Gema Varona

Doctora en Derecho Penal por la Universidad del País Vasco, diplomada en Criminología y máster en Sociología Jurídica. Es investigadora permanente en el Instituto Vasco de Criminología/Kriminologiaren Euskal Institutua (UPV/EHU) y profesora de Política Criminal y Victimología en la Facultad de Derecho de Donostia/San Sebastián. Asimismo, es codirectora del posgrado “Trabajar con víctimas” y coeditora de la Revista de Victimología/Journal of Victimology. Entre sus últimas publicaciones se encuentra Reflejos de las víctimas en los medios digitales y las redes sociales: su impacto en el discurso sociojurídico. Un estudio a través del análisis de Big Data (Aranzadi, 2019).

Lohitzune Zuloaga

Doctora en Sociología por la Universidad Pública de Navarra (UPNA). Su trayectoria investigadora se ha centrado en los ámbitos de las políticas de seguridad y la violencia de género, asuntos sobre los que ha publicado diversas contribuciones. Es profesora en el Departamento de Sociología y Trabajo Social de la UPNA e investigadora del instituto I-Communitas. Es autora del libro El espejismo de la seguridad ciudadana. Claves de su presencia en la agenda política (Los Libros de la Catarata, 2014).

Paz Francés

Doctora en Derecho Penal por la Universidad Pública de Navarra y criminóloga por la Universidad de Barcelona. Trabaja como profesora en el Departamento de Derecho de la Universidad Pública de Navarra y es investigadora del instituto I-Communitas. Actualmente se ocupa de investigaciones sobre justicia restaurativa, género y derecho penal y delitos económicos. Forma parte del Servicio de Justicia Restaurativa y Mediación Penal del Gobierno de Navarra y del Salhaketa Nafarroa, asociación en defensa de las personas presas y sus familiares. Es coautora del libro ¿Se puede terminar con la prisión? Críticas y alternativas al sistema de justicia penal (Los Libros de la Catarata, 2019).

Gema Varona, Lohitzune Zuloaga y Paz Francés

Mitos sobre delincuentes

y víctimas

Argumentos contra la falsedad y la manipulación

Colección Investigación y Debate

Ilustración de portada: Carlos Varona Martínez

© Gema Varona, Lohitzune Zuloaga y Paz Francés, 2019

© Los libros de la Catarata, 2019

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unidad DE PUBLICACIONES

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31006 PAMPLONA-IRUÑA

TEL. 948 169 658

PUBLICACIONES@UNAVARRA.ES

Mitos sobre delincuentes y víctimas.
Argumentos contra la falsedad y la manipulación

ISBNE: 978-84-9097-848-1

ISBN (CATARATA): 978-84-9097-758-3

ISBN (UPNA): 978-84-9769-352-3

DEPÓSITO LEGAL: M-26.336-2019

IBIC: LNF/LNFX1

este libro ha sido editado para ser distribuido. La intención de los editores es que sea utilizado lo más ampliamente posible, que sean adquiridos originales para permitir la edición de otros nuevos y que, de reproducir partes, se haga constar el título y la autoría.

INVITACIÓN AL CUESTIONAMIENTO

“… Una vez más repitámoslo: el conocimiento es navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certezas”.

Edgar Morin, 1999

En un mundo de peligrosas falsedades
y fronteras interiores

En 2016, los diccionarios Oxford eligieron el término “posverdad” como palabra del año. Este término suele definirse en relación con la menor influencia en la opinión pública de los hechos objetivos frente a las llamadas a la emoción o las creencias personales, particularmente las simplificadoras y excluyentes que generan, y ponen en marcha, fronteras interiores o mentales. Este fenómeno, aplicable a otros casos y países, se ha analizado especialmente en conexión con dos hechos producidos en el año mencionado: el brexit en Reino Unido y la elección de Donald Trump en Estados Unidos. En realidad, posverdad significa lo que siempre se ha calificado como mentira o falsedad, enfatizando las prácticas y políticas de la manipulación, la ignorancia y el borrado de verdades, entendidas, siguiendo a Albert Einstein, como lo que supera el examen de la experiencia (Blatt, 2018).

De acuerdo con el filósofo inglés A. C. Grayling (Coughlan, 2017), la práctica de la posverdad supone una corrupción de la integridad intelectual y un daño a todo el sistema democrático. Puede explicarse por, al menos, tres factores:

El resentimiento político de muchas personas, particularmente de las clases medias, que se han visto empobrecidas y fuera del sistema económico y social tras la crisis producida en 2008, y que ha favorecido la búsqueda de chivos expiatorios y explicaciones antagonistas y fáciles, en consonancia con tendencias populistas.

El crecimiento de las redes sociales donde, a pesar de las bondades de una potencial ampliación de la participación, parece que la opinión y las frases pegadizas valen más que los datos y las argumentaciones pausadas.

La herencia de algunas interpretaciones posmodernistas sobre la inexistencia o la ininteligibilidad de la verdad, que priman relatos y perspectivas sin contextualización fáctica.

Bajo el uso de términos como “derecho penal simbólico”, “derecho penal del enemigo” o “populismo punitivo”, en los trabajos académicos en torno a la política criminal y el derecho penal actuales, realizados dentro y fuera de nuestro país, parece existir un consenso a la hora de criticar una creciente tendencia punitivista en los sistemas penales. El sistema penal, y más en concreto las políticas criminales, se refieren al conjunto de respuestas que giran alrededor de los conceptos de “delincuente”, “víctima” y “políticas públicas”, o del control social de forma más general. Estos términos y nociones, cuestionados en este trabajo, entrañan una actividad reflexiva sobre las opciones, más o menos punitivistas, de prevención, intervención y reparación ante conductas definidas como ilícitas penalmente y, de forma creciente en el ámbito local, a través del derecho administrativo sancionador.

Por tendencia punitivista se entiende el uso expansivo de las penas, en número e intensidad, de forma poco razonada y razonable, pero como opción consciente frente a los fenómenos de la criminalidad y la victimización. La utilización de las penas opera de forma diversa dependiendo de los contextos, las personas y agentes implicados, y de los tipos delictivos, con una distribución y efectos desiguales, tanto en la letra del Código Penal como en su aplicación cotidiana. A pesar de la soberanía estatal vinculada al ius puniendi o derecho del Estado a castigar, en el momento actual las tendencias mundiales en las políticas penales suponen un proceso que ha de entenderse dentro de otro más amplio como es el de la globalización y que no suele considerarse cuando nos encontramos ante ciertas conductas delictivas que, aparentemente, no implican traspasar fronteras. Sin embargo, siguiendo a Marc Augé (2012: 74): “… Hoy el contexto es siempre mundial, incluso en la profundidad del Amazonas o en medio del Sáhara”.

En todo caso, los factores explicativos de esta tendencia punitivista varían, al mismo tiempo que escasean los estudios empíricos que abordan esta cuestión desde la interdisciplinariedad. Esta no supone superficialidad en tanto se manejen conceptos elaborados con fines específicos (Bal, 2009: 417-418). En este texto se parte de la hipótesis de que, en comparación con otros ámbitos, en el campo penal existen poderosos mitos sobre las personas que delinquen, contra las que se delinque y a quienes se aplica el proceso de criminalización. Es precisamente el análisis de esos mitos el que nos puede llevar a plantear mejor algunas preguntas en nuestra sociedad: ¿somos punitivistas?, ¿en qué medida el punitivismo es una ideología intangible y manipulable que produce resultados nefastos tangibles? Si no somos mayormente punitivistas, o incluso si lo somos, ¿no se está haciendo una política criminal contra la realidad propia de nuestra época definida por el término posverdad, ya que los resultados de la misma son perjudiciales para el conjunto o la mayor parte de la sociedad?, ¿a quién beneficia una política punitivista?

En los llamados estados sociales democráticos de derecho, la política criminal se define formalmente por su garantismo (Ferrajoli, 2009), es decir, por su respeto a los derechos fundamentales como límites del poderoso y potencialmente abusivo ius puniendi. Se basa también en una serie de principios cuyo fundamento último es una ética de los derechos humanos, si bien la realidad experimentada dista mucho de dichos principios. Los derechos humanos no son evidentes, no son hechos dados, sino que son aspiraciones humanas surgidas en un contexto determinado. En algunos países más que en otros, se ha ido logrando extenderlos en mayor o menor grado, desarrollando su marco jurídico y poniendo los medios necesarios para su aplicación. En este sentido, la existencia real de dichos principios y derechos dependerá de su revalorización por cada generación de personas y del sistema penal en cada contexto histórico. Estamos ante un acto de voluntad porque los principios relativos a los derechos humanos no pueden asumirse como dados y aceptados, ya que, además de haber intereses diversos, no equivalen a fenómenos naturales o a ciertos hechos históricos, que suceden o no suceden (Levy, 2016). La existencia de los hechos naturales no depende de nuestra valoración o intereses, si bien podemos llegar a conocerlos (o no) y la adecuación de su interpretación puede variar.

Al contrario que esos hechos naturales, los principios por los que se rige un control social, en su caso jurídico-penal realmente garantista e incluyente, así como los comportamientos humanos y sociales a los que se refieren, sí exigen una valoración. De otro modo, se produciría el fenómeno que Bauman (1995) denominó como adiaforización, conducente a la deshumanización, al no tener en cuenta las motivaciones y cuestiones éticas básicas cuando se trata de hechos producidos por el ser humano. Las tendencias de la política criminal hacia la mera gestión de la criminalidad y reducción de riesgos, bajo la premisa de que si “nada funciona” en la reinserción (Martinson, 1974) por lo menos debe hacerse una buena gestión del sistema, parecen favorecer dicha adiaforización (Scheerer, 2000). Esta idea también puede replantearnos el papel de la propia criminología crítica en la predicción y producción de distopías penales (Zedner, 2002).

Volviendo a los principios o valores de las políticas penales, debe insistirse en que, para su existencia en la vida real, además de ser conocidos, requieren siempre una actualización. En el momento actual en que la tortura vuelve a tener cabida de forma explícita frente al terrorismo yihadista, podemos recordar las palabras de Walter Benjamin (2014: 37) cuando afirmaba que “una de las cosas más asombrosas que nos encontramos en la historia de la humanidad es que hayan tenido que pasar más de doscientos años antes de que a los juristas se les ocurriese que las confesiones bajo tortura no tienen ningún valor”.

La aparente fragilidad o vulnerabilidad de los principios garantistas en la política criminal podría ser menor si existiera un permanente debate público y una adhesión afectiva a dichos principios (Arendt, 2010). Aquí cobra importancia el aspecto de los mitos que enlaza no solo con lo cultural, sino con lo afectivo, con las emociones que permiten abrirse a los demás, como la empatía, en línea con las corrientes neurocientíficas más recientes que cuestionan la separación entre emoción y razón.

En todo caso, la relación entre evidencia y valores puede ser más complicada. Así, el hecho constatado de una política criminal punitivista o retribucionista, calificable de ese modo al hablar de penas y observar sus resultados (aunque los principios permanezcan en las normas y en la enseñanza académica), permite exponer también sus consecuencias y proponer sistemas basados en valores aún no explorados coherentemente o en su totalidad. Pero ¿cómo hacer inteligibles y deseables esos valores (más humanistas) a una parte de la opinión pública reacia a una política criminal menos punitivista o, directamente, no punitiva?

Esta pregunta puede responderse gradualmente, entendiendo, en primer lugar, qué es el punitivismo y qué quieren realmente las personas cuando expresan una opinión o se decantan por una opción que luego se traducirá, o no, en políticas públicas. El mismo hecho de entender que nos encontramos ante la posibilidad de optar y que cada opción conlleva unas consecuencias, que pueden estudiarse y compararse, resulta fundamental. Finalmente, las opciones (incluyendo votar a un partido u otro, o presionar o no a través de diferentes lobbies y plataformas) podrán basarse, en mayor o menor medida, en los datos (si es que existen), pero siempre responderán, con distinto grado de visibilidad, a unos principios o valores de diverso corte humanista y democrático.

En el caso de la política criminal, esos principios se construyen respondiendo a las siguientes cinco preguntas (Einstadter y Henry, 1995):

Sobre el comportamiento y la naturaleza humana: ¿en qué difiere el comportamiento humano del animal?, ¿es el ser humano agresivo?, ¿social?, ¿libre?, ¿existen diferencias entre seres humanos?…

Sobre la sociedad y el orden social: ¿existe un orden?, ¿es posible una sociedad sin conflicto?, ¿quiénes forman la sociedad?, ¿cómo cambia la sociedad?…

Sobre la ley, los delitos, los infractores y las víctimas: ¿qué es el delito? ¿el derecho penal expresa integración o desunión?, ¿es interdependiente de otros sistemas normativos?, ¿es dinámico?, ¿existen tipologías de delincuentes?, ¿qué significa la victimización?…

Sobre la lógica causal: ¿el delito se comete porque es elegido libremente por diferentes motivos o existe un determinismo, interno (biológico/psicológico) o externo (de factores micro/meso/macro)?, ¿la causalidad es lineal, múltiple, interactiva o dialéctica?, ¿pueden controlarse las condiciones que favorecen o inhiben la criminalidad?…

Sobre la justicia penal: ¿cuál es el marco institucional y procedimental ante los delitos?, ¿existe una filosofía penal sobre la legitimidad y el propósito de la justicia penal y la forma de llevarla a cabo?, ¿cuáles son las técnicas de control del delito?, ¿cómo funciona el aparato administrativo?…

Las respuestas que encontramos a esas preguntas a través de un análisis pormenorizado de la política criminal existente en el momento actual, diferenciando tipologías delictivas, resultan contradictorias, tanto entre ellas mismas como con los principios constitucionales que debieran orientar una política criminal en un Estado social y democrático de derecho. Por ello, revalorizando críticamente los valores humanistas como horizonte, puede proponerse que las políticas criminales no se basen en intereses partidistas, sino en dichos valores, iluminados por los datos de la experiencia sobre cómo funcionan las prácticas penales y afectan a personas de carne y hueso, trabajando para el entendimiento de la legitimidad de los principios (entra aquí esa parte de afectividad mencionada), en el contexto de la realidad que ofrecen los datos cuantitativos y cualitativos, con la vista puesta en minimizar las posibles asimetrías y manipulaciones de los mecanismos de poder.

La perspectiva cultural que plantea este libro, mediante el análisis del concepto de “mito”, se enmarca dentro de las tendencias criminológicas actuales que buscan una mejor explicación sobre la relación entre agencia (micro) y estructura (macro). Asimismo, los mitos nos permiten cuestionarnos, adoptar una perspectiva crítica, abierta a la empatía o la compasión racional, al conocimiento del otro y al entendimiento de los hechos y comportamientos sociales en un mundo definido por las fronteras, no solo exteriores, sino, principalmente, mentales o interiores. En este mundo de peligrosas fronteras interiores, los mitos pueden ser conceptos limítrofes y viajeros que nos interpelan sobre los mismos límites del conocimiento y las llamadas políticas de la ignorancia (McGoey, 2012) frente a la saturación de información.

Los mitos y su relación con otros conceptos

Acudimos al mito como concepto rastreador de esa complejidad siempre abierta y cambiante, y no como concepto de cierre o delimitador que permita explicar definitivamente procesos complejos.

Es fácil entender el peso de los mitos en este campo si pensamos en la escasa confianza ciudadana en las instituciones, la ausencia de formación elemental en el entendimiento de la justicia penal en el ámbito educativo y la influencia de series televisivas y medios de comunicación alarmistas y escasamente documentados que favorecen reacciones viscerales en las redes sociales (Robson y Schulz, 2016). A ello se une la gran fascinación que siempre han despertado determinados tipos de violencia, como transgresión de lo prohibido y, en los casos más graves, manifestación de la crueldad humana. Todo ello abona un terreno proclive a ficciones que, en ocasiones, como sucede con la obra de Dostoievski, Crimen y castigo, pueden expresar mejor la complejidad del comportamiento humano en una forma en que un estudio científico riguroso nunca podrá hacerlo, al verse limitado epistemológica y metodológicamente.

Debe, en todo caso, diferenciarse el concepto de mito del de ficción. La ficción es invención o, en su caso, fingimiento, que puede resultar más o menos conveniente o tener una función social (Muñoz Molina, 2014). El mito aporta una connotación interesante como herramienta de reflexión: no todo en él es invención. El mito puede diferenciarse también de otros términos afines, tales como creencia, expectativa, asunción, presunción, tópico, generalidad, representación social, arquetipo, imaginario, símbolo, presupuesto, iconografía, prototipo, estereotipo, prejuicio, sesgo o estigma. La diferenciación no resulta clara en algunos casos, pero quizá nos permite considerar algunos mecanismos de aparición y funcionamiento de los mitos.

Siguiendo el esquema de Edgar H. Schein (2015) sobre los estudios en culturas organizacionales, podemos diferenciar entre:

Instituciones, prácticas y procesos, visibles y tangibles.

Expresiones de creencias y valores (estrategias, metas y principios), más o menos explícitas.

Creencias subyacentes (asunciones inconscientes, percepciones, pensamientos y sentimientos que se toman como evidentes). Una creencia supone conformidad o confianza en que algo es cierto. Resulta intangible y difícil de identificar y de estudiar.

Los mitos tendrían que ver con estas creencias, en relación con lo que en los años setenta el antropólogo Clifford Geertz (1994) denominó “matriz social”. Conviene recordar que no solo la sociedad en general, sino también los diversos actores de la justicia penal comparten ciertos mitos. Estos actores son los operadores jurídicos (Garrido y Herrero, 1995; Chaplin y Shaw, 2016), las personas voluntarias en relación con los servicios de acompañamiento y asistencia, y las personas que han delinquido y han sido víctimas. El término “mito” procede del griego mŷthos (μῦθος) y, según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), su primera acepción se refiere a una “narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico”. La segunda acepción hace mención a una “historia ficticia o personaje literario o artístico que encarna algún aspecto universal de la condición humana”. Por tanto, los mitos tienen una dimensión narrativa que, en parte, asegura su éxito (Borghi, 2012) y facilita el moldeado de nuestras percepciones. Además, aunque supongan cierta ficción, nos hablan de la condición humana real, tanto en sus rasgos positivos como negativos, valoración que dependerá, en todo caso, de la comunidad de referencia.

En definitiva, el mito puede definirse como construcción mental que encarna prácticas culturales (Bal, 2009: 36). Generalmente, desde el activismo y también la Academia se recurre al término o concepto de “mito” como algo peyorativo, una suerte de ficción o creencia errónea del pasado. Sin embargo, aquí podemos aludir a la conocida obra de Joseph Campbell (2015) sobre el poder del mito, con una visión más espiritual. En ella se plantea una interesante relación entre mitos y rituales. Así, el ritual de la administración de justicia evocaría, ante la evidente desigualdad, el mito de la igualdad ante la ley, entre otros. Mitos y rituales contribuyen a dar legitimidad a un orden social y a unos agentes de control social. El mito, para Campbell, es una metáfora de lo que yace debajo del mundo visible y puede llevarnos a una conciencia más profunda de la vida.

En su relación con el arte, podemos comparar los mitos con ese “doble movimiento de ocultamiento y desocultamiento”, en palabras de Reyes Mate (2017: 8), como una “experiencia de sacar del pozo verdades ocultas o cuestionarse certezas dudosas o hacerse preguntas que no tienen respuesta”, ya que la pretendida verdad científica en estos temas, un mito para la criminología obsesionada con el método experimental, puede resultar una utopía inalcanzable. El concepto elaborado de mito permite considerar su vocación inquietante en cuanto que transforma los objetos usuales y familiares en objetos de reflexión (Augé, 2012: 85), subrayando así su carácter social y cultural y, por lo tanto, su posibilidad de cambio. Aquí cabe preguntarse en qué medida el mito, tanto en sus versiones más primitivas como en las más modernas y supuestamente racionales, genera o contiene la violencia.

Asimismo, considerando los cambios históricos en las diferentes sociedades y el peso de la religión, puede citarse la obra de Mircea Eliade (1963), quien nos recuerda que los mitos se relacionan con ideas acerca de la realidad, la verdad y el significado de las cosas y las vivencias, cuya reactualización se hace necesaria a través de diferentes rituales. Mircea Eliade se refiere al aparente valor apodíctico de los mitos, es decir, a considerarlos como incondicionalmente ciertos o necesariamente válidos, al menos en las sociedades preestatales donde el mito cumple la función de expresar y codificar las creencias, incluyendo las de carácter moral y religioso. Todavía hoy los mitos funcionan en parte como historias colectivas sobre el sufrimiento y sobre su merecimiento o carácter injusto, legitimando en ocasiones la violencia, ya que, como indicaba T. S. Eliot (2009): “La especie humana no puede soportar mucha realidad”. Esa realidad exige, junto con valores humanistas, conocimiento científico riguroso, así como valentía para fomentarlo y tenerlo en cuenta, aunque deban admitirse las limitaciones y la provisionalidad perenne de dicho conocimiento. Tal vez por ello Kant se refería a que la inteligencia se relaciona con la capacidad de soportar la incertidumbre, siquiera mediante archipiélagos de conocimiento, como alude Edgar Morin en la cita introductoria.

Los mitos se basan en creencias o asunciones que generan expectativas sobre cómo deberían ser las cosas “buenas” o “malas”, cómo deberían funcionar o cómo tiene que ser el comportamiento “adecuado” de las personas ante determinadas circunstancias. Los mitos asimismo generan presunciones, es decir, hechos que se tienen por ciertos sin necesidad de que sean probados. Y también comprenden presupuestos como motivos, causas o pretextos con los que se ejecuta algo.

Diferentes de los mitos serían los tópicos y otros conceptos afines, según veremos a continuación, aunque en todo caso los márgenes de delimitación resulten difusos en la práctica. Gracia y Jiménez (2016) nos hablan de tópicos en relación con las representaciones sociales desenfocadas pero extensivas. Los tópicos serían lugares comunes, a modo de clichés, los cuales no tienen por que relacionarse con aspecto alguno de la condición humana. Los tópicos se repiten, sin reflexión, e implican generalizaciones, sin posibilidad de matizar o contextualizar en cada caso concreto; ocurriría así con los términos “garantías”, “estado de bienestar”, “igualdad” o incluso “derecho penal del enemigo”. Por su parte, las representaciones sociales suponen imágenes, o proyección de ideas o conceptos, en los que un objeto exterior o interior se hace presente a la conciencia. Por ejemplo, la percepción del violador como alguien desconocido. En relación con ello, los arquetipos serían representaciones que se consideran modelos de una manifestación de la realidad o esquemas simbólicos del llamado inconsciente colectivo; así, el arquetipo de la maldad sería el asesino en serie, afortunadamente una rara avis en nuestra sociedad.

Ahondando en conceptos similares, el término “imaginario” se referiría, siempre siguiendo el DRAE, a un repertorio de elementos simbólicos y conceptuales, o a una imagen simbólica a partir de la que se desarrollaría una representación mental. Para considerar algunos ejemplos, basta con teclear en Google los términos “delincuente” o “víctima” en la opción de imágenes. Más en concreto, el imaginario colectivo sería la imagen que un grupo social tiene de sí mismo, normalmente positiva, por ejemplo, en términos de normalidad frente a la delincuencia. También resulta interesante el concepto de iconografía como conjunto de imágenes representativas de una realidad o tema determinados, tal y como podemos apreciar en las noticias periodísticas o incluso en expresiones artísticas. En una cultura cada vez más visual, aquí entra la cuestión de las imágenes, reales o simbólicas, como forma de lenguaje que va más allá de las palabras. Precisamente, el símbolo se define como elemento u objeto material que, por convención o asociación, se considera representativo de una idea. Además, los símbolos pueden contener prototipos, como modelos de una virtud, vicio o cualidad. Pensemos en el símbolo de la justicia.

Paralelamente, los prejuicios se definirían como opiniones previas y tenaces, por lo general desfavorables, acerca de algo que se conoce mal; aquí tenemos, por ejemplo, la idea de los inmigrantes como aprovechados. Los prejuicios pueden conectarse con el concepto de sesgo y, en concreto, de sesgo cognitivo confirmatorio que supone la tendencia a buscar, interpretar y recordar la información que confirma las propias creencias. Existen estudios que demuestran que esto ocurre, incluso, en la actividad científica, aunque se defina por basarse en un método objetivo y dialéctico. Recordemos las famosas, y erróneas, investigaciones estadounidenses sobre la mayor tendencia a la criminalidad de ciertas minorías étnicas, en relación con su supuesto nivel de inteligencia (Fischer et al., 1996).

Una cuestión diferente, pero que sin duda guarda relación con lo anterior, sería la de los estereotipos como “imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable”. En este sentido, tendríamos el estereotipo de lo desconocido como peligroso. Quizá el mayor peligro de los estereotipos se traduzca, en ocasiones, en la asignación de estigmas y puesta en marcha de prejuicios. El estigma implica una marca o categoría de exclusión que se prolonga en el tiempo, con carácter clasificatorio excluyente; así, la sociedad suele atribuir a la comunidad gitana el estigma de inadaptada.

Desde la psicología cognitiva y la neurociencia, el premio Nobel Kahneman (2015) indica que este tipo de sesgos se enmarcan dentro de la estructura de la mente y actúan de forma inconsciente, por lo que es muy difícil no solo identificarlos sino también cambiarlos. Además, según indican los estudios de la socióloga Emily Pronin (Pronin, Lin y Ross, 2002), el punto ciego de un sesgo (bias blind spot) implica que aquellos que estudian los sesgos tienden ellos mismos a considerar que no los tienen. Tendemos a pensar que les pasa a los demás, no a nosotros/as. La conciencia de este hecho es una lección de humildad para investigadores que debe llevarnos a cuestionar la objetividad y a buscar diferentes puntos de vista, particularmente aquellos que desechamos inicialmente. Disponer de información, hacerse preguntas concretas y responsabilizarse de las decisiones tomadas puede aminorar la puesta en marcha de los sesgos que siempre estarán presentes, como nos recuerda el famoso ensayo de Howard Becker (2009) sobre el posicionamiento y la objetividad científica en las ciencias sociales.

Objetivo y estructura del libro

El objetivo de este libro consiste en compartir la reflexión fruto de la experiencia investigadora de las autoras sobre algunos de los mitos que hoy circulan sobre “delincuentes”, “víctimas” y “políticas públicas” en el discurso social. Deseamos llegar a aquellas personas que quieren saber más sobre criminología desde un lenguaje accesible, pero, sobre todo, queremos ayudar a desmontar mitos basándonos en investigaciones y estudios realizados sobre estas cuestiones en el mundo académico, siempre abiertos a revisiones, si bien trabajando desde pequeños archipiélagos de certezas, parafraseando de nuevo la cita introductoria de Edgar Morin. El libro se presenta como una herramienta para aquellas personas que creen en esos mitos y desean indagar más en su funcionamiento, así como para aquellas que los cuestionan y están interesadas en un mayor conocimiento frente a los mensajes transmitidos por medios de comunicación, partidos políticos y conversaciones cotidianas a través de las redes sociales.

Por tanto, el texto está orientado a posibles lectores no especialistas, pero también resultará de gran interés a personas vinculadas a los ámbitos del derecho penal, la criminología y las ciencias sociales en general, que podrán contar con un recurso sobre el que reflexionar y sobre el que apoyarse para reorganizar la complejidad de ideas mitificadas que circulan en torno al ámbito penal, sobre las que opcionalmente podrán profundizar con las lecturas recomendadas que se proponen al finalizar la exposición de cada mito.

El texto permite una lectura no ordenada o siguiendo el orden propuesto por las autoras. Puede elegirse leer una entrada sin necesidad de haber leído las anteriores. En todo caso, a efectos de sistematización y distribución del trabajo, hemos dividido el texto en tres capítulos de mitos: sobre “delincuentes”, sobre “víctimas” y sobre “políticas públicas”1; todos forman parte de los procesos complejos del sistema penal. De forma más o menos evidente, todas las entradas se encuentran interrelacionadas, reconociendo también que este trabajo abarca tan solo una selección de todas las entradas posibles. En ocasiones dentro de una entrada nos remitimos expresamente a otra u otras, precisamente por su relación o porque se profundiza más.

La dinámica del libro reside, primero, en plantear cada mito. Barthes (1987: 97) indica que “el mito consiste en hacer de la cultura naturaleza” y propone insertar su estudio en una teoría general del lenguaje. Por tanto, el lenguaje es la primera cara del mito, si bien, como indica Bourdieu (2002: 37):

Solo una disposición rigurosamente crítica puede disolver las certidumbres prácticas que se insinúan en el discurso científico a través de los presupuestos inscritos en el lenguaje o de las preconstrucciones inherentes a la rutina del discurso cotidiano sobre los problemas sociales, a través de la neblina de palabras… el lenguaje expresa con mayor facilidad las cosas que las relaciones, los estados que los procesos.

Por tanto, después de nombrar el mito con el lenguaje informal o habitualmente empleado en la calle, más allá de tecnicismos, pasamos a continuación a explicar el significado y el funcionamiento del mito en la vida social. Posteriormente se cuestiona su exactitud o realidad con referencia a datos e investigaciones, siempre con las limitaciones de las ciencias sociales en el manejo de estos términos. Con el objeto de facilitar la lectura, se huye de una citación profusa de obras especializadas, si bien se termina cada mito, como se ha dicho, con una recomendación de lecturas posibles para aquellas personas interesadas en profundizar más en el tema abordado.

Cabe terminar esta introducción subrayando que, en el momento actual, no encontramos fundamento para ser optimistas en materia de política criminal. No obstante, en tiempos de incertidumbre se puede optar por el miedo, fácilmente manipulable, o por la esperanza. La esperanza no es optimismo ingenuo, siguiendo a Terry Eagleton (2016). La esperanza supone un compromiso con intervenciones en materia penal que no provoquen más daño. Necesitamos pararnos a reflexionar sobre qué se está haciendo y con qué efectos, y cuestionar lo que se entiende como “natural”, cuando en realidad se trata de convenciones sociales y opciones culturales, algunas muy arraigadas, plasmadas de una forma u otra en políticas públicas.

En esa parada y en ese camino hacia la reducción de la mentira, no de la verdad definitiva como utopía peligrosa (Barthes, 1980: 255), este libro aspira a ser un pequeño acompañamiento, principalmente para posibles lectores no especialistas. Esa parada se produce dentro del clima productivista y elitista de nuestras universidades, de una creciente desigualdad social y de las tendencias de políticas penales actuariales y populistas en el ámbito comparado e interno (Scheerer, 2000). La excelencia de nuestros campus universitarios no se encuentra solo en los rankings mundiales, sino en el compromiso reflexivo con su realidad más cercana, al fomentar espacios de encuentro con todas las personas afectadas. A ello aspira también este libro, entendido no como producto técnico para especialistas, sino como material para el diálogo.

SOBRE LA PORTADA

Esta portada se ha inspirado en la mitología griega y, en concreto, en su representación artística en ánforas, algunas rescatadas de la profundidad de mares y océanos, en una bella metáfora sobre lo oculto y el tiempo, vectores importantes a la hora de interpretar los mitos. En todo caso, hemos reactualizado algunos de los personajes que aparecen, según se explica a continuación.

De izquierda a derecha, la imagen comienza con Diógenes, quien vivió en las calles de Atenas como un mendigo en pos de individuos honestos, y que, de alguna manera, nos interpela acerca de las personas sin hogar y su criminalización en las políticas de tolerancia cero respecto del uso de los espacios públicos. Junto a él aparece Hermes, dios de los pícaros y ladrones, y protector de los jóvenes, que puede relacionarse con la delincuencia y victimización de menores y ciertas adicciones. A continuación, vemos a una poderosa Medusa, en un guiño crítico a la criminalización de la prostitución y a ciertos tabúes culturales que todavía nos “petrifican” socialmente a la hora de afrontar sus circunstancias. A su lado Zeus, patrón de los extranjeros y protector de la xenía o vínculo de la hospitalidad y la amistad entre huéspedes, nos recuerda la actualidad de las actitudes xenófobas y las tendencias estigmatizadoras en torno a la inmigración. Finalmente, Baco parece subrayar el factor alcohol, como droga legalizada, en muchos contextos vinculados a la criminalidad y victimización.

Faltarían otros dioses y diosas, heroínas y héroes, pero la conversación entre estos cinco personajes sería provocadora para sacudir nuestras conciencias sobre las sociedades en las que aspiramos a vivir en tiempos convulsos, en vidas limitadas en el tiempo.

SOBRE LOS DELITOS Y LAS PERSONAS QUE LOS COMETEN

“No me habléis del valle de las sombras de la muerte. Yo vivo allí”.

Mumia Abu-Jamal, 2006

Mito 1. Matar siempre ha sido delito

Los delitos, en cada país y tiempo, han sido y son distintos. Uno de los grandes aprendizajes de la sociología del crimen ha sido constatar que el fenómeno de la delincuencia tiene un marcado carácter político, social y cultural, lo que significa que es producto de la interacción entre diferentes actores sociales, condicionados a su vez por una serie de factores que los motivan. En definitiva, su consideración como tal es el resultado de las características sociales de un conjunto de personas que viven colectivamente y no de su naturaleza intrínseca. Es decir, no es algo que se derive de la naturaleza del acto en sí, o del carácter naturalmente reprochable de esa acción. Efectivamente, cada sociedad en cada tiempo y cultura se caracteriza por asumir determinados valores compartidos.

Por eso hay conductas que se recogen en los códigos penales como delitos y otras que no son recogidas como tal. Hay quien afirma que hay determinados delitos, aquellos que afectan a la vida y a la integridad física, por ejemplo, que siempre han estado recogidos por el derecho porque son rechazados por el conjunto de las sociedades independientemente de sus características históricas y sociales. Sin embargo, incluso estos delitos son definidos culturalmente y han cambiado claramente con el tiempo en su concepción, la cual ha podido depender de quién fuera su autor o víctima. Así ocurre con el homicidio y el asesinato. La definición de un delito aparentemente tan objetivable como es el homicidio presenta serios problemas comparativos por las diferentes connotaciones que establece la legislación de cada país a la hora de identificarlo como tal, y lo que aquí puede ser calificado como un asesinato porque la acción de dar muerte a otra persona se ha hecho con alevosía, con ensañamiento o por precio o recompensa, no tiene por qué serlo en otro país. Y al revés, lo que en otros lugares es considerado con la calificación de asesinato aquí no lo es. Por lo tanto, la existencia de estos delitos sobre los que se piensa aparentemente que ha habido, hay y habrá cierto consenso en su criminalización permite extender el mito de que en la historia los delitos siempre han sido los mismos.

Como decíamos, todos los delitos están determinados por cada Estado en atención a sus tradiciones, cultura o historia, en definitiva, a su comunidad. Por ejemplo, todavía a día de hoy en muchos lugares del mundo es delito la homosexualidad, la zoofilia, la bigamia, el consumo de tabaco, el consumo de drogas o el aborto. En este sentido, en 72 países del mundo se castiga con pena privativa de libertad o con pena de muerte la homosexualidad. El adulterio, es decir, mantener relaciones sexuales con persona distinta al cónyuge, es también una práctica todavía castigada en muchos países, especialmente si es llevado a cabo por mujeres. Pero, además, fue una práctica abolida como delito de forma tardía en muchos países de Europa, por ejemplo, España (1985), Suiza (1989), Portugal (1982), Francia (1975), Grecia (1981) o Rumanía (2004). Respecto al aborto, ocho países del mundo prohíben la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia y se prevén penas de prisión para toda mujer que lleve a cabo dicha práctica, o lo intente, como sucede en Chile, Ciudad del Vaticano, El Salvador, Malta, Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Sudán del Sur. En cambio, no eran delitos, o incluso eran conductas bien vistas en nuestros ordenamientos jurídicos algunos actos que hoy son delictivos, como por ejemplo la usura, el abuso sexual cuando la víctima era la legítima esposa, la esclavitud, la trata de seres humanos, el proxenetismo, algunos tipos de corrupción que simplemente se consideraban pura picaresca (como veremos en el mito 10), etc. Y sociedades similares a la nuestra tampoco hoy disponen de una respuesta penal común frente a algunos fenómenos como la regularización del consumo de drogas y la prostitución. Cada sociedad occidental aporta soluciones diversas: mientras que en algunos son legales, en otros constituyen actividades delictivas, como ocurre en ejemplos cercanos como los de Holanda o Alemania.

En los últimos años hemos presenciado muestras muy recientes de criminalización de conductas en nuestro ordenamiento jurídico acompañadas de una fuerte polémica. El primero fue el del anteproyecto de reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo propuesto por el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, que abolía el sistema de plazos que contempla la ley actual y lo sustituía por el antiguo sistema de indicaciones, pero restringiendo además dichas indicaciones. Es decir, eliminaba la posibilidad de abortar libremente en las primeras semanas y establecía un sistema de indicaciones más restrictivo que el de 1985, al eliminar las malformaciones como supuesto específico para abortar y exigir dos informes (en lugar de uno) para demostrar el daño en la salud psíquica y mental de la madre. Esto suponía una directa criminalización de todas aquellas interrupciones de un embarazo en las que no concurría alguna de las indicaciones, restringiendo el derecho a decidir de las mujeres. Cuando se están terminando de escribir estas páginas este debate nuevamente está volviendo a tener presencia mediática por la propuesta electoral del líder del Partido Popular, Pablo Casado, de volver nuevamente a la ley de 1985, respaldada además por el partido Vox.

Un segundo ejemplo lo podemos encontrar en la criminalización del fenómeno conocido como de los “manteros” o “top manta”. Aproximadamente desde el año 2000 comenzó a presenciarse, en las grandes ciudades españolas y aquellas más costeras de tipo vacacional, el nacimiento de un pequeño negocio de venta ambulante de productos de imitación (bolsos, camisetas, DVD, CD…). Las personas que llevaban a cabo estas actividades se encontraban normalmente en situación administrativa irregular en territorio español y encontraron en ellas un medio con el que ganarse la vida. Pero esta actividad, tipificada en el Código Penal por atentar contra los derechos de autor (sea contra la propiedad intelectual o contra la industrial) llevaba aparejadas penas de prisión y multas desorbitadas que condenaban a las personas que las realizaban a años de encierro y posterior expulsión del territorio español. Después de un fuerte movimiento social y popular bajo el lema “Ningún mantero en prisión”, en el año 2010 se consiguió que esas conductas fuesen consideradas infracciones menores, lo que se denominaban “faltas” en el Código Penal, y no delitos, para atenuar las terribles consecuencias que producía la primera de las consideraciones. La situación, sin embargo, volvió a cambiar en el año 2015 con la reforma 1/2015, donde nuevamente se abre la posibilidad de imponer penas privativas de libertad a quienes vendan con su manta en la calle.

Otros ejemplos que cabe mencionar y que han surgido de la profunda transformación de nuestra sociedad son los delitos de violencia de género, violencia doméstica, bullying, sexting o stalking. Un delito recientemente incorporado a nuestro Código Penal y que nunca antes lo había sido es la financiación ilegal de partidos políticos. Este ejemplo, además, nos permite nombrar la cuestión de cómo determinadas prácticas empresariales o estatales, en lo que se conoce como abuso de poder, suelen no estar tipificadas como delito o, aunque lo estén, resulta muy difícil que su persecución termine en una pena, como veremos más adelante. Esta cuestión es muy importante porque, como se resalta en criminología desde la teoría del etiquetaje: lo que distingue al delito es la respuesta jurídica o consecuencia que lleva aparejada, básicamente la imposición de una pena —que además nos lleva a una conexión en su etimología con el dolor o el tormento— y toda su simbología. Por tanto, si no hay pena prevista o finalmente no se impone una pena, esto tiene un enorme efecto simbólico.

En definitiva, lo que se quiere evidenciar es que lo que hoy y aquí es nombrado como delito puede que no lo fuese en el pasado, no lo sea en otro lugar o deje de serlo en el futuro: el delito es un hecho social y el concepto de delito es una construcción jurídica de un momento.

Pero, además, este mito nos conduce a pensar inevitablemente que solo aquellas conductas que son nombradas por el derecho como tal son reprochables y abordadas a través de una respuesta jurídica. Nada más lejos de la realidad. El derecho penal es la rama del ordenamiento jurídico teóricamente encargada de proteger los bienes jurídicos más importantes de los ataques más graves y, por eso, la respuesta es también la más grave de las contempladas en el ordenamiento jurídico. Pero eso no significa que desde otros ámbitos, como el administrativo, civil, laboral, extrajudicial, comunitario, de protección, etc., no se aborden los conflictos, ataques o problemas que acontecen en el seno de nuestras sociedades y comunidades. En muchas ocasiones, incluso, de forma más satisfactoria que con la imposición de un castigo y, en todo caso, de forma menos dramática.

Las corrientes abolicionistas son las que más han enfatizado la cuestión política del delito. Desde hace ya varios decenios, el abolicionismo insiste en que el “delito” no existe en un sentido natural, como muchas veces se presenta, sino que solamente existen conductas que valoramos de una forma u otra por el derecho penal. En este sentido, Christie (2005) advierte que en nuestras relaciones como seres humanos las personas tenemos problemas y creamos problemas. Y, como sociedad, debemos hacer algo con esos problemas, debemos abordarlos y darles respuesta. El peligro, considera el autor, es apresurarse a definir los problemas como delitos, porque al hacerlo perdemos de vista muchas formas desde donde afrontarlos. Así, el autor recuerda que el delito en sí mismo no existe, sino que solo existen actos que a menudo reciben diferentes significados dentro de los diversos contextos sociales. En el mismo sentido, otros autores como Hulsman y Bernat de Celis (1984) o Zaffaroni (1998) han afirmado que ontológicamente solo existen conflictos y que algunos de ellos se denominan “delitos”, pero esto no los hace distintos del resto, sino que la clave es la respuesta jurídica o consecuencia que llevan aparejada unos y otros.

