rodrigo Soriano o Blasco Ibáñez.

La introducción del sufragio universal en 1890 no supuso ninguna modulación en las prédicas republicanas ni tampoco reorientación de fondo en sus estrategias; aquel formal desarrollo del principio de la representación política, que había sido durante decenios una de las más ansiadas aspiraciones del republicanismo, se consideró simplemente neutralizado por los resortes de control de los partidos turnistass y, por más que eso fuese evidente en los distritos rurales, tampoco se hizo mucho para ampliar la ya antigua vitalidad del voto republicano en determinadas ciudades y, en general, para incrementar la tendencia a orientarlo en esos distritos por consideraciones o preferencias ideológicas y no por los imperativos de la mecánica caciquil; sólo Barcelona o Valencia, en menor medida Madrid, irían conociendo la consolidación de un electorado propio más estable pero no necesariamente constante, en el sentido de que no siempre se acertaba a motivar y movilizar a esos electores, de forma que el incremento de la participación favorecía generalmente a las candidaturas republicanas, pero la participación resultaba fluctuante. Las redes de centros y casinos, los numerosos periódicos, la diversificación de las organizaciones introduciendo secciones de jóvenes, etc., hacen pensar tanto en una modernización de la práctica política como en un fortalecimiento de los partidos republicanos, pero puede tratarse de una percepción en buena medida engañosa y que, sobre todo, los propios republicanos de comienzos del siglo xx debieron de estar lejos, en su mayoría, de estimar como un logro positivo y algo que los acercase de modo efectivo a sus metas políticas últimas. Antes al contrario, y si bien no faltan algunos de sentido opuesto, se encuentran abundantes testimonios en los que se reflejan sentimientos de incapacidad y parálisis, o, en otra forma, la condena, por ineficiencia tanto como por principio, de una actividad política que no se orientase directamente al cambio de régimen y que pasase por alto las hondas diferencias que habían escindido al republicanismo desde sus mismos orígenes. El iracundo Costa, ya retirado en Graus, podría representar esa opinión desalentada que encontraba más que errónea, desleal, toda política por parte los republicanos que no apuntase directamente a planteamientos drásticos. Cuando en 1906 lo visitó una comisión de republicanos barceloneses para, con el respaldo de numerosísimas firmas, invitarlo a presidir la inauguración de la Casa del Pueblo de la Ciudad Condal, les dirigió una alocución en la que sostuvo que más que a la dinastía «tendría que combatir a los republicanos, porque no lo han sido más que de aprehensión, porque no han querido la República sino de pico, retóricamente» 6. Razonamientos así eran los que autorizaban a quienes, como Lerroux o Blasco, sostenían que a la República se llegaba con fusiles, y no con papeletas electorales, en la mano.

La retórica de la violencia era, con todo, un lugar común del proyecto republicano con arraigo intergeneracional del que se valían hasta los más conspicuos dirigentes. Salmerón, por ejemplo, cuando su carrera política lo había llevado ya al grado de vieja gloria entre el abigarrado taifismo republicano, proclamaba en discursos públicos que el advenimiento de «la era de la transformación de las instituciones» «[no] habrá de realizarse por la deliberación de una asamblea» en la que no sería posible alcanzar legalmente mayoría, sino que «la habremos de realizar incontrastablemente por la fuerza» 7. El que esto se dijese en un mitin de la coalición de la prensa republicana, en un momento, pues, de euforia unitaria, ilustra tanto sobre la inclinación del auditorio a oírlo como sobre la proclividad del orador a sostenerlo.

Más aún que en afinidades de carácter estratégico, la continuidad generacional entre los republicanos se manifestó en la forma de entender la Monarquía y juzgar su significado en la estructura social y política española. No fue nunca un análisis de elaboración compleja o muy refinada pero sí un factor sustantivo, no ya en el discurso, sino en la misma identidad republicana, en la medida en que, desde sus orígenes en los albores del reinado de Isabel II, se contempló a la monarquía como elemento antagónico a la Democracia encarnada en las ideas y el programa del Partido Republicano por heterogéneo que éste pudiera ser. Naturalmente, la Monarquía no se entendió nunca sólo como una institución o una modalidad de organización de la jefatura del Estado con abolengo histórico. Se interpretaría siempre como una forma de poder cuyo rasgo primero pero no necesariamente esencial radicaba en la usurpación de la soberanía; en la disputa a la nación, al pueblo en quien ésta se materializaba, de la facultad de hacer de su voluntad ley. Y ello tanto en la forma absolutista como en la constitucional de cuño doctrinario que informó las constituciones de 1845 y 1876. La cosoberanía del monarca y la asamblea nacional, y las prerrogativas de la Corona, no pudieron leerse nunca de otro modo que en términos de usurpación de un derecho, de imposición despótica. Los accidentalismos, las posiciones que atendían más a los contenidos, a la vigencia efectiva de derechos y libertades individuales y políticos en una estructura de poder coronada con la que fuese factible una transformación evolutiva hacia la democracia se vieron sistemáticamente repudiadas por el purismo republicano mayoritario. Fue, ya queda dicho, el caso de Castelar al final de su vida, o el de Melquíades Álvarez y el Partido Reformista desde 19128, y su consiguiente segregación de las bases más popularizadas de las fuerzas republicanas convencionales. Ello era así en tanto en cuanto la monarquía resultaba en la cosmovisión del republicanismo todo un contramodelo, una heteroimagen, como el reflejo invertido o el segundo término de un conjunto de contrarios que se extendía por todos los planos políticos, sociales, culturales y morales de la sociedad española. Mientras las propuestas y valores republicanos suponían el polo positivo, sus contrarios se asociaban sistemáticamente al ámbito de la monarquía. La vigencia de los primeros suponía la extinción de los segundos, sin que cupiera transacción o convivencia.

La esfera de la política, el espacio público mismo, quedaba de esta forma escindido en dos mitades inacoplables, en una situación tal que el predominio de la una suponía la desaparición o al menos la estricta neutralización de la otra. No era aquél un espacio para la conciliación en lo posible de las diferencias y la búsqueda de situaciones de convivencia, sino para la implantación sin restricciones de la opción propia. Los contenidos de modernización y democratización que pudieran ser propios de la república como paradigma de estructura social y organización política no tenían, a ojos de la opinión republicana mayoritaria y común, cabida posible en la forma de gobierno monárquica ni aun en situaciones de estricta regulación y limitación constitucional de las prerrogativas y funciones de la jefatura del Estado. Y ello porque, para esa opinión, formada más en la experiencia de la historia política reciente que en la teoría constitucional, la monarquía resultaba inseparable tanto de una estructura de poder como de un clima social y moral que necesariamente tendía a contaminar o pervertir cuanto formalmente pudiera quedar establecido.

Tal planteamiento de carácter esencialmente moralista se nutría de diferentes, aunque próximas y conectadas, tradiciones de discurso. En gran medida su punto de referencia inmediato era la retórica jacobina de la virtud asediada pero irreductible, la virtud que se dictamina a sí misma y se erige de por sí en paradigma de ciudadanía patriótica expulsando de la comunidad política cualquier discrepancia al reducirla a la condición de facción egoísta e inmoral. Un paradigma que, como maniqueo, sólo puede dar lugar a la aniquilación completa de uno de los antagonistas. Naturalmente, esas ideas se inspiraban en la filosofía política republicana de la Antigüedad clásica, en la que la virtud venía a plasmarse en la preservación del bien público a expensas del interés propio pero complementada con algunos conceptos forjados en la Europa moderna del absolutismo, y precisamente allí donde esa forma de organización del poder monárquico se vio más recortada, como Inglaterra y Holanda9. No obstante, la tradición republicana española nada había recogido directamente de Harrington o Milton, y sus argumentaciones descansaban más en la contraposición república/monarquía (y sólo de forma más ocasional y de manera subsidiaria en la de república/aristocracia) en forma análoga a como podría encontrarse en publicistas menores del xvii al estilo de los hermanos De la Court1°. Es claro que tampoco es posible señalar relación directa con estos autores, por mucha que fuera en su día la difusión local de sus escritos, y sí una comunidad de argumentos antimonárquicos de escasa elaboración y amplia difusión en Europa en la crisis del Antiguo Régimen: origen histórico de las monarquías en la fuerza o el engaño; proclividad de los monarcas al abuso, la injusticia y el favoritismo; también a la degradación moral, algo específico del medio vital de los soberanos, es decir, la corte como teatro de conductas viciosas, de dobleces y despliegue de intereses contrarios a la mayoría, etc. En Inglaterra o en los oponentes holandeses al stadholderato era parte de un argumento de fondo que discutía la soberanía del monarca como plena, indivisa y única. Algo que en los países monárquicos de Europa no tuvo cabida hasta la revolución liberal (quizá con una muy matizable excepción en las posiciones de ciertos parlamentos franceses en el último tercio del xvüi). Entonces, en España como en Francia, aquel repositorio argumental antimonárquico y moralista adquirió una dimensión propiamente política en la cuestión del origen, sede y manifestación de la soberanía. Algo no específicamente republicano pero que se convertiría en su piedra angular al negar por opuesta a la libertad y la razón la legitimidad, y la necesidad, de una magistratura suprema y hereditaria representativa de la soberanía misma, cualquiera que fuesen sus atribuciones prácticas. La experiencia de monarquías constitucionales, como la de julio en Francia o la de Isabel II en España, y la imposibilidad dentro de sus supuestos de dar cabida a las aspiraciones del radicalismo liberal (reconocimiento y respeto de derechos amplios para ciudadanos iguales) contribuiría a extender ese planteamiento.

Para el republicanismo decimonónico y de comienzos del xx había una consideración adicional entroncada con una elemental filosofía de la historia inspirada en la teoría del progreso o, por mejor decir, en una de sus versiones más lineales y simples, la que, contraponiendo el pasado y el futuro, atribuía mecánicamente al tiempo por venir la superación de casi cualquier lacra moral y limitación material. La misma larga historia de la institución monárquica y su asociación con formas de poder que el Estado liberal había desplazado facilitaba la asociación de la monarquía con el pasado y necesariamente condenada por ello a la desaparición, y, en cambio, la república con el porvenir. Dos momentos en el tiempo entre los que no cabían situaciones intermedias porque suponerlo sería pretender que se detuviese la marcha de la historia. Una marcha, naturalmente, rectilínea en la que no eran concebibles retrocesos o desviaciones duraderas e irreversibles. Monarquía y república podían entenderse, por tanto, como dos momentos en el tiempo, dos puntos de imposible coincidencia temporal en un mismo ámbito de soberanía. Cuando a los viejos modelos francés, en sus sucesivas versiones, americano o suizo se fueran sumando repúblicas o, lo que es lo mismo, cuando (como diría la retórica republicana) fueran cayendo tronos, por ejemplo en Portugal, la situación no podría interpretarse más que como confirmación de ese proceso de consumación histórica.

El modelo por excelencia fue, sin embargo, el francés y en ello la nueva generación republicana tuvo un aliciente del que sus mayores carecieron antes de 1870 y el establecimiento de la Tercera República. No parece que a nadie lo perturbara el hecho de que aquel régimen hubiera salido, más que de la acción de los republicanos o de las torpezas y agotamiento de la peculiar monarquía del Segundo Imperio, de una humillante derrota militar con ocupación extrajera. O que la obsesión de los republicanos franceses y sus gobiernos con los sectores políticos y sociales representativos de la «reacción», el clericalismo en especial, fuese reveladora de un cierto sentimiento de inseguridad respecto al arraigo social y la solidez de las instituciones. Un régimen que, lejos de asentar la armonía social o la fraternidad irenista que preconizaba la doctrina republicana, había hecho aflorar y enconado profundas tensiones. Del republicanismo francés se extraía un ejemplo de éxito político, de formas de gobernar basadas en medidas de reforma profundas y enérgicas con apoyo ciudadano activo para intimidar a quienes las rechazasen. También un patrón de desarrollo de libertades y derechos y de fomento de la instrucción y la ciencia.

El republicanismo español coetáneo distó, sin embargo, de parecerse a su modelo o referente ideal. En efecto, el republicanismo francés de finales del xix y comienzos del xix tuvo al menos tres expresiones políticas o ámbitos definidos. Uno el popular presente, por ejemplo, en los actos de exaltación patriótica o en las algaradas antirrealistas en tomo a la basílica del Sagrado Corazón o la de San Martín de Tours; otro el de los instituteurs y en general los cuerpos funcionariales de la enseñanza identificados en bloque y, de forma algo inexacta, con el régimen y sus valores y, por último, su nutrido cuerpo de políticos de todos los niveles, de pequeñas alcaldías al Consejo de ministros, y sostenido por un denso grupo de parlamentarios. Es decir, aquel republicanismo se dejaba ver como una fuerza de calle e institucional al tiempo. En España apenas hubo nada, nada con peso político, que pudiera identificarse con estos dos últimos sectores ni aun tomando en cuenta lo significativo de la presencia republicana o la simpatía hacia sus posiciones entre el profesorado de universidad y de segunda enseñanza, de forma que el republicanismo se presentaba predominantemente como una expresión de inquietud popular, de trastorno y perturbación capaz sólo de hacerse notar ocasionalmente en la calle reduciendo con ello sus márgenes funcionales como actor político. El que eso fuera inevitable o no no se discutirá ahora. Lo que interesa es subrayar que en esas condiciones, más que al francés, una fuerza de gobierno, el republicanismo español se parecía al británico, una fuerza marginal, de radicalismo desde abajo pero no parlamentario". Uno y otro se hacían notar como canal de protesta por situaciones que daban pie a descontento de orden social y económico o por sus tomas de postura anticlerical o, en el caso del republicanismo inglés y su cabeza visible, Bradlaugh, más propiamente antirreligiosa. De ahí también que sus argumentos tendieran a simplificarse (en buena medida sin duda por lo aceptables que podrían resultar) centrándose frecuentemente en abusos o excesos de las personas de la realeza, en sus recursos y privilegios frente a las estrecheces de la mayoría, en la economía del gobierno republicano frente a los dispendios de la suntuosidad regia, recogiendo de este modo ecos de la vieja tradición antimonárquica. Y de ahí también que sus formas y sus discursos tendieran a radicalizarse y, entre los españoles, hacer apelaciones a la fuerza en la misma proporción en que sus opciones de llegar al poder por otros medios resultasen remotas.

Salir de tan rígidos márgenes requeriría hombres y planteamientos nuevos que, con la inapreciable ayuda de la torpeza derrochada por muchos gobiernos y gobernantes monárquicos y también de cambios sociales y culturales a medio plazo, ampliarían la base social de las facciones republicanas a lo largo del primer tercio del xx. En la medida en que la renovación en el discurso y en los estilos de acción política no fue profunda ni general, habrá que concluir que aquel ensanchamiento de las bases se debió al menos en igual medida que al acierto propio al desmoronamiento interno del régimen con su correlativa deslegitimación, y a transformaciones en las actitudes y los comportamientos colectivos que sólo muy parcialmente podrían reclamar los republicanos como parte del haber propio.

MARÍA LUISA SÁNCHEZ MEJÍA

Universidad Complutense de Madrid

El texto de esta ponencia procede en su mayor parte del artículo «Repúblicas monárquicas y monarquías republicanas. La reflexión de Sieyés, Necker y Constant sobre las formas de gobierno», publicado en la Revista de Estudios Políticos, núm. 120, abril-mayo de 2003.

Entre las obras inéditas de Benjamin Constant, figuraba un largo manuscrito «sobre la posibilidad de una constitución republicana en un gran país», redactado entre 1799 y 18032. Este título plantea por sí solo el debate que tuvo lugar en Francia, en la última época del período revolucionario, sobre la mejor manera de organizar políticamente un Estado que acababa de derribar una monarquía absoluta y todas las instituciones en las que se apoyaba. Constant fundamenta sus reflexiones en la obra de tres grandes nombres de la teoría política: Aristóteles, el Maquiavelo de los Discorsi y Montesquieu, y la forma en que utiliza la autoridad de estos tres grandes clásicos permite comprender los términos y las circunstancias del debate sobre el concepto de república que debía surgir de las ruinas del Antiguo Régimen.

La tradición republicana contenida en las fuentes que invoca Constant - en Aristóteles, Maquiavelo y Montesquieu sugería que una república estaba caracterizada por tres elementos, al menos, que la hacían diferente de un sistema monárquico: la virtud cívica, es decir, el predominio de los intereses comunes sobre los individuales; la libertad política, que se traduce en la participación de los gobernados en la elaboración de la ley, y un gobierno o instancia ejecutiva que no recaiga en unas solas manos y esté sujeta a control. Todo ello parecía indicar que un sistema republicano era apropiado para pequeños territorios, como había sido el caso de las polis griegas y de las ciudades-Estado italianas como Venecia o Florencia. Sólo la gran república romana, cuya singularidad era ya imposible de imitar, escapaba a esta regla. Ésta había sido la opinión de Montesquieu, quien había considerado la forma republicana propia del pasado e inviable para grandes Estados, y ésta era también la opinión de Rousseau al trazar su modelo de democracia directa en el Contrato Social.

La Modernidad había traído otros ejemplos que tampoco resultaban muy útiles. Inglaterra había conocido la república en tiempos de Cromwell, pero el proceso revolucionario había desembocado finalmente en la restauración de la monarquía, dando de nuevo la razón a quienes asociaban la monarquía con los grandes Estados. El otro caso era el de Norteamérica, pero las antiguas colonias presentaban también unas peculiaridades que las hacían muy diferentes de cualquier país europeo: ausencia de tradiciones políticas, de clase aristocrática, fácil reparto o adquisición de tierras y, sobre todo, creación ex novo de una comunidad integrada por diferentes Estados vinculados sólo por unas instituciones de tipo federal.

La experiencia republicana de Francia suponía también una pesada carga. La proclamación de la república había sido la consecuencia de la ejecución del Rey y se había sustentado en el gobierno del Terror. La Convención y el Comité de Salvación Pública habían mostrado un poder tan formidable como la monarquía más absoluta y con mayor capacidad represiva. La experiencia no podía pues considerarse un éxito ni servir de modelo para el futuro.

Tras la caída de Robespierre, se plantea de nuevo la necesidad de estabilizar la Revolución, aceptando sus logros más significativos pero rechazando la violencia política y el radicalismo jacobino, recuperando la libertad política mas sin renunciar a la prosperidad material ni al reconocimiento de los méritos individuales y sin sacrificar el interés particular al interés general. La fórmula tan admirada de la monarquía constitucional inglesa no era viable. El rey y el Delfin habían muerto y los monárquicos se agrupaban en tomo a Luis XVIII con deseos de revancha y con programas políticos inequívocamente contrarrevolucionarios. Francia estaba abocada a seguir ensayando la república pero con un contenido y una organización institucional alejada de la omnipotencia de las anteriores Asambleas.

Con estos condicionantes, la reflexión política que va desde Termidor hasta la Restauración se convierte en un debate sobre las fórmulas que permitan combinar determinados elementos que, hasta ese momento, parecían incompatibles: la soberanía popular de raíz republicana, la defensa de los intereses individuales de corte burgués y la estabilidad, unidad de acción y control de los agentes políticos que representaba la monarquía. En este debate teórico destacan cuatro nombres principales: el abate Sieyés, Jacques Necker, Pierre-Louis Roederer y Benjamín Constant, quienes, desde diversas perspectivas, ofrecen alternativas distintas al mismo problema: la fórmula más adecuada para efectuar la transición entre monarquía y república, conservando las ventajas de la primera sin renunciar a las innovaciones de la segunda.

LA REPUBLICA MONÁRQUICA DE SIEYÉS

La vuelta de Sieyés al primer plano de la política, después del silencio y automarginación observados durante los meses más duros del Terror, devuelve también actualidad a su pensamiento político. Ya en 1791, el abate había expuesto claramente sus preferencias por la monarquía pero no en el sentido tradicional, sino dentro del nuevo marco político diseñado por la Revolución. Su falsa polémica con Thomas Paine3 ilustra perfectamente los problemas que entrañaba el abandono de la función asignada al monarca como último punto de referencia que garantizara la unidad de acción del conjunto del aparato estatal. En su respuesta a Paine, quien se había decantado tajantemente por la república, Sieyés pretende aclarar la confusión en que caen monárquicos y republicanos cuando disputan sobre cuál es la mejor forma de gobierno. No se trata, como muchos creen, de confrontar absolutismo con régimen representativo. El poder concentrado en unas solas manos, incluso moderado por cuerpos intermedios, es algo que pertenece al pasado y no puede reclamar ya ninguna legitimidad. Sólo es legítimo el gobierno representativo: «Sostengo que toda Constitución cuya esencia no es la representación es una falsa Constitución. Monárquica o no, toda asociación, cuyos miembros no alcanzan a dedicarse todos a la vez a la administración común no puede sino elegir entre representantes y amos, entre el despotismo o el gobierno legítimo»4. La diferencia entre monarquía y república radica, para Sieyés, en las características del poder ejecutivo. Si se trata de un consejo nombrado directamente por el pueblo o por el legislativo y que toma decisiones por mayoría, estamos ante una república. Si, por el contrario, existe un único representante de la unidad estable del gobierno, encargado de nombrar ministros responsables, estamos ante una monarquía. Lo que los republicanos intentan hacer por medio de un cuerpo colectivo, los monárquicos desean hacerlo por medio de la unidad individual. Por eso, añade, «aquellos que gustan de representar en imagen las nociones abstractas podrían representar el gobierno monárquico como finalizado en ángulo agudo y el republicano haciéndolo en plataforma»5. Las ventajas de la monarquía sobre la república proceden de la unidad de acción que representa el Rey, cuyo interés manifiesto estará siempre al lado de la mayoría, razón por la cual aparece exento de responsabilidad política, siendo en cambio sus ministros plenamente responsables de sus decisiones frente al pueblo. Si el monarca ha de ser electivo o hereditario es cuestión secundaria en opinión de Sieyés. Ambas fórmulas presentan graves inconvenientes y, aun afirmando que la herencia atenta contra los principios de la representación, evita a veces las discordias y los errores derivados de la elección. Importa sobre todo garantizar de la mejor manera posible la «libertad social» y la monarquía ofrece esa garantía de manera más convincente que la república.

Sin embargo, los acontecimientos no se habían ajustado a las previsiones de Sieyés y, cuando Francia se dispuso a olvidar el Terror y a realizar un nuevo intento de institucionalizar la Revolución, una república sin monarca parecía ser el único punto de partida. En esas circunstancias, el abate se ve obligado a reformular su búsqueda de la unidad, el equilibrio y la garantía última de la libertad que antes había depositado en la figura del Rey. Preocupado como siempre por el inmenso poder que puede acumular una Asamblea sin el contrapeso de un ejecutivo unipersonal, piensa que la solución es dividir las tareas. Enemigo sin embargo de una división de poder «a la inglesa» - en la que ve una práctica corrupta que hace al rey el amo del Parlamento-6, su propuesta resulta también novedosa en este punto al separar en dos al legislativo una cámara que propone y otra que decide, e incluso al ejecutivo, distinguiendo entre gobierno y poder ejecutivo. El primero es el encargado de reflexionar sobre las necesidades de la sociedad en materia de leyes, y por ello se constituye, en palabras de Sieyés, en «la parte superior del Establecimiento público central, en tribunal de proposición normativa». Al mismo tiempo, del gobierno emanan los reglamentos y normativas necesarios para la puesta en ejecución de las leyes, y tarea del gobierno es también la designación de los agentes que formarán el poder ejecutivo propiamente dicho, consagrado no a la reflexión sino a la pura acción de puesta en marcha efectiva de la legislación'. Todas estas atribuciones que Sieyés quiere para el gobierno permiten situarlo en la cúspide del edificio estatal, con más capacidad incluso que la del monarca propuesto en 1791. Se garantiza así, en opinión del abate, su tan apreciada unidad de acción, que impide tanto el despotismo como la anarquía. Pero la obra no estaría completa sin el remate de un Jurado o Tribunal Constitucional', retomando la vieja idea ya discutida en la primera etapa de la Revolución que alcanza ahora un mayor desarrollo y que Sieyés dota de un contenido mejor definido9.

Las propuestas de Sieyés no fueron aceptadas por la Comisión de los Once, encargada de redactar la nueva Constitución, la que sería conocida después como la Constitución del año III (1795) que instaura el Directorio en Francia. Su articulado recogerá sin embargo algunas de sus ideas, como la división del legislativo en una Cámara de proposición y otra de decisión, denominadas el Conseil des Cinq Cents y el Conseil des Anciens. Este último, único órgano capacitado para aprobar o rechazar las leyes propuestas por el primero, actúa además como cámara conservadora, al exigirse una edad mínima de cuarenta años y la condición de casado o viudo para formar parte del mismo10. El poder ejecutivo recae en cinco Directores, renovándose cada año uno de ellos, que nombran un máximo de ocho ministros. A pesar de este carácter múltiple del ejecutivo, siguiendo los principios republicanos del momento, la Constitución le otorga la pompa y el ritual propios de un monarca, adjudicándole una guardia de honor de 120 hombres a pie y otros 120 a caballo y obligando a cada miembro del Directorio a ir siempre precedido de dos guardias que le abran paso y a llevar la vestimenta especialmente diseñada para ellos que, de acuerdo con su dignidad y funciones, los envuelva en la majestad propia de los antiguos monarcas".

La Constitución del año III encontró serias dificultades para lograr la ansiada estabilidad política. La vuelta de una parte de los emigrados amenazaba continuamente con la contrarrevolución y hubo que recurrir a bruscas maniobras electorales12 y a la fuerza militar13 para impedir que los grupos más conservadores ganaran las elecciones y acabaran con la república. El Ejecutivo múltiple impidió la necesaria «unidad de acción» que tanto reclamaba Sieyés y la división del Legislativo restó credibilidad al sistema representativo. El abate no permaneció impasible ante las dificultades del régimen. Sus enemigos, tanto de la izquierda jacobina como de la derecha monárquica, lo señalaron con frecuencia como protagonista de toda clase de conspiraciones en favor de algún príncipe, de la casa de Brunswick o de la familia Orleans, que pusiera el punto final a la Revolución. El británico Edmund Burke aseguraba que Sieyés guardaba en su gabinete todo tipo de proyectos constitucionales, apropiados para cualquier circunstancia que pudiera darse, «unos con la punta donde debe estar la base y otros con la base donde estar la punta»14. Sin embargo nunca pudo probársele nada concreto y un atentado contra su persona, realizado por un antiguo clérigo por motivos poco claros, tuvo la virtud de restaurar en unas horas su prestigio de notorio republicano, hombre inteligente y político hábil. En 1799, cuando volvió de Berlín tras una misión diplomática y nombrado ya miembro del Directorio, la muchedumbre le fue aclamando en su viaje hasta París, pidiéndole que fuera el salvador de la república. A pesar de todo, y sabedor de que su trayectoria y su carácter no le otorgaban la fuerza del líder que necesitaba la nación, siguió buscando «una espada» para respaldar con mano firme sus proyectos constitucionales y creyó encontrarla en los éxitos militares de Bonaparte.

El 18 Brumario asoció al poder civil, que Sieyés creía representar, el poder militar de Napoleón y, con el apoyo de destacados republicanos, convirtió la república en un Consulado. La espada del joven general resultó quizá más larga de lo que había esperado Sieyés, y poco después el poder del ejecutivo múltiple quedó concentrado en unas solas manos, las de Napoleón Bonaparte, nombrado Primer Cónsul. Las formas monárquicas volvían a la escena política para salvar a la república.

Acostumbrado a estar en la sombra, parecía que había sonado por fin el momento que Sieyés había estado esperando para llevar a la práctica sus propuestas constitucionales. El edificio revolucionario podía terminar ahora en «ángulo agudo» tal como había propuesto el abate en 1789 pero sin los inconvenientes de la tradición y de la herencia. El abate diseñó un nuevo modelo de constitución que recogía todas sus aspiraciones y que dictó a Boulay de la Meurthe en vísperas de la elaboración del texto constitucional que debía legitimar y dotar de estabilidad al nuevo régimen, que sería conocido después como la Constitución del Año VIII.

En su proyecto de constitución, Sieyés, además de mantener la división del legislativo entre un Tribunado, que propone pero no decide, y un cuerpo de legisladores, que escucha y concede o rechaza, vuelve a su vieja idea de dividir también el Poder Ejecu tivo, situando en lo más alto «una potencia electoral tal como la denominaba Boulay de la Meurthe - poseyendo en sí misma todo el poder necesario para comunicar vida y movimiento a la máquina ejecutiva»15. Tal potencia electoral recaía en unas solas manos, las del Gran Elector, un monarca vitalicio pero republicano, que no procede de la herencia ni tiene súbditos, porque es tan sólo - en palabras de Boulay - «el hombre de la Nación». No gobierna ni refrenda los actos del gobierno porque está exento de responsabilidad, como los reyes. Y como ellos tiene por misión nombrar y destituir a los jefes del gobierno, observar su conducta, vigilar la marcha de los asuntos políticos, interpretar la opinión pública y tenerla en cuenta16. Un débil eco del filósofo-rey platónico resuena todavía en el proyecto de Sieyés cuando considera que su Gran Elector debe disfrutar de tiempo suficiente para la reflexión, ya que sus decisiones las toma a la sola luz de su razón y de su patriotismo, sin que sus manos estén atadas por ningún código de orden superior. Encarnación de la Nación francesa de cara al exterior, su figura debía estar envuelta en la pompa de la majestad, pues simbolizaba en su persona «la unidad, la dignidad y la grandeza de la Nación». Instalado en un palacio nacional se le asignaba una renta de cinco millones de francos. Y desde asiento tan confortable debía «observar en toda su extensión el horizonte político, disipar las brumas y restablecer la necesaria serenidad»'. Una imagen demasiado cercana a la de un antiguo monarca, al que la gente imaginaba en Versalles como sucesor de los Capetos, rodeado de un lujo insoportable para las mentes republicanas, que fustigaban el proyecto de Sieyés, burlándose de su famoso roi fai-néant"

Quedaba además por resolver una cuestión: ¿quién nombraba al Gran Elector? Fiel a su principio de que la confianza para el ejercicio de cualquier función pública debe venir de abajo, del pueblo, pero la autoridad para ejercerla debe proceder siempre de arriba, es decir, de la representación nacional, Sieyés confia el nombramiento de su monarca republicano a un Colegio de Conservadores, una magistratura puramente constitucional, encargada de velar por el riguroso cumplimiento de la Constitución y proceder a su reforma en caso necesario, surgida de las listas de notables, listas confeccionadas por la elección popular y destinadas a proveer de cargos a todos los estamentos del Estado.

El proyecto de Sieyés parecía hecho a medida de Napoleón: un patriota acreditado y un militar ilustrado, que había salvado la república en horas dificiles y que, después de alcanzar la gloria en el campo de batalla, podía sentirse satisfecho con el papel de árbitro supremo del Estado. Sin embargo Bonaparte no fue de la misma opinión. Decepcionado por las escasas atribuciones del Gran Elector, desechó el proyecto de Sieyés y quiso acumular todo el poder en sus manos. De las propuestas dictadas a Boulay de la Meurthe la Constitución del Año VIII sólo conservó algunas ideas -tal como hiciera el Directorio en el Año III como la división del legislativo en una cámara de proposición, el denominado Cuerpo Legislativo, y otra de decisión, el Tribunado. De la figura del Gran Elector sólo quedó el carácter vitalicio que poco tiempo después (1802) se atribuyó al cargo de Primer Cónsul. El Imperio convirtió por último en monarquía hereditaria lo que Sieyés había querido que fuera una república coronada.

LA SUPREMACÍA DEL EJECUTIVO EN LOS PROYECTOS DE NECKER

La contribución de Jacques Necker a la reflexión sobre la mejor constitución para un gran país es la de un observador objetivo, alejado ya de los acontecimientos cotidianos, de los que un día fue protagonista, pero que no renuncia a expresar sus ideas, respaldado por sus conocimientos y su experiencia. Desde su refugio en Coppet, a pocos kilómetros de Ginebra, su ciudad natal, el antiguo ministro de finanzas de Luis XVI toma su pluma para exponer, ante los pocos que aún quieren escucharlo, la naturaleza, las necesidades, los requisitos, y, en definitiva, las ventajas y los inconvenientes tanto de la monarquía como de la república. Del conjunto de escritos redactados después de su retirada del mundo político hay dos títulos centrados especialmente en el problema de las formas de gobierno: Du pouvoir executii fdans les grands états, publicada en 1792, y Derniéres vues de politique et de finances, redactada en 1801, poco antes de morir'9. La primera es una crítica, desde la necesidad del orden y de la estabilidad, a la obra de la Revolución; la segunda es una defensa de la libertad, ahogada bajo lo que considera la dictadura de Bonaparte. Entre la libertad inestable e ingobernable y la tranquilidad pública impuesta por una tiranía, no hay elección posible. Son los principios y no las formas externas del gobierno lo que importan y la voz de Necker se eleva alta y clara para puntualizar los unos y minimizar las otras, en una exposición lúcida, esencialmente burguesa, con claros acentos liberales y no exenta de la melancolía por lo que pudo ser y no fue.

Acostumbrado al ejercicio del poder y a las ventajas de un sistema de despotismo ilustrado, Necker no alberga ilusiones filosóficas respecto a la política. Un gobierno no tiene otra finalidad que la de garantizar una convivencia pacífica para que la producción de bienes y servicios pueda alcanzar a las necesidades del conjunto de la población. Considerando que sólo los propietarios están en condiciones de producir bienes materiales, la protección de los intereses de este grupo es tarea primordial de cualquier gobierno, aunque el fin último sea el bienestar general. Desde este punto de vista, un buen gobierno debe ser siempre un gobierno fuerte, sea cual sea el ordenamiento constitucional y la forma exterior que adopte: monárquica o republicana. Pero debe ser también un gobierno controlado, para evitar la arbitrariedad y la tiranía.

Estos dos elementos - autoridad suficiente y órgano de control constituyen para Necker la base de una buena constitución. La primacía estará siempre en el ejecutivo y el parlamento ejercerá fundamentalmente una tarea de contención y de freno a los posibles desmanes del encargado efectivo del gobierno. Esto no supone privar a las asambleas que representan la voluntad popular de toda iniciativa legislativa, sino conferir al poder ejecutivo capacidad para intervenir también en la confección de la ley. La división de poderes debe aproximarse más a la realidad del sistema británico, y no a esa idealización ofrecida por Montesquieu o por De Lolme20 que quisieron ver en el mode lo inglés una separación tajante entre la elaboración de la ley y su ejecución. En su crítica a la visión distorsionada que se tiene en Francia del sistema inglés, el ex ministro se muestra buen conocedor del funcionamiento real de la política en la corte de St. James, en la que el monarca, en los años finales del siglo xviii tenía mucho más poder que el que querían ver los liberales del continente21, obsesionados con la idea de la soberanía popular, encarnada en el parlamento, y que veían siempre en el ejecutivo al enemigo que se debía combatir. La fiscalización y el control de los actos del gobierno, tal como la realizaba el parlamento de Westminster con gran éxito durante el reinado de Jorge 111, les parecía a los liberales de matriz revolucionaria una tarea escasa para los altos fines asignados a la voluntad general expresada a través de representantes libremente elegidos. Sin embargo Necker se dejaba impresionar bastante poco con las grandes palabras y distinguía entre la voluntad y el deseo de una nación. La primera no es otra cosa que la decisión momentánea de los individuos que constituyen la generación del presente, y es la que hace y deshace las mayorías en la Cámara a través de las elecciones; el segundo es una entidad de generaciones sucesivas y trascendente a ellas; expresa la tendencia a perseverar en el ser de una comunidad contemplada en el transcurso de los siglos. La autoridad política, con independencia de los individuos que la ejercen en cada momento, tiene como misión realizar el deseo de una nación, y no debe por tanto someterse a la voluntad de unas asambleas contingentes y efímeras. Una segunda cámara, o cámara alta, cuyos miembros no estén sometidos a las fluctuaciones de la opinión, puede ayudar a esta finalidad, pero el elemento esencial será siempre el poder ejecutivo, al que Necker considera «la fuerza motriz» de un gobierno; representa, en el sistema político, ese poder misterioso que, en el hombre moral, aúna acción y voluntad22.

Por ello, una diferenciación tajante entre los poderes del Estado, en la que se disocia el acto de legislar del acto de hacer posible la vigencia de tal legislación, sólo es posible en la pura especulación intelectual. Pero en la realidad únicamente quien conoce por experiencia las necesidades y los problemas de una sociedad tiene una idea clara de las decisiones que se han de tomar. Negar al ejecutivo su participación en la toma de decisiones es condenarlo a la impotencia. Hay un desdoblamiento necesario en los poderes políticos, pero es de otra naturaleza: al ejecutivo le corresponde la iniciativa, el impulso y el liderazgo; al legislativo, la aprobación o el rechazo, la vigilancia, la crítica y el control. Nunca deben ser poderes enfrentados sino cooperativos: «Se debe buscar una relación constitucional entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, se debe desear que su prudente asociación, su ingenioso entrelazamiento sean siempre la mejor caución de una circunspección mutua y de una vigilancia eficaz»23. Si la Asamblea constituyente hubiera realmente imitado el modelo inglés, hubiera aceptado la primacía del poder ejecutivo y los resultados hubieran sido más beneficiosos para Francia24.

La lógica del discurso de Necker lo lleva, obviamente, a considerar la monarquía hereditaria como mejor forma de gobierno, puesto que solventa fácilmente la legitimidad de un ejecutivo fuerte. Sin embargo, cuando los acontecimientos revolucionarios demuestran la imposibilidad de mantener o restaurar el trono en Francia, Necker no se limita a lamentar la desaparición de su sistema preferido. En 1796, en sus reflexiones sobre la Revolución francesa, considera la posibilidad de una república, concebida con una estructura federal, al estilo de la norteamericana, para facilitar la estabilidad social: Francia quedaría dividida en tres o cuatro Estados federados, de pequeña extensión y con una población media de un millón de habitantes. Estas magnitudes serían asequibles para el mantenimiento del orden público sin los recursos de una sociedad estamental y facilitarían la implicación ciudadana en las tareas políticas que debe caracterizar a una república25. El eco de Montesquieu seguía presente: la forma republicana sólo puede funcionar en pequeños territorios.

Sin embargo, en los años siguientes, Necker comprende que los franceses nunca van a renunciar a la idea de que su república ha de ser una e indivisible, y decide afrontar el reto de teorizar una república para un gran país. En 1802, casi anciano y olvidado por todos o, lo que es quizá peor, recordado tan sólo porque es el padre de la intrigante Madame de Staél, decide publicar sus Derniéres vues de politique et definances, el testamento político de quien ha consagrado toda su vida a tal actividad. En ese momento, Francia está ya sometida al que Necker, en tono bastante irónico, considera 1'homme necessaire: Bonaparte, y la Constitución del Año VIII muestra el carácter autoritario del nuevo régimen, de fachada republicana pero que apenas oculta sus intenciones monárquicas.

En tales circunstancias, el antiguo ministro de finanzas se muestra como un pensador capaz de combinar la ciencia de la política, que debe saber adaptarse a cualquier situación, y la experiencia práctica, que mantiene la reflexión siempre dentro del campo de lo posible. Para sustituir al monarca se necesita un ejecutivo colegiado, formado por siete miembros y designado por elección y, para satisfacer las exigencias de la voluntad ciudadana que debe legitimar toda república, es imprescindible un legislativo, fruto asimismo de la elección, y dotado de iniciativa en la proposición de las leyes. Pero un esquema tan sencillo no garantizaría la estabilidad del sistema en un territorio de gran extensión. Por eso estos elementos deben ser cuidadosamente matizados con otros de procedencia monárquica: una sola persona ejerce la jefatura del Estado cada año con el título de Cónsul, designada por turnos entre los siete miembros del ejecutivo, disponiendo de amplias facultades de gobierno; el legislativo se desdobla en dos Cámaras, un Consejo grande, integrado por un representante de cada distrito electoral, renovable cada cinco años, y un Consejo pequeño, compuesto por un representante de cada Departamento. El carácter senatorial de este último viene dado por la exigencia de edad para sus miembros, que han de tener al menos treinta años, y por la mayor extensión de su mandato: diez años26. Ambas Cámaras ejercen el control del ejecutivo, que será res ponsable ante ellas, si bien esa responsabilidad afecta únicamente a quien esté ejerciendo la presidencia en ese momento. Así, lo que era un elemento monárquico - concentrar el poder del ejecutivo en unas solas manos permite salvaguardar la estabilidad del sistema y combinar la responsabilidad política - ausente en una monarquía pero insoslayable en una república - con la permanencia al frente de los asuntos del Estado.

Necker no olvida tampoco las intenciones de Napoleón de fundar una dinastía que lo sobreviva, y se apresura a examinar las dificultades de tal posibilidad. A la monarquía la sostiene la tradición y la costumbre y precisa del respeto y la distancia de los sistemas aristocráticos de las sociedades estamentales. Una monarquía de nuevo cuño, con los generales del ejército sustituyendo a los Pares de Francia o a los Lores ingleses, sin la independencia que otorgaban los antiguos feudos y sometidos en todo al Príncipe que los manda, nunca sería una monarquía: «Creo que ni siquiera Bonaparte, con su talento, su genio y todo su poder, pueda llegar a establecer hoy día en Francia una monarquía hereditaria moderada»27. «Hubo varios momentos favorables para establecer en Francia una monarquía moderada, pero ya han pasado»28.

LA ARISTOCRACIA DE LOS NOTABLES

Reemplazar a la aristocracia y el papel que desempeñaba en el Antiguo Régimen es otra de las cuestiones que preocupan a Necker y que se discuten con frecuencia en esos años de experimentos políticos. La Revolución se ha hecho en nombre de la igualdad ante la ley y para abolir los privilegios hereditarios. Pero ¿cómo llenar el vacío dejado por la nobleza como clase dirigente, responsable y modélica dentro de la sociedad? Los republicanos moderados asumen inmediatamente que es la clase de los propietarios la que está llamada a cumplir tan importante papel para dotar de la imprescindible estructura y jerarquía a la nueva sociedad, nacida del proceso revolucionario.

La igualdad política - afirma con vehemencia Madame de Staél no es más que el restablecimiento de la desigualdad natural. Desaparecida la desigualdad artificial creada por la herencia, se puede estar seguro de que los hombres más ilustrados, los más honestos, los más considerados serán llamados por el pueblo para gobernarlo. ¿Y qué elemento permite alcanzar mejor tales virtudes naturales?: la propiedad, que, al dar a los candidatos más interés en la asociación política y más tiempo disponible para instruirse, les harán merecedores del sufragio de sus conciudadanos 29.

«De hecho - asegura la baronesa de Staél - si la institución de la propiedad no estuviera ahí para servir de base a la sociedad, yo no creería en la destrucción de la herencia» 30. Se trata pues de sustituir una institución por otra, no de perder las ventajas de la aristocracia sino de sustentarlas en principios más justos y más naturales, de crear, en definitiva, una aristocracia de nuevo cuño, abierta a la movilidad social pero igualmente en situación de privilegio con respecto al ejercicio del poder político.

Necker no duda en calificar a este sistema basado en la preeminencia de determinados grupos sociales de «aristocracia burguesa» y se permite ironías sobre el paralelismo que podría establecerse entre los tres estamentos creados por Bonaparte en la República Cisalpina - terratenientes, letrados y negociantes - y los tres órdenes tradicionales del Antiguo Régimen. Carentes, al igual que el monarca plebeyo, de una dinastía nueva, del soporte que proporciona la tradición y la costumbre, estos cuerpos nunca podrán formar una élite política que, por designación directa del ejecutivo o por el privilegio de la herencia, se encargue de elaborar las leyes, al modo del patriciado en la República romana31. Si no aceptamos una aristocracia de la sangre, concluye Necker, la nueva aristocracia del dinero y del talento sólo puede legitimarse a través de la elección popular. Y de ahí la necesidad de las condiciones censitarias para electores y elegibles y las llamadas listas de notables.

Las discusiones sobre la organización de la nueva aristocracia burguesa están siempre presentes durante la redacción de la Constitución del Consulado, denominada Constitución del Año VIII. El principal defensor del anteproyecto gubernamental es Roederer, un republicano moderado, perseguido por el Terror, partidario de Bonaparte, que ya había participado en la elaboración de la mencionada constitución para la República Cisalpina. Roederer, quien creía en la necesidad de dotar a la teoría política de una base racional y científica, en la línea de los Ideólogos, siempre había considerado que la organización social tenía prioridad sobre la organización política. Cualquier sistema político debe estar al servicio de la sociedad, que le precede en el tiempo y le supera en importancia. El gobierno tiene únicamente un carácter instrumental y ni siquiera es un elemento imprescindible. Su misión es servir como garantía de la organización social y ésta depende, a su vez, de la sociedad, que se establece por sí misma. Construir adecuadamente el edificio político precisa pues del análisis científico previo de la sociedad a la que ha de servir. Por este camino Roederer se remonta a los derechos naturales y al primigenio contrato social que, en su opinión y siguiendo de cerca los postulados lockeanos, tiene como finalidad la protección de la libertad y de la propiedad de los individuos32.

Con estas premisas, Roederer se convierte en un firme partidario de la preeminencia de los propietarios en una república bien constituida y en el artífice del sistema de listas de notables sobre el que descansan las elecciones en la Constitución del año VIII. En respuesta a las acusaciones que le hace la oposición de haber pretendido crear un patriciado de nuevo tipo por medio de las fuertes condiciones de propiedad exigidas para formar parte de los tres escalones de notables, Roederer formula la declaración más explícita sobre la naturaleza de esta nueva clase social, la de notables, y trata de asociar aristocracia y democracia en un curioso ejercicio de retórica política, que muestra las dificultades para acotar la esencia de lo verdaderamente republicano. La condición de notable, explica Roederer, en ningún caso será hereditaria, como lo era el patriciado romano o la vieja aristocracia. Sin embargo permitirá seleccionar a los hombres de virtud y de talento para confiarles las tareas de gobierno, tanto legislativas como ejecutivas, separándolos del resto de los ciudadanos, necesitados de trabajar para subsistir e incapaces por tanto de procurarse la educación y la instrucción necesarias para desempeñar tareas políticas. Citando a Rousseau, Roederer acepta la denominación de aristocracia electiva para su propuesta censitaria, puesto que el término «aristocracia» significa el gobierno de los mejores pero sometidos, en este caso, a una elección. Y, puesto que la democracia en una nación moderna no puede ser ya directa sino representativa, y no es en paridad el gobierno de todos sino de un parte de los ciudadanos, el resultado es que «aristocratie élective et démocratie répresentative sont done une seule et méme chose. Ansi, demander si la notabilité n'est pas l'institution d'une aristocratie élective, c'est demander si elle n'est pas l'institution d'une démocratie répresentative»33. De esta forma, la aristocracia electiva sustituye a la nobleza hereditaria. Sólo se sacrifica el privilegio del nacimiento, pero se mantiene la necesidad de la institución.

La conversión de Napoleón en Primer Cónsul, con gran poder simbólico como soberano de la nación y con amplias competencias tanto ejecutivas como legislativas, plantea inmediatamente la cuestión de su sucesión. Encontrar una alternativa republicana al tradicional sistema de la herencia en la persona del hijo primogénito supone un problema difícil de resolver, como lo demuestran las fórmulas complicadas y ridículas adoptadas en la Constitución del Año X para legislar tal circunstancia 34. La proclamación del Imperio, en 1804, resolverá la incertidumbre, haciendo recaer la sucesión del Emperador en los miembros de su familia. El salvador de la República instaura una dinastía al colocar sobre su cabeza republicana la corona del Imperio, lo cual no impide que, en los primeros años del Imperio, Napoleón 1 siga firmando decretos y proclamas en nombre de la República francesa.

LA MONARQUÍA REPUBLICANA DE BENJAMIN CONSTANT

Tanta ambigüedad en torno a las formas de gobierno es lo que lleva a un republicano convencido, como Benjamín Constant, a reflexionar sobre las ventajas de la monarquía en su obra destinada a defender la necesidad de una república, mencionada al principio35. Iniciada en 1799, al calor de los debates sobre la mejor forma de gobierno, el texto que Constant va redactando durante varios años contiene una completa exposición de los principios y de las instituciones que deben regir un sistema republicano, al tiempo que constituye una crítica radical a cualquier régimen aristocrático, encabezado por un monarca hereditario. Deudor, en parte, de las reflexiones de Sieyés y, sobre todo, de Necker, la obra de Constant ensaya de nuevo el diseño de unas instituciones republicanas para un territorio de grandes dimensiones, abandonando ya la idea de Montesquieu de que el sistema sólo es válido para pequeños Estados. Partidario de una división de poderes a la inglesa, con el legislativo como piedra angular puesto que representa la voluntad ciudadana, su liberalismo sin fisuras lo lleva a la necesidad de recortar y controlar firmemente el poder del ejecutivo, que debe ser múltiple, al estilo de la propuesta de Necker, y plenamente responsable ante la Cámara. Su principal aportación es la elección directa, con restricciones censitarias para los electores, que elimina todo el entramado de las listas de notables, estableciendo una mayor relación entre electores y representantes.

Si este diseño constitucional se hubiera publicado en los años en que fue concebido y redactado se habría convertido sin duda en un importante punto de referencia para la organización de cualquier régimen republicano, ya que su traza es mucho más moderna y su mecanismo es más sencillo y pragmático que los modelos de sus antecesores. Pero lo más curioso de esta obra de Constant, en relación con el tema que nos ocupa, es la continua referencia a las ventajas que ofrece la monarquía para asegurar la estabilidad de un sistema político, al erigirse el Rey como un poder neutro, sin más interés político que su continuidad en el trono, y dispuesto por tanto a evitar los abusos que procedan tanto del legislativo como del ejecutivo. A pesar de sus inconvenientes dice

la herencia es mejor que la ausencia de un poder neutro. Para prescindir de la herencia, la constitución tiene que ser excelente36. En las constituciones libres es especialmente necesario un poder neutro porque en tales constituciones, al organizar diversos poderes con cierto grado de independencia, la lucha se establece infaliblemente entre ellos. Los Gobiernos monárquicos, por el contrario, al no crear más que un solo poder que no encuentra resistencia, éste puede limitarse o refrenarse de hecho por sí mismo37. Estas afirmaciones, seleccionadas entre muchas otras, muestran que el republicanismo de Constant no le impide reconocer que la falta de mecanismos que aseguren las garantías que otorga la constitución sigue siendo el punto débil de las repúblicas y la amenaza continua de su estabilidad. Un rey, en cambio, con la seguridad de una sucesión pacífica en la persona de su primogénito, ofrece esa garantía de continuidad, de unión de intereses nacionales más allá de las personas designadas en cada momento, y de estabilidad al margen de las convulsiones políticas, que no puede ofrecer una república. Esta preocupación lo lleva a configurar un denominado poder preservador, con competencias muy similares a las prerrogativas del Rey en un sistema monárquico: destitución del ejecutivo, disolución del legislativo, derecho de gracia y sanción de los cambios constitucionales. El nombramiento de sus integrantes se hará con carácter vitalicio y no podrán optar a ningún otro cargo o empleo público; el Estado les entrega una propiedad territorial que asegure su bienestar económico y su independencia política. Al defender su proyecto frente a posibles críticas por introducir nuevas instituciones, Constant concluye:

(...) si no se quiere ningún instrumento nuevo, resignémonos a la monarquía: tiene muchos inconvenientes pero obvia muchas dificultades (...) especialmente porque crea un poder intermedio, parecido, en muchos aspectos, a ese cuya búsqueda nos ocupa ahora. Si nos alejamos de la monarquía (...) que se permita entonces, a los partidarios de la República, suplir sus lagunas y perfeccionar los resortes de esta forma de gobierno38.

Todas estas reflexiones de Constant se convirtieron en obsoletas por la rápida sucesión de los acontecimientos que desembocan en la proclamación del Imperio; esta obra nunca se editó en vida del autor y se quedó en algo que pudo haber sido y no fue, en una alternativa a la república monárquica que quizá quiso Napoleón y que naufragó en la autocracia imperial que impuso su creador.

Pero el debate iniciado en los albores de la Revolución tendrá su epílogo en la Restauración borbónica de 1815. La república, en todas sus fórmulas, ha fracasado y la monarquía vuelve a Francia. Pero el Antiguo Régimen ha desaparecido y la sociedad francesa se ha transformado. La igualdad ante la ley, la división de poderes y el sistema representativo, que fueron considerados como signos distintivos de una república, resultan ya imprescindibles si se quiere evitar que la revolución vuelva a empezar. Y, si en el pasado se intentó - tal como hemos visto que la república conservara ciertos rasgos monárquicos para subsistir, ahora la única posibilidad es que la monarquía adopte ciertos elementos republicanos si quiere consolidar su vuelta al trono de Francia.

Benjamín Constant ha sabido adaptarse a los avatares históricos que han ido sacudiendo a Francia. Sus convicciones republicanas no le impiden solicitar un puesto en el Tribunado cuando Napoleón se convierte en Primer Cónsul, pero no logra vencer del todo la desconfianza de Bonaparte y debe abandonar la institución en la primera renovación de sus miembros. Asocia la época del Imperio a la tiranía y a la usurpación y emplea su pluma en criticar con fuerza al nuevo amo de Francia39. Regresa a París después de Waterloo, pero decide colaborar de nuevo con Napoleón durante los Cien Días y redacta para él un proyecto de constitución de corte liberal. La Restauración le perdona tantas veleidades y consigue un escaño de diputado al amparo de la Carta otorgada de 181440. La mente brillante y reflexiva de Constant aprende las lecciones del turbulento devenir político de la última etapa de la Revolución y saca sus propias consecuencias. El antiguo republicano que prefería la estabilidad de las viejas monarquías a la incertidumbre de las repúblicas puras, carentes de un poder supremo que sometiera por igual al legislativo y al ejecutivo, encuentra la fórmula magistral: fusionar las ventajas de la monarquía y de la república, coronar el edificio republicano, republicanizar cualquier sistema monárquico.

Sus Principes de politique aplicables á tous les gouvernements répresentatifs41 resumen en pocas páginas el conjunto de su propuesta. Todas las aspiraciones republicanas quedan intactas: soberanía popular, reconocimiento de los derechos y libertades individuales, división de poderes, legislativo designado mediante elección directa por los ciudadanos con determinado nivel de rentas, ejecutivo controlado por las Cámaras y responsable ante ellas, poder judicial independiente. Pero la forma exterior es monárquica. La clave está en distinguir entre el poder ministerial y el poder del Rey; el primero asume la responsabilidad política, el segundo es políticamente irresponsable e inviolable. De esta forma se consigue por fin, y de manera sencilla, ese poder neutro imprescindible para el mantenimiento de la estabilidad política y garantía última del funcionamiento de la constitución.

La monarquía constitucional dice Constant nos ofrece ese poder neutro, tan indispensable para una libertad normalizada. El rey, en un país libre, es un ser aparte, por encima de las diferencias de opinión, sin otro interés que el de mantener el orden y la libertad, que no puede volver a la condición común, inaccesible por tanto a las pasiones que nacen de ésta (...). Planea, por decirlo de alguna manera, por encima de las agitaciones humanas, y la obra maestra de la organización política es haber creado así, en el seno mismo de las disensiones sin las que no existe libertad alguna, una esfera inviolable de seguridad, de majestad, de imparcialidad, que permite que esos desacuerdos se desarrollen sin peligro, mientras no excedan ciertos límites, y que, cuando el peligro aparece, le pone término por medios legales, constitucionales y alejados de cualquier acto arbitrario42.

Ninguna república puede proporcionar esa neutralidad con tanta eficacia. Si el poder supremo se renueva periódicamente no tiene derecho a indulgencia por sus errores, ya que ha solicitado el puesto que ocupa y, si fuera declarado irresponsable, no tardaría en ser reconocido como inútil. En una monarquía, en cambio, el poder supremo impide que otros lo codicien, y establece un punto fijo, inatacable, al que las pasiones no pueden acercarse`

Así pues, el Rey no debe poseer el poder ejecutivo, sólo limitarse a su nombramiento. Su lugar está al margen y por encima de los avatares del gobierno de la nación, y así nunca estará implicado en el enfrentamiento con el legislativo y no será por tanto criticado ni por las malas leyes ni por los errores de sus ministros. Inamovible por su propia naturaleza, garantiza la continuidad a través de la herencia pacífica en sus sucesores. No posee más interés político que el de su mantenimiento en el trono, que queda asegurado al estar desligado de los grupos políticos y de las preferencias electorales. El rey se convierte así en ese poder neutro que corona el edificio constitucional. Representa la unidad de la nación más allá de las diferencias ideológicas, la estabilidad del sistema por encima de las luchas políticas, la vigencia de la constitución con independencia de los resultados electorales. Nace así la monarquía constitucional.

CONCLUSIONES

La experiencia acumulada y la reflexión teórica que suscita - en este tránsito de la monarquía de Antiguo Régimen a la república revolucionaria, y de ésta a la monarquía constitucional, va a traer, en el tema que nos ocupa, dos consecuencias importantes, estrechamente relacionadas entre sí. En primer lugar se produce un cambio en el concepto de república. Esta forma de gobierno se había entendido, tradicionalmente, como el sistema de organización política que anteponía el interés de la comunidad por encima de los intereses particulares de sus miembros y que sacrificaba la libertad individual de sus ciudadanos a la libertad política del conjunto. Éste había sido el punto de vista de Montesquieu y, desde luego, el de Rousseau. Por esa razón el primero la había rechazado para la época presente y el segundo la había adoptado como modelo para el ejercicio de la Voluntad General. Sin embargo, a partir de la caída de Luis XVI, la república se asocia únicamente al Gobierno representativo, con un parlamento elegido por sufragio, con división de poderes, sin monarca y sin privilegios para la nobleza hereditaria. El reconocimiento y la garantía en el ejercicio de derechos y libertades individuales no altera el esquema, sino que forma parte imprescindible del mismo entre los republicanos liberales. La preeminencia de la comunidad desaparece y con ella la virtud cívica, la austeridad y la democracia directa que Montesquieu y Rousseau habían asociado a la forma republicana.

La segunda consecuencia es lo que se suele denominar la indiferencia de las formas de gobierno. Monarquía y República se diferencian ya únicamente por la presencia o ausencia de un monarca en la cúspide del edificio político. Pero, aun cuando el monarca está presente, carece de poder efectivo y todos sus actos están sometidos y regulados por la Constitución, de igual modo que la actuación de todas las autoridades políticas en una república. Lo esencial es pues el articulado constitucional y no el aspecto exterior con el que se vista. El régimen político y no la forma política es lo que define un tipo de gobierno. El triunfo del ideario liberal transforma los criterios para el establecimiento de tipologías políticas.

Estos cambios son los que permiten el tránsito a la monarquía constitucional que, incluso, como en la fórmula aportada por Constant, hace más estable un sistema representativo. Para los liberales siempre será preferible una monarquía constitucional, con la debida garantía para los derechos y libertades individuales, que una república autoritaria, sea con tendencias timocráticas o socializantes.

MARCO ANTONIO LANDAVAZO

Instituto de Investigaciones Históricas Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

A MANERA DE INTRODUCCIÓN: LA TRAYECTORIA DEL MONARQUISMO MEXICANO

Voy a ocuparme aquí de los años cruciales en los que México transitó del legitimismo monárquico a la adhesión al orden republicano, a partir del estudio de las imágenes que del monarca español se construyeron en la Nueva España, en los últimos años del dominio colonial. Parto de una constatación, durante mucho tiempo desdeñada por la historiografía por razones ideológicas: la figura del Rey, y con ella la institución de la monarquía, tuvo una importancia mayor en la configuración histórica de la América española, en particular del mundo novohispano, hasta el punto de que el proceso de separación de México de su antigua metrópoli estuvo fuertemente condicionado por eso que llamaré el imaginario monárquico. Se trata acaso de una de las paradojas más llamativas de nuestra historia, pues las manifestaciones más exaltadas de fidelidad que ningún otro rey recibió jamás en los 300 años de dominio colonial en la Nueva España se produjeron justo en el período en que inició el proceso de independencia respecto de España.

Antes de entrar en el tema me ha parecido conveniente esbozar rápidamente la trayectoria de los proyectos y movimientos monárquicos mexicanos del siglo xix, porque ese itinerario arranca justamente después del proceso del cual nos ocuparemos en estas páginas. En efecto, una vez que estalló la guerra civil tras la rebelión del cura Miguel Hidalgo en 1810, asistimos en la Nueva España al apogeo y la decadencia del imaginario monárquico, habida cuenta de que los bandos en disputa, por igual, incorporaron en sus discursos justificativos el reconocimiento del Rey. A pesar del paulatino desgaste que sufrió la figura de Fernando VII después de 1814, la monarquía fue ponderada como la mejor forma de gobierno, y de ahí que la vida independiente de México haya empezado bajo el signo del imperio, el que encabezó el antiguo soldado del rey Agustín de Iturbide en 1822. El fracaso del gobierno imperial de Iturbide y los intentos de reconquista que impulsó el monarca español abrieron paso a la república en 1824, e iniciaron al mismo tiempo la historia moderna del monarquismo mexicano, marcada no obstante por la huella del desprestigio.

Ya desde antes ciertamente se había empezado a forjar una visión negativa de la monarquía como forma de gobierno. A partir de la proclamación en 1821 del Plan de Iguala de Iturbide y hasta 1836 por lo menos, año en que España reconoció finalmente la independencia de México, la opción monárquica empezó a ser asociada invariablemente con la vuelta a un pasado colonial opresivo que para entonces casi nadie veía deseable. En el origen de esta visión se encuentra la actitud asumida por el Gobierno español ante la insurgencia novohispana y su posterior desenlace independentista, es decir, la política esencialmente militarista que desde 181 1 se impulsó desde la metrópoli, decidida a aplastar la rebelión y renuente a reconocer posteriormente a la nueva nación, que se concretó en la fallida expedición militar de Isidro Barradas en julio de 1829.

Esa política generó en la opinión pública mexicana un estado de absoluta animadversión no sólo contra España sino contra los grupos políticos que pugnaban en el país por establecer un Gobierno monárquico. Frecuentes fueron las acusaciones al Partido Conservador, el denominado rito escocés, de querer implantar de nueva cuenta el dominio de Fernando VII o de algún miembro de la casa real, y por ende regresar al estado colonial. En uno de tantos impresos que circularon en la época, sea por caso, se aseguraba que los «pícaros aristócratas y borbonistas», para reducir a la esclavitud a los mexicanos, trabajaban «por erigir un trono en la república mexicana y sentar en él a señor D.Francisco de Paula Borbón»'. A partir de entonces, los proyectos monárquicos, en la prensa y la opinión pública dominantes, adquirieron ese sello de perversidad: la vuelta a un orden colonial considerado ominoso.

El gobierno imperial de Agustín de Iturbide (1822-1823), aunque despertó buenos augurios inicialmente, terminó en el fracaso, en el destierro de Iturbide y su posterior fusilamiento acusado de traición. El segundo imperio (1864-1867) encabezado por el archiduque Maximiliano de Austria, por su parte, aunque tuvo realizaciones importantes adolecía de una debilidad intrínseca al estar apoyado por la intervención militar francesa y al haber chocado, por sus políticas liberales, con sus apoyadores internos, los grupos conservadores. Ambos intentos terminaron en el fracaso, y la historia de los vencedores, el Partido Liberal, los excluyó del relato nacional pues fueron considerados, casi sin excepción, experimentos espurios, impulsados por las fuerzas políticas más retrógradas y nocivas del país. Sin embargo, hay ahí, entre las experiencias del primer y del segundo imperio, una historia muy rica sobre los esfuerzos políticos, intelectuales y diplomáticos de muchos mexicanos por pensar una forma de gobierno alternativa al modelo republicano, federal o centralista, que espera todavía ser desvelada.

Al declararse la independencia de México en 1821 la monarquía como forma de gobierno era incontestable. La discusión giraba en tomo al origen del ocupante de la silla imperial: un monarca «ya hecho» como se decía en el Plan de Iguala o la creación de una nueva y autóctona dinastía. Dos años después las tendencias republicanas eran abrumadora mayoría en el congreso constituyente, lo que se reflejó en la forma de gobierno republicana que sancionó la primera constitución mexicana, la de 1824, sin que haya sido dilucidado aún con precisión ese tránsito ideológico2. Hasta 1836, el fantasma de la intervención española y el no reconocimiento de la independencia condicionaron en muy amplia medida el debate político, otorgando, como hemos señalado, una marca negativa a los proyectos monárquicos3.

No sería sino hasta la década de los 40 cuando empezó a construirse un discurso monárquico más o menos sólido y coherente, y a darse pasos efectivos para sostenerlo. Se suele considerar la famosa carta que José María Gutiérrez Estrada dirigió al presidente Anastasio Bustamante en agosto de 1840 como el inicio, en palabras de Edmundo O'Gorman, de «la ofensiva monárquica»4. En dicha carta, Gutiérrez de Estrada puso las bases fundamentales del programa monárquico: una crítica al modelo republicano por sus excesos, la creación de una forma de gobierno capaz de conciliar los intereses comunes y las libertades públicas con el orden y la estabilidad, y evitar que en unos años se viese tremolar en Palacio Nacional «la bandera de las estrellas norteamericanas» 5.

Los primeros pasos para concretar ese proyecto se produjeron en los años de 1845 y 1846, y sus figuras decisivas fueron el general Mariano Paredes y Arrillaga en su parte político-militar, al aceptar dirigir la revuelta del Plan de San Luis en contra del presidente Herrera y llegar a la presidencia en junio de 1846; Lucas Alamán en la parte propagandística e ideológica, al ser uno de los fundadores del periódico El Tiempo en enero del mismo año, que se convertiría en la principal arma ideológica de los monarquistas, y el ministro plenipotenciario español Salvador Bermúdez de Castro en la parte diplomática, quien era entonces el principal promotor en España y en las cortes europeas del proyecto de establecer en México un Gobierno monárquico6.

Gracias al triunfante pronunciamiento del general Mariano Salas que puso fin al gobierno de Paredes, la llamada conspiración monárquica de 1845-1846 no prosperó. Pero el debate que se suscitó a propósito, más la campaña periodística de El Tiempo, permitieron recuperar los argumentos esenciales del programa monárquico expuesto en 1840 por Gutiérrez de Estrada, y que no pudieron ser desarrollados porque su autor se vio obligado a salir del país, ante las virulentas reacciones republicanistas que había provocado'. En 1848 reapareció el periódico El Universal, que desató nuevamente ese año y el siguiente lo que se ha denominado la «polémica en tomo al monarquismo», que tuvo el mérito de revelar los límites y contradicciones de los planteamientos liberales y conservadores acerca de los fundamentos de las instituciones políticas mexicanas, pero además permitió mantener el ideal monárquico, aun cuando aparecía con un perfil moderado en las páginas del periódico pues la palabra «monarquía» no fue mencionadas.

No faltaron pues ocasiones para que el ideal siguiera expresándose, por ejemplo con la frustrada rebelión de Paredes y Arrillaga en Guanajuato en contra de los Tratados de Guadalupe Hidalgo, que tenía supuestamente propósitos monarquistas, y más tarde con los devaneos imperiales de Santa Anna: el restablecimiento en noviembre de 1853 de la iturbidista Orden de Guadalupe, las proposiciones llegadas de varios puntos del país para que el general adoptara el título de generalísimo o príncipe, la propuesta surgida en la localidad de Zoquizoquiapan de ocupar el trono de un nuevo Imperio, la autoproclamación como Alteza Serenísima, y finalmente las instrucciones del dictador dadas a Gutiérrez Estrada en julio de 1854, para entablar negociaciones en las cortes de Londres, París, Madrid y Viena con el propósito de establecer «una monarquía derivada de alguna de estas casas dinásticas» 9.

A partir de entonces se sucedieron varios acontecimientos a nivel nacional e internacional que abrieron el camino al proyecto monárquico. Las gestiones oficiales y oficiosas en Europa de Gutiérrez de Estrada, José Manuel Hidalgo, Tomás Murphy y Juan Nepomuceno Almonte se intensificaron, antes incluso de las presidencias de Zuloaga y Miramón. El gobierno de Juárez por su parte, quien había ocupado la presidencia en enero de 1861 tras la derrota de Miramón en Calpulalpan en diciembre del año anterior, tomó una serie de medidas - como la expulsión de diplomáticos europeos y la cancelación de los pagos de las deudas - que movieron a Francia, España e Inglaterra a firmar una convención para tomar medidas de fuerza en contra de México. Estados Unidos, por su parte, se encontraba enfrascado en una cruenta guerra civil. Los tres países europeos enviaron sus tropas, España el primero a fines de 1861, Inglaterra y Francia después a principios de 1862. Este último, finalmente, decidió invadir el país al romperse la alianza tripartita, mientras que el gobierno de Juárez iniciaba la «peregrinación de la República» como le ha llamado O'Gorman.

La coyuntura se había vuelto muy a propósito, en tal suerte, para redoblar los empeños monárquicos. Desde antes se había empezado a manejar varios nombres de posibles emperadores, como el de los infantes españoles don Enrique o don Juan, el duque de Montpensier, el duque d'Aumale, el duque de Módena. Pronto fue perfilándose no obstante el nombre del archiduque Maximiliano de Habsburgo. La fuerza militar fran cesa al mando del general Federico Forey logró ocupar la ciudad de México en junio de 1862, y con el apoyo francés se estableció una Junta de Gobierno encabezada por Almonte, Mariano Salas y el arzobispo Pelagio Antonio Labastida, que formó a su vez la Junta de Notables que habría de adoptar la monarquía como forma de gobierno en julio y ofrecer el trono imperial a Fernando Maximiliano de Habsburgo. La comisión formada para el caso fue recibida por el archiduque el 3 de octubre de 1863, y no fue sino hasta el 10 de abril de 1864 que aceptó tomar posesión del trono del Segundo Imperio mexicano, el cual ocuparía hasta el año de 1867, año este último del triunfo definitivo de la república10

FUNDAMENTOS DEL IMAGINARIO MONÁRQUICO NOVOHISPANO

Podría decirse que este proceso que hemos resumido rápidamente en las páginas anteriores arrancó justo después del apogeo y la decadencia que experimentó el imaginario monárquico novohispano. El auténtico reconocimiento de que gozaba la autoridad del Rey en la Nueva España fue obra de la propaganda, la ideología y ciertos mecanismos jurídicos y administrativos que distinguieron al Gobierno colonial y que en su conjunto configuraron una idea y un imaginario monárquicos políticamente efectivos como mecanismos de control.

Desde los inicios de la Conquista, la Corona impulsó en América un programa propagandístico, centrado en la figura del monarca, que se extendió en el tiempo lo mismo que su dominio y con el cual se buscó identificar al poder regio, traducir los principios que lo sustentaban y suscitar la adhesión popular. Esta propaganda se transmitió básicamente a través de las fiestas regias, del arte efímero que para tales ocasiones se construía y de los adornos que solían acompañarlos. En estas celebraciones públicas se transmitían artísticamente imágenes mitológicas de dioses y héroes como espejo en donde se miraban los monarcas y se reflejaba su virtuosismo; metáforas solares y dinásticas - el sol, el ave fénix, el águila y la flor de lis para significar la idea de que el Rey, como el sol, se identificaba con la divinidad y la pureza, y era omnipresente, liberal, justo y equitativo como sus rayos; o la idea de que la institución monárquica nunca muere aunque el Rey fallezca'<.

Las celebraciones públicas tuvieron lugar en la Nueva España durante prácticamente toda la época colonial, desde que se juró por vez primera a un rey español, Carlos V, hasta que se juró al último, Fernando VII. En todas ellas, con las variaciones propias de la época, se utilizaron imágenes y metáforas para representar la maj estuosidad de los reyes. Citemos algunos ejemplos. La jura de Fernando VI, que tuvo lugar al menos en la ciudad de México, Durango y Mérida en 1747, es particularmente interesante porque en esa época, en Nueva España, la imagen mitológica de la realeza española «cobró un fuerte impulso», como se deduce de las numerosas expresiones que en ese sentido se produjeron. En la ciudad de México participaron varios gremios que hicieron desfilar sus carros triunfales y alegóricos con motivos mitológicos: los pulperos instalaron en el suyo una estatua de Argos que sostenía un espejo con la efigie del monarca, los panaderos una de Ceres coronando de espigas a Fernando, y los tabaqueros, a través de varios jeroglíficos, representaban la historia de Orfeo como reflejo de la del monarca.

Durante las exequias de Felipe IV en la catedral de México en 1666, por su parte, se presentaron dos jeroglíficos con el tema solar. Uno se refería a la equidad del monarca difunto, recurriendo para ello a una de las propiedades del sol: los beneficios del Rey alcanzaron a todos, de igual forma que nadie quedaba excluido de los rayos solares; el otro mostraba a un niño que apagaba una vela con su soplo, mientras que todos los vientos no apagaban al sol: el astro representaba la virtud de la fe del monarca fallecido, contrastada con su efímera vida metaforizada por la vela. Las imágenes dinásticas fueron utilizadas con particular esmero durante las exequias de Carlos III y la elevación al trono de Carlos IV. En Guatemala se organizaron unas honras fúnebres con varios emblemas solares, algunos de los cuales representaban la sucesión dinástica: un sol en el ocaso, el de Carlos III, que entristecía al reino, y otro amaneciendo, el de Carlos IV, que traía consuelo y esperanza12. La letra con la que se acompañó el emblema era igualmente expresiva: «Al Sol de CARLOS vemos sepultado / En otro Sol lo vemos renacido / y del TERCERO al QUARTO iluminado. / Sólo esta IMAGEN es quien ha podido / en la muerte de un Padre tan amado / a un Reyno consolar tan afligido»13.

A los mensajes y consignas que continuamente se produjeron a lo largo de los tres siglos de dominio español, se sumaba la idea y la práctica del Gobierno monárquico en América: una estructura político-administrativa flexible en sus componentes básicos e intermedios, en donde la autonomía era la regla, y rígida en la cúspide, donde la figura del Rey aparecía como la fuente última de legalidad, justicia y privilegios, lo que el historiador norteamericano John Leddy Phelan resumió con las palabras autoridad y flexibilidad. Una estructura que se correspondía con los fundamentos doctrinarios del dominio español sobre las Indias las teorías neoescolásticas del pactum traslationis - y con lo que ahora se denomina el carácter de monarquía compuesta que le era propio a la monarquía española; los súbditos americanos establecían de ese modo un contrato con el monarca español, comprometiéndose a obedecerlo a cambio de que éste cumpliese con el derecho natural y el bien común, con lo que se integraban a una pluralidad de reinos jurídicamente distintos y autónomos, unidos tan sólo por la persona del monarca 14.

Como se sabe, la conquista de América se justificó inicialmente en virtud de las bulas pontificias que otorgaban a los reyes españoles autoridad temporal sobre los territorios descubiertos; sin embargo, la justicia de los títulos invocados por los soberanos fue puesta rápidamente en entredicho, desatándose una ya bien conocida polémica en la que destacó la participación de Francisco de Vitoria. De esa suerte, la doctrina del pactum traslationis empezó a perfilarse como uno de los elementos teóricos que justificaba el dominio español, entendido como un contrato establecido entre los súbditos americanos, quienes se comprometían a obedecer al monarca a cambio de que éste cumpliese con el derecho natural y el bien comúnes. La evolución hacia el pactismo del estatuto jurídico de las Indias, que se produjo en la segunda mitad del siglo xvi, sumió a aquellos territorios «en la problemática suscitada por la idea de los multiple kingdoms»16. De hecho, el pensamiento político en el mundo español fue esencialmente escolástico, y no sólo durante el reinado de los Reyes Católicos y de los Austrias, sino en buena parte del siglo xvüi, y en «sumo grado todavía fue una realidad viva en tiempos de la emancipación hispanoamericana»17.

La monarquía peninsular, en virtud de su carácter «compuesto», estaba fundamentada y configurada por la unión personal y no constitucional de los reinos. Pero el concepto patrimonial de reinos y tierras no implicó la fusión de estructuras políticas ni la identificación de instituciones jurídicas y administrativas; costumbres, leyes, fueros, privilegios, libertades, presión fiscal y reclutamiento de soldados eran asuntos privativos de cada reino. Se trataba entonces de una monarquía «eminentemente personal, puesto que sólo la persona del Rey producía, fundamentaba y conformaba la única, efectiva y real unidad de los reinos y tierras peninsulares». El conjunto monárquico peninsular era en tal suerte un «sistema inestable de diferencias en tensión», en el que las relaciones entre las partes adquirían un protagonismo esencial; su característica principal, que duró bastante tiempo, era lo que el antropólogo Carmelo Lisón Tolosana llamó la «tirantez fusión/fisión»'8.

La forma en que se fue estructurando la administración colonial permitía entonces distinguir entre las bases de legitimación de la autoridad del monarca y las normas y disposiciones que se relacionaban con políticas concretas. Así, los súbditos tenían la flexibilidad de rebelarse contra estas últimas, pero respetaban siempre la autoridad de las primeras. Este hecho, a su vez, permitía que las tensiones políticas que por diversos motivos surgían en el seno de la sociedad novohispana fuesen amortiguadas por esa serie de mecanismos de intermediación y autonomía; y el resultado de ello era que, a pesar de la posible corrupción y abusos de autoridades locales y regionales, la personalidad del monarca permanecía incólume, alejada de las actitudes oficiales reprobables`.

La concepción del monarca como árbitro de las disputas y dispensador de justicia y gracia resultaba así fortalecida. Este carácter le venía dado al rey, de suyo, en virtud de los traslapes jurisdiccionales que caracterizaban a la maquinaria burocrática, al hecho de que todos los poderes eran ejercidos concurrentemente por un mismo funcio nario o agencia gubernamental. El rey era el primero que no sólo legislaba sino aplicaba la ley y administraba justicia, y era precisamente ese triple papel la fuente de las capacidades moderadoras entre conflictos de intereses que distinguía a la Corona. Por otro lado, la naturaleza patrimonial del imperio español y la consiguiente personal jurisdicción regia en el Nuevo Mundo, especialmente la autoridad sobre las tierras y la fuerza de trabajo indígena, convertían al rey en el dispensador de privilegios y favores20.

La imagen del Rey como el garante final de la justicia era particularmente significativa, y para el caso de los indios de la Nueva España el monarca, como generoso juez, tenía su expresión institucional: el Juzgado General de Indios, un sistema de protección especial para los indígenas que, a juzgar por el trabajo de Woodrow Borah, fue utilizado de manera considerable, llegó a tener una eficacia relativamente importante en su objetivo de moderar la explotación de los naturales, y resultó, más que un medio de conservación de la cultura aborigen como era la idea original, un instrumento de mayor europeización, y, al final de cuentas, terminó por reforzar la idea del monarca como otorgador de alivio a través de un acto de gracia real21.

De ahí el mesianismo, digamos monárquico, que caracterizó a varias rebeliones indígenas que tuvieron lugar en el siglo xviii y principios del xix, como aquellas ocurridas en Copala en 1771 o en Nayarit y Durango en 1801, que tuvieron como protagonista a un supuesto príncipe tlaxcalteca, cuyos derechos al trono, se decía, habían sido reconocidos por el Rey español y que habría de ser coronado al triunfo de la rebelión en contra de los españoles". Nótese, en efecto, que expresiones como éstas apelaban al reconocimiento del monarca español, lo que las colocaba dentro de aquellos levantamientos que se produjeron a lo largo de la época colonial en contra de decisiones tomadas por autoridades locales pero que no cuestionaban la legitimidad del monarca. Se trata de las tradicionales revueltas y tumultos que se llevaban a cabo al grito de ¡viva el Rey y muera el mal gobierno!, y que las encontramos en Nueva España, pero también en toda la América colonial y en Europa23.

Ideología, propaganda y práctica gubernamental proveyeron las bases de un imaginario monárquico según el cual el Rey era un generoso padre que trataba con benevolencia a sus hijos españoles y americanos; era un árbitro imparcial y justo, colocado por encima de las pasiones y mezquindades de sus subordinados y súbditos, que podía por ello resolver los conflictos; era finalmente el centro político del imperio, la base sobre la que descansaba la estructura imperial y por ello un factor de unidad en la diversidad. Este imaginario se expresó con particular fuerza y se puso a prueba en los años cruciales que van de la crisis dinástica de 1808 al levantamiento insurgente de 1810, y no dejó de manifestarse hasta el año definitorio de 182114.

Tras la invasión de las tropas napoleónicas de la Península Ibérica, las abdicaciones de la corona española que Napoleón logró en Bayona y el confinamiento forzado de Fernando en Valencay, la monarquía quedó acéfala y se produjo en todo el imperio una crisis política sin precedente. Los numerosos impresos que circularon entonces expresaron el clima de temor e incertidumbre que se respiraba en ese momento y la importancia de las metáforas monárquicas, pues pueden leerse en ellos alusiones a la orfandad que padecían los súbditos de Fernando y al deber de ayudarlo igual que se ayuda a un padre en desgracia o al riesgo de que la monarquía se desplomara si se carecía de ese centro político que era el Rey. Podemos citar, sea por caso, una instrucción pastoral del obispo de Oaxaca en la que afirmaba que el Rey era «el vínculo que conserva unida a la república, y como el espíritu vital con que millares de hombres respiran y se mantienen civilmente sin el cual sería inevitable su total ruina»; o un escrito anónimo en el que su autor buscaba ilustrar el deber de los vasallos para con su rey con el ejemplo de lo que pasaba en cualquier familia: «Si el padre de familia se ve atacado de un accidente executivo, cada uno de sus hijos [...] quiere ser el primero en auxiliarlo, en socorrerlo y en darle vida»25.

La efectividad de esta imagen del Rey como señor de sus leales vasallos se advierte en un hecho crucial: la decidida participación de prácticamente todas las regiones del virreinato y todos los grupos sociales en la recolección de donativos y préstamos para sufragar los gastos derivados de la guerra contra los franceses21. Estas contribuciones adquieren una relevancia especial si consideramos el contexto en el que se produjeron, marcado por la exacción financiera que supusieron las medidas fiscales extraordinarias que, desde 1781, la Corona estableció para allegarse recursos con los cuales enfrentar los gastos militares de las continuas guerras en las que se enfrascó a partir de aquel año27. Además, debemos recordar que en 1804 el Gobierno metropolitano decidió aplicar en América la Real Cédula de Consolidación de Vales Reales, que afectaba a prácticamente todas las clases propietarias novohispanas y que suscitó una serie de reacciones de protesta 21«

Y, sin embargo, de la creciente presión fiscal que por espacio de casi 30 años venía padeciendo la población, que ha sido vista por algunos historiadores como un factor fundamental para explicar el derrumbe del Imperio en Nueva España29, a partir de octubre de 1808 los novohispanos empezaron a responder de manera creciente a los requerimientos económicos que formuló el Gobierno virreinal en ese año y en los siguientes. Miles y miles de pesos donados o prestados por los habitantes de México se enviaron a la Península, en lo que fue visto como la contribución a una causa justa, y como una respuesta natural en el marco de los valores propios de una relación entre vasallo y rey, que cobró especial significación en la coyuntura de la invasión francesa y las abdicaciones de Bayona3o

EL «FERNANDISMO» DE LA INSURGENCIA MEXICANA

Pero la prueba mayor de la importancia de las imágenes del Rey y del reconocimiento que en la Nueva España se prodigaba a la figura del monarca español se ofreció, paradójicamente, con la rebelión de Miguel Hidalgo en septiembre de 1810. Se sabe, aunque se dice poco, que la insurrección dio inicio con los vivas legitimadores a Fernando VII, a la virgen de Guadalupe y a la América española, y con los gritos en contra de los españoles, que no eran sino una forma extensa del grito secular de viva el rey y muera el mal gobierno, y en el fondo la demostración de que la figura de la autoridad monárquica señoreaba los corazones de los novohispanos. Podemos citar una multitud de bandos y proclamas de los rebeldes mexicanos que así lo prueban, pero para muestra basta un botón: un manifiesto de Hidalgo que circuló a principios de octubre de 1810 en el Obispado de Michoacán, en el que se decía que los objetivos de su lucha eran «mantener ilesa nuestra santa religión, la obediencia a nuestro romano pontífice y a nuestro rey y señor natural, a quien hemos jurado obedecer, respetar su nombre y leyes, cuidar de sus intereses» 31.

En un primer momento, en efecto, el movimiento insurgente se proponía lograr un estatuto de mayor autonomía respecto de la metrópoli pero en modo alguno romper con la Corona española. Así lo reconocieron en uno de sus documentos más importantes, un manifiesto dado a conocer en febrero de 1815, en el que se señalaba que la revolución no tenía inicialmente el propósito de «una absoluta independencia» pues se proclamaba «nuestra sujeción a Fernando VII» y se testificaba «de mil modos la sinceridad de nuestro reconocimiento», y solamente se aspiraba a «la igualdad entre las dos Españas» 32. El padre Servando Teresa Mier, en su clásica Historia de la Revolución de Nueva España, publicada en 1813, lo había dicho antes con meridiana claridad: «¡Pluguiese al cielo! Ciertamente no pediríamos que se mudase la antigua constitución de la monarquía sino que se mejorase» 33

Más significativo quizá es el hecho de que la insurgencia mexicana transitó de los gritos de guerra que aclamaban al rey, a las formulaciones programáticas y a la institucionalización del reconocimiento de Fernando VII. En efecto, muy pronto la dirigencia rebelde se dio a la tarea de dotar al movimiento insurgente de una serie de principios organizativos y de una estructura de gobierno, que dio por resultado la creación, en agosto de 1811, de la denominada «Suprema Junta Nacional», que tendría como objetivo unificar a los distintos grupos insurgentes y asegurar «el buen orden, subordinación y utilidades» de las tropas rebeldes. Según consta en el acta de instalación de la Junta, una vez electos como vocales de ella Ignacio Rayón, José Sixto Berduzco y José María Liceaga, prestaron el siguiente formal juramento: «mantener ilesa y en su ser nuestra sagrada religión, proteger los derechos del rey y exponer hasta la última gota de sangre por la libertad y propiedades de la patria» 34

En la acción del gobierno insurgente se refrendó el reconocimiento de Fernando VII. El historiador decimonónico Lucas Alamán señala, por ejemplo, que los rebeldes establecieron una casa de moneda en una Hacienda llamada San Pedro, donde acuñaban monedas con la característica de que «nada se cambió en el tipo», pues se trataba de conservar en ellas «el nombre del rey Fernando y el escudo de sus armas» 35. El Gobierno virreinal, por otro lado, tuvo noticias del «escandaloso abuso» de la circulación, que tenía lugar en Huauchinango y Zacatlán, de monedas «fabricadas por los rebeldes, aunque con el busto de Nuestro Amado soberano el Sr. Don Fernando Séptimo y los antecesores y sus Reales Armas», lo cual obligó a emitir un bando en el que se prohibía aceptarlas y se exigía, a quienes las hubiesen recibido antes de su publicación, regresarlas en un plazo perentorio36.

De igual forma, los bandos y proclamas de la Suprema Junta Nacional Americana se emitían, por lo general, a nombre del monarca español; ello significaba, formalmente, que era el rey Fernando, a través del órgano de gobierno insurgente, quien hablaba a los novohispanos para comunicarles alguna información importante o alguna disposición de observancia obligatoria. Tómese a guisa de ejemplo este bando, firmado desde el «Palacio Nacional» de Sultepec por Rayón, Liceaga y Berduzco el 21 de agosto de 181 1, por el que se informaba precisamente de la instalación del gobierno insurgente, y cuyo encabezado no sólo establecía que era el Rey quien hablaba por interpósita persona, sino que refrendaba las «consignas» del movimiento: «El Sr. Don Fernando Séptimo y en su Real nombre la Suprema Junta Nacional Americana instalada para la conservación de sus derechos, defensa de nuestra religión santa, e indemnización y libertad de nuestra oprimida patria»37.

El discurso justificativo de la insurgencia muestra muy bien la efectividad ideológica del imaginario monárquico. La lucha contra el Gobierno virreinal y al mismo tiempo el reconocimiento de la legitimidad del Rey venían de la idea del monarca como un poder colocado por encima de los actores políticos, mientras que la búsqueda de un estatuto de mayor autonomía política y administrativa para la Nueva España respecto de la metrópoli sin que ello significase un rompimiento con la Corona, descansaba en la idea de que el único vínculo que mantenía unidas a las partes del imperio era el Rey. La defensa que hizo fray Servando de las aspiraciones de igualdad de derechos políticos para los americanos se fundaba precisamente en el carácter virreinal de la Nueva España, en el hecho de que originalmente «los reyes no llamaron a las Indias colonias, sino sus reynos», y por tanto la América era «igual en su constitución monárquica a la de España, pero independiente de ella», pues entre ambas no había «otro vínculo que el rey» 3s

Estas imágenes del Rey fueron a tal grado efectivas que penetraron en la conciencia popular, en la forma del rumor. Durante la guerra circularon efectivamente varios rumores según los cuales el mismísimo Fernando VII, vayan ustedes a saber de qué manera, había llegado hasta tierras mexicanas para apoyar la rebelión de Hidalgo. Así, una mujer de Oaxtepec, población situada al sur de la ciudad de México, fue acusada de haber dicho que Fernando acompañaba al cura Hidalgo y portaba una máscara de plata, mientras que un hombre fue denunciado en Orizaba, en la Intendencia de Veracruz, por haber afirmado que el Rey andaba en un coche y con un velo que le cubría el rostro, a quien llegaban a verlo los seguidores de la insurgencia y después de «humillarse» ante él se marchaban «muy contentos»39. Por otro lado, en una carta dirigida al virrey Venegas se informaba de la captura de varios insurgentes, quienes declararon que el grupo de rebeldes al cual pertenecían llevaba 12 coches, uno de los cuales, «cubierto de camisa verde, que nunca se abre», conducía «a nuestro soberano Fernando 7.° por quien pelean hasta colocarlo en su trono en este reyno»4o

Los propios líderes rebeldes, con astucia, no desmintieron la especie sino la aprovecharon. Existe un testimonio de dos militares realistas, Pedro Robles y Anastasio Sánchez, hechos prisioneros en enero de 1811 por tropas de José María Morelos, el continuador de la rebelión de Hidalgo, en el que se hace referencia a una conversación con el jefe rebelde. Durante ella Morelos les habría dicho que «estaban engañados de los gachupines», que éstos habían sido comprados por «Pepe Botellas» y que «El Rey Fer nando es cierto que estuvo preso en Francia, pero los ingleses lo quitaron y lo trajeron a este reyno», donde se encontraba oculto «hasta que ganemos todo el reyno que luego que quitemos a los gachupines, ya está ganado, y entonces sale nuestro Rey a gobernar» 41.

El Gobierno virreinal atacó la rebelión de Hidalgo también en el nombre del monarca y de la religión, con lo que se presentó de ese modo la circunstancia de una guerra entre dos bandos que se mataban entre sí amparados en las mismas banderas políticas. Muchos impresos salieron a la luz pública entonces, con el propósito explícito de deslegitimar el discurso monárquico de los rebeldes, de presentarlo como un engaño, un mero pretexto para atraerse seguidores, una «máscara» con la cual ocultaban sus verdaderos propósitos que eran la independencia absoluta respecto de España. Para ello las voces oficiales y oficiosas acusaron a los rebeldes exactamente de las mismas conductas que éstos achacaban al gobierno: que eran emisarios de Napoleón, que querían entregarle el reino de la Nueva España, que deseaban aniquilar la religión católica y que pretendían posesionarse del gobierno americano para beneficio personal4Z.

Uno de tantos impresos resumía así el alegato realista: lo único que se podía alegar en favor de la lealtad de los insurgentes eran sus vivas al Rey, pues sus operaciones eran distintas: quitaban la vida a los mejores vasallos del Rey; ocasionaban gastos al erario gravándolo; robaban en los caminos los intereses de su majestad; estorbaban el envío de recursos a los españoles que luchaban contra los franceses y querían restituir en el trono al monarca; desobedecían a los magistrados que gobernaban en nombre del Rey. Así, la defensa de la religión y la conservación del reino para Fernando, bajo el supuesto de que «los gachupines pretenden enaj enarlo a otra nación extranjera», era ni más ni menos una «impostura tan vil»43. Otro texto sintetizaba de la mejor manera la postura oficial ante las justificaciones de la insurgencia. En él se afirmaba que «todas las sediciones que alteran la tranquilidad de los estados se presentan bajo el aparato de una causa justa». Se preguntaba el autor «¿de cuando acá Hidalgo y sus coadjutores se han determinado a sostener los derechos del rey de España?»; ¿acaso se trataba de «amor a su real persona?». Y respondía: «Los efectos lo dicen: éste es un arbitrio capcioso que tomaron para engañar mejor a los pueblos» 44

El de Fernando VII devino así un mito en disputa, lo que constituyó el primer factor que desgastó la figura simbólica del Rey y que empezó a minar la creencia en la institución monárquica: ¿cómo era posible que dos fuerzas enfrentadas en una guerra en ocasiones despiadada declararan tener los mismos objetivos? La pregunta no es ociosa, pues los mismos combatientes se la plantearon. En una proclama publicada en el número 14 del periódico insurgente Semanario Patriótico Americano, se afirmaba que los americanos tenían «el derecho de rechazar la guerra injusta que unos vasallos de Fernando VII han declarado al mayor número de otros vasallos suyos»45. Por otro lado, cuando el cura insurgente José María Mercado llegó al puerto de San Blas, en el Pacífico, e instó al comandante José Lavayén a entregar el puerto, se formó una junta de los principales jefes del apostadero que contestó a Mercado, por escrito, «¿que cómo ponía sitio a San Blas en nombre del señor Don Fernando Séptimo cuando ellos también defendían la misma causa?»46. Es decir, insurgentes y realistas parecían reconocerse como súbditos de su monarca pero en la circunstancia de que estaban enfrascados en una guerra a muerte.

Pero quizá fue el regreso del monarca en 1814 y las torpezas políticas cometidas desde entonces los elementos que obraron con mayor fuerza en el proceso de desacralización de la persona del Rey español. Para empezar el hecho en sí mismo restó fuerza al carácter mítico de Fernando, porque éste dejó de ser la inocente víctima de la perfidia napoleónica y el vago pero fuerte símbolo de un mejor porvenir, para convertirse en un gobernante concreto que tomaba decisiones políticas también concretas. La primera de esas decisiones fue la disolución de las Cortes y la derogación de la Constitución gaditana. Ambas habían sido celebradas en Nueva España y muchos impresos realistas las habían utilizado como un recurso discursivo para llamar al orden al pueblo, sobre todo a los indígenas y a los insurgentes. Como en un texto en el que se afirmaba que España había sentado «en el trono de la soberanía» a los «indianos amantes al país en que nacieron», quienes ahora estarían en posibilidad de dictar «cuanto pueda serle útil» y desterrar «las injusticias que el despotismo y el orgullo de algunos ministros y no la nación española hizo en largos tiempos». Después de mayo de 1814 esos indianos escucharon que, ahora, esas Cortes y su Constitución eran detestables.

Otra de esas desafortunadas decisiones fue la de enfrentar militarmente los movimientos de independencia, lo que golpeaba la imagen del Rey como gobernante justo e imparcial. Para 1815, Fernando era ya, según los propios rebeldes, un rey «degradado» que se dejaba influir por los españoles europeos de la Nueva España y apostaba en consecuencia por la salida militar para terminar con la insurrección; al rey se le veía entonces tomando partido a favor de uno de los bandos en disputa, con lo que se rompía, por la vía de los hechos, con la noción de un rey que debía estar por encima de las partes para cumplir con su papel de fiel de la balanza 41. No es gratuito que el líder rebelde Ignacio Rayón - el mismo que había criticado la declaración de independencia absoluta tomada por el Congreso convocado por los insurgentes en 1813, con el argumento de que el distanciamiento respecto de la figura del Rey haría perder seguidores de la causa rebelde - publicara una proclama un año después en la que señalaba «la insidiosa conducta de esos monstruos que nos han tiranizado, cuando publican con algazara la restitución de Fernando VII a su trono para alarmamos por medio de este engaño»48.

APOGEO Y DECADENCIA DE LA FIGURA DEL REY

A partir del retorno de Fernando a España en 1814 empezó un proceso lento pero continuado de desgaste de su figura. Ello no significó desde luego que perdiera como por ensalmo todo su prestigio, y es así que en los años de 1820 y 1821 se produjeron un par de acontecimientos que dejaron ver la persistencia de la fuerza simbólica de la monarquía. El primero de ellos tiene que ver por supuesto con la restauración de la Constitución de Cádiz que Fernando se vio obligado a efectuar tras el triunfo del pronunciamiento de Rafael de Riego en la localidad de Cabezas de San Juan. El segundo está relacionado con la proclamación de los Tratados de Córdoba y del Plan de Iguala, con los cuales se proclamó, esta vez de manera definitiva, la independencia de México. Por paradójico que pueda parecer, ambos momentos supusieron un descalabro para el monarca a la vez que significaron una momentánea pero significativa recuperación de su ya menguada figura.

La forzada restitución constitucional de 1820, en efecto, posibilitó un fortalecimiento de la figura del Rey, pues muchos publicistas presentaron el hecho como la prueba de la generosidad del monarca, quien, una vez desengañado de sus viles ministros, se desprendía de su poder absoluto para favorecer a sus súbditos. Recordemos que en la proclama dirigida a «los habitantes de América» el mismo Fernando presentó la abolición decretada a su regreso al trono en 1814, no como el resultado de su personal convicción absolutista sino como obra de la «fatalidad» y producto de las opiniones escuchadas desde ese año que, aseguraba, apuntaban en ese sentido: «Todo cuanto vi y escuché, apenas pise el suelo patrio, se reunió para persuadirme que la Nación deseaba ver resucitada su anterior forma de gobierno». No obstante, agregó, el «clamor general del pueblo en ambos hemisferios» lo había convencido de que era preciso «retroceder del camino que incautamente había tomado», y por ello se identificó «sincera y cordialmente» con los «más caros deseos» populares, reconociendo y jurando «espontáneamente» la Constitución de Cádiz49.

Varios impresos hicieron suya esa interpretación, con lo que revelaron la fortaleza de una vieja mentalidad según la cual el Rey era incapaz de obrar incorrectamente: el origen de las injusticias, el regreso al absolutismo de 1814, radicaba en la perversidad de sus ministros y funcionarios y en modo alguno en un deseo del monarca. Esa visión de las cosas las planteó por ejemplo un fraile, en una Exhortación en la que, alabando la Constitución restablecida, sentenciaba: «El despotismo, más bien de los ministros que del Rey, había llegado a su colmo después de su venida. Bajo de su nombre y aun tomando su respetable nombre, se cometían los más enormes atentados»50. Muchos otros textos repitieron la idea: la «libertad civil» recobrada por los súbditos de la Corona en 1820 había sido arrancada «de manos de la arbitrariedad ministerial», que se empeñaba en asegurar esa usurpación «a la sombra del Rey más benéfico y justo que han visto los anales de la patria» 51; esos «impíos ministros del despotismo», «hombres aduladores», habían levantado una «densa nube» que confundió al «inocente Fernando», y puesto en sus manos el gobierno habían hecho de los españoles «esclavos de sus viles pasiones»52.

La idea de la independencia había avanzado de cualquier manera, y para estos años era compartida por casi todas las fuerzas políticas y sociales y no sólo por los grupos insurgentes, pues se la veía como la única salida al estado de guerra que cumplía ya 10 años y que había devastado buena parte del virreinato. En el deseo de la independencia «estaban conformes todos» afirmó Lucas Alamán, y por ello el Plan de Iguala proclamado por Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821, que declaraba la independencia absoluta de México, logró concitar una gran alianza. El apoyo que recibió el movimiento por parte del principal líder insurgente activo en esos años, Vicente Guerrero, al que se sumaron oficiales realistas y jefes rebeldes después, confirma lo anterior. El nuevo jefe político de la Nueva España, Juan O'Donojú, quien había llegado en julio, no tuvo más remedio, ante hechos consumados, que firmar el 24 de agosto los Tratados de Córdoba, mediante los cuales se reconocía la independencia de México53

El éxito del Plan de Iguala es que «tenía algo para todos»: para los criollos, quienes querían la separación de España pero que temían el radicalismo de algunos jefes insurgentes, el plan era una alternativa moderada; para los españoles, a cambio de aceptar la independencia, se les ofrecía protección de sus derechos y propiedades y la posibilidad de acceder al gobierno y al ejército; al clero, que recelaba de las reformas liberales de las cortes españolas, se le garantizó la intolerancia religiosa; los comerciantes, hacendados y mineros querían libertad comercial, paz y estabilidad, mientras que a los insurgentes se les ofreció la independencia y la igualdad de todos los ciudadanos. Pero un elemento fundamental seguía siendo la figura del Rey: el punto cuatro del Plan y el tercero del Tratado postulaban que el trono del nuevo Imperio Mexicano debía ocuparse por el monarca español. Por esa razón se ha sugerido que el Plan de Iguala podría ser indicativo del prestigio del que aún gozaban los Borbones y el Gobierno monárquico, y de la veneración que sentían las masas por el Rey54.

En el debate periodístico de 1821 pueden encontrarse, de esa suerte, opiniones diferentes y aun opuestas en relación con el Plan de Iturbide que, no obstante, compartían un sentimiento de fidelidad monárquica. Hubo voces por ejemplo que rechazaron el plan en nombre del Rey. El comandante Ignacio García Rebollo, en una carta enviada al virrey, se quejaba de que Iturbide hubiese tenido la «debilidad» de haberle comunicado su proyecto, desconociendo «la constante fidelidad que siempre y en todos tiempos he guardado a mi legítimo Rey el señor Don Fernando 7.°». Un autor anónimo cuestionaba el plan por considerarlo un obstáculo al orden constitucional y al juramento hecho por el monarca de respetarlo. Y hubo textos que le negaron validez al movimiento de independentista pues afirmaban que no era «el amor a Fernando el móvil de esta rebelión», sino en realidad el deseo de Iturbide de coronarse emperador pues era dificil que Fernando aceptase venir a México55

Pero hubo quienes defendieron el Plan de Iguala invocando igualmente la fidelidad al monarca. En uno de los pocos números del periódico que publicaba José Manuel Herrera en Iguala, El Mejicano Independiente, se afirmaba que las «bases principales» en que descansaba el plan eran la «profesión exclusiva de la Religión católica, apostólica y Romana», el «amor fraternal entre españoles europeos y americanos», y la «obediencia al Sr. D.Fernando Séptimo o a la persona a quien toque, de su real dinastía, con tal empero que venga a establecer su trono en Méjico y con tal que acepte y jure la Constitución política del Imperio Mejicano, que dictará el cuerpo de nuestros representantes». Para el periódico éstas eran «ideas sanas», «sentimientos justos y moderados», «respetuosas consideraciones»56. En respuesta a un militar que alegaba la incompatibilidad de ser español y súbdito de Fernando y al mismo tiempo aceptar el plan de Iturbide, el mismo periódico planteaba que «el virtuoso español que por esta noble calidad reconoce por su Rey al Sr. D.Fernando séptimo» podía desde luego «aspirar en América a un gobierno separado del de la antigua España», pues no se negaba obediencia al Rey, ni se había declarado guerra a los españoles, y se había jurado fomentar y proteger «la más cordial unión» entre éstos y los americanos. El periódico concluía, en tal virtud, que no había «contradicción entre los extremos de seguir los estandartes de la Independencia Mejicana y conservar el nombre de ciudadano español súbdito de Fernando séptimo»57.

El fenómeno era recurrente: la fuerza simbólica de la institución monárquica posibilitaba la existencia de discursos diferentes y hasta antagónicos, fundados en las mismas bases de legitimidad. Los independentistas, inclusive, llegaron a afirmar que el Plan de Iguala no sólo era ventajoso para los novohispanos - por que se tendría un gobierno cercano y por contar con un rey «ya hecho»-, sino para el propio monarca español. En el impreso de un anónimo autor, en una representación de vecinos de la ciudad de Puebla, o en el sermón del obispo Antonio Joaquín Pérez Martínez, pueden leerse afirmaciones como éstas: que el traslado del monarca al Imperio Mexicano lo salvaría de los caprichos de la irreligiosa Península y de los «ultrajes y degradación» de que era víctima por parte de los españoles y las Cortes, y le permitiría gozar de un país «de delicias» que trataría de hacerlo feliz, pues estaba «cimentado en el amor y sostenido por la lealtad más pura y acendrada». Uno de esos textos concluía que se procedía «con justicia y como fieles a nuestro Rey el Señor D.Fernando Séptimo en pretender venga a fijar su imperial trono en Méjico»58.

Pero las cosas habían cambiado sustancialmente para 1820-1821, y al rey ya no se le percibía de la misma manera en que se hizo en 1808-1810. Los impresos de la época así lo consignan, cuando el reconocimiento de la autoridad de Fernando aparece condicionado al compromiso de respetar la Constitución de Cádiz, o de observar el Plan de Iguala y los ordenamientos constitucionales que emanaran de las nuevas instituciones que se formarían a partir de la independencia. Como lo ejemplifica muy bien el citado periódico El Mejicano Independiente, quien condicionaba la obediencia al rey a la aceptación de «la Constitución política del Imperio Mejicano, que dictará el cuerpo de nuestros representantes».

Pero después de 1821 la figura de Fernando se debilitó a un grado supremo. En primer lugar por su negativa a aceptar el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. Al conocerse en Nueva España, en marzo de 1822, la especie de que el gobierno español había declarado a don Juan O'Donojú sin facultad para firmar el Tratado, las posturas de rechazo a la figura del Rey aumentaron ante lo que se vio como un ofensivo desprecio. Un autor escribió, por ejemplo, que Fernando se burlaba «del ofrecimiento de una diadema fantástica», y por ello no había que esperar más tiempo para declararlo «indigno de nuestra confianza y del Solio mexicano», pues sólo males podían esperarse de un «corazón ingrato» que se olvidaba para siempre «de los servicios, el amor y los favores que sin límites se le prodigaron»59. Este reproche se repetía en otro escrito en el que se señalaba que le habían ofrecido al rey el trono de México, sin importar que lo conocían en «toda su deformidad» y que había hecho siempre a los americanos «bandera negra», y que a pesar de eso había mirado «con desdén nuestras ofertas»60.

En segundo lugar por los planes de reconquista en los que se empeñó la Corona. Desde su regreso al trono en 1814, tras su forzado confinamiento en Valencay, Fernando se había decidido por la solución militar para enfrentar el estado de insurgencia que se vivía en América. En esa decisión influyeron sus propias convicciones personales y la opinión de muchos ministros, consejeros y funcionarios españoles y americanos, aunque también la necesidad de resolver el problema de un ejército como el español, que se había vuelto numeroso una vez que finalizó la guerra contra Francia. Los cambios de orientación política del gobierno español con el trienio liberal o la nueva vuelta al absolutismo no alteraron de manera esencial el carácter militarista de la política americana. Y, aunque en las restablecidas Cortes del trienio -y en buena parte de la opinión pública - dominaba la idea de buscar la conciliación y el acuerdo con los independentistas, las tendencias militaristas eran mayoritarias en el Consejo de Estado y entre algunos ministros y asesores del Rey61

A partir de entonces la figura del Rey se volvió un expediente de descalificación, pues las pocas voces que aún lo reivindicaban fueron asociadas a intentos espurios de restauración colonial y fueron tachadas de cabezas de playa de la política de reconquista militar, no sin fundamento en algunos casos. Varias conspiraciones en nombre del Rey español fueron denunciadas en 1825 y 1826 en Tabasco, Oaxaca, Michoacán y la ciudad de México. El asunto llegó a su cúspide en 1827, cuando fueron descubiertas dos importantes conspiraciones: el 19 de enero la del padre Joaquín Arenas, en la que fueron arrestados, entre otros, los generales Arana, Negrete y Echávarri, y la del coronel Manuel Montaño en diciembre. Varios movimientos asociados a esas conspiraciones fueron descubiertos en Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Durango y San Luis Potosí62. Justificada por estas conspiraciones, la retórica antiespañola y antimonárquica arreció entonces convertida ahora en arma política para denostar al adversario, lo que mostraba hasta qué punto se había degradado la figura del Rey.

Un caso notable en ese sentido fueron los intentos de impugnar la candidatura a la presidencia de Manuel Gómez Pedraza y apoyar la de Vicente Guerrero, el «hijo predilecto de la patria». En un impreso anónimo se afirmaba que era necesario advertir que «el que elija a Pedraza sepa que elige a Fernando VII»63. Los grupos políticos identificados con el rito de York se dedicaron entonces a denostar a los simpatizantes del rito escocés al cual pertenecía Gómez Pedraza, acusándolos de que sus propósitos eran «rehacer al tirano Fernando», satisfacer «la insaciable ambición de su monarca, de ese carnívoro sangriento». Un texto, cuyo título era Que mueran los gachupines y la patria será libre, afirmaba que los «frailes gachupines» deseaban arrastrar a los mexicanos «al dominio del bárbaro Fernando». En otro impreso se advertía al «cruel e imbécil Fernando» de las «virtudes» de los mexicanos y del temor que debía sentir «por crecido que sea el número de tus esclavos aduladores» 64

En algunos textos se llegó a especular que el hermano del Rey, Francisco de Paula, estaba por llegar a costas veracruzanas. En uno de ellos se aseguraba que Fernando y su gabinete habían instituido «el inicuo y pérfido rito de Escocia», logrando iniciar en él a «mexicanos incautos» y varios eclesiásticos, preparando de ese modo el terreno para apoderarse del gobierno de México y, una vez introducida la anarquía, «el bruto Fernando nombró para monarca de México al hijo adúltero de Luisa y Godoy»65. En otro texto se insistía en la hipótesis de que los «pícaros aristócratas y borbonistas», para reducir a la esclavitud a los mexicanos, trabajaban «por erigir un trono en la república mexicana y sentar en él al señor D.Francisco de Paula Borbón». Su autor, al referirse a la identidad del hermano del Rey, lo llamó «el hijo adúltero de Luisa y de Godoy; el hermano del Rey más tirano, cruel, sanguinario, desagradecido, pérfido y aborrecido; y es en fin nada menos que un gachupín, último vástago de la estirpe de los bárbaros monarcas que por trescientos años nos dominaron, mataron, robaron y condujeron como manada de cerdos»66. Las leyes de expulsión de españoles de 1827-1828 no fueron sino el corolario natural de la exacerbación de los sentimientos antiespañoles67.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Si la insurgencia mexicana, cuyas referencias monárquicas fueron parte medular de su discurso justificativo, había iniciado el camino del rompimiento legitimista a partir de 1813 con la declaración de independencia, la actitud errática y beligerante asumida por Fernando VII a partir de 1814 parecía darle la razón. A las ambigüedades y contradicciones en relación con el orden constitucional gaditano se sumaron las persecuciones de liberales y constitucionalistas y las medidas militares la «pacificación» - por las que se había decidido desde 1814 para enfrentar a los movimientos independentistas. El desdén por los Tratados de Córdoba, finalmente, culminaba, a los ojos de muchos contemporáneos, una actitud asumida por Fernando desde su regreso: la toma de partido por uno de los bandos en disputa, es decir, el rompimiento con la tradición del buen Gobierno monárquico que suponía la figura de un rey colocado por encima de los conflictos políticos a la manera de un equitativo juez.

A partir de entonces Fernando se convirtió, en el discurso político de los liberales mexicanos, en el símbolo y la bandera de una facción, de los borbonistas, los proespañoles, los contrarios a la independencia, que impulsaba por lo demás los fallidos intentos de reconquista. De esa manera, aunque los grupos y movimientos monárquicos siguieron existiendo en el país - de hecho fueron ellos quienes en 1864 lograron sentar en el trono del segundo imperio mexicano al archiduque de Austria, Maximiliano, la decadencia de la figura de Fernando tuvo como consecuencia la imposibilidad histórica de la vía borbonista del monarquismo mexicano y abrió la puerta, tras el fallido intento de imperio mexicano encabezado por Agustín de Iturbide, a la experiencia republicana.

MARÍA CRUZ ROMEO MATEO

Universitat de Valéncia

La autora participa en el Proyecto de Investigación, financiado por el Ministerio de Educación, HUM2005-03741. Agradezco a Manuel Martí y Jesús Millán los comentarios que han realizado.

A mediados de los años 30 del siglo xix salía a la luz la novela Ni rey ni roque. Su autor era un joven militar que por entonces compaginaba el arte de la guerra con las ansias literarias. Patricio de la Escosura terminó la obra en el destierro, acusado parece que sin fundamento - de connivencia con el pretendiente don Carlos. «Proscrito por una causa que aborrezco y maldigo», sus opiniones liberales encontrarían en esa novela un buen cauce de expresión y, sobre todo, motivo de elogios entre el público culto. Aunque literariamente sea una novela defectuosa, Ni rey ni roque se convirtió en un éxito del momento. En plena guerra civil y con presagios de revolución, los lectores encontraron un retrato despiadado de Felipe II, muy propio de la época, «cuyo nombre ha llegado a nuestros días y pasará a la más remota posteridad como el baldón de su siglo y de la patria que le dio el ser». No había duda sobre el sentido de la obra. Se abría con unos versos del poeta por excelencia, Manuel José Quintana, y con una de sus odas más representativas de la cultura liberal, la dedicada al comunero Padilla. El epigrama era algo más que el reconocimiento a unas ilustres glorias de la literatura y del panteón nacionales. «¿De qué, pues, nos sirvieron / siete siglos de afán, y nuestra sangre / a torrentes verter?... Lanzando en vano / fue de Castilla el árabe inclemente, / si otro opresor más pérfido y tirano / le pone el yugo a su infelice frente», en versificación de Quintana, era la incertidumbre que se abatía sobre los liberales particularmente, los sectores avanzados - que aspiraban a un rey bien distinto del que Escosura recreaba2.

¿Qué monarquía iba a dirigir la lucha contra la opresión y el despotismo? Para los liberales, esencialmente monárquicos, la Corona española debía hacer suyos los cambios que el nuevo siglo había introducido en aquellos países que eran referencia ineludible en el campo político y cultural, Francia e Inglaterra. ¿Estaba la española dispuesta a seguir esa vía de reforma? El mundo progresista, que a la altura de los años 30 comenzaba a estructurarse, se encontró con un trono objeto de disputa, con una niña como sucesora de Fernando VII, con una regente cuyos intereses públicos y privados no coincidían con los suyos y con un bagaje intelectual que hacía complicado pero no imposible trazar una teoría propia de la nueva monarquía en la nación que pretendían fundar.

Este trabajo se propone analizar precisamente la visión que los Progresistas del segundo tercio del siglo xix tenían de la monarquía y las propuestas que elaboraron sobre la función del Rey en el Gobierno constitucional. Para ello me detendré en particular en el estudio de los debates parlamentarios que dieron lugar a la Constitución de 1837 y al proyecto de 1856, ambos considerados de factura o inspiración progresista.

LA FICCIÓN MONÁRQUICA DEL PROGRESISMO ISABELINO

Por razones historiográficas diversas, que no vienen al caso analizar aquí, el progresismo como fenómeno histórico y político ha sido presentado como un proyecto de perfiles no definidos (que contrasta con la rotundidad ideológica y programática de los moderados y de los republicanos), con una muy limitada contribución al surgimiento del Estado liberal y, por ende, de la monarquía constitucional del siglo xlx. En general, la reflexión monárquica de los Progresistas suele interpretarse desde estos supuestos. Frente al liberalismo hegemónico de esa centuria, los Progresistas no habrían sido capaces de definir en sus textos constitucionales un modelo de monarquía parlamentaria alternativo al liberal-doctrinario, dominado por las relevantes atribuciones concedidas a la Corona. A esta incapacidad se unió, por otra parte, un interés partidista: en realidad, tampoco les interesaba una monarquía que ejerciera un poder moderador exquisitamente neutral. Lo que pretendían era que el poder decisorio de la Corona en el ejercicio de su arbitraje se decantara a favor de ellos3. En el fondo, utilizaron a la monarquía para intentar perpetuarse en el poder, aunque con nulo éxito, como bien se sabe. Por último, la misma práctica insurreccional de la que hicieron gala hasta 1868 es bien indicativa del recelo, cuanto menos, que esa ideología mantuvo respecto al poder real`. Sin teoría propia y con manifiestas ansias por controlar el Trono, a falta de otros recursos parlamentarios y de gobierno, el progresismo fue a remolque de los postulados y de las presiones que sobre él ejercieron moderados, republicanos y demócratas.

La entidad de tales argumentos merece ser tenida en consideración. De todos modos, los vínculos entre monarquía y progresismo son algo más complejos que lo que esas tesis reflejan. La ausencia de teoría sería paralela en todo caso a una cerrada defensa del hecho monárquico en España, tanto desde la perspectiva política como de la cultural. En las dos ocasiones más importantes en que esa realidad fue discutida y cuestionada, en 1854 y en 1868, el núcleo dirigente Progresista no dudó sobre cuál era el mejor modo de regir los destinos del Estado. Si, en 1854, los diputados de esta orientación votaron unánimemente por el carácter monárquico que debía informar la futura constitución, el desgaste profundo de la credibilidad de Isabel II e incluso el sentimiento antidinástico de los años 60 no inclinaron la decisión progresista hacia la república. Como dijo incluso Salustiano de Olózaga (él, quien tenía una triste historia con la reina), mucho menos proclive que Prim a acuerdos dinásticos, «es menester estar locos para pensar ahora en la república»5. La revolución septembrina no se hizo bajo esa bandera6. Por último, si los Progresistas derrocaron a Isabel II - aunque para ello tuvieron que contar con ayudas imprescindibles, no puede olvidarse el hecho de que la reina niña fue saludada, allá por los años 30, como símbolo de todas las esperanzas de cambio y de libertad que entonces se movilizaron contra el carlismo, y de que el desprestigio personal y público de la reina a lo largo de los años fue sobre todo un empeño corrosivo de grupos e individuos relacionados con el mundo más moderado, conservador e incluso, a veces, criptocarlista de la política y de la corte, como ha explicado Isabel Burdiel7. Por tanto, vale la pena profundizar en estas aparentes paradojas antes de concluir con la manifiesta inconsistencia monárquica del progresismo.

En otro lugar he insistido sobre la novedad ideológica y por supuesto política que representó el progresismo. Creo que éste debería ser el punto de partida en toda reflexión al respecto. Por mucho que la larga sombra de la Constitución de 1812 planeara sobre la mayoría de sus dirigentes y a pesar de percibirse como herederos del liberalismo revolucionario y contractualista que, según ellos, explotó en 1808, aquella opción supuso una vía específica pero no ajena al desarrollo del liberalismo posrevolucionario en que estaba embarcada la Europa de los años 308. En este sentido, ni la constitución gaditana ni menos todavía el Estatuto Real pudieron ser sus instrumentos ideales de cara a construir el armazón que debía sustentar el Estado y las relaciones entre los distintos poderes. La Constitución de 1812 no sólo había dificultado precisamente esas relaciones en 1820-1823, sino que modelaba un sistema político inconvenientemente asambleario y de complicado control social. El Estatuto Real, por su parte, no reconocía, al margen de otras consideraciones, iniciativa legislativa a la cámara baja, que se reservaba en exclusiva al Rey. Mientras que las atribuciones reales se definieron a la perfección, incluyendo la facultad de convocar, suspender y disolver las Cortes, el artículo 31 señalaba que éstas «no podrán deliberar sobre ningún asunto que no se haya sometido expresamente a su examen en virtud de un Decreto Real» y el 32 añadía «queda, sin embargo, expedito el derecho que siempre han ejercitado las Cortes de elevar peticiones al Rey, haciéndolo del modo y forma que se prefijará en el reglamento»'. En el mejor de los casos, el Estatuto fue para los procuradores más avanzados un primer paso hacia un régimen representativo. Que esa posibilidad se truncara no dependió ni de las ansias revolucionarias de aquellos liberales ni de las bondades o defectos intrínsecos del Estatuto. La guerra carlista frustró cualquier alternativa similar a un «justo medio» respetuoso con el orden vigente, al tiempo que cerraba el paso a una reforma dirigida desde arriba por el arbitraje de la regente. En aquel contexto comenzó a formarse el progresismo como plataforma política.

Su primera reflexión sobre la monarquía tuvo lugar en las Cortes Constituyentes de 1836-1837. El resultado fue la Constitución de 1837, un texto, en palabras de Joaquín Varela, simbiótico, sincrético y elástico pero un texto de naturaleza progresista con vocación integradora. Era una amalgama de principios, además sensiblemente atenuados en su diseño. La soberanía nacional formaba parte del preámbulo y en el articulado se reforzaban los poderes de la Corona: disponía de la facultad de convocar y disolver el Parlamento - si bien no se excluía la convocatoria automática de las Cortes-, suspender y cerrar sus sesiones y se le otorgaba iniciativa legislativa y la sanción de las leyes, lo que suponía disfrutar del veto absoluto10. Bien conocido es su carácter transaccional, fruto de un acuerdo político coyuntural entre las dos ramas del liberalismo surgido de la lucha contra el carlismo. Más sometido a discusión es, sin embargo, el significado de aquel pacto. ¿Se doblegaron los progresistas a la mayor solidez teórica de los moderados haciendo suyos unos principios que no les eran propios? ¿Fue mero oportunismo tacticista lo que les llevó a aceptar la capacidad de decisión de la monarquía? Los debates que tuvieron lugar en aquellas Cortes no permiten dar una respuesta positiva a dichos interrogantes. Dicho de otra manera, la transacción de 1837 fue también resultado de la confluencia doctrinal entre ambas opciones.

El doctrinarismo progresista, es decir, la aceptación desde 1837 de la capacidad de decisión de la monarquía no fue un mero oportunismo, fracasado más adelante al no poder ocultar la hostilidad o manifiesta desconfianza hacia la Corona. Al contrario, lejos de ser un equívoco hay que concluir - como dice Ángeles Lario - que los primeros pasos de la monarquía constitucional con sistema de Gobierno parlamentario fueron dados por el progresismo o, en todo caso, que ese modelo era compartido por el grueso del liberalismo español. Ese tipo de monarquía no nació desde un punto de vista constitucional por la fortaleza y la presión de los moderados. Por el contrario, fueron los progresistas quienes impulsaron la adaptación de la monarquía a la revolución y al sistema político liberal. En realidad, por lo que hoy sabemos, no está tan claro que el «partido» moderado se inclinara mayoritariamente y sin resquicios hacia aquella alternativa en la época de la revolución liberal. El Estatuto Real no la dibujaba y, lo que resulta más relevante, de haber triunfado la sublevación moderada de 1841 hubiera quedado expedita la vía de una monarquía enérgica y defensora de la autoridad más propia de la experiencia de 1834 e incluso de la última etapa del reinado de Fernando VII que del propio liberalismo". La pretensión de ciertos círculos relacionados con María Cristina, al frente de los cuales se encontraba Juan Donoso Cortés, hace dudar muy seriamente de la identidad liberal-parlamentaria sin mácula del moderantismo.

En definitiva, el punto de partida debería considerar que la monarquía constitucional no fue una concesión que los Progresistas hicieron a los moderados en aras del triunfo sobre el carlismo. El elemento monárquico formaba parte de su núcleo doctrinal. De este modo lo interpretaron también algunos publicistas y políticos moderados disconformes con la reforma constitucional de 1845. «La Constitución de 1837 - escribió tiempo después Andrés Borrego - concedía a la corona toda la amplitud de autoridad que en su favor reclamaban las buenas teorías constitucionales», y Nicomedes Pastor Díaz comentó en las Cortes de 1844 refiriéndose igualmente a esa carta fundamental que, si bien «no estaba teóricamente entusiasmado por ella porque no está hecha con mis principios, con los principios de mi partido (...) tampoco está hecha con los principios del otro partido; no está hecha con los principios de ninguno exclusivamente; está hecha con los de todos». La «prudente» asamblea de 1837 «restauró la Monarquía; la Constitución de 1812 que regía entonces la había abolido. El veto, la sanción Real, la prerrogativa de disolver las Cortes que se dio a la Corona, restauraron el Trono» 12.

La apuesta por una monarquía representativa fue de este modo una constante desde 1837 hasta 1868. Esta apuesta implicaba aceptar, como dijo un diputado en las Cortes de 1837, «la ficción legal» según la cual la Corona era una especie de divinidad envuelta con los ropajes de la sabiduría, la justicia y la ausencia de pasiones. Sin embargo, esa divinidad sabia, justa y desapasionada, más propia en cierto sentido de las representaciones del pasado que del civilizado siglo xix, tomaba cuerpo en una figura conflictiva, la regente María Cristina. El discurso parlamentario de los Progresistas a lo largo de la tramitación constitucional consistió precisamente en tratar de distinguir entre la persona concreta que usufructuaba en ese momento la Corona y la propia institución monárquica, cuyo reforzamiento se pretendía. No fue una tarea fácil ni del todo convincente, como las discusiones en el interior de esta opción política pusieron de manifiesto, lo que desarrollaré más adelante.

Las líneas generales de aquel discurso se manifestaron con ocasión del debate sobre el título y autoridad de la Reina Gobernadora. Era una cuestión clave que afectaba al núcleo básico de la reforma de la carta magna de 1812 que la mayoría Progresista se proponía abordar: el sistema de gobierno y las atribuciones reales. La discusión tam bién se promovió para proteger a la monarquía del debate público que se había fomentado en la prensa, con los riesgos de vulnerabilidad que ello implicaba13. Era pues necesario el reconocimiento explícito del voto de la nación. El problema tenía dos vertientes: por un lado, según el artículo 195 de la Constitución de 1812, en vigor por entonces, la regencia correspondía a tres o cinco personas elegidas por la cámara, condición que evidentemente no cumplía la de María Cristina; por otro, su nombramiento procedía del testamento de Fernando VII y del período absolutista, como no se cansó de repetir Fermín Caballero. Las nuevas Cortes ¿debían declarar o confirmar su autoridad, aceptando de este modo tanto la legitimidad del pasado como la posición no dependiente de la Corona? Al igual que sucedería después, el debate fue conducido por Olózaga, Argüelles y Ayllón, quienes lograron un respaldo absoluto. Sus intervenciones fijaron la visión progresista de la monarquía reforzada como poder. Ésta se articuló en tomo a cuatro fundamentos: la unión de la Corona con la nación, su bondad intrínseca en relación con su pueblo, la condición de estabilidad del régimen -al situarse por encima de las pasiones partidistas y, por último, su supeditación a la nación. Fue Olózaga quien, en medio de alabanzas a María Cristina y de defensa de la legalidad de la regencia, apuntó: «En el día es de absoluta necesidad convenir en que ha de haber una Reina, y que por ahora convenimos en que ésta sea la Reina Gobernadora; pero no se crea por esto que haya de serlo siempre; no señor: lo será o no, según las circunstancias, y según también la conveniencia de la Nación»14.

El segundo cambio que se introdujo en la constitución, antes incluso de presentarse las bases de su reforma, echaba por tierra la rígida división de poderes de 1812. El gobierno de Calatrava solicitó y consiguió que los diputados pudieran ser nombrados ministros: «Nos parece - comentó Calatrava - que el gobierno representativo está en la mayoría de los Congresos, o de los Parlamentos, o de las Cámaras, y por eso también creo que es de absoluta necesidad la mayoría, porque de otro modo es barrenar el principio de gobierno representativo, que para mí es de mayoría»15. Los constituyentes optaban por una nueva monarquía de gobierno representativo, que poco tenía que ver con el modelo gaditano.

Su constitucionalización no fue una tarea cómoda. Los debates sobre las facultades y prerrogativas reales giraron en esencia en tomo a las relaciones entre la monarquía y la nación. Dicho de otra forma, los que poco tiempo después serían llamados Progresistas se enfrentaban a la obligación de armonizar la soberanía con la libertad. No fue fácil, no sólo por la querencia de algunos liberales avanzados o radicales por la Constitución de 1812, para ellos intocable o, al menos, inmutable en sus aspectos más significativos, sino también por la propia historia de la monarquía española, con episodios bien cercanos y dolorosos de atentados contra la libertad. En efecto, esas intervenciones traslucían agudo recelo y mayor desconfianza: ¿podía el Rey representar a la nación mejor que las Cortes y desear su bien más que ella misma?, ¿respetaría la confianza parlamentaria en el nombramiento del gobierno?, ¿no se levantaba un armazón institucional que introducía el enfrentamiento entre la Nación y la Corona que conduciría inexorablemente a la revolución? De ahí que la reflexión «progresista» tratara, primero, de vencer los temores de muchos futuros compañeros de viaje y, segundo, de definir el lugar de la Corona en el sistema liberal-representativo.

Como he señalado anteriormente, aquella reflexión se basó en una «ficción legal». Fue Joaquín María Ferrer, miembro de la comisión de reforma de la constitución, quien mejor la expuso. Los diputados que impugnaban las facultades reales «suponen aquí al Rey capaz de obrar contra la voluntad y los intereses de la Nación; y es necesario que si quieren una Monarquía representativa con las condiciones que le son inherentes, consideren al Rey por una ficción legal sabio, justo, exento de pasiones, en una palabra, una especie de divinidad incapaz de hacer mal, no pudiéndolo hacer en efecto sino por el órgano de sus Ministros responsables»16. Esta ficción incluía tres supuestos esenciales. En primer lugar, se pensaba en un rey siempre rodeado de instituciones parlamentarias. En segundo lugar, se confiaba en la virtud de la nueva monarquía, que la revolución de 1836 había asociado con la libertad, y, por último, se imaginaba un príncipe amigo del pueblo. Con esas condiciones, la Corona «no era un dragón que amenaza(ra) tragarse la Nación»17.

La reflexión por cuanto resulta evidente que dificilmente se puede hablar de teoría - no iba más allá. En realidad, la preocupación de los Progresistas en ese momento no era tanto la monarquía como el logro de un Gobierno representativo, en razón del cual se pensaba el monarca como representante de la nación y como parte del poder nacional. Se trataba de llegar a un acuerdo entre el principio monárquico, en que el Rey era el vigilante supremo del interés general o bien común, el principio representativo de la nación y el poder virtual de la opinión pública:

Tienen los sistemas representativos la excelencia, sobre cuantos han existido jamás, de reconocer por norte y móvil único del Gobierno la opinión pública, la verdadera y bien formada opinión nacional... Los gobiernos absolutos no necesitan estos preparativos... Una teoría contraria a ésta, que respetando mucho, y si cabe con exceso, la opinión nacional, la buscase en la suma de las opiniones de todos los individuos que la componen... no podrá tampoco producir el feliz resultado de gobernar según la opinión nacional. Es esto propiedad exclusiva de los gobiernos representativos; y siendo éste su principio esencial y constitutivo, inútil es decir cuánto importa evitar que ni una sola vez pueda equivocarse la manifestación de esta opinión, y mucho más que llegue a contrahacerse 18.

El mecanismo que daría como resultado el esclarecimiento de la opinión pública implicaba el reforzamiento de las atribuciones del monarca, garantía de las libertades públicas. El rey árbitro era un exponente más de las capacidades dignas de actuar en política. Los Progresistas no querían ni un rey absoluto ni un magistrado de la nación o mero ejecutor delegado, como sucedió con la Constitución de 181219. En este sentido, el Rey no se confunde con el cuerpo social, sino que, en la línea de Constant, el vínculo entre el Rey y la nación está tejido de mediaciones múltiples20. Como dijo Dionisio Valdés, refiriéndose a la capacidad de disolución de las cámaras:

(...) hay casos que la Corona puede usar de esta facultad, porque yo creo que por mucho prestigio que tengan las Cortes, por mucha que sea su ilustración, no siempre representa la verdadera opinión pública... Se ha dicho que esta facultad se concede en beneficio del Rey: esto no es cierto: se concede en beneficio de la Nación y no del Rey; se concede porque no hay otra persona a quien confiar la facultad para conocer en ciertos casos cuál es la verdadera opinión pública. Ya he probado antes que el abuso más se convertiría en contra del Gobierno que lo adoptase que contra la Nación. Se ha dicho también que se atacaba la libertad pública: ¡pobre libertad pública si no tuviese más apoyo que estas Cortes! Si no tuviesen a retaguardia la opinión pública, ¿qué sería de nosotros?21

El sistema organizado suponía por tanto la distancia entre el Rey inviolable y la opinión pública pero otorgándole un lugar en ésta. Cumplía una función de mediación y a la vez era objeto de diversas mediaciones. En el primer caso, intervenía entre la nación, representada por sus elegidos, y los ministros; juzgaba la conveniencia de la política, de la que sólo los ministros eran responsables, según el estado de opinión; y deponía ministros si consideraba insatisfecha a la opinión nacional. De este modo, constituía una instancia de arbitraje entre el Parlamento y el gobierno y entre los ministros y la opinión pública. En el segundo caso, el monarca preservaba al pueblo de la continuidad de malos ministros y éstos protegían a aquél de nocivas voluntades reales, y la segunda cámara podía interceder entre el Rey y los diputados.

Desde un punto de vista de la doctrina progresista, no había contradicción alguna entre el reforzamiento del poder monárquico y la soberanía nacional". Éste era un prin cipio, no un hecho. Era un principio de garantía frente a la doctrina del derecho divino del poder, y un principio que debía entenderse desde la óptica liberal y no democrática, es decir, desde los postulados del Gobierno representativo23, según los cuales la soberanía nacional se ejercía por medio de la representación y la opinión se conocía a través de la libertad de prensa, el derecho de petición y la deliberación de las cámaras «en donde están representados todos los partidos y distintas opiniones; y ¿no hemos de tener un cuerpo, una persona, un elemento del gobierno que distinga del modo que nos es posible lo que conviene al país, o lo que es efecto de agitaciones de partido, o sucesos del momento, que muchas veces extravía el ánimo de los mismos ciudadanos?» 24.

Los argumentos desplegados en 1837 se mantuvieron sustancialmente veinte años después. La monarquía siguió siendo imaginada como representante de la nación, como pieza esencial del Gobierno representativo en tanto que poder moderador - el Rey reina, pero no gobierna y como principio de estabilidad y de continuidad en el tiempo. Sin embargo, en 1854-1856 no bastó con repetir esos lugares comunes. La experiencia moderada del ejercicio del poder, la más que manifiesta animadversión popular hacia María Cristina, los recelos hacia la reina y la presión republicana obligaron a los sectores progresistas a una defensa más rotunda de su posición monárquica.

Al menos desde principios de la década de los 50, la crítica de la situación afectaba al trono y no sólo por parte de los círculos progresistas y avanzados. Las insinuaciones al respecto se transformaron a partir de principios de 1854 en denuncias de la propia reina. Mientras que la campaña de la prensa madrileña hacía responsable a Isabel II de la política de Sartorius y los periódicos clandestinos convertían la vida privada de la reina en materia de escándalo, un grupo de senadores y políticos moderados opuestos al gobierno elaboraban una larga exposición a la reina que en realidad era una clara advertencia. Como indica José Ramón de Urquijo, recordatorios de este tipo venían a insistir en que «la conculcación de la Constitución implicaba la carencia de sentido de su mismo trono»25.