De esta manera, si “crimen” es aquello castigado formalmente con una pena, estudiar la criminalidad debe inevitablemente comenzar por comprender el origen y la naturaleza del derecho penal y sus instituciones (policía, sistema judicial, sistema penitenciario…) e incluso pensar en la utilidad real de considerar una conducta como delictiva o no. También sobre esta cuestión se han pronunciado algunos autores abolicionistas de la pena, como, nuevamente, Hulsman y Bernat de Celis (1984), que apuntan a la inconveniencia de calificar las conductas como delitos, ya que consideran que esto crea lo que denominan “malos necesarios”, crea un sufrimiento innecesario, roba el conflicto a las partes, y en las estructuras propias del castigo lo que sucede es difícilmente controlable. En todo caso, queremos precisar que cuando estos autores y en este trabajo mencionamos el término “conflicto”, su uso, que, en ocasiones, supone banalizar la injusticia sufrida o dejar de observar asimetrías de poder. Precisamente al contrario, al tener en cuenta esa circunstancia se propende a reacciones más adecuadas que atiendan a esas asimetrías.

Algunas sugerencias bibliográficas para profundizar

Christie, Nils (2005): “El delito no existe”, Estudios sobre justicia penal. Homenaje al Profesor Julio Meier, Argentina, Editores del Puerto.

Francés, Paz y Restrepo, Diana (2019): ¿Se puede terminar con la prisión? Críticas y alternativas al sistema de justicia penal, Madrid, Los Libros de la Catarata.

Hulsman, Louk y Bernat de Celis, Jacqueline (1984): Sistema penal y seguridad ciudadana: hacia una alternativa, Barcelona, Ariel.

Zaffaroni, Eugenio Raúl (1998): En busca de las penas perdidas, Buenos Aires, Ediar.

Mito 2. La cárcel ha existido siempre

El mito de que la cárcel ha existido siempre está profundamente extendido en nuestras sociedades. Sin embargo, esta afirmación no es cierta en muchas dimensiones. La prisión, como forma de castigo, es de creación moderna, concretamente del siglo XVIII. Se instaura cuando en Europa se eliminan progresivamente los castigos infamantes hasta ser reemplazados por la prisión como pena principal.

Ahora bien, es cierto que siempre ha habido referencias en libros, cuentos orales, películas, etc., a que a los seres humanos se les ha encerrado en lugares más o menos terribles, como castillos o mazmorras, desde muchos siglos atrás. Una de las más conocidas formas de encierro fue la Mamertina romana o la antigua cisterna en la que los hebreos arrojaban a sus prisioneros. Esto es cierto y es lo que facilita alimentar el mito de que la prisión ha existido desde siempre, pero allí el encierro no se daba para castigar, como respuesta a la comisión de un delito, sino solo para garantizar el castigo posterior, bien fueran unos azotes, el destierro, la muerte, el desmembramiento, etc. Es decir, si bien los lugares donde retener o custodiar a personas consideradas culpables han existido desde Grecia pasando por la Edad Media y hasta hoy, lo que ha cambiado es el sentido y motivo del encierro.

De este modo, en algunos momentos de la historia se encerraba a las personas solo para que no huyeran mientras se decidía cómo castigarlas. Esta finalidad del encierro todavía se ejerce hoy día con la figura de la prisión preventiva. La diferencia es que entonces era la única finalidad o, en otros momentos, simplemente se utilizaba para mantener a esas personas totalmente separadas del resto de la sociedad, como en el caso de la prisión por deudas, por ejemplo.

Los orígenes del internamiento obligado se pueden situar en la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XVI, donde se recogen hombres pobres, viejos, ladrones y delincuentes para trabajar forzosamente. Las workhouses en Inglaterra constituyen una de las primeras iniciativas en este sentido. Por tanto, en un sistema de producción precapitalista la cárcel como pena no existe. Como se ha dicho antes, existían la cárcel preventiva y otro tipo de encierros, pero no la privación de libertad como castigo. Es en los últimos decenios del siglo XIX, hasta la mitad del siglo XX, cuando de la mano del capitalismo se asiste al nacimiento de la prisión tal y como hoy la entendemos. Sin embargo, el mito de que la prisión ha existido desde siempre resulta muy útil para garantizar su permanencia, pues es difícil pensar en que desaparezca lo que se cree que ha existido siempre y en todo lugar.

De igual modo, existe el mito de que la prisión, desde su nacimiento, ha sido siempre la misma, o que sus cambios obedecen al progreso y la mayor humanización en la que sigue avanzando la sociedad. Pero, en realidad, existen todo tipo de prisiones en el mundo, e incluso en muchos países coexisten diferentes modelos penitenciarios. Para comprender la evolución de la prisión se pueden presentar distintas clases, que en la práctica se superponen y mezclan en muchas ocasiones, algunas de las cuales, si bien dominan en ciertos periodos, nunca dejan de existir del todo.

Así, en el siglo XVIII surge el correccionalismo y la prisión moderna nace a partir del experimento de dos regímenes en Estados Unidos que luego serán replicados en el mundo: el modelo filadélfico y el auburniano. Ambos empiezan a integrar los cambios que vive el capitalismo, que entra en la fase donde se hace claramente hegemónico: el capitalismo industrial, en el que la identidad social está ligada a la idea, que aún hoy se conserva, del trabajo. Durante este periodo se presenta la evolución de la prisión moderna con diferentes visiones del trabajo en su interior, pero siempre con este como elemento muy importante dentro de los diferentes regímenes penitenciarios. Además, es un periodo en el que se ve necesario disciplinar a una mano de obra heterogénea, y la cárcel da solución a esa necesidad de control. Por ejemplo, en las cárceles de mujeres, en la España de aquel entonces, la denominada galera se consolida como estructura penitenciaria de encierro, con un alto contenido correctivo-religioso que giraba en torno al afianzamiento de los roles otorgados a las mujeres, que quedaban relegados a los trabajos en el hogar (se volverá a hacer referencia a la galera en el mito 9).

Llegado el siglo XX, el capitalismo comienza a centrarse cada vez más en el sector terciario dedicado a los servicios, vinculado al enfoque de la venta de lo producido más que a la producción industrial, cuya técnica ya se domina. Es aquí donde encuentran perfecto encaje las diferentes tesis resocializadoras de la privación de libertad de la mano del sistema progresivo, y la sistemática adecuación de la imagen carcelaria. Junto a los cambios sociales y a las necesidades de la pena, esta nueva fase del capitalismo hace que el panorama penitenciario se transforme necesariamente, inspirado en conceptos como la reeducación de la persona penada (sea hombre o mujer), y que el sistema que se consolide en las prisiones sea el premial-progresivo.

Con el tiempo, este sistema se perfecciona y llega la fase para el auge de las megaprisiones diseñadas por expertos, estéticamente pulcras, ordenadas, compartimentadas y centradas en la represión de la libertad de conciencia y espíritu. Se consolidan los ejes del tratamiento alrededor de la buena conducta y la disciplina, la ocupación continua, la vigilancia permanente de la persona penada, y los premios y castigos en función de la conducta.

Hoy se puede afirmar que coexisten distintos modelos penitenciarios en el mundo y son muchas las leyes y reglamentos que se han promulgado para mejorar las prisiones en respeto de los derechos humanos, los cuales se encuentran profundamente cuestionados dentro del ámbito de la prisión.

Son muchos los frentes desde donde se cuestiona la prisión. Precisamente porque la cárcel no ha existido siempre, nuevamente desde corrientes abolicionistas de la prisión se hace un enorme esfuerzo por mostrar la crisis de esta institución que, como advirtiera Foucault, es parte de ella desde su mismo nacimiento. Algunos de los elementos más destacados para la crítica son los siguientes: la prisión no cumple con las finalidades que teóricamente tiene asignadas (prevención de delitos y reinserción); la prisión no solo restringe la libertad de la personas, sino que las priva de muchos más derechos fundamentales; los efectos psicosomáticos del encarcelamiento (merma física, deterioro de los sentidos, aparición de problemas de salud mental, deterioro cognitivo y de habilidades sociales); la desigual aplicación de esta pena y el propio efecto criminógeno de la prisión, es decir, como entorno donde se reproduce y consolida la opción de continuar cometiendo delitos, etc.

Con lo anterior, hay experiencias en el mundo escandinavo que se acercan a un posible modelo de prisión que respeta la dignidad y que contienen algunos elementos interesantes. En términos generales, en esos países en la concepción y desarrollo del sistema son conscientes de que la criminalidad se relaciona con lo ambiental y social, y con factores como la educación, la salud, el sistema económico y las políticas de bienestar en lugar de con la idea de “más cárcel, menos delito”, cuestión que se desarrolla mucho más ampliamente aquí en el mito 28. Son estados en los que el sistema legal se ve solo como un factor más dentro de los mecanismos de control social. En general, estamos hablando de realidades donde las desigualdades sociales se han minimizado y esa situación también tiene sus propias consecuencias. Además, cuando es necesario acudir a las penas, han determinado que estas no sean de una duración muy alta para poder tener mayor éxito resocializador. En estas pioneras estrategias penales escandinavas se cree poco en el éxito resocializador de la prisión, lo que se ve como una razón para usarla menos. Además, desde la criminología escandinava se cree que las posibilidades de resocialización desde el sistema legal son mucho más bajas que las que existen en otros ámbitos de la sociedad. Se confía en la intervención desde la comunidad cercana y con la menor respuesta aflictiva para la persona. En definitiva, los esfuerzos se centran más en la construcción de un modelo más respetuoso con la dignidad y con la finalidad resocializadora de la pena porque se tiene una consciencia y un reconocimiento de las profundas limitaciones de la función penal y, más en concreto, de la prisión como pena. Se podría decir que en esos países el mito de que “la prisión ha existido siempre” no está tan presente y se quiere trascender esa idea que no permite avanzar hacia otro modelo de respuesta penal.

Algunas sugerencias bibliográficas para profundizar

Francés, Paz y Restrepo, Diana (2019): ¿Se puede terminar con la prisión? Críticas y alternativas al sistema de justicia penal, Madrid, Los Libros de la Catarata.

Foucault, Michel (1976): Vigilar y castigar: el nacimiento de la prisión, México D. F., Siglo XXI.

Melossi, Dario y Pavarini, Massimo (1977): Carcere e fabbrica: alle origini del sistema penitenziario (XVI-XIX secolo), Bolonia, Il Mulino.

Messuti, Ana (2001): El tiempo como pena, Buenos Aires, Campomanes Libros.

Mito 3. Gracias a los medios sabemos
que hay mucha delincuencia

Las historias que componen el periodismo de sucesos atraen la atención y entretienen, no comprometen políticamente, no requieren de concentración para seguirlas ni de complejas explicaciones para comprenderlas. Además, cautivan y despiertan emociones con facilidad y nos hacen sentir que la ciudadanía está bien informada.

La principal característica del periodismo de sucesos es que sobredimensiona los incidentes más graves y la frecuencia con que estos suceden. A su vez, son estos incidentes graves los que mayor convocatoria de audiencia tienen. Los hechos delictivos más comunes —los delitos contra la propiedad— tienen, por el contrario, una presencia significativamente menor en la información mediática. Por lo tanto, la información que transmiten los medios de comunicación no suele corresponderse con la realidad delictiva y contribuye a aumentar la posibilidad que las personas creen tener de ser víctimas de un delito grave. Esto es, la forma de construir la información puede incidir en la percepción de inseguridad.

Los medios de comunicación han sido uno de los elementos más estudiados a la hora de identificar qué actores o factores contribuyen a formar y construir la opinión pública y, en el caso que nos ocupa, a incrementar la percepción de inseguridad. Se puede afirmar que nuestro conocimiento de la realidad social depende de su conversión en noticia. Los medios de comunicación seleccionan qué hechos serán noticia, y determinan qué será objeto de discusión y desde qué enfoque interpretarlo. De este modo, el debate sobre si los medios de comunicación son causa de esto o solo son el reflejo de lo que la sociedad en su conjunto opina por sí misma es una cuestión polémica no resuelta y que plantea muchísimos interrogantes en torno a ella.

En todo caso, la legitimidad que tienen los medios de comunicación de masas para llegar a desempeñar esta función se sostiene, en buena medida, por la imagen de profesionalidad y estatus de expertas que adoptan las personas que aparecen en los distintos medios para todos y cada uno de los temas que son noticia. De esta forma, un contenido llega al espectador convertido en noticia y no como una mera opinión, sino en un formato que formalmente parece brindar una perspectiva casi exacta e irrefutable de cómo son las cosas.

Por supuesto, no es cierto ni justo afirmar que en todos los medios de comunicación y espacios informativos (y no exclusivamente informativos) se trata la información con poco rigor. Pero la percepción apuntada ahora es incuestionable, así como la relación de los medios de comunicación con los grandes lobbies empresariales y políticos. La complejidad de ciertos temas, como es precisamente el que aquí se aborda, amerita poner en el centro estas cuestiones, así como los principios de veracidad, contraste de la información e imparcialidad que deben regir la información transmitida.

Pero, además, cuando hoy hablamos de medios no podemos reducir nuestro análisis exclusivamente a los tradicionales medios de comunicación: radio, televisión y prensa. En la actualidad, son muchísimas las personas que se informan a través de noticias digitales, Facebook, Twitter, etc. Estos son espacios con características excepcionales por la velocidad en la que se construye lo que es noticia, como, por ejemplo, cuando un líder político escribe un tuit. También es un campo minado para las llamadas fake news, es decir, bulos con un contenido seudoperiodístico difundido a través de medios de comunicación cuyo objetivo es la desinformación. Pero, en contraposición a esto, precisamente es en el espacio de internet donde se puede encontrar mucha más información, que nunca se conocería a través de medios clásicos, donde la contranoticia está muy presente y donde muchas personas pueden participar de forma rigurosa a fomentar el conocimiento.

El fenómeno criminal ocupa un porcentaje importante de la actividad informativa de los medios de comunicación. Realmente esta curiosidad deriva del propio interés que a la sociedad le generan este tipo de informaciones, que ponen al descubierto los conflictos sociales y las dificultades de vivir en comunidad. Así, lo cierto es que dedican gran parte de sus espacios informativos y de entretenimiento especializados en sucesos (por ejemplo Policías en acción, Equipo de investigación, En el punto de mira o distintas series policiacas, sobre criminalística, personas presas…) a tratar temas directa o indirectamente relacionados con el delito, y no todos son abordados de la misma forma.

Al margen de los debates éticos que periódicamente se producen sobre la cobertura y el tratamiento informativo que recibe el fenómeno de la delincuencia, se constata que el periodismo de sucesos tiende a narrar estas cuestiones a través de un estilo dramático. Los casos más emblemáticos reciben la atención mediática no solo durante las horas inmediatamente posteriores a los hechos, sino también durante todo el proceso judicial, buscando principalmente el testimonio de la víctima, de su familia, de amigos e incluso de vecinos que nada pueden aportar a la noticia. El perfil de los protagonistas de los casos que más han interesado a los medios por su gravedad o espectacularidad promueve la alarma social en las personas, que pueden llegar a cuestionar no solo su seguridad, sino las políticas públicas, como se verá en el último capítulo de mitos que analizamos en este libro.

La tesis doctoral de Marauri (2008) sobre la evolución de la cobertura y el tratamiento de la prensa española durante los años 1977-2000, de once sucesos seleccionados, concluye con la constatación de una creciente relevancia de este tipo de informaciones en los medios de comunicación. Para el autor, esto se explica porque los sucesos atraen, suscitan el interés de los lectores, que conceden credibilidad a su cobertura. Entre sus conclusiones Marauri destaca que la atracción hacia el género de sucesos deriva de que proporcionan entretenimiento de consumo rápido que invita a sentir emociones y a no pensar. La investigación de la Universidad Complutense de Madrid, dirigida por Mayoral (2009), obtiene iguales resultados. Después de analizar el tratamiento de los sucesos en las distintas cadenas de televisión, desde 1991 hasta 2009, se observa que a lo largo de los años se concede más espacio a este género de noticias y se les otorga mayor relevancia al acercarlos cada vez más al inicio del informativo, es decir, a los privilegiados primeros minutos. Así, en términos relativos, los sucesos han pasado de ocupar el 15 por ciento de los telediarios, en 1994, al 30,8 por ciento en el año 2009.

En este sentido, en primer lugar se debe advertir que no todos los delitos son abordados de igual manera por los medios de comunicación. De este modo, la corrupción es un fenómeno que en los últimos años ocupa un gran espacio informativo, si bien siempre ha sido un tema de sumo interés por los medios de comunicación y que siempre ha estado presente. Un ejemplo del interés mostrado fue el caso, investigado y destapado por periodistas, de los papeles de Panamá, que reveló la ocultación de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria por parte de jefes de Estado y de Gobierno, líderes de la política mundial, y otras personalidades de las finanzas, los negocios o el deporte. Otros casos son los de la financiación ilegal del Partido Popular (Gürtel), del Partido Socialista en Andalucía, el Caso Urdangarín, etc., pero, mucho antes, los casos de Rumasa, Filesa, Urralburu, Roldán, Paesa, Malaya… Sin embargo, estos casos no son tratados del mismo modo que los de terrorismo, ni a su vez estos de igual forma que delitos de violencia de género, robos, tráfico de drogas, etc. Hay quien piensa que esto debe ser así, puesto que son delitos totalmente distintos que requieren de un abordaje distinto. No obstante, se aprecia que es sobre ciertos delitos sobre los que los medios de comunicación son especialmente poco cuidadosos. Son aquellos referidos a la “pequeña delincuencia”: robos con fuerza, hurtos, peleas en barrios, tráfico de drogas a pequeña escala y otros que generan gran alarma social como homicidios, agresiones graves, agresiones y abusos sexuales o secuestros donde, como afirma, entre otros, Fuentes Osorio (2005), la información adolece de ser inexacta, descontextualizada, distorsionada, poco plural e interesada, e igualmente lo son las propuestas de solución que se plantean.

Por tanto, dejando de lado los delitos relativos a la corrupción y el terrorismo, estos expertos aprecian ciertas tendencias en el tratamiento informativo antes mencionadas para los que podríamos denominar “delitos de bagatela”, por un lado (y frente a los que se creó el concepto de “tolerancia cero”), y delitos de sangre o sexuales realmente graves, por otro.

En primer lugar, en cuanto a la afirmación de la inexactitud, descontextualización y distorsión de los medios de comunicación, nos encontramos con que los medios de comunicación presentan una realidad criminal que no coincide con la real, al sobredimensionar tanto la gravedad como la frecuencia de los hechos, así como por la forma de presentarlos; estos son magnificados y utilizados siempre para obtener conclusiones generales y simplistas del panorama criminal en la sociedad.

Uno de los efectos que la constante información relacionada con el delito puede provocar es el efecto bloqueo. En este sentido, nuevamente Fuentes Osorio (2005) mantiene que la abundancia de información puede tener el efecto contrario y convertirse en el mejor modo de ocultación de los hechos. Además, el modo en que se transmiten los acontecimientos relacionados con el delito, cargados de dramatismo, utilizando frases hechas, sin ser exactos con el contexto, las fechas…, haciendo resúmenes continuos de situaciones parecidas que no hacen más que confundir al destinatario de la información, provocan en el espectador una sensación de inevitable inseguridad y que incluso pueden acentuar la victimización secundaria.

Es destacable, por el contrario, la escasez de espacios que se ofrecen para informar de sentencias judiciales, especialmente si estas son absolutorias (excepto si se trata de delitos de corrupción). Por el contrario, sí quedan espacios para criticar sentencias entendidas y calificadas en este sentido por los medios como “blandas”, y a su vez se hacen peticiones de revisiones en las normas de cumplimiento de las penas y en la duración de las mismas.

Todo esto, como advierten entre otros Díez Ripolles (2003) o Baratta (2003), provoca que los medios de comunicación contribuyan a generar miedo al delito y un exceso de preocupación por la sociedad ante el mismo. Por supuesto, es imprescindible exponer cómo la mayor o menor influencia de los medios de comunicación depende de factores tales como edad, experiencias personales, condiciones ambientales… Es decir, no a todos nos afecta de igual manera determinada información, depende de la percepción y de la actitud ante esta, así como de factores sociales y personales mencionados. Pero, en todo caso, la forma en que se hace el envío de la noticia tiene, por sus características, los condicionantes necesarios para generar miedo y preocupación.

En segundo lugar, en cuanto a la escasa o inexistente pluralidad de los medios de comunicación, los mass media seleccionan y de este modo determinan qué cuestiones son entendidas como conflicto o problema social y cuál es la solución. La mayoría de las veces esto se hace sin atender al hecho de que quien determina esto son quienes más poder tienen dentro de la sociedad, y que son quienes controlan esos medios de comunicación, sin dar opción a otro tipo de planteamientos, ya que probablemente el objetivo último sea mantener el sistema ya instituido. Como se ha apuntado anteriormente, se sabe que los medios de comunicación dependen de sus cuotas de pantalla y es esto lo que determina la programación, lo cual influye inevitablemente en el contenido.

Sin embargo, frente a todo lo anterior, resulta que España tiene las cuotas de criminalidad más bajas de nuestro entorno y, además, la acogida de tesis punitivistas es desigual en nuestra sociedad, como se desarrolla mucho más ampliamente en los mitos 21 y 31.

Para concluir, queremos hacer una pequeña referencia a que el mito de que “existe mucha delincuencia porque lo he oído en la televisión” influye en la política criminal de los estados en términos generales, la cual está adoptando en los últimos tiempos una clara tendencia hacia el endurecimiento y, en concreto, repercute de forma directa en el modo de legislar en materia penal. Por un lado, son habituales las reformas realizadas en materia penal que evitan los cauces formales establecidos por la Constitución, que son sustituidos a través del instrumento de la urgencia por leyes ordinarias, con fines claramente populistas e impulsados a golpe de noticia. Por otro lado, la influencia se materializa también en que la finalidad retributiva de la pena, es decir, la que exclusivamente atiende al castigo o, dicho de otro modo, al “ojo por ojo” o al “pagar por lo que has hecho”, está adquiriendo una repercusión notable en las exposiciones de motivos de las leyes. Por último, queremos apuntar que cierta opinión pública tuvo relevancia en la aprobación de la LO 7/2003 de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, la LO 5/2000 de Responsabilidad Penal del Menor y, más recientemente, la LO 1/2015 que introdujo la prisión permanente revisable.

Es importante terminar este mito subrayando la importancia para la democracia de los medios de comunicación, por ser el espacio decisivo de construcción de la opinión pública. Desde ellos en buena medida se establece la agenda político-criminal, un pilar fundamental de todo Estado y, sin duda, se puede afirmar que, salvando honrosas excepciones, en una abrumadora mayoría los espacios de información clásicos, como los más actuales, transmiten una imagen empobrecida del derecho penal, de lo que significa hacer justicia, y consideran las garantías como un obstáculo. El papel de los medios de comunicación en la construcción social de la delincuencia y el efecto que esta tiene en la percepción de inseguridad plantea, al mismo tiempo, el interrogante sobre si los medios favorecen una reacción social punitiva que exige medidas cada vez más duras y reactivas frente a la criminalidad, cuestión sobre la que se tendrá que seguir investigando dada la relevancia del fenómeno.

Algunas sugerencias bibliográficas para profundizar

García Aran, Mercedes y Botella, Joan (dirs.) (2008): Malas noticias. Medios de comunicación, política criminal y garantías penales en España, Valencia, Tirant Lo Blanch.

Pozuelo, Laura (2013): La política criminal mediática. Génesis, desarrollo y costes, Barcelona, Marcial Pons.

Soto, Susana (2005): “La influencia de los medios en la percepción social de la delincuencia”, Revista Electrónica de Derecho Penal y Criminología, 07-09, pp. 1-46.

Zuloaga, Lohitzune (2014): El espejismo de la seguridad ciudadana. Claves de su presencia en la agenda política, Madrid, Los Libros de la Catarata / UPNA.

Mito 4. Los grandes delincuentes
son monstruos

Parece natural que, como seres humanos, ciertos crímenes inexplicables nos hagan pensar que las personas que los cometen sean por naturaleza malvadas. Estos serían los que comúnmente llamamos y entendemos como grandes delincuentes.

Este enunciado, que envuelve el mito de que los grandes delincuentes son monstruos, es interesante porque lo primero que pone en el centro es la cuestión de qué significa ser un gran delincuente. En este sentido, se diferencian aquellas personas percibidas como tales de forma mayoritaria por la sociedad por cometer crímenes atroces, básicamente asesinos y violadores en serie, y las que no son vistas así aunque su criminalidad genere grandes consecuencias; es decir, personas que no son percibidas como grandes delincuentes, pero cuya actividad delictiva tiene una incidencia enorme para la sociedad o para un número importante de personas perjudicadas, como, por ejemplo, la que representan políticos corruptos, traficantes de armas, los estados mismos con sus políticas de guerra o empresas que blanquean dinero, por poner algunos ejemplos y como veremos en el mito 10.

Hecha esta distinción, se ha de afirmar que ni las personas percibidas como grandes delincuentes ni las que no son percibidas de este modo, son individuos anormales ni diferentes, y mucho menos monstruos, a pesar de que hayan cometido delitos atroces o su vida esté dedicada a la corrupción y la delincuencia. Esta afirmación se corrobora por la investigación criminológica que atiende a los distintos factores que influyen en que una persona termine cometiendo un delito. Existen distintas teorías al respecto que, como el delito, responden al tiempo en que fueron formuladas. En la actualidad, podrían resumirse en cuatro las distintas teorías que explican la opción del ser humano por cometer un delito o abstenerse de ello: las que se basan en el libre albedrío, aquellas que destacan los factores biológicos, las que vinculan la delincuencia con ciertos factores psicológicos y, por último, las más amplias y mayoritarias que explican la delincuencia por distintos factores sociales y contextos.

En cualquier caso, ninguna de estas perspectivas criminológicas de explicación del delito afirma que las personas que delinquen sean anormales o distintas al resto, ni siquiera aquellas que abundan en los factores biológicos o psicológicos. Estas teorías evalúan factores tales como la influencia de la carga genética en la conducta delictiva, factores psicofisiológicos, determinación de las hormonas, influencia del funcionamiento de los neurotransmisores, la personalidad, la inteligencia…, pero nunca desde el lugar donde nace el mito que aquí se está analizando: la anormalidad o la monstruosidad.

Por tanto, la percepción acerca de la anormalidad de las personas que delinquen es solo eso, una percepción, que además puede hacernos caer en la “trampa” que antes se mencionaba de considerar grandes delincuentes sesgadamente a algunas personas que puede ser que no sean las que más delitos y más graves cometen. En todo caso, como se decía al inicio, parece natural que ciertos crímenes inexplicables nos hagan pensar que solo los han podido cometer personas distintas, desalmadas. Sin embargo, es importante estar atentos y atentas a no deshumanizarlas, ya que esa deshumanización suele contribuir a la aplicación de penas desproporcionadas. Otra consecuencia bastante grave de esta consideración es que si pensamos que las personas que cometen delitos son monstruos, la sociedad se desentiende del problema, es decir, no asume el hecho de que esas personas son precisamente producto de la sociedad. Dicho más claramente: no son extraterrestres que han aterrizado repentinamente y, en todo caso, todas las personas somos susceptibles de cometer un delito en nuestras vidas.

El mito de que las personas que cometen delitos no tienen humanidad o son monstruos, además de que no se sostiene por ninguna teoría criminológica actual, se desmiente muy claramente a través del trabajo de Ríos, Gallego, Segovia y Cabrera (2010), en el que se hicieron 3.253 cuestionarios a personas presas de 46 prisiones distintas, publicado en la monografía que lleva por título Andar 1 km en línea recta. En este trabajo se muestra que el 67 por ciento de las personas presas sienten arrepentimiento, el 11 indiferencia y el 22 se autoexculpa. Además, la cifra de personas que se arrepiente aumenta y la indiferencia disminuye si virtualmente se propone un encuentro con la víctima. Los sentimientos de arrepentimiento se muestran en una gama muy amplia de vertientes pero, en todo caso, casi la mitad de las personas encuestadas (47 por ciento) es capaz de ponerse en el lugar de la víctima. Todo esto en un sistema que no promueve la justicia restaurativa ni da oportunidades para ello, por lo que se podrían esperar respuestas más humanas de las personas encuestadas si el sistema fuese también más humano con ellas, cuestión a la que nos referiremos más ampliamente en varios mitos más adelante. Efectivamente, el estudio muestra que solo el 10 por ciento de las personas mantuvo sentimientos de indiferencia frente a la víctima, sea porque no eran capaces de dar explicaciones, porque el autorreproche desapareció debido a la violencia que la persona sufre en su encierro en prisión o al considerar incorrecto el funcionamiento de la administración de justicia.

De cualquier modo, la mayor parte de las personas que están en prisión no responden al estereotipo que habitualmente percibimos como “grandes delincuentes”. Nos encontramos con que la mayor parte de las personas que están en prisión lo están por delitos contra el patrimonio o el orden socioeconómico y por delitos contra la salud pública, que básicamente se traducen en infracciones relativas a tráfico de drogas. Ambos delitos tienen una relación muy estrecha con factores de tipo social que explican aproximadamente el 80 por ciento de los delitos cometidos por personas que están en prisión: la desigualdad, la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades y el consumo de drogas, tal y como analizaremos más específicamente en el mito 25.

Algunas sugerencias bibliográficas para profundizar

Gallego, Manuel; Cabrera, Pedro José; Ríos, Julián y Segovia, José Luis (2010): Andar 1 km en línea recta. La cárcel del siglo XXI que vive el preso, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas.

Larrauri, Elena (1991): La herencia de la criminología crítica, México D. F., Siglo XXI.

Mito 5. Los inmigrantes son delincuentes

El mito de que las personas migrantes delinquen más que las nacionales está extendido de manera global. No se trata de que sean de tal o cual nacionalidad, sino de que procedan de otros lugares distintos al que se esté haciendo referencia, si bien principalmente la percepción recae sobre países más pobres o sobre personas de clase social más baja. En ocasiones, incluso, esto sucede entre regiones o comunidades. En Italia, por ejemplo, es habitual que las personas del norte del país se refieran a los delincuentes, que son los “italianos del sur”, o que en cualquier pequeño pueblo, si sucede algo, se diga que quien ha cometido tal o cual delito es el “forastero”, pudiendo ser, incluso, de la localidad de al lado.

Sin embargo, aun considerando la construcción de estereotipos que responden a las lógicas binarias y, por tanto, al discurso “del otro”, lo cierto es que hay un condicionante muy importante que provoca que una persona migrante opte en algún momento por la opción de cometer un delito: viene determinado por su situación de irregularidad administrativa en un país. Esta circunstancia es la que principalmente da lugar a que muchas personas migrantes cometan delitos relacionados directa o indirectamente con su situación no regular. Uno de estos delitos, por ejemplo, es el de falsedad documental: el crear o usar documentos de identificación falsos para no ser expulsados del territorio nacional. Otros serían la comisión de pequeños hurtos para poder subsistir y la venta con la manta, a la que antes hacíamos referencia porque, en realidad, los estudios afirman que las personas migrantes delinquen por las mismas razones que los autóctonos en la mayor parte de lugares del mundo: por carencias laborales, falta de vivienda y déficit en las redes sociales de apoyo. Además, su perfil sociodemográfico (jóvenes varones) se corresponde con el perfil sociodemográfico de la población que cae en las redes del control penal e ingresa en prisión. En otras palabras: las personas migrantes no delinquen por su nacionalidad extranjera, sino por reunir en una proporción mayor a la media autóctona las condiciones de ser hombres, jóvenes y de clase socioeconómica baja.

García España (2014) ha dedicado parte de su actividad investigadora a preguntarse acerca de la delincuencia de personas migrantes y las motivaciones delictivas. Ella apunta críticamente que, efectivamente, algunos trabajos consideran como variable de riesgo delictivo “pertenecer a una minoría étnica o ser inmigrante”, lo que significaría que los inmigrantes delinquen más por el hecho de serlo. La autora muestra, sin embargo, cómo las investigaciones que han tratado de explicar la delincuencia de este colectivo hacen referencia a los dos tipos de razones que se acaban de mencionar: las socioeconómicas propias de los contextos de inserción y las de discriminación institucional. Así, llega a la conclusión de que determinados contextos migratorios contribuyen a la creación de oportunidades motivantes y que el hecho de ser inmigrante no aporta nada a la motivación delictiva, si no es por el contexto de carencia de oportunidades estructurales.

Sobre la relación delito-persona migrante y el mantenimiento de este binomio-mito se debe apuntar, una vez más, la responsabilidad de los medios de comunicación, que continuamente y desde hace décadas están favoreciendo directa o indirectamente, intencionadamente o no, tanto la creación como el desarrollo y mantenimiento de estereotipos sociales, prejuicios e incluso en determinados casos directamente el racismo. En este sentido, nos encontramos con que el fenómeno migratorio y la persona migrante son objeto constante de noticia y, por tanto, de todo lo que ello conlleva. No es infrecuente que los medios de comunicación utilicen ya desde un primer momento una imagen estereotipada de ellos, que además contribuye a su mantenimiento.

Carlos Muñiz y Juan José Igartua (2004) exponen la estrategia en el discurso de los medios de comunicación tendente a la creación y mantenimiento de estereotipos diferenciando tres etapas. La primera sería la tendente a la polarización general entre nosotros y ellos. La segunda, la encargada del mantenimiento de una serie de problemas de los cuales son acusados habitualmente los inmigrantes y, relacionado con esto, la tercera etapa relativa al mantenimiento habitual de ciertos temas negativos, como son: desintegración social, terrorismo, desempleo, invasión…

Zuloaga (2016), por su parte, analiza cómo la criminalización de la inmigración por parte de partidos políticos y medios de comunicación contribuye en la construcción de la percepción de inseguridad. Para la autora, la directa acusación que algunos partidos políticos lanzan a las personas migrantes como responsables de la variación de las tasas de criminalidad ha contado con el contexto favorable que los medios han construido sobre un escenario orientado a articular el discurso de la inmigración desde la óptica de la seguridad. De esta manera, el fortalecimiento que periódicamente recibe este discurso refuerza la verosimilitud del binomio inmigración-delincuencia a ojos de la opinión pública.

Es en esta línea que se da una frecuente conexión entre la inmigración y el fenómeno delictivo. De entre los mencionados factores son de especial interés los que siguen:

Cuando los medios de comunicación y los organismos oficiales se refieren a estadísticas sobre inmigración y delincuencia, en estas se recogen los datos de inmigrantes comunitarios, extracomunitarios y también de turistas, es decir, personas que se encontraban de tránsito en España o que viajaban al país solo para cometer un delito (fundamentalmente tráfico de drogas, que principalmente es cometido por mujeres como “mulas”). Por otro lado, hay que tener también presente que estos datos son los relativos a todas las personas inmigrantes, extranjeras, o ambas conjuntamente, de todas las nacionalidades, clases sociales o estatus. Deberíamos, por tanto, discriminar todas aquellas expresiones y adjetivos que nos llevan a pensar directamente en un perfil concreto de inmigrante/delincuente.

Tampoco se atiende a la realidad de que, como se decía anteriormente, un gran número de delitos que cometen las personas migrantes tienen relación con su estancia ilegal en España; el delito de falsedad documental es uno de los más frecuentes, para conseguir evitar la expulsión. Por tanto, la idea de que los inmigrantes cometen fundamentalmente delitos contra las personas y contra la propiedad es falsa.

Por otro lado, nos encontramos con que entre los datos procedentes de fuentes policiales relativos al número de detenidos no nacionales normalmente se contabilizan tanto aquellos que lo han sido por haber cometido un delito como los detenidos por su situación irregular, lo que no constituye ningún delito.

No debemos obviar, además, que frente al inmigrante se está más predispuesto a la sospecha y, por tanto, este es objeto de mayor vigilancia que los sujetos nacionales, a pesar de constituir el sector más vulnerable ante los abusos. De hecho, el estudio de Tamarit, Luque, Guardiola y Salinero (2011) sobre la victimización de migrantes a través de una muestra de la comunidad colombiana en Cataluña reveló una elevada victimización en todas las personas de todos los ámbitos examinados: delitos patrimoniales, relacionados con los vehículos y de carácter personal. Un hecho destacable fue que para muchas personas migrantes, especialmente mujeres, el lugar de trabajo es una fuente de riesgo de victimización de carácter personal. La motivación racista o discriminatoria se reveló como factor importante en el riesgo diferencial que padece la población migrante respecto a agresiones, amenazas y delitos violentos y de carácter sexual.

En relación con el principio de presunción de inocencia, se ha de observar que cuando los medios de comunicación declaran que un grupo de inmigrantes ha cometido un delito concreto se están refiriendo a que están acusados de cometerlo, si bien no significa que lo hayan hecho. Esto es importante porque el número de inmigrantes en prisión está sobredimensionado. Un ejemplo de ello y que hoy podemos conocer se daba en el año 2006, en el que las cifras de población penitenciaria iban en aumento, y en el que en las cárceles españolas había 19.050 personas extranjeras de las 62.800 personas encarceladas. O sea, representaban el 31 por ciento de la población reclusa española. Sin embargo, nos encontramos con que solo el 19,7 por ciento estaban condenadas, mientras que el resto eran personas en prisión preventiva, es decir, a la espera de juicio.

A fecha de 31 de diciembre de 2018 había en España 16.536 personas extranjeras en prisión; 15.269 eran hombres y 1.267 eran mujeres. No hay constancia de su situación procesal y tampoco del tipo de delitos porque la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (en adelante DGIP) no aporta de forma segregada y en tiempo real los datos sobre cuántas personas están condenadas y cuántas están en situación preventiva.

Algunas sugerencias bibliográficas para profundizar

Garreta, Jordi (1996): “Inmigración, desviación social y delito. Inmigración marginados e inmigrantes delincuentes”, en Carlota Solé (ed.), Racismo, etnicidad y educación intercultural, Barcelona, Educació i Mon Actual, 4, pp. 31-62.

González Sánchez, Ignacio (2016): “La penalización de los migrantes: irregularidad y cárcel en la construcción del Estado neoliberal”, Migraciones, 39, pp. 123-147.

Martínez, Ramiro y Lee, Matthew T. (2004): “Inmigración y delincuencia”, Revista Española de Investigación Criminológica, 2, pp. 1-34.

Mito 6. Los agresores sexuales
no son reinsertables

El artículo 25 de la Constitución Española (en adelante CE) recoge que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social. Este mandato constitucional ha de estar presente en cualquier decisión referente a la política criminal, porque lo contrario nos lleva a consecuencias poco deseadas en un Estado social y democrático de derecho, como es el hecho de relegar la pena de prisión exclusivamente a la inocuización de la persona durante el tiempo que dure la pena o utilizarla para intimidar al resto de la sociedad, lo que chocaría frontalmente con el concepto de dignidad de todo ser humano.

En concreto, para poder responder al mito ampliamente extendido acerca de que los delincuentes sexuales no son reinsertables, en primer lugar se debe concretar a qué nos referimos cuando aludimos al término reinserción. ¿Qué significa exactamente que una persona no sea reinsertable?

Conviene empezar debatiendo la cuestión de que, aunque de forma recurrente se utilizan indistintamente los conceptos de reeducación, reinserción y resocialización, lo cierto es que son conceptos distintos, controvertidos y que aluden a pretensiones diferentes. Estos responden de forma distinta a la pregunta de hasta dónde puede intervenir el Estado en la persona que ha cometido un delito para cumplir con la finalidad resocializadora de la pena privativa de libertad. En este sentido, entre los expertos encontramos desde quienes abogan por programas máximos que entienden la resocialización como reforma, en el sentido de transformación interna de la persona que está cumpliendo condena, posición más vinculada al concepto de reeducación, hasta quienes abogan por los denominados programas mínimos, que son la mayoría y están más vinculados al término de resocialización. Los programas máximos de reinserción pretenden el regreso de la persona a la sociedad después de experimentar una transformación y vinculan la reinserción con el concepto de tratamiento-educación. Para los programas mínimos la resocialización es una adecuación de la conducta externa (no interna) de la persona a las normas del ordenamiento jurídico, que se traduciría en no volver a cometer dicha conducta, es decir, se trata del acatamiento externo de la norma con objeto de evitar la reincidencia y, por tanto, está más alejado del concepto de reeducación.

En último lugar, atendiendo al principio de realidad y al hecho de que la historia muestra las dificultades de que una persona se transforme en el espacio de la prisión o incluso que su paso por ella dé lugar a que no vuelva a delinquir, se encuentran los denominados programas “no desocializadores” que, simplemente, exigen en la ejecución de la pena privativa de libertad establecer las condiciones objetivas suficientes para asegurar la reintegración social de la persona. Conforme a estos programas se utiliza más el concepto de reinserción vinculado simplemente a procurar el retorno de la persona en condiciones que permitan volver con más alternativas para evitar que vuelva a delinquir.

Es importante clarificar que, independientemente del concepto que se adopte, siempre que estemos hablando del sometimiento de la persona a un tratamiento, esta deberá prestar su consentimiento. En ningún caso se puede obligar a una persona a participar en un tratamiento, sea de la índole que sea. Por poner un ejemplo alejado de los delitos sexuales: nunca se podrá obligar a una persona que ha cometido un delito bajo la influencia de bebidas alcohólicas a que se someta a un programa de seguridad vial, así como tampoco se podrá obligar a una persona que consume drogas a dejar de consumirlas. Dicho esto, lo cierto es que con el sistema premial (de individualización científica) que recogen el Código Penal y la Ley Orgánica General Penitenciaria (en adelante LOGP), que beneficia a todas aquellas personas que participan en distintos programas de tratamiento o terapéuticos, la participación prácticamente se hace obligatoria. Además, desde los distintos agentes que participan de la ejecución penitenciaria (psicólogos, educadores, trabajadores sociales, jueces, etc.), las personas presas reciben presiones en forma de recomendación para que así sea. Es decir, legalmente no se les puede exigir que participen, pero en la práctica se les presiona o la propia esencia del sistema, denominado de individualización científica, hace que participen en cierta medida mediatizados. El artículo 62 de la LOGP establece que el tratamiento penitenciario estará basado en “el estudio científico de la constitución, el temperamento, el carácter, las aptitudes y las actitudes del sujeto a tratar, así como de su sistema dinámico-motivacional y del aspecto evolutivo de su personalidad conducente a un enjuiciamiento global de la misma”, para lo cual se ofrecerán un conjunto de actividades terapéuticas, formativas, ocupacionales, educativas, deportivas, etc. Esta es una realidad, una práctica habitual y en ocasiones tiene mucho sentido por dos motivos. En primer lugar, por la necesidad de encontrar un sentido mínimo al encierro más allá del puramente aflictivo y, en segundo lugar, especialmente para algunos delitos porque, como se mencionará más extensamente, en su base hay toda una manera de entenderse a sí mismo o a sí misma y el mundo y este modo puede traducirse en conductas violentas frente a las personas (violencia de género, agresiones sexuales, mutilación genital, prostitución forzada, etc.). En otras ocasiones, son las circunstancias de las personas las que pudieran requerir de una intervención en salud (de salud mental y consumos fundamentalmente) porque son las que están en la raíz de optar por cometer un delito.