En los meses previos a la revolución, el destronamiento de Isabel II fue una de las posibilidades que efectivamente se barajaron. La disposición antiisabelina no fue privativa de sectores progresistas y demorrepublicanos, y con toda probabilidad la oposición moderada usó un tono mucho más duro y grave que la otra rama del liberalismo. «Pero ¡ay de V. M., señora, si desoyese tan leales ruegos! El suelo de España arderá pronto en la guerra civil, más desoladora y cruenta, y en él se levantarán, por desgracia, toda clases de banderas, menos la de V. M., enseña profanada y envilecida por un ministerio tan infausto», escribieron algunos moderados en carta dirigida a Isabel II el 16 de julio de 1854. La advertencia o la amenaza era seria. La monarquía española podía «desaparecer de la lista de los demás tronos» envuelta en el torbellino que se avecinaba, con una reina que de manera «incomprensible» se dejaba guiar «por siniestros consejos», entre ellos los de la ambiciosa y maquinadora María Cristina: «Jamás madre alguna obró con más capciosidad ni con menos solicitud, para asegurar la felicidad doméstica de su hij a»26.

Se equivocaron esos moderados. La pesada bandera de Isabel II fue de nuevo levantada por la mayor parte de los dirigentes progresistas. Las críticas antiisabelinas no plantearon la desaparición de la monarquía. Podían, y de hecho así fue, proponer el cambio dinástico - se habló, aunque sin concreción, de Pedro V de Portugal, de Montpensier y de don Enrique como posibles candidatos pero nunca la extinción monárquica. Se detenían ante las inciertas y arriesgadas consecuencias que la destitución pudiera suponer. Nunca como entonces fue tan evidente que la monarquía era para el grueso del liberalismo, incluyendo, claro está, a los progresistas, el freno a la revolución; a una revolución cuyos contornos se dibujaban cada vez más con pincel republicano y democrático. El miedo a ese horizonte posible, o al menos imaginado, y las incertidumbres que hubiera acarreado la búsqueda de una nueva cabeza coronada llevaron a esos liberales a confiar de nuevo en Isabel II, con condiciones y una vez reconquistados los derechos de la nación. La decisión progresista, en un momento en que ésta se convertía en centro rector de la dinámica política abierta en 1854, estuvo muy lejos de erosionar ya no sólo la institución monárquica, sino tan siquiera a la persona que la encarnaba. Como ha escrito Isabel Burdiel, «mucho más que los masivos levantamientos de 1854..., fue la desafección de una parte importante de las fuerzas conservadoras del país la que demostró que la monarquía constitucional inaugurada en 1845 había fracasado»27.

El 30 de noviembre de 1854 se presentaba una proposición que afirmaba el fundamento monárquico de la nueva constitución que debía redactarse. El objetivo de quienes la firmaron - entre ellos, Cortina, San Miguel y Patricio de la Escosura - era zanjar el debate público en tomo a la monarquía, que los grupos republicanos y demócratas mantenían abierto. En la práctica, sin embargo, fue una oportunidad bien aprovechada por los diputados de esa tendencia para poner en cuestión no sólo el carácter liberal del trono, sino su propia existencia política23. Lo que, supuestamente, «estaba decidido en el ánimo de los buenos españoles», en expresión de San Miguel, se convirtió en un problema dialéctico para los progresistas, que, si, por un lado, se contaban entre esos buenos españoles, por otro, debían distinguir entre Isabel II y los ministros anteriores, así como convencer a la ciudadanía del verdadero significado que había tenido la revolución de 1854. San Miguel, encargado de defender la proposición, pretendió conducir la discusión en términos estrictamente constitucionales: «En todo sistema constitucional el Rey reina y no gobierna; el Rey es inviolable e irresponsable de sus actos como poder, y de estos actos son sólo responsables sus Ministros». La causa pues de la Vicalvarada estaba en la actuación de los gobiernos prevaricadores e infractores de la ley, en referencia directa a los ejecutivos moderados. Por tanto, sólo se requerían instituciones liberales y buenos consejeros de la reina. Pero el «trono constitucional» tenía un significado más concreto y más político, «porque quiero en la Nación una cosa fija y esta ble, que no ceda al torrente de la revolución; una cosa como centro, alrededor del cual circulen y se muevan todas las ruedas o partes de esta máquina social y política». «Fuera de ese Trono constitucional no hay más que ruina, no hay más que sangre, no hay más que anarquía, no hay más que desorden.» 29 De este modo, la monarquía era en realidad el último bastión contra la revolución, un freno al despotismo y el anclaje de estabilidad de la sociedad liberal.

Los progresistas se encontraron en una situación compleja. Defendieron ese centro fijo, entre el despotismo y la democracia, que era la monarquía constitucional, al tiempo que denunciaron la «farsa escandalosa» y la «decepción amarga» que había sido la experiencia española de Gobierno representativo. Por ello mismo, entendieron que la única manera de enmendar tal desviación era construir un trono «esencialmente popular, para que, lejos de encastillarse en una región inaccesible como procedente del derecho divino, viva por el pueblo, con el pueblo y para el pueblo» 30. ¿Era tal Corona posible? Culturalmente, tal vez; a efectos políticos, era bien complicado. Como argumentaron demócratas y republicanos, aquello no era más que una ilusión. De ahí también que la estrategia progresista en el Parlamento consistiera más en desacreditar histórica y políticamente la opción representada por estos últimos que en elaborar una alternativa sólida.

El rechazo de la República como forma de gobierno recogía los lugares comunes del conflicto entre dos ideologías distintas. El argumento se amplió a una concepción particular de las «leyes de la historia» y, sobre todo, a una interpretación muy interesada de la historia nacional. Por un lado, se partía de la visión aristotélica de las formas de gobierno para concluir que la república no era más que un sistema transitorio llamado necesariamente a evolucionar o hacia la monarquía o hacia la tiranía. Por otro, la condena del republicanismo se cifraba en las propias experiencias de la época. Si el ejemplo francés de 1848 y el imperio de Napoleón III confirmaban la degeneración de la república hacia formas despóticas, América demostraba la incompatibilidad intrínseca de aquel sistema con la cultura de la libertad y del progreso posible de la humanidad. En unos casos, los de América Latina, porque esos gobiernos habían destruido las libertades públicas; en otro, Estados Unidos, porque era el paradigma de la opresión más terrible, la esclavitud`.

De cualquier manera, el argumento historicista era de mayor calado. La monarquía formaba parte de la esencia de la nación española. La historia de España desde Covadonga y la reconquista había demostrado la complementariedad de la Corona y la libertad durante siglos, y el trono actual era la consecuencia del ferviente deseo de un pueblo que había luchado en 1808 y en la guerra carlista. Por último, el pueblo español era radicalmente monárquico por historia, geografía y esencia, por cuanto la monarquía aseguraba la unidad política de España:

(...) desde los montes Pirineos hasta las columnas de Hércules, formamos un pueblo unido y compacto; pero dentro de esta misma sociedad española hay una porción de pueblos con tendencias, con disposiciones, con accidentes diversos y heterogéneos. ¿Qué unidad queréis que pueda haber entre ellos, si nos negáis la unidad política monárquica? ¿Cuál sería vuestra República? ¿Queréis la República federal? Volved la vista a nuestra historia y mirad a través de siete siglos dominando los árabes en el país por los odios entre Navarra y Aragón, entre Aragón y Cataluña. ¿Queréis renovar esa política?... ¿Queréis que no ocupemos el lugar que nos corresponde en la gran familia europea?.. .`

Como bien se sabe, la proposición fue aprobada por 194 votos a favor y 19 en contra. Lo abultado del resultado fue más aparente que efectivo. Dos cuestiones de distinta naturaleza reabrirían el debate poco tiempo después: la redacción de una nueva ley fundamental y la actuación del gobierno en relación con el destino de María Cristina. En realidad, la opinión pública y parlamentaria no había olvidado el tema; de ahí también que cualquier acción diera motivo para enconadas discusiones. En febrero de 1855, se presentó en el Congreso la propuesta de declarar que el ministerio había actuado correctamente al extrañar de España a María Cristina y retener en depósito sus bienes. Las acusaciones lanzadas contra ella necesariamente afectaban a la imagen pública de la monarquía, ya de por sí erosionada. Por mucho que progresistas como San Miguel o Calvo Asensio intentaran desviar la discusión, incluso ellos se vieron atrapados en ese círculo de críticas acerbas y viejos resentimientos que se había ido tejiendo en torno a la madre de Isabel II. El director de La Iberia recordó los «sacrificios», tan mal pagados, hechos por los liberales desde 1833 e insistió en

(...) el desfalco a los fondos del Tesoro, empobrecido y amenguado ya por tantas cargas - por el cobro de la pensión de viudedad ; al mismo tiempo se hacía un engaño a la credulidad pública, no pudiendo suponer la Nación que una señora, madre de la Reina, pospusiese su reputación al logro de una pensión cuyo cobro debía ruborizarla. Ruborizarla, sí, porque además de dama era madre de nuestra Reina 33

Sin duda, fue durante la larga tramitación de la que hubiera sido la Constitución de 1856 cuando el debate en torno a la monarquía y sus funciones alcanzó una mayor profundidad. Sus bases, presentadas el 13 de enero de 1855, reconocían el error cometido en 1837. No era suficiente con consignar el principio de la soberanía nacional en el preámbulo; de ahí que la base primera fijara que «Todos los poderes públicos emanan de la Nación, en la que reside esencialmente la soberanía, y por lo mismo pertenece exclusivamente a la Nación el derecho de establecer sus leyes fundamentales» 34. Sancho, Olózaga y Escosura llevaron el peso de la discusión entre las filas progresistas, frente a las tesis conservadoras Ríos Rosas - y demócratas - caso de Godínez de Paz. Se tra taba de conciliar, como en 1837, la soberanía nacional con la monarquía constitucional. La primera se entendía como «un poder absoluto, omnímodo» según el cual correspondía a la Nación el derecho exclusivo de establecer las leyes fundamentales. Era un axioma contra el derecho divino de los reyes y los «sofismas» de la tradición histórica, y cuyo ejercicio - que correspondía a las Cortes, no a «las turbas» - estaba condicionado por la voluntad nacional, a su vez interpretada o juzgada por una élite capacitada e ilustrada, en suma, patricia. Era, así, una voluntad nacional de «larga duración» o «trascendente» que, de forma algo sinuosa en su expresión, se distanciaba de los deseos concretos y de sus portavoces habituales juntas, milicia, «asonadas», etc.:

La Nación puede darse la forma de gobierno que quiera: nosotros en su nombre la debemos dar las que desea; aquí está la limitación. Nosotros lo podemos todo; pero sólo debemos hacer lo que la Nación desea, porque en vano haríamos otra cosa. ¿Y qué estabilidad tendría una Constitución que repugnase a las necesidades, a los hábitos y deseos del pueblo español? Nosotros... todo lo podemos suprimir: en derecho todo lo podemos, pero el principio que no tiene en su inteligencia limitación alguna, tiene la única del principio mismo, que es la voluntad nacional. Nosotros no podemos hoy destruir la Monarquía en España; es tan antigua como su historia conocida, y ha producido esta lealtad en nuestro carácter, esta adhesión, este entusiasmo tal, que sería menester cambiar las ideas del pueblo de una manera que nadie cree ahora, para que cambiase ese deseo, esa necesidad. No hay, pues, que asustarse de lo absoluto del principio; no hay que alarmarse de sus consecuencias; se limitan éstas por la misma voluntad del Poder soberano 35.

Si se lee atentamente el párrafo anterior, la legitimidad de la monarquía de Isabel II procedía de la soberanía de la nación, pero su esencia estaba en los rasgos definitorios de la Nación, producidos por la historia (un enfoque, por otra parte, que sería usado por Cánovas y Menéndez Pelayo). En efecto, proclamado el principio, los progresistas se lanzaron a variadas disquisiciones historicistas: Escosura se remontaba a la época medieval, cuando se constituyó la «nacionalidad» española, y el ministro Luzuriaga situaba su origen contemporáneo en 1808, sin renunciar por ello al pasado. Por el contrario, Olózaga, más precavido en estas cuestiones y más proclive a una solución coyuntural, insistía en la reciente declaración parlamentaria de la exclusión de don Carlos y sus descendientes. La solidez de la urdimbre histórica y nacional como fundamento del trono era en último término delicada, incluso retóricamente. El propio Olózaga, obligado a rectificar el anterior planteamiento (que causó un gran revuelo en el hemiciclo), sostendría no obstante que «el cimiento sólido del trono constitucional está en la soberanía nacional, en la libre voluntad de la nación, demostrada en los sacrificios que ha hecho para consolidarle» 36, y Patricio de la Escosura afirmaría con entusiasmo en otra intervención que la soberanía de la nación, lejos de debilitar a la Corona, «la legitima, la robustece, la une, la encarna con el pueblo, del cual nunca puede separarse, y del cual no se separaría ciertamente sin perecer. Es nuestra Reina, como nosotros somos sus súbditos: es nuestra Reina, porque el pueblo español la ha alzado sobre el pavés en los campos de batalla; la ha proclamado en el seno de la Representación nacional una y otra vez. No hay más derecho que éste: todas las demás son razones; el derecho sólo es éste: la soberanía nacional» 37. Era como fundar una nueva legitimidad al estilo de la «Revolución Gloriosa» de los Orange, en 1688, en Gran Bretaña, siendo la reina una pieza de la cadena patricia que representaba e interpretaba el bien de la nación. Pero en puertas de las convulsiones sociales de 1868, una estrategia whig podía no ser tan efectiva.

Si no había en el poder un derecho que se pudiera considerar como superior a la soberanía de la nación, la propuesta de monarquía constitucional del progresismo - que implicaba su reforzamiento teórico - contenía muchas líneas de fuga incluso para ellos mismos. La base que consignaba la sanción libre de las leyes en el Rey (el antiguo veto absoluto de la época doceañista) contó con el voto en contra de destacados políticos de este credo - como Sagasta, Alcalá Zamora o los valencianos Mascarós y Bayarri, entre otros La inclusión del Senado dio lugar a discrepancias agudas entre San Miguel y Sancho. El primero, a quien se debe una de las más encendidas y vibrantes defensas de la Constitución de 1812 pronunciadas en aquella cámara, planteó la inutilidad y la incompatibilidad del bicameralismo con el principio unitario de la representación nacional. El segundo apoyó la segunda cámara por una cuestión de perfeccionamiento técnico del proceso legislativo, en consonancia con la línea argumental de 183739. Los ejemplos podrían multiplicarse; en cualquier caso, son todos ellos bien significativos de que la trabajosa «racionalización» del trono no les aseguraba una actitud coherente a la hora de plasmarla en instituciones y, por otro lado, de la ahora generalizada desconfianza hacia la corona de Isabel II. En este sentido, y sólo en él, tenía razón Ríos Rosas cuando, en el debate sobre la Diputación Permanente de Cortes, afirmó:

Si queréis la Monarquía, es necesario que queráis la preponderancia del Monarca sobre todo. Si no queréis esto, daos cuenta antes de lo que queréis, daos cuenta de ello, que ya sois mayores de edad como Diputados y como partido; la supresión de esta instancia asusta a muchos monárquicos que lo son por sentimiento, no por convicción, no porque se den bastante cuenta de lo que quieren; quieren la Monarquía con el corazón, pero no con la cabeza; quieren la institución, pero no la quieren con las condiciones indispensables; la quieren y no la quieren, y para eso es mejor no quererla, porque la lógica es mejor que el absurdo40.

LA MONARQUÍA DESDE LA LÓGICA NACIONAL

En realidad, Ríos Rosas apuntaba un problema grave: ¿cuál era la lógica de la ficción legal que los progresistas defendían? ¿Cómo conjugar el principio monárquico con las libertades modernas? Pierre Rosanvallon, en su estudio sobre la monarquía de la Restauración borbónica en Francia, señala que hay dos maneras de fundar la especificidad del régimen constitucional, de otorgarle consistencia propia: bien mediante su definición a partir de la filosofía liberal del poder, bien como reformulación de la concepción tradicional del Gobierno mixto41

Los progresistas no elaboraron una verdadera teoría del sistema de monarquía constitucional ni en 1836-1837 ni en 1854-1856. No dieron un contenido teórico al compromiso entre los principios revolucionarios y los valores de estabilidad que ese modelo arrastraba. Para muchos, no era más que una fórmula necesaria y conveniente, destinada a hacer aceptables y estables, es decir, sin vacíos de legitimidad, las instituciones liberales. Su legitimación procedía del supuesto nexo histórico que el pensamiento patricio había ido tejiendo entre la nación, la libertad y la monarquía. Como un dato de la historia, como una herencia que se debía asumir o como puramente instrumental la condición práctica del orden liberal parlamentario-: esto era la Corona para el progresismo.

La expresión «El rey reina, pero no gobierna», tan cara para este credo, implicaba que la dirección de la política estuviera en manos del gobierno con mayoría en las cámaras y que el monarca pudiera jugar un papel de árbitro en caso de crisis. Siguiendo este postulado, el poder real se concebía desde su función de arbitraje y como garantía de la libertad. Pero ¿qué significaba «reinar» en tales condiciones? Ningún progresista desarrolló una teoría del arbitraje. La fórmula quedaba en la más absoluta vaguedad. Ni siquiera Joaquín María López, partidario de una división de poderes que atendiera al legislativo, ejecutivo, judicial, municipal y real, ofreció una explicación por somera que fuese. Sus incursiones teóricas sobre el Gobierno representativo, impartidas en el Ateneo de Madrid en 1853-1854, son de una absoluta imprecisión al referirse al poder real, «colocado en la cúspide de la columna, rodeado de poética idealidad de que no puede querer el mal, y habitando en la región feliz de la irresponsabilidad más completa (Aplausos)». La entusiasta aclamación con que, según parece, fueron acogidas estas palabras se entiende exclusivamente por la situación política del momento y dice más sobre la percepción que se tenía del devenir de la monarquía isabelina que sobre la estructura básica del Gobierno representativo, objeto de examen de esas conferencias42.

En realidad, el problema no era privativo de López ni obedecía a incapacidades teóricas del liberalismo español, si se acepta la tesis de Rosanvallon referida a la Francia orleanista. La cuestión afectaba a la práctica política de las monarquías europeas continentales sometidas a las exigencias del nuevo constitucionalismo. Como señala Martin Kirsch, el Estado constitucional europeo del siglo xix se caracterizó, en lo relativo a la relación de poder entre rey y parlamento, por una estructura monárquica. La nueva función política que adquirió la Corona aseguró su supervivencia: era necesaria, al asumir el papel de mediador entre los grupos de la nación, divididos por motivos sociales, políticos o religiosos, entre los fluidos grupos parlamentarios o desempeñaba la figura de bastión contra las demandas sociales y de participación política. Este modelo monárquico del constitucionalismo se manifestaba mediante un sistema dual, en el que el Rey y el parlamento se veían obligados a llegar a un compromiso. Incluso en Francia, la aplicación de sus cartas magnas del siglo xix muestra que ni uno ni otro eran soberanos, sino que estaban obligados a llegar a un acuerdo; lo que actuaba era la influencia de los dos poderes, no la posesión de la soberanía. Pero la colaboración en esa estructura dual no se impuso en Europa sin resistencias y retrocesos. En la práctica, su realización dependía de la manera de encauzar los conflictos sociales y políticos, así como también de la propia disposición de los reyes a dar pasos en ese sentido43

En este marco, la adaptación de la monarquía absoluta española a las nuevas estructuras políticas surgidas del proceso revolucionario liberal implicó tensiones agudas, que condicionaron tanto la capacidad de poder y de integración de la propia Isabel II, estudiada por Isabel Burdiel, como las relaciones de las distintas fuerzas políticas con ella. La abstracción jurídica de la que hablaba el progresismo implicaba, además de la conversión de la Corona en un órgano influyente del Estado, el desempeño de una serie de funciones, en particular la de mediar entre los diversos grupos, manteniéndose por encima de los «partidos». De ahí que más de una vez los progresistas se refirieran a la monarquía como símbolo de la unidad nacional`. De ahí también que el lugar del Rey se identificara retóricamente con un santuario y no con la arena política partidista; un santuario que exigía silencio respetuoso hacia la persona que lo encarnaba y hacia la propia institución. En las Cortes, mediaba entre sectores no bien organizados aún como «partidos», sin que por ello se replegara al papel «neutral» imaginado por Benjamín Constant, sino que utilizaba la falta de unidad para su propia política. De hecho, cuando en ciertos momentos se sugirió introducir el poder real o moderador como uno más en la clásica división tripartita, en la estela de las constituciones de Brasil de 1824 y de Portugal de 1826, el rechazo fue unánime4s

Sin embargo, tal oposición no respondía al deseo de mantener un espacio de poder efectivo en manos de la reina. Como sostuvieron Vicente Sancho en 1837 y Olózaga en 1855, para muchos progresistas hablar de un poder moderador inducía a creer que el Rey ejercía por sí mismo los actos, cuando en buena lógica la responsabilidad de todo lo que hiciera o dejara de hacer el monarca era de los ministros46. Lo que cabía hacer era profundizar y estabilizar el Gobierno representativo-parlamentario, de manera tal que en la práctica se fuera produciendo el arrinconamiento de las prerrogativas reales a una esfera puramente formal y se fuera asegurando la soberanía parlamentaria. Pero, mientras no hubiera una ley de responsabilidad ministerial, la teoría de Constant, en principio «sumamente sencilla, fácil, bella y, si se quiere, hasta magnífica», contenía tales vicios desde la perspectiva progresista que la hacían rechazable. A este respecto, López concluyó el examen de este postulado con rotundidad:

El poder de los reyes, por tanto, es no sólo ilimitado sino también ilimitable. Es decir, no se le puede contener en los verdaderos límites constantes y apaciblemente... Necesariamente, pues, el poder real en las monarquías hereditarias ha de estar en lucha con los cuerpos deliberantes. Serán siempre dos ejércitos que estarán observándose para aprovechar el primer movimiento oportuno de acometerse. La guerra será viva o lenta, sorda o declarada, podrá ser suavizada por la moderación, disimulada por la hipocresía, templada o suspendida por los acontecimientos, pero pronto concluirá, porque desaparezca la representación o ceda y sea envuelta la monarquía47.

En realidad, Joaquín María López iba en este escrito de 1840 más lejos de lo que los otros jefes de filas del progresismo estaban dispuestos a formular abiertamente, la inexorable guerra entre la monarquía y la representación nacional. El razonamiento de López -por otra parte, compartido por algunos compañeros en las Cortes de 1836-1837procedía de otras inquietudes y de otro esquema de pensamiento, que pretendía combinar el liberalismo posrevolucionario con los principios de raíz republicana cívica, que exaltan el patriotismo, la virtud cívica y la voluntad general. Esta mezcla, no siempre congruente y coherente a lo largo de su producción intelectual, impulsaba un cierto distanciamiento filosófico respecto a la monarquía hereditaria o, al menos, la posibilidad teórica de «entregarse a otras combinaciones». López no enseñó la moneda que debía correr, pero con sus argumentos quiso hacer ver que «toda la que corría era falsa». A pesar de este aserto, su opción política fue también la monarquía. En su caso, la de una monarquía cuya estructura institucional y representativa debía integrar lo que entendía eran «las ventajas de la República», en particular el sufragio universal masculino indirecto - «el único medio de dar participación al mayor número de ciudadanos en la formación de las leyes»-, con un decidido parlamentarismo"

De cualquier modo, la cuestión central, política, en los planteamientos progresistas no era sólo la de precisar las formas de un gobierno no despótico. Era también la de saber quién era el detentador de la autoridad. Y, en esta perspectiva, el espacio para la teorización del poder neutro era pequeño. El maridaje entre ambas instancias, la Corona y la nación, no era equilibrado. Para la mayoría, no había otro poder superior que el de la nación. La legitimidad de Isabel II, su derecho a reinar, procedía única y exclusivamente de la voluntad nacional, ratificada en la victoria sobre el carlismo y en la declaración de exclusión de don Carlos y de sus descendientes. La «magia de la nación soberana» no admitía paliativos: «porque el trono no tiene derecho a legislar, no es más que una delegación del pueblo, no puede engendrar intereses que no sean los mismos del pueblo; y si los engendrara, habría necesidad de ahogarlos en cuna, habría necesidad de extirparlos como otros tantos cánceres que podrían, extendiéndose, corroer el cuerpo social» 49

La segunda vía para teorizar la monarquía constitucional, la reformulación de la vieja idea de Gobierno mixto, aún resultaba menos pertinente como modo de pensar el régimen. Una concepción holista y homogeneizadora de la nación, que no concebía que el interés general pudiera dividirse, hacía muy dificil que los progresistas defendieran el bicameralismo desde la óptica inglesa de la representación diferenciada o sectorial de los intereses. El bicameralismo tenía sentido, y no para todos los progresistas, en la lógica de moderar la revolución.

En definitiva, el progresismo quería la monarquía sin la preponderancia efectiva del monarca (fortalecer la parte «dignificada» del poder ejecutivo de Bagehot), a través de un proceso, en virtud de las «leyes del progreso», que se autodefiniera sin la rigidez de la premisa dogmática de la soberanía de la nación. Dicho de otra forma, el espacio de la monarquía constitucional se situaba entre el absolutismo y la democracia: era el escudo contra el despotismo al tiempo que un bastión contra el espíritu revolucionario, republicano y demócrata, sobre todo a mediados del siglo xix. Este liberalismo se inscribía en la corriente «respetable» posrevolucionaria que equiparaba arbitrariedad real y «despotismo popular». La misma Teoría del progreso que abogaba por extirpar los intereses reales (propios) describía párrafos después al rey como «el centinela del templo de la libertad; es, en fin, el símbolo de la autoridad, que algunas escuelas modernas quisieran destruir, pero que debe ser conservada, porque la autoridad es al cuerpo social lo que el esqueleto al cuerpo humano, que sin él no puede existir»50. Para que el Rey no abusara de sus facultades, se requerían unas garantías determinadas: la reunión automática de las Cortes en caso de no ser convocadas, la Diputación Permanente de Cortes, la aprobación anual de los presupuestos y la ley de responsabilidad ministerial. En ese modelo de constitucionalismo monárquico, se quería avanzar en un influjo puramente formal de la Corona y en una significativa parlamentarización sin democracia.

Era un camino incierto pero factible, recorrido por otros países, como el Reino de Cerdeña o la Gran Bretaña del siglo xvüi. A mediados del xix, esa evolución se estaba produciendo en el Piamonte, que dirigió el proceso de unificación italiana. Si bien el Estatuto albertino, concedido por el soberano Carlos Alberto en marzo de 1848, había establecido la monarquía constitucional fundada sobre el principio de la preeminencia del monarca sobre el Parlamento, la práctica y la política de Cavour en la década de 1850 impulsarían una modificación en profundidad de esos caracteres institucionales hasta dar paso a una monarquía parlamentaria, en la que la Cámara de diputados se convertía en el ámbito fundamental de la legitimidad del ejecutivos'. Estaba también la experien cia inglesa, que había convertido en honorífica la prerrogativa real de vetar las leyes aprobadas por el Parlamento, caída en desuso en el xvüi, y restringido la facultad regia de nombrar y destituir ministros al ser imprescindible la confianza parlamentaria. Pero la evolución británica había contado con tiempo suficiente, relativa paz social y unas clases dominantes que supieron revertirse de retórica parternalista.

Hacia ese horizonte político se dirigía el progresismo español. Por un lado, acogerse a la fórmula británica de reconocimiento teórico de atribuciones reales en el convencimiento de que dichas capacidades serían ante todo honoríficas o de que la acción institucional del soberano sería muy limitada. Por otro, avanzar en la parlamentarización con una ciudadanía gradual al frente de la cual se encontraban los patricios virtuosos, los únicos intérpretes de la voluntad de la nación, los únicos que podían juzgar las necesidades de los representados. Por último, nacionalizar la monarquía, que culminaría la red piramidal de patricios, al envolverla de credibilidad popular.

Sin embargo, ese horizonte tenía severos espacios de incoherencia que, desde luego, no cubriría ninguna indulgencia de sus adversarios. Más bien hurgó en ellos el sarcasmo moderado, la denuncia del patriciado alternativo de los republicanos y el resentimiento plebeyo. No era el menor la disponibilidad de la reina a aceptar tales presupuestos y, cuando la confianza en Isabel II se rompió, los progresistas no dudaron en «fabricarse» una nueva dinastía precisamente de la casa de Saboya-. De todos modos, mayor relevancia adquiere en el contexto social y político de la España liberal la dificultad de traducir institucional y constitucionalmente su idea de monarquía y su versión de la soberanía nacional`. En realidad, fue una mera yuxtaposición de principios que quedaban al arbitrio interpretativo del progresismo, que dejaba poco margen de maniobra a la Corona. Por último, su insistencia en la soberanía de la nación no obedecía, parece, a un hipotético anclaje en el universo de la Constitución de 1812. Era más bien la clave política que le permitía al mismo tiempo no perder la aureola de popularidad que le otorgaba la cultura política de la nación que se había ido formando a lo largo de la experiencia revolucionaria liberal y fortalecer su posición frente a la Corona y sus amigos. Como dijo cierta vez Donoso Cortés, «los progresistas no necesitan del Monarca para ser fuertes porque se apoyan en las turbas. ¿Qué fuerza no tendrán cuando se apoyen a un mismo tiempo en las turbas y en el Monarca?»53. Se equivocaba, no obstante, en una cosa: el progresismo necesitaba de la monarquía, al tiempo que iba perdiendo a las turbas.

RAQUEL SÁNCHEZ GARCÍA

Universidad Complutense de Madrid

El Partido Moderado hegemonizó el poder político en la España isabelina. Su alianza con la Corona fue la base del control de los resortes de la Administración justo en el momento en que ésta se estaba adecuando a las demandas del Estado liberal, por lo que la España de Isabel II resultó, en gran medida, producto de las ideas y los proyectos conservadores. El proceso se manifestó poco a poco y fue paralelo a la formación y desarrollo del propio Partido Moderado, sobre todo en su dialéctica con las opciones liberales de cariz más progresista. El éxito de esta estrategia de dominio del poder se basó especialmente en un hecho: la identificación entre Corona, partido y sistema político liberal. Sin embargo, a largo plazo esta táctica tuvo funestas consecuencias, tanto para el sistema político como para el Partido Moderado y para la Corona. Un especialista en estas cuestiones nos lo ha resumido con palabras muy clarificadoras:

La identificación del moderantismo con la monarquía isabelina fue un hecho decisivo que culminó con éxito toda una operación de secuestro que, a corto plazo, le permitió obtener importantes beneficios políticos, pero que, a largo plazo, supuso un desastre para el régimen y la propia Isabel II, por cuanto que la sistemática marginación de las fuerzas progresistas y demócratas no podía conducir sino a una profunda crisis, como la de 1868.

Las peculiaridades del asentamiento del liberalismo en nuestro país marcaron en gran medida la estrategia moderada. Como es sabido, la gran preocupación del liberalismo posrevolucionario se centró en la redefinición de la Corona como poder político. Los doctrinarios franceses realizaron en este sentido una gran tarea en el terreno de la teoría y de la práctica, recogiendo, con matices, las aportaciones de pensadores tan destacados como Benjamín Constant y adaptándolas a la Francia de su tiempo. Su principal objetivo estuvo en definir la monarquía constitucional como sistema político capaz de conciliar las libertades con el orden; un sistema político que pudiese garantizar la igualdad ante la ley y el respeto a la propiedad, y, sobre todo, la limitación del poder real por la vía constitucional.

Los teóricos españoles aprovecharon las ideas de sus homólogos franceses, adaptándolas a la situación nacional, con frecuencia tergiversándolas, y produciendo un híbrido que combinaba elementos innovadores con otros más reaccionarios2.

En efecto, los moderados rodearon su concepción de la monarquía de un entramado teórico en el que se dieron cita muy distintos componentes. Por otra parte, un partido de tan amplio espectro y con tantas figuras destacadas no podía más que producir diferentes formas de entender el origen del poder, diversas interpretaciones de la relación entre la Corona y el partido y, por supuesto, ofrecer distintas propuestas para conducir el régimen por los caminos más favorables a los moderados. A continuación, se analizarán las teorías elaboradas tanto por los profesores de derecho político del Ateneo de Madrid como por otros pensadores moderados. Las ideas de todos ellos sobre la monarquía y su papel político contribuyeron a presentar una imagen sólida del partido y de sus propuestas.

EL ATENEO DE MADRID Y EL DERECHO POLÍTICO CONSERVADOR

Hace ya unos años, Ángel Garrorena escribió un libro imprescindible acerca de la teoría política moderada en el que se analizaban las lecciones de derecho político de los tres profesores conservadores que impartieron docencia en el Ateneo de Madrid'. Ya entonces, Garrorena nos decía que el Ateneo se había convertido en la expresión de un nuevo estilo cultural: «Todos los valores, modos, pautas y actitudes del liberalismo se han anudado institucionalmente allí para decantar tanto un saber de contenidos típicamente liberales como unas técnicas de difusión de dicho saber sólo explicables desde los presupuestos de la nueva mentalidad liberal» 4.

Efectivamente, el Ateneo se convirtió en una plataforma de primera importancia para la construcción de una teoría política sólida que oponer a la de los contrarios progresistas. Aparte de las consignas dadas desde la prensa, los moderados supieron sacar buen provecho de una institución como el Ateneo, que tanto prestigio había alcanzado. La exposición en el Ateneo otorgaba a su teoría política respetabilidad, así como sanción académica. La respetabilidad venía dada tanto por el público que acudía a las lec ciones como por la categoría de los tres profesores: Antonio Alcalá Galiano (la madurez y la experiencia), Juan Donoso Cortés (la brillantez y la inteligencia) y Joaquín Francisco Pacheco (la solidez del jurista). La sanción académica se verificaba en una exposición serena y detenida, alejada del partidismo político, que permitía el análisis profundo y el cotejo con otros pensadores.

JOAQUÍN FRANCISCO PACHECO

Joaquín Francisco Pacheco, jefe de la fracción puritana del Partido Moderado, fue uno de los profesores del Ateneo de Madrid que impartió sus clases sobre derecho político durante los cursos 1844-1845, 1845-1846 y 1846-1847. Pacheco se opuso a la reforma de la Constitución de 1837 junto a otros puritanos como Istúriz o Pastor Díaz, arguyendo que el cambio de textos constitucionales en función de la coyuntura política acabaría por desprestigiar al propio sistema político.

Dentro de los diversos temas que analiza en sus lecciones, prestaremos una especial atención a su concepción de la monarquía, que tiene evidentes puntos de contacto con la de otros moderados, aunque discrepe en algunos aspectos. Desde su perspectiva, la monarquía constitucional, es decir, la monarquía que conocen los países modernos de Europa, tiene su origen en lo que denomina «monarquía pura», es decir, el poder del Rey con todas sus atribuciones, el poder absoluto que, pasado por el tamiz de las nuevas necesidades sociales, ha quedado limado en sus extremos. La monarquía constitucional sería, por tanto, una monarquía limitada, convertida en el elemento principal del Gobierno representativo. Veámoslo con sus propias palabras:

La monarquía constitucional se deriva tanto lógica como cronológicamente de la monarquía pura, institución tan conocida, tan vulgar, tan de todos los tiempos. Al adoptar aquélla los nuevos legisladores, al definirla los nuevos publicistas, no han tenido que hacer otra cosa sino disminuir las facultades, rebajar la importancia, coartar el poder excesivo de esa institución, alzando al lado de ella otros poderes con grandes facultades, con importancia real, con un influjo que comparta su influjo. Así, la monarquía constitucional es la monarquía pura, menos lo que le quitan las instituciones de que está rodeada 5.

Al convertir a la monarquía en una institución que podríamos denominar casi natural a las comunidades políticas, es decir, «tan de todos los tiempos», de la que históricamente han venido emanando todos los poderes, no tendría ningún sentido hablar de la separación de éstos. Y, de hecho, para Pacheco no existe ni tal separación ni el equilibrio de los mismos. Uno de los comentaristas de sus lecciones señala incluso que las menciones a Montesquieu en el conjunto de su obra son mínimas6. Según Pacheco, la autoridad real antigua, de la que procede la actual, «comprendía en sí la suma de todos los poderes», y aunque se han limitado sus atribuciones, «todavía ha quedado dueña de la mayor parte». En definitiva, el poder de las instituciones representativas de los sistemas políticos modernos procede de las facultades derivadas de la monarquía. En esta cuestión, el pensamiento de Pacheco no pretende ir más allá buscando la titularidad de la soberanía, pues, con el mismo sentido claro y expositivo con el que plantea su teoría de la monarquía limitada, habla de la utilidad de parcelar las atribuciones que históricamente han tenido los monarcas. Su pensamiento busca sobre todo la eficacia de las instituciones y su relación con la sociedad a la que han de servir, y no insiste en otras consideraciones de carácter especulativo.

Con esta actitud esencialmente pragmática, Pacheco se lanza a analizar los dos principales pedestales que convierten a la monarquía en la institución más importante y representativa del Estado: su legitimidad para el ejercicio del poder y su permanencia a lo largo de la historia. Al ser ella la fuente del poder, es evidente que el ejercicio del mismo forma parte de su propia esencia. No cabe, por tanto, la menor duda sobre la legitimidad. Por lo que respecta a la perdurabilidad de la monarquía como institución, Pacheco insiste en dos cuestiones: la permanencia a lo largo de los siglos, en un tiempo largo, y la permanencia en un tiempo corto. Como consecuencia: «La monarquía no cesa jamás ni en su existencia ni en su acción; su poder no está en suspenso nunca»7. La herencia consagra esa permanencia pues «el rey no muere nunca en los estados bien constituidos». De este modo, la institución está por encima del individuo, por encima de la coyunturalidad de los aciertos o desaciertos de monarcas concretos. Y de ahí extrae Pacheco su defensa del derecho de Isabel a llevar el cetro, pese a su condición de mujer. El reinado de Isabel II es la expresión de la continuidad de la monarquía en la dinastía que legítimamente gobierna en España. Es más, aunque lamentablemente no profundiza en ello, con su habitual sentido pragmático señala el carácter provechoso que pudiera tener el gobierno de una mujer'.

Pese a lo que pudiera parecer, Pacheco no es en absoluto un defensor del poder real como un poder exclusivo, sino que, por el contrario, cree necesario que el Rey se vea rodeado de unas cámaras que traigan ante él los dos grandes principios que mueven la sociedad:

La sociedad, señores, se ve agitada, sacudida, entre dos fuerzas desiguales que la afectan en sentidos opuestos. Una es la del progreso, la de la innovación, activa, enérgica, incesante, pugnando por hacerla marchar (...). Otra es la de la conservación o resistencia, que apasionada verdaderamente por lo que fue, suspirando por ello en su interior, pero sin poder lograrlo, se afana cuando menos en impedir el triunfo de su rival, y pugna por permanecer siquiera en el punto de donde no se ha pasado9.

Esta idea de ver representadas en las instituciones los principios de modernidad y de tradición es bastante habitual en los pensadores conservadores de la época, pues para ellos la confluencia de ambos principios es el garante de la estabilidad social, el elemento que evita tanto el inmovilismo como la revolución. Será este hecho el que justifique la existencia de las dos cámaras ya que «el gobierno ha de ser la expresión de la sociedad».

Mediante la plasmación legal de tales limitaciones al rey y de la existencia de los principios de conservación y de modernización alcanza lo jurídico-formal en Pacheco, como en los demás puritanos, una adecuada convivencia con la idea de constitución histórica, predominante en los moderados más conservadores10

Partiendo de estos puntos de partida, Pacheco va a realizar un análisis de la sociedad en el cual queda claramente expuesta su concepción clasista y excluyente de la comunidad política. Según sus explicaciones, esta sociedad participante en la política e implicada en los asuntos públicos ha de superar los cuatro criterios que determinan su competencia política: la capacidad, la posición, la riqueza y, por último, el nacimiento y el origen. De este modo, Pacheco está definiendo una sociedad política en la que sólo tienen cabida la burguesía, la aristocracia y el talento (en la noción moderada de las capacidades).

Especial interés tiene su análisis de la aristocracia, para la que, como tantos otros autores contemporáneos, busca un nuevo papel en la sociedad contemporánea. Aunque constata la importancia de los «intereses aristocráticos» y la necesidad de que su presencia se vea reconocida en la cámara alta, Pacheco no deja de reconocer que su influencia es mucho menor que la de otros grupos sociales. Sin embargo, al representar las fuerzas del conservadurismo, tan precisas para frenar a las del progreso, «puede y debe ser un elemento de gobernación»".

Por otra parte, cuando Pacheco habla del influjo democrático, no está haciendo referencia a la totalidad de la sociedad, a la «última clase del pueblo», sino a una serie de intereses, los «intereses democráticos», que no son patrimonio exclusivo de ninguna clase, sino que constituyen los elementos vivificadores de la sociedad, los que la mueven hacia delante. Su descripción resulta muy ilustrativa:

Intereses democráticos son los de la propiedad, los del trabajo, que también es propiedad a su manera, los de la libertad y la seguridad, los de la tolerancia. Intereses democráticos son también los del orden y reposo públicos, sin los cuales se comprometen y aventuran todos los bienes, retrogradando y embruteciéndose la humanidad, en vez de adelantar hacia sus gloriosos destinos12.

Evidentemente, y encontrándose Pacheco entre los defensores de una sociedad clasista, los representantes de tales intereses en las cámaras han de ser las clases medias, pues en ellas reside la facultad que «comprende, expresa, representa, los intereses y las ideas comunes». Es decir, las clases medias subsumen los principios del progreso en la sociedad, y eso les otorga legitimidad para sentarse en la cámara baja, que será elegida por sufragio censitario. En este sentido, la justificación de Pacheco de la separación entre derechos civiles y derechos políticos no difiere de la de otros conservadores europeos y españoles: la identificación entre renta y riqueza con independencia 13.

Como vemos, el pensamiento de Pacheco, aunque analiza todas las fuerzas sociales, no llega a establecer la relación que existe entre la monarquía y el resto de dichas fuerzas sociales. No llega a explicarnos los mecanismos de negociación de la monar quía con las clases que representan los dos principios de la sociedad: el conservador y el democrático. Tras la lectura de sus Lecciones, queda la impresión de una Corona suspendida en el tiempo como elemento de perdurabilidad pero que no establece conexiones con el entramado social que gobierna. No queda claro tampoco cómo el Rey (o la reina en el caso español) se ve afectado por las demandas de transformación o de conservación. Parece una institución estática, cuyos poderes no se nos describen.

ANTONIO ALCALÁ GALIANO

El pensamiento de Alcalá Galiano permanece alejado de las preocupaciones acerca del origen y la legitimidad del poder. Su teoría se fundamenta en el valor del tiempo y en el espíritu social, en las legitimidades que vienen dadas por el arraigo social de las instituciones y por los beneficios que tales instituciones puedan otorgarle a una sociedad dada. Es decir, tradición y utilidad. Sus ideas tienen, por tanto, un marcado carácter sociologista y pragmático que contrasta con las de otros moderados y, sobre todo, con las de Donoso Cortés14. Es precisamente el tiempo el elemento clave en su interpretación. Como dirá en un texto periodístico: «Sabido es que el Rey es representante perpetuo de la nación»15. Insistirá en ello en las lecciones, señalando que «Nada hay más conveniente que inspirar a un pueblo la idea de que su constitución es así como buena y libre, antigua y casi inmutable»'1. En sus lecciones, Galiano analiza los distintos tipos de monarquía: aristocráticas, mesocráticas y las basadas en la muchedumbre, como él mismo dice. Señala que la que ha existido en España ha sido de este último tipo: una monarquía calificada como democrática, es decir, una monarquía apoyada en el pueblo, estableciendo un estrecho contacto entre rey y pueblo, un pueblo que a su vez buscaba refugio en el clero, un pueblo ignorante incapaz de demandar leyes que le favorecieran y que permitieran el respeto de los más básicos derechos. En fin, una monarquía a la que «cuadra y sirve perfectamente la forma de gobierno apellidado absoluto».

Pero los tiempos han cambiado, y la España que cabalga entre los años 30 y 40 del xix ya no es la España inculta de principios de siglo. Para Alcalá Galiano, un hombre esencialmente pragmático, la forma de gobierno ha de adaptarse a la sociedad en la que vive, por lo que la monarquía habrá de buscar su respaldo en otro colectivo. En este momento se trata de defender los intereses de un grupo social en el que se puede apoyar la monarquía sin el menor temor: «En mi entender, para el bien general, conviene que esté depositado el poder en la clase media». Al analizar la monarquía basada en la clase media, Galiano nos está describiendo el modelo de sociedad que los moderados quieren para España: una alianza entre la Corona y la clase que la sustenta, la clase media. Como veremos en el párrafo que sigue a continuación, el autor establece una estrecha relación entre Corona, mesocracia, prosperidad y estabilidad política:

La monarquía de las clases medias, como éstas, es calculadora, algo tímida, menos atenta a la gloria que al provecho, yéndose en todo con prudencia, hasta con cautela, pesando, quilatando con prolijidad cada empresa que se trata de acometer, prefiriendo a la guerra la paz, más que por motivos filosóficos por razones interesadas, cuidadosa del acrecentamiento de la riqueza, observadora con empeño del estado de los fondos públicos, aficionada a ocuparse en empresas mercantiles, en obras más para comodidad de los particulares que para la honra de las artes, y por consiguiente del estado. Esto es, lo que hoy lleva el nombre de intereses materiales, y de ellos, como es sabido, cuida especialmente el gobierno de las clases medias. En éstas el trono ha perdido la mayor parte del prestigio de que gozaba en el concepto de los nobles o de la plebe, siendo mirada su conservación como mero negocio de utilidad, como fianza de quietud".

Esta monarquía mesocrática representa lo que Galiano llama «la fuerza social», es decir, el predominio de la clase social más poderosa, la que tiene más fuerza, la que puede garantizar el orden y la estabilidad. En este contexto, la Corona puede aparecer como un agente que se arraiga en la historia y que se convierte en el mencionado «representante perpetuo de la nación» y eso implica, en última instancia, gravitar en cada momento histórico sobre la clase que ejerce «la fuerza social». En el siglo xix, por tanto, la fuerza social está en las clases medias y la propia definición que de la libertad hace Galiano lo refleja: «(...) entendiéndose por libertad el seguro amparo de las personas, de las propiedades, hasta del uso y declaración del pensamiento»`. Fijémonos bien en el orden en el que figuran los elementos destacados por Galiano: seguridad fisica, seguridad en la propiedad y, en último lugar, libertad de pensamiento. Por tanto, libertad es igual a seguridad`.

En la definición que de la monarquía mesocrática nos ha hecho Galiano, la Corona podría parecer que queda disuelta en la medianía del colectivo que la sustenta, perdiendo sus elementos simbólicos. Para evitar tal apreciación, el autor insistirá repetidas veces en que la monarquía no sólo se halla revestida de prerrogativas de tipo político (de las que se hablará a continuación), sino también de elementos alegóricos de su carácter histórico y de su dignidad como principal institución del Estado. Esos elementos son los que otorgan, de cara al pueblo, un carácter casi sagrado a la institución y, como dejará dicho, a la nación corresponde adoptar fórmulas que contribuyan a aumentar el engrandecimiento y el ensalzamiento de la Corona. De ahí que, cuando se plantee la cuestión del sexo del monarca y la trascendencia de este hecho, no lo considere especialmente importante, pues el éxito de la institución se halla para Galiano en su dignidad: «(...) opino yo que no está mal el reinado de las hembras, porque creo la dignidad o potestad real cosa muy diferente de un empleo, y viendo en ella una institución, y la más alta, no querría ver una criatura sino, en lo relativo a la humanidad, una cosa neutra, sin sexo»20. En repetidas ocasiones clamó contra la «manía» de cambiar el apelativo real por el de nacional y decir, por ejemplo, la marina nacional, en lugar de la marina real. «¡Como si real y nacional no fueran lo mismo, donde la cabeza de la nación es el rey!», exclamará indignado en las Lecciones.

Confiesa Galiano que sus opiniones son «favorables a la firmeza en el poder», de ahí que su concepción del poder político concedido al monarca contribuyera en gran medida a consolidar la teoría política moderada. En primer lugar, Alcalá Galiano que, como ya vimos, ha incidido en las atribuciones simbólicas del monarca, insiste ahora en que el Rey ha de tener también un poder político efectivo para que tales atribuciones simbólicas tengan un sentido. La primera de lo que denomina facultades del monarca es el derecho a proponer leyes aunque, y aquí coincide con la línea directriz del doctrinarismo, en estrecha conexión con las Cortes. Se hace referencia a la máxima del gobierno de las Cortes con el Rey. Dice Galiano: «Baste por ahora anticipar la declaración de que en mi sentir, si el derecho de proponer las leyes debe estar puesto en el monarca, en un estado donde hay cuerpos que en público deliberen y tengan parte en la legislación, tan importante derecho no debe ser del rey exclusivamente» 21.

Es esa conexión de la monarquía con la «fuerza social» la que va a permitir al monarca hallar el camino para sancionar las leyes más favorables a su pueblo, es decir, que al ser el Rey el representante máximo de la nación (y, sobre todo, de la fuerza social que predomina en ella), sus decisiones no pueden sino estar acordes con la opinión de ésta y con lo que conviene a la sociedad. Ahí tiene su justificación, precisamente, la prerrogativa de disolver las Cortes: «Pero la disolución, como va explicado, es un homenaje al poder popular y un recurso a su justificación, así como va encaminada a poner bien en juego cuando se siente y está algo desarreglada en sus movimientos la máquina de la administración del estado»22. En este contexto es en el que se ejerce la potestad regia, un contexto que se caracteriza por la convivencia entre el poder del monarca, «depositario de la potestad ejecutiva», los ministros que la ejercen y los cuerpos deliberantes, a los que Galiano no pretende, según dice, disminuir sino, por el contrario, reforzar en sus facultades. En efecto, trata nuestro autor de evitar que los parlamentos se conviertan en meros aprobadores o censores de las propuestas del gobierno. Su objetivo es que representen el papel para el que han sido creados: «Expresar el movimiento que hay en las ideas de las sociedades, y hasta la impaciencia que debe ser refrenada, pero no sofocada sin consentirle que asome»23. De este modo, si los parlamentos reflejan el movimiento social, la Corona refleja lo inmutable; si los primeros muestran el cambio, la segunda la perdurabilidad; si los parlamentos son elementos de multiplicidad, la monarquía lo es de unidad y de cohesión.

No hace falta decir que en estos parlamentos se halla representada la «fuerza social» predominante por medio de un sistema electoral censitario que selecciona los intereses que habrán de hallarse presentes. Pese a todo, no atribuye Galiano gran importancia a la tarea de los parlamentos en la elaboración de las leyes, tarea que califica de ineficaz, pues está realizada por personas sin la preparación y el conocimiento suficiente para llevar a cabo proyectos legislativos adecuados cuando se trata de cuestiones técnicas. Desde su punto de vista, es preferible que tal labor sea acometida por un consejo de personas expertas que puedan auxiliar al rey, encaminándolos a él y a sus ministros por la senda más adecuada para las necesidades del país. Tengamos en cuenta que en el parlamento se hallan representados los intereses sociales, no el conocimiento (que irá entrando en los parlamentos moderados por la vía abierta por la noción de las capacidades), y que no se habían desarrollado plenamente mecanismos modernos como las comisiones de expertos24.

El elemento de engarce y de comunicación entre ambas instancias, cuerpos deliberantes y monarca, es el consejo de ministros, que es presentado como brazo de la potestad ejecutiva del Rey. En el pensamiento de Alcalá Galiano, las distinciones del conde de Clermont-Tonnerre y de Benjamín Constant entre la potestad real y la potestad ejecutiva no se establecen, pues considera nuestro autor que tales diferencias no existen ya que «Todos cuantos actos políticos salen del rey son consecuencias de un consejo dado por sus ministros que responden de él y de sus efectos en cualquier caso, sin restricción alguna»25. De este modo, le resulta sencillo comprender la responsabilidad ministerial en un sentido amplio y colegiado, siendo éste un elemento clave en el desenvolvimiento de los Estados constitucionales, garante del compromiso con la sociedad en la toma de decisiones y salvaguardia del prestigio de la Corona ante el pueblo:

Los ministros han de ser responsables, no meramente cada cual de las reales órdenes a que pusiere su firma, sino de mancomun e in solidum de todas las grandes providencias gubernativas dadas en consejo de ministros, y de las faltas de omisión en que cualquiera de ella en su ramo, y todos juntos en la gobernación general del estado hubieren incurrido26.

Desde su perspectiva, el Rey debe tener, consiguientemente, amplias facultades por cuanto es el depositario del poder ejecutivo. Una de las más destacadas es el veto absoluto, que permite hacer efectivo el poder del Rey pues «la potestad real no es solamente representante, es asimismo gobernadora de la nación». La regulación del veto absoluto o veto suspensivo era un elemento que marcaba claras diferencias en la teoría política de moderados y progresistas. Los primeros fueron ardientes defensores del veto absoluto por la impropiedad que suponía sancionar una ley sin el acuerdo de la máxima magistratura del Estado. Para Alcalá Galiano, el veto absoluto permite, además, poner el sistema político a salvo de partidismos y revanchas políticas, pues con él es posible «negar la sanción a leyes de utilidad dudosa, momentánea cuando más, acaso de las que sirven a la pasión o al interés de un bando o partido triunfante, leyes cuya formación conviene impedir, pues son por lo común armas terribles con que los políticos militantes se hieren y procuran exterminar unos a otros en sus lides»27.

Como es evidente tras estas palabras, Galiano ve en la monarquía una forma de gobierno superior al resto, ya que es capaz de amalgamar las distintas partes que constituyen el Estado, pues en ellas está «(...) transmitida por herencia la autoridad y potestad suprema, con lo cual hay un fortísimo a la par que visible punto de cohesión entre las varias partes constitutivas del estado y una prenda de estabilidad de que otras formas de gobierno carecen» 28.

Sin embargo, estas preferencias de nuestro autor no son tan exclusivas como para que deje de lado el análisis de la república, a la que dedica la lección decimonovena de sus intervenciones en el Ateneo. Su estudio de esta forma de gobierno no se sale de las líneas de razonamiento expuestas anteriormente, pues, reconociendo la superioridad de la monarquía constitucional, del pensamiento de Galiano parece desprenderse la idea de que las formas de gobierno son algo secundario. Lo que determina el carácter de un Estado no es su forma de gobierno, sino qué clase social la sustenta. Así, no tendrá ningún empacho en afirmar que «en la república de las clases medias predominaría el respeto a las leyes y a los derechos civiles de los particulares, y en la república popular, si bien gozaría el pueblo de mucho poder, también el gobierno en sus actos ordinarios le tendría sobrado y aún excesivo»29. El gran desafio al que han de hacer frente las repúblicas mesocráticas es, precisamente, su carácter volátil, carente de la solidez de la tradición. Estas repúblicas son frágiles porque corren el gran riesgo de verse pervertidas por la plebe, que puede acabar transformándolas en democracias, hecho que constata con el ejemplo de Estados Unidos. Por lo que respecta a España, este Alcalá Galiano del Ateneo confiesa estar poco preocupado por un potencial advenimiento de la república dada la «poca valía» y el «escaso influjo» (según sus propias palabras) de los republicanos españoles. Tras los acontecimientos de 1848 en Francia y en el resto de Europa, su preocupación aumentará considerablemente y la asociación entre socialismo, república y desorden será cada vez más frecuente en sus intervenciones públicas y en sus artículos para la prensa.

En definitiva, el planteamiento de Alcalá Galiano responde a un esquema pragmático y sociologista de la política que busca insertar al monarca de forma activa en los mecanismos del gobierno. El gran problema que se plantea es la dificil conciliación en el pensamiento de Galiano entre un monarca teóricamente alejado de las diferencias partidistas que es a la vez un activo participante en el gobierno.

JUAN DONOSO CORTÉS

El pensamiento de Donoso Cortés ha sido objeto de numerosísimos análisis. Todos ellos han constatado el desarrollo de sus ideas en sentidos diversos a lo largo del tiempo, en función de la situación política de España y de su propia evolución personal. En estas páginas trataremos de hacer un repaso a sus planteamientos con respecto a la monarquía a través no sólo de las Lecciones de derecho político, sino también de otras publicaciones.

Uno de sus primeros escritos en los que encontramos referencias a la monarquía como institución es la Memoria sobre la monarquía, texto de 1832 dirigido a un Femando VII recién recuperado de su enfermedad, al que alaba por sus intentos liberalizadores. En este texto hace una referencia a cuál cree él que debería ser la base de la monarquía: «Señor, una monarquía no puede apoyarse en las últimas clases de la sociedad; es preciso que se apoye en las clases intermedias; cuando éstas no existen, la sociedad perece en manos del despotismo oriental o en el abismo de una democracia borrascosa» 30

Es interesante esta afirmación porque contrasta vivamente con los planteamientos que sostendrá Donoso años después, especialmente en el debate sobre la reforma de la Constitución de 1837. Aunque se analizarán más tarde con detenimiento sus ideas al respecto, es importante apuntar que este Donoso que reivindica la clase media más adelante creerá necesario ahondar en el carácter democrático de la sociedad española como uno de los principios básicos para sostener los gobiernos (los otros son la monarquía y la religión). Una clave para comprender la paradoja puede hallarse en su descripción de una monarquía democrática, realizada ante el Congreso con motivo del mencionado debate: «Cuando yo hablo de monarquía democrática, de gobierno democrático, no hablo de la monarquía de las turbas. La monarquía democrática es aquella en que prevalecen los intereses comunes sobre los intereses privilegiados, los intereses generales sobre los intereses aristocráticos. Ésta es la monarquía democrática» 31

Aparte de estas caracterizaciones acerca de la monarquía en relación con la democracia, otra de las cuestiones más interesantes entre las planteadas por Donoso es su concepción histórica de las formas de gobierno. Como él mismo señaló en sus Lecciones de derecho político, los gobiernos son «realidades históricas», queriendo poner de manifiesto la circunstancia de que las formas de gobierno han de adecuarse a las necesidades sociales, a las demandas de cada momento. De este modo, Donoso no demonizará el ejercicio del poder monárquico en épocas pasadas, sino que aplicará un criterio relativista en su análisis y escribirá que la monarquía absoluta «no ha desaparecido porque sea una forma de gobierno igualmente condenada por la razón en todos los períodos de la historia, sino porque, adecuada a la sociedad de ayer, no lo es a la sociedad de hoy» 32. Por tanto, la forma de gobierno adecuada a los tiempos presentes es la monarquía constitucional, no por su bondad intrínseca, sino por su acomodamiento a los tiempos presentes: «La monarquía constitucional ha debido ser y ha sido su heredera, no porque sea la mejor de todas las formas políticas, no porque sea el último límite del entendimiento humano, sino porque es la forma más adecuada y conveniente a la sociedad en que vivimos y al grado de civilización a que han llegado los pueblos» 33

El hecho de que la forma de gobierno sea algo transitorio no implica que el poder pierda su continuidad. Hay un texto de Donoso especialmente interesante para los temas que estamos aquí tratando. Se trata del Proyecto de ley fundamental, que nuestro autor redactó como crítica al proyecto de reforma de la Constitución de 1812 que daría lugar a la Constitución de 1837. En él, y con relación a la perennidad del poder, dice lo siguiente: «Pero ese poder, para que llene su misión, es preciso que sea uno, porque la sociedad es una; indivisible, porque la sociedad es indivisible, y perpetuo, porque la sociedad es perpetua. Sólo así el poder representa a la sociedad, y la sociedad vive y progresa a la sombra del poder» 34. Desde este punto de partida, Donoso puede afirmar, como muchos moderados, que la teoría del equilibrio y la separación de poderes «es una teoría absurda». Es más, incluso señala en otro de sus textos que el poder precede a la forma contingente, que el poder actual queda únicamente legitimado y procede del poder preexistente: «La potestad constituyente no reside sino en la potestad constituida, ni ésta es otra en nuestra España sino las Cortes con el Rey. Lex fic consensu populi et constitutione regis. Esta máxima de nuestros padres, sublime por su misma sencillez, ha llegado hasta nosotros vencedora de los tiempos y de las revoluciones» 35. Así trata de destruir Donoso la teoría del poder constituyente, base del derecho revolucionario y obsesión del liberalismo del siglo xix36

Por este camino llega Donoso a la defensa del principio doctrinario del gobierno de las Cortes con el Rey. Al menos ésta es la teoría que defendió en 1844. Años antes, en el citado texto sobre la ley fundamental de 1837, sus ideas quedan más matizadas. Abundando en la unidad del poder y en la falsedad de la división y el equilibro de los poderes, Donoso señalará que el único poder reside en la Corona y por derivación en el gobierno, pues sólo él puede ejercer una acción directa, una coacción o una imposición. No hay poder sin actividad, por eso las cortes no son un poder, sino un elemento auxiliar del gobierno:

Sin duda las Cortes deben ser consideradas como una institución augusta, como una institución sublime, sólo inferior en importancia al Trono, y después a todas las demás instituciones; pero esa institución no es un poder, y no es un poder, primero, porque no obra, como demostraré más adelante, y segundo, porque, aunque se demostrase que obra, nunca se demostraría que su acción es un mandato, y sólo el mandato puede constituir el poder, como la obediencia al súbdito37.

Mediante estas justificaciones Donoso está, en cierto modo, sacralizando el ejercicio del poder y revistiéndolo de unos ropajes bastante distintos de lo que solía ser habitual entre los pensadores conservadores.

Esa sacralización del poder es, para Donoso, un elemento constitutivo del mismo, está en su esencia y no puede ser suprimida sin el peligro de arrebatar al poder su origen y legitimidad. En su folleto en defensa de la regente María Cristina nos lo explica:

La máxima eminentemente social, la que necesitan para existir todos los gobiernos, así los monárquicos como los constitucionales, como los republicanos, es la de que en toda sociedad es necesario que haya uno o muchos que, conservando el ejercicio de la facultad de obrar y pensar, y aunque yerren y pequen, deben ser considerados como si no estuvieran sujetos ni a pecado ni a error, como si fueran infalibles e impecables38.

Evidentemente, de planteamientos como éste y como los que sostendrá con respecto a la soberanía de la inteligencia parece derivarse una defensa del origen divino del poder del Rey, pese a que sus intentos de matizar tal cosa resulten bastante ambiguos: «Yo no creo en el derecho divino de los reyes, pero creo que en la majestad suprema, considerada en abstracto, hay algo de divino, y creo que la persona que la ejerce, llámese rey, presidente, emperador o cónsul, es sagrada» 39

El poder tiene una función muy clara para Donoso que es mantener la cohesión, la unidad; por tanto, sólo es legítimo el poder que es capaz de cumplir esta misión. Tratando de matizar más concretamente a qué se está refiriendo nos dirá que es sólo la inteligencia el poder capaz de conservar la avenencia entre los individuos. De modo que: «Si esto es así, sólo será legítimo el poder de la inteligencia, porque sólo la inteligencia puede constituir y sabe conservar; si esto es así, todo poder que no tenga en ella su origen y que no haya recibido de ella su misión, es un poder efimero y bastardo» 4o Esta inteligencia origen de todo poder adquiere en Donoso una naturaleza divina y se encarna en su discurrir por los siglos en diferentes grupos e instituciones sociales. En la época contemporánea corresponderá a las clases adineradas el ejercicio del poder precisamente porque son ellas la presente personificación de la inteligencia:

(...) las clases propietarias, comerciales e industriosas se iniciaron en los misterios de la inteligencia, que las reveló el arte de gobernar y les confió el ejercicio de la soberanía, que les pertenece, luego que se les hubo revelado. Sí; sólo a estas clases pertenece el ejercicio de la soberanía porque sólo estas clases son inteligentes; sólo a estas clases pertenecen los derechos políticos, porque sólo estas clases pueden ejercer legítimamente la soberanía; su gobierno es el de las aristocracias legítimas, es decir, inteligentes, porque sólo la inteligencia da legitimidad`.

De este modo, Donoso elaboró su teoría de la soberanía de la inteligencia.

En el terreno de la práctica política, las ideas de Donoso Cortés alcanzaron un nivel de acometividad mucho mayor. Sus escritos periodísticos, pensados para un público más amplio que el de las tribunas del Ateneo o del Congreso, responden a una intencionalidad política muy clara, cuyo principal objetivo no era otro que hacer del orden el principal puntal de la monarquía. De entre los numerosos ejemplos que podríamos señalar, destaca especialmente la polémica sostenida con Andrés Borrego en los años previos a la regencia de Espartero. Andrés Borrego, como veremos más adelante, publicaba un periódico, El Correo Nacional, a través del cual difundía sus ideas acerca de la formación de un partido de coalición liberal que pudiera servir de frente al carlismo. Además, propugnaba una concepción del poder político según el cual la Corona no era la fuente del poder, sino una de las varias instituciones que conformaban el mecanismo gubernativo. Por aquella época, Donoso trabajaba con Alcalá Galiano en el diario El Piloto, que sostenía ideas opuestas. Los tres, Donoso, Galiano y Borrego, representaban distintas tendencias en el seno del Partido Moderado. Donoso y Alcalá se hallaban próximos a la opción más autoritaria y excluyente con respecto a los progresistas. Borrego, abierto a potenciales negociaciones con los hombres del progreso y consciente de la necesidad de abrir la base social del liberalismo, apostaba por un régimen que, con un Gobierno fuerte, eso sí, fuese capaz de aglutinar a todos los liberales, pues la discordia podría conducir a una victoria del carlismo que sería catastrófica para España.

Donoso atacó con virulencia las ideas de Borrego. Desechaba las teorías de este autor con respecto a la Corona, pues consideraba que esa convivencia entre los poderes no era en el fondo más que la defensa de una monarquía parlamentaria, a la que Alcalá Galiano llamaba «tiranía tribunicia» y Donoso «monarquía democrática», y que era el camino más corto para llegar al desorden social. Decía Donoso que Borrego estaba intentando defender dos cosas incompatibles como son la monarquía democrática y la monarquía constitucional. De ahí que acusara a Borrego de desconocer la médula de las monarquías, pues «la esencia de la monarquía constitucional consiste en que el monarca sea el poder y el gobierno, y que la clase media representada en asambleas legislativas intervenga en el gobierno del rey, y limite su poder. Donde se reconocen estos principios hay monarquía constitucional». Sin embargo «cuando el autor del Correo [Borrego] afirma que el poder está en el Rey, es monárquico constitucional; pero cuando afirma que la iniciativa del gobierno está en la cámara electiva, con la segunda afirmación destruye la primera, porque el poder reside en donde reside la iniciativa del gobierno»42. En definitiva, Donoso está aquí reiterando sus doctrinas acerca de la unidad del poder y de su ejercicio.

En Donoso Cortés, el estudio de la monarquía como institución de gobierno es un elemento secundario, subordinado a su análisis acerca del poder. Sus apreciaciones concretas hemos de buscarlas sobre todo en las obras de carácter histórico o de reflexión sobre las cuestiones políticas de España. A partir de 1848, y aunque ya se hallaba presente en su pensamiento, Donoso se volcará sobre la necesidad de regeneración moral y religiosa de su tiempo, adquiriendo su obra matices más cercanos a la teología política.

OTRAS VISIONES CONSERVADORAS DE LA MONARQUÍA:

JAIME BALMES Y ANDRÉS BORREGO

De entre los muchos políticos moderados que emitieron sus opiniones acerca de la monarquía y la relación de ésta con las otras instituciones de gobierno, se seleccionarán aquí dos de los más representativos por su talante o por sus aportaciones. En primer lugar, nos acercaremos a Jaime Balmes, quien, aunque no directamente vinculado al Partido Moderado (y siendo a veces un duro crítico de él), representa en el pensamiento conservador español una línea de análisis de gran interés, pues el no estar inserto en la pelea partidista le da a sus ideas una claridad de visión mayor. El otro autor a quien nos aproximaremos es el ya citado Andrés Borrego, que en su tiempo planteó una estrategia diferente para el partido, estrategia que, aun resultando perdedora, aportó interesantísimos elementos de análisis.

Jaime Balmes había nacido en Vich en 1840 y su vocación sacerdotal no fue obstáculo para que se desarrollase su interés por la política, además de por la filosofia y la teología. Mantuvo Balmes una posición muy conservadora en lo político, que lo llevó a censurar con dureza muchas de las acciones del Partido Moderado, sobre todo en lo que se refiere a la sanción moderada de la venta de los bienes eclesiásticos realizada por los progresistas43. Se hallaba muy preocupado por la falta de principios morales y religio sos de su tiempo. Para él, más que las transformaciones políticas, la principal culpa de la Revolución francesa y la filosofía sobre la que se basó fue la suplantación de los fundamentos morales (entiéndase religiosos) por un relativismo y un agnosticismo que acabó poniendo en duda todos los pilares de la sociedad. Balmes percibe la sociedad de su tiempo como un conglomerado de individuos faltos de cohesión, una colectividad en peligro de disolución («el peligro que amenaza a las sociedades modernas no es la esclavitud, sino la anarquía...»). De ahí que sea necesario vivificar el principio de orden y restaurar los puntos de referencia que sostienen la vida en comunidad.

Para lo que aquí nos interesa, Balmes insistirá en dos cuestiones primordiales: el reforzamiento del poder y el lugar de la Corona en el mundo contemporáneo. Ambos asuntos estarán intrínsecamente unidos en su pensamiento. Nos dirá que «el robustecimiento del poder es una de las primeras necesidades de la nación, y no acertamos a concebir cómo puedan encontrarse hombres de buena fe que, o desconozcan esta necesidad, o se opongan a que se la satisfaga»`. Concluirá diciendo en el mismo artículo lo siguiente: «El poder en España es el trono». Goza, por tanto, la monarquía de una fuerza interna que le viene dada por su carácter hereditario, fuerza que se proyecta en las sociedades en las que está instituida como forma de gobierno y que le permite salir de los marasmos políticos propiciados por los elementos de disolución.

Es decir, el poder aglutinador es el poder real por cuanto es el único que perdura a lo largo del tiempo y de los acontecimientos. Se pregunta Balmes la razón de que esto sea así, qué representa la monarquía, qué tiene de peculiar frente a otras instituciones. La respuesta enlaza con la que nos han dado los autores ya consultados: la monarquía es «un principio altamente conservador de la sociedad, un principio que ha sobrevivido a todos los embates que le han dirigido las teorías y las revoluciones»45. Si la monarquía ha sido capaz de resistir semejantes ataques y humillaciones, si la Corona ha podido sobrevivir a lo largo de los siglos, ha sido porque a los ojos de la muchedumbre sigue teniendo algo de lo que carecen el resto de las instituciones (salvo la Iglesia, claro está): su carácter sagrado e inviolable. En el caso de España, abunda Balmes, la monarquía está arraigada, además, en profundos sentimientos religiosos que la hacen aún más invulnerable. De ahí que pueda decir que «la república entre nosotros es el mayor de los delirios» 46

A este respecto, apunta nuestro autor que la monarquía refleja la sociedad de la que procede y que, por tanto, la monarquía española tiene unas características propias. Una de esas características es, como ya hemos visto, su marcada vinculación con la religión. La otra es que se trata de una monarquía efectiva, es decir: «El monarca español no ha sido en los tiempos antiguos ni en los modernos un rey de puro nombre, sino un rey soberano». De este modo, lo que el país requiere es «un trono robusto con bastante fuerza para no dejarse dominar por los partidos, y rodeado de instituciones en armonía con nuestras leyes fundamentales; leyes que, bien entendidas y aplicadas, bastan para precavernos contra el despotismo revolucionario, contra el militar, el parlamentario, el ministerial y el de los privados»47.

Vemos, por tanto, que Balmes está abogando por un poder real fuerte, con contenido y capacidad para ser ejercitado. Con motivo del debate sobre la reforma constitucional, Balmes escribirá un artículo en El Pensamiento de la Nación en el que insistirá en esta cuestión: «No queremos decir que las Cortes no intervengan en la formación de las leyes, pero sí creemos que es algo aventurado el establecer en general que los monarcas por sí solos no puedan hacer ninguna, ni aun con carácter de interina» 4s Como se desprende de tales afirmaciones, Balmes es un crítico acerbo de la máxima progresista «El rey reina, pero no gobierna» y teme que se lleguen a reproducir en España escenas como las que cree que se prodigan por Europa con constituciones más liberales que la que se trataba de reformar (la de 1837): una monarquía supeditada al gobierno y una cámara alta sin funcionalidad efectiva49.

En el caso de España, Balmes fue uno de los defensores de la idea de fusión monárquica para detener el desorden provocado por la guerra civil. En su propuesta para que Isabel II se casase con el conde de Montemolín (en la que coincidía con otros políticos que bordeaban el absolutismo, como el marqués de Viluma) buscaba la regeneración política y moral del país que ya había planteado en artículos para El Pensamiento de la Nación. Balmes era de la opinión de que el gobierno de los partidos era imposible porque en ellos primaba la defensa de sus intereses particulares: «no vemos más que individualidades que se agitan, se atacan, se derriban sucesivamente, sin más resultado que mudanzas de empleados y estériles ensayos de sistemas»50. Su visión política de España giraba, por consiguiente, alrededor de la idea de un gobierno fuerte que se hacía aún más necesario dadas las características de la persona que ocupaba el trono: «Ya que la Providencia nos ha dado una reina niña, quiera esa misma niña, quiera esa misma Providencia deparamos un ministro grande» 51. Balmes no nos concreta si espera que tal figura de orden pueda buscarse en un potencial marido para Isabel o en una persona exterior a la familia real, pero lo cierto es que repetidas veces insistirá en que lo que falta en España no son hombres dispuestos a obedecer, sino hombres capaces de mandar: «Hay un gran pueblo, sólo falta un grande hombre»52. Como vemos, estas posiciones políticas balmesianas rozan los límites del liberalismo.

En definitiva, Balmes, con frecuencia más cercano al tradicionalismo que, al conservadurismo, reprochará a los liberales su falta de consecuencia. Advertirá que, al admitir las doctrinas que han subvertido el orden tradicional, no han sido capaces de prever las secuelas de tales teorías: la petición, por parte de socialistas y demócratas, del derecho al sufragio universal (masculino). Escribirá en uno de sus artículos:

Bien se deja entender que no somos partidarios del sufragio universal y que no creemos que en Europa pueda ensancharse sin gravísimos peligros la arena donde por desgracia luchan las opiniones, los intereses y las pasiones con doloroso encarnizamiento; pero menester es confesar que los hombres que se han apoderado del gobierno de la sociedad después de haberla conmovido hasta sus cimientos no admiten las consecuencias de los principios que ellos mismos establecieron 53

Aunque Balmes no lo creyese así, lo cierto es que los liberales eran muy conscientes de las consecuencias de la ampliación de los derechos políticos; de ahí que recurrieran a la represión para frenar las demandas que en tal sentido se pudieran producir, salvo que se optase por reformar las leyes electorales, como sucedió en Gran Bretaña.

En Andrés Borrego vamos a encontrar unas propuestas bastante diferentes a las ya conocidas. Su talante, más posibilista que el del resto de moderados, se abrió a la colaboración con los hombres del progreso, especialmente en los primeros tiempos del liberalismo. También él era partidario de restablecer la fuerza del trono en nuestro país, pues, como señaló en repetidas ocasiones, la Corona es una institución arraigada en la historia y en el pueblo, y no sería posible iniciar ningún proyecto político con pretensiones de perdurabilidad sin tenerla en consideración. Hasta tal punto llega esta identificación, que la monarquía ha sido capaz de sobreponerse a todas las vejaciones de las que ha sido objeto en la época contemporánea, tanto por parte de los propios monarcas como del partidismo político:

Si esta institución no estuviera encarnada en nuestras costumbres y no formara el símbolo y la personificación del genio de nuestro pueblo, habría salido muerta a manos de los sucesos transcurridos en lo que llevamos de siglo. Profanada su majestad real en la familia de Carlos IV; convertido el monarca en blanco de odios de partido en la persona de Femando VII; rebajado su prestigio por la viuda de este rey, se dio un golpe terrible a la veneranda institución con el matrimonio de doña Isabel II y sus consecuencias 54.

Son precisamente esas garantías de estabilidad las que hacen de la monarquía una forma de gobierno más sólida que la república, sometida siempre a potenciales crisis y vacíos de poder en el momento en que ha de ser elegido el jefe del Estado, como señaló en su análisis de la revolución de 1854 (España y la revolución, o estudio sobre el carácter de las reformas que han cambiado el estado de la sociedad española. Origen, síntomas y pronóstico de la revolución de 1854, Madrid, 1856).

Sin embargo, y en esto sí se distancia Borrego de la mayoría de los moderados, aun siendo la monarquía una institución tan importante para el buen gobierno, no constituye por sí sola la única fuente del poder ni el exclusivo representante de la sociedad, sino uno más de los mecanismos que conforman la maquinaria política". Es más, no hay ningún elemento ni grupo predominante, sino que todos se hallan al mismo nivel porque representan las distintas sensibilidades del cuerpo social:

El prolijo análisis de que se compone nuestra sociedad demuestra que ni el trono, ni el clero, ni la nobleza, ni el estado llano, ni el pueblo, poseen exclusivamente los medios de hacer dominar el principio que cada uno de estos centros de intereses y sentimientos ocupan sobrado espacio en nuestra historia y pesan demasiado en nuestra situación para que pueda ni deba prescindirse de ellos en la definitiva organización que conviene a España56

En última instancia, para Borrego el primer desafío de todo buen gobierno estriba en solucionar lo que consideraba el gran problema de la sociabilidad contemporánea: «Conciliar el elemento de poder con el elemento de libertad» (prospecto de El Correo Nacional). Y será esa relación dialéctica entre libertad y poder el terreno en que se establezca la interacción de los colectivos sociales. Para ello se ha de lograr la armonización de los intereses de estos distintos grupos que conforman la comunidad política y social. De este modo, Andrés Borrego no será partidario de la noción moderada del gobierno de las Cortes con el Rey, y apoyará, por el contrario, la máxima de que el Rey reina, pero no gobierna, única forma que respeta el carácter inviolable de la institución al permanecer ésta al margen de los partidismos políticos y que permite la representación de todos los intereses en pie de igualdad`.

Sólo evitando la asociación de la Corona con la política podría ésta sostenerse en los dificiles momentos que había vivido. Esta opinión fue sostenida con energía y reiteración por Borrego sobre todo en los años de la guerra carlista, momento especialmente crítico para el bando de Isabel. Fueron éstos los años en que lanzó su propuesta de un partido de coalición que estuviera dispuesto a unir a todos los liberales en la lucha contra los carlistas. Para ello se sirvió de diversas empresas periodísticas. En una de ellas, El Correo Nacional entablaría la polémica ya citada con Donoso Cortés, polémica que reflejó la existencia en el seno del Partido Moderado de, al menos, dos tendencias ideológicas, dos formas de entender el asentamiento del liberalismo en España: una basada en la amplitud de la base social del liberalismo (uniendo a progresistas y moderados en la tarea de consolidar el trono de Isabel); otra fundada en el predominio de un partido, el Moderado, como el único capaz de establecer un régimen político sólido`

Posteriormente, ahondará en su definición de la ideología del Partido Conservador. Según Borrego, tras reaccionar ante los desafueros de Espartero, el Partido Progresista vio cómo se hacía necesario colaborar en el mantenimiento del orden monárquico y de una forma de entender la política y la sociedad en la que estaban comprometidas las dos formas políticas. Si pese a esto los progresistas no fueron capaces de darse cuenta de hasta qué punto ellos también debían defender la misma forma de entender el mundo, correría a cargo del Partido Moderado (o conservador, como lo llamará con frecuencia) esta tarea. Desde su perspectiva, eran las ideas conservadoras las únicas que podían mantener el orden y la cohesión social, además de sostener al trono en su firmeza. Insistirá, como ya se dijo, en el carácter de excepcionalidad que presenta la monarquía de Isabel, primero por la amenaza carlista y después por las vicisitudes del reinados`'. De ahí que retome la antorcha de la misión de un partido conservador remozado como principal adalid de la pureza del liberalismo:

Sólo el Partido Conservador, uniéndose, concentrando su influjo, sus medios, sus aspiraciones, ocupa en el país una posición que le permita pesar sobre las determinaciones de la Corona sin humillarla, sin herirla, sin hacerla perder su prestigio. Él, que se presenta como defensor en primer término de la prerrogativa regia, que la acata sinceramente, que ama a la Reina y a su descendencia, porque el trono de esta Reina ha sido nuestra obra, y su dinastía nuestra bandera; él, que cuando disiente de las inspiraciones que pueden partir de la atmósfera palaciega, disiente en un interés monárquico, y nunca por interés de bandería; él, que es el único partido a cuyas exigencias puede ceder la Corona sin aparecer vencida, sin despojarse de su poder, él es el único partido que puede crear, para bien del país y de la Corona, un sistema político de robustas tradiciones, que adquiera el carácter de nacionalidad y de interés público y permanente; sistema que, haciéndose superior a todos, a todos dirija y sirva de norte y de regla de conducta`

Con estas afirmaciones no está haciendo Borrego una apología del Partido Moderado, sino manifestando un proyecto ambicioso y deseable. Si hay alguien que, aparte de los progresistas, se opuso con más tenacidad a las tendencias autoritarias de los conservadores fue él. También fue él el único moderado que le negó a Narváez los poderes extraordinarios en las Cortes con motivo de los sucesos de 1848; se opuso también a las extralimitaciones de Bravo Murillo cuando éste publicó los presupuestos en la Gaceta sin haber sido aprobados por las Cortes (lo que condujo a Borrego a la emigración al decretarse un auto de prisión contra él). Muchos años después Borrego, gran aficionado a escribir, dejaría su impresión de aquel tiempo señalando que el Partido Moderado contribuyó con su exclusivismo político a socavar el propio régimen que pretendía sostener. En Causas de la razón de ser del republicanismo en España (Madrid, 1885) extenderá las culpas a ambas formaciones:

Los partidos liberales monárquicos, por sus desaciertos, por sus injusticias y su ingratitud hacia los que tan generosamente los servimos, han sido los generadores, los causantes de que haya surgido y propagádose un partido republicano, en el que nadie hubiera pensado si los progresistas en 1836 y 40 hubiesen gobernado más a gusto de la nación, y si los moderados no hubiesen abandonado, engreídos por la jornada de Torrejón de Ardoz, la enseñanza que los puso en estado de haber debido a la opinión pública sus triunfos electorales de 1837 y 39, culpas las últimas principalmente imputables a los hombres que olvidaron lo mucho que debieron a la observancia de las garantías constitucionales que mantuvieron los gobiernos que siguieron los principios de mi escuela desde 1835 a 184061.

EL DEBATE SOBRE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

El debate sobre la reforma de la Constitución de 1837 es un caso práctico de gran interés en el cual los moderados mostraron sus ideas y la plasmación de las mismas en la realidad. Incluso el deseo de reformar la Constitución de 1837, promulgada con el consenso de los dos partidos, es buena prueba de la intención de crear un nuevo tiempo, una nueva época caracterizada por la identificación entre moderados y gobierno representativo como única opción política posible, justificando de este modo la exclusión de los progresistas. Tras esta estrategia política se ubican los planteamientos ideológicos que la sostienen, siendo el primero de ellos una concepción totalmente opuesta de la soberanía. En su preámbulo, la Constitución de 1837 dice: «Siendo la voluntad de la Nación revisar (...)». En la Constitución de 1845, fiel reflejo del ideario moderado, se apunta lo siguiente:

(...) siendo nuestra voluntad [la de la Reina] y la de las Cortes del Reino regularizar y poner en consonancia con las necesidades actuales del Estado los antiguos fueros y libertades de estos Reinos, y la intervención que sus Cortes han tenido en todos los tiempos en los negocios graves de la Monarquía modificando al efecto la Constitución promulgada en 18 de junio de 1837 (...).

Es evidente que para los moderados el poder no reside en la nación, sino en las Cortes con el Rey, elemento que además puede hundir sus raíces en la noche de los tiempos. Recordemos que la historia, el peso de la tradición, se convirtió para los moderados en la principal fuente de legitimidad. La otra es la utilidad de las instituciones, su funcionalidad en situaciones políticas concretas. Tal y como quedó el preámbulo de la Constitución de 1845 resulta evidente que lo que se quiso plantear fue la excepcionalidad de los períodos de Gobierno progresista y de sus productos constitucionales, fueran éstos la Constitución de Cádiz o la de 1837 (pese a su carácter transaccional).

El mismo Narváez, al presentar el proyecto de reforma ante el Congreso el día 18 de octubre de 1844, indicaba que uno de los principales acicates para la reforma había sido, precisamente, erradicar las funestas implicaciones que pudieran derivarse de tal preámbulo «del cual podrían tal vez deducirse consecuencias poco conformes al decoro y firmeza del Trono y al acuerdo que debe subsistir entre los poderes del estado». De este modo, la soberanía de la nación es minusvalorada como principio abstracto y «más o menos» vago y difuso. Es más, la convocatoria de las Cortes no se hizo dándoles a éstas el carácter de constituyentes para evitar así reconocer el dogma de la soberanía nacional y, por tanto, de la existencia del poder constituyente62.

La comisión de reforma estuvo formada por Ventura González Romero como presidente; las vocalías estuvieron a cargo de Salvador Enrique Calvet, Florencio Rodríguez Vaamonde, Luis Sartorius, Tomás Díaz Cid y Manuel Bertrán de Lis, y la secretaría correspondió a Donoso Cortés. Como es sabido, durante el debate se pusieron de manifiesto las protestas del grupo de oposición dentro del Partido Moderado, grupo de oposición al que se conocería como los puritanos.

Para el tema que aquí nos ocupa, el debate tuvo varios argumentos de especial interés. Uno de ellos, y fundamental en la estrategia moderada de identificación entre su partido y la defensa del régimen representativo, gira alrededor de la ya mencionada asociación entre revolución y progresismo. Ya hemos visto cómo se había desenvuelto este lugar común en otros autores. Durante el debate se planteó en los mismos términos ya mencionados anteriormente, es decir, la insinuación de que el Partido Progresista era un partido defensor de ideas abstractas que tienen su origen en la Revolución francesa, que era un partido carente de sentido de Estado y de programa de gobierno, un partido amigo y fomentador del desorden. En el debate se llegó incluso a deslegitimar la propia Constitución de 1837. Tal acción se debió al diputado Calderón Collantes, quien señaló que, si bien la Constitución se había promulgado legalmente, había tenido su origen en unos hechos revolucionarios (la rebelión de los sargentos de La Granja) que acabaron desembocando en otros de mayor calado como fueron los que condujeron la regencia de Espartero63

En un sentido más respetuoso con la Constitución (aunque no con los progresistas) se pronunció el dictamen final de la comisión de reforma, redactado por Donoso Cortés. En un párrafo sumamente significativo, Donoso pone de manifiesto la paradójica situación de un país en el que su sociedad se encuentra desgarrada por la guerra civil y los enfrentamientos políticos en el bando liberal, mientras que en las Cortes los representantes políticos llevan a cabo la labor de intentar conciliar posiciones para dar a la luz el texto constitucional. La Constitución no era mala per se, parece decir Donoso, pero resultaba imposible su cumplimiento en un momento tan crítico; su espíritu no era el de la sociedad. Es más, insiste, en tales circunstancias, la Constitución no era capaz de proteger el Trono ante el desorden y la guerra:

Las Cortes consagraron los grandes principios del orden social al tiempo mismo en que todo era en la sociedad desmanes y desafueros; levantaron el Trono a una región altísima al tiempo mismo en que manos torpes e irreverentes le bajaban de su altura; y, por último, la nación, con ultraje de Su Majestad, doblaba su cuello ante las insurrecciones, ellas abrieron las zanjas y echaron los cimientos de la libertad española64.

Otro de los grandes temas de debate fue el ya mencionado sobre la soberanía y la legitimidad para el ejercicio del poder. La comisión de reforma lo planteó en los siguientes términos: «Las Cortes con el Rey son la fuente de las cosas legítimas; su potestad alcanza a todo...». Se trata, en definitiva, de rescatar el principio doctrinario de la soberanía compartida. El diputado Díaz Cid lo declaró muy certeramente al hablar del gobierno de las Cortes con el Rey como de un «principio constantemente consignado en la historia de nuestra monarquía». A esta idea se unió la de la doble constitución: la constitución histórica o interna, reelaborada desde planteamientos jovellanistas y burkeanos, y la jurídica, forma eventual nacida del acuerdo entre Corona y Cortes. Fue Pedro José Pidal el máximo exponente de estos planteamientos dualistas en el Congreso, sin olvidar las contribuciones de otros diputados como Martínez de la Rosa o Alcalá Galiano. Decía Pidal lo siguiente: «El Trono y la Asamblea: he aquí los dos grandes polos sobre los que gira la Monarquía española; y es imposible que una ley secundaria, cual es la que hace la repartición de estas dos grandes legitimaciones [es decir, la constitución], sea superior ni igual a una de ellas»65.

Una de las propuestas más interesantes de la comisión de reforma fue aquella que giraba alrededor del Senado. En líneas generales se podría decir que el Senado constituyó durante la década moderada una de las piedras de toque fundamentales para entender el grado de evolución o involución de la situación política. En tomo a la composición del Senado y de sus atribuciones, los moderados establecieron una serie de principios que remitían a una concepción del régimen político orientado en una dirección más o menos abierta en función de quien lanzara la propuesta. Los debates alcanzaron incluso al mismo partido". Tal y como la comisión de reforma trazó el papel del Senado, aparecía éste como una institución de primera magnitud en el sistema político, pues lo convertía en el principal soporte del Trono, echando por tierra tanto la división de poderes como su equilibrio:

La teoría de la independencia de las tres grandes instituciones en cuyo consensus reside la soberanía y que juntas son la potestad suprema del Estado, descansa en la suposición de que cada una de ellas está dotada de una fuerza interior igual a la de las otras que la vivifica y mantiene. Esta suposición no es valedera en nuestra España, en donde acabamos de salir de un reinado de minoría, entre los turbulentos, turbulentísimo y desastroso, aun entre los que nos señalan las historias como llenos de desventuras y desastres. En estos casos el Trono no puede ser independiente sin una institución que le sirva como de arrimo, y que esté hasta cierto punto debajo de su mano: sólo así puede contrastar con su flaqueza a las asambleas populares tan llenas después de las discordias civiles de soberbia y de pujanza67.

Esta propuesta de la comisión dio lugar a un encendido debate acerca de la aplicabilidad del principio hereditario en el Senado. Se llegó incluso a leer en la Cámara una nota enviada por la Diputación de la Grandeza del Reino en la que se defendía el papel de la aristocracia en la nueva sociedad como elemento de permanencia y de tradición frente a los embates de la modernidad. De entre las intervenciones producidas, señalaremos aquí dos que tienen un especial interés, tanto por proceder de dos destacados teóricos del moderantismo, como por proponer dos modelos de sociedad conservadora.

La primera intervención se debió a Donoso Cortés quien, reconociendo el papel desempeñado en el pasado por la aristocracia, constata que en el momento tal grupo social se encuentra en decadencia por lo que a su influencia y representatividad social se refiere. De ahí que no pueda otorgársele un papel tan determinante. Desde la perspectiva de Donoso, resulta de mucha mayor utilidad prestar atención a lo que llama los elementos constitutivos de la nación española: la religión, la monarquía y la democracia. De ahí que el Partido Moderado no haya de buscar ayuda en una clase social en decadencia, sino apoyar el trono en los principios mencionados, principios que habrían de formar parte sustancial del propio partido para ser él, el Partido Moderado, el auténtico sostén de la Corona. En este sentido, comenta que la única fuerza de la que han dispuesto sus contrarios políticos, los progresistas (quienes, por otra parte, no han aportado nada más, según nos dice Donoso), reside en el principio democrático. ¿Cuál habrá de ser la estrategia a seguir?: «(...) quitar a ese principio el carácter que el partido exaltado le ha dado, pues ha convertido la democracia de pacífica y monárquica en revolucionaria y turbulenta. Nuestro encargo no debe ser otro sino convertir la democracia de turbulenta y revolucionaria en pacífica y monárquica» 6s

Su compañero de partido, Antonio Alcalá Galiano, que, como vimos, sostenía ideas muy dispares por lo que al principio democrático se refiere, saltó a la palestra para insistir en su apreciación del carácter democrático de la monarquía en España, indicando que era eso precisamente lo que había que superar. El gobierno apoyado en el pueblo es por definición despótico, recuerda Alcalá Galiano, por eso hay que «dar a nuestra monarquía una índole diversa, es decir, convertirla de monarquía apoyada en la democracia en monarquía apoyada en la mesocracia y en la aristocracia»69. La clase media representa la búsqueda del orden, la prosperidad y el cambio creativo; la clase aristocrática personifica la permanencia y la estabilidad. Había que recordar en este punto que Alcalá Galiano fue uno de los diputados que votaría a favor del principio hereditario en el Senado.

Finalmente, la Constitución de 1845 no incluiría el principio hereditario como base de la composición de la cámara alta, aunque establecería una categoría más restringida que la Constitución de 1837 para poder ser nombrado senador por el Rey. Para reforzar a la institución se le atribuyeron también competencias judiciales.

El principal papel que le otorgó la Constitución de 1845 a la Corona fue el de moderadora de la actividad política. Sin embargo, a la vez le reconoció fuertes atribuciones en las cuales se halla precisamente la semilla del comportamiento de la Reina durante este período. Más que como poder moderador, la monarquía disponía constitucionalmente de los medios para intervenir activamente en la vida política nacional70. De este modo, quedaba desvirtuado el sistema de la doble responsabilidad, con la que se daría inicio, sobre todo a partir de Bravo Murillo, a una forma de gobierno basada en los reales decretos y generalizándose la disolución de las cámaras cuando éstas se mos traban hostiles al gobierno. Para finalizar este apartado, sería útil detallar cuáles fueron esas prerrogativas que la Constitución de 1845 le reconoció a la Corona. La mayor parte de ellas quedó recogida en el artículo 45: potestad reglamentaria, concesión de indultos, declaración de guerra y paz, control de las fuerzas armadas, relaciones diplomáticas, etc. Las más interesantes para lo que aquí se trata son las de carácter político, como el nombramiento y la destitución de los ministros (también en el artículo 45), la iniciativa legislativa junto con las Cortes (artículo 35), la convocatoria y disolución de Cortes (artículo 26), la potestad ejecutiva (artículo 43), la sanción y promulgación de las leyes y la designación de senadores (ambas en el artículo 44).

LA MONARQUÍA: GARANTE DE LA UNIDAD TERRITORIAL

En el seno de las tendencias conservadoras que se han analizado en estas páginas hay una observación realizada por algunos autores (aunque no de forma mayoritaria) que tiene gran interés. Se trata de la concepción de la monarquía como garante de la unidad territorial. Evidentemente, ningún autor de esta época se plantea el asunto en términos políticos actuales, sino reconociendo la existencia de un cierto espíritu de federalismo inherente a los españoles que ha dificultado mucho la tarea centralizadora que compete a los Gobiernos liberales. Andrés Borrego lo describió en términos sumamente ilustrativos:

Nuestra España venía siendo de siglos muy atrás un país completamente descentralizado, de influencias locales, de intereses fraccionados. Semejante estado ofrecía inconvenientes gravísimos a la acción iniciadora y civilizadora del gobierno, y era conveniente, y hasta necesario, que éste concentrase todo el poder político, y el administrativo conservase el influjo suficiente71.

Si prestamos atención a sus palabras veremos que responden claramente a la concepción liberal de la unidad legislativa y administrativa como camino para lograr la mayor eficacia en la gestión de lo público, por lo que el espíritu de federalismo no sería más que muestra de atraso político.

Por su parte, Jaime Balmes, otro de los autores preocupados por este asunto, niega tal afirmación y señala que admitir el espíritu de federalismo en España es admitir la falta de arraigo de la monarquía, por cuanto la monarquía en España es la máxima expresión de su coherencia como país. Desde su perspectiva, la Guerra de Independencia (que para muchos fue la expresión máxima de ese federalismo, o provincialismo, como se decía en la época) había mostrado la fuerza del principio de nacionalidad (basado en la monarquía) sobre el principio de disgregación: «Cuando la monarquía había desaparecido, natural era que se presentasen las antiguas divisiones, si es que en realidad existían; pero nada de eso; jamás se mostró más vivo el sentimiento de nacionalidad, jamás se manifestó más clara la fraternal unidad de todas las provincias...» 72. Desde su punto de vista, si en España, y especialmente durante la guerra contra los franceses, se manifestó una cierta agitación popular no se debió a los deseos disgregadores del pueblo, sino a la falta de caudillaje por parte de las clases dirigentes y a la debilidad del poder político «inoculado de principios disolventes». De este modo, fue la disgregación del poder político lo que condujo a fomentar el espíritu de bandería (que no de federalismo). Apelar al espíritu de bandería le permite a Balmes remitirse al comportamiento individual, mientras que el federalismo le obligaría a hacer extensiva la conducta a la sociedad. Ahí entra su defensa del poder fuerte y de la Corona como su manifestación pues para él no hay mayor peligro que la anarquía. La perspectiva de Balmes resulta bastante interesante por su procedencia catalana.

En una posición más cercana a Borrego en este asunto se encuentra Alcalá Galiano, para quien la monarquía se convierte de forma evidente en «el único lazo capaz de atar a nuestra sociedad, harto dividida» 73. Cuando Galiano habla de sociedad dividida no está haciendo referencia únicamente a la existencia de partidismos políticos, sino a la persistencia a lo largo de los siglos de un espíritu localista, de individualismo territorial, poco conforme con aplicarse al bien colectivo si éste pretende atacar determinadas prerrogativas sancionadas por el tiempo. En su comentario de los proyectos de ley sobre Administración Territorial, realiza un interesante análisis al respecto. Comienza constatando el hecho anteriormente mencionado:

La idea de crear cuerpos que, con el nombre de diputaciones provinciales, sean a las provincias a modo de lo que son a las ciudades, villas y aldeas los ayuntamientos, ha venido a España, como la mayor parte de las leyes políticas que hoy la rigen, de tierra extranjera, si bien con el espíritu de federalismo dominante en esta nuestra nación siempre mal unida, y desde la Guerra de la Independencia hasta ahora mucho más descuadernada que antes, aquí ha prendido, echando raíces un tanto hondas y recias, y dando frutos, si en algún caso buenos, fatales en casi todas las ocasiones74.

Según Galiano, el provincialismo nace en España, no por la existencia de un anhelo de independencia frente al poder central, sino por una aparente paradoja que tiene sus raíces en la historia. Afirma Galiano que en la monarquía antigua la arbitrariedad del gobierno lo llevaba a inmiscuirse en los asuntos de los particulares, generando en éstos un comportamiento de disimulo y evitación para tratar de cumplir su voluntad sin sufrir las consecuencias de la desobediencia al poder superior. De este modo, se generalizó en la sociedad española un hábito de desconfianza, y a la vez de sumisión, hacia el poder central que ha contribuido en gran medida a romper los lazos que deberían atar «los varios cuerpos del estado». El conflicto entre los intereses comunes y los particulares queda así establecido, dificultando la tarea centralizadora del gobierno:

Y están así por dos motivos: primero por ser las leyes malas en cuanto conceden demasiada amplitud al interés de las personas, de los pueblos, y de las provincias en daño del provecho común, y segundo, porque con estar cercenadas extremadamente las facultades del gobierno, se ha hecho hábito la desobediencia, resultando de aquí haber se tomado los individuos particulares y los cuerpos inferiores del estado facultades muy superiores a las ya demasiado latas que por la ley les están concedidas, facultades que por falta de represión han venido a parar en ser una completa independencia 75.

La solución para Alcalá Galiano está en «armar a la autoridad» y en, como ya vimos en las Lecciones de derecho político, revestir a la monarquía de todas sus atribuciones simbólicas para ejercer su papel de elemento aglutinador por encima de los intereses particulares.

CONCLUSIONES

La teoría y la práctica se hayan estrechamente entretejidas en el diseño político del Partido Moderado. El papel otorgado a la Corona, como se ha visto, estuvo muy orientado a justificar un sistema político que buscaba el reforzamiento del ejecutivo, un reforzamiento del ejecutivo que pretendía, en última instancia, la defensa del orden. Las amenazas al orden y el miedo a la revolución constituyeron coartadas perfectas para que el partido ejerciera una política de identificación de sus intereses con los de la Corona y, en un plano más amplio, con la normalización política y la prosperidad económica. Ello implicó una marginación del Partido Progresista que culminó con el propio retraimiento de éste, incapaz de elaborar una estrategia eficaz en su aproximación a la Corona. Gran parte de su debilidad estuvo en las insuficiencias de la teoría política progresista para resultar atractiva ante la Reina, que sentía las propuestas de los progresistas como un potencial reto a sus prerrogativas regias.

A pesar de sus carencias, el pensamiento político de los moderados españoles tuvo el acierto (en el ámbito teórico, aunque no en el práctico) de resolver el problema de la soberanía de forma más o menos exitosa. En su estudio sobre las cartas francesas de 1814 y de 1830, Pierre Rosanvallon ha señalado cómo las teorías doctrinarias no fueron útiles para diseñar un modelo político, la monarquía constitucional, capaz de pervivir en Francia76. Una de sus grandes limitaciones se encontraba en el desarrollo de una teoría de la soberanía demasiado frágil, incapaz de oponerse a la de la soberanía nacional o a la del origen divino del poder. Señala este autor que la teoría doctrinaria de la soberanía deja a ésta suspendida en el vacío, en un sospechoso vacío de poder. La idea del poder neutro del Rey, elaborada por Constant, era por naturaleza incompatible con la propia noción del poder, como muy bien supo ver Donoso. El poder es acción, por lo que no puede haber poder neutro. Pero tampoco fue suficiente la propuesta de los pensadores y políticos propiamente doctrinarios como Guizot. Su teoría de la soberanía de la razón se hallaba poco conectada con la realidad social, pese a haber situado al rey en una posición de invulnerabilidad política a la vez que de ejercicio efectivo del poder.

Los moderados españoles no fueron partidarios de retomar la idea de Constant acerca del poder neutro del Rey y decidieron justificar las prerrogativas de la Corona en función de criterios históricos, para lo cual no tuvieron que buscar mucho, pues la ela boración más próxima se la había proporcionado Jovellanos, quien años antes había desarrollado su propia idea de la soberanía como argumento frente a los doceañistas seguidores de la soberanía nacional y, por tanto, de la existencia del poder constituyente. En un conocido texto, Jovellanos describió con claridad sus ideas al respecto: «(...) es una herejía política decir que una nación, cuya constitución es completamente monárquica, es soberana, o atribuirle las funciones de la soberanía; y como ésta sea por su naturaleza indivisible, se sigue también que el Soberano mismo no puede despojarse ni puede ser privado de ninguna parte de ella en favor de otros, ni de la nación misma»". Como es sabido, Jovellanos partía de la idea de que la comunidad política, mediante un pacto, había dejado su soberanía en manos de la autoridad, pero no hasta tal punto que no hubiera ciertos límites en su ejercicio. Tal cesión o dejación se había llevado a cabo por medio de un pacto que marcaba las obligaciones y derechos. Ese pacto es la Constitución histórica o tradicional, cuyos términos son vigilados por el legislativo para evitar arbitrariedades. Con diversas interpretaciones, más o menos favorables al reforzamiento del ejecutivo, los moderados partieron de los planteamientos jovellanistas en sus elaboraciones teóricas. Ahí tienen su sentido las explicaciones de Pacheco acerca de la monarquía como monarquía limitada, por poner un ejemplo.

Los moderados combinaron estos planteamientos con la interpretación doctrinaria de la Corona como poder efectivo, aunque irresponsable políticamente hablando. Su objetivo era, como ya se ha dicho, poner coto a la omnipotencia parlamentaria. El camino había de pasar necesariamente por que los ministros, responsables políticos ante el legislativo, pudieran verse respaldados por una institución que sirviera de freno a la acometividad de los diputados. Tal institución era, lógicamente, la Corona. En este contexto, el gobierno quedó configurado como Gobierno parlamentario, es decir, un gobierno procedente de las Cortes y nombrado por el Rey. De este modo, se puede hablar en la teoría política moderada de un ejecutivo dual, que se fue modelando a lo largo del siglo xix7s.

En definitiva, los moderados fueron capaces de dar al sistema político impulsado por ellos una teoría política en la que la monarquía estaba situada en lugar preeminente, apoyada en dos soportes: uno que miraba al pasado (la tradición histórica) y otro que se asentaba en el presente más inmediato (la utilidad). La combinación de ambos elementos aporta los matices que hemos ido viendo en los distintos autores aquí analizados.

FLORENCIA PEYROU

Universidad Autónoma de Madrid

1 Quiero agradecer los comentarios y sugerencias de los participantes en el Seminario de Historia Social y Cultural del Departamento de Historia Contemporánea de la UAM y en el Seminario de Historia Cultural del Departamento de Historia Contemporánea de la Universitat de Valéncia.

INTRODUCCIÓN: REPUBLICANISMO CLÁSICO Y REPUBLICANISMO LIBERAL

En la actualidad, el republicanismo suele entenderse desde dos puntos de vista profundamente interrelacionados. Por un lado se habla de la tradición republicana clásica o humanismo cívico, que constituye una filosofia moral y política que contiene una concepción específica del hombre y la libertad aunque no dispone por el momento de una definición unívoca. Como ha señalado Robert Dahl, se trata de un «conjunto de ideas que distan de ser sistemáticas y coherentes»: se basa en Aristóteles, toma forma con las experiencias de las repúblicas de Roma y Venecia, es «interpretada a fines del Renacimiento de diversas y conflictivas maneras por florentinos como Francisco Guicciardini y Nicolás Maquiavelo» y, finalmente, «reformulada, replasmada y reinterpretada en Inglaterra y Estados Unidos durante los siglos xvll y xvlli»2. Han existido sin embargo esfuerzos por dotarla de una cierta unidad. John Pocock la ha caracterizado como una forma de aristotelismo político en que el individuo es entendido como un zoon politikon y que se basa en la virtud entendida como la preferencia del bien común sobre el particular. Quentin Skinner, secundado por Philip Pettit, ha señalado que la piedra angular del republicanismo es un concepto específico de libertad que consiste básicamente en la ausencia de dominación, es decir, de la mera posibilidad de interferencia que implica la situación de dependencia de la voluntad ajena que se identificaba con la esclavitud. Frente a ello se defiende la autonomía y la seguridad personal, y la participación política constituye un medio encaminado a lograr este fina.

Por otro lado, el republicanismo se define como una teoría política que hace referencia a una determinada forma de gobierno. Desde Aristóteles la república se concibió como un Gobierno mixto (politeia) compuesto de elementos de la monarquía, la aristocracia y la democracia con el fin de garantizar su estabilidad y evitar la degeneración de estas formas puras de gobierno en sus versiones corruptas: tiranía, oligarquía u oclocracia4. Hasta el siglo xvii la existencia de un gobierno de este tipo se asoció íntimamente con las ciudades-Estado de pequeño tamaño, que favorecían la participación directa pero jerárquica de todos los ciudadanos, ya que éstos no conformaban una totalidad homogénea con intereses idénticos. La constitución mixta implicaba un reparto formal de funciones en el marco del objetivo esencial de evitar la situación en que un grupo particular pudiera ejercer un poder ilimitado sobre la totalidad de los individuos, pervirtiendo el gobierno y convirtiéndolo en un despotismo. Ahora bien, la ciudadanía fue siempre una condición exclusiva que dejó fuera a mujeres, extranjeros y esclavos.

Durante el siglo xvüi, el republicanismo, tanto como filosofía como teoría política, se fue vinculando con conceptos modernos ajenos al paradigma clásico como las nociones de derecho natural o consentimiento de los gobernados, que a su vez contribuyeron a deslegitimar la idea del Gobierno monárquico como una prerrogativa de origen divino o hereditario y abrieron paso a la idea de igualdad política (como consecuencia de la igualdad natural) a través del ejercicio del sufragio universal. Se trata de la emergencia de lo que B.Fontana ha denominado la «república moderna», adaptada a grandes Estados y sociedades comerciales, que asoció el establecimiento de un gobierno «limitado» y basado en garantías constitucionales al desarrollo de una economía de mercado, es decir, de una sociedad centrada en la promoción de la propiedad privada y del interés individual. Margaret Canovan, por su parte, se ha referido a este proceso como la transición de un republicanismo clásico a un «republicanismo liberal», cuyo objetivo primordial habría sido establecer un Estado constitucional que garantizara la seguridad jurídica, algunos derechos fundamentales y la participación de los ciudadanos «guiada por una determinación autónoma de la voluntad de cada individuo». La república moderna adoptó dos importantes principios teorizados por Montesquieu: la sustitución del Gobierno mixto por la separación de poderes, que concentrados producían un poder despótico, y la práctica de la representación, que hacía posible una participación extensa frente a la dificultad existente en un Estado de gran tamaño para reunir a todos los ciudadanos en un cuerpo legislativos.

Montesquieu contribuyó también a fijar la oposición entre monarquía y república, ya que sustituyó la tríada clásica de formas de gobierno (monarquía, aristocracia y democracia) por la de monarquía, república (que podía ser aristocrática o democrática, es decir, que lo que antes eran formas puras de gobierno se convertían en atributos posibles del régimen republicano) y despotismo. La república quedó definitivamente asociada al poder de legislar y sancionar de todo el pueblo o de una parte del mismo mientras que en una monarquía el poder era ejercido por uno solo (el Rey) con arreglo a leyes fijas y establecidas. En el caso de que el gobierno se ejerciera «sin ley y sin norma» se trataba de un despotismo. La contraposición entre monarquía y república se remonta en verdad a la expulsión de los reyes de Roma, cuando la república se asoció al gobierno de un cuerpo colectivo frente a regnum, el gobierno de uno solo. Pero en ese momento res publica hacía referencia básicamente al «bien común» frente a las formas de gobierno posibles que seguían siendo monarquía, aristocracia y democracia.

Se trata de una acepción de este término que fue teorizado por Cicerón, que señaló que lo que definía a una república era el consenso en torno al derecho «a través del cual una comunidad afirma su justicia». De este modo, el concepto se asoció también a una forma de organización justa del poder, y éste es el sentido que adoptaría mayoritariamente durante la época medieval y los inicios de la edad moderna (por ejemplo, en Bodino, que usaba el término «república» para referirse a cualquier monarquía, aristocracia o democracia caracterizada por su droit gouvernement). El propio Rousseau mantuvo de alguna manera esta definición, cuando afirmó que denominaba república a «todo Estado regido por leyes, sea bajo la forma de administración que sea» y añadió que «todo gobierno legítimo» era republicano6.

Después de Montesquieu, las revoluciones norteamericana y francesa constituyeron fuertes impulsos a la hora de fijar los contenidos antimonárquicos que se asociaron a partir de entonces con el republicanismo, así como su vinculación con Estados de gran tamaño y con el ejercicio de la democracia representativa'. A partir del siglo xix el republicanismo moderno pasó a definirse como una forma de gobierno no monárquica en la que el pueblo la comunidad de ciudadanos en sentido extenso (de la que inicialmente se excluyó a las mujeres y a ciertos sectores sociales como los sirvientes domésticos) iguales ante la ley en derechos civiles y políticos, frente a la nobleza o el monarca, ejercía el poder político mediante la elección de representantes y/o la sanción de las leyes a través del sufragio «universal»8.

Estas nuevas visiones no implicaron, sin embargo, la desaparición de las antiguas concepciones republicanas, sino que algunos de sus rasgos característicos siguieron presentes, aunque no tenían por qué darse todos juntos, en algunas formulaciones insertas en el nuevo paradigma republicano-liberal, como la defensa de la comunidad política de pequeñas dimensiones en el marco de una estructura federal frente al Estado centralizado donde fuera más fácil ejercer la participación y recrear las virtudes cívicas; una cierta desconfianza de la lógica representativa que se podía manifestar incluso en la defensa de ciertas formas de democracia directa; la consideración de la política como un deber e incluso como la realización de la propia naturaleza de los seres humanos (inicialmente masculinos); la defensa de la milicia popular frente al ejército permanente, o el énfasis en la virtud y el espíritu público frente a las instituciones y procedimientos9.

Dicho esto, conviene también precisar que la «modernidad» tuvo otro tipo de efectos en los conceptos políticos y sociales. Entre 1750 y 1850, como señala Reinhart Koselleck, la mayoría de los mismos adquirieron una perspectiva teleológica, se extendieron a más capas sociales perdiendo precisión y se ideologizaron y politizaron, apareciendo diversas definiciones de los mismos y pugnas por establecer su significado. El concepto de «república», en particular, perdió el carácter estático que habían tenido las acepciones de «constitución mixta», «forma de gobierno justo» o incluso «gobierno del pueblo o de parte del mismo» y se dotó de movimiento, se temporalizó con el sufijo «ismo» y se convirtió en un «concepto de expectativa», lo que incluía un horizonte de posibilidades múltiple y plural10

El objetivo de este texto es analizar los diferentes significados y el valor que, desde la «Revolución liberal» hasta la caída de Isabel II, los primeros liberales y, posteriormente, los sectores demócratas y republicanos, atribuyeron al concepto de república según los contextos históricos que se fueron sucediendo. Asimismo, se pretende investigar la emergencia del republicanismo en tanto que movimiento político que aspiraba a establecer un determinado ordenamiento jurídico y social. Me interesa especialmente el contexto de la aparición de este último, las circunstancias que lo hicieron posi ble y que fueron generando un contingente de partidarios de esta forma de gobierno, que permiten comprender la diversidad de horizontes de expectativa existentes en torno a la misma.

Los INICIOS DE LA IDEA REPUBLICANA EN ESPAÑA

Un re¡ que se ausenta de su reino, abdica la corona en su nombre y en el de toda su familia, la renuncia en una extranjera, y entrega la nación a sus enemigos, es un suceso enteramente nuevo, según todas sus circunstancias, en los anales del mundo, y que no cupo ciertamente en la previsión del más sabio legislador'1.

Al rastrear los orígenes del republicanismo, Alberto Gil Novales ha señalado la influencia que, en ciertos sectores, ejercían los modelos de las repúblicas antiguas de Grecia y Roma a finales del siglo xviii, sobre todo en lo que se refiere a la cuestión de las virtudes cívicas. También la república norteamericana se admiraba en la prensa del XVIII o en libros como el de F.Álvarez, Noticia del establecimiento y población de las colonias inglesas en la América septentrional, de 1778, por su eficiencia, pero a la vez era vista como un hecho lejano e irrepetible sin posibilidades de producirse en España. El modelo más influyente lo constituyó la Revolución francesa. No sólo se introdujeron algunos neologismos como la palabra «patriotas» sino que, con la guerra de 1793, algunas zonas españolas fueron ocupadas por el ejército francés y en ellas se vivió bajo régimen republicano. En esas zonas existió una minoría de colaboracionistas afrancesados como los guipuzcoanos Romero y Aldamar o el catalán Cayrol. En otros puntos surgirían, además, propagandistas y simpatizantes de la revolución francesa. Sin embargo, Gil Novales concluye que, sin duda por la influencia negativa ejercida por el Terror, durante la primera mitad del siglo xix «no llegó a plantearse en España (...) una solución republicana»`. De hecho, la república significaba para liberales y conservadores una «amenaza suprema de desorden político y disolución social» 13

Pero no era sólo el miedo al Terror; la deriva francesa hacia la «tiranía» de Napoleón y, sobre todo, el propio tamaño del territorio español hacían a la república, además, fuertemente desaconsejable. Según El Semanario Patriótico, la monarquía era necesaria en España por «la extensión de nuestros dominios» que exigían la concentración del poder en una sola mano.

Si alguna de las monarquías existentes hoy se redujese a una sola población, no sería escandaloso (...) el que adoptase un gobierno democrático. Pero entre nosotros nadie lo pretende, nadie lo desea, y está tan lejos de convenimos como de ser posible realizarlo. Cesen, pues, los temores reales y afectados de que vengamos a caer en los horrores de una democracia incompatible con nuestra propia situación y con nuestras relaciones exteriores.

Además, era necesario tener en cuenta las costumbres, la riqueza del país y el estado de Europa, que en el caso de Francia habían sido «estorbos que resistieron y triunfaron al cabo, de la facción que intentó establecer la república». Pero tampoco se podía olvidar, como señalaba Argüelles, que la nación había proclamado claramente, en mayo de 1808, la monarquía de Fernando VII, excluyendo «del modo más explícito toda forma de gobierno que no sea el monárquico»14.

La república se entendía, de acuerdo con la tipología de Montesquieu, como el «gobierno de muchos» y «del público» (es decir, se identificaba con la democracia sin registrar la posibilidad de una república aristocrática), se contraponía explícitamente con el Gobierno monárquico y, como se ha visto, se asociaba a Estados de pequeño tamaño15. No existieron inicialmente muchos partidarios del republicanismo concebido desde esta óptica. Un posible simpatizante pudo ser B.J.Gallardo, que en su Diccionario Crítico-Burlesco (1811) no incluía la voz «república» pero sí la de «democracia», de la que daba una definición bastante positiva («aquella forma de gobierno en que el pueblo, en uso de su soberanía, se rige por sí mismo, siendo todos los ciudadanos tan iguales ante la le¡ que ellos se imponen, como lo somos los desterrados hijos de Eva a los ojos de Dios»)16

También hubo defensores de un concepto de república más vinculado al Terror, como el periódico El Robespierre Español, que manifestaba en su primer número su objetivo de que

(...) el poder executivo se ponga en manos de un hombre íntegro, duro, inflexible, que pesando con igual balanza todos los crímenes de los ciudadanos españoles, esgrima la espada de la justicia indistintamente desde el general hasta el más ínfimo soldado (...). Convendría que este Robespierre empuñase el mando por un tiempo limitado, como de tres meses, y con la mayor responsabilidad, en términos, que al cabo de los tres meses fuese indispensable su reelección por los representantes del pueblo.

El periódico añadía que «se necesita un hombre de mucha penetración, que no haya mandado hasta ahora, que tenga conocimientos generales, exactos, aunque no profundos de todas las cosas y sobre todo una alma elevada, idólatra de la justicia. Si en un artesano se encuentran estas dotes, sea un artesano nuestro Robespierre»17.

Se trataba de un proyecto de dictadura transitoria, sólo limitada por el cuerpo legislativo, único e inviolable, con el fin de proceder a la regeneración de la nación. Este sistema, claramente antimonárquico, combinaba elementos de los paradigmas pactistaiusnaturalista y republicano clásico. Por un lado estaba orientado a establecer un régimen basado en la soberanía nacional, el principio representativo y la estricta divi Sión de poderes que garantizara a los ciudadanos la libertad civil, la igualdad legal, la seguridad personal y la propiedad individual. Por otro, el objetivo era convertir a España en una patria, es decir, en una comunidad integrada por ciudadanos dotados de derechos políticos y civiles que debían defenderla «con sus haberes, con sus talentos y hasta con la misma vida». La condición de ciudadano significaba «hombre libre y parte constitutiva del Soberano Pueblo Español». Libre por ser dueño de su voluntad, frente a lo que se oponía la mayor desgracia que podía acontecer a un hombre: la esclavitud, consistente en «la falta de libertad en el hombre o su servil sujeción y dependencia del atroz capricho de un tirano; lo cual le degrada a tal punto que ya no se distingue de los brutos». Se manejaba un concepto de libertad entendida, evidentemente, como «no dominación» y fuertemente participativo, que incluía particularmente la elección y opción a los empleos municipales, el derecho a la censura para los elegidos; el acceso a las sesiones de las Cortes; el derecho a la formación de la opinión pública, entendida como el juicio público de la mayor parte de los ciudadanos acerca de un asunto interesante al bien común; la libertad de expresión y de imprenta, y el derecho a la denuncia de las acciones perjudiciales a la patria. Los deberes del ciudadano incluían, por su parte, además de la defensa de la patria, el respeto de la Constitución y de las leyes's

Desde este periódico, sin embargo, no se llevó a cabo una definición y defensa explícitas de la república como forma de gobierno sino que, a la hora de referirse al poder ej ecutivo (una vez finalizado el período de dictadura) lo atribuía a un rey o a «quien haga sus veces». Esta postura prevaleció durante mucho tiempo entre los liberales avanzados españoles: mientras se garantizara la libertad y la soberanía nacional, la cuestión de la forma de gobierno no era especialmente relevante. Así, no se teorizaría tanto sobre la república como sobre la necesidad de la sujeción de la monarquía a la voluntad de la nación.

De todos modos, durante la época de las Cortes de Cádiz este tipo de propuestas, como se ha señalado ya, fueron minoritarias. Como señaló Muñoz Torrero refiriéndose particularmente al artículo III de la Constitución, «nosotros no hemos hablado una palabra del origen primitivo de las sociedades civiles, ni de las hipótesis inventadas en la materia por los filósofos antiguos y modernos; sólo hemos tratado de restablecer las antiguas leyes fundamentales de la monarquía, y declarar que la nación tiene derecho para renovarlas y hacerlas observar»`. Es más, el artículo 14 del capítulo III, que establecía que el gobierno de la nación era una monarquía moderada, se aprobó sin discusión.

En verdad, más importante que buscar indicios aislados de republicanismo desde los inicios de la «revolución liberal», resulta conveniente subrayar el hecho de que la crisis constitucional de la monarquía produjo un cambio conceptual que permitiría, posteriormente, pensar la deriva hacia un Gobierno republicano. Como ha señalado J.M.Portillo, a partir de 1808, el problema ocasionado por la situación de ausencia del monarca y por la cesión de este último de la soberanía a un príncipe extranjero generó entre los liberales una «alteración de la relación entre rey y nación» a partir de la cual se entendió que esta última gozaba de la supremacía para crear dignidades y poderes. De hecho, el decreto 1 del 24 de septiembre de 1810 declaró la transferencia de la soberanía a la nación con el fin de gestionar la crisis y de establecer una monarquía mode rada que no pudiera degenerar hacia el despotismo. Esto modificó la capacidad de la monarquía para «disponer patrimonialmente del reino», mientras que la abolición de los señoríos jurisdiccionales se identificó con la «libertad y existencia política» de la nación. La concepción de la soberanía nacional que se manejaba, como señala Portillo, tenía conexiones tanto con la filosofía rousseauniana como con la tradición cultural católica, sobre todo en la idea de la sociedad «como espacio de garantías de derechos» que remitían a una «creación divina». Pero lo importante es que el concepto de soberanía nacional implicaba, para algunos sectores, una idea del monarca como «jefe superior de la Nación» sometido a la voluntad de la misma que constituía un concepto de «monarquía republicana» que se plasmó en la Constitución de 181220.

De hecho, Flórez Estrada manifestó, a raíz de la declaración de la soberanía nacional, que ya no habría «más soberano que este cuerpo» y que sería «un crimen de Estado llamar al rey soberano y decir que la soberanía puede residir en otra parte que en este cuerpo». Por su parte, el periódico El Redactor General se indignaba ante el hecho de que se llamara «soberano a nuestro amado y deseado re¡: esta alta calidad es propia, peculiar y privativa de la nación.. .; y de ninguna manera puede convenir al primer ciudadano que aquella constituyó en su gefe, revistiéndole del poder executivo para gobernar y regir el reino conforme a la Constitución». La nación quedó además, como apunta M.C.Seoane, desvinculada del monarca'. El Semanario Patriótico afirmó:

Quando se habla de nación, no debemos contraemos al congreso, senado, príncipe, rey o emperador que la gobiernan, porque ninguna de estas cosas es precisa para su existencia y casi todas las naciones han variado de constitución en el transcurso de los siglos, sin dexar por ello de existir. Por consiguiente, quando se dice que la soberanía reside esencialmente en la nación, entendemos por ésta la reunión de los individuos que la componen, qualquiera que sea su género de gobierno, y sin la menor relación al Rey, aunque el gobierno sea monárquico, pues que si algún día dexa de serlo, volviéndose despótico o democrático, no dexará por eso de existir la nación y sus derechos.

La nación, como «única y absoluta soberana», tenía, por lo demás, la facultad de constituirse, lo que implicaba que podía «darse el gobierno que quiera, sin más objeto que el de su conservación y prosperidad». La facultad de la nación, o su justicia para obrar de este modo, estribaba «en la voluntad general de los individuos que la componen, y el poder, en los medios que tenga de ponerla en ejecución»". De este modo se abría la posibilidad de establecer, en caso de necesidad, una república, que señaló el diputado Terrero en la discusión del artículo III: «Todo cabe en la clase de humano, y en ella no está exento el monarca. Sepan, pues, las cabezas coronadas que en un fatal extremo, en un evento extraordinario, no fácil, más sí posible, la nación reunida podría derogarle su derecho»23.

Así pues, aun cuando en este momento la opinión general fuera partidaria del sistema monárquico, se había abierto la posibilidad de recurrir a la república y esta transformación fue crucial en la historia de la emergencia del republicanismo en España. El proceso político que se desarrolló hasta 1840, marcado básicamente por las dos restauraciones absolutistas y por el triunfo, posteriormente, de los principios doctrinarios, proporcionó los cauces por los que se produjo la evolución que fue generando un movimiento republicano de relativa amplitud. Como ha afirmado J.A.Piqueras, más allá de que la república supusiera la «expresión máxima de la soberanía nacional frente al principio hereditario en el seno de una familia», fue «la experiencia histórica relacionada con la aspiración al ejercicio efectivo de la soberanía nacional y su reiterada frustración a partir de la intervención de la Corona» lo que llevó a la solución republicana. La monarquía, así, fue rechazada más por sus tendencias absolutistas que por su carácter hereditario y la república, por su parte, se defendió más alrededor de dichos rasgos del Gobierno monárquico que a partir de sus cualidades intrínsecas como sistema político. Este proceso determinó, además, que se generalizara la identificación de la república con la soberanía nacional y, posteriormente, con la democracia 14.

Durante el Trienio Liberal la disolución del ejército de la Isla y la crítica por parte de los moderados de las sociedades patrióticas, junto con las conspiraciones contrarrevolucionarias, el nombramiento anticonstitucional de jueces y demás funcionarios y el falseamiento electoral, provocaron en los exaltados la percepción de que una amenaza se cernía sobre el proceso de consolidación de la Constitución, por lo que radicalizaron los principios del Código doceañista y, particularmente, los discursos en torno a la monarquía y a la noción de soberanía nacional`. Los discursos más radicales se pronunciaron en las Sociedades patrióticas, llegando a aparecer en los debates la cuestión de la destitución del monarca y el nombramiento de una regencia, temas que se intensificaron sobre todo a partir de 1821. En La Fontana, por ejemplo, un orador afirmó el 15 de junio que «al Rey se le considera en guerra con el pueblo cuando en sus mandamientos se aparta de la Constitución y de las leyes, y cuando se oponga a la reunión de Cortes extraordinarias en los casos que la Nación lo pida (.. .); entonces es violable, no se le debe obedecer, y sí se debe y puede despojar del poder y poner una Regencia». La idea de regencia fue defendida también por los periódicos El Zurriago y La Tercerola, y por exaltados como Romero Alpuente, Mac Crohon y Fernández Sardinó, y su formulación más radicalizada quizá sea la de Benigno Morales, que el 15 de diciembre de 1822 explicó en la Sociedad Landaburiana que el Rey sólo era un funcionario elegido por el pueblo, verdadero soberano, y que, «al ser un cargo electivo, el pueblo podría elegir Rey a un aguador», lo que constituía, sin duda y como en épocas anteriores, un «concepto semirrepublicano de monarquía»26. Asimismo, La Tercerola, en su número 9, afirmaba que «los pueblos, que hacen a los reyes, tienen un derecho imprescriptible de despojarlos de su poder, cuando (...) no lo ejercen para su bien y felicidad»27. Pero no se llegó en este momento a realizar una defensa explícita del Gobierno republicano, sino que el liberalismo exaltado insistió básicamente en «la importancia de defender el principio de la soberanía nacional por encima de todo tipo de consideración»28.

Por esas fechas la república se definía como un «estado en que gobierna el pueblo» o, siguiendo a Montesquieu, como un «estado en que gobiernan muchos ya de los principales, ya del pueblo o de ambos estados indistintamente». Es decir, se admitía la posibilidad de una república democrática (e incluso se llegaban a confundir ambos términos, pues democracia se definía como un «gobierno popular») y aristocrática. Pero también se añadía la acepción ciceroniana de «cualquier estado o especie de gobierno político» y «la causa pública, el común o su utilidad». La monarquía, siguiendo también a Montesquieu, se definía como una «forma de gobierno en que manda uno solo con arreglo a leyes fijas y estables»29.

Tras la asunción, a partir de 1823, de los postulados del doctrinarismo por parte de la mayoría de los liberales españoles, lo que supuso la sustitución del dogma de la soberanía nacional por el pacto entre el monarca y las dos cámaras del parlamento y el refuerzo de las atribuciones de la Corona, un sector del liberalismo que comenzó a denominarse «no respetable» o radical, vinculado a los principios doceañistas, comenzó a evolucionar, debido también a la influencia de los discursos democráticos europeos, hacia posturas más claramente democráticas y republicanas30. Es el caso, por ejemplo, del mariscal de campo Pedro Méndez Vigo, quien, en 1835, desde su exilio parisino, consideraba incompatible el Gobierno monárquico con un régimen constitucional y manifestaba su deseo de que «la monarquía se abnegase a sí misma y se resignase a esa transición forzosa al régimen popular y republicano». Sin embargo, debido a la dificultad de dicha transición, se contentaba con exigir el restablecimiento de la Constitución de 1812 reforzada con tres instituciones tutelares que garantizaran los derechos populares frente a posibles injerencias de la Corona: las sociedades patrióticas, un Senado conservador de las instituciones políticas y la estructura federal'1.

Durante los años 1830, en un contexto profundamente marcado por la guerra carlista, el retorno de numerosos exiliados, la timidez reformadora de los gobiernos de Martínez de la Rosa y Toreno, y una importante efervescencia popular, muchos liberales radicales comenzaron a considerar a la Corona como representante de los antiguos privilegios y se fue consolidando la idea de que se había entablado con ella una lucha «sin posibilidad de retorno», mientras que se iba dejando de confiar en la capacidad de la monarquía para liberalizar el sistema político y para actuar como un verdadero poder moderador32. Muchos sectores comenzaron a concebir, entonces, la incompatibilidad intrínseca del trono y la revolución liberal. Sin embargo, la mayoría de las manifestaciones de «republicanismo» que aparecieron antes de 1837, como es el caso de los periódicos El Catalán o El Corsario, ambos de Xauradó o El Sancho Gobernador no se ocupaban tanto de la forma de gobierno como de su representatividad, de la soberanía nacional, ya que consideraban, en la línea de Royer Collard, que un régimen parlamentario unicameral distaba poco del ideal republicano. En este sentido, Xauradó señaló que «en la Constitución de 1812 se encuentran las ventajas del mejor gobierno republicano» 33

La promulgación de la Constitución de 1837 constituyó un punto de inflexión en este proceso, consagrando el pensamiento constitucional definido por la defensa de una autoridad monárquica reforzada, del bicameralismo y del sufragio censitario34. A partir de su promulgación comenzó a configurarse un magma republicano/demócrata/radical, de contornos difusos, sumamente heterogéneo, que se extendía desde la izquierda del progresismo hasta los incipientes grupos demorrepublicanos y que, debido por un lado a la falta de documentación y por otro a la propia manera en que se desarrollaba la práctica política durante ese período, resulta muy dificil de delimitar. Sí se podría afirmar que el grueso lo constituyeron individuos que siguieron vinculados a los principios contenidos en la Constitución de 1812, como el unicameralismo, el control parlamentario sobre el Gobierno y el sufragio casi «universal» 35

Dentro de este magma, algunos sectores radicalizaron sus posturas y evolucionaron hacia el republicanismo, otros mantuvieron sus vínculos con el modelo constitucional doceañista existiendo, evidentemente, una franja intermedia con un diferente grado de radicalidad. En el centro de todas las aspiraciones y sensibilidades, pese a todo, estaba la exigencia fundamental de las garantías constitucionales, las libertades y los derechos políticos y lo que variaba era básicamente la consideración o no de la república como un escenario necesario para garantizarlos36

Los SECTORES DEMÓCRATAS Y LA REPÚBLICA

Si hacia finales del reinado de Isabel II se generalizó entre los sectores democráticos la convicción de que la forma de gobierno apropiada de la democracia era la república, hasta entonces existió una corriente de pensamiento que, en la línea de los postulados formulados durante la época de las Cortes gaditanas, hacía hincapié especialmente en la limitación del poder ejecutivo y las garantías de la libertad individual política y civil sin que la forma de gobierno se considerara un asunto particularmente relevante. Se trató de un discurso político producto de un mayor grado de radicalización de algunos sectores que, unos años antes, se movían en la órbita de un liberalismo exaltado o radical y de un progresismo de izquierdas. Sectores vinculados al doceañismo y que pudieron, en algunos casos, aceptar la Constitución de 1837 pero que en ese momento reconocían la necesidad de superar en sentido democrático ambos textos constitucionales sin llegar a dar el paso hacia el Gobierno republicano, aunque éste fuera valorado de manera positiva.

Este tipo de concepciones se manifestaron, durante el Trienio Esparterista (1840-1843), en los periódicos El Pueblo Soberano, que consideraba la forma exterior de los gobiernos como un «accidente», aunque afirmaba también que la existencia de una república no constituía «una quimera en determinadas circunstancias», y en El Regenerador que, si bien manifestaba que el mejor gobierno era el republicano, precisaba que no era «indis pensable para la felicidad de un país»: cualquier sistema podía conseguirlo «si los gobernantes quisieran y supieran gobernar» 37.

En los inicios de la década moderada destacó el periódico El Eco del Comercio, que fue radicalizando su discurso desde la defensa del centralismo en 1843 hasta presentarse, en 1845, como el portavoz de la democracia. Sus redactores se declaraban partidarios de «un trono rodeado de instituciones democráticas» y «republicanos en concepto de amigos de la nación, de sus derechos y del exclusivo imperio de las leyes» y defensores del «principio eterno, divino, de la soberanía nacional», por lo que exigían la subordinación de todos los elementos sociales y políticos del país al «poder de la justicia». Esto reflejaba un concepto de la república de inspiración rousseauniana y, en general, clásica, como gobierno legítimo, orientado al bien público y regido por las leyes. Su objetivo era demostrar que

(...) la nación española es árbitra de constituirse a su placer. Las leyes políticas son un mandato con respecto a la corona; y a la corona le cumple únicamente el aceptarle. La aceptación regia es el principio de sus obligaciones y derechos. Hasta ridículo es pensar que el trono intervenga en la formación de las leyes fundamentales; porque dándoles o negándoles su sanción, restablecería el falso derecho divino de los reyes, destruyendo la soberanía realmente divina de los pueblos.