Volviendo al mito sobre agresores sexuales, cuando se realiza la afirmación de que los delincuentes sexuales no son reinsertables, normalmente se está aludiendo a alguno de los dos primeros sentidos del concepto de reinserción: a la transformación interna y al hecho de que esas personas no vuelvan a realizar hechos semejantes por los que fueron condenados. Pues bien, se ha de afirmar que en cualquiera de las dos vertientes ese mito es falso. Cuestión distinta, como se apuntará más adelante, es que el enraizamiento de los códigos patriarcales y sus violencias están tan interiorizados en los hombres que llevan a cabo estas conductas que los esfuerzos para que se abstengan de una repetición han de ser mayores.

En términos generales, los estudios existentes muestran que los agresores sexuales tienen una tasa de reincidencia baja. También apuntan cómo progresivamente se están implementando programas de intervención específicos para personas que han cometido ciertos delitos, entre los que se encuentran los delitos contra la libertad sexual, dentro del tratamiento en las prisiones.

La DGIP dispone de un programa, al que acompaña un manual, adaptado a partir del programa original de Garrido y Beneyto, realizado por el grupo de trabajo sobre Programas de Tratamiento para el Control de la Agresión Sexual, promovido por la propia DGIP en los meses de enero y agosto de 2005. Este programa aporta el modelo de prevención de la recaída para los delincuentes sexuales no ocasionales, es decir, para los que muestran una tendencia a repetir la agresión sexual, o bien son ya reincidentes. Estos programas se han ido implementando a lo largo de la última década en las prisiones españolas en un número importante de casos, si bien todavía insuficiente, y consisten, a rasgos generales, en trabajar elementos referidos a la autoestima, la educación sexual, la mejora de las habilidades afectivas y sexuales, la erradicación de ciertas distorsiones cognitivas, el aprendizaje en el autocontrol emocional y la empatía.

Los datos disponibles sobre el resultado de este y otros programas llevados a cabo en España evidencian que, de acuerdo con la investigación internacional, alrededor del 80 por ciento de los agresores sexuales no reinciden, mientras que lo acaba haciendo en torno a un 20 por ciento (Redondo y Garrido, 2013).

Entre otras publicaciones, en España se encuentra la de Redondo (2006), donde se describe y evalúa el tratamiento psicológico que se aplica en la prisión de Brians (Cataluña) con los agresores sexuales. El estudio se llevó a cabo con dos grupos equivalentes: uno al que se aplicó el tratamiento y el de control. El grupo de tratamiento estaba integrado por 49 sujetos que recibieron, de manera completa, el tratamiento psicológico previsto. Por su parte, el grupo de control lo integraron 74 agresores sexuales que no habían recibido tratamiento. Los resultados mostraron que el programa cognitivo-conductual tuvo un potencial rehabilitador en las personas que participaron en él. Los resultados muestran que la aplicación del tratamiento reduce la tasa de reincidencia de los agresores sexuales tratados, desde una tasa que sería esperable del 18 por ciento a una del 4 por ciento, para un periodo de seguimiento promedio de casi cuatro años.

El trabajo desarrollado por Martínez, Redondo, Pérez y García (2008) sobre la empatía de personas que han cometido una agresión sexual pone de manifiesto que los violadores no tratados puntúan más bajo en empatía que los delincuentes no sexuales y que los violadores tratados superan en empatía no solo a los violadores no tratados sino también a los delincuentes no sexuales.

Es cierto que hay un grupo muy pequeño de agresores que se denominan persistentes, y que ronda en torno al 5 por ciento, con un riesgo de repetición de entre el 35 y el 81 por ciento y frente a los que progresivamente se tendrá que afinar la predicción del riesgo de reincidencia para mejorar los tratamientos existentes. Sin embargo, la realidad es que los datos nos dicen que las personas que cometen agresiones sexuales reinciden menos que personas que cometen otra tipología delictual, que en la mayoría de las ocasiones la agresión sexual no proviene de una patología de las enmarcadas en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (en adelante DSM), sino que son fruto de la dominación patriarcal frente a las mujeres.

Es lo que ilustra el enorme estudio de Diana Scully (1990), que confronta las tesis psicopatológicas frente a aquellas culturales-sociales de explicación del fenómeno de la violación que, históricamente y hasta hoy, siempre ha tenido una incidencia en más de un 85 por ciento de hombres como autores frente a mujeres y niñas como víctimas. Para ello, entrevistó a 114 condenados por agresión sexual y concluyó que los hombres aprenden a violar, y por eso lo hacen. En un sentido similar, Rita Segato (2003), ofrece una triple explicación a la comisión de estos delitos por parte de hombres. Se trataría, en algunos casos, de una forma de castigo o venganza contra una mujer genérica que salió de su lugar de posición subordinada. En otros, tendría que ver con una restauración de un poder perdido por parte de un hombre por ser desafiado por otro u otros y, por último, en otras ocasiones sería un ejercicio de demostración de fuerza y virilidad ante una comunidad de pares. Por lo tanto, la explicación se aleja de aquella, mucho más extendida, que refiere satisfacción de deseos sexuales irrefrenables.

En realidad, y para terminar, lo que se encuentra en la base de estas críticas se resume en dos cuestiones. La primera es que la mayor parte de los tratamientos que hay en prisión tratan de poner en marcha estrategias para las personas presas orientadas a que mejoren sus habilidades y a que no cometan delitos cuando estén en libertad, ya que la mayor parte de ellos no las tienen. La segunda es que esta intervención tal vez se pudiera llevar a cabo en un espacio distinto al de la prisión, ámbito comprobadamente criminógeno que se convierte precisamente en el mayor enemigo para poder conseguir esos objetivos, y un espacio artificial que simplemente logra una adaptación de la persona presa al sistema penitenciario y no a la sociedad exterior a la que tiene que volver. Resocializar al margen de la sociedad es una contradicción insalvable que, además, se evidencia en el hecho de que, aparte de los factores personales de riesgo que son objetivo del tratamiento para agresores sexuales, distintos factores sociales, como facilitadores o entorpecedores de la rehabilitación de quienes cometen delitos sexuales, tienen una importancia fundamental.

Por último, es importante mencionar que algunas investigaciones llevadas a cabo en Estados Unidos concluyen que la estigmatización y el abandono social y laboral de las personas condenadas por delitos sexuales las condena a volver a cometer otros delitos. O, dicho de otro modo: la propia reacción punitivista puede ser la causa de la no reinserción. Un ejemplo muy concreto, que se critica por su escasa capacidad preventiva y por su influencia estigmatizadora y dificultadora de la reinserción, es el registro de agresores sexuales en España, de reciente creación. En este sentido, Bonnar-Kidd (2010), en su estudio en Estados Unidos donde, en un esfuerzo por disminuir la incidencia de la agresión sexual, los legisladores han aprobado leyes destinadas a reducir la reincidencia entre los delincuentes sexuales condenados —por ejemplo, con la creación de registros, la notificación a la comunidad, el monitoreo a través de un sistema de posicionamiento global, control de la residencia, restricciones de internet, etc.—, concluye que estas políticas han llevado a múltiples consecuencias colaterales. Estas han creado un ambiente siniestro que inhibe la reintegración de esas personas y que incluso puede contribuir a un riesgo creciente de reincidencia. De hecho, la evidencia sobre la efectividad de estas leyes sugiere que pueden no prevenir la reincidencia o la violencia sexual y resultar en más daño que bien.

En todo caso, con limitaciones, todos los programas de reinserción específicos para la reentrada en sociedad de personas condenadas por delitos sexuales graves llevados a cabo en toda Europa han demostrado que funcionan razonablemente bien e involucran a la sociedad. Otro ejemplo son los CoSA (Círculos de Apoyo y Responsabilidad), círculos que surgen en Canadá en el año 1994. Ya existe una experiencia similar, también en Cataluña, con el proyecto CerclesCat (Nguyen et al., 2014). La estrategia fundamental del modelo se basa en la organización de un círculo, organizado por un grupo de técnicos y voluntarios que dan apoyo a un condenado por delitos sexuales en las últimas etapas de su pena privativa de libertad. El periodo de duración de estos círculos en la experiencia catalana ha sido de 18 meses y, si bien la eficacia está siendo evaluada, los resultados iniciales son prometedores.

Algunas sugerencias bibliográficas para profundizar

Generation Five (2007): Towards Transformative Justice. A Liberatory Approach to Child Sexual Abuse and other Forms of Intimate and Community Violence, Generation Five.

González Yagüe, Cristina (2013): “Delincuencia sexual: reforma y ejecución”, Revista del Instituto Universitario de Investigación en Criminología y Ciencias Penales de la UV, pp. 24-54.

Segato, Rita (2016): La guerra contra las mujeres, Madrid, Traficantes de Sueños.

Sordi, Bárbara (2016): “Programas para agresores de violencia de género en prisión: ¿avanzamos o caminamos en círculos?”, Estudios penales y criminológicos, 36, pp. 79-129.

Mito 7. Locos e histéricas quedan impunes

La lógica binaria de las sociedades occidentales fomenta el miedo a lo desconocido y sin duda existe una enorme ignorancia sobre qué es la enfermedad mental, cómo se sufre y cómo se acompaña a las personas con sufrimiento mental. El miedo que generan los “actos monstruosos” es trasladado a la persona que los realiza, “el monstruo”, y por la existencia de este monstruo, la mayoría de las veces mitológico, porque los monstruos no existen, se explica que se desarrollen los sistemas de castigo u otros espacios de control, como son precisamente los manicomios.

El concepto de delito y el concepto de locura presentan algunas semejanzas: ambos se intentan representar como realidades naturales y en ambos casos las respuestas son el encierro: la cárcel y el manicomio, respectivamente. Sin embargo, al igual que sucede con el delito, la locura es concebida y etiquetada de ese modo como producto de un momento histórico y de un lugar determinados.

La delincuencia vinculada a la enfermedad mental ha estado presente en un número enorme de películas, lo que ha consolidado un estereotipo concreto de personas con enfermedad mental y, por extensión, el mito de que estas personas son peligrosas, desalmadas y que quedan además impunes. Asimismo, este mito da sentido a o explica hechos que nos parecen incomprensibles y por eso los situamos en el espacio de la locura, que nos permite apartarlos.

Algunos autores, como Pozueco, García, Moreno y Blázquez (2015), han analizado este fenómeno advirtiendo de los enormes errores en los que se incurre cuando se representan enfermedades como la psicosis, la personalidad múltiple o la posible simulación de una enfermedad mental, por ejemplo, en películas tan famosas como Psicosis de Alfred Hitchcock, así como en series de televisión y medios de comunicación.

La relación de la psicopatía con la violencia y la criminalidad es una realidad a la que nos referiremos más adelante, pero esta afirmación requiere de muchos matices y precisiones. La primera precisión es que mucho de lo que es denominado como “locura” recibe tal calificación por una decisión ideológica previa, mientras que “verdadera locura”, entendida en términos de una diferencia de tipo biológico que afecta al estado mental de una persona, se presenta solo en algunos de los casos —los menos— así denominados por los expertos. A modo de ejemplo de lo “ideológicas” que son las enfermedades mentales a partir de su clasificación en el DSM, piénsese en la homosexualidad, que estuvo clasificada como “enfermedad mental” por la APA hasta 1973. Este es solo uno de los muchos ejemplos existentes, que afortunadamente ya ha sido excluido del DSM-IV. Sin embargo, opciones de vida como el travestismo aún se clasifican como trastornos mentales, también en el DSM-V. Además, se da otro fenómeno que es el de la psicopatización de muchos problemas psicológicos y su conversión en enfermedad mental, como es el caso de la depresión.

Otro de los mitos que debe ser nombrado para ser desmontado es que las personas con enfermedad mental quedan impunes cuando cometen un delito. En el proceso penal, se deberá determinar si la patología o enfermedad mental impide a la persona comprender la ilicitud de los hechos que llevó a cabo. No se puede vincular directamente la existencia de cualquier enfermedad mental con la falta de capacidad de conocer lo que se está haciendo y querer hacerlo. Solo algunas enfermedades incluidas como tales en los catálogos internacionales de enfermedad mental a los que ahora se ha hecho referencia, y solo en sus estadios más graves, darán lugar a la consideración de que esa persona no puede comprender y querer sus actos y, en consecuencia, no podrá ser sometida a una pena como cualquier otra persona.

Sin embargo, esto no significa que la persona quede impune. Para esos casos el ordenamiento jurídico contempla en el Código Penal la posibilidad de imposición de una medida de seguridad. Existen medidas de seguridad privativas y no privativas de libertad. Las privativas de libertad consisten en: internamiento para tratamiento médico o educación especial en un establecimiento adecuado a la anomalía o alteración psíquica que se aprecie en la persona; internamiento en un centro de deshabituación público o privado debidamente acreditado u homologado, e internamiento en un centro educativo especial.Las no privativas de libertad pueden consistir en: libertad vigilada, custodia familiar, privación del derecho a la tenencia y porte de armas, y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. Pero ¿en qué consisten estas medidas?

La libertad vigilada hace referencia al sometimiento del condenado a control judicial a través del cumplimiento de alguna de las siguientes medidas: a) la obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que permitan su seguimiento permanente; b) la obligación de presentarse periódicamente en el lugar que el juez o tribunal establezca; c) la de comunicar inmediatamente, en el plazo máximo y por el medio que el juez o tribunal señale a tal efecto, cada cambio del lugar de residencia o puesto de trabajo; d) la prohibición de ausentarse del lugar donde resida o de un determinado territorio sin autorización del juez o tribunal; e) la prohibición de aproximarse a la víctima, familiares de la misma u otras personas que determine el juez o tribunal; f) la prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal; g) la prohibición de acudir a determinados territorios, lugares o establecimientos; h) la prohibición de residir en determinados lugares; i) la prohibición de desempeñar determinadas actividades que puedan ofrecerle o facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza; j) la obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación sexual u otros similares, y k) la obligación de seguir tratamiento médico externo o de someterse a un control médico periódico.

La custodia familiar consiste en que la persona quedará sujeta al cuidado y vigilancia del familiar que se designe y que acepte la custodia, quien la ejercerá en relación con el juez de vigilancia y sin que menoscabe las actividades escolares o laborales que la persona sometida a custodia deba de llevar a cabo.

En realidad, con el catálogo de medidas de seguridad se observa que materialmente se trata de una respuesta jurídica muy parecida a la de la pena, que también puede ser clasificada entre privativas de libertad y no privativas de la libertad, y cuyos límites de duración son prácticamente idénticos (si no más amplios, en muchas ocasiones, en las medidas de seguridad). La diferencia fundamental entre ellas es el fundamento de unas y otras. Mientras que para la imposición de una pena la clave está en la culpabilidad, las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad y en la posibilidad de volver a repetir hechos constitutivos de delitos.

El Código Penal no recoge, al igual que otros códigos penales del siglo XX, una definición de “peligrosidad” o una explicación sobre qué significa ser una persona “peligrosa”. Este concepto es materialmente incierto, incrementado además por el prisma futurista con el que hay que apreciarlo, ya que la peligrosidad es la actual pero para la comisión de hechos futuros, incertidumbre que conlleva todo un juicio de pronóstico y probabilidad, que como tal puede resultar erróneo… Esto dará lugar a la existencia de lo que se denominan “falsos negativos”, es decir, personas que cometerán futuros delitos y no fueron detectados por el sistema, y los “falsos positivos”, personas no peligrosas sometidas a control por haberlas considerado erróneamente peligrosas. En todo caso, lo que se quiere subrayar aquí es el hecho de que una persona que padezca una enfermedad mental y cometa un delito, si es detenida, nunca quedará impune.

Además, una de las primeras cuestiones que nos viene a la mente al relacionar el sistema penal y la “enfermedad mental” es la obra de Foucault, pues fue él quien popularizó la genealogía de estas dos instituciones. Y es que, como recuerda también Galende (2008), la cárcel y el manicomio surgen al mismo tiempo y son lugares donde rigen como tratamiento de la anormalidad y del delito los mismos criterios de castigo y disciplina. Estas dos instituciones de sometimiento y encierro de personas son símbolo de las dicotomías de tipo occidental en un marco de “modelos punitivos resocializadores”, esto es, mecanismos de castigo que dicen tratar de devolver a la persona a la sociedad en condiciones consideradas más adecuadas a las que presentaba al entrar, conforme a las normas sociales. Se supone que la mayor diferencia existente en nuestros días entre estas dos instituciones es la causa de su aplicación: la cárcel, que es para los y las delincuentes, y el manicomio, que es para los locos y, sobre todo si consideramos la aplicación práctica, para las locas. Además, nos encontramos que las razones que justifican la existencia de la prisión y del manicomio son muchas veces compartidas, tanto en sus más logradas argumentaciones como en las respectivas críticas. Esta cuestión es de plena actualidad y, como en la prisión, las personas que llevan años internadas en espacios psiquiátricos penitenciarios son personas producto de esa institución: una personalidad institucionalizada y no propia de la enfermedad. Por tanto, las relaciones entre la respuesta de nuestro ordenamiento jurídico a las personas, con y sin enfermedad mental, están estrechamente vinculadas.

Con todo lo anterior, los estudios acerca de la relación entre enfermedad mental, violencia y criminalidad afirman cómo la mayor parte de estas personas no delinque. Sin embargo, a esto hay que hacer dos precisiones. La primera es que ciertamente hay dos enfermedades mentales graves como son la psicosis y los trastornos de personalidad del grupo B del DSM-IV, que tienen una relación más estrecha con el delito y, en ocasiones, con la violencia. Mostraremos un ejemplo de uno de los trastornos de la personalidad incluidos en el DSM-IV, el paranoide de la personalidad, que es un patrón de desconfianza y suspicacia que hace que se interpreten maliciosamente las intenciones de los demás. O el trastorno esquizoide de la personalidad, un patrón de desconexión de las relaciones sociales y de restricción de la expresión emocional.

En el caso de las personas psicóticas, en la fase en que se tienen esos síntomas se establece una relación modesta con la violencia en términos absolutos. Redondo recoge en su Manual de criminología (2013) que existen tres hipótesis acerca de por qué la psicosis y la violencia podrían estar relacionadas. La primera es que la psicosis es una causa de la violencia (que es la que más interés ha generado en investigadores y opinión pública), la segunda es que la psicosis es una consecuencia de un acto de violencia y la tercera es que la psicosis es un correlato de violencia donde no hay una relación causal entre psicosis y violencia, sino que es meramente coyuntural, motivada por otros factores, eventos, etc. (por ejemplo: pérdidas, divorcios…).

La segunda precisión que queremos hacer es que, sin hacer distinciones, la inmensa mayoría de las personas con o sin enfermedad mental no delinquen, si bien es cierto que un número muy elevado de personas que en la actualidad están en prisión padecen un trastorno o una enfermedad mental. Esto tiene varias explicaciones. La primera es que en ocasiones las personas con enfermedad mental tienen conductas que pueden llamar más la atención y, por tanto, el control de sus conductas es mucho más intenso que el del resto de la población. La segunda es que, a pesar de que existen respuestas jurídicas diferenciadas para las personas que tienen enfermedad mental, como se acaba de explicar, no siempre existe un diagnóstico de la misma y, entonces, no es aplicable una medida de seguridad. En tercer lugar, ocurre que muchas personas comienzan a desarrollar una patología durante su estancia en prisión, debido al impacto de la pena en la persona. Muy habitualmente se trata de depresiones mayores, drogodependencias, trastornos de personalidad y trastornos alimenticios.

Fuera de las prisiones, son los psiquiátricos penitenciarios los que en la actualidad albergan a unas 500 personas que han cometido un delito padeciendo una enfermedad mental. Estas personas están internadas en los dos únicos centros psiquiátricos penitenciarios que existen en España: uno en Sevilla y el otro en Alicante, y se puede decir que son auténticas prisiones. Por su parte, el Hospital Aita Menni, en Guipúzcoa, fue inaugurado en 2013 como primera unidad de España para atender a enfermos mentales graves afectados por causas judiciales.

Algunas sugerencias bibliográficas para profundizar

Foucault, Michel (2005): El poder psiquiátrico, Madrid, Akal.

Ortiz, Alberto y Huertas, Rafael (coords.) (2018): Críticas y alternativas en psiquiatría, Madrid, Los Libros de la Catarata.

Mito 8. La juventud ya no respeta
y las leyes son blandas con ellos

Hasta finales del siglo XIX a las personas menores de edad se las penaba como a las adultas y, actualmente, se sigue haciendo así en algunos estados de Estados Unidos, sin ningún resultado preventivo. Pero, además, las fronteras de mayoría de edad penal han cambiado con el tiempo y no en todos los lugares del mundo son las mismas. En España solo son consideradas responsables penalmente las personas menores de entre 14 y 17 años. Ha habido propuestas para que esa edad se rebaje a 12. En otros países se considera que debería ser a los 16, coincidiendo con la posibilidad de emancipación de la persona.

Pero en este mito no solo se aborda la cuestión de los delitos que cometen los menores de edad, sino también los jóvenes. Y tampoco el concepto juventud es unívoco y ha sido siempre el mismo. Los estudios sobre esta cuestión son concluyentes: el concepto de juventud es versátil: su significado se construye y se reinventa en función de las situaciones económicas, culturales y políticas del momento histórico. Un ejemplo muy claro es cómo en las sociedades europeas actuales la juventud, ese momento de transición y crecimiento en una persona, se extiende hasta los 25 o incluso los 30 años, algo impensable hace algunas décadas. Sea como fuere, independientemente de la edad que se establezca para determinar la responsabilidad penal de los menores o la edad para considerar la juventud, hay un elemento que se repite continuamente: la afirmación del “escandaloso incremento de la violencia juvenil”.

La ciencia criminológica ha prestado particular atención a la curva de la edad del delito, es decir, a la relación entre la edad y la conducta delictiva, ya que muestra una asociación entre edad y comisión de delitos. De este modo se observa cómo la mayor cota de actos delictivos se sitúa entre los 17 y 19 años y cómo esta disminuye a partir de los 18-20 años de edad, al finalizar la adolescencia. Por tanto, el patrón es ascendente-descendente en función de la edad de las personas (Redondo, 2013).

No obstante, la delincuencia registrada de las personas menores de edad en España es constantemente inferior al 2 por ciento de media de las personas adultas que delinquen. Además, todos los estudios nacionales e internacionales informan de que la mayor parte de los delitos que cometen los menores son infracciones de poca gravedad y sin violencia. En España existen distintos trabajos, tanto a nivel nacional como por comunidades autónomas, acerca de esta cuestión desde que entrara en vigor de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor (entre otros, Fernández Molina, Bartolomé Gutiérrez, Rechea Alberola y Megías Boró, 2009; Montero Hernanz, 2011). Si bien han ido ligeramente fluctuando en el tiempo desde el año 2000, pues no son siempre iguales ni lineales, los resultados más relevantes, son los siguientes:

Los chicos cometen más delitos que las chicas, al igual que sucede entre sexos en la edad adulta: en torno al 80 por ciento son varones.

La nacionalidad de los menores que cometen delitos es predominantemente española y le siguen el resto nacionalidades más presentes en España: latinoamericana y del norte de África.

La mayor parte de los delitos son cometidos por menores de entre 16 y 17 años, y no de entre 14 y 15.

Normalmente las actuaciones son en solitario y en ocasiones en parejas, por ejemplo en hurtos, robos o daños. Si bien se constata una presencia de bandas en España, lo cierto es que la actuación en grupo es muy irrelevante.

La tipología delictual más habitual son los delitos contra la propiedad, hurtos y robos con fuerza, seguidos de la participación en peleas con lesiones que no requieren de intervención quirúrgica o tratamiento, sino solo una primera asistencia facultativa.

La actual Ley de responsabilidad penal de los menores, más conocida como Ley del Menor, entró en vigor en el año 2000. Vino a sustituir la Ley Tutelar de menores del año 1992, ya que todas las voces consideraban que era necesario orientar un modelo distinto de abordaje de la respuesta penal cuando quien cometiera un delito fuera una persona menor de edad. De ahí el objetivo de diseñar una Ley de responsabilidad penal de los menores que cometiesen un delito, atendiendo a la edad de las personas que los cometen, al considerar el hecho de que son personas en un momento crucial de sus vidas y de que la perspectiva educativa es fundamental. De este modo, la naturaleza de dicha ley se definió como educativo-sancionadora y en el centro de la intervención se puso, en primer lugar, el interés del menor y, en segundo lugar, las pretensiones resocializadoras de los menores.

Hubo un amplio consenso en torno al contenido de la ley en la sede parlamentaria, sin embargo, antes de entrar en vigor esta fue modificada a través del instrumento de la urgencia y sin que se fundamentase con claridad la necesidad de las dos reformas que sufrió sin siquiera haber entrado en vigor. Estas reformas, tendentes fundamentalmente a endurecer las medidas aplicables a aquellos menores que cometiesen delitos más graves, fueron impulsadas por dos acontecimientos concretos que se sucedieron en un breve espacio de tiempo y que crearon un importante posicionamiento por parte de la opinión pública que abogaba por el endurecimiento de la respuesta a los menores (esta cuestión se ha adelantado en el mito 3). Uno de ellos fue el suceso conocido como el del “Niño de la catana” y el otro los incidentes provocados por grupos de jóvenes en torno al fenómeno de la banda de los Latin Kings. La presión y constante crítica de los medios de comunicación hicieron que se introdujesen sendas modificaciones en la ley, y provocaron un cambio radical en su orientación original contradiciendo la propia exposición de motivos de la ley. Trabajos como los de Fernández y Tarancón (2010), en su estudio denominado “Populismo punitivo y delincuencia juvenil: mito o realidad”, concluyen, coincidiendo con los principales hallazgos de la investigación criminológica en esta materia, que si bien la mayoría de las personas que fueron encuestadas piensa que los adolescentes de hoy son menos respetuosos y peores que los de generaciones pasadas, se evidencia un gran desconocimiento sobre la delincuencia juvenil al considerar que la esta tiene una magnitud mucho mayor que la real. Sin embargo, el trabajo también informa de que, a pesar de lo anterior, muchos encuestados se mostraron a favor de intervenciones rehabilitadoras con jóvenes, y el hecho de imponer condenas más duras no se consideraba una estrategia adecuada para reducir la delincuencia juvenil.

No obstante, las medidas alternativas dependen del delito. Como sucede con los adultos, las medidas recogidas en la Ley de responsabilidad penal de los menores se diferencian entre privativas y no privativas de libertad. Ordenadas según la restricción de derechos que suponen, son las siguientes:

Internamiento en régimen cerrado. Los menores realizarán toda su vida en el centro de internamiento.

Internamiento en régimen semiabierto. Las personas sometidas a esta medida residirán en el centro, pero podrán realizar fuera del mismo alguna o algunas de las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio establecidas en el programa individualizado de ejecución de la medida. La realización de actividades fuera del centro quedará condicionada a la evolución de la persona y al cumplimiento de los objetivos previstos en las mismas.

Internamiento en régimen abierto. En este caso la medida la llevarán a cabo todas las actividades del proyecto educativo en los servicios normalizados del entorno, con residencia en el centro de internamiento, con sujeción al programa y al régimen interno del mismo.

Internamiento terapéutico en régimen cerrado, semiabierto o abierto. En los centros de esta naturaleza se realizará una atención educativa especializada o tratamiento específico dirigido a los y las menores que padezcan anomalías o alteraciones psíquicas, un estado de dependencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción que determinen una alteración grave de la conciencia de la realidad.

Tratamiento ambulatorio. En este caso los y las menores habrán de asistir al centro designado con la periodicidad requerida por los facultativos que los atiendan y seguir las pautas fijadas para el adecuado tratamiento de la anomalía o alteración psíquica, adicción al consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción que padezcan.

Asistencia a un centro de día. En este caso los y las menores residirán en su domicilio habitual y acudirán a un centro, plenamente integrado en la comunidad, a realizar actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio.

Permanencia de fin de semana en un lugar. En este caso las personas permanecerán en su domicilio o en un centro hasta un máximo de 36 horas entre la tarde o noche del viernes y la noche del domingo, a excepción del tiempo que deban dedicar a las tareas socioeducativas asignadas por el juez que hayan de llevarse a cabo fuera del lugar de permanencia.

Libertad vigilada. En esta medida se ha de hacer un seguimiento de la actividad de la persona sometida a la misma y de su asistencia a la escuela, al centro de formación profesional o al lugar de trabajo, según los casos, y procurar ayudar a aquella a superar los factores que determinaron la infracción cometida. Asimismo, esta medida obliga a seguir las pautas socioeducativas que señale la entidad pública o el profesional encargado del seguimiento del menor, de acuerdo con el programa de intervención elaborado al efecto y aprobado por el juez de menores. Además, el o la menor también queda obligado a mantener con dicho profesional las entrevistas establecidas en el programa y a cumplir, en su caso, las reglas de conducta impuestas por el juez, que podrán ser alguna o algunas de las siguientes: 1) obligación de asistir con regularidad al centro docente correspondiente, si el menor está en edad de escolarización obligatoria, y acreditar ante el juez dicha asistencia regular o justificar en su caso las ausencias; 2) obligación de someterse a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional, laboral, de educación sexual, de educación vial u otros similares; 3) prohibición de acudir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos; 4) prohibición de ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial previa; 5) obligación de residir en un lugar determinado; 6) obligación de comparecer personalmente ante el juzgado de menores o profesional que se designe, para informar de las actividades realizadas y justificarlas; 7) cualesquiera otras obligaciones que el juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, estime convenientes para la reinserción social del sentenciado, siempre que no atenten contra su dignidad como persona.

La prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez.

Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. Se trata de convivir, durante el periodo de tiempo establecido por el juez, con otra persona, con una familia distinta a la suya o con un grupo educativo, adecuadamente seleccionados para orientar a aquella en su proceso de socialización.

Prestaciones en beneficio de la comunidad. La persona deberá realizar las actividades no retribuidas que se le indiquen, de interés social o en beneficio de personas en situación de precariedad.

Realización de tareas socioeducativas. La persona sometida a esta medida ha de realizar actividades específicas de contenido educativo encaminadas a facilitarle el desarrollo de su competencia social.

Amonestación. Esta medida consiste en la reprensión de la persona llevada a cabo por el juez de menores y dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los mismos han tenido o podrían haber tenido, instándole a no volver a cometer tales hechos en el futuro.

Privación del permiso de conducir ciclomotores y vehículos a motor, o del derecho a obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para uso de cualquier tipo de armas.

Inhabilitación absoluta. La medida de inhabilitación absoluta produce la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos sobre los que recayera, aunque sean electivos; así como la incapacidad para obtenerlos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegido para cargo público, durante el tiempo de la medida.

Por tanto, se evidencia que las medidas que se pueden imponer a los menores son muy parecidas a las contempladas en el Código Penal para los mayores de edad. Es más, al contrario de lo que popularmente se considera, el resultado de la aplicación de esta ley puede resultar de mayor injerencia para los menores que el Código Penal para adultos. Por ejemplo, si una persona mayor de edad hurta, es decir, se apropia sin el consentimiento de su dueño (sin violencia e intimidación), en un negocio de cualquier bien de un valor inferior a 300 euros, estará cometiendo un delito leve de hurto cuya sanción es de uno a tres meses de multa, que vendrían a ser, dependiendo del poder adquisitivo de la persona y de la pena en concreto aplicada, entre 60 y 300 euros de multa. Pues bien, ese mismo hecho cometido por un menor de edad podría dar lugar a sanciones tales como: libertad vigilada y tareas socioeducativas por varios meses, permanencia de fin de semana en casa o en un centro, etc.

Otro ejemplo: si una persona mayor de 18 años comete un delito de homicidio, la pena prevista en el Código Penal es de 10 a 15 años. Una vez se comience a ejecutar, a mitad de la condena esa persona podría acceder a un tercer grado y a un régimen de libertad condicional a los dos tercios o a las tres cuartas partes de la condena. Sin embargo, para un menor de 16 a 17 años la Ley del Menor establece que en todo caso los primeros ocho años deberán cumplirse en régimen cerrado, un régimen por tanto más duro que para un adulto, a los que deberán sumarse cinco de libertad vigilada. En consecuencia, el menor deberá ingresar (por la obligatoriedad de que el cumplimiento sea de ocho años en régimen cerrado) en una prisión de adultos al cumplir los 21 años o a los 18 si desde el centro de menores se considera que no se están consiguiendo los objetivos esperados para él.

También se observa en las Memorias de la Fiscalía General del Estado que la respuesta del sistema de justicia es muy desigual entre las distintas comunidades autónomas. No todas las comunidades utilizan en iguales proporciones las medidas contenidas en la ley, si bien, en general, se observa un exceso de aplicación de la medida de internamiento. Esta desigual aplicación puede responder al hecho de que los medios para poder ejecutar dichas medidas son dispuestos por las comunidades, ya sea directamente por la administración pública o indirectamente a través de la suscripción de los correspondientes convenios con entidades privadas. A falta de medios, de previsión o de convenios, el resultado es la mayor aplicación de unas u otras medidas contenidas en la ley. Este es un caso paradigmático de creación de política en materia de ejecución penal por parte de las comunidades autónomas, pues aquellas que apuesten por medidas de medio abierto, ya sean tareas socioeducativas, libertad vigilada, etc., y entiendan la ley en su finalidad más restaurativa en atención al interés del menor, o sean recursos que funcionen bien y obtengan buenos resultados, estarán fomentando la aplicación de medidas en régimen abierto y en una lógica menos punitiva por parte del juzgado. Sin embargo, aquellas que apuesten por la creación de centros de internamiento, por ejemplo, estarán fomentando esta política de ejecución de medidas para los menores de esa comunidad.

Por último, queremos hacer referencia a la aprobación del reglamento que regula la Ley de responsabilidad penal de los menores. Este es un reglamento que definitivamente se aleja de las pretensiones educativas iniciales que plantea la Ley del Menor. Así, el reglamento que regula fundamentalmente el régimen interior de los centros de menores permite que estos sean trasladados a los centros para llevar a cabo las medidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cada centro puede desarrollar la normativa interna de funcionamiento, por lo que se abre un enorme campo a la vulneración de derecho por cuestiones de seguridad y, además, el reglamento distingue las correcciones educativas de las sanciones disciplinarias: los centros pueden suspender visitas, se pueden realizar cacheos, se autoriza el empleo de medios de contención personal y el aislamiento provisional. Se trata, en definitiva, de una auténtica prisión para menores de edad, situación y encierro que, atendiendo al desarrollo del menor, puede causar no pocos problemas.

Desde la teoría del etiquetaje en los años sesenta, las investigaciones demuestran que al estigmatizar al menor, el mismo sistema penal termina abocándole a carreras delictivas, por lo que un principio fundamental de la jurisdicción de menores es proporcionar alternativas. Ello no significa que no se tome “en serio” el posible daño causado por sus acciones y los problemas inherentes a lo sucedido, sino que se interviene de forma preventiva y reparadora, por ejemplo mediante programas de justicia restaurativa que, precisamente, nacieron con este sentido en la jurisdicción de menores y que permiten la responsabilización con el apoyo de la sociedad. Justamente, en la idea de que lo más beneficioso para los menores de edad es mantenerlos alejados de la jurisdicción penal por los efectos estigmatizadores del proceso, la Ley del Menor introdujo el principio de oportunidad por el que, en interés del menor, ciertas conductas leves o menos graves, aunque constitutivas de delito, se pueden archivar directamente, o también la posibilidad de llevar a cabo un proceso de mediación y reparación. Esta opción está recogida en la Ley de responsabilidad penal de los menores, y si bien se trata de un recurso que se utiliza de forma desigual por los distintos juzgados de menores, la valoración que hacen las investigaciones dedicadas a esta cuestión es muy positiva.

Algunas sugerencias bibliográficas para profundizar

Fernández Molina, Esther; Bartolomé, Raquel; Rechea, Cristina y Megías, Ángel (2009): “Evolución y tendencias de la delincuencia juvenil en España”, Revista Española de Investigación Criminológica, 7, pp. 1-30.

Francés, Paz (2012): “El principio de oportunidad y la justicia restaurativa. Mediación, conciliación y reparación en la Ley Orgánica de responsabilidad penal del menor”, InDret, 4.

Jiménez Franco, Daniel (2005): “El enemiguito. Justicia penal para niños”, Acciones e investigaciones sociales, 21, pp. 275-299.

Mito 9. Las mujeres no cometen delitos

En la actualidad, la delincuencia femenina se sigue percibiendo como un fenómeno más extraño que el de la masculina, por ser menos habitual. Indudablemente, las mujeres cometen menos delitos que los hombres, pero también los cometen. De hecho, en términos generales la sociedad tiende a ver más grave y anómala la conducta de la mujer que comete un delito que la de un hombre, lo que tiene como consecuencia mayores dificultades a la hora de rehacer su vida cuando sale de prisión. Precisamente, un indicador muy interesante que evidencia esa menor actividad delictiva de las mujeres lo encontramos en las cárceles —si bien, como se ha recogido en mito 1, las prisiones no son un reflejo de la realidad criminal sino de la política criminal que se práctica—, donde las mujeres representan el 8 por ciento del total de personas que cumplen condena en prisión, y esta cifra se encuentra más o menos estable desde hace tres décadas.

En la historia se han construido distintas explicaciones sobre el delito femenino. Al no ser consideradas igual que los hombres, las mujeres tampoco han sido analizadas desde un punto de vista criminológico, desde las premisas del respeto a su dignidad y derechos, y mucho menos desde una perspectiva de género. Así, desde la tradicional idea de que la naturaleza de la mujer se determina biológicamente y no culturalmente, se llevaron a cabo explicaciones del delito femenino por la criminología clásica que hoy nos pueden resultar cuanto menos sorprendentes. Por ejemplo, el médico y criminólogo italiano Cesare Lombroso, exponente máximo de la criminología positivista, explicó en el siglo XIX la menor actividad delictiva de las mujeres y su mejor capacidad para adaptarse a cualquier medio porque la mujer se encuentra en un menor grado evolutivo. Así, el autor definió la delincuencia femenina por una doble anormalidad —biológica y social— que presenta su criminalidad como una práctica impropia de su sexo. Otro ejemplo traído desde el psicoanálisis en el siglo XX son las teorías explicativas de Freud, quien mantuvo que la mujer delincuente no era un ser normal y que su anormalidad procedía de una diferencia biológica, ya que la agresividad no era propia de la mujer, solo del hombre. Para Freud la única manera de que la mujer encontrara su propio ego equilibrado era asumiendo su rol social, a través de lo que denominaba “relaciones afectivo-familiares armónicas”.

Desde el rechazo a las construcciones de tipo biologicista e individualista mantenidas desde el siglo XIX, se fueron desarrollando diferentes teorías que ponían el acento en la diversa socialización de hombres y mujeres, lo cual determinaba irremediablemente su conducta. Es decir, las conductas delictivas son diferentes en hombres y en mujeres por los diferentes roles asignados y asumidos respectivamente en la sociedad para cada género, lo que ha supuesto históricamente y supone en la actualidad un control social distinto para unos y otras. La teoría del control social trata de enfocar el tema criminológico de la mujer desde la perspectiva de la problemática del control ejercido por el Estado a través de las instancias formales e informales. Esta perspectiva se hunde en un movimiento más amplio entre cuyos representantes destacan Baratta, Melossi o Pavarini. Pero no es hasta los primeros trabajos de la denominada criminología feminista en los años setenta que se incorpora la perspectiva de género en los estudios que se detienen en las mujeres autoras de delitos y las mujeres como víctimas de ellos, desde explicaciones no machistas o reduccionistas como las que acabamos de nombrar.

En España es Teresa Miralles (1983) quien comienza a destacar la contribución de la perspectiva del control social con relación a la delincuencia y a la mujer. Afirma que el resultado de una distinta proyección de los controles sociales sobre la mujer es lo que determina que delinca en menor medida que el varón. Precisamente, serían la opresión y el fuerte control social la base para explicar la relación entre mujer y delito. Según este marco, la mujer es objeto de un fuerte control social informal, que se produce principalmente en los espacios privados en los que ejerce su rol de cuidadora familiar, mientras que el espacio público en el que se desenvuelve el hombre no ejerce un control social tan intenso. La responsabilidad de la mujer en la educación y bienestar de su familia se han apuntado como elementos para dificultar las oportunidades para cometer actividades delictivas y facilitan que esta sea controlada y socializada en el respeto por las normas. La mujer tiene además mayores dificultades para acceder a los espacios públicos (un trabajo, un cargo visible, etc.) y, cuando lo hace, no abandona las tareas de cuidadora que realizaba hasta el momento. Otro de los debates abiertos es el que se cuestiona si la prostitución es un delito o bien una estrategia para no cometer delitos; y la tradicional condición de madres y cuidadoras de las mujeres parece ser el condicionante principal para que adopten estrategias de supervivencia extremas en situaciones de precariedad, para evitar así ingresar en prisión.

Sin embargo, lo cierto es que el mayor acceso de la mujer al mercado laboral y a la vida pública en general, no ha provocado en absoluto un aumento de la delincuencia protagonizada por mujeres. Por todo ello, la cuestión de la delincuencia femenina sigue siendo un tema de estudio y la teoría criminológica continúa sin llegar a un consenso sobre por qué las personas delinquen y qué condiciones favorecen que lo hagan.

En este sentido, son reveladores los rasgos característicos de las mujeres presas: los delitos que cometen están asociados a personas que carecen de poder, mayoritariamente se trata de delitos de tráfico de drogas seguidos de delitos contra el patrimonio, y son generalmente mujeres que pertenecen desproporcionadamente a grupos étnicos minoritarios o se trata de mujeres migrantes. En general, se trata de mujeres de una clase socioeconómica baja y se constata además que la mayoría de las mujeres encarceladas han vivido en la pobreza durante la mayor parte de sus vidas y han sufrido violencia en alguna ocasión.

Existe una línea invisible que atraviesa toda la historia del encierro femenino y que viene caracterizada por la opresión, marginación y condicionamiento por los mandatos de género a las mujeres. En consecuencia, las políticas penitenciarias pensadas por y para varones han dado lugar, a lo largo de la historia, a espacios de encierro específicos para las mujeres, como por ejemplo la galera en el siglo XVI para mujeres vagabundas y prostitutas o las casas de mujeres en el periodo franquista. Más recientemente, destacan la ausencia de programas específicos de salud para las mujeres presas, las actividades sexistas reproductoras de roles de género, la falta de espacios apropiados para las mujeres, etc. Se constata así la necesidad de introducir la perspectiva de género en el estudio del derecho penal, el derecho penitenciario y la criminología, así como el análisis de las prisiones femeninas y su reglamentación y gestión, para implantar medidas más acordes con la emancipación de las mujeres.

Algunas sugerencias bibliográficas para profundizar

Almeda, Elisabet (2002): Corregir y castigar: El ayer y hoy de las cárceles de mujeres, Barcelona, Bellaterra.

Juliano, Dolores (2009): “Delito y pecado. La transgresión en femenino”, Política y Sociedad, 46, pp. 79-95.

Larrauri, Elena (1994): Mujeres, Derecho penal y criminología, Madrid, Siglo XXI.

Zuloaga, Lohitzune (coord.); De Miguel, Estíbaliz y Ortubay, Miren (2016): Experiencia de la detención policial en las mujeres de la Comunidad Autónoma de Euskadi, Vitoria-Gasteiz, Gobierno Vasco.

Mito 10. Las personas ricas
delinquen menos que las pobres

Este es un mito que cada vez está teniendo menor incidencia; sin embargo, formulado en estos términos, sigue estando muy presente en nuestras sociedades. Históricamente los quebrantos y condenas recogidas en el Código Penal han sido para delitos que tenían en el punto de mira a personas con un claro perfil de pobreza y vulnerabilidad social. Sin embargo, muchas personas del mundo jurídico opinan que la intervención del derecho penal es necesaria para establecer límites y tratar de controlar los excesos del capitalismo, que es el espacio donde se desarrolla la criminalidad de las empresas o frente a intereses colectivos como la administración tributaria, el medioambiente, los derechos de los trabajadores, etc. Se defiende esta injerencia normativa para que, supuestamente, todas las personas puedan acceder en igualdad de condiciones a los beneficios que ofrece este sistema económico.

Efectivamente, en el último tercio del siglo XX se extendió en toda la cultura penal occidental la idea de que existía un campo de problemas relacionados con el avance y el desarrollo económico en general, sobre el que el derecho penal debía intervenir para regularizar la actividad y castigar los desmanes que se ocasionaran. Es entonces cuando Edwin Sutherland acuñó por primera vez el concepto de “delito de cuello blanco” en un artículo publicado en 1939, para referirse a aquel delito cometido por una persona de consideración y elevado estatus social en el desarrollo de su profesión. Por primera vez se apunta que las personas ricas también delinquen y, en la creencia de que las deficiencias del sistema económico podían ser corregidas y que también esta criminalidad debía ser castigada, se comienza a construir un conjunto de normas penales protectoras del orden económico. Así se incluyen en los códigos penales de todo el mundo delitos como el blanqueo de capitales, delitos medioambientales, delitos societarios, contra los consumidores, de corrupción, de financiación ilegal de partidos, etc. Efectivamente, se trata de delitos relativos a conductas que en la mayor parte de las ocasiones pueden ser cometidos por personas con cierto poder adquisitivo o un cierto reconocimiento social. Dicho de otro modo, la clase social no determina cometer más delitos, sino el tipo de delito que se puede cometer. En este escenario todavía hoy existe una falta de percepción de qué supone la comisión de unos delitos u otros y hay menor preocupación por unos y otros.

Seguramente lo anterior es uno de los motivos que explican que existan menos estudios sobre delincuencia económica que sobre la considerada delincuencia común, a lo que se suman las dificultades singulares de la complejidad de las conductas. Además, hay menos sentencias que puedan analizarse sobre estos temas, porque a su vez son menos las ocasiones en las que estos casos llegan a un juzgado, ya que se solucionan en otros tribunales. Este es el caso de los tribunales mercantiles (por asuntos societarios, administración desleal de bienes, quiebra de empresas), tribunales administrativos (por asuntos contra el medioambiente o tributarios), o tribunales laborales (en asuntos con trabajadores). Se solucionan en otros tribunales porque para estos delitos los principios de intervención mínima y ultima ratio del derecho penal —es decir, que el derecho penal es el último de los derechos que ha de intervenir (por la gravedad de las consecuencias) y siempre que la intervención desde otros ordenamientos no sea posible— se cumplen extraordinariamente, al contrario de lo que sucede con delitos de otra índole. Al mismo tiempo hay prácticas empresariales, como puede ser la contabilidad “creativa”, consideradas generalmente como poco éticas que, sin embargo, pueden no ser previstas como delitos.

En términos generales, los efectos de este tipo de criminalidad suponen una quiebra de confianza generalizada de la ciudadanía en las instituciones, si por ejemplo se trata de delitos de corrupción, o en el correcto funcionamiento de las leyes que rigen los negocios, si afecta a la confianza de los consumidores, al funcionamiento de las reglas generales de los negocios e, independientemente de su calificación como delito o no, lo cierto es que por lo general son prácticas que se perciben como fraudulentas y que normalmente afectan a una pluralidad indeterminada de personas.

En este sentido, en España se ha llevado a cabo un notable abordaje desde el ámbito penal de un fenómeno característico de las personas con poder y que ha existido en toda sociedad desde hace siglos, identificado incluso, en este país, con la picaresca: la corrupción. Hoy la corrupción es uno de los fenómenos que más está poniendo en cuestión a las instituciones democráticas y que, aunque todavía no se ha cuantificado en todos los municipios, comunidades ni, en términos generales, en todo el territorio, ha supuesto un auténtico saqueo a las arcas de toda la ciudadanía, y lo ha hecho desde tiempos casi inmemoriales. De hecho, hoy prácticamente toda la ciudadanía considera la corrupción como un fenómeno muy dañino y las personas corruptas tienen un fuerte estigma social. En estos casos, esa afectación a una pluralidad de personas muy amplia o indeterminada no siempre se puede cuantificar. Por ejemplo, situándonos en casos recientes, todavía no se conoce con exactitud lo que supuso para pequeños inversores la fraudulenta salida a bolsa de Bankia, tampoco las cuantías económicas de desastres ambientales como los de Doñana o el Prestige, o la incidencia de todas las fortunas que se encuentran en paraísos fiscales en lugar de tributar en España.

Sin embargo, la realidad es que los delitos contra la propiedad y por tráfico de drogas son fundamentalmente, todavía a día de hoy, los delitos por los que más personas están en prisión. Como se ha señalado, las cárceles están llenas de personas con dificultades económicas, con problemas de salud mental y otros de integración y marginación estructurales como hemos visto en el mito 4, y como se abordará más ampliamente en otros mitos. Además, los estándares de exigencia de prueba en un juicio entre estos delitos a los que habitualmente llamamos “comunes” y los otros, los denominados “de cuello blanco”, han sido y siguen siendo totalmente diferentes. El agravio comparativo es innegable y queremos señalar algunas de esas expresiones.

Una de ellas está en las penas de prisión, que pueden ser mucho más altas para un delito de robo con fuerza (robar escalando una pared o rompiendo un escaparate, por ejemplo), que para un delito societario como el de falsear las cuentas de una sociedad, que puede generar daños económicos mucho más graves. Un ejemplo muy interesante lo hemos vivido en los días en que se está terminando este texto con el caso de Cristiano Ronaldo. El futbolista reconoció que cometió cuatro delitos fiscales al defraudar 14,7 millones de euros entre 2011 y 2014. Sin embargo, consiguió llegar a una sentencia de conformidad con la fiscalía de 23 meses de prisión que le permiten no cumplir una pena de prisión. ¿Qué correspondería, por ejemplo, a un ladrón que robase 14,7 millones de euros de una casa? ¿Es posible imaginar al resto de la ciudadanía pidiéndole autógrafos a la salida del juzgado?

Por otro lado, es probable que para un juez, desde la posición en la que se sitúa su vida, sea más fácil enviar a prisión a una persona con la cual no se identifica que a otra de su misma clase social. Por si fuera poco, se siguen destinando más esfuerzos policiales a contener la protesta social que, por ejemplo, a controlar ciertos flujos de dinero en las alturas entre personas de poder. Por tanto, en la medida en que para determinados actos la respuesta no es la penal o el resultado del proceso penal es, en la mayor parte de los casos, la impunidad, se puede afirmar que el aparato penal es el que administra el castigo y la impunidad.

Sin embargo, es un riesgo pensar que para terminar con el problema de los delitos de cuello blanco basta con que se juzguen las grandes estafas, delitos societarios, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, de corrupción, y con condenar gravemente a algunas personas y meterlas en prisión. Como con todo, las causas de la existencia de esta criminalidad son complejas y el abordaje desde la prisión da lugar a que no se adopten medidas de otra índole que serían, sin duda, más efectivas para la prevención de estos delitos, como los controles previos, y que probablemente deberían ir de la mano de un cuestionamiento global de la cultura económica en la que hoy vivimos y sus consecuencias.

Algunas sugerencias bibliográficas para profundizar

Gil Villa, Fernando (2008): La cultura de la corrupción, Madrid, Maia.

Jiménez Franco, Daniel (2016): Trampas y tormentos. Para una ecología del castigo en el Reino de España, Madrid, La Caída.

Ruggiero, Vincenzo (2018): Los crímenes de la economía: un análisis criminológico del pensamiento económico, Daniel Jiménez Franco (trad.), Barcelona, Marcial Pons.

Sutherland, Edwin H. (2009 [1961]): El delito de cuello blanco, Laura Belloqui (trad.), Montevideo-Buenos Aires, B de F.

Mito 11. Eres delincuente o eres víctima

La persona que comete un delito puede ser víctima y mucho más. Puede ser que tenga los dos roles, puede ser que primero sea víctima y luego delincuente, como la mujer maltratada que mata a su pareja o el menor abusado que termina siendo abusador, o, al revés, que haya cometido un delito y sea víctima de otro. Por eso, se puede afirmar que las personas que cometen delitos también pueden ser víctimas y tiene un nombre: es lo que se viene llamando victimización terciaria o victimización del delincuente. Son dos los argumentos por los que se puede sostener esa percepción de víctima de la persona que comete un delito. En primer lugar, porque en muchas ocasiones quien comete un delito es una persona previamente víctima de un sistema social injusto y desigual, que es precisamente lo que todavía hoy está en la base de que muchas personas delincan. En segundo lugar, porque recordemos que estas personas están sometidas a las penas más duras del ordenamiento jurídico de un Estado, especialmente si se trata de penas privativas de libertad, que tienen un componente intrínsecamente violento por sustraer la libertad a la persona. En estos dos escenarios podemos determinar a su vez distintos espacios de victimización.

El primer foco de victimización se puede apuntar de la mano de los juicios paralelos que pueden sufrir las personas frente a acusaciones por la comisión del delito y durante todo el proceso hasta la sentencia judicial. No solo nos referimos a exposiciones públicas a través de medios de comunicación, sino también a juicios que pueden darse en pequeños círculos, pueblos o barrios donde se conozca del procesamiento por unos hechos a una persona. Con ese juicio paralelo comienza la estigmatización de la persona, lo que, además, tiene fuertes implicaciones en relación con el principio de presunción de inocencia.

La persona que comete un delito también puede ser víctima de algunos abusos policiales, vejaciones, torturas etc., cuando es detenida y en la fase de prisión preventiva. La Coordinadora para la Prevención de la Tortura informa anualmente de cómo la práctica de la tortura (la cual también es un delito penado en el Código Penal) desgraciadamente no está erradicada en nuestro país y se siguen dando casos, nada desdeñables, de abusos de este tipo en comisarías y prisiones españolas. Solo en lo que llevamos de año 2019, hasta el 1 de marzo se han computado 30 suicidios en las cárceles españolas.

Una vez que la persona está presa, sufre lo que se llama habitualmente victimización penitenciaria. Se denomina así, nuevamente, por la experiencia de prácticas vejatorias, torturas y otras violencias que pueda sufrir la persona en prisión, pero también se amplía a la propia experiencia penitenciaria de encierro. La prisión ha demostrado ser un espacio estructuralmente violento, con prácticas abusivas permanentes por su propia composición. No quisiéramos que haya confusiones con esta afirmación; no significa que las personas que trabajan en las prisiones sean todas unas torturadoras o que maltraten a las personas presas. Muchas de las personas que trabajan en las prisiones consideran que, con más medios materiales y humanos, desde la prisión se podría hacer una labor de reinserción. Queremos decir que la prisión constituye una institución total, en el sentido de Goffman (2001), en la que se desarrollan todas las facetas de la vida de una persona y con una dependencia absoluta de las personas que trabajan allí, lo que crea un espacio irremediablemente abusivo e indudablemente impactante en el libre desarrollo de la personalidad del ser humano y de su dignidad en muchas facetas: los indudables efectos psicosomáticos que genera en la persona la estancia en prisión, pérdida de lazos afectivos, empleo, aficiones y, más ampliamente, la libertad no solo de movimiento sino de muchos derechos como persona (educación, salud, libertad religiosa, asociativa…). No tienen por qué darse situaciones de violencia explícita o de abuso directo frente a la persona presa para poder referirnos a una experiencia de victimización. De ahí que habitualmente se afirme que “una persona presa se reinserta a pesar de la prisión”. En todo caso, también queremos apuntar que no todas las personas que pasan por prisión sufren todos estos efectos, ni queremos contribuir a caer en el victimismo, estigmatizar, infantilizar o vulnerabilizar con nuestra afirmación a las personas que han pasado por prisión. Sin embargo, la mayoría de los autores apuntan a que son estas las consecuencias del encierro y que las penas largas de prisión deterioran a todo ser humano, y esto es importante que sea dicho sin ambages.

La última experiencia de victimización se encuentra una vez que la persona sale de prisión después de “pagar su pena”, con el estigma de ex persona presa y las dificultades de incorporación nuevamente a la vida en sociedad. Esta situación se da en personas que cumplen condenas cortas y largas, sin embargo, en este último caso el paso por prisión suele suponer una exclusión social total de la persona quien, prisionizada, se percibe totalmente perdida en el mundo real, el mundo de “fuera”. Pero, además, el rechazo real de buena parte de la sociedad hacia personas que han pasado por prisión —especialmente si han cometido delitos de sangre o agresiones sexuales— resulta en una condena que no termina nunca.

Más ampliamente, algunos autores se refieren a la victimización terciaria como la experiencia que sufren familiares y personas cercanas a la persona presa. Una victimización que se desencadena por esa misma violencia institucional frente a ellas, en visitas a la prisión, limitaciones de tiempo, de llamadas, imposibilidad de ponerse en contacto con la persona que está presa, imposibilidad de atender a unos padres enfermos y, en muchos casos, de poder acudir siquiera al funeral de un ser querido… Pero también, por ejemplo, son víctimas de la cárcel los niños y niñas que están en prisión hasta los tres años, por el impacto, una vez que salen, de no poder estar con sus madres, o de perder el contacto con el padre, por las frías visitas a la prisión, etc.

Con todo, sin duda, el mito de que las personas que delinquen nunca son víctimas decae.

Algunas sugerencias bibliográficas para profundizar

García-Pablos de Molina, Antonio (1993): “El redescubrimiento de la víctima: victimización secundaria y programas de reparación del daño. La denominada victimización terciaria (el penado como víctima del sistema legal)”, Cuadernos de Derecho Judicial, XV, Madrid, CGPJ.

Neuman, Elías e Irurzun, Víctor (1994): La sociedad carcelaria. Aspectos sociológicos y penológicos, Buenos Aires, Depalma.

SOBRE LAS PERSONAS VÍCTIMAS

“Las víctimas tenemos derecho a salirnos del guion”.

Varona (2015: 10)

Mito 12. Stranger danger

Este mito se corresponde con la expresión en inglés stranger danger, aplicada en gran parte a los delitos sexuales contra menores que, aunque de forma no equivalente, puede relacionarse con la expresión “miedo a los desconocidos” o la recomendación de evitar a los extraños. Su fundamento último obedece a la inseguridad de nuestro cerebro frente a personas o contextos no familiares, es decir, ante lo que rompe nuestras expectativas en términos neurocientíficos.

Es preciso analizar esta afirmación o pensamiento desde la perspectiva y la posición de quien la formula. Según muestran las diferentes encuestas de seguridad y victimización en todos los países, generalmente las mujeres tienen un mayor temor a caminar solas por algunas vías públicas, particularmente de noche. Este temor también se da en los hombres, pero varía el tipo de delito que temen pueda sucederles y la percepción de la frecuencia con que pueda ocurrir. En el caso de las mujeres, el miedo parece enfocado en relación con una agresión sexual. Con los datos disponibles, podemos preguntarnos qué existe de realidad y ficción sobre este asunto. Lo cierto es que, según cifras policiales y encuestas de victimización (Sampson y Lauritsen, 1990) —aunque estas últimas no suelen abarcar la criminalidad de cuello blanco o de los poderosos—, existe más riesgo para las mujeres de sufrir un delito por parte de una persona conocida en contextos domésticos o de trabajo, mientras que, para los hombres, parece ser mayor el riesgo de sufrir un delito por parte de un desconocido.

La manera de plantear este mito nos hace descubrir las asunciones asociadas, así como la inadecuación del término “miedo al delito” en relación con las victimizaciones difusas (por ejemplo, la corrupción o los delitos contra el medioambiente) y los delitos de cuello blanco en general (como los delitos contra la seguridad de los trabajadores), donde sería más acertado hablar de preocupación por la criminalidad. En este sentido, la preocupación no es una emoción, como sí lo es el miedo, y permite abarcar otras realidades, principalmente las de la exclusión social provocada por la desigualdad creciente (Dingwall y Hillier, 2016; Squires y Lea, 2012; Pemberton, 2015).

Además, el miedo al delito parece relacionarse con otros miedos y no parece depender directamente de las variaciones de las tasas delictivas. Asimismo, un mayor riesgo y vulnerabilidad a un suceso traumático, como es el caso de los accidentes de circulación o el acoso en las redes sociales, tampoco se relaciona con un mayor miedo o una mayor percepción de riesgo a sufrirlos y viceversa. Por ejemplo, en el caso de los ataques terroristas, aunque su riesgo objetivo sea menor, al menos en comparación con otros sucesos traumáticos o delitos, se expresa un miedo creciente por parte de la población, en particular en Occidente.

El mito “Tengo más probabilidades de sufrir un delito por parte de un desconocido en la vía pública” tiene el efecto de simplificar erróneamente la realidad, por dos razones. En primer lugar, tiende a ocultar otros delitos que se producen en la sociedad, con grandes daños para la misma, como son los delitos de cuello blanco (por ejemplo, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos, delitos medioambientales…), así como la violencia familiar y la producida en contextos institucionales. En relación con estos contextos tan solo recientemente, y a veces de forma sesgada y alarmista, la opinión pública es informada de los delitos que se producen en el marco familiar, escolar, deportivo, religioso, universitario, laboral, sanitario, etc., es decir, en lugares cotidianos compartidos por personas conocidas. En ese sentido, al producirse en contextos de confianza —y en ocasiones de autoridad del agresor—, las potenciales víctimas no experimentan ese miedo a ser atacadas o agredidas. No obstante, este hecho sí parece tener un efecto posterior muy dañino ya que, a la larga, se enfrentarán a mayores dificultades para revelar y denunciar lo sucedido.

En esos escenarios de confianza y familiaridad se tiende a ocultar, negar y minimizar el daño, e incluso a culpabilizar a las víctimas. Impera una espiral del silencio, promovida por un malentendido sentido de la familia, o por corporativismo, que prejuzga a la víctima, alejándola de ese mito general de la “víctima ideal” (Christie, 1986), única merecedora del reconocimiento social. Ese mito provoca en las víctimas concretas un sentimiento de inadecuación o, incluso, de culpabilidad. Como indica Mary Douglas (1994: 36), se llega incluso a una estigmatización profunda, en cuanto que el estigma actúa como profecía autocumplida, tanto por parte de otros agentes como de la persona afectada, quien lo internaliza y entiende que hay un guion preestablecido al que debe acomodarse.

La víctima será menos ideal en tanto en cuanto no tenga respetabilidad social previa, no sea considerada —según la época— especialmente vulnerable, y se entienda que no ha hecho lo suficiente para evitar el delito. Las víctimas no ideales son, en parte, lo que Ezzat Fattah (1997) denominaba personas cuya victimización o sufrimiento injusto se acepta culturalmente. Piénsese, por ejemplo, en un menor a punto de cumplir 18 años que toma drogas, y que declara que lleva cinco años siendo abusado por su entrenador, persona muy estimada y querida en la comunidad. Vivencias similares a este ejemplo son mucho más frecuentes de lo que pensamos, según diferentes estudios cuantitativos y cualitativos. Los efectos de la llamada “traición de la confianza” de los agresores conocidos, junto con la victimización secundaria, producida por la indiferencia o falta de apoyo en los contextos en que se producen, explican, en parte, la soledad de estas víctimas.

En busca de datos a la hora de cuestionar este mito, tenemos que afrontar el problema de la cifra oscura o la victimización oculta, de manera que las tasas de criminalidad y victimizaciones registradas solo nos pueden dar una estimación, más o menos fiable, del número de delitos que se producen. Sabemos, sin embargo, como hemos indicado, que las víctimas de delitos producidos por familiares o conocidos muchas veces no se consideran ellas mismas víctimas o lo hacen con el paso del tiempo, a veces después de décadas en el caso de abusos sexuales a menores, y, en todo caso, se enfrentan a muchas dificultades para la revelación y denuncia de su victimización. Por tanto, ¿se producen más delitos por conocidos o por desconocidos? Es difícil dar una respuesta en general, pero la concienciación actual sobre fenómenos como la violencia de género y familiar, el abuso sexual de menores en organizaciones o instituciones o el acoso laboral y escolar, por poner algunos ejemplos, permite ser consciente de esa gran superficie sumergida del iceberg de la victimización oculta. Al mismo tiempo, revela el hecho de que muchas víctimas no reciben ningún tipo de ayuda a la hora de rehacer sus vidas tras delitos graves, buscando otras formas de supervivencia y recuperación, a veces percibidas por ellas como más efectivas que el propio derecho penal.

Con todo, y a pesar de notables reformas introducidas, el Código Penal parece seguir pensado mayormente para un autor desconocido por la víctima, con un progresivo aumento de los comportamientos castigados y de la intensidad del castigo, en que no se contemplan las necesidades de reparación de las estructuras familiares y comunitarias respecto de un amplio espectro de victimización indirecta. A la espera de estudios pormenorizados, podría reformularse una parte de la verdad del mito de la siguiente manera: “Tengo más probabilidades de sufrir un delito de violencia interpersonal por conocidos y más dificultades para denunciarlo”.

Algunas sugerencias bibliográficas para profundizar

Berrington, Eileen y Jones, Helen (2002): “Reality vs. myth: constructions of women’s insecurity”, Feminist Media Studies, 2 (3), pp. 307-323.

Caro, Manuel y Navarro, Luis (2017): “La medición del miedo al delito a través de los barómetros del CIS”, Reis: Revista española de investigaciones sociológicas, 157, pp. 23-44.

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2013): Estudio mundial sobre el homicidio. Resumen ejecutivo, UNODC.

Mito 13. Los delitos graves se denuncian

En los grados de Criminología se maneja cada vez más el mito de la “criminalidad objetiva”, por contraposición a la “criminalidad subjetiva”. La primera vendría a identificarse con el registro de los delitos cometidos, realizado en diferentes estadísticas penales, donde destacan las policiales. Estas se consideran algo más fiables por recoger los hechos en la puerta del sistema penal, antes de que se vayan cribando por las diferentes agencias de control jurídico-penal (fiscalía, judicatura e instituciones penitenciarias). Por su parte, la criminalidad subjetiva se correspondería con el sentimiento de inseguridad o miedo al delito, término que ya ha sido cuestionado en el mito anterior por simplificador, homogeneizador, impreciso y manipulable. La contraposición funciona de forma que la criminalidad objetiva, más o menos estable, no se corresponde con la subjetiva, con tendencia creciente.

Lo cierto es que, en relación con el mito del que ahora nos ocupamos, la mayor parte de los delitos no se registran fundamentalmente porque no se denuncian o no se persiguen, si bien existen variaciones según los países, los delitos, los contextos y los protagonistas de los mismos. En todo caso, llamar a las estadísticas policiales criminalidad objetiva es cuestionable porque las estadísticas, que no hablan por sí solas y pueden manipularse, tienden más a plasmar cómo funciona la institución que las realiza que a darnos datos sobre la realidad compleja de los procesos a los que se refieren. Paralelamente, la criminalidad subjetiva sería más bien la percepción de considerarse víctima de un delito y no tanto el miedo a sufrirlo en un futuro más o menos cercano. En nuestro país, no contamos con instrumentos estables y comparables, de carácter longitudinal, para medir dicha percepción. Por lo tanto, contraponer una y otra supone manejar el mito sobre la posibilidad de conocer (y eliminar) toda la delincuencia, sin considerar, además, su gran diversidad, como podrá leerse en más profundidad en los mitos del tercer capítulo.

El presente mito está presente también en el auge de los llamados “mapas de puntos negros de la delincuencia”, utilizados por policías, asociaciones y empresas privadas en el ámbito local. Este tipo de cartografía suele representar solo ciertos tipos de delitos, con el riesgo de olvidar los ya tradicionalmente olvidados en las propias estadísticas (los de cuello blanco o de los poderosos), a pesar de su progresiva inclusión y desarrollo en numerosos títulos y capítulos del Código Penal, sin perjuicio de su escasa aplicación. Además, los mapas del delito no tienen en cuenta que, en muchos delitos, no se registra el lugar en que suceden (por no saberse, suceder en varios sitios o tratarse de cibervictimización).

Ahondando en lo indicado anteriormente, diversas encuestas de victimización apuntan a que, aunque se denuncien los delitos, muchas de las denuncias no llegan a sentencias condenatorias. Esas mismas encuestas nos permiten identificar las razones de la no denuncia, entre las que destacan, muchas veces de forma acumulativa o interseccional (piénsese en personas de origen inmigrante), las siguientes:

El miedo a las represalias del autor o de la familia de este o de su grupo.

La vergüenza y el miedo a la exposición pública y a sentirse cuestionados y juzgados, cuando ellos mismos pueden tener sentimientos de culpabilidad. Piénsese, por ejemplo, en víctimas de delitos sexuales o en hombres víctimas de violencia cuya masculinidad queda en entredicho, según códigos culturales.

La desconfianza en las instituciones y, en particular, en las agencias de control jurídico-penal. Algunas personas no creen que el sistema de justicia vaya a mejorar su situación, y consideran, en su caso, que les costará dinero o perderán tiempo, o que ya no habrá nada que hacer por el transcurso del tiempo.

El desconocimiento sobre los derechos y el funcionamiento de la justicia. Aquí cabe pensar también en la falta de entendimiento del lenguaje y la práctica policial, fiscal o judicial, agravada cuando no se conoce el idioma o no se maneja bien.

La falta de recursos en general.

La no percepción como víctima o como afectado directamente. Así puede ocurrir en las victimizaciones difusas, en los delitos de cuello blanco o cometidos por agentes vinculados a diferentes poderes.

La consideración por las víctimas de que el daño ha sido escaso. Ahora bien, si existe ese requisito establecido por las agencias de seguros, aunque sea algo nimio, las personas tenderán a denunciar cuando se quiere acreditar el robo o sustracción de un objeto.

La preferencia por acudir a otras formas de gestionar los conflictos, particularmente cuando se trata de personas allegadas (evitación o alejamiento, o toma de una medida terapéutica, compensatoria o conciliadora —estas últimas en forma de autocomposición o mediación fuera del sistema convencional de justicia—).

En un sistema penal como el español, en la inmensa mayoría de los delitos cabe la denuncia por parte de los observadores o espectadores de la victimización. Sin embargo, en muchos casos esto no sucede. En los últimos años se está tratando esta cuestión en relación con la violencia de género, pero la no denuncia se da también en otros delitos. Un tercero observador puede ser indiferente, tener miedo a represalias del agresor, no querer exponerse, banalizar el hecho, creer que va a perder el tiempo, desconfiar de las instituciones, etc. Lo cierto es que la administración de justicia no siempre trata bien a los testigos, a la vista de las cartas conminatorias que reciben en un lenguaje extraño para ellos, y del tiempo que deben dedicarle, sin que se asegure que serán oídos el día y la hora en que son citados, a veces con una corta antelación, dentro de su tiempo laboral o de ocio. Sin embargo, en muchas ocasiones las víctimas necesitan contar con ese deber ciudadano de solidaridad del observador.

En todo caso, aun habiendo denunciado, e incluso iniciado el proceso penal, en muchos casos puede no llegarse a una sentencia condenatoria, entre otras razones porque:

En muchos delitos es difícil aportar pruebas suficientes que destruyan la presunción de inocencia, principio garantista fundamental de nuestro sistema penal moderno. Así ocurre en contextos de opacidad o de intimidad entre agresor y víctima, como son los casos de las torturas, los delitos sexuales o la violencia familiar. También puede suceder en delitos de cuello blanco complejos, donde deben probarse cuestiones muy técnicas para decidir si debe aplicarse solo la sanción administrativa o la conducta merece el reproche penal. Además, en este tipo de delitos, los sospechosos cuentan con mayores posibilidades de una buena defensa a la hora de conseguir la absolución o atenuación de las penas.

Las víctimas pueden estar interesadas en otras salidas, una vez iniciado el proceso, incluyendo el archivo de la denuncia o el expediente tras procesos restaurativos.

El autor puede haber fallecido o no haber sido detenido.

El delito o la pena pueden haber prescrito.

El hecho de que no se llegue a una sentencia condenatoria no significa que no se haya producido la victimización —cuestión de la que no se ocupan de forma pormenorizada las estadísticas—, sino que tal vez no ha podido probarse quién ha sido la persona responsable. Sin embargo, muchas víctimas experimentan una sentencia absolutoria como una victimización secundaria al interpretar que se cuestiona su vivencia traumática injusta, mucho más real para ellas que la propia sentencia. Por ello, resulta de vital importancia, particularmente en delitos graves, que los servicios de atención a la víctima y otros órganos de apoyo puedan explicar este extremo de forma que atemperen dicha victimización secundaria.

En todo caso, ¿no convendría hablar de forma más precisa de criminalidad registrada, ya que lo objetivo viene a identificarse en muchas ocasiones como lo “real”? La victimización oculta es tan real como la victimización registrada en términos de experiencia victimal. El hecho de que nunca podamos conocer la superficie total del iceberg de la delincuencia, no significa que no exista. Lo relevante es la conciencia de su existencia, algo que no siempre se ha tenido en cuenta en los trabajos, empíricos o teóricos, de corte criminológico o victimológico. Si se tuviera realmente en cuenta, siquiera a modo de estimación o aproximación, las políticas preventivas, de intervención y reparación, dentro de la política criminal, podrían ser otras y, quizá, concentrarse menos en lo punitivo sin implicar por ello una falta de respuesta penal.

En definitiva, si la mayor parte o una gran parte de los delitos no se denuncian, ello significa también que no se considera, a la hora de las estadísticas y los estudios, toda esa parte oculta del iceberg de la criminalidad y la victimización. Por ello, las políticas criminales y victimales existentes, más o menos explícitas, extrapolan y generalizan las conclusiones sobre una muestra muy pequeña al todo (además, la mayor parte de los estudios proceden del ámbito anglosajón y se han realizado fundamentalmente con delitos cometidos por hombres). Esto no parece muy científico, quizá sería más científico ser más humildes a la hora de reconocer que sabemos muy poco, e incluso que podemos saber muy poco en el momento actual, y profundizar en el entendimiento de los procesos de victimización oculta, favoreciendo estudios al respecto. De nuevo nos encontramos frente a esta aporía fenomenológica y epistemológica en criminología, presente también en otras ciencias sociales desde hace siglos: cómo se manifiestan los delitos y las victimizaciones en la realidad y cómo podemos conocer dicha manifestación, así como los factores que integran sus contextos precedentes y sus consecuencias. Además, si desde la criminología se pretende realizar una comparación con otros países o a lo largo del tiempo, se debe ser consciente de que las definiciones de esa realidad u objeto varían espacio-temporalmente al tratarse de convenciones humanas más o menos fundamentadas.

Pongamos un ejemplo muy simple, si desde la Meteorología se quiere saber si llueve o no llueve y cuánto llueve en un lugar concreto, se podrá medir con exactitud sin mayor problema, dada la tecnología actual (e incluso pasada). Si desde la Criminología se pretende hacer lo mismo para determinar si se han cometido delitos y cuantificarlos, esto no será posible. Es cierto que quizá la aproximación sea mayor en algunos países en el caso de los delitos graves, como el homicidio, donde, aunque la víctima no denuncie, los hechos serán investigados por la policía si alguien ha desaparecido o se encuentra un cadáver, identificable o no. Podríamos pensar que, incluso, en los casos de homicidio por violencia de género, tenemos una cifra muy precisa en el caso español. Si bien es cierto que la cifra es más precisa que en otras modalidades delictivas, habremos de considerar también que puede haber suicidios que oculten homicidios y donde las víctimas indirectas (los familiares de la persona a la que se ha arrebatado la vida) no denuncien o no consigan, ellas o la policía, aportar pruebas de dicho homicidio.

Otro caso paradigmático, dentro de los delitos graves, son los abusos sexuales. Según diversos estudios, están muy extendidos en la sociedad, tanto cuando son cometidos por desconocidos como, principalmente, cuando son cometidos por conocidos en el seno de la familia o en contextos educativos, de tiempo libre, de amistad (incluyendo la cibervictimización), de ocio, deportivos, religiosos, etc. Sin embargo, la mayor parte de las víctimas no denuncia por algunas de las razones apuntadas anteriormente.

Finalmente, debe diferenciarse entre la “revelación” a otras personas de la victimización y su denuncia ante la policía, el juzgado o la fiscalía. Parece ser que las víctimas de delitos graves, aunque no denuncien, sí revelan los hechos en algún momento de sus vidas, pero las investigaciones indican que al ser la mayor parte de las respuestas que reciben cuestionadoras hacia las víctimas (incluyendo las de sus psicoterapeutas o psicólogos), estas pierden los ánimos o la confianza para denunciar, y aumentan sus sentimientos de culpabilidad. En definitiva, la sociedad, incluyéndonos las personas expertas, no solemos estar a la altura de la escucha y empatía que demandan las víctimas, una figura que puede llegar a resultar, para algunos, incómoda, extraña, peligrosa o patológica, produciéndose con ello la llamada victimización secundaria.

Algunas sugerencias bibliográficas para profundizar

Tcherni, Maria; Davis, Andrew; Lopes, Giza y Lizotte, Alan (2016): “The dark figure of online property crime: is cyberspace hiding a crime wave?”, Justice Quarterly, 33 (5), pp. 890-911.

Tonry, Michael (2016): “What should we expect from police data: can they tell us whether crime rates rise or fall?”, Minnesota Legal Studies Research Paper, pp. 16-36.

Zubieta, Xud y Montiel, Irene (2016): “Factores inhibidores de la revelación de abuso sexual infantil”, Revista de Victimología/Journal of Victimology, 4, pp. 53-81.

Mito 14. Los menores son víctimas
en menor medida que los adultos

Podríamos pensar que el hecho de una mayor consideración actual de la minoría de edad como factor de vulnerabilidad social, hace que sea más fácil identificar a los niños y jóvenes como “víctimas ideales”, en el sentido indicado anteriormente por Christie (1986). Sin embargo, el hecho de no tener voz propia ni recursos, y al darse situaciones en las que la propia familia o las instituciones, de las que se espera protección, sean el origen mismo de las agresiones o la falta de apoyo, hace que la victimización infantojuvenil cuente también con amplias parcelas de victimización oculta. Estas parcelas son mayores cuando los menores no cumplen las otras dos condiciones de la víctima ideal (su respetabilidad social y su completa inocencia en términos sociales), así como cuando pertenecen a colectivos en exclusión social.

Probablemente, el mito de la infancia feliz y el tabú de la violencia familiar y organizacional (pensemos en centros de menores, tanto de tutela como de protección), así como de la propia violencia entre menores en menor grado, ha silenciado esta realidad. No obstante, sabemos que la familia y las instituciones, cuya principal o una de cuyas principales funciones es el cuidado de los menores, también puede ser fuente o contexto de opresión y violencia, según se ha indicado anteriormente. Todavía hoy, tabúes sociales y religiosos, particularmente presentes alrededor del sexo, facilitan no pensar, no hablar y, por tanto, no investigar sobre esto. Es lo que las víctimas expresan cuando hablan de lo innombrable y silenciado, o cuando indican que no encuentran palabras para identificar o expresar lo que les ha ocurrido. Nos encontramos así con su desazón a la hora de intentar entender lo que les sucede y el daño que les provoca, más allá de la maduración propia de la edad.

Si bien a finales del siglo XIX hubo un cierto interés público por la crueldad hacia los niños, este no renacería hasta la segunda mitad del siglo siguiente. La primera Sociedad para la Protección de los Niños se creó en 1871 en Nueva York, cuando un juez tuvo que interpretar que las leyes que prohibían la crueldad contra los animales podían ser extensibles a los niños (algo que, por cierto y en esa época, también fue reclamado por las propias mujeres inglesas respecto de la violencia cometida por sus maridos).

En 1904 se promulgó en España la primera Ley de Protección a la Infancia y se crearon, cuatro años más tarde, las Juntas Provinciales y Locales de Protección de la Infancia y el Consejo Superior de Protección de la Infancia y Represión de la Mendicidad. Resulta sorprendente que, a pesar de algunos antecedentes, se tuviera que esperar a que el pediatra alemán C. Henry Kempe estudiara y pusiera nombre al llamado síndrome del niño maltratado, tan solo a comienzos de la década de los sesenta. En la actualidad, el sociólogo estadounidense y director del Centro de Investigación de los Delitos contra los Menores, Simon David Finkelhor, promueve una línea de trabajo bajo la denominada victimología del desarrollo, donde la principal variable de estudio es la minoría de edad.

En esta línea de trabajo se estudian, entre otros, los malos tratos físicos intrafamiliares, tanto directos como indirectos (exposición a situaciones de violencia entre los progenitores), abuso y explotación sexual, ciberacoso y acoso escolar. Según diversos estudios realizados en este campo puede concluirse que:

La victimización infantojuvenil puede ser más frecuente que la experimentada por adultos.

Los efectos adversos de la violencia impactan en diferentes campos de la vida del menor, y pueden perdurar a lo largo de un tiempo prolongado.

Muchas victimizaciones se cometen por adultos, que aprovechan su autoridad y/o la confianza de los menores. Con engaños y/o amenazas, los agresores promueven y convierten el silencio del menor en fuente de confusión, culpa y/o vergüenza, lo que dificulta la revelación y denuncia de la victimización.

La teoría del desarrollo busca un enfoque más específico y contextualizado, en cuanto a los escenarios en que se produce la victimización y la reacción a la misma, más allá de las teorías de la oportunidad dominantes en la criminología actual. En este sentido, resulta interesante el modelo ecológico que ha manejado la Organización Mundial de la Salud (OMS) en sus informes anuales sobre la violencia en la década de los dos mil. Este enfoque fue introducido por vez primera en los setenta para el estudio del abuso de menores y se extendió más tarde para analizar otros tipos de violencia. Según este modelo, se distinguen cuatro grupos de factores —superpuestos en ciertas áreas— que influyen en el comportamiento o que incrementan el riesgo de cometer o ser víctima de violencia:

Factores biológicos y de la historia personal. Aquí nos referimos, por ejemplo, a características demográficas como la edad, el sexo, la educación y los ingresos; a desórdenes psicológicos o de la personalidad; al abuso de sustancias, y a acontecimientos pasados de violencia o de experiencia de abusos.

Factores interpersonales cercanos o de relaciones con personas de los grupos primarios (familia, amigos o compañeros). Por ejemplo, el tener un grupo de amigos que se involucran o fomentan la violencia puede incrementar el riesgo de ser víctima o agresor.

Contextos comunitarios (relaciones sociales en los colegios, trabajo y barrios). Aquí se estudia la influencia de factores como la movilidad residencial, la densidad de la población, los niveles de desempleo o la existencia de un comercio local de drogas.

Factores sociales amplios (disponibilidad de armas y normas sociales y culturales sobre las relaciones familiares y entre sexos, la forma de resolver conflictos, el valor de la vida, de la persona frente a la comunidad, el valor de la seguridad pública y la libertad personal, así como condiciones de salud, económicas, educacionales y políticas).

Este modelo ecológico parece más apropiado que otras perspectivas más paternalistas, o patologizadoras, respecto de las víctimas menores. Frente a las políticas punitivas, también parece un modelo más adecuado respecto de los infractores menores; se reafirma que la mayor parte de los estudios indican que no existe un determinismo en cuanto a los factores de riesgo, incluido el haber sido víctima de violencia. La inmensa mayoría de las víctimas no se convierten en personas abusadoras o maltratadoras. Ahora bien, es cierto que muchos menores y adultos infractores, incluyendo naturalmente a las mujeres en prisión, presentan vivencias traumáticas en la infancia y adolescencia. Desde el ámbito neurocientífico se está trabajando sobre los mecanismos psicológicos y cognitivos que reflejan el impacto de la victimización sobre comportamientos conflictivos y delictivos en niños, adolescentes y adultos, al mismo tiempo que se incide en que los estudios sobre el desarrollo cerebral, y el entendimiento de la prevención general, deberían ser mejor considerados en las políticas referidas a la delincuencia juvenil.

Terminamos con una vuelta al concepto de víctima ideal. Muchos menores son sucesivamente y simultáneamente víctimas y victimarios, conceptos que no han de entenderse como antagonistas. Estamos aquí ante lo que se conoce como el círculo victimal. Quizá el ejemplo más extremo se encuentra en los llamados niños soldado, muchos de ellos perpetradores de actos cruentos, pero sin duda víctimas también de los adultos en guerra.