Es decir, que en principio se aceptaba la existencia del trono pero con unas funciones limitadas que radicalizaban los supuestos fijados en la Constitución de 1812. Se defendía un sistema representativo basado en la «soberanía popular en acción» y en el que el trono no fuera ni más ni menos que «un poder delegado», sometido a la voluntad popular manifestado a través del sufragio «universal» masculino y «una institución reguladora del movimiento», que debía mantenerse al margen del juego político respetando en todo momento la soberanía del pueblo38.

Es sobre todo en la defensa de la soberanía popular, a través del sufragio «universal», donde se puede percibir un ligero distanciamiento progresivo de la Corona, ya que la universalización de los derechos políticos y el proyecto igualitario implicaba, necesariamente, una reconsideración de las funciones de la monarquía y, por consiguiente, una cierta desacralización de la institución. Así, en abril de 1845 el periódico afirmaba que

(...) los reyes nacieron hombres y sus ascendientes no fueron ángeles del cielo. Los monarcas y los pontífices deben su fortuna al acaso; los cardenales y los papas nacieron del pueblo, como los reyes (...). Son fracciones suyas y por tanto menos grandes en derecho, voluntad y medios que el pueblo mismo 39

Pero la república no formaba parte, por el momento, de su proyecto político. Quizá por las mismas razones que esgrimió el periódico democrático El Siglo, que unos años más tarde, en 1849, rechazaba la contradicción entre democracia y monarquía y no admitía la calificación de «republicanos» porque ésta

(...) daría una idea muy pobre de nuestros principios. Ser republicano, como ser monárquico, es para nosotros no ser nada, es tener una opinión más o menos plausible según los tiempos y los lugares, acerca de un mero accidente en la forma de gobierno; nosotros, que creemos ser algo, somos más que monárquicos y más que republicanos, somos demócratas40.

En este sentido, la democracia no excluía a la monarquía. El error en los significados que se atribuían a uno y otro concepto provenía, a su juicio, de la clasificación de las formas de gobierno generalizada por Montesquieu, quien consideraba la democracia como un posible atributo de la república pero no de la monarquía. Más interesante les parecía la taxonomía realizada por Guizot, «más atento a la naturaleza de las cosas que a su apariencia visible», según la tendencia existente en cada gobierno a ensanchar «el círculo de los derechos políticos y sociales», con lo que resultan las categorías de democracia y absolutismo. Una monarquía podía incluir, por tanto, el ejercicio del poder por parte del pueblo. Así, se distinguía, en línea con los postulados de Bodino, entre forma de Estado y forma de gobierno, entre titularidad y ejercicio de la soberanía, dando verdadera importancia únicamente a esta segunda cuestión. Desde este punto de vista muchos demócratas, como señalaría Vera y González en relación con el «Manifiesto progresista-democrático» publicado en 1849, eran aún partidarios de la monarquía pero entendiendo por tal «el poder ejecutivo en su más alta expresión, privado de toda facultad legislativa»41.

En 1853 un Diccionario enciclopédico de la lengua española, elaborado por un puñado de liberales y demócratas como A.Ulloa, N.Fernández Cuesta y E.Chao, explicaba que existían «tres especies de república, a saber: la aristocrática, que entrega el poder en manos de los principales o de la nobleza; la oligárquica, en que gobierna un número pequeño de ciudadanos; y la democrática, que tiene por base la soberanía nacional»42. Esta clasificación reforzaría el argumento que relegaba la forma de gobierno republicana a un segundo plano. El periódico Adelante, que comenzó a publicarse en 1854, afirmó en este sentido que «la palabra república no lleva en sí misma su definición como la aristocracia, la democracia que significan supremacía de la nobleza o supremacía del pueblo: la palabra república no significa sino la cosa pública, y su aplicación es y ha sido siempre tan vaga como su significado». De hecho, la república de Atenas había sido democrática, la de Roma, aristocrática, la de Venecia, oligárquica, la de Estados Unidos, representativa y la de Napoleón, dictatorial, mientras que no se llamaba república al sistema de Inglaterra que se consideraba «más liberal que muchos de ésos» por la garantía que existía de los derechos y libertades individuales. La única característica distintiva de la república era la ausencia de un monarca, pero esto no significaba nada en cuanto a la posible naturaleza viciosa u opresiva de dicho régimen. El mal, por tanto, radicaba en las instituciones, así como en el hecho de que la autoridad se desplazara del pueblo a una persona que podía monopolizarlo en provecho propio. De este modo, «las repúblicas y monarquías serán buenas o malas según su institución. Mejor es una monarquía como la inglesa que una república como la de los Napoleones»43. Por otro lado, el diario subrayaba que «la palabra monarquía significa la supremacía de uno, del monarca, su mando absoluto» y esto, a su juicio, nunca había tenido lugar en Europa, donde había habido reyes pero no monarcas. En efecto,

(...) la palabra rey, rex, se deriva del verbo latino regere que significa regir, dirigir, y no imperar absolutamente, y así es que los reyes de Europa nunca han sido absolutos; al principio fueron electivos, sujetos al pueblo que los elejía, les prescribía leyes y los juzgaba, condenaba y destronaba cuando no se sujetaban a ellas, y después siempre tuvieron a su lado a las Cortes o Parlamentos, sin cuyo concurso no podían legislar.

Desde esta óptica, la existencia del trono se aceptaba únicamente en el marco de un sistema basado en la subordinación del poder ejecutivo a la voluntad popular y con la única función de garantizar la ejecución de las leyes. Se trataba de una suerte de democracia directa, en la que el Rey propondría las leyes con las Cortes y el pueblo las aprobaría o desecharía en los comicios. El público no tendría que «asistir a las plazas públicas ni a ninguna parte para discutir las leyes». Éstas se debatirían en las Cortes y en la prensa y cada uno votaría en su lugar de domicilio. El rey sería entonces el «director del Estado» y la voluntad nacional, «la ley para todos». El rey nunca debería poder obstruir las facultades de la cámara, sino que era necesario proclamar en todo momento la supremacía del parlamento dependiente, a su vez, de la nación, que podía en todo momento juzgar a los administradores de sus intereses44

En verdad, se trataba de una visión que en cierto modo equiparaba las atribuciones del Rey con las del presidente de una república; como señaló el periódico El Tribuno, que inicialmente también había señalado que el debate no debía centrarse en tomo a la república o la monarquía, sino a la democracia o la esclavitud, que eran las opciones que realmente estaban en juego, «si el trono nacional ha de estar cimentado en el voto nacional, entramos en la delegación de la autoridad, entramos en la sanción del pueblo, entramos en el gobierno del pueblo por el pueblo, es decir, vamos precisamente a parar a la definición que suele darse de la república»45. A pesar de que la democracia se intentaba desvincular de la república, la supremacía absoluta de la soberanía nacional conducía inevitablemente a esta última. El propio periódico El Siglo había afirmado que la república no era sino «la democracia en su lata acepción de soberanía universal de cada uno y de todos», lo que suponía la ratificación del derecho «de constituirse en sociedad política cuando no existe en su seno ningún hombre superior a otro; ningún derecho más privilegiado que otro alguno». La república era la consagración de la igualdad política y legal y, en cierto modo, la forma de gobierno más perfecta para el desarrollo de la democracia"

El Tribuno, de hecho, señaló también que, «si a la sombra de un trono puede conseguirse todas las ventajas de la república, ésta tiene más ventajas que aquél, puesto que le sobra el casi». Adelante, por su parte, afirmó que «aspirando a lo mejor (...), aceptamos, sin embargo, lo posible como sinceros amantes de la patria» 41. Era la línea, asimismo, del diputado Bertemati, quien votó en contra de la monarquía en la sesión de 30 de noviembre de 1854 pero sobre todo como una medida antidinástica, ya que, si bien consideraba que la forma republicana era «preferible a todas las formas de gobierno», señalaba que «viniendo al terreno de los hechos practicables» aceptaba la monarquía porque «la verdadera democracia» estaba en las instituciones48.

Éstos fueron los argumentos que manejarían, durante el Sexenio, los Cimbrios que transigieron con la monarquía ya que, aunque consideraban la república como «la forma de gobierno más acorde con el principio de la soberanía nacional», desdeñaban la importancia de la forma de gobierno siempre que «fuera reconocido su origen popular»49. Durante la Restauración destaca, en la misma línea, Gumersindo de Azcárate, quien, a pesar de sostener que el gobierno ideal era el republicano, pensaba que la monarquía podía ser compatible con el self-government con tal de que el Rey renunciase «a su antiguo poder para convertirse en un auténtico jefe del Estado con las atribu ciones que a ese puesto le son propias y sin extenderse allá de esos límites». El monarca no debía intervenir en el legislativo mediante el veto, la sanción o la iniciativa, ni en el ejecutivo ni en el judicial. Su función debía consistir, por el contrario, en «mantener la armonía entre los poderes oficiales y entre éstos y la sociedad» 5o

Resulta evidente que la línea que separó a demócratas de republicanos siempre fue frágil y difusa y en todo momento se pudieron producir transferencias, sobre todo desde la primera postura hacia la segunda aunque también tuvo lugar el recorrido inverso. Sobre todo porque la propia idea democrática de igualdad entrañaba un distanciamiento de la monarquía y los privilegios que favorecería (o no), posteriormente, la adscripción al republicanismo de muchos demócratas, pero además porque el concepto de democracia que se manejaba, que implicaba la subordinación del ejecutivo a la voluntad popular, la sanción de las leyes por el pueblo y la responsabilidad de todos los funcionarios públicos, incluido el monarca, que eran considerados como mandatarios, implicaba la defensa de un sistema muy similar a la república.

Desde esas coordenadas, el contexto represivo de la década moderada, el fracaso del bienio y la situación de «semiostracismo»51 que todos estos sectores sufrieron a partir de 1857, tuvo una gran importancia en la deriva que la mayoría de los demócratas experimentaron hacia el republicanismo, sobre todo a partir de 1856. La república se había defendido desde sus comienzos como la forma más apropiada para el desenvolvimiento de un sistema democrático y la dinámica política del período generalizó en gran medida esta postura, pero también determinó una línea de argumentación dominante centrada, más que en la explicación de las características institucionales de la república, en la insistencia en la incompatibilidad de la monarquía con la libertad.

LA REPÚBLICA DE LOS REPUBLICANOS

Los primeros sectores explícitamente republicanos emergieron en España a partir de 1840. Se trataba generalmente de individuos que habían experimentado en parte el proceso revolucionario liberal y que habían ido radicalizando sus principios ante las continuas involuciones de que dicho proceso había sido objeto. Y esta radicalización había afectado especialmente a la concepción que comenzaban a fraguar acerca de las funciones de la monarquía en el ordenamiento político y social, lo que determinaría su ruptura sin condiciones con dicha institución y marcaría una línea divisoria fundamental con el progresismo radical del cual eran tributarios. Los redactores de La Revolución (1840), por ejemplo, subrayaban que habían «tomado una parte activa en las contiendas políticas y militares de esta época, y en las de 1820», tras las cuales habían llegado a considerar «al rey como una rueda harto pesada en el mecanismo social, capaz por sí sola de arrastrar y llevar en pos de sí a todos los demás poderes, haciéndolos por consiguiente ilusorios y nulos»52.

Fue sobre todo el rechazo del principio posrevolucionario de la soberanía compartida entre la Corona y las Cortes que se instituyó en 1837, que se unió al avance de los proyectos reactivos que los gobiernos moderados diseñaron hasta 1840, lo que provocó el rechazo de muchos liberales avanzados del sistema de la monarquía constitucional y dio paso a la única solución que se consideró posible para garantizar la libertad: la caída del trono.

Así, en 1841 se condenaba la monarquía constitucional por ser una mezcla de dos principios opuestos, el popular y el regio, en la que el monarca disponía, además del veto absoluto, de las facultades de convocar y suspender Cortes, de nombrar senadores y otros medios que ponían a «los cuerpos legisladores en una completa dependencia del gobierno»53. En la república, por el contrario, el pueblo era el «único soberano que dicta leyes para todos»54. Se añadía que «trono y libertad» eran «dos ideas que se escluyen, no pueden existir juntas» y que era necesario elegir entre «libertad y república, o trono y despotismo». No era posible llegar a ningún tipo de conciliación, porque, «mientras tengamos sobre nosotros un trono, seremos oprimidos; mientras haya privilegios, no seremos iguales en derechos». El periódico El Huracán (1 840-1843), desde esta óptica, llegó a rechazar el apelativo de «demócrata» porque no quería ocultar que «para realizar nuestras teorías» era necesario «derribar el trono, hundir para siempre la aristocracia de todas clases y pasar sobre el pueblo español el nivel irresistible de la igualdad política» 5s

Tras la caída de Espartero, la política represiva que llevó a cabo el moderantismo en el poder y el carácter restringido del régimen que se instauró entonces aumentó el contingente de individuos radicalizados que se fueron persuadiendo de la imposibilidad de que la monarquía constituyera el escenario real de una verdadera libertad individual y ejercicio de la soberanía nacional. El distanciamiento de la Corona estuvo además determinado por varias cuestiones. En primer lugar, por la promulgación de la Constitución de 1845, que reforzó enormemente los poderes de la Corona; en segundo lugar, por la práctica parlamentaria que se desarrolló durante el reinado de Isabel II, que privilegió el poder ejecutivo en detrimento del legislativo y abusó de disoluciones y reales decretos; por último, por la incapacidad de la Corona de situarse por encima de los partidos políticos constituyendo un verdadero poder moderador y su asimilación progresiva al Partido Moderado56. Hay que tener en cuenta que una de las ventajas principales que Constant había señalado del régimen monárquico era la garantía de la estabilidad del sistema desde su condición de «poder neutro»57. Sin esta cualidad, era dificil mantenerse vinculado a la monarquía desde una postura netamente liberal.

Lo cierto es que la experiencia política tuvo una gran importancia en la emergencia de los sectores republicanos. Resulta particularmente interesante, a este respecto, la visión que el periódico El Republicano de Barcelona tenía en 1842 de la historia reciente con la que pretendía justificar su defensa de la república,

(...) Cuarenta años hace que está batallando España para ser libre e independiente, sin que hasta ahora haya podido conseguirlo. Y no lo ha conseguido, por creer que los tronos eran compatibles con la libertad. Ha contemporizado con sus reyes, les ha guardado deferencias y el resultado ha sido no salir nunca de la esclavitud. Seis años (1808-1814) combatió España clamando a su rey, y éste pagó tanto amor con la más pérfida ingratitud, con el más insultante despotismo. En 1820 quiso también el país ser libre con trono, tuvo repetidas ocasiones de desengañarse; pero no supo hacer justicia al tirano, y en 1823 pagó la pena de su torpeza. En 1833, en 1836, en 1837 se han hecho movimientos varios, pero siempre vitoreando por delante a la viuda de Fernando o a su hija... ¡Ya veis, españoles, la libertad que por ello gozáis!`

Años más tarde, el diputado Nicolás Rivero señaló que los sectores demorrepublicanos habían votado, en 1854, contra la dinastía y el trono, debido a que

En el espacio de medio siglo, o de casi medio siglo, la historia de España se reasume en estos dos términos: lucha del palacio contra la invasión de las libertades populares; lucha del pueblo contra el palacio para adquirir sobre las prerrogativas de la corona las libertades del pueblo (...). Como nosotros creíamos entonces íntimamente, y creemos ahora, que una dinastía que había consumido su fuerza y su vida luchando contra las invasiones populares, luchando contra las libertades del pueblo, luchando contra las nuevas ideas, luchando contra las nuevas instituciones no podía entenderse con nosotros, votamos contra ella 51.

Esta experiencia generalizó la convicción de la incompatibilidad intrínseca entre la monarquía y la libertad. En La reacción y la revolución Pi señaló el problema de la tendencia natural de la monarquía hacia el absolutismo:

(...) poned hoy en el trono al mejor rey, al hombre de más rectas intenciones y de más generosos sentimientos: si halla medio para desprenderse de un sistema que tanto le sujeta, y no se asusta ante las consecuencias de sus actos, rasgará el pacto constitucional y se declarará absoluto 60.

Éste fue el argumento fundamental de los republicanos, que a partir de 1856 absorbieron a una gran cantidad de sectores demócratas, durante el Sexenio. El Manifiesto Republicano del 17 de noviembre de 1868 señaló, en efecto, que

(...) la igualdad de derechos; la igualdad, que es la extensión de las libertades a todos los hombres; la igualdad no existe allí donde una familia amortiza las más altas magis traturas, las más trascendentales funciones sociales: la autoridad y el poder. La libertad, ese principio fundamental de la vida, la libertad se detiene ante un trono inviolable, irresponsable, hereditario, exceptuado de la crítica, puesto en esferas inaccesibles, limitando, por su propia organización y por sus atributos esenciales, todos, absolutamente todos los derechos, que se vuelven raquíticos, por desiguales, en cuanto no se extienden dentro de su espacio natural, de su forma propia que es la República61.

La república se concibió en todo momento como la única manera de garantizar la más perfecta forma de igualdad ante la ley y, por tanto, la libertad, ya que la existencia de la «más ligera sombra de privilegios» convertía a esta última en un simulacro. El Huracán definió esta forma de gobierno como un ordenamiento político en el que no había «rey ni trono», pero tampoco «aristocracia, grandeza, nobleza hereditaria, títulos, ni órdenes, ni cruces, ni esos ridículos tratamientos en que se disfrazan de magestades, altezas, escelencias y señorías una porción de petates que sólo son notables por lo vulgares». Se trataba de un sistema en que las únicas distinciones debían provenir de los talentos o los servicios prestados a la patria, que serían concedidos por la nación temporalmente y nunca hereditarios. La ciudadanía sería la unidad de pertenencia común y la expresión del principio de autonomía que marcaría el advenimiento del individuo dueño de sí mismo62.

La república se asociaba a un ejercicio real - el único posible - de la soberanía popular a través del sufragio universal masculino. No en vano, se trataba de «una forma de gobierno (...) que no reconoce otro soberano que el Pueblo, cuyos legisladores son temporales y elegidos por el Pueblo»63, lo cual era imposible mientras existiera «una persona irresponsable, sin cuya sanción son nulas las resoluciones del pueblo»64. La república significaba «el derecho de todos a intervenir directamente en la administración pública», así como «el pueblo, sujeto sólo a su propia ley, discutida por él y modificable a su voluntad, según las nuevas exigencias y necesidades de los tiempos» 65 Esta forma de gobierno se identificaba, entonces, con la democracia, y se llegaba a confundir ambos términos: en 1846, en efecto, la democracia se definía como un «gobierno de leyes sin reyes», mientras que el demócrata era un «amante del pueblo y enemigo de la tiránica dominación de los reyes» 66

En verdad, la república constituía la única forma posible que podía adoptar la democracia. Pi y Margall explicó que cada principio político tenía «su forma obligada de gobierno», y que «prescindir de la una es prescindir del otro». El principio de la democracia, la soberanía absoluta, era inconciliable con «la existencia de una persona irresponsable, sin cuya sanción son nulas las resoluciones del pueblo». La democracia, que implicaba una concepción del poder ejecutivo como poder delegado, no podía desarrollarse en el marco de una monarquía hereditaria67. Posteriormente, Castelar señaló que la monarquía se oponía a dos principios capitales de la democracia: los derechos individuales, al existir una familia irresponsable y sagrada, y la igualdad, al situar para las funciones más altas de la sociedad a un poder vinculado a una dinastía. Orense, por su parte, negó la posibilidad de combinar la monarquía y la democracia: «La monarquía es el gobierno de uno; la república es el gobierno de todos, es el gobierno popular; por consecuencia, mal puede avenirse un rey, y menos un rey hereditario, con el sistema democrático, si democracia quiere decir, como dice la palabra, gobierno del pueblo» 6s

En general se manejaba un concepto de democracia denominada «pura», que contemplaba la ratificación y aprobación de las leyes, el ejercicio del derecho de petición y la responsabilidad de todos los funcionarios públicos, definidos como mandatarios. Fernando Garrido llegó a defender la sustitución del concepto de «gobierno» por el de «Administración», ya que todos los cargos públicos debían ser considerados como agentes encargados de ejecutar la voluntad del pueblo. Como se ha señalado ya, muchos demócratas que aceptaban la monarquía, entre los que destacan los redactores de los periódicos La Reforma (1848-1849), Adelante (1854) o El Tribuno (1854-1855), también defendieron este concepto de la democracia. Según P.Costa, se trata de un rasgo característico de los primeros demócratas, quienes reclamaban una relación de mayor cercanía entre los representantes y los representados desde la consideración de que una separación del sujeto de la soberanía como la que implicaba el principio representativo significaba «anularlo como ciudadano y convertirlo de nuevo en siervo». En cualquier caso, hubo algunas voces discordantes, como la de Orense, que manifestó su desconfianza en un sistema de estas características69

La república implicaba también la existencia de un poder ejecutivo electivo y temporal y la omnipotencia, en línea con lo sentado en 1812, del poder legislativo. Además, desde un punto de vista ciceroniano, conllevaba asimismo el imperio de la ley y la justicia. R.J.Domínguez la definió como un

(...) estado en que gobierna el pueblo, o mejor dicho la ley, sin sujeción a reyes ni tiranos, ora nombrando un presidente responsable, por tanto o cuanto tiempo, ora nombrando alguna comisión ejecutiva, cuyos miembros respondan asimismo de sus actos, si preciso fuere, ante la barra de la asamblea democrática, representación legítima y genuina de la verdadera soberanía popular.

La república se caracterizaba entonces por la existencia de un ejecutivo responsable y movible que podía ser tanto individual como colectivo. Fernando Garrido, en 1869, también hizo hincapié en este extremo, afirmando que la república era «una situación en que se gobierna por el sufragio universal, en que hay una asamblea soberana y un poder delegado temporalmente con el nombre de poder ejecutivo»70.

Durante el período isabelino, sin embargo, nunca se teorizó mucho sobre los rasgos característicos del Poder ejecutivo más allá de la insistencia en la responsabilidad y movilidad del mismo. A. 1. Cervera, por ejemplo, defendía un consejo de ministros formado por un ministro presidente del Consejo y los directores generales de todos los ramos de la Administración Pública, mientras que Castelar pedía un Estado reducido que se limitara a garantizar los derechos de los ciudadanos sin más precisiones y Orense se decantaba por un presidente nombrado por la Asamblea sin tiempo limitado. Todavía en 1870 se mantenía la duda entre el presidente o el consejo supremo, aunque sí se subrayaba que debían ser movibles y responsables y dependientes en todo momento de la cámara de diputados".

Pero no fue éste el único punto incierto. El concepto de república se caracterizó durante todo este período por un grado notable de indeterminación. Esto se debió básicamente a que el republicanismo constituyó una cultura política de resistencia y movilización configurada a lo largo de una experiencia política, que no se concretó «tanto en la determinación de lo que se quería cuanto en la negación de lo que no se quería»; la república se definió y defendió - siempre por oposición al sistema vicioso y reaccionario de la monarquía, considerada responsable de la decadencia nacional e incompatible con la libertad, y se tendió a dejar de lado la reflexión sobre el Estado y el aparato administrativo. En muchas ocasiones se recurrió a un discurso con una gran carga emocional, plagado de mitos, que identificaba la república con el progreso en todos los ámbitos de la existencia frente al atraso, la decadencia y el fanatismo representadas por la monarquía, y con un orden social «reconciliado con la naturaleza humana», armónico y basado en el derecho y la justicia. Se trataba de un discurso dualista en términos de una división entre el Bien y el Mal. La monarquía implicaba la concentración del poder en un solo individuo, lo cual daba lugar a corrupción, luchas y excesos de todo tipo por conseguirlo y ejercerlo. La república, basada en la limitación y el reparto del poder era, por el contrario, un régimen basado en la moralidad y la virtud. De este modo tendió a producirse un «cultivo de lo emocional, lo moral y la simplificación» que acabó por superponerse al «proyecto racional y constructivo»72.

Esta abstracción tuvo dos efectos: por un lado generó una «esperanza republicana». Fue «el resorte que impulsaba numerosas energías individuales y la acción colectiva de amplios sectores sociales» y favoreció la configuración de un movimiento republicano de relativa importancia que pudo integrar expectativas y aspiraciones diversas. Pero, por otro lado, también dio lugar a pugnas por imponer una determinada interpretación de la república, tanto en lo que respecta a las características institucionales que debían asociarse a esta forma de gobierno (la definición del poder ejecutivo, la estructura des centralizada o federal, etc.) como al modelo de integración política y, en definitiva, al tipo de sociedad al que hacía referencia73.

EPÍLOGO: POLÉMICA Y DIVISIÓN. LA IMPOSIBLE UNIVOCIDAD DE LA REPÚBLICA

En 1865, un publicista demócrata señalaba que el «partido» se había caracterizado hasta entonces por la soberanía «del retórico, del orador, del publicista» y por la publicación de periódicos y folletos sin gran orden ni concierto74. Lo más grave era que se había carecido siempre de estructuras adecuadas de debate y discusión, a lo que se unía el intenso personalismo y antipluralismo que caracterizaba la cultura política de todos estos sectores, que generaba intentos de imponer la propia opinión y definición de la democracia y la república, y fomentaba soluciones basadas en la exclusión, a veces violenta, del contrario.

Ya en 1843 García Uzal, el director de El Peninsular llegó a retar en duelo a un redactor de El Huracán por una cuestión de divergencias en cuanto al ingreso o no en la coalición antiesparterista que se había formado el mismo año. En 1856, la policía evitó un duelo entre Sixto Cámara y Nicolás Rivero debido a una disputa por motivos estratégicos75. Entre ambas fechas no habían dejado de producirse polémicas de mayor o menor gravedad. Sin embargo, las divergencias se hicieron sentir mayoritariamente a partir de 1860. Básicamente porque, como explicó ese mismo año Pi y Margall, el republicanismo había constituido una especie de «terreno de aluvión» al que se habían agregado poco a poco «multitud de fracciones disidentes» desengañadas por el modelo moderado de monarquía constitucional y por los fracasos protagonizados por el progresismo cuando accedió al poder; fracciones divididas por multitud de cuestiones, tanto religiosas, filosóficas, políticas, económicas y administrativas, como estratégicas76.

Las primeras polémicas serias fueron las relacionadas con la cuestión del socialismo. Inicialmente la mayoría de los demócratas y republicanos consideraban que el Estado debía garantizar una efectiva autonomía intelectual y material del ciudadano con vistas a que éste pudiera ejercer adecuadamente sus derechos políticos, lo que incluía medidas de crédito barato o el derecho de asociación. En los años 1850, sin embargo, empezó a sentirse una creciente influencia de la economía política clásica, en particular de Bastiat. Esto, unido a los incendios de Castilla de 1856 y a las sublevaciones que estallaron en 1857, Utrera y El Arahal, donde hubo atentados contra la propiedad privada, generó un importante contingente de individuos que empezó a identificar la democracia y la república con la liberalización total de la economía que, junto con otras reformas de índole político y civil, producirían la emancipación de los trabajadores77.

Este tipo de divergencias se manifestó en las definiciones de «república» que aparecieron a partir de entonces, como se puede apreciar en dos cartillas populares que se elaboraron en los inicios del Sexenio. Si para G.Feito, el autor de la primera, se trataba de la única forma de gobierno que garantizaría «pan y trabajo» y se refería explícitamente al reparto de tierras y a la fundación de bancos de crédito como elementos inseparables del gobierno republicano, E.Vallejo, en la suya, se limitaba a mencionar, como rasgos distintivos de la república, la libertad y el derecho, así como la elección y temporalidad de los poderes's.

Posteriormente se produjeron polémicas en tomo al federalismo. Como ha señalado G.Trujillo, durante el siglo xix nunca se llegó a un acuerdo en cuanto al «esquema estructurador» del sistema político que lo definía, lo que se unió a un pobre conocimiento de la organización de los poderes en un sistema federal`. Las divergencias se debieron básicamente a la forma en que debía llevarse a cabo su implementación, destacando por un lado el federalismo asociativo de Pi y Margall, constituido de abajo arriba mediante pactos sinalagmáticos, que fue la fórmula que adoptó la Asamblea Federal en 1870, y el federalismo descentralizador de Revilla y Tubino, que debía efectuarse de arriba abajo y que se manifestó en la Declaración de la Prensa de mayo del mismo año30. Esta postura no se distinguía sustancialmente de la unitaria de García Ruiz, que defendía la existencia de «diputaciones casi independientes, independientes para lo administrativo, casi independientes para lo político, que tengan vínculo de unidad con lo que se llama nacionalidad»s'. Pero las diferencias entre las dos primeras afectaban profundamente, como en el caso del socialismo, a la naturaleza de la república que se quería poner en marcha. Como señalaba Pi,

(...) si la organización viene de abajo, las provincias son las que limitan al Estado, al paso que si la organización viene de arriba, el Estado es árbitro de la suerte de las diversas colectividades. En este caso la descentralización es una cosa arbitraria como hija del capricho del Estado. La descentralización puede hoy existir y desaparecer mañana. Pero si parte de abajo arriba, el Estado tiene funciones determinadas de las cuales no puede salir, y lo que sucede ordinariamente es que el Estado, en vez de limitar las atribuciones de las provincias, es a su vez limitado, sin cesar en sus funciones, por las provincias mismas82.

Durante el Sexenio se agravaron las diferencias entre los sectores republicanos existiendo demoliberales, socialistas, descentralizadores, federalistas, unitarios, benévolos e intransigentes, pero, además, el republicanismo «tenía distintas peculiaridades según las provincias»83. Las disensiones cobraron mayor importancia aún durante la Restauración, cuando cristalizaron una «pluralidad de proyectos republicanos, de democracias republicanas» que hicieron imposible la existencia, a partir de entonces, de «una República para todos los republicanos». A medida que ganaba en popularidad, el concepto de república perdía en definición y se asociaba a los distintos proyectos políticos de los diversos sectores que lo sustentaban. De este modo, pasó a resultar incomprensible sin un adjetivo que explicitara el modelo específico de ordenamiento político-social a que hacía referencia. República significaba gobierno democrático, predominio del legislativo y movilidad y elección del ejecutivo, pero no indicaba la forma de ejercicio de la soberanía, la estructura jurídica e institucional del sistema político o los modos de acceso al poder. Las disputas en torno a estas cuestiones continuaron, como es bien sabido, durante muchos añosa

ÁNGELES LARIOI

Universidad Nacional de Educación a Distancia

1 Este trabajo se inserta en el Proyecto de investigación realizado dentro del programa «Ramón y Cajal» del Ministerio de Educación y Ciencia, financiado en 2005-2006 por la Comunidad Autónoma de Madrid (06/HSE/0234/2004).

Creo que la verdadera democracia está en las instituciones, no en la forma de gobierno; y si bien es cierto que la democracia es la negación de la Monarquía, no lo es menos que los Reyes han tenido que transigir antes de hoy y tendrán que transigir sucesivamente con los Poderes populares, hasta que llegue la hora de su postrer agonía.

BERTEMATI, DSCC, 30 de noviembre de 1854

Cuando estas cosas se discuten, están heridas de muerte, no pueden durar mucho tiempo; la discusión las mata.

ORENSE, DSCC, 30 de noviembre de 1854

INTRODUCCIÓN

El 11 de agosto de 1854 se convocaron Cortes Constituyentes que se reunieron en noviembre. Esta vez no había dudas sobre su misión, como en 1836, ni serían Cortes ordinarias, como en 1844.

Es el primer debate constituyente en España en el que se discute sobre la forma de gobierno, donde empieza a ser posible la alternativa republicana. La razón nos la da el demócrata Gil Sanz el 23 de enero de 1855: «El Trono fue colocado por antemural de pasiones bastardas, púsosele enfrente del pueblo, ¿y qué extraño es que el amor de ese pueblo se entibiase? / (...) La historia contemporánea presenta a nuestra consideración elocuentes ejemplos. El año 40 hubo un pronunciamiento, y nadie creyó posible ni pensó siquiera en nada que perjudicase al Trono, a la dinastía. / (...) En el año 43 tampoco sufrieron ningún ataque esos objetos; tampoco existía partido que se ocupase de la cuestión monárquica. Desde entonces acá ese partido ha ido creciendo. ¿Quiénes han sido los que le han hecho crecer (...) los predicadores de esa doctrina? Han sido los mismos que con tanto entusiasmo hablaban del Trono», por el «despotismo hipócrita» de los once años pasados «que se cubría con la máscara de un régimen constitucional»2.

Fernando Garrido había escrito un panfleto en el que decía que había llegado la hora de enterrar la monarquía, que ya estaba muerta. El mismo Ríos Rosas había redactado en diciembre de 1853 una protesta contra la Reina, tras suspenderse las sesiones de las Cortes que derrotaron a Sartorius y tomarse represalias contra los funcionarios que se habían opuesto al gobierno. Pero mantener a Isabel II era el medio de controlar la revuelta social que todos temían, y, por otra parte, hacer una República sin republicanos, como decía Ribot y Fontseré no era lo más prudente estando como estaba todavía vivo el carlismo3. El propio Gil Sanz dice que no cree que el camino sea reponer «las formas de las Repúblicas antiguas», pues no se le ocurre que las nuevas puedan ser modelo para España me refiero a la de los Estados Unidos de Norteamérica, quizá teniendo en cuenta cómo acabó ese intento cuando se llevó a cabo en Francia con la Constitución de 1848, que derivó hacia el Segundo Imperio.

También es el primer debate constituyente en España en el que se piden ya derechos sociales: derecho al trabajo y a la educación primaria general y gratuita, frente a las propuestas estrictamente liberales de la comisión, como explica Heros. Lo hace el Partido Demócrata por medio del diputado García Ruiz, que se califica de socialista - contrario al comunismo, aclara-, y es la consecuencia directa de la revolución de 1848. Precisamente, las consecuencias de esta revolución en Francia y su fracaso son abundantemente mencionadas en estos momentos; resultaba un ejemplo muy útil para los que querían justificar que la soberanía nacional, sin apellidos, podía ser origen de sistemas antiliberales. Pero también resultó eficaz para los demócratas que argumentaron el excesivo peso y poder del ejecutivo como causa de ese fracaso. Si tenemos en cuenta que la primera Constitución que recoge los derechos sociales es la mexicana de 1917, y en Europa la de Weimar en 1919, vemos que todavía faltaban más de sesenta años hasta que se consiguiera lo que se pedía ya para la futura Constitución española de 18564. Así es que la comisión contesta que la revolución de julio se hizo para constituir políticamente de nuevo a la nación pero no para constituirla socialmente; esto todavía no parecía estar en el horizonte político. El propio Sancho, para poner un ejem plo de que las Cortes Constituyentes no son omnipotentes, que tienen limitaciones, presenta la imposibilidad «para hacer una Constitución social»5.

LA DENUNCIA DEMÓCRATA DEL MODELO POSREVOLUCIONARIO: LA MONARQUÍA GADITANA COMO LA REPÚBLICA MÁS LIBRE

Los liberales vieron en los demócratas el peligro republicano y social. Pero, si éstos reconocían como fin «el poder popular o la República», diferenciaron entre ambas, siendo el objetivo real «la forma popular con presidencia o sin ella»; así es que no se llamaron republicanos, diciendo Ordax que «en la región práctica de gobierno (...) como Diputado y representante del país (...) yo no soy republicano», puesto que, a su entender, «la República, señores, es infinitamente inferior a la democracia», tanto como «la forma pasajera al principio eterno; como la Monarquía a la Constituyente; como el Rey al Pueblo». La democracia, eso sí, con el tiempo acabará afectando también a la Jefatura del Estado, puesto que es «el principio electivo aplicado a todas las esferas de la vida gradualmente». Pero se deja bien claro que es una aspiración a largo plazo porque, «por ahora, para ser demócrata no es necesario ser republicano». Además, añade, la soberanía nacional decretó la Monarquía y «yo no puedo ni quiero ser más que lo que la voluntad nacional quiere que sea, es decir, constitucional»6.

En los planteamientos de los demócratas está muy presente la Constitución de 1812 y lo que consideran que fue un retroceso con la de 1837. Precisamente acusan a la comisión de basarse mucho más en ésta que en aquélla. La propia comisión reconoce que se parte de esta Constitución, e incluso en el preámbulo del proyecto se dice que se siguió el mismo orden que en 1837 por ser muy metódico. Pero Heros explica que el objetivo es avanzar sobre ambas Constituciones: «adelantar, perfeccionar la Constitución de 1812 y la de 7. Otro miembro de la comisión, Lafuente, dice que se consultaron, además, la del 45 y las de otros países. Es interesante observar que, pasados más de cuarenta años de la Constitución de 1812, ésta está muy presente en las discusiones e incluso en las añoranzas de los más avanzados. Por ello fue necesario recordar que en la reforma del 12 participaron incluso constituyentes gaditanos, como Argüelles, intentando legitimar todo el proceso constitucional posterior al mito gaditano. Efectivamente, frente a la desconfianza en el ejecutivo que caracterizó a aquel Código, la defensa de la Monarquía liberal en la persona de Isabel II frente a los carlistas ofreció una ocasión perfecta para acabar con esa desconfianza y corregir el sistema en el sentido de las nuevas corrientes políticas, entre las que ya se instaló la máxima de que «el Rey no puede hacer el mal», y de que los ministros son responsables ante las Cortes, asentado el proceso de parlamentarización y colaboración entre los poderes'.

Pero a los demócratas no les gustaba el modelo de 1837, el posrevolucionario, prefiriendo la tradición gaditana, e incluso criticaron lo que hasta entonces se tenía a gala: tener presentes los modelos constitucionales del exterior. Creían, y no desacertadamente, que aquél estabilizaba el liberalismo en su vertiente conservadora y servía a los partidos establecidos para dominar bajo el manto de la Corona todo el proceso político. Acusaron a esa Constitución de inaugurar las Constituciones-índice, llegando a comparar Orense este sistema con el despotismo oriental, donde se podían posponer vagamente las soluciones para un futuro. Pero, además, a las españolas les descubren un defecto añadido frente al modelo siempre citado por la comisión - especialmente Olózaga y Heros, el belga, y es la carencia del establecimiento claro y terminante de los derechos del individuo y los límites del poder para evitar los constantes abusos sobre ellos; pues, dicen, de lo contrario «el pueblo español siempre será víctima del poder ejecutivo». Concluye que «toda Constitución monárquica que no dé a los ciudadanos lo que tienen en la República más libre, es mala Constitución», planteando abiertamente, como es propio de este momento, la confrontación o convivencia de Monarquía o República9.

Se destaca el resultado pernicioso de este sistema posgaditano, del Gobierno parlamentario, denunciándose ahora por primera vez tan abiertamente el uso de la Regia prerrogativa por sus gobiernos para fines partidarios, «para gobernar a su sombra con las prerrogativas que se le conceden»; esta crítica que viene observándose desde la discusión constituyente de 1845 se desarrollará ampliamente durante la Restauración. Se observa que el veto lo quieren los gobiernos, para enfrentarse al poder legislativo, que son ellos quienes hacen enfrentarse la Corona a las Cortes, quienes ponen «al Trono en la senda del precipicio». Son quienes, en definitiva, tienen un concepto meramente utilitario de esa institución a la que exponen a constantes discusiones públicas, no respetando su teórica irresponsabilidad`. Pero ese uso tenía una consecuencia peor para la Monarquía, que es la que denunció Orense y nos pone en relación con lo que había sucedido y volvió a suceder en la Monarquía hasta su caída final en 1923: eran los propios monárquicos quienes más y peor hablaron de los reyes cuando estaban en la opo sición: «Los que menos hemos hablado en esos once años hemos sido nosotros (...) pero los otros señores no han hecho más que hablar mal cuando no eran Ministros», para concluir con contundencia que «a Isabel II la han herido de muerte los de esos bancos» porque «ya no puede tener prestigio»''. Por ello piden los demócratas que se distinga claramente entre las atribuciones del poder ejecutivo como tal y las de la Corona (Orense recuerda que en la realidad la sanción pertenece al Gobierno y no a la Corona), en un planteamiento totalmente novedoso en las Constituyentes españolas. Creen que se puede atribuir a la Corona la facultad de «evitar las grandes ambiciones del país», que sería el fundamento de su existencia constitucional. Es decir, la Corona como poder neutral, por encima y fuera de los poderes políticos. Así surgió en la discusión la teoría del poder moderador, al traer a colación el modelo portugués, que había recogido en la letra constitucional de 1826 la teoría de Constant'2.

Esa distinción entre el poder ejecutivo y el poder moderador sería el medio para que no se usaran los poderes del Rey en beneficio de los gobiernos, de los viejos partidos13 Piden que se delimite en la práctica la actividad política del Rey para separar a la Monarquía «completamente de las luchas políticas», «colocarla en la imposibilidad de hacer daño», en la más pura doctrina constitucional monárquica - se recuerda la negativa de la sanción de Luis XVI y su final, y Fernando VII en el Trienio y su humillación-, y es que saben que la Monarquía se utiliza como bastión para la defensa de la inmovilidad. Por eso dice Gil Sanz: «No es el Trono, sino un poder infinitamente inferior al de las Cortes el que se puede oponer a sus determinaciones» 14

Los demócratas, más que luchar por la República, quieren quitar de las garras moderadas la Monarquía. Como nunca antes descubren los «intereses» monárquicos de los conservadores, amparados en Constituciones, desde 1837, capaces de fortalecer el ejecutivo por la vía menos directa y más peligrosa para la Monarquía: la de sus prerrogativas. Este afán de diferenciar entre viejos partidos y Monarquía recuerda a la lucha de principios del xx también encaminada a esa distinción, especialmente visible en los reformistas, defensores de un liberalismo social compatible con la Monarquía15

Ése es el modelo que quieren superar dando entrada a preocupaciones sociales pero no definiendo claramente un modelo político alternativo, puesto que aceptan el nuevo papel del Rey que Constant diseñó para el modelo posrevolucionario y aspiran a una Monarquía que aceptara las consecuencias más latas de la soberanía nacional: sufragio universal y derechos sociales, remontándose incluso al Justicia de Aragón, buscando en la tradición y siguiendo el mismo camino de legitimación histórica que habían recorrido los liberales en las Cortes de Cádiz, entre otras cosas porque no parecen encontrar en la época modelos republicanos asimilables. No en el norteamericano que se caracterizaba por su federalismo - no previsto para una «gran Nación», ni siquiera dentro de los principios liberales al uso - y presidencialismo --éste recientemente fracasado en Francia-16. Como lo que piden no se halla en ninguna Constitución todavía, ni siquiera en los publicistas políticos más reconocidos, se aferran a lo que llaman los «hechos actuales»; por eso se acusa a la comisión de haber «faltado a este principio (...) ha formado sus bases con presencia de las Constituciones anteriores, de las doctrinas de esos publicistas». El problema de las Constituciones anteriores es que habían ratificado la Monarquía con sus grandes poderes constitucionales, como el veto, lo que, si se justificó por las circunstancias particulares de 1808 a 1812 - «entonces hubiera sido muy peligroso dejar menguadas las prerrogativas de la Corona (...) dar gran extensión al elemento popular», después ya tuvo otros objetivos". Ordax busca antecedentes republicanos en las tribus, «casi todas republicanas antes de la venida de los cartagineses», se apunta a ese ideario la tan traída y llevada Numancia y su dominio tiránico por Roma. Los busca también en las «municipalidades latinas, algún tiempo después de la invasión de los bárbaros», que habrían caído bajo los godos. Se apunta asimismo Guadalete, cuando los árabes triunfaron porque, dice, el tirano había sido abandonado por «los pueblos»: sería la «soberanía pasiva». La soberanía «activa» es el sufragio universal pero también, históricamente, lo es la Reconquista, dice, donde «fue el pueblo con su voluntad de hierro (...) quien conquistó a un tiempo el suelo y el fuero, el derecho y la tierra (...) con sus cartas pueblas»; eso es «la soberanía originaria». Después darían fe de esa soberanía Villalar y las Comunidades, Valencia y las Germanías, Zaragoza y el Justicia de Aragón; todos caídos bajo tiranía extranjera. Y, desde luego, 1808, donde el pueblo actuó mientras la Monarquía claudicaba y se ponía en manos del enemigo. Finalmente la misma revolución de 1854 porque «sólo a título de esa soberanía pudisteis levantaros»18.

Entonces se asimilaba democracia a liberalismo popular, y se contraponía a lo que Ordax llamó «liberalismo realista», del que acusaba al ultraconservador García Tassara; éste realizó una defensa a ultranza de la Monarquía. Fruto de esta discusión, y a pesar de la postura primera de los demócratas, de no manifestarse republicanos sino posibilistas19, aparece enfrentada la salida democrática a la Monarquía, como respuesta a la defensa de la Monarquía contra la democracia que llevaron a cabo los más conservadores. Ese liberalismo monárquico que pretende representar Tassara equiparándolo a la democracia católica lo interpreta Ordax como un absolutismo teocrático en sus objetivos, contraponiéndolo de nuevo a la tendencia natural del progreso indefinido del Liberalismo hacia la Democracia. Nunca como entonces estuvo en tela de juicio la Monarquía, que se sacó a relucir, sobre todo, por los más interesados en defender sus pretendidas esencias - también es cierto que monárquicos como el conde de Reus (Prim) defendían «una Monarquía con formas republicanas», lo que, asegura, «me ha costado no haber salido Diputado en primeras elecciones y haberme costado mucho trabajo que me elijan en segundas»20.

EL MIEDO A LA DEMOCRACIA. LA TIBIEZA REPUBLICANA Y LA UNIÓN LIBERAL POR LA MONARQUÍA CONSTITUCIONAL

Así pues, en estas fechas el problema ya se planteó respecto a las formas de gobierno: Monarquía o República, y lo hicieron sobre todo los liberales, utilizando a la Monarquía como baluarte de los temidos avances sociales. El temor a la República era el temor a la cuestión social, siempre teniendo presente el caso francés de 1848; ya había dicho Balmes, quien murió sólo cuatro meses después de los sucesos, que lo que se manifestó con la revolución de 1848 había sido el problema social y la forma republicana de gobierno21. Decía el ultraconservador García Tassara que, mientras las revoluciones constitucionales respetaron la Monarquía, eran aceptables «porque su principio permanecía en pie», pero «han venido las revoluciones republicanas» y «han echado por tierra los Tronos». Entiende que la República no sería «nada más que socialista», pues «la República parlamentaria, la constitucional y política no es más que una exageración del constitucionalismo, y no tiene principio ninguno en qué fundarse». En su argumentación aparece la idea, luego eficazmente defendida por Cánovas por las mismas razones, de que «la institución monárquica es tan esencial al constitucionalismo como la institución parlamentaria», porque fuera de ella estaba el socialismo`.

En el Discurso del Trono, el 8 de noviembre, se aseguró que ésa sería la Constitución definitiva del país, en una muestra más del intento liberal de sellar la revolución y frenar el proceso demócrata-social: «Vosotros venís a cerrar el abismo de las luchas y de las discordias, ordenando y decretando la ley fundamental definitiva». Sin embargo, estaban ya Nicolás María Rivero23 y Estanislao Figueras entre los que propusieron, el 30 de noviembre, la formación de una Comisión constituyente: eran dos demócratas, más cerca de la República que de la Monarquía, actuando ya en unas Cortes monárquicas. Por eso decía el ministro de Fomento (Luxán) que era la de la Monarquía o República «la cuestión más grande que se ha discutido en mi país»24. Aunque, ciertamente, lo que se discutió en las Cortes no se había planteado en las elecciones, diciendo Sancho «que no se han atrevido a presentarla en el tamiz de los colegios electorales (...) porque (...) no hubieran sido elegidos»25.

La respuesta inmediata de muchos de los protagonistas de la revolución del 54 fue una proposición que pedía el resguardo de la Monarquía fue un precedente para que en 1868 se adelante más la declaración monárquica - y de la misma dinastía como base constitucional: de los 250 diputados, la votación ofreció 194 votos a favor de la proposición y 19 en contra (los demócratas tenían una veintena de escaños). La firmaron, entre otros, Manuel de la Concha (que en 1853 había sugerido el contacto de Salamanca con Muñoz en plenas Cortes), los progresistas Manuel Cortina posteriormente en el cen tro parlamentario que originó la Unión Liberal—, Patricio de la Escosura - ex moderado—, el general Evaristo San Miguel presidente de la Junta de Madrid y el marqués de Perales - vicepresidente de las Cortes por el bloque de izquierda, con el siguiente texto: «Pedimos a las Cortes se sirvan acordar que una de las bases fundamentales del edificio político que en uso de su soberanía van a levantar, es el trono constitucional de Doña Isabel II, Reina de las Españas, y su dinastía». Y fue precisamente este voto de las Cortes a favor de la Monarquía el que sirvió a los que defendían la soberanía nacional para recordárselo a quienes no querían reconocerla o verla escrita en la Constitución. El propio Nocedal lo justificaría porque «Cada uno votaba por su razón», pero el hecho fue incontrovertible: el trono de Isabel II se vio sometido a un voto en Cortes, materializándose con esa votación, dijo Ordax, su «forma contingente», y, sobre todo, la aceptación de la soberanía como «principio político para la organización política»; lo que no debió contribuir poco para acabar con el experimento`.

Sin duda, el solo hecho de creer necesario hacer esa petición, y la misma explicación que dio el propio San Miguel, nos hablan ya de lo que se estaba poniendo en cuestión también en España. Necesitó aclarar que era «contra sus Ministros prevaricadores - como decían también los demócratas, despreciadores e infractores de la ley», contra quienes «han levantado la bandera los ilustres personajes que están en este Congreso». Lo justifica por la propia doctrina de la Monarquía Constitucional de Gobierno parlamentario - como hizo Prim-: «En todo sistema constitucional el Rey reina y no gobierna; El Rey es inviolable e irresponsable de sus actos como poder, y que de estos actos son sólo responsables sus Ministros». Nunca como entonces sirvió la doctrina de la irresponsabilidad regia y la responsabilidad ministerial, la del poder efectivo y dignificado, para justificar la caída de un gobierno y la permanencia de la Monarquía que lo sustentaba27. Pero también por el curso de los acontecimientos, convirtiendo la revolución en una defensa de la Reina y la Monarquía: «Su nombre fue proclamado en todas partes con ternura y con respeto. En Madrid mismo, señores (...), fue proferido su nombre por los hombres de las barricadas; en éstas se vio su retrato, y los que viven en Madrid son testigos de esta misma verdad». Él mismo había entrado en Palacio el 26 de julio al frente de la Milicia Nacional «a dar guardia a la persona de la Reina», espontáneamente, sin coacción ninguna, dice, «Madrid entero ha visto a todos los milicianos (...), desfilar bajo las ventanas de Palacio y aclamar a la Reina como Reina constitucional de España»28. Y finalmente por el mismo hecho de que «los Diputados todos están aquí (...) ejerciendo la soberanía nacional de que están revestidos por una Real Orden, por un Real Decreto, por una Disposición emanada de la Reina (...)», en referencia a la convocatoria de Cortes Constituyentes, que se produjo por Real Decreto de 11 de agosto.

Hasta entonces, ningún pronunciamiento había necesitado tanta defensa de la Monarquía, pero en esa defensa se vino a reconocer la supremacía de la soberanía nacional, al recoger «el voto unánime de todos los españoles, el deseo de que están animados, de que la Reina Isabel II sea Reina de España», a la par que ratifica el peligro que corrió la institución. Reconoce literalmente San Miguel, ante el acoso de Orense - quien asegura no haberle oído nunca manifestaciones monárquicas - que «Nunca había en mi vida visto en peligro esa institución hasta esa época; por eso me he manifestado celoso defensor del principio monárquico». Una vez más, el miedo al proceso revolucionario hizo frenar y definir las posiciones, excepto en el caso de Olózaga, quien seguía callado aunque había sido la esperanza de los que querían cambiar al menos la dinastía29.

Para esta defensa se acudió también al ejemplo exterior, al «sistema que es el del continente europeo», que «sabe todo el mundo que es (el "Trono constitucional") el único que puede hacer nuestra ventura». Y es que, si seis años antes, en el país más observado dentro del Continente, Francia, se había acabado con la Monarquía Constitucional, pronto sufrieron el miedo en la Segunda República y las consecuencias en el II Imperio. La República en Europa seguía sin cuajar adecuadamente, y es que desde el principio «le régime parlementaire est assimilé au systéme monarchique». Quizá por ello podía decir San Miguel que «hay en los españoles un sentimiento que les dice que fuera de ese Trono constitucional no hay más que ruinas (...)» 30. Sobre todo porque los países más adelantados eran Monarquías y, entre todas, decía el ministro Luxán, «Inglaterra, modelo de todas las Naciones, desideratum para mí de mi país» 3l

Pero esta asociación de la defensa de la Monarquía con la defensa de Isabel provocó un rechazo en los demócratas e incluso en algunos progresistas como Fernando Madoz, hermano del Vicepresidente del Congreso, que hizo constar que «estoy por la Monarquía, pero por Isabel II jamás» -, y condicionó el sentido del voto a favor de mantener la dinastía. Así lo denunciaron los demócratas en una dura intervención de Orense; reconoció que en las Juntas se creía, aunque él no fuera de esa opinión, que se necesitaba un Trono, pero negó absolutamente que fuera la persona de Isabel II la que se reclamaba en la mayor parte de ellas porque, dijo, «no ha sido Reina de hecho, sino una cosa que ha existido en Palacio, pero que no ha ejercido las funciones de Reina», y desde julio ya ni siquiera existía realmente. Esto provocó una ráfaga de petición de palabras, incluidos dos ministros, el de Gobernación y el de Fomento. O'Donnell, Ros de Olano, Dulce... como protagonistas del movimiento quieren rectificar a Orense32.

Orense fue de los pocos que se declararon abiertamente republicanos y forzó los argumentos teóricos para justificar que la Monarquía no era compatible con instituciones populares, sino que, por el contrario, necesitaba el Senado y los Mayorazgos, sin duda recordando los intentos de reforma constitucional de Bravo Murillo. Por primera vez aparecía en las discusiones constituyentes de España la discusión, e incluso el voto, sobre la forma de gobierno; por primera vez aparecía públicamente, al constituir políticamente el país, la sombra republicana33

El verdadero problema que estaba en cuestión, efectivamente ahora más que nunca, era el constante miedo que venía produciéndose desde el inicio de la revolución liberal a la superación social de los intereses liberales, a la democracia, a la anarquía, según se entendía entonces esa posibilidad34. Por eso Sagra - antiguo socialista radical, proudhoniano según Albaida (Orense) - defiende a la Monarquía por lo que considera básicamente sentido común. Entiende, en una sensación de vértigo producido por ver abierta la caja de Pandora de los derechos de todos los hombres, que la humanidad se encuentra sin ningún principio fijo como base para el orden social, pues el de la soberanía nacional necesita alguna compañía, algún apellido más, para no correr el riesgo de la anarquía o el despotismo, lo que se supone que sería el destino de una sociedad sin jerarquías y dominada por el número. Sólo podría evitarse con los «restos de las instituciones antiguas», que el sentido común ampara. Este diputado estaba explicando lo que quizá no se había dicho tan claro hasta entonces pero que había servido de fundamento a toda la Europa de la Restauración: la necesidad de frenar el proceso de creación del Estado constitucional en tomo al principio de la soberanía nacional. Si como liberal aceptaba la soberanía nacional, como hombre de orden le ponía al lado la Monarquía. Tampoco cree que deba hablarse de instituciones democráticas junto al Trono; recuerda que, en todo caso, son liberales; no quiere equívocos35

Lo que no se aceptaba, y lo dijo claramente Heros en contestación a Godínez de Paz, era la organización de una Monarquía transitoria para llegar a la República: «La comisión es monárquica, pero monárquica liberal, española, y en el sentido que conviene a un país donde el sentimiento monárquico no está todavía tan debilitado como S. S. piensa». Se recurre a la memoria del «respetabilísimo D.Agustín Argüelles», quien «no temió reformar la Constitución de 1812 admitiendo las dos Cámaras» 36, y al hecho de que todavía la República no tiene gran predicamento. A cambio, lo que sí se exigía era que la forma de gobierno fuera decidida y ratificada por la nación; es decir, discutida en el proceso constituyente, que era, precisamente, lo que muchos monárquicos de última generación no estaban dispuestos a permitir.

Entre los monárquicos los había que, siendo incluso moderados, como Andrés Borrego, sostenían la Monarquía constitucional de Gobierno parlamentario que se había materializado en la Constitución de 1837 y que admitía que el «Rey reina, pero no gobierna», frente a moderados como Donoso, o Balmes, quien realmente aspiran al modelo «puro» de Monarquía Constitucional, el alemán37. Otros, como Prim, eran monárquicos constitucionales avanzados sin discusión desde que, muerto Fernando VII, se produjo la lucha liberal al lado de su heredera y frente a los carlistas, por lo que «se pasaron muchos años sin que se oyese siquiera pronunciar el nombre de República en España»38.

Los demócratas desapegados de la Monarquía, como García López, que rechazaban absolutamente el argumento de la tradición, consideraban que la institución había tenido su función en la transición del Antiguo al Nuevo Régimen pero que ya habría dejado de tener utilidad. Fue, dice, «una invención que los hombres adoptaron para la transición menos violenta de un principio a otro extremo». Precisamente los famosos «once años» de «desgracias» que la Monarquía no palió ratificarían su inutilidad. El que la revolución del 54 se detuviera ante la Monarquía lo explicaron por la dependencia de Espartero y la espera a que la voluntad nacional mostrara su decisión39

Pero, si bien se logró debatir la Monarquía, en lo que tuvo papel protagonista quien ejerció de presidente de las Cortes, Madoz, por su abierta decisión de dar voz a todas las opiniones40, la lucha estaba perdida de antemano. La razón es que en estas Cortes funcionó desde el comienzo lo que se llamó la «unión liberal», que quedó reflejada primero en la entrada en Madrid de O'Donnell y Espartero juntos y en el gobierno, y en la composición de la comisión constituyente, que fue elegida atendiendo a la necesidad de que en ella estuvieran representadas «las más diversas teorías y aun (...) los más opuestos principios» que existían dentro de los que apoyaban el régimen monárquico-representativo, a pesar de que las 2/3 partes del Congreso era progresista41. Esta unión se basaba en la defensa de la Monarquía y frente al peligro democrático -y carlista-. El propio Ministerio se basaba en el mismo principio, que denunció ya el progresista Calvo Asensio como poco operativo por falta de ideas básicas comunes42.

Ese fin de la unión liberal lo ratifica plenamente Cánovas: se hizo para defender a la Monarquía de los carlistas y los demócratas, a los que asocia directamente con la República. Y lo denuncia Ordax, asegurando que para los liberales ellos son «los ilotas del moderno liberalismo»: «Sobre nuestro sacrificio se pactó de nuevo su alianza». Destaca Ordax lo contradictorio de la posición de los progresistas, aliados a «los adversarios del principio - de soberanía popular» por la que llegaron al poder; por eso dice que «No os entiendo ni en la filosofía, ni en la historia, ni en la política». Rememora el rompimiento del 43 y el dominio moderado, y les pronostica, acertadamente, el mismo fin4s

Esa unión la defendió abiertamente el ministro de la Guerra, O'Donnell, conde de Lucena, pero él la llevó más allá de un acuerdo sobre temas fundamentales. Él, que sólo admitió el título de liberal, ni progresista ni moderado, propuso ya un nuevo partido de unión liberal, único, que provocó la respuesta de Calvo Asensio apoyando la convivencia de diferentes partidos y mostrando ya en este tema el desacuerdo que denunciaban los demócratas. El argumento de O'Donnell es la necesidad de salvar la «Patria», «en medio de los peligros que amenazaban». Tras el intercambio de opiniones entre O'Donnell y Calvo Asensio parece claro que el problema consistía en que lo que unos creían que estaban apoyando con esta unión las ideas progresistas no era lo que pensaban todos los componentes del gobierno. Por su parte, el combativo García López denunció la unión por desvirtuar la revolución y dar la sensación de que esa «coalición de partidos (...) no atendía más que la manera de conservarse en el (poder)»44. En este ambiente, entendiendo rota la unión liberal, Escosura pide la unión liberal únicamente de los progresistas41

De tal modo se denunció la unión y se extendió la idea de que las bases de la Constitución se habían realizado en torno a esa idea, que el miembro de la comisión Lafuente, contradiciendo a Arriaga, se sintió obligado a declarar que «en cuantas reuniones ha tenido la Comisión no se ha oído la palabra unión liberal en boca de ninguno de sus individuos» por lo que, asegura, «mal ha podido ser su objeto hacer una Constitución para la unión liberal». A cambio propone la unión nacional «que es lo que debemos ambicionar todos los españoles», rechazando abiertamente la idea de un solo partido46 Pero Arriaga denunciaba el influjo de esa unión liberal, «esa influencia que está pesando sobre todos los sucesos». Igualmente Heros propone a cambio de esa unión denunciada «la reunión verdaderamente liberal (...) yo quiero que la unión liberal sea una religión que tenga propaganda, que admita a los neófitos (...)» lo que fue acogido con muestras de asentimiento 47. Lo que intentaban ambos miembros de la comisión era proponer algo más amplio que un único partido, algo así como la defensa de la revolución y del liberalismo frente a los enemigos tradicionales y los nuevos. Entre los primeros estarían no sólo los carlistas confesos, sino los que, tras el abrazo de Vergara, mantuvieron el mismo credo aun cambiando de monarca y uniéndose al Partido Moderado; esos moderados realistas que deberíamos situar fuera de la esfera liberal. Creo que hay que entenderlo como un intento de alejar a ese grupo mediante la unión del resto de los liberales48. Entre los segundos, claramente, los demócratas.

La cuestión en estos momentos giró toda alrededor de aceptar o negar la soberanía nacional, y ahí se rompió la coalición para la reforma política, esa unión liberal de la que se venía hablando. La posición de los moderados sobre ese punto la clarificó como nadie el ex moderado Escosura: «Una vez reconocido el principio, dicen, ocultémoslo, velémoslo, porque de no hacerlo así, su aplicación puede tener consecuencias funestas», concluyendo que «el partido moderado (...) no niega ningún dogma liberal, pero que jamás ha concedido la aplicación de ninguno»49.

LA SOBERANÍA NACIONAL Y LA SANCIÓN REAL. LA REVOLUCIÓN Y LA HISTORIA

El 13 de enero de 1855 se presentaron las bases de la Constitución, y es significativo que el gobierno pidiera expresamente que la cuestión de la sanción real, base 16, pasara a discutirse inmediatamente después de la primera, la que establecía que «todos los poderes públicos emanan de la nación, en la que reside esencialmente la soberanía». Los demócratas se opusieron a ese orden sin ningún resultado. Así quedaban intrínsecamente unidos los temas de la soberanía nacional y la sanción regia.

La 16 establecía, sin ningún tipo de limitación, que «el Rey sanciona y promulga las leyes»; no se previó medio especial para reformar la Constitución, y sólo el voto particular de los miembros de la comisión, Manuel Lasala y Cristóbal Valera, progresistas avanzados, hizo que se discutiera y aprobara finalmente. De hecho el gobierno había convenido en que la sanción del Rey «era y debía ser cuestión de Gabinete»50. A pesar ello, Ríos Rosas presentó un poco exitoso voto particular contra las deducciones que se hacían en el proyecto de esa declaración de soberanía nacional puesto que el principio nadie se atrevía a discutirlo - que, según él, atentaban a la dignidad del poder Real51.

Fue Ríos Rosas, el miembro moderado de la Comisión, quien abrió la discusión más significativa para situarnos con claridad ante la postura de los diferentes partidos respecto a la evolución que podría permitirse el sistema político. Quedó establecida la distinción, por un lado, entre los liberales que se asociaron a la Monarquía y a los poderes constituidos, y los demócratas que encontraban su vía de avance en el reconocimiento y desarrollo con todas las consecuencias de la soberanía nacional y los poderes constituyentes. Pero, a la vez, quedó rota la unión liberal entre progresistas y moderados al no ponerse de acuerdo en el alcance de esos poderes constituyentes.

La discusión se centró en distinguir el principio de su aplicación. Si nadie osó negar el principio, la mayoría reconoció que su aplicación debía llevarse a cabo por los poderes constituidos, siendo uno de ellos la Monarquía. A partir de ahí, la comisión, reflejo de esa unión liberal que se denunciaba, procuró demostrar que el principio de la soberanía nacional no era incompatible con la sanción real - no lo había sido en 1812 y que ambas conjuntamente garantizaban la efectiva separación de poderes y evitaban el peligro de Convención o tiranía de un solo poder. El argumento estrella fue que la soberanía nacional podía amparar desde la tiranía hasta la democracia absoluta - siempre presente el ejemplo de Francia, en 1793 o en 1848-1851 y, por ello, era preciso situarse en un espacio intermedio «arreglado a los deseos de la Nación», que Lafuente sitúa entre la democracia pura poder absoluto de la Nación ejercido directamente - y la monarquía pura poder exclusivamente en el Rey a modo de Gobierno mixto-. La nación no perdía la soberanía, pero la delegaba en los poderes establecidos52.

Este sentido de delegación que podía justificar el sufragio censitario es lo que no aceptaban los demócratas, que querían un poder legislativo más independiente del ejecutivo y más activo. Denunciaban que con las prerrogativas de la Corona de disolver libremente, de sancionar, y con la existencia de dos Cámaras, la soberanía nacional «está bajo los pies de la autoridad Real», que se la niega de hecho. Si en 1837 se había estado de acuerdo en estas cuestiones básicas, ahora, la presencia de los demócratas vuelve a sacar a la luz una discusión ya antigua, remontándose incluso a 1812`

Y es que desde 1812 la declaración de la «soberanía nacional» se ha de interpretar como capacidad de cambiar la forma de gobierno, excluyendo al Rey de la reforma constitucional. Y de ahí querían tirar los demócratas para sacar las últimas consecuencias del reconocimiento explícito de ese principio; de ahí partía también la tradicional reticencia de los moderados a incluirlo en la letra constitucional, para evitar discutir la Monarquía. Es el caso materializado en Cánovas - eco de Ríos Rosas, quien niega «la oportunidad de consignarla (...) en el Código Fundamental», en la línea, aunque ya más reticente, del precedente de Aner en Cádiz respecto a una de sus consecuencias básicas: el cambio de forma de gobierno. El enfrentamiento entre moderados y progresistas se produjo en el tema de la sanción real de la Constitución. El argumento de los primeros era que ya no había lugar a procesos constituyentes primigenios, donde poder decidir las Cortes por sí mismas y, por tanto, no era necesario ni deseable que las Constituciones establecieran como base el famoso principio que, por otra parte, no discutían54.

Se observa en los moderados el esfuerzo por teorizar lo dificilmente teorizable, ya que era cuestión de política práctica; esto es, el intento de desligar la soberanía nacional de sus posibles consecuencias y dejarla encerrada en unos límites aceptables por un liberalismo moderado que no quería seguir avanzando políticamente. Entienden que el principio de la Soberanía nacional es demasiado amplio en sus consecuencias y buscan argumentos que pretenden irrefutables, como la historia, las instituciones tradicionalmente admitidas, buscando establecer una teoría que lo avale, como la del consentimiento, basándose en la conjunción de teoría y práctica. También se acude a la práctica desde 1837, recordando Ríos Rosas que entonces Olózaga «no adoptó enteramente el principio de la soberanía nacional, tal como antes se había adoptado en la de 1812», pues habló, efectivamente, de «la soberanía a la inglesa», es decir, de los poderes constituidos. La idea era que el principio por el que se hace la Constitución no debía estar dentro de ella para no estar deshaciéndola constantemente. El principio de la soberanía nacional, que sirve para luchar contra la tiranía, ya no ha de servir en la vida constitucional. Pero Olózaga cree necesario alejarse de estos principios exagerados y acusa al moderado de que, no aceptando la teoría del derecho divino, tampoco quiere aceptar la de la soberanía nacional porque, fundamentalmente, «no admite el poder de las Cortes Constituyentes de hacer y sancionar por sí mismas la Constitución del pueblo español»`. También Nocedal ofrece una alternativa al principio de la soberanía nacional que, dice, es «peligrosa, falsa según nuestros principios y según la aplicación de vuestras ideas» - les dice a los progresistas-. Frente a ella proclama la «omnipotencia parlamentaria», puesto que «reside en las Cortes con el Rey».

Cánovas, aunque reconocido tradicionalmente su pragmatismo, es de los que defienden la postura extrema de que la misma Constitución pase a la sanción regia. Como nadie, este político llevó a sus últimas consecuencias el terror al principio mismo de la soberanía nacional; tuvo ocasión de hacerlo por su protagonismo en la Restauración de la Monarquía en 1874, y la formación de la Constitución de 1876, no admitiendo que se discutiera la Monarquía. Reconoce que la unión liberal, que se había hecho «sobre la Monarquía», por el peligro de la institución, la rompe la discusión sobre la soberanía, por lo que quiere terminarla rápido. Quiere salvar esta unión presentando al grupo monárquico constitucional frente a los absolutistas y la «escuela (...) que se llama democrática, degenerada ya en republicana, destinada a ser, no solamente republicana, que es cuestión de forma política, sino social». Por eso, dice, la cuestión de la soberanía, dentro del grupo monárquico-constitucional --«la escuela constitucional», no puede tener sino «pequeñas disidencias sin ninguna consecuencia política». Pretende reconciliar el principio filosófico de la soberanía nacional - «¿cómo hemos de negarlo?» - y la práctica de la soberanía compartida, de la teoría del consentimiento, que es la que justifica el propio sufragio censitario, puesto que los diputados lo son por el voto de 400.000 electores frente a 15 millones de españoles56. Esa representación tan restringida abre el campo al papel de la Monarquía como representante del interés general del pueblo, tal y como defendían escritores liberales conservadores franceses Fonfréde, Pepin - y tal y como defenderá él mismo en la Restauración. Es decir, los conscientes política y socialmente eligen a sus representantes, pero la masa restante sólo debe ser representada por el Trono, debe estar todavía en un nivel inferior, preliberal. Por ello pide, junto con Ríos Rosas, que la Constitución pase a la sanción regia: «Creemos en la delegación coetánea, en la soberanía nacional del Trono con las Cortes (...). Éste es nuestro sistema necesario (...) sin esto, nosotros, monárquicos constitucionales, estamos sin base segura, sin cimiento estable». Es un argumento de conveniencia política, de práctica necesaria para los monárquicos, y así lo reconoce. Respecto a la principal consecuencia de la soberanía, el sufragio universal, opina lo mismo que Ríos Rosas respecto al peligro de tiranía y anarquía, y entiende que puede ser fácilmente desechada por los liberales por la falta de ilustración y el desconocimiento de sus deberes de la mayoría, lo que fue siempre en él un argumento de peso, sin que se le conozcan grandes proyectos para solucionar tan grave problema57.

En este tema los progresistas se situaban entre moderados y demócratas, diciendo Sancho que «la Constitución no ha de ir a la sanción de S. M.», mientras que Lafuente defendió el «supremo derecho que tienen las sociedades para darse la forma de gobierno que creen más conveniente»; se materializaba así la falta de acuerdo en la propia comisión en este aspecto básico51.

Fue del gobierno mismo de donde surgió la más eficaz defensa de la autonomía de las Cortes Constituyentes frente a la Corona. El ministro de Estado, el anciano Luzuriaga, retomó el asunto con gran habilidad y pareció pacificar la discusión - destacando que todos están de acuerdo en la necesidad del Gobierno parlamentario-; defendió el aspecto práctico de la soberanía nacional - o popular, que utiliza indistintamente-, frente a los que lo calificaban de mero principio filosófico, recordando que «reserva a sólo las Cortes Constituyentes la sanción de la Constitución», y lo sostuvo porque «sería dar a lo que va a recibir vida de esa Constitución (...) un medio de intervenir y de contribuir a su propia formación». También recurrió al momento fundacional de la Monarquía constitucional española, y retomando las teorías pactistas, recordó que fue «la Nación reunida en Cortes (...) (la que) llamó a la dinastía» como primer acto de la soberanía nacional, otorgando «legitimidad a la dinastía actual (que) por un acto voluntario de su padre, había perdido el derecho a la Corona».

Los demócratas encuentran la ocasión adecuada para destacar las contradicciones de los liberales y su política común de miedo y conservadurismo. La razón nos la da con meridiana claridad Gil Sanz: «Es porque cada principio es el origen de una serie de leyes, y los que no están conformes con la soberanía del pueblo no pueden admitirla como principio ni dejar que se consigne, temerosos de que ha de irse desenvolviendo en leyes arregladas a su espíritu». Es decir, si bien no se puede oponer teóricamente otra soberanía a la nacional («ni el principio bárbaro y feudal del derecho patrimonial en la institución y en la trasmisión de la Corona, ni la doctrina impía del derecho divino en el origen», dice el propio Ríos Rosas), sí puede decidirse si ha de regir radicalmente o no la construcción política51. Por eso los engloban a ambos en los viejos partidos. Quieren prescindir de esa evolución moderada de los principios liberales, volviendo al inicio de la época constitucional, a la refundación liberal que, según ellos, se habría traicionado con las nuevas Constituciones desde 1837. Superan incluso aquel modelo al sostener que el Rey no debería tener siquiera sanción - que lo tuviera entonces lo justificaron por las circunstancias-. Planteada así la discusión, el tema de la soberanía nacional tomó caracteres de lucha entre Monarquía y República, y Ríos Rosas denunció que la defensa del reconocimiento de la soberanía nacional en la letra constitucional tenía un fin republicano, advirtiendo a todos los monárquicos, dirigido a los progresistas, que no era consecuente apoyarlo: «Los republicanos saben lo que quieren y los monárquicos no lo saben». Sólo los monárquicos que tienen clara esta situación, dice, «no quieren ese dogma y no lo reconocen» porque sería reconocer «el sufragio universal» que «en una Nación grande es una mentira, es una iniquidad, es una catástrofe» porque «es la fuerza numérica la fuerza bruta sobrepuesta a la de la inteligencia, de la capacidad y de la ciencia», concluyendo categóricamente que «la dictadura es la hija necesaria del sufragio universal». Y, de nuevo, vuelve al peligro de la anarquía y el despotismo caracterizados por las Asambleas únicas, revolucionarias, o Napoleón.

Pero en el rechazo del sufragio universal también coincidían moderados y progresistas, y así se manifiesta en la comisión60. Ésta respondió a los demócratas con un argumento que podría suscribir Cánovas: «No comprendo - dijo el esparterista Heros el sufragio universal. Menos (...) en mi país, compuesto en su mayoría de labradores ignorantes (...). ¿Iremos a imponerles la obligación de representar al país y de venir a dictar las leyes para gobernarle, a los que no se puede encontrar fundamento ni apoyo racional en sus decisiones?». Ésta es otra razón que lleva a los demócratas a reivindicar las ventajas de 1812 sobre el modelo iniciado en 1837; con el primero, aunque indirectamente, todos participaban de las elecciones, mientras que, en el modelo alternativo, con sufragio directo y censitario, recordó Orense, el propio «Jesucristo no hubiera podido ser ciudadano elector», repitiendo una frase dicha en la Asamblea francesa61. Los demócratas, como excluidos de este «pacto», intentaban separar a progresistas y moderados para atraerse a los primeros y que no entraran en el juego de la unión liberal. Lo hace Ordax retomando la denuncia de Olózaga sobre el disfraz que ponían los moderados a la soberanía de derecho divino, y criticando la debilidad progresista que llega hasta «mutilar» la soberanía». Destaca que la unión de «las dos grandes antiguas escuelas» lo es sólo «en las negaciones, no están conformes en ninguna afirmación».

Finalmente esta Constitución no fue remitida a la Corona para su sanción. Pero el 5 de febrero se aprobó el veto absoluto por 130 votos frente a 107, en una discusión muy reñida.

CONCLUSIONES

Sabido es que el modelo parlamentario tomado del ejemplo inglés y pasado por la versión francesa para adaptar la Monarquía a la Constitución, exige transacción, buenas maneras, como diría Ríos Rosas, y concordia62; es decir, dar por admitido filosóficamente el principio de la soberanía nacional y practicarlo de acuerdo con las necesidades de la Monarquía: compartiendo el ejercicio entre el Rey y las Cortes, al modo del Rey en el Parlamento inglés y del diseño teórico del modelo que hizo Constant.

Pero en la exacerbación en la merma de la soberanía que supone la postura de muchos moderados al pretender que incluso la Constitución sea sancionada por el Rey es donde se rompe la unión con los progresistas. Ni siquiera Olózaga, a pesar de las acusaciones de Castelar, podía admitir en 1855 un retroceso sobre 1837 cuando, incluso relegada la soberanía nacional al Preámbulo, quedaba en él reconocida la capacidad de las Cortes de decretar y sancionar la Constitución - claro que había una Regencia. Así es que, aunque moderados y progresistas estaban de acuerdo en no hablar del origen de la soberanía y sí de su ejercicio, cuando el problema fue planteado por los demócratas y los monárquicos más radicales se extralimitaron en su defensa de la Monarquía, los mismos progresistas se vieron en la necesidad de distanciarse de esa postura. Los demócratas y los moderados dejaron en una situación insostenible a los progresistas, ofreciendo un panorama en el que lo mejor habría sido el turno de demócratas y liberales unidos, si parte de éstos no estuvieran aterrorizados ante tal posibilidad.

De hecho la discusión constituyente se convirtió en medio para explicar y sustentar la doctrina y los miedos de cada partido. Efectivamente, los moderados ya habían demostrado en 1845 que querían establecer por principio la soberanía compartida, que sólo podía admitirse como práctica por los progresistas: «Una cosa es el principio y otra la aplicación», dice Olózaga y, si en el principio disentían en algo, en la práctica estaban de acuerdo, pues su «aplicación», decía el progresista, estaba supeditada a que la Monarquía en España «es tan antigua como su historia conocida, y ha producido esta lealtad en nuestro carácter, esta adhesión, este entusiasmo tal, que sería menester cambiar las ideas del pueblo» 63. Parecía una cuestión de detalle que moderados y progresistas se pusieran de acuerdo en cuanto al papel de la Monarquía en el liberalismo español: imposición histórica o aceptación pactada y práctica; de ello dependía la permanencia de esa unión liberal frente a republicanos y demócratas sociales. Sólo la obsesión defensiva de algunos monárquicos y la falta de pragmatismo que denunciaban en los demás impidió conseguirla.

Tantas coincidencias prácticas y la discusión teórica reflejan la difícil situación de los progresistas, emparedados entre los moderados y los demócratas, apareciendo como los menos consecuentes, o los de más dificil justificación argumental, porque no estaban dispuestos a dejar paso libre a la idea democrática, ni social, ni republicana ante el muro monárquico moderado64. Mostrándolo así, Nocedal pretende dar el golpe definitivo a la defensa teórica de la soberanía, y el 1 de febrero les advierte: «Estáis vendidos», preguntándoles qué entienden por nación, «o la entendéis como los demócratas, o como lo entienden los hombres del partido conservador», mostrándoles la falta de espacio político.

Además, en esta época se había llegado a ser demócrata pero no decididamente republicano pues todavía en los años 40 se era accidentalista. Incluso se concebía aún la República en el sentido clásico, como Gobierno orientado al bien de la nación, al bien general. Más bien se pensaba en la «virtud republicana», como consecuencia máxima de la soberanía nacional, tal y como se entendió desde 1812, como exclusión del Rey del momento constituyente. En ese mismo sentido se entendía la petición del conde de Reus de una Monarquía republicanizada, como ya se ha visto. No fue sino hasta finales del reinado de Isabel II cuando se generalizó entre los demócratas la convicción de que la forma adecuada era la República.

Hay que destacar cómo, después de casi 45 años de historia liberal, se seguía discutiendo sobre algo tan básico como la delegación del poder o, al menos, sobre lo que esa delegación implica respecto a las consecuencias de la soberanía nacional: es decir, soberanía nacional sí pero no ejercicio permanente, sino delegación de la misma en poderes establecidos constitucionalmente que comparten su ejercicio: es la base de la tan mencionada soberanía compartida, tradicionalmente interpretada por la historiografia como algo distinto al sistema parlamentario, y, sin embargo, base primera del mismo en su primera época 15.

En países como Bélgica la soberanía compartida era un hecho pero no un derecho, es decir, los poderes funcionaban en un equilibrio de fuerzas que hacían que unos se limitaran a otros, pero no se intentaba teorizar sobre ello puesto que no alarmaba tanto el principio de la soberanía nacional; en Francia y en España se convirtió en un problema teórico por el extremado celo del partido más conservador, de los monárquicos más radicales y por la excesiva práctica constituyente. La Francia de las Cartas se caracterizó por su ambigüedad en tomo a la legitimidad y el ejercicio de la soberanía66 En España el conflicto se materializó con la Constitución de 1845 y en 1854-1856 salió abiertamente a la luz: se quería eliminar de la vida ordinaria la soberanía nacional. Nadie se atrevía a negarla como origen de los poderes, pero los más conservadores quisieron bloquear toda posibilidad de su uso imponiendo lo que era una práctica política, el ejercicio compartido del poder tras la elaboración de las Constituciones posrevolucionarias, en una teoría que llegaba incluso a la propia formación de la Constitución. Ése fue el origen del fracaso de la unión liberal, a pesar de que desde 1837, como mínimo, estaban de acuerdo progresistas y moderados en el funcionamiento de los poderes, y ése fue el origen del fracaso mismo del Bienio. No se aceptaba que la Monarquía se discutiera ni se votara, y no se quería ninguna Constitución que surgiera con esas bases. Se había advertido ya en la reforma de 1845, y ahora volvió a fallar por la misma base. Mientras en 1837 Olózaga hablaba de «soberanía a la inglesa» y se ponían las bases comunes del liberalismo de orden, en 1855 el intento de los más conservadores de llevar a la Reina la sanción de la Constitución rompió la pretendida unidad. Ello a pesar de que la propia Comisión no quería ir más allá de lo establecido en la primera base, como decía Martín de los Heros: «¿Qué puede decir la Comisión, más que lo que ha dicho, esto es, que todos los poderes públicos derivan de ella (la nación)?»67.

Los moderados y progresistas, de acuerdo en la limitación práctica de la soberanía nacional, incluso del veto absoluto del Rey, no lograron ponerse de acuerdo en los poderes de las Cortes Constituyentes, por encima o con el Rey. La cuestión monárquica dividió a los propios monárquicos, por la exacerbación de monarquismo, es decir, de autodefensa, de los más conservadores. Pero hubo algo más; esto es la tremenda contradicción de que a mitad del xix no se tomara el avance de 1812 del veto suspensivo, de que se justificara incluso la presencia del Trono por las carencias del Pueblo, con lo que se asumía, para el futuro, que la Monarquía se justificaba y venía a oponerse a la Democracia; incluso, deduciendo más, que los monárquicos nunca llegaran a estar interesados en la emancipación de la población, porque entonces dejaría de tener sentido la Monarquía. Fue un momento de gran importancia y no muy afortunado por parte de los «defensores» a ultranza de la Monarquía. Por eso decía el demócrata Gil Sanz: «Tanto afán por consolidar el Trono ¿no puede hacer creer a algunos que el Trono está conmovido, que está amenazando ruina? (...) Nada daña tanto como las exageraciones de los mismos que se titulan amigos»68.

Si bien ya no hay entre los moderados un Donoso o un Balmes que defiendan el modelo de Monarquía «puramente» constitucional, lo cierto es que los progresistas más avanzados creen conveniente recordar las características básicas del modelo de Gobierno parlamentario, pues, «aunque no esté escrito en ninguna Constitución, es un principio admitido por los mejores publicistas y acatado en los países en que no se ha falseado y adulterado el gobierno representativo, que (...) los Consejeros de la Corona, los Ministros responsables deben salir de la mayoría de la Cámara popular, o estar sostenidos y apoyados por ésta»69. Y es que a su lado, con las nuevas corrientes democráticas, se renueva el temor al ejecutivo de la primera hora liberal y se pide - lo recoge Orense - una Milicia Nacional al lado de la Diputación permanente - que no recogía la Constitución de 1837 y que recogerá la del 56 - para defensa del legislativo. Tras el acuerdo que supuso el modelo posrevolucionario, los demócratas vienen a romper la pretendida armonía entre los poderes, concibiéndolos todavía enfrentados, que es lo que se había intentado evitar con la moderación del modelo político, aunque no, ciertamente, con la práctica política.

GREGORIO DE LA FUENTE MONGE

Universidad Complutense de Madrid

En lo esencial, las fuerzas antidinásticas de 1868 se mantuvieron fieles a su pacto de no pronunciarse a favor de una determinada forma de gobierno. Tanto monárquicos como republicanos defendieron el principio de la soberanía nacional, en virtud del cual debían someter sus propuestas políticas a la elección popular. Descartada la posibilidad de un plebiscito sobre la forma de gobierno y la elección del jefe de Estado, correspondía a unas Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal la definición de España como Monarquía o República'.

LA COALICIÓN ANTIBORBÓNICA: LA SOBERANÍA NACIONAL

La coalición revolucionaria asumió con facilidad el grito de «¡Abajo los Borbones!», al que contrapusieron otros legitimadores como el de «¡Viva la Libertad y la Soberanía Nacional!» En sus discursos condenaron a Isabel II como persona y como reina, a su familia como dinastía y a la monarquía que representaba como forma política. Para los revolucionarios, Isabel II, además de tener una conducta privada inmoral, había utilizado el poder de la Corona de forma arbitraria, impidiendo la llegada al gobierno del Partido Progresista y cesando al de la Unión Liberal, cuando ambas formaciones políticas habían hecho grandes esfuerzos, en diferentes momentos, por mantenerla en el trono. No sólo había fracasado como poder moderador ante las luchas partidistas, sino que había sancionado la dictadura del Gobierno moderado, «hollando» - según la expresión del manifiesto gaditano de los generales - la propia Constitución de 1845. Nada liberal en política, Isabel de Borbón había favorecido también la influencia del clero en la esfera del Estado, sin que los valores cristianos la hicieran ser generosa con los enemigos vencidos. Sin indultos reales ante las condenas a muerte, los «mártires de la libertad» demócratas y progresistas, o los meros «hijos del pueblo» víctimas de la tiranía, como los 66 sargentos del cuartel de San Gil, proliferaron en los últimos años de su reinado, sumándose a ellos un sinfín de perseguidos, encarcelados, emigrados y desterrados, llegando a estar en este último caso, incluso, los generales de la Unión Liberal.

Todo lo atribuido a Isabel II era aplicable, como mínimo, a su padre. Fernando VII había acabado con la Constitución de 1812 y segado aún más vidas de patriotas que su hija, por lo que los revolucionarios de 1868 podían argumentar que la familia de los Borbones era una raza de tiranos, una dinastía que no sólo se había divorciado de la nación, sino que se había impuesto a ella, considerándola su «patrimonio familiar» y «esclavizando» al pueblo que luchaba por su libertad e independencia. Por último, Isabel II y los Borbones representaban una monarquía de derecho divino, que era algo del pasado, de los tiempos del absolutismo, y no del presente, de la era de los pueblos libres. Esto había permitido a los moderados imponer su formulación doctrinaria de que la soberanía residía en el Rey con las Cortes, poniendo al soberano no ya a la altura de los representantes de la nación, sino por encima de ésta: la religión de la nación española era la católica e Isabel II era reina «por la gracia de Dios», además de serlo por mandato constitucional, y su persona no sólo era inviolable sino también «sagrada», como rezaba el artículo 42 de la Constitución de 1845. Esta visión de una monarquía que doblegaba la voluntad nacional resultó inaceptable para los revolucionarios de la Gloriosa, que consideraron el poder desorbitado del monarca - junto a la influencia clerical como la principal causa de los males del país, de su atraso generalizado y de su escaso peso en el concierto europeo. Por esta razón, al destruir el régimen isabelino, los revolucionarios entronizaron a la soberanía nacional como única fuente de poder y principio regenerador de la patria.

Los militares pronunciados y las juntas revolucionarias no llegaron a cuestionar el pacto de silencio sobre la futura forma de gobierno. Ciertamente, Topete se pronunció, en un primer momento, a favor de la «verdadera monarquía constitucional» en su proclama Gaditanos, en la que abogó por restablecer los lazos rotos entre el trono y el pueblo, aunque rectificó después al suscribir el más importante manifiesto Españoles que encabezaron los generales Serrano y Prim, el de «¡Viva España con honra!», que dejaba abierto el camino tanto a la Monarquía como a la República. También la Junta revolucionaria de Burgos se manifestó en una ocasión por la «monarquía verdaderamente liberal», electiva y democrática (diametralmente opuesta a la de Isabel II), por iniciativa de su presidente el unionista Eusebio de Salazar y Mazarredo, a la postre defensor de la Unión Ibérica y de don Fernando de Portugal para rey de España. Por el lado de las juntas dominadas por los demócratas, los llamamientos a proclamar la república fueron también poco importantes, destacando el caso de las juntas gaditanas de Jerez de la Frontera y Tarifa2.

La revolución de 1868 fue, por tanto, antidinástica y contraria al principio doctrinario de la soberanía compartida entre el Rey y la nación, pero no por ello fue antimonárquica (la mayoría de los junteros eran progresistas y unionistas), ni tampoco prorrepublicana, a pesar de controlar los demócratas de esta tendencia algunas juntas revolucionarias. Frente a ese carácter de negación de los Borbones y de neutralidad ante la futura forma de gobierno, las juntas revolucionarias y los propios caudillos de la revolución sentaron las bases del nuevo régimen al proclamar la soberanía nacional, el sufragio universal masculino y los derechos individuales. La nación era el único poder constituyente y su voluntad se expresaba a través del voto popular, por lo que eran intercambiables las expresiones «soberanía nacional» y «soberanía popular», aunque gustasen más de la primera los progresistas y de la segunda los demócratas. Con tales premisas políticas, la nueva España revolucionaria, liberada de las ataduras del pasado borbónico, podía ser una Monarquía o una República, pero en ambos casos el nuevo régimen debía legitimarse en el pueblo: ser una «democracia», presidida por el axioma de que la nación era libre y soberana, con Cortes elegidas por sufragio universal y con amplios derechos que garantizasen la libertad de los ciudadanos.

Como señalaron los publicistas republicanos, con la caída de los Borbones el pueblo pasó a ser el Rey, pero este retórico reinado del pueblo-rey duró poco. El Gobierno monárquico, pactado en Cádiz por los generales, fue aceptado por el jefe demócrata Rivero, que apoyó la decisión de la Junta de Madrid de ofrecer al duque de la Torre la presidencia y la designación del gobierno provisional, al que correspondía preparar las elecciones a las Constituyentes y reconocer las libertades públicas. Rivero sacrificó así sus ideas «republicanas» para facilitar la implantación de los derechos individuales por los monárquicos. Con la formación de un gobierno integrado exclusivamente por unionistas y progresistas, los monárquicos rompieron la coalición revolucionaria con los demócratas republicanos. Los jefes monárquicos y, muy especialmente, Rivero lograron restar importancia a las críticas de las Juntas revolucionarias provinciales que, a pesar de sentirse burladas en su soberanía por la autodenominada Junta Superior de Madrid y en desacuerdo con la exclusión de los republicanos del poder, se disolvieron, patrióticamente, para dejar plena libertad de acción al gobierno de Serrano.

La mayoría de los demócratas entraron a formar parte del nuevo Partido Republicano Demócrata Federal que se gestó en las reuniones del Circo Price de Madrid en octubre de 1868. Por su parte, el gobierno provisional cumplió con sus compromisos programáticos al reconocer el sufragio universal para los mayores de 25 años, una completa libertad de expresión (de la que disfrutaron la prensa, el teatro y los oradores), la libertad religiosa y la de enseñanza, los derechos de asociación y de reunión y otras medidas radicales solicitadas anteriormente por las juntas revolucionarias. Sin embargo, su neutralidad ante la forma de gobierno, para no influir en la opinión pública, la mantuvo pocos días. En el manifiesto A la Nación de 25 de octubre, el gobierno se declaró a favor de la Monarquía, considerando un error el que pudiera implantarse en España la República y, aunque aseguraba que acataría el voto del pueblo soberano, no por ello dejó de sembrar la desconfianza en el campo republicano. Antes de convocar las elecciones, los monárquicos crearon una amplia coalición gubernamental, formada por progresistas, unionistas y una minoría demócrata (Rivero, Becerra, Martos), que dio a conocer su programa en defensa de la monarquía democrática en el manifiesto A los electores, llamado de «conciliación monárquica» o de los demócratas «cimbrios», del 12 de noviembre. A partir de ese momento los monárquicos liberales identificados con el gobierno de Serrano-Prim contaron con un partido propio, el «monárquicodemócrata», para rivalizar en las urnas con el republicano federal y con el monárquicocatólico (carlista).

Si bien los republicanos ganaron las elecciones municipales de diciembre de 1868 en las principales capitales, con la excepción de Madrid, su peso electoral resultó muy inferior al monárquico en las elecciones generales a Cortes Constituyentes de enero de 1869. Los republicanos pudieron afirmar que la parte más ilustrada del pueblo, concentrada en ciudades como Valencia, provincias como Cádiz o regiones como Cataluña, había votado por la República, pero no pudieron achacar, en esta ocasión, el resultado adverso de los comicios a la influencia ilegítima del gobierno sobre las mayoritarias clases rurales del país, aunque éste hubiese abusado del poder al declararse nuevamente a favor de la monarquía el 11 de enero, en vísperas de las elecciones. De hecho, los republicanos tampoco culparon del fracaso electoral al autoritarismo del gobierno, que había reprimido a sus correligionarios gaditanos y malagueños, a éstos sin ningún tipo de contemplaciones, por haberse rebelado ante la polémica reorganización de los Voluntarios de la Libertad ordenada por el ministro Sagasta, pues la represión no se extendió al resto del país y los resultados electorales fueron excelentes en la circunscripción de Cádiz y aceptables en la más castigada de Málaga, donde resultó elegido Eduardo Palanca.

LA MONARQUÍA DEMOCRÁTICA

La coalición gubernamental obtuvo una mayoría absoluta en las Cortes Constituyentes y aprobó sin dificultad el artículo 33 de la Constitución de 1869 que declaraba que «la forma de gobierno de la Nación española es la Monarquía». Esto fue posible gracias a una negociación en el seno de las fuerzas monárquicas, en las que cedieron más los demócratas cimbrios y los unionistas que los progresistas, siendo esta transacción la base de la nueva Constitución. Tras la revolución de 1868, voces autorizadas defendieron la República como ideal y la Monarquía como necesidad, para garantizar los logros de la revolución. Entre los ensayistas, Mariano Calavia argumentó que faltaba «cultura democrática» para implantar con éxito la «república federativa» en España y que hasta que la difusión de la «ciencia» no cambiase los hábitos políticos de los españoles, de los que formaba parte la institución monárquica, los republicanos debían tener paciencia y sentirse «satisfechos y suficientemente recompensados con el planteamiento de una amplísima y libérrima monarquía constitucional» 3. Los monárquicos democráticos también consideraron que al país le faltaba educación política para afianzar las nuevas libertades sin el auxilio de la monarquía, y que el tratar de alterar el curso progresivo de la historia estableciendo la república federal sólo podía favorecer a los enemigos de la revolución. Si se deseaba asentar la democracia sin convulsiones y retrocesos debía optarse por la monarquía que era la forma de gobierno más acorde con las costumbres políticas de los españoles. Bajo estos supuestos, los demócratas cimbrios, como Moret, defendieron en las Cortes la accidentalidad de las formas de gobierno y el hecho de que merecía la pena sacrificar la República a cambio de tener una democracia, aunque ésta fuese bajo la forma monárquica. De esta manera, los cimbrios renunciaron decididamente a sus posibles ideales republicanos a cambio de la implantación del sufragio universal y del reconocimiento de las libertades básicas como derechos individuales, naturales e ilegislables (superiores a cualquier ley o, como decía el manifiesto de conciliación monárquica, «a todas las instituciones y a todos los poderes»)'. Estas exigencias de los cimbrios, que apoyaban los republicanos, aunque pidiendo una afirmación más categórica de los derechos y una más radical protección de los mismos, fueron recogidas en el título 1 de la Constitución con ciertas garantías, pues quedaban prohibidas las disposiciones preventivas (art. 22) y era necesaria una ley para suspender temporalmente el ejercicio de las libertades que afectaban a la seguridad individual (prohibiendo las detenciones y los destierros arbitrarios y las violaciones domiciliarias), la libertad de expresión (hablada y escrita) y los derechos de reunión y asociación. Unionistas como Ríos Rosas aceptaron la generalización del sufragio a cambio de la Monarquía y, en general, los partidarios de esta forma política consideraron que el ejercicio de los derechos tendría como límites la propia Constitución, que consagraba la institución monárquica y proporcionaba en su articulado recursos para contener las libertades de culto, reunión y asociación en virtud de las «reglas universales de la moral», la «moral pública», las «disposiciones generales de policía» y sobre todo la «seguridad del Estado», además de remitir a una futura ley de orden públicos.

Antes de la reunión de las Cortes, los republicanos defendieron que existía una situación de república transitoria, en la que el pueblo se gobernaba a sí mismo con pleno orden, por lo que sólo faltaba que los monárquicos diesen un paso más para instaurar la república en España. Según Fernando Garrido, para conseguirlo tan sólo era necesario que

(...) los antiguos progresistas y unionistas, demócratas hoy, se convenzan de que así como ha estado en su interés proclamar los principios democráticos, libertad de cultos, de reunión, de asociación, de imprenta, de enseñanza, y sufragio universal, lo está también en dar a la organización política fundada en estos principios el nombre de República, y de que es una puerilidad negar el nombre después de haber creado la cosa, que no con otro puede lógicamente bautizarse6.

Llamamientos patrióticos más directos hicieron en las Cortes el republicano unitario García Ruiz o el federal Castelar al solicitar a los jefes monárquicos que proclama sen una «república conservadora», como medio de asentar la democracia sin los riesgos que para la convivencia pacífica conllevaba la búsqueda de un «rey extranjero»'. A pesar de estas ofertas, los monárquicos se opusieron rotundamente a negociar una salida republicana a la revolución de Septiembre y optaron por organizar interinamente una monarquía sin monarca.

Los monárquicos liberales se consideraron herederos legítimos de la revolución de 1868 y defendieron la continuidad de la forma monárquica sin retroceder por ello en su condena a los Borbones. Su proyecto de «monarquía democrática» encontró el suficiente grado de legitimidad popular en las elecciones, que vinieron a confirmar el carácter antidinástico de la revolución al decantarse la mayoría de los ciudadanos por una monarquía opuesta a la de Isabel II y no por la república. La monarquía democrática defendida por los revolucionarios era, efectivamente, algo nuevo en España. Se trataba de una monarquía legitimada en la soberanía nacional y no en el origen divino de los reyes, por lo que la Constitución recogía, en el artículo inmediatamente anterior al de la forma de gobierno, que «la soberanía reside esencialmente en la Nación de la cual emanan todos los poderes». A esto unía el reconocimiento del sufragio universal (preferentemente directo) y de unas amplias libertades, lo que hacía que fuese, en conjunto, una formulación política más avanzada que la de la emblemática Constitución de 1812, de la que tomaba literalmente el principio de soberanía nacional. Se trataba además de una monarquía constitucional en la que el parlamento primaba formalmente sobre el poder ejecutivo, aunque no se utilizase para designarla la expresión «monarquía parlamentaria» y se prefiriese la de «monarquía democrática» o «popular»s. En ésta, el soberano era un poder «constituido» por la libre voluntad de los representantes de la nación y no un poder «constituyente» como lo había sido Isabel II. Ahora el «rey reinaba, pero no gobernaba», aseguraban los portavoces de la mayoría parlamentaria, limitándose a ejercer un poder moderador y neutral en el equilibrio de poderes y las disputas de los partidos (papel del monarca que resultaba novedoso por insertarse en un discurso que negaba el carácter de verdadera monarquía constitucional a la de Isabel II y que, a su vez, prometía elecciones limpias como primer paso para no desnaturalizar el Gobierno representativo)'. La potestad de hacer las leyes residía en las Cortes bicamerales y de éstas había desaparecido el Senado vitalicio de designación real`. El nuevo Senado era elegido a través de un sufragio universal indirecto en segundo grado que daba participación a las diputaciones provinciales, al asociarse éstas en cada provincia con los compromisarios electos para formar las «juntas electorales» que elegían a los senadores. Esto reforzaba en la forma su base territorial, aunque no en el fondo, pues el Senado, al igual que el Congreso de los Diputados, representaba al conjunto de la nación y no a las provincias ni a sus corporaciones. Se trataba, pues, de un sistema de doble lectura en el que la decisión de la Cámara Baja prevalecía en los temas económicos (impuestos y créditos) y de efectivos militares, manteniendo la Cámara Alta la función de juzgar a los ministros que delinquiesen en el desempeño de su cargo. Para los republicanos federales esta duplicidad de cuerpos colegisladores, cuando la nación era tan sólo una, representaba una incongruencia, más cuando para ser senador se establecían unos requisitos de edad (mayor de 40 años) y de calidad (referidos a cargos públicos y a una elevada contribución fiscal) que no existían para ser diputado.

Frente a la Constitución de 1845 no se trataba de eliminar las prerrogativas del monarca sino de limitarlas para dotar a las Cortes de instrumentos para controlar al gobierno. El rey mantenía las funciones propias de un jefe de Estado: ejercía el derecho de gracia, mandaba las fuerzas armadas, declaraba la paz y la guerra y firmaba tratados internacionales, necesitando, según los casos, de la autorización de las Cortes. Las leyes necesitaban de la sanción y promulgación real, pero esto se interpretaba, a la luz de la soberanía nacional, como un requisito formal al que no podía negarse el j efe de Estado, pues, en ningún caso, existía un veto regio que buscase, como en anteriores constituciones, una rígida separación de poderes o el reconocimiento del Rey como fuente de soberanía".

El poder ejecutivo residía en el monarca, que era políticamente irresponsable, compartía la iniciativa legislativa con las Cortes y nombraba y cesaba libremente a su gobierno, aunque todos sus actos debían estar refrendados por los ministros que sí eran responsables ante las Cortes elegidas por el voto popular. Para ejercer el control sobre el gobierno, las Cortes no sólo contaban con la aprobación anual de los presupuestos y los efectivos del ejército, sino también con dos instrumentos constitucionales modernos: las interpelaciones individuales y el «derecho de censura» (art. 53), novedad que obligaba al gobierno a contar con la confianza del parlamento. Por otra parte, se reforzaban las precauciones para que el gobierno no obviase el control parlamentario basándose únicamente en la confianza regia: el Rey podía suspender las Cortes tan sólo una vez cada legislatura, teniendo en cuenta que debían estar convocadas para el 1 de febrero y reunidas al menos cuatro meses al año o, en caso de ser disueltas, abiertas las nuevas en el plazo de tres meses.

Como señala Antonio María Calero, el que la titularidad del ejecutivo no recayese en el consejo de ministros, que era quien ejercía este poder responsablemente, sino en el Rey (irresponsable), y el que éste no se limitase a proponer el presidente de Gobierno, sino a nombrar directamente a sus ministros, era una concepción que, en la práctica constitucional, podía dificultar la supremacía del parlamento. El refrendo ministerial de las disposiciones reales (art. 87) era, en realidad, de carácter mutuo (de los ministros hacia el monarca y viceversa) y, ante el silencio constitucional, el Rey podía negarse a sancionar una disposición o proyecto ministerial, con lo que se completaba la configuración de un sistema de «doble confianza» pues a la de las Cortes debía el gobierno unir la del monarca - que minaba por la base el régimen parlamentario y democrático, como vino a ocurrir en el reinado de Amadeo 112.

En las preferencias sobre la monarquía pesó la opinión de que era preferible que la jefatura del Estado fuese irresponsable y perpetua y su sucesión hereditaria, pues ello facilitaba su papel moderador, la estabilidad política del régimen y la adhesión al mismo de las «clases conservadoras». También se argumentó que el Rey era un símbolo tradicional y permanente del poder del Estado necesario para gobernar con autoridad al pueblo, siendo esto más cierto al tratarse de un monarca constitucional que representaba también la unidad nacional`. Al crearse la peseta en 1868 no estaba definida la forma de gobierno y la nación española fue simbolizada - siguiendo el informe de la Academia de la Historia - por una matrona de la época de Adriano. Ésta apareció, junto a unas referencias geográficas (Pirineos, Estrecho de Gibraltar), en las monedas acuñadas en 1869 y 1870, que presentaban en su reverso el nuevo escudo de España, sostenido por un león rampante en las monedas de mayor circulación (las fraccionarias de cobre). La Constitución ordenaba, en cambio, poner el busto y el nombre del monarca en las monedas (art. 73) y la medida fue aplicada, en el reinado de Amadeo 1, cambiando la alegoría de España por la imagen del Rey y la corona mural del Escudo por la real. Pero esto último se hizo sin hacer nuevas monedas de cobre, por lo que, paradójicamente, las más usadas y populares fueron las primeras, las perras (en que terminaron convertidos los leones), siendo los duros de plata, los amadeos, por el contrario, muy poco vistos, por lo que la monarquía desaprovechó este medio de socialización política14

La monarquía era la forma de gobierno predominante en Europa y, para la regeneración del país, los constituyentes de 1869 diseñaron una monarquía equiparable a los mejores modelos de su entorno, que eran las monarquías británica, belga e italiana's Con ello, la monarquía española pasaba a representar progreso y orden, consolidación del gobierno representativo y avance de las libertades democráticas, todo ello sin experimentos políticos «exóticos» (república federal), ni cambios sociales fomentados por el Estado («socialismo»), ni concesiones a los enemigos de la patria y las instituciones (como comprobaron, con la política de orden público, carlistas, republicanos e internacionalistas). La elección de la persona del monarca, y de la familia sobre la cual recaía el derecho de sucesión, por las Cortes, fue también algo novedoso en España y sirvió para recalcar la supremacía de la nación sobre el Rey. La nación había depuesto a un tirano (Isabel II, el Borbón) para reemplazarlo por un monarca que, sin haber tenido intervención en la elaboración de la nueva Constitución, debía voluntariamente jurarla lealtad y sometimiento, sabiendo que ante el incumplimiento de sus deberes constitucionales los derechos de la nación se mantendrían inalterables.

Descartados los Borbones y cualquier otro candidato español al trono, el gobierno de Prim tuvo que buscar la nueva dinastía en el extranjero. Desde un principio la familia real italiana fue la candidata más fuerte, aunque esta opción no llegase a materializarse hasta 17 meses después de promulgada la Constitución (nueve más, desde la caída de los Borbones). Europa estaba inmersa en los procesos de unificación nacional y la idea de la Unión Ibérica contaba con defensores en los tres partidos revolucionarios de la Gloriosa. Los monárquicos españoles admiraban la Italia del Risorgimento y estaban identificados con la obra de la monarquía italiana. El rey Víctor Manuel representaba la unión de la monarquía y la nación, en un sentido plenamente liberal, y su prestigio, ganado en las guerras de independencia frente a Austria, había permitido la unificación estatal de la Península mediante plebiscitos de anexión y a pesar de la resistencia del papado y de sus aliados católicos. La oposición de Napoleón III a la casa de Saboya y el desacuerdo entre el Rey y el gobierno italianos, hizo que los españoles tantearan otras opciones, como la de Fernando de Coburgo, padre de Luis 1 de Portugal, la más claramente iberista, a la que se oponían Reino Unido, Francia y el propio interesado, y la del príncipe prusiano Leopoldo de Hohenzollern, cuñado del Rey portugués, que representaba igualmente la fortaleza de la monarquía para conseguir la unidad nacional, pero cuya candidatura fue vetada también por Napoleón, sirviendo de excusa para la guerra franco-prusiana16. Al derrumbarse el Imperio francés y desaparecer la amenaza napoleónica tras la batalla de Sedán, las tropas italianas ocuparon la ciudad de Roma el 20 de septiembre, con el general aplauso del gobierno español, y Amadeo de Saboya fue elegido por las Cortes rey de España el 16 de noviembre de 1870, con lo que se puso fin a la obra revolucionaria iniciada por los monárquicos en septiembre de 1868. No cabe duda de que la búsqueda del Rey y la elección final de éste estuvo muy condicionada por las potencias europeas y de que esto jugó en contra de la imagen revolucionaria de una nación española soberana, libre e independiente, como no dejaron de señalar durante la interinidad algunos monárquicos comprometidos con el régimen y, por supuesto, los partidos de oposición 17.

La monarquía de Amadeo 1 duró poco y sus problemas para consolidarse fueron muchos. Por un lado, el monarca fue considerado, por diferentes motivos, un «extranjero» o rey intruso (al modo de José Bonaparte) por los republicanos, los carlistas y los alfonsinos. Tampoco gustó a la aristocracia y fue detestado por el clero y los católicos, que vieron en él al hijo del carcelero del Papa. Pero los mayores problemas vinieron del lado de los propios monárquicos liberales. Tras el asesinato de Prim, el gran líder político y militar de la revolución`, la coalición monárquica se rompió en 1871, escindiendo a su vez a los progresistas, sin que los radicales de Ruiz Zorrilla (aliados a los reformistas cimbrios) y sobre todo los conservadores de Sagasta (con el apoyo circunstancial de los unionistas de Serrano) lograsen formar dos partidos dinásticos sólidos y capaces de turnarse en el poder'`'.

La falta de liderazgo en las filas amadeístas obligó al rey a disolver las Cortes dos veces en 1872, para convocar elecciones y permitir a los gobiernos que se «fabricasen» las mayorías parlamentarias que necesitaban, a costa de aumentar la corrupción electoral y el desprestigio de la Monarquía. Sagasta ganó fraudulentamente las elecciones de abril, en las que los radicales realizaron una visceral campaña de oposición, basada en la defensa de la «moralidad» pública y los contenidos democráticos de la Constitución, que resultó perjudicial para la imagen del régimen monárquico (encontrando, de hecho, a los republicanos y otras fuerzas antidinásticas como aliados)`, pero luego se vio envuelto en el escándalo de los dos millones de la Caja de Ultramar, utilizados para fines electorales, por lo que tuvo que abandonar el gobierno ante las presiones de la propia mayoría conservadora, sin llegar a consolidar su liderazgo. Su sustituto, el general Serrano, que había frenado la guerra carlista con el Convenio de Amorebieta, perdió la confianza regia cuando Amadeo se negó a firmar, a pesar de contar con una holgada mayoría parlamentaria, su proyecto de suspensión de las garantías constitucionales. La caída de Serrano empujó a los conservadores hacia el retraimiento electoral y la defección de la nueva monarquía, iniciándose una sangría hacia el campo alfonsino. El rey se vio obligado a ceder el gobierno a Ruiz Zorrilla, que garantizaba los derechos ciudadanos, con lo que se aseguraba la benevolencia de un sector de los republicanos, aunque este apoyo resultaba insuficiente para obtener la confianza de las Cortes (conservadoras). Amadeo, quien salió ileso del oscuro atentado que sufrió en Madrid el 18 de julio, necesitó nuevamente disolver las Cámaras para posibilitar al gobierno de Ruiz Zorrilla obtener la mayoría parlamentaria que necesitaba. Ésta la obtuvo sin problemas en las elecciones de agosto, al precio de hacer promesas a sus aliados demócratas, lo que le aproximaba a los republicanos, y de ver cómo se retraían los jefes conservadores, aumentaban los seguidores de Cánovas del Castillo y se reavivaba la guerra civil carlista. La Constitución regulaba las relaciones entre el legislativo y el ejecutivo, pero no el equilibrio en este último ya que el consejo de ministros carecía de existencia propia separada del Rey. Por segunda y última vez surgió un grave problema de confianza regia: Amadeo era contrario al proyecto de Ruiz Zorrilla de remodelar el Cuerpo de Artillería, pero al carecer de recambio ministerial se decidió a firmarlo, aunque renunciando seguidamente al trono de España21. Ante el fracaso de la Monarquía y el desprestigio de Ruiz Zorrilla, Rivero tomó las riendas del partido radical para reunir el Congreso y el Senado en Asamblea Nacional y proclamar la República el 11 de febrero de 1873.

El régimen de 1869 funcionó bien mientras subsistió la coalición monárquica salida de la revolución con el liderazgo de Prim, es decir, mientras hubo un único partido monárquico-liberal respaldando ampliamente al gobierno en las Cortes y un regente, el general Serrano, que no tenía nada que moderar constitucionalmente. La ruptura de la coalición gubernamental y las infructuosas disputas por el liderazgo hicieron inviable el régimen monárquico a pesar de ser Amadeo 1 un correcto rey constitucional, pues la Monarquía se convirtió, a juzgar por los conflictos Corona-Gobierno, en un problemático sistema de doble confianza. La falta de confianza de las Cortes pudo resolverse por métodos tradicionales y corruptos que minaban la democracia representativa, pero no así la del Rey. Éste tenía todavía un poder respetable y para que jugase su papel moderador necesitaba al menos dos partidos monárquicos leales que estuviesen dispuestos a relevarse en el poder y a no practicar una oposición destructiva, pero tal cosa no se consiguió en el Sexenio, a pesar de los esfuerzos del monarca, sino en la Restauración. La división de la élite revolucionaria monárquica no sólo llevó a la caída de la Monarquía, sino también a la ruptura del consenso en la jefatura militar, que se había manifestado cohesionada e identificada con el proyecto revolucionario durante la larga interinidad en que Prim y Serrano fueron los generales de referencia. La vuelta a un generalato dividido por sus lealtades partidistas estuvo, igualmente, en la base del fracaso del reinado de Amadeo, y más tarde de la República, facilitando la restauración de los Borbones.

La democracia política del Sexenio no debe idealizarse desde el momento en que ningún gobierno perdió las elecciones, siendo cosa bien distinta el que posteriormente la mayoría parlamentaria se dividiese ante la falta de un liderazgo fuerte, tanto en el caso monárquico como en el republicano. Por lo que respecta a la época monárquica, hubo fraude en las elecciones, abstención creciente y, al final, retraimiento de los partidos, lo que llevó a una paulatina disminución de la competencia electoral (que llegaría, no obstante, a ser máxima durante la República). La mayoría de las juntas revolucionarias provinciales, el gobierno provisional, los ayuntamientos hasta enero de 1869 y las diputaciones provinciales hasta 1871 carecieron de legitimidad democrática. La intervención del gobierno en las corporaciones locales ganadas democráticamente por los republicanos (o por los carlistas) fue relativamente frecuente. La propia Constitución permitía (en su artículo 99) la intervención de los poderes públicos para impedir que las diputaciones y los ayuntamientos pudiesen extralimitarse en sus atribuciones en perjuicio del «interés general», sin que esto cambiase con las leyes Provincial y Municipal de 1870. Bastó que el gobierno pudiese apelar a la voluntad nacional (caso de la Monarquía) o alegar razones de orden público para que diputaciones y ayuntamientos republicanos fuesen disueltos y reemplazados por otros monárquicos, favoreciendo la desmovilización del electorado al cuestionarse la utilidad del sufragio. En el caso de Barcelona, que no fue muy excepcional entre las ciudades de predominio republicano, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de la capital disfrutaron durante el período monárquico (de enero de 1869 a enero de 1873) tan sólo de 15 meses de normalidad democrática, estando los 34 meses restantes una o ambas corporaciones locales nombradas por el gobierno22.

Aunque el Sexenio fue un período de excepcional libertad, no por ello desapareció del todo la censura política. Dejando de lado los estados de excepción para reprimir las insurrecciones, el gobierno prohibió o logró impedir, para garantizar la «tranquilidad» ciudadana, desde representaciones de obras teatrales, como La Carmañola, del carlista Ramón Nocedal Romea, hasta procesiones a favor del Papa, como la programada en Madrid durante los festejos del XXV aniversario del pontificado de Pío IX, en junio de 1871. Pero, junto a esta censura oficial, existió otra informal, como la ejercida por los milicianos monárquicos de la partida de la porra madrileña al asaltar redacciones de periódicos (Don Qui¡ote, El Siglo, La Gorda...), asociaciones y teatros, como el teatro Calderón durante la representación de Macarronini I, del autor republicano Eduardo Navarro Gonzalvo, en noviembre de 187023. Podrían mencionarse otras irregularidades o insuficiencias democráticas, pero baste lo dicho para fijar algunas limitaciones del régimen liberal de 1869.

Con todo, no debe infravalorarse el intento de regenerar el país protagonizado por los monárquicos de la Septembrina, pues probablemente sea el más consistente e importante del siglo xix. No sólo la Constitución, sino decenas de leyes, de diferente índole, impulsadas por la coalición monárquica de las Constituyentes, avalan un amplio proyecto liberal y democratizador encaminado a poner a España a la altura - según se decía - de las naciones más civilizadas de Europa24. Un proyecto de modernización política, que buscó incrementar la participación ciudadana y transformar la vida del país a través de medidas racionalizadoras, liberalizadoras, laicistas, secularizadoras y nacionalizadoras. Y todo esto sin dejar de ser un régimen de orden, cuando no autoritario, como pudieron comprobar los republicanos25.

LA REPÚBLICA FEDERAL

El proyecto republicano para reformar España se legitimó también en la revolución de 1868: en el pueblo libre y la soberanía nacional, en el respeto al sufragio universal y los derechos individuales. A diferencia de los monárquicos, los republicanos interpretaron la Gloriosa como una gran protesta popular de signo republicano: la destrucción de los símbolos reales (aunque sólo fueran los borbónicos) era la prueba que confirmaba el profundo rechazo del «pueblo» a la institución monárquica y no tan sólo a la dinastía de Isabel 1116. El pueblo se había proclamado libre destruyendo ese secular «instrumento de opresión», que había sido la Monarquía, y ocupando el lugar del Soberano. Para los republicanos, el pueblo español había demostrado, durante la revolución y la posterior interinidad monárquica, que podía vivir sin reyes y que era posible implantar en España la República a pesar de la «corrupción» de las costumbres y de la extensión de la «ignorancia» y la «miseria» entre las clases populares; unas lacras sociales que, al estar fomentadas por la Monarquía y la Iglesia, desaparecerían con el Gobierno republicano.

Para sus defensores, la República Democrática Federal era la única organización política capaz de conseguir ese ambicioso objetivo nacional, común a todos los revolucionarios del 68, de situar a España a la altura de las naciones más cultas y prósperas. Para alcanzar tan patriótico fin, la Monarquía, aunque se tildase de «constitucional» y «democrática», no servía por ser una fórmula caduca e imperfecta, propia del pasado. El presente y el porvenir pertenecían a la República, que representaba un estadio superior de progreso y civilización, por ser un régimen de plena Justicia que basaba el reconocimiento de la libertad en el principio moral de la igualdad humana. La república era esencialmente la forma de gobierno de la democracia: el «gobierno del pueblo por el pueblo» legitimado en el respeto al sufragio universal y a los derechos individuales absolutos, superiores a cualquier poder y ley, e iguales para todos.

La república garantizaba plenamente la libertad individual y la colectiva de la nación, al no estar los derechos ciudadanos ni la soberanía popular condicionados por ningún poder ni institución. La igualdad de derechos suponía la abolición de la pena de muerte y de la esclavitud, la equiparación civil entre hombres y mujeres, la extensión del voto a los jóvenes (mayores de 21 años) y la desaparición del reparto injusto de las cargas del Estado (aboliendo quintas y consumos). La supresión de los privilegios, monopolios y favoritismos que eran - según los republicanos - consustanciales a la monarquía, implicaba, entre otras cosas, que todos los poderes y cargos públicos tuvieran un carácter representativo y temporal, siendo elegidos por el pueblo, amovibles a su voluntad y responsables ante él. Esto hacía posible que cualquier ciudadano, hasta el de origen más humilde, pudiese ser elegido para ocupar la más alta representación de la nación. No obstante, el ideario igualitario republicano tenía excepciones, quizá la más obvia era que no reconocía el derecho de sufragio a las mujeres, pero esto era algo también aceptado por los monárquicos, por lo que no resultó conflietivo27.

A diferencia de los monárquicos, los republicanos trataron de combatir el fenómeno de la exclusión política de las clases trabajadoras ya que representaba un peligro potencial para su proyecto democratizador al constituir las mismas su principal fuerza electoral. Las clases populares habían pasado a disfrutar de los derechos de ciudadanía y el problema era que, en la práctica, no los ejerciesen por estar sumidos en la ignorancia y la miseria28. La falta de igualdad de oportunidades era el caldo de cultivo para la desmovilización política y para que dichas clases se incorporasen a la vida política era necesario cambiar sus hábitos, combatir el analfabetismo, consolidar las libertades públicas y reducir gradualmente las desigualdades sociales mediante reformas legales que reparasen las injusticias más palpables y favoreciesen la armonía entre las clases sociales (como en el caso de la creación de un ejército profesional para abolir las quintas). A diferencia de la igualdad civil y política, los republicanos no buscaron la plena igualdad social, pero fueron conscientes de que la redención política y la «emancipación social» de las clases trabajadoras debían ir juntas. Lo fundamental era facilitar medios para que los propios trabajadores pudiesen promocionarse a sí mismos, de ahí que consideraran que el sufragio universal era el principal instrumento de cambio social a su disposición y que concedieran, igualmente, gran importancia al derecho de asociación y al fomento del cooperativismo para crear centros de instrucción, de consumo, de producción y de crédito, más que sindicatos. No obstante, respetaron las organizaciones de clase, llegando a oponerse en las Cortes a la ilegalización de la Internacional en 1871, pensando que su programa político daba una razonable satisfacción a las reivindicaciones obreras29. Los poderes del Estado debían, igualmente, garantizar el derecho a una educación nacional elemental laica, racional y práctica, universalizando la escuela obligatoria y gratuita para niños y extendiendo los centros de instrucción para adultos (aspecto éste descuidado por los monárquicos); promulgar leyes laborales que amparasen al débil y regulasen la conflictividad (como la protección de los niños y las mujeres o los jurados mixtos) y promover una cierta redistribución de la riqueza en la sociedad. Para esto último, defendieron - con lo que se separaban de la tradición monárquica desamortizadora generalizar la pequeña propiedad (propia del artesano o del labrador), sin cuestionar el derecho a la propiedad privada ni perjudicar a las clases acomodadas, a través de la desamortización de bienes de la ex Corona, el Estado, las Corporaciones municipales y provinciales y la Iglesia, y permitiendo también al campesino pobre redimir tierras sometidas a formas arcaicas de cesión (foros, enfiteusis). En cambio, la mayoría de los republicanos rechazaron la revisión de las anteriores desamortizaciones para descubrir y confiscar las llamadas «propiedades ilegítimas», aquellas que habrían usurpado los poderosos, fundamentalmente, a los ayuntamientos. También los republicanos defendieron, con especial énfasis, la realización del catastro, aunque más por razones de justicia fiscal que social. Las propuestas republicanas de intervención del Estado en la «cuestión social» y de fomento de la propiedad, que en algunos sitios del Sur favorecieron las ocupaciones de tierras, fueron mal vistas por algunos correligionarios y condenadas por los monárquicos al ser tachadas de «socialistas».

El rechazo de los republicanos a la Monarquía se basaba en dichas razones políticas que incidían en la superioridad moral de la República. La monarquía era, ante todo, una institución injusta, un régimen de desigualdad incompatible con todo lo que representaba la democracia. Si la Constitución de 1869 señalaba que la soberanía residía «esencialmente» en la nación, para los republicanos dicho principio excluía la «soberanía del monarca», pues la soberanía, que era una e indivisible, pertenecía íntegramente al pueblo español, debiendo estar representada por una única Asamblea nacional. Los monárquicos podían establecer el sufragio universal, pero luego - decían los republicanos - necesitaban falsearlo en las elecciones y privar de él a los menores de edad que cumplían como quintos con sus deberes patrios. Aunque la Constitución legitimaba los cargos políticos en la representación democrática y declaraba - aunque pensando en la Administración - que todos los españoles eran admisibles a los empleos y cargos públicos «según su mérito y capacidad», estas reglas no se extendían a la máxima magistratura de la nación que seguía siendo - como antes de la revolución hereditaria, vitalicia e irresponsable. Ésta se convertía en el patrimonio de una familia y el privilegio de un individuo, con total independencia del patriotismo de éste y de sus aptitudes morales e intelectuales para gobernar3o

En un régimen que no se guiaba por la Justicia, los monárquicos podían proclamar los derechos individuales y, seguidamente, recortarlos pragmáticamente. De hecho, las libertades de expresión y de manifestación no podían ejercerse con plenitud contra un rey inviolable y políticamente irresponsable, contra una institución consagrada por la Constitución. Si la opinión pública del país era mayoritariamente republicana, la monarquía necesitaba violar los derechos y los resultados electorales para impedir el advenimiento pacífico de la república. Siendo - como pensaban los defensores de ésta - el pueblo español esencialmente republicano, la monarquía nunca podría respetar las libertades democráticas sin inmolarse a sí misma. Como esto último no iba a suceder, los derechos de los republicanos estarían siempre cercenados por la monarquía, lo que empujaría al Partido Republicano a la rebelión, legitimada en el mismo «derecho a la insurrección» contra la tiranía al que apelaron todos los partidos en la revolución de Septiembre31.

Tras promulgarse la Constitución en junio de 1869, el ministro de la Gobernación, Sagasta, adoptó medidas preventivas para impedir las manifestaciones públicas contrarias a la monarquía, poniendo a los republicanos en una posición delicada que recordaba a la del Partido Demócrata con Isabel 1132. Fue, justamente, este recorte de las libertades el que favoreció el desencadenamiento de la insurrección federal de ese año. El principal militar republicano, el general Pierrad, encabezó el 20 de septiembre una manifestación en Tarragona en el curso de la cual fue brutalmente asesinado por la multitud el gobernador en funciones, Raimundo de los Reyes, al intentar que los manifestantes dejasen de mostrar y de gritar los lemas republicanos, considerados subversivos. Acusado de promover la rebelión, el diputado Pierrad fue detenido, con lo que se inició un castigo a los republicanos, que extendió la rebelión por Cataluña. Cuando las Cortes suspendieron las garantías constitucionales el 5 de octubre, los republicanos vieron legitimada la vía revolucionaria para proclamar la República: una parte significativa de las élites del partido y unos 40.000 correligionarios se alzaron en armas, si bien al alto coste de sufrir una dura y amplia represión gubernamenta133. Según interpretaron los republicanos, ellos no habían incurrido en contradicción por defender la participación electoral y la propaganda pacífica y, tras ser atropelladas las libertades ciudadanas, la insurrección general, más cuando estos sucesos - que consideraban provocados por el gobierno - demostraban a las claras que la monarquía era una forma de gobierno incompatible con la democracia y los derechos del pueblo.

Para los monárquicos, los derechos de la nación podían temporalmente sobreponerse a los derechos individuales cuando peligraba la seguridad nacional encarnada en el Estado y sus instituciones. Desde la oposición (cosa diferente sería desde el gobier no), los republicanos fueron bastante unánimes al considerar que las libertades individuales estaban por encima de los derechos colectivos y que la suspensión de las mismas - de forma limitada - sólo era posible cuando no tuviera un carácter preventivo e indiscriminado; es decir, cuando se diese un alzamiento armado durante una situación en que los ciudadanos gozasen de plena libertad para ejercer sus derechos, una circunstancia que nunca reconocieron que se diese con la Constitución de 1869. Como señaló Castelar en las Cortes, la Ley fundamental había tratado de resolver el problema político de armonizar la «democracia con la libertad», la «soberanía nacional con la soberanía individual», y mientras que para él, y los suyos, los derechos de los ciudadanos (empezando por la libertad de expresión) estaban por encima de los derechos colectivos «del pueblo» y ponían «límites al Estado», para los monárquicos la «voluntad nacional» (expresada por los representantes del pueblo) y los poderes del Estado (que emanaban de la soberanía nacional) no reconocían tal limitación en los individuos, por no considerar más derechos absolutos que los de la propia nación34. En la práctica, y referido al caso más claro de la etapa de interinidad, correspondió al gobierno de Prim, que contaba con una amplía mayoría parlamentaria, regular esos «límites», sin dudar en anteponer la garantía del orden público al de las libertades.

La Constitución de 1869 reconocía la libertad religiosa, pero obligaba a la «nación española» a financiar con los presupuestos del Estado a la Iglesia, como si la religión católica siguiese siendo la oficial del país. Esta contradicción, reconocida por los propios monárquicos35, era inaceptable para los republicanos, que defendieron una inmediata y completa separación de las esferas civil y eclesiástica. El proyecto republicano de democracia exigía que la libertad de cultos obrase todas sus consecuencias secularizadoras en la vida pública. Como cualquier otra asociación, la Iglesia debía ser libre e independiente y buscar sus propios recursos en la sociedad. El Concordato debía ser abolido sin aceptar el argumento de que existía una deuda del Estado para con la Iglesia por haberla privado de sus bienes en la desamortización. La emancipación de la Iglesia representaba la eliminación del presupuesto de culto y clero, que era una pesada carga financiera para el Estado y una obligación injusta para aquellos españoles que profesaban una religión diferente a la católica o ninguna. Con ese ahorro, el Estado podía «hacer economías» en el gasto, pagar sus deudas o compensar la abolición de los consumos, pero también podía invertir más en el progreso del país, financiando políticas verdaderamente nacionales, como eran la creación de centros educativos, la organización de un ejército de voluntarios pagados, el fomento de obras públicas (puertos, ferrocarriles), la realización del Mapa geológico y otras muchas. Los republicanos consideraban que las reformas secularizadoras en la esfera estatal para reducir el ámbito eclesiástico al puramente religioso y hacer retroceder el fanatismo en la sociedad eran necesarias no sólo para implantar la democracia, sino también para garantizar la independencia y unidad nacional. No era admisible, para ellos, que el clero y los católicos estuviesen sometidos a un poder «extranjero» como era el del Papa y que pudieran anteponer su lealtad a la Iglesia a la del Estado nacional escudándose en los privilegios del Concordato y en el reconocimiento moral que hacía implícitamente la Constitución, al dar a entender que la religión católica era la propia de los españoles. Por eso deseaban que la Iglesia fuese una asociación privada sometida a la ley civil del Estado, para que los católicos, aunque siguiesen al Papa y a la Iglesia en asuntos de fe, no pudieran incumplir sus obligaciones ciudadanas, entre las que se encontraba el ser tolerantes con los otros cultos, pues para el Estado laico todos los credos eran igual de verdaderos36

El que los monárquicos no llegasen a separar la Iglesia del Estado, aunque éste fuese el ideal de algunos cimbrios y progresistas, facilitó la propaganda republicana contra la Monarquía. La unidad religiosa del país no representaba, especialmente para los republicanos, ningún elemento constitutivo de la nacionalidad española, ni a ella se debía ninguna gloriosa obra civilizadora, sino todo lo contrario, había sido el mayor obstáculo histórico para el progreso de España por haber acabado con la tolerancia, que era el germen de toda civilización y riqueza. La unidad católica no había sido el fruto de la verdadera fe que nace de la libre conciencia, sino un producto artificial creado por la imposición que habían ejercido durante siglos la Monarquía e Iglesia católicas37. La mayoría de los republicanos observaba una moral cristiana, y no pocos de ellos legitimaron sus ideas políticas en la figura de Cristo redentor, por lo que no eran las creencias religiosas en sí mismas la causa del atraso secular del país. La causa de éste era la defensa a ultranza de un catolicismo intolerante, que había encamado la Inquisición y la monarquía de derecho divino (hasta 1868) al perseguir a los disidentes (musulmanes, judíos, librepensadores, laicistas), y que se plasmaba en el fanatismo clerical, la superstición en las costumbres, el oscurantismo, el dogmatismo en la enseñanza, la censura y la abrumadora presencia de lo eclesiástico en el Estado, en las escuelas, en las calles y en la vida de los españoles, desde su nacimiento hasta su muerte. A los ojos de los republicanos, los monárquicos liberales, a pesar de proclamar la libertad de cultos y de enfrentarse a la Santa Sede y a los clericales a consecuencia de su política secularizadora (desde la supresión de los jesuitas y la libertad de cátedra de 1868 a las leyes de registro y matrimonio civiles de 1870), no habían eliminado el privilegiado vínculo de la Iglesia con el Estado, por lo que no existía una verdadera ruptura entre la monarquía de los Borbones y la que ellos defendían38. La República, en cambio, al acabar con la Monarquía, terminaría también con los privilegios de la Iglesia católica, con esa secular simbiosis en el ámbito público entre religión y política, lo que permitiría hacer de España una nación liberal, tolerante, amante de la ciencia y civilizada.

Otro aspecto que enfrentó al proyecto republicano con el monárquico, aunque también a los republicanos entre sí, fue el federalismo. Frente al modelo centralista de los moderados, los revolucionarios monárquicos convirtieron los ayuntamientos y las diputaciones provinciales en poderes democráticos y llevaron a cabo una descentralización administrativa y económica en su beneficio, sin cuestionar por ello, en lo más mínimo, la forma de Estado unitaria y el predominio del gobierno sobre las corporaciones locales. La reforma no se justificaba en el reconocimiento del derecho a la autonomía de los poderes locales, sino que fue una concesión del Estado para que éstos aumentasen su capacidad de gestión al tener unas haciendas separadas de la estatal y nuevas competencias en materias como la enseñanza o el fomento de la actividad económica39. La descentralización eliminaba la permanente presencia del gobierno en las instituciones locales (al desaparecer los consejos provinciales, los gobernadores presidentes y los alcaldes de designación), pero no les garantizaba un mínimo de autonomía política al estar desprotegidas de las intervenciones gubernamentales extraordinarias, que llegaron a ser reiterativas y sistemáticas. Igual desamparo legal tuvieron los Voluntarios de la Libertad, la milicia civil dependiente de los alcaldes y comandada por republicanos y monárquicos (progresistas radicales y demócratas), cuyos batallones republicanos fueron, en su mayor parte, disueltos por los gobiernos monárquicos de 1868 y 1869, dej ando al movimiento federal desprovisto de este excepcional instrumento de presión política, que era a su vez una importante red asociativa para extender la cultura republicana.

Para los republicanos, la descentralización implantada por los monárquicos sólo atenuaba el centralismo borbónico, al no acabar con la concentración de poder que había permitido imponer la uniformización política y cultural del país. Al proponer un Estado organizado federalmente, los republicanos proponían una reforma que partía del reconocimiento del derecho a la autonomía política de las provincias y los municipios para llevar a cabo una amplia y radical división del poder que impidiese la emergencia de un poder central fuerte y uniformador. En este sentido, los federales rechazaban la república unitaria por considerarla una forma de Estado peor que la monárquica, pues al centralismo de ésta unía su mayor propensión a la dictadura.