Algunas sugerencias bibliográficas para profundizar

Banyard, Victoria; Hamby, Sherry y Grych, John (2017): “Health effects of adverse childhood events: Identifying promising protective factors at the intersection of mental and physical well-being”, Child Abuse & Neglect, 65, pp. 88-98.

Ortiz Jiménez, William (2017): “Reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes: De víctimas a victimarios”, Encuentros, 15 (1), pp. 147-161.

Pereda, Noemí (2016): “¿Uno de cada cinco?: victimización sexual infantil en España”, Papeles del Psicólogo, 37 (2), pp. 126-133.

Mito 15. Las víctimas quieren venganza

Este mito se relaciona con la idea de la existencia de una “edad de oro de la víctima”, antes de la llegada del ius puniendi, cuando el Estado adquiere el monopolio del derecho a castigar, impidiendo la venganza de la víctima. Sin embargo, los estudios de historia y antropología jurídicas no avalan esta historia lineal, entendida como progreso en cuanto se deja atrás una justicia privada. En épocas pasadas, la venganza no operaba de forma individual, sino que se trataba más bien de un ajuste de cuentas que involucraba a toda la familia, tanto del agresor como de la víctima, y que fue limitándose, no solo para evitar una violencia sin fin y males mayores a la comunidad, sino para demostrar el poder, primero de los señores feudales y obispos y luego del monarca, a través del derecho a castigar que, en última instancia, suponía el derecho a matar, aunque fuera legitimado en textos jurídicos. El robo del conflicto a la víctima, del que nos habla el criminólogo noruego Nils Christie en su ensayo Los conflictos como propiedad (1977), se refiere fundamentalmente a la respuesta del Estado ante la definición del delito, abandonándose prácticas formales e informales de mediación, conciliación y compensación que tampoco podían entenderse como privadas en los términos actuales.

En todo caso, es muy probable que los intereses de las víctimas más afectadas no fueran considerados tampoco en esa época imaginada de su edad de oro, cuando, además, el mismo concepto de víctima era otro. Surge así la cuestión de cuáles son los intereses de las víctimas, cuestión que se relaciona con sus necesidades y derechos. Según diversos estudios, la venganza no parece encontrarse entre sus principales intereses, sino que supone un instinto natural cuya ausencia en los primeros momentos, en los casos graves, resultaría anormal. Tener deseos de venganza tras la violación o el asesinato de un hijo o un padre es normal, lo importante es prevenir que esos deseos no se conviertan en realidad. La venganza supone buscar satisfacción por uno mismo, a través de una respuesta violenta unilateral, sin límites o procedimiento legal garantista alguno. Los expertos advierten que la venganza es (un mal) producto de la injusticia experimentada y en definitiva de la búsqueda de justicia.

Cuestión distinta son las actitudes punitivas. Diversos estudios comparados nos indican que las víctimas no son ni más vengativas ni más punitivas que otros miembros de la sociedad que no han sufrido el delito. Además, muchas víctimas ven con buenos ojos los proyectos restaurativos y apoyan los programas de reinserción para personas que han cometido un delito (Varona, 2018). Esto es más fácil de entender si consideramos los estudios sobre las necesidades de las víctimas. Así, en el trabajo empírico de Kirchhoff, Strack y Wagner (2013), se establecen seis necesidades básicas de las víctimas que pueden encontrarse, de forma general, a escala universal y en muchas ocasiones independientemente de la gravedad del delito. Esas necesidades básicas son:

La necesidad de bienestar que implica la recuperación de una vida lo más normal y autónoma posible, aun reconociendo que una victimización grave supone una ruptura con lo vivido anteriormente.

La necesidad de aceptación o reconocimiento como ser humano que sufre una injusticia, sin que sus características, circunstancias o ideología atemperen dicho reconocimiento.

La necesidad de respeto hacia su propia persona y hacia las normas básicas de convivencia.

La necesidad de seguridad frente a posibles represalias o amenazas. En un sentido amplio, esto implica confianza hacia los demás y hacia las instituciones que solo se dará si perciben su actuación como justa, coherente y sincera.

La necesidad de confianza en las capacidades propias, donde se reconoce que la víctima tiene algo que decir y aportar. Esto puede entenderse también bajo el término de “empoderamiento” o capacitación.

La necesidad de significado, de entender lo que pasó, por qué falló la prevención, y qué se hizo después, y de integrar el suceso traumático en su vida, aunque no pueda responderse al porqué y para qué y permanezcan dudas.

La necesidad de justicia, en forma de derechos de verdad, reparación y memoria, tiene que ver con esa necesidad de reconocimiento y de significado, en una retroalimentación entre el plano público y privado. Esos derechos se reconocen, a escala global, en los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, aprobados en la Resolución 60/147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 2005. Previamente, de forma general para todas las víctimas (sin olvidar la normativa específica para algunos tipos de victimización), debe recordarse la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, de 1985, así como la Directiva 2102/29/UE por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo de la Unión Europea. Esta normativa ha sido traspuesta al ordenamiento español mediante la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima. Solo la Directiva y el Estatuto tienen carácter jurídico vinculante, si bien las normas mencionadas de las Naciones Unidas tienen un carácter informativo y un valor ético que han demostrado una gran influencia en el desarrollo de las legislaciones internas. Como veremos en otro apartado, para algunos expertos el desarrollo de los derechos de las víctimas ha supuesto un peligro respecto del derecho penal garantista para la persona investigada o condenada. Sin embargo, de los textos mencionados no puede desprenderse una orientación antagónica sino más bien interdependiente de los derechos humanos.

Toda intervención con víctimas debería considerar esas necesidades básicas junto con otras específicas y evaluar en qué medida están siendo adecuadamente atendidas en la vida real, en su caso plasmándose en el cumplimiento de los derechos reconocidos legalmente que no pueden bastar por sí mismos si no existe un cambio cultural. Kirchhoff, Strack y Wagner (2013) argumentan que su desatención implica poner más obstáculos a la convivencia pacífica, particularmente tras graves violaciones de derechos humanos.

En un estudio realizado con una amplia muestra de familiares de personas asesinadas por terrorismo en el País Vasco en 2013, podía concluirse el interés de estas víctimas indirectas en la justicia restaurativa en general. Aunque no resulta del todo adecuado contraponer actitudes retributivas con actitudes restaurativas, ya que hoy por hoy parecen funcionar de forma complementaria, diversos estudios anglosajones que han medido estas actitudes señalan un mayor apoyo a la justicia restaurativa por parte de mujeres, personas con niveles educativos bajos e incluso entre personas con mayores actitudes punitivas. Esto, que puede resultar un tanto contradictorio, puede explicarse por la falta de entendimiento común sobre el significado de la justicia restaurativa.

En todo caso, debe subrayarse la idea de que las víctimas aparentemente son menos vengativas que sus conciudadanos. Al identificar a (todas) las víctimas con la venganza, se las excluye del debate de la política criminal por tacharlas de demasiado “emocionales” y “punitivas”. Así, sin perjuicio del hecho claro de que las víctimas no están legitimadas para ser legisladores ni jueces, solemos encontrar explicaciones en el mundo académico que sostienen que una mayor presencia de las víctimas en los debates públicos favorece el progresivo punitivismo del sistema penal. Para cuestionar esta asunción, además de considerar las investigaciones mencionadas, debemos hacernos algunas preguntas como las siguientes: ¿buscan las víctimas realmente una mayor punición?, ¿quién representa a las víctimas?, ¿cómo se trabaja con ellas en el debate público? y ¿tienen las víctimas tanta influencia en las reformas penales?

Hablar de forma generalizada de la víctima vengativa responde a la idea de que los derechos de víctimas y personas investigadas o condenadas son incompatibles y funcionan como vasos comunicantes, lo cual acentúa la cultura esencialista antagónica en este ámbito. Además, no permite entender las necesidades derivadas de la injusticia padecida, necesidades que nunca encontrarán suficiente respuesta en el sistema penal al que la víctima se acerca en busca de reconocimiento y solidaridad, como formas de justicia (Holder, 2018).

Algunas sugerencias bibliográficas para profundizar

Holder, Robyn (2018): Just interests. Victims, citizens and the potential for justice, Cheltenham, Edward Elgar.

Kirchhoff, Johanna; Strack, Micha y Wagner, Ulrich (2013): “The needs of victims: An empirical categorization based on interpersonal conflicts”, Journal of Social and Political Psychology, 1 (1), pp. 29-50.

Van Camp, Tinneke (2014): Victims of violence and restorative practices. Finding a voice, Londres, Routledge.

Varona, Gema (2014): Víctimas del terrorismo residentes en la CAPV. Desazón y esperanza en víctimas indirectas de asesinatos. Año 2013, Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua.

Mito 16. Todas las víctimas
necesitan lo mismo

Este mito se corresponde en parte con un proceso que algunos autores denominan como “terapeutización de la justicia” y que se fundamenta en la idea de unas víctimas necesitadas, particularmente, de ayuda psicológica al experimentar traumas severos. Sin negar la relevancia de los tratamientos terapéuticos, el hecho de definir la condición de víctima por un concepto de trauma reducido a lo psicológico, hace que se olviden con mayor facilidad las implicaciones sociales, económicas y culturales de todo proceso de victimización, al centrarse en los síntomas y en lo individual, cayendo, incluso, en el riesgo de tratar a la víctima como un ser con una patología que le hace diferente en esencia a los demás. Asimismo, en línea con la crítica general de Foucault, se pone de relieve que las profesiones de los expertos médicos (o jurídicos) tienden a legitimarse mediante la creación de lenguajes técnicos y clasificaciones que, por un lado, permiten un análisis detallado pero miope de la realidad y, por otro, tienden a operar mecánicamente siguiendo protocolos estandarizados que no consideran aspectos individuales, contextuales o culturales.

En todo caso, los estudios victimológicos (Echeburúa, Corral y Amor, 1998) subrayan que la mayor parte de las víctimas, incluso en delitos graves (muchas veces no denunciados), no requieren ayuda psicológica, aunque sí solidaridad, y que sus capacidades de adaptación y resiliencia son mayores de lo que suele imaginarse. Independientemente de esa necesidad, se pasa por alto que las víctimas tienen también derechos, incluyendo el de atención y apoyo, que pueden inscribirse dentro del concepto de derechos humanos.

En la amplia bibliografía sobre los derechos humanos en la administración de justicia penal (Ferrajoli, 2009) predomina la visión de que sus principales titulares son las personas investigadas y condenadas. Esta idea procede de una de las grandes conquistas del derecho penal ilustrado y siempre debe protegerse y actualizarse porque el punitivismo imperante pone en riesgo esas garantías frente al ius puniendi. Al mismo tiempo, debe buscarse una visión más realista e integrada de los derechos humanos de personas que pueden encontrarse en el sistema penal, tanto víctimas como acusadas.

La afirmación de que las víctimas tienen derechos en la justicia penal es algo muy reciente sobre lo que se ha legislado, en forma de catálogo o lista de derechos, a través de la Directiva 29/2012/UE, traspuesta en el ordenamiento español por medio de la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima, según se ha mencionado anteriormente. Estos derechos comprenden la información, el apoyo, la justicia, la reparación y el trato respetuoso, individualizado, profesional y no discriminatorio.

Sin embargo, investigaciones recientes demuestran que un mayor reconocimiento jurídico de estos derechos no conlleva automáticamente una mejora en la situación de las víctimas y que, recordando la disposición adicional segunda del Estatuto de la Víctima español, podemos estar ante un mero derecho penal simbólico, es decir, simplemente se elabora para parecer que se hace algo y acallar a los afectados. No solo es que no se invierta económicamente para asegurar la correcta aplicación de estos derechos, sino que no se fomenta un cambio en las culturas penales, y de los propios profesionales jurídicos, para ver a las víctimas no de forma instrumental y secundaria a la aplicación de las normas, sino como seres humanos de carne y hueso a quienes afectan las decisiones de los expertos que tienden a no comprender.

Esto recuerda a la frase: “la operación ha salido bien, pero el paciente ha fallecido”. Esta frase, como artefacto cultural, es producto de una tendencia en el ámbito victimológico de terapeutización y burocratización de los derechos de las víctimas, siguiendo protocolos de intervención previamente establecidos. Respondería a la idea monolítica de que las necesidades de las víctimas son fundamentalmente terapéuticas. “Todo para las víctimas sin las víctimas”; la víctima ideal es la que no resulta incómoda a los políticos y simplemente se la envía a tratamiento, como una respuesta individual.

Cuestión distinta, pero relacionada, es la llamada justicia terapéutica, a través de los tribunales orientados a la solución de problemas, extendidos en el ámbito anglosajón. La justicia terapéutica busca una intervención judicial diferente. Se trata de una perspectiva psicológica y pedagógica sobre el impacto del derecho sustantivo y procesal en la salud de las personas, entendida de forma individual y colectiva. Dentro de ella, la intervención judicial debería tratar de reducir o contener los problemas, de fondo o favorecedores de las causas, mediante una perspectiva integrada, con un enfoque no adversarial, sino participativo a la hora de definir los problemas y su tratamiento. A este enfoque se le critica que el juez pueda perder su carácter imparcial en relación con las garantías constitucionales que protegen a la persona investigada y condenada. El potencial de la justicia terapéutica es que contempla una visión de salud mucho más allá de lo psicológico e individual.

Algunas sugerencias bibliográficas para profundizar

Walklate, Susan (2016): “Justicia restaurativa: ¿terapia y/o reconciliación?”, Journal of Victimology/Revista de Victimología, 4, pp. 83-104.

Wemmers, Jo-Anne (2012): “Victims’ rights are human rights: The importance of recognizing victims as persons”, TEMIDA, pp. 71-84.

Wexler, David B.; Fariña, Francisca; Morales, Luz Anyela y Colín, Sara Patricia (2014): Justicia Terapéutica: experiencias y aplicaciones, México D. F., INACIPE.

Mito 17. Las víctimas del terrorismo
están politizadas

Los enfrentamientos y acusaciones políticos producidos tras los ataques terroristas yihadistas, el 11 de marzo de 2004 en Madrid o en agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils, o los debates sobre la pertinencia de ciertas políticas penitenciarias, y en concreto de la prisión permanente revisable, pueden servirnos de punto de partida para pensar en qué medida la victimización terrorista es objeto de arma arrojadiza partidista.

En todo caso, hay una parte de realidad en este mito, en cuanto que el terrorismo implica no solo un daño personal y social, sino también político. Aun considerando el desacuerdo sobre la definición del terrorismo, tanto en las Naciones Unidas como en otros organismos internacionales, lo cierto es que el mismo supone la utilización de la violencia con fines políticos, incluyendo una posible motivación religiosa que aspira a la formación de una comunidad diferente donde las personas identificadas como enemigos o como daños colaterales de un fin superior pueden ser eliminadas. Esa eliminación no solo es vital, familiar, social, sino también política. Se excluye a esos ciudadanos de la comunidad política y se los utiliza e instrumentaliza en favor de dichos ideales políticos que algunas personas pueden defender con medios pacíficos.

Por tanto, si el daño es político, la reparación también debe abarcarlo, de forma que se transmita a las víctimas que forman parte de esa comunidad política de la que, un día, se las quiso excluir. También los victimarios forman parte de esa comunidad, definida en términos democráticos y no de identidad, y por ello también debe reconocerse que el daño político abarca su propia autoexclusión y el deber de fomentar su vuelta a la sociedad como ciudadanos que no ejerzan la violencia. Aun habiendo cometido gravísimas victimizaciones, la violencia legítima del Estado, a través del ius puniendi, no puede operar con la lógica del derecho penal del enemigo en forma de exclusión total, según la expresión original Feindstrafrecht, en términos del profesor alemán Günther Jakobs (2004). Esa sería la última victoria del monólogo de la violencia terrorista que bebe de la lógica política de Carl Schmitt (2006), formulada a finales de los años veinte del siglo pasado, al dividir el mundo en amigos y enemigos, una lógica en la que se favorece también el estado de excepción o emergencia, en palabras del filósofo italiano Giorgio Agamben (2005). Ese estado, sin embargo y de modo peligroso, suele terminar siendo generalizado y prolongado en el tiempo.

Quizá por todo ello, y en comparación con otro tipo de delitos, las víctimas de terrorismo se acercan más a los debates políticos y tienen mayor riesgo de ser manipuladas en relación con ciertos intereses partidistas. En cuanto que las víctimas pueden participar en los debates públicos, como así se recoge entre sus derechos en la normativa específica existente (Ley 29/2011 de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo), deben estar preparadas para escuchar que otras personas no comparten sus posiciones y que pueden ser criticadas. Junto a ello, en el debate público las víctimas (de cualquier delito) deben conocer que los mecanismos de un Estado democrático de derecho implican que ellas, aun siendo imprescindibles y las principales afectadas, no son las únicas que construyen el concepto de justicia. A dicho concepto contribuyen también, con mayor o menor acierto, otros actores indispensables legitimados para ello de forma diversa: legisladores, fiscales, jueces, penalistas, activistas de derechos de los condenados, etc.

En este sentido, aunque siempre habrá que reconocerles la injusticia sufrida y sus derechos, hay cierta adulación al decir a las víctimas que siempre tienen razón. Siempre deben estar legitimadas para expresar su opinión y necesidades, para participar en las políticas victimales y penales, pero ese debate y esa participación se realizan dentro de un marco legislativo que ha de recabar la opinión de todos los agentes implicados y que debe respetar unos principios mínimos garantistas que, evidentemente, las personas que han cometido actos terroristas no respetan y tratan de deslegitimar. Aquí radica la asimetría ética de quien padece y quien causa esta injusticia. En relación con ello, dentro del cálculo terrorista está la propia deslegitimación de las instituciones del Estado. La creencia de que una extralimitación del poder estatal es imprescindible convierte a los victimarios en víctimas. Así ocurre, por ejemplo, cuando los estados recurren a la tortura y olvidan las palabras, ya indicadas en la introducción de este libro, de Walter Benjamin (2014: 37). Por ello, también debe evitarse hablar de guerra contra el terrorismo, término que ha promovido el pensamiento bélico sobre lo que es delito, dando lugar a la invención en algunos países de conceptos seudojurídicos como el de “combatientes ilegales”.

De nuevo, resulta curioso observar cómo la víctima ideal varía según cada contexto. Cuando las víctimas realizan alguna reclamación de reconocimiento político son percibidas como incómodas por algunos sectores, si bien, como otros grupos activistas, una de sus funciones es promover, con mayor o menor acierto, sus intereses. Por tanto, un uso promocional del derecho penal o simbólico, como práctica criticable y que genera más problemas que soluciones, es responsabilidad fundamental del legislador.

Cuestión diferente es la deriva de algunas asociaciones de víctimas hacia la crítica constante a partidos políticos concretos, sin considerar que las asociaciones pueden acoger a víctimas de muy diversas tendencias políticas, algunas de las cuales pueden molestarse con un protagonismo que tiende a identificarse de forma partidista. Fuera de esto, debe reconocerse a las asociaciones de víctimas, y en particular del terrorismo, que sin su trabajo pionero y constante a lo largo de los años no habríamos llegado al reconocimiento actual de sus derechos. Esa también es una conquista en términos de derechos humanos, partiendo de una época de total abandono y victimización secundaria. Ha de reconocerse, asimismo, la calidad de los estudios empíricos sobre víctimas que han impulsado algunas de ellas, así como sus actividades de apoyo psicosocial. Finalmente, debe considerarse que la mayor parte de las víctimas no están asociadas, por lo que habrán de buscarse otras vías de participación en las políticas victimales para aquellas, si bien este es un problema extendido en términos de representación de los diversos grupos en la sociedad actual.

Algunas sugerencias bibliográficas para profundizar

Herrera, Myriam (2014): “¿Quién teme a la victimidad? El debate identitario en victimología”, Revista de Derecho Penal y Criminología, 12, pp. 343-404.

Mate, Reyes (2011): Tratado de la injusticia, Barcelona, Anthropos.

Pemberton, Antony (2015): “Victimology with a hammer: The challenge of Victimology”, ponencia en la toma de posesión del cargo de profesor de Victimología de la Universidad de Tilburg, 11 de diciembre, Tilburg.

Mito 18. Se exagera con algunos casos
de acoso escolar

Los conocimientos que tenemos sobre el acoso escolar responden a esa búsqueda reciente de saber más y actuar respecto de algunas parcelas de victimización oculta que han pasado a considerarse problemas sociales. Evidentemente el acoso escolar siempre ha existido, lo que ha cambiado es la forma de entenderlo en la actualidad como problema social y, de forma específica, como problema jurídico-penal.

Cuando se pone el énfasis en las víctimas, se tiende a cuestionarlas, a minimizar los hechos o, incluso, a culpabilizarlas, lo cual dificulta la revelación, la petición de ayuda y la denuncia. Al poner el foco en las víctimas, se olvida el papel que tienen los victimarios y los observadores o espectadores aunque, en la actualidad, desde la política criminal preventiva se trate de abordarlo en victimizaciones como la violencia de género o el acoso escolar.

Además, si seguimos las tesis del psicólogo social Steven Pinker (2012), podemos añadir que, al contemplar este fenómeno desde una perspectiva menos individualista y más social o colectiva, reconocemos que lo que ha cambiado es que a una parte de la sociedad le resultan intolerables ciertos tipos de violencia, principalmente por extensión de los círculos de empatía (que no siempre funcional igual para todas las víctimas, es decir, la empatía está desigualmente repartida en la sociedad).

En 2016 el ministro español de Educación, Cultura y Deporte presentó el Plan Estratégico de Convivencia Escolar 2016-2020, entre cuyas medidas se encuentran la de fomentar y apoyar la realización de diagnósticos de convivencia en los centros escolares, incluyendo el registro y análisis de incidentes en ellos que permita el estudio desagregado por edad, motivación, características de las personas víctimas y agresoras, así como encuestas y “cuantas actuaciones sirvan para incrementar el conocimiento de la situación y ofrecer información para la acción”. A la espera del análisis de ese registro, aunque disponemos de las estadísticas de la Fiscalía General del Estado y de datos procedentes de diversas encuestas, donde puede observarse un cierto incremento en los últimos años, reiteramos que nos encontramos con un comportamiento de una alta cifra negra, o victimización oculta, en el que debe precisarse que pueden producirse comportamientos no penados, ya que el derecho penal, en principio, queda reservado para las conductas más graves.

En caso de estar penadas las conductas constitutivas de acoso, recordemos que nos situamos dentro de la jurisdicción penal de menores que solo abarcaría a aquellos escolares entre 14 y 17 años. La Instrucción 10/2005 de 6 de octubre, de la Fiscalía General del Estado, sobre el tratamiento del acoso escolar desde el sistema de justicia juvenil, lo define como un catálogo de conductas, en general permanentes o continuadas en el tiempo y desarrolladas por uno o más alumnos sobre otro, susceptibles de provocar en la víctima sentimientos de terror, de angustia e inferioridad idóneos para humillarle, envilecerle y quebrantar, en su caso, su resistencia física y moral. Más allá de estimar posibles lesiones y daños, el encaje penal se encuentra en el artículo 173 del Código Penal, dentro de los delitos contra la integridad moral.

Por tanto, nos encontramos fundamentalmente con agresores muy jóvenes y la respuesta debe adaptarse a los estándares internacionales de la justicia juvenil que gira alrededor del interés del menor. Como ya se ha dicho, el acoso escolar puede comprender una gran variedad de conductas: agresiones físicas, verbales o psicológicas, tanto personalmente como mediante las redes sociales (en lo que se conoce como ciberacoso o cyberbullying). El hecho de producirse en grupo, de contar con la indiferencia de los compañeros o de los profesores, de la relevancia de estas redes para los jóvenes, de haber situado a las víctimas en situaciones de vulnerabilidad, etc., incrementa la humillación, incomprensión y abandono sufridos.

En cierta manera, hay una parte de verdad, como en todos los mitos. Muchas víctimas son seres más sensibles que otros. Esa sensibilidad, en lugar de ser explotada para la polarización, puede considerarse como un bien común y un don, ya que, como indicaba Leonardo da Vinci, todo conocimiento procede de la sensibilidad y sin ella nos movemos entre el miedo y la indiferencia (Bauman y Donskis, 2015). Son muchos los científicos y artistas actuales (músicos, actores, pintores…) que reconocen haber sufrido acoso escolar en su infancia, como demuestra la carta publicada por uno de ellos en las redes sociales, titulada “La venganza de los inadaptados” (Llanos, 2017). Su autor es el actor Asier Etxeandia y en ella se puede comprobar el sufrimiento e incluso esa suerte de deseos de venganza reconducida por otras vías no violentas, sino artísticas. Sin embargo, no todas las víctimas salen adelante más fuertes; para algunas el daño es incapacitante y puede resultar irreversible.

Una vez más, si se minimizan estos comportamientos se pone el foco del problema en las víctimas, no en los agresores y en los observadores, más o menos indiferentes, o en la sociedad. Asimismo, como venimos repitiendo en este trabajo, responder a este problema adecuadamente no significa necesariamente una mayor punición, sino una mejor prevención, intervención y reparación, con coordinación y con herramientas más allá del derecho penal.

Según diversas investigaciones, una primera cuestión debe ser rechazar la hipocresía de la sociedad respecto de las diversas formas de violencia y su asociación con el concepto de popularidad o éxito social. En segundo lugar, debe celebrarse la diversidad y dejar claro que no es malo tener una identidad de género diversa, una orientación sexual distinta, vestir de una manera u otra, ser más o menos guapo, gordo o tímido, lo que sí es malo es ser violento, prepotente y manipulador, así como dejarse manipular y controlar mientras se observa el sufrimiento de los demás o se es insensible al mismo. Según diversos estudios y programas desarrollados en Finlandia, uno de los países más avanzados en esta materia, debe considerarse la figura del observador, apoyado por la sociedad, para poder prevenir eficazmente.

El papel de los colegios también resulta fundamental. En muchos casos se les ha criticado por un mal entendimiento de la defensa de la reputación del centro, basado en el ocultamiento, frente al apoyo, la protección y los derechos individuales de las víctimas. Sin embargo, las últimas sentencias que condenan a algunos centros como responsables civiles subsidiarios, por estimar su culpa in vigilando, ponen de relieve su responsabilidad en esta materia. Para no ser condenado, el centro debe probar que activó todos los mecanismos necesarios de prevención y control, cuando así debía hacerse (véanse, a modo de ilustración, las sentencias 1/2014 del Juzgado número 6 de lo Contencioso Administrativo de Madrid y 89/2016 del Juzgado número 1 de lo Contencioso Administrativo de Barcelona).

Algunas sugerencias bibliográficas para profundizar

Fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo) (2016): Acoso escolar: I Estudio sobre el “bullying” según los afectados y líneas de actuación, Madrid, ANAR.

Pinker, Steven (2012): Los ángeles que llevamos dentro: el declive de la violencia y sus implicaciones, Barcelona, Paidós.

Savage, Matthew W. y Tokunaga, Robert S. (2017): “Moving toward a theory: Testing an integrated model of cyberbullying perpetration, aggression, social skills, and Internet self-efficacy”, Computers in Human Behavior, 71, pp. 353-361.

Mito 19. ¿Por qué no lo deja si la maltrata?

Suele culpabilizarse a las mujeres por aguantar durante demasiado tiempo a su pareja o expareja. Esta culpabilización, escuchada tanto en el ámbito social como institucional, marca a las propias víctimas, que terminan creyendo que en algo son culpables, sentimiento acrecentado porque el propio agresor así se lo hace sentir. No obstante, este proceso supone ignorar las dimensiones de la violencia en la pareja o expareja cuando las víctimas son mujeres, entre las que se encuentran las siguientes (Varona, Igartua y Galarraga, 2018):

La violencia contra las mujeres en el contexto de la pareja o expareja supone un problema estructural y global de derechos humanos, como abuso de poder que provoca un daño físico, sexual, psíquico y/o social. Se trata de un problema en que las mujeres, como víctimas, se encuentran sobrerrepresentadas en agresiones totales y, en particular, en homicidios como expresión más grave e irreparable.

En relación con lo anterior, los tipos de violencia pueden clasificarse en atención a criterios diferentes, por ejemplo:

Por la forma: física, psicológica, sexual, económica… (además de las agresiones más visibles abarca insultos, insinuaciones, amenazas, mentiras, manipulaciones, coacciones, humillaciones públicas, intimidaciones, acoso, control económico o privación financiera, destrucción de bienes, imposición de creencias, etc.).

Por la gravedad del hecho, según quede tipificado, en su caso, en el Código Penal.

Por los sujetos implicados: parejas o exparejas, con convivencia o sin ella, de diferentes perfiles sociodemográficos.

Por el momento: durante la relación o durante y después de la ruptura.

Los comportamientos agresivos más serios contra las mujeres en el hogar casi siempre se ven precedidos por una progresión sistemática, aunque varían los factores predictivos de la violencia grave y menos grave. Además, muchos de los factores predictivos de la violencia contra la pareja también predicen la violencia contra los menores. Aunque cada caso es diferente, según la teoría del ciclo de violencia de L. Walker se pueden distinguir cuatro fases: fase de formación de tensión, de explosión o agresión, de arrepentimiento o reconciliación y de reanudación del ciclo.

Solo un diez por ciento de los agresores presenta un trastorno serio de conducta. Por tanto, la mayoría de los hombres violentos no difieren en términos psicopatológicos de los no violentos, pero sí presentan determinados rasgos en su personalidad, como lo que algunos autores denominan “síndrome de la doble fachada”: ser agradables en el ámbito laboral y comunitario, y violentos con la pareja.

El problema de la violencia familiar es multifacético y en él intervienen elementos como los valores asociados a los roles de género y la estructura de poder jerárquico basada en esos valores, los conceptos de propiedad y privacidad, el lenguaje, etc.

Si bien las mujeres mayores han sido victimizadas en mayor grado, parece incrementarse el riesgo de las mujeres jóvenes que están adoptando nuevos roles y con ello desafían el poder del varón (y los roles asignados de carácter reproductivo y asistencial). Al mismo tiempo, las mujeres jóvenes tienden a trabajar de forma remunerada, lo que reduce la precariedad económica, si bien los sueldos siguen siendo bajos, particularmente tras la crisis económica de finales de los dos mil. Además, siguen apreciándose modelos machistas en la socialización a través de los medios sociales y culturales.

En general, con diferencias según cada caso, las mujeres maltratadas sufren trastornos como temor, insomnio, falta de concentración y amnesia selectiva, dolores de cabeza, pérdida de apetito, mareos, dificultad para respirar, pensamientos obsesivos, pesadillas, sentimiento de culpa difuso, descenso de la autoestima, estados depresivos, reducción de la capacidad intelectual, indecisión para actuar y dificultad en las relaciones sexuales. Otros efectos psicosociales son la interiorización del machismo y la dependencia del varón, estrés, ansiedad e incomunicación. Se va interiorizando una impotencia que, en ocasiones, permite sobrevivir, pero no denunciar o testificar. La violencia psicológica está muy extendida y abarca supuestos de diferente gravedad. Afecta a la autoestima y llega a repercutir en la salud física, incluyendo los supuestos de suicidio.

A pesar de la concienciación y de la inversión pública en medidas preventivas de toda índole, no se sabe cómo estas están afectando realmente a la victimización primaria y secundaria. Los medios de comunicación y algunas políticas siguen incidiendo más en los aspectos coyunturales, personales y de urgencia que en los socioestructurales que permitirían entender mejor por qué las mujeres no denuncian o no se alejan de su pareja agresora.

La teoría de la impotencia aprendida (learned self-helplessness), formulada en una investigación etológica por el psicólogo Martin Seligman en la década de los sesenta, puede ampliarse para entender los contextos que favorecen que los agresores exploten la vulnerabilidad, el shock y los sentimientos de vergüenza, culpa e indefensión de las víctimas. Según la teoría mencionada, la percepción y la experiencia de continuos estímulos negativos (o daños), provoca en las víctimas la sensación de pérdida de control o autoeficacia, lo que, a su vez, les hace no reaccionar (no denunciar en su caso) o actuar pasivamente. En ocasiones, las víctimas no solo no son conscientes o se ven superadas por los grandes costes que puede suponer la denuncia, sino que también temen dañar a otras personas. A veces, las mujeres utilizan estrategias de adaptación para sobrevivir e, incluso, en casos extremos, para terminar defendiéndose de una determinada manera que después el ordenamiento jurídico no entenderá como legítima defensa, partiendo de esa sensación de impotencia inicial (Walker, 2012).

Algunas sugerencias bibliográficas para profundizar

Gutiérrez-Bermejo, Belén (2018): “Víctimas invisibles. Análisis de un caso de maltrato desde la perspectiva de la víctima con discapacidad intelectual”, Siglo Cero. Revista Española sobre Discapacidad Intelectual, 48 (1), pp. 9-21.

Seligman, Martin E. P. (1975): Helplessness: On depression, development and death, San Francisco, W. H. Freeman.

Walker, Lenore (2012): El síndrome de la mujer maltratada, Bilbao, Desclee de Brouwer.

Mito 20. Algunas van provocando

Las relaciones entre hombres y mujeres, o entre personas del mismo sexo, han estado reguladas tradicionalmente por creencias religiosas y sociales que, finalmente, cumplían una función de control social, donde las mujeres, siendo real su menor fortaleza física en general, han sido objeto de discriminación y de abusos. La discriminación y los abusos continúan hoy en día con mayor o menor intensidad según el territorio y contexto en que se encuentren las mujeres (Gay, 2018).

Quizá el lema reciente “No es no”, utilizado por diversos colectivos activistas y administraciones municipales, representa de forma concisa la necesidad de cuestionar el mito de la provocación. Ese mito vuelve alimentarse del de la víctima ideal, que aquí sería esa mujer indefensa, de buena reputación y atacada por un malvado desconocido. La edad, el consumo de tóxicos, la forma de ser y de vestir, la ocupación, etc., condicionan en gran medida que gran parte de la opinión pública hable de autopuesta en peligro, como vulnerabilidad provocada y no pura y dura vulneración de derechos (recuérdese el caso de los sanfermines conocido como “La Manada”).

Este mito se encuentra fuertemente enraizado en la historia, como bien explica la historiadora neozelandesa Joanna Bourke (2009). En el caso español existen estudios que analizan la jurisprudencia de las últimas décadas del franquismo y la democracia, como ventana desde la que observar el control, los prejuicios y tabúes sociales respecto del papel de la mujer en ese periodo (Varona y Martínez, 2016).

Por otra parte, en la actualidad se han desarrollado numerosas investigaciones que relacionan el consumo de tóxicos, tanto por parte del agresor como de la víctima, con las agresiones sexuales. Dentro de un enfoque de reducción de riesgos y no culpabilizador para las víctimas, deben citarse los proyectos y estudios del Observatorio Noctámbul@s, de la Fundación Salud y Sociedad, llevados a cabo en Valencia, Madrid y Catalunya. Este observatorio pretende profundizar en la relación existente entre el consumo de drogas, el acoso y los delitos sexuales en los contextos de ocio nocturno, y aspira “a cambiar la mirada de los y las jóvenes, pero también de los/las profesionales que intervienen en estos contextos (tanto desde la industria del ocio como desde la prevención/reducción de riesgos)”.

Los informes de este observatorio aluden a los siguientes mitos, en los contextos de ocio y alcohol:

La visión de que la mujer (o el hombre) que se encuentra en ciertos lugares, a ciertas horas, y/o consume drogas está más dispuesta a tener relaciones sexuales y dicho consumo puede mejorarlas.

La visión de que, en los hombres, la sexualidad es irrefrenable e instintiva, especialmente cuando se encuentran bajo los efectos del consumo de drogas.

Cuando una mujer es invitada a alcohol o drogas significa verse obligada a mantener relaciones sexuales.

En todo caso, una vez más, el derecho penal no es el medio más adecuado para conseguir la igualdad de hombres y mujeres y su utilización debe hacerse con precaución, sabiendo que la tendencia de las últimas décadas es un progresivo endurecimiento en la respuesta penal para los agresores, sin que ello haya mejorado significativamente la inversión en medios para la prevención o la reparación a las víctimas; si bien sí ha podido generar réditos partidistas debido a un uso simbólico del derecho penal del enemigo y la pretensión de un uso promocional del derecho penal, con algunas consecuencias cuestionables, y un cierto desconocimiento de la fenomenología de la delincuencia sexual en toda su diversidad (Quinn, Forsyth y Mullen-Quinn, 2003).

Sin duda, debe responderse ante estas conductas, donde existe una gran victimización oculta, lo cual debe constituir el primer punto de partida. La cuestión es cómo y quién debe responder, incluyendo los medios de comunicación. Existe un margen de opción, con las investigaciones en la mano, para que la sociedad no estigmatice a las víctimas y a los victimarios y no piense que estos últimos son monstruos que nada tienen que ver con el resto de las personas. Naturalmente, sería más fácil si eso fuera así, pero la realidad muestra que muchos agresores sexuales son padres, monitores, profesores, religiosos, jefes, compañeros de trabajo o de estudios. Incluso el violador en serie desconocido ha surgido de la sociedad, no es un monstruo que ha aparecido de forma espontánea. Todos los estudios demuestran que la estigmatización impide la reinserción y la recuperación y nos hace olvidar que nuestro compromiso es necesario en la prevención de estos procesos de victimización, incluyendo la presión para la creación de mejores programas de recuperación, tratamiento y vuelta a la sociedad, donde el primer lema es, apoyando la reinserción, “no más víctimas”. Así se recoge, por ejemplo, en los Círculos de Apoyo y Responsabilidad (García y Soler, 2013).

También debemos mencionar la teoría del mundo justo de Lerner, formulada en la década de los setenta, que ha sido contrastada en diversos estudios experimentales (Hafer y Bègue, 2005). Según el Diccionario de la Sociedad Vasca de Victimología2, esta teoría se basa en el sesgo cognitivo de creer que el mundo es un lugar justo en el que las personas obtienen lo que merecen. Extrapolando esta teoría al ámbito de la victimología, supondría una dificultad añadida en los procesos de desvictimización o resiliencia de las víctimas. Puesto que, creyendo tanto ellas mismas como su entorno social que lo sufrido ha sido por causas merecidas, ello conllevaría fomentar sus sentimientos de culpabilidad y vergüenza. Esta devaluación de las víctimas entorpece su visibilidad y el proceso de recuperación, que siempre tiene dimensiones sociales y culturales.

Desde la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos, John Hamlin (2001) ha destacado una serie de mitos sobre la violación, entre los que se encuentran los seis siguientes:

Que la violación es un acto sexual, cuando realmente se trata, en el fondo y en muchos casos, de un acto de control y abuso de poder.

Que existen formas correctas de responder a la violación, cuando realmente cada contexto y víctima es diferente.

Que las víctimas se ponen en riesgo, cuando realmente el factor fundamental es el de la oportunidad, buscada por la persona que agrede sexualmente.

Que los hombres no pueden ser violados, cuando existe un porcentaje que indica lo contrario, aunque su proporción sea mucho menor respecto del de las mujeres.

Que solo se dan comportamientos sexuales violentos entre desconocidos, cuando la familia y los círculos de conocidos son lugares donde se produce un gran número de victimizaciones (aproximadamente la mitad, según estudios de Estados Unidos), si bien resulta más difícil la denuncia.

Que la mayoría de las personas que cometen agresiones sexuales son de origen inmigrante o pertenecen a minorías étnicas, cuando los datos demuestran que la mayor parte de las violaciones (96 por ciento) se producen entre personas de la misma condición étnica.

Algunas sugerencias bibliográficas para profundizar

Bourke, Joanna (2009): Los violadores. Historia del estupro de 1860 a nuestros días, Barcelona, Crítica.

García Díez, César y Soler, Carlos (2013): Evaluación de necesidades y diseño de la intervención para la reintegración social de los delincuentes sexuales de alto riesgo. Adaptación de los Círculos de Apoyo y Responsabilidad al sistema de ejecución penal de Cataluña, Barcelona, Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada de la Generalitat de Catalunya

Gay, Roxane (ed.) (2018): No es para tanto. Notas sobre la cultura de la violación, Madrid, Capitán Swing.

Herrero, María Carmen y Garrido, Eugenio (2002): “Reacciones sociales hacia las víctimas de los delitos sexuales”, en Santiago Redondo (coord.), Delincuencia sexual y sociedad, Barcelona, Ariel, pp. 161-194.

Katz-Schiavone, Stacey; Levenson, Jill S. y Ackerman, Alissa (2008): Myths and facts about sexual violence: Public perceptions and implications for prevention, Journal of Criminal Justice and Popular Culture, 15 (3), pp. 291-311.

Varona Martínez, Gema y Martínez Martínez, Ascensión (2016): “Las mujeres y el concepto de honra en el Archivo Histórico de la Sala Penal del Tribunal Supremo (1957-1978)”, Clío & Crimen, 13, pp. 307-342.

Mito 21. A las víctimas no les interesa
la reinserción

Si el derecho penal moderno gira alrededor de la determinación garantista de la tipificación, autoría, culpabilidad y punibilidad ante una conducta delictiva, donde la víctima tiene un papel secundario e instrumental a ese fin de absolución o condena, este mito parece encajar perfectamente en la mentalidad actual. En todo caso, algunos penalistas (Beristain, 2000) sugieren que podemos construir un derecho penal realmente garantista, dando a la víctima otro lugar distinto. La imagen de familiares de víctimas presenciando la ejecución de un condenado a la pena de muerte por asesinato, u otro delito muy grave, en algunas películas estadounidenses y en la realidad de algunos países refuerza el mito de que las víctimas solo desean un mal para su agresor y de que su única intervención, en la fase de ejecución, sería siempre de carácter punitivo. Estudios solventes de la década de los dos mil, citados en el Centro de Información sobre la Pena de Muerte3 de Estados Unidos, demuestran que la ejecución y la visión de esta ejecución no trae una mejora en la recuperación para la mayoría de las víctimas, sino que produce efectos perjudiciales para otras personas y para ellas mismas. Esa imagen es un extremo que no existe en nuestro país, por no existir la pena de muerte.

Sin embargo, el debate sobre el papel de las víctimas en la fase de ejecución de la pena sí está presente, particularmente tras la entrada en vigor de la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito, como obligación a la trasposición de la Directiva 29/2012/UE. La opinión más extendida en diversos círculos de profesionales y penalistas académicos (Faraldo, 2014) es que no existe fundamento racional y jurídico que apoye la entrada de los intereses de las víctimas en la fase de ejecución de la pena. Ello es así porque esta fase debe guiarse exclusivamente por el interés de reinserción de la persona condenada, tal y como se establece en el artículo 25.2 de la CE: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”. En todo caso, el Tribunal Constitucional ha aclarado que ese no es el único fin de la pena privativa de libertad, donde podría caber no solo la retribución en relación con el principio de proporcionalidad, sino también la reparación, al menos de forma indirecta.

La opinión mencionada de los penalistas no cuestiona cuáles son los verdaderos intereses de las víctimas, ni tampoco cómo poder articularlos en un entendimiento de interdependencia en clave de derechos humanos, sin categorías esencialistas sobre la condición coyuntural de ser víctima o persona condenada. Decir que la resocialización es lo más importante, en el momento actual, donde las tasas de reincidencia son muy altas, cuando los efectos en las vidas de los reclusos y sus familias exceden de la estricta privación de libertad, y la efectividad general de la prisión está muy cuestionada, sigue resultando vital como principio humanizador y garantista. No obstante, continúa quedando pendiente su concreción en la realidad cotidiana de nuestras prisiones. Por ello, voces autorizadas (Maruna e Immarigeon, 2013) piden considerar conceptos alternativos que señalen los procesos de desistimiento, no solo de reincidencia, a lo largo del tiempo.

Recordemos que las víctimas, especialmente en delitos graves o muy graves, manifiestan parte de sus necesidades con la expresión “nunca más”, es decir, con el deseo de que nunca vuelvan a producirse esas victimizaciones, contra ellas o contra otras personas. Este punto de partida enlazaría con el fundamento jurídico-victimológico que permitiría dar entrada a los intereses de las víctimas (muchos de ellos prosociales), particularmente a través de prácticas restaurativas, aunque estas estén limitadas por el principio de voluntariedad. Ello implica cambiar radicalmente la cultura profesional e institucional de las administraciones penitenciarias, de fiscales y de jueces de vigilancia penitenciaria. Con un enfoque de prevención terciaria, es decir, de intervención emancipadora con las personas, que reconozca la indivisibilidad última de los intereses de todos los miembros de la sociedad, aún con asimetrías éticas que exigen la responsabilidad activa por parte de las personas que han cometido delitos graves, quizá resulte más satisfactorio y realista, en términos de eficacia humana, guiarse por acciones y gestos concretos de prevención y reparación con las personas más afectadas. Ello parece más razonable que aferrarse a un abstracto principio de reinserción en prisión, en un contexto carcelario donde sería como enseñar paracaidismo dentro de un submarino, según solía explicar en clase el penalista Ignacio Muñagorri. De esta manera, esos gestos realmente reparadores pueden minimizar la instrumentalización de las personas.

Al final, la consecuencia más evidente de ese cambio de cultura jurídico-penal que acarrean las prácticas de justicia restaurativa es que habrá una respuesta de justicia para las víctimas, independientemente de que se detenga, condene o haya muerto el infractor, o haya prescrito el delito o la pena. También resulta fundamental el apoyo de otras instituciones y grupos sociales, incluyendo los servicios sanitarios con una perspectiva de salud pública integrada.

En todo caso, puede debatirse si la regulación concreta española, siguiendo la Directiva 29/2012/UE sobre los derechos de las víctimas, resulta adecuada dentro de una política penitenciaria o de ejecución de la pena guiada por un entendimiento garantista interdependiente de los derechos humanos. Esa regulación se encuentra dentro del artículo 13 de la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima. Según dicho artículo, algunas víctimas de determinados delitos, que hubieran solicitado ser notificadas de ciertas resoluciones del juez de Vigilancia Penitenciaria, podrán recurrirlas, aunque no se hubieran mostrado parte en la causa. Esas resoluciones son el auto de clasificación del penado en tercer grado, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional. Esta previsión legal puede aplicarse con un sentido restaurativo, pero no se trata de una interpretación automática.

Las víctimas estarían también legitimadas para:

Proponer que se impongan al liberado condicional las medidas o reglas de conducta previstas por la ley que consideren necesarias para garantizar su seguridad, cuando aquel hubiera sido condenado por hechos de los que pueda derivarse razonablemente una situación de peligro para la víctima.

Facilitar al juez o tribunal cualquier información que resulte relevante para resolver sobre la ejecución de la pena impuesta, las responsabilidades civiles derivadas del delito o el comiso que hubiera sido acordado.

Teniendo en cuenta que la última decisión es la del juez, reiteramos que cabe pensar en una interpretación en clave restaurativa de este artículo 13 de la Ley del Estatuto de la Víctima, con beneficios para las personas condenadas y víctimas, y para toda la sociedad.

Algunas sugerencias bibliográficas para profundizar

Coscollola, María Antonia; Fernández Palma, María Rosa; Guil, Carmen; Hernández García, Javier y Riva, Vanesa (2016): El impacto del estatuto de la víctima del delito en el proceso penal, Barcelona, Generalitat de Catalunya.

Instituciones Penitenciarias (2018): Justicia restaurativa. Disponible en: http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/PenasyMedidasAlternativas/programas/justiciaRestaurativa.html

Lummer, Ricarda; Hagemann, Otmar y Reis, Sónia (eds.) (2015): Restorative justice at post-sentencing level in Europe, Kiel, Schleswig-Holstein Association for Social Responsibility in Criminal Justice; Victim and Offender Treatment.

Van Camp, Tinneke (2004): Victims of violence and restorative practices. Finding a voice, Londres, Routledge.

Mito 22. Más vigilancia, menos víctimas

Cuando en relación con las víctimas de delitos se piensa en las llamadas nuevas tecnologías, cada vez menos nuevas pero siempre en constante innovación, suele hacerse referencia a las víctimas de ciberacoso o a los ataques a los sistemas informáticos. Sin perjuicio del impacto del daño en este tipo de victimización, llama la atención la falta de estudios criminológicos y victimológicos sobre otros tipos de victimización de gran magnitud, donde se da un abuso de poder por parte del propio Estado (Cohen, 2001), así como de grandes corporaciones empresariales.

Hasta tiempos recientes, la criminología no ha sabido ver y analizar este tipo de delitos que, sin embargo, suponen atrocidades o violaciones a gran escala de los derechos humanos. El mismo ius puniendi, en su forma de derecho interno o internacional para castigar, no parece funcionar bien cuando se trata de aplicarlo a integrantes de los poderes del Estado o a ciertas empresas transnacionales, por ejemplo, en abusos respecto de la vigilancia masiva de datos electrónicos que puede vulnerar diferentes derechos (privacidad, intimidad, protección de datos, etc.).

En concreto, en relación con las últimas tecnologías, no existen apenas estudios científicos sobre el uso de la inteligencia artificial en delitos cometidos por los estados. Aquí nos referiremos, en particular, a los delitos internacionales como los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra o contra la humanidad. La deshumanización que puede provocar la tecnología en estos contextos favorecería una suerte de desvinculación moral respecto de las potenciales víctimas.

Este efecto de deshumanización es interesante porque, aplicando la teoría del embrutecimiento o brutalización —más allá del efecto preventivo de las penas (King, 1978)—, las macrovictimizaciones producidas durante el colonialismo en el siglo XIX y las dos guerras mundiales en el siglo XX tendrían un punto de conexión en cuanto que hicieron a las poblaciones y, más en concreto, a los soldados que participaron en esos procesos, más insensibles frente a la escalada de la violencia y el sufrimiento de los demás. Podríamos pensar que, en la actualidad, ya que nuestros soldados (y población en general) no han participado recientemente en ese tipo de procesos o conflictos bélicos, seríamos menos tolerantes hacia la violencia y el dolor de otros seres humanos, incluyendo los contextos bélicos o de conflicto civil o político. No obstante, el factor de la tecnología introduce un nuevo elemento de deshumanización que, quizá, los “mejores ángeles de nuestra naturaleza”, en palabras del psicólogo Steven Pinker (2012), no pueden contrarrestar, al no funcionar adecuadamente los mecanismos de empatía, autocontrol y pensamiento racional y moral.

Esto es algo que ya hemos visto con el uso de drones y aparatos que se manejan desde la distancia: apretar un botón en una oficina de trabajo en una parte del mundo no es lo mismo que disparar un arma, frente a frente, en un campo de batalla. El manejo de esta tecnología incluye el uso de eufemismos técnicos para hablar de “objetivos” y “efectos colaterales” y contribuye a difuminar la responsabilidad, en una cadena de obediencia debida.

En la actualidad, el reto es aún mayor. Los expertos advierten del grave peligro de la fabricación y uso de los robots programados para matar y que, mediante técnicas de aprendizaje de máquinas, tomarán sus propias decisiones, basadas en algoritmos utilizados para su programación. Estos robots, como armas autónomas, actuarán finalmente sin supervisión humana y ya se están desarrollando en países como China, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Israel o Corea del Sur, con gran interés por parte de las empresas armamentísticas. Como señala la organización Human Rights Watch (s.f.) es previsible que el funcionamiento de estos robots no respete el derecho internacional humanitario y traiga también problemas para determinar la responsabilidad respecto de ese incumplimiento. Por todo ello, diversas organizaciones solicitan una prohibición del desarrollo, producción y uso de estos robots, que pueda aplicarse a partir de 2019, dentro de una campaña que comenzó en 2013 con el apoyo de prestigiosos científicos y que ha llegado al Parlamento Europeo4. Los países que se oponen a la prohibición de estas armas autónomas, paradójicamente, alegan su beneficio potencialmente humanitario (Müller y Simpson, 2014).

En el Protocolo adicional de 1977 a los Convenios de Ginebra, de 12 de agosto de 1949, en relación con la protección de víctimas de conflictos armados internacionales, se indica que, en los casos no previstos legalmente, se debe tratar a civiles y combatientes bajo “los principios de humanidad y los dictados de la conciencia pública” (esto se conoce como la “cláusula Martens”). Los expertos aseguran que las armas autónomas incumplirían esa cláusula y que no se trata de ciencia ficción, sino de una realidad ya presente que, sin medidas preventivas, será un riesgo de dramáticas consecuencias. Esos robots carecen de empatía, autocontrol y pensamiento racional y moral, elementos necesarios para tomar decisiones en cada contexto, considerando el valor único de cada vida humana.

Por otra parte, además de pensar en el uso de las últimas tecnologías para cometer delitos (en su caso, crímenes internacionales), podemos pensar en su uso en los tratamientos más innovadores, tanto para las víctimas como para las personas condenadas. Así, actualmente se utiliza la realidad virtual para ayudar a las víctimas a superar síntomas del estrés postraumático con una exposición controlada y progresiva a situaciones que disparan dichos síntomas (ansiedad, temor, evitación, flashbacks, angustia, tristeza…) (Peskin et al., 2018). También se ha utilizado la realidad virtual para sumergir a condenados por violencia de género en la piel de una víctima (Seinfeld et al., 2018), lo que se conoce en inglés como embodiment, bajo la premisa de que experimentar el abuso de poder y cierto grado de violencia puede desarrollar el entendimiento (y la empatía) hacia las víctimas. A la espera de resultados concluyentes sobre el desarrollo de estos tratamientos, conviene indicar que, para evitar la deshumanización de la que hablábamos antes, debe insistirse en el trabajo interdisciplinar e individualizado, tal y como se recalca la normativa interna e internacional vigentes. Tanto las víctimas como las personas condenadas necesitan primeramente ser tratadas como seres humanos, establecer esa conexión, para iniciar un camino de recuperación y reinserción. En este sentido, la tecnología nunca suplirá ese toque humano individualizado y personalizado.

Finalmente, tanto en el uso de las últimas tecnologías para cometer delitos como para trabajar con víctimas y con personas condenadas, no se trata de posicionarse en la tecnofilia o la tecnofobia, sino de aceptar que los cambios son imparables pero debe analizarse cuál es su uso e impacto en diferentes dimensiones. Esto es particularmente importante porque la cultura del progreso nos puede hacer aceptar cualquier innovación como intrínsecamente buena o no problemática en su uso, lo cual crearía una aceptación acrítica, favorecedora de un totalitarismo de la indiferencia, más fácil ante la falta de interés por una cultura verdaderamente interdisciplinar y humanística.

Algunas sugerencias bibliográficas para profundizar

Cohen, Stanley (2001): States of Denial: Knowing About Atrocities and Suffering, Cambridge, Reino Unido, Polity Press.

Human Rights Watch: Killer robots. Disponible en: https://www.hrw.org/topic/obychnye-vooruzheniya/killer-robots

King, David R. (1978): “The Brutalization Effect: Execution Publicity and the Incidence of Homicide in South Carolina”, Social Forces, 57 (2), pp. 683-687.

Müller, Vincent y Simpson, Thomas W. (2014): “Killer robots: Regulate, don’t ban”, University of Oxford Blavatnik School of Government Policy Memo. Oxford, Blavatnik School of Government, pp. 1-4.

Peskin, Melissa; Wyka, Katarzyna; Cukor, Judith et al. (2018): “The relationship between posttraumatic and depressive symptoms during virtual reality exposure therapy with a cognitive enhancer”, Journal of anxiety disorders, 61, pp. 82-88.

Pinker, Steven (2012): Los ángeles que llevamos dentro: el declive de la violencia y sus implicaciones, Barcelona, Paidós.

Seinfeld, Sofia; Arroyo-Palacios, Jorge; Iruretagoyena, G. et al. (2018): “Offenders become the victim in virtual reality: impact of changing perspective in domestic violence”, Scientific reports, 8 (1), p. 2692.

Sobre políticas públicas y opinión pública

“Los asuntos políticos son demasiado serios para dejarlos en manos de los políticos”.

Hannah Arendt, 1968

Mito 23. Acabaremos con la delincuencia

El mito “Acabaremos con la delincuencia” ha servido de eslogan político en campañas electorales de partidos de muy diverso signo ideológico. Desde las estrategias de “tolerancia cero” surgidas en Estados Unidos en los años noventa, exportadas bajo el nombre de “mano dura” a diferentes países de América Latina, pasando por propuestas híbridas y aplicadas al contexto europeo, como las promocionadas por el Partido Laborista británico, el Partido Socialista de Francia, el Partido Socialdemócrata de Alemania, o los gobiernos de José María Aznar (Partido Popular) y José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) en España, estos enfoques orientados a gestionar la criminalidad se han caracterizado por manejar la idea de que la delincuencia es un mal social que es posible erradicar, es decir, eliminar de nuestras sociedades.

Esta promesa, que periódicamente goza de renovada actualidad y que no muestra signos de fatiga con el transcurrir de las décadas, ha mostrado tener gran capacidad de seducción a la hora de proporcionar rentabilidad política inmediata a aquellos líderes que asumen públicamente la intención o la responsabilidad de abordar “definitivamente” esta tarea. Mayores problemas suelen surgir a la hora de mantener el compromiso en el tiempo, cuando el fenómeno criminal expone toda su complejidad y los poderes públicos no son capaces de ofrecer los resultados esperados en los estrechos tiempos que marca la agenda política.

Un elemento característico de este mito es que no hace referencia a la criminalidad en general, o a cualquier tipo de delincuencia, sino que el objeto del mensaje suele recaer sobre unos tipos concretos de delitos y delincuentes. Esta precisión no necesariamente se presenta de manera evidente en el mensaje dirigido a la ciudadanía, aunque suele sobreentenderse a qué tipo de delincuencia se alude. Conviene subrayar que eso que comúnmente conocemos como “la delincuencia” no es un fenómeno homogéneo que pueda estudiarse y perseguirse en bloque, sino que lo compone una amalgama diversa de actos de muy diferente naturaleza, niveles de gravedad y consecuencias. Sin embargo, al no tener todas “las delincuencias” la misma visibilidad, la imagen social del delincuente se reduce considerablemente y se utiliza estratégicamente para dirigir la atención hacia determinado tipo de criminalidad.

No obstante, ante la idea de “acabar con la delincuencia” nos encontramos frente a un mito tan profundamente arraigado que difícilmente surgen voces con la fuerza necesaria para competir por una línea discursiva alternativa. Porque, ¿qué sector de la ciudadanía podría mostrarse contrario a la instauración de medidas orientadas a acabar con aquellos comportamientos que perjudican a personas inocentes, que atentan contra la convivencia social y que han sido, además, definidos como infracciones en el Código Penal? ¿Con qué razones oponerse al desarrollo de políticas públicas diseñadas para eliminar un problema social tan importante como es el de la delincuencia?

El hecho de interpretar la criminalidad como un enemigo a combatir, como una enfermedad social a exterminar, viene consecuentemente acompañado de la percepción de que es posible “atacarla” y, por tanto, acabar definitivamente con ella. Este enfoque suele incorporar una comprensión reduccionista sobre el origen del problema y, en consecuencia, sobre hacia dónde dirigir los recursos disponibles, como suele hacerse al señalar la presencia de población inmigrante, los castigos que deben endurecerse, la falta de efectivos policiales, la juventud descontrolada, etc. Desde esta visión, la solución parece estar al alcance de quien tenga la voluntad real de emprender la tarea y alcanzar el objetivo propuesto: una sociedad sin delincuencia.

Un ejemplo muy representativo de esta forma de entender la delincuencia lo encontramos en la política criminal desarrollada en Nueva York en los años noventa. El entonces alcalde de la ciudad, Rudolph Giuliani, y su jefe de policía, William Bratton, propugnaron la idea de que los encargados de hacer cumplir la ley no deben ignorar los delitos menores o las conductas incívicas de las personas (mendigar, hacer grafitis, consumir alcohol en la vía pública, generar desperfectos en el mobiliario urbano, trapichear, prostituirse, etc.). De esta manera, atajando desde sus primeras manifestaciones los comportamientos antisociales y los delitos menores, cometidos principalmente por delincuentes jóvenes, se evitaría que, posteriormente, desembocaran en delitos más graves auspiciados por la sensación de impunidad e inoperancia que produce la permisividad policial.

La estrategia de “tolerancia cero” se inspiró en la teoría de las ventanas rotas elaborada por James Wilson y George Kelling (1982), basada en la premisa de que el crimen es el resultado inevitable del desorden urbano. Los autores argumentaban que un espacio deteriorado debido a los comportamientos delictivos y a los desórdenes antisociales, incluso no siendo constitutivos de delito, ofrece una imagen degradada del entorno, que se convierte rápidamente en fuente de delincuencia, ya que la no reparación de los desperfectos por parte de las instituciones públicas transmite una imagen de impunidad en ese espacio. Al sentirse insegura, la ciudadanía termina por abandonarlos, lo que da lugar a que la delincuencia se apropie del lugar y la criminalidad se agrave, en una espiral de mayor degradación que genera cada vez más delincuencia. Para sostener su teoría, estos autores se basaron a su vez en varios experimentos realizados a finales de los sesenta por el psicólogo Philip Zimbardo. Uno de ellos, el que da nombre a la teoría, consistió en dejar un vehículo nuevo abandonado en el barrio rico de Palo Alto (California) y observar en cuánto tiempo y de qué manera era robado. Como pasaron los días y nadie se acercó, el equipo de investigación golpeó el coche rompiendo alguna ventana: al poco tiempo no quedaba nada del vehículo.

La Nueva York de Giuliani incrementó considerablemente el número de efectivos policiales, disminuyó la presencia de los servicios sociales y declaró literalmente la “guerra” contra los autores de estas conductas mediante una actitud inflexible y de “mano dura”, con el objetivo de disuadir a futuros delincuentes de determinados tipos de delito al demostrar que las posibilidades de ser sancionados eran altas. Este enfoque combativo estuvo acompañado de maniobras agresivas por parte de la policía y el cuerpo policial de Nueva York acumuló miles de denuncias por un uso indiscriminado de la violencia (The Economist, 1997).

Durante los años en los que Nueva York aplicó la estrategia de “tolerancia cero” sus cifras de criminalidad se redujeron considerablemente, hecho que Giuliani atribuyó a la política implementada durante su mandato. Sin embargo, estudios realizados posteriormente sobre la situación de la criminalidad en el país norteamericano mostraron que buena parte de las ciudades habían experimentado descensos similares, hubieran aplicado este tipo de medidas o no, y que la relación causa-efecto era muy discutible, en tanto que las causas de la delincuencia son múltiples y complejas y no pueden explicarse a partir de una relación de causalidad, sino de diversos factores que tienen más o menos influencia en función de los problemas del momento (Guillén, 2009). La eficacia de las políticas y medidas implícitas en el concepto de “tolerancia cero” ha sido igualmente cuestionada años después por la criminología, al mismo tiempo que se ha hecho evidente que las medidas basadas en estos postulados e implementadas en los diferentes escenarios sociopolíticos no han obtenido resultados satisfactorios.

Una de las principales críticas que este modelo reactivo ha recibido es que ignora las causas de la conflictividad social para incidir de forma exclusiva en las conductas que más se perciben. Dicho de otra manera, en vez de trabajar sobre las causas sociales intenta reprimir las conductas que la desigualdad social genera. Además, el modelo de “tolerancia cero” se centra en un tipo concreto de delincuencia: la cometida por aquellos sectores más desfavorecidos, e ignora otras tipologías delictivas propias de clases más acomodadas. Considerando que el sistema penal no es inocuo a la hora de definir qué debe considerarse delito y qué tipo de infracciones deben perseguirse con mayor motivación, observamos que las políticas basadas en los modelos de “tolerancia cero” seleccionan a los grupos de población más empobrecidos y más visibles en el espacio público, y descargan sobre ellos las medidas más represoras sin que los resultados evidencien situaciones de mejora. En definitiva, esas políticas conllevaron la estigmatización de barrios y comunidades de personas.

El verdadero “éxito” del enfoque de Giuliani está en haber inspirado a gobiernos tan diversos como los latinoamericanos o los europeos que, tal y como mencionábamos anteriormente, se apresuraron a replicar con mayor o menor fidelidad los postulados de la “tolerancia cero”. La persistencia de este mito en la actualidad evidencia el alcance que a nivel social tiene todavía esta forma de comprender la gestión de la criminalidad a través de la confrontación, el enfrentamiento y la represión contra las personas etiquetadas como indeseables, e incluso prescindibles, en nuestras sociedades.

Algunas sugerencias bibliográficas para profundizar

Kamalu, Ngozy C. y Onyeozili, Emmanuel C. (2018): “A critical analysis of the ‘Broken Windows’ policing in New York City and its impact: Implications for the criminal justice system and the African American community”, African Journal of Criminology & Justice Studies, 11 (1).

Wacquant, Loïc (2000): Las cárceles de la miseria, Madrid, Alianza.

Mito 24. Los partidos políticos no hacen nada

El mito que sostiene que los partidos políticos no hacen nada ante la cada vez más degradada situación social, provocada por una delincuencia supuestamente poco controlada, pone el acento en el aparente carácter permisivo de estos a la hora de gestionar el problema de la criminalidad. Como abordaremos a continuación, no es que no hagan “nada”, es que hacen siempre lo mismo.

Tal y como mencionábamos en el mito anterior, las estrategias de tolerancia cero, desarrolladas tanto en Europa como en el continente americano a partir de los años noventa, supusieron un posicionamiento claro sobre la forma de entender la política criminal. Y, en el caso de la política criminal española, las medidas vinculadas a la política criminal se han reducido a proponer más policía y medidas de seguridad, y castigos más duros para determinados tipos de delitos, sin que el color político del partido gobernante haya introducido diferencias o alternativas sustanciales a este modelo de gestión de la criminalidad.

Como explicaremos en el mito 26, España tiene uno de los códigos penales más duros de Europa gracias a las numerosas reformas introducidas especialmente a partir del año 2003. Si revisamos el contexto sociopolítico y las circunstancias en las que se introdujeron esos cambios, se observa que las principales reformas penales acontecidas no coinciden con un aumento de las estadísticas criminales; tampoco tuvieron lugar necesariamente bajo la presión de los medios de comunicación o de las demandas de la ciudadanía. Es decir, el cambio no estriba en una mayor comisión de delitos ni en una interpretación de la legislación penal más favorecedora para el delincuente, sino en la aplicación de respuestas más duras hacia determinados tipos de infracciones que aseguran mayores rendimientos a los partidos políticos que a la propia política criminal (Zuloaga, 2014). Por todo esto, no puede afirmarse que los partidos políticos no hacen nada, pues son los responsables de la actual hiperinflación legislativa punitiva y la ausencia de una apuesta comprometida para explorar y profundizar en otro tipo de enfoques en el abordaje de la criminalidad.

No obstante, aunque los partidos políticos tienen entre sus funciones intentar regular todo tipo de fenómenos sociales mediante la aplicación de políticas públicas, la creciente complejidad de las sociedades actuales, afectada especialmente por las globalizaciones y la interdependencia más allá de las fronteras estatales, ha provocado una incapacidad política para dar respuesta a problemas como el de la criminalidad, del que dependen multitud de agentes y elementos. Proporcionar seguridad a la ciudadanía del siglo XXI se ha convertido en un desafío particularmente exigente y no siempre controlable por los partidos políticos. Primero, porque no tienen la facultad de intervenir en todos los elementos involucrados en el fenómeno de la delincuencia; segundo, porque si aspiramos a transformar la realidad social, los partidos políticos no deben ser los únicos actores sociales responsables de gestionar la delincuencia; y, tercero, porque la sensación de seguridad ciudadana depende de factores que van más allá y que son independientes de la propia criminalidad.

Autores como Bauman (2007) o Virilio (2016) reflexionan sobre la incapacidad actual del estado de bienestar de garantizar seguridades (física, económica, política) a la ciudadanía y sobre cómo el miedo que genera la incertidumbre de vivir en nuestras sociedades complejas dificulta la identificación de las causas y la gestión de fenómenos también complejos. En esta línea, Albert Sales afirma que:

Ante la imposibilidad de dar solución a las inseguridades derivadas de la precarización del mercado laboral y el creciente individualismo social, se problematizan fenómenos sociales que, de entrada, no deberían generar inseguridad alguna para centrar el debate público en asuntos que ofrezcan la posibilidad de ser resueltos con más “mano dura” con las capas de la ciudadanía más próximas a la marginalidad (2014: 64-65).

Emile Durkheim (1858-1917) fue uno de los primeros sociólogos en realizar estudios pioneros basándose en estadísticas como fuente de datos de investigación social que intentaran explicar la criminalidad. Una de las principales conclusiones que extrajo fue que toda sociedad presenta, en mayor o menor medida, índices de criminalidad, si bien las manifestaciones de la delincuencia, es decir, los tipos de delitos, pueden variar de una sociedad a otra. Al ser la criminalidad un fenómeno recurrente, el autor entiende que la delincuencia debe considerarse un elemento normal, habitual, de las estructuras sociales. Dicho de otra manera, las primeras aportaciones sociológicas se caracterizaron por considerar las conductas delictivas como parte intrínseca de las relaciones humanas, y como inevitables incluso en las sociedades más estables y equilibradas.

Desde esta perspectiva, se entiende la criminalidad como algo “normal”, es decir, recurrente o frecuente en las sociedades. La delincuencia puede aumentar o disminuir en un entorno determinado, mantenerse en umbrales más o menos altos (o bajos), con mayor o menor control de las instituciones públicas, pero no es posible erradicarla, pues constituye un hecho social más con el que es inevitable convivir y que será regulado de forma distinta en cada contexto. Por lo tanto, como producto sociocultural, la delincuencia también evoluciona y se transforma en la medida en que lo hace también la propia sociedad. Desde este punto de vista, el delincuente es un sujeto activo más de la comunidad, un miembro común condicionado por múltiples factores, pero muy especialmente por el contexto político, social y cultural en el que le ha tocado vivir. Posteriormente, la criminología también se ha interesado en estudiar otros agentes como las víctimas, los sistemas político-penales, los medios de comunicación, la opinión pública, etc., absolutamente necesarios para comprender los procesos de criminalización. En todo caso, que la criminalidad sea normal no significa que sea positiva y que no debamos intervenir para intentar controlar su incidencia, así como tratar de paliar las consecuencias negativas que genera en las sociedades y en las personas.

La focalización de las incertidumbres difusas e incomodidades sociales sobre el fenómeno de la criminalidad ha permitido a los partidos políticos presentarse ante la ciudadanía como actores interesados y capaces de dar respuesta a sus problemas. Pero a la hora de pensar sobre la criminalidad resulta fundamental entender que se trata de un fenómeno complicado que obedece a múltiples factores difíciles de medir y de controlar. No es razonable pensar en incidir sobre la complejidad de los niveles delictivos mediante estrategias simples, cortoplacistas y carentes de una visión integral e interdisciplinar. Sin embargo, promover la idea de que sí es posible identificar con precisión quiénes son el problema y cuáles son las causas, es decir, separar entre quienes delinquen y quienes no y explicar por qué lo hacen, facilita un relato social sencillo de comprender para la ciudadanía no especializada en estas cuestiones.

Algunas sugerencias bibliográficas para profundizar

Bauman, Zygmunt (2007): Miedo líquido, Barcelona, Paidós.

Virilio, Paul (2016): La administración del miedo, Madrid, Pasos Perdidos.

Zuloaga, Lohitzune (2014): El espejismo de la seguridad ciudadana. Claves de su presencia en la agenda política, Madrid, Los Libros de la Catarata / UPNA.

Mito 25. Quien la hace, la paga

Como ya ha sido comentado anteriormente, el origen del Estado moderno, como forma básica de organización política a partir de los siglos XV y XVI, trajo consigo la progresiva centralización del monopolio de elaborar leyes sobre esta estructura administrativa, que adquiere la responsabilidad de definir qué es delito, cómo se juzga y qué penas conlleva haberlo cometido. Por tanto, si bien tiende a pensarse que esta potestad es naturalmente asumida, el derecho del Estado a castigar es una capacidad históricamente adquirida por las organizaciones públicas. Desde la perspectiva de este mito, el sistema penal estaría objetivamente cumpliendo con la regulación de los comportamientos que socialmente deben permitirse y los que no, así como con la tarea de sancionar, con castigo de cárcel si es preciso, a las personas que infringen las normas penales.

El mito de que “quien la hace, la paga” expresa una idea de infalibilidad por parte de las administraciones públicas a la hora de ejercer ese derecho a castigar. Sobre la base de este presupuesto, la cárcel sería un reflejo de la sociedad, y la población carcelaria estaría compuesta por aquellas personas que, conociendo las normas básicas de convivencia en cada contexto, deciden racionalmente incumplir las leyes. Desde esta óptica, si analizamos qué tipo de personas se encuentran en prisión podemos saber qué características comparten las más propensas a saltarse las normas. Así, por ejemplo, si las personas presas son principalmente de condición socioeconómica baja, según el significado de este mito, es porque los sectores más desfavorecidos tienden a delinquir más que las clases medias o altas.

Pero ¿quiénes están en prisión? Según los datos recogidos por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en diciembre de 2018 las personas que se encontraban en prisión cumpliendo condena son mayoritariamente hombres (92,60 por ciento), condenados por cometer delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico (40,16 por ciento) y contra la salud pública (18,48 por ciento). Del total de población reclusa (penados y preventivos), el 71,9 por ciento eran nacionales. Sabemos que la tasa delictiva en España está por debajo de la media europea, que no predomina la criminalidad violenta, y que se trata principalmente de personas de clase socioeconómica baja, con una alta presencia de drogodependencias y con una sobrerrepresentación de la población extranjera.

¿Significa la prevalencia en prisión de personas en situación de exclusión social que la pobreza lleva a cometer delitos? ¿Lo determina culturalmente el lugar de nacimiento? Esta forma de interpretar el problema de la criminalidad omite un elemento fundamental, y es que la definición de las leyes penales es resultado de un complejo proceso de toma de decisiones en el que los actores involucrados no participan en igualdad de condiciones a la hora de imponer sus intereses para definir qué conductas deben ser reprobables, definidas como delito, perseguidas, y en qué medida sancionadas. Los actores que intervienen (partidos políticos, medios de comunicación, sociedad civil, personas presas, asociaciones de víctimas, lobbies económicos, etc.) parten de posiciones desiguales, lo que privilegia los intereses de los más poderosos y legitima los valores de las clases más acomodadas. Además, aunque los delitos se inserten en el Código Penal, existen códigos no escritos sobre su mayor o menor persecución, destinando en su caso más o menos recursos. Pensemos, por ejemplo, en el caso del tráfico de drogas y su diferente persecución según el perfil de consumidores y traficantes.

Cuando en el mito 1 afirmamos que el crimen no es algo natural, sino que es social, nos referimos a que son las personas, a través de las instituciones competentes, las que deciden qué actos deben ser perseguidos y cuáles deben castigarse con mayor intensidad en una sociedad. El crimen es socialmente construido desde el momento en que determinadas conductas son tipificadas como tal y otras no. Al desnaturalizar el sistema penal, y el derecho en sí mismo, queda en evidencia el llamado proceso de selección penal, que perjudica a determinadas esferas de la sociedad cuando las reglas impuestas favorecen las probabilidades de que algunos sectores de la población acaben en prisión, hecho que, en sí mismo, empeorará su situación y la de sus familias.

Las investigaciones desarrolladas de la mano de la llamada criminología crítica a partir de años sesenta y setenta, muestran un interés especial en analizar el papel del derecho penal en el fenómeno de la criminalidad. Surgen, además, los primeros debates sobre el sistema penitenciario para cuestionar quiénes son las personas que finalmente pasan por el sistema penal y en qué condiciones lo hacen, un tema de gran actualidad todavía en el siglo XXI. A pesar del mito que encuentra en la población encarcelada de una sociedad un fiel referente de quienes delinquen en ella, tal como veremos a continuación, las investigaciones evidencian que más que un reflejo de la delincuencia real de un país, la composición del perfil de personas detenidas y encarceladas es, en realidad, consecuencia de la política criminal que se practica.

Este planteamiento parte del referente de la llamada teoría del etiquetamiento. En términos generales, este enfoque considera que una persona adquiere el estatus de criminal como consecuencia del etiquetamiento que los poderes establecidos hacen de determinados sujetos. Desde esta perspectiva, la criminalidad no sería tanto un fenómeno vinculado al hecho cometido, sino un proceso que otros hacen de aplicación de las normas. Dicho de otra forma: el crimen es una decisión política en la medida en que se sancionan conductas selectivamente y respondiendo a criterios de poder.

La propuesta de la teoría del etiquetamiento modifica el centro de atención del estudio de la criminalidad al interesarse por los condicionantes sociopolíticos que definen qué es la criminalidad en vez de centrarse en el criminal y sus actos, es decir, al analizar el proceso de selección de los sujetos que serán etiquetados. La pregunta en este caso está orientada a comprender qué conductas son perseguidas y penalizadas, cuáles no, y por qué. Al mismo tiempo, se interesa por entender la estigmatización que produce el etiquetamiento y cómo los individuos transforman sus conductas ante ello. Además, se observa cómo el estigma es mayor en algunos criminales que en otros, ya que no todas las personas que cometen delitos son en todo momento consideradas criminales. Después de todo, la valoración de la gravedad del crimen y la intensidad del estigma que provoca el etiquetamiento difiere, por ejemplo, entre el fraude producido en una casa okupa al “pinchar la luz”, que es delito desde el primer euro robado, y el fraude fiscal, considerado delito solo a partir de los 120.000 euros.

Esta forma de interpretar la criminalidad no ignora la poderosa contribución de los medios de comunicación a la hora de construir la figura del “delincuente”; pues estos se convierten en actores clave en la definición de la frontera de lo socialmente aceptable. Como se ha dicho en el mito 3, a través del periodismo de sucesos, los medios dedican un espacio importante de su contenido a este tipo de acontecimientos, preferentemente violentos, de los que han sido víctimas personas “comunes y corrientes”. La selección, nada inocente, de las historias reales que llenarán la agenda mediática ponen imagen y cara a las asépticas cifras oficiales sobre la delincuencia, y contribuyen a construir la imagen (distorsionada) que la ciudadanía tiene de las personas delincuentes, de las víctimas y de la criminalidad.

En definitiva, no todas las personas de todos los estratos y grupos sociales son perseguidas de la misma manera ante el delito, ni todos los tipos de delitos se castigan con la misma intensidad. Algunos delitos, que el Código Penal identifica como punibles, ni siquiera son perseguidos, bien porque tales conductas no se corresponden con la imagen social de la persona delincuente, bien porque el control policial se orienta principalmente a perseguir determinados tipos de delitos.

Por lo tanto, no es casual que de todos los delitos que recogen los códigos penales, la inmensa mayoría de personas encarceladas compartan unos rasgos definitorios, como son el tipo de delito o la clase social. Así lo han evidenciado investigaciones realizadas en nuestro entorno más cercano, que coinciden en señalar que el endurecimiento que el Código Penal español ha sufrido en los últimos años incide especialmente en comportamientos delictivos mayoritariamente llevados a cabo por los sectores más desfavorecidos de la sociedad (Díez Ripollés, 2015; Zuloaga, 2014). Algunos ejemplos muy claros se encuentran en el aumento de penas por el hurto o robo de, por ejemplo, cobre, productos agrarios o ganaderos, o la utilización en el hurto de menores de 16 años en clara referencia a carteristas que se ayudan de personas menores de edad para llevar a cabo el hurto.

Al mismo tiempo, en las últimas legislaturas, el sistema penal se ha interesado especialmente por gestionar las acciones de grupos de personas considerados “conflictivos”. Situaciones relacionadas con los movimientos de protesta o el uso de la libertad de expresión han sido absorbidas por procesos de tipo penal gracias a la profunda reforma de los delitos contra el orden público, que también se han visto sancionadas e indirectamente criminalizadas con graves sanciones económicas de tipo administrativo como consecuencia de la llamada ley mordaza (Oliver, 2013).

Algunas sugerencias bibliográficas para profundizar

Becker, Howard (2009) [1963]: Outsiders. Hacia una sociología de la desviación, Argentina, Siglo XXI.

Sales i Campos, Albert (2014): El delito de ser pobre. Una gestión neoliberal de la marginalidad, Barcelona, Icaria.

Sutherland, Edwin H. (2009) [1961]: El delito de cuello blanco, L. Belloqui (trad.), Montevideo-Buenos Aires, B de F.

Mito 26. Entran por una puerta,
salen por otra

Probablemente, uno de los mitos más extendidos sea el pensamiento común de que la legislación penal es muy laxa y que las resoluciones judiciales son muy benevolentes con las personas que cometen delitos. Cuando desde el discurso popular se afirma que “los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra”, se está reflejando la impresión de que no se imparte justicia y que cometer delitos no tiene importantes consecuencias para sus responsables. Esta sensación de impunidad, que suele ejemplificarse con casos de personas que delinquen reiteradamente y que son puestas en libertad rápidamente para seguir delinquiendo, viene de la mano de la idea de que el sistema es muy permisivo y que no se está aplicando suficiente “mano dura”. Dicho de otro modo: delinquir “sale gratis”.

Según los últimos datos publicados por el Consejo de Europa en su informe anual sobre estadísticas penales relativas al año 20165, las cárceles europeas han sufrido un incremento progresivo de su población en los últimos años y se encuentran prácticamente llenas. Mientras que la tasa media de población carcelaria por 100.000 habitantes se encuentra en 127,2 personas a nivel europeo, España presenta una tasa de 130,7 personas, muy por encima de países como Alemania (78,4), Francia (102,6), Italia (89,3) o Suecia (58,5). Según recoge en sus anuarios el Ministerio del Interior, España tenía en 1990 una población reclusa de 33.058 personas, esta alcanzó su pico más alto en 2009, con 76.079 personas encarceladas, y los datos recogen 58.814 personas en prisión en 2017, lo que supone un aumento de un 77,9 por ciento respecto a hace 27 años. Este incremento no se corresponde en absoluto con el aumento de la población residente en el país como consecuencia de los flujos migratorios.

El caso español se posiciona entre los primeros puestos a nivel europeo en número de personas en prisión, en consonancia con la situación de sobrepoblación en la que se encuentran las prisiones en la actualidad. Pero esta cuestión no afecta exclusivamente a los países europeos. El 10 de septiembre de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (7th Meeting 27th Regular Session of Human Rights Council) acogió en Ginebra un panel dedicado a la protección de los derechos de las personas privadas de libertad. La preocupación entre los participantes era clara y giraba en torno a cómo resolver el hacinamiento que sufren las cárceles de todo el mundo, un problema con el que coincidieron decenas de países de los cinco continentes participantes en el debate. En el foro se criticó de forma particular el excesivo uso de la prisión preventiva y la generalización de penas de prisión desproporcionadas, cuya imposición y condiciones de cumplimiento afecta además de forma discriminada por razón de origen étnico, situación socioeconómica y género de las personas detenidas.

Llama especialmente la atención que la elevada población reclusa en España no se corresponde con las bajas estadísticas de criminalidad que al mismo tiempo presenta. Aunque comparar tasas de delincuencia entre países constituye una tarea muy compleja, debido a que las infracciones no son estrictamente iguales en los diferentes códigos penales ni la cultura de denunciar se asemeja, los resultados proporcionados por fuentes como Eurostat o las diferentes encuestas de victimización realizadas sitúan a España a la cola europea, desde hace dos décadas, en el número de delitos denunciados a la policía.

Esta tendencia es especialmente acusada para los delitos más graves y que mayor alarma social generan. Así, por ejemplo, según datos de Eurostat, la tasa de homicidio intencionado por 100.000 habitantes en 2016 fue de 0,63 en España (una de las más bajas de todo el mundo), 0,91 en Alemania, 1,31 en Francia, 0,67 en Italia y 1,08 en Suecia. Por el contrario, las infracciones penales contra el patrimonio, y las menos graves en términos generales, superan ampliamente a la media europea, en consonancia con la tendencia registrada en los últimos tiempos.