El Partido Republicano careció de un proyecto constitucional consensuado y no llegó a materializar sus ideas federales durante la República de 1873, por lo que toda generalización sobre su federalismo es arriesgada40. El liberalismo radical había legitimado su descentralización y oposición al centralismo monárquico en las antiguas libertades municipales y de los reinos históricos (que simbolizaban los comuneros o los nombres de Lanuza y Claris), pero la organización federal de los poderes del Estado no había formado parte esencial, ni tan siquiera, del programa del Partido Demócrata. Aunque el federalismo hubiese sido planteado por Pi y Margall y Fernando Garrido, lo cierto es que fue una innovadora reivindicación de los republicanos del Sexenio. Salvando excepciones como la de Almirall41, las primeras formulaciones federales de 1868 fue ron muy imprecisas y parecían decantarse por un régimen fuertemente parlamentario, incluso unicameral, al que se sometía el gobierno o el presidente de la República (que algunos, como José M.Orense, pensaron que podía ser el general Espartero)42. En cambio, las propuestas federales de 1873, además de contemplar una segunda Cámara de representación de los Estados miembros, tendían a una separación de los poderes más rígida y hacia un ejecutivo diárquico al diferenciar un poder ministerial (el gobierno) y otro de relación (el presidente), dualidad que recordaba en parte al modelo monárquico de 1869.

Dentro de los republicanos federales se identificaron muy pronto dos posiciones, la de los federales «orgánicos» y la de los federales «pactistas», que en principio tenían en común cuatro cosas: el reconocimiento de la nación española y la defensa del federalismo como garantía de su unidad, el derecho a la autonomía local y provincial, la supremacía de los derechos individuales y su garantía frente a los derechos colectivos (municipales, provinciales y nacionales) y su oposición formal a la república unitaria, defendida por García Ruiz y su periódico El Pueblo.

Los federales orgánicos, en su mayor parte intelectuales influidos por las concepciones krausistas sobre la autonomía de los organismos sociales y su armonía en el conjunto orgánico y natural de la nación, defendían, en la práctica, una forma de Estado unitaria combinada con una amplia descentralización, legitimada en dicha «autonomía». Expresaron su visión federal en la Declaración de la prensa que suscribieron junto a los republicanos unitarios en 1870, quedando desde ese momento desdibujadas las lindes doctrinales entre unos y otros republicanos43. Para ellos la federación era la organización interna de una nación ya constituida, un todo orgánico superior a la suma de sus partes, que lo eran las otras individualidades naturales contenidas en ella que gozaban de libertad y autonomía en su esfera particular de acción y que se identificaban con el individuo, la familia, el municipio y la provincia. Desde esta perspectiva, el pacto federal estaba hecho desde tiempos remotos, pues existía desde el momento en que las provincias se habían unido para dar «vida propia» a la nación española y mantenido juntas a lo largo de la historia formando parte de su nacionalidad 44. Los federalistas orgánicos defendían así la existencia de un pacto federal «tácito» e histórico y rechazaban la necesidad de hacer en el presente otro «manifiesto». Para ellos los republicanos pactistas no eran federales, sino unos confederales por sostener según ellos-que las provincias eran «Estados soberanos» e «independientes» con libertad para celebrar un pacto expreso de constitución de la federación española y además unos separatistas, porque para hacer esto necesitaban primero «desmembrar» una nación que llevaba siglos unida, aunque luego tratasen de reconstruirla mediante un nuevo y azaroso pac to. Las provincias, aunque autónomas en la esfera de sus competencias, no eran soberanas para celebrar pactos y tan sólo las naciones, que eran unidades orgánicas independientes, eran soberanas para confederarse con otras naciones, lo que permitía pensar en la Unión Ibérica. Por todo ello, aseguraban que la República Democrática Federal que ellos defendían salvaguardaba la unidad nacional, los derechos individuales y la plena autonomía política del municipio y de la provincia. En sus propuestas constitucionales no había Cámara territorial de las provincias y éstas carecían de Constitución y división de poderes propia, más allá de admitir un «gobernador» electo en cada provincia equivalente a la figura del alcalde en la esfera municipal. Por otra parte, la influencia del organicismo krausista se reflejó también en algunas formulaciones federales que contemplaban la representación política de los «organismos» e instituciones sociales en las Cámaras legislativas (caso de la «Asamblea Federal» corporativa, además de territorial de los cantones, del proyecto constitucional de Salmerón y Chao de 1872)as

Los federales pactistas dominaron el Partido Republicano. Para ellos, la nación española estaba, igualmente, ya constituida, y lo que buscaban con el pacto federal era consolidar la «unidad nacional» que - según ellos - corría peligro a consecuencia del centralismo monárquico que rechazaban las provincias. Durante siglos, la Monarquía había intentado acabar con la variedad política y cultural de las regiones, sin conseguir del todo acabar con las diferencias, pues todavía diferían en costumbres y tradiciones, en lenguas, en historia (de cuando habían sido reinos independientes, incluso no cristianos), en leyes civiles (que regulaban la familia, la herencia o la propiedad), en leyes políticas (caso de los fueros de las provincias vascas), ete.46 Para los federales, la obra centralizadora de la Monarquía para imponer por la fuerza una unidad política uniforme - como en el caso del catolicismo--, sólo había avanzado a costa de vencer resistencias legítimas y de perder territorios (Portugal, América). Los republicanos federales defendían, en cambio, la «unidad en la variedad», por considerar que la nación se enriquecía con la diversidad social de las regiones que la formaban, sin que tal complejidad cuestionase la nación, única e indivisible47. Todo lo contrario, pensaban que el federalismo resolvería los grandes problemas que amenazaban la integridad nacional: las guerras coloniales, que acabarían cuando Cuba y Puerto Rico se convirtiesen en Estados federados con los mismos derechos que los peninsulares, y las guerras carlistas, que cesarían cuando los vascos tuvieran garantizados sus fueros por una Constitución que amparase su autonomía política. La Federación Ibérica sería, igualmente, posible al respetarse el autogobierno, las costumbres y particularidades de los portugueses, cosa que era imposible con la unión real ya que el centralismo monárquico haría que España «absorbiese» a Portugal, algo inaceptable para el país vecino. Limitando con la utopía política, la federación española llegaba a ser considerada el embrión de una futura unión europea, cuando no de la fraternidad universal`.

En la Europa de las grandes unificaciones nacionales, los republicanos pactistas no eran «confederales», si bien abusaron de este término - quizá por influencia de la denominación suiza - alimentando la confusión doctrinal, pues nunca cuestionaron la soberanía (del pueblo) nacional ni la existencia del Estado español y, únicamente, buscaron una redistribución del poder en beneficio de las regiones, a las que se les daba participación en el poder estatal y amplia autonomía política en su territorio49. Por ello, a diferencia de una confederación, nunca reconocieron una soberanía absoluta a las provincias, cantones o Estados que debían realizar el pacto federal. Las provincias gozarían de una «soberanía limitada», pues no podrían solicitar la separación de España y su «soberanía» regional tendría claros límites constitucionales. El pacto federal era un pacto constitucional, nacional y democrático, por el que los representantes de las provincias manifestaban su compromiso de sujetarse a la Constitución española que ellos mismos elaborasen. No sólo se rechazaba la idea de un pacto entre Estados soberanos (tratado «internacional»), propio de una confederación, sino que, al estar ya constituida la nación española, los Estados miembros no necesitaban ratificar la Constitución federal, como en el caso de una nueva nación`

A los poderes de la Federación le correspondía, entre otras cosas, garantizar la integridad y defensa de la patria, los derechos individuales, la aplicación de las leyes federales y los servicios nacionales básicos en todo el territorio pero también la autonomía de los Estados en el ámbito de sus competencias regionales e, igualmente, la de los municipios. De la autonomía o soberanía (limitada) de los Estados se desprendía su capacidad para tener su propia Constitución (reguladora de sus poderes de autogobierno), pero, obviamente, las Constituciones de los Estados debían respetar la Constitución nacional de la Federación y, en proyectos como el de Castelar (1873), debían previamente ser «sancionadas» por las Cortes nacionales51. Aunque no hubo completa unanimidad, los Estados de la federación española tendían a coincidir con los reinos «históricos», ya que en ellos existía continuidad geográfica entre sus provincias y se habían creado, a lo largo del tiempo, fuertes intereses económicos y lazos sociales (o étnico-culturales) entre sus habitantes. Aunque los republicanos llegasen a considerar, separándose de la visión dominante de los intereses económicos de Pi y Margal152, que las identidades culturales influirían en la formación de algunos Estados de la federación (como era el caso del Catalán), nunca creyeron que sus correligionarios, quienes habían realizado grandes sacrificios en nombre de la nación española y que consideraban a ésta algo tan «natural» como sus pueblos y regiones, pudieran albergar sentimientos antipatrióticos para dividir a España (esto sólo lo podían pensar de los tradicionalistas clericales o de los separatistas cubanos pero no de los liberales)53, más cuando los republicanos manifestaron, machaconamente, en sus pactos federales, que culminaron con el pacto nacional de 30 de julio de 1869, su voluntad de salvaguardar la «unidad nacional» y de «asentarla sobre más firmes bases»54. Cuando algún tratadista se planteó la hipotética cuestión de la secesión, siempre defendió el derecho de la Federación española a obligar a las provincias separatistas a entrar en el pacto constitucional. Para todos los republicanos estaba claro que, una vez estuviese vigente la Constitución federal, la unidad de España quedaría garantizada porque ningún Estado miembro podría salirse unilateralmente de la federación, pues el pacto nacional tan sólo podía deshacerse por el mutuo acuerdo de todas las partes que lo habían suscrito, lo cual era impensable que sucediera.

La polémica sobre si la federación española debía constituirse «de abajo arriba» (uniéndose primero los municipios en Estados y luego éstos en la federación nacional) o «de arriba abajo» (creando y federando los Estados las propias Cortes) era más teóri ca que práctica y perdió interés doctrinal desde el momento en que Pi y Margall, el gran defensor de la primera vía, aceptó la federación desde arriba, incluso antes de votarse la República Federal por la Asamblea Constituyente de 1873. En términos generales, los republicanos pensaban que, si la República llegaba por la victoria en unas elecciones, la federación se haría desde arriba y, si lo hacía gracias a un movimiento revolucionario, se haría desde abajo55. Durante la etapa monárquica, ante la imposibilidad de ganar los comicios, la República tan sólo podía establecerse mediante el triunfo de una insurrección armada, como la ensayada en octubre de 1869, que constituiría la federación de abajo arriba: las juntas revolucionarias proclamarían la «federación española» y formarían luego juntas provinciales (o regionales) que a su vez nombrarían una junta central, siendo ésta la encargada de someter a cualquier territorio secesionista y de convocar Cortes Constituyentes encargadas de culminar el pacto federal mediante una Constitución en la que se delimitarían los Estados. En cambio, si los republicanos ganaban unas elecciones a Cortes Constituyentes, como sucedió en 1873, los mismos diputados harían la federación desde arriba al aprobar la nueva Constitución 56. La elección democrática de los diputados constituyentes que representaban a las provincias que debían formar los Estados de la federación y, al mismo tiempo, a la soberanía nacional hacía innecesario reproducir todo el proceso pactista de las juntas revolucionarias, quedando las Cortes y el gobierno legitimados para reprimir cualquier intento separatista. El enfrentamiento con los cantones de 1873 se ajustó a esta doble dinámica. El movimiento insurreccional contra el gobierno «centralista» buscó ajustarse a la vía de construcción de la federación de abajo arriba, debiendo resaltarse que esta vía no significaba, ni mucho menos, «separatismo», pues lo primero que hizo el gobierno insurrecto - el muy patriótico de Cartagena fue proclamar la «Federación Española»57. Por su parte, el gobierno nacional, legitimado por las Constituyentes (que ensayaban la federación desde arriba), consideró a los cantonalistas como «separatistas» por haberse rebelado contra la representación nacional y, amparado en ésta, procedió a su sistemática represión; es decir, ambos contendientes aplicaron al pie de la letra el propio recetario del Partido Republicano Federal.

Un último aspecto que separó al proyecto republicano del monárquico fue la dimensión patriótica del mismo. Mientras que la instauración de la República era una decisión política que incumbía exclusivamente a los españoles y salvaguardaba el dogma de la independencia y soberanía nacional proclamado por la revolución de 1868, el establecimiento de la Monarquía, tal como se planteó, requería del beneplácito de las grandes potencias europeas para la elección de un monarca no español. Esto hizo que el eje del discurso republicano fuese la contraposición entre «rey extranjero» y «república española» entre noviembre de 1868 y febrero de 1873, si bien los republicanos benévolos dejaron de lado este ingrediente ideológico durante el último gobierno de Ruiz Zorrilla58.

En 1869, la élite monárquica mantuvo la suficiente cohesión como para negociar y aprobar en menos de cuatro meses una Constitución (vigente en gran parte hasta 1874), aunque más adelante se dividió, haciendo inviable la Monarquía. Por el contrario, la élite republicana federal llegó ya escindida al poder en 1873 y apenas pudo materializar su proyecto político antes de naufragar la República. Las dos reformas más trascendentales del período republicano, la supresión de las quintas y la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, se debieron a la Asamblea Nacional que dominaban los radicales. Al fracasar éstos en el golpe de Estado de abril, el Gobierno republicano quedó con las manos libres para imitar al gobierno provisional de 1868 realizando las reformas prometidas mediante decretos «revolucionarios», pero no lo hizo y prefirió hacer unas elecciones democráticas (mayo) y esperar a la reunión de la Asamblea Constituyente (junio) para que ésta las llevase a cabo. Esta decisión desunió aún más a los republicanos y les impidió conseguir el consenso necesario para impulsar la Constitución federal, favoreciendo su falta de unidad a los carlistas y a otros enemigos de la República (una dificultad que no tuvieron los constituyentes monárquicos al vencer con facilidad los alzamientos de 1869). El enfrentamiento armado entre los propios republicanos, desde julio de 1873, hizo impracticable el proyecto federal, aunque las últimas esperanzas no desapareciesen hasta el golpe de Pavía59. Efectivamente, sin nueva Constitución no hubo federación; se mantuvo, pues, el Estado unitario. Tampoco se dio la separación Iglesia-Estado, ni se realizó el Plan nacional de enseñanza primaria ni tomó vuelo la reforma agraria. Ciertamente se promulgaron algunas medidas (como las laborales, la redención de foros, la libertad para 10.000 esclavos), pero éstas fueron percibidas como insuficientes para satisfacer las ansias de cambio político y social generadas en el movimiento republicano60. La creación de un cuerpo de ejército profesional formado por voluntarios pagados que pudiese hacer frente a la guerra carlista (y luego a la cubana) y terminar con la indisciplina en el ejército, que favorecía las posturas golpistas, fue una de las reformas clave para la viabilidad del régimen republicano, pero también fracasó - quizá por falta de fondos con gran rapidez. La República fue un régimen parlamentario transitorio, de corte asambleario, que llegó a dar poderes extraordinarios al poder ejecutivo, haciendo pleno uso de ellos el gobierno de Castelar. Su política de orden público, que emulaba la de Prim, suspendiendo las garantías constitucionales y la propia Asamblea Constituyente y ejecutando penas de muerte (cuando su abolición era punto capital del programa republicano), fue algo que aproximó la República Federal no sólo a la monarquía, por poner los derechos de la Nación y de la República por encima de los individuales, sino también a la república unitaria, por ser propensa a la dictadura, que llegó, tras retirar la Asamblea su confianza a Castelar, con el golpe militar de 3 de enero de 1874, poniendo fin al último ensayo democratizador legitimado en la soberanía nacional que había proclamado la revolución Gloriosa del 868.

ROMÁN MIGUEL GONZÁLEZ

Universidad de Cantabria

Agradezco a los participantes en el Seminario de Historia cultural del Departamento de Historia contemporánea de la Universidad de Valencia sus críticas, reflexiones y apreciaciones respecto a una primera y más reducida versión de este texto.

En los últimos años hay una tendencia creciente entre los investigadores del republicanismo histórico español a asumir el paradigma de análisis de las culturas políticas desde una perspectiva abierta a múltiples influjos teóricos y metodológicos2. Reconstrucciones de la cultura obrera en la línea abierta por E.P.Thompson, análisis de la movilización social y de la acción colectiva, acercamientos postestructuralistas a la formación y desarrollo de los discursos e identidades colectivas, reconstrucción e interpretación de las prácticas de sociabilidad, análisis de la formación de los conceptos políticos... constituyen algunas de las principales derivas que el nuevo análisis cultural español ha desarrollado en los últimos años consolidando la línea marcada por algunos trabajos señeros de la década de los 903.

No obstante, en la mayor parte de estos trabajos se percibe una tendencia muy marcada a centrarse en la Restauración borbónica, lo que, si bien generó un conocimiento histórico exhaustivo de la pluralidad político-cultural republicana y obrerista del período que va desde la Restauración borbónica a la Segunda República, por otra parte se dejaban desdibujados tanto los inicios de la movilización popular de masas, como la propia articulación de las culturas políticas y movimientos sociales republicano-democráticos y obreristas.

Al efecto, abordar de manera sistemática la formación histórica de los movimientos republicanos prerrestauracionistas creo que es relevante no sólo para la reconstrucción del propio republicanismo histórico español, sino también para poder interpretar adecuadamente el devenir del primer ciclo de democratización entre la Revolución Liberal y la Primera República. Este período histórico tendía a quedar interpretativamente supeditado a lo que parecía aceptarse como una evolución liberal traumática, a la cual las movilizaciones populares democráticas y republicanas sólo aportaban un mayor desquiciamiento y turbulencias, protagonizadas por unas masas políticamente manipuladas, ignorantes o dotadas de estructuras mentales simples, apegadas a lo cotidiano y sumidas en una especie de minoría de edad.

No sólo la historiografia liberal y conservadora, más apegada siempre al estudio de las élites y partidos gobernantes que al de los movimientos populares, sino también la propia historiografia - en principio - apologética de las clases populares y sus movilizaciones revolucionarias tendía claramente a presentamos los movimientos republicanos y obreros preclasistas, de este primer ciclo de democratización, como sumidos en esa especie de minoría de edad. Por el contrario, tanto los estudios de las culturas políticas populares republicanas y obreristas centrados en la Restauración, como la magnitud de lo acaecido durante el Sexenio y la Primera República, permitían intuir que, en el primer ciclo de democratización, los agentes históricos republicanos, que se movilizaron, desarrollaron mucho más que turbulencias, desquiciamientos y masas populares ingenuas y manipuladas por agitadores de café.

Al respecto, es necesario partir del hecho de que la renovación teórica y metodológica del nuevo análisis cultural - en el que tiene un papel central el estudio de las culturas políticas - realiza especial hincapié en la quiebra de las concepciones esencialistas y apriorísticas de los agentes históricos, así como en la transformación del binomio Sujeto/Objeto - que articula la Teoría del Conocimiento - en una tríada Realidad/Discurso/Conciencia en la que, como elemento mediador de toda percepción, se sitúan unas rejillas que condicionan la forma en la que el sujeto se abre al mundo, la forma en la que percibe los objetos e incluso a sí mismo. Las categorías simbólicas, los marcos culturales, los discursos, las metanarrativas, los habitvs, las tradiciones o como quiera que lo denominemos constituyen estas rejillas que, a modo de tamices y matrices, habilitan y condicionan nuestra percepción del mundo social y nuestra forma de construirlo y reconstruirlo. Es por ello por lo que las rejillas discursivas, los conceptos, los marcos culturales, etc., han sido ubicados en el centro del pensamiento filosófico y han cobrado tanta relevancia para la investigación y la reflexión teórica de las ciencias sociales y humanas4.

Respecto a los agentes históricos, el nuevo paradigma de análisis cultural produce la quiebra de su concepción esencialista5. Como había comenzado a mostrar ya E.P.Thompson respecto a la clase obrera, son el resultado de un proceso de autoconstitución identitaria6. Los agentes históricos colectivos no le son dados a priori al investigador para que éste los analice y diseccione objetivamente en sus trabajos, sino que, por el contrario, los agentes pasan a ser concebidos como el producto, siempre inacabado y en transformación, de procesos de construcción cultural e histórica a través, por un lado, de rejillas discursivas y marcos culturales y, por otro, de redes de asociación, prácticas de sociabilidad y acciones colectivas. Los agentes colectivos no son, por tanto, algo dado, cuya esencia emane del carácter de cada forma de sociedad, sino sujetos en continua construcción de sus identidades, de sus interpretaciones de la realidad y de su pasado, de sus horizontes de expectativa, de su repertorio de acción colectiva, de sus prácticas de sociabilidad...

En este sentido, repensar la formación de los agentes históricos colectivos y de sus culturas políticas - del republicanismo histórico español nos obliga a desentrañar la genealogía de las diferentes tradiciones culturales republicanas, como paso previo a la clarificación de las identidades colectivas o nosotros en tomo a las que se encuadraron y movilizaron centenares de miles de españoles durante el tercer cuarto del siglo xix. Al respecto, es importante destacar las teorías de la movilización social y de la acción colectiva, especialmente las englobadas en el llamado paradigma de la identidad, por cuanto se centran en el análisis de los factores culturales que explican el surgimiento y funcionamiento de las identidades colectivas y, conscientemente, tienden a converger con el denominado nuevo análisis cultural'.

Así, asumiendo tanto el axioma teórico de la mediación cognoscitiva y constitutiva de la realidad, como la premisa metodológica de la necesidad de que el análisis de los discursos preceda al de los agentes históricos, al de las prácticas sociales y al de la propia sociedad - al menos a la interpretación de la lógica que la articula, hemos tratado de repensar la formación de las tradiciones discursivas republicanas españolas del siglo xix y la articulación, a partir de dichas tradiciones, de las identidades colectivas, representaciones de la realidad, narraciones simbólicas y horizontes de expectativa de los movimientos sociales y partidos políticos del republicanismo histórico.

De ello nos ocuparemos en el primer apartado, mientras que en el segundo abordaremos -a la luz de los significados que nos ofrecen sus discursos y culturas políticas

la interpretación de sus prácticas sociales durante el Sexenio democrático y, sobre todo, durante la Primera República. Con ello, aunque de forma probablemente demasiado sintética, creo que podré mostrar tanto las interpretaciones que he realizado de las culturas republicanas históricas españolas y de su papel en el devenir de la España decimonónica-, como el entramado teórico y metodológico sobre el que han sido construidas tales interpretaciones: del análisis de los discursos y su genealogía hacia el de los agentes históricos y sus identidades, desde éstos al de sus prácticas sociales y, a través de ellas, hacia el del espacio social en su conjuntos.

LAS CULTURAS POLÍTICAS DEL REPUBLICANISMO HISTÓRICO ESPAÑOL

En otros trabajos ya he analizado en detalle la genealogía y entramado de los discursos característicos de las culturas políticas republicanas españolas del siglo xix9, por lo que aquí trataré de ofrecer una interpretación general de las que considero que eran las potencialidades principales que contenían tales culturas políticas, lo que me permitirá abordar adecuadamente la interpretación, a su vez, de las prácticas sociales que centenares de miles de españoles desarrollaron durante la Primera República.

El proceso de formación de las culturas políticas republicanas tiene un punto de inflexión determinante durante la década de 1860 - período que puede retrotraerse hasta el Bienio progresista - por dos razones. En primer lugar porque el fortísimo revival neojacobino, que caracterizó a la mayor parte del republicanismo francés, italiano y español del segundo cuarto del siglo xix1°, deja paso a un período caracterizado por la pluralidad discursiva y, sobre todo entre las nuevas generaciones de republicanos, por la desconstrucción de la tradición jacobina, romántica y humanitarista. En segundo lugar porque, a lo largo de esa década y de forma exponencial a partir de 1868, los discursos republicanos trabajosamente elaborados durante décadas - entran en acción desarrollando socialmente el potencial identitario y movilizador que contenían. Sus imaginarios sociales, narraciones del devenir y horizontes de expectativa generan, en las mentes de miles de españoles, identidades colectivas e interpretaciones compartidas de la realidad económica, política o cultural de la sociedad española, así como aspiraciones comunes respecto a cómo debe reorganizarse en el futuro dicha sociedad.

Dos factores son decisivos para comprender por qué la pluralidad de culturas políticas no se manifestó abiertamente en el republicanismo histórico español hasta bien entrado el Sexenio democrático incluso durante la Primera República y la parte decimonónica de la Restauración borbónica subsistirá cierta ambigüedad-. Por un lado, las identidades no se articulan esencialmente aunque sean sentidas y vividas de esa manera por los individuos y colectivos-, sino que se articulan relacionalmente, se definen y se redefinen constantemente, sin llegar nunca a suturarse, frente a uno o varios otros. Así, la identidad colectiva o nosotros republicano-demócrata previa a la Revolución de 1868 es definida prioritariamente por la presencia de un poderoso otro. La oposición a las que consideraban oligarquías monárquico-constitucionales isabelinas, que hegemonizaron la construcción del Nuevo Régimen español entre las décadas de 1840 y 1860, constituyó para los republicanos españoles un factor identitario mucho más determinante que la conflictiva clarificación semántica que - de forma paralela a la deconstrucción de la tradición neojacobina estaban llevando a cabo de categorías discursivas como Derechos naturales, República, Nación, Democracia, Federación, Pueblo, Progreso, Estado, Ciudadanía, Moral, Economía política, Ciencia Social, Emancipación social o Revolución.

Esa interpelación común, a la que se veían sometidos todos los republicanos durante la Época isabelina, venía acompañada por una inercia de décadas a encuadrarse en una única red de asociación, movilización y sociabilidad. Al menos desde el Trienio esparterista hay una clara tendencia a articular el movimiento republicano como - según las categorías uti lizadas en la época - Partido Popular, como el partido en el que el Pueblo español en su conjunto deposita su voluntad general y se encuadra para llevarla a cabo. En la tradición republicana neojacobina, una exclusivamente es la voluntad general popular y uno es el pueblo, por lo que unívocamente éste se ha de movilizar y aquélla manifestarse en pro del bien común. Por ello, desde su comienzo a principios de la década de 1860 y hasta la Primera República, la clarificación identitaria, discursiva y programática de las culturas políticas republicanas españolas gira en tomo a la hegemonización del proceso de definición del, en consecuencia, único significado posible y legítimo que de la Democracia, la República, la Federación... debía figurar en el programa oficial del Partido Popular español.

El resultado práctico es que ambos factores - la definición identitaria por oposición al otro oligárquico isabelino y la imposibilidad de aspirar a movilizar legítimamente al Pueblo español fuera del Partido Popular motivan que las diferentes culturas políticas y movimientos sociales republicanos malvivan en el Partido Demócrata Español y, desde 1868, en el Partido Republicano Democrático Federal (PRDF). Cada vez más claramente los diversos movimientos sociales republicanos segregan los espacios de sociabilidad y de asociación, hasta el punto de que en 1872 el PRDF institucionalmente no existe. Su asamblea nacional no tiene quórum suficiente para constituirse, su Directorio central prácticamente no es obedecido por las bases, en muchas localidades los comités se han duplicado y se hallan abiertamente enfrentados, cada cultura política y movimiento social tiende a crear también sus propios clubes y, sobre todo, se genera la segregación clara de cada colectivo en batallones diferenciados de las milicias populares de Voluntarios de la República creadas desde febrero de 1873. El colofón lógico de todo este proceso se produce durante la Restauración borbónica con la tendencia clara de los diversos movimientos y culturas políticas republicanas a su institucionalización en partidos políticos ya plenamente diferenciados.

Durante la República Federal Española, puestos en la tesitura de desarrollar en un Estado y en una Sociedad los horizontes de expectativa contenidos en sus culturas políticas, los movimientos republicanos se enfrentarán entre sí con tanto o mayor vigor que el que anteriormente habían demostrado de forma conjunta contra el régimen isabelino, la monarquía de Amadeo 1 o, en algunas regiones como Cataluña, contra el carlismo. La construcción institucional, legal, socio-económica... de la España moderna como República Democrática Federal se lleva a cabo con la misma conflictividad con la que se estaba produciendo la eclosión de la pluralidad cultural republicana. A ello nos acercaremos en el siguiente apartado, pero antes expondremos los ejes articuladores y los caracteres centrales de cada una de las culturas políticas, ya que nos proporcionarán los parámetros desde los que interpretar adecuadamente las prácticas sociales que los movimientos republicanos históricos desarrollaron para llevar a cabo en 1873 sus concepciones particulares de la Revolución Democrática.

Entre el revival neojacobino iniciado en España al menos desde la década de 1830-y la Primera República existió una tradición republicana jacobina española, la cual fue hegemónica en el republicanismo histórico hasta la década de 1860 y pervivió, como una de sus culturas políticas, durante el resto del siglo xix". A pesar de que se trans formó relacionalmente -al contacto con las otras tradiciones republicanas históricas, mantuvo unos ejes básicos a lo largo de todo el período.

El primero de ellos fue su discurso maniqueo, conflictivo y providencialista basado en un imaginario dicotómico (Pueblo vs. Oligarquía) y en una fe mesiánica en que el Pueblo español como el resto de pueblos que componían la Humanidad estaba llevando a cabo, como un ser colectivo viviente, una epopeya colectiva revolucionaria en pro de su emancipación frente a las oligarquías de todo cariz, tal y como providencialmente Dios había fijado en su Plan para la Humanidad.

El futuro reservado a los pueblos libres era la República, entendida como Democracia popular, como el Pueblo mismo en ejercicio directo y continuo de su soberanía. La plasmación real y categórica de la soberanía popular implicaba la inversión de las relaciones de poder de tal manera, que el propio Pueblo - nuevamente como un ser colectivo viviente - manifestaría en todo momento su voluntad general a través, por un lado, de su control férreo del sistema jurídico, político y militar (jurado popular, mandato imperativo y responsabilidad personal para los diputados, plebiscitos, monopolio de la violencia pública mediante milicias populares que sustituirían a los ejércitos permanentes, etc.) y, por otro lado, transformando las relaciones socio-económicas para crear una amplia ciudadanía de pequeños propietarios libres e independientes. Este último aspecto se desarrollará notablemente en el discurso republicano español de tradición jacobina desde la década de 1850, hasta el punto de que en el Sexenio la plasmación de esa tradición será claramente jacobino-socialista.

El segundo gran eje articulador de la cultura política republicana española de tradición jacobina fue el modelo o estereotipo de militante revolucionario, elaborado durante décadas. La absoluta preeminencia simbólica del estereotipo de Pueblo sobre los individuos concretos no sólo determinaba las aspiraciones compartidas --la Democracia basada en la soberanía popular absoluta, sino que también determinaba la identidad de los individuos concretos como actores secundarios en una gran epopeya o trama histórica, la cual, al articularse como maniqueísmo ultraconflictivo, les generaba una actitud vital marcada por la lucha y la rebeldía. Partiendo del estereotipo lamennaisiano y humanitario del predicador-profeta de la buena nueva revolucionaria contenida en el Plan providencial divino, el antihéroe romántico impío y calavera pero osado y valiente - se convertirá, merced a su conversión a la sagrada causa de la libertad de los pueblos, en el titán revolucionario capaz de enfrentarse, si es necesario, él solo contra todo lo que lo rodea y sacrificar en el empeño su existencia individual en aras de la epopeya emancipatoria colectiva.

Seres excepcionales - como lo era el incorruptible Robespierre - que no sólo tenían que comandar al Pueblo en su lucha, sino que también, por ello mismo, eran los auténticos depositarios de la voluntad general hasta que el propio Pueblo pudiese constituirse, tras la Revolución, como ciudadanía libre e independiente12. Éste es el fundamento del tercer rasgo de la cultura política republicana jacobina española: el sustitucionismo y vanguardismo revolucionarios. Como sucedía con el blanquismo en Francia, la lucha revolucionaria final entre el Pueblo y la Oligarquía había de ser preparada, lanzada y dirigida por estos titanes revolucionarios, que tienden a encuadrarse y éste es el cuarto eje articulador de esta cultura política - en sociedades secretas de corte carbonario, en muchas ocasiones de forma paralela a su militancia en el Partido Popular y en asociaciones de carácter público.

Aunque la tradición asociativa secreta carbonaria española hunde sus raíces en el Trienio liberal y persiste durante las décadas de 1830 y 1840, es probablemente con el movimiento neocarbonario jacobino-socialista de fines de la década de 1850 con el que el titanismo revolucionario y el asociacionismo secreto se integran plenamente en el imaginario y prácticas de la cultura política popular republicana en formación, sobre todo a través de mitos con enorme carga simbólica, como la del mártir republicano por excelencia, Sixto Cámara. Durante el Sexenio hubo varias organizaciones secretas jacobinosocialistas (Centro de Acción Revolucionaria en 1869, Consejo Provisional de la Federación Española en 1872 y Centro Revolucionario Federal en 1873) paralelas a las instituciones de partido e incluso a las redes de clubes, gabinetes de lectura, asociaciones popular-obreras, etc.

En resumen, la cultura política republicana española de tradición jacobina era una cultura de lucha y acción revolucionarias que, como producto que era de la Época romántica, se sostenía sobre una serie de místicas o anclajes espirituales y trascendentes: la fe en la pureza e infalibilidad de todo pueblo libre, la concepción de los pueblos como comunión humana, la creencia en la purificación revolucionaria de las naciones, la mística providencialista neocristiana del progreso imparable, el mesianismo apocalíptico que les hacía estar convencidos de que vivían en la época -a las puertas de una especie de Armagedón más decisiva de la Historia...

Como revisión crítica de esta tradición republicana jacobina13, la cultura política demosocialista se forjó en un espacio discursivo y de movilización social que, adaptando el concepto que William Sewell utilizó para la Francia de la Época de Orleans14 hemos denominado República Obrera. Al margen de lo acaecido durante el Trienio esparterista, es desde el Bienio progresista cuando el asociacionismo popular-obrero posgremial y algunos sectores de la Democracia socialista republicana entablan una fecunda interacción, que dura, al menos, durante el resto del siglo xix y que conlleva tanto la modernización del movimiento asociativo popular-obrero, como la redefinición estructural de la Democracia socialista desde la tradición jacobina hacia el demosocialismo.

El objetivo último de la cultura política demosocialista era la transformación estructural del Estado y Sociedad españoles resultantes de la Revolución liberal aún en curso. Para ello, al igual que los socialistas jacobinos, también creían que era vital invertir las relaciones de poder entre la oligarquía y el pueblo, pero la colectividad o pueblo ya no es concebida como un ser con un espíritu y destino fijados de forma providencial, ante lo cual los individuos concretos son meros accidentes con una esencia y existencia secundarias. Por el contrario, fruto de esa relación con el asociacionismo popular-obrero, el Pueblo o Pueblo obrero, como lo llaman ya, es la denominación colectiva que se le otorga al conjunto de ciudadanos autónomos concretos, dotados de una moral pública basada en la Ley moral que se manifiesta a la razón humana a través de los imperativos categóricos - que les habilita para vivir en comunidad.

Por ello, el demosocialismo y la República Obrera aspiran a la conversión de los españoles del tercer cuarto del siglo xix en una sociedad de ciudadanos autónomos, para lo cual creían ineludible la satisfacción de las facultades naturales físicas, morales e intelectuales de cada individuo. Al respecto, la transformación del Estado en una República de comunas o municipios democráticos federados, la redefinición estructural de las relaciones socio-económicas y la instrucción generalizada eran considerados asuntos clave y prioritarios.

Esto significaba una doble revolución democrática y social que, en última instancia, suponía el arrumbamiento de la Sociedad y Estado liberales o liberal-oligárquicos e incluso liberal-democráticos, por cuanto dibujaba una legalidad y esfera de legitimidad democráticas con las que, explícitamente, aspiraban a la hegemonía política de las clases populares, a la eliminación de la usura, de las acumulaciones de capital y de los intermediarios en el sistema de producción e intercambio económicos, e incluso aspiraban a la destrucción progresiva del propio Estado moderno hasta parar en la Anarquía.

Todo ello acaecería de forma progresiva mediante un proceso de retroalimentación entre la ciudadanización de los españoles y el desarrollo del aparato jurídico-institucional a través de formas cada vez más perfectas: de la República democrática a la Federación democrática, desde ésta al Comunalismo demosocialista y finalmente por la acción de las asociaciones de la República Obrera y de la AIT en los municipios autónomos hacia la Anarquía, hacia la sociedad de ciudadanos-productores libres y morales.

Desde sus inicios con la Sociedad de tejedores de Barcelona15, el movimiento asociativo popular-obrero posgremial es concebido por sus militantes como mecanismo independiente de todo partido político y orientado a la resistencia a la proletarización, tanto a través de los socorros mutuos, como de las cooperativas, las negociaciones colectivas o las huelgas. Sin embargo, también desde sus inicios, los trabajadores asociados desarrollan una estrecha relación con la Democracia republicana, sobre todo desde la campaña, durante el Bienio progresista, en defensa de la libertad de asociación. A partir de ese momento, en el marco de la República Obrera, el asociacionismo popular-obrero moderno, que viene formándose desde comienzos de la década de 1840, experimenta un profundo giro demócrata-republicano.

Al contacto con la Democracia socialista republicana, el movimiento asociativo popular-obrero no sólo tiende hacia el cooperativismo y multiplica el número de sus militantes y sociedades, sino que sobre todo expande notablemente su horizonte de expectativa. La reorganización de sus mundos socio-laborales - quebrados por la Revolución Liberal al desmontar la organización corporativa gremial del trabajo y de las relaciones socio-laborales - se concibe ya como un proceso inseparable de la reorganización de la Sociedad y Estado españoles en su conjunto. Tal reorganización se esperaba llevar a cabo conforme al discurso y proyecto de futuro demosocialistas, de tal manera que, a principios del Sexenio, el grueso del asociacionismo popular-obrero gran parte del cual se dará cita en el Congreso obrero español de 1870 - creía que la emancipación del Pueblo obrero pasaba por la Revolución democrática y la implantación de una República federal cuyo eje básico fueran las comunas o municipios autónomos.

En tales municipios, como habían proclamado Pi y Margall, Suñer, Roig, Beltrán, Garrido y otros muchos durante años, se habría de producir de forma legal toda una revolución democrática y social a través de las mayorías popular-obreras en los órganos de gobierno locales, a través de la reforma agraria en función de la utilidad pública, a través del intercambio directo de productos y el crédito gratuito entre ciudadanos individuales o asociados, a través del jurado popular, a través del monopolio de la violencia pública por la propia ciudadanía encuadrada en las milicias municipales, a través de la instrucción y moralización pública generalizada, etc.

A partir del Congreso obrero español de 1870 y hasta 1873, en el marco de la Federación Regional Española de la AIT se produce una creciente autonomía organizativa de buena parte del asociacionismo popular de la República Obrera, pero sin romper con el discurso y aspiraciones básicas de la cultura política republicana demosocialista16 Será esta República Obrera, revitalizada notablemente por la mitificación de La Comuna de París, el agente histórico colectivo que protagonice la Revolución democrática y social popular federalista desde abajo en 1873.

La cultura política demoliberal es también el fruto, como el demosocialismo, de la decontrucción del acervo jacobino, romántico y humanitarista del republicanismo de las décadas de 1840 y 1850. Pero, a diferencia del demosocialismo, no aspira a transformar el Estado y Sociedad liberales, sino solamente a profundizar su deriva hacia la Democracia liberal-representativa y hacia el librecambismo'. Una concepción mucho más restringida de la naturaleza humana, de claro abolengo liberal lockeano, servía de punto de referencia discursivo para desarrollar un proyecto de Revolución democrática muy similar -y claramente deudor de él - al que Alexis de Tocqueville enunció en su recreación de Estados Unidos".

En los debates en el Ateneo de Madrid y, sobre todo, en el marco de la polémica entre demócratas socialistas e individualistas se produjo la formación relacional del discurso e identidad del republicanismo demoliberal posjacobino. Su narración del devenir de España y su horizonte de expectativa al respecto conformaron, sobre la base del economicismo bastiatiano y el idealismo alemán, los parámetros básicos de la República aceptable -o posible según la expresión utilizada por el propio Castelar años después - a la que debía conducir la Revolución democrática española. Al igual que Tocqueville, creían que la evolución de las sociedades cristianas u occidentales hacia la Democracia era un proceso providencial e imparable, el cual, para evitar las derivas en exceso igualitaristas y socialistas, debía de ser controlado e impulsado por el sector de las élites sociales que había comprendido la inevitabilidad de la democratización de las sociedades civil y política y, por tanto, de la integración de las masas populares en la política.

La preeminencia que los demoliberales españoles concedían a la Nación en su imaginario social y narración simbólica, como ser dotado de un genio o espíritu formado a través de la Historia, convertía al Estado-Nación en su conjunto en el sujeto o protagonista de esta Revolución democrática providencial e imparable, que había de ser controlada, impulsada y diseñada desde arriba. Su concepción de la representación política

-nacional y meritocrática-, su federalismo concebido como descentralización meramente administrativa, su máxima machaconamente repetida de que la Libertad había de ser el principio rector de todas las relaciones sociales, su antiintervencionismo estatal, su defensa a ultranza de la propiedad privada - entrelazada con la defensa del reparto vigente de la propiedad y, sobre todo, su afán por desligar y diferenciar completamente hasta el punto de concebirlos como incompatibles - la Democracia y el Socialismo permiten afirmar que el referente nacionalista españolista, el dirigismo, el antisocialismo y la imposición de férreos límites a la evolución de la democratización constituyeron coordenadas clave del discurso y prácticas sociales del republicanismo demoliberal durante el Sexenio y la Primera República. Eran coordenadas no sólo diferentes, sino incluso antagónicas respecto al Demosocialismo republicano y a las decenas de miles de federalistas e internacionalistas que se movilizaron en la Revolución comunalista de 1873.

Desde los inicios del Sexenio, una parte importante - sobre todo por su influencia intelectual de este demoliberalismo se desmarca abiertamente del economicismo, antiintervencionismo e individualismo. A partir de las premisas sentadas por Francisco Giner de los Ríos, destacados intelectuales - eminentes tribunos en el lenguaje de las bases federalistas - demokrausistas como Salmerón, Calderón, Pedregal, Palanca o Labra recuperan la función tutelar del Estado y dotan de contenidos semánticos nuevos al concepto de Nación, concebida como comunidad social articulada orgánicamente a partir de un principio manifestado a través del Estado como Derecho-- que, en cada momento histórico, se correspondía con los fines racionales concretos que esa sociedad debía desarrollar en su camino hacia el progreso.

A su entender, el siglo xix había disuelto completamente el antiguo principio articulador de la comunidad española, por lo que era necesario establecer un nuevo principio orgánico que la articulase. Éste habría de ser la justicia integral (política, socio-económica...) y en función de él habría de desarrollarse a partir de la Revolución democrática - todo el entramado institucional y legal de la Sociedad y Estado democráticos españoles. De este modo, el Derecho, para los demokrausistas, al ser la manifestación histórica del principio que articulaba orgánicamente a la comunidad social, no podía ni debía ser comprometido en la defensa de un sistema de propiedad, un orden social establecido o cualquier otra institución conformada históricamente. Por el contrario, toda ley e institución debía estar subordinada y servir al desarrollo del principio orgánico articulador de la sociedad. Durante el Sexenio, los demokrausistas no rehuyeron las consecuencias más radicales que se derivaban de sus planteamientos y, explícitamente, Salmerón, Calderón o Robles Mateu manifestaron la posibilidad de la transformación del sistema de propiedad vigente en función de la justicia integral, en función del nuevo principio articulador del democráticamente reconstituido Estado-nación español.

Además de este enorme campo teórico abierto al reformismo social, económico, político y cultural - complementado con las dosis de intervencionismo estatal contenidas en la función tutelar que le conferían al Estado respecto al desarrollo de los fines racionales contenidos en el principio orgánico-, los demokrausistas, merced también a su nueva concepción organicista de la Nación, creían que, si bien el fin de ésta era el eje prioritario en la constitución del Estado y en la promulgación del Derecho, por otra parte, una vez consolidados ambos, era el momento de dar plena realización a los derechos o fines de las partes que orgánicamente constituían el Estado-nación. De ello derivaba una concepción del federalismo diferente a la mera descentralización administrativa prescrita por los demoliberales individualistas - siguiendo fielmente la teorización de Tocqueville al respecto-, de manera que no sólo era legislable toda institución, como hemos visto, sino que tal proceso de legislación podía ser descentralizado.

Ni el proyecto constitucional genuinamente demokrausista19, ni la producción cultural de Salmerón, Calderón, etc., nos permiten interpretar hasta dónde estaban realmente dispuestos a llegar al respecto en una República plenamente consolidada, pero sí manifestaron repetidamente que todas las transformaciones socio-económicas, políticas, etc. - que habrían de producirse con el desarrollo de todas las potencialidades racionalizadoras contenidas en el nuevo principio orgánico de la sociedad democrática española tendrían que llevarse a cabo de forma lenta y progresiva, sin afectar nunca a la unidad de la comunidad nacional española.

En este sentido, pensaban que el Estado español - constituido tras la Revolución liberal era deplorable porque carecía de un verdadero principio orgánico racional y porque era utilizado como un instrumento de dominación por los sectores sociales que con la Revolución liberal habían llevado a cabo la demolición del anterior principio articulador de la comunidad española. Sin embargo, creían firmemente que era necesario - cuando estuviese en peligro salvarlo a todo trance, porque, aunque carente de un verdadero principio orgánico articulador, era el único pegamento social que le quedaba a la comunidad española y, por ello, la tabla de salvación para su continuidad his tórica. Lo contrario era la anarquía, la disolución social y un viaje a lo desconocido en extremo peligroso, sin rumbo fijo ni racional y, por ello, la ruptura de la senda del progreso racional. Para comprender el sentido de las acciones de los demokrausistas y también de otros colectivos republicanos durante la Primera República, debemos tener muy en cuenta tanto el enorme potencial reformista de su discurso, como su temor a la disolución del Estado y a la anarquía.

LA REVOLUCIONES DEMOCRÁTICAS FEDERALISTAS DE 1873

El análisis de las culturas políticas abarca tanto los discursos, que forjan las identidades, representaciones y aspiraciones compartidas, como las prácticas sociales. Respecto a éstas existen dos grandes campos sin frontera real que los separe: el de la sociabilidad y el de las acciones colectivas. El primero hace referencia sobre todo a los mecanismos e instituciones ordinarios y extraordinarios que recrean y ritualizan el marco cultural, cohesionan el grupo y encuadran a las bases de los movimientos20. Mi análisis de las prácticas republicanas se orienta hacia el segundo campo, hacia la interpretación de las acciones colectivas de los movimientos republicanos durante el Sexenio democrático y, sobre todo, la Primera República. Al respecto, hay que señalar que la reconstrucción de las genealogías discursivas y de la formación de los movimientos y culturas políticas no sólo nos permite reconocer qué agentes históricos republicanos se constituyeron y movilizaron en el Sexenio, sino que además nos proporciona los marcos de inteligibilidad adecuados para poder interpretar el sentido y objetivos de sus prácticas sociales.

Hubo dos ámbitos o niveles de acciones colectivas republicanas durante la Primera República. Por un lado, en la Asamblea constituyente de la República federal se trataba de reorganizar institucionalmente el Estado español para construir una nueva legalidad democrática y federal, con la que esperaban que se generase una nueva realidad. Por otro lado, a escala local y provincial, en centenares de pueblos y ciudades las masas federalistas trataron de revolucionar su realidad cotidiana como paso necesario para construir la nueva legalidad democrática y federalista. Dejaremos para mejor ocasión la exposición detallada de la Revolución popular federalista y nos centraremos en el ámbito de la Asamblea constituyente, por cuanto el espacio de que disponemos en este trabajo es reducido y es en el proceso de reconstrucción del Estado y legalidad españoles desde arriba donde se manifiestan las acciones colectivas de todas las culturas políticas republicanas, mientras que la revolución popular es un fenómeno prácticamente exclusivo de la República Obrera y de la cultura política demosocialista.

A fines de mayo de 1873, unos pocos días antes de comenzar las sesiones de la Asamblea constituyente, los horizontes de expectativa de la mayor parte de las culturas políticas republicanas y el espíritu reformista tanto en lo político como en lo social-, que predominaba abrumadoramente en la prensa republicana, generaron un ambiente hegemónico en el PRDF que se intuía iba a articular la mayoría en la asamblea y a inspirar la elaboración de la Constitución y del entramado institucional de la República. Aparte de un reducido grupo de diputados no republicanos, la Constituyente estaba compuesta por más de 300 diputados que oficialmente pertenecían al PRDF pero que desde las primeras sesiones - incluso a la hora de elegir el escaño en el que ubicarse demostraron que formaban cuatro grupos parlamentarios bien diferenciados. Aunque con límites difusos, cada grupo contaba con núcleos directores claros, cuyos miembros se correspondían con los principales productores y difusores de las categorías simbólicas de cada una de las cuatro culturas políticas republicanas.

Así, los demoliberales individualistas --que se sentaron en la parte derecha de la Cámara - formaron una disciplinada derecha en tomo a, entre otros, Castelar, Maisonnave y Güell. Los demoliberales reformistas - compartían los escaños de la parte central de la Cámara con los demosocialistas - estaban claramente liderados por Salmerón, Palanca y Pedregal. Los demosocialistas, debido a la actitud de Pi y Margall de personificar la conciliación de fracciones republicanas, carecieron de un liderazgo claro, teniendo como referentes a sus diputados más activos: Suñer y Capdevila, Vallés y Ribot, Carner o Pérez Costales. Finalmente, los socialistas jacobinos tenían como referente real a Francisco Casalduero y como referente honorífico a un desorientado José María Orense.

Ante la euforia reformista que parecía que iba a presidir la Constituyente, parte de la prensa no republicana construyó simbólicamente - como reverso del espíritu reformista republicano-- el miedo al rojo y a la inminente amenaza socialista que, a su entender, la República cernía sobre España21. A dar pábulo a tales ideas contribuyó la actitud de las vanguardias revolucionarias jacobino-socialistas que, desde el comienzo de la República, se autoerigieron en los auténticos representantes de la voluntad general del pueblo español, así como en los depositarios de la legitimidad para instaurar revolucionariamente el reinado del bien común y la soberanía popular. Por ello, cuando la Constituyente rechazó su proposición de autoproclamarse Convención revolucionaria regida por un Comité de Salud Pública y cuando se vieron apartados de los gobiernos de concentración republicana, que en junio formó Pi y Margall, negaron la legitimidad de la Asamblea constituyente y se lanzaron en una huida hacia delante que desembocó en la sublevación cartagenera del 12 de julio de 1873. Es muy importante resaltar que esta sublevación apenas fue secundada por las bases federalistas. Sólo una semana después, una vez se conoció la dimisión de Pi y Margall, se lanzó la revolución popular federalista.

Al contrario que el Consejo Provisional de la Federación Española, que los socialistas jacobinos crearon en Cartagena, la gran mayoría de los municipios y cantones, que desde el 18 de julio proclamaron su autonomía, reconocían y acataban la autoridad y legitimidad de la Asamblea constituyente, afirmando que no se sublevaban, sino que ponían en funcionamiento la nueva legalidad democrático-federal, cuyo desarrollo práctico los diputados de la Asamblea constituyente estaban incomprensiblemente retrasando. En este sentido, incluso los cantones y municipios autónomos hegemonizados por internacionalistas, como el de Sanlúcar de Barrameda22, actúan conforme al proyecto de futuro demosocialista, aspirando a apuntalar la legalidad democrático-federal como paso previo al reconocimiento de la autonomía de los municipios y cantones. Tras ello, legal y legítimamente, mediante el control democrático popular-obrero de las instituciones, se produciría la evolución progresiva hacia la revolución social y, en último término, hacia la Anarquía.

Aunque, como hemos mencionado, no es momento de analizar en detalle la evolución de la República Obrera durante el Sexenio ni la Revolución popular que ésta desarrolló en 1873, sí que es necesario reseñar que sus acciones colectivas, en pro de la República Democrática Federal y Social comunalista, constituyeron la verdadera amenaza socialista que los republicanos demoliberales individualistas temieron y contra la que reaccionaron.

En la Asamblea, los diputados demosocialistas (Vallés i Ribot, Correa Zafrilla, Carner, Suñer y Capdevila, etc.) se afanaron, sin éxito, por aprobar rápidamente una Constitución de la que emanase una legalidad democrática federal general`. Su objetivo, conocedores de la impaciencia popular, era dar cobertura legal a la revolución democrática y social que, en el marco de los municipios autónomos, habría de transformar estructuralmente el Estado y Sociedad españoles generando una nueva ciudadanía, un nuevo reparto de la propiedad, una nueva forma de organizar la producción y el consumo, etc. Aunque reivindicaron la naturaleza genuinamente popular, legalista y federalista de la revolución comunalista en curso, tampoco la apoyaron con decisión ni se pusieron al frente de ella, muy probablemente ante el temor de que fuese capitalizada por los socialistas jacobinos en su huida hacia delante y degenerase en un convencionalismo jacobino similar al francés de 1793 y 179424.

Por su parte, los demoliberales individualistas liderados por Castelar, Güell, Abarzuza, Olías, Maisonnave, etc., trataron a todo trance de que de la Asamblea constituyente emanase una legalidad democrática liberal y librecambista, presentando su proyecto de constitución como la tabla de salvación de la República. Aunque maniobraron con gran habilidad en la Asamblea constituyente y consiguieron controlar directamente o de facto la mayor parte de los sucesivos gobiernos entre junio y diciembre de 1873, los demoliberales eran conscientes de que, en buena parte de España, la revolución popular comunalista estaba fuera de su control. Los ataques furibundos de los socialistas jacobinos a la autoridad y legitimidad de la Asamblea constituyente fueron utilizados para, en un acalorado debate, estereotipar a toda la revolución popular comunalista como un movimiento insurreccional que, dependiente del Consejo jacobino-socialista de Cartagena, amenazaba la autoridad de la Asamblea constituyente.

Coreados por los diputados no republicanos y presos de los temores que respecto a la revolución popular les hacía sentir su «fanatismo sagrado de la nación»25, Castelar, Maisonnave, Prefumo, Olías, Güell y el grueso de los demoliberales individualistas se apropiaron simbólicamente y se pusieron al frente del miedo a la amenaza socialista y al separatismo cantonalista, afanándose en aplastar no sólo la insurrección jacobinosocialista cartagenera, sino también la revolución democrática y social popular en curso. Al respecto, aunque aún está por desentrañar el papel que Castelar, Maisonnave y su círculo más cercano jugaron en el golpe de Pavía, no considero plausibles interpretaciones del tipo de traición a la República aplicables al grueso del demoliberalismo individualista, ya que, conforme a su entramado demoliberal de corte tocquevilleano, lo que estaba acaeciendo desde abajo traspasaba lo aceptable para la correcta democratización de España. A su entender, una desmesurada pasión por la igualdad estaría empujando a las masas federalistas no hacia la Revolución democrática, sino, como había ocurrido en Francia dos años antes, hacia la revolución social y comunalista y, por ello, hacia la muerte de toda libertad y hacia la disolución de la Patria y del orden social.

Paralelamente, el reformismo de los demokrausistas quedó pospuesto en aras de la conservación del Estado-Nación. El proyecto reformista demokrausista se refería al funcionamiento del Estado federal ya consolidado, pero, durante el proceso de Revolución democrática fase de la que no se pasó durante la República Federal de 1873-, lo prioritario era la salvaguarda de la unión orgánica de la comunidad social y Estado españoles. Ante el clima político de crispación de la derecha demoliberal individualista - clamando contra la demagogia roja, el separatismo y la disolución de la Patria - y ante la amenaza real de los jacobino-socialistas contra la legitimidad de la Asamblea constituyente, el centro-derecha demokrausista dará prioridad al orden y a la estabilidad de la Sociedad-Nación por encima de las reformas, plegándose a apoyar el proyecto constitucional y estrategias de acción de la mayoría, que en poco se parecían al proyecto y estrategias genuinamente demokrausistas pero que garantizaban - así lo creían en el verano de 1873, pero no lo creerán ya avanzado el otoño - la estabilidad necesaria para la construcción de una legalidad republicana, democrática y federal.

Entre mediados de julio y mediados de setiembre de 1873 se impuso, en las Cortes y en la prensa republicana conservadora mientras La Igualdad y otros periódicos reformistas cerraban filas en tomo al gobierno legítimo de la República en tanto no concluyese la insurrección socialista jacobina, un duro maniqueísmo a la hora de interpretar qué estaba ocurriendo en España. Quienes no se plegaban o se mostraban tibios respecto a la táctica gubernamental de represión de todos los municipios y cantones que hubiesen proclamado su autonomía - independientemente de que reconociesen o no la autoridad de la Asamblea constituyente - eran tildados de separatistas, antipatriotas, partidarios de los incendiarios... siendo Francisco Pi quien se llevó la peor parte en esta campaña26.

En el transcurso de tal suspensión, fueron invertidas completamente las relaciones de fuerza purgando la milicia popular, reorganizando la fuerza pública, realizando levas masivas y otorgando el mando del ejército a generales antirrepublicanos, que, muy especialmente Pavía, desarrollaron una operación sistemática de aplastamiento de la República Obrera y, en general, de todo el movimiento federalista, tanto demosocialista como demoliberal. Según Salmerón, el gobierno de Castelar había «roto la órbita trazada por los principios del Partido Republicano de tal manera, que ya en la situación no sólo predominan, sino que lo son todo las fuerzas conservadoras» 27, y éstas respondieron con el golpe de Pavía.

Al respecto, en diciembre de 1873 era de dominio público que, cuando se reanudasen las sesiones de la Asamblea constituyente en enero de 1874, una alianza de demokrausistas y demosocialistas - apoyada incluso por los socialistas jacobinos que no habían sido procesados por participar en la insurrección cartagenera - iba a derribar el gobierno de Castelar y a elevar al demokrausista Eduardo Palanca a la presidencia del poder ejecutivo. El nuevo gobierno se centraría en aprobar la Constitución federal y las más inmediatas reformas sociales, justamente la misma aspiración y situación que a finales de mayo, cuando estaba a punto de abrirse la Asamblea constituyente y el espíritu reformista era hegemónico en el republicanismo histórico.

Lo que ocurrió en 1873 no fue el fracaso de la primera experiencia republicana española debido a la carencia de un proyecto claro por parte de un agente histórico republicano único, sino que la República Federal Española fue el marco de una lucha abierta por la hegemonía en el proceso de construcción del Nuevo Régimen español, lucha entre culturas y movimientos con formas diferentes e incluso antagónicas de entender el pasado, presente y futuro de la sociedad española. Más que la falta de un proyecto claro con el que articular una legalidad y un entramado institucional, lo que se produjo fue la confrontación de varios proyectos muy sistematizados y que dibujaban horizontes radicalmente diferentes. Desde la mera profundización de la Revolución liberal hacia la democracia y el librecambismo hasta la revolución social y política del entramado institucional y legal resultante de la Revolución liberal, pasando por el proyecto jacobino-socialista que abocaba a un Estado social popular omnipotente que, en la práctica, estaría hegemonizado por unas vanguardias revolucionarias tan ávidas de poder, como faltas de escrúpulos.

GONZALO CAPELLÁN DE MIGUEL

Universidad de Cantabria

Pocos problemas, en verdad, pueden señalarse en la política, que se hayan discutido tanto y desde tan antiguos tiempos, como éste de las formas de gobierno. Debatido ya por los filósofos de la antigüedad clásica, por Platón, Aristóteles, Polibio y Cicerón, estudiado en las edades posteriores con apasionamiento siempre, aun en los tiempos modernos se discute por los tratadistas y por los políticos de acción, sirviendo con frecuencia la disparidad de opiniones acerca del mismo de motivo suficiente para diferenciar los partidos políticos de muchos Estados partidos monárquicos y republicanos, por ejemplo'.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la reflexión de uno de los principales teóricos del krausismo español, Adolfo Posada, la cuestión de las formas de gobierno seguía siendo -a la altura del siglo xx una de las más controvertidas, hasta el punto de que la postura que se adoptara al respecto podía servir para adscribir a los políticos en el bando monárquico o republicano. En ese contexto dificil parece encontrar el espacio ideológico adecuado para ubicar al denominado krausismo, ya que y con ello adelanto la tesis central de este trabajo - su respuesta a la cuestión de las formas de gobierno se saldó, como en otros terrenos, en un ambiguo - que no contradictorio - término intermedio que relegaba, bien la Monarquía bien la República, a un lugar secundario, accidental por lo que a la constitución del Estado se refiere.

Pero sostener aquí la idea de que los krausistas propugnaron la accidentalidad de las formas de gobierno equivaldría a no añadir nada nuevo a lo ya dicho y escrito en otros momentos y lugares. Sí me parece ciertamente relevante comenzar por ahí, ya que a veces se olvida esta circunstancia que lleva a una inexacta identificación de krausismo con republicanismo -a secas - en el contexto histórico español (lo mismo que se les acusó de ateos o irreligiosos o anticlericales, cuando en realidad difícilmente podría adjudicárseles sin más ninguna de esas etiquetas). Sobre este particular conviene no olvidar una distinción esencial para todos nuestros krausistas: la que distancia el ideal, lo que la razón, la filosofía dice al hombre de la realidad, de lo que la historia nos muestra. Con un pragmatismo mayor de lo que se les suele atribuir, nuestros krausistas estuvieron dispuestos en numerosos terrenos - entre ellos la política - a renunciar, al menos temporalmente, a alcanzar la meta ideal para logar una transacción que en un momento dado, en un determinado estadio de la cultura y la evolución de la humanidad, se presentaba ante sus ojos como la opción más acertada (o prudente). Por esa razón, mientras en general conservaron su fidelidad a la teoría de la accidentalidad de las formas de gobierno, en la práctica fueron capaces de admitir y colaborar en proyectos políticos en el seno de la República unitaria y de la Monarquía parlamentaria (dos matices de cada forma de gobierno que es preciso hacer al referirnos al krausismo).

Así, aunque - como se verá - no falten documentos que avalen esa afirmación de que el krausismo español fue, en materia política, republicano, un análisis riguroso del caso nos prevendría de semejante asociación de ideas. Por otro lado, no sería mucho más dificil presentar una serie de testimonios de cierta contundencia que permiten adscribir a los krausistas al campo de la monarquía. Y ambas opciones parecen a priori válidas precisamente por esa ambigüedad a que da lugar la mencionada accidentalidad de las formas de gobierno que se ajusta con mayor precisión que cualquier otra al pensamiento político del krausismo, tanto en la variedad de sus integrantes como en la amplitud temporal durante la que desarrollaron su actividad pública.

Pero no menos importante que partir de esa idea central resulta un segundo aspecto: analizar en profundidad el significado de la accidentalidad de las formas de Gobierno que - presuntamente aún predicaron los krausistas. Las fuentes doctrinales en que se inspiraron para sostener ese principio, las prácticas políticas a que dio lugar entre sus filas, los matices con que cada autor planteó la cuestión en el terreno de la teoría política, en sus discursos, sus manifiestos o sus obras académicas. Para ello creo que puede resultar conveniente diferenciar a efectos de análisis historiográfico-- tres etapas o momentos que recorren el itinerario krausista desde la aceptación - tácita o expresa de los gobiernos monárquicos en las décadas centrales del siglo xix hasta su colaboración explícita con la Monarquía a principios del siglo xx, pasando por su militancia en partidos republicanos en el período intermedio.

En primera instancia habría que rastrear cuál es la postura del krausismo en el momento mismo de su conformación teórica, etapa cuyos límites cronológicos podemos situar entre 1840 y 1868, aproximadamente. Posteriormente, cuando el reinado de Isabel II comience a tambalearse para acabar derrumbándose completamente por efecto de la revolución de 1868, se vivirán quizá los años de mayor efervescencia de los debates en tomo a las formas de gobierno. El advenimiento de la Primera República como novedad histórica y su rápido desvanecimiento para dar paso a un largo periodo monárquico, marcan una segunda etapa en la que las ideas krausistas requieren un estudio detenido y pormenorizado, pues nos encontramos con multiplicidad de textos y actitudes personales que impiden trazar líneas rectas, monárquicas o republicanas, en el lienzo de sus ideas. Finalmente, en las décadas que inauguran el nuevo siglo el debate en tomo a las formas de gobierno vuelve a cobrar especial relevancia en el seno de las filas krausistas. Sin romper con la tradición filosófica precedente, en la nueva coyuntura histórica que abre la monarquía de Alfonso XIII, los krausistas - ahora reformistas más que republicanos - acaban aceptando (como bien sabemos) esta forma de monarquía. Y es que, en el fondo, para los krausistas siempre prevalecieron los principios enunciados bajo la fórmula de la libertad o la soberanía o la democracia o el derecho... antes que las formas a la hora de definir los gobiernos.

LA PRIMERA ENUNCIACIÓN DE UNA TEORÍA «KRAUSISTA» DE LA ACCIDENTALIDAD

La más inmediata constatación que uno puede efectuar cuando acude a los primeros textos de nuestros krausistas, es la ausencia inicial de una preocupación explícita por el problema de las formas de gobierno. Se podría decir que, en la agenda filosófica del primer krausismo, no figuraba ninguna cita ni con la monarquía ni con la república. Ni siquiera cuando a partir de 1860 los jóvenes krausistas dan un giro interpretativo a la filosofia krausiana para ponerla al servicio del liberalismo democrático se aprecia una preocupación por la cuestión de la forma de gobierno. No es un punto del que se ocupe Francisco de Paula Canalejas en La Razón o Sanz del Río en el conocido «programa» del racionalismo armónico publicado en 1857. Una ausencia más que significativa si tenemos en cuenta que en dicho programa del primer krausismo se destina un apartado específico a la política.

A lo sumo llevando la pesquisa hasta sus últimos términos, en la serie de textos introductorios que Sanz del Río va redactando para cada uno de los tomos de la Historia Universal de G.Weber puede espigarse una alusión a las formas de gobierno. Justamente cuando aborda «el presente y el porvenir», dentro del tomo IV dedicado a la «historia de las revoluciones», se refiere a la Monarquía en términos un tanto contradictorios. De un lado, señala que la tendencia moderna de los gobiernos a regirse por la opinión pública comienza ya con las Monarquías absolutas. De otro, poco más adelante asegura que «la Monarquía ha perdido desde la revolución francesa sus más preciados derechos y el respeto religioso que antes la hacía invencible». La confusión se extrema cuando para concluir su introducción se refiere Sanz del Río a una marcha regular de la historia que, libre y llena de accidentes, camina siempre bajo las leyes de la unidad y la variedad organizadas en libertad y justicia, pero donde no desvela al lector «Si ha de triunfar al cabo la Monarquía absoluta, la constitucional o la democracia». En última instancia, el resultado parece pender «de la conducta de unos y otros [grupos sociales] y de la vida histórica de cada pueblo»2.

En consecuencia con lo anterior, y dado que a la altura de 1868 ya se planteará abiertamente una teoría más o menos fundamentada de la accidentalidad de las formas de gobierno, hay que buscar en otra dirección las fuentes doctrinales del krausismo español. Sin duda, ese referente se halla en la obra del autor que mayor influencia iba a ejercer entre nuestros krausistas, especialmente en el ámbito del Derecho (lo que incluía por entonces buena parte de lo que hoy denominamos Ciencia política, muy en particular la teoría del Estado). Me refiero a uno de los discípulos alemanes de Krause, Heinrich Ahrens, cuyo Curso de Derecho Natural o de Filosofia del Derecho fue bien conocido en España desde su primera versión castellana en 1841. La manera en que Ahrens aborda la cuestión de las formas de gobierno no difiere prácticamente en nada con los planteamientos posteriores de autores como Azcárate o Posada, por ejemplo.

Como la mayor parte de los tratadistas de la época, Ahrens comienza delimitando muy bien las partes que configuran la «constitución» de un Estado, distinguiendo de ese modo entre una «material» (relativa a la fijación de los derechos y obligaciones) y otra «formal», que es la que propiamente se refiere a «la forma del Estado». A partir de ese momento sigue también un camino ortodoxo de repaso por las diferentes clasificaciones que de las formas de gobierno han llevado a cabo distintos autores a lo largo de la historia. En este capítulo Aristóteles es siempre el teórico más citado, después se suele aludir a los autores romanos (especialmente a Cicerón y su preferencia por el gobierno mixto), para llegar en los tiempos modernos a la clasificación establecida por Montesquieu. Sin embargo y en consonancia con su proximidad a la tradición filosófica del idealismo alemán, Ahrens va a alejarse de esas corrientes «clásicas» para apoyarse en las ideas kantianas. Y, aunque Kant solamente reconocía la existencia de dos formas posibles de gobierno la republicana, asociada a la división del poder, y la despótica, había advertido que «estas formas del Estado», en realidad, «no afectan más que a la superficie de las relaciones políticas». Es por esa senda como Ahrens llega a establecer que la forma óptima -y única para éldel Estado es lo que el filósofo de Kónigsberg denominó Rechstaat («Estado de derecho»).

Y eso era así porque semejante modo de Estado no se definía a partir de aspectos formales, externos o de organización del poder, sino por un principio: «el reinado del derecho», entendido «como principio ético y objetivo, al cual debe someterse la voluntad de todos, y como principio orgánico que garantiza a todos los miembros y a todas las partes su posición y su acción libre y la participación en el ejercicio de todos los poderes públicos». Este principio se opone justamente al despotismo que ahora queda definido como «la voluntad arbitraria personal que se pone en lugar del derecho y de la ley libremente consentida». Y en este pasaje se encierran cuando menos dos aspectos cruciales para el krausismo español. La-quizá--menos obvia, la relativa al establecimiento del derecho como principio superior del orden político (recuérdese que para el krausismo el Estado es esencialmente la institución para el Derecho); superior - incluso - a la soberanía nacional, a la «voluntad de todos». Esta idea será asumida plenamente por los jóvenes krausistas españoles de los años 60 que - desde Paula Canalejas hasta Giner, pasando por Azcárate o Salmerón- romperán con el liberalismo progresista para nutrir el bando demócrata. Ése fue también el centro de la polémica entre Castelar - quien decía lo mismo, que la idea del derecho está antes y por encima que la idea de la soberanía, que ni siquiera la voluntad mayoritaria puede anular los derechos de los individuos - y Rubio en los años 50.

El segundo aspecto crucial es el relativo a la postergación del debate sobre los aspectos formales del gobierno a favor de los principios. Éstos son lo esencial, los que deben prevalecer bajo una u otra forma de gobierno y los que legitiman una u otra forma, mientras que aquéllos constituyen un aspecto accidental. En este punto Ahrens no caminaba en solitario. De hecho, en apoyo de sus tesis, reproduce en una nota a pie de página un texto de Odilon Barrot que expresa con toda claridad este giro en la consideración de las formas de gobierno:

Si se clasifican los gobiernos, no según su forma, sino según su esencia, se llegaría a reconocer que esta célebre clasificación de los gobiernos, monárquico, aristocrático, republicano, no responde más que a accidentes de las vidas de los pueblos, pero no a las condiciones elementales de las sociedades3.

Y este cambio en la actitud de ciertos teóricos y políticos hacia las formas de gobierno lo atribuye Ahrens a «Las experiencias que se han debido hacer en los últimos tiempos, sobre todo en Francia», las cuales «han hecho, por fin, comprender la necesidad de ir más al fondo de la cuestión y de determinar un gobierno según el espíritu que le anima». En paralelo a esta constatación, creo interesante destacar otra idea en la que el krausista alemán pone gran énfasis y que enlaza directamente con el texto de Odilon Barrot-: «el Estado no tiene sólo una forma política, sí [sic] que también una forma de cultura». Es decir, que las formas políticas no son nunca independientes «de un cúmulo de circunstancias históricas, del genio de un pueblo, y del estado de su cultura». Y ello lo lleva a Ahrens a la conclusión de que ninguna de las formas políticas particulares posee un valor absoluto4. Por la misma razón, ninguna de la formas clásicas debe ser rechazada o aceptada en abstracto, sino que debe analizarse en su práctica en un contexto histórico, social y cultural concreto. Por ejemplo, cuando se ocupa de la Monarquía, Ahrens considera que «puede ofrecer por su principio la más eficaz garantía para el desarrollo pacífico y continuo de todos los intereses sociales». Lo único que esta institución debe hacer si quiere conservarse en la Europa moderna es cumplir con «la práctica sincera y equitativa del sistema representativo» 5.

Con ello, este influyente krausista nos proporciona muchas de las claves para el ulterior desarrollo de la teoría de la accidentalidad en nuestro país, al tiempo que ofrece un ejemplo donde se hacen compatibles una forma de Estado ideal, el Estado de derecho, con la viabilidad histórica de diferentes formas de gobierno, la Monarquía parlamentaria, en este caso (siempre que sea capaz de permitir que los principios «democráticos» actúen bajo su manto). Ahrens en concreto suele expresarlo bajo una fórmula que también estaba presente en el político francés Odilon: cualquier forma de gobierno es válida mientras respete el selfgovernment (el gobierno de la sociedad por sí misma)'.

Con esta tradición hay que entroncar de forma directa los primeros escritos de krausistas españoles que se refieren expresamente ya al debate entre monarquía y república. Quizá uno de los más tempranos sea el que nos proporciona Manuel Pedregal y Cañedo, miembro del núcleo krausista asturiano. Cuando, dentro de sus estudios sobre política, se ocupaba a finales de 1867 de la cuestión de la forma de gobierno, muestra su inclinación a considerar la República como el escenario ideal para la actuación del principio democrático. Sin embargo, reconoce explícitamente tanto la perfecta compatibilidad de la forma monárquica con dicha realidad como la indiferencia entre ese régimen y el republicano, con tal de que proceda de la soberanía popular:

Demos al pueblo lo que del pueblo es. En él radica el poder, suyo es el derecho de elegir persona que lo ejerza: al pueblo toca, por consiguiente, determinar la forma de gobierno. Será monárquica, tan legítimamente como republicana, sin embargo de que esta última forma sea la que mejor responde al movimiento y transformación incesante, que es la vida de las sociedades, cuando y mientras la soberanía de la nación así lo quiera.

Con todo, el punto cronológico donde estas cuestiones van a conocer un mayor auge en la España decimonónica será probablemente 1868. En ese año se acumula una serie de datos fundamentales para el tema que venimos tratando. En el tiempo confluyen - entre otros sucesos la revolución de septiembre, acompañada del exilio de la reina Isabel II, la convocatoria a Cortes Constituyentes... Parece lógico, pues, por ejemplo, que en el Ateneo se debata en torno a si es preferible la Monarquía o la República. Antes de adentrarnos en este episodio clave, conviene no olvidar que - Como ha señalado José María Portillo, por un lado, la «novedad política» que supuso la forma de gobierno republicana dentro de la teoría política de la Ilustración no cuajó en el xvüi español. Y, por otro, que el peso de una tradición monárquica en nuestro país, que se tradujo en una filosofia apolítica más preocupada de buscar las fórmulas moderadoras de la Monarquía que de implantar en su lugar una República, tuvo un gran peso a lo largo del xix - incluso en los debates constitucionales de 1869 y en el papel que finalmente ocuparía el Rey en la propia Constitución (potestad de disolver las Cortes o sanción de las leyes, por ejemplo)8.

En ese contexto, la polémica creada en una institución de referencia para la intelectualidad de la época, como el Ateneo de Madrid, es recogida precisamente en un periódico, La Voz del Siglo, desde cuya tribuna van a emitir sus opiniones los krausistas. Pero, volviendo al debate en tomo a las formas de gobierno, cuyas sesiones se recogen en varios números del periódico, el propio redactor introduce el tema de una forma tan afin al krausismo como clave a la hora de entender el planteamiento dual que la cuestión implica.

De un lado, el punto de vista del deber ser, el racional, que aporta el análisis filosófico en pura ortodoxia krausista o, como leemos en La Voz, «Entre las dos formas de gobierno, la monarquía y la república, ¿cuál se halla más conforme con el ideal del derecho?» Y, claro, el punto de referencia debe ser el sacrosanto derecho, ya que es ésta la esfera propia del Estado. De otro lado, tampoco debe desdeñarse el análisis que ofrece la Historia, el de los hechos, el de lo real que para el krausismo debe necesariamen te combinarse con la parte de las ideas, de la Filosofia (de lo que resultará siempre un conocimiento filosófico-histórico de las cosas). Por ello continúa La Voz «Y considerada la cuestión históricamente, ¿cuál debe prevalecer hoy en los pueblos europeos?»9.

Entre las múltiples respuestas dadas a estas dos interrogantes que servirán para clasificar a cada grupo de oradores del Ateneo en las tendencias republicana o monárquica - con todas sus variedades interiores, me interesa aquí detenerme momentáneamente en las que ofrecen dos figuras plenamente adscritas al credo krausista y que desempeñaban - el primero en esas mismas fechas y el segundo posteriormente - un papel clave en el desarrollo no sólo de la filosofía krausista, sino también del proyecto institucionista en España: Canalejas y Moret. El primero - cuenta en un suelto La Correspondencia-- «dijo que no había más división que la democracia directa, el gobierno del pueblo por el pueblo y el gobierno representativo, llámese monarquía o república»; es decir, que el aspecto formal resultaba francamente secundario desde el punto de vista de la teoría política. A partir de esa idea, concluiría que «una monarquía que garantice todas las libertades individuales es la forma que hoy conviene a España», desde la perspectiva histórica.

Por su parte, el señor Moret - replicando a las afirmaciones de la escuela neocatólica - «rectificó diciendo que la lógica liberal no exigía el planteamiento inmediato de la república, puesto que no hay ningún derecho natural, ni tampoco ninguna libertad política que sea vulnerada por el establecimiento de la forma monárquica». Y zanjó la cuestión con estas contundentes palabras: «Los republicanos no son más liberales que los monárquicos; por el contrario, los republicanos, sin más idea que un nombre detrás del cual tratan de ocultar su división, piden el poder por el poder; los monárquicos pedimos el poder para la idea y por la idea»10.

Por tanto, a la hora de clasificar a las diferentes escuelas, a krausistas como Canalejas, Moret o afines como Vidart o Leal la prensa del momento les adscribía a la «monarquía democrática», a diferencia tanto de los republicanos (Mejía, Ruano, Callejo, Hostos...) y de los monárquicos constitucionales (Fabié, Silvela, el marqués de Sardoal, Miralles, Maldonado...) y por supuesto - de la monarquía tradicional (representada en las figuras de Sánchez y Pérez Hernández).

En esa misma coyuntura y también desde La Voz del Siglo - un teórico clave del krausismo español en este punto, Gumersindo de Azcárate, va a plantear en términos muy similares a Ahrens la idea de que la clave de un gobierno es que sepa respetar el principio del selfgovernment, entendido como la existencia de libertades (de conciencia, de prensa, de asociación...), el reinado de la opinión pública, la existencia de partidos políticos, etc. Bajo esas condiciones ni siquiera la revolución sería legítima.

En ese contexto no existen demasiados motivos para desconfiar de la información indirecta que ofrecerá la prensa leonesa años más tarde. En concreto del hecho de que Giner y Azcárate hubieran sacado a la luz el mismo año de 1868 una revista bajo el significativo título de El Derecho. El culto a esta idea iba a ser permanente en ambos krausistas, pero no menos interesante es la cabecera que según el mismo testimonio citado eligieron para su publicación «Soluciones muy radicales, procedimientos muy moderados e indiferencia de las formas de Gobierno»". De alguna forma, el hecho de que el propio Azcárate se presentase a las elecciones durante el Sexenio bajo la fracción del Partido Monárquico-Democrático indica que esa conjunción, una forma de gobierno monárquica que llenase su contenido con los principios del ideario demócrata, no era - en absoluto - rechazada por el krausismo. Es más, hasta el final mismo de su trayectoria política, Azcárate - lo mismo que otros correligionarios suyossituó en el corazón de su proyecto político la Constitución de 1869, cuyo artículo 33 (recordémoslo) rezaba literalmente: «La forma de Gobierno de la Nación española es la Monarquía»12.

A esas alturas ni siquiera la persona que dentro de las filas krausistas iba a seguir más tarde un camino más abiertamente adscrito a la república (incluso rompiendo con cualquiera de los márgenes que el principio de la accidentalidad brindaba), Nicolás Salmerón, se mostraba tajante en cuanto a las formas de gobierno. De esta cuestión se ocupó - no por casualidad en el discurso que pronunció en la «Reunión Democrática» celebrada el 18 de octubre de 1868. Triunfante la revolución, era inminente la comparecencia de las distintas fuerzas políticas en las Cortes para debatir, entre otras cosas, si debía instaurarse una República o una Monarquía. En esa coyuntura sí, Salmerón juzgaba la cuestión de la forma de gobierno «de una trascendencia gravísima». No dudaba tampoco en afirmar que la República fuera «la genuina, por ser la justa, forma de gobierno de la Democracia». Pero, al mismo tiempo, rogaba a sus amigos políticos que no se declararan partidarios de la República («menos digáis todavía que sois partidarios de la República unitaria, que ha muerto y matará la libertad cuantas veces se presente [Aplausos])» 13

Y es que, a pesar de exponer en su discurso que la República federativa suponía la forma de gobierno ideal, de lo que ahora se trataba era de reflexionar sobre «la forma de gobierno más conveniente a la España y a la España de hoy»14. Con lo cual ya tenemos planteada la diferencia entre el ideal, el deber ser, la meta y la realidad histórica, la forma en que el estado de la cultura y la sociedad de un país en un momento dado puede condicionar la forma de gobierno. Por eso aclara a sus compañeros de partido que en su discurso «trátase, no de la teoría que en absoluto se afirma, sino de la práctica siempre condicionada y relativa». Sólo en ese contexto puede entenderse que Salmerón, tras defender los ideales de la justicia y la libertad -a su vez englobados en el principio supremo del derecho, llegue a decir que «Pues quien esto os dice, señores, va ahora a deciros que niega absolutamente que sea la forma de gobierno conveniente para la actual España la República federativa, y niega esto por una sencilla razón. No hemos aún conquistado los derechos naturales: aun cuando reconocidos, aun cuando aclamados, no están consagrados» 1s

Se distanciaba de este modo de algunos de los militantes del Partido Demócrata como su propio presidente, José María Orense, quien intervino para defender la república federativa sin paliativos, llegando a decir -al parecer en sintonía con Emilio Castelar: «Prefiero una mala República al mejor de los reyes (Grandes rumores)». Frente a esa identificación a ultranza de una forma de gobierno concreta, bajo cualquier circunstancia o condición, Salmerón concluyó su discurso animando a desgastar a la Monarquía en las futuras Cortes, pero recomendando -a su vez la abstención: «Ni voto por la Monarquía, ni voto por la República»16.

Ese fino sentido político que lo llevaba a Salmerón a la prudencia ante una coyuntura donde los logros debían venir antes de la consagración y extensión a todas las esferas de la sociedad de ciertos derechos y libertades (así como a un reconocimiento de los avances que el ideario democrático estaba experimentando) iba a dar paso más tarde, ante los hechos consumados, a una participación activa en la Primera República. En ese sentido los sucesos de 1873 solamente me interesan aquí en la medida en que reabren un debate en el seno del propio republicanismo sobre las diferentes formas de República que enlaza una vez más con la idea de que ninguna de las formas de gobierno puede evaluarse en abstracto, sino que hay que combinar el análisis con la práctica, de manera que tanto hay buenas como malas repúblicas (lo mismo que monarquías).

Por encima de la trayectoria individual de cada uno de nuestros krausistas, interesa ahora incidir en el hecho de que incluso en esta coyuntura histórica donde por primera vez la República se impone - aunque sea efimeramente como forma de gobierno en España, se constata que las tesis sobre la accidentalidad van ganando fuerza en ciertos sectores siempre en el entorno del proyecto político del krausismo. Un caso tan paradigmático como poco conocido nos lo proporciona nada menos que Ricardo Becerro de Bengoa. El fuerista alavés - quien con el correr del tiempo se trasladaría a Madrid donde conformará junto con la plana mayor del krausismo la directiva del Partido Centralista - empezó a publicar en 1869 un periódico denominado El Mentirón. En sus páginas, así como en las ilustraciones que dibujaba el propio Becerro de Bengoa, encontramos magníficos testimonios de la idea de que la forma de gobierno es algo accidental. En la más gráfica de ellas, titulada «Lo que se murmura», aparece un hombre que representa al pueblo con dos cabezas sobre dos grandes cetros de madera, la de un monarca y la de un presidente - de la República, se supone. Dándole «el pueblo» a elegir entre ambas a una dama que representa «La libertad» su contestación fue: «Cualquiera de las dos; con tal de que mande yo» 17.

No de menor contundencia en ese sentido es el testimonio que ofrece el «manifiesto» que el Partido Republicano-Democrático publica en La Discusión en la significativa fecha de octubre de 1873. Antiguos miembros del Partido Radical, lo mismo que del Republicano unitario y de otras fracciones, sostenían ahora la República «por muy diversos móviles». Unos convencidos de siempre de que ésa era la más perfecta forma de gobierno; otros, «al fracasar el ensayo de monarquía democrática»; otros, «como resolución patriótica, sin prejuzgar sus opiniones sobre la forma de gobierno», y aun algunos, incluso, «ante el doble peligro de una guerra civil y una guerra social», han creído adecuado apoyar «en estos momentos de angustia la única forma de gobierno posible». Pero, en semejante coyuntura la cosa trascendía la propia cuestión de la forma de gobierno ya que - asegura el manifiesto - «este dilema, República o Monarquía, equivale en el fondo, dadas las circunstancias que hoy nos rodean, a otro dilema tristísimo para cuantos han vinculado su honra política con los principios proclamados en la revolución de setiembre». Si hiciéramos abstracción de ese peculiar marco histórico, el problema de las formas de gobierno quedaría reducido a un asunto menor porque «entre las monarquías liberales y las Repúblicas, cuando unas y otras aceptan la idea democrática, sólo existe una diferencia esencial; en las monarquías hay un poder hereditario y permanente; en las repúblicas, poderes electivos y amovibles»'s

LAS FORMAS DE GOBIERNO EN LA TEORÍA POLÍTICA KRAUSISTA DURANTE LA RESTAURACIÓN

Un punto que pudiera parecer baladí porque en el fondo conduce el debate hacia la accidentalidad de las formas de gobierno pero que sin embargo se situó en el centro de la controversias. Para los fieles a la forma republicana ése siguió siendo un elemento suficiente para preferir la República a la Monarquía. Para otros, en cambio, como el krausista Santamaría de Paredes, la propia condición de hereditario que reviste la forma monárquica es la que la hace preferible frente a la república19. Y ello porque dotaba al Estado de una continuidad y de una unidad que la elección no era capaz de garantizar. Sin valorar una u otra opción, Azcárate - en la voz «gobierno» que redacta para el Diccionario enciclopédico de Monatner y Simón coincide en apuntar a este hecho como el primordial que diferencia los regímenes monárquicos de los republicanos; los unos son hereditarios mientras que en los otros el gobierno «emana enteramente por la elección».

Pero uno de los rasgos de este período es que la teoría política sobre las formas de gobierno del krausismo se hace mucho más compleja de lo que las simples tradicionales clasificaciones habían dado a entender. Ya en un trabajo elaborado en los primeros años 70, Francisco Giner y Alfredo Calderón, al ocuparse de «La cuestión llamada de las formas de gobierno, tan debatida en nuestros días», desplazan el foco de atención hacia otros aspectos que caracterizan y diferencian al tiempo a Monarquía y República, los dos términos que definen la «verdadera antinomia» en esta materia. La Monarquía bajo sus múltiples variantes (que van nada menos que desde la de derecho divino, patrimonial o la doctrinaria hasta la representativa, la parlamentaria y la constitucional, pasando por la pura, la mixta y la templada) se caracteriza por la «involucración del poder judicial en el ejecutivo».

Y es este aspecto de la relación entre los distintos poderes del Estado lo que preocupa a Giner y Calderón, y el criterio que les sirve para evaluar ambas formas de gobierno. Por eso se ponen de manifiesto las deficiencias de las monarquías en gene ral: la constitucional porque el monarca y la soberanía del Estado «se presentan como dos principios antagónicos»; la democrática porque, aunque «la potestad real emana del pueblo», se «halla falseada en su propia base» pues se trata de una contradicción histórica y, por último, la representativa sale mejor parada porque el Rey al distinguir entre «reinar y gobernar» -a la inglesa - permite una cierta distinción entre el poder ej ecutivo y el del jefe del Estado. Pero por idénticas razones los autores juzgan negativamente la forma republicana, ya que en ella el poder legislativo predomina sobre los demás «por creerle el único representativo» de lo que resulta «el abuso de los Parlamentos, propensos a atribuirse una soberanía que sólo al Estado en su unidad corresponde» 20.

La reflexión en tomo al origen, naturaleza y consecuencias de las formas de gobierno entre los krausistas españoles se enriqueció además en este período al alimentarse de algunas fuentes doctrinales que en otros lugares de Europa se debatían en tomo a la misma cuestión. En ese sentido Azcárate - quien va a dedicar un enorme esfuerzo teórico en los años 70 y 80 al estudio de la Monarquía, del sistema parlamentario y de la constitución política de diferentes Estados - va a establecer un diálogo directo con autores como Labeleye, Dufau, Gneist, May, Passy, Somerset... Muy en la línea de la escuela krausista, que ante todo desempeñó en el panorama español decimonónico un papel de introductor (y traductor) de las principales corrientes de pensamiento europeas (y norteamericanas), Azcárate va a realizar un análisis de las formas de gobierno no ciñéndose exclusivamente al caso español, sino en perspectiva comparada.

Y aquí se va a poner de manifiesto que, si bien la teoría política del krausismo llevaba una fuerte impronta de la filosofía alemana (sobre todo en la definición del derecho, del papel del Estado y de la definición de la soberanía), va a encontrar en la práctica política de Inglaterra un modelo de referencia. Así, por ejemplo, el interés por la obra del duque de Somerset, Monarchy and Democracy (1880), deriva de que ilustra -a través del caso británico-- la perfecta compatibilidad que hay entre los principios políticos de la democracia y la forma de gobierno monárquica21. Creencia esta, por otro lado, que subyace a las tesis accidentalistas. Pero esa armonía de principios no es algo que se postule en el plano de las ideas, sino que tiene una concreción histórica: la gloriosa revolución de 1688. Una de las principales consecuencias derivadas de este acontecimiento fue precisamente una transformación de la política inglesa consistente «en convertir al Monarca en un funcionario de la Nación, cuyo oficio consiste, como el de todos los demás, en servir a ésta»22.

Y, de hecho, éste va a ser un aspecto en el que todos los krausistas sin distinción van a insistir hasta la saciedad. Ya en una obra previa el propio Azcárate había centrado buena medida de sus críticas a la Monarquía doctrinaria vigente en España por entonces en el papel que desempeñaba el Rey dentro del sistema político: reinaba, pero además gobernaba y más de la cuenta. Por eso consideraba fundamental que muchos de sus atributos desaparecieran: el monarca en un gobierno que pretenda ajustarse al ideal del se!fkovernment no puede ser inamovible (y volvemos así a una de las diferencias esenciales entre Monarquía y República), irresponsable, indiscutible, inviolable. Ni puede el monarca, en una Monarquía que se pretenda constitucional, representativa y parlamentaria, conservar prerrogativas como la disolución de las Cámaras, el derecho de veto, la sanción o la iniciativa23. Hasta tal punto reviste importancia este aspecto que en uno de sus escritos plantea «averiguar si procede en un país conservar la Monarquía o establecer la República, lo cual depende de que aquélla reconozca o no de plano y sin reservas el nuevo carácter que la función del jefe del estado reviste conforme al derecho político moderno».

Por eso el krausista leonés podía afirmar con otro de los autores que más le influyeron en ese período, Sir Thomas Erskine May, que la de Inglaterra es «la historia de una Monarquía bajo la cual el pueblo ha adquirido toda la libertad de una República»24. Semejante constatación resulta fundamental porque confirma la idea del krausismo de que las formas de gobierno en sí mismas no garantizan nada o, lo que es lo mismo, si la democracia como ideal político y siempre entendida en sentido liberal podía -e históricamente lo hacía como probaba el caso inglés desenvolverse en todo su sentido bajo una determinada variedad de régimen monárquico, la idea misma de que república y monarquía fueran dos grandes universos contrapuestos sobre los que mereciera la pena establecer un debate político serio se desvanecía en sí misma. Pero el caso británico no era una excepción, ni una anomalía histórica. Por la misma senda de razonamiento - siempre tendente a reforzar las tesis accidentalistas - se convirtió en un tópico comparar modelos republicanos y monárquicos de Europa y América con el fin de demostrar - en el fondo-que no había diferencias reales desde el punto de visto de los principios políticos, de la práctica de libertades y la vigencia de derechos, entre ciertas Monarquías y Repúblicas. Azcárate mismo recurrirá a estas comparaciones en una obra llamada a ejercer gran influencia en la teoría política española durante la Restauración. Al ya conocido ejemplo inglés añadía ahora Bélgica que «elige para jefe uno que fue modelo de reyes constitucionales y consigue ver los altos poderes del Estado tan admirablemente organizados en sus esferas independientes, que se vivifican y alimentan periódicamente en la fecunda fuente de la soberanía popular». A la nómina se sumaba también Italia, «logrando abrir las puertas del poder, no ya al liberalismo, sino a la misma democracia, como, sin duda, preveía, Víctor Manuel, rey electo, querido y amado de los italianos»25. Y en este punto la monarquía rompe con la idea de que la República es no sólo diferente sino mejor por su carácter electivo. Eso es lo que se desprende de las nuevos modelos dinásticos:

El dinastismo, en el sentido moderno, quiere decir lisa y llanamente que un pueblo estima del caso establecer una monarquía hereditaria, y que juzga oportuno confirmar la dinastía existente o llamar una nueva, a reserva de sustituirla con otra, y aun de cambiar la forma de gobierno, si llegase un día en que así lo exigiera el supremo interés del país. Éste es el dinastismo de los liberales ingleses, belgas, italianos, etc.26

Este marco teórico se completa con la obra que quizá mayor resonancia encontró en este período entre los krausistas -y no sólo en ellos, Des fórmes de gouvernement et des lois qui les régissent escrita por Hippolyte-Philibert Passy en 186927. Aunque Azcárate se muestra crítico con Passy por considerar que la Monarquía es todavía una institución que rige «por derecho propio la sociedad» de acuerdo con una falsa legitimidad «inventada por el doctrinarismo», sin embargo comparte la idea de que la validez de las formas de gobierno depende antes que nada de cada Estado, de las circunstancias históricas. Aquí es donde hay que buscar el auténtico origen de la variedad de formas de gobierno.

Comentando el texto de Passy, Azcárate deja claro cuál es -a su entender el único verdadero criterio para evaluar esa diversidad de formas de gobierno que se registran en el devenir histórico en cada Estado, que no es otro que el de si se atienden a las exigencias del selfgovernment, entendido como la soberanía. De este modo se pregunta:

Pero si se atiende al fondo de las cosas, si se juzgan las formas según que con ellas una sociedad se gobierna o no a sí propia ¿la hay entre la Monarquía de Bélgica y la República suiza, entre la Monarquía inglesa y la República Norte-Americana? (...) Por eso la democracia ha mantenido la Monarquía en Italia y ha restaurado la República en Francia, obrando tan cuerdamente en un caso como en otro28.

En el fondo la postura accidentalista de los krausistas procede de esa distinción entre lo ideal y lo real, así como entre el fondo (sustancial) y la forma (accidental). Por ello - incluso en aquellos supuestos en que, en el horizonte desiderativo, se dibuja con más claridad la idea republicana - y por considerar que el arte político debía consistir en amoldar el ideal a las circunstancias históricas concretas antes que operar en abstracto, el krausismo pudo en la teoría relegar a un segundo plano la cuestión de las formas de gobierno mientras que en la práctica - en cada uno de los contextos concretos de la España que les tocó vivir pudo aceptar tanto la monarquía como la república.

Así, en un análisis historiográfico retrospectivo, Azcárate reconoce la legitimidad y la conveniencia que tuvo en España, en la coyuntura de 1869, el establecer una monarquía democrática. Pero ahora estaba escribiendo a la altura de 1881 considera, sin embargo, que bajo el sistema político de la Restauración de España no era capaz de al igual que otros países de su entorno instaurar un régimen verdaderamente democrático bajo una forma de gobierno monárquica. Las razones las encuentra en que mientras en los países mencionados el «Partido Liberal» ha tenido «un espíritu abierto» que lo ha llevado a abrazar la democracia y todo ello bajo el manto de la Monarquía. Por eso, además, el Partido Republicano «o no existe o tiene poca importancia» en esos países. Sin olvidar el importante hecho de que ni los conservadores se han dedicado sistemáticamente a destruir la obra de los liberales, ni los católicos, como en Bélgica o Italia, han encontrado problemas en vivir bajo constituciones que reconocen todas la libertades (incluidas la de cultos y el matrimonio civil, por ejemplo). Por el contrario, nuestro país ofrecía -a ojos de Azcárate un panorama radicalmente divergente:

En España, lejos de darse todas estas circunstancias, tenemos, sobre los precedentes de tres siglos de absolutismo, una buena parte del actual llena de esfuerzos generosos que se estrellaron contra la buena fe de Fernando VII y los obstáculos tradicionales del reinado de doña Isabel II, y tenemos un partido conservador preocupado, doctrinario y receloso, y un partido liberal que no ha sabido o no ha podido llegar a ser órgano de las aspiraciones de la democracia, y, fmalmente, un partido republicano cuya existencia podrán lamentar cuanto quieran los monárquicos pero no negar, porque es un hecho. Por esto, la compatibilidad de la monarquía con la democracia, posible en Inglaterra, Bélgica e Italia, es poco menos que imposible en España29.

LA TEORÍA DE LA ACCIDENTALIDAD COMO FUNDAMENTO PARA LA PRAXIS POLÍTICA: EL PARTIDO REFORMISTA Y LA MONARQUÍA DE ALFONSO XIII

Precisamente en el conocido episodio de la Restauración en que Azcárate se entrevistó con Alfonso XIII y que supuso la antesala a la definitiva apuesta de los reformistas por colaborar con la Monarquía - una de las frases del krausista que la prensa de la época llevaría a sus titulares aludía a la desaparición de «los obstáculos tradicionales» en España a la altura de 191330. Fecha, por otro lado, para la que ya el propio Partido Reformista se había inclinado, por la pendiente de la accidentalidad de las formas de gobierno, hasta los pies mismos de la Monarquía parlamentaria.

Pero ese episodio final no llegó de golpe, sino como culminación de un largo proceso del que todo lo señalado anteriormente forma parte esencial, es decir, la consolidación de la teoría sobre la accidentalidad de las formas de gobierno. Una tesis que siguió formando parte del pensamiento político de los krausistas en este último período que recorre la segunda parte de la Restauración. Así puede comprobarse en las dos obras de teoría política representativas del krausismo que mayor difusión tuvieron en esa etapa: el Curso de Derecho Político de Santamaría de Paredes, que vio la luz por primera vez en 1880 y que, cuando se produjeron los referidos acontecimientos de 1913, conocía ya su novena edición 31, y el Tratado de Derecho Político de Adolfo Posada, publicado por primera vez en dos volúmenes entre 1893 y 1894 y que no gozó de menor éxito editorial que el de su colega 31.

La obra de Santamaría de Paredes nos brinda un buen ejemplo del efecto que entre sus coetáneos produjeron las tesis accidentalistas. Para empezar, el libro fue declarado de «mérito especial» por el Consejo de Instrucción Pública en 1882 y, por tanto, pasó a engrosar los listados de textos «oficiales» de la universidad española - circunstancia que contribuyó a su amplia difusión en los años siguientes. Claro que, bajo este pri mer gobierno liberal de Sagasta, el krausismo fue desagraviado de la persecución a que fue sometido anteriormente y algunos de sus miembros desempeñaron cargos de responsabilidad en el terreno educativo así, el dictamen del Conejo fue emitido ocupando la Dirección General de Instrucción Pública el institucionista Juan Facundo Riaño-. En el texto del dictamen leemos - en el apartado que refiere el modo en que el Curso de Derecho Político examina «las formas de gobierno» - que «La Monarquía constitucional encuentra nuevo punto de apoyo en esta doctrina, mediante la compatibilidad que establece entre el principio hereditario y la soberanía del Estado, asignando al Rey como función propia del poder armónico o regulador»". Ésa era la lectura que se hacía desde el sistema político vigente, algo que era posible en el contexto de una teoría política no abierta ni decididamente republicana. Al contrario, al dividir Santamaría de Paredes de un modo «racional» las formas de gobierno en «orgánicas» y «sociales», define las primeras como «las que se refieren a la organización misma del Poder y más concretamente pudiéramos decir "del Poder armónico"». Un «cuarto poder» cuya necesidad reconoció por primera vez Clermont-Tonnere - definido luego por Ahrens como «punto y lazo de unión para todos los poderes» - se corresponde con la figura del Jefe del Estado. Esta función, diferente del papel del Rey en las Monarquías tradicionales, encargada de arbitrar y evitar colisiones entre los otros tres que componen el entramado estatal, aunque podría desempeñarlo un Presidente bajo el régimen republicano, lo reserva Santamaría de Paredes prioritariamente al Rey (por esa naturaleza unitaria, de continuidad, etc., que este autor atribuye a la figura del monarca). Y es así como la posibilidad misma de la Monarquía hereditaria representativa moderna, única que admite Santamaría - sale reforzada al encontrar un lugar propio dentro de la constitución del Estado. Las únicas condiciones para su viabilidad, como en el resto de los krausistas, pasan por la idea de Thiers de que el Rey reine, pero no gobierne y de que sea compatible con el selfgovernment. Por eso, frente a lo que han escrito muchos autores es crucial la cuestión de «las cualidades del príncipe, como reconocen hoy Bluntschli, Bagehot y Laveleye, exigiéndose ciertas condiciones de ilustración y tacto político para el ejercicio de un Poder de tan dificil manejo como el armónico o regulador». Como modelos de quienes mejor han llevado a la práctica ese poder nos encontramos -una vez más - con «la Reina Victoria, de Inglaterra, y el Rey Leopoldo 1, de Bélgica» 34

Y es que Santamaría de Paredes coincide plenamente con el krausismo del que forma parte en la idea de que lo sustantivo es la idea de la soberanía, del selfgovernment -al que se refiere en numerosos momentos - y que la forma de gobierno es adjetiva. Quienes a lo largo de todos esos años, en sus sucesivas ediciones, acudieron a su libro no pudieron encontrar un apoyo explícito ni a la República ni a la Monarquía - o bien pudieron ver, de acuerdo con sus propias ideologías, una puerta abierta a ambas-. Creo que basta remitir a un pasaje del Curso para conocer la postura de su autor sobre este punto:

Si estos dos principios se cumplen, si la forma política es compatible con la soberanía del Estado y se conforma con las condiciones peculiares del país, no preguntemos más, porque aquella forma será la más justa y la más conveniente, cualquiera que sea su nombre. / Así se explica por qué la generalidad de los autores modernos que mejor han escrito sobre estas materias (Ahrens, Mill, Prevost-Paradol, Bluntschli, Bagehot, etc), dan más importancia a la cuestión de la organización y funciones del Estado, que a la de resolver qué sea mejor si República o Monarquía representativa.

De una forma menos nítida, quizá, plantea la cuestión Adolfo Posada, quien - sin embargo - dedica un importante espacio de su obra a analizar las formas de gobierno. Muy en la línea de Azcárate, Posada hace un extenso recorrido por las teoría históricas y modernas sobre las formas de gobierno. Si sus referentes clásicos siguen siendo Platón, Aristóteles, Cicerón o Maquiavelo, entre los modernos están Kant y Montesquieu, y añade las recientes de tratadistas anglosajones, franceses, alemanes y muy importante - italianos. Su perspectiva comparada hace al tiempo complejo el análisis que enriquece con puntos de vista novedosos. Sin dejar de ser en todo este apartado muy descriptivo y muy neutral-, recoge la idea de Brunalti de que la principal división entre las diversas formas de Gobierno desde un punto de vista general es la que marca la divisoria entre la democracia directa «cuando la soberanía se ejerce directamente por el pueblo» y «el Estado libre representativo, cuando ejerce esa misma soberanía de un modo indirecto» 35. Posada, como Brunalti, se decanta por esta última forma, pero no la identifica ni con Monarquía ni con República, variantes formales que caben ambas en ese modelo. De hecho y esto resulta novedoso en el plano teórico - a partir de ahí Posada establece que no se puede diferenciar ya a las monarquías de las repúblicas por el ejercicio del poder por uno o por muchos, ya que «ambas son el gobierno de (...) algunos». Y ello es así porque en su opinión «el Gobierno, aun en las democracias, es obra y labor o función de minorías» - de ahí el papel clave de la representación en su pensamiento político.

El otro aspecto clave de su planteamiento entronca plenamente con la tradición krausista de ver en las formas y en su variedad un hecho puramente histórico, dependiente de la naturaleza de cada Estado particular en un momento y contexto socio-histórico y cultural determinados. Por ese motivo Posada es absolutamente escéptico sobre la posibilidad de establecer la mejor forma de gobierno, como intentaron los antiguos, o una forma general por parte de la ciencia política moderna. Así concluye que «En mi concepto, siendo como es necesariamente circunstancial e histórica la forma de gobierno de todo Estado, lo único que puede hacerse es determinar en cada período o momento definible del proceso universal humano los tipos formales dominantes» 36

E, incluso llevados a esa situación, cuando analiza las formas que dominan en los principales países, constata que «es dificil señalar la diferencia en determinadas circunstancias, por ejemplo, entre la Monarquía inglesa y la República francesa. Todo eso sucede cuando - como en el caso inglés o belga - la Monarquía es "estrictamente representativa" y el Rey tiene "sólo la función propia del que generalmente se llama jefe del Estado", resultando muy complicado entonces distinguirla de la República»37.

Si nos atenemos a lo que fue la praxis política de esos años, los krausistas militaron en diferentes fracciones de un republicanismo histórico muy fragmentado en su interior. Desde que en los años 80 entraran en el juego político algunos partidos extraministeriales, algunos krausistas obtuvieron escaños en el Parlamento integrando la minoría en la oposición. Los denominados gubernamentales, de talante político muy moderado, confluyeron en 1890 en el Partido Centralista donde Azcárate, Altamira, Becerro de Bengoa, Pedregal, Salmerón, Adolfo Posada y otros siguieron aceptando al menos participar en el sistema, quedando en una posición intermedia entre los posibilistas o los sectores que - como Moret primero o el propio Becerro más tarde - acabarían pasándose al liberalismo dinástico y los radicales -a su izquierda - que formaron partidos estrictamente republicanos. Así, en la coyuntura de los primeros años del siglo xx, con Alfonso XIII en el trono, los centralistas hicieron causa común frente al Gobierno de la Restauración tanto con sectores situados a su izquierda (Conjunción Republicano Socialista) como con fracciones más a su derecha pero en la izquierda del liberalismo dinástico (Bloque de las Izquierdas). Ello siempre en estricta dependencia del contexto histórico y político.

Para entonces junto a Azcárate - auténtica autoridad política e intelectual del partido - surgió un líder, el asturiano Melquíades Álvarez, llamado a asumir las tesis accidentalistas para llevarlas a sus últimas consecuencias en la práctica política. 1913 marcó una fecha clave en el seno del republicanismo pues, de alguna forma, en sus primeros meses se consumieron los últimos esfuerzos por lograr la tan ansiada como frustrada Unión Republicana - que, por cierto, consideraba esencial, la forma de gobierno, la República 38. Frente a la imposibilidad de convivencia partidista por parte de federales, radicales y reformistas, estos últimos empezaron a diseñar su propia estrategia política. El recién creado Partido Reformista - según ha explicado Manuel Suárez Cortina optó por integrarse en el sistema político, decisión que los obligó a afrontar una serie de problemas, entre ellos el relativo a las formas de gobierno. En ese sentido se inició entre sus filas desde el mes de junio «una intensa tarea por fortalecer el presupuesto de la accidentalidad de las formas de gobierno», actividad que Suárez Cortina ejemplifica en los artículos que bajo el título Afirmaciones de un reformista publicó José de Zulueta en El Noroeste3`. Quizá el momento culminante de este proceso vino marcado por el banquete celebrado en el Hotel Palace de Madrid en octubre de 1913. Un acto cargado de simbolismo que generalmente se ha considerado como la exposición «oficial» del programa político del partido. Allí, dijo Melquíades Álvarez:

Yo declaro ante el país, correligionarios, que representamos en la política una fuerza... que no vacila en declarar que para ella las formas de gobierno son accidentales y transitorias; que por encima de las formas de Gobierno colocan y colocarán siempre el progreso de la Patria, el afianzamiento de la Libertad, el imperio de la Democracia... Y si la Monarquía no es un obstáculo para el triunfo de estos ideales, nosotros gobernaremos con la Monarquía40.

Una estrategia, esta del Partido Reformista, que no haría sino cobrar fuerza en el transcurso de su actividad política hasta que su aproximación al Partido Liberal culmine con la incorporación de los reformistas al Gobierno de 1922 presidido por García Prieto. En ese Gabinete de concentración liberal participó como Ministro de Hacienda una figura filiada familiar y personalmente al proyecto político del krausismo español desde sus orígenes, el asturiano José Manuel Pedregal - mientras Melquíades Álvarez presidía el Congreso de los Diputados 41. Nada puede resumir mejor la íntima relación forjada en el tiempo entre esa teoría accidentalista de las formas de Gobierno - de tan sólido fundamento como larga tradición en la cultura política krausista y la acción política que ahora desarrollaban los reformistas que las proféticas palabras pronunciadas en el parlamento por el propio Pedregal:

Nosotros lo que reclamamos, y con lo único que podemos estar conformes, es con que se siente el principio de la única soberanía popular, de la única soberanía del pueblo, representado por el Parlamento, y no compartida por nadie, absolutamente por nadie; porque, a juicio nuestro, es accidental la forma de Gobierno, y, por tanto, podemos admitir la existencia de la Monarquía constitucional, a título de que el Rey pueda continuar siendo el símbolo de la unidad y de la soberanía, pero de ningún modo partícipe de ella. Y sentado ese principio constitucional sí que es fácil la avenencia, Sr. Presidente del Consejo de Ministros42.

JAVIER MORENO LUZÓN

Universidad Complutense de Madrid/ Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

Nos place imaginar a nuestro Alfonso XIII (...) solo, erguido, con su prestancia enhiesta destacando sobre la luminosidad del paisaje austero y noble que pintó Velázquez. En el retrato que imaginamos, al fondo, en la lontananza, se destaca la crestería azul del Guadarrama - con sus picachos blancos en invierno; más cerca, las lomas grises con sus mohedas hoscas de la Casa de Campo; más cerca todavía, los jardines de la Moncloa, donde unos cipreses negros entre la verdura clara rememoran trágicos acontecimientos de 1808. El Rey se muestra en una actitud de seguridad y de decisión; sus ojos miran impasibles y escrutadores. Debajo, en el lienzo, el artista ha estampado estas dos máximas de Gracián: «Un grano de audacia en todo es importante cordura». «La irresolución es más dañosa que la mala ejecución.»

AZORÍN'

«Alfonso XII restauró la Monarquía, sea Alfonso XIII el restaurador de la Nación.» Así se pronunciaba El Norte de Castilla, un influyente diario regeneracionista, con motivo de la jura del Rey en mayo de 1902. El joven Alfonso, quien asumía a los dieciséis años las funciones de monarca constitucional, despertaba enormes expectativas en un país que aún sufría el impacto de la reciente derrota ultramarina y cuyas élites se manifestaban en tonos nacionalistas. Las fiestas que celebraron su proclamación en Madrid a lo largo de varias semanas resumían los mensajes que se cruzaban en aquel acontecimiento fundacional. Si los medios monárquicos difundían las virtudes del muchacho, casi oculto hasta entonces a la mirada pública pero bien preparado en su opinión para la tarea, las ceremo nias decían mucho más. Por una parte, mostraban la vigencia de un modelo social idealizado cuyo vértice correspondía, tan sólo un paso por detrás de la Corona, a la aristocracia cortesana, protagonista de buena parte de los números, desde los bailes, la batalla de flores y la función de gala en el Teatro Real hasta el desfile de carruaj es que lució de palacio al Congreso. Un orden jerárquico bendecido por la Iglesia en el Te Deum y respaldado por los príncipes extranjeros que asistieron al evento. Por otra, enfatizaban la unión entre el monarca y su pueblo, un gentío de cientos de miles de paisanos que se pasmaba ante los arcos triunfales, las iluminaciones y los visitantes exóticos, que aplaudía sin cesar y rendía castizos homenajes al rey. Como el de las manolas madrileñas que, envueltas en mantones de Manila, le ofrendaban palomas y flores con los colores nacionales.

Pero el vínculo de la monarquía con la nación - con su pasado, su presente y su futuro - recubría cualquier otro significado que pudieran albergar estos festejos. España poseía un pasado glorioso, visible en la exposición nacional de retratos de hombres célebres y en las numerosas estatuas que inauguró el monarca, dedicadas por el ayuntamiento de la capital a quienes «han honrado con sus obras o con sus hechos nuestra patria», ejemplos como Lope de Vega, Quevedo, Goya, Argüelles, Salamanca, Bravo Murillo y, en lugar aparte, Eloy Gonzalo, el héroe popular de la guerra de Cuba. Mediante un elaborado ritual, Alfonso XIII puso asimismo la primera piedra del gran monumento A la patria española personificada en el rey don Alfonso XII, representación perfecta -al modo del Vittoriano de Roma de la síntesis nacional-monárquica: un hemiciclo adornado con los símbolos de las provincias, presidido por el rey pacificador; esculpido por los mejores artistas españoles y sufragado por las fuerzas vivas del país. Al recordar a su padre, el monarca ligaba continuidad dinástica y grandeza nacional. España se hacía también presente en las Cortes que recibían el juramento real a la Constitución, cuyo texto consagraba la soberanía compartida entre ambos poderes, y en los alcaldes y diputados provinciales que acudieron a las recepciones. El ejército, en paradas y retretas, confirmaba su lealtad a la patria y a un rey que, siempre de uniforme militar, prometía vivir a su lado.

Por último, España miraba al futuro, a un futuro de paz y progreso que, en buena lógica regeneradora, debía aunar avance científico y prosperidad económica. Las academias tuvieron su propio festival, y poco más tarde nacía la orden civil de Alfonso XII, pensada para premiar los servicios a la cultura. Aunque la fe en la educación se vio realzada sobre todo por las nuevas escuelas públicas, graduadas y mixtas según las recomendaciones de la Institución Libre de Enseñanza, que se proyectaban en Madrid con ayuda económica de la realeza. El amor al trabajo, por su parte, animaba la feria del comercio y de la industria que se levantó en el parque de la villa. En suma, la coronación de Alfonso XIII auguraba el resurgimiento nacional tras el Desastre del 98. Hasta en la corrida regia, quintaesencia de un día español, se desató el entusiasmo patriótico, expresado de una vez por el torero De Quinito: «Señor: brindo por Vuestra Majestad, por la familia real y por nuestra nación. ¡Viva el rey y viva España!»2.

Aquella comunión de todos los elementos nacionales con la Corona no era sin embargo tan sólida como parecía. Los republicanos, críticos con los fastos palatinos y profetas de una España grande pero libre de la tiranía monárquica, ganaron en 1903 las elecciones de diputados a Cortes en la misma capital que un año antes había vitoreado al rey. Precedente de lo que ocurriría tres décadas más tarde, cuando el fenómeno se reprodujo a gran escala y Alfonso XIII tuvo que partir al exilio forzado por unos comicios municipales. Así pues, cabría pensar que aquella monarquía no supo nacionalizarse, es decir, arraigar en la ciudadanía a través de su identificación con España. Porque en la edad de las masas, marcada por la difusión de las identidades nacionales y la consolidación de los movimientos nacionalistas, las monarquías más consistentes se fundieron con sus respectivas naciones, como en Italia o en Alemania. Es decir, absorbieron las tensiones entre la vieja legitimidad sacralizada y la nueva legitimidad secular que derivaba del sujeto político moderno, la nación. Después de la Gran Guerra, en Europa tan sólo sobrevivieron los regímenes monárquicos nacionalizados y preferentemente democráticos cuyo paradigma se hallaba en Inglaterra. Ahora bien, Alfonso XIII superó múltiples crisis y se mantuvo en el trono hasta 1931, por lo que la ecuación no resulta tan sencilla. Cabe entonces hacerse algunas preguntas acerca de las relaciones entre monarquía, identidad nacional y nacionalismo en la España de aquel largo reinado, un asunto apenas explorado hasta ahora por la historiografia3. Dado el poder que acumulaba el monarca, y que otorgaba a sus actos un peso decisivo, ¿qué pensaba el Rey sobre la cuestión nacional? ¿Impulsó empresas nacionalistas? Más aún, ¿cómo trató de legitimarse el régimen monárquico? ¿Representó un papel activo la Corona en los intentos de nacionalización de los españoles? Y, en definitiva, ¿consiguió en algún momento la monarquía española identificarse con la nación, convertirse en un símbolo, en un factor de consenso e integración nacional?

EL PRIMER ESPAÑOL

Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena, rey desde su nacimiento, tenía a este respecto ideas muy claras, que además sostuvo de manera bastante estable. Eran conceptos poco originales, compartidos por muchos de sus coetáneos, que aparecían lo mismo en documentos confidenciales y conversaciones privadas que en discursos públicos, tanto en los que llevaba hechos como en los que de vez en cuando improvisaba. El gobierno solía elaborar los textos que leía el monarca, y desde luego se responsabilizaba de los más importantes, como los mensajes de la Corona que exponían el programa gubernamental al inicio de cada período parlamentario, mientras que las instituciones concernidas en cada caso sugerían asimismo orientaciones para las palabras regias. Pero, fuera cual fuera la implicación del Rey en la factura de sus alocuciones oficiales, la repetición de los mismos razonamientos en ellas y su coincidencia con testimonios más espontáneos permiten suponer que al menos compartía su contenido. En unas y otros el monarca empleó con asiduidad un lenguaje cuajado de términos nacionalistas. Quizá no podía ser de otra forma, puesto que en todas partes la nación tendía a ocupar el centro de la escena como base del Estado. Dentro de las intervenciones del Rey, la nación se sobreponía a otros componentes discursivos que se entendían sólo en la medida en que se vinculaban o se subordinaban a ella, como la dinastía, la religión, el orden social o el régimen político y constitucional vigente. De modo que, en cuantas ocasiones pudo hacerlo, don Alfonso sacó a colación a España como destinataria de sus intereses y acciones: sólo deseaba conseguir su felicidad y su bienestar, recuperar su grandeza, que su dignidad fuera respetada4.

En público y en privado, Alfonso XIII justificó sus decisiones políticas como actos de patriotismo en los que podía poner en juego la Corona con tal de salvar a España. Cada crisis relevante lo vio insistir en el mismo argumento, según el cual el bien de la patria, sublimado hasta exigir el sacrificio de todos sus hijos, estaba por encima de cualquier otra consideración. Por ejemplo, en pleno verano revolucionario de 1917 le dijo al republicano Gumersindo de Azcárate que no estaba dispuesto a ser «la causa de un conflicto que ponga en peligro la existencia de la Nación». De igual modo, cuando reunió en 1918 a los líderes políticos en palacio para formar un gobierno de concentración nacional que conjurase el fraccionamiento partidista, amenazó con abdicar si no se ponían de acuerdo y al parecer les espetó que «antes que Rey soy español; nada me importa la Corona ante el bien de mi pueblo» 5. Más allá de estas advertencias, su crucial respaldo al golpe de Estado del general Primo de Rivera en septiembre de 1923 y su consiguiente ruptura con la Constitución para sostener una dictadura militar también encontraron un pretexto elevado: trataba, según su propia versión, de sacar al país de la anarquía «prescindiendo, por necesidad patriótica, de las trabas que me imponía la ley orgánica del Estado». Una excusa nacionalista dio también sentido a su abandono del país en abril de 1931, que fundó en la urgencia de evitar un derramamiento de sangre española. Motivos que repitieron luego muchos biógrafos del Rey y apologetas de la monarquía, en una tradición encomiástica tan prolífica como reiterativa. Hasta sus errores, cuando los había, quedaban disculpados por su entrega a la nación. En palabras de Juan Ignacio Luca de Tena, «Desde que tuvo uso de razón hasta el día mismo de su fallecimiento, Alfonso XIII sólo pensó en España, no vivió más que para España»6.

Desde su juventud, don Alfonso estuvo imbuido de una mentalidad regeneracionista, de un patriotismo dolorido por el atraso y la decadencia nacionales que habían desembocado en el Desastre, sentido como una humillación insoportable. Al igual que otros opinantes, consideraba llegado el momento de reconstituir de arriba abajo la nación para hacer de ella una potencia, o, según sus términos, para que ocupase «en el mundo el puesto glorioso que por multitud de motivos le corresponde». Ello suponía, en el interior, impulsar el crecimiento en todos los campos, y, en el exterior, ganar una posición internacional influyente, una meta que demandaba, o al menos así se lo pareció con el tiempo, la conquista de otro imperio colonial, esta vez en África. Como resaltaron las fiestas de su jura, el nuevo reinado había de servir de arranque a ese resurgimiento de España, y don Alfonso mostró su disposición a cargar sobre sus espaldas el ímprobo trabajo, aun a costa de saltarse las convenciones políticas, como si dependiera de él y como si en ello le fuese la vida a la propia monarquía. Eso es lo que explicó en su famoso diario íntimo, cuando en vísperas de su mayoría de edad escribió: «Yo puedo ser un Rey que se llene de gloria regenerando la Patria, cuyo nombre pase a la Historia como recuerdo imperecedero de su reinado; pero también puedo ser un Rey que no gobierne, que sea gobernado por sus ministros y, por fin, puesto en la frontera»'.

Y es que, para desempeñar esa función de motor en el desarrollo nacional, Alfonso XIII pensaba que no debía ser un rey pasivo, una mera decoración institucional, sino que estaba obligado a convertirse en un rey activo, comprometido con los problemas del país. Es más, la monarquía sólo se legitimaba a través de la presencia constante del monarca. Como explicaba en sus consejos a Manuel II de Portugal, «en nuestros Reinos no se Reina por la tradición sino por la simpatía y actos personales del Soberano». Don Alfonso se veía a sí mismo como un rey moderno, una imagen que perfiló en diferentes dimensiones, del deportista amante de la velocidad al fumador mundano y del bromista ocurrente al gentleman cosmopolita pero que afectaba con especial fuerza a su manera de afrontar los deberes constitucionales, puesto que lo empujaba a no conformarse con atribuciones exclusivamente simbólicas y a implicarse en la vida política cotidiana. En 1921 aseguró tajante que «Los Reyes modernos no somos como los antiguos; somos el primer ciudadano de la Patria y en lugar de estar inmóviles sobre un Trono, vamos guiando a las naciones por la senda del progreso». Era lo que denominaba un concepto democrático de monarquía. Y no faltó nunca quien le animara a la maniobra o a la iniciativa, en un contexto político caracterizado por la atomización partidista y la inestabilidad gubernamental. En consonancia con esa poderosa imagen dinámica, a don Alfonso le gustaba presentarse como el primer ciudadano de la nación, como el primer estudiante, el primer agricultor, «un obrero que trabaja por el engrandecimiento de la patria desde la altura del trono», el primer español dispuesto a dar la vida por España. Y todo ello en comunicación con su pueblo, cuyos deseos decía percibir mejor que nadie. Más que el Rey de España, símbolo de la nación por encima de las contingencias políticas, era el Rey patriota y populista, bregando a la cabeza de los españoles por la grandeza de la patria'.

Una de las expresiones recurrentes en los discursos del Rey era «el engrandecimiento de España». Ahora bien, ¿cómo se alcanzaba semejante objetivo? Para empezar, con el fomento de la economía. Trabajo, paz interior y orden eran condiciones para el progreso. Alfonso XIII padecía una cierta obsesión por el avance material y técnico, que se fijaba de manera preferente en la agricultura y en las obras públicas, sobre todo en las que posibilitaban mejoras agrarias como las hidráulicas. No en vano el Rey presumía de los cultivos experimentales que se llevaban a cabo en los reales sitios y visitó innumerables canalizaciones. Una fascinación que compartía con otros regeneracionistas como el prohombre republicano Joaquín Costa, apóstol tonante de la resurrección de España al que homenajeó tras su muerte, o como su discípulo el ministro liberal Rafael Gasset, cuyos ambiciosos planes de regadíos y carreteras apoyó con entusiasmo. Acudió también el Rey a múltiples congresos de ciencias y de ingeniería, donde reinaba el afán por reconstruir la patria mediante la aplicación de innovaciones tecnológicas. Lo mismo ocurría en las numerosas exposiciones de artes e industrias que vio durante su reinado. Sin embargo, no hay muchos testigos del aprecio de don Alfonso por otro de los tópicos del regeneracionismo, la escuela, y su relación con los intelectuales nunca fue muy fácil, aunque se interesó por las fundaciones de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas y por la Universidad. En cualquier caso, su preocupación por las infraestructuras no sólo no se agotó en la primera década del siglo, sino que se actualizó con ímpetu tras la Primera Guerra Mundial. No parece casualidad que la dictadura de Primo de Rivera encontrara inspiración en las enseñanzas de Costa9.

Por otro lado, la concepción que el monarca tenía de la patria era inseparable del ejército, que la defendía, velaba por su unidad, mantenía el orden y resultaba imprescindible para las empresas coloniales. Educado por oficiales y a la sombra del ejemplo de su padre el rey-soldado, Alfonso XIII se consideró siempre a sí mismo, en esencia, un militar español. En palabras de Salvador de Madariaga, «aquel uniforme de infantería con que había nacido» se le hizo piel. Todo lo que tuviera que ver con la milicia le apasionaba, de las condecoraciones y los desfiles a las academias y las campañas; concibió con sentido patrimonial la política castrense y, desvirtuando el papel de la Corona, se inclinó a favor de los cuarteles en sus choques con el poder civil. Y es que las fuerzas armadas, como la propia monarquía, le parecían una institución nacional, a salvo de divisiones partidistas o regionales. La historia mítica de España que aprendió de niño y que sustentaba su visión nacionalista de las cosas consistía en una sucesión de hechos bélicos admirables Pavía, San Quintín protagonizados por grandes reyes como Carlos V y héroes militares como el Gran Capitán, el duque de Alba y don Juan de Austria. Durante la Primera Guerra Mundial le impresionaron los sacrificios que hacían los combatientes inmolados en el altar de sus respectivas naciones. El engrandecimiento de España iba unido, sin duda, a la acción militar10

Y también a la exterior, pues don Alfonso intervino en la definición de la nueva política internacional española que, frente al recogimiento anterior al Desastre, buscaba un lugar al sol, secundario pero relevante en las alianzas europeas y básico en el Mediterráneo occidental. Es decir, alinearse con la entente franco-británica y participar en el reparto del norte de África. Si bien se movió con soltura en la diplomacia de los reyes que se estilaba a comienzos de siglo, Alfonso XIII no practicó una política dinástica o de fami lia, sino que pensó en términos nacionalistas, aunque no siempre con discreción y respeto a sus gobiernos. El embajador francés aseguró en 1914 que el Rey deseaba «dejar un nombre en la Historia de su país y volver a colocar a España entre las grandes potencias». Se preocupó especialmente de defender la imagen nacional, por ejemplo tras la ejecución del pedagogo anarquista Francisco Ferrer en 1909, a raíz de la Semana Trágica, cuando en las manifestaciones de la izquierda europea se atacaron símbolos españoles y hasta se quemó la efigie del Rey, nuevo Felipe II al frente de la eterna España inquisitorial. Durante algunos años soñó con intervenir en Portugal y al iniciarse la Gran Guerra buscó ventajas territoriales para España, aunque más adelante, resignado a la neutralidad, quiso hacer de mediador en el conflicto. Y a partir de entonces todo giró en torno a las operaciones militares en Marruecos, su ilusión y su cruz, que siguió al detalle y defendió en arengas que ponderaban la misión civilizadora de España en África'.

Curiosamente, y pese a ese españolismo a ultranza, las relaciones del Rey con los círculos nacionalistas catalanes y vascos oscilaron envueltas en una cierta ambigüedad, ya que tuvo con ellos, sobre todo con el catalanismo, algunos acercamientos circunstanciales. Así, repitió que le agradaban las lenguas regionales puesto que formaban parte de España: «La lengua catalana - concedió en 1907 - no puede sonar mal en oídos españoles, por ser uno de los idiomas que se hablan en la Patria», aunque incumplió su promesa de aprenderla. El nombre elegido para el segundo hijo de los reyes, Jaime, se atribuyó a una concesión a los catalanistas. Años más tarde asistió a varios Congresos de Estudios Vascos, donde exaltó el cuidado de la cultura y la economía autóctonas. Parece que don Alfonso confió en la posibilidad de integrar a los nacionalistas moderados en una España fuerte, plural pero solidaria, en la Espanya gran de la que hablaba Francesc Cambó, quien deslumbró al monarca, proclive en 1918 a conceder un estatuto de autonomía y convencido de que el caudillo catalán podía apuntalar el trono. No obstante, estas aproximaciones tenían límites muy nítidos, señalados por el anticatalanismo de los militares y por las acusaciones de separatismo que surgían en los medios nacionalistas españoles. Así, elementos próximos al rey alumbraron partidos monárquicos y españolistas, diseñados para frenar el auge de los nacionalismos catalán y vasco cuando la guerra mundial acabó en medio de cantos a la autodeterminación de los pueblos. Resulta dificil establecer el grado de sintonía de don Alfonso con organizaciones como la Unión Monárquica Nacional en Cataluña o la Liga de Acción Monárquica en el País Vasco, pero ambos situaban a la Corona, con conocimiento de su titular, al frente de una reacción beligerante, nacionalista y contrarrevolucionaria12.

Sin despegarse de un discurso atravesado por el españolismo, Alfonso XIII evolucionó continuamente hacia la derecha. En el arranque de su reinado adoptó un nacio nalismo regeneracionista pero liberal, que consideraba compatible el progreso de la nación con el afianzamiento del régimen constitucional y hasta se dejaba querer por medidas democráticas como las que fortalecían las prerrogativas del Estado frente a las intromisiones de la Iglesia. Pero desde los años de la Gran Guerra derivó hacia el nacional-catolicismo, la visión que identificaba a España con la religión católica y el patriotismo con la defensa de la fe, acercándose a las posturas antiliberales del entorno confesional. El nacionalismo alfonsino no carecía con anterioridad de ese componente religioso, como mostró con su asistencia en 1911 a la consagración de España a la eucaristía en la capilla de palacio. Sin embargo, la contienda europea le hizo multiplicar sus alusiones a la providencia divina, que había librado a la patria de la destrucción, y a confiar en la Iglesia como pilar del orden establecido frente a la amenaza revolucionaria. Monarquía, religión, patria y orden se conjugaban en un mismo ideario conservador, compartido por una parte del ejército y por movimientos como el maurismo y el propagandismo católico. Este giro del Rey alcanzó su culminación simbólica el día de san Fernando de 1919, cuando consagró en persona a España al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, considerado el centro geográfico de la Península. No era un simple acto religioso, sino una declaración política en la que habló de «los mismos santos amores de la Religión y de la Patria». Don Alfonso siempre recordó este momento como uno de los hitos memorables de su reinado, en un camino que le condujo a ofrecerse ante el Papa, en noviembre de 1923, a encabezar una nueva cruzada contra los infieles13

El nacional-catolicismo iba uncido a posiciones políticas antiparlamentarias, muy relacionadas con ese patriotismo activo del que presumía el monarca y que le hacía abominar de los lentos engranajes del sistema constitucional: en síntesis, el Rey dejaba caer una y otra vez que, a su juicio, podía hacerse mucho más por mejorar la situación del país, sobre todo en el terreno económico, pero los políticos, con sus querellas interminables, impedían cualquier labor útil de gobierno. Algo que podía detectarse ya desde 1916 o en 1920 - «manden las fuerzas vivas de la Nación otros representantes a las Cortes que remuevan la política y actúen con virilidad», dijo una vez pero que se manifestó de forma nítida en el célebre discurso pronunciado en Córdoba en mayo de 1921, en el que don Alfonso se prestaba a acaudillar, con apoyo de las provincias, un movimiento patriótico que acabara con los achaques del régimen parlamentario. Mediante la íntima comunicación entre el monarca y su pueblo, al margen de las divisiones partidistas, la Corona se convertía en intérprete de la voluntad nacional por encima del parlamento, lo cual conducía a soluciones autoritarias14. Al fin y al cabo, el moderno rey patriota guardó fidelidad a valores nada modernos, de raíz estamental, trufados de catolicismo castizo y muy presentes en el ejército, como un concepto calderoniano del honor que afectaba al desempeño de sus funciones públicas. En noviembre de 1923, el conde de Romanones y Melquíades Álvarez, presidentes del Senado y del Congreso respectivamente, le recordaron que debía convocar a las Cortes para no violar la Constitución. En su respuesta privada al primero de ellos, Alfonso XIII bosqueja ba la percepción que tenía de sí mismo: «Por España y por Dios ciño mi espada (...), no me guía más norte que mi acendrado patriotismo y el deseo de legar a la historia sobre mi cadáver esta corta inscripción pero claro resumen de mi vida: "Fue siempre español"» 15.

NACIONALIZAR LA MONARQUÍA

Más allá de las ideas del propio monarca, la popularidad y la legitimidad de la monarquía estaban ligadas a su identificación con la nación española. Una equivalencia que no resultaba evidente para todos, puesto que abundaban los españolistas republicanos, mucho más dispuestos que los dinásticos a utilizar la fuerza de los mensajes nacionalistas para movilizar al electorado, y también los monárquicos incómodos con ese enlace entre el trono y el españolismo, bien por su lealtad al modelo tradicional de monarquía absoluta, o bien por su obediencia a credos alternativos como el catalanista. A ellos habría que sumar los cientos de miles de españoles que se mantenían indiferentes ante tales preocupaciones. El caso es que, desde el comienzo de su reinado, Alfonso XIII y las élites gobernantes elaboraron distintas estrategias con el fin de promover la adhesión popular a la monarquía, y que en ellas representaron un papel protagonista los nexos entre corona y nación. No es fácil establecer hasta qué punto tuvieron éxito estas estrategias, que fueron inconstantes y hasta contradictorias, pero puede intentarse al menos una primera aproximación al asunto.

Para empezar, muchas manifestaciones públicas de la Corona se ajustaban a un ceremonial cortesano que se ha tachado de anacrónico y rígido. Los rituales y costumbres de la corte, apenas renovados, separaban a Alfonso XIII de los españoles y concedían, como pudo verse en la jura, un lugar preeminente a la aristocracia. Desde luego, ceremonias como el lavatorio de pies y comida de los pobres, que se organizaba cada Semana Santa, o la investidura de caballeros de las órdenes militares permanecían al margen de cualquier concepto contemporáneo de nación. Sin embargo, no debe desdeñarse su valor como espectáculo, muy visible en las festividades palatinas más suntuosas, las capillas públicas que se organizaban en palacio cada poco tiempo más de una al mes - y que consistían en una procesión solemne en la cual los espectadores contemplaban de cerca, casi rozándola, a la familia real. A ellas asistían «doble fila de curiosos, la mayoría de la burguesía provinciana, muchos extranjeros y no pocos madrileños», gentes de distinta extracción social, «revueltas la alcurnia con lo plebeyo» 16. Otras ceremonias frecuentes, como la presentación de credenciales diplomáticas o el relevo de la guardia en palacio, formaban parte de la vida cotidiana de la capital. Además, la pompa no suponía necesariamente un obstáculo para la nacionalización de la monarquía, sino que podía favorecerla, porque, como pasaba en la Gran Bretaña de esos mismos años, ayudaba a convertir a la Corona en un símbolo intemporal, encarnación del consenso y la continuidad nacionales por encima de las fracturas y los vaivenes políticos. De hecho, cuanto más vetustos y vistosos se mostraban estos ceremonia les, más atractivos se volvían para las masas en una sociedad sometida a cambios acelerados".

Los principales ritos oficiales se correspondían con la doctrina axial de la Constitución de 1876, la de la cosoberanía entre las Cortes y el Rey, según la cual ambos poderes interpretaban al unísono la voluntad nacional. En las fiestas más señaladas del calendario regio, la onomástica y el cumpleaños del monarca 23 de enero y 17 de mayo-, se daban en palacio grandes recepciones. Poco antes llegaban al salón del trono nutridas comisiones del Senado y del Congreso de los Diputados, los dos cuerpos colegisladores, cuyos presidentes pronunciaban sendos discursos de adhesión. El rey leía a su vez las palabras que le entregaba el gobierno, siempre en tono patriótico. Mucho más aparatosos resultaban los actos de apertura de las Cortes después de cada elección. Entonces no acudían al alcázar delegaciones del legislativo, sino que era el monarca quien se desplazaba a la sede parlamentaria. Con ese motivo desfilaba por las calles de Madrid un cortejo de gala que desplegaba la gran colección de carruajes del patrimonio real, conocido de memoria por el público, con toda la parafernalia de sirvientes y cargos palatinos y sus escoltas militares a caballo. Ya en el parlamento, el Rey reproducía el mensaje que le proporcionaba el presidente del consejo. En principio, Congreso y Senado se alternaban en la organización del evento, y el sistema del turno hacía coincidir las aperturas en el Congreso con mayorías liberales y las correspondientes al Senado con mayorías conservadoras. Sin embargo, la ruptura del bipartidismo acabó con la secuencia. Y en 1919 un gobierno derechista quebró la costumbre, por temor a un escándalo o a un atentado en el largo recorrido hasta el Congreso, para disgusto de los aficionados al desfile y quizá del propio rey. Desde entonces los ceremoniales se celebraron sólo en el Senado, lo cual les hizo perder espectacularidad, ya que el edificio de la cámara alta se hallaba muy cercano al palacio real. Naturalmente, la dictadura barrió estos rituales".

Fuera de las ceremonias habituales se dieron otras extraordinarias, sobre todo al comenzar el reinado. La jura, como ya se ha visto, revistió el carácter de una fiesta nacional en la que se exaltaba el papel del joven monarca en la regeneración de España. Cuatro años más tarde, en mayo de 1906, la boda de Alfonso XIII con Victoria Eugenia de Battenberg volvió a probar la notable capacidad de ostentación de la monarquía y repitió los moldes festivos ya rodados. La capital se adornó otra vez, la música acompañó los desfiles de carrozas y los bailes donde brillaron de nuevo la alta nobleza española y las casas reales extranjeras, y por todas partes aparecieron los símbolos nacionales, desde las colgaduras rojigualdas en las calles hasta los leones y castillos en el manto de la novia. Multitudes de forasteros puede que doscientos mil en una ciudad de medio millón de habitantes garantizaron la acogida del espectáculo, que se encargaron de divulgar la prensa ilustrada y los noticieros cinematográficos que se proyectaban en cines y barracas levantadas al efecto. La novia inglesa daba un toque de modernidad cosmopolita al ambiente castizo. El acontecimiento quedó marcado por la bomba anarquista que dejó decenas de muertos al paso de los recién casados, pero hasta la desgracia favoreció la imagen de la Corona - aunque no la del servicio de seguridad español, puesto que don Alfonso demostró una llamativa sangre fría en los instantes decisivos. Esta faceta, la del rey valiente, se reforzó en los múltiples atentados que sufrió y de los que salió ileso19. Y quizá fuera el miedo al terrorismo lo que impidió que semejantes ocasiones se repitieran a lo largo del reinado, a pesar de los avances obtenidos por la popularidad de la monarquía. Es como si las élites de la Restauración, incluyendo al rey, se hubiesen conformado con estos logros iniciales. Así pues, no se produjeron grandes despliegues para celebrar la mayoría de edad del príncipe de Asturias u otros fastos reales, ni jubileos ni bodas de plata como los de otros soberanos europeos. Cuando se cumplieron veinticinco años de su acceso al trono, en plena dictadura, el propio Alfonso XIII rechazó cualquier celebración y prefirió dedicar el aniversario a la construcción de la Ciudad Universitaria de Madrid. Las universidades lo nombraron rector honoris causa y la prensa alabó la obra de cultura que se ponía en marcha a instancias del monarca20.

Donde mejor pueden verse los entrecruzamientos entre política monárquica, imagen del Rey y nacionalización de la monarquía es en los viajes regios, herramientas propagandísticas que las autoridades sustrajeron pronto del control cortesano. Como ocurrió con los grandes ceremoniales, las giras también se concentraron con mayor intensidad en los primeros años del siglo, de 1902 a 1906, cuando Alfonso XIII vivió en un continuo ir y venir por la geografía española. Por una parte, el monarca debía conocer España a través de un viaje de estudios enciclopédico y, por otra, los españoles tenían que ver y apreciar a su rey. Había que crear lazos afectivos con cada una de las regiones españolas, de las que no quedó una sin visitar. Así, el nuevo reinado entroncó con las tradiciones de los antiguos reinos españoles, pues el monarca se dirigió a varios panteones de reyes en Asturias, en León o en Aragón, donde subió hasta el monasterio de San Juan de la Peña para recibir el anillo de Pedro 1, mientras que en Cataluña fue investido, ya en 1908, conde de Barcelona. Lo llevaron incluso a Estella, la vieja capital carlista, para probar su lealtad. Cada población mostraba al rey todo lo que poseía, los monumentos que hablaban de su historia, sus instituciones culturales, sus señas de identidad bailes y trajes regionales, símbolos religiosos, las industrias y obras que alentaban el progreso, hasta sus mujeres hermosas, siempre con sus jerarquías a la cabeza. No faltaban los Te Deum, las paradas militares y el reparto de ayudas a los pobres, actos que vinculaban a la Corona con la Iglesia, el ejército y el orden social. Las decoraciones efímeras, construidas por instituciones públicas, corporaciones económicas y círculos recreativos entrelazaban símbolos nacionales y monárquicos. El rey no solía pronunciar discursos, pero el mensaje quedaba claro en la puja de alocuciones oficiales y poemas patrióticos entonados por los vates locales: toda España manifestaba su lealtad a la monarquía en la persona del Rey, depósito a la vez del pasado y del futuro de la nación. Significativamente, el último de los viajes de la serie inicial, en vísperas de su boda, lo llevó a las Islas Canarias para certificar su inquebrantable españolidad`.

Los viajes regios repercutían de inmediato en los medios de comunicación, que les dedicaban amplio espacio. Los noticieros cinematográficos, cada vez más presentes, se hacían eco de muchos de ellos. Las crónicas subrayaban el tamaño de las multitudes que presenciaban las visitas y, ante todo, la campechanía y accesibilidad del soberano. Cundían anécdotas llenas de salidas graciosas del monarca y piropos a su majeza que soltaban, entre sorprendidos y satisfechos, los hombres y mujeres del pueblo: «¡Viva el rey más simpático del mundo!», le gritaban las obreras de Logroño. No era un monarca distante sino una persona cercana a sus compatriotas e interesada por todo cuanto les ocurría. De acuerdo con las películas, al rey lo esperaban con ansiedad y luego lo vitoreaban calurosamente, en un comportamiento pautado que enfatizaba la unión de los españoles con la monarquía. Las giras de Alfonso XIII, incluso en las circunstancias políticas más dificiles, casi siempre desbordaban las previsiones de los organizadores y desembocaban en un triunfo. Compartían su popularidad otros miembros de la familia real como su tía la infanta Isabel, aficionada al casticismo madrileño de verbena y chocolate con churros, y su hermana la infanta María Teresa, tempranamente fallecida; mucho menos la reina madre María Cristina, austera y devota, y la reina Victoria, tenida por demasiado seca y orgullosa. Dentro de ese extendido apego popular, en los entornos rurales asomaba un componente atávico, una lealtad campesina que sonaba a deferencia estamental o religiosa, incluso a superstición, más que a adhesión nacionalista. La gente se arrodillaba o se santiguaba al paso del Rey, le pedía su bendición. En Canarias, los paisanos colocaban su retrato en casa junto a las estampas de la Virgen o Jesucristo, y se vendieron objetos relacionados con la visita. En las ciudades cabía detectar otra vertiente de los viajes reales como espectáculos de masas, entretenidos pero superficiales. Y en todas partes surgía la petición al monarca de favores individuales o colectivos, desde destinos laborales e indultos hasta carreteras o puertos, y podía hablarse de un respaldo condicionado a la respuesta que diera el gobierno, por intermediación de don Alfonso, a esas demandas".

En estas apariciones públicas había materiales aprovechables para nacionalizar la monarquía, y los gobernantes trataron de hacerlo de acuerdo con sus propias ideas acerca del papel que debía representar la Corona. Hasta el inicio de la Gran Guerra pudieron apreciarse dos estrategias contrapuestas, adoptada cada una por uno de los partidos que se turnaban en el poder. La de los conservadores respondía a los proyectos de su jefe, Antonio Maura, empeñado en potenciar la dimensión simbólica de la Corona y en alejarla al mismo tiempo de las contiendas partidistas sin disminuir por ello sus prerro gativas constitucionales. El rey representaba la cohesión y la perdurabilidad de la nación, pues a su juicio era «encarnación viviente de la patria» y el grueso de los españoles sólo podía concebir a España a través de una figura tangible como la suya, mientras que su injerencia en las querellas políticas destruía su imagen consensual y socavaba el arraigo del régimen. Maura tuvo al rey viajando sin parar - don Alfonso le pidió irónicamente que le concediera la jornada de ocho horas y hubo roces entre ellos a cuenta de los agotadores itinerarios - e insistió en que fuera a Cataluña, donde el catalanismo desafiaba las bases del Estado. El credo españolista de Maura, apreciable en su política económica y de rearme, incluía el reconocimiento de la pluralidad regional de España y contemplaba posibles alianzas con los catalanistas, por lo que animó al rey a usar en favor de la monarquía la diversidad territorial de las tradiciones dinásticas. Lo cierto es que las visitas a Cataluña, cargadas de gestos hacia la cultura autóctona, obtuvieron excelentes resultados gracias al entusiasmo de las clases medias, que llenaron las calles de vítores y banderas españolas, y hasta se habló de una residencia regia temporal en Barcelona, lo cual llevaría a repetir la experiencia a sus sucesores al frente del conservadurismo, Eduardo Dato y José Sánchez Guerra, aunque la conflictividad social y política de la posguerra mundial en Barcelona acabó vinculando a la Corona con la represión militarizada del movimiento obrero revolucionario y al republicanismo con las reivindicaciones nacionalistas catalanas23.

Frente a la estrategia conservadora se hallaba la del Partido Liberal, sostenida por su jefe José Canalejas y, en parte, por su heredero el conde de Romanones. En su opinión, lo trascendental no era convertir al rey en un símbolo a salvo de conflictos políticos, sino lo que entendían como una verdadera nacionalización de la monarquía, es decir, la búsqueda de cimientos firmes para el régimen a través de la realización de un programa democrático, que fortaleciera las facultades del Estado - educativas, sociales, secularizadoras - para propulsar la modernización nacional. La monarquía no podía identificarse con la nación si no integraba todas las energías disponibles, incluidas las de las clases trabajadoras. Conscientes de su debilidad en la arena electoral, los liberales quisieron asociar a Alfonso XIII a estas tareas haciendo de él un rey demócrata, que no se limitara a ejercer funciones arbitrales sino que impulsase los proyectos europeizadores. Esa visión de un monarca activo y moderno encajaba a la perfección con los deseos de don Alfonso, más cómodo con Canalejas que con Maura. El jefe liberal le proporcionó grandes éxitos al servirle indultos en bandeja, mejorar su proyección exterior tras la ferrerada y emprender acciones en Marruecos que, tras un viaje del Rey a Melilla, le valieron el sobrenombre de Alfonso el Africano. La apertura hacia la izquierda atrajo a intelectuales progresistas como Rafael Altamira, que aceptó la dirección general de Primera Enseñanza y llegó a comparar al monarca con Carlos V aunque la entrega al alfonsismo de la intelectualidad republicana no se produjo hasta que, tras el asesinato de Canalej as y el nombramiento de Romanones, el Rey se negó a devolver el poder a Maura. Fue entonces cuando apareció a sus ojos como baluarte de la libertad frente a la reacción. Tras la visita a palacio de varios hombres de la Institución Libre de Enseñanza en enero de 1913, Azcárate declaró fenecidos los obstáculos tradicionales que habían hecho incompatibles monarquía y progreso, y su Partido Refor mista, adalid del accidentalismo, se mostró propicio a recibir el mando de manos del Rey. Aunque no se dio ese paso, aquellos años de Gobierno liberal marcaron el máximo nivel de aceptación del monarca por parte de las izquierdas y uno de los hitos en los anales de su popularidad`.

Los triunfos interiores tenían su contrapartida en los viajes internacionales, acomodados a los planes de recuperar una posición europea para España - junto a Francia e Inglaterra - que defendían tanto conservadores como liberales. Salvo el paréntesis que supusieron las consecuencias de la Semana Trágica, la imagen del Rey en los países aliados fue bastante positiva durante su reinado constitucional. Destacaron a este respecto las primeras visitas oficiales a París, que lo recibió a lo grande y vio en él un trasunto de la España renacida. En los medios franceses se le aplicaban los estereotipos de lo español lo retrataban como un flamenco o como don Quijote - y se impusieron los clichés de le roi charmant, atento con las señoras, o del rey valeroso, impertérrito ante los atentados. A su vuelta, Madrid lo acogía con manifestaciones callejeras de entusiasmo. Con el tiempo don Alfonso se implicó en otra empresa exterior que también alentaba el nacionalismo español, la hispanoamericanista, basada en la idea de que el futuro de la nación dependía del estrechamiento de sus lazos con los países americanos de lengua española: la llamada de una raza común, entendida normalmente en términos culturales, que unía a la madre patria y a sus hij as - o hermanas, según las versiones más ecuánimes - del otro lado del Atlántico. Alentado por entusiastas como Altamira, quien le presentó un programa educativo americanista, el Rey se pasó varios lustros anunciando un viaje a América que nunca se produjo. Lo animaban también los círculos de emigrantes españoles, a pesar de los republicanos que reunían, y diversas entidades americanas El Comercio de Lima lo llamaba en 1924 «padre moral de las Américas». Compensaron esta gira frustrada distintas conmemoraciones transatlánticas. En 1910, la infanta Isabel viajó a Argentina para participar en el centenario de la Revolución de Mayo y obtuvo un recibimiento triunfal por parte de las autoridades y de la colectividad española; una década más tarde, el infante don Fernando, cuñado del Rey, acudió al cuarto centenario de los descubrimientos de Magallanes en Chile. Ya en los años 20, tanto los planes para la Ciudad Universitaria, pensada para atraer estudiantes hispanos, como la Exposición Iberoamericana de Sevilla mantuvieron encendida la llama americanista que alimentaba la Corona25.

La incesante exhibición de Alfonso XIII en los doce primeros años de su reinado contrastó con la drástica reducción de su presencia pública en tiempos de la Primera Guerra Mundial. Algo todavía más chocante por cuanto la contienda trajo consigo la proliferación de mensajes nacionalistas, que, en los regímenes monárquicos, sublimaban la identidad entre trono y nación. En España, al contrario, no pareció adecuado el mantenimiento de ceremonias y viajes en medio del luto europeo, por lo que se sus pendió la mayoría de los actos oficiales. De hecho, el monarca apareció en escasas ocasiones y casi siempre en entornos militares fuera del circuito habitual de sitios reales y lugares de veraneo. Era una política coherente con la neutralidad oficial, temerosa de exacerbar la fractura de la opinión entre aliadófilos y germanófilos y nada propicia a movilizar a los ciudadanos, dada la impotencia militar que desaconsejaba entrar en guerra26. Hubo, eso sí, algunos fogonazos publicitarios, articulados en tomo a la celebración de la labor humanitaria que realizó don Alfonso al interceder por prisioneros y localizar a desaparecidos de ambos bandos. El rey declaraba que lo hacía en nombre de los españoles y sus panegiristas insistían en que con esa obra patriótica había mejorado la imagen de España en el exterior, por lo que merecía el agradecimiento de su súbditos. Los alcaldes de todo el país propusieron que recibiese la gran cruz de la beneficencia y le entregaron las firmas correspondientes el día de su santo de 1917, recogiendo el sentir de un pueblo «dignificado ante el universo por la obra de Y M.». Esa idea de representar a España con la suma de sus ayuntamientos, ya presente en la jura, volvería a probarse con Primo de Rivera 17.

Al llegar la paz, la crisis del sistema político español, en la que gobiernos efímeros tenían que afrontar agudos contenciosos sociales y cívico-militares, impidió retomar las estrategias puestas en marcha antes de la guerra y dejó la búsqueda de apoyos para la monarquía en manos de los incondicionales y sobre todo del propio rey, sumido en una rutina de actos castrenses y religiosos que salpicaban algunos viajes. Bien es cierto que el republicanismo daba por entonces pocas señales de vitalidad electoral. El suceso más notable, aparte de la célebre consagración del cerro de los Ángeles, fue el viaje en 1922 a la comarca de Las Hurdes, una de las más atrasadas de España, que resultó un verdadero éxito en la presentación de un rey atento a las necesidades de su pueblo. La prensa, como durante todo el reinado, siguió con asiduidad la agenda de don Alfonso y de su familia, sobre todo los periódicos monárquicos y las revistas ilustradas que se dirigían al público femenino de las clases pudientes. En general, el tono de las informaciones periodísticas sobre el monarca era favorable y, de acuerdo con los deseos del Rey, predominó la imagen de un personaje de su tiempo, moderno, simpático y deportista, y de un monarca identificado con España como su representante institucional. Ya no valía el recurso al ímpetu juvenil, que fue sustituido por la figura de un hombre maduro que velaba por su patria. No obstante, las noticias eran asimismo convencionales e insulsas, y sólo se animaban de vez en cuando con referencias a la vida familiar y a las impresiones personales del monarca, para las cuales palacio daba pocas facilidades. El cinematógrafo recogió los viajes y, cosa insólita, proyectó íntegro el texto del polémico discurso de Córdoba, para que no quedaran dudas sobre el pensamiento del Rey. Otra arma propagandística, el envío de retratos firmados que solicitaban particulares y corporaciones, se administraba con prudencia, mientras que aumentó el número de marcas comerciales que buscaban el prestigio de la Corona titulándose proveedores de la real casa y el de instituciones que pedían permiso para denominarse Real, a veces con inten ciones nacionalistas, como el Real Club Deportivo Español de Barcelona, el equipo de fútbol del españolismo catalán23.

En todo caso, la imagen del Rey y su capacidad para aunar voluntades se vieron gravemente perjudicadas en los entornos bien informados por su constante intervención en los conflictos políticos, algo en lo que insistieron gentes de todos los partidos, incluyendo los gubernamentales. El goteo de agravios y recelos, como el que habían atizado los mauristas y engrosaban muchos ex ministros, no quedó contrarrestado por algunos logros pasajeros, como la formación del Gobierno nacional en 1918. Tampoco le favoreció la difusión de su vertiente frívola, al día de las modas y diversiones de la clase ociosa internacional. Mientras los soldados morían en África, se decía, el Rey jugaba en el casino de Deauville. De manera aún más profunda le afectó su connivencia con las catastróficas campañas de Marruecos, que condujo en el parlamento a la acusación, aireada por los diputados socialistas, de haber sido responsable en 1921 de un nuevo desastre, el de Annual. Para rematar su pérdida de credibilidad entre las élites, los intelectuales progresistas se distanciaron de la Corona y algunos de quienes antes habían confiado en el patriotismo del monarca ahora le tachaban de autócrata. Uno de los más respetados y leídos, Miguel de Unamuno, hizo causa personal de su enemistad con don Alfonso, a quien acusaba de olvidar a la patria y de servir tan sólo a sus propios intereses29.

Ya con la dictadura, la propaganda monárquica adoptó un tono francamente defensivo. Al decantarse por los golpistas, y pese al respaldo popular que tuvo el dictador en sus primeros años, el Rey había perdido toda oportunidad de concitar un consenso nacional, lo cual aumentó la urgencia de mostrar que existía dicho consenso. El detonante fue un panfleto de Vicente Blasco Ibáñez titulado Alphonse XIII démasqué. La terreur militariste en Espagne, en el que aparecía un rey germanófilo y absolutista: «Oui, moi Espagnol, je le déclare dés le début: par patriotisme, pour l'honneur national, j'accuse Alphonse XIII». La respuesta fue una campaña sin precedentes, que dio origen a una literatura alfonsina de combate y a la movilización de los cuadros del régimen militar en favor del monarca. Según sus paladines, el soberano había salvado a España del caos provocado por los políticos corruptos y quienes le criticaban no eran sino traidores a la patria30. Los reyes fueron nombrados alcaldes honorarios de muchos pueblos y se bautizaron calles con el nombre de don Alfonso. En una suerte de desagravio nacional, una masiva concentración de representantes de ayuntamientos y diputaciones, enarbolando los símbolos locales y acompañados por unas sesenta mil personas - agricultores, somatenistas, militantes católicos-, desfiló ante el Rey en su onomástica de 1925. Lo curioso es que, bajo el mando de Primo de Rivera, conforme dismi nuían sus posibilidades de intervenir en la vida política, don Alfonso cumplió como nunca su papel simbólico de padre de la patria y volvió a viajar con regularidad por el país, demostrando que su popularidad seguía viva31.

LA CORONA Y LA NACIONALIZACIÓN DE LOS ESPAÑOLES

Cabe preguntarse asimismo por la importancia de la monarquía en la nacionalización de los españoles, es decir, en la difusión y arraigo de la identidad nacional entre los habitantes del país. Los historiadores han escrito mucho acerca de la debilidad del nacionalismo español y de las deficiencias que padeció el proceso nacionalizador en España, lastrado por la falta de voluntad de las élites políticas y por la escasez de los recursos estatales empleados en la tarea, lo que alejaba el caso español del canon europeo, sobre todo del paradigma francés. Sin embargo, las investigaciones recientes han rechazado esta supuesta excepcionalidad y se han esforzado en recoger la complejidad del fenómeno32. La irrupción de las masas en la política, que en España se produjo en torno al cambio de siglo y coincidió por tanto con el inicio del nuevo reinado, espoleó las llamadas a la nación en todos los ámbitos. Si para muchos nacionalistas la monarquía formaba parte esencial de la españolidad, uno de los instrumentos de nacionalización más relevantes, que la historiografia apenas ha tenido en cuenta, se encontraba en la propia actuación de la Corona, la cual, en tiempos de Alfonso XIII, se comportó en clave españolista. Puesto que los esfuerzos de legitimación del régimen monárquico tendían a identificar monarquía y nación, hay que suponer que en muchas de las políticas estatales, y desde luego en la propaganda monárquica, iba implícita la divulgación de valores nacionalistas.

En principio, los españoles, incluso los más alejados de la vida política, podían percibir con facilidad su pertenencia a un Estado que adoptaba la forma monárquica de gobierno. Algo evidente en objetos de uso común que circulaban por millones, como las monedas o los sellos, donde se difundían iconos nacionales y se asociaba a la nación con la Corona. Casi todas las monedas respondían a un mismo patrón, que reflejaba la doble legitimidad de la monarquía, tradicional y nacional: en el anverso, el busto del Rey, al que se veía crecer en sucesivas apariciones como pelón, bucles, tupé, cadete y adulto, rodeado por la leyenda «Alfonso XIII por la G. de Dios»; en el reverso, el escudo español unido a la expresión «Rey Const. de España». En las monedas acuñadas bajo la dictadura desaparecieron estos apelativos - quedó tan sólo «Rey de España» o incluso el rostro del soberano para dejar sola a la corona real junto a una carabela -recuerdo del descubrimiento de América - o a un haz de espigas. En los billetes hubo más variedad, aunque en el marco de un programa iconográfico nacionalista, ya que en ellos aparecían glorias de la cultura nacional - Goya, Jovellanos, Velázquez, Alfonso X el Sabio, el premio Nobel Echegaray, diversas alegorías y ciudades castellanas y andaluzas Granada, Burgos, Sevilla, Segovia, Madrid con sus respectivos monumentos. El régimen de Primo de Rivera reforzó el imaginario nacional-católico al dedicar emisiones al cardenal Cisneros, Isabel la Católica, Carlos V, Felipe II y San Francisco Javier, y, con motivo del XXV aniversario de la jura, hizo circular un billete con la efigie de Alfonso XIII. En los sellos y tarjetas postales el Rey también se hacía mayor, con el lema «España» encima o debajo de su retrato, y se brindaron series especiales al Quijote y a Cervantes. La dictadura emitió sellos que vinculaban a la familia real con la Cruz Roja, organización patrocinada por la reina, y consagró otros a las exposiciones de Barcelona y Sevilla en los que se repetían motivos como Goya y Colón. La nación se reconocía en su rey y en unos cuantos héroes y emblemas de su historia33

Para abonar la tesis de la débil nacionalización española, varios historiadores han señalado la llamativa ausencia en la España contemporánea de elementos tan importantes para los nacionalismos como un himno nacional provisto de una letra capaz de emocionar a los ciudadanos, de una bandera compartida por todos o de una fiesta nacional institucionalizada34. No obstante, himno, bandera y fiesta, que ya existían con anterioridad, terminaron de oficializarse durante el reinado de Alfonso XIII como reacción a los desafíos catalanistas y bajo gobiernos presididos por Maura, quien, como se ha visto, otorgaba una gran importancia a estos aspectos simbólicos. Los símbolos oficiales tenían fuertes connotaciones monárquicas y por tanto despertaban rechazo entre los republicanos, que los consideraban más dinásticos que nacionales y disponían de sus propias alternativas. Un fenómeno simétrico al que ocurría en Francia, donde la extrema derecha renegó de la simbología revolucionaria que había abrazado la Tercera República al menos hasta la Gran Guerra. En cuanto al himno, la marcha real, se tocaba en múltiples ocasiones, desde luego en las que contaban con la presencia de las reales personas, solo o en compañía de otras partituras como la canción del soldado, y se armonizó para bandas militares en 1908. Se difundió también a través de zarzuelas y composiciones para bandas y orquestas, como las que animaron las bodas reales. No tenía letra reconocida, pero en las movilizaciones españolistas, como las que contestaron al catalanismo, pudo utilizarse la escrita también en 1908 por Eduardo Marquina, célebre autor de dramas históricos, que sublimaba la emoción patriótica ante la bandera («Gloria, gloria, corona de la Patria, / soberana luz / que es oro en tu pendón»). Además, se dedicaron varios himnos a Alfonso XIII para celebrar la jura, su condición de primer agricultor de España o su compromiso con la dictadura35

La enseña rojigualda se había instituido en el siglo xviii y su uso se había ido normalizando a lo largo del xix. En 1908, cuando el ayuntamiento de Barcelona se negó a izarla, el gobierno ordenó que ondeara de forma obligatoria en los edificios públicos durante las fiestas nacionales. Era un símbolo sacralizado por el ejército - de hecho, la ley de jurisdicciones de 1906, imposición de los militares, estableció el delito de ultrajes a la bandera, pero aparecía en toda clase de acontecimientos, desde las ferias hasta las corridas de toros. Se le rendían homenajes en momentos críticos, por ejemplo en contestación a la Solidaridad Catalana, y algunos clubes deportivos pedían permiso a palacio para usarla con sus propias siglas. Don Alfonso se implicó en su promoción y dotó premios para composiciones que la exaltaban. Más aún, asistió a numerosos actos de jura de bandera, a los cuales se dio gran realce a partir de su regulación en 1903. En ellos, los soldados juraban a Dios y prometían al rey seguir sus banderas hasta la muerte. Cada año tenía lugar bajo la presidencia del monarca, en la mayor avenida de Madrid, una grandiosa jura con miles de participantes, aunque con el tiempo estos rituales se encerraron en los cuarteles, de los cuales quiso sacarlos Primo de Rivera. En 1920, con solemne protocolo, la juró el príncipe de Asturias en la Casa de Campo. La familia real entregó asimismo banderas a unidades militares, algunas de ellas regaladas por la reina en representación de las mujeres españolas que esperaban en sus hogares a los defensores de la patria. En los discursos más exaltados del Rey durante la guerra de Marruecos, la sacrosanta bandera exigía sangre. Parece complicado saber hasta qué punto interiorizaron los españoles estos símbolos, monárquicos y de regusto militar, aunque hay algunos indicios de su popularidad. Proliferaron por ejemplo cuplés patrióticos como La tirana de Trípili, de 1911 («España de mis amores / el día que yo me muera / que me entierren en tu suelo / y me cubra tu bandera») o el archifamoso Banderita, de 1919, dedicado a los soldados que morían en África («Banderita, tú eres roja / Banderita, tú eres gualda, / tienes sangre y tienes oro / en el fondo de tu alma»)36.

Respecto a la fiesta nacional, se ha insistido en que no hubo una fecha tenida por tal de manera permanente hasta la declaración del 12 de octubre como Fiesta de la Raza en 1918, una efeméride hispanoamericanista que acumulaba numerosos antecedentes y que fue promovida por el propio Alfonso XIII37. Se dio ese mismo carácter, de modo coyuntural, a centenarios como los de las Cortes de Cádiz y santa Teresa. Sin embargo, ya se consideraban fiestas nacionales los días de Corte, es decir, las fechas ligadas a los reyes y al príncipe, sus onomásticas y cumpleaños. Esos días se engalanaban con banderas, colgaduras e iluminaciones los edificios oficiales; no se trabajaba en los tribunales ni, por extensión, en dependencias del Estado y centros de enseñanza, y se felicitaba a las reales personas con telegramas o firmando en álbumes dispuestos al efecto. En las festividades dedicadas a los reyes se concedían indultos, condecoraciones y donativos; las recepciones generales y banquetes en palacio captaban la atención de los medios y de los curiosos que escudriñaban a los asistentes, seguían las demostraciones militares y aclamaban al monarca cuando aparecía en el balcón. Siguiendo el modelo palatino, las autoridades castrenses y civiles ofrecían sus propias recepciones a las fuerzas vivas de cada localidad; aquí y allá se celebraban funciones teatrales, misas, concursos y desfiles, sonaban marchas y salvas de ordenanza. Las legaciones diplomáticas seguían la misma pauta y las coloniales trataban de implicar a los indígenas. Era la apoteosis de la España oficial, en la que el ejército ocupaba un lugar privilegiado38.

El calendario vital de los españoles se veía pues afectado por el calendario regio, aunque la abundancia de fiestas podía dispersar los efectos propagandísticos. No obstante, el santo del Rey, el 23 de enero, adquirió preeminencia sobre las demás fechas. Ya se ha visto cómo en 1917 y 1925 dio ocasión a sendos homenajes masivos, mientras que en algún momento de efusión españolista - como en 1919, coincidiendo con la campaña autonómica del catalanismo - adquirió una dimensión política más amplia, con manifestaciones y mítines monárquicos. La prensa adicta no se olvidaba ese día de ponderar las virtudes del soberano, y también hubo festejos a cargo de particulares. Por ejemplo, el Real Nuevo Club de Santa Cruz de la Palma, un círculo recreativo, orquestaba veladas cada 23 de enero para ensalzar a su presidente honorario, Alfonso XIII, a quien alababan en 1917 por su enamoramiento de la patria. Algo parecido hacía un maestro de Cieza (Murcia), en actos que en 1924 incluían himnos y poesías dedicados al rey, a España y a la bandera, conferencias de diversos profesores sobre el patriotismo o la ciudadanía la principal se titulaba «El amor a la Patria es amor al Rey», en salones decorados con los atributos reales y nacionales. La dictadura promovió tales iniciativas, aunque el organizador alegaba ser «el único Maestro de España que ha dado al 23 de Enero, la importancia, divulgación y solemnidad que reclama tan nombrada fiesta nacional» 39

La escuela constituía, por supuesto, un ámbito fundamental de nacionalización. En los centros públicos existían retratos del Rey, cuya colocación en sitio visible, por ser el «poder moderador que representa a la unidad de la Patria», se hizo obligatoria en 1921. Los colegios orquestaban un culto patriótico en torno a la bandera: se izaba a diario y los niños le cantaban himnos antes y después de las clases, como la oda compuesta por Sinesio Delgado y fijada en las paredes escolares en 1907, con la misma consideración que las oraciones religiosas («¡Salve, Bandera de mi Patria, salve! / y en alto siempre desafía al viento.. .»)40. La materia más ligada a la formación nacionalista era la historia, presente en libros de texto y de lectura recomendados por las autoridades educativas con el fin de estimular entre los niños el sentimiento de pertenencia y el amor a España. La monarquía, artífice de la unidad nacional y defensora de la fe católica, representaba en ellos un papel protagonista, aunque matizado según la tendencia ideológica del autor. Los textos contaban una historia llena de episodios edificantes, en la que los destinos de la nación, y hasta su altura moral, dependían de las características personales de sus reyes. Cuando el monarca era fuerte, sabio y valiente, como Recaredo, Fernando III, los Reyes Católicos, el emperador Carlos V o Carlos III, el país progresaba y los españoles vivían felices. Cuando el soberano no cumplía sus altos deberes, por debilidad o doblez, como Felipe III, Carlos II o Fernando VII, la patria sufría períodos de decadencia. Esa narrativa culminaba generalmente con las esperanzas puestas en que el reinado de Alfonso XIII respondiera a las buenas cualidades del Rey, «modelo del más perfecto caballero» y «un patriota enamorado de su pueblo», según el prolífico autor católico Saturnino Calleja. Muchos de los libros de lectura declarados útiles para su uso en las escuelas estaban escritos por militares y a veces eran los mismos manuales que estudiaban los soldados durante su instrucción. En ellos se empleaba un lenguaje hiperbólico para cantar los hechos bélicos de la historia nacional, se subrayaba la necesidad de morir por España y se ponía como ejemplo al monarca, primer soldado de la patria. Es arriesgado aventurar la efectividad de tales discursos nacionalistas. A menudo se ha sugerido que el reclutamiento no podía cumplir una función positiva en la nacionalización de los españoles a causa de su carácter injusto y clasista, por lo que debe suponerse que la implantación del servicio militar obligatorio en 1911 ayudó a corregir esas deficiencias41.

Los valores nacionalistas se perpetuaban también a través de la construcción de monumentos, concebidos para fortalecer la cohesión nacional e instruir a la ciudadanía. La Corona colaboró en la erección de muchos de ellos, en una época en que no faltaron los proyectos monumentales. El más importante fue, ya se ha dicho, el consagrado a Alfonso XII. Su complejidad y su carácter nacional, que llevaba aparejada una costosa suscripción pública, contribuyeron a retrasar las obras, de modo que, cuando se inauguró en 1922, veinte años después del inicio de los trabajos durante la jura, su significado había perdido actualidad. La figura del rey pacificador y constitucional, rodeada de imaginería secularizada y carente de alusiones a la religión, encajaba difícilmente con la crecida nacional-católica y el ardor guerrero africanista que anegaban el reinado de su hijo. Aparte de las primeras piedras que colocaron y las inauguraciones a las que asistieron, Alfonso XIII y su familia hicieron donativos para estatuas de lo más diverso, con mayor asiduidad antes de 1916 y preferencia por el enaltecimiento de artistas y, como era de esperar, de numerosos héroes militares. Así, la casa real desembolsó dinero para el monumento a los soldados y marinos muertos en Cuba y Filipinas, o para el que levantaron a las glorias alcanzadas en África los voluntarios catalanes en la guerra de 1859-1860. Los reyes se implicaron con afán en el recuerdo a los héroes de las nuevas campañas de Marruecos, como el teniente Melgar o el famoso cabo Noval, al que se erigieron estatuas en Oviedo, Valencia y Madrid, esta última en los jardines de la plaza de Oriente, frente a palacio, a cargo de una junta de señoras encabezada por la reina. Cuando la secretaría del Rey consultó sobre la pertinencia de allegar fondos para la de Valencia, el capitán general opinó que «se está[ba] abusando de los Monumentos al citado Cabo». Se extendía un símbolo popular de la guerra que al parecer no agradaba al conde del Serrallo. El monarca también apadrinó monumentos a los conquistadores españoles en América, a propuesta de las colonias de emigrantes. Y hubo algún memorial a miembros de la familia real, como el dedicado a la reina madre en San Sebastián, su lugar de veraneo42.

En realidad, la mayoría de los monumentos sólo adquiría sentido en un contexto más amplio, el de la conmemoración de los hitos fundamentales en la historia nacional. Alfonso XIII compartió plenamente la conmemoracionitis que marcó su época, incluso contra la opinión de sus gobiernos. Se trataba de asociar a la Corona con los mitos nacionalistas, lo cual la comprometía con la nación y su continuidad esencial a través de los siglos y situaba al propio monarca en la línea genealógica de los grandes hombres y hechos que habían forjado a España. Como los ripios que comparaban a don Alfonso con Guzmán el Bueno, quien sacrificó a su hijo por enfrentarse a la invasión musulmana. O Las impresiones de Azorín que encabezan estas páginas y que lo animaban a la acción audaz, casi providencial, en pos de la nación encarnada en el paisaje del Guadarrama, pintado por Velázquez y columna vertebral de España, y en los fusilamientos de patriotas de 1808. La historia mítica comenzaba con episodios como el sitio de Numancia, en el que los primitivos españoles se habían inmolado para no rendirse ante el imperio romano, una epopeya rememorada por Cervantes y por distintos barcos de la armada española bautizados con su nombre. Don Alfonso visitó tres veces las ruinas del lugar, cerca de Soria, inauguró primero un monumento conmemorativo y después el Museo Numantino de la ciudad, destinado a exhibir los hallazgos de las excavaciones que financió el Estado para dar concreción material al mito43. La leyenda de Numancia conducía idealmente al evento heroico por antonomasia, la Guerra de la Independencia, en la que, como en la edad antigua, los españoles habían luchado por su libertad. Pese a que la monarquía no salía muy bien parada en los sucesos de la fiancesada, don Alfonso se implicó a fondo en el centenario de 1908, cuando asistió a los actos relevantes que recordaron el episodio del Dos de Mayo en Madrid: presidió la procesión cívica, dio a besar la bandera al príncipe de Asturias en medio del delirio popular y hasta marchó al pueblo de Móstoles para rendir homenaje a su alcalde, quien había declarado la guerra a los franceses. Y lo hizo contra los consejos del gabinete conservador de Maura, que no quería poner en peligro su alianza con los catalanistas y con Francia. Del mismo modo, ese año el monarca viajó dos veces a Zaragoza, la nueva Numancia, para inaugurar monumentos a las heroínas de los Sitios y visitar su Exposición Hispano-Francesa44.

Algunas conmemoraciones, más frecuentes cuanto más avanzó el reinado, unían a la nación y a la monarquía con la fe católica. Por ejemplo las que concebían las luchas de los reinos cristianos contra los musulmanes en la Edad Media como una epopeya nacional española, la Reconquista. Alfonso XIII mostró predilección por las montañas de Covadonga, cuna de la gesta, santuario mariano y paisaje sacralizado mediante su consagración como parque nacional, que venía a unir, en palabras del propio rey, «el arte de la naturaleza a la historia y al sitio del nacimiento de una nación». Hasta allí subió en su primer viaje oficial y luego regresó varias veces, en 1918 para presidir los actos del 12.° centenario de la batalla que incluyeron la coronación de la virgen y discursos de Cambó, ministro de jornada, en favor de una nueva España. Si viajaba de incógnito, don Alfonso utilizaba el título de conde de Covadonga45. Cuando se produjo el desastre de Annual en 1921, el Rey presidía unos ceremoniales en la catedral de Burgos que incluían el traslado temporal de una reliquia de San Fernando y el definitivo de las cenizas de El Cid, transportadas a su vez por el infante don Fernando y custodiadas por el regimiento de la Lealtad. El monarca guerrero del presente, empeñado en la expansión colonial africana, se ligaba al rey santo que había conquistado Sevilla para la cristiandad y al gran héroe castellano de la Reconquista, ambos, como él, ubicados en la historia de España gracias a su pugna contra el eterno enemigo religioso. La presencia del Rey en las celebraciones conmemorativas determinaba su éxito o su fracaso, tal era su peso en las tareas nacionalizadoras. Con ella salvó el centenario del Dos de Mayo mientras que el de la Constitución de Cádiz, en 1912, quedó devaluado por su repentina ausencia46

Los monumentos y conmemoraciones tenían su complemento en un programa cultural nacionalista al que Alfonso XIII prestó completo respaldo. Uno de sus principales inspiradores fue el marqués de la Vega-Inclán, senador liberal, comisario regio de Turismo y Cultura Artística Popular y enviado personal del Rey a diversas misiones. El marqués explicaba al monarca sus proyectos diciendo que:

El único símbolo representativo que perpetúa y queda de los grandes reinados es el monumento. Y como yo tengo fe ciega en la grandeza del de nuestro Rey, creo en el renacimiento de la España del siglo xx. No necesitamos alzar grandes monumentos, pues ya lo están, pero sí evitar que se pierdan y derrumben, por fuera, dándoles por dentro vida de Arte, de intelectualidad y de cultura.

Le pidió repetidas veces ayuda a don Alfonso para sortear los obstáculos que oponían a sus ideas los Gobiernos, sobre todo los conservadores, lo que llamaba «la asechanza y el almojarifazgo administrativo». Y ambos colaboraron en empresas que buscaban restaurar el patrimonio para lucir la riqueza artística y paisaj ística de España, que según Vega-Inclán valía más que ningún otro país, revitalizar los espacios que formaban el canon de lo español y promover la industria turística. Por ejemplo, la reinvención pintoresca de la judería de Sevilla, el barrio de Santa Cruz, que implicaba reformas en el alcázar y sus jardines. También en esa ciudad la comisaría regia se encargó, por deseo del Rey, de edificar casas para obreros. Aunque el proyecto más significativo llegó con la fundación de un museo y una biblioteca especializados en la Casa de Cervantes de Valladolid, que el Rey compró de su peculio particular para «ver enaltecida a nuestra querida España» -, se sometió a una recreación historicista y después se cedió al Estado. El culto a Cervantes sintetizaba los empeños del nacionalismo español, pues había acuerdo en que el autor del Quijote encamaba el espíritu o volkgeist nacional y, a través de la lengua la lengua de Cervantes-, hacía de puente con América. Así que el monarca, como «primer español y cervantista», quiso sumarse a las conmemoraciones cervantinas con actos en palacio en 1905 - centenario de la primera edición del Quijote - y, aparte de la fundación citada, con un premio para dibujos alusivos en 1916 - centenario de la muerte del escritor47.

En la Casa de Cervantes participó también otro personaje ligado al marqués de la Vega-Inclán y al rey, el mecenas estadounidense Archer Huntington, que en la Hispanic Society of America reunió un impresionante muestrario cultural con el que pretendía captar el alma de España. A Alfonso XIII, como al marqués, le interesaba promocionar la imagen de España en el extranjero, para lo cual apoyó estos y otros afanes. Así, impulsó y celebró los éxitos en Europa y Estados Unidos de Joaquín Sorolla, quien, pese a sus orígenes republicanos, se convirtió en una especie de pintor de confianza. Sorolla fue contratado por Huntington para decorar su fundación en Nueva York con escenas costumbristas de distintas regiones españolas. Por otro lado, Vega-Inclán hizo cuanto pudo por convertir a Toledo, «la capital artística del mundo quizá más intensa» y esencia de lo español, en un destino turístico, para lo cual reclamó también la colaboración del Rey, que apoyó su plan de rehacer la Casa del Greco, nunca se olvidó de incluir a la capital castellana en las giras de mandatarios extranjeros y encargó al marqués la preparación de alguna de ellas. Ilustraba estas relaciones culturales un cuadro de Sorolla, conservado en la Hispanic Society, que retrata al patronato de la Casa Museo del Greco, presidido por el monarca junto a Vega-Inclán, Huntington, el propio Sorolla e intelectuales de la Institución Libre de Enseñanza. Un grupo de amigos al que se incorporó Gregorio Marañón, otro amante de Toledo y organizador del viaje del Rey a Las Hurdes. Los vínculos de don Alfonso con el marqués culminaron, y decayeron a la vez, con el proyecto de los paradores nacionales, hoteles ideados para fomentar el turismo a la vez que se realzaban los monumentos y paisajes españoles, el primero de los cuales se inauguró en Gredos en 1928. Por su parte, Alfonso XIII realizó algunas otras intervenciones en el real patrimonio, como la reconstrucción de las estancias de Felipe II en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial o el salvamento de las pinturas de Goya en la ermita de San Antonio de la Florida, en Madrid48.

El rey, por tanto, hubo de sintonizar con las políticas nacionalizadoras que puso en marcha Primo de Rivera, volcado, con mucho más ímpetu que los gobiernos constitucionales, en la españolización de los españoles, para la cual empleó instrumentos como la escuela, el ejército, las milicias del Somatén, la Unión Patriótica - partido oficial del régimen y la represión contra los nacionalismos catalán y vasco. El programa nacionalista de la dictadura resumía los ideales acariciados por Alfonso XIII durante años: progreso económico y orden social en una España monárquica, católica, custodiada por el ejército, unida en su diversidad regional, reconocible en unas cuantas señas de identidad y con una notable presencia exterior. Las grandes exposiciones de 1929, que trajeron consigo reformas urbanas de gran calado y desplegaron un catálogo de la españolidad, supusieron la culminación de estos esfuerzos. El monarca mimó la Iberoamericana de Sevilla, un proyecto que había alentado desde sus balbuceos en torno a 1910 y que aunaba las pruebas fehacientes del desarrollo español con la participación de las repúblicas americanas dispuestas a rendir pleitesía a su hermana mayor. La grandeza imperial de ayer, recuperada por la renacida España de hoy. Una nación que se veía bien representada por el pueblo español de Barcelona, yuxtaposición de tradiciones rurales, o por la plaza de España de Sevilla, con un espacio para cada provincia y la estatua de El Cid donada por Huntington a la entrada pero que, inspirada por la Iglesia y a las órdenes de un general, no era ya la nación de todos49

Aun con altibajos, puede concluirse que Alfonso XIII trabajó intensamente para vincular monarquía y nación. Concibió su propia tarea en términos nacionalistas, como el encargado de regenerar a la patria tras el Desastre, el único actor político capaz de tener una visión global de los problemas y el auténtico intérprete de la voluntad nacional. A su juicio, la reconstitución de España dependía del avance económico inducido por el Estado y de una política exterior activa, que incluyera aventuras coloniales. La monarquía procuraba legitimarse a través del servicio a la nación española, lo cual se hacía patente en la propaganda, en los medios informativos y en los viajes regios, donde se manifestaba además la gran popularidad del Rey. Una popularidad bastante duradera, más visible en Madrid que en la periferia y más extendida entre los habitantes del medio rural y las clases acomodadas que entre las clases trabajadoras organizadas y las élites intelectuales reformistas, dispuestas como mucho a dar una oportunidad condicionada al soberano. Se impusieron los símbolos monárquicos como símbolos nacionales y don Alfonso se asoció con los mitos consolidados por el nacionalismo español, que revivieron en su reinado y se propagaron a través de diversas políticas nacionalizadoras. En respuesta al estímulo de las demandas catalanistas, el españolismo tomó nuevos bríos y las autoridades oficializaron costumbres ya asentadas. La monarquía quiso ir del brazo de la nación y el nacionalismo se expresó a menudo en términos monárquicos.

Pero las políticas destinadas a enraizar el régimen en la opinión resultaron algo contradictorias, ya que cada partido mantenía su propia visión acerca del papel de la Corona, y sobre todo inconstantes, puesto que se concentraron en los tres primeros lustros del siglo xx y decayeron después para resurgir sólo al final del reinado. La solidez de las instituciones y de los sentimientos patrióticos entre los españoles se daba por descontada. Además, el ejército, alentado por la Corona, acaparó las manifestaciones nacionalistas. El concepto de nación con el que deseaba fundirse la monarquía, sin variar algunos componentes sustanciales, mostró cada vez más su dependencia respecto a la religión católica y su incompatibilidad con el sistema parlamentario. El temor a la revolución social, las decisiones del Rey en favor de los militares y los fracasos en Marruecos culminaron con el respaldo del monarca a la dictadura, que le hizo perder cualquier posibilidad de encarnar el consenso nacional. De hecho, la insistencia de Alfonso XIII en comportarse como un monarca intervencionista, reacio a asumir funciones meramente simbólicas y arbitrales, desdeñoso incluso con las ceremonias que en otras latitudes proporcionaban legitimidad a las monarquías, le impedía convertirse en un icono indiscutido. Se le percibía sobre todo como un político, a veces como un político corrupto y frívolo, lo cual dio alas a otras versiones del nacionalismo español, como la republicana, siempre latente pero reflotada gracias a su oposición a Primo de Rivera. Pese al repunte propagandístico de los años 20, la monarquía, identificada con la derecha católica, militarista, contrarrevolucionaria y centralista, no podía ya representar a la mayoría de los españoles sino sólo a una parte de ellos. A la caída del dictador, el joven que concitaba en los festejos de la jura las esperanzas regeneracionistas del país se había convertido en Gutiérrez, un pelele caricaturizado con crueldad. Sin entender del todo lo que ocurría, en 1931 fue puesto en la frontera, no por haberse dejado manejar por sus ministros, como temía en su diario juvenil, sino por haberse mezclado excesivamente en las cuitas ministeriales. Se diría que, muy a su pesar, el rey patriota no había conseguido ser rey de España.

PEDRO L.ANGOSTO

Doctor en Historia por la Universidad de Alicante

INTRODUCCIÓN

Hace seis años el profesor Gustavo Bueno escribía un interesante artículo dedicado a analizar la relación entre ética e izquierda'. En él, el filósofo reflexiona, entre otras cosas, sobre la vinculación de las ideologías con los regímenes políticos y, por ello, hemos creído adecuado incluirlo como prólogo del nuestro:

La izquierda no es invariante en el tiempo en cuanto a sus valores. Pero su variabilidad difícilmente puede ser recogida en un concepto sustancialista. Un concepto sustancialista de «izquierda» o de «derecha», en efecto, es sencillamente el que se ajusta al formato lógico-gramatical del «sujeto» que soporta «predicados» uniádicos; predicados que, a su vez, serán entendidos como determinaciones o adjetivaciones (cuando hablamos desde un punto de vista gramatical) del sujeto. Según esto, Izquierda y Derecha serían sujetos de predicados; y si la Izquierda se opone a la Derecha será porque los predicados unívocos que de ella recibe son opuestos o contrarios (contrarios o contradictorios) de los predicados que recibe la Derecha. Así, cuando se dice, al menos en determinadas épocas (por ejemplo, en la España de 1931): «La Izquierda es republicana, o se caracteriza por ser republicana, mientras que la Derecha es monárquica»; o bien, como se decía en 1914: «La Izquierda es internacionalista (¡Abajo las armas!, de Liebk necht y Rosa Luxemburgo) mientras la Derecha es nacionalista». Ahora bien, el intento de definir la Izquierda o la Derecha por medio de conceptos sustancialistas es inviable, por la sencilla razón de que los predicados que se nos presentan en primer plano, tales como «republicano» o «internacionalista», se aplican también a la derecha, aunque no ya indistintamente, pero sí distinguiendo épocas o situaciones. Así, por ejemplo, aunque la derecha del año 1931 en España se consideró, en parte, monárquica, también comenzó a transigir, otra parte de ella, con la República, particularmente dentro de la CEDA. Por otra parte, la izquierda española, a partir de 1978, comenzó a transigir abiertamente con la Monarquía, y en el presente, si no toda la izquierda, sí su mayoría, defiende la Constitución monárquica, es decir, es monárquica. ¿Se dirá acaso que los predicados «republicano» o «monárquico» no son discriminativos de Derechas o Izquierdas? Así lo dicen muchos y acaso en este contexto cabe subrayar su inclinación hacia la famosa tesis de la «accidentalidad» de las formas de gobierno (o lo que es lo mismo, acaso la tesis de la accidentalidad depende muy estrechamente del pensamiento sustancialista). Pero ocurre que esto mismo tiene lugar con otros predicados: Si también consideramos accidental la oposición internacionalismo/nacionalismo, o la oposición anarquismo/estatalismo, y así sucesivamente, ¿no estaríamos vaciando los conceptos de Izquierda y Derecha, es decir, no estaríamos declarándolos vacíos, o lo que es lo mismo equívocos o inconsistentes? Ahora bien: ¿De qué modo podemos recuperar el sentido esencial, y no accidental, de predicados tales como republicano o monárquico, para la Izquierda o para la Derecha, sin perjuicio de hacer concebible la transformación de un predicado desde un signo hasta otro opuesto? Desde luego, esto es imposible manteniéndonos en el formato de los conceptos sustancialistas. Habrá que acogerse a otros formatos muy distintos, desde los cuales los predicados «republicano» o «monárquico», pongamos por caso, dejen de ser propiamente predicados de un sujeto, y puedan comenzar a verse como valores de una función característica (valores que exigen, sin duda, variables y parámetros).

El espacio de tiempo estudiado hace especial hincapié en el período de nacimiento y formación del Partido Socialista Obrero, sobre todo en su primera etapa guesdista, un período conservador, medroso, donde era preciso medir cualquier movimiento para no dañar a la organización, un período, en fin, en el que el partido parece no dar demasiada importancia a las formas de gobierno y en el que se niega a colaborar con los diversos partidos republicanos. También se ha querido tratar más detenidamente el reinado de Alfonso XIII, etapa en la que el partido se acoge a los postulados democráticos, reformistas y republicanos. En cuanto a la dictadura de Primo de Rivera, la República y el exilio, se ha optado por hacer un análisis sintético, tal vez subjetivo, para no abusar de la cortesía de la editora del libro. Un estudio concienzudo de este período, que por otra parte cuenta con una amplísima bibliografía, ocuparía muchísimas más páginas de las que nos es posible disponer en esta ocasión.

LA IZQUIERDA EUROPEA Y LOS REGÍMENES POLÍTICOS EN EL CAMBIO DEL SIGLO XIX AL XX

Pese a la agrupación internacional de los partidos socialistas, no fue unánime su posicionamiento respecto a las formas de gobierno. Desde su articulación a finales del siglo xIx o principios del xx los diversos partidos socialistas europeos se plantearon dos opciones, una participar abiertamente en los procesos electorales para intentar llegar al poder y desde él emprender las reformas necesarias para el mejoramiento de la vida de los obreros; otra optar por la revolución, esperar a que se diesen las condiciones objetivas para realizarla y mientras tanto difundir las ideas redentoras. Sin embargo, experiencias revolucionarias como La Comuna de París, los intentos posteriores de 1874 y 1877 o la estrategia seguida por los anarquistas mediante atentados y magnicidios que repercutieron muy negativamente sobre los trabajadores, decantaron a la mayoría de partidos obreros a una estrategia de espera, aunque, como hemos dicho, diferente según el país del que se hable.

En Francia, Jules Guesde, fundador junto a Paul Lafargue del Partido Obrero Francés y uno de los principales ideólogos del socialismo de entre siglos, se erigió en intérprete máximo del purismo marxista, llegando a defender postulados que seguramente Marx habría negado. Guesde creía que los partidos de clase debían mantenerse al margen de cualquiera de las instituciones creadas por la burguesía, a la que consideraba tan enemiga de los trabajadores como la aristocracia o la oligarquía plutócrata. Guesde pensaba que cualquier contacto con la burguesía, cualquier aproximación a ella podía ser letal para la subsistencia de un partido pequeño y débil, cuya única obligación era adoctrinar a la clase obrera, crecer y esperar el momento adecuado para la revolución. Enemigo total de la monarquía como forma de gobierno, tampoco expresaba especial entusiasmo por la República, régimen puramente burgués2. El Partido Socialista francés tendría que esperar a que declinara la hegemonía de Guesde y ascendiera la de Jaurés3 para cambiar de estrategia y empezar a considerar que el sistema parlamentario podría ser un instrumento válido para alcanzar conquistas sociales. Jaurés implicó a los socialistas franceses en las protestas contra el «Affaire Dreyfus», colaboró con los republicanos en los gobiernos laicos de la Tercera República y definió al Partido Socialista como republicano en tanto que República y Democracia eran sinónimos y podían servir a los intereses del proletariado de forma muy eficaz.

En Alemania ocurrió algo parecido. El Partido Socialdemócrata alemán, en el congreso de Erfurt de 1891, aprobó como principios programáticos básicos la dictadura del proletariado y la socialización de los medios de producción, principios que seguirían en teoría vigentes hasta que Billy Brandt, en el congreso de Bad Godesberg de 1959, consiguió que el SPD abandonara el marxismo. Mucho antes, Bernstein, enfrentándose a Bebel y a Rosa Luxemburgo - que por otro lado controlaban el partido y rechazaban todas sus propuestas - había puesto en marcha con sus teorías revisionistas recogidas en Las Premisas del socialismo4 un debate doctrinal profundo que terminaría convirtiendo al SPD en un partido democrático, reformista y republicano, aunque en su interior seguirían conviviendo hasta 1918 un ala revolucionaria y otra nacionalista que apoyaba, en muchos aspectos, la política del Kaiser Guillermo.

El caso inglés es completamente diferente a los dos anteriores. Desde su nacimiento, el Partido Laborista siguió una estrategia claramente democrática, reformista y pragmática, una estrategia apegada a las necesidades diarias de los trabajadores y del país, exenta de grandes teóricos y de debates internos dramáticos como los habidos en el seno del SPD. Los laboristas ingleses, tal como expresó en numerosas ocasiones Mac Donalds, concebían la sociedad como un organismo en evolución gradual hacia formas cada vez más democráticas e igualitarias, y al Parlamento como el medio más útil para llegar al socialismo.

Nada importaba a MacDonald ni a Hardie ni a Henderson si el régimen político imperante en la isla era una monarquía o una república. Si dentro de la monarquía los laboristas podían actuar libremente y luchar por la consecución de sus ideales, la monarquía inglesa era un buen régimen. En el siglo xviii, los republicanos ingleses -tal como afirma Philip Pettit 6 hablaban constantemente de commonwealt en el sentido de bien común, de cosa pública, pero se sentían satisfechos con una Monarquía Constitucional. Tal vez esta peculiaridad inglesa se deba a eso, a su tradición pactista y pragmática en lo relativo a política interior, o a la afirmación de J.J.Rousseau según la cual una monarquía en la que el Rey estuviese sometido a la ley y en la que funcionase el Estado de derecho debía ser llamada República'.

EL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL Y EL RÉGIMEN REPUBLICANO EL PERÍODO GUESDISTA

El Partido Socialista Obrero Español nace, como por todos es sabido, un 2 de mayo de 1879 en una taberna de la madrileña calle de Tetuán. En el acta de constitución, escrita por García Quejido, consta que el grupo estaba formado por 25 personas, de ellas 16 eran tipógrafos, cuatro médicos, dos plateros, un doctor en Ciencias, un marmolista y un zapatero. No era Madrid la ciudad más industrial de España, pero fue en esa ciudad, gracias al empuje de Pablo Iglesias, el doctor Jaime Vera y Antonio García Quejido, donde los socialistas españoles dieron sus primeros pasos como partido. En julio de ese mismo año, celebraron el primer congreso donde quedaría aprobado por una asamblea de unas cuarenta personas su programa básico, programa que no hacía referencia alguna al régimen político bajo el que habría de desarrollarse, aunque evidentemente éste no sería la Monarquía. Al año siguiente, en abril de 1880, celebrarían un segundo congreso que definiría nítidamente los objetivos del Partido: la toma del poder por la clase proletaria, la transformación de la propiedad privada en común y «la organización de la sociedad sobre la base de la federación económica, el usufructo de los instrumentos del trabajo por las colectividades obreras, garantizando a todos sus miembros el producto total de su trabajo, y la enseñanza integral a los individuos de ambos sexos en todos los grados de la ciencia, de la industria y de las artes»8. Tampoco en esta ocasión se hicieron referencias doctrinales sobre el régimen político.

Paul Lafargue, casado con Laura, hija de Karl Marx, fue uno de los ideólogos más influyentes en el primer socialismo español, el que antecede a la fundación del Partido y el de sus primeros pasos. Huido de París tras el fracaso y la terrible represión de la Comuna, Lafargue se refugió en la España del Sexenio democrático, manteniendo rela ciones muy estrechas con los miembros de la minoritaria de la corriente marxista de la sección española de la AIT. Intérprete, a su manera, del marxismo, su influencia fue enorme entre los primeros marxistas españoles9; de hecho mantuvo una activa correspondencia con Pablo Iglesias. Tras su vuelta a Francia, conoce a Jules Guesde y con él funda el Partido Obrero francés, un año después del nacimiento de la agrupación española. Lafargue y Guesde pero sobre todo este último van a marcar la estrategia que seguirá el PSOE durante sus primeros años de andadura. Así lo demuestra la base fundamental cuarta de El Socialista:

La controversia de doctrina claro es que ha de ser más acentuada con los llamados partidos avanzados, por una razón sencillísima: Los partidos monárquicos no pretenden ya, y si alguno lo pretende lo hace sin resultado, nutrir sus filas con elementos trabajadores, sus doctrinas están juzgadas por éstos, y no hay peligro de que les presten como clase el concurso de sus simpatías... Combatir a todos los partidos burgueses, y especialmente las doctrinas de los más avanzados, si bien haciendo constar que, entre las formas de gobierno republicana y monárquica, los socialistas prefieren siempre la primera10.

Según cuenta J.J.Morato el doctor Jaime Vera mostró radicalmente su discrepancia con este punto, alegando que se debía «combatir principalmente a los gobiernos y los partidos propulsores de medidas reaccionarias, no a los republicanos, que en lo político podían llamarse afines. Para éstos - diría Vera - benevolencia, por lo menos en tanto no fuesen partidos gobernantes y sí elementos y aún impulso de libertad, de respeto al derecho y de progreso»". A pesar de la encendida y oportuna defensa que de sus postulados hizo Vera, la influencia de Guesde sobre Pablo Iglesias y otros miembros del partido era tan grande que perdió la votación y abandonó el partido junto con un grupo de seguidores, hecho que Iglesias lamentaría profundamente. Había ganado la corriente guesdista, pero el Partido Socialista, al rechazar las tesis del doctor Vera, no haría sino aplazar unos cambios que más tarde emprendería. Y es que, pese a la lucidez de Vera, algo de verdad había en la moción defendida por Iglesias: la pujanza que el republicanismo adquirió en la Valencia de Blasco Ibáñez fue causa principal del tardío desarrollo del Partido Socialista en la ciudad`. Por otra parte, esa vaga preferencia por la República indicaba perfectamente que no era, en estos años, la cuestión del régimen algo que interesara demasiado a los socialistas españoles, sí preferían la República, pero, de instaurarse un régimen republicano, su obligación sería, según su programa, combatirlo por burgués, por contrario a los intereses del proletariado.

Guesde, inspirado en la «Ley del Bronce» del economista alemán Lasalle13, negaba todo valor a las políticas reformistas, a las modificaciones que pudiesen introducirse en las instituciones del Estado, a los cambios que pudiese propiciar la burguesía republicana. Consideraba a los sindicatos escuelas de socialismo, negándoles todo sentido reivindicativo y subordinándolos a la estrategia marcada por el partido, en el que militaban los elementos más concienciados y activos del proletariado. Además, Guesde no creía que la revolución proletaria fuera a producirse como fruto de esta o aquella estrategia, sino que era algo inevitable y fatal que en cualquier caso terminaría por suceder. En este sentido, la colaboración con los partidos republicanos, con la República burguesa, sólo podía servir para desnaturalizar al partido, aminorar la conciencia proletaria y dilatar el estallido revolucionario que daría la emancipación a las clases trabajadoras. Ni Guesde ni el Pablo Iglesias de los primeros años querían tener el menor contacto con los partidos que luchaban por la República; pretendían mantener al partido puro, libre de toda contaminación, de todo espejismo que lo desviara de su auténtico objetivo. Pensaba Iglesias que la República era un régimen menos malo que la Monarquía, pero que, al fin y al cabo, surgía de principios elaborados por la burguesía, y la burguesía, como clase emergente dominante, era la principal explotadora de la clase obrera.

Los partidos monárquicos de la Restauración, tanto el Conservador de Cánovas como el Liberal de Sagasta, tenían un electorado bien definido, acotado por los vicios del régimen y por la manipulación del sufragio14. En cambio, el electorado sincero de izquierdas, raquítico por entonces, se dividía entre el Partido Socialista y los diversos grupos y grupúsculos republicanos. Así las cosas, hasta entrado el siglo xx, los socialistas dirigirán sus dardos tanto o más a los partidos republicanos, competidores por el sufragio, que a los monárquicos. La razón es bien sencilla: se disputan el mismo electorado, pero sobre todo al Partido Socialista de finales del xix lo que más interesa es mantenerse al margen de los partidos burgueses, aunque ello le suponga el aislamiento en medio de una España rural y desclasada. Por otra parte, la Restauración, hacia 1890, es un régimen fuerte. La convivencia dentro del régimen no se ve amenazada por un partido socialista pequeño ni por los minúsculos partidos republicanos que, en constantes trifulcas internas, siembran el países. Se impone, por tanto, cuidar al partido - como sí de un niño pequeño expuesto a múltiples enfermedades se tratara, la propaganda y la difusión ideológica como actividades principales. Nada de contaminaciones, nada de mezclas indeseables, nada de aventuras, pues en las condiciones en que se encontraba cualquier lucha espontánea, cualquier esfuerzo que superase la capacidad de la organización estaba condenado al fracaso y a dañarla irremediablemente. No sólo se negarán a colaborar con los republicanos para derrocar a la Monarquía, empresa de gran envergadura, sino que criticarán abiertamente a los elementos anarquistas por una estrategia que consideran absolutamente negativa para la clase obrera:

El Partido Socialista - escribe Pablo Iglesias - condena la huelga general, por ahora... No somos legalistas porque admitamos vivir en la legalidad como doctrina nuestra, sino porque ahora no conviene a los obreros salir de la legalidad. Sólo podrían hacerlo cuando estuvieran en condiciones de triunfo completo. Por eso, consideramos que los anarquistas son auxiliares de la burguesía'.

Iglesias creía que la acción directa propagada por los anarquistas era un riesgo no sólo para ellos, sino para toda la clase obrera, incluidos los socialistas, pues la respuesta del poder, como ocurrió en este caso, consistía en reprimir más, en ahuyentar a los obreros de partidos y sindicatos de clase mediante la violencia institucional.

EL PSOE Y LA COLABORACIÓN CON LOS REPUBLICANOS LA REPÚBLICA O EL REFORMISMO DEMOCRÁTICO

El nuevo siglo traerá consigo un cambio de actitud del Partido Socialista, cambio que ya se estaba gestando años atrás; recordemos las propuestas de Jaime Vera contra la base fundacional cuarta del periódico obrero. Ahora la influencia de Guesde en el partido será sustituida por la de Kautsky y Jaurés, ambos proclives a la participación en los procesos electorales y a la colaboración con los partidos republicanos". «Partiendo de los postulados de afirmación de la existencia de clases y de la dicotomía prácticamente irreductible entre burguesía y proletariado - escribe Santiago Castillo - pronto los socialistas españoles comienzan a remodelar sus discursos y prácticas en defensa de un claro reformismo.. .»'g. La ley de asociaciones de 1887 y la del sufragio universal de 1890 habían abierto grandes expectativas a las organizaciones obreras, aunque el Partido Socialista continuó sin obtener resultados notables. Pese a ello, las reformas impulsadas por Sagasta empujaban a los socialistas a aprovechar los resquicios abiertos para conseguir reformas sustanciales del régimen, incluso el cambio de régimen. Al mismo tiempo que los socialistas adoptan ya de modo definitivo el reformismo democrático como estrategia política que se ha de seguir, el cambio de siglo, con la pérdida de las colonias, la quiebra de la Hacienda y la desaparición de Cánovas y Sagasta, trajo consigo - sobre todo desde 1906 con la promulgación de la Ley de Jurisdicciones, el auge del movimiento obrero, las rencillas dentro de los partidos del turno y el nuevo colonialismo español - la involución política del régimen, un régimen que se veía amenazado y hostigado, que tratará de deshacer los avances anteriores y de suplir con la razón de la fuerza bruta sus carencias políticas, su falta de soluciones a los problemas que genera una sociedad que comienza a despertar a un tiempo nuevo. La Monarquía relativamente neutral durante el reinado de Alfonso XII - se implica en esa política involucionista, el Rey el primero, convirtiéndose en enemigo y objetivo principal del socialismo español. Es ahora cuando la República aparece como un anhelo, como el único régimen capaz de poner soluciones a los males de la clase trabajadora y de la nación: la monarquía de Alfonso XIII por su egoísmo, por haberse ligado estrechamente a las fuerzas del pasado - tendrá que desaparecer.

García Quejido, en el Congreso de 1903, vuelve a hablar de la necesidad de una alianza con los republicanos para combatir al régimen, pero una resolución contraria del Sexto Congreso de la Internacional y, de nuevo, la oposición de Pablo Iglesias, la impiden. Empero, una serie de acontecimientos, entre los que descuella la Semana Trágica, van a actuar como detonantes que rompan la frágil convivencia de la Restauración, surgiendo dos bloques opuestos e irreconciliables: de un lado los partidos que apoyan al rey, de otro quienes le combaten. Rey y régimen son ya una misma cosa. Los conflictos irán aumentando paulatinamente y el régimen terminará convirtiéndose en principal protagonista de cuanto ocurra. A partir de 1909, los socialistas emplearán todas sus energías en una sola dirección: la Corona. Años más tarde, en el Congreso de 1918, aprobarán una moción por abrumadora mayoría que se incluiría en su programa mínimo: la abolición de la monarquía como paso ineludible para el desarrollo de la nación y, por ende, para la mejora de vida de la clase obrera.

Sin embargo, el Partido Socialista continúa siendo un partido pequeño, implantado entre las clases más humildes de la población, de una nación que tiene más de un 60 por 100 de analfabetos. Los mensajes que pretende difundir han de ser, por ello, lo suficientemente explícitos y concisos como para llegar a sectores amplios de la clase trabajadora. Quieren evitar transmitir confusión, dispersar objetivos y esto se consigue concentrando o simbolizando todos los males del país en un solo personaje o en una sola institución. El cumplimiento de esas premisas resulta bastante más sencillo y eficaz propagandísticamente, que es al fin y al cabo lo que el partido persigue.

Los socialistas concebían la historia como un constante cambio hacia el progreso. El transcurrir del tiempo hace que ciertas cosas, ciertos sistemas y modos vayan quedando obsoletos, mientras aparecen otros nuevos para sustituirlos. Por eso la monarquía como forma de constitución política de un país es una fórmula del pasado que tuvo su lugar en la historia pero que a la altura de 1917, en medio de una conflagración mundial y de una revolución de repercusiones imprevisibles, no tenía sentido. Luis Araquistain pensaba que las monarquías habían perdido el papel que antiguamente representaban en un siglo en el que las masas irrumpían impetuosamente en la historia: el Rey en sus orígenes era el guía del pueblo, símbolo y actor principal de la nación, rasgos de los que carecían los monarcas de su tiempo:

La historia nos hace ver que la masa guerrera, necesitada en otro tiempo de personificar la dirección de la lucha en un hombre, no ha menester ya de mandos personales, sino que se mueve automáticamente por un principio de coordinación y cooperación, conducida a lo sumo por grupos de hombres, por estados mayores que hacen superfluo al héroe. Es el espíritu de la democracia llevado a la guerra... Durante muchos siglos la humanidad ha necesitado del monarca, del gobernante único, rey, rex, koenig, king, hombre apto, en una palabra del héroe político. Hoy la democracia, aleccionada por los siglos de abusos, aspira a gobernar lo más directamente posible y esto tiende a eliminar al grande hombre. El héroe se ha hecho multitud, la monarquía o gobierno de uno se ha transformado en demoarquía, gobierno de muchos o del pueblo19.

La figura del Rey es para Araquistain, uno de los pocos que teoriza sobre la cuestión, un vestigio del pasado, una institución que nació en unas determinadas circunstancias, cuando los Estados modernos no existían o estaban en formación pero que estaba vacía de contenido al despuntar el siglo xx.

Siguiendo con los planteamientos de Araquistain20, la guerra del 14 sería un conflicto entre formas de Estado, una que surge por el empuje de la masa obrera, y otra antigua que se mantiene gracias al apoyo de la oligarquía: «La guerra del 14 es la mayor tormenta que se ha abatido sobre las monarquías en la historia, porque ya nadie duda que en una comunidad de repúblicas europeas, esta guerra no habría tenido lugar... El año de 1917 marcará, probablemente, el nacimiento de un republicanismo profundo y eficaz.. .»21. Los juicios de Araquistain no serían posibles sin tener en cuenta el contexto histórico en que los dice: en España la monarquía de Alfonso XIII es incapaz de adoptar determinaciones diferentes a las represivas, sus gobiernos se han sometido al pretorianismo de las Juntas de Defensa22, Ortega lleva años reclamando el poder para la España vital y ha fundado la Liga para la Ecuación Política; el movimiento obrero, por fin, parece haber levantado el vuelo; en Europa sucedía una guerra y una revolución sin precedentes. Todo está cambiando, todo es movimiento, todo menos la monarquía española.

Por otro lado, algunos socialistas, colaboradores habituales del periódico, descalificaban a la monarquía por la irracionalidad de su definición teórica. Maligno, que es uno de ellos, piensa - contra De Maistre que la tradición no es un elemento legitimador del poder porque entra en pugna con la razón. Un tanto irónicamente, no se explica a qué viene mantener una institución que, además de su irracionalidad original, no conserva ninguna de sus atribuciones esenciales:

Es un poco antigua la costumbre de poner un rey al frente de un país, unos miles de años. Los primeros, con toda la barba, hacían lo que querían, luego decayó y se limitaban a figuras decorativas que firmaban lo que los ministros presentaban, o sea lo que disponía la voluntad del dinero, ¿por qué ese interés por unas figuras tan parecidas a autómatas que lo único que ha hecho históricamente han sido desgracias?23

Pero, sin duda, Maligno se refería a las monarquías europeas más avanzadas, porque Alfonso XIII no era para los socialistas españoles precisamente un autómata, sino un rey que mandaba, que tenía la última palabra en los grandes asuntos políticos.

El Congreso del Partido Socialista de 1918 consideró uno de sus objetivos prioritarios la abolición de la monarquía. Esa resolución, incluida en el punto primero del programa mínimo del partido, se basaba, entre otras muchas razones, en argumentos históricos. La dinastía borbónica, especialmente desde el reinado de Fernando VII, no había estado nunca a la altura de las circunstancias; por eso, mientras en la Europa avanzada el siglo xix fue un período de cambios y de progreso social, España quedó marginada envuelta en conflictos interminables a los que no fue ajena la monarquía. Lo poco que se consiguió - esgrimían los socialistas - fue a pesar de ella: «Liquidemos de una vez a los Borbones. Las constituciones de Bayona y de Cádiz se hicieron en su contra; los principios liberales como el de asociación o el de imprenta se deben a la revolución de 1868; la abolición de la esclavitud la dio la República, el sufragio universal la regencia... ¿Qué debemos a los Borbones?» 24. Buena parte del siglo xix español había transcurrido destronando y entronizando de nuevo a reyes de apellido Borbón. El pueblo que los echaba con júbilo los recibía años después con ardiente entusiasmo, luego vendría la venganza: «Si sus cesiones reales - escribe Carlos Rojas - suelen ser resignadas y pacíficas, el raro destino de los Borbones se ensaña en quienes los destronan, con una persistencia digna de las furias que dirigieron la mítica suerte de la casa de Argos»25. Cada Borbón destronado que regresó a su estado natural, o sea el de monarca, lo hizo siempre sin complejos y pasando cumplida cuenta a quienes promovieron su desnaturalización. Nada debíamos a los Borbones - decía El Socialista y Alfonso XIII fue destronado después de imponer una dictadura que acabó con la Constitución canovista. Al pequeño paréntesis republicano, boicoteado desde su nacimiento, no siguió un Borbón, sino un «carlista» que se encargó de exterminar a todos aquellos que osaron defender la libertad, de recompensar a quienes habían defendido el orden natural de España, el que venía siendo desde que se constituyó como Estado26.

Durante sus primeros años, los dirigentes del Partido Socialista - como refiere Santiago Castillo 27, fueron conscientes de las fuerzas de que disponían y de las que tenían sus enemigos. Querían actuar dentro de la legalidad, evitar enfrentamientos directos con el régimen, enfrentamientos que podrían haber supuesto la desaparición de la organización y, sobre todo, el derramamiento inútil de sangre. Su integración en la Comisión de Reformas Sociales y, posteriormente, la participación en los comicios dan prueba de esa voluntad legalista y, como afirma Antonio Padilla28, de integración en el sistema. Sin embargo Alfonso XIII, desde el primer momento, ignora esa actitud y a partir de la Ley de Jurisdicciones no hará más que enfrentarse a los propósitos socialistas. En esas nuevas circunstancias, la estrategia socialista se ve cada vez más aherrojada y la permanencia en la estricta legalidad más dificil. Pablo Iglesias lo había advertido en la información que presentó cuando compareció en el Parlamento, como comisionado del Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores, con ocasión del debate de la Ley de Represión del Terrorismo, en mayo de 1908:

Cuando se nos ha tachado de gubernamentales y se nos ha criticado por vivir dentro de la ley, hemos dicho que mientras no tuviéramos fuerza para vencer revolucionariamente y se nos permitiera vivir en la legalidad, de la legalidad nos serviríamos para educar y organizar a nuestros compañeros de trabajo. Mas si ahora nos cerráis ese camino, ni nos amilanaremos, ni nos cruzaremos de brazos; iremos por el otro camino, seremos terroristas, y estad seguros que lo seremos de veras, que daremos la cara29.

Al tiempo que estima la legalidad como necesaria, el líder socialista, en una amenaza al régimen o bien en un intento por acercarse a obreros no socialistas, insistía en el riesgo que comportaría no mantener un mínimo de derechos y garantías que permitiesen la actuación de su partido en un marco de libertad. En el discurso que pronunció con motivo de su primera investidura parlamentaria, Iglesias aportaría más detalles sobre el comportamiento que debían seguir los socialistas: «El partido que yo represento no es un partido utópico, vive en la realidad, aspira a obtener ventajas que le permitan llegar a su ideal... No cree que de aquí (Las Cortes, el régimen) pueda salir nada de eso. Este partido sacará de aquí lo que necesite, estará en la legalidad mientras ésta le permita obtener lo que precise, y fuera de ella cuando no...» 30. Como se desprende de esta cita, el Partido Socialista, consciente de su debilidad, intenta utilizar la legalidad para abrirse camino; lo único que pide al régimen sigue siendo lo expuesto ante la Comisión de Reformas Sociales: «Dadnos libertad y habréis hecho por la muchedumbre proletaria lo que no podemos esperar de vuestra protección económica». Pablo Iglesias pide libertad para desarrollar sus organizaciones, sobre todo el partido como instrumento ideal para conquistar el poder vía parlamentaria, y poder enfrentarla abiertamente al régimen. Consecuentemente, Alfonso XIII no puede acceder a esa petición, sería absurdo que fuese el propio régimen quien facilitase los medios para su destrucción. Pero ésta es una lectura simplista, pues, si la monarquía hubiese actuado de forma dialogante, seductora, si hubiese llevado a cabo una política reformista seria, los socialistas jamás habrían puesto al régimen en su punto de mira. Los socialistas estaban convencidos de que el Rey había llevado las cosas a extremos insostenibles con leyes como la de Jurisdicciones, que otorgaba un poder omnímodo e ilegal a los militares, la de Espionaje y las constantes suspensiones de las garantías constitucionales, con una política - en la que Alfonso XIII participa de forma activa - a todas luces reaccionaria. Si la monarquía se hubiese modernizado, si hubiese adquirido un talante negociador, abierto, transaccional, el Partido Socialista habría ido fortaleciéndose y al mismo tiempo adaptándose a una legalidad que le permitía crecer. Con Alfonso XIII en el poder no había esperanza alguna de cambio dentro del régimen: «Don Fernando VII, Doña Cristina, Doña Isabel II... ¿Hay alguien que crea que una Monarquía con tales antecedentes, y que hoy está representada por quien tuvo sueños imperiales al intentar invadir Portugal, fue complaciente con la crisis, buscó apoyo en el sector militar, pueda liberalizarse?» 31

Los socialistas españoles concebían la República como una superación de la Monarquía, como un paso adelante. Existía en ellos un ansia enorme por ver progresar al país. La República que estaba por venir respondía a ese anhelo, pero de igual o parecido modo se hubiesen comportado al menos un sector del partido - si la monarquía hubiese sido auténticamente democrática. Así se expresaba al respecto Indalecio Prieto: «Nosotros somos esencialmente republicanos, pero si la Monarquía fuese perfectamente constitucional, no plantearíamos su existencia. Mientras suframos esta Monarquía no habrá un momento de paz para España»32. Interesaba subrayar las diferencias entre la monarquía española y las europeas democráticas, hacer ver que la española era un régimen personal ocupado exclusivamente en los asuntos que le interesaban. Los socialistas, en principio, aceptarían una monarquía constitucional, lo que ocurría es que en España existía un régimen con una constitución especial que confería excesivos poderes al Rey. Pero, aun así, aceptando ese régimen y las atribuciones que Cánovas dio al monarca en su constitución, resultaba muy dificil la convivencia cuando era la misma Corona la primera en saltarse una Norma Fundamental estrecha y falseada, hecho que ocurría, por ejemplo, con la Ley de Jurisdicciones o las connivencias extraconstitucionales del Rey y los militares: «El pueblo no podrá olvidar su anticonstitucional labor al formarse un generalato palatino que le sostenga frente a la voluntad del pueblo» 33. Recientemente, el profesor Santos Juliá se ha expresado en términos parecidos a los empleados por los socialistas al enjuiciar la figura de Alfonso XIII:

El prurito de la normalización de la historia de España da por cierto que el de la Restauración era un sistema liberal, llevando a la letra pequeña la creciente autonomía y extensión del poder militar, los retrocesos en la laicidad del Estado, el sistemático fraude electoral, la reiterada suspensión de las garantías constitucionales, los prolongados y abusivos cierres del Parlamento... Cuando un régimen político se derrumba por sí solo, sin que nadie empuje lo suficiente para derribarlo, nunca hay un único responsable; pero, en fin, Alfonso XIII era el jefe de aquel Estado y... ejerció su papel a conciencia34.

Por el contrario, Carlos Seco, uno de los historiadores que con más pasión se ha acercado a la figura del monarca, tras llamar súbditos a los ciudadanos y asegurar que alguna vez ante Sus Majestades ha sentido la magia de la realeza35, afirma que Alfonso XIII fue un gran estadista, lleno de virtudes, que presidió un reinado que trajo a España días de progreso y bienestar, atribuyendo su caída a los políticos que lo rodearon36. Seco, dicho sea con todos los respetos, piensa que Alfonso XIII fue ajeno al aumento del poder militar, al desastre de Annual, al caciquismo, que cuando intervino en política fue por sus dos grandes amores: su madre y España. Queda, en su visión de la historia, limpio el monarca de cualquier responsabilidad, correspondiendo éstas al sistema y a la creciente agitación social.

DE LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA AL EXILIO DEFINITIVO

Sostenían los socialistas, dado el grado de deterioro del régimen, las transgresiones a su norma fundamental por los poderes públicos y el poder personal, y la alianza entre el Rey y los militares, que existía una demanda dictatorial por parte del mismo monarca, el ejército, la oligarquía terrateniente y la patronal catalana. Esa demanda venía larvándose en el seno del régimen desde que Alfonso XIII fue ampliando los poderes del ejército para apoyarse en él37 y prolongar la vida de la monarquía. Era una demanda consustancial a un régimen que desde la Ley de Jurisdicciones de 1905 había ido tomando decisiones extraconstitucionales para «detener» los muchísimos problemas que acuciaban al país y para los que no tenía solución alguna. Y es que, como defiende Ángeles Lario, la debilidad de los partidos y el temor al poder parlamentario habían sido característica secular del liberalismo español`. Desde mucho antes del golpe de Estado de septiembre de 1923, los socialistas tenían la seguridad de que el régimen no podía convivir con su propia legalidad y que, tal como se comportaba, sólo le quedaba una salida de fuerza. La Monarquía de Alfonso XIII no estaba en condiciones de subsistir respetando los derechos de los ciudadanos; no obstante, Maura ya había reconocido que él no podía gobernar con la constitución39:

El Parlamento español pide un gobierno fuerte, los diputados de la derecha, centro e izquierda dinástica que envilece los apellidos que impúdicamente lleva, pidieron a gritos, entre manotazos, una dictadura. Así lo hicieron con Morote, Cierva y Cambó, que con un cinismo puro pronunció la palabra represión. Quiere el representante de la burguesía catalana que a las autoridades barcelonesas se les deje en libertad, por eso dijo: «Queremos un poder dictatorial, una mano fuerte frente al ataque de los terroristas.. .»40.

Este artículo, como muchos otros del momento, refleja la demanda dictatorial de una parte considerable de los hombres del régimen so pretexto de acabar con el terrorismo, aunque su verdadero objetivo era el control de toda la clase obrera. Ni el Rey, ni los sucesivos gobiernos, ni los patronos se habían adaptado al surgimiento de una nueva fuerza social que representaba a muchos miles de ciudadanos. La incapacidad del régimen para resolver cualquier conflicto, para promover el diálogo, el pacto, lo llevaba irremisiblemente a una solución de fuerza que Indalecio Prieto advirtió de modo premonitorio: «La Capitanía general de Cataluña es un virreinato. Hay por ahí unos cuantos aspirantes a dictadores. Por lo visto uno de ellos es Primo de Rivera. La culpa no es suya, sino del Gobierno que falto de dignidad le aguanta.. .»41. Decir gobierno era lo mismo que decir rey, pues era éste quien hacía y deshacía gobiernos según su parecer. Sí para gobernar era preciso suspender las garantías, declarar la previa censura, clausurar sindicatos, cerrar periódicos, recurrir constantemente al ejército y la fuerza pública; si, aun así, los gobiernos duraban meses o semanas y los conflictos sociales iban a más, la dictadura era la única solución. Cuando ésta llegó, los socialistas no se sorprendieron porque vivían bajo ella desde años atrás, la rechazaron, pero no defendieron la «vieja política»: peor que estaban era dificil estar.

La dictadura era la etapa final del régimen monárquico. Por tanto se rechazaba formalmente y, al mismo tiempo, se intentaba fortalecer la organización aprovechando las oportunidades que fuesen surgiendo. Cuando se produjo el golpe de Estado en septiembre de 1923 - escribe Juan José Morato - Pablo Iglesias estaba enfermo, no pudiendo retomar sus quehaceres hasta principios de octubre. Pese a ello, el 13 de septiembre, como Presidente del Partido Socialista Obrero y la Unión General de Trabajadores, firmó el manifiesto contra la dictadura y «suscribió junto a sus compañeros de minoría la famosa carta» a Melquíades Álvarez, Presidente del Congreso:

Habiendo tenido lugar hechos políticos de gravedad extrema, hechos que a los efectos constitucionales quedan clara y suficientemente subrayados con sólo destacar, primero, el acto personal de la realeza invistiendo los plenos poderes a un general, y, segundo, la utilización que de ellos ha hecho al punto el investido para suspender por una orden circular las garantías constitucionales, esta minoría socialista parlamentaria cree que es en ella su deber inexcusable dirigirse a usted a fin de saber si, como autoridad que perdura de un régimen constitucional agonizante, no considera a su vez que, por razón de su cargo y significación personal, debe tomar alguna iniciativa encaminada a defender, frente a conculcadores de toda alcurnia y rango, un nuevo régimen civil de libertades efectivas42.

Pese a esta y otras protestas, la dictadura de Primo de Rivera se instaló en el país sin que fuesen muchos los gritos reclamando la vuelta a lo anterior. Pronto la acción del Partido Socialista, tal vez emulando la que mantuvo el SPD con el canciller Bismarck, cayó en manos de los sindicalistas, quienes aprovecharon la buena disposición hacia ellos por oposición a la CNT del dictador para obtener determinados beneficios para la clase trabajadora. Fueron Francisco Largo Caballero43, quien llegó a ser miembro del Consejo de Estado entre 1924 y 1927, Julián Besteiro, Andrés Saborit y Manuel Llaneza quienes impulsaron esta corriente colaboracionista, tal vez pragmática y oportunista pero que suponía una vuelta a los postulados guesdistas del socialismo hispano, ajenos a los regímenes políticos y al parlamentarismo, no, por el contrario, al reformismo gradual.

Si bien fue ésta la postura predominante en el Partido Socialista durante casi toda la dictadura, excepción hecha de su período final, también hubo en su seno una fuerte corriente opositora encabezada por Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos, corriente que fue ampliamente derrotada en el congreso del partido de 1928, donde los colaboracionis tas obtuvieron 5.388 votos contra 740 del sector contrario. Indalecio Prieto tras advertir vehementemente en dicho congreso «del peligroso paso que suponía para el partido autorizar a un miembro tan significado como Largo Caballero para que acepte un nombramiento de la Corona y se allane a colaborar con el Directorio»44, dimitió de la Ejecutiva y se dedicó a participar en las conspiraciones contra Primo de Rivera y la monarquía.

Aunque los trabajadores obtuvieron algunas ventajas sociales de la colaboración entre los socialistas y la dictadura, la actitud mayoritaria del partido, desoyendo a su presidente y fundador, a Indalecio Prieto y a De los Ríos, crearía una fractura dificil de cicatrizar en los años republicanos, sobre todo porque esas ventajas no fueron cualitativa ni cuantitativamente valiosas, más bien declaraciones de buenas intenciones plasmadas en leyes y reglamentos que nunca se llegaron a realizar del todo. Bien es verdad que en 1923 el Partido Socialista no tenía fuerza suficiente para oponerse a la dictadura - contaba con seis diputados, y que tal vez esta táctica pragmática y oportunista fuese la más inteligente y fructífera, pero lo cierto es que los socialistas rompieron con la estrategia democrática, reformista y republicana que les había definido durante el personal y militarista reinado de Alfonso XIII.

A finales de 1927, año en que empiezan a notarse ciertos síntomas de recesión económica y de endurecimiento de la dictadura, los socialistas abandonan la colaboración con Primo de Rivera para unirse a la oposición de republicanos, intelectuales y estudiantes, quienes desde 1926, con la «sanjuanada» venían intentando dar un golpe de mano a la dictadura. De entre ellos, fue la insurrección de enero de 1929 en Valencia, encabezada por Sánchez Guerra y Carlos Esplá, la que más deterioró al régimen, pues si bien no tuvo éxito, sí una fuerte repercusión nacional e internacional, sirviendo, además, como punto de partida para los sucesivos movimientos que terminarían con la dictadura, con la monarquía y propiciarían el advenimiento de la Segunda República 45.

EPÍLOGO: DE LA SEGUNDA REPÚBLICA A LA TRANSICIÓN

Tras la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931, los socialistas acceden al poder por primera vez en su historia. Tres ministros, Indalecio Prieto - quien había participado en las conspiraciones contra la dictadura en el interior y desde París, Fernando de los Ríos y Largo Caballero forman parte del Gobierno Provisional de la República, siendo el Partido Socialista, que obtuvo 115 diputados en las legislativas de 1931, la espina dorsal sobre la que se asentaría la República y los Gobiernos republicanos. El Partido Socialista vuelve a la línea elegida a principios de siglo, apoyando una y otra vez a los Gobiernos de Azaña, Gobiernos a los que la crisis económica, la demagogia insultante del Partido Radical lerrouxista46, el hambre de las multitudes y la amenaza de las oligarquías reaccionarias, esta última más patente todavía con la llegada de un partido antirrepublicano al poder, dificultarán enormemente su gestión47.

La revolución de Asturias48, en la que participó activamente el Partido Socialista, incluido Prieto, es presentada por muchos historiadores como hecho causal de la guerra civil. Sin embargo, pese a lo dicho por Largo Caballero, no fue un movimiento insurreccional contra la República, sino contra los enemigos de ella, contra partidos como la CEDA que desde el gobierno deshacían las reformas del primer bienio y anunciaban una profunda revisión de la Constitución para dejarla vacía de contenido, y una nueva Ley electoral que primaría el valor de los votos de los territorios, o sea del medio rural, sobre el de las personas, favoreciendo de ese modo la permanencia eterna en el poder de los partidos antirrepublicanos. Seguramente, su participación en la revolución de Asturias fue un grave error, pero la República estaba condenada de antemano, desde antes de nacer, desde que Alfonso XIII asumió la retrógrada moral militar y les otorgó la misión de defender «los inmutables valores de la Patria», misión que no desaparecería con el final de la monarquía sino que reverdecería al calor de las reformas republicanas.

Ni el Ejército ni la Iglesia ni las oligarquías, tampoco una clase obrera y campesina pobre y cansada de esperar (aunque había estado callada durante buena parte de la dictadura), estaban dispuestas a permitir que triunfase un régimen que rompiese con la tradición española que ellas representaban. Desde el primer día, las fuerzas del antiguo régimen de la vieja política - que algunos ingenuamente creían derrotadas - se habían confabulado para no permitir que tal cosa ocurriese. El compromiso republicano del Partido Socialista no pudo ir más lejos, participando en los gobiernos del primer bienio, apoyando desde fuera los gobiernos de Azaña y Casares de 1936, defendiendo a la República con las armas.

Después de la guerra el Partido Socialista fue masacrado. Miles de sus miembros perecieron víctimas del exterminio franquista49, otros muchos pasaron al destierro donde intentaron reconstruir las piezas de un rompecabezas destrozado. Fue, otra vez, Indalecio Prieto, quien estuvo moralmente al frente del partido hasta casi su muerte, el que acometió las empresas más inteligentes y hábiles para derrocar al dictador y reponer la República. Desde su actuación en la Junta Española de Liberación50, que a punto estuvo de fructificar de no mediar la guerra fría51, a las negociaciones con los monárquicos encaminadas a someter a consulta popular el régimen político por el que los españoles quisieran regirse (convencido siempre del republicanismo de sus conciuda danos), pasando por sus esfuerzos para reforzar la oposición interior o lograr apoyo de las democracias a la causa republicana española, Prieto y sus seguidores no dieron nunca por muerta a la República española, aunque sí a la Segunda República`.

Sin embargo, la dictadura franquista terminaría por cambiarlo todo. En 1953 Tomás Centeno, secretario general de la UGT, era asesinado después de ser insidiosamente torturado en la Dirección General de Seguridad. Durante ese y otros años seis ejecutivas diferentes del Partido Socialita y la Unión General de Trabajadores coincidieron en las cárceles españolas, lo que decidió a la Comisión Nacional del partido a que sólo la del exilio presidida por Llopis fuese la Ejecutiva de todo el partido53. Los socialistas, pese a lo difundido por algunos historiadores, participaron en las huelgas del 1956 y 1960, pero sus fuerzas, escasas por otro lado, estaban cada día más diezmadas por la policía de la dictadura, sobre todo tras la detención de Antonio Amat, jefe de los socialistas del interior que había logrado, otra vez, reconstruir todo el aparato del partido.

Desde finales de los años 50 comenzará a abrirse una definitiva brecha entre los socialistas del interior y los del exilio representados por el secretario general del partido Rodolfo Llopis, quien detentaba el cargo desde 1944. Mientras los socialistas del interior quieren relacionarse con todas las fuerzas opositoras a la dictadura, la Ejecutiva del PSOE, decepcionada por las múltiples traiciones de que había sido objeto por parte de Gil Robles y los monárquicos, se encerró en sí misma, volviendo a un cierto guesdismo, es decir, a no exponer al partido, debilitado en extremo, a aventuras o alianzas que pudieran acabar con él. Los socialistas de interior, Tierno Galván, García López, Carvajal, Martínez Amutio, Múgica, Guerra, González, luchan por restaurar la democracia en el país y trasladan la cuestión del régimen a un segundo plano; Rodolfo Llopis y su ejecutiva trabajan por lo mismo, pero, aunque no sea fundamental, quieren un régimen republicano y un partido socialista obrero fuerte y disciplinado que respete sus señas de identidad históricas.

En 1962, socialistas del interior y del exterior acudirán al Congreso del Movimiento europeo celebrado en Múnich los días 7 y 8 de junio, reunión a la que Franco bautizó con el nombre de «Contubernio de Múnich», dándole con su enojo más importancia de la que en verdad tuvo, si bien de él salió una declaración nítida sobre las condiciones que tendría que cumplir España para poder adherirse a las distintas instituciones europeas: instauración de instituciones auténticamente representativas y democráticas, efectiva garantía de todos los derechos de la persona humana, reconocimiento de la personalidad de las distintas comunidades naturales y reconocimiento de los derechos sindicales y de los partidos políticos. Por supuesto, ninguno de esos puntos fue admitido por el dictador y España siguió fuera de su ámbito natural, Europa54. Sin embargo, a partir de esa fecha los socialistas del interior no quieren esperar más y comienzan a buscar otra salida independiente de lo que decida la Ejecutiva nacional. Felipe González, Nicolás Redondo, Alfonso Guerra, Txiqui Benegas, Enrique Múgica, Pablo Castellano, Manuel Chaves, Joan Raventos y un nutrido grupo de militantes socialistas preparan la toma de su particular Bastilla. República o Monarquía son ahora elementos completamente superfluos; las palabras clave serán democracia y entendimiento con las demás fuerzas opositoras para conseguirla. A lo largo de los primeros meses de 1972, las relaciones entre los dirigentes históricos y los renovadores se enfriaron de tal manera que éstos con el apoyo de dos miembros de la Ejecutiva de Toulouse decidieron convocar el congreso del partido para el mes de agosto de ese años, mientras que aquéllos convocaron otro para septiembre del mismo año: la ruptura estaba consumada, aunque la Internacional Socialista reconoció como legítima a la ejecutiva salida del congreso de agosto. Entre los días 11 y 13 de octubre de 1974, los socialistas del interior rematarían la faena al celebrar en Toulouse, bajo el lema «Por el socialismo, por la libertad», el congreso que auparía a la secretaría general a «Isidoro», Felipe González Márquez, y terminaría con los treinta años de mandato de Llopis, quien dejaría momentáneamente el partido.

Felipe González, protegido de Billy Brandt y de Mitterrand y discípulo de Jiménez Fernández en la universidad, ministro que fue de la CEDA, impuso al partido una línea pragmática dirigida a restaurar y estabilizar la democracia en España y a conquistar el poder. Hasta su llegada la mayor parte de la oposición directa al franquismo la había protagonizado el Partido Comunista desde la Junta Democrática, a la que no pertenecía un Partido Socialista aislado, desmoralizado y adscrito a otra organización menos activa: la Plataforma para la convergencia democrática. La fusión de ambas organizaciones en la conocida «Plata-junta» otorgó a los socialistas el protagonismo que habían perdido durante los años 60 gracias a la represión y al aislamiento impuesto por Llopis. Las elecciones de 1977, su activa participación en los Pactos de la Moncloa y en la elaboración de la Constitución dejarían a un lado la cuestión de las formas de gobierno, asumiendo el partido la monarquía parlamentaria como un régimen completamente legítimo, hecho que refuerzan las recientes declaraciones del actual ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar:

La Monarquía parlamentaria como forma política del Estado es una fórmula ampliamente reconocida por el Derecho Constitucional comparado, que ha resultado beneficiosa para España no sólo en la transición, sino como fórmula razonable para resolver la cuestión del Estado simbólica, integradora, parlamentariamente neutral y que con la izquierda puede establecer y de hecho así ha sido - una convivencia amable. De hecho, puede afirmarse que ya hubo un referéndum sobre la monarquía. Fue el referéndum de 6 de diciembre de 1978 en el que los españoles aprobaron la Constitución que propugnaba la monarquía como forma política del Estado...56

ÁNGELES EGIDO

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Los historiadores trabaj amos con una materia, los hechos históricos, que, en principio, no debería ser dúctil ni maleable. La documentación que analizamos debería bastar para certificar lo que afirmamos, no sin antes haberlo comprobado lo más exhaustivamente posible. Pero es obvio que no es así. A pesar de esa documentación, y de las pruebas a veces contundentes, hay mitos históricos firmemente anclados en el imaginario colectivo que parece imposible derrumbar. El caso del mito azañista es paradigmático en este sentido. La bibliografía sobre Azaña es abrumadora, también lo es su propia obra, extensa y sólidamente argumentada'. Pero, a pesar de ello, o tal vez, por ello mismo, las tergiversaciones sobre Azaña y sobre su pensamiento político no dejan de sucederse.

HISTORIA Y MITO: LA REPÚBLICA DE AZAÑA

Paralelo al mito azañista existe lo que podríamos calificar como mito republicano. El término República ha ido ligado en la historia de España, y en los libros de texto, a calificativos negativos. La Primera República fue, durante mucho tiempo, «un año de desastres»; la Segunda, poco más que el antecedente inmediato, cuando no la causa, de la Guerra Civil. Todavía subsiste, alimentada por las tesis revisionistas de última hornada, una imagen de la Segunda República que la remite exclusivamente a precursora de la Guerra Civil, cuya última explicación sería pretender justificar el golpe de Estado de 1936, legitimar la sublevación militar contra el orden legalmente establecido. Al margen de interpretaciones obviamente parciales, no cabe duda de que el hecho de que el régimen republicano concluyese con una guerra civil ha condicionado la visión de la República y empañado el verdadero propósito político que había tras su proclamación: instaurar, por primera vez en la historia contemporánea de España, un Estado verdaderamente democrático.

No es extraño, por otra parte, que el mito azañista y el mito republicano caminen unidos, porque desde los propios comienzos del régimen se identificó a Azaña con la República y a la República con Azaña. No cabe duda de que Azaña fue su representante más señero, el que jugó un papel esencial, en tanto jefe del Gobierno, en las reformas de primer bienio y el que tenía, además, desde sus escritos juveniles, una idea muy clara de lo que debía ser la República. Y la tenía por varias razones: en primer lugar, porque su compromiso republicano era fruto de una larga trayectoria personal, ideológica y política. Azaña había llegado al republicanismo desde el reformismo, había sopesado y estudiado bien las carencias y los proyectos para la «regeneración» de España. Su condición de republicano no era producto de una casualidad ni, aún menos, una mera decisión coyuntural u oportunista, sino de una profunda reflexión y maduración que concluiría, inevitablemente, en un compromiso político sólidamente adquirido y firmemente expresado.

En segundo lugar, porque tenía preparación suficiente para emprender las reformas que emprendería. Además de una profunda base intelectual, Azaña tenía una sólida formación jurídica2. Había estudiado Derecho en El Escorial, se había doctorado en la Universidad de Madrid y había ampliado sus conocimientos en París con una beca de la Junta de Ampliación de Estudios. Había asistido a las clases de Giner de los Ríos en la capital de España y a las de Bergson en la Sorbona. Había preparado y ganado, con el número uno entre 40 aspirantes, una oposición al Cuerpo de Auxiliares de la Dirección General de Registros y Notariado del Ministerio de Gracia y Justicia, que no era precisamente de las más sencillas de ganar, y conocía a fondo el modelo de la Tercera República francesa, que estudió con aplicación durante su estancia en París. Cuando llegó al poder se limitó, pues, a aplicar unos conocimientos sólidamente adquiridos y largamente madurados, porque cuando se proclamó la República Azaña ya había pasado el Ecuador de su vida. A mi juicio, de esa solidez y de la conciencia que de ella tenían sus oponentes políticos saldría la crítica fundamental que durante muchos años se le hizo, y que fue, al margen de los meros insultos o descalificaciones persona les en los que no vamos a entrar, básicamente una: confundir la República con su propia versión de la República3.

Pero ¿cuál era la versión azañista de la República? No ha sido infrecuente, a propósito de la vocación política de Manuel Azaña, una cierta polémica sobre lo que prevaleció en su pensamiento: la República o la democracia o, dicho de otro modo, sobre si fue primero demócrata o primero republicano, lo que esconde, por otra parte, una manera diferente de interpretar su conversión al republicanismo, que para unos habría sido una consecuencia directa del golpe militar de Primo de Rivera y para otros la conclusión más acorde de su pensamiento liberal'. A mi juicio, ambas interpretaciones no son excluyentes, sino complementarias. Por una parte, hoy parece claro que fue antes demócrata que republicano. Y en eso, aunque resulte cuando menos paradójico en el hombre al que se consideró encarnación misma de la República, no hay contradicción, porque Azaña llegaría muy pronto a la conclusión de que la mejor forma de plasmar en política la democracia era el régimen republicano. Para Azaña la República no era sino la máxima expresión de la democracia, la forma mejor en que ésta podía manifestarse. Por otra, no cabe duda de que esa conclusión era fruto de una evolución de su pensamiento, que hundía sus raíces en la tradición del liberalismo español, del que Azaña se consideraba no sólo heredero sino deudor. Y esa evolución, que le llevó primero a la democracia y desde la democracia a la República, es la que nos proponemos ilustrar.

Recientemente Manuel Suárez Cortina, siguiendo la investigación de Román Miguel González5, reflexionaba sobre las culturas republicanas y establecía al menos tres tendencias bien diferenciadas: una demosocialista (Pi y Margall), que hacía hincapié en la confrontación capital/trabajo, reivindicaba al pueblo trabajador, al individuo soberano y el sufragio universal, y que tuvo su época de esplendor durante el Sexenio Democrático; otra republicana socialista, de corte jacobino, en la línea de Lamennais, que ponía el acento en la revolución pero liderada por una élite, que unía el concepto de pueblo al de progreso y cuya categoría fundamental no era el individuo sino la comunidad. Y, finalmente, la cultura del republicanismo liberaldemócrata que ponía el acento en el gobierno del pueblo por el pueblo mismo. Esta línea sería la heredada por Manuel Azaña, si bien con aportaciones fundamentales que llevan al autor a la conclusión de que el período que se abre con la Segunda República tiene poco que ver con la experiencia y con el contexto político, social y económico de la Primera.

Aun admitiendo lo anterior, no cabe duda de que el compromiso democrático de Manuel Azaña se inició muy pronto y tampoco de que su pensamiento se nutre de toda la trayectoria anterior del liberalismo español, que va transformando y puliendo al calor de los acontecimientos políticos que le tocó vivir. La evolución de su pensamiento puede seguirse con facilidad en sus escritos: desde su tesis doctoral sobre La responsabilidad de las multitudes, presentada en 1900 en la Universidad de Madrid, hasta su conferencia en la Sociedad «El Sitio» de Bilbao en 1934, sobre Grandezas y miserias de la política, pasando por varias de sus obras y gran parte de sus discursos. Aunque la preocupación de Azaña por incorporar a las masas a la vida pública, por la participación de los ciudadanos en la vida política, se observa ya en aquel texto primerizo y vuelve a aparecer dos años más tarde en una conferencia que pronunció en la Academia de Jurisprudencia sobre La libertad de asociación, no cabe duda de que donde se manifestará de manera contundente es en sus primeros textos militantes, escritos nada más comenzar la dictadura de Primo de Rivera, que marcan la frontera entre su apuesta inicial por el reformismo y su compromiso final ya clara y efusivamente republicano, y especialmente en su Apelación a la República, escrita 22 años más tardes.

Pero, en medio de ese largo proceso, sus ideas se van perfilando en textos intermedios como El problema español (escrito en 191 1) e, implícitamente, en Los motivos de la germanofilia (1917), en sus Estudios de política francesa (1919) o en la crítica al Idearium de Ganivet (1921)9. A través de ellos puede seguirse su análisis de aspectos fundamentales para el buen funcionamiento de la democracia como el parlamentarismo, el asociacionismo o el sufragio. Mientras en su tesis doctoral había incidido en el parlamentarismo, en la línea de Gumersindo de Azcárate, en su conferencia en la Academia de Jurisprudencia lo hará en el asociacionismo, aunque lo que defendió entonces fue el asociacionismo religioso, para acabar en El problema español` explayándose sobre el valor del sufragio.

((EL PROBLEMA ESPAÑOL». MONARQUÍA Y LIBERALISMO

Merece la pena detenerse en esta conferencia, pronunciada en la entonces recién fundada Casa del Pueblo de Alcalá de Henares, que puede considerarse un antecedente de la que pronunciará más de dos décadas después en la Sociedad «El Sitio» de Bilbao. Azaña no habla todavía de república, sino de democracia y lo que aflora de su reflexión sobre el regeneracionismo es la necesidad de la participación de los ciudadanos en la vida pública, por la que se decanta ya claramente. Se trata, en realidad, de algo que aparecerá reiteradamente en su pensamiento: la fe en el pueblo español, la apuesta decidida por el pueblo mismo que opone, en una línea de superación positiva del pesimismo regeneracionista, a la clase dirigente, especialmente a la de la Restauración pero también a los gobernantes de etapas históricas españolas anteriores, a quienes hace culpables a la vez de su atraso y postergación.

La apuesta por el pueblo implica, inevitablemente, una apuesta por la cultura, base indispensable para el buen funcionamiento de la democracia, que a la larga se traducirá en una apuesta por el Estado - el Estado educador, idea tan querida de Azaña - y, sobre todo, en una apuesta por la verdadera democracia: «Los hombres de mi generación (...) no queremos ni podemos perder la esperanza en el porvenir (...). De ahí nuestro propósito (...) de persuadir a nuestros conciudadanos de que hay una patria que redimir y rehacer por la cultura, por la justicia y por la libertad. Por la cultura, he dicho y si lo meditáis bien comprenderéis que lo he dicho todo». Más adelante, ratificará esta idea, suscribiendo además la de Renan: «Dadme la Universidad (...) y lo demás os lo abandono todo». Esta apuesta por la cultura y esa constatación de que el más grave problema de España es la carencia de instrucción estará en la base de su futura reforma de la enseñanza, ya desde el poder, que deberá ser pública y de calidad, lo que para el Azaña gobernante se traducirá en laica y estatal".

Pero «El problema español» es también un alegato contra el caciquismo, contra la corrupción electoral que se ha adueñado de la España de la Restauración, y que impide la práctica verdaderamente democrática. Su pensamiento es contundente y también lo es el modo en que lo expresa: «Esencialmente la organización democrática exige: Un cuerpo de votantes; un cuerpo de representantes que aquéllos eligen; un corto número de hombres de gobierno sacados de entre los que representan la opinión de la mayoría». Y «Ese cuerpo de electores es la base natural e indispensable del régimen, porque ¿cómo habrá gobierno del pueblo por el pueblo si no hay pueblo?». Y «no hay pueblo» porque el sistema de la Restauración ha impedido que lo hubiera: «Carecemos de una masa electoral que sepa sus intereses y los defienda» (...). Nadie cree posible que su derecho se respete; nadie se cree obligado a cumplir con su deber; las leyes son cosa de juego y el fabricarlas una diversión (...). ¿Qué son nuestras costumbres electorales? Un padrón de ignominia; y el Parlamento que nace de ellas ¿qué puede ser? Un escenario de la vanidad y de la nulidad, de la impotencia y de la mojiganga, una costra que encubre una llaga».

Para curar esa llaga, Azaña apela a dos instrumentos fundamentales: «En lo político, como una condición indispensable, la revisión de todas las instituciones democráti cas» (...). «¡Democracia hemos dicho? Pues democracia. No caeremos, en la ridícula aprensión de tenerla miedo: restaurémosla, o mejor, implantémosla, arrancando de sus esenciales formas todas la excrecencias que la desfiguran». Y, sobre todo, al Estado: «El otro instrumento de la transformación que deseamos es el Estado mismo, como órgano propugnador y defensor de la cultura y como definidor de derechos». Pero ese Estado moderno al que aspira «no es una creación de nuestros días, sino el resultado, el fruto, de una obra lenta de varios siglos». Apela, en fin, al pueblo mismo, al individuo que con su trabajo debe contribuir a la obra de reconstrucción nacional, porque «el trabajo, la necesidad espiritual de trabajar, es el signo de superioridad más evidente, de "fecundidad de la voluntad"».

La labor del Estado educador, «el restaurador del alma del pueblo», es esencial para la superación del caciquismo, el verdadero cáncer de la Restauración, que desvirtúa la esencia de la democracia, pero también lo es el pueblo mismo, que debe asumir su responsabilidad ciudadana, tomar conciencia, y valorar en consecuencia, la única arma que verdaderamente posee: el voto. Por eso Azaña subraya:

No es a los corruptores a quienes hay que dirigirse sino a los infelices corrompidos, a aquellos que cuando reciben un puñado de pesetas por su voto creen haber realizado una hombrada y aún se quedan riendo del comprador al que juzgan haber engañado. Y no son más que unos necios, víctimas de su ignorancia, porque al enemigo más cruel le entregan la única arma que tienen para defenderse.

La idea del ciudadano responsable es muy temprana en Azaña, como lo es su confianza en el pueblo mismo: «Ni al pueblo ni a nadie, hay que darle pedazos de pan, así como de limosna, sino organizar la sociedad sobre bases justas que permitan que ese pedazo de pan se lo gane el pueblo mismo».

Su modelo para el porvenir remite, por otra parte, al de la Europa occidental, apoyándose en el ejemplo de las naciones civilizadas, especialmente Francia y Gran Bretaña, que supieron avanzar en su proceso de democratización, mientras la España de los Austrias se quedaba atrás. Para Azaña el desvío de España de «la corriente general de la civilización europea» se inició en el siglo xvi cuando, siguiendo los destinos de la Casa de Austria y no los intereses de la propia España, acabó en la humillación de la Paz de Westfalia. A partir de ese momento, perdió el carro del progreso como luego perdería el carro de la Ilustración. Y todavía no lo había retomado. Mientras «en Inglaterra, los nobles aliados con el pueblo, aniquilaron la tiranía, y sobre las antiguas libertades comunales, de las que en nuestra patria ya no quedaba memoria, levantaron ese admirable edificio nacional británico», en España «sería un error creer que por alumbramos con la luz eléctrica y viajar en ferrocarril y hablamos por teléfono, estamos ya en la misma corriente de ideas que ha producido esos inventos; como sería equivocado afirmar que por tener una ley de sufragio universal y un Parlamento y un Jurado, vivimos en democracia».

Aquí está la clave del problema. El caciquismo rural, la corrupción del sistema electoral y la falta de instrucción popular han desvirtuado el sistema democrático, han traicionado a la democracia, que no pervive en España sino nominalmente. Sus textos posteriores no harán sino redondear estas ideas, perfilarlas, incidir en aspectos particulares del mismo problema. En Los motivos de la germanofilia, en el prólogo a los Estudios de la política militar francesa y en la crítica al Idearium de Ganivet, mientras explica los errores de las clases dirigentes y de la Monarquía, a la que acusa de defender los valores dinásticos más que el verdadero interés nacional, no hace sino buscar en la historia patria las raíces de la democracia. Ésta y no otra es la tesis que subyace en su ensayo sobre el Idearium de Ganivet (publicado en 1921 en La Pluma), en el que presentaba a los comuneros como verdaderos precursores del impulso modernizador, democrático y nacional frente a la España católica e imperial. Su análisis del pasado imperial y de las causas del atraso español lo llevan a alejarse cada vez más de la Monarquía, a la que considera culpable de perpetuar el «problema español», y a identificarse, como heredero de la tradición del liberalismo español de la que se nutre, paulatinamente con el republicanismo.

No vamos a insistir en la travesía reformista, que ya analizamos en otro lugar12, y que para Azaña representa, fundamentalmente, la oportunidad de la Monarquía de convertirse en una verdadera democracia, de sanear el sistema desde dentro del propia sistema, de aplicar los grandes principios teóricos a la práctica política. Pero todo eso se viene abajo cuando el Rey consiente que gobierne un general. El triunfo del golpe militar de Primo de Rivera es la prueba fehaciente, para Azaña, de que el régimen monárquico es incompatible con el liberalismo, cuya máxima expresión ha de ser el Estado verdaderamente democrático.

LIBERALISMO Y DEMOCRACIA

La travesía reformista concluirá en 1924 cuando Azaña escribe, ya sin eufemismos, su Apelación a la República. Parece conveniente detenerse en este texto, clave para el Azaña republicano, que apareció muy parcialmente publicado en las Obras Completas editadas por Juan Marichal y que no se conocería íntegro hasta muchos años después. No cabe duda de que el primer momento en que Azaña elabora un programa político es en el texto de Apelación a la República, escrito apenas iniciada la Dictadura, y en el que parte de dos conceptos básicos: libertad y nación14. Se trata de un pequeño folleto sin firma, aunque la alusión a un texto anterior del propio Azaña, La dictadura en España, permitía deducir fácilmente su autoría, destinado a ser distribuido clandestinamente y que apenas tuvo, en su momento, repercusión. Sí la tendría, en cambio, y mucho más pronto de lo que las circunstancias permitían suponer, la aplicación práctica de su contenido.

La Apelación es un verdadero documento político de combate que rechaza drásticamente la Dictadura y declara incompatible la Monarquía con el verdadero liberalismo, que es esencialmente democrático: «En esencia hay dos métodos para gobernar a un pueblo: el absolutismo irresponsable, verdadero "antiguo régimen", o sea el que precedió en la Europa continental a la Revolución francesa, y el liberalismo organizado en democracia, por cuya instauración se ha pugnado en España, más de un siglo, sin lograr su triunfo completo»15. Ni siquiera logró la Monarquía, que no pudo evitar la separa ción de Portugal, lo que otros países, como Francia, consiguieron mantener: «la unidad nacional, la integración del suelo peninsular bajo una soberanía».

Es importante retener estas ideas que remiten, de nuevo, a la comparación EspañaEuropa, en la que España sale perdiendo no por la ineptitud del pueblo español, sino por la de sus gobernantes: «Desoída la voz de las ciudades que en las Cortes pedía paz y buen gobierno; desoídos los consejos de los moralistas; de los escritores políticos; cerrados los caminos al mérito personal; triunfante la intriga y las camarillas palaciegas; la aristocracia y el clero dueños del país, y un pueblo pobre, un país desierto, un Estado sin prestigio, y, a la postre, una Corona sin gloria». Tal es el balance del mal gobierno, de la monarquía absolutista, a la que opone, sin dudarlo, el liberalismo: «¿Qué siniestra argucia es ésa de declarar la libertad incompatible con el bien público? Todo lo contrario. El renacer de España es obra de la libertad (...). Basta la experiencia sola, lo que llaman enseñanzas de la historia, para saber que el régimen despótico y personal es ruinoso, injusto, detestable. Nuestra salvación reclama un régimen acorde con el sentido humano de la vida: el liberalismo y las garantías de la democracia» 16

Para Azaña, el error principal estriba en no haber permitido el desarrollo de una línea de pensamiento, el liberalismo español, que de haber podido hacerlo habría fructificado del mismo modo que fructificó en otros países de Europa, y que forma parte de la esencia de España con el mismo derecho que la que se impuso y consintió el atraso de la nación. Casi diez años después, Azaña, que se declara «quizá el español más tradicionalista que existe en España», expresará en público esta convicción, cuando afirma en Bilbao:

España no ha sido siempre un país inquisitorial, ni un país intolerante, ni un país fanatizado, ni un país atraillado a una locura, locura que algunas veces pudo parecer sublime. No ha sido siempre así, señores, y a lo largo de toda la historia de la España oficial, a lo largo de toda la historia de la España imperial, a lo largo del cortejo de dalmáticas y de armaduras y de estandartes, que todavía se ostentan en los emblemas oficiales de España, a lo largo de toda esa teoría de triunfos o de derrotas, de opresiones o de victorias, de persecuciones o de evasiones del suelo nacional, paralelo a todo eso ha habido siempre durante siglos en España un arroyuelo murmurante de gentes descontentas, del cual arroyuelo nosotros venimos, y nos hemos convertido en ancho río 17.

En 1924, adelanta esa idea cuando escribe que el golpe de Primo de Rivera no es sino «un episodio más en la contienda que viene librándose en España por la implantación del régimen liberal»18.

La Apelación es, en consecuencia, una defensa de la libertad, del sufragio y del Parlamento, es decir, de los instrumentos de la democracia, expresión última del régimen liberal. Aun reconociendo los errores que puedan imputársele, Azaña se reafirma en su fe en la democracia, con un argumento muy moderno: «Ni los detractores del parlamentarismo ni los países en que más se practica el sistema han encontrado con que sustituirlo». Es decir, la democracia es el menos imperfecto de los sistemas posibles. Aun en el contexto de la época, cuando los desastres de la Primera Guerra Mundial habían puesto en solfa a los regímenes parlamentarios internacionales que no habían sido capaces de impedirlos, la postura de Azaña es, sin embargo, consecuente con la situación nacional, porque, aunque las Cortes españolas, empañadas por el caciquismo y dominadas por la oligarquía, servían de poco, «ese poco era lo que nos separaba de la vergonzosa dictadura»19•

La Apelación es, en fin, un adelanto de su futuro programa político: las bases de la reforma militar, de la política social y del Estado verdaderamente democrático están ya esencialmente expuestas en este texto firmado por Azaña en mayo de 1924. Su republicanismo será, a la larga, una consecuencia de su liberalismo radical, más allá de la coyuntura inmediata del descontento ante el golpe de Primo de Rivera. Insiste en la definición de los principios del liberalismo democrático: Parlamento, sufragio universal y prensa libre, con un talante claramente combativo y decidido a desarmar a sus adversarios «a fuerza de fuerza». Definitivamente desengañado del reformismo, de la posibilidad de regenerar el sistema desde dentro del propio sistema, apuesta ya claramente por la ruptura. Y la ruptura ya tiene un nombre, por oposición a la Monarquía: República. La República, a su vez, lo tendrá pronto: Democracia. Apenas seis años después, Azaña afirmará: «La República será democrática o no será».

DEMOCRACIA Y REPÚBLICA

Lo que expuso clandestinamente con carácter pionero en 1924 lo ratificará en 1930 y lo hará ya públicamente y sin rebozos. En el mitin republicano de la plaza de toros de Madrid`, afirmará: «El 13 de septiembre de 1923, la monarquía se suicidó; no se culpe nadie de su muerte». Ahora, cuando Berenguer ha sustituido a Primo de Rivera, la gota colma el vaso: «La condena, la sanción, han de ser también históricas y políticas. El jurado competente es el pueblo; la audiencia es la calle; la sentencia es la República, porque ya que ellos lo han querido, ya que ellos, revolucionariamente, no nos consintieron ser ciudadanos de un país libre, nosotros les notificamos que no nos da la gana de seguir siendo vasallos».

Azaña, no cabe duda, hace campaña por el cambio de régimen y la hace con toda la fuerza de su palabra cuando todavía «se puede [y se pretende] arrastrar algunos años el cadáver de un régimen». Por eso «Implantar la República es una obra nacional. La verdad política del presente es ésta: unión de todas las fuerzas organizadas, cualquiera que sea su apellido, en cuanto admite la base común de la democracia republicana». Aquí se impone la conclusión de toda su línea de pensamiento y de toda su acción política hasta ese momento: la salida natural para la democracia es la República. La República es el cauce ideal para desarrollar la democracia. Azaña apela para ello expresamente a los socialistas pero también a todas las fuerzas antimonárquicas y al resto de las fuerzas democráticas, porque

La República le es tan necesaria al proletariado como a la burguesía liberal, pero nosotros no tenemos el pensamiento ni los socialistas tienen ahora la ambición de que nuestra fuerza común concluya en una República socialista. Pensamos en una República burguesa y parlamentaria, tan radical como los republicanos más radicales consigamos que sea, si tenemos opinión y votos para ello. Porque la República tiene un doble valor, una doble eficacia. De una parte, es conclusión, porque termina el pleito político planteado desde hace un siglo con la dinastía, y, de otra parte, es comienzo o iniciación, en cuanto servirá de instrumento o de medio para el progreso político y la justicia social.

Azaña no excluye a nadie, sabedor de que vencerá el que la mayoría, con su voto, estime digno de hacerlo. Cada cual defenderá sus propias ideas y logrará, en la medida en que consiga convencer al electorado para apoyarlas, imponerlas a los demás. «Pero hay una regla general que yo proclamo aquí (...) como un principio de conciencia (...): La República española tendrá que ser, no sólo respetuosa con los derechos del trabajo, y garantía de sus reivindicaciones, sino propulsor y estímulo en la obra de despertar las conciencias más atrasadas y de levantarlas a un rango superior de humanidad y de ciudadanía». Azaña no olvida su compromiso con el pueblo, ni tampoco la labor de construcción de ciudadanía que es consustancial con la República e imprescindible para la democracia. Declarado queda, como quedará a lo que aspira el nuevo Estado democrático en otras esferas fundamentales de la vida política: «Todos cabemos en la República, a nadie se proscribe por sus ideas; pero la República será republicana, es decir, pensada y gobernada por los republicanos, nuevos o viejos, que todos admiten la doctrina que funda el Estado en la libertad de conciencia, en la igualdad ante la ley, en la discusión libre, en el predominio de la voluntad de la mayoría, libremente expresada. La República será democrática, o no será».

Los republicanos, por su parte, asumen sin reparos en boca de Azaña su papel en la transformación del Estado y de la sociedad, con plena conciencia de su labor y de su compromiso, porque: «Venimos al encuentro del país, no como estériles agitadores, sino como gobernantes; no para subvertir el orden, sino para restaurarlo(.) Tenemos conciencia de nuestra responsabilidad y de las dificultades que nos aguardan y estamos resueltos a afrontarlas, sin escatimar ningún sacrificio». Pero el compromiso habrá de ser recíproco, y general, en lo que al pueblo respecta, porque: «Nosotros no podemos rematar estas declaraciones poniéndoles como conclusión la promesa de una era de felicidad, de ventura y de grandeza. La libertad no hace felices a los hombres; los hace simplemente hombres».

Grandes palabras para un gran compromiso y para un gran líder, lo que fue, sin duda alguna, Manuel Azaña. Pero también grandes, y sólidos, principios, aunque entonces no llegaran a fructificar. Grandes, porque defienden lo que ahora tenemos: un Estado verdaderamente democrático. Sólidos, porque el pensamiento de Azaña no es fruto del azar. Su idea de la democracia, ahora ya claramente identificada con su idea de República, incide y aporta, a mi juicio, tres conceptos fundamentales que están en la base y que explican y justifican la aplicación y plasmación de su proyecto político durante los años republicanos.

En primer lugar, Azaña aporta la tradición, la herencia liberal. En su pensamiento, el republicanismo no es algo nuevo sino la consecuencia de una trayectoria anterior que hasta entonces no había podido materializarse. Es la consecuencia última de todo el liberalismo español, que es tan español como el más conservador de los ideales y tan consustancial a la historia de España como pueda serlo la interpretación más ortodoxa, y tradicionalista, de esa misma historia. Pero a la vez representa la ruptura con las formulaciones anteriores del liberalismo, que se puede ejemplarizar en la ruptura con el reformismo. Aun bebiendo del tronco común, la interpretación heterodoxa de la historia de España y la herencia del pensamiento liberal español, había llegado el momento de dar un paso adelante y de formular las nuevas soluciones que precisaban los nuevos tiempos y las nuevas realidades no sólo sociales sino también políticas. La Dictadura, y el consentimiento monárquico para su instauración, marcó la línea de demarcación. Primo de Rivera había suprimido el Parlamento y eso, para un demócrata convencido, era un punto al que no se podía, bajo ningún concepto, renunciar.

En segundo lugar, la identificación de la democracia con la República. Se convenció de que no era posible el cambio desde dentro del sistema y eso lo llevó al abandono del reformismo y a la apuesta decidida por la República. Es sabido que militó en el Partido Reformista, accidentalista en cuanto a las formas de gobierno, y que durante unos años apostó por las reformas desde dentro del sistema, es decir, desde la Monarquía. Se presentó dos veces a las elecciones como candidato reformista y estuvo al lado de otros miembros señeros de su generación que sentían la misma necesidad de cambiarlo y que estaban convencidos de que era posible hacerlo contando con el propio sistema. Pero el apoyo del Rey a la dictadura de Primo de Rivera y la propia laxitud del Partido Reformista y de su líder, Melquíades Álvarez, acabaron convenciéndolo, antes que a aquéllos, de que era necesaria la ruptura. La Monarquía se había deslegitimado a sí misma dando el poder a un militar y ya no había otro camino que el cambio de régimen, es decir, que la República.

En tercer lugar, Azaña es consciente de que no se puede gobernar al pueblo sin contar con el pueblo pero también de que existe, dada la estructura social de España y las bases de oligarquía y caciquismo sobre las que había funcionado la Restauración, un peligro evidente de revolución social. Para conculcar el peligro de revolución social era inevitable contar con los partidos capaces de frenarla. A través de las organizaciones obreras, pensaba, sería posible controlar al pueblo y educarlo en su nuevo papel de ciudadano responsable dispuesto a colaborar en el proyecto democrático que desde el Estado republicano, y a través del Parlamento, es decir, de la Ley, se proponía desarrollar.

Su idea de la República, ya plenamente identificada con la democracia, incide, pues, en la tradición, en la herencia del pensamiento liberal español, que la legitima históricamente; se basa en la fe en el pueblo, que implica el necesario compromiso de la República en la formación de la ciudadanía; confluye en su concepción del Estado republicano, que debe ser prioritariamente un Estado educador, y se materializa en sus reformas «jacobinas», especialmente en el terreno de la educación, pero también en la táctica, que lo llevará a la colaboración con las organizaciones obreras para conculcar el peligro de revolución social. Es decir, tendrá importantes consecuencias políticas, porque concluye, a la postre, en el laicismo y en el pacto con los socialistas.

En el laicismo, porque lo que Azaña critica a la Iglesia, no es el confesionalismo (que respeta como liberal), sino la carencia de base científica en la enseñanza que imparte desde aquél y la tergiversación de la historia de España acorde con él. El ciudadano responsable, capaz de ejercer su derecho al voto con responsabilidad y con conocimiento de causa, es la base de la democracia y para formar ciudadanos responsables era necesaria la intervención del Estado, sustituto de la Iglesia, monopolizadora hasta entonces de la educación y culpable no ya de su baja calidad científica, sino de su mixtificación y tergiversación con fines partidistas21. En el pacto con los socialistas, porque sólo teniendo en cuenta las aspiraciones y necesidades de la clase trabajadora sería posible incorporarla a su proyecto de refacción del Estado y de la sociedad, alejando paralelamente el peligro de revolución social: «Mi experiencia de gobernar con los socialistas - escribiría en 1933 - tiene interés para todo el mundo porque si saliera bien probaría que se puede hacer la inevitable transformación de la sociedad moderna sin la necesidad de una revolución»22.

La trayectoria política de Azaña, ya en el gobierno, es bien conocida y no es éste el lugar para insistir en ella, ni para valorarla23. Aquí sólo hemos pretendido, a través de algunos textos que hemos considerado especialmente ilustrativos, seguir la evolución de su pensamiento que lo llevó desde el liberalismo a la democracia y desde la democracia a la República. Y para cerrar ese recorrido es necesario detenerse en la conferencia que pronunció en la Sociedad «El Sitio» de Bilbao, el 21 de abril de 1934, y que tituló Grandezas y miserias de la política24. Este texto, tan extenso como puede serlo una conferencia, encierra a mi juicio todas las grandezas y debilidades del Azaña político e incluso me atrevería a decir que del Azaña hombre, porque en Azaña ambas cosas caminaban intrínsecamente unidas. Ésa es una de las claves de su éxito: decía lo que realmente pensaba y el auditorio así lo captaba por eso convencía y lo decía además magistralmente, con fuerza, con convicción, con razonamiento, con lucidez -y por eso vencía, es decir, ganaba las elecciones.

En esta conferencia Azaña ratifica, por encima de todo, su fe en la democracia, que sigue siendo el menos imperfecto de los sistemas posibles, pero también su fe en el pueblo español. Sin el pueblo, sin el voto de la mayoría, el gobernante no puede llevar a cabo su programa político, previamente sometido a la opinión general a través de las elecciones. Mientras su análisis de la democracia sigue pareciendo impecable: «La democracia es probablemente el mejor sistema para elegir a los más dignos», aunque reconoce que «nunca es perfecta», su fe en el pueblo español resulta, a la luz de lo que sabemos, quizá algo ingenua. Pero, una vez más, Azaña es consecuente consigo mismo: no se puede creer en la democracia sin creer en el pueblo que la nutre y la sustenta. En el pueblo español, sujeto y agente de la democracia, radica además la única posibilidad de progreso y evolución. Por eso, después de una larga reflexión sobre las virtudes y los defectos de la democracia, afirma convencido: «Yo soy demócrata» (...). Y no lo soy sólo en tanto que republicano, porque bien pudiéramos haber hecho una República menos expuesta a las incertidumbres del sistema, sino que soy demócrata para España porque creo que es el único procedimiento de sacar a España del decúbito supino en que desde hace siglos yace».

Esta afirmación del Azaña maduro no hace sino ratificar lo que ya pensaba el Azaña de 1900. Ahora, en 1934, insiste de nuevo en la inexistencia de una verdadera clase directora en la historia de España, para llegar a la misma desembocadura a la que llegó en su tesis doctoral:

Para mí lo vital en España, en el orden moral es el pueblo (...), las profundas virtudes morales y espirituales del pueblo español, en su atraso, en su pobreza, en su miseria, se han conservado intactas (...). Y yo estimo que el único procedimiento que hay en España para reorganizar una sociedad y permitir que esta sociedad tenga un día cabeza y manos que hoy no tiene, es apelar a este sentimiento profundo de la dignidad y del poderío espiritual del pueblo español, facilitarle su escape, confiarnos en él (...). Creo [concluye] que la democracia es en España el único procedimiento para alumbrar las aguas vivas que corren sepultadas todavía en lo profundo del pueblo español.