Resumiendo, las investigaciones realizadas hasta el momento sobre esta cuestión coinciden sin fisuras en situar a España entre los países con menor criminalidad del mundo y con mayor población carcelaria de la Unión Europea. ¿Cómo se explica esta paradoja? Claramente la legislación española es una de las más duras de toda Europa (Díez Ripollés, 2015). El diagnóstico que se hace desde el ámbito penal no es que se condene a más gente a prisión, sino que las personas condenadas pasan más tiempo en la cárcel que en otros países por cometer el mismo delito. De los datos proporcionados por el informe anteriormente mencionado del Consejo de Europa, la estancia media en prisión en España es de 21,9 meses, muy superior a los 9,8 meses de media en el conjunto de Europa y solo superada por Rumanía (27) y Portugal (30,7). Según el informe ROSEP (2015) elaborado por el Observatorio del Entorno Penitenciario, si España tuviera una tasa de encarcelamiento acorde a su tasa de criminalidad y la media europea, la población penitenciaria en las cárceles españolas debería ser un 50 por ciento inferior a la que presenta.

Pero ¿cómo se ha llegado a esta situación? En los últimos 15 años la política criminal predominante en España se ha limitado a reformar la legislación penal como la mejor y única formar de abordar la criminalidad, de acuerdo con la esencia del llamado populismo punitivo. Así, la solución ante cualquier crisis o conflicto ha descansado sobre el incremento de las penas para determinados delitos y ampliando el número de comportamientos sancionables penalmente. El endurecimiento penal ha tenido especial interés en focalizar la atención en el terrorismo, la delincuencia sexual y la llamada delincuencia común. Para los casos considerados más graves, en 2015 se introdujo la denominada “prisión permanente revisable”, que en la práctica supone una cadena perpetua para la persona a la que se le impone este castigo.

Concretamente, las numerosas reformas penales acontecidas en las últimas legislaturas se han caracterizado por la ampliación de la pena de prisión. Entre las medidas aprobadas están: aumentar el margen inferior de cumplimiento mínimo de la pena de prisión de seis a tres meses (es decir, penas de prisión más pequeñas conllevan el ingreso efectivo en prisión); ampliar la duración máxima hasta los 40 años; introducir el llamado cumplimiento íntegro de las penas; restringir el acceso al tercer grado y a la libertad condicional; reforma de la libertad condicional de forma especialmente gravosa para quien no consiga pasar esa fase sin delinquir (porque la persona tendrá que volver a entrar en prisión no por el tiempo que le reste, sino por todo el tiempo que estuvo en libertad condicional, es decir, sin que el tiempo transcurrido en libertad condicional se compute como tiempo de cumplimiento de la condena), o penar cada vez más la multirreincidencia de pequeños delitos y aquellos vinculados a perfiles de pobreza.

La excesiva duración de las penas, desproporcionadas en vista de las estadísticas de criminalidad y del tipo de delitos cometidos, el escaso recurso de medidas alternativas a la privación de libertad (multa, inhabilitación, localización permanente, trabajos en beneficio de la comunidad, etc.), el restringido acceso a suspensiones de las penas privativas de libertad y el limitado uso de medidas de excarcelación anticipada también contribuyen a convertir a España en uno de los países europeos con penas de prisión más largas. Así, por ejemplo, la legislación penitenciaria permite en algunos casos una clasificación directa de la persona penada en tercer grado penitenciario, es decir, aquel que implica pasar unas horas en la prisión, normalmente las nocturnas, de modo que la persona vea reducido el impacto de lo que supone una pena de prisión. Esta posibilidad se utiliza de forma absolutamente residual en los centros penitenciarios españoles. En cuanto al acceso a la libertad condicional, el régimen general exige que para que una persona entre en la última parte de cumplimiento de la condena en libertad debe estar clasificado en tercer grado, haber extinguido las tres cuartas partes de la pena impuesta y observar buena conducta. Así que, a pesar de la ligera disminución de población reclusa que se ha experimentado en los últimos años, el sistema penal español no se caracteriza por ser blando con la delincuencia.

Junto a ello, el Informe sobre las prisiones españolas elaborado en 1999 por la Asociación Pro Derechos Humanos de España ya señalaba que existían más funcionarios dedicados a tareas de vigilancia y custodia que de tratamiento o reinserción. Este hecho puede explicar, en parte, la escasa efectividad del paso por prisión, así como la contradicción con el mandato constitucional sobre el fin de la pena privativa de libertad. Desde entonces, la situación se ha agudizado porque el número de nuevos centros penitenciarios ha crecido y las necesidades de vigilancia en este tipo de centros son mayores. En el año 1992 se creó la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, organismo público dependiente del Ministerio de Justicia y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, para la creación precisamente de lo que se denominaron “centros penitenciarios tipo”. Se proyectaron más de 150 estructuras nuevas y prácticamente todas se han llevado a cabo. Hablamos de megaestructuras penitenciarias con capacidad para albergar a cientos de personas, en las que las necesidades de seguridad son muchas. De este modo, y considerando además la coincidencia con la crisis económica partir de 2008, cualquier previsión de profesiones de la educación social, la psicología o el trabajo social en las prisiones ha sido insuficiente en detrimento de plazas públicas que se han ofertado para estrictas labores de seguridad.

Algunas sugerencias bibliográficas para profundizar

Antón-Mellón, Joan y Antón Carbonell, Elisenda (2017): “Populismo punitivo, opinión pública y leyes penales en España (1995-2016)”, Revista Internacional de Pensamiento Político, 12, pp. 133-150.

Díez Ripollés, José Luis (2015): Delitos y penas en España, Madrid, Los Libros de la Catarata.

Observatorio del Entorno Penitenciario (2015): Informe ROSEP 2015, Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario.

Mito 27. La solución es que no salgan nunca

Según este mito, la mejor forma de resolver el problema de la criminalidad es encerrando en prisión el mayor tiempo posible a quienes cometen delitos; o, como popularmente se suele decir: “Que se pudran en la cárcel”. La medida parece lograr mayor aprobación con personas reincidentes, con quienes cometen delitos graves relacionados con el terrorismo y contra la libertad sexual y con responsables de casos que han ocasionado especial conmoción social.

Parte de la idea fundamental que sustenta este mito es que este tipo de personas no cambian y no van a cambiar nunca, por lo que no merece la pena intentar intervenir sobre sus conductas ni mucho menos considerar algún tipo de acción que les pudiera beneficiar. En consonancia con la lógica de mano dura y tolerancia cero del mito anterior, se presume que una vez los “indeseables” han sido identificados, capturados y juzgados, la única forma de que no vuelvan a delinquir es confinándolos al margen de la vida en sociedad. Una de las finalidades de la pena es la que se denomina de prevención especial negativa, que viene a hacer referencia precisamente a que durante el tiempo de la reclusión esa persona no pueda cometer delitos. A ella se suma la finalidad retributiva, es decir, la del castigo por los hechos cometidos. Estas son dos de las finalidades de la pena, pero no son las únicas, y mucho menos han de atenderse en exclusiva, como así lo ha dicho en distintas ocasiones el Tribunal Constitucional.

Cuando se olvidan los principios ilustrados de la prevención (verificable y con límites) como justificación racional de la pena, y aquellas dos finalidades comienzan a ser las únicas y se convierten en una estrategia de política criminal, hablamos de lo que en el ámbito académico se conoce como populismo punitivo, que plantea resolver el problema de la criminalidad alargando el encierro en prisión de las personas que reciben penas privativas de libertad y castigando con este tipo de sanción a cada vez mayor número de comportamientos delictivos. Así se ha materializado en la política criminal desarrollada en las últimas legislaturas por los diferentes gobiernos del Partido Popular y del PSOE, tal y como detallamos en el mito 24.

El planteamiento de que la mano dura servirá para excluir de la sociedad a quienes delinquen y constituirá un ejemplo para quienes pretendan hacerlo y así desincentivarles, tampoco ha podido ser demostrado. Entre otras cuestiones, porque esta manera de entender la criminalidad evita considerar el contexto social que rodea a la persona que ha delinquido para hacer recaer todo el peso de la responsabilidad en las decisiones y acciones del individuo. Además, uno de los elementos más problemáticos es que este enfoque elimina todo vestigio de esperanza en la idea de la resocialización, finalidad que, como ya se ha comentado, la propia Constitución recoge en su artículo 25.2 cuando afirma que las penas privativas de libertad “estarán orientadas a la reeducación y la reinserción social”. Este propósito difícilmente será consolidable si se aísla a las personas y se destruyen todos los lazos de conexión con la realidad social en la que pretende reinsertarse. Al margen de la crítica que podamos hacer sobre la eficacia misma de la cárcel como medida resocializadora, lo cierto es que mediante este mito se hace patente la prevalencia de la idea del castigo frente a la de la resocialización. Así, se sostiene que con determinadas personas no es posible la resocialización o no la merecen, dado el daño que han causado.

Tal y como venimos reiterando a lo largo de los mitos, el discurso punitivo goza de gran protagonismo en los medios de comunicación y ha constituido el eje sobre el que se ha desarrollado la política criminal de las últimas legislaturas. La ausencia de un espacio mayor en la agenda mediática para la presentación de propuestas alternativas de la mano de partidos políticos, asociaciones de víctimas, personas que han estado presas o especialistas en la materia hace pensar en el fracaso o la inexistencia de otras posibles formas de pensar y responder a la criminalidad, tal y como veremos en el siguiente mito. Especialmente notable es la escasez de estudios que evalúen los resultados de esta política criminal y su falta de difusión, de forma que podamos contar con datos que permitan análisis rigurosos sobre la realidad criminal.

Otra idea muy extendida y estrechamente relacionada con este mito es concebir la cárcel como un hotel en régimen de pensión completa, donde las personas reclusas disfrutan de una vida mantenida y sin problemas de los que preocuparse. La posibilidad de solicitar un televisor o acceder a instalaciones como un gimnasio suele concebirse como un lujo excesivo y una vida de privilegios mejores de los que disfrutan las personas no encarceladas. Mónica Aranda (2009) ha estudiado los efectos psicosomáticos del encarcelamiento y revisa los trabajos empíricos realizados sobre esta cuestión y que evidencian que, además de los efectos físicos más visibles, una privación prolongada y continuada de la libertad en situación de hacinamiento produce enfermedades mentales y graves perturbaciones de la personalidad. En este sentido, como ya se ha indicado en el capítulo anterior de este libro, las investigaciones señalan que, entre otras consecuencias, el encarcelamiento produce alteraciones en la visión, audición, gusto, olfato, orientación espacial o lenguaje, a causa de la estrechez del territorio al que se limita la vida de la persona en prisión. Otros efectos psicológicos del encarcelamiento son ansiedad; pérdida de autoestima, individualidad e intimidad; falta de control sobre su propia vida; ausencia de expectativas, y alteraciones en la sexualidad (Echeverri, 2010).

Por lo tanto, y volviendo al inicio de este mito, “que no salgan nunca” no solo es una medida ineficaz para prevenir el delito, sino que la propia prisión hace que la reinserción sea mucho más difícil a partir de un periodo de reclusión prolongado, por las huellas físicas y psicológicas que tiene sobre las personas que se ven obligadas a vivir permanente en un mundo lleno de reglas y pautas sobre las que no pueden tomar decisión alguna. En el caso de las mujeres presas, la angustia de la reclusión aumenta al no poder responsabilizarse del cuidado de las personas cuyo bienestar depende de ellas, elemento que no se refleja en los hombres presos, que son principalmente cuidados por las mujeres que tienen fuera, en clara consonancia con la tradicional división de tareas del sistema patriarcal. En todo caso, el impacto en hijas e hijos por no crecer junto a su padre o su madre, en ocasiones ambos en prisión, como han probado diferentes estudios, termina pasando factura en la vida de menores inocentes (Gea, 2017; De Miguel, 2015).

Algunas sugerencias bibliográficas para profundizar

Aranda, Mónica (2009): “Los efectos psicosomáticos del encarcelamiento”, ponencia presentada en las V Jornadas de Estudios Penitenciarios de la UPNA, Universidad Pública de Navarra.

Cabrera, Pedro José y Ríos, Julián Carlos (1998): Mil voces presas, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas.

De Miguel, Estíbaliz (2015): Relaciones amorosas de las mujeres encarceladas, Bilbao, Universidad del País Vasco.

Echeverri, Jaime Alberto (2010): “La prisionalización, sus efectos psicológicos y su evaluación”, Revista de la Facultad de Psicología Universidad Cooperativa de Colombia, 6 (11), pp. 157-166.

Mito 28. Más cárcel, menos delito

Como acabamos de mencionar, en términos generales la pena privativa de libertad se concibe para desincentivar la futura comisión de delitos y para pagar por los ya perpetrados. Los principales debates sobre la prisión suelen generarse sobre la proporcionalidad de las penas y sobre la eficacia de la prisión en el cumplimiento del objetivo de incapacitar al delincuente y rehabilitarlo (Larrauri, 2015); es decir, sobre si la cárcel es la medida que más previene el delito y la que mejores resultados proporciona ante el fenómeno criminal.

A pesar del cuestionamiento que pueda suscitar la cárcel como medida disuasoria y resocializadora, lo cierto es que el mito que refuerza la idea de que a mayor número de personas en prisión menores son las posibilidades de que se cometan delitos renuncia a cualquier planteamiento alternativo a la prisión como castigo de referencia. Desde esta perspectiva, recluir al delincuente se presta como una opción mucho más segura que sancionarlo con alguna medida compatible con la vida en sociedad, pues evita cualquier resquicio que permita la reincidencia del delincuente.

Aparentemente, la cárcel es la pena que más atemoriza. Por ello, y porque sabemos de la gravedad de las consecuencias de la privación de libertad, el principio de mínima intervención supone acudir al derecho penal, y más en concreto a la prisión, cuando otros controles menos perjudiciales no sean posibles y solo para las conductas más graves. No obstante, tal y como veremos a continuación, cada vez se hace más evidente que los controles sociales más efectivos son los informales y los que se centran en las necesidades concretas de las personas afectadas, por proporcionar mayor internalización y adaptación a cada caso.

Los datos empíricos recogidos en diferentes países señalan que un aumento de la población encarcelada no necesariamente tiene relación con una disminución de los delitos conocidos (Eurostat). De los resultados se desprende que las posibilidades de reinserción disminuyen con penas prolongadas, cuando se rompen los lazos sociales, familiares y laborales de apoyo, fundamentales para la vida en sociedad. El estigma que conlleva haber pasado por prisión supone un obstáculo importante a la hora de retomar la libertad y puede conllevar una victimización terciaria.

En comparación con otros países europeos, el caso español se caracteriza por una escasa consolidación de las medidas que sustituyen efectivamente a una pena de prisión. Es decir, penas exclusivas de trabajos en beneficio de la comunidad en cualquiera de las modalidades, multas conforme a la capacidad económica de la persona, procesos restaurativos, etc. La ausencia de alternativas condena a la cárcel a una amplia población penitenciaria por delitos menores o con escaso riesgo de reincidencia porque no existen opciones intermedias entre la libertad y la cárcel. La evolución de una política criminal que supere la cárcel como solución a la delincuencia permitiría ampliar progresivamente otras vías que se han mostrado eficientes y, además, mucho menos costosas que la gran inversión económica que supone mantener encarcelada a una persona. En todo caso, debe cuidarse que las alternativas cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos en esta materia y no supongan un control social estatal mayor o más intenso, incluyendo el realizado mediante medidas tecnológicas, que, en su caso, termine desembocando finalmente en la prisión.

En cuanto a los niveles de reincidencia, un estudio realizado sobre la evolución de la concesión de permisos penitenciarios y del número de quebrantamientos registrados (es decir, personas que no cumplen adecuadamente con su permiso y no vuelven a prisión), durante el periodo 1979-2016 en España, concluye que, en contra de lo que pudiera esperarse, existe un incremento progresivo en la concesión de permisos. Esta evolución al alza resulta especialmente evidente a partir de 2010 como consecuencia, seguramente, de la crisis económica y de la necesidad de limitar los enormes gastos que las instituciones penitenciarias generan. Sin embargo, el progresivo aumento en la concesión de permisos no se ha visto acompañado de un mayor porcentaje de quebrantamientos, de hecho, nos encontramos en la actualidad en uno de los momentos con valores más altos en la ratio de permisos por preso y con índices más bajos de quebrantamiento. Por lo tanto, los datos señalan que los cambios en la política de la concesión de permisos no tienen por qué estar relacionados con un aumento en los niveles de riesgo de fuga (Rovira, Larrauri y Alarcón, 2018).

Por otra parte, los datos del Área de Investigación y Formación Social y Criminológica de la Generalitat de Catalunya (2016) sobre la eficacia preventiva de las medidas penales alternativas a la prisión, indican que nueve de cada diez personas que han sido condenadas a este tipo de penas no han reincidido en los cinco años posteriores al final del cumplimiento de su condena, muy por debajo de los resultados relativos a la reincidencia después de cumplir una pena de prisión (Área de Investigación y Formación Social y Criminológica, 2015). Este tipo de penas se están concretando principalmente a través de trabajos en beneficio de la comunidad y como complemento a una pena de prisión. Sin embargo, las posibilidades y los resultados, poco explorados y evaluados por las instituciones penales, indican que existen muchas opciones que mejoran sustancialmente la reinserción social de las personas que han delinquido.

Por otra parte, y para finalizar con este mito, según el informe ROSEP (2015), el 65 por ciento de la población penitenciaria tiene problemas de adicción. Estamos ante un elevado número de personas encarceladas que son drogodependientes, o que tienen algún tipo de enfermedad mental, y que no reciben terapia en el entorno adecuado para tratar las circunstancias que en muchos casos han sido motivantes de la comisión del delito. Por contra, encuentran en la prisión un obstáculo mayor en vez de los recursos necesarios fuera de la misma para estabilizar su situación.

En definitiva, después del atento recorrido que hemos dedicado a la prisión como institución en los diferentes mitos de este libro, estamos en condiciones de afirmar que existen mejores alternativas para responder a los delitos. Explorar y profundizar en la vía de medidas alternativas no significa premiar a quien infringe las leyes, sino abrir caminos que están evidenciando mejores resultados en la prevención o en la disminución de delitos, con sanciones más proporcionales y efectivas respecto del hecho cometido.

Algunas sugerencias bibliográficas para profundizar

Francés, Paz y Restrepo, Diana (2019): ¿Se puede terminar con la prisión? Críticas y alternativas al sistema de justicia penal, Madrid, Los Libros de la Catarata.

García-Borés Espí, Josep (2015): “La cárcel dispar. Indagando la evolución de los telos penitenciarios”, Crítica Penal y Poder, 9, pp. 145-171.

Mito 29. Más policía, menos delito

Suele ser habitual, por parte de las instituciones oficiales y de la ciudadanía, identificar la disminución del delito con una mayor eficacia de la policía, hasta el punto de relacionar las fluctuaciones en el número de delitos con el éxito policial. Esto da lugar al mito que sostiene que un aumento de las estadísticas de criminalidad tiene su origen en una falta de recursos humanos y materiales en las policías, e incluso en una incapacidad a la hora de desarrollar su función, que no sería otra que la de atacar la delincuencia. Esta visión restrictiva de la policía lleva a descargar de forma exclusiva la responsabilidad principal del abordaje de la delincuencia sobre esta institución.

La mayor presencia policial en las calles constituye una de las demandas tradicionales de la ciudadanía en materia de seguridad, “exigencia mal interpretada que asume con entusiasmo la Policía como corporación profesional por el incremento de presencia e influencia que ello supone” sobre su comunidad (Jaime y Torrente, 2017). Al mismo tiempo, los cargos políticos encuentran en esta exigencia una alternativa para demostrar que se da respuesta a las quejas y solicitudes de la ciudadanía y para concretar en una medida específica y viable la solución a la compleja gestión de la criminalidad. De esta manera, el aumento del número de efectivos policiales suele ser una de las propuestas electorales más repetidas a lo largo de las legislaturas por parte de los diferentes partidos políticos.

Los estudios realizados sobre esta cuestión coinciden en señalar que la creencia de que con más policías se evitarán más delitos tiene mayor relación con la llamada criminalidad subjetiva o sentimiento de inseguridad de la ciudadanía que con la realidad delincuencial en términos objetivos. Dicho de otra manera, la llamada a incrementar la presencia policial en un territorio está principalmente vinculada con la necesidad de protección socialmente percibida o, incluso, con otras inquietudes que nada tienen que ver con la criminalidad. Aprovechando los datos existentes en el entorno europeo, Alfonso Serrano (2007) ha comparado las tasas de criminalidad y de percepción de inseguridad frente a la delincuencia de 15 países para comprobar si, efectivamente, en aquellos con mayor delincuencia existe, al mismo tiempo, un mayor miedo a ser víctima de un delito. El estudio arroja datos muy significativos al identificar países que presentan tasas similares de cierto tipo de delito y expectativas muy dispares de ser víctimas de ellos.

En el contexto español, después de relacionar la percepción de inseguridad y el número de infracciones en los 21 distritos municipales de la ciudad de Madrid, las investigadoras Huesca y Ortega (2007) no encuentran relación entre una alta percepción de inseguridad y elevadas estadísticas de criminalidad. Se comprueba, además, que el sentimiento de inseguridad no procede de forma unilateral de las tasas de criminalidad, sino más bien de otros factores como la densidad de población, el número de inmigrantes residentes en el barrio, el nivel de renta, los problemas laborales, la existencia de atentados terroristas o estar inmersos en una guerra, aunque esta sea aparentemente lejana. Por tanto, la sensación de vulnerabilidad no responde a la debilidad física, sino a la autopercepción y al discurso social que existe en torno a ella y, en el caso del estudio, a las expectativas creadas alrededor de un distrito. Por ejemplo, mientras el barrio de Salamanca experimenta altas tasas de criminalidad, en comparación con el resto de distritos, está considerado social y subjetivamente seguro, al contrario de lo que ocurre con el distrito de San Blas.

En consonancia con estos resultados, Santiago Ruiz Chasco (2018) relaciona el trabajo policial de proximidad con la estructura social de la ciudad. Considerando también el caso de Madrid, concluye que lo más significativo para comprender los conflictos sociales en términos de seguridad es la propia composición de clase del barrio y no tanto sus índices de criminalidad. Así, mientras Lavapiés es el barrio más vigilado, desde instituciones policiales se reconoce que el incremento de la presencia policial no debe buscarse en las cifras de criminalidad, sino en que la demanda procede de un determinado discurso que concibe como un “problema de orden público” una amalgama de situaciones que mezcla tipos delictivos como el tráfico de drogas o los robos, con el activismo social o la situación de extranjería (elementos estos últimos que no constituyen delito alguno). Frente al barrio de Lavapiés, estigmatizado y “des-ordenado”, la clase acomodada residente en el barrio de Salamanca, “mimada” por las instituciones, expresa mayor molestia por los problemas de civismo que de criminalidad y no percibe la presencia policial de forma visible o evidente, probablemente como consecuencia del plus de seguridad del barrio con mayor número de embajadas, comercios y viviendas de lujo. Sin embargo, mientras que en Lavapiés las tasas de criminalidad hace una década que vienen descendiendo, en la “segura” Salamanca no han hecho más que aumentar, si bien las tipologías delictivas presentes son diferentes en cada escenario. De esta manera puede decirse que son las percepciones de inseguridad, y no las tasas de criminalidad, las que legitiman el trabajo policial en un territorio determinado.

No obstante, no se nos escapa que la relación más directa entre la policía y la ciudadanía se produce principalmente a través de la denuncia, es decir, cuando se ha cometido un delito y se decide ponerlo en conocimiento de autoridades policiales. Es también mediante este mecanismo que suele medirse oficialmente la eficacia policial, que se calcula casi exclusivamente según los altos índices de delitos resueltos y los bajos índices de infracciones conocidas, al entender que representan la efectividad de su trabajo y que, en ocasiones, deben alcanzar unos determinados objetivos previamente establecidos. Por ello, Jaime y Torrente (2017) consideran que las fuerzas de seguridad están sometidas a la “tiranía de la estadística”, principalmente porque el poder político la concibe como el instrumento más accesible para la vigilancia y el control de la labor policial.

Diferentes autores han identificado cómo en determinados momentos ha existido una práctica deliberada por parte de las instancias policiales de aumentar o disminuir el registro de denuncias recogidas. Así sucedió, por ejemplo, con la puesta en marcha del llamado plan Policía 2000. En este caso, el aumento habría servido para justificar peticiones de mayores recursos humanos y materiales, o para dar más relevancia política a las funciones de la policía. En cuanto a la disminución de las cifras, tendrían que ver con motivaciones políticas o por la existencia de un plus de productividad: se ignoran delitos para cumplir objetivos y cobrar sobresueldos (Wagman, 2002; García España y Pérez Jiménez, 2004; Fernández Villazala, 2008).

Difícilmente podrá demostrarse con pruebas empíricas la veracidad de estas prácticas policiales en la gestión de las estadísticas, sin embargo, esto no debe sorprender ni debe achacarse a la “picaresca” de las policías españolas. Yu y Zhang analizaron la actitud de algunas policías hacia las notificaciones de delitos en algunos países ideológicamente comunistas de los años ochenta y noventa, como China, Polonia o Alemania Oriental. Describieron el proceso afirmando que, en primer lugar, se cuantificaron solo delitos fáciles de resolver para transmitir un buen nivel de efectividad policial. Cuando la “propaganda” del éxito dejó de ser importante, aumentó el interés en registrar delitos como argumento para solicitar mayores partidas presupuestarias. En cuanto al comportamiento de la denuncia, consideraron que, según creció el interés público, fue más probable que se denunciaran más delitos, y lo mismo pasó con las patrullas y los arrestos cuando aumentó el interés de la policía. Por tanto, para los autores las estadísticas criminales son tanto causa como efecto de las preocupaciones políticas y sociales de una población (Kury et al., 2000: 343).

Como abordamos en otros mitos, la deriva punitiva de “tolerancia cero” y mano dura que desde los años noventa ha caracterizado la definición y el abordaje de las políticas de seguridad en las sociedades occidentales se asienta sobre la base del derecho penal (y otras normativas como ordenanzas municipales) y sobre el papel central de la policía, como instrumentos reactivos y de control social, de corte muy confrontativo en su relación con la ciudadanía y que, como ya decíamos en el mito 23, no han mostrado ser eficaces. Este fracaso, junto con la evolución de las sociedades como consecuencia de los efectos en los ámbitos económicos, políticos y culturales, parece haber derivado a la antesala de un posible cambio de paradigma, que se evidencia en una transformación en el discurso sobre el papel de la policía.

En este sentido, las últimas propuestas orientadas a dar respuesta a la criminalidad insisten en aglutinar en torno a la noción de prevención del delito las estrategias encaminadas a incidir sobre este tipo de comportamientos. En los círculos políticos y policiales se observa también el rescate de conceptos como la policía de proximidad o comunitaria. No se trata de nociones nuevas, pues anteceden a las políticas punitivistas que se acaban de mencionar, pero sí parecen querer cambiar esa relación con la ciudadanía, tradicionalmente basada en el enfrentamiento y la desconfianza. Sin embargo, no deben darse por hecho el significado de estos conceptos o la orientación transformadora que pretenden perseguir. Cabe preguntarse, por ejemplo, si se trata en realidad de reelaborar viejos conceptos para continuar con estrategias en la misma dirección basadas en más control, más reacción y más sanción, pero más cerca y con más amabilidad.

Por eso, desde ámbitos académicos y de trabajo directo sobre esta cuestión, se insiste en diferenciar entre prevención social y prevención policial (Castel, 2008; Wacquant, 2010; Ávila y García, 2013). La prevención social tendría que ver con modificar las causas estructurales de la conflictividad social y la delincuencia a través la de intervención económica, social, etc., mientras que la prevención policial estaría encaminada a evitar el hecho delictivo en sí mismo. Desde la perspectiva de la prevención social, la policía se convierte en un actor más en la gestión de la política criminal, que no es vista como una tarea única y exclusiva de las policías, sino que se asume por distintas instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y comunitarias.

El abordaje que en los últimos años se ha hecho de la violencia de género constituye un claro ejemplo de cómo los fenómenos sociales complejos requieren de políticas que involucren de forma coordinada a diferentes áreas de la administración pública (sistema penal, salud, servicios sociales, educación…) con objetivos a corto y largo plazo, con medidas reactivas, pero, sobre todo, con medidas preventivas que superen ampliamente al papel de la policía al involucrar a diferentes sectores sociales y, lo más importante, implicando a la propia ciudadanía.

Esta forma de entender la función policial y la prevención de la criminalidad implica también, entre otras cuestiones, redefinir algunos ámbitos de intervención en los que se ha venido asentado la policía, y establecer qué áreas administrativas o agentes sociales están mejor preparados para asumir la responsabilidad principal sobre determinados asuntos. Esto supone replantearse si fenómenos como la prostitución, la mendicidad o el top manta, por mencionar algunos ejemplos, deben ser principalmente regulados por la policía o por otras áreas municipales como los servicios sociales. Esto siempre y cuando no conlleve la puesta en práctica de técnicas más parecidas a las policiales, como parece observarse por parte del sector de trabajadores sociales debido a la presión social y la escasez de recursos, muchos de los cuales se quejan de que les están convirtiendo en policías, al mismo tiempo que muchos afectados (perceptores de prestaciones sociales, etc.) se sienten vigilados con prácticas equivalentes a las de la policía. También exige repensar de qué manera priorizar otras funciones asignadas a la policía, como es garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, a partir de una concepción de la seguridad alejada de orientaciones autoritarias o punitivas, y que dirige la mirada hacia el cumplimiento efectivo de derechos básicos interdependientes.

Para finalizar con este mito que plantea la necesidad de más policía para hacer frente a la delincuencia, resulta muy ilustrativo conocer la tasa de efectivos policiales por 100.000 habitantes en diferentes países de la Unión Europa: según datos de Eurostat para el año 2016, España tiene una tasa de 361,43 policías por 100.000 habitantes, muy por encima de la media europea (308,51) y de países como Finlandia (137,37), Suecia (202,28) o Polonia (263,35), que suelen registrar mayor número de denuncias ante la policía, aunque lejos al mismo tiempo de los números que arrojan países como Chipre (572,90), Grecia (492,04) o Italia (452,73), cifras elevadas como la española que, en parte, se explican por el fenómeno prolongado del terrorismo.

Algunas sugerencias bibliográficas para profundizar

Guillén, Francesc (2016): Modelos de policía: hacia un modelo de seguridad plural, Barcelona, Bosch.

Reiner, Robert (2015): “Policía y socialdemocracia. Recuperando una perspectiva olvidada”, InDret, 4.

Mito 30. La ley de violencia de género
no sirve para nada

En diciembre de 2004, el gobierno liderado por el PSOE aprueba la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LO 1/2004). Ya se habían introducido con anterioridad reformas en el Código Penal con el objetivo de castigar más duramente todas las manifestaciones de violencia intrafamiliar. Pero la Ley Integral se convirtió en la primera normativa específicamente dirigida a combatir la violencia contra las mujeres, incorporando además una determinada perspectiva de género.

El proceso de aprobación y consolidación de la LO 1/2004 no ha estado exento de polémica, y más de una década después de su puesta en marcha son todavía numerosas las controversias que suscita como medida orientada a proteger a las mujeres. De hecho, esta ley se ha convertido en una fructífera fuente de mitos, a algunos de los cuales haremos mención a continuación, a partir de uno de los más fuertemente asentados: el que sostiene que la Ley Integral no ha servido para nada, porque el número de mujeres asesinadas y de denuncias interpuestas no ha descendido a pesar de la considerable inversión en recursos humanos y económicos que se ha realizado desde las administraciones públicas.

La LO 1/2004 se elaboró con la pretensión de incorporar las recomendaciones internacionales y proporcionar una respuesta transversal a la violencia contra las mujeres, de forma que no se centrara de forma exclusiva en su protección a través de policía y juzgados, sino que abordara al mismo tiempo medidas de prevención, sensibilización y reeducación a través de los principales agentes socializadores (educación, salud, medios de comunicación, etc.). Fue pionera entre las normativas vigentes del entorno y supuso un importante salto cualitativo en la forma en que hasta el momento las instituciones político-legislativas españolas interpretaban y abordaban la violencia de género, pues se asumía que luchar contra este tipo de violencia implicaba necesariamente transformar las relaciones desiguales entre mujeres y hombres.

Precisamente, el reconocimiento de situar la causa de este fenómeno social en las discriminaciones estructurales que de forma histórica y universal han sufrido las mujeres auguraba que obtener resultados efectivos no sería algo inminente. Esto exige combinar medidas de protección, pero, sobre todo, apostar por una intervención multidisciplinar desde distintos ámbitos, tal y como propone la propia ley. Por ello, medir el éxito y la eficacia de la LO 1/2004 a partir del número de mujeres asesinadas o de denuncias interpuestas es distorsionador por varias razones. En primer lugar, porque sabemos que los homicidios de mujeres en el ámbito de la pareja sentimental son solo la punta del iceberg, la parte más visible y extrema de la vulneración de derechos humanos que supone este tipo de violencia. Supone al mismo tiempo ocultar a las miles de sobrevivientes que, gracias a los servicios y recursos dispuestos a través de la Ley, han logrado salir de una situación de violencia, caracterizada por agresiones que no implican la pérdida de la vida pero que son indudablemente mucho más frecuentes.

Por otra parte, y al igual que en cualquier tipo de delito, el número de denuncias interpuestas no suele corresponderse con el número de casos que, efectivamente, están teniendo lugar. Tomar la decisión de denunciar tiene relación con diversos factores, como la confianza en las instituciones, valorar que merece la pena hacerlo, contar con un respaldo social que anime a denunciar, etc. Tratar de dimensionar la magnitud del problema de la violencia de género en función del número de denuncias interpuestas resulta especialmente problemático, por ser este tipo delictivo particularmente sensible a la fluctuación del comportamiento de la denuncia. Un aumento significativo de denuncias interpuestas puede interpretarse como algo positivo al entender que visibilizan el maltrato silenciado hasta el momento de muchas mujeres. No obstante, también resulta inquietante el descenso que periódicamente sufren las denuncias o el elevado índice de las que se retiran, y el hecho de que los estudios realizados al respecto lo relacionen con una falta de confianza ante un sistema que no satisface a las posibles denunciantes o no les proporciona lo que necesitan para salir de su situación de violencia.

En segundo lugar, atribuir toda la responsabilidad del abordaje de un fenómeno tan complejo al despliegue de una normativa esconde una visión restrictiva de la situación y valora de forma poco realista a qué podemos aspirar con esta medida. La Ley Integral constituye un instrumento valioso, pero en conjunto con otro tipo de estrategias a desarrollar desde diferentes ámbitos. Pero, sobre todo, tal y como sucede con cualquier política pública, poco puede lograrse si no se le dota de la financiación y los recursos necesarios para su implementación. Es lo que ha ocurrido con la LO 1/2004 y los importantes recortes que ha sufrido en la última década como consecuencia de una falta de apuesta política, agravada por la fuerte crisis económica, y que ha sido especialmente acusada en los apartados destinados a la prevención integral orientados a lograr una sociedad más igualitaria.

Si los elementos más transformadores recogidos en la Ley Integral han quedado sin desarrollar, nos encontramos con que la política en este ámbito se reduce al abordaje de la violencia de género desde la vía del sistema penal. Tal y como vienen denunciando expertas penalistas sobre esta cuestión, a pesar de la declaración de intenciones y de la importancia que la Ley parece conceder a las políticas de prevención y sensibilización, la política orientada a enfrentar la violencia de género sigue pivotando alrededor del sistema penal, instrumento reactivo y represivo pensado como último recurso en la intervención de conflictos, y que poco puede aportar en el proceso de la transformación social (Maqueda, 2007; Ortubay, 2015).

La controversia que ha suscitado la centralidad del derecho penal en el abordaje de esta cuestión es importante dentro del movimiento feminista. Mientras que un sector demanda mayores penas para este tipo de delitos bajo el lema de “tolerancia cero” contra la violencia de género, al considerar que el sistema penal no es efectivo porque no es lo suficientemente duro, otro sector discrepa con este enfoque punitivista, argumentando que hacer descansar sobre el castigo penal la superación del problema es ineficiente y esencialmente patriarcal. En este sentido, se abre también una crítica hacia el paternalismo que el sistema penal estaría ejerciendo sobre las mujeres, al tutelarlas en exceso, limitando su autonomía sobre elementos fundamentales de su vida, por ejemplo cuando se les impide retractarse de una denuncia previa o se las obliga a acatar órdenes de alejamiento e incomunicación no deseadas, considerándolas así un sujeto incapaz de tomar decisiones propias, o al ser la violencia de género la única tipología delictiva donde se prohíbe expresamente la mediación y, en concreto y de forma contradictoria, para víctimas adultas. Tamar Pitch (2009) destaca los efectos perversos de legitimación del sistema que las mujeres y el feminismo pueden dar al derecho penal. La autora afirma que el feminismo no debe recurrir al sistema penal en sus objetivos y luchas, pues, al reducir a las mujeres al papel de víctimas y al usar un instrumento típico de represión institucional por parte de un movimiento cuyo objetivo es la libertad femenina, se termina legitimando este sistema represivo que conforman la justicia penal y el Estado mismo.

La ausencia generalizada por parte de la administración pública española de metodologías de evaluación de impacto social y de resultados en el desarrollo de cualquier política pública es especialmente acusada en lo que respecta a las políticas de criminalidad, y la LO 1/2004 tampoco escapa a esta situación. Difícilmente pueden reorientarse los objetivos de una política si no existen mecanismos para medir el efecto de las medidas introducidas. Sobre todo, poco o nada puede hacerse sin la voluntad de hacer un seguimiento dirigido a construir una estrategia en función de los aprendizajes obtenidos. La tarea ha quedado principalmente relegada al mundo académico y al de los movimientos sociales, donde los feminismos han introducido debates medulares en la evaluación sobre los aportes de la Ley Integral y sobre cómo puede mejorarse.

Además de coincidir en la urgencia de orientar más recursos para desarrollarla en su totalidad y de prestar atención inmediata a las dificultades evidenciadas y a los efectos no deseados que la Ley ha generado, los acuerdos en estos espacios son amplios en relación con los siguientes elementos:

Necesidad de ampliar el significado tan restrictivo que la Ley hace del concepto de violencia de género al circunscribirlo exclusivamente al ámbito de las relaciones sentimentales. Dentro de la violencia de género deben abordarse todo tipo de violencias hacia las mujeres fruto de la desigualdad estructural existente y que tienen lugar en los contextos social, sexual o laboral, tal y como establece el Convenio de Estambul (2014), firmado por España.

Necesidad de superar las creencias sociales que sustentan que la LO 1/2004 es discriminatoria con los hombres y que ponen el acento en las denuncias falsas considerando, además, que no son castigadas.

Necesidad de formación específica para profesionales que desde diferentes ámbitos (sanitario, social, policial, judicial, etc.) intervienen en la atención a las mujeres que han sufrido violencia. La falta de una perspectiva de género dificulta la detección precoz del problema y provoca que estas mujeres que ya han sido violentadas sufran una nueva victimización desde las instituciones públicas.

Necesidad de coordinación entre las diferentes instituciones y organizaciones implicadas (policía, sistema de justicia, organismos de atención a las víctimas, sistemas sanitarios y educativos, etc.) a la hora de construir políticas públicas que ofrezcan los resultados que se persiguen.

En todo caso, y volviendo al punto de partida de este mito, las expectativas que despertó la Ley Integral no parecen haberse cumplido si nos limitamos al hecho de que no es posible afirmar que la violencia contra las mujeres se haya reducido de forma significativa. Ahora bien, como ya hemos advertido, el desafío es complejo y supera al ámbito de actuación de una Ley que, además, no ha tenido el acompañamiento que merece como política pública susceptible de ser (constructivamente) criticada y corregida. En contrapartida, la tolerancia social frente a la violencia de género sí parece haber disminuido gracias a una mayor conciencia social a la que, además del compromiso de movimientos sociales y medios comunicación, también en parte ha contribuido esta Ley Integral, con todas sus controversias y sus limitaciones que la han mantenido constantemente en la agenda pública, pero también con sus aciertos en aquellos ámbitos en los que ha logrado ayudar a miles de mujeres a superar una situación de violencia.

Algunas sugerencias bibliográficas para profundizar

Amnistía Internacional (2012): ¿Qué justicia especializada? A siete años de la Ley Integral contra la Violencia de Género: obstáculos al acceso y obtención de justicia y protección, Madrid, Amnistía Internacional.

Díez-Ripollés, José Luis; Cerezo, Ana Isabel y Benítez, María José (2017): La política criminal contra la violencia sobre la mujer pareja (2004-2014): su efectividad, eficacia y eficiencia, Valencia, Tirant Lo Blanch.

Maqueda, María Luisa (2007): “¿Es la estrategia penal una solución a la violencia contra las mujeres?”, InDret, 4.

Ortubay, Miren (2015): “Diez años de la Ley Integral de Violencia de Género: luces y sombras”, Sistema penal y violencia de género, monográfico, San Salvador, Consejo Nacional de Judicatura de El Salvador, pp. 127-168.

Mito 31. La sociedad quiere más castigo

Como analizamos en el mito 26, el progresivo endurecimiento que ha sufrido el Código Penal español en los últimos años se viene justificando desde la perspectiva del populismo punitivo, que propone penas más severas para quienes hayan cometido delitos. Al mismo tiempo, se entiende que esta forma de abordar la delincuencia constituye una respuesta a las demandas de la ciudadanía, que exige castigos más largos y peores condiciones de cumplimiento. El discurso político que afirma escuchar a la opinión pública a la hora de aprobar medidas cada vez más punitivas es fácilmente identificable en campañas electorales. Pero también ha quedado claramente reflejado en la exposición de motivos de las leyes orgánicas aprobadas en los últimos años. La LO 7/2003, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, justifica en sus objetivos que “la sociedad demanda una protección más eficaz frente a las formas de delincuencia más graves”. Por su parte, la LO 1/2015, la más reciente y que, entre otras medidas, introduce la llamada prisión permanente revisable, comienza su preámbulo afirmando que “el transcurso del tiempo y las nuevas demandas sociales evidencian la necesidad de llevar a cabo determinadas modificaciones de nuestra norma penal”.

Sin embargo, ni líderes políticos ni normativas penales especifican en qué se basan para afirmar que la ciudadanía demanda soluciones más punitivas para hacer frente a la criminalidad. Los estudios que analizan la opinión de la sociedad sobre la criminalidad y sobre qué medidas priorizarían para resolverla se encuentran en proceso de desarrollo. Por tanto, se legisla en nombre de la ciudadanía dando por hecho lo que opina la ciudadanía, pero sin preguntar o investigar sobre la misma.