Y esas aguas profundas remiten, una vez más, a una corriente general, porque para Azaña haber nacido español no es otra cosa que haber nacido «europeo civilizado». Aquí está la base de su cordura y también la explicación de su «locura» democrática, europea y universal.

El fallo de Azaña, una vez más, hay que buscarlo en el régimen en que se formó: la Restauración, e incluso en su propia extracción social. Pero también en sus oponentes políticos que se dispararon por ambos extremos: la radicalización de la izquierda, de un sector del socialismo pero también del anarquismo (con el que Azaña nunca contó) y de la extrema derecha, una vez más apoyada en los militares, a los que creía sometidos después del fracaso del golpe de Sanjurjo, acabaron abortando su proyecto democrático, la República que Azaña se había propuesto implantar. Más adelante, ya en plena Guerra Civil, convencido de que la República democrática por la que él luchó se había agotado en la lucha, admitirá su error, con la lucidez que lo caracteriza, y abogará por una nueva solución. En febrero de 1940, en su segunda carta a Esteban Salazar Chapela, Azaña comenta que pronto habrá quienes se conviertan en republicanos «históricos», cuando lo que realmente habría que hacer era «fundar algo nuevo», claro síntoma de que había aprendido bien la lección25. No menos lúcida resulta su desalentadora conclusión, formulada en plena guerra, sobre lo que se avecinaba si triunfaban los sublevados: «Republicanos, monárquicos o anarquistas, los españoles hacemos siempre las mismas tonterías (...). Desde 1923 estamos renovando en España la experiencia del siglo pasado sobre lo que dan de sí las carreras militares rápidas. En nuestro país, vio lento, intolerante, sin disciplina, los generales menores de sesenta años son un peligro nacional» 26. Triste premonición. Triste suerte la de Azaña, que murió, como tantos otros españoles, sin haber visto el restablecimiento de la democracia en España, por el que tanto luchó y en el que tanto creyó.

JAVIER MUÑOZ SORO

Universidad Complutense de Madrid

INTRODUCCIÓN

La institución monárquica es un tema clave dentro de los estudios más generales sobre la transición española, hasta el punto de que la historia política suele considerarla como el factor más relevante de una transición realizada sin ruptura institucional, y sin duda el que más caracteriza este proceso respecto a otros semejantes en la historia contemporánea. El monarca habría sido nada menos que el «motor del cambio», o en otras versiones el «piloto» del proceso, conduciendo al volante a las élites reformistas del franquismo'. Siguiendo este símil automovilístico parece claro el papel de freno, que correspondería a los inmovilistas del búnker franquista y a ciertos sectores del Estado, en particular el ejército, pero no tanto el del embrague y el de acelerador que permitió el cambio de marchas y la aceleración, no siempre uniforme, desde un seudorreformismo a una auténtica ruptura democrática, la sancionada por la Constitución de 1978.

Desde la sociología política se ha afirmado que el embrague fue la pasividad de una sociedad desmovilizada por cuarenta años de dictadura, y en tal sentido interpreta las encuestas sociológicas llevadas a cabo antes y después de la muerte del dictador, según las cuales los españoles albergaban claros deseos de democratización pero siempre que ésta no pusiera en peligro el orden público y el nivel de vida alcanzado2. Sobre el poso de las transformaciones socioeconómicas de los años 60 y el renacer de una sociedad civil, habría sido el pie del ejecutivo, entendido en un sentido amplio que identificaba gobierno e institución monárquica, el que pisó el acelerador, apoyándose en un pacto entre las élites reformistas del régimen franquista y de la oposición moderada. Aunque, en realidad, los cambios socioeconómicos de los años 60 habrían determinado y hecho inevitable el cambio político, fueran quienes fueran al final sus ejecutores.

La impotencia del antifranquismo para forzar una ruptura y la del franquismo para sobrevivir a la muerte del dictador, es decir, el equilibrio de fuerzas entre régimen y oposición, habría dado el mayor protagonismo a un monarca a caballo (valga la imagen) entre la legitimidad del 18 de julio, la legitimidad histórico-dinástica y la legitimidad democrática3. Los protagonistas de aquel período fueron en su mayoría conscientes de esta situación, como puede verse en multitud de testimonios: lo que llama la atención es su unanimidad al valorar positivamente la actuación del Rey, pese a que muchos no partían precisamente de una actitud favorable. Ésta del rey motor y/o piloto del cambio es la tesis, por supuesto, de los monárquicos o los herederos personales de algunos de esos protagonistas, pero lo es también de la historiografia que se ha ocupado con mayor detenimiento del tema4.

Difieren en la intención última las versiones historiográficas más conservadoras, las que Elías Díaz ha reunido bajo el epígrafe «Franco artífice de la transición», que, si dan realce a la figura del monarca, es sólo como culminación de la obra de la dictadura, la que con sus «años de paz y progreso» habría hecho posible la transición pacífica hacia la democracias. En sentido opuesto, las interpretaciones que privilegian una perspectiva «desde abajo» se colocan explícitamente contra la idea de la transición como mero pacto entre élites y operación de ingeniería jurídico-política. Así, destacan la función de la sociedad civil - llámese asociacionismo ciudadano, renacimiento cultural, movilización obrera o política - que habría empujado el proceso desde la calle y que habría hecho imposible, primero, un franquismo sin Franco y, luego, una seudorrefoma hacia una democracia limitada. En el camino fueron rebasadas las metas iniciales marcadas por el primer gobierno de la monarquía, es de suponer que - como mínimo con la anuencia de ésta, y fracasó el proyecto «reformista» más sólido entre los surgidos dentro del régimen, el de Fraga Iribarne, poniendo en peligro la propia supervivencia de la Corona.

Es cierto que la movilización social no se prolongó demasiado en el tiempo por varios motivos, entre los cuales puede estar la constatación de que una mayoría no pretendía ir más allá una vez alcanzados los objetivos democráticos fundamentales, por ejemplo acometiendo las transformaciones socioeconómicas de las que tanto se había hablado (y no sólo desde la izquierda) durante años. Y porque las movilizaciones traían aparejado un problema de orden público, en una conciencia colectiva marcada aún por el recuerdo de la guerra y por el franquismo, lo que llevó a los partidos y organizaciones de la izquierda a desmovilizar sus bases a favor del pacto y la negociación'. Según esta interpretación, y para acabar ya con el símil automovilístico, el embrague que hizo posible el cambio no habría sido otro que la descomposición acelerada de la superestructura franquista (aquí el término marxista resulta muy adecuado), y el acelerador la presión desde la calle y la oposición dentro de un contexto internacional muy favorable, a diferencia de cuarenta años atrás'.

Sin esa crisis institucional del franquismo no puede entenderse la rapidísima renuncia al discurso de la «Monarquía del 18 de julio» y la no menos veloz adaptación a las nuevas circunstancias por parte de las élites franquistas, esas mismas que se supone guiaron con clarividencia la transición'. La resistencia se redujo a grupos más o menos activos pero en todo caso muy minoritarios, como Fuerza Nueva y demás grupúsculos de la extrema derecha representados por el diario El Alcázar, y por ciertos aparatos del Estado, en especial las Fuerzas Armadas y las entonces llamadas «Fuerzas del Orden» 9. A nadie se le ocultaba que el ejército suponía la principal amenaza para un proceso de democratización y, por tanto, como escribía Aranguren en 1974, «la Monarquía aparece como la única manera de librar al país de un militarismo que, aun diciéndose provisional, estaría siempre dispuesto a adueñarse del poder, directamente o por persona interpuesta. No hay duda: la Monarquía, por su mismo nombre, sería pacificante, tranquilizadora». Para los franquistas más o menos sociológicos la monarquía podía ser una «barrera institucional contra el comunismo y contra la anarquía», la mejor garantía de una transición «en orden»10. Sin embargo, el reinado de Juan Carlos 1 no iba a ser al final la garantía de conservación del «espíritu del 18 de julio», ni siquiera su «realización institucional» o la culminación de su «desarrollo político», legado último de Franco a la nación una vez cerrado el paréntesis excepcional de su caudillaje, como pretendían algunos avezados juristas del régimen''

Otra cosa distinta es discernir lo que corresponde en todo este proceso bien a la institución monárquica, llamada de todos modos a ejercer un papel relevante en tal coyuntura histórica, bien a la personalidad y acción concreta del monarca. Los historiadores (Powell, Tusell o Preston) suelen coincidir con los protagonistas políticos del período en destacar al rey en detrimento de la institución, es decir, en ser más «juancarlistas» que monárquicos. Sus estudios presentan un Juan Carlos demócrata antes de la democracia, prudente por fuerza de las circunstancias, pero teniendo bastante claros los objetivos e, incluso, los medios para llevarlos a buen puerto, lo cual también implica admitir que las cosas podían haber ido de manera muy diferente: «¿Cómo hubiera sido la transición si el Rey hubiera decidido usar los poderes que tenía en sus manos durante más tiempo o de otra manera? ¿Qué hubiera sido de la Monarquía misma como institución?», se preguntaba hace poco Felipe González12.

Pero el riesgo de teleologismo, es decir, de juzgar el proceso por sus resultados cuando éstos son ya bien conocidos, acecha sobre todos los estudios de eso que se ha llamado «transitología» y el caso español no es una excepción. Alguien que lo vivió de primera mano, como Carmen Díez de Rivera, recordaba que «no existió un proceso fluido con la Constitución como meta», sino que fueron empujando los acontecimientos13. Una cosa es pensar que Fraga Iribarne, Felipe González, Suárez o el mismo Juan Carlos pudieron albergar proyectos distintos de lo que daban a entender sus declaraciones públicas y sus discursos institucionales cuando Franco aún estaba vivo, y otra que «todo estuviera escrito en la pizarra de Suresnnes - como pretendía Alfonso Guerra o en la de la Zarzuela - como reclamaba el sobrino de Fernández Miranda en unas memorias de ultratumba de su pariente - o en la de Estoril por mano de Pedro Sainz Rodríguez, según preferencia de Luis María Ansón.. .»14; o que la transición no haya sido otra cosa que un pacto entre mentirosos, hipócritas y cínicos adeptos del oportunismo histórico.

Recientemente, Soto Carmona ha intentado superar este peligro mediante un análisis diacrónico de todo el proceso de cambio político-institucional, situando a los diversos actores que participaron en él según sus actos y su discurso, incluido Juan Carlos antes y después de su proclamación como rey de España`. Claro que aquí se plantea un doble problema metodológico: por un lado, la atendibilidad del discurso público, si éste se toma como fiel transcripción de posiciones ideológicas o actitudes personales, y como paso previo necesario para determinados comportamientos políticos; por otro, la fiabilidad fáctica de las fuentes orales, a menudo en forma de confidencias y en claro contraste con esas declaraciones públicas de los mismos sujetos. Como siempre, la solución debe pasar por la multiplicidad de fuentes y por su contextualización histórica.

La pregunta clave para los historiadores es siempre la misma, si no queremos caer en la trampa de creer todo aquello que se dijo, escribió o hizo entonces era lo único que se podía decir, escribir o hacer, el fruto necesario de las circunstancias históricas: ¿podrían haber sido las cosas de otra manera? O, como la formuló el diario El País cuando reprochó al PSOE que no aplaudiera al rey a su entrada al Congreso para la apertura de las primeras Cortes democráticas: «¿Alguien puede defender como hipótesis verosímil que la instauración de la democracia hubiera sido más rápida, menos costosa y más sólida sin la presencia de don Juan Carlos de Borbón en la Jefatura del Estado?»16. Ése es también un dilema político de la mayor importancia en el actual debate sobre el balance de la transición e, íntimamente asociado a él, sobre la función de la monarquía en la democracia española. De la transición española como modelo exportable y exitoso hemos pasado a revisar sus resultados en cuanto a la calidad de la democracia y sus silencios sobre lo que solemos llamar «memoria histórica», mientras renacen los círculos republicanos y en las manifestaciones surgen las banderas republicanas que se creía ya guardadas en los desvanes.

El recuerdo de la Segunda República supone no sólo una reivindicación histórica, ética y de justicia, sino que adquiere una intención política para el presente. La monarquía ha dejado de ser tabú parece que hay acuerdo general de que lo ha sido durante años 17 y la próxima sucesión reabre los interrogantes sobre la continuidad de la institución. Será inevitable que se ligue a la Corona con las supuestas o reales deficiencias de la transición, y ante las previstas reformas constitucionales y estatutarias va a resultar inevitable que recobre sentido político su función como símbolo de la unidad e identidad nacional.

LA MONARQUÍA DEL 18 DE JULIO

La cuestión de la monarquía y, en general, de las formas de gobierno estuvo siempre presente durante el franquismo, pero habría que esperar hasta los años 60 para que la prensa pudiera en cierta medida reflejar las diferencias al respecto entre las distintas «familias políticas» en el poder, incluso para acoger, sobre todo tras la nueva Ley de Prensa e Imprenta de 1966, la opinión de ciertos sectores de la oposición moderada. Por lo demás, resultaba inevitable que se planteara dentro del debate más general sobre la institucionalización, la sucesión y continuidad de lo que hasta entonces sólo había sido una dictadura personal en un Estado de excepción permanente.

Son bien conocidas las complejas vicisitudes políticas que tuvieron a los monárquicos como protagonistas durante el período comprendido entre 1939 y 1947, cuando muchos pensaron dentro y fuera de España que era inminente el fin de la dictadura y la restauración de la monarquía en la persona de Juan de Borbón13. Sin embargo, a partir de 1948, superada la fase de crisis más aguda de su régimen y en medio de una nueva oleada represiva, Franco consiguió aglutinar una vez más alrededor de él a los distintos sectores católicos, monárquicos y falangistas vencedores en la guerra, en complejo pero no tan precario equilibrio. Se entró así en una larga fase de consolidación que se prolongó durante una década, favorecida por el nuevo contexto internacional.

Esa peculiar naturaleza del régimen franquista, con unas instituciones políticas destinadas antes que nada a asegurar la unidad y la permanencia en el poder de la coalición vencedora en la guerra, quedó ejemplarmente de manifiesto precisamente con la cuestión monárquica. El referéndum de 6 de julio de 1947 para la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado aplazaba el problema de la restauración monárquica sine die, al menos hasta que llegara el «inevitable hecho biológico» de la muerte de Franco. Mientras tanto hacía de España un reino sin rey y proclamaba una entelequia de monarquía no definida constitucionalmente, sino en términos meramente ideológicos: «Tradicional, católica, social y representativa».

Semejante fórmula, aparte de adaptarse a las nuevas circunstancias internacionales, siempre determinantes en la historia del franquismo, pretendía contentar por igual a carlistas, católicos, falangistas y franquistas de la democracia orgánica, y al mismo tiempo no satisfacer a nadie completamente con el fin de preservar el equilibrio en torno al poder carismático del «Caudillo». Era la adhesión incondicional a su figura y no la forma de gobierno lo que se dirimía en el referéndum de 1947, además de «cumplir la voluntad de un millón de muertos», «alejar de nosotros el peligro comunista», «impedir la influencia de la masonería», «rechazar la intervención extranjera», «evitar los saqueos, las checas y los asesinatos» o «conservar abiertas las puertas de nuestros templos»19.

A los que más tendría que haber disgustado la fórmula por cuanto sólo contenía vagas promesas para el futuro, es decir, a los monárquicos juanistas, sin embargo no los llevó a poner en discusión su adhesión a los valores del 18 de julio sino en casos muy concretos. De ahí que el principal órgano de la prensa monárquica, el ABC de la familia Luca de Tena, pusiera siempre su lealtad a Franco y la legitimidad de la victoria por encima de cualquier otra, ni más ni menos igual que el resto de la prensa falangista o católica. Así, en 1963, en el 27.° aniversario de la proclamación de Franco como jefe del Estado, afirmaba: «Franco es un símbolo, y en él concentramos los españoles nuestro reconocimiento, como supremo magistrado de la nación», pero recordaba que «las situaciones extraordinarias, las más brillantes, sin duda, de la Historia, son, como todas las que requieren tensión y coyuntura irrepetibles, muy excepcionales. Las puede crear una persona; pero sólo pueden continuarlas las instituciones.. .»20.

Fue precisamente ese inaplazable proceso de institucionalización del poder impulsado desde 1962 por el nuevo gobierno, en una coyuntura marcada por la solicitud de apertura de negociaciones con la Comunidad Económica Europea, el que dio la oportunidad para que el debate sobre la sucesión de Franco y las formas de gobierno saltara a las segundas o terceras páginas de los periódicos gracias a la relativa apertura informativa propiciada por el ministro Fraga Iribarne. El debate alcanzó en ocasiones un tono que poco antes habría resultado inconcebible, pero iba a dejar pocas cosas en claro. La primera, que las respectivas posiciones defendidas con tanto encono verbal por los falangistas desde Arriba o Pueblo, por los monárquicos desde ABC y por los católicos acenepistas desde Ya o los opusdeístas desde Madrid no ponían en cuestión la legitimidad del régimen de Franco, ni siquiera su potencialidad en el futuro a través de su «desarrollo político» o «perfeccionamiento». De ahí que, llegado el momento decisivo, la aprobación en Cortes de la designación de Juan Carlos como sucesor en 1969, casi todos dejaran de lado sus diferencias para acudir a la llamada del jefe.

La segunda era que, paradójicamente, cuando más trascendían públicamente las diferencias entre las «familias políticas», en realidad menos importancia tenían. La verdadera línea de fractura pasaba ya entre quienes supeditaban la forma de gobierno a la continuidad del franquismo, o bien a una efectiva reconciliación y democratización de la sociedad española. Y en los años 60 esto segundo, como demostró entre otros el caso del ex ministro Joaquín Ruiz-Giménez, no podía hacerse desde dentro del régimen. Las polémicas sobre la sucesión en la Jefatura del Estado podían reflejar proyectos políticos distintos, incluso enfrentados, pero en ningún caso marcaban el camino de la reforma, si acaso pusieron en evidencia aún más las contradicciones internas del sistema. Los llamados «aperturistas», y ni siquiera todos, aún tardarán varios años en convertirse en reformistas por fuerza de las circunstancias, es decir, su apartamiento del poder (caso de Fraga) o el inminente fin del ciclo histórico abierto en 1936 (caso de las asociaciones acogidas a la ley de 1974, como la Unión del Pueblo Español de Adolfo Suárez y Abril Martorell, o la Unión Democrática Española de Silva Muñoz y Alfonso Osorio). Reformistas, como se vio después de 1975, con un horizonte de reformas bastante limitado.

Las polémicas de los años 60 y primeros 70 aún dejaron otra cosa en claro: que la línea de fractura no pasaba tampoco entre republicanos y monárquicos, pues unos y otros podían encontrarse tanto en las filas del régimen como de la oposición. A diferencia de lo sucedido hasta los años 30, monarquía y república ya no parecían representar sendas culturas políticas, ya no eran símbolos de dos visiones de la sociedad contrapuestas. Tanto es así que lo único que ponía de acuerdo a los intelectuales del franquismo y del antifranquismo era presentarlas como meras soluciones de gobierno supeditadas a las exigencias del pragmatismo político, no del «sentimentalismo» de las camarillas legitimistas o del exilio nostálgico. Sin que ello supusiera tampoco caer en la clásica disputa en torno al accidentalismo de las formas de gobierno, pues, aunque unos y otros coincidían en resaltar que lo importante no era la forma, sino el contenido, para unos la monarquía garantizaba la verdadera continuidad del régimen franquista, mientras que para los otros su legitimidad pasaba sólo por la reconciliación y la democracia.

En los años 60 y primeros 70 la prensa franquista pudo reflejar las diferencias entre distintos proyectos políticos precisamente porque todos eran conscientes de que «el caudillaje ha de tener sucesión, pero no tiene sucesores». ABC no dejó de marcar las distan cias con los «profetas republicanizantes de la justicia social», en clara alusión a la prensa del Movimiento, a los que acusaba de cerrar «los ojos ante la realidad histórica». El diario de los Sindicatos, Pueblo, se daba por aludido y recordaba que la experiencia histórica nacional e internacional podía comprometer tanto las razones de la monarquía como las razones de la república, «en un tiempo en que hay pocos monárquicos y pocos republicanos». En consecuencia, se debía partir de «nuestro ordenamiento legal, que es un reino, o una Monarquía, y poner la mejor voluntad para su perfeccionamiento en el presente y en el futuro», porque nadie pensaba en una monarquía providencial, cortesana o liberal que se pareciera «a la que fue derrocada en 1931 con el asentimiento general». Por su parte, Arriba respondía con indignación al ataque de «algún sector cortesano» y ponía el ejemplo de «los últimos años de la Historia de España», ya que «nosotros tenemos la virtud, o el defecto, según se mire, de considerar que la Historia que más nos afecta como españoles comienza el 18 de julio de 1936». Como hará en lo sucesivo, frente a «las torpes, simplistas y anacrónicas pretensiones restauradoras», defendió la «instauración» de una monarquía que, «recogiendo lo esencial de nuestra tradición, constituiría una monarquía eminentemente social, muy distinta a la que presidió en los últimos tiempos nuestra decadencia», en palabras del propio Franco21.

Los falangistas siempre insistieron en que la instauración monárquica sólo podía producirse en el seno del Movimiento porque éste, también en frase de Franco, «se sucede a sí mismo»`. Entre 1966 y 1969 su sector «movimentista», bien representado en el gobierno gracias al tándem Fraga-Solís, defendió la regencia como alternativa a la sucesión monárquica beneficiándose de la calculada ambigüedad de Franco, quien lo único que dejó claro hasta el último momento (1969) fue que «nuestro sistema sucesorio (...) no ofrece una solución cerrada, sino una alternativa: la de un príncipe de sangre que pueda ceñir la Corona o el establecimiento de la Regencia en aquellos casos que la propia ley establece que el interés de la Nación lo requiere»23. Un regencialismo moderado en cualquier caso, bastante alejado de las veleidades republicanas de los más «joseantonianos» como Emilio Romero y el diario Pueblo, o de los más radicales adalides de la «revolución pendiente», como Juan Fernández Figueroa y la revista Índice24. En octubre de 1966 esta última publicó un número monográfico titulado ¿República o Monarquía? con texto de Juan Marichal y fotos de Negrín y Azaña25. En 1968 Índice fue secuestrado y su director procesado por el TOP a causa de un editorial titulado «Miedo monárquico», donde afirmaba que ese dilema era un sofisma, porque, «si hay elección democrática, ya sin Franco, no habrá Monarquía» 26.

LA MONARQUÍA DE 22 DE JULIO

Tras la designación de Juan Carlos como sucesor a título de rey el 22 de julio de 1969 los falangistas, bien acostumbrados a tragar con ruedas de molino y justificarse a posteriori, trataron de llevar el agua monárquica a ese molino enfatizando que «el nombramiento de sucesor no modifica en nada ni la visión ni los proyectos del Movimiento Nacional; antes bien, los apuntala, en tanto precisamente la fidelidad jurada a los Principios Fundamentales es el punto de arranque de quien por voluntad de las Cortes Españolas habrá de hacerse cargo en su día de la Jefatura del Estado»21. Como Franco y el propio Juan Carlos habían remarcado en sus respectivos discursos, la fuente de legitimidad de la futura monarquía era la surgida del 18 de julio de 1936 «en medio de tantos sacrificios tristes, pero necesarios, para que nuestra Patria encauzase de nuevo su destino», y residía en el acatamiento de los principios del Movimiento y las Leyes Fundamentales23. Hasta los regencialistas más recalcitrantes, Solís y Fraga a la cabeza, se entregaron con fervor renovado a la causa monárquica.

Un informe secreto redactado en 1966 en las más altas instancias del Ministerio de Información y Turismo de Fraga sobre la revista Cuadernos para el Diálogo planteaba si «la Regencia sea una fórmula especialmente valiosa para la continuidad política del régimen, que es, precisamente, lo que no desean estos grupos que desearían, exclusivamente, una continuidad formal o simplemente unas garantías de que la transición fuese pacífica pero no una continuidad real de esta política, ya que es evidente que desearían cambiar substancialmente de signo aún con cierta moderación en el modo de hacerlo»29. Esos grupos a los que se refería el informe procedían del franquismo, sobre todo de organizaciones católicas, y se habían alejado de él en momentos distintos para formar parte de lo que solemos llamar «oposición moderada», como el aglutinado por el ex ministro Ruiz-Giménez alrededor de dicha revista desde 1963. Es decir, si la regencia se vinculaba a una continuidad política del régimen tras la muerte de Franco, la continuidad formal que representaba la monarquía podía ser la salida para una transición pacífica hacia un sistema democrático por vía de la reforma.

Para la oposición se trataba del famoso dilema planteado por Tierno Galván a finales de los años 50, cuando desde su republicanismo teórico había adherido al grupo monárquico juanista Unión Española, entre una «monarquía-salida» y una «monarquíasolución». La primera era una posibilidad que los socialistas se habían planteado ya en los primeros años de la posguerra, con las conversaciones entre Prieto y Gil-Robles, y contemplaba una «consulta a la voluntad de la nación», fórmula algo genérica que solía entenderse como un referéndum (aunque en 1977 el PSOE consideró que tal voluntad estaba ya representada por las Cortes democráticas)`. De hecho, frente a lo que pudiera parecer a la vista de tantas declaraciones públicas y programáticas, el tan manido referéndum no fue para los dirigentes socialistas un obstáculo insalvable, y así Luis Araquistain prefería «una Monarquía sin referéndum que una Monarquía legitimada por un referéndum», porque «la primera está más cerca de la República» 31.

Lo que el antifranquismo sí que empezó a plantearse en los años 60 fue la posibilidad de que, «durante los primeros meses de una instauración monárquica, si el Rey acierta a reinar, la monarquía-salida acaso gane el apoyo popular; tal vez se convierta en una monarquía-solución» 32. En su muy conocida sección del semanario barcelonés Destino - antes de ser desalojado de ella por el ministro Fraga - Manuel Jiménez de Parga advertía de que, «como los españoles no son monárquicos, el Rey tiene que ganarse - en su día - el apoyo popular», lo que implicaba necesariamente que «ciertos "monárquicos de toda la vida" queden fuera del palacio, pierdan el poder y se conviertan en los peores enemigos del régimen». Su utopía era «una monarquía democrática sostenida e impulsada por quienes hoy son tienen que ser republicanos» 33. Era una de las primeras veces en que aparecía el concepto del «rey de los republicanos», que tanta fortuna iba a tener después en su encarnación por Juan Carlos 131.

Los acontecimientos exteriores daban, además, motivo para la reflexión y el comentario de la actualidad internacional sirvió en este tema de espejo a la realidad nacional, sometida a los rigores de la censura. El caso de Grecia, tan cercano al príncipe, podía «aleccionarnos a nosotros sobre las dificultades de una restauración monárquica, que no tenga sólida base popular y decidido espíritu social y democrático» 35. Los ejemplos de Primo de Rivera, Mussolini o Metaxas enseñaban la misma lección: la inviabilidad de toda monarquía que no se limitara a su función constitucional de representar a todos los ciudadanos de la nación y de estar por encima de las vicisitudes políticas. Cuadernos para el Diálogo recordó que «la caída de la Corona española en el siglo xx ocurrió precisamente después de un período en que estuvo en suspenso el sufragio universal» (por mucho que éste fuera calificado por ABC de «anticuado y, en este sentido, reaccionario» respecto a la representación orgánica en el marco de una Monar quía Católica)`. El debate sobre la monarquía en Suecia ejemplificaba esa superación del accidentalismo clásico y marcaba, en palabras del catedrático Aguilar Navarro, «un propósito histórico y concreto: el de valorar la monarquía, en función de sus posibilidades de implantación, de servicio institucional, en la empresa de integrar y aglutinar a un pueblo en su búsqueda de una convivencia cada vez más democrática» 37.

No se trataba de casos aislados de clarividencia política, visto lo ocurrido una década después, sino de una actitud que se estaba extendiendo durante aquellos años entre amplios sectores de la oposición moderada al franquismo, con una influencia social cada vez mayor gracias a su intensa actividad en medios de comunicación ajenos a los grandes monopolios de la prensa diaria, en particular revistas y editoriales. Hasta en el semanario Signo, órgano del Consejo Superior de Jóvenes de Acción Católica, el entonces estudiante Eugenio Nasarre (hoy en la ejecutiva del PP) escribía que «la juventud es sencillamente amonárquica. Ni siquiera antimonárquica», y que «si la Monarquía quiere triunfar ha de ser popular. Y para ser popular no sirve el argumento de la legitimidad» 38 Desde esas mismas páginas otro joven democristiano, Pedro Altares (una década después en el PSOE), denunciaba la «amnesia histórica» de ABC y la ingenuidad de los jóvenes al pensar que la elección entre monarquía y república era secundaria «mientras la monarquía que parece propugnar el inefable diario sea un sistema viejo, apoyado en hombres viejos y al servicio de viejas e interesadas ideologías»39. Este énfasis en el relevo generacional tenía su importancia, porque confirmaba la separación entre ambos conceptos y las respectivas culturas políticas anteriores a la guerra, y porque los jóvenes tenían a su favor el hecho biográfico de no haber participado en los intensos debates en torno a esta cuestión que habían caracterizado los años 30.

En 1965 Luis González Seara señalaba en Cuadernos para el Diálogo que, en realidad,

(...) las posturas responden a «una» Monarquía o a «una» República, prefiguradas ya con una serie de características y, por ello, la cuestión de la forma ya no es tan accidental (...). Hace falta, pues, descender de los altos principios y enfrentarse con la realidad que va a suponer la implantación de una u otra forma política, pues, en las actuales circunstancias, esa forma no es accidental, sino que lleva implícita la orientación futura de la política española40.

Asimismo, Rafael Arias-Salgado, en dos largos informes elaborados para la misma revista en los meses anteriores a la designación de Juan Carlos de Borbón como sucesor, exponía que los poderes otorgados al futuro rey por las Leyes Fundamentales eran «excesivamente amplios» y configuraban una «monarquía limitada» que había mostrado en la historia su precariedad ante la «amplia capacidad de modernización y racionalización» de la monarquía parlamentaria, cuya defensa no debía basarse en razones «históricamente discutibles», ni en «justificaciones teóricas que conviene desmitificar», sino en «circunstancias políticas concretas», al ser «una institución que todavía puede desempeñar un papel importante en el tránsito hacia una democratización de la vida política española». Ahí radicaba, «en verdad, la más importante razón para su defensa», aunque tal solución debía pasar por «una consulta al pueblo, en la que, clara y, en el momento oportuno, libremente y con todas las necesarias garantías jurídico políticas, se le plantee la cuestión de la forma de gobierno»41.

Hasta dentro del propio Instituto de Estudios Políticos posiciones como las de Rodrigo Fernández-Carvajal, para quien la monarquía iba a ser la coronación institucional del «desarrollo político» del régimen, parecían ceder ante las de un Carlos Ollero, director de la Revista de Estudios Políticos, encendido defensor de la monarquía constitucional y democrática; o de Juan Ferrando Badía, para quien la viabilidad de la monarquía iba a depender de la convergencia de varias legitimidades: la dinástica defendida por los monárquicos; la del 18 de julio de los franquistas; la popular afirmada mediante libre referéndum y la de ejercicio, es decir, la derivada de la funcionalidad de la institución en la transición pacífica hacia un sistema democrático42.

En los círculos de poder, intelectuales y periodísticos fue ampliamente discutido el libro Desarrollo político y constitución española (1973) coordinado por Jorge de Esteban (con los años embajador en Roma con el PSOE y hoy presidente del grupo de comunicación de El Mundo), al frente de un grupo de profesores universitarios por encargo de varias personas liberales vinculadas al Banco Urquijo y bien relacionadas con Areilza, quien al parecer sabía que Juan Carlos estaba preocupado por la idea de traicionar su juramento a los Principios del Movimiento43. Su idea central, ya adelantada en Sistema, revista de la intelectualidad socialista madrileña, consistía «en llevar a cabo, dentro del marco constitucional vigente, los ajustes jurídico-políticos necesarios para conseguir una liberalización real y no ficticia de la vida política española», una idea recibida con amplio escepticismo en las filas de la oposición44.

En las mismas páginas de Sistema, el socialdemócrata Rafael Arias-Salgado se mostró de acuerdo en abrir una vía evolucionista a partir de la legalidad vigente, pero no la veía posible sin acometer antes o después una profunda reforma constitucional. Dado que, en su opinión, el Rey no podía ejercer una función arbitral y al mismo tiempo impulsar el proceso político, otorgaba mayores posibilidades a una democratización guiada desde el Ejecutivo (Rey y Gobierno) que a una modificación de las Cortes45. El liberal Herrero de Miñón, en su conocido libro El principio monárquico, incluso abogó porque el Rey utilizara esas amplias potestades heredadas del franquismo para llevar a cabo la reforma46. Como escribió en Sistema, «La única posibilidad para la Monarquía es arriesgar su suerte con los movimientos de regeneración nacional y, triunfante con éstos, legitimarse como símbolo de la empresa común». Herrero de Miñón siguió manteniendo esa tesis hasta la ponencia constitucional, donde intentó sin éxito revestir a la Corona de mayores poderes, y ha defendido la hipotética virtualidad de la institución para afrontar el reto de los nacionalismos mal llamados «periféricos» 47. Una tesis esta del «pacto histórico de la Corona» que siempre ha sido vista con interés por los nacionalistas conservadores vascos y catalanes.

Eran las opiniones de varios futuros ministros de la UCD (Manuel Jiménez de Parga, Luis González Seara, Rafael Arias-Salgado o Herrero de Miñón), representativas de otros muchos opositores moderados al franquismo que acabaron ocupando cargos de relevancia en la transición a la democracia. Antes de confluir en la UCD, una parte de aquellos opositores moderados había convergido con los jóvenes reformistas del franquismo, algunos de los cuales ocupaban cargos en el primer Gobierno de Arias Navarro, en grupos como el formado en el seno de la ACNP y reunido para sus colaboraciones en la prensa bajo el nombre de Tácito. Allí se encontraron gentes como Fernando Álvarez de Miranda, Íñigo Cavero, Landelino Lavilla, Marcelino Oreja o Juan A.Ortega DíazAmbrona, entre otros48.

Tácito partía también de la «convicción de que al cumplirse las previsiones sucesorías concluye una etapa histórica del Sistema político surgido de 1939» y elogiaba la «prudente ejecutoria» de Juan Carlos para contactar con la realidad del país, «incluso de la situada fuera de los contornos del Régimen», pues a él «en su día habrá de corresponderle asumir una prudente utilización de las prerrogativas residuales que las Leyes Fundamentales van a depositar en el Rey, para propiciar una, tal vez, medida, pero inequívoca evolución reformadora de las instituciones políticas ante las demandas sociales»49. Los términos eran muy prudentes - como correspondía al nombre del colectivo - y Alfonso XII y Cánovas del Castillo todavía el modelo que se había de seguir, de lo cual puede deducirse que su proyecto político real no iba mucho más allá pese a las habituales interpretaciones a toro pasado. Además, los «tácitos» defendieron la idea de que los cambios debían hacerse antes del restablecimiento de la monarquía, aunque la realidad demostró todo lo contrario y la Corona acabó beneficiándose de no quedar vinculada a una improbable reforma política con Franco aún vivo.

Pero creo que sin todos ellos no puede entenderse la evolución de Juan Carlos hasta convencerse finalmente de que su única vía era impulsar, en plena identificación con su gobierno, una reforma democrática profunda. Porque, si algo parece claro, es que el Rey se guió antes que nada por un imperativo dinástico, el de asegurar la supervivencia de la institución que personificaba, y más que materializar una actitud democrática avant la lettre o, menos aún, llevar a cabo un programa preestablecido, en realidad se vio obligado a ampliar los límites de la seudorreforma Arias-Fraga ante las presiones exógenas de la oposición, de la calle y del contexto internacional. Eso sí, en un breve período de tiempo y con una decisión de la cual había carecido su padre en su larga y errática trayectoria para recuperar el trono5o

Así pues, ni el debate en la prensa franquista sobre la monarquía «instaurada» o «restaurada» fue relevante de cara al futuro después de Franco, ni la operación monárquica impulsada por los tecnócratas del Opus Dei al amparo de Carrero Blanco contenía en su seno un plan de reforma, y ni siquiera hombres pronto muy cercanos al rey mostraron, al menos públicamente, ir mucho más allá de la retórica franquista en sus juicios sobre la democracia parlamentaria.

En tal sentido no pueden ser más expresivas las posiciones que, frente a estas que acabo de describir, mantenían los hombres de gobierno en los últimos años del franquismo, algunos de los cuales no dejarían de presentarse años después como portadores de la monarquía democrática. Para el almirante Carrero Blanco, promotor de la operación dinástica, «ningún Rey o regente podrá el día de mañana ordenar un referéndum para modificar el texto de alguno de los Principios del Movimiento Nacional, porque sobre su texto habrá jurado lealtad a los mismos y proponer su modificación sería tanto como incurrir en un perjurio que le incapacitaría para el ejercicio de su cargo» 51. Torcuato Fernández Miranda, mente de la reforma política con su «de la ley a la ley, por la ley», afirmó en varias ocasiones que «las Leyes Fundamentales del Estado español exigen un Rey "comprometido" en la continuidad histórica de la legitimidad nacional surgida el 18 de Julio, como fecha irreversible» 52. No es de extrañar que acabara marginándose del proceso abierto con la aprobación de la Ley de Reforma Política y la legalización del PCE.

En fechas tan tardías como 1974 y 1975, cuando todos tomaban ya posiciones ante el próximo fin de la dictadura y la prevista sucesión institucional, el periodista Emilio Romero declaraba que «después de Franco no puede aparecer otro Franco, pero tampoco el Rey va a ser un Christian, un Olaf o un Gustavo. Ni las leyes ni el país generan sociologías nórdicas». El catedrático Adolfo Muñoz Alonso, respecto al juramento del príncipe, avisaba que «las palabras vuelan, pero las de los Reyes al volar atan la conciencia, y el juramento al formalizarse en pública solemnidad vincula el significado al significante». Raimundo Fernández Cuesta insistía en que esta monarquía de nueva planta era «no sólo compatible con la doctrina del Movimiento, sino que se fundamenta en ella y ha de ser su continuadora y defensora»53. Y otro ministro, el tradicionalista José M. de Oriol y Urquijo, hacía gala de sus dotes poéticas en el libro 40 políticos ante el futuro (algunos más bien ante el pasado) publicado por la ANEPA al vaticinar que,

(...) si pudimos pasar de aquel hecho del año 1947 a la situación de 1970, no pasará mucho tiempo en que podamos otra vez, desaparecido el período de gestación y de parto, siempre doloroso, renovar nuestros cantos de la victoria, contemplar nuestras banderas al viento, ver florecer nuestros rosales, las cinco rosas surgir, y también que nuestra morena nos calce las alpargatas, nos dé la boina y el fusil para que las nuevas generaciones formen guardia permanente de los valores permanentes de España, lanzándola a un futuro que no tiene límites 54«

Es evidente que los más aperturistas del régimen tenían otros planes para el futuro que calzar alpargatas, pero ello no significaba que renunciaran a una «continuidad fáctica del régimen de Franco y la nueva Monarquía» (Cruz Martínez Esteruelas) o «la continuidad del Estado Nuevo» (Leopoldo Calvo Sotelo); que pensaran que era «absolutamente preciso no caer en el parlamentarismo» (Fernando Suárez), ni en «ningún retorno a los esquemas parlamentaristas» (Gabriel Cisneros) y que postularan una «Monarquía articulada en el principio de unidad de poder y de coordinación de funciones» (Alfonso Osorio). Lo que parece claro es que ninguno de estos hombres, quienes desempeñaron carteras ministeriales en los dos gobiernos de Arias Navarro y gestaron el llamado «espíritu del 12 de febrero» antes de acabar en UCD, estaban pensando en algo ni remotamente similar a la Ley de Reforma Política aprobada sólo dos años más tarde. Quizá entonces la clave iba a estar en la fidelidad de todos ellos al nuevo monarca y en la transferencia a éste de su primera y nunca negada lealtad hacia Franco, como sugería Pío Cabanillas al príncipe con metáfora castrense, «la obligación de pegarse al terreno de su origen. Entonces, creo que contará con el apoyo constante de la siempre fiel infantería»`. Pero aún hoy no deja de sorprender el apego de estos presuntos reformistas al lenguaje franquista, pese a su evidente inutilidad ante la simple tozudez de los hechos.

LA MONARQUÍA DE 22 DE NOVIEMBRE

Tras la proclamación de Juan Carlos 1 como rey de España, el 22 de noviembre de 1975, se produjo un simétrico abandono por parte de la izquierda histórica de su republicanismo a favor de la monarquía. Hasta entonces ni ésta ni los proyectos reformistas bajo signo institucional monárquico habían tenido buena acogida en el PSOE renovado, como dejó claro la durísima respuesta de El Socialista a las propuestas de Jorge de Esteban, de Arias Salgado y, en particular, de un intelectual cercano al partido como Luis García San Miguel`. Si en 1969 El Socialista calificaba al príncipe de «pelele» y hablaba de la «monarquía fascista», en 1973 seguía hablando de «aborto franquista», en 1974 de «monarquía de la guerra civil» y en 1975 de que «la democracia no puede ser coronada»57. En cuanto al PCE, fracasada la operación de Junta Democrática con destacados monárquicos juanistas como Calvo Serer o García Trevijano, en 1974 Santiago Carrillo advertía de que «esa monarquía fascista será repudiada por la opinión europea y mundial como la continuación, pura y simple, de la dictadura de hoy», y en 1975 se refería al rey como «un títere, un infeliz y un incapaz, sin dignidad, sin sentido político, metido hasta el cuello en una aventura que le costará cara» 58. se trata sólo de algunos testimonios entre los muchos semejantes que podrían traerse aquí.

Al final la secular estrategia del «oportunismo revolucionario» tuvo más de oportunismo que de revolucionario y durante un período de transición, como han señalado José M.Maravall, Santos Juliá o Abdón Mateos, en el PSOE el radicalismo ideológico coexistió con un acusado pragmatismo político59. De hecho, la paradoja de abogar públicamente por un gobierno provisional y un referéndum sobre la forma de gobierno sin desautorizar, al mismo tiempo, la posibilidad de una continuidad monárquica que favoreciera una transición pacífica a la democracia, representó la estrategia de Coordinación Democrática, la «Platajunta», ante el final de la dictadura. De modo que, en 1978, Carrillo podía ya declarar que, «si la Monarquía pudo representar en tiempos ya pasados una posición conservadora, no cabe duda de que el Rey don Juan Carlos desempeña hoy un papel progresista y favorable a la democracia». Mientras El Socialista destacaba por esas mismas fechas el encuentro de «Juan Carlos, con la República» durante su visita oficial a Austria, al enviar una corona al campo de concentración de Mauthausen, «por cuanto esta corona [la de flores y la de Juan Carlos 1] es un símbolo integrador, por primera vez en cuarenta años, de todos los españoles; es decir, de los que ganaron la guerra y de los que la perdimos» 6o

Como sabemos no hubo referéndum sobre la monarquía, o quizá sí, «el referéndum de 6 de diciembre de 1978 en el que los españoles aprobaron la Constitución que propugnaba la monarquía como forma política del Estado...», si damos por buena la argumentación del actual ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar61. Incluso la cuestión monárquica quedó relegada del debate público y parlamentario a excepción de algunas tribunas periodísticas - caso de los polémicos artículos de Julián Marías en El País pidiendo más poderes para el Rey 62 o de la ponencia republicana del PSOE en 1977, la cual, pese a presentarse desde el propio partido como un servicio a la Corona dada la función legitimadora de la Constitución, sólo provocó las críticas de la pren sa y de los otros partidos, incluido el comunista63. Ni siquiera se consideró necesario que Juan Carlos 1 jurara la Constitución de 1978 porque, como cien años antes afirmara Cánovas, «el Rey no jura la Constitución para ser rey, sino por ser rey», y aún más llamativo es el muy limitado debate periodístico que ello suscitó: ABC siguió recurriendo a la «legitimidad histórico-dinástica» y las «leyes anteriores sometidas a referéndum» (las Fundamentales del franquismo), mientras que El País despachó tal debate como «bizantino»64

Las encuestas sociológicas parecen corroborar ese comentario de El País, al mostrar un elevado grado de aceptación de la monarquía de Juan Carlos 1, aunque su generalización y su distribución por categorías ideológicas (intención de voto) se intensificó sólo a partir del 23-F11. Con anterioridad es probable que dominara una actitud más bien pasiva o indiferente ante el tema de la forma de gobierno, considerado secundario respecto a los retos planteados: derechos humanos, libertades políticas y sindicales u otras conquistas sociales. Además, las ejecutivas de partido adoptaron una estrategia de moderación y aceptación de la monarquía a menudo frente al sentir de sus militantes y simpatizantes. Sólo así pueden explicarse que, en enero de 1977, el 80% de los encuestados que declaraban su intención de voto al PCE se declararan también republicanos y que, en diciembre de ese mismo año, el porcentaje de quienes seguían considerando republicano al partido permaneciera invariable, aunque éste no dejara de sorprender a propios y extraños por su firme apoyo a la Corona66

En los últimos años han crecido dentro de la izquierda las actitudes e incluso las corrientes organizadas que postulan una revisión de las propias posiciones ante la institución monárquica en abstracto y/o su realización concreta en el reinado de Juan Carlos 1, en el marco más general de una revisión de los resultados de la transición. Ha sucedido especialmente en Izquierda Unida (IU) desde la secretaría de Julio Anguita, sin que tales corrientes hayan dejado de crecer en su seno desde entonces, a menudo relacionadas con el movimiento de la llamada «recuperación de la memoria histórica». En el PSOE la llegada de una nueva generación de militantes parece tener efectos análogos, aunque menos visibles por el freno que supone su mayor participación institucional y su acción de gobierno. Mientras tanto sus dirigentes históricos se debaten entre quienes se consideran «juancarlistas», o bien «republicanos de cabeza y monárquicos de corazón», y quienes de verdad piensan que la monarquía parlamentaria no sólo ha resultado beneficiosa para España en los últimos treinta años, sino que constituye una fórmula razonable para la continuidad simbólica e integradora del Estado en el futuro67.

En cuanto a la derecha, después de que las relaciones entre José María Aznar y el Rey durante los años de gobierno del PP no fueran precisamente excelentes63, el tema monárquico no está por el momento en su agenda política. Sin embargo, no puede descartarse que, si la citada revisión dentro de la izquierda lleva un día a poner en discusión la forma monárquica, ésta se convierta en un punto clave dentro de la estrategia del PP no ya sólo por sus posibles virtudes en el seno de un sistema parlamentario, sino por su identificación con la unidad, identidad y continuidad del Estado español (incluso, en sus versiones más extremas, con la religión católica)69

En las posibilidades futuras de legitimación de la monarquía en España una función predominante, sin duda, va a corresponder a la prensa. Su papel en la construcción de una imagen positiva del Rey y de una actitud social favorable hacia la monarquía es innegable, y no puede explicarse solamente como una respuesta a las supuestas demandas de la sociedad por mucho que ésta deseara una transición institucional pacífica, tuviera escaso interés por el debate monarquía/república y mostrara un gran fervor popular hacia los reyes durante sus viajes por lo ancho y largo del país (no muy diferente del que se veía en el No-Do hacia Franco)70. Existió un pacto implícito entre medios que, o bien eran ya monárquicos como ABC, o nacieron con el patrocinio de destacados monárquicos, como El País (o apostaron por ellos, como Cuadernos para el Diálogo o Cambio 16 por Areilza), o bien no tenían otro remedio que hacerlo con el mismo ímpetu con que había defendido al régimen franquista durante cuarenta años (la prensa del Movimiento)71. El espejo de una prensa internacional decididamente volcada desde 1977 a favor de Juan Carlos 1, a quien presentaba como auténtico protagonista del cambio e inmejorable embajador de una España deseosa de integrarse en Europa, no podía sino contribuir en gran medida a ese proceso72.

Si los periódicos españoles y extranjeros han publicado numerosos reportajes sobre los reyes y su importante contribución al éxito de la democracia, la modernización y la integración europea de España, ahora también empiezan a preguntarse sobre la solución de este enigma político que es la legitimación social de la Corona. Es decir, la sucesión de una legitimidad de ejercicio basada antes que nada en el acierto personal de Juan Carlos, y su función institucional ante los retos futuros. Por el momento, la monarquía continúa apareciendo en las encuestas de opinión como la institución mejor valorada por los ciudadanos, y una mayoría de ellos (el 59 por 100) cree que la figura del Rey sigue siendo necesaria73.

SUSANA SUEIRO1

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LA IMPORTANCIA DE LA APORTACIÓN MONÁRQUICO-LIBERAL AL ACCIONARIADO DE EL PAÍS

El origen del diario El País está estrechamente vinculado a la idea monárquica. La intención de crear en la opinión pública española un sentimiento favorable a la solución monárquica como forma de superación del franquismo fue uno de los objetivos que pretendían cumplir algunos de los promotores del nuevo diario, que tardó un lustro en hacerse realidad.

El proyecto surgió en los primeros años 70, en el tardofranquismo, con el horizonte que había abierto, con todas sus limitaciones, la ley de Prensa de 1966, años de desmoronamiento del Régimen en que cada vez parecía más cercano e inexorable «el hecho biológico», como se decía entonces eufemísticamente para referirse a la inevitable muerte natural de Franco, cada vez más anciano y enfermo. Muchos anticipaban la imposibilidad de que un régimen de dictadura personal como el de Franco pudiera mantenerse una vez muerto éste. En aquel contexto de evidente decrepitud fisica del dictador, en que se planteaba un futuro incierto para España una vez que hubiese desaparecido quien había regido sus destinos durante casi 40 años, tres personas concibieron la idea de lanzar a la calle un nuevo diario liberal, europeísta y moderno: el prestigioso editor José Ortega Spottorno2 y los periodistas Carlos Mendo y Darío Valcárcel, quienes habían trabado amistad en el diario ABC, donde ambos trabajaban, y estaban insatisfechos por no haber podido realizar allí algunos de sus proyectos. Los dos fueron a ver a Ortega, con cuya familia Darío Valcárcel tenía gran amistad, sobre todo con Miguel Ortega, porque ambos habían sido miembros del Consejo Privado de don Juan.

Uno de los tres promotores de la idea, Darío Valcárcel, es, pues, monárquico juanista y él será el responsable de sumar al proyecto de El País a un considerable contingente de liberales monárquicos. Si Carlos Mendo consigue que Manuel Fraga, a quien está muy estrechamente unido3, se interese vivamente por la idea, Valcárcel, por su parte, atrae a José María de Areilza, conde de Motrico, dirigente del movimiento monárquico4, del que es íntimo amigo y que, al igual que Fraga, se unirá al proyecto de El País desde el principios. A lo largo de 1971, en diversos almuerzos, Ortega, Valcárcel, Mendo, Areilza y Fraga, a quienes se unen en ocasiones Castiella6 y Manuel Aznar, van madurando las líneas programáticas de la que esperan sea pronto una nueva publicación. Se solían reunir en el despacho de Revista de Occidente de la calle Bárbara de Braganza. Acuerdan que el futuro diario sea «liberal e independiente, equidistante entre el inmovilismo y el marxismo».

En enero de 1972, Ortega, Valcárcel y Mendo constituyen la sociedad PRISA con un capital de 500.000 pesetas', y comienzan a reunirse en un piso de la calle Españoleto de Madrid donde institucionalizan las reuniones. Ellos son titulares de las tres primeras acciones. Pero necesitan más accionistas y, en mayo de 1972, en la primera ampliación de capital a 15 millones de pesetas, además de los miembros fundadores, entran otros 45 accionistas nuevos, gentes de su entorno: fraguistas, areilcistas y orteguianos o, en palabras de Mendo, «liberalismo orteguiano, monarquismo democrático y reformismo desde dentro, sin ruptura». En 1973 hay una segunda ampliación, a 150 millones, cantidad exigida por el ministerio de Información y Turismo para dar el preceptivo permiso oficial que autorice la salida del diario. Captan entonces a unos 300 nuevos accionistas. Aún hubo, antes de la salida del periódico, una nueva ampliación, hasta los 300 millones, en junio de 1975, en un clima de optimismo ante la ya probable autorización ministerial que durante los años precedentes los promotores habían esperado en vano9. El capital estará muy repartido y, cuando el diario salga, nadie tendrá más del? por 100. Por su notoriedad, son muchos los nombres que «suenan» entre los accionistas, la gran mayoría pertenecientes a la burguesía intelectual, empresarial y profesional: editores, médicos, artistas, altos funcionarios, notarios, ingenieros, académicos, catedráticos de universidad... lo

Son gentes de talante liberal, que quieren la democracia para España pero que, en muchos casos, proceden del Régimen. Gentes que han ocupado, y en algunos casos siguen ocupando (como es el caso de Fraga), importantes cargos públicos. Que son, o han sido, políticos del franquismo, aunque en bastantes casos habían acabado por situarse en la oposición. Incluso quienes se han distanciado pronto del Régimen, habían participado en el lado franquista en la Guerra Civil. Pertenecen al bando de los vencedores de la guerra, aunque han experimentado luego una reconversión ideológica. Es el caso de muchos de los monárquicos afines a don Juan que, como él mismo, apoyaron la rebelión militar contra la República.

Areilza, quizá el más ilustre de los monárquicos entre el accionariado del diario" había intervenido en la preparación de la sublevación como enlace del General Mola en Bilbao y fue nombrado alcalde de Bilbao cuando las tropas franquistas tomaron la ciudad en junio de 1937. Luego, durante el franquismo, fue embajador en Argentina, en Estados Unidos y en Francia. Desde mediados de los 60, había dejado de colaborar con el régimen para pasar a dirigir la política de don Juan al frente de su Secretariado Político de Estoril. Desde entonces estaba en la oposición liberal al franquismo. Para los leales al Caudillo era un tránsfuga y un traidor12.

El caso del también accionista Joaquín Satrústegui13 es asimismo representativo. Monárquico de siempre, combatió también en el bando franquista14, pero se desligó del franquismo bastante antes que Areilza y que otros consejeros de don Juan. Su grupo, Unión Española, fundado en el otoño de 1957, se convirtió en el más importante de la oposición democrática monárquica en el interior. Participó, al igual que otros accionistas de El País (Fernando Álvarez de Miranda, Íñigo Cavero, Vicente Piniés, Antonio Senillosa, José Vidal Beneyto...), en el llamado por el Régimen - contubernio de Múnich, la reunión del Movimiento Nacional Europeo, en junio de 1962, a la que asistieron también españoles exiliados y que le valió el destierro en Fuerteventura15. Son muchos los monárquicos de su grupo que suscriben acciones de El País: Vicente Piniés, Antonio Menchaca16, Jaime García de Vinuesa17, Íñigo Cavero'8, Juan Antonio Zulueta...

Pero, además de a Areilza, quien se suma al proyecto de El País junto con su familia, y Satrústegui y otros miembros de Unión Española, son otros muchos los monár quicos liberales a los que Darío Valcárcel consigue atraer como primeros accionistas. Entre 1972 y 1975, Valcárcel logra reunir una cuarta parte del capital inicial de El País`. Tres pesos pesados monárquicos que están desde el principio en el proyecto Valcárcel, Areilza y Miguel Ortega - atraen a muchos de los primeros accionistas que son representantes de la oposición monárquica al franquismo. Hubo un grupo muy importante de accionistas reclutados en Valencia gracias a los esfuerzos del también monárquico Joaquín (Ximo) Muñoz Peirats20, hasta el punto de que en el argot de la empresa serían conocidos como «los valencianos». Fue Valencia, con diferencia, la región que después de Madrid arrojó el mayor contingente de accionistas.

Todos estos monárquicos querían para el futuro de España una monarquía constitucional que permitiera la superación de la guerra civil, la reconciliación nacional, la integración de España en los organismos supranacionales de la Europa occidental. Sabían que, si el régimen no evolucionaba hacia una democracia, España seguiría marginada y separada de Europa.

«La monarquía había dicho Areilza es la única forma de transición política y social hacia la democracia en el más breve plazo con el más corto riesgo». Pero había también algún accionista de origen republicano, como es el caso de Julián Marías, quien, no obstante, se había sumado con fervor a la idea monárquica como mejor fórmula para restablecer en España las libertades. Creía que la monarquía era el único medio de conjurar el peligro de nuevas convulsiones o dictaduras21. De hecho, Marías se distinguiría en la defensa de la monarquía hasta el punto de criticar duramente en las páginas de El País el borrador constitucional porque temía que se redujera el papel del Rey a una figura decorativa, sin funciones efectivas.

Como vemos, el peso del sector monárquico liberal donjuanista fue grande en el proyecto y primeros pasos del diario El País. El propio don Juan lo patrocinó e intervino incluso cerca de algún banco, como el Ibérico, de la familia Fierro, para que concedieran créditos a los fundadores cuando la ampliación del capital a los 150 millones se reveló dificil de cerrar. José Ortega y Carlos Mendo se entrevistaron también con el príncipe Juan Carlos, que se mostró muy receptivo, aunque poco podía hacer por el proyectado periódico por más que simpatizase con las ideas que lo inspiraban.

Es significativo que todos los representantes de los distintos grupos políticos que, con motivo de la onomástica de don Juan, se reúnen en Estoril en esos años22 y toman la palabra en la cena política que cada año celebran el 14 de junio, son accionistas de El País: Joaquín Satrústegui, Fernando Álvarez de Miranda, Fernando Chueca Goi tia23, Antonio Fontán24, Manuel Jiménez de Parga, Manuel Broseta, Antonio Menchaca...25

Es una oposición moderada, templada. Gentes que en los años 70 estaban claramente a favor de un régimen de libertades como los que existían en los países de Europa con los que aspiraban a que España se parangonase. Establecieron entre sí múltiples contactos, y propiciaron encuentros, reuniones y conspiraciones, más frecuentes cuanto más evidente se hacía la proximidad de la muerte del dictador26. Los mismos que apuestan, en aquellos primeros años 70, por la operación El País, se reúnen y se encuentran también en otras operaciones políticas de oposición al franquismo de signo centrista27. No se planteaban la caída del franquismo sino su sucesión; su intención era constituirse como alternativa del franquismo cuando Franco falleciese. Deseaban el cambio político pero con el máximo de estabilidad social, evitando aventuras. Estaban de acuerdo en que había que huir tanto del inmovilismo como de la anarquía y creían que la monarquía constitucional era la mejor forma de evitar lo uno y lo otro.

Los accionistas del primer momento son de ideología variada pero muy fundamentalmente gentes de ese espacio sociopolítico que se ha denominado buffer zone28, esto es, el espacio político de individuos próximos al poder que, no obstante, desempeñan «roles» de oposición; militantes de grupos de centro-derecha - demócrata-cristianos, socialdemócratas, liberales - cuyos vínculos con el régimen son en la mayoría de los casos estrechos, muchos de los cuales integrarían luego la UCD. Estos grupos serán muy importantes en el desarrollo de la transición española, según han puesto de manifiesto diversos autores ya que, en el caso español, la dirección política del proceso de cambio no recayó en los partidos de la oposición sino en un sector de las fuerzas políticas del régimen de Franco que asimiló la reivindicación de democracia y libertad y aseguró que el proceso de democratización se llevara a cabo dentro de la legalidad vigente y sin quebranto del orden social y político29.

EL PAÍS, CON AREILZA Y CONTRA SUÁREZ

Los promotores de El País chocaron con múltiples dificultades puestas por la Administración tardofranquista, que no acababa de dar luz verde al proyecto. A la postre, fue una suerte que el periódico no naciese antes de la muerte de Franco. Al nacer en los albores de la democracia, se convirtió en el periódico emblemático de los nuevos tiempos.

Cuando por fin el diario salió a la calle, el 4 de mayo de 1976, los primeros que se sintieron molestos fueron Fraga y los fraguistas. Y es que Manuel Fraga Iribarne, uno de los más enérgicos impulsores de la empresa El País, es, cuando el periódico llega a los quioscos, ministro de Gobernación, con una actuación contundente y dura. El aura de político liberalizador que había adquirido en su etapa de embajador en Londres, que le había convertido en el hombre aparentemente destinado a pilotar la inminente transición, se desvanece. De ser portavoz de la reforma se convierte en la béte noire de la oposición. El hecho de ocuparse de los problemas de orden público, cuando aún no estaban regulados los derechos de reunión, asociación y manifestación, pero la gente se reunía, se asociaba y se manifestaba al grito de «amnistía, libertad», y su carácter autoritario y colérico, le restaron gran parte de los apoyos que tenía al final del franquismo entre los elementos reformistas del régimen. Los conflictos de orden público desgastaron su imagen liberal. El País criticó a Fraga desde el principio, y más aún cuando, a partir de octubre de 1976, funda Alianza Popular vertebrando el llamado «franquismo sociológico», con unos socios muy del viejo régimen a los que los periodistas sarcásticamente denominarán «los siete magníficos» 30

En cambio, El País fue claramente proareilcista en aquellos primeros tiempos. Según cuenta Juan Luis Cebrián, el día que salió el periódico a la calle, recibió dos llamadas por la mañana temprano. Una de Areilza, para darle la enhorabuena, y otra, de Fraga, para «echarle la bronca» y hablarle de traición. No son de extrañar tan opuestas reacciones. Aparte del distinto talante de los personajes, es muy diferente el trato que uno y otro reciben. El primer número del diario publicaba en portada una única fotografía, la de Areilza, que ilustraba la noticia de la inminente visita a Marruecos del que era entonces titular de Exteriores.

Areilza es presentado en el periódico como el deseable recambio a Arias Navarro cuando se hace patente que éste sólo representa una reforma cosmética y las relaciones del presidente del Gobierno con el monarca, nunca buenas, se han deteriorado considerablemente31. Aun así, no dejó de resultar una sorpresa la forma fulminante en que el Rey convocó al presidente Arias y le pidió que renunciara. La prensa interpretó la dimisión de Carlos Arias como un cese y El País mostró su alborozo en un editorial que terminaba con un elogio al monarca que, como veremos, va a ser una constante:

Lo sucedido este jueves de julio pone de relieve la capacidad de decisión de don Juan Carlos, su voluntad decidida de ser rey de todos los españoles (...). La monarquía como institución y la figura personal del Rey se han visto así, una vez más, reforzadas con una medida política de primera magnitud tomada con decisión, con acierto, y como hacen los buenos estrategas, hasta con sorpresa32.

Estaba claro que el sucesor de Arias iba a ser quien materializase el tránsito del franquismo a la democracia. El País tenía una marcada preferencia por Areilza, era su candidato. El conde de Motrico era visto por entonces como uno de los más probables líderes políticos para capitanear la transición. Había sido explícito al proponer que España avanzase hacia la democracia. Tenía muy buena imagen en el exterior y buenas relaciones con los distintos sectores de la oposición democrática. Como ministro, se había lanzado a una inagotable gira por las capitales europeas para asegurar que la monarquía española se equipararía a las otras de Europa a través de un proceso de cambio democrático33. Y había preparado minuciosamente el viaje del Rey a Estados Unidos, y muy probablemente redactó el discurso del monarca en el Capitolio en una solemne e histórica sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes34. El espaldarazo internacional que recibió con aquel viaje había decidido al monarca a prescindir de Arias, como Fernández-Miranda, presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, le aconsejaba.

El sábado, 3 de julio de 1976, Areilza reunió al grupo de sus amigos íntimos en su domicilio, con champán en la nevera, para celebrar la noticia de su nombramiento en cuanto se produjese. Uno de los invitados era por supuesto Darío Valcárcel, subdirector de El País, miembro de la Junta de Fundadores de PRISA, hombre fundamental en la gestación del diario, y principal valedor de Areilza en el mismo. Era, como él, aristócrata vasco, hijo de los marqueses de O'Reilly. Su intención era hacerle una entrevista para su publicación inmediata en el periódico en cuanto se anunciase que era Areilza el elegido. Ya hemos dicho que, en esos años, Valcárcel está con Areilza en todas sus iniciativas de signo aperturista. Según lo define Areilza en sus memorias, «es unos de los tres o cuatro viejos amigos de siempre, junto a Antonio Senillosa35, Marcelino Oreja y Pío Cabanillas, todos ellos también accionistas de El País. Aquel día en su casa estaban Pío Cabanillas, Marcelino Oreja (su íntimo colaborador como subsecretario en Asuntos Exteriores) y estaba también su yerno e hijo del ministro de Justicia, Joaquín Garrigues Walker36. Cuando Oreja llamó al director general de RTVE para que le adelantase la terna elegida por el Consejo del Reino y éste le dijo que Areilza ni siquiera figuraba en la terna, no se lo podían creer.

Por su parte, también Fraga creía contar con muchas posibilidades. Tan convencidos estaban Areilza y Fraga de que uno de los dos sería nombrado presidente del Gobierno que acordaron que quien resultase designado nombraría vicepresidente al otro. Pero tanto Fraga como Areilza estaban tremendamente equivocados sobre sus posibilidades reales. Torcuato Fernández-Miranda, profesor, consejero y confidente de don Juan Carlos desde los años 60, y el Rey, habían decidido que fuese alguien joven, de la misma generación que el monarca, alguien que no ejerciese sobre él ninguna tutela. Un hombre del temperamento de Fraga reduciría al monarca a la mera condición de figura decorativa, algo que Juan Carlos 1 - de quien la oposición democrática tenía precisamente esa imagen - no quiere37. El rey tampoco quiere a un antiguo hombre-emblema del conde de Barcelona, no quiere a personas que lo siguen llamando «Juanito» y eso elimina también a Areilza. Torcuato Fernández-Miranda ha llegado a la conclusión de que Adolfo Suárez es el hombre: es joven, tiene energía y decisión, tiene ambición política pero no proyecto propio al estilo de Fraga o Areilza, lo cual habría podido complicar las cosas porque Torcuato sí lo tiene y el Rey lo respalda plenamente38.

La perplejidad, unida al escepticismo, que despertó el nombramiento fue prácticamente unánime. El estupor fue absoluto. Nadie había pensado en Suárez, un hombre del Movimiento, del sector «azul», de la familia falangista, un segundón sin experiencia ni personalidad aparente, alguien en principio nada apto para la labor reformadora que tenía ante sí39. La prensa progresista saludó con consternación el nombramiento, porque se vio como el intento de hacer la monarquía del Movimiento40. El País, donde tantos partidarios tenía Areilza41, editorializó en unos términos muy duros y negativos y quiso ver una maquinación del búnker económico encabezado por Banesto, el mayor banco del país, que era visto como la ultraderecha 42. En realidad, la visión que dio El País no era sino la interpretación equivocada de quienes tenían aspiraciones y se habían quedado fuera. Por cierto, que estos informes sobre las maquinaciones que había detrás del nombramiento de Suárez, constituyeron un salto importante en la difusión de El País de varios miles de ejemplares43

Entre los artículos más famosos y citados de cuantos se han publicado en El País está sin duda aquel titulado «¡Qué error, qué inmenso error!» firmado por uno de los entonces comentaristas políticos del diario, Ricardo de la Cierva`, en que aseguraba que el gobierno nombrado por Suárez era «un gobierno de Franco», «el primer gobierno franquista del posfranquismo»45. Con la perspectiva del tiempo, sabemos que el error no fue del Rey sino del joven diario46 por esa reacción tan negativa ante Suárez47. En todo caso, fue un error muy generalizado. Toda la prensa democrática vio a Suárez como un retroceso en el ya lentísimo camino de la reforma.

Tras el nombramiento de Suárez, El País siguió sirviendo de plataforma para el conde de Motrico, el cual publicaba en sus páginas sus artículos y declaraciones. Areilza es presentado por el diario de forma muy positiva. Se resalta su cultura, su conocimiento del mundo. Es el representante de una derecha moderna, liberal, europeísta, civilizada, racionalista, intelectual, dialogante, adjetivos todos ellos con los que le defi nía Umbral en varias columnas que en los primeros tiempos del periódico dedicó al político, siempre en tono elogioso y lleno de admiración43. «Una derecha - en palabras del propio Areilza no excluyente ni discriminatoria, ni cerrada, ni poseedora de la verdad política en exclusiva» 49

Pero este político, que parecía tener todas las cartas para jugar un papel estelar en la España democrática, que había participado en casi todas las operaciones políticas de la pretransición, incluida la operación de El País, no encontró su sitio. Perdedor en sus aspiraciones de ser el primer presidente de la nueva situación, lo fue también en su carrera por liderar el centro-derecha50. Fue también Suárez quien ocupó ese espacio. El País reaccionó en contra de esa neutralización política de Areilza y del protagonismo de Suárez en la operación centrista. Publicó algunos de los artículos más duros contra Suárez de la prensa española51, algunos con la firma de su director, Juan Luis Cebrián, quien, en vísperas de las elecciones de junio de 1977, expresaba serias dudas de que Suárez pudiese ser el hombre que España necesitaba para afianzar la democracia y creía que la UCD es «un puñado de antiguos franquistas y de honestos demócratas que se han amalgamado entre cirios, grandes fincas y algún que otro brazo en alto»52.

No obstante, a estas alturas no se podía negar que Suárez, contradiciendo todos los juicios que se habían hecho de él, había sido claro y firme en la determinación de liquidar el sistema autoritario. El desmantelamiento de las instituciones básicas de la dictadura se hizo en muy poco tiempo y de forma pacífica. La ley para la Reforma Política, la legalización de los sindicatos y los partidos, incluido el Partido Comunista53, crearon las condiciones, en un lapso de 11 meses, para que la convocatoria de los comicios ofreciera garantías de autenticidad democrática. El País, sin embargo, puntualizaba, quitándole méritos al presidente del Gobierno, que Suárez no había sido «sino el fiel ejecutor de una política cuyas líneas maestras fueron concebidas por el Rey, auténtico motor del cambio». A pesar de que era claro que había emergido un Suárez no previsto, El País sólo insistió en que había emergido un rey inédito a los ojos de todos los ciudadanos.

UN REY INÉDITO: EL ((MOTOR DEL CAMBIO»

En los primeros años 70, la oposición democrática que se movía en torno a don Juan, bastantes de cuyos miembros, como hemos visto, suscriben acciones de El País, desconfiaban - como casi todos, por lo demás del príncipe don Juan Carlos, a quien Franco había designado en el verano de 1969 su sucesor, precisamente por creer que representaba el continuismo. Franco siguió muy de cerca la formación y preparación del príncipe y finalmente lo eligió para perpetuar el régimen dictatorial creyendo que la futura monarquía sería la garantía de la continuidad del régimen de 18 de julio54

Aunque comenzó entonces una etapa de distanciamiento entre padre e hijo, y aunque don Juan no quiso renunciar a sus derechos como heredero, tampoco quiso levantar bandera activa contra su hijo. Al ser nombrado don Juan Carlos sucesor, disolvió, en 1969, su Consejo Privado. Al morir Franco, va a estar dispuesto a facilitar al máximo a su hijo don Juan Carlos su dificil tarea como rey y, con él, todos los monárquicos liberales a los que El País aparece ligado55. Algunos monárquicos accionistas de El País organizaron un almuerzo y tertulia con el conde de Barcelona en Palma de Mallorca el 8 de junio de 1976, y en los días siguientes la noticia aparece en las páginas del diario, donde se transcribe parte de la conversación 56. A la comida asisten Miguel Ortega Spottorno, Camilo José Cela, Alonso Zamora Vicente, Joaquín Muñoz Peirats, Darío Valcárcel y el fotógrafo César Lucas, el primer fotógrafo (jefe de fotografia) que se incorporó a la redacción de El País. Don Juan dijo en aquella ocasión que la monarquía no podía aceptar ni el inmovilismo ni unas reformas tan sólo superficiales sino que debía impulsar una transformación profunda de la sociedad española y que en esa dificil tarea no se podía abandonar al joven rey.

Los monárquicos liberales pudieron comprobar complacidos que don Juan Carlos no era el rey franquista sino que tenía un decidido empeño de aplicar el programa político democratizador formulado por su padre: ser rey de todos los españoles. En efecto, el Rey fue el impulsor de la política de cambio confiando en dos personajes que, con su actuación, hicieron posible ese deseo real: Torcuato Fernández-Miranda y Adolfo Suárez. La Ley para la Reforma Política diseñada por Fernández-Miranda consiguió desmontar en poco tiempo el régimen a partir de su propia legalidad y fueron las propias Cortes franquistas las que cedieron paso a unas elecciones libres.

Gracias a la actitud del Rey y gracias a la imagen que de él ofrecieron los medios, y muy en concreto El País, fue emergiendo una figura novedosa, y a la postre histórica, por su papel en la transición democrática.

Desde el principio, El País tuvo una actitud de defensa a ultranza de don Juan Carlos y transmitió una imagen muy positiva de su persona y de la institución que encarnaba. En todo momento, lanzó la idea de que la personalidad del monarca y sus rasgos de carácter eran los más apropiados para la dificil misión que le tocaba desempeñar: prudente, equilibrado, con control de sí mismo. Dio cuenta con profusión de detalles de los viajes reales57, subrayando los aspectos positivos de dichos desplazamientos y el relevante papel que jugaban en la reanudación y normalización de las relaciones internacionales de España. El País presentó al rey como el «motor del cambio», según la célebre frase acuñada por Areilza que el diario utiliza en multitud de ocasiones58. Destaca también las muestras de afecto y de estima que recibe el rey del pueblo transmitiendo la idea de que es un monarca simpático, relajado, con sentido del humor, cercano, accesible y querido por sus súbditos. Publica, además, muchas fotografias del Rey, bastantes de ellas en primera plana con la clara idea de llamar inmediatamente la atención del lector sobre la capital importancia de su papel a lo largo del proceso democratizador 59.

Don Juan Carlos quiere ser - se insiste - el rey de todos los españoles, gran empeño de su padre. Se resalta el hecho de que los reyes no hagan uso de su derecho de voto en las elecciones (excepto en el referéndum sobre la reforma política) porque «quieren situarse por encima de las opciones políticas concretas y no otorgan su preferencia a ninguna de las que están en liza».

Al comprobar el claro propósito de don Juan Carlos de desmantelar el régimen franquista, don Juan contempló con simpatía la nueva restauración y finalmente decidió traspasar los derechos históricos y la titularidad de la dinastía a su hijo, en un acto íntimo y familiar, el 14 de mayo de 1977, dándole así legitimidad dinástica. Cuatro días antes, El País se adelantó a comentar la oportunidad de una «decisión evidentemente cargada de importantes significaciones» anunciada por «fuentes normalmente bien informadas», en un editorial`. El País ensalzó en esta y en otras ocasiones el papel de don Juan, «protagonista de una larga travesía del desierto, en la que la opción de la monarquía evitó el sometimiento a la dictadura». Ahora habían perdido «fuerza las razones para mantener separada la realidad institucional de la monarquía, cuya titularidad desempeña don Juan Carlos de Borbón, y el proyecto de una monarquía democrática cuyo mantenedor durante largas décadas fue don Juan de Borbón y Battenberg». Artículos de colaboradores asiduos (quienes, además eran accionistas) como Antonio de Senillosa o Alfonso de Cossío61 exaltaron en aquellos días la «enorme figura de don Juan de Borbón», denigrada por el franquismo, aquel «rey que nunca llegó a reinar, pero que pasará a la historia como uno de los más grandes de su dinastía».

Había varios accionistas de El País que por su peso intelectual habían sido designados por el Rey senadores en las primeras Cortes democráticas, entre ellos, el presidente de Prisa, José Ortega y uno de sus consejeros, Julián Marías, asiduo colaborador del periódico en los primeros tiempos. Entre los distinguidos accionistas que fueron senadores por designación real estaban Camilo José Cela, Justino de Azcárate, Carlos Ollero, Enrique Fuentes Quintana, Jaime Carvajal y Urquijo, Antonio Pedrol Rius o Antonio Hernández Gil. Varios de ellos sirvieron a la Corona desde las páginas del diario en aquellos primeros tiempos escribiendo artículos en defensa de la monarquía y de don Juan Carlos, hasta el punto que, desde otros medios, hubo quien calificó de «ardorosa» esa defensa de la figura del Rey desde las páginas de El País62.

Durante toda la transición, El País aprovecharía todas las circunstancias para elogiar a don Juan Carlos. El día de su santo en 1977 propuso en el editorial que dicha fecha, la de su onomástica, fuese declarada fiesta nacional en reconocimiento a su labor democratizadora: «El cambio político sufrido por España en menos de un año ha sido facilitado por este Rey que ha sido, sin duda, verdadero motor del cambio»63. El diario aprovecha los discursos del Rey para recalcar el peso personal de don Juan Carlos y su papel histórico en el alumbramiento de la democracia española, que estará unida ya siempre a la institución monárquica64

GUERRA EN PRISA. LA DISIDENCIA DE LOS LIBERALES MONÁRQUICOS

Mientras Darío Valcárcel, Areilza y otros ilustres monárquicos liberales tuvieron peso en el periódico, el monarquismo de El País está más que explicado. Pero la gran mayoría de estos liberales monárquicos se encontraron en el bando de los discrepantes con la línea que el periódico adoptó cuando por fin, tras largos años de espera, éste se hizo realidad. Este núcleo fuerte de accionistas de centro-derecha se sintió incómodo y disconforme con El País real, el que todas las mañanas se podía comprar en los quioscos.

Dado el perfil de los promotores y la composición del accionariado, todo el mundo había creído, incluidos los otros medios de prensa, que El País sería un periódico elitista, intelectual, muy denso, lleno de ensayos eruditos. En efecto, José Ortega tenía el sueño de emular la empresa de su padre que, consciente de que quien quisiera influir en la opinión pública tenía que descender a la «plazuela intelectual» del periódico, había contribuido a la fundación de El Sol, periódico que en los años 20 había pretendido renovar la vida política y cultural española, de la que había sido el colaborador más distinguido65. Ortega tenía la idea de fundar un periódico de vocación liberal e indepen diente al estilo de El Sol, dirigido a una clase culta y profesional descontenta con el franquismo. Un diario para minorías ilustradas. Un periódico serio, de calidad y de gran calado intelectual66.

Ésta era la idea inicial de sus promotores, pero, cuando el diario por fin sale a la calle, en mayo de 1976, esa idea se ha modificado. En gran parte, sin duda, lo que El País realmente fue se debió al director y a la Redacción, y también a quien era ya por entonces consejero delegado de Prisa, Jesús de Polanco67.

En el piso de Núñez de Balboa 45, la primera redacción que tuvo El País antes de nacer, empezaron a trabajar desde el otoño de 1973 los primeros periodistas contratados, a quienes no fue fácil reclutar. Los periodistas con experiencia, o más o menos bien situados en otros medios, no se mostraban, salvo excepciones, muy dispuestos a abandonarlos para embarcarse en una aventura sugestiva pero incierta. De ahí la extraordinaria juventud de la redacción, con una media de edad de 29 años. Apetecía estar allí porque era algo nuevo, pero daba miedo que pudiera no funcionar. Esa joven redacción de los primeros tiempos era, con algunas excepciones, decididamente «progre», situada en la izquierda e incluso algunos en extrema izquierda del espectro político.

Por su parte, el director, Juan Luis Cebrián, quien a pesar de su juventud era ya un periodista experimentado, tenía claro que había que hacer un periódico de calidad pero con gran tirada. De la misma opinión era Jesús de Polanco, contactado por los fundadores para que los ayudara a hacer la gestión, ya que era visto como un empresario con los pies en la tierra. Como consejero delegado, su papel fue subiendo rápidamente. Era el empresario ejecutivo, decidido, con sentido del riesgo calculado, que empezó a tomar decisiones que se revelaron acertadas, por ejemplo, la necesidad de invertir y adaptarse a las nuevas tecnologías63. Si los fundadores habían ideado el proyecto y logrado con su entusiasmo convocar, por amistad o coincidencia de propósitos, altruistamente, a un vasto espectro de personas, Polanco contribuyó por su parte a hacerlo creíble desde el punto de vista empresarial. Sería el interlocutor ante los bancos a los que hubo que acudir en demanda de créditos o de otro tipo de ayuda.

La sintonía entre Polanco y Cebrián se produce en esta época anterior a la salida del periódico. Ambos tenían una postura en cierto modo simétrica. Habían sido convocados por los promotores como técnicos en sus respectivos terrenos: en la gestión el uno, en la dirección del periódico el otro. Ambos coincidían en la visión de un diario que, sin renunciar a ser de calidad, se dirigiese al gran público, y ninguno de ellos se avenía a representar un mero papel instrumental en manos de los fundadores, que creían que les correspondía a ellos marcar la línea ideológica y supervisar directamente el periódico.

La fórmula apoyada por Cebrián y Polanco69 se demostró, en las circunstancias en la que nació el diario, un gran éxito. Fue un éxito, sin duda, no sólo periodístico y de oportunidad, sino empresarial`. Fue un éxito inmediato y sin precedentes, que sorprendió a todos. Gracias a una oportunidad desde luego no buscada la labor obstruccionista de los gobiernos del final del franquismo-El País vio la luz en el momento oportuno. A los seis meses de su salida, se había consolidado como el primer matutino de Madrid7i. Hubo una clara identificación de la idea de cambio político con la lectura de El País, el periódico nuevo. Había nacido tocado de gracia y encontró en seguida un público predominantemente joven, ávido de democracia y situado más bien a la izquierda.

Pero no era ni el periódico ni la clase de éxito que muchos de los accionistas esperaban y deseaban, y no tardarían en decir «No es esto, no es esto» una vez que El País estuvo en la calle. Entre los accionistas, muchos de ellos personas distinguidas y notorias, que se habían implicado en el proyecto con gran entusiasmo y dedicación, con un gran desinterés económico pero con muchos deseos de influir en la marcha del país (y de El País, por emplear el equívoco tópico), se desató a los pocos meses de la salida del periódico la polémica sobre a quién correspondía definir o marcar su línea, si a quienes lo hacían, o sea, a la dirección y la redacción, o a quienes lo poseían, esto es, al consejo representante del accionariado. Ya hemos dicho que no fueron los monárquicos liberales los primeros en sentirse descontentos con el diario sino los fraguistas. Pero a ellos también les tocó el turno.

El descontento de gran parte de los consejeros alcanzará cotas preocupantes tras la forzada dimisión de Darío Valcárcel como subdirector del periódico el 1 de octubre de 1977. A partir de entonces, Valcárcel se convertirá en el mayor opositor72 y la indig nación de los partidarios de Areilza en el diario no hará sino aumentar. Sin infravalorar la lucha de poder y de personalidades por ejemplo entre el director y el subdirector, Cebrián y Valcárcel - lo que se ventila, sobre todo, es una profunda divergencia sobre lo que el periódico debe ser.

Después de las primeras elecciones, de junio de 1977, El País siguió sin tratar bien a Suárez, pero ya no fue areilcista. Areilza ya no fue para el diario ninguna alternativa posible ni deseable a Suárez. Juan Luis Cebrián afirmaba en una entrevista a finales de 1977 que la opción política de El País era «progresista», «a causa de la composición de la Redacción y quizá debido a la propia influencia del director, pero negaba, en cambio, que El País tuviera una postura definida a favor del PSOE73. La cercanía y simpatía de Cebrián y de El País al PSOE era un tema del que ya se hablaba por entonces. No obstante, Cebrián aseguraba que aún no había llegado el momento para un gobierno socialista porque no sería aceptado por los poderes fácticos74. Después de la aprobación de la Constitución, en el nuevo clima de desencanto y de rápida erosión de la popularidad de Suárez, cada vez más aislado en la Moncloa, El País defendió la idea de un posible Gobierno de coalición UCD-PSOE y apoyó, en la época de crisis y descomposición de UCD, a su ala más izquierdista, socialdemócrata, representada por Francisco Fernández Ordóñez75. También se habló mucho por entonces de que El País y sus directivos promovían una operación política para crear un nuevo partido radical que viniera a llenar el espacio entre el PSOE y UCD, un partido progresista, liberal y no marxista que postulase ante todo la «inaplazable exigencia de secularizar los comportamientos públicos»76. Un partido «bisagra» cuyo programa incluiría «reclamar una ley de divorcio que corresponda a la sociedad en que se vive, pedir la despenalización del aborto, distinguir entre drogas duras y blandas, oponerse al suicidio nuclear y al saqueo del patrimonio de la naturaleza, postular una nueva concepción del trabajo y de la producción, reivindicar el sentido progresista de la lucha feminista, de las minorías sexuales, de los objetores de conciencia».

En cualquier caso, de ser cierto que alguna vez albergase la idea de dar el salto a la política encabezando un partido al estilo del radical italiano, Cebrián no se decidió a ello y prefirió seguir haciendo ese llamamiento o reivindicación de los postulados del radicalismo desde el periódico que dirigía".

Y ese radicalismo era lo que más molestaba a muchos de los accionistas fundadores o de primera hora, que eran, en su gran mayoría, como hemos visto, liberales «a la antigua», o «liberales de viejo cuño», como a veces se les calificaba. A todos estos accionistas, entre quienes se encontraban los monárquicos liberales cuyo peso en el accionariado ya hemos analizado, que habían dejado atrás su juventud, conservadores en materia de costumbres, con frecuencia profundamente católicos, practicantes, les disgustaba el juvenil desenfado con que se trataban muchos temas en el periódico. Les disgustaba el tratamiento muy progresista que el diario daba a los temas de moral sexual, a las nuevas formas de ocio de la juventud y a los nuevos comportamientos sociales que ellos juzgaban «disolventes» de las buenas costumbres. También les molestaba que El País sintonizase en temas de religión con la izquierda eclesiástica y que sus más destacados colaboradores en temas religiosos fuesen católicos progresistas, partidarios del diálogo entre la Iglesia y el marxismo".

El estilo desgarrado, cáustico, irónico, provocador, insolente, irrespetuoso de algunos columnistas como Francisco Umbral79, Fernando Savater o Rafael Sánchez Ferlosio provocaba ampollas a muchos de los accionistas fundacionales a quienes el progresismo o radicalismo de las secciones de Cultura y Sociedad del periódico eran lo que más les irritaba. Era una cuestión en buena medida generacional. El País conectó con los nuevos valores, pautas y comportamientos morales de la sociedad española y atrajo de esta forma a un público joven y «progre», pero molestó a muchos accionistas y consejeros de Prisa que en las reuniones del Consejo de Administración y en las Juntas de Accionistas hicieron sentir su descontentoso

Muchos de aquellos personajes de notoriedad llevarían su discrepancia hasta la ruptura y dimitirían como consejeros por disconformidad con la línea del periódico: Julián Marías, muy disidente desde el principio, hace oír su voz discrepante en las Juntas de Accionistas y en el Consejo de Administración, y dimite como consejero en mayo de 1978; luego lo seguirán Miguel Ortega, Antonio Menchaca, Jaime García de Vinuesa (en 1984), etcétera. La guerra accionarial en el seno de Prisa, llamada «guerra de las galaxias» en la jerga de la Redacción, se libró entre 1978 y 1983. Cuando concluyó, con el triunfo de Cebrián-Polanco, muchos dimitieron como consejeros8' y bastantes vendieron sus acciones en una gran desbandada de los disidentes, una vez perdida la guerra. Por ejemplo, Darío Valcárcel, los Muñoz Peirats, Antonio de Senillosa, Fernando Chueca Goitia32. Sin embargo, algunos de ellos, como los tres últimos, conservaron parte de sus acciones. Otros significados disidentes, como Julián Marías o Miguel Ortega, siguieron conservando sus acciones.

A pesar de la disidencia de la mayoría de aquellos monárquicos liberales que habían acudido a la llamada de los promotores suscribiendo acciones de El País, a pesar de que en la guerra interna que se libró en el seno de Prisa estuvieron en el lado de los perdedores, El País siguió siendo monárquico. Y siguió tratando bien a Areilza, quien sería siempre colaborador en sus páginas, escribiendo artículos sobre temas muy diversos. Desde la derecha monárquica que representa el ABC de Ansón y Valcárcel, se dirá que El País es un converso de la monarquía pero que, al contrario que el de ABC, el suyo no es un monarquismo auténtico83.

EL PAPEL DE EL PAÍS EN EL CONSENSO SOBRE LA MONARQUÍA DURANTE LA TRANSICIÓN

Como hemos visto, desde antes de su nacimiento, El País se identificó con un proyecto de democratización en el que la Corona habría de desempeñar un importante papel. Y, desde su salida, transmitió a la opinión pública la idea de que la monarquía era la fórmula necesaria para una evolución hacia la democracia sin violencia. Ésta no era en modo alguno la tesis de la izquierda que, al morir Franco, «entraba en escena con una fuerte tradición republicana y un rechazo histórico de la monarquía» 34. En efecto, tanto socialistas como comunistas desplegaban al inicio de la Transición sus estandartes republicanos. Creían que la única legitimidad democrática era la republicana que la sublevación militar franquista había barrido por la fuerza de las armas. Por lo demás, entre la izquierda, la imagen de don Juan Carlos era muy mala, se le presentaba como carente de personalidad y se ironizaba sobre su papel de títere o marioneta en manos de los franquistas35. Era el rey impuesto por el dictador y algunos creían que su reinado habría de ser muy pasajero. Santiago Carrillo ironizó conque seria «Juan Carlos el Breve»86.

La verdad es que en 1975 eran pocos en España los monárquicos. Don Juan Carlos no era una figura atrayente cuando fue nombrado rey. Despreciado por unos, ridiculizado por otros, inspiraba a la mayoría desconfianza y recelo. Los falangistas y franquistas más ortodoxos siempre habían sido antimonárquicos «¡No queremos reyes idiotas!», era su lema. Los inmovilistas, los «ultras», el llamado «búnker», tanto civil como militar, sospechaban, además, que don Juan Carlos tenía veleidades de apartarse del continuismo franquista. Los principales partidos de la oposición lo veían, en cambio, como una creación de Franco, sin personalidad ni carisma; los monárquicos de don Juan, por su parte, consideraban que era su padre quien debía reinar como heredero legítimo de la dinastía española. En Cataluña y el País Vasco la proclamación de don Juan Carlos, un rey impuesto, fue asimismo recibida con escepticismo.

Independientemente del momento en que don Juan Carlos decidiese que su monarquía sería democrática y no continuista, tema que ha sido objeto de polémica17, 10 cierto es que para la opinión pública española y para las diferentes fuerzas políticas, tanto del interior como del exilio, el príncipe era una incógnita antes de morir Franco.

Pero desde el comienzo de su reinado, y desde luego a partir del nombramiento de Suárez, el Rey hizo méritos suficientes para que no quedase duda de su voluntad democratizadora. En aquellos meses hasta la aprobación de la Constitución, don Juan Carlos se convirtió en un protagonista activo de la transición democrática. Pero, además de los méritos propios que cabe atribuirle, los medios de comunicación desempeñaron un importante papel en la tarea de hacer popular la Corona y la figura del rey Juan Carlos. Ya hemos hablado de la imagen favorable que desde El País se dio del monarca, a quien desde el principio quiso facilitar al máximo su dificil labor en un momento delicadísimo de tránsito de un sistema dictatorial a otro democrático. Pero, aún más, El País contribuyó en gran medida a interiorizar la futilidad que en aquellas circunstancias tenía plantear siquiera el viejo dilema sobre la forma de Estado, la alternativa entre monarquía o república, cuando lo importante que se estaba dirimiendo era el dilema entre dictadura y democracia. Cumplió un importante papel en la defensa de la monarquía frente a la república ante la opinión de izquierdas que es, cada vez más, el público que tiene el diario. Como ejemplo, valga un artículo de Cebrián, «Monarquía o república, la polémica irreal»38, en el que el director de El País considera una torpeza el voto particular del PSOE al proyecto constitucional a favor de la república. El artículo contiene frases como «Ha sido Juan Carlos, y no otra persona, el hombre que ha hecho posible la democracia en España»; «Hay una realidad histórica de primera magnitud: que sin el Rey no hubiera sido posible el proceso de cambio democrático no revolucionario, la sustitución sin grandes traumas del franquismo por un régimen de libertades»; «El Rey ha llenado un vacío de poder que de otra manera habría sido ocupado por la única institución perdurable de la etapa franquista: el Ejército».

En las oportunidades que se le brinden, como los aniversarios de la Segunda República, El País publicará editoriales en los que, aunque defiende por supuesto la conmemoración «histórica» de 14 de abril", insiste en la idea de que no tiene ningún sentido seguir defendiendo la causa republicana: «La apertura de un debate sobre la forma de Estado actual carece, a nuestro juicio, de sentido para quienes se hallan comprometidos en el proyecto de democratización del Estado, modernización de la sociedad y homologación de nuestro país con Europa. La monarquía encarnada por don Juan Carlos ha dado sobradas pruebas de servir como marco institucional para el ejercicio de la soberanía popular».

Un momento clave en la defensa del Rey por parte de El País fue el intento de golpe de Estado del 23-F y, sobre todo, el juicio en el que los procesados y sus letrados trataron de atribuir a la Corona la responsabilidad última del frustrado golpe. Los golpistas, tanto Tejero al asaltar el Congreso de los Diputados, como Milans del Bosch al declarar el estado de excepción en Valencia, habían asegurado actuar en nombre del Rey90. Esta estrategia, «a fin de que los rebeldes, presentados como traicionados y obedientes ejecutores de una orden de don Juan Carlos, posteriormente revocada, quedasen exentos de toda culpa», le pareció al diario «despreciable» y «repugnante», una «patraña», e insistió en la firmeza con que el Rey había defendido durante la noche del 23 de febrero de 1981 la legalidad constitucional". Los rumores contra la figura del monarca fueron calificados por El País como insidias, injurias, falsedades, que señalaba - no habían hecho mella alguna en la opinión pública. La pretensión de que el Rey preste declaración sobre los hechos ante el tribunal militar fue juzgada como una provocación política, además de «una ofensa al Rey y a todos los ciudadanos libres que se sienten orgullosos de tener al jefe del estado como primer garante y defensor de la Constitución».

El País tuvo muy claro que había que defender al Rey de las campañas que lo presentaban como cómplice de la trama golpista, y en los meses siguientes le dedicó con frecuencia editoriales, con motivo de sus actividades y discursos, comentados siempre con el máximo elogio92. Hubo también múltiples artículos de opinión de comentaristas habituales del diario sobre el gran papel del Rey el 23-F en defensa de la Constitución, de Aranguren, por ejemplo, o de Umbral que escribió: «Cuando los españoles creíamos merecemos algo mejor que un rey, resulta que tenemos un rey que no nos merecemos»93.

Quizá el mejor resumen de la actitud del diario en defensa de la idea de una «imperturbable» voluntad democrática del Rey es un editorial de 21 de mayo de 1982 con motivo de la concesión a don Juan Carlos del premio europeo Carlomagno por su labor a favor del restablecimiento de las libertades en España. El editorial repasa los momentos clave, durante la Transición, en que fue más clara la contribución del monarca. El periódico afirmaba que había habido sobre todo dos momentos la muerte de Franco y el intento de golpe de Estado del 23-F en que don Juan Carlos demostró que, entre los muchos y distintos caminos que tenía ante sí, optó con toda claridad por el de la democracia: «Su decisión de ser el "motor del cambio" fue tomada en condiciones de completa libertad, ya que el Rey tuvo a su disposición la posibilidad de promover otras fórmulas reformadoras a medio camino entre la autocracia y el sistema democrático que hubieran sido aceptadas por sectores muy influyentes de nuestro país y de las naciones occidentales», y, de nuevo, en la larga noche del 23 de febrero de 1981, «en horas de terrible oscuridad, don Juan Carlos tuvo en sus manos la posibilidad de elegir, libremente, entre muchos caminos que la intentona de los sediciosos de hecho abría y resolvió, con riesgo para su persona y para la Corona, ratificar su lealtad al sistema constitucional y encabezar la defensa de las libertades de todos los españoles».

El País no se cansará de elogiar el comportamiento del Rey sosteniendo que fue su actitud la que logró vencer el golpe y mantener la democracia. A lo largo de la Transición, insistirá siempre en la idea de que la Corona, y en concreto el rey don Juan Carlos, es el principal elemento de estabilidad en el proceso de democratización. Mantendrá que sin el Rey no hubiera sido posible el proceso de cambio democrático no revolucionario, la sustitución sin grandes traumas del franquismo por un régimen de libertades. Los argumentos esgrimidos una y otra vez son que don Juan Carlos es quien ha traído la democracia a España y que es el Rey quien cuenta con el respeto de las Fuerzas Armadas. No podía haber una democracia pactada si se insistía en cuestionar la monarquía ya que ésta era la única institución a través de la cual los intactos aparatos del Estado franquista, y en especial el Ejército, podían llegar a aceptar el nuevo sistema.

En definitiva, El País contribuyó en buena medida al consenso sobre la monarquía parlamentaria y a su aceptación por parte de una izquierda tradicionalmente republicana, lo que permitió superar una de las grandes divisorias políticas de la historia española, ya que el desacuerdo respecto a la forma de gobierno había sido uno de los problemas más difíciles de convivencia entre los españoles a lo largo de los dos últimos siglos, y puede afirmarse que fue una de las causas de la Guerra civil.

ÁNGELES LARIO

Como apunté al final y siguiendo la argumentación ya planteada en la «Presentación», conviene resumir brevemente las conclusiones más importantes que se extraen de estos análisis sobre los modelos de Monarquía y República que se fueron diseñando en nuestra historia contemporánea. Para ello tomo una cita muy gráfica sobre los comienzos de nuestra contemporaneidad:

Un re¡ que se ausenta de su reino, abdica la corona en su nombre y en el de toda su familia, la renuncia en una extranjera, y entrega la nación a sus enemigos, es un suceso enteramente nuevo, según todas sus circunstancias, en los anales del mundo, y que no cupo ciertamente en la previsión del más sabio legislador'.

Ello nos sitúa en una ocasión dificil y única por la que, por vía de hecho como tantas veces dejó dicho Artola, se producía una transferencia de soberanía, llegando a reconocer a la soberanía nacional en esas tempranas fechas la facultad de «adoptar la forma de gobierno que más le convenga» y con ella la posibilidad de recurrir a la República-, como se recogía en el proyecto y no se llegó a escribir en la Constitución a pesar de reconocer el principio, pero entendiendo que no era necesario ni conveniente escribirlo pues funcionaría de hecho si fuera preciso y sólo debería serlo en un caso de extrema necesidad2. La España constitucional comenzó de este modo peculiar, no como una rebelión contra la Monarquía absoluta, sino como una lucha por rescatarla y rescatar la nación de manos extranjeras, a las que la propia Monarquía había cedido por sus debilidades internas. Por eso, cuando Fernando VII acabó con todo el proceso de Cádiz por el que se reinterpretaba o reactualizaba el pacto entre el Rey y la nación a ira vés de una Constitución liberal, pacto que el mismo Rey había roto de modo unilateral, le decía Flórez Estrada amargamente:

¡Y será creíble que a unos hombres, a quienes dos veces V. M. debía el trono, gratuitamente concedido y heroicamente conquistado, sin más motivo que el de haberlo constituido tal como lo tiene el monarca más poderoso y feliz, se les haya condenado a las penas más infames, dictadas por aquellos mismos que habían vendido la Nación... !3

Respecto a la Monarquía liberal hay que concluir que la utilización de la misma tras la muerte de Fernando VII por parte de un partido en momentos concretos, y de los dos principales en el xix en general, el Moderado y el Progresista, primero, el Conservador y el Liberal, después, la encerró dentro de los límites estrechos de una idea liberal medrosa, defensiva, que creía poder contener los avances sociales y democráticos con las herramientas monárquicas, por muy desgastadas que fueran estando. Los progresistas se vieron cercados por su miedo a los avances democráticos y los imperativos de los moderados; éstos, entre quienes predominó una idea de Monarquía Constitucional más cercana a la «puramente constitucional» alemana que a la diseñada efectivamente por nuestras Constituciones desde 1837, no podían menos de aceptar el principio de la soberanía nacional pero solamente y no es un juego de palabras - en el principio de los tiempos nuevos, es decir, en el proceso de la lucha nacional contra el francés y de defensa de una Monarquía que no había sabido defender a España y la había entregado a fuerzas extranjeras. Fue esa soberanía nacional la que reintegró el poder a la Monarquía y, por tanto, poco se podía discutir a ese respecto. Pero a partir de entonces, una vez retornada la normalidad con la Monarquía restaurada y regulada por una Constitución, entendían que no hacía falta volver a utilizar ese principio. Partiendo de estas premisas, todo el empeño de los moderados que se acabaron imponiendo fue hacer prevalecer el poder del Rey sobre el Parlamento, a pesar de que el modelo de Gobierno parlamentario que establecían las Constituciones posteriores a Fernando VII partieran de otros principios y otras prácticas que le eran inherentes. Ése fue el sentido de la lucha por el principio de la «soberanía nacional» que llevaron a cabo los progresistas empeñándose en escribirlo en las Constituciones, a pesar de que luego la regulación y relación entre los poderes no variara esencialmente de una Constitución a otra. Los progresistas no querían pasar de ahí, pero los moderados no querían siquiera llegar a eso porque temían las posibles consecuencias del principio; esto es, que las Cortes pudieran discutir la Monarquía y se llegara a la República, que se asociaba con democracia y socialismo; por eso en el Bienio acusaban a los primeros de no saber lo que defendían, de no darse cuenta del peligro que implicaba su postura. Querían la Monarquía intocable para defender su modelo de sociedad, y exclusivamente para eso. El problema para los progresistas, que definieron el modelo político español tras la Constitución de 1837 al incorporar los avances producidos por la teoría y la práctica parlamentaria de la Europa posrevolucionaria, es que, aun temiendo y abominando de la defensa moderada de la Monarquía «puramente constitucional», estaban más cerca de los moderados de lo que ellos mismos querían reconocer, porque los unían los mismos miedos. Así se puede concluir que, si los progresistas no acabaron de ver las consecuencias del principio que defendían, los moderados no acabaron de ver lo que significaba el modelo establecido por las Constituciones posrevolucionarias, y siguieron ciegos a los avances parlamentarios del continente, obligando a los primeros a sostener constantemente un principio que tendría que haber sido abiertamente aceptado por ambos partidos.

El juego de conservadores y liberales, tras el último tercio del xix, siguió las mismas bases: la Monarquía como freno a los excesos, que tenían nombre de democracia y socialismo en forma republicana, lo que cada vez tomaba más cuerpo. Lo cierto es que, a pesar de la evolución de la idea liberal en Europa hacia un liberalismo social y democrático, el «nuevo liberalismo», que en España se difundió a través de los krausistas, el Partido Reformista y la Generación del 14, eminentemente europea, el Partido Liberal gobernante no asumió esa reforma, esa adaptación de sus principios, y se siguió amparando en la Monarquía para sostenerse. Tuvieron incluso más sentido social los conservadores, mientras que los liberales se mantenían ya en principios trasnochados, lo que no favoreció el acercamiento de la Monarquía a los problemas reales, que Alfonso XIII por otros medios parecía buscar. Así es que, de nuevo, como en el xix, pero ya de modo decidido tras el fin del Gobierno constitucional con la dictadura de Primo de Rivera y el fracaso de ésta, democracia y socialismo sólo parecían posibles en la República, contradiciendo las constantes enseñanzas de ilustres pensadores krausistas, indiferentes ante las formas de gobierno porque entendían que el problema era más profundo, estaba más alejado de la superficie de una forma política y más enraizado en el fondo político que se quiso sostener por los partidos llamados monárquicos que, sin embargo, no estaban dispuestos a mantener una Monarquía que no satisfaciera sus objetivos - Caso de los moderados en el xix. Si en los años 20 en España se podía leer en el diario El Sol todo un proyecto de Estado Social de Derecho, lo cierto es que no pudo aplicarse bajo una Monarquía. La consecuencia fue la llegada de una República que centraba todas las esperanzas, que debía resolver todos los problemas para justificar su existencia. Un exceso de aspiraciones, incluso una excesiva concentración de programa reformista - sorprendente en algunos casos por no prever las férreas y previsibles oposiciones que le iban a surgir y explicable sólo en la euforia y optimismo de un triunfo largamente anhelado, bajo la dirección del liberal reformista Azaña, hizo despertar todos los demonios históricos tantas veces contenidos unos y tantas veces amparados otros por el techo monárquico. La caída de la Monarquía había descorchado la botella de todas las aspiraciones que parecían poderse colmar sin las precauciones, límites, controles y contrapesos que la misma Monarquía representaba en la construcción liberal. A su vez, el fracaso de la primera experiencia de liberalismo social y democrático, que mientras para muchos resultaba escaso para otros resultaba excesivo, llevó a una guerra civil y una larga dictadura.

Es importante destacar el hecho de que la Segunda República fuera diseñada por un liberal reformista y un socialista como Jiménez de Asúa, para preguntarnos dónde quedaron las culturas republicanas, los modelos republicanos que pretendíamos descubrir. En este libro hemos podido observar que, al menos hasta finales del reinado de Isabel II, lo que predominaban eran los demócratas que, si pensaban en la República, era por no dejarles cabida en la Monarquía, pero cuyo objetivo primero era la democracia sin importarles especialmente la forma de gobierno, que consideraban un «accidente». Hemos podido observar también que las culturas republicanas, desde los primeros republicanos hasta casi el final del siglo xix, interpretaron la República como el gobierno del pueblo como ser colectivo, en la tradición jacobina de una única Voluntad General que no daba pie a distintas posiciones o partidos, y que, por ello, quienes decían que cabían en la Monarquía sólo estaban dispuestos a aceptar la diseñada en Cádiz, la revolucionaria de Asamblea, con un Rey como poder delegado y al margen del juego político - ya los primeros republicanos entendían que un sistema unicameral con sufragio universal, aunque indirecto, distaba poco de su ideal, mientras que el modelo establecido desde 1837 se alejaba de él drásticamente. También vimos que en el último cuarto de siglo se fueron forjando otras culturas republicanas, relacionadas con el federalismo, el avance social y el nuevo liberalismo. El problema llegó al enfrentarse con la realidad y, cuando hubo que poner en planta una República, como fue la 1 en 1873, surgieron las dificultades de definición de un modelo republicano, de «clarificación identitaria» para darle un sentido unívoco a «República», «Democracia», «Federación», etc., lo que resultó imposible y produjo el enfrentamiento interno y la disgregación del primer partido republicano así denominado, el Partido Republicano Democrático Federal que, además, había dispuesto de la casi totalidad de los escaños de la Asamblea Constituyente. Y es que, tradicionalmente, pensaron y teorizaron para garantizar una asamblea democrática, interesándose menos por las circunstancias del ejecutivo que sólo debía ser responsable y temporal, sin percibir que un cambio tan drástico respecto al monárquico requería reflexión y organización propia - por eso luego copiaron las características de lo diseñado para la Monarquía que no se avenía al nuevo modelo--. Otro tanto sucedió con la estructura territorial del poder, por el escaso conocimiento sobre la organización de poderes en un sistema federal, y la carencia de acuerdo al respecto.

Esta primera República se diseñó como una República federal, con cierta influencia del modelo constitucional republicano, el de Estados Unidos de Norteamérica, pues todavía no había surgido el modelo parlamentario de República que luego estudiaría Azaña detenidamente, la III francesa; así es que frente al deseo de Convención de los jacobinos se organizaron dos Cámaras, y con esa organización «liberal» llegó el principio del fracaso. Con ella, en la mejor tradición constitucional se garantizaron los derechos y las libertades; se definió la nación española como la composición de múltiples Estados, incluidos Cuba y Puerto Rico, y diversos territorios (Filipinas, Fernando Poo, Annobón, Corisco y los establecimientos de África) con posibilidad de convertirse en Estados «a medida de sus progresos». En cuanto a las esferas de la «organización política» se observa la influencia organicista liberal, krausista, que establece esferas de competencia, de soberanía, que deben estar representadas en el Estado: desde la competencia del individuo, a la municipal, después la regional, seguidamente los Estados, y finalmente «lo nacional» que corresponde a «la Federación»; así es que el «Estado federal o Nación» es el ámbito más amplio y que engloba a todos. Por primera vez en España se reconoce en una Constitución un cuarto poder, el de «Relación» entre los otros tres poderes, que es el que corresponde al Presidente, dejando al Consejo de Ministros el poder ejecutivo, cuyo presidente sería libremente nombrado a su vez por el de la República, con una evidente mezcla de la tradición europea monárquica de Constant, quien mistificaba ¿o completaba? la organización presidencial. Ciertamente, lo mismo que hubo diversos modelos de Monarquía Constitucional, que se fueron diseñando tras el fracaso de unos o el temor a otros, la República apenas tuvo ocasión de poner en funcionamiento modelos que la hicieran evolucionar y perfeccionarse.

En esa lógica, cuando se instauró de nuevo la República, su llegada significó el triunfo de todo lo temido u odiado por los más conservadores, por los que seguían sosteniendo la Monarquía como baluarte contra los temidos avances; a los miedos tradicionales del triunfo de la democracia y el socialismo, se sumó, tras la revolución comunista de 1917, el terror a los peores presagios cumplidos que ya en los 30 personificaba Stalin; pero los dos presidentes de la República estaban muy lejos de semejante programa: Azaña, liberal reformista, y Alcalá Zamora, ex ministro monárquico y liberal conservador; el primero más cerca al ideal cívico republicano y el segundo a la estricta constitucionalidad liberal; pero una constitucionalidad confusa en algunos de sus términos, puesto que heredó de la Monarquía la necesidad de refrendo para los actos presidenciales la firma de un Ministro, a la vez que, en lógica republicana, le confirió responsabilidad política al Presidente, lo que es una contradicción en los términos y fue origen de más de un conflicto. Lo cierto es que la Segunda República se insertaba ya plenamente en la tradición parlamentaria europea, con la diferencia de que organizó una única Cámara - por influencia de Prieto y frente al programa reformista de un Senado corporativo o federal, nos dice Varela Suanzes-, que tenía gran protagonismo, rompiendo con la posible tradición de la Primera República - no en vano había fracasado - e inaugurando el nuevo constitucionalismo del siglo xx; llevaba a efecto el programa reformista de 1918, pero venía apoyada por un programa socialista, lo que le permitió diseñar ya un Estado democrático y social de Derecho - por eso puede decir Laporta que es una República sin republicanos-. Ciertamente a su lado se movía la aspiración socialista que veía en la República el inicio de la transformación de la sociedad hacia el socialismo, que no tendría por qué ser parlamentario, o al menos no con la constitucionalidad y garantías típicamente liberales; pero el proyecto socialista tampoco era unívoco y tenía en Fernando de los Ríos o en Besteiro los representantes de la vía social liberal, aunque muchos estuvieran deslumbrados por Rusia. No es fácil distinguir hoy día, porque no dio tiempo a un desarrollo suficiente, los límites y modo de conjugarse la tradición liberal con la aspiración social. El propio éxito republicano, la misma idea de que «España es republicana», el optimismo racionalista de las Constituciones de entreguerras - tomando palabras de Javier Corcuera 4, podía ser extendida hacia los caminos oscuros que se temían o hacia aquellos que llenaban de claridad un liberalismo mediocremente practicado por aquellas fechas. Quizá la propia confianza que implicaba ese aserto privó de esfuerzos para asentar firmemente un proyecto que necesariamente debía ser democrático, porque ése fue el objetivo con el que nació, para el que no había tradición, y cuya principal dificultad era sortear las posiciones extremas que lo amenazaban.

Finalmente, tras el fracaso primero por implantar un sistema democrático y social en España, la confluencia de la oposición a la dictadura alrededor de la democracia y no de la forma bajo la que ésta se presentara volvió a centrar en la Monarquía los trabajos y afanes que desde dentro del país se llevaban a cabo. Se hizo tanto desde la prensa que tenía ciertas posibilidades tras la Ley de 1966 y que iba presentando una salida monárquica, como desde los socialistas del interior que aceptaron la monarquía parla mentaria en su búsqueda de consenso de las fuerzas opositoras y de la opinión exterior, especialmente la anglosajona, con lo que se hacía posible el éxito de la Transición. En esta nueva época, y como un retorno a las bases doctrinales de la construcción del Estado contemporáneo, cuando la Europa posnapoleónica se disponía a establecer Monarquías «rodeadas de instituciones republicanas», los propios conservadores por primera vez, superando la tradición moderada del xix, parecieron aceptar uno de sus principios básicos: el de que lo que se pone en planta es un «Rey de los republicanos», como dijo Jiménez de Parga, es decir, una Monarquía nacional, de ningún partido, amparadora solamente de un régimen constitucional democrático que establece en su vértice un poder moderador que, desde Constant, se vio como necesario para la convivencia institucional y que encontró bien representado en la Monarquía precisamente por su carácter de permanente y no dependiente de ningún partido político. Así es que, cuando se dice que esta democracia es heredera de la republicana, tiene todo el sentido de poner en paralelo lo fundamental de ambos modelos, el fondo democrático, que es lo que nos debe preocupar para mejorarlo en su funcionamiento.

PEDRO Luis ANGOSTO VÉLEZ, doctor en Historia por la Universidad de Alicante. Ha sido asesor histórico y colaborador habitual del diario Información de Alicante, especialista en republicanismo y socialismo y autor, entre varios libros, de Sueño y pesadilla del republicanismo español. Carlos Esplá, una biografia política, del que recuperó su archivo desde México, y de José Alonso Mallol, el hombre que pudo evitar la guerra, IAC «Juan Gil Albert», Alicante 2006. En 2004 recibió el VII premio Manuel Azaña por su obra.

MIGUEL ARTOLA, catedrático de las universidades de Salamanca y Autónoma de Madrid, doctor honoris causa de las universidades del País Vasco y de Salamanca, Premio Nacional de Historia, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales Académico de número de la Real Academia de la Historia. De su obra se pueden destacar: Los orígenes de la España Contemporánea (1959), La España de Fernando VII (reeditada en 1999), Partidos y Programas políticos (1974) y Enciclopedia de Historia de España que dirigió.

GONZALO CAPELLÁN DE MIGUEL, profesor en la Universidad de Cantabria. Ha centrado sus investigaciones en la historia del pensamiento político y de los conceptos, publicando diversos artículos en revistas como Historia y Política, Historia Contemporánea, Ayer European Journal of Political Theory o Contributions to the History of Concepts. Ha prestado especial atención al estudio del krausismo y la Institución Libre de Enseñanza, temas sobre los que ha realizado varias publicaciones, como Gumersindo de Azcárate. Biografia intelectual (Valladolid, Junta de Castilla y León, 2005) o La España armónica. El proyecto del krausismo español para una sociedad en crisis (Madrid, Biblioteca Nueva, 2006).

DEMETRIO CASTRO, catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Pública de Navarra. Fue subdirector de Estudios e Investigación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (1997). Evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva desde 1986, ha sido coordinador del área de Ciencias Sociales de la misma entre 1996 y 2000. Formó parte del Comité Evaluador del programa de Doctorado de Calidad de la ANECA (2003), del que es auditor y presidió el Comité de Ciencias Sociales y Jurídicas del Programa de Profesorado de la misma Agencia (2003-2004). Especialista en historia cultural y social de los siglos xviii y xix, es autor de siete libros, 23 capítulos de libro y una treintena de artículos en su especialidad académica.

ÁNGELES EGIDO, profesora titular de Historia Contemporánea en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Especialista en la Segunda República, es autora, entre otros, de Manuel Azaña. Entre el mito y la leyenda (1998), Azaña y los otros (2001) o Memoria de la II República. Mito y realidad (2006).

GREGORIO DE LA FUENTE MONGE, profesor titular de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en el Sexenio revolucionario, es autor, entre otras obras, de Los revolucionarios de 1868. Élites y poder en la España liberal (2000) y coautor de la antología La revolución gloriosa. Un ensayo de regeneración nacional (1868-1874) (2005).

MARCO ANTONio LANDAVAZO, profesor-investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Morelia, México). Especialista en historia política de México en los siglos xix y xx, es autor, entre otros, de La máscara de Fernando VII. Discurso e imaginario monárquicos en una época de crisis. Nueva España, 1808-1822 (2001) y coeditor de Imágenes e imaginarios sobre España en México, siglos XIX y XX (2006).

ÁNGELES LARIO, profesora en el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED. Investigadora del Programa «Ramón y Caj al», especialista en liberalismo y formas de gobierno, es autora, entre otras publicaciones, de El Rey, piloto sin brújula. La Corona y el sistema político de la Restauración (1875 - 1902) (1999). Coeditora y colaboradora de La Corona en la historia de España (2003), de entre sus artículos destacan: «El modelo liberal español» en Revista de Estudios Políticos, núm. 122, 2003, o «La Corona en el Estado Liberal. Monarquía y Constitución en la España del XIX», en Historia Contemporánea, núm. 17, 1998.

ROMÁN MIGUEL GONZÁLEZ, investigador en la Universidad de Cantabria, es especialista en la formación de las culturas políticas republicanas españolas del xlx, Premio de Historia de los Movimientos Sociales en Santander (2005), otorgado por la Fundación Bruno Alonso y el Ayuntamiento de Santander por su estudio de Los movimientos sociales republicanos y obreristas: la cultura política popular revolucionaria en Santander entre 1840 y 1923 y autor, además de diversos artículos y colaboraciones en libros, de La Pasión Revolucionaria. Culturas políticas republicanas y movilización popular en la España del siglo XIX en vías de publicación por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

JAVIER MORENO LUZÓN, profesor titular de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense de Madrid y subdirector general del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, es especialista en la vida política de la España de la Restauración (1875-1923); entre otras publicaciones, es autor de Romanones. Caciquismo y política liberal (1998), editor de Alfónso XIII. Un político en el trono (2003) y de Progresistas. Biografias de reformistas españoles (2006).

JAVIER MUÑOZ SORO, profesor durante diez años en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Cagliari (Italia). En 2006 fue contratado de investigación en la UNED. Actualmente es titular interino en la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja sobre legitimación democrática de la Monarquía de Juan Carlos 1. Especialista en historia política y cultural del franquismo, es autor entre otros de Cuadernos para el Diálogo (1963-1976). Una historia cultural del segundo franquismo (2006) y coeditor de Culturas y políticas de la violencia. España siglo XX (2005).

FLORENCIA PEYROU, doctora en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, es especialista en los demócratas y republicanos del xIx, autora de El republicanismo popular en España, 1840-1843 (2002), por el que obtuvo el Primer Premio de Investigación Histórica «Antonio Cabral Chamorro» otorgado por la Universidad de Cádiz y el Ayuntamiento de Trebujena en 2000 y de artículos sobre el republicanismo y la ciudadanía en revistas especializadas.

MARI CRUZ RoMEO MATEO, profesora titular del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia, es especialista en el liberalismo político y social. Autora de distintos trabajos en revistas nacionales y extranjeras, publicó últimamente sobre Joaquín María López y la política progresista.

MARÍA LUISA SÁNCHEZ-MEJÍA, profesora titular de Historia de las Ideas Políticas y Sociales en la Universidad Complutense de Madrid, está especializada en el pensamiento liberal europeo del siglo xIx y es autora, entre otras obras, de Benjamin Constanty la construcción del liberalismo posrevolucionario (1992) y varios estudios sobre Madame de Staél, Cabanis, Destutt de Tracy y sobre el primer liberalismo español.

RAQUEL SÁNCHEZ GARCÍA, profesora de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense, es especialista en liberalismo español en el siglo xix y la historia de la cultura impresa y autora, entre otras obras, de Alcalá Galiano y el liberalismo español (2005) y Románticos españoles (2006).

SUSANA SUEIRO SEOANE, profesora titular en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), es especialista en política colonial española durante el reinado de Alfonso XIII y más recientemente sobre franquismo y Transición y autora, entre otros, de España en el Mediterráneo. Primo de Rivera y la «cuestión marroquí» (1923-1930) (1993) y coautora de Una historia de El País y del Grupo Prisa. De una aventura incierta a una gran industria cultural (2004).

2 Á.Lario, «Monarquía y Constitución. La teoría constitucional y la práctica política», en El Rey, piloto sin brújula, Madrid, UNED-Biblioteca Nueva, 1999, capítulo 1. 1. ídem, «Monarquía Constitucional y gobierno parlamentario», Revista de Estudios Políticos, núm. 106, 1999. Ídem, «El modelo liberal español», Revista de Estudios Políticos, núm. 122, 2003. Ídem, «La Corona en el Estado Liberal. Monarquía y Constitución en la España del XIX», Historia Contemporánea, núm. 17, 1998, El Estado en España.

1 Como se puso de manifiesto en el Congreso Internacional «Las experiencias republicanas y monárquicas en México, España y América Latina» que se celebró en Morelia (México) del? al 9 de febrero de 2007.

a Véase como marco conceptual R.Ruiz Ruiz, La tradición republicana, Madrid, Dykinson, 2006.

4 En «El Nuevo Liberalismo en el diario independiente `El Sol" (1917-1923)», expuse las características del mismo, la nueva dimensión de la libertad política en la democracia, el nuevo papel del Estado, el fin del laissez (aire y el individualismo radical, la importancia y la extensión de los Derechos del hombre, en su dimensión social, el nuevo concepto social de igualdad, la función social de la propiedad, y el significado de algo propio de esta ideología y que es necesario entender en su justa dimensión: la democracia liberal orgánica; en Bulletin d'histoire Contemporaine de lEspagne, núms. 1-2, 1985.

2 Lo he tratado en El Rey, piloto sin brújula. La Corona y el sistema político de la Restauración (1875-1902), Madrid, UNEDBiblioteca Nueva, 1999; 1.1. «Monarquía ConstitucionalMonarquía Parlamentaria», y notas 9 y 10.

Este trabajo forma parte del proyecto de investigación realizado dentro del programa «Ramón y Cajal» del Ministerio de Eduación y Ciencia, financiado en 2005-2006 por la Comunidad Autónoma de Madrid (06/HSE/0234/2004).

a Para la ilustración en España, además de las clásicas obras de Maravall, Elorza, Sarrailh, Herr, Domínguez Ortiz, Peset, Sánchez Blanco, pueden verse las dedicadas al estudio concreto de temas constitucionales: Para la «filiación doctrinal de los diputados doceañistas»: J.Varela Suanzes-Carpegna, La teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico (Las Cortes de Cádiz), Madrid, CEC, 1983, capítulo 1; 1. Fernández Sarasola, Poder y libertad. Los orígenes de la responsabilidad del ejecutivo en España (1808-1823), Madrid, CEPyC, 2001 y «Las tendencias ideológicas durante las Cortes de Cádiz», págs. 335 y sigs.;. J.M.Portillo Valdés, Revolución de nación. Orígenes de la cultura constitucional en España, 1780-1812, Madrid, CEPyC, 2000, cap. I.

a Decía un delegado de la Convención que «Estoy presto a reconocer que sus poderes son grandes, mayores de lo que yo en principio estuve dispuesto a permitir. No creo, entre nous, que hubieran sido tan grandes de no haber puesto muchos de los delegados sus ojos en la persona de George Washington como presidente», en M.A.Genovese, The Power of the American Presidency 1789-2000, Nueva York, Oxford University Press, 2001, cit. por D.Ortiz, «La presidencia de los Estados Unidos ¿Un modelo de poder ejecutivo?», Espacio, Tiempo y Forma, V, t. 16, 2004, págs. 21-22. En este artículo hay una utilísima bibliografía en la primera nota. Sobre la influencia del republicanismo clásico en la primera hora revolucionaria trata R.Ruiz Ruiz, La tradición republicana, Madrid, Dykinson, 2006.

s En L.S.Bunch, y cols., The American Presidency. A Glorious Burden, Washington, DC, SIP, 2000, en D.Ortiz, «La presidencia de los Estados Unidos ¿Un modelo de poder ejecutivo?», cit., pág. 23. R.L.Blanco Valdés, «El Estado social y el Derecho Político de los Norteamericanos», en Modelos constitucionales en la historia comparada, Fundamentos, Oviedo, 2/2000; L Fernández Sarasola, Poder y libertad, cit., págs. 143 y sigs. (la interpretación de Madison en el sentido de Blackstone).

6 Arend Lijphart sostiene que «En teoría, es bastante posible instaurar un sistema presidencial con un presidente que ejerza de jefe de gobierno y un monarca que sea el jefe del Estado», es decir, manteniendo la dualidad del ejecutivo lo que en principio es una contraposición en los términos, pero reconoce que «no existen ejemplos empíricos de dicho sistema», y que «por lo general, se la considera incompatible (a la Monarquía constitucional) con el presidencialismo»: Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados en treinta y seis países, Ariel Ciencia Política, 2000 (ed. or., 1999), pág. 139. La definición de presidencialismo lo traté en «El papel de la Monarquía en el desarrollo constitucional europeo. El caso español. Del régimen de Asamblea al Parlamentario versus presidencialismo americano», en Alcores, núm. 7, 2007, en prensa.

9 «Había a la vez espíritu jacobino y espíritu inglés en las instituciones francesas que hace falta tomar como punto de partida para iluminar las idisioncrasias nacionales»: La monarchie imposible. Les Chartes de 1814 et de 1830, Fayard, 1994. Hay que reivindicar para la historiografía española lo que este autor reivindica para la historiografia francesa: tener más en cuenta la historia de las instituciones, la que aborda la extensión de las libertades y el progreso del Gobierno representativo, para poder aprehender la naturaleza de la tensión entre el liberalismo y la democracia que atraviesa toda la historia política francesa y la española. Del «momento inglés» en España trato en «Del liberalismo revolucionario al Liberalismo post-revolucionario en España. El triunfo final del camino inglés», en Espacio, Tiempo y Forma, V, núm. 17, 2005. J.Barthélemy, L'Introduction du régime parlamentaire en France Bous Louis XVIII et Carles X, París, 1904. Se puede consultar bibliografía al respecto en El Rey piloto sin brújula..., cit.; «Escritos de la época. Sistema Constitucional», págs. 486-488.

M.Barros van Buren, Historia diplomática de Chile, 2.a ed., 1990; cfr. S.Carrascoso Delgado, Génesis y vigencia de los textos constitucionales chilenos, Chile, Editorial Jurídica de Chile, 3.' edición actualizada, 2002 (1 .a, 1980), pág. 106. Andrés Bello fue el filósofo y literato que apoyó a Portales y que difundió el liberalismo moderado inglés, que en el Partido Conservador Chileno implicaba adoptar el llamado espíritu español: B.Subercaseaux, Historia de las ideas y de la cultura en Chile, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1997, págs. 33, 73 y 175. A la época se la denomina «República autoritaria»: A.Quezada Vergara, Diccionario de conceptos históricos y geográficos de Chile, Santiago de Chile, RIL editores, 2004, páginas 234 y sigs.

8 Sobre la idea de República y la tradición republicana, recogiendo los escritos de los más relevantes renovadores de estos estudios: Pettit, Skinner, Pocock, Peltonen: R.Ruiz Ruiz, La tradición republicana, cit., págs. 31-32. Véase el sugerente artículo de M.L.Sánchez-Mejía, «Repúblicas monárquicas y Monarquías republicanas. La reflexión de Sieyés, Necker y Constant sobre las formas de gobierno», REP, núm. 120, 2003; recogido en gran parte en este volumen. J.Varela Suanzes, «La Monarquía en el pensamiento de Benjamín Constant (Inglaterra como modelo)», en Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 10, 1991.

10 R.L.Blanco Valdés, «El estado social y el derecho político de los norteamericanos», cit., pág. 99. Véase J.M.Portillo Valdés, Revolución de nación, cit. Este sentido tiene la comisión para la recopilación y estudio de las viejas leyes en las Cortes de Cádiz. Sobre el historicismo «nacionalista... uno de los componentes doctrinales más significativos en la filiación de los diputados liberales de la metrópoli»: J.Varela Suanzes, La teoría del Estado, cit., págs. 46-51.

13 En el constitucionalismo alemán se definió la «Monarquía puramente constitucional» como aquella que no tenía doble ejecutivo, que no practicaba el Gobierno parlamentario, considerándose este principio parlamentario contrario al principio monárquico: W.Heun, «El principio monárquico y el constitucionalismo alemán del siglo XIX», en Modelos constitucionales en la historia comparada, cit., págs. 560-562 - que sostiene su posible salida parlamentaria. El concepto «constitucional» en el xix, la influencia de la doctrina alemana y la confusión terminológica lo traté ampliamente en El Rey, piloto sin brújula, cit., cap. 1, páginas 35-41, con amplia bibliografía, y en diversos artículos: «Monarquía Constitucional y Gobierno Parlamentario», en Revista de Estudios Políticos, núm. 106 (1999); «El modelo liberal español», en Revista de Estudios Políticos, núm. 122, Madrid, 2003. «La Corona en el Estado Liberal. Monarquía y Constitución en la España del XIX», en Historia Contemporánea (El Estado en España), núm. 17, 1998.

1! De su llegada a España dan fe el V Congreso Internacional de historia de los conceptos celebrado en Vitoria y en Bilbao en julio de 2003, y al que presenté una comunicación titulada «la Monarquía constitucional, el concepto, la historia y la historia del concepto». Las ponencias se publicaron en los números 27 y 28 de Historia Contemporánea (2003), y en el núm. 53 de Ayer (2004), Historia de los conceptos, editado por Javier Fernández Sebastián y J.Francisco Fuentes, en el que escribe el propio Koselleck, además de sobre Koselleck, la Bregriffsgeschichte, la escuela de Cambridge y la necesidad de un diccionario conceptual europeo.

Esa extraordinaria importancia del modelo inglés en la historia contemporánea europea es lo que hace decir a los propios ingleses que «Yo sólo empecé a ver el gran interés de la historia inglesa, cuando comencé a escribir un libro sobre la Europa continental de 1900»: Norman Stone, Profesor of Modem History, University of Oxford, en J.P.Kenyon, The Wordsworth Dictionary of British History, «Foreword», Wordsworth Editions, 1995. A.Jourdan, en una posición novedosa en la historiografia francesa, duda de la «excepción francesa» en su revolución y propone que para analizar ésta, tras el auge de estudios provocados por el bicentenario, hay que reconsiderar «les autres révolutions y compris celles de l'Angleterre qui... demeure á l'époque le modéle par excellence en raison de ses deux révolutions du XVII' et de la Constitution qui en a résulté»: La Révolution, une exception francaise?, Flammarion, 2004, pág. 43.

16 En el Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias (DSCGE) lo dice el diputado por Madrid, Zorraquín, el 28 de septiembre de 1811. Trato este aspecto en «El papel de la Monarquía en el desarrollo constitucional europeo. El caso español. Del régimen de Asamblea al Parlamentario versus presidencialismo americano», cit., y específicamente en «Del Liberalismo revolucionario al Liberalismo postrevolucionario...», cit.

17 Decreto de las Cortes de 24 de septiembre de 1810. No prosperó la moción de Mejía para que fuera el ejecutivo la mayor autoridad: DSCGE, el 21 de diciembre de 1810: tratado en «El papel de la Monarquía en el desarrollo constitucional europeo...», cit.

O.Duhamel y Y.Mény (dirs.), Dictionnaire constitutionnel, París, Presses Universitaires de France, 1992: la voz «Monarchie de Juillet» envía a las voces «Orléanisme» y «Régime parlamentaire», y bibliografía.

18 A.Jourdan, La Révohition, une exception francaise?, cit., especialmente, en «Une politique antimonarchiste», págs. 43-45, y «Une Assemblée belliciste», págs. 45-49. R.Martucci, «La Constitución inencontrable. Conflicto político y estabilización constitucional en Francia durante la transición de la Monarquía a la República (1789-1799)», en Fundamentos, 2/2000, cit.

19 Lo traté en «Del Liberalismo revolucionario al Liberalismo post-revolucionario», cit.

21 El «esquema revolucionario» en C.Hill, 1. Roy y J.Morrill, La revolución inglesa, Cuadernos de Historia 16, núm. 98, 1997, págs. 6-7. Explicaba Martínez de la Rosa muy gráficamente el paso «natural» de la revolución a la calma, concluyendo que «los pueblos, con esa especie de inexperiencia que se nota siempre en tales épocas, corren con sumo ímpetu hacia el fin de alcanzar la libertad... que a veces pasan más allá del término». La experiencia, la historia, frente a las puras teorías, daban carácter a las épocas de calma: 12 de noviembre de 1844, DSC, leg. 1844-1845, pág. 397.

22 B.Constant, Cours de Politique constitutionnelle, París, Nouvelle Edition, 2 v., 1836. Sobre Constant puede verse M.L.Sánchez-Mejía, Benjamin Constant y la construcción del liberalismo posrevolucionario, Madrid, Alianza Universidad, 1992. Sobre Bentham: Un fragmento sobre el gobierno. Jeremy Bentham; estudio preliminar, traducción y notas de E.Bocardo Crespo, Madrid, Tecnos, 2003; B.Pendás García, Jeremy Bentham; política y derecho en los orígenes del estado constitucional, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1988, y E.Burke, The Writings and Speeches of Edmund Burke, vol. 8, Oxford, Clarendon Press, 1996 y Reflexiones sobre la revolución en Francia, Madrid, Alianza, 2003.

23 W.Bagehot, The English Constitution, con introducción de Balfour (1.a ed., 1867; 2? ed. ampliada de 1872), Londres, 1949. El «ejecutivo dual», en M.Jiménez de Parga, Los regímenes políticos contemporáneos, Madrid, Tecnos, 1983.

24 Luigi Lacché, «Constitución, Monarquía, Palamento: Francia y Bélgica ante los problemas y "modelos" del constitucionalismo europeo (1814-1848)», en Modelos constitucionales en la historia comparada, cit., págs. 474-475.

2° Representación hecha al Re¡ Fernando VII, por don Álvaro Flórez Estrada, 1818, pág. 45 (conservada en la Hemeroteca Municipal de Madrid).

25 P.Bastid, L 'idée de constitution, París, 1985. Blanco Valdés en «El estado social y el derecho político de los norteamericanos», cit. señala «la (fuerza) de la historia en Europa» frente a la «fuerza de la razón» en Norteamérica: págs. 154-163, esp. 159.

26 Guizot fue «uno de los autores que había captado con mayor lucidez la sustancia del problema constitucional»: Lacché, cit., pág. 474; su discurso de 9 de noviembre, en pág. 515. No en vano tradujo del alemán el libro que Ancillon publicó en 1815 (sobre la soberanía y la Constitución) en el que interpretaba la obra de Montesquieu como remedio a las doctrinas absolutas y el dominio de las Constituciones racionales, abstractas, ajenas a las necesidades sociales: destacaba el gobierno mixto y el poder fraccionado: en A. de Dijn, «A Pragmatic Conservatism. Montesquieu and the Framing of the Belgian Constitution (1830-1831)», History of European Ideas, núm. 28.4, 2002.

29 L.Lacché, cit., págs. 514-515.

27 Lo traté en «El modelo liberal español», cit., pág. 190. Lacché, cit. pág. 477. La cita es de Lasala; cfr. en «la Monarquía herida de muerte...», en este mismo volumen.

31 Puede verse A.Rivera García, Reacción y revolución en la España liberal, Madrid, Biblioteca Nueva, 2006, 1 Parte, «Revolución».

ao J.M.Crouzatier, «Les constitutions francaise de 1789 a 1870», en Instittntions et vie politique, París, La documentation francaise, 1997, pág. 11.

28 Lacché, cit., pág. 498. Véase P.Rosanvallon, La Monarchie imposible. Les Chartes de 1814 et de 1830, cit.

32 Véase J.Varela Suanzes, «La Monarquía imposible: la Constitución de Cádiz durante el Trienio», en Anuario Histórico de Derecho Español (ARDE), t. LXVI, 1996. Fuente útil al respecto son los escritos de José Joaquín de Clararrosa (en origen el franciscano Juan Antonio Olavarrieta y cuyo «convulso itinerario» y «revelador destino» simboliza junto con Blanco White, Marchena y otros disidentes el cambio de siglo en España), Diccionario tragalológico y otros escritos políticos (1820-1821), editados, anotados e introduce¡dos por F.Durán López, en la colección «Textos Clásicos del Pensamiento Político y Social en el País Vasco», Bilbao, Universidad del País Vasco, 2005; en pág. 31 está la referencia a la necesidad de aumentar el poder del ejecutivo. Cita sobre el personaje en págs. 12-13.

33 La constante presencia británica en la dirección moderada del proceso político español y su influencia en 1834, en M.Rodríguez Alonso, «El Estatuto Real de 1834. El embajador británico en la preparación y redacción del Texto», en REP, núm. 44, Madrid, 1985.

34 En palabras de Martínez de la Rosa son los objetivos de la época posrevolucionaria, de la transacción y la estabilidad: 12 de noviembre de 1844: DSC, cit., pág. 401. Pidal el 11 de noviembre de 1844: DSC, pág. 377.

36 Véase Á.Lario, «La Monarquía Constitucional. Teoría y práctica política», en J.Tusell, Á.Lario y F.Portero, La Corona en la historia (le España, cit., pág. 128. El protagonismo de Fermín Caballero en «la botadura formal» del Partido Progresista: J.M.Cuenca Toribio, «En los orígenes de la España Contemporánea: 1836-1839. El nacimiento de los partidos políticos y de la idea de progreso», en REP, núm. 123, Madrid, 2003, pág. 13. El progresivo apoyo británico por «el carácter moderado y el temperamento razonable», en correspondencia Villiers-Palmerston: Public Record Office. Foreign Office (PRO.FO), 72/456 y sigs.

37 Son palabras del embajador inglés con ocasión de la reforma constitucional y el férreo control por Narváez: Bulwer-Aberdeen: PRO.FO 72/646 y sigs. En la prensa francesa, el Diario de los Debates habló de «bravata» de un partido; lo recoge Juan María Blanco de la Toja el 11 de noviembre de 1844, DSC, leg. 1844-1 845. Pero Joaquín M.López hablaba ya el 14 de marzo de 1837 «de los partidarios del Estatuto... que de poco tiempo a esta parte se ha quitado la máscara hasta el punto de hacer la guerra a los principios, condenando como absurdo e ilegítimo el origen del gobierno actual y de las mismas Cortes...»: DSC, leg. 1836-1837. La importancia del fin de la guerra carlista en el cambio de postura de los moderados en 1. Burdiel, Isabel II. No se puede reinar inocentemente, Madrid, Espasa Calpe, 2004, págs. 90-93.

15 DSC, leg. 1836-1837: discusión desde el 19 de diciembre de 1836, pág. 694 y sigs. Olózaga, págs. 694 y 697. Argüelles, pág. 717. Martínez de la Rosa, 11 de noviembre de 1844, cit.

40 Aunque perdiendo en la comparación con el caso francés por el federalismo de sus Juntas que «lo que hacen es desgarrar esta Monarquía»: Martínez de la Rosa el 11 de noviembre de 1844, cit. Acababan de protagonizar, sin embargo, juntos el pronunciamiento contra Espartero que llevó finalmente al poder a los moderados.

41 Castelar el 9 de abril de 1869 en el Congreso: DSCC de 1869. Para la idea de democracia en la época todavía recogida por Kant en 1795 entre «las formas malas de gobierno»-- y en la revolución americana y francesa: G.Sartori, Elementos de teoría política, cit., pág. 29. J.Dunn (dir.), Democracia. El viaje inacabado (508 a. C -1993 d..), Barcelona, Tusquets, 1995 (ed. or. 1992, Oxford). J.Fernández Sebastián, «Democracia», en J.Fernández Sebastián y J.F.Fuentes (eds.), Diccionario político y social del siglo XIX español, Madrid, Alianza Editorial, 2003, págs. 216-228. Tardaría en imponerse la visión positiva, más aún en España con la permanente amenaza carlista: J.Rico y Amat, Diccionario de los políticos o verdadero sentido de las voces y ,frases más usuales entre los mismos, 1855, págs. 140- 141 (Valladolid, edic. de Maxtor, 2001).

42 En 1890 se editó en Turín la Biblioteca de Scienze Politiche y, en su t. V, un título se dedicaba a la institución regia y la responsabilidad ministerial como garantía de la libertad civil y política.

46 G. de la Fuente Monge, «Monarquía y República en la España revolucionaria (1868-1873)», en este volumen. Sánchez Ruano protestó en las Cortes por este proceso de formación del gobierno, que denominó «contrarrevolución»: Figueras dijo que se levantaba una Monarquía como la que se había derribado. Castelar dijo que era una demencia aliar la Monarquía con la Democracia: DSCC, leg. 1869, 6 y 7 de abril. La lucha abierta de los republicanos en J.L.Ollero, «Tan cerca, tan lejos: Sagasta y los progresistas frente al republicanismo en el Sexenio Democrático», Espacio, Tiempo y Forma, V, núm. 18, 2006, Comunicaciones al Congreso Internacional Monarquía y República en la España Contemporánea.

47 Véase en este volumen las características y evolución de este partido y las diferentes culturas republicanas: R.Miguel, «Culturas políticas republicanas y revolución democrática en España durante el siglo XIX».

43 La admonición de Ríos Rosas contra su «correligionario»: DSCC, 1869, 9 de abril.

44 A.M.Calero, Discursos parlamentarios. Monarquía y democracia en las Cortes de 1869, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1987. G. de la Fuente Monge y R.Serrano García, La revolución gloriosa. Un ensayo de regeneración nacional (1868-1874). Antología de textos, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005, págs. 199-214.

45 DSC, leg. 1876-1877, Marqués de Sardoal el 6 de abril de 1876.

48 DSC, Fernández Jiménez el 5 de marzo de 1876. El marqués de Sardoal sostuvo que la Constitución histórica es el «derecho consuetudinario» pero el anterior a la Monarquía absoluta, al siglo xvi: ídem, el 6 de de marzo.

41 Sardoal, cit.

52 DSC, leg. 1876-1877, Fernández Jiménez el 5 de marzo de 1876 y apéndice al núm. 28, de 27 de marzo, págs. 1 y 2; apéndice al núm. 34, del 3 de abril, pág. 3.

54 Véase como ejemplo de su defensa del Gobierno parlamentario, la significativa crisis política de 1881, por la que Sagasta llega al poder: Á.Lario, El rey, piloto sin brújula, cit., págs. 149- 165. En la práctica Cánovas defendió más veces el poder de las Cortes que el del Rey, independientemente de sus discursos circunstanciales, y cuando defendía el del Rey era, en muchos casos, sobreponiéndose al mismo: véase crisis de junio 1897, págs. 323-331, y crisis de 1879, págs. 145 y sigs.

55 Pidal y Mon el 5 de abril de 1876: DSC, leg. 1876-1877; lo decía señalando la contradicción entre la presencia de los ministros responsables de Isabel II y la ausencia de la Reina, que había sido derrocada a pesar de ser en teoría el poder irresponsable.

5' La Monarquía en la Restauración y el modelo a que pertenece a través del estudio del papel del Rey en los cambios de gobierno, tanto teórico como práctico, lo analicé exhaustivamente en El Rey, piloto sin brújula, cit., págs. 57-82, y en «Apunte final. La dificil posición de la corona. El Rey piloto sin brújula», págs. 445-453. En 447 la Monarquía como «garante último de la organización socio-económica» y superior como poder neutro a la República.

51 La importancia política de la conformación del Senado de la Restauración y «este defecto de la Constitución» que sólo se percibió a final de la Regencia, en Lario, ídem, págs. 75-77.

53 Apéndice al núm. 34, del 3 de abril de 1876.

61 En este volumen, G.Capellán de Miguel, «La "accidentalidad" de las formas de gobierno. Monarquía y República en el krausismo español». Las características de ese «Nuevo Liberalismo» las definí en «El Nuevo Liberalismo en el Diario Independiente "El Sol", 1917-1923», en Bulletin d'Histoire Contemporaine de 1Espagne, cit. Sobre la virtud republicana: R.Ruiz Ruiz, La tradición republicana, cit.

60 Véase J.Álvaro Soto, «la cuestión monárquica durante el franquismo», en J.Tusell, Á.Lario y F.Portero (eds.), La Corona en la historia de España, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003.

51 Marqués de Sardoal el 6 de abril de 1876: DSC, leg. 1876-1877.

58 A.Cánovas del Castillo, «Soberanía popular y democracia», discurso en el Ateneo el 6 de noviembre de 1889, en Discursos en el Ateneo, pág. 202, cfr. en mi libro El Rey, piloto sin brújula, cit., págs. 445, 469 y sigs. La Monarquía como freno en págs. 57-63 y 452. El freno que significó el pacto, pág. 453. La democracia como dictadura social si no era democracia de propietarios, pág. 452.

59 J.M.Colomer, La transición a la democracia. El modelo español, Barcelona, Anagrama, 1998. J.Avilés, «Veinticinco años después: la memoria de la transición», en Historia del Presente, núm. 1, 2002.

56 Pidal, cit., el 5 de marzo de 1876. Ídem, Segunda intervención.

62 En este volumen S.Sueiro, «La contribución de la prensa al consenso monárquico. El diario El País y la Monarquía» y J.Muñoz Soro, «Hacia la transición. Monarquía y República en los debates de la prensa (1962-1975)».

63 «El parlamentarismo supone la articulación de la función de mando en un constante diálogo Gobierno-oposición; Cortes-Gobierno, Cortes-electorado, mayoría-minorías. Y en el arbitraje de ese diálogo encuentra su mejor justificación la monarquía parlamentaria»: Herrero de Miñón, 5 de mayo de 1978: Diario de Sesiones de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas (DSCAC) se llevan a cabo a puerta cerrada pero con asistencia de los medios de comunicación---

64 Lo hace López Rodó el 12 de julio de 1978: DSCAC, cit.: «la Corona española es la más antigua del mundo occidental», recordando que «aventaja en cuatro siglos a la del Reino Unido», que no deja de verse como el modelo monárquico por excelencia, a pesar del reiteradamente utilizado ejemplo sueco.

67 El 4 de julio, en la votación del Dictamen por artículos, el Grupo socialista se abstuvo en lo referente a la forma monárquica (art. 1.3), justificándolo por su «voto particular republicano» en la Comisión y las «enmiendas contradictorias» - republicanas - existentes en relación con el citado voto y la Ponencia. Pero «aceptamos plenamente el resultado que se produzca en esta Cámara» y ratifican el anuncio de que «votaremos favorablemente al conjunto del título II». De hecho fue una votación donde las abstenciones alcanzaron gran protagonismo: de 317 votos, 196 fueron a favor, 1 15 fueron abstenciones y 9 en contra: DSCC, cit.

68 Todas las intervenciones en DSCC, cit., el 5 de mayo de 1978. Carrillo y Peces-Barba en el Debate General, el 4 de julio de 1978.

66 Añadiendo Herrero que ese reconocimiento lo hacían «incluso (...) los partidos (...) más lejanos a nuestro planteamiento», cit.

65 Barrera Costa, el 12 de julio, cit.

69 Barrera Costa, por Ezquerra de Cataluña, extraordinariamente activo en la presentación de enmiendas yen los debates.

72 Por ejemplo, la alusión de Herrero de Miñón, cit., a 1931 como ejemplo del nuevo estilo parlamentario: trabajo en comisiones, Parlamento sobrio y eficaz, etc.

70 Decía Herrero de Miñón que «El Estado social es la consecuencia ineludible del Estado de Derecho a la altura de nuestro tiempo; es el Estado que no sólo garantiza la libertad, sino que toma aquellas medidas que hacen posible esa libertad», pero cree que «todo esto se hace sin necesidad de decirlo». Le contesta Peces-Barba por el Partido Socialista recordando que «este concepto de Estado democrático de derecho (...) es un criterio científicamente acuñado por la doctrina y que no se puede desconocer ni variar»: DSCC, 5 de mayo de 1978.

71 Quizá el que más insistió en estas características de la Monarquía Parlamentaria, incluso adoctrinan do sobre la diferencia entre reinar y gobernar, haya sido Herrero de Miñón: véase DSCC, de 4 de julio de 1978. La posición del Jefe del Estado en un sistema parlamentario, y con «un amplio respaldo»: PérezLlorca, el 12, ídem.

74 Barrera Costa, Pérez Llorca y Fraga Iribarne, el 12 de julio de 1978: DSCC. Cit. Es Barrera, de Ezquerra de Cataluña, quien nos informa sobre la constitución sueca.

73 Véanse las posturas contrapuestas de Herrero de Miñón y Francesc de Carreras en J.Tusell, Á.Lario y F.Portero, La Corona en la historia de España, Madrid, Bibliteca Nueva, 2003. Herrero de Miñón como diputado constituyente explicó los significados de la «triple función» de la Corona: «la función moderadora, la función arbitral y la función simbólica», siendo la más activa la arbitral, que implicaba la «designación del Presidente del gobierno» en su tarea de arbitraje en «el juego de los partidos... arbitraje que o lo ejerce una institución como la Presidencia de la Cámara, ineludiblemente ligada a un partido, o lo ejerce quien está por definición por encima de todo partido y se identifica con el Estado mismo, esto es, el Rey». Ídem, el 4 de julio de 1978. Esa función de árbitro es la que rechaza en su enmienda Barrera Costa, el 12 de julio, a favor de la de moderador únicamente: «un árbitro es el que interpreta las reglas de juego y el que las hace cumplir... el verdadero árbitro (...) es el Tribunal Constitucional (...) El Rey, en todo caso, en su función de moderador, podría solicitar el arbitraje del pueblo», y pone como ejemplo la Monarquía sueca.

7s Discurso del Rey en la apertura de las primeras Cortes de la democracia: DSCC, 22 de julio de 1977.

76 Herrero de Miñón, en representación de UCD, consideró «sumamente certero (...) haber definido la monarquía parlamentaria como forma política del Estado. Porque precisamente creemos que el centro de gravedad del poder del Estado se encuentra en las Cortes generales, y esto es el parlamentarismo» -al menos a la altura del siglo xx, desechados históricamente los regímenes de Asamblea, cit.

77 Informe de la Ponencia al Anteproyecto de Constitución: Boletín Oficiad de las Cortes (BOC), 17 de abril de 1978, pág. 506. La Monarquía como «forma de Estado», siguiendo la tradición alemana de «unidad política», la defendió López Rodó (Alianza Popular), enfatizando su carácter de «representante de la nación», de «cabeza de la nación» remontándose a las Partidas y a Balmes, a las jefaturas republicanas y a la propia Constitución de 1931, de una nación «vertebrada y articulada», no «amorfa», aunque otros diputados hablaron indiferentemente de «forma de Estado» o de «forma de gobierno». Peces-Barba calificó la enmienda de López Rodó de «nostálgica» del Rey soberano de la «Monarquía absoluta» (fue rechazada con 113 abstenciones -entre ellos de UCD de 253 votos emitidos). Y Jiménez de Parga, todos el 12 de julio de 1978: DSCC, cit.

78 Son significativas las citas de autoridad que hace López Rodó en defensa de esas enmiendas - sin contar con las citas históricas, tradición que viene desde Cádiz, y el Padre Mariana: va de Balmes a Vázquez de Mella, llegando a Gil Robles. Daba la sensación de pensar más bien en una Monarquía decimonónica, en el mejor de los casos, pero no en una Monarquía democrática, al estilo sueco. No parecía manejar lecturas clásicas de la conformación contemporánea de la Monarquía. Eso sí, cita el Privy Council de la Monarquía inglesa. Pérez Llorca, muy oportunamente, le recuerda las características de una Monarquía Parlamentaria, en la que el Consejo del Rey no debe ser otro que el gobierno, y las del derecho constitucional inglés, que hay que interpretar «a través de lo que es la convención constitucional». En este caso el rechazo del Consejo de la Corona fue contundente, por 263 votos de los 280 emitidos, y sin ninguna abstención: DSCC el 12 de julio de 1978.

79 Se votó el 12 de julio de 1978. Por el grupo comunista explica el voto la señora Calvet Puig que recuerda que «la Constitución... no cierra puertas a futuras leyes que mejoren la situación de la misma». Por el grupo socialista habló de esa discriminación Enrique Múgica Herzog.

1 La imagen del magma, acertada no sólo por lo heterogéneo de su composición sino por lo efervescente y volcánico de muchas de sus manifestaciones, es de Peyrou, Florencia (Demócratas y republicanos en el período isabelino. Organización, discurso y práctica política), tesis doctoral inédita, Universidad Autónoma de Madrid, 2005, págs. 48, 49, 57, 58, etc. Este trabajo contiene la más documentada disección de los orígenes del republicanismo en España hasta ahora llevada a cabo. Agradezco sinceramente a su autora haberme proporcionado copia del mismo.

2 «La crisis del republicanismo», en España, núm. 66, 1916.

3 «Discurso pronunciado en Granada (...) en una reunión republicana», en E.Castelar, Discursos parlamentarios y políticos en la Restauración, Madrid, Ángel San Martín, s. f., 1, 17, 16.

4 El progreso, 2 de julio, 1912. Citado por J.B.Culla, «Ni tan jóvenes ni tan bárbaros. Las Juventudes en el republicanismo lerrouxista barcelonés», en Ayer, núm. 59, 2005 (3), pág. 61.

6 J.Costa, Obra Selecta, fascículo 1, pág. 140.

7 La Justicia, núm. 31, octubre de 1899. La opinión de Salmerón respecto a la licitud e idoneidad de la violencia en política, y en particular el levantamiento o la rebelión, parece haber sido siempre algo fluctuante (como tantas cosas en él). Desde un presupuesto teórico de repudio, no sólo estuvo más o menos directamente vinculado a las conspiraciones de los últimos años del reinado de Isabel II, sino que en su alianza con Ruiz Zorrilla, especialmente entre 1876 y 1877, no hizo demasiados ascos a la perspectiva del pronunciamiento, descartando esa posibilidad más bien en razón de sus escasas posibilidades de éxito. Si en la segunda mitad de este último año planteaba a su camarada en la jefatura del Partido Republicano Reformista «Renuncia[r] a los descabellados propósitos de impotente conspiración» era, más bien por lo accidental, no lo sustancial, del asunto; es decir, por lo impotente de la misma y no por la conspiración en sí. Por eso a renglón seguido recomendaba «luchar dentro de la legalidad y preparar a la vez (...) medios materiales de revolución» (citado por F.Martínez López, «Nicolás Salmerón y Alonso. Entre la revolución y la política», en J.Moreno Luzón (ed.), Progresistas, Madrid, Taurus, 2006, pág. 152. Véase igualmente págs. 138, 143, 151 y 158: su posición dirigente en la Unión republicana de 1903 se basó en que «hizo hincapié en la utilización de los métodos de fuerza»). En el lenguaje republicano «revolución» tenía un sentido inequívoco, a saber, «asalto violento a la legalidad establecida para transmutarla».

s Es sabido que, de hecho, el establecimiento del sufragio universal no trajo consigo cambios en el comportamiento electoral: la movilización siguió siendo baja, la participación irregular y escasa y, después de la aprobación de la ley de 1907 y su artículo 29 (propuesta, por cierto, del republicano Azcárate), la mayoría de los distritos se adjudicaban sin competencia y el gobierno que convocaba elecciones las ganaba sin duda. Véase J.Tusell, «El sufragio universal en España (1891-1936): un balance historiográfico», en Ayer, núm. 3, 1991, págs. 13-62.

s M.Suárez Cortina, El gorro frigio. Liberalismo, Democracia y Republicanismo en la Restauración, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000, págs. 315-316.

9 J.Scott, «Classical Republicanism in Seventeenth Century England and the Netherlands», en M. van Gelderen y Q.Skinner (eds.), Reprblicanisrn: A Shared European Heritage, vol. 1, Republicanism and Constitutionalisnz in Early Modern Europe», Cambridge, Cambridge University Press, 2002, págs. 61-83.

0 W.R.E.Valema, «"That a Republic is better than a Monarchy". Anti-monarchism in Early Modem Dutch Political Thought», en ídem.

11 N.J.Grossman, «Republicanism in Nineteenth Century England», International Review of Social History, núm. 7, 1962, págs. 47-60. F.A.D'Arcy, «Charles Bradlaugh and the English Republican Movement, 1868-1878», The Historical Journal, núm. 25, 2, 1982, págs. 367-383.

2 B.Constant, De la possibilité d'une constitution républicaine dans un grand pays (1799-1803), en (Euvres Completes, vol. IV, Tubinga, Max Niemeyer Verlag, 2005.

3 La discusión se desarrolló en las páginas del periódico Le Moniteur, y la postura de Sieyés apareció los días 6 y 16 de julio de 1791. La polémica era falsa por cuanto había un acuerdo previo entre ambos para exponer sus posturas de esta forma. Hay traducción española en E.Sieyés, Escritos y discursos de la Revolución, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1990, págs. 203-215.

6 «Opinion de Sieyés sobre varios artículos de los títulos IV y V del proyecto de Constitución» en E.Sieyés, Escritos y discursos de la Revolución, ob. cit., pág. 260.

Ibíd., pág. 210.

s Ibíd., pág. 212.

10 Constitution de Pan III, título V.

12 Las primeras elecciones (1795) estuvieron de hecho falseadas ya que, nada más proclamarse la Constitución, la Convención termidoriana decretó que dos tercios de los diputados que habían de elegirse de acuerdo con la nueva Ley tenían que ser obligatoriamente antiguos Convencionales. Se quería evitar así que el voto de los emigrados y de los contrarrevolucionarios llevara al legislativo una mayoría conservadora.

3 Los resultados de las elecciones de 1797 confirmaron el temido triunfo de los monárquicos. Para impedir que llegaran a sentarse en las Cámaras, el Directorio, con ayuda del ejército, llevó a cabo el denominado golpe de 18 fructidor y procedió a la detención, y posterior deportación, de 52 diputados y de los miembros más destacados del Partido Monárquico.

14 Recogido por P.Bastid, Sieyés et sa pensée, ob. cit., págs. 181-182.

Ibíd., págs. 264-265. Un estudio en profundidad de las propuestas constitucionales de Sieyés puede encontrarse en P.Bastid, Sieyés et sa pensée, París, Hachette, 1970.

8 Sieyés denomina a este órgano unas veces Jury Constitutionnaire y otras Jury de Constitution.

Véase «Opinión de Sieyés sobre las atribuciones y organización del Tribunal Constitucional. Discurso pronunciado en la Convención nacional el 18 de Thermidor, año III de la República», en E.Sieyés, Escritos y discursos de la Revolución, ob. cit., págs. 273 y sigs.

11 Ibíd., título VI, arts. 164 a 168.

I5 Boulay de Meurthe, «La teoría constitucional de Sieyés», en E.Sieyés, Escritos y discursos de la Revolución, ob. cit., pág. 309.

16 Ibíd., pág. 310.

18 Véase P.Bastid, ob. cit., pág. 461.

~~ Ibíd., pág. 313.

22 J.Necker, Du popuvoir exécutif dans les grands états, en Euvres Complétes, París, Treuttel et Würtz, 1821, vol. VIII, pág. 15.

20 J.-L. De Lolme, Constitution de lAnglaterre, ou État du gouvernement anglais, comparé avec la for me républicaine et avec les autres monarchies de l'Europe, 1771. La obra de De Lolme conoció numerosas ediciones en las últimas décadas del siglo xvm y primeras del xix y tuvo una gran influencia en el pensamiento político europeo, y especialmente en Francia, pero ofrecía una visión un tanto distorsionada del funcionamiento real del sistema inglés.

La obra se publica en 1802. Necker muere en 1804.

24 J.Necker, Du pouvoir exécutif..., ob. cit., págs. 71-83 y 312-317.

23 J.Necker, De la Révolntion franeaise, recogido por H.Grange, Les idées de Necker, París, Klincksieck, 1974, pág. 273.

Las investigaciones recientes estarían más en la línea interpretativa de Necker que la que hacían muchos de sus contemporáneos. Véase J.Black, The Politics of Britain. 1688-1800, Manchester y Nueva York, Manchester University Press, 1993.

25 J.Necker, De la Révolution francaise, recogido por H.Grange, ob. cit., pág. 460.

26 Todo este diseño constitucional aparece en J.Necker, Derniers vues..., ob. cit., Section II. «Republique une, indivisible, et soumise aux lois d'égalité», págs. 81-188.

27 Derniéres vues..., ob. cit., pág. 249.

28 Ibíd., pág. 237.

29 Madame de Staal, Des circonstances actuelles qui peuvent tenniner la Révolution et des príncipes qui doivent fonder la république en France, París-Ginebra, Droz, págs. 10-11. Hay traducción española en Madame de Staél, Escritos políticos, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993.

3o Ibíd., pág. 45.

31 Dernieres vues, Section VII, «D'une république aristocratique, sous une autorité élective ou héréditaire», págs. 264-271.

32 Roederer, Cours d'organisation social, en (Euvres, París, Firmin-Didot, 1853-1859, vol. VIII, páginas 130 y sigs.

aa Roederer, Discours concernant le projet de loi présenté pour le Gouvernement pour la formation des listes de notabilité, 13 Ventóse, An IX (4 de marzo de 1801), en (Euvres, vol. VII, pág. 140.

14 Según los artículos 52 a 62 de la Constitución del Año X, el Primer Cónsul podía designar a su heredero o bien públicamente o de manera secreta, escribiendo su nombre en un documento sellado que sólo se abriría tras su muerte. Sin embargo no se especificaba si, en caso de designación pública, ésta podía ser revocada posteriormente por el Primer Cónsul o si se debía considerar como definitiva. Por otra parte, el Senado podía aceptar o rechazar al heredero nombrado en secreto. Todas estas disposiciones creaban una profunda incertidumbre sobre el futuro de la República.

as Véase nota 2.

36 B.Constant, De la possibilité d'une constitution republicaine..., ob. cit., pág. 406.

37 Ibíd., pág. 618.

38 Ibíd., págs. 622.

a9 En 1814 publica De 1'esprit de conquéte et de 1'usurpation, dirigido contra las ambiciones políticas y la autocracia de Napoleón.

40 Una buena biografía política e intelectual de Constant puede encontrarse en K.Kloocke, Benjamin Constant. Une biographie intelectuelle, Genéve-París, Droz, 1984. Un análisis del pensamiento de Constant en estos años aparece en mi libro Benjamin Constant y la construcción del liberalismo posrevolucionario, Madrid, Alianza Universidad, 1992.

41 París, Eymery, 1815. Hay traducción española en Benjamin Constant. Escritos políticos, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989, págs. 3-205.

42 Principes de politique, en (Euvres, París, Gallimard, 1957, pág. 1082.

43 Ibíd., pág. 1085.

2 Tentativas notables en ese sentido se ofrecen en A.Ávila, «Pensamiento republicano hasta 1823» y R.Rojas, «La frustración del primer republicanismo mexicano», ambos en J.A.Aguilar y R.Rojas (coords.), El republicanismo en Hispanoamérica. Ensayos de historia intelectual y política, México, Fondo de Cultura Económica y Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2002, págs. 313-350 y 388-423.

Ya los c - votes crían alas ty es preciso desplumarlos, Puebla, Reimpreso en la oficina del Patriota, 1827, pág. 1, en BN.LAF, 416.

4 E.O'Gorman, La supervivencia política novo-hispana. Monarquía o República, México, Universidad Iberoamericana, 1986, pág. 28. José Manuel Hidalgo afirmó igualmente que después de la conspiración de Arenas «no volvió a haber proyectos de monarquía» hasta el que se dio a conocer por Gutiérrez Estrada. Véase J.M.Hidalgo, Proyectos de monarquía en México, México, Editorial Jus, 1962, págs. 37-38. Sin embargo, existe al menos un proyecto previo, singular por lo demás, que vale la pena mencionar: el «Plan Monárquico» de Epigmenio de la Piedra, fechado en Acatzingo el2 de febrero de 1834.

6 Véase al respecto H.Clark Castan-Crook, Los movimientos monarquistas en México, México, El Colegio de México, 1977, cap. 2; M.Soto, La conspiración monárquica en México, 1845-1846, México, EOSA, 1988; J.Delgado, La monarquía en México (1845-1847), México, Editorial Porrúa, 1990, cap. 4.

Véase al respecto M.A.Landavazo, «La imagen del rey español y la política mexicana, 1810-1833» en A.Sánchez Andrés y R.Figueroa Esquer (coords.), México y España en el siglo XIX Diplomacia, relaciones triangulares e imaginarios nacionales, México, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2003, págs. 161-193.

s Carta dirigida al excelentísimo señor presidente de la República, sobre la necesidad de buscar en una Convención el posible remedio de los males que aquejan a la República; y opiniones del autor acerca del mismo asunto, México, Imprenta de Ignacio Cumplido, 1840, págs. 5-8, 36-42 y 58.

9 O'Gorman, 1986, págs. 33-34, 46-50; Castan-Crook, 1977, págs. 121-177.

8 E.J.Palti (comp. e introd.), La política del disenso. La «polémica en torno al monarquismo» (México, 1848-1850)... y las aporías del liberalismo, México, Fondo de Cultura Económica, 1998, págs. 29-58.

7 V éase E.O'Gorman, 1986, págs. 28-33.

10 Sobre esto consúltese É.Pan¡, Para mexicanizar el Segundo Imperio. El imaginario político de los imperialistas, México, El Colegio de México, Instituto Mora, 2001.

V.Mínguez Cornelles, Los reyes distantes. Imágenes del poder en el México virreinal, Castelló, Universitat Jaume 1, Diputació de Castelló, 1995, págs. 23-28.

12 V.Mínguez Cornelles, 1995, págs. 54-55, 64 y 77-78.

3 Mínguez Cornelles, 1995, pág. 78.

14 F.Castillo Urbina, El pensamiento de Francisco de Vitoria. Filoso/la política e indio americano, Barcelona, Editorial Anthropos, Universidad Autónoma Metropolitana, 1992 [Pensamiento Crítico/Pensamiento Utópico, 69. Serie Filosofia Política], págs. 295-316; J.-A. Gallego, «Los reinos de indias, de tierra de conquista a sumisión pactada», en C.Russell y J.A.Gallego (dirs.), Las monarquías del Antiguo Régimen, ¿monarquías compuestas?, Madrid, Editorial Complutense, 1996 [Cursos de Verano de El Escorial], págs. 149-164.

6 J.A.Gallego, 1996, pág. 164.

17 O.Carlos Stoetzer, Las raíces escolásticas de la emancipación de la América española, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1982, pág. 33.

8 C.Lisón Tolosana, La imagen del rey. Monarquía, realeza y poder ritual en la Casa de los Austrias, Madrid, Espasa Calpe, 1991, págs. 26-28.

20 V éase al respecto M.Crahan, 1974, págs. 42-52 y M.Sarfatti, Spanish Bureaucratic-Patrimonialism in America, Berkeley, Institute of International Studies, University of California, 1966, págs. 30-32.

19 M.Crahan, «Spanish and American Counterpoint: Problems and Possibilities in Spanish Colonial Administrative History», en R.Graham y P.Smith (eds.), New Approaches to Latin American History, Austin y Londres, University of Texas Press, 1974, pág. 52.

F.Castillo Urbina, 1992, págs. 295-316; J.A.Gallego, 1996, págs. 149-164.

21 W.Borah, El Juzgado General de Indios en la Nueva España, México, Fondo de Cultura Económica, 1985, págs. 381-407.

23 F.Castro, 1996, págs. 102-103; J.Leddy Phelan, El pueblo y el rey. La Revolución comunera en Colombia, 1781, Bogotá, Carlos Valencia Editores, 1980; G.Rudé, «Las revueltas "por la Iglesia y el Rey"», en La multitud en la historia. Los disturbios populares en Francia e Inglaterra, 1730-1848, Madrid, Siglo XXI, 1989, 4 a ed., págs. 141-155.

22 F.Castro, La rebelión de los indios y la paz de los españoles, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Instituto Nacional Indigenista [Historia de los pueblos indígenas de México], 1996, págs. 83-86; E. van Young, «El enigma de los reyes: mesianismo y revuelta popular en México, 1800-1815», en La crisis del orden colonial. Estructura agraria y rebeliones populares de la Nueva España, 1750-1821, México, Alianza Editorial, 1992, págs. 365-399.

25 Instrucción pastoral del ihcstrísinro Señor Doctor Don Antonio Bergosa y Jordán, Obispo de Antequera de Oaxaca, Caballero de la Real y distinguida Orden Española de Carlos Tercero, del Consejo de Su Majestad, etc., que dirige ti su venerable Clero y amados Diocesanos, México, Impreso en la Oficina de Doña María Fernández de Jáuregui, 1809, pág. 5; Exhortación a los Patrióticos Distinguidos de Fernando Séptimo, de un americano de los mismos, México, s. p., 1810, pág. 4.

27 C.Marichal, «La bancarrota del virreinato: finanzas, guerra y política en la Nueva España, 17701808», en J.Z.Vázquez (coord.), Interpretaciones del sigloXVIII mexicano. El impacto de las reformas borbónicas, México, Nueva Imagen, 1992, págs. 163-174.

24 Véase al respecto F.-X. Guerra, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, págs. 150-156; M.A.Landavazo, «El imaginario monárquico en la Nueva España de 1808: Coyuntura política y mentalidad histórica» en Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, núm. 34, Morelia, julio-diciembre de 2001, págs. 35-72.

26 Véase al respecto M.A.Landavazo, «La fidelidad al Rey. Donativos y préstamos novohispanos para la guerra contra Napoleón», en Historia Mexicana, vol. XLVIII, núm. 3 (191), México. enero-marzo de 1999, págs. 493-521.

28 Como la conocida Representación que el obispo de Michoacán, Manuel Abad y Queipo, redactó a nombre de 537 propietarios de la Intendencia de Valladolid. Véase al respecto R.Flores Caballero, «La Consolidación de Vales Reales en la economía, la sociedad y la política novohispanas», Historia Mexicana, vol. XVIII, núm. 3, México, enero-marzo de 1969, págs. 334-378; Marichal, 1992, 174-183.

29 Es el caso de Marichal, 1992, págs. 153-186.

31 M.Hidalgo, «Amados compatriotas religiosos, hijos de esta América», s. 1., s. E, en E.Lemoine, La Revolución de Independencia. 1808-1821. Testimonios. Bandos, proclamas, manifiestos, discursos, decretos y otros escritos, México, Departamento del Distrito Federal, 1974 [La República Federal Mexicana. Gestación y nacimiento, 41, págs. 42-44.

32 «El Supremo Congreso Mexicano a todas las Naciones», Puruarán, febrero de 1815, en Documentos importantes para la historia del Imperio Mexicano, México, en la Imperial de don Alejandro Valdés, 1821, págs. 5-6.

3o Sobre la importancia crucial de 1808 y los valores tradicionales véase Guerra, Modernidad e independencias, cap. IV; M.A.Landavazo, «¿Exacción o lealtad?: los indios ante la coyuntura de las guerras borbónicas», en Cuicuilco, vol. 3, núm. 7, México, mayo-agosto de 1996, págs. 159-173.

35 L.Alamán, Historia de México, desde los primeros movimientos que prepararon su Independencia en el año de 1808 hasta la época presente, 5 vols., México, Instituto Cultural Helénico, Fondo de Cultura Económica, 1985, 1, págs. 413-414.

36 Archivo General de la Nación en México (AGNM en adelante), Operaciones de Guerra, vol. 646, fs. 125-127: «Francisco de las Piedras al Exmo. Sr. virrey gobernador», Huauchinango, 10 de septiembre de 1812.

37 AGNM, Operaciones de Guerra, vol. 933, f. 114: «El Sr. Don Fernando Séptimo y en su Real nombre la Suprema Junta Nacional Americana instalada para la conservación de sus derechos, defensa de nuestra religión santa, e indemnización y libertad de nuestra oprimida patria», Palacio Nacional de Sultepec, 21 de agosto de 1811.

33 S.Teresa de Mier, Historia de la revolución de Nueva España, antiguamente Anáhuac, 2 tomos, México, Instituto Cultural Helénico, Fondo de Cultura Económica, 1986, tomo II, pág. 637.

34 «Bando», Licenciado Ignacio Rayón, Doctor don José Sixto Berduzco, José María Liceaga, Por mandado de Su Majestad la Suprema Junta Nacional, Palacio Nacional de Zitácuaro, 21 de agosto de 1811, en Juan E.Hernández y Dávalos (comp.), Colección de Documentos para la historia de la guerra de independencia de México de 1808 a 1821, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1985, tomo III, doc. 96, págs. 403-404.

39 Otro más, un indio del pueblo de San Pedro Tlahuitilpan, escribió una carta en la que le decía a su destinatario que Fernando estaba en Querétaro con Ignacio Allende y «mucha gente que trae de acompañamiento». AGNM, Criminal, vol. 175, s. n. e., fs. 369-392; AGNM, Criminal, vol. 454, exp. 8, fs. 239-260; AGN, Criminal, vol. 194, exp. 1, fs. 1-12.

41 AGNM, Operaciones de Guerra, vol. 105, fs. 5-8.

38 Ibíd, págs. 611-612.

40 AGNM, Operaciones de Guerra, vol. 443, fs. 13-16.

43 M.Toral, Desengaño de falsas imposturas. Parte tercera. Dedicada por su autor a los señores asturianos, México, Imprenta de Arizpe, 1812, págs. 8-9, en Biblioteca Nacional de México, Colección Lafragua (BNM.LAF en adelante), vol. 180.

46 «Causa formada a los jefes realistas que entregaron el arsenal y puerto de San Blas al sr. Cura José María Mercado», s. 1., 8 de febrero de 1811, en Hernández y Dávalos, 1985, tomo 1, doc. 86, pág. 236.

42 Véase al respecto M.A.Landavazo, La máscara de Fernando VII. Discurso e imaginario monárquicos en una época de crisis. Nueva España, 1808-1822, México, El Colegio de México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, El Colegio de Michoacán, 2001, cap. 5.

aa F.Reygadas, Discurso contra el fanatismo y la impostura de los rebeldes de Nueva España, 1811, págs. 21-23, en BNM.LAF, vol. 312.

41 Semanario Patriótico Americano, núm. 14, domingo 18 de octubre de 1812, en T.García Díaz, La prensa insurgente, México, Departamento del Distrito Federal, 1974, vol. 5, págs. 416-462.

48 AGNM, Operaciones de Guerra, vol. 467: Lic. Ignacio López Rayón, «Proclama», Cuartel General en Zacatlán, 26 de julio de 1814.

47 M.A.Landavazo, La máscara de Fernando VII, 2001, págs. 251-265.

49 El Rey a los habitantes de América, Puebla, reimpreso en la oficina de Pedro de la Rosa, 1820, páginas 1-4, en BNM.LAF, vol. 127.

51 Recuerdos del 9 de julio de 1820. Carta del Colegial al Pensador Mexicano, México, En la oficina de don Alejandro Valdés, 1820, en BNM.LAF, vol. 251.

52 R. A., El loco entre los locos, México, Oficina de don José María Betancourt, 1820, págs. 4-5, en BNM.LAF, vol. 144.

50 Exhortación que a sus Compatriotas los Españoles Americanos dirige Fr. José María Medina, Predicador general de la Provincia de S.Diego de México y Director de la Archicofradía del Cordón en Guanajuato, México, Oficina de Juan Bautista de Arizpe, 1820, pág. 1, en BNM.LAF, vol. 147.

53 V éase al respecto J.Ocampo, Las ideas de un día. El pueblo mexicano ante la consumación de su independencia, México, El Colegio de México, 1969, págs. 13-45 y 66-1 14; T.Anna, El imperio de Iturbide, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Alianza Editorial, 1990 (Los Noventa), páginas 13-38; J. del Arenal Fenochio, «Una nueva lectura del Plan de Iguala», Revista de Investigaciones Jurídicas, año 18, núm. 18, México, 1994, págs. 45-75.

54 Anna, 1990, págs. 13-38.

56 «Introducción». El Mejicano Independiente, 1821, tomo l, págs. VI-VII, en García Díaz, 1974, vol. 6, págs. 440-441.

58 J. M. G. de R., Advertencias sobre el juramento de la independencia, México, Imprenta americana de D.José María Betancourt, 1821, pág. 7, en BNM.LAF, vol. 443; «Representación que al Exmo. Sr. D.Ciriaco de Llano, comandante general de esta Provincia, dirigen los ciudadanos vecinos de los barrios de esta Ciudad», Triunfo de la Libertad de la Imprenta, núm. 5, Puebla, 1821, págs. 1-4, en BNM.LAF, vol. 416; Discurso pronunciado por el Ilmo. Sr. Dr. D.Antonio Joaquín Pérez Martínez obispo de la Puebla de los Ángeles, entre las solemnidades de la misa que se cantó en la catedral de la misma el día 5 de agosto de 1821 acabada de proclamar y jurar la independencia del Imperio Mejicano, Puebla, Oficina del Gobierno Imperial, 1821, págs. 5-6, en BNM.LAF, vol. 878; J.N.Peimbert, Desafio literario sobre la independencia de la América Septentrional de la antigua España, Guadalajara, En la oficina de don Mariano Rodríguez, 1821, págs. 5-6, en BNM.LAF, vol. 769.

ss AGNM, Operaciones de Guerra, vol. 336, fs. 310-311: Ignacio Rebollo al virrey Conde del Venadito, Querétaro, 14 de marzo de 1821; Un Incógnito, Advertencias de un americano incógnito a sus conciudadanos, México, Imprenta de Don Mariano Ontiveros, págs. 1-4, en BNM.LAF, vol. 253; Plan del señor lturbide analizado por un americano, México, Oficina de los ciudadanos militares don Joaquín y don Bernardo de Miramón, s. a., págs. 1-4, en BNM.LAF, vol. 955.

El Mc jicano Indcpcndiente, núm. 6, sábado 14 de abril de 1821, tomo 1, págs. 59-61, en García Díaz, 1974, vol. 6, págs. 491-493.

s9 A.Rubio Fuentes, Ni extraños emperadores, ni república queremos, Guadalajara, Oficina de Doña Herculana del Villar y socios, 1822, págs. 2-3, en BNM.LAF, vol. 212.

60 «Carta primera de un compadre sacristán a un mandadero de Monjas», El Centzontli, núm. 3, México, 1822, págs. 7-8, en BNM.LAF, vol. 433.

61 Véase al respecto M.P.Costeloe, La respuesta a la independencia. La España imperial y las revoluciones hispanoamericanas, México, Fondo de Cultura Económica, 1990, págs. 82-97.

62 Sobre esto véase M.P.Costeloe, La primera república federal de México (1824-1835). Un estudio de los partidos políticos en el México independiente, México, Fondo de Cultura Económica, 1975, páginas 90-97 y 137-148 y H.D.Sims, La expulsión de españoles de México (1821-1828), México, Secretaría de Educación Pública, 1985 (Lecturas Mexicanas, 79), págs. 21-29 y 148-165.

63 El Coyote Manso, Manuel Gómez Pedraza, segundo emperador de los mexicanos, México, Imprenta de las escalerillas, 1828, págs. 4-5, en BNM.LAF, vol. 442.

65 Llegada de D.Francisco de Paula a Veracruz, Puebla, Reimpreso en la oficina del Patriota, 1827, págs. 1-2, en BNM.LAF, vol. 416.

66 Ya los coyotes crían alas y es preciso desplumarlos, Puebla, Reimpreso en la oficina del Patriota, 1827, pág. 1, en BNM.LAF, vol. 416.

67 Sobre esto véase M.P.Costeloe, La primera república, 1975, págs. 90-97 y 137-148 y H.D.Sims, La expulsión de españoles, 1985, págs. 21-29 y 148-165.

64 Un soldado, Prisión de un general gachupín por el Plan del padre Arenas, Puebla, Reimpresa en la Imprenta del Ciudadano Pedro de la Rosa, 1827, págs. 1-2; El piadoso con los gachupines, Que mueran los gachupines y la patria será libre, Puebla, Reimpreso en la oficina de Moreno Hermanos, 1827, pág. 1; Triunfo de la libertad contra sus enemigos, Puebla, Reimpreso en la oficina del ciudadano Pedro de la Rosa, 1828, págs. 1-3; todos ellos en BNM.LAF, vol. 416.

2 Patricio de la Escosura, Ni rey ni roque. Episodio histórico del reinado de Felipe II, año de 1595, Madrid, Círculo de Amigos de la Historia, s. a., pág. 234. Debo el conocimiento de esta obra a Xavier Andreu. Sobre el autor, véase Antonio Iniesta, D.Patricio de la Escosura, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1958.

3 J. 1. Marcuello Benedicto, «La práctica del poder moderador de la Corona en la época de Isabel II», Revista de Estudios Políticos, núm. 55 (1987), págs. 197-237; R.Sánchez Mantero, «El nacimiento de la Monarquía liberal en España», en J.Tusell, Á.Lario y F.Portero (eds.), La Corona en la historia de España, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003, págs. 87-104.

J.Vilches, Progreso y libertad. El partido progresista en la revolución liberal española, Madrid, Alianza, 2001.

6 Los preparativos y la actuación de Prim, en P.Anguera, El general Prim. Biografía de un conspirador, Barcelona, Edhasa, 2003, págs. 423-530. Sobre la revolución de 1868 y el Sexenio, véanse G. de la Fuente, Los revolucionarios de 1868, Madrid, Marcial Pons, 2000, R.Serrano (ed.), «El Sexenio Democrático», en Ayer, núm. 44 (2001) y R.Serrano (dir.), España, 1868-1874. Nuevos enfoques sobre el Sexenio Democrático, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2002.

s V.Álvarez Villamil y R.Llopis (eds.), Cartas de conspiradores. La revolución de septiembre, Madrid, Espasa Calpe, 1929, págs. 248 y sigs.

1. Burdiel, Isabel II No se puede reinar inocentemente, Madrid, Espasa Calpe, 2004.

s M.C.Romeo Mateo, «La tradición progresista: historia revolucionaria, historia nacional», en Manuel Suárez Cortina (ed.), La redención del pueblo. La cultura progresista en la España liberal, Santander, Universidad de Cantabria, 2006, págs. 81-113.

10 J.Varela Suanzes-Carpegna, «La Constitución española de 1837: una Constitución transaccional», Revista de Derecho Político 20 (1983-1984), págs. 95-106 y El conde de Toreno. Biografía de un liberal (1786-1843), Madrid, Marcial Pons, 2005, págs. 204-206.

9 J.T.Villarroya, El sistema político del Estatuto Real (1834-1836), Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1968 e 1. Burdiel, La política de los notables. Moderados y avanzados durante el Régimen del Estatuto Real (1834-1836), Valencia, Institució Alfons el Magnánim, 1987.

12 A.Borrego, El 48. Autocrítica del liberalismo, Madrid, Iter ediciones, 1970, pág. 80 y N.Pastor Díaz, «Discurso sobre la reforma de la Constitución de 1837, pronunciado en el Congreso, en la sesión de 30 de octubre de 1844», Obras completas, Madrid, BAE, 1970, vol. II, págs. 372 y 370, respectivamente.

13 Las opiniones de la prensa al respecto, en P.Díaz Fernández, «La Constitución de 1837: ¿Qué tipo de Monarquía queremos?», Espacio, Tiempo y Forma, núm. 18 (2006), serie V.

14 Diario de Sesiones de Cortes, 19 de noviembre de 1836, pág. 325. El dictamen fue aprobado por 124 votos contra 6. La supremacía de la nación fue precisamente el argumento mayor que emplearon futuros progresistas como Fermín Caballero o Pascual Madoz, entre los más señalados, para oponerse a las bases de la reforma constitucional que reforzaban las prerrogativas reales; cf DSC, 19 de diciembre de 1836, págs. 700-701; 21 de diciembre de 1836, págs. 727-730 ó 17 de marzo de 1837, págs. 2199-2205.

Isabel Burdiel, Isabel II.., págs. 154-168.

15 DSC, 20 de noviembre de 1836.

17 DSC, 20 de diciembre de 1836, pág. 719, intervención de Argüelles.

18 DSC, 30 de noviembre de 1836, apéndice primero al núm. 43, págs. 2-3. La expresión «poder virtual» referida a la opinión pública procede de J.Fernández Sebastián, «L'avénement de l'opinion publique et le probléme de la représentation politique (France, Espagne, Royaume-Uni)», en J.Fernández Sebastián y J.Chassin (coords.), L'avénement de 1'opinion publique. Europe et Amérique XVIIIe siécles, París, L'Harmattan, 2004, pág. 228.

19 En rigor, resulta muy dudoso afirmar que los constituyentes de 1812 organizaron una monarquía constitucional. A este respecto, véase J.Varela Suanzes-Carpegna, La teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico (Las Cortes de Cádiz), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983, págs. 415-421.

20 L.Jaume, L 'individu effacé ou leparadoxe du libéralisure francais, París Fayard, 1997, págs. 185-192. J.Varela Suanzes-Carpegna, «La Monarquía en el pensamiento de Benjamín Constant (Inglaterra como modelo)», Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 10 (1991), págs. 121-138.

DSC, 21 de diciembre de 1836, págs. 733-734.

21 DSC, 24 de diciembre de 1836, pág. 770.

23 DSC, 19 de diciembre de 1836, pág. 698, intervención de Olózaga y 20 de marzo de 1837, páginas 2249-2250, intervención de Vicente Sancho.

24 DSC, 19 de diciembre de 1836, pág. 699, intervención de Olózaga.

22 Se partía de la idea de que «los derechos de la Corona» estaban «por fortuna» «muy en armonía con los de la Nación»; por tanto, «el gran bien, la gran ventaja que resulta de los adelantamientos políticos en la formación de los gobiernos, consiste en que se ha acertado no sólo a conciliar, sino hasta a enlazar el interés de los Reyes con el de los pueblos, y en que dando a estos últimos una representación y una intervención positiva, quitando del poder de los Monarcas sólo lo que le era funesto, lo rodean de una valla formada por la justicia y por la conveniencia pública, que nada puede vencer ni destruir». DSC, 20 de marzo de 1837, página 2254, intervención de Joaquín María López. Constitucionalmente, existía un modelo al que acogerse, el belga, basado en la soberanía nacional y el veto real (aunque se hizo un uso muy esporádico). A diferencia de la Francia de 1830, la ley fundamental belga de 1831 establecía que «Todos los poderes emanan de la nación» (art. 25), «El Rey, la Cámara de Representantes y el Senado ejercen colectivamente el Poder legislativo» (art. 26) y «La iniciativa pertenece a cada una de las tres ramas del Poder legislativo» (art. 27), ade- más de fijar similares prerrogativas reales (nombra y separa ministros, sanciona y promulga las leyes, disuelve las Cámaras, etc.). J.Varela (ed.), Textos básicos de la Historia Constitucional comparada, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998, págs. 272 y 276-278.

25 J.R.Urquijo y Goitia, La revolución de 1854 en Madrid, Madrid, CSIC, 1984, pág. 62.

26 Ibíd., págs. 132 y 133.

27 Isabel Burdiel, Isabel II... pág. 378.

28 La política y planteamientos de estos grupos han sido estudiados de manera exhaustiva por F.Peyrou, Demócratas y republicanos en el período isabelino. Organización, discurso y práctica política, tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 2006.

29 DSC, 30 de noviembre de 1854, pág. 268. El conde de Reus expuso la misma conclusión: España sin monarquía sería «el caos, la confusión, la anarquía, la disolución», pág. 291.

ao DSC, 30 de noviembre de 1854, pág. 275, intervención de Fernando Corradi en defensa de otra proposición monárquica y liberal, firmada también por Juan Antonio Seoane y Pedro Calvo Asensio, entre otros.

31 DSC, 30 de noviembre de 1854, pág. 276, intervención de Patricio de la Escosura y págs. 286-289, intervención de Luján, ministro de Fomento. La referencia a Estados Unidos, en C. de Pascual, Observaciones al prospecto del periódico El Siglo y Programa político y administrativo del partido progresista constitucional, Madrid, Imp. de J.M.Ducazcal, 1847, págs. 22-23. La obra es una defensa de la monarquía constitucional contra las tesis republicanas y demócratas. En cualquier caso, era un argumento, como mínimo, muy débil, si se tiene en cuenta la actuación del Estado español en relación con la trata de esclavos y Cuba.

3a DSC, 13 de enero de 1855, apéndice segundo al núm. 57, pág. 1344.

32 DSC, 30 de noviembre de 1854, pág. 276, intervención de Patricio de la Escosura.

aa DSC, 14 de febrero de 1855, pág. 2171.

35 DSC, 29 de enero de 1855, págs. 1728-1729, intervención de Salustiano de Olózaga. He tratado la versión patricia de la voluntad general desde la perspectiva progresista, en M.C.Romeo, «De patricios y nación. Los valores de la política liberal en la España de mediados del siglo XIX», Mélanges de la Casa de Velásquez, núm. 35, 2005, págs. 119-141.

37 DSC, 30 de enero de 1855, pág. 1.753. La non nata Constitución de 1856 dibujaba unos poderes de la Corona similares a los de 1837 pero con ciertas limitaciones.

36 DSC, 3 de febrero de 1855, pág. 1855. Se discutía la sanción real de la ley fundamental. La idea del «contrato bilateral» de 1833 entre Corona y Nación es un lugar común de muchos publicistas y políticos progresistas desde la década de 1840 hasta 1868.

39 DSC, 6 de marzo de 1855, págs. 2704-2715. Sobre el Senado en la época isabelina, véase J. 1. Marcuello Benedicto, «Próceres y senadores en el reinado de Isabel II», en M.Pérez Ledesma (coord.), El Senado en la historia, Madrid, Dirección de Estudios y Documentación, 1998, 2 T ed., págs. 174-225. Finalmente se propuso una Cámara Alta de base electiva pura sin intervención regia.

4° DSC, 25 de mayo de 1855, pág. 5105.

as La votación, en DSC, 6 de febrero de 1855, págs. 1932-1934; el resultado fue de 130 votos a favor contra 107.

41 P.Rosanvallon, La monarchie impossible. Les Chartes de 1814 et de 1830, París, Fayard, 1994.

42 J.M.López, «Esplicaciones (sic) pronunciadas en el Ateneo de Madrid en el año 1853 al 54, sobre los Gobiernos representativos en Europa, lo que deberían ser y lo que son», en Colección de discursos parlamentarios, defensas forenses y producciones literarias de D.Joaquín María López publicados por D.Feliciano López, Madrid, Imp. de Manuel Minuesa, 1856, pág. 239.

43 M.Kirsch, Monarch und Parlament ¡in 19. Jahrhundert. Der monarchische Konstitutionalismus als europkischer Verfassungstyp-Frankreich im Vergleich, Gotinga, Vandenhoeck und Ruprecht, 1999. Debo a Jesús Millán el conocimiento de esta obra. Para el caso español, véanse, entre otros, los estudios de J. 1. Marcuello Benedicto, La práctica parlamentaria en el reinado de Isabel II, Madrid, Congreso de los Diputados, 1986; A.M.Calero (coord.), La Corona en la historia constitucional española, Revista de Estudios Políticos, núm. 55, 1987; M.Artola, «La Monarquía parlamentaria», Ayer, núm. 1, 1991, págs. 105- 123 y Á.Lario, «La monarquía constitucional: teoría y práctica política», en J.Tusell, Á.Lario y F.Portero (eds.), La Corona en la historia de España..., págs. 105-145.

46 DSC, 7 de abril de 1837, págs. 2547-2548 y 13 de noviembre de 1855, págs. 8179-8181.

Todavía en 1865 se seguía afirmando que «el Rey debe ser jefe de la Nación y no tener partido»; cfr. C.Rubio, Progresistas y demócratas. Cómo y para qué se han unido. ¿Pueden constituir una sola comunión en lo futuro?, Madrid, Imp. de La Iberia, 1865, pág. 15.

45 DSC, 13 de noviembre de 1855, págs. 8179-8181, intervención de Olózaga. Argumentaba que la responsabilidad era de los ministros en los Gobiernos representativos.

47 J.M.López, Curso político-constitucional, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1987, páginas 59 y 65-66.

48 J.M.López, Curso político-constitucional..., págs. 61, 68 y 28-29. Sobre este progresista, véase M.C.Romeo, «Joaquín María López. Un tribuno republicano en el liberalismo», en J.Moreno Luzón, Progresistas. Biografías de reformistas españoles (1808-1939), Madrid, Taurus/Fundación Pablo Iglesias, 2005, págs. 59-98.

50 C.Rubio, Teoría..., pág. 33. Por entonces, ser monárquico era «un deber», «una conveniencia» y el rasgo distintivo de los progresistas frente a los demócratas; cfr. La monarquía y el progresismo, 1864.

49 C.Rubio, Teoría del progreso, 1859, Madrid, Imp. de Manuel de Rojas, pág. 25.

51 A.M.Banti, Storia della borghesia italiana. L'etá liberale, Roma, Donzelli, 1996, págs. 6-7. Además, la nacionalización de los Saboya se vería facilitada por su enfrentamiento contra Austria y la Iglesia en pro de la creación del Reino de Italia en 1861.

52 Hemos analizado la influencia de la herencia de 1812 y de la cultura política de la soberanía nacional en el contexto político del siglo x[x, en J.Millán y M.C.Romeo, «Was the liberal revolution important to modem Spain? Political cultures and citizenship in Spanish history», Social History, núm. 29, 2004, páginas 284-300.

sa I.Burdiel, Isabel II.., pág. 316.

F.Cánovas Sánchez, El partido moderado, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1982, página 310. Para una visión general de la monarquía en este período: R.Sánchez Mantero, «El nacimiento de la monarquía liberal en España», en J.Tusell, Á.Lario y F.Portero (eds.), La Monarquía en la historia de España, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003, págs. 87-104.

2 La teoría política de los moderados ha sido calificada, con acierto, de imprecisa (F.Gómez Ochoa, «Pero, ¿hubo alguna vez once mil vírgenes?», en M.Suárez Cortina [ed.], Las máscaras de la libertad. El liberalismo español, 1808-1950, Madrid, Marcial Pons, 2003, pág. 145).

4 A.Garrorena, El Ateneo..., pág. 32.

3 A.Garrorena, El Ateneo de Madrid y teoría política de la monarquía liberal, 1836-1847, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1974.

6 F.Tomás y Valiente, «Estudio preliminar» a J.F.Pacheco, Lecciones..., pág. LIII.

J.F.Pacheco, Lecciones de derecho político, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1984, pág. 74.

7 J.F.Pacheco, Lecciones..., pág. 75.

s J.F.Pacheco, Lecciones..., pág. 88. Isabel Burdiel, en su biografía de la reina Isabel, ha puesto de manifiesto la importancia que tuvo durante el reinado el sexo de la reina y que fuera precisamente una mujer el primer monarca español plenamente constitucional (Isabel II. No se puede reinar inocentemente, Madrid, Espasa Calpe, 2004).

J.F.Pacheco, Lecciones..., pág. 133.

12 J.F.Pacheco, Lecciones..., pág. 175.

3 Véase especialmente la página 179 de sus Lecciones.

1° A.Garrorena, El Ateneo..., pág. 643.

J.F.Pacheco, Lecciones..., pág. 127.

14 Sobre Alcalá Galiano: R.Sánchez García, Alcalá Galiano y el liberalismo español, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2005.

15 «Defensa de la monarquía», en El Piloto, 28 de mayo de 1839.

16 A.Alcalá Galiano, Lecciones de derecho político, Centro de Estudios Políticos, Madrid, 1984, pág. 298.

20 A.Alcalá Galiano, Lecciones..., pág. 93.

19 Muchos años después reflexionará Alcalá Galiano a fondo sobre lo que entiende por libertad, estableciendo la clásica distinción liberal entre libertad política y libertad civil en un artículo de gran interés titulado: «Dos palabras sobre la libertad», en La América, 27 de abril de 1864, págs. 6-8 (también en A.Alcalá Galiano, Textos y discursos políticos, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003, págs. 211-221).

17 A.Alcalá Galiano, Lecciones..., pág. 105.

18 A.Alcalá Galiano, Lecciones..., pág. 120.

21 A.Alcalá Galiano, Lecciones..., pág. 107.

22 A.Alcalá Galiano, Lecciones..., pág. 112.

23 A.Alcalá Galiano, Lecciones..., pág. 158.

24 Sobre la incapacidad de los parlamentos en la elaboración de leyes, véanse sus Lecciones de derecho político, especialmente en la página 121 y siguientes.

25 A.Alcalá Galiano, Lecciones..., pág. 203.

26 A.Alcalá Galiano, Lecciones..., pág. 205.

28 A.Alcalá Galiano, Lecciones..., pág. 309.

z' A.Alcalá Galiano, Lecciones..., pág. 109.

29 A.Alcalá Galiano, Lecciones..., pág. 313. Es el mismo análisis que realiza para las monarquías democráticas.

3o J.Donoso Cortés, «Memoria sobre la monarquía», en Obras completas, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1946, tomo 1, pág. 70.

32 J.Donoso Cortés, «De la monarquía absoluta en España», en Obras..., tomo 1, pág. 481.

36 L.Díez del Corral, El liberalismo doctrinario, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1984, pág. 577.

31 Diario de Sesiones, Congreso, 16 de noviembre de 1844. También en J.Donoso Cortés, Obras completas, tomo II, pág. 17.

33 J.Donoso Cortés, «De la monarquía absoluta en España», en Obras..., tomo 1, págs. 481-482.

14 J.Donoso Cortés, «Proyecto de ley fundamental», en Obras..., tomo 1, pág. 339.

37 J.Donoso Cortés, «Proyecto de ley fundamental», en Obras..., tomo 1, pág. 338.

31 J.Donoso Cortés, «Dictamen sobre la reforma constitucional», en Obras..., tomo II, pág. 4.

as J.Donoso Cortés, «El gobierno y la conducta de la Reina Madre», en Obras..., tomo 1, págs. 683-684.

39 J.Donoso Cortés, «Reinados de menor edad», en Obras..., tomo 1, pág. 910.

4° J.Donoso Cortés, «La ley electoral», en Obras..., t. 1, pág. 187.

41 J.Donoso Cortés, «La ley electoral», en Obras..., t. I, pág. 194. Contrapone Donoso la inteligencia (principio de unidad) a la libertad (principio de disolución): «Las inteligencias se atraen; las libertades se excluyen. La ley de las primeras es la fusión y la armonía; la ley de las segundas, la divergencia y el combate» (Lecciones de derecho político, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1984, pág. 9). Así, y como dirá en la página siguiente, la inteligencia crea la sociedad mientras que la libertad hace necesario el Gobierno.

42 El Piloto, 6 de junio de 1839.

43 Véase, por ejemplo: «Discusión en el Congreso sobre la devolución de los bienes al clero», en El Pensamiento de la Nación, 26 de marzo de 1845 y 2 de abril de 1845. También en J.Balmes, Obras completas, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1950, vol. VII, págs. 105-127.

45 «El protestantismo comparado con el catolicismo en sus relaciones con la civilización europea», en J.Balmes, Obras..., tomo IV, pág. 640.

47 «Lo que se quiere y lo que no se quiere», en El Pensamiento de la Nación, núm. 30, 28 de agosto de 1844. También en J.Balmes, Obras..., tomo VI, págs. 749-759.

44 «Más sobre la situación de España», en La Sociedad, 15 de marzo de 1843. También en Obras completas, tomo VI, págs. 243-249.

46 «Origen, carácter y fuerza de los partidos políticos en España. Artículo 4.°», en El Pensamiento de la Nación, 17 de abril de 1844. También en J.Balmes, Obras..., t. VI, págs. 492-498.

49 Véanse al respecto dos artículos suyos aparecidos en El Pensamiento de la Nación los días 24 de abril y 1 de mayo de 1844 (aparecen también reproducidos en las Obras..., tomo VI, págs. 511-524).

50 «Reflexiones sobre el malestar de España, sus causas y remedios», en El Pensamiento de la Nación, 9 de octubre de 1844. También en Obras.... t. VI, págs. 85 1-857.

51 «Las preocupaciones políticas y el espíritu de partido», en El Pensamiento de la Nación, 21 de febrero de 1844. También en Obras.... tomo VI, págs. 411-419.

52 «Albión», en La Sociedad, 15 de marzo de 1843. También en Obras..., t. VIII, págs. 260-264.

48 «Reforma de la Constitución», en El Pensamiento de la Nación, núm. 23, 10 de julio de 1844. También en J.Balmes, Obras..., tomo VI, págs. 663-670.

54 A.Borrego, De la organización de los partidos en España considerada como medio de adelantar la educación constitucional de la nación y de realizar las condiciones del gobierno representativo, Madrid, 1855, págs. 233-234.

53 «Consideraciones filosófico-políticas», en La Sociedad, 15 de agosto de 1843. También en Obras..., tomo VI, págs. 341-356. Esta observación acerca de las efectos del liberalismo (tanto en lo social como en lo económico) forma parte de otro de los grandes temas que interesaron a Balmes: el problema social derivado del capitalismo, la industrialización y el liberalismo. En esta cuestión nos ofrecerá Balmes unas perspectivas de análisis más abiertas (aunque siempre dentro de un trasfondo tradicionalista).

56 A.Borrego, Antecedentes históricos y vicisitudes por que han pasado las doctrinas del partido conservador. Estudio político por don Andrés Borrego, Madrid, 1884, pág. 49.

n El Correo Nacional, 27 de marzo de 1839.

57 El Correo Nacional, 1 de abril de 1839.

58 Sobre esta polémica, véase R.Sánchez García, «El periódico El Piloto y la ideología política del partido moderado», en M.Cantos Casenave (ed.), Redes y espacios de la opinión pública. XII Encuentro «De la Ilustración al Romanticismo», Cádiz, Universidad de Cádiz, 2006, págs. 495-504.

61 A.Borrego, Causas de la razón de ser del republicanismo en España. Estudio político, Madrid, 1885, págs. 22-23.

59 Pese a que Borrego habla de esta circunstancia en algunas ocasiones, no menciona a qué está haciendo concretamente referencia, salvo en la cita ya recogida: «(...) se dio un terrible golpe a la veneranda institución con el matrimonio de doña Isabel II y sus consecuencias» (De la organización de los partidos..., pág. 234).

60 A.Borrego, Lo que ha sido, lo que es y lo que puede llegar a ser el partido conservador, Madrid, 1857, pág. 70.

62 F.Cánovas Sánchez, El partido moderado, pág. 403.

63 Diario de Sesiones, Congreso, 29 de octubre de 1844, pág. 68. Evidentemente, los moderados no podían criticar de forma directa la Constitución de 1837 porque la habían aceptado tras llegar a un acuerdo con los progresistas (véase al respecto J.Varela Suanzes, «La constitución española de 1837: una constitución transaccional», en Revista de Derecho Político [UNEDI, núm. 20, 1983, págs. 95-106).

64 J.Donoso Cortés, Obras completas, tomo II, pág. 5.

65 Diario de Sesiones, Congreso, 30 de octubre de 1844.

67 Diario de Sesiones, Congreso, apéndice al núm. 23 de 5 de noviembre de 1844.

66 Durante el gobierno de Bravo Murillo, entre 1851 y 1852, se volvió a plantear la cuestión del Senado. Bravo Murillo, en su proyecto de constitución diseñó una reforma del Senado según la cual una parte de los puestos de senador quedarían reservados para los titulares de propiedades vinculadas, fórmula jurídica del Antiguo Régimen abolida desde 1836 que se pretendía resucitar en lo que respecta a esta cuestión del Senado (lo que da una clara idea del carácter reaccionario del proyecto del presidente del Consejo de Ministros).

69 Diario de Sesiones, Congreso, 16 de noviembre de 1844, pág. 288.

70 Como nos demostró 1. Marcuello, en «La práctica del poder moderador de la Corona en la época de Isabel II», en Revista de Estudios Políticos, núm. 55, 1987, págs. 197-236.

Diario de Sesiones, Congreso, 16 de noviembre de 1844, pág. 285.

71 A.Borrego, Lo que ha sido, lo que es y lo que puede llegar a ser el partido conservador, Madrid, 1857, pág. 21.

7z «La monarquía y la unidad gubernativa en la sociedad española», en El Pensamiento de la Nación, 28 de febrero de 1844. En J.Balmes, Obras..., t. VI, 427-429.

73 A.Alcalá Galiano, Lecciones de derecho político, pág. 89.

74 «De la institución, organización y atribuciones de las diputaciones provinciales», en Revista de Madrid, 1844. También en A.Alcalá Galiano, Textos y discursos políticos, pág. 99.

75 A.Alcalá Galiano, Textos y discursos políticos, pág. 103.

76 P.Rosanvallon, La monarchie imposible. Les Chartes de 1814 et de 1830, Fayard, París, 1994.

77 G.M.Jovellanos, Consulta de la convocación de las Cortes por estamentos, en sus Obras publicadas e inéditas, Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, Atlas, 1973, tomo XLVI, pág. 597. Acerca de la teoría política española contemporánea a Jovellanos disponemos de varias obras, como las de J.Varela Suanzes, La teoría del estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico (las Cortes de Cádiz), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983; J. M .a Portillo, Revolución de nación. Orígenes de la cultura constitucional en España, 1780-1812, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales-Boletín Oficial del Estado, 2000; N.González, Crisis de los imperios. Monarquía y representación política en Inglaterra y España, 1763-1812, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2005.

78 Me remito al respecto al trabajo de Á.Lario, «Monarquía constitucional. El concepto, la historia y la historia del concepto». Este texto se presentó en el VI Congreso de Historia de los Conceptos, Vitoria-Gastéiz, junio-julio de 2003. Agradezco a la autora el haberme facilitado la consulta del original.

2 R.A.Dahl, La democracia y sus críticos, Barcelona, Paidós, 1992, pág. 35.

a M.Geuna, «La tradizione repubblicana e i suoi interpreti: famiglie teoriche e discontinuitá concettuali», Filosof'aa Politica, Anno XII, núm. 1, abril de 1998. J.G.A.Pocock, El momento maquiavélico, Madrid, Tecnos, 2002; Q.Skinner, «The Republican Idea of Political Liberty», en G.Bock, Q.Skinner y M.Viroli (eds.), Machiavelli and Republicanism, Cambridge, CUP, 1990 y Liberty before Liberalism, Cambridge, CUP, 1998. P.Pettit, Republicanismo, Barcelona, Paidós, 1998 (1 ed., 1997).

El republicanismo clásico partió de una crítica a la democracia griega, defendiendo una «constitución mixta» para evitar la conversión de aquélla en una oclocracia. El objetivo de Aristóteles en la Politica era el establecimiento de un gobierno libre y justo, y para ello clasificó las formas de gobierno de acuerdo con el número de individuos que participaban en el mismo: la monarquía era el gobierno de uno, la aristocracia, el de los pocos, y la democracia, el de los muchos. Cada una de estas formas tenía una virtud propia: el gobierno de uno tenía la virtud del liderazgo; el de pocos, la prudencia y el de muchos, la experiencia. Ninguno de estos gobiernos era malo si su objetivo era conseguir el bien común. Pero, si ejercían el poder de acuerdo con el interés particular, degeneraban y pasaban a ser despóticos. Por otro lado, según la teoría clásica de la anacyclosis, todas las formas políticas se corrompían inevitablemente y generaban en este proceso una forma nueva, que se corrompía dando lugar a otra, y así sucesivamente. Era un proceso circular de despotismo e inestabilidad del cual Aristóteles quiso escapar con su teoría del Gobierno mixto.

6 N.Matteucci, «República», en N.Bobbio y N.Matteucci (dir.), Diccionario de política II, ob. cit., pág. 1434; J.J.Rousseau, Contrato social, Madrid, Espasa Calpe, 1997, pág. 70.

s M.Canovan, «Republicanism», en S.M.Lipset (ed.), The Encyclopedia ofDemocracy, Washington, Congressional Quarterly, 1995, pág. 1060. B.Fontana, «Introduction: the invention of the modem republic», en B.Fontana, The Invention of the Modern Republic (ed.), Cambridge, CUP, 1994. A.Mastropaolo, «Democracia», en N.Bobbio y N.Matteucci (dir.), Diccionario de política. I, Madrid, Siglo XXI, 1983, pág. 500. J.N.Shklar, «Montesquieu and the new republicanism», en G.Bock, Q.Skinner y M.Viroli (eds.), Machiavelli and republicanism, Cambridge, CUP, 1990. E.García Guitián, «El discurso liberal: democracia y representación», R. del Águila, F.Vallespín y otros, La democracia en sus textos, Madrid, Alianza, 1998, pág. 120. A partir de Montesquieu se inició un debate en torno a la cuestión de la posibilidad de recuperar la república antigua en el que es perceptible la dificultad que suponía para los teóricos de este período la sustitución de la participación jerárquica de una ciudadanía restringida en el gobierno de acuerdo con las diferentes funciones que se asignaban a cada uno, por la práctica de la representación de un cuerpo de ciudadanos mucho más extenso en igualdad de condiciones, que alejaba a éstos de la esfera política. En este debate destacaron dos respuestas diferentes: la recreación de la misma por parte de Rousseau y su sustitución por un nuevo republicanismo expansivo más acorde con el mundo moderno, que fue el objetivo de los Federalistas. Vease F.Furet y M.Ozouf (ed.), Le siécle de l'avénement républicain, París, Gallimard, 1993.

9 M.Geuna, «La tradizione repubblicana e i suoi interpreti: famiglie teoriche e discontinuitá concettuali», ob. cit. He identificado algunos de estos rasgos en los discursos demócrata-republicanos isabelinos en F.Peyrou, Demócratas y republicanos en el período isabelino. Organización, discurso y práctica política, Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 2006.

10 R.Koselleck, «Modernidad», en Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, Barcelona, Paidós, 1993.

7 N.Matteucci, «República», ob. cit., pág. 1434. N.Botana, La tradición republicana. Alberdi, Sarmiento y las ideas políticas de su tiempo, Buenos Aires, Debolsillo, 2005, pág. 31.

s M.W.Smith, «Republicanism», F.N.Magill (ed.), International Encyclopedia of Government and Politics, vol. II, Londres-Chicago, Fitzroy Dearborn Publishers, 1996, pág. 1172.

ii B.Hermida, «Dictamen sobre la obligación de la Junta Central de reducir el gobierno del reino a una Regencia», 28-20-1809, cit. por M.C.Seoane, El primer lenguaje constitucional español, Madrid, 1968, pág. 54.

A.Gil Novales, «Del liberalismo al republicanismo», Republicanos y repúblicas en España, Madrid, Siglo XXI, 1996, pág. 93. La misma idea en D.Castro, «Orígenes y primeras etapas del republicanismo en España», N.Townson (ed.), El republicanismo en España (1830-1977), Madrid, Alianza, 1994.

D.Castro, «Jacobinos y populistas. El republicanismo español a mediados del siglo XIX», J.Álvarez Junco (ed.), Populismo, caudillaje y discurso demagógico, Madrid, CIS, 1987, pág. 185.

14 Semanario Patriótico, 5 de noviembre de 1811; Diario de las Discusiones y Actas de las Cortes, Cádiz, 1811, Sesión del 28 de agosto de 1811, pág. 52.

6 Edición de Badajoz, Fondo Cultural Valeria, 1987, pág. 33.

17 «Advertencia», El Robespierre Español, núm. 1, 30 de marzo de 1811.

s Diccionario de la Real Academia Española de 1791. La definición exacta era el «gobierno de muchos, como distinto del gobierno monárquico». Monarquía, a su vez, era «un estado grande y extendido, gobernado por uno solo».

20 J.M.Portillo, Revolución de nación. Orígenes de la cultura constitucional en España, 1780-1812, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000, págs. 325, 349, 371, 350, 327 y 340. La Constitución reforzó además este concepto con la limitación de las atribuciones del Rey, cuya función legislativa se limitaba al veto suspensivo, que podía retrasar la promulgación de la ley pero nunca impedirla, y la ejecutiva debía adecuarse a las normas aprobadas por las Cortes. Éstas, además, controlaban estrechamente las Administraciones Públicas en detrimento de las atribuciones de la Corona. De este modo la dirección política estatal se situó en las Cortes, en un claro predominio del poder legislativo. El monarca fue también excluido de las tareas de elaboración de la Constitución y de las posibles reformas posteriores, lo que lo colocaba en una situación de dependencia de las Cortes especiales de reforma que tenían la capacidad jurídica de suprimir la propia institución monárquica. Por todo ello J.Varela ha afirmado que los constituyentes doceañistas destruyeron «la idea misma de Monarquía» creando una «Monarquía republicana» o, según los términos de Jellinek en relación con la Constitución francesa de 1791, una «república con jefe hereditario». J.Varela Suanzes, «Rey, Corona y Monarquía en los orígenes del constitucionalismo español», Revista de Estudios Políticos, núm. 55, enero-marzo de 1987 y La Teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico (Las Cortes de Cádiz), Madrid, 1983, págs. 418-419. Varela añade que, «sin necesidad de que el código doceañista se inspirase y respondiese al principio de la soberanía nacional, la Monarquía se transformaba profundamente por la sola existencia de este código, que creaba y limitaba los poderes del Monarca. En primer lugar, el origen del poder ya no se encontraba en el Rey, sino en el texto constitucional. En segundo lugar, los límites del poder regio ya no venían prescritos en unas imprecisas e inmutables leyes fundamentales, sino en la Constitución, esto es, en un conjunto sistemático de normas que organizaban, encauzaban y limitaban las «prerrogativas» del Monarca y las de los demás poderes u órganos del Estado. Por último, la unidad de éste ya no se configuraba a través del Rey, sino a través de la Constitución. La Monarquía llamada absoluta, que durante tres siglos se había mantenido en España, desaparecía y en su lugar surgía una nueva Monarquía: la constitucional. En 1812, pues, por el solo hecho de promulgarse la Constitución, se liquidaba el núcleo del principio monárquico, que consideraba al Rey una persona autógena, de la que derivaban todos los poderes del Estado», La Teoría del Estado, pág. 416. La potencialidad transformadora del desmantelamiento de la monarquía absoluta fue señalada por el periódico republicano La Soberanía Nacional, que el 7 de septiembre de 1855 se preguntaba acertadamente: «¿Creéis que es más grande el abismo que media entre la república y la monarquía que el abismo que media entre la monarquía absoluta y la monarquía constitucional?»

18 «Cartilla del Ciudadano Español o Breve Exposición de sus fueros y obligaciones», El Robespierre Español, núm. 11-21.

19 Diario de las Discusiones y Actas de las Cortes, Cádiz, 1811, Sesión del 29 de agosto de 1811, pág. 84.

~~ M.C.Seoane, El primer lenguaje constitucional español, ob. cit., pág. 61.

23 Diario de las Discusiones y Actas de las Cortes, Cádiz, 1811, sesión del 28 de agosto de 1811, pág. 50.

22 El Semanario Patriótico, 5 de septiembre de 1811.

24 J.A.Piqueras Arenas, «Detrás de la política. República y federación en el proceso revolucionario español», J.A.Piqueras y M.Chust (comps.), Republicanos y repúblicas en España, Madrid, Siglo XXI, 1996, pág. 1. Del mismo modo, G.Mazzini consideró inicialmente que tanto la república democrática como la monarquía constitucional podían ser «gobiernos libres». A partir de 1830 constató que el doctrinarismo bloqueaba cualquier política de cambio y se produjo «una transformación intelectual que llevó a Mazzini a hacerse sostenedor únicamente de la forma política republicana». En 1832 escribió que la monarquía constitucional no era más que un Gobierno de transición entre la «servidumbre absoluta» y la «libertad» y, alimentado por la literatura republicana francesa de ese período, se reafirmó en que la fuente de la autoridad sólo podía estar en la colectividad. S.Mastellone, Historia de la democracia en Europa. De Montesquieu a Kelsen, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1990, pág. 84.

26 A.Gil Novales, Las sociedades patrióticas, Madrid, 1975, págs. 628 y 700.

27 Cit. por 1. Zavala, Masones, comuneros y carbonarios, Madrid, Siglo XXI, 1971, pág. 89.

28 D.Castro Alfin, «Orígenes y primeras etapas del republicanismo en España», ob. cit., pág. 38.

29 Diccionario de la lengua castellana de la Real Academia Española (1822). Las ediciones de 1843 y 1852 mantendrían estas acepciones.

21 Véase M.C.Romeo, Entre el orden y la revolución. La formación de la burguesía liberal en la crisis de la monarquía absoluta (1814-1833), Fundación Juan Gil-Albert, Alicante, 1993.

32 La dinámica política de los años 1830 en A.M.García Rovira, La revolució liberal a Espanya i les classes populars, Eumo, Vic, 1989, y «Radicalismo liberal, republicanismo y revolución (1835-1837)», Ayer, núm. 29, 1998, pág. 80, 88 y 87.

34 J.Varela Suanzes, «La Constitución de Cádiz y el liberalismo español del siglo XIX», ob. cit., y «La Constitución española de 1837: una Constitución transaccional», Revista de Derecho Político, núm. 20, invierno de 1983-1984.

31 J.Varela Suanzes, «El pensamiento constitucional español en el exilio: el abandono del modelo doceañista (1823-1833)», Revista de Estudios Políticos, núm. 88, abril-junio de 1995. La influencia de los discursos republicanos y democráticos europeos en R.Miguel González, La forrnación de las culturas políticas republicanas españolas 1833-1900, tesis doctoral, Universidad de Cantabria, 2004.

3i P.Méndez Vigo, «Garantías de la Nación Española», España y América en progreso, Imp. H.Fournier, París, 1835.

33 A.M.García Rovira, «Radicalismo liberal», ob. cit., pág. 87.

36 También en el caso del radicalismo británico, si bien la mayoría consideraba que una república era la mejor garantía de la libertad, muchos se limitaban a defender un refuerzo del elemento popular en el Estado que permitiría eliminar la corrupción, proteger la libertad y promover la justicia social. M.Bevir, «Republicanism, Socialism and Democracy», en D.Nash y A.Taylor (eds.), Republicanism in Victorian Society, Stroud, Gloucestershire, Sutton, 2000.

37 El Pueblo Soberano, 14 de enero de 1841. El Regenerador, 1 de mayo de 1841.

as La Constitución de 1812 estableció un sufragio indirecto en tres niveles (parroquia, partido y provincia). Los elegibles debían disponer de una renta anual procedente de bienes propios y residir en la provincia más de siete años, mientras que los electores de parroquia sólo debían cumplir las condiciones de vecindad y residencia. La población se dividió en «españoles», que gozaban de los derechos civiles, y «ciudadanos», que disfrutaban de los políticos. Los criterios que definían el ingreso en esta última categoría eran los de la utilidad (que excluía a vagabundos y mendigos), la autonomía personal (que dejaba fuera a mujeres y sirvientes domésticos) y la capacidad (que apartaba a las «castas»). La extensión de los que, en el interior de la Península, accedieron a los derechos políticos en el nivel parroquial permite hablar de sufragio «casi universal». M.Pérez Ledesma, «La conquista de la ciudadanía política: el continente europeo», Ciudadanía y democracia, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2000, pág. 121-122.

38 El Eco del Comercio, 27 de octubre de 1844, 4 de octubre de 1844 y 2 de abril de 1845.

39 El Eco del Comercio, 2 de abril de 1845.

40 El Siglo, 27 de marzo de 1849.

41 E.Vera y González, Pi y Margall y la política contemporánea. La democracia federal, su origen, su historia, sus destinos. Medio siglo de doctrinarismo en España. La política de programa y la política real, Barcelona, 1886, t. 1, pág. 430. El Manifiesto proclamó el trono hereditario de Isabel II, recogió la unidad e independencia del poder legislativo, encarnado en una cámara única, y la limitación de las funciones del ejecutivo a la sanción y ejecución de las leyes, la convocatoria y suspensión de Cortes, el nombramiento y destitución de funcionarios públicos y la conservación del orden en el interior y la independencia en el exterior del país. Véase M.Artola, Partidos y programas políticos, Madrid, 1991 (1 T ed., 1974), t. II, págs. 37-45. El Siglo, 30 de enero de 1849.

43 Esta idea fue defendida durante este período también por el diputado demócrata Ruiz Pons, quien afirmó en las Cortes que «la democracia no es el Partido Republicano, es el partido que tiene aspiraciones más grandes, más elevadas, más sublimes; es un partido que quiere en toda su realidad el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. En las Repúblicas ha dominado unas veces la tiranía, otras veces la teocracia, otras la aristocracia, en otras la mesocracia; y por eso, cuando yo digo que quiero la democracia, quiero algo más que eso, quiero el gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo, y no el de una clase de la sociedad o una oligarquía, sino el del pueblo verdadero, que se compone de todas las clases de la sociedad», DSC, 1 de diciembre de 1854, págs. 306-307. Esto mismo habría manifestado, según Morayta, Julián Pellón en una reunión del Círculo de la Unión: «La democracia no es un partido republicano y tampoco lo es monárquico. La democracia española no se ocupa en la actualidad, ni se ha ocupado nunca de la forma de gobierno, porque esto sería ocuparse de la parte con preferencia al todo o tomar el efecto por la causa. Los demócratas estamos convencidos de que no es la forma de gobierno la que más influye en los destinos de las naciones. La democracia española hasta ahora no es republicana, pero tampoco es monárquica (...). Es mucho, es altamente liberal, es altamente moral, es altamente nacional en sus principios». M.Morayta, Historia general de España, Madrid, 1 887-96, t. VIII, pág. 81. También Ordax Avecilla afirmaría que, si bien consideraba que la democracia «en su última evolución» era «el poder popular o la República» y prefería «en la constitución interior de un país una forma popular a una forma monárquica», no se podía decir que fuera republicano, pues la república era «infinitamente inferior a la democracia. Tan inferior como la forma pasajera al principio eterno». Ordax añadía que «para ser demócrata no es necesario ser republicano». La democracia, para él, era «el principio de la razón individual, el principio electivo aplicado a todas las esferas de la vida gradualmente». La democracia se desarrollaría progresivamente «paso a paso, de una ley a otra», hasta que llegara un día que «la Monarquía, ese principio de herencia en el poder, se pueda cambiar en una forma popular de cierto género, que no será otra cosa sino la aplicación del principio de elección al Jefe de Estado», DSC, núm. 75, 3 de febrero de 1855, pág. 1864.

42 Diccionario enciclopédico de la lengua española, Madrid, 1853. El diccionario seguía manteniendo, pese a todo, la identificación entre república, que definía también como un «estado en que gobierna el pueblo, ya sea por sí mismo, ya por los delegados que nombra para este efecto», y democracia, que aparecía como «forma o sistema de gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía».

44 Adelante, 26 de octubre de 1854, 12 de noviembre de 1854, 19 de octubre de 1854 y 25 de octubre de 1854.

45 El Tribuno, 8 de septiembre de 1854 y 16 de septiembre de 1854.

49 Se trató básicamente de individuos como Rivero, Godínez de Paz, Becerra, Martos, Pomés, Pereira. Para ellos, la monarquía debía ejercer únicamente una función representativa y simbólica de la unidad nacional. M.A.Esteban Navarro, «De la esperanza a la frustración 1868-1873», N.Townson (ed.), El republicanismo en España, ob. cit., pág. 94.

46 El Siglo, 8 de marzo de 1848.

47 El Tribuno, 16 de septiembre de 1854; Adelante, 1 de noviembre de 1854.

as DSC, sesión de 30 de noviembre de 1854, págs. 267-294.

51 D.Castro, «Unidos en la adversidad, unidos en la discordia. El partido demócrata, 1849-1868», N.Townson (ed.), El republicanismo en España, ob. cit.

52 La Revolución, «Prospecto», 1 de mayo de 1840; J.S.Flórez, Espartero: historia de su vida militar y política, y de los grandes sucesos contemporáneos, Madrid, 1843.

50 G.Capellán, Gimersindo de Azcárate. Biogratia intelectual, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2005, pág. 347-348.

53 W.Ayguals de Izco, «Cartilla del Pueblo», en J.J.Trías y A.Elorza, Federalismo y Reforma Social en España (1840-1870), Madrid, Seminarios y Ediciones, 1975, págs. 344-368.

54 W.Ayguals de Izco, «Iza, hermanos míos, iza», El Huracán, 3 de abril de 1841.

56 Véase, a este respecto, J. 1. Marcuello, La práctica parlamentaria en el reinado de Isabel II, Madrid, Congreso de los Diputados, 1986 e 1. Burdiel, Isabel II. No se puede reinar inocentemente, Madrid, Espasa, 2004.

51 M.L.Sánchez-Mejía, «Repúblicas monárquicas y monarquías republicanas. La reflexión de Sieyés, Necker y Constant sobre las formas de gobierno», Revista de estudios políticos, abril-mayo de 2003.

55 «Remitido» de M. G. O., El Huracán, 23 de junio de 1841; El Huracán, 26 de diciembre de 1841.

60 F.Pi y Margall, La reacción y la revolución (1854), Edición de Madrid, Anthropos, 1982, pág. 169.

61 El Eco de las Barricadas, cit. por A.Jutglar, Pi y Margall y el federalismo español, Madrid, Taurus, 1975, pág. 152.

58 Citado por A.Elorza, «La primera democracia federal, organización e ideología», en J.J.Trías y A.Elorza, Federalismo y reforma social en España (1840-1870), ob. cit., pág. 85. El periódico republicano madrileño El Huracán, aparecido en 1840, también sería, según J.F.Fuentes, un «buen exponente de ese liberalismo radical y escarmentado que llega al republicanismo a fuerza de desengaños». «El mito del pueblo en los orígenes del republicanismo español: El Huracán (1840-1843)», Bulletin d'Histoire Contemporaine de l'Espagne, núm. 23, 1996, pág. 43.

s9 Recogido en «Del manifiesto del centro progresista, V», La Discusión, 9 de abril de 1856.

62 El Huracán, 29 de enero de 1841.

63 La definición de república, en Catecismo democrático para instrucción del pueblo español, Barcelona, 1852.

64 El Tribuno, 4 de noviembre de 1854. La misma idea en F.Garrido, El pueblo y el trono, Madrid, 1854; Espartero y la revolución, Madrid, 1854 y La república democrática, federal, universal, Madrid, 1856. Véase también el periódico La Soberanía Nacional, dirigido por S.Cámara.

67 El Tribuno, 4 de noviembre de 1854.

66 R.J.Domínguez, Diccionario nacional o gran diccionario clásico de la lengua española, Madrid, 1846.

61 Cit por C.Pérez Roldán, El partido republicano federal 1868-1874, Madrid, Endymion, 2001, pág. 103.

69 F.Garrido, «La república democrática, federal, universal», en J.J.Trías y A.Elorza, Federalismo y reforma social en España (1840-1870), ob. cit., pág. 382. P.Costa, «El problema de la representación política: una perspectiva histórica», AFDUAM, 8, 2004. J.M.Orense, La democracia tal cual es, Madrid, 1862. Los sectores partidarios de una democracia directa en F.Peyrou, «Demócratas y republicanos en el período isabelino. Organización, discurso y práctica política», ob. cit.,

70 R.J.Domínguez, Diccionario nacional o gran diccionario clásico de la lengua española, ob. cit. Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, Madrid, 1870, t. III, sesión de 12 de mayo de 1869, pág. 1871.

68 DSCC, sesión de 20 de mayo de 1869, pág. 2115 y sesión de 13 de mayo de 1869, pág. 1906.

72 D.Castro, «Jacobinos y populistas», ob. cit., págs. 204 y 216.

71 A. 1. Cervera, La voluntad nacional como el pueblo espera que la interpreten las Cortes constituyentes, Madrid, 1854; E.Castelar, La fórmula del progreso, Madrid, 1858; J.M.Orense, «Programa republicano español», dado en Valencia el 11 de octubre de 1868, en DSC, 17 de mayo de 1869, pág. 2001; C.Tresserra, Catecismo de la Federación republicano-democrática, Madrid, 1870.

74 J.M.Carrascón, «El comité pasado», La Democracia, 24 de octubre de 1865.

75 El primer duelo, en F.Peyrou, El republicanismo popular en España 1840-1843, Cádiz, Universidad, 2002, pág. 103. El segundo, en V.G.Kiernan, La revolución de 1854 en España, Madrid, 1970, pág. 216.

76 F.Pi y Margall, «Las divisiones de nuestro partido», La Discusión, 14 de agosto de 1860.

77 Véase sobre esta cuestión las contribuciones de D.Castro Alfin y M.A.Esteban Navarro en N.Townson, El republicanismo en España, ob. cit.

7' A.Duarte, «La esperanza republicana», en R.Cruz y M.Pérez Ledesma (eds.), Cultura y movilización en la España contemporánea, Madrid, Alianza, 1997, pág. 170.

82 DSCC, sesión de 19 de mayo de 1869, pág. 2095.

83 M.A.Esteban Navarro, «De la esperanza a la frustración 1868-1873», N.Townson (ed.), El republicanismo en España, ob. cit., pág. 101.

78 G.Feito, Doctrina republicana para las clases trabajadoras: folleto republicano, Salamanca, 1869. E.Vallejo, Cartilla democrático republicana y reglamento orgánico para los voluntarios de la libertad, Madrid, 1868.

79 G.Trujillo, Introducción al federalismo español, Tenerife, Idea, 2003 (reed. 1966), pág. 229. La misma idea, en G.Levi, «Pi y Margall y el federalismo español del siglo XIX», Sistema, 1 12, enero de 1993.

80 G.Trujillo, Introducción al federalismo español, ob. cit., pág. 229-232. Véanse también C.Pérez Roldán, El partido republicano federal 1868-1874, ob. cit.; C.A.M.Hennessy, La república federal en España. Pi y Margall y el movimiento republicano federal 1868-1874, Madrid, Aguilar, 1966; A.Jutglar, Pi y Margall y el federalismo español, ob. cit.

si DSCC, sesión de 13 de mayo de 1869, pág. 1925.

84 M.Suárez Cortina, «Radicalismo y reformismo en la democracia republicana», en El Gorro Frigio. Liberalismo, democracia y republicanismo en la Restauración, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000, págs. 20, 22 y 38.

2 «Si se piensa que al debilitar la Monarquía las Cortes del Bienio anticiparon el reino democrático del 69 y, lógicamente la República, se acierta» (D.Sevilla Andrés, «La Constituyente de 1854» en Revista de Estudios Políticos, núm. 106, Madrid, 1959, pág. 161).

5 Godínez de Paz en DSCC, 25 de enero de 1855. Sancho - e1 decano de los diputados y presidente de la Comisión-, el 27 de enero de 1855.

4 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes (DSCC), 1854-1856, 23 de enero de 1855. García Ruiz, Rivero, Castelar, Martos, etc., ganaron el Ateneo para las ideas democráticas después de 1856: A.Espina y Capo, Notas del viaje de mi vida 1861 a 1870 (demócrata), Madrid, 1926, pág. 418.

F.Garrido, Propaganda democrática. El pueblo y el trono, reimpresión, Tarragona, 1855; cfr. Kiernan, La revolución de 1854 en España, Madrid, Aguilar, 1970, págs. 45 y 82-83.

6 DSCC, Ordax el 3 de febrero de 1855. Para el acoplamiento de democracia y república, véase F.Peyrou, «Los significados de República. Republicanos y Demócratas en el período isabelino», en este mismo volumen.

7 DSCC, 25 de enero de 1855.

8 DSCC, el demócrata García Ruiz y el miembro de la comisión, Modesto Lafuente, el 23 de enero de 1855. Fue desde la discusión de 1837 cuando los liberales llegaron al acuerdo de que, según Joaquín María Ferrer, «es necesario que si quieren una Monarquía representativa con las condiciones que le son inherentes, consideren al Rey por una ficción legal sabio, justo, exento de pasiones, en una palabra una especie de divinidad incapaz de hacer mal, no pudiéndolo hacer en efecto sino por el órgano de sus Ministros responsables»: Á.Lario, «El papel de la Monarquía en el desarrollo constitucional europeo: el caso español. Del régimen de asamblea al parlamentarismo - versus presidencialismo americano», Ayer, en prensa. Nótese que faltaban treinta años para que viera la luz la famosa obra de Bagehot sobre la Constitución inglesa, con la que se popularizó el principio de que «the King can do not wrong».

9 Orense en DSCC, 26 de enero de 1855. El demócrata Gil Sanz el 23 dice que la Constitución de 1837 es «copia desautorizada de los doctrinarios franceses».

10 DSCC, Arriaga el 24 de enero de 1855. Ejemplo de lo dicho es el discurso de Pérez Cantalapiedra apoyando el veto absoluto, para lo que alegó estar en «un siglo corrompido», y la injustificación en caso contrario de pagar «30 ó 40 millones al que no hace nada», en referencia al Rey: ídem, 5 de febrero. Para la Restauración: Á.Lario, El Rey, piloto sin brújula. La Corona y el sistema político de la Restauración (1875-1902), cit. Para el sistema francés de Carta y las consecuencias del equilibrio de poderes, L.Lacché, «Constitución, Monarquía, Parlamento: Francia y Bélgica ante los problemas y modelos del constitucionalismo europeo (1814-1848)», en Modelos constitucionales en la historia comparada, núm. 2/2000 de Fundamentos, Oviedo. Y P.Rosanvallon, La Monarchie imposible. Les Chartes de 1814 et de 1830, París, Fayard, 1994. Sobre las formas empírica y racionalizada - clásica y moderna del régimen parlamentario, y de una forma concisa: régime parlementaire, en O.Duhamel e Y.Mény, Dictionnaire Constitutionnel, Presses Universitaires de France, 1992, págs. 883-886.

13 Decía Kiernan que «Los partidos (...) eran ligas desorganizadas de facciones de trepadores» que carecían de «estructura regular» y de «programa de buena fe». De hecho, si bien no se practicaba la alternancia entre partidos, en los once años de dominio moderado (1843-1854) hubo 15 gabinetes: La revolución de 1854 en España, cit., pág. 27; sobre el descrédito «de todos los partidos más viejos», pág. 80. García Ruiz toma el ejemplo francés donde el inmenso poder del ejecutivo habría llevado al fracaso de la República en 1851: 23 de enero de 1855, cit. Es el mismo argumento de Orense: «Quisieron imitar a los Estados-Unidos; pero en la esencia dejaron el Poder Real, mandando el ejército, mandando la magistratura, dando quinientos mil destinos, teniendo el telégrafo, teniendo la centralización; así es que no tuvo más que decir: "quiero ser Emperador, y lo fue"».

ii DSCC, Orense el 30 de noviembre de 1854. Véase 1. Burdiel, Isabel II. No se puede reinar inocentemente, Madrid, Espasa Calpe, 2004. Á.Lario, «La monarquía de Isabel II y el liberalismo post-revolucionario. Una necesaria renovación historiográfica», Ayer, núm. 56, 2004. Los carlistas en palacio tras el abrazo de Vergara: Espina y Capo, Notas, cit., págs. 388-392. Véanse los tres artículos de Sagasta en La Iberia en diciembre de 1857: «El Partido Moderado ¿ha sido constitucional en España?», cfr. Ollero Vallés, El progresismo como proyecto político en el reinado de Isabel II: Práxedes Mateo Sagasta, 1854-1868, Logroño, IER, 1999, págs. 184-191.

12 En el vecino país, ya el 20 de agosto de 1821 decía Bastos que «nao póde deixar de fazer-se a separacáo do poder real e ministerial», aunque todavía por temor al Rey: «De outra sorte vem a ser os Ministros o instrumento, e o Re¡ o braco que o move»: Diario das Cortes Geraes e Extraordinárias da Nacáo Portuguesa (DCGEP). 1821-1822: Arquivo Histórico da Assembleia da República (ARAR). El sentido de ese poder moderador que recoge el artículo 11 de 1826, lo aclara en un momento de crisis Fernandes Thomaz «E' necessario, por tanto haver um poder neutro, que faca (por assim dizer) de poder judicial, entre o poder legislativo, e o executivo (...), um poder, que nem é attributo do executivo, nem do legislativo, mas privativo do reí esta opiniáo é a de Benjamín Constant, e a de Lanjuinais, desse nestor político, que sobre-viveu a todas as alteracóes de Franca»: DCGEP, 1837-1838, el 25 de abril de 1837. En 1842 se restauró la Carta de 1826, vigente hasta 1910. Poder ejecutivo, poder moderador y prerrogativa regia, en Á.Lario, El Rey, piloto sin brújula, cit., págs. 46-56.

14 DSCC, Gil Sanz el 5 de febrero de 1855.

15 El liberalismo social lo traté en Á.Lario, «El Nuevo Liberalismo en el Diario independiente "El Sol" (1917-1923)», en Bulletin d'histoire contemporaine de l'Espagne, núm. 1-2, décembre 1985. En este mismo volumen Capellán estudia la posición de los krausistas ante la alternativa Monarquía o República.

18 DSCC, Ordax el 3 de febrero de 1855.

16 En otro lugar se ha dicho que en Europa no pudo materializarse el ejemplo norteamericano por «la extraordinaria diferencia de la situación histórica», por lo que «la fuerza de la razón» que caracterizó la gestación del gobierno allí tuvo que «confrontarse en Europa, durante un período muy largo, con la fuerza de la historia»: R.L.Blanco Valdés, «El estado social y el derecho político de los norteamericanos», en Modelos constitucionales en la historia comparada, núm. 2/2000 de Fundamentos, Junta General del Principado de Asturias, págs. 158-163. Las iberoamericanas servían incluso de contramodelos para no imitar: Luxán el 30 de noviembre de 1854, recordando el mal gobierno de Argentina a lo que Albaida contestó que por el «virus monárquico», o la misma república de Cronwell, descartándose las antiguas repúblicas griega, espartana y romana, pues no había más que recordar a los esclavos o los ilotas. Por ello, se dice que «en Europa no puede haber más que una clase de República: que me digan esos señores si la quieren: la de San Marino o la de Suiza».

17 El incremento del poder constituyente del Rey en Sevilla Andrés, «El poder constituyente en España de 1800 a 1868», Revista del Instituto de Ciencias Sociales, núm. 4, Barcelona, 1964. Se percibe un mayor desconocimiento de la propia historia constitucional en algunos diputados demócratas; así Godínez de Paz atribuye, por ejemplo, veto absoluto a 1812, o la facultad de suspender el Parlamento; por cierto, esto no fue dejado sin respuesta, incluso algo grosera, pues así debe interpretarse la intervención de García López cuando dijo que «extraño parecerá que en una discusión tan solemne se atreva a usar la palabra un Diputado sin autoridad parlamentaria cuando parece que en estas ocasiones debieran hacerlo únicamente los oradores de distinción y de privilegiado talento»: DSCC, 25 de enero de 1855, Martín de los Heros, tras preguntarle a Godínez de Paz a qué fracción política pertenece, corrige el dato de 1812 y lo referente a la monarquía inglesa, y García López reivindica los «estudios de la historia» y el conocimiento de «los adelantos de la ciencia política» para conseguir «una legislación que satisfaga las necesidades».

19 Es el sentido de la cita de Bertematí recogida al inicio. El «Manifiesto progresista-democrático» de 1849 todavía era monárquico. En ese año el periódico democrático, El Siglo, había rechazado la contradicción entre democracia y Monarquía, no admitiendo la calificación de «republicanos»: F.Peyrou, en este volumen. Aunque ya en los 50 se comenzaba a distinguir una República apellidada democrática, creciendo en complejidad progresivamente esa idea, lo cierto es que en el mismo año de la revolución, 1854, la publicación que se inicia, Adelante, afirmaba que «la palabra república no significa sino la cosa pública», y el propio Godínez reconoció que no creía que «la República (sea) el sistema que haya de suceder a la Monarquía, ni que la República sea el gobierno más racional y justo»: «No hay bondad intrínseca afecta a ninguna forma de gobierno», DSCC, 25 de enero de 1855. En los mismos términos se expresaba el diputado y literato romántico e iberista portugués Almeida Garrett tras la revolución de 1836: «0 accidente de se chamar monarchia, ou republica, que é um mero, e absoluto accidente, náo póde senáo modificar as fórmas exteriores...»: 24 de abril de 1837, en DCGEP, cit., las características de este diputado tomadas de J.Álvarez Junco, Mater dolorosa, Madrid, Taurus, 2003, pág. 526.

20 DSCC, Prim el 30 de noviembre de 1854. Ordax el 3 de febrero de 1855.

21 Lo cita R.Sánchez García, Alcalá Galiano y el liberalismo español, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2005, pág. 341. Véase también en este mismo volumen.

23 Véase más arriba F.Peyrou, «los significados de República...».

24 DSCC, 30 de noviembre de 1854.

25 DSCC, 27 de enero de 1855, Sancho.

22 DSCC, García Tassara el 3 de febrero de 1855. Á.Lario, «Cánovas y la Monarquía», cap. 1.2 de El Rey, piloto sin brújula..., cit., y «La Corona en el proyecto canovista», cap. 11. 1 de J.Tusell y F.Portero (eds.), Antonio Cánovas y cl sistema político de la Restauración, Madrid, Biblioteca Nueva, 1998.

27 El conde de Reus (Prim) - que luego destronaría a Isabel II se basó en el principio de que el Rey reina, pero no gobierna: «La Reina de España, Doña Isabel II, es la mejor de cuantas Reinas han nacido y pueden nacer en un país constitucional (...) en el mismo cargo que se hace está el argumento de su defensa, admitiendo el principio de que la Reina debe reinar y no gobernar (...) todo lo que S. M. ha aprobado, ha sido por conducto de sus Consejeros (...). Si S. M. se hubiese opuesto al consejo de sus Ministros, entonces hubieran levantado la voz hasta el cielo los liberales (...) yo mismo habría dicho que S. M. no hacía bien en no adoptar los consejos que le daban sus Ministros como personas responsables»: DSCC, 30 de noviembre de 1854.

28 DSCC, 30 de noviembre de 1854, San Miguel. Sobre los acontecimientos de esas fechas y el papel desempeñado por el general San Miguel: Kiernan, La revolución..., cit., págs. 73 y sigs. Para el parecido con la campaña La champagne des banquets - francesa de 1847 contra los escándalos de dinero, costumbres, etc., que salpicaban a la Monarquía: Journal Historique de la France, Hatier, 1985, pág. 210. El miedo social hizo posible el II Imperio: ídem, pág. 212.

26 DSCC, Nocedal el 1 de febrero de 1855. Ordax, cit.

z9 San Miguel, 30 de noviembre de 1854, cit.

32 Sobre los intentos de cambio de dinastía, desde la protesta contra la Reina del propio Ríos Rosas, citada, hasta los contactos de la oposición moderada con Inglaterra y Francia con el mismo objeto: Kiernan, La revolución..., cit., cap. II, «El ataque a la Constitución». Orense en DSCC, el 30 de noviembre de 1854.

3o J.M.Crouzatier, «Les constitutions francaise de 1789 a 1870», en Institutions et vie politique, París, La documentation Francaise, 1997, pág. 11. San Miguel, cit.

31 DSCC, Luxán, ministro de Fomento el 30 de noviembre de 1854, cit.

36 Heros, en DSCC, 25 de enero de 1855.

aa DSCC, 30 de noviembre de 1854, Orense y respuesta de O'Donnell. La diversidad de culturas políticas republicanas en R.Miguel González, en este volumen.

3a Decía un residente norteamericano en España que «no había un solo periódico conservador en todo Madrid que no escribiera a diario, largo y sobre todo, tendido, sobre los horrores de las doctrinas socialistas»: S.T.Wallis, Glimpses ofSpain... in 1874, Nueva York, 1849, pág. 203, cit. Por Kiernan, ob. cit., pág. 33. Espina y Capo dice que «la revolución era el coco de todos nuestros políticos de esta mitad de siglo»: Notas... 1850-1860, cit., pág. 234.

15 DSCC, Sagra, 30 de noviembre de 1854. Renan escribía en 1869 que «C'est que la souveraineté du peuple ne fonde pas le gouvernement constitutionnel. L'État, ainsi établi á la francaise, est trop fort, loin de garantir toutes les libertés, il absorbe toutes les libertés; sa forme est la Convention ou le despotisme», cit. Por L.Lacché, «Constitución, Monarquía, Parlamento: Francia y Bélgica ante los problemas y «modelos» del constitucionalismo europeo (1814-1848)», en Modelos constitucionales en la historia comparada, cit., página 47 1.

37 La posición de Borrego en el Partido Moderado en R.Sánchez, Alcalá Galiano y el liberalismo español, págs. 250-258 y 342-345. El enfrentamiento de Donoso y Alcalá con Borrego sobre la posición de la Corona: ídem, «La monarquía en el pensamiento político del partido moderado», en este mismo volumen. Para los modelos de Monarquía Constitucional: Á.Lario, El Rey, piloto sin brújula, cit., págs. 33-56. Ídem, «Estado Liberal. Monarquía y Constitución en la España del XIX», en El Estado en España, núm. 17 de Historia Contemporánea, Bilbao, 1998.

38 Conde de Reus el 30 de noviembre de 1854, DSCC.

39 Ídem, García López; presidente de la Junta de Gobierno de Zaragoza y Lérida en la revolución, que con la de Huesca fueron las de más significación democrática. La obra de Kiernan avala esta interpretación del freno ante la Monarquía.

42 El 19 de enero de 1855; se refiere a la moción de censura presentada este día por los demócratas denunciando falta de principios claros y falta de unión tanto en la comisión como en el Ministerio, mientras cundía el rumor de que se podía atentar contra las propias Cortes Constituyentes, produciéndose en esos días varias alarmas en Madrid y Valencia de conspiraciones carlistas. Calvo Asensio era progresista «puro» o avanzado, gran amigo de Sagasta y director de La Iberia: Milán García, Sagasta, cit., pág. 46; el Bienio, páginas 41 y sigs., las contradicciones progresistas en 50 y sigs. Véase la presentación de Sagasta como director de La Iberia ala muerte de Calvo, en Ollero Valdés, El progresismo, cit., págs. 196-198.

40 Así lo demostró cuando defendió que se permitiera hablar sin interrupciones a los críticos, concretamente a Orense asegurando que «yo le sostendré en el uso de su derecho» porque «nada pierde ciertamente en ello ni el prestigio del Trono, ni la convicción de nuestras opiniones. Aquí todos los partidos deben sostener libremente sus doctrinas, porque ésa es la verdad de la libre discusión»: DSCC, 30 de noviembre de 1854.

41 La Comisión la componían siete miembros: Sancho (presidente, progresista moderado), Olózaga (secretario, progresista) - ambos presentes en la de 1837, Lasala y Valera (progresistas avanzados), Martín de los Heros (esparterista), Modesto Lafuente (que Kiernan coloca en el «conservadurismo moderado» pero que es más bien progresista moderado) y Ríos Rosas (puritano). Ríos Rosas en DSCC, 13 de enero de 1855, voto particular. Sobre la unión para las elecciones es un ejemplo clarificador el caso de Sagasta: J. L. Ollero Valdés, El progresismo, cit., págs. 78 y sigs. J.R.Milán García, Sagasta o el arte de hacer política, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001, págs. 41 y sigs.

44 DSCC, Calvo Asensio y O'Donnell el 19 de enero de 1855. García López el 25.

47 DSCC, Arriaga el 24 y Heros el 26 de enero de 1855.

48 Sobre la parte del Partido Moderado no liberal me referí en «Isabel II y la Monarquía en el contexto del liberalismo post-revolucionario. Una necesaria renovación historiográfica», en Ayer, núm. 56, Madrid, 2004. Espina y Capo refleja muy bien esa idea de que tras el abrazo de Vergara fueron los carlistas infiltrados los que dieron carácter al Partido Moderado, resumido en el estribillo de los carlistas, «Si vence Cristina, seremos hermanos; si vence don Carlos, seremos los amos», por lo que tras el convenio de Vergara concluye: «Reina, más desdichada que culpable (...) los terribles anatemas de los clericales (...) fueron los verdaderamente culpables de su caída»: Notas, cit. págs. 388-392.

46 DSCC, 24 de enero de 1855, Lafuente.

43 Cánovas el 30 de enero de 1855: DSCC. Decía D.Rafal María de Labra que «en 1850 (...) D.Antonio Cánovas del Castillo», junto con «Nicolás María Rivero, D.Joaquín María López, D.Patricio de la Escosura» formaban «lo nuevo, lo perturbador (...), lo regenerador del Ateneo de Madrid»: cfr. A.Espina y Capo, Notas del viaje de mi vida 1860 a 1870, cit., pág. 417. Ordax el 3 de febrero.

45 DSCC, Escosura (moderado, entre los Puritanos desde 1846, convertido en progresista) el 30 de enero de 1855.

49 DSCC, Escosura de 30 de enero de 1855.

51 DSCC, 13 de enero de 1855, voto particular de Ríos Rosas, en apéndice segundo. Aludía concretamente a la Diputación Permanente y su capacidad de reunir Cortes en ciertos casos sin real convocatoria, y al «sufragio directo universal jamás usado entre nosotros» para elegir las instituciones locales», lo que haría que el sistema «se asemejará grandemente a una federación de Repúblicas». Finalmente sólo la apoyaron 18 diputados; entre ellos Cánovas, Nocedal, Moyano y Castro.

5' DSCC, 19 de enero de 1855, Aguirre, Ministro de Gracia y Justicia.

52 DSCC, Lafuente el 24 y Heros el 25 de enero de 1855. La convivencia procedía desde 1812, entonces la mayoría de los liberales -aunque no Toreno creían que no contradecía en nada a la soberanía nacional. Pérez de Castro decía que era la consecuencia lógica del Gobierno monárquico querido por la nación: «un poder comunicado por la nación». Véase «El papel de la Monarquía en el desarrollo constitucional europeo. el caso español...», cit. Ya Borrego decía en los años 30 que «el veto absoluto a favor del monarca» junto con otros aspectos «eran dogmas admitidos por los progresistas», siendo la Constitución de 1837 la materialización del acuerdo en el modelo liberal: Á.Lario, «El modelo liberal español», REP, núm. 122, 2003.

54 La idea moderada de soberanía la habían diseñado desde sus lecciones en la cátedra de Derecho Político Constitucional del Ateneo de Madrid, Alcalá, Donoso y Pacheco, lo que provocó el surgimiento de un «Ateneo progresista» donde dictaba el curso de Política Constitucional Joaquín María López desde diciembre de 1840: A.Garrorena Morales, El Ateneo de Mdrid y la teoría de la Monarquía liberal (1836-1847), Madrid, IEP, 1974. Ya Aner en las Cortes gaditanas sostenía que la capacidad de darse la forma de gobierno que convinieran «le pertenece en un caso extraordinario y de utilidad conocida, sin necesidad de expresarse en este artículo»; es un principio que «sólo un suceso extraordinario y una larga serie de años puede hacerlo posible»: en mi artículo «El papel de la Monarquía en el desarrollo constitucional europeo: el caso español...», ob. cit.

53 DSCC, 23 de enero de 1855, Bueno. García López el 25; se recuerda especialmente a Muñoz Torrero. Puede verse todo el proceso y discusiones en la Francia de las Cartas: L.Lacché, «Constitución, Monarquía, Parlamento...», cit.

ss DSCC, Ríos Rosas el 29 de enero de 1855; recuerda el enfrentamiento de Olózaga y Sancho en 1851 por la misma razón. Más adelante Castelar acusó a Olózaga de ser el que, tanto en 1836 como en 1854 y en 1869 inclinara la balanza hacia las soluciones conservadoras, al estar situado entre éstos y los demócratas: «¿Quién era el árbitro, quién estaba en medio, quién podía decidir entre las soluciones democrática y conservadora? El señor Olózaga; y (...) como siempre, ha inclinado la balanza del Partido Progresista a favor de las soluciones conservadoras» (Castelar en el Congreso el 9 de abril de 1 869). Para la idea de país constituido y la «soberanía a la inglesa» defendida por Olózaga ya en 1837, sosteniendo el veto y la falta de fórmula revisora de la Constitución, «El papel de la Monarquía en el desarrollo constitucional europeo...», cit, nota 45.

56 En la Francia de Luis Felipe la relación era de 240.000/34 millones (y 57.000 elegibles) - en la Segunda República 9 millones ; cfr.. Ioiurnal Historigiue de la Franco, cit., págs. 210 y 214. El Dictionnaire Constittutionnel dirigido por O.Duhamel y Y.Mény (París, PUF, 1992) habla de menos de 200.000 electores, pág. 641.

s~ «Tener un cuerpo electoral limitado, que (...) nombrase su representación, y que para la inmensa mayoría de la nación hubiese otra representación (...), en España por mil circunstancias la representación de esa inmensa mayoría de la Nación, desheredada por el sufragio, era el Trono»: Cánovas en DSCC, 30 de enero de 1855. Los escritores franceses en L.Lacché, «Constitución, Monarquía, Parlamento...», cit., pág. 536.

58 DSCC, Escosura se refiere a Cánovas el 3 de febrero. Sancho el 27 de enero de 1855. La «incomodidad doctrinal del progresismo», su «atenazante imposibilidad de avance» hacia un «socialismo utópico» o hacia la defensa del sufragio universal en el contexto ideológico posrevolucionario que favorecía a los moderados: Garrorena Morales, El Ateneo, cit., págs. 186 y sigs.

s9 DSCC, Gil Sanz el 23 de enero de 1855.

60 Parece que la justificación más común era el temor al triunfo carlista y el avance de las nuevas doctrinas: Kiernan, la revolución de 1854, cit., 109-110.

61 DSCC, García López por los demócratas y Heros por la Comisión el 25 de enero de 1855; Orense el 26. Siempre en cifras redondas, en el sistema gaditano, de 10,5 millones de habitantes, eran electores en primer grado 3,2 millones; con la ley electoral de 1837, de una población aproximada de 12 millones, lo eran 250.000, que se redujo con la ley de 1846 a 100.000: J. del Moral, «Liberales y románticos en la España isabelina», en M.Fernández Poza y M.García Pazos (eds.), Actas del encuentro "Fernán Caballero, hoy,"», págs. 24-26, Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Cádiz, 1998. Para el Bienio, cuando rigió la ley de 1837, los propios diputados dan la cifra de 400.000 sobre 15 millones, como vimos, pero Kiernan da la cantidad de 695.110, basada en datos de P.Madoz en febrero del 56, ob. cit., pág. 109. Lo retoma M.Estrada Sánchez, El significado político de la legislación electoral en la España de Isabel 111 Universidad de Cantabria, Santander, 1999, pág. 51.

62 DSCC, Ríos Rosas el 13 de enero de 1855.

63 Olózaga en DSCC, 29 de enero de 1855. Tiene razón 1. Casanova Aguilar cuando dice de esta Asamblea que es «punto de referencia ineludible para el estudio de la vida parlamentaria decimonónica» y «para hacer la historia de la evolución de nuestras oligarquías políticas (...)», El Bienio Progresista (1854-1856). Análisis de un intento de modernización institucional, Universidad de Murcia, 1984 (resumen de su tesis doctoral), pág. 9.

64 El propio Espartero no defendió el Bienio por ver a sus hombres inclinados a la República o al cambio dinástico, y prefirió salvar la Monarquía de Isabel II; D.Sevilla Andrés, «La Constitución de 1854», cit., pág. 158.

67 Díaz Cid, de la comisión de reforma de la Constitución, en 1844 estableció como una de las causas de la misma el que el Poder Real había quedado por debajo del poder legislativo durante la minoría: Á.Lario, «El papel de la Monarquía en el desarrollo constitucional europeo: el caso español», cit.

66 La comparación del caso francés y belga en Lacché, «Constitución, Monarquía, Parlamento...», cit.; especialmente apartados 7 y 11.

65 La idea de Gobierno parlamentario como moderación de la revolución y soberanía compartida... en su ejercicio ya la traté en diversas ocasiones: «El modelo liberal español», en Revista de Estudios Políticos (REP), núm. 122, diciembre de 2003; «Monarquía Constitucional y Gobierno Parlamentario», en REP, núm. 106, diciembre de 1999; «La Monarquía Constitucional. Teoría y práctica política», en J.Tusell, Á.Lario y F.Portero, La Corona en la historia de España, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003.

68 Demócrata que en el 68 dirá que esta Constitución estaba dominada por un espíritu excesivamente doctrinario, por el dominio del Trono, y que defenderá entonces lo que ahora desecha, el Senado, la pena de muerte: DSCC, 5 de febrero de 1855.

69 DSCC, 13 de enero de 1855, voto particular de Manuel Lasala y Cristóbal Valera, apéndice segundo, pág. 1350.

Agradezco a la profesora Ángeles Lario sus comentarios sobre este trabajo, que ha sido financiado con el Proyecto de Investigación Complutense PR1/05-13318.

2 E. de Salazar y Mazarredo, La cuestión dinástica, Madrid, Rivadeneyra, 1869, págs. 3-4, y G. de la Fuente Monge, Los revolucionarios de 1868, Madrid, M.Pons, 2000, págs. 95-96 y 173-176; pássim para lo que sigue.

a M.Calavia, Reflexiones acerca de la Gloriosa revolución de setiembre de 1868, Madrid, M.Tello, 1868, págs. 31-35.

6 F.Garrido, «Prólogo», La República Democrática Federal Universal, 6.'ed., Barcelona, Manero, 1868.

4 El discurso de Segismundo Moret en DSCC, ses. 8 de abril de 1869. Un resumen del mismo y del manifiesto de conciliación monárquica en G. de la Fuente Monge y R.Serrano García, La revolución gloriosa, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005, págs. 200-207.

s Sobre esta endeblez constitucional, que primaba la ley (expresión de la voluntad nacional) sobre las libertades individuales, véase B.Clavero, «Por una historia constituyente: 1869, de los derechos a los poderes», Revista del Centro de Estudios Constitucionales, 7, 1990, págs. 79-97, y C.Serván, Laboratorio constitucional en España: el individuo y el ordenamiento, 1868-1873, Madrid, CEPC, 2005. Para los debates y el régimen de 1869: A.M.Calero, «Estudio preliminar», Monarquía y democracia en las Cortes de 1869, Madrid, CEC, 1987; A.Oliet Palá, El conflicto social y la legitimación de la monarquía ante la revolución de 1868, Madrid, Ministerio de Trabajo, 1989; H.González Rodríguez, «La forma de gobierno en el debate constituyente de 1869», Revista de Derecho Político, 55-56, 2002, págs. 365-410; J.A.Souto Paz, «Las libertades públicas en la Constitución de 1869», ídem, págs. 107-158.

7 La petición de Castelar a los generales de la revolución, en DSCC, ses. 7 de abril de 1869, pág. 903. Eugenio García Ruiz fue reiterativo en sus llamamientos a los monárquicos, su postura, por ejemplo, en Desde mi campo neutral, Madrid, El Pueblo, 1870, págs. 33 y sigs.

s Sobre la supremacía del Parlamento en el Sexenio: J. L Marcuello y M.Pérez Ledesma, «Parlamento y poder ejecutivo en la España contemporánea (1810-1936)», Revista de Estudios Políticos, núm. 93, 1996, págs. 17-38; M.Pérez Ledesma, «La vida parlamentaria en España: de la revolución de 1868 a la derrota republicana de 1939», en G.Capellán de Miguel (ed.), Parlamento y parlamentarios en la España liberal, Logroño, Parlamento de La Rioja, 2000, págs. 23-65.

9 El papel moderador de la Corona no era una novedad y, en este sentido, la Monarquía de 1869 se insertaba, a pesar de oponer el principio de la soberanía nacional al doctrinario de la soberanía compartida, en la trayectoria de las Constituciones de 1837 y 1845, que, junto a la de 1876, han sido consideradas como «monarquías constitucionales» o, más recientemente por Ángeles Lario, «monarquías constitucionales de gobierno parlamentario». Sobre esta monarquía liberal, caracterizada por un poder ejecutivo dual y una separación de poderes poco rígida, que establecía un sistema de «doble confianza», véase J. 1. Marcuello Benedicto, La práctica parlamentaria en el reinado de Isabel II, Madrid, Congreso de los Diputados, 1986; ídem, «La práctica del poder moderador de la Corona en la época de Isabel II», Revista de Estudios Políticos, núm. 55, 1987, págs. 197-236; ídem, «Las Cortes y los factores de crisis política de la Monarquía constitucional de Isabel II (1845-68)», Anuario de Historia del Derecho Español, LVIII (1988), págs. 81-172; Á.Lario, «La Monarquía Constitucional: teoría y práctica política», en J.Tusell, Á.Lario y F.Portero (eds.), La Corona en la historia de España, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003, págs. 105145 ; ídem, «El modelo liberal español», Revista de Estudios Políticos, núm. 122, 2003, págs. 179-200, e ídem, «Monarquía Constitucional. El concepto, la historia y la historia del concepto», comunicación inédita presentada en el VI Congreso de la Historia de los Conceptos, Vitoria, 2003. Ahora bien, lo interesante era que los revolucionarios de 1868, que tenían en perspectiva una «Década moderada», la contrarrevolución de 1856, el cese de O'Donnell en 1866 (tras reprimir la insurrección de junio y contando con mayoría en el Congreso) o los gobiernos autoritarios de Narváez-González Brabo, argumentasen que Isabel II no había sido una reina constitucional, por haber abusado de sus prerrogativas y poder moderador, es decir, por no haber sido neutral y haber influido decisivamente en la gobernación del país. En este sentido, la práctica de la Corona había invertido el régimen representativo al primar la confianza regia sobre la parlamentaria, con lo que se llegó, incluso, a que los gobiernos nombrados por el monarca obtuviesen hornadas de senadores y doblegasen o «fabricasen» mayorías parlamentarias. Así, en el caso español, la máxima del Gobierno representativo de que el «Rey reina, pero no gobierna» era, a la altura de 1868, puramente retórica, pues, como señala Marcuello, la monarquía parlamentaria «era un horizonte absolutamente extraño a los liberales moderados» («La Corona y la desnaturalización del parlamentarismo isabelino», Ayer, 29, 1998, págs. 15-36 y 2 1-22; para el caso de los progresistas cabe recordar la crítica de Joaquín M.a López al regente Espartero, recogida por el mismo autor en La práctica parlamentaria..., pág. 324). La novedad de los monárquicos del 69 era, por tanto, que prometían la plena parlamentarización de la monarquía al proponer elecciones limpias y un monarca «neutral» que se limitase a nombrar gobiernos respaldados por las Cortes, un régimen parlamentario que, ciertamente, no conseguirían hacer realidad.

10 La Constitución de 1869 señalaba que la potestad de hacer las leyes residía «en las Cortes» (art. 34), con lo que se abandonaba la fórmula tradicional que la hacía recaer «en las Cortes con el Rey» (desde el art. 15 de la Constitución de 1812 al 12 de la de 1845). Aunque el Rey conservaba, junto a las Cámaras, la iniciativa legislativa (e, incluso, podía proponer la reforma constitucional; art .110), la sanción de las leyes - que era lo verdaderamente importante desde la perspectiva de la parlamentarización dejaba de ser, tal como aquí se interpreta, voluntaria o potestativa y pasaba a ser obligatoria. Este recorte del poder real, que iba unido a la desaparición de un Senado designado por el monarca y capaz de vetar a la Cámara baja, era lo que justificaba el cambio en el nuevo texto constitucional.

12 A.M.Calero, Monarquía y democracia..., págs. XV-XX y «Los precursores de la monarquía democrática», en J.L.García Delgado (ed.), La España de la Restauración, Madrid, Siglo XXI, 1985, págs. 21-32.

14 La Junta revolucionaria de Segovia fue la única que acuñó moneda: 10.000 piezas de cobre con los lemas «Soberanía Nacional» (adverso), «España Libre» y «29 de Septiembre de 1868» (reverso), sirviendo de motivo el Acueducto. Sobre la peseta: G. de la Fuente y R.Serrano, La revolución gloriosa.... págs. 339-343; J.M.Santacreu Soler, «La revolución monetaria española de 1868», Anales de Historia Contemporánea, núm. 10, 1994, págs. 511-523; M.Martorell, Historia de la peseta, Barcelona, Planeta, 2001.

ii La rígida separación de poderes y el veto regio se encuentran en la Constitución de 1812. La concepción doctrinaria de la soberanía compartida, aunque adoptando una división de poderes más flexible, mantuvo en las sucesivas constituciones la potestad sancionadora del monarca al señalar que «el Rey sanciona y promulga las leyes» y ordenar retirar los «proyectos de ley» a los que «le negare el Rey la sanción» (arts. 46 y 39 de la Constitución de 1837 y arts. 44 y 38 de la de 1845). La Constitución de 1869 repetía lacónicamente la primera fórmula (art. 34), pero no mencionaba, en cambio, la posibilidad de que el Rey pudiese negarse a sancionar un proyecto de ley. En el debate parlamentario, Francisco J.Moya defendió el veto suspensivo del monarca limitado a una legislatura, pero la práctica constitucional vino a confirmar la sanción legislativa obligatoria (las posiciones de Moya, Moret y Silvela, en DSCC, ses. 7 de abril y 21 de mayo de 1869). Según J. 1. Marcuello y M.Pérez Ledesma la sanción real era «libre» en las anteriores constituciones y «necesaria, es decir, sin posibilidad de veto», en la de 1869 («Parlamento y poder ejecutivo...», págs. 21 y 28).

13 El manifiesto de los cimbrios de 1868 iba más lejos al decir que la monarquía democrática era «la que nace del derecho del pueblo; la que consagra el sufragio universal; la que simboliza la Soberanía de la Nación».

16 L M.Pascual Sastre, La Italia del Risorgimento y la España del Sexenio Democrático (1868-1874), Madrid, CSIC, 2002; M.Espadas Burgos, Alfonso XII y los orígenes de la Restauración, 2.' ed., Madrid, CSIC, 1990, págs. 9-43; J.Rubio, España y la guerra de 1870, Madrid, MAE, 1989, 3 vols.

17 Posturas monárquicas liberales críticas, en L.Alba Salcedo, La interinidad y sus peligros, Madrid, Álvarez, 1870; C.Navarro y Rodrigo, La crisis de España, Madrid, G.Estrada, 1870.

15 Sobre la influencia belga: A.Pérez Ayala, «El constitucionalismo del Sexenio en el contexto constitucional europeo de mediados del siglo XIX. Referencia específica al influjo del modelo belga», Revista de Derecho Político, núms. 55-56, 2002, págs. 241-293.

21 Previamente, Ruiz Zorrilla había obtenido un amplio voto de confianza en el Congreso; véase C. de Romanones, Amadeo de Saboya, Madrid, Espasa-Calpe, 1935, pág. 141.

18 Una reciente reflexión sobre el significado de Prim, en J.Álvarez Junco, «¿Qué hubiera pasado si el general Prim no hubiera sido asesinado en 1870?», en N.Townson (dir.), Historia virtual de España (1870-2004), Madrid, Taurus, 2004, págs. 37-59.

19 Sobre la monarquía de Amadeo: A.M.Calero, Monarquía y democracia..., págs. XXXVIII-XLV; M.Mas Hesse y R.Troncoso Ramón, «La práctica del poder moderador durante el reinado de Amadeo 1 de Saboya», Revista de Estudios Políticos, núm. 55, 1987, págs. 237-271; J.Vilches, Progreso y Libertad, Madrid, Alianza, 2001; 1. M.Pascual, La Italia del Risorgimento... ; C.Bolaños Mejías, El reinado de Amadeo de Saboya y la monarquía constitucional, Madrid, UNED, 1999; El Globo, Madrid, 13 de julio de 1884.

20 Como botón de muestra del discurso radical, véase el manifiesto del partido «A la Nación» de 8 de febrero de 1872 (reproducido parcialmente en G. de la Fuente y R.Serrano, La revolución gloriosa..., páginas 99-100).

22 G. de la Fuente, «Elite política y clientelismo durante el Sexenio Democrático (1868-1874)», en A.Robles Egea (comp.), Política en penumbra, Madrid, Siglo XXI, 1996, págs. 151-165. El caso de Barcelona, en M.Janué i Miret, Els polítics en temps de revolució, Vic, Eumo, 2002, datos utilizados en pág. 260.

23 Estos casos en P.Gómez Aparicio, Historia del periodismo español. De la Revolución de Septiembre al desastre colonial, Madrid, Editora Nacional, 1971, págs. 53 y 152-156 y E.M.Vilarrasa y J. 1. Gatell, Historia de la Revolución de Setiembre, Barcelona, Religiosa y Científica, 1875, t. II, págs. 392-419.

24 DSCC, 1869-1871, Índice, págs. 343-346 y 389, para las 123 leyes, acuerdos y decretos de las Cortes.

26 En realidad, la destrucción de los símbolos borbónicos fue fomentada por las élites revolucionarias Ounteros, periodistas), de las que formaban parte tanto republicanos como monárquicos; véase G. de la Fuente, Los revolucionarios de 1868.... págs. 97 y sigs.

zs Una aproximación al proyecto monárquico en G. de la Fuente y R.Serrano, La revolución gloriosa..., «Introducción». Para su dimensión económica, A.Costas Comesaña, Apogeo del liberalismo en «La Gloriosa», Madrid, Siglo XXI, 1988; para la educativa, M.Suárez Pazos, A educación en España durante o Sexenio Revolucionario (1868-1874), Universidad de Vigo, 2002 y la religiosa, en V.Cárcel Ortí, Iglesia y revolución en España (1868-1874), Pamplona, Eunsa, 1979.

27 Sobre mujer y republicanismo en el Sexenio no hay ninguna visión de conjunto, aunque sí referencias a su participación en periódicos, clubes y mítines. Véase, por ejemplo, C.Pérez Roldán, El Partido Republicano Federal, 1868-1874, Madrid, Endymion, 2001, págs. 125-128 y los textos recogidos en G. de la Fuente y R.Serrano, La revolución gloriosa..., págs. 105-114.

29 Para los debates parlamentarios sobre la ilegalización de la FRE de la AIT, véase O.Vergés Mundó, La (Internacional en las Cortes de 1871, Barcelona, Universidad de Barcelona, 1964.

28 La propaganda electoral republicana fue muy profusa. Un folleto dirigido a los campesinos (gallegos) en R.Pérez Costales, La Verdad a las aldeas, La Coruña, Tip. del Hospicio, 1869.