De los estudios disponibles que pueden orientarnos sobre qué piensa la ciudadanía con relación al fenómeno de la delincuencia y su gestión, se desprende que la seguridad ciudadana entendida como ausencia de delincuencia común no está entre las principales preocupaciones de la sociedad española (si bien la corrupción específicamente se ha mantenido en los últimos años entre las tres primeras respuestas), ni que esta es tan punitiva como pudiera pensarse. Desafortunadamente, en España se han realizado pocas encuestas de victimización que permitan construir series temporales que ofrezcan riqueza de información. La serie más completa disponible a escala nacional son los estudios y barómetros elaborados periódicamente por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) desde finales de la década de los setenta, que pregunta cuáles son los tres principales problemas que existen en ese momento en España. Los resultados obtenidos desde el año 2000 confirman que la seguridad ciudadana adquiere periódicamente relevancia en la opinión pública, pero que no ha constituido una inquietud destacada para las personas encuestadas, ni ha sufrido importantes alteraciones como problema social. Se observa también que la inseguridad percibida como problema colectivo es mayor que la preocupación de ser personalmente víctima de un delito. Se manifiesta así una evaluación superior de la seguridad como valor social y bien público que como temor personal de sufrir un delito.

En cuanto a las preferencias de la ciudadanía sobre cómo abordar la delincuencia, el investigador Daniel Varona (2016) se ha interesado sobre la veracidad de la creencia de que la sociedad española es, efectivamente, crecientemente punitiva. El autor se pregunta de dónde extraen los partidos políticos la visión de que la ciudadanía está compuesta por seres sedientos de castigo, si apenas existen investigaciones sobre opinión pública y justicia penal al respecto. Varona defiende que los fenómenos o fuentes de datos que suelen presentarse como demostrativos de tal actitud punitiva de la ciudadanía, cuando son analizados adecuadamente, no permiten afirmar tal deducción. Sobre los sucesos que derivan en expresiones o manifestaciones espontáneas, reclamando lo que parece ser un mayor rigor punitivo, estos no son claramente interpretables como signos de lo que sería un auténtico clima punitivo en la ciudadanía. Según Varona, las encuestas que realizan las principales instituciones encargadas de elaborar estudios de opinión suelen, con demasiada frecuencia, utilizar lo que se denomina “preguntas-trampa”, formulando las cuestiones de una manera demasiado simple como para captar adecuadamente dichas actitudes punitivas.

En esta línea, sobre las respuestas obtenidas por el CIS o por organizaciones como el Observatorio de la Actividad de la Justicia, que reflejan una clara actitud punitiva en la prevención y tratamiento de las personas delincuentes, además de un claro posicionamiento a favor de la llamada prisión permanente revisable, cabe preguntarse en qué medida la forma de plantear las preguntas está recogiendo una impresión de la opinión general más que una respuesta basada en conocimientos suficientes. Al mismo tiempo, cabe cuestionarse qué sentido tiene preguntar sobre fenómenos sobre los que la ciudadanía carece de información y conocimientos suficientes —de la misma forma que no se le pide opinión sobre la mejor manera de construir un puente o curar el cáncer— y que constituyen preguntas que van más allá de la opinión personal.

Por esta razón, Daniel Varona otorga mayor credibilidad a los cuestionarios que emplean preguntas sobre los llamados “casos escenario”, y que ponen en cuestión la tradicional asunción de una ciudadanía punitiva. Esta técnica plantea a la persona encuestada una serie de casos concretos para que decida la pena adecuada para cada uno de ellos. De esta manera, al colocar a la ciudadanía en el rol de impartir justicia, es posible medir más adecuadamente su mayor o menor propensión al castigo. Rescatando las escasas encuestas que han utilizado esta técnica en España, Varona demuestra que la ciudadanía española no tiende a señalar la pena de prisión como preferida, y que la imagen punitiva que suele otorgársele es cuanto menos cuestionable.

Por su parte, Aizpurúa (2015) concluye en su investigación que “los resultados obtenidos muestran cómo las iniciativas punitivas tienen una acogida desigual en la sociedad, variando notablemente de unas propuestas a otras. En general, los españoles no apoyan o rechazan su aplicación, sino que adoptan posiciones intermedias”. Es más, afirma que los resultados ponen de manifiesto que el apoyo hacia las políticas punitivas no es absoluto, sino que varía en función de las propuestas concretas. Por su parte, autoras como Fernández Molina y Tarancón Gómez (2010) ponen en cuestión el denominado “populismo punitivo”, mostrando una opinión pública sobre la respuesta que ha de darse frente al delito más benevolente que la presentada por políticos, profesionales y medios de comunicación.

Con el objetivo de demostrar cómo las actitudes más punitivas suelen tener su origen en el desconocimiento del funcionamiento del sistema penal, Elisa García (2013) realizó un estudio tomando como muestra a un grupo de estudiantes del grado de Criminología. Partiendo de la hipótesis de que un mayor conocimiento sobre la realidad delictiva, sobre el delincuente y sobre la reacción penal incidirían en que las exigencias punitivistas serían menores que cuando se tiene un conocimiento estereotipado de dicha realidad, la investigación buscó conocer si las personas pueden cambiar su opinión sobre los castigos una vez conocieran la eficiencia de los diversos tipos de sanciones, la verdadera capacidad de reinserción de infractores y las funciones del sistema penal. Los resultados mostraron que, a mayor conocimiento sobre la eficacia del sistema penal, menor actitud punitiva y viceversa, es decir, se evidencia que los conocimientos adquiridos producen un cambio significativo en la actitud punitiva.

En definitiva, no nos encontramos en condiciones de emitir una valoración afirmativa sobre la especial intensidad punitiva de la ciudadanía española porque carecemos de datos suficientes que apoyen esta impresión. Más bien al contrario, cuando se aplican técnicas de investigación más apropiadas para cuestionar sobre la política criminal, que buscan ubicar a las personas frente a situaciones concretas, los resultados no evidencian una sociedad punitiva, sino más propensa a apoyar medidas alternativas.

Algunas sugerencias bibliográficas para profundizar

Antón-Mellón, Juan; Álvarez, Gemma y Rothstein, Pedro A. (2017): “Populismo punitivo en España (1995-2015): presión mediática y reformas legislativas”, Revista Española de Ciencia Política, 43, pp. 13-36.

Varona Gómez, Daniel (2016): El debate ciudadano sobre la justicia penal y el castigo: razón y emoción en el camino hacia un Derecho penal democrático, Madrid, Marcial Pons.

Mito 32. No es posible una resolución
del conflicto entre víctimas e infractores

En La cultura del control (2005), obra de referencia del sociólogo británico David Garland, el autor identifica el retorno de la figura de la víctima en el escenario de las políticas criminales como uno de los efectos que evidencian el cambio producido en la cultura del control del crimen en las últimas décadas. Hasta entonces, el interés de las víctimas se encontraba teóricamente subsumido en el interés general de la ciudadanía, representado supuestamente por el Ministerio Fiscal en el marco del complejo aparato penal, si bien en España desde las primeras leyes de enjuiciamiento criminal ha existido procesalmente la posibilidad de formular una acusación particular, y ahora incluso popular. La transformación a la que alude Garland se produce no tanto en el plano de los derechos procesales de la víctima sino en el de construcción de políticas criminales, cuando se invocan cotidianamente los intereses y sentimientos de las víctimas, de sus familias, de las potenciales víctimas o de la figura abstracta de “la víctima” para apoyar medidas de corte punitivo, muchas veces utilizándolas e instrumentalizándolas con intereses políticos.

Por ello, la perspectiva de Garland que sitúa a las víctimas en un lugar central de las políticas criminales es por lo menos cuestionable, en cuanto que las víctimas pueden haber logrado mayor presencia pública sin que ello se haya traducido en un cuidado más atento de sus derechos y necesidades durante todo el proceso penal. En cualquier caso, la novedad a la que alude el autor reside en que en política criminal se comienza a hablar de las víctimas, lo que constituye una visión relativamente reciente. Pero lo más relevante de este renovado discurso estaría en que se asume un juego de suma cero, en el que todo lo que gana el delincuente lo pierde la víctima y viceversa, es decir, toda atención a los derechos o bienestar del delincuente se considera algo contrario al respeto por las víctimas, por lo que estar de parte de las víctimas se convierte automáticamente en ser duro con los delincuentes. Este es precisamente el error en el que se incurre, tal vez inevitable por el propio juego adversarial del proceso de enjuiciamiento penal y por la instrumentalización política que se ha hecho de la propia política criminal.

Este sería, por tanto, el escenario de fondo que respalda el mito que confronta los intereses de las víctimas frente a los de los victimarios y que dificulta imaginar opciones diferentes que superen la lógica de “ganador y perdedor” en el intento de dar respuesta a vulneraciones de derechos fundamentales. En oposición a la potenciación de un derecho penal más punitivo, existe actualmente un significativo desarrollo de formas alternativas de proceder que están sentado las bases de una importante “cultura de la justicia restaurativa”. Este derecho penal se basa en la comunicación de las partes implicadas y en una conciliación reparadora por el victimario del daño ocasionado a la víctima, que pone fin así al proceso penal o a la pena, tal y como desarrollaremos a continuación en este mito.

De las diversas definiciones que podemos encontrar del concepto de conflicto, todas tienen en común considerarlo como algo inherente al ser humano, consustancial a las relaciones humanas e inevitable en nuestras vidas. A su vez, podemos pensar en diferentes tipos de conflictos y distintas maneras de afrontarlos, tanto a nivel individual como grupal. En cuanto a las tipologías, según el conflicto y carácter de las partes, podemos distinguir conflictos interpersonales (entre varias personas), intergrupales (entre grupos), grupales (entre personas que forman parte del mismo grupo) y comunitarios (cuando afectan a toda la sociedad o a un número muy importante de personas). Atendiendo a las causas generadoras de los conflictos, estos pueden ser de poder, de intereses, de información, de valores, de identidad, normativos, etc. Sobre las distintas formas de afrontarlos también existen distintos estilos personales como son el evitativo, el agresivo, el acomodativo o el asertivo. Como estrategias grupales de resolución de conflictos las reacciones pueden ser muchas. Informalmente se utilizan asambleas, reuniones, mediadores, pero también se recurre a la sanción, la expulsión o la suspensión de la participación en el espacio.

El derecho es el instrumento que viene a regular los problemas o conflictos que no han encontrado cauces de solución por vías informales o que son lo suficientemente graves como para requerir la intervención de las instituciones públicas para regular determinadas soluciones que se materializan en las leyes. Concretamente, los conflictos más graves que se producen en la sociedad se suelen calificar como delitos por el derecho penal, y el derecho procesal articula un procedimiento específico para afrontarlos, independientemente de su modalidad. Se trata de una respuesta desde el Estado —lo que en páginas anteriores hemos mencionado como ius puniendi— que desde el supuesto interés de toda la ciudadanía responde de este modo a los conflictos llamados delitos.

Sin embargo, desde los años setenta comenzó a cuestionarse el modo de impartir justicia en este ámbito tan delicado e importante como es el de los delitos y las penas. De este modo nació lo que hoy se conoce como justicia restaurativa, que probablemente sea una de las perspectivas de justicia penal más novedosas de los últimos años. La justicia restaurativa nace en Occidente como un movimiento cultural afinado con la idea general de la cultura de paz y alimentado por una crisis del modelo de justicia penal preponderante y que se acaba de describir, basado en el juzgamiento y la imposición de penas. Más concretamente, la justicia restaurativa surge de la mano de los movimientos cercanos a la victimología y al abolicionismo penal.

En este escenario, la Directiva Comunitaria del Consejo de Europa del 15 de marzo de 2001, sobre la posición de la víctima en el proceso penal, fijó a los Estados miembros un plazo, hasta marzo de 2006, para cumplir la disposición de promulgar una ley de mediación penal. ¿Por qué de mediación penal? Por ser una de las técnicas de resolución de conflictos más extendidas en el marco de la justicia restaurativa como modelo de justicia. Las técnicas de resolución de conflictos en el ámbito del modelo de justicia restaurativa tienen como objetivo establecer procesos para llegar a acuerdos reparadores satisfactorios para las partes y, en su caso, para crear relaciones nuevas o restaurar relaciones perturbadas después de la comisión de un hecho delictivo, empleando como herramienta el diálogo y la comunicación voluntaria entre las partes. La mediación es una de esas técnicas, tal vez la más extendida en Europa, aunque, cada vez más, se están desarrollando otras técnicas o modalidades, como las conferencias o los círculos, ambos mencionados en la Recomendación 8 del Consejo de Europa (2018) sobre justicia restaurativa en asuntos penales.

Con la intervención en mediación y desde el ideal de la justicia restaurativa, los objetivos que se espera alcanzar cuando existe un conflicto-delito son, entre otros: conseguir la responsabilización del infractor sobre las consecuencias de su infracción, lejos de las lógicas muchas veces desresponsabilizantes del castigo; restablecer la convivencia y el diálogo comunitario; devolver a la sociedad el protagonismo ante situaciones conflictivas (también cuando se trate de delitos); atenuar la pena de quien se responsabilice de la comisión de un delito; conocer las causas reales y las consecuencias del conflicto; buscar la fórmula más idónea para satisfacer las necesidades personales de víctima e infractor, y, en su caso, la reparación, todo ello con el apoyo de la comunidad más cercana. La reparación en el marco de un conflicto penal puede lograrse a través de la combinación de estrategias de compensación económica, prestacional, terapéutica o la puramente simbólica. También en ocasiones puede consistir en transformar una relación preexistente y nociva. Es decir, la resolución del conflicto que pueda acordarse por víctima y victimario en un proceso de mediación penal trasciende completamente al objetivo sancionador, pues busca la participación y el consenso de las partes implicadas en el resultado, individualizando el caso y considerando las diferentes opciones de asunción de la responsabilidad y búsqueda de reparación en función de la visión particular de las personas involucradas.

En España se iniciaron proyectos concretos en los años ochenta, tanto en adultos como en menores e inspirados particularmente en el modelo belga. Desde el año 2006, y de la mano del servicio de planificación del Consejo General del Poder Judicial, comenzaron en el ámbito de adultos una serie de proyectos piloto en diferentes juzgados de instrucción y de lo penal en comunidades como Madrid, Navarra, País Vasco, Andalucía o Aragón, que se han ido extendiendo en otros lugares del territorio y que, en muchas ocasiones, se han consolidado como auténticos servicios públicos de mediación penal y justicia restaurativa. Asimismo, los Servicios de Mediación de la Generalitat de Catalunya, tanto en adultos como en menores, tienen un amplio recorrido en la construcción de este modelo de justicia y cuentan ya con casi 30 años de experiencia.

Los resultados que se obtuvieron del trabajo del Consejo General del Poder Judicial mencionado fueron publicados bajo el título Justicia Restaurativa y mediación penal. Análisis de una experiencia (2005-2008) por Ríos et al. (2008). Entre los datos recogidos está, por ejemplo, que el porcentaje de resolución positiva de los conflictos se sitúa por encima del 60 por ciento de los casos. Además, la valoración del servicio por parte de las personas participantes en la mediación fue “muy buena”.

Con esa y otras experiencias, y por los numerosos trabajos que desde los años noventa se han ido publicando en España sobre justicia restaurativa, en el año 2016, el propio Consejo General del Poder Judicial (Alastruey, 2016) publicó una guía práctica de la mediación intrajudicial, que contiene los protocolos de mediación civil, familiar, penal, laboral y contencioso-administrativa. Así, por primera vez se aprobó un protocolo para formalizar las intervenciones mediadoras en el ámbito penal por el Consejo General del Poder Judicial. En el año 2015, con la aprobación de la Ley del Estatuto de la Víctima, trasponiendo la Directiva 29/2012/UE, se menciona por primera vez en España, de forma jurídicamente vinculante, la justicia restaurativa en el campo de la justicia penal de adultos, lo que supone un hito histórico para comenzar a pensar alternativas dentro de la justicia penal en clave de encuentro de víctimas, victimarios y sociedad en su conjunto.

Por tanto, si bien todavía queda mucho por recorrer, no puede afirmarse que no puedan llevarse a cabo formas alternativas de resolución de conflictos a los tradicionales enjuiciamiento e imposición de castigo, también en el ámbito penal, como se ha desarrollado en nuestro entorno más cercano, y mucho menos que no exista cultura de la mediación. La justicia restaurativa y la mediación penal han venido para quedarse y su paradigma tiene el privilegio de evidenciar los temas cruciales para la convivencia en vista de soluciones pacíficas que sepan responder no solo a los requerimientos de las personas, sino también a las preguntas de fondo sobre los modos adecuados de resolver conflictos, atentos a los principios ideales de una civilización democrática. Lógica democrática entendida no en el sentido de estructura política, sino en el sentido ya aludido en clave de libertad, de solidaridad, de respeto a la persona, de diálogo y de tolerancia. La justicia restaurativa pretende adecuarse a la dialéctica del respeto a la capacidad de los seres humanos de conseguir enfrentarse de forma constructiva a los conflictos, también a los conflictos ilícitos, y de conseguirlo a través del diálogo y el mutuo reconocimiento de quienes forman parte de la misma comunidad. Con las limitaciones inherentes del principio de voluntariedad y el reto de los cambios de paradigmas profesionales y culturales para no perder su potencial cuestionador y transformador, la justicia restaurativa podría ser un camino, junto con otros, para concretar políticas públicas que sirvan a las personas y a la sociedad.

Algunas sugerencias bibliográficas para profundizar

Ríos, Julián; Pascual, Esther y Bibiano, Alfonso (2006): La mediación penal y penitenciaria, Madrid, Colex.

Varona Martínez, Gema (1998): La mediación reparadora, Granada, Comares.

— (2013): “Mitología y realidad de la justicia restaurativa. Aportaciones del desarrollo de la justicia restaurativa en Europa y su repercusión en la C. A. de Euskadi”, Cuadernos penales José María Lidón, 9, pp. 59-76.

Mito 33. La política criminal
se basa en la evidencia

El desarrollo de políticas públicas constituye un elemento fundamental y sustentador de la calidad de los sistemas democráticos actuales. La gestión que los gobiernos hacen de los problemas sociales, que parten de la desigual distribución de poderes y de recursos en las sociedades, se sostiene a partir de un proceso de toma de decisiones en el que intervienen diversos actores y factores, no solo procedentes de las administraciones públicas. Una óptima salud democrática depende de la forma en la que se toman esas decisiones públicas, de la implementación de las mismas y de los resultados que generan. Es más, un sistema democrático debe imprescindiblemente controlar y evaluar qué han elegido hacer los poderes públicos (y qué no), cómo han adoptado esas decisiones, qué están efectivamente haciendo y cómo lo están llevando a cabo, qué resultados están produciendo y si se ajustan a los objetivos planteados, y qué consecuencias deseables e indeseables tienen sus acciones sobre la realidad social.

En este sentido, y tal y como cabría esperar de cualquier tipo de política pública, es razonable pensar que las autoridades responsables de diseñar e implementar medidas orientadas a gestionar la delincuencia en el marco de la política criminal lo hagan de acuerdo con datos recogidos sobre este fenómeno y con estudios realizados por personas expertas de dentro y fuera de la administración, que midan, diagnostiquen y aconsejen sobre la mejor forma de proceder en estos asuntos, considerando además las diferentes perspectivas que aportan todos los agentes involucrados, como son víctimas, policías, jueces, fiscales, activistas, personas expertas del ámbito académico, etc. Lo cierto es que, y he aquí la referencia al mito que planteamos, la experiencia evidencia que la toma de decisiones suele depender de otros factores relacionados con presiones de tipo político y mediático, y no tanto de evidencias empíricas relacionadas con la criminalidad, si bien el mismo término “evidencia” puede cuestionarse ante el neopositivismo actual identificado con la cuantificación de procesos sociales complejos.

Una de las carencias más importantes de las políticas públicas en España, y que afecta particularmente a la política criminal, es que la institucionalización de la evaluación ha sido reciente en comparación con otros países. Existe todavía poca “cultura de evaluación”, tanto en el ámbito público como en el privado, lo que repercute en que las organizaciones aprenden menos de su práctica. Esto es relevante en la medida en que la evaluación, bien utilizada, ayuda a saber dónde se está y hacia dónde se quiere ir, permite saber cómo se actúa y con qué resultados para, en consecuencia, introducir mejoras en las acciones emprendidas.

Tal y como venimos insistiendo en estas páginas, la política criminal de las últimas décadas ha descansado sobre el derecho penal a la hora de gestionar la criminalidad. Así, las últimas reformas han generado profundos cambios en este ámbito, y desde sectores académicos y profesionales se ha manifestado una creciente preocupación por la calidad en la elaboración de la legislación penal. Es el caso, por ejemplo, del Grupo Español de Política Legislativa Penal formado por personal académico de diferentes disciplinas, que entre los resultados de su investigación destaca que el desgobierno de las políticas públicas sería seguramente menor si a las modificaciones legislativas les precediera una constatación de lo que ha funcionado y lo que no. Especialmente críticos se muestran respecto de la política criminal, “donde el capricho del mandatario de turno hace y deshace delitos o introduce, sin ningún tipo de evidencia empírica que respalde su eficacia, alteraciones fundamentales en el sistema de penas o sanciones que contienen limitaciones brutales de la libertad de los ciudadanos como la libertad vigilada y, especialmente, la prisión permanente revisable” (Nieto et al., 2016: 17).

El malestar es extensible a muchos espacios profesionales que directa e indirectamente se encuentran involucrados en el desarrollo de las políticas criminales, como la judicatura y abogacía, funcionariado penitenciario, policías, disciplinas afines a las ciencias sociales, asociaciones dedicadas a proteger derechos de las personas presas, etc. Estos agentes consideran que la orientación de esta política pública es especialmente sensible a los intereses y acontecimientos que se derivan de las lógicas políticas y mediáticas, en vez de proceder de decisiones legitimadas por investigaciones y evaluaciones realizadas. De hecho, es difícil conocer en qué se basan los preámbulos de las últimas reformas penales acontecidas cuando afirman que el objetivo que se persigue es “ofrecer una respuesta más adecuada a las nuevas formas de delincuencia” e “incrementar la eficacia del sistema de justicia penal”, tal y como sostiene la LO 1/2015 que introdujo la llamada prisión permanente. Ciertamente, esto no significa que en el proceso de aprobación de leyes y medidas las y los expertos no sean consultados por responsables políticos, tal y como suele hacerse en las comparecencias parlamentarias dedicadas a ello, pero estas fuentes no parecen tener una incidencia real en el resultado final de las decisiones adoptadas.

Otro de los límites de este mito está, precisamente, en cómo medir y evaluar los resultados de las políticas criminales. Así, por ejemplo, el mero hecho de intentar conocer si los delitos cometidos han aumentado o disminuido constituye una tarea difícil de resolver. Las estadísticas policiales, que son la fuente más utilizada en este sentido, registran hechos denunciados y, en consecuencia, no recogen aquellos que, por diversas razones, no se ponen en conocimiento de las autoridades policiales. Los registros judiciales tampoco se presentan como un instrumento útil, en tanto que informan del número de sentencias condenatorias y sus características y no de los hechos delictivos acontecidos. Las encuestas de victimización nacen con el objetivo de conocer las tasas reales, teniendo en cuenta la cifra negra de las fuentes que acabamos de mencionar, pero son muy costosas y no ha habido interés en introducir este tipo de preguntas en los estudios llevados a cabo, por ejemplo, por el Centro de Investigaciones Sociológicas.

En definitiva, cuando hablamos de la delincuencia en términos objetivos en realidad estamos “haciendo trampas”, ya que simplemente no es posible conocer con exactitud cuántos delitos se cometen. Las orientaciones que nos ofrecen las cifras disponibles son útiles, pero no infalibles, y deben interpretarse tomando en consideración todos y cada uno los factores que las condicionan, empezando por establecer qué miden, quién lo hace, cómo y por qué. Sin embargo, el enorme peso que las ciencias puras otorgan al dato como información objetiva ha contribuido al reforzar el pensamiento generalizado de que “las cifras hablan por sí mismas” y que ofrecen información indiscutible que refleja claramente la realidad social (siempre y cuando se hayan calculado con el honesto objetivo de conocerla). Ante la relevancia que precisamente las estadísticas han adquirido como referente para explicar los fenómenos sociales, Best (2013) advierte sobre la mala utilización de estas en la opinión pública. El autor plantea que, más que datos objetivos del mundo, las estadísticas son producto de la actividad humana y, por tanto, son moldeables. Las estadísticas no representan simplemente un número, sino que son construcciones sociales capaces de configurar visiones del mundo y de aportarnos una determinada idea (y no otra) de los fenómenos sociales. Ante esta constatación, Best desmitifica el papel tendencioso de la estadística ante la opinión pública por parte de instancias políticas y mediáticas, y que en muchas ocasiones suele pasar desapercibida. Así, el autor aboga por una perspectiva sociológica de la estadística, que asuma las cifras como productos humanos que deben ser contextualizados, porque construir un dato entraña decisiones metodológicas, limitaciones presupuestarias o elementos ideológicos, que afectan directamente en los resultados.

Esta cuestión puede entenderse con otro mito que circula en el discurso social y que afirma que “una imagen vale más que mil palabras”. De esta manera, se hace patente la idea de que lo que los ojos ven es obvio y que vale más que cualquier otra explicación, por muy bien argumentada que esté esta. La realidad nos muestra que no es así, y que detrás de cada imagen existen multitud de explicaciones que no necesariamente coinciden con la más evidente según lo que se observa en la imagen, y que, si ampliáramos el zum del objetivo de la cámara de forma que incorporásemos más datos gráficos sobre lo que ocurre alrededor, nuestra percepción sobre la misma podría variar sustancialmente. Más todavía si conociéramos mayores detalles sobre quiénes aparecen en la imagen, qué hacen y por qué, quién fotografía y cuál era su intención al hacerlo. Es conocido el caso del fotógrafo sudafricano Kevin Carter, quien ganó el Premio Pulitzer en 1994 por una imagen de un niño sudanés famélico con un buitre detrás en lo que parecían ser los instantes previos a su muerte. La crítica social fue muy dura con Carter al dar por hecho la muerte del niño, y al acusarlo de indiferencia y de dar prioridad a una buena imagen. Testimonios posteriores afirmaron que, en realidad, el buitre no estaba acechando al niño sino merodeando por la zona, tal y como era habitual en esta ave, y que el niño murió de fiebre años después de la instantánea. Otro ejemplo lo encontramos en cómo la opinión pública, a través de las redes sociales, descargó su ira contra una mujer musulmana que fue fotografiada mientras transitaba por el puente de Westminster tras los atentados de Londres de 2017, sobre la que se especuló y a la que se acusó de no ayudar, en una reacción que estaba cargada de sesgos y prejuicios.

Si analizamos procesos complejos, vivenciales, los datos cuantitativos deben inexcusablemente complementarse con estudios cualitativos. Por ello, en todo lo que concierne a los fenómenos sociales, resulta fundamental reunir los mayores datos posibles, pero haciendo una adecuada contextualización e interpretación de los mismos de forma que nos permitan evaluarlos adecuadamente, a lo cual ayuda una mirada interdisciplinar, contando con investigaciones que proporcionen información cualitativa que contribuya a explicar los datos relativos a los procesos de criminalización, criminalidad y victimización. Por ejemplo, no es posible comprender la delincuencia cometida por mujeres, la pluralidad de experiencias que presentan las víctimas o el proceso de toma de decisiones políticas basándonos exclusivamente en estadísticas delictivas.

Algunas sugerencias bibliográficas para profundizar

Best, Joel (2013): Uso y abuso de las estadísticas. La distorsión en la percepción pública de los problemas sociales y políticos, Santiago de Chile, Cuatro Vientos.

Nieto, Adán; Muñoz de Morales, Marta y Becerra, José (dirs.) (2016): Hacia una evaluación racional de las leyes penales, Madrid, Marcial Pons.

A MODO DE REFLEXIÓN FINAL:
RETOMANDO EL HILO CONDUCTOR ANTE LO INCONCLUSO

En este último capítulo queremos subrayar y recordar a las personas que han leído todos o algunos de los mitos anteriores del libro la idea fundamental que atraviesa sus páginas. Los mitos en el ámbito de la política criminal no son buenos ni malos en sí mismos, simplemente siempre han existido y seguirán existiendo. Cumplen con una función social y simbólica inherente a los anhelos y temores de los seres humanos. El problema reside en su interpretación y utilización abusiva en contra de la razón y de los derechos humanos.

Recordemos que no hemos querido realizar un listado exhaustivo de la mitología penal, la cual irá sufriendo cambios con el tiempo en cada sociedad, sino reflexionar sobre algunos mitos como punto de partida de una visión crítica. Esa crítica se proyecta sobre el aturdimiento que se está produciendo en la actualidad en torno a la aplicación del derecho penal en muchas sociedades, incluyendo la nuestra. Tenemos un derecho penal, o gran parte del mismo, calificado como punitivista, populista, meramente simbólico y promocional, a veces autoritario, y poco o nada eficiente en términos preventivos y reparadores (para las víctimas, los potenciales infractores y la sociedad en su conjunto). A pesar de ello, a pesar de esta evidencia, ¿por qué se continúa con esa inflación punitiva? ¿Por qué las encuestas nos hablan de una desconfianza mayoritaria de la ciudadanía en las instituciones y en los políticos y, sin embargo, esa misma ciudadanía parece confiar en las promesas enfocadas en más derecho punitivo, como solución principal y rápida a problemas sociales complejos, contraviniendo el principio ilustrado de mínima intervención penal? Si, tanto por razones éticas como prácticas, el derecho penal debería quedar reservado para las conductas más graves que no puedan prevenirse de otra manera menos lesiva, ¿por qué despierta tanta adhesión el recurso a sus promesas, que a la larga siempre serán incumplidas y provocarán más daños?

Una de las razones puede encontrarse en la manipulación de los mitos existentes en torno al derecho penal y, en general, al sufrimiento, la injusticia y la responsabilidad de los seres humanos. Todo mito se basa en algo real, por básico que sea. En este caso, los mitos que nos ocupan enganchan con la experiencia de un daño percibido como real por las personas que se consideran afectadas con mayor o menor razón. La manipulación consiste en vincular toda respuesta penal a la satisfacción simplista e inmediata de ciertas emociones, descontextualizándolas e instrumentalizándolas para fines que nada tienen que ver con los intereses reales de muchas de esas personas afectadas. Para ello se ensanchan las grietas entre “ellos” (“los malos”, a los que expulsar de la sociedad) y “nosotros” (“los buenos”, a los que ratificar en su identidad, aunque los primeros terminen cuestionando nuestro sistema de valores y su coherencia).

La consecuencia peligrosa de un uso abusivo en la interpretación de los mitos, en la esfera penal, es un derecho punitivo menos humano, menos garantista y menos eficiente, resultando muy costoso en términos económicos y de justicia social. Ni el delito ni la prisión son hechos naturales. Los medios construyen y refuerzan los mitos, entre ellos el de que las personas que delinquen son seres diferentes a nosotros, monstruos que tendemos a identificar con ciertas minorías. Si son monstruos o locas no tiene sentido la reinserción, sino la reclusión y la mano dura, ante leyes erróneamente percibidas como blandas. El esencialismo de algunas interpretaciones lleva a un dualismo entre victimario y víctima, cuando la realidad muestra que son roles que pueden darse en la misma persona de manera sucesiva o simultánea. Al concentrarnos en los aspectos meramente punitivos terminamos echando al olvido a las víctimas, las grandes desconocidas del sistema penal, al que incomodan porque se resisten a denunciar o a testificar, o porque no quieren ser uniformizadas en cuanto a sus necesidades e intereses, algo evidente en las víctimas de violencia de género, a pesar de ser el campo —junto con el de las víctimas del terrorismo— donde más se ha invertido en nuestro sistema jurídico, con avances limitados. Así es, las víctimas ideales no existen. Como tampoco existen políticas públicas eficientes basadas en la tolerancia cero, con augurios de rigorismo penal, que estigmatizan y crean más víctimas. Esas políticas, gracias a legisladores irresponsables, se han extendido en el mundo en las últimas décadas, en contra de la realidad de sus nefastas e inútiles consecuencias, debido a un contexto político de populismo, un contexto social de inseguridad (véase la figura posterior) y un contexto académico criminológico influido por teorías situacionales de la elección racional. Desde estas teorías se ha fomentado el olvido de las aportaciones de conceptos fundamentales como el principio de humanidad y la prevención social, colocando a muchos operadores jurídicos que aplican dichas políticas (policía, fiscales, jueces, funcionarios de prisiones, etc.) en una permanente frustración sobre su función social, que no es ya la de resolver problemas sociales, sino, al menos, no agravarlos con más costes y sufrimiento.

Estas páginas se conciben como inacabadas porque la invitación inicial a las personas que las han leído permanece: siguiendo la recomendación de Kant, debemos atrevernos a saber, pero también a observar y actuar desde una mirada serena y crítica. Debemos plantear alternativas y debemos saber explicarlas, huyendo de las torres de marfil de la universidad, y sin cometer el error de achacar estos males a personas ignorantes o retrógradas, sino conversando con todas las personas que se sienten y que están afectadas por estos temas para replantearlos de forma integrada y debatir las alternativas posibles. Esto en sí ya resulta una tarea emancipadora porque, en un derecho penal meramente punitivista, se hace creer que no hay alternativas a más castigo. Exponer la falsedad de esa afirmación, analizando por qué se impone la mentira y quién la impone, resulta crucial. Como indica Joan MacDonald (Zabalbeascoa, 2011):

Lo que uno va acumulando en la vida permite comprender a todos los sectores. Entender sus reglas. Aunque no esté de acuerdo, sé dialogar con ellos […]. No ofrezco caminos sin salida. Debes ofrecer una salida […]. No es real que el mejor práctico es el que baja al barro. Solo en el barro no se ve bien. Hay que conocer la película desde muchos ángulos […]. La investigación o los números ofrecen certezas útiles para el trabajo en el terreno.

EL CONTEXTO DE MALESTAR SOCIAL PASIVO
QUE FAVORECE EL ABUSO DE LA MITOLOGÍA PENAL

MERCADOS

POLÍTICA

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

DIFICULTADES PARA
REACCIONAR CONTRA
LA INJUSTICIA SOCIAL

- Vulnerabilidad

- Pasividad

- Ausencia de solidaridad

- Inercias sociales e institucionales

- Concepto de seguridad afectado
por políticas penales populistas
o autoritarias

UNA VISIÓN INTERESADA DE LA REALIDAD

- Descrédito del sector público (particularmente crítica a los servicios sociales)

- Individualismo

- Consumismo (ausencia de intereses colectivos más allá de los beneficios materiales)

PERCEPCIONES

- Miedo

- Indiferencia

- Resignación

- Impotencia

Se trata de entendernos, incluyendo el daño real percibido por todas las personas afectadas, reflexionando juntos sobre cuáles son sus miedos en relación con los bienes comunes en una sociedad más justa. En busca de ese entendimiento quedan muchas palabras por decir y compartir. Con las nuestras tan solo aspiramos a continuar el debate desde algunas miradas sobre la hermenéutica cultural de la mitología penal.

A MODO DE REFLEXIÓN FINAL:
RETOMANDO EL HILO CONDUCTOR ANTE LO INCONCLUSO

En este último capítulo queremos subrayar y recordar a las personas que han leído todos o algunos de los mitos anteriores del libro la idea fundamental que atraviesa sus páginas. Los mitos en el ámbito de la política criminal no son buenos ni malos en sí mismos, simplemente siempre han existido y seguirán existiendo. Cumplen con una función social y simbólica inherente a los anhelos y temores de los seres humanos. El problema reside en su interpretación y utilización abusiva en contra de la razón y de los derechos humanos.

Recordemos que no hemos querido realizar un listado exhaustivo de la mitología penal, la cual irá sufriendo cambios con el tiempo en cada sociedad, sino reflexionar sobre algunos mitos como punto de partida de una visión crítica. Esa crítica se proyecta sobre el aturdimiento que se está produciendo en la actualidad en torno a la aplicación del derecho penal en muchas sociedades, incluyendo la nuestra. Tenemos un derecho penal, o gran parte del mismo, calificado como punitivista, populista, meramente simbólico y promocional, a veces autoritario, y poco o nada eficiente en términos preventivos y reparadores (para las víctimas, los potenciales infractores y la sociedad en su conjunto). A pesar de ello, a pesar de esta evidencia, ¿por qué se continúa con esa inflación punitiva? ¿Por qué las encuestas nos hablan de una desconfianza mayoritaria de la ciudadanía en las instituciones y en los políticos y, sin embargo, esa misma ciudadanía parece confiar en las promesas enfocadas en más derecho punitivo, como solución principal y rápida a problemas sociales complejos, contraviniendo el principio ilustrado de mínima intervención penal? Si, tanto por razones éticas como prácticas, el derecho penal debería quedar reservado para las conductas más graves que no puedan prevenirse de otra manera menos lesiva, ¿por qué despierta tanta adhesión el recurso a sus promesas, que a la larga siempre serán incumplidas y provocarán más daños?

Una de las razones puede encontrarse en la manipulación de los mitos existentes en torno al derecho penal y, en general, al sufrimiento, la injusticia y la responsabilidad de los seres humanos. Todo mito se basa en algo real, por básico que sea. En este caso, los mitos que nos ocupan enganchan con la experiencia de un daño percibido como real por las personas que se consideran afectadas con mayor o menor razón. La manipulación consiste en vincular toda respuesta penal a la satisfacción simplista e inmediata de ciertas emociones, descontextualizándolas e instrumentalizándolas para fines que nada tienen que ver con los intereses reales de muchas de esas personas afectadas. Para ello se ensanchan las grietas entre “ellos” (“los malos”, a los que expulsar de la sociedad) y “nosotros” (“los buenos”, a los que ratificar en su identidad, aunque los primeros terminen cuestionando nuestro sistema de valores y su coherencia).

La consecuencia peligrosa de un uso abusivo en la interpretación de los mitos, en la esfera penal, es un derecho punitivo menos humano, menos garantista y menos eficiente, resultando muy costoso en términos económicos y de justicia social. Ni el delito ni la prisión son hechos naturales. Los medios construyen y refuerzan los mitos, entre ellos el de que las personas que delinquen son seres diferentes a nosotros, monstruos que tendemos a identificar con ciertas minorías. Si son monstruos o locas no tiene sentido la reinserción, sino la reclusión y la mano dura, ante leyes erróneamente percibidas como blandas. El esencialismo de algunas interpretaciones lleva a un dualismo entre victimario y víctima, cuando la realidad muestra que son roles que pueden darse en la misma persona de manera sucesiva o simultánea. Al concentrarnos en los aspectos meramente punitivos terminamos echando al olvido a las víctimas, las grandes desconocidas del sistema penal, al que incomodan porque se resisten a denunciar o a testificar, o porque no quieren ser uniformizadas en cuanto a sus necesidades e intereses, algo evidente en las víctimas de violencia de género, a pesar de ser el campo —junto con el de las víctimas del terrorismo— donde más se ha invertido en nuestro sistema jurídico, con avances limitados. Así es, las víctimas ideales no existen. Como tampoco existen políticas públicas eficientes basadas en la tolerancia cero, con augurios de rigorismo penal, que estigmatizan y crean más víctimas. Esas políticas, gracias a legisladores irresponsables, se han extendido en el mundo en las últimas décadas, en contra de la realidad de sus nefastas e inútiles consecuencias, debido a un contexto político de populismo, un contexto social de inseguridad (véase la figura posterior) y un contexto académico criminológico influido por teorías situacionales de la elección racional. Desde estas teorías se ha fomentado el olvido de las aportaciones de conceptos fundamentales como el principio de humanidad y la prevención social, colocando a muchos operadores jurídicos que aplican dichas políticas (policía, fiscales, jueces, funcionarios de prisiones, etc.) en una permanente frustración sobre su función social, que no es ya la de resolver problemas sociales, sino, al menos, no agravarlos con más costes y sufrimiento.

Estas páginas se conciben como inacabadas porque la invitación inicial a las personas que las han leído permanece: siguiendo la recomendación de Kant, debemos atrevernos a saber, pero también a observar y actuar desde una mirada serena y crítica. Debemos plantear alternativas y debemos saber explicarlas, huyendo de las torres de marfil de la universidad, y sin cometer el error de achacar estos males a personas ignorantes o retrógradas, sino conversando con todas las personas que se sienten y que están afectadas por estos temas para replantearlos de forma integrada y debatir las alternativas posibles. Esto en sí ya resulta una tarea emancipadora porque, en un derecho penal meramente punitivista, se hace creer que no hay alternativas a más castigo. Exponer la falsedad de esa afirmación, analizando por qué se impone la mentira y quién la impone, resulta crucial. Como indica Joan MacDonald (Zabalbeascoa, 2011):

Lo que uno va acumulando en la vida permite comprender a todos los sectores. Entender sus reglas. Aunque no esté de acuerdo, sé dialogar con ellos […]. No ofrezco caminos sin salida. Debes ofrecer una salida […]. No es real que el mejor práctico es el que baja al barro. Solo en el barro no se ve bien. Hay que conocer la película desde muchos ángulos […]. La investigación o los números ofrecen certezas útiles para el trabajo en el terreno.

EL CONTEXTO DE MALESTAR SOCIAL PASIVO
QUE FAVORECE EL ABUSO DE LA MITOLOGÍA PENAL

Se trata de entendernos, incluyendo el daño real percibido por todas las personas afectadas, reflexionando juntos sobre cuáles son sus miedos en relación con los bienes comunes en una sociedad más justa. En busca de ese entendimiento quedan muchas palabras por decir y compartir. Con las nuestras tan solo aspiramos a continuar el debate desde algunas miradas sobre la hermenéutica cultural de la mitología penal.

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NOTAS

1 . El primero ha sido redactado por Paz Francés, el segundo por Gema Varona y el tercero por Lohitzune Zuloaga, si bien se ha trabajado en equipo para la revisión de todo el texto.

2 . Véase http://www.sociedadvascavictimologia.org/index.php/es/diccionario#Teomundo

3 . Véase http://dev.deathpenaltyinfo.org/

4 . Véase https://www.stopkillerrobots.org/

5 . Véase https://www.coe.int/en/web/prison/space