30 El principal discurso de las Constituyentes en defensa de la República fue el de Pi y Margall (19 de mayo de 1869), reproducido en A.Jutglar, Pi y Margall y el federalismo español, Madrid, Taurus, 1975, páginas 863-889.

31 La defensa de la insurrección para salvaguardar los derechos, por ejemplo, en los Pactos federales de 1869 y en el discurso parlamentario de Castelar de 5 de octubre de ese año; los primeros en E.RodríguezSolís, Historia del Partido Republicano Español, Madrid, F.Cao y D. del Val, 1893, t. II, págs. 630-638.

32 Sobre estas restricciones gubernativas, véase M.Ballbé, Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), Madrid, Alianza, 2 T ed., 1985, págs. 193 y sigs.

33 Sobre los sucesos de Tarragona, resulta interesante la visión oficial: J.M.Martínez, Memoria que el Gobernador de la provincia de Tarragona presenta [..], Tarragona, J.A.Nel-lo, 1869. La insurrección más importante, la de Valencia, en J.A.Piqueras Arenas, La Revolución Democrática (1868-1874), Madrid, Ministerio de Trabajo, 1992, págs. 103-118, y R.Monlleó Peris, «Republicanos contra monárquicos. Del enfrentamiento electoral y parlamentario a la insurrección federal de 1869», Ayer, núm. 44, 2001, págs. 72-82.

36 Esta idea está claramente recogida en R.Barcia, Cartilla religiosa, Madrid, M.Álvarez, 1869, páginas 109-112 y F.Díaz Quintero, R. de Cala y E.Benot, Constitución Democrática Federal de la República Española, Madrid, 1873, art. 38: «Nadie, so pretexto de religión, se excusa de los deberes de ciudadano». La libertad de cultos llevó a los ayuntamientos republicanos a no participar oficialmente en las procesiones católicas en las que tradicionalmente lo hacían; el caso gaditano, en G.Espigado Tocino, La Primera República en Cádiz, Sevilla, Caja de San Fernando, 1993, pág. 277 y, en general, epígrafe 3.3.2.

aa Este discurso de 25 de junio de 1869, en E.Castelar, Discursos parlamentarios en la Asamblea Constituyente, 5a ed., Madrid, San Martín y Jubera, s. a., t. II, págs. 115-153.

as Por ejemplo, J.Valera, «La revolución y la libertad religiosa en España», Revista de España, t. VIII, núms. 30-31, 1869, págs. 206-236 y 437-461.

37 Sobre la libertad religiosa, véanse los discursos de Castelar, en DSCC, ses. 7 y 12 de abril de 1869.

a9 Los cambios legislativos que afectaron a las diputaciones en R.Villena Espinosa, Revolución Democrática y Administración Provincial, Ciudad Real, Diputación Provincial, 1995, págs. 33-50.

42 Orense, persona clave en la conversión de los republicanos al federalismo, y Castelar defendieron una única Cámara (G.Trujillo, El federalismo..., págs. 178-179). Folletos federales más ortodoxos, los de M.Miranda y Adot, Complemento del dogma democrático, Madrid, J.Sanabria, 1868, págs. 13 y sigs. y G.Feito y Martín, Doctrina republicana para las clases trabajadoras, Salamanca, S.Cerezo, 1869, páginas 18-29.

40 Sobre el federalismo del Sexenio: G.Trujillo, El federalismo español, Madrid, Edicusa, 1967; R.Torrent Orri, Dos federalismos y su pugna en España, Barcelona, Dopesa, 1974; J.Ferrando Badía, La Primera República Española, Madrid, Edicusa, 1973; A.Jutglar, Pi y Margall... ; J.J.Trías Vejarano, Almirall y los orígenes del catalanismo, Madrid, Siglo XXI, 1975; J.M.Jover Zamora, «Federalismo en España: cara y cruz de una experiencia histórica», en G.Gortázar (ed.), Nación y Estado en la España Liberal, Madrid, Noesis, 1994, págs. 105-167; J.Pich i Mitjana, Federalisme i catalanisme: ValentíAlmirall i Llozer (1841-1904), Vic, Eumo, 2004.

41 V.Almirall, Bases para la Constitución Federal de la Nación Española y para la del Estado de Cataluña, Barcelona, C.Verdaguer, 1868 e Idea exacta de la Federación. Datos para la organización de la República Federal Española, Barcelona, Vda. e H. de Gaspar, 1870.

44 Para la concepción organicista, M.Ayllón Altolaguirre, Proyecto de Constitución DemocráticoFederal de la República Española, Madrid, Tello, 1873; el art. 24 «presupone la existencia del pacto» entre individuos, municipios y provincias «para constituir la Nación».

aa M. de la Revilla, Historia y defensa de la Declaración de la prensa republicana, Madrid, La Discusión, 1870.

46 Esta variedad, por ejemplo, en R.Barcia, La Federación Española, Madrid, Faquineto, 1869. La visión federal del futuro jefe cantonal era de raíz organicista (existía una especie de federalismo natural al que debía dar forma constitucional el pacto federal), pero su proyecto de Constitución no era de corte orgánico, sino federalista; véase La revolución por dentro o sea la república federal explicada por sí misma, Madrid, Imp. de M.Álvarez, 1870.

47 Por ejemplo, el proyecto constitucional de Díaz Quintero indicaba en su preámbulo que el objeto del federalismo era «armonizar la unidad nacional con la autonomía de las diferentes regiones del territorio español».

45 N.Salmerón y E.Chao, Proyecto de Bases de la Constitución Republicano-Federal de España, 2.a ed., Madrid, Labajos, 1873, bases 22 y 24. Igualmente, M.Ayllón, Proyecto de Constitución..., art. 37.

49 Los Pactos federales de 1869 mencionan una «confederación» de las federaciones regionales y crean el «Consejo Federal» del partido (influencia del modelo suizo, que se manifestó también en el vocabulario de Almirall); el Proyecto de Constitución de Díaz Quintero de 1873 utiliza el término «Confederación» al tratar del poder ejecutivo de la «Federación» (art. 81), etc.

52 A.Jutglar, Pi y Margall..., págs. 291-293. En el Proyecto de Constitución de Díaz Quintero, que fue retirado de las Constituyentes de 1873, la designación de los cantones correspondía a una asamblea formada por dos representantes de cada provincia (cuyo acuerdo formaría parte de la Constitución), pero «teniendo en cuenta la proximidad geográfica y las relaciones naturales y económicas» (art. 61).

53 Aunque existan textos precursores del nacionalismo catalán (como los del tradicionalista Francisco Romaní), los republicanos federales no traspasaron la barrera del catalanismo cultural (una seña de identidad compartida con otras fuerzas políticas que no interesó a todos ellos), por lo que su proyecto de Estado Catalán (de autogobierno), que era constitucionalmente igual al de otras regiones, no cuestionaba el patriotismo español, compatible con otro catalán, aunque sí - obviamente el centralismo político (incluso en el caso de la «guerra a Madrid» de Almirall). Quizá lo más peculiar de Cataluña fuese, no tanto la postura de los republicanos, como el hecho de que los monárquicos reivindicasen, mucho más que en otros lugares y junto a carlistas, una amplia descentralización para la defensa de su propia cultura y utilizando el simbolismo de los antiguos fueros (como en el caso del progresista Víctor Balaguer, defensor de la «monarquía federal» y «vengador» desde la Diputación de las víctimas de 1714). Sobre esta polémica cuestión: M.Janué, Els poltics..., págs. 153-173; P.Anguera Nolla, «La politización del catalanismo», Ayer, núm. 44, 2001, págs. 33-53; J.Termes, Federalismo, anarcosindicalismo y catalanismo, Barcelona, Anagrama, 1976, págs. 70-89; B. de Riquer i Permanyer, Escolta, Espanya. La cuestión catalana en la época liberal, Madrid, M.Pons, 2001; J.M.Fradera, Cultura nacional en una sociedad dividida. Cataluña 1838-1868, ídem, 2003.

54 Base 4.a del Pacto federal nacional (E.Rodríguez-Solís, Historia del Partido Republicano.... t. II, pág. 638).

48 M.V.López-Cordón, El pensamiento político-internacional del federalismo español, Barcelona, Planeta, 1975, págs. 171 y sigs.

50 La ratificación, que existía en el modelo de Estados Unidos, no se encuentra en los proyectos federales de 1873, de Salmerón, Castelar y Díaz Quintero (aunque éste interpreta el pacto federal como una «delegación» de soberanía de los Estados, en la práctica, la cesión era obligatoria para garantizar la integridad nacional). Almirall, quien partía del hecho de que «España es hoy día una sola nación» (soberana) y de que «no existen en ella Estados soberanos» e independientes que pudieran celebrar el pacto (y ceder, por tanto, parte de su soberanía), contemplaba, excepcionalmente, al tratar de la federación desde arriba, la ratificación constitucional por los Estados y el que hubiera una parte preliminar en la Constitución donde se declarase la «soberanía» (limitada) de los mismos, una «renuncia» de soberanía del conjunto en favor de las partes. Pero el resultado era idéntico, pues la federación buscaba «solidar la unidad nacional» y no se contemplaba laposibilidad de que un Estado (secesionista) no ratificase la Constitución (véase Idea exacta..., págs. 5-6 y 8). El proyecto de Barcia no sólo enumeraba los «Estados libres y soberanos de la Confederación española», sino que sometía la aprobación del «Pacto federal» (de la Constitución) al «voto del Pueblo» español, a un referéndum nacional, no contemplado por otros autores (La revolución por dentro..., págs. 32-35 y 38).

s~ Proyecto de Constitución Federal de la República Española presentado a las Cortes en junio de 1873, art. 102. El de Díaz Quintero (art. 95) las sometía «al juicio» del Senado federal; el de Almirall, a la «aprobación» por el «conjunto» de la Federación (Idea exacta..., págs. 15 y 17- 18), y el de Barcia, a la «sanción» de la Asamblea Federal (una vez aprobada por el «pueblo» del cantón), para «que no contenga nada que sea contrario al Pacto federal» (La revolución por dentro.... pág. 50). Aunque hubiese otras vías (como la judicial), éstas garantizaban el principio de constitucionalidad, propio de un Estado federal.

55 1. Doménech, Idea práctica de la Federación Española, Madrid, F.Escámez, 1870.

58 Desde 1868, los discursos de Castelar fueron reiterativos en sus ataques al «rey extranjero», una muestra en G. de la Fuente y R.Serrano, La revolución gloriosa..., págs. 236-240. Manifiesto de los intransigentes de 1872, con referencia al «extranjero», en A.Jutglar, Pi y Margall..., págs. 462-463.

16 Ésta. fue la opinión de Almirall ante las elecciones de 1869 (Bases para la Constitución..., págs. 9-10).

J.M.Jover, «Federalismo en España...», págs. 153 y sigs.

s9 Sobre la Cantonal, véase G.Espigado Tocino, «La historiografia del cantonalismo: pautas metodológicas para un estudio comparado», en R.Serrano García (dir.), España, 1868-1874, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2002, págs. 111-137.

60 Esta labor legislativa, en J.L.Catalinas y J.Echenagusía, La Primera República, A.Corazón, 1973. Para otros aspectos, C.A.M.Hennessy, La República Federal en España, Madrid, Aguilar, 1966.

2 Algunos ejemplos de la riquísima bibliografia que sobre el asunto posee actualmente la historiografía española son M.Morales Muñoz, El republicanismo malagueño en el siglo XIX Propaganda doctrinal, prácticas políticas y ,formas de sociabilidad, Málaga, 1999; M.Suárez Cortina, El gorro frigio. Liberalismo, democracia y republicanismo en la Restauración, Madrid, 2000; A.Duarte y P.Gabriel, «¿Una sola cultura política republicana ochocentista en España?», en Ayer, núm. 39, 2000, págs. 1 1-34; R Reig, «El republicanismo popular», en Ayer, núm. 39, 2000, págs. 83- 102; D.Castro Alfin, «La cultura política y la subcultura política del republicanismo español», en J.L.Casas Sánchez y F.Durán Alcalá (coord.), I Congreso sobre el republicanismo en la Historia de Andalucía, Priego de Córdoba, 200 1, págs. 13-34. Mención especial merecen un buen puñado de trabajos recogidos en tres obras de suma importancia: N.Townson (ed.), El Republicanismo en España (18301977), Madrid, 1994; M.Chust y J.A.Piqueras (comps.), Republicanos y repúblicas en España, Madrid, 1996, y R.Cruz y M.Pérez Ledesma (eds.), Cultura y movilización en la España contemporánea, Madrid, 1997.

Entre otros - sólo es posible hacer una selección muy incompleta me refiero a J.Álvarez Junco, El emperador del Paralelo. Lerroux y la demagogia populista, Madrid, 1990; ídem, «Racionalismo, romanticismo y moralismo en la cultura política republicana de principios de siglo», en Clases populares, cultura, educación. SiglosXIXyXX. Madrid, 1988, págs. 355-375; M.Pérez Ledesma, «Ricos y pobres: pueblo y oligarquía: explotadores y explotados. Las imágenes dicotómicas en el siglo XIX español», en Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 10, 1991, págs. 59-88; A.Duarte, Possibilistes i federals. Politica i cultura republicana a Reus (1874-1899), Reus, 1992; ídem, «Republicanos y nacionalismo. El impacto del catalanismo en la cultura política republicana», en Historia Contemporánea, núm. 19, 1993, págs. 1 57-177; M.Morales Muñoz, «La sociabilidad popular en Málaga, 1840-1874: de la tutela burguesa a la afirmación de una identidad diferenciada», en Estudios de Historia Social, núms. 50-51, 1989, págs. 243-27 1; D.Castro Alfin, «Jacobinos y Populistas. El Republicanismo español a mediados del siglo XIX», en J.Álvarez Junco (coord.), Populismo, caudillaje y discurso demagógico, Madrid, 1987, págs. 181-217.

6 E.P.Thompson, La formación histórica de la clase obrera. Inglaterra, 1780-1832, Barcelona, 1977; ídem, Tradición, revuelta y consciencia de clase, Barcelona, 1979.

a C.Nieto Blanco, La Conciencia Lingüística de la Filosofía. Ensayo de una Crítica de la Razón Lingüística, Madrid, 1997; G.Eley, «Is All the World a Text? From Social History to the History of Society Two Decades Later», en T.McDonald (ed.), The Historie Tirrn in the Human Sciencies, Michigan, 1996, págs. 193-243; 1. Burdiel y M.C.Romeo, «Historia y Lenguaje. La vuelta al relato dos décadas después», en Hispania, LVU1, núm. 192, 1996, págs. 433-446; M.A.Cabrera, Historia, Lenguaje y Teoría de la Sociedad, Madrid, 2001; V.E.Bonnell y L.A.Hunt (eds.), Beyond cultural turn: new directions in the study ofsociety, and culture, Berkeley-Los Ángeles, 1999.

s Además del ya citado, son importantes al respecto trabajos como E.Laclau y Ch. Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia, Madrid, 1987; P.Bourdieu, Razones Prácticas. Sobre la Teoría de la Acción, Barcelona, 1997; M.R.Somers, «¿Qué hay de político o de cultural en la cultura política y en la esfera pública? Hacia una sociología histórica de la formación de conceptos», en Zona Abierta, núms. 77-78, 19961997, págs. 3 1-94. Muy clarificadores resultan M.' L.Morán, «Sociedad, Cultura y Política: continuidad y novedad en el análisis cultural», en Zona Abierta, núms. 77-78, 1996-1997, págs. 1-30 y el ya citado M.A.Cabrera (2001).

7 Al respecto, M.Pérez Ledesma, «"Cuando lleguen los días de la cólera" (Movimientos sociales, teoría e Historia)», en Zona Abierta, núm. 69, 1994, págs. 51-120; ídem, «La formación de la clase obrera: una creación cultural», en R.Cruz y M.Pérez Ledesma (1997), págs. 201-233; R.Cruz, «La cultura regresa a primer plano», en ibíd., págs. 13-34; A.Melucci, «Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos sociales», en Zona Abierta, núm. 69, 1994, págs. 153-180; A.Swidler, «La cultura en acción: símbolos y estrategias», en Zona Abierta, núms. 77-78, 1996-1997, págs. 127- 162; S.Tarrow, El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Madrid, 1997; D.McAdam, «Cultura y movimientos sociales», en E.Laraña y J.Gusfield (eds.), Los Nuevos Movimientos Sociales. De la Ideología a la Identidad, Madrid, 2001, págs. 43-67.

9 R.Miguel González, «Las culturas políticas del "republicanismo histórico" español», en Ayer, núm. 53, 2004, págs. 207-236; ídem, La Formación de las Culturas Políticas Republicanas Españolas, 1833-1900, tesis doctoral, Universidad de Cantabria, 2005. En el resto de este trabajo recortaré al máximo el número de notas y citas al pie, introduciendo sólo las estrictamente necesarias, ya que en mis trabajos anteriores, cuyas referencias recojo en notas al pie, he especificado ya detalladamente las fuentes primarias y secundarias sobre las que se sostienen las interpretaciones que aquí expongo.

s Al respecto, además de otros trabajos que venimos citando, especialmente de Pierre Bourdieu, son importantes las reflexiones de G.Eley y K.Nield, «Volver a empezar: el presente, lo posmodemo y el momento de la Historia social», en Historia Social, núm. 50, 2004, págs. 47-58; J.W.Scott, «La experiencia como prueba», en N.Carbonell y M.Torras (comps.), Feminismos literarios, Madrid, 1999, págs. 77-112; L.E.Alonso y J.Callejo, «El análisis del Discurso: del posmodernismo a las razones prácticas», en Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 88, 1999, págs. 37-73; G.Noiriel, Sobre la crisis de la Historia, Madrid, 1997; ídem, «Historia: por una reflexión pragmatista», en M.C.Romeo Mateo e 1. Saz, El Siglo XX Historiografía e Historia, Valencia, 2002, págs. 11-28.

10 Además del ya citado D.Castro Alfin (1987), J.González Amuchastegui, Luis Blanc y los orígenes del socialismo democrático, Madrid, 1989; S.Bernstein, Blanqui y el Blanquismo, Madrid, 1975; S.Mastellone, Historia de la Democracia en Europa. De Montesquieu a Kelsen, Madrid, 1990; M.Agulhon, «A propos de "Neo-Robespierrisme": quelques visages de "Jacobins" sous Louis-Philippe», en F.Furet y M.Ozouf (eds.), The French Revolution and the creation of Modern political culture, vol. 3: The Transfbrmation of Political Culture, 1 789-1848, París, 1989, págs. 527-541 ; W.H.Sewell, «Beyond 1793: Babeuf, Louis Blanc and the Genealogy of "Social Revolution"», en ibíd., págs. 509-526; S.Berstein, «Le modéle républicain: une cultura politique syncrétique», en Les cultures politiques en France, París, 1999, págs. 119-151; M.Ridolfi, «El culto a la República en los tiempos del rey. Lugares de la memoria y símbolos republicanos en la Italia liberal», en Historia social, núm. 29, 1997, págs .111-128; L.La Puma, II socialismo sconfitto. Saggio sul pensiero político di Pierre Leroux e Giuseppe Mazzini, Milán, 1984.

11 De ella he tratado detalladamente en R.Miguel González, «Jacobinismo y humanitarismo en el Republicanismo histórico español», en Utopía y Cultura política en la España liberal. VII Encuentro de Historia de la Restauración, Santander, noviembre de 2004 (en prensa).

12 En la tradición rousseauniano-jacobina, la voluntad general del cuerpo político no equivalía mecánicamente a la voluntad de la mayoría, ni siquiera a la voluntad de todos, sino que equivalía a la voluntad que tiende siempre al bien común. Para que la soberanía popular se implantase realmente, era necesario que los ciudadanos fuesen independientes en todos los aspectos de la vida social, ya que era la única manera de la que la voluntad general se manifestase realmente. En caso de que un Pueblo no fuese independiente, entonces la voluntad general en pro del bien común podía encarnarse en quien realmente orientase sus actos hacia el bien común y encarnase la virtud, incorruptibilidad e infalibilidad de todo pueblo libre. Al respecto, además de en el trabajo citado en la nota anterior y en la tesis doctoral, he tratado de ello en detalle en R.Miguel González, «Las concepciones de la representación política en la Democracia republicana española del siglo XIX», en M.Sierra, R.Zurita y E.Peña (coords.), La Representación en las culturas políticas del Liberalismo español (1812-1874), monográfico de la revista Ayer, núm. 61, 2006. Sobre el asunto, J.-J. Rousseau, El Contrato Social (1762), Madrid, 1995, págs. 129- 132; L.Jaume, El jacobinismo y el Estado moderno, Madrid, 1990; J.Álvarez Junco y E.Gilolmo (selecc. y estudio preliminar), Los jacobinos, Madrid, 1970.

13 Tal revisión crítica de la tradición jacobina y construcción del entramado discursivo demosocialista las he analizado detalladamente, además de en mi tesis doctoral, en R.Miguel González, «Francisco Pi y Margall. La construcción de la Democracia republicana socialista y de la legalidad democrática españolas», en R.Serrano García (ed.), Figuras de La Gloriosa. Culturas políticas y biografía en el Sexenio democrático, Valladolid, 2006.

14 W.H.Sewell, Trabajo y Revolución en Francia: el lenguaje del movimiento obrero desde el Antiguo Régimen hasta 1848, Madrid, 1992. La formación y desarrollo de la República Obrera la he analizado sistemáticamente en R.Miguel González, «La "República Obrera": cultura política popular republicana y movimiento obrero en España entre 1834 y 1874», en I Congreso El Republicanismo en la Historia de España. Política, Sociedad y Cultura, Oviedo, 2004 (en prensa).

I5 Al respecto es importante la consulta de G.Barnosell, Origens del sindicalisme catalá, Vic, 1999.

16 Son clarificadores al respecto los trabajos de A.López Estudillo, Republicanismo y Anarquismo en Andalucía. Conflictividad social agraria y crisis finisecular, Córdoba, 2001; ídem, «El anarquismo español decimonónico», en Ayer, núm. 45, 2002, págs. 73-104; J.A.Piqueras Arenas, La Revolución Democrática (1868-1874). Cuestión social, colonialismo y grupos de presión, Madrid, 1992, págs. 206-211.

17 Sobre el asunto he tratado detalladamente, además de en otros trabajos ya citados, en R.Miguel González, «Estudio Preliminar» a José María Orense y Milla de Aragón, Treinta años de gobierno representativo en España, Santander, Universidad de Cantabria, 2006.

18 A.Tocqueville, La Democracia en América (1835, 1840), Barcelona, 1985.

19 Ninguno de los dos proyectos constitucionales elaborados por la comisión - creada el efecto por la Asamblea constituyente de 1873 - puede ser considerado como demokrausista, a pesar de que el apadrinado por Castelar llevaba la firma de Eduardo Chao. El proyecto genuinamente demokrausista es el que elaboraron Salmerón y el propio Chao en 1872 para que fuese discutido por la III Asamblea Republicana Federal. He analizado sistemáticamente los tres proyectos constitucionales federalistas del Sexenio en R.Miguel González, «Democracia y Progreso en el movimiento federal del Sexenio. La construcción "desde arriba" de una nueva legalidad española», en M.Suárez Cortina (ed.), La cultura progresista en la España liberal (en prensa). Puede consultarse el texto del proyecto demokrausista en La Igualdad. Diario Republicano Federal, 1125 (15 de mayo de 1872), 1127 (17 de mayo de 1872), 1129 (19 de mayo de 1872) y 1131 (21 de mayo de 872).

20 La historiografia española cuenta con notables trabajos sobre la sociabilidad republicana, M.Morales Muñoz (1999); ídem, «La sociabilidad popular en Málaga, 1840-1874: de la tutela burguesa a la afirmación de una identidad diferenciada», en Estudios de Historia Social, núms. 50-5 1, 1989, págs. 243-271; ídem, «Cultura y sociabilidad republicanas en Andalucía, 1850-1919», en J.L.Casas Sánchez y F.Durán Alcalá (coords.), I Congreso sobre el republicanismo en la Historia de Andalucía, Priego de Córdoba, 2001; R.Reig, «Entre la realidad y la ilusión: el fenómeno blasquista en Valencia, 1898-1936», en N.Townson (ed.), El Republicanismo en España (1830-1977), Madrid, 1994, págs. 395-423; R.Gutiérrez Lloret, «Sociabilidad política, propaganda y cultura tras la revolución de 1868. Los clubes republicanos en el Sexenio democrático», en Ayer, núm. 44, 2001, págs. 151-172; además del trabajo pionero de D.Castro Alfin, «Los republicanos madrileños durante la primera fase de la Restauración», en A.Bahamonde y L.E.Otero (eds.), La Sociedad madrileña durante la Restauración, 1876-1931, Madrid, 1989, págs. 39-57. Al respecto es muy interesante el dossier coordinado por Jordi Canal, «Sociabilidad. En torno a Agulhon», en Historia Social, núm. 29, 1997, págs. 45-144. En general, tales trabajos siguen la línea marcada en Francia por M.Agulhon, Marianne au combat: l'imagerie et la symbolique republicaines de 1789 a 1880, París, 1979; ídem, «Clase obrera y sociabilidad antes de 1848», en Historia Social, núm. 12, 1992, págs. 141- 166 e ídem, 1848 ou l'aprentissage de la République: 1848-1852, París, 1973 y en Italia por M.Ridolfi, Il circolo virtuoso. Sociabilitá democratica, asociacionismo e rappresentanza politica nell'Ottocento, Florencia, 1990.

21 Además de la conceptualización que del asunto realizó J.M.Jover Zamora, Realidad y Mito de la Primera República. Del «Gran Miedo» meridional a la utopía de Galdós, Madrid, 1991, hemos de destacar las reflexiones y la selección de fuentes que al respecto realizaron J.Álvarez Junco, La Comuna en España, Madrid, 1971; M." V.López-Cordón Cortezo, «La Comuna de París vista desde España», en J. M." Jover Zamora (dir.), El Siglo XIX en España: Doce estudios, Barcelona, 1974, págs. 323-395 y J.L.Catalinas y J.Echenagusia, La Primera República. Reformismo y Revolución Social, Madrid, 1973.

22 Sobre el municipio autónomo de Sanlúcar, G.Espigado Tocino, «Sanlúcar de Barrameda en 1873: republicanos e internacionalistas en acción», en J.Álvarez Junco y cols., El movimiento obrero en la historia de Cádiz, Cádiz, 1988, págs. 7 1-89; ídem, La Primera República en Cádiz. Estructura social y comportamiento político durante 1873, Sevilla/Jerez de la Frontera, 1993; J.Álvarez Junco, «Sobre el anarquismo y el movimiento obrero andaluz», en Estudios de Historia Social, núms .10-11, 1979, págs. 275-297; T.Kaplan, Orígenes sociales del Anarquismo en Andalucía. Capitalismo agrario y lucha de clases en la provincia de Cádiz, 1868-1903, Barcelona, 1977, págs. 1 10-129.

24 Las referencias a la justicia popular revolucionaria - eufemismo tras el cual se enmascaraba el terror jacobino son constantes en la prensa republicana española de tradición jacobina desde El Robespierre Español (Cádiz, 1811-1812) hasta, al menos, El Motín de Nakens durante la Restauración borbónica, pasando por El Huracán (1840-1843) de Patricio Olavarría, Guindilla (1842) de Wenceslao Ayguals de Izco, El Republicano (1842) de Abdó Terradas, La Soberanía Nacional (1854-1856) de Sixto Cámara, El Relámpago (1867) de Felipe Fernández «el Carbonerín», El Combate (1870) de Paúl y Angulo, El Tribunal del Pueblo (1872) de Córdova y López, La Justicia Federal (1873) de Roque Barcia o El Combate Federal (1873) de Gabriel Feito. No obstante, la defensa más clara del terror jacobino la hemos hallado en U.Romero Quiñones, Teoría Revolucionaria. Precedida de la Biografía de Maximiliano Robespierre, Madrid, 1874 (2.a ed.).

23 El proyecto constitucional de inspiración demosocialista fue el apadrinado por Ramón de Cala y Francisco Díaz Quintero. Puede consultarse en Proyecto de Constitución Democrática Federal de la República Española, recogido como «Apéndice 1.° al núm. 50», en Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española de 1873.

~s Expresión que los propios demoliberales utilizaron en el preámbulo de su proyecto constitucional para referirse a su sentimiento nacionalista españolista. Al respecto, Proyecto de Constitución Federal de la República Española recogido como «Apéndice 4.° al núm. 42», en Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española de 1873, págs. 1-2.

26 Sobre ello he tratado en R.Miguel González, «Francisco Pi y Margall. La construcción de la Democracia republicana socialista y de la legalidad democrática españolas», en R.Serrano García (2006). Los apelativos peyorativos que han acompañado a F.Pi hasta prácticamente la actualidad pueden encontrarse enunciados en «Mefistófeles máximo» y «A través de las sombras», en La República. Diario Político de la tarde, núm. 174 (15 de noviembre de 1873) y 175 (17 de noviembre de 1873).

27 N.Salmerón, discurso pronunciado en la sesión del 2 de enero de 1874 (la primera tras la reapertura de la Asamblea constituyente), recogido en La Igualdad. Diario Republicano Federal, 1697 (4 de enero de 1874).

1 Adolfo Posada, Ciencia política, Barcelona, Sucesores de Manuel Soler, s. E, pág. 131.

2 Compendio doctrinal de la Historia Universal hasta 1852, Madrid, Imprenta Nacional, 1856, t. IV, pág. XXXVIII. Las citas anteriores en págs. XXXIII y XXXV, respectivamente.

3 El texto, procedente de su obra De la centralisation et de ses effets lo reproduce en nota a pie de página H.Ahrens en su Curso de Derecho natural o de Filosofía del Derecho. Cito por la traducción española de Madrid, Librería Editorial de Carlos Baylly-Bailliere, 1889, pág. 580. Existe una reciente edición facsímil de la edición española de 1869, De la centralización y sus efectos (Madrid, 1997, con prólogo de E.García Enterría). Esta idea, por otro lado, cobraba todo su sentido en el célebre político francés que hizo su aparición en la vida pública en 1830 como jefe de la izquierda dinástica y que, a pesar de su ideología liberal, acabó ocupando la jefatura del Gobierno en la Segunda República (1848) o siendo nombrado - años más tarde Vicepresidente del Consejo de Estado durante la Tercera República por Thiers.

5 Cfr. ibíd., pág. 585.

6 Para una primera aproximación a la idea del selfgovernment puede verse G.Capellán, Gumersindo de Azcárate. Una biografía intelectual, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2005, págs. 332-354. En la actualidad preparo un estudio monográfico más amplio sobre esta idea en el pensamiento político contemporáneo europeo (que servirá de estudio preliminar a la reedición de El self-goverment de Gumersindo de Azcárate por parte del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales).

a Cfr. ibíd., pág. 581.

9 Véase el artículo «Discusiones en el Ateneo de Madrid. Sobre la forma de Gobierno», 21 de noviembre de 1868.

7 M.Pedregal y Cañedo, Estudios políticos, Oviedo, Imp. y lit. de Brid y Regadera, 1868, pág. 75 (el texto está fechado en agosto de 1867). Las cursivas son mías.

s Véase su artículo «Monarquía», en J.Fernández Sebastián y J.Francisco Fuentes (dirs.), Diccionario político y social del siglo XIX español, Madrid, Alianza, 2002, págs. 463 y 465.

10 «Monarquía y República», en La Voz del Siglo, 12 de diciembre de 1868.

4 Cfr. ibíd., pág. 10.

11 «Perfiles parlamentarios. Gumersindo de Azcárate», en El Porvenir de León, núm. 2344, 17 de abril de 1886.

Constitución de la nación española, Logroño, Imprenta de F.Menchaca, 1869, pág. 17.

13 La forma de gobierno, Madrid, Imprenta de Diego Pacheco Latorre, 1868, pág. 9. La República unitaria se identifica en ese momento para Salmerón con una «República centralizadora y tiránica» (pág. 15) que considera «cien veces peor que la Monarquía de derecho divino» (pág. 16); por tanto, nada tiene que ver con la república unitaria, bajo premisas organicistas y descentralizadoras, que luego él mismo y los krausistas preferirán frente a la república federal.

15 Cfr. ibíd., pág. 20.

16 Cfr. ibíd., pág. 27.

17 La ilustración y un amplio comentario de la idea en el contexto del pensamiento sociopolítico de Becerro de Bengoa, puede verse en mi estudio preliminar a Ricardo Becerro de Bengoa. La enseñanza en el siglo XX, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2001, «Colección clásicos del pensamiento político vasco».

9 Curso de Derecho político según la filosofía política moderna, la Historia general de España la legislación vigente, Madrid, Establecimiento tipográfico de Ricardo Fe, 1883.

20 Prolegómenos del Derecho. Principios de Derecho Natural sumariamente expuestos, Madrid, Imprenta de la Biblioteca de Instrucción y Recreo, s. a., págs. 229-231.

18 Sigo el texto incluido por Miguel Artola en Partidos y programas políticos, 1808-1936. II Manifiestos y programas políticos, Madrid, Alianza Editorial, 1991, pág. 90.

21 V éase G.Azcárate, Tratados de política. Resúmenes y juicios críticos, Madrid, Librería de Fernando Fe, 1883. Cito por la segunda edición de 1892, pág. 197 (hay una edición facsímil de Analecta, Pamplona, 2002). En una obra anterior, La Constitución inglesa y la política en el continente (Madrid, 1878), Azcárate ya había alabado a Sismonde de Sismondi por su intento de armonizar la Monarquía «que se encontraba en los hechos» con la democracia, «que se hallaba en la esfera de las ideas» (pág. X).

22 Ibíd., pág. 229.

24 «Exposición del libro de May "La democracia en Europa"», en Revista Europea, t. XIII, 1879, páginas 577 y sigs. y 646 y sigs.

25 El régimen parlamentario en la práctica, Madrid, 1882. Cito por la edición de 1978, págs. 104-105. 26 Ibíd., págs. 108-109.

2' El Seif-Government y la Monarquía doctrinaria, Madrid, Librería de A.San Martín, 1877, págs. 278-290.

27 D.Eugenio de Ochoa la tradujo al español como De las formas de Gobierno y de las leyes por que se rigen en 1870 (Madrid, 1871).

28 H.Passy, «De las formas de gobierno», en Tratados..., pág. 195.

29 El régimen parlamentario..., pág. 116, nota 2.

3o La información aparece en La Lectura (1913, t. 1, págs. 181-192). El revuelo creado por las declaraciones de Azcárate a su salida de Palacio la recogen los hermanos García Carrafa, en Españoles ilustres. Azcárate, Madrid, Juan Pueyo, 1917, pág. 234.

31 Su éxito en el mundo académico quedó reflejado en reiteradas revisiones y reediciones. Existe una edición digital a partir de la octava edición de 1909 (Madrid, Fundación Tavera, 1999).

32 La segunda edición apareció en 1915, la tercera revisada -que es la que seguiré en el texto - es de 1923, la cuarta de entre 1928-1929 y la quinta y última de 1935. También de este texto existe una edición bastante reciente de la editorial Comares (Granada, 2003).

aa Cfr. pág. X.El texto de la Real Orden mencionada en pág. V.

34 Curso..., ob. cit., pág. 385. Para el Poder armónico cfr. págs. 351 y sigs.

37 Ibíd., pág. 556.

as Ob. cit., págs. 551-552. Attilio Brunalti, autor de un célebre estudio comparado sobre el sistema parlamentario inglés, dejó sus ideas en esta materia recogidas en su obra Le forme di governo (Turín, Unione Tip. Editrice Torinese, 1886). Sobre este autor y las formas de gobierno véase el reciente estudio de C.Carini, Pensiero politico, rappresentanza, forme di governo tra Ottocento e Novecento (2001). El krausismo mantuvo una íntima relación con la teoría política italiana coetánea, dando a conocer en nuestro país a autores como el propio Brunialti, Raccioppi, Gabba, Minguetti...

36 Cfr. t. I, pág. 553.

as Véase a este respecto el «Programa de Unión Republicana» de febrero de 1911, cuya base segunda afirma: «Se proclamará en España la República, como forma de gobierno, sin que su poder ejecutivo haya de prejuzgar si será unitaria o federal». Tomo la cita de M.Artola, Partidos..., ob. cit., pág. 207.

39 Véase M.Suárez Cortina, El reformismo en España. Republicanos y reformistas bajo la Monarquía de Alfonso XIII, Madrid, Siglo XXI, 1986, pág. 103 y nota 142.

41 Sobre la última parte de ese proceso histórico puede verse M.Suárez Cortina, «Melquíades Álvarez y la burguesía reformista: proyecto político y social», en El gorro frigio. Liberalismo, democracia y republicanismo en la Restauración, Madrid, Biblioteca Nueva/Sociedad Menéndez Pelayo, 2000, págs. 314-318.

42 José M.Pedregal, Juicio acerca de la crisis. Relación del reformismo con el nuevo gobierno, Madrid, Secretaría del Partido Reformista, 1918, pág. 18. El discurso fue pronunciado en el Congreso de los Diputados el día 24 de noviembre de 1918.

4° Tomo la cita de ibíd., pág. 106.

Cita recogida en L.Antón del Olmet y A.García Caraffa, Los grandes españoles. Alfonso XIII, Madrid, Alrededor del Mundo, 1913, II, págs. 458-459.

2 Blanco y Negro, 17 y 24 de mayo de 1902; el 17 incluye la cita de El Norte de Castilla. Nuevo Mirado, núm. 437, 1902. Alrededor del mundo, 22 de mayo de 1902. Programa-Guía de los Festejos de Mayo de 1902..., Madrid, A.Marzo, 1902. Guía municipal alfonsina de Madrid conmemorativa á la coronación de S. M. el Rey D.Alfonso XIII, Madrid, Fortanet, 1902. M.Almagro San Martín, Crónica de Alfonso XIII y su linaje, Madrid, Atlas, 1941, 1, págs. 138-144. Antón y García, Los grandes españoles, 1, págs. 187 y sigs. (la cita del torero, en pág. 234).

a Entre las aportaciones más recientes sobre las relaciones entre monarquía y nación destaca M.Tesoro (ed.), Monarchia, tradizione, identitá nazionale. Germania, Giappone e Italia tra Ottocento e Novecento, Milán, Bruno Mondadori, 2004. Para el caso español, los trabajos de M.C.Hall, sobre todo Alfonso XIIIy el ocaso de la monarquía liberal, 1902-1923, Madrid, Alianza, 2005.

6 Citas en J.Cortés Cavanillas, Alfonso XIII. Vida, confesiones, muerte, Barcelona, Juventud, 1966, págs. 19-20, 363 y 365. J.Moreno Luzón, «El rey de papel. Textos y debates sobre Alfonso XIII», en J.Moreno Luzón (ed.), Alfonso XIII Un político en el trono, Madrid, Marcial Pons Historia, 2003, págs. 23-58.

a En el Archivo General de Palacio hay copias de numerosos discursos (AGP Ca 12798), algunos acompañados de borradores y unos cuantos con correcciones manuscritas del Rey. Agradezco a Julio Gil Pecharromán sus observaciones sobre las fuentes.

s Citas en J.Tusell y G.G.Queipo de Llano, Alfonso XIII. El rey polémico, Madrid, Taurus, 2001, páginas 303 y 314.

9 Hall, Alfonso XIII, pág. 142. J.C.Sánchez Illán, Prensa y política en la España de la Restauración. Rafael Gasset y «El Imparcial», Madrid, Biblioteca Nueva, 1999, págs. 270-27 1. A.Jiménez, Historia de la Universidad española, Madrid, Alianza, 1971, págs. 438-440.

7 Véase, entre otras impresiones, las de F.Bonmatí de Codecido, Alfonso XIII y su época. Libro primero (1886-1906), Madrid, Biblioteca Nueva, 1943, págs. 127 y 138 y C.Seco Serrano, Alfonso XIII y la crisis de la Restauración, Madrid, Rialp, 1992 (1 T ed. 1969), pág. 62. Citas en J.Gutiérrez Ravé (ed.), Habla el Rey. Discursos de Don Alfonso XIII, recopilados y anotados, Madrid, s. e., 1955, pág. 34 y J.L.Castillo Puche (ed.), Diario íntimo de Alfonso XIII, Madrid, Biblioteca Nueva, 1961, pág. 110.

8 Citas en Tusell y G.Queipo de Llano, Alfonso XIII, pág. 146 y Gutiérrez Ravé, Habla el Rey, páginas 215 y 137.

0 S. de Madariaga, «Alfonso XIII (1886-1941)», en Españoles de mi tiempo, Barcelona, Planeta, 1974, págs. 373-386 (cita en pág. 380). C.P.Boyd, «El rey-soldado. Alfonso XIII y el ejército», en Moreno Luzón (ed.), AI fono XIII, págs. 213-237.

12 Cita en Tusell y G.Queipo de Llano, Alfonso XIII, pág. 175. El año político (EAP), 1 de septiembre de 1918 y 26 de julio de 1920. F.Cambó, Memorias (1876-1936), Madrid, Alianza, 1987, págs. 288-290. Pueden ampliarse estas cuestiones en J.Moreno Luzón, «De agravios, pactos y símbolos. El nacionalismo español ante la autonomía de Cataluña (1918-1919)», Ayer, núm. 63, 2006, págs. 119-151.

13 J. de la Cueva Merino, «El rey católico», en Moreno Luzón (ed.), Alfonso XIII, págs. 277-306. Cita en Gutiérrez Ravé, Habla el Rey, pág. 167. Cortés Cavanillas, Al fono XIII, págs. 142-147, 344 y 437.

11 J.M.Jover Zamora: «Después del 98. Horizonte internacional de la España de Alfonso XIII», introducción al volumen XXXVIII (*) de la Historia de España Menéndez Pidal, Madrid, Espasa Calpe, 1995, págs. ix-clxiii. A.Niño, «El rey embajador. Alfonso XIII en la política internacional», en Moreno Luzón (ed.), Alfonso XIII, págs. 239-276. H. de la Torre, El imperio del Rey. Alfonso XIII, Portugal y los ingleses, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2002. La cita, en Tusell y G.Queipo de Llano, Alfonso XIII, página 286.

15 Carta del Rey al conde de Romanones, 14 de noviembre de 1923, AGP C.° 15601/13.

J.L.Gómez-Navarro, El régimen de Primo de Rivera. Reyes, dictaduras y dictadores, Madrid, Cátedra, 1991, págs. 110-125. Cita en Gutiérrez Ravé, Habla el Rey, pág. 180.

16 P.C.González Cuevas, «El rey y la corte», en Moreno Luzón (ed.), Alfonso XIII, págs. 187-212. Citas en Almagro, Crónica, pág. 85 y Antón y García, Los grandes españoles, II, pág. 277.

19 Almagro, Crónica, 1, págs. 155- 174. J.M.Hernández Barral, «Más que una boda: aristocracia y jerarquía social en la primera década del XX», en G.Gómez-Ferrer (ed.), Modernizar España, Madrid, Universidad Complutense, 2006 (CD-Rom). J.Montero Díaz, M.A.Paz y J.J.Sánchez Aranda, La imagen pública de la monarquía. Alfonso XIII en la prensa escrita y cinematográfica, Barcelona, Ariel, 2001, págs. 226-227. Véase también P. de Baviera y D.Chapman-Huston, Alfonso XIII, Barcelona, Juventud, 1975 (1 .a ed., 1959).

20 Cannadine, «The Context, Performance and Meaning of Ritual». M.Tesoro, «Prove per un giubileo. Le feste pubbliche per le nozze d'argento di Umberto e Margherita di Savoia», en Tesoro (ed.), Monarchia, tradizione, indentitá nazionale, págs. 95-121. AGP C.a 15632/1. Gutiérrez Ravé, Habla el Rey, págs. 296-297.

17 D.Cannadine, «The Context, Performance and Meaning of Ritual: The British Monarchy and the "Invention of Tradition", c. 1820-1977», en E.Hobsbawm y T.Ranger (eds.), The Invention of Tradition, Cambridge, Cambridge University Press, 1992 (1 .a ed. 1983), págs. 101-164.

18 Gutiérrez Ravé, Habla el Rey, págs. 25-27 y 169. Abc, 23 de enero de 1906 y 18 de mayo de 1908. AGP C.a 15813/6. EAP, 24 de junio de 1919.

23 M.J.González, «El rey de los conservadores», en Moreno Luzón (ed.), Alfonso XIII, págs. 1 11-149. Hall, Alfonso XIII, págs. 69-72 y 109-112.

M.M.Arrillaga, Viajes regios y cacerías reales. Memorias de un gentilhombre ferro viario, Madrid, Lorenzana, 1962. J.Blanco Corís, E.Contreras Camargo y C.Sánchez-Arévalo, Crónica del viaje de SM el Rey Don Alfonso XIII y AA RR los Príncipes de Asturias por Navarra, Castilla y Aragón, Madrid, s. e., 1903. M.E.Melián González, Alfonso XIII en Canarias. El debate socio político que dio origen a los Cabildos, Tenerife/Gran Canaria, Gobierno de Canarias, 2001.

22 Montero, Paz y Sánchez, La imagen pública de la monarquía, págs. 217 y sigs. Blanco, Contreras y Sánchez-Arévalo, Crónica del viaje de SM el Rey, cita en pág. 32. Antón y García, Los grandes españoles, 1 y II. Melián, Al fono XIII en Canarias, págs. 109 y 111.

25 Branthóme, Alphonse XIII, coeur de l'Espagne, París, B.Grasset, 1932. C.Petrie, Alfonso A711 y su tiempo, Barcelona, Dirna, 1967. I.Sepúlveda, El sueño de la Madre Patria. Hispanoamericanismo y nacionalismo, Madrid, Marcial Pons Historia, 2005, págs. 145-151 y 318-319. AGP C.' 15562/8, 16233/7 y 8793. Biblioteca Real (BR) II/4051 (26).

26 Arrillaga, Viajes y cacerías regios. Agradezco sus comentarios a M.' Cruz Romeo, quien me hizo ver esta paradoja. E.Signori, «La Grande guerra e la monarchia italiana: il mito del "re soldato"», en Tesoro (ed.), Monarchia, tradizione, indentitá nazionale, págs. 183-214.

24 J.Moreno Luzón, «El rey de los liberales», en Moreno Luzón (ed.), Alfonso XIII, págs. 151-186. Tusell y G.Queipo de Llano, Al fono XIII, págs. 195-196 y 274. Hall, Al fono XIII, págs. 125-154. Opiniones de diversos intelectuales, en Así es nuestro Rey. El libro de «La Monarquía», Madrid, Imprenta Helénica, 1914 y Antón y García, Los grandes españoles, II (Altamira en pág. 462).

27 V.Espinós Moltó, Alfonso XIII y la guerra. Espejo de neutrales, Madrid, Vassallo de Mumbert, 1977 (1 ed., 1918). EAP, 23 de enero de 1917 (cita del mensaje de los alcaldes, pág. 34).

29 S.Juliá, «Los intelectuales y el rey», en Moreno Luzón (ed.), Alfonso XIII, págs. 307-336. M. de Unamuno, Crónica política española (1915-1923), Salamanca, Ediciones Almar, 1977, por ejemplo págs. 203-204 y 355-357.

31 España por AI fono XIII. M.C.Hall, «El rey imaginado. La construcción política de la imagen de Alfonso XIII», en Moreno Luzón (ed.), AI fono XIII, págs. 59-82. Abc, 14-24 de enero de 1925. AGP C.a 15562/8.

28 Montero, Paz y Sánchez, La imagen pública de la monarquía, págs. 98-101, 146-147 y 238-244. Hall, Al fono XIII, págs. 154-159. «El rey de los nobles y piadosos destinos», por R.Mtez de la Riva, en Abc, 7 de enero de 1919. AGP C." 15562/8.

31 V.Blasco Ibáñez, Alphonse XIII démasqué. La terreur militariste en Espagne, París, Ernest Flammarion, s. a., cita en pág. 10. Entre las respuestas a Blasco pueden verse, como muestra, España por Alfonso XIII Salvas de patriotismo. Campaña justiciera de «La Monarquía», Madrid, La Monarquía, 1925; S.Canals, España, la Monarquía y la Constitución, Madrid, Imprenta de Ramona Velasco, 1925 y M.Bueno, España y la Monarquía. Estudio político, Madrid, Ediciones Minerva, 1925.

32 X.M.Núñez Seixas, «Los oasis en el desierto. Perspectivas historiográficas sobre el nacionalismo español», Bulletin d'Histoire Contemporaine de l'Espagne, núm. 26 (1997), págs. 483-533; F.Molina Aparicio, «Modernidad e identidad nacional. El nacionalismo español del siglo XIX y su historiografia», Historia Social, núm. 52, 2005, págs. 147-171.

33 M.Martorell, Historia de la peseta. La España contemporánea a través de su moneda, Barcelona, Planeta, 2001, págs. 92-97 y 160-162. Catálogo unificado de sellos de España, Madrid, Edifil, 2001.

34 C.Serrano, El nacimiento de Carmen. Símbolos, mitos, nación, Madrid, Taurus, 1999. J.Álvarez Junco, «La creación de los símbolos nacionalizadores en el siglo XIX español», en J.-L. Guereña (ed.), Les nationalismes dans 1'Espagne contemporaine. Idéologies, mouvements, symboles, París, Éditions du Temps, 2001, págs. 53-76.

as Símbolos de España, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000, págs. 432-447. Letra de Marquina, en www.himnonacional.org (consulta el 23 de agosto de 2006). EAP, 18 de diciembre de 1918. A. d'Herbil, Himno a don Al fono XIII, Madrid, Rosso y Montero, 1902 e Himno conmemorativo del homenaje de los alcaldes españoles a su augusto monarca, Madrid, s. e., 1925. P.Miguel, Himno agrario, dedicado al I. - agricultor de España SM el Rey D.Alfonso XIII, Madrid, Fuentes y Asenjo, 1912.

36 Símbolos de España, págs. 327 y 332. RD de 25 de enero de 1908. Autorizaciones, en RRDD de 18 de abril y 4 de agosto de 1907, 3 de julio de 1909 y 30 de julio de 1912. Juras, en RROO de 18 y 20 de marzo de 1903 y 21 de marzo de 1924. AGP C.a 19067/31, C.a 15617/21, C.a 15923/4 y C.a 8822/5. M.Alonso Baquer, «La mentalidad patriótica del militar español contemporáneo», en www.ejercito.mde.es/IHYCM/revista/patria/O6miguel-alonso.html (consulta 29 de agosto de 2006). EAP, 14 de junio de 1920. Citas en S.Salaün, El cuplé (1900-1936), Madrid, Espasa Calpe, 1990, págs. 238 y 278.

38 Fiestas coyunturales, en RO de 18 de agosto de 1910 y RD de 11 de enero de 1915. Regias, en RR 00 de 19 de octubre de 1906 y 1 de mayo de 1922. RD de 25 de enero de 1908. Abc, 23 de enero de 1906 y 24 de enero de 1918 y de 1923; 11 de mayo de 1924; 17 y 18 de mayo de 1909, 1910, 1912, 1914, 1915 y 1921; 25 de octubre de 1909 y 24 de diciembre de 1924. La Guinea Española, 10 de febrero de 1916.

37 M.Rodríguez, «De la moda de los centenarios a un aniversario: el 12 de octubre en España», en E.Pani y A.Salmerón (coords.), Conceptualizar lo que se ve. Francois-Xavier Guerra, historiador. Homenaje, México, Instituto Mora, 2004, págs. 250-288. Serrano, El nacimiento de Carmen, págs. 313-329. Petrie, Alfonso A771 y su tiempo, pág. 115.

41 C.P.Boyd, Historia Patria. Política, historia e identidad nacional en España, 1875-1975, Barcelona, Pomares-Corredor, 2000. Entre los libros de lectura aprobados pueden destacarse S.Calleja Fernández, Hagamos patria. Nociones de Historia de España escritas para los niños por, Madrid, Calleja, 1914 (66 a ed.) (RO de 26 de diciembre de 1886), cita en pág. 351; L.Casero Sánchez, Veladas históricas. Libro de lectura para las escuelas de niños, niñas y adultos, Segovia, El Adelantado, 1902 (RO de 16 de julio de 1904) y A. C. de Santiago y Gadea, La jura de bandera. Catecismo patriótico, Madrid, Tello, 1911 (3 a ed.) (RO de 20 de enero de 1907).

40 M. M. del Pozo Andrés, Currículum e identidad nacional. Regeneracionismos, nacionalismos y escuela pública (1890-1939), Madrid, Biblioteca Nueva, 2000, págs. 181-191 y 215-216. RO de 13 de agosto de 1907. Símbolos de España, pág. 370.

39 Moreno Luzón, «De agravios, pactos y símbolos». Diario de Las Palmas, 23 de enero de 1917. Abc, 25 de enero de 1924. AGP C.a 15562/8.

42 AGP C.a 12416/39, C.a 15785/6, C.a 16233/1, C.a 16264/5 (cita en carta de Emilio M." de Torres al marqués de Borja, 14 de octubre de 1912) y C.a 16292/2. C.Reyero, La escultura conmemorativa en España. La edad de oro del monumento público, 1820-1914, Madrid, Cátedra, 1999.

43 Melián, Alfonso XIII en Canarias, págs. 100 y 177. El monumento a Numancia erigido sobre las ruinas de la ciudad celtíbera..., Madrid, Ambrosio Pérez y Ca, 1906. M.Díaz-Andreu, «Mélida: génesis, pensamiento y obra de un maestro», en J.R.Mélida, Arqueología española, Pamplona, Urgoiti Editores, 2004, págs. ix-clxviii (Numancia, en págs. cxxi-cxxix).

44 J.Moreno Luzón, «Entre el progreso y la virgen del Pilar. La pugna por la memoria en el centenario de la Guerra de la Independencia», en Historia y Política, núm. 12, 2004, págs. 41-78.

45 C.P.Boyd, «The second battle of Covadonga. The politics of commemoration in Modern Spain», en History and Memory, núm. 14, 2002, págs. 37-65. EAP, 7 de septiembre de 1918 (cita en carta del Rey a Pedro Pidal, citada en pág. 243).

46 R.Sencourt, Alfonso XIII, Barcelona, Tartessos, 1946, pág. 214. EAP, 20 y 21 de julio de 1921. J.Moreno Luzón, «Memoria de la nación liberal. El primer centenario de las Cortes de Cádiz», en Ayer, núm. 52, 2003, págs. 207-235.

47 V.Traver Tomás, El marqués de la VegaInclán, 1. - comisario regio de Turismo y Cultura Artística Popular, Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 1965. Citas de Vega Inclán, en nota manuscrita s. a., y carta de 4 de enero de 1915, AGP C.a 15592/1. La Casa de Cervantes, con cita del Rey en telegrama s. a., C 15630/5 y otra documentación sobre Cervantes en C.a 15562/8 y C.a 16294/3.

48 Traver, El marqués de la Vega Inclán. Cita de Vega-Inclán, en carta de 11 de abril de 1913, AGP C.' 15592/1. Sorolla, en C.' 12428/3 y J.Tusell, «Joaquín Sorolla en los ambientes políticos de su tiempo», en J.Tusell, Arte, historia y política en España (1890-1939), Madrid, Biblioteca Nueva, 1999, págs. 155-167. Antón y García, Los grandes españoles, II, págs. 323 y sigs.

a9 A.Quiroga, Making Spaniards. National Catholicism and the Nationalisation of the Masses during the Dictatorship of Primo de Rivera (1923-1930), Londres, LSE, 2004, tesis doctoral inédita. A.Braojos Garrido, Alfonso XIII y la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1992.

G.Bueno, «La Ética desde la izquierda», en El Basilisco, núm. 17, 1999, Oviedo, págs. 3-36. Gustavo Bueno, quien en los últimos años ha sostenido posiciones muy polémicas y contrarias a las ideas que dice defender recuérdese su encendida defensa de la pena de muerte para los terroristas hace en este artículo una brillante disección de la relación entre izquierda y ética, también de la mudanza que el tiempo impone a las ideas, al pensamiento.

4 Eduard Bernstein, Las premisas del socialismo, Berlín, 1899.

'Véase, J.Guesde, El problema y la solución, Buenos Aires, La Vanguardia, 1935; La lo¡ des salaries, París, 1879.

a Véase J.Jaures, Jean Jaurés, 1859-1914, París, L'Atelier, 1989.

8 Programa del Partido Socialista Obrero aprobado en 1880, Fundación Pablo Iglesias, FPI.

9 Véase P.Lafargue, El socialismo y la conquista de los poderes públicos, París, 1899.

7 Para conocer mejor la evolución del socialismo europeo, véase J.Droz, Historia general del socialismo, Barcelona, Destino, 1976; G.Lichteim, Breve historia del socialismo, Madrid, Alianza, 1975.

s R.MacDonald, El movimiento socialista, Londres, 1911; Socialismo y sociedad, Londres, 1905.

6 Entrevista a Philip Pettit, en El País, 25 de julio de 2004.

0 J.J.Morato, Pablo Iglesias, educador de muchedumbres, Barcelona, Ariel, 1977.

13 F. de Lasalle, Manifiesto obrero, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989.

11 Ibíd.

12 Para esta cuestión, véase P.L.Angosto Vélez, Sueño y pesadilla del republicanismo español. Carlos Esplá una biografía política, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001, págs. 65 y sigs.

14 El funcionamiento en Á.Lario González, El rey, piloto sin brújula, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999. Véase ídem (coed.), La Corona en la historia de España, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003.

I5 Véase M.Suárez Cortina, La Restauración, entre el liberalismo y la democracia, Madrid, Alianza, 1997.

16 P.Iglesias, El Socialista, 21 de febrero de 1902. Este artículo lo escribió Pablo Iglesias cuando los anarquistas habían declarado una huelga general en Barcelona, huelga que duró tres días y que terminó con varios heridos y 500 obreros detenidos.

17 Véase K.Kautsky, La dictadura del proletariado, Viena, 1918. Contra este libro «revisionista» escribió Lenin una de sus obras más duras y críticas: V. 1. Lenin, La revolución proletaria y el renegado Kautsky, Pekín, 1972. Dice Lenin: «El folleto de Kautsky La dictadura del proletariado, aparecido hace poco en Viena, constituye un ejemplo evidentísimo de la más completa y vergonzosa bancarrota de la II Internacional... El problema de la revolución proletaria pasa ahora prácticamente al orden del día en bastantes países. De ahí que sea imprescindible analizar los sofismas de Kautsky, propios de un renegado, y ver cómo abjura por completo del marxismo»; L.Tortsky, Jean Jaurésm, 1915.

18 S.Castillo, «Ciudadanía y reforma social en el primer socialismo español, 1888-1914», en M.Chust y S.Broseta, La pluma y el yunque. El socialismo en la historia valenciana, Valencia, PLTV, 2003, pág. 13. Del mismo autor, Historia del socialismo español, 1879-1909, Barcelona, Conjunto, 1989; Hacia la mayoría de edad, 1888-1914, Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1998.

19 Luis Araquistáin, El Socialista, 15 de julio de 1917.

20 Para la vida de Luis Araquistain, véase J.F.Fuentes, Luis Araquistain y el socialismo español en el exilio, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002; J.Tusell, «Estudio preliminar», en Luis Araquistain, Sobre la guerra civil y en la emigración, Espasa Calpe, 1983.

21 Luis Araquistain, El Socialista, 1 de mayo de 1917.

22 Véase A. 1. Alonso Ibáñez, Las juntas de defensa militares, 1917-22, Madrid, Ministerio de Defensa, 2004.

23 Maligno, El Socialista, 6 de enero de 1917.

26 Véase M.Núñez Díaz-Balart, La estrategia de dominio y de terror del general Franco, Madrid, Esfera de los libros, 2004; Sevillano Calero, Exterminio, Madrid, Oberón, 2004.

27 S.Castillo, «Ciudadanía y reforma social...».

28 A.Padilla Bolívar, Pablo Iglesias y el parlamentarismo restauracionista, Barcelona, Planeta, 1976, pág. 47. Dice Padilla: «Desde la Comisión de Reformas Sociales, en que el PSOE decide entrar como forma de criticar y combatir mejor al régimen capitalista y a los gobiernos, es patente el deseo socialista de ir haciendo una crítica constructiva, desde dentro, de las instituciones y de la ley».

2a El Socialista, 19 de diciembre de 1918.

zs Carlos Rojas, Los Borbones destronados, Barcelona, Plaza y Janés, 1997, pág. 321.

30 Intervención de Pablo Iglesias al recoger el acta de diputado en 1910. Archivo del Congreso de los Diputados, Madrid.

32 Indalecio Prieto, El Socialista, 14 de julio de 1918.

33 El Socialista, 14 de noviembre de 1918. Véase G.Cardona y A.Osorio, Alfonso XIII, 1886-1941, Barcelona, Ediciones B, 2003.

` Juan José Morato, Pablo Iglesias..., pág. 120.

31 P.Iglesias, El Socialista, 3 de noviembre de 1918.

34 S.Juliá, «Reivindicación de Alfonso XIII», en El País, Babelia, 5 de enero de 2002.

35 Ibíd.

36 C.Seco Serrano, Alfonso XIII, Madrid, Arlanza, 2001.

37 Véase P.L.Angosto Vélez, Al fono XIII, un rey contra el pueblo. Orígenes de la guerra civil, Sevilla, Renacimiento, 2005.

39 El Socialista, 8 de enero de 1920. Para la dictadura de Primo de Rivera, véase S.Ben-Ami, La dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930, Barcelona, 1983; G.García Queipo de Llano, Los intelectuales y la dictadura de Primo de Rivera, Madrid, 1988; L.Costa i Fernández, La dictadura de Primo de Rivera, 1923-30, Barcelona, Rafael Dalmau, 1995; A.Garrido Martín, La dictadura de Primo de Rivera: Reyes, dictaduras y dictadores, Madrid, Cátedra, 1991, y R.Tamames y X.Casals, Miguel Primo de Rivera, Barcelona, Ediciones B, 2004.

40 El Socialista, 8 de enero de 1920.

41 1. Prieto, El Socialista, 20 de junio de 1923.

as Á.Lario, «La monarquía constitucional, teoría y práctica política», en J.Tusell, Á.Lario y F.Portero (eds.), La Corona en la historia de España, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003, pág. 130.

42 Recogido por J.J.Morato, Pablo Iglesias..., págs. 190-191.

43 Para la trayectoria política y vital de Largo Caballero, véase J.F.Fuentes, Largo Caballero, Madrid, Síntesis, 2005.

46 Véase J.Álvarez Junco, El Emperador del Paralelo. Lerroux o la demagogia populista, Madrid, Alianza, 1990.

1. Prieto, Textos escogidos, Oviedo, Junta General del Principado de Asturias, 1999, pág. 33.

as Véase P.L.Angosto Vélez, Sueño y pesadilla del republicanismo español..., págs. 163 y sigs.; V.Marco Miranda, Las conspiraciones contra la dictadura, Madrid, 1970; M.Márquez Padorno, La Agrupación al servicio de la República. La acción de los intelectuales en la génesis del nuevo Estado, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003.

51 Véase P.L.Angosto Vélez y E.La Parra López, «Exiliados españoles en la encrucijada de la guerra fría. Prieto, Esplá, Araquistain y Llopis», en Pasado y Memoria, núm. 2, Alicante, 2003.

41 Véase J.A.Piqueras y M.Chust (eds.), Republicanos y repúblicas en España, Madrid, 1996; P.Preston, La destrucción de la democracia en España, Madrid, Alianza, 1987; 1. Prieto, Con el rey o contra el rey, Barcelona, Planeta, 1 990; J.L.Delgado, La crisis de la Restauración. España entre la primera guerra mundial y la Segunda República, Madrid, Siglo XXI, 1986; J. S. S imeón, Todos fuimos culpables. Testimonio de un socialista español, Barcelona, Grij albo, 1977.

46 M.Eloy Rodríguez, Actas de las jornadas académicas sobre el 70 aniversario de la Revolución de Asturias, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 2004; M.Grossi, La insurrección de Asturias, Valencia, Júcar, 1978; M.Bizcarrondo, Octubre de 1934. Reflexiones sobre una revolución, Madrid, Ayuso, 1976.

so Junta Española de Liberación, Actas, Archivo Carlos Esplá, AGGC, Salamanca.

53 B.Vargas, Rodolfo Llopis, 1895-1983, Barcelona, Planeta, 1999, pág. 258.

54 Véase L.Blanco Valdés, Cuando la transición se hizo posible: El Contubernio de Múnich, Madrid, Tecnos, 1993; M.García Canales, La monarquía parlamentaria española, Madrid, Tecnos, 1991; J.Tusell, A.Alted y A.Mateos, La oposición al régimen de Franco, Madrid, UNED, 1990; J.Fontana, España bajo el franquismo, Barcelona, Crítica, 1986, y H.Heine, La oposición política al franquismo, Barcelona, Crítica, 1983.

sz Véase P.L.Angosto Vélez, «La colaboración entre republicanos y socialistas en el exilio», en M.Chusty S.Broseta, La puma y el yunque..., págs. 103-126.

56 J.F.López Aguilar, Declaraciones a El Mundo con motivo del 25 aniversario de la Constitución. El Mundo, diciembre de 2003. Véase J.Tusell, La transición española a la democracia, Madrid, Historia 16, 1997; J.L.Cebrián, La España que bosteza. Apuntes para una historia crítica de la transición, Madrid, Taurus, 1980.

ss B.Vargas, Rodolfo Llopis..., págs. 280 y sigs.

1 El repertorio bibliográfico más completo puede verse en Azaña. Catálogo de la Exposición del Palacio de Cristal de Madrid (noviembre 1990-enero 1991), textos, cronología y bibliografía selecta de José María Marco, bibliografía de Enrique de Rivas, Madrid, Ministerio de Cultura, 1990. Los textos de Azaña en Obras Completas, edición y prólogos de Juan Marichal, 4 vols., México, Oasis, 1966-1968; reedición, Madrid, Giner, 1990. Véanse también Manuel Azaña. Diarios, 1932-1933. «Los cuadernos robados», Introducción de Santos Juliá, Barcelona, Crítica, 1997; Apuntes de Memoria (inéditos), Guerra civil (mayo 1936abril 1937) (diciembre 193 7-abril 1938) y Cartas (1938-1939-1940), seguidos de Comentarios y notas a «Apuntes de Memoria» de Manuel Azaña y a las cartas de 1938, 1939 y 1940, edición al cuidado de Enrique de Rivas, Valencia, Pre-Textos, 1990 y Manuel Azaña. Discursos parlamentarios, edición y estudio preliminar de Javier Paniagua Fuentes, Madrid, Publicaciones del Congreso de los Diputados, 1992.

2 Puesta de relieve por Antonio Pau Pedrón, Azaña jurista, Madrid, Ministerio de Justicia, 1990.

a V éase Carlos Seco Serrano, «Azaña, el talante jacobino», Historia de España Menéndez Pidal, t. XXXIX, págs. 410-414 y «El mito azañista», El País, 21 de abril de 1997. Sobre lo que inspiraba a sus oponenentes: P.Preston, «El vencedor y el vencido: Franco y Azaña», en A.Alted, Á.Egido y M.F.Mancebo (eds.), Manuel Azaña: pensamiento y acción, Madrid, Alianza, 1996, pág. 315. El propio Azaña anota el 13 de marzo de 1932: «Dicen que soy el único adversario serio que tienen las derechas», Obras Completas, IV, pág. 351.

4 Cfr. S.Juliá, Manuel Azaña, una biografía política. Del Ateneo al Palacio Nacional, Madrid, Alianza Editorial, 1990, pág. 30 y Manuel Muela, Azaña estadista. Un proyecto de Estado vigente, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000 [primera edición, Madrid, Nuestra Cultura, 19831, pág. 46.

s M.Suárez Cortina, «Demócratas y republicanos entre dos repúblicas, 1874-1931», en Á.Egido y M.Eiroa (eds.), Los grandes olvidados. Los republicanos de izquierda en el exilio, Madrid, CIERE, 2004, págs. 43-74.

6 Era en realidad una bibliografía comentada, no muy cuidada pero sí oportuna, sobre el parlamentarismo, en la línea de las obras de Gumersindo de Azcárate, que entonces gozaba de gran prestigio como presidente del recién fundado Instituto de Reformas Sociales, sobre El parlamentarismo en la práctica y El sel fgovernment y la monarquía doctrinaria. Azaña, coherente con el liberalismo reformista al que más tarde se sumará, llega a la conclusión de que las masas tienen capacidad para ejercer la soberanía y convertirse en sujetos de la vida política y del acontecer histórico.

Incluido en Obras Completas, 1, págs. 58-75.«La libertad de asociación». Discurso leído en la Academia de Jurisprudencia, Madrid, enero de 1902.

s Veánse «La dictadura en España», publicado sin firma en el número de noviembre de 1923 de la revista francesa Europe y en los números de enero-abril de 1924 de la bonaerense Nosotros, incluido en Obras Completas, 1, págs. 541-554, que es un ensayo político muy duro contra Alfonso XIII y contra Primo de Rivera; «Un año de dictadura», publicado en Europe, números de noviembre de 1924 y febrero de 1925 y en Nosotros, número de febrero de 1925, que es, además de un claro rechazo de la Dictadura, un avance de su futuras reformas militares. Este texto, recuperado y comentado por Juan Marichal, lo recogen V.-A. Serrano y J.M.San Luciano (eds.), Azaña, Madrid, Edascal, 1980, págs. 121-158 [hay una reedición más reciente: Alcalá de Henares, Fundación Colegio del Rey, 19911. Y, sobre todo, su «Apelación a la República», escrita en 1924, sobre la que volveremos más adelante.

9 «Los motivos de la germanofilia», discurso pronunciado en el Ateneo de Madrid el 25 de mayo de 1917, el prólogo a los Estudios de política francesa y «El "Idearium" de Ganivet», en Obras Completas, t. 1, págs. 140-157, 259-263 y 568-619 respectivamente.

10 Seguimos el texto íntegro publicado en V.-A. Serrano y J.M.San Luciano (eds.), Azaña, ob. cit., págs. 21-59. Hay una edición facsímil impresa el 22 de mayo de 1987 y una edición separada, junto con la «Apelación a la República», en Madrid, Aguilar (colección Crisol, núm. 53), 1990, con prólogo de Santos Juliá.

Abordamos este tema en «La cultura institucionista, Azaña y la Segunda República», en M.Suárez Cortina (ed.), La Institución Libre de Enseñanza. Ciencia, cultura y política en la España liberal, en prensa.

Manuel Azaña, entre el mito y la leyenda, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1998, cap. 4.

La «Apelación a la República», incluido muy parcialmente en las Obras Completas, I, págs. 55-56, y fechado erróneamente en 1925, se publicó por primera vez, con ligeros recortes, en 1988, presentado por G.García Queipo de Llano, «Apelación a la República. Un inédito fundamental de Manuel Azaña», en Historia 16, núm. 137, año XIII (1988). Aquí seguimos la versión original y completa, con prólogo de Santos Juliá, publicada en Aguilar - colección Crisol, núm. 53, 1990.

J.Tusell y G.García Queipo de Llano, «Azaña en dos tiempos», en Azaña. Catálogo..., ob. cit, pág. 165.

17 «Impromptu de "El Sitio"», conversación de sobremesa en la sociedad «El Sitio» de Bilbao, 9 de abril de 1933, en Obras Completas, II, págs. 693-694.

18 «Apelación a la República», ob. cit., págs. 119-120.

16 Ibíd., págs. 105-110.

` Ibíd., págs. 160-162.

20 V éase «La revolución en marcha». Alocución en el mitin republicano de la plaza de toros de Madrid, 29 de septiembre de 1930, en Obras Completas, II, págs. 13-17, al que corresponden los entrecomillados siguientes.

21 En ambos aspectos incide cuando afirma: «En general, a los muchachos en España no se les enseña nada que pueda ir contra el prejuicio religioso, ni contra determinadas instituciones políticas; para ello no se tienen escrúpulos en faltar descaradamente a la verdad, o en presentar las obras, los trabajos y los descubrimientos de los enemigos (como si en una obra verdaderamente científica pudiera haberlos) villanamente adulterados», en «El problema español», ob. cit., pág. 12. Así lo confesará también más tarde en su novela, publicada en 1927 (cuando tenía 47 años y que había concluido a los 45), El jardín de los frailes: «Adquiríamos un extracto del saber, resumido en conclusiones edificantes; los frailes lo obtenían manipulando en los archivos de las cosas que ignorábamos y que siempre habíamos de ignorar; no éramos llamados a saberlas. Alicortar la ambición intelectual parecía el supuesto de los estudios», Obras Completas, I, pág. 697.

22 Segundo Cuaderno Robado, anotación 5 de febrero de 1933, en Manuel Azaña. Diarios, 1932-1933. «Los cuadernos robados», ob. cit., pág. 158. En su discurso en el Frontón Central de Madrid, pronunciado el 14 de marzo de 1933, repetirá la misma idea: «Con la incorporación del proletariado español al gobierno del Estado y a la dirección de la República (...) se emprende en España una experiencia fundamental de interés histórico universal (...). Se trata de saber, con la experiencia iniciada y aplicando rectamente, lealmente y con amplitud el espíritu de la Constitución (...) si es posible que en nuestro país se haga una transformación profunda de la sociedad española, ahorrándonos los horrores de una revolución social», Obras Completas, II, pág. 635.

23 Una reflexión adecuada, en relación con los que venimos exponiendo, puede verse en J.Avilés Farré, «Un bienio de esperanza y frustración: 1931-1933», en Manuel Azaña: pensamiento y acción., ob. cit., páginas 103-116.

24 Texto completo, al que corresponden los entrecomillados siguientes, en Obras Completas, III, páginas 5-21.

26 La velada en Benicarló. Diálogo de la guerra de España. Prólogo de Manuel Aragón, Madrid, Castalia, 2005 [edición original, Madrid, Castalia, 19741, pág. 136.

25 Obras Completas, III, pág. 562. Carta a Esteban Salazar Chapela, Pyla-sur-mer, 26 de febrero de 1940.

2 J.J.Linz, Informe sociológico sobre el cambio político en España, 1975-1981, IV Informe FOESSA, Madrid, Euramérica, 1981; R.López Pintor, La opinión pública española del franquismo a la democracia, CIS, Madrid, 1982; C.Sastre García, Transición y desmovilización política en España (1975-1978), Universidad de Valladolid, 1997.

Fue Areilza quien popularizó el término «motor del cambio» en la primavera de 1976, aunque Charles Powell considera más adecuado hablar de «piloto del cambio», en Ch.T. Powell, El piloto del cambio. El rey, la Monarquía y la transición a la democracia, Barcelona, Planeta, 1991, pág. 20. Se han usado otras definiciones, como las de «bombero» (el Rey sobre sí mismo), el «empresario» (Torcuato Fernández-Miranda) o el «zapador».

a El politólogo Giuseppe Di Palma se ha referido a una legitimación «retrospectiva» (hacia atrás en el tiempo) y una legitimación «prospectiva» (hacia delante), en G.Di Palma, «¿Derecha, izquierda, o centro? Sobre la legitimación de partidos políticos y coaliciones en el sur de Europa», Revista del Departamento de Derecho Político, núm. 4, otoño de 1979, Universidad Complutense, aunque ha sido la clásica distinción weberiana entre legitimidad de «origen» y de «ejercicio» la más utilizada en los estudios sobre la transición española.

L.M.Ansón, Don Juan, Barcelona, Plaza y Janés, 1994; P.Fernández Miranda, Lo que el rey me ha pedido, Barcelona, Plaza y Janés, 1995; T.Burns Marañón, Conversaciones con el Rey, Barcelona, Plaza y Janés, 1995. Principalmente, V.Palacio Atard, Juan Carlos I y el advenimiento de la democracia, Madrid, Espasa Calpe, 1989; Ch. T.Powell, El piloto del cambio, cit.; J.Tusell, Juan Carlos I: la restauración de la monarquía, Madrid, Temas de Hoy, 1995; L.Debray, La forja de un rey: Juan Carlos I, de sucesor de Franco a rey de España: política exterior y democratización interior, Sevilla, Fundación El Monte, 2000 y P.Preston, Juan Carlos, Barcelona, Plaza y Janés, 2003. No puedo dejar de llamar aquí la atención hacia este interés del hispanismo historiográfico, en especial del anglosajón, por el rey de España, algo que viene de lejos como veremos, de cuando una prensa española aún expectante reproducía las muy elogiosas crónicas de la prensa internacional que no dudaban en dar al monarca todo el protagonismo. Y eso, en un país que tenía la vista puesta en Europa y especialmente sensible a la opinión exterior después de la relevancia que ésta había adquirido en los largos años de crisis del franquismo, no dejaba de tener su importancia.

s El País, 30 de diciembre de 1985.

0 J.L.López Aranguren, La cruz de la monarquía española actual, Madrid, Taurus, 1974, págs. 64-65.

9 J.L.Rodríguez Jiménez, La extrema derecha española en el siglo XX, Madrid, Alianza, 1997; F.Agüero, Militares, civiles y democracia: la España postfranquista en perspectiva comparada, Madrid, Alianza, 1995; J.Fernández López, El rey y otros militares. Los militares en el cambio de régimen político en España (1969-1982), Madrid, Trotta, 1998. Sobre el traspaso de lealtades, véase C.Seco Serrano, «Relación entre la Corona y el Ejército», en Revista de Estudios Políticos, núm. 55, enero-marzo de 1987, páginas 52-53.

6 J.Muñoz Soro y S.Baby, «El discurso de la violencia en la izquierda durante el último franquismo y la transición (1968-1982)», en J.Muñoz, J.L.Ledesma y J.Rodrigo, Culturas y políticas de la violencia. España siglo XX, Madrid, Siete Mares, 2005, págs. 279-304.

Es la tesis, entre otros, de P.Ysás, Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia, 1960-1975, Barcelona, Crítica, 2004.

s Por ejemplo, en el reciente libro de C.Palomares, Sobrevivir después de Franco. Evolución y triunfo del reformismo, 1964-1977, Madrid, Alianza, 2006.

12 «30 años después», El País, especial El rey del cambio, 22 de noviembre de 2005.

13 A.Romero, Historia de Carmen: memorias de Carmen Díez de Rivera, Barcelona, Planeta, 2002.

14 M.A.Aguilar, «"Hara kiri" para enterrar un régimen», El rey del cambio, cit.

15 A.Soto Carmona, ¿Atado y bien atado? Institucionalización y crisis del franquismo, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005; ídem, Transición y cambio en España. 1975-1996, Madrid, Alianza, 2005.

R.Fernández-Carvajal, La Constitución española, Madrid, Editora Nacional, 1969.

16 Editorial, «No regatear el aplauso», El País, 21 de julio de 1977.

18 Entre la extensa bibliografía sobre el tema, véase J.Aróstegui, Don Juan de Borbón, Barcelona, Arlanza, 2002; F. de Meer, Juan de Borbón: un hombre solo, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2001; J.A.Pérez Mateos, Un rey bajo el sol: el duro camino de Juan Carlos I hacia el trono, Barcelona, Plaza y Janés, 1998; J.M.Toquero, Franco y Don Juan: la oposición monárquica al franquismo, Barcelona, Plaza y Janés, 1989; J.M.Zavala, Don Juan de Borbón, Barcelona, Ediciones B, 2003; J.M.Gironella, Conversaciones con Don Juan de Borbón, Madrid, Afrodisio Aguado, 1968; P.Sainz Rodríguez, Un reinado en la sombra, Barcelona, Planeta, 1981; J.M.Gil-Robles, La monarquía por la que yo luché: páginas de un diario (1941-1954), Madrid, Taurus, 1976; L.López Rodó, La larga marcha hacia la monarquía, Barcelona, Noguer, 1978.

17 J.Bardavio, Los silencios del Rey, Madrid, Strips, 1979, pág. 16.

19 R.Cal, «La campaña de propaganda para la instauración monárquica. Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado», 1947, en J.A.García Galindo, J.E.Gutiérrez Lozano e 1. Sánchez (eds.), La comunicación social durante el franquismo, Málaga, Diputación Provincial, 2002, págs. 277-293.

20 ABC, «Franco», 1 de octubre de 1963.

21 «Retórica inadmisible (Monarquía y justicia social)», ABC, 6 de noviembre de 1963; «Las áreas de la discusión», Pueblo, 7 de noviembre de 1963; «Retórica inadmisible», Arriba, 7 de noviembre de 1963, en medio de la polémica motivada por una crítica teatral de Pedro Laín Entralgo sobre la comedia Historias de media tarde, publicada en La Gaceta Ilustrada y donde abordaba el tema de la institución monárquica en Europa.

26 «Miedo Monárquico», Índice, núm. 230, 1968, pág. 7.

23 Declaraciones a Le Figaro, diciembre de 1963.

24 Emilio Romero, quien se declaraba «puramente falangista» y más propenso al régimen republicano, era autor de un libro que tuvo amplia repercusión, en E.Romero, Cartas a un príncipe (Madrid, Afrodisio Aguado, 1964), en el cual podía leerse que «el régimen monárquico es de las viejas y nuevas derechas. La República es un régimen que pertenece en exclusiva a los derrotados supervivientes de la guerra civil, a los sucesores políticos de éstos y a sectores extensos de nuestras juventudes obreras y universitarias; la Regencia es como una tercera posición, ni carne ni pescado, en la que confían preferentemente algunos núcleos dirigentes de los años actuales como un recurso sucesorio al caudillaje, creado excepcionalmente para el general Franco, y con el noble propósito de que España no bascule, exterminadoramente, entre la derecha y la izquierda, volviendo a los años paralizantes».

25 «¿República o Monarquía? La opinión de nuestros colaboradores», Índice, núms. 211-212, 1966. Pero ese republicanismo era otra cosa: Emilio Romero denunció el número desde Pueblo con un amenazante «Ni una milésima más», Pueblo, 7 de octubre de 1966.

22 Arriba, 2 de abril de 1964.

29 Análisis sobre el número 35-36 de la revista «Cuadernos para el Diálogo»; Archivo General de la Administración (AGA), Sección Cultura, caja 67.114.

27 Franco y el Príncipe de España. La Monarquía del Movimiento Nacional, Madrid, Ediciones del Movimiento, 1972, pág. 39.

28 Ibíd., pág. 74.

32 M.Jiménez de Parga, «Monarquía democrática», Índice, núms. 214.215, 1966.

33 «Segunda carta abierta a Don Ramón de Abadal» (Destino, 2 de diciembre de 1967), en M.Jiménez de Parga, Atisbos desde esta España, Madrid, Guadiana, 1968, págs. 195-196.

37 «Suecia y la Monarquía», Cuadernos para el Diálogo, núm. 29, febrero de 1966, pág. 39.

3o Sobre dichas conversaciones, véase J.Martínez Cobo, Intrahistoria del PSOE, Barcelona, Plaza y Janés, 1989 y L.Hernando, «Un acercamiento a las cuestiones principales planteadas por el pacto de San Juan de Luz», disponible en <www.cihde.org>.

'4-P. Norry, Juan Carlos' Un rey para los republicanos, Barcelona, Planeta, 1986. Véase también R.Serrano, 89 republicanos y el rey. ¿Es ésta la España que queremos?, Barcelona, Plaza y Janés, 1998. La paradójica definición se ha usado también para Juan de Borbón, por ejemplo en R.Borrás Beltriu, El rey de los rojos. Don Juan de Borbón, una figura tergiversada, Barcelona, Plaza y Janés, 1996.

ás Editoriales, «Horizonte griego», Cuadernos para el Diálogo, núms. 23-34, agosto-septiembre de 1965, pág. 5; «Sucedió en Atenas», núm. 38, noviembre de 1966, pág. 8 y «La lección de Grecia», núm. 43, abril de 1967, pág. 6.

31 L.Araquistáin, Sobre la guerra civil y en la emigración, Madrid, Espasa Calpe, 1983, pág. 349.

39 «Monárquicos y monarquía», Signo, 18 de abril de 1964.

40 «Las formas de gobierno y Unamuno», Cuadernos para el Diálogo, núm. 17, febrero de 1965, pág. 6.

41 «Un problema por resolver: ¿Monarquía, Regencia...?», Cuadernos para el Diálogo, núm. 67, abril de 1968, págs. 9-14; «Los poderes del Rey en las Leyes Fundamentales», núm. 69, junio de 1969, págs. 11-15.

36 «La monarquía y el sufragio universal (respuesta al ABC)», Cuadernos para el Diálogo, núm. 32, mayo de 1966, pág. 8.

38 «La Monarquía y los jóvenes», Signo, 30 de diciembre de 1963.

42 R.Fernández Carvajal, La Constitución española, cit.; C.Ollero, Dinámica social, desarrollo económico y ,forma política; la Monarquía del siglo XX, Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 1966; J.Ferrando Badía, Teoría de la instauración monárquica en España, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1975. Sobre el IEP y la cuestión de las formas de gobierno, véase N.Sesma Landrín, «El republicanismo en la cultura política falangista. De la Falange fundacional al modelo de la V República francesa», Espacio, Tiempo, Forma, núm. 18, 2006, en prensa.

44 Véanse, entre otras, las páginas que le dedicaron Cambio 16, Gentleman y Cuadernos para el Diálogo, en los meses finales de 1973.

46 El principio monárquico. Un estudio sobre la soberanía del rey en las Leyes Fundamentales, Madrid, Edicusa, 1972.

47 «El rey legítimo», Sistema, núm. 6, julio de 1974, págs. 119-124; «Regionalismo y Monarquía», Conferencia en el Club Siglo XXI, Madrid, 1977; M.Herrero de Miñón, Memorias de estío, Madrid, Temas de Hoy, 1993; J.García Abad, La soledad del Rey. ¿Está la monarquía consolidada 25 años después de la Constitución?, Madrid, La esfera de los libros, 2004, págs. 158-159.

45 «Polémica sobre la interpretación de las Leyes Fundamentales: dimensión política y dimensión técnico-jurídica», Sistema, núm. 5, abril de 1974, págs. 93-101.

4s Entrevista a Jorge de Esteban, en «El octavo hombre», Leer, marzo de 2006; J. de Esteban, S.Varela, L.López Guerra, J.L.García Ruiz y F.J.García, Desarrollo político y Constitución española, Barcelona, Ariel, 1973; J. de Esteban, «Desarrollo político y régimen constitucional español», Sistema, núm. 2, mayo de 1973, págs. 78-99.

48 F.Álvarez de Miranda, Del «contubernio» al consenso, Barcelona, Planeta, 1985; S.Miguez, La preparación de la transición a la democracia en España, Zaragoza, Prensas Universitarias, 1990; D.Barba, La oposición durante el franquismo. La Democracia Cristiana, Madrid, Encuentro, 2001.

49 «Una Monarquía social», 7 de agosto de 1973; «El sucesor ante la sucesión» (4 de septiembre de 1973); «El reto» (8 de noviembre de 1974) y «Un príncipe leal y un pueblo libre» (29 de noviembre de 1974), en Tácito, Ibérico Europea de Ediciones, 1975.

51 Discurso en el Pleno de las Cortes de 18 de julio de 1963, en L.Carrero Blanco, Discursos y escritos, 19431973, Madrid, IEP, 1974.

52 Arriba, 19 de noviembre de 1966.

so A.Soto Carmona, «La cuestión monárquica durante el franquismo», en J.Tusell, Á.Lario y F.Portero, La Corona en la historia de España, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003, págs. 169-205.

sa España, su Monarquía y Europa, Madrid, Fomento Editorial, 1974.

54 Asociación Nacional para el Estudio de Problemas Actuales (ANEPA), 40 políticos ante el futuro, Madrid, Edipasa, 1974, págs. 104-105.

57 El Socialista, septiembre de 1974 y enero de 1975.

58 Nuestra Bandera, mayo-Junio de 1974; declaraciones a la periodista italiana Oriana Fallaci, L'Europeo, 10 de octubre de 1975.

55 España, su Monarquía y Europa, y 40 políticos ante el futuro, cits.

56 L.García San Miguel, «Estructura y cambio del régimen político español», Sistema, núm. 1, enero de 1973, págs. 8 1- 106; «Para una sociología del cambio político y la oposición en la España actual», Sistema, núm. 4, enero de 1974, págs. 89- 107; «Las razones del socialismo democrático», Sistema, núm. 8, enero de 1975, págs. 125-132; «El izquierdismo y el reformismo», El Socialista, marzo de 1974; «Reformismo y revolución: respuesta a un lamentable definidor», El Socialista, abril de 1974. Dicha respuesta motivó un escrito de protesta en sus mismas páginas, al considerarla «intolerable por su poca profundidad y por incurrir en lo insultante», El Socialista, julio de 1974.

59 J.M.Maravall, La política de la transición, 1975-1980, Madrid, Taurus, 1981; S.Juliá, «The Ideological Conversion of the Leaders of the PSOE», en F.Lannon y P.Preston (eds.), Elites and Power in Spanish Twentieth Century, Oxford, Clarendon Press, 1989, págs. 269-286, e ídem, Los socialistas en la política española, 18 79-1982, Madrid, Taurus, 1997; A.Mateos, «Una transición dentro de la transición. Auge, unidad y "conversión" de los socialistas», en J.Tusell y A.Soto (eds.), Historia de la transición, 1975-1986, Madrid, Alianza, 1996, págs. 2 16-235, y El PSOE contra Franco, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1993.

63 B. de la Cuadra y S.Gallego-Díaz, Del consenso al desencanto, Madrid, Saltés, 1981. También R.Zugasti, «La prensa española ante los gestos republicanos del PSOE tras las elecciones de 1977», en República y republicanismo en la comunicación, VIII Congreso de la AHC, Sevilla, 2006. Igualmente provocó una intensa polémica dentro de las propias filas socialistas (véase, por ejemplo, E.Díaz, «Democracia y Monarquía» y otros artículos publicados en El Socialista durante 1977).

61 J.F.López Aguilar, declaraciones a El Mundo, diciembre de 2003.

62 En particular, «Constitución de una Monarquía nueva», 21 de agosto de 1977 y «El Rey», 24 de enero de 1978; véase también en El País, «¿Jefe de Estado o cabeza de la Nación?», 18 de septiembre de 1976 o «Monarquía nacional», 23 de abril de 1981.

66 J.J.Linz, Informe sociológico sobre el cambio político en España, 1975-1981, cit.

67 Pablo Castellano escribe sobre algún «pretendido republicano que se considera "filosóficamente republicano, constitucionalmente monárquico, y de corazón juancarlista"», en P.Castellano, Por Dios, por la Patria y el rey. Una visión crítica de la transición española, Madrid, Temas de Hoy, 2001; García Abad sobre que «Aquí, en España, hay juancarlistas por seducción, pero accidentalistas en cuestiones de forma de Estado; monárquicos por devoción o cálculo; juancarlistas republicanos; juancarlistas porque Franco así lo quiso; monárquicos de la Reina como reacción...», en J.García Abad, La soledad del rey, cit., pág. 19. El País, en su editorial «En el día del rey» (24 de junio de 1977), incluso propuso que el 24 de junio, onomástica de Juan Carlos, fuese declarado fiesta nacional en reconocimiento de su labor democratizadora.

6a ABC, 14 de diciembre de 1978; El País, 10 de diciembre de 1978.

61 J. L Wert, «El rey y la gente», en J.Tusell, Á.Lario y F.Portero (eds.), La Corona en la historia de España, cit., pág. 274.

69 Así, por ejemplo, las recientes declaraciones a la revista Humanitas del vicepresidente de la Conferencia Episcopal y cardenal arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, sobre las raíces cristianas de la unidad de España; o la polémica sobre los actos religiosos en la boda del príncipe Felipe.

70 En el Archivo General de la Administración (AGA), Sección Presidencia del Gobierno, se conservan numerosos informes y recortes de periódico con el detallado seguimiento que el Ministerio de Información y Turismo hacía de tales viajes.

72 R.Zugasti, Monarquía, prensa y democracia en la transición española: una relación de complicidad (1975-1978), tesis doctoral inédita, Pamplona, Universidad de Navarra, 2004.

73 Sondeo del Instituto Opina para El País, 22 de noviembre de 2005.

Para ABC, el diario El País dedicaba al rey «los elogios del converso», en M.C.Seoane y S.Sueiro, Una historia del El País y del grupo Prisa, Barcelona, Plaza y Janés, 2004, en particular el capítulo «El rey y la monarquía», págs. 129-134; J.Montabes Pereira, La prensa del Estado durante la transición política española, Madrid, Siglo XXI, 1989.

68 J.García Abad, ob. cit., págs. 24-25; B. de la Cuadra, «Cada uno según su estilo», El rey del cambio, cit.

1 Susana Sueiro es coautora, junto con María Cruz Seoane, del libro Una historia de El País .v del Grupo Prisa. De una aventura incierta a una gran industria cultural, Barcelona, Plaza y Janés, 2004.

2 Hijo del filósofo José Ortega y Gasset, José Ortega Spottorno estaba dedicado en cuerpo y alma al mundo editorial. Devoto del legado intelectual de su padre, estaba empeñado en proseguir sus empresas y sus ideas. Reanudó primero la publicación de las ediciones del sello Revista de Occidente, en 1940, y luego la propia Revista de Occidente, en 1962. Creó más tarde, en 1966, Alianza Editorial y su colección El Libro de Bolsillo, de importancia capital en la modernización cultural de la vida española.

6 Fernando María Castiella, ex ministro de Asuntos Exteriores, se había apartado en 1970 de la escena pública, desilusionado y disconforme con la política de Carrero Blanco. Siempre amigo de Areilza, la enemistad con Carrero hace a Castiella oscilar hacia el grupo franquista liberalizador frente al grupo tecnocrático apadrinado por Carrero. Como ministro de Asuntos Exteriores, hizo una moderada política de apertura hacia Europa que Carrero Blanco desde Presidencia frenaba cuanto podía, de ahí las malas relaciones entre ambos.

3 Precisamente, la decisión de Carlos Mendo de acompañar a Fraga a Londres como consejero de prensa en septiembre de 1973 cuando a éste le nombraron embajador en la capital británica y no se veía aún próxima la autorización para la salida de El País por parte del Ministerio de Información, le valió su forzada renuncia al cargo de director. Se quiso buscar entonces a otra persona, también de prestigio pero menos marcada políticamente (Mendo era claramente el hombre de Fraga). Se barajaron varios nombres como el de Vicente Gállego, primer director que tuvo la agencia EFE tras su constitución en enero de 1939 y director después de la revista semanal Mundo, sobre asuntos de política internacional, editada por la agencia EFE. Santiago Nadal, subdirector de La Vanguardia, murió repentinamente cuando iba a viajar a Madrid para tener conversaciones con los promotores. Se barajó también el nombre de Antonio Tovar. Finalmente, el director hubiera sido Miguel Delibes, pero, poco inclinado a cambiar su vida provinciana por la madrileña, y menos aún en la triste coyuntura de la muerte de su esposa, rechazó la oferta. Surgió entonces el nombre de Juan Luis Cebrián, en quien ya se había pensado para subdirector. Al parecer, fue Valcárcel quien sugirió su nombre (lo que juzgará en el futuro uno de sus más graves errores) y Fraga, cuyo beneplácito era para todos fundamental, accedió, lo que no es extraño. Era hijo de Vicente Cebrián, quien había sido director de Arriba, de la agencia Pyresa y secretario general de la Prensa del Movimiento. «El chico de Vicente», a pesar de su juventud (3 1 años), era considerado un profesional de excepción y tenía fama de incansable trabajador. Había empezado muy pronto su carrera periodística en Pueblo en 1962, bajo la dirección de Emilio Romero, que le nombró redactor-jefe dos años después, con 19 años. Había formado parte del equipo fundador de Cuadernos para el Diálogo. Jesús de la Serna se lo había llevado en 1968 a Informaciones, del que en 1970 era ya subdirector. El ministro de Información Pío Cabanillas, colaborador estrechísimo de Fraga, le nombró en 1974 director de los Servicios Informativos de Televisión Española en la etapa aperturista del «espíritu del 12 de febrero» y es entonces cuando le ofrecen dirigir El País.

4 La evolución de la Segunda Guerra Mundial y, más tarde, las circunstancias internacionales de la posguerra mundial llevaron a don Juan y a bastantes monárquicos a evolucionar paulatinamente hacia el liberalismo y, finalmente, ya en los años 60, hacia la democracia. Pero, mucho antes de que don Juan apoyara una opción verdaderamente democrática, tuvo clara su voluntad de reconciliación y concordia entre los españoles, de superación de la distinción entre vencedores y vencidos en que se basó el régimen franquista. Quiso ser siempre «el rey de todos los españoles». Frente a los monárquicos tradicionalistas y autoritarios que creían, en palabras de Gonzalo Fernández de la Mora, «que la única fuerza efectivamente restauradora era Franco y que la monarquía futura tenía que ser continuista del Estado nacido de la guerra civil» (Río Arriba. Memorias, Planeta, Barcelona, 1995, pág. 92), se fue definiendo en torno al conde de Barcelona un sector cada vez más amplio de monárquicos liberales que acabaron apoyando la democracia, algunos de ellos como una opción más irremediable que deseable. En el contexto internacional de mediados de los años 60, fueron muchos los monárquicos que percibieron claramente el anacronismo del régimen franquista, comprendieron la imposibilidad de mantener a España al margen del marco socio-político europeo y defendieron el retorno a una monarquía parlamentaria y partitocrática semejante a las de la Europa occidental del entorno. En el Consejo Privado de don Juan, el giro democrático se produjo en 1966 cuando José María de Areilza pasó a dirigir el Secretariado Político. Cuenta Gonzalo Fernández de la Mora que él entonces se distanció del Con cejo y escribió a Areilza: «Para mí la monarquía no es una forma de oposición sino de continuidad» (Río Arriba, pág. 93). Areilza y otros consejeros de don Juan, a estas alturas, estaban persuadidos de que, tras la muerte de Franco, en España debía establecerse una monarquía democrática homologable a las de Europa occidental, con partidos políticos y elecciones libres. Véase J.Tusell, Juan Carlos I.La restauración de la Monarquía, Madrid, Temas de Hoy, 1995.

9 Durante aquellos largos y desesperantes años de gestiones infructuosas ante la Administración, llenos de incertidumbre, a veces cundió el desánimo, pero el espíritu general entre los accionistas fue de resistencia. «Es España el que resiste gana», dijo Camilo José Cela en la Junta de Accionistas de 26 de junio de 1974.

s En sus escritos y memorias, tanto Fraga como Areilza hacen múltiples referencias al proyecto del periódico. Véase M.Fraga, Memoria breve de una vida pública, Barcelona, Planeta, 1980. Fraga tendrá peso en el accionariado de El País, no tanto por su aportación y la de su hermana Carmen, sino por el número de sus seguidores que suscribe acciones y que, según algunas informaciones y sus propias memorias, llegaron a movilizar antes de la salida del diario en torno al 20 por 100 del capital de la empresa (pág. 289). Uno de los hombres de Fraga es Manuel Milián Mestre, fiduciario del capitalista catalán, también fraguista, José M Santacreu que en 1975 se hace con el control de Diario de Barcelona. Areilza, por su parte, también se refiere al proyecto del diario y a su intervención en varias de sus obras: Cuadernos de la Transición, Barcelona, Planeta, 1983; Crónica de la libertad, Barcelona, Planeta, 1985; A lo largo del siglo (1909-1991), Barcelona, Planeta, 1992.

7 Veterano periodista y diplomático navarro. Amigo de Areilza y de Castiella. Había estado, como él mismo recordaba en una entrevista que le hizo Rosa M.a Echeverría para el semanario Actualidad Económica, aparecida el 10 de julio de 1971, muy implicado en la fundación del periódico El Sol, del que había sido director. Se autocalificaba como un liberal, aunque conciliaba ese sentimiento con una profunda y arraigada fe religiosa. «Éste era mi ideal político: un liberalismo sometido a normas, sometido a reglas, sometido a principios morales muy fuertes, al servicio de ideales permanentes, comenzando por el ideal religioso» (véase J.Tanco Lerga, Manuel Aznar: periodista y diplomático, Barcelona, Planeta, 2004, pág. 388). Había militado en las filas franquistas. Escribió una historia militar de la guerra civil. Fue director y luego presidente de la agencia EFE. Carlos Mendo fue allí su directo colaborador. Suscribió desde el principio acciones de El País. Murió en 1975, tan solo 10 días antes que Franco.

8 Ortega es el presidente de la sociedad; Carlos Mendo, el consejero delegado, director gerente y, según el proyecto, director de El País; Valcárcel, el secretario del Consejo de Administración y subdirector del diario. A ellos tres se suman como vocales Juan José de Carlos, abogado, amigo y colaborador de Ortega en sus empresas editoriales, y Ramón Jordán de Urríes, amigo de Valcárcel y también monárquico del círculo de don Juan de Borbón. Los cinco desembolsan a partes iguales esas 500.000 pesetas con las que constituyen la entidad Promotora de Informaciones Sociedad Anónima, PRISA.

14 De nuevo, unas palabras de su amigo José Ortega: «Monárquico de toda la vida, estuvo en las filas nacionalistas y luchó con ellas en el Puerto de los Leones. Consultando siempre a D.Juan de Borbón, a quien prestó admirable fidelidad, fue uno de los primeros en comprender que la reinstauración de la monarquía era la única salida para España y estuvo en cuantas reuniones hubo de lo que iba a constituir la amplia y coloreada oposición al régimen de Franco». El propio Satrústegui, en una carta escrita a comienzos de 1972, que no pudo publicar en la prensa del régimen pero que repartió entre sus amigos y los periodistas, afirmaba que eran muchos quienes, como él, habían estado implicados en el Alzamiento pero que no estaban vinculados al Movimiento Nacional. Porque una cosa era «el Alzamiento, reacción vital contra una gravísima situación de anarquía política y social que presagiaba una inminente dictadura del proletariado», y otra muy distinta el Movimiento. «El Movimiento, según sus definidores más caracterizados, no permite que los españoles disfrutemos de los derechos de reunión, asociación y expresión, tal como éstos son reconocidos y su ejercicio es regulado - en los pueblos libres que están construyendo la nueva Europa. Sin embargo, somos legión los hombres del Alzamiento y de las nuevas generaciones que, juzgando que las circunstancias actuales de España y de Europa son completamente diferentes de las de 1936, deseamos disfrutar de aquellos derechos y superar colectivamente las radicales diferencias del pasado (...), que aspiramos a que nuestros representantes lleguen a alternar, en plano de igualdad, con los delegados de los demás países de nuestra cultura, en las Instituciones de las Comunidades Europeas» (citado por J.M.a Toquero, D.Juan de Borbón, el rey padre, Plaza y Janés/Diario 16,1992).

15 Véase Informaciones, 28 de junio de 1978. También en la nota necrológica ya citada, Ortega se refería a este episodio: «Por participar en la reunión de Múnich lo deportaron a Fuerteventura, entonces una isla aislada sin ningún recurso turístico y casi un penal, donde le precedió en tiempos el ilustre D.Miguel de Unamuno. Volvió de allí con el prestigio de un hombre sereno, irrenunciable a sus ideas y dispuesto a seguir luchando por ellas». En la Transición fue candidato de UCD a senador por Madrid en las primeras elecciones y obtuvo «la mayor votación que nunca ha obtenido nadie en la capital».

16 Monárquico liberal y juanista, vizcaíno, marino de guerra, retirado por su antifranquismo, escritor de ensayos, cuentos y novelas. Perteneciente a una de las grandes familias de Neguri, supo reflejar muy bien en su obra literaria la atmósfera de la gran burguesía industrial bilbaína. Fue uno de los fundadores de Cuadernos para el Diálogo. El País publicó una nota necrológica el 2 de julio de 2002.

17 Entre 1946 y 1949 fue asiduo al Círculo Monárquico liberal organizado por Joaquín Satrústegui en el colegio del Pilar. La policía los veía con recelo, como «monárquicos exaltados» y llegó a impedir que llevasen insignias favorables al conde de Barcelona (J.M.a Toquero, ob. cit., pág. 150). Ingeniero de Caminos. En 1988 fue padrino del conde de Barcelona en el acto en el que fue investido «doctor honoris causa» por la Universidad de Cantabria, en el que trazó la importancia histórica de su figura y su crucial papel en la Transición.

13 En el caso de Satrústegui, las acciones figuraban a nombre de su esposa, Jorgina Gil Delgado, pero sin duda estuvo desde muy pronto implicado en el proyecto, como recordaba José Ortega Spottorno en una nota necrológica publicada en El País, el 13 de marzo de 1992, titulada «Un hombre fiel a sí mismo»: «Cuando preparábamos este periódico a principios de los años 70 (...) tuvimos reuniones en su casa para que se fuera conociendo nuestro propósito de crear un órgano de prensa confluyente que contribuyera a que la inevitable transición que estaba en el horizonte no fuera sangrienta».

10 «Personalidades ilustres en número tan considerable no las ha reunido ninguna publicación española en el trance de su fundación», decía Emilio Romero en Pueblo, 15 de mayo de 1973, haciéndose eco de la presentación en sociedad de PRISA con un acto celebrado en el hotel Eurobuilding de Madrid.

La tirantez en la relación de la familia Ortega con Areilza a raíz de unos comentarios suyos al morir el filósofo Ortega y Gasset debía de estar ya superada en esta época. Sobre esa tensión, véase E.Vegas Latapié, Los caminos del desengaño, Madrid, Tebas, 1987, t. II, pág. 372-374.

Javier Tusell recordaba en una nota necrológica en El País, 3 de febrero de 1998, «Un lujo de la política española», la importancia de Areilza en aquellos primeros años 70 en que «cumplió una auténtica misión histórica», «en aquellos momentos en que era imprescindible convencer a las clases medias ilustradas de que era posible y deseable una transición sin traumas. Esa postura le valió persecuciones ridículas y maniáticas de las que no quiso dar cuenta en sus memorias por esa elegancia que solía transpirar en todos sus actos».

20 Véase la nota necrológica que Areilza le dedica cuando muere, aún en plena juventud, en El País, 10 de septiembre de 1987. Areilza recuerda que su gran ambición fue la de servir a la restauración de la monarquía constitucional en España y que su compañera, Teresa Valdueza, compartió esas andaduras con él. En la Transición fue diputado por la UCD.

18 Procedente de la Asociación Católica de Propagandistas, fue monárquico juanista, más tarde demócrata-cristiano y ministro de Cultura y Justicia en tres gobiernos de la UCD. Asistió en 1962 al Congreso del Movimiento Europeo de Múnich, lo que le valió ser desterrado a la isla canaria de Hierro. Formó parte del grupo Tácito. Falleció en diciembre de 2002.

21 La Monarquía, decía Marías, es «la posibilidad más cercana y menos arriesgada de superar la guerra civil y restablecer las libertades» (véase, José M Toquero, ob. cit., pág. 271-272).

23 Arquitecto y urbanista, parlamentario de UCD, presidente del Ateneo.

24 Juanista del Opus Dei, del ala liberal del Opus, demócrata convencido, había sido miembro del Consejo Privado de don Juan; estrechamente vinculado a los proyectos de Calvo Serer en el diario Madrid, del que fue director.

25 También Joaquín Ruiz Giménez, asimismo accionista, quiso hacerse presente en la cena política de Estoril del año 1975 a la que no pudo asistir, pero envió una nota que fue leída.

22 A Estoril fueron incluso un grupo de socialistas del interior que se sumaron a quienes creían que don Juan podía ser la clave de una solución democrática pacífica, la garantía, en el contexto internacional, del tránsito incruento de un régimen autoritario a otro democrático. Colectivos como el de Dionisio Ridruejo y el de Enrique Tierno, relacionados en Madrid con la Unión Española de Joaquín Satrústegui, se aproximaron a don Juan. Véase F.Baeza y F.Morán, «Testimonio socialista», ABC, 18 de abril de 1993. Personas afines a Ridruejo y a Tierno suscribieron acciones de El País.

19 V éase Informaciones, 28 de junio de 1978.

26 En palabras de Eduardo Haro Tecglen: «En España había por entonces un enjambre de personajes, encabezando formaciones muchas veces minúsculas, que dialogaban, discutían, se unían o se separaban, preparaban manifiestos, argüían posibilidades y trataban de configurar el futuro sobre un presente que se diluía. Era lo que Tierno Galván llamaba una Divina Comedia en la sombra» («La utopía política y la fuerza de las cosas», El País, suplemento extra de conmemoración del 10.° aniversario de la muerte de Franco, 20 de noviembre de 1985).

27 Así se calificó a sí misma una asociación, FEDISA (Federación de Estudios Independientes), que quiso ser un esbozo de partido centrista, creada en julio de 1975 y autodisuelta al iniciarse el primer gobierno de la Monarquía, a la que pertenecieron muchos de los accionistas de El País: Manuel Fraga, José M.' de Areilza, Pío Cabanillas, Francisco Fernández Ordoñez, Luis González Seara, Sebastián Martín Retortillo, José Ramón López Vilas, Manuel Broseta, Giménez Torres, Serafin Ríos Mingarro, Antonio Senillosa, Jaime García Añoveros, Fernando Castedo, Rafael Pérez Escolar, José Santacreu, Ignacio Satrústegui. Muchos de los miembros de FEDISA (y accionistas de El País) lo eran también del grupo Tácito, constituido en 1973 y que desde 1974 preconizaba bajo este seudónimo el advenimiento gradual de la democracia en los artículos de opinión que todos los viernes firmaban en el diario católico Ya y en varios periódicos de provincias. Eran políticos y profesionales jóvenes, vinculados a los altos cuerpos de la Administración y a otros centros de poder como el financiero (casi todos ellos serían ministros en los gobiernos de la Monarquía). Católicos, casi todos ellos miembros de la Asociación de Propagandistas, estaban alejados del Movimiento por sentido generacional y por planteamiento de futuro.

29 S.Juliá, «España en tiempos de Triunfo», en A.Alted y P.Aubert (eds.), Triunfo en su época, Madrid, Casa de Velázquez, 1995.

28 C.Hunneus, La Unión de Centro Democrático y la transición a la democracia en España, Madrid, CIS, 1985, pág. 206.

ao Un día después de que AP hiciera público su programa, El País publicó, el 10 de octubre de 1976, un editorial, «La derecha, sin líderes», que criticaba duramente al recién nacido partido que «recoge lo mejor del ideal totalitario de la política y de la religión», «que es la más pura esencia del neofranquismo». «Estos señores - añadía el editorial que han prohibido, perseguido y vapuleado a los partidos, hoy forman uno; y éstos que han denunciado, encarcelado y vejado a los ciudadanos que firmaban manifiestos, hoy redactan el suyo». Fraga se sintió ofendido por este y otros editoriales, así como por los frecuentes comentarios jocosos que Francisco Umbral le dedicaba a él y a sus colegas aliancistas en su columna diaria. «El fenomenal varapalo recibido del periódico que le tenía como accionista y al que tan vastos esfuerzos de promoción había dedicado, debió de sumir a Fraga en la más absoluta perplej idad» (Anxel Vence, Dr. Fraga y Mr. Iribarne. Una biografía temperamental, Barcelona, Prensa Ibérica, 1995, pág. 216). Cebrián sostendrá que quien ha cambiado ha sido Fraga y no el periódico. Es su toma de postura derechista la que ha provocado la ruptura.

32 Editorial de 2 de julio de 1976: «Una medida acertada».

33 Umbral se referiría a Areilza en un artículo escrito varios años después como «el hombre que mejor ha vendido España al mundo cuando España era invendible» (El País, 2 de septiembre de 1983).

36 La Vanguardia, 6 -de julio de 1976: «En el domicilio del conde de Motrico se daba por seguro el nombramiento del titular de Asuntos Exteriores».

31 La revista Newsweek publicó el 26 de abril de 1976 unas impresiones del periodista Arnaud de Borchgrave a raíz de sus contactos con la Zarzuela en las que se afirmaba que el Rey consideraba a Arias un «desastre sin paliativos» (2mmitigated disaster). Arias Navarro no parecía capaz de superar las pautas ideológicas del franquismo. Alfonso Osorio cuenta en sus memorias que, durante toda su presidencia, su despacho estuvo presidido por un gigantesco retrato de Franco que era su constante punto de referencia y a quien citaba en sus discursos mucho más que al Rey (véase J.Tusell, Historia de España en el siglo XX Tomo IV.La transición democrática y el gobierno socialista, Madrid, Taurus, 1999, pág. 47).

aa Soledad Gallego-Díaz, «El destape del Rey en EEUU», El País de nuestras vidas, 1976-2001. Especial 25 años, pág. 142.

37 Los ademanes autoritarios y el talante abrupto de Fraga causaban asimismo pésimo efecto en la Zarzuela. Véase A.Vence, ob. cit., pág. 184 y J.Apezarena, Todos los hombres del Rey, pág. 273.

38 V.Prego, Así se hizo la transición, Barcelona. Plaza y Janés, 1995, pág. 495.

41 Según un testimonio de un distinguido redactor de aquellos tiempos, pese a la resonantemente proclamada repulsa del periódico ante aquel nombramiento, en un amplio sector de la Redacción se recibió con alivio porque se tenía la sensación, por la presión que estaban ejerciendo los partidarios de Areilza, de que el periódico se había liberado. Jugando a los futuribles, no parece dificil imaginar que, si hubiera sido Areilza el designado, el peso de sus partidarios en el Consejo de Administración de Prisa habría aumentado, el duelo ya entablado en el seno del periódico entre Juan Luis Cebrián y Darío Valcárcel se hubiera quizá resuelto de otra forma y, en suma, El País se hubiera convertido en «periódico gubernamental».

4s Al tiempo que El País publicaba aquel scoop periodístico inducido por Valcárcel con el visto bueno de Cebrián pero no de Polanco, a quien pareció un error, el diario publicaba también un artículo del profesor López Aranguren que se desmarcaba totalmente de la interpretación que hacía el diario y que era muy sarcástico para los despechados Areilza y Fraga (véase El País, 18 de julio de 1976: «El intelectual y la vigilancia de la vigilancia»).

a9 J.Tusell, Historia de España en el siglo XX, IV: La transición democrática y el gobierno socialista, pág. 67.

40 Palabras de Miguel Ángel Aguilar, citadas en S.Alonso-Castrillo, La apuesta del centro. Historia de la UCD, Madrid, Alianza Editorial, 1996, pág. 103.

as Íntimo amigo de Areilza, Umbral dice de él que es «su golfo de bien, su álter ego bohemio y pasota» (Spleen de Madrid: «Areilza»). Rico, su patrimonio personal y familiar le permite decir que no necesita vivir de la política sino «en la política».

45 Tanto Fraga como Areilza, indignados por el nombramiento, se negaron a participar en el nuevo gobierno, así como Garrigues, y Suárez tuvo que recurrir a personas jóvenes, inexpertas y poco conocidas para formar el que fue despectivamente conocido como gobierno de «pepenes» (profesores no numerarios) al que nadie consideraba apto para afrontar la labor fundamental que tenía ante sí.

46 Según Giancarlo Salemi, «fue el primer error político del joven diario» (El País, le ragioni di una svolta. Analisi storico politico del primo cuotidiano spagnolo dal 1976 ad oggi, Milán, Franco Agneli, 1999, pág. 38).

47 Curiosamente, los tres comentaristas políticos de estos primeros tiempos del diario, Rafael Arias Salgado, Josep Meliá y Ricardo de la Cierva, que tan críticos se mostraron con el nombramiento y los primeros pasos de Suárez en el gobierno, estarían, andando el tiempo, muy próximos a Suárez y a la Moncloa. Arias, al frente de la Secretaría General de la UCD, sería uno de los grandes apoyos de Suárez; Meliá sería Secretario de Estado para la Información; de la Cierva acabaría siendo ministro de Cultura de Suárez.

44 Fue uno de los colaboradores estrella en los primeros tiempos del periódico. Había pertenecido al equipo de Pío Cabanillas en el último gobierno de Franco, en su época más liberal. Luego formó parte del equipo de Suárez y de la UCD aunque acabó en Alianza Popular. Dejó pronto El País y pasó a colaborar en ABC, descubriéndose como un radical opositor de El País al que consideraba de orientación promarxista.

51 Cuando, súbitamente y por sorpresa, Areilza presenta su dimisión del Partido Popular, el 25 de marzo de 1977, y afirma su decisión de no concurrir a las elecciones, El País fue el diario que eligió para dar la noticia lo que, desde otros medios, se interpretó como una muestra más de «la vinculación amistosa, suficientemente conocida, entre su subdirector, Darío Valcárcel, y el conde de Motrico» (nota de la agencia Logos de 26 de marzo de 1977).

52 Hoja del Lunes, «Reflexiones ante la Unión de Centro», 9 de mayo de 1977. Véase también el editorial de El País de 5 de junio de 1977, «UCD: el partido del gobierno».

49 Declaraciones de Areilza, Pueblo, 11 de diciembre de 1976.

si Darío Valcárcel firmó uno titulado «Suárez y la continuidad del franquismo», 7 de mayo de 1977, en el que repetía la tesis, tan querida de Areilza, de que la operación de desembarco de Suárez en UCD está impulsada por el Opus Dei.

sa A cambio de la legalización, el líder del PCE, Santiago Carrillo, se había comprometido a reconocer la monarquía y adoptar la bandera roja y gualda monárquica.

as Véase, por ejemplo, El País 2 de septiembre de 1983 y 13 de febrero de 1984.

54 En palabras de Santos Juliá, «Franco quiso mostrar hasta el final que se trataba de una Monarquía electiva y que él no era el gran, sino el único elector; que no tenía atadas las manos por el sacrosanto principio hereditario» («La larga marcha de don Juan Carlos», El País. Extra Juan Carlos I).

55 Algunos autores han señalado que, al morir Franco, don Juan no reconoció inmediatamente a su hijo como rey, lo que durante días significó para Juan Carlos un motivo de honda preocupación. «Hasta el 28 de noviembre no envió don Juan a Antonio Fontán a La Zarzuela con un mensaje secreto en el sentido de que consideraba a su hijo Rey de España y jefe de la dinastía» (P.Preston, Juan Carlos. El rey de un pueblo, Barcelona, Plaza y Janés, 2003, pág. 359).

56 Véase El País de 10 y 15 de junio de 1976.

57 Véase, por ejemplo, la información y comentarios de El País sobre la visita real a Galicia, 25, 27, 28, 29 y 30 de julio de 1976. Sobre su primera visita oficial a Francia y la entrevista concedida por el Rey al corresponsal de El País en París, Feliciano Fidalgo, véase El País, 30 de octubre de 1976.

58 Según Salvador Sánchez Terán, la famosa frase de Areilza fue pronunciada en un discurso en Barcelona el 20 de abril de 1976 cuando el entonces ministro de Asuntos Exteriores recibía el premio Godó como colaborador habitual de La Vanguardia. Véase De Franco a la Generalitat, Barcelona, Planeta, 1988, página 120.

59 Véase S.Pini, L 'inaage de Juan Carlos I et de la famille royale espagnole dans El País entre octubre de 1976 et décembre de 1977, Besancon, Université du Franch-Comté, 1997.

61 Abogado, monárquico, accionista de Prisa. Areilza, buen amigo, le dedica un artículo al año de su muerte (El País, 27 de noviembre de 1979), en el que, entre otras cosas, dice: «Sirvió con efectividad y riesgo a un planteamiento liberal y pacífico que desembocara en un sistema plural democrático con el mínimo costo social».

60 El País, 10 de mayo de 1977: «Don Juan de Borbón».

62 «A todos los catecúmenos de cualquier religión o credo les pasa lo mismo que a nuestro admirado colega El País, y es que se pasan de celo en la nueva fe que sienten o sirven.» Véase E.Romero, El Imparcial, 29 de diciembre de 1977: «¡Qué País!».

64 Véase, por ejemplo, El País, 10 de junio de 1979: «¿Qué hace el rey?» y 9 de octubre de 1979: «El rey, en Estrasburgo».

66 Umbral dice que los promotores se proponían llenar el periódico de ensayos de don Pedro Laín Entralgo y Julián Marías y que, de esa forma, no hubiera funcionado, se habría quedado en un «perecedero panteón de hombres ilustres».

6a El País, 24 de junio de 1977: «En el día del Rey».

61 Para la ideología política de El Sol: Á.Lario, «El "Nuevo Liberalismo" en el diario independiente "El Sol" (1917-1923)», Bulletin d'histoire contemporaine de IEspagne, núms. 1-2, 1985.

67 Al aceptar Carlos Mendo irse con Fraga a Londres y dimitir como consejero delegado, se acuerda nombrar a un comité ejecutivo de tres personas: Ortega, Valcárcel y Polanco. Al ser nombrado Mendo en octubre de 1977 subdirector de ABC, abandonó su puesto en el Consejo de Administración y en la Junta de Fundadores y la vacante fue cubierta por Polanco.

68 Una de sus acertadas decisiones fue sustituir la rotativa, ya comprada, por otra de mayor capacidad. El aval bancario que exigía la compañía importadora lo concedió finalmente el Banco Atlántico, con aval personal de Polanco y Ortega sobre la parte diferida del pago de la rotativa. Comprometían, pues, su propio patrimonio en el empeño. Polanco prestaría también dinero para pagar los salarios de los primeros meses.

69 Javier Baviano, como director gerente, fue también esencial en los primeros tiempos. Su sintonía con Juan Luis Cebrián, el estar en la misma longitud de onda, por edad y proyectos, fue muy importante en el funcionamiento interno del periódico. Ambos habían viajado por Europa, acompañados a veces por Polanco, para visitar las redacciones de los diarios más prestigiosos para ver cómo se hacían las cosas en los medios de prensa europeos. Por lo que respecta a la línea del nuevo periódico, Cebrián y Polanco trabajaron en los meses previos a la salida del periódico codo con codo, manteniendo contactos con todos los partidos, sobre todo de la oposición, en las inevitables comidas y cenas en restaurantes en que se cocinó en gran parte la transición, con la ayuda, importante en estos prolegómenos, de Pío Cabanillas, con quien intercambiaban ideas y discutían temas, e incluso artículos editoriales una vez en la calle el periódico.

70 No obstante, y a pesar de que fue Polanco quien dio una coherencia empresarial al proyecto de El País de que éste carecía en un principio, fue un desconocido para la opinión hasta 1982 en que se le hicieron ya algunas entrevistas en varios medios.

7! Véase información aparecida en Cambio 16, 15-21 de noviembre de 1976. Son muchas las obras relativas a la transición que se refieren a este fenómeno de El País que «en pocos meses se convirtió en una pieza indispensable del mundo periodístico español y tuvo notorio eco en las capitales del Occidente europeo» (José M.a de Areilza, Crónica de la libertad, Barcelona, Planeta, 1985, pág. 188). Véase también, a modo de ejemplo, F.Ysart, Quién hizo el cambio, pág. 65; G.Morán, El precio de la transición, Barcelona, Planeta, 1992, pág. 97, y F.Umbral, La década roja, Barcelona, Planeta, 1993, pág. 53.

7z El 20 de marzo de 1978, Diario 16 da la noticia de que Valcárcel ha sido destituido como adjunto a la presidencia de El País. Pero aún sigue en el Consejo de Administración y en la Junta de Fundadores. El 5 de enero de 1979 cesará como secretario del Consejo; el 23 de abril, como secretario de la Junta de Fundadores y el 17 de junio de 1982, cuando la guerra toca a su fin, dimitirá finalmente de la Junta de Fundadores. Al romper con El País, en 1982, Valcárcel volverá a ABC - en donde ya había trabajado durante 10 años desde 1963 y será subdirector del área editorial y de opinión. Escribe en 1983 un centenar largo de comentarios sin firma en la página editorial de ABC, uno de los cuales será premiado con el Premio Luca de Tena en 1984. Diario 16, el 14 de enero de 1983, dice que Valcárcel se ha enfrentado al subdirector de informa ción Francisco Jiménez Alemán, quien representa la línea aperturista, y que ha sido el responsable de convertir ABC en un diario al servicio del proyecto de «gran derecha» patrocinado por Manuel Fraga. Desde ABC, en perfecta sintonía con Luis María Ansón, nombrado director en enero de 1983, adoptará una postura radicalmente anti-PSOE. Especialista en temas de política internacional, será más tarde director de la revista Política Exterior.

74 No obstante, desde 1978 se fue consolidando en El País la imagen positiva de Felipe González, vio con muy buenos ojos su renuncia al marxismo en el Congreso Extraordinario del PSOE de septiembre de 1979, y en un editorial de 8 de noviembre de 1980 decía de él que era «la más prometedora figura política de las izquierdas que nos ha deparado la democracia».

75 El País comentó ampliamente un libro de Fernández Ordoñez que publicó Taurus en abril de 1980 a modo de manifiesto político titulado La España necesaria. En la presentación del libro intervino Jesús de Polanco como presidente del Consejo de Administración de la editorial Taurus.

76 El País publicó un editorial titulado «¿Hay espacio para un nuevo partido?» (8 de septiembre de 1979) y Juan Luis Cebrián pronunció una conferencia en el Club Siglo XXI con el título «La España radical». Varios miembros del Partido Radical Italiano hicieron una visita a España. «Hace algún tiempo - decía el sociólogo, accionista y colaborador de El País, José Vidal Beneyto - que se oye por Madrid, y últimamente ha comenzado a oírse también en otros lugares, que el diario El País está sirviendo de plataforma de lanzamiento de un nuevo Partido: el Partido Radical» (El País, 24 de febrero de 1980, «Para una lectura contemporánea de lo radical»). En enero de 1981, en una entrevista con el director de El País, Ladislao Azcona insistía en el tema (Gaceta Ilustrada, 11 de enero de 198 1, «Juan Luis Cebrián, el discreto encanto radical»).

7' Entrevista de Baltasar Porcel a Juan Luis Cebrián, Destino, 24/30 de noviembre de 1977. En la entrevista, además de una crítica absoluta a Suárez, Cebrián describe al PSOE como «el partido de la izquierda moderada capaz de producir un cambio real en la política española».

79 Las columnas de Francisco Umbral se convirtieron en una de las señas de identidad de El País. Con motivo de la publicación de un libro recopilatorio de sus entregas diarias en el periódico (Spleen de Madrid, Destino, 1982), José Luis Martín Prieto señalaba que el mejor elogio que cabía hacer de su columna diaria era que, se editase donde se editase, bien en la sección de Sociedad, o en la de Madrid, o en la última página, muchos lectores de El País continuarían abriendo el periódico por Umbral (véase, El País, Libros, 11 de julio de 1982). Umbral salió de El País en 1984 aceptando la oferta de Pedro J.Ramírez para colaborar en Diario 16, desde donde saldrían ambos en 1989 para fundar El Mundo. Según Umbral, desde la llegada de los socialistas al poder, empezó a notar una sutil censura de su columna que lo decidió a abandonar el que había sido su periódico hasta entonces. Véase, por ejemplo, «Cebrián», El Mundo, 20 de julio de 1992 o su libro El socialfelipismo: la democracia detenida, Barcelona, Ediciones B, 1991.

77 Francisco Umbral decía a este respecto: «Esperaban los politólogos que Cebrián iba a crear un partido político y al fin se han cerciorado de que el partido político que más barrena en España es el periodismo mismo, al que tantos españoles votan cada mañana en la mesa electoral del quiosco» (Interviú, 25/31 de diciembre de 1980, «Juan Luis Cebrián»).

78 Como el canónigo sevillano José María González Ruiz o el teólogo José María Díez-Alegría, curas secularizados como Manuel Reyes Mate o Juan Arias, e intelectuales católicos seglares izquierdistas como Enrique Miret Magdalena o José Luis L.Aranguren. Todos ellos se atrevían a plantear en sus artículos temas espinosos como el divorcio, el aborto, la regulación de los centros docentes confesionales y otros temas de la realidad social. El País apostaba por la secularización de la sociedad, pero, al igual que Le Monde, que le servía de modelo, era un periódico laicista que prestaba mucha atención a los temas de la Iglesia en aquellos años de la Transición.

80 En las Juntas las tensiones estallaron a veces con pateos, abucheos y silbidos con que eran recibidas algunas intervenciones, así como abandonos de accionistas visiblemente disgustados de las Juntas antes de su conclusión, etc. Hasta Jesús Aguirre, ya duque consorte de Alba, y Francisco Fernández Ordóñez, quienes militaban en el campo Polanco-Cebrián, sentados en las últimas filas, «pateaban y gritaban inarticuladamente como chicos en la escuela primaria» si quienes hablaban no eran de su agrado, según recordaba el primero en un artículo con motivo de la muerte del segundo (El País, 23 de octubre de 1992, «Réquiem por un político español»).

83 «El País dedica al Rey los elogios del converso (tan encendidos que avergonzarían al propio CortésCavanillas)» (ABC, 26 de mayo de 1983).

s6 Carrillo había hecho en París la siguiente declaración a la periodista Oriana Fallaci: «El príncipe es una marioneta que Franco mueve como quiere, un pobre hombre incapaz de toda dignidad y sentido político, un simplón que se ha metido hasta el cuello en una aventura que le costará cara. ¿Qué posibilidades tiene? A lo sumo, ser rey durante unos meses». Véase S.Carrillo, Memorias, Barcelona, Planeta, 1993, pág. 613.

81 Por ejemplo, Juan José de Carlos, uno de los cinco fundadores de Prisa, abogado eminente, católico sincero, dimite el 19 de junio de 1984 de sus cargos como secretario del Consejo y de letrado asesor de la sociedad. Ortega escribe en El País su necrológica el 25 de enero de 1993.

82 Otros disidentes que vendieron sus acciones en 1983 fueron el empresario Félix Cifuentes; la escritora Mercedes Fórmica; el empresario madrileño Alejandro Serrano, quien había sido presidente del sindicato de accionistas disidentes constituido en diciembre de 1978; Federico Silvela y Montero de Espinosa, suegro de Valcárcel; Eduardo Gil de Santiváñez; Carmen Herrero Garralda; Aurora Lezcano Saracho; Rafael Pérez Escolar; el economista Guillermo Piera, etc.

84 J.Solé Tura, «La monarquía y la izquierda», El País, Extra Juan Carlos I.

85 En palabras de Preston, «Juan Carlos gozaba de poco o nulo favor popular; años de aparecer junto a Franco, cabizbajo y mudo, habían suscitado la idea generalizada de que carecía tanto de inteligencia como de valor. Proliferaban los chistes sobre su supuesta estupidez» (P.Preston, Juan Carlos..., pág. 285).

87 Es sabido que desde los años 60 había establecido algunos contactos con figuras de la oposición democrática y que él mismo comentó a Santiago Carrillo que durante años se había tenido que hacer el tonto. Pero fue sobre todo en los años 70, y en concreto a partir de 1974, cuando impulsó sus contactos con las fuerzas de la oposición sirviéndose como valioso enlace del diplomático José Joaquín Puig de la Bellacasa (también accionista de El País) desde su puesto en La Zarzuela. Véase C.Powell, Juan Carlos. Un rey para la democracia, Barcelona, Planeta, 1995 y J.Tusell, Juan Carlos I.La restauración de la Monarquía, Madrid, Temas de Hoy, 1995.

90 Eso les había hecho creer el general Armada, persona muy próxima a don Juan Carlos, y que esperaba encabezar un gobierno de salvación nacional. «El comportamiento de Armada obedecía a una extraña mezcla de soberbia y paternalismo que le inducía a creer que podía ser intérprete de deseos no expresados de Juan Carlos y después presentarse ante sus compañeros oficiales como portavoz del Rey» (P.Preston, Juan Carlos. El Rey de un pueblo, pág. 527).

88 El País, 29 de diciembre de 1977.

89 Véase, por ejemplo, El País, 15 de abril de 1978, «El aniversario de la República», o 15 de abril de 1980, «La Monarquía y el 14 de abril».

91 Hubo varios editoriales dedicados a elogiar el comportamiento del Rey en aquella ocasión y a desacreditar a quienes trataban de instrumentalizar su figura. V éase, por ejemplo, El País, 29 de septiembre de 1981: «Ofensa al rey»; 21 de noviembre de 1981: «La figura del rey».

92 Véase, por ejemplo, El País, 7 de enero de 1982, «Un gran discurso».

9a Francisco Umbral, El País, 8 de marzo de 1981. Véase también, J.Luis L.Aranguren, 5 de marzo de 1981, «El Rey, la democracia y nosotros» o 24 de marzo de 1981, «La invención democrática y el Rey».

2 Á.Lario, «Del liberalismo revolucionario al liberalismo post-revolucionario en España. El triunfo final del camino inglés», Espacio, Tiempo y Forma, V, núm. 17, 2005, pág. 51

1 «Dictamen sobre la obligación de la Junta Central de reducir el gobierno del reino a una Regencia» de B.Hermida en 1809; cita con la que F.Peyrou abre el apartado referido a «Los inicios de la idea republicana en España», en este mismo volumen.

a Representación hecha al Re¡ Fernando VII, por don Álvaro Flórez Estrada en 1818, y citada ya en este mismo volumen en «La Monarquía del Liberalismo a la Democracia»

4 Las referencias a autores sin nota bibliográfica se basan en lo dicho en las Mesas Redondas sobre La Constitución de la Segunda República, 75 años después, que tuvieron lugar en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales los días 12, 13 y 14 de diciembre de 2006.

I5 Las razones de que predominara la teoría difundida en el xviii y no la práctica inglesa en esas fechas se pueden ver en J.Varela Suanzes, «Los modelos constitucionales en las Cortes de Cádiz», en F.X.Guerra (dir.), Las revoluciones hispánicas: independencias americanas y liberalismo español, Madrid, Editorial Complutense, 1995. Para la interpretación de Montesquieu y Blackstone insistiendo el último especialmente en el mutuo control y equilibrio defensivo entre los poderes: en ídem, «El constitucionalismo británico entre dos revoluciones: 1688-1789», en Modelos constitucionales en la historia comparada, cit. págs. 66-70. Sobre las sucesivas publicaciones del xvnt y la interpretación de la obra de Montesquieu escribí en El Rey, piloto sin brújula, cit., págs. 35 y sigs., nota 7.

38 Para el anticlericalismo de la Gloriosa, véase G. de la Fuente Monge, «El enfrentamiento entre clericales y revolucionarios en torno a 1869», Ayer, núm. 44, 2001, págs. 126-150.

49 F.Sevillano Calero, Exterminio, Madrid, Oberón, 2004.

15 «Apelación a la República», ob. cit., pág. 103.

60 Diario 16, 21 de noviembre de 1978; El Socialista, 12 de febrero de 1978.

42 El País, 6 de julio de 1976: «Lo que hay detrás del relevo del gobierno. Nombres para una crisis».

38 Tratado específicamente en «El papel de la Monarquía en el desarrollo constitucional europeo...», cit.

39 DSC, leg. 1844-1845, Orense el 12 de noviembre de 1844. Romero Giner, el 11; este mismo día Juan María Blanco de la Toja habla incluso de «golpe de Estado» de las Cámaras.